El tren de la muerte fue la primera gran matanza pública de civiles de nuestra guerra. El 12 de agosto de 1936 un tren procedente de Jaén era inmovilizado por grupos de milicianos en un apeadero cercano a Vallecas. Sus pasajeros, más de doscientos hombres y una mujer, detenidos en la provincia andaluza por su filiación política de derechas o su catolicismo, ya que el principal de ellos era el obispo de Jaén, estaban siendo conducidos a la cárcel de Alcalá de Henares. Ante la presión de los milicianos, el gobierno accedió a que los presos fueran fusilados. Sólo lograron escapar unos pocos que más tarde contaron su espeluznante historia.

Santiago Mata ha llevado a cabo una exhaustiva investigación, ciñéndose a los documentos y a los hechos, y ha entrevistado a uno de los supervivientes, para lograr explicar qué ocurrió exactamente y por qué más tarde el bando franquista prefirió olvidar este terrible episodio.

Como dice Stanley G. Payne en el prólogo, este libro no construye ninguna «memoria» subjetiva, sino que presenta los datos de la historia misma.

Santiago Mata

El tren de la muerte

La investigación sobre la primera gran masacre de la Guerra Civil

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Titivillus 25.08.18

Título original: El tren de la muerte

Santiago Mata, 2011

Editor digital: Titivillus

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A mi esposa Mariam.

A nuestros hijos Rowi, Christian y Ángel.

Agradecimientos

El impulso decisivo para escribir este libro lo recibí durante un viaje a Andalucía en julio de 2010. Entonces conocí a algunas personas que cito, y a otras a quienes no puedo nombrar para no perjudicarlas, por sorprendente que parezca bien entrado el siglo XXI. Vaya mi agradecimiento para esas personas que me aportaron su testimonio, y también para otras que no menciono en el texto, como Cástor Trillo Alcalá, de Peal de Becerro, y Antonio Portillo Ruiz, de Cazorla, quien me descubrió que aún vivía Leocadio Moreno Páez. Este mismo, como se verá, ha aportado la principal razón para publicar este libro.

Guillermo Chico de la Serna fue el primero a quien me dirigí, en La Esfera de los Libros. Su atención inicial y su interés han sido continuados por quienes trabajan en la colección de Historia del siglo XX, dirigidos por María Borrás, y más tarde por Berenice Galaz. Es posible que ellos hayan captado mejor que yo la importancia del tema que trato, y desde luego son ellos y no yo quienes más han hecho para darlo a conocer al público lo antes y de la mejor manera posible.

Entre mis amigos, José Antonio Chamarro me ayudó a superar obstáculos en la localización del lugar de la masacre. Mis compañeros y jefes de La Gaceta, especialmente Begoña Marín e Ignacio Peyró, tienen buen mérito por su apoyo y paciencia conmigo.

Entre los benefactores anónimos, quisiera recordar a quienes han digitalizado el archivo de la Causa General, en el Archivo Histórico Nacional. Ojalá que este agradecimiento tuviera como fruto que digitalicen lo que aún está solo en papel y que dejen de manipular la memoria de las víctimas en la Lista de Sinde.

Entre las enseñanzas de mis maestros universitarios, me han sido siempre útiles las de don Federico Suárez, cuyo gusto por las novelas policíacas me resulta inolvidable; las de don Ángel Martín Duque, que me enseñó la importancia de resumir; y las de mi director de tesis, don Gonzalo Redondo, de quien espero haber aprendido a ir al fondo de las cuestiones.

Prólogo

La cuestión de las represiones en la última guerra civil ha estado de moda en España durante algunos años. Me parece que el interés en esto y en otros temas de la guerra española ha sido estimulado, al menos, por cuatro factores. Uno es que la contienda constituyó el acontecer más importante y dramático en la historia contemporánea de España —contemporánea en el sentido más elemental de que algunos de los que vivieron aquellos años todavía están presentes.

Otro es que una gran guerra civil es un suceso clave en la historia de cualquier país, a no ser que su presencia en la historia contemporánea haya sido soterrada por otras experiencias aún más traumáticas. La guerra de secesión en Estados Unidos —o guerra civil, como normalmente se le llama en la práctica común norteamericana— tuvo lugar tres generaciones antes de la contienda española, pero en ella hubo el doble de muertos que en la guerra española (tanto en términos absolutos como relativos) y sigue siendo el tema clave de la historia de los Estados Unidos. Solamente la literatura norteamericana sobre la Segunda Guerra Mundial la supera en cuanto al número de publicaciones, y no por mucho. Un caso diferente es el de Rusia, cuya guerra civil de 1918-1921 fue un desastre demográfico total, mucho peor que la americana o la española, pero cuyo lugar en el imaginario llegó a ser suplantado en un breve plazo por otras experiencias que infligieron un trauma igual o hasta mayor, como las atrocidades en masa del estalinismo y la Segunda Guerra Mundial.

Un tercer factor es el cambio cultural que tuvo lugar en la ideología occidental en la última parte del siglo XX, con el auge de la cultura del victimismo. En la mentalidad tradicional se concebía la historia sobre todo en términos de héroes y antecesores. Con la llegada de la corrección política o el «buenismo», que no tiene mucho interés en la historia en sí misma, se concebía la historia cada vez más en términos de víctimas y victimarios, términos útiles para descalificar una gran parte de la historia de España y de la historia occidental.

El último factor tiene que ver con el sectarismo político español. Se ha proclamado que durante la transición democrática en España, con mucho el mayor logro cívico del país durante el siglo XX, se hizo un «pacto de silencio» con respecto al pasado reciente. Los inventores de este mito sabían que era falso, pero buscaban un instrumento para descalificar las instituciones democráticas actuales (objetivo no infrecuente del buenismo) y atacar a los sectores no izquierdistas. La verdad es que durante la transición se hizo más caso a la historia reciente que en cualquier otro tiempo de la historia de España, con millares de artículos, entrevistas y programas, y centenares de libros sobre todos los aspectos. El acuerdo tácito entre los políticos fue totalmente distinto: que no se utilizarían argumentos, reclamaciones o controversias de la historia reciente en los debates y campañas políticas, dejando la historia en manos de los historiadores y de los medios de comunicación, no de los grupos políticos. Precisamente por haber dedicado una atención muy seria a la historia, no querían hacer de ella un fútbol político.

Este honorable entendimiento tácito se mantuvo durante más que quince años, hasta que Felipe González y el PSOE se encontraron en peligro muy serio de perder las elecciones de 1993. Entonces, por primera vez, trataron de descalificar a José María Aznar y al Partido Popular como la perpetuación del franquismo y de los horrores de la Guerra Civil, táctica que repitieron por segunda vez tres años más tarde. Luego, un poco después de haber obtenido la victoria por mayoría absoluta en 2000, Aznar anunció, erróneamente, que la Guerra Civil había dejado de ser un factor en el debate político.

Pero al comienzo del siglo XXI, convergieron dos factores nuevos: uno fue una cierta desesperación de las izquierdas para encontrar nuevas armas y argumentos políticos; y otro la victoria de las doctrinas del buenismo y victimismo dentro de las izquierdas españolas. El resultado ha sido la campaña de los últimos años.

Dentro de ella, sin embargo, es necesario distinguir entre dos factores muy diferentes. Están mezclados de un modo algo confuso una tendencia a politizar y distorsionar o falsificar la historia y el afán de llevar a cabo obras de arqueología digna y dar sepultura apropiada a los restos de víctimas de la represión. Cualquier intento serio de excavar tumbas y fosas y sepultar los restos merece el respeto de todos, pero debe apartarse de intereses políticos y sectarios. El argumento, por ejemplo, de que esto es necesario solamente en los casos de izquierdistas ejecutados y que todas las víctimas a manos de las mismas izquierdas han sido desenterradas y sepultadas en época de Franco es sencillamente falso. No es así, y todos los restos merecen un trato igual.

Otra cosa es el intento de falsificar o politizar la historia. En un país democrático la investigación de la historia y la publicación de obras de historia deben gozar de plena libertad, sin intentos de parte de cualquier gobierno de imponer su criterio, al tratar de definir mediante votaciones parlamentarias las cuestiones más complejas. Es igualmente injusto tratar de censurar a un historiador distinguido porque algunos, o incluso muchos, puedan discrepar de sus interpretaciones.

A pesar de los millares de títulos ya publicados sobre los aspectos más variados de la Guerra Civil española, quedan muchos asuntos complicados por investigar, que deben estudiarse con investigación primaria y con la presentación objetiva y rigurosa de los hechos.

La cuestión de las dos represiones es uno de los temas más importantes, y este nuevo estudio de Santiago Mata ofrece la primera investigación rigurosa sobre uno de sus episodios más espeluznantes. Se ciñe completamente a los documentos y los hechos, y esclarece aspectos de la represión en tres sitios diferentes: Madrid, Córdoba y Jaén. Constituye una aportación básica e importante que no construye ninguna «memoria» subjetiva, sino que presenta los datos de la historia misma. Forma otro eslabón importante para descifrar la historia verdadera de la represión. Merece cumplidamente la atención de todos los interesados en la historia de la Guerra Civil de 1936.

STANLEY G. PAYNE

Introducción

El 12 de agosto de 1936 fueron asesinados en Vallecas (Madrid) dos centenares de rehenes que habían llegado en un tren procedente de Jaén, cuyo destino aparente era la cárcel de Alcalá de Henares. La de ese tren de Jaén, al que se llegará a denominar tren de la muerte, fue la primera gran masacre de la Guerra Civil, entendiendo masacre, según el Diccionario de la Real Academia Española, como «matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida» y la primera ejecutada ante un numeroso público, aparte del caso particular del Cuartel de la Montaña.

Conocí este tema por casualidad, ya que la matanza ocurrió cerca de mi lugar residencia. Enseguida pude comprobar que, en realidad, no se sabía dónde sucedió: a veces se dice que en Villaverde, otras que en el Pozo del Tío Raimundo, o genéricamente en Vallecas. Era, en muchos sentidos, un crimen sin resolver. Éste fue el primer motivo que me llevó a comenzar una investigación.

A partir de esta curiosidad inicial, tirando de los hilos, me parece haber descubierto algunas cuestiones de importancia. Pero no pretendo pedir a priori que se admita que este suceso tuviera más peso específico que otros. Sólo quisiera sugerir al lector que preste atención a este drama humano. Después, será posible evaluar su importancia, y quizá extraer algunas conclusiones.

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004, hubo alguna mención al precedente de una matanza ocurrida en un tren en Vallecas, que causó tantas víctimas como aquellos trágicos atentados. Tampoco esta mención tuvo mayor trascendencia. La mayoría de historiadores, cuando se habla del «tren de la muerte» o los «trenes de Jaén», no sabe de qué se trata.

