La patria soñada

Historia del nacionalismo vasco desde su origen hasta la actualidad

La patria soñada

Historia del nacionalismo vasco desde su origen hasta la actualidad

Santiago de Pablo

BIBLIOTECA NUEVA

© Santiago de Pablo, 2015

© Editorial Biblioteca Nueva, S. L.

Madrid, 2015

Almagro, 38, 28010 Madrid

www.bibliotecanueva.es

editorial@bibliotecanueva.es

Colección pretérita

ISBN: 978-84-16647-10-1

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El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Índice

SIGLAS

La primera piedra

CAPÍTULO 1.—El padre de la patria (1865-1903)

¿La forja de un rebelde?

Todos los apellidos vascos del mundo… y uno más

Los símbolos del pueblo vasco

Una actividad frenética

Este hombre está loco

CAPÍTULO 2.—Se hace camino al andar (1903-1930)

Un acuerdo de mínimos

Con la Iglesia hemos topado

Tiempos de gloria

Del fracaso a la escisión

Años de dictadura

CAPÍTULO 3.—De la ilusión a la catástrofe (1930-1936)

Otra vez juntos

Una republiquita o un pueblo de leones

Centrados en la victoria

Un pueblo en marcha

Del cielo al infierno… en solo un año

Calvario y resurrección

CAPÍTULO 4.—Una guerra entre hermanos (1936-1937)

Una decisión trascendental

Un Gobierno de coalición y una disputa sobre religión

Ni sanguinario ni demagógico

Defenderse con uñas y dientes

Santoña: ¿pactando con el diablo?

CAPÍTULO 5.—Los trabajos y las penas (1937-1959)

Exilio en tiempos de guerra

Acomodarse o sufrir

Sobrevivir a la guerra mundial

Una quimera: poniendo fecha de caducidad al franquismo

CAPÍTULO 6.—¿Lo viejo y lo nuevo? (1959-1975)

Mantener la llama sagrada

Algo se mueve en el alma

El nacimiento del cáncer

El hacha y la serpiente

EPÍLOGO.—Todavía hoy (1975-2015)

PARA SABER MÁS

Treinta libros sobre el nacionalismo vasco

Diez películas en torno al nacionalismo vasco

Cinco páginas Web para ampliar información

Ilustraciones

SIGLAS

ABB: Araba Buru Batzar (Consejo Regional de Álava del PNV)

ANV: Acción Nacionalista Vasca

BBB: Bizkai Buru Batzar (Consejo Regional de Bizkaia del PNV)

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas

CIA: Central Intelligence Agency

CNT: Confederación Nacional del Trabajo

EA: Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca)

EBB: Euzkadi Buru Batzar (Consejo Nacional del PNV)

EE: Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Euskadi)

EGI: Eusko Gaztedi (Juventud Vasca del PNV)

ELA-STV: Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)

ETA-m: ETA Militar

ETA-pm: ETA Político Militar

FBI: Federal Bureau of Investigation

FET: Falange Española Tradicionalista

GBB: Gipuzko Buru Batzar (Consejo Regional de Gipuzkoa del PNV)

HB: Herri Batasuna (Unidad Popular)

JEL: Jaungoikoa eta Lagi Zarra (Dios y Ley Vieja)

NBB: Napar Buru Batzar (Consejo Regional de Navarra del PNV)

ONU: Organización de Naciones Unidas

PCE: Partido Comunista de España/Partido Comunista de Euskadi

PNV: Partido Nacionalista Vasco

PP: Partido Popular

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

UGT: Unión General de Trabajadores

La primera piedra

Cuando en 1960 el gobernador civil de Vizcaya decidió demoler la casa natal de Sabino Arana, algunas personas se acercaron a hurtadillas a la calle Ibáñez de Bilbao —situada en el barrio bilbaíno de Abando, junto a los jardines de Albia— para hacerse con reliquias del edificio. Varias tejas y algunos ladrillos fueron conservados por afiliados nacionalistas, que guardaron esos objetos como oro en paño. En la actualidad se exponen en el Museo del Nacionalismo Vasco, que gestiona en Bilbao la Fundación Sabino Arana. Un balcón de hierro, que se había desprendido del antiguo edificio en la posguerra, también fue rescatado por un militante clandestino del PNV. Hoy tiene un lugar destacado en el vestíbulo de la sede central del Partido Nacionalista Vasco, Sabin Etxea («la Casa de Sabino»), situada exactamente en el mismo lugar que ocupaba el hogar donde nació su fundador.

Demoliendo el edificio de los jardines de Albia, el franquismo quería sin duda borrar para siempre, no solo de la historia sino también de la memoria, la figura de Arana y del partido por él fundado en 1895. Las tropas que habían tomado Bilbao durante la Guerra Civil, el 19 de junio de 1937, se incautaron de inmediato de la casa, que ya era entonces la sede del PNV y un auténtico monumento nacional del nacionalismo vasco. La ikurriña que ondeaba en la fachada fue sustituida por la bandera bicolor española y por los emblemas de Falange. El inmueble llegó a ser en los años cuarenta un local del Auxilio Social falangista. Cabe imaginar el resquemor que sentirían los nacionalistas bilbaínos de la posguerra al ver la casa de su fundador convertida en sede de sus enemigos españolistas, por más que la función de Auxilio Social fuera la de dar alimento y ayuda a los muchos pobres —especialmente niños— que trataban de sobrevivir en los duros años que siguieron al final de la Guerra Civil. Se comprende que recuperar un recuerdo de esa casa, aunque fuera una teja o un ladrillo, fuera tan importante para aquellos que querían que la memoria de su fundador no se perdiera. Se trataba de volver a las raíces, de preservar, a la espera de tiempos mejores, la primera piedra (ladrillo o teja, qué más da) del edificio que había empezado a erigir en el siglo anterior Sabino Arana, para sobre ella volver a construir de nuevo, cuando terminara la dictadura de Franco.

El tiempo ha demostrado que el gobernador franquista de Vizcaya de 1960 erró por completo en su pretensión iconoclasta de borrar la historia y la memoria del nacionalismo vasco, destruyendo «la casa de su padre». Por un lado, en la Transición el PNV compró el solar todavía vacío que había ocupado Sabin Etxea, aunque hasta la década de 1990 —coincidiendo con el centenario de su fundación— no pudo inaugurar allí su flamante sede central; por otro, el nacionalismo vasco iba a conocer después de la muerte de Franco una implantación muy superior a la que había logrado antes de 1936, aunque fuera ahora un movimiento más heterogéneo que en la etapa anterior a la Guerra Civil: en las elecciones forales de mayo de 2015, las últimas celebradas antes de la redacción de este libro, las diferentes candidaturas nacionalistas lograron un 56 % de los votos emitidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco y un 30 % (un porcentaje inusualmente alto, que habrá que ver si se consolida en sucesivos comicios) en la Comunidad Foral de Navarra. Lo que para muchos observadores del Bilbao de finales del siglo XIX era una mera extravagancia, resultado de las ideas estrafalarias de un joven inadaptado a su época, que había perdido la cabeza, terminó convirtiéndose en un movimiento político y social cuyo protagonismo en la historia contemporánea vasca, con independencia de las ideas políticas de cada cual, es innegable.

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el nacionalismo vasco no surgió de la nada. Aunque la historia no estaba escrita de antemano, antes de que Sabino Arana se lanzase a la arena política existía ya cierta conciencia particularista vasca, alimentada por las élites fueristas que gobernaron las Diputaciones vascas a lo largo del siglo XIX. Esta identidad vasca se basaba en una especificidad cultural —con el mantenimiento del euskera, la lengua vasca, sobre todo en el ámbito rural—, en la afirmación del profundo e inmemorial catolicismo de sus habitantes, en la mitificación de la historia, en la persistencia de los Fueros y en un doble patriotismo español y vasco. Los Fueros eran la piedra angular de esta cosmovisión, al identificarse con el bienestar y la felicidad de los vascos y con el modo en que sus territorios se integraban en la Monarquía española del Antiguo Régimen, respetando al mismo tiempo su singularidad. Se trataba de ordenamientos jurídico-administrativos de cada uno de los territorios vascos que, a diferencia de lo sucedido en otros territorios de la Monarquía hispánica, siguieron en vigor, no sin recortes y adaptaciones, durante buena parte del siglo XIX.

Las Guerras Carlistas —que enfrentaron en España entre 1833 y 1876 a liberales y a tradicionalistas partidarios de la Monarquía absoluta— supusieron un hito importante en la relación entre los Fueros y el Estado liberal que se estaba construyendo en España. Tras el abrazo de Vergara, que puso fin a la Primera Guerra Carlista, se promulgó la ley de 25 de octubre de 1839, que confirmaba los Fueros de las cuatro provincias vasco-navarras «dentro de la unidad constitucional de la Monarquía», previendo futuras negociaciones entre el Gobierno y las Diputaciones para adaptar los Fueros a los nuevos tiempos. Pero, mientras la situación especial de Navarra quedó fijada por una nueva ley aprobada en 1841, las tres Provincias Vascongadas aprovecharon la ambigüedad del texto legal de 1839 para dar largas al Gobierno y mantener buena parte de sus atribuciones forales durante más de tres décadas.

Por fin, a raíz de la derrota carlista en la última guerra, en 1876-1877 se suprimieron definitivamente los Fueros vascos, aunque al año siguiente el Gobierno aprobó el régimen de Conciertos económicos, una autonomía fiscal y administrativa que seguía suponiendo cierta excepción vasca en la España centralizada de la Restauración. Como reacción a esta abolición surgieron grupos que pueden considerarse precedentes inmediatos del nacionalismo vasco, como la Asociación Euskara de Navarra y la Sociedad Euskalerria de Bilbao. Sin negar el carácter español del País Vasco, ambas trataron de fortalecer la unidad vasca o vasco-navarra en torno al objetivo de la restauración de los Fueros, que permitiría volver al oasis foral, es decir, a la sociedad idílica que supuestamente habría existido en el País Vasco antes de la abolición de sus viejas leyes. Además, los Fueros fueron ensalzados por la literatura y la historiografía romántica vasca, pasando a ser aceptados e idealizados por la mayor parte de la población de la época, aunque cada grupo político los interpretaba de forma diferente.

Junto a la existencia entre buena parte de la población vasca de un sentimiento particularista, acrecentado desde 1876 por la decepción que supuso la pérdida de los Fueros, también facilitaron la implantación del nacionalismo vasco otros factores, como la crisis política e identitaria en la que se vio sumida España tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898; o el declive de algunas de las corrientes políticas vascas del siglo XIX, como el fuerismo y en menor medida el carlismo, que dejaron espacio libre para la entrada en escena de un nuevo protagonista. Por último, hay que mencionar la influencia del rápido proceso de industrialización que en el último cuarto del siglo XIX modificó drásticamente la economía y la sociedad de Vizcaya, la provincia vasca más importante. Este proceso atrajo en muy poco tiempo a una gran masa de obreros procedentes de diversas regiones de España y convirtió a Bilbao y a su hinterland industrial en uno de los feudos del socialismo español. Como reacción a este rápido cambio, miembros de las clases medias afectadas por este proceso pudieron refugiarse en un nuevo paradigma político, que podía servirles como un escudo protector frente a las drásticas transformaciones sociales. Sin embargo, este esquema, que puede servir para explicar el surgimiento del nacionalismo vasco en Bilbao, no ayuda a entender cómo es posible que este movimiento prendiera bastante pronto en zonas rurales y pesqueras de Vizcaya y, más tarde, en otras localidades vascas. Esto demuestra la complejidad de la historia del nacionalismo vasco ya desde sus orígenes, y mucho más a medida que el paso del tiempo —en coyunturas históricas muy diferentes— introducía nuevas variantes en su evolución.

Este libro pretende contar precisamente esta historia y hacerlo de forma amena y divulgativa, sin perder por ello el rigor histórico. De hecho, todas y cada una de las historias aquí narradas se basan en un apoyo documental específico, presente en la bibliografía final, completada con una filmografía básica en torno a la historia del nacionalismo vasco. No obstante, con el fin de facilitar la lectura y teniendo en cuenta el público al que se dirige esta colección, hemos prescindido tanto de notas a pie de página como de referencias nominales a historiadores en el propio texto. En él, con objeto de mantener un criterio coherente y siguiendo las reglas de la Real Academia, mantenemos la denominación en castellano de las provincias, municipios y lugares citados, aunque en muchos casos tengan en la actualidad otro nombre oficial, habitualmente en euskera. No obstante, en alguna ocasión incluimos también estos últimos para facilitar al lector esa información. Respetaremos, eso sí, la grafía de las citas textuales, cambiante con el tiempo y muchas veces no coincidente con la del euskera actual, por lo que aquí la incoherencia no debe extrañar al lector.

Asimismo, las ilustraciones, situadas al final del libro, tratan también de ser atractivas, uniendo el pasado y el presente de la historia del nacionalismo vasco.

Por último, quiero agradecer la colaboración de cuantos me han ayudado en este trabajo, y en especial el profesor José Luis de la Granja, que leyó el manuscrito original, aunque lógicamente la responsabilidad del texto es exclusivamente mía. Con él y con otros buenos colegas y amigos comparto la pasión por la Historia y muchas otras cosas buenas en el Grupo de investigación de la Universidad del País Vasco GIU 14/30, centrado en el análisis de la evolución histórica del nacionalismo vasco en perspectiva comparada, en el que se inserta este trabajo.

CAPÍTULO 1

El padre de la patria (1865-1903)

Historiadores y científicos sociales han llenado miles de páginas tratando de definir el concepto de nación: mero invento moderno e interesado para algunos, basado en una realidad preexistente para otros, unido a rasgos definitorios previos (raza, lengua, religión, territorio, etc.) o delimitado solo por la voluntad de sus habitantes, que tienen —explícita o implícitamente— una determinada identidad nacional. Lógicamente, en la mayor parte de los casos los propios nacionalistas prefieren que su nación —la de los demás no importa que sea mera invención— tenga unas raíces que se hundan en la noche de los tiempos, unos cimientos claros a los que aferrarse, sin depender de una voluntad variable, que además tendría que concretar de antemano qué territorio o qué conjunto de individuos está capacitado para definir su propia identidad.

Aunque para ello tuviera que manipular o reinventar la historia, el nacionalismo vasco también comenzó definiéndose a sí mismo como el representante de una nación de orígenes remotos. Por el contrario —a diferencia de otros movimientos nacionalistas, que no tienen un único fundador—, en el caso vasco Sabino Arana ocupa ese puesto sin ninguna discusión, debido a que a él se debió la creación, el 31 de julio de 1895, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que todavía hoy sigue siendo el grupo político con mayor apoyo electoral en el País Vasco. Sin embargo, sus seguidores recalcaron que Arana no había inventado la nación vasca, sino que la había descubierto, rompiendo así el engaño al que habían sido sometidos los vascos por culpa de siglos de dominación castellana y española. Aunque sus seguidores pusieron fecha exacta al momento en que Arana descubrió la nación vasca, él recordaba de modo impreciso que fue «una mañana del año de 1882» cuando su hermano mayor, Luis, paseando por los jardines de la casa familiar —la misma que quiso ser borrada de la faz de la tierra por el franquismo y en cuya conservación tanto empeño puso el PNV—, explicó a Sabino que estaba equivocado: que su patria no era la española sino la vizcaína y, por extensión, la vasca.

¿La forja de un rebelde?

Pero, ¿quién era Sabino Arana? ¿Cómo llegó a aceptar ese descubrimiento, que en realidad había hecho previamente su hermano Luis, aunque nadie duda de quién es el fundador del nacionalismo vasco? Sabino Policarpo Arana Goiri nació el 26 de enero de 1865 en Abando, un municipio vizcaíno que veinticinco años después sería anexionado a Bilbao, construyéndose en su término municipal el elegante ensanche de la capital de Vizcaya. Era el octavo hijo de una familia acomodada, tal y como reflejaba la espléndida casa familiar de Albia. Su padre, Santiago Arana Ansótegui, era un reconocido propietario de astilleros y armador de buques, con intereses comerciales en el extranjero. Cinco de los ocho vástagos del matrimonio fueron mujeres, aunque dos de ellas fallecieron al poco de nacer. Sabino tuvo un trato especial con los dos hermanos que le precedían en edad: Paulina y Luis, tres años mayor que él, que fue quien años después le sacó de su error y le hizo descubrir su verdadera identidad nacional.

Otros dos rasgos caracterizaban a la familia Arana Goiri: su intensa religiosidad católica y su cercanía al carlismo. Santiago Arana había sido alcalde carlista de Abando y apoderado en las Juntas Generales de Vizcaya. Al estallar la sublevación carlista que dio lugar a la última de las guerras civiles del siglo XIX (1872-1876), tuvo que exiliarse a Francia, por haber colaborado en la gestación de la insurrección armada que preparaban los partidarios del pretendiente Carlos VII, comprando armas en Inglaterra. Poco más de un año después, su mujer, Pascuala Goiri Acha, y sus tres hijos pequeños le acompañaron al exilio. Durante tres años, la familia vivió en diversas localidades del País Vasco francés, donde el futuro fundador del PNV continuó sus estudios, iniciados en la escuela municipal de Abando. Acabada la guerra, la política de conciliación que aplicó el primer Gobierno de la Monarquía restaurada de Alfonso XII, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, permitió el regreso de la familia Arana Goiri a Abando. Sabino, sin embargo, no permaneció mucho tiempo en su casa natal, puesto que poco después marchó a estudiar interno al prestigioso Colegio que la Compañía de Jesús regentaba en la localidad vizcaína de Orduña. Allí estuvo cinco años cursando el bachillerato, que concluyó con dieciséis años, en el verano de 1881. Ya entonces dio muestras de su mala salud, al sufrir una tisis galopante que a punto estuvo de llevarle al otro mundo.

Dos años después, su cuadro médico se completaría con una ictericia, al parecer relacionada con el impacto que le produjo la muerte de su padre, el 24 de junio de 1883. El año anterior había tenido lugar la mítica conversación en el jardín de la casa familiar, en la que su hermano Luis le reveló el núcleo del ideal nacionalista. Al parecer, habría sido un jesuita vizcaíno, con quien Luis había coincidido en el curso 1879-1880 en el Colegio de La Guardia (Galicia), quien le había explicado —refiriéndose a sus condiscípulos, procedentes de toda España— que «si todos esos son españoles, nosotros no lo somos». Cincuenta años después, en 1932, el PNV convirtió la conversación del jardín de la casa de Albia en un hito histórico, en el día de «la resurrección de nuestra patria, el milagro que se operó en aquella mañana del año 1882», aprovechando ese aniversario redondo para organizar el primer Aberri Eguna («Día de la Patria vasca»). Esa idea de restauración nacional hizo que la fiesta se hiciera coincidir con el domingo de Pascua, la fiesta cristiana que conmemora la resurrección de Cristo. En realidad, nadie sabía exactamente el día de esa conversación reveladora, pero la coincidencia encajaba bien con la movilización de un partido confesional, que entonces trataba de superar las turbulentas aguas de la política laicista y anticlerical del primer bienio de la Segunda República. Todavía hoy los nacionalistas vascos celebran cada domingo de Pascua el Aberri Eguna, completamente separado de cualquier connotación religiosa e incluso, en muchos casos, sabiniana. Posiblemente, si se les preguntara por el origen de la fiesta, casi ninguno sabría responder, porque además es evidente que esa charla entre dos jóvenes hermanos no tuvo en aquel momento ninguna trascendencia histórica. Solo once años más tarde Sabino recordó que él había sido «carlista hasta los diecisiete años», hasta que «una mañana en que nos paseábamos en nuestro jardín mi hermano Luis y yo», aquel le «sacó de las tinieblas extranjeristas»: «¡bendito el día en que conocí a mi Patria!».

Lo cierto es que aparentemente la vida de Arana no cambió después de esta revelación. En ese momento llevaba una vida de reposo por indicación médica, para recuperarse de la tisis contraída el año anterior. Solo tras la muerte de su progenitor, su madre se desplazó con Paulina, Luis y Sabino a Barcelona, con el fin de que los dos varones pudieran realizar estudios universitarios. Luis se matriculó en Arquitectura, carrera que terminó y que ejerció a lo largo de su vida, incluyendo el diseño de un buen número de locales nacionalistas; Sabino lo hizo en Derecho, siguiendo la voluntad de sus padres, pero apenas aprobó alguna asignatura. También se inscribió en algunos cursos de Ciencias Naturales y Filosofía y Letras, pero lo cierto es que sus intereses estaban centrados en otro tipo de estudios, que entonces no se cursaban en las universidades: la lengua, el Derecho y la historia de Vizcaya y de las demás provincias vascas. Como universitario, Sabino Arana fue por tanto un completo fracaso. Pero, convencido como estaba de haber recibido una misión que cumplir, se entregó a ella sin descanso, publicando en 1886, en la revista donostiarra Euskal-Erria, su primer artículo, en el que abogaba por la creación de una Academia de la lengua vasca.

Dado que su lengua materna era el castellano, tuvo que dedicar un esfuerzo enorme para el aprendizaje del euskera. En la lengua vasca llegó a ser un verdadero experto a su manera, publicando un sinfín de obras, en las que pretendía potenciar el idioma como instrumento nacionalizador, pero también huir de los préstamos lingüísticos españoles, con el fin de lograr una lengua pura: Etimologías Euskéricas (1887), Tratado etimológico de los apellidos euskéricos (1897), Lenengo egutegi bizkaitarra (1898) o calendario patriótico vizcaíno, etc. Su purismo lingüístico se reflejó en el Izendegi euzkotarra («Santoral vasco») incluido en esta última obra; en él rechazaba algunos nombres tradicionales vascos como Pello o Peru (Pedro), por su parecido con el castellano, sustituyéndolos por neologismos como Kepa (del arameo Cefas). Un sinfín de nombres inventados por Arana son hoy de uso corriente en el País Vasco, como Iker, Joseba, Julen, Koldo (Koldobika), Miren, Andoni, Edurne o Garbiñe; otros han pasado al olvido más completo. Aunque llegó a participar en encuentros para lograr una unificación ortográfica de la lengua vasca, su peculiar enfoque purista le alejó tanto del euskera corriente entre los euskaldunes de entonces como de la variante literaria habitual en aquella época, cuando aún faltaba más de medio siglo para que se creara un euskera unificado (el batua). De hecho, Arana no logró sacar la «Cátedra de Vascuence» convocada en 1888 por la Diputación de Vizcaya para el Instituto local, en la que se enfrentó entre otros ni más ni menos que a Miguel de Unamuno y al futuro sacerdote y presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca, Resurrección María de Azkue, que fue quien obtuvo la plaza.

La vida de Sabino Arana dio un nuevo giro cuando en febrero de 1888 falleció su madre. Tenía entonces veintitrés años, pero la desahogada economía familiar le permitía vivir sin trabajar, tras haber abandonado sus estudios universitarios. Ese verano, los tres hermanos regresaron a la casa familiar de Abando. Sabino siguió llevando una vida aparentemente sosegada, que contrasta con la febril actividad política de los años siguientes. En ese tiempo, acudió con sus hermanos a visitar la Exposición Universal de París de 1889, donde pudo contemplar la flamante Torre Eiffel; pasó una temporada en el famoso balneario francés de Vichy, con el fin de reponerse de su siempre frágil salud; hizo los ejercicios espirituales de san Ignacio en el Santuario guipuzcoano de Loyola y aún tuvo tiempo para practicar la única afición deportiva que se le conoce: la caza. Se conservan fotografías de Sabino, junto a varios acompañantes, posando para la cámara con su escopeta, posiblemente en el monte Atxarre, junto a la actual reserva natural de Urdaibai. En la imagen no se observa presa alguna, aunque sabemos que se trataba de caza mayor y en concreto de jabalíes, entonces muy abundantes en la Vizcaya rural. Poco tiempo faltaba para que Arana dedicara todas sus fuerzas —aun menguadas por las enfermedades— a otro tipo de tareas.

Entre diciembre de 1889 y mayo de 1890 la revista La Abeja, dirigida precisamente por Resurrección María de Azkue, publicó cuatro artículos históricos firmados por el seudónimo de Axorabide. En ellos se rememoraban «Cuatro ocasiones en que España intentó conquistar a Bizkaya, pero en que esta demostró ser inconquistable por las armas» pero, pese a lo llamativo del título, apenas tuvieron repercusión. Lo contrario sucedió en 1892, cuando Arana los publicó de nuevo —esta vez con su nombre como autor—, agrupados en un pequeño libro de 141 páginas que tituló Bizkaya por su independencia. Cuatro glorias patrias. Frente a la conversación privada entre Sabino y Luis de 1882, la publicación de esta obra sí puede considerarse el inicio del nacionalismo vasco, aunque en esta primera fase su autor hablara solo de la independencia de Vizcaya, y no del conjunto del País Vasco. El libro se fechó el 30 de noviembre, día de san Andrés, en el que supuestamente habría tenido lugar en el año 888 la batalla de Arrigorriaga, una de las cuatro gestas medievales que Arana rescataba en su obra; las otras eran las de Ochandiano, Gordejuela (ambas en 1355) y Munguía (1470/1471).

Para poder sacar las consecuencias políticas que buscaba, Arana tenía que reinterpretar estas batallas, basándose en parte en obras histórico-legendarias de historiadores y literatos fueristas del siglo XIX e incluso muy anteriores, pues el mito de la batalla de Arrigorriaga aparecía ya en el escritor vizcaíno del siglo XV Lope García de Salazar. En realidad, esta batalla es completamente legendaria y las otras tres son seguramente refriegas internas de la Corona de Castilla, sin ninguna importancia. Incluso el origen del nombre de Arrigorriaga («Lugar de las piedras rojas» —de arri o harri, piedra y gorri, rojo—, debido supuestamente a la sangre derramada por los combatientes en esa batalla) es incierto, pues gorri puede significar también «desnudo, pelado, descarnado», en referencia al paisaje de la zona.

En cualquier caso, Arana mostraba ya en este libro las líneas maestras de su ideario: Vizcaya había sido independiente desde la noche de los tiempos. León y Castilla habían intentado conquistarla repetidamente, pero en esas cuatro batallas los vizcaínos habían derrotado a los invasores, permaneciendo como una «República Señorial independiente», aunque su señor había llegado a ser al final al mismo tiempo rey de Castilla y por tanto de España. Arana explicó más adelante que la independencia de Vizcaya —y de los demás territorios vascos— habría continuado hasta que al final de la Primera Guerra Carlista, aplicando el derecho de conquista, las Cortes españolas habían promulgado la ley de 25 de octubre de 1839, que según su interpretación había abolido los Fueros vascos, es decir, su independencia. Consciente o inconscientemente, los vizcaínos habrían colaborado con la dominación española, sometiéndose a ella sin rechistar y aceptando que Vizcaya fuera ahora «una provincia de España». ¿Qué pasaría en el futuro? Arana tenía claro que ello dependía de la decisión de sus habitantes: «Tienen la palabra los bizkainos del siglo XIX, pues de su conducta depende el porvenir».

Todos los apellidos vascos del mundo… y uno más

Al proclamar esta muestra aparente de confianza en la voluntad popular, Arana debía haber aclarado quiénes eran para él los verdaderos vizcaínos, aquellos de cuya conducta dependía el futuro de su patria. Aunque completó su doctrina en otros escritos publicados en los siguientes años, merece la pena detenerse ahora a analizar brevemente los fundamentos de su ideología primigenia. Partiendo de la idea básica de que la patria vasca era una tierra sometida a un Estado extranjero, Arana construyó un movimiento caracterizado por su catolicismo tradicionalista, su antiliberalismo, su antisocialismo y su concepto esencialista y racial de la nación vasca, cuyo origen se hundiría en la noche de los tiempos, hasta el punto de ser una «creación de Dios», que existía «desde la eternidad». Según Arana, la clave de la libertad vasca radicaba en la idea de «pureza de raza», traducida en un odio a los inmigrantes, también porque, desde una perspectiva católico-tradicionalista, la única forma de lograr la salvación eterna de los vascos era aislar completamente al País Vasco de la España liberal.

Dentro de las características definitorias de ese concepto esencialista de patria vasca, en Arana la raza ocupó un puesto primordial. En este sentido, hay que aclarar que, aunque a partir del holocausto nazi este término haya dejado de utilizarse en política, lo cierto es que a finales del siglo XIX y principios del XX su uso —derivado en parte de las teorías de Darwin— era relativamente normal. Nadie se sorprendía oyendo hablar al regeneracionista Joaquín Costa del «porvenir de la raza española» en 1883, aunque sí de las pretensiones de ciertos ideólogos anarquistas de practicar la eugenesia para evitar la «degeneración» de la «raza humana», prescindiendo de los enfermos y de los «débiles mentales». Hoy también sorprende ver el fervor con que el bando republicano celebraba en plena Guerra Civil el «Día de la Raza» el 12 de octubre o que el presidente socialista Juan Negrín incluyera el «mejoramiento cultural, físico y moral de la raza» como uno de los Trece puntos que presentó para llegar a una mediación que pusiera fin a la Guerra de España en 1938. Sin embargo, ni este ni otros políticos de entonces ponían en el centro de su ideología ese supuesto concepto de raza, tal y como lo hizo Arana.

En el caso vasco, algunos propagandistas anteriores a Arana habían ensalzado ya las virtudes de la «raza vasca», aunque ninguno sacó consecuencias políticas de esa supuesta «pureza racial». Es más, para algunos de esos escritores, defensores del vasco-iberismo (es decir, de la identificación de la lengua vasca con la hablada en la Antigüedad por los iberos), los vascos habrían sido los primitivos y más auténticos españoles, que habrían mantenido hasta el presente su lengua y su raza, al no haber sido nunca invadidos a lo largo de su historia. Esta teoría entroncaba con la que consideraba a Túbal, uno de los nietos de Noé según la Biblia, el padre de los vascos y por tanto de los españoles por antonomasia. Obviamente, Túbal sería rechazado por Arana y sus seguidores, que no podían admitir un padre común con los demás habitantes de la Península, ni mucho menos que los vascos fueran los más puros españoles.

El problema era que, en la práctica, por mucho que algunos antropólogos se empeñaran en buscar diferencias entre el fenotipo humano vasco y el resto de los europeos, no había ninguna divergencia apreciable entre un vasco y un maqueto (nombre con el que Arana designaba a los inmigrantes españoles). ¿Cómo distinguir entonces a ambos, si esa diferenciación era tan importante en el ideario de Arana? La única manera de hacerlo era el recurso a los apellidos de ascendencia euskérica. Inicialmente, el PNV exigió contar al menos con los cuatro primeros apellidos vascos para pertenecer al partido. Esta exigencia —que se rememora en el título de la exitosa película Ocho apellidos vascos (2014), de Emilio Martínez Lázaro— casi desde el principio se rebajó, admitiendo a personas con menos apellidos euskéricos o incluso sin ninguno, en el caso de afiliados nacidos en territorio vasco. Por otro lado, la imposibilidad de aplicarla en la práctica revela lo absurdo de la noción de raza. Porque, ¿cuál era la raza de una persona con siete apellidos vascos y uno castellano? ¿Y si aparecía un apellido no euskérico tres generaciones antes, esa mezcla de sangre extraña invalidaba el carácter de vasco de esa persona? La casuística podría llevarse hasta el infinito, sin que pueda sacarse otra conclusión más allá de la imposibilidad de sostener una teoría de este calibre.

Sin embargo, el propio Arana trató de ser coherente con ella, en uno de los episodios más conocidos y controvertidos de su vida privada: el de la elección de quien sería su mujer. Antes, había decidido cortar un posible noviazgo, al comprobar que la candidata era una joven de Bilbao, pero de ascendencia castellana, a juzgar por sus apellidos. Arana debía dar ejemplo a sus correligionarios y qué mejor lugar para encontrar a una mujer adecuada que un caserío en la localidad vizcaína de Pedernales (Sukarrieta), junto a la ría de Guernica. Y es que, frente a la ciudad moderna y llena de influencias exóticas, el caserío —unidad familiar y de trabajo típica del País Vasco atlántico, y característico edificio rural mil veces representado por los pintores y los literatos costumbristas— representaba la pureza de la raza, la Arcadia feliz no contaminada por la modernidad. La elegida fue Nicolasa Achica-Allende, una mujer a la que había conocido en 1898, de bajo nivel social y escasa cultura, hasta el punto de que los propios familiares y correligionarios de Sabino le desaconsejaron vivamente esta relación. Arana no se arredró ante estas advertencias, pues estaba realmente «enamorado» de la que calificaba como una «humilde aldeana»: «obediente, sencilla y modesta, amantísima de sus padres, caritativa, despejada, sufrida, laboriosa, económica…».

Pero antes de dar el sí ante el altar tenía una duda que despejar: la segunda parte del apellido de su prometida (Allende) parecía a todas luces castellano. La Real Academia define esta palabra, procedente del latín illinc («de allí»), como «de la parte de allá» o «además». Arana emprendió entonces una exhaustiva investigación en archivos parroquiales, hasta comprobar que su novia tenía 126 apellidos euskéricos y que el Allende del primero era un añadido posterior, que no estropeaba su linaje. Eso sí, hizo que su futura esposa pasara tres meses en un colegio de carmelitas de Bilbao, con el fin de aprender a leer y escribir, mejorar su castellano y formarse en otras habilidades, de modo que fuera presentable en sociedad. Por fin, en febrero de 1900 Sabino y Nicolasa contraían matrimonio en la ermita de San Antonio en Pedernales. El viaje de novios lo realizaron a Lourdes, iniciando así una corta vida en común, pues Arana moriría algo menos de cuatro años después. El matrimonio no tuvo hijos, pero Arana habría tratado de aplicar su teoría sobre la necesidad de continuar la estirpe de la raza vasca: «extinguidos los miembros de una familia, extinguida queda la familia misma».

Arana llevó este tema a la ficción en las dos obras de teatro que escribió: De fuera vendrá… (1898) es una comedia costumbrista protagonizada por un burgalés que se traslada a vivir a Bilbao, donde mediante artimañas consigue casarse con una rica joven vizcaína, arrebatándola a un vasco nacionalista que la pretendía y que, despechado, marcha a América, acompañado por el hermano de la protagonista, escandalizado ante el hecho de que un español entronque con su familia. Por su parte, Libe (1902) está protagonizada por una apócrifa heroína del mismo nombre y la acción se desarrolla en el siglo XV, en una de las cuatro batallas mencionadas, la de Munguía. Libe está a punto de cometer el pecado de casarse con un español, el conde de Salinas, pero expía su pecado muriendo en la batalla mientras anima a las tropas vascas a luchar contra los invasores, entre los que se encuentra el propio conde. Su muerte permite la liberación de la patria, pues en la obra los españoles son derrotados; pero sobre todo Libe ha ganado una batalla interior pues, ante la necesidad de escoger entre su matrimonio con el español y el amor a su patria, opta por esta última. Mientras De fuera vendrá… permaneció desconocida, Libe se publicó en 1903 y siguió representándose hasta la Guerra Civil: en 1934 el periódico nacionalista Euzkadi llegó a calificar a Libe como «nuestra Juana de Arco».

Pese a esta obra y al episodio de su matrimonio, el fundador del nacionalismo fue consciente de que no podía exigir a sus correligionarios el mismo purismo. De hecho, Arana no solo no puso pegas para que sus seguidores se casaran con quien quisieran, con independencia de su origen (su propio hermano Luis se casó con la aragonesa Josefa Alejandra Englada, aunque más tarde inscribió a sus hijos menores con el segundo apellido euskerizado, tratando de ocultar su origen foráneo), sino que ya entre los primeros nacionalistas aparecieron personas con apellidos inequívocamente castellanos, incluyendo entre ellos a alguno de los más próximos colaboradores de Arana, como Miguel Cortés. El apellidismo siguió siendo muy importante durante bastante tiempo, aunque siempre hubo excepciones. De hecho, en 1906 el programa del PNV pasó a admitir afiliados con solo un apellido vasco entre los cuatro primeros. Como muestra un botón: de los diez primeros representantes nacionalistas en las Cortes españolas, elegidos en 1918, la mitad tenían apellidos euskéricos (Aranzadi, Ortueta, Epalza, Eizaguirre y Rotaeche), siendo el resto castellanos (Sota y Arroyo), franceses (Horn y Chalbaud) e italianos (Campión).

Pese a ello, el antimaquetismo constituye una de las principales características del primitivo ideario sabiniano. Es cierto que Arana no fue el inventor del término despectivo de maqueto, con que en la Vizcaya del siglo XIX se calificaba a los obreros inmigrantes. Ni siquiera fue el inventor del racismo vasco, pero sí llevó la teoría de la superioridad racial vasca hasta extremos increíbles, comparándola con «la raza más vil y despreciable», la de «los hijos de la nación española». Por ello, había que evitar «el roce de nuestro pueblo con el español, que causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón, apartamiento total, en una palabra, del fin de toda humana sociedad». El ejemplo más grotesco del racismo sabiniano —si no fuera trágico— es un texto en el que señala que, si un español se estuviera ahogando en la ría de Bilbao, el vasco que le oyera pidiendo socorro en castellano debería responderle que no entendía esta lengua.

La dicotomía entre la raza vasca y la española tenía consecuencias morales y políticas. Desde este punto de vista, lo español se identificaba con el liberalismo y el socialismo, para Arana los dos grandes males del siglo XIX; desde una perspectiva moral, los vascos habrían sido «degenerados y corrompidos por la influencia española», propia «de un pueblo a la vez afeminado y embrutecido». La semilla racista estaba sembrada y de hecho el PNV siguió hasta bien entrado el siglo XX haciendo llamadas a la conservación de la «raza vasca, base esencial de la nacionalidad», aunque, como ya hemos adelantado, en la práctica la comunidad nacionalista se fuera abriendo a un ámbito más amplio que el supuestamente euskérico sin mezcla alguna. Además, ni Arana ni sus seguidores llevaron estas premisas a la práctica de una persecución racial, ni mucho menos a la violencia ni al exterminio del otro. Pese a que algunos autores hayan querido ver en el racismo sabiniano un antecedente del nazismo, o una relación directa y necesaria entre las formulaciones más extremas de Arana y el terrorismo de ETA, ninguna de estas teorías se sostiene lo más mínimo. Es más, como iremos viendo, pese a su mensaje rupturista y segregador, el nacionalismo vasco empleó desde el principio los medios legales a su alcance para difundir su doctrina, renunciando al uso de la violencia, incluso en coyunturas en que esta era moneda relativamente común para dirimir querellas políticas.

Junto a la raza, la lengua fue otra de las características que según Arana definían la nación vasca. El hecho de que el euskera fuera —y lo es todavía hoy— una lengua sin parentesco conocido con ninguna otra hablada actualmente en el mundo permitía construir un discurso que justificaba la especificidad étnica a través del idioma. Por eso, Arana puso tanto empeño en aprenderlo y en difundirlo, siempre desde una óptica no meramente lingüística o cultural, sino sobre todo política. De ahí su empeño purista, pero también su deseo de que los maquetos no aprendieran la lengua vasca, pues en ese caso dejaría de ser una seña de identidad propia y un muro de contención frente a la influencia española. Por eso, no solo afirmó preferir «una Bizkaya poblada de bizkainos que solo hablasen el castellano» a «una Bizkaya poblada de maketos que solo hablasen el euskera», sino que añadió: «para nosotros sería la ruina el que los maketos residentes en nuestro territorio hablasen euskera […]. Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñársela a los maketos o españoles. No el hablar este o el otro idioma, sino la diferencia del lenguaje es el gran medio de preservarnos del contagio de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores aprendieran el euskera, tendríamos que abandonar este, archivando cuidadosamente su gramática y su diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos, mientras estuviésemos sujetos a su dominio».

Junto a estas afirmaciones extravagantes, Arana fue mucho más moderno en otras de sus apreciaciones sobre la lengua, al señalar que la única manera de preservar el euskera era hacerlo útil en la sociedad vasca. Hasta ese momento, el euskera se relacionaba con el mundo campesino y, si había ido descendiendo su uso en las últimas décadas, había sido sobre todo porque muchos padres querían que sus hijos aprendieran el castellano, pues este idioma permitía un ascenso social. Arana reconocía que la lengua vasca no servía «más que para hablar de las labores del campo… El euzkera, hoy, de nada vale. Al contrario, es un obstáculo, un estorbo para todo: para educarse, para estudiar, para el comercio, para la vida […]. Haced que el euzkera sea necesario en su patria, y entonces, no lo dudéis, ningún hijo del pueblo lo ha de olvidar. Haced que sirva para educarse, para prosperar, para vivir y para ilustrarse, y entonces, el que lo posee, hallará razonable conservarlo, y el que no lo hable podrá moverse a aprenderlo». De hecho, esta profecía se ha cumplido en parte en la Euskadi de hoy. Según los propios centros de enseñanza de la lengua vasca, hay quien estudia euskera «por amor, identidad» o sin más «para comunicarte con tus colegas», pero muchos afirman aprenderlo «para encontrar un trabajo».

Además, según Arana, el País Vasco era una nación porque tenía una historia propia, unas instituciones y unas leyes, usos y costumbres comunes. Para llegar a esta conclusión, el fundador del PNV tuvo que reinventar o reinterpretar la historia, pero antes incluso hubo de concretar qué territorio correspondía a esa nación. Pese a la objetividad de que los diferentes movimientos nacionalistas pretenden dotar al territorio nacional, la definición de los diferentes límites nacionales es una cuestión compleja y debatida, que ha dado lugar a lo largo de la historia a disputas, guerras e interminables reivindicaciones territoriales. De hecho, como acabamos de ver, Arana comenzó su vida política proclamando que su nación no era España sino Vizcaya, uno de los «Estados vascos». Solo en una segunda fase su primitivo nacionalismo bizkaitarra —tal y como se conoció durante mucho tiempo a sus seguidores— pasó a ser nacionalismo vasco, planteando la confederación de esos «Estados vascos» en una patria común. Y si los límites de Vizcaya estaban claros, no pasaba lo mismo con los del País Vasco. No obstante, tampoco aquí Arana tuvo que inventar nada, sino que recogió cierta tradición fuerista creada a lo largo del siglo XIX, que había llegado a la conclusión de la existencia de siete territorios vascos: cuatro en España (Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya) y tres en Francia (Labourd, Soule y Baja Navarra). O, en su versión euskaldun, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa, Bizkaia, Lapurdi, Zuberoa y Benabarra o Nafarroa Beherea.

Sin embargo, llegar a esta conclusión —que en el siglo XIX no era aceptada por todos y todavía hoy sigue siendo disputada— no había sido sencillo. De hecho, cada una de las tres Provincias Vascongadas, tal y como se las denominaba en el siglo XIX (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), tenía unos Fueros y unas instituciones diferentes. Nunca a lo largo de la historia habían tenido una unidad institucional común, aunque sí contaban con cierta identidad compartida. Así, las tres provincias hermanas ya aparecían unidas en el siglo XVIII en el lema de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (Irurak bat, «Las tres, una») y la relación entre ellas se incrementó en el siglo XIX, gracias a la celebración de conferencias entre las tres Diputaciones para tratar temas comunes y a la política identitaria llevada cabo por el fuerismo. A las tres Provincias Vascongadas se añadió a lo largo del siglo XIX el antiguo Reino de Navarra, también en parte de habla vasca, pese a contar con una historia diferenciada e institucionalmente de mucho mayor peso que las otras tres, al contar con una Monarquía propia hasta su conquista por Castilla en 1512. Algunos fueristas propugnaron entonces una identidad vasco-navarra, dando lugar al lema Laurak bat («Las cuatro, una»). Aunque Navarra participó en algunas conferencias de Diputaciones, mantuvo siempre una identidad diferenciada, compatible en algunos casos con el reconocimiento de cierto sustrato común.

De forma paralela, desde el País Vasco francés comenzó a hablarse del Zazpiak bat («Las siete, una»), aunque más con un sentido cultural que político. Ya en 1836 Antoine d’Abbadie y Joseph Augustin Chaho habían hablado de «los siete pueblos vascos», pero fue en la década de 1890 cuando se fijó este último lema, presente en poemas, cancioneros, fiestas y periódicos. Arana recogió esta tradición, considerando que la patria vasca estaba formada por todo este conjunto de antiguos «Estados»: los tres de la actual Comunidad Autónoma del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, aunque en el cómputo de regiones vascas solía mencionar solo seis, puesto que la Baja Navarra formaba una unidad con el resto del Reino hasta el siglo XVI, y solo entonces quedó bajó la órbita francesa, separándose de la Navarra meridional.

Aun partiendo del diseño fuerista (presente en multitud de obras historiográficas y literarias del siglo XIX), Arana recondujo la historia vasca para legitimar su proyecto político. Su idea básica era que existía una independencia originaria vasca, cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos, como correspondía a una raza diferenciada. Cada uno de los Estados vascos habría mantenido esta independencia desde la Edad Media, tal y como demostraban sus Fueros. Manipulando su contenido real, basado precisamente en cómo dichos territorios se integraban en la Monarquía española (o francesa) del Antiguo Régimen, Arana interpretaba los Fueros como códigos de independencia nacional, reflejo de su soberanía originaria, que se habría mantenido hasta que el Estado liberal, en su afán centralizador, había decidido acabar con ellos. Según esta interpretación, la independencia vasca habría terminado después de la Primera Guerra Carlista (un conflicto que en el País Vasco habría sido de defensa de la soberanía foral), cuando las Cortes españolas, aplicando un derecho de conquista, habían promulgado la ley de 25 de octubre de 1839. En realidad, esta ley confirmaba los Fueros «sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía», pero Arana pensaba que este añadido implicaba de hecho una abolición foral y por tanto el final de la independencia de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Nadie con un mínimo de conocimiento histórico podía pensar de veras que esos cuatro territorios hubieran sido Estados independientes hasta 1839, pero la operatividad política de esta afirmación iba a tener un largo recorrido, pues la recuperación de la independencia vasca se presentaba así como la lucha por un derecho arrebatado injustamente por la fuerza de las armas.

La visión de Arana era por tanto contraria a la de otros grupos políticos del País Vasco decimonónico (como los fueristas y los carlistas) que defendían los Fueros como un pacto entre las provincias vascas y la Corona y para quienes la ley de 25 de octubre de 1839 había realmente confirmado dichos Fueros, que no serían abolidos hasta el final de la última Guerra Carlista, tras la ley de 21 de julio de 1876. Con respecto a los territorios vasco-franceses, Arana señalaba como fecha de su pérdida de libertad el de la abolición de sus Fueros por la Revolución francesa de 1789. Pero lo cierto es que ni el fundador del nacionalismo ni sus inmediatos seguidores se preocuparon excesivamente por la historia del País Vasco francés, limitándose a proclamar la unidad de las provincias vascas al norte y al sur de los Pirineos de forma retórica. De hecho, durante casi toda su historia, el nacionalismo vasco se ha limitado a expandir sus ideas por las provincias vasco-españolas, dejando a un lado a las vasco-francesas, en las que durante varias décadas fue inexistente y todavía hoy es muy débil, a pesar de haber recibido un notable impulso en las últimas décadas.

Por otro lado, el conjunto del pensamiento sabiniano no puede entenderse sin tener en cuenta el factor religioso. Pero no del catolicismo en sí —pues la inmensa mayoría de los dirigentes liberales vascos de la época eran tan católicos como Arana—, sino de la versión más extendida de la mentalidad católica en la España de la época, imbuida de un fuerte tradicionalismo cultural y de un integrismo antiliberal que aplicaba al pie de la letra el título del famoso opúsculo del clérigo catalán Félix Sardá y Salvany: El liberalismo es pecado (1884). Tanto en su familia como en el Colegio de los jesuitas de Orduña, Arana había sido educado en una estricta mentalidad integrista o tradicionalista católica, que aplicó directamente a su credo político. Él mismo reconocía que su patriotismo no se fundaba en motivos humanos: «mi patriotismo se fundó y cada día se funda más en mi amor a Dios, y el fin que en él persigo es el de conducir a Dios a mis hermanos de raza: a mi gran familia el pueblo vasco». En numerosas ocasiones repitió la intrínseca unidad entre su nacionalismo y el ideal religioso, que incluso aparecerá, como veremos enseguida, en el nombre del partido por él fundado: su grito a favor de la liberación nacional vasca «Solo por Dios ha resonado»; «Todo para la Patria y la Patria para Dios».

Y una vez más, dado que los enemigos del catolicismo de los vascos —liberales, socialistas, inmigrantes que habrían introducido costumbres hasta entonces supuestamente desconocidas en tierra vasca, como la blasfemia o el baile agarrao— eran los españoles, había que separarse de España para lograr una raza pura dedicada al servicio de Dios. En su retórica, simbología y repertorios de movilización, Arana incorporó un buen número de elementos provenientes de ese catolicismo tradicionalista. Aunque aseguró que en la futura Vizcaya independiente habría una «marcada distinción entre el orden religioso y el político, entre lo eclesiástico y lo civil», no llegó a concretar cómo se haría compatible esta idea con el predominio absoluto del dogma y de la moral católica en la sociedad civil que él predicaba, incluyendo una «completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia». En la práctica, esa distinción no existió, lo que explica que un buen número de antiguos carlistas y sobre todo integristas vascos, que coincidían en su visión ultramontana de la religión, se pasaran al incipiente nacionalismo vasco. Paradójicamente, en esto el nacionalismo de Arana no se diferenciaba mucho del nacionalismo tradicionalista español, que también equiparaba el ser de España con la identidad católica. El problema es que ambos, sin respetar la libertad de elección de cada creyente, identificaban el catolicismo con una patria determinada y las dos patrias pretendían estar radicadas en el mismo territorio. Arana sembró así la semilla de un conflicto casi irresoluble, que en el futuro afectaría de lleno a la Iglesia en el País Vasco.

Es cierto que estas ideas eran, como el propio Arana, hijas de su tiempo, aunque también lo es que, incluso en el contexto de finales del siglo XIX, otro tipo de identidad nacional era posible. Por el contrario, el fundador del PNV construyó una idea de nación exclusiva y excluyente, basada en la oposición radical entre quien pertenecía a la comunidad natural y quien, pese a su voluntad, estaba excluida de ella de principio a fin. En cualquier caso, lo interesante es comprender cómo es posible que una ideología tan radical y rompedora consiguiera alcanzar en relativamente poco tiempo un seguimiento tan amplio entre la sociedad vizcaína y vasca. La respuesta, como iremos viendo enseguida, es que el propio Arana —lo mismo que hicieron pronto sus sucesores al frente del PNV— rebajó la aplicación de las aristas más fuertes de su mensaje, para permitir que este fuera aceptado por un sector cada vez más amplio del electorado vasco.

Sin embargo, el PNV realizó esa adaptación al medio sin renunciar a la ideología sabiniana. Por ello, el éxito del nacionalismo vasco solo puede explicarse si se tiene en cuenta que existía un caldo de cultivo, unas circunstancias históricas que permitieron que su semilla prendiera en una tierra previamente abonada. Así, mientras sus seguidores convirtieron a Arana en una figura mitificada —un santo, al que algunos llegaron a comparar con el mismo Jesucristo, con una especie de redentor del pueblo vasco—, sus enemigos políticos llegaron a calificarlo de loco. Desde el punto de vista historiográfico, la cuestión no está tanto en saber si fue una cosa u otra sino en tratar de comprender el porqué del éxito de su mensaje. Ya hemos comentado al principio del libro los factores que pueden ayudar a entender que una doctrina así prendiera tan rápidamente, pero también influyó sin duda el ímpetu con que el propio Arana se dispuso a extenderla entre sus compatriotas, a partir de la publicación de Bizkaya por su independencia en 1892.

Los símbolos del pueblo vasco

Los 2.000 ejemplares de Bizkaya por su independencia, proclamando desde su mismo título una doctrina tan llamativa, no pasaron desapercibidos en el Bilbao de 1892. Este ya se había asombrado por la virulencia de la Gran Huelga minera de 1890, un fenómeno completamente desconocido en la tranquila Vizcaya de unos años antes, pero que alguien propugnase por escrito que la provincia debía proclamar su independencia con respecto a España sobrepasaba los límites de lo normal. La polémica que siguió a su publicación hizo que un grupo de fueristas liberales de la Sociedad Euskalerria —fundada por Fidel de Sagarmínaga en 1880 y que ahora lideraba el gran naviero Ramón de la Sota y Llano— convocaran a Arana a una reunión privada, en la que este les expondría con más detalle su ideario. Como no podía ser menos, tratándose del País Vasco, la reunión se convirtió en una cena, celebrada en el caserío Larrazábal de Begoña, muy cerca de Bilbao, la tarde del 3 de junio de 1893. Los dieciocho comensales asistieron asombrados al discurso de Arana, que no solo no rebajó su mensaje sino que dedicó su charla a denunciar el «vil yugo» al que España, una «nación enteca y miserable», había sometido a Vizcaya, gracias también a la ignorancia e indiferencia de los propios vizcaínos. Para sacar a su patria de esta postración, Arana anunció la creación de una «sociedad nacionalista», cuyo objetivo sería «sacudir el yugo de la esclavitud», bajo el lema Jaungoikua eta Lagi-Zarra («Dios y Ley Vieja»). El acrónimo de este lema (JEL) pasaría después al nombre en euskera del Partido Nacionalista Vasco: Euzko Alderdi Jeltzalea (literalmente, «Partido Vasco partidario de JEL»); sus afiliados serían llamados jeltzales o jelkides.

El grito de «¡Viva la independencia de Bizkaya!», con que terminó su discurso no dejaba lugar a dudas. Los asistentes, convencidos ahora de que Arana iba en serio, respondieron a su proclama con un silencio absoluto. En el debate posterior, reprocharon a Arana su independentismo a ultranza, que le hacía considerar a los fueristas unos regionalistas vendepatrias; por si fuera poco, se trataba de fueristas liberales, lo que contrastaba con su integrismo religioso y con su antiliberalismo. El propio Sota reprochó a Arana su peculiar mezcolanza político-religiosa, animándole a dejar a Dios, «que está muy alto para que se ocupe de nosotros», al margen de la discusión. Según recordaba el propio Arana, «los vapores iban subiendo, los ánimos calentándose»; uno de los euskalerriacos «venía beodo» y «faltó poco para que Koldobika [su hermano Luis] y yo nos pegáramos con todos». El discurso o juramento de Larrazábal fue por tanto un completo fracaso. De hecho, solo uno de los asistentes (Ciriaco Llodio) se unió al primer nacionalismo, aunque buena parte del resto (Ramón de la Sota, Santiago Alda, Eduardo Aburto, Gregorio Ibarreche, etc.) terminarían entrando en el PNV a partir de 1898, cuando la mayor parte de los euskalerriacos ingresaran en el partido.

Arana, sin embargo, no se desanimó. El 8 de junio de 1893, cinco días después del acto de Larrazábal, salía a la calle el primer número de Bizkaitarra, con el lema Jaungoikua eta Lagi-Zarra en su cabecera. Era apenas una hoja volandera —con una periodicidad incierta—, en la que el propio Arana hacía casi todo (escribió personalmente el 90% de los artículos que publicó, en sus dos años de existencia), pero el nacionalismo vasco inauguraba así un medio de propaganda que iba a tener un gran futuro, con centenares de periódicos y revistas, editados en todos los rincones de la geografía vasca e incluso en otros países de Europa y América, y cubriendo los temas más diversos.

Las primeras actividades públicas del nacionalismo se produjeron con motivo de diversas manifestaciones fueristas que tuvieron lugar en esa época, a raíz de ciertas decisiones del ministro de Hacienda, el liberal Germán Gamazo, contrarias a la autonomía fiscal de las provincias hermanas, y en especial de Navarra. Frente a la opinión mayoritaria, Arana no creía que el sistema tributario específico de que entonces disfrutaba el Viejo Reino fuera de origen foral sino una migaja concedida por el Estado, pero aprovechó el amplio movimiento popular conocido con el nombre de Gamazada para pescar en río revuelto.

En agosto de 1893, los hermanos Arana estuvieron en Guernica en un homenaje al Orfeón Pamplonés, que terminó con gritos contra España y con la destrucción de una bandera española, arrancada de la fachada de la Sociedad Tradicionalista local. Incidentes mucho más graves se produjeron poco después en San Sebastián, cuando la banda de música municipal se negó a tocar el popular himno fuerista Gernikako arbola, que el bardo José María Iparraguirre había compuesto a mediados del siglo XIX, en homenaje al árbol de Guernica, símbolo de los Fueros vascos. Los enfrentamientos terminaron con la muerte de tres manifestantes fueristas a manos de las fuerzas del orden. Enseguida, el epicentro de la tensión se trasladó a Navarra. El acto central de este movimiento fue una gran manifestación de adhesión a la Diputación navarra en Pamplona, el 18 de febrero de 1894. Allí acudió Sabino con su hermano Luis y con un pequeñísimo número de seguidores, para mostrar la solidaridad de Vizcaya con su hermana Navarra, injustamente agredida por el poder central. En puridad, ni la Gamazada ni las tensiones del año anterior en Vizcaya y Guipúzcoa eran movimientos nacionalistas, pero sí mostraban un ambiente de ansiedad que podía ser aprovechado por Arana para dar alas a sus ideas.

Aunque aquel había anunciado en Larrazábal su propósito de crear una «sociedad nacionalista», estas ideas no tenían aún una concreción institucional. Arana puso fin a esta situación con la apertura, el 14 de julio de 1894, del Euskeldun Batzokija, el primer batzoki o centro social nacionalista, que tuvo su sede en la bilbaína calle Correo, en el segundo piso del número 22. Ese día, el socio de más edad, que era el antiguo capitán carlista en la última guerra, Ciriaco de Iturri, izaba por vez primera la ikurriña, la bandera que actualmente es la enseña oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La ikurriña es sin duda el símbolo más exitoso entre los ideados por Arana, que inventó incluso la propia palabra, un neologismo procedente de la fusión de ikurra («símbolo») y ehuna («tela»). Sin embargo, la ikurriña ha ido cambiando su significado a lo largo de la historia, pues empezó siendo solo una bandera vizcaína, pasando pronto a ser la enseña nacionalista y finalmente de todo el País Vasco. Fue diseñada por los hermanos Arana, para cubrir la ausencia de una bandera tradicional de Vizcaya o del País Vasco.

Algunos intentos previos para contar con una enseña vasca o vasco-navarra, basados en el Irurak bat y sobre todo en el Laurak bat, no habían llegado a ser populares, ni mucho menos oficiales. El ensayo de mayor calado fue la «primera bandera de la Euskal-Erria», diseñada por el escritor guipuzcoano Pedro Soraluce en 1881, que incluía cuatro estrellas, «cuatro manos de guerreros formando cruz», en representación de las cuatro provincias, y una divisa con el Laurak bat «en una cinta con los colores de España», reflejo del doble patriotismo fuerista, vasco y español, previo al nacionalismo sabiniano. Soraluce aseguraba haber basado su diseño en una bandera que se conservaba en el Palacio Nacional de los Inválidos de París, cogida como botín por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia a algún guerrillero vasco-navarro. De hecho, se usó por primera vez en París, en un desfile homenaje al poeta francés Victor Hugo, en el que participaron 324 banderas y estandartes de todo tipo. Pese a que Soraluce trató de implantar su invención en el País Vasco, aquí su uso fue muy reducido. Sin embargo, fue utilizada frecuentemente entre los vascos de América, ondeando en centros sociales, fiestas y publicaciones de la diáspora, hasta que la llegada de la ikurriña desplazó para siempre al símbolo del Laurak bat.

Arana seguramente desconocía esta primera bandera, por lo que partió de cero al pensar en la enseña que debía identificar a Vizcaya y a su movimiento. Un primer intento fue realizado con motivo de la Gamazada, cuando con su hermano Luis diseñó en el café Iruña de Pamplona un estandarte vizcaíno, con la cruz en aspa de san Andrés roja sobre fondo blanco, acompañado del lema JEL y «Bizkaya abraza a Nabarra», en castellano y euskera. Este diseño primitivo, utilizado en la manifestación de apoyo a la Diputación de Navarra, no volvió a usarse nunca más, quizás porque era demasiado parecido a la cruz de Borgoña carlista. Sin embargo, el motivo de la cruz de san Andrés se mantuvo cuando, en 1894, ambos hermanos diseñaron la ikurriña en su casa de Albia, para ponerla en el mástil del Euskeldun Batzokija. Aunque la idea conceptual fue de Sabino, su hermano Luis, al ser arquitecto, era sin duda un buen apoyo para el diseño de símbolos gráficos. Sin embargo, todo indica que los Arana Goiri se basaron en la bandera británica: no solo la ikurriña tiene un innegable parecido con ella sino que Sabino era un admirador de Gran Bretaña y de su labor civilizadora en el mundo. Sin duda exagerando esta inspiración, un autor ultraderechista llegó a escribir en 1977 que Arana «no se hernió, limitándose a copiar la bandera inglesa sin más que cambiar el azul del fondo de la misma por el verde».

Así, los hermanos Arana formaron la ikurriña sobre fondo rojo, con una cruz blanca y un aspa verde, por lo que es denominada también la bicrucífera. Sus autores explicaron después el significado de la bandera: el fondo rojo correspondía al color del escudo de Vizcaya; la cruz blanca era la «de nuestra fe cristiana»; la cruz en aspa era la de san Andrés, por haber fantaseado Sabino que en el día de ese santo (el 30 de noviembre) del año 888 había tenido lugar la mencionada batalla de Arrigorriaga. En efecto, al apóstol Andrés, hermano de Simón Pedro, se le representa en la iconografía cristiana con una cruz en aspa, por haber sido martirizado en una cruz en forma de equis. De hecho, la bandera escocesa —incorporada a la británica— es una cruz blanca de san Andrés sobre fondo azul, por ser este apóstol el patrono de Escocia. En el caso vasco, Arana puso esta cruz en verde, representando el color del roble de Guernica, símbolo de las libertades vizcaínas, que también aparecía en el escudo de Vizcaya. Sabino añadió que también era un icono del lema JEL, al integrar a Dios y a las Leyes viejas o a la independencia de Vizcaya. Desde ámbitos jeltzales, todavía hoy se interpretan así sus tres colores: «su fondo rojo simboliza al Pueblo Vasco, su aspa verde a la Independencia y su cruz blanca, la concepción cristiana de la vida».

La flamante ikurriña con la que se inauguró el Euskeldun Batzokija era de gran tamaño (2,80 por 5 metros), pero no se conserva, pues fue incautada por el Juzgado de Bilbao al ser clausurado más tarde este centro, pero enseguida aparecieron nuevas ikurriñas en otras localidades vizcaínas. Así, en 1895 se izaba por primera vez en un barco, en la popa del balandro Aketxe de Bermeo. Algunas de estas banderas fueron retiradas por la Guardia Civil, al considerarse un emblema separatista. La ikurriña se convirtió así en un símbolo en disputa aunque, según avanzaba el siglo XX, fue tolerada de hecho —como bandera del nacionalismo— por los gobiernos de la Restauración, hasta su prohibición por la Dictadura de Primo de Rivera en 1923. Es más, según algunas fuentes, cuando en 1908 Alfonso XIII visitó Begoña, la ikurriña que ondeaba en el batzoki «recibió el saludo militar ignorante y despistado» del Rey.

También fue variando el significado mismo de la ikurriña. Como acabamos de ver, los hermanos Arana Goiri la habían diseñado como bandera de Vizcaya y no del País Vasco. En 1907, cuando el bizkaitarrismo ya se había convertido en nacionalismo vasco, Luis Arana diseñó enseñas para el resto de los territorios de Vasconia, utilizando siempre los mismos colores. Siendo consecuente con su idea, también diseñó una nueva bandera confederal vasca, igualmente verde, blanca y roja. Luis aseguró que él ya le había enseñado estas ideas a Sabino en 1900, aunque en realidad no las dio a conocer públicamente hasta 1912. Para entonces, ya era tarde para echar marcha atrás. Además, el diseño de estas otras enseñas era muy poco convincente, por lo que estas nuevas propuestas nunca llegaron a gozar de ningún apoyo popular. Por el contrario, la ikurriña contaba con un diseño más conseguido y se fue extendiendo por todo el territorio vasco, hasta llegar a olvidarse su origen vizcaíno, convirtiéndose de hecho en la bandera común del PNV y, tomando la parte por el todo, del País Vasco. Sin embargo, todavía en 1933 Luis Arana protestó cuando el PNV aprobó oficialmente que la «ikurriña fuese la bandera oficial de la Confederación» vasca, dimitiendo incluso de su cargo de presidente del partido. Por fin, tras la aprobación del primer Estatuto vasco en octubre de 1936, en plena Guerra Civil, el consejero socialista Santiago Aznar propuso que la ikurriña fuera proclamada la bandera oficial del País Vasco autónomo, disposición que recoge el Estatuto de autonomía actualmente vigente.

El éxito histórico de esta bandera, hasta convertirse en un símbolo oficial, aceptado hoy por todos los partidos del arco parlamentario vasco, es el mejor ejemplo de la capacidad de Arana para forjar símbolos que sirvieran de identificación colectiva a la comunidad que estaba entonces empezando a forjar. Algo semejante sucede con otros emblemas: por ejemplo con el Zazpiak bat, el escudo conjunto de todos los territorios vascos, utilizado por primera vez en 1896, en el anagrama de la editorial que publicó sus Lecciones de ortografía del euskera bizkaino, y que se extendió rápidamente, reproduciéndose en libros, revistas, carteles, etc., aunque algunos heraldistas modernos lo han criticado por yuxtaponer «emblemas heterogéneos», incluyendo «cuarteles de incierto origen» en el caso vasco-francés. El escudo del Zazpiak bat nunca ha tenido carácter oficial, por el simple hecho de que los siete territorios reivindicados por el nacionalismo, al norte y al sur de la frontera franco-española, no han llegado a formar parte de un mismo ente administrativo.

Un éxito similar al de la ikurriña ha tenido el nombre que Sabino Arana inventó para denominar al País Vasco en euskera: Euzkadi o, con la grafía actual, Euskadi. A finales del siglo XIX el nombre tradicional de Vasconia en lengua vasca era Euskalerria (actualmente, Euskal Herria), un término que aparece por primera vez escrito en el siglo XVI, con el sentido literal del «pueblo de los que hablan el vasco». El uso de este vocablo (cuyo equivalente en castellano sería Vasconia), englobando a las siete provincias de ambos lados de la frontera de España y Francia, se extendió a lo largo del siglo XIX hasta hacerse de uso común y ser aceptado por casi todas las ideologías políticas. Pese a ello, a Arana no le gustaba este término, porque hacía referencia directa a la lengua como principio identificador de lo vasco. Dado que él planteaba que lo importante no era la lengua sino la raza, tuvo que inventar un vocablo alternativo. Su primera opción fue la de «Euskeria», que ya se utilizaba previamente, pero en 1896 utilizó por primera vez la palabra «Euzkadi», que usó ya casi en exclusiva desde 1901, año en que comenzó a publicar la revista homónima Euzkadi. Se trata de un neologismo compuesto de euzko («vasco») y del sufijo di (que indica abundancia de algo), aunque en realidad en euskera solo se utiliza para vegetales (pagadi, «hayedo», etc.) y no para grupos humanos.

Por tanto, Euzkadi («lugar donde hay vascos») es incorrecto desde el punto de vista lingüístico, lo que explica que intelectuales vasquistas o nacionalistas moderados como Arturo Campión o el periódico Euskalduna lo criticaran con dureza al principio. Sin embargo, su uso frecuente por parte del PNV —incluyendo la aparición del influyente diario Euzkadi en 1913— contribuyó a expandir el término, que durante varias décadas fue usado solo por los nacionalistas. Finalmente, adquirió carta de naturaleza cuando con el Estatuto vasco de 1936 se creó el primer «Gobierno provisional de Euzkadi». La izquierda aceptó definitivamente este término, que superó así los límites del nacionalismo vasco, mientras su uso era prohibido de raíz por el franquismo, por considerarlo separatista, a la vez que admitía sin ningún problema el tradicional de Euskal Herria. En la Transición, Euskadi (escrito ahora con ese) volvió a ser la denominación oficial en euskera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo aceptado también por la derecha española, hasta el punto de que el Partido Popular Vasco es en euskera Euskadiko Alderdi Popularra.

Paradójicamente, pese a la proscripción franquista del nombre de Euskadi y la aceptación de Euskal Herria, desde principios de la década de 1990 la organización terrorista ETA y su brazo político, Herri Batasuna, dejaron de usar Euskadi para referirse solo a Euskal Herria. Este giro lingüístico no era casual: al haberse identificado Euskadi con la Comunidad Autónoma que incluye solo a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y al haber sido aceptado este término incluso por los partidos españolistas, recuperando el nombre de Euskal Herria la izquierda nacionalista radical quería reivindicar un País Vasco independiente, compuesto por las siete provincias, incluyendo a Navarra y a la zona vasco-francesa. Paradojas de la vida: Herri Batasuna coincidía así con el pensamiento carlista durante el franquismo, que había identificado a la verdadera Euskal Herria con la Vasconia española y había rechazado la palabra Euskadi como un invento sabiniano. Pero, pese a ser realmente un invento más de Arana, no cabe duda de que el vocablo Euskadi ha cuajado en la realidad vasca, hasta convertirse no solo en un término oficial sino en un símbolo aceptado hoy por la mayoría de los vascos.

Algo diferente es la evolución del himno vasco que Arana compuso en septiembre de 1902, durante una estancia en la cárcel: el Eusko Abendaren Ereserkia también es hoy el himno oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco pero nunca ha alcanzado la popularidad de la ikurriña o del nombre de Euskadi. Literalmente, su traducción es «Himno de la Raza Vasca», aunque por razones obvias suele traducirse como «Himno de la Patria Vasca». Además, como el himno nacional español, oficialmente carece de letra, a pesar de que Arana lo que realmente ideó fue precisamente el texto, acompañando a una música previamente existente. De hecho, popularmente el himno es más conocido como Gora ta gora» («Arriba y arriba»), las primeras palabras de la letra escrita por Arana.

Para entender por qué el Eusko Abendaren Ereserkia no ha logrado ser tan conocido como la ikurriña, hay que tener en cuenta que en este caso Arana sí se encontró con un himno preexistente, muy extendido y aceptado por casi todos los grupos políticos vascos del siglo XIX. Se trata del conocido himno fuerista Gernikako arbola («El árbol del Guernica»), que José María Iparraguirre cantó por vez primera en el madrileño Café de San Luis en 1853. A finales de siglo esta composición era ya plenamente popular en el País Vasco y algunos no dudaban en calificarla de «himno nacional» vasco, pese a que, por su carácter fuerista, representaba el doble patriotismo vasco y español propio de esta ideología. Arana no podía despreciar de plano su capacidad de atracción, centrada al fin y al cabo en la identidad vasca, aunque no fuera nacionalista. Por ello, calificó a Iparraguirre de personaje «insigne», pero recordando que era al mismo tiempo fiel reflejo de «la frivolidad, el craso error de los vascos de su tiempo», que no era otro que el sentirse a la vez vascos y españoles. La letra del Gernikako arbola no le gustaba, por su euskera lleno de castellanismos, su carácter supuestamente liberal y la ausencia de referencias religiosas. Para diferenciarse de este himno vascongadista, Arana se propuso crear uno realmente nacional. Aprovechó para ello una melodía tradicional vasca de autor desconocido, de la que había quedado «prendado» ya en 1886 y a la que le puso letra en 1902. Traducida al castellano, esta era un compendio de la doctrina aranista, con un gran contenido religioso y una mezcla de elementos bizkaitarras (con el árbol de Guernica como símbolo) y nacionalistas vascos: «¡Viva y viva Euzkadi!, ¡Gloria, gloria a su Señor en las Alturas! En Vizcaya hay un roble viejo, fuerte, sano, como ella misma y su ley. Sobre el roble tenemos la santa cruz, siempre nuestro lema. ¡Cantad viva Euzkadi!, ¡Gloria, gloria a su buen Dios!».

Convertido en 1905 en himno oficial del PNV, este expresó su deseo de que también fuera aceptado como «Himno Nacional por todos los hijos de Euzkadi». Su aceptación, sin embargo, no fue sencilla. Para empezar, el Gernikako arbola era tan popular que incluso muchos jeltzales (en especial, los más moderados) lo siguieron prefiriendo al Eusko Abendaren Ereserkia, llegando a hablar de aquel como «himno nacional de Euskalerria». De hecho, el PNV nunca llegó a hacer dejación del Roble y de la Casa de Juntas de Guernica como símbolos nacionales vascos, pese a que se trataba de iconos compartidos por todos los partidos españoles vasquistas, fueran estos carlistas, republicanos o monárquicos. De hecho, solo los socialistas se permitían de vez en cuando alguna crítica mordaz al árbol de Guernica, al que algunos calificaban de mero «alcornoque». En esta lucha por apropiarse del principal lugar de memoria vasco, aunque cada partido lo interpretara de forma diferente, el PNV organizó en el primer tercio del siglo XX un buen número de concentraciones políticas en Guernica y siguió cantando el Gernikako arbola junto al Eusko Abendaren Ereserkia. Solo en los años de la Segunda República el himno ideado por Arana comenzó a oírse con más frecuencia, aprovechando la expansión del partido en esa etapa. Así que, cuando se constituyó el Gobierno vasco en 1936, este aceptó por unanimidad proclamar como himno oficial vasco la melodía del Eusko Abendaren Ereserkia, pero no la letra sabiniana. Esta decisión era lógica pues, en el ambiente de la Guerra Civil (y en un Gobierno compuesto mayoritariamente por miembros del izquierdista Frente Popular, aunque estuviera liderado por el PNV), la letra de corte integrista de Arana no tenía ningún sentido.

En la Transición parecía lógico recuperar el himno del primer Gobierno vasco de la historia, pero el propio PNV era consciente de que el Eusko Abendaren Ereserkia no tenía apoyo popular. Cuando la dirección del partido debatió este tema en 1979, admitió que «el Gernikako arbola es probablemente el más popular y aceptado por el Pueblo y las demás fuerzas políticas». A pesar de ello, el PNV aprovechó su circunstancial mayoría política en el Parlamento vasco para imponer en 1983 como himno oficial de la Comunidad Autónoma la melodía del Eusko Abendaren Ereserkia, dejando al margen una vez más la letra sabiniana, con el fin de despojar a la canción de su carácter partidista. Pese a que tanto la izquierda nacionalista radical como la derecha y la izquierda españolas defendieron como alternativa el Gernikako arbola, la melodía de la que Arana se había quedado «prendado» en 1886 sigue hoy siendo el himno oficial vasco. Es cierto que esta melodía ha sido aceptada con el paso del tiempo, pero todavía hoy el Eusko Abendaren Ereserkia carece del calor popular de otros símbolos y solo es aceptado con entusiasmo por los militantes y simpatizantes jeltzales, que en los actos del partido lo cantan con la letra sabiniana.

Una actividad frenética

Como acabamos de ver, Arana fue un maestro en la creación de símbolos que sirvieron como señas de identidad de su movimiento. El mismo empeño incansable puso en expandir el nacionalismo, primero de un modo directo y radical y luego, cuando se dio cuenta de que de ese modo nunca conseguiría avances significativos, dando a su estrategia un giro pragmático. Volviendo al momento de la apertura del Euskeldun Batzokija, en 1894, este contaba entonces con noventa y cuatro socios, que procedieron de inmediato a aprobar los Estatutos de la entidad y a nombrar su primera Junta Directiva. En cuanto a esta, como no podía ser de otro modo, Sabino Arana fue elegido presidente y Ciriaco de Llodio —el único converso de Larrazábal— vicepresidente. Los estatutos aprobados partían en realidad de un borrador redactado por el propio Arana en 1890 y limitaban la entrada de socios a varones católicos con cuatro apellidos euskéricos. Casi todos los socios fundadores eran jóvenes pertenecientes a la pequeña burguesía urbana bilbaína: empleados, pequeños comerciantes, artesanos, etc., estando ausentes tanto los obreros como los grandes industriales.

Faltaba aún convertir esta sociedad en un verdadero partido político. Un paso decisivo en este sentido se hizo al año siguiente cuando, en una asamblea celebrada en el Euskeldun Batzokija el 31 de julio de 1895, se constituyó el primer Bizkai Buru Batzarra (BBB), Consejo Regional de Vizcaya, célula embrionaria del Partido Nacionalista Vasco. Una vez más, Arana fue nombrado presidente, con su hermano Luis como vicepresidente. Pese a haber pasado a la historia como la fecha oficial de la fundación del PNV, realmente lo que se constituyó ese día fue solo el embrión del futuro partido, que como tal no se creó hasta 1897. De hecho, el nombre oficial de Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) no comenzó a usarse hasta unos años más tarde, después de que Arana sustituyera definitivamente su primitiva idea bizkaitarra por un concepto de nacionalidad vasca. La inexistencia de un día exacto de fundación del PNV (ya con este nombre) y el hecho de que se sucedieran varios hitos fundacionales en cadena entre 1894 y 1897 explican que desde muy pronto el 31 de julio de 1895 pasara a considerarse el día de la creación del partido, tanto por sus afiliados como, más tarde, por la historiografía. A esta identificación contribuyó también decisivamente el hecho de que el 31 de julio fuera la fiesta de san Ignacio de Loyola, patrón de Vizcaya y Guipúzcoa, de quien Arana era muy devoto. Esta coincidencia permitía al primer nacionalismo vasco unir el nacimiento del PNV con la figura del fundador de la Compañía de Jesús y por tanto dotar de mayor legitimidad a su proyecto político, en el marco de la ideología católica tradicionalista de Arana.

La innegable influencia de san Ignacio y de la enseñanza recibida en los jesuitas sobre la mentalidad de Arana contribuyeron sin duda a la aceptación definitiva de esa fecha como cumpleaños del PNV, pero la demostración más clara de que a veces se ha atribuido un influjo exagerado a la relación entre la doctrina de san Ignacio y la de Arana es que el BBB se fundó un 31 de julio por pura casualidad. La asamblea del Euskeldun Batzokija, que debía constituir este germen del PNV, había sido convocada para el domingo 28 de julio, pero la premura con que se hizo la convocatoria impidió que ese día se alcanzara el quórum reglamentario, por lo que la reunión tuvo que trasladarse al siguiente día festivo, que casualmente era el 31 de julio, fiesta patronal de Vizcaya. Sin embargo, esta coincidencia era una oportunidad que el PNV no podía dejar pasar, por lo que pronto el PNV pasó a celebrar por todo lo alto su fecha fundacional oficial. La mezcla entre lo religioso y lo político —característica del integrismo sabiniano— permitía sumar en la celebración de ese día elementos católicos, políticos y recreativos, habituales en la sociabilidad nacionalista de las primeras décadas del siglo XX.

Además, la creación del BBB se hizo de forma clandestina. La razón no era otra que, mientras tanto, había comenzado la persecución gubernativa y judicial contra el nacionalismo vasco y contra el propio Arana. En realidad, la reacción de las autoridades españolas no es de extrañar. El Estado de la Restauración no era realmente democrático sino solo liberal, por lo que las libertades de expresión y asociación estaban sometidas a bastantes restricciones. Por otro lado, el primer Arana no escondía sus propuestas radicales con paños calientes, por lo que es lógico que enseguida algunas de ellas fueran consideradas delitos de lesa patria, aunque algunos de los conflictos fueron consecuencia de cuestiones más personales que políticas. El primer damnificado fue el periódico Bizkaitarra, que en su corta vida fue denunciado ocho veces por la fiscalía. Además, Arana recibió otra querella por parte de un vecino del Euskeldun Batzokija, el médico y exconcejal liberal bilbaíno Filomeno Soltura, al que el fundador del PNV había criticado en el artículo «Un fino maketófilo», publicado el 31 de agosto de 1894. El origen de este incidente fue en realidad una disputa vecinal, pues un mes antes el gobernador había impuesto una multa al Euskeldun Batzokija por las molestias causadas a Soltura durante la celebración del día de san Ignacio en el local, que había incluido «cantos, piano, tamboril y demás recreaciones que se acostumbraban tener en todas las sociedades de recreo en días semejantes». La vista oral se celebró en 1895, siendo Arana condenado por injurias leves a un mes y once días de arresto y 125 pesetas de multa.

En agosto de ese año, el recién nombrado presidente del BBB ingresaba en la prisión bilbaína de Larrínaga, donde al final permaneció más de cuatro meses, debido a la acumulación de nuevos procesos judiciales. Uno de ellos fue consecuencia de un artículo escrito en realidad por Engracio Aranzadi (Kizkitza), uno de los primeros nacionalistas donostiarras, pero Arana se hizo responsable del mismo para evitar la encarcelación de su amigo y correligionario, que se autoexilió a Hendaya para prevenir males mayores. El artículo en cuestión se titulaba «La invasión maketa en Gipuzkoa» y denunciaba la periódica llegada en masa de veraneantes madrileños, incluyendo a la familia real, a San Sebastián, corrompiendo el sano ambiente de la capital guipuzcoana con sus costumbres depravadas. Aranzadi consideraba a esos invasores un «azote del diablo», unas «monstruosas arañas, tan traidoras como repugnantes». Y sobre todo, añadía una descripción de los oficiales del Ejército español que levantó la cólera de los representantes del Estado en Guipúzcoa, al señalar que estos lucían en el veraneo donostiarra su impoluto «uniforme y el imponente sable virgen sino de roña», por haber sido incapaces de utilizarlo valientemente contra los insurgentes cubanos.

El artículo provocó la clausura definitiva de Bizkaitarra por el gobernador civil, además de nuevos procesos judiciales, en el marco de la primera persecución gubernativa contra el nacionalismo vasco. Al mismo tiempo, en septiembre de 1895 era clausurado el Euskeldun Batzokija, que ya nunca volvió a abrir sus puertas; sus socios fueron multados y sus directivos encarcelados por delito de «conspiración a la rebelión», aunque todos menos Arana fueron liberados tras pagar la fianza impuesta por el juez. El fundador del PNV recuperó también la libertad el 13 de enero de 1896. Su hermana Paulina había hecho gestiones en círculos gubernativos en Madrid para ayudar a Sabino, por lo que es posible que estas influyeran en el desenlace final. Eso sí, «avisaron de Madrid que la salida fuese silenciosa, sin manifestación ninguna, porque algunos ánimos podían irritarse». A finales de ese año fue juzgado por otros artículos aparecidos en Bizkaitarra antes de su desaparición, pero en este caso fue absuelto sin más consecuencias.

Aprovechando este impasse, a lo largo de 1897 Arana intentó a duras penas recuperar el pulso político, frenado en seco por la persecución gubernativa. Ese año publicó su obra política quizás más importante, El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Navarros, una polémica con el joven periodista tradicionalista Eustaquio Echave-Sustaeta, en la que rebatía las tesis políticas del carlismo sobre los Fueros. En mayo, comenzó a publicar un nuevo semanario, Baserritarra, que apenas pudo aguantar cuatro meses, en esta ocasión por problemas económicos, aunque también fue objeto de alguna denuncia. Este ir y venir, producto del acoso gubernativo y judicial y de dificultades financieras, fue el sino de la prensa editada por Sabino Arana que, inasequible al desaliento, siguió continuamente tratando de contar con periódicos propios. Fue el caso del diario El Correo Vasco, que se publicó solo durante tres meses, en el verano de 1899. Siguieron su estela el semanario La Patria (1901-1903), también cerrado por las autoridades, aunque Arana aprovechó una estratagema legal para sacar a continuación otro periódico, Patria (1903-1906), que sobrevivió a su fundador. Este editó incluso una Revista Trimestral de Ciencias. Bellas Artes. Letras con el nombre Euzkadi (1901), cuyo objetivo era «hacer patriota a la gente ilustrada», con una orientación «verdaderamente científica y seria». La revista desapareció tras publicar solo cuatro números, esta vez por suponer un déficit imposible de asumir, aunque volvería a editarse después de la muerte de Arana.

Por si fuera poco, a los problemas económicos y a la represión gubernativa se unió la presión social. En 1898, el anuncio de la guerra entre España y Estados Unidos por la isla de Cuba provocó un entusiasmo españolista, que en Bilbao se concretó en la celebración de manifestaciones, como la organizada por la sociedad liberal El Sitio el 24 de abril de 1898. Ocho mil personas se congregaron dando vivas a España y mueras a los «cochinos yanquis». En unos meses vendría la crisis depresiva que siguió a la rápida derrota en la Guerra de Cuba y la pérdida de las últimas colonias españolas, pero de momento el entusiasmo patriótico español necesitaba un chivo expiatorio. Qué mejor para ello que quien se había dedicado los últimos años a insultar a España y a los españoles: al pasar la manifestación convocada por El Sitio por la casa de los Arana Goiri, algunos manifestantes apedrearon el inmueble. Por precaución, Sabino y Luis abandonaron su residencia, trasladándose momentáneamente a Guernica, donde fueron acogidos por un amigo y correligionario, Ángel Zabala.

Demasiadas dificultades para un movimiento recién nacido y apenas implantado. Todo parecía ponerse en su contra. Por si fuera poco, a finales de 1897 la salud de Sabino volvió a deteriorarse, lo mismo que la de su hermano Luis. El fundador, hasta ahora inasequible al desaliento, se sentía presa del desánimo. ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Quizás fuera porque no había más remedio, pero había llegado el momento de dejar a un lado los radicalismos y dejarse guiar por el pragmatismo. En caso contrario, el recién nacido nacionalismo vasco corría el peligro de desaparecer sin dejar rastro: y posiblemente no solo por la persecución gubernativa a que estaba sometido, sino porque para ganar adeptos era imprescindible rebajar el mensaje y adaptarse a una sociedad vasca que no mostraba excesivo entusiasmo por un partido radicalmente independentista.

En el giro pragmático que inició en 1898, Arana tuvo que tragarse muchas de sus afirmaciones anteriores. No las rectificó oficialmente, pero sí las dejó en stand by, actuando en la práctica de una manera muy distinta a la que había predicado hasta entonces. El péndulo patriótico habitual en la historia del PNV —con movimientos alternos entre el radicalismo y la moderación, pero sin abandonar nunca el eje: la libertad de la nación vasca— iba a emprender su primer movimiento. Para empezar, esta flexibilización significaba participar en el sistema de la Restauración, concurriendo a las elecciones y convirtiéndose en un partido político normal. Y para ello se necesitaba dinero, prestigio social y un personal político con experiencia. Quienes podían ofrecer esta dote eran los partidos más próximos al nacionalismo, aunque hubieran sido objeto de las invectivas de Arana: los fueristas liberales o euskalerriacos de Sota y los integristas (una escisión carlista de 1888, que compartía con Arana su tradicionalismo católico). Entre estos últimos se contaban los primeros adeptos al PNV en Guipúzcoa (el mencionado Engracio Aranzadi, Aniceto Rezola, Ignacio Lardizábal…), llegando su diario El Fuerista de San Sebastián a incluir el lema JEL en su cabecera en 1898, poco antes de que la proclamación del Estado de guerra en Guipúzcoa le hiciera desaparecer.

En cuanto a los euskalerriacos, en el verano de 1898 el propio Ramón de la Sota y sus seguidores, que controlaban el periódico Euskalduna, ingresaron en el nacionalismo vasco. Para Arana debió ser un sapo difícil de tragar, pues él mismo había criticado a este grupo, por ser regionalista y por tanto traidor a la patria vasca, liberal y fenicio (es decir, más preocupado por el dinero y el desarrollo capitalista que por la libertad vasca). Como ya hemos explicado, el propio Sota era un gran empresario naval que, a diferencia de la mayor parte de la oligarquía vizcaína finisecular, no apoyaba el monarquismo alfonsino, como el resto de los capitanes de la industria en la Vizcaya del momento: Víctor Chávarri, Juan Tomás Gandarias, José María Martínez de las Rivas, Tomás Zubiría o el marqués de Casa Torre. Eso sí, dentro del nacionalismo, Euskalduna y los euskalerriacos se convirtieron en el sector más moderado, lo que iba a provocar también frecuentes roces con los que aún defendían las ínfulas independentistas de los primeros tiempos.

En cualquier caso, los frutos de esta entente no se hicieron esperar. El 11 de septiembre de 1898 el propio Arana fue elegido diputado provincial de Vizcaya por el distrito de Bilbao, obteniendo sorpresivamente 4.545 votos. Aunque el otro candidato nacionalista (Ángel Zabala, que se presentaba por Guernica) no fue elegido, era un triunfo en toda regla para un partido que legalmente no existía y que no contaba entonces ni siquiera con un órgano de prensa propio. En realidad, había sido el apoyo incondicional de Sota y de Euskalduna el que había permitido a Arana alcanzar un número de votos con el que poco antes no hubiera podido soñar. A juzgar por su actuación en la Diputación de mayoría monárquica, Arana parecía haber aprendido la lección. En vez de dedicarse a lanzar brindis al sol (es decir, proclamas independentistas o arengas raciales) optó por proponer pequeños avances, como el establecimiento de premios anuales para los mejores alumnos de la Cátedra de euskera promovida por la Diputación, a la que él mismo se había presentado infructuosamente unos años antes.

También fue muy moderada su moción más importante, la que presentó en noviembre de 1898 a favor de la creación de un «Consejo Regional» vasco, que estaría formado por «las cuatro regiones vascas que obedecen a S.M. el Rey de España». La moción fue admitida a trámite por sus compañeros de corporación, pero no pasó de ahí. Y eso que en realidad era un mero ente consultivo de coordinación entre las cuatro Diputaciones, similar, aunque de menor alcance, a la Mancomunidad catalana que se haría realidad en 1914. Por su parte, Arana se negó a apoyar que la Diputación acudiese oficialmente a los funerales del mencionado dirigente monárquico liberal Víctor Chávarri, uno de sus grandes enemigos políticos, fallecido en 1900, o a que colaborase económicamente en un monumento que se iba a erigir en su memoria en Portugalete.

Los éxitos electorales de este PNV moderado continuaron en los años siguientes. En las elecciones municipales de mayo de 1899 el partido lograba cinco concejales en Bilbao, además de algunos más en varios ayuntamientos vizcaínos como Bermeo, Gautéguiz de Arteaga y Mundaca, donde logró incluso la alcaldía. Significativamente, estos municipios estaban cerca de Pedernales, una localidad con la que la familia Arana Goiri había establecido una estrecha relación (de ella procedía la futura mujer de Sabino y ambos vivieron allí después de la boda). Es posible que esta influencia personal tuviera algo que ver con esos triunfos en la comarca, pero es significativo que en el importante puerto pesquero de Bermeo se hubiera abierto un batzoki (el primero fuera de Bilbao) en la primavera de 1899, poco antes de las elecciones, en las que los jeltzales obtuvieron cinco concejales, a los que se sumaron tres más en 1901. También en Bilbao el PNV sumó seis nuevos ediles en las siguientes elecciones municipales, logrando así un total de once concejales. Se mirara desde donde se mirara, era un éxito rotundo, para un partido que había nacido solo seis años antes y hacía tres que se había presentado por vez primera a unas elecciones.

La flexibilidad de Arana y los réditos políticos que suponía la nueva estrategia se manifestaron en otros campos, más allá del electoral. Como ya hemos visto, el Euskeldun Batzokija no había vuelto a reabrirse después de su clausura. En su lugar, en abril de 1899 se inauguró oficialmente en la calle Bidebarrieta de Bilbao el Centro Vasco. Ya en su nombre —esta vez en castellano— quedaba clara su impronta moderada, al integrar no solo a los primitivos nacionalistas sino también a los euskalerriacos de Sota y al presentarse como una entidad recreativa, católica y «vasca», pero no explícitamente nacionalista. El fruto de esta estrategia fue casi inmediato: tres meses después de su apertura, el Centro Vasco contaba con 1.114 socios, siendo la segunda entidad política de Bilbao, después de la liberal El Sitio. De la Junta Directiva quedaron excluidos los hermanos Arana, aunque ello no impidió que un decreto de septiembre de 1899 contra el separatismo, unido a la suspensión de las garantías constitucionales, provocara su cierre, que afectó también al batzoki de Bermeo y a los periódicos Euskalduna y El Correo Vasco. Este último no volvió a publicarse nunca más, pero el periódico de Sota pudo reaparecer en julio de 1900, tras diez meses de suspensión, al mismo tiempo que se permitía la reapertura del Centro Vasco y de la sede jeltzale en Bermeo. Al año siguiente, en noviembre de 1901, se creaba en Bilbao una organización específica para jóvenes nacionalistas (Euzko Gaztedija), embrión de Juventud Vasca, que iba a tener gran trascendencia en la futura historia del nacionalismo. Comentando estas medidas antinacionalistas, el semanario socialista La Lucha de Clases señaló que le parecían de «una brutalidad inconcebible»: si las ideas eran «absurdas, como lo son las de los bizkaitarras, se agitarán estas continuamente en el vacío; mas si tienen un fondo de justicia, lejos de impedir su propagación, las medidas violentas les darán mayor vida».

Con seguridad, el hecho de que el giro pragmático no hubiera servido para frenar la persecución del Gobierno español contra el nacionalismo no era una buena noticia para los sectores más moderados. Los radicales, que estaban agazapados a la espera de nuevas oportunidades, podían reprocharles que la moderación no había servido para nada, pues a pesar de todo el Estado español estaba dispuesto a no dejar respirar al PNV. Se inició así otra constante en la historia de este partido, caracterizado por una inestable convivencia en su seno de radicales y moderados, que representaban los dos extremos del mencionado péndulo. Y, como esa convivencia era inestable, se iban a producir múltiples tensiones, discusiones y conflictos internos y, de cuando en cuando, alguna que otra escisión. En esta etapa, esta dicotomía se reflejó en las disputas dialécticas entre los dos semanarios nacionalistas (el moderado Euskalduna y La Patria, que a partir de un momento determinado pasó a estar controlado por los radicales), en torno al purismo del euskera sabiniano, la organización interna del nacionalismo o su estrategia electoral.

De momento, el liderazgo indiscutido de Sabino Arana impedía cualquier ruptura, aunque tampoco ayudaba a aclarar las cosas el que a veces el propio fundador del partido, preso de su contradictoria personalidad, no supiera a qué carta quedarse. Por ejemplo, en cuestiones electorales, Arana sí apoyó claramente la estrategia moderada, hasta el punto de apoyar en las elecciones generales de 1903 una plancha formada por tres candidatos oficialmente «católicos» y «neutrales». Dos de ellos (el creador del diario católico La Gaceta del Norte, José María Urquijo, y el marqués de Acillona) no eran en absoluto nacionalistas, pero junto a Ramón de la Sota aceptaron un programa autonomista.

Más contradictoria fue la postura de Arana ante el catalanismo. Según su doctrina primitiva, el nacionalismo vasco nada tenía que ver con el catalán, que sería un mero regionalismo español, basado en el contraste lingüístico. La razón no era otra que el concepto de nación aplicado por Arana, cimentado en la diferenciación racial. Y mientras la raza vasca sería completamente diferente de la española, los catalanes no serían sino una variedad más de la raza latina y por tanto, primos hermanos de los españoles. Sin embargo, la estrategia política podía llevar a ver las cosas de manera menos maniquea. En efecto, en 1901 la recién constituida Lliga Catalana de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó logró una victoria espectacular en las elecciones a Cortes. Los nacionalistas vascos procedentes de la corriente euskalerriaca se apresuraron a felicitar a la Lliga por este triunfo, que al fin y al cabo representaba el de la estrategia que ellos mismos trataban de llevar a la práctica en el País Vasco. Al principio, Arana pareció compartir la alegría de los moderados, firmando junto a otros dirigentes jeltzales una carta de felicitación a la Lliga en la que, aunque se mantenía la diferencia esencial entre ambas nacionalidades, se reconocía que Cataluña tenía «derecho a ser libre porque quiere serlo» y se abogaba por establecer en el futuro relaciones de igual a igual entre nacionalistas vascos y catalanes. Sin embargo, cuando algunos radicales criticaron poco después en la prensa este acercamiento a los catalanes, que parecía vaciar de contenido la especificidad de la causa vasca, Arana apoyó plenamente su discurso anticatalanista.

Algo semejante sucedió con otras cuestiones, como la actitud del fundador del PNV ante el capitalismo y la industrialización. Al principio, su opinión fue totalmente negativa, ya que había sido la revolución industrial la que había destruido la Arcadia feliz que según él era Vizcaya hasta que las minas y las industrias la estropearon. Además, estas habían venido acompañadas de obreros inmigrantes y, por si fuera poco, de socialistas. Pero una vez más la realidad terminó haciéndole ver las cosas de otro modo. Por un lado, para la expansión de su movimiento requería dinero; por otro, también lo necesitaba para mantener su nivel económico personal y familiar, no demasiado boyante después de haber gastado parte de sus ahorros en aventuras políticas fracasadas, como los sucesivos periódicos nacionalistas. Por ello, comprendiendo que el proceso de industrialización era irreversible, decidió aprovechar el capitalismo para incrementar su fortuna y fomentar así el nacionalismo. En consecuencia, Arana invirtió en bolsa y fue accionista de varias empresas, especialmente de varias empresas mineras lideradas por Ramón de la Sota. Una de ellas fue la compañía minera «Abertzale» («Patriota») que, pese a su apelativo inequívocamente nacionalista, era propietaria de explotaciones mineras en la localidad extremeña de Navalmoral de la Mata. El propio Sabino, acompañado de su hermano Luis, hizo un viaje en junio de 1900 a Navalmoral, con objeto de conocer de primera mano las minas de las que era copropietario.

