Santiago O’Donnell y Tomás Lukin

ArgenPapers

Los secretos de la Argentina offshore en los Panama Papers

Sudamericana

A José y Ramón

S. O’D.

A Norma, Andrés y Jerónimo

T. L.

INTRODUCCIÓN
PUNTO DE PARTIDA

En estos tiempos de poder blando y ciberguerra global, las megafiltraciones nunca son geopolíticamente neutras. Las que perjudican a los Estados Unidos benefician por descarte a sus rivales Rusia y China. Es el caso del llamado “Cablegate” de WikiLeaks y de los documentos sobre la vigilancia masiva a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana filtrados por el ex espía Edward Snowden. Por el contrario, la megafiltración de los denominados Panama Papers, que aquí nos ocupa, favorece a los Estados Unidos porque sus revelaciones golpean al círculo íntimo del hombre fuerte de la política rusa, Vladimir Putin, y a varios familiares y amigos cercanos de los principales jerarcas del gobierno chino, pero no toca de cerca a ningún funcionario estadounidense importante. Claro que estas megafiltraciones globales se disparan en mil direcciones y terminan produciendo un daño colateral considerable en terceros países, incluso en aliados importantes de las superpotencias que, a priori, emergen como las beneficiarias de la megafiltración. Pero no parece casual que así como altos funcionarios de los Estados Unidos denunciaron las filtraciones de WikiLeaks y Snowden como actos de terrorismo en la forma de operaciones de inteligencia vinculadas con Rusia, del mismo modo, Putin denunció que la filtración de los Panama Papers fue una maniobra de inteligencia de los Estados Unidos para perjudicar a su gobierno.

Aunque las consecuencias y los resultados están a la vista y los perjudicados han hecho saber de quién sospechan y por qué, no conviene sacar conclusiones apresuradas sin conocer a los intermediarios. Los principales intermediarios entre la información y el consumidor son los filtradores, los medios y los periodistas. Los filtradores, conocidos o anónimos, en los tres episodios mencionados dijeron actuar por razones altruistas y sin ningún ánimo de inclinar para uno u otro lado la balanza de poder global entre las superpotencias. Por su parte, la gran mayoría de los medios de comunicación que participaron en la difusión de las megafiltraciones se jacta de su independencia editorial, aunque ya sabemos que la objetividad pura no existe y que todos los medios son influenciables, en mayor o menor medida, por los intereses y las ideas que representan. Sin embargo, al publicar esas historias, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, los medios han demostrado estar mucho más interesados en su impacto local —esto es, el impacto en el mercado y el Estado dentro de los que se manejan—, y no tanto en las consecuencias a nivel global. Y, por último, están los periodistas. Lejos de ser jugadores pasivos o meros empleados o representantes de sus medios, los periodistas fueron determinantes en lo que se publicó y lo que se dejó de publicar, según el tiempo que invirtieron, los temas que buscaron priorizar y las estrategias que eligieron para relacionarse con los individuos que toman las decisiones en sus respectivas empresas. En otras palabras, los periodistas pueden ocuparse solamente de los temas que encajan en la agenda de su medio, o pueden sacrificar capital simbólico y poder dentro de la estructura laboral en la que se manejan y difundir información incómoda para éste, ya sea por conflictos de interés propios o con factores de poder vinculados con el medio.

En el Cablegate y los Panama Papers —no así en el caso de Snowden— aparece un cuarto intermediario al que podríamos llamar “distribuidor”, y que también juega un rol fundamental porque es el encargado de recibir el material, proteger a la fuente, elegir a los periodistas y medios que difundirán la información y establecer las fechas de publicación. En el caso del Cablegate, el distribuidor fue WikiLeaks, un sitio web de filtraciones europeo fundado y dirigido por un matemático autodidacta australiano con pasado de hacker y okupa, llamado Julian Assange. En los Panama Papers, el distribuidor fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Washington DC fundada en 1997 y financiada por fundaciones de los Estados Unidos y Europa occidental, entre las que se destaca la del inversionista y filántropo liberal y anticomunista George Soros. En ambos casos, cientos de periodistas accedieron a la información, lo cual hizo que la mayor parte de las historias importantes o jugosas, de una u otra manera, saliera a la luz. En cambio, en el caso de las revelaciones de Snowden, en que sólo dos periodistas de un único medio y una documentalista independiente obtuvieron todo el material, menos del 20% de la documentación se ha dado a conocer. Eso se debe en parte porque la información es difícil de procesar en términos periodísticos, en parte porque los periodistas quisieron guardarse algunos ases en sus mangas y, sobre todo, porque Snowden no quiso que se diera a conocer información sensible sobre, por ejemplo, las guerras de Afganistán e Irak, que él mismo había extraído y entregado a sus fuentes en Hong Kong antes de partir despojado de documentos a su exilio en Rusia.

Los Panama Papers salieron a la luz el domingo 3 de abril de 2016, y la Argentina quedó en el centro de la escena porque el presidente Mauricio Macri era uno de los cinco mandatarios en funciones que figuraban entre los más de 11,5 millones de documentos sustraídos de Mossack Fonseca, una firma de abogados y contadores con presencia global especializada en montar negocios offshore. Los archivos fueron filtrados por una fuente anónima con pseudónimo en inglés, “John Doe”, a dos periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, a lo largo del año 2015 en tandas escalonadas. Antes del primer envío grande de información, “John Doe” sugirió que el diario se asociara a un gran medio de los Estados Unidos: “Se necesita un gran socio de habla inglesa como el The New York Times u otro medio del mismo nivel”.¹ Entonces, los periodistas decidieron convocar al ICIJ y compartir el material de muestra que habían recibido con el entonces director ejecutivo de la institución, Gerard Ryle. Ese periodista era quien había aportado la fuente anónima y todavía desconocida de los Offshore Leaks (2013), la primera filtración que trabajó en equipo y a nivel mundial el ICIJ sobre un directorio secreto con 2,5 millones de documentos vinculados con el mundo offshore. Los alemanes habían participado en aquel proyecto y también en Swiss Leaks (2015), la siguiente filtración del ICIJ, cuyo blanco fueron las cuentas secretas del HSBC Private Bank en Ginebra y que tuvo como filtrador a su ex empleado Hervé Falciani. Ryle aceptó entusiasmado la propuesta de colaboración que Obermaier y Obermayer le hicieron en nombre del diario alemán y convocó al mismo equipo que había trabajado en Offshore Leaks y Swiss Leaks, que incluía a periodistas del diario The Washington Post y a los medios británicos The Guardian y BBC. El ICIJ también decidió temprano en el proceso agregar dos equipos de periodistas freelance para que trabajaran específicamente los documentos de Rusia y China, con el argumento de que en esos países no había medios independientes que pudieran respaldar semejante tarea. Ese equipo se fue ampliando con la incorporación de periodistas de todo el mundo, a medida que el alcance de los documentos se extendía por todo el planeta. En medio de ese proceso también se incorporó The New York Times.

Uno de los primeros periodistas convocados por el ICIJ fue el argentino Hugo Alconada Mon del diario La Nación. El primer contacto ocurrió once meses antes de la publicación de los archivos secretos de los abogados panameños, el 5 de mayo de 2015. Los distribuidores de la megafiltración creían que existía un “ángulo argentino fuerte, mucho más que en cualquier otra historia reciente”,² según le escribió al periodista Marina Walker, la directora del proyecto del ICIJ que, casualmente, también es argentina. Pero el “ángulo argentino” que había despertado el interés del ICIJ y de La Nación no tenía que ver con Macri, que por entonces estaba en medio de la campaña presidencial y ocupaba la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros archivos en formato PDF que la fuente anónima compartió con el periodista Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung, o sea, los que dieron origen a los Panama Papers, estaban vinculados con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Los documentos hablaban de la disputa entre el país y los fondos buitre. No de la pelea central en los tribunales de Nueva York, sino de una causa paralela impulsada por el fondo buitre NML Capital. El fondo encabezado por el multimillonario Paul Singer denunciaba que existía un conjunto de sociedades en Nevada, Estados Unidos, vinculadas con el empresario argentino Lázaro Báez —sindicado por los buitres como testaferro de los Kirchner—, que tendrían activos pertenecientes a la Argentina y, por lo tanto, pasibles de ser embargados. La encargada de instalar y administrar el entramado de empresas investigadas por la justicia era la subsidiaria de Mossack Fonseca en Las Vegas. Según el libro sobre los Panama Papers escrito por Obermaier y Obermayer, la demanda de NML Capital contra Mossack Fonseca y los e-mails internos acerca de cómo contestarla formaron parte del botón de muestra que “John Doe” había compartido con Obermayer mientras negociaban los términos de la filtración. La segunda muestra incluía información sobre las firmas offshore de un amigo de la infancia y presunto testaferro del presidente Vladimir Putin.

Que las dos primeras “muestras” de los Panama Papers se refieran a Kirchner y Putin puede dar una idea de la valoración que hizo la fuente de sus documentos, pero no necesariamente de su intencionalidad, mucho menos de su identidad. La historia oficial habla de un ciudadano común, cuya única intención es terminar con “el continuo aumento de la desigualdad” y la “corrupción masiva y omnipresente en la sociedad”, tal como escribió “John Doe” en su manifiesto. Entrevistado para este libro, Obermaier dijo que cree la historia de “John Doe”: “Por el trato te das cuenta de si te mienten o te dicen la verdad, y yo creo que el tipo es sincero. La fuente no mostró un interés especial en Rusia o Argentina, sino en las actividades ilícitas de Mossack Fonseca”. Sin embargo, ¿se puede descartar que detrás de la filtración esté la CIA u otra agencia de inteligencia? ¿Se puede descartar a Singer y a los buitres, cuando tenían miles de millones de dólares en juego y su objetivo inmediato era romper el secreto de Mossack Fonseca? ¿Se puede descartar al propio Soros?

Con el tiempo, el “ángulo argentino” mutó. La hipótesis proclamada por Singer para intentar embargar fondos se convirtió en una poderosa herramienta mediática conocida como “ruta del dinero K”. Pero los supuestos vínculos entre los fondos girados por Báez y la familia Kirchner no pudieron comprobarse con los documentos filtrados. Por otro lado, ocho meses después de iniciado el proyecto, casi tres meses antes de la fecha de publicación y dos días antes de la asunción de Macri, el periodista Iván Ruiz, del equipo de La Nación, detectó en uno de los últimos paquetes de datos filtrados por la fuente la presencia del presidente argentino en el directorio de una offshore bahameña llamada Fleg Trading. Entre uno y otro hallazgo, distintas celebridades, empresarios y políticos argentinos de ambos lados de la grieta se fueron sumando al elenco que desataría el escándalo global, demostrando una vez más la pasión argentina por la evasión y la fuga de capitales a través de los paraísos fiscales. En los casi tres meses entre el hallazgo del nombre de Macri y la fecha de publicación, tanto La Nación como otros medios internacionales tuvieron oportunidad de consultar e informar al presidente argentino lo que decían de él los archivos encontrados, tal como indica la buena práctica periodística. Pero no todas las víctimas de los Panama Papers tuvieron la misma suerte. El primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson fue emboscado en plena entrevista televisiva. Al no tener respuestas sobre una empresa offshore que había ocultado en sus declaraciones y vendido a su esposa por el módico precio de un dólar, huyó despavorido de las cámaras y al poco tiempo, ante una ola de protestas, debió renunciar. El video rápidamente se convirtió en el ícono visual de los Panama Papers.

La primicia la tuvo La Nación, pero frente a las pasiones que despertó la investigación, Alconada Mon instó al consorcio a abrir el juego a periodistas y medios de la competencia, con el doble fin de aventar sospechas de ocultamiento de información y de forzar a su propio medio a no esconder nada o, en todo caso, lo menos posible. Cuando lo entrevisté para este libro, el periodista describió su jugada como un “movimiento de pinzas” hacia el interior de su diario. Por un lado, los compromisos asumidos con el ICIJ y la imposibilidad de ocultar información pasible de ser revisada por cientos de periodistas de todo el mundo; por otro lado, la competencia directa de periodistas locales.

Más de un año después del comienzo del proyecto y de tres semanas del inicio de las publicaciones, en virtud de la sugerencia e insistencia de Alconada Mon, las recomendaciones que según Walker le llegaron de distintas fuentes y el antecedente de mi manejo periodístico cuando WikiLeaks me dio la exclusiva del Cablegate, obtuve así acceso a las bases de datos de los Panama Papers. Gracias a las dos semanas que me dio el diario para ponerme al día relevándome de otras funciones, pude quemarme las pestañas en soledad para achicar la brecha del año de ventaja que me llevaba el equipo de Alconada Mon y logré publicar información exclusiva en Página/12 que La Nación no había llegado a cubrir.

La maniobra de Alconada Mon resultó en un mayor grado de transparencia, pero no alcanzó para disimular la agenda política del diario que había obtenido la primicia. O sea, la comparación con la cobertura de sus competidores mostró el entusiasmo desbordante del diario en el uso de los Panama Papers para criticar y castigar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus allegados, con títulos catástrofe en primera plana. Pero también mostró que ese entusiasmo era inversamente proporcional a su exagerada discreción a la hora de publicar revelaciones aun más graves que perjudicaran al presidente Mauricio Macri, su gabinete y su entorno, al establishment empresario que conforma el grueso de la lista de avisadores del medio y al mismo diario. En esos casos, las noticias fueron relegadas a páginas interiores de la publicación y acompañadas dentro o fuera del texto por aclaraciones exculpatorias del tipo “abrir una empresa en un paraíso fiscal no constituye delito en sí mismo”. A su vez, los medios más cercanos a los Kirchner actuaron en forma inversa, destacando todo lo referido a Macri y a los grandes empresarios. Y en muchos casos fueron más lejos que La Nación, ya que no sólo disimularon la información que perjudicaba al universo vinculado con el kirchnerismo, sino que directamente la ignoraron.

Por otra parte, las revelaciones sobre Macri relativizadas o semiocultadas por La Nación, pero revelaciones al fin, y firmadas por quizá la pluma más prestigiosa del diario, permitieron que periodistas de medios como Página/12 y Tiempo Argentino tiraran de la piola y llegaran más lejos que La Nación en lo que descubrieron y publicaron sobre la presencia de Macri en los documentos filtrados. Así fue como Tomás Lukin, coautor de este libro, publicó una serie de investigaciones, basadas en documentos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo y en el Registro Nacional de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda brasileño, que demostraron que el Presidente había faltado a la verdad al intentar explicar su presencia en los Panama Papers. También demostraron que la falsa versión del mandatario, lejos de ser inocua, había ocultado un movimiento de millones de dólares entre la Argentina, Panamá, Brasil e Italia. Al leer su trabajo y después de mi tanda inicial de notas sobre los Panama Papers, me acerqué a Tomás y le propuse combinar mi acceso y experiencia en filtraciones con sus conocimientos sobre la pista Macri y los paraísos fiscales en general. Nuestra primera colaboración resultó en el descubrimiento de una offshore melliza de Fleg Trading llamada Karter Properties, que era controlada por una familia italiana muy cercana a los Macri. La información sobre esa empresa que revelamos en Página/12 fue incorporada por la fiscalía en la causa judicial que se abrió en contra del Presidente a partir de los Panama Papers.

Así es como dos periodistas que trabajan en el diario Página/12, un licenciado en economía y un mágister en periodismo internacional, dos personas que tuvieron y tienen acceso a los Panama Papers, a los 2,6 terabytes de datos que componen la megafiltración más grande de la historia, dos tipos que durante meses pasaron días enteros tratando de leer todo lo posible para aprender y comprender de qué viene la cosa, decidieron escribir juntos este libro.

Nuestro criterio de selección es bastante sencillo: pusimos todos los nombres que encontramos en los Panama Papers. Seguramente no encontramos a todos los que están porque los nombres y casos interesantes siguieron apareciendo prácticamente hasta el último día de nuestra investigación. Pero la búsqueda incluyó miles de cruces con bases de datos de empresarios, funcionarios públicos, políticos, sindicalistas y dueños de medios, además de búsquedas de parientes y socios de las principales figuras públicas. También rastreamos con el buscador de los Panama Papers todo lo vinculado con la palabra “Argentina” y relevamos todo lo publicado en medios argentinos y extranjeros disponibles que nos pareció relevante a la temática de los paraísos fiscales. Queremos que se entienda fácil para que te enteres bien de lo que dice de Macri y su entorno, de los empresarios más grandes del país, de Lázaro Báez y de los demás famosos y notables involucrados, de Mossack Fonseca, de los paraísos fiscales y del poder mediático en la Era de la Información.

SANTIAGO O’DONNELL

1 Obermaier, Frederik y Obermayer, Bastian, Panama Papers. El club de los evasores de impuestos, Buenos Aires, Planeta, 2016.

2 http://www.lanacion.com.ar/1886577-Panamá-papers-como-se-hizo-una-investigacion-de-pelicula

NO “OFFSHORES” POR MÍ, ARGENTINA

La cifra no parece exorbitante. En una base de datos que acumula 11.445.650 archivos, hay 61.857 donde se menciona la palabra “Argentina”. Tampoco es un número irrelevante. Pero la consulta por el país en la poderosa plataforma de búsqueda montada por ICIJ para rastrillar los 2,6 terabytes de información, algo así como 39.000 libros, no garantiza identificar a la totalidad de los usuarios nacionales de los servicios de Mossack Fonseca. Entre todos esos archivos no aparecen, por ejemplo, ni Mauricio Macri ni la empresa llamada Fleg Trading, donde figuró como director junto a su padre y a su hermano. Una búsqueda exclusiva por el apellido del presidente argentino arroja 354 resultados. Ahora sí, saltan los archivos vinculados con la firma bahameña que le dio un dolor de cabeza y a otros negocios de su padre, Franco Macri. Una situación similar se repite con el apellido Kirchner. La plataforma web devuelve 407 resultados referidos a los ex presidentes argentinos. Emerge, por ejemplo, como resultado vinculado en averiguaciones de antecedentes realizadas por Mossack Fonseca sobre sus clientes por medio de distintos servicios especializados de búsqueda de información comercial y judicial. Además, entre los correos electrónicos hay recortes de artículos periodísticos que se envían las oficinas de la firma basada en Panamá vinculados con investigaciones sobre lavado de dinero, evasión y fuga de capitales en el país donde se los menciona. Algunos documentos hacen referencia a un tal Greg Kirchner. Portador de apellido, Greg no está vinculado con Néstor y Cristina. Una rápida revisión online permite identificarlo como un ciudadano de los Estados Unidos, empleado en una empresa de telecomunicaciones y a punto de jubilarse. El Kirchner norteamericano le escribió a Mossack Fonseca porque estaba interesado en abrir una cuenta bancaria personal para su esposa en Panamá, donde ambos actuarían como firmantes.

Un dato relevante pero que no suele mencionarse sobre los Panama Papers es que Néstor y Cristina fueron el punto de partida, la carnada, para el proyecto. “¿Se trata sólo de Argentina?”, preguntó decepcionado el periodista Bastian Obermayer del diario Süddeutsche Zeitung a su fuente anónima cuando terminó de analizar la primera muestra de los archivos que darían origen a la filtración más grande de la historia, al menos hasta la publicación de este libro. Los documentos encriptados que recibió a comienzos de 2015 estaban vinculados con una causa judicial iniciada en Nevada por los fondos buitre para conocer datos que la oficina de Mossack Fonseca en ese estado norteamericano pudiera tener sobre las operaciones offshore del empresario de la construcción Lázaro Báez. Pero, aun cuando esa presencia inicial fue suficiente para que las autoridades de ICIJ utilizaran una caricatura de la ex presidenta argentina a la hora de ilustrar a los jugadores de peso relacionados con el escándalo internacional en su sitio web —los “Power Players”—, los Kirchner no aparecieron vinculados directamente como directivos o apoderados de ningún instrumento montado con la ayuda de los panameños y sus subsidiarias. Al menos hasta que finalizó esta investigación, a mediados de 2017, ningún periodista con acceso a los documentos identificó a un miembro de la familia Kirchner en la base de datos.

En los archivos sustraídos de los servidores de Mossack Fonseca existe información para reconstruir operaciones vinculadas con presuntos abusos de algunos ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. La base de datos proporciona material para exponer los usos del mundo offshore de personajes involucrados en la promocionada investigación periodística y judicial conocida como “ruta del dinero K”, que llevó a la detención de Báez y sus colaboradores por lavado de dinero. Sin minimizar la relevancia y el interés que despiertan los casos relacionados con los hechos de corrupción registrados entre 2003 y 2015, que deben ser investigados en tribunales y que son abordados en este libro, el capítulo argentino de los Panama Papers expuso uno de los canales utilizados por las elites económicas del país para fugar divisas, ocultar sus patrimonios y, en muchos casos, evadir impuestos. En este tema, el paraíso no conoce grietas.

Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito formal.

La fuga de capitales es, desde entonces, un atributo permanente de la economía argentina. Hubo fuga en períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con gobiernos neoliberales; en episodios de crisis internacional y en los momentos de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario o con un escenario de liberalización absoluta; con déficit fiscal o con programas de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con inestabilidad en el frente externo. Como explican los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976. […] La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los ‘créditos intrafirma’”.¹

Existen distintas alternativas para estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada Posición de Inversión Internacional donde figuran los datos necesarios para realizar la versión más conservadora. A comienzos de 2017 existían 240.067 millones de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al 35% del PBI. Estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta los 500.000 millones de dólares, alrededor del 80% del PBI.²

Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas. El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63% del total de flujo≠s financieros ilícitos globales. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales.³ El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina, resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos, pero su difusión es inversamente proporcional.

No es sorprendente, entonces, que quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los apellidos y sociedades identificadas por los autores entre los Panama Papers se repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. El recuento comienza con el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en el año 2001 pero existen, al menos, otros cinco registros que dan cuenta de la intensidad y relevancia que tiene la salida de capitales a través de distintos eslabones de la red global de servicios financieros. Ellos son:

La denuncia del ex ejecutivo del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, presentada en 2008.

La lista provista por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, sobre las personas físicas y jurídicas que compraron moneda extranjera en 2008 y 2009.

El listado publicado por el periodista Alfredo Zaiat de los principales 100 compradores de divisas en 2011, antes de la instalación de las medidas de control de cambio conocidas como “cepo cambiario”.

La denuncia presentada por la AFIP en el marco de la filtración de las cuentas bancarias a nombre de argentinos abiertas en el HSBC Private Bank de Ginebra.

Las evidencias ofrecidas en los Bahamas Leaks.

Durante los meses que los autores dedicaron a revisar la base de datos de los Panama Papers fue posible identificar estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos. Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri dan cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó información entre los Panama Papers que permita sostener tal afirmación. Sin embargo, como analizaremos en los próximos capítulos, parece irrefutable que la presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar.

La misma lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panama Papers o identificados en bases alternativas, como Opencorporates.com y el Registro Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista. La pasión por el mundo offshore no sólo es un atributo del Presidente y su Gabinete, sino que se conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.

TOMÁS LUKIN

1 Basualdo, Eduardo y Kulfas, Matías, “Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina”, Realidad Económica, nº 173, Buenos Aires, agosto de 2000.

2 La cifra representa una actualización de las estimaciones para 2012 realizadas por los investigadores Jorge Gaggero, Magdalena Rúa y Alejandro Gaggero.

3 Baker, Raymond, Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and How to Renew the Free-Market System, New Jersey, John Wiley & Sons, 2005.

CAPÍTULO I
ESCURRIRSE POR EL CANAL DE PANAMÁ

Existen investigaciones que rebobinan hasta la independencia panameña de Colombia a comienzos del siglo XX para comprender el origen del negocio offshore en ese país centroamericano. Afirman que la “creación” de Panamá fue orquestada y promovida por el gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt en representación de un grupo de banqueros con intereses directos sobre la construcción de un canal interoceánico en Panamá, en lugar del que estaba proyectado sobre el territorio de Nicaragua. La historia narrada en el libro El país creado por Wall Street, de Ovidio Díaz Espino, puede parecer exagerada, pero el JP Morgan terminó siendo el primer agente fiscal del incipiente Estado y el monumental cruce para las embarcaciones fue habilitado en 1914.

Aunque esa versión sea cuestionada por contradecir el mito fundacional panameño, lo cierto es que los primeros pasos formales del país en su carrera para convertirse en una plaza financiera internacional estuvieron directamente vinculados con los Estados Unidos y el Canal de Panamá. En 1919, las autoridades comenzaron a promover que embarcaciones extranjeras se registraran en el país y navegaran bajo su bandera. Esa práctica, que persiste hasta el día de hoy, facilitó a grandes empresas estadounidenses, como la Standard Oil, evadir regulaciones laborales en su país y minimizar sus obligaciones fiscales. Aunque las petroleras aprovecharon las innovaciones, la leyenda dice que la primera transferencia de buques a los registros panameños involucró a dos barcos de pasajeros de Chicago en los que querían servir alcohol durante los años de la prohibición.

Un segundo elemento tuvo lugar en febrero de 1927 cuando se aprobó la ley 32. Una vez más, de la mano de un grupo de banqueros de Wall Street que buscaban mecanismos para maximizar ganancias, el gobierno de Panamá puso en marcha el primer cuerpo legislativo que, por su laxitud, promovía la creación de estructuras societarias destinadas a garantizar el anonimato de sus propietarios (verdaderas S.A.), que estaban exentas del pago de impuestos siempre y cuando se tratara de inversores extranjeros. La promesa de confidencialidad no sólo implicó bloquear la capacidad de investigación sobre las cuentas bancarias, sino que se estipularon penas de prisión y abultadas multas para quienes violaran esas leyes. Pero no fue sino hasta los años setenta del siglo XX que el país se incorporó en forma plena al mundo offshore. En esa época, cuando los precios del petróleo golpearon sobre la actividad naviera y los eurodólares comenzaron a girar por el mundo, Panamá consolidó el modelo tradicional de centro financiero offshore: adoptó por ley el secreto bancario; desreguló sus mercados financiero y cambiario, y facilitó un competitivo marco legal para el registro de compañías prácticamente libres del pago de impuestos.

Los vaivenes en la economía internacional y las crisis latinoamericanas no le permitieron a Panamá consagrarse de manera inmediata, pero la propuesta lentamente comenzó a atraer clientes. Por su cercanía geográfica y la connivencia política del dictador Manuel Noriega, una de las primeras experiencias a escala del sistema financiero panameño fue la administración —fuga y lavado— de una porción de los fondos de narcotraficantes colombianos. Pero ese negocio había comenzado casi una década antes. Una investigación de la autoridad tributaria estadounidense, el Internal Revenue Service, afirma que, de todas las acciones criminales descubiertas entre 1978 y 1983 vinculadas con el tráfico de drogas, el 28% involucraba a Panamá. La evolución de los depósitos del sistema bancario durante los años ochenta muestra cómo el negocio financiero comenzó a crecer, pero su despegue definitivo no llegaría sino hasta después de la invasión estadounidense, que desplazó a su otrora aliado Noriega y repuso en el poder a las antiguas elites de banqueros y empresarios. Desde entonces, el sistema bancario y los servicios financieros de Panamá han experimentado una floreciente trayectoria que día a día incorpora, renueva y actualiza su menú de servicios.

Panamá Offshore Legal Services es una pequeña firma de abogados que instaló sus oficinas en el barrio de Bella Vista en la capital del Estado centroamericano, desde donde ofrece la más amplia variedad de productos para sus clientes: “¡Tome el próximo paso para su libertad financiera e inicie su corporación en Panamá hoy! Simplemente llene el formulario de aplicación en línea, y envíenos tan sólo 1.300 dólares para constituir su sociedad o fundación en Panamá. Podemos tenerla lista y funcionando en 2 días laborales. Usted experimentará el alivio de darse cuenta de que ha dado un paso importante para lograr su privacidad financiera, protección de sus activos y diversificación de sus inversiones”, promocionan en su sitio web.

Los letrados de Delvalle & Delvalle son algo más sofisticados y menos inescrupulosos al promover la creación de estructuras offshore: “Desde la sanción de la ley 32 en el año 1927, las sociedades anónimas panameñas gozan de amplios beneficios que las convierten en un instrumento legal sumamente atractivo para quienes desean no sólo pagar menos impuestos legalmente sino también proteger sus activos”, sostienen en su propuesta de negocios. Pero esos beneficios no están disponibles para todo el mundo. La posibilidad está restringida a extranjeros que no residen en el país y que tampoco van a realizar actividades económicas en ese territorio. Por eso son sociedades offshore. Los abogados del estudio informan a sus potenciales clientes que todo el procedimiento puede realizarse a distancia sin necesidad de viajar a Panamá. Además de los beneficios fiscales, como el hecho de que las empresas están sujetas al pago de un irrelevante tributo anual denominado “tasa única” y que los ingresos generados en el exterior están exentos del impuesto a la renta, en Delvalle & Delvalle resaltan “el margen de confidencialidad que ofrecen las offshore panameñas”.

Como todo buen prestador de servicios, los abogados ofrecen fortalecer ese atributo contratando prestanombres, individuos sin ningún poder en la toma de decisiones, para ocupar el directorio de la compañía que sólo podrá ser administrada por su verdadero dueño. La posibilidad de emitir acciones al portador en lugar de títulos que detallen la identidad del titular es otra de las garantías de confidencialidad que, con algunas limitaciones, todavía ofrece Panamá. El servicio básico, en esta firma, cuesta 1.750 dólares. Constituir la S.A. son 850 dólares y los abogados permiten al cliente proponer los nombres de fantasía para su offshore. Entre los requisitos antes de proceder, los panameños solicitan conocer, sin pedir demasiadas precisiones, para qué será utilizada la firma y de dónde provienen sus fondos. Para satisfacer sus controles internos bastará con responder, por ejemplo, “inversiones inmobiliarias” y “ganancias por negocios”. La designación de los directores de paja y la emisión de un “poder general” para que sea el verdadero dueño quien maneje la firma sin exponer su nombre en los registros públicos suma 400 dólares a la cuenta. A esa cifra resta añadir los 100 dólares por el proceso autenticación y apostillado, el pago de otros 100 dólares más por el “certificado de existencia” de la sociedad, una suerte de documento de antecedentes penales que garantiza que la empresa no tiene deudas ni juicios. Los 300 dólares finales van para el pago del impuesto anual.

El paquete completo incluye la apertura de una cuenta bancaria por la que hay que desembolsar unos 750 dólares más. “Hay aproximadamente 70 bancos internacionales en Panamá que pueden ofrecerle opciones seguras para el manejo de sus transacciones. El proceso de abrir una cuenta bancaria en Panamá puede tomar varias semanas. No obstante, tenga por seguro que una vez se aperture la cuenta, las operaciones y relaciones con el banco se tornan fluidas y sin mayores inconvenientes”, sostienen en otra firma llamada López, Morales y Chiari. Una vez más, entre las ventajas de las cuentas bancarias panameñas, los letrados enumeran la protección y confidencialidad que se les brinda a los depositantes; la libre circulación del dólar estadounidense como moneda de curso legal; la ausencia de controles de cambio sobre la entrada y salida de capitales; seguridad jurídica, y la posibilidad de administrar la cuenta desde cualquier lugar del mundo, aunque advierten que ciertas modificaciones normativas requieren que los interesados viajen a Panamá para reunirse con oficiales del banco elegido.

Los estudios como López, Morales y Chiari; Panamá Offshore Legal Services, y Delvalle & Delvalle no le llegan a los talones a Mossack Fonseca. En su apogeo, esa firma contabilizó oficinas en 42 países y más de 500 empleados especializados. Mossack Fonseca era un gigante. Sin embargo, aunque los clientes a los que apuntan y la magnitud de las operaciones difieren, las propuestas de los tres estudios legales son prácticamente idénticas a las operaciones diseñadas por el mayorista offshore. Todos buscan facilitar, mediante un marco de legalidad, maniobras para fugar capitales, lavar activos, ocultar patrimonios y evadir impuestos.

Los 2,6 terabytes de información robada de los servidores de Mossack Fonseca dieron forma a los Panama Papers. Los datos ocupan algo así como 39.000 libros y contienen información sobre 214.000 empresas creadas entre 1977 y 2015. Contra lo que sugiere el nombre elegido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el destino más frecuente para las estructuras reveladas en la filtración fue las Islas Vírgenes Británicas. El número de compañías internacionales de negocios incorporadas en ese territorio británico de ultramar asciende a 113.646. Panamá ocupa en un lejano segundo lugar. El país donde el alemán Jürgen Mossack y el panameño Ramón Fonseca instalaron su cuartel general albergó 48.360 sociedades. Bahamas y Seychelles compiten por el tercer puesto con más de 15.000 empresas de cartón cada una, y el top ten lo completan destinos como la Isla de Niue, Samoa, Anguila Británica, Nevada, Hong Kong e Inglaterra. A lo largo de las cuatro décadas que recorre la mayor filtración de información financiera de la historia, los abogados, contadores y escribanos recurrieron a un total de veintiún jurisdicciones para domiciliar las distintas estructuras montadas a pedido de sus clientes. Por eso, aunque efectiva para instalar una historia en las agendas de los medios alrededor del mundo, la designación “Panama Papers” puede ser confusa.

Los Panama Papers no exponen las facilidades para la fuga, evasión, ocultamiento y lavado provistas por un país en particular. Los Panama Papers evidencian que los llamados “paraísos fiscales”, como las Antillas Holandesas, Barbados, Islas Caimán, Bermudas o Bahamas, no operan de forma aislada. Los documentos robados a Mossack Fonseca ofrecen una muestra contundente para conocer el funcionamiento diario de un engranaje imprescindible en la red global de servicios financieros offshore, el de los intermediarios o facilitadores que ayudan a empresas y a personas de fortuna a fugar capitales. Sin su participación sería muy complicada la evasión, el traslado y la administración de esos activos. Hasta abril de 2016, la firma panameña fue uno de los cinco supermercados mayoristas offshore más grandes del planeta. A ellos recurrían los más prestigiosos bancos, reconocidos estudios de abogados y reputadas firmas contables para satisfacer las complejas necesidades jurídicas y financieras de sus clientes.

Panamá y Mossack Fonseca son eslabones en un negocio que, a escala mundial, permite ocultar entre 7,6 y 32 billones de dólares. Millones de millones. Doce ceros. Los recursos administrados por el mundo offshore equivalen, en su margen inferior, a la suma de los PBI de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia multiplicada por dos. La estimación más elevada, por su parte, duplica la producción anual de toda la Unión Europea.

Guaridas fiscales y fuga de capitales

Los “paraísos fiscales” son la estructura fundamental en la red global de servicios financieros offshore. Pero la popular denominación es confusa, engañosa e incompleta. Confusa porque el término original en inglés es tax havens, que se traduce al español como “refugio fiscal”. Engañosa porque, si esos lugares son refugios o paraísos, el resto del mundo es un infierno opresivo. Incompleta porque su función no está limitada a facilitar la evasión impositiva, sino que también garantiza la confidencialidad necesaria para mantener datos fundamentales en secreto y permite eludir regulaciones, leyes y reglas vigentes en el resto del mundo. Precisamente, el elevado grado de opacidad impide estimar con precisión el valor de las fortunas administradas en la red y, por eso, las cifras existentes oscilan en un rango tan abultado. Por todas esas razones, sin abandonar el término “paraísos fiscales”, a lo largo de este libro se utilizará como sinónimo una acepción más precisa: “guaridas fiscales”.

La discusión alrededor de la denominación se repite a la hora de su definición. El acercamiento más acertado es el concepto amplio que propone Nicholas Shaxson en su libro Las islas del tesoro. El periodista e investigador británico define a las guaridas como “un lugar que procura atraer negocios ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas, leyes y regulaciones establecidas en otras jurisdicciones”. Desde esa perspectiva, los paraísos fiscales no son una anomalía del sistema ni un conjunto de islitas aisladas sino un denominador común en la manera imperante de hacer negocios. “El sistema extraterritorial no es una excrecencia pintoresca de la economía mundial, sino que se halla exactamente en su centro”, asegura Shaxson.

Tres datos permiten dar cuenta del lugar que ocupan los paraísos fiscales en las operaciones diarias de las empresas más importantes del mundo y el comercio internacional. La Auditoría General de los Estados Unidos informó en 2008 que 83 de las 100 corporaciones más grandes de ese país tenían filiales en paraísos fiscales. Una investigación realizada por la organización Tax Justice Network reveló al año siguiente que 99 de las 100 empresas más importantes en Europa tenían presencia offshore. El ex ministro de Finanzas francés que luego sería titular del FMI, Dominique Strauss-Khan, estimó en 1999 que más de la mitad del comercio internacional pasaba, al menos en los papeles, por alguna guarida fiscal. “Los paraísos fiscales, como centros financieros para no residentes, son un recurso, un dispositivo o una funcionalidad más del sistema global, que, al integrarse en la propia estructura de un sistema desregulado, le da vida y le aporta la flexibilidad y la libertad de acción que requieren los agentes para arriesgadas y lucrativas operaciones financieras basadas en la extraterritorialidad”, aporta el español Juan Hernández Vigueras en Al rescate de los paraísos fiscales.

A partir de los planteos de investigadores como Shaxson y Hernández Vigueras es posible identificar una serie de atributos habituales entre las guaridas fiscales:

Bajos o nulos impuestos. Los beneficios fiscales están limitados, en la mayoría de los casos, a quienes no residen en esos lugares. El objetivo no es captar inversiones genuinas, sino ofrecer un nodo para administrar operaciones que deben realizarse en otros países.

Confidencialidad. La oferta de distintas formas para mantener en el anonimato la identidad de los dueños o beneficiarios de las distintas estructuras offshore. En algunos casos, el secreto bancario y/o fiscal será consagrado por ley.

Regulaciones laxas para crear sociedades. La flexibilidad para montar y registrar empresas, fundaciones o fideicomisos. La celeridad en la creación de las más opacas y complejas estructuras jurídicas.

Estabilidad política. La cooptación de la política a manos de los intereses del sector financiero garantiza el compromiso de las elites locales con el funcionamiento del negocio offshore.

Desregulación financiera y cambiaria. La liberalización en la movilidad de capitales facilita la canalización de las distintas operaciones a través de esos reductos.

Trabas al intercambio de información. La reticencia para compartir información fiscal y financiera con otros países, incluso cuando se trata de presuntos hechos criminales.

Industria de servicios financieros. La existencia de un sector financiero muy grande en relación con el tamaño de la economía local, que se encarga de diseñar las soluciones offshore. En ese segmento se insertan los eslabones intermedios de la red global, como las firmas de abogados, los estudios contables, las empresas auditoras y los bancos.

Cuando los presidentes del G-20 se reunieron en junio de 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) les entregó un listado actualizado de “jurisdicciones no cooperantes”. Estaba desierto. El único nombre presente era el de Trinidad y Tobago. Para el organismo responsable de definir las reglas tributarias internacionales, los paraísos fiscales estaban al borde de la extinción. Existen alternativas a los porosos listados elaborados por la organización. La más completa es el Financial Secrecy Index (FSI). Elaborado por los expertos de Tax Justice Network, ofrece un abordaje integral del mundo offshore: analiza las regulaciones, leyes y tratados de las diferentes jurisdicciones para construir un indicador que luego es ponderado de acuerdo con la relevancia de cada lugar para los mercados financieros globales. Antes que señalar a las paradisíacas islas caribeñas como responsables excluyentes de un negocio que atenta contra la equidad y la capacidad de desarrollo de los países, el índice de secreto financiero elaborado por la ONG inglesa afina la puntería y señala a Suiza, Hong Kong, los Estados Unidos y Singapur como las cuatro principales guaridas fiscales del mundo. Los paraísos caribeños consagrados por la industria cinematográfica estadounidense como las Islas Caimán, donde se desarrolla la película The firm de 1993, protagonizada por un jovencísimo Tom Cruise, comienzan a aparecer recién a partir del quinto lugar del listado. Con los parámetros del índice, Alemania, el Líbano, Bahrein, Dubai y Japón ocupan un lugar más relevante que Bahamas, Bermudas e Islas Vírgenes Británicas.

La versión del ranking publicado en noviembre de 2015 colocó a Panamá en el puesto número 13 entre más de 100 jurisdicciones evaluadas. El prolongado compromiso legal con el secreto bancario, un pujante y desarrollado sistema financiero, la dolarización de hecho, el reducido nivel de datos solicitado a los extranjeros que abren sociedades, las facilidades para crear estructuras offshore como fideicomisos y fundaciones, la escasa carga tributaria para los no residentes, la falta de cooperación en materia de intercambio de información y el rechazo de sus autoridades a incorporar diferentes marcos regulatorios internacionales garantizan al país esa posición de privilegio. Por su ubicación geográfica y su historia, esa guarida fiscal exhibe un estrecho vínculo con los flujos financieros originados en América del Sur. Pero, más allá del orden de prelación, las guaridas fiscales están inmersas en una red que tiene nodos en los principales centros financieros del mundo, como Londres, una red que se retroalimenta, una red en constante evolución, una red innovadora, una red con infinitas interconexiones posibles.

El cuestionamiento más habitual a las guaridas fiscales es que atentan contra la recaudación impositiva de los países en desarrollo. Por medio de los abusos en materia de precios de transferencia durante las operaciones intrafirma y la falsificación en la facturación del comercio exterior, las principales compañías del mundo evaden 500.000 millones de dólares en impuestos cada año. Mientras que las pérdidas más abultadas se registran en países como los Estados Unidos y Japón, las estimaciones realizadas por el United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) revelan que el impacto es más significativo entre los países en desarrollo. En la Argentina, la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende hasta el 4,42% del PBI. Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea son los únicos países del mundo donde el fenómeno alcanza o supera la media argentina. El desvío de beneficios es el mecanismo al que recurren las compañías multinacionales para desplazar sus ganancias gravables, generadas por las subsidiarias en los países donde se realizan las actividades, a otras subsidiarias en guaridas fiscales con nulas o escasas alícuotas impositivas. Esas maniobras se realizan a través de transacciones simuladas en el interior de las distintas filiales que tienen las compañías alrededor del mundo. Los autores de la investigación publicada en 2017, Alex Cobham y Petr Janský, estimaron que la Argentina pierde una suma en pesos equivalente a 21.400 millones de dólares al año. Con ello, el país ocupa el quinto lugar en el ranking de evasión en términos absolutos, sólo superado por los Estados Unidos, China, India y Japón.

La estimación da cuenta de la magnitud del fenómeno, pero no contempla la pérdida de recaudación vinculada con las maniobras de planificación fiscal internacional que les permite a las grandes empresas minimizar el pago de impuestos aprovechando las zonas grises de las legislaciones. Por eso es innegable que las guaridas socavan los ingresos fiscales de los países, afectando la inversión pública en salud, educación e infraestructura así como la posibilidad de desarrollar políticas de redistribución del ingreso. Los paraísos fiscales debilitan la capacidad de intervención del Estado en la economía. Pero existe una dimensión todavía más relevante para países como la Argentina. La opacidad asociada a la red global de servicios financieros atenta contra la estabilidad financiera de esas economías y restringe sus posibilidades de desarrollo al facilitar el drenaje de recursos fuera del país.

Ya sea que se abastezca con los dólares generados por el endeudamiento externo o con aquellos provenientes de los excedentes del comercio exterior, la fuga de capitales reduce la disponibilidad de divisas necesarias para apuntalar un proceso de desarrollo económico. Los fondos que se escurren por la red de servicios financieros offshore compiten con otros usos estratégicos, como el pago de las importaciones imprescindibles de insumos y maquinarias. Al mismo tiempo, la dolarización de los excedentes y su salida del sistema interno reducen los recursos pasibles de ser reinvertidos, restringen las posibilidades del Banco Central de acumular reservas y disminuyen la capacidad para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública y privada en moneda extranjera. Las permanentes tensiones alrededor de la cotización del dólar —que a lo largo de la historia argentina se resuelven con devaluaciones abruptas— han sido exacerbadas por los procesos de fuga de capitales. En la Argentina, la escasez de divisas es el principal limitante para un proceso de crecimiento económico que sea acompañado por mejoras en la distribución del ingreso.

CAPÍTULO II
MAURICIO MACRI

El astro del fútbol mundial Lionel Messi era el argentino más conocido en el listado, pero la presencia más relevante e incómoda entre los más de 11,5 millones de documentos secretos era el nombre del presidente Mauricio Macri. Llevaba apenas 116 días en la Casa Rosada cuando se convirtió en uno de los cinco mandatarios en funciones de todo el mundo presentes con nombre y apellido en los denominados Panama Papers. Lo acompañaban sus pares de Ucrania, Islandia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. La información filtrada a través de medios de todo el mundo el domingo 3 de abril de 2016 abrió una caja de Pandora con más de 214.000 sociedades montadas en paraísos fiscales a nombre de multinacionales, grandes compañías, directivos de empresas, celebridades, narcotraficantes, criminales, funcionarios y políticos de todo el planeta. Cada una de esas empresas montadas a través de la red global de servicios financieros offshore es, por definición, una estructura con un anclaje en la legalidad. De lo contrario, no serían tan populares entre las personalidades y corporaciones más reputadas del mundo. Pero, aunque sus promotores enumeran cientos de fines lícitos para formar parte de ellas, sin duda, su función más extendida es esconder la ilegalidad. Las sociedades montadas por firmas de contadores y estudios de abogados en jurisdicciones como Suiza, Hong Kong, Singapur, Islas Caimán o Luxemburgo son vehículos para minimizar el pago de impuestos, lavar y blanquear dinero no declarado, fugar capitales y ocultar patrimonios.

La firma vinculada con el jefe de Estado argentino se llama Fleg Trading Limited. No existen rastros de ella en sus declaraciones juradas como diputado nacional o como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco figura en los papeles que presentó cuando llegó a la Casa Rosada. La empresa se constituyó en Bahamas en marzo de 1998, y la documentación revelada en los Panama Papers presenta a Mauricio Macri como uno de sus directores con el cargo de vicepresidente. Junto con el joven empresario que entonces tenía 39 años, las otras dos sillas del órgano de control de la compañía las ocupan su hermano menor Mariano Macri y su padre Franco Macri.

La información expuesta en esa primera semana de abril era escasa pero ofrecía cinco datos adicionales de la aventura offshore emprendida por la familia Macri. El primero era obvio. La firma Mossack Fonseca estaba involucrada. A esos proveedores mayoristas de servicios financieros offshore oriundos de Panamá les sustrajeron 2,6 terabytes de información secreta. Correos electrónicos, actas, documentos, registros, estatutos, reglamentos, autorizaciones, acciones al portador, balances, remitos, pagos y facturas dieron forma a la filtración financiera más abultada de la historia del periodismo. Los escribanos, contadores y abogados que a comienzos de 2016 quedaron en el ojo de la tormenta habían sido contratados para montar Fleg Trading.

El destino seleccionado para cumplir con las órdenes de sus clientes fue Bahamas, un archipiélago caribeño ubicado a menos de 200 kilómetros de las costas de los Estados Unidos y donde funciona un importante centro financiero offshore especializado en la creación de sellos de goma. Pero el contacto de los Macri con Mossack Fonseca no era directo. El segundo elemento disponible entre los documentos era el de los intermediarios en Uruguay, el nodo offshore sudamericano por excelencia, a los que recurrió la familia del presidente argentino para realizar la operación. El nombre del facilitador que figura en los documentos secretos es Santiago Lussich Torrendell. Ese uruguayo era quien hacía los mandados de los Macri en el supermercado offshore. Por esa época se desempeñaba en el estudio de abogados Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti, pero los Lussich Torrendell habían empezado antes a mediar en el mundo offshore en nombre de los Macri y lo seguirían haciendo al menos hasta fines de 2015.

Un tercer dato era la forma societaria que adoptó Fleg Trading. La empresa montada a nombre de Mauricio, Franco y Mariano era lo que se denomina una International Business Company (IBC). La legislación de Bahamas ofrece una serie de beneficios que convierten a las IBC en un atractivo instrumento offshore, entre los que se destacan la exención de impuestos, la dispensa de la obligación de presentar balances anuales y la posibilidad de constituirla con un capital nominal, o sea, sin aportar fondos reales. Como todas las de su clase, las IBC están protegidas por estrictas normas de privacidad para garantizar el anonimato de sus dueños y tienen prohibido realizar actividades económicas en Bahamas —o en el paraíso fiscal que figure en su acta de nacimiento—, pero no tienen restricciones para hacerlo en el resto del mundo. Esta clase de compañías no se constituye con fines comerciales, sino como sociedades holding, o sea, empresas destinadas a administrar activos escapando a la supervisión de las autoridades fiscales y regulatorias en el país de origen de sus dueños. Las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos agregan que las IBC montadas en ese archipiélago caribeño son utilizadas con frecuencia para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero y activos no declarados.¹

El anteúltimo dato que presentaban los Panama Papers era el de los escasos 690 dólares que se pagaron a Mossack Fonseca y las autoridades bahameñas para montar Fleg Trading. Y la pieza final de información era que la compañía había sido dada de baja en 2008, una década después de su creación, cuando Mauricio Macri llevaba un año como intendente porteño.

La documentación secreta filtrada a comienzos de abril ofrecía, entonces, retazos para esbozar respuestas vagas a las preguntas fundamentales del periodismo: ¿qué, dónde, cuándo y quiénes? Entre los Panama Papers figuraba una empresa offshore llamada Fleg Trading, radicada en las Bahamas durante 1998 y dirigida por tres miembros de la familia Macri, Mauricio, Mariano y Franco. La información disponible no ofrecía, sin embargo, rastros relevantes sobre otros dos interrogantes necesarios para contar una historia completa: ¿por qué y cómo?

¿Asomaba el final del recorrido? El recién asumido presidente de la Argentina, que blandía las banderas de la transparencia y la lucha contra la corrupción, había participado en el directorio de las mismas estructuras societarias denunciadas a escala mundial como vehículos para reducir el pago de impuestos, lavar y blanquear dinero no declarado, fugar divisas y ocultar patrimonios del control del Estado. Nada mal para promocionar y filmar los capítulos iniciales de una nueva serie de televisión o un breve documental. Pero, al menos en la Argentina, esa historia no alcanzaba ni siquiera para terminar una primera temporada de bajo presupuesto.

Un presidente enfrentado con su padre por un emprendimiento offshore vinculado con el poderoso grupo empresario familiar cambiaba el panorama. El interés de algún productor cinematográfico en llevar la idea a la pantalla terminaría de confirmarse si a semejante historia basada en hechos reales se le suman 9 millones de dólares que, en principio, ninguno de los protagonistas puede explicar de dónde salieron ni para qué se usaron. Es posible que enriqueciera la narrativa la participación en el escándalo del jefe de la agencia de espías, el presidente del club de fútbol más popular del país y algunos importantes empresarios. Y, si eso fuera poco, el guión le permitiría rodar en escenarios alrededor del mundo, como en las playas de Bahamas, la isla de Cerdeña, el distrito financiero de San Pablo, la tanguera Buenos Aires, el centro histórico de Hamburgo y la pegajosa Ciudad de Panamá. Una vez más, la realidad superaba la ficción. Había una historia para contar.

Escarbar en los márgenes

Material no faltaría pero, cuatro días después de la irrupción global de los Panama Papers, el escándalo comenzaba perder espacio en los principales medios de la Argentina. Los diarios sin acceso a los más de 12 millones de documentos administrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reproducían las historias vinculadas a políticos, empresarios y celebridades conectadas con estructuras offshore. Las novedades sobre el país eran publicadas primero en el diario La Nación, donde trabajaba el equipo que hurgó en el material disponible desde mayo de 2015 para identificar personajes de interés.

Los nombres del secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner o el flamante intendente del municipio bonaerense de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño durante la gestión Macri en la ciudad de Buenos Aires irrumpieron en los primeros días. Los principales empresarios del país se sumaron dos semanas después. A escala global había para todos los gustos: celebridades, deportistas, directivos de multinacionales. Pero la escena la dominaban los políticos y sus entornos. A los cinco presidentes, reyes y primeros ministros en funciones se añadían otros siete ex mandatarios provenientes de Georgia, Jordania, Iraq, Sudán, Ucrania y Qatar (este último aportaba dos nombres a ese selecto grupo). Familiares directos de los primeros ministros de Inglaterra y China, amigos de la infancia del presidente de Rusia, los primos del presidente de Siria y la hermana del rey emérito de España también figuraban en los Panama Papers. Todos estaban directamente vinculados con negocios offshore.

En aquellas redacciones y portales digitales donde la temática despertaba mayor interés —periodístico y empresarial—, la cobertura se enriquecía con artículos sobre el funcionamiento de los denominados paraísos fiscales o con entrevistas a expertos locales e internacionales en evasión impositiva y fuga de capitales. Había que explicar cómo bancos de renombre internacional, prestigiosos estudios de abogados, contadores y firmas auditoras se articulaban para explotar los permisivos marcos regulatorios de algunos territorios y facilitar que ricos, directivos de grandes empresas locales y multinacionales, políticos corruptos y criminales minimicen sus pagos de impuestos, laven dinero no declarado y oculten sus fortunas. Había que reflejar cuáles eran las consecuencias de esas prácticas abusivas disfrazadas de legalidad para las posibilidades de desarrollo y la estabilidad económica de países como la Argentina. En esas producciones, los medios excluidos maquillaban la frustración de no pertenecer al exclusivo universo con una clave de acceso para bucear en la base de datos donde estaban alojados e-mails, registros, planillas y actas robadas a Mossack Fonseca, la firma panameña de servicios financieros y contables.

Con los periodistas argentinos elegidos por ICIJ para el proyecto sumergidos en la búsqueda de empresas e individuos que todavía pudieran seguir ocultas entre los millones de datos a su disposición, la oportunidad para el resto de los interesados residía en escarbar los márgenes de la filtración. Un ejercicio inicial consistió en recorrer los archivos online del Registro Público de Panamá y Opencorporates.com. El primero es un organismo gubernamental autónomo creado en 1913 como registro de la propiedad de ese país, y el otro es un sitio web más accesible aunque un poco menos fiable que recaba datos de la mayoría de las jurisdicciones con información pública sobre empresas y sus propietarios. El objetivo era hallar en esos listados firmas radicadas en guaridas fiscales que tuvieran como directivos a políticos y empresarios argentinos. La búsqueda se convirtió en un juego durante las primeras semanas de abril de 2016. Un par de clics le permitían a cualquier oficinista revisar durante el horario de almuerzo si algún familiar, jefe, compañero de área, ex funcionario, celebridad o conocido adinerado estaba inmerso en el mundo offshore. Para acusar a un amigo de presunto evasor bastaba con encontrar algún individuo con su apellido en una empresa radicada en alguna guarida fiscal.

En poco tiempo brotaron nuevas sociedades en las que el presidente Mauricio Macri y sus familiares figuraban como directivos. A la infame Fleg Trading se sumó Kagemusha. Constituida en Panamá en 1981, tomaba el nombre de una película del director de cine japonés Akira Kurosawa estrenada un año antes y que cuenta la historia de un criminal de clase baja contratado para hacerse pasar por el fallecido lord de un clan. Tres Macri componían su directorio; Franco era el presidente; Mauricio, vicepresidente, y como secretario aparecía Gianfranco, otro de los hermanos del mandatario argentino. La sociedad cuyo nombre se puede traducir como “la sombra del guerrero” tenía por agente residente a la firma panameña De la Guardia Arosemena y Benedetti. Con el correr de los meses, la documentación original sería sumada a la investigación judicial sobre los emprendimientos offshore no declarados del Presidente. Las actas habilitaban a Kagemusha para realizar un espectro de actividades tan amplio que sólo le impedían a la firma actuar en su país de origen. El documento reproducía una fórmula estandar que se repetiría con leves variaciones entre los millones de archivos robados a Mossack Fonseca. El texto consignaba que Kagemusha podía abrir cuentas en bancos, librar cheques, realizar transferencias, usar cajas de seguridad; vender, comprar o alquilar muebles o inmuebles, y realizar juicios o demandas, entre otras licencias. En esos registros se detalla que la junta directiva, el órgano de control donde figuraban Mauricio, Gianfranco y Franco, “tendrá control absoluto y dirección completa del negocio de la sociedad”. Esa disposición habilitaba al trío de directivos a “sin que sea necesario el consentimiento de los accionistas, vender, ceder, cambiar, dar en fideicomiso, en prenda o hipoteca o gravar en cualquier otra forma los bienes de la sociedad, inclusive las naves y bienes inmuebles”. Los registros panameños consultados en aquel momento arrojaban además que, en abril de 2016, la sociedad se encontraba vigente.

Tres años menor que Mauricio, Gianfranco emergió en esas búsquedas en el Registro Público de Panamá como titular, por lo menos, de otras cinco empresas panameñas. Esas firmas llevaban denominaciones de fantasía: Inmobiliaria de Negocios, Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45. El listado no paraba de crecer. Frente a la proliferación de offshores vinculadas con la familia presidencial, los periodistas con acceso a los Panama Papers volvieron a hurgar en las bases de datos donde se encontraron con Macri Group Panamá. Inscripta por Mossack Fonseca en el Registro Público de Comercio panameño en mayo de 2010. La empresa vinculada con el padre del Presidente cambió su nombre a Metro Consulting PTY y, de acuerdo con los documentos hallados, durante sus primeros meses de actividad había extendido una autorización para abrir una cuenta bancaria en Suiza.

Los Panama Papers no exponían un caso aislado. No se trataba de un desliz en la historia de los miembros de uno de los grupos empresarios más poderosos de la Argentina. El uso de las guaridas fiscales se configuraba como una práctica habitual en el universo Macri. En aquellas búsquedas aparecieron estructuras en Panamá, Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Inglaterra, Estados Unidos, Uruguay, Islas Caimán, Dubai, Bahamas y Hong Kong, vinculadas con familiares, empresarios, socios, amigos, funcionarios del gobierno y políticos de estrecha relación con el mandatario. El listado se abultó con el correr de los meses. Hasta una fiscalía en Hamburgo les envió a las autoridades argentinas información sobre dos sociedades offshore de los hermanos del Presidente, que controlaban cuentas millonarias en bancos alemanes.

El denominador común en las más de cincuenta estructuras montadas a través de reconocidos paraísos fiscales era Sociedad Macri (Socma), el holding creado para administrar los negocios familiares a partir de 1976. Indiciarios de un comportamiento sistemático, los escasos y fragmentarios datos disponibles en la web no permitían conocer cuáles eran los negocios canalizados por las empresas radicadas en las guaridas fiscales. La misma restricción narrativa presentaban Fleg Trading y el resto de las operaciones develadas por los Panama Papers vinculadas con el entorno presidencial.

La historia oficial

Las búsquedas de los periodistas seleccionados para hurgar en los Panama Papers comenzaron en mayo de 2015, pero Fleg Trading apareció meses después. Los investigadores de La Nación se cruzaron con ella el 8 de diciembre de ese año, dos días antes de que Macri asumiera la presidencia. Sin embargo, la presentación en sociedad de la firma offshore vinculada con el mandatario argentino debió esperar hasta el 3 de abril de 2016, la fecha de publicación dispuesta por los coordinadores del proyecto en Washington. La Casa Rosada, sin embargo, conoció la existencia de la empresa del Presidente un mes antes, cuando un periodista español envió una consulta por escrito. La respuesta del vocero demoró unas semanas. La explicación era pobre y limitada: la firma era de Franco, el padre de Macri, el Presidente no tenía nada que ver. Entonces, los periodistas argentinos intentaron de nuevo con otros funcionarios del área de comunicación presidencial que ofrecieron algunos datos adicionales. Recién después del estallido del escándalo internacional en la tarde del domingo 3 de abril, la Casa Rosada publicó un comunicado oficial que desvinculaba al Presidente de cualquier irregularidad. Ese texto se convirtió en el libreto oficial que repitió el mandatario al día siguiente durante una entrevista con un programa televisivo cordobés llamado Voz y Voto, perteneciente a La Voz del Interior del Grupo Clarín.

—¿Usted cree que va a perder credibilidad para hablar de los temas de corrupción?

—Nada. Ninguna. Este es un hecho totalmente claro y transparente, mi padre no hizo ninguna cosa incorrecta. Declaró en la DGI que iba a formar una sociedad en Panamá para invertir en Brasil. Finalmente, después no lo pudo hacer. Me estuve interiorizando, porque la verdad es que no tenía ni idea de qué se trataba esa sociedad. Y era para cuando en ese momento [mi padre] quería extender Pago Fácil a Brasil, pero finalmente después no pudo. Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar. Así que, ¿qué hay de raro en eso? No hay nada raro. No hay que mezclar, hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mal habida, son dos cosas distintas. Acá el problema no es el instrumento, sino para qué se lo utiliza.

A pesar de la imprecisión —sostuvo que la firma estaba radicada en Panamá y no en Bahamas—, la versión del Presidente y el comunicado oficial ofrecían indicios para reconstruir la historia de la IBC en la que Macri había sido “designado ocasionalmente como director”. Un aporte fundamental era para qué: Fleg Trading había sido creada para instalar la red de cobranzas Pago Fácil en Brasil. Otra contribución de aquel relato fue asegurar que el negocio nunca se realizó. El protagonista del escándalo sostenía que la empresa offshore se mantuvo inactiva y abandonada durante una década en el archipiélago caribeño. La operatoria había sido tan escasa, enfatizó el Presidente, que la compañía ni siquiera tuvo una cuenta corriente.

Las históricas fricciones que enfrentaron a Mauricio Macri con su padre Franco no tardarían en renacer pero, durante las primeras semanas de abril de 2016, sus versiones sobre Fleg Trading eran prácticamente idénticas: “Constituí esta sociedad como holding para participar en otras entidades no financieras para el desarrollo de diversos emprendimientos privados, particularmente dentro de Brasil, dentro de mi estrategia comercial internacional de aquella época. Ante la falta de concreción de negocios para los cuales fue constituida e inactiva por más de cinco años, la sociedad fue disuelta. Por último, es importante destacar que la sociedad nunca tuvo cuenta bancaria”, expresaba en un comunicado enviado a los medios argentinos por el patriarca del holding familiar al repetir el guión que pretendían instalar desde el Poder Ejecutivo.

Una vez más. De acuerdo con la versión oficial, Fleg Trading fue montada para llevar Pago Fácil a Brasil, pero esa inversión nunca se realizó y, por lo tanto, la offshore quedó relegada en el Caribe sin ningún tipo de movimiento bancario o comercial.

Los principales colaboradores de Macri respaldaron la explicación sin vacilar. No hacían falta los tecnicismos. La fórmula repetida al unísono por funcionarios y legisladores oficialistas consistía en tres líneas básicas. Desde el minuto cero, incluso antes de conocer los pormenores del caso, aseguraban ante cada micrófono que el Presidente no había violado ninguna regulación ni normativa. El segundo argumento consistía en realzar la legalidad del mundo offshore. Para eso, sostenían que participar en una empresa radicada en una jurisdicción considerada paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo; una perogrullada, ya que precisamente es el anclaje en la legalidad lo que habilita los abusos cometidos mediante esas empresas pantalla. El tercer punto de la defensa oficial encapsulaba el hecho en la “vida privada” de Macri, diferenciándolo de su accionar como “funcionario público”.

Las explicaciones de los Macri y los argumentos de funcionarios y legisladores no lograron contener los interrogantes. Por el contrario dieron lugar a nuevas preguntas. ¿Hay evidencia de que algún miembro del grupo familiar haya declarado la existencia de la empresa offshore? ¿Funcionó Pago Fácil en Brasil? ¿Fleg Trading quedó relegada al ostracismo caribeño? ¿Tuvo cuentas bancarias o movimiento de fondos?

Pero el intento oficial de acabar con las sospechas vinculadas con el uso de las guaridas fiscales abría una grieta todavía más poderosa. Incluso reconociendo que existieran motivos legítimos para formar parte de firmas radicadas en paraísos fiscales, ¿por qué razón una compañía argentina crearía una offshore en Bahamas para hacer un negocio en Brasil? Va de nuevo. ¿Por qué recurriría al uso de estructuras offshore un grupo empresario que conocía a la perfección el mercado brasileño, ya que, en ese momento, contaba con constructoras, frigoríficos, concesiones viales, recolección de residuos y fábricas de alimentos en aquel país?

Carnaval carioca

Brasil no sólo era un territorio conocido para el holding, sino que ocupó un rol protagónico en los intentos de supervivencia a finales de los años noventa.² La diversificación de Socma en Brasil se hizo a través de una de las principales empresas del holding: Sideco. Desembarcó en el frigorífico Chapecó, adquirió la recolectora de residuos Enterpa Siwa, se quedó con las concesionarias viales Rodovías das Colonias y Rodovía das Cataratas, operó con su constructora IECSA, produjo galletitas con Canale do Brasil e hizo pastas con las empresas Zabet, Isabela, Bacilar y Adria. Brasil representaba, a comienzos del siglo XXI, casi la mitad de las ventas y de los empleados del holding.

“La razón más importante para decidir producir en Brasil es que el gran mercado está allá. Además, aunque suene increíble, los empresarios argentinos se sienten más protegidos en Brasil que en su propio país”, explicaba a fines de 1999 el vicepresidente de Socma, Jorge Rubén Aguado, al referirse al arribo del grupo en el país vecino. “Compramos fábricas en San Pablo —un estado en el que vive más gente que en la Argentina— que poseen marcas de enorme penetración en el mercado, pero que necesitaban una inyección de capital para modernizarse. Ellos están jugando un partido distinto: apuestan al crecimiento. Aunque en el presente los incentivos para construir un fuerte polo industrial les generen déficit fiscal, saben que el resultado de su política será un crecimiento sólido con menor desempleo. En la Argentina se sigue apostando a la baja del costo laboral. Si no hay mercado a quien venderle, por más que nos reduzcan los costos, no vamos a tomar más gente. Y si tuviéramos una gran demanda, tomaríamos trabajadores aunque nos salieran caros”, aseguraba Aguado al reclamar una orientación de política económica diametralmente opuesta a la implementada por Macri durante su primer mandato presidencial.³ Antes de trabajar para Socma, Aguado había sido presidente de la entidad agropecuaria bonaerense Carbap y funcionario de la última dictadura.⁴

A esa extendida, estratégica y diversificada presencia en el mercado brasileño, los Macri querían sumar a Pago Fácil. La operación argentina de la empresa comenzó a finales de 1992 y tuvo buenos resultados para el holding. Primero, con farmacias y pequeños comercios de barrio, luego hizo acuerdos con supermercados y correos para ampliar la red, además de los agentes propios. El fondo de inversiones Mercosur Technology Communication (MTC), creado por el grupo para canalizar desembolsos en el pujante rubro tecnológico e informático a finales del siglo pasado, controlaba el 75% de Servicios Electrónicos de Pago, la firma local del grupo que operaba la marca Pago Fácil. El 25% restante de la empresa estaba en manos de la estadounidense Western Union.

Cuatro años pasaron hasta que decidieron internacionalizar el negocio. La estrategia comercial fue distinta de la utilizada en la Argentina. Para facilitar la llegada de la empresa de cobro electrónico en Brasil no radicaron una subsidiaria del fondo de inversiones MTC en San Pablo, donde Socma concentraba sus operaciones. La decisión del grupo fue crear una IBC en Bahamas, a 6.337 kilómetros de esa la megalópolis brasileña. Al menos, eso aseguraban Franco y Mauricio cuando explicaron su presencia en los Panama Papers.

El desembarco de Pago Fácil en Brasil no fue ningún secreto. El fin de semana siguiente a la divulgación de los millones de documentos secretos de Mossack Fonseca, la combinación “Macri+Brasil+Pago Fácil” arrojaba cerca de 66.100 resultados en el buscador de Google. En su mayoría, los enlaces estaban referidos a la novedad offshore: Fleg Trading y las declaraciones del mandatario argentino. Pero, el séptimo link llevaba a un artículo publicado por el diario La Nación el 15 de abril de 2002. En esa nota, Orlando Salvestrini, un histórico directivo del Grupo Socma devenido en dirigente del Club Atlético Boca Juniors, promocionaba la llegada de la compañía al país vecino. “Hasta ahora contamos con sólo 15 puntos de venta en San Pablo, pero para fines de año vamos a llegar a las 200 bocas, incluyendo sucursales propias, cubriendo toda la ciudad y también Río de Janeiro”,⁵ aseguraba quien por entonces se desempeñaba como responsable del fondo de inversiones MTC. En esa nota también contaba que Pague Fácil, el nombre usado por la firma en Brasil, había firmado 25 contratos con empresas de distintos rubros a las que les realizaría el servicio de cobro.⁶

La historia oficial mostraba su primera grieta. La versión coordinada por Mauricio y Franco para desvincularse de los Panama Papers explicaba que Fleg Trading había sido montada para asistir en el desembarco de Pago Fácil en Brasil. No obstante, aseguraban ambos, tal inversión nunca se había concretado, obligando al abandono de la offshore en Bahamas. La historia era diferente. Dieciséis años antes de que se conociera la existencia de la IBC, renombrados directivos de Socma anunciaban en los medios que Pago Fácil había llegado al país vecino. La versión brasileña de la empresa no sólo había existido, sino que había llegado a contar con puntos de atención al público y había firmado contratos con otras empresas.

Los gerentes de Socma en 2002 no eran los únicos que habían presumido de aquel negocio. El propio Franco se contradecía. En Charlas con mis nietos, uno de sus cuatro libros autobiográficos publicado en 2013, el mandamás del holding les cuenta a Agustina, Gimena, Francisco, Antonia, Rodrigo, Franco, Giannina, Francesca, Tania, Nicolás, Paula, José, Adriano, Salvatore e Isabella la exitosa historia de la firma de servicios de pagos electrónicos: “Para que se den una idea, en 1994, a sólo un año de su inauguración, llevaba cobradas 345 millones de facturas. Además llevamos el ‘Pago Fácil’ a Brasil y también fue un éxito”.⁷ Pero una confesión de parte no alcanzaba. Hacía falta encontrar documentación para demostrar que esa inversión en Brasil, para la que había sido creada Fleg Trading, sí se había realizado.

Pago Fácil do Brasil

La Junta Comercial del Estado de San Pablo es un organismo público que permite rastrear gran parte de la historia contable de las empresas radicadas en esa región de Brasil donde había llegado Pago Fácil. Con el usuario y la clave de acceso necesaria para bucear entre esos archivos digitalizados, comenzaba la búsqueda: “Pago Fácil”, “Fleg Trading”, “Mauricio Macri”, “Franco Macri”, “Mariano Macri”. Cero resultados.

El artículo publicado en La Nación, en el que los directivos del holding presumían el éxito del incipiente negocio, era de 2002 pero, en los medios argentinos, había referencias a la llegada de la empresa de servicios a Brasil desde finales del año 2000. El diario Ámbito Financiero informaba en noviembre de aquel año que la subsidiaria del Grupo Macri al frente del emprendimiento se llamaba Global Collection Service. El nombre que figuraba en los registros paulistas era prácticamente idéntico: Global Collection Service do Brasil.⁸

La información de la Junta Comercial del Estado de San Pablo confirmaba las confesiones de Franco a sus nietos y las declaraciones de los directivos del holding. La investigación publicada en el diario Página/12 revelaba que, por medio de esa empresa, Pago Fácil hizo pie en Brasil el 5 de marzo de 2001, tres años después de la creación de la offshore Fleg Trading. De acuerdo con esos registros, la compañía brasileña estuvo controlada en sus orígenes por Global Collection Service de Argentina, la propietaria de la marca Pago Fácil, y MTC Investments, el fondo de inversiones tecnológicas del Grupo Socma.

La documentación daba por tierra con la primera parte del discurso de Mauricio y Franco, pues el negocio para el que había sido creado Fleg Trading sí se había realizado. Los balances mostraban además que los esfuerzos para instalar Pago Fácil en Brasil contaron con la participación personal del hermano menor del Presidente y compañero en el directorio de Fleg Trading, Mariano Macri. El entonces joven empresario radicado en Brasil fue asignado como administrador de Global Collection Service do Brasil el 25 de marzo de 2004 de acuerdo con la Ficha Catastral Completa de la compañía, adonde permaneció durante casi tres años hasta que Socma vendió su participación en Pago Fácil Argentina a su socio minoritario Western Union.

La refutación era contundente, pero en la Casa Rosada seguían estoicos con su tríada inicial: “no hubo irregularidades”, “formar parte de una sociedad radicada en un paraíso fiscal no representa un delito per se” y “son hechos de la vida privada”. Puestos frente a las contradicciones del relato oficial —Pago Fácil había aterrizado en Brasil—, los colaboradores del presidente Macri minimizaban el descubrimiento: “Le están pifiando. No es que el Grupo Socma no hizo la operación, sino que la firma offshore Fleg Trading no fue el instrumento utilizado para hacerlo”, aseguraban en ese momento ante la consulta de los autores.

El mismo argumento fue deslizado por el primer CEO de Global Collection Service do Brasil, Marcelo Temporini. En su perfil público de la red de contactos profesionales LinkedIn afirmaba que “exitosamente iniciamos la empresa en San Pablo logrando un número de transacciones, agentes de retail autorizados y resultados por encima de los presupuestados”.⁹ Se jactaba de haber establecido “toda la infraestructura y la estructura organizacional, contratando [a las personas para] los puestos claves, incluyendo las áreas de operación, comercial, facturación, sistemas y administración”. Sin embargo, contactado por un diario brasileño en mayo de 2016, el ex hombre de confianza del holding en Brasil desvinculaba a los Macri del escándalo. “Puedo asegurar que esa empresa [Fleg Trading] no tuvo ninguna vinculación directa con Global Collection Service-Pago Fácil”,¹⁰ afirmó Temporini, quien falleció a los pocos meses antes de ser citado a declarar en la investigación judicial que se desarrolló en la Argentina.

Ya no había dudas, Pago Fácil había funcionado en Brasil. Pero ¿qué había pasado con Fleg Trading? ¿Había quedado abandonada en Bahamas como aseguraban Franco y Mauricio? No. El Registro Nacional de Persona Jurídica del Ministerio de Hacienda brasileño, un ente oficial que brinda información online sobre empresas, revelaba que Fleg Trading fue registrada formalmente en ese país a fines de 2002. La “empresa domiciliada no exterior” recibió el CNPJ 05.456.410/0001-65, la identificación obligatoria con la que deben contar todas las firmas brasileñas y extranjeras que quieran invertir en ese país.

Con la ayuda de Mossack Fonseca, los Macri abrieron Fleg Trading en 1998 y, cuatro años después, la registraron de manera oficial en Brasil. Pero, además del ingreso en el territorio brasileño, los datos oficiales mostraban la dirección de la empresa en Bahamas. Durante su estadía caribeña, Fleg Trading fue alojada en un pequeño edificio denominado Saffrey Square en la calle Bank Lane, a pocas cuadras del puerto adonde arriban los cruceros repletos de turistas que visitan el archipiélago a lo largo del año. En la planta baja de esa galería funcionaba —al momento de escribir este libro— el local de la exclusiva marca italiana Gucci y en el primer piso estaban las oficinas de uno de los jueces de la Corte Suprema bahameña. Glamour y poder. Subiendo las escaleras está la Suite 205, el domicilio informado por los Macri a las autoridades brasileñas al momento de inscribir Fleg Trading en ese país.

La IBC bahameña de Franco, Mauricio y Mariano no estaba sola. Más de cien empresas informaban las mismas coordenadas: Saffrey Square Suite 205, Bank Lane. Ninguna novedad. El hacinamiento corporativo es una situación habitual para los sellos de goma o las empresas fantasma montadas en guaridas fiscales. Existe un edificio en el microcentro de Wilmington, la ciudad más grande de Delaware en los Estados Unidos, que es el domicilio legal para arriba de 200.000 de las más reconocidas compañías norteamericanas. Las empresas se instalan allí atraídas por los beneficios impositivos y regulatorios en esa opaca jurisdicción que funciona apenas a 144 kilómetros de la Casa Blanca en Washington DC. Otro ejemplo se encuentra en las Islas Caimán, una de las guaridas fiscales por excelencia. Allí funciona Ugland House, una construcción que alberga a más de 12.000 empresas. “Ése es el edificio más grande del mundo o el mayor fraude fiscal de la historia”, sentenció en 2008 el entonces senador estadounidense Barack Obama.¹¹ El nivel de hacinamiento en la modesta oficinita donde funcionaba Fleg Trading era menor. En el segundo piso del edificio ubicado en el corazón del distrito empresarial de Nassau, la capital de Bahamas, la offshore de los Macri compartía sus horas con sellos de goma como Boka Group, The Sovereing Group, Sterling, International Secretary Services, First Capital Holding Company, Wiken International, Alpha Maima Group, Fanapel Investment, Mirren Holdings, Juanmpa Trading y Apache Footwear. La Suite 205 era en realidad la sede de Mossack Fonseca & Co., una de las subsidiarias bahameñas de la multinacional de servicios contratada por Franco, Mauricio y Mariano.

Dos de las tres explicaciones oficiales quedaban desmontadas. Pago Fácil había funcionado en Brasil y la offshore Fleg Trading no había quedado abandonada en Bahamas durante una década. Registros oficiales mostraban que ambas empresas habían convivido en territorio brasileño. El relato oficial había quedado malherido, pero todavía faltaba la estocada mortal. Faltaba demostrar que la sociedad radicada en Bahamas donde el presidente Mauricio Macri ocupó el cargo de director no sólo estuvo activa en Brasil, sino que además formó parte de la estrategia societaria del Grupo Socma para instalar Pago Fácil en el país vecino.

Mamushkas macristas con 9 millones de dólares

El dato se encontraba camuflado. Fleg Trading ingresó en Pago Fácil, pero no lo hizo con nombre propio. Emulando a las tradicionales muñecas rusas huecas que en su interior alojan a otra, la offshore de los Macri se metió dentro de Owners do Brasil Participações, adquiriendo el 99,9% de sus acciones. Fue a través de esa cáscara, cuyo nombre en español podría traducirse como “Dueños de Brasil”, que durante 2003 pasó a ser accionista minoritaria en Global Collection Service do Brasil, o sea, accionista en la versión brasileña de Pago Fácil.¹² El esquema de cáscaras ofrece una herramienta para garantizar la opacidad de la operatoria de las empresas que las bases de datos públicas de Brasil y los Panama Papers permitieron desnudar. El círculo se cerraba. Los Macri habían realizado la inversión para desarrollar Pago Fácil. La offshore revelada por la filtración no sólo no había quedado abandonada en Bahamas, sino que había operado en Brasil y, enmascarada, se había convertido en accionista de aquel negocio. Y había más. Nueve millones de dólares más.

Hasta ese momento se suponía que la offshore bahameña había sido inscripta formalmente en Brasil en diciembre de 2002. El dato originado en las bases oficiales del Ministerio de Hacienda brasileño se había convertido en la fecha de su arribo al país vecino. Sin embargo, la información de la Junta Comercial del Estado de San Pablo mostró que Fleg Trading había desembarcado en San Pablo mucho antes. La llegada sucedió en septiembre de 1998, apenas seis meses después de su constitución, cuando se hizo con el 99,9% de Owners do Brasil Participações, reemplazando a Socma Americana S.A., que quedó con el 0,1% restante.¹³ La empresa offshore que según aseguraba la versión oficial estuvo inactiva durante una década fue admitida como “Socio Gerente” de Owners con una participación valuada en 11.715.449 reales, una cifra que entonces equivalía aproximadamente a 9.500.000 millones de dólares. A partir de ese momento, Owners dejó de estar controlada por los Macri paulistas, para pasar a depender de los Macri bahameños.¹⁴

Emergía, una vez más, un nuevo interrogante. ¿Cómo se financió aquel traspaso de manos entre las empresas de los Macri? ¿Cómo hizo Fleg Trading para hacerse de aquella participación accionaria que era de Socma Americana? La operatoria en cuestión se convirtió en el eje de la investigación judicial contra el mandatario argentino, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, por el presunto delito de lavado de activos. La denuncia fue iniciada y nutrida por el diputado neuquino del Frente para la Victoria, Norman Darío Martínez. El legislador y su equipo de colaboradores sostenían que con 11,2 millones de reales de origen desconocido aportados por Fleg Trading a Socma Americana, el holding blanqueó recursos que luego habría invertido en tres empresas propias. De acuerdo con su explicación, el holding capitalizó una de sus firmas brasileñas llamada Itron y creó dos sociedades nuevas en ese país, denominadas Partech-Unisa Participações y Partech Ltda. Bajo la hipótesis delictiva trazada por los denunciantes, esas compañías habrían recibido 10,8 de los 11,2 millones de reales de origen desconocido ingresados en el sistema a través de Fleg Trading.

Asimismo, nueve días después de concretarse la llegada de Fleg Trading, Owners informó a las autoridades brasileñas una redistribución de sus acciones y la reducción en su capital, que pasó de 11,7 a 1,4 millones de reales. La explicación para esa decisión figura en la información contable de la firma: “Considerando excesivo para las operaciones de la sociedad el capital de la misma, los socios decidieron reducir el Capital Social por un monto de 10,3 millones de reales, entregando a título de devolución del capital de forma proporcional a la participación societaria, a los socios cuotistas los derechos del crédito que la sociedad posee, resultante del contrato celebrado el 6 de mayo de 1996 y sus aditamentos posteriores con la empresa Hotel Nuraghe Portorotondo”. Después de que Fleg Trading se hiciera con el 99,9% de las acciones de Owners que estaban en manos de Socma Americana, la cáscara brasileña anunció que reducía su capital, pero los socios no recibieron a cambio fondos frescos sino una acreencia con un lujoso hotel en Cerdeña que era propiedad de Giorgio Nocella, productor cinematográfico e íntimo amigo de Franco Macri. En otras palabras, un cambio de manos entre sociedades controladas por el mismo grupo familiar, aportes frescos a empresas del holding, descapitalización y redistribución de deudas.

Cierre judicial

Con la hipótesis de lavado de dinero desarrollada por los denunciantes, los tribunales federales llevaron adelante su propia investigación. Tomaron declaraciones a distintos directivos del Grupo Socma, entrevistaron a los facilitadores uruguayos, escucharon los testimonios de expertos en la red global de servicios financieros offshore, solicitaron la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y enviaron exhortos para conseguir información de otros países como Uruguay, Panamá, Bahamas y Brasil. La causa llegó a ocupar nueve cuerpos. A lo largo de la pesquisa, todos los testimonios de los directivos del holding familiar apuntaron a desvincular al presidente Mauricio Macri. Pero el mandatario no parecía satisfecho: “Dejo constancia de que recurro a la intervención de vuestra señoría por cuanto, pese a mis insistentes requerimientos, no he podido obtener de mi padre, Franco Macri, la documentación”, reclamó al mes siguiente de que los archivos secretos de Mossack Fonseca salieran a la luz en lo que parecía el relanzamiento de históricas disputas personales con su padre. “Tan sólo he logrado que emitiera el comunicado [de prensa], lo que no resulta suficiente para otorgar la certeza que las circunstancias ameritan”, abundó el presidente argentino en una “acción declarativa de certeza” que realizó ante el fuero en lo civil.

Los abogados de Franco hicieron oídos sordos a ese reclamo, pero desplegaron todas sus herramientas para limitar el alcance de la causa. Debieron pasar ocho meses hasta que estuvieron en condiciones de presentarle a la justicia una explicación para el interrogante sobre la procedencia de los 9.500.000 millones de dólares utilizados por Fleg Trading para financiar la adquisición de las acciones de Owners en poder de Socma Americana. Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, los abogados de Franco Macri aportaron documentación que pretendía desarticular la pesquisa por lavado de dinero y, al mismo tiempo, desvincular al presidente argentino de aquellas maniobras. Por medio de copias certificadas de asientos contables que supuestamente figuraban en los balances del holding de finales de los años noventa, explicaban que en la operación encabezada exclusivamente por Franco no había existido ningún desembolso de fondos frescos. En cambio, aseguraban, la transacción entre Socma Americana y Fleg Trading se había hecho contra una deuda que la empresa arrastraba con su accionista controlante. En esa versión, Franco realizaba aportes personales a su empresa y acumulaba deudas millonarias con la compañía, que para septiembre de 1998 se redujeron significativamente cuando a través de la offshore bahameña se quedó con el paquete controlante de Owners que antes estaba en manos de la empresa matriz del grupo. No se trataba de echar luz sobre las maniobras offshore, sino de dar por tierra con la hipótesis investigativa sobre lavado de dinero.

Cuando el juzgado y la fiscalía todavía estaban procesando la evidencia elaborada por el Grupo Socma, llegó el segundo golpe a la investigación que estaba por cumplir un año. Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal rechazó la colaboración ofrecida como “amigos de la corte” por un especialista en la historia de la deuda externa y cuestionó con crudeza la actuación del juez Casanello y el fiscal Delgado al considerar que dejaron “sin norte” la pesquisa por haberla “diversificado” demasiado. La reprimenda de los camaristas estaba en línea con los planteos de la defensa de los Macri, que durante meses solicitaron en voz baja limitar el alcance de la causa.

La explicación provista por los abogados de Franco Macri a partir de fotocopias certificadas por escribano de unos extractos de los libros contables del Grupo Socma de finales del siglo pasado que fueron incorporados por los tribunales como prueba irrefutable; la paupérrima colaboración de la UIF durante toda la pesquisa; la reticencia de la Cancillería para colaborar de manera activa en la obtención de información alrededor del mundo, como sí habían hecho en la causa donde se investigaba a Lázaro Báez; la falta de respuestas relevantes desde Brasil, donde parecían concentrarse las operaciones de la offshore, y el tirón de orejas de los camaristas fueron suficientes para que el juez que investigaba el posible delito de lavado de dinero abandonara esa hipótesis argumentando que el origen lícito de los fondos estaba demostrado. Aunque el magistrado descartó la existencia de lavado de activos —al finalizar la redacción de este libro—, el presidente argentino no había sido sobreseído, la causa se archivó pero no se clausuró. El fiscal por su parte cuestionó la decisión del juez y, fundamentalmente, rechazó que estuviera probado el origen de los millonarios movimientos de dinero, señalando que existían discrepancias contables. La sala II de la Cámara Federal porteña acompañó la decisión del juez.

La declaración de incompetencia fue suficiente para que Macri celebrara: “Desde el primer día dije que no había ningún delito en lo que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales con esas sociedades, que no había sido accionista, no había recibido ningún ingreso de esas sociedades, con lo cual no tenía por qué haberlas declarado; no hubo declaración maliciosa ni lavado de dinero, y me alegro de que se haya terminado”, afirmó el Presidente al ser consultado sobre la buena nueva.¹⁵

Así, la acusación judicial más relevante, aquella que lo señalaba como partícipe de maniobras de lavado, quedó desactivada. La investigación por el posible delito de evasión impositiva fue remitida al fuero Penal Económico, y la causa por omisión maliciosa de información se sumó a una pesquisa abierta por inconsistencias en sus declaraciones juradas. Ninguna de las dos causas registró movimientos significativos hasta que este libro se terminó de escribir.

Durante los años noventa, Franco y Mauricio Macri habían sido condenados¹⁶ por contrabando agravado y manipulación del mercado de capitales, pero ¿era posible que siendo presidente en ejercicio fuera sentenciado o siquiera imputado por el delito de lavado de activos? Intentar una respuesta acabada para ese interrogante escapa a los objetivos y posibilidades de esta investigación. Factores políticos, históricos, económicos, geopolíticos y judiciales deberían formar parte de cualquier abordaje. Pero existe un elemento estadístico que puede servir como réplica precoz: entre 2000 y 2017 sólo existieron catorce sentencias firmes por lavado de activos en la Argentina.

Esta historia no exculpa a Macri ni mucho menos lo deja bien parado. El presidente argentino que ondea las banderas de la transparencia y la lucha contra la corrupción construyó una historia falsa para explicar su presencia en los Panama Papers. Para quien ostenta por voto popular la máxima autoridad del país, la pregunta cae de madura aunque pueda sonar ingenua: si no hizo nada malo, ¿por qué no contó la verdad?