Aclarar quién hizo qué y dónde no ha sido fácil. La dificultad aumenta al indagar los porqués: las razones para matar. Por último, surge la pregunta sobre si la investigación merece la pena, si queda realmente algo por aclarar y qué se puede aportar con ello. Y la pregunta sobre por qué precisamente eso no se ha hecho hasta ahora: las razones para callar.

La incógnita más difícil resulta ser precisamente ésta: el porqué del escaso relieve que el tren de la muerte ha tenido en la historiografía. ¿A qué se debe este olvido? Es poco probable que sea un descuido, si tenemos en cuenta el afán del franquismo por evocar lo que consideraba crímenes de sus adversarios. Si no fue un descuido, ¿por qué se decidió olvidar esta matanza?

Hay pistas de que el franquismo utilizó, durante años, el tren de la muerte como fenómeno propagandístico al mismo nivel de algunos iconos que permanecerían por más tiempo: en concreto el paso del Estrecho por las tropas de Franco y la resistencia del Alcázar de Toledo, según da a entender el escultor Juan de Ávalos.

El 2 de diciembre de 2001, en el número 114 del Magazine de El Mundo, Beatriz Pérez-Aranda publicaba una entrevista con De Ávalos, quien se refería a la que mantuvo con Franco, aceptando el encargo del Valle de los Caídos a condición de que este monumento fuera un homenaje a los muertos de ambos bandos:

Estaba ansioso por saber mis opiniones sobre el Valle y se las expuse. Nada de relieves del paso del Estrecho, del Alcázar de Toledo o del tren de Jaén, porque los monumentos así los destruyen los descendientes, el rencor. Héroes y mártires los ha habido en los dos bandos. No me callé nada. La entrevista duró cuarenta y cinco minutos y al día siguiente salió el decreto donde se decía que en el Valle de los Caídos se enterrarían los muertos juntos.

El decreto al que se refiere De Ávalos no puede ser el que Franco firmó en el primer aniversario de la victoria, y que fue publicado en el BOE de 2 de abril de 1940, ya que éste es completamente partidista. En él se prevé que la «Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes» se levanten «para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada», rememorando «los heroicos sacrificios que la victoria encierra». Se trataba de construir un «templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria». En él reposarían «los héroes y mártires de la Cruzada». Nada, por tanto, de reconciliación o de recuerdo a los muertos del otro bando.

Aparentemente, el decreto al que se refería De Ávalos en su conversación con Beatriz Pérez-Aranda debería ser el de 23 de agosto de 1957, por el que se establecía la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. En él se menciona que «el sagrado deber de honrar a nuestros héroes y nuestros mártires ha de ir siempre acompañado del sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico». Este hecho, más la política «guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre los españoles», lleva a concluir que el Valle sea «el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz» (BOE del 5 de septiembre).

Ávalos fallaba en sus recuerdos, ya que había firmado el contrato para hacer las principales esculturas del Valle de los Caídos el 17 de noviembre de 1952, y éstas estaban colocadas tres años más tarde. Otra cosa es que el decreto de 1957 plasmara lo hablado por el escultor y Franco años antes. En todo caso, el tren de la muerte no apareció en la decoración del Valle de los Caídos.

Lo sucedido en Vallecas el 12 de agosto de 1936 se menciona en obras de referencia sobre la Guerra Civil, tanto de signo desfavorable como favorable a los sublevados. Julián Casanova, en Víctimas de la Guerra Civil, coordinada por Santos Juliá (página 72), cita ese tren de Jaén inmediatamente antes de referirse al asalto a la Cárcel Modelo de Madrid, y después de hablar de una primera expedición de presos enviados desde Jaén el 11 de agosto:

Mucho peor les fue a los de la expedición del día siguiente compuesta por unos 250 prisioneros procedentes de la catedral de Jaén y del pueblo cordobés de Adamuz, que había sido conquistado por las fuerzas del general José Miaja el 10 de agosto. Viajaba en ella el obispo de la diócesis, Manuel Basulto Jiménez. Al llegar a Vallecas, la Guardia Civil que los escoltaba, incapaz de detener a los numerosos milicianos que pretendían apoderarse de los presos, los dejó en sus manos. La limpieza alcanzó a casi todos los viajeros, incluyendo al obispo, al deán de la catedral y a la hermana del obispo, de quien se encargó una miliciana.

Nadie en esas primeras semanas de poder de los comités y de las milicias era capaz de ofrecer una respuesta dura a esos desmanes. El más sonado de aquel mes ocurrió en Madrid que, anticipémoslo ya, iba a conocer muchos y más sonados todavía en los meses siguientes. En la noche del 22 al 23 de agosto, un grupo de milicianos escogió a unos cuantos presos de los casi 2.000 amontonados en ese momento en la cárcel Modelo. Asesinaron allí mismo, por ser quienes eran, a varios militares, derechistas y políticos.

Algo más extenso es el relato —y el comentario— que hace César Vidal en su obra Paracuellos-Katyn (páginas 134-135), donde se dice que el tren fue detenido «a la altura de Villaverde» y que el jefe de la escolta «se puso entonces en comunicación con el ministro de la Gobernación para pedir instrucciones y éste le ordenó que procediera a poner a los presos en manos de los milicianos». Y prosigue:

Lo que sucedió a continuación contaba con precedentes en Rusia y, desgraciadamente, también en España y denota un sistema de matanza propio de la aplicación de la justicia de clase. Sin averiguar la identidad de las personas que tenían en su poder ni tampoco sus posibles responsabilidades, los milicianos frentepopulistas condujeron el tren hasta las inmediaciones del Pozo del Tío Raimundo. Una vez allí, ordenaron a los presos descender del convoy y comenzaron a dividirlos en grupos de veinticinco. Éstos eran llevados hasta un terraplén en cuya cercanía había emplazadas tres ametralladoras y allí se procedió a fusilarlos a continuación. Fue habitual en medio de la matanza que hubiera padres que contemplaron el fusilamiento de sus hijos y viceversa. No fueron, desde luego, los únicos espectadores. Unos dos mil simpatizantes del Frente Popular asistieron a los fusilamientos como si de un espectáculo se tratara acompañando las ráfagas de ametralladora con vítores y aclamaciones.

A continuación narra Vidal el asesinato de la hermana del obispo, Teresa Basulto, quien habría alegado «que era inocente de cualquier crimen y que matarla sería una infamia. La respuesta de los frentepopulistas fue asegurarle que sería fusilada por una mujer»:

Los fusilamientos continuaron —incluyendo a Manuel Basulto, obispo de Jaén, que murió de rodillas pidiendo perdón por sus asesinos y a Félix Pérez Pórtela, vicario general— hasta que cuando faltaban unos cuarenta por morir Leocadio, un joven de diecinueve años, se dirigió al jefe de milicias y le dijo que respondía con su vida de todos los que aún no habían sido fusilados. Aquella acción salvó a algunos de los detenidos —que luego contarían lo sucedido— pero no impidió el despojo de los cadáveres.

Concluye Vidal narrando que en la posguerra se recuperaron doscientos seis cadáveres del cementerio de Vallecas, y que en la Catedral de Jaén se colocaron lápidas «con los nombres de casi todos ellos, a excepción de algunos y de dos monjas hijas de la caridad que también fueron fusiladas. Los hechos eran, no puede dudarse, de una extrema gravedad. Sin embargo, a esas alturas, el gobierno republicano no sólo no pensaba en poner fin al Terror sino que estaba dando pasos decisivos para respaldarlo».

En el relato de quienes simpatizan con el gobierno republicano, la autoridad está ausente en el limitado periodo de unas «semanas de poder de los comités y de las milicias». Todo queda en «desmanes», benévolamente calificados como limpieza. La Guardia Civil no incumple su deber, sino que es «incapaz de detener» a los milicianos que ejercían el poder. Vidal, a pesar de haber dicho que todo un ministro de Gobernación (Sebastián Pozas Perea) «ordenó» a los guardias que entregaran los presos a los milicianos, interpreta tal orden como un «no pensar» en poner fin al terror y «dar pasos» para respaldarlo.

¿Es posible congregar lejos del frente a cientos de milicianos para detener un tren, y a más de un millar de personas para contemplar una matanza a pocos kilómetros del centro de la capital de España, sin que el gobierno «ofrezca» una respuesta, o que su actitud sea la de «no pensar en poner fin» pero tampoco «respaldar» el asesinato de doscientos civiles? Este tipo de menciones a los sucesos del tren de Jaén dan la sensación de que todo aquello ocurrió por casualidad. Es la explicación más sencilla, pero también la más absurda. Hay cosas que no pueden suceder por casualidad, y para las que es necesario buscar otra explicación, si no queremos confundir la libertad con el absurdo.

Para tratar de aclarar lo sucedido con el tren de la muerte —y huir de los tópicos en los que caen los relatos que suplen la ignorancia con imaginación—, he consultado lo que, sobre ello, escribieron sus protagonistas. Numerosos testimonios se conservan en lo que se llamó Causa General emprendida por la Fiscalía del Tribunal Supremo en la posguerra, con la pretensión de juzgar los crímenes cometidos en la retaguardia republicana. Estos documentos se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, y muchos pueden ser consultados en Internet (pares.mcu.es).

Además de esta fuente, cabe destacar el testimonio de familiares de las personas implicadas en los sucesos del tren de la muerte, y el de quien parece ser su último superviviente: Leocadio Moreno Páez, al que se supuso protagonista de un acto heroico. Cuando me contó sus recuerdos, era la primera vez que volvía a hablar por extenso sobre lo sucedido, tras la investigación de la Causa General. Él mismo me desmintió que fuera cierto el acto heroico que algunas fuentes le adjudican.

I

MATANZA EN LA CASILLA DOBLE

Sotero Peña Villalta era un guardia civil que formaba parte de la escolta del tren que, desde Jaén, transportaba a doscientos treinta y cinco presos a Alcalá de Henares. En el legajo 1530, expediente 7, folios 107-108, de la Causa General se encuentra el relato de los sucesos que hizo el 28 de julio de 1939:

El día doce —y a las dos horas— de agosto del año 1936, salió el que suscribe en unión de cuarenta y nueve más, entre ellos algunos Sargentos y Cabos, a las órdenes del hoy Teniente Don Manuel Hormigo Montero, pudiendo llegar con los mismos hasta la Estación que por oídas decían ser la de Vallecas y en la cual esperaban cincuenta Guardias de Asalto a las órdenes de un Teniente de referido Cuerpo al objeto de prestar auxilio a la fuerza conductora de los referidos presos, llegando a la misma sobre las quince horas, aproximadamente del mentado día y en cuyo lugar se encontraban también un gran tumulto de personal al parecer milicianos y entre éstos bastantes mujeres y tanto unos como otros se encontraban armados de rifles, escopetas, fusiles, pistolas y otras armas, los cuales intentaban matar a los conducidos, oponiéndoles a ello los dos oficiales referencia, así como toda la fuerza indicada, cosa que no consiguieron, cabido a la resistencia por parte de la mentada fuerza, antes indicada.