Lo cierto es que Arana tampoco tuvo demasiada suerte en este empeño. Poco después de estas inversiones sobrevino el crash de la Bolsa de Bilbao del verano de 1901, que afectó negativamente a su fortuna. Pero, al mismo tiempo, Arana seguía soñando con ese paisaje supuestamente inmaculado, representado por los caseríos, las montañas, los robles y los campesinos, los últimos representantes de una raza, un paisaje y una lengua que estaban en trance de desaparecer «antes que termine el siglo que acaba de empezar». Imbuido de melancolía, todavía en la obra teatral Libe, publicada en 1903, Arana hablaba de las «aldeanas jóvenes […] alegres y contentas», «saltando al compás» en un paisaje con su «encantador» caserío, sus «palomas blancas como toca de casada, cobijadas en frondoso roble» y sus «corderillos, blancos como la nieve, desparramados en verde pasto». ¿Qué tenían que ver estas idílicas descripciones con sus inversiones bursátiles? Poco o más bien nada, pero la paradoja fue una característica habitual en la vida de Arana, tal y como refleja, de una manera aún más llamativa, el episodio más enigmático de su biografía, poco antes de que la enfermedad de Addison pusiera fin a su vida.

Este hombre está loco

Pese a la flexibilidad de que Arana había dotado a su movimiento, los problemas con las autoridades no cesaban. Cada 2 de mayo, los liberales (y republicanos) bilbaínos celebraban un desfile cívico, organizado por la Sociedad El Sitio, para conmemorar el aniversario de la liberación de la villa en 1874, sometida a cerco militar por los carlistas durante la última guerra. El desfile de 1902 fue muy poco cívico, pues algunos de los participantes, con la ayuda de varios militares, terminaron asaltando el Centro Vasco, causando daños materiales en su sede y destruyendo su bandera. Lo peor es que la prensa y las autoridades culparon del hecho a la provocación de los nacionalistas y no hubo ningún tipo de medida contra los asaltantes, mientras era detenido y encarcelado un socio del Centro.

Un mes más tarde, los once concejales jeltzales en el Ayuntamiento de Bilbao dirigieron un saludo de bienvenida, puramente formal, a la fragata argentina Presidente Sarmiento, anclada en el puerto bilbaíno. Se trata de un buque escuela que en la actualidad, convertido en museo, tras ser retirado de la navegación en 1961, hace las delicias de los turistas en el muelle de Puerto Madero (Buenos Aires). En realidad, el texto era políticamente inofensivo, pero el alcalde monárquico censuró la actitud de los ediles, a los que acusó de «desobediencia a la alcaldía», al solidarizarse con un buque de guerra de otra nación, con el supuesto objetivo oculto de ofender a España. Jaleado por la prensa, el alcalde puso el caso en manos del gobernador civil, que destituyó a los once concejales del PNV, siguiendo las instrucciones del Gobierno liberal.

Pocos días antes, el 30 de mayo de 1902, la ofensiva antinacionalista había afectado al propio Arana. El día 20, el presidente norteamericano Theodore Roosevelt había concedido la independencia a Cuba, que desde el final de la guerra contra España de 1898 estaba bajo el dominio de Estados Unidos. Al enterarse de esta decisión, a Arana no se le ocurrió mejor idea que enviar un telegrama a Roosevelt felicitándole por ello, quizás sin percatarse de que al Gobierno y a la mayoría de la sociedad española, todavía traumatizada por la pérdida de la guerra y la crisis nacional de 1898, no le iba a hacer ni pizca de gracia esa iniciativa. En efecto, cuando Pedro Grijalba, el correligionario al que Arana había encargado expedir el telegrama, llegó a la Oficina de Correos de Bilbao, el empleado del servicio telegráfico pasó el texto a su inmediato superior, que a su vez lo puso en conocimiento del gobernador. Este no solo prohibió el envío del telegrama sino que ordenó de nuevo el ingreso de Arana en la prisión de Larrínaga, a la espera de que se sustanciase un nuevo proceso judicial iniciado contra él por «delito consumado de rebelión».

Con una salud cada vez más debilitada, Arana trató de conseguir la libertad provisional bajo fianza pero, aunque esta petición fue apoyada por 8.365 firmas de simpatizantes, tuvo que seguir en la cárcel hasta la vista oral. Celebrada esta el 7 de noviembre de 1902, el fundador del PNV fue declarado inocente, quedando en libertad tras algo más de cinco meses de encierro. Un encierro que, a decir verdad, no debió ser demasiado duro, a juzgar por las fotografías que se conservan de Arana en Larrínaga, donde ocupaba una celda amplia y limpia y aparentemente bien equipada. De hecho, una de estas fotografías fue considerada por sus seguidores su «mejor retrato», al dar «idea de cómo era el Maestro en la plenitud de su talento y en lo más fuerte de la lucha que sostuvo para despertar a Euzkadi de su letargo y para desenmascarar a sus enemigos».

En cualquier caso, el texto del telegrama llegó a su destinatario (o más bien a su representante diplomático en Vizcaya), pues Luis Arana lo entregó al vicecónsul norteamericano en Bilbao, Carlos Jensen. Ya desde la cárcel, el propio Sabino escribió una carta a Jensen, en la que le informaba de la causa por la que estaba siendo procesado, pidiéndole que transmitiera su felicitación a Roosevelt. En otra carta a su mujer, Arana le explicaba que con su telegrama «solo quería que en los Estados Unidos y en Inglaterra se supiese que los vascos queremos la independencia». Precisamente unos días después, Arana redactó desde la cárcel otro telegrama al premier británico Lord Salisbury, felicitándole por su victoria en la Guerra contra los Bóers (los primitivos colonos holandeses en Sudáfrica). Puede parecer sorprendente que el fundador del PNV interviniera en un conflicto que ni le iba ni le venía, pero —como ya hemos visto— su anglofilia le hacía ver con buenos ojos el colonialismo bueno de los británicos frente al de naciones opresoras, como España… o los Países Bajos. Claro que ello suponía una gran contradicción, al olvidarse de la dominación inglesa sobre la católica Irlanda, que en el futuro sería tomada por amplios sectores del nacionalismo vasco como el verdadero ejemplo a imitar. Pero las contradicciones no eran algo que arredrara a Arana: de hecho, poco después escribió un texto, titulado «Mi pensamiento», que permaneció mucho tiempo inédito, en el que planteaba que su verdadero objetivo político era «la independencia de Euzkadi, bajo la protección de Inglaterra». Es fácil imaginar lo que hubieran pensado las autoridades británicas, de haberse enterado de esta pretensión. Pero, ¿quería en ese momento realmente Arana la independencia vasca?

El 22 de junio de 1902 aparecía en el semanario La Patria un artículo titulado «Grave y trascendental». El texto no tenía firma y estaba escrito en tercera persona, pero su autor era el propio fundador del PNV. En él se explicaba que «el señor Arana Goiri, que proclamó el nacionalismo vasco y fundó el partido, viendo hoy que a este no se le permite la vida legal, pues se impide a sus afiliados el uso de sus derechos constitucionales que a los anarquistas no se les niegan y no se les permite ni consiente la mera profesión interna de las ideas, convencido ya de que continuar la campaña nacionalista sería gastar inútilmente preciosas energías que los vascos pudieran aplicar a la consecución de fines, como más asequibles, más prácticos, propónese desistir de continuar llamando a sus compatriotas al nacionalismo, recomendar a los que hasta el presente han acudido, reconozcan y acaten la soberanía española y pedirles un último voto de confianza para redactar y exponerles el programa concreto de un nuevo partido vasco que sea a la vez español, que aspire a la felicidad de este país dentro del estado español, que camine hacia ella sin quebrantar la legalidad presente, que ofrezca bases generales para la constitución del estado total y otras particulares para este país y adaptadas a su peculiar carácter, que aspire a restaurar del pasado vasco lo bueno y a la vez compatible con la unidad del estado español y con las necesidades de los modernos tiempos, y fije soluciones claras y en lo posible concretas para los problemas que hoy tan seriamente preocupan a todas las naciones». Para este nuevo partido propondría poco después el nombre de «Liga de Vascos Españolista», entendiendo esta última palabra como sinónimo de «autonomista». Eso sí, anunciaba que, una vez creado este, el propio Arana «se retiraría a la vida privada, cesando en su campaña nacionalista y permaneciendo a la vez alejado del partido naciente, para dedicarse exclusivamente al estudio y exposición de la historia, las leyes, la etnografía y la lengua del vasco».

La publicación de este artículo, que el propio Arana calificó de «inexplicable y enigmático», supuso una auténtica conmoción entre sus seguidores. Es cierto que la llamada evolución españolista puede considerarse como la culminación del camino cada vez más pragmático iniciado por Arana en 1898, a raíz de su alianza con los euskalerriacos. Pero, siendo esto cierto, aquí se trataba de algo mucho más serio, un auténtico volantazo en la dirección del nacionalismo. ¿Cómo era posible que el líder carismático del independentismo vasco, que pese a su reciente táctica posibilista nunca había renegado de su objetivo final, se vendiera ahora a los enemigos españoles? Los sectores moderados, agrupados en torno a Sota, el periódico Euskalduna y los antiguos euskalerriacos, no se plantearon grandes dudas: aprovecharon la ocasión para cantar victoria, proclamando a los cuatro vientos que por fin Arana se había pasado a su campo, reconociendo que la independencia era imposible de alcanzar y que el objetivo del nacionalismo vasco debía ser una amplia autonomía dentro de la legalidad española. Más difícil lo tuvieron los sectores radicales del partido. Primero negaron la autenticidad del artículo para luego, cuando esto fue imposible, interpretar que todo era una artimaña de Arana para engañar a sus enemigos y que le sacaran de la cárcel; otros pensaban que la enfermedad y el encierro habían afectado a su inteligencia y que Sabino, simplemente, «se hallaba loco», tal y como pensaba su hermano Luis.

Ante el desconcierto producido por un texto que era realmente «grave y trascendental», Arana trató de aclarar su sentido, aunque realmente nunca lo consiguió. Al día siguiente de la publicación del artículo, Sabino escribió a su hermano Luis, indicándole sin tapujos: «hay que hacerse españolistas». En una entrevista concedida al diario católico de Bilbao La Gaceta del Norte volvió a explicar que la Liga de Vascos Españolista propugnaría «una autonomía lo más radical posible dentro de la unidad del estado español». Sin embargo, cuando Euskalduna apoyó el giro del pensamiento de Arana, este rechazó los halagos euskalerriacos, por su tono demasiado «españolista». El 6 de julio aclaró a La Patria que efectivamente renunciaba a «la independencia del pueblo vasco». Al mes siguiente, escribía a su correligionario Luis Eleizalde reconociendo que «el anuncio de mi proyecto tenía que causar una sorpresa tremenda y un efecto desastroso», pese a que él pretendía seguir en «un absoluto silencio». Por ello, pedía a Eleizalde «su voto de confianza» y anunciaba que lo «que a todos no puedo declarar se lo expondré a cuatro o seis de entera confianza, para que, si yo falto, ellos sean los continuadores de la obra».

El 24 de agosto, La Patria publicó un primer manifiesto de la Liga, que en efecto era básicamente el de los moderados euskalerriacos. El 26 de octubre se divulgaron el manifiesto y la organización del nuevo partido, igualmente moderados. Parecía que Arana iba realmente en serio, pero hay que recordar que al mismo tiempo había redactado en la cárcel el citado manuscrito, en el que hablaba de un «triunfo […] seguro y próximo: la independencia de Euzkadi, bajo la protección de Inglaterra», que sería «un hecho un día no lejano». Aquí, hablaba también de la necesidad de «simular una retirada en toda regla» para que esta idea «salvadora» permitiera incrementar las filas nacionalistas.

Entonces, ¿se trataba de un pensamiento real o de una mera maniobra de despiste? ¿Se debía esta solo a la represión o estaba vinculada a un convencimiento más profundo? A sus amigos y correligionarios que le preguntaron acerca de esta cuestión, Arana siempre les decía lo mismo: que tuvieran confianza en él, que aclararía todo en el momento oportuno. El problema es que este momento nunca llegó a producirse. Tras salir de la cárcel el 8 de noviembre de 1902, el día 20 se enteró de que el fiscal había apelado la sentencia y que podía volver a ser juzgado por el Tribunal Supremo. Para evitar ser encarcelado, huyó de inmediato a Francia por Roncesvalles bajo un nombre falso, mientras la policía le buscaba en su casa de Pedernales. Instalado en San Juan de Luz, se desplazó de nuevo al balneario de Vichy, tratando de reponerse de sus dolencias. Por fin, en enero de 1903, al saber que su causa había sido sobreseída, regresó a Vizcaya.

Mientras tanto, habían arreciado las luchas de poder entre moderados y radicales dentro del partido, apenas sosegadas por el carisma de un Arana que, sin embargo, seguía callado. Así, euskalerriacos y radicales se enfrentaron en diciembre de 1902 por el control de la Junta Directiva del Centro Vasco, venciendo estos últimos. Vuelto Arana, su actuación siguió siendo muy contradictoria: continuó anunciando su propósito de crear la Liga, al mismo tiempo que bajo seudónimo publicaba la mencionada obra de teatro Libe —que parecía una vuelta a sus orígenes radicales— o escribía tanto artículos a favor de seguir «siendo oportunistas» como otros que parecían ir en contra de la evolución. En febrero de 1903 llegó a un acuerdo con el católico independiente Urquijo para apoyarle en las elecciones a Cortes de abril, con un programa regionalista y no nacionalista.

El hecho de que Arana siguiera sin aclarar su pensamiento no facilitaba la paz interna del partido, que sin embargo continuó cosechando éxitos en estos meses: en marzo de 1903 logró la elección de dos diputados provinciales; en noviembre, de cinco nuevos concejales por Bilbao. Entre tanto, en julio de ese año, Arana, ya muy debilitado por la enfermedad que le llevaría a la tumba, se retiró definitivamente a su casa de Pedernales, después de una estancia en el balneario guipuzcoano de Cestona. Dado que el fundador había dejado abierto su testamento político, los dos sectores en liza trataron de obtener una aclaración que, aunque fuera in articulo mortis, confirmara la interpretación por ellos buscada de la evolución españolista. Luis Arana trató de presionar a su hermano, organizando un gran banquete en el frontón Euskalduna de Bilbao, para enterrar definitivamente lo que consideraba una desviación del verdadero ideario jeltzale; por el contrario, la mayoría de los concejales bilbaínos del PNV, convertidos en la punta de lanza del evolucionismo, presionaban a favor de las tesis moderadas. El 30 de septiembre, previendo ya una muerte próxima, Sabino Arana tomó una decisión que suponía un espaldarazo a los radicales, al nombrar sucesor suyo, como delegado del partido, a Ángel Zabala, uno de los más caracterizados enemigos de la evolución españolista. Por fin, el 25 de noviembre de 1903 fallecía Arana en Pedernales, con solo 38 años de edad, a causa de la entonces denominada «enfermedad bronceada de Addison», por la coloración que provoca en la piel.

Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la localidad, convirtiéndose a partir de entonces en lugar de peregrinación para los jelkides, hasta que en la Guerra Civil tuvo que ser trasladado, para evitar ser profanado por sus enemigos, dando lugar a una historia rocambolesca. El 27 de abril de 1937, justo al día siguiente del bombardeo de Guernica, ante el temor de que las tropas franquistas llegaran a Pedernales, los restos de Arana fueron sacados de su tumba y llevados a Bilbao. En la capital vizcaína, el dirigente jeltzale Juan Ajuriaguerra preparó dos urnas de cinc idénticas entre sí. Su objetivo era que el paradero de los restos mortales no pudiera ser localizado, por lo que hizo creer a todo el mundo que la urna verdadera era trasladada al sur de Francia. En realidad los restos mortales de Arana habían sido introducidos en la otra urna, que fue enterrada en el panteón de una familia nacionalista, en un pequeño cementerio situado en la localidad vizcaína de Zalla. Es decir, mientras todo el mundo creía que las «reliquias» de Sabino estaban a buen recaudo en Francia, en realidad nunca salieron del País Vasco durante el franquismo.

Ajuriaguerra solo comunicó el secreto a otras dos personas, que a su vez lo transmitieron más tarde a otras tantas, con el fin de que no se perdiera la memoria de los hechos. A partir de la Transición se multiplicaron los rumores contradictorios sobre el paradero real de los restos, dudando algunos de la veracidad de las «reliquias» oficiales. A finales de la década de 1980, pareció llegado el momento en que ya se podía contar la historia auténtica, sin temor a que se produjeran profanaciones. El problema era que uno de los pocos que conocían la verdad (Sabin Zubiri) era un dirigente de Eusko Alkartasuna, el partido de Carlos Garaikoetxea, escindido del PNV en 1986. El PNV temió que este partido podía adelantársele y rescatar el preciado tesoro, quedándose simbólicamente con la herencia de Arana. Para evitarlo, el líder jeltzale Xabier Arzalluz localizó los restos y los hizo exhumar, siendo enterrados de nuevo en Pedernales el 1 de enero de 1989, con todos los honores, ante la presencia del entonces lehendakari (presidente del Gobierno vasco), José Antonio Ardanza. Tanto algunos miembros de la familia Arana Goiri como Eusko Alkartasuna protestaron por el modo furtivo en que el PNV había ganado esta macabra carrera, acusando a Arzalluz de haber convertido en un acto «sectario» lo que debía haber sido un homenaje público de todo el nacionalismo vasco a su creador.

Ahora ya sabemos lo que sucedió con los restos de Sabino Arana, pero ¿qué había pasado con su evolución españolista? Pues que este proceso, presentado como hemos visto de forma muy contradictoria, quedó para siempre sin aclarar, pues Arana falleció sin explicar exactamente qué había pretendido con ella en el último año de su vida. En cualquier caso, Ángel Zabala, con la inapreciable ayuda de Luis Arana, aprovechó su nombramiento como delegado del partido para tratar de hacer olvidar cuanto antes este incómodo episodio de la vida de Sabino Arana, enterrando —con su cadáver— la evolución españolista. En lo sucesivo, esta sería motivo de controversia entre los historiadores y entre sus propios seguidores, avivando la polémica entre radicales y moderados dentro del PNV, que se ha mantenido durante casi toda su existencia. Lo cierto es que no parece que Arana abandonara nunca su ideal independentista, pero sí fue consciente de que la independencia a corto plazo era una quimera, optando por la aceptación de la máxima autonomía posible dentro del Estado español y por la conversión de su movimiento en un partido legal en la España de la Restauración.

De este modo, Arana prefiguraba en su misma vida esa tensión que ha recorrido la entera historia del PNV entre radicalismo y moderación, entre independencia y autonomía. Una tensión pendular, contradictoria y compleja, no exenta de conflictos internos y escisiones, en la que ambos sectores del partido podían acudir al ejemplo de su fundador, seleccionando alguna de las fases de su vida: radical o pragmática, según interesara a cada cual. Su temprana muerte, como suele ser habitual en el caso de los líderes carismáticos, contribuyó a que su figura fuera mitificada por sus seguidores. Para todos, Arana se convirtió en el Maestro con mayúsculas e incluso en «un Jesús vasco», al que se llegó a dar un culto casi religioso. Santiago Meabe, futuro fundador de ANV, la izquierda laica del nacionalismo en los años treinta, escribió en 1907 que algún día se pediría «la canonización de Sabino», por su «vida de santidad, de abnegación, de sacrificio, de generosidad». Otros añadían que había sido incluso un «mártir», al morir dando su vida por Euskadi por culpa de la represión española, aunque no parece que contrajera en la cárcel la enfermedad que le llevó a la tumba.

A la vez, Arana ha sido también el personaje más odiado de la historia vasca del siglo XX. Si la izquierda española le ha reprochado sobre todo su integrismo religioso, la derecha ha criticado especialmente su separatismo, mientras que su racismo ha sido vilipendiado por todos sus enemigos políticos póstumos. Significativamente, algunos líderes no nacionalistas han rescatado su evolución españolista, tal y como hizo en 1965, con motivo del centenario del nacimiento de Arana, el antiguo falangista José María de Areilza, que evolucionó posteriormente hacia la defensa de la Monarquía democrática. Su defensa de Sabino Arana en pleno franquismo levantó ampollas en muchos sectores del régimen, pero obviamente el Arana que defendía Areilza era uno muy peculiar, el de 1902-1903, que ha tendido a ser olvidado por sus propios seguidores. En cualquier caso, con independencia de querencias o interpretaciones, Arana es sobre todo un personaje clave en la historia vasca del siglo XX, sin el cual no puede entenderse la evolución de la Euskadi contemporánea, tal y como vamos a tener ocasión de explicar en los demás capítulos de este libro.

CAPÍTULO 2

Se hace camino al andar (1903-1930)

Pese a su reciente fundación, el PNV era ya suficientemente conocido en la sociedad vizcaína de 1903 como para que el fallecimiento de su fundador fuera noticia en la prensa de todos los matices políticos. El diario El Liberal de Bilbao escribió al día siguiente: «El nacionalismo, con la muerte de Arana, puede decirse que también ha muerto». Pocas veces un vaticinio, quizás fruto más del deseo que de la realidad, ha sido tan erróneo. Sin embargo, lo cierto es que, tras la prematura desaparición de Arana, el nacionalismo vasco pasó por momentos muy difíciles. Es verdad que en Bilbao y en algunos pueblos de Vizcaya había prendido con fuerza pero, fuera de esta provincia y de algunos núcleos muy aislados de seguidores en Guipúzcoa, era casi desconocido, lo que implicaba un hándicap importante para un partido que pretendía ya representar al conjunto de la nación vasca. Por otro lado, el PNV seguía estando bajo la atenta mirada de las autoridades gubernativas y judiciales. La evolución españolista podía haber servido para superar esta dificultad, permitiendo al partido actuar en la legalidad, pero Arana mismo la había cerrado en falso. Y sobre todo la necesidad de reorganizar el partido y de dotarle de un programa unificado se veía seriamente dificultada por el enfrentamiento existente en sus filas entre los autonomistas moderados (fundamentalmente el grupo de Ramón de la Sota) y los sabinianos independentistas, para los que la evolución españolista solo había sido un lapsus en la vida del fundador, del que además se habría arrepentido poco antes de su muerte.

Un acuerdo de mínimos

Como ya hemos visto, desde antes de la muerte de Arana ambos sectores contaban con órganos de prensa propios (Euskalduna y Patria), lo que daba lugar a polémicas que convertían el nacionalismo en una jaula de grillos. El semanario de los radicales llegó a acusar a Euskalduna de ser un «periódico antinacionalista», cuyos «ataques hipócritas al Nacionalismo» pretendían «sembrar la cizaña» en el campo abonado por Sabino Arana para hacerlo desaparecer. El propio Ángel Zabala, encargado por Arana de conducir a buen puerto la nave que él había botado, veía el futuro tan negro que a punto estuvo de tirar la toalla, aceptando finalmente el sacrificio por sus «dos cariños más vehementes: por Euzkadi y por Arana Goiri». Al provenir del sector radical, el corazón le dictaba a Zabala que debía seguir la línea dura y desprenderse de los moderados, pero la cabeza le indicaba que sin dinero y sin una adaptación a la legalidad el partido no tenía ningún futuro.

Tratando de salir de este impasse, Zabala decidió empezar por lo más fácil: hacer un recuento de afiliados y organizar la estructura del partido, antes de redactar un programa político definitivo. En junio de 1904 decretó que en las localidades donde hubiera más de diez nacionalistas, estos eligieran un delegado municipal, que dirigiría el partido en los siguientes cuatro años. Se trataba de un sistema democrático, contrario a la opinión de algunos que, como Luis Arana, abogaban por una organización piramidal desde arriba. A continuación, los delegados locales eligieron a los representantes de cada una de las provincias, siendo designados tres representantes del sector ortodoxo o radical: Alipio Larrauri por Vizcaya, Engracio Aranzadi por Guipúzcoa y Francisco Oyarzun por Navarra, quedando vacante el puesto de Álava, por no haber todavía afiliados en ese territorio. Pero, en realidad, la organización de Navarra era casi fantasma, mientras que en Guipúzcoa el Centro Vasco de San Sebastián, abierto a principios de 1904 con 170 socios, sí estaba creciendo a buen ritmo. Siguiendo la idea confederal de país y de partido propugnada por Arana, Zabala había optado por un sistema igualitario entre las diferentes provincias, aunque hubiera podido darse el caso de que la minúscula representación del resto del país se impusiese a la potente Vizcaya. Era solo el inicio de un problema (la inadecuación entre la representación confederal y la diferente fuerza del partido en cada provincia) que se arrastraría durante muchas décadas, influyendo incluso en la escisión de Eusko Alkartasuna en 1986.

Una vez organizado el partido, se trataba ahora de dotarle de un programa, cuyo primer borrador fue elaborado por Zabala a finales de 1904. Sin quererlo, el líder del partido parecía seguir las huellas de su antecesor, porque el esbozo del Índice del Programa y Organización del Partido Nacionalista Vasco fue redactado… en la cárcel de Larrínaga. Zabala había acabado allí tras descubrir la policía un cargamento de folletos «separatistas» en un buque procedente de México, que había atracado en el puerto de Bilbao. Zabala no fue el único que visitó la cárcel en estos años, pues también otros jeltzales, como el guipuzcoano Aranzadi, llegaron a ser encarcelados por delitos de opinión o de «sedición». Haciendo de la necesidad virtud, un dirigente nacionalista escribió entonces que era necesario contar ya con un estatus legal, pues de lo contrario la única alternativa sería lanzarse «a una estúpida y loca insurrección».

Era una ocasión que Euskalduna no podía desaprovechar y presionó —incluso con amenazas de presentar una candidatura distinta de la oficial jeltzale en las próximas elecciones municipales de Bilbao— para lograr la aprobación definitiva de un programa que convirtiera al PNV en un partido legal. Con este fin llegó a formarse una comisión compuesta por representantes de ambos sectores, que trató infructuosamente de llegar a un acuerdo. Este primer fracaso terminó con un amago de expulsión de los euskalerriacos de las filas del partido, pero las negociaciones se retomaron a través de una nueva comisión mixta, que a finales de 1906 llegó por fin a un acuerdo y aprobó el «Proyecto de Manifiesto y de Organización del Partido Nacionalista Vasco». No fue un acuerdo fácil, hasta el punto de que el propio Zabala votó en contra del mismo, por considerar que «ocultaba lo principal», es decir, el proyecto independentista del PNV, aunque su voto negativo no fue más que un brindis al sol.

De hecho, no había habido más remedio que echarle imaginación para poder llegar a un acuerdo que contentase a todos, o casi todos. Y es que, para superar estas discrepancias, era necesario encontrar una verdadera fórmula mágica, que fue precisamente lo que encontró Miguel Cortés, al proponer adoptar como meta del partido la restauración de los Fueros, que podía ser entendida como una vuelta a la supuesta independencia vasca anterior a la abolición foral (tal y como lo interpretaban los sectores independentistas) o como la búsqueda de un sistema de autogobierno dentro de España. Cortés había definido en 1904 la política nacionalista como la «que trata de reintegrar a Euzkadi de todos los derechos que tenía antes del 25 de octubre de 1839, o lo que es lo mismo, de volver a adquirir los llamados fueros en toda su integridad». Aplicando esta idea, en 1906 el PNV aprobó oficialmente su programa, en el que planteaba «la derogación, por lo que hace Araba, Gipuzkoa, Nabarra y Bizkaya, de la ley de 25 de octubre de 1839 […]. Aspira, por tanto, el Nacionalismo Vasco, en el orden político, a retraer la situación política de Euzkadi a lo que era un hecho en tiempos anteriores a las fechas en que esas disposiciones atentatorias contra su constitución política fueron promulgadas».

Por si fuera poco, dos años después una asamblea del partido celebrada en Elgoibar (Guipúzcoa), añadió una cláusula aún más legalista: «El Partido Nacionalista Vasco se ajustará en todos los actos de su propaganda a los preceptos del régimen legal vigente». Era una victoria en toda regla para los moderados, que ahora disponían de suficiente margen como para aplicar su política gradualista. Según el programa aprobado en esa asamblea, el PNV buscaba hacer realidad así «el lema formado por el gran patriota Arana Goiri´tar Sabin, que en euskera se expresa diciendo: Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra (Dios y Ley Vieja)»; o lo que es lo mismo, aspiraba:

A) A que el Pueblo Vasco siga, fervorosamente, las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, como las siguió y observó en tiempos pasados, con exclusión absoluta de toda doctrina condenada por la Iglesia Católica.

B) A que vuelvan a imperar los buenos usos y costumbres olvidados, fomentando los que se conservan y combatiendo los exóticos y perjudiciales.

C) A que las instituciones políticas, jurídicas, económicas, etc., características del Pueblo Vasco, vuelvan a tener vigencia y acción, amoldadas, en cuanto sea necesario, a la realidad de los tiempos actuales.

D) A que las letras y las artes que sean manifestación de la nacionalidad vasca, adquieran vida robusta.

Así, desde 1906-1908 el programa del PNV consiguió integrar dentro del partido a independentistas y autonomistas, a la vez que se convertía en un grupo totalmente legal, dentro del sistema político liberal, pero no democrático, de la Monarquía española de Alfonso XIII. De este modo, sin renunciar a su meta final, que para la mayoría de sus seguidores seguía siendo la independencia, el nacionalismo vasco comenzó a integrarse en la vida política de la Restauración. Las dificultades —internas y externas— no remitieron, pero el PNV contaba con una base donde asentar su crecimiento.

En efecto, la expansión del nacionalismo en los tres primeros lustros del siglo XX fue lenta pero constante. Vizcaya siguió siendo el territorio con mayor presencia jeltzale, pero poco a poco esta comenzó a extenderse a los demás territorios. Además, tal y como han destacado estudios recientes, sobre todo fuera de Vizcaya seguía existiendo un terreno intermedio entre el regionalismo foralista y el nacionalismo político, en que la nueva identidad nacional vasca podía ir prendiendo sin que de momento diera réditos políticos al PNV. Como Arana, los dirigentes nacionalistas donostiarras afirmaban aborrecer ese «vascongadismo de sidrería, zortzikos y sokamuturra», en referencia a un vasquismo folclórico, cuyos iconos serían el canto y el baile tradicional (zortziko) o las fiestas populares, que incluían espectáculos de toro ensogado (sokamuturra). Sin embargo, este vasquismo cultural —centrado en Guipúzcoa en la defensa del euskera— contenía el germen de un posible desarrollo político nacionalista, que se fue haciendo realidad en los primeros lustros del siglo XX.

Así, el Centro Vasco de San Sebastián ya se había abierto en 1904, fecha en la que el PNV aseguraba contar en Guipúzcoa con cinco juntas municipales, aunque en las otras cuatro localidades no hubiera aún abierto un local del partido. El Centro Vasco de Vitoria se abrió en 1907 y su homónimo de Pamplona en 1910. Utilizando esta denominación aséptica, empleada en Bilbao por la segunda entidad nacionalista, en vez de la de batzoki, los nacionalistas pretendían evitar la inquina de la opinión pública y la persecución de las autoridades, que pese al legalismo del PNV subsistiría en los años siguientes.

Así, el 1 de enero de 1908 el primer acto público del Centro Vasco de Vitoria incluyó una conferencia del nacionalista vizcaíno Ramón de Léniz, que definió a Euskadi como una nación corrompida por España y afirmó que los jóvenes vascos se veían obligados a servir en el Ejército español, derramando su sangre por una patria que no era la suya. El gobernador clausuró el Centro y encarceló a Léniz y a varios de sus dirigentes, entre los que se encontraba Luis Arana, que se había trasladado a Vitoria para intentar, infructuosamente, ejercer la carrera de arquitecto. La prensa vitoriana de todos los matices se mostró horrorizada por el arranque del nacionalismo en Álava. El diario católico Heraldo Alavés se enorgullecía de que, «hasta que han llegado las modernas tendencias del nacionalismo vasco, nunca los euskaros habían renegado de su patria y maldecido a España […]. Aberraciones y monstruosidades, política de odio, propagandas sañudas, son las que hoy emplean algunos nacionalistas para esparcir por los pueblos sus amores a Vasconia. En Álava no había asomado este funesto modo de sentir y de ello nos congratulábamos». Su contrincante, el liberal La Libertad, también protestó porque los bizkaitarras estaban llegando «a un límite intolerable en sus provocaciones […]. Toca pues a todos los liberales sin distinción de matices el impedir la impunidad de tal salvajada, por todos los medios, incluso los más inmediatos, por contundentes que sean». La situación no fue muy distinta en San Sebastián, donde «el intento bizkaitarrista» provocó «una verdadera explosión de patriotismo» español, procedente tanto del carlismo como del republicanismo. En 1907, dos jóvenes jeltzales fueron detenidos y procesados por haber dado gritos de «¡Muera España!» al discutir con un socialista en el tranvía de Rentería.

Pese a estos conflictos, el nacionalismo procedió de forma moderada, tratando de fomentar la cultura vasca y de ir sembrando poco a poco la semilla política, censurando incluso públicamente a aquellos de sus simpatizantes que se extralimitaban en sus manifestaciones antiespañolistas. Así, en Guipúzcoa se fueron abriendo nuevos batzokis en localidades como Rentería, Pasajes, Vergara, Zarauz o Tolosa; en Navarra se unieron a Pamplona las primeras juntas municipales en Estella y Tafalla; en Álava, dos municipios del norte de la provincia, mayoritariamente vascohablantes (Villarreal y Aramayona) contaron pronto con su propio batzoki. Aunque las cifras difieren a veces, dependiendo de las fuentes empleadas, en 1915 el PNV aseguraba tener 68 juntas municipales en Vizcaya, 23 en Guipúzcoa, diez en Navarra y una en Álava. Sin embargo, a la asamblea del partido celebrada el año anterior en Zumárraga acudieron solo representantes de 33 juntas municipales vizcaínas, once guipuzcoanas y ocho navarras, lo que indica que no todas eran realmente activas. En cualquier caso, en relativamente poco tiempo el PNV había dejado de ser un partido marginal y se había extendido, aunque irregularmente, por las diversas provincias vascas.

Además, había ido completando su estructura interna, de carácter confederal, puesto que respetaba la autonomía de cada uno de los Consejos Regionales del partido: uniéndose al BBB vizcaíno, en 1908 se había constituido el primer Gipuzko Buru Batzar (GBB); en 1911 se crearon el Araba Buru Batzar (ABB) y el Napar Buru Batzar (NBB). El contar ya con cuatro Consejos Regionales permitió la constitución del Euzkadi Buru Batzar (EBB) o Consejo Nacional del partido. Compuesto entonces solo por cuatro miembros (los máximos dirigentes de los respectivos Consejos Regionales), se reunió por primera vez en marzo de 1912. Lo presidía el representante de Vizcaya, que no era otro que Luis Arana Goiri, que había vuelto al primer plano de la actividad política.

Esta expansión estructural fue unida a un desarrollo de la prensa nacionalista, considerada el mejor modo de difundir las ideas jeltzales. Es significativo el empeño de los nacionalistas en contar con una auténtica red de publicaciones periódicas. Calcando el nombre del primer periódico puesto en marcha por Arana (Bizkaitarra), se fueron creando semanarios en las demás capitales vascas: Gipuzkoarra (1907-1913), Napartarra (1911-1918) y Arabarra (1912-1913). En Bilbao, pese a la desaparición de Patria (1903-1906) y de Euskalduna (1896-1909), que evitó la multiplicación de polémicas entre los dos sectores del nacionalismo que aún seguían subsistiendo, el PNV siguió contando con prensa propia: primero Aberri (1906-1908), luego el efímero Aberrija (1908) y después un nuevo Bizkaitarra (1909-1913). Faltaba el «gran diario nacionalista», tal y como se anunciaba en medios jeltzales, y este llegó por fin en 1913, fecha en que apareció en Bilbao Euzkadi, que se publicará sin interrupción hasta 1937.

Desde el principio sus promotores tuvieron claro que, con independencia de su carácter nacionalista, querían contar con un periódico de empresa, profesionalmente bien realizado, que pudiera competir de igual a igual con los grandes periódicos vascos: «El periódico queremos que sea un modelo verdaderamente moderno, del tamaño de La Vanguardia de Barcelona, a ocho páginas; contendrá una información idéntica a la de La Gaceta del Norte y El Pueblo Vasco, pues hemos presupuestado las mismas cantidades para gastos de información telegráfica y telefónica y además para corresponsales en las capitales de Gipuzkoa, Araba y Nabarra y un representante en los Estados Vascos de allende el Bidasoa».

El puesto de director-gerente fue ocupado por el guipuzcoano Engracio Aranzadi, lo que aseguraba la pureza ideológica del diario, pero se contó con buenos profesionales y con una base económica sólida, que se amplió cuando al año siguiente la empresa editora creó un diario vespertino (La Tarde), políticamente no tan vinculado al partido como Euzkadi, pero que ampliaba el mercado de la prensa nacionalista. En Euzkadi hicieron sus primeros pinitos como periodistas algunos personajes que llegarían a ser famosos en el futuro, aunque lo fueran en las antípodas ideológicas del PNV. El caso más conocido es el de Manuel Aznar Zubigaray, abuelo del presidente del Gobierno español José María Aznar (de 1996 a 2004) que, tras ocupar el cargo de redactor-jefe de Euzkadi y destacar por sus crónicas de la Primera Guerra Mundial, pasó a dirigir el conocido diario madrileño liberal El Sol. Después de la Guerra Civil estuvo al frente de La Vanguardia y de la Agencia EFE y fue embajador de la España franquista en Argentina, la República Dominicana y ante la ONU. Un caso opuesto es el del alavés Carlos Baráibar, que desde el conservadurismo maurista se acercó al PNV, colaborando también en Euzkadi. Tras pasar igualmente por El Sol, terminó dirigiendo Claridad, el periódico de la facción revolucionaria del PSOE, frontalmente enfrentado al posibilismo republicano del líder socialista vasco Indalecio Prieto. Como mano derecha de Francisco Largo Caballero, ocupó diversos cargos durante la República y la Guerra Civil. En 1939 se exilió a Chile, donde abandonó el PSOE y, según documentos diplomáticos recientemente desclasificados, terminó ofreciéndose a la Embajada española para espiar a sus compatriotas expatriados, antes de fallecer en 1972.

Junto a la prensa, el PNV creó en los primeros lustros del siglo XX diversas entidades paralelas. Aun sin llegar al entramado social que lograría formar durante la Segunda República, los dirigentes nacionalistas pretendían contar con organizaciones sectoriales que hicieran llegar la semilla nacionalista a diversos ámbitos de la sociedad vasca. El primer paso en esta dirección fue la creación en Bilbao, en 1904, de Juventud Vasca, la agrupación juvenil jeltzale, que diez años después alcanzó casi el millar de socios. Más adelante, el modelo se copió en otras localidades vascas, hasta el punto de que a veces la Juventud Vasca casi se confundía con el batzoki nacionalista, facilitando así el registro en el Gobierno Civil y dotando de mayor vitalidad a la sede. Con un concepto amplio de juventud a la hora de captar asociados, el centro actuaba no solo como un ente político sino sobre todo como un local social y de entretenimiento, que permitía a sus miembros vivir en nacionalista de la mañana a la noche.

Para ello organizaba grupos de coros y danzas vascas, clases de euskera, veladas teatrales, excursiones, campeonatos de mus y un sinfín de actividades lúdicas y deportivas. Como no podía ser menos, la gastronomía ocupaba un lugar importante. Todavía hoy se pueden encontrar en Internet comentarios sobre lo bien que se come en los batzokis, con independencia de la ideología del comensal: «Me gusta mucho este batzoki, se come muy pero que muy bien y tiene un trato muy agradable. En la barra también hay unos pintxos buenísimos y no sabes cuál elegir». Por otro lado, esta sociabilidad dentro de la comunidad nacionalista evitaba a los jeltzales caer en la tentación de participar en diversiones consideradas españolistas o inmorales. En 1914, la presidencia del BBB recordó a los afiliados que debían abstenerse de películas y obras de teatro inconvenientes, del baile agarrao, de los cafés cantantes y de las corridas de toros.

Este último punto supuso algunas fricciones internas, ya que un buen número de afiliados nacionalistas eran grandes aficionados a los toros, por lo que en la práctica la postura jeltzale ante la fiesta española por antonomasia continuó siendo ambigua a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, Gabino Orbe, alcalde nacionalista de Bilbao en 1919-1920, había actuado como banderillero y más tarde fue apoderado del famoso Guerrerito. Todavía hoy, la de Bilbao es considerada por algunos expertos taurinos como «la mejor afición de España». El conocido diestro Enrique Ponce reconocía que Bilbao era una de las plazas donde más sentía «como torero». En el municipio guipuzcoano de Azpeitia la afición a los toros forma parte de la identidad local. Su alcalde, representante de la izquierda abertzale, llegó a declarar que se trataba de una «tradición milenaria», aunque sus correligionarios donostiarras decidieron en 2013 suprimir las corridas de toros en San Sebastián, pese a que el Ayuntamiento había gastado una gran suma en el coso de Illumbe, inaugurado en 1998. El portavoz de la minoría municipal del PNV calificó la decisión como un «acto arbitrario […] a costa de los bolsillos de los donostiarras». Por si fuera poco, el dirigente de Herri Batasuna Jon Idígoras no solo fue un gran aficionado a la tauromaquia sino que fundó un club taurino y llegó a actuar como novillero, con el sobrenombre de Chiquito de Amorebieta, en diversas plazas vascas. Según algunas fuentes, incluso toreó en una corrida a beneficio de los huérfanos de la Guardia Civil…

En Juventud Vasca surgieron también en la primera década del siglo XX los primeros grupos de mendigoizales (montañeros), jóvenes excursionistas que no solo conocían así las bellezas naturales del País Vasco sino que difundían las ideas nacionalistas por todos los rincones de la geografía vasca, en un momento en que las comunicaciones no permitían llegar fácilmente a los lugares más aislados. Además, aunque fuera solo de forma retórica, ellos mismos se consideraban «guerrilleros de la patria», como preparándose para el caso de que fuera necesario defender a Euskadi de una agresión. Esta retórica combativa y el habitual entusiasmo juvenil contribuyeron a que Juventud Vasca de Bilbao se convirtiera en el refugio de las ideas sabinianas más radicales, propugnando un nacionalismo independentista que chocaba con el pensamiento moderado y gradualista de la mayor parte de los dirigentes jeltzales. Como veremos más adelante, Juventud Vasca fue por ello unos años más tarde el foco de nuevos problemas internos y finalmente de la escisión más importante en el seno del partido hasta la Segunda República.

Otro campo que el nacionalismo no podía descuidar era el de las clases trabajadoras, muy importantes en Vizcaya y cada vez más presentes en Guipúzcoa. Pese a la existencia de algunos sindicatos católicos amarillos, el asociacionismo obrero en el País Vasco estaba casi monopolizado por el potente sindicato socialista UGT (Unión General de Trabajadores). Arana ya había advertido de la perniciosa influencia del socialismo pero inicialmente, en la Vizcaya finisecular, el sindicato socialista casi solo se implantó entre obreros inmigrantes, mayoritarios en las fábricas y minas de la margen izquierda de la ría de Bilbao. Poco a poco, sin embargo, comenzó a haber un número cada vez mayor de obreros naturales del país. Así sucedió no solo en Vizcaya sino sobre todo en Guipúzcoa, donde la industrialización tuvo un carácter mucho más disperso, con talleres o fábricas de menor tamaño y con una estrecha relación con el humus social en el que estaban implantadas las instalaciones industriales.

Cabía por tanto el peligro de que también los trabajadores autóctonos se contagiaran de las ideas socialistas, por lo que era necesario reaccionar creando una organización sindical propia. Aunque Aberri había planteado ya en 1906 «la idea de la formación de una federación encaminada a defenderse, sobre todo, de las exigencias, atropellos e iniquidades del socialismo», el plan no se concretó hasta el 23 de julio de 1911, fecha en que se creó Solidaridad de Obreros Vascos. Se trataba de un sindicato «nacionalista y cristiano», cuyos objetivos eran la defensa del obrero vasco —solo vasco, puesto que los inmigrantes quedaban excluidos— frente al «capitalismo absorbente» y al «exótico socialismo».

Según sus creadores, el obrero vasco era «enemigo, por naturaleza, de desórdenes y algaradas». Por ello, la nueva sociedad sería «defensora de su clase», aspirando «a la mejora moral y material de sus asociados» pero desde un punto de vista «mutualista, sin necesidad de poner por bandera una ridícula lucha de clases». Aunque estructuralmente era totalmente independiente del PNV, las conexiones ideológicas, estratégicas e incluso personales del sindicato con el partido eran muy estrechas. Pero, pese a este apoyo, en esta etapa Solidaridad apenas pudo acercarse a la pujanza de los sindicatos socialistas. Aunque poco a poco —y en especial a partir de 1919— fue incrementando su acción reivindicativa, su insistencia en la negociación laboral y en el mutualismo alimentaban las acusaciones de amarillismo por parte de la UGT.

Además, sus buenas relaciones con los patronos nacionalistas —tal y como sucedía en los Astilleros Euskalduna, propiedad de Ramón de la Sota— parecían confirmar la impresión de que Solidaridad no era un sindicato de verdad. En los años treinta, las cosas iban a cambiar profundamente, como también cambió el nombre del sindicato, rebautizado ahora como ELA-STV (Euskal Langileen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos). Tras sortear las dificultades del franquismo y el exilio, en la actualidad ELA —que ha reforzado su carácter nacionalista y borrado por completo sus raíces cristianas— es el sindicato mayoritario en el País Vasco.

Pese a sus limitados éxitos iniciales, el nacimiento del sindicato jeltzale era una prueba del impacto cada vez mayor que el nacionalismo estaba logrando en la sociedad vasca. De hecho, tanto los testimonios de la época como los estudios empíricos posteriores confirman el carácter interclasista del PNV en esos años. Se trataba de un movimiento con una base social joven, en el que predominaban las clases medias urbanas (empleados, comerciantes, profesiones liberales…), los obreros y los labradores. El propio Aranzadi escribía, cuando el nacionalismo aún estaba en estado embrionario en San Sebastián, que «la gente artesana» estaba funcionando «muy bien», pero «la gente de dinero, y aún la que no tiene más que corbata, cobarde como un gamo». Un articulista anónimo de El Obrero Vasco describía así años más tarde «las masas nacionalistas» en Vitoria: «afortunadamente, por cada rico ocioso y cada señorito insolente veíamos veinte honrados excarlistas, ya de edad media y de deshaogada (sic) posición, aunque no demasiado fuerte; otros tantos muchachos, oficinistas en su mayoría, más abiertos a las ideas modernas y ya impermeables a la peregrina reyerta doméstica de los borbones y demás “ideas madre” de aquella estupenda época; y cien proletarios obreros netos de la ciudad y del campo».

Esta base social permitió al PNV ir ampliando sus éxitos electorales, ya iniciados en Bilbao y en algunos pueblos de Vizcaya en vida de Arana. Tanto en la capital vizcaína como en otros municipios de esta provincia el PNV siguió logrando un buen número de concejales a lo largo del siglo XX. En todas las elecciones a la Diputación de Vizcaya celebradas entre 1903 y 1911 dos o tres jeltzales consiguieron el acta de diputado; este número se incrementó hasta cuatro representantes en 1913. El PNV estaba bien asentado en Bilbao y en los distritos costeros de Guernica y Marquina, penetrando poco a poco en el feudo carlista de Durango. En Guipúzcoa las cosas iban mucho más despacio pero en 1911 fueron elegidos los primeros concejales del PNV en la capital y en otros nueve municipios. El éxito se repitió en las siguientes elecciones locales: en 1915 el PNV logró 25 concejales en toda la provincia y puso el pie por primera vez en la Diputación de Guipúzcoa, aunque con un solo representante, Miguel Urreta, que fue elegido por San Sebastián en una coalición de derechas católicas.

Pero el entusiasmo tenía sus límites, presentes por ejemplo en Álava y Navarra. En ambas provincias el partido se presentó por primera vez a unas elecciones en las municipales de 1911. Sus propios líderes reconocían que iban «sin esperanzas de sacar nada», sino solo para «hacer recuento de fuerzas», y se encontraron con que esas fuerzas eran muy pocas: en ambas capitales no llegaron a los 400 votos. Lo mismo sucedía en las elecciones a Cortes, que en la etapa de la Restauración alfonsina estaban muy controladas por el sistema caciquil y oligárquico que caracterizaba ese régimen político. Cuando en 1907 el PNV decidió presentar por primera vez un candidato propio (Pedro Anitua) por el distrito de Bilbao, este fue derrotado ampliamente no solo por el monárquico conservador Fernando María Ybarra sino también por el líder socialista Pablo Iglesias. En una carta privada, Aranzadi escribió algo que no se hubiera atrevido a exponer en público: «En mi vida he visto desastre más horroroso que el de Bilbao.»

Con la Iglesia hemos topado

Diez años más tarde, ese «desastre» se iba a tornar en un éxito clamoroso, pero antes de llegar a ese punto merece la pena detenerse en dos cuestiones clave en la historia del nacionalismo vasco en los tres primeros lustros del siglo XX: la cuestión religiosa y la reanudación de los conflictos internos. Como hemos visto, al fundarse como un partido oficialmente confesional, imbuido de un fuerte tradicionalismo católico, el PNV identificaba su meta político-religiosa con la libertad de su patria, Euskadi. Sin embargo, ello implicaba una colisión frontal con otros católicos también imbuidos de tradicionalismo cultural, que identificaban la política con la salvación de otra patria, España. El que la mayoría de esos católicos militantes del País Vasco no fueran alfonsinos (es decir, liberales, aun de la versión más moderada y conservadora del liberalismo) sino carlistas, convertía al catolicismo vasco en un polvorín, que no tardó mucho en estallar.

A veces se ha interpretado el éxito del PNV, en una sociedad en la que la religión tenía una gran influencia sobre la vida de la inmensa mayoría de la población, como consecuencia del paso de la Iglesia vasca del carlismo al nacionalismo. En realidad, las cosas son mucho más complejas: a lo largo del primer tercio del siglo XX el clero y los católicos vascos se dividieron entre los partidarios del nacionalismo y aquellos de los diversos «partidos católicos» españoles. Es cierto que hubo clérigos nacionalistas acérrimos, como el capuchino navarro Evangelista de Ibero, autor del folleto Ami vasco (1906), una especie de catecismo nacionalista, con preguntas y respuestas, que recogía el mensaje sabiniano más esencialista y que tuvo varias ediciones en los años siguientes. Pero también hubo sacerdotes vascos radicalmente contrarios al PNV, como el vizcaíno Zacarías Vizcarra, futuro obispo, inventor del concepto de Hispanidad y autor del folleto Vasconia españolísima (1939), cuyo título no deja lugar a dudas sobre su contenido.

De hecho, la jerarquía eclesiástica —y sobre todo los sucesivos obispos de Vitoria, diócesis a la que entonces pertenecían las tres provincias vascas— tuvo que hacer equilibrios para mantener hermanados a sus diocesanos, sin que las diferencias políticas supusieran una ruptura de la unidad de fe. Según la mentalidad entonces predominante en el catolicismo, la solución a estos problemas sería la «unión de los católicos» en las elecciones para oponerse a los partidos considerados enemigos de la Iglesia. Esto fue posible en momentos de crisis o de contextos anticlericales, en los que el PNV acentuó su carácter católico. Sin duda el máximo exponente de este tipo de situaciones límite fue la coalición católica que siguió a la proclamación de la Segunda República en 1931, aunque ya en 1907 el PNV se presentó a las elecciones provinciales de Vizcaya en una «Candidatura Católica Vasca», que integraba a carlistas, integristas y católicos independientes. Empero, muchas otras veces las diferencias de identidad nacional hicieron que los jeltzales se negaran a fundirse en una amalgama católica que diluyera su nacionalismo.

En general, la actitud de la jerarquía ante el nacionalismo vasco fue hostil. Así lo prueba por ejemplo la circular que el nuncio de la Santa Sede en España envió a los provinciales de las órdenes religiosas en 1913, en la que les instaba a vigilar «con atención el bizkaitarrismo de algunos religiosos vascos» que, «con su postura separatista, además de perder el espíritu de su Orden, provocan el odio del Gobierno y la Nación». Algunos religiosos y sacerdotes nacionalistas tuvieron que trasladarse a América a continuar sus estudios o a ejercer su ministerio entre las comunidades vascas de la diáspora. Una vez allí, colaboraron en la difusión del nacionalismo en diversos países latinoamericanos, como sucedió en Argentina.

Además, en contra de esa leyenda que identifica sin más al PNV como un mero resultado del acendrado catolicismo vasco, cuando tuvieron que tomar decisiones, los obispos de Vitoria se inclinaron mucho más por el españolismo que por el nacionalismo vasco. Así pudo verse en la primera de esas crisis, que se inició en 1910 cuando el obispo de Vitoria (que era el navarro José Cadena y Eleta) publicó una exhortación pastoral en la que denunciaba las «peligrosas novedades […] en las leyes disciplinares de la Iglesia», que algunos nacionalistas vascos trataban de introducir, con el «pretexto de querer conservar y defender nuestras antiguas y venerables tradiciones». Cadena censuraba al semanario Bizkaitarra por decir que no se sentía aludido por la exhortación del papa Pío X recomendando «la unión de todos los católicos españoles». Dado que los vascos no eran españoles, el PNV no quería saber nada con esos «enemigos de nuestra Patria».

Aparte de esta desconsideración al Pontífice, el núcleo del problema era la pretensión de algunos padres nacionalistas de poner a sus hijos en el bautismo nombres en euskera. Al no haber una regla fija, por ser una cuestión novedosa (recordemos que la mayor parte de esos nombres habían sido inventados por Sabino Arana), cada párroco actuaba según su entender, dando lugar a respuestas contradictorias. En su exhortación, Cadena daba carpetazo a la cuestión, prohibiendo esta práctica en la diócesis y animando al clero simpatizante del nacionalismo a abandonar «las peligrosas sendas de la discordia». Para llegar a esta conclusión, el obispo había tenido que rizar el rizo. Dado que la normativa de la Iglesia universal no impedía la imposición de nombres cristianos en cualquier idioma, interpretó que en realidad los nacionalistas lo que querían era realizar la liturgia bautismal en euskera en vez de en latín. Y afirmó que ahí no podía ceder, pues «la Iglesia tiene su lengua oficial, que es la latina, y esta y no otra se ha de usar en la administración litúrgica de sus sacramentos». El EBB, por su parte, veía las cosas de otro modo, pues para él la cuestión de los nombres había «puesto en peligro las almas de inocentes niños expuestos a morir sin recibir las aguas bautismales».

El problema llegó al nuncio del Vaticano en España, que aconsejó al obispo una solución de compromiso: que en la ceremonia el nombre impuesto se pronunciara como siempre en latín y que «en la inscripción de la partida sacramental […] se ponga el nombre en vascuence y luego entre paréntesis su equivalente castellano o viceversa». Podía haber sido una solución que contentara a todos, pero Cadena y Eleta se resistió a cumplir la recomendación del nuncio, explicando que «este asunto viene dándome muchos disgustos por querer imponer su capricho unos pocos vizcaitarras exaltados». En realidad, estos no parecían demasiado exaltados, porque su líder Luis Arana decidió no criticar al prelado, «para no faltar en lo más mínimo a su alta dignidad episcopal», retirando «toda palabra o concepto que pudiera molestarle». Eso sí, decidieron pasar por encima de una autoridad opuesta por completo a sus ideas y pedir directamente al Vaticano que aclarara el tema de una vez por todas. La decisión de la Congregación de Sacramentos de la Santa Sede supuso un espaldarazo a las peticiones jeltzales e indirectamente un rapapolvo a la intransigencia del obispo: aunque recomendaba decir el nombre en latín, permitía añadir la versión en euskera e inscribirlo en este idioma, junto a su traducción castellana. Por si fuera poco, un decreto publicado poco después, a rebufo de la decisión eclesiástica, autorizaba la inscripción de nombres euskéricos en el Registro Civil.

Este enfrentamiento entre el PNV y el Obispado de Vitoria tenía lugar en un momento clave, en el que la cuestión religiosa había pasado al primer plano de la política española, con motivo de la aprobación de la denominada Ley del Candado del presidente del Gobierno (el liberal José Canalejas), que ponía coto al establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Conscientes de que Cadena necesitaba al PNV para movilizar al electorado católico contra el proyecto del Gobierno, sus dirigentes subrayaron su carácter confesional, tal y como se vio en las peregrinaciones a Lourdes o en los mítines de protesta contra las «escuelas laicas» que organizaron en esas fechas.

Además, en febrero de 1911 varios líderes del PNV se desplazaron al Vaticano para pedir a Pío X el cese de la persecución del obispo contra el nacionalismo, una mayor presencia del euskera en la vida eclesial y que se prohibieran los sermones españolistas por parte del clero. Por último, aunque en general mantuvo una estrategia electoral autónoma, a finales de 1911 el PNV aceptó liderar en Bilbao una coalición católica para las elecciones municipales, en las que derrotó a la conjunción republicano-socialista. Tal y como escribía Bizkaitarra, el PNV se había convertido en un seguro de vida para «las llamadas clases neutras y de orden», en lugares como Bilbao, donde los partidos católicos españolistas parecían ser ya cosa del pasado.

De hecho, el PNV había conseguido sus dos primeras alcaldías en Bilbao gracias a sendas decisiones del Gobierno conservador de Antonio Maura. Y es que la legislación vigente permitía que en determinados casos el alcalde no fuera elegido por los propios concejales, sino designado por Real Orden, es decir directamente por el Gobierno. Aplicando esta norma, Maura había nombrado en 1907 al jeltzale Gregorio Ibarreche alcalde de Bilbao. Aunque este fue expulsado del partido poco después, por no respetar las órdenes de la dirección en las elecciones a Cortes, en 1909 el ejecutivo conservador designaba a otro dirigente moderado del PNV, José Horn.

En plena acometida antinacionalista del obispo Cadena y Eleta, el excesivo peso del catolicismo tradicionalista en el PNV provocó la primera escisión por la izquierda en la historia del nacionalismo vasco. Se trató del minúsculo, casi microscópico, Partido Nacionalista Liberal Vasco, fundado en 1911 por el médico Francisco Ulacia, nacido en la isla de Cuba cuando esta era aún colonia española. Exasperado por la deriva ultracatólica de su partido, Ulacia promovió un movimiento de «izquierda nacionalista» que soltase el «lastre integrista» sabiniano. Lo cierto es que el nuevo partido apenas tuvo incidencia. Consiguió abrir un pequeño centro social y editar un periódico (Azkatasuna. Patria y Libertad), que significativamente recogía el lema del independentista cubano José Martí: un patriota cuya pertenencia a la Masonería había hecho que no contara con las simpatías de Sabino Arana, pese a su oposición a la dominación española de la isla.

Sin embargo, la vida del partido creado por Ulacia fue tan inconstante que cambió de nombre hasta tres veces en menos de un año, al pasar a ser Partido Republicano Nacionalista Vasco primero y Unión Federal Nacionalista Republicana después, antes de desaparecer definitivamente sin dejar rastro en 1913. Pese a su fracaso, este grupo puede considerarse un antecedente de Acción Nacionalista Vasca, el partido fundado en 1930, al rechazar la base foral del proyecto de autogobierno, dar poca importancia al número de apellidos vascos a la hora de determinar la nacionalidad de cada sujeto, abogar por el liberalismo y por la República frente a la Monarquía y sobre todo rechazar el catolicismo tradicionalista de Arana.

De hecho, antes de crear su efímero partido, Ulacia ya se había ganado la enemistad de sus correligionarios por la publicación de dos novelas anticlericales en 1908 (Martinchu ta Matilde y Las gatitas rubias), en las que retrataba —como él mismo reconocía— «sacerdotes egoístas, codiciosos y perversos». Desde las páginas de Askatasuna se acusaba a los jeltzales de ser «monaguillos romanos, disfrazados» de nacionalistas. Tal y como señaló el líder socialista Indalecio Prieto muchos años después, «Ulacia acometió la temeraria empresa de querer arrancar la raíz confesional impuesta por Sabino Arana […]. ¡En buen berenjenal se metió aquel romántico cubano!». Un berenjenal que de momento no estaba suficientemente maduro. En una sociedad donde el nacionalismo estaba intrínsecamente vinculado al catolicismo y apenas había puentes entre la izquierda y el sentimiento nacional vasco, el proyecto de Ulacia pasó de inmediato a mejor vida.

Por ello, los problemas internos del nacionalismo vasco no vinieron de la tensión entre izquierda y derecha sino una vez más de la pugna entre moderación y radicalidad. Para quienes pensaban todavía en la época dorada del primer radicalismo sabiniano, la participación jeltzale en uniones electorales católicas españolas o la aceptación de alcaldías de Real Orden, de la mano de los conservadores monárquicos, demostraban que los pragmáticos se habían pasado de la raya. Aunque la fórmula mágica de la restauración foral y la abolición de la ley del 25 de octubre de 1839 como objetivo había servido para integrar a los dos sectores del partido, los conflictos entre los dos extremos del péndulo del PNV seguían vigentes. Tal y como había reconocido el propio Euskalduna antes de desaparecer, «dos fuerzas luchan entre sí dentro del Partido Nacionalista Vasco: la fuerza de los ideólogos de artificio, o sea, los del “todo o nada”, víctimas de las obsesiones del amor iluso y, por ende, intransigente hasta la exageración; y la fuerza de los moderados, que sin merma de la doctrina se adaptan a las circunstancias», tratando así de lograr «ventajas positivas» para Euskadi, como un «primer jalón» en el camino de sus reivindicaciones futuras.

El problema era que quien añoraba la versión intransigente de Sabino era ni más ni menos que su hermano Luis, a la sazón presidente del BBB y del EBB, que iba a protagonizar una importante crisis interna en 1915-1916. Este conflicto no fue solo una mera repetición de las tensiones entre euskalerriacos y radicales de la etapa inmediatamente posterior a la muerte del fundador del partido. Como es habitual en la historia, en él influyeron varios factores: uno de ellos fue esa tensión entre radicalidad y moderación, pero también terciaron cuestiones personales, organizativas, económicas, territoriales e incluso la incidencia de la Primera Guerra Mundial.

En primer lugar, el excesivo bizkaitarrismo de Arana casaba mal con un partido que poco a poco se iba extendiendo por las demás provincias. Así lo reconocía un amigo suyo en una carta al hermano de Sabino: «La hegemonía del Nacionalismo bizkaíno ha pesado demasiado sobre Gipuzkoa, Araba y Nabarra; sobre todo a la primera se le iba haciendo insoportable». Y es que, pese a «la idea madre del nacionalismo de hermanar los estados euzkadianos», subsistían a la vez sentimientos provincialistas que miraban con recelo la hegemonía vizcaína en el seno del partido. El propio Luis Arana, al anunciar al final de la crisis su salida del partido, señaló que su «testamento político» era «la defensa de los derechos de Bizkaia». Estas disputas y desequilibrios territoriales volverían a ponerse en un primer plano en diversos momentos a lo largo de la historia del nacionalismo vasco, incluso en una fecha tan tardía como 1986, cuando se produjo la crisis del PNV que llevó a la escisión de Eusko Alkartasuna, el partido del exlehendakari Carlos Garaikoetxea.

Un problema añadido era la nefasta situación económica del PNV, que en esta época estaba al borde de la quiebra. Es cierto que este es un problema endémico en muchos partidos, pero en este caso los críticos a la labor del presidente del EBB le señalaban con el dedo, al haber sido decisiones concretas de Arana las que habían llevado al PNV a tener unas «cuentas abrumadoras».

Otro factor decisivo en este choque entre Luis Arana y el partido que aún presidía fue su actitud ante la Primera Guerra Mundial. Aunque España se mantuvo neutral en el conflicto, las pasiones desatadas por la Gran Guerra dividieron a la sociedad española entre aliadófilos y germanófilos. Un cronista local alavés llegó a afirmar años más tarde que «los vitorianos jamás habían estado tan divididos» como lo estuvieron ante el estallido de esta guerra. Como muestra un botón: en septiembre de 1914, regresando de la tradicional romería de Olárizu, en una campa próxima a Vitoria, «entre gritos de ¡Viva Alemania! y ¡Viva Francia! se acometieron los grupos discordantes, brillando navajas y sonando tiros de pistola, con el resultado de ocho heridos, de ellos dos graves, y el consiguiente pánico en el pueblo que volvía alborozado cantando y bailando».

En el seno de algunos partidos, estas tensiones dieron lugar a escisiones, como sucedió en el carlismo, al separarse del movimiento los germanófilos, contrarios a la querencia aliada de su pretendiente al trono, don Jaime de Borbón. Algo semejante sucedió en el PNV. El EBB, la mayor parte de los jeltzales, el diario Euzkadi y su director, Engracio Aranzadi, adoptaron una línea claramente favorable a los aliados. La invasión por los Imperios centrales de pequeños países, como Bélgica y Serbia, les hizo ver a alemanes y austrohúngaros como los enemigos de la libertad de los pequeños pueblos europeos, incluido —de rebote— el vasco. El dirigente nacionalista Javier Gortázar recalcaba que no podían «permanecer impasibles ante este conflicto en que se quiere atropellar el derecho de los que, como nosotros, la única desgracia que les cupo en la vida es la de ser pequeños. El caso de Bélgica y el de Serbia tienen que ser, en su defensa, puesto de honor para el nacionalista que trata de dirigir la opinión de su pueblo». En 1916, el rey belga Alberto I llegó a enviar un mensaje de agradecimiento por «la campaña que Euzkadi realiza, con una perseverancia admirable, a favor de nuestra causa».

Todavía cuando la guerra terminó, algunos batzokis se engalanaron para celebrar «la victoria de los aliados», izando «la bandera patria» y cubriendo «los balcones con sus colgaduras». También Euzkadi dio «gracias a Dios», porque el armisticio y el triunfo aliado significaban «el derecho a la vida, igual para todos los pueblos, para las pequeñas y las grandes naciones» y «la resurrección de las razas oprimidas por el despotismo del más fuerte». Claro que esta postura aliadófila debía olvidarse de ciertos hechos, como la política británica en Irlanda, cuya compleja historia en los años de la Gran Guerra fue un espejo en el que se reflejaron las contradicciones internas del movimiento nacionalista vasco, como veremos enseguida.

Frente a la actitud mayoritaria dentro del PNV, Luis Arana propugnaba una política de «neutralidad», aunque negaba las acusaciones de ser «germanófilo». Reconocía el «brutal» atropello sufrido por los «pobres belgas» pero, en el fondo, al criticar expresamente la defensa a ultranza que Euzkadi hacía de los pequeños pueblos atacados por los Imperios centrales, mostraba sus reticencias hacia los aliados. No obstante, el aún presidente del EBB intentaba disfrazar su actitud con motivos de conveniencia o incluso teológicos, puesto que el Papa había querido «conservar una perfecta imparcialidad». Es más, Benedicto XV había pedido a los católicos que se unieran «en la plegaria y en la penitencia a todas las almas fieles que suspiran por la paz», abogando incluso por el «desarme» de las potencias.

Por último, el carácter autoritario y personalista de Luis Arana encajaba mal con la estructura cada vez más participativa que iba tomando el PNV. Así se vio en el detonante final de la crisis: el escándalo surgido en torno a las elecciones municipales de Bilbao de noviembre de 1915. Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, Arana había pactado en secreto con el gobernador civil para sacrificar a uno de los dos candidatos jeltzales del distrito electoral de San Vicente, permitiendo así la elección de un monárquico conservador, al que el Gobierno pretendía nombrar alcalde de Real Orden. Dado que este cambalache no podía hacerse realidad obligando a los nacionalistas a votar contra uno de sus candidatos, el gobernador, con el beneplácito de Arana, recurrió pura y simplemente a un pucherazo: es decir, a la falsificación del resultado electoral para que saliera elegido el aspirante monárquico. Y, como el PNV siempre había criticado el sistema corrupto y caciquil de la Restauración —aunque en la práctica no hubiera renunciado puntualmente a la compra de votos, cuando esta había sido necesaria—, el apaño suponía un desprestigio absoluto para el partido.

Además, de modo contradictorio, la maniobra había sido preparada por quien rechazaba cualquier pacto con los «opresores» españoles. Ahora, renegando del purismo, Arana pretendía sacar tajada, obteniendo algunas prebendas para el partido a cambio del apoyo al ardid del Gobierno Civil. Actitudes como estas por parte del hermano del fundador del nacionalismo han llegado a ser calificadas como demostración de su pragmatismo, alejado de los «clichés» de «radical» o «dogmático» con los que se le suele describir. Sin embargo, se trata más bien de un reflejo de la contradictoria personalidad de Arana. Aunque en principio el BBB se había mostrado a favor del pacto, el recurso al pucherazo hizo que dos de sus miembros mostraran su oposición al mismo.

A partir de ese momento, la oleada de críticas contra Arana fue imparable. Dado su carácter fuertemente bizkaitarra, todas las juntas municipales de los demás territorios vascos se posicionaron en su contra, pero también lo hicieron la inmensa mayoría de las vizcaínas, el diario Euzkadi, el EBB e incluso Juventud Vasca, una entidad caracterizada por su radicalismo, que años más tarde iba a ser precisamente quien sacara de su ostracismo a Arana. Finalmente, en un proceso en cadena, entre finales de 1915 y principios de 1916 el hermano del fundador del PNV fue primero apartado de sus cargos directivos y después expulsado del partido. En realidad, fue él mismo quien se automarginó, acusando a los dirigentes jeltzales de ser «hipócritas, falsos y cobardes», después de haber tratado de usar diversas argucias para hacer inválidas sus decisiones.

De nada le sirvió a Luis Arana la veneración con que los nacionalistas seguían viendo a su hermano. De hecho, solo logró el apoyo del nuevo Euzkeldun Batzokija, una asociación de unos 150 veteranos nacionalistas (antiguos miembros de la primera entidad de este nombre, creada por Sabino Arana en 1894), prácticamente todos ellos vizcaínos, creada a instancias de Luis unos meses antes de su expulsión del PNV. Aunque esta agrupación, que pretendía ser un refugio de «todos los sanos principios […] proclamados por el fundador del Nacionalismo Vasco D. Sabino de Arana», llegó a sacar un semanario propio (significativamente titulado, una vez más, Bizkaitarra), su influencia en el conjunto del nacionalismo fue mínima. En este purgatorio se quedó Luis Arana durante unos cuantos años, que precisamente coincidieron con la mayor expansión nacionalista hasta la proclamación de la Segunda República.

Tiempos de gloria

Cualquiera hubiera dicho que el nacionalismo vasco necesitaba quitarse el lastre de Luis Arana para remontar el vuelo definitivamente. Sin modificar en absoluto la ideología sabiniana, se remozó la organización interna del movimiento para suprimir aquellos elementos que habían favorecido el autoritarismo de Luis Arana. Por ejemplo, en los años anteriores, los presidentes de las juntas municipales eran designados desde arriba, por los Consejos Regionales, mientras que ahora comenzaron a ser elegidos democráticamente por las bases. Además, se rebajaron las características que favorecían el bizkaitarrismo a ultranza de Arana y se moderó aún más la acción política diaria, bajo el liderazgo de personalidades como Engracio Aranzadi, Luis Eleizalde, Ramón Vicuña o Ignacio Rotaeche. Esta moderación se reflejó incluso en el nombre del partido, que en diciembre de 1916 pasó a denominarse oficialmente Comunión Nacionalista Vasca, que ya se usaba habitualmente desde tres años antes. Dejando de ser Partido para ser Comunión, el nacionalismo no solo usaba un término de resonancias religiosas sino que parecía seguir las huellas del carlismo, el principal movimiento contrarrevolucionario de la España contemporánea, que también se denominaba a sí mismo Comunión, pues renegaba de ser un mero partido político, en el sentido moderno del término. Pero sobre todo, el nacionalismo quería ser —según la propuesta de cambio de nombre— una «comunidad de recuerdos, de amores, anhelos y esperanzas». Es decir, de acuerdo con una expresión que se utilizará más adelante, buscaba representar a «un pueblo en marcha» hacia la libertad, por encima de luchas partidistas.

En esta expansión influyeron no solo las decisiones tomadas por los líderes nacionalistas sino también que estos encontraron una coyuntura favorable, con dos puntos clave: el paso a un primer plano de las nacionalidades en Europa con motivo de la Guerra Mundial y la grave crisis en que se encontraba inmerso el Estado español. Aunque aún aguantaría un lustro más, el sistema político de la Restauración —incapaz de integrar a las nuevas realidades sociales que habían surgido desde 1875— se quebró definitivamente con la triple crisis (política, social y militar) de 1917.

Frente a este desbarajuste, el auge jeltzale se tradujo de inmediato en éxitos electorales. Las elecciones provinciales de marzo de ese mismo año permitieron a la Comunión incrementar su presencia en la corporación provincial guipuzcoana, pero sobre todo le dieron la mayoría en la Diputación de Vizcaya. Por primera vez en su historia, el nacionalismo vasco era hegemónico en esta provincia, al obtener diez diputados en estos comicios. Ramón de la Sota Aburto (hijo del gran naviero y antiguo líder euskalerriaco del mismo nombre) fue elegido presidente de la Diputación. Las elecciones municipales de finales de 1917 reforzaron la mayoría nacionalista en el Ayuntamiento de Bilbao (donde desde el año anterior era alcalde el jeltzale Mario Arana), así como en un buen número de localidades de Vizcaya y Guipúzcoa. Incluso en Pamplona —una ciudad a priori no demasiado apropiada para el nacionalismo vasco— los jeltzales entraron por vez primera en el consistorio, logrando tres concejales.

Ya solo quedaba el Ayuntamiento de Vitoria como cenicienta en el conjunto del auge nacionalista. De hecho, la Comunión no consiguió sus tres primeros concejales en la capital alavesa hasta tres años más tarde. La sola posibilidad de que se quebrara la virginidad del bastión antinacionalista alavés ponía nerviosos a sus rivales. Antes de las elecciones locales de 1920, el diario La Libertad denunció que «el separatismo» aspiraba «a introducirse en la Casa Consistorial. Ante tal audacia, solo debe abrigarse una aspiración. Librar de tan bochornoso borrón al Ayuntamiento vitoriano, siempre español». Según el periódico liberal vitoriano, un triunfo del «separatismo antipatriota» «sería un baldón para Vitoria». Con este ambiente, no es extraño que, con ocasión de uno de los éxitos nacionalistas en la capital alavesa, un dirigente jeltzale local, que era farmacéutico, pusiera en su establecimiento un cartel con el siguiente anuncio: «Se vende tila.»

Tras extender su poder a nivel local y provincial, le faltaba a la Comunión dar el salto al éxito en las elecciones a Cortes. Era un paso difícil porque estos comicios siempre habían sido más fáciles de controlar por las estructuras caciquiles de la Restauración que las de menor rango, donde era más sencillo que el sistema permitiera ciertas excepciones. Además, el nacionalismo había sido remiso a participar en elecciones generales, por considerarlas en el fondo un asunto español, que ni le iba ni le venía, y solo esporádicamente había presentado candidato propio en algún distrito. Por último, la pionera presentación de Anitua en 1907 había acabado en un fracaso estrepitoso y otros intentos parciales (como el de Ramón de Vicuña por Bilbao en 1914) habían quedado muy lejos del triunfo. Sin embargo, en 1918 la Comunión consideró que la situación estaba lo suficientemente madura como para intentar dar el salto a Madrid, presentándose a la lucha en solitario en un buen número de distritos.

Era una apuesta arriesgada pero el resultado fue magnífico. La Comunión obtuvo cinco diputados por Vizcaya (todos menos el del distrito de Bilbao, que fue para el socialista Indalecio Prieto), uno por Guipúzcoa y uno por Navarra, en alianza con otras fuerzas derechistas; además copó la representación al Senado por Vizcaya, introduciendo a sus tres candidatos en la Cámara alta. En un solo paso, los nacionalistas pasaban de no contar con ningún representante en Madrid a tener diez: los senadores por Vizcaya, Arturo Campión, José Horn y Pedro Chalbaud; y los diputados Ramón de la Sota Llano, Domingo Epalza, Anacleto Ortueta, Antonio Arroyo, Ignacio Rotaeche (todos ellos también por Vizcaya), José Eizaguirre (Guipúzcoa) y Manuel Aranzadi (Navarra).

Este éxito estaba directamente relacionado con la campaña autonomista que la Comunión había puesto en marcha el año anterior, aprovechando que contaban con la Diputación de Vizcaya para presentar el ideal autonómico no como algo partidista sino representativo de la mayoría del país. Era una prueba más del pragmatismo de la Comunión, pues sus sectores más radicales consideraban la autonomía que pudiera conceder la Monarquía una migaja regalada por un país opresor para evitar que el nacionalismo lograra su verdadero objetivo, que no era otro que la independencia vasca. Este movimiento autonomista se había iniciado tras una protesta de los industriales vascos contra el proyecto del ministro de Hacienda, el liberal Santiago Alba, de implantar un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios obtenidos con ocasión de la Primera Guerra Mundial. Tal y como había sucedido durante la Gamazada, esta medida era considerada una violación del Concierto económico y se percibía como un ataque a los restos de la foralidad vasca, aunque realmente el Concierto no tuviera en su origen en 1878 nada que ver con los Fueros.

Además, la visita a Bilbao del dirigente catalanista Francesc Cambó en enero de 1917 preparó el ambiente para que Euskadi siguiera la estela del movimiento autonómico que se había iniciado en Cataluña. Este empuje catalanista bebía de la idea moderada del nacionalismo de la Lliga, según la cual la España centralista en crisis debía dar paso a una España regenerada, que acogiera en su seno las identidades regionales alternativas. Tal y como explicó el propio Cambó a los dirigentes jeltzales reunidos en el Coliseo Albia de Bilbao, se trataba de construir «un Estado que no sea una cárcel de hombres sino un Imperio de grandes pueblos», incluidos el vasco y el catalán.

Enseguida comenzaron los contactos entre las Diputaciones vascas, promovidos por la de Vizcaya. Tras varias reuniones previas, las tres corporaciones se congregaron en Vitoria el 16 de julio de 1917, dejando fuera a la de Navarra, que solo acudió como observadora. Su Diputación, controlada por monárquicos alfonsinos, alegó no solo cuestiones de identidad sino también que no era un buen momento para abrir un nuevo frente, que podía debilitar a un Estado ya muy abatido por la triple crisis militar, política y social. Por el contrario, en un principio la opinión pública de las tres provincias fue casi unánimemente favorable a la petición de reintegración foral o de autonomía.

Jugando con cierta ambigüedad entre los Fueros y un Estatuto autonómico, la Comunión trataba de ganarse el apoyo de los diversos sectores políticos, dado que casi todos (carlistas, republicanos, integristas, incluso alfonsinos…) se consideraban foralistas, aunque cada uno interpretara esta palabra de un modo diferente. Por su parte, el diario Euzkadi incidía en esa idea, al indicar que la autonomía era «medio camino de reintegración foral». De momento, las únicas reticencias aparecieron en Álava, el territorio más reacio al nacionalismo. Su Diputación, de composición política heterogénea, acordó «aprobar la exposición sobre autonomía vascongada, en la que se habrá de hacer constar que tal movimiento se lleva a cabo sin mengua alguna de la unidad de la Patria española». Era un primer indicio del temor de los monárquicos alaveses a que el movimiento autonómico fuera capitalizado por el nacionalismo vasco. La prensa liberal vitoriana alertó de que los «entusiasmos autonomistas nacieron al volver de Barcelona, sede del separatismo, los señores que constituyen la mayoría bizcaitarra de la Diputación de Vizcaya».

A la Comunión no le quedaba más remedio que rebajar el tono de sus peticiones, con el fin de lograr el apoyo unánime de las tres Diputaciones vascas. En la reunión de Vitoria se acordó «solicitar de los Poderes Públicos, dentro de la unidad de la Nación española, así para las Diputaciones como para los Municipios, una amplia autonomía que esté en consonancia con las constantes aspiraciones del País». En realidad, el borrador del «Mensaje de las Diputaciones», preparado por los nacionalistas vizcaínos, hablaba de «unidad del Estado español», pero los representantes no nacionalistas solicitaron su sustitución por el de «Nación española». Finalmente, la Comunión no tuvo más remedio que ceder. En palabras del diputado jeltzale Manuel Eguileor, «por el bien del País Vasco estaba dispuesto incluso a parecer traidor a sus opiniones».

Era una estrategia muy semejante a la Lliga Regionalista de Cataluña, que en estos momentos apostaba claramente por jugar la carta moderada, tratando de sostener la debilitada Monarquía de Alfonso XIII, a cambio de la obtención de la autonomía. El propio Cambó se implicó personalmente en esta estrategia, llegando a ser ministro de Fomento del Gobierno de concentración nacional de Antonio Maura en 1918. La Comunión no llegó a tanto, pero sus representantes en Cortes se comportaron de un modo que hubiera sido impensable unos años antes. Para empezar, juraron la Constitución española, como era preceptivo, para tomar posesión de sus escaños en las Cortes, alegando que se trataba de cumplir un «requisito» meramente formal. El diputado navarro Manuel Aranzadi afirmó en el hemiciclo que el nacionalismo trabajaba «porque unos y otros, unidos con vínculo de afecto, con unión libremente aceptada, laboremos por la prosperidad de todos, y esa será una garantía de mayores glorias para España, para esa España que fue gloriosa mientras no fue centralista, mientras no oprimió a […] las nacionalidades históricas». Era casi un calco de la famosa frase de Cambó, en la que decía anhelar «una Cataluña grande, pero dentro de una España grande también». No es extraño que Luis Arana y Bizkaitarra arreciaran en su campaña contra el nacionalismo «ñoño, de bazar», de la Comunión, que nada tenía que ver con «la sana doctrina nacionalista de Sabino».

De momento, estas críticas apenas tuvieron eco, pero pasarían a tenerlo cuando se vio que la moderación de la Comunión no iba a obtener fruto alguno. Para empezar, entre la aprobación del Mensaje por las Diputaciones en julio de 1917 y su entrega al Gobierno del liberal Manuel García Prieto en diciembre del mismo año, su contenido se modificó, rebajándose las iniciales peticiones nacionalistas. En el Mensaje definitivo se solicitaba la reintegración foral y, en caso de que esta no se concediese, una autonomía basada en una clara separación de funciones entre el Estado y los organismos autonómicos, sin merma del Concierto económico vigente. Para entonces, el afán autonomista de la mayor parte de los partidos no nacionalistas había disminuido, interpretando que una España en plena crisis social y militar tenía asuntos más urgentes de los que ocuparse. Tampoco el Gobierno mostró interés en hacer realidad la autonomía. Así lo demostró el hecho de que el Mensaje, una vez entregado al ejecutivo en Madrid, desapareciera de las dependencias ministeriales. La despreocupación gubernativa llegó hasta el extremo de que, cuando el problema autonómico vasco tomó estado parlamentario —muchos meses después—, el Gobierno tuvo que solicitar una copia del texto a las Diputaciones, por haberse esfumado el original.

Las Cortes que debían abordar esta cuestión fueron las constituidas en marzo de 1918, tras las mencionadas elecciones generales que por primera vez habían llevado a Madrid una nutrida representación nacionalista vasca. Era una oportunidad de oro para la Comunión, que ahora podía acelerar la aprobación de un Estatuto autonómico desde el parlamento español, del mismo modo que había iniciado el proceso desde la Diputación de Vizcaya. Sin embargo, pese a la moderación del discurso de la Comunión, el ambiente de la Cámara era muy contrario al nacionalismo vasco. Los discursos antinacionalistas que el socialista Indalecio Prieto o el carlista Víctor Pradera pronunciaron en las sesiones de las Cortes en la primavera de 1918 ayudaron a que prendiera en el parlamento un ambiente contrario a los jeltzales e indirectamente, a las peticiones autonómicas vascas.

Ello retrasó nuevamente la tramitación de la autonomía, que se retomó en noviembre de 1918, coincidiendo con las reivindicaciones catalanistas y con el movimiento de las nacionalidades, que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial. El contexto internacional parecía adecuado, tal y como hizo ver el manifiesto que el EBB hizo público el 25 de octubre de 1918, en el aniversario de la ley de 1839 que el nacionalismo consideraba abolitoria de los Fueros. En ese manifiesto se exigía para Euskadi el «derecho a la autodeterminación de los pueblos» que el presidente norteamericano Woodrow Wilson había incluido en sus famosos Catorce Puntos de enero de 1918, con los que pretendía asentar una paz justa después del final de la Guerra Mundial. En octubre de ese año, cuando faltaban apenas quince días para el final de la guerra, los diputados jeltzales enviaron un telegrama al propio Wilson, lo que suponía internacionalizar el problema vasco, sacándolo de los límites del Estado español. En un momento en que belgas, polacos, lituanos, etc., iban a recuperar su libertad —perdida durante la guerra o varios siglos antes—, el País Vasco quería ponerse a la cola para no perder el tren de la historia. En estos textos, la Comunión parecía recuperar parte del radicalismo oculto en los años anteriores, al explicitar que hasta el 25 de octubre de 1839 Euskadi era «una nacionalidad independiente».

Sin duda, el EBB actuaba animado por la primavera de los pueblos que acompañó al final de la Gran Guerra, pero también haciendo guiños a los sectores más radicales de la Comunión, que empezaban a cansarse de que tanta moderación no sirviera para nada. A la vez, en las Cortes los diputados jeltzales presentaban una moción solicitando la reintegración foral plena. En diciembre de 1918 se formaba un nuevo Gobierno, presidido por un liberal, el conde de Romanones, que fue el que con más ímpetu trató de resolver el problema autonómico en la etapa de la Restauración, a pesar de que la opinión pública española se iba haciendo más hostil a las reivindicaciones catalanas y vascas. Tratando de salvar estas dificultades, Romanones nombró una Comisión extraparlamentaria que facilitase el posterior posible trabajo del Congreso de los Diputados, elaborando un anteproyecto de ley sobre autonomía, así como borradores de Estatutos para Cataluña y el País Vasco. Pero, al ser boicoteada por los conservadores de Eduardo Dato, acérrimos enemigos de cualquier concesión al separatismo, la Comisión perdió toda su posible eficacia, hasta el punto de que la Lliga decidió no participar en ella. Por el contrario, los jeltzales apuraron hasta el final, colaborando con la Comisión y nombrando a su diputado Pedro Chalbaud como miembro —junto a un liberal y a un integrista— de la subponencia encargada de redactar un anteproyecto de Estatuto vasco.

La subponencia, en contacto con las Diputaciones, redactó un proyecto basado en el Mensaje de 1917, en el que se pedía la reintegración foral y una amplia autonomía para cada una de las tres provincias. El proyecto preveía la cooficialidad del euskera, el mantenimiento del Concierto económico, el cumplimiento del servicio militar en el territorio vasco, salvo en caso de guerra, y la reposición de las Juntas Generales. Pero este proyecto ni siquiera fue aprobado por la Comisión extraparlamentaria, que en enero de 1919 se limitó a pedir a las Cortes que las provincias vascas pudieran administrar «los asuntos peculiares de la región», sin mengua de las atribuciones del Estado.

Algunos nacionalistas empezaban a pensar que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Después de casi dos años de lucha por la autonomía, un anteproyecto de Estatuto vasco de mínimos ni siquiera había sido aprobado por un organismo consultor ajeno al parlamento. Aunque la cuestión pasó a una Comisión parlamentaria, hablar de su aprobación por las Cortes parecía una quimera. Por si fuera poco, mientras Vizcaya y Guipúzcoa seguían apoyando la autonomía, la actitud alavesa —debido en buena parte al cambio de postura de los diputados carlistas— se había ido modificando desde 1917 y ahora la Diputación de Álava mostraba mayores reticencias ante un posible Estatuto vasco y sobre todo ante el coste económico de la autonomía. La prensa local animaba a sus diputados a no «dejarse alucinar por esas novedades del Estado Vasco, que jamás existió».

Finalmente, el dictamen de la Comisión parlamentaria, muy restrictivo desde el punto de vista de las futuras atribuciones vascas, no llegó a discutirse en el pleno del Congreso. En abril de 1919 dimitía Romanones al frente del Gobierno, siendo sustituido por el conservador Maura, que disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones. Con la dimisión del dirigente liberal fracasaba definitivamente el movimiento autonómico iniciado en 1917, que había sido el único (y tímido) intento de la Monarquía de la Restauración de resolver la cuestión vasca, a través de una solución autonómica. El sistema de la Monarquía de Alfonso XIII, en plena descomposición, era incapaz de solucionar el problema de los nacionalismos en España y de aceptar una estructura no centralista del Estado. Habría que esperar a la proclamación de la Segunda República, en 1931, para que la autonomía vasca volviera a pasar a un primer plano.

Del fracaso a la escisión

A partir de 1919, el fracaso definitivo del intento autonómico, unido a otros factores, llevó a una profunda crisis en el seno del nacionalismo, apreciable especialmente en Vizcaya, precisamente donde era más fuerte, aunque no tanto en las demás provincias. Tras las victorias electorales de 1917-1918 llegaron los fracasos de la Comunión en las sucesivas elecciones, la pérdida de la hegemonía en la Diputación de Vizcaya y de la mayor parte de los escaños en las Cortes. En este declive incidió también la alianza tácita entre monárquicos y socialistas contra la Comunión o la persecución antinacionalista de las autoridades gubernativas y judiciales. En efecto, pese a que el nacionalismo había hecho los deberes ya en 1908 para ajustarse a la legalidad vigente, las multas, procesos judiciales y encarcelamientos contra militantes jeltzales nunca habían desaparecido del todo. Es cierto que este tipo de actuaciones no iban contra el partido como tal sino contra sus periódicos o sus afiliados, cuando las autoridades consideraban que aquellos se excedían en sus afirmaciones nacionalistas y sobre todo antiespañolas. Sin embargo, en la práctica terminaban afectando al movimiento como tal, que se encontraba con dificultades para actuar en la vida pública.

Los problemas con las autoridades habían ido decreciendo con el paso del tiempo desde principios del siglo XX pero repuntaron a partir de 1919. Así, según la prensa nacionalista, en 1908, 67 nacionalistas y cinco números de periódicos habían sido objeto de procesos judiciales; en 1910, fueron solo siete los procesos contra personas y cuatro las denuncias contra semanarios. Aunque no contamos con datos exactos, estos números menguaron aún más en los años siguientes, conforme la Comunión moderaba su mensaje. Pero paradójicamente, en 1919, cuando esta seguía aplicando la misma línea política pragmática, la persecución contra los jeltzales arreció.

El repunte de la represión afectó a los resultados electorales de 1919, que fueron testigos de un cambio de ciclo. En las nuevas elecciones a Cortes de junio de ese año, la Comunión tuvo que enfrentarse a la unión de todos los alfonsinos, agrupados en la potente Liga de Acción Monárquica, cuya misión era, tal y como sus promotores reconocían, «hacer frente al movimiento separatista». Por si fuera poco, la Liga llegó a un pacto de no agresión con la coalición republicano-socialista, que permitió a esta sacar al líder del PSOE Indalecio Prieto diputado por Bilbao, mientras los monárquicos se encargaban de los demás distritos vizcaínos.

A pesar de todo, la Comunión demostró su fuerza, sacando inicialmente cuatro diputados en Vizcaya. Sin embargo, tres de los electos (Epalza, Arroyo y Rotaeche) fueron desposeídos de su acta a posteriori por los tribunales de Justicia, al haber sido acusados los jeltzales de «fraude electoral». El cuarto, Mario Arana, renunció a su escaño y fue expulsado del partido. De este modo, los diez representantes nacionalistas de 1918 en ambas Cámaras quedaron reducidos a dos senadores por Vizcaya, que la Comunión perdería en 1920, y a un solo diputado (Manuel Aranzadi). Además, en realidad este había sido elegido por Navarra como miembro de la Alianza Foral, una coalición integrada por los jeltzales y por una de las facciones carlistas. Poco después, la Comunión se quedaba sin la mayoría en la Diputación de Vizcaya, poniendo punto final a la presidencia de Sota, que solo había durado dos años.

En marzo de 1920, recién terminado el annus horribilis que para los nacionalistas había sido 1919, estos perdían también la alcaldía de Bilbao, que hasta ese momento detentaba Gabino Orbe. Paradójicamente, en Álava la Comunión tuvo una trayectoria ascendente a partir de 1920, pero esto se debió más a deméritos ajenos (la crisis del resto de los partidos) que a un entusiasmo claro por la idea nacionalista. El nacionalismo también aguantó mejor en Navarra y en Guipúzcoa, donde todavía en 1923 logró 65 concejales, siendo la minoría más importante en la Diputación y en el Ayuntamiento de la capital. Incluso la prensa republicana donostiarra reconocía que los jeltzales habían merecido la victoria, «ya que no por sus ideas, por sus procedimientos. Tienen una preparación completa y trabajan con entusiasmo y fe».

Algunos propagandistas jeltzales vaticinaban «que ha de ser Gipuzkoa la primera región euzkadiana en la que el Nacionalismo domine sin oposición», por ser «esta región hermosa, la más central y, por ello, la más pura de Euzkadi». Sin embargo, aún habrían de pasar muchos años, hasta después de la muerte de Franco, para que Guipúzcoa se convirtiera en el feudo nacionalista por excelencia, superando a Vizcaya, la cuna del movimiento creado por Sabino Arana. Así, en las elecciones europeas de 2014, las fuerzas nacionalistas sumaron en Guipúzcoa el 55,8 % de los votos emitidos, frente al 51,5 % de Vizcaya. Eso sí, mientras en este territorio el PNV seguía siendo el partido mayoritario en el campo nacionalista, en Guipúzcoa la izquierda abertzale había desplazado a los jeltzales en la hegemonía política de esa provincia, «la más pura» de Euskadi: hoy sigue siendo, por ejemplo, el territorio con mayor proporción de hablantes del euskera. Aunque los datos cambian según las fuentes, en Guipúzcoa ese porcentaje está en torno al 50 %, frente al 25 de Vizcaya, con cifras mucho más bajas en Álava y Navarra.

Algunos autores han calificado el ambiente de 1919-1920 de auténtica «ofensiva antinacionalista», superior incluso a la sufrida por Sabino Arana en su etapa inicial, con la diferencia de que ahora los jeltzales no actuaban con la misma radicalidad que en sus inicios. Además de las medidas que afectaron a las elecciones, en junio de 1919 se clausuró Juventud Vasca de Bilbao, que no fue autorizada a abrir sus puertas hasta octubre de 1920; entre 1921 y 1922 fueron destituidos varios concejales en Baracaldo y en Bilbao; la prensa juvenil, y en especial el nuevo semanario Aberri (1916-1923), sufrió numerosas denuncias, pero incluso el moderado Euzkadi fue objeto de restricciones.

Sin embargo, los reveses electorales no se debían solo a la represión, sino al fiasco de la estrategia autonomista de la Comunión. Fracasada esta, los sectores radicales, que habían acallado sus críticas ante el éxito momentáneo de la táctica moderada, volvieron a la carga, encabezados por Aberri, que insistía en que la «independencia absoluta de la nación vasca» era el único objetivo posible el nacionalismo. Ya en diciembre de 1918, tras varios enfrentamientos callejeros entre monárquicos y jeltzales en Bilbao, el semanario de las juventudes nacionalistas vizcaínas lanzó incluso una velada amenaza de uso de la violencia, que de momento no pasó de la mera retórica: «Ante tanta sordera para escuchar las voces que reclaman justicia, Euzkadi quiere prepararse para hacérsela por su propia mano, desesperada de obtenerla legalmente […]. En estas luchas de Patria no hay semilla más fructífera que la sangre que se derrama generosamente».

Las críticas de los radicales se dirigían sobre todo contra los dos Aranzadis, que pese a compartir el apellido no eran parientes entre sí: Engracio, el factótum del diario Euzkadi, que se atrevió incluso a defender la evolución españolista de Arana, como un modelo a seguir por el nacionalismo; y Manuel, que como diputado navarro en las Cortes despertó la ira de los independentistas al afirmar en el hemiciclo en abril de 1920 que él no estaba dispuesto a dejarse «arrastrar por ciertos radicalismos»: «Es a mi juicio, el separatismo una concreción de pesimismo y desesperanza; es el nacionalismo, por el contrario, tal como yo lo entiendo, obra de resurgimiento, de renacimiento, anhelo de vida, de progreso y de libertad». Mientras los moderados declaraban expresamente «no somos separatistas», sus contrarios replicaban ser «esencial y profundamente separatistas» y «anti-españoles». A estas alturas, el aceite que para la confrontación interna había supuesto el éxito de la estrategia moderada en 1917-1919 ya había pasado a mejor vida. Las piezas del engranaje nacionalista —independencia o autonomía, moderación o radicalismo— iban a chocar ahora sin que nada rebajara las tensiones, hasta llegar en 1921 a una escisión en la Comunión.

En otros movimientos políticos y sociales, este tipo de tiranteces y rupturas suelen corresponder a luchas entre derechas e izquierdas. Sin embargo, en la escisión del nacionalismo vasco de 1921 la cuestión social, religiosa o ideológica —en torno a si había que llevar el movimiento más hacia la derecha o más hacia la izquierda— apenas tuvo incidencia, del mismo modo que había sucedido en las tensiones anteriores, aunque la mayoría de ellas no habían dado lugar a ninguna ruptura. Así, ya hemos mencionado el caso de Francisco Ulacia y su minúsculo Partido Nacionalista Liberal (o Republicano) Vasco, que había sido creado en 1911 pero que pronto desapareció sin dejar rastro.

Algunas otras voces heterodoxas y no sabinianas, que surgieron en la etapa anterior a la Dictadura de Primo de Rivera, tuvieron aún menos eco que el pionero Ulacia, quedándose en meras elucubraciones teóricas: fue el caso de Jesús de Sarría, Ramón Belausteguigoitia o Eduardo Landeta. Cada uno con sus matices, planteaban reformas sociales avanzadas y la aconfesionalidad del Estado, defendían el autonomismo y rechazaban la independencia como meta del nacionalismo. Landeta fue el más iconoclasta, al pedir que el nacionalismo se olvidara de Sabino Arana, dejándole «dormir en paz», y construyera una identidad sin ataduras a la doctrina del fundador, que contribuyera a «hacer una España fuerte y libre».