1 En el apartado correspondiente a Bahamas del “Informe sobre la estrategia internacional de control de narcóticos” del Departamento de Estado norteamericano se sostiene que “los flujos de lavado de dinero incluyen la compra de bienes inmuebles, grandes vehículos, botes y joyas así como el procesamiento de dinero a través de una compleja red de firmas legítimas e IBC registradas en el sector financiero offshore. Narcotraficantes y otras organizaciones criminales aprovechan la amplia cantidad de IBC y bancos offshore registrados en Bahamas para lavar sumas significativas de dinero” (2015).

2 Quien mejor lo explica es el investigador de la Unsam y el Conicet, Alejandro Gaggero: “Cuando el modelo de convertibilidad empezó a crujir, Franco fue uno de los pocos empresarios que alertaron sobre los efectos y reclamaron compensaciones. ‘Éste es un país antiindustrial y la lucha con las multinacionales no nos permite mantenernos’ (Clarín, 19/10/1999). Para sortear la crisis intentó hacer pie en el sector agroalimentario y aceleró el desembarco en Brasil, con pobres resultados. La crisis de la convertibilidad encontró al grupo sin la mayor parte de sus empresas históricas (Manliba también había caído en desgracia) y con sus nuevas apuestas en serios problemas. El único flanco que se sostenía era el de los orígenes: la construcción” (Gaggero, 2016), http://www.revistacrisis.com.ar/notas/los-ricos-no-piden-permiso

3 Ver http://www.archivo.pagina12.com.ar/1999/suple/cash/99-11/99-11-21/nota01.htm

4 Jorge Rubén Aguado (1925) fue secretario de Agricultura y Ganadería del dictador Roberto Viola en 1981 y, al año siguiente, fue designado por Reynaldo Bignone en el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires.

5 Ver http://www.lanacion.com.ar/387969-el-mercado-brasileno-es-la-nueva-prioridad-de-pago-facil. La información no era exclusiva de La Nación; ese mismo día, en una nota breve, El Cronista reproducía el mismo contenido.

6 Orlando Salvestrini declinó entrevistarse con los autores, pero el empresario mantuvo en abril de 2016 un diálogo con Tomás Lukin, que fue publicado en Página/12, en el que buscó relativizar esa información al afirmar que no tuvo el éxito esperado. En su declaración testimonial ante el Juzgado Federal Nº 7 consideró que, si bien se probó el sistema de cobros de servicios en farmacias, la instalación de Pago Fácil en Brasil se discontinuó hacia fines de 2002 como consecuencia de los problemas asociados a la “crisis macroeconómica de la Argentina”. Entre los inconvenientes que experimentaba la empresa en el país, uno era que sus clientes pagaban con cuasimonedas como los Patacones.

7 Macri, Franco, Charlas con mis nietos, Buenos Aires, Planeta, 2013.

8 Global Collection Service do Brasil recibió el número de identificación, o NIRE, 35216907135, contó con un capital inicial de 10.000 reales y tuvo domicilio en la Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 110, en San Pablo.

9 Ver https://www.linkedin.com/in/marcelotemporini

10 Ver http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,rede-de-cobranca-da-familia-do-presidente-operou-no-brasil,1871590

11 Ver http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2008/jan/09/obama-targets-cayman-islands-tax-scam/

12 Entre los directivos a cargo de las operaciones de Owners do Brasil Participações-Fleg Trading y Global Collection Service-Pago Fácil se repite en ambas empresas el nombre de Iván Santos de Nadai, ex gerente de importaciones de Sevel que fue procesado y luego sobreseído en la causa por contrabando contra los máximos directivos de la automotriz. Cuando quedó implicado en la investigación judicial, Santos de Nadai fue retirado de ambas empresas del holding y reemplazado por el hermano menor del Presidente y compañero en el directorio de la bahameña Fleg Trading, Mariano Macri. Tres meses después, el empresario también quedó como gerente en Owners do Brasil Participações.

13 Contra aquella afirmación presidencial que aseguraba que la offshore “ni siquiera tuvo cuenta corriente”, la información contable de la empresa brasileña donde Fleg Trading era la accionista mayoritaria daba cuenta de disponibilidades en bancos y en efectivo. Al cierre del ejercicio de 2004, Owners tenía 41.777,45 reales en una cuenta bancaria, sobre la cual no se informan datos adicionales en el balance, y una caja chica de 1.000 reales. En los registros contables correspondientes a 2005 y 2006, la información no está desagregada y en la partida “Caja y bancos” figuran 6.347,27 y 60,19 reales, respectivamente. Todos los balances de la empresa inversora donde se quedó alojada Fleg Trading estaban firmados por Mariano Macri, quien compartió con su hermano Mauricio el directorio de la IBC bahameña.

14 La red global de servicios financieros offshore permite a los usuarios crear sociedades y abrir cuentas secretas alrededor del mundo de manera inmediata sin la necesidad de trasladarse hacia Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Suiza, Macao, Jersey o Singapur. Con oficinas alrededor del mundo, las firmas como Mossack Fonseca se encargan de responder al pedido de los clientes. Los Macri no tuvieron que ir a Bahamas o Panamá para montar Fleg Trading, pero mientras fueron directores de la compañía visitaron San Pablo. El registro de la Dirección Nacional de Migraciones muestra que Franco y Mauricio realizaron un viaje relámpago a esa ciudad del 11 al 12 de agosto de 1998, apenas un mes antes de que la firma offshore comenzara a operar en Brasil.

15 Una semana antes de la declaración de incompetencia del juez, la vicepresidenta Gabriela Michetti había sido sobreseída en la causa que investigaba el robo de dinero no declarado en su domicilio particular. En esas mismas fechas el jefe de los espías, Gustavo Arribas, recibió un sobreseimiento exprés luego de que el funcionario fuera denunciado por una serie de transferencias bancarias que recibió de uno de los encargados de pagar los sobornos de la constructora Odebrecht.

16 En ambas causas, los Macri lograron que instancias superiores fallaran a su favor y les quitaran las sanciones.

CAPÍTULO III
MACRISTAS

Cuando los Panama Papers salieron a la luz, la offshore donde figuraba el presidente argentino compitió por espacio en los noticieros del mundo con la empresa no declarada del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. Los documentos filtrados revelaron cómo el islandés y su esposa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, habían adquirido una firma en las Islas Vírgenes Británicas a finales de 2007 para administrar los abultados fondos generados en la venta del negocio del padre de Anna, el único importador de autos Toyota del país. Con la salida del mandatario islandés, la casa de apuestas Paddy Power decidió ofrecer a sus clientes la posibilidad de lucrar con el escándalo y, de paso, hacerse publicidad. Comenzaron entonces a levantar apuestas sobre quién sería el próximo implicado en dejar su cargo como consecuencia de la megafiltración. No hubo demasiados interesados en aquel juego irónico, en el cual las renuncias improbables como consecuencia de la presencia de familiares, amigos o socios eran la del ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping que rendían 33 a 1 o el norcoreano Kim Jong-un, en que la apuesta llegaba hasta 100 a 1. La salida del primer ministro inglés David Cameron pagaba 20 a 1. En su caso, el escándalo desatado tras conocerse la existencia de una estructura offshore montada por su padre con la ayuda de los intermediarios panameños y además el voto positivo para el Brexit terminaron por definir el final anticipado de su mandato, lo que podría haber arrojado algunas ganancias a los apostadores.

En agosto de 2017, algunos días antes de que este libro ingresara en imprenta, la Corte Suprema de Pakistán removió de su cargo al primer ministro, Nawaz Sharif. Las denuncias por corrupción contra él y su familia se acumularon a lo largo de sus tres mandatos al frente del país, pero las investigaciones se aceleraron con la divulgación de los Panama Papers. La megafiltración reveló que, a través de una red de sociedades offshore de Islas Vírgenes Británicas, sus hijos eran los propietarios de un conjunto de lujosas propiedades en Londres. Para Paddy Power, las posibilidades de una salida de Sharif eran altas y, por eso, apenas rendía 10 a 1.

Ajenos a la historia argentina y el funcionamiento de la política local, las apuestas en las pizarras irlandesas consideraban que la salida de Macri era la jugada más segura de todas y por eso pagaba tan sólo 8 a 1. El escenario era tan improbable como la salida del ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping. Pero el ruido de Fleg Trading le trajo algún dolor de cabeza y una denuncia judicial que —al finalizar este libro— todavía seguía abierta.

A medida que las investigaciones periodísticas corrían el velo sobre la operatoria offshore del presidente Mauricio Macri y su familia, las respuestas del mandatario abandonaron el relato inicial para concentrarse exclusivamente en dos líneas, “es un hecho de mi vida privada” y “no es ilegal participar en una firma offshore”. Macri actuaba como si nada hubiera sucedido. “Yo estoy muy tranquilo. El tema éste de la sociedad es muy claro, fui director seis meses”, sostuvo Macri en una entrevista con el portal de noticias Infobae el 4 de junio de 2016. Frente a esta respuesta, el entrevistador le recordó que, cuando se difundieron los Panama Papers, “ustedes habían dicho que [Fleg Trading] estaba inactiva y luego se comprobó que había estado activa”. La tercera pata del herramental consistía en desacreditar las preguntas, y así contestó: “Qué sé yo, no sé si estuvo activa o no. Fue una sociedad del año 1998, son 18 años”. Al mes siguiente, el mandatario argentino volvería a cruzarse durante una entrevista con los interrogantes sobre sus excursiones offshore: “Era un episodio de mi vida privada donde sólo fui director unos meses de una compañía de mi padre… Para mí quedó absolutamente claro que no tengo nada que haya ocultado y está todo perfectamente en regla”, afirmó en conversación con Canal Tres de Santa Fe.

Hacia finales de 2016, Macri fue entrevistado en la Quinta de Olivos para el lanzamiento del canal de televisión de La Nación y una vez más le preguntaron sobre el escándalo internacional. “Estoy tranquilo de que está totalmente terminado. Yo no cometí ningún delito, no evadí ningún impuesto, y mezclamos todo porque hay una intencionalidad”, expresó Macri al enfatizar que “todo el mundo sabe que tuve una vida privada anterior, donde fui empleado de las empresas privadas de mi padre”.

—¿Puede ser que aparezcan otras empresas en las que figure como director u otro cargo, o ya está?

—Para mí, no. Después te vas desvirtuando, ni siquiera analizás lo que pasó en el año 2007, sino que analizamos lo que pasó en el 84. Qué sé yo qué pasó, si yo hice sociedades o no, si lo hice en algún lugar o no. Son cosas mías de mi vida privada.

El nombre de Macri no volvería a aparecer pero, desde que se difundieron los Panama Papers, salieron a la superficie en las distintas bases de datos y registros de acceso público más de 30 estructuras offshore vinculadas con la familia del Presidente y directivos del holding Socma. A ese grupo de compañías constituidas en guaridas fiscales se suman otras 18 sociedades en las cuales funcionarios del Gobierno y colaboradores del mandatario figuran como directivos. El relevamiento sobre distintas bases de datos de acceso público fue elaborado y presentado a comienzos de diciembre de 2016 por el legislador del Frente para la Victoria, Norman Darío Martínez, y un equipo de colaboradores al cuestionar un decreto de la Casa Rosada que, contra la decisión tomada en el Congreso, habilitó a los familiares de funcionarios a participar en un blanqueo de capitales. En el listado figuraban el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el entonces subsecretario legal del Palacio de Hacienda, Carlos Augusto Lo Turco; el subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria, Jesús María Silveyra, y la secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones, Clarisa Lifsic. También había empresas offshore vinculadas con el entonces el ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido; el jefe de los espías, Gustavo Arribas; el presidente del Club Atlético Boca Juniors, Daniel Angelici, y el empresario y hermano de la vida de Macri, Nicolás Caputo.

Parte I: La Famiglia

La melliza

Entre los Panama Papers la presencia del mandatario quedó limitada a Fleg Trading. A la offshore bahameña no declarada en la que se desempeñó como directivo se agregó la aparición de Kagemusha desde el Registro Público de Panamá, sobre la cual tampoco existían indicios en sus declaraciones juradas. El nombre del Presidente no volvió a aparecer —al menos hasta que este libro ingresó en imprenta—, pero a la sociedad montada con la ayuda de Mossack Fonseca le apareció una melliza llamada Karter Properties Limited. Una serie de 51 documentos identificados entre los Panama Papers, cinco meses después de que la filtración viera la luz, mostraba la curiosa y familiar relación entre Fleg Trading y Karter Properties.

Para comprender la vinculación entre ambas sociedades es útil retroceder al comienzo de la historia, más precisamente al nombre del intermediario contratado por los Macri para sus menesteres offshore, Santiago Lussich Torrendell. Sus credenciales universitarias lo presentan como contador público y licenciado en administración de empresas pero, si bien cumplió esas funciones, su rol durante la inmersión de la familia Macri en la red de las guaridas fiscales es el de un facilitador. Las IBC bahameñas, Fleg Trading y Karter Properties, son sólo dos de las 52 empresas offshore en las que ofició de mediador para crearlas y mantenerlas. El estudio uruguayo figura como el cliente 9304 de Mossack Fonseca y, de acuerdo con las bases de datos de los Panama Papers, es intermediario en empresas radicadas en reconocidas guaridas fiscales como Nevada, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Panamá. Desde Uruguay, Lussich Torrendel ofició de nexo entre las necesidades comerciales de los Macri y la creatividad del estudio Mossack Fonseca. Por eso, cuando fue citado a declarar en la investigación sobre Fleg Trading, el facilitador aseguró: “Yo no la constituí y tampoco el estudio del cual soy socio principal, en tanto no nos dedicamos a constituir sociedades”. Antes de proceder a desvincular al presidente Macri de cualquier irregularidad, como hizo cada uno de los testigos citados por el juzgado y la fiscalía, el uruguayo consideró necesario precisar cuáles eran las funciones de su estudio: “Nuestras actividades giran en torno a asesoramiento fiscal, presentación de declaraciones juradas, pagos de impuestos, auditorías, contabilidades para clientes más chicos, balances de sociedades y también asesoramos sobre la confección de estados contables, preparamos liquidación de sueldos, tenemos un departamento de recursos humanos, sacamos residencia legal para los clientes que lo solicitan y a pedido de clientes los contactamos con los estudios que venden sociedades tanto locales en Uruguay como en el exterior”. Un facilitador con todas las letras.

Hechas las precisiones, el uruguayo utilizó su declaración testimonial para despegar al Presidente de cualquier irregularidad. “Quiero dejar en claro que la sociedad no es de Mauricio Macri, porque a mí me la pidió Franco Macri, y que en ningún momento tuve contacto con Mauricio Macri, ni en ese entonces ni hasta ahora”, aseguró Lussich Torrendell. Consultado por la fiscalía, el facilitador reconoció que antes de ofrecer su testimonio conversó con Ricardo Rosental, el abogado defensor de Mauricio Macri en la causa.

Entre el cardumen de 52 empresas offshore que tuvieron a Lussich Torrendell como intermediario, lo que distingue a Fleg Trading y a Karter Properties es que juntas hacían todo. Juntas contestaban su correspondencia, juntas le facturaban sus abogados, juntas hacían trámites, juntas pagaban sellos y timbres. Fleg Trading era de los Macri, y Karter Properties estaba controlada por los Nocella, la familia encabezada por Giorgio, amigo y socio de Franco. A diferencia de la dinámica elegida por los Macri, el italiano no figuraba en el directorio de la empresa offshore que tenía como único directivo a Pier Andrea Nocella, su último hijo y productor cinematográfico.

Karter Properties, la melliza de Fleg Trading, quedó constituida el 5 de enero de 1999, cuando el hijo de Giorgio y único directivo de la empresa tenía 27 años. El domicilio informado para su funcionamiento fue el mismo que el de la offshore del mandatario argentino: Saffrey Square Suite 205, Bank Lane, Nassau, Bahamas. Desde entonces, Karter y Fleg fueron administradas en simultáneo. Los correos electrónicos de Mossack Fonseca que validan la relación entre ambas, muchos titulados “KARTER PROPERTIES LTD. & FLEG TRADING LTD. / CASE 1156969 & 1156970”, son de 2004 y 2005. La cadena de e-mails tiene como disparador el pedido conjunto del intermediario uruguayo por volver a dar de alta o “reactivar” a Fleg (Expediente 809627) y Karter (Expediente 810645). Los mensajes que circulan entre las oficinas de Uruguay, Bahamas y Panamá del estudio de abogados comienzan el 28 de septiembre de 2004. “REACTIVACIONES - ESTUDIO CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL”, reza el asunto del correo electrónico en el que se informa que el cliente solicitó una cotización para reactivar ambas sociedades. La respuesta no demoró en llegar: “US$2,230.00 cada una por los costos de reactivación de las sociedades Fleg Trading Ltd. y Karter Properties Ltd., respectivamente”. Tampoco tardó el visto bueno de los interesados. Fleg y Karter quedaron rehabilitadas antes de fin de mes. Los recibos internos de Mossack Fonseca con fecha del 30 de septiembre de 2004 revelan que cada operación demandó 1.510 dólares. “Luego de nuestro e-mail de esta mañana, te confirmamos que las sociedades en referencia fueron reactivadas en el Registro de Bahamas en el día de hoy”, indica uno de los correos de ese día.

Los recibos emitidos por el Bahamas Company Registry, el registro oficial de sociedades de esa jurisdicción, muestran coincidencias en fecha, hora y montos abonados por ambas empresas para mantenerse operativas en la guarida fiscal. Con fecha 18 de abril de 2001, las dos ingresaron la cuota anual de 250 dólares, el monto correspondiente a firmas con un capital entre 5.000 y 50.000 dólares. El recibo de Fleg Trading se emitió a las 10:51:51, y el de Karter Properties se imprimió menos de un minuto después, más precisamente a las 10:52:57. Las coincidencias se repiten año a año hasta el pago de 2004, cuando el camino de las mellizas parece separarse.

A diferencia de Fleg, no se conocen indicios que vinculen a Karter con las operaciones del Grupo Macri en Brasil. Karter no aparece en las bases de datos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo. Tampoco hay referencias en los Panama Papers de cuentas o activos a cargo de Karter.

Hijo del mejor amigo de Franco Macri, Giorgio Nocella, fallecido en 2011, Pier Andrea Nocella nació en 1972 y, como su padre, se dedicó a la producción cinematográfica. Estuvo casado con una finalista de Miss Mundo Italia y suma créditos de producción en ocho películas filmadas entre 2009 y 2013. En general, sus trabajos conocidos fueron realizados por la empresa argentina Dock Sur Producciones. Los registros comerciales argentinos presentan a Nocella como único accionista de la empresa ubicada en Palermo Hollywood, donde no respondieron los llamados de los autores. La gran mayoría de sus trabajos recorre temáticas vinculadas con la Argentina, como la última dictadura o el fútbol. Contaron con la participación de reconocidos actores locales, como Hugo Arana, Víctor Laplace, Julieta Cardinali y Jorge Marrale, entre otros.

Los Panama Papers no ofrecen precisiones sobre por qué Lussich Torrendell realiza el pedido para dejar operativas en Bahamas a ambas empresas en 2004, y el intermediario uruguayo declinó dar su testimonio para este libro. Sin embargo, el resultado del proceso ofrece algunos indicios. Mientras que los Macri y el Grupo Socma siguieron al frente de Fleg hasta su disolución en 2008, Pier Andrea Nocella dejó su lugar en el directorio de Karter en marzo de 2005. En su reemplazo aparece un gestor uruguayo, Luis Vieira Merola, directivo al menos de ocho empresas en Panamá, incluyendo la que habría usado para comprar Karter, una offshore llamada Pafinet. La operación no permite descartar de manera concluyente que Nocella efectivamente se desprendió de la empresa o que la mantuvo a través de un prestanombre profesional como Vieira Merola.

Los hermanos

La offshore panameña BF Corporation fue activada en 2009 por Mossack Fonseca a pedido del estudio contable de Lussich Torrendell. Forma parte del cardumen, por lo menos, de 52 sociedades offshore donde los uruguayos que adquirieron Fleg Trading y Karter Properties figuran como intermediarios. Los Panama Papers no ofrecen precisiones sobre la historia de la empresa, pero una investigación realizada en Alemania por la Fiscalía de Hamburgo reveló que la empresa estaba controlada por Gianfranco y Mariano Macri. La panameña BF Corporation no estaba sola sino que la acompañaba la uruguaya EQT y, entre ambas, administraban colocaciones bancarias y financieras en entidades alemanas. Estas firmas salieron a la superficie como parte de una investigación realizada por los hamburgueses sobre los vínculos del bancario de su país con los Panama Papers, donde se detectó la intervención de más de cincuenta ciudadanos argentinos que fue remitida a las autoridades locales. Los datos llegaron en septiembre, pero la información se conoció recién en diciembre cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó la denuncia.

Las empresas de los hermanos del Presidente ubicadas en guaridas fiscales estaban asociadas a una cuenta en el banco UBS Deutschland AG-Private Banking. Para Gianfranco, la operatoria con firmas offshore no era ninguna novedad: Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45 son algunas de las firmas inscriptas en el Registro Público de Panamá, donde en 2016 desempeñaba cargos directivos junto con su familia. Mariano tampoco es un neófito en el tema, figura en el directorio de Fleg Trading junto a Mauricio y Franco. Entre la información suministrada por los alemanes aparecen como apoderados de BF Corporation los uruguayos Santiago Lussich Torrendell y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Maniobra que para los investigadores argentinos se trataría de una actuación para dificultar la identificación de los verdaderos dueños de la firma.

La pesquisa de los fiscales hamburgueses presentó un extracto bancario con movimientos en esa colocación por más de 1 millón de dólares durante el 19 de octubre de 2015. Seis días antes de la primera vuelta electoral que terminaría consagrando a Mauricio Macri, BF Corporation solicitó que sus fondos fueran transferidos a una cuenta en el Safra Bank, en Suiza. Los apoderados también ordenaron que se cerrara la cuenta en Alemania y que se destruyera cualquier correspondencia que tuviera en su poder el banco alemán: “Destroy all correspondence if any”, según figura en los registros de la entidad financiera analizados por la Fiscalía de Hamburgo. Desde el estudio uruguayo, los apoderados de la offshore BF Corporation señalaron que relocalizaban sus activos por “razones administrativas”.

El tío

En 1958, Franco Macri se casó con una joven oriunda de Tandil llamada Alicia Beatriz Blanco Villegas. Juntos tuvieron cuatro hijos: Mauricio, Sandra, Mariano y Gianfranco. En los ochenta se separaron, y según Franco, fue el único divorcio que le costó la mitad de sus bienes. Los Blanco Villegas siguen la tradición del campo argentino cimentada en el derrotero de los principales estancieros del país, con la salvedad de la irrupción del clan Macri en su trayectoria. Con más de 26.000 hectáreas, la familia figura entre los mayores terratenientes de la Argentina. En los Panama Papers, quien la representa es el fallecido Jorge Blanco Villegas.

El tío del presidente Mauricio Macri aparece como el director de Conklin Pacific Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 2 de enero de 1997. Las acciones eran al portador, pero de los documentos se desprende que Blanco Villegas era el beneficiario final. La aventura con ese vehículo offshore no duró mucho. Al finalizar 1997, la sociedad comenzó los trámites para desactivarse. El 19 de octubre de 1998, Conklin se disolvió y fue adquirida por otra de su clase llamada New Charlotte Ltd. Un dato es clave: también firma como director Jorge Blanco Villegas. O sea, se vendió la sociedad a sí mismo.

En la liquidación final de Conklin, un documento detalla el capital de casi 12 millones de dólares. El balance de movimientos del año de vida dejó como ganancia unos 235.000 dólares. Una posibilidad es que Jorge Blanco Villegas haya utilizado la empresa como vehículo para alguna operación puntual por ese monto, aunque en el universo offshore las posibilidades son absolutas. Por la razón que sea, pagó 600 dólares a Mossack Fonseca como gasto operativo para disolver la compañía.

A nivel familiar, tras el acuerdo matrimonial entre Alicia y Franco, Jorge pasó a ser gerente general en las empresas del Grupo Socma y mantuvo un vínculo estrecho y directo con Mauricio. Además, seguía administrando la fortuna en campos y venta de ganado a través de triangulaciones excéntricas con Australia y países de Oriente Medio. El tío Jorge falleció en pleno invierno de 2011, poco después de haber sido anfitrión del casamiento de su sobrino con Juliana Awada en La Carlota, la estancia de la familia en Tandil. No alcanzó a ver a Mauricio presidente.

Jorge Blanco Villegas se casó dos veces y tuvo una hija, pero en su testamento probablemente también se acordó de sus sobrinos. Después su muerte, la riqueza declarada del Presidente argentino aumentó prácticamente al doble, de acuerdo con sus declaraciones juradas. Junto con la mamá del Presidente, Jorge comandó la fábrica de televisores Philco que, endeudada, debió venderse a Daewoo. Además presidió el Banco Comercial y la UAM, que como Sevel fue concesionaria de la automotriz italiana Fiat en la Argentina. Fue el presidente de la Unión Industrial Argentina entre 1993 y 1997, año en que constituyó Conklin Pacific, la offshore que se autocompraría un año después.

El primo Angelo

Los datos remitidos por la Fiscalía de Hamburgo a las autoridades argentinas no estaban limitados a los hermanos del presidente. El paquete de información incluía maniobras dudosas canalizadas en el sistema financiero germánico a través de estructuras societarias controladas por otros 67 argentinos. Entre esos datos enviados al país por medio de la Interpol figura un directivo de IECSA, la histórica constructora vinculada con el Grupo Macri, en la cual Angelo Calcaterra, el primo del Presidente, aparecía como accionista controlante.

Quien figura en la información compartida por la Fiscalía de Hamburgo es el ingeniero Juan Ramón Garrone. El directivo IECSA aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria a nombre de Somerset Capital Investment Ltd., con un saldo superior a los 500.000 dólares. La dirección comercial de la compañía está en Uruguay, pero su sede es las Islas Vírgenes Británicas. Además de Iecsa, Garrone figura como directivo de otras firmas del grupo que encabeza Calcaterra, como ODS y Creaurban. La causa quedó radicada en el fuero Penal Económico y Tributario. La investigación no avanzó porque, si bien reconoció las maniobras no declaradas, Garrone lo hizo en el marco del blanqueo de capitales habilitado por el gobierno de Mauricio Macri. El empresario regularizó su situación al pagar una multa y los impuestos adeudados. Si bien las autoridades alemanas remitieron la información en el marco de una investigación vinculada con los Panama Papers, los autores no pudieron identificar a Garrone o a Somerset Capital Investment en las bases de datos montadas por ICIJ.

El primo Jorge

El paraíso no tiene grietas. El caso del intendente de Vicente López, Jorge Macri, es la mejor demostración. El primo hermano del Presidente no figura en los Panama Papers, pero sí aparece la offshore uruguaya que le prestó dinero a una empresa suya radicada en Florida, en los Estados Unidos. El prestamista de Jorge Macri, según los Panama Papers, es una firma investigada por lavado que forma parte de la promocionada “ruta del dinero K”.

Además, Jorge Macri tiene una segunda vinculación con los Panama Papers. Al día siguiente del estallido de la megafiltración, los medios que no tenían acceso a esos documentos secretos salieron a buscar empresas offshore de famosos en documentos públicos. Entonces encontraron en el sitio web OpenCorporates una segunda firma en Miami de Jorge Macri, en este caso no declarada, y otra offshore tampoco declarada en Panamá. Las dos offshore de Miami y la de Panamá forman parte de una denuncia por lavado de dinero en contra del intendente, que instruye la Fiscalía Federal de San Isidro basada en una investigación de la Fiscalía de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La offshore panameña se llama Latinum Investments Inc., fue creada el 6 de julio de 2004 y se encuentra vigente. Como presidente figura Carlos Libedinsky, el arquitecto que diseñó el semipiso en el barrio porteño de Palermo al que Mauricio Macri se mudó en 2010. El primo Jorge aparece como secretario y un señor llamado Enrique Fraga, como tesorero. A su vez, la empresa no declarada de Jorge Macri en Florida, en los Estados Unidos, se llama Artecity N204, LLC (esto último es S.R.L., en inglés). Creada el 11 de marzo de 2011, en la División Corporaciones del Departamento de Estado de Florida la firma figura como “activa” y Jorge Macri como el “mánager” junto a su esposa Florencia de Nardi.

La segunda offshore de Miami, la que tenía declarada, terminó metiendo a Jorge Macri en problemas. Según contó el periodista Alfredo Zaiat en el diario Página/12, la investigación de Jorge Macri empezó en 2012 cuando la UIF abrió un expediente basado en el reporte de operaciones sospechosas (ROS) de la AFIP Nº 8262966 por la compra de un departamento de 403.000 dólares en Miami por parte de una empresa que se acababa de constituir en esa ciudad, llamada Icon Unit 1704 LLC, y que tenía a Jorge Macri y a su esposa Florencia de Nardi como apoderados. La denuncia de la Procelac advertía que la suma resultaba llamativa con respecto al patrimonio del intendente de Vicente López, ya que “no contaba con otros bienes declarados en el exterior (salvo participación societaria) y el monto del mismo (equivalente a 750.720 pesos) a dicha fecha, representaba cerca del 25 por ciento del total de su patrimonio”. Consultado por la UIF sobre cómo hizo para comprar el departamento con su empresa de Miami, Jorge Macri dijo que el 40% lo pagó con un préstamo de la sociedad uruguaya Fawsley Inc. El otro 60% vendría de otro préstamo, esta vez de un banco de Miami. Pero ¿quién es Fawsley Inc., el prestamista de Jorge Macri?

En primer lugar, según los Panama Papers, Fawsley Inc. es accionista de varias offshore panameñas constituidas por Mossack Fonseca. En particular, es controlante de una empresa llamada Abble Holdings Ltd.

Un artículo de Infobae de agosto de 2014 explica que “en noviembre de 2002 fue registrada en Essex (Reino Unido) la compañía Abble Holdings Limited. Sus directores iniciales fueron dos uruguayos: Javier Rubira Alonso y Justiniano Romero Carlotto, ambos de estrecho contacto con el bufete uruguayo JP Damiani.¹ Cuatro años después, el último día de mayo de 2006, se incorpora a su directorio el misterioso titular de Helvetic Services Group, Néstor Marcelo Ramos. Y dos meses después de este movimiento británico, se registra en Nevada (EE.UU.) la compañía Abble Holding LLC, una aparente sucursal de la compañía suiza. Este trabajo registral en tierras americanas quedó en manos del bufete panameño Mossack Fonseca. El primer y único miembro designado dentro del directorio de Abble Holding de Nevada fue la compañía Swisser AG, radicada en Suiza, cuyo titular también era Néstor Marcelo Ramos. De esta forma, el presunto y enigmático testaferro de Lázaro Báez estaba presente en ambas compañías homónimas en Reino Unido y en EE.UU.”. El texto fue publicado sin firma.

En segundo lugar, Fawsley S.A. comparte domicilio legal (calle Buenos Aires 484, Montevideo, Uruguay) con las compañías Jaguar Capital y Shoreview Properties, investigadas en Uruguay por una presunta maniobra evasiva con la venta de dos terrenos en Punta del Este y una serie de transferencias bancarias por 16,5 millones de dólares a una cuenta en el Principado de Liechtenstein de Helvetic Services Group, la compañía suiza dirigida por Néstor Marcelo Ramos, señalado por el fiscal José María Campagnoli como testaferro de Báez.

En tercer lugar, el presidente de Fawsley S.A. y de Abble Holdings es el uruguayo Javier Rubira Alonso. Según la Procelac, Rubira Alonso está en la mira de la justicia uruguaya por la venta de los terrenos en Punta del Este y en la mira de la justicia argentina por sus vínculos con Lázaro Báez. Según la Procelac, también debería ser investigado por su rol en el préstamo a Jorge Macri. “La intervención de Javier Rubira Alonso constituye un indicio serio de ilicitud que debe valorarse en el contexto del escándalo mundial conocido como Panama Papers”, dice la denuncia de la Procelac.

Rubira Alonso ha declarado como domicilio las oficinas del estudio Damiani. En los Panama Papers figura en 315 documentos, como apoderado, presidente o director de distintas firmas offshore, algunas de tierras remotas. Funge, por ejemplo, de apoderado de la firma Gartland Corp., registrada en Niue, una isla de 262 kilómetros cuadrados conocida como “la roca de Polinesia”.

El artículo de Infobae sobre Ramos, Damiani y Rubira Alonso no hizo mención alguna a Jorge Macri ni al generoso préstamo que había recibido del grupo en cuestión. Sin embargo, no pasó desapercibido en el departamento de Cumplimientos de Mossack Fonseca, que lo hizo circular internamente entre los responsables por el mantenimiento de las firmas mencionadas en el texto. El aviso derivó en una búsqueda mundial de antecedentes o “world check” de Rubira Alonso. La búsqueda dio que “no se registraron resultados”, por lo que el cliente no fue molestado.

Cuando se conoció la noticia de sus offshore al estallar los Panama Papers, Jorge Macri fue consultado por distintos periodistas pero no quiso dar explicaciones públicas. Incluso dos semanas después, los presidentes de los principales bloques opositores del Senado bonaerense firmaron un proyecto de resolución pidiendo que él, en tanto presidente del Grupo Bapro además de intendente de Vicente López, concurriera a la Legislatura para brindar explicaciones por la situación de las empresas offshore con las que tenía vinculación. No tuvieron suerte.

Al cerrar este libro, la causa contra Jorge Macri se encontraba “en trámite” en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo de Salgado, a la espera de novedades, con poco movimiento y sin un cierre en el horizonte cercano, según confió una fuente con acceso al expediente y suficientes años en el fuero federal como para entender su inercia.

El padre

“Asunto: Macri. Mensaje: Me acaban de confirmar que el nombre está disponible.” Así comienza el correo electrónico del 21 de mayo de 2010 que da lugar a un extenso intercambio de e-mails y documentos vinculados con Macri Group Panamá. Cuatro días después, mientras en la Argentina se celebraba el Bicentenario de la Revolución de Mayo, Mossack Fonseca activaba la offshore que lleva el apellido del actual Presidente de la Nación. Figuraban como accionistas Carlo Luigi Cappelli Abelli, Miguel Ángel Álvarez y Fernando Planes Villamarín.

Además de ser el único argentino entre los propietarios de la offshore, Álvarez era en 2017 el secretario de Hacienda de Vicente López y síndico de Bapro, así como es la mano derecha de Jorge Macri en el municipio que gobierna. Por su parte, el vínculo entre los Macri y Cappelli viene de mucho antes. El italiano figuró como empleado del Correo Argentino entre 2001 y 2015. Y es un ladero histórico y estrecho colaborador de Franco. Fue el piloto comercial del proyecto de Socma para volver al sector automotor junto a la firma china Chery. También ocupó el directorio al menos de tres sociedades del grupo vinculadas con la administración del Belgrano Cargas entre 2006 y 2013. En su libro Charlas con mis nietos, Franco ofrece un indicio sobre sus posibles vínculos con la offshore montada en Panamá: “Doné el 66% de todo mi patrimonio a mis hijos. Les cedí el Grupo Socma y otras empresas y fundé Macri Group S.A. con el único objetivo de dedicarme a promover las relaciones de la República Popular China con otros países”.

Pero la macrista denominación inicial de la empresa sería modificada rápidamente. El 9 de septiembre de 2010, apenas cuatro meses después de su inscripción, Macri Group Panamá cambió su nombre a Metro Consulting PTY, con un capital inicial de 10.000 dólares y acciones que dejaron de ser nominativas para pasar a ser al portador, por lo que no aparecen allí quiénes son sus controlantes. Atento a sus laxos pero necesarios controles, desde Mossack Fonseca solicitaron en reiteradas oportunidades información sobre los beneficiarios finales, sobre las actividades específicas de la sociedad y sobre la procedencia de los fondos, pero desde Uruguay sólo respondieron con evasivas brindando los documentos mínimos indispensables que, en la práctica, no ofrecían contenido a esos requerimientos.

El 11 de enero de 2011, la junta directiva de Metro Consulting se reunió en Montevideo y decidió iniciar las gestiones para abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en la Banca del Sempione, de Lugano, en Suiza. El 21 de junio de 2011 se celebró una nueva asamblea en la capital uruguaya para renovar autoridades. Ingresó Juana O’Reilly Aroza (esposa de Carlo Luigi) como directora y presidenta, mientras que Cappelli y Planes Villamarín continuaron en el directorio. Tras dos años, Carlo Luigi Cappelli renunció al directorio y lo reemplazó un familiar, Domenico Cappelli Tirabassi.

El 2 de diciembre de 2015, ocho días antes de que Macri asumiera como Presidente, el estudio de abogados uruguayo DCA, que llevaba la offshore, le escribió a Mossack Fonseca: “Confirmamos que el cliente de referencia ha resuelto tramitar disolución de la compañía. Ruego nos hagan llegar los documentos que deban ser firmados y remitidos, cotización y cualquier otro requisito de información imprescindible para el trámite. Atentos saludos”. Sobre Macri Group también fue consultado el presidente argentino. “Me enteré recién que existía. Abrimos una causa en el fuero penal y otra en el civil. Estoy tranquilo, está todo sobre la mesa, y tengo la predisposición para aclarar lo que sea necesario”, respondió.

Parte II: Funcionarios

Grindetti, intendente de Lanús

El nombre del ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires durante los ocho años que Mauricio Macri fue jefe de Gobierno está directamente vinculado con Mercier International S.A. La firma fue creada el 19 de mayo de 2010 en Panamá, cuando el actuario ya era funcionario público. Néstor Grindetti no figura como directivo de la firma y tampoco es su beneficiario final. El mecanismo que eligió para sumergirse en el mundo offshore fue otro. Los archivos secretos analizados muestran cómo el ex funcionario porteño —que desde finales de 2015 está al frente del municipio bonaerense de Lanús— utilizó la compañía como pantalla para operar una cuenta bancaria en Suiza.

El primer dato sobre Grindetti que se conoció cuando estalló el escándalo de los Panama Papers fue que Mercier International S.A. le había extendido un poder especial para operar en el banco Credit Suisse. Como sucedió con el caso Macri, las investigaciones de los periodistas sin acceso a las bases de datos ICIJ enriquecieron la historia. En este caso, las pesquisas realizadas en los márgenes permitieron vincular la aventura offshore de Grindetti con las fechas y los actores relacionados con una cuestionada colocación de deuda externa llamada “Bono Tango”, realizada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante su gestión.

La investigación realizada para este libro permitió identificar, entre los documentos de Mossack Fonseca, elementos hasta ahora ignorados que dan cuenta del vínculo de la empresa offshore asociada a Grindetti con un joven abogado estadounidense llamado Joaquín Perpén Malbrán y con presuntas triangulaciones de dinero entre la Argentina, Suiza y Paraguay.

¿Qué muestran los 79 ficheros disponibles en los Panama Papers sobre Grindetti? Que a mediados de 2010, el entonces funcionario porteño fue designado como responsable del vínculo entre Mercier International y la sucursal del Clariden Leu en Zurich. La entidad elegida para operar no es un banco suizo cualquiera sino la pata dedicada a la banca de privacidad (private banking) del Credit Suisse. El “poder legal especial” para representar a la offshore panameña ante el banco helvético habilitó al ministro de Hacienda a “firmar, aceptar o endosar cheques, notas, letras de cambio, u otros instrumentos de órdenes de pago, y retirar o cobrar fondos” de Mercier depositados en cuentas del Clariden Leu.

Quienes dotaron al funcionario de la ciudad de Buenos Aires con esas atribuciones fueron dos directores de la empresa que no están vinculados con Grindetti, sino que son los tradicionales prestanombres, provistos por Mossack Fonseca como parte del servicio habitual, que permiten ocultar a los verdaderos beneficiarios de las estructuras offshore. El poder fue emitido para que Grindetti pudiera estar al frente de los movimientos bancarios de las cuentas suizas durante tres años. El permiso caducaba el 15 julio de 2013, pero los documentos revisados muestran que bastaba con un correo electrónico y el pago de unos 200 dólares para renovarlo.

Como en la amplia mayoría de los casos, quien se contactó con Mossack Fonseca en nombre de Grindetti fue un intermediario. Los trámites para montar Mercier International en Panamá fueron realizados por el Estudio Chadicov, una consultora ubicada en Montevideo que ofrece entre sus servicios más destacados la creación de “sociedades de Zona Franca y jurisdicciones Off Shore”. Un intercambio de correos entre el estudio uruguayo y los panameños precisa que el poder otorgado al político argentino era “estándar” y “super amplio” para que pudiera “hacer todo como si fuera un ‘Director’”.

Hasta ahí llegaron las primeras revelaciones disponibles en los documentos. Una investigación realizada por el periodista Alejandro Giuffrida en el sitio Nuestras Voces identificó que en las mismas fechas en que Grindetti recibía ese poder, en la ciudad de Buenos Aires se realizó la emisión de los bonos Tango 08, para lo cual las autoridades porteñas recurrieron al Credit Suisse, el mismo holding suizo donde el funcionario había sido habilitado a operar en nombre de la offshore panameña. “Es una cuestión personal que no tiene vinculación ni la puede tener con un bono oficial de la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Grindetti cuando ya se desempeñaba como intendente de Lanús, recurriendo a una estrategia defensiva muy similar a la utilizada por su jefe político.

La emisión de esos títulos de deuda ascendió a 475 millones de dólares y se concretó entre el 29 de marzo y 6 de abril de 2010, un mes antes del nacimiento de Mercier International. El Credit Suisse fue el agente de colocación, es decir que los ofreció como inversión a potenciales clientes alrededor del mundo. Por esa tarea, recibió una comisión del 0,75% del monto total colocado, unos 3.562.500 dólares. Además, las autoridades porteñas acordaron el pago de un 1,25% adicional en concepto de comisión por el “servicio de organización” de la operatoria que, según se desprende del prospecto de los bonos, se canceló al banco suizo y a la firma KBR Corporate Finance Ltd. Esa última empresa era representada en la Argentina por Edgardo Srodek, aportante a las campañas de Macri y “operador” del PRO en la provincia de Buenos Aires. Esta segunda comisión ascendió a 5.937.500 dólares, de los cuales alrededor de 3,3 millones quedaron en manos de Srodek y los 2,6 restantes fueron para la entidad helvética.

En total se pagaron comisiones por 9,5 millones de dólares para llevar la oferta al exterior. Esa cifra fue calificada de excesiva por la oposición al gobierno porteño, al igual que la elevada tasa de interés del 12,5% ofrecida a los acreedores. Todos esos cuestionamientos aparecen en un extenso informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. El documento sostiene que la comisión efectivamente pagada fue ocho veces más alta de lo que hubiese sido si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aceptaba la oferta más baja dentro las propuestas recibidas.

Para intermediar en la operación se presentaron, además del Credit Suisse, los bancos JP Morgan, Deutsche Bank, Citi y EMT Emerging Market Services. Todas las ofertas de los competidores del Credit Suisse estimaban comisiones más bajas. Pero Grindetti defendió su elección argumentando que el Credit Suisse le había garantizado 135 millones de dólares, más allá de la suerte que tuvieran los bonos en el mercado. Sin embargo, la denuncia impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que esa promesa no figura en el contrato firmado.

Los fondos obtenidos durante la emisión internacional terminaron de ingresar en las arcas del Banco Ciudad el 28 de mayo de 2010, nueve días después de la apertura de Mercier International en Panamá. En pesos, la cifra ascendía a 1.830,15 millones. El informe de la Auditoría General de la Ciudad señaló que cuatro meses después de la colocación del bono, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a desviar “transitoriamente” los fondos hacia destinos no previstos. Inicialmente se iban a invertir en dos líneas del subte, pero una porción fue utilizada para partidas de mantenimiento urbano, préstamos a la empresa de concesiones viales AUSA e infraestructura del Ministerio de Educación. Las transferencias para inversiones en “Expansión red de subterráneos” fueron de 450 millones de pesos; es decir, menos del 25% de lo que ingresó por el bono Tango 8 que se emitió con esa finalidad exclusiva.

Con esos datos y los publicados cuando estalló el escándalo, la Justicia comenzó a investigar. La historia, sin embargo, no terminaba allí. Entre los Panama Papers existen archivos referidos al caso Grindetti que dan cuenta del interés de los clientes por realizar operaciones inmobiliarias en Paraguay. Las novedades emergen en un extenso intercambio de correos electrónicos entre los empleados de Mossack Fonseca y el Estudio Chadicov. En esos e-mails de 2012, Chadicov gestiona un poder adicional a nombre de Joaquín Perpén Malbrán, un joven con doble nacionalidad, estadounidense y argentina, que nació en 1987.² En julio de 2012, durante la tramitación de este poder, el propio Manuel Chadicov envió un correo a su contacto en Mossack Fonseca donde afirma: “Además del Poder adicional [al que había recibido Grindetti en 2010] para esta sociedad, recordar por favor que necesito adquirir una NUEVA con Directorio de uds [sic] y un apoderado que es el mismo que se incluyó adicional para Mercier”. Es decir que, además de Mercier, el contador uruguayo solicitaba una nueva offshore, que emitiera a su vez un segundo poder para que el joven Malbrán pudiera controlar sus movimientos y operaciones. En ese mismo e-mail, Chadicov insiste: “Quedaste en enviarme las sociedades en stock y costos a los solos efectos de confirmarte la compra. Necesito cierta celeridad con este tema ya que el cliente debe firmar algunos compromisos de compra venta”. No se especifica en ese intercambio de qué operaciones se trataba, pero en conversaciones previas se había hablado de “unas compras inmobiliarias en Uruguay”.

Además, también para esas fechas en que se tramitaba el nuevo poder, Chadicov había agregado en otro intercambio con Panamá que “las inversiones son radicadas principalmente en Suiza… y Paraguay… ya que podría llegar a adquirir propiedades en dicho país”. Entre los documentos filtrados no hay registros sobre esas potenciales operaciones inmobiliarias, y en las declaraciones juradas presentadas por Grindetti mientras estuvo al frente de la hacienda porteña no menciona ningún inmueble en esos países.

Sin embargo existen estrechos vínculos comerciales entre Grindetti y Malbrán. La sección comercial del Boletín Oficial muestra que el intendente de Lanús y el abogado de origen estadounidense se asociaron en julio de 2015, en plena campaña electoral, para montar Murph S.R.L. Con una vigencia de 99 años y un capital inicial de 20.000 pesos, el domicilio de la empresa creada para explotar, gerenciar y administrar gimnasios está en el microcentro porteño. En realidad se trata de la sede del estudio MODO que funciona en el quinto piso de Tacuarí 20. Malbrán fue designado en el cargo de “Gerente” y Grindetti como “Gerente Suplente”. La situación cambiaría un año después, cuando Murph incorporó al hijo del intendente, Pablo Grindetti, como nuevo miembro de la gerencia.³

Clusellas, secretario legal y técnico

Eran chicos, tendrían seis o siete años cuando se conocieron. Fue en la ciudad de Buenos Aires. Desde ese entonces fueron sol y sombra. Pablo Clusellas y Mauricio Macri se conocían desde la escuela primaria, pero fueron compañeros recién en la secundaria del Cardenal Newman, donde se juntaron también con José Torello y Nicky Caputo. Su vínculo volvió a ser explícito cuando Clusellas, ya recibido de abogado comercial, pasó a integrar el equipo de abogados del Grupo Macri e integrar una empresa del grupo denominada Sinosocma, que entre sus principales actividades incluye “la explotación de servicios públicos”. En 2007 pasó de explotar al sector público a integrarlo, primero como secretario Legal y Técnico de la Jefatura de Gobierno en la ciudad durante la gestión de Macri y, desde diciembre de 2015, de la Presidencia de la Nación. En el Museo del Bicentenario, para la jura de ministros, se escuchó por primera vez un diálogo entre Macri y su fiel amigo del Newman: “No te pongas tan cerca. Toda la vida te digo que no te pongas cerca y te me ponés tan cerca”, le dijo en público antes de tomarle juramento como su secretario de Legal y Técnica de la Nación.

Clusellas aparece en los Panama Papers catalogado como el “intermediario activo” entre Mossack Fonseca y el estudio jurídico Romero, Zapiola, Clusellas, Monpelat desde 1997 hasta mediados de 2008. La primera anotación es de mayo de 1999, cuando un grupo de abogados panameños mantiene un encuentro con él en su estudio jurídico de la avenida Corrientes 345. “Ambiente profesional, decoración excelente, oficina muy grande. Contacto: Pablo Clusellas. Cordial, 35-45 años, apariencia muy buena […] Visitamos oficinas donde trabajan 20 personas, abogados con especialización empresarial. Brindan servicios para todas las áreas. Se le presentaron nuevos servicios e info que no conocía sobre fundaciones, pero hablaba con mucho conocimiento”, fueron algunas de las anotaciones. Otra entrada es de 2002: “Se envió información general de Hong Kong y Nevada con un calendario del mundial de fútbol”, avisaban en referencia al Mundial de Corea y Japón de ese año.

Desde Casa Rosada aseguraron que su rol no había sido el de facilitar la salida de capitales para el armado de sociedades offshore en paraísos fiscales, sino que hacía de enlace para la llegada de fondos del exterior a la Argentina. Sin embargo, nada de esto puede comprobarse con los documentos que se conocieron del estudio panameño. Clusellas dijo que se desvinculó del estudio por su actividad pública, pero en sus declaraciones juradas mantiene un 1% de las acciones. No hay datos que confirmen la permanencia posterior o la discontinuidad, pero a fines de 2008 ya no aparece en los listados de “intermediarios activos” del estudio panameño. El único elemento posterior a esa fecha es una tarjeta navideña que Mossack Fonseca envió al funcionario argentino en 2010.

“Una offshore en los ochenta era una posibilidad para hacer una inversión, y en la Argentina era algo normal. En mi profesión me tocó tener relación con abogados externos. En Panamá y Uruguay las promovían, pero no para un hecho ilícito”, expresó Clusellas en julio de 2017. El escenario para la defensa del mundo offshore realizada por el funcionario fue un evento titulado “La lucha contra la corrupción: avances y retrocesos en Sudamérica y en la Argentina”, organizado por la ONG Transparency International (TI) y que contó con la participación de su máximo directivo, José Ugaz. “Son contados los casos en los que uno busca el anonimato para proteger su privacidad, su seguridad. En la mayoría de los casos es para sobornar, para defraudar impuestos, para lavar dinero y esa es una realidad innegable”, indicó el peruano Ugaz, cuya organización también fue salpicada por la megafiltración de documentos de Mossack Fonseca. El abogado responsable del capítulo chileno de TI, Gonzalo Delaveau, se desempeñaba como directivo en cinco sociedades offshore bahameñas vinculadas con operaciones de una minera canadiense.

“Usted mencionó el caso de los Panama Papers y colocó en sus slides el nombre de nuestro presidente”, interpeló a Ugaz el moderador del debate, celebrado en la Universidad Católica Argentina, y CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, quien apenas estalló el escándalo informó que la firma utilizaba offshores en Islas Vírgenes y Hong Kong como controlantes de distintas publicaciones. “No lo coloqué yo, está en la lista”, respondió rápidamente el titular de TI al referirse a la presencia de Mauricio Macri como director de la bahameña Fleg Trading en 1998 entre los 11,5 millones de archivos robados a Mossack Fonseca. “No fui el abogado que las creó. La información que tengo es que eran sociedades de la década de los ochenta, desconozco si eran nominadas o innominadas. Les recuerdo que en el caso del Presidente no es que está sospechado, entre comillas, de tener una participación como accionista sino por haber sido nombrado director de las compañías”, sostuvo Clusellas al ensayar una defensa de su amigo personal y jefe.

“En ese caso fueron para hacer negocios en Brasil y son finalmente fondos que fueron declarados, fondos del padre o de las empresas”, insistió el abogado. Atento a la proliferación de empresas offshore entre sus compañeros del Gabinete, el responsable del área de Legal y Técnica intentó ser un poco menos contundente que Ugaz, aunque reconoció que “los porcentajes para los cuales se usan [las offshore] deben ser más una razón ilícita que lícita”.

Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia

El azar no excluye lo inevitable. El licenciado en Administración de Empresas que llegó a formar parte del PRO como organizador de la juventud macrista se convirtió en poco tiempo en uno de los referentes del partido. Fernando de Andreis es hijo de Patricia Langan-Murphy, que lo tenía en la panza cuando su padre biológico falleció. Luego, el segundo esposo de su madre, el famoso corredor de autos Juan Manuel Bordeau, lo adoptó y lo crió. Juan Manuel es el padre de Ivonne Bordeau, ex esposa de Mauricio Macri y madre de tres de sus hijos. Durante algunos años, De Andreis fue cuñado del presidente Macri.

El secretario general de la Presidencia está casado con María Sol Ascónape. En los últimos días del mes de noviembre de 2005, el suegro de De Andreis, Mariano Martín Ascónape (que suele utilizar su segundo nombre), registró en Panamá la offshore Parquemar Group con un capital inicial de 10.000 dólares y Mossack Fonseca como agente de registro. El estudio jurídico uruguayo Belhot González Lerena actuó como intermediario entre Ascónape y el estudio panameño. El 8 de noviembre de 2006, el estudio uruguayo solicitó y obtuvo un poder general para manejar la offshore a nombre de Ascónape y sus hijos, Matías, Jimena, Martín y María Sol. Los Ascónape hicieron legalizar la documentación para que la sociedad pudiera utilizarse en la Argentina.

Mientras tanto, el suegro de De Andreis fue conformando una red activa de paraísos fiscales en Panamá, más allá de Parquemar. Martín Ascónape, junto a otros seis socios argentinos —Guillermo García, Oscar Alejandro Zarich, Alberto Valdez, Ricardo Moreno, Roberto del Río de Ortúzar y Pedro Eugenio Reynal—, figura como accionista de Cumberland Equities, una offshore panameña activada en marzo de 2010. Según los documentos filtrados, la firma emitió una bifurcación de acciones en dos grupos, en un entramado de sociedades offshore que se controlan unas a otras.

El vínculo entre Ascónape y Del Río de Ortúzar, socios en Cumberland Equities, también se da en el interior de la provincia de Buenos Aires, integrando el directorio de Chacras de la Cruz S.A., dedicada a un emprendimiento inmobiliario en territorio bonaerense. En 2013, el club de campo Chacras del Sur fue allanado por la AFIP por evasión impositiva, pues se habrían ocultado operaciones al menos por 2.500.000 millones de pesos. En ese entonces, sólo el suegro de De Andreis podía demostrar una situación fiscal coherente con esos movimientos de dinero. Tanto la esposa de De Andreis como su hermano, Matías Ascónape, eran monotributistas, mientras que la cuarta integrante, Jimena Ascónape, no registraba actividades ni tenía CUIT. Chacras del Sur estaba a nombre de una empresa denominada Urbaland, cuyos accionistas eran Martín y Jimena Ascónape.

Martín Ascónape también es cliente de la banca suiza a través del Credit Suisse, que le envió formularios para inversiones en el mercado monetario y, posteriormente, un convenio para la adquisición de “productos de inversión no tradicionales”. A su vez, es un veterano en el armado de sociedades comerciales en la Argentina: figura como director o accionista al menos de doce sociedades anónimas, entre ellas Campus del Pilar, Inmobiliaria Darwin S.A., Sun Market S.A. y Tenis Club Argentino S.A., con acento en bienes raíces de alta gama, la mayoría dedicada a los negocios inmobiliarios en barrios cerrados y clubes de campo. Además, es un habitual aportante a las campañas políticas del jefe de su yerno.

En tanto, el chico PRO, ex presidente del Ente de Turismo porteño y secretario general de la Presidencia, se casó el 22 de marzo de 2014 con su novia María Sol Ascónape en la provincia de Buenos Aires, en una ceremonia religiosa en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, ubicada en Sierra de los Padres, y luego con fiesta en Balcarce, en La Peregrina, la estancia de los Bordeau. Parquemar, la offshore panameña de la familia de la novia, fue desactivada el 15 de enero de 2014, dos meses antes del casamiento.

Poco después de conocerse la noticia de la offshore panameña de la mujer de De Andreis en el diario La Nación, la familia Ascónape hizo saber que esa firma, Parquemar, se habría creado para realizar inversiones en el exterior que no se concretaron y argumentó que por eso la firma no registró ningún tipo de actividad. Luego, el mismísimo De Andreis declaró: “No me corresponde a mí entrometerme en las cuestiones privadas de mi suegro. Ni María Sol ni yo sabíamos de la existencia de estas sociedades. Sol tampoco sabía que su padre le había hecho un poder en favor de ella. Mi mujer tenía 23 años”.

1 Juan Pedro Damiani, ex presidente del club de fútbol uruguayo Peñarol, es un personaje clave en gran parte de las sociedades montadas para argentinos con grandes fortunas. Su estudio actuó como intermediario junto a Mossack Fonseca en la creación y administración de las empresas en Nevada que el fiscal Campagnoli y los fondos buitre atribuyeron a Lázaro Báez. Pero los Panama Papers demostraron que se trata de una red de empresas que fue utilizada para fugar capitales millonarios por una larga lista de empresarios de todos los colores políticos, lista que incluye a Báez pero ni por asomo termina con él.

2 Malbrán no respondió los llamados y mensajes enviados por los autores. Además del documento con el poder que se conoció inicialmente por parte de Mercier a favor de Grindetti, en la carpeta de Panama Papers relacionada con el funcionario hay modelos de contratos, acuerdos de indemnización a Mossack por cualquier inconveniente dado que ellos debieron poner a los directores de la offshore, archivos de texto con el nuevo poder a nombre de Malbrán y hasta un escaneo del pasaporte de Néstor Grindetti, necesario para poder validar su identidad en los registros panameños.

3 Ambas piezas de información pueden consultarse en las ediciones del Boletín Oficial de la República Argentina del miércoles 22 de julio de 2015 y del lunes 4 de julio de 2016. En ambos casos, el acta de socios está autorizada por uno de los abogados del estudio MODO.

CAPÍTULO IV
LA COBERTURA. PERIODISTAS Y MEDIOS

El lunes 4 de abril de 2016 no fue el gran día que Hugo Alconada Mon había soñado. Después de un año de trabajo. Después de ocho semanas sin tomarse francos. Después de viajar a los Estados Unidos y a Europa para coordinar reuniones y ayudar a construir una estructura global de periodismo de investigación con sus colegas del consorcio. Después de generar un proyecto para una sección del diario, La Nación Data, que en ese momento era más que nada una apuesta al futuro. Después de haber sumado a la periodista Mariel Fitz Patrick, que en principio iba a cubrir los Panama Papers para Canal 13, pero luego había cambiado de trabajo y en el medio se había incorporado al equipo de investigación de La Nación. Después de desarrollar una investigación sobre una serie de irregularidades fiscales vinculadas con el titular del Grupo Indalo, Cristóbal López, que había sido una gran primicia, para un diario con mayoría de lectores antikirchneristas. Después de todo eso, llegaba el esperado día de publicación de los Panama Papers en la edición impresa del diario. Pero en vez de aplausos y reconocimientos llovían críticas.

Alconada Mon sentía una mezcla de rareza y amargura que bien podría haber empezado el día anterior. El domingo a las tres de la tarde, hora local, según lo convenido a nivel mundial, había estallado la bomba de los Panama Papers. Para ir calentando motores y no quedar atrás de sus competidores europeos, ese mismo domingo a la tarde, con las firmas de Alconada Mon y sus principales colaboradores, Iván Ruiz y Maia Jastreblansky, La Nación había colgado en la red una nota titulada “Los argentinos que figuran con sociedades offshore en paraísos fiscales”, que resumía los principales hallazgos del equipo y fijaba su posición editorial con respecto al presidente Macri. El texto aclara en su segundo párrafo que “el caso de Macri es diferente” a los demás y da a entender que no era tan grave (ni tan noticioso) porque él “no estaba obligado a declarar” la sociedad porque “no es accionista ni cobró dividendos”, dando por buena la explicación del “entorno” que la nota citaba como fuente, a pesar de que hasta el día de hoy no se conoce la composición accionaria de la empresa ni cómo repartió sus ganancias. Dicha postura editorial explica por qué el nombre de Macri no aparece en el título del artículo web sino recién en la bajada, detrás del futbolista del Barcelona y de un tal Daniel Muñoz, y antecediendo un descargo exculpatorio del “entorno” presidencial. “Aparecen el ex secretario de Kirchner, Lionel Messi y Mauricio Macri; desde su entorno aclararon que el Presidente no fue accionista ni cobró”, dice la bajada. El artículo explicita que no es delito aparecer en los Panama Papers: “Constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes”. Después del descargo y la explicación, empieza lo novedoso: cuatro párrafos sobre las offshore de Macri y Grindetti, tres párrafos sobre las del ex secretario privado de Néstor Kirchner y su esposa, y dos sobre la de Messi. Un segundo artículo, más genérico, explicaba qué eran los Panama Papers y nombraba a algunos de los principales personajes involucrados a nivel local e internacional. En esa segunda nota, Macri no aparecía en el título ni en la bajada, sino en el segundo párrafo del texto principal, dentro de una lista de cinco: “entre ellos, Mauricio Macri, Lionel Messi, Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner), el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo”. A nivel internacional sólo nombraba dos casos, el del entorno de Putin y el de la hermana del rey de España. El paquete de presentación online de la megafiltración se completaba con una investigación sobre la offshore de Messi.

Por la noche estallaron las radios, había mucha expectativa con la edición del lunes y ya se sabía que la exclusiva era de La Nación. Con los Panama Papers marcando tendencia en las redes sociales en la Argentina y el resto del mundo, esa noche el sitio web del diario subió dos textos más. El primero contenía la desmentida oficial del gobierno, reafirmando lo dicho por el “entorno” horas antes: “El presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”, decía en su párrafo más significativo el comunicado oficial de Presidencia que fue incluido como actualización en la nota de esa tarde sobre los argentinos famosos que figuran en los Panama Papers. El segundo artículo contenía un comunicado de la familia Kirchner diciendo que, a diferencia de Macri, la ex presidenta y su familia no poseen “ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior”.

El lunes a la mañana, los diarios del mundo destacaron como uno de los principales hallazgos de los Panama Papers, y sin duda el más importante a nivel latinoamericano, la noticia de que el presidente argentino aparecía en un paraíso fiscal como director una offshore que no figura en su declaración de bienes. Al mismo tiempo, La Nación reafirmaba su línea editorial en sentido contrario, restándole importancia a la primicia mundial de sus periodistas. El título de tapa decía en letras de molde, sin nombrar al Presidente: “Revuelo en el mundo: filtran datos de paraísos fiscales”. Macri recién aparecía en la bajada, equiparado con Messi, junto a la postura del gobierno: “Involucran a políticos y funcionarios; Messi y Macri entre los citados, para el gobierno no hubo delito”. Era el único artículo de tapa sobre los Panama Papers y no llevaba la firma del periodista que había trabajado casi un año en el tema, ni la de ningún periodista del equipo de La Nación Datos. En lugar de esas firmas, al pie del texto aparecían los nombres de las principales agencias de noticias de Italia, España, Alemania y Gran Bretaña: ANSA, EFE, DPA y Reuters, respectivamente. En las páginas interiores aparecían una segunda parte sobre Messi y una investigación sobre Grindetti. También aparecía un artículo sobre Cristina Kirchner desvinculándose del caso, otro sobre firmas ligadas al entorno de Hugo Chávez, otro contando “todo lo que hay que saber” sobre los Panama Papers y, finalmente, semienterrado en medio de todo eso, un texto sobre Macri. El artículo arranca con el comunicado oficial, bajo el título: “Panama Papers: la respuesta de Macri sobre su participación en una sociedad offshore”. Después de eso, Alconada Mon quedó de cama.

Diez meses más tarde, durante una entrevista para este libro en un café del microcentro, comenzó la charla recordando ese momento. “Fue una mezcla de sensaciones porque, por un lado, sentí alivio, es decir, al fin salimos a publicar de una bendita vez. Por otro lado, estaba agotado porque yo venía cerrando aquella investigación de Cristóbal López, que al final fue mucho más grande de lo que yo esperaba, porque me acuerdo que pasé de viajar a los Estados Unidos (por los Panama Papers) a López y fueron ocho semanas sin parar, sin francos. En un momento me dio como una suerte de estresazo, que me pegó acá atrás (simula darse un golpe de karate en la nuca), un día a las cinco de la mañana no podía dormir, y del Ibupirac pasé a tener que hacerme unos estudios y demás. Y por otro lado frustración por esto de que, cuando debió ser un día de alegría o de satisfacción profesional, fue por el contrario de frustración, por esta cuestión de la tergiversación de lo que uno hace, porque el diario tiene su posición editorial, y si el diario considera, supongamos, que no es merecedor de la tapa, no me corresponde a mí definirla. Lo que a mí sí me molesta es la tergiversación cuando me involucra a mí.”

La grieta había funcionado a full. Por el revuelo mundial, Clarín no había podido evitar el tema en su título principal ni tampoco el nombre del Presidente, pero para suavizar el impacto había apelado a un verbo amigable: “Mencionan a Macri en papeles secretos de paraísos fiscales”. El periodista Jorge Lanata no lo dejó pasar. En su programa de radio dijo que el gobierno había apretado a ambos diarios y que La Nación había cedido mientras Clarín se había resistido. “Lo que hicieron para evitar el impacto fue llamar a La Nación para apretarlos para que no saliera en la tapa, y La Nación les dio bola. Después llamaron a Clarín para que no saliera en la tapa, y Clarín no les dio bola. Y por eso se volvieron a pelear con Clarín. Eso es textualmente lo que pasó”, disparó Lanata en su programa de radio.

Mientras tanto, Página/12 aprovechó la oportunidad de pegarle al Presidente. “Argentina volvió al mundo”, ironizó en su título principal de tapa con una gran foto de Macri donde se toca un ojo, como si estuviera a punto de llorar. “El presidente Macri, en medio de un escándalo financiero internacional, forma parte de un selecto grupo de cinco mandatarios en ejercicio, cuyos nombres figuran en la mayor filtración de la historia sobre sociedades offshore en 21 paraísos fiscales.”

No habían pasado ni siquiera veinticuatro horas, y el universo antimacrista ya parecía convencido de que La Nación ocultaba información para proteger a Macri. ¿Y dónde estaban los empresarios? ¿Y dónde estaba el resto de la información? Distintos sitios web acusaban con capturas de pantalla que el nombre de Macri había sido removido y luego vuelto a incluir en la bajada del primer adelanto de los Panama Papers en Lanacion.com. Por fuera de la grieta, la cobertura del tema Macri en los principales diarios del mundo también contrastaba con La Nación. Ese mismo día, El País de España había titulado sin estridencia, pero tampoco con complacencia, “el presidente argentino, asociado a una cuenta en las Islas Bahamas”. Prácticamente, todos los medios del mundo lo incluyeron al referirse al listado de cinco mandatarios implicados sin hacer ninguna distinción que lo ubicara en un lugar de “diferente” y, salvo las publicaciones deportivas, destacaron su caso por encima del de Messi.

El segundo día de cobertura no hizo más que ensanchar la grieta. Página/12 hacía tapa con la aparición en los registros públicos de Panamá de una segunda offshore no declarada en la que Macri figuraba como vicepresidente, Kagemusha, una noticia que había circulado profusamente esa tarde en las redes sociales. En cambio, en La Nación, la tapa se la llevó la detención de Lázaro Báez. En cuanto a los Panama Papers, la investigación principal de Alconada Mon, Ruiz y Jastreblansky se refería a los esfuerzos de Mossack Fonseca para impedir que prosperara la pesquisa judicial sobre Lázaro Báez impulsada por Singer y compañía, mientras que Kagemusha aparecía reducida a una noticia breve de tres párrafos sin firma. El tercer día, todavía fastidioso, Alconada Mon hizo una aparición en el programa de televisión Animales Sueltos, donde el conductor Alejandro Fantino le preguntó, entre otras cosas, si había que creerle a Macri. En su respuesta, el periodista dejó entrever las fuertes tensiones que lo atravesaban. “No”, dijo. “Nunca hay que creer. Como metodología de trabajo. Nunca hay que creer, aunque, a favor del Presidente, acá hay mucho de circo y muchos que hablan sin saber. Entonces, ¿nosotros qué publicamos en La Nación? Que Macri aparecía en una sociedad offshore. Punto. Porque nosotros publicamos lo que tenemos.”

Pasaban los días y La Nación publicaba cuatro o cinco notas por día de los Panama Papers. Además de las distintas desmentidas y explicaciones del presidente Macri, de las distintas denuncias y pedidos de explicaciones y de la causa judicial que se le abrió al mandatario y, sobre todo, de las distintas opiniones de expertos defendiendo al presidente, la cobertura incluyó las zagas de Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner; de Federico De Achával, socio de Cristóbal López en negocios de juego; de la interferencia de Mossack Fonseca en la causa judicial de los buitres, y de distintas operaciones vinculadas con el fútbol internacional, incluyendo la de Fernando Hidalgo, socio del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. También aparecieron artículos sobre el presidente chino Xi Jingping, el “Chapo” Guzmán, Cameron y Strauss-Kahn, Vargas Llosa y Almodóvar, el renunciante primer ministro de Islandia y un renunciado ministro de Rajoy, y sobre un grupo de tributaristas que coincidían en decir que, aun habiendo sido parte de sus directorios, Macri no tenía obligación de declarar nada acerca de las offshore Fleg Trading y Kagemusha.

Mientras tanto, el mismo día que Alconada Mon aparecía en Animales Sueltos, Tomás Lukin publicaba en Página/12 el nombre de las empresas que un hermano del presidente Macri tenía registradas en Panamá, y ese mismo diario, sumados Perfil e Infobae informaban sobre firmas offshore en paraísos fiscales vinculadas con el primo del Presidente e intendente de Vicente López, Jorge Macri; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; el entonces secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, y el presidente de Boca y operador judicial, Daniel Angelici, todos ellos conspicuos miembros del espacio político oficialista, información que no fue desarrollada por el diario La Nación.

Así, mientras La Nación seguía su agenda e ignoraba a su competencia, Página/12, Tiempo Argentino, Ámbito Financiero, Infobae y Nuestras Voces también publicaban profusa y novedosamente sobre el tema, ya que no sólo profundizaban las investigaciones sobre Macri, Grindetti y los demás personajes que aparecían en los Panama Papers, sino que ampliaban la mira para incluir nombres e información que no aparecían en la megafiltración, sobre todo el registro oficial de empresas de Panamá y, para el caso de la offshore de Macri, distintas dependencias oficiales de Brasil, fuentes que La Nación ignoró o en todo caso no alcanzó a cubrir.

O sea, la edición recortada de La Nación no lo ayudaba, pero a Alconada Mon no le molestaba tanto que lo criticaran por quedar pegado con la línea editorial del diario. Lo que le dolía era la sospecha lanzada, sin pruebas ni fundamentos, de que él ocultaba información. Justo él, que hacía rato que se había desentendido de la pelea por lo que privilegia o deja de privilegiar La Nación en su tapa. “La aproximación editorial del diario La Nación a investigaciones como Panama Papers es: ‘¿Y eso por qué es meritorio de una tapa? Si en definitiva una sociedad offshore, si la tenés declarada, no es problema’. Entonces, para mí ya implica un punto adicional de esfuerzo para llegar a la tapa”, dijo en la entrevista.

Lo que a él le interesaba era que publicaran la información. Que lo dejaran publicar, en la página que fuera. Después serían los lectores quienes elevarían sus artículos a la categoría de más leídos de la página web del diario, como sucedía entonces y sucede hoy. No le molestaba mucho que La Nación privilegiara sus investigaciones sobre López y Báez por encima de los Panama Papers y las offshore de Macri. Lo importante para él era que la información fuera publicada. Chiquita o grande, atrás o adelante, pero salía. El problema, su problema, ese 4 de abril de 2016, era que muchos no le creían.

“Yo me acuerdo de que Roberto Navarro en C5N sostenía que había tenido acceso al material y que en ese material había información sobre un par de funcionarios de Cambiemos, lo cual era falso porque esos dos no figuraban. ¿Eso a su vez a qué llevó? Primero, a tener que dar explicaciones de por qué no estaba esa gente dentro de eso (los Panama Papers) y, en definitiva, teniendo que dar yo explicaciones, como que yo estaba ocultando material. Me acuerdo que llegaron a filmar al director de cine Juan José Campanella diciendo que estaba en los Panama Papers, y me llamó llorando para preguntarme si él de verdad aparecía, y me decía: ‘Yo no puedo aparecer, eso es falso, hay que aclararlo’, y yo al final terminaba aclarando mentiras del mismo Navarro, y te digo Navarro, más allá de Navarro, como ejemplo, estas cosas de que había malestar del consorcio con respecto a mi trabajo y que en definitiva nos iban a sancionar…”. Sin embargo, ni el ICIJ ni sus responsables habían cuestionado, ni cuestionarían, al menos en público, la cobertura de La Nación, ni mucho menos, que se sepa, habían evaluado sancionar al diario o a sus periodistas.

Dos meses antes de que la investigación de los Panama Papers ganara el Premio Pulitzer en abril de 2017, en ese bar del microcentro, Alconada Mon, un importante miembro del equipo galardonado, recordó que él había imaginado otro final para su participación en el proyecto. “Sobre los Panama Papers no supe leer el cambio del contexto político porque yo me imaginé que iba a ser distinta la repercusión, y lo que observé fue que se terminó politizando, se terminó hasta cierto punto manipulando, tergiversando. Entonces al final yo gastaba más energías en tratar de explicar que nosotros no teníamos la información de Macri durante la campaña electoral, sino que recién la tuvimos el 8 de diciembre, en vez de explicar qué había sobre Macri, que era un logro. Es lo mismo que tener que explicar por qué nosotros llamamos a Macri, cuando en realidad es un protocolo de trabajo del consorcio, que es una metodología de ética periodística.”

Y eso no era todo. Encima lo acusaban de inventar cosas sobre los Kirchner cuando había sido él quien advirtió al resto del consorcio que los Panama Papers no corroboraban el reclamo de los buitres ni la investigación del fiscal José María Campagnoli sobre la “ruta del dinero K”. “Laburamos como enanos pigmeos para terminar recibiendo cascotazos injustos. Para que te des una idea, por ejemplo, otra de las huevadas que decían, que nosotros salimos a buscar, y teníamos la ilusión de encontrar a los kirchneristas y nos encontramos con los macristas. Falso. Te voy a dar dos ejemplos de por qué. Primero, porque dentro del diario, si observás, hay mucha cautela con respecto a, por ejemplo, las 123 sociedades que Mossack Fonseca supuestamente montó en Nevada a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Sabés por qué? Porque el que empezó a reconstruir esta historia dentro del diario fui yo, y yo empecé a encontrar indicios de que en realidad no era así. Entonces, aviso a los editores y jefes del diario. Para cuando nosotros fuimos con los Panama Papers a abordar la posibilidad de las 123 sociedades, no fuimos con la ilusión de ‘uy, los vamos a encontrar’, porque ya teníamos la sospecha de que ahí no había nada. Del mismo modo que, por ejemplo, hubo una reunión en Munich los primeros días de septiembre. Yo era miembro informante para América del Sur, encargado de pasar un relevamiento de qué había, de qué teníamos hasta ese momento de las principales figuras, jugadores… Durante la primera presentación, de la gente del Süddeutsche Zeitung ponen el PowerPoint y si la primera imagen era de Putin, la segunda era de Cristina Kirchner. Yo les dije: ‘Momento, muchachos, ¿por qué ponen la imagen de Cristina?’. Y me contestan: ‘Porque acá están los datos sobre las 123 sociedades, y a su vez en la Argentina dicen que las 123 sociedades en Nevada son de Cristóbal López y de Lázaro Báez, quienes, a su vez son álter ego de Cristina’. Entonces digo: ‘No, momentito; uno, todavía no está verificado que esas 123 sociedades sean de Lázaro Báez y de Cristóbal López, y dos, todavía no está verificado que sean los álter ego de Cristina. Así que, esa imagen ahí está mal’. Y después a mí me acusan…”

El 10 de abril, La Nación publicó en el medio de una página interior, en un pequeño recuadro, la noticia de que Luis Saguier, uno de los dueños del diario, figuraba en los Panama Papers como director de la offshore panameña Navent Group Ltd. Varios meses después, en una conferencia anticorrupción en Panamá en diciembre del año pasado, Alconada Mon contó que el dato sobre Luis Saguier produjo algunas tensiones en el diario. Dijo que si bien él había escrito un artículo sobre el tema, aceptó que en vez de su texto el diario publicara el recuadro sin firma redactado por los abogados de La Nación. Dijo que dicho compromiso, si bien no era lo ideal, demostraba la transparencia del diario, ya que otros medios en una situación similar habrían optado por no decir nada. “Este directivo de La Nación no quería que se publicara la información. Estuvimos un tiempo sin hablarnos”, había contado el periodista en Panamá. En nuestra entrevista agregó: “¿Cuál era mi objetivo? Mi objetivo era publicar que en efecto aparecía gente del diario La Nación que no tuvo nada que ver. Entonces, por supuesto, en un mundo ideal, ¿qué habría preferido? Y, una nota larga, mía, y al lado una aclaración o la posición editorial del diario. Fenómeno. Ése es el mundo ideal. Ahora, en el mundo en el cual nosotros avanzamos, y avanzamos paso a paso, para mí fue un avance y un logro, sobre todo a la luz de otra cosa. Lo que la gente no sabe es que, dentro de los Panama Papers, hay datos sobre los dueños de otros dos diarios que estuvieron involucrados en Panama Papers y que nunca dijeron que estaban en Panama Papers”.

En los días siguientes, la cobertura de La Nación de los Panama Papers, que Alconada Mon se tomaba como una cuestión personal, sería criticada por los corresponsales de dos importantes diarios europeos, el francés Le Monde y el alemán Süddeutsche Zeitung, el mismo de los periodistas que habían aportado los Papers al consorcio. “Al Presidente (Macri) lo tratan muy bien los grandes medios”, había escrito Boris Herrmann desde Río de Janeiro para el diario alemán. “A su antecesora se la sometía a fuerte presiones para que dejara el cargo.”

Le Monde había titulado “Panama Papers: el influyente diario argentino La Nación, en el ojo de la tormenta”. El artículo llevaba la firma de Christine Legrand. “Ironía del destino: después del presidente de centro derecha, Mauricio Macri, le tocó el turno al influyente diario conservador La Nación de aparecer en los ‘Panama Papers’, sobre los cuales investigó justamente el matutino argentino”, arranca el texto de la corresponsal del diario francés en Buenos Aires que, al igual que su colega alemán, sugería que La Nación no trataba al Presidente con el rigor que la información reclamaba o merecía. A todo esto, el diario decano en el mundo, The New York Times, opinaba desde una editorial que la revelación acerca de Macri en los Panama Papers era “muy grave”, en claro contraste con lo que sostenía La Nación, lo cual dio lugar a una nueva ronda de críticas en la Argentina.

Esas críticas internacionales se sumaban a las locales, que la revista satírica Barcelona había resumido en su edición del 17 de abril con el siguiente título de tapa: “Clarín y La Nación, sorprendidos: ‘Es increíble que los medios de todo el mundo hablen de los Panama Papers cuando Uber está llegando a la Argentina’”.

A diez días del inicio de las publicaciones, en medio de un aluvión de críticas, La Nación todavía no había sacado ni siquiera una línea sobre los empresarios que aparecían en los Panama Papers, ni sobre dos colaboradores clave de Macri que también figuraban en los documentos de Mossack Fonseca. Pero bastante había publicado el diario y bastante habían trabajado él y su equipo, habrá pensado Alconada Mon, ya que ese mismo día, en su blog Valijeros.com, se descargó en contra de “otros periodistas, blogueros y tuiteros” que generan/reproducen “especulaciones locas y sospechas injustas” sobre el trabajo realizado por él y su equipo.

“¿Fuimos ‘suaves’ con Macri? Sólo publicamos la información que encontramos y verificamos sobre una (1) sociedad y los vínculos del holding de Franco Macri con otra (1) sociedad. Si luego otros periodistas, blogueros y tuiteros quieren decir que hay 1.000 sociedades, 50 cuentas bancarias o 3 elefantes, es cuestión de ellos. Nosotros sabemos qué hay hasta ahora en los ‘Panama Papers’ (recuerden que el material sigue llegando por oleadas y no descartamos novedades)”, escribió. “PD: por suerte falta muy poco para que ICIJ abra los Panama Papers a otros colegas argentinos, lo cual esperamos que reduzca las especulaciones locas y sospechas injustas sobre nuestro trabajo”, remató.

Al día siguiente, en su columna semanal en el diario que le pertenece, Perfil, Jorge Fontevecchia reveló un dato clave sobre los grandes diarios, incluido La Nación, que pasó prácticamente inadvertido. “Obviamente simpatizamos con el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), pero nuestro afecto a esos valores que compartimos no nos debe hacer dejar de publicar informaciones relevantes que nos incomoden, como sucedió la semana pasada, que faltaba la mención de que los propios medios también tenemos empresas offshore”, escribió. A continuación confesó su parte: “En nuestro caso: Perfil Exterior de British Virgin Island, controlante de Caras Portugal y Angola; Grupo Perfil Inversor de Uruguay, controlante de Caras Brasil, y Perfil Asia de Hong Kong, controlante de cuatro revistas en Shanghai. Pero no había dicho “yo tengo empresas offshore”, sino “los propios medios tenemos empresas offshore”. Se refería, claro, a La Nación y Clarín. Y no se refería solamente a la empresa offshore que La Nación había reconocido porque uno de sus dueños aparecía en los Panama Papers y los propios periodistas y editores habían presionado para que se informara a los lectores. Claramente, Fontevecchia se refería a las demás empresas y cuentas offshore que usan o usaron los grupos Clarín y La Nación para llevar adelante sus negocios (ver el capítulo “Los empresarios”), del mismo modo que Perfil y que tantas otras empresas argentinas. La diferencia es que Fontevecchia reconoció que la información sobre su estructura offshore lo incomodaba pero aun así decidió publicarla, mientras que Clarín no publicó nada de la suya y La Nación, apenas un escueto comunicado explicando lo poco que sus periodistas habían encontrado en los Panama Papers.

Cuatro días más tarde, el 20 de abril, en un día de semana y en una página interior, esto es, fuera de las vidrieras del sábado y domingo, cuando la gente tiene más tiempo para leer, y fuera de los 15 títulos que ese lunes el diario La Nación promocionó en su tapa, Alconada Mon y equipo pudieron firmar por única vez un artículo sobre empresarios que figuran en los Panama Papers. El texto nombraba a más de una docena de los principales nombres de la industria y el comercio de la Argentina, de Magnetto a Fortabat, de Pérez Companc a Pagani y Madanes, varios de ellos importantes anunciantes del periódico. El artículo le dedicó uno o dos párrafos a cada caso, empezando con el nombre de la empresa offshore y luego la explicación del empresario de por qué lo hizo y por qué no tiene nada de malo haberlo hecho. Así, el diario se cubrió de que esos nombres aparecieran como primicias en otros medios y se sacó de encima todos sus compromisos en un solo texto disfrazado en tiempo y espacio como noticia menor. Otra vez, Alconada Mon enfrentó a sus críticos en Valijeros.com: “Panama Papers: Magnetto, Amalita, Pérez Companc, Eurnekian, Pagani, Coto, Bulgheroni, Madanes, Roemmers, Garbarino, Belocopitt, Mastellone, Tabanelli, De Narváez, Garfunkel… Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera directa en los documentos que integran la investigación”.

En ese texto publicado en su blog, el periodista intentaba evacuar una serie de interrogantes:

¿Por qué recién ahora publicamos esta nota? Porque tuvimos que analizar cada caso, descartar los “falsos positivos” (por ejemplo, homónimos de otros países, que los hay), llamar a cada uno, esperar sus respuestas (y en ciertos casos que mostraran sus declaraciones juradas), etcétera.

¿Por qué no la publicamos anteayer, domingo? Porque, entre otros factores, la desaparición de Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez e imputado en la “ruta del dinero K”, alteró todos los planes y nos llevó a adelantar la nota sobre él.

¿Por qué la publicamos hoy, pero no fue a la tapa de la edición impresa? Porque, entre otros factores, el procesamiento a última hora de Báez y la citación a indagatoria de Echegaray también trastocó todos los planes y forzó el levantamiento de varias (4) notas para que esto pudiera entrar; entre otros textos, el que informaba sobre la denuncia de la Procelac (la fiscalía federal especializada en crímenes económicos), contra Grindetti por Panama Papers.

¿Por qué lo publicaron hoy en vez de esperar al domingo próximo? Porque todos los periodistas que integramos el proyecto Panama Papers debemos compartir la información en una página encriptada. Ergo, mucha de la información que integra esta nota ya estaba disponible para los restantes 400 periodistas alrededor del planeta. Y si algo de esta información salía en otro punto del planeta antes que en nuestro diario, ¿no nos hubieran acusado de intentar encubrir, por ejemplo, a Magnetto o a algún otro empresario?

¿La publicación de esta nota implica un malhacer de alguno de los empresarios identificados? No necesariamente (y, a título personal, me parece que no en la mayoría de los casos), pero eso dependerá de un análisis caso por caso que deberá iniciar la AFIP y, llegado el caso, también la Procelac y la Justicia.

¿Por qué planteo que “no necesariamente”? Porque me parece que, como pauta general, quien pretende evadir o hacer otra trapisonda no se presenta en Mossack Fonseca con su nombre y apellido a armar una sociedad offshore. Por el contrario, se oculta detrás de un apoderado y crea una firma con acciones al portador. De hecho, ÉSE es el gran desafío de los “Panama Papers”: las sociedades controladas por otras sociedades, controladas por otras sociedades, en las que aparece sólo el nombre de una apoderada de nacionalidad centroamericana (que aparece en otras 100 sociedades idénticas) y que abren una cuenta bancaria en algún paraíso fiscal. ¿Quién o quiénes están detrás de esas sociedades? That is the REAL question.

En el evento en Panamá, Alconada Mon contó que uno de esos empresarios lo había llamado y le había dicho que si publicaba su nombre era un “hijo de puta”. A lo que él le contestó: “Lo lamento, es tu reputación contra la mía”. En nuestra entrevista, meses después, Alconada dijo que unir a todos los empresarios en una sola noticia había sido una decisión que tomó para asegurarse de que todos esos nombres aparecieran publicados en el diario. Dijo que con el correr de los días el interés del diario se había ido desplazando a otros temas y que no tenía ninguna seguridad de que le publicaran una serie de notas sobre distintos empresarios. Además, contó que la situación dentro de la redacción estaba un poco tensa porque, semanas antes de los Panama Papers, el propio Alconada Mon había encabezado una especie de revuelta interna al objetar en su cuenta de Twitter una editorial del diario que parecía justificar el terrorismo de Estado en los años setenta. El tuit de Alconada había derivado en una reacción en cadena que culminó con una foto de prácticamente toda la redacción, encabezada por su secretario general, Carlos Guyot, manifestando su repudio a dicha editorial. Alconada Mon dijo que no quería tensar la cuerda aun más con una serie de artículos sobre grandes avisadores del diario. “Lo que pasó con esa nota de los empresarios es que yo vislumbré, dentro del diario, que estábamos llegando al punto de máxima publicación. Por una cuestión de nivel de agotamiento, con el tema de los Panama Papers las chances de publicar, de llegar a la tapa, se empezaban a achicar. Entonces pensé: ‘Junto a todos y publico los 15, 16 grandes ejecutivos’. Es que además de que ya había un inicio de agotamiento por los Panama Papers, empieza a explotar el tema de Cristóbal López, aparece en ese momento el tema de los bolsos de José López, o sea varios temas en los que estaba involucrado. Entonces pensé, saco a los empresarios todos juntos y por lo menos ya me cubro las espaldas. Y después, si surge algo de algún empresario, lo puedo desarrollar más adelante.” Después de ese artículo, los empresarios no volvieron a ser molestados por los Panama Papers.