Acto seguido el referido Teniente de Asalto se puso al habla, según referencias, con el entonces Gobierno consultándole el caso y ver de conseguir el que los mismos no fueran entregados al personal referido, que así lo pedía a grandes voces y sí fueran hasta su destino y transcurrido un plazo como de dos horas observó el que habla que el aludido Teniente se quitaba del aparato telefónico, diciendo a las turbas las siguientes palabras: «Ya pueden Vds. llevarse los presos, pero que a esto no hay derecho». Inmediatamente todo el personal que allí había se subió al tren, poniendo este en marcha en distinta dirección de la que había traído, quedando la fuerza en la Estación de referencia, observando el que suscribe, que como a dos kilómetros de ésta paró el mencionado convoy, en esto que el Jefe de la Estación puso dos coches en una máquina donde subió toda la fuerza de la Guardia Civil para dirigirse a Madrid, como así lo hicieron, igualmente los guardias de Asalto en unión de su Jefe, marcharon también en dos chasis que llevaron al efecto, marchando con la misma dirección, llegando la fuerza del Instituto a dicha Capital sobre las diez y ocho horas del mismo día y como una hora después y estando en el Cuartel de Las Delicias ordenaron que fuésemos trasladados en dos coches del Cuerpo y en unión de nuestro Jefe a la Estación del Mediodía para marchar a Jaén, como así se hizo, llegando a esta Capital sobre las diez horas del siguiente día.

Peña se equivoca en cuanto al lugar de la primera parada, pues no fue Vallecas —que no está en la línea de Andalucía a Madrid—, sino el apeadero de Santa Catalina. En cambio, calculó bien la distancia a la que fue desplazado el convoy. Para posteriores menciones, conviene aclarar que la estación que entonces se llamaba de Mediodía es la actual estación de Atocha.

Delfín García Palomo, empleado de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante (MZA), declaraba el 12 de abril de 1939 (folios 186-190 del mismo expediente), cómo llegaron los milicianos casi cuatro horas antes que el tren al lugar donde se produciría la matanza:

El 12 de agosto de 1936, sobre las 11 horas 40 minutos, se presentaron unos milicianos armados con una bandera roja, que dijeron que estaba próximo a llegar un tren de presos fascistas de Jaén y que allí no podía trabajar nadie, obligando al declarante a marcharse a su vivienda, que era la casilla doble, sita en aquellas proximidades, quedándose con Hilario Pastor López que era su vecino por haberse marchado a Santa Catalina, Dionisio Salomón Medrano y Juan Espada Parra. Que sobre las 4.30 de la tarde llegó el tren esperado, que había avanzado desde Santa Catalina, quedando situada la cola del tren a unos cuatro metros de la casa del declarante, que presenció los asesinatos y el desvalijamiento de los cadáveres, siendo depositados en un saco los objetos arrebatados. Confirma, por rumores por él recogidos, el asesinato del Obispo por Julián Sevilla, capataz del declarante y que en lo sucesivo fue llamado «Mataobispos», y que a la hermana del Obispo, que había pedido que no la matara ningún hombre, sino una mujer, la mataron una sobrina del conocido por «tío Manolo» y una rubia pecosa que se prestaron voluntarias a ello.

La referencia a la «casilla doble» como lugar de residencia de García Palomo permite reconstruir el itinerario seguido por el tren, ya en poder de los milicianos, desde el apeadero de Santa Catalina, hasta el cruce de la carretera y la vía férrea, en el que estaba situada la casa. En línea recta por la carretera que hoy se llama de Villaverde a Vallecas, hay aproximadamente dos kilómetros entre ambos puntos.

García Palomo da a entender que el tren no pasó más allá de su casa, y que avanzaba marcha atrás, pues fue el último vagón y no la locomotora lo que quedó junto a su casa, pero no dice a qué lado de la vía se produjo la matanza. A falta de un examen del lugar para buscar restos de las balas —algo que solicité a los responsables de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que se negaron a autorizarlo—, el testimonio del transportista Venancio Martínez González permite concluir que fue en la parte oriental de la vía, la que da hacia Vallecas. Martínez, natural de esa localidad, casado y de treinta años, declaró el 19 de diciembre de 1939 (folio 162) que «entre dos y media y tres de la tarde del día 12 de agosto de 1936 recibió del Responsable de los conductores de automóviles de Vallecas, Julián Torremocha, la orden de recoger a los directivos del Comité de Vallecas para llevarlos al Cerro de Santa Catalina en donde iban a desarrollarse importantes sucesos». En vez de obedecer, dice haberse ido a Perales del Rio «para recoger carne»:

A la ida, en una hondonada que hay a la derecha del camino cuando se llega a la vía del tren, encontró una multitud de gente, en su mayoría armada, y un número considerable de cadáveres sobre el terreno; había un tren parado. A la vuelta, al pasar por el mismo sitio, se estaban cargando cadáveres en camiones. Cuando el declarante llegó al pueblo pudo observar el paso de algunos de los camiones que conducían a los cadáveres: vio a Juan Serrano, alias Juanón, y a Felipe Melgares, alias Chamorro, que iban con los cadáveres pisándoles la cabeza y levantándoles el brazo con la mano cerrada mientras exclamaban: «Estos ya se han hecho comunistas». Vio también a un individuo conocido por Pelijaro el Mayor que paseaba su camión lleno de muertos por las calles del pueblo. Tiene conocimiento el declarante que, una vez las víctimas en el Cementerio, la vecina de Vallecas Leonor Martínez, alias «la Quiñones» se dedicó a ultrajar el cadáver de la hermana del Obispo, invitando a los milicianos a que la vieran hacerlo, manipulando soezmente en las partes más íntimas del cuerpo de la víctima.

El camino de Perales del Río a Vallecas pasa a kilómetro y medio de la vía, en su punto más cercano, entre el cerro de la Atalajuela (634 metros de altitud, al norte) y el alto de la Cuesta de Perales (626 metros, al sur). El camino pasa ahí algo al este de la vía abandonada del ferrocarril de las canteras de Vallecas y entre ambos altos pasa la cañada del Santísimo, que se desvía hacia el sur al llegar a las Canteras del Butarrón. Para ver mejor lo sucedido, Martínez González habría tenido que tomar el camino de la Rosilla, que le habría conducido al centro de la hondonada (colonia El Trébol), ya muy cerca de la vía. Éste es, con toda probabilidad, el lugar desde donde la gente contempló la masacre, delimitado al norte por lo que el mapa de 1956 denomina Colonia del Padre Laureano y, al sur, por las Canteras del Butarrón. Por tanto, cabe concluir que el lugar de la matanza fue al sur de la casilla doble y al este de la vía, en la curva frente a la cual hoy hay un depósito de la Grúa Municipal de Madrid.

El capataz mencionado por García Palomo, Julián Sevilla, confirma, en el mismo resumen de declaraciones, que él fue quien mató al obispo Manuel Basulto, y el protagonismo de otros ferroviarios en la detención del tren, cuya hora de llegada adelanta:

Hacia el mediodía o poco después, llegó al apartadero de Santa Catalina un tren especial con presos y que en el momento de llegar fue cercado por el personal de la Compañía, de los diferentes servicios y público que acudió varias horas antes de los barrios y pueblos inmediatos y que al parecer lo estaban esperando, impidiendo por la fuerza que continuase el tren y obligando al maquinista a que avanzara por la línea de Vallecas hasta el km. 4; los presentes estaban en su mayoría armados de fusil y otras armas que con anterioridad a la llegada del tren fueron distribuidas, algunas de ellas por los factores de la Compañía Eduardo Rojo Avaloso, Valentín Moreno Molina, Pedro Moreno Peña, Carmelo Cotorro Sánchez y José Casado Garijo, que formaban parte del Comité de dicho apartadero y que a juicio del declarante fueron los que anunciaron y hacían correr la voz de la llegada del tren de presos. Que formaron cuatro piquetes e hicieron descender a los presos en grupos de ocho personas que eran fusiladas obedeciendo a la voz de mando que daba un paisano vestido de traje azul y que supone fuera un dirigente del Centro Socialista del barrio de Entrevias. Que sobre una señora vestida de negro y de la que se decía era la hermana del Obispo de Jaén, dispararon dos tiros de pistola una individua vestida con mono azul y conocida por Eugenia, que es sobrina de un tal Manuel que tiene un ventorrillo frente al apartadero de Santa Catalina y otra igualmente vestida que la acompañaba, y que es alta, delgada y con bastantes pecas, conocida por «la Pintá» y vecina del Puente de Vallecas, y que como la víctima no quedara muerta, un individuo arrancó el arma a la Eugenia y dio el tiro de gracia a la señora referida; que el declarante, con una escopeta de un cañón que acostumbraba a llevar a su trabajo por si había caza, disparó un tiro sobre uno de los detenidos, que según rumores era el Obispo de Jaén. Que vio entre los individuos conocidos suyos que se encontraban armados en aquel momento y lugar a Manuel Moreno, dueño del ventorrillo situado frente a Santa Catalina, que excitaba a las turbas y buscaba al individuo que había quitado la pistola a su sobrina Eugenia.

Sevilla menciona a siete empleados de MZA —entre ellos a Delfín García Palomo— a los que vio armados, y a otros veinte «también obreros de la 5.ª Brigada» de los que «no recuerda si alguno de ellos iba armado». Además de a Manuel Moreno, menciona «como uno de los principales excitadores» al «enganchador del servicio de movimiento de la Compañía Julio Gallego, que más tarde fue sargento voluntario de las milicias rojas».

Manuel Moreno Villegas, citado por Sevilla y propietario de la venta frente al apeadero, reconoció que «cuando residía en La Carolina (Jaén), donde trabajó en las minas, cumplió diecinueve meses de prisión correccional por disparo de arma de fuego en riña»; pero respecto a los sucesos del 12 de agosto sólo refirió «que también le dijeron que su sobrina Eugenia Fernández, en unión de la Pintá habían matado a la hermana del Obispo, hecho que más tarde negó la Eugenia ante el declarante». Declaró ser agente de una checa filial de la de Bellas Artes, pues pertenecía al Sindicato de Poceros de la CNT y prestó antes de la guerra «servicio de armas en el Ateneo de Entrevias y en un hotel del Arroyo Abroñigal, que había sido incautado»;

Que entre los servicios que se le ordenaban figuraba el de cacheos a los transeúntes, que cuando no inspiraban confianza, procedían a su detención y presentación en el Ateneo de donde eran trasladados al Círculo de Bellas Artes. Que cuando prestaba servicio en la Cárcel Modelo, se limitaba a ejercer la vigilancia de los reclusos; que estos servicios en la cárcel los prestó durante cinco o seis días, alrededor del 25 de agosto de 1936 y que observó que sacaron de la prisión a tres o cuatro oficiales del Ejército que sin duda se los llevaron para darles el paseo.