Los tres estuvieron relacionados con la prestigiosa Hermes (1917-1922), posiblemente la mejor revista cultural de la historia contemporánea vasca. Bajo el paraguas de un nacionalismo vasco integrador, en ella colaboraron firmas procedentes de ideologías y procedencias muy diversas, como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Ramón de Basterra, Salvador de Madariaga, Eugenio D’Ors, Evaristo Bustinza, Luis Eleizalde, Pedro Mourlane Michelena, Ignacio de Areilza, Resurrección María de Azkue, Arturo Campión, Gregorio Balparda, Manuel Aznar, José Félix de Lequerica, Rafael Sánchez Mazas, Nicolás María de Urgoiti, Margarita Nelken, Alejandro de la Sota o Telesforo de Aranzadi. Sarría, que fue su director, calificó a Hermes como «una escuela de civismo y de solidaridad entre los vascos».

Frente a la heterodoxia de Sarría, Belausteguigoitia o Landeta, en la escisión nacionalista de 1921 los que se separaron de la Comunión no querían menos aranismo sino por el contrario mayor fidelidad a las esencias ideológicas sabinianas. Esta ruptura estuvo protagonizada por el semanario de Juventud Vasca de Bilbao Aberri y por su dirigente Elías Gallastegui, alias Gudari («Soldado»). Como hemos visto, este sector había expresado ya anteriormente sus reticencias ante el giro moderado de la Comunión pero, mientras los vientos del triunfo soplaron favorablemente, las críticas tuvieron muy poca fuerza. Solo cuando los Gobiernos de la Monarquía dieron portazo a las esperanzas de autonomía, arreció la persecución contra el nacionalismo y la Comunión comenzó a perder una elección tras otra, los radicales comprendieron que había llegado el momento de reaccionar.

La ocasión fue comprobar que, pese a todo, los moderados seguían empeñados en sostener que su opción había sido la mejor posible y pretendían seguir en la misma línea. Cuando arreciaron las críticas radicales contra el mencionado discurso de Manuel Aranzadi en las Cortes, su correligionario Luis Eleizalde le amparó a capa y espada. En un artículo publicado en Euzkadi no solo defendió la autonomía como meta del nacionalismo sino que afirmó que la Comunión «no puede ni debe mantener un programa independentista». Que un nacionalista renunciara, siquiera como meta final, a la independencia de Euskadi sobrepasaba todos los límites. Y lo que es peor, el EBB respaldó oficialmente la postura de Eleizalde.

Tratando de calmar las aguas, se convocó una asamblea general de la Comunión en San Sebastián en mayo de 1920. La idea, una vez más, era recurrir a la reintegración foral y a la petición de abolición de la ley de 25 de octubre de 1839 como objetivo del nacionalismo, volviendo a una ambigüedad calculada que contentara a todos. Pero los radicales —a los que ya comenzaba a llamarse aberrianos, por el nombre de su periódico— no se contentaron esta vez, pese a quedar en minoría. Tres decenas de delegados (prácticamente todos ellos vizcaínos), de un total de 115, votaron en contra del respaldo incondicional a Aranzadi propuesto por el EBB. Aberri manifestó su insubordinación a las órdenes del Euzkadi Buru Batzar y el 8 de julio de 1921 el semanario quedaba fuera de la disciplina de la Comunión. El mismo día, los tres principales líderes de Juventud Vasca (Elías Gallastegui, Telesforo Uribe-Echevarría y Luis Vitoria) eran expulsados de la organización. En agosto, un miembro del EBB que había apoyado a los rebeldes (Manuel Eguileor) era igualmente apartado de la Comunión, junto a las personas y organismos nacionalistas que habían mostrado de un modo u otro su apoyo a la disidencia de Aberri.

En septiembre de 1921 los expulsados creaban un nuevo partido político, que recuperaba el nombre inicial de Partido Nacionalista Vasco y ha pasado a la historia con el calificativo de PNV aberriano. Era la primera vez en la historia en que había dos grupos políticos nacionalistas distintos de cierta entidad (puesto que el Partido Nacionalista Liberal, o Republicano, de Ulacia había sido poco más que una entelequia). Como ya hemos adelantado, la escisión aberriana no fue consecuencia de un cambio ideológico profundo, en cuestiones sociales o religiosas, sino de las ideas de cada grupo en torno a la relación entre Euskadi y España y a la autonomía o la independencia como meta del nacionalismo.

El nuevo PNV se oponía a la moderación autonomista de la Comunión y proclamaba la lucha por la independencia por medios pacíficos, aunque no faltaran alusiones retóricas a la sangre derramada por sus afiliados, por culpa de la persecución española, como medio de ganar adeptos para su causa. Sí que hubo, sin embargo, matices en otros temas. Por ejemplo, siguiendo la estela sabiniana, Aberri defendía que el futuro País Vasco debía adoptar una estructura confederal, dando mucho más poder a cada uno de los «Estados vascos» que a las instituciones conjuntas. La Comunión, por el contrario, sin renunciar a la tradición foral y por tanto provincialista, tendía ya a reforzar la unidad institucional de Euskadi, en contra del «separatismo intravasco», defendido por ejemplo por Luis Arana.

En la cuestión religiosa, los aberrianos no se apartaron del tradicionalismo católico de Sabino Arana, aunque sus contrincantes les acusaron a veces de ello. Por ejemplo, Euzkadi inculpó a un aberriano de la localidad guipuzcoana de Pasajes de haber declarado que «ahora sí que podemos bailar el fox-trot». Este baile, de origen norteamericano y vinculado a las orquestas de jazz, era muy mal visto por los sectores conservadores en Europa, que lo consideraban mucho más peligroso que el baile agarrao, tan denostado por Sabino Arana y sus primeros seguidores. En realidad, nada más lejano a los aberrianos que ese acercamiento a costumbres libertinas y extranjeras. Aberri, por ejemplo, criticó la fiesta popular organizada por Comunión en la ermita de San Juan de Arriaga de Vitoria en 1923, por ser un festejo «con churreros, lamparillas y baile “agarrao”. Los aberristas que en principio prestaron su apoyo, tuvieron que retirarse y protestar asqueados; los comunionistas indiferentes, y los neutrales, riéndose».

El propio Gallastegui escribió artículos con títulos tan significativos como «Baile inmoral. ¡No humilles a tu patria, mujer!» o «Costumbres dignas», en el que criticaba el carnaval, pues en él las «jóvenes vascas de alegrías sanas» corrían peligro de caer «a los pies del extranjero invasor». Muchos años después, Gallastegui se convirtió en un símbolo para el nacionalismo revolucionario de ETA, presentándolo como «un prócer indiscutible de la moderna izquierda vasca», por «sus críticas a la guerra, al servicio militar, a las cárceles, su solidaridad con los emigrantes o con los pueblos oprimidos, sus llamadas a la acción». Pero, teniendo en cuenta artículos como los mencionados, no es extraño que esa «moderna izquierda vasca» tuviera que maquillar su biografía, borrando el rastro de esos y otros textos semejantes.

En cuanto a la cuestión social, Aberri sí tuvo una base algo más popular y algunos toques obreristas, que lo alejaban de la burguesa Comunión. Esta había añadido a su programa en 1922 la búsqueda de un «régimen de justicia social acomodado a las enseñanzas de la Iglesia Católica», pero nunca concretó en qué consistía aquel. Al principio, los aberrianos no hicieron apenas referencias al problema social. Sin embargo, en agosto de 1923 el asalto de la policía a la Casa del Pueblo socialista de Bilbao, ocupada por militantes comunistas, recientemente escindidos del PSOE, llevó a Gallastegui a tomar una postura que hubiera resultado impensable en la Comunión. Sin identificarse con sus ideas, el líder aberriano defendió a los obreros comunistas represaliados por la policía, que habían entregado su vida luchando contra la injusticia social. Desde la perspectiva del humanismo cristiano, Gallastegui criticaba el «egoísmo de los ricos» y la «desmedida ambición del capital», que llevaba a la existencia de «dos clases sociales» opuestas, «una frente a otra». Aun equivocados, los comunistas eran por tanto las víctimas de la opresión del capitalismo y de la policía española, que había provocado varios heridos y un muerto en su asalto a la Casa del Pueblo.

Frente a estas afirmaciones, el diario de la Comunión se apresuró a asegurar que para ella, el comunismo era «el mayor de los males», aunque su pensamiento social, centrado en la justicia social cristiana, alejada tanto del capitalismo inhumano como del socialismo, no se diferenciara en el fondo demasiado del de Aberri. Por ello, resulta exagerado el análisis que el entonces dirigente comunista y futuro líder de Falange Española Óscar Pérez Solís realizó en 1921 sobre la escisión aberriana, reduciéndola a conflicto religioso y de clases: «En el nacionalismo vasco son ya perfectamente visibles dos tendencias: una plutocrática y clerical, amamantada en Deusto y en Loyola y sostenida por los ricos que quieren hacer de Dios algo así como un guardia civil que les custodie sus cajas de caudales […]; y otra popular y civil, radical y a la moderna, representada sobre todo por una gran parte de las Juventudes y por cierto número de trabajadores, que anhela quitar al nacionalismo vasco todo carácter clerical y burgués».

Además, los aberrianos prestaron mayor atención a las relaciones con otros nacionalismos, tanto dentro como fuera del territorio español. En el primer caso, el PNV impulsó los contactos con independentistas gallegos y catalanes, que dieron lugar a la firma de la «Triple Alianza», el 11 de septiembre de 1923. El «Pacto de amistad y alianza entre los patriotas de Cataluña, Euskadi y Galicia» fue firmado solo por sectores independentistas de los tres nacionalismos periféricos (Aberri, las Irmandades da Fala gallegas y tres pequeños grupos catalanes: Acció Catalana, Estat Català y Unió Catalanista). Su manifiesto proclamaba el «derecho de las tres naciones a disponer libremente de los propios destinos y a vivir según un régimen de plena soberanía política». Aunque los firmantes mostraban su voluntad de «mezclar la sangre en el sacrificio» para alcanzar la independencia, el pacto quedó en agua de borrajas cuando, solo dos días más tarde de su firma, el golpe de Estado de Primo de Rivera puso fin al sistema de la Restauración.

El PNV aberriano también dirigió su mirada al exterior. Una de sus ideas fue ampliar a cuatro la Triple Alianza, integrando en ella a los rebeldes rifeños de Abd el-Krim, que luchaban contra el dominio español en el Protectorado de Marruecos. Los aberrianos convirtieron la crítica a la acción española en el norte de África en un leitmotiv de su prensa. Esta denunció constantemente una guerra imperialista e ilegítima, centrando sus críticas en que jóvenes vascos, alistados obligatoriamente en el Ejército español, estuvieran muriendo por una patria que no era la suya. Por ello, se negaban a «sufrir la infame esclavitud de ayudar a nuestro opresor en sus inútiles tentativas de ensanchar sus dominios de esclavos». Pero, pese a esta retórica anticolonial y antiespañola, la postura aberriana tampoco se diferenció demasiado en este punto de la Comunión, que también censuró el «anhelo imperialista español», empeñado en una «aventura injusta y antihumana».

Más diferencias hubo en la actitud de ambos grupos ante la cuestión de Irlanda. Como el vasco, también el nacionalismo irlandés se encontraba dividido entre tendencias moderadas y radicales. Estos últimos, aprovechando que el Reino Unido estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial y contando con ayuda de Alemania (interesada en debilitar a los británicos, creando un nuevo frente a su espalda), pusieron en marcha la fallida rebelión de Pascua de abril de 1916. Pese a este fracaso, la represión posterior de los alzados contribuyó al inesperado triunfo de los radicales del Sinn Féin en las elecciones de 1918. El tratado anglo-irlandés de diciembre de 1921 llevó a la proclamación del Estado Libre de Irlanda, pero el acuerdo no fue aceptado por los sectores más radicales, dando lugar a una guerra civil entre nacionalistas irlandeses, que no finalizó hasta 1923.

Los dos sectores del nacionalismo vasco tenían por tanto espejos donde mirarse en Irlanda. Aberri tomó como modelo el activismo del Sinn Féin, mientras la Comunión defendía a los nacionalistas moderados y censuraba la acción violenta: «no basta que aparezca en cualquier nación oprimida un movimiento revolucionario de liberación, para que nos veamos obligados a acudir al lado de los alzados». Por el contrario, era necesario «que el interés general de esa nación oprimida, que la conveniencia general o la salud pública, aparezcan claramente identificados con el alzamiento». Ante la guerra civil irlandesa, Aberri se alineó con los opuestos al tratado anglo-irlandés y contra el Gobierno del Estado Libre, que había claudicado aceptando la partición de la isla, al dejar el Ulster en manos británicas. Por el contrario, la Comunión, fiel a su táctica pactista, veía en el Estado Libre un primer paso hacia la independencia absoluta de Irlanda, lograda en efecto diez años después.

Los aberrianos tuvieron incluso contactos directos con dirigentes del Sinn Féin. En 1922, Ambrose Martin O’Daily, que hablaba castellano por estar expatriado en Argentina, impartió varias conferencias en Bilbao, en las que explicó la organización y la lucha del nacionalismo irlandés. Martin mencionó la existencia de una organización femenina nacionalista, el Cumann na mBan (Liga de Mujeres), creada en 1914. Siguiendo su estela, un grupo de jóvenes aberrianas fundó el 10 de abril de 1922 Emakume Abertzale Batza (Asociación de Mujeres Nacionalistas). Era la primera organización específica femenina dentro del nacionalismo vasco, aunque ya antes algunas mujeres aisladas habían destacado por su participación en la política jeltzale. Por ejemplo, en 1919 la joven bilbaína María Aizpuru fue encarcelada por proferir gritos a favor de una Euskadi libre. Al salir de prisión tras ser indultada, Aizpuru fue objeto de un homenaje por haber sido la primera mujer encarcelada por defender la patria vasca. En marzo de 1923, la Comunión reaccionó ante la iniciativa aberriana creando una entidad semejante: Emakume Azarri Bazkuna (Asociación de Mujeres Audaces o Valientes). Esta última casi se quedó en papel mojado pero, en la práctica, tampoco Emakume Abertzale Batza pudo desarrollarse en el año y medio que tardó en llegar la Dictadura de Primo de Rivera. Habría que esperar a la Segunda República, para que la renacida agrupación femenina jeltzale se convirtiera en un potente instrumento nacionalizador, al servicio del entonces ya reunificado PNV.

De momento, pese a ese esfuerzo organizativo, el PNV aberriano no pudo superar en afiliación ni en apoyo electoral a la moderada y más asentada Comunión. Y eso que, en noviembre de 1922 Aberri dio un golpe de efecto simbólico, al lograr la integración en el nuevo partido de Luis Arana y sus veteranos del Euzkeldun Batzokija, escindidos de la rama principal del nacionalismo en 1915-1916. Los aberrianos dotaban así de legitimidad histórica a su escisión, que al fin y al cabo había sido planeada —como la de Luis Arana— para volver a las esencias independentistas del primer nacionalismo sabiniano. De hecho, en enero de 1923 Luis Arana fue elegido presidente del PNV aberriano, lo que suponía un importante espaldarazo para los escindidos, apoyados ahora por el hermano del fundador. Sin embargo, el nuevo partido solo tuvo fuerza real en Vizcaya, donde irradiaba el ímpetu de Juventud Vasca de Bilbao, hasta el punto de que pudo reconvertir el semanario Aberri en un diario que se publicó establemente hasta que fue prohibido por Primo de Rivera. De hecho, en las únicas elecciones en las que se enfrentaron ambos partidos (las municipales de 1922), los aberrianos derrotaron a la Comunión en Bilbao (3.600 frente a 2.400 votos) y en Baracaldo.

Por el contrario, en la zona rural de Vizcaya y en el resto de Euskadi los escindidos nunca lograron poner en peligro la clara preeminencia de la Comunión. En Guipúzcoa se produjeron algunos roces entre los nacionalistas de ambas ramas, pues los aberrianos —que ponían especial empeño en la utilización del euskera en la vida cotidiana y en la acción política— acusaban a la Comunión de «empujar al españolismo a nuestro pueblo». Sin embargo, el especial ambiente guipuzcoano y el hecho de que la escisión se hubiera gestado en Vizcaya contribuyeron a diluir las fronteras entre ambas organizaciones, cuyos miembros participaban conjuntamente en actos o en prensa de uno u otro grupo. Peor aún era la situación del nuevo partido en Álava y en Navarra, donde —aunque se creó alguna Junta Municipal aberriana aislada, por ejemplo en Vitoria— ni siquiera llegaron a formarse Consejos Regionales. La vuelta del PNV aberriano al bizkaitarrismo había tenido sus efectos colaterales en las demás provincias. En cualquier caso, al no haber diferencias ideológicas profundas entre ambos partidos, muy pronto comenzaron a aparecer iniciativas para recuperar la unidad perdida o para llegar al menos a acuerdos electorales, que de momento no dieron resultado. Resulta imposible, sin embargo, saber cuál hubiera sido la evolución de ambas ramas del nacionalismo de haber continuado el régimen de la Restauración, pues este quedó cortado en seco por el golpe de Estado que el general Miguel Primo de Rivera dio en Barcelona, el 13 de septiembre de 1923.

Años de dictadura

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) terminó con el sistema liberal vigente en España desde 1875 y significó una nueva etapa en la historia del nacionalismo vasco, afectando de forma distinta a cada una de las dos organizaciones en que entonces estaba dividido. La actitud de ambas ante la Dictadura dependió en parte de la que el propio Primo de Rivera mantuvo hacia los nacionalismos periféricos. El dictador consideraba al separatismo como uno de los problemas que debían extirparse para la regeneración de España, mientras que inicialmente le parecía positivo el sano regionalismo compatible con la unidad española. Aunque esta recepción positiva de los regionalismos se vio pronto desmentida por los hechos, este doble rasero explica las diferentes relaciones existentes entre la Dictadura y cada una de las dos ramas del nacionalismo.

Así, entre 1923 y 1930 Euzkadi y los demás periódicos de la moderada Comunión siguieron publicándose, aunque sufrieron la censura gubernamental y esporádicamente algunas multas. Entre ellos, el que más padeció estos ataques fue La Voz de Navarra, que había nacido en Pamplona precisamente en 1923, poco antes del golpe militar. Paradojas de la vida, en estos años su director fue Eladio Esparza, futuro miembro del Consejo Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y gobernador civil de Álava durante el primer franquismo. Lo mismo que su prensa, la propia Comunión Nacionalista Vasca fue respetada y mantuvo vivos buena parte de sus centros y órganos de gobierno. Empero, tuvo que abandonar por completo la acción política, imposible durante el régimen dictatorial, para refugiarse en el regeneracionismo cultural, trabajando a favor de la lengua, la cultura y el deporte vascos.

Hay que recordar que, ante el desprestigio absoluto del sistema de la Restauración, buena parte de la opinión pública española acogió el golpe de Estado con resignación, pero también con una pizca de esperanza en que un cirujano de hierro curara a una España herida de muerte y se retirara después de haber regenerado al Estado moribundo. Los jeltzales moderados —lo mismo que los catalanistas de la Lliga— no fueron ajenos a esta percepción. Por ejemplo, los representantes con que contaban en las Diputaciones vascas en septiembre de 1923 no expresaron ninguna protesta contra el golpe de Estado y tampoco fueron cesados por el dictador.

Mucho más claro aún fue el manifiesto firmado por el Consejo Regional de Guipúzcoa de la Comunión en marzo de 1924. En él se afirmaba que, ante «las circunstancias verdaderamente excepcionales» en que vivía el país, la Comunión había decidido suspender voluntariamente su actuación política. El texto aclaraba que «la actuación de la Comunión Nacionalista Vasca de Guipúzcoa no ha sido ni es separatista» y terminaba con una petición que sin duda debió resultar molesta para los aberrianos, e incluso para algunos comunionistas, al unir la regeneración de España —que aseguraba encabezar Primo de Rivera— con la libertad de Euskadi: «¡Quiera Dios hacer fecundo nuestro sacrificio para que en la medida más colmada posible se den las aspiraciones de España hacia su legítimo engrandecimiento coincidente con el apogeo de las sanas libertades del pueblo vasco!».

En la práctica, la Comunión no sufrió la represión dictatorial, pero tampoco participó en actos conspirativos contra la Dictadura, limitándose a dejar pasar el tiempo y a esperar acontecimientos. Por si fuera poco, el propio dictador hizo al principio unas manifestaciones favorables a las autonomías regionales, lo que significaba un señuelo para los nacionalistas moderados. Un dirigente de la Comunión llegó a escribir entonces que Primo de Rivera se había expresado «en términos francamente regionalistas, casi federalistas y parece un hombre sincero; indudablemente es el actual un momento de gran interés para el logro de una mayor autonomía y sabremos aprovecharlo». De hecho, en diciembre de 1923, la Diputación de Guipúzcoa aprobó una «Memoria al Directorio Militar», pidiendo la reintegración foral o un Estatuto de autonomía semejante al planteado en 1917-1919. Este plan, apoyado por Euzkadi, se topó enseguida con la oposición de la Diputación de Vizcaya, controlada por monárquicos contrarios a cualquier concesión al nacionalismo vasco.

Estas discrepancias dieron al traste con este fugaz intento de concesión de la autonomía por el régimen dictatorial. Además, Primo de Rivera se olvidó muy pronto de sus promesas autonomistas, aunque no puso pegas para que en 1925 se renovara el Concierto económico. De este modo, la autonomía fiscal y administrativa de cada una de las provincias vascas, nacida al inicio de la Restauración, continuó sin problemas durante la Dictadura. A lo largo del siglo XX, todavía iba a mostrarse compatible con una República, con otra dictadura —aunque solo en el caso de Álava— y con una Monarquía democrática. El Concierto, reconvertido simbólicamente en un derecho histórico, aunque en 1878 fuera percibido como la migaja que el Estado concedía a los territorios vascos, después de abolir el sistema foral, era ahora visto como algo querido y propio del País Vasco por todos los partidos, nacionalistas y no nacionalistas.

Menos dificultades tuvo aún el sindicato nacionalista Solidaridad de Obreros Vascos, que siguió actuando durante la Dictadura, a pesar de que no logró salir de una cierta atonía, producto solo en parte de la situación política. En su I Congreso, celebrado en Eibar en 1929, estuvieron representadas 45 agrupaciones, todas ellas de Vizcaya y Guipúzcoa, provincias donde el sindicato contaba entonces respectivamente con 6.200 y 1.500 socios. Solidaridad vio con buenos ojos los Comités Paritarios, creados en 1926 por la Dictadura para dar una salida armónica y negociada a los conflictos laborales. Sus dirigentes pensaban que podían servir para superar la «lucha de clases sin cuartel, que en un tiempo fue el banderín de enganche del socialismo». Sin embargo, el sindicato jeltzale se desengañó cuando vio que la Dictadura se apoyaba en la UGT para dar forma a este sistema corporativo de relaciones laborales, hasta el punto de que el líder socialista Francisco Largo Caballero (futuro presidente del Gobierno republicano durante la Guerra Civil) fue nombrado miembro del Consejo de Estado, pese a la opinión contraria de Indalecio Prieto y de otros líderes socialistas.

Frente a la hibernación política de la Comunión, algunos de sus afiliados fueron más lejos, pasándose con armas y bagajes a la Dictadura, ocupando cargos públicos e ingresando en la Unión Patriótica, el partido único creado por Primo de Rivera en 1924. Los aberrianos criticaron a los «traidores, que se pusieron de parte del dictador»: «por el colador de la Dictadura habrán caído al fondo de las cosas sucias los que no eran dignos de ser miembros del Nacionalismo, los arribistas, que siempre existen en toda agrupación popular que triunfa». Es cierto que la Unión Patriótica fue un ente sin vida, por lo que en determinadas circunstancias afiliarse a ella era un acto puramente formal, pero hubo quien se negó a inscribirse, sin que por ello sufriera ningún castigo. Por ejemplo, según un informe gubernativo, en el pueblo costero vizcaíno de Ea «tanto al jefe de los comunionistas como al de aberristas se les invitó para la Unión Patriótica, negándose a ello».

Por el contrario, en Vitoria bastantes jeltzales ingresaron en el partido único primorriverista y encontraron acomodo en un régimen que en parte coincidía con su ideario, al defender el catolicismo, el orden y la regeneración frente al caduco régimen de la Restauración, que nada había hecho para resolver la cuestión vasca. Un nacionalista, Jaime Ignacio Echevarría, llegó a ser nombrado alcalde de Vitoria; varios más ocuparon cargos de concejales y diputados provinciales, designados por el gobernador. También hicieron en la Dictadura sus primeras armas en política algunos futuros líderes del PNV en la República, como Francisco Javier Landáburu, que presidió las Juventudes de la Unión Patriótica vitoriana y que llegaría a ser vicepresidente del Gobierno vasco en el exilio. Pero, a la vez, Landáburu llevó a cabo en esos años una intensa actividad cultural vasquista, defendiendo el euskera y «la idiosincrasia del pueblo vasco», hasta el punto de que Euzkadi apoyó en 1929 un homenaje al joven abogado y periodista alavés, por su labor en favor de la cultura euskérica.

Y es que, en el fondo, lo que hacía entonces Landáburu no era muy distinto de lo que llevaba a la práctica la Comunión, aun sin contaminarse con las instituciones de la Dictadura. Los centros comunionistas se centraron en la organización de actividades lúdicas, folclóricas, culturales, deportivas y religiosas, tratando de cultivar así el alma vasca. Engracio Aranzadi escribió entonces que «promover la cultura vasca en todos los órdenes […] vale tanto como crear torrentes inextinguibles de vida étnica, vertiéndolos en la red arterial del vasco». No era además una novedad en la historia del nacionalismo, que ya contaba de antemano con muchas organizaciones satélites, que pudieron seguir funcionando sin problemas. Además, buena parte de las actividades organizadas por los batzokis hasta 1923 no tenían un significado directamente político, pero servían para socializar y nacionalizar a afiliados y militantes jeltzales. Por otro lado, este volcarse en actos no políticos permitió un acercamiento de hecho entre militantes comunionistas y aberrianos. Dado que estos últimos, como veremos a continuación, sí vieron cómo se cerraban sus centros y su prensa, las actividades extrapolíticas permitían un roce diario entre afiliados de ambas ramas del nacionalismo, exento de discusiones ideológicas. Este hecho posiblemente facilitó que, tras la caída de Primo de Rivera, los dos grupos pudieran fusionarse sin excesivos problemas.

El nacionalismo impulsó en estos años un renacimiento cultural, situado en una difusa frontera con el vasquismo, que podía ser la base de un proceso de concienciación nacional, cuyos frutos políticos se recogerían más adelante. Paralelamente, también en el País vasco francés hubo en los años veinte un renacer cultural, que presentaba la actividad del nacionalismo peninsular durante la Dictadura como ejemplo para los «vascos de Francia». Al sur del Bidasoa, el teatro, la danza y la música fueron en estos años un importante vehículo de propaganda vasquista. El primero había sido quizás el más trascendental instrumento de socialización jeltzale desde los inicios, aunque no se centrara tanto en obras directamente políticas sino en comedias costumbristas sin matiz ideológico, que en el caso guipuzcoano se representaban habitualmente en euskera.

El propio Sabino Arana había escrito que el teatro, junto con la prensa periódica, era «el medio más importante» de extensión del nacionalismo. Y ello a pesar de que «no convence absolutamente nada, pero mueve el corazón con poderoso ímpetu». Es decir, la representación en un ambiente específico de determinadas obras de teatro —aunque no tuvieran contenido político— movía el corazón más que las grandes proclamas ideológicas. Además, tenían la ventaja de que, precisamente por su carácter políticamente neutro, podían representarse sin problema alguno durante la Dictadura. Es más, Euzkadi aplaudió la «jornada gloriosa para nuestro arte», que supuso el estreno triunfal de la zarzuela de temática vasca El caserío de Jesús Guridi en Madrid. El diario de la Comunión, tratando de resaltar el triunfo de lo vasco en pleno corazón del Estado español, tituló a toda plana: «La ezpatadantza impone su virilidad en el escenario madrileño de La Zarzuela». Y eso que, pese a que Guridi estaba entonces próximo al nacionalismo vasco, El caserío no tiene ni un ápice de política, hasta el punto de que siguió representándose sin ningún problema durante el franquismo. Lo que sí hace esta zarzuela, plagada de términos y frases en euskera, es representar de modo amable una idiosincrasia vasca diferenciada, por lo que no es extraño que Euzkadi mostrara su entusiasmo ante ella.

Dentro de la acción cultural, la defensa del euskera fue uno de los objetivos fundamentales del nacionalismo en esta etapa. Sus líderes animaban a «hablar y escribir siempre en euzkera, si lo sabes, y a aprenderlo, si lo ignoras», así como a ayudar económicamente a las «organizaciones, revistas, etc., etc., que aun sin hallarse declaradas como nacionalistas, laboran por el desarrollo y conservación de alguna de nuestras características nacionales». Esta promoción lingüística tuvo que superar algunas reticencias por parte de las autoridades. Primo de Rivera permitió la utilización de los «idiomas regionales», pero con ciertos límites, que al principio afectaron incluso a la prensa. A veces eran los funcionarios locales los que se extralimitaban, como sucedió cuando algunos jeltzales intentaron hacer llegar al boxeador vasco Paulino Uzcudun telegramas en euskera felicitándole por sus éxitos en Estados Unidos. La oficina de telégrafos de Bilbao no admitió estos mensajes, pero sí lo hicieron otros centros telegráficos oficiales de Vizcaya.

Para evitar que la represión alcanzara a la labor cultural del nacionalismo, su prensa recalcó el carácter apolítico de la lengua, explicando que «la unidad nacional de España no está amenazada por el euskera». De hecho, el desarrollo de la lengua vasca pudo llevarse a cabo sin excesivos problemas, pues solo de forma esporádica regresaron las prohibiciones. En esta época se crearon diversas entidades de promoción del euskera, como Euskal Esnalea y Euskaltzaleak, fundada por el sacerdote José Ariztimuño (Aitzol). También comenzaron a celebrarse los Días del Euskera, que constituyeron un éxito de movilización popular, y se convocó el Premio Kirikiño, al mejor artículo escrito en lengua vasca.

Además, hubo iniciativas a favor de su uso en la vida cotidiana. La Compañía del Ferrocarril del Urola, por ejemplo, imprimió en castellano y euskera los billetes del tren, algo inusual en aquella época. Euzkadi resumía en términos optimistas la situación del euskera en 1928. No solo se daban clases en todas las capitales sino que «se habla del euskera más que jamás se habló. Y se escribe en euskera más que nunca se escribió. Y se editan más obras euskéricas que jamás. Y surgen las entidades de Amigos del Euskera y se multiplican los días a él consagrados, y los prelados hablan a su pueblo en el viejo idioma que se creía condenado a morir».

Esta última afirmación era consecuencia del nombramiento en 1928 del primer obispo vascohablante de la diócesis de Vitoria, el guipuzcoano Mateo Múgica Urrestarazu, quien, sin ser en absoluto nacionalista vasco, no solo hablaba euskera sino que era muy respetuoso con la cultura vasca. Por ello, el nombramiento de Múgica para la sede de Vitoria fue bien acogido por los nacionalistas: «¡Qué gozo sentirán los euskaldunes al ver que su pastor, su padre, su obispo, les habla en su lengua!». No obstante, el nuevo obispo se apresuró a marcar distancias, aclarando que, «gracias a la benevolencia laudable del Papa y del Rey», podía «dirigir la palabra divina en vascuence».

En los años siguientes, el entusiasmo jeltzale se repitió con motivo de nuevas indicaciones de Múgica, como sucedió cuando recomendó al clero la enseñanza del catecismo en euskera. Por el contrario, ese entusiasmo se enfriaba al observar que parte del clero seguía adoptando actitudes contrarias al nacionalismo vasco. Por ejemplo, Luis Arana envió numerosas cartas de protesta a clérigos que según él habían aprovechado el púlpito para hacer «política españolista». Uno de ellos, por ejemplo, había calificado a la Guardia Civil de «benemérita», por lo que Arana concluía: «Podrán Primo de Rivera y Alfonso XIII hallarse satisfechos de esa labor de españolización de ustedes, pero Dios Nuestro Señor no puede aprobarla». Arana protestó incluso de que en una homilía se mencionara a san Isidro como «patrono de Madrid» y llegó a escribir al superior general de la Compañía de Jesús para que sus subordinados dejaran «de ofendernos con su españolismo». Arana no se atrevía a pedir que los jesuitas hablaran de la patria vasca en vez de la española, pero proponía una solución neutra que, de haberse aplicado, tal vez hubiera evitado los múltiples problemas que la relación entre religión y nación ha provocado en el caso vasco a lo largo del siglo XX: «Que al hablar de Patria en los Colegios, etc., y especialmente en los púlpitos de Euzkadi lo hagan sin señalarla por sus hechos, ni determinarla por su nombre, para que cada uno lo entienda por la suya propia sin menoscabo de otra».

La prensa de la Comunión, que prudentemente aparentaba ahora ser más regionalista que nacionalista, pasó muchas dificultades económicas durante los siete años de Dictadura. Y es que no eran buenos tiempos para un periódico político nacionalista, que continuamente tenía que disfrazar su ideología, haciéndola presente solo entre líneas ¿Cómo solucionar el problema? La importancia que había adquirido el deporte de masas en el País Vasco en el primer tercio del siglo XX fue la base de la solución. El grupo de prensa nacionalista, que ya editaba en Bilbao Euzkadi y La Tarde, comenzó en 1924 a publicar Excelsior, el primer diario deportivo de toda España. Puede parecer sorprendente que este se editara en Bilbao y no en Madrid o Barcelona, donde hoy se concentra la prensa deportiva que arrasa en ventas en toda España (Marca, As, Mundo Deportivo…). Sin embargo, era una prueba más de la imponente afición vasca al deporte, tanto tradicional vasco como moderno, y de que el nacionalismo vasco actuaba como un movimiento social tremendamente dinámico, con independencia de su ideología.

Excelsior incluía una amplia información diaria sobre pelota vasca y sobre deportes modernos, en especial el fútbol, el ciclismo y el boxeo, que eran entonces los tres más populares. De su director, Jacinto Miquelarena, se ha escrito que «creó un estilo de crónica deportiva» caracterizado por su «fino humor». El carácter nacionalista del periódico apenas era perceptible entonces, hasta el punto de utilizar sin problemas la palabra España, que para los nacionalistas más ideologizados era y es un término tabú, sustituido muchas veces por eufemismos como el Estado. De hecho, ya en esta época Euzkadi sí que hablaba de «selección peninsular» o «campeonato peninsular», en alusión a la selección española de fútbol y al campeonato de España de ciclismo.

La prensa nacionalista prestó gran atención a los triunfos de los deportistas vascos, presentándolos como una cuestión nacional y racial, que demostraba la superioridad vasca frente a España. No era una novedad, pues ya en 1915 la revista Euzkadi destacaba que la imagen del capitán del Athletic con la copa de campeón significaba la victoria contra «la nefasta influencia extraña y ser deportivamente superior a la raza nuestra invasora». En los años veinte, las victorias del boxeador guipuzcoano Paulino Uzcudun serían la prueba de «la virilidad y fortaleza de los componentes de nuestra raza». Precisamente la carrera de Uzcudun estaba entonces en pleno auge, al proclamarse campeón de Europa y marchar a combatir a Estados Unidos. Más tarde llegaría su declive, tras fracasar en su asalto al campeonato del mundo de los pesos pesados. Por este título se enfrentó en Roma al italiano Primo Carnera, en octubre de 1933. El italiano había prometido a Mussolini —interesado en la utilización del deporte como medio de propaganda y que asistió en persona al combate— que derrotaría por K.O. a Uzcudun. Carnera solo pudo vencer a los puntos, lo que provocó que el público local aplaudiera al vasco por su coraje y silbara al italiano por su prepotencia. Uzcudun disputó su último combate en el Madison Square Garden de Nueva York en 1935 ante el afroamericano Joe Louis, que ha sido calificado como el mejor peso pesado de la historia. Esta vez, Uzcudun fue derrotado por K.O., al caer en el cuarto asalto. Fue el único K.O. que sufrió en toda su vida. Al estallar la Guerra Civil, Uzcudun colaboró con la propaganda de los sublevados, convirtiéndose en un símbolo franquista.

En 1924 Excelsior organizó la primera Vuelta Ciclista al País Vasco, que a lo largo de los años iba a contar entre sus vencedores con grandes corredores de todo el mundo, como Gino Bartali, Jacques Anquetil, Luis Ocaña, Stephen Roche o Alberto Contador. Excelsior seguía así la estela del diario deportivo francés L’Auto, organizador del Tour de Francia a principios de siglo, y de otros periódicos que ponían en marcha pruebas ciclistas para fomentar la afición y la tirada del diario organizador. En el caso vasco, Excelsior llegó a triplicar su difusión con ocasión de la primera edición de la Vuelta, aunque más adelante problemas económicos hicieron que no pudiera celebrarse durante algún tiempo. El propio Engracio Aranzadi alabó este evento deportivo, recalcando que el ciclismo «favorece la persistencia de esta obra de exploración y renacimiento, despertadora de vasquismo».

En la actualidad, poca gente sabe que la Vuelta al País Vasco, aunque fuera promovida por un diario nacionalista, nació durante la Dictadura de Primo de Rivera. Cuando en 1999 se planteó en el Ayuntamiento de Vitoria la posibilidad de que la capital alavesa acogiera un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, la portavoz municipal del PNV se manifestó en contra porque ello significaba volver a «épocas de muy triste recuerdo», en alusión al franquismo, presentado como contrapunto a la Vuelta al País Vasco. La portavoz jeltzale desconocía que la Vuelta Ciclista a España nació… en 1935, en plena Segunda República. Sin embargo, no todos los líderes nacionalistas han tenido esta inquina a lo español en el deporte. El alcalde bilbaíno del PNV Iñaki Azkuna promovió en 2011 la llegada de la Vuelta a España a Bilbao. Pese a que previamente hubo algunas críticas políticas, estas se acallaron al ver el éxito de la iniciativa, con una ingente cantidad de público en las calles de Bilbao y en el alto de Artxanda, que disfrutó además con la victoria del corredor de Euskaltel-Euskadi Igor Antón. El director del conjunto vasco, Gorka Gerrikagoitia, reconoció que probablemente Bilbao había contemplado «la victoria más bonita en la historia del Euskaltel Euskadi». El organizador de la Vuelta, por su parte, se mostró «emocionado y conmocionado por haber vivido un día inolvidable» y añadió que le gustaría traer «siempre» la Vuelta Ciclista a tierras vascas.

Volviendo a la Dictadura, los nacionalistas crearon en esos años bastantes clubes exclusivamente deportivos, presididos por dirigentes jeltzales y con nombres que daban pistas sobre quién estaba detrás de ellos, aunque ahora se dedicaran exclusivamente al deporte: Euzkotarra Club de Fútbol de Baracaldo; Lagun Artea de Pamplona o Gazteiz-zarra Sport de Vitoria. Pero los dos deportes que acapararon la atención jeltzale —tanto de la Comunión como de Aberri— fueron la pelota vasca y el montañismo. En el caso del primero, se destacaba que era un «deporte racial», vinculado a la identidad vasca. Los nacionalistas impulsaron en esta etapa la creación de una Federación Vasca de Pelota y organizaron diversos torneos. Por su parte, el montañismo tenía la ventaja de promover el conocimiento del país y de la toponimia vasca. Bastantes mendigoizales se incorporaron a la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, fundada en 1924, tras una campaña en la que el diario Euzkadi tuvo una participación primordial. Sin embargo, algunos aberrianos criticaron el calificativo de «Vasco-Navarra», elegido «imbécilmente» para dar nombre a la Federación, pues implicaba el «equívoco» de pensar que Navarra no formaba parte de Euskadi.

Como indica este último reproche, los aberrianos, pese a participar en actividades culturales y deportivas con los comunionistas, criticaban a veces la conducta pasiva de la Comunión. Pero, ¿cuál fue la actitud ante la Dictadura de la rama radical del nacionalismo? Para empezar, el PNV aberriano tuvo muchas más dificultades que la Comunión, al ser declarado ilegal por el decreto «contra el separatismo» del 18 de septiembre de 1923. Los aberrianos sufrieron la represión dictatorial, siendo clausurados sus centros, suspendidos sus periódicos y detenidos o exiliados algunos de sus dirigentes. Por el contrario, adoptó una postura de oposición frontal a la Dictadura, aunque solo consistió en actos aislados, a veces casi simbólicos.

Los primeros días, antes de la clausura de Aberri, este diario criticó en cuanto pudo el golpe de Estado, que habría sido llevado a cabo «para que en la estúpida guerra de Marruecos se derrame a torrentes la sangre y para que los pueblos nacionalistas no puedan reclamar sus derechos y para ahogar por la fuerza las reivindicaciones obreristas». Aberri negó que el golpe fuera «un acto de noble protesta contra esa prostituta que se llama política española», aunque unos días después, irónicamente, admitió algunos efectos positivos del cambio de régimen, cuando glosó algunas declaraciones del dictador, explicando que «los empleados de las oficinas públicas tendrán que trabajar, contra su costumbre». Unos días después, el 23 de septiembre, Aberri era clausurado por el gobernador. Tal y como había hecho ya Sabino Arana, sus promotores lo sustituyeron por otro de título aséptico, Diario Vasco, pero la estratagema solo sirvió para alargar la agonía del portavoz aberriano, que en noviembre de 1923 tuvo que cerrar definitivamente.

La desaparición del diario se enmarcó en la gran oleada de represión contra los aberrianos, que tuvo lugar a finales de octubre de 1923, como consecuencia del decreto antiseparatista. La Guardia Civil procedió de inmediato al cierre de todos los centros aberrianos, incluyendo Juventud Vasca de Bilbao. Aunque esta pudo mantener cierta actividad clandestina, más tarde el propio partido reconocía que la represión había supuesto «una desbandada general» entre sus filas. El alcance numérico de la represión contra los aberrianos no fue excesivamente elevado. Fuentes del propio partido hablaban en 1925 de «más de cincuenta vascos [que] por supuestos delitos de rebelión contra el Estado español, yacen en los presidios españoles» o en 1928 del «centenar de jóvenes vascos», que habían «sufrido persecución, destierro y prisión». Esta represión no era solo consecuencia del carácter independentista del PNV, sino también de la actitud conspirativa que mantuvieron los dirigentes aberrianos contra la Dictadura, frente a la acomodación de la Comunión.

La represión no fue indiscriminada, sino que se centró en los líderes y en los jóvenes conspiradores independentistas. El director de Aberri, Manuel Eguileor, fue multado, desterrado y encarcelado en varias ocasiones, y Francisco Gaztañaga, Telesforo Uribe-Echevarría y Manuel Robles Aránguiz tuvieron que marchar al exilio. Pero quien se llevó la palma fue Elías Gallastegui. En mayo de 1925, los más de cuatrocientos convidados a su despedida de soltero convirtieron el banquete en un acto de afirmación nacionalista, presidido por el padrino de boda, Luis Arana. Durante la comida se interpretaron canciones patrióticas, se leyeron telegramas de adhesión procedentes de otras nacionalidades y se pronunciaron discursos contra la Dictadura. El acto concluyó bruscamente, cuando la policía irrumpió pistola en mano en el local, realizando varias detenciones, aunque todos fueron puestos pronto en libertad.

Gallastegui huyó al País vasco francés, de donde regresó a principios de junio. No obstante, estaba obligado a presentarse ante la Guardia Civil, que vigilaba sus movimientos. En septiembre de 1925 volvió a ingresar en la cárcel, de donde salió enseguida para marchar de nuevo al exilio, ante el temor de que la acumulación de penas por ultrajes a la patria trajera consigo una condena de doce años de cárcel, tal y como solicitaba el fiscal. En San Juan de Luz, Gallastegui creó un Comité Pro-Independencia Vasca, que publicó en el exilio la revista Lenago Il («Primero morir»), subtitulada «Órgano oficial del Ejército de Voluntarios Vascos». El Comité Pro-Independencia Vasca recogía la retórica aberriana de consecución de la independencia por medio del sacrificio de los nacionalistas. En 1926 Gallastegui se trasladó a América e instaló su residencia en México, donde publicó la revista Patria Vasca (1928-1930).

Antes de la marcha a América de Gallastegui, este había mantenido contactos conspirativos con Francesc Macià, líder del grupo independentista catalán Estat Català, que se encontraba en Francia, donde había diseñado una estrategia frentista, continuación de la Triple Alianza, para derribar a la Dictadura. Los aberrianos designaron como delegado a Francisco Gaztañaga, que se entrevistó varias veces con Macià, aunque el hecho de que en la capital francesa tuviera que dormir en ocasiones debajo de uno de los puentes del Sena refleja bien a las claras la precariedad de medios de los conspiradores aberrianos. En febrero de 1924 Uribe-Echevarría propuso a Macià la formación de una Liga de Naciones Oprimidas, en las que se incluirían, además de las nacionalidades ibéricas, Irlanda, Egipto, India, Marruecos y Filipinas. Incluso Uribe-Echevarría había hablado con el dirigente del Partido Comunista Óscar Pérez Solís, quien había prometido tratar de lograr el apoyo de la Internacional Comunista, pero muchos aberrianos se mostraban reticentes ante la influencia comunista, abogando por un movimiento «exclusivamente nacional».

El proyecto de creación de esta Liga, que era completamente utópico, nunca llegó a concretarse. En su lugar, se creó un frente antidictatorial, plasmado en la firma en París del Pacto de la Libre Alianza, en enero de 1925. El pacto (firmado por el PNV, los anarquistas de la CNT y los independentistas catalanes) preveía la organización de una revuelta armada para derrocar a la Dictadura y proclamar la independencia de Cataluña y de Euskadi. En el marco de estas negociaciones, se intentó hacer intervenir a trescientos voluntarios vascos que, con el pretexto de una peregrinación a Lourdes, pasarían a Francia. Una vez obtenidas armas, debían embarcar en Burdeos en un barco que les llevaría a Bilbao, donde organizarían un levantamiento contra la Dictadura. En estos planes influía sin duda el ejemplo irlandés del levantamiento de Pascua de 1916, pero se trataba de una idea totalmente peregrina, que nunca se llevó a cabo. Ante este fracaso, Macià intentó un movimiento catalán en solitario, pero para el que solicitó a Gallastegui ayuda material, con armas y municiones de las fábricas de Eibar.

Estos movimientos —que en realidad no pasaron de conspiraciones de salón— estaban relacionados con el incremento de las relaciones exteriores del nacionalismo en los años veinte, centradas sobre todo en Cataluña, Irlanda y Filipinas. Se trataba así de internacionalizar el problema vasco, siguiendo la línea aberriana anterior a 1923. Así, en 1928 hubo un intento de que la delegación de Perú ante la Sociedad de Naciones presentase en Ginebra un memorándum sobre las reivindicaciones nacionalistas vascas, pero el Gobierno peruano hizo caso omiso de esta petición. Cuando en 1929 el ministro de Asuntos Exteriores alemán Gustav Stresemann visitó España para asistir a la reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, los aberrianos le hicieron llegar un memorándum a favor de la soberanía de Euskadi, pero estas peticiones tampoco tuvieron repercusión.

Mientras algunos aberrianos conspiraban en el exilio, otros ejercían cierta oposición interior contra la Dictadura. Por ejemplo, algunos fueron multados por usar una «chapa con un escudo bizkaitarra» o por lucir prendas con los colores de la ikurriña. Se trata de una forma tenue de oposición contra Primo de Rivera, que puede considerarse un antecedente de actos semejantes que se repetirían durante el franquismo. Y sobre todo fue sencillo reconvertir a los mendigoizales (jóvenes montañeros propagandistas) en grupos de amigos que iban al monte pero que, a diferencia de sus homónimos de Comunión, no solo se fortalecían físicamente, conocían la geografía vasca y cantaban canciones en euskera, sino que también propagaban sus ideas políticas. Esta acción consistía sobre todo en repartir panfletos y en colocar ikurriñas en los lugares más insospechados, adelantando también aquí una estrategia que se repetiría en el franquismo. Entre las acciones más espectaculares de estos mendigoizales cabe destacar los homenajes a la tumba de Sabino Arana en Pedernales, la colocación de una ikurriña en el impresionante Pico del Fraile, en Orduña, y el intento fracasado de trasladar el mojón que delimitaba el territorio vasco en la misma zona.

Vista la nula incidencia real de la oposición aberriana y el tiempo muerto comunionista, podría pensarse que la Dictadura fue una época perdida para el nacionalismo vasco. Sin embargo, esta percepción no corresponde del todo a la realidad. Por un lado, las entidades nacionalistas ya eran algo más que meros partidos políticos antes de 1923, por lo que en realidad a partir de esa fecha continuaron en buena medida con su labor nacionalizadora anterior. Por otro, al igual que sucedió, aunque las circunstancias fueran muy distintas, durante los últimos lustros del franquismo, la siembra de identidad y de cultura vasca entre 1923 y 1930 fue muy fructífera, pues hizo posible la expansión política jeltzale en la siguiente etapa, la de la democracia republicana de 1931-1936.

En efecto, la situación española dio un vuelco en enero de 1930, cuando —privado de sus apoyos iniciales, sobre todo dentro del Ejército— Primo de Rivera presentó la dimisión al Rey. Esta decisión dejaba a la Monarquía de Alfonso XIII en un callejón sin salida. Así pudo verse en el escaso tiempo que medió entre la dimisión del dictador y la caída de la Monarquía: una etapa que, para el nacionalismo vasco, significó un volver a comenzar.

CAPÍTULO 3

De la ilusión a la catástrofe (1930-1936)

A partir de 1930, el tempo histórico español se aceleró. A la dimisión de Primo de Rivera en enero de ese año siguió la caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República quince meses después. Una experiencia democrática que iba a durar algo más de cinco años, al ser cortada en seco por la sublevación militar que en julio de 1936 dio lugar a la más sangrienta guerra civil de la historia contemporánea de España. Para el nacionalismo vasco fueron años decisivos, que incluyeron momentos llenos de ilusión, pero que terminaron en catástrofe.

Otra vez juntos

Sin embargo, esta historia no estaba escrita de antemano. En 1930, los partidos políticos recuperaron su libertad de movimientos, pero mientras las derechas monárquicas se encontraban desconcertadas y paralizadas, las izquierdas mostraban un dinamismo espectacular. Buena parte de la sociedad exigía una democratización real, que implicaba un cambio de régimen. La Monarquía hacía aguas por todas partes.

El Pacto de San Sebastián —firmado en agosto de 1930 por los líderes republicanos y catalanistas, con la participación del dirigente socialista Indalecio Prieto— puso las bases para la futura proclamación de la República, incluyendo el compromiso de aprobación de un Estatuto de autonomía para Cataluña. Siguiendo la tónica habitual en el siglo XIX, el modo de hacer realidad el cambio de régimen fue un pronunciamiento militar, acompañado por una huelga general, que fracasó en Jaca y Cuatro Vientos en diciembre de 1930. Tras esta derrota, republicanos y socialistas tuvieron que esperar otra oportunidad. Inopinadamente, esta llegó en las elecciones municipales —y por tanto, en teoría, meramente administrativas— convocadas para el 12 el abril de 1931.

Puede resultar sorprendente que, pese a haberse firmado en San Sebastián, en el pacto de agosto de 1930 la cuestión vasca apenas se mencionara, frente a la centralidad del problema catalán. Sin embargo, no lo es tanto si tenemos en cuenta que el nacionalismo vasco estaba entonces centrado en volver a unir las dos ramas divididas en 1921. Además, ambas estaban muy alejadas del ideal republicano. Incluso Manuel Irujo, que más tarde sería el más republicano de los jeltzales, lo tenía muy claro en agosto de 1931 cuando declaró que ese «pacto fue en lo esencial no un compromiso de republicanos para la República, sino un compromiso de las izquierdas para instaurar un régimen laico, acatólico y ateo».

En teoría, la reunificación del nacionalismo era relativamente sencilla, pues las diferencias entre Comunión y Aberri se habían ido suturando en los años anteriores. Y, si la ruptura había sido un sarampión generacional, los jóvenes —siempre más radicales— escindidos en 1921 ya no eran tan jóvenes nueve años después. Por último, la unión era una necesidad apremiante: el nacionalismo debía aprestarse para la lucha política y estaba claro que si quería triunfar debía hacerlo unido.

Dentro del nacionalismo, la Comunión seguía siendo mayoritaria. La mayor parte de sus dirigentes pensaban que lo único importante era conseguir la reunificación, sin modificar la doctrina sabiniana, siempre que esta se pudiera aplicar de modo pragmático, como se había ido haciendo hasta 1923. Los aberrianos también querían la unión, aunque hacían hincapié en la necesidad de mantener a rajatabla «la pureza integral» del primer Sabino Arana. En abril de 1930 los dos grupos llegaron a un acuerdo en lo fundamental: recuperar el nombre de PNV, conservar la ideología aranista y volver a la organización interna previa a la salida del partido de Luis Arana.

Solo faltaba solventar algunos flecos, algunos de ellos aparentemente fútiles, pero muy importantes para los aberrianos: el uso del euskera sabiniano puro en las publicaciones nacionalistas; la organización interna (unitaria o confederal) de un posible Estado vasco; y el control ideológico de la prensa del partido. Finalmente, se llegó a una solución de compromiso en estas cuestiones y se procedió a la celebración de una asamblea conjunta en Vergara, el 16 de noviembre de 1930, que aprobó la reunificación del nacionalismo. El nuevo Partido Nacionalista Vasco reafirmó la ideología de Arana, reflejada en su lema JEL, y repitió buena parte de sus principios doctrinales de la etapa de la Restauración. Esta doctrina se haría compatible con una actuación pragmática, más cercana a la idea de la Comunión que a la de Aberri, al reconocer que el partido podría propugnar «soluciones concretas congruentes con la aspiración final del Nacionalismo», lo que abría la puerta hacia una vía autonómica. La prensa jeltzale acogió con entusiasmo la fusión de «las dos ramas del nacionalismo, para seguir, bajo un mismo lema y una misma bandera, la persecución del ideal común: Jaungoikua eta Lagi-zarra sigue agrupando a los patriotas».

Pero, ¿seguía el lema JEL agrupando a todos los nacionalistas? Lo cierto es que, mientras las autoridades de los dos grupos avanzaban en su estrategia de unión, a lo largo de 1930 había ido surgiendo dentro de la Comunión un sector nuevo que, enlazando con los planteamientos de Ulacia y de otros heterodoxos, quería aprovechar la coyuntura para romper amarras con el tradicionalismo sabiniano, acercándose a las fuerzas republicanas en alza. Su propuesta de «revisión de nuestros propios valores» encendió las alarmas de los sectores más tradicionales del nacionalismo. Luis Arana acusó a los reformistas de llevar al nacionalismo a «un estado de degeneración», diluyendo sus «bases inmutables». Un comunicado aberriano lo dejaba igual de claro: «El Partido Sabiniano no puede evolucionar». De forma menos drástica, comunionistas como Jesús María Leizaola hablaban también de «seguir el programa ya trazado por el nacionalismo, que es el programa de Sabino Arana».

Frente a esta mayoría oficial, que acabaría fusionándose en Vergara, los reformistas fueron concretando sus ideas. Uno de sus líderes, Luis Urrengoechea, explicó que había «sido un gran error hacer del Nacionalismo vasco un partido confesional»; otro, José Ignacio Arana, añadió: «Se acabó aquello del odio al maketo […]. Extraños al país hay que lo aman más que muchos vascos de raza». Cuando la asamblea de Vergara logró, preservando el núcleo duro de las ideas sabinianas, restañar las viejas heridas de 1921 e integrar en su seno a los aberrianos, abría a su vez la puerta a una escisión por la izquierda: en un partido sabiniano era imposible que tuvieran cabida los renovadores. Tenía razón el diario republicano La Voz de Guipúzcoa al señalar que la reunificación era una «defensa contra la irrupción de la savia liberal en el tronco nacionalista».

Por ello, frente al reconstituido PNV, los representantes de una izquierda moderada, republicana, liberal y aconfesional procedieron a crear, el 30 de noviembre de 1930, un nuevo partido político, que recibió el nombre de Acción Nacionalista Vasca (ANV). Sus dirigentes fueron en su mayoría antiguos comunionistas, miembros de la pequeña burguesía vizcaína, que habían liderado en los meses anteriores la fracasada renovación doctrinal: José Ignacio Arana, Anacleto Ortueta, José María Belausteguigoitia, Luis Urrengoechea, José Ramón Basterra, José Domingo Arana, etc. Quizá como una broma del destino, la proclama fundacional de ANV —el primer partido nacionalista vasco aconfesional, tras el fallido intento de Ulacia en 1911— ha pasado a la historia con el nombre de Manifiesto de San Andrés, en referencia a la festividad del 30 de noviembre, día en que Sabino Arana había fechado la supuesta batalla de Arrigorriaga.

Este manifiesto incluía la aceptación del liberalismo, un nacionalismo no sabiniano, la supresión del lema JEL y una política de alianzas pragmática, con partidos españoles autonomistas. Las ideas iniciales de ANV eran, por tanto, liberales moderadas, mucho más cerca del centro político que de la izquierda. A estos contenidos explícitos hay que añadir su aconfesionalidad, la defensa de la República, un unitarismo intravasco (frente al confederalismo del PNV), la apertura a los inmigrantes y el autonomismo y el derecho de autodeterminación gradual, no basado en la restauración foral.

Solo algunas voces aisladas dentro del nuevo partido propugnaban un radical giro a la izquierda. Entre ellos destacaba Santiago Meabe, un antiguo sabiniano a ultranza (a principios de siglo escribía con el seudónimo Geyme, acrónimo de «Gora Euzkadi y Muera España»), que en 1931 abogaba por una «República social vasca». Su apuesta por el socialismo marxista no tuvo seguidores y enseguida abandonó ANV, ingresando en el PSOE. Seguía así la estela de su hermano Tomás, fundador de las Juventudes Socialistas en 1903. El carácter moderado de ANV solo se transformó en junio de 1936, al asumir un programa social anticapitalista, claramente izquierdista, aun sin declararse marxista. Para entonces, muchos fundadores de ANV habían abandonado el partido, tras ser acusados por el sector mayoritario de ser una mera «Tertulia de liberales».

La implantación de ANV fue exigua y nunca pasó de ser un partido minoritario, ligado a las clases medias urbanas. Su apuesta heterodoxa, al acercar dos culturas políticas hasta ese momento muy alejadas entre sí —la izquierda y el nacionalismo vasco— no llegó a calar en una sociedad muy fracturada. La centralidad de la cuestión religiosa, en especial en el primer bienio, no dejó mucho espacio para posiciones matizadas, como las de ANV. Así se vio por ejemplo cuando en 1933 el Ayuntamiento izquierdista de Bilbao decidió derribar el monumento al Sagrado Corazón erigido al final de la Gran Vía en 1927, gracias a una suscripción popular, aunque en terreno municipal. En una encrespada sesión, socialistas y republicanos impusieron su criterio a los votos monárquicos, del PNV y de ANV. Aunque esta alegó motivos de forma, su portavoz aclaró que ellos no eran «ni anticlericales ni clerófobos», sino «tolerantes, liberales, siempre votaríamos porque se respete al Sagrado Corazón de Jesús». Esta batalla simbólica terminaría con una clara derrota para las izquierdas. Tras un proceso judicial, el Tribunal Supremo de la República impidió la demolición en enero de 1936. Esta decisión permite a los viandantes seguir hoy observando la estatua. La ven, eso sí, en su estado original: aunque en 1940, aprovechando una restauración, se añadió al monumento la inscripción «Reinaré en España», en letras de bronce debajo de la imagen, en 2005 el Ayuntamiento presidido por el jeltzale Iñaki Azkuna las retiró, con buen criterio, recuperando así el monumento su significado primigenio.

Aunque el mensaje templado de ANV no llegara a calar en la sociedad vasca de la época, su trascendencia política fue mayor, al ser el primer partido no aranista en la historia del nacionalismo vasco y al adelantar la estrategia política que el PNV adoptaría en la etapa final de la República. De este modo, el nacionalismo vasco cerró en noviembre de 1930 un cisma que había durado casi diez años para abrir otro que, nominalmente, iba a durar hasta que en 2008 el Tribunal Supremo decretó la ilegalización de ANV, al considerar probada su vinculación con ETA. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ponía fin a un partido que —salvo el nombre— en realidad ya no tenía nada que ver con la ANV de los años treinta. Acción Nacionalista, pese a ser muy débil, se mantuvo a lo largo del exilio. En la Transición se dividió en dos y quienes detentaban las siglas terminaron integrando a ANV en Herri Batasuna. El histórico partido quedó en stand by hasta que Batasuna, entonces ilegalizada, recuperó sus siglas para presentarse a las elecciones. Pero la ANV de la etapa republicana hacía tiempo que había pasado a la historia.

En cualquier caso, tanto el PNV reunificado como ANV tuvieron que aprestarse para la lucha, tras conocerse la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Todo el mundo era consciente de que eran unos comicios decisivos, plebiscitarios entre Monarquía y República. Ante la disyuntiva de situarse —en palabras de Prieto— «con el rey o contra el rey», ANV no tuvo ninguna duda y entró a formar parte de las candidaturas republicano-socialistas. Por el contrario, el PNV lo tenía mucho más difícil: aun siendo muy crítico con la Monarquía, que había acabado con los Fueros, temía a una República identificada con el anticlericalismo, el desorden y la revolución. Ello le hizo situarse en un espléndido aislamiento, que Leizaola definió con un pareado: «Que pase lo que pase del Ebro para allá, aquí Jaungoikoa eta Lagi-Zarra».

Una republiquita o un pueblo de leones

Pese a esas proclamas, pronto los dirigentes jeltzales se iban a dar cuenta de que ese aislamiento, por muy espléndido que fuera, era imposible. Teniendo en cuenta que iba en solitario, el PNV no obtuvo malos resultados en estas elecciones en la zona rural de Vizcaya y Guipúzcoa. Además, a los concejales elegidos como tales el 12 de abril hay que sumar a un buen número de ediles derechistas que, tras la proclamación de la República, se afiliaron al partido buscando un refugio en la tormenta que estaba cayendo sobre España. Por el contrario, el PNV no solo fracasó en Álava y Navarra sino también en las cuatro capitales, cuyos gobiernos locales pasaron a estar controlados por la izquierda a partir de 1931.

A ello hay que añadir el control de las Diputaciones. La República nunca convocó elecciones provinciales y estos organismos fueron regidos por Comisiones Gestoras nombradas por el gobernador, y por tanto integradas por personas afines a los partidos que sostenían el Gobierno en cada momento. Esta falta de democratización (especialmente grave en el caso vasco, dadas las atribuciones especiales de las Diputaciones por el Concierto económico) fue muy criticada por el PNV, que consideraba, en parte con razón, que la República no se atrevía a convocar elecciones provinciales por temor a que en Vasconia cayeran en manos de jeltzales y católicos opuestos a la República. La crítica a las Gestoras por parte del PNV sería una constante entre 1931 y 1936.

De momento, la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 obligó al PNV a actuar con rapidez. Una vez conocido que Alfonso XIII había abandonado España y que en todas partes —comenzando por la localidad guipuzcoana de Eibar, que se adelantó en unas horas a Madrid— se izaba la bandera tricolor republicana, no había más remedio que aceptar la situación y tratar de aprovecharla. Y es que, por un lado, la proclamación de la Segunda República era una oportunidad para lograr por fin el ansiado Estatuto de autonomía; por otro, existía el temor a que el cambio de régimen derivase en un estallido revolucionario que subvirtiera el orden y atentara contra la Iglesia.

Empero, este recelo inicial no paralizó a los jeltzales. Al enterarse de que el líder de la Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Macià, había proclamado «la República catalana dentro de una confederación ibérica», el PNV convocó una reunión de ayuntamientos vizcaínos en Guernica para el 17 de abril. Aunque esta asamblea no pudo celebrarse, al prohibirla el gobernador civil, los ediles jeltzales anunciaron la instauración de «un Gobierno republicano vasco vinculado a la República Federal española» y pidieron el respeto a «la religión de la mayoría de los vascos». Aquí se anticipaba la estrategia del PNV en los meses siguientes, pero la idea de imitar a Cataluña (que, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno republicano, había puesto en marcha el proceso que culminaría en 1932 con la aprobación del Estatuto catalán) era utópica. El catalanismo de izquierdas había participado en el Pacto de San Sebastián y el factor religioso diferenciaba claramente al nacionalismo vasco del catalán, en el que la Esquerra había sustituido a la Lliga como partido mayoritario.

Pese a todo, a partir de ese momento se desarrolló en el País Vasco una intensa campaña autonomista de base municipal, liderada por el PNV y particularmente por el alcalde de Guecho, José Antonio Aguirre. El denominado Movimiento de alcaldes, apoyado por los carlistas, las derechas católicas y los jeltzales, pretendía la reintegración foral o la aprobación de un Estatuto de autonomía. Pero a la vez se buscaba crear un dique frente a una República cuyo Gobierno provisional, pese a estar presidido por el católico Niceto Alcalá-Zamora, pronto comenzó a gobernar en un sentido laicista, que los jeltzales no estaban dispuestos a aceptar. Este fue el origen del Estatuto de Estella, llamado así al ser aprobado en esta localidad navarra el 14 de junio de 1931.

Por su parte, en la izquierda aparecían voces dispuestas a conceder el Estatuto al País Vasco, mientras este siguiera la senda que ya estaba recorriendo Cataluña, es decir, un Estatuto laico, que sirviera para «republicanizar» a Euskadi y no para convertirlo en lo que Prieto calificó, con una expresión que haría historia, como un «Gibraltar vaticanista» o una «seudorrepubliquita católica dirigida por los jesuitas». Otro dirigente socialista, Juan de los Toyos, habló de un intento de «República vasca dirigida por el Obispo de Vitoria». El propio Mateo Múgica aseguró que ese cargo era «completamente falso», aunque él estuviera encantado con que por fin fuera realidad en la diócesis la «unión de los católicos». En realidad, los católicos vascos no necesitaban una indicación expresa de la jerarquía para tratar de crear una muralla frente al «vendaval» que se acercaba. Este afectó al propio obispo Múgica, que a finales de mayo fue expulsado de España, tras haber sido acusado por el Gobierno de intervenir en política, «con peligro para la paz pública». Toda la opinión católica, incluida la nacionalista, protestó contra esta medida. Algunos ayuntamientos derechistas navarros lo tenían claro: querían el Estatuto para «impedir que hordas salvajes» arrancaran la religión de Vasconia.

De este modo, en la primavera de 1931 se formaron dos bloques irreconciliables. El PNV lideró un gran núcleo católico vasco-navarro, favorable al Estatuto de Estella. Este proyecto partía de un texto anterior, elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza), una asociación cultural vasquista en la que convivían personas de ideologías variadas. El Estatuto de Eusko Ikaskuntza partía de la base errónea de que la República sería federal y concedía amplísimas facultades al «Estado Vasco». Se trataba además de un texto con un alto componente foral, al dar gran fuerza a las instituciones de cada provincia, en detrimento de las comunes. Enlazaba así con la tradición foralista del PNV, pero a la vez el señuelo foral servía para atraer a amplios sectores carlistas, que recelaban de una novedosa autonomía vasca de carácter estatal, pero añoraban la restauración de los Fueros, que identificaban con la sociedad tradicional.

En realidad, el proyecto de Eusko Ikaskuntza como tal apenas duró una semana, al ser enmendado por el PNV y la Comunión Tradicionalista (nombre adoptado por el carlismo en estos años). Ambos introdujeron en él unos pocos artículos, que lo hacían completamente inaceptable para las izquierdas. Surgió así el Estatuto de Estella, un proyecto a medida de los grupos confesionales, que incrementó aún más el carácter foral del texto anterior, haciéndolo confederal y favoreciendo a Navarra. Asimismo, limitó los derechos políticos de los inmigrantes procedentes de otras partes de España, que debían contar con diez años de residencia para poder ejercer el derecho al voto. Además, en su exposición de motivos se afirmaba que su aprobación no suponía la «renuncia a la reintegración foral plena», que se lograría —siguiendo la interpretación del PNV—, a través de la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839.

Pero sobre todo el Estatuto de Estella propugnaba que las relaciones con la Iglesia fueran facultad exclusiva del Estado Vasco, indicando expresamente que este negociaría «un concordato con la Santa Sede». Esta cláusula suponía una bofetada a las izquierdas, que la interpretaron como la demostración de que se pretendía aislar a Euskadi de la España republicana, para iniciar desde allí una nueva Reconquista. Sus promotores, por el contrario, recordaban el caso de Baviera, que en 1924 había firmado un concordato con la Santa Sede, a pesar de no ser un Estado soberano. De hecho, este concordato sigue hoy vigente, tras haberse modificado en 1968 y 1988. Es más, todavía en 1996 el Vaticano firmó un acuerdo con el Estado de Sajonia, uno de los que componen la República Federal de Alemania. Sin embargo, el ejemplo bávaro no convenció a unas izquierdas que no estaban dispuestas a tolerar que «Vasconia sea un cantón dentro [del] que se encierren todos los frailes y monjas que vamos a echar del resto de España».

Este Estatuto fue aprobado en la «memorable Asamblea» celebrada en Estella el 14 de junio de 1931. De un total de 549 municipios vasco-navarros, 485 ratificaron el proyecto con gran entusiasmo. Aparentemente, se trataba de un triunfo claro del Movimiento de alcaldes pero los municipios más poblados, controlados por la izquierda, estaban ausentes. Además, como escribió el monárquico José María de Areilza, no todos los que apoyaron el Estatuto buscaban lo mismo: «Los unos trataban de encontrar aliados para acabar con la República; los otros, de poner un valladar a la marea antirreligiosa; los de más allá, de sumar adictos al propósito de la autonomía». El conde de Rodezno, líder carlista y futuro ministro de Justicia con Franco, reflejó la misma idea con una metáfora: «cuando se va por el mar todo el mundo navega a gusto en barco hermoso, pero cuando el barco hace agua, todo el mundo toma también a gusto el bote salvavidas». Para los carlistas, el barco que se hundía era la España tradicional; Euskadi era solo un bote, que abandonarían en cuanto no lo necesitaran para navegar.

El hecho de que el carlismo estuviera a partir un piñón con el PNV en la defensa del Estatuto de Estella favoreció la integración de Navarra, donde este sector tenía mucha fuerza. También el carácter foralista del proyecto apuntaba en esta dirección, pues en Navarra buena parte de la opinión había sido siempre reticente a integrarse en una Euskadi unificada, en la que su identidad pudiera quedar devaluada. Pero en 1931, a diferencia de lo que sucedería más tarde, el carácter vasco de Navarra no fue un tema central en el debate estatutario. Quienes se opusieron al Estatuto en el Viejo Reino fueron las izquierdas y lo hicieron fundamentalmente por los mismos motivos que sus correligionarios de las otras tres provincias.

La vorágine autonomista de 1931 llevó a situaciones que vistas desde hoy parecen casi rocambolescas: por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de Logroño planteó la incorporación de La Rioja a la autonomía vasca, debido a «razones económicas», pero también recordando los lazos riojanos con «la Vasconia de la España tarraconense». De esperpéntico se puede calificar el intento de la izquierda de aprobar en el verano de 1931 un Estatuto para la comarca vizcaína de las Encartaciones, próxima a Cantabria y culturalmente castellanizada. Según este proyecto, las Encartaciones eran una «porción de la venerable Cantabria Oriental», que se constituía como «una comarca autónoma dentro del Estado republicano». Contradictoriamente con algunas de las ideas de la izquierda, las bases estatutarias tenían un sentido foralista e incluso se hablaba de una «identidad de principios […] étnicos».

En realidad, el Estatuto de las Encartaciones era una maniobra de despiste para torpedear el proyecto de Estella por parte de la izquierda, mayoritaria en esta zona. Para diferenciarlo del apoyado por carlistas y jeltzales, sus promotores llamaron al texto de las Encartaciones «el Estatuto de la Libertad». Pero lo cierto es que detrás de él no había ni una realidad identitaria ni una voluntad política de hacer realidad esa libertad. Solo se trataba de meter palos en la rueda de quienes pensaban que tenía «más importancia Roma que Vasconia». Por ello, el movimiento desapareció sin dejar rastro en septiembre de 1931, cuando se vio que el Estatuto de Estella había fracasado.

Pese a su carácter tradicional y católico, el Estatuto de Estella ha sido mitificado posteriormente, aunque para ello haya habido que cambiar su significado. Es cierto que el hecho de que englobara a Navarra y su alto nivel competencial permitían convertir a este Estatuto en símbolo de la unidad de Euskal Herria. Pero para ello había que olvidar no solo el carácter escasamente democrático de algunos de sus artículos sino también que había sido apoyado por los carlistas. No es casual que el pacto entre los diversos partidos nacionalistas, previo a la tregua de ETA en 1998, se firmara en Estella (Lizarra), convertida ya en un auténtico lugar de memoria del nacionalismo vasco. El diario Deia, próximo al PNV, escribió que así se había «vuelto a revivir aquella otra Asamblea de municipios de 14 de junio de 1931 en Lizarra, en la que se aprobó el primer proyecto de Estatuto».

Más extraño aún resulta que el proyecto de Estella haya sido también mitificado por la izquierda nacionalista radical: al mismo tiempo que esta se empeñaba en suprimir del callejero de Pamplona el nombre de Conde de Rodezno, otorgado a una céntrica plaza de la capital navarra durante el franquismo, conmemoraba un Estatuto que había sido aprobado gracias al apoyo de este y de otros dirigentes carlistas navarros. Así, en junio de 2006 se organizó una reunión de ediles de la izquierda abertzale en Estella para «celebrar el Estatuto aprobado en la ciudad del Ega hace 75 años». Dado que Batasuna estaba ilegalizada en esos momentos, la Guardia Civil impidió la celebración del acto. Uno de sus dirigentes denunció esta prohibición y señaló que, pese a que «de 1931 a 2006 han pasado 75 años», la voluntad soberanista de los concejales no había decaído.

El paso del tiempo, sin embargo, le haría ver pronto al PNV que su alianza con el carlismo para conseguir la autonomía era un error de cálculo, puesto que este era entonces, junto con el anarcosindicalismo de la CNT, uno de los principales enemigos de la República. De hecho, todos los municipios que apoyaron el Estatuto de Estella pertenecían al bloque católico. La izquierda en bloque —incluyendo a ANV— se opuso de raíz y los municipios que apoyaron el Estatuto de Estella suponían apenas el 50 % del total de la población vasco-navarra. Sin embargo, tampoco la izquierda puso mucho empeño en acercar posturas. Aunque Prieto declaró que «el Estatuto vasco tiene que ser una obra de concordia», muchos de sus dirigentes se negaban a cualquier concesión a una Euskadi «cavernícola». Y así era difícil que el católico PNV, en un momento en que la cuestión religiosa estaba en un primer plano, pudiera acercarse al bloque gobernante.

Además, dado que el proyecto debía ser aprobado por las Cortes republicanas, su historia fue la crónica de un fracaso anunciado. Siguiendo la hoja de ruta marcada por el Movimiento de alcaldes, el siguiente paso era plebiscitar el Estatuto en las ya próximas elecciones a Cortes constituyentes. En el conjunto de España, estas elecciones se caracterizaron por la falta de competitividad y el triunfo republicano-socialista fue abrumador: de un total de 470 diputados, los derechistas no llegaban a cincuenta. Por el contrario —salvo en Álava, donde el PNV y los carlistas no llegaron a un acuerdo—, en Vasconia hubo una lucha enconada entre dos bloques: el defensor del Estatuto de Estella, integrado por jeltzales, carlistas y católicos independientes, y la coalición republicano-socialista. Tras una dura campaña, el resultado mostró un país partido en dos: la coalición católica ganó las elecciones, con un 56 % de los votos y quince diputados en las cuatro provincias, frente a los nueve obtenidos por la izquierda. Para esta, el resultado en Vasconia era una anomalía a suprimir. Incluso Prieto, el líder del sector moderado del PSOE, declaró, con el tono beligerante propio de la oratoria de la época, que no quedaba «más foco reaccionario a abatir que el del país vasco-navarro».

Ese tono belicoso vibraba aún más fuerte entre los defensores del Estatuto de Estella. El acto de despedida a sus diputados en Guernica, poco antes de la apertura de las Cortes, reflejó la exaltación del momento. Aguirre afirmó que estaban «dispuestos a morir por Dios y por la libertad de Euzkadi». Uno de sus compañeros de minoría era el canónigo Antonio Pildain, futuro obispo de Canarias, donde pese a su carácter integrista se haría famoso por sus enfrentamientos con Franco por la política social del régimen, a la vez que fustigaba a Unamuno o Pérez Galdós. En Guernica expresó su objetivo sin ambages: «Vamos a reivindicar nuestra libertad religiosa porque no estamos dispuestos a entregar nuestro culto en manos de esas hordas que incendian bárbaramente, más que africanamente, porque en esta ocasión, el África empieza en Madrid». Desde las páginas de Euzkadi, el ideólogo jeltzale Engracio Aranzadi comparaba la situación con las Guerras Carlistas y con otros alzamientos europeos: «Los irlandeses ante los ejércitos de Cromwell, los bretones ante los revolucionarios franceses y los vascos ante las tropas liberales de España recuerdan a los desmemoriados esa gran verdad: la de que un pueblo creyente, ultrajado en su fe, es un pueblo de leones».

En unas Cortes casi monocolores, cabe imaginar el cariño con que se esperaba a la denominada minoría vasco-navarra, en la que se integraron seis diputados del PNV, cinco carlistas y cuatro católicos independientes. Sin embargo, para las izquierdas no había distinción entre jeltzales y carlistas: todos eran «vasco-romanos» o «trogloditas». Según Prieto, la minoría no era más que «una rebañadura de enemigos de la República», incluyendo a «nacionalistas y jesuitas». Su misión en las Cortes era defender a la Iglesia y proponer la aprobación del Estatuto de Estella, pero enseguida se dieron cuenta de que la suya era una misión imposible. En septiembre de 1931, los ayuntamientos entregaron en las Cortes el proyecto autonómico. Poco después, y sin llegar a discutirse, el Estatuto de Estella decaía definitivamente, al aprobarse un artículo de la Constitución, por el que las relaciones con «las Iglesias» serían competencia exclusiva del Estado central y no de las entidades autónomas previstas en el texto constitucional.

En realidad, los iniciadores del Estatuto de Estella debían haber previsto su fracaso, pues era imposible que unas Cortes como las surgidas de las elecciones de junio aceptaran un Estatuto que solo representaba a los sectores católicos. De ahí que el apoyo del PNV al proyecto de Estella y su alianza con la extrema derecha española en esos momentos fuera un error de estrategia política. De todas formas, es difícil saber qué otra opción real tenían los jelkides, todavía imbuidos de una mentalidad tradicionalista, en un momento en que la política religiosa de la República —que a la larga se descubrió errónea, tal y como reconocieron a posteriori muchos de sus promotores— parecía empujar a los católicos a quedarse fuera del sistema político que se estaba gestando.

Tras el fracaso del Estatuto de Estella, de momento la cuestión religiosa pasó a un primer plano, desplazando a la autonómica, aunque ambas estuvieran unidas. La tensión político-religiosa llegó a su culmen en la tumultuosa sesión parlamentaria del 13 al 14 de octubre de 1931. Los diputados católicos, incluidos los del PNV, se retiraron de las Cortes como protesta por las medidas anticlericales de la Constitución, que incluían la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. Pildain llegó a propugnar «el derecho a resistir a mano armada al que venga a imponerme una decisión injusta». El jeltzale Leizaola fue el protagonista inopinado de esa sesión, al ser agredido con «un puñetazo en la nuca» por un diputado republicano, mientras la Cámara se dividía entre gritos de «¡Viva la República!» y «¡Viva la libertad!». Los diputados del PNV no se habían reincorporado a las Cortes cuando el 9 de diciembre se aprobó definitivamente la Constitución republicana.

La situación era tan tensa que ha llegado a hablarse de un «clima de guerra civil» en el País Vasco, con enfrentamientos violentos entre partidos. Ya el 2 de agosto, tras haber sido tiroteado el batzoki vizcaíno de Matico, un joven nacionalista —víctima, según Euzkadi, del «pistolerismo semioficial»— era asesinado cerca de su domicilio. El 20 del mismo mes, el Gobierno clausuró un buen número de periódicos derechistas vascos, incluyendo a los del PNV, acusados de incitar a la violencia, lo que en algunos casos correspondía con la realidad. Euzkadi no se arredró y al reaparecer en septiembre de 1931 comparó el nivel de libertad de expresión de la República con la etapa de Primo de Rivera: en casi siete años de dictadura, el diario solo había dejado de salir cinco días; en cinco meses de República, había estado suspendido casi cinco semanas.

En septiembre, enfrentamientos entre nacionalistas y republicanos en Bilbao —en los que resultó muerto uno de estos últimos— llevaron a la clausura de Juventud Vasca y al encarcelamiento de varios de sus miembros, incluyendo a su presidente, el antiguo aberriano Elías Gallastegui. Como protesta, estos llevaron a cabo una huelga de hambre en la prisión de Larrínaga, la misma en la que había estado preso Sabino Arana. Los huelguistas afirmaban ser «compañeros en desgracia de los nobles y heroicos irlandeses», pues seguían el ejemplo de Terence MacSwiney, el alcalde de Cork, un miembro del Sinn Féin que había muerto en 1920 tras 74 días en huelga de hambre. Los presos decían aceptar que su vida fuera «apagándose poco a poco, lentamente, gozosos de poder rendirla a la Patria esclava para su liberación», pero su estancia en la cárcel duró apenas una semana. La tensión llegó a tal punto que varios conspiradores monárquicos —entre ellos el general vitoriano Luis Orgaz— contactaron con Aguirre para pedirle la participación del PNV en un levantamiento contra la República, ofreciendo a cambio «la reposición de los Fueros».

Centrados en la victoria

Aguirre no solo se negó a secundar el pronunciamiento sino que poco a poco fue dirigiendo a su partido por una senda diferente. Tras la aprobación de la Constitución, debía elegirse al primer presidente de la República, cargo para el que hubo un solo candidato: el republicano católico Alcalá-Zamora, que en septiembre había presentado su dimisión como jefe del Gobierno provisional, como protesta por la aprobación de los artículos de la Carta Magna relativos a la cuestión religiosa. Aguirre había declarado que la Constitución estaba «muerta desde el momento en que, por los artículos aprobados, es como una ley de excepción». Pero una vez aprobada aquella llegaba el momento de tomar decisiones concretas y el PNV se inclinó por la moderación. En diciembre sus diputados se reincorporaron a las Cortes y votaron a favor de Alcalá-Zamora como presidente de la República, mientras parte de sus compañeros de minoría se abstenían. Por si fuera poco, los parlamentarios jeltzales declararon que su voto implicaba «la aceptación del régimen republicano», aunque no de la Constitución.

El siguiente paso fue aceptar el mejor Estatuto posible dentro del marco constitucional, que preveía la creación de «Regiones autónomas». Es cierto que, en comparación con el proyecto de Estella, cualquier autonomía procedente de la Constitución iba a ser vista por muchos como una cesión, pero la idea del PNV era «trabajar por el Estatuto Vasco, acomodándolo a todas las posibilidades de la Constitución». Frente a esta actitud pragmática, bastantes carlistas pensaban que nada bueno podía salir de una Constitución anticatólica, por lo que se disponían a oponerse a un Estatuto contaminado de republicanismo.

En diciembre de 1931, el Gobierno publicó, a instancias de Indalecio Prieto, un decreto que concretaba los pasos para la aprobación del Estatuto vasco. Esto demostraba que las izquierdas no se oponían a la idea de autonomía, pero también de que buscaban que esta no escapara de su control. Así, el decreto preveía que fueran las Comisiones Gestoras de las Diputaciones, nombradas por el Gobierno, las que dirigieran el proceso autonómico, que tendría que superar diversos hitos: asambleas de ayuntamientos de cada provincia para decidir si querían un Estatuto provincial o una autonomía única para las cuatro; redacción del proyecto por una comisión controlada por las Gestoras; asamblea conjunta de ayuntamientos; referéndum y aprobación por las Cortes.

Era un proceso complejo, que para superar el altísimo porcentaje de votos favorables en el referéndum que la Constitución exigía para la promulgación de un Estatuto (dos tercios del censo electoral) debía contar con el consenso de las grandes fuerzas políticas vascas, además de con una mayoría favorable en las Cortes. Mientras el carlismo se mantuvo a la expectativa, el PNV decidió aceptar el decreto y colaborar con las Gestoras. Comenzaba así una nueva fase en la política del PNV durante la República, que alejaría a los jeltzales de la derecha antirrepublicana y les acercaría hacia el centro del sistema político vasco. Tal y como había hecho en 1917, era el momento de pisar tierra firme y olvidarse de radicalismos utópicos. En un primer momento esta estrategia pareció dar frutos: el 31 de enero de 1932 las asambleas municipales de las cuatro provincias aprobaban, con ciertas reticencias en Navarra y unánimemente en el resto, ir a un proyecto de Estatuto único vasco-navarro. A finales de abril, el nuevo proyecto, en cuya composición había participado también el PNV, estaba ya redactado. La asamblea conjunta de ayuntamientos se convocó para el 19 de junio en Pamplona.

Era una oportunidad de oro para aprobar un Estatuto constitucional que incluyera a las cuatro provincias, confirmando, quizás para siempre, el carácter vasco de Navarra. Para asegurar este objetivo, el «Estado Vasco» de 1931 se transformó en «País Vasco-navarro», nombre que sin duda chirriaba en los oídos de los nacionalistas. Pero ni aun así las cosas iban a ser sencillas. Los partidos de izquierdas de las tres provincias apoyaron el nuevo proyecto de Estatuto, aunque en general sin excesivo entusiasmo, y la Comunión Tradicionalista dejó en libertad de voto a sus afiliados.

La situación era especialmente complicada en Navarra, donde la oposición al Estatuto provenía tanto de la derecha como de la izquierda. El jeltzale navarro Irujo conocía muy bien su tierra y se temía lo peor. En su opinión, los párrocos carlistas estaban «haciendo el pollino de un modo despiadado», al acusar al PNV de apoyar un Estatuto «sin Dios». Una semana antes de la asamblea vaticinaba que Navarra era «la parte más difícil, siendo su Ribera nuestro Ulster». Esta comparación con el norte de Irlanda, una zona mayoritariamente protestante y por tanto opuesta al nacionalismo católico irlandés, se usaba ya entonces para referirse a Navarra en su conjunto; la Ribera del Ebro, de habla castellana y de mayoría izquierdista, era todavía más impermeable al nacionalismo. Para los socialistas de esta zona, lo vasco era «una entelequia». Pero incluso republicanos vascohablantes, como el alcalde de Santesteban, Emilio Azarola, pensaban que Navarra no debía integrarse en ese ente artificial llamado Euskadi.

En la derecha navarra, el sentimiento antinacionalista vasco, proclamado a los cuatro vientos por el influyente Diario de Navarra, iba unido también a un fuerte navarrismo. A la acusación de ser un Estatuto no solo laico sino incluso «ateo» se unió la crítica a su estructura «estatal», reflejada en el lema «Fueros sí, Estatuto no». Así, en Navarra fue donde más se notó que buena parte de la derecha había apoyado el Estatuto de Estella solo por la cuestión religiosa. Deslindada esta de la autonómica, el Estatuto dejó de tener interés para ellos. Desde San Sebastián, el diario integrista La Constancia recalcaba esta idea, al ofrecer un premio de 5.000 pesetas a quien encontrara en el «engendro» autonómico «el Santo nombre de Dios». Ante estas acusaciones, el Obispado de Vitoria publicó una nota aclarando que quienes votaran el Estatuto no cometían «pecado alguno, a pesar de que den por ello supuesto el hecho de la existencia de la actual Constitución española». Era un balón de oxígeno para el Estatuto en la diócesis de Vitoria, pero el obispo de Pamplona se negó a publicar una nota similar.

Llegado el día de la asamblea, en el histórico Teatro Gayarre de Pamplona, los augurios negativos de Irujo se cumplieron al pie de la letra. Los representantes municipales de Vizcaya y Guipúzcoa apoyaron por unanimidad el proyecto, con independencia de sus ideas políticas, mientras algunos representantes alaveses mostraban reticencias. Por el contrario, en Navarra 109 ayuntamientos votaron a favor y 123 en contra, incluyendo los dos principales municipios: Pamplona y Tudela. En el desarrollo de la asamblea fue clave el papel del republicano Azarola, que con sus intervenciones generó un gran desconcierto. Además, algunos representantes municipales votaron en contra del Estatuto, desoyendo el mandato de sus respectivas corporaciones. Hubo quien, como el representante del municipio alavés de Bergüenda, anunció el golpe de Estado monárquico del general Sanjurjo de agosto de 1932 como motivo para cambiar su voto: «En efecto, acordamos votar a favor, pero como Alfonso Carlos [el pretendiente carlista] va a venir por agosto y nos concederá la reintegración foral, ninguna falta hace ya el Estatuto». Sin embargo, lo cierto es que, en el caso de Navarra, incluso contando los votos tránsfugas no se hubiera conseguido la mayoría necesaria para integrar al Viejo Reino en el Estatuto Vasco-navarro.

Aguirre se refirió al resultado de la asamblea como una «catástrofe», producto de una «gran traición», de la que serían responsables los líderes carlistas. Es cierto que sus propios compañeros de minoría —incluso los tradicionalistas partidarios del Estatuto— no acudieron a la asamblea, como tampoco lo hicieron los socialistas. Sin embargo, el resultado procedía de sectores muy diversos, todos ellos teñidos de navarrismo. En palabras de Irujo, salvo algunas personalidades, en el Viejo Reino «carlistas, socialistas y republicanos han votado contra el Estatuto». Se iba perfilando así la situación posterior a la Transición, cuando —tras ciertas vacilaciones por parte del PSOE— solo los nacionalistas vascos terminaron defendiendo la integración de Navarra en Euskadi. Desde 1991, Unión del Pueblo Navarro, representante del navarrismo conservador y antivasco, ha sido el partido mayoritario en el Parlamento Foral.

El resultado trajo consigo consecuencias importantes para el PNV. Por un lado, este no se podía quitar de la cabeza la idea de que los carlistas, sus aliados en la defensa del Estatuto de Estella, les habían traicionado. Por tanto, la etapa de la alianza católica vasco-navarra, iniciada en la primavera de 1931, llegó a su fin: en agosto de 1932 se disolvió la minoría vasco-navarra en las Cortes y el PNV se dispuso a hacer camino en solitario. Por otro lado, el fracaso del Estatuto Vasco-navarro obligaba a comenzar de nuevo el proceso autonómico. Había dos opciones: parar la tramitación e intentar que Navarra cambiara de postura y se reincorporara al proceso; o seguir con un Estatuto vasco solo para las tres provincias.

Los nacionalistas, y en especial los navarros, lo tenían claro. Irujo, con su franqueza habitual, advirtió al EBB de que, si se optaba por seguir con un proyecto sin Navarra, el «Estatuto vascongado […] garantizará la separación perpetua de Euzkadi, en Vascongados y Navarros; o lo que sería aún peor, en vascos y navarros». Pero, en la duda, el PNV optó una vez más por el pragmatismo. Siendo consciente de que, tras el resultado de la asamblea, esperar a que Navarra cambiara de opinión era una utopía, el EBB decidió aceptar un Estatuto limitado a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, «siempre que en su articulado se consigne expresamente el derecho de Nabarra a incorporarse al resto del territorio vasco».

Por si fuera poco, la separación de Navarra del Estatuto despertó los recelos de la derecha en Álava. Esta provincia siempre había estado en tierra de nadie, entre Vizcaya y Guipúzcoa, por un lado, y Navarra, por otro. Aunque en el caso alavés nadie dudaba de su identidad vasca, la persistencia de un sentimiento alavesista, la menor presencia del euskera, su carácter predominantemente agrario y carlista y el escaso peso del nacionalismo la acercaban a Navarra. Una semana después de la asamblea de Pamplona, José Luis Oriol, el líder omnímodo del tradicionalismo alavés, anunció que, «sin la ayuda de Navarra, el Estatuto fracasado en Pamplona, sería perjudicial para Álava». Según él, el equilibrio anterior entre las dos provincias industriales y las dos agrícolas del interior se había roto, por lo que Álava quedaba «indefensa» frente al poderío demográfico y económico de Guipúzcoa y, sobre todo, de Vizcaya. El fantasma de una Álava oprimida por una Vizcaya nacionalista y euskaldun se hacía presente.

Con sus matices y en una coyuntura muy distinta, este discurso victimista alavés —y vitoriano— era un antecedente del que Unidad Alavesa esgrimiría sesenta años más tarde, siguiendo también el ejemplo de Unión del Pueblo Navarro. Antes de desaparecer en 2005, Unidad Alavesa (surgida de una escisión del Partido Popular en 1990) llegó a ser el segundo partido más votado de Álava, gracias a un mensaje antinacionalista contundente y sencillo, que culpaba a Bilbao de todos los males de Álava, de modo no muy distinto a los nacionalistas, para quienes todas las desgracias de Euskadi procedían de Madrid. Se hicieron famosas sus proclamas («Álava como Navarra») y sus desenfadadas pegatinas acusando al nacionalismo de gobernar en Vitoria con «paracaidistas» venidos desde Bilbao; de convertir a Álava, gracias a sus embalses, en «el botijo de Euzkadi»; de primar en exceso el euskera («Se necesita alavés dócil, con dominio del euskera… para limpiacoches»); o de disolver la especificidad alavesa, eliminando los restos del cuerpo policial foral —los miñones—, que se había mantenido incluso durante el franquismo («Que no nos toquen los miñones»).

En cualquier caso, el anuncio de Oriol en 1932 era una mala noticia para el proceso autonómico y por tanto para el PNV. Con la potente Comunión Tradicionalista en contra, conseguir que Álava aprobara el Estatuto en el futuro era una tarea difícil, máxime cuando la izquierda alavesa nunca había mostrado entusiasmo autonómico. Con independencia de estos nubarrones, en septiembre de 1932 el Gobierno decidió que la firma del flamante Estatuto catalán se realizara solemnemente en San Sebastián, en recuerdo del pacto de agosto de 1930 que había abierto las puertas a la República y por tanto a la autonomía de Cataluña. En un guiño simbólico, el ministro Prieto entrelazó la ikurriña con la bandera catalana en el balcón de la Diputación de Guipúzcoa, mientras la multitud, incluyendo a muchos jeltzales, aclamaba su gesto.

¿Militantes del PNV aplaudiendo a quien, según escribía un diputado jeltzale, era «la causa principal de nuestras contrariedades»? ¿Era veraz la súbita aceptación de la ikurriña por parte de Prieto? Sí, pero… El autonomismo del líder del PSOE era sincero, siempre que el Estatuto vasco ayudase a republicanizar a Euskadi, del mismo modo que había sucedido con el catalán. Pese a que el alejamiento entre el PNV y el carlismo facilitaba las cosas, de nuevo la coyuntura política hizo que el Estatuto se paralizara. Aunque las Gestoras de las Diputaciones tenían luz verde para continuar el proceso, tardaron diez meses en presentar el nuevo Estatuto. Y eso que lo único que hicieron fue eliminar el nombre de Navarra, cambiar cuatro por tres al hablar de las provincias y añadir una disposición adicional que indicaba que Navarra podría incorporarse en el futuro a «la Región Autónoma que se constituye por el presente Estatuto».

La razón de esta tardanza fue sobre todo la política contra el PNV del republicano de izquierdas José María Amilibia, nombrado gobernador civil de Vizcaya en octubre de 1932, cargo que ocupó hasta su fallecimiento tras un accidente de tráfico en abril de 1933. Como en el caso de Azarola, el protagonista de esta estrategia antinacionalista —que continuó su sucesor, Teótico Sevilla— no era alguien ajeno al país sino un donostiarra euskaldun. Su hermano Miguel, influyente socialista vasco, fue elegido diputado del Frente Popular en 1936 y jugó un papel importante en la Guerra Civil en Guipúzcoa. Tras un largo exilio, en el que rompió con el PSOE, regresó a España en la Transición, llegando a ser miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. La labor de Amilibia solo sirvió para radicalizar el nacionalismo. Por eso sorprende el elogio que Manuel Azaña hizo de él en su diario, al señalar que hizo «muy buena obra […] en Vizcaya, donde la política parecía destinada a no salir de manos enemigas de la República». El alavés Tomás Alfaro, correligionario de Amilibia y de Azaña, conocía mucho mejor que el presidente del Gobierno las habilidades del primero, que antes de ser gobernador civil de Vizcaya había ocupado el mismo cargo en Álava. Por ello, escribió en su diario personal a finales de 1932 que Amilibia no solo había actuado con mano dura contra derechistas y jeltzales sino que había «tenido la habilidad de destrozar toda la cohesión republicana de Álava, intrigando con unos y con otros».

A raíz de su fallecimiento, el diario de ANV Tierra Vasca aseguró que Amilibia, pese a ser «personalmente hombre recto […], desencadenó una equivocada campaña contra el nacionalismo jelista; equivocada porque atropellaba la libertad de expresión y equivocada también desde el punto de vista gubernamental, porque lo único positivo fue que se consolidaron las posiciones de los jelkides, porque nada acrecienta tanto el entusiasmo proselitista como la persecución». Euzkadi no aprovechó la muerte de Amilibia para hacer leña del árbol caído. Obviando las duras diatribas que había lanzado contra él, recalcó que el gobernador —que se había reconciliado con la fe en el hospital de Vitoria donde estuvo ingresado antes de morir— había fallecido «cristianamente, piadosamente, como fue educado. Solo eso vale y pesa ante nuestros ojos, como solo eso vale y pesa ante la presencia del Juez Eterno».