A diferencia de Alconada Mon, Carlos “Chani” Guyot, el entonces secretario general de Redacción de La Nación, sólo siente orgullo y satisfacción por el trabajo realizado por el diario con los Panama Papers. En una entrevista realizada en su modesta oficina en la redacción, a la que accedió rápidamente y sin poner condiciones, Guyot dijo que era consciente de las críticas recibidas y reconoció que esas críticas habían afectado a “algunos periodistas”. Pero señaló que a él esas críticas no le habían dolido porque está acostumbrado a tomar decisiones difíciles, para bien o para mal, y en un país tan dividido que critiquen al diario desde la otra vereda ideológica es algo habitual. Lo único que lamentaba era que esos críticos habían sido “injustos con Hugo”, aclaró. La entrevista tuvo lugar diez días antes de que se comunicara el alejamiento de Guyot de la conducción del diario “para desarrollar otros proyectos personales”, según el anuncio oficial.

“Yo estoy muy orgulloso de la cobertura de La Nación de los Panama Papers”, arrancó diciendo el entonces responsable periodístico del diario. “Vos pensá que desde el día uno invertimos el tiempo y el talento de Hugo con sus viajes… por ahí él habrá contado detalles. Después de cada viaje, iba, venía y me ponía al tanto de qué información tenía, y nosotros tuvimos indicios de que en algunos de los archivos de los Panama Papers aparecían nombres vinculados a la primera línea del poder en la Argentina, unos seis meses antes de que se publicara todo. Cuando salimos, esa fecha fue coordinada desde el punto de vista mundial, un domingo a la tarde en digital y, al día siguiente, abrimos el diario con lo que nos parecía más relevante, que era que estaba mencionado el Presidente en esas investigaciones. En los primeros cuatro meses de cobertura publicamos más de cien notas, somos el medio argentino que publicó más notas, y publicamos el 100% de los nombres periodísticamente relevantes, por supuesto aclarando, y esto nos provocó algunas críticas, pero a mí me parecía que era importante incluirlo, que el hecho de tener una cuenta en un paraíso fiscal o una cuenta en una empresa en un paraíso fiscal en sí mismo no constituye un delito, siempre y cuando esa cuenta y esa empresa estén declaradas en la Argentina y hayan tributado todos los impuestos.”

A continuación, Guyot dijo que, como editor, a él le correspondía manejar los tiempos de publicación del diario y la mezcla de noticias que componen su tapa y su interior. Y cuando se trata de un megaproyecto editorial, especificó, de algún modo su función incluye dosificar los impactos periodísticos de acuerdo con los criterios y/o necesidades del diario: “Acá se hizo un trabajo muy fuerte con la data. Con esa cantidad de documentos, era como buscar una aguja en un pajar, y si bien la gente del ICIJ había montado una base de datos bastante sofisticada, de las que teníamos acceso aquí, Hugo tenía acceso, sobre esa base hubo otros dos periodistas y un experto en periodismo de datos que hicieron mucho trabajo para destilar esa base y para detectar qué empresas o personas de la Argentina estaban mencionadas. En el 100% de los casos, antes de publicar, nos contactamos con estas personas, preguntándoles, etc. En algunos casos obtuvimos respuestas, en otros no, en otros nos enviaron documentación de cómo esas cuentas o empresas estaban declaradas, pero yo diría que esas cien notas en los cuatro primeros meses demostraron una clarísima vocación por hacer periodismo y punto. Y sí es cierto que, como en toda investigación, y lo vimos en las películas Spotlight y Todos los hombres del Presidente, el periodista investiga, escribe, trae, y el editor muchas veces decide cuándo se publica. Y ese timing tiene que ver con un montón de cosas que hacen a la potencia de la historia, a la solidez de los datos y al timing que a veces también es periodístico, no extraperiodístico”.

En ese sentido, Guyot destacó la aclaración que el diario publicó sobre el rol de Luis Saguier como accionista de una offshore. “En un momento aparece el nombre de un accionista de La Nación”, dijo Guyot en la entrevista. “La Nación vende una empresa a un fondo y en esa venta hay un intercambio de acciones. Las acciones que recibe La Nación como parte de pago de su empresa habían sido inscriptas a través del estudio Mossack Fonseca. De ahí que aparece en esos registros, y por supuesto acá hubo un debate y por supuesto se resolvió como debía resolverse; se publicó que esa empresa estaba registrada a través del estudio Mossack Fonseca, se publicó el nombre y la aclaración respecto a que estaba declarada. Diría que, naturalmente, allí hubo conversaciones muy profundas sobre la responsabilidad periodística de La Nación en el asunto y bueno, yo nunca tuve dudas, se resolvió como tenía que resolverse, privilegiando la responsabilidad periodística que tiene una marca como La Nación.”

En cuanto a las críticas recibidas, Guyot dijo que él nunca recibió un llamado del gobierno por los Panama Papers. Dijo que Lanata se había basado en una información errónea y que él le había escrito un e-mail para aclarar los tantos (Lanata no se desdijo). Según Guyot, las críticas habían partido del prejuicio y la ignorancia y habían terminado chocando con la evidencia empírica. “Hay una cuestión de contexto que a mí me parece que puede generar algunos equívocos, sobre todo para alguien que por ahí no está tan en contacto con los productos de La Nación y por ahí habla más desde el prejuicio. ¿A qué me refiero? Evidentemente, las políticas del actual gobierno están más cercanas a lo que históricamente La Nación como institución, como medio, cree que es bueno para el país. Esto por supuesto, con el final del gobierno anterior y la grieta, dejó de ser una cuestión técnica si se quiere y pasó a ser una cuestión mucho más política o personalizada, de a favor o en contra o de qué lado de la grieta. Entonces, alguien podría pensar que la cobertura de La Nación sobre el gobierno de Macri puede ser condescendiente o puede ser débil desde el punto de vista de marcar los errores o lo que se piensa, etcétera. Ahora, cualquiera que haga un análisis más científico de lo que publica La Nación verá que en la cuestión de los Panama Papers, en los temas de inteligencia de la política de este gobierno, en cuestiones de economía, todos los títulos están y todos los temas se tocan. De hecho, yo creo que las críticas más filosas al gobierno de Macri se publican en La Nación, y las columnas de opinión también más sesudas si se quiere también se publican aquí. Ahora, por supuesto alguien desde afuera, sin conocimiento de la materia, porque por ahí no lee o no ve el sitio, nuestros productos digitales, puede creer que en este caso hubo ocultamiento, etcétera. A mí no sé si me molestó; me pareció injusto, sobre todo por el trabajo de Hugo. En cualquier gran cobertura, gran investigación, y estoy mencionando las que por ejemplo aquí fueron primicia, Hotesur de Hugo Alconada, los 8.000 millones de Cristóbal López, también de Alconada, siempre hay un momento en el que el periodista y el editor entran en una tensión; para mí es una tensión positiva, el editor tiene que editar. Ése es su laburo.”

—¿Y acá por qué era la tensión?

—Yo diría que por ahí por el timing…

—¿Él quería que se publicara más y más rápido, digamos?

—Por ejemplo. Es bueno y natural que el periodista pelee por publicar más rápido, más en tapa, absolutamente, y es bueno y natural que el editor desde su lugar tome las decisiones que hacen que una nota sea parte de un producto intelectual como es un diario. Y eso se resuelve en una conversación, puede haber más o menos tensiones por estilos personales, por las tensiones del momento, por la presión del afuera, por lo que sea, pero me parece que es desconocer el oficio creer que ahí hay un problema; ahí hay una naturalidad del trabajo serio, periodístico, sobre todo cuando se tocan temas delicados y complejos y de alto impacto.

—Entonces, la decisión de no poner a Macri en el título ni el lunes ni el domingo, ¿esa decisión la tomaste vos?

—Sí, pero esa decisión me parece… a ver, criticar esa decisión es como justificar que, en el desembarco de Normandía, los tipos esperaron estar demasiado cerca de la orilla para no mojarse la cintura y se mojaron sólo las rodillas. El nombre Macri estaba en la bajada, no estaba en el título. Nosotros teníamos serias dudas de si ahí había un delito o no, no teníamos pruebas de que ahí había un delito…

—Está bien, pero ¿sos consciente de que ahí, en eso que para vos eso es menor, la cobertura de La Nación fue totalmente distinta de la del resto del mundo? O sea, en todos los diarios publicaron Macri, fulanito y tal aparecen en los Panama Papers. Punto.

—Sí, pero me parece absolutamente entendible desde el punto de vista técnico-periodístico. Yo estoy hablando del presidente del país en el que se mueve este diario, y los otros están hablando de un presidente más. Pero, además, las menciones de otros presidentes eran muy distintas a estas, y de hecho, lo que la investigación está dando por el momento, es que era una empresa… yo no voy a defender al Presidente porque no me corresponde ni me interesa, pero lo que la investigación está dando es que era una empresa que no tuvo movimientos, etcétera. Si nosotros hubiéramos tenido más pruebas…

—Es que tuvo movimiento. Ése es el tema. O sea, es cierto lo que vos decís; en este momento, el Presidente está zafando, pero también es evidente si vos seguís el tema… No sé si leíste lo que publicaron Página/12, Tiempo Argentino y demás.

—Sí, yo sigo la causa.

—Bueno, esos medios consiguieron documentos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo y del Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Hacienda de Brasil que demostraron que, primero, la empresa estuvo activa… porque fueron cambiando las versiones de Macri. Primero dijo que era una sociedad para instalar Pago Fácil en Brasil y que nunca se había usado porque la compañía nunca había llegado a Brasil. Después quedó ampliamente demostrado que Pago Fácil había llegado a Brasil, había operado, había invertido, tenía sucursales, había abierto cuentas. Entonces, dijo ok, pero la empresa Fleg Trading nunca se usó. Pero después se demostró que se usó a través de una empresa que se llama Owners do Brasil, que a su vez hizo una transferencia a Italia para “pagar” un crédito millonario a Giorgio Nocella, un amigo de la familia Macri de toda la vida. O sea, que la cuenta se usó, contrario a lo que decía Macri. Esa investigación no la siguió tanto La Nación. A lo que voy es que fue mucho mejor profundizando en el tema Báez, en el tema la “ruta del dinero K” que venía investigando hace mucho.

—No, yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que decís, porque eso sería creer que Hugo Alconada tiene animadversión a Cristóbal López y a Báez y que lo cubrió a Macri.

—No, al revés, no animadversión, es un poco lo que vos decías al principio. Ningún ambiente es neutro. Vos estás en un ambiente en que tenés lectores, tenés editores, todo influye porque hay ciertos temas que al diario le interesan más y otros que al diario le interesan menos.

—La decisión de incluir a Macri en el título o en la bajada por un lado me parece que es casi pueril; por otro lado, creo que técnicamente, con la información que nosotros teníamos para publicar ese domingo-lunes, hicimos lo que correspondía. Y si llegaba un cable y el presidente de Ucrania estaba mencionado en los Panama Papers y qué sé yo, y bueno, por ahí uno tiene menos responsabilidad institucional, porque estamos en la Argentina y no en Ucrania. Ahora, nosotros sí pusimos el foco sobre cuál era el tipo de mención y de participación de Macri y, hasta donde lo teníamos, yo sigo creyendo que tomamos la decisión editorial correcta. Pero es opinable, digo, yo no voy a enojarme porque alguien me critique un título.

—No, pero lo que dijo Lanata es muy distinto. Dijo que llamaron a La Nación y la apretaron y que llamaron a Clarín y lo apretaron y que Clarín no aflojó. Aunque cuando uno ve la cobertura de Clarín da la impresión de que escondió el tema porque a Clarín también le entregaron los Panama Papers y no sacó casi nada.

—Después de esa frase de Lanata, le envié un e-mail. Tuvimos un intercambio de e-mails muy bueno, muy correcto, yo le expliqué, y él respondió, fue muy razonable. Pero me parece casi infantil creer que por un llamado, en vez de poner el nombre en tapa, lo pusimos en una bajada.

—Lo que por ahí no estoy tan de acuerdo es que lo pintás como algo totalmente aséptico, de lo que lo único que importa es la información, y qué sé yo, bueno, hay personas, hay egos, tenemos ideologías…

—Por supuesto. Lo que acabás de decir es interesante, porque a algunas personas y a algunos periodistas los afecta bastante, y el problema no es de esta redacción sino de todas. Las redacciones siempre generan un sentido común, que no es inocente al momento de elegir temas, enfoques y miradas, por supuesto que es así. Tiene un costado positivo, y es que eso hace productos consistentes, y tiene un costado negativo que en algunos casos puede generar censura, y eso es muy malo.

—Bueno, es lo que decía Alconada Mon; el peor enemigo es la autocensura.

—Absolutamente. Y entonces sí diría que, en esas semanas, las críticas de los colegas a algunos periodistas los afectaron bastante, y ésa era mi preocupación. Para mí, lo digo en serio, le contesté a Lanata porque me pareció que tenía información errónea, sigo creyendo eso, pero bueno. Lo que a mí me parece más importante es que, más allá de lo que cada uno piense o diga, si uno tiene una mirada más técnico-periodística sobre las coberturas, el compromiso periodístico de Hugo Alconada y de La Nación con el tema Panama Papers es intachable.

Claves, llaves, mensajes cifrados

Desde el primer día de publicación, desde ese 4 de abril de 2016, Alconada Mon tenía pensado pasarle una copia de los Panama Papers a un colega de la competencia, para que nadie dudara de su honestidad, para que el colega viera y corroborara cuándo y cómo se recibió la información sobre Macri y qué se hizo con ella. Para que el colega peinara la base de datos y encontrara, si podía, la información que Alconada Mon y su diario supuestamente habían ocultado.

“En vez de ser un día o una semana que para mí fuera de satisfacción, fue una semana de cansancio, estrés, frustraciones, decepción y de terminar explicando lo que no había en vez de explicar lo que había. Por eso, yo empecé a abogar ese mismo día por que metieran a otros periodistas precisamente para ahuyentar fantasmas, porque si hay un tipo que iba a publicar cosas… supongamos que nosotros realmente estuviéramos escondiendo, entonces yo lo que reclamaba al consorcio era ‘metan de una vez a más gente de Argentina para poder ahuyentar los fantasmas’. Entonces, es un ejemplo de corset, porque el consorcio me decía ‘no, tenemos que esperar, porque si tomamos a otros periodistas de otros medios en Argentina, va a haber otros periodistas de otros medios de otros países que también van a reclamar aparecer’.”

El 15 de abril empezaron los contactos con Santiago O’Donnell, uno de los autores de este libro. El 25 de abril se firmó un contrato de confidencialidad con el ICIJ, al día siguiente llegaron las claves a través de un sistema de comunicaciones encriptadas llamado PGP, por el cual los usuarios intercambian “llaves” o claves públicas que les permiten recibir y traducir mensajes cifrados de manera segura. Dos días más tarde, vía Skype, una sesión de entrenamiento. Al principio, los Panama Papers parecían un monstruo incomprensible, pero la práctica los convirtió en algo relativamente sencillo, que requería más paciencia y enfoque que brillantez y genialidad. Y alma de pescador: un poco de suerte, un poco de inspiración.

El tema funciona de la siguiente manera. Las claves que llegan vía PGP deben ser a su vez autenticadas por el autenticador Google del teléfono celular de cada usuario, claves que van cambiando cada 30 segundos. Son tres claves distintas que sirven para acceder a tres plataformas diferentes: un sitio de chat y posteos para anuncios internos e intercambio de información, un sitio de gráficos donde uno puede ponchar el nombre de una empresa que aparece en la base de datos e inmediatamente se despliega un mapa de relaciones con las distintas firmas vinculadas unidas por flechitas, algunas de las cuales muestran el tipo de relación: “accionista”, “inscripta por”, “misma dirección”. La tercera plataforma es la base de datos en sí, lo que viene a ser los Panama Papers. La base de datos se divide en tres carpetas: empresas, clientes y documentos. Las primeras dos carpetas no sirven de mucho porque con el nombre de una empresa no se puede hacer nada si no se sabe a quién pertenece, y bajo el rótulo de “cliente” no aparece el verdadero cliente sino el estudio de abogados que hace de intermediario. El jugo está en la tercera carpeta, “documentos”, donde aparecen los e-mail que se mandan entre los abogados de Mossack Fonseca y los contadores o intermediarios, porque en esos e-mails y documentos anexos hablan de los dueños verdaderos y aparece documentación respaldatoria que puede demostrar quién es el verdadero beneficiario de una firma, más allá de los hombres de paja que aparezcan en los directorios y las nóminas de accionistas.

A veces los e-mail son larguísimos y a veces no dicen nada. O repiten diez veces lo mismo, pero en el fondo aparece una pepita de oro en forma de dato novedoso. El sistema permite búsquedas “en bache”, o sea cruzar listas con la base de datos, así como permite distintas combinaciones de búsquedas por descarte o aproximación, armar listas de favoritos, trabajar con distintos directorios y llevar el cursor a palabras clave dentro de determinado documento. También los ordena cronológicamente en ambos sentidos por “orden de importancia”, privilegiando los documentos originales. El equipo de soporte técnico del ICIJ, encabezado por Emilia Díaz-Struck, siempre estuvo atento y eficiente para solucionar cualquier problema.

Hubo más beneficiados con los Papers. En ese mismo entrenamiento participó también el periodista de Clarín, Daniel Santoro, quien acababa de obtener sus propias claves de acceso. Por una combinación de razones personales y profesionales, Santoro usó los Panama Papers como un archivo para chequear datos de las investigaciones que venía realizando, más que como una fuente de primicias. Y por una u otra razón, su diario terminó publicando poco y nada propio acerca de la megafiltración, más allá de la cobertura de la causa judicial contra Macri. De las offshore del CEO del grupo y de sus principales avisadores, ni una palabra.

De los Panama Papers, también obtuvo una copia Sandra Crucianelli, una periodista basada en Bahía Blanca de aceitados contactos con universidades y ONG vinculadas con el periodismo a nivel nacional e internacional. Crucianelli decidió darle un desarrollo local a su trabajo y publicó una serie de artículos sobre personajes de su ciudad que figuran en la filtración. La serie causó un fuerte impacto en Bahía Blanca, pero no trascendió a nivel nacional.

A su vez, el equipo de Alconada Mon pareció ganar fuerza dentro del diario después del anuncio de que periodistas de la competencia también tendrían acceso a los Papers: La Nación publicó con buen despliegue dos de las investigaciones más potentes y novedosas sobre funcionarios macristas que extrajo de los Panama Papers, referidas al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y del secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, en la tercera y cuarta semana después el inicio de las publicaciones.

La periodista mendocina Marina Walker Guevara es la subdirectora del consorcio ICIJ y la directora del proyecto Panama Papers. Se recibió de licenciada en Comunicación en la Universidad Nacional de Cuyo y fue periodista de diario Los Andes. En 2003 se instaló definitivamente en los Estados Unidos, donde hizo una maestría en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri. Antes de dirigir el proyecto offshore del ICIJ, recibió en 2006 el Premio Reuters a la excelencia en la información sobre el medio ambiente, por su reportaje “Los niños de plomo”, en el que contó la historia de La Oroya, Perú, un pueblo intoxicado por el plomo de una fundidora que había llegado para darles trabajo a los pobladores.

En una entrevista telefónica desde Washington DC, Walker explicó cómo empezó la investigación y cuáles fueron sus criterios y los de su institución a la hora de elegir periodistas para cada filtración.

—Nosotros habíamos terminado justo la investigación anterior a Panama Papers que se llamó Swiss Leaks y habíamos quedado agotados como quedamos siempre después de cada una de estas investigaciones, y mi jefe Gerard Ryle me había dicho: “A ver si ahora hacemos algo más chico, más contenido, un tema distinto”. Y a los pocos días viene a mi oficina y me dice: “Tal vez hacemos offshore una vez más”. Justo había recibido la llamada de Bastian Obermayer y le dijo que había recibido una gran cantidad de data, que creía que era una historia superglobal y quería compartirla. Ya habían empezado a tener unos hallazgos iniciales muy prometedores, y cuando dijeron el tamaño de la data y de donde provenía, más todavía. Nosotros ya sabíamos que Mossack Fonseca era una firma de abogados que tenía un historial complicado. Obermayer nos dio señales de que probablemente había una gran historia ahí. Algunos hallazgos iniciales que hicieron nuestros compañeros confirmaron nuestras sospechas. Había una cantidad de data sobre Rusia, incluyendo algunos nombres grandes, y luego el hecho de que fuéramos a Mossack Fonseca, que ya sabíamos que era una empresa que había sido muy controvertida. Había muchos artículos sobre el tipo de clientes que esta empresa tenía. Entonces, pintaba como que iba a ser una buena historia.

—¿Y cómo fue el criterio para elegir a quienes incluiste en el proyecto?

—Bueno, dado que ya hace mucho tiempo que hacemos este tipo de investigaciones, hay como un elenco. Tenemos nuestros miembros (en la Argentina son miembros del ICIJ Alconada Mon, Daniel Santoro, Ernesto Tenembaum y Horacio Verbitsky, además de Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick, que se incorporaron después de los Panama Papers). Ser miembro no significa de por sí que vamos a llamarlos en cada investigación. Nosotros funcionamos como una redacción. En una redacción, los editores en jefe deciden para cada historia, para cada proyecto, quiénes son las personas más adecuadas para trabajar en ese proyecto. Quiénes tienen el tiempo, el conocimiento, el background y quienes funcionan mejor en equipo. Y esas son las cosas que nosotros hacemos, una valoración de este tipo. En qué países necesitamos periodistas, qué tipo de periodistas. En este caso, por ejemplo, periodistas que tuvieran cierto background financiero era importante. Que tengan un track record en periodismo de investigación es una obviedad, pero además en este caso que fuera gente que estuviera acostumbrada a lidiar con documentación financiera, transacciones y todo eso. También nos fijamos en la independencia del medio de comunicación, nos fijamos en la influencia que ese medio de comunicación tiene en una sociedad. Porque en definitiva queremos que la historia se vea. No nos sirve de mucho si el medio tiene un lector. Y nos fijamos también que ese periodista tenga el apoyo de sus jefes dentro del medio, que lo van a defender, que le van a dar el tiempo para poder investigar. Porque, de nuevo, tampoco nos sirve si el periodista tiene que hacer cinco notas diarias por día y jamás va a tener el tiempo de hacer la investigación. Hacemos una valoración con todos esos factores, y todos son importantes. Pero, en definitiva, más que elegir los medios, lo que siempre digo es que elegimos a las personas, los periodistas particulares. Yo no elegí trabajar con Página/12, elegí trabajar con Santiago (O’Donnell) y lo elegí porque personas que yo respeto de ambientes muy distintos lo respetan y saben de su trayectoria. Leí algunos de sus trabajos. En eso nos basamos. Es lo mismo que hemos hecho en investigaciones anteriores. Tenemos una primera oleada que son los periodistas que participan en el proyecto desde el principio y luego siempre cuando publicamos, especialmente proyectos así tan globales y con tanto alcance, generalmente recibimos una gran cantidad de requerimientos por parte de países donde no hemos podido trabajar, como en este caso había sido en Turquía, Nueva Zelanda. Y también de países donde hemos trabajado, pero hay ciertos periodistas que se nos acercan y nos dicen: “Yo hace mucho que estoy trabajando en x historia, la data que ustedes tienen me puede aportar muchísimo, ¿podría tener acceso?”. O alguien que dice: “Yo traigo una perspectiva completamente diferente a la perspectiva que han tenido los periodistas en mi país hasta ahora”, y argumentan por qué contribuiría abrir el juego en ese país a otro medio de comunicación que aporte otra visión. Entonces escuchamos todos esos requerimientos y elegimos dentro de nuestras capacidades porque somos un equipo pequeño y no podemos darle acceso a todo el mundo. Pero después de publicar, generalmente elegimos a varios nuevos partners. Por ejemplo, en los Estados Unidos agregamos tanto al Washington Post como a The New York Times, y antes habíamos trabajado con Fusion, Univision y con McClatchy.

La lección del Cablegate

Cuando llegó la filtración del Cablegate en 2011, los grandes medios argentinos que tuvieron acceso a ella omitieron o se negaron a publicar información y luego pagaron el costo cuando esa información se filtró en libros y blogs. En el caso de los Panama Papers, el diario La Nación había aprendido la lección de Cablegate. Por eso publicó, aunque de manera acotada, todo lo que sus periodistas encontraron. Página/12 no tuvo el mismo reflejo: gran despliegue para todo lo referido a Macri y los empresarios tradicionales, gran interés en profundizar y llevar a tapa cualquier detalle referido a la causa judicial contra Macri surgida de la megafiltración. Pero cuando se le ofreció un artículo con datos inéditos de los Panama Papers acerca de las firmas offshore del intermediario entre Cristóbal López y la petrolera estatal brasileña Petrobras en la venta de una cadena de estaciones de servicio en la Argentina, operación denunciada por coimas en la megainvestigación brasileña Lava Jato, Página/12 no sólo no le dio un despliegue similar a las revelaciones vinculadas con el macrismo, sino que directamente rechazó su publicación, a pesar del evidente interés público del texto, que eventualmente fue publicado el 4 de junio de 2016 en el blog Santiagoodonnell.blogspot.com bajo el título “El paraíso del intermediario”. A su vez, Clarín decidió no correr detrás de las primicias de La Nación y mucho menos detrás de las informaciones inconvenientes que La Nación había publicado pero con menos entusiasmo.

Las diferencias en las coberturas de los principales diarios se hicieron aun más evidentes en septiembre de 2016, cuando el mismo distribuidor y el mismo equipo de periodistas publicaron una nueva filtración del mundo offshore denominada Bahamas Leaks que, entre otras revelaciones, sacaba a la luz una nueva sociedad radicada en ese archipiélago caribeño directamente vinculada con los negocios de la familia Macri. Esa filtración aportaba además información sobre la presencia offshore de los principales grupos económicos del país como Techint, exponía una firma montada a nombre de un hijo del represor Emilio Eduardo Massera y ofrecía información sobre un grupo de sociedades de los hijos del ex presidente Fernando de la Rúa. En cambio, no surgía ninguna novedad de la llamada “ruta del dinero K”. Esta vez, los tres diarios estaban en igualdad de condiciones, ya que todos ellos tuvieron el mismo tiempo para examinar y preparar sus notas. Sin embargo, el resultado fue muy distinto. Página/12 le dedicó su tapa y sus cinco primeras páginas a la cobertura que hicieron los autores de este libro con la colaboración del periodista Fernando Cibeira, un despliegue que el diario sólo le proporciona a las grandes noticias o investigaciones periodísticas. A su vez, La Nación publicó dos textos breves en el interior del diario y, llamativamente, fueron firmados por cinco periodistas: Alconada Mon y su equipo más Ricardo Brom, otro miembro de La Nación Data, como para que no quedaran dudas del esfuerzo periodístico. Mientras tanto, Clarín sólo publicó una noticia breve y sin firma en una página interior, que no superó el par de párrafos. Una vez más la grieta afilaba los reflejos periodísticos de un lado mientras adormecía los del otro.

El costo de ocultar información

La fórmula no es complicada ni novedosa. Cuando el costo del ocultamiento de un dato es demasiado alto para una empresa que vive de su reputación como divulgadora de información cierta, sólo le queda atenuar el impacto de la revelación mediante la interpretación de ese dato. Si un dueño del medio o un presidente afín aparece en los Panama Papers, entonces la cosa no debe ser tan grave. Pero los paraísos fiscales no son simplemente cuevas de pícaros profesionales al servicio de los ricos y famosos, como da a entender el relato periodístico que hoy surge de los Panama Papers. Son, sobre todo, instrumentos de las grandes corporaciones. Forman parte del sistema capitalista globalizado que impone sus normas por encima de la voluntad de los gobiernos y actores sociales que lo cuestionan. De modo que, a priori, no es delito operar a través de las guaridas financieras. Nunca lo fue. Pero ¿quién dice que el delito debería ser el principal criterio para determinar la importancia de la noticia? Es razonable pensar que a la opinión pública y a los consumidores de información les interesa saber qué personas y qué empresas operan en paraísos fiscales porque si bien no siempre es delito eludir impuestos ni fugar divisas, que lo hagan les suena injusto, antipatriótico y hasta inmoral. Más aún si es algo que se oculta. Ni hablar si para ingresar en el mundo opaco de las offshore hace falta dinero y sobre todo poder, y si ese poder se puede ejercer de manera oculta gracias al amparo que proveen esos paraísos. Y más aún si se trata del presidente de la Nación.

Dentro de este sistema, los llamados “medios de comunicación tradicionales” ya no son medios en tanto mediadores entre los distintos actores sociales. Han mutado de medios a extremos, extremos de grandes corporaciones, narradores de relatos hegemónicos o que pretenden serlo, antes que sostenes de verdades incómodas. Aunque los grandes medios no se comportan de manera uniforme, y algunos ocultan o no informan sobre ciertos temas más que otros, no es casualidad que las grandes megafiltraciones de los últimos tiempos hayan tenido que pasar por organizaciones sin fines de lucro y, por lo tanto, sin grandes conflictos de interés con la información que difunden. En efecto, tanto WikiLeaks (Cablegate) como el ICIJ (Panama Papers) y el fideicomiso dueño del diario británico The Guardian (revelaciones de Snowden) son instituciones sin fines de lucro. Y aun así no logran evitar entrar en tensión con el viejo paradigma periodístico del equilibrio objetivo y con el nuevo paradigma periodístico de la transparencia en tiempo real.

La megafiltraciones, en sus distintas variaciones y a medida que se hacen cada vez más frecuentes, muestran los límites del periodismo tal como lo conocemos y vacían de contenido la pretensión de perfecto equilibrio y total independencia de los grandes medios, incluso de aquellos que alguna vez pudieron aspirar a serlo. A pesar de los periodistas que resisten como pueden en redacciones cada vez más plagadas de operadores mediáticos. Porque a veces, no muchas, esos periodistas hasta terminan alterando la ecuación noticiosa, o al menos matizando las verdades impuestas. Aunque deban negociar, y aunque les cueste un puntazo en la nuca.

CAPÍTULO V
LOS EMPRESARIOS

Las sociedades de cartón reveladas por los Panama Papers son utilizadas por los grandes empresarios argentinos para administrar y ocultar inmuebles, inversiones inmobiliarias, cuentas bancarias, colocaciones financieras, herencias millonarias, fondos generados en la venta de sus compañías a capitales extranjeros y participaciones accionarias en firmas locales. Los motivos y las excusas para recurrir a esas estructuras diseñadas por los intermediarios de la red global de servicios financieros son múltiples.

Están quienes reconocen que lo hacen para evadir la excesiva carga impositiva, aunque para referirse a esas prácticas recurren a eufemismos como “optimización”, “minimización”, “planificación” o “elusión”. Existen los que justifican el uso del mundo offshore para administrar sus fortunas apelando a la desconfianza que le generan las políticas económicas de los “gobiernos populistas”. Quienes apuestan a esa explicación recurren a términos grandilocuentes como “riesgo argentino”, “crisis permanentes”, “peligros de expropiación”, “voracidad estatista” o “falta de reglas claras”. La misma lógica está presente entre aquellos que, en lugar de mostrar su preocupación por la inestabilidad argentina, resaltan la seguridad y confianza inspirada por el sistema bancario suizo, uruguayo, alemán o estadounidense. Algunos son más sofisticados. Argumentan que necesitan recurrir a estructuras en Bahamas, Islas Caimán, Hong Kong o Delaware para hacer frente a operaciones comerciales y financieras vinculadas con el funcionamiento diario de sus empresas. Aseguran que así “bajan costos”, una narrativa que ignora deliberadamente que esa reducción de gastos tiene como contraparte una menor recaudación fiscal. Los menos escrupulosos reconocen que lo que buscan es evitar quedar sujetos a las siempre “excesivas regulaciones y controles” previstos en la legislación local y mencionan, por ejemplo, normativas cambiarias y comerciales. Los más enredados llegan a esgrimir que se protegen de la corrupción. No son pocos los que les solicitan a sus contadores y abogados montar fideicomisos en Holanda o Singapur para preservar lo que consideran propio frente a un posible divorcio, una quiebra o para sortear la regulación vigente a la hora de repartir una herencia familiar. El listado es interminable, pero hay un lugar común en la mayoría de las explicaciones: utilizan los servicios financieros canalizados a través de paraísos fiscales para administrar fortunas y negocios porque resulta más eficiente, no es ilegal y, fundamentalmente, porque pueden hacerlo. La fuga de capitales legitimada mediante tales argumentos disminuye la recaudación de impuestos y, más aún, restringe el margen de maniobra para la intervención del Estado. Al reducir la disponibilidad de divisas para la economía doméstica, impacta negativamente sobre el nivel de inversión local. Al escurrirse el ahorro hacia el exterior, se perturba la estabilidad económica y se profundiza la inequidad en la distribución del ingreso.

El punto de partida de este capítulo fue el de las estructuras vinculadas con los quince exponentes del establishment corporativo local identificadas por los periodistas del diario La Nación. Como el diario decidió concentrar en un único y extenso artículo los hallazgos del equipo de investigación, las historias referidas a personajes relevantes como el CEO del Grupo Clarín, el dueño de los supermercados Coto, los responsables del Ingenio Ledesma, el titular de Swiss Medical y la fallecida propietaria de Loma Negra, un primer ejercicio consistió en analizar los documentos disponibles para cada uno de esos casos. Con el camino señalizado fue posible desarrollar esas historias: identificar las operaciones canalizadas a través de las distintas empresas y contextualizarlas. La documentación disponible permitió, además, analizar las creativas maniobras utilizadas para ocultar la identidad de esos hombres y mujeres de negocios, exponiendo los vínculos entre los distintos eslabones de la red global de servicios financieros a los que recurrieron para garantizarse el anonimato.

Una segunda etapa de la investigación estuvo dedicada a ampliar el listado de empresarios argentinos construido por La Nación. Las búsquedas permitieron duplicar la cantidad de representantes de la cúpula empresaria presentes en la filtración. De 15 grandes empresarios con 40 sociedades offshore se llegó a 32 individuos con más de 100 compañías montadas en guaridas fiscales. ¿Eso significa que el equipo liderado por Hugo Alconada Mon “ocultó” información o “protegió” empresarios? No. En primer lugar, la diferencia demuestra que ningún listado de clientes argentinos de Mossack Fonseca es definitivo. Por eso, no es posible descartar que futuros relevamientos de la base de datos de los mayoristas offshore panameños arrojen nuevos nombres de individuos y compañías nacionales ausentes en este libro.

Un segundo punto para comprender las diferencias es el criterio utilizado para determinar qué publicar. En estas páginas se desarrollan todos los entramados offshore vinculados con dueños, gerentes, directivos y accionistas de las 200 empresas más grandes de la Argentina, donde fue posible corroborar la identidad de los involucrados. Figuran así operatorias offshore que no llegaron a concretarse, pero que revelan el tipo de maniobras solicitadas por los empresarios y sus asesores para canalizar la fuga de capitales, como es el caso de los dueños de Frávega, y situaciones en las que el entramado offshore utilizado para controlar una empresa está disponible en distintos registros públicos, como sucede con los accionistas de la agroindustrial Celulosa Argentina. También se abordan los casos de otros empresarios cuyos nombres no pertenecen a la cúpula empresaria pero que, por su alto grado de exposición pública o por la penetración de la marca que comercializan, son fácilmente identificables, como el del heredero denunciado por el vaciamiento del multimedios Grupo 23, Matías Garfunkel, o la cadena de restaurantes de comida japonesa Sushi Club.

La búsqueda de los representantes del empresariado nacional se complementa con el cruce de los Panama Papers con otras dos filtraciones: el listado de las 4.040 argentinos vinculados con cuentas secretas en el HSBC Private Bank de Ginebra, que se difundió en el marco de los Swiss Leaks, y los nombres de empresas e individuos con colocaciones no declaradas que fueron aportados a la justicia argentina por un ex banquero del JP Morgan. Ese ejercicio no sólo evidencia la reiteración de las maniobras de fuga, sino la coordinación entre esos bancos y Mossack Fonseca. Revelador es el caso de los ex dueños de la Petrolera San Jorge, que en 1999 vendieron su empresa a Chevron en más de 1.000 millones de dólares. El banco encargado de la operación, el JP Morgan, transfirió los fondos a cuentas controladas por sociedades offshore montadas por los mayoristas panameños.

También se incluye un recorrido por los distintos estudios y abogados porteños que intermediaron entre Mossack Fonseca y sus clientes argentinos. Por lo general, las offshore controladas por los grandes empresarios del país que fueron dadas a conocer con la megafiltración están montadas con la colaboración de letrados extranjeros con oficinas en Uruguay, Panamá, los Estados Unidos y Suiza. Sin embargo, los principales bufetes porteños, una ignorada pero poderosa corporación que aceita el movimiento de los engranajes del poder empresario, forman parte de los 11,5 millones de archivos filtrados.

La dama de cemento | Amalita

María Amalia Sara Lacroze de Fortabat heredó en 1976 la cementera Loma Negra y alrededor de 155.000 hectáreas. Con la muerte de su marido, la empresaria y coleccionista se convirtió en una exponente de la “oligarquía diversificada”, denominación utilizada para referirse a un conjunto de grupos empresarios locales y extranjeros que distribuyeron sus intereses en la industria, el agro y otras actividades privilegiando el proceso de valorización financiera sobre la inversión productiva. No le fue mal. A mediados de los noventa, las revistas especializadas llegaron a valuar su fortuna en 1.600 millones de dólares.

Comenzó a amasar ese capital durante la última dictadura militar, formó parte de los “capitanes de la industria” durante el gobierno de Raúl Alfonsín y gozó de un espacio privilegiado en los años noventa, cuando su amigo Carlos Menem la nombró embajadora plenipotenciaria y titular del Fondo Nacional de las Artes. Al estallar la crisis de la convertibilidad jugó un rol activo desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) para reclamar que el peso de la deuda en moneda extranjera de los grupos empresarios más poderosos fuera asumido por el Estado.

Para noviembre de 2001, casi el 70% de los pasivos de Loma Negra estaba compuesto por deuda en dólares no pesificable. Ante el “fracaso”¹ de las gestiones de la AEA y en una situación de fragilidad financiera, Amalita comenzó a renegociar con sus acreedores la deuda de la compañía. El proceso culminó en septiembre de 2003 con la reestructuración de una porción relevante de la deuda bancaria así como de una serie de bonos en pesos que estaban en poder de las AFJP. Una investigación realizada por Alejandro Gaggero² sostiene que la clave del acuerdo “fue un aporte de efectivo por unos 70 millones de dólares por parte de los accionistas de Loma Negra para rescatar deuda vieja (con descuento) por unos 120 millones de dólares. El desembolso provino de la venta de distintos activos de la accionista principal especialmente campos: alrededor de 20.000 hectáreas en las localidades de Azul, Olavarría, Laprida, Carlos Pellegrini, Tandil y Cacharí”.³

El nombre de Amalita aparece en los Panama Papers para esa misma época desprendiéndose de una empresa llamada Comfinco S.A. en Uruguay, a través de la cual controlaba un campo en el departamento uruguayo de Paysandú. A diferencia de algunos de sus pares de la cúpula empresaria argentina, ella no recurrió a los servicios de Mossack Fonseca. Quien convocó a esos intermediarios fue el comprador, que utilizó una sociedad offshore panameña llamada Rosewall Enterprises Inc. para concretar la transacción sin dejar demasiadas huellas. “Adjunto el contrato de compraventa de acciones que motiva la autorización de la Junta Directiva de Rosewall Enterprise Inc. a favor del Sr. Pablo Javier Escobar Gómez, uruguayo, mayor de edad, con cédula de identidad uruguaya Nº 3.653.417-4”, revela uno de los diecinueve archivos referidos al caso aunque en el curso de esta investigación no fue posible corroborar la identidad del comprador ni descartar que sea un testaferro. “Por supuesto descartamos la confidencialidad con relación al cliente y a la operación. Con relación a la operación desde ya te adelanto que el pago de la misma está totalmente cancelado. Como ya te adelanté es de urgencia este trámite”, reclama la abogada del estudio uruguayo BKZR a su contraparte en Mossack Fonseca que está a cargo de habilitar el instrumento offshore.

El contrato de contraventa que forma parte de los documentos ofrece detalles de la operación en que Lacroze de Fortabat vende la totalidad de las acciones en Comfinco S.A. Si como aseguran los e-mails de los intermediarios panameños la venta se concretó, entonces la empresaria argentina recibió 2.632.441 dólares: 542.046 se pagaron por adelantado y los 2.090.395 millones restantes se cancelaron antes del 12 de septiembre de 2003 en una cuenta del Citibank NY. El documento se limita a señalar que Amalita es dueña de la totalidad de la empresa, pero no presenta información adicional.

La hipótesis de que la Compañía Financiera y Comercial (Comfinco) era la controlante de un extenso campo en la zona denominada Rincón de Pérez en Paysandú se sustenta en las declaraciones de un senador uruguayo en 1992 y en una publicación digital de 2012. “En el período 1940-1950 la estancia El Rincón pasa de propiedad de la marquesa española Martina Boussonague de Elío a la familia argentina Fortabat”, aseguran los autores de la revista. El repaso histórico que proponen recuerda que en 1992 la empresa Comfinco S.A. fue denunciada por la desecación de bañados. La disputa llegó al parlamento uruguayo. Las minutas de la sesión parlamentaria celebrada el 18 de agosto de ese año muestran al senador Pedro Toledo desempolvando una iniciativa de 1949 para expropiar esos terrenos y crear allí un Parque Nacional. “Para entonces las 4.000 hectáreas habían sido adquiridas por Comfinco. Según informaciones que me han llegado, dicha empresa pertenecía a una adinerada porteña de la zona de Loma Negra, doña Amalia de Portales [sic]”, es la imprecisa versión vertida por el senador uruguayo al recordar la vieja propuesta y referirse a María Amalia Sara Lacroze Reyes Oribe de Fortabat Poutrale.⁴ Las fechas coinciden con las del contrato de compraventa de acciones firmado por la empresaria. A pesar de los reclamos para salvaguardar esos terrenos, la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de los Montes del Queguay, ubicados apenas a 110 kilómetros de la ciudad entrerriana de Colón y a más de 450 kilómetros de Montevideo, se concretó recién en 2014.

Con o sin los 2,3 millones de dólares que, según los Panama Papers, le reportó la venta de la uruguaya Comfinco S.A. en 2003, Amalita consiguió los fondos frescos necesarios, y Loma Negra reestructuró su deuda. El paso siguiente fue la venta de la compañía, concretada en 2005 con la ayuda del banco JP Morgan, que estuvo a cargo de encontrar al comprador.⁵ El grupo brasileño Camargo Correa pagó 1.025 millones de dólares por la empresa y sus controladas Lomax (hormigones), la concesión del ferrocarril de carga Ferrosur Roca y Recycomb (reciclado de residuos), incluidos sus pasivos, que estaban estimados en 200 millones de dólares. Fuera de la transacción quedaron la firma agropecuaria del grupo denominada Estancias Unidas del Sud y la firma holding Compañía Comercial y Financiera.⁶

Continuaron en la actividad agropecuaria, pero los antiguos dueños de Loma Negra no destinaron una porción relevante de los fondos recibidos a nuevas inversiones productivas. Los periodistas Ignacio Chausis y Leandro Renou explican en Morgan Papers que una práctica habitual en la gestión de grandes activos es que el banco de inversión encargado de la venta de una empresa sea designado también para administrar los fondos producidos en esa operación. Convencida de que el banco JP Morgan había “malvendido” su activo más preciado para cobrar de forma exprés la comisión, Amalita se inclinó por otro administrador.

La ex propietaria de Loma Negra eligió a Tilton Capital. La firma estaba encabezada por Alfonso Prat-Gay. El ex ministro de Economía durante el primer año de la presidencia de Mauricio Macri, ex diputado nacional y ex presidente del Banco Central, se desempeñó en el JP Morgan entre entre 1994 y 2001. La contadora Magdalena Rúa explica que “quienes administran las cuantiosas fortunas familiares suelen ser ex banqueros de private banking con amplia experiencia profesional, que trabajan de forma independiente en oficinas privadas. Estos son los family office, que se especializan en servicios de intermediación financiera para este segmento de clientes, brindando un servicio integral personalizado con amplias oportunidades de inversión”.⁷

Por eso, conocer adónde fueron a parar los fondos recibidos por Amalita tras la venta de Loma Negra es prácticamente imposible aunque, como sugirieron algunos de los individuos involucrados en la operatoria, una porción fue colocada fuera de la Argentina. No fueron los Panama Papers sino los datos de las cuentas del HSBC Private Bank de Ginebra, filtrados por el ex empleado del banco suizo Hervé Falciani, los que revelaron que Lacroze de Fortabat abrió una cuenta en esa entidad. La apertura se registró el 29 de julio de 2005, tres meses después de vender la compañía. La cuenta que tenía como “usuario de internet” a Prat-Gay estaba compartida con su nieta Amalia Adriana Amoedo, y ambos fueron denunciados por la AFIP.⁸ En noviembre de ese año, los archivos del HSBC muestran que alcanzó un patrimonio equivalente a 100,3 millones de dólares. Los fondos estaban distribuidos en distintos activos: 98.803.952 dólares en bonos, 499.130 dólares en cuotas parte de fondos de inversión en activos bursátiles (“Funds in shares”), 52.906 dólares en efectivo y acciones por 950.950.⁹

Además de Prat-Gay, los registros del banco en Suiza muestran que el HSBC Bank USA International Private Banking New York recibió una “carta de autorización” (letter of autorisation), que significa que ejecutivos de la entidad financiera podían administrar los fondos de la cuenta. Los datos secretos sustraídos por Falciani, que están en poder de la justicia local, dan cuenta de una operación: la venta de 12.600 acciones en la firma Louis Vuitton-Moët Hennessy en el mes de septiembre de 2005, que le reportó más de un millón de dólares.

El CEO de Clarín | Magnetto

East River Associates Corporation. Con ese nombre esta registrada en las Islas Vírgenes Británicas la firma offshore vinculada con Héctor Horacio Magnetto. La empresa fue registrada en la guarida caribeña el 6 de noviembre de 1995 a pedido de una de las oficinas de Mossack Fonseca en Suiza, pero el CEO del Grupo Clarín recién aparece vinculado con la firma a comienzos de 2001.¹⁰ No lo hace como propietario o director de la offshore —para esos cargos la firma panameña dispuso a sus tradicionales hombres de paja—, sino a través de un “poder ilimitado de representación legal” que le permitió administrar la cuenta bancaria 0240/571.430 en el banco UBS en Ginebra. Entre la documentación de la entidad suiza figura una página en la que se verifica la identidad del beneficiario final de los activos. El nombre es otra vez el del empresario argentino y la dirección ofrecida corresponde a una propiedad de la familia Magnetto en Barrio Parque.

Consultado por los periodistas del diario La Nación cuando estalló el escándalo internacional, el abogado Ignacio Sáenz Valiente, apoderado legal del CEO de Clarín, sostuvo que “las sociedades en las que participa o es apoderado Magnetto, incluida ésta, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente”. El letrado cuyo nombre también se menciona en algunos e-mails disponibles entre los Panama Papers,¹¹ en cambio, no respondió los llamados de los autores que, por ejemplo, pretendían consultar por qué motivo el contador Magnetto se tomaría el trabajo de abrir una cuenta en Suiza ocultando su identidad a través de una empresa pantalla montada en las Islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca si las tenencias y participaciones serían declaradas.

Los interrogantes sin respuesta se repiten frente a cada uno de los empresarios argentinos vinculados con las estructuras provistas por los panameños, pero lo cierto es que el vínculo del CEO de uno de los grupos económicos más importantes del país con la red global de servicios financieros offshore no sólo resulta previsible sino que se trata de una práctica habitual del holding y sus directivos. Durante 2001, el Grupo Clarín formó parte de las 520 empresas que realizaron transferencias de divisas al exterior por montos superiores a los 4,5 millones de dólares. El Informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas da cuenta de movimientos por 10.190.504 dólares.

Los vínculos offshore de las empresas del Grupo Clarín volverían a emerger en 2014 muy cerca de la sucursal del UBS AG donde funcionaba la cuenta a nombre de la offshore East River Associates Corporation que controlaba Magnetto. A 500 metros de allí funciona la filial del HSBC Private Bank de la cual el ingeniero informático Hervé Falciani sustrajo la información vinculada con las cuentas abiertas por 106.000 individuos y empresas de todo el mundo. A priori, esas colocaciones no eran ilegales a menos que fueran utilizadas como mecanismo para evadir el pago de impuestos o estuvieran mal declaradas. La información de los denominados Swiss Leaks referida a la Argentina mostraba la existencia de 4.040 clientes con cuentas financieras que acumulaban activos por más de 3.030 millones de dólares. Una de las colocaciones corporativas más abultadas está a nombre de Cablevisión y fue abierta en 2003. La firma llegó a tener activos por 85.212.851 dólares en noviembre de 2005. El saldo se reduce de manera significativa para exhibir poco más de 7 millones de dólares hacia septiembre de 2006, cuando el grupo se apresta a adquirir a su principal competidora, Multicanal S.A. No es coincidencia que esa firma también figure en el listado con una cuenta abierta en 2004. Los registros sustraídos por Falciani muestran que en junio de 2006, previo al ingreso en el multimedios, los montos depositados ascendían a 20.862.236 dólares. Pero para septiembre, cuando se estaba terminando de acordar la operación que recién sería aprobada el 7 de diciembre de 2007, la cuenta se vacía con la liquidación de las inversiones y es recibida por el Grupo Clarín con un saldo de 28.802 dólares en activos líquidos.

Cuando se conocieron las maniobras habilitadas por el HSBC Private Bank de Ginebra, la AFIP presentó su denuncia y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promovió la creación por ley de una “Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”. Algunas de las empresas con colocaciones millonarias en esa sucursal del banco suizo fueron convocadas por los legisladores para responder sus consultas. La única que no concurrió fue Cablevisión.¹² La firma envió dos escritos con los que buscó dispensar su presencia. Frente al sistemático rechazo de las citaciones, la Comisión Bicameral Investigadora intentó, sin éxito, forzar la comparecencia por la vía judicial.

Cablevisión reiteró a través de sus medios que las colocaciones estaban en regla. “Las dos cuentas que agita el gobierno (una de Cablevisión y otra de Multicanal) son absolutamente legales y están declaradas ante los organismos competentes. Fueron incluidas en sus libros contables y en sus declaraciones juradas, habiendo tributado los impuestos correspondientes. Dichas cuentas no se usaron para fugar divisas sino que se abrieron para la cancelación de pasivos en el exterior, algo obligatorio para ambas compañías.” Ante una consulta del diario La Nación en 2014 indicaron que los fondos “se depositaron en Suiza porque no había ningún tipo de limitante para hacerlo y porque estaban destinados a la cancelación de obligaciones financieras allí”. Asimismo reconocieron la existencia de otra cuenta en una sucursal del HSBC en Mónaco que, según aseguraron, también estuvo “adecuadamente registrada y declarada”.

El Informe Final de la Comisión Bicameral Investigadora sostiene que la firma utilizó sus cuentas “para ocultar sus activos de posibles embargos de acreedores reticentes en los litigios que se habían entablado contra ellos en los Estados Unidos de Norteamérica. Conforme a ello, sin el testimonio en Comisión Bicameral Investigadora, sólo han quedado las explicaciones brindadas por escrito por parte de Cablevisión S.A., que ilustran una conducta opaca de ocultamiento a acreedores, para lo cual utilizó la plataforma de fuga de activos con una finalidad explícita que era lograr la aprobación de los acuerdos concursales logrados en la República”.¹³

Aunque los directivos del Grupo Clarín no comparecieron ante la Comisión Bicameral Investigadora, hubo un testimonio que ofreció detalles sobre cómo el holding usó la red global de servicios financieros offshore. “Hoy traje mi listado del JP Morgan para aportar que suma unos 1.500 millones de dólares. También lo aporté a la Justicia en 2008. El 40% de esa suma corresponde al Grupo Clarín”, señaló en mayo de 2015 el ex directivo del JP Morgan, Hernán Arbizu, que se presentó ante los legisladores como un facilitador de esquemas para evadir.

El total de cuentas administradas por JP Morgan según la denuncia realizada por el banquero era de 469, y tan sólo las primeras 200 cuentas contabilizaban 1.501,3 millones de dólares. En la historia de Arbizu contada en Morgan Papers, los autores relatan que el banquero pretendía convertirse en el jefe de la Unidad de Negocios para Latinoamérica del Morgan pero su “aspiración estalló por los aires en el mediodía del 6 de mayo de 2008, cuando saltó a la luz su responsabilidad en una estafa piramidal cometida con cuentas que administraba en el JP Morgan y en UBS, entre ellas la de los Acevedo Quevedo, políticos y empresarios paraguayos investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Apenas conocido el escándalo, Arbizu cambió su objetivo por uno menos honroso: evitar a toda costa la extradición a los Estados Unidos, que en tiempo récord emitió una orden de captura internacional a Interpol”. Para eso se presentó ante la justicia local y asumió su responsabilidad en las maniobras por las que era acusado, pero las presentó en el marco de una conducta sistemática desplegada por la oficina local del JP Morgan para fugar y administrar en el exterior algunas de las principales fortunas del país.

“En ese listado hay cuentas que son de empresas físicas, hay accionistas del Grupo Clarín y hay sociedades offshore. Como en mi caso, Cablevisión dijo que la cuenta la tenía declarada. Por supuesto, pero tenía más de sesenta cuentas del Grupo Clarín, de las cuales tenía declarada la cuenta de Ernestina Herrera de Noble por 10.000 dólares, pero no la de 154 millones de dólares de dicha empresaria, ni la de 60 millones de dólares de Mulberry Group Inc., que es una sociedad offshore que si mal no recuerdo estaba constituida en Delaware y funcionaba como un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Así como nombré a éstos, puedo nombrar absolutamente a todos los clientes que están en mi listado”, expresó Arbizu durante su declaración ante la Comisión Bicameral Investigadora.¹⁴

Alrededor de un tercio de la fuga de capitales depositada en cuentas en el exterior a través de los servicios del JP Morgan correspondía a personas y empresas vinculadas con grupos económicos y ese listado está encabezado por el Grupo Clarín. La suma de los montos referidos a empresas y personas supera los 297 millones de dólares, representando el 20% de los 1.501,3 millones de dólares que totalizan las cuentas suministradas por Arbizu.¹⁵

Un último dato sobre East River Associates. Los documentos del UBS disponibles entre los Panama Papers revelan que Magnetto quedó habilitado para operar la cuenta bancaria a partir del 28 de febrero de 2001. El título principal en la tapa del diario Clarín de ese mismo día anticipó las conclusiones de un informe del Senado de los Estados Unidos sobre lavado de dinero: “Acusan hoy en EE.UU. a dos banqueros argentinos”, sentencia la portada del diario al referirse al trabajo del Subcomité de Investigaciones del Congreso estadounidense que estudió el caso del Citibank y sus vínculos con el Banco República, el Federal Bank y una compleja red de empresas offshore a través de la cual durante una década habrían fluido más de 6.000 millones de dólares en miles de operaciones asociadas a lavado de dinero.¹⁶ La pesquisa, cuyos pormenores eran difundidos en la tapa del periódico, no sólo corroboraba las maniobras delictivas el Federal Bank, sino que señalaba a Raúl Juan Pedro Moneta y a algunos familiares directos como sus propietarios. El documento elaborado por los senadores norteamericanos revelaba que los Moneta eran los titulares de la firma offshore bahameña llamada The Winterbotham Trust Company, la cáscara utilizada para controlar al banco lavador. Entre los documentos internos de Mossack Fonseca hay 13.835 referencias a esa compañía offshore que jugó un papel necesario en las maniobras de lavado de dinero de la corrupción de los años noventa.

Los dueños de La Nación | Saguier

Había pasado una semana desde el estallido del escándalo internacional cuando el diario publicó una nota sin firma titulada “La Nación a sus lectores” donde intentaba explicar “cómo es la operación por la que la empresa figura en los Panama Papers”. Cuando el diario se refería a su presencia entre los más de once millones de archivos no apuntaba la cobertura periodística de su equipo de cronistas, sino a la familia Saguier, principal accionista del medio. La explicación era la siguiente: “En enero de 2015 SA La Nación vendió sus operaciones de clasificados digitales a la compañía internacional líder del sector, denominada Navent Group Ltd. Parte del precio de venta fue cancelado con acciones de esa compañía, que quedaron en poder de SA La Nación. Las acciones representan menos del 10% del capital accionario de Navent, por lo que desde entonces Luis Saguier figura como integrante del nuevo directorio de Navent. En 2010, cinco años antes de producirse la transacción y cuando se constituyó la sociedad Navent Group Ltd., su registro fue inscripto por el estudio Mossack Fonseca, de Panamá. De allí que SA La Nación aparezca en documentos de los Panama Papers, según detectaron sus propios periodistas y SA La Nación decidió informar a sus lectores”.¹⁷

Lo que el diario no informó a sus lectores es que ni el vendedor ni el comprador ni el producto entregado eran de empresas argentinas. El críptico artículo de dos párrafos publicado el 10 de abril de 2016 hace referencia a la venta de Zonajobs y Zonaprop a la empresa líder en clasificados online de América Latina. Nacida en la Argentina de la mano de Nicolás Tejerina y Alejandro Navarro, Navent es una pujante firma del rubro tecnológico que se inició a finales del siglo pasado cuando los socios lanzaron otro sitio para buscar empleo en internet, llamado Bumeran. Pero quien adquirió las operaciones de clasificados digitales de La Nación no fue una compañía argentina. Tampoco una de las empresas que Navent posee en Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela. Ni siquiera fue utilizada la filial de Panamá. La compra la hizo una sociedad holding llamada Navent Group Limited, que no sólo fue incorporada por Mossack Fonseca, como informara el diario, sino que fue alojada en Islas Caimán. En esa firma fue designado directivo uno de los miembros de la familia Saguier.

El documento de trece páginas que precisa los detalles de la operación identifica como vendedor de los sitios web a Hispanoamerican Media Investments. Esa firma tiene la forma societaria de una besloten vennootschap, las populares S.R.L. holandesas, que son utilizadas como cáscaras para administrar participaciones accionarias y permiten minimizar la carga tributaria. Junto con la firma radicada en los Países Bajos, los archivos de Mossack Fonseca dan cuenta de otros cuatro miembros de la parte vendedora: Ireton S.A., Convergência Partiçipacões S.A., Matilde Noble Mitre de Saguier y Eduardo Grinbaum. Finalizada la presentación de los actores involucrados, el archivo precisa lo que Navent comprará. “La compañía acordó adquirir al vendedor el 100% de sus intereses en Dridco Luxembourg S.A.”

Desde la perspectiva editorial del diario La Nación, su presencia entre los Panama Papers era responsabilidad de Navent. Pero los protagonistas de la operación, en ambos frentes, fueron sociedades offshore emplazadas en reconocidas guaridas fiscales europeas y caribeñas. Quien sí figura con nombre y apellido vendiendo una de sus empresas offshore (Dridco Luxembourg S.A.) es Matilde Noble Mitre de Saguier, accionista principal del diario. El acuerdo contempla que como parte de pago el diario argentino recibirá alrededor de 20.000.000 de acciones que, según el artículo publicado en La Nación, representaron menos del 10% del capital de Navent Group. Por eso, el octavo y último ítem de la minuta de la reunión entre los accionistas establece “la designación de Luis Saguier como director adicional de la compañía”. Dado que ese encuentro se realizó previo a la transacción, el texto dispone que su designación se hará efectiva una vez que se cierre la compra de Zonajobs y Zonaprop.

Otro detalle que el diario no informó a sus lectores es que, durante un período de tiempo cubierto por la filtración, La Nación estuvo controlada por una empresa registrada en Islas Caimán y otra en Islas Vírgenes Británicas. Y que, a raíz de esa situación, entre los Panama Papers aparecen, vinculados con otras firmas, dos directores actuales de la empresa que controla el diario.

En otras palabras, los dueños de La Nación sólo figuran en los Panama Papers en relación a Navent porque la familia Saguier usó como agente de registro de sus offshore a la firma de abogados panameña Alfaro, Ferrer & Ramírez en vez de Mossack Fonseca.

Su incursión en la red de guaridas fiscales fue emprendida a través de las empresas Matilde Saguier Corp. y Barton Corp. La primera registrada en Islas Vírgenes Británicas y la segunda en Islas Caimán. Cada una llegó a controlar el 50% de MNMS Group, dueño de más del 60% de La Nación S.A.

La primera, la de Isla Vírgenes Británicas, pertenecía a la familia Saguier. Tenía como accionistas y directivos a Matilde Saguier y a sus hijos y estaba declarada ante la AFIP como sociedad extranjera. Esa firma caribeña de los Saguier fue accionista de la controlante del diario entre fines de 1998 y fines de 2000, cuando Matilde Saguier compró las acciones de la firma y pasó a ser ella misma la accionista de la controlante.¹⁸

La segunda, la de Islas Caimán, corresponde a los inversores que ayudaron a los Saguier a tomar el control accionario del diario, previamente en manos de sus primos de la familia Mitre. Registrada en 1996 en el archipiélago del caribeño, Barton Corp. es una sociedad inversora integrada por clientes del banco suizo Clariden Bank AG, que luego pasó a formar parte del banco Credit Suisse. La identidad de esos inversores nunca se conoció, pero dentro del diario las miradas siempre apuntaron al Grupo Clarín, en primer lugar porque la entonces principal dueña del grupo, la recientemente fallecida Ernestina Herrera de Noble, es tía de Matilde Saguier, y en segundo lugar porque, a poco de que los Saguier tomaran control del diario, La Nación se asoció con el Grupo Clarín en una serie de negocios, incluyendo la compra de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza.

Un artículo del diario Ámbito Financiero de marzo de 2015 rastrea el misterio de los inversores de Barton Corp. “Según la documentación, Enna F. de Carles, en su condición de directora de Kron Corp. A. V.V. y de única directora de Barton Corp., a la que se define como ‘una compañía internacional de negocios, constituida y existente bajo las leyes de las Islas Caimán’, da origen en 1995 a la génesis de Barton Corp. en Argentina”. La abogada Enna Ferrer de Carles es socia de un estudio jurídico panameño especializado en el registro y mantenimiento de sociedades offshore, similar a Mossack Fonseca, llamado Alfaro, Ferrer & Ramírez. Figura en los Panama Papers vinculada con distintas firmas; por ejemplo, como ex apoderada de Corporación América Sudamericana S.A., una empresa argentina perteneciente al Grupo Eurnekian.

Según explicó un importante directivo de La Nación, Barton Corp. fue accionista (50%) de la empresa argentina que controla el diario, MNMS Holding S.A., hasta noviembre de 2008. En ese entonces, Barton Corp. transfirió sus acciones a una abogada británica residente en Ginebra, Suiza, que previamente a su ingreso en la firma controlante del diario argentino acreditó todas las formalidades exigidas por la ley.

Sin embargo, Barton Corp. nunca se fue del todo de La Nación. Resulta que los representantes que tenía Barton Corp. en la empresa que controla el diario hasta el día de hoy siguen formando parte del directorio. En 1999, cuando Barton Corp. ingresó con la mitad del paquete accionario en la empresa argentina que controla a La Nación, Philip C. Blows y Christopher Shaw entraron en el directorio como representantes de su accionista caribeña. Mientras Shaw fue reemplazado por Bruce McNaught y luego Andrew Parr en el directorio de MNMS Holding, Blows se mantiene allí desde su llegada. La información figura en el Boletín Oficial, donde se informa sobre las reuniones de directorio de la empresa, la última fechada 2 de agosto de 2016 y publicada al mes siguiente. Según esa misma fuente, Blows, Shaw y luego McNaught se desempeñaron como directores titulares de la firma hasta 2010. A partir de ese año, Blows y Parr pasaron a ser directores suplentes.

Todos ellos aparecen en los Panama Papers como miembros del directorio, accionistas o apoderados de decenas, si no cientos, de empresas. Blows, sin ir más lejos, aparece mencionado en cerca de mil documentos. Tanto él como los otros tres directivos que pasaron por MNMS Holding aparecen compartiendo directorios entre sí (o reemplazándose) en empresas como Chamberlain Heritage Services Limited, registrada en el paraíso fiscal de Guernsey, una islita del Canal de la Mancha, o Kenaard Management Consultants Limited, inscripta en las Islas Vírgenes Británicas.

“Es público y notorio que miles de abogados, empresarios y profesionales han actuado y actúan en sociedades offshore perfectamente legales. El solo hecho de integrar alguna de éstas no los hace por sí ni sospechosos ni delincuentes”, expresó Julio César Saguier, presidente del directorio de La Nación S.A. en un intercambio de e-mails que mantuvo con uno de los autores.

Media docena | Belocopitt

“Podés comprar un arma y decir que lo hiciste para matar a alguien o para practicar tiro al blanco. El mundo offshore está asociado a dinero negro, evasión y narcotráfico. Nadie es estúpido. Eso existe. No es menos cierto que todas las corporaciones y los individuos con cierto tamaño de patrimonio utilizan estos vehículos.” La explicación forma parte de la conversación que mantuvieron los autores con el empresario argentino que está al frente de la mayor cantidad de sociedades offshore entre los Panama Papers. Se llama Claudio Belocopitt. Es el titular y fundador de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical Group. Entre los documentos de Mossack Fonseca existe información sobre seis empresas montadas en las Islas Vírgenes Británicas que lo tienen como beneficiario final. “No son las únicas que tengo, sino las que armé con ese estudio. Todas están declaradas. Las sigo utilizando. Son mecanismos flexibles que me permiten desarrollar inversiones en los Estados Unidos. Todos los que saben te explican que la mejor forma para realizar esos proyectos es a través de estas sociedades”, indicó a mediados de junio de 2017.

Creadas entre marzo y octubre de 2015, esa media docena de compañías, recibieron los nombres Karima Portfolio, Tiago Global, Ragnar Portfolio, Pensford Business, Elyanne Business y Karri Management. Todas permanecen activas, y algunas forman parte de una misma estructura de capas donde una es accionista de la otra. En todas, los directores son prestanombres. Una serie de contratos, enviados a mediados de diciembre para la firma del empresario, da cuenta de que el eslabón final de las empresas eran cuentas bancarias en el Citi Private Bank de los Estados Unidos. “Permiten una optimización fiscal”, avanza Belocopitt al detallar que las offshore a su nombre presentes entre los Panama Papers fueron los instrumentos utilizados para abrir “centros comerciales a cielo abierto” en territorio estadounidense.

Uno de los correos fechados en octubre de 2015 ofrece un detallado documento sobre el funcionamiento de Karri Management. El formulario completado desde la firma contable Atlantic Tower en Uruguay para Belocopitt indica que se trata de una firma financiera que recibe un número estimado de seis transacciones anuales, por las que, según estiman, ingresarán 600.000 dólares. “Esta información es requerida para cotizar los servicios de contabilidad, además de estimar el tiempo que se dedicará a la ejecución de los registros contables, preparación de informes financieros y fiscales”, explican los expertos de Mossack Fonseca Accounting Services en el e-mail que también incluye otro archivo que permite profundizar la información provista por los contadores del empresario argentino. De acuerdo con ese documento, los fondos que alimentan a Karri Management provienen de “ganancias de negocios”.

El dato más relevante en el segundo formulario es que Belocopitt no figura como director ni como accionista, sino que administra la firma a través de un “poder general de abogado”. Entre los datos disponibles en ese archivo se puede observar que la dueña de todas las acciones de Karri Management es Ragnar Portfolio, otra de las offshore del dueño de Swiss Medical. En el décimo ítem del formulario, Mossack Fonseca exige conocer quién será el beneficiario final de la compañía aunque promete que “la información será guardada en nuestros registros bajo estricta confidencialidad”. El nombre que teclearon desde Uruguay fue “Claudio Fernando Belocopitt”.

Dos meses después, un intercambio de correos electrónicos revela que la estructura montada para el empresario argentino generaba confusión entre los propios arquitectos: “Por favor confirmanos bajo quiénes o quién está el poder discrecional de la cuenta bancaria de Elyanne Business, Karri y Tiago”. La respuesta de la contadora es contundente: “En todas las sociedades existe un único apoderado que es el Sr. Claudio Belocopitt de quien he enviado constancia de domicilio, su documento de identidad y referencias bancarias”. El e-mail, uno de los últimos, llegó el 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia.

“Están debidamente consignadas en las declaraciones juradas correspondientes, tal como lo exige la ley”, sostuvo Belocopitt, quien prácticamente contrató la totalidad de los servicios disponibles en el menú de Mossack Fonseca para minimizar su presencia en los registros públicos de las empresas. Entre el centenar de e-mails y documentos disponibles en las carpetas referidas al empresario se observa que, en la mayoría de sus offshore de Islas Vírgenes Británicas, el dueño de Swiss Medical solicitó el servicio “Fully Manage” que le permite delegar en Mossack Fonseca la administración y gestión total de las sociedades. “Servicio de Directores, Servicio de Accionistas, Asistencia en apertura de cuenta bancaria, Provisión de firmante autorizado, Reenvío de correspondencia”, son algunas de las prestaciones requeridas que, según le presupuestaron, costaban 2.700 dólares al año por empresa.

A la media docena de offshore montadas en 2015, los correos de la contadora uruguaya de Belocopitt suman otras dos. Sobre la primera no ofrece más datos que su ubicación geográfica: “Mi cliente tiene una sociedad de Liechtenstein. Quiere saber qué documentación tiene que pedirle […] para que pueda ser accionista de una sociedad de BVI”, escribió la titular de la firma Altantic Tower. La segunda se llama Theodix y apenas enuncia su nombre y rol: “Ahora que tenemos las sociedades quería realizar los siguientes cambios en cuanto a quién sería el accionista de las empresas. Theodix tendría como accionista Ragnar. Como el directorio es de los clientes, necesito que me envíes la documentación que tienen que firmar…”. La base de datos de ICIJ muestra que esa empresa se montó en 2001. Esas sociedades y sus activos, enfatizó Belocopitt, también están declaradas.

El fundador de Swiss Medical no sólo se dedicó a la salud. Incursionó en la televisión como productor de Antonio Gasalla y Gerardo Rozín, fue socio de Marcelo Tinelli cuando éste se hizo con el control de Radio del Plata y también formó parte de la incursión de Daniel Hadad en Canal 9. En cine, Belocopitt fue uno de los productores de Relatos salvajes. La última gran operación comercial del empresario la concretó a comienzos de 2017. Su contraparte fue otro activo usuario de los servicios provistos por Mossack Fonseca: Francisco de Narváez. A él le compró su participación en el multimedios América. En la transacción para hacerse con el canal y las distintas señales de cable habría desembolsado 50 millones de dólares. Los Panama Papers llegaron demasiado temprano.

“Continuar la obra, conservar la tradición” | Blaquier

“Algún día, quien gane dinero será bien visto en la Argentina.” El reclamo fue realizado en junio de 2015 por el vicepresidente del Ingenio Ledesma, Santiago Ignacio Blaquier.¹⁹ La empresa y sus propietarios forman parte del elenco estable de fugadores de la Argentina. Representantes de la cúpula empresaria y miembros de la oligarquía terrateniente, el apellido Blaquier se repite en todos los listados sobre salida de capitales que existen. Filtraciones e informes revelan que la compañía utilizó firmas offshore como plataforma para la extracción de recursos desde la crisis de la convertibilidad. En las distintas operaciones de compra de divisas acumularon más de 110 millones de dólares. Un tercio de esas maniobras estuvo concentrada durante la corrida cambiaria de 2011, cuando el entonces presidente de la empresa, Carlos Pedro Blaquier, y sus familiares compraron 34,1 millones de dólares en operaciones que le valieron al grupo un llamado de atención desde la Casa Rosada, dado que la firma había recibido ese mismo año un millonario crédito blando del Banco Nación. Los Panama Papers suman a esos listados los nombres de cinco empresas montadas en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. La información de Mossack Fonseca no siempre ofrece datos precisos sobre los movimientos de fondos asociados a esas sociedades offshore, pero entre los más de 300 archivos que conforman el caso de los Blaquier es posible identificar operaciones inmobiliarias millonarias en el balneario uruguayo La Barra y dos cuentas bancarias en la sucursal del UBS en Ginebra, Suiza. “No hay nada que decir sobre el tema que nos consultan”, señalaron a los autores desde la poderosa firma agroindustrial que concentra sus operaciones productivas en la provincia de Jujuy.

Las offshore Financière Translémanique y Derby Services nacieron a comienzos de 2007 como vehículos para una parte de la familia Blaquier administrara cuentas bancarias en el opaco banco suizo. El encargado de gestionar las operaciones para los dueños de la firma agroindustrial no es un estudio uruguayo. Los documentos y correos electrónicos muestran que las estructuras montadas alrededor de la red de guaridas fiscales estaban a cargo del área del UBS en Suiza denominada “Argentina Desk”, una oficina creada para atender de manera exclusiva los millonarios clientes argentinos. Tampoco son los abogados y contadores de Mossack Fonseca en Panamá los que responden los pedidos, sino que la actividad es concentrada por la subsidiaria de la firma emplazada en el cantón helvético de Ginebra. Por eso, los e-mails referidos a la creación de las empresas y los intercambios registrados durante sus primeros años de vida están escritos en francés.

La estructura offshore diseñada para que los Blaquier operen sus dos cuentas bancarias secretas es más compleja que los esquemas utilizados por la mayoría de sus pares de la cúpula empresaria argentina. La maniobra más habitual entre los Panama Papers consiste en crear una empresa, por ejemplo en las Islas Vírgenes, contratar directores de paja, solicitar que las acciones se emitan al portador y controlar la firma a través de un poder de abogado para abrir una cuenta bancaria, administrar propiedades en el exterior, realizar inversiones financieras o controlar un yate de lujo. Los dueños de Ledesma contrataron un servicio superior. Financière Translémanique y Derby Services se montaron en Bahamas. El directorio de ambas está cubierto con prestanombres, pero los Blaquier no figuran por ningún lado de la isla. Ambas compañías están controladas desde Panamá a través de una “fundación” llamada Charitable and Goodwill Foundation, encabezada por los cinco hijos del mandamás de la familia Carlos Pedro Blaquier. Carlos Herminio, Alejandro, Ignacio, Santiago y María Elena son los “protectores” de la entidad.

“Existen muchos beneficios potenciales al constituir Fundaciones de Interés Privado en Panamá. Algunas de las razones principales incluyen tener privacidad incrementada, protección de activos, menores obligaciones impositivas, y confidencialidad”, explican los abogados del estudio panameño Delvalle & Delvalle en su sitio web. Ofrecen un nivel adicional de secreto y, por eso, cuestan más que una empresa offshore común y corriente. “Una de las razones principales de constituir una Fundación de Interés Privado es que usted está protegido por las estrictas leyes de privacidad de Panamá. En las Fundaciones de Interés Privado en Panamá no se está obligado a revelar en ningún documento público los nombres de los protectores ni de los beneficiarios”, detallan los letrados para enfatizar que “nadie tiene acceso a la información sobre cuentas bancarias que le pertenezcan a una Fundación de Interés Privado”. Pero, incluso las autoridades de Panamá, si quisieran conocer las inversiones realizadas por los Blaquier con su fundación, chocarían con un muro. La fundación es la encargada de dirigir una sociedad bahameña sobre la que los panameños no tienen ningún tipo de control. Pero, incluso si las autoridades de Bahamas quisieran conocer las inversiones realizadas por esa firma que los panameños atribuyen a los Blaquier chocarían con un muro. Cada una de las empresas está encargada de administrar una cuenta bancaria numerada en un banco suizo donde el secreto es, prácticamente, inviolable.

Durante 2013, Mossack Fonseca solicitó información al UBS sobre Financière Translémanique y Derby Services. Los datos requeridos eran necesarios para adecuarse a unas modificaciones en la legislación de Bahamas. “Esto es un error, no me envíen más este tipo de mensajes”, respondieron entonces los responsables de las oficinas del banco en Ginebra que atendían el caso de los Blaquier. Las comunicaciones vía e-mail se cortan durante dos años y recién se reactivan cuando los empresarios argentinos deciden cerrar las cuentas.

“Como discutimos el martes no se olviden de enviarnos todos los documentos que tienen que ser firmados porque el cliente nos visita el lunes”, escribieron a Mossack Fonseca desde las oficinas de Wealth Management de la entidad en Ginebra. Era el 26 de noviembre de 2015 y recién habían transcurrido cuatro días desde que Mauricio Macri había ganado las elecciones presidenciales. Los archivos filtrados muestran que los argentinos no sólo habían decidido dar de baja sus cuentas, sino que querían desmontar toda esa estructura offshore. Con la firma de puño y letra de Santiago Blaquier, la documentación para la clausura de Derby Services indicaba que la actividad desarrollada por la firma era la tenencia de una cuenta bancaria en Suiza y precisaba que todas las colocaciones abiertas a su nombre habían sido cerradas.

La cuenta bancaria en el UBS estaba identificada con el número 0240808761, y al cerrarla los Blaquier solicitaron al banco que pasara el efectivo a bonos de corto plazo del Tesoro de los Estados Unidos. Los documentos no permiten determinar dónde fueron depositados esos títulos. Un documento prácticamente idéntico se realizó para cerrar Financière Translémanique. La offshore estaba al frente de otra cuenta en el UBS de Ginebra identificada con el número 024000806938. Como esa operación fue previa a la de Derby, los fondos fueron transferidos a pedido de los Blaquier a la otra cuenta que a las pocas semanas sería cerrada. Al mes siguiente, los últimos documentos de las carpetas vinculadas con las offshore muestran que los empresarios argentinos pretendían reactivarlas. No hay elementos entre los Panama Papers que permitan corroborar si esas firmas volvieron a funcionar, ya que el período cubierto por la filtración llega hasta diciembre de 2015.

Si algo comparten las distintas empresas controladas por los dueños de Ledesma que figuran entre los millones de documentos es que todas están vinculadas con los hijos de Carlos Pedro Blaquier. Durante gran parte del período cubierto por los Panama Papers, el empresario estuvo procesado en dos causas por delitos de lesa humanidad que, como explica la periodista Alejandra Dandan, “se abrieron paso en una Justicia reticente más de treinta años después de las denuncias de las víctimas”. La primera de las causas en las que se investigó al ex presidente de la empresa fue por el secuestro de tres dirigentes del Sindicato de Obreros de Ledesma, entre ellos el médico Luis Arédez, intendente del pueblo de Ledesma en 1973 y asesor del sindicato. Y la segunda, por 26 secuestros de obreros, familiares y militantes cercanos al sindicato. Esos hechos sucedieron entre el 20 y el 27 de julio de 1976 durante las Noches del Apagón, en las tres localidades que rodean la planta principal del ingenio, ubicada en el pueblo Libertador General San Martín, en Jujuy. Aquellos secuestros se realizaron con grupos operativos integrados por las fuerzas de seguridad y se utilizaron vehículos y choferes del Ingenio Ledesma, según las denuncias y tal como lo da por probado el auto de procesamiento. Blaquier fue procesado como cómplice en primer grado del presunto delito de privación ilegal de la libertad. También lo está el ex administrador de la planta, Alberto Lemos. Blaquier nunca estuvo detenido, sino con “exención de prisión”, pero tuvo prohibido salir del país. Su fortuna familiar en cambio viajaba por el mundo en sofisticados vehículos offshore.

Los Blaquier también controlan la offshore Dunmoore Trading. Creada en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, su estructura es similar a la utilizada por Derby Services y Financière Translémanique, ya que es administrada por los Blaquier a través de una fundación panameña. La documentación de la firma da cuenta de que Carlos Herminio es el protector de la fundación. Asimismo, él, su esposa e hijos figuran como beneficiarios de sendos poderes de abogados para operar la empresa. La entidad offshore también está vinculada con el UBS, pero en este caso no hay datos sobre cuentas bancarias sino una serie de documentos oficiales del banco donde la familia azucarera firma convenios para solicitar distintos tipos de créditos. “El único Beneficial Owner es Carlos Herminio B.”, enfatizan desde el banco suizo ante una consulta recibida en 2015 desde Mossack Fonseca.

Pero no todo es cuentas bancarias y operaciones financieras para los Blaquier. Los Panama Papers revelan que Alejandro Blaquier, hijo de Carlos Pedro Blaquier, utilizó la empresa offshore Serena Capital Corporation, donde figura como beneficiario final, para adquirir las acciones de Cabonor International Corporation. Ambas firmas establecidas en Panamá protagonizaron una transacción inmobiliaria en 2013. El contrato de compraventa muestra que Blaquier transfirió 3,6 millones de dólares a los propietarios de Cabonor para adquirir un inmueble y terrenos administrados mediante esa sociedad en el coqueto balneario de La Barra en Maldonado. Los vendedores no son ajenos a los Blaquier. El principal accionista de la firma era José Manuel Flores Pirán, quien estuvo casado con la ex modelo Juana “Ginette” Reynal Blaquier y, en terceras nupcias, con la prima de su ex, Alejandra Hoeffner Blaquier. Todo queda en familia. A tal punto que el mismo contrato de compraventa en que Alejandro Blaquier paga 3,6 millones de dólares dispone que la madre de Flores Pirán ocupe la casa durante diez años. Como indica el lema corporativo: “Continuar la obra, conservar la tradición”.

Cómo repartir 1.000 millones de dólares | Priu

La Petrolera San Jorge pasó a manos de Chevron en 1999. La multinacional estadounidense pagó más de 1.000 millones de dólares por la compañía fundada en los años sesenta que se había expandido al ritmo de la desregulación surgida del Plan Houston durante el gobierno de Alfonsín. Las familias vendedoras, los Priu y los Ostry, contaron con la asesoría financiera del banco JP Morgan para concretar la operación. La venta de la tercera productora petrolera del país estuvo plagada de irregularidades que dieron lugar a una investigación judicial por el presunto delito de evasión. “Pretendieron hacer creer al fisco que parte de aquel dinero recibido había sido destinado a donaciones y condonaciones y también a la compra de acciones, corroborándose que en realidad se trató de encubrir con esas operaciones el pago de gratificaciones, honorarios o bien rentas gravadas que debieron tributar los impuestos correspondientes”, informó en 2002 la autoridad fiscal. El monto reclamado por la AFIP a los ex propietarios y ex directivos de la petrolera ascendía hasta los 140 millones de pesos-dólares, pero la causa no prosperó.

La investigación recobró impulso partir de 2008, cuando el ex banquero del JP Morgan, Hernán Arbizu, se autoincriminó para evitar ser juzgado en los Estados Unidos y suministró a la justicia argentina datos sobre las maniobras de fuga y evasión realizadas desde las oficinas de banca privada de la entidad. Los periodistas Chausis y Renou cuentan en Morgan Papers que Arbizu aportó documentos extraídos de su oficina en el cual constaban “números de cuenta, montos en dinero, información sobre transferencias de fondos a paraísos fiscales y nombres propios de la cúpula del poder económico nacional, en su mayoría clientes de la entidad. En dinero, tenía consigo datos de unas 469 empresas y personas físicas que representaban alrededor de 5.000 millones de dólares fugados irregularmente del país. De esos listados, el 99% de los involucrados en presuntas maniobras de lavado de dinero eran argentinos, y el resto chilenos. Casi todos eran clientes suyos. En la carpeta sobresalían empresas de todo tipo y color”. La participación estelar del JP Morgan en la venta de Petrolera San Jorge a Chevron explica la presencia de los Priu en los listados. El diario Tiempo Argentino reveló que las distintas colocaciones bancarias abiertas para los antiguos dueños de la petrolera registraban movimientos de fondos por una cifra superior a los 150 millones de dólares. La totalidad de las cuentas bancarias no fueron abiertas con nombre propio, sino que utilizaron empresas pantalla para esconder sus identidades. Para eso los asesores contables y financieros de los Priu recurrieron, a través de intermediarios uruguayos, a los servicios de Mossack Fonseca.

La operación ofrece un caso perfecto de filtraciones cruzadas: JP Morgan y Panama Papers. La primera revela las cuentas y sociedades involucradas en las maniobras de evasión y fuga. La segunda ofrece una precisa radiografía del entramado offshore utilizado por los exponentes de la cúpula empresaria para canalizar aquellas maniobras. “Como parte de nuestros procedimientos de debida diligencia estuvimos revisando la compañía de Islas Vírgenes Británicas [llamada] Ashton Mills Corp. y nos encontramos con que esta y otras cuatro compañías del mismo cliente están mencionadas en publicaciones que las vinculan con el caso de blanqueo de capitales relacionado con el JP Morgan, Nordelta y el holding de la familia Priu”, escribieron los mayoristas panameños en 2015 cuando se contactaron con los representantes uruguayos de los petroleros argentinos devenidos en inversores financieros.

“A continuación compartimos con ustedes la información en nuestro poder sobre la familia Priu (previa instrucción que hemos recibido de sus representantes), agradeciéndoles que la misma sea mantenida bajo confidencialidad.” La respuesta había demorado un mes, pero los datos provenientes desde Uruguay sobre cinco empresas de las Islas Vírgenes Británicas controladas por Jorge, Martha y Norberto Priu eran muy precisos. “La fuente de los fondos de la empresa es la venta de Petrolera San Jorge”, repiten los uruguayos en cada uno de los casos. Además de Ashton Mills, que activó las alarmas internas en Mossack Fonseca, eran los beneficiarios finales de otras cuatro empresas montadas entre 2002 y 2005: Rosaire Investments, Creative Hills, Charleroi Investments y Andcorp. Con distintas fórmulas, los intermediarios precisan que todas las firmas “administran un portafolio de inversiones en bancos alrededor del mundo” y, en el caso de Charleroi, agregan que tiene inmuebles en Italia.

Establecida en 2002, Andcorp Equities es presentada como “un portafolio de inversiones en bancos del exterior y cuentas intercompanies del Grupo Priu”. La fuente de los fondos, declaran, proviene de la venta de la Petrolera San Jorge, pero ninguno de los empresarios argentinos figura en su directorio. “El accionista de la empresa es otra empresa: Normatil Sociedad en Comandita por Acciones. Constituida en Uruguay, tenía como beneficiario final a un fideicomiso controlado por Norberto Priu. Pero como éste había fallecido las acciones propiedad del fideicomiso pasan a los beneficiarios Jorge y Martha Priu”, indica el detalle del entramado societario enviado por e-mail a Panamá desde Uruguay. Asimismo, los intermediarios informaron que Andcorp estaba relacionada con otras compañías en cuya operatoria Mossack Fonseca no estaba involucrado: Ganapia Inc., Apocope Swift Limited, Minooka Holdings Ltd., Chapaleo S.C.A., Batuque S.C.A. La offshore y sus vinculadas figuran en los listados que Arbizu entregó al juez federal Sergio Torres, donde registran movimientos y colocaciones por más de 100 millones de dólares.

Maniobras para opacar | Frávega

La base de datos muestra a los principales accionistas y directivos de la cadena de electrodomésticos Frávega intentando hacerse con poderes para operar dos sociedades offshore panameñas llamadas Kurgan Global Corporation y Galard Development Corporation. Los interesados en llevar adelante la operación son la presidenta de la compañía, Liliana Mónica Frávega, y los directivos Rodolfo Salvador Sgroi y Tomás Agustín Sgroi. Quienes representan sus intereses son los corredores de bolsa uruguayos Víctor Paullier & Cía. La firma uruguaya mantiene una prolífica relación con Mossack Fonseca y, en 2012, llegó a tener abiertas 234 sociedades activas. Quiénes eran esos clientes: “Casi en su totalidad son argentinos que abren cuentas bancarias con ellos o con bancos con los que trabajan”, escribió una empleada panameña en un correo interno dirigido a sus jefes. “Las sociedades mencionadas no tienen relación con la compañía”, fue la respuesta que llegó desde Frávega ante la consulta de los autores.

Es cierto, la presidenta y los directivos mandaron todos los documentos escaneados y los borradores de los poderes aprobados, pero al final el negocio se cayó. ¿Por qué? Primero hay que entender para qué eran los poderes que buscaban los directivos de Frávega. Resulta que una serie de modificaciones introducidas en 2012 al régimen de sociedades uruguayo obligó a dar la cara a quienes administraban firmas mediante acciones al portador. Había dos caminos. El primero era inscribir sus participaciones en un registro creado por el Banco Central y comprometerse a informar cada vez que hubiera un cambio de manos. La segunda opción, la más popular, consistía en transformar las acciones al portador en las tradicionales acciones nominativas, papeles emitidos a nombre de un titular.