La presencia de Moreno en la Modelo en las semanas posteriores al 12 de agosto la confirman dos presos. Uno es Epifanio Soriano Muñoz, «quien manifiesta reconocer en Manuel Moreno Villegas a uno de los milicianos que prestaba servicio de vigilancia armada en el interior de la Cárcel Modelo, en ocasión de hallarse el declarante recluido en dicha cárcel en el verano de 1936; que el Moreno hacía servicio en su galería, que era la 3.ª»; y el otro es José Joaquín Pisó y Diez del Corral, «quien reconoce a Manuel Moreno Villegas, de una manera clara y terminante como uno de los milicianos que prestaban servicio en la Cárcel Modelo durante el tiempo en que sacaban todas las noches a presos para darles el paseo, sucediendo esto desde el 22 de agosto de 1936 hasta el traslado de los presos a la prisión de Porlier, y que el Manuel Moreno prestaba dicho servicio en el grupo de la CNT».

Bajo la dirección de militares profesionales

Hilario Pastor López, uno de los subordinados a los que el capataz y asesino confeso del obispo, Julián Sevilla, vio con armas, aseguró que «el obrero eventual de su brigada Ginés Guzmán Doctor dijo que la hermana del Obispo de Jaén había pedido que no la matara ningún hombre sino una mujer, habiéndose prestado para realizarlo la Eugenia, sobrina del tío Manolo, el del ventorrillo, y una rubia pecosa conocida por la Pintá». Como se ha visto, Eugenia Fernández negó posteriormente a su tío Manuel Moreno Villegas que hubiera participado en este asesinato.

Respecto a quiénes fueran los cabecillas de la matanza, añadía Pastor:

Que intervinieron elementos de los centros socialista y confederal [de la CNT] del barrio de Entrevias y que el que al parecer dirigía las ejecuciones era uno a quien llamaban los demás Onteniente, perteneciente al grupo socialista, que había sido el que había organizado los preparativos antes de la llegada del tren, siendo sus señas, regular de estatura, bastante recio y de buen color, como de unos 50 años, llevando en aquella ocasión un fusil.

Para identificar a la ejecutora de Teresa Basulto citada como «la Pintá», el fiscal recurre a un testimonio, el de Dolores Lorenzo Inglés, que reconoce bajo ese alias a Josefa Coso Majano:

Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional estuvo desde el primer momento a las directas órdenes del Comité quien le dio un fusil para hacer guardias en los parapetos… Que la declarante sabe que el día en que ocurrió el triste suceso del tren de Jaén, debidamente armada y vestida de mono, acudió voluntariamente al lugar del suceso y cuando la hermana del Obispo de Jaén pidió a las milicias que la fusilase una mujer, la encartada adelantándose de entre las turbas dijo que ella la fusilaría haciéndolo en efecto según manifestaciones existentes en la localidad en el mismo día y la vio asimismo que iba en los camiones que conducían los cadáveres al cementerio mofándose sarcásticamente de dichos cadáveres, haciendo afirmaciones tan groseras y dirigiéndose al público que lo presenciaba entre los que estaba la propia declarante que «viesen qué gordito estaba», al propio tiempo que los levantaba y los golpeaba los brazos. Sabe por referencias fidedignas que llevaba un reloj de pulsera y según manifestaciones de la encartada a cuantos le preguntaban era de la hermana del Obispo de Jaén.

La acusada Josefa Coso negó su participación en los hechos, en la declaración prestada ante el Juzgado Militar en Madrid el 4 de noviembre de 1941:

Reconoce haber pertenecido a las JSU pero negando tomara parte en el asesinato de la hermana del Obispo de Jaén […]. Niega haber participado, en unión de Tomasa Velilla, en el asesinato de la hermana del Obispo, y en el de este mismo prelado. También niega haber formado parte del grupo que acaudillaba Luisa Pulpón Gimeno que concurrió a los asesinatos del tren de Jaén; manifiesta no ser cierto haber asesinado a la hermana del Obispo con un fusil que le entregó Vijández y que ella no tuvo otra arma que una pistola que le facilitó Vijández y que no utilizó en momento alguno y no llevaba mono más que cuando cargaban las calderas de la cocina.

El 15 de mayo de 1939, dos investigadores policiales llamados Ignacio Clemente y Alejandro Vera habían afirmado que Tomasa Velilla «acompañaba a la Josefa Coso en el asesinato de la hermana del Obispo de Jaén y en otros hechos delictivos» (folio 78). Que Velilla disparó contra Teresa Basulto es algo que el tribunal que la condenó a muerte consideró como hecho probado (folio 273).

A Antonio Vijández ya se había referido Coso en el relato pormenorizado que firmó como «Pepita Coso» el 6 de octubre de 1939 (folios 137-138). Entonces la joven contaba diecinueve años, por lo que, como máximo, tenía dieciséis el día de autos. Aunque también en esta primera declaración negaba haber cometido el crimen, aportaba bastantes detalles, como que a las 14 horas Antonio Vijández «le comunicó que iba a llegar un tren, procedente de Jaén, en el que venían mujeres, niños y presos políticos, invitándole a que acudiera a presenciar su llegada, que tendría lugar en el Cerro de Santa Catalina, cerca de Vallecas»:

Lo hizo así, y al llegar a él se encontró una gran multitud de milicianos y paisanos, e incluso mujeres y niños, en actitud expectante. Los milicianos, uno de cuyos grupos pertenecía al Puente de Vallecas y ostentaba una bandera encarnada, se dedicaban a levantar la vía del ferrocarril. Al cabo de cierto tiempo llegó el ferrocarril, lo que produjo un inmenso griterío entre la multitud.

Tras la discusión entre guardias y milicianos, asegura Coso que Santos de la Torre, alias el Caracazo, le dio una pistola que ella devolvería a su propietario sin haberla utilizado:

Relata que, una vez terminadas las discusiones indicadas antes, procedieron los milicianos a sacar del tren a los presos, los cuales eran puestos contra el terraplén de la vía y fusilados por grupos de diez o doce milicianos. En uno de los grupos que eran sacados del tren figuraba una señora que luego supo la declarante era hermana del Obispo de Jaén, a cuyo alrededor se formó un grupo, uno de cuyos componentes la dio muerte con dos o tres disparos de pistola que la declarante recuerda haber oído. En dicho grupo se encontraban dos milicianas, una de ellas gruesa y baja, relativamente joven, con mono azul y armada de pistola, y otra, más alta, de ojos azules y aspecto decidido, de unos 25 o 26 años, con mono azul más claro que el de la anterior.

Coso dice haber reconocido a «Marcelo Hernández Sáez, alias el Barbas, con un arma; Mariano González, alias el Pelas, con un fusil ametrallador; Manuel Atalaya Villegas, alias el Talaya; Santos de la Torre y Tomasa Velilla»; y reconoce que «al regresar al pueblo se declaró públicamente autora de la muerte de la señora aludida, pero que lo hizo por no darse cuenta entonces de la gravedad de sus manifestaciones». Al releer lo escrito, rectifica —lo que muestra la escasa presión que se debía ejercer sobre los declarantes para que acusaran a otras personas—, porque «no está segura de que la miliciana que vio junto a la señora que resultó muerta llevara pistola». La versión de Coso, según la cual Teresa Basulto fue asesinada por un grupo, reaparece en la declaración de Manuel García Martín, albañil, natural y vecino del Puente de Vallecas, que contaba treinta y un años al declarar, el 27 de enero de 1940 (folio 164):

Que el doce de agosto de 1936, cuando salía del trabajo, hubo de pasar por el Pozo del Tío Raimundo donde había un tren parado, una muchedumbre de milicianos y unos cadáveres sobre el terreno. Al llegar el que declara al lugar del suceso pudo ver a una mujer que era conducida por un grupo de cuatro o cinco milicianos y una muchacha de unos dieciocho años. Dos de los milicianos eran un sujeto conocido en el Puente de Vallecas por el «Gorrión» y un tío de la muchacha mencionada. El «Gorrión» se dirigió al declarante, le alargó un fusil y le obligó a que disparara con él sobre la mujer que llevaban detenida. El declarante lo hizo como se lo mandaron, hiriendo a la mujer en un muslo. Al no caer al suelo la agredida, la muchacha (que tenía dos pistolas, una del 9 largo y otra del 6,35) disparó sobre la mujer, alcanzándola en la cabeza y haciéndola caer al suelo. Entonces el «Gorrión» y muy probablemente algún otro de los del grupo, dispararon nuevamente sobre la víctima. Después de suceder esto, el que declara le arrebató a la muchacha la más pequeña de las dos pistolas que tenía. Acto seguido, se alejó del lugar del suceso.

García Martín dice que «el tío de la muchacha que disparó sobre la mujer del tren» —de quien ya se ha hecho mención como miembro del grupo que conducía a la asesinada— era «alto, fuerte, de pelo canoso y, según cree recordar el que declara, tenía una taberna en Villaverde». De la muchacha dice haberse enterado de que se llamaba Teresa y estaba presa «en la Cárcel de las Ventas. La reconocería si la viera». Nada menos que un hombre que confiesa haber disparado sobre Teresa Basulto, indica que la joven implicada era Eugenia Fernández, sobrina de Manuel Moreno Villegas. Quizá por la equivocación de llamarla Teresa, parece que nunca se trató de identificarla, lo que a la postre haría recaer la culpabilidad del asesinato sobre Pepita Coso.

El grupo con bandera roja, mencionado por García Palomo como el primero en llegar a las 11.40 al que sería lugar de la matanza, y que Coso señala como procedente del Puente de Vallecas, puede ser identificado como perteneciente al batallón Sargento Vázquez, que contaba con unos quinientos soldados al comienzo de la guerra.[1] A esta unidad pertenecía Manuel Higueras Rodríguez, un jornalero de Baeza que el 22 de octubre de 1939 contaba veinticuatro años, estaba soltero y residía en Vallecas, que distingue entre milicianos y militares profesionales, y menciona a dos tenientes, uno de su batallón y otro de Infantería, en la organización de la matanza. Higueras confunde Santa Catalina con Villaverde al declarar (folio 153):

Que al comenzar el Alzamiento Nacional se alistó como voluntario en el Batallón Sargento Vázquez, del Partido Comunista. El día en que ocurrieron los sucesos del Tren de Jaén se encontraba en el cuartel de dicho Batallón, sito en el Convento del Puente de Vallecas. A las dos de la tarde, un Teniente llamado Manolo le dijo que se dirigiera, en unión de otros treinta individuos, a la estación de Villaverde. Cuando llegó a ella se encontró al tren que conducía los presos y, a su lado, una multitud compuesta de paisanos, milicianos, soldados y algunos guardias de Asalto. Se daban gritos pidiendo la muerte de los conducidos. Cuando el tren partió de Villaverde él se dirigió andando, en unión de los treinta que con él iban, al Pozo del Tío Raimundo. Cuando llegó ya había unos veinte cadáveres. Entonces le fue entregado un fusil por un Teniente de Infantería que allí había, de uniforme, el cual se dedicaba a repartir fusiles. El declarante formó parte de una fila de ejecutores, que mataba a los grupos de presos que los milicianos les ponían delante. Recuerda haber hecho diez disparos. Cuando acabaron los fusilamientos, se marchó del lugar del suceso.