Antes de esta reconciliación in articulo mortis, la política antinacionalista de Amilibia y de Sevilla trajo consigo numerosos enfrentamientos entre las izquierdas y el PNV en Vizcaya, extendidas al resto del país: los choques armados, la suspensión de ayuntamientos nacionalistas, la clausura de batzokis, la detención de militantes y la imposición de multas a la prensa jeltzale culminaron en mayo de 1933. En esta fecha, Alcalá-Zamora visitó el País Vasco, siendo recibido con fuertes protestas por parte de los nacionalistas, que consideraban su viaje una «provocación» del Gobierno, pese a resaltar su absoluto «respeto a la persona y al cargo» del presidente de la República. Una manifestación de emakumes fue duramente reprimida por la policía, que hirió y detuvo a varias de ellas. ELA-STV reaccionó convocando una huelga general de protesta.

Cuando apenas se habían calmado los ecos de la visita de Alcalá-Zamora tuvieron lugar los graves sucesos de Usánsolo. En esta localidad vizcaína, en un tiroteo entre izquierdistas y jelkides resultaron varios heridos y dos muertos: una mujer republicana y un niño nacionalista, Iñaki San Miguel, que estaba en el balcón del batzoki cuando se produjo la refriega. Como era habitual, ambos bandos dieron versiones distintas: los nacionalistas acusaron a los republicanos de haber intentado asaltar el batzoki, que apareció con sesenta impactos de bala; según la izquierda, habían sido los nacionalistas quienes habían disparado desde su sede social, respondiendo a los gritos de «¡Viva la República española!» y «¡Muera el clero!», proferidos por los izquierdistas. Un buen número de jeltzales fueron detenidos, aunque todos fueron absueltos en 1934.

A primeros de junio un joven nacionalista, Ramón Gandarias, fue herido de gravedad en Galdácano por unos socialistas. La prensa jeltzale denunció la distinta vara de medir que se utilizaba con las distintas violencias: «¡Ah, si la víctima hubiese sido socialista a estas horas todo el pueblo nacionalista de Galdakao hubiese estado en Larrínaga detenido; algunos hogares atropellados por las fuerzas a sus órdenes; el batzoki clausurado y el Ayuntamiento popular en pleno, destituido!». En las Cortes, un diputado acusó al PNV de hacer una «guerra sin cuartel a los republicanos y socialistas». Aguirre respondió que ellos no temían la represión, convertida en «la mayor propaganda» jeltzale. Incluso ANV, aliada de la izquierda en 1931, sufría la represión gubernamental. Cuando en julio fueron heridos tres jeltzales en Sestao, ambos partidos se unieron en un mitin de protesta. ANV pidió que cesara «esa inmunda CHEKA de partidos gubernamentales, que con su desatinada actuación, están llenando de sangre a Bizkaya». A lo largo de 1933, más de 1.000 nacionalistas fueron detenidos o multados. Para las izquierdas, se trataba de frenar el «fascismo bizkaitarra», calificativo que los jeltzales aplicaban a sus oponentes, calificando al PSOE como «socialfascismo».

La exhibición de la ikurriña (la misma bandera que Prieto había entrelazado poco antes con la senyera catalana en San Sebastián) fue motivo de graves incidentes. En marzo de 1933 los gobernadores habían prohibido que los ayuntamientos izaran la bandera vasca. En junio, el BBB animó a los jeltzales a engalanar los balcones con ikurriñas, con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón, provocando centenares de multas y detenciones, que afectaron incluso a varios diputados. Se trataba de una primera versión de la guerra de banderas que afectaría a muchos municipios vascos a partir de la Transición. Pero en épocas recientes dicha guerra no ha estado provocada por la prohibición de la ikurriña sino por la decisión de los sucesivos Gobiernos de hacer ondear la bandera española en los edificios oficiales del País Vasco. Los ayuntamientos controlados por la izquierda nacionalista radical se negaban a cumplir la orden, mientras los del PNV tomaban posturas variadas, dependiendo de la personalidad de cada alcalde y las circunstancias del municipio. Las mayores tensiones se producían cuando, con motivo de las fiestas patronales, se colocaba la bandera española, que al menos ondeaba así una vez al año en la Casa Consistorial, en un momento simbólico. Por ejemplo, las fiestas de Rentería de 1983 no pudieron celebrarse tras un sinfín de enfrentamientos callejeros, quemas de banderas rojigualdas y manifestaciones al grito de «Ikurriña bai, española ez» («Ikurriña sí, [bandera] española no»).

Más tarde, cuando una sentencia judicial de 2007 ordenó que la bandera española se izara con «carácter de permanencia y no coyuntural», algunos alcaldes nacionalistas se negaron a cumplir ese dictamen. Otros, como el de Bilbao, lo hicieron de forma peculiar, colocando dos banderas (española y vasca) de mediano tamaño en el tejado del Ayuntamiento, de modo que casi pasan desapercibidas. Para la izquierda nacionalista radical, el alcalde jeltzale se había subido «a la ola españolista», porque «en vez de apostar por lo que nos une, la ikurriña, ha impuesto la colocación de la bandera española». En Guipúzcoa, la Diputación gobernada por el PNV colocó en 2010, junto a la enseña rojigualda, una placa explicando que «la bandera española es un símbolo impuesto bajo amenaza de sanción en la institución superior de Gipuzkoa». Como puede observarse, la guerra de banderas de los últimos años ha tenido como objetivo evitar que la ikurriña —un símbolo oficial en el sistema democrático actual— se vea contaminada por la presencia de la bandera española. Por el contrario, en 1933 la bandera vasca no solo no era oficial sino que era a veces proscrita por las autoridades. Por ello, no deja de ser sorprendente que algunos sectores del nacionalismo hayan mitificado a posteriori la Segunda República, en comparación con la democracia actual, aunque ello se entienda al oponer la etapa republicana a la dictadura franquista. Algunos incluso ven bien la bandera tricolor republicana, al contrario de sus precursores más radicales, enemigos acérrimos de la República española y, por ende, de su bandera.

De momento, en 1933 el PNV trató de capear el temporal. Pero, por si fuera poco, su enfrentamiento con las izquierdas no le valió para librarse de la despiadada crítica de las derechas más extremas. Y eso que los jeltzales siguieron oponiéndose con fuerza a nuevas medidas anticlericales de la República, como sucedió cuando esta hizo efectiva la expulsión de los jesuitas en 1932 o aplicó la prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos en 1933. Pero en el verano de 1932 se había editado un folleto anónimo titulado Judaísmo-Nacionalismo-Comunismo, que acusaba al PNV de «connivencia con el movimiento judeo-masónico mundial» y con la Internacional Comunista. La acusación entraba por los ojos, pues en la cubierta del opúsculo la ikurriña aparecía acompañada por símbolos comunistas (la hoz y el martillo) y masónicos (el triángulo y el compás). El «infernal libelo» antinacionalista terminaba animando a los jeltzales a elegir entre el Papa y Trotsky, un dúo no muy distinto de la disyuntiva «Cristo o Lenin», esgrimida por las derechas en diversas ocasiones a lo largo de la República. El PNV trató de oponerse a esta campaña ultraderechista reforzando su carácter católico y acudiendo al obispo de Vitoria, que desautorizó el folleto.

El PNV se encontraba cada vez más solo, aislado entre la izquierda y la derecha españolas pero, a diferencia de lo sucedido en abril de 1931, ese aislamiento iba a dar frutos positivos. Así, las elecciones municipales parciales de abril de 1933, que en toda España supusieron un fuerte varapalo al Gobierno de Azaña, dieron un claro triunfo al PNV en Vizcaya y Guipúzcoa. Para muchos jeltzales, la represión era una «aliada» de su causa, pues —aplicando las palabras del primitivo escritor cristiano Tertuliano— la sangre de los mártires sería la semilla de nuevos adeptos. Incluso el habitualmente pragmático Aguirre habló en este contexto de una «lucha de civilizaciones» entre Euskadi y España —sinónimos de civilización y barbarie— y acusó a la República de ejercer «una dictadura bochornosa», que empujaría a Euskadi hacia el «camino de su independencia nacional, que un día habrá de llegar indefectiblemente». Mucho más claro aún lo tenía Luis Arana que, cuando condenó el golpe de Sanjurjo en 1932, recalcó que eso no significaba apoyar a la República, un «régimen de opresión para Euzkadi».

De momento, avanzado ya 1933, las tensiones entre el Gobierno y el PNV se fueron sosegando y se desbloqueó el proceso autonómico. El 6 de agosto se celebró en Vitoria una nueva asamblea de ayuntamientos de las tres provincias, con el fin de retomar el camino frustrado en Pamplona algo más de un año antes. En esta ocasión, el proyecto fue aprobado, aunque en Álava se dejó notar la fuerte campaña en contra orquestada por la Comunión Tradicionalista. En total, 41 municipios alaveses votaron a favor y 26 en contra. Con la asamblea, se había salvado un obstáculo importante, puesto que cabía la posibilidad, vista la composición derechista de buena parte de los municipios alaveses, de que también Álava se opusiera al Estatuto, siguiendo el camino abierto por Navarra.

El siguiente paso era que el Estatuto fuera aprobado en referéndum, pero este requisito también se retrasó a causa de los avatares de la política española, que enseguida dieron al traste con el bienio izquierdista iniciado en 1931. A lo largo de 1933 la debilidad del Gobierno de Azaña había ido en aumento y en septiembre de ese año presentó su dimisión. Tras un Gobierno de transición de Alejandro Lerroux, el líder del centrista Partido Republicano Radical, en octubre su lugarteniente Diego Martínez Barrio formaba un nuevo ejecutivo, que inmediatamente disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 19 de noviembre de 1933.

Mientras tanto, estaba pendiente de concretar la fecha del referéndum autonómico y esta coincidencia era un arma de doble filo. Todo el mundo era consciente de que un resultado favorable al Estatuto beneficiaría al PNV, por lo que este proponía celebrar la consulta el 5 de noviembre, antes de las elecciones. Por el contrario, la izquierda republicano-socialista era partidaria de posponer el referéndum hasta después de los comicios. Al final, el Partido Radical manejó la situación de acuerdo con sus intereses, que en esta ocasión coincidían con los del PNV. Dado que los radicales no tenían mucha implantación en el País Vasco, todo ascenso jeltzale significaría un descenso de la izquierda. En el conjunto de las Cortes, esto favorecería una mayoría favorable a Lerroux, que además podría así contar con el apoyo posterior del PNV. Dicho y hecho: el Gobierno confirmó la fecha del referéndum para el 5 de noviembre y por arte de magia el Partido Radical se convirtió en un entusiasta defensor del Estatuto.

Pese a considerar que la autonomía no era su objetivo final sino solo una meta volante hacia «una soberanía plena», el PNV estaba dispuesto a poner toda la carne en el asador para que el Estatuto fuera aprobado en referéndum. No era una tarea sencilla: la Constitución exigía que se alcanzara un quórum del 66 % del censo electoral y hay mucha gente que nunca acude a las urnas, no era un referéndum a vida o muerte —lo que anima a la gente a votar— y algunos sectores políticos estaban en contra o mostraban poco entusiasmo por el Estatuto. Por poner solo dos ejemplos comparativos, en el referéndum del nuevo Estatuto de Cataluña de 2006 votó solo el 36 % del censo; y tampoco el Estatuto vasco de 1979 se hubiera aprobado con las exigencias de la Constitución de 1931, pues votó a favor solo el 53 % del censo, aun siendo el texto autonómico más votado de todos los refrendados popularmente en España desde la Transición.

En su empeño por alcanzar el quórum, el PNV lideró una intensa campaña de propaganda, en la que contó con el apoyo total de ANV y del Partido Radical. Este último era especialmente importante porque, al ocupar provisionalmente el Gobierno, controlaba también las Gestoras de las Diputaciones, que eran quienes organizaban el referéndum. Y ello implicaba la posibilidad de utilizar los mecanismos oficiales para promover el voto afirmativo y de volcar el censo, haciendo aparecer en las actas un número de votos superior al real, con el fin de alcanzar el desorbitado porcentaje previsto en la Constitución.

Desde diversos sectores políticos se denunció que los jeltzales, con el apoyo radical, preparaban un pucherazo descomunal. En Álava, estas denuncias provinieron del carlismo, liderado por Oriol, que llevó a cabo una intensa campaña contra el Estatuto, aduciendo la especial idiosincrasia alavesa. El diario Pensamiento Alavés resumió así su posición: «Si es caro, si va contra Dios y si va contra España, ¿cómo podemos los que somos católicos, españoles y amantes de nuestra economía regional votar eso? Y que conste que no nos guía la pasión sino el bien de Euskalerria». Dado que el carlismo alavés, como había hecho antes La Constancia, apelaba a Dios, el Obispado de Vitoria volvió a recordar que un católico podía en conciencia votar a favor del Estatuto. El propio Múgica acudió a votar el día del referéndum lo que, al ser difundido por la radio, supuso un espaldarazo al Estatuto. No pasaría mucho tiempo hasta que algunos de los que le habían defendido cuando la República le desterró en 1931 promovieran de nuevo su expulsión, acusándole ahora de separatista.

Por el contrario, en Vizcaya fue la izquierda —temerosa de sufrir las consecuencias del pacto implícito entre el PNV y el Partido Radical— la que denunció la «farsa» y la «enorme coacción al Cuerpo electoral» que se estaba pergeñando. La Lucha de Clases anunció que se iba a «preparar el vuelco del censo más indecoroso que se ha conocido nunca en Vizcaya, patria de todos los chanchullos electorales». El líder socialista Rufino Laiseca fue aún más lejos, al añadir que su partido no estaba dispuesto a dejar «la Hacienda, la Enseñanza y la Justicia en manos de los nacionalistas», pese a que el proyecto sometido a referéndum había sido aprobado con sus votos en agosto de 1933. La derecha alavesa y la izquierda vizcaína coincidían así en la lucha contra un enemigo común, mientras que las circunstancias políticas de Guipúzcoa y el vasquismo más acentuado de derechas e izquierdas en este territorio hizo que la oposición fuese menor.

El 5 de noviembre, el electorado vasco aprobó por gran mayoría el proyecto de Estatuto. Aunque no hubiera sido necesario para obtener una mayoría simple favorable a la autonomía, lo que no consiguió la voluntad de los electores lo lograron las abundantes irregularidades de la jornada electoral, en realidad inducidas por el altísimo porcentaje de votos que exigía la Constitución. De hecho, en Vizcaya y Guipúzcoa votó oficialmente a favor del Estatuto más del 90 % del censo, a pesar de que la fuerte izquierda republicano-socialista vizcaína había preconizado la abstención. En Álava también hubo denuncias de irregularidades en las mesas electorales, pero la vigilancia carlista hizo que los resultados fueran algo más parecidos a la realidad. En total, el 46 % del electorado alavés votó a favor del Estatuto y el 12 % lo hizo en contra, con una abstención altísima (42 %). Pese a su escasa fiabilidad, los resultados mostraron las reticencias alavesas ante el Estatuto, frente al ambiente más favorable de Guipúzcoa y en menor medida de Vizcaya, donde el amaño tuvo que ser especialmente escandaloso.

El diario Euzkadi se congratuló por el «espléndido triunfo» del Estatuto en el referéndum. Sin embargo, en privado los propios jeltzales reconocían que las cifras eran completamente falsas: «Bien sabemos los nacionalistas que en la citada votación hubo cosas muy feas que bien poco honran a nuestro partido. De ahí se deduce que no podamos estar muy orgullosos del resultado obtenido». Por el contrario, Pensamiento Alavés calificó al referéndum como «una burda comedia, que no ha tenido ni siquiera el mérito del atrezzo y decorado, que no ha podido ser más pobre». Según el diario carlista, «cada votante poseía unos cuantos nombres y hubo quien batió el récord pasándose unas cuantas horas alargando el papelito y diciendo con la mayor frescura: ahora soy labrador y me llamo Roque; soy un benemérito sacerdote y me llamo Juan; soy médico y atiendo al nombre de don Bruno y así sucesivamente». En Bilbao, también El Liberal denunció que a los nacionalistas se les había «ido la mano», pues para disimular hubiera «convenido un poco menos de fervor estatutista». Al aplicarse por primera vez el voto femenino, el diario republicano-socialista cargó la mano contra las mujeres jeltzales que, para compensar los «años de forzada abstención», habían querido superar el lema de «cada hombre un voto, cada mujer un voto; pero nada más que uno, no cincuenta ni cien, como se han atribuido el domingo las emakumes».

Aun y todo, los nacionalistas habían conseguido su objetivo y por fin el Estatuto podía pasar a ser discutido por las Cortes. Estas no serían ya las elegidas en junio de 1931, de clara mayoría izquierdista, sino las que salieran de los próximos comicios generales del 19 de noviembre, solo dos semanas después del referéndum. En general, estas elecciones se caracterizaron por la división de los republicanos y la unión de las derechas. En el País Vasco, se rompieron tanto la coalición vasco-navarra en torno al Estatuto de Estella como la republicano-socialista, que solo pudo mantenerse en Vizcaya. Esta vez el PNV se presentaba en solitario, frente a una derecha compacta y a una variada constelación de candidaturas republicanas.

Los resultados electorales configuraron unas Cortes muy diferentes a las del primer bienio, escoradas a la derecha, con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux como principales partidos. En el País Vasco el gran vencedor fue el PNV que, yendo en solitario, dobló el número de diputados obtenidos en 1931, al alcanzar doce escaños. Era la primera vez en la historia en la que el PNV era el partido más votado en el País Vasco y hubo que esperar hasta después de la muerte de Franco para que se repitiera un triunfo semejante. La izquierda, como en toda España, fue la gran derrotada, siendo vencida por los jeltzales incluso en su feudo de Bilbao. Y ello pese a que la coalición republicano-socialista había presentado una lista de lujo, integrada entre otros por Azaña y Prieto. El PNV arrasó en Vizcaya-provincia (57 % de los votos) y algo menos en Guipúzcoa (45,5 %) y logró un buen resultado en Álava, donde por vez primera obtuvo un diputado a Cortes. El único borrón fue una vez más Navarra, donde la derecha barrió a sus oponentes y la candidatura jeltzale solo logró el 9 % de los votos.

El PNV capitalizó el resultado del referéndum del Estatuto, captando el voto de un buen número de católicos neutros, partidarios de la autonomía; muchos simpatizantes de ANV, que no presentó candidaturas propias, también apoyaron a los jeltzales e incluso, según la prensa republicana, lo hicieron «votantes decididos de la República en otras ocasiones, y en la actual desilusionados y despistados ante tanto desbarajuste». Por último, hay quien quiso ver en el triunfo del centro-derecha en España y del PNV en el País Vasco en 1933 una consecuencia de la concesión del voto a las mujeres, que al estar sojuzgadas por el clero votarían necesariamente a opciones católicas. En este sentido, sí es cierto que la existencia de una organización femenina muy poderosa, como era Emakume Abertzale Batza, pudo ayudar a la movilización a favor del PNV. Sin embargo, no hubo gran diferencia entre el comportamiento del electorado masculino y el femenino y el triunfo del Frente Popular en España en 1936 desmiente la interpretación que culpa a las mujeres del viraje derechista del electorado en 1933, producto en parte de los errores cometidos por la izquierda, de su desunión y, en el caso vasco, de los aciertos del PNV, al hacer avanzar el proceso autonómico, a la vez que aparecía como el partido más capacitado para defender a la Iglesia.

Un pueblo en marcha

Este momento dulce del PNV, cuyo punto culminante fue la doble victoria en las urnas en noviembre de 1933, no se entiende sin tener en cuenta su conversión en un amplio movimiento de masas, un partido-comunidad que construyó en torno al núcleo político una auténtica civilización nacionalista. Los jeltzales solían referirse a este fenómeno indicando que el PNV no era un simple partido político sino «un pueblo en marcha», embrión del futuro Estado vasco. Y, vista la realidad, puede afirmarse que no les faltaba algo de razón al describirse a sí mismos de ese modo.

El núcleo de todo ese entramado era el propio partido, que mediada la República aprobó una nueva organización interna, más moderna y democrática, promovida por una renovada generación de jeltzales, que se convirtieron en los auténticos líderes del partido en esta época, como José Antonio Aguirre, Manuel Irujo, Francisco Javier Landáburu o Telesforo Monzón. La aprobación de esta nueva organización en una asamblea celebrada en Tolosa en 1932-1933 significó el paso de Luis Arana a un segundo plano. Tras la reunificación, el hermano de Sabino había sido rehabilitado e incluso había pasado en la primavera de 1932 a presidir de nuevo el EBB. Sin embargo, algunas de las medidas modernizadoras tomadas en esa asamblea se aprobaron contra la voluntad expresa de Arana, lo que llevó a su dimisión en marzo de 1933.

Entre ellas cabe citar la posibilidad de que las mujeres se afiliaran al PNV. Aunque Primo de Rivera había dado pasos en este sentido, designando las primeras concejalas de la historia de España, la elección de varias diputadas en las Cortes constituyentes y la aprobación del voto femenino en 1931 abrieron las puertas a una participación activa de la mujer en la vida pública, ahora en un contexto democrático. El PNV ya contaba, como veremos enseguida, con una potente agrupación femenina y por tanto resultaba lógico darles entrada también en el partido. Así, con el voto en contra de Arana, se estableció «la igualdad de ambos sexos» y que las mujeres pudieran «afiliarse con los mismos derechos individuales que los hombres».

Una apertura semejante afectó a quienes no tenían apellidos vascos y a los inmigrantes, que pudieron afiliarse pero con ciertas condiciones. Luis Arana pidió que esta posibilidad fuera admitida «no como un derecho, sino como una gracia que se les concede», para evitar que «el Partido esté integrado por individuos de raza latina». Por el contrario, Aguirre defendió esta propuesta, señalando que no se podía «negar el título de vascos ni cerrar las puertas del Partido a cuantos vieron su luz primera en nuestra tierra, que no reconocen otra patria que Euzkadi». Algunos apoderados —representantes de zonas con pocos apellidos euskéricos, como Tudela— recalcaron que «tan nacionalista puede ser uno aunque no sea hijo de padres vascos como el que lo es». Sin embargo, esta apertura fue muy limitada. Se permitía incorporarse a personas sin apellidos vascos nacidos aquí o a quienes llevasen al menos diez años viviendo en Euskadi, aunque en este caso su entrada debía ser aprobada por el Consejo Regional respectivo. Además, para ejercer cargos a nivel nacional o regional había que ser «de oriundez vasca», pese a que no siempre este criterio se cumplía, como lo demuestra que el presidente del PNV alavés en 1931-1933 fuera Ángel Fajardo Palacios. En cualquier caso, este criterio étnico seguía siendo por tanto un filtro muy importante, al dejar fuera de la comunidad nacionalista a amplios sectores de la población, especialmente obreros inmigrantes.

Luis Arana también se opuso a un cambio simbólico: la aprobación de la ikurriña como bandera de todo Euskadi y no solo de Vizcaya, tal y como él defendía desde su creación, siguiendo la idea primitiva de su hermano. Como hemos visto, ya en 1907 Arana había intentado limitar el uso de la ikurriña a Vizcaya y crear una nueva bandera de la «Confederación» vasca, pero la bicrucífera era ya tan popular que la pretensión de reducirla a símbolo vizcaíno era impracticable. En palabras de Irujo, el «pueblo vasco, al menos el pueblo nacionalista vasco la ha aceptado para Euzkadi […]. ¡Deje usted en paz que lo que ha aceptado el país, dentro y fuera del Partido, siga su curso!». De hecho, ya en 1931 Eusko Ikaskuntza, una entidad cultural vasquista pero no nacionalista, había reconocido que la ikurriña se había convertido en «la expresión de la unidad espiritual de los vascos que debe estar por encima de todas las suspicacias».

Pese a todo, la renovación operada en la asamblea de Tolosa de 1932-1933 no supuso un cambio ideológico profundo. Los renovadores optaron más bien por adaptarse con pragmatismo a la realidad, sin modificar las ideas sabinianas que seguían siendo la doctrina oficial del partido. Este estaba entonces en plena transición entre el tradicionalismo y la democracia cristiana, en un proceso que no culminaría hasta la Guerra Civil y el exilio. De hecho, en él convivían sectores integristas con otros claramente democristianos. Dotado de nuevas estructuras y basándose en ese pragmatismo, el PNV se convirtió durante la Segunda República en un auténtico partido de masas, con un total de 200 juntas municipales y unos 26.000 afiliados. Su prensa reconocía que «la avalancha de patriotas venida después de la Dictadura ha sido tan grande y repentina que se ha hecho dificultosa la educación de esas masas, que, por otro lado, desconocían en su mayor parte los más elementales deberes como nacionalistas». Se trataba de un partido joven e interclasista, en el que las clases medias, los obreros y los campesinos constituían el grueso de la afiliación. Contaba, sin embargo, con una desigual implantación territorial, centrada en Vizcaya y Guipúzcoa y con un desierto en el sur de Navarra.

La situación era aún más yerma en el País Vasco francés. Pese a que Sabino Arana había defendido desde el principio una nación vasca formada por territorios a un lado y otro del Bidasoa, el PNV ni siquiera había intentado expandirse al norte de la frontera. En esta época solo existía un afiliado jeltzale vasco-francés, el entonces estudiante Eugène Goyheneche. A través de él, el PNV mantuvo contactos con el pequeño grupo del sacerdote Pierre Lafitte, que editaba en Bayona la revista Aintzina (1934-1937), a mitad de camino entre el regionalismo y el nacionalismo. Aún tendrían que pasar varias décadas hasta que el nacionalismo tuviera presencia electoral en el País Vasco francés, vinculada mucho más a la izquierda nacionalista radical que al PNV. Solo en abril de 1990 este constituyó el primer Ipar Buru Batzar (Consejo Regional del Norte, es decir, del País Vasco francés). En 1997, el PNV participó por vez primera en toda su historia en unas elecciones francesas, pero su apoyo electoral ha sido siempre testimonial (inferior al 2 %) y muy inferior al de la izquierda abertzale, ya de por sí minoritario. No obstante, en los últimos años la coalición Euskal Herria Bai (que integra a diversos sectores nacionalistas de izquierda) ha ido aumentando su presencia, hasta sumar casi un 16 % de los votos en las elecciones cantonales de 2015.

Podría parecer paradójico que el PNV tuviera ya en esa época más fuerza en determinadas zonas de América que en algunas del País Vasco. Sin embargo, se trata de un fenómeno habitual en muchos nacionalismos, porque sus diásporas tienden a reforzar los lazos con la tierra de origen, idealizada desde la distancia. En el caso vasco, su comunidad americana nunca llegó a tener la importancia de la irlandesa en Estados Unidos, pero la presencia de un buen número de inmigrantes vascos procedentes de ambos lados del Bidasoa desde el siglo XIX era un activo que el nacionalismo sabiniano no podía desaprovechar. Además, el hecho de encontrarse allí vascos procedentes de España y Francia hizo que los lazos comunitarios entre ambos se fortalecieran mucho más que en Europa, al no existir la frontera política que aquí les separaba. Es cierto que algunos centros eran solo vasco-españoles o vasco-franceses, pero en parte acertaba uno de los promotores de la Euskal Echea («Casa Vasca») de Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, cuando afirmó en 1904: «Ya no habrá más Pirineos».

Desde muy pronto, algunos nacionalistas vascos emigraron a América, en especial a Argentina. Al principio se integraron en los centros vascos, caracterizados por un vasquismo cultural, compatible tanto con el carlismo como con el nacionalismo. Sin embargo, pronto las luchas políticas entre nacionalistas y españolistas se trasladaron a América, reflejándose en las pugnas internas por controlar las juntas directivas de los centros vascos. Por ejemplo, el Laurak bat de Buenos Aires, creado en 1877, fue pasando de manos de unos a otros durante buena parte del primer tercio del siglo XX. En 1903 comenzó a publicarse en Buenos Aires el periódico Irrintzi, que en 1913 incorporó el lema JEL en su cabecera. Sin embargo, aún había muchos recelos entre los vascos de América hacia el nacionalismo, como lo demuestra que en 1915 otro periódico vasco-argentino, Aitor (editado en Rosario) hablara despectivamente de «Irrintzi, periódico… con ribetes de aspirante a manicomio».

También aparecieron centros exclusivamente jeltzales, como el Zazpirak Bat de Rosario, creado en 1912 por el «Comité Nacionalista Vasco» de la localidad. Se trata de una presencia muy temprana, si tenemos en cuenta por ejemplo que el primer Centro del PNV de Vitoria se fundó en 1907. Asimismo, el periódico Nación Vasca se publicó en la capital argentina entre 1924 y 1943. En los años treinta el PNV creó incluso Juntas extraterritoriales en Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo; y contó con batzokis no solo en estas capitales sino también en Santa Fe y Rosario (Argentina) y Melipilla (Chile). Había además simpatizantes jeltzales sueltos en Cuba, México y Estados Unidos (en Nueva York y Boise, en el Estado de Idaho). De aquí procede la única ficha de inscripción al PNV enviada a Bilbao que se conserva en los archivos del partido, a nombre de Lorenzo Unibaso. También en Filipinas se difundió la semilla jeltzale, como lo demuestra el hecho de que en Manila se inscribieran nombres sabinianos en las partidas de bautismo y de que en Iloílo llegara efímeramente a fundarse un batzoki.

Volviendo a la Euskadi peninsular, hay que tener en cuenta que la comunidad jeltzale no comprendía solamente a los 26.000 afiliados al PNV (una cifra no muy lejana a los alrededor de 30.000 que tiene este partido en la actualidad, pese al incremento de la población y a la desaparición de la organización específica para mujeres) sino también a socios de batzokis o de organizaciones paralelas del partido. Entre ellas, destacan Juventud Vasca y Emakume Abertzale Batza, la organización femenina que, tras su efímera creación por los aberrianos en 1922, renació en 1931. En la coyuntura republicana alcanzó una gran expansión, con unas 25.000 asociadas, casi el mismo número de afiliados del PNV. Parecía cumplirse así el vaticinio de Sabino Arana: «Solo el día en que el patriotismo llegue al corazón de la mujer, podremos estar seguros del triunfo».

En la práctica, aunque la organización aprobada en 1933 permitía la afiliación de las mujeres al partido, la inmensa mayoría prefirieron no afiliarse, pues como emakumes ya se consideraban dentro de la comunidad nacionalista. Su función se centraba en aspectos culturales, religiosos, de asistencia social y sobre todo de transmisión del ideal nacionalista en el seno de la familia, incluyendo el uso del euskera. Tal y como escribía Aberri ya en 1923, el valor de la mujer no estaba «en manejar la espada, para más fuertes maniobras fabricada, sino en alimentar a los vascos tus hermanos, como la vestal el fuego sagrado, el amor a Euzkadi […]. Tú eres callada, sufrida, llena de abnegación, naciste para el sacrificio y la lucha secreta, y como la mujer fuerte de la Biblia, serás el entusiasmo de tus hijos».

Sin embargo, en la etapa republicana las mujeres jeltzales participaron también en mítines, escribieron en prensa e incluso sufrieron la cárcel, igualándose con los varones en el sufrimiento por la patria. En enero de 1933, varias emakumes, incluyendo a sus líderes Haydée Aguirre y Polixene Trabudua, fueron encarceladas por «injurias a España». El PNV reaccionó organizando un «Homenaje a la Madre Vasca», en honor a esas «hijas de Euzkadi que no se rinden ni por multas, ni por cárceles, ni por destierros». Sin embargo, no hubo ninguna mujer en órganos de gobierno del partido ni candidatas a Cortes, pese a que en esta época tanto grupos de derecha como de izquierda contaron con destacadas parlamentarias en el Congreso, como la carlista María Rosa Urraca Pastor o la comunista Dolores Ibárruri, La Pasionaria. En este terreno, quedaba aún mucho camino por recorrer: por ejemplo, la primera mujer miembro del EBB fue Rosa Miren Pagola, elegida en 1985; y todavía en 2005 solo dos de los catorce miembros del EBB eran mujeres, aunque el porcentaje se ha incrementado en los últimos años. Incluso los niños estaban incluidos dentro de la comunidad jeltzale, contando con una organización propia (Euzko Gaztetxu Batza, Asociación de Niños Vascos), que contó en Vizcaya con 6.000 socios. Hoy puede parecer extraña la presencia de niños en una organización política, pero el PNV seguía así la estela de otros grupos de la época, como los socialistas, cuya asociación infantil incluía socios incluso de 6 a 8 años.

Un desarrollo aún mayor tuvo el sindicato nacionalista, reorganizado en 1933 como ELA-STV (Euskal Langileen Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos). En ese momento, la central sindical jeltzale contaba con unos 40.000 afiliados, la mayor parte vizcaínos, pese a que aquí no logró superar la fuerza de la UGT. En Guipúzcoa y Álava ELA-STV se convirtió en el sindicato mayoritario, siendo Navarra una vez más la cenicienta de la implantación territorial. Aunque orgánicamente ELA-STV era independiente del PNV, mantenía con este estrechas relaciones personales e ideológicas. Como el partido, el sindicato abogaba por la aplicación de la doctrina social-cristiana, una «tercera vía» contraria al «individualismo egoísta» capitalista y a la lucha de clases propiciada por el «socialismo estatista». Bajo la inspiración de sacerdotes jeltzales, que bebían en las fuentes del catolicismo social europeo de la época —como José Ariztimuño, Policarpo Larrañaga o Alberto Onaindía— propusieron medidas a favor de los trabajadores, compatibles con el respeto a la propiedad privada: la participación obrera en los beneficios empresariales, el salario familiar o el cooperativismo. A partir de 1933, ELA-STV acrecentó su carácter reivindicativo, provocando roces con el PNV. Aunque el inicio de la guerra cortó esta evolución, se adelantaba así lo sucedido a partir de la Transición, cuando el sindicato nacionalista dejó de ser una mera correa de transmisión de los intereses jeltzales en materia laboral. En el mundo rural, la potente agrupación de Nekazaris (campesinos), creada en 1933, llegó a contar en Guipúzcoa con 68 agrupaciones locales y 8.100 familias (la mitad de la población rural de la provincia). En Vizcaya, donde su implantación fue más tardía, contó con 2.600 afiliados en 31 localidades.

Además, existía un amplio abanico de organizaciones culturales, deportivas, religiosas, etc., heredado en parte de la Restauración y que, como ya hemos visto, incluso se había incrementado durante la Dictadura. El renacimiento de la literatura en euskera fue debido en parte a afiliados o dirigentes jeltzales, como José María Aguirre (Lizardi) o Esteban Urquiaga (Lauaxeta). Este último, encargado de la sección euskérica de Euzkadi, fue nombrado durante la guerra comandante de Intendencia del Ejército vasco. Tras el bombardeo de Guernica recibió la misión de acompañar a un periodista francés para que comprobara in situ los efectos del ataque aéreo. En la villa foral fue sorprendido por el rápido avance de las tropas franquistas; tras ser juzgado y condenado a muerte, fue fusilado en Vitoria en junio de 1937. El hecho de que, pese a su grado militar, fuera un poeta euskaldun, que tuvo relación con Federico García Lorca, autor de «una poesía de esperanza, tolerancia y solidaridad», hizo que muy pronto fuera incluido por la prensa vasca del exilio como uno de los «Mártires de la Patria», que había vertido su «sangre generosa» por «ser cristiano, humano y patriota».

De todas formas, ese renacimiento de la literatura euskaldun en la etapa republicana fue relativo, si lo comparamos con las cifras posteriores. Por ejemplo, en la década de 1930 se publicaron muchos menos libros en euskera que en la de 1960, en la etapa final del franquismo. Además, en los batzokis se organizaron clases de euskera, cuyo conocimiento era visto como un deber patriótico, aunque en la práctica muchos nacionalistas lo desconocían, sobre todo en Álava y Navarra. Pero lo que importaba era más la ilusión que el dominar la lengua vasca. Por ejemplo, en un centro nacionalista del sur de Navarra sus socios habían decidido «solicitar todos los servicios del Batzoki en euzkera, so pena de no ser atendidos. No pasarán, desde luego, de media docena las palabras que necesiten para estos menesteres, pero por algo se empieza». Un miembro de la agrupación infantil jeltzale de Tafalla afirmaba que «lo único que sentía en su vida era no poseer el euzkera», asegurando que para conseguirlo «se encerraría de buena gana en un caserío euzkeldun».

Desde ámbitos nacionalistas se promovió la colocación de rótulos en comercios anunciando que se atendía en euskera e incluso comenzó a venderse un pin que serviría para distinguir a los «amantes del vascuence» y que consistía en una letra «E», con la peculiar grafía utilizada en la cabecera del diario Euzkadi desde su nacimiento en 1913, pero que en este caso significaba Euskaraz («En euskera»). La utilización de este pin sirvió para vincular aún más ese tipo de letra con el PNV. En la Guerra Civil, el Gobierno vasco puso en marcha una policía autónoma a la que se denominó Ertzaña (un neologismo con el significado de «cuidador del pueblo»). A la hora de diseñar la identidad corporativa del nuevo cuerpo policial se decidió aprovechar el capital simbólico de la cabecera del Euzkadi y de la insignia de los euskaldunes. Por ello, dado que la palabra Ertzaña empezaba también por E, este mismo diseño pasó a convertirse en el emblema de la policía vasca y como tal aparecía en los uniformes, banderas, etc. Tras la aprobación del actual Estatuto vasco, la nueva Ertzaintza recuperó la inconfundible grafía de la E en la matrícula de sus coches oficiales. En la actualidad, todo el mundo la identifica como «la E de la Ertzaintza», sin conocer su origen.

Todas las asociaciones culturales mencionadas al hablar de la Dictadura continuaron actuando en estos años, en los que cobraron fuerza otras nuevas, especialmente en el ámbito educativo. Fue el caso de la agrupación de estudiantes vascos (Euzko Ikasle Batza), que tenía socios incluso en las universidades de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, París y Lieja, y sobre todo del movimiento de las escuelas vascas o ikastolas. Estos centros de enseñanza en euskera tenían antecedentes en la primera ikastola creada por el sacerdote Resurrección María de Azkue en Bilbao en 1897; y en la erigida en San Sebastián en 1914 por Miguel Muñoa. En 1932, el PNV creó su propia Federación de Escuelas Vascas (Euzko Ikastola Batza), con 27 centros y 1.500 alumnos en 1935. Las ikastolas —vinculadas al PNV, hasta el punto de que a veces eran pequeños centros situados en los locales del batzoki— querían formar al niño «como cristiano y como patriota vasco».

De este modo, la defensa del euskera aparecía asociada al nacionalismo, mientras desde ciertos sectores políticos se consideraba superfluo ese esfuerzo. En la prensa socialista vasca, por ejemplo, se publicó algún artículo en contra del aprendizaje del euskera y a favor del inglés, del francés o incluso del esperanto: «aunque soy partidario de que donde sea hablado [el euskera] debe conservarse, a ser posible, no dejo de reconocer que enseñarlo en las escuelas obligatoriamente es una verdadera insensatez». Parecían escucharse ya algunas polémicas sobre la enseñanza de la lengua vasca o su exigencia en la administración pública, que serían frecuentes a partir de la aprobación del Estatuto vasco de 1979. Por el contrario, para los nacionalistas era una estupidez poner al mismo nivel el euskera y las demás lenguas mencionadas, incluyendo la propuesta como lengua universal por el médico polaco Lázaro Zamenhof a finales del siglo XIX, que había sido acogida por parte de la izquierda obrera. Así, cuando el Ayuntamiento socialista de Sestao decidió en abril de 1933 subvencionar las clases de esperanto, Euzkadi añadió en tono de guasa: «En la próxima le tocará al euzkera».

Para mantener unida esta comunidad, los medios de comunicación jugaban un papel esencial. La prensa jeltzale tuvo una expansión sin precedentes, incluyendo cinco diarios, tres de ellos editados en Bilbao: Euzkadi, que se convirtió en uno de los periódicos más leídos e influyentes, con una tirada de unos 25.000 ejemplares; el deportivo Excelsior, que en octubre de 1931 cambió su nombre por el de Excelsius; y el vespertino La Tarde. En San Sebastián se publicaba El Día, con una estructura empresarial más independiente del partido, lo mismo que sucedía en Pamplona con La Voz de Navarra, que debido a la debilidad del nacionalismo en este territorio tuvo un sinfín de problemas económicos. Por último, pese a intentarse en varias ocasiones, Álava fue la única provincia donde el PNV fue incapaz de contar con un diario propio, aunque este hueco se intentó cubrir con un procedimiento periodístico muy moderno para la época: la publicación de una edición específica de Euzkadi para Álava.

Junto a los diarios, había un buen número de publicaciones políticas de periodicidad variada, editadas no solo en las capitales sino también en otras localidades. Otras publicaciones vinculadas al nacionalismo cubrían mercados sectoriales, como el sindical, el agrario, el cultural o el infantil. Entre estas últimas cabe destacar el cómic Poxpolin, editado en Tolosa íntegramente en euskera, siguiendo el modelo del famoso TBO español. No era sin embargo la primera vez que se editaba un tebeo infantil en lengua vasca, pues ya durante la Dictadura varios estudiantes de arquitectura vascos en Madrid habían puesto en marcha Txistu (1927-1928). Incluso había publicidad teñida de nacionalismo, tal y como lo demuestran los anuncios de «Laurak Bat. Las mejores hojas de afeitar nacionales», que incluía el dibujo de una ikurriña; «Azul Euzkadi. Para la ropa»; Pirotecnia Lecea: «para el Día de la Patria. Colecciones completas de fuegos artificiales, con explosión de los colores nacionales vascos en el aire»; o «¡Patriota, Solidario!, no olvides pedir siempre coñac Lauburu».

Además de la prensa, el teatro siguió siendo una importante fuente de socialización y de difusión de la doctrina nacionalista, aunque una vez más las obras directamente políticas eran pocas, en comparación con las comedias costumbristas. En Tolosa, el dirigente jeltzale Antonio María Labayen editó la revista teatral en euskera Antzerti (1932-1936). Pero al teatro se unieron medios más modernos, como la radio o el cine. En marzo de 1932 se iniciaba en Unión Radio de San Sebastián la emisión de Euskal irratsaioa, el primer programa radiofónico en euskera, dirigido por Ander Arzelus y Joseba Zubimendi. No es casual que ambos fueran afiliados al PNV, siendo el primero de ellos incluso miembro del EBB. Otro dirigente jeltzale, Teodoro Hernandorena, fue el responsable de uno de los primeros largometrajes cinematográficos de propaganda promovidos por un partido político en Europa: Euzkadi (1933). Este filme incluía tanto actos de propaganda jelkide como escenas de la vida cotidiana vasca y fue distribuido a instancias de los batzokis. De ahí que es posible que su objetivo propagandístico no fuera muy efectivo, pues la película apenas fue visionada fuera de la comunidad nacionalista. Pasado el entusiasmo inicial, el interés por el filme fue decayendo. Algunos testimonios señalan que, olvidado Euzkadi en San Sebastián durante la Guerra Civil, la cinta fue capturada y destruida por los franquistas. A fecha de hoy, no se conserva ninguna copia.

Por último, el deporte siguió siendo, como en las etapas anteriores, un importante mecanismo de sociabilidad y de promoción del espíritu nacionalista. Este empeño tenía lugar en un contexto en el que el deporte de masas ganaba adeptos a marchas forzadas. Además, fueron los años dorados del fútbol vasco, reflejado en los éxitos deportivos de sus equipos y en especial del Athletic de Bilbao, que se proclamó tres veces campeón de Liga y otras tantas de Copa entre 1931 y 1936. Es más, entre 1930 y 1932, la mitad de los equipos de la Primera División española, que había comenzado a disputarse en 1928 y que contaba entonces con solo diez clubes, eran vascos: Athletic, Donostia (nombre que había tomado la Real Sociedad tras la caída de la Monarquía), Arenas de Guecho, Deportivo Alavés y Real Unión (o Unión Club) de Irún.

Era un capital que el nacionalismo vasco no podía desaprovechar, en un momento en que todo el mundo era ya consciente de la trascendencia social y política del deporte. Por ejemplo, el semanario La Lucha de Clases afirmaba en 1931 que los socialistas no estaban dispuestos a permitir «que el deporte continúe en manos de la reacción y del clericalismo, para que lo utilicen como medio de distraer a las juventudes de otras actividades más elevadas». El PSOE creó asociaciones deportivas, como el Grupo Alpino Meabe, cuya misión era «la captación política de Vizcaya para el socialismo». Para ello hubo que superar algunas reticencias, pues algunos dirigentes socialistas consideraban este hecho «una herejía», al confundir la práctica del verdadero deporte sano «con la hiperestesia beodo-deportiva comercial que padecemos».

El PNV fue mucho más allá, aunque también en su seno hubo diferencias de opinión. El debate se centraba en qué tipo de deportes eran los adecuados para cultivar la «personalidad nacional» vasca. Algunos pensaban que esta función solo podían cumplirla las modalidades autóctonas, como la pelota o el deporte rural (aizkolaris, arrastre de bueyes, etc.), o como mucho el montañismo; pero no los deportes modernos, como el fútbol, al que «repudiaban por exótico». Como siempre, se adoptó una solución salomónica: promover en primer lugar los deportes «raciales», sin descuidar los importados. El PNV colaboró en la popularización de la pelota vasca en estos años, al considerarla el deporte nacional por excelencia. No solo organizó partidos y campeonatos de pelota sino que incluso constituyó federaciones propias de los batzokis.

También se crearon clubes deportivos nacionalistas, que practicaban deportes muy variados, incluyendo algunos minoritarios, como el tiro al plato o el esquí. Dentro de los deportes modernos, los más practicados fueron el montañismo —al que haremos referencia al hablar de los mendigoizales— y el ciclismo, puesto que ambos permitían conocer la geografía vasca y extender la propaganda por todos los rincones de Vasconia. En Vizcaya se creó una Federación de Txirrindularis (ciclistas) jeltzales y, con ocasión del Aberri Eguna de 1934, 275 ciclistas del grupo bilbaíno Txirrindulari Azkatuta fueron de Bilbao a Vitoria en bicicleta, pese al deficiente estado de las carreteras.

Como siempre, el ejemplo en esta nacionalización del deporte era Irlanda, tal y como reconocía una revista jeltzale en 1934: «¡Qué ejemplo nos dio Irlanda al constituir su Federación de deportes netamente irlandeses, frente a la que Inglaterra allí tenía como embajada de su dominación! Hay quien dice que no puede mezclarse el deporte con la política… Pero ¿no vamos nosotros a hacer cuestión nacionalista, nacionalizadora, eminentemente patriótica, si el deporte nos sirve tanto de rápido vehículo de nuestras aspiraciones, sabiéndolo emplear, como de dique de contención a la mayor rapidez de esos anhelos cuando lo abandonamos a la influencia exótica?».

El mayor dilema era qué hacer con el deporte profesional, pero también surgieron iniciativas para nacionalizarlo. El mejor ejemplo fue la organización en 1934-1936 de la «Copa Vasca» de fútbol, promovida por el diario nacionalista Excelsius. En ella participaron los mejores equipos de las cuatro provincias, incluyendo a Osasuna, pese a que Navarra se había retirado del Estatuto vasco en 1932. Excelsius recalcaba la necesidad de contar con una entidad que «estimule el fútbol vasco» y animaba «a esforzarse por todos los medios para que jamás se rompa la cordialidad que debe existir entre los clubs de nuestro país». No es extraño que desde la derecha se acusara a la Copa Vasca de ser una maniobra política del PNV, que estaría tratando de crear así un embrión de Liga nacional vasca de fútbol. En un libro publicado en pleno franquismo se decía, por ejemplo, que esta competición había sido «consecuencia de una “perra” que cogieron los órganos periodísticos del separatismo y que encerraba un auténtico prurito secesionista, fácilmente perceptible a simple vista».

Otro modo de nacionalizar el deporte profesional era identificar al equipo vasco más exitoso de la época (el Athletic de Bilbao) con el ideal nacionalista. Sin embargo, esta identificación era problemática, pues a lo largo de su historia el Athletic ha sido un símbolo de la identidad vizcaína, vasca o española, compatible con diferentes ideologías. Ni siquiera está demostrado que el nacionalismo influyera en la decisión del club de contar solo con jugadores vascos, constituyendo, en palabras del prestigioso diario deportivo francés L’Equipe, un «caso único en el fútbol mundial». De hecho, esta política se mantuvo sin problemas durante el franquismo y nunca ha sido objeto de discusión. Sin embargo, la prensa nacionalista tendía a destacar esta identificación del Athletic con lo vasco, mientras otros equipos solo contaban con «jugadores mercenarios». Por ejemplo, en junio de 1936, Excelsius escribió: «el Athletic jugará el domingo (un domingo cualquiera) contra un combinado checorrusoitalicoalemanchuriano, que representa, por ejemplo, a Madrid».

Sin embargo, el hecho de que prestigiosas figuras jeltzales estuvieran ligadas al Athletic de Bilbao contribuyó a modelar esa identificación del equipo con el nacionalismo. Por ejemplo, dos miembros de la mencionada familia nacionalista (Alejandro y Manuel de la Sota) fueron presidentes del club en 1911-1917 y 1926-1929, respectivamente. También el principal líder del PNV durante la República y futuro lehendakari José Antonio Aguirre fue jugador del Athletic entre 1921 y 1925, en la etapa previa a la profesionalización de este deporte. Para sus seguidores, el que un personaje de la talla de Aguirre hubiera sido jugador del Athletic era un importante valor añadido simbólico. Otros no lo veían del mismo modo: el propio Indalecio Prieto se refirió a esta faceta de su vida en un debate en las Cortes en 1931, criticando su actuación como diputado de la minoría vasco-navarra defensora del Estatuto de Estella: «es muy difícil, Sr. Aguirre, saltar desde la línea delantera del Atletic Club a la línea delantera de este equipo vasco-navarro que a S. S. le toca capitanear. No es lo mismo».

Pero, como ya hemos adelantado, la relación entre deporte profesional e identidad nacional era y es mucho más compleja de lo que puede parecer a primera vista. Por ejemplo, el seleccionador español de fútbol en 1934-1936 fue el alavés Amadeo García de Salazar, que dirigió a España en el Mundial de Italia en 1934. La Roja logró la proeza de eliminar a la potente selección brasileña, antes de caer con la anfitriona en un polémico partido. Pero García de Salazar era además un destacado dirigente de ANV, llegando a ser miembro de su Comité Nacional. Algo semejante sucedería años más tarde con Javier Clemente, seleccionador de España en 1992-1998, que nunca ocultó sus simpatías por el PNV, mostrándose partidario de una Euskadi «independiente, libre». Incluso hubo quien quiso ver un trasfondo político a su rivalidad deportiva con el delantero del Athletic Manu Sarabia, cuando Clemente era entrenador del club. Todavía en las elecciones autonómicas de 2009 El Correo escribió que la campaña electoral parecía «la reedición de uno de los mayores seriales de la historia del fútbol vasco […]: la rivalidad entre Javier Clemente y Manuel Sarabia. A mediados de los ochenta, casi llegan a las manos. Veinticinco años después, siguen en bandos separados. Al entrenador se le ha visto en diferentes mítines de Juan José Ibarretxe [el lehendakari jeltzale]. El delantero y ahora comentarista televisivo apareció ayer en un hotel bilbaíno en un acto de apoyo a Patxi López [el candidato socialista]».

Es más, incluso el más preciado mito de la historia del fútbol español tiene su origen en un destacado nacionalista vasco. Se trata de la «furia española», seña de identidad de la selección desde los años veinte hasta que en la década de 2000 Luis Aragonés y Vicente del Bosque introdujeron el tiki-taka, dejando a un lado la furia. La historia de este concepto comenzó con la victoria de España contra Suecia en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920. Según la leyenda, José María Belausteguigoitia (Belauste) gritó «¡A mí el pelotón, Sabino, que los arrollo!», dirigiéndose a su compañero de la selección y del Athletic, el centrocampista Sabino Bilbao. «Y vaya si los arrolló: entró en la portería con el balón y varios defensas suecos aferrados a su camiseta. Como no estaba claro quién había atropellado a quién, el árbitro cerró los ojos…». Hasta la Eurocopa de 1964, la medalla de plata así conseguida en Amberes fue el mejor palmarés de la selección española. Sin embargo, Belausteguigoitia había sido vicepresidente de Juventud Vasca de Bilbao y —lo que es más increíble— en 1920, solo unos meses después de ser el protagonista del famoso gol, fue candidato jeltzale en las elecciones a Cortes por Vizcaya. En 1930 formó parte del Comité de ANV, aunque después tuvo discrepancias con este partido. Durante la guerra fue gestor municipal del PNV en Llodio (en la zona republicana) y «después de haberse puesto enfrente de los elementos del Frente Popular por oposición ideológica y de haber prestado servicio a personas de derechas […] huyó al extranjero». Pese a esta actuación humanitaria, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le impuso una fuerte multa. Falleció en México en 1964.

De esta forma, un nacionalista vasco fue protagonista inopinado del origen de la «furia española», un mito españolista, que sería utilizado por el franquismo. Incluso el presidente de la República española en el exilio, Diego Martínez Barrio, reconocía en una carta que escribió a Manuel Irujo en 1949 que —en política como en fútbol— las cosas son siempre mucho más complejas de lo que parecen a primera vista: En «las ligas internacionales de fut-bol (sic) ha llegado a ser un tópico la furia española, modalidad de juego que distingue a nuestros equipos y que los hace peligrosos para sus adversarios. Sospecho que la furia española no es otra cosa que la furia vasca elevada al cubo».

Del cielo al infierno… en solo un año

Gracias en parte a su capacidad para traspasar los límites de un partido político clásico, convirtiéndose en una comunidad bien articulada, el PNV había conseguido en noviembre de 1933 el mayor éxito electoral de su historia. De hecho, es significativo que, frente a la euforia jeltzale, ANV fracasara no ya en los comicios de 1933 sino en general a lo largo de toda la etapa republicana. Quizás no solo por cuestiones ideológicas sino también porque no llegó a emular al PNV en su pretensión de convertirse en «un pueblo en marcha», limitándose a una estructura de partido convencional. Tal vez no sea casualidad que en el futuro fracasaran igualmente otros partidos nacionalistas heterodoxos que, como Euskadiko Ezkerra, también renunciaron a ese modelo de partido-comunidad, frente al éxito del PNV y de Herri Batasuna.

En cualquier caso, a finales de 1933 para el PNV había llegado el momento de recoger los frutos de su éxito en las urnas. Su principal objetivo a corto plazo era la obtención del Estatuto que, tras haber sido aprobado en referéndum, debía ahora recibir el visto bueno de unas Cortes muy distintas de las de 1931. Enseguida pudo verse que el ambiente político del hemiciclo, dominado por el Partido Radical y por la CEDA, no iba a ser propicio para las autonomías. El PNV, que se había equivocado al elegir al carlismo como aliado en 1931, volvió a errar al jugar la carta del Partido Radical en 1933. Faltos de un sentimiento autonomista sincero, los radicales solo habían apoyado al PNV de manera coyuntural. Al ver que, tras los resultados electorales, no necesitaban a los jelkides para gobernar, perdieron casi todo su interés por la autonomía. Por su parte, la CEDA había heredado la tradición centralista de casi toda la derecha española e identificaba el Estatuto con un primer paso en la ruptura de la unidad de España.

Pero como siempre, los problemas no venían solo de fuera, sino también de la falta de unidad de la sociedad vasca ante la autonomía. En esta ocasión, las dificultades iban a venir de Álava. A raíz del resultado del referéndum y probablemente animado por la nueva mayoría política, mucho más favorable a sus intereses que la del primer bienio, Oriol promovió una campaña para lograr la salida de Álava del Estatuto. El líder tradicionalista sostenía que esta provincia debía ser excluida de la autonomía, puesto que en el censo alavés los votos negativos y las abstenciones habían superado a los afirmativos. Es cierto que el porcentaje de votos previsto en la Constitución sí se había logrado en el conjunto vasco pero, si por el mismo motivo se había permitido separarse a Navarra en 1932, ¿por qué no aplicar la misma lógica a Álava?

Antes de votarse en el pleno de las Cortes, el Estatuto debía pasar el filtro de la Comisión de Estatutos. La primera misión de esta Comisión fue precisamente dictaminar la cuestión alavesa. Se trataba de algo vital para el PNV, pues, aunque había aceptado un Estatuto sin Navarra, la retirada de Álava hubiera hecho naufragar el proceso autonómico. Era una oportunidad de oro que las derechas antiautonomistas no podían dejar pasar de largo. En palabras del líder monárquico Antonio Goicoechea, que expresaba así su propio deseo, la «eliminación de Álava, siguiendo a la de Navarra, representa el fracaso definitivo del Estatuto vasco». En la Comisión quedaron enseguida planteadas tres posturas. El dictamen mayoritario, aprobado con los votos radicales, socialistas, catalanistas y galleguistas, llegaba a la conclusión de que no constaba claramente la voluntad alavesa. Por ello proponía a las Cortes la celebración de un nuevo referéndum, en el que se preguntaría a Álava si quería o no formar parte de la Región autónoma vasca. Por su parte, Aguirre presentó un voto particular para que se considerara a Álava definitivamente incluida en el Estatuto, al haberse cumplido las prescripciones constitucionales, mientras Oriol y otros diputados derechistas presentaron otro en sentido opuesto, es decir, pidieron que Álava fuera excluida de la autonomía, sin necesidad de celebrar un nuevo referéndum, puesto que consideraban probada la voluntad alavesa contraria a su integración en Euskadi.

Jurídicamente, la postura de Aguirre era la más ajustada a la Constitución, pero el PNV carecía de apoyos para sacar adelante su moción, tal y como se vio cuando el pleno de las Cortes discutió las diferentes propuestas, entre febrero y abril de 1934. El voto particular de Aguirre fue rechazado por 158 votos en contra y solo 87 a favor. También lo fue, aunque por un estrecho margen (136 diputados en contra y 125 a favor) el presentado por Oriol, que hubiera significado una auténtica debacle para el PNV. Los votos favorables al diputado tradicionalista procedían de la CEDA y de otros grupos derechistas. Sin embargo, su propuesta fue derrotada gracias a que Gil Robles dejó en libertad de voto a sus diputados y varios cedistas votaron en contra: entre ellos, los representantes de la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucia, muy próximo a Aguirre por su catolicismo. Cuando estalló la Guerra Civil, este diputado regionalista integrado en la CEDA se adhirió oficialmente a la República, pese a lo cual fue encarcelado y procesado en zona republicana, por ser católico y derechista. Tras salvarse casi milagrosamente de las sacas de presos que precedieron a la conquista de Barcelona, su apoyo a la República en 1936 hizo que fuera juzgado y condenado a muerte por los franquistas. El aval de autoridades religiosas facilitó que fuera indultado, aunque pasó en prisión y en confinamiento los pocos años que le quedaron de vida, hasta su fallecimiento en 1943.

En teoría, una vez derrotados los dos votos particulares, el 5 de abril las Cortes debían haber votado el dictamen mayoritario de la Comisión, dando paso a la celebración de un nuevo referéndum en Álava, un mal menor que los jeltzales estaban dispuestos a aceptar. Sin embargo, por un error de procedimiento, la sesión terminó sin que se sometiera a votación el dictamen. Y ello sucedió así simplemente porque el presidente de las Cortes tuvo que ausentarse del hemiciclo, dejando su puesto al vicepresidente que, al estar recién llegado, se confundió y no supo qué hacer. Y es que a veces la Historia depende de pequeños detalles aparentemente sin importancia. En este caso, el despiste del vicepresidente quizás favoreció al PNV, pues es posible que —con Oriol y el carlismo envalentonados, y ya sin el apoyo del Partido Radical desde las instituciones— un nuevo referéndum en Álava hubiera dado un resultado negativo.

Los acontecimientos políticos del conflictivo segundo semestre de 1934, que veremos a continuación, hicieron que la cuestión no volviera ya a discutirse en estas Cortes, por lo que la situación de Álava ante el Estatuto quedó en un limbo. A pesar de que la Comisión de Estatutos reanudó sus trabajos y en junio de 1935 dictaminó casi todo el proyecto, en la práctica el proceso autonómico se frenó de nuevo. De hecho, el Estatuto no había vuelto al pleno de las Cortes cuando estas se disolvieron en enero de 1936, dejando atrás un bienio lleno de inestabilidad, de conflictos y de sobresaltos.

A lo largo de esta etapa, el PNV se fue sintiendo cada vez más solo. Su alejamiento de la derecha, su antigua aliada de 1931, no había significado aún un acercamiento a la izquierda, mientras el centro político español estaba en sus antípodas con respecto al modelo de Estado. Así lo explicaba Euzkadi en enero de 1934: «Somos judaizantes y masones, en concepto de muchos católicos; sacristanes y chupacirios, para algunos patriotas. Burgueses, en concepto de los socialistas. Soviéticos y revolucionarios, en sentir del integrismo. Republicanos y acomodaticios, según los alfonsinos […]; monarquizantes, a tenor de lo que dicen los energúmenos de la izquierda. Enemigos de la tradición, a juicio de los tradicionalistas; apegados reaccionarios a lo viejo, en opinión de quienes rinden culto al progreso». Pero en el fondo, tal y como escribió Aguirre en 1935, el PNV era consciente de que «el Estatuto Vasco tendrá más dificultades cuanto más se acentúe el auge derechista, y tendrá más facilidades a medida que decrezca aumentando la izquierda. Esta es nuestra tragedia».

Esta tragedia —la de un partido católico abocado a un acuerdo con las izquierdas para conseguir su objetivo— se reflejó incluso en la relación jelkide con el catalanismo. En junio de 1934 el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró ilegal la ley de cultivos aprobada por el Parlamento catalán, controlado por la Esquerra Republicana. El PNV consideró que esta decisión era un ataque del poder central a la autonomía catalana y que sentaba un mal precedente para el futuro del Estatuto vasco. Por ello, decidió solidarizarse con la Esquerra, que se retiró de las Cortes en señal de protesta contra el Gobierno. Los diputados jeltzales también abandonaron la cámara, mientras los catalanistas conservadores de la Lliga seguían en sus escaños. Casi por primera vez, el PNV se situaba en un tema clave más cerca de la izquierda que de la derecha, aunque en este caso el dilema se refiriera a las dos ramas del nacionalismo catalán y no a la política española. La prensa derechista escribió que los jeltzales, «uncidos a la carreta de la revolución contra Dios y contra España», apoyaban a «la Esquerra masónica, con la complicidad del socialismo internacionalista». Según esta interpretación, el PNV formaba parte de un «ataque de las extremas izquierdas contra el actual Gobierno». Casi nadie hubiera metido tres años antes al PNV en el saco de las «extremas izquierdas», pero aquí se visualizaba el cambio de alianza jelkide.

Poco después, un nuevo conflicto, esta vez circunscrito al País Vasco, iba a alinear de nuevo al PNV con la izquierda. El denominado movimiento municipalista en defensa del Concierto económico se produjo en el verano de 1934, a raíz del intento del Ministerio de Hacienda de aplicar en el País Vasco el denominado Estatuto del vino. Pese a su origen fiscal y económico, pronto se convirtió en un pleito de carácter político, que puso en jaque al Gobierno, en manos del Partido Radical. En plena crisis económica, el aumento de la producción vinícola española y la dificultad para colocar toda la producción en el mercado habían llevado a la promulgación en 1932 del mencionado Estatuto, que implicaba la supresión de los impuestos sobre el vino. Se trataba, en definitiva, de promover el consumo de «los vinos de producción nacional», para activar la economía. Una medida que favorecía a las zonas productoras, pero no al País Vasco que, salvo en La Rioja alavesa, consumía pero no elaboraba vinos.

Todo indicaba que la aplicación de esta medida en el País Vasco traería consigo la ruina de las haciendas municipales, que subsistían gracias a los impuestos sobre consumos y en particular sobre el vino. Por si fuera poco, este cambio fiscal se consideraba una transgresión del Concierto económico, considerado ya un bien intocable, heredero de los Fueros decimonónicos. Así que en este caso el huevo y el fuero —el interés material y lo simbólico— iban unidos. Todo ello había llevado a los alcaldes de las tres capitales y a las Gestoras de las Diputaciones a pedir al Gobierno que la medida no se aplicara en el País Vasco. Inicialmente los representantes vascos no solo lograron su propósito sino que contaron con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, agrupados en torno a la defensa del Concierto.

Sin embargo, en el verano de 1934, después de la moción de un grupo de diputados derechistas en las Cortes en este sentido, el nuevo ministro de Hacienda, el radical Manuel Marraco, decidió aplicar el Estatuto del vino en las provincias vascas, lo que provocó la reacción en contra de un buen número de municipios. Por el contrario, el ministro consideraba que no se podía «consentir que haya fronteras dentro del Estado», por lo que esa desgravación fiscal debía aplicarse también en territorio vasco. Enseguida, los campos políticos se deslindaron claramente, olvidando la unanimidad inicial. Los partidos de la oposición (el PSOE, Izquierda Republicana y el PNV) aprovecharon para organizar un movimiento municipalista a favor del Concierto y en contra del Gobierno, contando este con el apoyo de la derecha. Además, los ayuntamientos consideraban que las Gestoras (nombradas por el Gobierno y por lo tanto en manos de los minoritarios radicales vascos) no representaban la voluntad popular y por ello no defendían con suficiente empeño el Concierto. Se reavivaron así las peticiones de democratizar las Diputaciones, que el PNV había hecho desde 1931, aunque paradójicamente ahora la izquierda —opuesta a esta idea durante el primer bienio— había pasado a apoyar la medida, en un momento en que ya no las controlaba.

La tensión entre los ayuntamientos y el Gobierno fue subiendo de tono en los meses siguientes, demostrándose que el gobernador civil de Vizcaya, que pensaba que todo sería «una tempestad en un vaso de agua», se había equivocado de cabo a rabo. Tras una primera asamblea de ayuntamientos a principios de julio, se decidió realizar el 12 de agosto una votación entre todos los concejales vascos para elegir una «Comisión permanente en defensa del Concierto económico y de la autonomía municipal». El Gobierno consideró que se trataba de una «maniobra torpe y clara» de la oposición para sustituir ilegalmente a las Gestoras y decidió aplicar una política de mano dura. Los gobernadores prohibieron la votación y anunciaron sanciones para los ediles que participaran en ella. El 12 de agosto las fuerzas de seguridad ocuparon las Casas consistoriales para impedir que los ayuntamientos celebraran sesión. Pese a todo, en medio de una gran confusión, las corporaciones locales controladas por la izquierda o por el PNV fueron poco a poco realizando la votación. En Vizcaya, el gobernador cesó a varios alcaldes, incluyendo el de Bilbao, cuya corporación estuvo más de un mes sin primer edil, pues ninguno de los concejales quiso sustituirle.

La comisión que salió de las votaciones convocó una asamblea en la localidad guipuzcoana de Zumárraga el 2 de septiembre para defender la «intangibilidad del Concierto económico», a la que también fueron invitados los diputados vascos y los catalanes. Asistieron solo los nacionalistas y los izquierdistas de ambas comunidades, aunque no todos: Azaña, que era diputado por Bilbao, se excusó, aunque envió un telegrama en el que apoyaba la «política autonomista republicana». Más tarde, en sus memorias, el expresidente del Gobierno explicó que la presencia de los representantes de la Esquerra parecía querer resucitar la «estupidez» de la Triple Alianza y, «dado el cariz que tomaba la cuestión», no quería avalar el movimiento con su presencia. Pese al envío de guardias de asalto para impedir que los invitados llegaran a Zumárraga, muchos lograron romper el cordón policial y se reunieron en la Casa Consistorial.

Euzkadi habló de una «verdadera ocupación militar» de la villa guipuzcoana, que propició que, tras los discursos del socialista Prieto, del jelkide Monzón y de un representante de la Esquerra, la asamblea se disolviera tras protestar enérgicamente contra el modo en que el Gobierno atropellaba los derechos de los representantes municipales, elegidos democráticamente. Con tres años de diferencia, Zumárraga fue el contrapunto de la asamblea de Estella de 1931: el PNV ya no se retrataba con los carlistas sino con los socialistas. En febrero de 1936, la propaganda derechista utilizaría la foto de los jelkides caminando junto a Prieto por las calles de Zumárraga para demostrar que aquellos se habían convertido en «cómplices» de la revolución. Para enredar aún más las cosas, cuando al día siguiente los anfitriones llevaron a sus colegas catalanes a visitar la tumba de Sabino Arana y el árbol de Guernica, la policía cargó contra el público, mientras la banda de música tocaba el Gernikako arbola. Euzkadi denunció la «vergonzosa jornada» y pidió la destitución del gobernador. Las «bárbaras cargas» policiales produjeron varios heridos y hubo momentos de tensión, como cuando «un oficial de la Guardia civil derribó dos banderas vascas que llevaban los dantzaris».

Como protesta, la comisión coordinadora del movimiento ordenó «la dimisión colectiva de todos los Ayuntamientos del País Vasco». La mayor parte de los municipios vizcaínos y guipuzcoanos —donde el PNV y la izquierda eran mayoritarios— obedecieron esa orden, que solo fue cumplida por unos pocos alaveses, incluyendo el de Vitoria. En Álava influyó no solo la preeminencia tradicionalista en la zona rural sino también la particular situación de La Rioja alavesa, famosa ya en esa época por la producción de vinos de calidad. Por ello, aunque se trataba de una comarca con alta presencia de la izquierda, sus intereses económicos eran contrarios a los del resto del País Vasco. De ahí que los concejales izquierdistas riojanos desobedecieran las órdenes de sus partidos y apoyaran al Gobierno en su intento de promover la venta del vino.

De este modo, a finales de septiembre el movimiento culminó con la dimisión o destitución de todos los concejales que lo apoyaban. Para sustituirlos, el Gobierno tuvo que nombrar Gestoras municipales (compuestas por radicales y derechistas, incluyendo a monárquicos y primorriveristas), que a duras penas gobernaron la mayor parte de los municipios vascos durante 1935. Muchos de los exconcejales fueron procesados y en bastantes casos condenados a penas de inhabilitación o multas, por «abandono de funciones» o incluso por «sedición». Los ediles de Bilbao se convirtieron en símbolo de la resistencia contra el Gobierno, al permanecer dos semanas en prisión. Esta grave crisis institucional no se resolvió hasta que, después de las elecciones de 1936, los concejales destituidos fueron repuestos por el nuevo Gobierno del Frente Popular. Desde el punto de vista político, lo más importante fue que en este conflicto el PNV se situó con Izquierda Republicana y el PSOE; y en contra de la Comunión Tradicionalista y del Partido Radical. La represión conjunta de los concejales de izquierdas y del PNV subrayó la solidaridad entre dos sectores que apenas año y medio antes (en la etapa de Amilibia como gobernador de Vizcaya) eran enemigos irreconciliables.

A finales de septiembre de 1934 el PNV anunció que sus diputados iban a reintegrarse a las Cortes, tras varios meses de ausencia, al haberse alcanzado un compromiso de mínimos entre la Esquerra y el Gobierno en torno a la ley de cultivos catalana. Sin embargo, se trató solo de la calma que precede a la tempestad. El 4 de octubre Lerroux formaba un nuevo Gobierno que incluía a tres ministros de la CEDA, el partido más votado en las elecciones de noviembre del año anterior. Al día siguiente estallaba el movimiento revolucionario que el PSOE y la UGT llevaban preparando desde hacía meses y que tuvo como centros neurálgicos a Asturias, a Cataluña —donde la revolución tuvo unas características diferentes— y en menor medida al País Vasco.

La huelga revolucionaria fue secundada en las zonas industriales de Vizcaya y Guipúzcoa, provocando más de cuarenta muertos, la mayor parte en enfrentamientos entre los revolucionarios y las fuerzas del orden. Los sucesos más graves se produjeron en Mondragón, donde entre otros fue asesinado el gerente de la Unión Cerrajera y diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui. El padre del futuro ministro de la Unión de Centro Democrático en la Transición, Marcelino Oreja Aguirre, y abuelo del líder del Partido Popular en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja, era un buen amigo de José Antonio Aguirre, con quien había coincidido en diversas organizaciones católicas. Pese a militar en partidos distintos, ambos compartían una «posición decidida en favor de una política social de avanzado contenido, inspirada en las directrices pontificias» y de ahí que el diputado jeltzale expresara «el horror que le causaba el alevoso crimen». La represión que siguió a la revolución fue muy intensa: en el País Vasco hubo más de 1.600 detenidos. Después del triunfo del Frente Popular, la amnistía decretada por el nuevo Gobierno puso a todos los presos en libertad, del mismo modo que había sucedido durante el segundo bienio con los condenados por el fallido golpe de Estado de Sanjurjo de agosto de 1932.

Las derechas llevaron a cabo una intensa campaña para «desenmascarar» al PNV, que se habría convertido en partícipe de la revolución. En realidad, hoy sabemos que esas acusaciones apenas tenían base real. Ni el PNV ni ELA-STV participaron en la revolución de octubre y ordenaron a sus afiliados una «absoluta abstención» ante el movimiento. No obstante, en ciertas zonas algunos miembros del sindicato nacionalista, desoyendo las órdenes de neutralidad de sus dirigentes, sí tomaron parte activa en la huelga, a causa de la tensión política acumulada durante el verano de 1934 y de su oposición al Gobierno. El propio PNV reconoció en un informe interno posterior que unos «pocos» jeltzales «se sumaron a los grupos revolucionarios», pero que «lo hicieron contraviniendo las órdenes de la Organización».

Sin embargo, la actuación nacionalista durante el verano de 1934 y el que la postura de ELA-STV fuera de «inhibición» ante la huelga (y no de oposición) facilitaron las acusaciones de la derecha. Un periódico carlista escribió que la alianza «del nacionalismo con la izquierda española no es ya una afinidad circunstancial, sino una coincidencia proyectada y realizada». También la izquierda le acusó de «duplicidad». Según un informe comunista, los jelkides, «al mismo tiempo que se comprometían (aunque con toda clase de reservas) en el movimiento, procuraron en todo momento poner de relieve su acatamiento al poder central para tener segura la retirada».

Los argumentos autoexculpatorios del PNV no parecieron convencer al Gobierno, que reprimió al nacionalismo, aunque menos que a las izquierdas. En Vizcaya y en menor medida en Guipúzcoa se clausuraron los locales del PNV y de ELA-STV e incluso se cerraron varias ikastolas jeltzales. Además, más de un centenar de nacionalistas fueron detenidos, incluyendo al BBB en pleno y al propio José Antonio Aguirre, aunque este último, junto a la mayoría de los dirigentes del partido, fue muy pronto puesto en libertad. En junio de 1935 apenas quedaban treinta nacionalistas en prisión. A diferencia de lo sucedido en el primer bienio, Euzkadi no fue suspendido, como tampoco lo fue el diario republicano-socialista El Liberal; una medida de la que no se libraron el semanario comunista Euzkadi Roja y el socialista La Lucha de Clases.

El hecho de que el PNV y ELA-STV sufrieran la represión gubernamental era un argumento más que confirmaba las sospechas de la derecha. Esto podía empujar a su vez al nacionalismo a radicalizarse, pero las autoridades del PNV respondieron con una moderación estratégica inusitada, llegando incluso, por vez primera en su historia, a votar a favor de la investidura de un Gobierno español: el de coalición entre el Partido Radical y la CEDA, presidido por Lerroux, que se presentó a las Cortes el 6 de noviembre. Eso sí, el PNV no quiso «poner su fuerza al servicio de sus irreconciliables enemigos del derechismo español» y se negó a colaborar en la represión contra los revolucionarios, pidiendo a Alcalá-Zamora que, haciendo gala de «sentimientos cristianos», conmutase las condenas a muerte.

Calvario y resurrección

Pese a sus intentos por mantenerse al margen, las consecuencias del movimiento revolucionario zarandearon al PNV, pasando de la euforia de noviembre de 1933 a la profunda desesperación de octubre de 1934. Un informe del BBB enviado al obispo de Vitoria reconocía que los «meses transcurridos desde octubre del año de 1934 han sido para nuestra organización de continuo y no interrumpido martirio». En la misma fecha, Euzkadi hablaba de ese periodo como de un «calvario», «el más difícil por el que haya pasado jamás el nacionalismo vasco». Las «continuas tribulaciones» sufridas por el PNV llevaron a Aguirre a hablar del «año malhadado de 1935», en el que su partido había sido acosado «por ambos flancos de izquierda y derecha».

A la vez, se abrían brechas en la unidad jeltzale por varios flancos. Esta vez tenía razón la prensa derechista, al comentar las discusiones que habían tenido lugar en algunos batzokis: «Los nacionalistas llevan una temporada de discordias constantes. Tratan los dirigentes de demostrar que ellos fueron muy buenos en octubre [de 1934]; y mientras al ala derecha del partido le parece que esa bondad es demasiado discutible, a los del ala izquierda les parece demasiado que, tras no echarse a la calle para ayudar un poco a los hombres de Companys [el presidente de la Generalitat de Cataluña], anden ahora sus jefes tratando de ponerse a bien con España». Hubo quien contribuyó a la cuestación abierta a favor de los militares muertos al enfrentarse a los revolucionarios en Asturias. Los sectores más radicales no entendían que un jeltzale, por muy moderado que fuera, colaborara así con el opresor. Consideraban además que, al igual que en 1917-1919, la moderación estratégica llevada a cabo por la dirección del partido solo había servido para que el Gobierno español oprimiera todavía más a Euskadi.

Así, sabemos que en varias localidades descendió el número de afiliados al PNV, al pedir la baja algunos que se habían convencido de que las acusaciones derechistas de concomitancias con la revolución eran ciertas. Una carta personal que el diputado jelkide por Álava Francisco Javier Landáburu escribió a Aguirre a finales de octubre de 1934 muestra bien a las claras el deprimente estado de ánimo de los nacionalistas vascos después de la revolución, y la pérdida de apoyos que habían sufrido:

Te escribo con el pensamiento puesto en el interés de la patria, en la vida de nuestro partido que, seguramente, jamás ha padecido una crisis como esta. No creo que mi situación de ánimo diste mucho de la de cualquiera de vosotros. Depresiones, inquietudes, amarguras, una desorientación grande que desespera mucho más por la mudez a que nos tiene sometida el estado de guerra.

Nuestros enemigos se ceban en nosotros, nos acusan sabiendo que somos inocentes. Cada encuentro en la calle es una polémica y, lo que es peor, en nuestros amigos se advierte inquietud también, desasosiego, en los unos, porque creen que debimos hacer y, en los otros, porque tienen el miedo de que tal vez hicimos demasiado.

Es indudable que, si no afiliados, hemos perdido ambiente. La gente de buena fe solo oye acusaciones sin que nosotros mismos nos defendamos, recela, vacila y se nos va, es indudable, se nos va.

En efecto, la crisis de octubre de 1934 incidió en los problemas internos del partido, que habían comenzado antes, hasta dar lugar en la primavera de 1934 a la escisión radical de Jagi-Jagi («Alzaos»), llamada así por el nombre del semanario que fue su portavoz. La ruptura recordaba otras anteriores, centradas en el debate entre independentismo y moderación, y su alma mater fue una vez más Elías Gallastegui. Jagi-Jagi había comenzado a publicarse en Bilbao en septiembre de 1932, como portavoz de la Federación de Mendigoizales de Bizkaia. Cada uno de sus jóvenes asociados era un «alpinista por patriotismo», que debía dedicarse no solo a realizar excursiones al monte sino también a ser vanguardia del nacionalismo. En consecuencia, los mendigoizales organizaban actos de propaganda, llevaban a la práctica un gran activismo —propio de su edad— e incluso a veces portaban armas y se enfrentaban en las calles con milicias de otros partidos, en un contexto en que la violencia política estaba a la orden del día y casi todos los partidos, de izquierda y derecha, contaban con grupos de «autodefensa». Los mendigoizales desempolvaron las ideas sabinianas puras y el independentismo aberriano. Su lema Gu bakarritik («Nosotros solos») era la traducción del gaélico Sinn Féin, el grupo más radical del nacionalismo irlandés y futuro brazo político del IRA en el último tercio del siglo XX. No por casualidad, también en Cataluña existía un pequeño grupo independentista llamado Nosaltres Sols, puesto que Irlanda era el modelo que se debía seguir por parte de estos sectores radicales.

Al principio, las relaciones de Jagi-Jagi con la dirección del PNV fueron buenas. En la etapa de Amilibia, remaban a favor de la corriente, pues representaban bien la idea martirial ante las injusticias. Los jóvenes se manifestaban prontos «a derramar nuestra sangre» para «conseguir la libertad absoluta de nuestra patria»: «ansiamos la prisión, los grilletes, las celdas de castigo. Estamos dispuestos a sufrir los mayores martirios, porque sabemos que con ello nuestro fervor nacionalista saldrá más robustecido». De hecho, en sus pocos años de vida Jagi-Jagi acumuló un buen número de suspensiones, denuncias y procesos en su contra. No hubo, sin embargo, llamadas a la violencia, pues su idea era más bien la resistencia pasiva de Gandhi.

Sin embargo, las cosas cambiaron en la segunda mitad de 1933, cuando el PNV se moderó y volvió a poner en primer plano la obtención del Estatuto. De modo insólito, Jagi-Jagi decidió dejar de publicarse las semanas previas al referéndum, «pues entendían que no permitiéndoles la orientación separatista del semanario pronunciarse a favor del Estatuto, tampoco creen conveniente con su silencio dar a entender que se enfrentaban al PNV y sus Autoridades». Poco antes, Jagi-Jagi había iniciado una campaña para que el PNV designara candidato a las elecciones a Cortes a Francisco Idiáquez. Se trataba de un jeltzale de Guetaria que en febrero de 1932, en medio de una disputa política, había causado la muerte a un republicano. Todo indica que había sido en legítima defensa, pero Idiáquez fue procesado y sometido a un juicio por jurado, en el que fue condenado a veintiún años de prisión. ¿Qué había sucedido? Pues que los miembros del jurado, que como el acusado apenas sabían castellano, al proceder de la zona rural de Guipúzcoa, no entendieron el procedimiento judicial y, queriendo declararle inocente, le declararon culpable.

Idiáquez se convirtió así en símbolo no solo de la persecución del nacionalismo sino también de la defensa del euskera, oprimido por el Estado. La campaña orquestada por Jagi-Jagi en su defensa recuerda en parte lo sucedido en Bélgica tras la Primera Guerra Mundial, cuando los nacionalistas de Flandes acusaron al Estado belga de haber provocado la muerte en el frente de miles de soldados flamencos (de habla neerlandesa), al no entender las órdenes en francés de sus oficiales, casi exclusivamente valones o francófonos. Pero a las autoridades del partido la idea de Jagi-Jagi les parecía una ocurrencia estrambótica, entre otras cosas porque, de ser elegido diputado, sería inhabilitado. Incluso Luis Arana estaba en contra, pues pensaba que «el pobre Idiáquez delinquió a pesar de todas las atenuantes que yo gustosísimamente reconozco». Finalmente, Idiáquez no fue designado candidato, aunque el PNV ayudó a revisar su proceso, siendo absuelto por el Tribunal Supremo en 1934.

Al mismo tiempo, se incrementaron las polémicas doctrinales entre Euzkadi y Jagi-Jagi. Los diputados jeltzales, empeñados en llevar a la práctica su táctica moderada, fueron la principal diana del semanario, que se manifestó en contra de «todo gesto político de acercamiento a España, toda colaboración que presten al Gobierno español». El problema era que no estaba claro si el PNV tenía o no capacidad de mando sobre el semanario, al ser portavoz de una organización paralela pero no integrada en el partido. El propio presidente de los mendigoizales vizcaínos planteó al BBB «la situación del Mendigoxale, de los que dice no saber si están dentro o fuera de la organización del PNV». Para evitar esta imprecisión, el BBB instó a los mendigoizales a aceptar los dictados del PNV. De inmediato, dos dirigentes de Jagi-Jagi (Manuel de la Sota y el propio Gallastegui) se dieron de baja en el partido. En enero de 1934 la Asamblea Nacional del PNV exigía a los mendigoizales «someterse incondicional, total y absolutamente a las Autoridades del Partido», a lo que aquellos se negaron. En mayo, se hizo público que Jagi-Jagi estaba «fuera por completo de la organización del Partido Nacionalista Vasco». El semanario continuó sus campañas a favor de la independencia de Euskadi y sus críticas contra los vendepatrias acomodaticios.

Se había consumado así una nueva escisión radical, que sin embargo no llegó ni de lejos a tener la importancia de la ruptura aberriana de 1921. Para empezar, el cisma de Jagi-Jagi solo afectó a Vizcaya, pues en las demás provincias los mendigoizales radicales permanecieron en el PNV, dentro del cual defendieron su apuesta por la independencia. Pero incluso en Vizcaya la escisión tuvo poca incidencia numérica. Se unieron a Gallastegui y Sota otros jóvenes, como Cándido Arregui, Trifón Echevarría, Ángel Aguirreche o Lezo Urreztieta, pero la mayoría de los antiguos aberrianos permanecieron en el PNV, tal y como sucedió con Luis Arana, Manuel Eguileor, Manuel Robles Aránguiz o Ceferino Jemein. De hecho, los escindidos ni siquiera lograron crear un partido político y permanecieron como un grupo de presión, cuya máxima ilusión era conseguir que el PNV y ANV abandonaran su pragmatismo y se unieran con ellos en un Frente Nacional Vasco por la independencia.

Pese a todo, Jagi-Jagi siguió siendo un pain in the neck para el PNV a partir de su salida del partido en mayo de 1934. La crisis posterior a la revolución y la reacción moderada de sus diputados en las Cortes —que trataban así de visualizar que las acusaciones de connivencia con el movimiento revolucionario eran falsas— facilitaron las críticas mendigoizales. Así, en Vitoria, los simpatizantes de Jagi-Jagi aprovechaban las asambleas locales del PNV para criticar a los diputados por los votos de confianza otorgados a los sucesivos gobiernos del Partido Radical. Uno de sus representantes propuso dar «en todo momento la sensación de estar en rebeldía» y rechazó la «diplomacia, politiquilla de mano izquierda y líneas curvas. No hablo de violencias, sino de entereza de carácter, de aire de suficiencia de quien se sabe asistido por la inmensa mayoría de un pueblo». Y explicó que la «táctica de diplomacia» solo había traído consigo «puñaladas traperas. Así ha sido siempre el comportamiento de los españoles». La mayoría de los afiliados vitorianos, por el contrario, se opusieron a esta tesis, pues ellos se consideraban «Nacionalistas Vascos y no separatistas», y recalcaron que la libertad nunca se obtendría «por la violencia sino […] por el camino legal».

Conflictos semejantes se produjeron en Navarra, donde la Junta Municipal de Tafalla acusó en marzo de 1935 al NBB de estar controlado por «arribistas de la politiquería», «maestros del camaleonismo político» y partidarios de un «navarrismo neurasténico». Siguiendo la línea radical, denunciaron que «el verdadero nacionalismo, el sabiniano cien por cien» había sido dejado de lado por la dirección navarra de un «partido indisciplinado [que] tiene más de burdel corruptor que de orientación organizadora». El NBB respondió expulsando del partido a la Junta y disolviendo al completo la organización local de Tafalla, aunque más tarde fue readmitida. Lo cierto es que la mayoría del nacionalismo navarro, comenzando por el NBB, optaba por una moderación que iba aún más lejos del tacticismo empleado por los diputados en las Cortes. Por ejemplo, cuando Irujo protestó oficialmente por la destitución de concejales de izquierdas que siguió a la revolución, el presidente del NBB le hizo llegar su disconformidad. Según él, casi todos los jeltzales navarros habían visto esa medida «con general aplauso a causa de ser indeseables las personas que ostentaban los cargos». No es extraño que el propio Irujo reconociera en marzo de 1935 que en Navarra el partido «no solamente deja de avanzar, sino que va hacia atrás».

En este contexto de dificultades internas, lo más significativo de la etapa que medió entre la revolución de octubre de 1934 y las elecciones de febrero de 1936 fue el alejamiento cada vez mayor entre el PNV y la derecha. Esta ruptura afectó a la propia Iglesia, que ahora veía que los dos grandes partidos católicos vascos (el PNV y la Comunión Tradicionalista), antes aliados, se situaban en campos cada vez más contrarios. El propio PNV protestó ante el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, a principios de 1936, de los «dardos» que había recibido de la derecha, «que intitulándose católica […], no ha vacilado en acusarnos de maridajes, de enlaces, de inteligencias y alianzas con los enemigos de la religión». El obispo Múgica anhelaba la unión de los católicos de 1931. En un informe enviado a la Santa Sede dos años más tarde indicaba: «Temo que en el futuro esa unión no pueda obtenerse, pues en la actualidad pelean agriamente entre sí, especialmente dos grupos políticos, carlistas y nacionalistas, a los cuales están adscritos un gran número de fieles».

Incluso sacerdotes nacionalistas, como José Miguel Barandiarán, añoraban los momentos en que «las fuerzas católicas» formaban «una falange homogénea». Por el contrario, ahora la situación había cambiado: «En toda la diócesis los católicos van divididos, atribuyéndose cada partido a sí mismo la representación exclusiva del Catolicismo. La lucha que mutuamente se hacen, salpicada de calumnias sin cuento, no es propia de los seguidores de Cristo. Ninguno, pues, representa a la religión de Cristo». La imposibilidad de recomponer la unidad católica era un quebradero de cabeza para el obispo. Aunque Múgica intentó que los clérigos no se inmiscuyeran en cuestiones temporales, él mismo reconocía que había «algunos sacerdotes que se mezclan indebidamente en política». Su mandato era claro: «respetando las ideas políticas de los demás, debiera olvidarse toda diferencia accidental, para luchar unidos, como un solo hombre, por la salvación de los supremos intereses de Jesucristo y de las almas».

El problema era saber qué era política y qué acción social cristiana. A veces las disputas sobre si el clero utilizaba las iglesias para hacer política nacionalista derivaban en discusiones bizantinas. Por ejemplo, un parroquiano de Durango escribió al Obispado protestando porque aquí se utilizaba en misa una casulla con los colores de la ikurriña. En las oficinas de la diócesis se quedaron perplejos ante esta queja pues, aunque el verde, el rojo y el blanco son colores litúrgicos, consideraban que su carácter, político o no, dependía del diseño concreto de la vestimenta. Por eso, mandaron traer los ornamentos al palacio episcopal, donde fueron examinados. Finalmente, prohibieron su uso en misa, pues en «la rareza de su confección y los colores que en ella destacan revelan que en su hechura ha predominado una idea política partidista».

Para las derechas, la culpa de que parte del clero vasco simpatizara con el nacionalismo la tenía el Seminario diocesano de Vitoria, que era acusado de ser un «semillero separatista». Pero en realidad, aunque en el Seminario se promovía el uso del euskera, que los futuros sacerdotes iban a necesitar para ejercer su ministerio, también se intentaba formar a los seminaristas en «perfecta neutralidad política». Esta campaña llegó a su punto culminante en diciembre de 1935, cuando el diputado monárquico José Calvo Sotelo acusó en las Cortes al Seminario de ser un batzoki donde se hacía política separatista. Poco antes, el líder ultraderechista había pronunciado su famosa frase en la que decía preferir una «España roja» a una España «rota». Los superiores del Seminario escribieron a Calvo Sotelo calificando como «falsa y calumniosa» su afirmación de dirigir «un centro de separatismo donde se inculca el odio a España». A raíz de esta polémica, Múgica volvió a recalcar a su clero que «la peste de esta diócesis es la división de los católicos por pasiones políticas».

Enfrentado a la derecha y todavía lejos de la izquierda, el PNV también fracasó en su intento de constituir un bloque común entre los tres nacionalismos periféricos. Tras el fiasco de la efímera Triple Alianza independentista de 1923, en julio de 1933 se había firmado el Pacto de Compostela, que dio lugar a Galeuzca (acrónimo de Galicia-Euzkadi-Cataluña). A diferencia del pacto radical de 1923, Galeuzca fue un acuerdo en defensa de la autonomía catalana, vasca y gallega, y fue firmado por casi todos los grupos nacionalistas de estas tres comunidades, incluyendo al PNV y ANV. Sin embargo, en la práctica Galeuzca solo duró unos meses, debido a las diferencias internas entre la Esquerra y la Lliga catalanas (reflejadas en el conflicto sobre la ley de cultivos de 1934) y a los dispares intereses de los tres nacionalismos.

El PNV también intentó infructuosamente entrar en contacto con otros movimientos nacionalistas europeos. La idea de crear una «Europa de los pueblos», por encima de los Estados, apareció incluso en el Aberri Eguna celebrado en San Sebastián en 1933, bajo el lema «Euzkadi-Europa». De este modo, el PNV mostró una preocupación europeísta adelantada a su tiempo, que enlazaba con las ideas de los primeros partidarios de la Europa unida, como el conde austriaco Richard Coudehove-Kalergi. Sin embargo, la coyuntura histórica no era la más adecuada para fomentar la solidaridad entre los pueblos del continente. En la convulsa Europa de los años treinta, la única organización que se proponía fortalecer los lazos entre los nacionalismos sin Estado era el Congreso de Nacionalidades Europeas, en el que el PNV había ingresado en 1930. Y cuando en 1935 los delegados jelkides acudieron a la convención anual de esta asociación, se encontraron con una «profunda sorpresa»: «la idea nacional-socialista» había prendido en muchos miembros de este organismo, que de hecho terminó convirtiéndose en un instrumento solapado de la política internacional nazi.

Así quedó claro cuando el PNV intentó que el Congreso condenara la invasión italiana de Abisinia (la actual Etiopía) en 1935. Para los jelkides era un tema claro: una poderosa dictadura había atacado sin previo aviso a una nación inocente. Enlazando con el anticolonialismo que había caracterizado al PNV desde sus orígenes, Euzkadi se manifestó sin ambages a favor de la libertad de Abisinia. Por el contrario, la mayor parte de la prensa derechista española apoyó la «labor civilizadora» de Italia en África. Pero además los ideólogos jeltzales percibían que el fascismo —y sobre todo el nazismo— era un gran problema para la democracia, la paz de Europa y el futuro del cristianismo. Hay que destacar que el PNV, pese a admirar la capacidad organizativa del nazismo, criticó sin rodeos desde muy pronto su ideología totalitaria, su paganismo anticristiano e incluso expresamente su antisemitismo. En 1933 Euzkadi condenó que los nazis, basándose en «los destinos sobrehumanos de una raza incontaminada, se crean un pueblo con derecho a erigirse en mentores de la humanidad». Tras la subida de Hitler al poder, resaltó «las confusas y absurdas ideas religiosas de los primates del racismo alemán», preguntándose si para ganar las elecciones se habían retractado de «sus ideas agnósticas y anticristianas, de sus doctrinas de odio contra los judíos y de sus designios de sacrificar por la pureza de la raza alemana a inválidos y enfermos».

El rechazo jeltzale al nazismo afectó también al terreno simbólico. Desde la década de 1910 los nacionalistas utilizaban como emblema una cruz gamada muy semejante a la adoptada más tarde por los nazis, que según Sabino Arana había sido una «enseña propia» de los vascos primitivos. La «esvástica vasca» aparecía en los años treinta en carteles, sellos de batzokis y publicidad de empresas propiedad de jeltzales. Incluso ANV incluyó en su bandera una esvástica blanca, dentro de una estrella de seis puntas verdes, sobre fondo rojo. Esto ha llevado a conclusiones falsas —y a veces políticamente interesadas— a algunos autores que, basándose en la aparición de este símbolo, han tratado de vincular al nacionalismo vasco con el nazismo. Pero en realidad el PNV utilizaba la esvástica como símbolo mucho antes de que sus dirigentes conocieran la existencia de Hitler. Es más, cuando este llegó al poder y se identificó en el mundo entero la cruz gamada con la Alemania nazi, la confusión generada por esta coincidencia dio lugar a un amplio debate dentro del partido, que iba a terminar frenando el uso de la esvástica en el País Vasco.

La solución fue sustituir ese símbolo, que daba lugar a confusiones, por el lauburu, una especie de cruz gamada curvilínea, formada por cuatro brazos en forma de coma, presente en la artesanía vasca, con carácter meramente decorativo, desde el siglo XVII. La prensa jeltzale señaló expresamente que de ese modo pretendía que no les confundieran con «allegados a Hitler» y en muy poco tiempo tanto el PNV como ANV dejaron de usar la esvástica rectilínea y la sustituyeron por el lauburu. En la actualidad este es uno de los símbolos más característicos de la identidad vasca, aunque no necesariamente del nacionalismo. Basta asistir a cualquier exhibición folclórica o acudir a una tienda de suvenires —comenzando por el propio aeropuerto de Bilbao— para encontrar decenas de lauburus. A veces, los turistas se preguntan por el significado de ese símbolo, pero ni ellos ni los autóctonos saben que, si el lauburu ha triunfado hasta hacerse hoy omnipresente, es porque Hitler subió al poder en Alemania en 1933.

Mientras el PNV seguía intentando reconducir la crisis en la que estaba sumido desde octubre de 1934, el segundo bienio de la República llegó a su fin, con la convocatoria de elecciones para el 16 de febrero de 1936. A diferencia de lo sucedido en 1933, estos comicios se caracterizaron por la unidad de la izquierda, articulada en torno al Frente Popular. En el País Vasco, la decisión del PNV de volver a presentarse en solitario hizo que la lucha electoral fuera triangular, con los jeltzales situados en el centro político. Así lo había profetizado Aguirre ya en julio de 1935: «De nuevo lucharemos solos contra dos bloques; uno el de izquierdas que volverá lleno de sectarismo; otro el de derechas pletórico de suicida incomprensión».