Los dueños de Frávega administraban cuentas bancarias en Suiza a través de dos sociedades uruguayas que controlaban con acciones al portador y, ante los cambios regulatorios en Uruguay, se inclinaron por la segunda opción. El movimiento diseñado por sus intermediarios no contemplaba poner a Frávega al frente. Las acciones iban a estar a nombre de firmas offshore panameñas, donde ellos serían los beneficiarios de un amplio poder legal que los habilitaría a operar sus cuentas suizas sin revelar su identidad ante ninguna autoridad.²⁰

La lectura del intercambio entre Mossack Fonseca y Víctor Paullier permite inferir que una de las razones por las que no prosperó la operatoria fue porque los panameños no pudieron garantizar suficientes niveles de opacidad. “Si no pueden emitir el poder con más plazo sin que firmen nada lo dejaremos así puesto que no van a firmar nada como accionistas porque por más que les digan que existe seguridad con la información, que en Uruguay no quedan papeles y que todo es por computadora, todos sabemos que los servidores no son inencontrables, de hecho hace poco tiempo robaron los de la IRS en USA con lo cual una vez que la información existe en algún lugar la misma es rastreable y eso no se lo puedo discutir a ellos”, sentenció la representante uruguaya de Frávega. Un presagio de lo que estaba por venir.

El grupo empresario figura en varios de los listados sobre fuga de capitales. Por ejemplo, en la planilla que distribuyó a los medios el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, en enero de 2010, en el marco de una disputa con el Gobierno nacional para permanecer al frente de la entidad. La información de Redrado muestra que Frávega adquirió 16,2 millones de dólares entre 2008 y 2009. Pero ése no fue el principio ni el fin de la acumulación de divisas estadounidenses. La investigación del Congreso sobre la fuga de capitales en 2001 muestra operaciones por 8,4 millones a su nombre, y la lista publicada por el periodista Alfredo Zaiat con los compradores de 2011 da cuenta de otros 12,9 millones. La cantidad de divisas extraídas por la presidenta de Frávega suma 37,5 millones, y si se agregan las operaciones expuestas en esos listados a nombre de la cadena, los Sgroi y familiares de la empresaria, el total se encuentra en el orden de los 80 millones.

“Yo te conozco” | Coto

A mediados de 2012, Mossack Fonseca registró una temporada de “alta demanda de compañías” panameñas desde sus oficinas en Uruguay. Los intermediarios las creaban al por mayor y los estudios de abogados de Montevideo se las sacaban de las manos. Youngville Group, Klee Properties, Victoria Business y Leopold Company son algunas de las firmas que fueron creadas cuando empezaba julio. Uno de los clientes argentinos del estudio uruguayo JP Damiani necesitados de vehículos offshore se inclinó por la última de esas empresas y se hizo la reserva. La identidad del beneficiario final de la compañía aparece entre los cincuenta archivos disponibles en los Panama Papers que hacen referencia a Leopold Company. Uno de los últimos del listado es una “checklist” del más reciente proceso de debida diligencia donde después de repasar el nombre de los directores de paja se establece que el verdadero dueño es Alfredo Coto.

Desde la cadena de supermercados que factura miles de millones pesos al año y emplea a más de 20.000 trabajadores indicaron que Coto no posee una sino cuatro sociedades radicadas en guaridas fiscales. Sólo Leopold Company fue adquirida a Mossack Fonseca, mientras que las otras tres las compraron en otros mayoristas offshore y están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. “Todas están debidamente declaradas ante la AFIP y se crearon para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansión”, fue la explicación ofrecida por un vocero del empresario en 2016.

El mismo documento que da cuenta de la participación del dueño del único hipermercado que todavía es controlado por capitales argentinos ofrece algunos detalles adicionales. En el recuadro donde se anota si Leopold Company mantuvo activos o cuentas bancarias a su nombre figuran los nombres American Express y Galicia. Tres casilleros después se pide completar los datos sobre actividades específicas de la firma, y la respuesta es “APORTES ROOKSTORE (UK)”. No hay más datos, pero los registros públicos británicos dan cuenta de una empresa homónima que entre el 17 de julio y el 3 de agosto de 2012, las mismas fechas en las que Coto se convierte en el beneficiario final de la sociedad panameña, el directorio de Rookstore sumó a Néstor Ramos y distribuyó dividendos por 1,4 millones de dólares. El nombre sería irrelevante si no fuera que se trata de uno de los financistas radicados en Suiza que protagonizaron los movimientos de fondos no declarados de Lázaro Báez en el marco de la promocionada investigación periodística y judicial denominada “ruta del dinero K”. La coincidencia no vincula a Coto con las maniobras de Báez, sino más bien confirma que Ramos es un facilitador más en la red global financiera que ofrece sus servicios al mejor postor y que sus clientes argentinos suelen llegar de la mano de un estudio uruguayo llamado JP Damiani & Asociados. Ya fuera un supermercadista imputado en una causa por tenencia de un arsenal en sus depósitos²¹ o un empresario de la construcción que quedaría preso por lavado de activos, siempre estaban disponibles Ramos, Damiani y Mossack Fonseca.

Entre la documentación analizada se puede observar que Mossack Fonseca colocó en Leopold Company a sus tradicionales directores de paja y que las acciones fueron emitidas al portador. Entre los documentos recolectados por los panameños para cubrirse ante posibles denuncias o investigaciones figuran, por ejemplo, el pasaporte de Coto y una carta del 3 de octubre de 2014 firmada ante un escribano uruguayo que deja constancia de que el empresario supermercadista “ha actuado siempre con corrección y diligencia”.

“Señor Coto, yo lo conozco muy bien y sé cómo trabaja sobre el bolsillo de los argentinos”, arremetió Néstor Kirchner al cuestionar la política de comercialización del dueño de la cadena de supermercados. Terminaba noviembre de 2005 y el Gobierno pretendía renovar los acuerdos de precios alcanzados con las principales bocas de expendio del país. “Ustedes me quieren hacer pelear con Tyson”, se excusó el empresario cuando los periodistas le pidieron que le respondiera al entonces Presidente. A pesar de las tensiones permanentes con los distintos funcionarios kirchneristas, la facturación y la rentabilidad de la cadena mejoraron al ritmo de los aumentos en los ingresos de los consumidores y la inflación. Coto no sólo conoció el mundo offshore a través de Mossack Fonseca. El empresario y sus compañías figuran en los distintos registros sobre fuga de divisas del país. La investigación del Congreso da cuenta de la salida de 63,6 millones de dólares a nombre de Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (Coto C.I.C.S.A.), y el resto de las operaciones identificadas en 2008, 2009 y 2014 es a nombre propio. En total, las cifras disponibles en los distintos registros suman 110 millones de dólares. Sin duda, Coto le puede decir al mundo offshore: “Yo te conozco”.

Casa Tía | De Narváez

Francisco de Narváez Steuer fue el primer extranjero en ser diputado nacional. El pico de su carrera política llegó en las elecciones legislativas de 2009, cuando la lista que encabezaba en la provincia de Buenos Aires venció a la liderada por el ex presidente Néstor Kirchner. Dos años después fue candidato a gobernador con el apoyo de Mauricio Macri, pero su cosecha de votos se había encogido y quedó a 40 puntos de Daniel Scioli. Entre sus inversiones más conocidas y vigentes figura el diario económico El Cronista y la marca de indumentaria Rapsodia. Alejado de la política partidaria, a comienzos de 2017, vendió su participación en América TV a Claudio Belocopitt, el presidente del Swiss Medical Group. El comprador de sus acciones en el canal de televisión es el único empresario argentino con más firmas offshore que De Narváez entre los Panama Papers.

El empresario de origen colombiano figura como director, secretario o accionista en cuatro empresas que fueron creadas entre noviembre de 1998 y junio de 1999. Tres de ellas, Willowbrook Trading Limited, Power House Properties Incorporated y Titan Consulting, fueron registradas en las Islas Vírgenes Británicas, mientras que La Esperanza Associated Corporation quedó establecida en Panamá. Aunque las empresas se crearon a finales del siglo pasado, los correos que permitieron identificar los emprendimientos offshore del empresario son de 2015. Durante un inventario de sociedades inactivas y sus beneficiarios, el nombre de Francisco de Narváez Steuer encendió las alarmas. Las superficiales búsquedas de datos que hicieron en Mossack Fonseca dieron como resultado que el individuo vinculado con las cuatro empresas era una persona políticamente expuesta que no sólo había sido diputado sino que también había sido denunciado por evasión fiscal. Con esos datos consultaron a los representantes del “Colorado”, que no estaban en Montevideo sino en Zurich. La respuesta de la firma suiza de asesoría legal e impositiva, Treuco Treuhand Gesellschaft, no tardó en llegar: las empresas habían sido creadas como parte de una transacción ocurrida en América Latina entre 1998 y 1999. Las fechas de creación de las compañías, los datos adicionales suministrados por los intermediarios suizos y los actores vinculados con las cuatro offshore revelan que las estructuras formaron parte de la venta de la cadena de supermercados Casa Tía.²² Consultado en 2016 sobre su participación en esas sociedades, De Narváez aseguró haberlas declarado “en su momento, mientras correspondió”.²³

La operación se concretó a finales de 1998, cuando el Grupo D&S —donde convivían las familias de los dos fundadores checoslovacos, Karel Steuer y Frederik Deutsch— acordó desprenderse del negocio nacido en Europa antes de que los socios decidieran emigrar a América del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. El comprador fue el fondo inversor Exxel Group, que un año antes había adquirido las empresas de Alfredo Yabrán en 605 millones de dólares. Asociado con una firma francesa llamada Promodès, el Exxel Group compró Casa Tía —una cadena que contaba con presencia en todas las provincias del país— por 650 millones de dólares.

La estructura utilizada para canalizar esa operación fue montada con la colaboración de Mossack Fonseca. En los directorios de las empresas montadas para la ocasión, los distintos miembros de la familia De Narváez Steuer están acompañados por Gustavo Andrés Deutsch, el heredero del socio del abuelo del Colorado y ex propietario de la aerolínea LAPA. Las compañías y los nombres figuran en los Panama Papers porque en 2015 iniciaron una investigación bajo el número 2391112, cuando el apellido del Colorado despertó sospechas. “Después de haber realizado las pertinentes búsquedas, encontramos resultados negativos sobre Francisco de Narváez Steuer. La información muestra que es una persona políticamente expuesta y que fue acusado de evasión fiscal”, advirtieron desde Mossack Fonseca en Suiza. Entre las irregularidades que activaron las consultas, un correo enviado por el área de control interno de los mayoristas offshore recuerda que “en 2013 fue acusado de lavado dinero por no declarar 4 sociedades en el impuesto de bienes personales ni tampoco en el régimen informativo RG 3293, vinculado a las autoridades societarias. Nunca pudo acreditar el origen de 40 millones de dólares provenientes de fideicomisos radicados en Jersey que recibió en carácter de beneficiario tras la muerte de su madre”. La única de las cuatro empresas panameñas investigadas por la AFIP que figura en los Panama Papers es La Esperanza Associated Corporation.

Entre los documentos disponibles se encuentra una nota formal remitida por representantes suizos del empresario para evacuar las inquietudes de Mossack Fonseca sobre Titan Consulting y su accionista, Francisco de Narváez. Explican que, si bien la compañía no registra actividades desde 2011, el cliente pretende mantenerla activa. De acuerdo con sus afirmaciones, “la compañía fue parte de una operación de compraventa que ocurrió en 1998-1999”, y precisan que se trata de “una transacción que se hizo pública en aquel momento”. Los intermediarios suizos enfatizan que “conocemos al beneficiario final hace más de 30 años”, sugiriendo que las aventuras offshore de De Narváez comenzaron, por lo menos, en 1985.

Barcos, agro, petróleo y finanzas | Pérez Companc

Una sociedad offshore vinculada con una cuenta bancaria, otra firma creada para administrar inmuebles en el exterior y contratos para desarrollos mineros explican la presencia de una de las familias más ricas de la Argentina entre los Panama Papers. El grupo controlado por los Pérez Companc surgió durante el primer peronismo con actividades navieras y agropecuarias para luego expandirse hacia el sector petrolero y el financiero. La diversificación del holding a partir de los años setenta, endeudamiento externo mediante, lo llevó a incursionar en la industria, la construcción, la petroquímica y los servicios. En 1973, el grupo estaba formado por 10 empresas, que se convirtieron en 53 al terminar la dictadura, llegaron hasta 84 al promediar la presidencia de Alfonsín y ascendieron a 149 durante la primera presidencia de Menem, cuando fue un protagonista del proceso privatizador. El holding encabezado por Gregorio “Goyo” Pérez Companc formó parte de los dos consorcios que ganaron la privatización de ENTel, Telefónica y Telecom. Pero la firma apostó a concentrarse en la actividad energética, y el desguace del Estado le permitió integrarse de manera vertical en esa actividad al quedarse con participaciones en empresas de generación, transporte y distribución de electricidad y gas, como Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, Central Termoeléctrica Genelba, Edesur, Metrogas, Transener o Yacylec.

La estrategia del grupo dio un giro hacia finales de los años noventa, cuando comenzó a desprenderse de gran parte de sus activos, Telecom y Telefónica inclusive. Las operaciones por las que obtuvo abultadas ganancias también incluyeron la venta del Banco Río de la Plata, la constructora SADE, Metrogas y el Alto Palermo, entre otros. Con una porción de los fondos obtenidos, más de 2.500 millones de dólares, creó el Pérez Companc Family Group. En ese entonces, el holding ya era liderado por Jorge Pérez Companc, hijo de Goyo, acompañado por el resto de sus hermanos. Con ese fondo de inversión, la familia redirigió sus negocios hacia el sector agroindustrial y financió su expansión petrolera en la región: compró Molinos Río de la Plata, para luego sumar las empresas Molfino, Agra, Lucchetti y la bodega Nieto Senetiner (tiempo después adquiriría las firmas Goodmark e Igloo).

En medio de ese proceso, el 17 de octubre de 2000 nació PIMA Investments. “Gregorio Pérez Companc” es el nombre que figura en el sistema interno de Mossack Fonseca como beneficiario final de la offshore que los documentos analizados asocian a una cuenta en el Banco Itaú de Uruguay. No es Goyo quien recibe el poder para operar la colocación, sino Javier Rubira Alonso, un prestanombre uruguayo que aparece en distintas investigaciones judiciales por lavado de activos. El facilitador utilizado en la apertura de la colocación uruguaya para PIMA Investments forma parte, por ejemplo, de la causa contra Jorge Macri, intendente de San Isidro y primo del presidente argentino, y su esposa Florencia de Nardi por la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que no figura en sus declaraciones juradas. La operación de Macri fue canalizada a través de una empresa constituida en esa ciudad, que a su vez recibió un sospechoso préstamo de una firma uruguaya llamada Fawsley, en la que Rubira Alonso figura como presidente. La identidad del prestanombres utilizado por el estudio Damiani también figura en empresas que formaron parte de la red de sociedades utilizada por Lázaro Báez para fugar y evadir.

La transformación de Pérez Companc continuaría hasta mediados de 2002, cuando anunció la venta de sus operaciones petroleras a la estatal brasileña Petrobras por una suma que superó los 1.000 millones de dólares. Por esa operación quedaría implicada a comienzos de 2016 en la escandalosa trinidad Petrolão-Lava Jato-Odebrecht que sacudió a Brasil. Cumpliendo una condena de 17 años de prisión, el ex director del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, alcanzó un acuerdo de delación premiada por el cual aportó información sobre irregularidades vinculadas con aquella operación. El testimonio del directivo de la petrolera estatal brasileña sostiene que funcionarios del gobierno de Fernando Henrique Cardoso recibieron una propina de 100 millones de dólares por la compra de la petrolera de los Pérez Companc. Cerveró contó a la Justicia que también hubo pagos ilegales para los argentinos. En su versión, cada director de Pérez Companc recibió un millón de dólares por la venta de la empresa, mientras que Oscar Vicente recibió 6 millones. Quien obtuvo, según Cerveró, el pago más abultado fue una de las figuras más relevantes del grupo. Promotor de la desregulación y liberalización del mercado, Vicente se desempeñó como CEO y vicepresidente de Pérez Companc, y seguiría en la compañía tras la venta.

“Envío adjunta una planilla de Excel indicando las actividades que realizan las sociedades que nos habían solicitado”, escribieron en julio 2015 desde el Estudio Damiani al responder un requerimiento del Compliance (Cumplimientos) Department de Mossack Fonseca. Los datos de Impex Holdings se limitan a señalar que la empresa de los Pérez Companc es “tenedora de inmuebles y arrendamiento de inmueble”. El titular de la firma es Jorge, el hijo de Goyo que a partir de 1997 quedó al frente del grupo familiar. El documento precisa las actividades realizadas por 16 empresas, entre las que figura Blesur Enterprises Corp., cuya beneficiaria es Patricia Damiani. La exitosa empresaria es una de las tres mujeres más ricas de Uruguay, su pareja es Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente entre 2005-2010 y canciller desde 2015, y su hermano, el titular del omnipresente intermediario offshore que lleva el apellido familiar. El archivo precisa las señas particulares de la compañía: “Panameña. Inscripta en Argentina. Propietaria de inmueble en Uruguay. Acciones compañía argentina”. El adjunto indica además para qué utilizó el argentino Luis Ferruccio Cretacotta la offshore panameña Chester Holdings montada en 2006 en Panamá: “Desarrollo de la franquicia exclusiva para todo Brasil de la marca de ropa femenina Ossira. Desarrollo y construcción del Country Club ‘Riverside’ en la ciudad de Río Cuarto”. En los papeles, el country fue desarrollado por Urbantec S.A., pero los Panama Papers revelan el entramado offshore involucrado. En ese barrio cerrado vive el ex gobernador José Manuel de la Sota.

Los Panama Papers exponen una parte de la estructura offshore asociada a la creación y el financiamiento de la minera Cerro Vanguardia a partir de 1996. Los documentos analizados muestran acuerdos entre distintas empresas de Pérez Companc y sus socias sudafricanas-británicas Minorco y Amcorp. En esos convenios participan distintas firmas radicadas en guaridas fiscales, como Chellaston Ltd. de Islas Vírgenes Británicas y Mitre Holdings de Bahamas. Cerro Vanguardia está ubicado al noroeste de la ciudad de Puerto San Julián en Santa Cruz. La explotación contó y cuenta con la participación de la minera santacruceña Fomicruz, que no figura en ninguno de los archivos.

Bridas | Bulgheroni

La familia Bulgheroni ostenta la mayor fortuna de origen argentino. Alejandro y su hermano Carlos, fallecido en septiembre de 2016, se hicieron cargo de Bridas a partir 1985. Con una activa estrategia de lobby que les permitió acercarse a todos los gobiernos, diversificaron la compañía y, sobre todo, profundizaron sus negocios petroleros para convertirse en el grupo privado más grande y segundo en el país, sólo detrás de YPF. Desde la década de 1970 a esta parte crecieron a nivel global: llegaron a negociar con los talibanes la explotación de gas en Afganistán y Turkmenistán. El negocio más relevante del Grupo Bridas es la productora de crudo Pan American Energy, en la que los Bulgheroni están asociados con la británica BP y la estatal china CNOOC. Además, con los chinos comparten Axion, la empresa dedicada a la refinación, producción y venta de combustibles, que años atrás operaba bajo la marca Esso.

María de las Mercedes Bulgheroni de Luque, la hermana menor, no aparece en los listados de multimillonarios elaborados por la revista Forbes ni en los directorios de las empresas del grupo familiar.²⁴ Pero sí figura en los Panama Papers. La compañía offshore vinculada con Bulgheroni de Luque se llama First Financial Worldwide Limited. Fue incorporada bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas el 22 de noviembre de 2002 y estuvo activa poco menos de un año hasta que, según figura en los registros de Mossack Fonseca, se disolvió el 1º de octubre de 2003. Los documentos oficiales no muestran el nombre de María de las Mercedes Bulgheroni de Luque. En las actas aparece como apoderado, presidente y secretario Jorge Haiek Reggiardo, un abogado argentino que trabaja en el estudio uruguayo Posadas & Vecino.²⁵

Cuando la empresa offshore se constituyó, los Bulgheroni eran noticia porque reclamaban aumentos en el precio del gas. Pan American Energy presionaba al entonces presidente interino Eduardo Duhalde, interrumpiendo inversiones en la Argentina hasta que no se produjeran las subas de tarifas. Un año después, cuando First Financial Worldwide Limited era dada de baja, Néstor Kirchner impulsaba una serie de demandas contra las empresas de la familia Bulgheroni que habían sido congeladas durante el gobierno de Carlos Menem. El encargado de reactivarlas fue el ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que por entonces se desempeñaba como Procurador del Tesoro.

Los voceros de las empresas de los Bulgheroni rechazaron responder las consultas de los autores, pero aseguraron al diario La Nación que María de las Mercedes “no tuvo nada que ver” con First Financial Worldwide Limited. “Mientras negociaba una operación le ofrecieron completarla mediante esa sociedad, pero ella se negó a firmar y a hacer esa operación de ese modo”, indicaron esos interlocutores. Si bien la empresa tuvo una corta vida y el holding negó su vinculación, uno de los correos electrónicos disponibles entre los Panama Papers especifica que “el único beneficiario de la cuenta es María de las Mercedes Bulgheroni de Luque”. Hay una explicación posible para esta aparente contradicción. Es de manual que los estudios de abogados inicien el proceso de constitución de una offshore para adelantarse a los requerimientos de clientes con los que mantienen un vínculo de estrecha confianza, aunque no necesariamente la firma se utiliza para alguna operación. Protegidos por el secreto que ofrece la red global de guaridas fiscales, la probabilidad de que la existencia de esa firma salga a la luz era considerada irrisoria. Los correos internos muestran que María de las Mercedes se habría arrepentido de realizar la operatoria a través de First Financial Worldwide Limited, no porque lo considerara una inmoralidad, sino porque no quería figurar con nombre propio.

“El trabajo mejor pago tiene que ser el de los abogados, en especial el de los que redactan contratos. Si yo firmo algo, tengo que terminar ganando ocurra o no lo que dice ese documento”, cuenta La Nación que dijo Carlos Bulgheroni al describir la regla fundamental de su manual de negocios.²⁶ Ni Carlos ni Alejandro figuran en los Panama Papers, pero el apellido familiar volvería a surgir a fines de septiembre de 2016 cuando una nueva filtración permitió conocer un listado del Registro de Compañías de Bahamas. Entre los más de 175.000 sociedades, fideicomisos y fundaciones incorporados en el archipiélago caribeño entre 1990 y 2016 figuraba Stromsbury Company Limited. La empresa tiene entre sus directivos a dos miembros de la familia fundadora de Bridas: Alejandro y Patricio Bulgheroni. El directorio lo completa Atilio Martín Palmeiro, y los tres fijaron domicilio en el edificio donde está la sede de Pan American Energy (PAE), una de las principales empresas del grupo, en Buenos Aires. El fideicomiso fue registrado en agosto de 2009 a través del agente JP Morgan Trust Company.

Los detalles de Stromsbury se abordarán más adelante en el apartado dedicado a los Bahamas Leaks, pero vale señalar que desde la compañía aseguraron que se trata de “trustee familiar”. Ese tipo de fideicomisos son estructuras financieras diseñadas para administrar los activos de una familia muy rica de acuerdo con las necesidades y objetivos del cliente. Entre esos fines puede figurar la “optimización fiscal”, un eufemismo para la evasión, pero muchas veces se montan esas plataformas offshore para cubrirse del “riesgo de un divorcio” o garantizar la distribución de una fortuna entre herederos de manera distinta a la requerida en el país de origen.

Momentos Mágicos | Arcor

Arcor es un caso de estudio. El interés reside en que se trata de uno de los pocos grupos multinacionales de capitales exclusivamente argentinos. Es la principal firma de alimentos del país, el primer productor de caramelos de todo el mundo y una de las empresas líderes de galletas en América del Sur. Además, es un jugador de peso en el concentrado mercado internacional de golosinas. Fundada por la familia Pagani en 1953, la firma se ubica entre las 15 más grandes del mundo en ese rubro. En 2012, Arcor contaba con 39 plantas industriales: 29 en la Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, una en México y otra en Perú. La compañía dispone además de 19 centros de distribución en América Latina y oficinas comerciales en los cinco continentes. Arcor factura unos 3.200 millones de dólares por año. Exporta a más de 120 países y, prácticamente, la mitad de esas operaciones se da en el interior de la red intracorporativa. A la empresa, especialista en márketing, le gusta hablar de sus cinco etapas: los orígenes en Arroyito como una fábrica de caramelos (1950-1970), la consolidación de una empresa multiproducto con cobertura nacional e inicio exportador (1970-1980), la creación de un grupo de alimentos nacional con una incipiente internacionalización (1980-1990), la expansión hacia la conformación de un grupo latinoamericano con proyección internacional (1990-2000) y, por último, la etapa actual en que Arcor es caracterizada como una empresa global.

La globalización de Arcor estuvo acompañada por la globalización de sus propietarios. Los Panama Papers revelan que los miembros de la familia Pagani —Luis, Alfredo, Mario, Lilia y Claudia— y directivos de la compañía figuran al frente, por lo menos, de siete compañías offshore. No se trata de firmas abiertas a lo largo de un extenso período de tiempo, sino que forman parte de un pedido simultáneo realizado por los dueños de Arcor en 2012. Las gestiones se hicieron desde las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, que recibió las solicitudes de los argentinos a través de la firma uruguaya Baker Tilly.

Desde la empresa —como la mayoría de las compañías que respondieron las consultas para este libro— aseguraron que las offshore vinculadas con los Pagani y directivos de Arcor que salieron a la luz con los Panama Papers son estructuras societarias personales que se encuentran debidamente declaradas. La familia Pagani había indicado además al diario La Nación que las sociedades offshore “son estructuras típicas en contribuyentes que tienen operaciones industriales y comerciales en distintos países”. Ninguna de las offshore donde los dueños de la fabricante de golosinas se alternan en los directorios presenta un nombre referido a Arcor. Tampoco están vinculados con las decenas de unidades de negocios de la compañía alrededor del mundo. Las denominaciones de fantasía utilizadas por los Pagani y sus socios para las offshore fueron Roquel Properties, Quinam Investments, Karoby Consulting, Lafico Group, Ragley Enterprises y Kerry Consultants.

Los correos disponibles en la base de datos muestran que la función de esas empresas no fue industrial ni comercial sino financiera. Consultado por Mossack Fonseca sobre el objeto de las offshore que estaba entregándole, el estudio uruguayo contratado por los Pagani respondió que todas las empresas realizaban inversiones financieras mediante cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos, Suiza y Uruguay.

En este punto es válido señalar que Arcor es una de las 25 empresas que más divisas extrajeron del país cuando se suman las distintas filtraciones y listados existentes entre 2001 y 2014.

Presidente de la firma desde 1993, Luis Pagani figura en los Panama Papers como el titular de Roquel Properties Ltd., una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas en abril de 2012. No está solo. Los documentos de Mossack Fonseca muestran que lo acompañó su esposa, María Eugenia Novoa. El empresario también está listado como directivo de Quinam Investments Ltd. “Nosotros Luis Alejandro Pagani y Alfredo Gustavo Pagani consentimos actuar como los directores de la compañía, con efecto inmediato”, reza el documento que muestra las firmas de puño y letra de los dos portadores del apellido corporativo. Quinam se registró un mes después de Roquel y tuvo el mismo domicilio. El correo electrónico que lleva adjunta esa diligencia revela la satisfacción de la empleada de Mossack Fonseca. “Una menos”, escribió.

Todavía faltaban algunas. Alfredo se haría cargo también de Laburnum Marketing, que fue montada siguiendo los mismos parámetros de sus predecesoras. En esos días de mayo, Lilia María Pagani y Mario Enrique Pagani aparecieron como los directivos y accionistas de otras dos offshore: Karoby Consulting Limited y Lafico Group Limited. En tanto, Claudia Pagani y José Martín, miembro del directorio de Arcor, figuran como responsables de Kerry Consultants. Por fuera del núcleo duro de la familia propietaria en ese mismo raid offshore, Víctor Daniel Martín fue dispuesto como accionista y director de Ragley Enterprises Inc. En ese momento, Martín era director titular de Arcor y, según afirmaban en la empresa, la mano derecha de Luis Pagani en el directorio. El empresario figura acompañado de su esposa.

La cadena de e-mails hace referencia a “8 adquisiciones”. Los autores identificaron la existencia de nueve empresas en esos intercambios, pero sólo pudieron corroborar que siete quedaron bajo la administración de los Pagani y sus socios. La offshore Daumont International, que iba a tener a Fulvio Pagani como administrador, habría terminado en Colombia. La otra compañía sobre la que no se pudo establecer vínculos irrefutables con Arcor a partir de la información provista en la base de datos se llama Arco Iris Internacional S.A. Esa empresa, cuya documentación figura entre las offshore montadas para los dueños de Arcor, fue creada en 2002 y está en Panamá. Todos sus directores llevan el apellido Kaufmann, apellido que coincide con el del director ejecutivo y ex titular de la Unión Industrial Argentina, Adrián Kaufmann Brea. El empresario aseguró no tener ningún vínculo, ni societario ni familiar, con la compañía panameña.

HSBC

Parte I: The offshore banker

El CEO del HSBC, Stuart Gulliver, era el beneficiario final de una cuenta en la subsidiaria de “private banking” del holding en Ginebra. La colocación con 7,6 millones de dólares no figuraba a nombre del banquero, sino que estaba administrada por la empresa offshore Worcester Equities con sede en Panamá. La revelación fue publicada por el diario británico The Guardian a finales de febrero de 2015, cuando no habían pasado diez días desde que el propio Gulliver había pedido “sinceras disculpas”. Un sinnúmero de maniobras irregulares había quedado expuesto en una filtración masiva de datos secretos que involucró a cerca de 107.000 individuos millonarios con depósitos en el HSBC Private Bank de Ginebra por un monto superior a los 102.000 millones de dólares.²⁷ Una copia de los datos que habían sido utilizados por las autoridades francesas, italianas, españolas, estadounidenses y argentinas para accionar contra el banco y los evasores con cuentas secretas terminó en manos de Le Monde y el ICIJ, que dieron forma a una investigación periodística global. En el pedido de disculpas firmado entonces por Gulliver, el holding reconocía haber montado una plataforma para facilitar la evasión y fuga de capitales. “Los estándares con los que hoy operamos no formaban parte de nuestras operaciones suizas hace ocho años”, admitía el banco.

A la hora de justificar su propia presencia en aquella filtración, el directivo más importante del Hongkong and Shanghai Banking Corporation envió un correo electrónico a todos los empleados de la entidad que luego fue distribuido entre los medios de comunicación. “Apreciables colegas: Es probable que hayan visto noticias publicadas en las que se especula sobre mis asuntos fiscales personales. Nunca es bienvenida una violación a la privacidad… Es importante para mí, como CEO del Grupo, que tengan plena confianza en que no hay nada, absolutamente nada, cuestionable acerca de mis asuntos fiscales personales… Hay una explicación muy simple al hecho de que tengo una cuenta en Suiza. Cuando estuve viviendo y trabajando en Hong Kong en la década de los 90, trabajábamos con un sistema de cómputo que permitía a los colegas ver los detalles de las cuentas de los demás. El HSBC ofrecía al personal la posibilidad de recibir el pago de sus bonos en cuentas del banco en el exterior después de deducir todos los impuestos usando una entidad distinta para mantener la privacidad de los empleados y asegurar la confidencialidad”. El texto de Gulliver precisa que “la cuenta suiza fue abierta en 1998 a nombre de una entidad panameña” y enfatiza que el uso de la offshore “no proporcionaba ninguna ventaja fiscal”, sino que “aseguraba mi privacidad dentro del propio Swiss Private Bank”.

La sociedad utilizada por Gulliver para administrar su cuenta en una de las subsidiarias más opacas del holding está presente en los Panama Papers. Los archivos de Mossack Fonseca muestran que Worcester Equities fue establecida en Panamá hacia finales de 2000, dos años después de la fecha indicada para la apertura de la cuenta por el CEO del banco en la misiva distribuida a los empleados del grupo.²⁸ La empresa creada para que Gulliver administrara la cuenta bancaria en la que llegó a tener 7,6 millones de dólares nació con la intermediación de los mayoristas panameños.

El banquero no es un representante de la cúpula empresaria argentina, pero su historia fue incluida por dos motivos. El primero, la documentación hallada por los autores no fue publicada en ninguno de los medios que participaron del proyecto original. El segundo, la filtración que tuvo a Gulliver como protagonista fue de suma relevancia para la Argentina, donde 4.040 individuos y empresas tenían colocaciones por una suma superior a los 3.000 millones de dólares.

Entre los archivos vinculados con Gulliver figura un documento manuscrito en el que se explicita que el HSBC Republic Trust Company en Ginebra fue el encargado de solicitar el montaje de la sociedad a Mossack Fonseca. Comunicaciones membretadas con el logo de la entidad muestran que los pagos a los panameños así como las modificaciones en la estructura de Worcester Equities eran requeridas por el banco. Entre los Panama Papers se repiten las maniobras en que un estudio contable o un bufete de abogados solicita la creación de una estructura offshore que termina siendo utilizada como pantalla para que sus clientes abran una cuenta bancaria. Pero, como muestra el caso de este banquero offshore, los contadores y abogados no tienen el monopolio de ese segmento del negocio: más de 500 bancos de todo el mundo solicitaron de manera directa a Mossack Fonseca la creación de 15.600 empresas offshore. Los registros analizados por ICIJ revelaron que el HSBC y sus subsidiarias controlan 15 de cada 100 de esas cáscaras societarias.²⁹

Acorde con las pretensiones de privacidad que llevaron al banquero a administrar la cuenta secreta suiza a través de una offshore panameña, el nombre de Gulliver no figura en el directorio ni entre los accionistas, y tampoco hay precisiones sobre el beneficiario final. En las actas fundacionales de la firma que el CEO del HSBC reconoció controlar figuran los tradicionales directores de paja panameños, mientras que las acciones fueron emitidas al portador. Pero la opacidad no era suficiente. A los pocos meses de su creación, desde Suiza dieron la orden de sustituir a los directivos de Worcester Equities. Los prestanombres de Mossack Fonseca fueron reemplazados por tres sociedades radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Una firma denominada Second Corporate Director fue designada como presidente de la offshore creada para administrar la cuenta bancaria en Suiza; First Corporate Director quedó como tesorera, y Third Corporate Director terminó en la posición de secretaria. Esa troika de “directores corporativos” de paja había nacido en simultáneo durante 1998. Los documentos revelan que esos nuevos directores emitieron un segundo certificado de acciones a favor de Worcester Foundation que se sumaba al título originario emitido al portador. A nombre de esa segunda sociedad sobre la cual existen escasos datos, Gulliver había administrado una segunda cuenta en el HSBC de Ginebra que ya estaba cerrada cuando ocurrió aquella filtración.

La estructura montada para el CEO del banco —como él mismo reconoció en su carta aclaratoria— tenía como objetivo fortalecer el secretismo asociado a su cuenta en la sucursal de banca privada del holding de Ginebra. Los 7,6 millones de dólares depositados en el sistema bancario suizo estaban administrados por una empresa de Panamá cuyos directores eran tres sociedades montadas en las Islas Vírgenes Británicas sobre las cuales no hay información entre los Panama Papers. La audacia de Gulliver y la creatividad del HSBC en Ginebra se complementaron a lo largo del proceso con la colaboración de Audina Treuhand AG, una firma de facilitadores especializados en la protección de activos. “Como un emprendedor que opera a escala internacional es natural que estés inclinado a organizar tus negocios y finanzas de una forma donde se aprovechen las alícuotas impositivas más favorables y eficientes y proteja sus activos. La realidad, sin embargo, puede ser mucho más complicada”, explica a sus clientes la empresa cuyo cuartel general está en Liechtenstein. El pequeño principado de 160 kilómetros cuadrados con apenas 40.000 habitantes situado en el corazón de Europa ofrece, según enfatizan los expertos de Audina Treuhand, “una estructura legislativa liberal y flexible combinada con leyes muy estrictas de secreto bancario que son unas de sus virtudes más fuertes”.

Parte II: Filtraciones cruzadas

La grieta al secreto bancario suizo la propició Hervé Falciani. El ingeniero informático suizo-italiano trabajaba en el holding desde el año 2000, y en 2006 fue trasladado a la sucursal de private banking de Ginebra para reforzar la seguridad en la base de datos. Mutó con el paso del tiempo la historia sobre el origen y las razones de la filtración que expuso los abusos canalizados por el HSBC a través de la principal guarida fiscal del planeta. En su primera versión, Falciani sostuvo que se había dado cuenta de que estaba frente a un caso de evasión a escala mundial y entonces decidió primero advertir a los responsables del holding, luego a las autoridades judiciales suizas y, ante la renuencia de esos interlocutores, entregó la información secreta que había copiado a los franceses. Era la historia de un arrepentido que, según la réplica planteada desde el banco, había sido forzado hacia ese camino tras frustrarse sus intentos por vender los datos. En 2015, Falciani publicó un libro llamado La caja fuerte de los evasores, en el que reformuló la historia originaria, dando a entender que la filtración había sido motorizada por un servicio de inteligencia no identificado. El ingeniero informático, en esa versión, ni siquiera habría sido el encargado de sustraer los datos de la base del banco, sino que eran otros empleados del HSBC los que robaban los datos secretos. En cualquier caso, la información robada terminó en manos del fisco francés. La agencia impositiva llevó adelante sus propias investigaciones y se convirtió en la encargada de administrar la información que luego compartiría con el Reino Unido, Italia, los Estados Unidos, Alemania, Grecia, Irlanda, India, Bélgica, Portugal, España y la Argentina. Cada uno de esos países realizó investigaciones administrativas y/o judiciales sobre el accionar del banco y sus clientes. Las autoridades fiscales del país galo aseguran haber recuperado 1.200 millones de euros en impuestos evadidos. En España, por ejemplo, los datos aportados por los galos le permitieron a la Agencia Tributaria recuperar 260 millones de euros de contribuyentes que, como el fallecido ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín, habían utilizado los servicios del HSBC para evadir impuestos.

El ingeniero informático también colaboró con la elaboración del informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos publicado en 2012. El documento, titulado “Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC”, apunta a identificar debilidades en los sistemas de supervisión bancaria sobre lavado. Las evidencias sobre las facilidades ofrecidas por el holding a sus clientes fueron tan contundentes que la entidad aceptó pagar una multa de 1.900 millones de dólares para cerrar el caso y eximir a todos sus directivos de potenciales causas penales.³⁰ El del HSBC no es un caso aislado. Un informe de The Boston Consulting Group registró que, entre 2009 y 2014, Credit Suisse, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, BNP Paribas, Wells Fargo, Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, ING, Santander, UBS, Merrill Lynch, Lloyds Banking Group, Rabobank y Citigroup desembolsaron más de 178.000 millones de dólares para evitar juicios o disminuir sanciones de los respectivos organismos de control. Entre los actos de corrupción detectados figuraban la manipulación de mercados, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la falsificación de datos y el fraude.

“Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Estamos profundamente apenados por ello. Hoy somos una organización diferente de la que cometió esos errores”, lanzó en 2012 el presidente ejecutivo del HSBC, Stuart Gulliver. El pedido de disculpas se repetiría tres años después, tras el estallido de los Swiss Leaks. El empresariado argentino, como no podía ser de otra manera, también dijo presente en aquella filtración. Las identidades de esos individuos se conocieron antes de la fecha de publicación elegida por Le Monde, ICIJ y el resto de los medios convocados para analizar los datos robados por Falciani.

La información referida a los clientes argentinos fue entregada a la AFIP en septiembre de 2014. El ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, que siete meses antes se había reunido con Falciani en Lyon, recibió un CD encriptado de la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia. Era un listado con 4.040 fichas de empresas e individuos argentinos que, al momento de la filtración, figuraban como clientes del HSBC Private Bank de Ginebra. La suma de todas las colocaciones rondaba los 3.000 millones de dólares que, según ICIJ, colocó al país en el puesto 19 de acuerdo con el monto de los activos descubiertos. Nombres, empresas asociadas, offshore utilizadas como pantalla, metodología de contacto de la entidad con esos individuos, apoderados de las cuentas, individuos habilitados para operar online, contactos telefónicos y personales, fechas de apertura, los activos que conformaban las colocaciones y los resultados mensuales entre 2006 y comienzos de 2007 daban forma a la información con la cual la AFIP presentó una denuncia en noviembre. Apuntó contra las empresas e individuos que figuraban como titulares de las cuentas no declaradas en el banco suizo, pero incluyó además a los facilitadores de esas maniobras abusivas y al propio HSBC, por considerar que había montado “una plataforma ilegal con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos”. Las acusaciones contra los evasores no lograron avances significativos en los tribunales a pesar del trabajo realizado por la fiscalía, mucho menos prosperaron las denuncias contra el holding y sus directivos. Algunos reconocieron los impuestos adeudados y pagaron, pero no son pocos los imputados que se acogieron a los sucesivos blanqueos de capitales para regularizar su situación. Más allá de las limitaciones políticas y judiciales para avanzar en una investigación, la filtración y la denuncia lograron exponer un conjunto de maniobras de fuga y evasión realizadas por empresarios, herederos, profesionales exitosos, celebridades, jugadores de fútbol y políticos a través del HSBC en Suiza.

Los Panama Papers dan cuenta del activismo offshore de algunos de esos 4.040 sociedades e individuos argentinos que, a través de sus abogados y contadores, utilizaron los servicios de Mossack Fonseca para canalizar sus negocios offshore. La doble presencia más renombrada es la de la fallecida empresaria María Amalia Sara Lacroze de Fortabat. La ex propietaria de Loma Negra figuraba en los Swiss Leaks como titular, junto con su nieta, de la tercera cuenta más abultada en el HSBC y contaba con la colaboración del ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, para administrarla. En tanto su nombre apareció en la base de datos de los mayoristas panameños vendiendo un campo en Uruguay a una offshore panameña. Si la relevancia de la presencia se determina por el tamaño de los depósitos en el banco suizo, la segunda mención corresponde a Jorge Emilio Riveiro. El titular de la consultora de recursos humanos CCN figura al frente de una colocación con más de 10,4 millones de dólares en el holding helvético, mientras que en los Panama Papers el abogado y escribano aparece como beneficiario de un poder de abogado para operar una offshore panameña llamada Chevalier Global.

La familia Fleisman (Jorge, Gabriel, Marcelo y Susana) era titular de una de las colocaciones que la AFIP denunció en 2014 porque no había sido exteriorizada en las declaraciones juradas de ninguno de sus propietarios. La cuenta controlada por ese grupo familiar vinculado con un estudio de abogados especializado en accidentes de trabajo ascendía en 2006 a los 6,5 millones de dólares. No era su primera incursión en el mundo offshore. Los Panama Papers muestran a los mismos miembros de la familia Fleisman como titulares de la offshore Waxford Investments, radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Los archivos referidos a la firma dan cuenta de una operación de venta de acciones canalizada en Zurich a través del Clariden Bank.

En el caso de los propietarios de la empresa de servicios portuarios y logísticos Organización Román, la doble presencia no se concreta. El grupo poseía dos cuentas en el banco suizo, pero la offshore diseñada con Mossack Fonseca no vio la luz. Una de las cuentas bancarias controladas por el grupo en el HSBC de Ginebra estaba a nombre de Exolgan, la terminal portuaria ubicada en Dock Sud, una de las más relevantes del país, con 50 hectáreas para contenedores y 1.200 metros lineales de muelle. Desde la compañía explicaron que esa colocación era utilizada para cobrar servicios a clientes del exterior y aseguraron que “esas operaciones sí estaban declaradas”. La segunda cuenta estaba a nombre del empresario Alfredo Alberto Román y su hija Ivana. Esa colocación bancaria en Suiza estaba destinada a administrar ahorros de los accionistas del grupo y, según figura en los registros judiciales, exhibió un saldo de 5,7 millones de dólares en agosto de 2006. En los Panama Papers, el contacto de Román con Mossack Fonseca se canaliza a través de una firma de asesores tributarios argentinos. El breve intercambio con los panameños estuvo a cargo del Estudio McEwan. En su sitio web, el estudio se presenta como una empresa fundada “con el objetivo de brindar soluciones creativas y confiables con el más alto nivel de valor, mediante un sofisticado asesoramiento legal tributario y de servicios impositivos, dirigido a familias de alto patrimonio, empresas nacionales, corporaciones multinacionales, entidades fiduciarias y fondos de inversión”.

Los e-mails filtrados muestran que McEwan se contactó con Mossack Fonseca para crear Fundación Román e “instrumentar un mecanismo de decisión, control y gestión del patrimonio de la familia del fundador”. Pero Román nunca firmó los documentos, y la fundación panameña quedó trunca. “Hubo un cambio de planes del cliente. Te pido igualmente saques la factura a nombre del estudio con las horas hasta acá insumidas. Gracias”, explicaron desde McEwan a Mossack Fonseca. “No sabemos nada sobre este tema”, respondieron desde la firma al ser consultados por los autores. En la última elección presidencial, Ivana Karina Román y su pareja Ricardo José Mihura Estrada fueron los principales contribuyentes a la campaña de Cambiemos (sólo superados por el propio Mauricio Macri) con 1.500.000 y 1.481.215 pesos, respectivamente. La contribución fue denunciada como sospechosa por la Procelac en un informe presentado en agosto de 2016 ante la fiscalía federal electoral, que a su vez abrió una investigación que también incluye al cuñado presidencial, Daniel Awada.

Los Panama Papers revelan cómo algunos argentinos que eran titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra recurrieron a los servicios de Mossack Fonseca para diseñar las estructuras a través de las cuales administraban sus depósitos. Entre los beneficiarios de las 100 colocaciones más abultadas es posible identificar por lo menos a dos millonarios argentinos que, como hizo el CEO del holding anglo-asiático, utilizaron sociedades pantalla provistas por los panameños para incrementar su privacidad.

Nashe Continental Development es la offshore radicada en las Islas Vírgenes Británicas para que Débora Rebeca Benhamu Oppenheimer controle una cuenta con 5,2 millones de dólares. Montada en la misma guarida caribeña, Hack Real Estate Ltd. está asociada a la colocación de 4,7 millones de dólares del abogado Carlos Alberto Basílico. “Recibimos solicitudes de la Autoridad Fiscal Internacional de Islas Vírgenes Británicas en relación a las siguientes sociedades que actualmente están bajo la cartera del HSBC en Ginebra: Hack Real Estate Ltd. y Nashe Continental Development Limited”, advierte a mediados de 2015 una abogada en un correo interno del área de Cumplimiento de Mossack Fonseca. Cuando llegaron los requerimientos, ambas sociedades llevaban años dadas de baja pero en ningún caso había transcurrido el lustro durante el cual los intermediarios panameños estaban obligados a conservar los registros. Los datos estaban incompletos. Sabían que los beneficiarios finales de ambas sociedades eran los argentinos, pero no era sencillo obtener la información necesaria del cliente, el HSBC Private Bank de Ginebra, para responder el pedido de información. Desde las oficinas de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes y Panamá recurrieron a su contraparte ginebrina, pero su respuesta fue terminante: “No creo que se pueda conseguir nada. He tratado de hablar con las personas del HSBC pero este banco se ha vuelto muy particular y no quieren hablar con nadie ni decir nada sobre una sociedad o persona. Como sabrás el holding está perseguido por varios países por ayudar a evadir dinero. Con este problema ellos se han cerrado… en cuanto preguntas por una sociedad o persona te dicen que no pueden contestar y te cuelgan el teléfono”.

Los correos más antiguos referidos Nashe Continental Development, enviados entre 2005 y 2012, muestran que la cuenta en el HSBC estaba a cargo del “Israel Country Team”, el equipo del banco en Ginebra dedicado a cubrir las necesidades de clientes israelíes. Sin embargo, la titular de la colocación había nacido en la Argentina en 1973. Apenas recibieron el requisito de información desde las Islas Vírgenes Británicas, una rápida búsqueda en Google les permitió saber que la offshore había sido denunciada por la AFIP pero para responder necesitaban recabar datos que desconocían.

Primero hicieron renunciar de manera retroactiva a los testaferros que habían provisto y, después de lamentarse por la falta de información y reconocer en los correos internos que no habían realizado los controles debidos, decidieron enviar todo lo que tenían a mano. “Podemos confirmar lo siguiente: 1) Nosotras renunciamos como directores en 2013. 2) La compañía fue administrada originalmente en favor de la única accionista, Débora Rebeca Benhamu Oppenheimer por Kamona Diengani del HSBC Private Bank (Suiza)”, indicaba la respuesta firmada por una de las directoras de paja.

En el caso de Hack Real Estate Ltd., los archivos no permiten conocer cómo fue la respuesta de Mossack Fonseca, pero los datos indican que su titular era el abogado Carlos Alberto Basílico. Además de la sociedad con la que controlaba su cuenta en el banco, los Panama Papers vinculan a Basílico al menos con tres offshore más: South American Partners Investments, Heywood Managament y Canberra Commercial Limited. La cuenta bancaria de Basílico fue abierta en 1997, y la cáscara offshore se sumó tres años después. No se trata de un nombre más. Basílico fue durante décadas el representante en Buenos Aires de Edmond Safra, el propietario del Republic National Bank of Nueva York. El banquero de origen libanés fue quien en 1999, antes de ser asesinado, acordó la venta de su banco al HSBC. La multimillonaria operación incluyó el traspaso de las sucursales suizas del Republic que estaban encargadas de administrar grandes fortunas sin hacer demasiadas preguntas. El HSBC mantuvo intacta esa tradición.

Celulosa Argentina | Urtubey

Fundada en 1929, Celulosa Argentina cambió de manos en distintas oportunidades y se convirtió en 1990 en la primera de las firmas argentinas en ser adquirida por el Citibank. La compra se concretó cuando los estadounidenses cancelaron la acreencia de la empresa con el Banco Nacional de Desarrollo. Para eso, entregaron parte de los devaluados títulos de la deuda externa argentina que arrastraban desde la última dictadura, en lo que fue el puntapié inicial para su estrategia de compras de distintas empresas. Desde entonces, Celulosa quedó bajo control de lo que dos años después se convertiría en el Citigroup Equity Investments (CEI). Entre los diversificados intereses iniciales del fondo de inversiones figuraron Telefónica de Argentina, Altos Hornos Zapla, Transportadora Gas del Sur, Hotel Llao Llao y Frigorífico Rioplatense, entre otras compañías, pero su operatoria se concentró en telecomunicaciones, medios y servicio de televisión por cable. Con el paso de los años, las acciones del Citibank en el CEI se redujeron. En su lugar comenzó a crecer la participación de República Holdings del banquero-testaferro Raúl Moneta³¹ y, más adelante, ingresó el fondo norteamericano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F). Así fue que a fines del siglo pasado, cuando el país estaba al borde de entrar en crisis y mientras Moneta se hallaba prófugo luego de haber sido procesado por administración fraudulenta en la liquidación de los bancos República y Mendoza, los responsables de HMT&F quedaron al frente del CEI. Entre las distintas operaciones concretadas por esos años figura la transferencia del control de Celulosa Argentina a los uruguayos encabezados por los Calcagno Oribe que estaban al frente de la Fábrica Nacional de Papel.

Es en ese momento cuando Mossack Fonseca entra en acción. La oficina en Uruguay fue la encargada de montar la empresa Fanapel Investment Corp. en Bahamas, con la cual los nuevos propietarios del otro lado del Río de la Plata pasaron a figurar como dueños de la papelera argentina. Las detalladas comunicaciones internas, sin embargo, están concentradas entre 2006 y 2015. Durante los primeros dos años de ese período se registró un nuevo pase de manos. Un grupo empresario de capitales nacionales llamado Tapebicuá adquirió Celulosa Argentina y se convirtió en una de las industrias papeleras más grandes del país. Desde entonces, los accionistas mayoritarios controlan la empresa a través de una red de sociedades offshore que, además de Bahamas, recorre las Islas Caimán, España y Delaware. Los socios son tres: José Urtubey, Juan Manuel Collado y Douglas Lee Albrecht. El primero es dirigente de la Unión Industrial Argentina y hermano del gobernador de Salta. El segundo es un empresario y político salteño que fue candidato a gobernador por el partido de Mauricio Macri en las elecciones que lo llevaron a la Casa Rosada. O sea, el segundo accionista perdió con el hermano del primero aquella contienda electoral en 2015. El último es un empresario de origen estadounidense radicado en argentina con intereses en distintas actividades.

A diferencia de otros casos recabados entre los Panama Papers, las offshore utilizadas por Urtubey, Collado y Albrecht para ejercitar sus derechos accionarios no son ningún secreto. La información está detallada en sus balances contables y prospectos de emisión de obligaciones negociables, uno de los instrumentos financieros utilizados por las empresas para financiarse en el mercado de capitales. Todos esos datos son públicos. La información disponible en la Comisión Nacional de Valores se condice con la documentación hallada en la megafiltración. Mossack Fonseca empezó a intermediar en el montaje de la estructura offshore de control de Celulosa Argentina antes del desembarco de los socios argentinos, pero se mantuvo activo y diligente a los pedidos del Grupo Tapebicuá y sus abogados en Uruguay, al menos, hasta marzo de 2015. En esos correos figuran actas para administrar las distintas firmas, copias de los pasaportes de los accionistas argentinos, contratos de créditos tomados por las subsidiarias offshore de las empresas y hasta un minucioso “árbol genealógico” de la compañía.

Las “sociedades holding” son aquellas cuyos activos están compuestos por acciones de otras empresas. Las estructuras utilizadas por el Grupo Tapebicuá y gran parte de las principales empresas argentinas ofrecen ventajas organizativas, financieras y, claro está, fiscales. El montaje de una cadena de distintas firmas donde una es dueña de la otra en España, Delaware y Caimán crea las condiciones para que los accionistas exploten las zonas grises de la legislación tributaria argentina, minimizando su carga impositiva. Las maniobras son legales.

Desde la compañía enfatizaron que toda la información no sólo está debidamente declarada sino que es de acceso público por tratarse de una empresa cotizante en la Bolsa de Comercio y, además, argumentaron que la estructura de control donde proliferan empresas offshore fue heredada de los propietarios uruguayos y los inversores extranjeros a quienes se asociaron para concretar la compra de la papelera en 2007. En ese primer momento de la operación, el banco suizo Credit Suisse y el fondo norteamericano HBK Investment ostentaban el 80% de Tapebicuá, mientras que el trío de inversores locales tenía el otro 20%. Una vez consolidada la operación, Urtubey, Collado y Albrecht aumentaron su participación y pasaron a controlar la firma. Desde entonces, los tres socios mayoritarios administran sus acciones a través de empresas extranjeras. Los salteños lo hacen a través de dos empresas uruguayas y el estadounidense-argentino controla su parte individualmente y a través de un fideicomiso familiar. “No hay nada extraño. Las empresas están declaradas y se pagan los impuestos correspondientes”, reiteraron ante la consulta de los autores.

Ex Aluar y ex YPF | Madanes

“Estoy necesitando una panameña nueva en forma urgente, tiene que estar legalizada y en Montevideo el miércoles próximo.” El requerimiento llegó desde el estudio uruguayo Scaglia & Asociados cuando terminaba febrero de 2015. Recibieron la respuesta seis horas después. Constituida a principios de año, Mylton Services Portfolio estaba disponible. Quien estaba ansioso por hacerse de un vehículo offshore era Miguel Madanes. Hijo de uno de los propietarios del Grupo FATE-Aluar, Miguel se desempeñó como directivo en las empresas del grupo entre 1976 y 1992 cuando, tras la muerte de su padre, esa rama de la familia quedó fuera del monopolio productor de aluminio y la fabricante de neumáticos, empresas que desde entonces controla su primo Javier Madanes Quintanilla. A partir de 1995, Miguel se convirtió en vicepresidente de YPF y dos años después llegaría a la presidencia de la petrolera, aunque su designación fue meramente protocolar.

El documento revelador entre los archivos de los Panama Papers referidos a Madanes es el formulario que llenan los clientes antes de adquirir su offshore. Allí figura que el propósito de la firma será adquirir acciones por un monto total de 250.000 a 1.000.000 de dólares. A la hora de responder a Mossack Fonseca sobre la fuente de los ingresos que alimentarán la compañía, los intermediarios uruguayos tildaron el casillero “Otros”, pero sin especificar cuál. Solicitaron acciones al portador, la provisión de directores pantalla y la elaboración de un poder general con validez de tres años para Madanes y Ricardo Scaglia, titular del estudio que asesoraba al cliente, ex presidente de la aerolínea uruguaya PLUNA y ex responsable de la empresa eléctrica estatal de ese país. Los datos se completan con la información sobre el beneficiario final, donde sólo figura el hombre de negocios argentino. “Yo poseo el 100% de Mylton Services, cuyas acciones son nominativas y están a mi nombre”, explicó Madanes al diario La Nación en 2016. La empresa, precisó, fue utilizada para adquirir el 10% de una cementera uruguaya llamada Cimsa. No era su primera aventura offshore.

“Es para tener un resguardo de los exabruptos que pueden tener las acciones del Gobierno. Por eso, quiero preservar un pedazo de mi patrimonio afuera del país. Si hay ventajas fiscales [con respecto a operar en la Argentina], me preocupa menos. Esencialmente es un resguardo de mi capital”, sostuvo Madanes en 2003 cuando su nombre apareció en otra filtración de información financiera secreta conocida como Offshore Leaks. “Fui accionista de Aluar, Fate y Telefé, entre otros emprendimientos. Ese dinero proviene de mi actividad empresarial”, precisó entonces ante la consulta de La Nación. El diario había revelado la existencia de una red de empresas montada a través de distintas guaridas fiscales, que era utilizada por Miguel y sus hermanos para administrar la abultada fortuna heredada de su padre en 1988. Ese entramado estaba compuesto por cuatro sociedades anónimas en Panamá, tres firmas y un fideicomiso en las Islas Vírgenes, una sociedad en la Isla Man, tres en Bahamas, dos en las Islas Cook y cuentas bancarias en el Clariden Bank de Suiza.

Uno de los fideicomisos revelados en esa filtración se llama The Hastings Trust y fue montado en las Islas Cook en el año 2000. Su antecesor había sido otro fideicomiso con idéntica denominación pero registrado en las Islas Vírgenes Británicas en los años ochenta para administrar la colección de arte de los Madanes. Esa firma estuvo en el centro de una extensa disputa familiar en la que Mónica, la hermana de Miguel, lo acusó a él y a sus hermanos de querer quitarle su parte de la multimillonaria herencia. La disputa judicial, que recorrió los tribunales de la Argentina, los Estados Unidos y Suiza, se resolvió con un acuerdo entre las partes. Esa rama de los Madanes debió desvincularse de Aluar y FATE. Mónica, por su parte, abandonó la actividad corporativa y dejó su fortuna en manos de su hijo, Matías Garfunkel, otro activo usuario de las facilidades offshore.

El admirador del Che | Garfunkel

Matías Garfunkel figura en los Panama Papers como beneficiario final de las offshore Collette Finance y Liberty Bell. No lo hace con nombre propio como accionista o director. Tal vez por eso cuando fue consultado desconoció su participación en esas empresas. No lo recordaba. Collette Finance fue registrada en enero de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, y el empresario la controlaba mediante uno de los los habituales poderes de abogados que emiten las compañías en favor de quienes prefieren minimizar su presencia en los documentos oficiales. Las atribuciones son muy amplias, tanto que es posible asegurar que le garantizaron a Garfunkel el control total de la offshore. El poder se extendió siete meses después del nacimiento de Collette Finance y fue autorizado por el uruguayo Marcelo Saúl Rivero Sosa, único director de la empresa.

A diferencia de la mayoría de los casos de empresarios argentinos presentes en la filtración, entre los archivos sobre las sociedades vinculadas con Garfunkel hay escasos correos electrónicos. Los documentos existentes dan cuenta de la rutina de apertura de la firma: actas del directorio, listados de directores, formularios, estatutos, fotocopias de documentos y permiso.

El año que Collette nació, Garfunkel y el banquero Raúl Moneta compraron las radios Rock&Pop, Metro y Blue 100.7 al grupo mexicano CIE. Ese año, el empresario también estuvo alineado en la carrera por adquirir la empresa de telefonía Telecom Argentina, y eso lo mantenía cerca del ex presidente Néstor Kirchner. Tres años después, cuando la offshore fue desactivada, Garfunkel casi muere. Tuvo un accidente automovilístico en una ruta patagónica, que lo dejó en coma.

Garfunkel heredó de su madre, Mónica Madanes, y de su padre, Jorge Garfunkel, parte de las fortunas que ambas familias hicieron con empresas como BGH, Iveco, Del Buen Ayre, Fate y Aluar. El heredero se hizo conocido por sus affaires amorosos. Estuvo vinculado con Zulemita Menem, Luciana Salazar y la cantante Alla Garkusha. Garfunkel es abogado y doctor en Filosofía. Admira al Che Guevara, “su idealismo y su sacrificio en pos de un objetivo”, pero no “su visión de la lucha armada”. Después de asociarse con Moneta, Garfunkel incursionó una vez más en los medios de comunicación al asociarse con Sergio Szpolski en el Grupo 23. Estuvo procesado por contrabando de obras de arte y antigüedades. Y fue fotografiado con ropa de caza y una escopeta al lado de animales muertos. En esas provocadoras y ostentosas imágenes figura su segunda esposa, Victoria Vannucci. Junto a sus socios, entre los que figuran Szpolski, y los ex SIDE, Richarte, Fernández y Gallea; Garfunkel fue denunciado por el vaciamiento del multimedial Grupo 23, que dejó a cientos de trabajadores, en su mayoría periodistas, en la calle.

Sobre la otra offshore que lo tiene como protagonista, los registros de Mossack Fonseca dicen poco. Existe un solo documento que la menciona entre los 11,5 millones que hay en la base de los Papers. Es un archivo con formato de página web (con extensión .html) que forma parte del sistema interno, en el que se leen tres datos: el nombre de una compañía —Liberty Bell Limited— y el nombre de sus directores, Matías Garfunkel (presidente) y Mariana Garfunkel (secretaria). El apellido de Mariana es Gersztein y es la ex mujer del empresario. Liberty Bell es una offshore incorporada en diciembre de 1999 en las Bahamas y desactivada en abril de 2003. En abril de 2016, sus abogados afirmaron que “Liberty Bell Limited está inactiva hace muchos años, incluso antes de que Garfunkel volviera a vivir a la Argentina”. Después de vender en 1998 el Banco del Buen Ayre, se fue a vivir al exterior, primero con Gersztein y sus tres hijos, después con Vannucci y la hija de ambos.

Los aeropuertos | Eurnekian

Eduardo Eurnekian no tenía previsto participar en la licitación para la privatización de los aeropuertos que el gobierno de Carlos Menem había dispuesto por decreto en 1997. El empresario de origen armenio había probado suerte ofertando por el Correo Argentino, pero había perdido con el Grupo Socma de la familia Macri. Uno los consorcios que pretendían pujar en la licitación para administrar las terminales aeroportuarias estaba conformado por la estadounidense Ogden, la italiana SEA y la argentina Pérez Companc. Restaban apenas diecisiete días para realizar la primera presentación de las ofertas cuando los socios locales dieron un paso al costado y dejaron a los extranjeros sin la necesaria pata nacional. Ante la urgencia, desde el Ministerio de Defensa les sugirieron incorporar a Eurnekian en el consorcio. Como ni los italianos ni los estadounidenses lo conocían, las partes se acercaron a través de un viejo amigo del empresario: Marcelo Korzin, un comerciante que le vendía uniformes a las fuerzas armadas. Al recibir la propuesta, Eurnekian no lo dudó. Así se embarcó en un negocio que terminó siendo el puntapié inicial para convertir a la Corporación América, con 53 terminales en siete países, en uno de los principales operadores de aeropuertos del mundo.

Pero ese primer negocio de aeropuertos también sumergió a Eurnekian en una escandalosa disputa de poder, a la que eventualmente sobrevivió, en la que Mossack Fonseca cumplió un rol estelar. Según los Panama Papers, por lo menos ocho sociedades montadas entre 1996 y 2003 están involucradas en el entramado offshore utilizado para ese emprendimiento: cuatro fueron establecidas en Panamá, con los nombres Corporación América Sudamericana, Gallomy Enterprises, Plever Development y Lakeson Enterprises; tres en la Isla de Niue en el Pacífico sur, llamadas Sheehan Trading, Corporate Investment and Holdings y Everton Management, y una radicada en las Islas Vírgenes Británicas, con el nombre Woodborough Estates.

Con una fortuna estimada en 2.300 millones de dólares por la revista Forbes, Eurnekian era en 2017 uno de los tres empresarios más ricos del país. Su Corporación América se había consolidado como un gigante de la obra pública, con inversiones en sectores estratégicos como los de la energía, las finanzas, la tecnología y los alimentos, que se sumaban a las concesiones de los aeropuertos. Comenzó su vida comercial como industrial textil, heredando los negocios familiares que expandió y transformó en un emporio. Abandonó los hilados después de la crisis económica del año 1981 para pasar al poco tiempo a los medios de comunicación, donde fue uno de los pioneros en apostar, con el apoyo crediticio del Banco Nacional de Desarrollo, al negocio de la TV por cable. Adquirió la entonces ignota Cablevisión y la usó como plataforma para la conformación de un multimedios con radios, diarios y señales de televisión. Entre 1995 y 1997 se desprendió en parte de las acciones del cableoperador y también vendió sus empresas de medios, obteniendo ingresos por más de 700 millones de dólares. El paso siguiente fue la privatización de los aeropuertos, y su oferta ganadora al frente de Aeropuertos Argentina 2000.

El montaje de la estructura para controlar el 35% de las acciones del holding correspondientes a la Corporación América quedó a cargo de Marcelo Korzin, el amigo de Eurnekian que lo había puesto en contacto con los socios extranjeros del proyecto. Korzin recurrió a Mossack Fonseca. La operación comenzó con la adquisición de Chandler Holdings, una firma panameña creada en 1996. La empresa que cambiaría su nombre a Corporación América Sudamericana (CAS) y quedaría bajo el control de Sheehan Trading (15%) y Birchtree Properties (85%), dos sociedades establecidas en la Isla de Niue. Birchtree era de Eurnekian, y la participación minoritaria de Sheehan fue el pago realizado a Korzin por intermediar.

Los Panama Papers revelan que durante 1997 se registró una serie de maniobras tendientes a licuar el poder de Eurnekian en la compañía. “Por favor proceder con la compra inmediata de dos libros de diario y dos de actas para sociedades de Niue. Este asunto es de extrema urgencia, pues los libros deben ser autenticados y luego legalizados por apostilla para ser enviados en el día de hoy hacia Argentina”, indica uno de los correos internos de los panameños enviado en diciembre de 1997. A pedido de Korzin, Mossack Fonseca introdujo una serie de modificaciones en el estatuto de CAS para que ciertos temas sólo pudieran ser aprobados con el 100% de los votos de los accionistas. La maniobra, que impedía a Eurnekian imponer el peso de sus acciones, se completó con la emisión de un poder de administración sobre CAS a favor de Korzin y el subsiguiente nombramiento de Gallomy, Lakeson y Plever, las empresas de Niue, en reemplazo de los directivos originales.

Alertados de la jugada y ante la imposibilidad de una solución negociada, el titular de la Corporación América demandó a Korzin y, como se observa en los Panama Papers, al propio Mossack Fonseca. “En 1997 yo era dueño del 100% de las decisiones de CAS, en octubre de 1998, por actos desconocidos, resulta que soy del 50% porque ahora las decisiones se toman por unanimidad y de golpe en el año 2000 ya no existo, porque esas mismas decisiones se toman entre Korzin y alguien que yo no sé quién es… es decir que lo que comenzó como un acto de confianza y delegación de tareas terminó en un abuso, un fraude y en un despojo”, indica Eurnekian en uno de los escritos presentados por sus letrados, que los autores consultaron en Tribunales.

La demanda judicial estaba en marcha cuando el principal adversario comercial de Eurnekian, el Grupo Exxel de Juan Navarro, se sumó a la disputa al adquirir el paquete accionario de Korzin en CAS. No era el 15% original sino una participación mayor que el vendedor había construido con las distintas maniobras societarias fraguadas con la colaboración de Mossack Fonseca. La compra de las acciones de CAS, gracias a las cláusulas introducidas en los estatutos por Korzin, le permitía al Exxel Group bloquear cualquier movimiento de la offshore. Fue una movida agresiva en medio de la disputa que enfrentaba a Navarro con Eurnekian por el control de los depósitos fiscales y free shops.³²

Los archivos de Mossack Fonseca muestran que el nombre del cliente cambió en mayo de 2000 de Grupo Korzin a The Exxel Group pero, a pesar del cambio de denominación, los correos electrónicos revelan que Korzin se mantuvo al frente del vínculo con los panameños durante varios meses, hasta que se dirimió la pelea.

En Panamá, el caso estaba a cargo del gerente ejecutivo de la firma, Ramsés Owens. Entusiasmado, Owens invitó a los suyos a “convertir a este cliente en un hombre sumamente contento”. La orden que circulaba en la firma era contundente: “Toda documentación que llegue a la oficina para la sociedad Corporación América Sudamericana debe ser entregada inmediatamente, con carácter de extrema urgencia, al departamento legal”. El compromiso de los intermediarios panameños se observa en la cantidad y la extensión de los archivos vinculados con la disputa que, salvo contadas excepciones, superan a los de cualquier otro caso relacionado con la Argentina en los Panama Papers. “El cliente argentino, muy dadivoso, quiere expresar su complacencia… pide que nos gastemos el doble que la vez pasada, porque le facturé una cena de 209 dólares y dice que es muy poquito para lo que merecen todos… llevaré a quienes participaron… para que el convivio quede chévere a algún restaurante estilo Fridays”, informó Owens en marzo de 2000 en un correo interno enviado a Ramón Fonseca. El listado era extenso. Incluía, entre otros, al personal dedicado a la apertura y administración de las sociedades en la Isla de Niue, a asesores legales externos y a las habituales prestanombres de la firma, como Leticia Montoya, que figura en el cargo de directora en miles de sociedades alrededor del mundo.

Finalizado el juicio, el empresario no dudó en mantener el control de los aeropuertos a través de la estructura offshore heredada y del uso de plataformas en la red de guaridas fiscales. Los documentos filtrados muestran que, en septiembre de 2002, el titular del holding reaparece al frente de la panameña CAS. Eduardo Eurnekian reemplazó a la offshore Gallomy en la presidencia, mientras que Ernesto Gutiérrez Conte y Gustavo Andrés de Jesús, dos individuos alineados con el empresario, ocuparon los cargos que dejaron vacantes Lakeson Enterprises y Plever Development. “Obviamente, Eurnekian cambió de agente residente”, aseguraron desde la Corporación América. Mossack Fonseca dejó su lugar al estudio Quijano & Associates.

Cuando ya había recuperado el control de la estructura offshore desde donde se administraba su participación en AA2000, la Corporación América comenzaría una puja con el recién asumido gobierno de Néstor Kirchner por la renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos. La empresa de Eurnekian no sólo acumulaba millonarias deudas en el pago del canon previsto en la privatización, sino que tampoco había realizado las inversiones comprometidas. Los frentes abiertos para la compañía tampoco se agotaban ahí. A mediados de año, después de que Kirchner hubiera prometido, en su primer discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, “traje a rayas para los evasores”, se reactivó una investigación judicial iniciada en 2001 por evasión agravada contra Eurnekian, en la que el magistrado llegó a pedir la prisión preventiva del empresario. La AFIP le reclamaba una deuda por 13,9 millones de pesos, que con multas e intereses ascendía a 40 millones de pesos.

El origen de la investigación eran los 750 millones de dólares recibidos por la venta de Cablevisión.³³ Cuando se concretó esa operación el empresario transfirió los recursos a dos fondos fiduciarios que eran administrados por Citi Trust Limited de Islas Caimán e ITK Company Limited en Bahamas. Los giros realizados entre 1995 y 1997 figuraban en las declaraciones juradas de Eurnekian como “gastos y donaciones en el exterior”. Así desaparecieron fondos millonarios del patrimonio del empresario, permitiéndole evitar el pago del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a los Bienes Personales y el Impuesto al Valor Agregado. La autoridad fiscal consideró entonces que el uso de esos fideicomisos tenía como único objetivo eludir el pago de impuestos, ya que Eurnekian conservaba de manera indirecta la disponibilidad de los fondos. Pero la Justicia no compartió esa hipótesis. El Tribunal Oral Nº 1 en lo Penal Económico determinó el sobreseimiento, confirmado casi diez años después por la Corte Suprema, al considerar que los contratos que le permitían ocultar su identidad habían sido constituidos en el exterior, respetando las leyes que imperan en esas jurisdicciones. Por lo tanto, según el fallo, la denuncia de la AFIP no se ajustaba a la normativa nacional, ya que los fideicomisos no estaban regulados por la legislación local al haber sido constituidos en las Islas Caimán y Bahamas.

En los Panama Papers aparece ITK Company Limited, uno de los dos fondos fiduciarios de Eurnekian denunciados por la AFIP. El fondo aparece vinculado con la sucursal del banco suizo UBS en la capital del archipiélago caribeño. Los archivos de Mossack Fonseca vinculan al fideicomiso con otras 21 sociedades bahameñas; entre ellas, New Jade Investments, Miel Investments y Melstone Investments, tres firmas constituidas por Mossack Fonseca en diciembre de 1996.

Que el vínculo entre Eurnekian y Mossack Fonseca haya sido involuntario y turbulento no impidió que miembros de la familia contrataran los servicios del estudio panameño. Los documentos que conforman la megafiltración posicionan a Martín Francisco Eurnekian, uno de los sobrinos de Eduardo, como beneficiario final de una offshore creada en 2005, Airfuel International S.A. La empresa controlada a través de acciones al portador está vinculada con operaciones en Ecuador, donde el familiar del mandamás del holding estaba al frente del aeropuerto de Guayaquil.

Desde la Corporación América desconocieron cualquier vínculo del empresario e ingeniero que en 2017 se convirtió en presidente de AA2000 con la offshore y enfatizaron que operar con el estudio panameño había dejado de ser una posibilidad para el grupo. No es lo que muestra el intercambio de 2012, donde además de Airfuel se hace mención a Cedicor, el cascarón societario uruguayo con el cual la familia Eurnekian controla la mayoría accionaria de la Corporación América. A la salida de la convertibilidad, el holding amplió su presencia internacional sumando las concesiones de distintos aeropuertos alrededor del mundo y organizó esas operaciones a través de una estructura de empresas ubicadas en distintas guaridas fiscales. El investigador Alejandro Gaggero detalla, en “Fuga de capitales VII: Los efectos de la internacionalización y extranjerización de los grandes grupos empresarios argentinos”, que en la cima de la estructura se encuentra American International Airports LLC, una sociedad de responsabilidad limitada, creada el 8 de agosto de 2002 en Delaware, que hasta mayo de 2014 tenía como presidente a Martín Eurnekian. Después de pasar por dos cáscaras en las Islas Vírgenes Británicas, esa sociedad está controlada en última instancia por Southern Cone Foundation, una fundación constituida bajo las leyes del principado de Liechtenstein.

El prospecto de emisión de las obligaciones negociables de AA2000 emitidas en 2010 explica que “el propósito de la fundación es administrar sus activos a través de decisiones adoptadas por su directorio independiente. Los potenciales beneficiarios son miembros de la familia Eurnekian”. El trabajo realizado por Gaggero precisa además que American International Airports controla Cedicor, la firma con sede en Uruguay mencionada en los correos de Mossack Fonseca.

Aunque en la Corporación América prometieron no volver a vincularse con Mossack Fonseca, el sentimiento no parece ser mutuo. En 2009, la mayorista offshore se presentó a una licitación del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para administrar el Fondo de Fideicomiso para el Financiamiento de la Competitividad (Findec) y en la propuesta formal enviada a las autoridades se jacta de tres “transacciones comerciales relevantes” en las que la empresa estuvo involucrada. “Apelando a la mayor confidencialidad posible de las personas que tengan acceso a este documento”, la firma ofrece una breve descripción de cada una de esas operaciones: la fusión de los activos marítimos panameños con los grupos financieros japoneses Bank of Tokio y Banco Mitsubishi en 1996, la compra de parte de una casa de cambio colombiana a manos del panameño Grupo Mundial y “la tenencia patrimonial, en fiducia, de todo el grupo Aeropuertos Argentina 2000 en el año 1999 y 2000 que ahora es manejado por la familia Eurnekian de Argentina”.

La Serenísima | Mastellone Hermanos

Mastellone Hnos. es la principal empresa láctea de la Argentina y una de las propietarias de la marca La Serenísima.³⁴ La presencia de la compañía en los Panama Papers no está ligada al control de una porción de sus acciones a través de empresas offshore ni a la emisión de poderes especiales para operar cuentas bancarias en un paraíso fiscal. La compañía figura en los archivos sustraídos a Mossack Fonseca porque a comienzos del siglo XXI canalizaba una porción de sus exportaciones de leche en polvo a través de intermediarios que cobran sus comisiones por unir compradores con vendedores mediante firmas radicadas en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas. En ese reducto de la operatoria está instalada desde 2001 la compañía Across Enterprises. “Es un broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores y, por lo cual, cobra servicios. Tuvimos relaciones comerciales años atrás, pero no tiene ninguna vinculación societaria con Mastellone”, explicaron desde Mastellone Hermanos al referirse al contrato firmado con la firma offshore cuando los precios internacionales de las materias primas volaban.

Las empresas que exportan lácteos, miel, frutas o vinos no siempre tienen un departamento de comercio exterior dedicado a colocar sus productos. En el caso de Mastellone Hnos., la mayoría de sus ventas al exterior es realizada de manera directa con su subsidiaria Leitesol de Brasil, pero una porción de sus exportaciones, como la leche en polvo, se terceriza. El envío del producto al destino lo hace la firma láctea, pero la búsqueda del comprador y el cierre de la operación comercial-financiera están a cargo del intermediario que, una vez cerrado el negocio, cobrará su tajada. En 2016, el 10% de la producción de Mastellone Hnos. fue exportado, y el objetivo de la compañía para 2025 es que los mercados internacionales representen un tercio de su producción.

En la operación revelada por los Panama Papers el individuo elegido por Mastellone Hnos. es Ricardo Alberto James. El presidente y director de Across Enterprises tiene doble nacionalidad, argentina y británica, y lleva décadas inmerso en el mundo lácteo. James les aseguró a los autores que Across está declarada ante la AFIP, aunque para montar la estructura offshore recurrió al estudio uruguayo Víctor Paullier. “Este tipo de empresas son muy comunes en la exportación de materias primas, no hay irregularidades. Nosotros ponemos en contacto a los vendedores con los compradores que muchas veces son otros intermediarios o traders alrededor del mundo que luego revenden el producto”, sostuvo el ex titular del Centro de la Industria Lechera Argentina.

La elección de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, una de las guaridas fiscales inmersa en la telaraña offshore dependiente de la City de Londres, para intermediar en las exportaciones de firmas como Mastellone Hnos. respondería a que “Across Enterprises tiene asociados del exterior en cada operación que deben cobrar sus comisiones y que sea una empresa argentina no facilita”. En uno de los intercambios de correos vinculados con la offshore que figuran en la base de datos montada por ICIJ se observa que el intermediario intentó evitar que su nombre figurara en el contrato. No lo logró.

Hipódromo de Palermo | De Achával

El presidente de Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (HAPSA), Federico de Achával, figura en los archivos de Mossack Fonseca como beneficiario final de una empresa montada en Nevada denominada Val de Loire, creada a fines de octubre de 2005. La offshore es la propietaria del 37,21% de las acciones de HAPSA y, entre 2007 y 2013, el hipódromo le concedió por lo menos 60 préstamos que acumularon un total de 69,2 millones de dólares. Los fondos fueron depositados en cuentas del Deutsche Bank AG de Hamburgo y el PKB Privatebank en Suiza, pero los créditos nunca fueron reintegrados en forma líquida. Los contratos revelan que Val de Loire accedió a no percibir dividendos por su participación en HAPSA hasta cancelar la deuda. A diferencia de otros casos presentes en los Panama Papers, las maniobras reveladas primero por el equipo de periodistas del diario La Nación activaron investigaciones judiciales por el presunto delito de lavado de activos y evasión.

El titular elegido por el matutino argentino para su investigación fue: “Panama Papers: millonarios giros en dólares al exterior de un socio de Cristóbal López”. Si bien el apellido del empresario no aparece entre los e-mails y documentos referidos a Val de Loire, la compañía utilizada por López para canalizar sus negocios vinculados con los juegos de azar había sellado en 2007 una redituable unión transitoria de empresas (UTE) con HAPSA para explotar las tragamonedas del predio palermitano. Aquella asociación llegó junto con la decisión tomada por el ex presidente Néstor Kirchner, que días antes de finalizar su mandato extendió la concesión de HAPSA hasta 2032. Los voceros del Grupo Indalo desvincularon rápidamente a López y deslindaron toda la operatoria en Achával: “Val de Loire es de él. La usa para sacar parte de las ganancias de Hapsa al exterior y Cristóbal no tiene nada que ver con eso”. Por su parte, al ser consultados por La Nación, los voceros de Achával negaron que fuera el dueño de Val de Loire. Indicaron que el titular era Edmund Ward. Los archivos filtrados muestran que Ward fue el hombre designado como administrador de la empresa. Ingeniero con pasaporte británico, domicilio en Delaware y ex suegro de Ramón Fonseca, uno de los socios fundadores del estudio panameño, sus servicios eran utilizados por la firma como pantalla para distintas operaciones sensibles. Los colaboradores del empresario argentino indicaron que Ward no era el beneficiario final, sino que representaba a “inversores americanos”.

“Les adjunto escaneados los pasaportes de Federico Achával y Enrique Vienni, asimismo adjunto formulario con información personal del beneficiario final”. El correo electrónico enviado en 2009 desde el estudio uruguayo JP Damiani & Asociados está acompañado por cuatro archivos. Los primeros tres son los documentos referidos del presidente de HAPSA y Vianni, el director ejecutivo de la empresa. El cuarto es un documento titulado “Referencias del Cliente”, en el que se precisa que el beneficiario final es Achával. El archivo enviado por los intermediarios uruguayos indica que Achával es presidente de HAPSA y de la sociedad de bolsa Valfinsa, una empresa que también es accionista de la responsable del hipódromo. Entre los e-mails referidos a Val de Loire se encuentra además un poder emitido a Vianni para que los represente en la Argentina y existen instrucciones para que la offshore de Delaware le venda acciones a Valfinsa “sin que haya ningún movimiento de fondos ya que se compensarán créditos”. Asimismo hay formularios completados para la apertura de cuentas bancarias a nombre de Val de Loire en entidades como las estadounidenses Wachovia y JP Morgan o VP Bank de Liechtenstein. “Ellos son un poco paranoicos. Lo que pasa es que en la Argentina esta sociedad es dueña de un hipódromo y ahora hay un decreto de una institución en Buenos Aires que se llama Inspección General de Justicia que prohíbe que sociedades offshore tengan bienes y negocios en Buenos Aires por lo que si el papel parece ser panameño se meten en problemas”, escribió en un correo interno uno de los principales gerentes de Mossack Fonseca en Panamá al referirse a los requerimientos vinculados con Val de Loire.

Entre los miles de archivos asociados a la offshore accionista del Hipódromo de Palermo hay una operación que se repite de manera sistemática, la de contratos de préstamos en efectivo, denominados “mutuo”, efectuados por HAPSA a Val de Loire. La dinámica para concretar la transferencia de los fondos no circula de Delaware hacia Buenos Aires. La misiva donde el administrador de la offshore estadounidense pide en primera persona el mutuo millonario se redacta en Uruguay para llegar, después de hacer una escala en Centroamérica, a las oficinas de Nevada, donde requieren que Edmund Ward la firme. “HAPSA entregó en mutuo al Deudor la suma de US$ 1.100.000.” “HAPSA da en mutuo al Deudor, quien lo recibe de conformidad, la cantidad de US$ 500.000.” “HAPSA entregó en mutuo al Deudor la suma de US$ 1.300.000.” “Se pagará en el Deutsche Bank AG (Hamburgo).” “Se pagará en el PKB Privatebank en Suiza.” No todos los préstamos fueron en efectivo. En una de las operaciones Val de Loire solicita títulos públicos, un requisito que fue cubierto con la entrega de Boden 2015. Entre los archivos filtrados hay, por lo menos, 61 operaciones en las cuales se fugaron alrededor de 70 millones de dólares. En algunas de esas transacciones figura como partícipe necesaria una financiera panameña llamada Laforex Trading S.A.

Además de negar que De Achával fuera el beneficiario final de Val de Loire, desde HAPSA aseguraron a comienzos de abril de 2016 que “se trata de una operatoria legal, totalmente contabilizada, debidamente declarada en la AFIP y que ha tributado todos los impuestos que le corresponden”. De acuerdo con la versión de la empresa, “lejos de significar una práctica incorrecta, es la forma en la que HAPSA cumple con sus obligaciones respecto a sus accionistas extranjeros”. Si bien los archivos no vinculan la propiedad de Val de Loire con Cristóbal López, uno de los documentos muestra que la offshore fue la facilitadora para que su empresa Casino Club y HAPSA se asocien con Cirsa, la firma controlada por capitales españoles que opera el Casino Flotante de Puerto Madero, para explotar el casino de Rosario en 2007. Por esa gestión, Val de Loire recibió 6 millones de dólares que fueron pagados por otra offshore panameña, Endell Resources Inc.

El cliente “28201” | Boldt

Son seis las sociedades offshore vinculadas con los accionistas de Boldt —la empresa que explota el juego en la provincia de Buenos Aires desde la época de la gobernación de Eduardo Duhalde—, una bahameña llamada Automación Gráfica de 1998, tres firmas montadas en Panamá durante 2004 y 2009 que recibieron los nombres ICM, Equipos Sud Americana S.A. y Westgate International Corporation GMBH, y dos fundaciones de interés privado panameñas identificadas como Aldebaran Global y Antares Global. Los Panama Papers muestran que la familia Tabanelli, dueña de Boldt, al principio usó un estudio contable uruguayo para tratar con Mossack Fonseca, pero pronto asumió su propia representación. El presidente de la compañía, Antonio Ángel Tabanelli, figura en los registros de intermediarios con nombre y apellido como el cliente “28201”. Desde entonces, los e-mails de los panameños tienen como destinatario distintas cuentas de correo electrónico finalizadas @bolt.com.ar y, en muchas oportunidades, están dirigidos directamente a “Sr. Tabanelli”, aunque en la titularidad de las offshore lo acompañan sus hijos Rosana y Antonio Eduardo. Las casillas de la compañía argentina responden y adjuntan, por ejemplo, los comprobantes de las transferencias realizadas desde sus cuentas bancarias en el Credit Andorra de Panamá y el HSBC de Miami en los Estados Unidos para pagar por los servicios del mayorista offshore. Tabanelli declinó responder las consultas de los autores, pero sus voceros justificaron su presencia offshore a través de una imprecisa y amplia fórmula por la que adujeron “motivos económicos y la necesidad de tener operaciones comerciales en el exterior”.

Según los Panama Papers, la primera empresa que solicitaron los dueños de Boldt es Automación Gráfica. Fue montada en 1998 en Bahamas como “compañía inversionista”. Contaron con la ayuda del estudio uruguayo Etchegaray Albanell-Brum & Asociados. Nacida con acciones al portador, la empresa designa como único director y presidente a Juan Pedro Crisci Pisano, un hombre que reaparecerá en cada uno de los negocios offshore de Boldt e incluso representará intereses del grupo ante el Estado uruguayo. Un acta de “Resolución de los Directores” muestra que Crisci Pisano abrió una cuenta en el Trade and Commerce Bank de Islas Caimán el mismo día en que fue ungido titular de la IBC bahameña.³⁵ La resolución extiende a Tabanelli un poder para administrar esa colocación. A los dos años del nacimiento de Automación Gráfica, los registros de Mossack Fonseca muestran que los dueños de Boldt comenzaron a figurar como accionistas con nombre y apellido en sintonía con cambios en la legislación de Bahamas.