Recuerda que el Teniente mencionado era de regular estatura, moreno, y representaba unos treinta y cinco años.

El 31 de octubre de 1939, Benito Porras Ramos, un albañil natural de San Rafael (Segovia), residente en Vallecas, casado y de veintiocho años, se mostraba dispuesto a identificar a la presunta asesina de la hermana del obispo, y relataba cómo se comenzó a organizar la matanza (folio 159):

El día 12 de agosto de 1936 llegó al Control del Portazgo, donde se encontraba el declarante, el individuo llamado «el Barbas» y dijo a los que allí estaban que a partir de las doce de la mañana no dejaran pasar a nadie hacia Vallecas pues por la tarde iba a llegar de Jaén un tren lleno de presos a los que pensaban asesinar.

Al día siguiente de ocurridos, una mujer morena, picada de viruelas, le dijo que había matado a una de las mujeres que venían en el tren, a la que, para quitarle una sortija, la cortó un dedo. A esta mujer la reconocería si la viera.

Y así fue: en una «rueda de presos» organizada el 3 de noviembre de 1939 en la prisión de Claudio Coello número 100, le fueron presentadas a Porras seis reclusas, «siendo reconocida por Benito Porras la mencionada Josefa Coso como la persona mencionada en su declaración, en la que le acusa de haberse declarado autora de la muerte de la hermana del Obispo de Jaén» (folio 160); a su vez Coso reconoció «haber dicho en el Control que había dado muerte a la señora mencionada» (folio 161). Hay quien vio a la pecosa como rubia o como morena. Pero ésa no es la persona principal sobre la que hay equívocos.

El Barbas: ¿Marcelo Hernández Sáez o Manuel Fernández Cortinas?

Entre los milicianos de Vallecas, Marcelo Hernández Sáez, el Barbas, fue el que mayor graduación alcanzó en el ejército republicano —llegó a coronel, aunque no lo dice—, pero respecto a los sucesos del tren de Jaén, «manifiesta que únicamente tuvo conocimiento de ellos, por referencias, a última hora del día en que ocurrieron, e ignora, en absoluto, quién pueda haber sido su autor», en la declaración que este carpintero de treinta y ocho años, casado y natural de Arévalo (Segovia), prestó el 16 de marzo de 1940. Después de reconocer que pertenecía a la UGT desde 1921 y desde 1927 «al Sindicato de la Construcción CNT», aseguraba (folio 173) que la guerra le sorprendió en Vallecas «recluido en la cama a consecuencia de un accidente de automóvil que había padecido días antes»:

El 28 de agosto de 1936 abandonó el lecho y fue nombrado vocal del Comité Revolucionario de Vallecas, desempeñando este cargo hasta el 27 del siguiente septiembre en cuya [fecha] le fue conferido el mando de un cuartel que había en Madrid, en el antiguo Colegio de Sordomudos, calle de Granada. Ahí estuvo hasta el 27 de febrero de 1937, marchando dicho día al Frente de Teruel, Sector de Albarracín, adonde fue, con el grado de Comandante, para mandar la División D, llamada más tarde 42 División. El día 5 de octubre del mismo año quedó en situación de disponible forzoso, dependiendo de la Comandancia Militar de Valencia, y en esa situación estuvo hasta el 5 de abril de 1938; durante este tiempo no tuvo actividad política de ninguna clase. El 5 de abril citado fue destinado al Cuadro eventual del Ejército de Andalucía, siendo designado allí para mandar el 219 Batallón, del 23 Cuerpo de Ejército. Estuvo mandándolo, en Sierra Nevada, hasta el 5 de marzo de 1939, en cuyo día fue nombrado Director de la Prisión Militar de Baza (Granada). Estuvo en ella hasta el 29 de marzo y al día siguiente fue detenido por las autoridades nacionales, en Alicante, cuando trataba de huir a Francia.

En junio de 1937, Hernández era coronel jefe de la 42.ª División (ex Agrupación Autónoma de Cuenca, al mando del coronel Víctor Lacalle Seminario), una de las cuatro que formaban el Ejército de Operaciones de Teruel (cuyo jefe era el coronel Jesús Velasco Echave). Esta división de milicias confederales de la CNT, originariamente llamada del Rosal, se había formado al salir de la cárcel, el 19 de julio de 1936, Cipriano Mera y Antonio Verardini, según afirma Luis Andrés Edo en La CNT en la encrucijada: aventuras de un heterodoxo (página 164).

El 6 de febrero de 1940, en un escrito al juez de la Causa General firmado por Ignacio Clemente (legajo 1506, expediente 1, folios 218-219), se informa sobre la «Brigada del Rosal» asegurando que «desde los primeros momentos del Alzamiento Nacional, los componentes de dicha Brigada se dedicaron al vulgar saqueo y asesinato; pero en donde más se distinguieron fue cuando dicha Brigada o mejor dicho División estuvo de guarnición en el sector de Valdecuenca» (Teruel). En ese escrito se acusa a Hernández del asesinato de dos soldados de su división, y sólo genéricamente se alude al tren de la muerte:

Mandaba esta División Marcelo Hernández Sáez, más bien conocido por el apodo de «el Barbas», individuo sin escrúpulos morales de ninguna índole y que, estando domiciliado en Vallecas en los primeros momentos del Movimiento se distinguió por su ferocidad tomando parte activa en cuantos asesinatos se cometieron en dicho pueblo y en especial en el asalto contra los presos que procedentes de Jaén les conducían [en] un tren a Alcalá de Henares, a los que mandó fusilar a la salida de la Estación de Vallecas con unas ametralladoras que previamente tenía emplazadas y muriendo entre éstos el Sr. Obispo de Jaén.

Los propios milicianos citados por Josefa Coso detallan la actuación de Hernández Sáez. Manuel Atalaya Villegas dice que la ejecución fue dirigida por el Barbas sólo después de que se retirara la escolta, mientras que la iniciativa de detener el tren partió del Comité del Puente de Vallecas, desde donde llamaron a los de Vallecas-Pueblo para que les secundaran. Del pueblo, según Atalaya, salió un centenar de personas, y el coche con las ametralladoras llegó desde el Puente de Vallecas antes que el tren.

La declaración prestada por Manuel Atalaya se encuentra en la Causa General, legajo 1530, expediente 7, folios 139-142. Cuando la prestó, el 9 de octubre de 1939, este carpintero madrileño contaba treinta y nueve años, estaba casado y reconocía pertenecer al PSOE desde 1935 y, desde el comienzo de la guerra, al «Comité que se constituyó en Vallecas por orden de la Agrupación política a que pertenecía». El 12 de agosto, a las 15.30, dice que estaba en el Ayuntamiento de Vallecas-Pueblo junto con seis miembros del «Comité»: Eugenio de la Iglesia, alias el Cristo, presidente; Luciano García Uceda, alias el Cabezota, secretario; Mariano González, alias el Pelas; Marcelo Hernández Sáez, alias el Barbas; Julián García de la Cruz y Francisco Zambrano, alias el Piojo Eléctrico. Estando reunidos, «el declarante recibió la llamada telefónica del Comité del Puente de Vallecas, desde donde le comunicaron que iba a pasar por el pueblo un tren, procedente de Jaén y con destino a Alcalá de Henares, lleno de presos políticos, y que los elementos del Puente estaban dispuestos a impedir a todo trance que pasara de Vallecas, para lo cual habían movilizado todas sus fuerzas e invitaban a los componentes del Comité del pueblo para que hicieran lo mismo».

El comité de Vallecas-Pueblo acordó «secundar la actitud de los comunicantes, y en su vista, todos los allí presentes se encaminaron» al encuentro del tren «no sin que antes alguno de los individuos mencionados se dirigiera a la población invitándola a acudir al lugar aludido, haciéndolo así un grupo de unas cien personas». Al llegar, según Atalaya, encontraron «una gran muchedumbre de milicianos, en su mayoría del Puente de Vallecas, en estado de agitación y manifestando sus deseos de que llegara el tren esperado para asesinar a sus viajeros». Después llegaron «dos o tres camionetas de Asalto, mandadas por un Teniente alto, delgado, moreno, de unos treinta o treinta y cinco años», que no logró disolver los grupos de milicianos, «paisanos, mujeres y niños». Por último apareció «un coche de turismo, probablemente del Puente de Vallecas, cuyos componentes, en número de cuatro o cinco, se dirigieron a los concurrentes incitándoles en forma violenta a llevar a cabo los asesinatos. Del interior del coche sacaron tres fusiles ametralladores, uno de los cuales le fue entregado al declarante, otro al Barbas y otro a persona que no recuerda»:

Llegó el tren y el público, vociferando insultos, amenazas y blasfemias, se precipitó a él, rompiendo la débil resistencia de los de Asalto, consiguiendo que se parara. Entonces subió a él el Teniente, que conversó brevemente con el que mandaba la escolta del tren, mientras la chusma pedía a gritos que les entregaran los presos. Recuerda haber visto al mencionado oficial de Asalto bajar del tren y encaminarse a la Estación, donde estuvo telefoneando, y salir de ella, visiblemente contrariado, dando orden a los que con él venían de subir a las camionetas en unión de los que componían la escolta de los presos, marchándose todos y quedando las turbas dueñas de la situación. Entonces el «Barbas», en unión de otros sujetos, probablemente los que vinieron en el coche de turismo, distribuyeron el pelotón de ejecuciones de la siguiente forma: el declarante, el «Pelás» y Emilio Díaz Hernández (quien cree recordar era el tercer sujeto a quien se entregó un fusil ametrallador) se colocaron a una distancia de unos siete u ocho metros, armados con fusiles ametralladores, del terraplén que forma la vía; a derecha e izquierda se colocaron individuos armados de fusiles, y entonces «el Barbas» comenzó a sacar presos del tren, en grupos de unas diez personas, los cuales eran puestos contra el mencionado terraplén. Ayudaban al «Barbas» en su labor grupos de milicianos que conducían a las víctimas de manera violenta, y mientras éstas pedían misericordia, los milicianos contestaban con los insultos más soeces, que eran coreados por la multitud. Una vez que los detenidos eran puestos en lugar conveniente se hacía una descarga, y, cuando el grupo caía asesinado, era sustituido por otro que corría la misma suerte. Recuerda que los grupos asesinados en su presencia fueron unos veinte. En uno de estos grupos fue sacada una mujer, que al ser vista por la multitud hizo que se juntara a su alrededor un numeroso grupo, en el que iban algunas mujeres, que vociferaba pidiendo su muerte. Ignora quién la dio muerte, si bien oyó decir que lo había [hecho] la vecina de Vallecas Pepa Coso.