Pese a todo, aún hubo intentos de conseguir que el PNV se uniera a la coalición contrarrevolucionaria, encabezada por la CEDA. El propio Vaticano aprovechó la visita de los máximos dirigentes del PNV a Roma un mes antes de las elecciones para tratar de lograr ese propósito. El objetivo del viaje era rendir un homenaje a Pío XI y hacerle entrega de un informe sobre la situación de la Iglesia en el País Vasco. En él se pedía una mayor sensibilidad eclesial hacia Euskadi, concretada en la creación de una provincia eclesiástica vasca, formada por las diócesis de Vitoria, Pamplona y Tudela. La petición recordaba otras semejantes, como la de que se nombrara un obispo vasco para Pamplona, expresada por Irujo, que pedía que se aplicara a Euskadi «la misma ley que a los negros y a los chinos: que sean hombres de nuestra raza, de nuestra lengua, de nuestro modo de ser, los que regenten diócesis vascas».

Sin embargo, las peticiones elevadas al Vaticano no obtuvieron eco y los jeltzales no pudieron entrevistarse ni con el Papa ni con el secretario de Estado. La conversación con monseñor Pizzardo (secretario de la Sagrada Congregación para Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios) derivó infructuosamente hacia la unión con las derechas en las elecciones de febrero de 1936. El fracaso de estas gestiones indica que la unidad católica vasca era en esos momentos más imposible que nunca, debido a la cuestión autonómica, que seguía siendo el objetivo del PNV y que ahora el Frente Popular había incorporado a su programa. Por su parte, las derechas trataron de demostrar que el PNV ya no era un partido católico. Urgido por los jeltzales, el vicario general de la diócesis replicó con una nota en la que explicaba que el «Obispo de Vitoria considera al Partido Nacionalista Vasco tan católico como el Bloque de Derechas, siendo por tanto lícito votar a cualquiera de estos dos partidos».

Por su parte, ANV ingresó en el Frente Popular, salvo en Vizcaya, donde no aceptó la decisión de la izquierda de no dejarle un puesto entre los candidatos. Para llegar a esta decisión, ANV había tenido que desechar la propuesta de Jagi-Jagi de formar un Frente Nacional Vasco. Lo mismo hizo el PNV, que ni siquiera la tomó en consideración, en un momento en que estaba empeñado en conseguir el Estatuto, lo que para los independentistas liderados por Gallastegui era tanto como mentar al diablo. De hecho, Jagi-Jagi propugnaba que, de formarse el Frente Nacional, sus electos no acataran la Constitución y no acudieran a las Cortes, o lo hicieran solo para «pedir la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839, o sea, nuestra independencia». No es extraño que el PNV y ANV prefirieran ser tachados de «colaboracionistas» antes que embarcarse en una estrategia antisistema, que recordaba la puesta en marcha por Herri Batasuna a partir de 1979, cuando sus representantes se negaron a tomar posesión de sus escaños en las Cortes españolas, por considerar a estas el parlamento de un país opresor.

La campaña del PNV trató de diferenciarse tanto de la izquierda como de la derecha, esgrimiendo un triple lema: «¡Por la civilización cristiana! ¡Por la libertad de la Patria! ¡Por la justicia social!». Los jeltzales acusaron a la derecha de proyectar «nuestro total exterminio» y de propiciar el triunfo del «comunismo», al dividir el voto católico y dificultar el triunfo del «verdadero antirrevolucionario», que no era otro que el PNV. Sin embargo, en el ambiente político polarizado de 1936, su mensaje centrado no pareció calar en los electores y los jeltzales sufrieron un importante retroceso con respecto a 1933. Mientras en España triunfaba el Frente Popular, en el País Vasco el PNV seguía siendo el partido más votado, pero perdió más de 30.000 votantes, especialmente en Bilbao, donde fue superado con creces por la izquierda.

El fracaso del PNV fue debido a que el electorado católico que le había prestado sus votos en 1933 no se los renovó ahora, debido al estancamiento del proceso autonómico y a las acusaciones derechistas de haberse vendido a la revolución. Sin embargo, el PNV maquilló su fracaso en la segunda vuelta de las elecciones, celebrada en casi todas las circunscripciones al no alcanzarse el porcentaje mínimo de votos previsto en la ley electoral. En parte, esta recuperación fue posible porque en Guipúzcoa la derecha decidió no presentarse, ante las presiones del Obispado para no dividir el voto católico, dejando así el campo libre a la victoria del PNV frente a la izquierda. Para parte de la derecha, esto corroboraba que el obispo Múgica mostraba, «más que tolerancia, su predilección por los nacionalistas», según indicó el líder carlista Manuel Fal Conde. Finalmente, sumando los resultados de las dos vueltas, el PNV obtuvo nueve diputados, tres menos que en 1933. Los jeltzales habían perdido su diputado por Álava lo que, unido a su clara debilidad en Navarra (9 % de los votantes, como en 1933), volvía a identificar el nacionalismo con Vizcaya y Guipúzcoa.

Los meses transcurridos entre febrero y julio de 1936 fueron de intensa actividad y de incremento de la tensión social y política. El Frente Popular, de nuevo con Azaña como presidente del Gobierno, proclamó la amnistía para los represaliados por la revolución de octubre y para los concejales destituidos como consecuencia del pleito municipalista del verano de 1934, que volvieron a ocupar sus puestos. En las Cortes, pese a la gran distancia ideológica que aún le separaba de la izquierda, los diputados jeltzales unieron sus votos a los del Frente Popular para investir a Azaña primero presidente del Gobierno y, tras la destitución de Alcalá-Zamora, nombrarle nuevo presidente de la República. Aguirre justificó su voto porque Azaña había «mostrado para el problema de la libertad de los pueblos una tolerancia poco común». Por el contrario, Jagi-Jagi criticó el voto «al Presidente del pueblo que esclaviza a nuestra Patria», contando esta vez con el apoyo de Luis Arana, según el cual el PNV no debía haberse «entrometido en el asunto más representativo de la familia española […], como es la elección de su Jefe».

Estos guiños a la izquierda estaban relacionados con otra de las consecuencias del triunfo del Frente Popular: la reactivación del proceso autonómico vasco, estancado en las Cortes desde la primavera de 1934. En efecto, el Frente Popular había incluido en su programa el Estatuto vasco y el PNV se había convencido durante el segundo bienio de que solo la izquierda podía conceder la autonomía. Esta vez, las mayorías en España y en el País Vasco parecían ir al unísono a favor de la autonomía, que el PNV ansiaba al menos desde 1917. En abril de 1936 quedó constituida la nueva Comisión de Estatutos de las Cortes, presidida por Prieto y con Aguirre como secretario: la presencia de los líderes de los dos principales partidos vascos representaba el acuerdo entre ambos para aprobar por fin el Estatuto. La primera misión de la Comisión era resolver la cuestión alavesa, que había quedado pendiente desde la legislatura anterior. Aunque los partidos de izquierda, entre ellos el socialista, habían apoyado en 1934 la celebración de un nuevo referéndum en Álava, pues consideraban que no había quedado clara su voluntad, la situación de 1936 aconsejaba un cambio de postura. El 12 de mayo, la Comisión acordaba considerar válido el referéndum de noviembre de 1933 y, por tanto, Álava quedaba incluida definitivamente en la Región autónoma, junto con Vizcaya y Guipúzcoa, pese al voto contrario de las derechas.

Superado este escollo, básico para los nacionalistas, la Comisión continuó dictaminando el articulado del Estatuto. A propuesta de Prieto, se acordó simplificar el proyecto, para facilitar así su aprobación: de hecho, los 53 artículos del Estatuto plebiscitado en 1933 se adelgazaron hasta solo 14. Ello suponía que el texto no tenía mucho que ver con el aprobado por el electorado vasco, pero el PNV no puso pegas a este cambio radical, pues su objetivo era lograr un Estatuto «a cualquier precio». Su flexibilidad llegó hasta el punto de no oponerse a la supresión de la disposición que permitía a Navarra incorporarse en el futuro al Estatuto. Y ello a pesar de que el Frente Popular navarro, olvidando la anterior oposición de amplios sectores de la izquierda a una integración en Euskadi, solicitó en junio de 1936 que Navarra se sumara al Estatuto vasco, tratando así de plantar cara a la poderosa derecha navarrista.

A pesar de que surgieron algunas dificultades —azuzadas por la prensa derechista— en relación con la compatibilidad entre el Concierto económico y el Estatuto, todo indicaba que este sería aprobado después de las vacaciones parlamentarias. Sin embargo, el proyecto aún no había pasado al pleno de las Cortes cuando el 18 de julio de 1936 comenzaba la Guerra Civil española. Aunque Navarra y Álava eran el epicentro de un carlismo convencido de que había que acabar con la República a través de un levantamiento armado, lo cierto es que la guerra cogió a contrapié al nacionalismo y al País Vasco. Si en 1931 Vasconia había sido un foco constante de tensión, en 1936 podía hablarse de una situación política relativamente tranquila, en parte porque el PNV había dejado hacía tiempo de echarse en manos del tradicionalismo, su antiguo compañero de viaje, y hacía ahora de colchón frente a la tensión política, dirimida a veces de forma violenta. El propio Aguirre denunciaba que, frente al oasis vasco, en España arreciaban «los extremismos de uno y otro bando» y anunciaba que ellos estaban dispuestos a luchar «contra todos los fascismos conocidos, sean blancos o rojos». Sin embargo, a partir del 18 de julio de 1936 el PNV tendría que elegir qué extremismo era su enemigo, pues le sería imposible enfrentarse a los dos a la vez.

CAPÍTULO 4

Una guerra entre hermanos (1936-1937)

La sublevación militar de julio de 1936 partió en dos el territorio de Vasconia: la República controló Vizcaya, Guipúzcoa y el norte de Álava; los alzados dominaron Navarra y casi toda Álava, donde contaron con amplios apoyos sociales, sobre todo por parte del carlismo, muy fuerte en estos dos territorios. La Guerra Civil española fue también una guerra entre vascos y —lo que es aún más significativo— entre vascos católicos. Entre 1936 y 1937, a lo largo de once meses bañados en sangre, Euskadi fue testigo de la decisión más importante en la historia del PNV, de la aprobación —después de tantos intentos frustrados— del Estatuto de autonomía, de la designación del primer Gobierno vasco de la historia y de su derrota, seguida de un exilio que, en algunos casos, iba a durar más de cuarenta años.

Una decisión trascendental

El dirigente republicano alavés Tomás Alfaro escribió en su diario personal el 18 de julio de 1936 que era «un día hermoso, rutilante de sol». Sin embargo, esa fecha ha pasado a la historia no por su benigna climatología sino por la tormenta que se cernía sobre la sociedad española y vasca. Para el PNV fue también una tempestad interior, pues este partido se vio inmerso inicialmente en un mar de dudas. Nada que ver con otros, que tenían muy claro desde el principio qué decisión tomar, tal y como sucedió con ANV, que formaba parte del Frente Popular. Como hemos visto en el capítulo anterior, en 1936 los jelkides conformaban un tercer espacio que les hacía ver con recelo a los dos bandos que se enfrentaron en la guerra. Su apuesta por la libertad vasca y por el Estatuto hacía casi imposible que el PNV optara por los sublevados, pero su catolicismo y su oposición a la revolución alimentaban la prevención hacia la izquierda.

De hecho, a pesar de que en la memoria colectiva del nacionalismo vasco la postura jelkide de 1936 a favor de la República parece incontrovertible, no fue una decisión fácil ni unánime, ni tuvo necesariamente que ser la que fue. El PNV hubiera querido mantenerse neutral, al no comulgar plenamente con ninguno de los dos bandos. Fue la imposibilidad práctica de esa opción la que le hizo decantarse por la República, de la que esperaba obtener por fin el Estatuto. Pero todavía en la primavera de 1936, mientras Aguirre negociaba en las Cortes con el Frente Popular, otros dirigentes del PNV, como Telesforo Monzón, participaron en reuniones en las que se comprometieron a título personal a abstenerse si se producía un levantamiento militar antirrevolucionario. El veterano jeltzale Ceferino Jemein reconoció que se vieron obligados a aliarse «a uno de los bandos en lucha, tan enemigo de nuestra patria como el otro».

Frente a esta compleja realidad, las diferentes versiones de la denominada memoria histórica —que a veces tienen más de política que de historia— han tratado de arrimar el ascua a su sardina, a la hora de explicar la actitud inicial del PNV. Así, este partido soslaya sus dudas, recalcando que «en el mismo instante de conocerse el alzamiento franquista el PNV se puso al lado de la República». Por el contrario, la derecha española no ha perdonado la «traición» del PNV, enfrentado al bando que se definía como católico. También la izquierda, incluida la abertzale, ha subrayado a veces que los dirigentes del PNV parecían «más proclives a alinearse con los generales “africanos” que a defender la República en aquellos primeros días de confusión».

Lo cierto es que es fácil juzgar hoy, conociendo lo que pasó después, lo que tenían que haber hecho los protagonistas, cuyas decisiones se tomaron en ocasiones a remolque de los acontecimientos y en medio de un gran desconcierto. En efecto, la noche del 17 de julio comenzaron a llegar al País Vasco rumores sobre un pronunciamiento militar en las posesiones españolas del norte de África. El 18, los rumores se confirmaron, extendiéndose a guarniciones de la Península. En San Sebastián, los diputados jeltzales José María Lasarte y Manuel Irujo —que ya era el más republicano de todos los dirigentes del partido— no quisieron perder ni un instante. Se acercaron a la emisora de radio de la ciudad y emitieron un comunicado manifestando que el PNV, «sea cualquiera el objetivo perseguido por los sublevados», apostaba por «la encarnación legítima de la soberanía popular representada en la República».

Esta neta declaración había sido hecha sin consultar con las autoridades del partido, por lo que el mismo 18 de julio el EBB se reunió en San Sebastián para estudiar la situación. No sabemos qué opiniones se vertieron en esa reunión, pero sí que el máximo organismo del PNV decidió desautorizar a los dos diputados y redactar una nota en la que el partido optaba por la neutralidad, al igual que había hecho en la revolución de octubre de 1934. Tampoco sabemos cuál fue la reacción de Irujo ante esta reprimenda aunque, conociendo el carácter del navarro, es seguro que debió sentirse muy dolido. La nota del EBB —cuyo contenido exacto se desconoce— fue entregada al director del diario nacionalista donostiarra El Día, José Lecároz, para que la publicara al día siguiente. A continuación, los representantes vizcaínos, alaveses y navarros volvieron cada uno a su provincia. Si hubieran tardado un poco más, algunos no habrían podido regresar a su casa. Bastantes ya no volverían a verse en toda su vida.

En efecto, cada uno se encontró con una situación diferente. En Pamplona, el general Mola se había sublevado, con ayuda de los requetés carlistas, y controlaba por completo la situación. En Vitoria había una calma tensa, rota cuando, en la madrugada del 19 de julio se proclamó el estado de guerra. Al principio, varios dirigentes jeltzales se mostraron dispuestos a defender la República e incluso, de acuerdo con el Frente Popular, pidieron armas al gobernador civil. Sin embargo, este no quiso resistir y huyó a Vizcaya, por lo que los nacionalistas declinaron toda responsabilidad. Por el contrario, en Bilbao los pocos implicados en la asonada no pudieron sublevar los cuarteles: el poder republicano, bajo el mando del gobernador, siguió en pie. Por último, en San Sebastián hubo un levantamiento tardío y mal organizado, que fue sofocado en una semana por milicianos de izquierdas. Ello hizo que las estructuras de la República desaparecieran, dando lugar en Guipúzcoa a una situación revolucionaria. Aquí, en la madrugada del día 19, mientras se estaba componiendo El Día que iba a incluir la nota del EBB llamando a la neutralidad, comenzaron a oírse los primeros disparos en las calles. El director del periódico vio que, ganara quien ganara, una nota neutral sería perjudicial para el PNV, por lo que decidió no publicarla, optando por el silencio.

Mientras tanto, las noticias de toda España que se recibían por radio en Bilbao llevaron al BBB (la dirección vizcaína del PNV) a la misma conclusión, aunque con consecuencias distintas. Si la neutralidad era imposible, puesto que el fallido golpe estaba dando lugar a un enfrentamiento armado, ¿por cuál de los dos bandos debía tomar partido el PNV? Los dirigentes jeltzales pasaron en vela la noche del 18 al 19 de julio en Sabin Etxea, debatiendo sin parar. Parece que lograron incluso contactar por teléfono con Irujo, que seguía en San Sebastián. El testimonio del presidente del BBB, Juan Ajuriaguerra, refleja la tensión de aquella noche:

Tenía la esperanza de escuchar alguna noticia que nos ahorrase tener que tomar una decisión: que uno u otro bando ya hubiese ganado la partida […]. La derecha se oponía ferozmente a cualquier estatuto de autonomía para el País Vasco. Por otro lado, el gobierno legal nos lo había prometido y sabíamos que acabaríamos consiguiéndolo. A las seis de la mañana, tras una noche en blanco, tomamos una decisión unánime. Promulgamos una declaración dando nuestro apoyo al gobierno republicano. Tomamos esa decisión sin mucho entusiasmo, pero convencidos de haber elegido el bando más favorable para los intereses del pueblo vasco.

Sobre la marcha, los dirigentes vizcaínos del PNV se olvidaron de la nota del EBB y pasaron a los talleres de Euzkadi la declaración que acababan de redactar. En ella, el PNV —«salvando todo aquello a que le obliga su ideología, que hoy ratifica solemnemente»— proclamaba que, «planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la Monarquía, sus principios le obligan a caer al lado de la Ciudadanía y la República, en consonancia con el régimen democrático y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad». Esta nota marcó la actitud oficial del PNV ante la guerra, aunque la decisión fue tomada de forma irregular, ya que el BBB contradecía lo acordado horas antes por el EBB, el máximo organismo del partido. De ahí que el texto —quizás el más importante en la historia del PNV— se publicara sin firma, queriendo dar a entender que era obra del EBB. Solo el hecho de que El Día no publicara la nota original evitó que la contradicción se hiciese pública, lo que hubiera producido un gran desconcierto entre los afiliados.

Sin tiempo para dormir, algunos de los dirigentes jelkides que habían pasado reunidos toda la noche se dispusieron a oír la misa dominical en la iglesia de San Vicente, justo al lado de Sabin Etxea. A la salida se encontraron con el entonces joven líder monárquico José María de Areilza, que fue consciente de que algo se había roto para siempre entre quienes acababan de comulgar en la misma fe: «En esto observé que muy cerca, en un grupo, los directivos del nacionalismo también leían la prensa con ansiedad y comentaban entre ellos las últimas noticias. José Antonio Aguirre me vio y comprendió sin duda mi pesadumbre al ver que la suerte estaba definitivamente echada. Me saludó de lejos sin que hiciéramos nada por conversar ni el uno ni el otro. Las palabras habían dejado paso a las armas. Y las razones a la violencia. La guerra como una riada de incontenible dolor y de muerte —y también como un torrente dialéctico de odio y de rencores— iba a separar nuestras existencias».

El escaso entusiasmo con que el BBB había tomado la decisión no impidió que algunos nacionalistas consideraran excesivo ese ardor republicano y mostraran su desacuerdo con la dirección del partido. Así, Luis Arana y algunos miembros de Jagi-Jagi (entre ellos su líder, Elías Gallastegui) pensaban que la actitud del PNV debía ser de neutralidad absoluta ante un conflicto entre españoles. El hermano de Sabino reconocía que, «si este Gobierno y régimen son malos para Euzkadi, el gobierno fascista de los militares sería aún peor», pero recalcaba que la única preocupación del PNV debía ser mantener «el orden a todo trance» en territorio vasco. Otros iban aún más lejos, planteando sin más el apoyo a los sublevados para defender la religión. Y no era gente de segunda fila en el seno del PNV. Por ejemplo, el diputado José Horn, que falleció poco después, criticó la «heterodoxa» decisión de su partido. Cuando el GBB decidió el 20 de julio apoyar a la República, votaron en contra de algunos de sus miembros, como José de Arteche. Este conocido escritor euskaldun no solo discrepó con sus compañeros sino que en cuanto pudo se alistó voluntario como requeté carlista. Como creyente, entendía que el PNV había tomado una decisión errónea. Su libro más conocido, centrado en sus recuerdos de la guerra, se titula El abrazo de los muertos. Iba ser editado en la posguerra pero la censura franquista impidió su publicación hasta 1970. Todavía entonces, prohibió la imagen que estaba prevista para ilustrar la cubierta y que mostraba los cadáveres de un gudari (combatiente nacionalista) y de un requeté abrazados junto a una cruz. Según los censores, aún era demasiado pronto para que incluso los muertos de ambos bandos se abrazaran.

Si había dudas en Vizcaya y Guipúzcoa, más difícil todavía lo tenían los nacionalistas de Álava y Navarra, ya controladas por los sublevados. En Pamplona, el Consejo Regional del PNV se sorprendió al ver que la nota publicada en Euzkadi no era la aprobada por el EBB. Mola esperaba contar con el apoyo —o al menos la neutralidad— de los jeltzales para controlar todo el territorio vasco desde el principio y poder lanzar a sus tropas sobre Madrid. El 23 de julio se propagó una nota del NBB, desmintiendo el manifiesto hecho público en Bilbao y declarando que el PNV de Navarra, «dada su ideología fervientemente católica y fuerista», no apoyaba a «un gobierno que tanto se había distinguido por su hostilidad a la Iglesia». Semejante fue la situación en Álava, donde, tras diversas presiones militares, se publicó una declaración del ABB, animando a los jeltzales a colaborar con el movimiento, para evitar el «derramamiento de sangre entre hermanos». A esta nota le siguieron otras escritas por dirigentes del PNV, aunque resulta imposible saber si estos las redactaron conscientemente o contra su voluntad. Seguramente había muchas zonas grises entre ambos extremos: hay que resaltar, por ejemplo, que en Vitoria los dirigentes solteros resistieron mejor las presiones para posicionarse a favor de la sublevación que quienes tenían mujer e hijos.

De hecho, la mayor parte de los nacionalistas navarros y alaveses trataron de pasar desapercibidos; algunos —como veremos al hablar de la zona franquista— sufrieron la represión o pasaron a la zona republicana y un buen número se dieron de baja en el partido y manifestaron su adhesión al alzamiento, empleando el dinero producto de la disolución de los batzokis para sufragar al «glorioso Ejército Nacional». Las noticias sobre la cruenta persecución religiosa que se inició de inmediato en la España republicana facilitaban adhesiones sinceras a la sublevación, como la de los dirigentes navarros Jesús Aranzadi, Miguel Javier Urmeneta o Ramón Goñi, que como bastantes otros se alistaron voluntarios en el Requeté.

También el exdiputado Manuel Aranzadi se dio de baja en el PNV el mismo 20 de julio. Aranzadi representaba un nacionalismo moderado, fuerista y profundamente católico, y además provenía de una extracción social burguesa, como fundador de la célebre Editorial Aranzadi, especializada en repertorios jurídicos. Pero no siempre fueron los jeltzales moderados quienes más fácilmente aceptaron la sublevación. En Álava, algunos jóvenes partidarios de Jagi-Jagi pasaron de un día para otro de defender la independencia de Euskadi a enrolarse en el Requeté. Uno de ellos, José Ignacio Mues, se definía a sí mismo, en una carta escrita desde el frente, como «voluntario de la Cruzada más justa y más santa emprendida en los siglos de la vida y en los pueblos todos del mundo». Otro joven jeltzale, Jesús Irañeta, murió en el frente como requeté en el otoño de 1936. La prensa carlista interpretó que de este modo expiaba sus pecados: pese a haber creído «en la bondad de la doctrina» nacionalista, «el resurgir de España» le había hecho ser consciente de su error.

Ya en la Transición, el hijo de uno de estos jagi-jagis reconvertido en requeté, enrolado ahora en la izquierda nacionalista próxima a ETA, se dedicó a acusar a los dirigentes jeltzales alaveses de meapilas profranquistas: su moderación y su catolicismo les habrían llevado necesariamente a apoyar a los alzados. Entre quienes fueron objeto de esta crítica despiadada ocupaba un primer puesto el exdiputado Francisco Javier Landáburu, que en efecto, conminado por los militares, firmó una nota a favor de la sublevación. Pero ¿quién puede saber lo que pasó entonces por su cabeza? Lo que sí es cierto es que poco después, enterado de que esos mismos militares iban a encarcelarle, tuvo que permanecer varios meses escondido en un zulo, hasta que pudo pasar a Francia a través del Valle del Baztán, oculto en el maletero de un coche. Murió en París en 1963, siendo vicepresidente del Gobierno vasco en el exilio, sin poder volver a la tierra que le había visto nacer. Sí volvieron sus cenizas, después de la muerte de Franco, para ser enterradas en el cementerio de Vitoria. Durante este segundo entierro, uno de sus hijos aún tuvo la ocurrencia de comentar a otro familiar que su padre había vuelto como se había ido… en una caja. Landáburu representa a una generación que lo perdió todo con la guerra, pero que nunca reaccionó con odio o con deseos de venganza.

En cualquier caso, incluso en Vizcaya y Guipúzcoa la actitud inicial del PNV fue más de «coincidencia» con el Gobierno para el mantenimiento del orden público, a la espera de un rápido final de la contienda, que de enfrentamiento militar con los alzados. El PNV ocupó la comisaría de Orden Público en la Junta de Defensa de Guipúzcoa, sin poder evitar que cerca de quinientas personas murieran como consecuencia de la represión en la provincia, entre julio y septiembre de 1936. El comisario de Orden Público, Telesforo Monzón, presentó su dimisión como protesta por la saca de presos de la cárcel de Ondarreta del 30 de julio, que terminó con 53 asesinatos. Excepcionalmente, el PNV pudo publicar una nota en la prensa en la que, sin ningún eufemismo, condenaba «los asesinatos perpetrados en personas que no han sido juzgadas por los tribunales competentes». Además, criticaba a las «bandas de asesinos que […] realizan crímenes que avergüenzan a toda conciencia honrada» y recordaba que los jeltzales no luchaban por la revolución sino «por afirmar la legalidad dentro de la cual esperamos dar los primeros pasos para la liberación de la patria».

En Vizcaya, el PNV tuvo también una presencia minoritaria en la Junta de Defensa, controlada por la izquierda. Pese a que aquí no hubo un cambio revolucionario similar al que tuvo lugar en Guipúzcoa, los representantes nacionalistas en la Junta se enfrentaron continuamente a comunistas y anarquistas, presentando diversas propuestas «para que se terminen los asesinatos en las carreteras y los actos de pillaje». El PNV apoyó medidas represivas institucionalizadas, como la destitución de los 317 concejales derechistas de Vizcaya, decidida en agosto, pero la CNT y el PCE le acusaban de ser demasiado blando con los enemigos de la República, ayudando a los desafectos. Esta acusación era cierta, pues algunos derechistas, «aun a sabiendas de estar comprometidos en el movimiento, fueron protegidos incluso en el domicilio de algún consejero [del EBB] y algún otro en locales del mismo PNV». Militantes jeltzales fueron «objeto de amenazas y violencias por parte de los elementos extremistas, a causa de las gestiones desarrolladas en favor de la liberación de algunos detenidos».

Durante este tiempo, la intervención bélica del PNV fue mínima. En cuanto se vio que la sublevación había fracasado en San Sebastián, Mola inició una intensa campaña para conquistar Guipúzcoa, pero casi todo el esfuerzo militar en su contra recayó sobre las milicias de izquierda, mientras los jeltzales utilizaban sus fuerzas para defender iglesias y conventos. Solo el 8 de agosto se constituyó en el santuario de Loyola la agrupación de milicias nacionalistas, Euzko Gudarostea. De este modo, el PNV encuadraba a sus simpatizantes en un organismo militar bajo su control, lo que era clave en tiempos de guerra, no solo desde el punto de vista militar sino sobre todo político. Así, a finales de agosto, el Frente Popular instó al PNV a que movilizara sus tropas para defender Irún, que estaba a punto de ser tomado por los alzados. Esta ciudad guipuzcoana era una pieza clave en la guerra, pues con ella la República perdería el acceso a la frontera francesa, quedando la franja norte (que incluía también a Asturias y Cantabria) aislada del resto de la zona republicana. Sin embargo, la respuesta del PNV fue negativa y las milicias izquierdistas fueron derrotadas. Los 140 gudaris enviados por el PNV a esta zona trataron de evitar, infructuosamente, las sacas de presos del fuerte de Guadalupe, en medio del caos producido por la retirada de las tropas leales hacia San Sebastián. Entre los presos fusilados estaba el jefe de la minoría vasco-navarra en las Cortes de 1931, el carlista Joaquín Beúnza, autonomista convencido y buen amigo de los diputados jeltzales. El 4 de septiembre, Irún era conquistado por los rebeldes, no sin que antes los anarquistas prendieran fuego a la ciudad, que quedó completamente destruida, en una política de tierra quemada. Hasta mediados de septiembre las milicias del PNV apenas entraron en combate, lo que indica la distancia que separaba al nacionalismo de sus circunstanciales aliados. Cuando el 13 de septiembre fue conquistada San Sebastián, los gudaris permanecieron en la ciudad hasta casi coincidir con los requetés, para evitar que se repitiera aquí lo sucedido en Irún.

Entretanto, la actitud expectante y no demasiado comprometida del PNV había dado indicios de que era posible una negociación secreta para que los jeltzales se cambiaran de bando, o al menos no opusieran resistencia al asalto de los alzados, facilitando así su victoria. Posibilitó estos contactos el hecho de que el frente de guerra todavía fuera relativamente transitable a través de los montes (tan transitable, por ejemplo, que a primeros de septiembre los requetés entraron en la zona del Gorbea, en manos republicanas, y se llevaron… 1.689 ovejas). Por medio de notas llevadas a través de mensajeros de confianza, los sublevados prometieron respetar a los nacionalistas al conquistar su territorio, si estos se limitaban entre tanto «a ser guardadores de edificios y personas», sin tomar las armas contra los alzados. Así, el 3 de agosto Landáburu, empujado por los militares, pidió a Aguirre que pensara en cómo evitar «a todo trance que en nuestra tierra vuelva a abrirse el surco de una nueva guerra civil».

Esta proposición no obtuvo respuesta, pero el 6 de agosto se hizo pública una carta pastoral de los obispos de Vitoria y Pamplona (Mateo Múgica y Marcelino Olaechea), ordenando al PNV que no se opusiera a un movimiento que tenía entre sus objetivos «el amor tradicional a nuestra religión sacrosanta». El texto reconocía que en ambos bandos había vascos «con los mismos ideales religiosos, con igual amor a Dios», enfrentados por «un matiz de orden político», pero «uno de los bandos de hijos nuestros, amantísimos de la Iglesia y seguidores de sus doctrinas, ha hecho causa común con enemigos declarados, encarnizados de la Iglesia». La pastoral ponía en un brete al PNV, que era un partido confesional y que se veía en la disyuntiva moral de desobedecer a su obispo. Al principio, los dirigentes jeltzales negaron la autenticidad del texto. Hay que recordar que Múgica había sido acusado por la derecha antes de la sublevación de ser partidario del PNV, por lo que la carta parecía una desviación de su trayectoria anterior. Cuando la veracidad de la pastoral se confirmó por la radio, los líderes del PNV se reunieron con las máximas autoridades de la diócesis en zona republicana, llegando a la conclusión de que no constaba que Múgica contara con suficiente libertad. Además, pensaban que un cambio de postura traería consigo un mal mayor del que se buscaba evitar, pues el PNV servía de barrera ante la «amenaza marxista».

Tomando como punto de partida la confluencia religiosa, los intentos de mediación no cesaron en las semanas siguientes. Sin embargo, pronto se vio que era demasiado tarde, pues a los máximos dirigentes jeltzales ya ni se les pasaba por la cabeza cambiarse de bando. Todo lo contrario: al menos desde 1917, el PNV venía buscando el Estatuto «a cualquier precio». Lo que no podía saber es que el Estatuto fuera el precio a pagar por su implicación irreversible a favor de la República. En agosto, se iniciaron en Madrid las gestiones para nombrar un Gobierno de concentración, que presidiría el socialista Francisco Largo Caballero. Su correligionario Indalecio Prieto tuvo entonces la idea de incluir en él a un miembro del PNV. Aunque el hecho de contar en el ejecutivo con un partido católico y conservador podía tener efectos positivos a la hora de buscar apoyos para la República en el extranjero, no era solo una cuestión política: había que fortalecer el frente vasco, que estaba en una situación muy comprometida.

Las conversaciones para la entrada del PNV en el Gobierno fueron paralelas a las de la aprobación del Estatuto vasco, condición sine qua non exigida por los jelkides. El 4 de septiembre, coincidiendo con la caída de Irún, se formó el Gobierno de Largo Caballero, y Aguirre recibió el ofrecimiento para incorporarse al mismo como ministro de Obras Públicas. El rechazo de Aguirre, avalado por el EBB, tuvo como contrapartida la exigencia de aprobación del Estatuto y la formación de un Gobierno autónomo, que «designaría la representación vasca en el Gobierno de Madrid». Era un modo de evitar el vértigo que para muchos jeltzales suponía el contar con un ministro en un ejecutivo español. Poco después varios representantes del partido viajaron a Madrid para negociar la entrada del PNV en el Gobierno a cambio de la aprobación del Estatuto. Las diferencias de criterio eran importantes, pero ambas partes se vieron empujadas a entenderse por la gravedad de la situación militar, pues el frente guipuzcoano se estaba hundiendo irremisiblemente. El 13 de septiembre caía San Sebastián y diez días más tarde las tropas sublevadas llegaban casi al límite de Vizcaya.

En ese momento se alcanzó por fin un pacto, cuyas condiciones exactas son desconocidas. Está claro que incluía la aprobación del Estatuto y la formación de un Gobierno vasco, así como el respeto a la libertad religiosa y a la propiedad privada. Al parecer, el PNV habría exigido también que las milicias vascas lucharan solo en territorio vasco, lo que es difícil de creer que fuera aceptado por el Gobierno republicano. Pero, de ser cierta, esta cláusula reflejaría la particular idea que el PNV tenía de la guerra, pues no luchaba «por defender la República», sino porque esta garantizaba la libertad vasca. Uno de los puntos abordados en esta negociación fue la posibilidad de reincorporar a Navarra al Estatuto. Según un recuerdo posterior de Prieto, Aguirre e Irujo le ofrecieron la presidencia del nuevo Gobierno vasco, a cambio de incluir esa modificación en el texto dictaminado por las Cortes antes del verano. Sin embargo, Prieto se negó «rotundamente» a aceptar, «no solo por significar la propuesta un monstruoso amaño, sino porque, cometiéndolo, suministraríamos una sugestiva bandera a los carlistas navarros ya alzados en armas contra la República».

Dejando a un lado esta propuesta, la tramitación del Estatuto fue muy rápida, pues no había tiempo que perder: el 23 de septiembre el texto era dictaminado en las Cortes; el 25, las milicias nacionalistas se dirigían por fin en bloque al frente guipuzcoano; el mismo día, Irujo era nombrado ministro sin cartera del Gobierno de Largo Caballero. Se trataba de un hecho de gran magnitud en la historia del PNV, que por primera vez iba a entrar en un Gobierno español, que además era marcadamente de izquierdas. Para rebajar el alcance de su decisión, el EBB hizo constar que Irujo representaba al Gobierno vasco «y no al PNV», aunque el matiz semántico era poco creíble, pues el ejecutivo autónomo aún no existía. Resulta increíble que la noticia del nombramiento de Irujo no apareciera en el diario Euzkadi, pues siempre que un partido toca poder lo proclama a los cuatro vientos. Por poner un símil deportivo, este hecho sería comparable a que el Athletic de Bilbao ganara la Copa… y esta noticia no apareciera en los diarios bilbaínos.

Ello refleja el temor del PNV a que esta alianza —mucho mayor que la coincidencia de julio— no fuera entendida por sus afiliados. De hecho, la entrada jelkide en el Gobierno trajo consigo la baja en el partido de Luis Arana. El hermano del fundador ya había protestado anteriormente por la «invasión hispana», a cargo de refugiados izquierdistas, que habían traído a Vizcaya la «siembra de la cizaña roja». El ingreso de Irujo en el «gobierno del Estado español por añadidura, sectario», fue la gota que colmó el vaso de la disidencia de Arana, que acusaba al PNV de haberse vendido por un «mísero plato de lentejas»: o lo que es lo mismo, un «maldito Estatuto español». La culpa la tenían «nuestros jovencitos diputados a Cortes en el Parlamento español, José Antonio Aguirre y Manuel Irujo, extraviados» del verdadero nacionalismo. Uno de esos «jovencitos», a los que criticaba Luis Arana Goiri, ya exmiembro del PNV, se iba a convertir de inmediato, con solo treinta y dos años, en el primer lehendakari vasco.

Un Gobierno de coalición y una disputa sobre religión

Cumpliendo lo pactado, el 1 de octubre las mermadas Cortes de la República aprobaban en Madrid el Estatuto vasco. Previamente, Aguirre pronunció un emotivo discurso, en el que no escamoteó algunas de las diferencias que le separaban de sus aliados, al condenar «los excesos propios de las muchedumbres», que se estaban produciendo en zona republicana. A pesar de ello, subrayó que el PNV no tenía dudas a la hora de luchar por «la democracia contra el fascismo», por «un anhelo de libertad latente de muchos años atrás en el pueblo vasco», por la justicia social y por un catolicismo purificado de impurezas totalitarias. Al dar —esta vez sí— la noticia de la aprobación del Estatuto, Euzkadi destacó sin embargo que se trataba solo de una «meta ocasional», un «escalón de libertad» en la marcha del pueblo vasco hacia la independencia.

En efecto, el texto era básicamente el dictaminado antes de la guerra, y por lo tanto era un Estatuto de mínimos, comparado por ejemplo con el proyecto de Estella de 1931. Sin embargo, como veremos enseguida, su aplicación fue de máximos, debido a las circunstancias de la guerra, que obligaron también a incluir algunas disposiciones transitorias. Así, ante la imposibilidad de convocar elecciones, se preveía que el presidente del «Gobierno provisional del País Vasco» fuera designado por los concejales vascos que estaban en zona republicana. Para dar sensación de unidad, el Frente Popular acordó dar su voto a José Antonio Aguirre, que fue designado lehendakari el 7 de octubre en Guernica, en una emotiva ceremonia, llena de valor simbólico. El árbol foral pasaba a ser imagen de la nueva autonomía vasca, que buscaba enraizarse no solo en la legalidad republicana sino también en los derechos inalienables del pueblo vasco.

En su toma de posesión, Aguirre pronunció un juramento en euskera, cuya referencia a Dios rompía el carácter aconfesional que —de acuerdo con la Constitución republicana— debía tener su investidura: «Ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, con el recuerdo de los antepasados, bajo el Árbol de Gernika, juro cumplir fielmente mi mandato». Este simbolismo religioso fue aún más claro en el acto privado que Aguirre llevó a cabo el mismo día, a primeras horas de la mañana, en la basílica de la Virgen de Begoña. Como hombre profundamente creyente, estaba convencido de estar haciendo la voluntad de Dios, tal y como reflejan sus palabras: «Juro ante la Hostia Santa fidelidad a la fe católica que profeso, siguiendo y cumpliendo las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, apostólica, romana; juro fidelidad a mi patria Euzkadi».

Inmediatamente se constituyó un Gobierno vasco de coalición entre el PNV y el Frente Popular. En total, estaba integrado por once consejeros: cuatro eran del PNV (Aguirre, Presidencia y Defensa; Jesús María Leizaola, Justicia y Cultura; Heliodoro de la Torre, Hacienda; y Telesforo Monzón, Gobernación) y tres del PSOE (Santiago Aznar, Industria; Juan Gracia, Asistencia Social; y Juan de los Toyos, Trabajo, Previsión y Comunicaciones). Los partidos minoritarios contaban con un consejero cada uno: ANV (Gonzalo Nárdiz, Agricultura), Izquierda Republicana (Ramón María Aldasoro, Comercio y Abastecimientos), Unión Republicana (Alfredo Espinosa, Sanidad) y el PCE (Juan Astigarrabía, Obras Públicas).

Aunque hoy pueda parecer algo normal, en su momento este ejecutivo resultaba sorprendente incluso en el contexto mundial. Era la primera vez en la historia en que un Gobierno presidido por un católico convencido incluía a un consejero comunista. Eso sí, el programa de gobierno dejaba clara su impronta moderada y nacionalista, pues todos los consejeros se comprometían a salvaguardar «las características nacionales del Pueblo Vasco». El ejecutivo también se obligaba a impulsar una política de «acusado avance social», pero huía de medidas revolucionarias, tratando más bien de aplicar la doctrina social-cristiana del PNV. De este modo, aunque la mayoría de los consejeros (siete de once) pertenecían al Frente Popular, el PNV llevó las riendas del Gobierno. No solo porque se había reservado las carteras más importantes, especialmente en tiempo de guerra (Hacienda, Defensa, Justicia y Gobernación), sino también por la fuerte personalidad de Aguirre, que llevó a una actuación casi presidencialista.

En los escasos nueve meses que permaneció en Bilbao, el Gobierno vasco tuvo una impresionante actividad, aún más sorprendente en las circunstancias bélicas, lo que reflejaba un tesón increíble por parte del lehendakari y de sus consejeros, entre los que apenas hubo discrepancias. El predominio nacionalista, el cese de la ofensiva franquista en el norte a partir de octubre de 1936, la indefinición del texto estatutario y el aislamiento en que se encontraba su territorio (Vizcaya y una pequeña parte de Guipúzcoa y Álava), permitieron una situación de «independencia de hecho», que nada tenía que ver con la letra del Estatuto. Los jeltzales trataron de crear un verdadero Estado vasco, que contaba con casi todos los atributos ligados a la soberanía: el Ejército, las fronteras (debido al aislamiento de su territorio), la política exterior y la moneda, acuñada en Bilbao con autorización del Banco de España, ante la escasez de dinero en metálico. A estas pesetas del Gobierno vasco se les denominó popularmente los heliodoros, por el nombre del consejero de Hacienda, Heliodoro de la Torre. El diseño de los billetes se encargó al dibujante jeltzale Nicolás Martínez Ortiz, que los ilustró con motivos tradicionales vascos: bueyes arando, remeros, campesinos, etc.

El ejecutivo autónomo hizo propios una serie de símbolos ideados por Sabino Arana, que hasta ese momento solo eran aceptados por los nacionalistas. Aunque no aparecían en el Estatuto, se utilizó el nombre de Euzkadi y se aprobaron como símbolos oficiales la ikurriña y el himno Eusko Abendaren Ereserkia. La ikurriña presidió la sede central del Gobierno, instalada en el lujoso Hotel Carlton, en el centro de Bilbao, y tuvo una presencia abrumadora en los batallones nacionalistas, en actos públicos y en los barcos de la marina vasca. También se oficializó el escudo del Laurak bat, que incluía a las armas de Navarra, pese a que esta provincia ni siquiera podía adherirse a la Región autónoma. En circunstancias muy difíciles, los consejeros nacionalistas actuaron sobre aspectos que quizá en plena guerra no parecían una prioridad, como la promoción del euskera o la fundación de la primera Universidad vasca, con una Facultad de Medicina.

Pero el Gobierno vasco —y las consejerías del PNV— se ocuparon sobre todo de intentar ganar la guerra y de demostrar que Euskadi era diferente de las dos Españas en guerra, puesto que en territorio vasco se mantenía el orden público, no existía una represión indiscriminada, no había checas, se respetaban los derechos humanos, la Justicia funcionaba con relativa normalidad y se permitía el culto católico. Aunque pueda parecer extraño, para el PNV este segundo objetivo (del que se encargaban los departamentos de Gobernación y Justicia) era casi tan importante como la labor de Defensa. Como el Gobierno no se fiaba de los cuerpos de seguridad existentes, creó una policía propia (la Ertzaña), directamente vinculada al PNV, que puso un gran esfuerzo en mantener el orden público y humanizar la guerra. Incluso el espionaje franquista reconocía que el gabinete de Aguirre se había «impuesto en el mantenimiento del orden y han cesado los asesinatos desde su actuación», produciéndose una «humanización en el trato a los prisioneros». Por ejemplo, una de sus primeras medidas fue la liberación de más de cien mujeres que estaban presas en Bilbao. La mayoría, por medio de intermediarios británicos, fueron desembarcadas en San Juan de Luz y se trasladaron a la zona franquista.

Fue el inicio del denominado oasis vasco de 1936-1937: un oasis real aunque, como han demostrado las investigaciones más recientes, fuera solo relativo, en comparación con el resto de la España republicana y la franquista. Por ejemplo, los batallones del PNV contaron con capellanes, integrados en un cuerpo específico dentro del Ejército vasco. En bastantes lugares se mantuvo el culto católico, pero en otros resultó imposible, no solo por el efecto de los combates sino por las profanaciones de los templos y la persecución del clero. En Bilbao los sacerdotes iban con sotana por la calle, algo que en el resto de la España republicana hubiera supuesto su inmediata detención y, en muchas zonas, su fusilamiento. Asimismo, los templos estaban abiertos y el propio lehendakari acudía a los oficios religiosos, tal y como reflejaron varios reportajes cinematográficos. Por el contrario, en algunas iglesias «los milicianos rojos» usaron las imágenes religiosas como «blanco de tiro». Entre julio de 1936 y junio de 1937 fueron asesinados en la zona vasco-republicana 59 clérigos. Entre estos, 27 o 28 (de uno se desconoce la fecha exacta) sufrieron la muerte en la etapa del Gobierno vasco.

No obstante, en casi todos estos casos la represión se realizó contra la voluntad del PNV y del Gobierno. Esto produjo discrepancias entre los nacionalistas —que casi siempre trataban de proteger al clero— y la izquierda revolucionaria, aunque también hubo miembros del Frente Popular que atenuaron la represión. Así, según informes eclesiásticos, un convento de Irún fue incautado por los gudaris, que explicaron a las monjas «que ellos se habían adelantado», para evitar que los izquierdistas sacaran «a las religiosas atropelladamente». En Ibarranguelua (un pueblo vizcaíno de mayoría jeltzale), un sacerdote «ajeno a la política» iba a ser llevado a fusilar, pero «el pueblo entero puesto en pie desarmó a los asesinos arrebatándoles a dicho [sacerdote] y salvándolo así de una muerte cierta». En Bilbao, a un cura «le sacaron de su casa los nacionalistas, vecinos del barrio […] para tenerle más seguro contra las iras de los rojos», con tan mala suerte que fue asesinado en una saca de presos.

Todo ello demuestra la importancia de la cuestión religiosa, en un momento en que el PNV trataba de conjugar su catolicismo y su alianza con la República. Como creyentes, los jeltzales habían superado el escollo de la pastoral de su obispo condenando su actitud en agosto de 1936, aduciendo que Múgica no contaba con plena libertad. Enseguida, los hechos parecieron darles la razón. A medida que las tropas de Mola fueron conquistando Guipúzcoa, cayeron en sus manos sacerdotes considerados nacionalistas. Los carlistas y los militares estaban dispuestos a darles una lección, pero —de acuerdo con las normas eclesiásticas— para juzgarles necesitaban el permiso del obispo diocesano. Pero cuando se lo pidieron a Múgica, este se negó y solicitó pruebas concretas de su delito. El tópico del obispo separatista, ya presente en la etapa final de la República, volvía a aparecer, aunque los carlistas consideraban que no se trataba de condenar hechos precisos, «sino de purificar el ambiente de la provincia».

Muy pronto quedó claro cómo algunos sublevados entendían la purificación. El 8 de octubre eran fusilados en Hernani dos sacerdotes guipuzcoanos, acusados de ser «nacionalistas exaltados». Esta fecha no es casual, pues el día anterior, con Guipúzcoa tomada casi en su totalidad, se constituía el Gobierno vasco, lo que significaba un punto de no retorno en la alianza entre el PNV y el Frente Popular. Múgica estaba desesperado al ver que en los dos bandos, también en el que decía defender a la Iglesia, se asesinaba a sus clérigos: a uno de los ejecutados en zona franquista lo calificó como un «sacerdote santo». Al mismo tiempo, los sublevados presionaban al Vaticano para que destituyera a Múgica. Finalmente, aunque este no fue cesado, la Santa Sede accedió a que marchara a Roma el 14 de octubre, conminado por los militares. De este modo, el obispo que en 1931 había sido desterrado de España por la República, acusado de monárquico, era expulsado por segunda vez en cinco años, al ser tachado ahora de nacionalista.

Apartado Múgica, los militares trataron de que el vicario general de la diócesis validara su labor represiva contra el clero nacionalista. Pero, como aquel también se negó, entre el 17 y el 25 de octubre fueron asesinados en Guipúzcoa ocho clérigos más. Entre ellos, cabe destacar al escritor euskaldun y columnista del diario Euzkadi José Ariztimuño (Aitzol), que fue apresado en el buque Galerna cuando se desplazaba desde Bayona a Bilbao. Aunque las circunstancias no están claras, todo indica que Aitzol no compartía plenamente la decisión del PNV de apoyar a la República y le hubiera gustado —como al obispo Múgica— mediar con los militares. Sin embargo, esto no le sirvió de nada cuando fue detenido, mientras regresaba a Bilbao para prestar «auxilios espirituales» a quienes los necesitaran. Aunque corrieron rumores de que había muerto «aclamando a Euzkadi», parece más seguro que lo hiciera «pidiendo a Dios, al expirar, piedad y misericordia», puesto que el poco tiempo que estuvo en la cárcel no hablaba de política sino de la aceptación de su muerte, que veía próxima.

Fue un dirigente de la Acción Católica de San Sebastián el que informó de estos hechos al cardenal de Toledo, Isidoro Gomá, que vivía entonces en Navarra y actuaba como contacto oficioso entre la Santa Sede y Franco, recién nombrado jefe del Estado del bando sublevado. Según su informante, los católicos guipuzcoanos estaban «indignados ante estos hechos que causan un enorme perjuicio a la religión, pues siempre habrá quien pueda propagar que el ejército lleva ya fusilados a ocho sacerdotes cuando los rojos solo mataron a dos». Gomá marchó de inmediato a Burgos a entrevistarse con Franco, quien le contestó que tuviera «la seguridad de que esto queda cortado inmediatamente», aunque no cerró las puertas a fusilamientos controlados (es decir, después de un juicio militar y con la autorización de la Iglesia). Sin embargo, aún se produjo algún asesinato más. En total, catorce clérigos fueron fusilados por las tropas franquistas, acusados de ser jeltzales. En la posguerra, un velo de silencio recayó en la diócesis sobre estos sacerdotes, que por el contrario eran recordados como mártires en el exilio. Su memoria se recuperó a partir de la Transición y en 2009 los obispos vascos celebraron una solemne liturgia en la que pidieron perdón por el «injustificable silencio de los medios oficiales de nuestra Iglesia» ante su muerte. También puede destacarse el caso del pasionista y capellán de gudaris Victoriano Gondra (Aita Patxi), que estuvo preso en las cárceles franquistas y cuyo proceso de beatificación está muy avanzado.

A la vez que el Gobierno vasco intentaba hacer realidad la libertad religiosa en su territorio y continuaba la persecución del clero nacionalista en la zona franquista, el denominado caso de los católicos vascos se dirimía en el extranjero, y en especial en Roma. Mientras los intelectuales católicos conservadores europeos apoyaban a Franco, los pioneros de la democracia cristiana defendían la actitud del PNV, por su respeto a la legalidad republicana, su carácter católico-social y su amparo a la libertad de cultos. Entre estos se encontraban pensadores de gran prestigio, como los franceses Jacques Maritain o François Mauriac; políticos como el italiano Luigi Sturzo, o eclesiásticos como el obispo de Dax, Clément Mathieu, o el cardenal de París, Jean Verdier. El PNV dio entonces un paso más en su evolución ideológica, enlazando ya claramente con la democracia cristiana internacional. Pese a reconocer que la legalidad republicana «no era ni puede ser la nuestra», Aguirre advirtió proféticamente del peligro de una «dictadura católica». Y abogó, citando expresamente a Maritain, por convertirse en «representantes genuinos de una democracia cristiana que fuera de Euzkadi no ha encontrado concreción política práctica en ninguna parte».

Ambos bandos trataron de convencer al Vaticano de la bondad de su opción. En octubre de 1936, el canónigo nacionalista Alberto Onaindía entregaba a la Santa Sede un informe sobre la actitud jeltzale ante la guerra. Su «descargo de conciencia» destacaba que no había habido una alianza, sino una «coincidencia» frente a un enemigo común, las derechas españolas, uno de cuyos objetivos era «el exterminio y la disolución del PNV». Según Onaindía, el teólogo de la Santa Sede que estudió su informe indicó que «desde el punto de vista moral», no había nada reprochable en la actitud del PNV. El informante añadió que políticamente hubiera sido mucho más útil un pacto con los militares, pero esta cuestión no era «de la competencia del Vaticano». La actitud prudente de la Santa Sede ante el caso de los católicos vascos se puso de manifiesto cuando rechazó excomulgar a los nacionalistas, tal y como solicitó expresamente la diplomacia franquista a finales de 1936. Es más, cuando Pío XI recibió al marqués de Magaz, enviado por Franco a Roma, el Papa defendió «paternalmente» a los sacerdotes «inocentes» fusilados por los franquistas y declaró ser «completamente injusta la conducta […] del Gobierno Nacional para con algunos prelados» (sin duda una alusión a Múgica y al cardenal Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona).

En realidad, la postura de Múgica no era de apoyo al PNV, pues no entendía sus «contubernios vergonzosos» con el marxismo, sino de pena y desconcierto porque sus feligreses estuviesen luchando entre ellos. Según una fuente coetánea, Múgica tenía «el corazón destrozado por tantísimas víctimas y ruinas que causa la horrible guerra en los dos bandos, compuestos al fin en gran parte de hijos suyos». En 1937, el obispo de Vitoria fue uno de los pocos que se negó a firmar la Carta Colectiva de los obispos españoles justificando la sublevación. Tal y como explicó al secretario de Estado del Vaticano, él estaba de acuerdo en «reprobar las enormidades cometidas por los rojos», pero no en silenciar los «terribles excesos» cometidos por «los otros».

Aunque nunca apoyó a la República sino a una especie de tercera España, la postura de Múgica fue haciéndose más clara con el paso del tiempo. En 1939, tras haber renunciado a la sede de Vitoria, se dirigió al Vaticano defendiendo claramente la actitud jelkide. En 1945 publicó un folleto titulado Imperativos de mi conciencia, en el que lamentaba haber firmado la pastoral de agosto de 1936. Dos años antes, en noviembre de 1943, tras la denuncia de un particular, había sido arrestado por la Gestapo y encarcelado en la fortaleza de Saint-Jean-Pied-de-Port, donde estuvo dos días, hasta ser liberado por la intercesión del cónsul de la España franquista en Bayona. En 1947, tras asegurarse de que su regreso no sería utilizado políticamente, Franco autorizó su regreso a España, estableciendo su residencia en Zarauz. Fiel a su promesa, durante las dos décadas que vivió retirado en esa localidad guipuzcoana Múgica nunca hizo declaraciones. Cuando falleció en 1968, su funeral, celebrado por todo lo alto en la catedral de Vitoria, fue una gran manifestación de duelo popular.

Ni sanguinario ni demagógico

Además de su peculiar ambiente religioso, el oasis vasco tuvo otras manifestaciones. Por ejemplo, la administración de Justicia bajo el Gobierno vasco fue en general bastante benigna. El periodista inglés George Steer, el más famoso cronista de la guerra en Euskadi, destacó que el consejero Leizaola puso en marcha un régimen judicial que no fue «ni sanguinario ni demagógico». No obstante, es significativo que la Junta Calificadora encargada de la represión económica contra los desafectos a la República impusiera multas bajo acusaciones como leer el Abc, ser apoderado derechista en las elecciones de febrero de 1936 o incluso haber sido concejal durante la Dictadura de Primo de Rivera. Empresas o personas que se consideraban culpables de haber favorecido la sublevación fueron sometidas a «expropiación forzosa total y sin indemnización». Con el fin de institucionalizar jurídicamente la represión, se creó el Tribunal Popular de Euskadi, encargado de los delitos relacionados con la sedición y el espionaje, que según Leizaola fue «sereno y equilibrado». Es cierto que dictó bastantes sentencias de muerte, pero la mayoría correspondían a procesados que habían huido y por tanto no se cumplieron.

De los que sí estaban en Vizcaya, diez condenas a la pena capital fueron conmutadas y diecinueve personas fueron ejecutadas. La mayoría eran militares, incluyendo a varios sublevados en julio de 1936. Además, hubo varios condenados por alta traición, tras haber sido demostrado que trabajaban como espías al servicio del enemigo. El hecho de que entre ellos estuviera el representante diplomático honorario de Paraguay en Bilbao (Federico Martínez Arias) y el antiguo cónsul del Imperio austrohúngaro en la capital vizcaína (Guillermo Wakonigg) dio al caso una gran notoriedad. Wakonigg se había establecido en Bilbao a principios de siglo, integrándose en la sociedad local. Cuando, tras el final de la Primera Guerra Mundial, desapareció el Imperio austrohúngaro, ayudó a que la emperatriz Zita se estableciera con sus hijos en Lequeitio, tras el fallecimiento de su marido, el último emperador Carlos de Habsburgo. Al iniciarse la Guerra Civil, logró que Austria y Alemania, que en ese momento carecían de representación en Bilbao, le permitieran ejercer como representante suyo en funciones. Aprovechando ese cargo oficioso, comenzó a ayudar a derechistas o personas perseguidas. Es algo habitual en esta y en otras guerras, puesto que los diplomáticos tienen más posibilidades de ayudar a los amenazados. Por ejemplo, el cónsul honorario de México en Málaga, Porfirio Smerdou, ha sido denominado «el Schindler de la Guerra Civil», por haber salvado a centenares de personas de ambos bandos; y el mismo calificativo se ha atribuido al embajador de Cuba, Ramón Estalella.

Pero Wakonigg hizo mucho más que ejercer una misión humanitaria, pues también trató de pasar información sensible a los franquistas a través de Francia. En la capital vizcaína vivía al principio incluso un jefe local del Partido Nazi, Otto Tarnow, pero este estaba mucho más vigilado que Wakonigg, que al presentarse como cónsul podía moverse a sus anchas. De hecho, su yerno, el jeltzale Luis Ortúzar, era el jefe de la Ertzaña e inspector general de Orden Público. Además, el austriaco tenía buena relación con Leizaola y con el consejero republicano Aldasoro. El 28 de octubre de 1936 Wakonigg se disponía a embarcar en un buque británico rumbo a San Juan de Luz. Al registrar su maleta, que intentó pasar como valija diplomática, la Ertzaña encontró varios documentos comprometedores, incluyendo un detallado informe sobre las fortificaciones militares de Bilbao, redactado por el capitán Pablo Murga. Este afirmaba estar «unido de corazón al movimiento salvador de España», pese a que la guerra le había sorprendido en Bilbao y por tanto era oficial del Ejército vasco. Enseguida se descubrió la trama, siendo juzgados sus integrantes. Los gobiernos de Austria y de Alemania apenas hicieron nada para salvar a Wakonigg, que fue visitado en la cárcel por Ortúzar y por Leizaola. Este contó que, antes de ser fusilado en el cementerio de Derio, gritó «¡Heil Hitler!».

La cuestión del orden público provocó tensiones entre los jeltzales y algunos sectores de la izquierda, y en especial la CNT, que consideraba que el humanitarismo del Gobierno vasco implicaba una dejación de funciones: «una guerra jamás es humanitaria. Solo el débil habla en esos tonos». El Departamento de Gobernación se defendía señalando «el caso de quienes denunciaron a un individuo porque al tropezarse con él blasfemaron y el individuo les miró con mala cara, lo cual entendían era signo de fascismo». Según Gobernación, «de seguir el criterio habría que montar presidios para albergar los 40.000 ciudadanos que votaron a las derechas en las últimas elecciones». Los propios informes franquistas reconocían que la inmensa mayoría de los nacionalistas no habían tomado parte «en detenciones, saqueos y registros», empleando con los detenidos de derechas «una conducta más tranquilizadora que violenta». En Amurrio, el jeltzale Luis Barañano dimitió de su cargo en el Comité de Defensa local, en protesta contra el asesinato del tradicionalista José María Viguri y de su hija Guadalupe, de trece años, que no quiso dejar solo a su padre cuando unos milicianos vinieron a detenerlo y terminó sufriendo su misma suerte. Aunque las mismas fuentes admiten los «sentimientos humanitarios» de varios comunistas, incluso algún autor hipercrítico con el nacionalismo vasco reconoce que «ni un solo gudari, ni un solo nacionalista cometió un acto de saqueo, de venganza», siendo «uno de los raros ejemplares que han pasado a través de las matanzas de este siglo sin mancharse con la sangre de inocentes ni de enemigos inermes». Y eso que, como veremos en el siguiente capítulo, al otro lado del frente había comenzado ya la represión contra los jelkides.

Por si fuera poco, a veces los propios nacionalistas fueron objeto de la represión en su propia zona, tal y como sucedió con uno de los sacerdotes asesinados en Bilbao. Por su parte, el jelkide de Amurrio Manuel Eguileor Llandera —al mismo tiempo que contribuía a crear el Batallón Araba, llegando a ser comandante de Intendencia del Ejército vasco— ayudó «a muchas personas de derechas». Su preocupación humanitaria le hizo alejarse del Frente Popular y fue «detenido por las fuerzas rojas que lo llevaron a Asturias, donde lo asesinaron» junto a otras personas, al parecer «tirándoles bombas de mano en el interior de una casa donde les mandaron sacar ladrillos». Cuando, en la posguerra, Eguileor fue expedientado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas debido a su pasado nacionalista, su madre alegó «el asesinato de su hijo por las hordas marxistas». Pese a ello, con una increíble crueldad, el Tribunal franquista condenó a su familia al pago de una multa de 500 pesetas. Un ejemplo de cómo la historia de buenos y malos, en blanco o negro, oculta una realidad mucho más compleja y más interesante.

Algo semejante sucedió cerca de Villarreal de Álava, en octubre de 1936, cuando unos milicianos asesinaron a diecisiete vecinos de Elosu, incluyendo a cinco mujeres. La mayoría de las víctimas eran carlistas, pero entre ellos había jeltzales, en parte porque en la matanza influyeron venganzas personales. De hecho, su inductor, Marcelino Urquiola (CNT), alias El Buey, era del pueblo y familiar de algunos de los muertos. Ya antes de la guerra había sido juzgado por haber arrancado la oreja o la lengua —según distintos testimonios— a un vecino. Sin embargo, no puede decirse que este hecho no tenga nada que ver con la guerra. Urquiola era delegado gubernativo y teniente del Ejército vasco, y utilizó en la razzia fuerzas a sus órdenes. Otro oficial que participó en los hechos tuvo que ser protegido por milicias nacionalistas en Santoña para prevenir la venganza de varios gudaris, familiares de los asesinados. Cuando el frente se alejó de Euskadi, Urquiola volvió a Elosu, y fue detenido, juzgado por las autoridades franquistas, y ejecutado a garrote vil en San Sebastián, en octubre de 1939. Según la prensa, hoy su familia «niega todas las acusaciones y señala que su padre fue un represaliado asesinado por el régimen de Franco».

Otro de los aspectos en que la Euskadi autónoma se diferenció del resto de la zona republicana fue la situación de las prisiones. Desde el principio de la guerra, como sucedió en ambas zonas, hubo que habilitar centros de internamiento especiales para el cada vez mayor número de presos. En Bilbao, además de la cárcel de Larrínaga, se utilizaron varios conventos (como el Carmelo y los Ángeles Custodios) y tres barcos anclados en la ría: el Altuna Mendi, el Arantzazu Mendi y el Cabo Quilates. Antes de la constitución del Gobierno de Aguirre, estos buques-prisión fueron escenario de varias matanzas de prisioneros, a cargo de sus propios guardianes, que eran milicianos izquierdistas. Por ello, el recién creado Gobierno vasco decidió desalojar los buques y concentrar a los presos en tierra, donde sus condiciones de vida —sin ser totalmente satisfactorias, como es lógico en plena guerra— fueron mucho mejores. El Departamento de Justicia intentó que los internos no pasaran hambre y autorizó a los sacerdotes presos a celebrar misa para todo aquel que quisiera asistir, algo impensable en el resto de la España republicana. Empero, aún había dudas sobre la seguridad de los presos. El exterior de las cárceles era vigilado por el Cuerpo de Orden Público, dependiente de Gobernación; el interior, por funcionarios de prisiones, a cargo de Justicia. A finales de diciembre de 1936, el director de Prisiones solicitó cincuenta pistolas para estos últimos, que no iban armados. De haberlas recibido pronto, quizás se hubiera evitado una de las mayores tragedias de la guerra en Euskadi.

En efecto, el encomiable esfuerzo del Gobierno vasco por mantener el orden se fue al garete el 4 de enero de 1937. Esa mañana, la aviación franquista efectuó un bombardeo sobre Bilbao, que produjo varios muertos. A primeras horas de la tarde, grupos de manifestantes exaltados salieron a la calle a protestar contra el bombardeo. Algunos llevaban a hombros el cadáver de un piloto alemán, cuyo avión había sido derribado y, tras saltar en paracaídas, había sido capturado y linchado. Desde la Consejería de Gobernación, se pidió a los manifestantes que se disolvieran. Al principio pareció que la orden se cumplía, pero enseguida comenzó a extenderse la idea de ir a las cárceles para dar un escarmiento a los presos. Algunos grupos comenzaron a subir hacia Begoña, el barrio donde se situaban todas las prisiones. Pero lo que iba a suceder no podía ser obra de civiles, por muy enojados que estuvieran.

Milicianos armados de la CNT se pusieron en cabeza de la marcha y entraron en las cárceles, venciendo la débil resistencia de los guardianes (cuando esta se produjo, puesto que en algunas prisiones lo que hicieron fue abrirles las puertas). El asalto duró unas tres horas y fueron asesinados 224 presos, desconociéndose el número de heridos: la mayoría fueron fusilados, pero en la matanza se utilizaron incluso bombas de mano. Ayudados por algunos vigilantes, los presos trataron de defenderse, construyendo barricadas y lanzando objetos a los asaltantes. Hubo quien logró salvarse haciéndose pasar por muerto, camuflado entre montones de cadáveres y regueros de sangre. Entre los asesinados, había significados derechistas, como el líder integrista Juan Olazábal o el exalcalde de Bilbao Adolfo Careaga, pero la mayoría eran personas anónimas, incluyendo a trece sacerdotes (uno de ellos simpatizante del PNV). En los Ángeles Custodios fallecieron dos tercios de los internos, muchos de ellos ancianos o enfermos. Algunos asaltantes se dedicaron también al pillaje, «saqueando las comidas de los presos» o llevándose sus pertenencias.

El inicio del asalto había pillado por sorpresa a las autoridades, que pecaron de falta de previsión, pero ¿por qué se tardó tanto en detener las matanzas? Tres horas son muchas horas, pues Begoña no está tan lejos del centro de Bilbao, donde tenían su sede las consejerías del Gobierno vasco. Al comenzar los asaltos, los encargados de las prisiones llamaron por teléfono a Presidencia y a Justicia, «demandando inmediato envío de fuerzas que pusieran fin a tal situación». Justicia pidió de inmediato a Gobernación y a Defensa el envío de fuerzas armadas para detener los asaltos. Aunque mandó cuarenta policías, la Ertzaña, que dependía de Gobernación, tardó mucho en llegar, pues tenía su cuartel en Las Arenas, a quince kilómetros de Begoña.

Defensa quiso desplazar un batallón del PNV, pero no había ninguno acuartelado en Bilbao en ese momento, por lo que envió uno de la UGT, que al parecer se presentó voluntario. Este no solo no paró el ataque sino que, al ver lo que pasaba, se inhibió y en alguna de las cárceles sus milicianos se unieron directamente a los asaltantes. Joseba Rezola, el secretario de Defensa, declaró después que «habían sido engañados por el séptimo batallón que se ofreció voluntario para ir». Ello podría implicar que los ugetistas fueron voluntarios para participar en la matanza y no para detenerla. El comandante jeltzale Francisco Gorricho, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, acudió con doce gudaris a Larrínaga para intentar controlar la situación, pero con tan escaso personal ese propósito era imposible. El espionaje franquista reconocía que «Aguirre, que temía algo, había mandado traer con urgencia contingentes suyos (vascos) de Durango y Elorrio, pero llegaron tarde». Los asaltos solo terminaron cuando llegaron en persona a las cárceles los consejeros Monzón (PNV), Astigarrabía (PCE) y Gracia (PSOE). La situación era tan dantesca que este último no pudo aguantar y se desmayó.

Terminaba así el día más negro en la trayectoria del Gobierno vasco. Hay que tener en cuenta que en todo el País Vasco bajo el franquismo nunca se produjo una matanza similar; en la Álava franquista, por ejemplo, fueron fusiladas durante toda la guerra 186 personas. En «aquella noche fatídica», Enrique Orueta, el comisario de Orden Público, «no pudo cerrar ojo pensando sobre todo en los sacerdotes fusilados y lloró más que en el día en que se le murió la madre». Ramón Azcue, el comandante de los batallones nacionalistas, aseguró estar «desolado por la impericia producida desde arriba», apuntando así a la responsabilidad del Gobierno vasco. Para su presidente fue uno de los peores días de su vida. Un testigo escribió después que Aguirre estaba «apesadumbrado» y que «mostraba una expresión de horror, de pena y de vergüenza, que dejaba patente el drama íntimo que estaba sufriendo».

Si el Gobierno vasco fracasó en la prevención de los hechos, tuvo una actitud ejemplar a posteriori, reaccionando con una firmeza y rectitud imposible de encontrar en ningún otro caso en los dos bandos durante la guerra. Al principio, la censura prohibió a la prensa dar la noticia de los asaltos. El 10 de enero, el Gobierno publicó una nota en la que, sin concretarlos, hablaba de los recientes «crímenes y saqueos» y aseguraba que iba a exigir «con rigor las responsabilidades contraídas por los culpables, reforzando las previsiones adecuadas para que no vuelvan a repetirse semejantes hechos». No obstante, el gabinete de Aguirre trataba de echar balones fuera, minimizando su responsabilidad, al dejar entrever que habían sido agentes facciosos los que habían provocado el asalto, con objeto de desprestigiar su labor.

Sin embargo, el Departamento de Justicia permitió celebrar funerales por los fallecidos, incluso en las propias cárceles, cuya seguridad fue reforzada, sustituyendo a los guardias por ertzañas y gudaris nacionalistas, que evitaron nuevos asaltos. Además, el Gobierno abrió expedientes administrativos para depurar responsabilidades y nombró un juez especial (el diputado del PNV Julio Jáuregui) que, tras instruir el sumario, procesó a 61 responsables. Aunque no se conocen todos los nombres, entre ellos había guardias de prisiones (acusados de abandono de servicio) y milicianos (sobre todo de la UGT), imputados, entre otros delitos, por sedición y asesinato. Sin embargo, el proceso judicial no se había cerrado cuando Bilbao fue conquistado en junio de 1937, por lo que los responsables, que permanecían en libertad provisional, nunca fueron juzgados.

Desde el punto de vista político, la responsabilidad directa fue de Telesforo Monzón, el consejero de Gobernación, encargado de la seguridad en las cárceles, al que algunos de sus compañeros de gabinete recordaban como un «hombre muy impresionable» y «poco constante». Consciente de que la principal culpa era suya, el EBB pidió el cese de Monzón, pero Aguirre se negó a prescindir de él, haciendo «un chantaje al Partido». Esto provocó la dimisión del presidente del BBB, Ajuriaguerra, que después fue retirada, con el fin de no abrir una crisis interna en el PNV, en un momento muy delicado. En un gesto que le honra, en la posguerra el lehendakari reconoció valientemente su responsabilidad y la de su ejecutivo en un hecho «que nos avergonzó ante el mundo»: «Somos culpables nosotros. Yo el primero, en nombre del Gobierno, porque nos fallaron los resortes del mando en aquel momento».

Pese a ser la matanza más numerosa de la guerra en ambas zonas del País Vasco, hoy es un hecho poco conocido. Como era de esperar, el franquismo trató de preservar su memoria a través de homenajes, mausoleos y publicaciones. Para el nacionalismo fue durante el exilio y la Transición un tema tabú, del que apenas se hablaba pese a que sus revistas dedicaban muchísimo espacio a la Guerra Civil en Euskadi. Cuando se mencionaba, era para destacar la reacción posterior de la Ertzaña y del Gobierno vasco. Por el contrario, ETA —aunque al principio achacó la matanza a «refugiados españoles»— terminó aprovechando los sucesos para criticar al PNV y sobre todo a la Ertzaña de 1936-1937. La izquierda abertzale la consideraba un antecedente de la policía vasca actual (la Ertzaintza), un cuerpo de cipayos «colaboracionistas» con la legalidad española, puesto que perseguían a ETA. Los ertzañas habrían fracasado porque eran «hijos de papá cómodamente emboscados»: «una policía al servicio del partido, de sus intereses de clase y de su particular manera de entender la ética y el humanitarismo». El hecho de que Monzón abandonara el PNV para integrarse en Herri Batasuna era un factor de discordia añadido. Según la izquierda nacionalista radical, el PNV habría elegido como cabeza de turco al consejero de Gobernación, endosándole toda la responsabilidad, con el fin de salvar el prestigio de Aguirre y del Gobierno vasco.

Lo cierto es que, cuando en la Transición se constituyó el nuevo Gobierno vasco, en manos del PNV, este no hizo nada por conservar la memoria del 4 de enero de 1937. Hubo que esperar a 2011 para que, en un artículo titulado «Memoria compartida», Idoia Mendia, la consejera de Justicia del Gobierno socialista de Patxi López, mencionara valientemente el asalto a las cárceles, «el hecho represivo más sangriento de la guerra en Euskadi», al que mencionaba junto a otras matanzas cometidas en zona franquista. Recordando expresamente el coraje de Aguirre al reconocer su error, Mendia señalaba que había «llegado el momento de reivindicar el dolor de todas las víctimas de la guerra civil en Euskadi. De todas, de las que fueron silenciadas durante cuarenta años de dictadura y también de las que con la llegada de la democracia fueron borradas de la memoria colectiva por resultar políticamente incorrectas». Sin embargo, cuando en 2015 se organizó en Bilbao una exposición sobre la historia de la cárcel de Larrínaga (1871-1968), con el título «La memoria cautiva», la muestra ni siquiera mencionaba los hechos de enero de 1937, centrándose sobre todo en la etapa franquista y en cómo en 1937-1939, 40 presos habían sido ejecutados a garrote vil en el patio de la prisión.

Defenderse con uñas y dientes

Además del empeño por mantener el orden, la misión fundamental del Gobierno vasco fue crear un Ejército potente y defender su territorio, o incluso tratar de recuperar el que estaba en manos enemigas. Por ello, el Departamento de Defensa, con el propio lehendakari como titular, llevó a cabo una actividad frenética. Un decreto de 25 de octubre creó el «Ejército de Operaciones de Euzkadi», con batallones divididos por grupos políticos. Aunque su número fue cambiando con el tiempo, de ellos veintiocho eran del PNV (integrados a su vez en una organización propia, Euzko Gudarostea), cuatro de ANV, tres de ELA-STV y dos de la Federación de Mendigoizales. El improvisado uniforme de los gudaris enlazaba con el de los mendigoizales, tratando de crear una identidad militar vasca: cazadora de lana a cuadros, boina, pantalón mil rayas y botas de montaña. En la izquierda, había un predominio socialista (23 batallones), seguido por el PCE (8), la CNT (7) y los republicanos (6). En muy poco tiempo, Aguirre pudo contar con un Ejército nutrido y relativamente bien organizado. Sin embargo, dos problemas dificultaron extraordinariamente su eficacia: la falta de coordinación con el Gobierno central y con las unidades de Cantabria y Asturias; y las dificultades para conseguir armas, municiones y sobre todo aviación.

El primer punto tenía incluso un reflejo nominalista: lo que para el Gobierno de Euskadi era el Ejército vasco, para la República era un Cuerpo integrado en el Ejército del Norte, definición negada por los nacionalistas. Los conflictos de Aguirre con el general Llano de la Encomienda (jefe de operaciones del Norte) fueron constantes. El propio Llano pidió a Largo Caballero que le confirmara «si existe o no el Ejército para cuyo mando tuve el honor de ser designado». Ante una pregunta tan patética como esta, no es extraño que, en sus memorias, el jefe del Gobierno acusara al lehendakari de «insubordinación»: «¿Cómo imponer al Gobierno vasco la disciplina? «¿Encarcelándolo?». A lo largo de este tiempo hubo muchas disputas sobre las competencias de ambos Gobiernos. Esta cuestión preocupaba al Gobierno central, pero no a Aguirre, que además era apoyado por todos sus compañeros de gabinete. El lehendakari reconocía que se había producido una «superación constitucional», pero era la única forma de que el pueblo vasco siguiera luchando, ya que «la idiosincrasia de Euzkadi es de tal naturaleza que ella va a la guerra a través de su propia fisonomía».

Más complicado aún era resolver la escasez de armas y municiones de las tropas vascas. Paradójicamente, fue un simpatizante de Jagi-Jagi (Lezo de Urreztieta) el que resolvió la situación momentáneamente, tras la constitución del Gobierno vasco. Marino, contrabandista y aventurero, Urreztieta consiguió comprar 5.000 fusiles y cinco millones de cartuchos en octubre de 1936, que sirvieron para armar las primeras unidades dependientes de Aguirre. Por si fuera poco, la mercancía embarcó rumbo a Bilbao en… Hamburgo, en la Alemania nazi. En los meses siguientes, Urreztieta repitió varias veces sus gestiones, consiguiendo introducir en Vizcaya municiones y armas ligeras. Su actitud contrastaba con la del líder de Jagi-Jagi, Elías Gallastegui que, como ya hemos visto, sostenía que los vascos no debían participar en un conflicto entre españoles, salvo para declarar la independencia, aprovechando la coyuntura bélica. Empero, su postura no fue seguida por otros miembros del grupo, que constituyeron dos batallones. La actitud de Gallastegui, que algunos jeltzales interpretaron como cobardía o deserción, dio lugar posteriormente a agrias polémicas, que incluyen la paradoja entre su conducta y el significado de su seudónimo (Gudari, literalmente «guerrero»), precisamente en un momento en que por primera vez había gudaris luchando en una guerra. Antes de la caída de Bilbao, Gallastegui fue evacuado a Francia por el Gobierno vasco. Estableció después su residencia en Irlanda, de la que siempre había sido un ferviente admirador. Alejado de la política, volvió al País Vasco francés, falleciendo en 1974. Su hijo Iker y tres de sus nietos pertenecerían en el futuro a ETA.

Mucho más complicado que fusiles era conseguir aviones, imprescindibles en la guerra moderna. El territorio vasco, junto a Asturias y Santander, apenas tenía aeroplanos militares antes de la guerra y carecía de aeródromos en condiciones. Al estar aislado del resto de la zona republicana, no era sencillo traer aviones desde el centro, donde además también se necesitaban, pues la mayor parte de los aparatos no podían atravesar el territorio rebelde sin hacer escala. La posibilidad de enviarlos desde Cataluña a través de Francia era impensable, debido al Pacto de No Intervención, firmado por todas las potencias para evitar la extensión del conflicto español. Las peticiones de Aguirre a Prieto (ministro de Marina y Aire del gabinete de Largo Caballero) fueron constantes. El lehendakari telegrafiaba pidiendo angustiosamente «aviación en masa», ante el espectáculo «deprimente [de] tropas resistiendo pegadas [a] tierra teniendo encima todo el día numerosos aparatos [de] aviación enemiga descargando bombas y ametrallando». Prieto respondía admitiendo su «impotencia»: aunque reconocía la gravedad de la situación, la República no contaba con aviones o no podía trasladarlos a Euskadi. Lo cierto es que, aunque hay discrepancias en algunas cifras, las fuentes confirman los motivos de la desazón de Aguirre, que en la primavera de 1937 solo tendría a su disposición ocho cazas, frente a 40 enemigos, además de los bombarderos.

Todos estos problemas se pusieron de manifiesto en la única ofensiva efectuada por el Ejército vasco. La idea inicial era efectuar un doble ataque desde Vizcaya y Cantabria, conquistando Vitoria, pero el avance, iniciado el 30 de noviembre de 1936, se estancó ante Villarreal, en el norte de Álava. Mientras tanto, la ofensiva paralela prevista desde Santander ni siquiera llegó a efectuarse. El ataque estuvo mal planificado, poco coordinado y peor ejecutado, y a ello se unió el mal tiempo, la inexperiencia de las tropas vascas y la falta de munición. Gudaris y milicianos lucharon con heroísmo en situaciones difíciles. Un informe franquista reconocía el «arrojo y tesón» de los combatientes vasco-republicanos, habiéndose llegado a la lucha «cuerpo a cuerpo»: «Sus muertos cayeron en las alambradas y en la carretera; se mató al abanderado, cogiéndole la bandera del grupo nacionalista».

Los que peor suerte corrieron fueron los batallones de ANV que, tras una «lucha hasta el agotamiento», tuvieron unas 290 bajas mortales en la zona del Albertia, convertido después en el lugar de memoria por excelencia de este partido. Pero no todos combatieron con igual bravura. El Estado Mayor informó de la «sensación de indisciplina» del batallón nacionalista Gordexola, que al principio se negó a salir al frente, «alegando falta de botas», a pesar de ser «uno de los batallones con mejores pertrechos». Cuando finalmente se movilizó, aprovechó una de sus paradas para irrumpir «en los comedores de Intendencia, protestando de la falta de comidas», sin que los oficiales del batallón «hiciesen nada por contener aquel tumulto». Por fin, tras casi un mes de lucha, el 24 de diciembre podía darse por concluida la batalla de Villarreal. La ofensiva dejó unos 900 soldados vascos muertos, sin lograr modificar el frente. El hecho de que el lehendakari se implicara en este plan fracasado hizo que la prensa franquista le colocara el apelativo despectivo de Napoleontxu («pequeño Napoleón»).

Tras fracasar en el ataque, el Ejército vasco se dedicó a prepararse para la defensa. Durante varios meses, el frente permaneció en calma, mientras la guerra se libraba en otras zonas, como Málaga, el Jarama o Guadalajara. Aguirre pudo aprovechar esa calma para avanzar en la construcción del Cinturón de hierro, una línea defensiva en los montes que rodean Bilbao, con la que se esperaba convertir a la villa en inexpugnable. La idea terminaría convirtiéndose en un nuevo fracaso, no solo porque no estaba terminada en el momento en que se produjo la ofensiva franquista, sino porque los dos ingenieros militares vascos encargados de su diseño y construcción apoyaban secretamente al bando sublevado: el primero (Pablo Murga) sería fusilado por traición, en el marco del caso Wakonigg; el segundo (Alejandro Goicoechea) se pasaría al campo franquista llevándose los planos de las defensas, formadas por búnkeres, trincheras y nidos de ametralladoras. Goicoechea se haría más tarde famoso por diseñar el original sistema del tren Talgo. Para la puesta en marcha del prototipo, el ingeniero contó con la colaboración del empresario y líder del carlismo alavés José Luis Oriol, que había sido compañero de viaje del PNV en las Cortes de 1931, antes de oponerse al Estatuto. De hecho, el nombre de la empresa son las siglas de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol. En la actualidad, Talgo es una empresa puntera, que vende trenes a Alemania, Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudí. Pero, incluso de no haberse producido esa deserción, la línea Maginot vasca tampoco hubiera sido infranqueable, al estar pensada para un tipo de guerra similar a la de 1914, sin tener en cuenta las particularidades del combate moderno, en la que la aviación y la artillería eran decisivas.

Un momento especialmente tenso se produjo en febrero de 1937 cuando, aprovechando la calma en el frente vasco, Aguirre permitió la marcha de cinco mil hombres (entre ellos una brigada nacionalista) a combatir en Asturias. Muchos dirigentes jeltzales eran contrarios al envío de tropas, un «sacrificio» que el lehendakari aceptó porque era consciente de que se trataba de «probar la lealtad del Ejército vasco hacia la República, obligando a […] batallones nacionalistas vascos a salir de su territorio patrio». En Asturias murió el comandante jeltzale Cándido Saseta, que para la prensa nacionalista fue un «mártir de las libertades patrias», «a cuyas órdenes los gudaris combatían como bravos, arrastrados por su ejemplo». Además, al caer en Asturias demostró que los gudaris eran «solidarios con la libertad de otros pueblos». También murió en Asturias el jefe de los capellanes de gudaris, José María Korta, cuyo multitudinario funeral religioso en Bilbao fue objeto de un cortometraje producido por el Gobierno vasco.

El 5 de marzo de 1937 tuvo lugar otra batalla épica, que terminó con la derrota de la Marina Auxiliar de guerra vasca. Se trata del desigual combate naval de Matxitxako, en la costa vizcaína, en el que varios bous (bacaladeros armados provisionalmente con pequeños cañones) se enfrentaron al moderno crucero franquista Canarias. Aunque fueron derrotados, su lucha fue calificada por Steer como «la más heroica de los tiempos modernos». Uno de los bous, el Nabarra, se enfrentó durante tres horas, sin apenas armamento, «a todo un verdadero barco de guerra […]. Hasta los heridos combatían». Al avistar el Canarias, el comandante del Nabarra había comunicado a sus hombres que estaba dispuesto a hundirse luchando antes que rendir el barco. Esto fue lo que hizo cuando vio que el lance estaba perdido: solo 20 de los 49 tripulantes alcanzaron los botes salvavidas; el comandante, el primer oficial y otros se quedaron a bordo, mientras el Nabarra se hundía para siempre. Los jeltzales admitieron más tarde que Franco reconoció «el valor de ese puñado de gudaris» y los puso «en libertad por su heroica gesta», a petición del comandante y del director de tiro del Canarias. En efecto, ambos intercedieron personalmente para que Franco indultara a los veinte marinos del Nabarra que habían sido condenados a muerte y, en noviembre de 1938, «en reconocimiento de su valentía», fueron puestos en libertad. En su memoria, desde 1978 se celebra cada año cerca de Bermeo el Itsas Gudarien Eguna («Día del Gudari del Mar»).

Después de varios meses de calma, el 31 de marzo de 1937 las fuerzas franquistas iniciaban la ofensiva sobre Vizcaya. Según testimonios de la época, algunos batallones «tenían la moral deshecha y muy pocos oficiales, sucios y con barba». Steer afirma que «las tropas estaban muy deprimidas» y «no tenían comida». Se notaba que la mayoría eran soldados sin experiencia militar, aunque en general, en el momento de la batalla, «iban adelante con decisión». Aunque mucho más lentamente de lo previsto por Mola, las tropas vascas se batieron en retirada casi desde el inicio de la ofensiva, pero nadie niega las «páginas de gloria» escritas por los gudaris, pese a su nula experiencia militar. Todavía hoy se conmemoran los puntos en que, pese a ser vencidos, vendieron cara su derrota, como los Intxortas, Bizkargi, Saibigain, Sollube, Peña Lemona o Artxanda.

Lo cierto es que la heroicidad de los gudaris no podía hacer nada frente a la superioridad franquista, especialmente en artillería y aviación, tal y como reflejó el episodio sin duda más conocido de la Guerra Civil en Euskadi, el bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937. En contra de lo que suele pensarse, este ataque aéreo no fue el primero ni el más sangriento de la guerra contra la población civil. Ya el 22 de julio de 1936, nada más iniciarse el conflicto, Ochandiano fue atacada por dos aviones Breguet XIX, causando 57 muertos, bastantes de ellos mujeres y niños. Nadie se esperaba en esta localidad vizcaína un posible bombardeo, lo que explica el alto número de víctimas, en relación con el de aviones atacantes: de hecho, los niños siguieron jugando en la plaza mientras veían caer los paquetes que resultaron ser bombas.

Tampoco Durango se esperaba el terrible bombardeo que sufrió el 31 de marzo de 1937, el mismo día en que se inició la ofensiva. En esta ocasión, fueron aviones italianos (bombardeos Savoia y cazas Fiat) los que atacaron esta villa vizcaína, causando en torno a 300 muertos: entre ellos, un sacerdote que estaba celebrando misa y varias religiosas de clausura. Según el lehendakari, la falta de defensa aérea estaba llevando a la «desmoralización» de las tropas y de la población. Eso es precisamente lo que se buscaba con este tipo de ataques; eso, y probar las nuevas tácticas de raid aéreo que se iban a poner en marcha de forma sistemática durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es precisamente lo que hicieron los aviones alemanes de la Legión Cóndor al bombardear Guernica, aplicando la técnica llamada de carpet o saturation bombing, que permite seleccionar un área específica de una ciudad y destruirla casi completamente, mediante varias pasadas, dejando el terreno como si se hubiera puesto una alfombra encima. Utilizando al mismo tiempo bombas explosivas e incendiarias —ya que no se busca un objetivo específico—, esta táctica crea una sensación de terror y de indefensión absoluta, sobre todo si no hay apenas protección antiaérea, como sucedía en Guernica. Tras este ensayo, el bombardeo en alfombra sería utilizado por la Luftwaffe en Varsovia y Róterdam, y por los aliados en Dresde o Wesel. Precisamente Wolfram von Richthofen, jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor, fue el encargado de la campaña aérea en la conquista de Polonia de septiembre de 1939.

Los hechos básicos del bombardeo de Guernica son hoy bien conocidos. Durante más de tres horas, aviones alemanes —básicamente bombarderos Junkers y Heinkel y cazas Messerschmitt— e italianos, bombardearon la villa, cuya población se había incrementado como consecuencia de la afluencia de milicianos y refugiados, y por ser día de mercado, aunque este fue suspendido al mediodía. La ciudad quedó prácticamente devastada y algunos aviones ametrallaron a la población. El 71 % de los edificios fueron destruidos, aunque entre ellos no se encontraba la Casa de Juntas, que junto al histórico árbol permaneció en pie. El alcalde, José Labauria, recordaba más tarde cómo, al finalizar el ataque, vio que «el pueblo era una escombrera […]. La gente, despavorida, alocada, entre lloros y gritos, corría en todas las direcciones, huía a las afueras». El padre Onaindía, que también estaba allí, añade que «unos lloraban, otros rezaban, no pocos miraban el espectáculo como petrificados de horror y de espanto».

Quedan aún por aclarar algunos datos, que probablemente nunca será posible conocer por falta de fuentes, como el número exacto de aviones que participaron en el ataque, el de víctimas y el responsable directo de la orden de ataque, cuya responsabilidad política, en cualquier caso, corresponde a Franco y a sus altos mandos. Aunque hoy parece claro que la finalidad del bombardeo fue aterrorizar a la población y ensayar un nuevo tipo de táctica militar, los especialistas discrepan en cuanto a si se trataba o no de un objetivo militar, táctico o estratégico. Aunque Guernica estaba cerca del frente (a unos veinte kilómetros), los posibles objetivos directos, como las fábricas de armas, apenas sufrieron daños. Tampoco fue destruido el puente del barrio de Rentería, pese a ser el objetivo oficial del bombardeo de Guernica.

Desde el día siguiente del bombardeo hasta hoy, los nacionalistas han destacado que el ataque buscaba, tal y como denunció Aguirre, «herir en lo más sensible de nuestros sentimientos patrios», atacando el símbolo de la libertad vasca. Sin embargo, no hay ni un solo indicio de que los mandos alemanes supieran algo del carácter simbólico de Guernica ni de que sus aliados franquistas —que obviamente sí lo sabían— concedieran un sentido especial al hecho de bombardear la villa. Es más, cuando el 29 de abril las tropas de Franco conquistaron Guernica, grupos de requetés montaron guardia ante el árbol foral. Los documentales franquistas recogieron imágenes de este hecho, acompañadas por la música en euskera del Gernikako arbola, el tradicional himno fuerista vasco, ante el que nacionalistas y carlistas se emocionaban por igual. El comentario de uno de esos reportajes se refería al «árbol santo de las tradiciones vascas […], inquebrantable como el alma de la legítima Vasconia, religiosa y española». Sin embargo, esta interpretación, vinculada al carlismo foralista vasco, no era compartida por todos los sectores del bando vencedor. Según uno de los requetés que entró en la villa, los falangistas no sentían ninguna simpatía por el roble de Guernica, hasta el punto de que «algún insensato pensó que era necesario derribarlo».

La polémica sobre Guernica comenzó casi al mismo tiempo que el bombardeo. Mientras el Gobierno vasco denunció el ataque, Franco se apresuró a negar la evidencia, asegurando que la villa había sido incendiada por los gudaris y los dinamiteros asturianos. La prensa franquista acusó a Aguirre de haber «lanzado la mentira infame —porque es un delincuente común— de atribuir a la heroica y noble aviación de nuestro Ejército Nacional, ese crimen». Según esta interpretación, Guernica había sido «destruida por el fuego y la gasolina. La han incendiado y la han convertido en ruinas las hordas al servicio criminal de Aguirre». El lehendakari replicó jurando «ante Dios y ante la Historia», que los alemanes habían bombardeado Guernica «con saña desconocida»: «Pregunto al mundo civilizado si se puede permitir el exterminio de un pueblo que ha tenido siempre como su ejecutoria más preciada la defensa de su libertad y de su secular democracia que Gernika, con su árbol milenario, ha simbolizado en los siglos». Ambos bandos trataron de mostrar pruebas de su versión o, en el caso de los franquistas, de destruirlas, aprovechando que apenas tres días después del bombardeo conquistaron la villa. Estos alegaron que sus aviones no pudieron volar el 26 de abril debido al mal tiempo y señalaron que las ruinas mostraban trazos de haber sufrido un incendio. Esto era cierto, pero la propaganda franquista omitía que en el ataque se habían empleado bombas incendiarias, lo que explica que las llamas se extendieran por toda la villa, ante la impotencia de los bomberos, llegados desde Bilbao.

Por su parte, el Gobierno vasco mostró alegatos de testigos directos (como el alcalde Labauria y el canónigo Onaindía), restos de bombas de fabricación alemana encontradas entre las ruinas o incluso aviadores de la Legión Cóndor hechos prisioneros. Fue fundamental la crónica que desde Bilbao envió el periodista de origen sudafricano George Steer y que fue publicada por The Times de Londres y The New York Times. Steer tenía una gran simpatía por el PNV, por lo que no solo informó del bombardeo sino que explicó a los lectores anglosajones que su objetivo había sido «la desmoralización de la población civil y la destrucción de la cuna del pueblo vasco». La polémica tuvo una repercusión mundial: como sucede siempre en estos casos, casi nadie atendió a pruebas sino que se creyó la versión que ideológicamente más le interesaba. Quienes apoyaban a Franco se tragaron la versión del incendio, pese a que incluso los propios informes franquistas previos a la reconstrucción de la villa no tenían más remedio que reconocer en privado lo sucedido. De hecho, la verdad terminó imponiéndose, incluso dentro de la España de Franco. Desde finales de los años sesenta dejó de hablarse de los incendiarios «rojo-separatistas» para reconocer el bombardeo. Eso sí, estas publicaciones tendían a rebajar las consecuencias del ataque y a echar la culpa exclusivamente a la aviación alemana, que incluso habría actuado a espaldas del mando franquista.

La cuestión más disputada —entonces y ahora— es la del número de muertos causados por el bombardeo. Claro que al principio la propaganda del régimen hablaba de cero fallecidos, al negar la existencia misma del bombardeo; después, algunos escritores profranquistas trataron de rebajar la mortalidad producida por las bombas hasta incluso solo doce personas. Por su parte, el Gobierno vasco fue modificando su versión. La prensa bilbaína habló al principio de un número «afortunadamente reducido» de víctimas, aunque en esta subestimación sin duda influyó el deseo de no desanimar a la población. El ejecutivo dio primero una cifra de 590 fallecidos en Bilbao, a causa de heridas producidas en Guernica; pasó después a hablar oficialmente de un total de 1.654 muertos, señalando más tarde que eran «más de 3.000». La cifra de 1.654 sigue siendo repetida, pero está claro que el Gobierno vasco, que había perdido Guernica el 29 de abril, no tuvo tiempo de contar las víctimas: incrementarlas —dando además un número no redondeado— formaba parte de la batalla de propaganda en torno a Guernica. Desgraciadamente, todavía hoy estas cifras son un arma arrojadiza. Lo cierto es que el número de muertos es desconocido y nunca se sabrá exactamente, pero las investigaciones empíricas más serias centradas en esta cuestión han llegado a la conclusión de que el número de muertos estuvo en torno a 200. En el futuro, si aparecen nuevos indicios documentales, es posible que esta cifra tenga que ser incrementada, pero nada indica que vaya a producirse un aumento sustancial.

Puede parecer una cifra baja pero —aparte de que cada vida humana importa— no lo es. Tras la experiencia de Durango, las localidades vascas se habían preparado para posibles ataques aéreos, poniendo en marcha refugios y sistemas de alarma. Además, expertos en aviación militar han demostrado que la relación entre las toneladas de bombas lanzadas y las bajas producidas es similar en Guernica —que al fin y al cabo era un primer ensayo para lo que vendría después— y en las ciudades que sufrieron bombardeos masivos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, nadie duda hoy de que se trató de un bombardeo de terror, cruel y despiadado, sin ninguna justificación y que su nivel de destrucción, al centrarse sobre un núcleo pequeño, fue enorme: en la posguerra hubo que reconstruir la villa casi por completo, tal y como pudo comprobar Regiones Devastadas, la institución franquista que se encargaba de estos menesteres. Eso sí, se utilizó la reconstrucción para hacer propaganda del régimen, llegando incluso a la paranoia de nombrar a Franco hijo adoptivo de Guernica, un título que le fue retirado en 1979. En 1997, en el sesenta aniversario del ataque, el embajador de la República Federal de Alemania en España, en nombre del presidente y del pueblo alemán, pidió perdón a Guernica, en presencia de varios supervivientes.