“El problema no es Ciccone sino Boldt”, aseguró en 2012 el entonces vicepresidente Amado Boudou. El día anterior, la Justicia había realizado un allanamiento en un departamento de su propiedad en el marco de la investigación por delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa de la ex Ciccone Calcográfica. Boudou apuntaba a la empresa de la familia Tabanelli como instigadora del escándalo judicial, político y mediático que lo tenía de protagonista. La disputa giraba alrededor de la propiedad de la quebrada pero fundamental imprenta Ciccone-CVS, una empresa que cuenta con la capacidad de producir billetes y cuyos dueños también utilizaban estructuras offshore. Boldt alquilaba las instalaciones de las empresas y pretendía quedarse con su competidora. Pero ese destino quedó trunco cuando la AFIP y el Ministerio de Economía intervinieron, facilitando las condiciones para la salida de la quiebra. Ese movimiento fue el puntapié inicial para el ingreso de una empresa llamada The Old Fund, que a su vez estaba controlada por sociedades establecidas en guaridas fiscales. El cuestionamiento judicial sostenía que los nuevos dueños de la estratégica firma habían ingresado de la mano del vicepresidente, quien, a su vez, sería beneficiado económicamente por esa operación. La planta fue estatizada en 2012. Ciccone, Vandenbroele y Tabanelli son algunos de los apellidos de empresarios, banqueros e intermediarios vinculados con el escándalo que figuran en los Panama Papers.

La segunda incursión offshore de los Tabanelli registrada en los Panama Papers fue en 2004, varios años antes de que la firma y sus dueños se convirtieran en protagonistas activos de la disputa de poder económico y político detrás de aquel escándalo. “Me pide mi cliente si se puede procurar el nombre ICM S.A. para una sociedad de otra jurisdicción”, preguntan los contadores uruguayos de los Tabanelli a Mossack Fonseca. Como respuesta le ofrecen revisar en Samoa, Nevada, Hong Kong, Seychelles, Niue, Bahamas y Panamá. Es en ese último destino donde será radicada ICM S.A., que tendrá a la dupla Tabanelli y Crisci Pisano en el directorio. En esta operación no es el jefe de la familia sino su hija, Rosana, quien encabezará la offshore. ICM no es un nombre de fantasía, existe en Uruguay desde 1981 y se desarrolla en las mismas tres líneas de negocios que Boldt: juegos de azar, industria gráfica y sistemas informáticos. El gobierno de Tabaré Vázquez llamó en 2009 a una licitación internacional para adjudicar una docena de salas de juego en distintas localidades uruguayas. Se presentaron 15 consorcios, pero la megalicitación quedó sin efecto y las licencias para los casinos se entregaron de manera directa. Boldt e ICM no lograron sus objetivos iniciales, Carmelo y Mercedes, pero las autoridades uruguayas les adjudicaron la concesión para remodelar el casino y levantar un hotel cuatro estrellas en Rivera, una localidad del noreste en la frontera con Brasil. Boldt ostentaba el 70% del consorcio y su contraparte uruguaya, el resto. Dos años después, en 2011, Boldt informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la adquisición del 18% de las acciones de la uruguaya ICM por un monto de 4,4 millones de dólares.

Los documentos de Mossack Fonseca no explican el rol de la ICM panameña creada en 2004 a nombre de Rosana Tabanelli ni su relación con su homónima uruguaya. Pero el vínculo existe. Crisci Pisano, el eterno representante de los Tabanelli en los directorios de sus empresas offshore, se presenta en documentos públicos remitidos a la Dirección de Compras Estatales del Ministerio de Economía de Uruguay como representante de ICM. Los dueños de Boldt se negaron a responder las consultas para esta investigación, pero los Panama Papers muestran, además, que desde entonces la empresa uruguaya sería el vértice de las operaciones offshore familiares.

Equipos Sud Americana S.A. y Westgate International Corporation GMBH fueron incorporadas en Panamá en diciembre de 2009 y marcan el inicio del vínculo bilateral directo entre Tabanelli-Boldt y Mossack Fonseca. Los archivos incluyen una copia del formulario de compra, en el cual los clientes detallan las señas particulares del producto buscado y precisan, a pedido de Mossack Fonseca, la función que tendrá la compañía. En el caso de Equipos Sud Americana S.A., Tabanelli solicita que la firma sea emitida con acciones al portador y dice que el propósito será la “Intermediación de productos y financieros - Compra y venta de acciones”. En el directorio de la offshore creada en el mismo momento en que el consorcio Boldt-ICM comenzó a construir el casino en Rivera, figuraban Crisci Pisano y Guillermo Gabella, uno de los accionistas de la firma argentina que también estuvo involucrado en la causa por la quiebra de Ciccone. En la dirección que figura en los registros de la offshore no funciona un estudio de abogados o una firma contable, sino ICM Uruguay. Los cuatro certificados de las acciones al portador —reconocía el documento— estaban en poder de Antonio Tabanelli.

La revisión de las estructuras offshore utilizadas por los Boldt culmina con un fideicomiso uruguayo integrado por activos que suman 20 millones de dólares. Las inversiones preferidas son los inmuebles —urbanos y agropecuarios— y, en 2013, los Tabanelli pretenden redomiciliar el fideicomiso en Panamá.

Los documentos no confirman cuál fue el camino elegido. Pero dos bloques de archivos disponibles en la base de datos muestran que, al año siguiente, los Tabanelli crearon dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Aldebaran Global Foundation y Antares Global Foundation. Desde una casilla de Gmail, el directivo de Boldt a cargo de estructurar las fundaciones solicitó a Mossack Fonseca que “todos los e-mails vinculados a estos temas, se remitan a esta dirección de correo, con el objetivo de mantener ‘incontaminado’ mi correo corporativo, respecto de temas como éste, que no sería deseable que se vincularan con la empresa de la que somos integrantes. Le recuerdo esto porque el correo que contesto me ha sido dirigido a mi dirección de Boldt, lo que debiera evitarse”. En el intercambio de correos entre un gerente de Boldt y una abogada panameña se lee que, “para lograr mayor confidencialidad”, la creadora de las fundaciones “será una sociedad nominal de Mossack Fonseca”, mientras que los nombres de los directivos de Boldt y familiares de Tabanelli quedarán limitados al reglamento “que es un documento privado”. El entramado de las fundaciones da cuenta de la designación del ex ministro de Economía uruguayo entre 1995 y 1999, Luis Alberto Mosca Sobrero, como secretario de ambas panameñas. En octubre de 2014 se modificó el reglamento de Antares. La enmienda designó como “protectora principal” a Rosana Tabanelli y como “protector sustituto” a su hermano Antonio Eduardo Tabanelli, al tiempo que tres jóvenes con el mismo apellido son designados como beneficiarios sustitutos de la fundación en partes iguales a partir de la mayoría de edad.

La fábrica de billetes | Ciccone

Los dueños de la imprenta de seguridad Ciccone Calcográfica registraron una sociedad offshore en Panamá cuando estaban al borde de la quiebra. Los archivos de Mossack Fonseca designan como beneficiarios finales de Santa Fe Investments Worldwide S.A. a Nicolás Ciccone y a dos hijas de su hermano Héctor Ciccone, llamadas Silvia y Graciela. Sucedió en enero de 2009, durante el período de mayor exposición mediática de los negocios familiares. Los propietarios de la compañía de los Ciccone no solicitaron ningún servicio a los intermediarios panameños.

Las comunicaciones se retomaron a mediados de 2013, cuando llegó un pedido desde el Estudio JP Damiani & Asociados para reactivar la compañía. Comenzó así un intercambio de correos que permite conocer los usos de la offshore: “Esta firma será member de una compañía LLC, la cual se dedicará a la explotación de marcas e inventos a nivel mundial (excepto USA)”, indicaron los uruguayos contratados por los Ciccone. Ese trámite continuó con la constitución de una nueva offshore llamada Avelino LLC en Florida en julio de 2013, en la que Santa Fe Investments Worldwide figuraba como accionista. Consultado por el diario La Nación, Nicolás Ciccone sostuvo que la offshore panameña se creó para realizar una operación frustrada y explicó que Avelino fue montada para “vender en Estados Unidos la patente de un sello de seguridad para impresiones que es mejor y más barato que el de agua”.³⁶

Los archivos muestran que, en diciembre de 2015, los Ciccone cambiaron de administrador y solicitaron nominalizar las acciones de Santa Fe Investments Worldwide: “Sus accionistas serán dos”, explicaba el nuevo contador. El primero de ellos era Pablo Amato, yerno de Nicolás Ciccone y apoderado original de la firma, quien tendría el 50% del paquete. “El segundo accionista del 50% estamos recabando la información”, expresaba en el correo, recordando que los tres portadores del apellido Ciccone seguirían como beneficiarios finales.

Desde Panamá solicitaron al estudio de Carlos Cassarotti, el nuevo intermediario contratado por los empresarios argentinos, presentar una extensa serie de documentos de la offshore, firmar declaraciones juradas y completar formularios. La consulta no fue bien recibida por los uruguayos: “Quería saber por cuál motivo piden tanta documentación, por un simple cambio de accionistas”, escribieron.

Según los documentos, los panameños estaban al tanto de las investigaciones contra los Ciccone por presuntos pagos de coimas. Por eso indicaron que simplemente buscaban cumplir con sus obligaciones: “Tenga en cuenta que la información suministrada será analizada para garantizar que los requerimientos de la ley de cada jurisdicción sean aplicados correctamente y garantizar las políticas de riesgo de nuestros directores”. Las conversaciones se cortan en ese punto. No es posible determinar si se trata de una finalización abrupta o si el corte responde a que los archivos filtrados llegan hasta diciembre de 2015, cuando esa conversación tuvo lugar. Los Ciccone le aseguraron a La Nación que disolvieron Santa Fe Investments Worldwide y que apostaron todo a Avelino LLC.

La Salada | Castillo

Jorge Omar Castillo, responsable de Punta Mogote, uno de los tres predios que conforman la feria La Salada en Lomas de Zamora, fue detenido en junio de 2017 en el marco de una causa que investigaba una “asociación ilícita” dedicada a la extorsión de los puesteros ilegales montados en el Camino de la Ribera. El empresario textil y administrador inmobiliario que se defendió a los tiros antes de ser apresado podrá no ser el cliente ideal para Mossack Fonseca pero, en 2011, el estudio de abogados registró en Panamá a la firma Manley Services Assets Corp. a nombre de Castillo y de su esposa Natalia Luengo. Cuatro años más tarde, los mayoristas offshore decidieron proceder con la liquidación de la empresa, aunque el trámite no se concretó ya que al día de hoy la firma figura como “vigente” en el Registro Público de Panamá. Entre una y otra operación mediaron algunos reparos en los que las consideraciones económicas se mezclaron con las reputacionales, a tal punto que el estudio panameño había renunciado a ser el agente registrado de la empresa, o sea, había dejado de ser el representante de la firma de Castillo ante las autoridades panameñas. Los abogados de Mossack Fonseca dieron marcha atrás y decidieron que el riesgo que significaba retomar la representación Manley para cerrarla definitivamente no era tan grande como para perderse la oportunidad de cobrar el honorario correspondiente más una suma de dinero no especificada adeudada por la empresa.

Los documentos disponibles en la base de datos muestran que Manley fue registrada el 18 de julio de 2011 con acciones emitidas al portador y directores puestos por Mossack Fonseca: Hercibelle González, Yenny Martínez, Vera de Nelson, José Jaime Meléndez y Jaqueline Alexander. A partir de ese momento, la firma ingresó en el stock de sociedades disponibles para la venta. La producción en masa de firmas offshore permite curiosidades, como que Manley compartiera dos directores pantalla con Mega Star Enterprises, la offshore que le encontraron en los Panama Papers al futbolista Lionel Messi. Entre las coincidencias figura, además, que las firmas utilizadas por los panameños como suscriptoras de Manley son Cheswick Inc. y Eastshore Inc., dos sellos de goma empleados por Mossack Fonseca como sociedades fundacionales en la creación de miles de offshore entre las que aparecen dos compañías vinculadas directamente con la familia del presidente argentino, Macri Group y BF Corporation.

Pasaron dos meses hasta que los mayoristas offshore panameños recibieron un e-mail. Lo enviaba Gustavo Ferrand, un despachante de aduana que dirige la empresa Depósitos Francos Internacionales S.A., registrada en Panamá con domicilio en Carlos Pellegrini 27, a tres cuadras del Obelisco porteño. Ferrand es también gerente de operaciones internacionales de Depósitos Francos de Montevideo y desde su página web promociona servicios en la zona franca uruguaya, gracias a los cuales el cliente “no pagaría ningún impuesto y sus ganancias serían netas (no pagaría Ingresos Brutos, ni Ganancias, ni ningún tipo de impuesto de ninguna naturaleza)”. Pero además, si el posible cliente presiona el ícono animado de una bandera panameña que flamea en el tope de la pantalla, el sitio informa que otros servicios también están disponibles: “Si lo desean podemos proveerles sociedades panameñas offshore, apertura de cuentas en bancos de Panamá, etc. Brindamos servicios de administración de sociedades offshore en el exterior, apertura de cuentas bancarias, seguimiento de cartas de crédito, elaboración de la documentación de comercio exterior, etc.”.

Para Mossack Fonseca no era un desconocido sino un prolífico intermediario que entre 2010 y 2015 les solicitaría cuarenta sociedades radicadas en Panamá y Wyoming. En esta oportunidad, Ferrand les comenta que andaba buscando una offshore panameña para un cliente, y rápidamente se pusieron de acuerdo con la compraventa de la recientemente creada Manley Services Assets Corp. En un intercambio de e-mails que siguió para ultimar los detalles, Ferrand informó que su cliente prescindiría del directorio armado por Mossack Fonseca, ahorrándose los correspondientes 240 dólares anuales. El nuevo directorio quedó conformado con Jorge Omar Castillo como presidente, su esposa Natalia Luengo como secretaria y el abogado mendocino Luis Souto como tesorero, socio de Castillo en varios negocios en esa provincia, en Santiago del Estero y en la provincia de Buenos Aires. La compra de Manley se completó a fines de octubre de 2011. La empresa fijó su domicilio en “Presidente Perón 8725 (Colectora Norte de Acceso Oeste), Ituzaingó, provincia de Buenos Aires”, y declaró como actividad “comercio exterior, compras, ventas, exportaciones, importaciones, etc.”.

El titular de Punta Mogote declaró a la AFIP ingresos por alquileres y prestación de servicios en la feria por un monto cercano a los 100 millones de pesos en 2016, pero es prácticamente imposible conocer la suma de las ventas realizadas por los feriantes. Durante una entrevista realizada un año antes, Castillo estimó que La Salada movía en 2013, al menos, 20 millones de dólares diarios y calculó que las operaciones anuales ascendían hasta los 4.400 millones de dólares. Las cifras, que pueden estar infladas por el detenido empresario textil y militante radical, superan la facturación de aquel año informada por los centros de compra en el área metropolitana que releva el Indec en sus informes.

El sociólogo Matías Dewey explica, en su investigación La importancia de La Salada, que “más allá de las caracterizaciones estereotipadas y prejuiciosas abonadas por los medios de comunicación, La Salada no es más que un eslabón esencial en la comercialización de indumentaria de bajo costo en la Argentina. Las dieciocho hectáreas que ocupa a orillas del Riachuelo, en el contexto de un entramado urbano con infraestructura deficiente y serios problemas medioambientales, se convirtieron en la plaza de comercio a la que acuden miles de productores textiles para vender sus prendas. Al mismo tiempo, es el lugar al que, desde las ciudades más recónditas del país llegan compradores mayoristas que luego revenderán esas prendas a precio minorista. Situada en el corazón del Conurbano bonaerense, La Salada es el primer eslabón de la comercialización de indumentaria producida en los talleres clandestinos”. Desde su perspectiva, nada de lo que sucede en los mercados de La Salada se entiende si no se repara en “la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos”.

Los problemas para la offshore empiezan el 16 de enero de 2014. “Manley Services Assets Corp. no va a operar más, ni van a pagar el mantenimiento anual, la quieren dejar morir”, escribe Ferrand, cuando Mossack Fonseca intenta cobrarle la anualidad de 601 dólares, que incluye la cuota del registro de propiedades y los honorarios del estudio. Pasa más de un año sin que nada suceda, hasta que el 16 de abril de 2015 el director de Marketing de Mossack Fonseca, Carlos Sousa-Lennox, hace circular un artículo sin firma del diario digital Infobae publicado para la fecha en que la Policía Bonaerense desalojó y destruyó con topadoras miles de puestos instalados en el Camino de la Ribera. “Cuáles son los negocios detrás del enorme crecimiento patrimonial del titular de La Salada”, es el título del texto que nombra a Castillo, a Luengo, a Suoza, a Manley Services Assets Corp. y a Mossack Fonseca, vinculando a esta última con las investigaciones sobre la red de empresas offshore utilizada por Lázaro Báez.

La opinión unánime de los consultados es que el estudio panameño debería renunciar a ser agente registrado de Manley y, como escribió Sandra de Cornejo del Departamento de Cumplimiento, el argumento principal era evitar quedar “reputacionalmente involucrado”. Para entonces, Mossack Fonseca ya estaba comprometida en la disputa entre la Argentina y los fondos buitre a través de sus oficinas en Nevada. “Estimados: Tal como menciona Sara, ya esta sociedad no utiliza directores nuestros. Desde julio de 2011 se utilizan directores del cliente. Desde 16 de enero de 2014, el cliente le envía un mensaje a la oficina de Uruguay notificando que ya la sociedad no va a operar más y que no van a pagar más mantenimientos anuales, la querían dejar morir. Todas las búsquedas giran en torno al mismo tema de las ferias. Considerando que el cliente quiere dejar morir la sociedad y dadas las publicaciones, pienso que es mejor renunciar como agentes registrados para evitar vernos reputacionalmente más afectados”, dice el e-mail. Habiéndose resuelto el tema seis días después, el 22 de abril de 2015, una empleada de la sección Corporativa le pidió ayuda a la sección Notarial para que la asistiera con la renuncia del estudio. Siempre según e-mails internos, el trámite se completó al día siguiente a un costo de 50 dólares. Pero ¿por qué tanto apuro de Mossack Fonseca para desvincularse de una offshore que ya no estaba activa y no le interesaba más el cliente?

La respuesta no se hizo esperar. Siete días más tarde, el 30 de abril de 2015, llegó un e-mail de la oficina de Mossack Fonseca en Montevideo. Decía que Ferrand había pedido una cotización para disolver la offshore de Castillo. Pero Mossack Fonseca acababa de iniciar los trámites para renunciar a la agencia de la offshore. Para disolverla, primero había que ponerla al día y, para hacer eso, había que volver a operar como el agente registrado. El pedido da lugar a un intenso intercambio de opiniones de los sectores Corporativo, Cumplimiento y Marketing de la firma de abogados panameña. Más todavía cuando, aparentemente sin saber que Mossack Fonseca había decidido renunciar a ser el agente registrado, el representante en Uruguay le mandó a Ferrand una cotización para la liquidación por una suma cercana a los 2.000 dólares. En el debate interno surgió que Mossack Fonseca había tomado distancia de Castillo no tanto porque éste había decidido “dejar morir” su offshore y clavar a los panameños con la deuda de mantenimiento anual. Eso era lo de menos. Mossack Fonseca había accedido a información que vinculaba a Castillo con actividades ilícitas en ferias de Uruguay. Del intercambio de e-mails también surge que la idea de retomar la relación con Castillo se terminó de imponer cuando ellos mismos se dieron cuenta de que era una oportunidad de emprolijar el expediente para que cualquier responsabilidad recayera en el empresario argentino y no en Mossack Fonseca. Y de paso, ya que estaban metidos en el baile, se le podría cobrar al cliente doble comisión. Así resumió la situación la responsable de la cuenta por Mossack Fonseca, Josette Roquebert, en un e-mail interno del 5 de mayo de 2015: “Renunciamos en esta sociedad por su posible vinculación con los escándalos de las ferias en Uruguay y el cliente había dicho que iban a dejar la sociedad struck off. No somos directores. Acabamos de finalizar el trámite de renuncia de agente registrado. Ahora aparecen pidiendo disolver. Podríamos asistirle en la inscripción de la disolución, cobrando el doble de honorarios. Tendríamos que aceptar el nombramiento de AR para los efectos de inscribir la disolución. Sin embargo, como son ellos mismos los directores, en mi opinión nos conviene disolver para que toda la responsabilidad quede en manos de los directores que son ellos”. Tres días más tarde, Roquebert volvió a la carga: “Nadie ha comentado y el cliente sigue esperando respuesta. Pros serían cerrar debidamente la sociedad y percibir los honorarios. Cons en mi opinión sería que asistir en la disolución puede ser mal percibido por algún periodista y puede usarlo en forma tergiversante en una publicación, pero nosotros no somos directores ni liquidadores ni accionistas de la sociedad, en realidad el cliente puede pedir asistencia para inscribir la disolución a cualquier abogado en ejercicio en Panamá.” Esta vez, la respuesta fue positiva. “En vista de las instrucciones recibidas, procederemos a comunicarnos con el cliente para informarle el proceso de disolución y solicitarle pago de las deudas pendientes y pago por adelantado de nuestros honorarios de disolución”, contestaron desde la sección Corporativa.

Al final, Mossack Fonseca no tuvo suerte. El 27 de mayo de 2015, Ferrand, el gestor de Castillo, contestó: “A la gente de Manley le pareció muy caro reactivar la sociedad. Así que no van a hacer nada, sorry. Saludos”. Dos días más tarde, Mossack Fonseca completó el trámite para dejar de ser agente registrado de Manley. Pero como la firma de Castillo nunca fue disuelta, en el Registro de Panamá, folio 741857, Manley Services Assets Corp. continúa figurando como “sociedad anónima mercantil vigente”.

Clasificados online | Navarro y Tejerina

Navent, la empresa a la que La Nación “responsabilizó” cuando explicó la presencia de sus accionistas entre los Panama Papers, es una avezada usuaria de la red global de servicios financieros offshore. Los documentos sustraídos a Mossack Fonseca muestran que tanto el financiamiento de la firma como su paquete accionario se administran a través de reconocidas jurisdicciones del secreto. Entre los archivos disponibles existe un registro interno sobre Navent Group Limited en el que se observa que la empresa establecida en las Islas Caimán está catalogada como argentina, que los pagos de los servicios provistos por la mayorista offshore se hacen en Miami y que la documentación vinculada con la firma se envía a Quito.

El recorrido offshore de Navent incluye paradas en Panamá, Delaware e Islas Vírgenes Británicas. Desde la compañía encabezada por Nicolás Tejerina y Alejandro Navarro explicaron a comienzos de junio de 2017 que su presencia en el territorio británico de ultramar se debe a la apertura de una cuenta, en los inicios de la compañía, “que nunca tuvo actividad y que se está por cerrar, justamente porque nunca se realizó ningún tipo de movimiento a través de ella y es un gasto innecesario”. A través de voceros, indicaron que sus empresas panameñas no son cáscaras vacías para canalizar otros negocios, sino que responden a las operaciones de Konzerta, un portal de búsqueda de empleo, y Compre o alquile, un sitio de clasificados inmobiliarios. “Es importante aclarar que, como operamos en Panamá, pagamos los impuestos correspondientes al país”, agregaron. Wayport Developments y Renton Development, las empresas montadas allí que figuran en los archivos, no muestran vínculos con esas operaciones. Los documentos analizados dan cuenta de que se trata de dos empresas offshore controladas por Navarro para administrar parte de sus acciones en Navent Group Limited.

Otra jurisdicción del secreto donde Navent está activa es Delaware. Según figura en los correos y documentos filtrados de Mossack Fonseca, Navent realizó en ese territorio operaciones vinculadas con la plataforma digital Iguanafix. Desde la perspectiva de la compañía, “Delaware no es un paraíso fiscal. Tenemos cuentas allí ya que contamos con empresas constituidas en el lugar, porque debido a su legislación es eficiente desde el punto de vista administrativo para gestionar las tenencias de muchas entidades de distintos países”. Finalmente, el control de parte de las acciones de la empresa, al menos las de 2012, de acuerdo con una “adenda al acuerdo de accionistas” de 75 páginas, está vinculado con fondos de inversión radicados en las Islas Caimán, como Tiger Global Investment Partners IV o Riverwood Capital Partners.

IRSA | Elsztain, Mindlin y Soros

Eduardo Elsztain es el titular de la constructora y desarrolladora inmobiliaria IRSA, con la que controla prácticamente la totalidad de los shoppings del área metropolitana de Buenos Aires. Exponente del empresariado diversificado, Elsztain preside el Banco Hipotecario y encabeza el gigante agropecuario Cresud, con el que controla más de 622.000 hectáreas, entre campos propios y arrendados. El despegue de sus negocios tuvo lugar a principios de los noventa cuando, de la mano del magnate húngaro de las finanzas internacionales George Soros y su socio argentino Marcos Marcelo Mindlin, Elsztain comenzó a invertir en la Bolsa y a adquirir algunos de los terrenos porteños que con el paso de los años multiplicaron varias veces su valor.

El trípode originario de IRSA —Elsztain, Soros y Mindlin— aparece en los Panama Papers vinculado con una inversión del holding en Venezuela. Entre 1996 y 1997, los inversores se asociaron con el Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI) en un proyecto —según detalla el sitio web de la firma venezolana— para “adquirir edificios de oficinas de alto nivel en Caracas para alquilarlos a grandes corporaciones”. Entre los archivos de Mossack Fonseca figuran las actas de una asamblea de accionistas del FVI donde Elsztain se presenta como representante de tres empresas: IRSA International Limited, Quantum Industrial Partners y Geosor Corporation. Montada en las Islas Vírgenes Británicas en 1994, la versión internacional de IRSA es “uno de los vehículos del grupo para inversiones y transacciones, que se utilizó para canalizar algunos negocios en el exterior”. La empresa no es ningún secreto. Figura en los distintos balances del grupo, en los que se precisa que mantuvo participaciones accionarias en distintas firmas del holding y realizó operaciones en Gran Caimán, Brasil y Curaçao. Las acciones en FVI fueron vendidas en el año 2000.

Por su parte, Quantum Industrial Partners también está radicada en las Islas Vírgenes Británicas caribeña mientras que Geosor Corporation, cuyo nombre remite a George Soros, tiene su domicilio en los Estados Unidos. Desde el Grupo IRSA indicaron a los autores que esas dos compañías “siempre fueron propiedad del grupo que encabeza Soros” y precisaron que “Elsztain prestaba servicios profesionales de asesoramiento y lo representó en negocios en la región”. Hasta 2015, Quantum Industrial Partners fue accionista minoritario del Banco BACS, la entidad financiera del grupo que atiende empresas y ofrece el servicio de banca privada a individuos con patrimonios abultados. Finalmente, Mindlin aparece en ese documento en representación de la empresa Emerging Dolphin Limited, una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la Isla de Man. Ese empresario fue vicepresidente de IRSA hasta 2003, cuando orientó su plataforma multipropósito Dolphin Fund hacia el sector energético y creó Pampa Holding, a través de la cual controla, entre otros negocios, la distribuidora de electricidad Edenor. En 2016 volvió a la actividad de la construcción haciéndose del paquete accionario de IECSA, la empresa dedicada a grandes obras de infraestructura que estaba controlada por el primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra.

Creador de Nordelta | Eduardo Costantini

“El argentino no está establecido dentro de su país. Hoy, el argentino tiene sus ahorros en el exterior; ésa es la realidad. Hay más dinero afuera que adentro, porque nosotros no somos creíbles ante nosotros mismos”. El diagnóstico sobre la pasión offshore argentina corresponde al desarrollador inmobiliario y administrador de fondos de inversión Eduardo Costantini, cabeza del Grupo Consultatio. El dueño del holding que montó Nordelta no figura con nombre propio en los registros de Mossack Fonseca, sino que su presencia se da a partir de la uruguaya Investor Office Group. Los datos del Banco Central de Uruguay muestran que la financiera está controlada por Paldemar S.A., una empresa de Costantini. Las bases de datos de los mayoristas offshore panameños vinculan a Investor Office Group con cuatro sociedades: Gray Enterprises, Ariza Management y Remix Corporation, radicadas en Bahamas, y Maine Services, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Todas fueron montadas a comienzos del año 2000 y desactivadas entre 2002 y 2010.

La inversión en construcción residencial como reserva de valor para los segmentos de altos ingresos se potenció durante el período de posconvertibilidad. Consultatio y Costantini desempeñaron un papel preponderante en el desarrollo de viviendas de lujo y, tal vez por eso, los Panama Papers no son la única filtración en la que aparecen mencionados. Los documentos aportados a la Justicia por el ex empleado del JP Morgan, Hernán Arbizu, vinculan al grupo y sus subsidiarias con maniobras de fuga de capitales por cifras que rondan los 30 millones de dólares.

Escalas offshore | Pescarmona

Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) llegó a ser una de las empresas argentinas con mayor presencia internacional, y sus dueños se erigieron como una de las cuarenta familias más ricas del país. Nació en 1907 como un taller dedicado a fabricar repuestos de hierro fundido para maquinaria, compuertas y equipos para la industria vitivinícola mendocina. La empresa encabezada por la familia Pescarmona se expandió a distintos rubros, pero a comienzos del siglo XXI concentró sus operaciones en el área de energías renovables. Desde entonces produce turbinas hidroeléctricas y molinos para la generación de energía eólica. El grupo se desprendió de las subsidiarias dedicadas a la construcción de grúas para puertos, autopartes y telecomunicaciones, pero conservó el servicio de recolección y tratamiento de residuos que no sólo presta en algunas zonas de Buenos Aires, Rosario y Las Heras (Mendoza), sino también en Bogotá y Cartagena.

El emprendimiento offshore de la familia encabezada por Enrique Pescarmona, que figura en los Panama Papers, está vinculado con esa operatoria colombiana que empezó en 1989. “LIME perteneciente a un conglomerado argentino llamado IMPSA inició sus actividades cuando Bogotá abrió el camino en Colombia para dar solución al manejo de basuras una vez que en 1988 el Gobierno Distrital de Santa Fe de Bogotá decretó la emergencia sanitaria, medida que permitió la contratación del servicio de aseo con empresas privadas”, recuerdan los Pescarmona en la memoria anual de 2006 del grupo al referirse a la concesión que renovarían en 2003. Insider Holdings nació el 9 de julio de 2001 en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa fue creada con acciones al portador, pero desde el primer momento los directores son todos miembros de la familia Pescarmona y/o directivos de IMPSA. Los archivos de Mossack Fonseca muestran que, en agosto de 2006, la offshore presidida por Enrique emitió poderes especiales a favor de sus hijos Lucas y Sofía, así como de otros dos directivos de la empresa, para que representaran sus intereses en las asambleas de accionistas en Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales (LIME). Pero la representación de Insider Holdings no se limita a los intereses en la prestadora del servicio bogotano, sino que alcanza a otras cinco: ELACI, EMSUR, CUPIC, MAE y Limpieza Metropolitana. La internacionalización de IMPSA la llevó a tener operaciones en todo el mundo y en los balances de la empresa y sus subsidiarias declaran compañías en reconocidas guaridas fiscales, como Curaçao y Suiza, pero los autores fueron incapaces de hallar en esos documentos públicos intereses en las Islas Vírgenes Británicas, donde estaba domiciliada Insider Holdings.

Hasta 2017, Enrique Pescarmona y su familia fueron directivos y accionistas controlantes del grupo, pero debieron desprenderse de una parte significativa de su participación para lograr un acuerdo con sus acreedores que les permitiera salir del default declarado en 2014. Desarrolladora y proveedora de grandes proyectos obra pública, receptora de financiamiento estatal y beneficiaria por la licuación de sus pasivos, participante del proceso privatizador, prestadora de servicios públicos, receptora de subsidios para el pago de salarios y deudora de la banca pública, la empresa recorrió sus cien años de historia acompañada por un asistencialismo estatal que Pescarmona desprecia. “Las chicas de 14 años se preñan y tienen un bebé para que les den unos mangos”, dijo el multimillonario en noviembre de 2016 durante un evento sobre inversiones energéticas en el que cargó contra la Asignación Universal por Hijo. “El asistencialismo no sirve, es retrógrado”, opinó el mendocino.

En IMPSA se comprometieron a responder sendas consultas remitidas por los autores. Sin embargo, al momento de finalizar la redacción de este libro, ni los abogados ni los voceros de los Pescarmona habían respondido.

Libros y medicamentos | Roemmers

En el formulario “Origen de los fondos/Declaración de ingresos” para Light 31 Portfolio, el titular de la offshore montada a finales de octubre de 2012 en las Islas Vírgenes Británicas detalla que la compañía es propietaria de inmuebles en los Estados Unidos. Los recursos, declara el accionista de la offshore, provienen de ahorros personales. El individuo es Alejandro Guillermo Roemmers, y hasta 2010 formaba parte del directorio del laboratorio que lleva su apellido. El nieto del fundador del gigante farmacéutico argentino no sólo dejó el directorio, sino que tampoco es accionista. El titular de Light 31 Portfolio es beneficiario de un usufructo de la compañía. Desde entonces se dedica a tiempo completo a escribir poesía y literatura.

La dirección informada por Light 31 Portfolio en Miami (South Bayshore Drive 2601) es la de un edificio en el centro del distrito Coconut Grove. En la Suite 725 tienen domicilio al menos para otras 56 sociedades offshore. No es coincidencia que las mismas coordenadas hayan sido informadas a lo largo de los últimos años por dos ignotos estudios de abogados, Raskin Law y Roca González PA. El segundo se promociona como una “firma boutique de abogados que focaliza su práctica en la representación de clientes locales y extranjeros en un amplio espectro de inversiones y negocios”. El texto utilizado por el estudio para atraer clientes añade que “RPGA representa un punto de referencia estable y confiable para sus clientes en el área inmobiliaria, legislación comercial y planificación fiscal internacional para clientes que buscan entrar al mercado de Estados Unidos”. Entre los Panama Papers no hay datos que permitan determinar dónde están los inmuebles administrados por Roemmers en los Estados Unidos.

El vínculo entre el laboratorio y Mossack Fonseca no comenzó con el nieto del fundador, sino que se remonta a comienzos de los años ochenta del siglo XX. Documentos tipeados con máquina de escribir en 1980 asignan a Jürgen Mossack como responsable de la cuenta de Maprimed International S.A., una empresa montada en Panamá a pedido del cliente 254: Roemmers Internacional S.A. El nombre de la sociedad offshore no es desconocido. Maprimed forma parte del grupo desde sus inicios y está dedicada a la producción de distintos ingredientes activos e insumos necesarios para fabricar medicamentos. Los asesores legales de Roemmers indicaron que la panameña se creó en aquella época “por temas vinculados a patentes en los distintos países donde el laboratorio vende sus productos pero nunca se utilizó y fue dada de baja”.

Preocupados por Ricardo Jaime | Marcelino Aznar

“¿Ustedes tienen buena documentación sobre este señor?”, escribió un empleado de Mossack Fonseca en septiembre de 2013. El correo, dirigido a los responsables del estudio JP Damiani & Asociados en Uruguay, no ocultaba las preocupaciones de los panameños sobre el cliente: “Vemos que ha sido indagado en Argentina por un tema de enriquecimiento ilícito de un ex ministro K y antes fue vinculado a una evasión fiscal de unas empresas. Me parece que ustedes y nosotros podríamos quedar expuestos en algún momento”. Quien activó las alarmas es Marcelino Aznar. El abogado argentino aparece involucrado en una operación offshore diseñada por Mossack Fonseca, que en sus habituales chequeos sobre la identidad de los actores comprometidos dio con artículos periodísticos de 2010 que lo vinculaban con la causa por el delito de dádivas contra el multiprocesado y multicondenado ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ícono de la corrupción de los gobiernos kirchneristas. Uno de los tres autos que el entonces funcionario utilizaba y guardaba en su cochera figuraba a nombre de Vial 3, la concesionaria de las rutas nacionales 9 y 11 compuesta por las firmas Decavial y Vialco, dos empresas que presidía Aznar.³⁷ La respuesta del estudio Damiani a las preocupaciones de Mossack Fonseca fue contundente: “El Dr. Aznar es una persona por demás honorable, de lo contrario no sería cliente de nuestro estudio, el mismo es empresario en el rubro construcción desde ya muchos años, y la vinculación profesional con el mismo es de larga data”. La explicación iba más allá y precisaba que la denuncia por evasión fiscal realizada por la AFIP, en la que Aznar había sido implicado por ser director de la compañía investigada, no prosperó. En la defensa de su cliente, los uruguayos aseguraron que la acción judicial no había prosperado y adjuntaban la sentencia correspondiente.

Los Panama Papers ofrecen una imprecisa aproximación a dos operaciones en las que, según Mossack Fonseca, el empresario argentino estuvo vinculado. Una de ellas tuvo lugar en 2013. Esa maniobra involucró la firma de un contrato de fideicomiso en Panamá que está fechado dos años antes, en el que participan la offshore Aramis Holdings, registrada en ese país durante 2006, y un italiano llamado Roberto Calebasso. En la operatoria, Aznar figura como accionista de una firma denominada Lambert Equities Corporation. Un segundo grupo de archivos vincula al titular de Vial 3 y Decavial con una offshore panameña llamada Sayme Developments Corporation. Los correos del estudio uruguayo indican que la firma tiene como objetivo realizar inversiones financieras en el Reino Unido. Entre los documentos figuran misivas dirigidas a bancos de Miami en los Estados Unidos.

Constructora mendocina | Cartellone

El archivo adjunto en el correo enviado en marzo de 2015 entre representantes del Departamento de Cumplimiento de Mossack Fonseca tiene tres páginas. En una de ellas se puede leer una nota publicada en 2010 en el sitio web iProfesional.com. El artículo, titulado “La justicia permitirá a la AFIP investigar a 200 empresarios locales”, informaba que la autoridad fiscal había sido habilitada para buscar irregularidades entre las maniobras de fuga de divisas presentadas en la autodenuncia que realizó el ex ejecutivo de JP Morgan, Hernán Arbizu. El texto es breve, pero hay un párrafo marcado con resaltador amarillo: “Arbizu presentó una lista con los nombres de clientes que habrían efectuado transacciones irregulares en el exterior entre los que se mencionan al Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Pluspetrol, Pampa Holding, Consultatio, Tomás Costantini, Jorge Priu, Miguel Melhem y María Rosa Cartellone”. Las otras dos páginas del archivo presentan el escaneo del DNI de la mujer que completa el breve listado.

Empresaria mendocina, María Rosa Cartellone es una de las titulares de la compañía que lleva su apellido: José Cartellone Construcciones Civiles. La firma nació en los años sesenta del siglo pasado como empresa constructora y está estrechamente vinculada con la obra pública. Al igual que la mayoría de los representantes de la cúpula empresaria, la firma se diversificó en distintas actividades como la alimentaria, las concesiones viales, los servicios (gas y electricidad), la distribución de energía, la industria del acero y la producción de biocombustibles. El Grupo Cartellone aseguraba en 2017 estar presente en quince países.

La presencia de la empresaria en los Panama Papers se debe a Unimas Company S.A. La compañía panameña donde Cartellone es directora, accionista y beneficiaria final está activa en los registros de Mossack Fonseca desde 2014. La firma despertó las alarmas de los responsables de verificar la identidad de los titulares de las sociedades. “Riesgo: Información adversa”, advirtieron en 2015 desde el Departamento de Cumplimiento al encontrar que Cartellone era investigada por la cuenta con 351.966 dólares en el JP Morgan. Entre los datos que intercambiaron los empleados de Mossack Fonseca para saber cómo proceder se detalla para qué utilizaba la empresaria a Unimas Company S.A. “Actividad: Tenencia de inversiones en el extranjero (no Panamá) e inmuebles en el exterior, Uruguay”, afirma el correo interno. Adicionalmente, se detalla que la empresa era administrada por PriceWaterhouseCoopers International Business Services, la sucursal uruguaya de una de las cuatro grandes firmas contables e impositivas a cargo de diseñar la planificación fiscal global de los grupos económicos. “Todo aparece en las declaraciones juradas impositivas”, aseguraron los síndicos de la constructora al ser consultados por medios mendocinos.

Palito, bombón, helado | Freddo

La primera sucursal de la heladería Freddo se abrió en 1969 en la esquina porteña de Pacheco de Melo y Callao. Los responsables del emprendimiento fueron dos primos italianos de apellido Aversa y Guarracino. Entre los documentos de Mossack Fonseca figura Oxford Business Corporation, una offshore registrada en Panamá a finales de 1995 que tiene como beneficiarios a tres de los herederos de la exitosa cadena de heladerías: Luis Aversa, Juan José Guarracino y Pablo Rafael Aversa.

En 1999, el Grupo Exxel compró Freddo. La operación ascendió a 82,5 millones de dólares. Para ese entonces, la cadena de heladerías contaba con decenas de sucursales propias en la Argentina, Chile, los Estados Unidos y Uruguay, además de un sistema de franquicias. El contrato de venta incluyó una cláusula para evitar que cualquiera de los cinco socios vendedores, tres Guarracino —Juan José, Luis y Salvador—, y los Aversa —Pablo y Luis—, compitiera con su antigua empresa. La posta la recogieron sus hijos, que no estaban inhibidos cuando abrieron la heladería Pérsico en 2001. Al año siguiente vencieron las restricciones, y Luis Aversa abrió Volta. La compra apalancada de la heladería la enterró en deudas, y el fondo no tardó en entregarla al Banco Galicia, que para relanzar la firma nombró como nuevo presidente a Juan José Guarracino.

Una porción de los archivos vinculados con la vida de Oxford Business Corporation está dañada y no es posible revisarlos. De todos modos, los documentos disponibles muestran la evolución en el directorio de la offshore entre 2007 y 2013. Los tres socios de Freddo figuran como titulares de la sociedad hasta 2010, cuando renuncian y son reemplazados por los prestanombres de Mossack Fonseca. Sin embargo, los Guarracino y Aversa no se desvinculan de la firma, sino que a pocos meses de su salida del directorio la entidad les otorga un poder general para administrar la compañía. A lo largo de ese período, los e-mails muestran que la sociedad fue desactivada y reactivada. En esa última operación, ya no figuran los socios originales sino la esposa de uno de los Aversa. Desde la compañía no respondieron las consultas de los autores sobre Oxford Business Corporation.

Delivery offshore | SushiClub

La firma que administra las operaciones de la cadena de comida japonesa SushiClub figura entre los archivos filtrados asociada al International Gourmet Group, una sociedad offshore creada en Panamá a finales de 2006. En diciembre de ese año, el restaurante argentino que opera bajo el sistema de franquicias fue el protagonista de un intercambio de correos electrónicos en los que Mossack Fonseca le envía formularios y documentación al Credicorp Bank para abrir una cuenta. Entre los archivos solicitados por el banco panameño para proceder se encuentran los estados financieros auditados de la compañía correspondientes a 2005.

Consultados por los autores, desde la empresa gastronómica explicaron que la sociedad fue creada para canalizar su expansión internacional. A esa offshore propia le “vendieron” los derechos de la marca SushiClub. La cuenta abierta en la entidad panameña fue utilizada para concretar esa operación. “Lamentamos mucho haber recurrido a ese mecanismo. Nos arrepentimos y, al margen de las ventajas impositivas, lo hicimos por protección corporativa. Pretendíamos mantener separados los negocios locales de los internacionales para evitar riesgos. No se debe trabajar en las sombras y dimos marcha atrás. La operatoria fue despreciable, se cerró la empresa, se recompró la marca y hoy se hace todo desde la Argentina. Se abortó el proyecto antes de despegar”, explicó uno de los directivos de SushiClub. La empresa está disuelta. La operatoria, aseguran, se cerró a comienzos de 2008. Los registros oficiales de Panamá muestran que fue desactivada en 2011. SushiClub cuenta con presencia en Uruguay, Paraguay, México y España. En 2014, la AFIP detectó maniobras de evasión de los impuestos correspondientes a la seguridad social por 12,6 millones de pesos y acusó a la empresa de realizar maniobras para evitar pagar adicionales por antigüedad y vacaciones a sus empleados. La empresa reconoció el reclamo fiscal y abonó alrededor de 7 millones de pesos. “Hoy no tenemos irregularidades en materia tributaria”, aseguraron.

Auge y decadencia | Soldati

Sociedad Comercial del Plata se presentó en convocatoria de acreedores a comienzos de septiembre de 2000. La decisión marcó el desenlace de una crisis que había comenzado algunos años antes como consecuencia de los elevados niveles de endeudamiento asumidos por el conglomerado petrolero que lideraba Santiago Soldati para financiar su diversificación durante el auge privatizador. Los primeros Soldati llegaron a la Argentina en 1907 desde Suiza, escapando de la amenaza de una posible invasión alemana, y pronto compraron empresas y campos. Las primeras fueron la Droguería Suizo Argentina y la Droguería Estrella. Adquirieron tierras en distintas zonas: Villa Lugano y Villa Soldati llevan estos nombres en honor a sus ancestros.

Para sobrevivir al estrangulamiento financiero, el grupo había comenzado a desprenderse de algunas de sus compañías, como Telefónica de Argentina, Philco, Telefé, Eg3, Transener, Aguas Argentinas, Comercial del Plata Constructora y Gas Natural BAN, mientras que había iniciado conversaciones para vender participaciones en otras, como Compañía General de Combustibles, el Tren de la Costa y su mitad de Trilenium Casino, que no llegaron a concretarse. Siete meses antes de declarar la quiebra, en febrero de 2000, los dueños del holding compraron una empresa offshore. Nacida en Bahamas como Soltech, la razón social de la compañía fue modificada pocos meses después para pasar a llamarse Altech Holdings.

Los Soldati recién comienzan a figurar en los papeles de la empresa creada por Mossack Fonseca a partir de abril del año siguiente. La revelación de la identidad de los accionistas se debió a una contingencia imprevista. Cambios legislativos en la guarida fiscal caribeña exigían nominar a los titulares de acciones de las sociedades a comienzos de siglo. Una serie de correos electrónicos sindica como propietarios de esos papeles a tres de los hijos de Francisco Augusto Silvio Soldati —el jerarca del grupo asesinado por Montoneros— y a la esposa del entonces presidente del holding. Los certificados 5, 6 y 7 por 12.500 acciones cada uno se emitieron a favor del trío de hermanos Soldati: Alejandro, Verónica y María Pía. El papel número 8 con el mismo valor fue entregado a Eva T. de Soldati, la esposa finlandesa de Santiago Soldati.

La información disponible en la filtración se agota con el nombre del intermediario uruguayo, el estudio JP Damiani & Asociados. Desde la familia Soldati no respondieron las consultas de los autores. En 2013, Sociedad Comercial del Plata concretó un acuerdo con sus acreedores que licuó el peso de las acciones de los Soldati. La participación directa de la familia fundadora se redujo del 21 al 4%.

9 de Oro & friends | Navilli, Lugano y Lambiris

Ubicado en la rambla de Pocitos, el Hyatt Centric tiene 178 habitaciones, incluyendo 14 suites. Fue inaugurado a mediados de 2016 y su construcción se financió con la modalidad conocida como “condo-hotel”, por la que los inversores compran las habitaciones. La más económica requería un desembolso de 264.000 dólares. El defensor y ex capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, fue uno de los que apostó al proyecto. Lo mismo hizo el ex vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Eugenio Figueredo, aunque en su caso no llegó a ver la obra finalizada, ya que quedó detenido por corrupción en el marco del FIFAgate. Ninguno de los dos aparece con nombre propio, sino que ambos aportaron fondos a la offshore panameña Haley Equities que, según figura entre los Panama Papers, adquirió 22 unidades en el emprendimiento. Tampoco hicieron esos aportes de manera personal a la offshore, ya que los canalizaron a través de dos sociedades. Lugano lo hizo por medio de Victoria Celeste S.A. y Figueredo, de Gilson Overseas, donde la titular es su esposa.

Cuando Mossack Fonseca revisó en 2015 quiénes eran los accionistas de esa empresa a la que proveía directores y en la que oficiaba de agente registrado, sus empleados encontraron a cinco empresarios argentinos: tres miembros de la familia Navilli dueña de Molino Cañuelas, fabricante de los bizcochitos 9 de Oro; un individuo vinculado con la construcción, de apellido Pechinotti, y el empresario Jorge Lambiris.

La familia Navilli es propietaria de una de las mayores empresas harineras del país. La firma, según advierte Mossack Fonseca en 2015, fue acusada de realizar presuntas maniobras de evasión fiscal en la exportación de cereales trianguladas a través de una sociedad en Uruguay. La AFIP denunció en 2013 al Grupo Navilli al descubrir una serie de empresas que emitían facturas a Molino Americano, una controlada del holding en el país vecino, encargada de “revender” los cereales por un monto superior a los compradores finales en África y Asia. Sin embargo, la mercadería no pisaba nunca suelo uruguayo; el objetivo, entendía la administración fiscal, era evadir impuestos y fugar divisas eludiendo el esquema de administración del mercado de cambios establecido por el Banco Central. La triangulación en sí misma no es una maniobra ilegal, siempre que el recorrido de la mercadería sea el declarado y que el monto exportado desde el destino intermedio guarde estrecha relación con la declaración de exportaciones que se realizó para salir de la Argentina. Un margen tolerable, según la AFIP, es del 10%, como para cubrir los gastos de comercialización. Sin embargo, los datos que Uruguay facilitó a raíz de los convenios de intercambio de información permitieron detectar que la mercadería nunca pasó por el país vecino y que había inconsistencias en los valores de venta. La empresa emitió entonces un comunicado en el que asegura que “la totalidad de las transacciones se desarrollaron en el marco de la ley”.

La denuncia contra Molino Cañuelas fue presentada por la AFIP en noviembre de 2013, un mes antes de que el titular del organismo, Ricardo Echegaray, viajara a Río de Janeiro para celebrar Año Nuevo. Durante su estadía en la ciudad brasileña, el funcionario fue abordado por un equipo de la señal de noticias TN del Grupo Clarín en la puerta del Hotel Sofitel, y quienes lo acompañaban agredieron a los periodistas. Entre esos individuos estaba el empresario de origen uruguayo Jorge Omar Lambiris, quien también figura como accionista en la panameña Haley Equities. Lambiris invirtió en el proyecto a través de la uruguaya Ciclor S.A., que era propietaria del 16,67% de Haley. Cuando se difundieron las imágenes de las agresiones al equipo de TN, los medios informaron entonces que el empresario uruguayo había sido el encargado de hacer la reserva para la familia de Echegaray en el hotel ubicado frente a la playa de Ipanema. La AFIP replicó, mediante un comunicado oficial, que el funcionario había pagado su propia estadía y sostuvo que el titular del organismo “nunca negó su relación social con Jorge Lambiris, nacida a partir de la amistad de sus hijos en el colegio”. En ese sentido, la AFIP argumentó que “todas las personas son contribuyentes en mayor o en menor medida, de forma tal que sería ridículo plantear que no tenga ninguna relación con personas del ambiente que sea”. El viaje derivó en una causa penal en la que el funcionario fue sobreseído.

Los artículos periodísticos publicados durante esas semanas fueron detectados por Mossack Fonseca cuando realizó la revisión de antecedentes de los inversores en Haley. “El beneficiario de Ciclor S.A. se llama Jorge Omar Lambiris de quien hay mucha información en los medios ya que se le conoce una amistad con el Sr. Ricardo Echegaray. En los artículos encontrados se menciona que Echegaray (quien forma parte del actual gobierno de los K) le otorgó varios contratos y depósitos fiscales”.³⁸ La respuesta de los intermediarios no demoró. En mayúsculas expresaron que, cuando salió esta información en la prensa, requirieron información al beneficiario final, o sea a Lambiris, quien habría despejado con documentación aquellos interrogantes. Entre los elementos que habría acreditado figuran su sobreseimiento en una causa por contrabando (en realidad le dieron probation) y que “el único accionista de Ciclor S.A. es el señor Jorge Lambiris, expresando que sin perjuicio de su amistad personal con el señor Echegaray, éste no tiene ni ha tenido ninguna participación en la citada sociedad”.

No alcanzó para convencer a los panameños. Entre los documentos de Mossack Fonseca, Claudia Lambiris, la hermana de Jorge, aparece como secretaria de la asamblea de accionistas de Haley realizada en junio de 2015. Los archivos muestran que durante ese encuentro los accionistas acordaron el cambio de agente registrado y la renovación del directorio. Así, Mossack Fonseca se desvinculó de una operación que, en ese momento, lo exponía demasiado.

1 Los grandes grupos empresarios nucleados en AEA no lograron su objetivo de máxima, pero la pesificación asimétrica les ofreció un importante alivio sobre algunas de sus deudas dolarizadas, cuyo costo fue asumido por el Estado.

2 Gaggero, Alejandro, “Fuga de capitales VII: Los efectos de la internacionalización y extranjerización de los grandes grupos empresarios argentinos”, Documento de Trabajo, nº 74, CEFID-AR, Buenos Aires, 2015.

3 En aquella oportunidad, Amalita también habría vendido parte de sus colecciones de arte impresionista, un avión ejecutivo y un helicóptero, según sostuvo Loreley Gaffoglio en “La intrigante herencia de Amalita”, La Nación, 11 de marzo de 2012.

4 La revista, que puede consultarse en https://issuu.com/paysanducom/docs/memorias_del_queguay, afirma que la familia Fortabat fue la propietaria de la firma controlante de la estancia El Rincón de Queguay. Los responsables de la publicación digital que, entre otros, fue financiada por el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo también sostienen que en el año 2000 la empresa extranjera Greate Pier BV adquirió de Comfinco S.A. la propiedad. Durante esta investigación no fue posible identificar el rol que podría haber jugado esta segunda empresa sobre la cual no existen indicios en los Panama Papers. Sin embargo, los documentos revelados en la megafiltración sí permiten afirmar que Comfinco S.A. siguió controlada por Amalita hasta 2003, cuando procedió a venderla.

5 En la venta de Loma Negra la empresaria se benefició con la exención del impuesto a las ganancias de capital, la diferencia que realiza el dueño de una empresa cuando vende sus acciones. La misma suerte corrieron los dueños del Grupo Bemberg, que vendieron Quilmes a Ambev-Brahma, y Pérez Companc, que transfirió su petrolera a Petrobras. Además, la cementera de Amalita fue la protagonista durante dos décadas de realizar acuerdos ilegales de precios y de la distribución del mercado junto con las firmas Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Cementos San Martín, como también a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. A partir de 1981, las firmas comenzaron a fijar precios por encima de los que hubieran surgido de una libre competencia, a establecer los niveles de producción correspondientes a cada firma y a acordar los precios a cotizar para las licitaciones de obra pública y así garantizar que una compañía sea la ganadora del proceso. Todas fueron multadas en 2005.

6 El nombre de la empresa holding del grupo es prácticamente idéntico a la empresa vendida en Uruguay por Amalita.

7 Rúa, Magdalena (2014), “Fuga de capitales V. Los ‘facilitadores’y sus modos de acción”, Documento de Trabajo, nº 60, Buenos Aires,CEFID-AR. La traducción literal de private banking al español es “banca privada”, sin embargo, la palabra private de este término refiere a “privacidad”.

8 La AFIP denunció en 2014 a Prat-Gay por su rol como “facilitador”. “Resulta evidente considerar que quien posee la autorización delegada por la titulares para administrar los fondos depositados en el exterior no puede desconocer que los mismos no se encuentran exteriorizados en el país y el fin explícito de evadir el pago de impuestos sobre dichos fondos”, sostiene la presentación judicial de la autoridad tributaria. La investigación a cargo de la jueza en lo Penal Económico, María Verónica Straccia, no registró avances, y dos años después, cuando era ministro de Economía y Finanzas, el economista fue sobreseído en la causa Nº 1652/2014 (2195). “El daño que le hizo a mi buen nombre y reputación esta falsa imputación es inmenso y difícil de estimar”, se lamentó Prat-Gay en un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook en julio de 2016. “No elegí esta batalla, me subieron al ring los mafiosos que creyeron que para salvarse debían ensuciar a los limpios, los dirigentes políticos y periodistas que, sin fundamento, aseguraban con precisión científica que yo era ‘un evasor y lavador de cuentas propias y ajenas’, los miembros del Frente para la Victoria que integraron una comisión bicameral montada por el Gobierno para propagar la mentira (incluso a través de prófugos con pedido de captura internacional por robo) y a la que jamás se animaron a invitarme porque sabían que los iba a desenmascarar”, aseguró el administrador de la fortuna de Amalita, que no respondió las consultas de los autores. A través de sus asesores contables y legales, Amoedo reconoció que la cuenta estaba mal declarada y habría rectificado la situación ante la AFIP.

9 En diciembre de 2006, la cuenta mostraba un saldo de 68,3 millones de dólares, y el mes anterior, el patrimonio informado había sido de 84,1 millones dólares.

10 La offshore East River Associates Corporation estuvo domiciliada en 24 De Castro Street, Road Town, Tortola. Como sucede con la mayoría de las empresas de cartón montadas por Mossack Fonseca, la dirección en la capital de las Islas Vírgenes Británicas coincide con las oficinas de la empresa en el Akara Building. En ese modesto edificio de tres pisos funcionan la Junta de Turismo de la dependencia de la corona británica y un local de fotografía llamado Hezikiah Photography.

11 Durante una visita a Panamá en marzo de 2011, el abogado acordó un encuentro con Li An Chong de Mossack Fonseca que se habría frustrado por problemas de agenda de Sáenz Valiente. El nombre del letrado también emerge en correos vinculados con la firma Dockland Properties. El rechazo del abogado a responder los llamados de los autores no permite descartar la existencia de un homónimo.

12 Sí ofrecieron su testimonio en la Comisión Bicameral directivos de Central Térmica Güemes, Telecom, Exolgan y del Instituto Massone.

13 El Informe Final de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país fue publicado en 2015.

14 Ninguno de los jueces que intervinieron mostró demasiado interés en el asunto, al punto que las causas abiertas estaban casi sin movimiento. El 16 de junio de 2016, la Policía Federal detuvo a Arbizu para extraditarlo. La entrega a las autoridades estadounidenses había sido pactada casi seis meses antes entre su abogado y la Fiscalía de Nueva York: a cambio de una reducción en la pena, el ex ejecutivo colaboraría en la investigación sobre ilícitos financieros cometidos por los bancos donde trabajó.

15 Las empresas vinculadas al Grupo Clarín con cuentas administradas por el JP Morgan son Silkwood Inv, Mather Holdings, Mulberry Group, Alagoon Inv., Robin Bay, Grupo Clarín Services, Grupo Clarín S.A., Ara International HL, Artes Gráficas Rioplatense S.A., Inversora de Eventos S.A., Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., NOB Corporation, Compañía de Medios Digitales, Telered Imagen, 1999 Ernestina LHN Trust, Teledeportes Paraguay S.A., PEM S.A., PRIMA S.A., Tele Net Image Corp., Cadena País PP, Teledigital Cable, Televisión Satelital Codificada, Radio Mitre y Multicanal. Entre los individuos mencionados en la denuncia de Arbizu figuran Ernestina Herrera de Noble, Antonio Román Aranda, Alma Rocío Aranda, José Aranda, Noemí Alma Aranda, Marcela Noble Herrera, Felipe Noble Herrera, Héctor Magnetto, Héctor Aranda, Felicitas de Aranda, Roberto Guareschi, Alejandra Guareschi, José Antonio Aranda.

16 El otro argentino señalado por el informe del Senado de los Estados Unidos era Aldo Ducler, que entonces fue denunciado como lavador del Cartel de Juárez. El financista de Mercado Abierto falleció en junio de 2017. Durante meses había estado negociando con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri la presentación de información sobre los movimientos de los fondos depositados en el exterior por Santa Cruz. Los datos sobre los más de 500 millones de dólares que la provincia recibió en compensación por regalías mal liquidadas de YPF e información sobre la negociación para que el Grupo Petersen de la familia Eskenazi ingresara años después en la petrolera formaban parte de la oferta de Ducler a las autoridades. El financista que a cambio de esos archivos solicitaba una jugosa compensación esgrimía que sus aportes conseguirían torcer una disputa judicial en los Estados Unidos contra el país por 4.000 millones de dólares, impulsada por los Eskenazi y un fondo buitre al que los empresarios le vendieron parte de la demanda.

17 Ver http://www.lanacion.com.ar/1887983-la-nacion-a-sus-lectores

18 Matilde Saguier Corp. fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 2 de noviembre de 1998 y fue accionista titular del 50% de MNMS Holding S.A. hasta fines del año 2000. Matilde Saguier la constituyó en un 99%, y sus hijos Alejandro y Julio César detentaban el 0,05% cada uno. A fines del año 2000, como consecuencia de un reordenamiento de activos, Matilde Saguier adquirió el 49,917% de las acciones en MNMS Holding S.A. que estaban en cabeza de Matilde Saguier Corp. y, en 2003, Alejandro y Julio César adquirieron el 0,08% restante, por lo que que Matilde Saguier Corp. dejó de ser accionista de MNMS Holding S.A. y fue disuelta el 3 de junio de 2005.

19 http://www.apertura.com/lifestyle/Hablan-los-Blaquier-Algun-dia-quien-gane-dinero-sera-bien-visto-en-la-Argentina-20150618-0005.html

20 Los correos internos de Mossack Fonseca ofrecen precisiones sobre la operatoria: “Los BO [Beneficial Owners] son dueños de una empresa de electrodomésticos enorme de Argentina, FARVEGA [sic], viajan usualmente en su avión privado a Montevideo ya que son clientes de toda la vida de VÍCTOR PAULLIER CÍA. (corredores de bolsa con más de 100 años de antigüedad en Uruguay). Es para ellos que están pidiendo los poderes ilimitados y sin la cláusula de BCU porque sus cuentas están en SUIZA y van a nominativizar sus S.A.U. (Sociedades anónimas uruguayas) y poner a panameñas de accionistas con acciones al portador, ya que su Banco así se los permite. No van a inscribir nada en Uruguay porque nominativizan, por eso son sociedades antiguas las que tienen”.

21 En mayo de 2017, Alfredo Coto fue imputado en una investigación por tenencia irregular de armas, tras una denuncia que investigó el fiscal Jorge Di Lello por una fallida inspección de la Agencia Nacional de Materiales Controlados. En una revisión realizada sobre una sucursal de la cadena se encontraron “200 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta y un silenciador de armas, entre otras armas”.

22 Doris Anita Steuer, madre de los De Narváez Steuer e hija del fundador de Casa Tía, falleció en 2004 y aparece entre los Panama Papers vinculada con la offshore bahameña La Paz Investments, registrada en junio de 1999. Las fechas también coinciden con la venta de la empresa familiar.

23 El empresario y sus voceros declinaron responder las consultas de los autores.

24 A mediados de 2017, la empresaria figuraba en el directorio al menos de quince compañías inscriptas en la Inspección General de Justicia. Todas en rubros distintos, como agricultura, construcción y salud. La composición del órgano de gobierno de esas firmas se repite en cada una de ellas: María de las Mercedes acompañada de su esposo, el geólogo Samuel Luque, y sus hijos.

25 En el marco de la investigación conocida como Lava Jato, la justicia brasileña determinó que el abogado Haiek Reggiardo del estudio uruguayo Posadas & Vecino era uno de los apoderados de una cuenta bancaria en Suiza utilizada por el ex presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Eduardo Cunha, para recibir una coima de 1,5 millones de dólares vinculada con negocios de Petrobras en Benín. El político brasileño determinante para lograr el desplazamiento de Dilma Rousseff fue condenado a más de 15 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión. El estudio de abogados donde trabaja el facilitador de María de las Mercedes Bulgheroni está encabezado Ignacio de Posadas, ex legislador y ex ministro de Economía uruguayo durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle.

26 http://www.lanacion.com.ar/1934508-carlos-bulgheroni-el-empresario-petrolero-que-dejo-una-huella-por-su-audacia-para-hacer-negocios

27 La filtración estaba compuesta por tres tipos de datos del banco correspondientes a distintos períodos. El primero ofreció información referida a los clientes y sus cuentas en el banco entre 1988 y 2007. Otro grupo de datos está compuesto por los saldos mensuales de las cuentas entre 2006 y comienzos de 2007. El tercer bloque lo componen notas sobre los clientes y reportes de conversaciones que empleados del banco mantuvieron con ellos.

28 Gulliver también figura en los Bahamas Leaks. El banquero aparece en los registros de la empresa HSBC Markets. Los archivos filtrados del Registro de Compañías bahameño seis meses después del estallido de Panama Papers muestran que el banquero se desempeñó como presidente de esa sociedad entre 1996 y 1997. En los documentos donde comparte directorios con otros miembros del HSBC figura un domicilio de Hong Kong.

29 ICIJ estimó que el número de empresas offshore abiertas por Mossack Fonseca a pedido del HSBC y sus subsidiarias asciende a 2.300. Después del holding anglo-asiático se ubican Experta Corporate & Trust Services con 1.659, el UBS con 1.100 y Credit Suisse con 1.005. Otras reconocidas entidades bancarias que hacían negocios con los mayoristas panameños de manera directa son Société Générale (979 empresas), el Banque J. Safra Sarasin (963) y el Royal Bank of Canada (378).

30 Entre las 339 páginas, los investigadores aseguran que el banco permitió la apertura de más de dos mil cuentas a nombre de empresas controladas por acciones al portador en su sucursal de Miami, que facilitó el ingreso en ese país de más de 7.000 millones de dólares en billetes provenientes de bancos mexicanos vinculados con lavado de dinero del narcotráfico entre 2007 y 2008, y que la entidad eludió las sanciones del gobierno estadounidense contra Cuba, Irán y Corea del Norte, entre otros, al canalizar operaciones bancarias provenientes de esos países por 19.700 millones de dólares durante el período 2001-2007.

31 El ingreso de Raúl Pedro Moneta en el CEI se concretó de una manera plagada de suspicacias, dando a entender que el Citi nunca perdió el control del fondo.

32 El Exxel le había comprado esos negocios a Alfredo Yabrán, poco después de que éste fuera denunciado como jefe de una mafia y poco antes de que se profugara y luego se suicidara de un escopetazo en mayo de 1998.

33 El mayor operador de cable de los Estados Unidos, TCI del fondo Liberty Bell, pagó unos 300 millones de dólares en 1995 por el 51% de Cablevisión. A fines de 1997, el desembarco de CEI Citicorp y Telefónica dejó a Eurnekian con apenas el 7,5% de las acciones, pero con otros 250 millones de dólares en el bolsillo. Sucesivamente, hizo lo propio con el remanente y demás participaciones en medios juntando algunos millones más. La suma global obtenida por el empresario alcanzó los 750 millones de dólares.

34 En 2017, las acciones de la empresa láctea se reparten entre cuatro socios. La familia Mastellone controla alrededor del 40% de la firma, la participación de Arcor asciende al 33,5% y el 26,5% restante está en manos del fondo de inversión Dallpoint Investments. El cuarto asociado es la firma francesa Danone, que hace más de dos décadas se quedó con los yogures y postres comercializados bajo marca La Serenísima, así como con el sistema de distribución y logística de toda la empresa. Danone posee una participación en Mastellone a través de Bagley, un joint venture con Arcor, que fue utilizado por la alimentaria cordobesa para ingresar en la láctea.

35 El banco pertenecía al Grupo Velox que era dueño de bancos y supermercados en Sudamérica, entre ellos la cadena Disco. La entidad bancaria entró en liquidación en 2002.

36 En mayo de 2016 el empresario indicó que “todo es muy reciente y aún está en el aire, por lo que de prosperar tendremos tiempo para declarar todo ante la AFIP hasta el año próximo”.

37 Aznar figuraba asimismo como titular de Decavial. El Honda Civic propiedad de la firma, entregado al Estado en el marco de la concesión, terminó siendo utilizado por Jaime, de quien ni siquiera dependía el área de vialidad. Una situación similar sucedió con otros contratistas del Estado, como IECSA que entonces estaba controlada por la familia Macri.

38 En el año 2000, Lambiris pasó un mes y medio detenido como parte de una investigación sobre piratas del asfalto. Lo acusaron de ser uno de los presuntos responsables del ingreso de los productos robados al mercado. Con el paso de los años se dedicó al negocio de los depósitos fiscales, un área regulada por la Aduana que depende de la AFIP. En 2014, cuando Claudia Lambiris presidía Ciclor S.A., la empresa fue denunciada por presuntas maniobras de lavado de dinero. De acuerdo con la presentación realizada por legisladores de la Coalición Cívica, la firma había adquirido en 2011 dos terrenos en Montevideo por un millón de dólares en efectivo, con fondos provenientes de la Argentina.

CAPÍTULO VI
LOS ABOGADOS

El Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal establece los deberes fundamentales respecto del orden jurídico-institucional. La primera de esas obligaciones, establecida en su artículo sexto, indica: “Afianzar la Justicia: Es misión esencial de la abogacía el afianzar la justicia y la intervención profesional del abogado, función indispensable para la realización del derecho”. Las luminarias de la red global de servicios financieros offshore desafían el mandato con el que se rigen los letrados porteños. Los estudios jurídicos son un eslabón indispensable para quienes pretenden minimizar su carga tributaria, transferir al exterior recursos generados en el país y ocultar sus activos del escrutinio de las autoridades fiscales, de sus familiares o de sus asociados.

A pesar de su vasta experiencia, en raras ocasiones los letrados locales son autosuficientes. El rol que cumplen en los menesteres offshore es el de intermediar. Por eso, cuando la solución a la demanda del cliente está en el mundo offshore, recurren a alguno de los mayoristas especializados en la creación de empresas de cartón que existen alrededor del mundo. Appleby Global, Bedell Group, Carey Olsen, OCRA Worldwide, ILS Fiduciaries, Offshore Incorporations Limited, Wolters Kluwer, Morgan & Morgan y, claro está, Mossack Fonseca forman parte del listado de jugadores más grandes y reputados de ese prolífico mercado. Son esas firmas las encargadas de suministrarles a los estudios de abogados y contadores las herramientas necesarias para concretar el montaje de las estructuras que satisfagan a empresarios pymes, directivos de grandes compañías, celebridades exitosas y herederos millonarios.

La competencia es sangrienta y, para mantenerse en la cima, los mayoristas de servicios offshore necesitan de un amplio y activo listado de usuarios alrededor del mundo. Las comunicaciones internas de Mossack Fonseca mostraron que, para eso, algunos de sus empleados realizaban “roadshows” por grandes ciudades como Buenos Aires. En esas giras, los panameños visitaban los principales estudios de abogados de la city porteña buscando nuevos clientes y consolidando viejos conocidos. La información que reportaban a sus jefes en la casa matriz daba cuenta de que en algunas oficinas eran recibidos por los socios principales y, en otras, los encargados de atenderlos eran sencillamente personajes menores, administrativos, “juniors” sin ningún peso en las firmas. Como si fueran visitadores médicos, realizaban una breve presentación de su menú de opciones offshore, detallaban tarifas y costos por sus servicios, repasaban los beneficios de las distintas jurisdicciones donde podían inscribir firmas, brindaban detalles sobre las garantías de anonimato provistas por esas estructuras y enfatizaban lo sencillo que eran los trámites. Antes de retirarse respondían inquietudes, entregaban folletería y, en ocasiones como las recorridas realizadas en 2002, 2006 y 2010, repartían obsequios alusivos a los mundiales de fútbol.

“Adjunto la información solicitada de Argentina y le resumo. Actualmente en la base de datos existen 360 clientes localizados en Argentina, de los cuales 344 son de Buenos Aires y el resto se divide en Cordova [sic], Rosario y otras ciudades… Aparentemente en nuestra base de datos tenemos más abogados que en el Martindale¹ y Páginas Amarillas para este país, en el Martindale-Hubbell sólo hay 113 y 251 en Páginas Amarillas de toda Argentina”, escribió a su superior una contadora de Mossack Fonseca en agosto de 2008. Aunque sus bases de datos rebalsaban de clientes argentinos, los registros internos muestran que la mayoría de los estudios porteños no se convertía en “usuarios activos” sino que permanecía bajo el estatus de “potenciales” o “prospectivos”. Es evidente que la tarea de no era sencilla y que, con tal de cobrar el plus salarial por cada estudio visitado, los panameños enviados a los “roadshows” les mentían a sus jefes sobre dónde habían estado y con quién se habían reunido.

Ilustrativo es el caso de la firma Gil Lavedra & Romero Acuña. Los registros de los panameños afirman haber visitado en 2007 el estudio encabezado por Ricardo Gil Lavedra, ex juez durante el juicio a las Juntas Militares y ex legislador por la Unión Cívica Radical devenido en funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Los visitadores de Mossack Fonseca aseguran haberse reunido “con la Dra. María Drago, quien preside este prestigioso estudio… la doctora escuchó con atención nuestra exposición y consultó acerca de los servicios de la Fiduciaria en cuanto al tema de aperturas de cuentas bancarias. Mostró interés en nuestros servicios y comentó informar de los mismos al resto de los abogados”. Consultada por los autores, Drago no recuerda haber recibido aquel año a ningún panameño, pero reconoce que el estudio recibe reiterados llamados de distintas firmas locales y extranjeras ofreciendo sus servicios. Sin embargo, lo más relevante es que Drago no sólo no “preside” el estudio, sino que tampoco es abogada. Trabaja hace 35 años como secretaria para Gil Lavedra. El prestigioso abogado, que representó al Grupo Clarín y defendió a la vicepresidenta Gabriela Michetti, indicó a los autores que su estudio no está vinculado con Mossack Fonseca. La base de datos no ofrece ninguna evidencia que lo contradiga.

Otro elemento saliente entre los informes de los promotores panameños es que, en reiteradas oportunidades, dan cuenta de que la firma visitada ya utilizaba los servicios de Mossack Fonseca mediante contrapartes uruguayas. El caso Macri o los financistas vinculados con la denominada “ruta del dinero K” demuestran que una porción significativa de las aventuras offshore argentinas se canaliza a través de firmas uruguayas como Lussich Torrendell; JP Damiani & Asociados; Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti; o Posadas & Vecino, entre otros mediadores emplazados al otro lado del Río de la Plata. Todos los nombres mencionados por los promotores de Mossack Fonseca figuran, a su vez, en el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero que lleva la firma de la diputada Elisa Carrió.

A pesar de sus imprecisiones y limitaciones, las minutas elaboradas por los empleados de Mossack Fonseca después de recorrer la city porteña ofrecen perlitas e indicios para comprender el rol de los estudios de abogados porteños en la red global de servicios financieros offshore. Los casos elegidos son aquellos en que los letrados argentinos figuran cumpliendo un rol activo en la construcción o administración de estructuras offshore para sus clientes.

M&M Bomchil Abogados

El estudio es uno de los clientes argentinos más viejos de Mossack Fonseca. Con una larga historia vinculada al derecho comercial y tributario que se remonta a 1923, el estudio se convirtió en los años ochenta en el representante legal de grandes empresas como Citroën, Harrods Buenos Aires, The Royal Bank of Canada y Pernod Ricard. A partir de la década siguiente M&M Bomchil asesoró a empresas extranjeras que participaron en las privatizaciones de los servicios públicos y, desde el estallido de la convertibilidad, se convirtió en una referencia para las multinacionales que comenzaron a litigar contra el país en los tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI del Banco Mundial.

El vínculo con los mayoristas offshore panameños se remonta a comienzos de los años ochenta, una época en que las regulaciones y controles eran significativamente más laxos. Por esos años los letrados del estudio mediaron en la creación de las offshore Black Rose Trading, ST Gallen Financial, Eastern Finance Holdings, Atlantic Farms, Deral International, Nibel Corp. y Margarita del Mar. La base de datos revela que el estudio M&M Bomchil es el intermediario, por lo menos, en 14 empresas offshore.² Todas las firmas están domiciliadas en Panamá. Aunque fueron montadas entre 1982 y 2012, los negocios con Mossack Fonseca revelados en la base de datos se concentran en los ochenta y noventa. El nombre más relevante del listado es Corporación América Sudamericana, la firma panameña que estuvo en el epicentro de la disputa offshore entre Eurnekian y Korzin.³

Klein & Mairal

El miércoles 5 septiembre de 1984 una comisión parlamentaria a cargo de investigar la escandalosa estatización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad S.A. durante la última dictadura encabezó un allanamiento en el estudio Klein & Mairal. El Estado argentino compró la firma poco antes de que venciera el acuerdo para pasar a manos públicas sin pagar un peso. Antes del golpe de 1976, el entonces fiscal Edgar Sá había evaluado que la empresa no valía más de 35 millones de dólares, pero el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, pagó casi 400 millones de dólares por ella. La operación fue acompañada por su secretario de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein. Uno de los que se opuso a esa maniobra fue el director de Inversiones Extranjeras, Juan Carlos Casariego de Bel. Poco después fue secuestrado y pasó a integrar la lista de desaparecidos.

En las oficinas del estudio se hallaron, según tituló al día siguiente el diario La Voz: “Documentos secretos que prueban la responsabilidad y participación de Martínez de Hoz en varios negociados fueron hallados en las oficinas de Klein”. En el estudio se encontró información “que salpica a unas 2.000 operaciones en las que están involucrados, con nombre y apellido, directivos y accionistas y testaferros de un centenar de empresas que realizaron transacciones fraudulentas durante el ‘Proceso’”, indicó el matutino en la edición del 6 septiembre. Todo estaba prolijamente acomodado en una imponente caja fuerte, aunque alguna documentación pudo ser salvada del allanamiento: “En el momento de ingresar los integrantes de la comisión parlamentaria, dos abogados jóvenes huyeron del lugar con dos grandes valijas. Uno era Mariano Grondona (hijo), dirigente juvenil de la UCD. El otro, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo)”, asegura la crónica de 1984.⁴

El vínculo del estudio, que Guillermo Klein y Héctor Mairal fundaron en 1971, con Mossack Fonseca se remonta a finales de los años ochenta. “Apreciaría mucho si pudiera detallar el precio que tiene la incorporación de una corporación en Islas Vírgenes Británicas”, se lee en el fax enviado en julio de 1988 por el abogado Jorge Pérez Alati, que pocos años después se iría del estudio con otros socios para formar la reconocida firma Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). El remitente era Jürgen Mossack, el mismísimo alemán que en 1977 fundó la firma en Panamá.

El nombre de la offshore solicitada por el argentino es Federosa y el objetivo formal de la empresa debería ser “tan amplio como fuera posible aunque el principal fin será abrir y mantener cuentas bancarias”. Diligente, Mossack respondió en ese mismo día. El pedido no le quedaba claro: “Usted dice en su fax que el objetivo principal de la compañía será abrir y mantener cuentas bancarias. ¿Entiendo de esto que la empresa desarrollará negocios bancarios, quiero decir, aceptando depósitos de dinero que luego podrían ser extraídos? Clarifique”. La explicación de Pérez Alati ilustra a la perfección uno de los mecanismos utilizados por los argentinos para fugar y ocultar su patrimonio: “Federosa no va realizar ningún tipo de actividad bancaria. Fondos del accionista prospectivo que hoy están a su nombre serán transferidos a una cuenta bancaria que será abierta a favor de la empresa”.

En esa comunicación, el letrado le hace un pedido más al alemán. Solicita que la totalidad de las acciones sean emitidas al portador y, que si eso no fuera posible, le pase un presupuesto para poner prestanombres. Los clientes prefirieron figurar en el directorio con nombre propio. Quien estaba al frente de la offshore radicada en las Islas Vírgenes era la familia Klemm: Federico Jorge Klemm, Rosa Marecek de Klemm y Federico José Klemm.

Itzcovich Griot & Asociados

El nombre de la sociedad es Wylie Trading. La empresa fue incorporada en Panamá el 17 de diciembre de 2001, y Emilio René Itzcovich Griot comenzó a figurar como apoderado de la firma a partir del 22 de noviembre de 2002. Los correos muestran que el hijo del dueño del estudio, Alejandro Itzcovich Griot, era el destinatario de las consultas de Mossack Fonseca referidas al proceso de creación de la offshore. En 2016, el abogado fue designado al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Antes de llegar a ese cargo impulsado por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, Itzcovich Griot se desempeñó como coordinador de Incorporaciones en la Policía Metropolitana, fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y figura entre los primeros miembros de la Fundación Grupo Sophia, donde se crearon personajes de la política argentina como María Eugenia Vidal.

El estudio intentó retomar el vínculo con Mossack Fonseca en agosto de 2008, cuando uno de sus socios solicitó por e-mail una cotización para adquirir una sociedad offshore panameña añejada y la creación de una nueva firma en esa misma jurisdicción: “Hemos recibido dos solicitudes de pedido de conformación o adquisición de sociedades en Panamá (uno desde inversionistas argentinos, y otros ingleses/árabes, para invertir en Argentina)”, escribieron desde el Estudio Itzcovich Griot & Asociados. La respuesta no demoró. Adania Management Inc., Kaylee Holdings y Rostan International Corp. fueron los nombres propuestos por Mossack Fonseca. “En caso que decida adquirir una de estas sociedades ya constituidas, el cambio de Junta Directiva no conllevará ningún costo adicional, siempre que lo solicite conjuntamente con la compra de la sociedad. Si desea proceder con el cambio de Junta Directiva, le agradecemos que nos proporcione el nombre y dirección de los directores y dignatarios de la sociedad. La fecha del nombramiento de los directores será la fecha actual”, le informaron desde Panamá. Los insistentes correos de los mayoristas offshore recibieron una respuesta contundente que abortó la operación, el abogado había sido internado por problemas de salud. Desde Itzcovich Griot & Asociados no volvieron a pedir cotizaciones a los panameños.

Marval, O’Farrell & Mairal

El estudio jurídico más grande de la Argentina recibió la primera visita de Mossack Fonseca en 1999. Los panameños aseguran que fueron recibidos por el socio de la firma, Alfredo O’Farrell, con quien se volverían a encontrar en 2006. En ambas oportunidades consideraron que tenían escasas chances de trabajar con el estudio donde se desempeñan más de 300 abogados, ya que sus clientes son grandes corporaciones que no suelen tercerizar el vínculo con el mundo offshore. Por eso, los vínculos entre Mossack Fonseca y Marval registrados entre los Panama Papers fueron escasos.

No obstante, entre las comunicaciones internas de la firma panameña figura un intercambio de e-mails de octubre de 2007 con uno de los responsables del área impositiva del estudio. “Mi nombre es Gabriel Gotlib. Soy socio de Marval, O’Farrell & Mairal en Buenos Aires, hemos trabajado juntos en algún tema […] Quisiera hacer una sociedad en Panamá para mí y para mi padre con acciones nominativas. La sociedad sólo tendría una cuenta de inversiones en Lehman Brothers USA”, sostiene Gotlib, a quien los archivos de Mossack Fonseca describen como un cliente no cooperante en materia de debida diligencia. La offshore en cuestión se llamó Rodinet Capital Corporation. Los visitadores panameños volvieron a las oficinas de Marval, O’Farrell & Mairal en abril de 2008: “Nos reunimos con el Sr. Gabriel Gotlib… hemos estado en contacto por otros casos y tiene una empresa personal con nosotros. Él mencionó que la mayoría de sus clientes son corporaciones aunque tienen algunos clientes privados con mucho dinero. La mayoría de ellos tiene sus activos offshore y ahí es donde podrían estar interesados en nuestros servicios”, escribieron al terminar aquel encuentro que tampoco le rindió a la firma los frutos prometidos.

Abogado y contador, Gotlib es uno de los principales expertos en planificación fiscal del país, y su libro Aspectos internacionales de la tributación argentina (2009) es de consulta obligatoria para cualquier intermediario. Hacia el final del tomo de 672 páginas, el autor describe, por ejemplo, cómo sacarle el jugo a regímenes impositivos preferenciales como las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) de España. Esas estructuras españolas publicitadas en los libros de Gotlib fueron parte de una rentable maniobra societaria a la que recurrieron grandes grupos económicos locales y multinacionales entre 2006 y 2010 para lograr beneficios fiscales de manera fraudulenta.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

El estudio que tuvo un rol protagónico en las privatizaciones de ENTel, Segba, Gas del Estado Siat y Somisa, entre otras, recibió la visita de Mossack Fonseca en octubre de 2007. “Sus instalaciones son excelentes. Conversamos muy cordialmente con la Dra. [Susana] Ripoll a quien le presentamos la firma, nuestros servicios, en particular se mostró muy interesada con fundaciones de interés privado. Nos dijo que le gusta mucho trabajar con sociedades panameñas por la rapidez en constitución entre otros. Solicitó le fueran enviados los costos de Panamá y BVI”, reseñan los tres visitadores de la firma panameña. La ficha del estudio no da cuenta de que haya realizado operaciones con Mossack Fonseca; sin embargo, los abogados de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi reaparecen en escena como apoderados en la región de la empresa danesa de anteojos y otros accesorios plásticos Buch + Deichmann cuyos productos se venden en aeropuertos y grandes librerías. El pedido para que los letrados del estudio recibieran los poderes no fue realizado desde Buenos Aires, sino que estuvo a cargo de la firma contable uruguaya Cernicchiaro y Asociados.

Curutchet-Ordiozola

“Juan Ernesto Curutchet pasó por la reunión para saludar y mencionó que él había conocido a Jürgen Mossack durante una visita a nuestras oficinas en Panamá. Ellos utilizan nuestros servicios de manera indirecta y nos guardan alta estima. Dijo que está convencido en trabajar con nosotros cuando surja la necesidad. Nos considera su contacto en Panamá”, indica el reporte de dos empleados de la empresa que visitaron el Estudio Curutchet-Ordiozola en 2006. El abogado Juan E. Curutchet al que hacen referencia fue designado presidente del Banco Provincia de Buenos Aires cuando comenzó la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Colaboradores del funcionario explicaron a los autores que las visitas y llamadas de empresas como Mossack Fonseca son habituales, pero afirmaron no recordar ese cruce ocasional. Aseguraron, además, que Curutchet no conoció a Jürgen Mossack y que el estudio no tiene vínculos con la empresa panameña.

Curutchet es socio en el estudio familiar desde 1990, cuando desembarcó apenas terminado su mandato como secretario general de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Los voceros del abogado señalaron a los autores que conoció Panamá en 2010 durante un congreso de bancos al que viajó como parte de una comitiva del Banco Ciudad, donde se desempeñó como vicepresidente entre 2008 y 2015. Ahí, indicaron, tampoco se encontró con el titular de la firma que quedó en el centro del escándalo internacional. De acuerdo con el reporte que hacen los visitadores de Mossack Fonseca, el estudio “trabaja con un cliente nuestro en Uruguay” y, si bien estaban interesados en sus servicios, Curutchet-Ordiozola “se refirieron a las nuevas regulaciones para empresas extranjeras en Argentina y mencionaron que no es el mejor momento para utilizar estos servicios”. La conclusión de los panameños no fue optimista: “Considero que tenemos una probabilidad del 50% de trabajar con ellos en este momento porque el mercado offshore argentino está siendo perturbado”.

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)

El reconocido estudio figura en los Panama Papers vinculado con una sucesión que involucraba cuentas bancarias con dos millones de dólares a nombre de una empresa offshore llamada Alpino Securities Limited. Los fondos en cuestión estaban a nombre de Hipólito Picchio, el fallecido empresario correntino, en el banco BBVA Privanza Jersey y BBVA Miami. “Los Picchio son una familia que vive en el norte del país ubicados en la provincia de Corrientes, el Sr. Picchio Hipólito comenzó su actividad como empresario hace ya 30 años cuando fundó una empresa de transporte público que en la actualidad está en proceso de liquidación. La fortuna que la familia Picchio posee en nuestro Banco sin embargo es producto de la venta de otro negocio que es una emisora de televisión por cable a un grupo americano [llamado] Mandeville”, sostiene uno de los informes de la sucursal del banco ubicada en la diminuta isla de Jersey, presentes en las bases de datos de Mossack Fonseca.