Entre los detalles que recuerda referentes a los asesinados está el de que los vio romper los billetes de banco que traían al ir a ser ejecutados. Declara que abandonó el lugar del suceso antes de que terminaran los hechos luctuosos, por lo cual no puede dar detalles respecto a la manera como acabaron.

Atalaya recuerda haber visto armados de pistolas a Agustín Rey Tejeira, Francisco Duran Tomé, alias el Estropeapozos, y Segundo de Castro, y con fusiles a Saturnino Santos, alias el Caracazo, y a Antonio Villaseca, alias el Satanás; así como a «Pepa Coso entre un grupo de muchachas». Añade que fue vocal del Comité de Vallecas hasta el 20 de diciembre de 1936, y a partir de entonces sólo «Secretario de la Agrupación Socialista de Vallecas, cargo que ostentaba desde días antes del Glorioso Alzamiento. El 14 de diciembre de 1937 fue nombrado Juez Municipal, en cuyo puesto permaneció hasta ser llamada su quinta, la de 1921, ingresando entonces en la milicia roja como soldado». Acabada la guerra, «permaneció escondido hasta el día 7 de septiembre del corriente año, fecha en la cual fue detenido por la policía».

Salvador Gallo, «Sub-jefe Provincial del Movimiento» en Jaén, cita en un relato fechado el 24 de agosto de 1939 (folios 119-124), la presencia entre los ejecutores de «Juan Mira Molina, natural de Baeza (Jaén), de cuarenta años de edad, casado y de oficio camarero, que pertenecía a la Sindical UGT prestaba servicios como Miliciano en el Batallón de Pablo Iglesias», y dijo haber llegado al lugar de los hechos «a ver a un primo suyo que venía en dicho tren. Llevaba un mosquetón con tres cargadores, a los presos los llevaban al borde de la vía de cinco en cinco donde los fusilaban, tomando parte entre ellos el declarante. El mosquetón dice que lo entregó a un individuo que conoce, ordenado, por un tal Orellana que vive en Madrid en la Calle Libertad (no sabe el número), el número de blancos que hizo no lo sabe pero gastó cinco tiros que tenía el cargador». El dato de que un miliciano jienense residente en Madrid conociera la llegada del tren y que uno de sus familiares iba en el convoy (probablemente como miliciano adscrito a la custodia) indica que se transmitió información sobre el tren a Vallecas; y de paso sirve de coartada al miliciano, que esgrime motivos familiares para explicar su presencia.

Aunque el relato de Atalaya sobre Manuel Hernández Sáez y su protagonismo en la matanza parece irrefutable, el Barbas que ordenó que los controles de Portazgo se cerraran a mediodía no puede ser el personaje de Vallecas-Pueblo que estaba con Atalaya a las 15.30. La clave está en la bandera roja que ondeaba en la casilla doble (imposible que la colocaran cenetistas como Hernández), perteneciente al batallón comunista Sargento Vázquez, unidad formada en el convento y colegio del Avemaria, en el Puente de Vallecas.

Este batallón se integrará el 5 de febrero de 1937 en la 37 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República. El jefe del batallón era Manuel Fernández Cortinas, que entonces tenía empleo de mayor y, lo que es más importante, era apodado el Barbas. Natural de Munseiro (Lugo), había sido condenado a muerte en 1934, por lo que huyó a la URSS, donde realizó «estudios en la escuela del Komintern». Fernández Cortina participó, con una compañía de su batallón, en el asedio del Alcázar de Toledo. En la 37 Brigada Mixta, fue responsable del fusilamiento de soldados cuyo comportamiento le parecía «tibio». Uno de estos casos, el de Ramón López Méndez, aparece relatado en el legajo 1506, expediente 3, folio 51, de la Causa General. También se le acusó del asesinato, en su cuartel de El Pardo y previo paso por la checa del Avemaria, del vecino de Vallecas Elíseo Cayón Rubiños, de sesenta y ocho años. Fernández Cortinas y otros tres individuos se lo encontraron en el Café Sevilla (Atocha 96), y además de asesinarle, le robaron 700 pesetas y un reloj de oro (legajo 1503, expediente 5, folio 230).

Antonio Ariño Ramis, el Catalán

La afirmación del Talaya acerca de que las ametralladoras las emplearan él mismo, el Pelas y Emilio Díaz Hernández, a las órdenes de Marcelo Hernández, la confirma Díaz, que era panadero, casado, y tenía treinta y tres años, en una declaración tomada el 25 de mayo de 1939 (Causa General, legajo 1530, expediente 7, folios 80-83), en la que dice que «a las 3 y media o 4» estaba sentado frente al ayuntamiento del pueblo cuando «llegaron los individuos apodados “el Catalán” y “el Barbas”, armados de pistolas ametralladoras y ordenaron que les siguiesen el declarante y el Comité revolucionario de Vallecas», en el que de la lista anterior solo recoge al Pelas y al Talaya, y en cambio introduce a Agustín Rey, Antonio Vijández, Francisco Durán, el Estropeapozos, y Julián García, el Gorgonio. Junto a ellos marcharon otros, como Antonio Martínez, el Chepa, Teodoro, el Fleta y Tomás Vijández, a Santa Catalina, donde ya estaría detenido el tren, compuesto «de 8 o 10 unidades» y cuya escolta también habría partido ya. Unos doscientos «milicianos armados, que eran del Puente de Vallecas, prestaban vigilancia alrededor del tren» y «a los pocos minutos llegó un automóvil cerrado» del que sacaron tres ametralladoras que emplazaron «a dos o tres metros una de otra, a unos cincuenta metros del tren y apuntando hacia éste». Los milicianos formaron «un gran círculo, dentro del cual quedaban el tren, las tres ametralladoras con un servidor cada una, y el Catalán y el Barbas que, armados de pistolas ametralladoras, dirigían la extracción y matanza de viajeros»:

El declarante manejaba una de las ametralladoras, otra la disparaba Mariano «el Pelas» y la tercera era servida por el Talaya. «El Catalán» y «el Barbas» fueron sacando de sus vagones a los presos, a los que ponían seguidamente contra el terraplén de la explanación de la vía, para ser en el acto matados por la descarga simultánea de las tres ametralladoras. El primer grupo que mataron era de 10 víctimas y contra ellas dispararon el declarante y los que manejaban las otras dos ametralladoras. Como tras hacer los primeros disparos se le encasquillase la máquina al que declara, le quitaron de aquel puesto y el mismo «Barbas» tomó el manejo de su ametralladora. Fue aumentando sucesivamente el número de detenidos que en cada grupo iba sacando «el Catalán» para su fusilamiento. Al final, los grupos eran de 35 a 40 personas. Calcula que en total matarían allí aquella tarde alrededor de 250 viajeros de aquel tren. Cuando sólo quedaban viajeros con vida en uno de los vagones, uno de sus ocupantes se dirigió a quienes realizaban la matanza, diciendo que él venía allí por equivocación y que todos los que ocupaban aquel vagón eran gente que había sido engañada y él respondía de los mismos. El Comité estuvo hablando con todos aquellos viajeros, que eran de 40 a 50, y acordó respetarles la vida. Fueron traídos presos a Madrid.

Todos los viajeros de aquel tren eran hombres, excepto una señora, hermana del Obispo de Jaén. Cuando llegó la hora de matarla, del grupo con que debía ser ametrallada, la extrajo la vecina de Vallecas Pepa Coso (hace días estaba presa en Alcalá) y diciendo: «A ésta la mato yo», se puso frente a ella, y a unos tres metros de distancia, le quitó la vida con dos o tres disparos de pistola. Vio cómo bajaban del vagón al Obispo de Jaén (vestía un abrigo negro, con alzacuellos morado, que le llegaba a los talones). Sin hablar una palabra, se puso de pie, con las manos cruzadas adelante, frente a quienes le mataban.

Sacaron juntos a un padre y su hijo, y mientras el primero rogaba le mataran a él y no a éste, el chico pedía lo contrario. Algunos viajeros se tiraron por las ventanillas del lado opuesto del tren, pero en seguida fueron cazados a tiros de fusil por los milicianos que rodeaban el tren por aquella parte.

Mientras esto sucedía, los altos de Santa Catalina, situados a unos 500 metros a su espalda, estaban llenos por una gran multitud (1.500 a 2.000 personas) que, procedentes de Vallecas, estaban presenciando el espectáculo con gran vocerío, semejante al que se oye en los Toros y en las Verbenas.

Acabó la matanza cuando anochecía. Vio entre dos luces, cómo todos los individuos del Comité de Vallecas, y con ellos «el Catalán», «el Barbas» y Esteban Cantarero, iban removiendo los cadáveres y quitándoles cuanto llevaban de valor y lo metían en un saco, el cual quedó lleno de objetos hasta una altura aproximadamente de 80 centímetros y se lo llevaron en un automóvil. Cuando esto sucedía era ya de noche.

Ha oído decir que los cadáveres de los aquel día asesinados, se enterraron en una gran zanja del Cementerio de Vallecas.

Díaz introduce a un nuevo personaje, el Catalán, apodo de Antonio Ariño Ramis, al que pone en plano de igualdad con Marcelo Hernández Sáez, el Barbas, en la dirección de la ejecución, o incluso lo hace parecer superior, habida cuenta de que Hernández toma una ametralladora y el Catalán continúa con la selección de presos.