Pero, si el bombardeo de Guernica no fue ni el primero, ni el más sangriento de la Guerra Civil, ni tiene comparación con los de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué entonces es universalmente conocido? Lógicamente, uno de los motivos fue la propia magnitud objetiva del raid, máxime en un momento en que aún no se había llegado al nivel de destrucción de 1939-1945. En segundo lugar, influyó el hecho de que Guernica fuera ya antes un símbolo de la libertad de Euskadi, famoso incluso en el extranjero: arremeter contra la «ciudad santa de los vascos» permitía dotar de un significado especial a este ataque aéreo, hasta el punto de que vecinos y entidades de Durango han denunciado que el suyo es un «bombardeo silenciado», no porque no se hable de él sino porque, a pesar de que posiblemente provocó más muertos que el de Guernica, es mucho menos conocido. Por último, el hecho de que Franco negara la autoría de la destrucción fue un error de cálculo en términos de propaganda, puesto que no hizo más que multiplicar la polémica hasta extremos insospechados. Es posible que, de haberlo reconocido, aduciendo que era un objetivo militar, la repercusión hubiera sido mucho menor.

Por si fuera poco, a los pocos meses el ataque a la villa foral adquirió aun un nuevo significado simbólico. El 12 de julio de 1937 se abría al público el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París, en el que estaba expuesto el Guernica de Pablo Picasso, uno de los cuadros más célebres del siglo XX. Con el tiempo, se convertiría en un auténtico icono de la paz a nivel mundial, como lo demuestra el hecho de que fuera reproducido en las pancartas que los manifestantes contra la Guerra de Irak iniciada en 2003 portaban en algunas universidades norteamericanas. El pintor malagueño había recibido ya previamente el encargo del Gobierno de la República de pintar un gran lienzo para este evento, siendo la noticia del bombardeo la que le sirvió de inspiración. De hecho, al principio el cuadro no gustó a los jeltzales, porque no tenía ningún carácter vasco y, lo mismo que Guernica, se podía haber titulado Guadalajara o Badajoz. El director de Bellas Artes del Gobierno vasco, José María Ucelay, llegó a declarar que el Guernica era «una idiotez», «un cartel de publicidad política» o «pornográfica», aludiendo a los símbolos fálicos que según él aparecen en la escena.

Sin embargo, con el tiempo el cuadro se hizo tan famoso que el nacionalismo vasco no podía dejar pasar la oportunidad de hacerse con su significado simbólico. En la década de 1960 comenzó por fin a ser reproducido asiduamente en la prensa vasca del exilio. Desde la Transición, el nacionalismo en pleno no ha dejado de pedir que el cuadro se traslade a Guernica, para que sirva de denuncia del «Hiroshima» vasco. Hoy Guernica es un símbolo que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia en 1999, el Gobierno de Milosevic declaró que Belgrado era «la Guernica de los Balcanes». En 2002, Arnaldo Otegi, el coordinador de Batasuna, aseguraba que «los nazis y los franquistas, los que todavía gobiernan el Estado español, destruyeron Gernika porque era el símbolo de las libertades vascas. Hoy quieren destruir a la izquierda abertzale». Por el contrario, el filósofo Fernando Savater acusó a ETA y a Batasuna de ser los «herederos de la Legión Cóndor», la misma que «bombardeó Guernica».

En cualquier caso, en la primavera de 1937 la destrucción de la villa foral demostró la difícil situación en que se encontraba Euskadi. Una de sus consecuencias fue la decisión del Gobierno vasco de evacuar a miles de niños al extranjero, para librarles de los horrores de la guerra. La salida de más de 20.000 niños a Gran Bretaña, Francia, Bélgica y la Unión Soviética —en barcos mercantes protegidos por la Royal Navy británica, salvando así el bloqueo naval del Cantábrico, decretado por los franquistas— convirtió al exilio infantil en un nuevo símbolo de una Euskadi inocente, atacada despiadadamente desde el exterior. Si bien muchos regresaron a los pocos meses, tras la caída de Bilbao, algunos —como los de la Unión Soviética— tardaron décadas en poder hacerlo o incluso nunca retornaron. Los desplazados a Bélgica fueron los protagonistas de la exitosa novela de Luis de Castresana El otro árbol de Guernica (1967), llevada al cine en 1969 por Pedro Lazaga.

Además, parar la ofensiva exigía una renovación del mando del Ejército. Dadas las malas relaciones entre Aguirre y Llano de la Encomienda, la situación era insostenible. Lo que nadie esperaba es que, a primeros de mayo, el lehendakari en persona asumiera el mando militar del Ejército vasco. La decisión provocó la protesta del Gobierno republicano, que entendía que Aguirre se había extralimitado en sus funciones. La situación solo se aclaró tras la sustitución de Largo Caballero por Juan Negrín como presidente del Gobierno republicano, en mayo de 1937. Prieto, que fue nombrado ministro de Defensa, accedió a primeros de junio a relevar a Llano y a crear el «Cuerpo de Ejército del País Vascongado». Oficialmente separado por fin de Asturias y Santander, quedó bajo las órdenes del general Mariano Gamir Ulíbarri. Las relaciones del nuevo mando con Aguirre fueron mucho mejores, pero apenas quedaba tiempo que perder, pues las tropas sublevadas estaban acercándose peligrosamente a Bilbao.

En estas circunstancias, volvieron a surgir los intentos de negociación que habían fracasado en el verano de 1936. La idea era ahora que los jeltzales facilitaran la rendición de Bilbao, evitando el derramamiento de sangre, a cambio de ciertas condiciones. Para lograrlo, se pensaba que lo mejor era una mediación internacional, lo que facilitaría convencer a Franco. Además, para los nacionalistas vascos siempre sería más sencillo negociar con una potencia extranjera que con la España franquista. El que primero entró en escena fue el Vaticano. El 8 de mayo, el secretario de Estado enviaba de parte de Pío XI un telegrama a Aguirre, transmitiéndole unas condiciones de rendición que Franco, tras entrevistarse con el cardenal Gomá, había aceptado previamente: si Bilbao se rendía, no habría excesos en la represión, todos los que no fueran reos de delitos serían respetados, se permitiría la salida al extranjero de los dirigentes políticos y militares y se concedería a Vizcaya una «autonomía administrativa». El Papa aseguraba confiar en los «generosos sentimientos» del lehendakari, por lo que pedía que tomara «en atento y solícito examen dichas proposiciones con el deseo de ver finalmente cesar el sangriento conflicto».

Se trataba de un golpe en la línea de flotación de la resistencia vasca: un presidente católico recibía una petición directa del Papa para entrar a dialogar con sus enemigos. Pero, ¿realmente recibió Aguirre el telegrama? Dadas las dificultades de comunicación entre la Italia fascista y Euskadi, lo lógico era que el telegrama fuera enviado a París y de ahí a Bilbao, vía Londres; sin embargo, desde la capital francesa fue remitido a Barcelona. Tal vez los telegrafistas franceses vinculados al Partido Comunista, que ejercían una especie de censura sobre los telegramas que pasaban por París (única forma de conectar las dos zonas de España), al ver el contenido del mensaje decidieron enviarlo a Cataluña para torpedear la negociación. En efecto, al recibirse en Barcelona, el jefe de Telégrafos decidió no cursarlo a Euskadi, sino darlo a conocer a su superior, que a su vez lo remitió a Largo Caballero. Con toda lógica, el presidente del Gobierno decidió que el telegrama no se cursara a Bilbao, evitando así perder un aliado que necesitaba a toda costa para mantener el esfuerzo bélico en el norte. Hasta hace unos años se pensaba que ni Aguirre ni ningún dirigente del PNV se habrían enterado de la existencia de este telegrama hasta 1940. Sin embargo, hoy sabemos que el lehendakari tuvo conocimiento del mismo por otras vías, pero que —en un momento en que estaba comprometido en la defensa de Bilbao—, decidió hacer como si no lo hubiera recibido.

Se había salvado así un escollo importante para la alianza entre el PNV y la República. Pero, fracasada la mediación vaticana, era el turno de la diplomacia italiana, cuya garantía venía facilitada por la presencia de tropas fascistas en el Ejército que atacaba Euskadi. En esta mediación, el protagonismo no correspondió a Aguirre ni al Gobierno vasco, sino al PNV. De esta forma, el lehendakari quedaba liberado para prestar todo su esfuerzo a la guerra y mantener la relación con el Gobierno de la República, sin temor a ser acusado de traición. Esto demuestra la existencia de dos sensibilidades en el PNV: una proclive a mantener la lealtad a la República (Aguirre e Irujo) y otra dispuesta a llegar a una paz separada, aprovechando la mediación italiana, personificada en Ajuriaguerra, que utilizó como enlace al canónigo Onaindía.

Las conversaciones entre este y otros emisarios vascos y los diplomáticos fascistas se prolongaron a lo largo de mayo y junio de 1937 en el País Vasco francés, hablando incluso de la posibilidad de que Euskadi permaneciera algún tiempo bajo protección de Italia. El acuerdo consistía en entregar Bilbao a las tropas italianas, asegurando los gudaris el mantenimiento del orden previo a la rendición. A cambio, los mandos fascistas se comprometían a respetar la vida de la población civil, evitando represalias políticas por parte de Franco. Sin embargo, estas gestiones no se concretaron y el Ejército vasco se batía ya en retirada. El 11 de junio se iniciaba el asalto al Cinturón de hierro, que muy pronto, tras un «horroroso ataque», se vio superado. El día 16, el Gobierno vasco se reunió con los mandos militares. La situación era ya desesperada, pues el enemigo había ocupado Punta Galea y las defensas del río Ibaizábal, por lo que podía «intentar el envolvimiento de Bilbao», cortando la retirada a las tropas vascas que aún estaban en la margen derecha de la ría. Todos estuvieron de acuerdo en que Bilbao era indefendible y que había que retirarse hacia Santander.

Lo que no estaba tan claro era qué elementos de la ciudad se consideraban vitales y había que destruir, para evitar que el enemigo los aprovechara en su favor. Estaba claro que no habría ninguna política de tierra quemada, como la de Irún, pero Prieto, como ministro de Defensa, había ordenado a Gamir que se inutilizaran «cuantos elementos industriales no puedan ser trasladados», es decir, había que destruir las fábricas de la ría (sobre todo las claves en la guerra, como las siderometalúrgicas o las navales), pues Franco podía utilizarlas contra la República. Sin embargo, los consejeros jeltzales, apoyados por sus compañeros del Frente Popular, se negaron a hacerlo, «ya que el aniquilamiento total de la industria y de la edificación sería organizar el hambre para el momento de la victoria». Los militares aceptaron esa propuesta, aunque como táctica militar dejaba mucho que desear y suponía incumplir las órdenes de Prieto. Sin embargo, iba en la línea de la peculiar concepción de la guerra que tenía el PNV: parecía más importante conservar las fuentes de riqueza de Euskadi que destruirlas para ganar la guerra. Solo se decidió derribar los puentes sobre la ría, para evitar que los atacantes avanzaran con rapidez, aunque esta medida no sirvió de nada, pues los franquistas entraron en Bilbao, desde el interior, por ambos lados de la ría.

Todavía hubo un gesto más, también específico de la idea de la guerra que tenía el PNV. De hecho, aunque el pacto previsto entre los jeltzales y los italianos para entregarles Bilbao incólume no llegó a firmarse, en la práctica el PNV cumplió su parte: los gudaris permanecieron en Bilbao hasta el mismo momento de la entrada de las tropas franquistas, evitando que izquierdistas incontrolados hicieran destrozos en la villa. Mientras Aguirre se retiraba a Trucíos, en el límite entre Vizcaya y Cantabria, Leizaola, con algunos grupos de gudaris, se encargó de poner por obra un nuevo gesto humanitario: la puesta en libertad de unos 2.000 presos, que fueron entregados a las tropas enemigas en Artxanda, para impedir un nuevo 4 de enero. El 19 de junio, el Ejército de Franco entraba en Bilbao. La ikurriña era retirada del Hotel Carlton y enseguida, en las calles y los edificios, comenzaron a aparecer banderas monárquicas, en manos de quienes, por sus ideas, habían tenido que disimular durante casi un año.

Varios batallones nacionalistas ni siquiera obedecieron la orden de retirarse hacia Cantabria sino que se rindieron en Bilbao o en Baracaldo. El propio Aguirre reconocía que la caída de la capital había producido el «desmoronamiento de la moral del ejército. Perdida la tierra, ya nada tenían que hacer». El 30 de junio, empujado por la ofensiva franquista, el lehendakari se dispuso a abandonar el territorio vasco. Justo antes, hizo público en Trucíos su último manifiesto en Euskadi: «El territorio vasco habrá sido conquistado; el alma del Pueblo Vasco, no; no lo será jamás». En efecto, entre el 1 y el 2 de julio todo Euskadi caía en poder de las tropas franquistas: para el lehendakari y para el PNV comenzaba una fase de la guerra completamente diferente a la anterior.

Santoña: ¿pactando con el diablo?

En Cantabria, el Gobierno vasco tuvo que superar la amargura provocada por la reciente caída de Bilbao para ponerse de inmediato a trabajar en favor de los miles de refugiados que habían dejado Euskadi huyendo de las tropas franquistas. Precisamente fue esta tarea la que llevó a la muerte al consejero de Sanidad, el republicano Alfredo Espinosa. Aunque había marchado a Francia, decidió regresar a Cantabria para ayudar en la atención de los desplazados. Sin embargo, el piloto de su avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a medio camino, haciéndolo en la playa de Zarauz, en zona controlada por los franquistas. Todo indica que el aviador (José María Yanguas, un piloto civil que trabajaba para el Gobierno vasco) traicionó a la República y simuló una avería para entregar su presa. Espinosa fue juzgado y fusilado en Vitoria, no sin antes escribir una carta a Aguirre, en la que abogaba por la defensa de la legalidad, el perdón y la reconciliación, concluyendo con un «¡Gora Euzkadi! y ¡Viva la República!».

Pero, además de ocuparse de los refugiados, el lehendakari contaba también con sus propias fuerzas armadas, pues la mayoría de los batallones del Ejército de Euskadi se habían replegado hacia el oeste. La ofensiva republicana en torno a Madrid a partir del 6 de julio, que dio lugar a la batalla de Brunete, significó un respiro para el frente norte, donde las tropas de Franco no reiniciaron su ataque hasta el 14 de agosto. En este mes largo de relativa calma, junto a la cuestión militar se estaba librando una batalla política. El gran dilema de Aguirre era qué hacer con el Ejército vasco, que había sufrido «una absoluta desmoralización» y se mostraba dividido. Mientras los izquierdistas deseaban seguir combatiendo por la República en Cantabria y Asturias, con la pérdida de Euskadi los nacionalistas se habían quedado sin el principal motivo de su lucha. El propio Azaña había escrito proféticamente en su diario el 31 de mayo: «Caído Bilbao es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semindependencia».

En realidad, los propios dirigentes del PNV también tenían visiones distintas sobre el camino que debían tomar. Algunos, como Ajuriaguerra, lo tenían claro: caído Bilbao, no merecía la pena derramar más sangre por una República que no era la suya. Un gudari llegó a escribir en una carta privada que sus aliados izquierdistas eran «traidores españoles en forma de amigos», por lo que no valía la pena seguir combatiendo. Por el contrario, otros, encabezados por Aguirre e Irujo, pensaban que a pesar de todo la causa de Euskadi era la de la República: era necesario seguir luchando hasta la derrota final de los sublevados, única garantía de que Euskadi pudiera recuperar su libertad.

Los nacionalistas partidarios de abandonar la lucha consideraban que la República les había traicionado, al no enviar aviones a Euskadi durante la ofensiva franquista, dejándoles indefensos. Para ellos, la posibilidad de llegar a una paz separada, con la mediación italiana, se hizo más presente tras la pérdida de Vizcaya. El hecho de que en Cantabria se produjeran fricciones entre los vascos y los santanderinos y asturianos tampoco ayudó a convencer al PNV de que merecía la pena seguir luchando fuera de su tierra. Así, Aguirre denunció «detenciones verificadas en plena calle por hablar el euzkera» y «burlas a los soldados heridos porque tenían escapulario en los hospitales de Santander». El protagonismo de estas negociaciones siguió a cargo de Ajuriaguerra y de Onaindía. Por el contrario, Irujo ni siquiera se enteró de lo que se tramaba, mientras Aguirre estaba al tanto de las negociaciones, pero las utilizó para tratar de llevar a cabo una idea que poco a poco iba tomando forma en su mente.

A principios de julio, Onaindía y otro dirigente del PNV, Pantaleón Ramírez de Olano, marcharon a Roma, donde se entrevistaron con el ministro de Asuntos Exteriores italiano, el conde Ciano. Fruto de esta entrevista fue la petición de Mussolini a Franco para que actuara generosamente con los batallones nacionalistas que se rindieran. La respuesta del Generalísimo al Duce, fechada el 7 de julio, dejaba abierta la posibilidad de aceptar lo propuesto, aunque en el fondo pensaba que iba a ser innecesario e imposible llevarlo a cabo, ya que el avance de su Ejército imposibilitaría una rendición parcial. Lo cierto es que organizar en pleno teatro de operaciones la entrega de las tropas jeltzales a los italianos, de modo que pareciera un descalabro militar, y sin que los izquierdistas se dieran cuenta, era muy difícil.

Además, mientras los fascistas trataban de cerrar el acuerdo, los nacionalistas daban largas. Para los italianos, se trataba de una maniobra del presidente vasco para ganar tiempo. En efecto, mientras Onaindía y Olano negociaban con los italianos, el 17 de julio el lehendakari marchó en avión desde Santander a Valencia. Aguirre se entrevistó con Azaña, Negrín y Prieto, a los que expuso un plan quimérico: trasladar el Ejército vasco al completo por barco desde Cantabria al sur de Francia, y de ahí por tierra hasta Cataluña. Para el lehendakari, se trataba de un magistral golpe de mano, que permitiría a los gudaris luchar codo a codo con los combatientes del pueblo hermano, Cataluña, entrando en Huesca por los Pirineos y reconquistando Navarra.

La respuesta de los dirigentes republicanos fue un auténtico jarro de agua fría para Aguirre. Los tres consideraban que esa idea era utópica, entre otras cosas porque Francia —debido a los acuerdos de No Intervención— jamás consentiría el paso de miles de soldados por su territorio. Azaña, según anotó en su diario, desconfiaba de Aguirre, quien no le había «dicho más que una mínima parte de lo que sabe». La propuesta del lehendakari —líder de un «Gobiernito vasco, derrotado, expulsado de su territorio, sin súbditos, apenas con tropas, y desmoralizadas»— le pareció al presidente de la República ridícula y casi racista, propia de un «particularismo violento». También Prieto y sus asesores se mostraron «resueltamente opuestos al proyecto», entre otras cosas por su «imposibilidad material». El Gobierno francés jamás consentiría la operación y además existía «el riesgo de llevar hacia el territorio extranjero a unas tropas no repuestas aún de la conmoción sufrida por la caída de Bilbao. Nos expondríamos a que algunos grupos de esas unidades, viéndose en territorio extranjero, decidieran quedarse en él, sin que nosotros dispusiéramos de resorte alguno de autoridad para hacerlos continuar viaje». Por su parte, Negrín pensaba que «trasladar a los vascos, y no a los asturianos o santanderinos, habría sido injusto» y que todo parecía una estratagema de Aguirre y del PNV «para quitarse bonitamente de en medio».

Lo cierto es que, si Aguirre quería que los gudaris siguieran luchando, el mejor lugar era precisamente el norte, cuya rápida conquista por Franco, antes de la llegada del invierno de 1937, que hubiera imposibilitado la continuación de la ofensiva, fue muy negativa para la República. Pero, inasequible al desaliento, el 22 de julio el lehendakari salió hacia Cataluña, donde fue objeto de un recibimiento espectacular. Allí comunicó su plan a Lluís Companys, el presidente de la Generalitat. Esta entrevista era especialmente importante puesto que, según él, la presencia de los vascos en Cataluña hubiera «devuelto al territorio republicano la fisonomía que era necesaria para presentarse ante Europa», poniendo en marcha un oasis vasco fuera de su territorio. Antes de volver a Santander, Aguirre pasó por París, donde colaboró en las gestiones que se estaban realizando para fletar los barcos que debían sacar a las tropas vascas de Cantabria. Él seguía pensando en usar esos buques para llevar a su Ejército a Cataluña; otros dirigentes del PNV querían utilizarlos con un objetivo bien distinto.

El 17 de agosto el lehendakari aterrizó de nuevo en Santander, que estaba próxima a ser conquistada por los sublevados. Allí se enteró de que su plan había sido desechado definitivamente por el mando central del Ejército republicano. Mientras tanto, los dirigentes del PNV habían seguido negociando con los italianos para concretar el acuerdo que daría lugar al llamado Pacto de Santoña. Fueron negociaciones muy complejas, llevadas a cabo sobre todo en París y en el País Vasco francés, con algunos dirigentes del PNV yendo y viniendo entre Santander y Francia, para hablar con diplomáticos y mandos militares italianos. Al mismo tiempo, los gudaris habían recibido órdenes de mantenerse «semineutrales», «sin prestar ninguna colaboración al resto del Ejército del Norte», lo que en efecto hicieron, provocando graves problemas de indisciplina. Además, el mando republicano estaba informado de los «contactos» del PNV «con el enemigo». Según Gamir, «fuera de la idea de la autonomía, si no de la independencia, sus principios son más afines al enemigo que a los nuestros». Y lo peor era que ese enemigo (Franco) también sabía lo que se tramaba, por lo que conocía la nula voluntad de lucha de los batallones nacionalistas y se frotaba las manos.

En las dos primeras semanas de agosto, en que la ofensiva militar sobre Santander siguió paralizada, el tiempo transcurrió entre el apremio de los italianos para concretar la rendición y la actitud pasiva de los delegados nacionalistas. Pero, cuando el 14 de agosto el Ejército franquista, incluyendo un buen número de tropas italianas, reinició la ofensiva sobre la capital cántabra, no fue posible ya perder más tiempo. El día 18, Ajuriaguerra se entrevistó de nuevo en San Juan de Luz con representantes fascistas, que le comunicaron que las tropas vascas que se presentaran antes de las 24 horas del día 24 de agosto serían «tratadas según las condiciones en su tiempo convenidas», es decir, permaneciendo como prisioneros de guerra de los italianos, permitiendo la salida por mar de los dirigentes (en los barcos que estaba fletando el Gobierno vasco), evitando los fusilamientos y no obligando a nadie a luchar en el Ejército de Franco. Por el contrario, todos los que se rindieran después de ese plazo serían tratados como prisioneros ordinarios. El día 22, el acuerdo fue aceptado por ambas partes en una última reunión celebrada en Hendaya.

Quedó así concluido el pacto que debía ser cumplido en la zona de Santoña en los dos días siguientes, simulando una derrota militar para evitar represalias por parte de la República. El problema era que apenas había tiempo para ponerlo en práctica sin despertar sospechas, pues los mandos del Ejército del Norte veían cómo los batallones nacionalistas estaban empeñados en «evitar toda participación en la lucha» y en «debilitar el frente de tal manera que las Divisiones italianas pudieran moverse a su antojo». Un informe posterior de dos comisarios jeltzales reconocía que ellos habían actuado como «verdaderos agentes provocadores […], laborando más por el enemigo que por la causa antifascista». En medio de una gran confusión, mientras los batallones vascos de izquierdas se retiraban hacia Asturias, la mayor parte de los nacionalistas incumplieron esa orden y se fueron concentrando, siguiendo indicaciones de sus mandos, en la zona situada entre Laredo y Santoña. Cuando el 22 de agosto los jefes militares y políticos del norte (incluido Aguirre, recién llegado de Francia en avión) se reunían en Santander bajo la presidencia del general Gamir, para decidir si se defendía la ciudad o si era mejor retirarse hacia Asturias, en el ambiente flotaba ya la actitud levantisca de los batallones del PNV.

En un gesto que le honra, Ajuriaguerra llegó a Santoña desde el sur de Francia para quedarse como responsable de la rendición. Con miles de hombres hacinados junto a la costa, a la espera de que por mar llegaran diez barcos —que teóricamente iban a permitir evacuar a 10.000 hombres— y por tierra los italianos, nadie sabía muy bien a qué atenerse. La confusión hizo que los plazos previstos (las 24 horas del día 24 de agosto) no pudieran cumplirse. El 25 de agosto los italianos marcharon sobre Laredo y coparon definitivamente en Santoña a los batallones nacionalistas, cuya capitulación consideraban ya incondicional, al haberse producido fuera de plazo. Además, Franco se negaba ahora a aceptar pacto alguno, ya que, según él, este se había hecho efectivo cuando a los vascos ya no les quedaba otra salida. Varios miles de miembros del Ejército vasco (casi todos nacionalistas, pero también de batallones del Frente Popular, que habían creído en la promesa de salvarlos por mar) fueron hechos prisioneros de los italianos. Como sucede con otras cifras de la guerra, se desconoce el número exacto de soldados capturados: antes solían calcularse en algo menos de 30.000; hoy está claro que debieron ser bastantes menos e incluso algunos investigadores los rebajan a solo 7.000.

Fuera cual fuera su número exacto, durante diez días los soldados vascos siguieron concentrados en Santoña, vigilados por legionarios italianos. Los vascos confiaban en que se mantuviera lo pactado, puesto que habían sido dificultades externas las que les habían impedido rendirse dentro del plazo; los italianos aún esperaban actuar «con generosidad» y convencer a Franco. Sin embargo, el Pacto de Santoña se convirtió en una rendición sin condiciones, puesto que los nacionalistas —tanto por la imposibilidad material de aplicar en poco tiempo un plan muy complejo, como por el retraso de los barcos— no cumplieron lo previsto. El 25 de agosto llegaron por fin dos buques ingleses para proceder a la evacuación, pero —cuando ya habían subido a ellos dirigentes del PNV y mandos militares— fueron obligados a descender. No obstante, los italianos seguían pensando en dar a los prisioneros unas garantías, acordando inicialmente con los mandos franquistas que no habría fusilamientos, salvo los culpables de delitos graves. Después de que el Cuartel General de Franco asegurara que los vascos serían «tratados con gran humanidad», el 4 de septiembre las tropas italianas que custodiaban a los prisioneros fueron sustituidas por soldados españoles.

Franco se hacía así con el botín entregado por el PNV a los italianos. Por si fuera poco, pronto quedó claro que ni el Generalísimo reconocía nada de lo acordado ni los italianos iban a dar la cara por los vascos. El PNV siempre consideró que Italia había vulnerado el acuerdo, mientras que esta acusaba a los jeltzales de no haber cumplido los plazos. El EBB, con el conocimiento de Aguirre, que el 24 de agosto había pasado definitivamente desde Santander a Francia, encargó a dos comisarios del Ejército vasco que prepararan un informe falso para Irujo. Ellos mismos contaron después que, como les «habían advertido que Irujo desconocía las gestiones llevadas a cabo entre Italia y los delegados del Partido, y para que él justificara ante el Gobierno de Valencia nuestra actitud, le entregamos un “rapport” […] en el que ocultábamos la verdad de la rendición, ampliando nuestra información en dos entrevistas que celebramos con Irujo en presencia del Presidente del Gobierno Vasco». A partir del 4 de septiembre, comenzaron las negociaciones diplomáticas por parte vasca para tratar de que se cumpliera lo pactado. Las gestiones iban encaminadas a conseguir que Italia presionara a Franco, pero pronto quedó claro que este no se daba por aludido. Enseguida se iniciaron los juicios contra los dirigentes detenidos y el 15 de octubre fueron fusilados catorce prisioneros, entre ellos seis nacionalistas. Varios líderes políticos (incluyendo a Ajuriaguerra) y militares fueron indultados de la pena de muerte, gracias a la presión diplomática de Gran Bretaña e Italia. Se trataba de gestiones de alto nivel, hasta el punto de que un miembro del EBB preso en Santoña escribió que «la situación de conjunto creo que el único que puede y debe resolverla es el Duce».

Cuando se vio que las presiones diplomáticas y las buenas palabras no servían para nada, el PNV llegó a barajar una táctica opuesta. En diciembre de 1937 llegaron noticias de nuevos fusilamientos, por lo que el EBB propuso al Gobierno anunciar «oficialmente a todos los demás Estados, el acuerdo de amenazar con un número idéntico de ejecuciones de prisioneros vascos que sean fusilados». Esta sorprendente decisión parecía una gran irresponsabilidad, por lo que dos miembros del EBB votaron en contra, ya que eran «opuestos radicalmente a amenazar con represalias en prisioneros o detenidos en el campo gubernamental por ejecuciones que podrían realizarse en el campo fascista, ni aún como simple amenaza, por entender que esta, además de que podría ser contraproducente, no puede hacerse sin faltar a los inmutables deberes cristianos de nuestro Partido y porque el mero hecho de sugerir estas amenazas al Gobierno de la República, podría fácilmente trocarse en realidad, produciéndose muertes en seres tal vez inocentes víctimas de la barbarie de unos y otros».

Aparte de los fusilados o encarcelados, para «gran número de gudaris» hechos prisioneros su destino fue combatir en el Ejército de Franco. De esta forma, el Pacto de Santoña se convirtió en un fiasco para el PNV, pese a que no tuvo consecuencias graves en su relación con la República. El hecho de que Aguirre se mantuviera al margen de las negociaciones hizo que el fracasado pacto no provocara ninguna crisis en el Gobierno vasco, aunque se incrementó la desconfianza de la izquierda hacia el PNV, al que algunos acusaban directamente de haber pergeñado una «traición infame». Tampoco el Gobierno republicano tomó cartas en el asunto. Su comprometida situación hacía poco aconsejable un nuevo pleito interno y en el plano de la propaganda internacional le interesaba seguir aprovechando el respaldo del PNV para obtener el apoyo de las democracias. Aunque hubo un intento de exigir responsabilidades, al encargar al Tribunal Supremo dirimir las responsabilidades por la derrota militar de Euskadi y del norte, el final de la guerra impidió que este proceso se concluyera. En previsión de este juicio, tanto el lehendakari como otros dirigentes jeltzales prepararon declaraciones exculpatorias, en las que acusaban a la República de todo lo sucedido.

Todavía hoy, Santoña sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia del PNV. Para este siempre ha sido un tema tabú, pero cuando ha hecho falta ha defendido su actitud, hablando de la «traición» de los italianos. Por el contrario, para izquierdas y derechas españolas es un ejemplo de la «deslealtad» del PNV, mientras que para la izquierda abertzale Santoña habría sido fruto de «la perenne claudicación del nacionalismo moderado» y de sus «pactos entre bambalinas», frente a la lucha heroica de la izquierda revolucionaria y de los nacionalistas auténticos, los independentistas.

CAPÍTULO 5

Los trabajos y las penas (1937-1959)

Para la historia de España, 1937 no es un año demasiado significativo: al fin y al cabo, fue uno más en el transcurso de un conflicto bélico en el que 1936 y 1939 marcaron un antes y un después. En el caso vasco, por el contrario, la caída de Bilbao y el hecho de que el efímero Gobierno de Euskadi perdiera el control de su territorio en el verano de ese año suponen un corte cronológico decisivo. Aunque la guerra continuó hasta el 1 de abril de 1939, para los nacionalistas vascos comenzaba ya entonces el exilio: y no solo porque muchos se vieron obligados a marchar a Francia, sino también porque en la España republicana se sentían ya fuera de su patria.

A este primer exilio siguió el éxodo general posterior a la derrota de la República en 1939. A partir de ese momento, la historia del nacionalismo vasco se vio perturbada por los acontecimientos internacionales (Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, inicios de la construcción europea, etc.), pero también por el mantenimiento de la dictadura de Franco. Aunque siguió habiendo vínculos significativos entre ambas, la comunidad nacionalista vasca se fragmentó entre quienes habían marchado al exilio y los que permanecieron en el interior. Para todos ellos fue una época dura, de esperanza y de decepción, de trabajos y de penas, que no siempre coincidieron con la división entre el exilio y el interior, pues a ambos lados de la frontera había personas trabajando por la libertad y sufriendo dificultades. En 1959-1960, el nacimiento de ETA y la muerte en París del lehendakari Aguirre marcaron el inicio de una nueva etapa.

Exilio en tiempos de guerra

La capitulación de Santoña y la caída de todo el frente norte en octubre de 1937 obligaron al PNV y al Gobierno de Euskadi a modificar su estrategia política. Aguirre se había quedado sin territorio y sin Ejército, pero aún pretendía seguir jugando un papel clave. El frustrado intento de llevarse a las tropas vascas a Cataluña a través de Francia había sido su objetivo máximo, pero había otros modos de hacerse necesario para la República y de mantener la particularidad vasca, incluso fuera de Euskadi. El epicentro de la acción vasca en 1937-1939 estuvo en Francia y en Cataluña, con el lehendakari y el ministro Irujo al frente. Sus objetivos principales fueron organizar la acogida a los refugiados, colaborar en la propaganda internacional y, en menor medida, intervenir en la política interior republicana.

Desde julio de 1937, la dirección del EBB —presidido por Doroteo Ciaurriz— se había instalado en la localidad vasco-francesa de Anglet. Desde aquí, tenía que dirigir la actividad del PNV en Francia y en Cataluña y continuar en contacto con los que habían quedado en el interior, en particular con los dirigentes presos, entre los que se encontraba Ajuriaguerra, figura clave del PNV entre 1936 y 1978. El máximo órgano del partido había perdido muchos miembros como consecuencia de la guerra y fue durante estos dos años el foco de muchas discusiones. Y es que, si ya algunos dirigentes habían aceptado a regañadientes el apoyo a la República en 1936, una vez perdido el territorio vasco la tentación aislacionista fue tomando cada vez más cuerpo.

Frente a una mayoría partidaria de continuar la lucha, dos de los miembros del EBB (Jesús Aguirregoitia y Carlos Solano) se oponían a seguir colaborando con la República. Ambos sostenían que las «autoridades del PNV, separatista y antiespañol, no deben ir a actuar a Cataluña», donde podía faltar la «libertad física y moral para fijar la orientación del Partido». Uno de los puntos de discrepancia fue la continuidad de la publicación del diario Euzkadi en Barcelona, donde había reaparecido en diciembre de 1937, siguiendo la estela de su homónimo bilbaíno. La mayoría del EBB pensaba que era bueno contar con el periódico, que permitiría al PNV tener cierta autonomía política en la España republicana. Por el contrario, los dos disidentes sostenían que «el periódico no tendría libertad para expresar el pensamiento nacionalista íntegro en Jaungoikua eta Lagi-Zarra; para sujetarnos a lo que se nos imponga por Valencia y bailar al son que nos toque, no debemos crear el periódico». Pese a todo, Euzkadi siguió publicándose hasta el 22 de enero de 1939, cuatro días antes de la conquista de Barcelona.

Por su parte, el Gobierno vasco estableció su sede en Barcelona, aunque la Delegación en París fue adquiriendo cada vez más importancia, dada la trascendencia de la acción internacional. Como es lógico, también el ejecutivo de Aguirre tuvo que superar dificultades. Dado que el carisma del lehendakari facilitó la cohesión del Gobierno, en este caso los problemas no provenían de discrepancias entre sus consejeros sino de fuera: del Gobierno de la República, que pensaba incluso que el gabinete vasco debía desaparecer, al haberse quedado sin territorio; y de los partidos del Frente Popular, celosos de la cada vez mayor influencia de Aguirre, hasta el punto de que algunos de sus consejeros fueron acusados de ser demasiado aguirristas.

El Gobierno vasco había visto modificada su composición, al quedar vacantes dos carteras: la del consejero republicano Espinosa, fusilado por los franquistas, y la del comunista Astigarrabía, que había sido expulsado del PCE, al ser acusado de apoyar «la política reaccionaria y claudicante de Aguirre […] de franco apoyo al capitalismo». Por si fuera poco, Ramón Aldasoro había sido expulsado de su propio partido (Izquierda Republicana) por un Comité al que el consejero había negado toda autoridad. Por amistad personal con Aguirre, Aldasoro se mantuvo en el Gobierno, sin que quedara claro si tenía o no representación oficial de Izquierda Republicana. También Nárdiz, el representante de ANV, estaba encandilado por la personalidad del lehendakari y su partido era tan pequeño que terminó perdiendo la poca fuerza que poseía.

Los únicos que podían haber hecho de contrapeso a los jelkides dentro del gabinete eran los tres consejeros del PSOE, pero este partido estaba muy dividido en toda España. A ello se unía la discusión sobre si debía constituirse «un nuevo Partido Socialista, netamente vasco», separado del PSOE. Las Juventudes Socialistas, por ejemplo, llegaron a firmar un manifiesto afirmando que esperaban el día en el que todos los jóvenes vascos «defiendan las hermosas teorías de Sabino de Arana», aunque desconocemos si se habían informado de cuáles eran esas teorías. Por el contrario, otros sectores del socialismo vasco culpaban al PNV de convertir al Gobierno en un patrimonio jeltzale, en el que había «dos castas. Nacionalistas e izquierdas. Para los primeros todo son facilidades y para los segundos todo son inconvenientes». Sin embargo, los que se resistieron a apoyar a su partido en sus críticas al PNV fueron los propios consejeros socialistas, a los que algunos de sus compañeros acusaban de estar «entregados completamente a los manejos de los nacionalistas».

Se estaba gestando la crisis que estallaría en 1939, nada más terminar la guerra. Pero de momento, solventando esas dificultades, entre 1937 y 1939 el PNV pudo efectuar desde el Gobierno vasco una política autónoma importante, para la que contó con el apoyo de la Generalitat y de su presidente, el dirigente de la Esquerra Lluís Companys. Como ya hemos visto, durante la República el PNV había dudado a la hora de decidir qué partido catalanista debía elegir como partner. La Lliga era católica pero demasiado conservadora y regionalista, hasta el punto de que en la Guerra Civil apoyó a los sublevados. La democristiana Unió Democrática de Catalunya era la más próxima al PNV pero políticamente era insignificante. Su líder, Manuel Carrasco Formiguera, pese a haber apoyado a la República, había tenido que salir de Cataluña ante las amenazas de que fue objeto por extremistas de izquierda. Había tratado de refugiarse en Euskadi, con tan mala suerte que el barco en el que viajaba fue apresado por los franquistas, siendo juzgado y fusilado en 1938, pese a la intercesión en su favor del propio Vaticano. Por último, la Esquerra les parecía al principio a los jeltzales demasiado de izquierdas pero a partir de 1934 su estrategia fue confluyendo con la del PNV. La amistad personal entre Aguirre y Companys y la política centralista de Negrín para controlar todos los resortes del poder y tratar de ganar la guerra hicieron el resto.

A partir de 1937, ambos partidos colaboraron para «defender conjuntamente los derechos de Cataluña y Euskadi». Esta unidad de acción vasco-catalana hizo que continuaran las discusiones por cuestión de competencias entre el Gobierno de Euskadi —que trataba de seguir manteniendo el mayor número de atribuciones de su etapa anterior— y su homólogo republicano. Prieto, por ejemplo, no entendía por qué pelearse por una competencia más, cuando esos «factores corrosivos» podían «poner en peligro una victoria, sin la cual todas las aspiraciones autonomistas […] se derrumbarían definitivamente». No era esta la opinión de Aguirre, que incluso intentó de nuevo contar con un Ejército propio. En octubre de 1937 solicitó a Prieto que los combatientes vascos que afluyeran a la zona leal constituyeran una unidad militar, dependiente de su Gobierno. Su pretensión era que esta unidad luchara en el frente de Huesca, «con vistas a Navarra y a la reconquista total de Euzkadi». Este objetivo escondía la intención de evitar —si la guerra era favorable— que fueran milicias extremistas las que entraran en el País Vasco, impidiendo así «estragos y barbaries en nuestra Patria», pero Aguirre no consiguió su objetivo, aunque sí se creó una Brigada Vasco-Pirenaica.

Perdido el territorio, los refugiados eran la razón de ser del mantenimiento de las instituciones vascas. Una vez más, su número exacto se desconoce y ha sido objeto de exageraciones propagandísticas, que llevaron a hablar del «holocausto que llevó al exilio a cerca de 200.000 personas». Algunas investigaciones cifran en 79.500 el número de evacuados, pero no es posible comprobar la exactitud de este dato. Además, Francia intentó pronto quitarse de encima el problema que suponía su presencia en territorio galo y el propio PNV, al ver que su presupuesto no llegaba para atender a todos, trató de que los que no iban a tener «ningún grado de responsabilidad» volvieran al País Vasco en manos de Franco, «con el fin de reconstituir las familias vascas».

Posiblemente es lo que hicieron la mayoría (alrededor del 60 %), lo que explica que a mediados de 1938 quedaran en Francia unos 19.000 refugiados vascos, cifra que se incrementó en la primavera de 1939, debido a la afluencia de exiliados desde Cataluña, tras su reciente conquista por las tropas franquistas. Antes, la República había intentado obligar a los que estuvieran en edad militar a regresar e integrarse en el Ejército leal. Mientras algunos lo hicieron, otros jelkides se negaron, alegando que tenían familiares enfermos, aunque la causa real era que pensaban que esta no era ya su guerra. Con cierta guasa, un funcionario vasco informaba de que era «fantástico el número de taquicardias […], etc., que padecen los familiares de nuestra gente. Tengo la mala suerte de que ninguno me contesta que no es sabiniano el ir a Barcelona, pero en fin, todavía no desespero de tropezar con un ejemplar de estos».

En cualquier caso, el Gobierno autónomo realizó una meritoria labor de ayuda a los refugiados, que sirvió para aglutinar a la población vasca e incrementó su prestigio internacional. Así, se pusieron en marcha refugios propios en Cataluña y en Francia, que se presentaban —y en buena medida lo eran, aunque no faltaran problemas— como modelos de organización y atención a los desplazados: «la comida es buena, todos los locales están perfectamente limpios y la disciplina de la población refugiada parece ser observada con toda exactitud». Incluso se montaron hospitales para pacientes vascos en Barcelona (como el Euzkadi y el Gernika) y en el País Vasco francés (La Roseraie).

Otro de los grandes focos de la acción del PNV y del Gobierno en esta fase fue la propaganda internacional. Era una batalla importante, porque la suerte de la República dependía de la ayuda exterior y el PNV podía atraerse la simpatía de medios hostiles a la izquierda, tal y como lo reconocía un consejero republicano: «El Gobierno de la República ha comparecido en los medios internacionales tremolando como bandera de propaganda, para neutralizar el efecto de otras actuaciones, la adhesión del Partido Nacionalista Vasco a su causa, y gracias a él hemos dado la impresión de sensatez y moderación que todavía puede jugar eficazmente en el desarrollo de la guerra».

Los medios fundamentales de esta propaganda fueron la prensa, los libros y folletos, el cine y los grupos artísticos y deportivos. Para lograr fondos con que sufragar estas acciones, en 1938 se constituyó en Francia la Ligue Internationale des Amis des Basques, un organismo de solidaridad con Euskadi, integrado sobre todo por personalidades católicas, cuyo presidente de honor era el cardenal de París. La Ligue sirvió además para dar cobertura jurídica a la actuación del Gobierno vasco en Francia, Respecto a la prensa, el periódico más importante fue Euzko Deya de París, que tuvo una gran continuidad, pues se publicó entre 1936 y 1975, con el paréntesis de la ocupación alemana de Francia. Dos grupos folclóricos (Eresoinka y la agrupación artística infantil Elai-Alai) recorrieron varios países europeos con gran éxito entre 1937 y 1939. En palabras de Aguirre, se trataba de hacer realidad una «propaganda por la libertad, porque cantando solamente pueden desparramarse semillas espirituales». De Eresoinka formaron parte el que después sería famoso artista guipuzcoano Luis Mariano y Pepita Embil, cantante de zarzuela y madre de Plácido Domingo.

Un papel semejante tuvo el equipo de fútbol Euzkadi. Creado en abril de 1937, cuando todavía Bilbao no había sido conquistado, se enfrentó a selecciones y equipos europeos y americanos hasta su disolución en 1939. El Euzkadi estaba integrado fundamentalmente por jugadores del Athletic, a los que se unieron algunos futbolistas vascos a los que la guerra había sorprendido en Vizcaya. Quería ser el embrión de una selección nacional de fútbol, tal y como lo demuestra su equipación, con los colores de la ikurriña (camiseta verde, pantalón blanco y medias rojas), que todavía hoy lleva la selección vasca de fútbol. En la Unión Soviética, donde en uno de los partidos se llenó un estadio de 100.000 espectadores, el recibimiento al Euzkadi fue espectacular: «La llegada a Moscú fue impresionante, un gentío inmenso en la estación y en las calles, una nube de periodistas y de fotógrafos, deportistas de ambos sexos, grandes ovaciones y discursos, en fin algo inolvidable».

Para las izquierdas, era también la oportunidad de que los jugadores, mayoritariamente vinculados al PNV, se convencieran de «que la única solución a los problemas que afectan al mundo es el triunfo del socialismo». En palabras de uno de los representantes del PSOE en el Gobierno vasco, los expedicionarios debían empaparse del progreso conseguido en el «primer Estado Socialista del mundo, tan bien conducido por el gran hombre, orgullo de todas las organizaciones obreras, como es el camarada Stalin, a quien ruego le haréis saber el deseo de nuestro pueblo de que su vida se prolongue por muchos años para bien de la causa Socialista». Sin embargo, este deseo contrastaba con el hecho de que, para asistir a misa en Moscú, los jugadores tuvieron que acudir a la Embajada de Finlandia, puesto que el culto católico estaba prohibido en la Unión Soviética. Pero en realidad, esta situación no era muy distinta de la de Barcelona, donde, pese al empeño de Irujo, el culto solo se mantenía bajo la protección del Gobierno de Euskadi. Así sucedía en la «Capilla Vasca», abierta en el barrio Gótico, en el Palacio de la baronesa de Maldà, a la que un despacho del espionaje franquista designaba con el nombre de «baronesa de la Maldad».

Tras visitar Francia, Checoslovaquia, Polonia, la Unión Soviética, Noruega y Dinamarca, algunos expedicionarios volvieron a España al enterarse de la caída de Bilbao, con el consiguiente desánimo que este hecho supuso para sus compañeros. El resto decidieron continuar su gira por América, pero de repente se encontraron con que la FIFA declaró al Euzkadi en rebeldía. En efecto, en 1937 reconoció a la Federación Española de Fútbol, reorganizada por el bando franquista y con sede en San Sebastián. El equipo encontró entonces asilo político en México, llegando a participar en la Liga de la capital azteca en la temporada 1938-1939, proclamándose subcampeón. Finalmente, el Euzkadi se disolvió en 1939 y muchos jugadores ficharon por clubes argentinos y mexicanos, mientras otros volvieron a España.

Las grietas internas del equipo se unieron a las diferentes actitudes de los emigrantes vascos en América ante la guerra: en contra de lo que a veces suele pensarse, muchos de ellos apoyaron a Franco. Así lo reflejaba una carta enviada desde México: «Para nosotros ha sido una dolorosa sorpresa la situación política de nuestros compatriotas; es decir, su modo de pensar en relación con la guerra. La mayoría simpatiza con Franco». En Cuba, el delegado vasco había quedado «muy decepcionado con la generalidad de los miembros del llamado “Centro Vasco” pues a esa sociedad le cuadra mucho mejor el nombre de Círculo Italiano o Casino Alemán. Me enteré de que en ese centro se festejó […] el arrasamiento de Guernica y la ocupación de Bilbao».

En este contexto, Aguirre encarecía a los jugadores a «que la ejemplaridad resplandezca, porque esto es más propaganda, incluso, que ganar partidos». Sin embargo, tal y como indicaba un informe del PNV, en México la actuación del Euzkadi en 1938 era «no solamente nula sino contraproducente, pues todas sus actividades particulares se desenvuelven en un ambiente completamente franquista». La culpa la tenían sobre todo algunos delegados del equipo, que una vez cruzado el charco se olvidaron de su misión. Así, en México intentaron «que salieran al campo los jugadores con el uniforme del Athletic de Bilbao y no con el uniforme que han jugado todos los partidos de su gira desde que se formó el equipo y que es el uniforme que llevan los colores de Euzko Ikurriña y los jugadores indignados rehusaron tal proposición de sus directivos saltando al campo con su camiseta verde y pantalón blanco».

En la Transición, coincidiendo con la celebración anual de partidos amistosos de la selección vasca, la prensa nacionalista recordó la gesta del Euzkadi, «metiendo goles y proclamando al mundo que un pueblo por pequeño que sea —aunque destruyesen Gernika— es digno de su libertad». Todavía hoy, la memoria del equipo sirve para reivindicar una selección oficial de fútbol, aunque también haya hecho entrever las diferencias internas dentro del nacionalismo. Desde finales de la década de 1990, una asociación vinculada a la izquierda abertzale inició una fuerte campaña a favor de la oficialidad, bajo el lema Nazio bat Selekzio bat («Una nación, una selección»). En 2007, consiguieron que la Federación Vasca de Fútbol organizara su tradicional partido amistoso anual con el nombre de Euskal Herria, en vez de Euskadi. Se trataba así de visualizar la idea de que esta selección incluía a Navarra y al País Vasco francés, pero al mismo tiempo era un torpedo en la línea de flotación del PNV que, frente a la izquierda abertzale, defendía que Euskadi era el nombre del conjunto de la nación vasca.

Cuando al año siguiente un buen número de jugadores se negaron a participar en el encuentro si no se mantenía la denominación de Euskal Herria, el líder jeltzale Andoni Ortuzar les recordó que, con el nombre de Euzkadi, «jugaron por todo el mundo, y en mucho peores y dramáticas condiciones, aquellos primeros jugadores de la selección vasca en plena guerra y posguerra civil. Con orgullo llevaron ese nombre y todos sabían qué estaban defendiendo al portar aquellas camisetas». Al final se llegó a un acuerdo para jugar como Euskal Selekzioa («Selección vasca»), evitando así pronunciarse por uno u otro nombre. Empero, la postura de los jugadores profesionales era muy poco coherente, pues al mismo tiempo no tenían ningún problema para jugar con España, cuando les llamaba el seleccionador. Tal y como recordó el senador del PNV Iñaki Anasagasti, a esos futbolistas no les había importado cargarse la «gloriosa historia […] de unos hombres que llevaron con la camiseta de la Selección Vasca Euzkadi por Europa y América el nombre de un pueblo masacrado. Todo eso se lo cargaron estos niños bonitos, tan súper abertzales que no les importaba nada hacerlo. Y sin embargo, a la hora de jugar con la Selección Española, corren como locos».

Mientras impulsaba la propaganda en el exterior, el PNV trató de no implicarse demasiado en la política interior republicana, caracterizada por graves enfrentamientos internos. Hay que recordar que, desde septiembre de 1936, Irujo era ministro del Gobierno republicano, aunque su continuidad estuvo llena de sobresaltos. Él mismo era consciente de que sus múltiples iniciativas para humanizar la guerra y lograr el respeto a la Iglesia caían en saco roto. Para el PNV no era sencillo mantener su alianza con un régimen tan alejado en algunos aspectos de su forma de pensar, e Irujo estuvo varias veces a punto de presentar su dimisión a Largo Caballero. Cuando, en mayo de 1937, este fue sustituido al frente del Gobierno por Negrín, Irujo fue nombrado ministro de Justicia, un puesto clave en el mantenimiento de la legalidad republicana, en la que estaba empeñado el PNV. Tal y como señalaba un informe diplomático inglés, la labor de Irujo, «humanizando la guerra y ahorrando vidas y sufrimientos, cae fuera de toda alabanza», pero las contradicciones que tuvo que superar fueron inmensas, fracasando sus intentos de restablecer la libertad religiosa y las relaciones plenas con la Santa Sede.

En diciembre de 1937, con motivo de la creación por Negrín de unos tribunales especiales, que Irujo entendía impropios de un sistema democrático, el ministro jeltzale dimitió del Ministerio de Justicia. Solo la mediación de Aguirre —partidario de seguir en el Gobierno para garantizar un mínimo de legalidad— logró que Irujo aceptara continuar en el gabinete como ministro sin cartera, a pesar de las reticencias del sector crítico del EBB. Por fin, en agosto de 1938, Irujo dejó definitivamente el Gobierno de la República, solidarizándose con los catalanistas, cuyo representante había salido del ejecutivo como protesta por la nacionalización de la industria armamentista catalana, que se interpretaba como una ofensiva centralista contra la Generalitat. Inopinadamente, Negrín incluyó en el nuevo Gobierno a un miembro de ANV (Tomás Bilbao), que en realidad carecía de cualquier peso político. La maniobra fue considerada una traición por parte del PNV, pues con ese minúsculo partido de izquierdas se cubrían las apariencias de una participación nacionalista vasca en el gabinete.

Pese a todo, Aguirre seguía empeñado en convencer a Negrín de que moderara su política, para disminuir la influencia comunista. Incluso pensaba que algún gesto simbólico, como «la apertura de dos o tres Iglesias y la supresión del saludo del puño en el Ejército», serviría para recabar el apoyo de Gran Bretaña y Francia. De hecho, entre 1938 y 1939 el PNV colaboró en diversos proyectos de mediación internacional para terminar la guerra, procurando sobre todo el arbitraje británico. Algunos dirigentes del PNV reconocían que «no deseaban un triunfo neto del Gobierno de Valencia», sino «una intervención internacional, que colocase a los vascos en una posición ventajosa».

El propio Aguirre pensaba que «Inglaterra va derecha a una fórmula mediante la cual ninguno de los dos bandos gane la guerra»: una oportunidad que había que aprovechar para «afirmar nuestra personalidad». Siguiendo esta estrategia, José Ignacio Lizaso, el delegado del Gobierno vasco en Londres, presentó en octubre de 1938 un memorándum de Aguirre al Foreign Office, en el que solicitaba que Gran Bretaña mediara en el cese de hostilidades en España, reconociendo el derecho de autodeterminación de Euskadi y Cataluña. Sabedores de que el Gobierno conservador del Reino Unido no apoyaría ideas rompedoras, otros dirigentes jeltzales se entrevistaron casi al mismo tiempo con un emisario británico, aceptando como solución para España «un rey no Borbón, con Monarquía federal y democrática».

Claro que, ya puestos, ¿por qué no aprovechar y pedir la independencia? Eso es lo que hizo en noviembre de 1938 Luis Arana, actuando a título personal, aunque con conocimiento del lehendakari y del EBB. En el memorándum que entregó al Foreign Office, el hermano de Sabino proponía la constitución de dos Estados-tapón en los Pirineos: Euskadi y la República «latina Catalano-aragonesa», bajo protectorado británico y francés, respectivamente. De este modo, el Reino Unido obtendría una «vía terrestre más corta de acceso al mediterráneo». Para llevar a cabo este estrambótico plan, Arana añadía que necesitaban «la prestación por Inglaterra de una alta dirección militar y el adecuado armamento», con el fin de lograr un «alzamiento en masa». El propio EBB reconocía que su proyecto carecía de «la necesaria dialéctica y presentación diplomáticas». En realidad, Gran Bretaña no tenía ningún interés en apoyar la independencia vasca y Franco, tras el fracaso republicano en la batalla del Ebro, sabía que tenía ganada la guerra y no estaba dispuesto a ninguna concesión.

Las potencias democráticas terminaron aceptando los hechos consumados, pensando sobre todo en asegurar la neutralidad de Franco antes del inicio de la nueva guerra mundial que previsiblemente se avecinaba. El 5 de febrero de 1939, Aguirre e Irujo, junto a Companys y otros dirigentes republicanos, atravesaban la frontera francesa por el Coll de Lli, cerca de Le Perthus. Casi al mismo tiempo, un buen número de vascos, entre miles de refugiados republicanos, abandonaban Cataluña. El 9 de febrero la frontera quedaba copada por las tropas victoriosas. Muchos excombatientes vascos fueron recluidos por los franceses en el «campo de concentración» (como se le denominó entonces) situado en la playa de Argelès-sur-Mer: «los ocupantes estaban echados en el suelo, a la intemperie, sin lugares acotados para defecar, sin poder lavarse, en algunos puntos mezclados con las bestias y sin comer en muchos días». El 27 de febrero, sin esperar a la victoria final, Gran Bretaña y Francia reconocían a Franco. La República se había derrumbado incluso antes de que, el 1 de abril de 1939, el último parte oficial franquista declarara concluida oficialmente la Guerra Civil.

Acomodarse o sufrir

Mientras miles de dirigentes y afiliados nacionalistas pasaban los dos últimos años de la guerra en Cataluña y en Francia, para muchos otros —mayores en número pero en general políticamente menos cualificados— había llegado el tiempo de sobrevivir en circunstancias adversas. Como ya hemos visto, los navarros y la mayor parte de los alaveses sufrieron esa situación desde julio de 1936; en el otoño de ese año les tocó el turno a los guipuzcoanos y por fin en junio de 1937, con la conquista de Vizcaya, el franquismo tuvo a su disposición un control absoluto del territorio vasco. Este desajuste temporal, unido a otras circunstancias, dio lugar a escenarios muy diversos. En el verano de 1936, por ejemplo, un jeltzale alavés o navarro podía abjurar públicamente de sus ideas y a partir de ahí no tener ningún problema, pero también ser detenido y asesinado. En la Vizcaya de 1937, por el contrario, ambas posibilidades eran muy improbables: la represión se había judicializado, por lo que los meros paseos eran escasos; a la vez, después de haber colaborado con el Gobierno o el Ejército vascos, también era imposible cambiarse de bando como si no hubiera pasado nada.

En cualquier caso, la vida de los nacionalistas que quedaron en la zona controlada por Franco —antes y después del final de la guerra— transcurrió entre las diferentes formas de represión y la acomodación a las circunstancias. Y es que no hay que olvidar que, en situaciones comprometidas, la mayor parte de los mortales priman la supervivencia personal y familiar sobre el heroísmo, que habitualmente es cosa de pocos, como también lo es su contrario. Así, bastantes jeltzales pudieron pasar los años del conflicto bélico y de la posguerra inadvertidos, sin problemas con las nuevas autoridades, e incluso hubo quienes optaron por un apoyo al alzamiento, que —como vimos al explicar los comunicados de los dirigentes navarros y alaveses en el verano de 1936— pudo ser más o menos sincero y debido a múltiples causas. Un buen número se encuadraron en las organizaciones franquistas y en particular en Falange Española Tradicionalista (FET) y de las JONS, el partido único del Movimiento Nacional.

No debió de tratarse de una actitud poco frecuente: cuando, en 1938, el jefe de FET dio orden de depurar a antiguos afiliados al PNV o al Frente Popular, un informe interno del Gobierno vasco ironizaba señalando que, «si esta depuración se lleva a cabo con alguna rigurosidad, la FET se va a quedar, en Álava, sin afiliados». Es significativo que el PNV no mostrara desde el exilio una especial animadversión hacia estos jelkides. Por ejemplo, se aceptaba como natural el caso del nacionalista que, «por ser persona poco conocida ha sabido desenvolverse y hoy es afiliado» al Movimiento, pero que seguía siendo «ferviente patriota», por lo que podía «tenerse confianza en él». Muy probablemente no era el caso de otros antiguos jeltzales que llegaron a ocupar cargos de cierta entidad en el Movimiento, como sucedió con Joaquín Echauri en el Sindicato vertical o Andrés Fernández de Landa en el Servicio Nacional del Trigo. Asimismo, en Guipúzcoa, 23 antiguos jeltzales fueron designados concejales entre 1936 y 1949.

Además, todo se complica porque, como ya señalamos, resulta imposible conocer la verdad íntima de cada decisión, hasta el punto de que muchas veces la represión y la acomodación se dieron cita en la misma persona. Por ejemplo, algunos de los que colaboraron en las notas del PNV a favor de la sublevación en 1936 fueron más tarde detenidos e incluso en alguna ocasión fusilados, tal y como sucedió con José Luis Abaitua. Pedro Gamarra, uno de los jóvenes de Jagi-Jagi, se enroló en el Ejército franquista, apareciendo oficialmente como un traidor a su causa. Sin embargo, hoy sabemos que no solo fue cesado de su puesto de trabajo sino que fue acusado de pronunciar «conceptos antipatrióticos», por lo que fue enviado a un batallón disciplinario. Asimismo, algunos de los que se incorporaron a FET y de las JONS aprovecharon esta circunstancia para actuar como informadores del Gobierno vasco, pasando información sensible a los dirigentes del exilio.

En realidad, defecciones semejantes se dieron también en la izquierda, cuando sus enemigos se lo permitieron, aunque en cada caso hubiera motivaciones diferentes. Por ejemplo, en un pueblo del sur de Álava (la provincia mejor estudiada) el Círculo Republicano se pasó en bloque a Falange. El asesino del líder republicano Alberto Martínez de Aragón —que salió de su escondite en Vitoria pensando que la República había reconquistado la ciudad— fue un anarquista recolocado en el carlismo. Aparentemente más sorprendente es que, en esa capital, los líderes de la minúscula ANV se plegaran al franquismo con más facilidad que los del PNV, pese a ser no solo nacionalistas sino también de izquierdas. Algunos industriales y comerciantes de ANV —tras sufrir algún tipo de represión— adaptaron sus compañías para confeccionar productos necesarios para la guerra, lo que hizo que sus empresas se vieran favorecidas en la posguerra. Al mismo tiempo, un dirigente de ese partido (José Placer) fue juzgado y fusilado.

En efecto, la otra cara de la moneda fue la represión del nacionalismo en la guerra y en la posguerra. Como otros aspectos de la historia contemporánea vasca, también este ha sido objeto de disputas, más políticas que historiográficas. Desde muy pronto, el PNV interpretó el conflicto de 1936 como una invasión exterior, como una guerra de «exterminio» de Euskadi por España. Para que esta interpretación fuera creíble, había que demostrar que la represión en Vasconia había sido superior a la del resto del país. Por ello, la prensa del exilio llegó a hablar de más de 35.000 fusilados, reflejo de la «inmolación del Pueblo Vasco». En la Transición, la izquierda abertzale desplegó una intensa actividad para rescatar la memoria de los fusilados. Esta campaña se centró en Navarra (el territorio donde la represión franquista fue más intensa, sobre todo en la Ribera) y criticaba, con razón, los números a la baja defendidos por escritores derechistas. Como alternativa, barajaban cifras de «7.000 e incluso 15.000» fusilados en Navarra, que investigaciones posteriores, realizadas para rebatir a quienes disminuían el alcance de la represión, rebajaron a unos 3.000. Hoy se sabe que hubo unos 2.500 fusilados, sin contar los navarros que fueron víctimas de la represión en otros lugares.

En la Comunidad Autónoma Vasca —donde la represión está menos estudiada— también se ha producido un proceso semejante. En 2002, el Gobierno vasco, presidido por Juan José Ibarretxe (PNV), anunció la creación de una comisión de búsqueda de fosas de fusilados. En plena eclosión de la memoria histórica, la forma en que se presentó la iniciativa parecía querer superar el número de víctimas de otras comunidades, para ganar en pedigrí antifranquista. Inicialmente se habló de 5.500 fusilados en los tres territorios, para poco después, ante la imposibilidad de sostener una cifra tan abultada, rebajarla a la también exagerada de 3.100. En 2010, ocho años después de anunciar el rescate de esos miles de cadáveres todavía enterrados en fosas, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, subvencionada para localizar los restos, había exhumado 30 cadáveres, que en realidad en algunos casos eran muertos en el frente. Todavía en 2013, cuando se desenterraron en Zigoitia varios cadáveres de milicianos muertos en la batalla de Villarreal, su descubrimiento —presidido por el vicelehendakari— fue anunciado como el de «la mayor fosa de la Guerra Civil en Euskadi». Dado el matiz semántico que ha adquirido la palabra fosa, se quería así dar a entender que no eran muertos en el frente sino represaliados por los franquistas.

En realidad, la represión franquista en el País Vasco fue muy inferior a la de otras comunidades, incluyendo a Navarra. A pesar de ello, el empeño de la izquierda abertzale por demostrar que hubo un «genocidio» contra el pueblo vasco ha continuado en los últimos años, publicando listas de fusilados, llenas de errores y sin metodología científica, lo que permite sumar a un santanderino fusilado en Bilbao con un navarro ejecutado en Alicante, para poder sumar más muertos que en La Rioja o en Extremadura. Esta actitud ha llevado a extremos absurdos o —lo que es peor— crueles, como añadir en los listados de víctimas de la dictadura a Eulalia González de Zárate (atropellada por un carro en octubre de 1939) o robárselos al otro bando, al incluir a Guadalupe Viguri (la niña de trece años, ya mencionada, que fue asesinada por los milicianos que venían a por su padre). Una pena, porque el mayor homenaje que se puede prestar a las víctimas de una violencia completamente injusta es el conocimiento lo más exacto posible de la verdad, con todos sus matices y contradicciones.

Este tipo de planteamientos tienen que ver con cierta manera de mirar no solo la Guerra Civil sino el conjunto de la dictadura de Franco. Se trata de la tendencia a pensar que el franquismo fue algo impuesto desde fuera, completamente ajeno a un «pueblo vasco» resistente en bloque a la dictadura, y que entre el franquismo y el antifranquismo puede establecerse la misma diferencia que entre un ser humano y una bacteria. Así, con motivo de una exposición sobre las cárceles franquistas en Bilbao en 2015, un señor ya mayor recordaba que había ido «un día de Reyes a la cárcel de Larrínaga. Yo tenía unos ocho años. Sería 1948. Íbamos a visitar a mi tío Enrique Gorriti. Se me quedó grabado en la mente […]. Lo más curioso es que nosotros volvíamos a casa todo contentos porque los franquistas nos habían dado juguetes. Para un niño de esa edad, un franquista puede llegar a ser bueno».

En realidad, es perfectamente posible que ese funcionario de prisiones franquista fuera alguien que sin más le hubiera tocado estar ahí; o incluso un antiguo nacionalista o izquierdista, que tras haber sido depurado hubiera recuperado su trabajo; o un tradicionalista convencido que años después —como sucedió con muchos carlistas, sobre todo tras el giro ideológico de su pretendiente Carlos Hugo— militara en el antifranquismo. También está demostrado que, mientras algunos derechistas vascos se dedicaban a denunciar sin miramiento a sus vecinos, otros los defendían, mintiendo incluso para librarles de la represión. Por ejemplo, en 1939 el alcalde franquista de Ayala, Hipólito Villanueva, fue destituido por hacer continuamente informes falsos, declarando que miembros del PNV habían sido siempre adeptos al Movimiento.

En cualquier caso, la represión física en territorio vasco-navarro afectó mucho más a la izquierda que al nacionalismo. Ello es debido a que los sublevados consideraban que era más fácil reconvertir a las bases jelkides (eso sí, convenientemente depuradas) que a las izquierdas, debido sobre todo al catolicismo que compartían con el Nuevo Estado. Comparado con su peso electoral, el porcentaje de fusilados del PNV fue por tanto mucho más bajo que el de la izquierda. Así, en Álava fueron fusilados trece miembros del PNV y en Navarra 21. En Vizcaya y Guipúzcoa, donde sin duda las cifras fueron más altas, los datos que van apareciendo también confirman esa diferencia. Por ejemplo, en un listado reciente de 583 fusilados en Vizcaya apenas hay medio centenar del PNV o de ELA-STV, aunque de bastantes se desconoce su ideología.

De los jeltzales fusilados, algunos fueron asesinados sin más, tal y como sucedió en 1936 con el alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, o con el dirigente alavés José Luis Abaitua. Después, llegaron los juicios sumarísimos con condenas a muerte. Algunas, como la de Juan Ajuriaguerra, fueron conmutadas, mientras otras eran ejecutadas. Este fue el caso del jefe del Ejército vasco Ramón Azcue, el alcalde de Deva Florencio Marquiegui, o el poeta y comandante Esteban Urquiaga (Lauaxeta), al que ya hemos mencionado al hablar de la literatura vasca en los años treinta. Las cartas de despedida de estos y otros fusilados jelkides, llenas de referencias patrióticas y religiosas, reflejan una tragedia henchida de emoción y serenidad: «Estoy frente a frente con la muerte que ha de ser fértil a la Patria» (Marquiegui); «Dentro de muy pocas horas voy al Cielo» (Azcue); «Perdono a los que nos asesinan» (Felipe Marcaida); «Voy a ponerme frente al pelotón con dignidad de cristiano y de basko; con las manos limpias de sangre y de robo, únicamente por el “enorme” delito de quererle mucho a Euzkadi» (Jesús Zabala).

A veces, la mínima reacción frente a esas muertes dio lugar a represalias: en Santoña, el preso que dirigía el rosario añadió una oración por los fusilados, siendo castigado a un mes de incomunicación. En cualquier caso, con el paso del tiempo hubo cada vez más conmutaciones de penas (94 de un total de 109 condenas a muerte en Guipúzcoa en 1938) y los fusilamientos se redujeron drásticamente. Así, en 1939-1942 fueron ejecutadas cuatro personas en Álava y nueve en Guipúzcoa, aunque aquí hay discrepancias entre las fuentes. En el caso alavés hay que sumar tres más en 1943-1945, todos ellos, como los demás de la posguerra, anarquistas y comunistas.

La misma tendencia se observa en el análisis de los sometidos a prisión durante la guerra y la posguerra. Así, en el otoño de 1937, tras la derrota del Ejército vasco y el final del frente norte, se clasificó a los combatientes presos en Deusto según su nivel de responsabilidad. Pues bien, la mayoría (1.048) fueron calificados dentro del Grupo A («Afectos al Movimiento Nacional»); otros 614 fueron enviados a batallones de trabajadores, tras ser etiquetados como A dudosos o B (incorporados voluntariamente al Ejército republicano, pero sin etiqueta política); por último, 939 ingresaron en prisión, como miembros de los Grupos C y D, considerados claramente enemigos del régimen. Asimismo, la mayoría de los internos en campos de concentración situados en territorio vasco (como los de Orduña y Nanclares) provenían de otras zonas, lo mismo que sucedía con las internas de la cárcel de mujeres de Saturrarán.

Con independencia del número, muchos testimonios demuestran los sufrimientos de los jeltzales que sufrieron penas de internamiento, aunque su grado dependía de las circunstancias de lugar y momento: «Había solamente una cama, la cual sorteábamos, de tal forma que cada noche dormía uno […]. El rancho consistía en una perola de lo que hubiesen guisado, pero si a alguno le tocaban cinco garbanzos en él, se podía considerar Capitán General» (El Dueso, Cantabria); «Faltaba oxígeno, no había sillas ni mesas, la luz era escasísima» (Carmona, Sevilla); «Teníamos que saludar brazo en alto tanto en el momento de izar como en el de arriar la bandera, mientras cantábamos el Cara al Sol» (El Dueso). La misma heterogeneidad afectaba a la actitud de los vigilantes, que algunos testigos califican como «una lotería»: «Desde luego, este tipo no era normal, hubiérasele catalogado enfermo de la aberración del sadismo. Gozaba maltratando de obra y de palabra» (Escolapios, Bilbao); «La relación con los guardianes se convirtió pronto en verdadera amistad» (Nanclares, Álava).

Como ya hemos adelantado, algunos de los jelkides presos fueron puestos en libertad sin cargos, mientras otros muchos eran sometidos a consejos de guerra, no tanto por sus ideas anteriores a la sublevación, sino por haberse alistado en el Ejército vasco y haber participado en las instituciones republicanas durante la guerra. También aquí se observa un trato diferente entre el PNV y las izquierdas. Por ejemplo, en Guipúzcoa el 37 % de los procesados eran jeltzales y el 52 % izquierdistas, pese al mayor peso electoral del PNV. Los resultados de los juicios fueron muy dispares, puesto que una de las características del sistema judicial franquista —en contra de lo que suele pensarse— fue su inconsistencia. Por el mismo delito, un acusado podía ser absuelto o condenado, dependiendo del tribunal, de la coyuntura o de los apoyos o avales con los que contara. Con el tiempo, las penas se fueron relajando y de hecho, la inmensa mayoría de los jelkides salieron relativamente pronto de prisión, una vez revisadas sus sentencias. Incluso los condenados a muerte, que habían visto rebajada su pena a cadena perpetua, recuperaron pronto la libertad, como el propio Ajuriaguerra, que abandonó la cárcel en 1943. A partir de ese momento, solo volvieron a la cárcel los jeltzales que eran acusados de acciones concretas contra la dictadura.

Lo mismo sucedió con muchos exiliados que, según cambiaba la situación española y mundial, se fueron acercando a las embajadas de la España franquista para tramitar su regreso, regularizando su situación judicial. Aunque aún hubo quien tuvo que sufrir nuevas trabas, otros lo hicieron sin excesivos problemas, incluyendo a personajes de primera fila en la historia del nacionalismo. Fue por ejemplo el caso de Luis Arana, que regresó en 1942, estableciendo su residencia en Santurce. Pese a que se le había prohibido ejercer su profesión de arquitecto, hasta su muerte en 1951 vivió una vida apacible. En las primeras cartas que escribió a sus amigos del exilio, por ejemplo, destacaba que —frente a la Francia que sufría la Segunda Guerra Mundial— en Vizcaya había «de todo, como antes de la guerra, tanto en comida como en bebida».

Recientemente, el hecho de que la represión física contra el nacionalismo fuera menor de lo que solía decirse, ha dado lugar a una interpretación historiográfica que no solo destaca este hecho —que por otro lado es innegable—, sino que llega a la conclusión de que los jeltzales no tuvieron ningún problema en adaptarse al régimen. Según esta teoría, las culturas políticas del franquismo y del PNV estaban unidas por una base común, al ser ambas política y culturalmente católicas y tradicionalistas. Esto habría llevado a una contemporización entre los jeltzales y la dictadura. Yéndose hacia el otro extremo, esta interpretación nos aleja de una realidad mucho más compleja, del mismo modo que la de quienes sostienen que existió un genocidio contra el pueblo vasco.

Sin embargo, el hecho de que los fusilamientos o la cárcel fueran menos frecuentes no significa que no hubiera represión contra el nacionalismo. Para empezar, los locales del PNV, sus organizaciones satélites y su prensa fueron clausurados y sus cargos públicos destituidos, aunque también aquí hubo excepciones, pues concejales jelkides de algún pueblo pequeño (Iruraiz) aguantaron incluso hasta 1948. Además, como se ha demostrado recientemente en el caso de Álava, según iba pasando el tiempo la sanación por parte del régimen —después de haber, eso sí, matado y purgado— se aplicó no solo a los miembros del PNV sino también a otros represaliados, como los republicanos.

Por otro lado, hubo muchas formas de castigo, y algunas se cebaron más en los jeltzales que en las izquierdas. Así sucedió por ejemplo, con la represión económica, llevada a cabo sobre todo por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, creado en febrero de 1939. Su finalidad de recaudación económica punitiva hizo que, a diferencia de los fusilamientos, se cebara mucho más con nacionalistas y republicanos —que habitualmente disponían de mayores ingresos— que con socialistas, comunistas y anarquistas. Por ejemplo, en Guipúzcoa el 56 % de los procesados fueron nacionalistas, frente al 41 % de izquierdistas. Aunque algunas sanciones no se pagaron, por estar los afectados en el exilio, nacionalistas bien situados económicamente fueron multados con cifras exorbitantes. Este fue el caso del propio lehendakari Aguirre, Miguel Urreta, Juan Antonio Irazusta, Silverio Zaldúa, José Lizaso o Emiliano Azcárraga. La lectura de las sentencias revela la dureza de la represión franquista, que afectó a un buen número de emakumes, a ancianos e incluso a fallecidos, como Ramón de la Sota. Aunque algunos lo consiguieron, ni siquiera el haber apoyado la sublevación o haber ayudado a derechistas en la zona republicana sirvió a muchos jeltzales para librarse de ser multados por este Tribunal.

Por el contrario, en la represión laboral volvemos a encontrar que el PNV fue en general mejor tratado que la izquierda, tal y como puede comprobarse en los procesos de depuración de los funcionarios provinciales y municipales. Pero, una vez más, no puede decirse que los jeltzales no sufrieran las consecuencias de esta represión. Por ejemplo, en el expediente que llevó a la suspensión temporal de la funcionaria Blanca Salinas se incluye la acusación de «llevar un perrito blanco de lanas, con un lazo de los colores separatistas». Es interesante ver cómo, en estos procesos de depuración, cada cual intentaba reinterpretar su pasado del modo que más podía agradar a las nuevas autoridades, aunque ello significara en la práctica agarrarse a un clavo ardiendo. Así, un empleado del PNV alegó que se había afiliado a este partido por «entender que su finalidad era poner un dique a la avalancha de sectarismo desplegada por los gobernantes de la República». Por el contrario, uno de ANV declaró que su «programa venía a reformar lo que siempre me ha ofendido del nacionalismo vasco, esto es, su tendencia al separatismo», y «esto lo consideraba un bien para mi querida España».

También en la represión del Magisterio se confirman las tendencias apuntadas: en el País Vasco su alcance fue menor que en otras regiones y se cebó mucho más en la izquierda que en el PNV. Así, las cifras de la depuración en Guipúzcoa suponen un 71 % de maestros confirmados en sus puestos y un 27 % de sancionados, aunque solo el 13% fueron separados definitivamente del servicio. Tanto aquí como en las demás provincias, la mayor parte de los jeltzales fueron condenados a ser trasladados fuera del País Vasco, pero habitualmente no perdieron su puesto de trabajo.

Especial trascendencia, por ser una excepción a lo que sucedía en el conjunto de la España franquista, tuvo la represión contra el clero nacionalista. Tras los mencionados fusilamientos en caliente de 1936, la represión se judicializó. Cerca de cien clérigos fueron juzgados y 61 condenados, incluyendo tres penas de muerte, todas ellas indultadas. El clero de la diócesis de Vitoria al completo fue sometido a un proceso de depuración. A finales de 1937 los sacerdotes sancionados de un modo u otro eran 440 (en torno al 20 % del total): 43 habían sido separados de sus cargos, 47 deportados a otras diócesis, 152 trasladados dentro de la diócesis, 44 obligados a servir como capellanes en el Ejército de Franco, 107 estaban en el exilio y 47 en prisión (aunque en algún momento los encarcelados llegaron a ser 122).

Esta depuración supuso una auténtica hecatombe para la Iglesia del País Vasco, cuya división tendría graves consecuencias en el futuro. Como entre los católicos de a pie, las denuncias entre hermanos se entremezclaban con heroicos actos de caridad. Así, el legado pontificio Ildebrando Antoniutti aseguraba que algunos denunciantes eran «religiosos de escaso buen espíritu, tratando de deshacerse de algún hermano o superior con el pretexto de ideas políticas separatistas». A la vez, otros mostraban una «incondicional acogida» a clérigos de ideas políticas opuestas a las suyas. Por ejemplo, en una fecha tan temprana como enero de 1940 se presentó a la censura del Obispado un libro sobre la represión contra clérigos y derechistas en la Vizcaya republicana. En vez de aprovechar la ocasión para echar leña al fuego, el censor opinaba que el libro no debía publicarse, porque «no serviría sino para abrir de nuevo llagas tal vez en parte cerradas y esto precisamente ahora cuando parece que es tiempo de suavizar asperezas y unir corazones». En efecto, en 1944 salía de prisión el último sacerdote vasco; en 1945, el Gobierno autorizó la vuelta de todos los curas exiliados, «en la seguridad de que nadie les molestará». Tal y como explicaba el ministro de Asuntos Exteriores al obispo de Vitoria, si al regresar aparecía «algún cargo grave contra alguno de ellos», se avisaría al prelado «para que el sacerdote encartado pudiera regresar al extranjero».

Por último, hay que hablar de dos casos de represión colectiva. Por un lado, el 23 de junio de 1937, nada más conquistar Bilbao, Franco publicó un decreto-ley por el que suprimía los Conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa. Aunque el término de «provincias traidoras» —que tradicionalmente se identifica con este decreto— no aparece en el texto, sí está implícito en el mismo. Además, se dejaba intacta la autonomía económico-administrativa de Álava, así como la de Navarra, al haber contribuido ambas con «aportaciones valiosísimas a la Causa Nacional». Se trata del único caso en que se consideró responsables de «rebeldía» a dos provincias en su conjunto. En realidad, con esta medida se trataba de castigar al nacionalismo vasco, que según el decreto había utilizado los Conciertos «para realizar la más torpe política antiespañola» y había hecho caso omiso a «los constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles desistir de su actitud» durante la guerra.

Por otro lado, había quien pensaba que el nacionalismo había convertido la lengua y la cultura vascas en un instrumento antiespañol, por lo que aquí la represión franquista no fue solo política sino también lingüística y cultural. No obstante, hubo sectores del franquismo —particularmente los procedentes del carlismo— que discrepaban de esta interpretación y trataban de diferenciar lo vasco sano, compatible con la unidad nacional española, de lo contaminado por el nacionalismo. También la relación entre el franquismo y la lengua vasca ha dado lugar a interpretaciones encontradas. Desde ámbitos nacionalistas se ha sostenido que hubo un genocidio cultural y que Franco prohibió hablar euskera, con el fin de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Recientemente, ha resurgido la teoría opuesta, que plantea la inexistencia de cualquier tipo de persecución contra la lengua vasca. Lo cierto que no hubo una prohibición expresa de hablar en euskera, que hubiera sido imposible de hacer cumplir, pero sí hubo medidas de proscripción debidas a autoridades locales (y por ello contradictorias), que trataban de entrar incluso en el ámbito privado. Como prueba de esa prohibición, suele citarse la multa impuesta en 1938 a Guillermo Garmendia («por hablar el vasco en un tranvía, ocasionando con ello alteración del Orden Público»), pero esta solo se entiende si se tiene en cuenta la segunda parte de la frase. Por el contrario, la prensa carlista propugnaba ya en 1937 la defensa del vascuence: eso sí, no del «separatista» (una «jerga llena de neologismos y de ortografía pintoresca») sino del «auténtico», que era español: «Y todo lo español debe conservarse».

En cualquier caso, no puede negarse que en la inmediata posguerra existió una rigurosa persecución contra ciertas manifestaciones públicas de la lengua vasca, llegando a extremos desmesurados. Una orden de 1938 prohibía los nombres no castellanos en el registro civil, por su «significación contraria a la unidad de la Patria. Tal ocurre en las Vascongadas, por ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros que denuncian indiscutible significación separatista […]. La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma, ni la intromisión de nombres que pugnan con su nueva constitución política». Incluso los nombres registrados anteriormente en euskera debían modificarse. Esto dio lugar a hechos rocambolescos, como cuando Amaia Zuloaga, al concluir sus estudios en 1957, recibió el título a nombre María Fin Zuloaga, haciendo una traducción literal de amaia (el fin o el final).

También se obligó a cambiar los nombres vascos de empresas y establecimientos comerciales, salvo alguno que pasó inadvertido, como el club de fútbol Osasuna (Salud) de Pamplona; y se depuraron las lápidas de los cementerios, haciendo borrar las inscripciones en euskera que los familiares habían dedicado a sus difuntos. La enseñanza de la lengua vasca desapareció por completo y lo mismo sucedió en la prensa periódica. Entre 1940 y 1949 solo se publicaron en España cerca de veinte libros en euskera, todos ellos de temas o autores religiosos. Todas las iniciativas culturales vinculadas al nacionalismo desaparecieron, incluyendo algunas meramente vasquistas, como Eusko Ikaskuntza. Este panorama átono no impidió algunas iniciativas aisladas, como la creación de la revista literaria Egan (1948).

En estos primeros años del franquismo el euskera se refugió en el ámbito familiar y en el eclesiástico. Aquí se produjeron roces entre los obispos y las autoridades, por la decisión eclesiástica de autorizar la predicación en euskera. Ya en 1938, los militares habían anulado las normas del obispado de Vitoria, autorizando el uso de la lengua vasca en las iglesias, dando lugar a un tira y afloja entre ambas autoridades, que terminó con la victoria del obispo. Todavía en 1944 el alcalde de Lequeitio acusó a varios sacerdotes de ser nacionalistas, de no tocar el himno nacional en la iglesia y de utilizar el euskera «en todos los actos oficiales». Los acusados explicaron que la única manera de hacerse entender era predicar en esa lengua. Por ejemplo, a unos ejercicios espirituales en castellano solo habían acudido doce personas, mientras que a unos bilingües asistieron 1.100. Finalmente, el obispo juzgó «injustas las acusaciones» y exculpó a los sacerdotes; como protesta, los dirigentes locales del Movimiento decidieron no asistir a ningún acto religioso, mientras estos siguieran siendo en euskera.

Sobrevivir a la guerra mundial

La definitiva derrota republicana en abril de 1939 era una oportunidad que los dirigentes jeltzales en el exilio no podían desaprovechar. Inmersa de lleno en una profunda crisis y surcada por graves divisiones internas, la República española no solo había sido derrotada sino que se desangraba. Con objeto de analizar la situación, los principales dirigentes del PNV en el exilio se enclaustraron en abril de 1939 en Meudon, una localidad cercana a París. En estas sesiones, que continuaron después en Anglet, llegaron a la conclusión de que el PNV ya no tenía «ningún compromiso ni con el Gobierno de la República» ni con el Frente Popular. Era el momento de aprovechar la debilidad de las instituciones españolas en el exilio para dar un paso más e ir preparando la independencia, pensando en el momento en que cayera el franquismo.

Ello suponía reconvertir al Gobierno vasco en un ente realmente nacional, desligado de la República. Para ello, decidieron pedir a los demás partidos que lo integraban una «declaración de principios proclamando su filiación nacional vasca, y su independencia de orientación respecto a los organismos españoles». Se trataba de conseguir que «todos los partidos políticos y organizaciones sindicales de Euzkadi sean nacionalistas». El órdago iba dirigido sobre todo contra los socialistas, únicos que podían hacer frente al poderío jeltzale: había que forzar la formación de un «Partido Socialista Vasco» separado del PSOE. Algunos socialistas vascos, como el consejero Santiago Aznar, estaban dispuestos a dar este paso, pero se encontraron con la oposición radical de Prieto y de otros dirigentes. A este obstáculo se unió un problema práctico pero capital: diversas entidades republicanas habían sacado dinero de España para atender a los refugiados y el Gobierno vasco necesitaba recibir parte de esos fondos, si no quería llegar a un «suicidio económico». En palabras de Irujo, estaba bien optar por «la independencia, pero con riqueza y con dinero, porque el nacionalismo tiene que pensar en comer y en los garbanzos». Al final los garbanzos se impusieron y el PNV no rompió del todo con la República. Además, la negativa de la mayoría de los socialistas vascos a romper amarras con el PSOE hizo que en mayo de 1940 se llegara a una solución de compromiso entre ambos partidos, en la que se reconocía la «personalidad nacional» de Euskadi, pero siempre de acuerdo con «la voluntad libre de los vascos».

Sin embargo, este acuerdo no llegó a ser operativo. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, hizo que todo lo demás pasara a un segundo plano. Ante el conflicto, la idea de PNV era clara: había que colaborar con los aliados puesto que —especialmente si Franco entraba en la guerra a favor del Eje— la derrota nazi sería el final de la dictadura española. Aguirre hizo un llamamiento a todos los vascos residentes en Francia para que se alistaran como voluntarios en el Ejército francés. Y es que, según el EBB, Francia defendía «los valores morales y de civilización cristiana […], por los que nosotros también luchamos en Euzkadi». Lo que no podían esperarse los jeltzales era que a quien menos le interesara esa ayuda fuera precisamente a Francia, que quería ante todo asegurar la neutralidad de España, evitando un nuevo frente en el sur. Para ello, no solo prohibió el alistamiento de voluntarios vascos en su Ejército sino que trató de controlar la actividad del PNV. Pero de momento parecía que Francia no necesitaba voluntarios: pese a la declaración oficial de guerra, al principio los nazis no atacaron el territorio galo.

La situación se complicó aún más cuando, en mayo de 1940, las tropas alemanas iniciaron su ofensiva contra Francia, a través de Holanda y Bélgica. El hundimiento del Ejército francés llevó en poco más de un mes a la firma del armisticio: el 25 de junio Alemania pasaba a controlar la mayor parte de Francia, salvo la zona sudeste, con capital en Vichy, en manos del Gobierno títere del mariscal Pétain. En medio de una situación caótica, los exiliados vascos trataron de ponerse a salvo. Tras el gran éxodo desde Cataluña, a partir de marzo de 1939 la mayor parte habían sido sacados de Argelès-sur-Mer y concentrados en Gurs, un campo de internamiento preparado por las autoridades francesas cerca de los Pirineos para concentrar a excombatientes españoles. Aunque los recluidos en las zonas reservadas a los vascos pudieron organizarse mejor, las condiciones de vida eran muy deficientes: «Si entraras en el campo sentirías romperte el corazón. Verías caras anémicas y miradas tristes; vestidos rotos y pies desnudos […]. En cuanto a la libertad, no la poseen más que en la proporción de un preso. Sus movimientos debe realizarse dentro de un islote».

Con el paso del tiempo, buena parte de los internos regresaron a España u obtuvieron autorización para residir en otras zonas de Francia. Sin embargo, en mayo de 1940, tras el inicio de la ofensiva, la Gendarmería confinó en Gurs a unos 800 vascos, incluyendo a varios miembros del EBB. En junio, ante el peligro de que cayeran en manos de los alemanes, el Gobierno vasco pudo obtener la liberación de los principales responsables. Finalmente, casi todos los vascos salieron de Gurs. Mientras unos pocos dirigentes del PNV lograron alcanzar Gran Bretaña, la mayoría tuvieron que quedarse en Francia. Algunos pasaron a la clandestinidad, pero la mayoría no fueron molestados —ni por los nazis ni por el Gobierno de Vichy—, a condición de no realizar ninguna actividad política. Entre los que permanecieron en Francia estaban Leizaola, Landáburu o el presidente del EBB, Ciaurriz, al que algunos compañeros acusaron más tarde de «pasividad».

A medio plazo, la guerra y la ocupación hicieron que se incrementara el número de los nacionalistas que decidían regresar a España, al no tener cuentas pendientes con la justicia franquista. Para muchos otros, fue el momento de emigrar definitivamente a América, al quebrarse las reticencias de la dirección jeltzale a una emigración masiva, que podría provocar una desnacionalización del País Vasco. Argentina, Venezuela, México y Chile fueron sus principales destinos y su llegada dio un tono definitivamente nacionalista a la diáspora vasca americana, que se mantiene hasta nuestros días. En Argentina se constituyó un Comité Pro Inmigración Vasca, que en enero de 1940 consiguió del presidente Roberto Ortiz Lizardi, de ascendencia vasca, la aprobación de un decreto permitiendo la entrada de vascos en el país, por sus «cualidades de laboriosidad». Varios países se aseguraron de que entre los exiliados no hubiera «elementos extremistas», lo que significaba dar preferencia a los jeltzales, provocando la protesta de los izquierdistas. Algunas travesías son dignas de un filme de aventuras, como la del Alsina, que abandonó Marsella en 1941, con el consejero Monzón o el futuro escultor Néstor Basterretxea a bordo. Este buque fue retenido durante meses en Dakar (Senegal) y solo parte de sus pasajeros lograron llegar a América.

Hubo quien lo tuvo aún más difícil. En junio de 1940, cuando las tropas alemanas entraron en París, la sede del Gobierno vasco en la Avenue Marceau fue abandonada precipitadamente. De modo incomprensible, nadie destruyó algunos documentos comprometidos, que cayeron en poder de la policía española cuando esta, de acuerdo con la Gestapo, tomó posesión del edificio. Entre ellos, destacaban los papeles de los Servicios (el Servicio Vasco de Información), creados por el Gobierno durante la Guerra Civil, aunque fuertemente vinculados al PNV. A partir de la derrota, los Servicios habían centrado su labor en la ayuda a los presos, la comunicación entre las cárceles y el exterior y las redes de huida a Francia. Incluso habían logrado salvar a algunos condenados a muerte, falsificando expedientes oficiales.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la actividad de la Red Álava (denominada así por el nombre de su responsable, el ingeniero Luis Álava) se centró en el espionaje, transmitiendo a los aliados más de 700 notas con información militar, económica y política de la España franquista. Pues bien, entre el material abandonado en París estaba el listado de colaboradores de la red, que meses después fueron detenidos. Diecinueve de ellos fueron condenados a muerte, aunque el Tribunal Supremo rebajó todas las condenas, salvo la de Luis Álava. Las gestiones para que Franco conmutara esta pena alcanzaron al Vaticano, al mariscal Pétain e incluso a las autoridades alemanas en Francia. Sin embargo, todo fue inútil y Álava fue ejecutado en Madrid en mayo de 1943. El olvido de París era un descuido imperdonable, pero además nadie avisó a los implicados en el tiempo que medió entre el registro y las detenciones. Landáburu, al enterarse de la ejecución, afirmó que Luis Álava era un «nuevo mártir de la Patria y de… la imbecilidad de algunos compatriotas».

A otro al que la invasión alemana le cambió la vida fue al lehendakari. El 8 de mayo de 1940 se desplazó con su mujer y sus dos hijos a La Panne (Bélgica), para visitar a varios familiares. Allí se vio sorprendido por el inesperado ataque alemán y, aunque intentó regresar rápidamente a París, el cierre de la frontera y el caos del momento —con miles de prófugos tratando de retirarse hacia el sur, mientras las tropas aliadas pugnaban por embarcarse en Dunkerque— hicieron que se quedara atrapado en Bélgica. Ayudado primero por comunidades de religiosos y después por diplomáticos, el lehendakari vivió en Bruselas y Amberes hasta enero de 1941. Mientras tanto, se dejó crecer bigote y comenzó a usar unas gafas sin graduar, con el fin de engañar a sus posibles perseguidores y construirse una nueva personalidad. La entrada en escena del cónsul de Panamá, Germán-Gil Guardia Jaén, fue providencial, pues proporcionó al lehendakari un pasaporte panameño falso, a nombre de José Andrés Álvarez Lastra (para que las iniciales coincidieran con las del propio José Antonio Aguirre Lecube).

Mientras los jelkides extendían rumores falsos, indicando que el lehendakari había logrado pasar a Inglaterra, y el Ministerio de Exteriores franquista aseguraba que estaba escondido en un convento en Francia, la Gestapo trataba de dar con su paradero, hasta el punto de detener durante unos días a su hermano Juan. Incluso en estos momentos, Aguirre logró mantener contacto con dirigentes del PNV, y en especial con quienes estaban haciendo gestiones desde Estados Unidos para lograr su salida de la Europa ocupada por los alemanes. Por fin, decidió huir en la dirección más insospechada, metiéndose en la boca del lobo, en Berlín, el corazón de la Alemania nazi, donde nadie le buscaría. Así lo escribió en su diario: «Me parece que soy el primer hombre que, para huir de los nazis, se va a meter entre ellos. Esta manera poco corriente de salvar la vida puede proporcionarme momentos de indudable interés». Con su pasaporte panameño, Aguirre llegó a asistir a concentraciones nazis —como el recibimiento al ministro de Exteriores japonés, Yōsuke Matsuoka— e incluso al funeral por Alfonso XIII, organizado por la Embajada española, sin que ningún diplomático franquista le reconociera. Más tarde su mujer y sus hijos también pudieron desplazarse de Bélgica a Alemania, en este caso con documentación venezolana. Como los niños hablaban a veces en euskera, en algún momento alguien preguntó en qué extraño idioma se comunicaban, pero el incidente no tuvo mayores consecuencias. Finalmente, en mayo de 1941 Álvarez Lastra obtuvo el visado de entrada en Estados Unidos y pudo pasar a la neutral Suecia con su familia, de donde partió en julio en el mercante Vasaholm hacia Brasil. Tras recuperar su verdadera identidad —afeitándose el bigote y enterrando a su alter ego panameño—, visitó Uruguay y Argentina, donde fue objeto de un recibimiento apoteósico. El 4 de noviembre de 1941 el lehendakari aterrizaba en Miami. Su odisea había durado año y medio, con doce meses en suelo nazi. Ahora le iba a tocar dirigir la acción del Gobierno desde Nueva York, donde estableció su residencia.

Mientras Aguirre estuvo desaparecido, el centro del exilio vasco se desplazó a Londres, donde en esta época se habían constituido gobiernos provisionales de diversas naciones ocupadas por los nazis, como Polonia o la Francia Libre del general De Gaulle. Siguiendo su ejemplo, Manuel Irujo fundó en julio de 1940 el Consejo Nacional de Euzkadi, que él mismo presidió hasta su disolución en enero de 1942. El Consejo trataba de cubrir interinamente las funciones del descabezado Gobierno vasco y su estrategia se basó en ayudar a los aliados para que estos, tras derrotar a las potencias del Eje, no solo restablecieran la democracia en España sino que apoyaran la creación de un Estado independiente o al menos de un amplio autogobierno para Euskadi.

Siguiendo los acuerdos de Meudon de 1939, el Consejo se presentó como un organismo verdaderamente nacional, en el que apenas tuvieron cabida los no nacionalistas. El propio Irujo redactó un proyecto de «Constitución de la República Vasca», que incluía «los territorios comprendidos en la histórica corona de Navarra»: es decir, «Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Rioja, Moncayo, Alto Ebro, Montaña y Alto Aragón». Esta política maximalista, arramblando con zonas que nada tenían que ver con el País Vasco, fue objeto de duras críticas por parte de Indalecio Prieto, pero también de Leizaola, para quien el Consejo se había arrogado funciones que no le correspondían. Una de ellas fue el control de los Servicios, que Irujo consideraba de especial importancia para tratar de conseguir un acuerdo con Gran Bretaña, a cambio de información. Sin embargo, poco antes de la invasión alemana de Francia, los Servicios ya habían llegado a un acuerdo con el espionaje británico, en un flujo que al principio funcionó bastante bien. Con la creación del Consejo, los británicos no salieron de su asombro al ver que había dos organismos vascos enfrentados que trataban de venderles la misma red de información.