El extenso intercambio de correos se desarrolló a lo largo de 2004 y da cuenta de los reparos de Mossack Fonseca para que los familiares de Picchio sean designados beneficiarios sustitutos. Los panameños advierten que el empresario no había indicado cómo avanzar si fallecía. La práctica habitual, explican en las misivas, es nombrar sustitutos en el reglamento fundacional de la empresa o dejar cartas de deseos. Ninguno de esos documentos había sido previsto. Pero el mundo offshore siempre ofrece alternativas. Propusieron recurrir a una figura denominada “fideicomiso discrecional” que, según explicaban, “existe implícitamente”. Identificado el instrumento capacitado para nombrar beneficiarios, decidieron que la presencia de los familiares del correntino en el directorio de la offshore desde 1998 “parece ser una señal de los deseos hereditarios del Sr. Picchio”. El intercambio lo inició una de las familiares del empresario, pero el encargado de terminar las negociaciones con los panameños fue Alan Arnsten, uno de los socios del estudio PAGBAM. Es ese letrado quien fue designado, junto a otros pares, con el poder necesario para operar la offshore Alpino Securities en octubre de 2004.⁵

Vandenbroele

El nombre Alejandro Paul Vandenbroele aparece en la base de datos como representante de Alfaro Abogados, un estudio radicado en Madrid, que recibe el número de cliente 14.345 en los registros de Mossack Fonseca. Vandenbroele se convirtió en el titular de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone Calcográfica en 2010, cuando la empresa salió de la quiebra. Sus acusadores en la Justicia lo señalan como presunto testaferro del entonces vicepresidente Amado Boudou, acusación que ambos rechazan y disputan en tribunales. Para los registros de los mayoristas offshore panameños, Vandenbroele forma parte de los destinatarios de regalos empresariales que la firma enviaba a quienes compraban “cinco o más” sociedades.

El letrado trabajó durante años en Alfaro Abogados y, de hecho, allí conoció a su ex esposa y denunciante, Laura Muñoz. El estudio opera en Buenos Aires, Madrid, Nueva York y Londres, ofreciendo a sus clientes “soluciones legales innovativas a las complejas transacciones de la economía mundial de hoy”. El e-mail de contacto que figura en los registros de Mossack Fonseca es vandenbroele@alfarolaw.com, pero los letrados negaron estar vinculados con la proveedora de servicios financieros centroamericana. “Cualquier actividad realizada por el señor Alejandro Vandenbroele invocando el nombre del estudio con Mossack Fonseca no fue del conocimiento del estudio”, indicó a La Nación el titular del estudio Alfaro al desconocer cualquier operación con los panameños: “Jamás el estudio ha comprado sociedad alguna al estudio Mossack Fonseca. Alejandro Vandenbroele actuó por su cuenta y de manera desleal cuando operó con el bufete panameño Mossack Fonseca para abrir sociedades offshore”. Los nombres y destinos de las offshore que podría haber creado Vandenbroele son desconocidos.

1 Martindale-Hubbell es una empresa fundada en 1868 que publica un reputado directorio internacional de abogados.

2 El estudio de abogados no respondió las consultas de los autores.

3 Ver página 207.

4 La historia fue publicada por el periodista Pablo Waisberg en noviembre de 2014, cuando la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento de Klein y pidió nuevas medidas de prueba para determinar su responsabilidad en el crimen de Casariego de Bel: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/seguiran-investigando-a-la-mano-derecha-de-martinez-de-hoz-por-el-caso-italo-6543.html

5 El portal de noticias Letra P realizó un relevamiento en la base de libre acceso provista por ICIJ e identificó a otros estudios de abogados argentinos que administraron sociedades offshore para sus clientes. Entre las firmas mencionadas figura, por ejemplo, C&C Beccar Varela gestionando diez entidades en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas. El listado de bufetes vinculados con Mossack Fonseca lo conforman además Rosetti, Beresñak, Romero; MBC y Asociados; Riveiro y Asociados; Estudio Larrubia y Michelson, entre otros. Ver http://www.letrap.com.ar/nota/2016-5-11-los-abogados-de-siempre-tambien-en-los-panama-papers

CAPÍTULO VII
POLÍTICOS

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación centralizó su cobertura en los políticos y funcionarios públicos que recurrieron a Mossack Fonseca para montar las más complejas estructuras societarias a través de la red global de servicios financieros offshore. El mismo camino siguieron los periodistas y medios que accedieron a las bases de datos. Desde el punto de vista mediático la decisión fue efectiva, ya que instaló el escándalo a escala global, algo que no había logrado el consorcio con sus dos filtraciones anteriores del mundo offshore, los llamados LuxLeaks y la lista de clientes del HSBC. En esos casos, los protagonistas de las maniobras denunciadas habían sido multinacionales, directivos de grandes empresas, herederos millonarios y algunas celebridades. Dado que la clientela de Mossack Fonseca era mayoritariamente latinoamericana y con una fuerte presencia de países del llamado tercer mundo. Los Panama Papers, al incluir información sobre políticos y sus entornos, apuntalaron la visión tradicional de que los paraísos fiscales son un engranaje fundamental para canalizar hechos de corrupción gubernamental-empresarial que se suceden día a día en los países con líderes autoritarios.

Los más de 11,5 millones de documentos sustraídos a Mossack Fonseca ofrecían información suficiente para alimentar esa interpretación. El sitio web del consorcio promociona desde abril de 2016 la existencia de “140 políticos de más de 50 países vinculados a compañías offshore en 21 países”. El listado inicial de doce mandatarios mencionados en los Panama Papers se agrandó en el primer aniversario, cuando se incorporaron el primer ministro australiano en ejercicio y un ex mandatario mongol. Ambos estaban vinculados con negocios mineros, y sus participaciones se canalizaron a través de empresas pantalla montadas en las Islas Vírgenes Británicas. Entre las historias seleccionadas por ICIJ y por los periodistas de los distintos países que trabajaron inicialmente con las bases de datos había escándalos en Islandia, Francia, Inglaterra o Italia, pero la investigación estuvo enfocada en los usos y abusos offshore de los políticos en Rusia, China, África, América del Sur, Europa del Este, Oriente Medio y Asia. Algunas de las narrativas desarrolladas dan cuenta de las aventuras offshore no declaradas de personajes como:

Los primos del presidente de Siria, Bashar al-Assad.

El hijo del ex presidente egipcio, Alaa Mubarak.

La familia del primer ministro de Azerbaiyán.

Amigos de la infancia del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La viuda del ex dictador de Guinea, Lansana Conté.

La hija del ex primer ministro de China, Li Peng.

El secretario personal del rey de Marruecos.

La hermana del rey emérito de España.

Un ex presidente del Banco Central de Ecuador.

Un íntimo amigo del presidente de la Autoridad Palestina.

Un juez de Botswana.

El príncipe heredero de Arabia Saudita.

Un ex ministro de Energía e Hidráulica de Congo.

El cuñado del alcalde de Bogotá.

El “contratista favorito” del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

El hijo del vicepresidente hondureño.

Un socio de la esposa de un poderoso político chino.

Un ex jefe de los espías peruanos.

El ministro de Petróleo de Angola.

A esa enumeración podrían incluirse tres casos de políticos argentinos. El presidente Mauricio Macri, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y el intendente de Lanús. La investigación publicada por el equipo de periodistas del diario La Nación sumó otros cinco nombres al listado nacional: menciones a cuatro funcionarios jerárquicos de la administración macrista, intentos por abrir sociedades del cuñado del ex titular de la ANSES y operaciones no concretadas a nombre de la esposa del ex ministro de Planificación, Julio de Vido. El relevamiento de los autores incorporó, por su parte, a un intendente de la provincia de Buenos Aires, un ex banquero central y un ex ministro de Producción.

En su mayor parte, los individuos mencionados son o fueron figuras relevantes de la política nacional. Sin embargo, la cantidad de usuarios políticos de los servicios de Mossack Fonseca no es tan extensa como el listado de los grandes empresarios. No se puede dejar de contemplar la posibilidad de que algunos dirigentes, legisladores y servidores públicos hubieran contratado los servicios de un intermediario distinto a Mossack Fonseca para sus aventuras offshore (un razonamiento que también es válido para explicar las ausencias de algunos de los representantes de la cúpula empresaria que sí figuraron en otros listados sobre fuga de capitales). En cualquier caso, la cantidad de políticos argentinos presentes en la filtración está en línea con las estimaciones realizadas por Raymond Baker sobre las fuentes de los flujos financieros ilícitos. De cada 100 dólares que se mueven por esos canales, 63 están explicados por los actores económicos privados y 37 corresponden a actividades criminales de todo tipo y, de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza “apenas” a 3 dólares.

Incompatibilidades del Golden Boy | Redrado

Sospechas existieron, por lo menos, desde principios de 2004. El entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y futuro presidente del Banco Central era cuestionado por su presunta participación en Puntogol Sport, Technology and Marketing, la empresa que explotaba los derechos de imagen de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Hernán Martín Pérez Redrado siempre negó que existieran incompatibilidades. Convocaba a los periodistas que publicaban las acusaciones a su despacho para asegurarles que él había renunciado a sus cargos en esa compañía cuando se convirtió en funcionario público. Los registros comerciales locales nunca permitieron refutar su defensa, pero una serie de documentos identificados en los Panama Papers revela que, durante la mayor parte de su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el economista fue CEO, director y accionista de una compañía denominada Puntogol Corp. La firma establecida en las Islas Vírgenes Británicas con la colaboración del estudio Mossack Fonseca era la propietaria de su homónima argentina, de la cual Redrado aseguraba haberse desvinculado.

Las 46 páginas de actas y registros disponibles en la base de datos muestran que el economista ingresó en la compañía offshore el 15 de enero de 2001. Ese día no sólo fue designado desde Uruguay como directivo y responsable de Puntogol Corp., sino que además lo autorizaron a operar la cuenta bancaria abierta a nombre de la firma en el Chase Manhattan Bank. La primera acta oficial de Puntogol Corp. que aparece con la firma de Redrado tiene fecha un año después, en medio de la más profunda crisis económica, política y social del país, el 2 de enero de 2002. En la misma jornada que fue confirmado por el presidente interino Eduardo Duhalde para ocupar un cargo jerárquico en la Cancillería, Redrado se hizo lugar para autorizar de puño y letra el ingreso de un nuevo socio en la offshore: Scarlet Investment. La empresa que informaba como sede el domicilio personal del funcionario había pasado a controlar 180.000 acciones, el equivalente al 6% del paquete de Puntogol Corp. Pero no se agotan en una dirección compartida los indicios que permiten presumir que fue Redrado quien se hizo ese mismo día con la participación accionaria a través de una inversora. Las firmas del titular de Scarlet Investment y el director Redrado en todos los documentos analizados son idénticas. Por si quedaba alguna duda, en una de las actas, el representante de esa accionista en Puntogol Corp. aclara sus iniciales: “MR”.

El accionar de Redrado no se limitó a habilitar el ingreso de su empresa Scarlett Investment el mismo día que fue confirmado en su nuevo cargo público. La firma del funcionario-empresario aparece en otras tres “Resoluciones por escrito del único Director de la compañía”, fechadas durante sus primeros once meses al frente de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La primera tuvo lugar el 5 de abril de 2002 cuando el CEO de Puntogol Corp. de Islas Vírgenes Británicas y funcionario público de la Cancillería Argentina habilitó una cesión de acciones de la firma offshore hacia Westbrook Business Corp. En su doble condición de diplomático jerárquico y directivo de la empresa que administraba hasta los derechos de imagen de las figuritas de los Mundiales de Fútbol, el 21 de noviembre de ese mismo año validó el ingreso en la empresa de una accionista uruguaya llamada Grunoy S.A. El último hecho relevante firmado por Redrado sucedió seis días después, cuando concretó la suscripción de nuevas acciones a favor de la controlante mayoritaria llamada Levemond S.A.

El Golden Boy. Así lo bautizó durante la ola neoliberal de los años noventa el periodista Bernardo Neustadt, que lo invitaba a su programa televisivo para celebrar las virtudes del programa económico menemista. Redrado nunca negó haber participado en Puntogol ST&M S.A. Esa sociedad, inscripta en la Inspección General de Justicia a comienzos de 1998, se convirtió rápidamente en el agente comercial exclusivo de la AFA, un lugar privilegiado que ocupó durante tres mundiales. Organización de partidos amistosos, figuritas, videojuegos y cuanto negocio rentable existiera requerían la intervención de Puntogol ST&M S.A., que siempre se quedaba con una generosa tajada. Devenida en una pieza clave del entramado económico de la entidad madre del fútbol argentino, la sociedad siempre estuvo asociada al fallecido mandamás, Julio Grondona.

El economista se habría desvinculado de esa compañía antes de asumir como uno de los encargados de la política comercial exterior del país. Sin embargo, la documentación de Mossack Fonseca muestra que el 65,24% de esa la firma argentina estaba controlada por Puntogol Corp., donde Redrado fue CEO, director y accionista durante la mayor parte de su paso por la Cancillería. Los Panama Papers revelan que, al menos ante los accionistas de la empresa montada en las Islas Vírgenes Británicas, Redrado reconoció sus incompatibilidades. Pero lo hizo recién el 13 de marzo de 2003, ya a punto de cumplir un año como funcionario público de alto rango. El documento firmado por todos por los accionistas, incluido él mismo a través de Scarlett Investment, informaba que Redrado había dimitido como director en la offshore por “motivos profesionales que no le permiten desempeñarse en ese puesto”, pero no decía que, mientras se desprendía de ese cargo, mantenía otro dentro de Puntogol Corp., el de representante legal en la Argentina, dato que Mossack Fonseca registraría un año y medio después.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, Rafael Bielsa reemplazó a Carlos Ruckauf como canciller, pero Redrado siguió como secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Ocuparía ese cargo dieciocho meses más, hasta que le ofrecieron ir al Banco Central para sustituir al desplazado Alfonso Prat-Gay. La designación se oficializó en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 2004. Dos semanas después tuvo lugar una nueva reunión entre los accionistas de Puntogol Corp. Allí se informó la renuncia del Golden Boy a su cargo de “representante legal en Argentina de la compañía”. La salida no sucedía ese 5 de octubre, sino que el documento informaba una oportuna renuncia retroactiva. El acta de la offshore disponible entre los archivos de Mossack Fonseca sostiene que la desvinculación había tenido lugar el 7 de abril de 2003, más de un año antes. “Redrado avisó por escrito su decisión a renunciar como representante legal por razones personales y profesionales que no le permiten ocupar la posición”, reiteraba la resolución redactada para que, al menos antes de comenzar como banquero central, el funcionario no incurriera en las mismas irregularidades que había cometido entre 2002 y 2003 cuando llegó a ser vicecanciller. “Ese tema no había sido considerado hasta ahora debido a un error material involuntario del Directorio que no lo incluyó entre los asuntos a ser considerados en el primer encuentro después de la presentación de esa renuncia”, sostiene el acta en un esfuerzo por justificar las inconsistencias temporales de su relato.

La presencia del Golden Boy en los Panama Papers lo convierte en una rara avis de las filtraciones. Redrado no sólo canalizó una parte de sus negocios offshore a través de Mossack Fonseca, sino que encabezó el elenco de economistas argentinos que han visitado la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para brindar sus informes, opiniones y proyecciones sobre el rumbo de la Argentina bajo las administraciones kirchneristas. En el Cablegate de WikiLeaks, Redrado aparece en 98 cables remitidos a Washington DC, entre 2006 y 2009 —96 desde Buenos Aires, uno desde Brasilia y otro desde Beijing—, que lo muestran como un economista de cabecera de la Embajada y también uno de sus más valiosos informantes dentro del gobierno kirchnerista. Varios de los cables advierten que las confidencias del entonces presidente del Banco Central indican que deben mantenerse bajo estricta reserva de identidad para “proteger” a la fuente. A pesar de sus vaivenes en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los reportes remitidos a Washington muestran que la fortaleza del vínculo de Redrado con la Embajada nunca cambió. En varios de los cables, los diplomáticos estadounidenses le piden a Redrado que haga lobby a favor de sus intereses, algo que sólo ocurría con los interlocutores de máxima confianza.

Además de informante de la Embajada de los Estados Unidos y usuario de los servicios offshore provistos por Mossack Fonseca, Redrado es la fuente para la filtración de los nombres de los compradores de grandes sumas de moneda extranjera entre 2008 y 2009. El registro con datos de 3.263 individuos y empresas da cuenta de operaciones con divisas no depositadas en el sistema bancario argentino por 15.000 millones de dólares. En ese listado figuraban una vez más las grandes corporaciones y sus directivos. Daba cuenta también de una operación del ex presidente Kirchner en la que adquirió 2 millones de dólares. Esa información fue difundida a los medios por Redrado, en el marco de su disputa con el Gobierno por permanecer al frente del Banco Central a principios de 2010.

El secretario privado de Néstor | Daniel Muñoz

La línea de tiempo de Daniel Muñoz está atada a la de la familia Kirchner. Conoció a los ex presidentes cuando comenzó a trabajar como cobrador en el estudio jurídico familiar en Río Gallegos, se desempeñó como asesor del fallecido mandatario durante su paso por la gobernación santacruceña y lo siguió hasta la Casa Rosada. Desde entonces se convirtió en uno de los secretarios privados de Néstor Kirchner y mantuvo ese cargo cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner. Renunció en 2009 en medio de acusaciones en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Desvinculado de la función pública, Muñoz devino en empresario de servicios para la industria petrolera y desarrollador inmobiliario. Los Panama Papers revelaron que, desde 2013, Muñoz y su esposa, Carolina Pochetti, estuvieron vinculados con la offshore Gold Black Limited, una compañía fundada tres años antes en las Islas Vírgenes Británicas para adquirir propiedades en los Estados Unidos. Entre la documentación disponible figura el formulario sobre el origen de los fondos que los mayoristas panameños solicitaban completar a los beneficiarios finales de la empresas. Allí el cliente indicó que se trataba de “ahorros personales”.

Los archivos de Mossack Fonseca muestran que la offshore fue creada el 13 de agosto de 2010 y las autoridades de la guarida fiscal caribeña le asignaron el número 1600279. Pero los nombres de Daniel Muñoz y Carolina Pochetti comenzaron a figurar en los documentos de Gold Black Limited recién a partir de enero de 2015. La offshore fue administrada durante sus primeros cinco años a través de acciones al portador y tuvo como primer director a Marcelo Danza, un abogado de Mar del Plata, que renunció en 2011. En su reemplazo asumió otro marplatense llamado Sergio Todisco. Dedicado a los negocios inmobiliarios, Todisco aseguró —ante la consulta del diario La Nación— que asumió como directivo de esa firma offshore por su relación con el ex secretario presidencial. En ese sentido explicó que su función era “administrativa” y “figurativa” por pedido del matrimonio Muñoz-Pochetti.

Todisco no era un simple prestanombres, también se encargaba de gestionar el funcionamiento de la offshore. El 9 de diciembre de 2014, él mismo les escribió en inglés a Mossack Fonseca para solicitar el cambio de agente registrado de una offshore llamada Trident Trust. “Como el director de Gold Black Limited les estoy pidiendo por segunda vez, urgentemente, la transferencia de toda la documentación requerida”. La offshore directamente vinculada con Muñoz no era el único emprendimiento de Todisco. Con su esposa, Elisabeth Ortiz Municoy, habría realizado operaciones inmobiliarias en Miami por más de 40 millones de dólares. Las millonarias inversiones sobre las cuales no fue posible hallar indicios entre los Panama Papers fueron denunciadas como presuntas maniobras de evasión y lavado por el fiscal el fiscal federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani a mediados de 2016. Pero además de las inversiones en Florida, en los archivos filtrados, Todisco está vinculado con una segunda offshore llamada Old Wolf Limited, que se suma a Gold Black Limited, la del matrimonio Muñoz.

Gold Black Limited arrastraba un lustro de historia cuando Muñoz y Pochetti decidieron comenzar a figurar en los papeles como accionistas. La documentación disponible muestra que el matrimonio presentó sus certificados de acciones al portador y, finalizada una serie de operaciones burocráticas, cada uno pasó a ser el titular de 25.000 acciones con un valor de 50 dólares por unidad. Los flamantes accionistas no informan una dirección de sus propiedades en Villa La Angostura ni de un departamento en Buenos Aires, sino un domicilio en Miami donde funciona el estudio de abogados Roca González. El sitio web de los letrados explica que asesoran a “empresas, inversores privados y dueños de propiedades en la mayoría de los aspectos de la inversión inmobiliaria” y, además de asesorar en la compraventa de inmuebles, avisan que “estructuramos las relaciones multifacéticas entre las partes de la propiedad o el desarrollo de bienes inmuebles, incluidas corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada y sus organismos subsidiarios”.

Cuando Muñoz salió a la superficie, los panameños identificaron al ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner como una “persona políticamente expuesta”, PEP en inglés, vinculada con distintas acusaciones de corrupción. Entre ellas figura la denuncia realizada en 2013 en un programa de televisión por otra ex colaboradora de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, quien señalaba a Muñoz como uno de los “valijeros” que habrían trasladado bolsos con dinero. La historia de Quiroga fue desestimada en la Justicia, pero el diagnóstico alcanzó para que los mayoristas panameños decidieran dar un paso al costado. Resolvieron entonces que “no se podrá brindar el servicio de agente registrado a la sociedad Gold Black Limited”. No fue una decisión consensuada. Antes de concretar la desvinculación, la representante de la firma en Miami, Olga Santini, se opuso. En un correo escribió: “Nada es concreto”, al referirse a las acusaciones de las que pretendían distanciarse. La medida alcanzaba además a Old Wolf Limited. Ninguna de las dos offshore fue cerrada, sino que se transfirieron las responsabilidades del agente registrado a la subsidiaria en las Islas Vírgenes Británicas de la firma asiática Portcullis Trust. Cuando estallaron los Panama Papers, Muñoz estaba en grave estado de salud. El ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner falleció el 25 de mayo de 2016.

Made in Argentina | Mendiguren

José Ignacio de Mendiguren es un abogado, empresario y diputado argentino conocido por su defensa de la industria nacional. Comenzó su trayectoria laboral en la multinacional contable PwC, pero a partir de 1975 se dedicó a las actividades comerciales. Los primeros pasos los dio en la compraventa de chatarra, para rápidamente convertirse en productor de indumentaria. Estuvo al frente de la empresa Coniglio, a la que vendió en más de 10 millones de dólares al Grupo Exxel, y destinó buena parte los recursos obtenidos a comprar tierras para devenir en productor agropecuario. Hacia el ocaso del menemismo comenzó a ganar participación en la Unión Industrial Argentina, donde formaba parte de la corriente menos liberal de la central. Como secretario de la UIA se convirtió en vocero del tardío cuestionamiento de la entidad a la convertibilidad, la sobrevaluación del tipo de cambio que atentaba contra la producción industrial y la matriz de pensamiento neoliberal imperante. Cuando durante la crisis de 2001-2002 el centro de la discusión económica era ocupado por el debate dolarización versus devaluación, De Mendiguren fue designado por el presidente Eduardo Duhalde como ministro de Producción, desde donde se convirtió en un acérrimo defensor de la pesificación.

De Mendiguren aparece en los Panama Papers precisamente entre el comienzo del ocaso menemista y la megadevaluación con pesificación asimétrica duhaldista; en 1996, su nombre aparece vinculado con la creación de una firma panameña con directorio de paja donde él figura como único apoderado, y en 2002, los documentos sobre la offshore señalan un intento de apertura de una cuenta bancaria en el banco estadounidense Merrill Lynch en Florida.

Consultado por los autores, De Mendiguren indicó que Runway “no está vinculada a mis empresas, sino que era de unos clientes y como su abogado me extienden un poder de apoderado. En esa época no había empresarios sin sociedades offshore”. Sobre la cuenta bancaria en la entidad estadounidense, el dirigente empresarial negó cualquier vinculación: “No creo que se haya abierto nada por el tipo de operatoria que se hacía y mucho menos que hayamos sido nosotros. Es probable que hayan pedido datos u ofrecido el servicio”. En ese sentido, De Mendiguren dio a entender que Runway Inc. no tenía como objetivo “abrir una cuenta, sino administrar inmuebles en el exterior”.

El 25 de noviembre de 1996, Mossack Fonseca inscribió en Panamá a la empresa Runway Inc. con un directorio integrado por el elenco estable de prestanombres de la firma. El objetivo de la firma ocupa varios párrafos del acta constitutiva y prácticamente no deja actividad sin cubrir, desde “la realización de cualquier tipo de actividad comercial o financiera” hasta la “compra, construcción, fletamento, posesión en dominio, operación, manejo y administración de buques y naves de cualquier clase y sus pertenencias”. El capital inicial para todo eso es el estándar, 10.000 dólares, que ni siquiera deben ser aportados, y las acciones de la firma están emitidas al portador. El intermediario para la creación de la offshore es el Estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli de Uruguay.

Al mes siguiente de su creación, el 16 de diciembre de 1996, Runway Inc. emite un poder a nombre de José Ignacio de Mendiguren. “Lo más importante, pues lo pide el cliente, es que en el texto del poder se lea lo siguiente: ‘otorgar un poder general con las más amplias facultades a favor del abogado José Ignacio de Mendiguren’. Asimismo es preciso que el poder sea lo más amplio posible incluyendo facultades de sustitución”, solicita uno de los correos enviados por los intermediarios uruguayos a Mossack Fonseca. “El poder a favor del Dr. José Ignacio de Mendiguren protocolizado mediante Escritura Pública Nº 6656 del 18 de diciembre de 1996 emitido por Notaria Novena del Circuito de Panamá y luego legalizado por apostilla junto con los certificados de acciones de la sociedad fueron enviados el viernes 20 de diciembre en nuestro courrier habitual”, informan los panameños a su filial en Uruguay.

Pasan cinco años. El 3 de enero de 2002, De Mendiguren entra en funciones como ministro de Producción de Duhalde. Tres semanas más tarde, el 23 de enero de 2002, la oficina de Merrill Lynch en Miami escribió a Mossack Fonseca solicitando la firma de Leticia Montoya —una directora de paja provista por el estudio panameño que por entonces había sido promovida a presidenta de la firma— en un pedido de apertura de una cuenta en Merrill Lynch Consults a nombre de Runway. Mossack Fonseca contestó que todo bien, pero que Montoya no iba a firmar nada hasta no tener certezas de que el intermediario uruguayo, el abogado Doldán Amarelli, había aprobado la operación y pagaría por el trámite. Leticia Montoya, hasta donde se sabe, es la prestanombres más prolífica del mundo. Su nombre figura en el Registro Público de Panamá en 10.997 sociedades creadas por Mossack Fonseca. Su firma no es gratis. Cuatro días después llegó la autorización del abogado uruguayo y dos días más tarde, su compromiso de pagar la factura correspondiente: “Me hizo saber Natalia que no quedaba claro quién se haría cargo de los gastos. Se hará cargo nuestro cliente el Estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli”, dice un e-mail enviado desde Mossack Fonseca-Uruguay.

Abogada y esposa de De Vido | Minnicelli

“La era del secreto bancario ha terminado”, sentenció el documento final de la cumbre de presidentes del G-20 en Londres, celebrada a comienzos de abril de 2009. El estallido de la crisis internacional había convertido al foro de países en el espacio de discusión de la economía global y, ese año, las guaridas fiscales quedaron en el ojo de la tormenta. Las autoridades estadounidenses y europeas las señalaban como una de las responsables de la crisis. El cuestionamiento desconocía la existencia de paraísos como Delaware y Nevada en los Estados Unidos, al tiempo que entre las grandes guaridas europeas, como Suiza, no cabían dudas de su enorme poder de resistencia a las presiones. Como si hubiera paraísos de primera que apenas cargan con el estigma de ser guaridas fiscales, como los Estados Unidos, Holanda o Suiza, y paraísos de segunda en playas caribeñas o islotes perdidos con nombres exóticos, largamente denunciadas y criticadas por ocultar dinero. El resultado del debate fue la publicación de una lista negra de paraísos fiscales. La tarea quedó a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero la laxitud de los criterios de la institución permitió que sus listados de enclaves offshore se vaciaran en pocas semanas. Bastó que los países que habían sido señalados como ovejas negras expresaran su compromiso de firmar algunos acuerdos de intercambio de información con otras jurisdicciones para que el G-20 se diera por satisfecho.

Es precisamente en esas mismas jornadas de abril de 2009 cuando aparecen las primeras menciones a Alessandra Minnicelli entre los Panama Papers. La titular del estudio Liderazgo en Asistencia Legal Integral y ex síndica general adjunta de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) entre 2003 y 2007 figura vinculada con una offshore panameña denominada Sunset Real Estate S.A. La presencia de Minnicelli en la filtración no sólo es relevante por su paso por la gestión pública sino por ser la esposa del arquitecto Julio de Vido, que en ese momento —y durante todo el kirchnerismo— ocupaba el cargo de ministro de Planificación Federal.

En un archivo adjunto disponible entre los correos internos de Mossack Fonseca se encuentra el borrador de la escritura que estipula otorgar a la abogada un poder general para administrar Sunset Real Estate S.A. de Panamá, “sin limitación alguna”, durante dos años a partir del 1º de abril de 2009. El objetivo informado por los intermediarios uruguayos a los que habría recurrido Minnicelli era la adquisición de “unidades departamentales en propiedades horizontales”. Sin embargo, la emisión del poder no se concretó. Mossack Fonseca les preguntó a los escribanos uruguayos que representaban a la abogada si sabían que era ex funcionaria de la SIGEN y esposa de De Vido. La respuesta jamás llegó, y la operación se abortó.

“Nunca trabajé ni fui apoderada de ninguna sociedad panameña. No tuve ni tengo vinculación comercial, personal o de cualquier índole con la empresa mencionada”, aseguró Minnicelli. “En mi labor profesional como abogada no he representado ni represento a nadie en ninguna causa que tenga vinculación con empresas panameñas.” Consultada por los autores, en el entorno de Minnicelli se remitieron a su respuesta enviada al diario La Nación en 2016, en la que insistía: “Nunca acepté ni firmé ningún poder concedido por empresas panameñas”.

El recorrido de las negociaciones y la vida de la empresa después de la frustrada operatoria de Minnicelli permiten una mejor comprensión del funcionamiento de los intermediarios en la red global de servicios financieros offshore. La compañía panameña en cuestión se estableció en enero de 2009, y Mossack Fonseca proveyó los directores de paja desde su incorporación. Cuatro meses después apareció el primer interesado. “Nuestra oficina en Uruguay nos informó que el cliente está interesado en la adquisición de Sunset Real Estate y además solicita un Poder General de Abogado en favor de Alessandra Minnicelli. Sin embargo, después de realizar el World Check/World Compliance encontramos que es una Persona Políticamente Expuesta”, advierten las comunicaciones internas revisadas por los autores. Para resolver el problema encontrado en sus procesos de debida diligencia (chequeo previo de un cliente o empresa), los empleados de Mossack Fonseca barajaban dos opciones, dejar pasar el negocio o emitir el poder. Si se decidían a avanzar, la recomendación era pedirle al intermediario uruguayo que les entregara una “carta de indemnidad” en la que confirmara “que conoce a su cliente, que realizó un proceso completo de debida diligencia y que tiene evidencia para asegurar que los activos de su cliente tienen una fuente lícita”. O sea, todo bien con el cliente, pero sólo si se hacía cargo el intermediario uruguayo. Quienes debían decidir, a ellos estaba remitida la consulta/sugerencia, eran los tres asociados del estudio, Jürgen Mossack, Ramón Fonseca y Christopher Zollinger. No hay registros de sus respuestas entre los e-mails. Pero la información encontrada sobre la ex funcionaria argentina fue remitida en simultáneo al escribano Miguel Ángel Boni. El intermediario uruguayo al que recurrió Minnicelli indicó que no tenía “mayor información de la cliente pues le fue referida por otro cliente”. Lo único que sabía era que “la sociedad la quieren para adquirir a nombre de ella unas unidades departamentales en una propiedad horizontal”.

La operatoria no se concretó y, al mes siguiente, Sunset Real Estate fue ofrecida a otro cliente: “La sociedad quedó liberada tras no recibir instrucciones del escribano… en cuanto a su consulta sobre el posible vínculo entre ambos clientes le confirmamos que no existe ninguno”, escribieron desde las oficinas uruguayas de Mossack Fonseca ante una consulta de la casa matriz al referirse a la abortada solicitud de Minnicelli. Aquella segunda transacción tampoco prosperó, y la empresa volvió al depósito de compañías offshore a la espera de un comprador.

Ese momento recién llegó a finales de 2009, cuando “un cliente con empresas muy activas en Montevideo y Buenos Aires” se hizo con el control de la firma y abrió una cuenta bancaria en el Banco Itaú de Uruguay. El intermediario, una vez más, era JP Damiani & Asociados. No existen indicios de que quienes utilizaron Sunset Real Estate entre 2009 y 2015 mantuvieran algún tipo de vinculación con Minnicelli o De Vido. En cambio, usuarios de la firma están asociados al escándalo de sobornos que protagonizó la FIFA y la investigación sobre los movimientos irregulares de fondos de Lázaro Báez a través de distintas financieras, como Helvetic Services Group.

A partir de 2013 aparecieron con un poder general para administrar a gusto las operaciones de la offshore panameña dos de los más reiterados prestanombres uruguayos utilizados por el estudio JP Damiani & Asociados: Martín Carlos Darriulat y Gustavo Ángel Veiga Dobrich. El estudio integra la red de facilitadores que dio forma a la plataforma offshore que le permitió a Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA y ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, adquirir propiedades con los sobornos recibidos de empresarios, entre ellos varios argentinos, a cambio de otorgarles los derechos de televisación de los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En siete de esas operaciones aparecen los tradicionales prestanombres del estudio Damiani. Pero la participación de esos apoderados no se limitaba a las operaciones irregulares del dirigente del fútbol uruguayo. El nombre de Darriulat también aparece como directivo en Finsek S.A., una de las financieras vinculadas con los movimientos de fondos investigados por la justicia argentina que llevaron a la detención de Lázaro Báez.

Nexo entre Cristóbal y Petrobras | Rottemberg

El intermediario entre Cristóbal López y Petrobras, acusado de pagar coimas en la venta de una refinería y una cadena de estaciones de servicio, figura en los Panama Papers como dueño de dos empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas justo antes de cerrarse aquella operación. Las firmas offshore fueron adquiridas a Mossack Fonseca por Jorge Rottemberg en agosto de 2010, al mismo tiempo que se negociaba la venta de la refinería San Lorenzo ubicada en la provincia de Santa Fe y de 360 estaciones de servicio Petrobras de la Argentina a la firma Oil Combustibles, perteneciente al Grupo Indalo que encabeza López.

Rottemberg fue vicejefe de Gabinete de Carlos Menem y debió renunciar en 1997 cuando fue acusado de intentar cobrar un cheque que no era suyo, hecho por el cual la justicia santafesina lo condenó a un año de prisión. Tanto él como representantes de Indalo reconocieron en reportajes que Rottemberg había actuado de intermediario en la compraventa de la refinería y las estaciones de servicio y que había cobrado 8,8 millones de dólares en torno del negocio.

Según explicaron, documentos en mano, fuentes de Indalo al diario La Nación, en octubre de 2009, Rottemberg había firmado un contrato de intermediación con la firma Oil del Grupo Indalo. Dos años más tarde, al concretarse la compra, Indalo le pagó a Rottemberg 2,8 millones de dólares por sus servicios, incluyendo la fijación del precio de la operación, tarea que el empresario había tercerizado en un estudio de abogados brasileño.

Junto a esa comisión, Indalo le pagó también a Rottemberg otros 6 millones de dólares —que en principio iban a ser 8 millones— por la compra de acciones en una empresa del intermediario llamada Vía Cuántica, supuestamente dedicada a la comercialización de fueloil, pero que según representantes de Indalo nunca llegó a arrancar en esa función, primero por “trabas de Ministerio de Planificación”, luego por la imposición del “cepo cambiario” y finalmente por las dificultades financieras de la petrolera durante el gobierno de Macri debidas a una grave denuncia de la AFIP.

Sumando la comisión por la compra de la refinería con la compra del 35% de Vía Cuántica, Indalo le pagó a Rottemberg esos 8,8 millones de dólares entre agosto y octubre de 2011, reconocieron dos años más tarde representantes del grupo empresario.

Entre la firma del contrato de intermediación y el cobro por los servicios prestados, en agosto de 2010, Mossack Fonseca registró en las Islas Vírgenes Británicas a las firmas Manorville Investment Corporation y Helena Holdings Portfolio, ambas con Rottemberg como único accionista.

Los documentos filtrados del estudio panameño muestran que entre febrero y septiembre de 2011, al mismo tiempo que Rottemberg recibía los pagos de Indalo, el empresario otorgó un poder amplio para mover fondos y abrir cuentas a nombre de Helena Holdings a un contador santafesino con pasaporte italiano, Ariel Serafín Spataro, y a un abogado porteño con pasaporte suizo, Enrique Miguel Spinedi, quien había sido miembro del primer directorio del ORSNA, el ente regulador de los aeropuertos que Rottemberg se había encargado de privatizar bajo la supervisión del entonces jefe de Gabinete menemista, Jorge Rodríguez.

Con respecto a Manorville Investment, en septiembre de 2010, Rottemberg solicitó a través del estudio contable uruguayo que lo representa con Mossack Fonseca, BGV, un poder amplio para abrir cuentas y mover dinero. La solicitud derivó en un “world check” o registro de antecedentes, y ahí saltó que Rottemberg figuraba en algunas bases de datos como PEP o “Persona Políticamente Expuesta”. El chequeo también arrojó como resultado su condena en Santa Fe y un par de causas abiertas en la justicia argentina por presuntos hechos de corrupción que habrían derivado en su desplazamiento de la Jefatura de Gabinete del gobierno menemista.

Confrontado con esta información por Mossack Fonseca, el director del estudio uruguayo BGV, José Iraola, se hizo cargo de la defensa de Rottemberg: “Con respecto a las preguntas que se nos hacen en el e-mail enviado en el día de hoy a Enrique informamos lo siguiente: El Señor Jorge Rottemberg fue PEP hace más de 10 años cuando se desempeñaba como Asesor del Jefe de Gabinete de una de las presidencias de Carlos Menem (Argentina). De acuerdo a la normativa vigente tanto en Argentina como en Uruguay, un individuo se considera PEP hasta 2 años después de ocupar cualquier cargo público. Si bien en este caso no entendemos que sea un PEP se siguieron los procedimientos de pedido de información como si fuera un PEP ya que un ex PEP representa de todas formas un factor riesgo adicional. Además de la información de rutina recabada, se chequeó al cliente en el sistema de verificación de datos con el que cuenta la empresa. No se encontraron evidencias sobre el Señor Rottemberg. Se encontró información sobre una de las sociedades de la que es accionista y se verificaron los datos proporcionados por el cliente”.

Pero el correo electrónico enviado a Panamá por el intermediario uruguayo de Rottemberg iba todavía más allá en la defensa de su cliente al señalar que “en las reuniones mantenidas con el cliente él mismo informó que conocía la información que circulaba en internet sobre su persona y que a partir de las conversaciones con World Check que mantuvo su abogado éstos retiraron la información no verídica que circula en internet. A su vez el señor Rottemberg nos entregó una copia de la Constancia de Antecedentes Penales emitida por el Ministerio de Justicia. De acuerdo a lo informado el cliente solicitó dicha constancia para evitar inconvenientes debido a la información que circula en internet en caso de solicitar aperturas de cuentas bancarias o de otra índole”. La conclusión que recibieron en Mossack Fonseca pretendía descartar de manera contundente el carácter de PEP que arrastraba su cliente: “Conocemos los antecedentes del señor Rottemberg y actuamos en consecuencia de acuerdo a los procedimientos establecidos para obtener la información requerida, así como las evidencias que nos permitieran verificar los datos brindados por el cliente, teniendo en cuenta el riesgo adicional que conlleva su actividad en el pasado”.

En Mossack Fonseca se dieron por satisfechos y emitieron el poder en favor de Rottemberg. Por suerte para él, todavía no había empezado hablar João Augusto Henriques.

Henriques es un ex funcionario de Petrobras y lobista del PMDB, el partido del presidente que desplazó a Dilma Rousseff, Michel Temer. En agosto de 2013, Henriques denunció en una entrevista con la revista brasileña Época que Petrobras había cobrado coimas por vender barato a Indalo la refinería y las estaciones de servicio. Según Henriques, Rottemberg había triangulado coimas millonarias de Indalo a Petrobras a través de una firma uruguaya llamada Millfox. La denuncia llegó acompañada de un documento donde Millfox hace una “cesión de derechos de cobro” por hasta 10 millones de dólares a favor del abogado Antonio Tourinho Dantas del estudio brasileño “Cedraz & Tourinho Dantas”. Este estudio de abogados a su vez mantenía una estrecha relación con el lobista Henriques, quien, según dijo a la revista, recibía el dinero del estudio y lo elevaba a los jerarcas de su partido. El “hasta 10 millones de dólares” es una cifra que encaja bien con los 8,8 millones cobrados por Rottemberg, según su acusador, para pagar coimas.

En respuesta a la denuncia de Henriques, en agosto de 2013, tanto Rottemberg como representantes de Indalo negaron enfáticamente en La Nación haber pagado coimas. Sin embargo, los representantes del grupo hicieron la siguiente salvedad: “No se pagó un dólar para sobornos y Vía Cuántica ahora se está usando para comprar petróleo en el exterior para proveerle a la refinería San Lorenzo. No hay ningún misterio en esa sociedad… No se pagó ninguna coima. Punto. Luego qué negocio tuvo o tiene Millfox no tenemos ni idea”. Millfox no figura en los Panama Papers.

En marzo de 2014 empezó en Brasil la llamada Operación Lava Jato, una megainvestigación judicial de corrupción en Petrobras y en su alrededor por la que se ha apresado a importantes empresarios, conspicuos políticos y oscuros lobistas, muchos de los cuales se han acogido al régimen de delación protegida, generando una dinámica que terminó con un golpe parlamentario en 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff por parte de legisladores sospechados y comprometidos por las investigaciones, algunos de los cuales terminarían confesando en escuchas telefónicas que voltear a la Presidenta era la única opción para frenar el impulso de las pesquisas y preservar sus cargos y privilegios.

En ese contexto, la venta mediada por Rottemberg no tardó atraer el interés de las autoridades judiciales brasileñas. Un mes después del comienzo de la investigación se informó que la Policía Federal brasileña estaba investigando la venta de la refinería y las estaciones de servicios. “El interés principal de la Policía Federal brasileña es revelar si hubo o no evasión de divisas por parte de Petrobras”, escribió el corresponsal de La Nación en Río de Janeiro. Para los investigadores, el precio de compraventa había sido demasiado bajo. La represa, por caso, habría sido tasada en 50 millones de dólares, pero Indalo la habría comprado por 36 millones de dólares, explicaba el artículo periodístico. También había llamado la atención de los investigadores el alto precio pagado por la intermediación, incluyendo, claro, la millonaria operación con Vía Cuántica, la empresa que intentó vender fueloil pero no pudo.

Henriques, el lobista brasileño que había involucrado a Rottemberg, fue detenido en septiembre de 2015 y rápidamente se convirtió en un delator premiado. En esa condición denunció que la campaña de Dilma Rousseff en las elecciones de 2014 habría recibido financiamiento de la constructora Odebrecht. El heredero del gigante brasileño, Marcelo Odebrecht, preso desde junio de 2015, también aceptó convertirse en informante a cambio de una reducción en su sentencia.

Los Panama Papers pierden el rastro de Rottemberg en junio de 2014, cuando él decide cambiar al agente registrado de sus dos offshore, que de Mossack Fonseca pasan a ser mantenidas por otra mayorista, Aramo Trust Co., un sello de las Islas Vírgenes de una empresa registrada en Florida pero con dirección en Costa Rica, del abogado, financista y filántropo estadounidense Harry B. Strachan, de larga trayectoria en el país centroamericano. Los autores intentaron contactarse con Rottemberg a través de varios teléfonos de su firma argentina Jorge Alberto Rottemberg e Hijos S.A., y llegaron a comunicarse con una persona que se identificó como su padre, pero a pesar de dejar varios recados, no tuvieron éxito.

Represor, mafioso y operador político | Miguel Ángel Egea

Mezcla de represor, mafioso y operador político, síntesis del terrorismo de Estado en los setenta y la rapiña de Estado en los noventa, sospechado de lavar los bienes y propiedades de desaparecidos, no sorprende que Miguel Ángel Egea, fallecido el 24 de marzo de 2016, aparezca en los Panama Papers. Lo que sí puede resultar llamativo es que ni la firma offshore ni la cuenta bancaria numerada en Suiza a las que está vinculado junto a su esposa Bárbara Franz formen parte de la red de 150 empresas en los Estados Unidos, Europa, Uruguay, Panamá y Sudáfrica controladas por alguno de los miembros de la pareja en la investigación acerca del robo de casas y dinero de los desaparecidos en la ESMA durante la dictadura, que realizó la Unidad de Información Financiera en 2014.

Miembro fundador de la Triple A, sindicado como autor de numerosos secuestros y asesinatos, secretario personal del interventor de la Junta Militar en Córdoba, agente civil de inteligencia en el campo de concentración de La Perla, presunto rematador de bienes e inmuebles en Córdoba, Egea llegó a la cima del poder durante el menemismo de la mano de sus socios Alfredo Yabrán, Alberto Kohan y César “Chiche” Aráoz. Más aún, a través de la rama local Banca Nazionale del Lavoro (BNL) y su presidente, Víctor Taiariol, Egea se vinculó con el entonces líder del gremio de los plásticos, Jorge Triaca, y los tres salieron ganando; en una licitación manejada por Egea como delegado del presidente Carlos Saúl Menem y su ministro de Acción Social, Aráoz, la BLN resultó ganadora junto a Triaca en la muy codiciada privatización de la gestión del Hipódromo de Palermo por veinticinco años (en 2007, Néstor Kirchner la extendió quince años más). A su vez y por cuerda separada, el gremio de Triaca firmó un convenio multimillonario con la compañía de seguros La Estrella, propiedad de la BNL. Jorge Triaca hijo, actual ministro de Trabajo, se despidió de Egea con un aviso fúnebre en el diario La Nación y asistió a una misa en la memoria del difunto que se hizo en una iglesia de la Recoleta.

Mientras tanto y en paralelo a sus negocios hípicos con Aráoz y Triaca, ventas de armas con Kohan y venta de pasaportes a China con Yabrán, Egea también se asoció con la banda de represores de la ESMA, que por entonces buscaban blanquear o sacar del país el fruto de todo lo que habían robado. En distintas empresas, como Astilleros Astilsur, Long Regents, London Club, Martiel, Talsud, entre muchas otras, Egea aparecía asociado a los represores Jorge “Tigre” Acosta, ex director de la ESMA; Jorge “Ruger” Rádice, secretario privado y testaferro de Emilio Eduardo Massera, y Miguel Ángel “Sérpico” Cavallo, quien estuvo a cargo del centro de documentación del campo de concentración de la Marina, donde inició sus contactos con la logia italiana P2, falsificando pasaportes para su entonces líder, Licio Gelli. Éste, a su vez, nexo entre López Rega y Massera, estuvo implicado en el sonado desfalco del Banco Ambrosiano en 1982, cuyas sedes, operaciones y relaciones en la Argentina fueron absorbidas por el desembarco de la BNL.

Durante el gobierno de la Alianza, Egea reapareció como consultor y presunto socio oculto de la empresa española CIRSA en el Casino Flotante de Buenos Aires. Por entonces se ufanaba de sus contactos con los servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo los estadounidenses, ya que su esposa sería hija de un agente de la CIA.

Amante de los cigarros y la buena mesa, en esos años, el “Colorado” Egea solía organizar almuerzos de negocios en el restaurante Puro Humo de Puerto Madero. Es para entonces que su nombre emerge entre los Panama Papers. Egea y su esposa Franz aparecen como apoderados de una cuenta bancaria en el Compagnie Financière Espirito Santo de Lausanne en Suiza. La titular de la colocación abierta el 23 de julio de 1999 es la offshore Walkerhill Management. Los documentos presentes en la filtración no permiten determinar cuándo y cómo se montó esa sociedad domiciliada en Bahamas. Las 35 páginas entre las que se describe la operación de Egea y Franz forman parte de un intercambio entre dos oficinas de Mossack Fonseca. Desde la casa central envían a Ginebra un paquete con documentos bancarios de tres offshore firmados por las dos directoras de paja provistas por los panameños. “De acuerdo a los términos y condiciones del banco la cuenta será operada con la firma individual del Sr. Egea, Miguel Ángel y la Sra. Franz, Bárbara”, indica la resolución de los directores de Walkerhill Management al abrir la colocación en la subsidiaria suiza del banco portugués Espirito Santo, que estuvo investigado por irregularidades financieras en distintos países. La cuenta de Walkerhill lleva el número 103.845.

El cuñado de Bossio | Carlos Loira

El nombre de Carlos Loira aparece en los registros del estudio panameño en 2013, pero las operaciones por las cuales el contador recurrió a Mossack Fonseca finalmente no se concretaron. La presencia de Loira fue detectada por los periodistas de La Nación y su relevancia reside en un lazo familiar, pues es el cuñado del ex titular de la ANSES entre 2009 y 2015, Diego Bossio, que en 2017 se desempeñaba como diputado nacional. El interés de Loira en montar una sociedad y abrir una cuenta bancaria en las Islas Vírgenes Británicas se manifestó mientras la pareja de su hermana Valeria estaba al frente del organismo encargado del sistema de la seguridad social argentina. Valeria Loira también es una persona relevante en esta historia, ya que se desempeñó durante años como una de las asesoras de confianza de Cristina Kirchner desde su paso por el Senado y fue ella quien posibilitó la llegada de su joven marido economista a la ANSES.

El contador Loira apareció en el candelero mediático a mediados de 2012, cuando fue cuestionado en algunos medios por la adquisición de una estación de servicio en la ciudad de Buenos Aires de la marca Oil, propiedad del empresario Cristóbal López. Esas dos piezas de información —el movimiento patrimonial supuestamente incompatible con su nivel de ingresos declarados y el vínculo familiar con Bossio— fueron las advertencias que emergieron en los chequeos que Mossack Fonseca hacía sobre sus clientes. A pedido de las oficinas panameñas de los mayoristas offshore, el cuñado de Bossio presentó una serie de documentos personales, pero no de sus clientes, a los que calificó como “confidenciales”. “Todo mi patrimonio se consolidó mucho antes de que mi cuñado llegara a la función pública, incluso antes de que se incorporara a la familia casándose con mi hermana”, se defendió Loira, en un largo correo electrónico enviado a Mossack Fonseca. Y atribuyó todas las sospechas que lo rodeaban por entonces a “una operación mediática”.

“Te envío una copia de la escritura del inmueble de la estación de servicio que los medios indican como fuente del supuesto fuerte incremento de mi patrimonio. Como podrán ver el inmueble se adquirió en la suma de USD 500.000 y se tomó una deuda para su adquisición de 450.000. También adjunto la escritura de un préstamo que me otorgó el Banco Macro por 50.000 pesos y para el cual tuve que hipotecar una vivienda de mi propiedad. Ese dinero lo destiné a la puesta a punto del inmueble destinado a estación de servicio. Me falta la hipoteca que garantiza la operación que no la tengo en mi poder, la voy a pedir y luego se las envío”, expresó Loira en un correo electrónico. En sus correos a Mossack Fonseca, el contador precisaba que la compañía solicitada “tendrá actividad inversora y su actividad se desarrollará en Uruguay y, en un futuro cercano, puede ser en USA. No tendrá clientes. Los fondos provienen de negocios en otros países, ahorros personales. No sé qué cuenta será la más conveniente. Las operaciones serán recibir fondos, una parte serán transferidos a cuentas de empresas participadas y con otra parte se harán plazos fijos. Se podrán recibir de dos a tres transferencias mensuales y realizando de la misma cantidad de salida. Estoy pensando en realizar un viaje esta semana ahí podemos terminar el tema de la BVI y la cuenta”.

Finalmente, Mossack Fonseca lo aceptó como cliente, asignándole el número de identificación 37.384 bajo la denominación de intermediario, una categorización que despertó otra larga discusión interna entre los panameños, que primero lo habían identificado como un cliente directo, ya que entendían que la offshore solicitada era “para su uso personal”. Sin embargo, la relación no pasó más allá de ese intercambio de correos y se desconoce si la inversión inmobiliaria finalmente se realizó en Uruguay. Loira declinó responder las preguntas de los autores y en su entorno se remitieron a sus declaraciones a La Nación. “No tengo ninguna cuenta ni sociedad offshore, tampoco mis familiares. Soy contador y en 2013, en mi tarea profesional, una empresa española me solicitó hacer una consulta por una cuenta que finalmente nunca se constituyó”, indicó en 2016 al ser consultado por los periodistas del diario.

La terrateniente y el intendente | Grobocopatel y Torchio

Ella es economista y él, escribano. Están casados. Ella fue la encargada de las finanzas del Grupo Los Grobo, el holding de empresas dedicadas a los negocios agropecuarios —agroquímicos, siembra, venta de insumos, servicios, acopio, molienda, entre otros rubros— que desarrolló con su familia durante más de dos décadas. Él fue reelecto intendente de Carlos Casares en las elecciones de 2015, cuando se impuso como candidato por el Frente para la Victoria. Ella se llama Andrea Grobocopatel y él, Walter Torchio.

El intercambio entre Mossack Fonseca y la familia Grobocopatel-Torchio comienza en julio de 2008. La crisis financiera hacía estragos en las finanzas globales, y la Argentina estaba sumergida en una disputa entre el gobierno de Cristina Kirchner y las entidades rurales por la decisión de las autoridades de incrementar las retenciones o derechos de exportación a un récord histórico aprovechando el boom cerealero y de introducir un mecanismo de movilidad automática para las alícuotas a partir de la variación en el precio internacional de esos productos.

Las primeras comunicaciones están en francés, ya que los correos son canalizados entre las oficinas en Ginebra de Mossack Fonseca y Aurelia Finance, una entidad dedicada a ofrecer el servicio de banca privada para grandes fortunas.

A diferencia de la mayoría de los casos, en que los correos electrónicos están canalizados desde Uruguay y Panamá, en el intercambio protagonizado por el dúo Grobocopatel-Torchio participan profesionales del mayorista offshore establecidos en Florida, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Ginebra. Por eso, aunque los correos empiezan en francés, rápidamente pasan al español, ya que es la pareja misma, sin intermediario alguno, la encargada de diseñar y administrar su operatoria offshore. La estructura definitiva montada con la ayuda de los facilitadores panameños terminó de concretarse en marzo de 2011, apenas siete meses antes de que Torchio fuera electo por primera vez como intendente de Carlos Casares. Los Panama Papers revelan la existencia de cuentas bancarias en Suiza e inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. Los autores se comunicaron con ambos, pero ni el político ni la terrateniente realizaron comentarios sobre el destino offshore de una porción de su patrimonio.

Los correos filtrados dan cuenta de un viaje a la Ciudad de Panamá realizado por Grobocopatel y Torchio. “Te confirmo que ameritan [tratamiento] VIP y transporte. También regalos. Te los mandamos enseguida”, sostiene una de las empleadas de la firma encargada de la “hospitalidad” de los clientes que visitaban las oficinas panameñas. La pareja argentina no utilizó ninguno de esos servicios especiales, pero concretó la operatoria al firmar la documentación necesaria para crear la offshore panameña Sadris Asset Management Inc. Las comunicaciones entre Mossack Fonseca y los Grobocopatel que siguieron a ese viaje exponen además la existencia de una cuenta en el Banco Pictet de Ginebra a nombre de la offshore panameña. Entre los principales servicios provistos por esa entidad suiza figura el de wealth management (o administración de fortunas). “La gestión de patrimonios y de activos para clientes privados e institucionales es la actividad en la que nos hemos centrado exclusivamente desde hace más de dos siglos. Gestión patrimonial en el sentido más amplio, incluyendo banca privada, servicios de family office y soluciones a medida para grandes patrimonios”, explica en su sitio web en español el banco fundado en 1805.

Durante dos años las comunicaciones se interrumpen. Mejor dicho, los Panama Papers no muestran intercambio alguno de información entre comienzos de 2009 y finales de 2010. Recién el 7 de noviembre de 2010 se reanuda el contacto con un e-mail de Grobocopatel dirigido a uno de los tres socios principales del estudio a nivel global: “Estimado Lic. Zollinger, hace tiempo nos queremos comunicar con UD, hemos llamado por teléfono pero nunca nos han respondido. Necesitábamos conocer el estado de nuestra sociedad panameña Sadris Asset Management Inc. Entiendo podemos estar debiendo algún honorario director y queríamos pedirle un resumen. Mi esposo estaría viajando a Miami y de ser necesario podría pasar por Panamá pero queremos saber su opinión para organizar el viaje. Desde ya muchas gracias, Andrea”.

Los correos muestran el reporte del viaje de Torchio a Florida en marzo de 2011. “Me reuní con el cliente el día de ayer y ha establecido que quiere seguir trabajando con la oficina de Florida”, informa la representante de Mossack Fonseca. “Podrías coordinar el traspaso a mi administración en el día de hoy”, sugiere. El argentino regresaba al día siguiente a su país.

La economista y ex responsable de las finanzas de las empresas familiares se encuentra hoy alejada de la operación diaria del Grupo Los Grobo. “Estudié Economía en UBA, fundé Grupo Los Grobo, Los Grobo SGR, Ampatel y otras empresas con mi familia. Me especialicé en financiamiento corporativo y de pymes, profesionalización y sustentabilidad de empresas de familia, gobierno de las organizaciones, liderazgo femenino y diversidad. Mi objetivo principal es compartir mis vivencias y aprendizajes transformándolos en programas académicos, cursos, conferencias y sensibilizaciones a través de Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR). Me interesaría ser Directora Independiente en alguna otra compañía donde pueda aportar y seguir aprendiendo…”, así se describe Andrea Grobocopatel en la red social de vínculos empresariales y laborales LinkedIn.

CAPÍTULO VIII
EL MUNDO DEL FÚTBOL

¿Por qué un capítulo entero dedicado al mundo del fútbol? Porque evidentemente el negocio del fútbol internacional se presta a todo tipo de triangulaciones y maniobras con el fin de ocultar el movimiento de dinero. Y Mossack Fonseca se especializó en este mercado, por lo que una parte de los apellidos argentinos que aparecen en esta megafiltración está vinculada con el mundo del fútbol. Como dicen los veteranos entrenadores, los jugadores se ponen y se sacan solos de los equipos. Éstos son los que se ganaron su lugar en la selección de Los Panama Papers.

Lionel Messi

Cuando le pidieron explicaciones sobre su presencia en los Panama Papers, el presidente argentino Mauricio Macri responsabilizó a su padre, Franco Macri. Una estrategia similar desplegó el astro del fútbol mundial Lionel Messi durante un juicio en España donde fue condenado por evasión fiscal: “Si mi padre me dice que debo firmar, lo hago con los ojos cerrados”, aseguró en la causa iniciada por las maniobras desplegadas a través de una red de sociedades en Belice, Uruguay, Suiza y Reino Unido para ocultarle a la hacienda española los ingresos generados por sus derechos de imagen. El objetivo era minimizar de manera ilegal la carga tributaria. El crack de la selección nacional fue sentenciado a 21 meses de prisión —no fueron de cumplimiento efectivo— y una multa de 2.093.000 euros en una decisión que fue confirmada a finales de mayo de 2017 por el máximo tribunal español. A diferencia de Macri, Messi no logró desvincularse de las investigaciones judiciales apuntando a su padre. “No resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello”, escribieron en el fallo de 111 páginas los jueces que confirmaron la sentencia al destacar que “cualquiera que fuera su ingenuidad, las actuaciones que indican que interviene personalmente, y no solamente estampando su firma en documentos, revelan su plena conciencia de que ese camino llevaba inexorablemente al insolidario resultado de la defraudación fiscal”.

Aquella investigación judicial comenzó el 13 de junio de 2014, cuando un fiscal de Barcelona querelló a Lionel y su padre Horacio por lo que entonces fue presentado como un presunto fraude fiscal estimado en 4.016.000 euros entre 2007 y 2009, por los pagos correspondientes a los derechos de imagen del futbolista abonados por firmas como Adidas, Danone, Banco Sabadell, Konami, Air Europa, Telefónica y Pepsi, entre otras multinacionales. Los Panama Papers revelaron que al día siguiente de la denuncia de la fiscalía de Barcelona, el 14 de junio de 2014, Mossack Fonseca recibió un pedido desde un intermediario uruguayo para convertirse en el “agente residente” de Mega Star Enterprises y Leegreg Corporation, dos nuevas sociedades panameñas directamente vinculadas con los Messi y sus asesores fiscales.

Los archivos referidos al trámite confirman que los dueños de la primera empresa offshore son los Messi. Padre e hijo firmaron de puño y letra un documento solicitado por Mossack Fonseca. “Nosotros, Jorge Horacio y Lionel Andrés Messi, por este medio les manifestamos que, en virtud que ustedes proporcionan directores/dignatarios para la compañía Mega Star Enterprises Inc. convenimos en indemnizarlos con respecto a todos los reclamos, requerimientos, acciones, litigios, procesos, costos y gastos, cualesquiera que fueren, que sean incurridos o pagaderos por parte de ustedes respecto a o como resultado del hecho de que cualquier miembro o empleado o asociado de su compañía, o por motivo o como consecuencia de cualquier acto o decisión tomada por cualquier de dichas personas o compañías en relación con el manejo y/o administración de la citada compañía”, recoge el documento que los panameños solicitaban firmar a la mayoría de los beneficiarios finales de las empresas que administraban. Los mismos papeles están disponibles para Leegreg Corporation, que no fue identificada en ninguna de las investigaciones periodísticas publicadas por quienes trabajaron con la base de datos para el proyecto original. La empresa, según muestran cartas y actas, estaba controlada por Iñigo de Loyola Juárez Gómez, el abogado de Messi.

“La sociedad panameña a que se refieren dichas informaciones es una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas”, aseguró el futbolista apenas estalló el escándalo. El comunicado emitido por la familia explicaba que Mega Star Enterprises “deriva de la antigua estructura societaria diseñada por las anteriores asesores fiscales de la familia Messi” y rechazaban que se tratara de un nuevo esquema montado para evadir. “La familia Messi desea dejar claro que Lionel Messi no ha llevado a cabo ninguno de los actos que se le imputan en ellas, siendo falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales”, señalaba el texto difundido durante el mes de abril.

Tanto Mega Star como Leegreg nacieron en 2012 y son controladas por acciones al portador. Como las empresas recién pasaron a ser administradas por Mossack Fonseca un año después, no es posible determinar con precisión cuándo fue que los Messi y sus letrados ingresaron en esas sociedades. Los Panama Papers permiten conocer la historia conjunta de esas offshore a partir de junio de 2013, cuando comenzaba la demanda por evasión contra el futbolista. Llegaron a Mossack Fonseca a través del estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferrés, que fueron los mismos intermediarios encargados del montaje de la uruguaya Jenbril S.A., la titular exclusiva de los derechos de imagen del jugador, empresa que la fiscalía española describió como clave en la maniobra de evasión de Messi.

Los registros de los mayoristas offshore panameños muestran que durante dos años y medio las acciones de Jenbril S.A. se mantuvieron al portador, lo cual garantiza el anonimato de sus propietarios para los reguladores y el fisco. Esa situación cambió en diciembre de 2015, cuando los uruguayos se comunicaron con Mossack Fonseca “para informarles que vamos a nominativizar las acciones de la sociedad en referencia”. Lo hicieron una vez que corroboraron con sus interlocutores que el célebre apellido no aparecería en el Registro Comercial de Panamá. Los directores seguirían siendo Ricardo Samaniego, Yadira de Boutaud, Yakeline Pérez, Yenny Martínez y Hercibelle González, los prestanombres provistos por los panameños, pero el único accionista sería “Jorge Horacio Messi Pérez”. Adjunta en el e-mail iba la fotocopia de su pasaporte argentino. Leo, que había firmado la carta inicial deslindando de responsabilidad a Mossack Fonseca, ya no figuraba en los papeles oficiales. Todo quedaba a nombre del padre. En el formulario de origen de los fondos firmado por Horacio Messi en diciembre de 2015, seis meses antes de que se conociera la sentencia, el padre de Lionel tildó la casilla “Otro” y especificó que se trataba de “Business profits”, una imprecisa definición que se puede traducir como como “ganancias de negocios”.

Futbolistas argentinos

La superestrella del FC Barcelona no es el único jugador presente entre los Panama Papers; el francés Michel Platini o el chileno Iván Zamorano también recurrieron a los servicios de los panameños para montar sus propias estructuras offshore. Entre los argentinos se destaca la presencia del aguerrido defensor Gabriel Heinze, quien supo vestir los colores de Newell’s Old Boys, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Roma, Manchester United y la Selección Nacional. En 2005, cuando se concretaba su llegada al fútbol inglés, adquirió la empresa Galena Mills Corp. en las Islas Vírgenes Británicas. Los documentos de Mossack Fonseca revelan que la sociedad fue utilizada por Heinze para firmar un contrato de cesión de derechos de imagen con la marca de indumentaria Puma por un millón de dólares por cinco temporadas. El mismo objetivo que Messi, pero con otra dimensión. La offshore de Heinze tenía como beneficiaria a Ofelia Carmen del Pilar Amatta. Jubilada establecida en la santafesina ciudad de Crespo y madre del futbolista, la titular de Galena ofrece como comprobante de su domicilio una factura de Cablevisión. El contrato fue rescindido de manera anticipada a comienzos de 2008, cuando —según explican los empleados de Mossack Fonseca— “Heinze cambió de cuadro de fútbol”. Ese año el jugador pasó al Real Madrid y, como revelan los documentos circulados entre los intermediarios panameños, abrió una cuenta bancaria en el UBS de Lugano, en Suiza.

Al conocerse su presencia en el escándalo internacional, Heinze ya se había retirado y cumplía un rol destacado como director técnico de Argentinos Juniors, al que en 2017 devolvió a primera división. Consultado por el diario La Nación, Heinze aseguró que utilizaba dos contratos con la marca deportiva en sus años en la Premier League. Uno explotaba su imagen en el Reino Unido y el segundo, para el cual se creó la empresa offshore, a nivel mundial. El DT de los bichitos colorados explicó: “Un extranjero trabajando en Inglaterra sólo declara y paga impuestos por sus ingresos generados en dicho país y no por lo generado fuera de él. En Inglaterra es totalmente correcto tener dos contratos abiertos en otro lugar para explotar la imagen”. Asimismo, el futbolista aseguró que la colocación en el UBS expuesta en la filtración “consta en mi declaración jurada como corresponde”.

El racconto de los jugadores argentinos presentes en los Panama Papers alcanza para conformar un plantel de lujo y, por lo menos, inscribirse en un torneo de fútbol cinco. A Messi y Heinze se le suman el arquero Roberto Bonano, los mediocampistas Cristian Ledesma y Ricardo Giusti y los delanteros Leonardo Ulloa y Gustavo Dezotti. Cada uno está vinculado con una operación offshore distinta.

LEONARDO ULLOA: Delantero que jugó en varios clubes de la Argentina y fue campeón de la Premier League inglesa con el Leicester City, apareció vinculado con una offshore de su ex representante y ex propietario del Club Deportivo Castellón, uno de los equipos españoles en los que jugó. “Fue una venta de San Lorenzo a Castellón o de Castellón a Almería. No sé lo que hizo este dirigente con el dinero. Estoy en el medio porque lo hicieron con el dinero de mi pase. Hace rato que no tengo relación con ese dirigente. No estoy preocupado ni mucho menos. Espero que la justicia actúe”, explicó el futbolista entrevistado en la Rock & Pop. La empresa con la que Ulloa firmó el contrato se llama Jump Drive Sport Rights LLC. Su domicilio está Nueva York, mientras que sus accionistas eran dos sociedades en Samoa y el empresario español investigado por fraude estaba en Castellón.

CRISTIAN LEDESMA: Ex jugador de Argentinos Juniors, River, San Lorenzo y Olimpiakos de Grecia, entre otros clubes. El nombre del “Lobo” figura vinculado con una offshore en Bahamas llamada Proyecto S.A., domiciliada en Sudáfrica. La fecha de apertura de la sociedad en 2006 coincide con su paso de Argentinos Juniors a San Lorenzo de Almagro. La firma fue desactivada en 2012. “No lo puedo creer. Están Macri y Messi arriba de todo y me buscan a mí. Es un malentendido. No sé qué hacía mi nombre ahí”, expresó Ledesma en una entrevista con Arroban Futbol Show, un programa de TV online.

ROBERTO BONANO: Atajó en River, Rosario Central, Barcelona, la Selección Argentina, y tenía una offshore en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa registrada en marzo de 2010 donde figura como accionista se llamó Rondal Services Ltd. y la montó con la colaboración del estudio de abogados uruguayo Víctor Paullier, el mismo que estuvo a cargo de montar la red de firmas de cartón en guaridas fiscales utilizada por el empresario argentino Alejandro Burzaco, quien protagonizó el escándalo de sobornos, fraude y lavado de dinero vinculado con la Confederación Sudamericana de Fútbol. La empresa controlada por Bonano nació en sintonía con el retiro del futbolista y el inicio de su carrera como entrenador.

GUSTAVO DEZOTTI: El “Galgo”, delantero de la Selección Argentina que fue expulsado en la final del Mundial de 1990, figura en las bases de datos al frente de Dartel Limited, una offshore incorporada en las Islas Vírgenes Británicas en 2002. El ex jugador de Newell’s retirado en 1998 comienza a aparecer como accionista en los registros de la firma a partir de 2004.

RICARDO GIUSTI & friends: El ex campeón mundialista de 1986 está vinculado con dos sociedades offshore. Proveniente de las Islas Vírgenes Británicas, Quinam International Limited nació en 2006 y fue desactivada en 2009. Originaria de Panamá, Manley International Corp. fue registrada por Mossack Fonseca en 2010 y quedó inactiva en junio de 2013. En la primera, el mundialista comparte la nómina de accionistas con Claudio Marcelo Curti, representante de jugadores como Santiago Vergini, Oscar Ustari o Facundo Roncaglia. En 2012, la AFIP denunció que el pase de Roncaglia desde el torneo argentino al Calcio italiano fue “triangulada” a través de un club uruguayo para evadir impuestos. La operación no involucró a Quinam International, que para ese entonces ya había sido disuelta, pero da cuenta de una práctica extendida a la hora de diseñar las millonarias transferencias de jugadores. Para intentar restringir esos abusos en las ventas de las estrellas del fútbol local al exterior, la AFIP creó en 2012 una lista de “paraísos fiscales deportivos” donde incluyó a diez clubes que eran utilizados para triangular transferencia de jugadores: siete equipos uruguayos —Sud América, Fénix, Progreso, Bella Vista, Cerro, Rampla Juniors y Boston River—, dos chilenos —Unión San Felipe y Rangers— y el suizo Locarno. Al ser transferido de Boca a la Fiorentina en Italia, la compraventa del pase de Roncaglia hizo una escala en el club uruguayo Fénix, donde no jugó ni siquiera un minuto. En el primer tramo, de Boca a Fénix, la operación se registró por una suma cercana a los 300.000 dólares, y el cruce del Atlántico tuvo un valor aproximado de 3 millones de dólares. La esquemática operatoria ejemplificada con Roncaglia es una práctica habitual diseñada para minimizar el pago de impuestos del jugador, su representante y el dueño de los derechos económicos, y fugar divisas, ya que incluso cuando el deportista pasa de un club local a otro se realizan pagos a equipos de otros países o se abonan comisiones a intermediarios fantasma que generalmente están radicados en guaridas fiscales.

El otro emprendimiento offshore donde participó el campeón mundialista, Manley International Corp., contó con la intermediación del estudio de abogados uruguayo Moratorio, Rodríguez Teodoro, Borrás & Asoc. Los Panama Papers muestran que esa sociedad panameña quedó conformada con tres rosarinos. El presidente es Daniel Juan Luis Luzzi, representante del director técnico de Rosario Central, Paolo Montero, entre otros; como secretario figura César Fabián “Chelito” Delgado, el ex wing canalla y de la selección de Bielsa, y como tesorero aparece el “Gringo” Giusti.

El socio de Arribas | Hidalgo

“Yo pensé: de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Justo uno que se había hecho de una buena posición económica en el fútbol; uno que arrancó de una posición humilde en la vida… Me pareció que resumía todas esas cualidades… Es abogado y escribano, pero arrancó de una familia de clase media baja. Entonces, es un tipo que tiene una vida de mucha riqueza, en términos de evolución, de conocimiento, de mucha calle. Lo conozco, la confianza viene de que yo juego al fútbol con él desde los 18 años. Jugamos juntos en el mismo equipo durante veinticinco años… Hay una enorme confianza. Y, tal vez, te aseguro, sea uno de los mejores nombramientos que he hecho”, explicó Mauricio Macri al referirse a la designación de su amigo Gustavo Arribas al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. Tan estrecho era el vínculo que, cuando Macri se mudó a la Quinta de Olivos, Arribas pasó a vivir en el histórico departamento del mandatario en Barrio Parque. Pero el Presidente y el jefe de los servicios de inteligencia no sólo comparten una historia vinculada con el fútbol y la vivienda, sino también su pasión por el mundo offshore.

A diferencia de Macri, Arribas no figura en los Panama Papers. En el calor de las búsquedas realizadas en los márgenes de la filtración por los periodistas sin acceso a las bases de datos montadas por ICIJ, el nombre Gustavo Arribas fue vinculado con La Veneziana Corp., una sociedad que fue registrada el 17 de abril de 2009 en el estado de Nueva York. Sin embargo, Arribas aseguró que no tenía ninguna relación con esa firma y durante una interpelación realizada en el Senado se desligó al señalar que “parece que hay una persona en el directorio que tiene mi nombre, debe ser un homónimo”. Quien sí está entre los archivos de Mossack Fonseca es Fernando Hidalgo, uno de sus dos socios en la agencia HAZ Sport, dedicada a la intermediación en la venta de jugadores sudamericanos a Europa, en la que el jefe de los espías amasó su fortuna. La H por Hidalgo, la A por Arribas y la Z corresponde al empresario deportivo de origen israelí Phinas Zahavi. La empresa de la tríada HAZ protagonizó la venta de Carlos Tévez de Boca Juniors al Corinthians de San Pablo, mientras Macri era el presidente del club de la ribera. El pago realizado por una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas, y sospechada de mantener vínculos con la mafia rusa, provino de la sede de un banco estadounidense en Canadá, mientras que los intermediarios cobraron su millonaria comisión a través de una empresa radicada en Gibraltar, HAZ Football World Wide Limited. La operación se realizó en simultáneo con el pase al club paulista de Javier Mascherano de River y Sebastián Domínguez de Newell’s.

El nombre de Hidalgo aparece en la megafiltración asociado con la offshore Top Players Agency Corp. La firma fue creada en Panamá con directores de paja y control a través de acciones al portador. Nació el 25 de octubre de 2007 y quedó desactivada el 24 de enero de 2013. El empresario era el beneficiario de un poder que le permitía controlar la empresa sin necesidad de figurar en los documentos oficiales. Los archivos filtrados muestran que al pedido de creación de una offshore panameña, los intermediarios uruguayos contratados por el empresario solicitaron la apertura de una cuenta bancaria en el Clariden Leu de Suiza. Los documentos están firmados, pero Hidalgo tampoco figura en ellos. La colocación bancaria era administrada a través de un poder especial emitido a nombre de otra firma panameña denominada Millenia Asset Management, que ofrece al holding suizo la dirección de los intermediarios uruguayos de Moratorio, Rodríguez Teodoro, Borrás & Asociados en Montevideo. A lo largo de ese período, el vínculo comercial entre Hidalgo y Arribas se mantenía en pie. Pero al conocerse la historia, los voceros de Arribas en la AFI hicieron saber que “las operaciones que Hidalgo haya desarrollado a través de Top Players Agency Corp. corresponden a negocios individuales”.

En una de sus habituales revisiones de antecedentes sobre los beneficiarios finales de las empresas donde figuraba como agente registrado, el bufete panameño se detuvo ante un artículo publicado en 2004 por Página/12. El texto que llamó la atención de Mossack Fonseca remarcaba que Hidalgo había sido denunciado por administración fraudulenta por el empresario del fútbol Gustavo Mascardi, otro intermediario vinculado con operaciones de compraventa de jugadores. “Es preciso anotar que cuando Hidalgo ingresó a la empresa, poseía un automóvil Fiat 600 y luego de ese momento comenzó a cambiar sus autos a modelos cada vez más costosos, a un ritmo difícil de sostener para un asalariado. Comenzaron las interminables compras de relojes, lentes, ropas de costos normalmente inaccesibles, lo cual obviamente causó, como mínimo, curiosidad entre los demás empleados de la empresa”, señalaba la causa judicial citada en la nota. Nada de eso impidió que siguieran haciendo negocios con el argentino.

Tres meses después de que Top Players Agency Corp. fuera dada de baja, Hidalgo y Arribas, radicado por entonces en Brasil, se desvincularon. El primero quedó al frente de la pata argentina del negocio, mientras que el segundo retuvo la ramificación brasileña. En el artículo de Página/12, el periodista Gustavo Veiga cuenta que, a lo largo de la extensa geografía brasileña, Arribas negoció traspasos de futbolistas con Cruzeiro de Belo Horizonte, Atlético Paranaense de Curitiba, Inter de Porto Alegre, Botafogo de Río de Janeiro, Juventude de Caxias do Sul, Guaraní de Campinas y Santos, entre otros. En la misma medida se vinculó con empresarios de dudosa reputación, como el iraní Kia Joorabchian y su socio, el magnate ruso Boris Berezovsky, quienes a través de la empresa MSI encabezaron la compraventa de Tévez. En 2007, este último empresario fue declarado culpable de desfalco masivo en ausencia por la Justicia de Moscú. El 23 de marzo de 2013 apareció ahorcado en Londres.

El periodista cuenta que Arribas se presentaba en algunas negociaciones como inversor a nombre del Deportivo Maldonado, club que utilizaba como plataforma para la triangulación en la venta de jugadores brasileños a distintos equipos de la periferia europea. También operaba con el Locarno de Suiza, otro equipo pantalla por el que hicieron una escala financiera decenas de futbolistas argentinos y que controla su ex socio Zahavi. El 29 de agosto de 2006, River le vendió distintos porcentajes correspondientes a los pases de Gonzalo Higuaín, Fernando Belluschi, Augusto Fernández, Mateo Musacchio y Juan Antonio, a cambio de 13 millones de dólares. “Zahavi vino al club con Fernando Hidalgo y Gustavo Arribas”, explicó en ese momento José María Aguilar, el ex presidente riverplatense.

Los lazos comerciales del director de la AFI también incluyeron a dirigentes futbolísticos devenidos en políticos: el senador Zezé Perrella del PDT, ex presidente del club Cruzeiro, y André Sánchez, diputado federal del PT investigado por corrupción pasiva en la causa Lava Jato. En esa misma investigación quedó involucrado Arribas. Una vez más, la primicia la tuvo Hugo Alconada Mon, quien contó cómo uno de los arrepentidos en la megacausa brasileña, el operador financiero de Odebrecht, Leonardo Meirelles, aseguraba haber realizado transferencias bancarias a favor del argentino: “Estoy seguro de que Arribas recibió dinero”. Detalló que habrían sido al menos 850.000 dólares distribuidos en diez giros realizados a una cuenta bancaria en Suiza. El jefe de los espías presentó una contradenuncia por “falso testimonio” y “cohecho”. Adalid de la lucha contra la corrupción y miembro fundador de la alianza política que consagró a Macri en la Casa Rosada, la diputada Elisa Carrió había sido la primera en denunciar a Arribas cuando se conoció la acusación. La causa recayó en el juez Canicoba Corral, quien emitió un sobreseimiento exprés para Arribas: “No sería soborno, salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, porque es para funcionarios públicos, no para los particulares. En los ciudadanos comunes podrá ser reprochable desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, pero no sería delito”, indicó el magistrado en su decisión.

El FIFAgate

El 27 de mayo de 2015 se conoció una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra directivos de la FIFA y empresarios involucrados en un amplio listado de hechos de corrupción vinculados con la venta de los derechos de televisación del fútbol. La investigación de las autoridades estadounidenses fue posible gracias a un ex directivo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) llamado Chuck Blazer, quien aceptó colaborar con el FBI a cambio de una reducción de su condena tras ser imputado en 2013 por diferentes delitos que iban desde la evasión fiscal hasta la conspiración para cometer fraude y el blanqueo de dinero. Los aportes de Blazer fueron determinantes para destapar el escándalo que daría lugar a la denuncia donde se acusaba, entre otros, al fallecido presidente de la AFA y número dos de la FIFA, Julio Humberto Grondona, de recibir sobornos millonarios por la cesión de los derechos televisivos de la Copa América.

Las imputaciones apuntaban contra empresas como Datisa —una sociedad ad hoc conformada por TyC—, otra compañía argentina llamada Full Play y la brasileña Traffic para negociar los contratos con las federaciones sudamericanas. Pagaban barato, coimeaban bastante y revendían mucho más caro. “En muchas instancias los acusados y sus coconspiradores planearon aspectos de sus esquemas en reuniones realizadas en los Estados Unidos y utilizaron los servicios bancarios de los Estados Unidos para distribuir los sobornos”, explicó la fiscal general norteamericana Loretta Lynch al presentar el caso. El documento sostiene que, en 2013, la unión de empresas acordó pagar una coima multimillonaria para hacerse con el contrato para la televisación de las siguientes cuatro ediciones de la Copa América. Los derechos exclusivos para transmitir los partidos previstos para 2015, 2016, 2019 y 2023 del campeonato sudamericano fueron valuados en 317,5 millones de dólares, y Datisa se comprometió a pagar un total de 100 millones por la firma del acuerdo: 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada uno de los torneos. Cada pago sería dividido entre los receptores de la siguiente manera: 3 millones para cada uno de los tres máximos dirigentes de la FIFA (el presidente de la Conmebol y los presidentes de las federaciones de Brasil y Argentina), mientras que el resto de los dirigentes de las otras asociaciones se repartiría lo restante. Los dueños de las tres compañías que conformaban Datisa eran argentinos dedicados al márketing y la comercialización de los derechos de transmisión de los partidos. Al frente de TyC estaba Alejandro Burzaco; Full Play era propiedad de Hugo y Mariano Jinkis, y Traffic tenía como responsable a José Margulies.

Los Panama Papers permitieron profundizar la investigación. Se conocieron un año después, mientras la justicia norteamericana todavía investigaba a los acusados alrededor del mundo. Algunos nombres se repitieron y otros se agregaron a la lista de sospechados de negocios turbios.

Burzaco

Aquella mañana del 27 de mayo de 2015, cuando estalló el nuevo escándalo de corrupción en el opaco mundo del fútbol, el empresario Alejandro Burzaco desayunaba en la planta baja de un lujoso hotel en Zurich, adonde había viajado para participar de un evento convocado por las autoridades de la FIFA. El CEO de Torneos madrugó y pudo ver a los agentes de civil de la policía suiza que colaboraban con las autoridades estadounidenses ingresando en el edificio dispuestos a detener a un grupo de empresarios y directivos de la organización. En su mayoría, a los acusados los arrestaron en sus habitaciones, pero a él, que miraba la escena desde el lobby, no pudieron agarrarlo. Los oficiales no lo reconocieron y se escapó. Pasaron trece días hasta que el fugitivo argentino se entregó en Bolzano, una localidad en el norte de Italia, acompañado por sus abogados. Al poderoso empresario y hermano del secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri lo extraditaron a los Estados Unidos. Burzaco se declaró culpable, accedió a colaborar y, tras pagar una fianza de 20 millones de dólares, fue remitido a un arresto domiciliario en Nueva York hasta que le fue concedida la libertad condicional a la espera del juicio. En el interín, vendió sus acciones en Torneos y Competencias, mientras que la compañía, por su parte, admitió su papel en la conspiración internacional y acordó pagar una multa de 112,8 millones de dólares.

Burzaco y Torneos no sólo fueron acusados de organizar el esquema de sobornos pagados a funcionarios de FIFA y de Conmebol para obtener los derechos televisivos de distintas ediciones de la Copa América. La denuncia contra ambos se extendió a otras competiciones, como los contratos para transmitir la Copa del Mundo en 2018, 2022 y 2030, los amistosos de la Selección Argentina y varias Copa Libertadores. Los investigadores sostienen que Torneos recurrió a distintas herramientas para facilitar y ocultar los pagos anuales de sobornos. El uso de intermediarios, la creación de compañías alrededor del mundo que no figuran en los balances oficiales, cambistas y dinero en efectivo fueron algunas de las estrategias desplegadas por la empresa argentina. Para ocultar esas maniobras contó con la colaboración de Mossack Fonseca. El entramado offshore montado para TyC era tan complejo que los panameños armaron un diagrama para no perderse entre las sociedades de Holanda, Islas Caimán, la Argentina, Chipre, los Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Brasil, con las que administraba los derechos televisivos de las competencias. Los Panama Papers ofrecen además una serie de contratos firmados por Torneos durante la segunda década del siglo XXI, que revela la opacidad de las operaciones.¹

Un caso detallado con precisión entre los archivos filtrados es el de los contratos firmados para la transmisión de la Copa Libertadores en todo Brasil durante dieciocho años. Los documentos identificados en la base de datos revelan que la holandesa Torneos & Traffic Sports Marketing BV le vendió a la brasileña Globo los derechos para la transmisión de la Copa Libertadores en Brasil por 16,1 millones de dólares anuales entre 2005 y 2022, lo que representa un total de 290 millones de dólares. Cada año, indican los registros de Mossack Fonseca, los pagos se cancelaban en cinco cuotas depositadas en la cuenta 0020081375 del ING Bank de Amsterdam a nombre de T&T.

Los archivos de los mayoristas panameños muestran que T&T había adquirido los derechos para las temporadas 2014 a 2018 de la homónima T&T Sports Marketing ubicada en las Islas Caimán, a la que debía pagarle 2,5 millones de dólares anuales. Sin embargo, en lugar de abonar de manera directa, la holandesa asumía como propias una serie de “obligaciones” de la firma caribeña, repartiendo los fondos con Valente Corporation de Panamá, Sport Promoções e Empreendimentos Artísticos e Esportivos de Brasil. En el reparto de los fondos generados por la operación con Globo, el documento sostiene que T&T pretende cancelar dos contratos de servicios y consultoría referidos a temporadas anteriores. El más relevante era un acuerdo para la provisión de servicios de planificación, desarrollo y supervisión de las transmisiones con la firma Arco Business & Development de las Islas Vírgenes por un total de 12,5 millones de dólares. Más humilde era una deuda con la panameña Valente, que ascendía a 800.000 dólares anuales. Esa offshore era controlada por José Margulies, empresario argentino nacionalizado brasileño, a quien T&T subcontrataba de manera habitual. El socio de Burzaco es señalado en la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como uno de los facilitadores en el pago de los sobornos a los dirigentes de la Conmebol.

La operación dejaba a la firma holandesa con una ganancia neta de 340.000 dólares que era transferida al Henlets Group de Uruguay, cuyo accionista controlante es Medak Holdings Limited de Chipre, que a su vez tenía participación en T&T. Aunque colaboraba y acompañaba las operaciones, Mossack Fonseca estaba preocupado por la reticencia de la red de empresas a cumplir con los controles internos. En 2013, cuando se realizaron aquellas operaciones, la empresa donde Burzaco era el CEO, Torneos y Competencias S.A., controlaba el 100% de TyC Internacional de Holanda y el 50% de T&T Sports Marketing de Caimán, que a su vez eran accionistas en Torneos and Traffic Sports Marketing BV de los Países Bajos. Decididos a minimizar su exposición cuando estalló el FIFAgate, los panameños buscaron desligarse de algunas de las empresas vinculadas con los implicados: “Se ha identificado un riesgo alto y una relación entre el escándalo de la FIFA, las actividades de la sociedad Medak Holdings Limited de Chipre, la sociedad Torneos & Competencias y el señor Alejandro Burzaco. Como consecuencia de lo anterior, nuestra oficina debe suspender el servicio de director y secretario de la compañía de Chipre para lo cual hemos iniciado los trámites necesarios en aquella jurisdicción”.