Paul Preston menciona a Ariño en El holocausto español (pp. 375-376), al hacer referencia a la gestión del director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, quien tras ser nombrado por Sebastián Pozas, creó, el 4 de agosto de 1936, el «Comité Provincial de Investigación Pública», más conocido como Checa de Bellas Artes o de Fomento, por tener inicialmente su sede en el Círculo de Bellas Artes, desde donde sería trasladado a la calle de Fomento:

El comité designó seis tribunales, que funcionarían día y noche, de dos en dos, por turnos de ocho horas diarias. Bajo la supervisión general de Benigno Mancebo, esos tribunales estaban compuestos por hombres sin formación ni experiencia jurídica, incluso a veces criminales, que asumieron la tarea de arrestar, juzgar y sentenciar a los sospechosos. Los grupos responsables de los arrestos podían, con documentación de la Dirección General de Seguridad, entrar en cualquier local, requisar cualquier propiedad y arrestar a todo el que consideraran sospechoso. Mancebo solía tomar decisiones basándose en las declaraciones de empleados o sirvientes domésticos de los detenidos; si decían que recibían un buen trato, hallaban clemencia. Quienes eran declarados culpables por estos tribunales fueron encarcelados, o les decían que quedaban en libertad y podían marcharse. A veces, milicianos del comité o de alguna checa independiente iban a las cárceles con una orden de liberación que llevaba el membrete de la Dirección General de Seguridad. Cuando el detenido abandonaba la checa o la cárcel, por lo general de noche o antes del amanecer, los milicianos lo recogían en un coche y se lo llevaban para ejecutarlo. Entre quienes llevaban la insignia de la DGS y papeles de identificación había delincuentes comunes, como el notorio asesino Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo, un anarquista de cincuenta años al que apodaban «el Doctor Muñiz», y Antonio Ariño Ramis, «el Catalán».

Preston se basa en el testimonio de Manuel Rascón Martínez, un cenetista de Canena (Jaén), de quien el informe-resumen sobre la Checa de Bellas Artes en la Causa General (legajo 1530, expediente 4, folio 95) dice que «tal vez este individuo ha sido el personaje más siniestro de esta Cheka oficial» y «puede considerársele terminantemente como el más repulsivo y siniestro de los componentes del mismo [Comité] y tal vez de toda la zona roja» (folio 114).

La declaración de Rascón, realizada los días 24, 27 y 28 de agosto de 1941, cuando este pintor-decorador contaba treinta y nueve años, ocupa veinticinco folios (121-146). Rascón intenta hacer una semejanza entre los ideales de cenetistas y falangistas, que no habrían podido converger por conocerse poco antes de la guerra. Para validar esta teoría, cita la autoridad de Durruti, mientras que para explicar su fracaso se refiere a los dos personajes antes citados (folio 124):

En la dureza característica de la actuación de la CNT, intervino en gran parte como elemento determinante de la misma la presión de elementos indeseables y maleantes, como Felipe Sandoval, alias el Dr. Muñiz, que abundaban en la CNT más de lo que en un principio creía la misma organización, y que deseaban aprovechar la ocasión para cometer desmanes y delitos comunes. Otro de estos individuos indeseables era Antonio Ariño Ramis, alias el Catalán, que más tarde, y contra la voluntad del declarante, había de ser agente de uno de los grupos de investigación del Comité de Fomento.

Sin duda, una de las preguntas que quedan en el aire es cómo pudo tener tanto poder Ariño, si realmente tenía tan mala opinión de él un personaje al que los investigadores policiales de posguerra no dudan en calificar como «el más repulsivo y siniestro tal vez de toda la zona roja». Hasta cierto punto, el propio Ariño resuelve la incógnita al apuntar que el director general de Seguridad era quien respaldaba su autoridad. Este mecánico, casado y natural de Barcelona, afiliado al sindicato metalúrgico de la CNT desde noviembre de 1935, tenía treinta y ocho años el 6 de octubre de 1939, cuando declara (folio 28):

Que a primeros de agosto fue nombrado Responsable de Investigación de la Dirección de Seguridad para la provincia de Madrid, por credencial firmada por el entonces Director de Seguridad, Muñoz. Dicho cargo lo atendía recorriendo los pueblos en un automóvil «Packard» que le proporcionó la Regional de la CNT. Dice que su misión era evitar robos y detenciones que se efectuasen por gente incontrolada.

Muy poco habría durado ese nombramiento, si, como dice Ariño, cesó al constituirse la Checa de Bellas Artes el 4 de agosto:

Que cuando se formó en Madrid el Comité de Investigación Pública, al nombrarse una Brigada en cada pueblo, le retiraron la credencial por ser ya innecesarios sus servicios. Al cabo de un mes, que pasó en Murcia con su familia, ingresó, por orden de la Regional de la CNT, en el mencionado Comité de Investigación Pública (Fomento 9) como Responsable de un grupo. Que al mando de dicho grupo se dedicaba a hacer detenciones, si bien manifiesta que lo hacía por orden de los jefes del Comité.

Dejar la responsabilidad sobre los jefes de la checa y viajar a Murcia probablemente parecerían a Ariño suficiente coartada para afirmar (folio 29):

Niega haber estado presente en los asesinatos del tren de Jaén, si bien no recuerda dónde estuvo el día en que ocurrieron.

Volviendo a la documentación específica del tren de la muerte, el 15 de mayo de 1939 dos policías —los citados Ignacio Clemente y Alejandro Vera— presentaban una investigación promovida a raíz de unas declaraciones de Emilio Díaz Hernández, en las que éste nombraba a diez personas que intervinieron con certeza en la matanza, más ocho de cuya participación se sospechaba. Citan en primer lugar a el Catalán y el Barbas, si bien dan el calificativo —sin precisar con qué valor— de «organizador» de la matanza a Mariano González Ruiz, el Pelás. De uno de los implicados con certeza, Teodoro Giménez Fernández, estimaban que participó en setecientos asesinatos, y de uno de los sospechosos, Gerardo Díaz Montero, en seiscientos.

Los diez identificados con certeza —según el legajo 1530 de la Causa General, expediente 7, folios 77-79— son: Ariño, «apodado también el Trueno», considerado «organizador de cuantos asesinatos se cometieron en el pueblo de Vallecas, Presidente del Comité Revolucionario», chófer que antes de la guerra trabajaba en «el quinto depósito de aguas Alto del Arenal»; Hernández Sáez, como otro de los que «más se destacaron en dicho pueblo en la organización de asesinatos»;Agustín ReyTejeira, como miembro «del Comité Revolucionario de Vallecas suponiéndose que tomó parte en casi todos los asesinatos realizados en dicha demarcación»; Mariano González Ruiz, el Pelás, «miembro también del referido Comité de Vallecas y organizador de la matanza del tren»; Francisco DuránTomé, el Estropeapozos, «ferroviario de M. Z. A., individuo de pésimos antecedentes»; Manuel Atalaya Villegas, el Talaya, «juez municipal» y «el encargado de sentenciar a muerte a los que le presentaban»; Antonio Martínez Martínez, el Chepa, «jefe de las Milicias de las JSU de Vallecas», intervino en la matanza del tren y «sentenció a muerte al Teniente de la Guardia Civil D. Román de las Heras»; Teodoro Giménez Fernández, el Fleta, al que acusan de setecientos asesinatos; Tomás Vijández Mariscal, hijo de Antonio y considerado «copartícipe de muchos de los asesinatos cometidos en el pueblo»; y Pepa Coso Majano, «que acompañaba continuamente a los del Comité en la realización de los asesinatos».

Como probables participantes en la matanza se citaba entre otros a estos tres: Cipriano Salas, que «iba continuamente con fusil por el Puente de Vallecas»; Rafael San Narciso Sancho, el del Hachero, «que tomó parte en cuantos delitos de sangre se han cometido en aquella demarcación; además de lo referente al tren»; y Gerardo Díaz Montero, al que, además de en los del tren, suponen implicado «en unos seiscientos asesinatos».

Rafael San Narciso Sancho niega su participación en la matanza del tren, pero en cambio reconoce haber participado en cinco asesinatos; uno en compañía de el Pelás y el electricista, otro sólo con el Pelás, y otros tres con Julián García, el Gorgonio, y otros cuatro individuos. Según declaró el 21 de mayo de 1939, este chófer natural de Madrid, casado y de treinta y un años entonces (Causa General, legajo 1504, expediente 2, folio 292):

Estos cinco crímenes los cometió por habérselo ordenado, bajo amenaza, el entonces alcalde de Vallecas, Antonio Vijández, que pertenecía al Partido socialista. El declarante estaba afiliado a la U. G. T. A sus cinco víctimas les hizo disparos con un fusil. Los cadáveres los dejaron tendidos en la cuneta.

Por entonces el declarante prestaba servicio como miliciano del Frente Popular, voluntariamente, cobrando diez pesetas diarias. No presenció la matanza de presos que en un tren procedente de Jaén se cometió en las inmediaciones de Vallecas.

Un relato de posguerra escrito por cinco particulares del Puente de Vallecas menciona a unos cuantos participantes en la matanza. El informe lo firman el maestro municipal José Ripoll Camps, el comerciante Damián Perucha Martínez, el empleado Gaspar Lacasa de Val, el industrial Melitón Belinchón García y el empleado Eustasio Sánchez Cuadrado, y puede verse en el legajo 1530, expediente 7, folios 62-75 de la Causa General:

También hay que destacar el horroroso crimen cometido con ciento ochenta y nueve infelices que eran traídos a Madrid desde Jaén y parando el convoy en Vallecas fueron fusilados; entre ellos venía el Sr. Obispo de dicha Diócesis y su hermana, siendo escarnecidos y vejados por todo el pueblo y gran parte de los habitantes del Puente de Vallecas; entre los muchos que cometieron tan nefasto hecho, hay que señalar a Rosendo Hernández Tanda, quien se jactó de haber quitado la vida a dos pelotones, uno de 28 y otro de 30 víctimas, a los que dio muerte con una ametralladora.

También desde el Puente de Vallecas, pero en las filas de los milicianos socialistas, uno de ellos, Bernardo Salcedo Asenjo, identificará como cabecilla a un sargento llamado León Rojo. Este panadero de cincuenta años, natural de Loeches, asegura (folio 53) haber sido «obligado por el concejal del Ayuntamiento de la Barriada, Ayuso, y otros varios, a presentarse en el Ateneo que estaba instalado en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana» (Niño Jesús de Praga), donde por orden de Ayuso le entregaron «un fusil y un paquete de municiones y en unión de más de trescientos, armados todos de fusiles y pistolas, mandados por un sargento manco llamado León Rojo» marcharon al Pozo del Tío Raimundo, «haciendo un cordón en el lugar llamado Santa Catalina, para que el público no se aproximase al tren, donde se encontraban los detenidos; que una vez conseguido esto, el citado sargento formó un grupo de unos treinta individuos, entre los que figuraban el que declara, y mandados por dicha clase, dio principio los fusilamientos en grupos de seis a diez, ascendiendo a un total de ciento ochenta a ciento noventa, recordando entre las víctimas, al Obispo de Jaén, una hermana de éste y al General Saro» (Leopoldo Saro Marín fue en realidad asesinado el 19 de agosto). Termina Salcedo con una exhaustiva lista de participantes en la matanza: Jacinto Olivares, alias el Chinchón, Vicente de Pablo, el Goyo, el Morros, un panadero del Puente de Vallecas llamado Santiago, otro llamado Juan Carretero, panadero, que actuaba representando al «Comité Central de Artes Blancas de Madrid», un tal Nemesio «de los del Comité Central de la Casa del Pueblo», y Juan Madrid Martínez, «chófer del Comandante Mármol, que después de dejar a éste en su domicilio, en su mismo coche y a veces en otros, en unión del ya citado Goyo, el Morro, el Manteca y Juan, conocidos por los cinco diablos, daban paseos».