No es extraño que fracasara el intento de Irujo de sacar partido político a estos contactos. Junto al Consell Nacional de Catalunya (otro organismo semejante creado en Londres por los catalanes), trató de llegar a un acuerdo político con el Reino Unido para obtener el derecho de autodeterminación de ambos pueblos. Siguiendo la línea del memorándum presentado unos años antes por Luis Arana, Euskadi y Cataluña se presentaban como un bloque que defendería los intereses geoestratégicos de Gran Bretaña en la Península Ibérica. El Consejo ofrecía también formar una unidad militar vasca, que entraría en combate junto a los aliados. A cambio, se incorporaría la «independencia vasca a los fines de guerra de Gran Bretaña», lo que suponía —tal y como reconoció más tarde el EBB— «una estimación francamente desproporcionada» del interés real que el Reino Unido tenía por la libertad vasca. De hecho, solo lograron arrancar del Foreign Office «la simpatía inglesa para el problema vasco», en el caso de que España entrara en guerra con Gran Bretaña.

Fracasado el acuerdo con los británicos, ¿por qué no intentarlo con la Francia Libre de De Gaulle? En este caso, el acuerdo sí llegó a firmarse, en mayo de 1941, pero no incluía aspectos políticos, sino solo de información, relaciones comerciales e incorporación de vascos a unidades militares de la Francia Libre. Pese a su firma, este pacto no dio todo el fruto deseado, debido a la oposición británica, cuya obsesión era no molestar a Franco para que este mantuviera su neutralidad. Aunque llegó a crearse el Tercer Batallón de Fusileros Marinos (en el que en realidad se enrolaron no solo voluntarios vascos sino sobre todo españoles y latinoamericanos), De Gaulle clausuró el proyecto en mayo de 1942, sin que se hubiera concretado. Los franceses llegaron a asegurar que no hacía falta denunciar el acuerdo porque en realidad «nadie se había dado por enterado de su existencia». Por un lado, Francia no tenía ningún interés en resolver el problema vasco-español si esto suponía que los vasco-franceses sentían siquiera la tentación de imitar a sus hermanos del sur; por otro, esta estrategia jeltzale se basaba en el convencimiento de que Franco entraría en la guerra a favor del Eje.

Sin embargo, la neutralidad franquista iba a echar por tierra la posibilidad de sacar partido de una colaboración entre el Gobierno vasco y los aliados. Algo semejante sucedió en las relaciones con Estados Unidos. Cuando Aguirre desembarcó en América, se enteró de los detalles de la actuación del Consejo Nacional de Londres. Aunque el propio lehendakari había promovido una política soberanista a ultranza en 1939, enseguida pudo darse cuenta de que esos maximalismos no eran prácticos: las grandes potencias, como Estados Unidos, estaban más interesadas en resolver la cuestión española que no en la libertad de Euskadi. De ahí las críticas que Aguirre expresó contra la «irresponsabilidad Jagi Jagista» del Consejo Nacional, que se disolvió en cuanto el lehendakari retomó las riendas de la política vasca, ahora desde Nueva York.

Las gestiones para mantener una relación directa con Estados Unidos eran previas a la llegada del lehendakari a América, pues habían sido iniciadas en 1938 por la Delegación del Gobierno vasco en Nueva York, donde trabajaban Manuel y Ramón de la Sota y Antón Irala. Pero Aguirre puso todas sus energías en las negociaciones con el Gobierno norteamericano, que aún tomaron más fuerza tras la entrada en guerra de Estados Unidos, en diciembre de 1941. Una vez más, Aguirre ofreció a los americanos la colaboración de los Servicios vascos, especialmente en Latinoamérica, aprovechando la red de Centros vascos distribuidos a lo largo del continente.

En mayo de 1942 se llegó por fin a un acuerdo por el que, a cambio de una importante suma de dinero, los Servicios vascos colaborarían con Estados Unidos en la lucha contra el nazismo. Aunque no se ha localizado el texto del convenio, todo indica que el Gobierno vasco logró una contraprestación económica —cuyo montante exacto se desconoce— y unas relaciones políticas preferenciales, a cambio de ayudar a la propaganda aliada en Latinoamérica, informar sobre sectores favorables al Eje en esa área y colaborar en tareas de espionaje. Uno de los hombres clave en esta relación fue el coronel William J. Donovan, que ha pasado a la historia como el «padre de la Inteligencia americana», como director en 1942 de la Office of Strategic Services, antecedente directo de la CIA. Donovan informó al secretario de Estado de la bondad de esta colaboración, al ser los vascos «gente intrépida», con «una organización bien establecida» tanto en los Pirineos como en Latinoamérica.

En esta red fue también muy importante la colaboración de marineros vascos, especialmente en buques rumbo a América, que podían entrar y salir de España con facilidad e informar, entre otras cosas, de las idas y venidas de los nazis. Hubo agentes vascos cuya vida es digna de una película, como José Laredogoitia, un simpatizante jeltzale vizcaíno emigrado al Oeste americano, que fue detenido en 1940 en Idaho por intentar pagar con cheques sin fondos. Deportado por las autoridades norteamericanas a España, en Bilbao fue fichado por la Inteligencia Militar Alemana (Abwehr) y, gracias a su conocimiento del inglés, enviado a realizar misiones relacionadas con Estados Unidos. Aprovechando viajes entre Europa y América, Laredogoitia se convirtió en un agente doble: los nazis creían que trabajaba para él, pero en realidad estaba pasando información a los Servicios vascos. Estos comunicaron a sus homólogos norteamericanos que existían «firmes posibilidades de descubrir una red numerosa de agentes alemanes en el Continente Americano si a Laredogoitia se le permite seguir su misión debidamente controlado».

Además, Estados Unidos financió un viaje del lehendakari por América en 1942, en el que se codeó con la flor y nata del continente, ayudando a crear un clima contrario al Eje en los sectores conservadores de Latinoamérica. La hacienda vasca mejoró notablemente su liquidez, aunque quedó ligada políticamente al Gobierno de Estados Unidos, al FBI y a los servicios secretos norteamericanos. Sin embargo, una vez más iba a faltar la contrapartida política a esta colaboración, tal y como se vio a partir de 1945.

Claro que también cabía la posibilidad de que no fueran los aliados los que ganaran la guerra. ¿Qué hacer si la victoria correspondía a los alemanes? Hay que recordar que, mientras algunos líderes jeltzales trataban de ganarse el favor de los aliados en Gran Bretaña o en América, otros permanecían en la Francia ocupada. A pesar de que el PNV había tomado la decisión de apoyar a los aliados, hubo también intentos aislados de explorar un acercamiento táctico a los nazis, para el caso de que estos ganasen la guerra. En estos escarceos influyó posiblemente el intento de evitar la ejecución de Luis Álava, empleando en este empeño incluso la mediación nazi. También afectó el hecho de que los nazis sintieran cierta fascinación por la cultura vasca, al considerar a Euskadi parte de una raza pura, de orígenes misteriosos. De hecho, las fuerzas de ocupación se mostraron bastante respetuosas con la cultura vasca, permitiendo por ejemplo la reaparición de la revista Aintzina en 1942-1945, bajo la dirección de Marc Legasse, que le dio un sentido más claramente nacionalista que en la etapa anterior. Asimismo, el cine nazi se interesó por el País Vasco, tal y como demuestra el fascinante documental Im Lande der Basken (1944), de Herbert Brieger, que trataba de presentar a Euskadi como un pueblo de características similares a la Alemania racial soñada por los nazis.

Dentro del PNV, las opiniones se dividieron ante la posibilidad de tantear un contacto con Hitler. Siguiendo la línea del partido anterior a 1936 —reforzada en la Guerra Civil y aún más tras el bombardeo de Guernica—, muchos consideraban que no debía haber ningún trato con los nazis, pues se hacían «una idea muy contraria a nuestras doctrinas sobre lo que es y será el principio de nacionalidades bajo la hegemonía de una Alemania vencedora». Por el contrario, había quien veía bien la estrategia de otros movimientos nacionalistas europeos, como el Consejo Nacional Bretón, que en agosto de 1940 había dirigido a los nazis un memorando para oponerse, bajo el paraguas de una «solidaridad celta», al enemigo común francés. Además, aunque el PNV había evolucionado hacia la democracia cristiana, la pervivencia de un poso esencialista y la importancia que todavía se daba a la raza como principio de la nacionalidad vasca podían servir de base para un punto de encuentro.

El encargado de mediar entre el PNV y los nazis fue el dirigente de las SS en Francia Werner Best, una persona bien situada en el organigrama nacionalsocialista, a pesar de que posteriormente algunos desacuerdos con Heinrich Himmler y otros jerarcas nazis le hicieron pasar a un segundo plano. Tras la ocupación, Best propuso una reordenación territorial de Europa, en la que desaparecerían los Estados artificiales, que serían sustituidos por «pueblos vivos» (bretones, vascos, flamencos, escoceses, etc.) bajo la hegemonía nazi. Best encargó desde París a uno de sus lugartenientes, el subteniente Manchen, destinado en Biarritz, un informe sobre el País Vasco. Este rapport destacaba que, «desde el punto de vista ideológico, y debido a los principios raciales compartidos por vascos y alemanes, los vascos se sienten muy próximos a la Alemania actual. Los vascos fundamentan su idea de pueblo con la misma sangre que corre en las venas de todos los vascos. Ellos subrayan que la pureza de la raza, que han conservado durante milenios, les diferencia claramente de españoles y franceses, los que, tal y como manifiestan, racialmente se han mezclado». Este informe concluía abogando por «una relación estrecha y eficaz con el Partido Nacionalista Vasco».

Sin embargo, por parte vasca no existía el mismo interés en esa estrecha relación. Es cierto que Landáburu realizó algunas gestiones, que el lehendakari calificó como «piruetas» que él había autorizado, «para luego ser desautorizados si de ello pudiera sacarse algún beneficio», pero recalcó que los jeltzales no debían fiarse de las «promesas» nazis. También se conserva un informe anónimo escrito por algún jeltzale residente en Francia que afirma confiar «en el talento político del Führer, en su sagacidad, en su alto espíritu de comprensión». Por ello, esperaba «que en el nuevo orden a establecer en Europa y particularmente en España, el problema vasco habrá de ser tenido en cuenta […] porque el problema vasco está íntimamente ligado al problema racial alemán y por lo tanto es lógico y natural esperar que el Führer lo acoja y lo resuelva con la mayor simpatía». Sin embargo, esta estrategia no fue aprobada por el PNV, lo que demuestra que en su seno predominaba el pensamiento democrático y cristiano, que le llevaba a apoyar a los aliados en la guerra.

El caso más conocido de colaboracionismo fue el de uno de los escasísimos afiliados vasco-franceses del PNV, el ya mencionado Eugène Goyheneche, que más tarde explicó que había realizado esos contactos a título personal. Mediado el año 1942, envió un memorando a los nazis, titulado «Euzkadi y la Europa del futuro», en el que destacaba la similitud racial entre arios y vascos, para concluir que «los pueblos vascos están convencidos de que, cuando en su día se establezcan las condiciones de vida para la nueva Europa, no serán olvidados». Empero, el informe no pareció convencer a los nazis, pues algunas palabras escritas al margen del documento por el funcionario alemán que lo revisó subrayan la incoherencia de Goyheneche, al intentar presentar al PNV como un posible socio nazi. En la práctica, estas elucubraciones geo-raciales pasaron a un segundo plano ante la realidad de un PNV que privilegiaba la ayuda a los aliados para desbancar a Franco. No es casual que Best fuera destinado a Dinamarca en noviembre de 1942, alejándolo de la Francia donde quería poner en práctica sus ideas sobre las pequeñas naciones satélites de Alemania en la nueva Europa liderada por Hitler. De hecho, otros informes nacionalsocialistas conservados en los archivos alemanes ponen el acento en el carácter antinazi de los nacionalistas vascos, no solo por haber luchado contra Franco sino también por ser «católicos muy fieles, a los que el nacionalsocialismo una y otra vez les ha sido presentado como enemigo de la Iglesia».

Además, según avanzaba la guerra, cada vez era más claro que la victoria final iba a sonreír a las tropas aliadas que, en junio de 1944, desembarcaron en Normandía. La esperanza del exilio español era que no detuvieran su avance en los Pirineos sino que invadieran también España y echaran abajo la dictadura. Para prepararse ante esta eventualidad, el PNV recompuso sus estructuras en el interior —destruidas por la caída de la red Álava—, aprovechando la salida de la cárcel de la inmensa mayoría de sus presos. Además, creó en Francia Euzko Naia (Voluntad vasca), un embrión de futuro Ejército de Euskadi, pensado para fortalecer una posible intervención aliada en España y mantener el orden en el momento de transición.

Aunque Euzko Naia fue finalmente disuelta, cuando se vio que los aliados no pensaban invadir España, la vieja idea de crear una unidad militar vasca en los Ejércitos aliados cuajó por fin en las postrimerías de la guerra. Landáburu ofreció a De Gaulle constituir dicha unidad con vascos enrolados en la resistencia francesa o en el maquis vinculado al PCE, que había intentado invadir España por el Valle de Arán en octubre de 1944. El comandante Pedro Ordoqui (ANV) fue encargado por el Gobierno vasco de poner en marcha la idea. Él mismo huyó del campamento comunista y, junto a algunos de sus hombres y antiguos gudaris que habían acudido al llamamiento hecho desde Burdeos por Leizaola, se constituyó en marzo de 1945 el Batallón Gernika, encuadrado en el VIII Regimiento Mixto Marroquíes Extranjeros.

El Gernika —formado por unos 200 hombres, nacionalistas e izquierdistas— participó entre el 14 y el 20 de abril en los combates de La Pointe de Grave, cerca de Burdeos. Aquí había quedado aislada desde agosto del año anterior una bolsa de soldados alemanes, que no fue atacada durante ocho meses, pues mientras tanto las tropas aliadas se encaminaban hacia Alemania. Pese a que se trataba de una resistencia inútil, puesto que veinte días después llegó la capitulación general, los asaltantes tuvieron que tomar la bolsa por las armas. Al final, tal y como recordaba Ordoqui, un teniente tomó una ikurriña, «se fue hacia la fortificación y, arriando la bandera nazi, izó la nuestra. Ahí terminó la guerra mundial para nosotros». El Batallón tuvo cinco bajas (dos de ellas del PNV y una de ANV) y, aunque los jeltzales trataron de mantenerlo para el futuro, el Gobierno francés, presionado por la diplomacia franquista, ordenó su disolución.

Al mismo tiempo, si el PNV quería convencer a los aliados de que era necesario echar a Franco, debía mostrar una alternativa viable, unida y no revolucionaria, no solo para Euskadi sino también para España en su conjunto. Así, en marzo de 1945 todos los partidos y sindicatos vascos del exilio se unieron para firmar el denominado Pacto de Bayona. Pese a que en el texto se hablaba también de «los deseos del Pueblo Vasco, que los expresará libremente», para el PNV suponía dejar a un lado los anhelos independentistas, pues el pacto respaldaba a la República, al Estatuto de 1936 y al Gobierno vasco. Asimismo, con motivo de la asamblea constitutiva de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrada en San Francisco a partir de abril de 1945, Aguirre se implicó de lleno para lograr la unidad de la oposición española, que se había convertido en una auténtica jaula de grillos. Gracias en parte a estas gestiones, en agosto de 1945 se constituyó en México un nuevo Gobierno republicano, presidido por José Giral, en el que Irujo entró como ministro de Navegación, Industria y Comercio.

Con un exilio aparentemente unido, el EBB hizo predicciones para 1946: «Franco y su régimen no durarán hasta marzo». Pero no todo el mundo era tan optimista. Poco antes, el dirigente jeltzale Manuel Robles Aránguiz expresó su sospecha de que, «por un falso o verdadero temor al comunismo, las naciones aliadas tengan interés en mantener a Franco […], antes que permitir que en España se asiente un estado de cosas caótico y perturbador».

Una quimera: poniendo fecha de caducidad al franquismo

Aunque de momento tanto Aguirre como la dirección del PNV pensaban que los aliados no iban a permitir que Franco se aferrara al poder, muy pronto la Guerra Fría iba a dar la razón a Robles Aránguiz. Pero por ahora, en 1946, todo era motivo para la ilusión. En agosto, el lehendakari formó su segundo Gobierno, con los mismos partidos de 1936, incluido el PCE. Entre los consejeros jeltzales, José María Lasarte sustituyó al fallecido De la Torre, cubriéndose las demás vacantes. Además, Aznar, el único consejero dispuesto a aceptar las exigencias que el lehendakari había formulado en 1939 para crear un «Partido Obrero Vasco» separado del PSOE, había sido expulsado de su partido. Aguirre no tuvo más remedio que prescindir de él, lo que significaba que reconocía el fracaso definitivo de su intento de nacionalizar a los socialistas vascos. A su vez, se reconstituyó el EBB y se creó un Consejo Delegado del Gobierno vasco en el interior, presidido por el jeltzale Joseba Rezola, con el que colaboraban no solo todos los partidos de la oposición sino también los sindicatos ELA-STV, UGT y CNT.

En 1946, a la reorganización de las instituciones del exilio y del interior se unió la condena del régimen de Franco por los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, siguiendo un acuerdo previo de la ONU. A finales de ese año, casi todos los países del mundo retiraron sus embajadores de Madrid y Franco quedó prácticamente aislado. Sin embargo, no todo eran luces: las grandes potencias dejaron claro que no iban a invadir la Península Ibérica y animaron a los españoles a formar un gobierno «de mentalidad liberal». ¿Podía serlo el Gobierno republicano en el exilio, que incluía al PCE y a la CNT? Todo indicaba que no, máxime cuando casi al mismo tiempo el expremier británico Winston Churchill habló por primera vez de un telón de acero que dividía el bloque occidental del soviético. Y en esta línea divisoria, Franco, con independencia de su pasado, era un adalid del anticomunismo.

La única alternativa del exilio español y vasco era dar —tal y como lo expresaba Lasarte— «una sensación de mayor moderación», que hiciera ver a las potencias occidentales que su alternativa era mejor que Franco. Pero el exilio republicano seguía mostrando una gran inestabilidad. Tras fracasar en su intento de ser reconocido internacionalmente, a principios de 1947 Giral presentó su dimisión. En febrero, se constituyó un nuevo Gobierno republicano, presidido por el socialista Rodolfo Llopis y con Irujo como ministro de Justicia, pero este gabinete solo duró seis meses. Se cerraba así la última participación del PNV en cualquier Gobierno español, ya que los jeltzales no volvieron a entrar en el gabinete republicano a lo largo de todo el exilio. Dado que el lehendakari había sido el muñidor de su recomposición en 1945, no es extraño que hubiera múltiples intentos de que el PNV se reincorporara al ejecutivo de la República. Lo que sí es sorprendente es que en 1947 se le ofreciera a Aguirre presidir él mismo el Gobierno español en el exilio, sustituyendo a Llopis. Ante la división republicana, se destacaba que, «por su carácter, nombre internacional, prestigio y autoridad», el lehendakari era la persona más adecuada para presidirlo. Obviamente, Aguirre no aceptó el ofrecimiento, incompatible con su cargo de lehendakari e imposible de asumir para un nacionalista vasco, pero era una muestra de su ascendencia en el exilio español.

Sin dejar de sostener a un Gobierno republicano cada vez con menos peso real, los nacionalistas se dieron cuenta de que era necesario tener otras balas en la recámara. Esa bala era el Plan Prieto, ideado por el dirigente socialista vasco en su exilio en México. Se trataba de dar por finiquitada la Segunda República y tratar de derribar a Franco formando una alianza entre la izquierda y la oposición monárquica, articulada en torno a Don Juan de Borbón, el hijo de Alfonso XIII. Según este plan, una vez caída la dictadura se celebraría un referéndum que decidiría el modelo de Estado de la nueva España democrática. Por su moderación, la idea era muy del agrado de Gran Bretaña y de otras potencias occidentales, pero el PNV estaba dividido ante ella.

El más favorable a la vía monárquica era Telesforo Monzón, que ya en 1939 había propuesto orientar al PNV hacia fórmulas «aceptables a los monárquicos». En 1947 añadió que apoyar al Gobierno de la República para hacer caer a Franco era como «golpear la Torre de Eiffel, con deseos de derribarla, con un simple martillo». Apoyado por Leizaola y Lasarte, reconoció que su programa no era la Monarquía, «pero si hay que echarle a Franco no hay otro camino […]. Son los generales los que van a echar a Franco, y si los vascos, catalanes y socialistas lo apoyaran, vendría la monarquía, con lo que conseguiríamos nuestro objetivo, que es el de echarle a Franco». Más adelante se mostró partidario incluso de «empujar con todas las fuerzas para que Franco sea sustituido por Don Juan». Enfrente se situó Irujo, con el apoyo de Jáuregui y de Ajuriaguerra. Para este sector, los monárquicos antifranquistas no representaban una fuerza real y Prieto era un «nacionalista español demagogo».

Como en otras ocasiones, en esta disyuntiva los jeltzales trataron de nuevo de nadar y guardar la ropa. Cuando en septiembre de 1948 Prieto invitó al PNV a incorporarse al Comité de Enlace del Pacto de San Juan de Luz, firmado un mes antes entre socialistas y monárquicos, el EBB exigió que en el acuerdo se asegurara un régimen de autogobierno para Euskadi, incluyendo a Navarra. Tras muchos tiras y aflojas, a finales de 1949 Prieto contestó rechazando las peticiones del PNV. Además, aunque la alternativa monárquica volvería a salir a la superficie como un Guadiana en los lustros siguientes, el Plan Prieto fracasó también porque Don Juan estaba jugando a dos bandas: al mismo tiempo que hablaba con los exiliados, mantenía conversaciones con Franco para que este se retirara y facilitara la restauración de la Monarquía en su persona.

A lo largo de toda esta etapa, el PNV intentó mantener viva su estructura en el exilio, aunque a veces era difícil distinguir sus actividades de las del Gobierno vasco. Así, existían juntas extraterritoriales del partido en Francia, Argentina, Venezuela, México, Chile y Uruguay. Además, en 1945 se había refundado en el exilio la organización juvenil Euzko Gaztedi, heredera de la Juventud Vasca previa a la guerra, que posteriormente, de modo casi casual, pasaría a ser conocida por las siglas EGI (Euzko Gaztedi del Interior, a pesar de que el nombre había surgido en Venezuela). Al igual que había sucedido con algunos sectores de las juventudes nacionalistas antes de 1936, también EGI tuvo problemas con las autoridades del partido, al que teóricamente estaba subordinado. En el exilio fue fundamental la labor de propaganda nacionalista, llevada a cabo sobre todo por medio de la prensa, con innumerables publicaciones, dependientes unas del PNV o de EGI y otras del Gobierno vasco: Alderdi (Bayona, 1947-1974), Euzkadi (Santiago de Chile, 1943-1949), Euzko Gaztedi (Caracas, 1948-1976), OPE. Oficina Prensa Euzkadi (París, 1947-1977) o los diferentes Euzko Deya (Buenos Aires, 1939-1975; México, 1943-1972 y París, 1936-1940 y 1945-1975). Especial trascendencia, al poder atravesar las fronteras a través de las ondas, tuvieron las emisiones de Radio Euzkadi desde el País Vasco francés (1946-1954).

Toda esta labor iba unida a un intento de seguir presionando a las cancillerías occidentales, y en especial a Estados Unidos. Como en la etapa anterior, el principal activo que podía ofrecer el Gobierno vasco era su servicio de información en Latinoamérica. Ahora, este se dirigía no contra los nazis sino contra la infiltración comunista, que ya había sido objeto de informes pasados por los agentes vascos a los servicios de inteligencia norteamericanos antes incluso del inicio de la Guerra Fría. Empero, los datos que aportaban los vascos no debían ser de gran interés, puesto que a partir de 1946 se redujeron las cantidades que los norteamericanos ingresaban al Gobierno vasco y poco a poco se fueron cancelando algunos acuerdos. Sin embargo, la colaboración con el FBI y con la CIA continuó en los años siguientes, tal y como sucedió en el caso de Jesús Galíndez, el más famoso de los agentes vascos al servicio de Estados Unidos. Este abogado jeltzale se había exiliado en 1939 a la República Dominicana, donde el dictador Rafael Leónidas Trujillo abrió las puertas a los vascos. Tras unos años como delegado del Gobierno vasco en Santo Domingo, se trasladó a Nueva York. En 1949 relevó a Antón Irala al frente de la Delegación vasca en esta ciudad y redactó en la Universidad de Columbia una tesis doctoral (que publicó póstumamente con el título de La Era de Trujillo), en la que denunciaba la dictadura trujillista.

El hecho de que sus cuentas bancarias movieran entre 1949 y 1956 cantidades superiores al millón de dólares confirma que Galíndez seguía siendo un hombre clave en la relación entre el Gobierno vasco y Estados Unidos y que este no había roto del todo con los Servicios vascos. De hecho, aunque de forma mucho menos estrecha, las relaciones continuaron incluso después de la misteriosa desaparición de Galíndez en Nueva York, el 12 de marzo de 1956. Este hecho sigue envuelto en un halo de misterio, pero está claro que el delegado vasco fue secuestrado, llevado en avioneta a la República Dominicana y posteriormente asesinado por orden de Trujillo. Las circunstancias que rodearon el caso dieron lugar a múltiples teorías, incluyendo la presunta implicación de la CIA, que habría querido quitarse de en medio un testigo peligroso, toda vez que Estados Unidos no mostraba ahora ningún escrúpulo en sostener dictaduras anticomunistas, como las de Trujillo o Franco.

No es extraño que Galíndez haya sido protagonista de novelas (como la de Manuel Vázquez Montalbán), ensayos o películas, que especulan sobre diversas teorías conspirativas para explicar su desaparición. Para el PNV, Galíndez fue desde el principio un símbolo de la lucha del pueblo vasco y de «la libertad universal», al haber sido asesinado por luchar contra todas las dictaduras. Por el contrario, la izquierda nacionalista radical ha sido muy crítica con su figura, que representaría a un PNV vendido a Estados Unidos y por tanto al capitalismo, identificado a su vez con el franquismo. Así, hay quien ha llegado a afirmar que Galíndez era la «cara liberal del fascismo» o, lo que es lo mismo, «la cara fascista del liberalismo».

Lo cierto es que muy pronto se vio que la estrategia jeltzale de confiar en Estados Unidos para que la gran potencia norteamericana forzara la caída de Franco no daba sus frutos. Dentro de esta estrategia, era importante multiplicar los actos de resistencia antifranquista en el interior, para que las diplomacias occidentales fueran conscientes de la fuerza real del Gobierno vasco. Al principio se planteó incluso la acción violenta contra el régimen. En 1946, Leizaola propuso un plan que, «empezando por pequeños actos de hostilidad, pudiera llegar por sucesivas etapas hasta el desarrollo de operaciones militares regulares, creando para ello una organización militar adecuada». Esta propuesta fue rechazada, aunque a finales de ese año los jeltzales volaron con dinamita el monumento al general Mola, erigido en el Arenal, en pleno centro de Bilbao. Más tarde, hubo negociaciones entre un agente norteamericano y los Servicios vascos para conseguir 5.000 escopetas y una tonelada de explosivos. La idea era traer las armas «a Inglaterra y que allí las depositarían en otro barco pequeño que las dejaría fondeadas en un lugar convenido donde nosotros nos haríamos cargo de ellas». El proyecto nunca llegó a concretarse, pero significativamente el contacto norteamericano exigió que en la operación no hubiera «ninguna interferencia de los comunistas».

Un informe interno del PNV reconocía que la policía franquista sabía que los jeltzales nunca se iban a lanzar a una lucha violenta: «También suelen decir que los elementos del PNV son incapaces de llegar a establecer una resistencia armada con todas sus consecuencias. Esta afirmación […] la basan en que los nacionalistas tienen muchos escrúpulos de conciencia, y en la fuerte aversión que tienen a toda clase de violencias por ser católicos». La alternativa era realizar otro tipo de resistencia pasiva, más bien de tipo simbólico. Este informe añadía que la idea «que la Policía tiene del PNV es de que es una organización de tipo romántico y que sus componentes se quedan satisfechos si de vez en cuando consiguen que la bandera vasca ondee aunque no sea más que por breves momentos en algún lugar visible de Vizcaya. Con eso y con algunos pasquines que colocan de vez en cuando —suelen añadir— dan por bien empleados los malos ratos que les proporcionamos con las detenciones, palizas y multas».

Un rapport policial de 1946 señalaba: «los nacionalistas vascos ofrecen la resistencia pasiva más difícil y constituyen el sector más difuso y peligroso por su sinuosidad y extensión, sin que puedan señalarse actividades concretas en contra». En efecto, las acciones llevadas a cabo en esta etapa —a veces seguidas de detenciones— consistían en colocar una ikurriña en un lugar visible, provocar interferencias en un programa de radio de propaganda del régimen, hacer pintadas o lanzar panfletos, cuando no en organizar una misa con ocasión del Aberri Eguna o del aniversario de la muerte de Sabino Arana. Las acusaciones podían ser insignificantes. En 1948, un jelkide fue multado por «ofensa y menosprecio a la bandera nacional», tras haber retirado una cinta rojigualda del estandarte de la Adoración Nocturna. Mayor repercusión tuvo el acto de propaganda realizado en 1946, con motivo de la visita a Vitoria de un grupo de profesores extranjeros, para participar en la conmemoración del IV centenario de fray Francisco de Vitoria. El monumento al fundador del Derecho internacional amaneció cubierto de ikurriñas y pintadas, de modo que los invitados por el régimen para comprobar la normalidad de la situación española regresaron a sus casas con una visión muy distinta de la esperada. Eso sí, la represión posterior llevó a la cárcel a medio centenar de nacionalistas.

Algo semejante sucedió en la huelga general convocada por el Gobierno vasco y por las tres organizaciones sindicales clandestinas en mayo de 1947, que tuvo gran repercusión en Vizcaya y Guipúzcoa y fue recogida por la prensa internacional. El presidente del EBB se felicitó por «la explosión de entusiasmo y admiración que el movimiento ha despertado», hasta el punto de considerar el paro «el acto más importante realizado contra Franco desde que este tomó el poder». Sin embargo, el régimen no se resintió de estos y otros actos de oposición. Además, la represión que seguía a estas acciones corría el peligro de desmantelar las redes clandestinas en el interior, que luego costaba muchísimo trabajo reestructurar. Así, en 1949 la policía desarticuló al completo el Consejo Delegado del Gobierno vasco en el interior, siendo —en palabras de un dirigente jelkide— «el golpe más importante que hemos recibido». Este mismo año, un informe de los Servicios hablaba del «desconcierto» existente entre los jeltzales: «La gente tiene tanta fe en nuestro Gobierno como pueden tener en la lotería».

Inasequible al desaliento, Aguirre seguía intentando mostrar al mundo que era posible una revolución pacífica que desplazara a Franco del poder. Y para ello había que anular el temor de una administración norteamericana cada vez más anticomunista a la influencia comunista en España. Para ello, en 1948 el lehendakari expulsó al representante del PCE en el Gobierno vasco, Leandro Carro. La operación había sido auspiciada por los socialistas, cuya estrategia se consideraba incompatible con la del PCE, pero de hecho los comunistas ya no volverían a formar parte del Gobierno vasco en el exilio.

Al mismo tiempo, Aguirre trató de liderar una nueva huelga general, convocada para la primavera de 1951. Como no podía ser menos, era una huelga política, para empezar porque en ese momento toda huelga se consideraba ilegal. Pero, a diferencia de lo que había sucedido en 1947, el paro —que en algunas zonas fue casi completo— fue seguido por obreros apolíticos o incluso carlistas, que protestaban contra la carestía de la vida y no a favor del Gobierno vasco. De hecho, en algunos lugares fueron dirigentes de las secciones obreras de Acción Católica los que movilizaron a los trabajadores para que secundaran el paro. En el caso de Vitoria, esto provocó una «verdadera hostilidad» del gobernador civil hacia el obispo, el futuro cardenal Bueno Monreal. El propio Rezola reconocía que la resistencia que él dirigía pasaba por «un momento de gran debilidad» y que, en esta ocasión, «el pueblo, prescindiendo de los dirigentes, o sin que estos hayan intervenido, se ha puesto en marcha». Como siempre, una fuerte represión, incluyendo el uso de la tortura contra los detenidos, siguió a la huelga. El juicio más sonado tuvo lugar en Vitoria donde, según The New York Times, el régimen estaba dispuesto a dejar clara una «advertencia contra futuras manifestaciones de separatismo vasco». Este diario destacó las «siniestras escenas» que se habían producido en comisaría para obtener las confesiones de los procesados, a pesar de que los jeltzales acusados eran «anticomunistas», «derechistas» y miembros de «organizaciones católicas».

En la práctica, la huelga de 1951 fue el canto del cisne de la oposición procedente de la Guerra Civil. Los dirigentes nacionalistas terminaron dándose cuenta de que Estados Unidos no iba a mover un dedo para expulsar a Franco. La Guerra de Corea (1950-1953) reforzó el peso de la Guerra Fría. En 1953 (el mismo año en que se aprobaba un concordato entre España y la Santa Sede) se firmaban en Madrid los acuerdos de cooperación militar y económica con Estados Unidos, que convertían a la España de Franco en un aliado preferencial del gigante americano. En 1955, España era admitida en la ONU. Perdida la esperanza en Estados Unidos, a lo largo de esta década la oposición jeltzale comenzó a dar muestras de agotamiento.

Como símbolo de esta crisis —paralela al progresivo fortalecimiento del régimen franquista— en 1951 el Gobierno vasco había tenido que abandonar su sede en la Avenida Marceau de París, que pasó a ser propiedad del Estado español (es decir, de la España franquista). Lo malo, como decía Landáburu, es que quienes habían ejecutado la expulsión eran los «amigos» del PNV, es decir, el Gobierno de la Francia democrática. Para ello se alegaba una decisión judicial de 1943, en plena ocupación, pero el Gobierno galo tenía ahora interés en no enemistarse con Franco y no quiso hacer de la propiedad del inmueble un casus belli. El edificio fue ocupado por funcionarios españoles, mientras Aguirre se mostraba, por una vez, «cabizbajo y triste». En la actualidad, ese palacete es la sede del Instituto Cervantes en París y han resultado estériles los intentos del PNV de que su propiedad sea restituida al Gobierno vasco. Por si fuera poco, en 1954, el ministro del Interior francés (el futuro presidente socialista de la República, François Mitterrand) ordenaba el cierre de Radio Euzkadi, cediendo a las presiones franquistas. Solo más tarde sus emisiones serían retomadas desde Venezuela.

Pese a que Aguirre trataba de mantener su proverbial optimismo, la palabra crisis estaba en boca de todos los dirigentes del PNV. Apagadas las expectativas de un regreso a una Euskadi en libertad, algunos abandonaron la actividad política. En septiembre de 1953, Monzón dimitió como consejero del Gobierno, en desacuerdo con la decisión jelkide de seguir apoyando a la República en vez de a Don Juan. Sus «convicciones tan opuestas a la línea política del PNV en estos últimos años» le impedían seguir perteneciendo al ejecutivo de Aguirre, aunque continuó como afiliado al partido (un afiliado acostumbrado a ir cada vez más por libre) hasta la Transición. Tras seguir varios años apoyando la vía monárquica, aún tendría tiempo de dar otro bandazo. Pero, para evitar el desánimo de los militantes, su dimisión no se hizo pública hasta tres años más tarde. En el interior, la sociedad vasca estaba cada vez más acomodada al franquismo. Landáburu achacaba este hecho a que la «nueva burguesía vasca» solo se preocupaba del desarrollo económico: «No podemos hacer nada contra ella porque nuestros amigos más cercanos participan en ese estado de cosas y hasta lo fomentan».

Ante esta crisis generalizada, y dado que tampoco las relaciones con Estados Unidos habían dado ningún fruto práctico, los nacionalistas se aferraron como apuesta de futuro al movimiento europeísta y a la democracia cristiana internacional. Ya en 1947 el PNV participó en la constitución de los NEI (Nouvelles Équipes Internationales), reconvertidos en 1965 en la Unión Europea de Demócratas Cristianos, que se amplió después a nivel internacional. Ajuriaguerra recalcaba que el PNV no podía «desaprovechar esta ocasión» y en efecto la delegación compuesta por Landáburu y Rezola consiguió que los jeltzales aparecieran «como fundadores de esa entidad», cuando ningún partido democristiano español formaba parte de la misma. Es cierto que el propio Landáburu reconocía que al principio su «labor práctica» fue «nula», pero lo importante era que en Europa se estaba «conociendo a nuestro pueblo» y se estaban creando «relaciones que en algún momento pueden resultar muy interesantes». En las siguientes décadas, el PNV continuó codeándose con los grandes líderes de la democracia cristiana internacional y desde 1990 se integró en el grupo democristiano del Parlamento Europeo, del que también formaba parte el Partido Popular de José María Aznar. Sin embargo, la posterior crispación entre el PP y el PNV traspasó las fronteras y en 2000 Aznar consiguió que la Internacional Demócrata Cristiana expulsara de su seno al PNV. Para este, ver cómo la maniobra de un recién llegado lograba echar por tierra una de las señas de identidad más queridas de la historia del partido supuso un amargo trago.

Los democristianos apoyaron desde el principio la idea de una Europa unida, enraizada en su común historia cristiana, que sirviera para superar las guerras que habían asolado el continente. Esta idea se concretó en la Conferencia de La Haya de 1948, que dio lugar al Movimiento Federal Europeo. Aguirre y Landáburu asistieron al mismo en calidad de observadores, pero allí mismo se encontraron con el problema de que el Movimiento Europeo se constituyó basado en entidades estatales. Los nacionalistas vascos no tuvieron más remedio que ceder e impulsar la creación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, un organismo plural, creado en 1949. Presidido por el liberal Salvador de Madariaga, aunque con Irujo y Lasarte en cargos de responsabilidad, era el modo en que el PNV podía seguir presente en Europa. Empero, a los sectores más ortodoxos del partido les pareció que era un ente «castizamente hispano», en el que el PNV no debía entrar: «No interesa construir Europa y destruir Euzkadi».

Lasarte replicó que lo importante era hacer una política «antifranquista» y promover «el federalismo entre los españoles, para que se consagren los derechos de los pueblos». Tal y como escribía Landáburu en 1956, Europa era una manera de saltarse a España para afirmar la personalidad vasca en una futura «Europa de los pueblos», cuya misión era evitar los totalitarismos y «salvar los valores humanísticos que ha heredado». No obstante, el propio Landáburu era consciente de que la Europa que se estaba empezando a construir —concretada en el tratado de Roma de 1957, que dio origen a la actual Unión Europea— no lo estaba haciendo sobre los pueblos sino sobre los Estados, con el peligro de terminar convirtiéndose en un «súper-Estado». Ya antes había señalado —quizá proféticamente— que, «si el corazón está ausente, la Europa no será más que una abstracción, aceptada por sociólogos y políticos, pero indiferente a las masas».

Buscando revitalizar el antifranquismo vasco y de resaltar su unidad, Aguirre convocó en París en 1956 el Congreso Mundial Vasco, en conmemoración del vigésimo aniversario de la constitución de su Gobierno durante la Guerra Civil. El Congreso —en el que presentaron ponencias representantes del exilio europeo y americano, y en menor medida del interior— puede considerarse un éxito. Pese a que hubo críticas aisladas al Gobierno vasco, quedó de manifiesto la buena salud del ejecutivo de Aguirre, en comparación con el Gobierno de la República o con la Generalitat catalana. Sin embargo, significó el último episodio de una época que llegaba a su fin. En 1958, Landáburu reconocía que los jelkides estaban «perdidos en el espacio como un “robot” americano. Se me están derrumbando todas las ilusiones mantenidas durante tantos años y en tiempos que parecían más catastróficos. No hemos sabido hacer nada contra Franco, nada que fuese eficaz, y ni siquiera sabemos ahora esperar, aprovechando ese plazo para mantener nuestras características nacionales». Esta sensación se trocó en llanto y «angustia» cuando, en marzo de 1960, falleció en París inesperadamente el lehendakari Aguirre, símbolo de la lucha de Euskadi por su libertad desde 1936. Un año antes, en julio de 1959, había nacido una organización que iba a cambiar para siempre la historia del nacionalismo vasco y cuyas meras siglas no necesitan presentación: ETA.

CAPÍTULO 6

¿Lo viejo y lo nuevo? (1959-1975)

Entre el nacimiento de ETA y la aprobación del Estatuto vasco actualmente vigente pasaron veinte años. Años que vieron transcurrir acontecimientos de muy distinto signo: el final de una dictadura y la transición a una democracia, cambios sociales en el interior, viejos protagonistas que bastante hacían con aguantar el tirón en el exilio y nuevos movimientos que introdujeron cambios ideológicos en el nacionalismo, pero sobre todo unos métodos desconocidos hasta entonces. Una etapa marcada por el turning-point que supuso la muerte de Franco en 1975. Hasta entonces, la dictadura franquista —aun habiendo evolucionado con respecto al modo en que esta actuó en la inmediata posguerra— siguió marcando la vida diaria del nacionalismo vasco; o mejor de los diferentes grupos nacionalistas. Y es que, si en los capítulos anteriores esta historia casi se ha identificado con la del PNV, a partir de esta etapa el nacionalismo vasco iba a mostrar caras muy diferentes, aunque todas defendieran la misma patria.

Cerramos este capítulo en 1975 cuando, ante la posibilidad de construir un régimen democrático para España y recuperar el autogobierno vasco perdido en 1937, el tiempo histórico volvió a acelerarse, al igual que había sucedido en los años treinta. En poco tiempo se legalizaron los partidos y los sindicatos, se celebraron elecciones libres y Euskadi obtuvo un nuevo Estatuto de autonomía, muy superior al de 1936. Tal y como veremos en el Epílogo del libro, en 1979 el PNV viviría un momento de gloria similar a los de 1917-1918 o 1933, con la diferencia de que en esta ocasión sus éxitos electorales vinieron acompañados de la obtención de la autonomía. Pese a todo, a algunos el cambio no les pareció suficiente y siguieron atacando violentamente a la democracia, aún con más crudeza que lo habían hecho al régimen de Franco.

Mantener la llama sagrada

Como veremos enseguida, según avanzaba la década de 1960 el mayor activismo dentro de la oposición nacionalista al franquismo correspondió a ETA. Sin embargo, ello no significa que el PNV no tratara de preservar sus estructuras y de mantenerse activo. No lo tuvo fácil, porque el paso del tiempo jugaba en su contra, ante la aparentemente buena salud de Franco y de una dictadura que ya solo moriría con él. Por eso, la labor jeltzale en esta etapa fue más de mantenimiento que de acción: si conseguía que el Gobierno vasco, que el PNV sostenía contra viento y marea, sobreviviera a Franco, aunque su operatividad real en los años finales del exilio fuera mínima, habría ganado una batalla simbólica. Más aún si comparamos al Gobierno vasco con el republicano en el exilio, que no tenía ya ninguna representatividad; o con el caso catalán, donde Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat, ni siquiera contaba con un gabinete que le sustentara.

En marzo de 1960, la repentina defunción del alma del Gobierno vasco sumió a muchos exiliados en una sensación de orfandad y desánimo. El líder socialista Indalecio Prieto, muerto solo dos años después de Aguirre, escribió: «La inesperada y triste noticia del fallecimiento de José Antonio me sobrecogió, dilatando una llaga que nunca podrá cerrárseme […]. ¿Cómo reemplazar a José Antonio? Nadie en el Partido Nacionalista Vasco, ni en los demás partidos de la región, reúne sus dotes excepcionales». Jokin Inza, dirigente nacionalista vasco en Venezuela, expresaba así sus sentimientos: «Me siento como si me hubiesen vaciado todo lo que tengo dentro de la piel. Les aseguro que es la peor noticia que he recibido en toda mi vida. Y… ¿ahora qué pasará?».

La única forma de paliar esa tristeza era proceder cuanto antes a la sustitución de Aguirre. Recalcando que se buscaba a alguien que diera continuidad su obra, el elegido fue Jesús María Leizaola, que hasta entonces ejercía el cargo de vicelehendakari. Según algunos autores, su elección habría sido una imposición del dirigente del PNV Juan Ajuriaguerra, que tras la muerte de Aguirre se apresuró a llegar a la sede del Gobierno vasco en París. Allí, acercándose a Leizaola, «al tiempo que hacía un amago de abrazo, pronunció bien alto, para que lo oyeran todos los presentes: “¡Egunon, lendakari!” (Buenos días, presidente). Acaba de ser entronizado el nuevo presidente del Gobierno». Sin embargo, este episodio más bien parece una leyenda urbana, que busca destacar la fuerte personalidad de Ajuriaguerra y el control que el PNV ejercía sobre el ejecutivo vasco. En efecto, hoy sabemos que todos los partidos que formaban el Gobierno, reunidos en Bayona cinco días después de la muerte de Aguirre, aprobaron el nombramiento de Leizaola, que fue también apoyado por los sindicatos vascos antifranquistas. El 28 de marzo, el nuevo lehendakari juraba su cargo en el cementerio de San Juan de Luz, ante el féretro de su antecesor: «Asumo las funciones que te fueron encomendadas como presidente, las cuales, poniendo sin reservas mi voluntad y esfuerzo, cumpliré siguiendo tus enseñanzas y tu ejemplo, y seré fiel a ellas y al pueblo vasco como hasta la muerte lo has sido tú, con tanta ejemplaridad y celo». Haciendo la escena aún más trágica, una persistente lluvia acompañó al acto. Todavía hoy se conserva el papel con el texto que Leizaola utilizó para jurar allí mismo como presidente vasco, con la tinta corrida por las gotas de lluvia.

Era todo un símbolo de la continuidad que caracterizó al ejecutivo de Leizaola, pero también de las dificultades que este iba a tener para que la herencia de Aguirre no quedara desdibujada, como lo está hoy ese documento, custodiado en el Archivo del Nacionalismo Vasco. Los mismos partidos y, en parte, las mismas personas se mantuvieron en el Gobierno en los años siguientes, aunque se fueron renovando los componentes que iban falleciendo en el exilio. Así, por parte jeltzale, Francisco Javier Landáburu entró en el gabinete como vicepresidente en 1960, pero murió tres años después, siendo sustituido por Joseba Rezola. Cuando este falleció, el PNV designó consejero en 1972 a Martín Ugalde, que a su vez sería sustituido tres años más tarde por Mikel Isasi. Por su parte, el PSOE vio disminuir su peso relativo en el Gobierno, al contar ya desde 1952 solo con un consejero: el mismo número con el que contaban partidos mucho más pequeños, como los republicanos y ANV. El representante de este último grupo seguía siendo el incombustible Gonzalo Nárdiz que, junto a Leizaola, fue el único que estuvo en el Gobierno desde 1936 hasta su disolución en 1979. Empero, la estabilidad del ejecutivo —alejada de la desunión de buena parte del exilio español— ocultaba su debilidad. Es cierto que en el Gobierno vasco apenas se produjeron problemas internos en esta etapa, pero dos de los partidos que lo componían (ANV e Izquierda Republicana) eran muy minoritarios, llegando a ser casi partidos fantasmas. Los únicos que sostenían de veras a Leizaola eran el PNV y el PSOE.

En la práctica, el Gobierno vasco asumió en los últimos lustros del franquismo un papel casi testimonial, manteniendo encendida a duras penas la llama prendida en Guernica en octubre de 1936. Su actividad se reducía a seguir sosteniendo unos cuantos órganos de propaganda (como los Euzko Deya o el boletín OPE), a organizar actos conmemorativos en París o en el País Vasco francés (con motivo del Aberri Eguna o del aniversario del bombardeo de Guernica), a difundir cada Navidad los mensajes anuales del lehendakari y a relacionarse políticamente con las comunidades vascas en América, con el exilio español y con el Movimiento Europeo. La labor del Gobierno, más que de oposición activa contra la dictadura, fue por tanto durante la etapa de Leizaola institucional y simbólica. Aunque externamente nunca lo reconocían, en cartas e informes privados los propios jeltzales manifestaban la situación «penosa, casi miserable» o «angustiosa e insostenible» de un Gobierno en «estado cataléptico».

Esta diferencia entre la etapa del primer lehendakari y la de Leizaola se debe en parte a su carácter casi opuesto. Se ha dicho que Aguirre era carismático, buen orador y simpático; Leizaola, más callado y trabajador en la sombra, aunque extraordinariamente leal. Pero solo estas diferencias personales no explican el cambio de rumbo del Gobierno vasco a partir de 1960. Hay que tener en cuenta otros elementos, como el contexto en que se desarrolló el mandato de Leizaola. Por un lado, la situación internacional, con la Guerra Fría estabilizada, permitió al régimen franquista asentarse en el concierto internacional, lo que dejaba menos posibilidades de acción real a la oposición. Por otro, los cambios en el interior, de los que luego hablaremos, dieron lugar a nuevos movimientos, que no necesitaban el patrocinio del Gobierno vasco, al que empezaban a ver como un símbolo sí, pero anquilosado e ineficaz. Por último, el paso del tiempo provocó un cansancio aún mayor entre los exiliados, muchos de los cuales se integraron en sus países de acogida, mientras otros volvían a la España de Franco. Así lo reconocía gráficamente un informe del Centro Vasco de Caracas: «A la manera como se puede hacer correr a un caballo con una zanahoria atada a una distancia fija delante, pero de la misma manera como el caballo se cansa de correr por algo que no acaba de alcanzar, hay en nuestra gente una decepción y un cansancio grandes que son difíciles de reponer». Y, por si fuera poco, algunos de los exiliados se quejaban de que sus dirigentes solo les recordaban «para pedirnos dinero».

Es cierto que tanto el PNV como el Gobierno vasco intentaron reaccionar ante esta situación de atonía que podía tornarse agónica. Así, a pesar de que Leizaola tuvo que hacer recortes económicos, por carecer de recursos suficientes para mantener intacta la estructura gubernamental, su objetivo estaba claro. Quería demostrar que su Gobierno seguía siendo un «instrumento eficaz en la lucha por la libertad de nuestro Pueblo». Pero sobre todo había que mantenerlo como fuera, porque «guardar el Gobierno es conservar una baza de mucho valor en esa carrera hacia la libertad», que todo el mundo esperaba tras la muerte de Franco. Además, desde 1964 comenzó a convocarse un Aberri Eguna clandestino en el interior, tratando de recuperar las acciones de la posguerra. En el marco de esta estrategia cobró gran importancia simbólica la visita clandestina relámpago de Leizaola a Guernica en 1974, con motivo del Aberri Eguna. El lehendakari cruzó la frontera en coche por Ibardín (Navarra), con el pasaporte de un agente de aduanas de Hendaya que había fallecido poco antes y que tenía familiares jeltzales. En los dos días que duró su viaje visitó la basílica de Begoña, el cementerio de Pedernales (donde había estado enterrado Sabino Arana) y finalmente Guernica, donde se habían concentrado un centenar de afiliados del PNV, que desconocían quién iba a acudir a presidir allí el Día de la Patria Vasca de ese año. En previsión de cualquier eventualidad, un coche esperaba dispuesto a arrancar de inmediato y sacar al lehendakari de allí, pero al final no fue necesario.

Las publicaciones del exilio difundieron fotografías de lo que suponía una victoria propagandística: cuando la vida de Franco estaba apagándose, el Gobierno vasco seguía junto al árbol de Guernica, en el mismo lugar donde, 37 años antes, el primer lehendakari había jurado defender la libertad del pueblo vasco. El modo en que se realizó este viaje ha dado lugar a ciertas polémicas, pues para algunos no habría sido una «visita clandestina, sino autorizada», tal y como tituló el diario falangista Pueblo. Según esta versión, las autoridades franquistas habrían preferido hacer la vista gorda para evitar darle más publicidad. También Abc publicó un artículo titulado «Leizaola, cabeza del fantasmal “Gobierno de Euzkadi”, ha visitado España», en el que daba a entender que era solo un primer paso para su regreso definitivo, pactado con el régimen, «para que pudiera ver transcurrir sus últimos días en España, gozando de las muchas maravillas de su tierra natal. Era este, al parecer, un deseo que los años iban convirtiendo en acuciante obsesión en la mente del anciano señor Leizaola, en momentos en que las viejas heridas empezaban a restañarse». El diario monárquico añadía que el presidente había podido «realizar una visita espiritual al viejo árbol que se levanta en la plaza de Guernica, símbolo de todas las virtudes de esa raza de españoles que pueblan y honran el Norte de nuestra Península».

Para enmarañar aún más las cosas, Abc señalaba la «coincidencia» en Bilbao de Leizaola y del comisario general de Investigación Social, aunque ello no significaba que, «necesariamente, hayan celebrado las entrevistas que se supone han tenido lugar en cualquier punto de aquella bonita geografía». Por último, el diario madrileño añadía que algunos exiliados acusaban a Leizaola de haber «claudicado» ante Franco. En este caso, la información era cierta, pues los sectores próximos a ETA coincidieron con la prensa franquista al desacreditar el gesto simbólico de Leizaola. Por el contrario, las publicaciones jeltzales, como Euzkadi de Caracas, destacaron el «gesto gallardo y lleno de coraje» del lehendakari que, «en obvia exposición de su vida, cruza el rostro infame del franquismo con el guante de su gesto viril». De esta forma, daba una lección no solo a la opresión «hispano-totalitaria» sino también «a los pseudo-liberadores de extrema izquierda y de reciente data, que pretenden detentar en exclusiva la causa de la libertad patria».

En efecto, como luego veremos, el surgimiento de ETA había puesto en duda la legitimidad del Gobierno vasco, al que la nueva organización consideraba un ente caduco, que no representaba a la nueva generación de jóvenes vascos y que era incapaz de precipitar la caída de la dictadura. Además, según ETA, el Gobierno tenía un pecado original añadido: el haber sido creado por la República y, por tanto, ser un instrumento españolista, como lo demostraría la presencia en el ejecutivo de socialistas y republicanos. En este contexto se reavivó la reivindicación de un Frente Nacional vasco, que ya había propuesto Jagi-Jagi en la etapa republicana. La campaña para expulsar a los socialistas y sustituir al Gobierno vasco por un ente exclusivamente nacional y desvinculado por completo de España, orquestada por ETA, sedujo a los sectores más radicales del PNV: entre ellos había un buen número de jóvenes cautivados por el activismo etarra, pero también militantes del interior, e incluso veteranos dirigentes como Telesforo Monzón, que había abandonado su anterior monarquismo para convertirse en cabeza visible del independentismo jelkide y del acercamiento entre el PNV y ETA. El exconsejero estaba cada vez más apartado de un partido «colaboracionista y servil», del que sin embargo seguía siendo afiliado, a pesar de pensar que «el Partido se está suicidando».

Frente a Monzón, Irujo defendía la opción opuesta, abogando por «mantenernos en nuestras posiciones, que serán las que a la larga han de triunfar». El PNV se vio obligado a elegir entre mantener su pacto con los socialistas o romper con la historia y aliarse con ETA en un Frente Nacional. De haber elegido esta última opción, habría sido el final de un ciclo de colaboración entre fuerzas nacionalistas y no nacionalistas, sustituida por una alianza exclusiva abertzale, con las consecuencias que esto hubiera tenido en la Transición. Pero finalmente, todos los partidos del Gobierno firmaron en 1971 una declaración de «pleno apoyo» a Leizaola, como «único representante legítimo» del pueblo vasco. Era un jarro de agua fría al Frente Nacional, aunque los no nacionalistas admitían que en el futuro Euskadi podría ejercer su «derecho de autodeterminación», una vez recuperada la libertad en España.

Especial trascendencia tuvo en estos años la labor de propaganda de Radio Euzkadi en Venezuela (1965-1977), sucesora de la emisora del mismo nombre del País Vasco francés, cuyas emisiones en onda corta posibilitaban su audición en el interior. Gestionada por EGI de Caracas, Radio Euzkadi emitía programas de media hora desde Santa Lucía, en el Estado de Miranda. Según recuerda Iñaki Anasagasti, «los programas se componían de un editorial, una reflexión en euskera y otra en castellano y las noticias que conseguíamos por cartas, informaciones de agencias, publicaciones y llamadas». Marinos vascos informaban de su escucha por medio mundo, superando las dificultades técnicas… y políticas: en una ocasión, Radio Euzkadi ocupó el dial de La Voz de la Libertad (la emisora de propaganda norteamericana para el bloque del Este), lo que provocó una llamada de atención desde la Embajada de Estados Unidos y un cambio de frecuencia. Más difícil era superar lo que los que hacían Radio Euzkadi llamaban «la cotorra franquista»: «una potente interferencia que la manipulaba una brigadilla del ejército que nos dijeron funcionaba desde Artxanda». A veces, tal y como cuenta Gerardo Bujanda, uno de sus colaboradores en el interior, «resultaba complicadísimo sintonizarla», pero siguió funcionando hasta que en la Transición no fue necesaria y en 1977 se pudo prescindir de ella.

Además de sostener con fuerza al Gobierno vasco, el PNV siguió empeñado en mantenerse él mismo en la mejor forma posible, pese a las muchas dificultades que debía afrontar, tanto dentro como fuera del país. Desde principios de la década de 1960 algunas Juntas del partido en el exilio habían pedido al EBB «un mayor dinamismo», que permitiera salir de «la pasividad en la que la organización patriota vive». En alusión a ETA, este análisis concluía que, si el PNV no mostraba «la capacidad necesaria para ocupar nuestro puesto, estamos llamando a quien nos sustituya». Pero, todavía en 1970, el EBB reconocía que en el interior, solo en Vizcaya el partido contaba con una organización fuerte. Por el contrario, en Guipúzcoa el PNV «no representa absolutamente nada en el interior, ya que carece de organización, cuadros y afiliados, por una parte, y de prestigio por otra». Si en esta provincia sus dirigentes lo calificaban como «un ser agonizante y prácticamente ya cadáver», la situación era aún peor en Álava, donde «el Partido no existe».

Tratando de salir de este letargo, el PNV se propuso mejorar su organización y propagar sus ideas entre los jóvenes. Al igual que hicieron otros partidos, como el PSOE (que en el Congreso de Suresnes de 1974 dio el paso a una dirección joven, liderada por Felipe González), también el PNV desplazó en el tardofranquismo su centro de gravedad desde el exilio al interior. En las nuevas circunstancias, era aquí —y no en los organismos anquilosados del exterior— donde había que estar preparados para lo que vendría después de la muerte de Franco. Así, a partir de 1971 la dirección real del partido dejó de estar en el País Vasco francés para concentrarse en el EBB del interior, donde se agruparon una serie de dirigentes jóvenes, como Luis María Retolaza, Mikel Isasi, Xabier Arzalluz, Joseba Leizaola o Sabin Zubiri. Entre los veteranos, hubo quien consideró esta renovación algo «inadmisible, cosa descabellada, hiriente y ofensiva para los que están trabajando desde hace 35 años las 24 horas del día en pro del Partido». Había quien pensaba que la «gloriosa historia» del PNV, representada por los líderes de la generación de 1936, había sido «pisoteada y denigrada». Sin embargo, la mayor parte de los viejos líderes mantuvieron su absoluta lealtad al partido y aceptaron el nuevo liderazgo —en palabras de Ajuriaguerra—, «con el mismo entusiasmo que hemos estado hasta ahora».

Otra opción fue tratar de aprovechar los resquicios aperturistas del régimen en los años sesenta para que afiliados o simpatizantes jeltzales se infiltraran en órganos oficiales franquistas. Posiblemente, esto fue en parte lo que se intentó en las elecciones municipales de Vitoria por el tercio familiar de 1963, cuando desde el Secretariado Social Diocesano se presentó una candidatura social. Un miembro de la Hermandad de Alféreces Provisionales (guardiana de las esencias del franquismo) publicó un artículo en un periódico local, denunciando el hecho como una «maniobra política […] separatista». También la prensa del PNV reconoció después de los comicios que era una candidatura «nacionalista vasca», aunque posiblemente en ello había algo de exagerado. Una nota interna de la policía aseguraba que los candidatos sociales se reunían en el santuario de Estíbaliz con sacerdotes opuestos al régimen (entre los que se citaba al futuro obispo de San Sebastián, José María Setién). La policía añadía que en el santuario se había celebrado el triunfo de la candidatura, por la «lección [que] ha dado de organización y de fuerza, alcanzando el doble de la votación de la Candidatura del Régimen».

En 1966, la Sociedad de Amigos del País de Pamplona (una entidad cultural legal, creada en 1960 y que en realidad era una tapadera de la organización del PNV en Navarra) presentó tres candidatos por el tercio de entidades para la elección de concejales en el Ayuntamiento de Pamplona. Al final, el gobernador civil no admitió la candidatura, pero en 1974 la Sociedad repitió la operación —esta vez con éxito—, al presentar y salir elegido el miembro del NBB clandestino Carlos Clavería como miembro del Consejo Foral de Navarra, un ente asesor de la Diputación franquista.

Paradójicamente, el acto más sonado de oposición al franquismo protagonizado en esta etapa por un miembro del PNV fue una iniciativa personal, sin ningún tipo de respaldo por parte del partido, aunque este le consideró un «mártir de la causa vasca». Su protagonista fue Joseba Elósegui, un antiguo oficial de gudaris que había sido testigo del bombardeo de Guernica y que, como venganza porque «el símbolo de las libertades vascas había sido destrozado por el fuego», quería «llevar el fuego de Guernica ante Franco, porque ese fuego es suyo». Su objetivo no era matar a Franco: «Solamente quiero ver el terror expresado en sus ojos». Y qué mejor forma de hacerlo que imitar «el gesto de aquellos bonzos budistas que para protestar contra las injusticias de que el pueblo era víctima se prendían fuego públicamente». En efecto, en septiembre de 1970 Elósegui trató de quemarse a lo bonzo, a la vez que gritaba «¡Gora Euskadi askatuta!» («¡Viva Euskadi libre!»), mientras Franco presenciaba el Campeonato Mundial de pelota vasca en el Frontón Anoeta de San Sebastián: «Cuando entraba la delegación chilena, cayó desde la galería un hombre con una ikurriña y envuelto en llamas. Uno de los pelotaris de este equipo, con su chaqueta le apagó las llamas». Elósegui estuvo más de quince días hospitalizado y fue condenado a siete años de cárcel, de los que cumplió tres. Según algunos testigos, el fuego se apagó enseguida y el dictador apenas se enteró; por el contrario, otros señalan que Franco reconoció «haber recibido un susto mortal». En cualquier caso, no era un tipo de protesta identificada con la estrategia política de su partido, sino más bien algo propio de «un romántico», acostumbrado a ir por libre. En 1984, siendo senador por el PNV, Elósegui sustrajo del Museo del Ejército de Madrid la ikurriña de un batallón jeltzale, que se exhibía junto a otras «enseñas del bando republicano durante la guerra de liberación». El suplicatorio para juzgarle por hurto fue desestimado, debido a «la finalidad política» del hecho de que se le acusaba. Hasta su muerte en 1990, el antiguo gudari fue además siempre muy crítico con el terrorismo de ETA.

Por último, el PNV siguió intentando estar presente en el mayor número posible de ententes antifranquistas, como la Unión de Fuerzas Democráticas (1961) o la Plataforma de Convergencia Democrática (1975). Según Irujo, «la solidaridad de los demócratas españoles constituye un capital que debemos procurar conservar, fortalecer y si es posible incrementar». Sin embargo, ello le obligaba a guardar un difícil equilibrio, pues al mismo tiempo no quería aparecer —en especial, a los ojos de ETA— como un partido español más. Por ejemplo, el PNV rechazó volver a entrar en el Gobierno republicano en el exilio, a pesar de los diversos ofrecimientos que se le hicieron en este sentido.

También su relación con los monárquicos fue ambigua y dio lugar a encendidos debates internos. En principio, el PNV no descartaba esta vía, siempre que la futura Monarquía democrática admitiera el «derecho de autodeterminación del pueblo vasco y como régimen transitorio el estatuto de autonomía». Así, en 1967 los dirigentes jeltzales Julio Jáuregui y Francisco Basterrechea se reunieron en Bidart, en el País Vasco francés, con el mismo Don Juan de Borbón, quien les aseguró: «los derechos políticos y sociales del País Vasco serán respetados». Los contactos fueron apoyados por Leizaola, Lasarte y Monzón pero no por Irujo. A este, los símbolos monárquicos le producían sarpullidos, al recordar a los vascos que habían dado «su vida a los gritos de Gora Euzkadi, Viva la República, ante los pelotones de ejecución que desfilaban ya en aquel entonces, como ahora, a los acordes de la Marcha Real». Además, el veterano jelkide navarro pensaba que don Juan no tenía «ninguna probabilidad», pues Franco iba a «terminar poniendo en el trono a Juan Carlos». Ante esta realidad, unida al desprestigio del Gobierno republicano en el exilio, que ya no contaba con ningún apoyo real, las alusiones explícitas a la República, constantes en la etapa anterior, desaparecieron de los manifiestos del PNV. Junto a otros partidos, comenzó a defender genéricamente «un régimen democrático», que garantizara la libertad vasca, sin dar trascendencia a la disyuntiva entre República o Monarquía.

Lo mismo sucedía a nivel internacional. Los contactos con Estados Unidos, que en esta época dirigió Pedro Beitia, delegado vasco en Washington, se redujeron a la mínima expresión y se centraron más en el ámbito privado que en contactos oficiales con el Departamento de Estado. Así, fue en esta época cuando hubo una relación más estrecha con políticos de Idaho (uno de los Estados con más población de origen vasco), como el demócrata Frank F. Church o el republicano Peter T. Cenarrusa. Este último promovió varios acuerdos de las instituciones de Idaho a favor de los derechos del pueblo vasco. Por ejemplo, Cenarrusa fue decisivo en la polémica decisión tomada por el Congreso y el Senado de dicho Estado ya en 2002, en la que, sin mencionar a ETA, Idaho hacía «un llamamiento al cese de toda violencia dentro de la patria vasca y sus proximidades, y a que se inicie inmediatamente un proceso de paz». Además, declaraba: «el Estado de Idaho apoya el derecho de los vascos a la autodeterminación», lo que fue considerado por el Gobierno español como una injerencia en sus asuntos internos y como «un disparate histórico y político». Por el contrario, el entonces lehendakari, el jeltzale Juan José Ibarretxe, envió una carta a los presidentes de ambas Cámaras, agradeciendo la iniciativa. En teoría, la decisión iba a ser trasladada desde Idaho al presidente de Estados Unidos, George Bush, al Senado norteamericano y a los presidentes de España y Francia, que como es lógico —si llegaron a recibirla— hicieron caso omiso de la misma.

Más importante fue la participación del PNV en la Unión Internacional de Demócratas Cristianos, aunque también aquí hubo problemas porque, según reconocía Irujo, «en lo internacional nos encontramos con que hay un hueco para España y no para Euzkadi». De hecho, hubo que vencer reticencias mutuas entre Gil Robles y los jeltzales para constituir en 1965 un Equipo Democristiano del Estado Español, único modo de encajar los diversos grupos demócrata-cristianos de la Península en la organización internacional. Algo semejante sucedió en el Movimiento Europeo, cuyo hito principal en esta etapa fue el denominado por el franquismo Contubernio de Múnich, de junio de 1962. En esta cumbre a favor de la democracia en España participaron destacados líderes del PNV, que cada vez eran más conscientes de que la realidad llevaba a olvidarse de aventuras independentistas. Así, uno de los representantes jeltzales, Jesús Solaun, comentaba después que, al no verse «hoy factible ir directamente a una Europa de los Pueblos, el Partido ha laborado y labora en pro de una Europa de los Estados; y lo hace con la esperanza de que sea esta un importante paso para llegar a la anterior». Irujo añadía: «si pedimos aduanas en el Ebro, nos contestarán los países europeos, que lo que ellos tratan es de quitarlas en todas partes. Por eso no considero recomendable una actitud separatista». De hecho, el propio Irujo ocupó entre 1973 y 1976 el cargo de presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Era la primera vez que un jeltzale presidía un organismo «genuinamente español», pero significativamente nadie en el PNV alzó la voz contra esta decisión. Y es que el partido se preparaba a afrontar los acontecimientos que llegarían tras la muerte de Franco con un baño de realismo, dejando a un lado proyectos utópicos.

Algo se mueve en el alma

Como ya hemos adelantado, en los últimos lustros del franquismo el desarrollo económico español, el crecimiento del nivel de vida —especialmente visible en el País Vasco— y los cambios sociales producidos en esta etapa, incluyendo la llegada de nuevas oleadas de inmigrantes procedentes de otras zonas de España, parecían favorecer la consolidación de la dictadura. Así lo reconocía el propio Leizaola: «Nuestros compatriotas se preocupan de su trabajo, de sus negocios, de su vida familiar […]. Las inquietudes políticas, es decir, para nosotros, las inquietudes patrióticas, son, generalmente, casi nulas». La crisis general de la oposición antifranquista procedente de la Guerra Civil desactivó en parte la fuerza de los actos directamente políticos contra el franquismo. Paralelamente, la acomodación de buena parte de la población al régimen hizo que este pudiera permitirse el lujo, si cabe hablar así, de una tenue apertura, aligerando parcialmente la represión al sentirse más seguro que en la posguerra. Por el contrario, en su lustro final (ante ETA y otros problemas) volvió a incrementarse la acción del aparato represivo de la dictadura.

Sin embargo, además de la acción de ETA, había otras formas de mantener las constantes vitales del nacionalismo vasco. Para empezar, el sentimiento identitario se transmitía muchas veces de padres a hijos en el interior del núcleo familiar, del mismo modo que sucedía en las cuadrillas o grupos de amigos. De esta forma, se aseguraba una continuidad de la identidad nacional, que explicará en buena medida el éxito social y electoral del nacionalismo vasco a partir de 1977, así como el hecho de que el mapa político electoral de la Transición casi calcara a veces los resultados de los comicios de la Segunda República.

Por otro lado, fue apareciendo en el interior una nueva oposición, a veces más social y cultural que política, aunque en el contexto de la dictadura, todo era política. En un momento en que cualquier actividad ajena a la cultura oficial, y más si era de carácter vasquista, podía considerarse como una forma indirecta de oposición al régimen, surgieron iniciativas que, sorteando las dificultades impuestas por el franquismo y apoyándose muchas veces en instituciones eclesiásticas, llevaron a cabo una importante renovación cultural. Este tipo de actividades aprovechaban la relativa permisividad del régimen, en una coyuntura muy distinta del control absoluto de la posguerra. Así, la propia policía reconocía en 1965 que en Vitoria los nacionalistas, «en los centros sociales y culturales, pronuncian conferencias y organizan coloquios; disponen de clubs de montañismo, natación, organizaciones folclóricas y emisiones de radio. En una palabra, la actividad social de Vitoria está acaparada por el separatismo, que centraliza todas las actuaciones contrarias al Régimen».

Para el nacionalismo vasco había llegado la hora de ensayar una estrategia hasta cierto punto semejante a la de la Dictadura de Primo de Rivera. Ahora que el régimen había abierto suficientemente la mano, se trataba de volver a sembrar cultura e identidad vasca, a la espera de recoger los frutos tras la muerte de Franco. De este modo, un control político de las actividades vasquistas era compatible con una permisividad de las iniciativas culturales de ese cariz, a veces incluso propugnadas por determinados sectores del régimen. Ya un informe del Consulado de Estados Unidos en Bilbao, fechado en 1956, indicaba: «las autoridades continúan siendo menos opuestas al uso de la lengua vasca que lo eran hace unos pocos años». En la práctica, a partir de 1960 tuvo lugar una auténtica eclosión de la cultura en euskera, que nada tenía que ver con la situación de la posguerra.

Así, cuando en 2006 la ikastola Lauro, situada en la localidad vizcaína de Loiu, celebró el cuarenta aniversario de su inicio como centro educativo legal, hubo quien echó cuentas y llegó a la conclusión de que debía haber un error de cálculo en las fechas. De ser cierto, eso significaba que la ikastola había nacido en 1966, es decir, «cuando el euskera estaba prohibido por Franco». Pero no, no se trataba de un error: la entonces denominada ikastola Resurrección María de Azkue había nacido en Bilbao en 1957 y nueve años después consiguió ser reconocida como centro escolar homologado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En 1973 tenía ya 599 estudiantes y seis años después —cuando ya contaba con 1.385 alumnos— accedía a la universidad la primera promoción que había cursado todos los estudios previos en euskera.

En realidad, siguiendo la estela de las escuelas vascas previas a la Guerra Civil, ya había surgido alguna ikastola en la posguerra, sobre todo en Guipúzcoa. Su promotora fue la militante jeltzale Elvira Zipitria, que fue a su vez maestra de muchas futuras profesoras, reclutadas entre antiguas militantes de Emakume Abertzale Batza o en familias nacionalistas. Pero al principio eran clases clandestinas, en pisos particulares, con grupos pequeños, que atendían exclusivamente a niños de tres a nueve años.

En Bilbao, la ikastola Azkue había nacido camuflada como una catequesis en la parroquia de San Nicolás. La oposición del Obispado hizo que se trasladara enseguida al convento de los Franciscanos del barrio de Iralabarri, donde permaneció hasta que un inspector de Enseñanza visitó por sorpresa la catequesis-ikastola y decretó su cierre. Las profesoras y el representante de los padres (que era el futuro líder jeltzale Sabin Zubiri) fueron llevados ante el juez, ante el que alegaron que se trataba de una mera catequesis autorizada por la diócesis. Dado que esto no era cierto, en principio el obispo negó tener conocimiento de la existencia del centro, pero finalmente apoyó a los padres y los defendió ante las autoridades. A raíz de este incidente, entre 1960 y 1965 la ikastola se reubicó en casas particulares. Al mismo tiempo, iban surgiendo otros centros semejantes en pueblos de Vizcaya, casi todos ellos en catequesis parroquiales.

En 1965, una ley estatal estableció la obligatoriedad del libro de escolaridad, donde debían anotarse todos los pasos dados por cada estudiante. Esta norma obligaba a las ikastolas a regularizar su situación, si no querían perjudicar el currículo de los niños. Al mismo tiempo, era una oportunidad que no podía desaprovecharse, aunque hubo quien propugnó —dentro del movimiento de las ikastolas— el mantenimiento de la clandestinidad, para no plegarse a las exigencias del régimen. Los promotores de la ikastola Azkue no lo dudaron y solicitaron permiso para erigir un centro escolar «en el que se enseñará, además de en el idioma oficial, en lengua vasca». La petición fue presentada por Euskaltzaindia (la Academia de la Lengua Vasca), con el apoyo de la Diputación de Vizcaya, y en junio de 1966 se inauguraba oficialmente la ikastola, en un acto al que acudieron un representante del gobernador, el obispo y el «Inspector-Jefe de primera enseñanza, que quedó gratamente sorprendido al ver la esbeltez de la bandera española en un sitio prominente del local».

La historia de la ikastola Azkue se asemeja, con matices, a las otras muchas que se fueron creando en los años sesenta y setenta. Así, en San Sebastián el Liceo Santo Tomás (la primera ikastola que superó el marco de las casas particulares) se creó en 1961, al conseguir ser legalizada como sociedad mercantil. En 1968, Zipitria dio el paso para convertir en legal la ikastola Orixe (oficialmente, Escuela Parroquial de Santa María), aunque esta tardó dos años en ser aprobada, debido a carencias en la «Formación del Espíritu Nacional» que impartía. Por último, en Vitoria Olabide fue reconocida en 1968 y en Pamplona se hizo lo mismo en 1970 con las ikastolas San Fermín y Paz de Ciganda. En esta fecha, 12.000 alumnos estaban matriculados en las ikastolas de las cuatro provincias: no eran por tanto, un fenómeno marginal.

Según diversos testimonios de la época, «las ikastolas surgieron en el regazo del nacionalismo […]. Los responsables de las ikastolas de primerísima hora que yo conocí eran miembros del PNV». Tal y como se reflejó en su declaración política de 1966, el PNV había dejado de hablar de la «raza» como fundamento de la nacionalidad vasca, para definir Euskadi como una «comunidad natural creada en la Historia; manifestada en su lengua, en sus costumbres, en su cultura y modo de ser; afirmada por la voluntad del Pueblo Vasco». A la vez, la aparición de ETA y de otros grupos de izquierda hizo que las ikastolas reflejaran la división interna del nacionalismo. Uno de los puntos de fricción fue el valor dado a la enseñanza religiosa, que también influyó en la relación entre las ikastolas y las autoridades eclesiásticas, bajo cuyo paraguas se acogieron muchas de ellas para poder tener soporte legal. Por ejemplo, en Guipúzcoa 53 de las 78 ikastolas dependían oficialmente de la Iglesia.

La relación entre ikastolas y nacionalismo no pasaba desapercibida a los ojos del régimen. Incluso aunque fueran autorizadas, se las vigilaba para que cumplieran las leyes. Los símbolos franquistas debían estar presentes, al menos cuando se realizaran inspecciones. Miren Artetxe, la primera docente de la ikastola Kurutziaga de Durango, recordaba así las visitas de los inspectores. «Teníamos que enseñar a los niños el Cara al sol, y cuando el que venía era el inspector Sánchez, tenían que cantarlo. Teníamos que colocar en el aula el retrato de Franco, y en la entrada de la ikastola, la bandera española». Claro que, aunque las maestras estuvieran preparadas para disimular, la sinceridad infantil podía jugar a veces malas pasadas, tal y como recuerda Artetxe: «Un día, como siempre por sorpresa, Sánchez se presentó en la ikastola y, señalando el retrato de Franco, preguntó a los niños: “¿Sabéis quién es este?”. Y uno le respondió… “Sí, es el que mató a mi abuelo en la guerra”». Es fácil imaginar el «lío monumental» que se organizó ese día en la ikastola.

Sin embargo, no hay que olvidar que las ikastolas fueron posibles gracias a que algunos sectores del régimen las defendieron y se implicaron en la defensa del euskera. Ya hemos señalado el apoyo de la Diputación de Vizcaya a la ikastola Azkue, pero las demás actuaron de modo semejante. Por ejemplo, en Navarra la Diputación Foral había creado en 1957 una «Sección de fomento del Vascuence», que concedía premios a los niños que demostraran un buen conocimiento de la lengua vasca: en una década (1957-1966) fueron premiados 6.192 niños. En 1963, la Universidad de Navarra creó una Cátedra de Lengua y Cultura Vasca, dirigida por el sacerdote José Miguel Barandiarán, que había regresado del exilio diez años antes. Este fue el punto de partida para que, cuatro años más tarde, 500 estudiantes universitarios solicitaran a la Diputación la adopción de medidas en defensa del euskera.

Esta petición fue aceptada y en 1967 se aprobaba la introducción del euskera en los centros educativos de la Navarra euskaldún. Lo previsto era solo media hora de clase al día, fuera del horario lectivo, pero fue el inicio de un movimiento que muy pronto empezó a dar frutos. También se reconoció «oficialmente, como mérito a los efectos de nombramientos de esta Diputación, el conocimiento del vascuence, cuando dichos nombramientos impliquen función en las zonas vascongadas de Navarra». No deja de ser paradójica, a la luz de esta decisión de la Diputación franquista, la postura que ciertos sectores de la derecha navarrista adoptarían ante el euskera en Navarra en las siguientes décadas. Semejante fue el caso de la Diputación Foral de Álava, que en 1973 decidió crear un Servicio de Euskera e implantar unidades de enseñanza en lengua vasca en las localidades de la provincia con «población de habla euskérica». De hecho, la propia Diputación franquista fundó la ikastola Ikasbidea en 1973, haciendo constar que el euskera era una «preciada joya. Preservarla, defenderla y fomentarla constituye obligación que nos alcanza como tutores de nuestro patrimonio cultural».

También hay que destacar la renovada presencia del euskera en los medios de comunicación, sobre todo dependientes de la Iglesia. Tuvieron gran trascendencia revistas como la literaria Egan (nacida en 1948 y que a partir de los años cincuenta se editó íntegramente en euskera), Jakin (1956, que tuvo que dejar de publicarse en 1968 por problemas políticos), la renovada Zeruko Argia (1963) o Anaitasuna (1967). También las diferentes emisoras de Radio Popular, dependientes de la Iglesia (como Radio Loyola), consiguieron dar cada vez más presencia a la lengua vasca en sus programas, a pesar de las multas y cierres temporales de que fueron objeto. Por el contrario, la presencia del euskera en la prensa diaria, mucho más controlada por las autoridades, fue tardía y escasa. En 1962, El Diario Vasco de San Sebastián ofreció por primera vez alguna información en euskera. En 1966, Diario de Navarra comenzó a incluir una página semanal en lengua vasca, iniciativa que tuvo continuidad el mismo año en La Voz de España, de San Sebastián, con una colaboración diaria.

La edición de libros en euskera se incrementó también, lenta pero progresivamente, entre 1960 y 1975, aunque el crecimiento exponencial empezaría tras la muerte de Franco. Así, el número de libros en lengua vasca publicados durante el franquismo (1.096, concentrados sobre todo en los últimos lustros) fue superior al del periodo 1900-1939. Eso sí, las cifras no son comparables con las más recientes: por ejemplo, en 2012 (último año de que disponemos de datos completos) se publicaron 1.810 títulos. Es decir, en solo un año se publica ahora casi el mismo número de libros en euskera que el total de los editados entre 1900 y 1975. Esta expansión utilizó nuevos canales de promoción y distribución, como la Feria del Libro y del Disco Vascos de Durango, creada en 1965, que hoy sigue siendo el escaparate anual de la producción literaria y audiovisual vasca y se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas. Pero no solo se incrementó el número de publicaciones en euskera sino también su originalidad, abriendo la lengua al mundo urbano, con autores como el novelista José Luis Álvarez Enparantza (Txillardegi), uno de los fundadores de ETA, o el poeta Gabriel Aresti.

Toda esta renovación literaria necesitaba una unificación lingüística de la que el euskera, dividido en varios dialectos, algunos de ellos muy diferentes entre sí, carecía todavía. Aunque había habido varios intentos de crear un euskera literario unificado desde principios del siglo XX, ninguno de ellos había logrado su objetivo al comenzar la Guerra Civil. Tras la inmediata posguerra, se retomó la idea de fijar un euskera estándar y, tras varios intentos y discusiones, en octubre de 1968 se procedió a la fijación básica del euskera batua (unificado), algunos de cuyos detalles fueron concretándose en los años siguientes.

Esta labor la llevó a cabo la revitalizada Euskaltzaindia, que había tenido escasa actividad en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Sin embargo, a partir de 1956, gracias en parte al esfuerzo de carlistas y de eclesiásticos que no despertaban las sospechas del régimen, la Academia de la Lengua Vasca pudo recomenzar sus tareas, a las que enseguida se incorporaron nacionalistas tradicionales y renovadores, aunque estos conceptos de carácter político no siempre coincidían con su aplicación al campo lingüístico. En la fijación del euskera estándar destacó el prestigioso lingüista Koldo Mitxelena, miembro del PNV y catedrático primero de la Universidad de Salamanca y después, tras la muerte de Franco, de la recién creada Universidad del País Vasco. La aceptación del euskera batua no estuvo exenta de problemas, planteándose muchísimas resistencias, que no fueron solo de tipo filológico sino también ideológico. Así, quienes se oponían al euskera unificado lo denominaban despectivamente euskaranto, relacionando al batua con un idioma por completo artificial, como es el esperanto. Había también quien, desde una perspectiva tradicional, calificaba como «marxista» a la letra «h», desconocida al sur del Bidasoa, pero que había sido introducida pensando sobre todo en los hablantes vascofranceses, que muchas veces la aspiran. Sin embargo, tras superar los últimos coletazos de esta crisis en la Transición, en la actualidad el euskera batua ha ganado definitivamente la batalla y es aceptado en todos los ámbitos públicos (enseñanza, medios de comunicación, etc.), con independencia del mantenimiento de los dialectos en el habla de las zonas tradicionalmente vascófonas.

Hubo también poco a poco una mayor apertura en la inscripción de nombres vascos en los registros civiles. Seguían prohibiéndose, sin embargo, aquellos que tenían equivalente en castellano, por lo que se buscaban nombres históricamente documentados, que carecían de traducción al español, como Eneko, Asier, Aitor o Unai. Algunos nombres eran rechazados con argumentos peregrinos, como el de negarse a registrar a una Amaia, por ser también un «apellido propio de gitanos, de confusa identificación de persona». Como en este caso, las negativas provocaban recursos que acababan en los juzgados, siendo casi siempre ganados por los padres. El miembro de Euskaltzaindia Juan San Martín tuvo que esperar cuatro años para que se registrara a su hijo Unai. Había también quien engañaba a los jueces con argumentos peregrinos, como el poeta Aresti, que inscribió a su hija como Nerea (La mía), «de connotaciones estrictamente personales», haciendo ver que era el femenino de san Nereo. Pese a que aún seguía habiendo funcionarios que se negaban a inscribir algunos nombres, ayudó a la normalización la publicación por la Academia del Nomenclátor Onomástico Vasco (1972), que fue admitido como oficial por el Registro Civil.

El euskera se expandió también a otros campos de la cultura, y en particular a la creación musical, siguiendo la estela de la Nova Cançó catalana. Fue la época de surgimiento de figuras clave, como Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo o Gorka Knörr, algunos de ellos asociados en el grupo Ez Dok Amairu. A otro nivel, se multiplicaron las manifestaciones folclóricas, muchas de ellas promovidas por los nacionalistas; se restablecieron algunas tradiciones, como los coros de Santa Águeda, y se crearon otras nuevas, llamadas a tener gran éxito, como sucedió con el olentzero. En realidad, se desconoce el origen exacto de este personaje (un carbonero, gordo y de aspecto desastrado), extraído de la mitología vasca, que puede tener alguna relación con la celebración del solsticio de invierno. Posteriormente fue cristianizado, convirtiéndolo en alguien que trae carbón para calentar al Niño Jesús en el portal de Belén, anunciando su nacimiento. Pero, pese a esta conexión navideña, hasta la Guerra Civil en las familias nacionalistas quienes traían los regalos a los niños eran los Reyes Magos y nunca se mencionaba al olentzero. Solo a partir de los años sesenta este pasó a primer plano, cuando comenzó a buscarse un personaje que permitiera aplicar el hecho diferencial vasco también a la Navidad. Así, sobre todo desde las ikastolas, se fue introduciendo la costumbre de que el olentzero trajera regalos en esas fechas señaladas.

Hoy, en casi todas las localidades vascas se celebra la cabalgata del olentzero en la víspera de Navidad. Recientemente, en algunos lugares ha habido quien ha querido dar otra vuelta de tuerca a la tradición, denunciando su carácter supuestamente sexista, al no respetar las cuotas de género. Creado el problema, se ha buscado rápidamente una solución, rebuscando en una canción popular navideña en euskera, en la que se habla de Mari Domingi, una mujer que quiere ir a Belén a ver al Niño, pero que antes necesita cambiarse de falda para estar más elegante. Así, para evitar el exclusivo protagonismo masculino del olentzero, algunas cabalgatas han añadido en ellas a Mari Domingi, esposa o «pareja sentimental del carbonero». Pese a todo, este añadido ha dado lugar a protestas de sectores feministas, que alegan que su rol es secundario, al aparecer como «Mari Domingi, señora de Olentzero». Por si fuera poco, también recientemente esta costumbre ha dado lugar a conflictos políticos, pues en algunos lugares (sobre todo de Navarra) su fiesta se ha utilizado para reivindicar la libertad de los presos de ETA, provocando las protestas de algunos partidos políticos. Además, en 2005 dos guardias civiles fueron expedientados por sustraer la figura del olentzero colocada en la plaza de Areso (Navarra). El suceso dio lugar a titulares sensacionalistas, como el de 20 minutos: «La Guardia Civil secuestra al Olentzero, el Papá Noel vasco».

Eso sí, durante el franquismo las autoridades centrales estaban atentas a que no se introdujera ningún atisbo de separatismo en estos eventos. Por ejemplo, en 1961, con motivo de un homenaje a Jesús Guridi en Vitoria, la policía supervisó el decorado, tratando de evitar la presencia de los colores de la ikurriña. Según la prensa del exilio, «hubo una violenta discusión de diputados forales con el gobernador civil. El gobernador quería suspender el espectáculo diciendo que los actos organizados eran “separatistas” y los diputados lo negaron apoyándose en que no podían tener este carácter desde el momento que estaban organizados por la Diputación. Al fin accedió el gobernador a dar su aprobación». Algo semejante sucedió con la celebración anual desde 1963 del festival vasco (Euskal Jaia) de las cuevas de Mairulegorreta, en el macizo del Gorbea. A pesar de la vigilancia policial, los simpatizantes nacionalistas trataban de acudir con algún tipo de indumentaria tradicional vasca o con los colores de la ikurriña y lanzaban gritos políticos, amparados en la multitud congregada para disfrutar de canciones y danzas vascas. En 1968 el Gobierno Civil prohibió su celebración, pero tras su reanudación hubo unos 20.000 asistentes en 1973, convertida ya en una auténtica demostración antifranquista. Significativamente, la Euskal Jaia entró en decadencia en la Transición y desapareció poco después, cuando la acción cultural vasquista ya no tenía el mismo sentido y era posible hacer política en libertad.

Dentro de esta resistencia cultural, que politizaba todos los ámbitos de la vida cotidiana, el arte ocupó un papel muy importante, con figuras emblemáticas, como el escultor Jorge Oteiza. Sus ideas se plasmaron en el cine, en especial en el largometraje Ama Lur (1968), de Fernando Larruquert y Néstor Basterretxea. Aparentemente, se trata de un documental más sobre la geografía, las costumbres y el folclore vasco, pero —pese a la intervención de la censura— la idea nacional vasca recorre todo el filme, llegando a definir al País Vasco como un «pueblo soberano». Posteriormente el líder del PNV Xabier Arzalluz recordaba que al ver Ama Lur en pleno franquismo había sentido «unos escalofríos que hacían que tu corazón se llenase de gozo […]. La realidad de tu pueblo estaba condensada allí, estaba delante de tus ojos y tú eras parte de ello. Y tus ojos se llenaban de lágrimas que te oscurecían la imagen pero te llenaban de emoción».

Al igual que en la Dictadura de Primo de Rivera, el deporte fue otro importante factor de nacionalización. Entre ellos, sin duda el más popular fue el montañismo, convertido de nuevo en un acto de afirmación vasquista. Esto ocurrió no solo con las excursiones semanales de grupos más o menos organizados —en las que se procuraba ir vestido con los colores de la ikurriña o cantar melodías prohibidas— sino también con el alpinismo de alto nivel. El caso más sonado fue el de la expedición vasca a los Andes peruanos de 1967. Los montañeros pusieron la ikurriña en la cima, proyectando después en el País Vasco diapositivas de la conquista de la cumbre. Algunos de los alpinistas fueron puestos a disposición del Tribunal de Orden Público por «propaganda ilegal».

Por último, la Iglesia, renovada tras el Concilio Vaticano II, se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para el régimen. Este había seguido tratando de controlar al clero díscolo, llegando a extremos increíbles. Por ejemplo, en 1955 la policía alertó del nombramiento como rector del seminario de Vitoria del futuro cardenal-arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, porque —aunque no se le podía «probar ninguna actividad política»— aparecía con el lehendakari Aguirre en una fotografía, ya que había estudiado en el extranjero. A partir de los años sesenta, el malestar procedente de los clérigos que habían sufrido el exilio o la represión de la posguerra dio paso a un conflicto que se amplió al mezclarse con la crisis eclesial que siguió al Concilio Vaticano II (1962-1965). La firma de un documento por parte de 339 sacerdotes en 1960 fue el primer ejemplo relevante de la contestación clerical vasca al franquismo, aunque apenas eran el 10 % del total del clero de las cuatro diócesis en las que se hallaba dividido desde 1950 el territorio vasco-navarro, tras la creación de los Obispados de Bilbao y San Sebastián, desgajados de Vitoria. En este manifiesto, los firmantes denunciaban «la política, que hoy impera en España, de preterición, de olvido, cuando no de encarnizada persecución, de las características étnicas, lingüísticas y sociales que nos dio Dios a los vascos».

A partir de este momento, la protesta de parte del clero se hizo más frecuente. Algunos clérigos vascos —que en su inmensa mayoría enseguida colgaron la sotana— asumieron la ideología nacionalista más radical e incluso el terrorismo. Al ver en Jesucristo un mero libertador nacional del pueblo judío, ajusticiado por la opresión romana, era fácil hacer la transposición al caso vasco, vaciando el hecho religioso de su contenido espiritual y convirtiéndolo en una mera reivindicación socio-política. En esta línea se enmarcó el grupo Gogor (próximo a las ideas de ETA), nacido en septiembre de 1968, minoritario entre el clero, que se enfrentó a la jerarquía eclesial. El hecho de que todo ello sucediera en una época en que algunos eclesiásticos estaban encandilados con el marxismo posibilitó que su apoyo a ETA no se debilitara cuando la organización terrorista acentuó, como veremos, sus rasgos revolucionarios. Por ejemplo, en 1968 la rama obrera de Acción Católica de Guipúzcoa afirmaba —con un lenguaje más propio de una organización revolucionaria que de una entidad católica— que «en el País Vasco la lucha de clases toma el carácter de lucha nacional […]. La solución es que el Pueblo Vasco tome en sus manos el control de su historia a través de una revolución nacional dirigida por la clase proletaria que arrastre obligatoriamente a la burguesía nacional».

No hay que olvidar, sin embargo, que estos cambios se produjeron en una Iglesia políticamente heterogénea. De hecho, no toda la relación entre la Iglesia y el antifranquismo vasco se plasmó siempre en formas tan radicales como las que hemos mencionado, aunque sí se produjo un auténtico terremoto en las relaciones Iglesia-Estado. Por ejemplo, en la diócesis de Bilbao el obispo Pablo Gúrpide tuvo que enfrentarse desde 1963 a la politización del clero. El caso del sacerdote Alberto Gabicagogueascoa —que en 1964 había denunciado en una homilía las torturas y la falta de libertad— fue el detonante de una espiral conflictiva. El obispo dio su autorización para que fuera juzgado por propaganda ilegal, provocando la solidaridad de otros sacerdotes, que se manifestaron en la sede del juicio, lo que no impidió su ingreso en prisión y las multas a los sacerdotes que le habían apoyado. Entre 1965 y 1968, el Gobierno Civil de Vizcaya elaboró 367 informes sobre actividades políticas de sacerdotes. Algunos de estos expedientes acabaron en multas y detenciones y cada acción del Gobierno traía consigo una cadena de adhesiones entre el resto del clero.

En el verano de 1968, la Curia diocesana fue ocupada en dos ocasiones por un grupo de sacerdotes, en su mayor parte jóvenes. En noviembre del mismo año tuvo lugar un nuevo encierro en el Seminario de Derio, que pidió el final de la opresión franquista sobre Euskadi, la elección popular del obispo, la constitución de una Conferencia episcopal vasca y el paso a una Iglesia «indígena». Respecto a la carta de los 339, el mensaje había cambiado, introduciendo en su texto un ataque a la estructura de la Iglesia. Los encerrados fueron suspendidos por Gúrpide, que falleció poco después. En estas circunstancias, la Santa Sede nombró al obispo de Santander, José María Cirarda, como administrador apostólico de Bilbao. Este actuó con más mano izquierda que su predecesor, pero se encontró con críticas tanto desde sectores radicales del clero como desde el Gobierno. En 1970, Cirarda se negó a celebrar una misa en Begoña para conmemorar la toma de Bilbao en la Guerra Civil; más tarde firmó, junto al prelado de San Sebastián, una carta pastoral en la que resaltaba la existencia de «violencias estructurales y represivas» en el País Vasco. Todo ello provocó la protesta del Gobierno, que acusaba a los obispos de dar alas a ETA, lo que influyó en el traslado de Cirarda a Córdoba en 1971. En San Sebastián, fue nombrado obispo auxiliar en 1972 José María Setién, lo que provocó un nuevo malestar en el Gobierno de Franco, que lo consideró un «acto de hostilidad manifiesta» al régimen. Así, Setién, que pasó a ser obispo efectivo de la diócesis guipuzcoana en 1979, se convirtió en la bestia negra del antinacionalismo vasco, siendo objeto más tarde de numerosas críticas por parte de la derecha española.

Por último, en Bilbao se produjo en febrero de 1974 la crisis más grave en las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante toda la dictadura franquista. Fue protagonizada por el sucesor de Cirarda, Antonio Añoveros, que autorizó el envío a todas las parroquias vizcaínas de un escrito para que fuera leído como homilía en la misa dominical. En él se defendía el derecho del pueblo vasco a «conservar su propia identidad» y añadía que, en aquellos momentos, tropezaba «con serios obstáculos para poder disfrutar de ese derecho». La homilía provocó una verdadera tormenta, pues el Gobierno de Arias Navarro—tras decretar un arresto domiciliario del prelado y pedir a la Santa Sede que llamara al obispo a Roma— decidió expulsar a Añoveros de España, lo que no se hizo porque la Conferencia episcopal española amenazó con excomulgar al Gobierno. Este llegó a pensar en la posibilidad de romper relaciones con la Santa Sede y denunciar el concordato de 1953, pero parece que la intervención personal de Franco le hizo desistir de su propósito, mientras Añoveros hacía una declaración, negando que hubiera pretendido «atacar la unidad nacional y sembrar la discordia entre los ciudadanos». De este modo, la Iglesia en el País Vasco veía terminar el franquismo tal y como lo había comenzado: dividida y convertida en un problema para una dictadura que seguía considerándose defensora oficial de una Iglesia que, desde el Concilio Vaticano II, había decidido prescindir de privilegios y del amparo del poder civil.

El nacimiento del cáncer

En 1962, el veterano dirigente jelkide Manuel Irujo escribió al EBB indicando: «ETA es un cáncer que, si no lo extirpamos, alcanzará todo nuestro cuerpo político». Era un pensamiento clarividente, no solo porque en los años siguientes el PNV vio como esa nueva organización superaba a los jeltzales en protagonismo antifranquista, sino porque el nacimiento de ETA abrió una brecha trágica de largo alcance en la historia del nacionalismo vasco, cuyas consecuencias todavía pueden percibirse en la actualidad. Pero, ¿de dónde procedía ese recién llegado que quería desplazar al partido fundado hacía casi setenta años por Sabino Arana?