Cuando se conocieron los Panama Papers, el equipo de La Nación investigó los acuerdos firmados por T&T de Islas Caimán para comprarle los derechos de transmisión de la Copa Libertadores a la Conmebol. Los periodistas identificaron tres contratos; el primero se firmó el 22 de agosto de 2003 por las ediciones de la Copa Libertadores en el período 2004-2010; en una segunda etapa, el acuerdo se extendió luego a 2014, y por último se volvió a renovar de manera anticipada hasta 2018. Ese último contrato había sido firmado por los argentinos Julio Humberto Grondona y Eduardo Deluca, ambos en nombre del Comité Ejecutivo de la Conmebol, y por el presidente de la entidad, el paraguayo Nicolás Leoz. El texto exigía confidencialidad sobre la relación comercial, incluso después de concluido. La afinidad entre T&T y la Confederación también se evidenció cuando obtuvo la prioridad en cada renovación. Incluso, en el último contrato, la empresa pagó una prima adicional de 4 millones de dólares. Los documentos firmados por la Conmebol que figuran en los Panama Papers le garantizaban a T&T la posibilidad de reclamar que los equipos presentaran en sus alineaciones un mínimo de siete jugadores titulares con quince partidos, al menos, en la primera división. La empresa, además, debía dar su consentimiento a lugares, fechas y horarios de los partidos. Entre el millar de documentos de Mossack Fonseca referidos a esas operaciones, hay además contratos de cesión de derechos para distintos eventos firmados, por ejemplo, con la cadena Caracol en Colombia y con ESPN en Brasil.

Los Jinkis

Burzaco no fue el único en darse a la fuga cuando estalló el FIFAgate. También eludieron a las autoridades policiales los dueños de Full Play, una de las dos empresas con las que TyC se había asociado para comercializar los derechos de televisación de los partidos de cuatro ediciones de la Copa América. Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, padre e hijo, estuvieron prófugos tres semanas hasta que se entregaron a las autoridades argentinas. La acusación del Departamento de Justicia explica que los propietarios de Full Play canalizaron parte de los sobornos pagados para comercializar la transmisión del torneo sudamericano utilizando cuentas bancarias abiertas en Zurich a nombre de subsidiarias como Bayan de Panamá y Cross Trading de la Isla de Niue. Las autoridades judiciales de los Estados Unidos describen que la socia brasileña de Datisa transfirió a 5 millones desde una cuenta en el Delta National Bank de Miami hacia una colocación a nombre de Cross Trading en el Bank Hapoalim de Zurich. En la cadena de pagos montada por los Jinkis, esos fondos se canalizaban a otra cuenta en el mismo banco controlada por Bayan, desde donde salían los pagos para los dirigentes sudamericanos.

“El beneficiario final es el Sr. Hugo Jinkis (envuelto en los escándalos de la FIFA). Luego de realizar las investigaciones correspondientes del Sr. Hugo Jinkis, se han encontrado resultados adversos en World-check y World compliance, FBI, Interpol y Google”, advertía un preocupado empleado de Mossack Fonseca sobre el beneficiario final de Cross Trading. Incorporada el 27 de junio de 2006, la offshore figura como inactiva desde el 14 agosto de 2015, poco menos de tres meses después de que estallara el FIFAgate. Los documentos muestran que, con la colaboración de los panameños, Hugo y Mariano establecieron, además de Cross Trading, una serie de empresas en Panamá y Uruguay. Los Jinkis lograron que la justicia argentina no los extraditara a los Estados Unidos.

Dirigentes offshore

La difusión de los Panama Papers sumó al FIFAgate a Gianni Infantino. El italiano que reemplazó al desplazado Joseph Blatter en la conducción del organismo figura en los documentos de Mossack Fonseca firmando un contrato con los Jinkis por la cesión de los derechos exclusivos para la transmisión de la Champions League en Ecuador. El acuerdo por tres temporadas se cerró en septiembre de 2006, cuando Infantino todavía era responsable legal de la UEFA. Los documentos de la operación, avalada con la firma de puño y letra del dirigente, muestran que la offshore Cross Trading pagó 111.000 dólares por los derechos para transmitir las principales competencias europeas entre 2006 y 2009. Los empresarios argentinos revendieron, a los pocos meses, esos derechos a la señal Teleamazonas por el triple, 344.000 dólares.

Consultadas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, las autoridades de la UEFA habían negado de manera rotunda que hubieran firmado contratos de televisación con alguno de los empresarios implicados en el FIFAgate. “Estoy consternado y no voy a aceptar que mi integridad sea puesta en duda por los medios de comunicación, especialmente teniendo en cuenta que la UEFA ya ha dado a conocer con detalle todos los hechos relacionados con estos contratos… Como he dicho anteriormente, nunca he tratado personalmente a Cross Trading ni a sus propietarios como el proceso de licitación se llevó a cabo por Team en nombre de UEFA”, expresó Infantino en un comunicado oficial de la FIFA al intentar deslindarse de la operación aunque su firma estaba en los papeles.

Los Panama Papers también sumaron en el escándalo del FIFAgate al uruguayo Juan Pedro Damiani. Presidente de Peñarol y uno de los individuos más ricos de su país, el abogado es titular uno de los principales clientes de la mayorista offshore panameña. El estudio JP Damiani & Asociados está vinculado con tres de cada diez estructuras offshore montadas para los grandes empresarios argentinos que son analizadas en este libro. Por eso no es sorprendente que los documentos filtrados muestren a su firma de abogados armando tres offshore para los Jinkis, todas bajo el nombre de Cross Trading, en distintas guaridas fiscales como la Isla de Niue, el estado norteamericano de Nevada y Seychelles entre 1998 y 2015. La investigación realizada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung identificó que Damiani intervenía de manera personal cada vez que sentía que la confidencialidad de sus clientes estaba siendo amenazada. Los Panama Papers dispararon una investigación contra Damiani en el Comité de Ética de la FIFA, una comisión de la que él mismo formaba parte. La documentación filtrada revela cómo Damiani colaboró en el montaje de siete empresas offshore, por lo menos, vinculadas con Eugenio Figueredo, el ex vicepresidente de la FIFA acusado por las autoridades estadounidenses como otro de los receptores de los sobornos. Damiani renunció a su posición en el organismo.

1 El CEO de TyC era accionista de la empresa en la que también participaban DirecTV y la familia Nofal. En los Panama Papers, el empresario Esteban Nofal, uno de los miembros de esa familia, está vinculado con dos financieras panameñas llamadas CFS Advisors Panamá y Aconcagua Asset Management Inc. Ambas fueron creadas en 2008.

CAPÍTULO IX
ESTAFADORES

Podría tratarse de la estafa más grande los últimos años. Mauricio Macri, Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Lionel Messi, Horacio Rodríguez Larreta, el magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, Adolfito Cambiaso, Ariel “Burrito”Ortega y hasta el papa Francisco, entre muchos otros, cómplices, víctimas o socios de ocasión, en un gigantesco entramado de negocios donde se hace difícil establecer la diferencia. La cifra es difícil de precisar porque la gran mayoría del dinero captado no está declarada, pero una denuncia judicial habla de 300 millones de dólares y de 10.000 inversores engañados.

Si gran parte del dinero no estaba declarado, entonces no será reclamado. No, al menos, hasta que se encuentre aunque sea una fracción de la suma confiada, ni hablar de la prometida, cuestión que cuando finalizó la redacción de este libro no había sucedido. Confiar dinero en negro implica una triple confianza, de dinero, de secreto y de ilegalidad.

El Madoff argentino | Enrique Blaksley

En el centro de esos negocios y esas relaciones está el carismático empresario Enrique Blaksley, a quien algunos de sus denunciantes se refieren como “el Madoff argentino”. Su apodo viene de Bernie, el Madoff original. Bernard Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel por una estafa valuada en 52.000 millones de dólares, el fraude más grande en la historia de los Estados Unidos. Bernie se había hecho famoso por un esquema criminal de inversiones de alto riesgo llamado “pirámide”, que al principio produce altísimos rendimientos para los inversores pero rápidamente el dinero desaparece. En el caso de Madoff, eso sucedía porque no existía tal oportunidad de inversión a la tasa prometida, sino que los nuevos inversores ponían dinero para cumplir compromisos con los viejos inversores. Funcionó mientras Madoff pudo seducir a suficientes peces gordos con su verso encantador y su ostentoso estilo de vida. Pero en cuanto el flujo se desaceleró, las deudas empezaron a acumularse hasta atraer la atención de los reguladores y, eventualmente, de la justicia, lo cual a su vez desaceleró aun más el caudal de inversiones, haciendo que el sistema colapsara.

En el caso de Blaksley, de acuerdo con las autoridades que lo acusan, se repite el mismo esquema básico, acompañado por mucho gasto en márketing y publicidad con ricos y famosos, más algunas inversiones de alto perfil en la economía real, para que parezca que la pirámide es una máquina de derramar ganancias. A eso le sumó el novedoso dato de la clandestinidad; como la inversión es financiada con fondos en negro, quien aporta el dinero va a pensar dos veces antes de denunciar, generando un clásico esquema de “dilema del prisionero.” Pero la rueda gira hasta que un día las nuevas inversiones ya no alcanzan para cubrir las viejas deudas, algunos negocios de altísimo riesgo terminan mal y entonces se descubre que había mucha plata de origen desconocido que había sido confiada a Blaksley y que no estaba donde tenía que estar, sino que había sido desviada, aparentemente, sin dejar rastro.

Ahora que todo terminó, que la oficina cerró y las cuentas fueron vaciadas, ahora que empezó una búsqueda del tesoro global en la probabilidad de que Blaksley se haya escondido algo para sí, ahora puede decirse que esta historia terminó porque cobró notoriedad y que gracias a los Panama Papers cobró notoriedad. Hizo falta una megafiltración para que la maniobra apareciera expuesta en toda su dimensión ante autoridades judiciales argentina y extranjeras y ante cientos, si no miles, de ahorristas que se negaban a darse por engañados. Hizo falta un poderoso instrumento de comunicación para desmontar el mañoso entramado político-financiero-publicitario detrás de la gran estafa argentina.

Juan Enrique Blaksley es el mayor de quince hermanos de una familia tradicional de la zona norte del conurbano bonaerense. Empezó su carrera como corredor de seguros de Zurich Argentina y pronto diversificó su oferta de productos financieros. En 1989 fundó Hope Funds S.A. con su cartera de clientes de la Zurich, ofreciendo tasas de rendimiento superiores a las del mercado. La empresa fue creciendo y empezó a hacer inversiones inmobiliarias, arrancando con un club de campo en la localidad de Luján. En 2009 adquirió el 47% del shopping Buenos Aires Design, en 20 millones de dólares, asociándose al Grupo IRSA, dueño del otro 53%. En 2012, Hope Funds se quedó con el Hard Rock Café de Buenos Aires a cambio de 5 millones de dólares. Además del Buenos Aires Design, enclavado en una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad, cuenta con una terraza de 3.000 metros cuadrados, 174 cocheras que subalquila y dos edificios anexos, el Hard Rock Café y un auditorio de más de 2.000 metros cuadrados, que también explotó el fondo hasta fines de 2015.

Durante 2013, la ciudad de Buenos Aires recibió a tres deportistas ilustres. El 30 de noviembre, las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams jugaron un partido de exhibición en el Buenos Aires Lawn Tennis, y el 14 de diciembre, el velocista y hombre récord de los 100 y 200 metros llanos, Usain Bolt, corrió contra un colectivo de la línea 59 en una traza del recientemente inaugurado Metrobus porteño, una de las principales obras públicas realizadas durante la gestión macrista en la ciudad. Más allá de que los deportistas brindaron clínicas de tenis y atletismo en distintas las villas porteñas, los contribuyentes pagaron a través del Gobierno porteño 5 millones de pesos por la presencia de estos destacados personajes, a razón de un millón para las hermanas Williams y cuatro para Bolt. Hope Funds organizó ambos eventos junto a la firma Imagen Deportiva, del empresario Guillermo Marín.

Blaksley también está asociado a Fernando Marín (sin relación con Guillermo), interventor del Fútbol para Todos nombrado por Macri, en la empresa Musyka S.A., inscripta en la Inspección General de Justicia en octubre de 2013. En 2015, Hope Funds y Fernando Marín fueron los encargados de producir la obra musical Pasos de amor, el musical de la paz, exhibida en el teatro El Nacional de la calle Corrientes. Autoproclamado mecenas de las artes y los deportes, Blaksley también se encargó de traer en julio de 2012, a través de Hope Funds y junto a la empresa italiana Artifex, la muestra Meraviglie dalle Marche que reunió obras de Rafael, Tiziano y Rubens, entre otros maestros, y se expuso en el Museo Nacional de Arte Decorativo en la Avenida del Libertador, Palermo Chico.

Por ese entonces, Hope Funds no se andaba con chiquitas. Para proyectar su imagen de jugador internacional de primer nivel más allá de Buenos Aires, en mayo de 2013 organizó una muestra de arte criollo en el Vaticano, ocasión que le valió a Blaksley una foto con el papa Francisco.

En el rubro deportivo, Hope Funds arrancó en 2009 como auspiciante de Indios Chapaleufú I, el equipo que entonces formaban los hermanos Heguy de la rama de Horacio padre. Blaksley es fanático del polo. Vive en un club de polo de su propiedad y acompañó a muchos polistas por el mundo, ganándose la confianza y los ahorros de algunos de los más importantes. En septiembre de 2012, Hope Funds se convirtió en el principal patrocinante del multicampeón equipo La Dolfina, cuyo líder Adolfo Cambiaso es considerado el mejor polista del mundo. Dos meses después del debut con La Dolfina, Hope Funds contrató al tenista suizo Roger Federer, por entonces número uno del mundo, para realizar una exhibición en el municipio de Tigre, evento que fue presentado en conferencia de prensa por el entonces intendente Sergio Massa. Durante el encuentro, que también tuvo como protagonista al tenista argentino Juan Martín del Potro, una falla en la tribuna tubular montada a último momento casi causa una tragedia.

Pero la maquinaria publicitaria de Blaksley no se limitó a los deportes de elite. En junio de 2012, Hope Funds se anotó como sponsor oficial de la Selección Argentina de básquet después de firmar un convenio el titular de la CABB en las oficinas del fondo de inversión en Sarmiento al 600. En diciembre de 2013 organizó la despedida del “Burrito” Ortega en el Monumental. En una entrevista con La Nación en mayo de 2012, el propio Blaksley reveló un vínculo comercial que unía a Hope Funds con el club de fútbol más importante del país. “También somos dueños del merchandising de Boca Juniors [todo menos la camiseta y la estática], y la licencia de escuelas de fútbol” dijo Blaksley.

En el rubro gastronómico, en 2015, el grupo inversor trajo al restaurante peruano de alta gama La Rosa Náutica a un local de Puerto Madero. Hope Funds también llegó a manejar junto al empresario del rubro, Juan Fabbri, la empresa de tango-show Piazzola Tango (catering y eventos) en Buenos Aires y dos fugaces restaurantes argentinos en Nueva York.

En el rubro inmobiliario, proyectaba un emprendimiento en el municipio de Pilar similar al club de campo La Asunción, de Luján, llamado “Verazul”, y el desarrollo de departamentos llamado “Antares”, en Nordelta. Ambas propuestas habían atraído a numerosos interesados. También seguía siendo agente registrado de Zurich Seguros, con lo que vendió cerca de 10.000 de pólizas.

En su apogeo entre los años 2011 y 2015, la firma de Blaksley ofrecía varios tipos de inversiones: plazos fijos de alto rendimiento en negro —12% anual en dólares—, a través de una financiera fantasma en las Islas Vírgenes Británicas; inversiones en clubes de campo privados en Luján y Pilar, en negro al principio y luego en blanco a dólar oficial para aprovechar la brecha cambiaria en los tiempos del control de capitales; inversiones en negro en departamentos a construirse en Nordelta, a través de instrumentos llamados CIP (certificado de inversión y participación); inversiones en departamentos en Miami y en un club de polo en Indonesia. Hope Funds, además, vendía participaciones en las utilidades de las franquiciantes de Hertz y de Hard Rock Café, a través de instrumentos llamados CCU (contrato de cesión de utilidades). El fondo también ofrecía inversiones en dólares y al contado en diferentes eventos, en sociedad con distintas marcas y diferentes personalidades: tango show con Fabbri, teatro con Marín, vóley con Tinelli, básquet con una empresa que fundó Hernán Lombardi, fútbol con la gente de Macri. Hasta planteaba la posibilidad de invertir en los derechos de imagen del Payaso Plim Plim, con eme al final, a quien Hope Funds promovía como futura estrella del canal Disney en América latina, y de obras de teatro, ropa, juegos, libros, cotillón y DVD.

Y la frutilla del postre: la chance de invertir en franquicias de “Café Messi” en España y, eventualmente, en todo el mundo. “La sociedad con los derechos de explotación y desarrollo de la marca estará conformada por la firma HOPE FUNDS y MESSI quienes participarán en partes iguales de la composición accionaria. La misma será la encargada de otorgar Masterfranquicias en distintas partes del mundo, comenzando por España”, reza un instructivo para los vendedores de Hope Funds. Para tranquilidad de los inversores, Blaksley se había hecho fotografiar junto a Messi y una gigantografía de un cheque a nombre de Hope Funds y la Fundación Messi para Unicef, durante un partido a beneficio jugado en Perú en julio de 2013.

Claro que Blaksley no estaba solo. Para que el engaño funcionara durante tanto tiempo, hizo falta una red de contactos importante, por lo menos con capacidad de influir sobre el mundo de los negocios, la política y, eventualmente, la justicia. Tal es así que la ruta del dinero de Hope Funds, del dinero captado por Blaksley, bien podría llamarse la “Ruta Pro” de los Panama Papers. El recorrido arranca con el hallazgo de más de 30 empresas offshore con sede en paraísos fiscales bajo el control de Blaksley, sigue por un grupo de empresas que se llaman Pro, como Pro-Enter, Pro-IDS, Pro Entertainment y Pro Entertainment Holdings. Pasa por Tigre con Massa y Nordelta, por la antigua sede de la productora Ideas del Sur de Marcelo Tinelli en la calle Olleros, pasa también por la Bombonera en la Boca y llega hasta la puerta de la Casa Rosada al salpicar a Andrés Ibarra, un ministro clave del Gabinete nacional e íntimo colaborador hace más de una década del presidente Mauricio Macri. También aparecen otros colaboradores cercanos de Macri como Daniel Angelici, Orlando Salvestrini, Hernán Lombardi, Fernando Marín y Horacio Rodríguez Larreta. Todo bien Pro.

Entre los Panama Papers, Blaksley aparece como beneficiario de la empresa Marketsite S.A. La compañía, a su vez, figura en el centro de un complejo entramado empresas radicadas en paraísos fiscales, incluyendo al menos veintiuna en Panamá, cinco en las Islas Vírgenes Británicas, una en Costa Rica, otra en Nueva Zelanda y dos en Singapur. Blaksley figuró como presidente de varias de estas firmas, hasta que a mediados de 2013 fue reemplazado por un contador de Mossack Fonseca, pasando a ser beneficiario de ellas, en distintas combinaciones, junto o por separado, con su socio minoritario (3%) en Hope Funds S.A., Federico Armando Dolinkue, su representante ante Mossack Fonseca, Alejandro Miguel Carozzino, y su cuñada Verónica Inés Vega. En algunos casos también figuran como coapoderados de firmas del grupo el empresario gastronómico Emilio Lucini y el del tango Juan Horacio Fabbri. Las offshore del grupo incluyen MKT Ltd., Global Entertainment Enterprises Ltd., Marketsite Ltd., International Entertainment Management Group Ltd., Tango Investments Trading, 10 A Office One Properties Corp., Twist Business Center Ltd. y Marketsite Real Estate Ltd., entre otras.

En este caso, el uso de muchas offshore interrelacionadas no sólo apunta a garantizar el anonimato de los beneficiarios finales frente a las autoridades fiscales. Semejante estructura permite además engañar a inversores y accionistas a través de transferencias y movimientos que disimulen u oculten utilidades y ganancias. Las offshore le permiten al beneficiario ocultar movimientos de dinero, no sólo del Estado sino sobre todo de socios minoritarios o acreedores de cualquier tipo.

En la Argentina, Hope Funds es accionista de una empresa de márketing deportivo llamada Proenter. A partir de 2011, Proenter manejaba el merchandising del club Boca Juniors, primero a través de una empresa con ese nombre y después a través de otra llamada Ilmen, que tiene el mismo domicilio y los mismos directores que Proenter, pero distinta razón social. Mientras Proenter declara estar dedicada al mercadeo y la promoción de eventos y espectáculos, la razón social de Ilmen, según el Boletín Oficial de la ciudad, es la “comercialización de materiales de construcción”. Fue en 2011 cuando Hope Funds se convirtió en accionista de Proenter, participación que se extendió a Ilmen al momento que ésta asumió los negocios con Boca. En marzo de 2015, un aviso promocional en el blog oficial de Hope Funds dejaba saber que Proenter e Ilmen forman parte del “Grupo Hope Funds” que maneja el fondo inversor. “Poseemos una importante plataforma de inversión. Una de las alternativas que ofrecemos se concentra en el rubro de entretenimiento, abarcando la realización de eventos, adquisición de derechos deportivos, licencias de marca y de merchandising, como así también en el rubro artístico y gastronómico. Además participamos en la producción de contenidos audiovisuales de calidad internacional. Las empresas de este rubro pertenecientes al grupo Hope Funds son: Pro Enter, para sus productos Sociedad Expansiva, dedicada a la explotación de los derechos comerciales de organizaciones e instituciones deportivas y culturales; Ideas Sport e Ilmen, empresa responsable de la comercialización de las licencias del club Boca Juniors”, dice el anuncio. El acuerdo duró hasta mediados de 2015, cuando el club dejó de tercerizar la comercialización de sus licencias.

En ese tiempo, Andrés Ibarra, presidente de Márketing de Boca, era el máximo responsable de los negocios con Ilmen y Proenter. Ibarra, el ex gerente de Socma, Sideco, Correo Argentino y Autopistas del Sol del Grupo Macri, ex polifuncionario del gobierno porteño bajo la jefatura de Mauricio Macri, había sido llevado a Boca en 2004 por el propio Mauricio, entonces presidente del club, para ocupar la gerencia general. En 2006, Ibarra llevó a Boca como jefe de Seguridad a Jorge “Fino” Palacios, el ex comisario procesado por encubrimiento en la causa AMIA y primer jefe de la Policía Metropolitana creada por Macri. Casi al mismo tiempo fue acusado de llevar al espía Ciro James al Ministerio de Educación, donde Ibarra ocupaba una subsecretaría. Tras su paso por la gerencia de Boca, Ibarra ascendió a la comisión directiva integrando listas del oficialismo en sucesivas elecciones internas, desde donde se adueñó de la titularidad de la Comisión de Márketing con el aval del hoy presidente del club, Daniel Angelici, sindicado por la diputada Elisa Carrió como el operador judicial de Macri y del entonces tesorero Orlando Salvestrini, otro ex gerente del Grupo Macri y a la vez ex presidente de Boca Crece S.A., la empresa que manejó el merchandising en Boca hasta la llegada de Proenter. Aunque ocupó varios puestos importantes en el Gobierno de la Ciudad, de subsecretario a ministro, Ibarra siempre mantuvo la presidencia de Márketing en Boca. “Modificaron el estatuto para que con las firmas de Macri y la de él (Ibarra) se pudiera aprobar casi cualquier cosa”, lo criticó en un artículo publicado por el diario La Nación en 2013 el sindicalista y dirigente boquense opositor Roberto Digón, quien también le endilgó a Ibarra el manejo de la barrabrava.

Aunque la publicidad del merchandising de Boca sigue figurando de manera prominente y reiterada en la página web de Proenter (Pro-enter.com), la relación entre la empresa y el club habría terminado a mediados de 2015, cuando Boca dejó de tercerizar y asumió la comercialización de sus licencias. “Las principales marcas deportivas de nuestro país nos eligen para el desarrollo de sus licencias de merchandising. En Argentina, Boca Juniors representa el 70% del mercado en licencias deportivas”, destaca Pro-enter, que también dice representar a Newell’s Old Boys, Unión de Santa Fe, Los Pumas, los All Blacks, los Springbocks, las selecciones argentinas de vóley y de básquet, los principales equipos de fútbol de Brasil, el campeonato argentino de Rally, las carreras de ciclismo La Doble Bragado y la Vuelta de San Luis, y los dibujos animados de Los Simpson, entre otras marcas, aunque varios de esos contratos también habrían caducado. Por esa época empezaron a conocerse las denuncias en contra de Hope Funds. En ese momento también, Ibarra dejó el club para encargarse de coordinar la campaña presidencial de Macri junto a Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta.

Proenter (Pro Entertainment S.A.) es un desprendimiento de la empresa TyC Sports fundada en los años noventa por Carlos Ávila, que arrancó en las oficinas de esa productora en la calle Balcarce y luego se mudó al edificio de DirectTV en la calle Marcelo T. de Alvear. Se trata de una sociedad entre el ex directivo de Torneos, Javier Schmidt, CEO de la empresa, y su vicepresidente Eduardo Ávila, hijo de Carlos. Schmidt y Ávila son a su vez los apoderados de la offshore uruguaya Gudere, por la cual han canalizado algunos negocios con empresas extranjeras, evitando que ese dinero ingrese en el país. El sitio Opencorporates.com indica que otra empresa con el nombre Gudere, pero Holdings en vez de S.A., figura inscripta en Panamá.

Además de Proenter e Ilmen, las otras dos empresas enumeradas como parte del Grupo Hope Funds son Sociedad Expansiva S.A. e Ideas Sports. Sociedad Expansiva S.A. tiene los mismos directores y el mismo domicilio que Proenter, Proenter Holdings e Ilmen (Schmidt, Ávila, Sebastián Roca y Hernán García) y concentraría los negocios del grupo con la Confederación Argentina de Básquet y las selecciones de ese deporte. Sociedad Expansiva había sido fundada por el actual titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y al momento de asociarse con Hope Funds tenía al funcionario macrista como principal acreedor. Después de la venta de Lombardi, Sociedad Expansiva consiguió en tiempo récord un préstamo del Banco Municipal, informó el sitio Nuestras Voces en 2015.

La otra empresa, Ideas Sports, ubicada en la sede de la Productora Ideas del Sur en la calle Olleros, es presidida por Fabián Scoltore, mano derecha de Marcelo Tinelli, y estaría a cargo de los negocios con el vóley. Existe una tercera empresa, Pro IDS (por Ideas del Sur), en la que comparten directorio Schmidt, Roca y García con Scoltore, Tinelli y su hija Micaela. Según varias fuentes públicas, la mitad de esa empresa pertenece a Tinelli-Scoltore y la otra, a Proenter.

De acuerdo con un artículo del 2 de diciembre de 2013 de Cancha Llena, el portal de deportes de Lanacion.com, el seleccionado argentino de vóleibol “es manejado comercialmente por Proenter, que posee cuatro accionistas: Javier Schmidt, Marcelo Tinelli, la financiera Hope Funds y Diego Ávila, hijo del empresario Carlos”. En ese artículo, su autor Xavier Prieto cita al gerente de márketing de Proenter, Juan Diego García: “Marcelo tiene más interés y más incidencia que lo que parece”.

La sociedad Tinelli-Proenter tenía reservado un importante lugar en el esquema del desembarco del animador televisivo en el Fútbol Para Todos, que se frustró en 2014, según dicen, por un veto de Máximo Kirchner y La Cámpora. “La nueva producción estará a cargo de una unión transitoria de empresas (UTE) registrada como Producción Deportiva (que forma la sigla Prode) y en la que IDS Sports (otra empresa de Tinelli, en sociedad con Pro Entertainment) y Torneos (firma conducida por Alejandro Burzaco) se asocian en partes iguales. De esa asociación no participará Ideas del Sur, la compañía de López”, anunciaba un artículo de José Crettaz en el diario La Nación, en enero de ese año.

Según otro artículo de prensa, esta vez de Sabrina Santopinto y publicado en Infobae.com en septiembre del año pasado, una de la empresas de Tinelli-Scoltore, IDS Sports, figura en la investigación de la AFIP entre las beneficiarias de los fondos de origen dudoso aportados por Hope Funds. “Según la información aportada por la AFIP, los fondos captados fueron destinados a la inversión en emprendimientos inmobiliarios y la participación en sociedades comerciales como las firmas Imagen Deportiva S.A., IDS Sports S.A., Grileon S.A., Vivir S.A., SPES S.A., Emprendimiento Recoleta, Pro Merchandising S.A., Hope Funds Perú S.A., New Viking Inv. Corp. y Auditorio Buenos Aires S.A., entre otras”, dice el artículo, sin mencionar a Tinelli.

Blaksley, el CEO de Hope Funds, a su vez es socio en la empresa Musyka S.A. de Fernando Marín, otro ex Socma y actual coordinador de Fútbol Para Todos. Macri, Tinelli, Marín y el presidente de Boca, Daniel Angelici, todos ellos están entre los principales impulsores de la creación de una superliga profesional que concentre el negocio del fútbol entre los clubes más poderosos del país, un negocio potencialmente multimillonario. Lo que se dice un negocio Pro.

No sería el primero. La concesión de veinte años del shopping Buenos Aires Design vencía el 18 de noviembre de 2012. Hope Funds era el propietario del 47% de la empresa que explotaba concesión, Emprendimientos Recoleta S.A., y la desarrolladora inmobiliaria IRSA, del otro 53%. Menos de dos semanas antes de que venciera, la concesión fue renovada por el gobierno porteño hasta el 17 de noviembre de 2017, llamativamente un día antes de que se cumplan los cinco años. Así se pudo aplicar la ley 3.399, que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de la Legislatura. Por esa “concesión” del gobierno porteño, en un sentido amplio de la palabra, IRSA y Hope Funds pagan “el irrisorio canon de 42.353 pesos mensuales”, denunció la entonces diputada porteña Gabriela Cerruti. Los concesionarios del Buenos Aires Design subalquilan a otras empresas privadas 70 locales comerciales que se distribuyen en tres plantas, a un precio de 7.000 pesos mensuales, lo que supone una recaudación, por ese solo concepto, que rondaría los 500.000 pesos mensuales, calculó Cerruti. Cuando se produjo la renovación exprés del predio, el apoderado de IRSA era Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, entonces jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad y luego jefe de Gobierno porteño. Actualmente, Emprendimientos Recoleta S.A. paga 286.000 pesos mensuales por el usufructo del shopping, aunque hasta diciembre último la suma era de 47.000 pesos por mes, según datos oficiales, informó en diciembre del año pasado el diario La Nación.

De acuerdo con el balance que presentó IRSA el año pasado, la recaudación por la facturación de los 62 locales superó los 3.000 millones de pesos anuales. La compañía informó que los ingresos anuales por Buenos Aires Design fueron de 414 millones de pesos por el cobro de los alquileres a los subconcesionarios. “La ganancia neta que nos dejó Buenos Aires Design en 2016 fue de 1,7 millones de dólares, una vez descontados los gastos y los impuestos. Es un negocio irrelevante para IRSA en términos económicos, pero es importante por el esfuerzo que hicieron nuestros inquilinos ahí. Queremos darle continuidad al proyecto”, dijo Ramón Villaveiran, gerente de Asuntos Públicos de IRSA.

Apenas asumió, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta negoció un incremento del canon por fuera del contrato, estableció un aumento del 350% hasta llegar 220.000 pesos mensuales. Aun así, Emprendimientos Recoleta S.A. paga 10 pesos por metro cuadrado de concesión, mientras que un inmueble comercial de esa zona cotiza, en promedio, 285 pesos.

“El contrato se actualiza cada seis meses mediante un índice que contempla una tasación del Banco Ciudad sobre la concesión, pero que también tiene en cuenta los acuerdos en paritarias acordados por el Sindicato de Empleados de Comercio”, dice el artículo de La Nación firmado por Iván Ruiz. “Los opositores, sin embargo, critican que el número aún está por debajo del mercado inmobiliario.”

Todo marchaba sobre ruedas. Sin ir más lejos, 2012 había sido una fiesta. Ese año, Hope Funds había organizado Del Potro-Federer con Massa en Tigre, un Súper 4 con la generación dorada de básquet en el Luna, la muestra de Tiziano y Rubens y el estreno de la camiseta La Dolfina-Hope Funds con la presencia Batistuta y Nalbandian. Como premio, Blaksley se llevó a sus mejores 50 mejores vendedores a un crucero por el Mediterráneo. Al año siguiente llegarían la despedida del “Burrito”, la muestra de arte gauchesco, la carrera Bolt y la presentación del merchandising de Los Simpson en la Bombonera. Ese verano partieron 70 vendedores de Hope Funds a una vacación en las mejores playas de Hawaii con todos los gastos pagos en hoteles de 400 dólares la noche. En 2014, poco antes de anunciar el esponsoreo del auto de rally de Nalbandian con un cóctel para la prensa en el Hard Rock Café, Hope Funds premió a sus cien mejores vendedores. Lo hizo con otro crucero cinco estrellas all inclusive, esta vez por el mar Báltico, tocando puerto en ocho países. En el barco, por las noches, los empleados de Blaksley aprovechaban la canilla libre para hacerse descorchar vinos de 300 euros que elegían del menú. En la última noche del viaje, los vendedores fueron agasajados con un extravagante banquete en un castillo de San Petersburgo, para el cual cada comensal se vistió con atuendo, maquillaje y peluca de la época del zar, como si fuera parte de aquella vieja nobleza.

Pero un día, el sueño terminó. Difícil saber cuál fue el detonante. Acaso los pagos empezaron a desmoronarse, y entonces alguien se enojó. Acaso el crecimiento fue demasiado rápido y demasiado grosero y demasiado negro, y la competencia no lo toleró. Acaso un funcionario honesto eligió no hacerse el distraído, y un periodista alerta lo pescó y lo publicó. Lo cierto es que Blaksley cumplió 50 años el 14 de enero de 2015, y esa fecha marcó el principio del fin. Ese día, el periodista Juan Graña firmó un artículo en el sitio Infobae.com informando que Hope Funds había sido denunciado en la Justicia federal por la agencia impositiva federal AFIP y por la procuraduría especializada en crímenes económicos y lavados de activos Procelac. Pequeño detalle que hasta entonces los inversores y empleados de Hope Funds desconocían. El artículo informaba que la AFIP había detectado que de los 531 clientes que entonces declaraba Hope Funds, sólo tres tenían dinero suficiente para hacer la inversión y la habían declarado al fisco, mientras que el resto había usado dinero en negro, o bien se trataba de jubilados por la mínima que nunca antes habían tenido ingresos. El artículo también decía que para la Procelac, Hope Funds operaba de manera ilegal, ya que no tenía permiso del Banco Central para captar ahorros y realizar inversiones, siendo que su actividad declarada era “servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contraprestación”. Además, el artículo decía que ya por entonces fuentes de la fiscalía federal de San Isidro hablaban de “demoras en la causa” para favorecer a Hope Funds, que a su vez contaba con “aparente información de los movimientos del juzgado” en relación con una serie de allanamientos que la fiscalía había solicitado de manera urgente y a los que la jueza Sandra Arroyo Salgado no dio lugar.

La estampida no tardó en llegar. Los primeros en despegarse públicamente fueron los Messi y lo hicieron el mismo día del artículo de Infobae, con declaraciones de Jorge, el padre del futbolista, en ese mismo medio. “No existen los cafés Messi, no sé de dónde sacó eso esta persona”, afirmó enfático. “Ni yo ni mi hijo ni la fundación tenemos ningún vínculo con esta empresa.” Otros empresarios hasta entonces muy cercanos a Blaksley, como Guillermo Marín y Javier Schmidt, también se abrieron, con más o menos discreción. Sin embargo, el tema no pasó a mayores porque tres días después la noticia sería tapada por la muerte de Nisman.

El verdadero golpe para Hope Funds fue la publicación en el diario Página/12, en mayo de 2016, de dos artículos basados en los Panama Papers. El primero informaba sobre la existencia de más de 30 empresas offshore a nombre de Blaksley. El segundo daba cuenta de las relaciones de Blaksley con el poder político. La reacción fue rápida. Arroyo Salgado ordenó medidas de prueba y tomó declaración indagatoria a Blaksley. Hard Rock Café y Hertz exigieron y lograron desaparecer de la página web de Hope Funds, argumentando que nunca habrían autorizado el uso de la marca para las inversiones ideadas por Blaksley.

Para entonces, más allá de los traspiés de imagen, Hope Funds ya venía experimentando serios problemas con sus inversiones inmobiliarias. El desarrollo en Luján no había terminado mal, salvo por un problema de liquidez que habría llevado a Hope Funds a vender el fideicomiso antes de haber terminado las obras, lo cual habría redundado en algunas quejas de los propietarios, pero nada grave. En cambio, la inversión en Pilar fue desastrosa. Hope Funds había comprado una tosquera y había loteado 1.600 terrenos. Pero como se trataba de un humedal sobre el río Luján, nunca obtuvo permisos de construcción por razones medioambientales —recordar la reciente inundación que llegó hasta la catedral de Luján—, ya que la edificación sobre dichos terrenos está prohibida. Pero Blaksley le habría dicho a sus vendedores que tenía todo arreglado con el entonces gobernador Scioli y el entonces de intendente de Pilar, Humberto Zúccaro. Confiado, Blaksley había presentado el proyecto con una fiesta a todo trapo en el Sheraton de Pilar el 11 de febrero de 2011. Desde entonces se vendieron unos 600 lotes a un promedio de 100.000 dólares por un total aproximado de 60 millones de dólares. Cuando llegaron los inesperados resultados de las últimas elecciones, Blaksley habría intentado tranquilizar a sus huestes informando la novedad de que ya estaba todo arreglado con la nueva gobernadora Vidal y el nuevo intendente Ducoté.

Pero los permisos nunca llegaron, y el paraíso prometido llamado “Verazul” sigue siendo hoy un terreno abandonado e inaccesible, una promesa. La plata puesta ahí, sobre todo si es en negro, difícilmente pueda ser recuperada. La debacle en Pilar y la mala prensa a su vez habrían hundido el negocio en Nordelta de los departamentos llamados “Antares”. Allí la construcción estaba a cargo de otra empresa, y Hope Funds sólo canalizaba inversiones en el proyecto, que se vendían por metro cuadrado. Pero cuando llegó la hora de pagar, Hope Funds ya no estaba en condiciones de hacerlo, y la compañía constructora se habría desentendido del tema, argumentando que el acuerdo era con Hope Funds y no con sus clientes, y que Hope Funds ya había cobrado su parte.

Aunque los damnificados en Verazul incluían a un conocido animador infantil y a la ex esposa del “Burrito” Ortega, el tema no cobró mayor trascendencia pública hasta que el ruido generado por la vinculación de Hope Funds con los Panama Papers hizo que el periodismo gráfico y televisivo tomaran el caso, y así empezó el bombardeo mediático en Clarín, Animales Sueltos, América Noticias, Noticiero del Trece, Ámbito Financiero, La Nación, Página/12, Infobae, Télam, diarios del interior, sitios web de noticias. Semana tras semana, mes a mes.

Eventualmente, los engranajes de la Justicia empezaron a moverse. Las denuncias de la AFIP y la Procelac habían descansado dos años en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, tiempo durante el cual la jueza nunca resolvió la situación procesal de Blaksley a un año de haberle tomado declaración indagatoria, a pesar de que el plazo procesal es de diez días, y nunca aceptó los pedidos de inhibiciones del fiscal Fernando Domínguez para que Hope Funds cesara con su accionar fraudulento. Y eso que parecía bastante contundente la denuncia de la AFIP que habían firmado Jorgelina Beritich Medina, jefa de la Sección Actuaciones Judiciales de la División Penal; José Antonio Bilbao, titular de la Dirección de Planificación Penal de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos, y Diego Alejandro Franco, jefe de la División Penal Tributaria. Decía que el 99,42% de los clientes de Hope Funds había violado de una forma u otra la ley argentina. Y además estaba la denuncia del entonces titular de la Procelac, Juan Carlos Gonella, que profundizaba y detallaba el análisis de la AFIP. “Las operaciones de ‘Hope Funds S.A.’ indican que la firma habría recibido en mutuo en 2011 la suma aproximada de ocho millones y medio de pesos (puntualmente, 8.428.123 pesos) por parte de clientes que, además de no presentar actividad económica suficiente habrían ingresado al régimen jubilatorio, coincidentemente, en el año 2011. A lo expuesto aquí debe añadirse que en muchos casos ‘Hope Funds S.A.’ habría recibido aportes de terceros por fuera del circuito bancario regular, accediendo a la entrega de importantes sumas concentradas mediante un único desembolso en efectivo”, decía la denuncia.

En diciembre de 2016, Arroyo Salgado finalmente se declaró incompetente, aduciendo que, si bien Blaksley vivía en un club de polo dentro de la jurisdicción de su juzgado, las transacciones con los ahorristas habían ocurrido en las oficinas de Hope Funds en la ciudad de Buenos Aires, fuera de la jurisdicción de su señoría. Había tardado dos años en percatarse de eso. Entonces, la causa se sorteó entre los jueces federales porteños y recayó en María Romilda Servini de Cubría.

Blaksley se lo vendió a sus fieles como un triunfo judicial. “Lo importante es no detenerse, avanzar, trabajar día a día para sacar adelante a Hope Funds y salvaguardar el patrimonio de todos los clientes que han confiado en nosotros, y en mí en forma personal. Y en ese camino estamos”, les escribió a sus “clientes y amigos” poco tiempo después de que Servini tomara la causa. Por esa misma época, en un escrito judicial contestando uno de los 22 pedidos de quiebra que hoy enfrenta en la justicia Comercial, además de 50 juicios ejecutivos, Blaksley negó estar en cesación de pagos y señaló que “de miles de individuos que contratan con la firma, sólo un número muy reducido, inferior a 30, son los que han judicializado sus reclamos”. En el escrito, Blaksley denuncia que “distintas exposiciones mediáticas… falsamente han expuesto a la empresa como operación de lavado de dinero”. Desde mediados de 2015, Blaksley también enfrenta un multimillonario juicio laboral en la justicia del Trabajo, en el que un grupo de sus colaboradores más cercanos lo acusa de tenerlos en negro durante más de una década.

Pero el cuento no se había agotado. A principios de 2017, Blaksley todavía les decía a los últimos vendedores que le quedaban que su problema de liquidez era temporario y tenía solución. En concreto, les decía, la solución pasa por vender un nuevo negocio de limpieza de basura con el gobierno porteño. Se trataría nada menos que de la importación de máquinas que eliminan basura, dijo Blaksley. Todavía algunos le creían.

Entre ellos, un grupo de inversionistas peruanos que habían sido captados por una sucursal de Hope Funds que Blaksley abrió en Barranco, un barrio top de Lima, aprovechando su foto como aparente sponsor de Messi después del partido benéfico de 2013 en esa ciudad. Hope Funds Perú no tuvo una larga vida, apenas unos meses de esplendor. Primero se bajó el socio peruano, después desapareció el cartel y finalmente cerró la oficina. A fines de 2016, una delegación viajó a Buenos Aires preocupada por la falta de pago, y Blaksley los recibió. No se sabe si les vendió máquinas para eliminar basura, pero al menos los convenció de que se volvieran a Perú sin denunciarlo.

El 11 de mayo de 2017, la situación de Hope Funds empeoró aun más, cuando el juez comercial Sebastián Sánchez Cannavó rechazó por trucho un supuesto acuerdo con acreedores de Hope Funds y en el mismo acto denunció a Blaksley y compañía por fraude en la justicia criminal porteña. Diez días más tarde, el 22 de mayo de 2017, la jueza federal Servini efectivamente cerró Hope Funds al dictar una serie de inhibiciones sobre sus bienes y prohibir la salida del país de Blaksley y sus principales colaboradores. Una semana más tarde volvió a indagar al dueño de Hope Funds, mientras evaluaba el pedido de detención que hicieron los abogados de la querella.

Para entonces hacía semanas que nadie contestaba el teléfono en la sede de la calle Sarmiento y entre los ex empleados circulaban fotos que mostraban las oficinas vacías y desordenadas con muebles desparramados, computadoras desenchufadas y papeles tirados en el piso. De la gloria a la rapiña, de la fama al penal, del polo a la basura. Todo puede cambiar muy rápido, aun cuando tarde demasiado.

¿Y la plata? Ya se sabe por dónde podría haber entrado. Ya se sabe quiénes le abrieron las puertas de Boca y del Gobierno de la Ciudad. Ya se sabe que estamos hablando de millones de dólares. Pero la duda persiste. ¿De dónde salió? ¿Adónde fue a parar?

El 12 de mayo de 2017, la Procelac solicitó que se investigara por presunto lavado de activos a Pedro Valente, Maximiliano José Valente y Gianluca Valente Vielman, informó el sitio fiscales.gob.ar. Se trata de un jubilado y dos estudiantes universitarios que colocaron 500.000 dólares a interés y, una vez incumplido el contrato, demandaron a Hope Funds en la justicia comercial solicitando el beneficio del litigar sin gastos. La procuraduría especializada solicitó profundizar la investigación, habida cuenta de las incongruencias patrimoniales y el posible uso de sociedades offshore por parte de los imputados que habían presentado —como otras más de mil personas físicas y jurídicas— reclamos en la justicia en contra de Hope Funds. Dada la dudosa procedencia de gran parte de las inversiones analizadas, para la AFIP y Procelac, trabajar la base de clientes de Blaksley debería ser como cazar en un zoológico.

La pregunta acerca del destino del dinero interesa a los ahorristas e inversores engañados. El 25 de mayo de 2017 a las diez de la mañana, la Alta Corte de Justicia de las Islas Vírgenes Británicas celebró una audiencia en los tribunales de Road Town en la isla de Tortola, capital del territorio, para escuchar el reclamo 047/2017. Los reclamantes en las Islas Vírgenes Británicas, nueve en total, todos argentinos, habían conseguido dos meses antes de que el tribunal nombrara a dos abogados de ese país como liquidadores provisionales de tres empresas pertenecientes a Blaksley, según dice el reclamo, “para mantener el valor de esos activos no sólo para beneficio de los actuales solicitantes, sino de potencialmente miles de inversores de Hope Funds en Argentina y otros países”. Según la decisión del juez Roger Kaye, los abogados Hadley Chilton y Laurent Keeble-Bukle, del estudio Baker, Tilly de Tortora, habían sido nombrados liquidadores provisorios de Hope Funds S.A., Marketsite Ltd. y Global Entertainment Enterprises Ltd. En la audiencia del 25, el juez Kaye nombró como liquidador definitivo de las empresas a Chilton, dando comienzo a la liquidación.

Hope Funds S.A. es la nave insigne del Grupo Blaksley. Marketsite y Global son dos sociedades de responsabilidad limitada inscriptas en las Islas Vírgenes Británicas. Ambas eran manejadas por empleados de Hope Funds desde las oficinas de la empresa en Buenos Aires y funcionaban como instrumentos financieros para inversiones offshore a través de contratos llamados “mutuos”. Algunos de esos mutuos especificaban que los regía la ley de las Islas Vírgenes Británicas.

Sin embargo, el escaso número de adherentes al pedido de liquidación, además del lógico temor a llamar la atención de los sabuesos fiscales, también refleja cierto nivel de escepticismo acerca de los beneficios que la medida pudiera obtener en una jurisdicción como la de las Islas Vírgenes Británicas que —como todo paraíso fiscal— se caracteriza por una opaca y laxa regulación financiera. En el caso de las empresas de Blaksley, los Panama Papers muestran que distintos movimientos accionarios y un contrato de servicios con una firma panameña especializada en ocultar información patrimonial podrían haber servido para transferir, disimular o desviar bienes de las firmas en cuestión. A saber:

A fines de mayo de 2013, Mossack Fonseca modificó los paquetes accionarios de Marketsite Ltd. y de Global Entertainment Enterprises Ltd. Marketsite dejó de ser el accionista de Global, siendo reemplazado por una nueva firma creada por Blaksley a través de su contador Alejandro Corrozino y el estudio panameño. La empresa creada con el propósito de reemplazar a Marketsite como accionista de Global se llamó International Entertainment Management Group y también fue inscripta en las Islas Vírgenes Británicas. A su vez, Marketsite pasó a ser accionista de International.

Pocas semanas después, según los documentos, Global Entertainment Enterprises habría pasado a ser accionista de una sociedad en Singapur llamada Sports & Entertainment y al año siguiente tendría vinculación con una firma en Costa Rica llamada Premium Atlántica S.A. con la que Blaksley y su esposa habrían comprado un departamento en 330.000 dólares.

El 1º de marzo de 2011, Mossack Fonseca firmó un contrato de servicios confidenciales con Marketsite Ltd. que incluía en su punto número uno la “creación y manejo de cualquier tipo de sociedades”, junto a una amplia gama de servicios legales y administrativos, incluyendo el aporte de directores y accionistas del estudio panameño en las sociedades de su cliente.

En su presentación ante la corte de las Islas Vírgenes Británicas, el abogado de los solicitantes escribió: “En algunos casos, incluyendo el caso de Marketsite, estas compañías fueron usadas para los propósitos personales de los accionistas de Hope Funds para comprar propiedades en varios países. Por ejemplo, parte del dinero de los inversores fue usado por el señor Blaksley para comprar un jet privado, un club de polo y varias propiedades en el exterior. Entiendo que las propiedades en Florida cuyo material de márketing se adjunta pertenece a esta categoría”. En efecto, los Panama Papers muestran que una serie de empresas en las que Marketsite S.A. figura como accionista y que fueron inscriptas y mantenidas por Corrozino, el contador de Blaksley, habría comprado una serie de propiedades en Panamá a un promedio de 260.000 dólares a razón de una por empresa. Sin embargo, siempre según los Papers, el beneficiario final de esas empresas sería el Banco Balboa, entidad que fue intervenida a fines del año pasado y cuya licencia para operar en los Estados Unidos fue suspendida hace un mes porque el Departamento del Tesoro de ese país lo incluyó en la “lista Clinton” de entidades facilitadoras de lavado de dinero.

Ante la falta de respuesta de Hope Funds al pedido de información de los liquidadores, se hacía cuesta arriba para los cientos o miles de eventuales codamnificados en una presunta estafa que Mariano Moyano, abogado de los demandantes, estimó en un escrito entre 150 y 300 millones de dólares. Pero Moyano era optimista. “Es nuestro trabajo saber dónde está la plata. Nos dedicamos a esto”, afirmó a los autores de este libro. Según Moyano, en las empresas liquidadas encontraron rastros de transferencias acciones a otras empresas y de dinero a un fideicomiso en Curaçao. El abogado cuenta con un organigrama con decenas de empresas de Blaksley que no figuran en los Panama Papers pero sí en la documentación que por orden judicial le entregó otro estudio que trabajó con el dueño de Hope Funds y su contador Corrozino en la inscripción de firmas en paraísos fiscales. Moyano dijo que Islas Vírgenes Británicas es el primer paso en una serie de pedidos de liquidación de empresas que seguirá en Curaçao, Panamá y los Estados Unidos, donde ha detectado activos del Grupo Hope Funds. Pero hay que decir también que hasta ahora no ha encontrado nada que pueda redimir en efectivo. Otro que no pierde las esperanzas es Chilton, el liquidador de las Islas Vírgenes Británicas que recientemente visitó Buenos Aires para recabar información. Si algo quedó del dinero de sus inversores, sólo Blaksley lo sabe. La búsqueda recién empieza.

El mayor estafador de la década de 2000 | Eugenio Curatola

Blaksley no fue el único estafador argentino que utilizó los servicios de Mossack Fonseca para montar estructuras offshore complementarias para sus fraudulentas operaciones. “Solicito información acerca de la firma Vanderbelt Management Group Ltd. He realizado inversiones con este broker a través de una firma argentina, Curatola & Asociados. En este momento mi cuenta está congelada y ni el broker ni el introducing broker, Curatola, me han brindado información respecto de las razones. Es de suma importancia para mí obtener esta información para tener más datos sobre el destino de mis fondos”, reclama en 2005 un correo dirigido a los panameños por uno de los inversores damnificados por las maniobras de Eugenio Curatola. Presentado mediáticamente como el “mayor estafador de la década” de 2000, el agente de bolsa ganó 90 millones de dólares engañando a 400 clientes. Pero aquel correo no era el único que recibían los mayoristas offshore panameños. “El nombre de Mossack Fonseca está siendo fuertemente involucrado en este posible fraude debido a que aparece en el web www.forexvan.com como domicilio legal”, escribió Jürgen Mossack en 2006, en un e-mail interno en el que expresaba su incomodidad porque “estamos recibiendo cualquier cantidad de correo de parte de terceras personas solicitándonos informes financieros y/o explicaciones sobre la situación que se está dando con esta compañía”.

Entre los documentos en los Panama Papers que refieren a Curatola se puede ver el acta constitutiva de Vanderbelt Management Group Ltd., creada en las Islas Vírgenes Británicas el 26 de abril de 2001. Aunque siempre negó cualquier vínculo con la offshore, su firma de puño y letra aparece el 22 de agosto de 2002 entre los documentos de la sociedad. Durante esa operatoria, Mossack Fonseca recibió tres cartas de recomendación. La primera la firmaba el director del CGI Financial, una empresa ubicada en las Islas Vírgenes que había visitado a Curatola en Buenos Aires y lo describía como un “respetable y honorable hombre de negocios capaz de cumplir sus obligaciones”. Un segundo papel correspondía a Bankinter S.A. y certificaba que el argentino tenía una cuenta corriente en ese banco. La tercera provenía del estudio jurídico de Silvina Amestoy, entonces esposa de Curatola, que fue, según determinó la Justicia años después, una de las organizadoras de la asociación ilícita que llegó a contar con diecisiete integrantes.

Entre 2002 y 2004, Curatola tentaba a sus clientes con promesas de saltar el corralito y, luego, con ganancias extraordinarias de hasta el 100% a través de inversiones en el mercado a futuro de divisas en el exterior. Para eso, les informaba que operaba el dinero con un “broker”, Forexvan, que luego la Justicia determinó que era él mismo. Llegó a tener 10.000 clientes. No estafó a todos, y no todos los estafados lo denunciaron porque, como sucede en el caso de Blaksley, el origen del dinero que le dieron a Curatola no siempre estaba declarado. Los fondos eran depositados en cuentas bancarias abiertas en guaridas fiscales, luego giradas a una cuenta en Bermudas para pasar nuevamente a varias cuentas que el estafador y sus secuaces tenían en los Estados Unidos.

La Justicia investigó 11.000 contratos. Silvina Amestoy fue condenada a siete años de prisión y Eugenio Curatola, a cinco.En 2016, el broker obtuvo su libertad condicional, montó una consultora de márketing y abrió un blog donde deja claro que sigue creyendo en los paraísos: “Sólo tenemos que mantener nuestro enfoque en nuestro Creador y entrar en su presencia cada día a través del portal de su Santa Palabra. Allí encontraremos la verdad, el contentamiento, riquezas espirituales y gozo eterno”, reza uno de los textos publicados en el sitio.

El clan de las indemnizaciones | Horacio Dujovne

A la presencia de los estafadores Curatola y Blaksley, los Panama Papers sumaron al abogado cordobés Horacio Eugenio Dujovne. Él, sus hijos, su yerno y su hermano habrían defraudado por lo menos a 286 personas, en su mayoría jubilados que los contrataban para litigar contra compañías de seguros o cajas de seguridad social. Al clan Dujovne lo acusan de apropiarse de las indemnizaciones cobradas. La investigación fue elevada a juicio a mediados de 2017. En los documentos de Mossack Fonseca, Dujovne y su esposa aparecen como beneficiarios de la offshore Goldberg International, incorporada el 24 de noviembre de 2004 en Anguila británica, con dirección legal en Uruguay.

En la filtración sólo aparece un correo electrónico enviado desde Mossack Fonseca a la consultora ABM, el 27 de abril de 2015: “Estamos en el proceso de actualización de todos nuestros registros. Como resultado de ello, es nuestra responsabilidad de llevar a cabo registros completos y las investigaciones de todos nuestros clientes con el fin de cumplir con los requisitos de diligencia debida y cumplir con nuestra política ‘Conozca a su cliente’. Después de haber realizado las búsquedas e investigaciones correspondientes, hemos encontrado la siguiente información sobre el Sr. Horacio Eugenio Dujovne, actual accionista de la sociedad en referencia: fue imputado como supuesto responsable de maniobras fraudulentas en perjuicio de clientes, a quienes habría perjudicado al no rendirles la totalidad de las indemnizaciones que les correspondían. Fue detenido a fines de marzo de 2007 tras un allanamiento a su estudio jurídico luego de investigaciones. De acuerdo a las investigaciones que se realizaron en ese año el Sr. Horacio habría cobrado indemnizaciones correspondientes de sus clientes por sumas de entre 30 y 40 mil pesos (argentinos) de las cuales sólo les habría rendido un porcentaje no superior al 10 o 15%, quedándose con el resto. Quedó libre por el pago de una fianza. Algunos de sus familiares también fueron imputados e involucrados en las investigaciones; Paula Dujovne (hija), Ricardo Oscar Kohn (yerno), el médico Alberto Adolfo Dujovne (hermano) quien era quien expedía los certificados médicos por dolencias e incapacidades diversas con los cuales el Sr. Dujovne promovía los reclamos indemnizatorios contra la Caja de Ahorro S.A. Al ser éste un asunto de mucha importancia, agradecemos nos proporcionen sus comentarios en cuanto a la información arriba detallada”.

De la consultora respondieron que se contactarían con Dujovne “con el fin levantar información directa del mismo y aclarar esta situación”, pero no ponían las manos en el fuego por su cliente: “De acuerdo a la respuesta obtenida del mismo, estoy a lo que ustedes resuelvan y acompaño las acciones a tomar al respecto”. En diciembre de 2015, la offshore seguía activa. Consultado por el diario La Nación en mayo de 2017, el abogado desconoció cualquier vínculo con Goldberg International.

CAPÍTULO X
RUTAS ARGENTINAS

Ninguna lista de paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes en materia de intercambio de información tributaria osaría incluirlo. Sin embargo, los Estados Unidos representan por sí solos el 20% del mercado global de servicios financieros offshore. El país más poderoso del mundo se niega a participar en los acuerdos globales de intercambio de información, e implementó un esquema propio que socava las porosas iniciativas impulsadas por algunos países. Si bien cada tanto disciplina a los principales bancos del mundo, imponiéndoles millonarias multas cada vez que considera que sus maniobras dejan de ser tolerables, los Estados Unidos ofrecen una amplia variedad de instrumentos para garantizar el secreto y minimizar el pago de impuestos al resto del mundo. Su historia offshore puede remontarse a 1921, cuando eximió a los no residentes de pagar impuestos sobre los intereses generados en sus depósitos bancarios. Desde entonces, las laxas regulaciones norteamericanas referidas a los inversores extranjeros, la hegemonía del dólar a nivel mundial y el proceso de globalización financiera incentivaron el ingreso de grandes flujos de capitales hacia el sistema norteamericano. Los estímulos fiscales ofrecidos a escala nacional tuvieron un correlato a nivel provincial. “Las regulaciones vinculadas a la creación de compañías en los Estados Unidos son gobernadas a nivel estadual y como consecuencia distintos estados emprendieron una carrera hacia el fondo para superarse unos a otros ofreciendo las más indignantes provisiones para garantizar el secreto”, indica un reporte publicado por la ONG británica Tax Justice Network, en 2016. El informe posicionó a ese país como la tercera guarida fiscal más importante del mundo, sólo superada por Suiza y Hong Kong.

No hay fecha cierta para el inicio de carrera estadual, pero Delaware, Wyoming y Nevada picaron en punta en un floreciente negocio del que también participan, en menor medida, Arizona, Florida y Georgia, entre otros. Cada año en los Estados Unidos se crean cerca de 2 millones de Limited Liability Companies (LLC), sociedades de responsabilidad limitada, sin que ninguna autoridad se ocupe de conocer quiénes son sus beneficiarios finales. Desde la perspectiva de los estados, el objetivo es recaudar una masa significativa de fondos a partir de las pequeñas tasas que deben pagar cada año las sociedades para estar operativas. Algunas de las LLC pueden tener fines legítimos pero, como explica el ex senador norteamericano Carl Levin, muchas “funcionan como conductos para el crimen organizado, el lavado de dinero, el fraude financiero, la evasión impositiva y otros delitos”.

No era un destino predilecto para Mossack Fonseca pero, como ninguna firma global puede darse el lujo de no estar presente en el territorio norteamericano, abrió distintas oficinas en ese país. Mientras que Miami captaba y atendía clientes de todo el mundo, la modesta dependencia en Nevada era utilizada para montar sociedades. Los mayoristas offshore panameños eran didácticos y no improvisaban cuando un intermediario les solicitaba detalles sobre las ventajas ofrecidas en cada jurisdicción. Aunque no fue una de las jurisdicciones de mayor relevancia para Mossack Fonseca, a comienzos del siglo XXI enviaba con frecuencia un memo referido al “Estado Plateado”, como se denomina al desértico territorio ubicado en oeste de los Estados Unidos. En 2006, el gerente general de la empresa, Ramsés Owens, solicitó que le enviaran una copia a un estudio uruguayo que necesitaba explicar los beneficios de esa locación a unos argentinos. El breve texto se titula “Principales reglas sobre el régimen de impuesto sobre la renta de las LLC offshore de Nevada” y destaca tres características: 1) Nevada no tiene impuesto estatal; 2) el Internal Revenue Service (la autoridad fiscal estadounidense) considera a la LLC como una entidad vehículo y, por lo tanto, 3) los miembros de una LLC no están sujetos al pago del impuesto sobre la renta federal de los Estados Unidos.

“Nuestras LLCs de Nevada son un producto diseñado especialmente para que los clientes tengan una alternativa offshore sin ninguna conexión con los Estados Unidos, es decir, que no realicen operaciones en o desde ese país. No estarán sujetas a pagos de impuestos siempre y cuando: a) no tenga una oficina o lugar fijo de negocios en USA; b) no lleve a cabo negocios dentro de USA; c) no genere ingresos que estén conectados con USA y, d) el Member no sea residente de USA”, precisa el e-mail enviado por un abogado de Mossack Fonseca. Para evitar malos entendidos y confusiones, los panameños enfatizaban que “una sociedad de Nevada, con una mínima conexión con los Estados Unidos, tiene que tributar. Y nosotros no contamos con licencia de contadores ni de auditores; por ello, el cliente tendría primero que conseguir al personal que le maneje su contabilidad local en los Estados Unidos”. Pero a mediados de 2013, Nevada se convertiría en un infierno para Mossack Fonseca. Desde ese momento se vio involucrado en una disputa judicial que, en tres años, lo dejaría al borde del knock-out.

La mano de los fondos buitre

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora nunca creyeron que el hackeo a las bases de datos de su compañía fuera una maniobra del Gobierno de los Estados Unidos para perjudicar al presidente ruso Vladimir Putin al exponer los negocios de sus amigos de la infancia. Los socios fundadores del estudio tampoco vincularon a los Panama Papers con la presión internacional para que las autoridades panameñas depusieran su resistencia y adhirieran, como sucedió cinco meses después de que la filtración se hiciera pública, a los convenios de intercambio de información fiscal impulsados por los países desarrollados a través de la OCDE. Mossack y Fonseca tienen una hipótesis diferente que ni siquiera pusieron en duda cuando fueron arrestados en febrero de 2017, acusados de formar parte de una banda criminal dedicada a crear pantallas societarias para el lavado y administración de activos en el marco del escándalo de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato. Los dueños del estudio de abogados están convencidos de que los responsables de todas sus desgracias fueron el multimillonario estadounidense Paul Singer y su fondo buitre NML Capital.

A mediados de marzo de 2016, acorralado por las denuncias en Brasil, donde a comienzos de año habían sido detenidos varios empleados de la subsidiaria del estudio en San Pablo,¹ Fonseca Mora anunció que se tomaba una licencia de su cargo en el gobierno como consejero del presidente panameño Juan Carlos Varela, para “defender mi honra, a mi firma, y a mi país”. Todavía faltaban tres semanas para que se difundiera la investigación internacional coordinada por ICIJ cuando el abogado ofreció una entrevista al diario La Estrella de Panamá. En aquel diálogo, el periodista le consultó a Fonseca Mora si, además de los “problemas” en Brasil, su estudio estaba siendo demandado en los Estados Unidos.

—¿Están siendo investigados en Nevada?

—Allá nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en la Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner. Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura y después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta de que la sociedad está en su territorio y comienza a pedir información de la empresa. Pero, en los Estados Unidos, el fishing expedition está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver.

—¿Cómo eso se relaciona con lo que, dice, le pasa ahora?

—Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos. Nos trajo a Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá.

Para el periodista panameño, la lectura de Fonseca Mora sonaba a “poco argumento para tanta campaña”. Una explicación similar recibieron los periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung. En febrero de 2015, Bastian Obermayer y Frederik Obermaier enviaron un “extensísimo correo electrónico a Mossack Fonseca” en el que incluyeron “cualquier acusación” que encontraron, por vaga que fuera para “saber cuál era su reacción”. La respuesta llegó de una representante de la agencia internacional de relaciones públicas Burson-Marsteller, según escribieron los periodistas en su libro sobre la investigación global, allí los panameños afirmaban que “nuestras preguntas muestran claramente que no estamos interesados en elaborar una información objetiva sino que, en realidad, es NML quien guía nuestros pasos”.

La acusación al diario alemán no tiene fundamentos, pero la hipótesis que insinuaron los propietarios Mossack Fonseca no era descabellada. Paul Singer encabezó el grupo de tenedores de bonos de la deuda en default que rechazaron las condiciones aceptadas por el 92,4% de los acreedores en los canjes realizados en 2005 y 2010. Los buitres compraron la mayor parte de sus bonos cuando el país ya estaba en default y recurrieron a las cortes de Nueva York para litigar contra la Argentina. Hallaron un sistema judicial permeable que acompañó todos sus reclamos ante la oposición de los gobiernos kirchneristas para validar sus exorbitantes pretensiones y en el camino desembolsaron millones de dólares en acciones de lobby en el Congreso estadounidense, publicaron campañas publicitarias difamatorias en los medios internacionales para influir en la opinión pública e intentaron decenas de embargos sobre activos argentinos alrededor del mundo, como el de la fragata Libertad. Esos intentos no apuntaban tanto a cobrar 10 o 20 millones de dólares, si hubieran logrado la hipotética ejecución del bien, sino a hostigar a las autoridades argentinas para que aceptaran las decisiones del juez neoyorquino Thomas Griesa.

Siguiendo la interpretación propuesta por Mossack Fonseca, el hackeo a sus bases de datos habría sido parte de una campaña de Singer en su disputa con el gobierno argentino. En agosto de 2013, NML Capital había comenzado una batalla judicial con los panameños y sus oficinas en Las Vegas en la búsqueda de información referida a 123 empresas offshore que, según aseguraban basados en informes periodísticos y una investigación judicial, eran utilizadas por Lázaro Báez, como testaferro de Néstor y Cristina Kirchner, para lavar fondos obtenidos por sus empresas en hechos de corrupción vinculados con la obra pública. La hipótesis argentinocéntrica puede parecer forzada, pero antes de descartarla es necesario contemplar un dato más. NML Capital pagó 177 millones de dólares por todos los bonos argentinos que adquirió a lo largo de una década y a finales de marzo 2016 recibió 2.426,6 millones de dólares, una rentabilidad global de 1.270%, sin contabilizar los honorarios de sus asesores legales que también fueron asumidos por el país. Levemente por debajo de las pretensiones buitres originales, la suculenta transferencia alcanzó para que Singer definiera a Macri como “el campeón de las reformas económicas” en la revista Time. Sellado el acuerdo, NML Capital retiró la demanda contra la Argentina en los tribunales de Nevada y pasó a acusar a Mossack Fonseca por ocultar pruebas, que al tiempo vieron la luz porque quedaron expuestas en los papeles de Panamá.

En cualquier caso, como señaló el periodista Alfredo Zaiat en Página/12, “en el mundo de las finanzas donde el test de transparencia no deja bien parado a casi nadie, cuando se precipita una guerra entre protagonistas centrales emergen revelaciones interesantes. Empiezan las denuncias cruzadas que permiten conocer información que hasta ese momento estaba oculta en el pacto implícito del secretismo financiero y fiscal de ese negocio. La batalla que se precipitó es entre uno de los estudios de abogados más activos en la creación de empresas fantasmas (offshore) en los últimos cuarenta años y uno de los financistas más importantes de la categoría fondos buitre. Mossack Fonseca versus Paul Singer”.

Una ruta bien señalizada y sin grietas

La investigación de la justicia argentina sobre las presuntas maniobras desplegadas por Lázaro Báez para lavar fondos no declarados provenientes de contratos de obra pública se originó después de la emisión de un informe de Periodismo Para Todos conducido por Jorge Lanata el 14 de abril de 2013. El programa difundió los testimonios de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes aseguraban que habían armado el entramado de sociedades offshore necesarias para fugar alrededor de 55 millones de euros que, al final del circuito, eran depositados en cuentas bancarias suizas controladas por el empresario de la construcción y su familia. Elaskar era el propietario de la financiera Southern Globe Investments (SGI) ubicada en Puerto Madero, conocida como “La Rosadita”, y Fariña era el asesor financiero que hacía de nexo con el propietario de Austral Construcciones. El relato de las operaciones incluía el traslado de bolsos de billetes desde Santa Cruz hasta Buenos Aires en aviones privados y la participación de figuras secundarias de la farándula porteña. Los jóvenes que se autoincriminaban en los delitos daban a entender que el propietario de Austral Construcciones era socio de la familia Kirchner. Fariña había sido desplazado de las operaciones, y Elaskar denunciaba que lo habían extorsionado para que vendiera su financiera. Al día siguiente de la emisión del programa, en medio de evidentes presiones, ambos súbitamente se retractaron en público, pero el informe publicitado como “ruta del dinero K” sirvió para que la Justicia federal recibiera dos denuncias de televidentes que pusieron en marcha la investigación judicial. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, con la participación de la Fiscalía Federal Nº 9 a cargo del fiscal Guillermo Marijuán.

El instrumento utilizado por los colaboradores de Báez, como el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, para comprar la financiera fue una empresa llamada Helvetic Services Group. La Justicia consideró que la offshore y la financiera fueron utilizadas para las presuntas maniobras de lavado, fuga y evasión. El expediente judicial señala que entre diciembre de 2012 y abril de 2013 se habrían realizado operaciones financieras con títulos públicos que permitieron a Austral Construcciones reingresar en el país una suma aproximada de 33 millones de dólares.² Helvetic Services Group y su accionista Néstor Marcelo Ramos fueron considerados por la Justicia y los medios como álter ego de Báez. La empresa tiene sede en Lugano, Suiza, y en los papeles pertenece en un tercio a Ramos y en las dos partes restantes a la ciudadana italiana Ursula Verena Fontana. Los negocios realizados por esa firma y sus vinculadas también fueron involucrados en la investigación judicial.

En paralelo a la causa que tramitaba en el fuero federal, NML Capital inicia una causa judicial en los Estados Unidos para conocer información referida a la red de 123 empresas que utilizaría Báez. No recurrieron a la causa a cargo de Casanello y Marijuán, sino que basaron su denuncia en una investigación paralela³ impulsada por el titular de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli. La investigación del fiscal indicaba que las presuntas maniobras de lavado se habían valido de más de cien LLC de Nevada que tenían el mismo domicilio y el mismo director, Aldyne Ltd. de Seychelles. El 13 de agosto de 2013, NML solicitó información referida a las actividades de 123 sociedades en Las Vegas que, según afirmaban, eran las mismas señaladas “Entidades de Báez” referidas en el informe de Campagnoli.

La difusión de los Panama Papers, que colocaron al presidente Mauricio Macri entre los cinco mandatarios en funciones con operaciones realizadas a través de Mossack Fonseca, coincidió con la detención del empresario de la construcción Lázaro Báez en el marco de la causa a cargo del juez Casanello, el mismo que también quedaría al frente de la pesquisa sobre las aventuras offshore de Macri. El domingo 3 de abril, los medios que habían participado de la investigación publicaron en simultáneo los primeros artículos sobre los usuarios de las estructuras offshore montadas por los mayoristas offshore panameños. El martes 5 de abril, el empresario quedó detenido cuando su avión privado aterrizó en el aeropuerto de San Fernando y, a las dos semanas, fue procesado por el presunto delito de lavado de dinero.

Desde entonces, los Panama Papers permitieron enriquecer las historias detrás de algunas de las sociedades vinculadas con los individuos mencionados en esa investigación judicial. Pero antes que ampliar la evidencia disponible sobre las maniobras de Lázaro Báez o revelar las vinculaciones offshore con la familia Kirchner, los archivos del estudio Mossack Fonseca aportaron indicios de operaciones realizadas por los intermediarios para otros empresarios.

La ruta no era K, la ruta era A. Los mismos intermediarios que diseñaron las operaciones que llevaron a la detención del propietario de Austral Construcciones prestaban sus servicios a distintos argentinos ávidos de girar dinero al exterior eludiendo controles, ocultando sus identidades y minimizando el pago de impuestos al abrir cuentas o adquirir inmuebles sin declararlos. Los Panama Papers no sólo revelan la repetición en los nombres de los abogados, contadores y escribanos, sino que muestran cómo sociedades involucradas en las maniobras financieras del patagónico participaron de manera activa en operaciones realizadas por Jorge Macri, los dueños de Garbarino, accionistas de la desarrolladora inmobiliaria Continental Urbana, el propietario de la firma Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, titulares de sociedades de bolsa con negocios diversificados en el juego y el fútbol, gerentes del Grupo Pérez Companc, entre otros.⁴

Durante la investigación judicial ad hoc que montó, el fiscal Campagnoli aseguró que Helvetic Services Group era lo mismo que “Báez y sus socios”. Pero la aseveración se desplomó con los Panama Papers. “La firma funciona como una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio. A cada usuario se le entrega un poder notarial que le permite operar su parte del negocio”, explicó el escrito con el que el juez Casanello procesó a Báez y a su contador Pérez Gadín en abril de 2016. Los archivos robados a Mossack Fonseca y otras fuentes públicas de información como el registro de sociedades británicas muestran que Néstor Marcelo Ramos, abogado ítalo-argentino radicado en Suiza, no era un “enigmático testaferro” de Báez sino un activo intermediario en el mundo offshore.

De acuerdo con los escritos del magistrado, Helvetic Services Group “asumía la titularidad de negocios que no eran propios —ocultamiento del verdadero dueño—, y en función de ello extendía poderes amplios para realizar las operaciones a los verdaderos interesados en el negocio. Es decir que Helvetic no era simplemente Lázaro Báez, era más que eso. Y para saber en nombre de quién operaba, se debe buscar en esos poderes y en las constancias que exhiban a los verdaderos interesados en cada negocio de Helvetic”. La offshore Helvetic Services Group era sólo uno de los instrumentos utilizados por Ramos que aparecieron asociados a los personajes mencionados en la causa Báez. Otra de las sociedades vinculadas con el intermediario que figura en distintas maniobras investigadas por la Justicia desde 2013 es la firma Swisser AG, ubicada en la Via Cantonale 6 de la ciudad de Lugano.

“Las pruebas hasta aquí reunidas han permitido sostener que aquella firma extranjera habría sido circunstancialmente empleada por Lázaro Báez y su grupo de allegados para efectuar maniobras tendientes al lavado de activos durante el período aquí analizado, pero también existen pruebas de que dicha firma habría sido utilizada, o se encontraría del algún modo vinculada, con otras personas o grupos empresarios ajenos a los aquí investigados”, sostiene el juez en sus escritos. No ser el dueño de Garbarino no hace menos culpable a Báez, quien con el transcurso de los meses siguió acumulando evidencias en contra, incluyendo el descubrimiento de una cuenta bancaria no declarada en Suiza con 25 millones de dólares, que tendría a él y a su familia como beneficiarios finales.

Sin embargo, la espectacularidad con que la Justicia y los medios de comunicación abordaron la investigación sobre Báez sirvió para ocultar, ignorar o minimizar al resto de los usuarios corporativos de esas plataformas utilizadas para fugar capitales y evadir impuestos. Los consumidores devotos de las peripecias de la “ruta del dinero K” fueron inmunes a las revelaciones ofrecidas por los Panama Papers.

Existen distintas investigaciones judiciales que analizan posibles irregularidades e incompatibilidades en los negocios que vinculan a Báez con los Kirchner, por ejemplo, en emprendimientos hoteleros y desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, los Panama Papers no permitieron establecer vínculos con la familia de los ex presidentes argentinos.⁵ “No hemos encontrado ninguna prueba decisiva de su vinculación con los Kirchner que nos permita, por así decirlo, sorprenderlos con las manos en la masa”, explican en su libro los periodistas del Süddeutsche Zeitung. “Nuestros compañeros argentinos del diario La Nación estaban entusiasmados ante la perspectiva de airear los negocios secretos de su entonces Presidenta. Pero tampoco encontraron pruebas de nada ilegal ni que incriminara a la pareja. Ahora estamos seguros: una gran parte de las ciento veintitrés empresas está relacionada con el caso argentino sólo en la medida en que las empresas internas de Mossack Fonseca que actúan como testaferros son las mismas que gestionan las pocas empresas que probablemente puedan atribuirse a personas de confianza de los Kirchner”, escribieron los autores. “Da la impresión de que, al menos en gran parte de estas empresas, se cumple lo que Mossack Fonseca nos respondió en febrero de 2015, es decir que no tenían nada que ver con el caso de NML contra Argentina’”. En ese sentido, Obermayer y Obermaier explican en su libro que “los que montaron el entramado que se oculta detrás de las típicas sociedades pantalla lo hicieron muy bien. Las pistas acaban en empresas anónimas de Suiza y otros lugares. Éstos son los límites de los datos que tenemos: lo que los clientes ocultan a Mossack Fonseca también nos lo ocultan a nosotros. El rastro no nos lleva a los Kirchner, sino a chocar contra una pared negra”.

“Clientes especiales de Buenos Aires” | Garbarino

Los dueños de Garbarino fueron de los primeros empresarios argentinos en vincularse con Helvetic, lo hicieron incluso antes que el dueño de Austral Construcciones. “No tenemos nada que ver con SGI ni con Lázaro Báez. No lo conocemos ni a él ni a su gente, y sólo tenemos la desgracia de haber apelado a la misma ‘sociedad vehículo’ en Suiza por recomendación de un estudio jurídico en Uruguay”, lanzaron desde una de las compañías más grandes del país al intentar desmarcarse del escándalo cuando La Nación dio a conocer en junio de 2013 un documento presentado por la firma suiza a la Inspección General de Justicia. El informe indicaba que la offshore controlaba activos por 60 millones de dólares en dieciséis países. Entre esas inversiones figuraba la tenencia del 100% de las acciones de la Financiera del Exterior del Comercio (FEC), que en la Argentina figuró durante más de una década como la titular de la mayoría de las acciones de Garbarino.

Los Panama Papers permiten reconstruir con precisión las operaciones realizadas por los hermanos Omar y Daniel Garbarino con la colaboración del estudio uruguayo JP Damiani & Asociados, Mossack Fonseca, Helvetic Services Group y Swisser AG. La historia comienza en octubre de 2001. Entre el megacanje y el corralito, los dueños de la empresa decidieron montar dos fideicomisos en Panamá (Fideicomiso Garbarino Nº 1 y Fideicomiso Garbarino Nº 2) para administrar sus acciones y transferir alrededor de 4 millones de dólares fuera del país. En la filtración están además los contratos firmados por Omar y Daniel, quienes designaron a la panameña FEC como fiduciaria, o administradora de sus activos. Con esa maniobra, los hermanos dejaron de figurar como accionistas directos de la empresa familiar, mientras que la offshore creada en 1962 y controlada por ellos mismos se convirtió, en ese momento, en la “dueña” del del grupo empresario.

Los registros comerciales muestran que FEC estuvo vinculada con la estructura de Helvetic a través de Swisser AG entre 2005 y 2013, período que se solapa con la llegada de la firma suiza a la financiera SGI en reemplazo de su anterior dueño Federico Elaskar. Siguiendo la lógica propuesta por los fondos buitre y reproducida por el fiscal Campagnoli, Garbarino sería propiedad de Báez y, por extensión, de la familia Kirchner. Esa interpretación fue descartada por los dueños de la cadena de venta de electrodomésticos, quienes describieron a Helvetic como una “sociedad vehículo” que fue desactivada apenas se difundieron las sospechas alrededor del instrumento suizo, que a su vez fue reemplazado por otra sociedad ubicada en otra guarida fiscal, Malta.

Los Panama Papers no sólo muestran que Swisser AG se convirtió en accionista de la empresa, sino que ofrecen precisiones sus primeros pasos junto con los Garbarino en 2001, cuando se montaron los fideicomisos. Los detalles de la operatoria para los “Clientes especiales de Buenos Aires” eran tan particulares que incluso llamaron la atención de algunos empleados de Mossack Fonseca. No entendían para qué los Garbarino solicitaban que un notario panameño viajara a Buenos Aires, cuando la ley habilita que los contratos sean autentificados por cualquier escribano. “Ellos no confían en ningún notario argentino porque consideran que la transacción es sumamente confidencial. Tiene que ser panameño. No quieren siquiera enviar copias de pasaportes a Panamá para autenticación y desean que sea de la forma más formal. Después de darle vueltas a la idea, la única forma es que viaje un notario panameño allá para que nunca se pueda decir que no se constató que se trataba de la persona que efectivamente estaba firmando”, escribió el gerente general de la firma, Ramsés Owens, al explicar la operación.

Entre los archivos filtrados se observa además una operación financiera realizada entre los Garbarino y sus offshore. Hacia fines de octubre de 2001, Omar y Daniel le venden una parte de sus acciones a FEC en 8 millones de dólares. El contrato que figura entre los Panama Papers precisa cómo se canceló esa operación: “1) 4.330.489,63 que son debidos por los vendedores a la Sociedad Emisora, deuda que la compradora asume en forma personal desobligando a los vendedores de su pago; 2) la suma de 1.303.492,06 que la compradora tiene a cobrar de la Sociedad Emisora en concepto de dividendos y que transfiere a los vendedores, y 3) diez cuotas de 369.951 dólares cada una pagaderas los días 30 de enero empezando el 30 de enero de 2002 durante diez años”. No es posible afirmar con certeza que esa transacción haya configurado una maniobra para sacar fondos del país en un momento de extrema fragilidad. Sin embargo, el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas en 2001 sostiene que, ese año, Garbarino realizó dieciocho operaciones por un monto total de 4.954.972 dólares.

Pero FEC no fue la única incursión offshore de esos representantes de la cúpula empresaria argentina que salieron a la luz con la difusión de los Panama Papers. Daniel Garbarino figura como beneficiario final de la panameña Russellville Holding International. La empresa panameña creada en 2012 contaba con los habituales prestanombres en el directorio y estaba controlada por acciones al portador. En los documentos internos de Mossack Fonseca se informa que la sociedad es “propietaria de inmuebles en Punta del Este” y tiene cuentas bancarias asociadas en los bancos Santander Río y Comafi.

Un directivo de Pérez Companc y su hijo | Los Cupi

El ex directivo de Molinos Río de la Plata del Grupo Pérez Companc, Carlos Cupi, fue procesado en febrero de 2006 por el delito de evasión tributaria y aprovechamiento indebido de reintegros en concepto del impuesto al valor agregado (IVA) por operaciones de exportación. La primera decisión de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había sido dictar la falta de mérito para Cupi y varios empresarios de la firma, entre los que figuraban miembros de la familia controlante. Sin embargo, la AFIP y el fiscal federal Fernando Domínguez apelaron la resolución y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó el sobreseimiento. La operatoria presuntamente ilegal habría consistido en presentar ante la administración fiscal facturas apócrifas de proveedores que “carecían de capacidad operativa, económica y financiera para realizar las operaciones que se manifestaron como realizadas”. Gracias a la maniobra, Molinos Río de la Plata habría obtenido el reintegro del IVA por montos cercanos a los 10 millones de pesos. En cuanto a la evasión del pago del impuesto a las ganancias, la metodología era similar. En total, la AFIP computó más de 50 contribuyentes que habían sido empleados en ambas operaciones ilegales. Las maniobras por las cuales Cupi fue procesado junto a distintos directivos y accionistas de la empresa corresponden a los años 2006 y 2007. Es durante esas mismas fechas cuando Carlos y su hijo, Alejandro Javier, comienzan a figurar en distintos cargos de Jaguar Capital.

La familia estrenó los servicios de la offshore montada en Nevada. Lo primero que muestran los Panama Papers es que Jaguar Capital está administrada por Aldyne y tiene como accionista a Gairns, pero quienes ejecutan los movimientos son tres argentinos a los cuales la offshore les extendió un poder de administración: Gastón Trajtemberg, Alex Trajtemberg y Alejandro Javier Cupi, siendo este último apuntado como nuevo administrador. El segundo acto que muestran los documentos robados a Mossack Fonseca es la aparición de Carlos Cupi como titular del 70% de las acciones. En diciembre de 2007, el ejecutivo de Molinos Río de la Plata aportó 1.158.000 dólares a la firma. La siguiente operación sucede en 2008, cuando Jaguar Capital a través de Alejandro Cupi decide devolver aportes de capital por 900.000 que se reparten: 630.000 para su padre Carlos y 270.000 para la sociedad llamada Quander Management. El balance cerrado en mayo de 2008 precisa que la empresa tiene cuentas en el Banco Santander Río e inmuebles valuados en 2.000.000 de dólares en el exterior. “Me especializo en inversiones y ventas de bienes raíces. Suministro un servicio completo de inversión en propiedades y administración de portafolios para clientes alrededor del mundo. Vivo en Miami y mi práctica inmobiliaria está concentrada en esta zona”, escribe Alejandro en su sitio web, mediante el cual ofrece distintas viviendas de lujo en Florida. Consultado por los autores, el agente inmobiliario refirió a un abogado aunque nunca suministró los datos de contacto. Hasta mediados de julio de 2017, ningún letrado intentó comunicarse con los autores en su nombre.

El vínculo de los Cupi con Jaguar se corta en 2010, cuando Alejandro renuncia como administrador y apoderado. La firma pasa entonces a estar controlada por Swisser AG de Marcelo Ramos. Es entonces cuando realiza las operaciones inmobiliarias en Uruguay en las que estuvieron involucrados el constructor Carlos Wagner y Trajtemberg, uno de los apoderados de Jaguar.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción | Carlos Wagner

“Carlos Enrique Wagner fue uno de los empresarios más beneficiados por el kirchnerismo. Acumuló contratos por más de 6.900 millones de pesos durante la última década. Su constructora, Esuco S.A., se posicionó en el séptimo puesto del ranking de contratistas del Estado, de acuerdo con datos del ex ministro de Planificación Julio De Vido”, comienza el artículo del 28 de abril de 2016 elaborado por el equipo de La Nación que analizó los Panama Papers al presentar las maniobras desarrolladas por quien fuera titular de la Cámara Argentina de la Construcción. El caso de Wagner es una de las escasas excepciones, junto con Lázaro Báez y Cristóbal López, en que el diario publicó una historia detallada sobre las operaciones offshore identificadas por sus periodistas. La compra de terrenos en Uruguay e inversiones hoteleras en Italia forman parte de los negocios canalizados por el constructor a través de su red de guaridas fiscales.

El primer contacto de Wagner con el mundo offshore, el primero registrado en los archivos de Mossack Fonseca, fue a través de la firma Future Lands Investment de las Islas Vírgenes Británicas. Registrada el 29 de marzo de 2006 y desactivada el 31 de octubre de 2010, la empresa tuvo como única accionista a Barnes & Miles Limited, donde Néstor Ramos de Helvetic figuraba como directivo. Es en marzo de 2007 cuando el estudio Damiani manda a diseñar un contrato entre Future Lands Investment y la filial de Esuco en Uruguay: “La sociedad de la referencia debe formalizar un contrato de participación con una sociedad uruguaya que nuestro estudio administra. A tales efectos necesitamos que el contrato adjunto sea suscripto en BVI por alguna persona de vuestro staff que a su vez sea apoderada de las sociedades directoras que ustedes designan, para que dicho documento en dos vías, sea certificado notarialmente y legalizado por apostilla”, sostiene el correo que precisa los pormenores de la operatoria.