El origen de ETA puede rastrearse en la inquina que algunos jóvenes nacionalistas del interior comenzaron a sentir a principios de la década de los 50 hacia lo que ellos consideraban actitud pasiva del PNV ante la dictadura. Este sentimiento fue el origen de Ekin («Acción»), un grupo de estudiantes nacionalistas no vinculados al PNV, que surgió en 1952 en la Universidad de Deusto, extendiéndose a la Escuela de Ingenieros de Bilbao y a diferentes centros de enseñanza guipuzcoanos. Dado su origen intelectual, se dedicaron sobre todo al estudio del euskera y de la cuestión vasca, redactando escritos teóricos y dando cursos clandestinos a otros jóvenes.

Aprovechando que inicialmente no había grandes diferencias ideológicas con los sectores juveniles más radicales del PNV, Ekin comenzó a impartir charlas formativas a los jóvenes jeltzales. Entre 1955 y 1957 llegó la fusión entre ambas entidades, mediante la integración de Ekin en EGI, que contaba con una militancia más numerosa pero menos preparada. Para el PNV, el problema es que ahora no era una entidad ajena, sino EGI (su rama juvenil), la que reprochaba al partido y al Gobierno de Aguirre una pasividad rayana en la “incompetencia”. Los críticos ya no estaban fuera sino dentro del propio partido.

Alejándose de la habitual moderación jeltzale, estos jóvenes comenzaron a lanzar proclamas a favor de la «actividad subversiva», para hacer caer a Franco, a través de un «levantamiento general de Euzkadi». Pero, pese a estas proclamas tan tajantes, al principio la fusión entre Ekin y EGI no provocó problemas de fondo. Al fin y al cabo, el PNV siempre había tenido en sus filas sectores radicales y no todos habían acabado escindiéndose. Además, muchos veían las críticas de los jóvenes como una simple crisis generacional y el contexto del franquismo podía dar credibilidad a discursos de ese cariz. Pero poco a poco la tensión entre los dirigentes jeltzales y EGI-Ekin fue subiendo de tono. Contribuyó a ello que el conflicto se mezclara con la lucha por el control de los Servicios de información en el interior, que ya antes había provocado encontronazos entre el PNV y el Gobierno vasco. Además, ya hemos adelantado que incluso antes no estaba claro si EGI pertenecía o no a la estructura del partido.

Previendo el vendaval que se avecinaba, el EBB exigió la integración total de la agrupación juvenil en el PNV. EGI de Guipúzcoa contestó tildando de autoritarios a los dirigentes jeltzales, que contraatacaron expulsando de la organización al responsable de los jóvenes guipuzcoanos, José Murua. Cuando el presidente del GBB se enteró de que este trabajaba para los Servicios, algunos llegaron a la conclusión de que estos estaban promoviendo la desobediencia dentro del PNV. Pese a los intentos de mediación, la ruptura de relaciones en Guipúzcoa llegó también a Vizcaya. La dirección del partido se enteró de que jóvenes de ambos territorios habían amenazado —según su versión— con delatar a los dirigentes del PNV en el interior a la policía. El BBB reaccionó expulsando del partido al representante de EGI en el Consejo Regional vizcaíno, José María Benito del Valle. Pronto otros jóvenes se solidarizaron con él, anunciando su baja en el partido, o fueron también excluidos del PNV.

El único que podía salvar la situación era el lehendakari Aguirre, que utilizó su prestigio para mediar entre los dos sectores enfrentados. En abril de 1958 varios de los expulsados de EGI de Vizcaya se entrevistaron con él en París. El lehendakari convenció a los jóvenes de que podían seguir planteando sus demandas dentro del partido, «en forma positiva», sin necesidad de provocar el «desprestigio» de sus mayores. Aguirre les puso un ejemplo que evocaba la época de la Reforma protestante y de la renovación católica vinculada al humanismo, animando a los jóvenes a hacer el papel «de Erasmo [de Róterdam], desde dentro, no de Lutero que rompió la unidad». El prestigio del lehendakari, que moriría dos años más tarde, parecía seguir haciendo milagros, pues los disidentes aceptaron pedir disculpas al BBB y reunirse con este para aclarar la situación. Pero, en una decisión que suele achacarse en parte al temperamento de Ajuriaguerra, la dirección del PNV rechazó la mano tendida por los jóvenes, que acusaron al veterano líder vizcaíno de actuar como si fuera «el amo del partido».

De este modo, en mayo de 1958 los contactos se rompieron definitivamente. En los meses siguientes, coexistieron dos EGI diferentes (el procedente de Ekin y el fiel al PNV), que trataron de hacerse con el control de la militancia. La confusión entre dos organismos distintos con el mismo nombre era muy negativa para ambos, por lo que finalmente EGI-Ekin buscó diferenciarse con una nueva denominación. En principio, el nombre elegido iba a ser ATA (Aberri Ta Askatasuna, «Patria y Libertad»), pero alguien hizo notar que ata significaba «pato» en uno de los dialectos del euskera. Para evitar bromas con esta coincidencia, los escindidos optaron finalmente por ETA (Euskadi Ta Askatasuna, «Euskadi y Libertad»). Entre sus fundadores cabe citar a Julen Madariaga, José María Benito del Valle, José Luis Álvarez Enparantza (Txillardegi), José Manuel Aguirre, Iñaki Larramendi, Mikel Barandiarán, Rafael Albisu o Iñaki Ganzarain. Bastantes de ellos iban a desaparecer muy pronto de la primera línea de la organización.

La fecha exacta de la fundación de ETA ha sido objeto de una larga discusión, a veces más ideológica que historiográfica. Los diversos autores fluctúan entre finales de 1958 y la fecha durante mucho tiempo oficial del 31 de julio de 1959, fiesta de san Ignacio de Loyola (y, no por casualidad, el día en el que se conmemora también la creación del PNV en 1895). Esto ha hecho que medios próximos a la izquierda abertzale hayan interpretado esta datación como un invento, un intento espurio de «muchos analistas, amantes de la cuadratura y el encaje histórico», de «asociar el nacimiento de ETA con la fiesta religiosa de San Ignacio» y con el PNV. Sin embargo, también algunos de los primeros miembros de la organización o autores vinculados a ella hablaron en su momento del 31 de julio como el día en que supuestamente sus fundadores enviaron una carta al lehendakari Aguirre —que nunca ha sido localizada— dándole cuenta de la creación de ETA. Otros de sus fundadores, por el contrario, replicaron que lo del 31 de julio era «un cuento que alguien se ha inventado diciendo que habíamos tenido en cuenta que era el día de San Ignacio o que coincidía con el día de nacimiento del PNV. La verdad es que ni una cosa ni otra se nos pasó por la cabeza».

En realidad, el nombre de ETA fue decidido ya a finales de 1958, pero apenas se usó en los meses siguientes, a la espera de ver si era posible evitar la escisión definitiva. Por fin, en «Julio de 1959» se firmaba el «Manifiesto fundacional» de ETA, totalmente desconocido hasta su descubrimiento en el Archivo del Nacionalismo Vasco en 2001. Dado que este texto no incluía una fecha concreta, está claro que ETA fue fundada en julio de 1959, pero no el día de san Ignacio. Incluso si el manifiesto fue redactado el 31 de ese mes, está claro que esa fecha no tenía ningún significado especial para ellos, pues en ese caso la hubieran incluido explícitamente. Por ello, no tiene sentido dar un carácter simbólico al 31 de julio de 1959, como han hecho algunos autores, tratando incluso de llegar a la conclusión de que la Compañía de Jesús, el PNV y ETA son poco más o menos lo mismo.

Con independencia de su fecha exacta, sabiendo cuál iba a ser la trayectoria posterior de ETA, sorprende el carácter moderado de su manifiesto fundacional. En él, no solo no se contenía crítica alguna al PNV, sino que decía seguir la trayectoria política del ejecutivo todavía presidido por Aguirre: «Por considerar que el Gobierno Vasco, hoy en el exilio, es el depositario de la fe y voluntad de nuestro pueblo, libre y legalmente manifestado, ha quedado E.T.A. integrado en la trayectoria y principio que de él dimanan». En este escrito, la nueva organización planeaba «la salvación de las esencias vascas a través de un cauce estrictamente patriótico, y por ende apolítico y aconfesional». ETA reafirmaba además «el ideario propio de nuestra condición de demócratas. La Libertad que propugnamos es, en lo nacional, los poderes mínimos para la autodeterminación del destino de nuestra Patria; en lo político social, la execración de toda dictadura y la exigencia por tanto, de los derechos del hombre como ciudadano (derecho de expresión, de credo religioso, de opinión, de enseñanza, de reunión, etc.) y como trabajadores (derecho a trabajo, de sindicación, de huelga, de seguridad, etc.), en lo humano, el espíritu liberal, la igualdad, el mutuo respeto, la tolerancia, etc.».

Parece lógico que este manifiesto cayera enseguida en el olvido, pues la trayectoria de ETA tuvo desde muy pronto poco que ver con la mesura mostrada en él. Su ideología se fue concretando a lo largo de los años sesenta, en los que ETA fue celebrando diferentes asambleas y publicando revistas clandestinas, proclamas y guías para sus miembros. Entre estas publicaciones cabe citar su Libro Blanco (1960), la Declaración de principios (1962), el cuaderno La insurrección en Euzkadi (1964) y el manifiesto Al Pueblo Vasco (1964), así como el libro Vasconia (1963) de Federico Krutwig que, sin ser un texto oficial de ETA, se convirtió en la auténtica biblia de la nueva organización.

Estos textos fueron mostrando una deriva cada vez más revolucionaria. Así, todavía en el Libro Blanco había referencias a Jacques Maritain y a cuestiones relacionadas con la filosofía cristiana (como la «responsabilidad» personal, que tanto servía para «lanzar un rayo de luz como proyectar un sector de sombra sobre ese mundo interior de nuestra conciencia») o críticas a la «visión general» del marxismo. No obstante, aparecían cuestiones que serán relevantes en el futuro: la importancia del euskera «como forma nacional de expresión», dejando a un lado el concepto racial, desprestigiado por el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial; y el ejemplo de la liberación de otros pueblos, como Túnez, Irlanda o Argelia. En este sentido, se hablaba ya de «resistir por todos los medios, incluso, si preciso fuere, por la violencia y por otros medios que podrían considerarse inmorales, pero que en nuestra situación no lo son».

En mayo de 1962, su I asamblea, celebrada en la abadía benedictina de Belloc, en el País Vasco francés, proclamó a ETA un «Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional». Al año siguiente, se publicaba Vasconia, subtitulado Estudio dialéctico de una nacionalidad: un libro al que Mario Onaindía calificó con razón como «un auténtico disparate», pese al enorme influjo que tuvo en su momento. Su autor, Federico Krutwig, era un lingüista autodidacta, nacido en Guecho de padre alemán, que en 1952 había tenido que marchar al exilio. Su obra se caracteriza por una crítica feroz a la Iglesia católica, a Sabino Arana, al PNV y al Gobierno vasco, mezclando en esos reproches elementos marxistas o maoístas con otros filonazis, derivados de su admiración por la raza germana, origen de su apellido. Por ejemplo, Krutwig identificaba el catolicismo con el españolismo, llegando a patrocinar una revitalización de la supuesta religión ocultista precristiana de Euskadi. Anhelaba la vuelta al «innato paganismo» vasco como factor de diferenciación frente a España y alababa —enlazando con determinadas visiones del nacionalsocialismo alemán— las «tendencias hacia las ciencias secretas y el ocultismo» propias de los vascos. Por ello, estos jugaban «un importante papel como descendientes de la raza atlántica, que precedió a la llamada raza aria».

Su defensa del euskera llegaba a extremos inconcebibles, al calificar al lehendakari Leizaola como «un colaborador gratuito de los enemigos del Pueblo vasco», por no haber enseñado euskera a sus hijos: «Un falso nacionalista que cometiese tal pecado de lesa patria hubiese merecido ser fusilado de rodillas y por la espalda, mientras que nosotros aún lo teníamos por presidente». En el uso de la violencia contra «traidores» y «enemigos» de la patria, Krutwig introducía el concepto de «guerra revolucionaria», que para él era una «espiritualización de la guerra». El vasco, por tanto, debía asumir la solución «adoptada por los pueblos asiáticos y africanos que han arrojado el yugo del colonialismo, y que siempre va acompañada del empleo de la fuerza». Estaban puestas las bases para aplicar al caso vasco el modelo tercermundista; es decir, la acción guerrillera, tan en boga en aquellos años, considerando a Euskadi una colonia ocupada por España.

En su Manifiesto al pueblo vasco de 1964, ETA recordaba «que el combate por la liberación nacional y social no puede ser una tarea de minorías sino una lucha de masas». En esa lucha solo habría «patriotas o traidores», siendo imposible la neutralidad. En 1965, la IV asamblea de ETA matizó esta idea, al aprobar las Bases teóricas de la Guerra Revolucionaria, según las cuales una «minoría organizada» debía sustituir a la insurrección de masas, usando «acciones que traerán derramamiento de sangre […] para seguir ampliando la espiral revolucionaria». Este nuevo paso hacia el socialismo se completó con la teoría de la «acción-represión-acción», un «proceso en espiral» según el cual cada acción de ETA iría seguido de una represión indiscriminada por parte del Estado, aumentado su apoyo popular cara al siguiente atentado. ETA salió de esta asamblea bajo el liderazgo de Patxi Iturrioz (jefe de la importante Oficina Política), José María Escubi y José Luis Zalbide.

Además, se creó una infraestructura de liberados (militantes que vivían por y de la organización) y pisos francos, lo que suponía un importante esfuerzo económico. Para resolver este problema, cada vez más grave, se decidió que «independientemente de la ayuda popular», se procedería a «la requisa de medios necesarios a la lucha revolucionaria. Estas medidas serán tomadas con extraordinaria prudencia y en ningún caso se lesionarán los bienes materiales de una persona que necesite de ellos para vivir con dignidad». Sería el inicio de los atracos a entidades bancarias y, más tarde, del denominado impuesto revolucionario, exigencia de pagos bajo amenazas a personas con medios económicos, que se incrementó con el paso del tiempo: se calcula que entre 1993 y 2011 unos 10.000 empresarios se vieron chantajeados de este modo. El que este impuesto se exigiera desde muy pronto a jeltzales adinerados —como Ramón de la Sota Mac Mahon, entonces en el exilio, que en 1964 se apresuró a denunciar el hecho a la policía francesa— fue uno de los primeros puntos de fricción entre ETA y el PNV.

Después de la IV asamblea, ETA entró en una fuerte crisis. Por un lado, Zalbide, el jefe militar, fue detenido y condenado a veinte años de cárcel; por otro, la línea obrerista, más marxista que nacionalista, de Iturrioz y Eugenio del Río fue calificada de «social-imperialismo españolista» por otros sectores, escandalizados de que Zutik, el boletín interno de ETA, hablara en esta etapa más de la lucha del proletariado español que del pueblo vasco. La expulsión de la Oficina Política en noviembre de 1966 por el Comité Ejecutivo fue solo el primer asalto del combate que se planteó en la V asamblea, celebrada en dos fases, en diciembre de 1966 en Gaztelu y en marzo de 1967 en Guetaria. Significativamente, ambas tuvieron lugar en sendos locales religiosos de esas localidades guipuzcoanas, cedidos por clérigos simpatizantes de la organización, que buscaba así un lugar seguro donde reunirse en la clandestinidad.

En la primera fase, los partidarios de Iturrioz (en torno a doce de algo más de cuarenta asistentes) trataron de que su líder fuera readmitido pero, al no lograr ni siquiera que se discutieran sus propuestas, se constituyeron en asamblea aparte, en otra habitación del mismo edificio. Hay testimonios contradictorios sobre la relación entre ambos grupos en esos días: según algunos, la relación fue cordial e incluso comían juntos; según otros, hubo amenazas hacia los disidentes, hasta el punto de que a un militante «le mandaron hacer una fosa en una cuadra y, sospechando lo peor, se negó a continuarla». Finalmente, la V asamblea decidió expulsar a los obreristas, al considerarlos no solo «españolistas» sino también «reformistas». Les acusaban de priorizar la acción sindical, «en total oposición con la ideología revolucionaria de ETA», y de renunciar a «la lucha armada». Al verse derrotados, los obreristas abandonaron la organización pero, al creer que detentaban el espíritu de la auténtica ETA, pasaron a denominarse ETA Berri («Nueva ETA»). Su evolución posterior les alejó por completo del nacionalismo vasco y les acercó al leninismo y al maoísmo: en 1969 pasaron a llamarse Komunistak («Los Comunistas») y en 1972 se unificaron con otros grupos maoístas para crear el Movimiento Comunista de España (EMK en su versión vasca).

En esta primera fase de la V asamblea, dos sensibilidades diferentes se habían unido para luchar contra el enemigo común que acabaría conformando ETA Berri: por un lado, el sector culturalista o etnicista de Txillardegi, que estaba en el exilio en Bruselas, y ponía el acento en la liberación nacional y en la defensa del euskera; por otro, la corriente denominada «nacionalista-revolucionaria», liderada desde el interior por los hermanos Txabi y José Antonio Echevarrieta y por José María Escubi. En la segunda fase, estos dos sectores se enfrentaron entre sí, resultando derrotado el sector culturalista de Txillardegi, que abandonó la organización, acusando a los vencedores de haber caído en el marxismo-leninismo. Quienes habían triunfado y lideraron la nueva ETA eran Escubi, los hermanos Echevarrieta, Krutwig, Patxo Unzueta, Emilio López Adán, Jokin Gorostidi, Juan José Echave o Julen Madariaga, el único de los fundadores que siguió en primera línea, tras la salida de Txillardegi.

En realidad, el término «marxismo-leninismo» no aparecía como tal en los textos de la V asamblea, que confirmó la definición de ETA como una mezcla entre socialismo y nacionalismo, cuyo sujeto sería el «Pueblo Trabajador Vasco», un concepto que iba a tener mucho recorrido en el futuro. ETA se definió a sí misma como un «Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional». Su «nacionalismo revolucionario» decía enmarcarse en el «internacionalismo proletario, que es la lucha de liberación de los pueblos oprimidos» contra el «imperialismo internacional». Eran palabras que sin duda hubieran sonado como una herejía a oídos de Sabino Arana y que confirmaban el abismo ideológico que se había abierto entre el PNV y ETA. Esta ya se había alejado del pensamiento sabiniano al proclamar la aconfesionalidad y al dar más importancia a la lengua que a la raza, como definición del carácter nacional vasco.

Algo semejante sucedió en la actitud de ETA ante los inmigrantes de otras regiones españolas que, al igual que a finales del siglo XIX, estaban llegando en gran número como consecuencia de la nueva industrialización vasca de la década de 1960. Según ETA, que superaba así el apellidismo sabiniano, los inmigrantes podrían integrarse en Euskadi, pero solo si aceptaban el nacionalismo revolucionario; en caso contrario, serían considerados «invasores» y «enemigos», pues ayudarían «objetivamente a la explotación que ejerce la oligarquía contra el pueblo vasco». Desde ETA, se recriminaba al nacionalismo tradicional que, «en vez de integrar en nuestra lucha a los trabajadores inmigrados, ellos que están como nosotros explotados, les hemos despreciado, abandonado e incluso justificado su explotación porque su apellido no nos sirve». Sin embargo, vista la situación en perspectiva, no puede decirse que la oposición en el seno de la sociedad vasca entre un nosotros y un vosotros, ideada por Sabino Arana, se hubiera modificado. Había cambiado la retórica pero en la práctica, con el tiempo, la exclusión, la estigmatización del otro, iba a ser mucho más radical.

En este sentido, sigue discutiéndose todavía hoy si ETA —y el movimiento social que se formaría más tarde en torno a ella— es sin más un mero movimiento «nacionalista radical», independentista o «ultranacionalista», similar a Aberri o a Jagi-Jagi; o si se trata de un grupo de extrema izquierda, cuyos miembros «no son sólo marxistas revolucionarios sino que también son antinacionalistas». Para quienes sostienen el carácter exclusivamente nacionalista de ETA, las «soflamas contra el capitalismo, el neoliberalismo o el imperialismo» que aparecen de vez en cuando en boca de personas u organizaciones vinculadas a la izquierda abertzale serían un puro barniz retórico; para los partidarios de la idea opuesta, el supuesto nacionalismo de ETA era solo una estrategia revolucionaria de carácter dialéctico, inserta en la teoría marxista (o incluso maoísta), que utiliza la liberación nacional como un arma para la revolución.

Dar una respuesta definitiva a este debate no solo superaría los límites de este libro sino que requeriría diferenciar dentro de ETA épocas, sectores, coyunturas y personalidades, así como teoría y práctica. De hecho, como acabamos de ver en el caso de ETA Berri y sucederá después con ETA-VI asamblea, buena parte de las escisiones en sus primeros años de historia fueron consecuencia de esta tensión entre izquierdismo y nacionalismo. Aunque en ambos casos quienes quedaron fuera de la organización fueron precisamente los más izquierdistas, los que siguieron detentando las siglas de ETA nunca renunciaron a la ideología revolucionaria. De hecho, la principal característica ideológica de ETA ha sido siempre la mezcla entre nacionalismo radical e izquierdismo revolucionario, abriendo al nacionalismo vasco hacia una izquierda —la de la Guerra Fría, mayo de 1968, la descolonización y sus consecuencias— muy distinta a la que ANV había representando en la década de 1930.

Así, ETA no puede entenderse sin tener en cuenta la herencia del primer Sabino Arana, de Aberri y de Jagi-Jagi, que había permanecido viva en el exilio, sobre todo en algunas publicaciones y grupúsculos vascos en América. Estos no habían evolucionado en absoluto con respecto al aranismo independentista, limitándose a recalcar la necesidad de «odiar a muerte a España» y a criticar al PNV oficial y al Gobierno vasco, motejados como «regionalistas» que solo pretendían resolver «un problema español, y por tanto no vasco» (el de acabar con el franquismo). Pero, siendo esto cierto, también lo es que la historia y la ideología de ETA solo se entienden desde la perspectiva de un movimiento revolucionario, en el contexto europeo y mundial de la década de 1960, que dio lugar al terrorismo de grupos como el IRA irlandés, las Brigadas Rojas italianas o la Baader-Meinhof alemana.

Aunque es cierto que la cuestión nacional ha ocupado siempre el lugar preponderante en la agenda de ETA y de la izquierda nacionalista radical estructurada en torno a ella, también lo es que su postura de izquierdas en cuestiones ideológicas —por ejemplo, en política internacional— muestra que su revolucionarismo era mucho más que una mera postura cara a la galería. Tal y como recuerda Idoia Estornés, los de ETA «querían una revolución tipo castrista», mientras los demás queríamos «un régimen democrático, tan tiñoso como las demás democracias que había en Europa». Es más, su apelación al uso de la violencia supone una ruptura con la tradición del nacionalismo vasco radical previo a la Guerra Civil, que invocaba el sacrificio y la muerte por la patria, pero no matar por ella. Aunque, como veremos, incluso sectores jeltzales se vieron arrastrados fugazmente por la seducción por la violencia en el contexto de la dictadura franquista, el recurso al terrorismo por parte de ETA no puede separarse de la defensa que cierta izquierda revolucionaria hacía en esa época del uso de la violencia (que también estaba presente, aunque con argumentos muy distintos, en la extrema derecha coetánea, en especial en Italia y España). Por poner solo un ejemplo, Jean-Paul Sartre —una de las lecturas preferidas, junto a Franz Fanon, de algunos de los primeros dirigentes de ETA— escribía: «dondequiera que la violencia revolucionaria nace en las masas, es inmediata y profundamente moral, porque los trabajadores, hasta entonces objetos del autoritarismo capitalista, se transforman, aunque sea por un momento, en los sujetos de su historia». Antiguos etarras recuerdan que lo que les movía era la independencia vasca pero también la revolución, aunque se tratara de un pensamiento muy poco estructurado. En palabras de Iñaki Sarasqueta, «sabíamos que nos gustaba el Che Guevara y Cuba, y poco más».

En efecto, el punto central de la historia de ETA no ha sido la ideología sino el uso de la violencia con fines políticos, hasta el punto de que el triunfo en cada una de sus escisiones ha correspondido no a quien tenía mejores ideas sino a quien se quedaba con las armas. Al principio, las acciones de ETA consistían principalmente en colocar ikurriñas, realizar pintadas o editar y distribuir propaganda. Tras algunas acciones menores —no muy diferentes a las que el PNV había puesto en práctica en la posguerra, por ejemplo con la voladura del monumento a Mola en Bilbao en 1946—, el 18 de julio de 1961 ETA se estrenó tratando de hacer descarrilar un tren que transportaba a antiguos combatientes franquistas a San Sebastián, para conmemorar el XXV aniversario del golpe de Estado de 1936. El atentado terminó en fracaso, pues el tren no descarriló, y buena parte de los miembros de ETA fueron detenidos o marcharon al exilio: con el tiempo, muchos se concentraron en lo que vino a llamarse el santuario francés (la zona vasco-francesa, donde los etarras se movían a sus anchas). Al no ser España un país democrático, Francia tardó mucho tiempo en considerar a ETA un grupo terrorista. Aunque a veces las presiones de las autoridades españolas y los equilibrios internos de la política francesa llevaban a medidas concretas contra algunos de ellos, esta situación permitía a sus miembros tener estatus de refugiados políticos y contar en el sur de Francia con una base logística segura, próxima al País Vasco español, desde donde preparar los atentados o esconderse tras pasar la frontera clandestinamente.

A la pasividad de las autoridades galas ante ETA contribuyó también el hecho de que en Francia no existiera ningún grupo que pusiera en duda la pertenencia de los territorios vascos del norte a la patria común francesa. De hecho, el PNV se había comprometido en la posguerra a no hacer propaganda política entre los vascos franceses, para no provocar a las autoridades y poder así mantener sin complicaciones el modo de vida de sus exiliados en Francia. Sin embargo, en 1963 se creó Enbata («Galerna»), el primer grupo nacionalista estable del País Vasco continental, fundado entre otros por Ximun Haran, Jacques Abeberry, Jean-Louis Davant y el sacerdote Pierre Larzábal. Inicialmente representaba un nacionalismo plural, cuyo objetivo a corto plazo era la defensa de la lengua y la cultura vascas y la constitución de un Departamento propio. A la larga, se proponía dar voz propia a una Euskadi unificada en la futura Europa de los Pueblos.

Enbata se presentó a diversas elecciones francesas en los años sesenta, con algún resultado positivo y muchas decepciones. En 1968 tocó suelo, con solo el 1,5 % de los votos. Su fracaso electoral se unió a numerosas disputas internas, en parte debidas a su relación con ETA, que le hizo perder adeptos entre la población vasca del norte, mayoritariamente conservadora y partidaria de un vasquismo cultural y folclórico. En 1968 el movimiento quedó en estado de hibernación, reapareciendo en 1970, con militantes jóvenes, que definieron a Enbata como socialista y llevaron a cabo diversas actividades de propaganda, muchas de ellas relacionadas con el apoyo a ETA. En 1974 el Gobierno francés declaró ilegal a Enbata, poniendo fin a sus actividades.

Dos años antes, un sector había creado, a imitación de ETA, un grupo terrorista, Iparretarrak («Los del Norte»), que tuvo escasa actividad en estos años. Partidario de una Euskadi unificada, independiente y socialista, Iparretarrak se estrenó en 1973 golpeando al director de un centro para discapacitados en la localidad vasco-francesa de Banca, acusándole de no respetar los derechos de sus trabajadores. Solo a partir de 1978 este grupo incrementó sus acciones violentas, sobre todo contra objetivos económicos (inmobiliarias, empresas, etc.). Ello motivó su desencuentro con ETA, ya que ello suponía un problema para conservar su santuario francés. A lo largo de su historia, Iparretarrak asesinó —según diversas fuentes— a tres o cinco personas, todos ellos policías franceses. Seis de sus miembros fallecieron de forma violenta, básicamente en enfrentamientos con la policía o al estallarles los explosivos que iban a colocar. Desde 2000 Iparretarrak permanece completamente inactiva, aunque nunca ha anunciado su disolución definitiva.

Las cifras de muertos de Iparretarrak no tienen comparación con las más de 800 producidas por ETA a lo largo de su historia. Sin embargo, tras el intento de descarrilamiento del tren en 1961, el uso de la violencia por parte de la nueva organización apenas se incrementó. A finales de 1963, el robo de dinamita de una cantera le permitió colocar varias bombas en edificios oficiales. En torno al año siguiente algunos etarras empezaron a portar pistolas, conseguidas a través de anarquistas o compradas en Centroeuropa, y a hacer prácticas de tiro en las Landas. Incluso después de la V asamblea, la actividad de ETA se limitó —además de a actuar en el seno del movimiento obrero— a colocar ikurriñas y poner bombas contra edificios oficiales, monumentos franquistas y repetidores de televisión. Eso sí, para dar más repercusión a estas últimas acciones, se elegían momentos clave: por ejemplo, en 1967, el repetidor de Olárizu, en Vitoria, fue volado mientras TVE emitía un partido de fútbol europeo del Real Madrid.

En esta primera fase, una peculiar concepción del uso de la violencia en conciencia llevaba a situaciones que serían impensables unos años más tarde. Por ejemplo, cuando ETA atracó en 1970 la pagaduría de los astilleros de La Naval en Sestao, un obrero trató de impedir el paso a la etarra que salía con el dinero. Las consignas eran no provocar víctimas entre los trabajadores, por lo que la chica (Maite Arévalo), a pesar de ir armada con una metralleta, se dejó coger, pasando por ello varios años en la cárcel. Dos años antes, un comando puso una bomba con temporizador en la delegación de El Correo Español-El Pueblo Vasco en Éibar. Los dos etarras que vigilaban se dieron cuenta de que, cuando la bomba estaba a punto de explotar, aún había gente trabajando en el edificio. Para evitar víctimas, regresaron a la oficina con el fin de desconectar el explosivo, que les estalló a ellos mismos, dejándolos malheridos. A esto se unía la escasa experiencia de los comandos, reflejada en hechos disparatados, como el que siguió al fallido atentado que acabamos de explicar. Un antiguo etarra contaba cómo a los dos miembros de ese comando «les ingresaron en el hospital y pensamos que sería más fácil sacarlos de allí y mandarles al exilio. Uno de los dirigentes tuvo una idea: “Lo mejor es que entremos vestidos de curas”. “¿De curas? —pregunté— pero ¿por qué?”. “Mira, tienen una entrada especial, lo pone ahí. Sala de curas…”. Era la entrada de emergencia, claro».

Además, algunas de las acciones más llamativas de esta etapa fueron en realidad obra de un grupo que se había escindido de ETA. Dirigido por Javier Zumalde, alias El Cabra, se trataba de un sector más militar que político, que pretendía aplicar a Euskadi una táctica de lucha guerrillera, similar a la empleada en Vietnam o en determinadas zonas de Latinoamérica y África, tal y como teóricamente había planteado La insurrección en Euzkadi en 1964. Siguiendo esta idea, los Cabras vestían uniformes militares y establecían áreas de abastecimiento en zonas montañosas, desde donde atacaban sus objetivos: el 1 de mayo de 1966 llegaron a ocupar durante unas horas el pequeño pueblo vizcaíno de Garay, cerca de Durango, en una estrategia muy distinta a la habitualmente empleada por ETA a lo largo de su historia. Los guerrilleros cortaron el teléfono, hicieron pintadas, izaron la ikurriña y abandonaron el pueblo antes de que la Guardia Civil llegara a reconquistarlo. Cuando fueron detenidos, dos años después, algunos de sus miembros no sabían que no pertenecían a la ETA oficial.

Pese a estos primeros años de relativamente escasa actividad, hay quien sostiene que ETA empezó a matar nada más nacer y lo hizo además de una forma especialmente cruel. En efecto, el 27 de junio de 1960 una bomba colocada en la estación donostiarra de Amara hirió a una niña de dos años, Begoña Urroz, que falleció al día siguiente. En 2010, el Congreso de los Diputados declaró el 27 de junio como «Día de las Víctimas del Terrorismo», oficializando la versión de que «hace 50 años, ETA asesinó por primera vez. Su víctima fue Begoña Urroz». Esta afirmación era consecuencia de una confusión, puesto que el atentado fue obra del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), un grupo terrorista de extrema izquierda, conocido por el secuestro del buque portugués Santa María en 1961. De hecho, el mismo día que explotó la bomba en Amara, estallaron varias más en estaciones de Bilbao, Barcelona y Madrid y en el tren correo que unía estas dos ciudades: unas acciones que sin duda superaban con mucho las posibilidades y el ámbito de actuación de ETA, fundada solo un año antes.

De hecho, no solo no existe ninguna pista documentada que relacione ese asesinato con ETA sino que durante más de treinta años nadie lo vinculó con la organización vasca. Sin embargo, en 1992 el vicario de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, escribió que una catequista, vecina de la familia Urroz, le había comentado que era posible que ETA fuera la responsable de la muerte de la niña. El exministro socialista Ernest Lluch, asesinado después por ETA, investigó esta pista y publicó en 2000 un artículo en El Correo en el que concluía que Urroz había sido la primera víctima de la organización, aunque no aportaba ni una sola fuente fiable que avalara su aserción. Ello no impidió que diez años después (en pleno auge del reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que durante mucho tiempo habían sido completamente olvidadas) la posibilidad de identificar a ETA desde su mismo nacimiento con una organización capaz de asesinar a una niña de dos años hizo que el Congreso de los Diputados se dejara llevar por la teoría de Lluch, que hoy está totalmente abandonada por los historiadores.

El hacha y la serpiente

Pese a haber abandonado definitivamente su «lucha armada» en 2011, todavía hoy es posible ver en algunos lugares del País Vasco pintadas con el logotipo de ETA desde la época franquista: se trata de un símbolo con una serpiente y un hacha entrelazadas y el lema Bietan jarrai («Seguir en las dos»). Este anagrama fue creado por el anarquista vasco Félix Likiniano que, tras luchar en la Guerra Civil, marchó al exilio en Francia, donde en la década de 1960 se acercó a los planteamientos de ETA y diseñó su icono. Este representaría la fuerza (el hacha) y el sigilo o la astucia (la serpiente). El dirigente de ETA Mikel Albisu (Antza) dio su propia interpretación en un juicio en París en 2010, según la cual «el hacha significa “golpear” y la serpiente, “ser inteligente” […]. Hay que utilizar la fuerza con inteligencia, no la fuerza bruta».

Como vamos a ver a continuación, quizá no fue ni la fuerza bruta ni la inteligencia, sino una decisión personal, en apariencia fortuita, la que hizo que en 1968 ETA cometiera su primer asesinato y cayera muerto el primer miembro de la organización a manos de las fuerzas del orden público. Pero, como sucede siempre en la historia, las causas puramente personales —las que hacen que una persona dispare el gatillo en un momento concreto— están influidas por circunstancias estructurales y ambientales. Según acabamos de ver, en los años anteriores a 1968 ETA se había proveído del arsenal ideológico necesario para que matar resultara una opción válida; y después de la V asamblea obtuvo el arsenal físico que precisaba —ametralladoras, explosivos y armas cortas— para hacer realidad esa opción. En un escrito redactado por Txabi Echevarrieta en marzo de 1968, ETA anunciaba: «Para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin un muerto». Lo que sí era secreto era que uno de esos muertos iba a ser el propio Txabi.

Sucedió el 7 de junio de 1968 en la carretera Nacional-I. Txabi Echevarrieta conducía un Seat 850 Coupé robado, matrícula de Zaragoza, provisto de documentación falsa, en el que también viajaba Iñaki Sarasqueta. Se dirigían a Beasain, donde otro liberado de ETA, Jokin Gorostidi, iba a entregarles unos explosivos, que ellos debían hacer llegar al jefe del frente militar, Eustaquio Mendizábal. Al llegar a la zona de Villabona, se encontraron con obras en la calzada. Un joven guardia civil de tráfico, José Pardines, sospechó algo, mandó parar el vehículo y pidió la documentación al conductor. El guardia se dio cuenta de que el número del bastidor del motor y la matrícula no coincidían con la documentación. Según el propio Sarasqueta, Pardines «estaba agachado, con una mano sosteniendo los papeles y comprobando». «Txabi me dijo: “Si lo descubre, le mato”; “No hace falta —contesté yo— lo desarmamos y nos vamos”; “No, si lo descubre le mato”; Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el motor en la parte de detrás. Sin volverse empezó a hablar. “Esto no coincide…” Txabi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Txabi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más en el pecho. Había tomado centraminas y quizá eso influyó».

Pese a que esta versión procede de un testigo muy fiable, la izquierda nacionalista radical construyó una memoria muy distinta. Y es que era difícil de admitir que el primer eslabón de la para ellos cadena heroica de la historia de ETA hubiera sido un disparo por la espalda, casi a quemarropa, a un hombre desprevenido, que efectuaba un rutinario control de tráfico; y que quien pronto sería el primer mártir de ETA estuviera afectado por una droga, un psicofármaco que provocaba un estado de sobreexcitación, que en aquella época se vendía sin receta y que utilizaban frecuentemente los escolares en periodo de exámenes para estudiar de noche. Por el contrario, según la versión de la izquierda abertzale, el enfrentamiento fue más bien un duelo propio de una película del Oeste: Pardines, al «comprobar los datos falsos de la documentación intentó sacar su arma», pero «Etxebarrieta dispara primero. El guardia civil cae muerto».

En medio de la confusión, el compañero que formaba pareja con Pardines, Félix de Diego, ni siquiera se enteró, hasta que fue avisado por un camionero que había presenciado el final de la escena. En 1979, De Diego sería también asesinado por ETA en Irún, aunque la banda desconocía su conexión con el aciago día de 1968, cerrando así un círculo de sangre, que antes se había cobrado una nueva víctima. En efecto, Echevarrieta y Sarasqueta huyeron de inmediato del lugar del crimen, refugiándose en Tolosa, en casa de un sacerdote que colaboraba con ETA. Mientras la Guardia Civil acordonaba la zona, decidieron huir en el vehículo del sacerdote. Horas después, eran interceptados en un control en Benta Haundi, cerca de Tolosa. Sarasqueta pudo huir, disparando a los guardias que trataban de atraparle: tras ser detenido, fue condenado a muerte, aunque se le conmutó la pena máxima por cadena perpetua. Txabi tuvo menos suerte, pues fue atrapado de inmediato y golpeado, quedando casi inconsciente y recibiendo justo después tres disparos, casi también a quemarropa.

ETA había matado y muerto el mismo día. Antiguos compañeros suyos en la organización, que pronto quedaron convencidos de la maldad intrínseca de la violencia, recordaban a Txabi como un idealista, «un joven intelectual, de aspecto frágil y mirada melancólica», un poeta existencialista que leía a Unamuno y a Sartre. Alguno ha llegado a explicar que quizás Txabi decidió dejar su refugio en Tolosa cuando, una vez pasado el efecto de las centraminas, fue consciente de lo que había hecho y decidió «dejarse matar»: «Echebarrieta, que no era un asesino, no pudo dejar de verse como tal. Huérfano de padre desde la niñez, seguramente comprendió el carácter irreversible de lo que acababa de hacer y vivió esa revelación como necesidad de expiación: supo en ese mismo momento que el primero en matar sería también el primero en morir». Sin embargo, no hay datos que confirmen esta interpretación, muy distinta a la de la izquierda nacionalista radical, para quien Txabi fue el «primer mártir de nuestra revolución».

Lo cierto es que a partir de ese día, en el País Vasco nada volvería a ser como antes. Apenas dos meses después, el 2 de agosto de 1968, la organización cometía su primer asesinato premeditado, en la persona del inspector de policía Melitón Manzanas. Tres etarras le esperaban cuando regresaba del trabajo, a la entrada de su domicilio en Irún. Allí, uno de ellos disparó repetidamente contra él, en presencia de su única hija y de su mujer, quien «incluso forcejeó con el hombre de bigotes y largas patillas que mató a su marido», cuya identidad nunca ha sido revelada. Cuando en 2001 el Gobierno de José María Aznar concedió a Manzanas la «Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo», hubo protestas porque esta concesión significaba «distinguir con honores a un reconocido torturador y golpista que contribuyó al terror y a la represión de los años más oscuros de la vida española del pasado siglo». Sin embargo, los recursos judiciales contra ese reconocimiento no prosperaron, pues la ley de solidaridad con las víctimas de ETA, aprobada unánimemente por todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados en 1999, no preveía excepciones.

Hay dudas sobre si este asesinato fue consecuencia directa de la muerte de Txabi o no. Según Gorostidi, ETA ya había decidido anteriormente la «ejecución» del policía, hasta el punto de que Txabi le había seguido durante varios días para preparar el atentado. Por el contrario, Teo Uriarte recuerda que, tras su muerte, quien dirigía el Comité Ejecutivo de ETA dijo «que esto es muy serio y pregunta: ¿nos lanzamos a acciones que impliquen muertos? Y nadie dice que sí, simplemente nadie dice que no […]. No dijimos no porque hubiera sido una traición al amigo muerto». En cualquier caso, ETA explicó que la muerte de Manzanas no debía entenderse «como una venganza privada», sino como «un importante paso adelante en nuestra lucha revolucionaria».

Se había puesto en marcha la espiral de acción-represión-acción, diseñada teóricamente por ETA en 1965. A partir de ese momento, esta incrementó sus acciones violentas: entre 1968 y 1975 cometió 43 asesinatos, aunque se trata de una cifra mucho menor a los casi 800 muertos que provocó durante la Transición y la democracia. El Estado franquista respondió con la represión, a veces indiscriminada, en el marco de las sucesivas declaraciones de estado de excepción para el País Vasco, decretadas por el Gobierno en esos años. El que la persecución de los culpables, al no existir un Estado de derecho, afectara a muchas personas que nada tenían que ver con ETA, no hizo más que incrementar su prestigio entre los sectores antifranquistas, tanto en España como en el extranjero. Por ejemplo, ya en marzo de 1961 la policía había ametrallado en el barrio bilbaíno de Bolueta a los tres ocupantes de un coche en el que supuestamente Madariaga, Benito del Valle y Aguirre regresaban de una reunión para establecer ETA en Vitoria. Uno de los ciudadanos a los que la policía confundió con etarras, Javier Batarrita, falleció en el acto, mientras otro era herido gravemente. El Ministerio de Gobernación se limitó a reconocer que los policías estaban buscando «un vehículo con idénticas características al del Sr. Batarrita [que] llevaba a tres terroristas armados. Por error de vehículo, se ha escapado un disparo y hay que lamentar un muerto y un herido grave».

Aunque las cifras fluctúan, los estudios más serios aportan un total de 434 detenidos en el País Vasco en 1968, 1.953 en 1969 y 831 en 1970. El número se mantuvo en torno a esas cifras en los años siguientes, pero en 1975 ascendió hasta 4.625 detenidos. La mayoría no tenían nada que ver con ETA, pero para muchos esta situación hacía comprensibles sus atentados, por no hablar de quienes los aplaudían directamente. A lo largo de estos años, varios etarras murieron en enfrentamientos con la policía. Entre ellos cabe mencionar a Eustaquio Mendizábal (Txikia), que falleció en un tiroteo en Algorta, cerca de Bilbao, en abril de 1973. Al ser identificado y «dado el alto se dio a la fuga, haciendo uso de las armas que portaba. Los funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, que lo identificaron, corrieron tras él largo trecho, y se intercambiaron numerosos disparos» hasta que Txikia «fue alcanzado y cayó al suelo». Mendizábal era un antiguo fraile benedictino, que había abandonado la orden para terminar liderando el frente militar de ETA.

La cifra de etarras muertos fue de cuatro por año entre 1972 y 1974, pero hubo hechos mucho más trágicos, como el que en mayo de 1969 costó la vida a Segundo Urteaga, un hombre de 59 años que ejercía como campanero en la iglesia de Urabain (un pequeño pueblo de la Llanada alavesa). En un registro en la localidad, un subinspector de policía creyó que Urteaga estaba intentando avisar a algún etarra escondido, usando las campanas como contraseña, lo que después se demostró totalmente falso. El Gobierno Civil de Álava hizo pública una nota en la que —incluyendo sorprendentemente el nombre del policía autor de los disparos— reconocía que el fallecido no estaba «implicado en las actividades terroristas que motivaron el servicio policíaco establecido. Antes por el contrario, era persona de orden, con antecedentes favorables demostrados de su incorporación al glorioso Movimiento Nacional, donde combatió en destacadas unidades durante toda la cruzada». El policía que le había disparado fue expedientado y juzgado, en un proceso en el que el entonces joven José Ángel Cuerda (alcalde de Vitoria por el PNV a partir de 1979) actuó como abogado de la acusación particular.

Que a veces la represión provocaba el efecto contrario al buscado pudo verse con motivo del consejo de guerra celebrado en Burgos en diciembre de 1970. Tras el asesinato de Manzanas, la policía inició una frenética búsqueda de los etarras a los que se hacía responsables, directos o indirectos, de esta acción. Las pesquisas llevaron a la detención de 16 activistas que, según la legislación especial franquista contra el terrorismo, fueron sometidos a un proceso militar, en el que el fiscal pedía seis penas de muerte y 752 años de cárcel. Entre las detenciones, hubo alguna rocambolesca, como la de Javier Izco de la Iglesia y Gregorio López Irasuegui. Ambos acudieron a la cárcel de Pamplona el 5 de enero de 1969, supuestamente con el fin de llevar un roscón de Reyes a la esposa del segundo, Arantza Arruti, encarcelada poco antes por su pertenencia a ETA. Una vez dentro, trataron de liberarla a punta de pistola y, como resultado del fracaso de esta descabellada acción, fueron detenidos ellos también.

Juntando a todos los implicados en un solo sumario, de carácter militar, el Gobierno buscaba un juicio ejemplarizante. En realidad, lo que consiguió fue dar aún mayor protagonismo a una ETA que en ese momento estaba debilitada y dividida, convirtiéndola en víctima de la dictadura. El denominado proceso de Burgos comenzó el 3 de diciembre de 1970 en esa ciudad castellana, sede de la Capitanía General que incluía en su jurisdicción a las provincias vascas. Entre los 16 encausados había tres mujeres y dos sacerdotes. La presencia de estos dos últimos (Julen Calzada y Jon Echave) reflejaba la expansión en algunos sectores de la Iglesia de una versión marxista de la teología de la liberación aplicada al caso vasco, que justificaba «el camino violento como un mal menor integrable en el proceso cristiano de liberación».

Aunque estos clérigos integrados en ETA enseguida colgaron la sotana y abjuraron de su fe religiosa, la presencia de Calzada y Echave en Burgos dio un carácter especial al proceso. El concordato firmado entre España y el Vaticano en 1953 preveía que los juicios contra sacerdotes pudieran celebrarse a puerta cerrada, para evitar dar publicidad a sus acciones delictivas. Sin embargo, en los años transcurridos desde la firma del concordato, buena parte de la Iglesia española —aplicando las resoluciones del Concilio Vaticano II sobre las relaciones Iglesia-Estado y el reconocimiento de los derechos humanos— había cambiado sustancialmente su visión del régimen franquista, tal y como lo había hecho también la Santa Sede. Por ello, la Iglesia renunció a dicho privilegio de privacidad y exigió que el juicio fuera público.

Este hecho modificó el sentido del proceso de Burgos: por primera vez en todo el franquismo, los acusados pudieron exponer en público las ideas por la que luchaban y denunciar al régimen y las torturas que habían sufrido. Con este motivo, las protestas contra la represión se sucedieron en el País Vasco y en toda España y el juicio se convirtió en un acontecimiento mundial, con proclamas y manifestaciones antifranquistas en diversos países. También el PNV lo convirtió en una plataforma para denunciar que «el franquismo, con una ciega ira, había pretendido desterrar de la faz de la tierra el nombre del pueblo vasco»; por el contrario, para la izquierda internacional fue una ocasión para desenmascarar a la dictadura española.

A todo ello se añadió el secuestro por ETA, dos días antes del inicio del juicio, de Eugen Beihl, cónsul honorario de la República Federal de Alemania en San Sebastián, exigiendo la liberación de los 16 encausados a cambio de la vida del diplomático. Algunos de los procesados no estaban de acuerdo con esta medida, ideada y llevada a cabo por el frente militar de ETA, liderado por Juan J. Echave. Empero, estos etarras tampoco debían estar demasiado preparados desde el punto de vista militar, teniendo en cuenta que —durante su secuestro en el sur de Francia— Beihl aprovechó un descuido de sus secuestradores para escaparse. Sin embargo, cuando el cónsul acudió a un bar a pedir ayuda, fue entregado de nuevo a sus captores. Días después, mientras continuaba el juicio, Beihl apareció libre en la ciudad alemana de Wiesbaden, adonde había sido trasladado junto a un periodista alemán, que actuó de mediador. En realidad, sus secuestradores lo liberaron sin condiciones, una vez que fueron conscientes de que esa acción era impopular y podía ser contraproducente para el desarrollo del juicio.

Al final del proceso, los encausados decidieron romper el juicio, declarándose prisioneros militares, de acuerdo con la Convención de Ginebra. Uno de ellos, Mario Onaindía, entonó el Eusko Gudariak (el himno de los gudaris vascos de la Guerra Civil, reconvertido en lema de los miembros de ETA) levantando el puño cerrado, y fue secundado por sus compañeros. Los jueces trataron de restablecer el orden, mandando a los guardias intervenir para atajar la sonora protesta de los acusados. Uno de los militares del tribunal sacó incluso su sable —reglamentario en el uniforme empleado en actos solemnes como el del juicio— para amenazar a los revoltosos. Como la protesta estaba preparada de antemano, alguien había logrado introducir en la sala un pequeño magnetófono, con el que grabó este momento culminante del juicio. La cinta fue sacada al extranjero y se difundió en la clandestinidad, convirtiendo ese instante del proceso en un hito grabado en la memoria colectiva de la oposición antifranquista y en especial del nacionalismo vasco.

Por fin, el 28 de diciembre de 1970, el tribunal hizo pública su sentencia. En ella seis de los encausados (Javier Izco, Unai Dorronsoro, Xabier Larena, Mario Onaindía, Jokin Gorostidi y Eduardo Uriarte) fueron condenados a muerte; otros nueve sufrieron penas de prisión y solo una (la propia Arantza Arruti) fue absuelta. Presionado por las movilizaciones y por la opinión pública internacional, dos días después Franco anunció el indulto para todos los condenados a muerte. Lo que para unos era un signo de debilidad, para otros lo fue de fortaleza del régimen. En realidad, el escarmiento que buscaba el Gobierno franquista aumentó hasta límites insospechados el mito de ETA, convertida en una auténtica vedette de la lucha contra la dictadura. Además, las proclamas más izquierdistas que nacionalistas de algunos de los procesados no gustaron al frente militar de la organización, liderado por Echave, que gracias al secuestro de Beihl salió fortalecido de esa coyuntura.

En efecto, en la etapa inmediatamente anterior al juicio, ETA se halló de nuevo dividida entre quienes apostaban por poner en primer plano el nacionalismo y quienes abogaban por el socialismo. Como la cúpula de la banda había sido desmantelada, había un Comité Ejecutivo provisional, con Patxo Unzueta al frente, que buscaba reconvertir a ETA en un «partido leninista». Echave se opuso radicalmente a este viraje, abogando por reforzar su carácter nacionalista y redoblar la «lucha armada» para lograr su objetivo. Inicialmente, los izquierdistas lograron la mayoría, al ver aprobadas sus ideas en la VI asamblea de la organización, que tuvo lugar en agosto de 1970. Como en crisis anteriores, el grupo de Echave acusó a los vencedores de defender el «liquidacionismo» (es decir, de querer dejar la violencia) y de ser una mera «fracción marxista-leninista española de ETA».

Esto hizo que durante el juicio de Burgos hubiera dos ETA enfrentadas: la mayoritaria y oficial ETA-VI y la más débil en número pero más activa ETA-V (en relación con las respectivas asambleas de las que se sentían deudoras). Pero, si al principio el triunfo correspondió a ETA-VI, enseguida las tornas cambiaron. Por un lado, ETA-VI fracasó en su intento de llevar a cabo una acción espectacular: la liberación de los procesados, abriendo un túnel desde el sistema de alcantarillado hasta la cárcel. Cuando casi estaban llegando a su objetivo, pocos días antes del inicio del juicio, se encontraron con un muro de hormigón que les impidió al acceso. Por el contrario, el secuestro de Beihl dio alas a ETA-V y además algunos de los procesados, que en principio estaban con sus rivales, terminaron apoyando al grupo de Echave. Por si fuera poco, en marzo de 1971 era detenida la dirección de ETA-VI, que quedó descabezada. Esta abandonó el recurso a las armas, anunció «la ruptura de ETA con el nacionalismo» y giró definitivamente hacia la extrema izquierda. En 1973 se fusionó con la Liga Comunista Revolucionaria, una organización española de carácter trotskista, que en el País Vasco se denominó LKI. En poco tiempo, por tanto, ETA-V —que además recibió el aporte de un grupo de jóvenes escindidos de las juventudes del PNV, el denominado EGI-Batasuna («Unidad»)— volvía a ser la única ETA.

La división ideológica de los procesados en Burgos —presente ya en 1970— se ahondaría con el paso del tiempo, sobre todo cuando, tras la muerte de Franco, fueron amnistiados y se incorporaron a la vida política. Al principio se dividieron entre los diversos grupos de la izquierda abertzale y de la extrema izquierda española. Después, mientras algunos ocupaban un lugar preeminente en Herri Batasuna, otro acabó en Izquierda Unida y dos terminaron en el PSOE. Uno de ellos, Mario Onaindía, encargado en su momento de la acción simbólica más difundida de la vista oral (el inicio del canto del Eusko Gudariak), tuvo que llevar guardaespaldas al final de su vida para defenderse de un posible atentado de sus antiguos compañeros de ETA, que lo consideraba un traidor a la causa. Sin duda es por ello que el juicio de Burgos no ha sido un símbolo excesivamente conmemorado por la izquierda nacionalista radical, sino un icono antifranquista en general.

De este modo, tras el juicio de Burgos y la escisión de ETA-VI, ETA-V se revitalizó. Pese a perder en un tiroteo con la policía en 1973 a Txikia, su nuevo líder militar, pudo incrementar sus acciones terroristas, a un ritmo que entonces pareció dramático pero que, comparado con lo que sucedería en la Transición, puede parecer poca cosa. En esta época tuvieron lugar los dos primeros secuestros a empresarios. El guipuzcoano Lorenzo Zabala fue liberado tras cuatro días de cautiverio en enero de 1972, una vez que la empresa que dirigía, Precicontrol, readmitió a un grupo de obreros despedidos y cumplió las exigencias de sus trabajadores. Estos habían sido los protagonistas de un conflicto laboral en el que ETA se personó para apoyarles, en una forma poco ortodoxa, que en el futuro sería repetida en varias ocasiones. El otro secuestrado fue el navarro Felipe Huarte. También su empresa, Torfinasa, estaba atravesando un periodo laboralmente conflictivo, pero en este caso ETA no solo pidió que se cumplieran las exigencias de los trabajadores sino que solicitó a la familia 50 millones de pesetas. Tras cumplirse ambas exigencias, los secuestradores dejaron en libertad al empresario, después de diez días de cautiverio, en enero de 1973.

Alguno de los asesinatos cometidos por ETA en esta época presentan rasgos peculiares. Es el caso de tres jóvenes gallegos que trabajaban como agentes de aduanas en la frontera de Irún, que el viernes 23 de marzo de 1973 decidieron pasar la frontera para ver en San Juan de Luz El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, una película que por su contenido erótico estaba entonces prohibida en España. El hecho de que el lunes no hubieran regresado alarmó a sus familiares: uno de ellos recorrió la costa vasco-francesa buscando rastros del coche, por si se había despeñado en el mar. Al cabo de un tiempo, acudieron a las autoridades, pero ni la policía española ni la francesa dieron con su paradero. A finales de 1973, un periodista vinculó por vez primera su desaparición con ETA. Hoy siguen sin conocerse los detalles, pero no hay duda de que fue la causante de su muerte, aunque fuera de forma atípica.

En efecto, tras salir del cine los tres amigos entraron en una discoteca, donde coincidieron con varios etarras, que a esas horas ya habían bebido demasiado. Al ver a tres jóvenes hablando en castellano con acento gallego, los confundieron con policías españoles y les siguieron hasta el aparcamiento, donde se produjo una fuerte discusión. Uno de ellos, Humberto Fouz, se enfrentó a los etarras y recibió un botellazo en la cabeza que le dejó maltrecho. A continuación, los etarras maniataron a los tres y los llevaron a la localidad de Saint-Palais, donde los torturaron, tratando de sonsacarles información. Para cuando se dieron cuenta de que se habían confundido de personas ya era tarde: el prestigio de ETA no podía quedar dañado por un error tan tonto y la única solución era asesinarlos y esconder sus cadáveres. Lo hicieron tan bien que sus cuerpos jamás han aparecido. Uno de los etarras presuntamente responsables, Tomás Pérez Revilla (a quien ya en 1976 un informe confidencial del embajador francés en España señalaba como autor material del botellazo contra Fouz), fue asesinado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en 1984.

Si estos asesinatos tardaron años en salir a la luz, sucedió exactamente lo contrario con la acción más espectacular de la historia de ETA hasta 1975, que de inmediato dio la vuelta al mundo. El 20 de diciembre de 1973, el Comando Txikia (bautizado así en memoria de Mendizábal) asesinaba en Madrid al presidente del Gobierno español, el almirante Luis Carrero Blanco. Desde 1968, ETA solo había cometido siete asesinatos, todos ellos en territorio vasco, salvo el de los tres jóvenes muertos en el sur de Francia. Con estos antecedentes, era difícil prever que ETA podía atreverse a preparar un atentado en Madrid contra el propio Carrero. Inicialmente, la denominada Operación Ogro buscaba secuestrar a Carrero, que entonces era aún vicepresidente del Gobierno, para canjearlo por varios presos de la organización. Pero, tras su nombramiento como presidente por Franco en junio de 1973, las medidas de seguridad en torno al almirante aumentaron, lo que llevó a ETA a cambiar sus planes y a pensar en su asesinato.

Para ello, los componentes del comando alquilaron un sótano en una céntrica calle de Madrid. Durante dos meses, haciéndose pasar por estudiantes de Bellas Artes que estaban especializándose en escultura, para evitar que el ruido que hacían levantara sospechas, excavaron un túnel hasta llegar al centro de la calle Claudio Coello. Allí colocaron una fuerte carga explosiva que, tras ser detonada por medio de un cable, estalló el 20 de diciembre de 1973, justo cuando el coche del presidente transitaba por encima. La acción fue relativamente sencilla pues, a pesar de haber incrementado su escolta, Carrero hacía todos los días el mismo recorrido, para ir a misa a la iglesia de los jesuitas, antes de incorporarse a su trabajo. Como resultado de la explosión, el coche donde viajaba el presidente voló literalmente varios metros, rozando el tejado y cayendo en un alero del patio de la residencia de los jesuitas. Resultaron muertos Carrero, su chófer y un escolta. En la calle quedó un enorme agujero, que al principio hizo pensar en una fortuita explosión de gas. ETA dio una rueda de prensa en el sur de Francia reivindicando el atentado y explicando al detalle su preparación, sin que la policía francesa interviniera.

La facilidad con la que ETA realizó el atentado ha dado lugar a rumores sobre ayudas externas a la organización, incluyendo la supuesta connivencia de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya Embajada en Madrid está situada junto al lugar del atentado. Según esta teoría, los norteamericanos habrían buscado eliminar a Carrero para facilitar una futura transición a la democracia o incluso —citando como fuente a la agencia de noticias soviética TASS— vengar la negativa de Carrero a la utilización de las bases norteamericanas en España durante la Guerra del Yom Kipur. Sin embargo, no hay ninguna prueba que permita verificar esta hipótesis. Todo apunta a que ETA pudo realizar este magnicidio sin mayores problemas debido a la escasa precaución de las autoridades y al efecto sorpresa: de hecho, algunos vecinos, al oír el acento vasco de los jóvenes que preparaban el atentado, llegaron a hacer bromas preguntándoles si «eran de la ETA», respondiendo estos con toda paz que eran de Valladolid. Lo cierto es que ETA dio de repente un paso de gigante con respecto a sus anteriores acciones. El asesinato de Carrero Blanco le dio un gran protagonismo, incrementando su prestigio y reforzando su carácter de símbolo de la lucha contra Franco, iniciado en el juicio de Burgos.

De hecho, el atentado fue aplaudido no solo por sus simpatizantes sino también por otros sectores de la oposición antifranquista. Por ejemplo, futuros dirigentes del PSOE, como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina, reconocieron después haber tenido «cierta complacencia» con estas y otras acciones de ETA durante el franquismo, pese a ver también con «horror» sus métodos. Desde París, la primera reacción del Gobierno vasco fue de incredulidad, pensando que ETA no tenía capacidad suficiente para llevar a cabo una acción así. El propio Leizaola desmintió la autoría de ETA en declaraciones a la prensa francesa, que tuvo que rectificar tras recibir una confirmación por parte de los dirigentes etarras.

En cuanto a las relaciones entre el PNV y ETA durante el franquismo, estas fueron ambiguas, de amor-odio, como las de un padre con un hijo pródigo, que espera que alguna vez vuelva al redil familiar y a quien por tanto se le perdonan sus pecados. En palabras de Telesforo Monzón, los de ETA también eran «hijos de las ideas de JEL. Si no hubieran existido estas ideas, tal vez hoy no habría ETA. Si ellos se han alejado de la casa del padre, no dejan de llevar en sus venas la sangre del padre». Al principio, más que el empleo de la violencia, que apenas había comenzado, la crítica del PNV hacia su «nuevo enemigo» derivaba de «la vinculación de ETA con el comunismo». Aunque se reconocía que sus miembros eran «patriotas», los jeltzales añadían que tanto su pensamiento como sus procedimientos eran «totalitarios». En 1966, un dirigente jeltzale escribía que en las proclamas de ETA «lo nacional vasco apenas sale a relucir más que de pasada, están dedicadas al desarrollo de unas tácticas de revolución socialista que huelen demasiado a Mao».

Sin embargo, el hecho de que tanto el PNV como ETA se opusieran al franquismo y de que esta última fuera quien más sufriera la represión facilitaba la comprensión y la empatía. El PNV denunciaba la persecución contra los jóvenes etarras y colaboraba económicamente en el socorro a sus presos y exiliados. Pese a no compartir sus ideas, creía que no era «el momento» para resaltar sus diferencias con los miembros de ETA, «sino para ayudarles con toda sinceridad y afecto». El propio Gobierno vasco entendía la violencia etarra como una respuesta lógica contra la opresión franquista. Ya en 1968, tras la muerte de Manzanas, el ejecutivo en pleno, tras exigir el «respeto integral a la vida y a la dignidad del hombre», rechazó «los abusos de poder del gobierno franquista», cuya «violencia ha dado lugar a la otra, y mientras subsista no será posible salir de este círculo vicioso». En 1973 Alderdi, el boletín oficial del PNV, señaló claramente: «la violencia armada es materialmente inútil y contraproducente». Pero todavía en junio de 1975, Leizaola, pese a reconocer que «no es la violencia una solución, sino que esta ha de venir por la vía política», subrayaba que ETA era una reacción ante «una guerra contra una población civil, contra Euzkadi y los vascos».

En el marco de esa ambigüedad, dentro del PNV había quien tenía clarísima la necesidad de marcar distancias frente a ETA, dejando claro que no se solidarizaba «con los métodos de violencia y terrorismo que utiliza ETA», que «repugnan a la inmensa mayoría de nuestro pueblo». Sin embargo, no todos los militantes jelkides compartían esta visión tan drástica. Es más, durante un tiempo, pareció que el PNV —o al menos su sector juvenil— podía caer también en las redes de la violencia, en un momento en que el activismo de ETA se estaba convirtiendo en un auténtico tótem. Ya en 1962, Gudari, la revista editada por EGI en Caracas, explicaba que, si era suficiente con «la huelga, el boicot a las leyes y el sabotaje, ahí detendremos nuestra acción; si fuera menester para vencer la tiranía y volver a un estado de derecho, usar la violencia armada, afirmaríamos, sin vacilar, la legitimidad de este último recurso».

En un documento interno de 1968, el PNV reconocía la «colocación de artefactos explosivos por nuestra misma organización». Entre estas acciones, la que tuvo más repercusión fue la colocación de una bomba en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España de 1968, organizada por el diario bilbaíno El Correo Español-El Pueblo Vasco. Previamente, el PNV «se había dirigido por carta a cada uno de los ciclistas participantes, así como a sus directores de equipo, pidiéndoles que se retiraran de la Vuelta y anunciándoles que en caso de no hacerlo se vería obligado a tomar medidas». La explosión en la bajada del puerto navarro de Urbasa provocó un boquete en la carretera, dejando apenas un hueco de asfalto para que pasara el ciclista que iba escapado (José Luis Uribezubía, del equipo Kas), mientras un coche de la carrera se empotraba en el socavón. El pelotón que venía detrás no pudo pasar y se detuvo la etapa Vitoria-Pamplona, mandando una moto a parar al escapado. Los ciclistas, encabezados por el líder del Kas José Pérez Francés, que iba segundo en la general, se negaban a seguir, mientras la Guardia Civil intentaba minimizar los hechos para que continuaran. Al parecer, un sargento llegó a amenazar al ciclista cántabro con una pistola, mientras el teniente coronel que estaba al mando le acusaba de ser amigo de los terroristas. Pérez Francés le replicó que él había hecho la mili en África y que no tenían que enseñarle a amar a su patria, aunque al parecer lo que más le afectó fue que le dijeran que no quería seguir para que no le ganara el italiano Gimondi, que lideraba la general.

Tras suspender la etapa, el problema era que las siguientes se desarrollaban también en suelo vasco, por lo que los equipos se reunieron para tomar una decisión. Finalmente, presionados por la Federación y por las autoridades, la carrera se reanudó y llegó hasta Bilbao, con la escolta de guardias civiles incrementada al máximo. Según se cuenta, «en las cunetas de Guipúzcoa hubo muchísimo público, en un día luminoso», para ver la carrera, que finalmente ganó Gimondi. El PNV destacó que «no hubo que lamentar ninguna víctima ni heridos», aunque lo cierto es que hubo que atender en un hospital a un joven matrimonio con un bebé, que había subido a ver la carrera en directo. Menos suerte tuvieron dos jóvenes de EGI, Jokin Artajo y Alberto Asurmendi, que en abril de 1969 murieron cerca de Ostiz (Navarra), al explotarles dentro de su coche una bomba que iban a colocar. Este hecho significó el final del uso de la violencia por EGI aunque, como ya hemos mencionado, un sector (el denominado EGI-Batasuna) terminaría fusionándose con ETA en 1972, alejándose definitivamente del PNV.

Frente a este circunstancial cruce de caminos entre las juventudes del PNV y la violencia, tras el asesinato de Carrero Blanco ETA siguió empeñada en intensificar su «lucha armada». Esta incluyó acciones rocambolescas, como la Operación Pesca, un intento fallido de secuestrar al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón y a su familia en la Costa Azul, en julio de 1974, con el fin de canjearlos por unos 300 millones de pesetas y por la liberación de cien presos de ETA. Esta pretendía aprovechar la visita de Juan Carlos a Montecarlo, con el fin de participar en la inauguración de un casino, para abordar la embarcación del príncipe en alta mar y secuestrarlo. La idea era esconderlo en una villa en Niza y desde ahí esperar a ver si Franco pagaba el rescate y liberaba a los presos.

La acción fracasó al parecer porque uno de los etarras, Joaquín María Azaola, se arrepintió y, por medio del Consulado español en Bayona, avisó a la policía, que desbarató el intento de secuestro, pues el futuro Juan Carlos I no viajó a Montecarlo. Tras ser amnistiado, Azaola —ya completamente desvinculado el mundo de ETA— concedió en 1978 una entrevista a un semanario sensacionalista, en la que contaba los detalles de la operación y de su arrepentimiento. El 19 de diciembre de 1978, Azaola era asesinado en Algorta por unos encapuchados, armados con pistolas de 9mm Parabellum. ETA hizo público un comunicado explicando que su muerte era un «aviso para quienes se sientan tentados de seguir su camino en la creencia de que ETA no tiene medios de hacer justicia».

Tres meses después del frustrado intento de secuestro del príncipe, el 13 de septiembre de 1974, ETA colocó una bomba en la cafetería Rolando de Madrid, situada en la calle Correo. Al estar muy cerca de la Dirección General de Seguridad, los etarras esperaban que buena parte de las víctimas de la explosión fueran policías, pues estos acudían con frecuencia a este y otros establecimientos cercanos. El potente artefacto explosivo (treinta kilogramos de dinamita, reforzados con tuercas que hicieron de metralla) fue activado por medio de un temporizador: estalló a las dos y media de la tarde, cuando la cafetería estaba llena de clientes, al ser la hora de la comida. Hubo más de setenta heridos; doce personas murieron casi en el acto y una más falleció en 1977, después de dos años y medio hospitalizado, luchando entre la vida y la muerte. Solo este último, Félix Ayuso, era policía. Los otros doce eran civiles que simplemente pasaban por allí, incluyendo a cinco mujeres. Una de ellas, María Jesús Arcos, se había casado seis días antes con Antonio Alonso, que también falleció en el atentado. Las víctimas no recibieron ningún reconocimiento ni fueron objeto de homenaje o recuerdo alguno. Así lo relatan en el documental Trece entre mil (2005) los padres de María Ángeles Rey, una joven estudiante que falleció en el atentado. Su padre recuerda a su hija como una chica «hermosa y bien parecida […] y guapa, porque a los veinte años es cuando más guapa se está». El rostro silencioso de su madre en este documental refleja a la perfección el sufrimiento de quienes durante muchos años padecieron en soledad la violencia de ETA. Frente al silencio de la madre, el padre recuerda su único comentario al reconocer el cuerpo de su hija en el depósito de cadáveres: «¡Qué pronto nos has abandonado!». Consciente de la impopularidad de un atentado en el que no había muerto ninguno de sus presuntos objetivos, ETA debatió si debía reivindicar o no la acción, venciendo los partidarios de no hacerlo. Más tarde, publicó incluso un comunicado acusando del mismo a la ultraderecha y al propio régimen. Sin embargo, muy pocos se dejaron engañar. Idoia Estornés, por ejemplo, dejó de «esperar-aceptar-justificar-celebrar los asesinatos de ETA» tras este atentado.

Además, la tragedia de la calle Correo fue el detonante de la escisión más importante de la historia de la organización, que en el otoño de 1974 quedó dividida en dos ramas: ETA militar (ETA-m) y ETA político-militar (ETA-pm), pronto personalizadas en sus dirigentes José Miguel Beñaran (Argala) y Eduardo Moreno Bergareche (Pertur), respectivamente. Además de la cuestión sobre el reconocimiento o no del atentado contra la cafetería Rolando, se discutía una cuestión de táctica ante el proceso que previsiblemente se iba a abrir tras la muerte de Franco. ETA-m entendía que, ante la futura «democracia burguesa», solo era necesaria una «organización armada»; los poli-milis, siguiendo el modelo de los Tupamaros uruguayos, pensaban que junto a la «lucha armada» haría falta una «lucha de masas» de carácter político. Por primera vez, la escisión no se debía a debates ideológicos sino tácticos, a los que se unieron los conflictos personales entre dirigentes, latentes desde la muerte de Txikia en 1973.

Inicialmente, ETA-m se quedó en minoría: aunque controlaba la mayor parte del dinero y de las armas de la organización, contaba con pocos militantes. Ello hizo que en la etapa final del franquismo fuera poco activa y por tanto sufriera menos detenciones. Por el contrario, ETA-pm aprovechó su predominio numérico para incrementar sus acciones violentas. Sin embargo, no contaba con que entre sus filas estaba infiltrado un agente de los servicios secretos españoles, Mikel Lejarza, alias Lobo, que llegó incluso a ser nombrado encargado de la infraestructura de la organización. Desde esta atalaya, Lejarza podía informar con pelos y señales de todos los entresijos de la banda. Según su propio testimonio, entre 1973 y 1975 ayudó a desarticular varios comandos y facilitó el ingreso en prisión de 150 terroristas. Finalmente, para evitar que fuera descubierto, Lejarza fue retirado de la circulación por sus superiores. Aunque los polimilis sembraron el País Vasco con carteles que reproducían su rostro, nunca consiguieron localizarlo. En la actualidad, tras muchos años amenazado de muerte por ETA, Lobo sigue viviendo una nueva vida con una identidad falsa, en un lugar desconocido.

En consecuencia, en el verano de 1975 ETA-pm quedó casi completamente desarticulada. En sus documentos internos, reconocía el «error» de haber querido responder de igual a igual al Estado, yendo más allá de lo que aconsejaba la prudencia, mientras ETA-m se frotaba las manos. Más adelante, la salida de ETA-pm de los responsables de sus comandos especiales (los berezis), que se integraron en ETA militar, dio la victoria definitiva a esta última. Los polimilis detenidos fueron sometidos a juicios militares: tres de ellos fueron condenados a muerte, aunque a uno se le conmutó la pena, pues había sido gravemente herido en la cabeza en el tiroteo que precedió a su detención y estaba paralítico. Los otros dos, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui, acusados de sendos asesinatos de miembros de las fuerzas del orden público, fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975. El mismo día fueron también ejecutados tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico), una organización terrorista de extrema izquierda.

Al igual que había sucedido durante el proceso de Burgos en 1970, su ejecución fue precedida de una fuerte campaña interior y exterior —incluyendo la petición de clemencia del papa Pablo VI—, que esta vez no logró que las penas fueran conmutadas. Incluso la memoria interna del Gobierno Civil de Guipúzcoa reconocía «la gran campaña propagandística desatada en esta Provincia por los diferentes partidos y organizaciones políticas de la oposición» en septiembre de 1975. Las protestas se repitieron con más fuerza aún tras hacerse efectivas las ejecuciones. Txiki y Otaegui, los dos únicos miembros de ETA ejecutados a lo largo de su historia, se convirtieron en mártires de la organización. Entre ellos, Txiki ha sido especialmente conmemorado por la izquierda nacionalista radical, al tratarse de un inmigrante extremeño. Esto permite presentarlo como ejemplo de integración de la clase obrera nacida fuera de Euskadi en la lucha del pueblo vasco. Además, frente a la actitud más temerosa de Otaegui, Txiki acogió su muerte con una gran entereza: fue fusilado mientras cantaba el Eusko Gudariak, el himno de los gudaris de la Guerra Civil, vampirizado y reconvertido en un símbolo de ETA, tal y como había podido verse en el proceso de Burgos. En cualquier caso, la escasa piedad del dictador, al negarse a conmutar las penas, apenas dos meses antes de su muerte, no hizo más que dar de nuevo alas a ETA. Pero mientras la sociedad vasca comenzaba a enfrentarse a nuevos retos, la organización terrorista no iba a ser capaz de darse cuenta de que Euskadi estaba a punto de emprender una nueva etapa de su historia, muy diferente a la anterior.

EPÍLOGO

Todavía hoy (1975-2015)

Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la aprobación de la Ley para la Reforma Política, en diciembre de 1976, abrió el camino que culminó en el desmantelamiento del sistema dictatorial y su sustitución por un régimen pluralista y democrático en España. La Transición permitió la reaparición de los grupos nacionalistas históricos (el PNV y la debilísima ANV), que en la nueva coyuntura iban a disputarse la hegemonía política en el País Vasco con partidos políticos no nacionalistas: básicamente, el PSOE, el PCE, la Unión de Centro Democrático del presidente del Gobierno español Adolfo Suárez, y más a la derecha, Alianza Popular, más tarde reconvertida en el Partido Popular (PP).

Pero, a diferencia de la etapa anterior a la Guerra Civil, donde ANV no había puesto en duda la hegemonía absoluta del partido fundado por Sabino Arana en el conjunto del nacionalismo, a partir de la Transición el PNV no iba a monopolizar el campo nacionalista vasco. Este cambio era debido sobre todo a la creación de ETA en 1959, que había supuesto la mayor ruptura en la historia del nacionalismo vasco. Reflejando esta novedad, en la Transición aparecieron varios pequeños partidos representantes de esa izquierda nacionalista radical próxima a ETA. Estos grupos terminaron fusionándose en dos coaliciones, vinculadas a cada una de las dos ramas de ETA escindidas en 1974: Euskadiko Ezkerra (EE), nacida en 1977 y apoyada por ETA-pm, y Herri Batasuna (HB), vinculada a ETA-m, que se creó en 1978 y en la que se integró también ANV.

En las elecciones generales de junio de 1977, boicoteadas por los sectores afines a ETA-m, los grupos nacionalistas no fueron mayoritarios en Euskadi, aunque el PNV fue el partido más votado. Presidido desde 1977 por Carlos Garaikoetxea y con Xabier Arzalluz como portavoz en las Cortes de Madrid, el PNV participó en los debates constitucionales, pero finalmente no aceptó el proyecto de Constitución, aduciendo que este no reconocía los derechos históricos de Euskadi. En el referéndum constitucional de 1978, el PNV propugnó la abstención, mientras la izquierda nacionalista radical pedía el voto negativo. La participación electoral en Euskadi fue escasa (el 45,5 %), pero el 68,8 % de los votantes lo hicieron a favor de la Constitución.

Las elecciones generales, municipales y provinciales celebradas a lo largo de 1979 supusieron la aparición de la hegemonía nacionalista en el País Vasco, que se ha mantenido, con algunas excepciones, en todos los procesos electorales celebrados en Euskadi hasta la actualidad. Dentro del campo nacionalista, HB superó claramente a la más moderada EE, que empezó una decadencia que acabaría años más tarde con su desaparición. En 1979, el PNV siguió siendo el partido más votado, controlando los ayuntamientos de las tres capitales y las tres Diputaciones, algo que nunca había sucedido antes de 1936. Sin embargo, en Navarra el voto nacionalista siguió siendo minoritario (en torno al 20 %), consolidándose la identidad mayoritariamente no nacionalista vasca de este territorio. Además, el terrorismo no terminó con la llegada de la democracia, sino que, a pesar de la amnistía total de 1977, en la que incluso los condenados por delitos de sangre salieron de las cárceles, se incrementaron las trágicas acciones de ETA, sumando 246 asesinatos en el trienio 1978-1980.

Fueron también años de tensión en las calles de Euskadi, con proliferación de manifestaciones, frecuentes problemas de orden público, muertos en enfrentamientos con la policía y en acciones de la extrema derecha o de grupos de incontrolados. Las reivindicaciones populares de libertad, amnistía y Estatuto de autonomía consiguieron avances importantes, como la legalización de la ikurriña por el Gobierno de Suárez en enero de 1977. A pesar de que los nacionalistas se habían opuesto a ella, fue precisamente la aprobación de la Constitución española la que posibilitó la posterior aprobación del Estatuto vasco. En mayo de 1977, los principales partidos de oposición (PNV, PSOE y PCE) ya habían firmado el denominado Pacto autonómico, que suponía entrar en la vía constitucional para conseguir la autonomía, de modo semejante a como había hecho el PNV en 1932, en la Segunda República. Durante el debate constitucional, la asamblea de parlamentarios vascos comenzó la elaboración del Estatuto, de la que se autoexcluyó HB, por no estar de acuerdo con el procedimiento empleado. Tras diversas discusiones, de este anteproyecto quedó excluida Navarra, debido a la oposición de la mayoría de sus representantes, democráticamente elegidos. Se repetía así la situación de la Segunda República, cuando la autonomía también quedó reducida a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, debido a lo minoritario de la identidad vasca en Navarra. En diciembre de 1978 el anteproyecto de Estatuto vasco fue aprobado en Guernica por los parlamentarios vascos y, nada más entrar en vigor la Constitución, fue presentado en las Cortes, que, tras diversas negociaciones, lo aprobaron en julio de 1979. El 25 de octubre del mismo año tuvo lugar el referéndum —en el que, pese a la oposición de HB, convertido en un partido antisistema— Álava, Guipúzcoa y Vizcaya aprobaron definitivamente el Estatuto vasco actualmente vigente, según el cual, Navarra podría incorporarse a él en cualquier momento, en el caso de que así lo decidieran sus habitantes. Sin embargo, desde 1982 esta provincia constituye una autonomía diferente, la Comunidad Foral de Navarra.

Con la aprobación del Estatuto vasco y el regreso del lehendakari Leizaola del exilio, a finales de 1979, se podía dar por concluida la Transición en Euskadi: un proceso que no fue un camino de rosas pero tampoco, como hoy sostienen algunos, un mero lavado de cara del franquismo reformista. Todos tuvieron que ceder para llegar a un acuerdo que pusiera a España y Euskadi al nivel de los demás países de Europa occidental. La amnistía, que también hay quien interpreta hoy como una ley de punto final pergeñada por el franquismo para quedar impune, fue en realidad «arrancada» al Gobierno por las organizaciones antifranquistas.

En 1980, las primeras elecciones autonómicas dieron el triunfo al PNV, que formó un Gobierno vasco monocolor, presidido por su líder Carlos Garaikoetxea. Aunque el principal problema de Euskadi, la persistencia del terrorismo de ETA, seguía todavía sin resolverse, el País Vasco conseguía así unas altas cotas de autogobierno, contando con sistema fiscal autónomo, una policía propia (la Ertzaintza), el control de la enseñanza y de la sanidad y la promoción de la lengua vasca, incluidos medios de comunicación públicos.

En este marco autonómico los resultados electorales de las últimas décadas han configurado una Euskadi plural, en la que el voto nacionalista se sitúa entre el 65 y el 45 % del electorado vasco, según el tipo de elección, puesto que el voto nacionalista tiende a aumentar en las elecciones autonómicas y a descender en las generales. Dentro del nacionalismo vasco, el sector democrático y no violento ha sido siempre claramente mayoritario, siendo el PNV el partido más votado en casi todas las elecciones celebradas desde la Transición hasta la actualidad, a pesar de que en 1986 sufrió una importante escisión, al abandonar el PNV el primer presidente autonómico, Carlos Garaikoetxea, que fundó Eusko Alkartasuna (EA), un nuevo partido nacionalista socialdemócrata.

Desde la aprobación del Estatuto vasco, se intentaron prácticamente todos los medios imaginables para conseguir la pacificación de Euskadi. Así, la negociación con el Gobierno central llevó en 1982 a la disolución de ETA-pm, cuyo brazo político, EE, desaparecería en 1993, integrándose la mayor parte de sus dirigentes en el Partido Socialista de Euskadi, la rama vasca del PSOE. ETA-m, que siguió contando con el apoyo incondicional de HB, quedó de ese modo como única rama en activo de la organización terrorista. También el PSOE de Felipe González —que estuvo en el poder en España entre 1982 y 1996 y en coalición con el PNV en el Gobierno vasco desde 1987, como consecuencia de la mencionada escisión de EA— trató de negociar directamente con ETA en las fracasadas conversaciones de Argel (1989). Paradójicamente, desde el propio Ministerio del Interior socialista se había impulsado la creación de los GAL, un grupo que practicó el terrorismo de Estado, asesinando a 27 personas, en su mayor parte miembros de ETA o personas de su entorno, entre 1983 y 1987.

Tras el cese de Garaikoetxea, el nuevo presidente autonómico, José Antonio Ardanza (PNV), promovió en 1988 la firma por todos los partidos democráticos vascos del Pacto de Ajuria Enea o «Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi», que supuso un paso importante en la unidad de nacionalistas y no nacionalistas contra ETA. Mientras tanto, la efectividad policial antiterrorista se incrementó, sobre todo desde 1992, fecha en que la policía capturó en Bidart, en el País Vasco francés, a la cúpula de la organización terrorista. Ante la dificultad que suponían estas derrotas, ETA optó por iniciar un proceso de «socialización del sufrimiento», con tácticas de kale borroka (terrorismo callejero de menor intensidad), que permitían mantener la tensión de sus simpatizantes, agrupados en torno a HB y a una multitud de organizaciones satélites (juveniles, culturales, deportivas y sindicales).

El hecho de que el voto a HB, que llegó a sumar el 18 % de los votantes en las elecciones autonómicas a finales de la década de 1980, sufriera un descenso lento pero casi continuo en esos años no parecía importar demasiado a ETA. Esta se encontraba cada vez más alejada de la realidad social vasca y seguía insistiendo en la existencia de un contencioso histórico que enfrentaba supuestamente al País Vasco contra España desde la noche de los tiempos y que solo se resolvería con una Euskadi independiente. Esta fase de unidad entre demócratas nacionalistas y no nacionalistas contra ETA —que tuvo su correlato político en la alianza entre el PNV y los socialistas en el Gobierno vasco— culminó en 1997, con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, joven concejal del PP (el partido conservador de José María Aznar, presidente del Gobierno de España desde 1996). La especial crueldad de la muerte de Blanco trajo consigo un reforzamiento del espíritu de unidad frente al terrorismo, con manifestaciones populares contra ETA de una intensidad inimaginable pocos años antes.

Sin embargo, esta unitaria explosión pacifista fue un espejismo, pues en el verano de 1998 la unidad de todos los partidos democráticos frente a ETA, iniciada diez años antes con el Pacto de Ajuria Enea, se rompió definitivamente. Los partidos nacionalistas democráticos (PNV y EA) decidieron acercarse a HB en el Pacto de Lizarra (Estella), cuyo objetivo era conseguir que ETA dejara las armas, a cambio de una unidad de acción nacionalista a favor de la soberanía vasca, dando por superado el Estatuto de autonomía de 1979. El Pacto de Lizarra provocó la ruptura del acuerdo de gobierno entre el PSOE y el PNV en 1998 y, tras conversaciones secretas entre los partidos nacionalistas y ETA, esta organización anunció una tregua indefinida, que sin embargo duró solo catorce meses. En este periodo de tregua, HB recuperó en las urnas buena parte del apoyo popular perdido desde 1979 y apoyó al nuevo Gobierno de coalición nacionalista PNV-EA, presidido por Juan José Ibarretxe (PNV). Sin embargo, los dirigentes de HB no parecieron darse cuenta —teniendo en cuenta lo que sucedió después— de que su futuro político dependía también del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. En efecto, tras un fracasado encuentro con los emisarios del Gobierno español, ETA consideró que el proceso no iba lo suficientemente rápido y retomó las acciones terroristas, dejando HB al Gobierno nacionalista en minoría.

Mientras continuaban las acciones terroristas —aunque a menor ritmo que en etapas anteriores, debido a la efectividad policial y a la pérdida de apoyos por parte de ETA—, tuvo lugar un enfrentamiento cada vez más enconado entre el nacionalismo democrático (PNV y EA) y los partidos de ámbito español, a los que ahora se les denominaba constitucionalistas (PSOE y PP). Los puentes entre ambos sectores se fueron rompiendo cada vez más, aunque en el País Vasco, a diferencia de Irlanda, nunca ha habido dos comunidades diferenciadas (vasca y española). El PNV, en vez de retomar la coalición con los socialistas, optó por dar por superado el Estatuto de autonomía de 1979 e ir a la búsqueda de un nuevo marco político para Euskadi. Esta idea se concretó en el «Nuevo Estatuto Político» con el Estado español, presentado por el lehendakari Ibarretxe en septiembre de 2003 y que suponía un mayor autogobierno para el País Vasco, pero sin llegar a la independencia absoluta.

Por su parte, el Gobierno español del PP, apoyado por el PSOE, inició una nueva estrategia destinada a ahogar el entorno social y político de ETA, con medidas políticas y judiciales, como el cierre de periódicos considerados afines al mundo de la violencia y, sobre todo, la ilegalización de HB, el brazo político de ETA que, a pesar de haber cambiado de nombre y de ser refundada varias veces desde entonces, no pudo concurrir a la mayor parte de las elecciones celebradas en el País Vasco entre 2003 y 2011. Estas medidas, en contra de lo previsto por muchos analistas, no tuvieron una excesiva contestación social desde la izquierda nacionalista radical ni tampoco trajeron consigo un incremento de los atentados de ETA, que —gracias también a la colaboración internacional— parecía encontrarse cada vez con menos posibilidades operativas.

En el plano político, en diciembre de 2004 el «Proyecto de libre asociación», coloquialmente denominado Plan Ibarretxe, fue aprobado en el Parlamento vasco, pero fue rechazado por una abrumadora mayoría en febrero de 2005 en las Cortes españolas. Un año antes, tras los atentados del islamismo radical en Madrid el 11 de marzo de 2004, en los que fueron asesinadas 191 personas, el PP había perdido su mayoría absoluta en las Cortes y había accedido al Gobierno español el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque la estrategia más moderada de Zapatero, frente al antinacionalismo vasco de la última etapa de Aznar, no le había hecho aceptar el Plan Ibarretxe, sí propició una nueva tregua fallida de ETA, que duró de marzo a diciembre de 2006. Tras su ruptura, el Gobierno socialista endureció aún más las medidas contra el entorno de la organización terrorista, mientras el lehendakari Ibarretxe seguía empeñado, infructuosamente, en aprobar un estatus de libre asociación entre el País Vasco y el Estado español.

En marzo de 2009 se celebraron las novenas elecciones autonómicas en el País Vasco desde 1980. Como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero, con el apoyo del PP, a estos comicios no pudo presentarse la izquierda nacionalista radical, lo que, junto a otros factores, podía permitir dar un nuevo rumbo político al País Vasco. En efecto, en estas elecciones el PNV fue, una vez más, el partido más votado, pero el apoyo del PP al candidato socialista propició un cambio histórico en el País Vasco. Por primera vez desde 1980, la conformación de una mayoría no nacionalista en el Parlamento vasco hizo que el socialista Patxi López fuera investido nuevo lehendakari en mayo de 2009, con el apoyo del PP. Aunque para muchos pudiera ser algo impensable pocos años antes, la alternancia en el poder, al cabo de tres decenios de permanencia del mismo partido en la presidencia del Gobierno vasco, era una consecuencia del pluralismo vasco, seña de identidad de la Euskadi contemporánea. Con un lehendakari no nacionalista al frente del Gobierno, el anuncio por parte de ETA, en septiembre de 2010, de un nuevo alto el fuego permanente abrió la posibilidad a una Euskadi en la que el terrorismo no fuera una amenaza permanente para muchos ciudadanos.

Gracias a esta tregua, la izquierda nacionalista radical —que pudo presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2011 con el nombre de Bildu, en alianza con EA— recuperó peso electoral, siendo en esos comicios el segundo partido más votado del País Vasco, después del PNV. En octubre de 2011, ETA daba un paso más, notificando el «cese definitivo de su actividad armada», aunque a fecha de hoy todavía no ha anunciado su disolución. Al año siguiente, el PNV recuperaba la presidencia del Gobierno vasco, con Íñigo Urkullu como lehendakari. En las elecciones locales de mayo de 2015, pese a la irrupción de nuevos partidos que estaban poniendo a prueba la política española, los jeltzales volvían a ser los más votados en Euskadi, superando con claridad a Bildu y liderando de nuevo, como en 1979, las tres Diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales. Incluso en Navarra, pese a que el nacionalismo sigue siendo minoritario, la crisis del navarrismo y la dispersión electoral han permitido a Bildu hacerse con la alcaldía de Pamplona y a Geroa bai (coalición en la que está incluido el PNV) alcanzar la presidencia del Gobierno de Navarra. En cualquier caso, pese al fin de la amenaza terrorista, con un total de más de 800 muertos a espaldas de ETA aún hay muchas heridas que curar y muchas historias que contar, siempre que estas se escriban respetando los hechos tal y como fueron y no tal y como a cada uno le gustaría que hubieran sido. Y es que, en palabras del lehendakari Aguirre, «la noble pasión por nuestras cosas debe estar guiada por la verdad».

PARA SABER MÁS

Treinta libros sobre el nacionalismo vasco

AIZPURU, Mikel: El Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa (1893-1923). Orígenes, organización y actuación política, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000.

ARRIETA, Leyre, Estación Europa: La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), Madrid, Tecnos, 2007.

BULLAIN, Íñigo, Revolucionarismo patriótico. El Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), Madrid, Tecnos, 2011.

CASQUETE, Jesús, En el nombre de Euskal Herria: La religión política del nacionalismo vasco radical, Madrid, Tecnos, 2009.

CHUECA, Josu, El nacionalismo vasco en Navarra (1931-1936), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1999.

CORCUERA, Javier, La patria de los vascos. Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1903), Madrid, Taurus, 2001 (2ª ed.).

DOMÍNGUEZ IRIBARREN, Florencio, ETA: estrategia organizativa y actuaciones 1978-1992, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998.

FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka, Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994), Madrid, Tecnos, 2013.

FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka y LÓPEZ ROMO, Raúl, Sangre, votos, manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical (1958-2011), Madrid, Tecnos, 2012.

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UGALDE ZUBIRI, Alexander, La acción exterior del nacionalismo vasco (1890-1939): historia, pensamiento y relaciones internacionales, Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública, 1996.

Diez películas en torno al nacionalismo vasco

A los cuatro vientos. Lauaxeta (1987). José Antonio Zorrilla.

Ama Lur (1968). Néstor Basterretxea y Fernando Larruquert.

El Proceso de Burgos (1979). Imanol Uribe.

La Fuga de Segovia (1981). Imanol Uribe.

La pelota vasca. La piel contra la piedra (2003). Julio Medem.

Los años oscuros (1992). Arantxa Lazkano.

Operación Ogro (1979). Gillo Pontecorvo.

Trece entre mil (2005). Iñaki Arteta.

Una esvástica sobre el Bidasoa (2013). Javier Barajas y Alfonso Andrés.

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Cinco páginas Web para ampliar información

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Fundación Sancho el Sabio. Centro de documentación de la cultura vasca

http://www.fsancho-sabio.es

Liburuklik. Biblioteca Digital Vasca

http://www.liburuklik.euskadi.net

Ilustraciones

Mapa de las siete provincias de Vasconia o Euskal Herria (Fundación Sancho el Sabio).

Al fondo, en una fotografía de 1897, ya rodeada por los edificios del moderno ensanche de Bilbao, Sabin Etxea, la casa natal de Sabino Arana. Hoy se encuentra en ese lugar la sede central del PNV (Fundación Sancho el Sabio).

Los hermanos Luis, Paulina y Sabino Arana (Fundación Sancho el Sabio).

Sabino Arana con su mujer, Nicolasa Achica-Allende (Fundación Sancho el Sabio)

El fundador del PNV en la cárcel bilbaína de Larrínaga, en 1902 (Fundación Sancho el Sabio).

En 1902, el saludo de los concejales del PNV de Bilbao a la fragata Presidente Sarmiento, hoy convertida en museo en los muelles de Buenos Aires, fue interpretado por el Gobierno como un intento de internacionalizar la cuestión vasca y de ofender a España (Foto: Santiago de Pablo).

El Pico del Fraile, en Orduña, con la ikurriña que jóvenes mendigoizales colocaron durante la Dictadura de Primo de Rivera (Fundación Sancho el Sabio).

Emakume con la bandera de la organización femenina nacionalista, que alcanzó gran fuerza durante la Segunda República (Fundación Sancho el Sabio)

El nacionalismo vasco promovió la defensa de la lengua, la cultura y el folclore vascos. Dantzaris en un acto organizado por el PNV en Amorebieta (Fundación Sancho el Sabio).

Cartel de propaganda de las derechas en las elecciones de febrero de 1936, criticando al PNV por su supuesta connivencia con la revolución de octubre de 1934. En las fotografías, correspondientes a la asamblea de Zumárraga, en el marco del movimiento municipalista del verano de 1934, puede verse entre otros a Telesforo Monzón y a Indalecio Prieto (Fundación Sancho el Sabio).

José Antonio Aguirre, presidente del primer Gobierno vasco de la historia, fue elegido lehendakari en octubre de 1936, en plena Guerra Civil (Fundación Sancho el Sabio).

Representación de la lucha de los gudaris (soldados nacionalistas) durante la Guerra Civil (Fundación Sancho el Sabio).

Folleto de propaganda del Gobierno vasco de 1937, denunciando el bombardeo de Guernica como un ataque a la libertad vasca, simbolizada en el roble, en los Fueros y en la Casa de Juntas (Fundación Sancho el Sabio).

Un ejemplo del uso de la lengua vasca durante el franquismo: un cartel en euskera y castellano recuerda —con el nombre de Avenida de Navarra, en memoria de los requetés carlistas— la entrada de las tropas sublevadas, en su mayoría requetés navarros, en la localidad guipuzcoana de Tolosa, en agosto de 1936 (Foto: Aitor González de Langarica).

El olentzero, personaje característico de la Navidad vasca desde la década de los 60, convertido en reclamo para exigir la liberación de los presos de ETA en Leitza (Navarra) (Foto: Santiago de Pablo).

El Centro Vasco (Euzko Etxea) de La Plata (Argentina), con la ikurriña, el lauburu y el escudo del Zazpiak bat en su fachada (Foto: Santiago de Pablo).

Arsenal de armas y explosivos incautado a ETA, presentado como prueba en el Consejo de Burgos de 1970 (Fundación Sancho el Sabio).

Pegatina en recuerdo de Txiki y Otaegui, los dos miembros de ETA fusilados en septiembre de 1975 (Fundación Sancho el Sabio).

Símbolo y lema de ETA (Fundación Sancho el Sabio).

Pegatinas de Unidad Alavesa a favor de la identidad de Álava y criticando al nacionalismo, al Gobierno vasco y su política lingüística (Fundación Sancho el Sabio)

Cartel a favor de la amnistía en Lekeitio (Foto: Virginia López de Maturana).

Líderes vascos, entre ellos el dirigente del PNV Manuel Irujo y el socialista Ramón Rubial, en una manifestación a favor de la autonomía vasca en 1977 (Fundación Sancho el Sabio)