El contrato establecía el mecanismo para que Wagner adquiriera el 37,5% de Insubria Viva S.p.A, un emprendimiento turístico en la región italiana de Lombardía, por 3 millones de euros que pagaría en ocho cuotas de 375.000 euros. El 1º de octubre de 2007 se terminaba de perfeccionar la operación; Barnes & Miles le transfería sus acciones en Future Lands Ltd. a CF Audit Consulting S.A., una sociedad suiza con asiento en Lugano vinculada con Claudio Giovanni Fontana, quien aparece como director al menos en tres docenas de offshores suizas, incluida Helvetic, compartiendo directorio en muchas de ellas con Néstor Ramos.

La operación italiana montada para Wagner por los uruguayos de JP Damiani & Asociados no fue la única en la que los movimientos offshore del constructor utilizaron los vehículos de Ramos. Una segunda operación tuvo lugar entre marzo 2012 y marzo 2013, vinculada con la compraventa de dos valiosos lotes de Playa Brava en Punta del Este. La operación que despertó las sospechas del Banco Central de Uruguay fue divulgada en el diario Perfil por la periodista Emilia Delfino dos años antes de que los Panama Papers salieran a la luz y consistió en la transferencia de 16,5 millones de dólares de una firma perteneciente a Wagner, Decavial Uruguay, a una cuenta en Luxemburgo controlada por Helvetic Services Group, para la cual se utilizó uno de sus vehículos, la offshore Jaguar Capital LLC. Cuando su nombre comenzó a vincularse en los medios con las maniobras de Báez, la offshore se mudó a Panamá, donde fue registrada como Jaguar Capital Holding Inc. Consultado por los medios, Wagner negó estar relacionado con Báez: “Somos competidores”, aseguró para diferenciarse. En una entrevista con Perfil, explicó que Helvetic es “un fideicomiso que utilizan personas para poner activos y reducir su patrimonio”.

El frustrado debut de Helvetic | Levita

Desde el estudio JP Damiani & Asociados le confirmaron a Mossack Fonseca la adquisición de Eyden Group LLC el 19 de octubre de 2006. La offshore fue establecida en Nevada y contaba como única administradora a la firma Aldyne de las islas Seychelles. El intercambio electrónico entre los abogados uruguayos y los encargados de incorporar la empresa precisa que el accionista de Eyden era Helvetic Services Group. Y, además, solicitan “un acta por la cual se resuelve la apertura de una sucursal en la República Argentina y un poder [del que] a la brevedad estaremos remitiendo el texto”.

La operación se concretó el mismo día. El acta en inglés establecía la sucursal porteña en Montes de Oca 1530 en el barrio de La Boca y designaba como representante legal en el país a Edgardo Raúl Levita. Antes de emitir el poder solicitado, la oficina de Mossack Fonseca cumplió con la formalidad de informar a las autoridades de Nevada que Eyden Group LLC no realizaría actividades en los Estados Unidos y precisó que era un “vehículo” utilizado por Helvetic Services Group para realizar “inversiones en Argentina”.

El 24 de octubre de 2006, Eyden le otorgó un poder especial a Levita para que adquiriera en su nombre tres inmuebles, siete cocheras y tres bauleras ubicados en Puerto Madero. El documento era muy preciso. Los departamentos pretendidos por la offshore todavía estaban en construcción. En las Torres Renoir, las más altas de la ciudad, desarrolladas por un consorcio que encabezó la firma Dypsa, Levita tenía la instrucción de adquirir las unidades funcionales Nº 96, un dúplex en los pisos 37/38, y Nº 91, ubicada en el piso 35. La tercera compra encargada era un departamento, la unidad Nº 4 en el piso 9, del proyecto inmobiliario denominado Terrazas del Yacht.

Los documentos disponibles entre los Panama Papers no permiten determinar si esas inversiones inmobiliarias se concretaron. Los archivos muestran que Helvetic compró Eyden en Nevada para utilizarlo como vehículo inversor y designó como piloto en la Argentina a Levita. Ante las consultas periodísticas, sus abogados no sólo lo desvincularon de la investigación judicial sobre las maniobras de lavado estructuradas alrededor del mundo para Lázaro Báez en la que quedó imputado, sino que, además, indicaron que “Eyden Group LLC, donde el Sr. Levita ha sido representante, jamás tuvo movimiento patrimonial alguno, no compró nada ni giró nada ni tuvo ningún ingreso ni egreso”.

En diciembre de 2007, Helvetic Services Group hizo su primera aparición formal en los registros públicos de la Argentina cuando se informó en el Boletín Oficial que controlaba el 100% de las acciones de la empresa Eyden Group LLC. En los registros de Mossack Fonseca, la firma de Nevada dejó de pagar sus tasas anuales en 2008, ingresó en estatus de “morosa” y finalmente quedó inactiva en julio de 2011. La compañía volvería al ruedo dos años después, cuando irrumpió en los medios argentinos la publicitada “ruta del dinero K”. Eyden fue una las primeras en quedar expuestas por lo que, rápidamente, los mayoristas offshore panameños decidieron renunciar como agentes registrados. Un intercambio de correos entre empleados de Mossack Fonseca indica que la firma “nunca incorporó a su patrimonio ninguna clase de bienes”, por lo que “no fue utilizada para las inversiones detalladas en los documentos firmados”.

Entre los documentos disponibles se observan además diez declaraciones juradas firmadas en septiembre de 2013 por Juan Pedro Damiani, titular del estudio uruguayo que intermedió en la apertura de Eyden y otras offshore vinculadas con la causa contra Báez por lavado, en el marco de los requerimientos de información realizados ante las cortes estadounidenses por NML Capital. “Somos los contadores de Eyden Group LLC y, como tales, actuamos como custodios de sus registros desde el 28 de diciembre de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2009”, sostiene el texto. Damiani informa que la offshore “no recibió comunicaciones, pedidos o requerimientos vinculados con investigaciones sobre Lázaro Báez de ninguna autoridad gubernamental”. Asimismo, el texto dice “no tener documentación relativa a manejo de fondos o transferencias de propiedades de la compañía desde el 1º de enero de 2010”, la fecha incluida en el pedido judicial. El mismo documento se repite para otras nueve sociedades donde Aldyne era la administradora y Damiani el contador, como Neymar Investments, Trenton Properties, Fintech Holdings y Huston Management.

Dueños de una sociedad de bolsa | Amirante y Galitis

Amirante-Galitis, o AG, es una sociedad de bolsa “especializada en mercados financieros locales e internacionales que brinda a sus clientes asesoramiento de alto valor agregado y excelente ejecución”. Eduardo Amirante es el presidente y Jorge Galitis es el vice. Ambos figuran en los registros de Mossack Fonseca como “beneficial owners” de la firma Huston Management que fue creada el 29 de junio de 2006. Como su jurisdicción natal es Nevada, la sociedad fue concebida con Aldyne de Seychelles como administradora. Pero además de formar parte del del infame listado de 123 offshore, la vinculación de los hombres de la Bolsa con la investigación judicial sobre las presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas por Báez se basó en la interpretación de que Helvetic, la accionista controlante de Huston Management, era un instrumento de uso exclusivo del empresario de la construcción patagónico. “Accionista de sociedades anónimas en Argentina - Inmueble”, indica un formulario confidencial guardado en las bases de los panameños. Entre los Panama Papers figuran reportes elaborados a comienzos de 2015 por Mossack Fonseca y el estudio uruguayo JP Damiani & Asociados en los que sostienen que la sociedad tenía, al menos desde 2008, participaciones en dos argentinas: el 75% de la inmobiliaria Lavalle y Agüero S.A. y el 4,99% de la desarrolladora Continental Urbana.

La explicación ofrecida por Galitis a La Nación fue que Helvetic se utilizó en 2006 para adquirir un departamento en las Torres Renoir en Puerto Madero, el mismo donde fracasó la “compra” de Eyden, porque “en ese momento Huston todavía no estaba operativa en la Argentina”. La offshore fue inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) el 2 de julio de 2008 a los fines de ser utilizada como “sociedad vehículo” para hacer inversiones en la Argentina. Los documentos disponibles entre los Panama Papers muestran que, dos meses antes de ese acto ante la IGJ, Huston comienza a figurar como propietaria del 4,99% de Continental Urbana. Galitis aseguró que esa maniobra se realizó “a cambio del departamento que había comprado Huston Management en las Torres Renoir”.

En un intento por aislar a la sociedad de Amirante y Galitis de la búsqueda de información iniciada en los Estados Unidos por NML Capital, Mossack Fonseca reemplazó a Aldyne y designó, en julio de 2013, como nuevo administrador a la panameña Forbest Limited. “La sociedad fue una de las que generó todos los problemas de las LLC de Nevada, pues tiene a Helvetic nombrada de Member. En aquel momento cuando explotó todo (2013), Damiani pidió cambiar a Helvetic por Galitis (su cliente y BO supuestamente). Esto a la fecha no se ha logrado y se han dado vueltas y vueltas sin conseguirlo… Vuelvo a pasar este tema a consideración del comité a cargo del caso en Nevada. Pienso que lo mejor es dejar esta sociedad tal cual está”, se lee en un intercambio de correos entre abogados de Mossack Fonseca. Finalmente, el 13 de septiembre de 2013, los documentos muestran que Galitis vendió la firma por 1.100.000 dólares a su socio Eduardo Amirante, con quien comparte una veintena de sociedades en la Argentina. Los registros comerciales muestran que ambos alternan cargos en sociedades vinculadas con el mercado de capitales, la construcción, la explotación de garages y estaciones de servicio, el fraccionamiento de tierras y la compraventa de jugadores de fútbol, entre otros rubros.

Como la mayoría de los usuarios empresarios de las estructuras montadas por Mossack Fonseca, la incursión offshore con Huston Management es una herramienta más en el sinuoso andamiaje utilizado para administrar sus negocios y operaciones. Cuando en mayo de 2016 la jueza María Servini de Cubría procesó a cuatro ex funcionarios kirchneristas y al entonces presidente de la AFA por irregularidades en la implementación del extinto programa Fútbol Para Todos, una de las financieras señaladas en el escrito de la magistrada como protagonistas en las maniobras de desvío de los fondos destinados a los clubes era Amigal. Controlada por Amirante y Galitis, la cooperativa de vivienda, crédito y consumo se dedicaba a cambiar cheques diferidos cobrando altísimas tasas. Entre septiembre de 2009 y diciembre de 2015, el prestamista Galitis les descontó cheques a River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, All Boys, Quilmes, Argentinos Juniors, Tristán Suárez y Deportivo Merlo, según documentación aportada por la propia financiera al Juzgado Federal Nº 1.

Tras conocerse la resolución judicial, la diputada Elisa Carrió aseguró que los propietarios de Amigal eran socios del presidente de Boca, Daniel Angelici. La empresa compartida entre Galitis y Angelici era Desarrollos Maipú, que explota el Arena Maipú Casino Resort en Mendoza, donde se supo alojar el plantel xeneize cuando viajó a la provincia cuyana.

Pero la historia del dúo Amirante y Galitis no empieza ni termina ahí. En 2009, Galitis era uno de los principales acreedores de San Lorenzo mientras integraba como vocal la comisión directiva de Huracán. Pudo haberle pedido la quiebra a su clásico rival, al que le reclamaba una deuda millonaria que se había originado en la presidencia de Rafael Savino que fue cancelada por el club de Boedo en cuotas.

Facilitadores de la autopista financiera | Carradori y Clarens

A finales de marzo de 2016, Leonardo Fariña fue citado para ampliar su declaración. La fecha dispuesta por el tribunal fue el viernes 8 de abril. Por eso, el nuevo testimonio del intermediario de Lázaro Báez en las fraudulentas maniobras financieras tuvo lugar la misma semana que la justicia detuvo al empresario de la construcción y se difundieron los Panama Papers. Detenido desde 2014 por ausentarse en una causa por evasión fiscal en La Plata, Fariña declaró como arrepentido y solicitó que se lo acogiera como testigo protegido con la esperanza de que sus nuevos aportes le permitieran recobrar la libertad. Aquel día disparó para todos lados y una semana después consiguió su objetivo. Aseguró que los fondos transferidos al exterior provenían de los sobrecostos de la obra pública con la complicidad del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, sumó a su relato nuevos personajes cuyas participaciones eran hasta entonces desconocidas y detalló algunas operaciones realizadas por otros individuos involucrados en el entramado. Dos de ellos, Santiago Walter Carradori y Ernesto Clarens, fueron señalados como responsables en distintas etapas del proceso de lavado de los fondos ilícitos. Ambos figuran entre los archivos de Mossack Fonseca como beneficiarios finales de varias empresas offshore.

“Lo que tiene que ver con el armado de las cuentas en el exterior fue llevado a cabo por Santiago Walter Carradori”, expresó Fariña al detallar la presunta maniobra diseñada para abrir una colocación en un banco suizo evitando exponer el nombre de Lázaro Báez que, por sus vínculos con Néstor Kirchner y la obra pública, sería rechazado. Siempre siguiendo la declaración testimonial del arrepentido intermediario, para sortear esas dificultades, Carradori, quien también tenía sus oficinas en Puerto Madero, habría adquirido una sociedad española con cuentas bancarias preexistentes para estructurar las maniobras que permitirían a los Báez depositar fondos en Suiza.

La empresa utilizada fue Sambers Hantarex Spain SL.⁶ Los datos disponibles en el boletín oficial del Registro Mercantil de Barcelona muestran que el 15 de marzo de 2011 la sociedad informó una ampliación de capital hasta los 3.319.711 euros y un cambio del objeto social para extenderlo a “la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en el territorio español”. Al año siguiente, el 24 mayo de 2012, Sambers Hantarex Spain SL informaba que su administrador sería el responsable de la liquidación de la sociedad. El individuo designado para ambas tareas fue Néstor Marcelo Ramos del Helvetic Services Group.

Pero Carradori no figura en los Panama Papers por esas operaciones. El individuo señalado por Fariña como responsable del armado de las cuentas offshore para los Báez aparece como beneficiario final de Hauser Trading, una offshore panameña creada el 30 de mayo de 2002. Al momento de su creación, los intermediarios uruguayos del estudio JP Damiani & Asociados enviaron un fax a Mossack Fonseca con la cédula de identidad de Carradori y una breve descripción de las actividades del argentino redactada por él mismo, donde además informa que vive en La Plata. “Actualmente gerente de administración y finanzas de Enargas (ente regulador del gas). Asimismo se desempeña como consultor en empresas vinculadas al sector energético, en lo referente a logística, control, distribución y transporte de fluidos. Posee con otros asociados licencia de la marca ‘Caro Cuore’ (ropa íntima femenina) para algunos locales de venta en Buenos Aires. Está comenzando a desarrollar actividades de comercio exterior, contactando a exportadores argentinos e importadores norteamericanos aprovechando la actual situación cambiaria argentina, que hace más competitivas las exportaciones. Se maneja en los rubros de exportación de frutas y otros productos agropecuarios, como harina y miel, aprovechando que a partir de enero de 2003 dichos productos ingresarán con arancel cero a los Estados Unidos. Los importadores estadounidenses están vinculados a las cadenas de supermercados K-Mart y Walmart”, sostiene el texto que, antes de finalizar, precisa que Carradori “opera en el exterior con Deutche Bank (Suiza)”.

Hauser Trading no sería controlada de forma directa por Carradori. El directorio estaba cubierto por los prestanombres de Mossack Fonseca y las acciones fueron emitidas al portador. El empresario se haría cargo de la sociedad a través de un amplio poder para ejercer su representación “en cualquier parte del mundo con las más amplias facultades; para administrar, gobernar y disponer del patrimonio de la sociedad; vender, adquirir, permutar, ceder, transferir e hipotecar dichos bienes; abrir cuentas bancarias de cualquier tipo y arrendar cajas de seguridad”. Entre los documentos filtrados no existen precisiones sobre las actividades efectivamente realizadas por la offshore.

El equipo de La Nación que investigó los Panama Papers describió a Carradori como “un operador del entonces ministro Julio de Vido, según los relatos coincidentes de múltiples financistas que lo conocieron”. Los autores no pudieron corroborar tal vínculo. Como precisaba en su presentación a Mossack Fonseca, Carradori trabajó en Enargas. Ingresó durante el menemismo, pero permaneció en el ente que dependía de la cartera de Planificación Federal a cargo de De Vido hasta 2004, cuando fue desplazado tras ser acusado de “usurpación de título”. Los registros comerciales argentinos muestran una profusa actividad societaria donde la AFIP figura reclamando el pago de impuestos adeudados por los períodos 2000 a 2003 que el acusado pretendía evadir recurriendo a una operación con el First Trading Bank de las Islas Cook a través de su empresa OGGI S.R.L.

Hauser Trading fue desactivada entre 2013 y 2014 cuando los intermediarios uruguayos que colaboraron en su montaje indicaron a los panameños en un correo que “no tenemos información de la compañía desde hace un largo tiempo, ni tampoco contacto con el cliente”. Los directores revocaron el poder de administración entregado a su antiguo beneficiario final, y en Mossack Fonseca renunciaron como agente registrado.

El segundo individuo mencionado por Fariña como protagonista de las maniobras para fugar divisas fue Ernesto Clarens, quien era —según figura en la ampliación de la declaración testimonial del arrepentido— el encargado de convertir a moneda extranjera los fondos en pesos generados por los sobreprecios en las obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones y sus subsidiarias. El nombre del financista fue aportado por Fariña el 8 abril de 2016, pero para entonces Clarens arrastraba una larga relación con Báez, que databa de la época en la cual el empresario era gerente del Banco de Santa Cruz, y Kirchner gobernaba la provincia. El nexo establecido en los años noventa se consolidó durante las primeras dos décadas del siglo XXI a través de los servicios prestados a las firmas del constructor por financiera Invernes (abreviatura de “Inversiones Ernesto”). Entre las actividades que esa firma ofrecía a Báez se destacaba el cambio a efectivo de los cheques emitidos a las constructoras por las autoridades nacionales o provinciales contra la entrega de los certificados de avance de obra. A esas actividades, Fariña había sumado el cambio de los pesos a euros y dólares.

Los Panama Papers vinculan a Clarens, a sus familiares directos y a sus socios en la financiera con un entramado de compuesto, al menos, por cinco sociedades offshore creadas entre 2007 y 2013: Litren Company, Manfes International LLC, Kerry Consultants, Runner Properties LLC y Amurnung S.A. Los archivos de Mossack Fonseca permitieron conocer los pormenores de las operaciones y los reparos de los panameños al descubrir los aceitados vínculos de su cliente con el poder político en la Argentina. Pero el núcleo duro ya había sido expuesto en sendos artículos publicados en 2014 por Clarín y La Nación sobre la denominada “ruta del dinero K”. Las notas periodísticas enfatizaban que las empresas fueron cáscaras utilizadas en una misma estructura destinada a realizar millonarias inversiones inmobiliarias en Miami. El análisis de los documentos realizado para esta investigación suma al listado de activos asociados a esas empresas una serie de lotes en el Club de Campo El Faro en Carmelo, Uruguay. Los archivos incluyen además formularios necesarios para la apertura de una cuenta bancaria en el Crédit Agricole Private Banking en los Estados Unidos, aunque la información disponible no es suficiente para corroborar si efectivamente se concretó.

En la base del entramado societario perfeccionado entre 2007 y 2013 figura Litren Company. La offshore panameña fue creada en diciembre de 2011 para desarrollar inversiones inmobiliarias, una actividad que confirman los datos del registro de propiedades de Miami, donde figura vinculada con una unidad en el Condominio Plaza de las Américas. Quien emerge en los documentos filtrados como beneficiario final de Litren Company es uno de los fundadores de Invernes, Carlos Alberto Eduardo Di Gianni. Pero el socio de Clarens sería reemplazado en mayo de 2012 por otro individuo que fuera directivo de la financiera, Carlos Adrián Calvo López. Empleado de la subsidiaria uruguaya del Banco Macro presidido por Jorge Brito, Calvo López fue identificado por Báez ante la AFIP, en el marco de una investigación por evasión de impuestos, como el transportista del dinero en efectivo desde Montevideo a Río Gallegos utilizado para capitalizar la constructora Badial.

Siguiendo el esquema de capas utilizado por muchos de los empresarios argentinos, tal como surge de la lectura de la megafiltración, Litren Company figura en los Panama Papers como accionista de Manfes International. La firma radicada en Miami que controlan Clarens, su esposa y su hija está asociada a un departamento en el condominio Ocean en Sunny Isles Beach por el que el financista y su familia habrían desembolsado 1,4 millones de dólares en 2012. Para Mossack Fonseca, esa suma provino “de aportes personales de sus dueños, una familia asociada a la actividad financiera en Argentina”.

La empresa llamada Kerry Consultants se creó en 2007. La firma era controlada por acciones al portador y los directores eran prestanombres provistos por Mossack Fonseca. Los documentos de los panameños muestran que Kerry Consultants quedó como accionista de la firma británica Runner Properties LLC, de la cual no hay datos en la filtración sobre sus operaciones.

En agosto de 2013, cuando la mayoría de sus sociedades offshore era mencionada en distintos artículos periodísticos que lo vinculaban con Báez y Kirchner, Clarens se dispuso a disolver Kerry Consultants. “La intención del cliente es dejar todos los bienes en nombre de Amurnung, por lo que ya no necesita de las dos sociedades. Por esto pasó la actividad en USA directamente a esta sociedad, y también lo hará con los inmuebles que tiene en Uruguay a nombre de Kerry, para lo cual un escribano hará el cambio de titularidad con el acta de disolución adjudicando estos bienes.”

Las publicaciones en los medios argentinos y los cambios encendieron las alarmas de Mossack Fonseca, y la firma solicitó precisiones a los intermediarios uruguayos del financista. “La empresa Litren y Kerry son de clientes diferentes que no tienen relación entre sí. El Sr. Clarens es un empresario del ámbito financiero argentino y, por lo cual, ha tenido como cliente seguramente a la mayoría del empresariado argentino, sin importar su orientación política, entre los que seguramente está el Sr. Báez. Kerry es en un 100% del Sr. Clarens, y no tiene ni tuvo ninguna vinculación con fondos u otros activos que tengan alguna relación con el Sr. Báez. Por separado te haremos llegar la información de Litren que como te comenté en la reunión es de otro cliente que tampoco representa en absoluto al Sr. Báez”, explicaban a los panameños desde la firma Baker Tilly Uruguay.

Los empleados de Mossack Fonseca sugerían abandonar la tarea de agente registrado y remover a sus directores. No sucedió: “Mientras todo sea mediático, no creo que hay mérito suficiente para aprobar las renuncias. Mi sugerencia es descontinuar el servicio de directores nominees y ponerlas High Risk para monitoreo continuo”.

El abogado que se fugó | Chueco

Diez días después de la detención de Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco desapareció en Misiones. El letrado y el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, habían sido señalados por el fiscal Delgado como responsables de la presunta extorsión sufrida por el financista Federico Elaskar para que vendiera su firma Southern Globe Investments (SGI) al Helvetic Services Group. A través de Pérez Gadín, Chueco había comenzado a asesorar a Báez y, según reconoció en una entrevista con el portal Infobae apenas se destapó el escándalo, fue el responsable de diseñar la operación de compraventa de la financiera conocida como “La Rosadita”. Desde entonces figuraba como apoderado de Helvetic en la Argentina y es investigado en la Justicia por su rol en una serie de operaciones irregulares con títulos públicos realizadas entre diciembre de 2012 y abril de 2013, que habrían servido para que Austral Construcciones reingresara en el país 33 millones de dólares.

A Chueco lo encontraron en Paraguay. Las autoridades de ese país lo expulsaron por haber ingresado ilegalmente y, menos de una semana después de su desaparición, el abogado estaba detenido a disposición de la justicia argentina. “Jorge Oscar Chueco tiene un papel fundamental, pues era el abogado designado por Lázaro Báez para manejar la gran masa de fondos espurios de propiedad de este último dentro de la firma Helvetic”, consideró el juez cuando lo procesó por lavado de activos. Pero antes de convertirse en una pieza determinante en el funcionamiento de la financiera, Chueco trabajó durante años para grandes empresas e importantes estudios de abogados hasta que fundó su propia oficina, la firma que lo hace aparecer con nombre y apellido en los Panama Papers.

En los registros internos de la Mossack Fonseca, el estudio de Chueco figura como el cliente 10.964. “Hace media de 12 sociedades por año y expresó que lo que más les interesa son los precios. No prefiere ningún estudio en particular. Se especializan en marcas y patentes pero también manejan offshore”, anotó en el sistema interno el empleado de Mossack Fonseca que visitó las oficinas de Jorge O. Chueco & Asociados en mayo de 1999. Los mayoristas panameños volverían a reportar contactos con el estudio en 2002, cuando registraron el envío de “información general de Hong Kong y Nevada con un calendario del Mundial de Fútbol”. El archivo donde figura esa información da cuenta, además, de dos modificaciones realizadas al perfil del abogado en 2006 y 2010, pero no hay rastros de operaciones concretadas por Chueco antes de convertirse en el representante legal de Báez en la financiera. Durante ese período, su nombre sólo aparece mencionado en los escritos de la justicia argentina que se remiten entre el estudio uruguayo JP Damiani & Asociados y Mossack Fonseca celebrando la desvinculación de alguno de sus clientes de maniobras vinculadas con la causa Báez.

1 El 27 de enero de 2016 fueron detenidos empleados de Mossack Fonseca & Co. do Brasil. La firma quedó involucrada en la etapa 22 de la operación Lava Jato donde fue involucrada la constructora OAS. Las oficinas brasileñas de Mossack Fonseca montaron empresas como Murray Holding que, según afirmaron los fiscales del caso, participó de las maniobras de lavado de activos. Los periodistas de IDL Reporteros de Perú siguieron las derivaciones internacionales del caso Lava Jato e indicaron en sus artículos que las investigaciones de la justicia de Brasil reveló que la firma panameña también constituyó otras sociedades vinculadas con el escándalo, como Milzart Overseas Holdings controlada por el ex director de Petrobras, Renato Duque; las firmas Backspin Management, Daydream Properties Ltd., Tropez Real Estate y Dole Tec Inc., que estaban en poder del ex gerente de la petrolera, Pedro Barusco; la compañía Mayana Trading Corp., operada por el empresario Mário Góes, y un total de ocho offshore abiertas para Roberto Trombeta, entre las que figura Kingsfield Consulting Corp., usada para recibir sobornos de Constructora OAS por obras en Perú y Ecuador. Barusco, Góes y Trombeta son tres de los implicados que se acogieron al régimen de delación premiada para aplacar sus sanciones. “Existen evidencias de que Mossack Fonseca & Co., incluyendo su representación en Brasil, ha estado ayudando a los agentes criminales, incluido el esquema criminal de Petrobras, para practicar el fraude y lavado de dinero”, indicó entonces el juez Sergio Moro.

2 La operatoria comenzaba —explica Casanello en el procesamiento dictado a Báez— con transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina S.A. a Helvetic Services Group S.A. Con esos fondos, la firma utilizaba una sociedad de bolsa para adquirir bonos de deuda denominados en moneda extranjera que se transferían y liquidaban en Suiza para finalmente reingresarlos en el país como parte del patrimonio de Austral Construcciones S.A.

3 Unos días después de la emisión del show televisivo, Campagnoli promovió de oficio una acción penal por los hechos relatados en el programa que fue remitida a la Justicia federal. Ante esa negativa, en su calidad de fiscal subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Campagnoli decidió seguir tomando intervención en los hechos denunciados a través de una causa judicial que ya estaba radicada en aquella fiscalía. Se trataba de un sumario iniciado en el mes de septiembre de 2012 con motivo de la denuncia por defraudación formulada por la firma SGI contra Federico Elaskar. El punto significativo es que, para que este expediente judicial le permitiera intervenir en los hechos denunciados por aquel programa televisivo, el fiscal debió modificar sustancialmente el objeto de esa causa radicada en 2012. “En otras palabras, para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima”, sostiene la resolución firmada por la procuradora Alejandra Gils Carbó, que confirmó en diciembre de 2013 un dictamen del Consejo Evaluador que acusó a Campagnoli por “abuso de poder” y “mal desempeño”.

4 También figuran Jorge David y Miguel Guillermo Matzkin, hijos de Jorge Matzkin, el ex diputado menemista pampeano, quienes aparecen cobrando comisiones de 650.000 pesos cada uno de una empresa llamada Penelope de la Isla de Niue controlada por Aldyne Ltd.

5 El día que se difundieron los Panama Papers, algunos medios locales y extranjeros aseguraron que los Kirchner figuraban en la filtración. El comunicado remitido por la familia de los ex presidentes sostenía: “Así como nunca hubo ni cuentas en Seychelles ni en Nevada ni departamentos en New York a nombre de ningún integrante de la familia Kirchner, tampoco hay relación alguna de la familia con las filtraciones reveladas hoy, excepto en la manifiesta intencionalidad periodística de continuar estafando a la ciudadanía argentina… en el momento en que decidiéramos adquirir una, figuraría como corresponde en las DDJJ de AFIP, oficina anticorrupción y demás organismos pertinentes, ya que como siempre dijo Néstor, hablamos y actuamos de frente al pueblo argentino. Quien sí está mencionado y con protagonismo central en las revelaciones de hoy, lamentablemente para nuestro país, es nada menos que el Presidente de la República, Mauricio Macri”.

6 En la transcripción de la declaración testimonial, la firma fue anotada erróneamente como “Samber & Tarex”.

CAPÍTULO XI
LOS ARCHIVOS DE BAHAMAS

A finales de septiembre de 2015 una nueva filtración permitió conocer un listado del Registro de Compañías de Bahamas. La información —que también fue administrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación— ofrecía datos sobre más de 175.000 sociedades, fideicomisos y fundaciones incorporadas en el archipiélago caribeño entre 1990 y 2016. Si los documentos de Mossack Fonseca habían echado luz sobre el funcionamiento de los intermediarios y facilitadores del mundo offshore, los Bahamas Leaks exponían el rol que cumplen jurisdicciones como el archipiélago caribeño para garantizar la impunidad y el secreto asociado a la red global de servicios financieros.

Entre las jurisdicciones caribeñas, la de las Bahamas fue una de las primeras en entregarse a la industria de las finanzas offshore junto con las Islas Caimán. El contador de la mafia estadounidense Mayer Lansky desempeñó un papel fundamental en el diseño y montaje del marco legal que convirtió al archipiélago en un paraíso para el lavado de dinero a partir de la década de 1960. El perfeccionamiento de los mecanismos para ocultar y reciclar fondos se había convertido en una obsesión de Lansky desde que su socio Al Capone fue condenado por evasión fiscal en 1931. A partir de ese momento, el contador se convirtió en un experto en el arte del secreto bancario suizo y los autopréstamos a través de los cuales cerraba sus maniobras de lavado. Entre sus más redituables operaciones, instaladas fuera del alcance de las autoridades regulatorias norteamericanas, se destacaba la red negocios vinculados con el juego, las carreras y la droga en Cuba. Pero la Revolución Cubana de 1959 lo obligó a buscar una nueva plataforma para sus actividades. El lugar perfecto, explica Nicholas Shaxson en Las islas del tesoro, “era las Bahamas, la antigua escala para el contrabando británico de armas hacia los estados esclavistas del Sur de la Confederación. Lansky puso manos a la obra para convertir esta colonia británica dominada por una oligarquía de comerciantes blancos corruptos —conocidos como los Bay Street Boys— en la principal jurisdicción confidencial para el dinero sucio de América del Norte y del Sur. Un curioso memo de un tal W. G. Hulland, de la Oficina Colonial, dirigido a un funcionario del Banco de Inglaterra en 1961, justo cuando Lansky iniciaba operaciones a gran escala en las Bahamas, ilustra la incómoda naturaleza del encuentro entre las clases altas de Gran Bretaña y el crimen organizado de los Estados Unidos: ‘Creemos que [la falta de un sistema regulatorio efectivo] podría ser una grave omisión, ya que resulta notorio que este territorio en particular, en común con Bermudas, atrae a toda suerte de ases de las finanzas, algunas de cuyas actividades deberían estar controladas en favor del interés público”.¹ En poco tiempo, el contador de la mafia norteamericana y el resto de los hombres de negocios que lo acompañaban en esa gesta penetraron en el establishment bahameño. Desde Londres no opusieron resistencia y, poco a poco, el archipiélago localizado a menos de 200 kilómetros de Miami se convirtió en un aceitado engranaje de la red global de servicios financieros offshore.²

Experimentó presiones y recibió amenazas. Estuvo en listas negras y listas grises de paraísos fiscales que la obligaron a introducir nuevas leyes. Pero se mantuvo firme. Bahamas conservó todos los requisitos para permanecer en el club: confidencialidad y secretismo, no coopera con otras jurisdicciones, prácticamente no cobra impuestos y cuenta con una enorme industria de servicios financieros. Tamaño compromiso con el mundo offshore le valió el puesto 25 entre las más de 100 jurisdicciones relevadas por el Financial Secrecy Index (FSI). Elaborado por los británicos de Tax Justice Network (TJN), el indicador analiza regulaciones, leyes y tratados de las diferentes guaridas para elaborar un índice de secretismo que, luego, es ponderado de acuerdo con el tamaño de la guarida y su relevancia para los mercados financieros globales. “Las Bahamas son una de las jurisdicciones con mayor grado de secretismo en el planeta. Las islas obtuvieron un resultado sorprendentemente pobre, de 79 sobre 100, en la versión del índice que se difundió en noviembre de 2015. Su modelo de negocios está basado en la venta de secretismo financiero y legal que facilita una enorme variedad de crímenes de guante blanco. No sólo canalizan maniobras de evasión fiscal sino también otro tipo de operaciones vinculadas al abuso de información privilegiada en el sector privado, la malversación, la corrupción o el fraude”, explicó el director de esa organización, John Christensen.

Entre los principales activos que tiene para ofrecer hoy Bahamas figura su renuencia a compartir con otros la información contable que recaba sobre los verdaderos dueños de las International Business Companies (IBC) domiciliadas en su territorio. De hecho, es uno de los pocos países del mundo que no se sumó a los acuerdos multilaterales de intercambio automático de información exigidos por la OCDE. Las autoridades bahameñas optaron por comprometerse al intercambio bilateral, un acercamiento que les permite elegir con quiénes comparten datos. El consultor tributario Mark Morris explica, en su sitio web The Best of Both Worlds, que la confianza del país en su secretismo es tan grande que las delegaciones del gobierno de las Bahamas viajan alrededor del mundo participando en distintos eventos donde aseguran a los intermediarios financieros que no se comprometerán al intercambio de información con demasiados países, en especial en América Latina. Alegan preocupaciones infundadas sobre la capacidad de esas jurisdicciones para mantener la confidencialidad de los datos así como la excesiva carga burocrática que les representaría a las Bahamas adoptar los estándares internacionales que, por otro lado, tampoco aceptan los Estados Unidos. Eso explica que, si bien el tamaño de los activos en su sistema financiero es grande en relación con su economía, las Bahamas sean utilizadas, ante todo, para crear empresas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos dueños de una cuenta bancaria, una propiedad, participaciones accionarias, bonos, una obra de arte o una embarcación que, por lo general, están radicadas en otra guarida fiscal.

Fue esa promocionada cualidad del sistema offshore bahameño la que parecía intentar socavar la nueva filtración que además del equipo de La Nación revisaron los autores para el diario Página/12. La información disponible era más acotada que las revelaciones entre las comunicaciones internas de los empleados y directivos de Mossack Fonseca alrededor del mundo. No obstante, los archivos sacaron a la luz nombres de empresas, fechas de creación, direcciones comerciales, intermediarios financieros involucrados y, en algunos casos, la identidad de los directores.³ Los documentos filtrados del Registro de Compañías del archipiélago caribeño incluyeron los nombres de los 539 agentes registrados, los intermediarios entre las autoridades bahameñas y los clientes que utilizan empresas radicadas en el país. Entre ellos estaba presente el estudio panameño que había establecido 15.915 entidades en Bahamas, convirtiendo a las islas en la tercera jurisdicción más utilizada por el estudio, después de Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Los Bahamas Leaks complementaban a los Panama Papers.

Por eso, nadie se sorprendió cuando entre los listados del Registro de Compañías de Bahamas emergieron los nombres de Mauricio Macri, Mariano Macri y Franco Macri. La empresa Fleg Trading, que tuvo al Presidente, su hermano y su padre como directores en 1998, era una IBC bahameña. Pero el mandatario argentino no fue el único líder político involucrado en los Panama Papers que eligió el archipiélago caribeño como destino para sus aventuras offshore. Fleg Trading estuvo acompañada en Nassau por Trick One Limited, una de las firmas offshore de Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro y ex canciller de Qatar. Los documentos de Mossack Fonseca revelaron que, a través de esa compañía, el multimillonario y poderoso miembro de la monarquía catarí no sólo solicitó préstamos millonarios, sino que controlaba uno los yates más lujosos del mundo. La embarcación denominada Al Mirqab está valuada en 300 millones de dólares y cuenta con un cine, bares al aire libre, pileta climatizada, y diez cómodas suites para alojar veinticuatro huéspedes. Hasta la difusión de los documentos secretos de Mossack Fonseca, se suponía que el barco era propiedad de su primo segundo, el ex emir Hamad bin Khalifa Al Thani. Con inversiones alrededor del mundo financiadas por sus petrodólares, la familia real de Qatar exhibe, al igual que los Macri, una profunda y prolífica relación con el mundo offshore. De hecho, el ex emir catarí también figura en los archivos filtrados junto a su primo segundo en un entramado de sociedades en Luxemburgo vinculadas con operaciones en China y Sudáfrica.

La capital de la guarida fiscal caribeña fue también el lugar donde Blairmore Holdings Inc. “realizaba” sus reuniones y guardaba documentación. El fondo de inversiones dirigido por Ian Cameron, el padre del ex primer ministro británico David Cameron, estaba incorporado en Panamá pero era administrado desde Bahamas, una estructura diseñada para evadir. Los folletos promocionales garantizaban a sus futuros clientes que ni los ingresos ni las ganancias de capital del fondo debían pagar impuestos. Primero negó cualquier vinculación, pero, como sucedió con los Macri, la evidencia dio por tierra con la explicación oficial del mandatario inglés. Cameron se vio obligado a reconocer que se había beneficiado financieramente del fondo que administraba decenas de millones de libras esterlinas de las familias británicas más acaudaladas, en el que su padre era una pieza fundamental. El ex premier británico había invertido dinero en la empresa y parte de la herencia que recibió tras la muerte de su padre provino de ese negocio montado a través de guaridas fiscales. Las manifestaciones callejeras y los reclamos políticos sentaron las bases para su renuncia, que llegó tres meses después cuando, contra sus recomendaciones para permanecer en la Unión Europea, los votantes británicos se inclinaron por el Brexit.⁴

Los Bahamas Leaks también expusieron los abusos del mundo offshore del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet y su familia. Entre los archivos filtrados figuran Meritor Investment Limited, Althorp Investment Limited y Ashburton Company Limited. Las tres firmas bahameñas fueron utilizadas por los familiares del represor para ocultar sus identidades de las autoridades y realizar movimientos millonarios de fondos entre 1994 y 2002. Los datos en la nueva filtración eran conocidos como parte del denominado “Caso Riggs” que mantuvo a Pinochet bajo arresto domiciliario en 2005 cuando las acusaciones por violaciones a los derechos humanos no lograban prosperan en la justicia chilena. Una investigación del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos publicada un año antes de su detención había revelado la complicidad del Riggs Bank de Washington para que los Pinochet pudieran, por ejemplo, eludir el pedido del juez español Baltasar Garzón para congelar sus activos alrededor del mundo. La subsidiaria del banco estadounidense en el archipiélago caribeño donde tenían sede las empresas offshore de los Pinochet era una parada obligada para mover los fondos entre las distintas cuentas del dictador chileno alrededor del mundo. El informe del Senado norteamericano detalla con precisión los movimientos de dinero, transferencias de 400.000 a 1.000.000 de dólares, entre Nueva York, Bahamas, Gibraltar y Washington, en que las offshore bahameñas fueron utilizadas. “El cliente es una empresa de inversión privada con domicilio en las Bahamas que se utiliza como vehículo para administrar las necesidades de inversión del beneficiario final, profesional hoy jubilado que fue muy exitoso durante su vida para retirarse como corresponde”, sostiene el perfil elaborado en 1998 por el Banco Riggs para referirse a una cuenta abierta a nombre de la bahameña Ashburton Company. Pasaportes falsos y otras fórmulas como “general retirado del ejército” o “funcionario de alto rango de su gobierno que mantiene un largo vínculo con Riggs” eran utilizados por el banco para proteger la verdadera identidad de su cliente.

Entre los clientes Mossack Fonseca, el Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER) identificó a otros dos funcionarios de la última dictadura chilena. Uno de ellos es Hernán Büchi Buc que fue superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para ocupar durante los últimos años del gobierno de Pinochet el Ministerio de Hacienda. En 1989, Büchi Buc fue el candidato presidencial por el partido de derecha Unión Democrática Independiente en las primeras elecciones después del golpe que derrocó a Salvador Allende. Otro de los chilenos vinculados con Pinochet que aparecieron en las filtraciones fue el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ex responsable de la Sociedad Nacional de Minería y socio del ex jefe financiero de la DINA, la policía secreta de la dictadura.

El archipiélago también fue la jurisdicción donde se radicaron cinco sociedades offshore controladas por el ex presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau. Las empresas bahameñas en las que el abogado chileno figuraba como directivo o secretario estaban vinculadas con la minera canadiense Andes Copper y fueron incorporadas a los registros del país caribeño entre 2006 y 2013. La revelación estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Periodísticas, un medio digital de Chile que fue convocado por ICIJ para participar en los Panama Papers y terminó detonando la dimisión de Delaveau a su cargo en esa organización. Chile Transparente es el capítulo local de Transparencia Internacional, una ONG cuya misión es “promover prácticas de transparencia y probidad en instituciones públicas y privadas de la sociedad chilena”. “Yo no tengo dinero en esto, yo solamente soy asesor legal de una empresa canadiense (la minera Andes Copper) que está listada y regulada en el mercado de Canadá, cuyas acciones se transan en el mercado de valores de dicho país y en el cual se estructuró una inversión en Chile”, se defendió el abogado en septiembre de 2016. El ahora ex presidente de la organización aseguró que sus actuaciones fueron legales y lamentó haber recurrido a Mossack Fonseca. “Me parecía gente de mayor prestigio, concurrían anualmente a todas las conferencias internacionales y me sorprende muchísimo, dadas las exigencias que nos hacían a nosotros, por ser una empresa pública, que ellos tuvieran un área más que gris, oscura”, declaró Delaveau.

La historia sin fin

Nadie se sorprendió cuando apareció Fleg Trading, su nombre había salido a la luz en abril y en septiembre, cuando se difundió la nueva filtración, sus movimientos por Bahamas y Brasil ya estaban siendo analizados por la Justicia. Pero el paquete con 1.300.000 documentos del Registro de Compañías de Bahamas no sólo confirmó los datos conocidos sobre la aventura offshore de Mauricio, Mariano y Franco, sino que reveló la existencia de Viajeya.com International Holding, una ignota empresa bahameña que los nuevos archivos asociaban al Grupo Socma. La firma radicada en la guarida fiscal caribeña había sido creada en abril de 2000 con un capital social de 10 millones de dólares y la participación del holding de la familia presidencial se dio a través del Galicia Advent Socma Private Equity Fund. A diferencia de la IBC revelada en los Panama Papers, sobre la cual hubiera sido prácticamente imposible reconstruir su historia sin las declaraciones realizadas por el presidente y sus colaboradores, en este caso la información de los documentos filtrados ofrecía algunos datos adicionales. Viajeya.com era una completa desconocida, pero el fondo de inversión utilizado para montar esa empresa en Bahamas figuraba en los estados contables que Sideco Americana, la nave nodriza de Socma, presentó a la Comisión Nacional de Valores. En esos balances se observa que, al momento de concretarse la creación del nuevo emprendimiento offshore, los Macri controlaban el 44% del fondo de inversión, mientras que el Banco Galicia ostentaba el 27,8% de las acciones. El fondo de inversión había salido al mercado en 1998, dos años antes de la nueva aventura offshore del grupo, cuando adquirió participaciones en empresas como una compañía algodonera y otra firma dedicada al mantenimiento de edificios y bodegas.

Apenas se conoció la existencia de una nueva sociedad del holding montada a través de la red global de servicios financieros offshore, la Casa Rosada y el Grupo Socma relanzaron el discurso sobre la inocuidad de las empresas establecidas en paraísos fiscales, el mismo que habían repetido a lo largo de los seis meses previos para neutralizar el impacto de los Panama Papers. Una vez más aseguraron que no había irregularidades. La compra de la empresa bahameña, sostenían, había sido debidamente declarada.⁵ La constitución de Viajeya.com se firmó el 25 de abril de 2000 en New Providence, la isla donde está la capital bahameña. El documento de veintidós páginas lleva la firma de Daniel Eduardo Falcón en representación del Galicia Advent Socma Private Equity Fund. Pero el joint venture entre el Banco Galicia y el Grupo Socma no fue el único que se lanzó a invertir en el negocio montado desde el Caribe. De acuerdo con los documentos filtrados, la operación offshore en la que se creó Viajeya.com contó con la participación de otros tres fondos. El primero fue Antarctic Ventures Limited, con la participación de Federico Agardy, responsable del fondo de riesgo y miembro de la familia propietaria de la Editorial Estrada. Los otros dos fueron Winslow Investment Limited, representado por el empresario español Alejandro Di Césare, y la empresa Morner Investment S.A., con la firma de Juan Randle.

El acta de constitución de Viajeya.com International Holdings no menciona a ningún miembro del clan familiar, pero la capacidad de decisión de los Macri sobre el Galicia Advent Socma Private Equity Fund, que controlaba a la empresa, era significativa. Entre 1997 y 2000, cuando se realizó la operación, la dirección de las inversiones del fondo estuvo a cargo de Daniel Chain, un ingeniero que antes de administrar el fondo propietario de la offshore se había desempeñado como adscripto a la presidencia de Socma. El vínculo no se agotó ahí. Chain acompañó a Macri durante su paso por la intendencia porteña y, cuando se convirtió en Presidente, el ingeniero fue designado secretario de Obras Públicas del Ministerio del Interior, un cargo en el que no duró demasiado. A comienzos de 2017, después de un año de recesión en que la inversión pública estuvo paralizada y en medio de disputas de poder en el interior de su Ministerio, el otrora responsable de Viajeya.com fue desplazado. El negocio offshore revelado por los Bahamas Leaks, aseguran sus allegados, no tuvo nada que ver con su abrupta salida del gobierno argentino. Los balances muestran que el Grupo Socma se desprendió de su participación en el fondo de inversión que controlaba la offshore en Bahamas en octubre de 2001. Los datos del Registro de Compañías del archipiélago caribeño revelan que la firma offshore quedó desactivada en 2004.

Como expusieron los Panama Papers, los Macri no fueron los únicos representantes de la cúpula empresaria que aprovecharon la plataforma bahameña para estructurar una parte de sus negocios. Una primera búsqueda de argentinos en esa base de datos arroja 543 resultados. En su mayoría son individuos que figuran como directores de empresas offshore, pero también aparecen mencionadas grandes compañías nacionales que crearon filiales bahameñas para aprovechar, por ejemplo, en sus operaciones trasnacionales los beneficios fiscales provistos por esa jurisdicción. Algunos de los nombres ya habían sido identificados en los Panama Papers, como los de los miembros de la familia Ledesma o el titular de Boldt. Como no todos los argentinos recurrieron a los servicios de Mossack Fonseca para sus emprendimientos offshore, hubo lugar para sorprenderse. Entre los documentos del Registro de Compañías de Bahamas fue posible identificar a uno de los hijos del dictador Emilio Eduardo Massera, a los hijos del ex presidente Fernando de la Rúa, subsidiarias del Grupo Techint que encabeza el magnate ítalo argentino Paolo Rocca, fideicomisos vinculados con los dueños de la petrolera Bridas, empresas del Grupo Soldati, al multimillonario británico y terrateniente patagónico Joseph Lewis, a un miembro prominente de la familia Eurnekian que en 2017 fue nombrado presidente de Aeropuertos Argentina 2000 y a representantes del Grupo Roggio en la sociedad offshore creada para construir el Hotel Conrad de Punta del Este.

El Grupo Techint

La empresa Techint International Construction Corp. (Tenco) del grupo que encabeza Paolo Rocca es la firma vinculada a la Argentina con más menciones en la filtración. La offshore bahameña Tenco tenía domicilio en Bahamas y no era ningún secreto dentro del grupo, ya que su nombre figura en distintos informes y balances públicos de Techint. Pero la filtración agregó algunos datos desconocidos sobre la historia offshore de esa compañía: la empresa nació en Panamá en 1952, abrió una sucursal en la Argentina en 1954, adoptó su nombre actual en 1983 y se mudó a las Islas Vírgenes Británicas, otra reconocida guarida fiscal, en 1991. Recién trasladó su domicilio a Bahamas a partir 1997. Desde el grupo calificaron a Tenco como “una heredera, hoy con actividad muy reducida” del área de ingeniería y construcciones y explicaron que “operaba básicamente en los países donde Techint no tenía sede permanente o donde necesitaba asociarse a compañías locales para poder calificar en obras de infraestructura con sus antecedentes técnicos”. Aseguran que en los últimos años su actividad se ha reducido “mucho, tan sólo participando en algunos contratos en Medio Oriente y en África”.

Consultados sobre las razones para montar entramados societarios a través de jurisdicciones consideradas guaridas fiscales, desde el Grupo Techint adujeron beneficios impositivos y supuestas facilidades para solicitar fondos: “La modalidad offshore (Bahamas), además de las ventajas fiscales, permitía flexibilidad y un mejor acceso al crédito internacional”. Gran parte de la información corresponde a listados de directivos que también formaban parte de la conducción de otras compañías del grupo. Desde la empresa indicaron que, en su mayoría, los individuos mencionados “hace más de veinte años que no ocupan cargos en Techint”. Entre los nombres figura Agostino Rocca, que hasta su muerte en 2001 presidía el holding junto con su padre y hermano. Una curiosidad de Tenco es que, a partir de agosto de 2011, su nómina de directores dejó de exhibir domicilios en la Argentina, y todos los responsables de la empresa pasaron a compartir la misma dirección en Uruguay, el nodo offshore sudamericano.

El uso de estructuras offshore no es novedoso entre los propietarios del holding que cuenta con una agresiva política de planificación fiscal. Hasta 2011, la familia Rocca controlaba sus acciones en la siderúrgica argentina Siderar a través de una laberíntica y dinámica estructura de siete sociedades montadas en guaridas europeas y algunos destinos caribeños como las Islas Vírgenes Británicas y Curaçao-Antillas Holandesas. Entre 2006 y 2010, un extenso listado de grandes grupos económicos locales y multinacionales que operaban en la Argentina pasó a ser de firmas españolas como parte de un mero acto administrativo para lograr beneficios impositivos de manera fraudulenta. Petrobras, McCain, Nextel, Acindar, Quilmes, Kimberly Clark, Cencosud, Peugeot-Citroën, Acindar, FAT, Holcim, Aceitera General Deheza, Walmart y Monsanto fueron algunas de las compañías que terminaron controladas por cáscaras españolas. Techint se sumó en 2008, cuando la propietaria de Siderar migró de Luxemburgo a España. En todos los casos, la creación de la escala madrileña tenía como único objetivo evitar el pago del Impuesto a los Bienes Personales correspondiente a las tenencias de acciones o participaciones societarias. La maniobra era habilitada por el “Acuerdo para evitar la doble tributación”, firmado en pleno auge privatizador entre la Argentina y España. En 2012, el convenio fue dado de baja y las empresas que abusaron de los beneficios fueron intimadas a pagar el impuesto evadido. Techint y Paolo Rocca desconocieron la legitimidad del reclamo y decidieron iniciar una prolongada disputa en los tribunales. Hasta finales de 2016, las autoridades de la compañía estaban convencidas de que ganarían el juicio, al punto que ni siquiera habían registrado una provisión en sus balances para cubrir esa contingencia “dado que, en opinión de los asesores legales y fiscales, la misma resulta cuestionable y se cuenta con una alta probabilidad de éxito en la apelación”.

Sin embargo, en su primera rendición de cuentas de 2017, la compañía informó que se había acogido a una moratoria impositiva prevista en la ley ómnibus impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, que el año anterior había habilitado un blanqueo de capitales y una reforma del sistema jubilatorio. “Aun no reconociendo la legitimidad de la cuestión de fondo, Siderar se acogió a la moratoria”, indicó la compañía al aprovechar la generosa reducción de intereses acumulados, condonación de las multas y facilidades de pago previstas. El monto exigido a la firma por abusar del acuerdo fiscal entre la Argentina y España rondaba los 450 millones de pesos. Al ingresar en la amnistía fiscal, la empresa pudo ahorrarse 250 millones de pesos, ya que para clausurar el conflicto debió abonar apenas 197 millones de pesos.

El hijo de Massera

Una revelación, en cambio, fue la presencia de Emilio Esteban Massera, el hijo del fallecido dictador, que figura en la base de datos como director del Latam Fund creado el 7 de diciembre de 2015. Comparte la conducción de la empresa con otro argentino, Antonio Jesús Astinza. El hijo menor de Massera formó parte durante varios años del directorio de la financiera Puente Hermanos, que hoy ostenta la categoría de banco y concentra sus negocios en la colocación de bonos de provincias y empresas, actividades por las que es investigada en la justicia. Pero los registros comerciales bahameños ubican además a Massera hijo como representante legal de Roseclair Investments y vicepresidente de Vanexva Bursátil, donde también convive con otros miembros de la familia, incluyendo su hermano Eduardo Enrique, quien también apareció en el directorio de Puente Hermanos.

Eduardo Enrique, ex capitán de corbeta, estuvo preso por formar parte de la banda dirigida por su padre. Fue excarcelado y, a mediados de 2017, la causa todavía aguardaba el juicio oral. Con el pretexto de la denominada guerra contra la subversión, Massera y sus cómplices se apoderaron de los bienes de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada, entre ellos 26 hectáreas en Mendoza. Valuadas en 10 millones de dólares, pertenecían a la sociedad Cerro Largo, integrada por los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini, quien no tiene parentesco con su verdugo. En la ESMA los obligaron a firmar documentos de cesión de sus bienes. De ese modo creían comprar su supervivencia pero, una vez que entregaron todo lo que tenían, los asesinaron. La causa contra Massera hijo por privación ilegal de la libertad, extorsión y asociación ilícita es instruida por el juez federal Sergio Torres y también incluye a varios oficiales del grupo de tareas de la ESMA.

El ex almirante fallecido en 2010 quedó a salvo porque fue declarado incapaz para enfrentar un juicio, a raíz de un accidente cerebrovascular que padeció en diciembre de 2002. El periodista Horacio Verbitsky denunció en Página/12 que la banda vendió y revendió esas tierras a una serie de sociedades integradas por personas inexistentes que usaron documentos falsos. Luego de una serie de transacciones ficticias fueron inscriptas a favor de otra compañía integrada, entre otros, por Enrique Eduardo Massera y con domicilio en un local del Partido para la Democracia Social, que presidía el almirante. Hasta el cierre de este libro, no existían investigaciones judiciales que tendieran a establecer si el producto de los bienes saqueados a los detenidos-desaparecidos forma parte del capital con que operan las empresas del Grupo Puente o la financiera Vanexva.

Petroleros

Los Bahamas Leaks expusieron, a su vez, una práctica extendida en el sector hidrocarburífero que opera en la Argentina. En los listados proliferan subsidiarias donde figuran directivos argentinos o firmas creadas para explotar determinados yacimientos en el país. Esso, Exxon, Puma, Bridas, Ultrapetrol y PanAmerican Energy son algunas de las petroleras directamente vinculadas con el país que surgen del Registro de Compañías de Bahamas. Por caso, el empresario Santiago Soldati y otros miembros del grupo homónimo aparecen como directivos de IP y Puma, dos empresas relacionadas con el holding.

Los archivos del archipiélago caribeño muestran además cómo los petroleros argentinos recurrieron a Bahamas para administrar sus fortunas. La firma Stromsbury Company Limited tiene entre sus directivos a dos miembros de la familia fundadora de Bridas, Alejandro Bulgheroni y Patricio Bulgheroni. El directorio lo completa Atilio Martín Palmeiro. El fideicomiso fue registrado en agosto de 2009 a través del agente JP Morgan Trust Company. Desde la empresa rechazaron responder las consultas de los autores pero, en septiembre de 2016, habían indicado al diario La Nación que Stromsbury era un “trustee familiar” destinado a administrar un fideicomiso durante la década de 1990. Aseguraron que la actividad de la firma offshore “no tuvo relación alguna con las actividades económicas y comerciales de PAE” y que en el domicilio fijado no se encuentran las oficinas del holding argentino, si bien se trata de un mismo edificio. Informaron además que la firma no estaba declarada ante la AFIP “porque no tiene relación con la Argentina” y que “tributa sus impuestos en Bahamas”, aunque la jurisdicción prácticamente no les cobra impuestos a la renta a los no residentes.

Figuritas repetidas

Así como los documentos bahameños mostraron a firmas vinculadas con el establishment local que habían salido a la luz con los Panama Papers, también revelaron emprendimientos offshore que esos mismos empresarios no habían canalizado a través de Mossack Fonseca. Ése fue el caso, por ejemplo, de Matías Garfunkel. Los registros lo presentan como presidente de la firma Liberty Bell Limited, mientras que su ex esposa, Mariana Garfunkel, figura como secretaria. Tampoco respondió las consultas para este libro, pero en septiembre de 2016 ofreció una escueta afirmación al La Nación a través de sus abogados: “Liberty Bell Limited está inactiva hace muchos años, incluso antes de que yo volviera a vivir a Argentina”.

Una situación similar se registró con uno de los sobrinos de Eduardo Eurnekian de Corporación América. El presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Francisco Antranik Eurnekian, apareció en los listados bahameños con el cargo de director en las empresas Surpina Ltd. y Soleado Inc. Los archivos de la filtración complementaria mostraron que Martín desembarcó en el directorio de la bahameña Surpina en 2006 y que informó un domicilio en Bélgica. Al menos hasta septiembre de 2015, ambas empresas offshore estaban activas, ya que la firma de Martín Eurnekian aparece en dos actas idénticas autorizando modificaciones sobre el domicilio de las sociedades en la capital bahameña.

La familia De la Rúa

Quienes también aparecieron entre los Bahamas Leaks fueron los inefables hermanos Antonio y Fernando “Aíto” de la Rúa. Pero no era la primera vez que se los vinculaba con operaciones offshore. Cuando el estallido de los Panama Papers llevó a muchos periodistas a buscar en los registros públicos, como el sitio web Opencorporates.com, sus nombres emergieron relacionados con dos empresas panameñas. Antonio figuraba como presidente de Furia S.A. —en la que Aíto se desempeñaba como director— y de Supernova Productions S.A. En esa empresa aparecía en el directorio Darío Lopérfido, el ex ministro de Cultura porteño, ex director del Teatro Colón y otrora integrante del Grupo Sushi que se formó alrededor de Antonio durante el breve mandato presidencial de su padre.

Entre los archivos del Registro de Compañías de Bahamas, los nombres de los hijos del ex presidente argentino están asociados a dos empresas, Bonds Cay Development y Furia Investments Holdings. Ambas firmas fueron abiertas en 2006 y en las dos los De la Rúa integran las sociedades junto a los también hermanos Arturo y Patricio Rubinstein, dos economistas argentinos dedicados a los negocios financieros alrededor de mundo. “Hace muchos años que soy residente allá y he manejado muchas compañías desde allá”, respondió el hijo mayor del ex presidente Fernando de la Rúa ante las consultas realizadas para la cobertura en Página/12.⁶ Antonio figura como vicepresidente (“co-executive”) y con un domicilio en Bahamas. En cambio, su hermano Aíto aparece domiciliado en la Argentina y con el cargo de director (“management advisor”). Las empresas datan de la época de la relación de Antonio con la cantante colombiana Shakira, que estuvieron en pareja entre los años 2000 y 2010. Cuando comenzó el noviazgo, Antonio se convirtió en su mánager y en administrador de la plata que ella ganaba. Según aseguraría luego de la separación, la ayudó porque por entonces la carrera de la exitosa cantante atravesaba problemas económicos. Furia Investment habría sido abierta directamente para administrar los fondos de Shakira, mientras que Bonds Cay estaba dirigida a los emprendimientos inmobiliarios. En 2006 circuló en algunos medios internacionales la noticia de que la cantante planeaba un emprendimiento junto con el ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, para comprar una isla con ese nombre —Bonds Cay— en Bahamas por 16 millones de dólares, donde construirían casas y condominios de lujo y un hotel boutique. Se planteaba como un proyecto de ultralujo para estrellas del espectáculo y multimillonarios. “Podríamos decir que es una explosión de los sentidos. Es un concepto más relacionado al arte y a la cultura”, explicaba por entonces Arturo Rubinstein, que era presentado en los folletos como un inversor radicado en Miami. Arturo —egresado de Ciencias Económicas de la UBA y con un máster en la Universidad de Chicago— trabaja como director de Blue Capital, una financiera con sede en Buenos Aires. En tanto, Patricio Rubinstein —que estudió en la Universidad de San Andrés— aparece en la actualidad como director del G2 Investment Group, también dedicado a los negocios financieros pero en Luxemburgo, un paraíso fiscal.

Furia Investment continuó activa hasta 2010, más o menos la época de la separación. Bonds Cay se mantuvo hasta 2014 porque el negocio de Shakira y Roger Waters siguió. Según trascendió a través de medios de espectáculo, Shakira y Antonio de la Rúa iniciaron desde entonces una serie de demandas judiciales cruzadas por cifras millonarias. “Son todos temas del ámbito de mis actividades privadas que lo mantengo en privado. Está todo en regla”, respondió Antonio ante el pedido de mayores precisiones sobre sus empresas en Bahamas. Según explicó, no se trataría de firmas offshore, sino que Antonio y Shakira vivían en Bahamas y realizaban emprendimientos comerciales en ese país. Ante la consulta del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el ex presidente De la Rúa se desligó del entuerto: “No tengo idea de los negocios de mis hijos porque nunca estuve involucrado en sus actividades comerciales en Bahamas ni en ninguna otra jurisdicción. Ellos ya no viven en la Argentina desde hace muchos años”.

Un ex banquero central | Mario Blejer

La firma GEMS Finance Limited era la administradora de 12 cuentas en el HSBC Private Bank de Ginebra que sumaban un saldo de 1.390 millones de dólares. El responsable del fondo de inversiones era un contador argentino. Ese contador, llamado Miguel Abadi, fue denunciado en 2014 por la AFIP por figurar como representante de las colocaciones no declaradas. Junto con Abadi aparecía, en 11 de esas 12 cuentas, David Raúl Goldfarb, ex titular del mayorista Diarco e integrante del grupo que se benefició con los negocios inmobiliarios y otras operaciones del fallido Banco Mayo. Quien figura vinculado con un desprendimiento offshore del fondo GEMS es el economista argentino Mario Blejer, ex presidente del Banco Central entre enero de 2001 y julio de 2002. Los archivos del Registro de Compañías de Bahamas, la filtración complementaria de los Panama Papers difundida durante el tercer trimestre de 2016, muestran que Blejer se desempeñó como “director” de GEMS Management Limited. La participación del ex funcionario del FMI en esa offshore montada por el fondo de inversiones de Abadi y Goldfarb tuvo lugar entre el 1º de febrero de 2008 y el 30 de junio de 2010, años después de su paso por la gestión pública argentina.

Cuando recibió el llamado de los autores, Blejer reconoció sus vínculos con GEMS, pero afirmó desconocer que había sido designado como director de un desprendimiento offshore del fondo de inversiones denunciado por la AFIP en 2014. “Lo pongo en mi currículum, no es ningún secreto. Cuando trabajé para ellos, yo no era residente argentino para cuestiones impositivas”, sostuvo al indicar que entonces pagaba sus impuestos en el Reino Unido. “No estaba vinculado a las decisiones de inversión sino que asesoré al fondo en temas referidos a la situación de la economía internacional a través de una consultora que tenía en Londres durante varios años”, señaló. Agregó que sus funciones en GEMS habrían comenzado durante su paso por el Banco de Inglaterra. “No sabía que figuraba como director. Son títulos que te ponen para concretar la contratación, pero nunca estuve en una reunión del directorio de la firma”, dijo el economista, que se mostró sorprendido al enterarse de que una dirección suya figuraba en los documentos del registro bahameño. Se trata de un domicilio en Washington, donde había vivido durante su paso por el FMI pero, según indicó, cuando trabajó con el fondo GEMS ya estaba en Londres.

Que florezcan mil offshores

El nombre de la familia Smolarz apareció por primera vez en una filtración cuando la AFIP denunció a los argentinos con depósitos sin declarar en el HSBC Private Bank de Ginebra. Con un saldo de 29,1 millones de dólares a finales de 2006, los financistas ostentaban la sexta colocación más abultada a nombre de argentinos en esa sucursal del holding financiero. Los denominados Swiss Leaks mostraron cómo los oficiales del banco les propusieron a los titulares de la cuenta la implementación de medidas para ocultar, aun más, sus identidades. Los Smolarz, vinculados con los bancos BST y Cetelem, que además eran los representantes de la marca Citizen en el país e importadores de distintos rubros, aceptaron la sugerencia del área de Relationship Manager del HSBC, complejizaron su estructura y contrataron los servicios del estudio de abogados panameño Castro & Burguido. La opción elegida para los Smolarz se ejecutó en tres pasos: 1) montaron una estructura offshore en Panamá que, sin mostrar ninguna conexión directa con los beneficiarios finales, estaba bajo su exclusivo control; 2) abrieron una cuenta a nombre de esa empresa pantalla en la misma sucursal suiza del HSBC, y 3) transfirieron los fondos a la colocación de la panameña al tiempo que cualquier comunicación entre el banco y la sociedad era dirigida hacia un domicilio en Punta del Este. Los datos filtrados del Registro de Compañías de Bahamas muestran la presencia de los mismos miembros de la familia (Moisés Aarón, Aida y Mina) en el directorio de Davidson and Frye Corp. Esa offshore bahameña nació en 1997, pero el nombre de los argentinos comenzó a figurar recién en 2009.

Lago Escondido

Ostenta la quinta fortuna más grande de Inglaterra pero, prácticamente, es un desconocido entre los británicos. Joseph Lewis empezó en la timba financiera, pero llegó a tener empresas de todos los rubros y presencia en una docena de países. La nave nodriza para sus operaciones, valuadas por la revista Forbes en 5.600 millones de dólares durante 2017, es el Tavistock Group que opera desde las Bahamas. La jurisdicción caribeña es también el lugar de residencia para el empresario. Propietario del equipo de fútbol inglés Tottenham Hotspur donde, entre otros, jugaron los argentinos Osvaldo Ardiles y Erik Lamela, el vínculo de Lewis con el país es más profundo. Entre sus negocios locales figura la empresa Pampa Energía donde, asociado al empresario argentino Marcelo Mindlin, controla la distribuidora de energía eléctrica Edenor. Pero el hecho que lo convirtió en un nombre identificable para los argentinos fue el de las 11.284 hectáreas que compró de manera irregular en Río Negro. El paraíso patagónico adquirido por Lewis le permitió primero apropiarse del Lago Escondido y luego cerrar los caminos hacia ese cuerpo de agua que es público, incumpliendo sendas resoluciones del máximo tribunal provincial. “Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura”, prometió en 2011 la mano derecha de Lewis y administrador de Hidden Lake, Nicolás van Ditmar, durante una protesta de vecinos. El magnate inglés lo contrató como capataz, lo sumó como socio de sus negocios en la zona y le confió la custodia de las tierras.

Llegó a la Argentina por primera vez en 1992, invitado por un millonario australiano que tenía tierras en La Pampa, según le contó al periodista Gonzalo Sánchez, autor del libro La Patagonia vendida. “Si algo se puede comprar, pues entonces cuál es el problema. En mi caso, yo compré lo que me dejaron comprar y aquí estamos todos”, dijo Lewis durante la única entrevista concedida a un periodista argentino. Durante esa conversación, el británico aseguró que compró las tierras de Lago Escondido en 1996. Con el objetivo de sortear las restricciones vigentes por motivos de seguridad nacional para la venta de terrenos estratégicos a extranjeros, la operación se canalizó a través de la firma argentina Hidden Lake S.A. Los registros de la Inspección General de Justicia muestran que la firma estaba controlada por Lago Corp., una empresa que no estaba inscripta en el país. Con una sola acción, el magnate británico era el segundo integrante de la sociedad que le permitió apropiarse del Lago Escondido. Esas tierras hoy cuentan con una mansión de 10.000 metros, cancha de golf, de fútbol, caballos, una casa, un complejo de cabañas y un helipuerto.

Los Bahamas Leaks revelan la existencia de dos empresas montadas en esa jurisdicción llamadas Lago Escondido Inc. y Lago Escondido Holdings. Los registros referidos a la primera muestran que Lewis se convirtió en su titular a partir del momento de su creación el 19 de abril de 1996, fecha en que Hidden Lake se quedó con miles de hectáreas patagónicas. No hay indicios entre los documentos filtrados que permitan afirmar que el amigo personal del presidente Mauricio Macri haya utilizado a esa sociedad como parte del entramado montado para controlar las tierras en Río Negro. Lago Escondido Holdings llegó en el año 2000 y, como en su homónima terminada en Inc., Lewis se desempeñó como presidente. Tampoco hay vínculos con las operaciones argentinas del empresario en los archivos asociados a esa compañía bahameña.

Cuatro datos del Registro Nacional de Tierras Rurales dependiente del Ministerio de Justicia. El primero se refiere al nivel de extranjerización observado a fines de 2015. En ese momento, el 6,1% del territorio rural argentino era propiedad de inversores extranjeros, es decir unas 16 millones de hectáreas estaban controladas por personas o sociedades radicadas en el exterior. El segundo dato versa sobre la concentración. Ocho de cada diez de esas hectáreas se encuentra en poder de apenas 253 individuos y firmas que representan al 1,6% del total de los propietarios foráneos. El tercero ofrece indicios sobre la nacionalidad de los dueños. Con casi 3 millones de hectáreas, los estadounidenses encabezan el listado de dueños de tierras, seguidos de los italianos y españoles. El cuarto expone el rol de la red global de servicios financieros offshore. Compañías emplazadas en Suiza, Islas Caimán, Uruguay, Hong Kong, Liechtenstein, Andorra, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo controlan 1,1 millones de hectáreas. La extensión de tierras rurales controladas por sociedades constituidas en reconocidas guaridas fiscales representa 55 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Con el proclamado objetivo de promover las inversiones extranjeras, el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó a mediados de 2016 las exigencias para que una persona física o jurídica extranjera compre tierras rurales. Una ley aprobada en 2011 estableció que los inversores foráneos que pretenden adquirir territorios en el país deben tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras. En esa documentación busca garantizar el cumplimiento de las limitaciones a la extranjerización dispuestas por la ley que los legisladores del PRO se abstuvieron de votar. De acuerdo con la normativa, no más del 15% del territorio nacional puede estar controlado por extranjeros, esas empresas no pueden adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y se dispone un tope personal de 1.000 hectáreas en zona núcleo, o su equivalente en cada provincia. El decreto del gobierno no modificó esas restricciones, pero abrió la puerta para se puedan realizar transferencias de acciones a extranjeros sólo “comunicándole” al Registro la operación, sin requerir de un certificado de habilitación. Un documento elaborado por el Centro de Estudios Patagonia explicó que esa normativa les detalla a los interesados en saltarse las limitaciones cómo deben hacerlo; si la persona física o jurídica supera los límites del artículo 10 de la ley 26.737 (las restricciones vinculadas con cuerpos de agua y las 1.000 hectáreas en la zona núcleo), ésta dispone de 90 días para readecuarse a la ley transfiriendo a sociedades controladas la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotación. Desde entonces, los extranjeros como Lewis tienen vía libre para acumular todas las hectáreas que deseen, por más que la ley diga lo contrario.

El Conrad de Punta del Este | Roggio

La licitación internacional para la construcción y explotación de un hotel casino cinco estrellas en Punta del Este, más la concesión de la explotación del casino por un plazo de veinte años, fue adjudicada por el Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay a la empresa Baluma S.A. La sociedad todavía a cargo de la operatoria del glamoroso hotel esteño estuvo controlada desde sus inicios por una offshore bahameña llamada Baluma Holdings. El único documento en la filtración del Registro de Compañías de Bahamas vinculado con la sociedad es del año 2000 y revela la presencia en el directorio de uno de los accionistas y altos ejecutivos del Grupo Roggio, Sergio O Roggio.

No es ningún secreto que la compañía constructora vinculada con grandes proyectos de obra pública y la prestación de servicios privatizados participó en el consorcio encargado construir el hotel casino en Punta del Este. Desde la empresa indicaron que por ese papel le correspondía “tener una participación accionaria en la sociedad encargada de la construcción” y detallaron que la participación del holding en Baluma de Uruguay “fue de 3,8% hasta abril de 1999 y de 1,7% de esa fecha hasta agosto de 2004, cuando vendió su participación”. Sin embargo, ni los balances presentados por Roggio en la Argentina ni los publicados por Baluma en Uruguay explicitan el vínculo de la compañía con la sociedad bahameña. Ante una segunda consulta de los autores, la empresa indicó que administraba la offshore a través de una firma uruguaya llamada Arwen. “No es infrecuente que consorcios con miembros internacionales, y con un objetivo concreto también internacional, tengan sede en Bahamas”, explicaron desde la firma liderada por Aldo Roggio para explicar la presencia del primo hermano del empresario en el directorio de aquella offshore. Desde el holding no precisaron cuáles son los motivos para montar esos consorcios en una jurisdicción que no sólo no cobra impuestos a los extranjeros sino que se jacta de no cooperar con otros países a la hora de compartir información sobre las firmas radicadas en su territorio. Tampoco hace falta. Además de los Roggio, participaron del emprendimiento inversores de los Estados Unidos y Uruguay.

La documentación presenta a Sergio como el miembro más antiguo del directorio de la firma bahameña. El entonces directivo del grupo ingresó en la offshore en junio de 1996, cuando la obra del hotel ya llevaba varios años. De hecho, el casino comenzó a operar en enero de 1997 y el hotel completo, al finalizar aquel año. La dirección informada por el empresario es Leandro N. Alem 1050, 9º piso, donde dos décadas después seguían funcionando las oficinas del Grupo Roggio.

Sergio no sólo fue accionista y alto ejecutivo durante más de dos décadas del holding familiar, donde se desempeñó como responsable de distintas áreas, sino que desde 2001 ocupa cargos prominentes en la Fundación Mediterránea, el think tank liberal creado en 1977 con el financiamiento de las principales firmas cordobesas que catapultó a Domingo Felipe Cavallo al primer plano de la escena nacional. En 2006 se retiró del grupo para desarrollar emprendimientos turísticos y gastronómicos en su Córdoba natal aprovechando la experiencia adquirida en la construcción del Conrad Hotel. Su empresa, Concesionaria de Entretenimientos y Turismo, administra hoteles y abastece con exclusividad los tragamonedas en esa provincia. En 2006 también se acordó la salida del holding de su hermano Alejandro, quien figura en los Panama Papers vinculado con una compañía establecida en Delaware: “Hace un par de años hice una inversión minúscula en una pyme minúscula (Good People), de unos chicos argentinos, y que figura desde el día cero en mi declaración jurada como corresponde. GP es una firma de comercio electrónico focalizada en deportes extremos y cosas por el estilo. Por cierto, no muy exitosa”, explicó el empresario.

1 Shaxson, Nicholas, Las islas del tesoro, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp 186-188.

2 El archipiélago se independizó del Reino Unido en 1973, pero el país sigue siendo un miembro de la Commonwealth. La reina de Inglaterra no será la jefa de Estado, pero los lazos con la Corona y el sistema financiero británico nunca se cortaron.

3 En teoría, los archivos que daban forma a la filtración pueden consultarse en persona de lunes a viernes de 9:30 a 16:00 en el Departamento del Registro General en Nassau. Incluso se pueden realizar búsquedas online. Sin embargo, ese banco de datos suele estar incompleto, desactualizado y para consultarlo hay que pagar. Además, no es posible realizar búsquedas por individuos, sino que es necesario conocer de antemano el nombre de la de la IBC bahameña donde se desempeñan.

4 Los Bahamas Leaks revelaron la existencia de firmas offshore desconocidas a nombre de la ex comisionada para la competencia de la Unión Europea y dirigente política conservadora holandesa, Neelie Kroes, y el magnate de las apuestas deportivas Victor Chandler. Entre los archivos también se identificó al empresario textil y el nieto del fundador de Adidas, Horst Bente Dassler, y el presidente de Nemo Inc. e hijo del sha de Persia, Reza Pahlavi.

5 En ese sentido, vale recordar que, incluso cuando se cumplen las regulaciones, el uso de los servicios provistos por las guaridas fiscales como Bahamas puede representar una vía para minimizar el pago de impuestos, fugar capitales y ocultar activos.

6 La investigación vinculada con los hermanos De la Rúa, que fue publicada por Santiago O’Donnell en Página/12, contó con la participación del periodista de ese mismo diario Fernando Cibeira. Fue él quien realizó las consultas al ex marido de Shakira.

POSDATA
LA ERA DE LA TRANSPARENCIA

2010 fue el año del Cablegate, hasta entonces la mayor filtración de material secreto en la historia, lo cual daría inicio a la era de la transparencia en la que vivimos hoy, un mundo en el que ningún secreto es seguro, y hasta nuestros momentos más íntimos empiezan a integrar una esfera pública que en gran parte se ha mudado de las plazas y las tribunas a las pantallas del mundo virtual.

El 28 de noviembre de ese año, WikiLeaks, el sitio de filtraciones fundado por el ex hacker australiano Julian Assange, empezó a publicar 251.287 documentos secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en sociedad con cinco grandes medios de Occidente: The Guardian (Gran Bretaña), The New York Times (Estados Unidos), Der Spiegel (Alemania), Le Monde (Francia) y El País (España). Los cables provenían en su gran mayoría de las embajadas estadounidenses en todo el mundo y afectaron a muchísimos países, tanto en su relación bilateral con el gobierno norteamericano como en su política interna.

Quizás el mayor impacto se dio en Túnez, un pequeño país del norte de África que se vio convulsionado por las revelaciones acerca de las prácticas corruptas del entonces dictador Ben Alí, descriptas en gran detalle por despachos desde la embajada de El Cairo. Las noticias desataron una ola de protestas que culminaron con el derrocamiento del dictador, y así empezó la llamada “primavera árabe”, un reguero de manifestaciones pro democracia y anticorrupción que se extendieron por todo el subcontinente e incluyeron un cambio de gobierno en Egipto, pero que a la larga o a la corta terminaron en prácticamente nada, salvo en Túnez, donde un régimen abierto y de elecciones competitivas logró tomar el poder y sobrevivir la contraola restauradora de los diferentes califatos.

En Latinoamérica, las revelaciones no fueron tan sorprendentes. Sin embargo, los embajadores estadounidenses debieron renunciar en Ecuador y en México y tanto allí como en el resto de la región quedaron expuestas distintas operaciones de lobby e inteligencia lanzadas desde las embajadas, rutinarias y no tanto, así como una larga lista de políticos, empresarios y diversos agentes estatales y de la sociedad civil que acudían a la sede diplomática en busca de distintas intervenciones en asuntos domésticos, invocando algún interés común.

Entre otras lecciones, Cablegate recordó al mundo lo borrosa y delgada que es la línea que separa al espionaje de la diplomacia. Tanto como la que separa, o no, a la guerra de la política, como nos recuerda Von Clausewitz. O la que separa, o no, al periodismo del terrorismo, como nos recuerda Assange.

El director de WikiLeaks, exiliado en la embajada de Ecuador en Londres, hoy es buscado en los Estados Unidos por presuntas violaciones al Espionaje Act o Ley de Espionaje, por la cual su fuente para los documentos de Cablegate, la soldado Chelsea Manning, fuera condenada en 2013 a 35 años de prisión. El vice de Obama, Joe Biden, llamó a Assange “terrorista de alta tecnología”, y no son pocos los legisladores de ese país que han proclamado que Assange debe ser juzgado y condenado a morir.

Cablegate inspiró tres años más tarde la siguiente megafiltración, la del ex espía estadounidense Edward Snowden a The Guardian. Millones de documentos mostraban cómo la Agencia de Nacional de Seguridad norteamericana interceptaba información telefónica y de Internet en forma masiva para espiar a sus aliados y a sus propios ciudadanos. El año pasado llegaron los Panama Papers, 2,6 terabytes de información sobre un estudio de abogados panameño dedicado a crear empresas fantasma en paraísos fiscales. Entre una y otra megafiltración, decenas de grandes filtraciones estallaron en distintas partes del mundo, cada vez más, cada vez con más alcance global, como los VatiLeaks, los FIFALeaks o los e-mails de Hillary Clinton y ahora los MacronLeaks.

Acaso presintiendo el cambio de época, esta verdadera revolución en la comunicación pública y privada (otro límite cada vez más borroso), en su último día de gobierno, Obama conmutó la pena de Chelsea Manning, quien hace pocos días recuperó su libertad.

Así entramos en los albores de lo que más pronto que tarde será reconocida como la era de la transparencia. Un tiempo sin privacidad donde todo será conocido, pero no todos podrán conocerlo. Un tiempo en que las batallas por el control de los datos habrán de sumarse, o incluso superar, a las batallas por el control de los recursos naturales. Un tiempo en que la guerra por otros medios no será la política representativa, sino la administración de la metainformación acerca de determinado grupo. Un tiempo en que el fantasma de 1984 acechará al ideal democrático en cualquiera de sus vertientes.

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— Amenazados, Buenos Aires, Planeta, 2015.

AGRADECIMIENTOS

Al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, a Marina Walker y a Hugo Alconada Mon, por confiarnos los Panama Papers. A Bastian Obermayer y Frederik Obermaier y a Gerard Ryle, porque sin ellos este libro no hubiera sido posible.

A Página/12 y a Ernesto Tiffenberg.

A Penguin Random House; a nuestra querida editora, Ana Laura Pérez, por su compromiso y palabra justa; a Juan Ignacio Boido, por ser el primero en imaginárselo. A Flor Ure, por estar siempre. A Mariana Creo, por su minuciosa corrección.

A Alejandro Giuffrida, Julian Doyle y Luciana Bertoia, por sus aportes. Y en especial a Daniel Wizenberg, por su talento y dedicación. Apareció en un momento clave y nos ayudó a cerrar la investigación periodística cuando los datos y nombres amenazaban con enterrarnos.

(S. O’D. y T. L.)

A todas las personas que me ayudaron a entender los Panama Papers, sobre todo a Emilia Díaz-Struck, Mariano Blejman, Alexis Sarghel, Juan Pablo Brana, Sergio Sorín, Ana Castellani, Gabriela Brenes, Sergio Chodos, Arturo Le Gentil y Javier Badaracco. A Julieta Ortega y a Townes Van Zandt.

A mis compañeros en El Mundo de Página/12: Mercedes López San Miguel, Celita Doyhambéhère y Florencia Garibaldi, por cuidarme y ayudarme.

A mi mamá, a mis tíos, a mis hermanos, a mis cuñados, mis sobrinos y mis primos. A la gran periodista María O’Donnell, por su consejo y apoyo de siempre. A mi cuñada Francisca Araya, por la ensalada Valdivia.

(S. O’D.)

A mis compañeros en la sección de Economía de Página/12, Alfredo Zaiat, David Cufré, Raúl Dellatorre, Fernando Krakowiak, Cristián Carrillo, Javier Lewkowicz y Federico Kucher.

A Diego, Lucila, Juan, Igal y Jero, que enriquecieron la escritura con sus lecturas, comentarios y preguntas.

A la generosidad de una gran cantidad de colegas y amigos que colaboraron aportando datos, sugiriendo ideas, facilitando contactos, evacuando angustias y compartiendo experiencias. En especial a David Cayón, Pablo Waisberg, Leandro Renou, Ignacio Chausis, Esteban Rafele, Iván Ruiz y Maia Jastreblansky.

A los investigadores, contadores, abogados, economistas y funcionarios judiciales que respondieron cientos de consultas y aportaron valioso material bibliográfico de manera desinteresada. Algunos de ellos, pero no todos, son Verónica Grondona, Aldo Duzdevich, Pablo Manzanelli, Sebastián Soler, Alejandro Gaggero y Matti Kohonen.

A mis amigos y familiares, por acompañarme y aguantarme.

(T. L.)

Mossack Fonseca era uno de los creadores de sociedades offshore más importantes del planeta hasta que, a comienzos de 2016, una megafiltración expuso los secretos de una red financiera global al servicio de la fuga de capitales, la evasión impositiva, el ocultamiento y el lavado de dinero.

Los primeros archivos que dieron forma a los Panama Papers revelaron un capítulo de la disputa entre la Argentina y los fondos buitre. Los acreedores reclamaban información sobre Lázaro Báez y los Kirchner. Sin embargo, el nombre que apareció fue el de Mauricio Macri, uno de los seis presidentes en funciones mencionados entre los once millones y medio de documentos hackeados.

En esa gigantesca e intrincada base de datos, figuran también varios integrantes del PRO, futbolistas, y los dueños, accionistas y directivos de las empresas más grandes del país, así como bancos, abogados y firmas contables de prestigio.

Santiago O’Donnell, elegido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que centralizó la cobertura de dimensión global, junto con Tomás Lukin, experto en el mundo offshore, pasaron meses cruzando información de firmas que son cáscaras vacías y directivos con nombres de paja. De esa compleja indagación surgió este libro fascinante que muestra cómo se maneja el poder real y quiénes son los verdaderos dueños de la Argentina.

SANTIAGO O’DONNELL

Es periodista. Actualmente cumple tareas como editor jefe de la sección El Mundo de Página/12, dirige el sitio web Medio Extremo y escribe el blog santiagoodonnell.blogspot.com.ar.
Además, es director de la Maestría de Periodismo de la UBA y profesor adjunto de NYU - Buenos Aires. Comenzó su carrera en el Buenos Aires Herald, pero rápidamente pasó a trabajar en dos de los diarios más importantes de los Estados Unidos: entre 1987 y 1990, en Los Angeles Times, y de 1991 a 1994, en The Washington Post.
De regreso a la Argentina se incorporó a la redacción del diario La Nación, para luego ser editor general del semanario TXT. Es autor de los exitosos ArgenLeaks. Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z y PolitiLeaks. Todo lo que la política argentina quiso esconder. Sus secretos en Wikileaks de la A a la Z, y coautor de Derechos humanos®. La historia del CELS. De Mignone a Verbitsky. De Videla a Cristina, todos de Sudamericana.

TOMÁS LUKIN

Trabaja como periodista desde finales de 2007 en la sección económica del diario Página/12. Se recibió de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Moreno. Participó de programas en las radios Cooperativa y Del Plata, y como columnista del ciclo Economía sin corbata (Canal 7).

Foto: © Alejandra López

Otros títulos de Santiago O’Donnell en megustaleer.com.ar

O’Donnell, Santiago

ArgenPapers / Santiago O’Donnell y Tomás Lukin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2017.

(Investigación Periodística)

Libro digital, EPUB.

Archivo Digital: descarga y online.

ISBN 978-950-07-6006-5

1. Investigación Periodística. I. Lukin, Tomás. II. Título.

CDD 070.4

Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere

Edición en formato digital: octubre de 2017

© 2017, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.

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