El citado, Juan Carretero Roldán, de cuarenta años y natural de Chinchón, menciona (folio 54) como Salcedo a «un sargento manco» que le entregó «un fusil y algunas municiones» en el «Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana», para «impedir se acercara el público, que había acudido en gran cantidad, en las proximidades de donde se llevaban a cabo los fusilamientos».

Del concejal Eusebio Ayuso García afirma el informe de los cinco particulares del Puente de Vallecas que «se dice fue el inductor y ejecutor» de uno de los primeros crímenes de la guerra, el del teniente de alcalde Eufronio Jiménez, «sacado de su casa enfermo y ejecutado el mismo día». Mario Nuño Sevilla en unos «Apuntes para una intrahistoria socialista del Puente de Vallecas»[2] asegura que Ayuso se aproximó al PCE y se enfrentó al alcalde, Amós Acero, cuyos «cada vez más notorios desencuentros con la línea política marcada desde el PCE, que a esas alturas de 1938 era tanto como decir la línea política de la República, dejaron a Amós Acero y a los suyos cada vez más solos con sus apoyos populares, que no eran pocos», aunque «alguno de los nuevos Concejales, como es el caso de Ayuso, se le volviera en contra». Este mismo autor menciona la presencia en Vallecas de Robert Capa, quien habría documentado alguno de los cinco bombardeos sufridos por la localidad entre noviembre de 1936 y julio de 1937, a los que se dedicó una exposición en 2010.[3]

Supervivientes

Entre las peculiaridades de esta matanza, seguramente no es la menor el hecho de que hubiera supervivientes, ya que, en un momento dado, la masacre se detuvo por completo. A la primera forma de salvarse, ser extranjero, se acogió sólo un rehén procedente de Villacarrillo, Ignacio Valenzuela, nacido en San Juan de Luz (Francia), quien el 13 de junio de 1939 relataba la peripecia vivida casi tres años antes. En su recuerdo (folios 98-99), vincula la suerte del tren en que viajó a lo sucedido con el que llegó un día antes.

Valenzuela contaba que en el primer tren, «el Ministerio de Justicia y Gobernación con oficio concedió la autorización para fusilar a diez», pero los inicialmente elegidos, «de aspecto muy humilde», fueron «rechazados» y sustituidos por «diez de más categoría, entre los que figuraban los Diputados del Partido Agrario José Cos y Alvarez Lara, siendo asesinados allí mismo por gente del Ateneo Libertario de Vallecas. Tres milicianos que venían en el tren desde Jaén anunciaron en la Estación que al día siguiente llegaría un tren lleno de fascistas y hasta Obispos». La noticia se habría confirmado «por teléfono», según Valenzuela, antes de la partida del segundo tren:

El Diputado Peris, socialista, elegido en Jaén, habló desde la radio local en los siguientes términos: «Atención, atención, va a salir de Jaén un tren abarrotado de fascistas peligrosos, tened cuidado, haced con ellos lo que debáis», y con estas frases perversas lanzaba al crimen a las masas rojas. En todas las estaciones del trayecto que recorría el tren, estaba en su espera numeroso gentío que los recibía cerrando el puño en un gesto de odio, observando que en la estación de La Mancha este saludo era cambiado por otro en el que la gente roja se llevaba la mano al cuello indicando el corte del mismo. Y en Manzanares les decían a los presos: «Buena os espera en cuanto lleguéis a Madrid». Al llegar a Aranjuez el tren tuvo que dar un rodeo por Algodor, pues en aquel pueblo la chusma ya quería matarlos al enterarse de su viaje por la radio. Llegaron a la estación de Villaverde a las cuatro de la tarde del día doce y allí les esperaban unos quinientos milicianos armados con máuser, floretes, hachas, sierras, puñales, etc. y apuntaban por las ventanillas de ambos lados. El pueblo entero de Vallecas, esparcido por los alrededores, producía un griterío espantoso y se oía claramente exclamar: «Matarlos», «matarlos». Apareció a la media hora bajando por el alto de la cuesta que dominaba la estación un teniente de Asalto, que llevaba un rollo de papel en la mano dirigiéndose al centro de la estación y al poco rato el Sargento jefe de la expedición ordenó que se fuesen los guardias civiles encargados de la custodia del tren. Los presos, que se daban perfecta cuenta de la trama criminal comenzada en su salida de la Catedral de Jaén y que estaba a punto de consumarse, se abrazaban a los guardias civiles pidiéndoles que no les dejaran abandonados, pero aquellos marcharon con el teniente de Asalto.

Entonces aumentó el griterío y la chusma y milicianos, dueños absolutos de la situación, amenazaban de muerte a los detenidos oyéndoseles decir: «A éste le mato yo», «Mira qué cara de fascistas», etc. Aterrorizados cinco de los presos se refugiaron debajo de un vagón pidiendo clemencia.Y fue en ese instante cuando el declarante vio su salvación, al acercarse al tren un ruso de unos veinte años que debía ser uno de los directores de la matanza organizada, el cual preguntó si había algún extranjero, contestando el declarante: «Je suis française» [sic], y entonces ordenó a dos milicianos que lo acompañasen advirtiéndole que respondían con su cabeza porque se trataba de un súbdito de una nación a la que tanto debíamos. Lo llevaron a la caseta del cambio de vías. Vio volver el tren a las cinco menos cuarto de la tarde con unas cincuenta personas, únicos restos de la expedición, fusilando a todos los demás en una hondonada a kilómetro y medio. Cuando llegó el tren, un hombre con raya negra en la nariz, muy alto, delgado, se encargó de la dirección del robo de lo que llevaban los fusilados. Los supervivientes contaban que los presos fueron asesinados en grupos de a diez, tomando parte en la matanza el pueblo entero de Vallecas, constándole al declarante que en éste se efectuó una gran labor de agitación anunciando la llegada del tren y excitándoles a matar a los fascistas que conducía.

Este superviviente asegura que «la mayoría de los inductores están en sus establecimientos y lugares de trabajo, hasta protegidos por personas de orden, a quienes ellos después dieron protección». Si por estación de La Mancha entiende Alcázar de San Juan, no puede estar antes que Manzanares.

El único superviviente del grupo de presos de la localidad de Vilches, Antonio Trapero Hervás, decía en una declaración tomada el 15 de mayo de 1942 —cuando este industrial tenía treinta y ocho años— que salvó la vida porque se detuvieron los asesinatos después de que mataran al obispo y a su hermana, justo cuando le tocaba a él el turno de morir (legajo 1009, expediente 6, folio 26):

Se enteraron de que estaba interceptada la vía con sacos terreros y grupos de Guardias de Asalto que pidió la entrega de los presos para hacérselo a su vez por parte de los Guardias de Asalto a los milicianos; que los milicianos empezando por los coches de cola sacaron detenidos a los que en ellos venían asesinándolos en las proximidades, oyendo el compareciente que ocupaba un coche de cabeza exclamaciones de dolor de los heridos y las descargas de los milicianos; que en el coche que ocupaba el declarante iba también detenido el Sr. Obispo quien por ocupar uno de los asientos posteriores lo sacaron antes en unión de su hermana, oyendo igualmente las descargas del asesinato y de algunos de los que había en los alrededores que la hermana del Sr. Obispo había sido asesinada por una mujer; que cuando el dicente se hallaba en el marchapié del coche dispuesto a ser conducido al pelotón de ejecución llegó un miliciano, digo, unos milicianos diciendo que no bajaran ya más. Que el compareciente pudo conocer a uno de los milicianos que cree recordar se llama Mira Molina y al que denunció después de la liberación en el Puesto Militar de Vilches y que según noticias está detenido.

Este superviviente confirma la presencia del miliciano jienense al que vimos afirmar que fue al lugar donde detuvieron el tren para ver a un familiar suyo. Algo semejante a lo dicho por Trapero, lo asegura un superviviente de Cazorla, Felipe Galdón Sánchez, añadiendo que había intención de proseguir la matanza al día siguiente:

En cuanto a la forma de verificar los asesinatos, eran por la cola y bajándoles de diez en diez del tren y les fusilaban a mansalva teniendo todos los criminales fusiles, revólveres o pistolas, mas casi anochecido, y hartos de tanta sangre, decidieron acabar con todos al día siguiente teniendo en cuenta que solamente quedaban con vida unos treinta y cinco, según calcula, conduciéndoles los mismos milicianos al Ateneo Libertario de Vallecas donde permanecieron hasta el día 13 por la tarde, que fueron conducidos nuevamente a la Dirección General de Seguridad y a su vez fueron trasladados a la Cárcel Modelo en la madrugada del día 14 donde permanecieron hasta el día 22 del mismo mes, en que le prendieron fuego a dicha Prisión, por cuyo motivo dio lugar a que fusilaran en el recinto de la Cárcel a muchos de los detenidos, metiéndose el declarante entre los detenidos por delito común y aprovechándose del tumulto logró escapar. Interrogado sobre quiénes fueron los autores materiales de estos asesinatos manifiesta que iban diez u once milicianos de Jaén y unos doscientos de Vallecas.

Esta declaración de Galdón se encuentra en un documento (legajo 1530, expediente 7, folio 123-124) redactado el 24 de agosto de 1939 por el «Sub-jefe Provincial del Movimiento» en Jaén, Salvador Gallo, que incluye comentarios de otros cinco supervivientes, entre ellos Antonio Trapero, que se limita a confirmar que «en el momento que le tocaba a él bajar del coche sintió una voz que dijo No se matan más y ésta fue su salvación» y repite que «en aquellos momentos conoció» al miliciano Juan Mira Molina. Otro superviviente, Emilio Molina Martínez, menciona al miliciano jienense entre los responsables de la matanza:

En Getafe cuando llegaron, había gran número de milicianos para que se los entregaran, que a pesar de la resistencia de la Guardia Civil y de Asalto no tuvieron más remedio que entregarlos, siguieron su ruta hasta llegar a Villaverde donde pararon el tren, e iban bajando a grupos de veinticinco a los que ponían enfilados y uno de los milicianos que parecía ser el jefe mandaba fuego hasta matarlos, que de esta forma continuaban hasta que ya solo quedaban sobre unos treinta entre ellos el declarante y Ángel Alcalá Fernández, un tal Portillo viajante de Cazorla y otro muchacho joven de los Ortegas, estos que quedaron los volvieron hasta Getafe, conduciéndolos hasta la Cárcel Modelo donde les tomaron declaración y los pusieron en libertad, al día siguiente en unión de Ángel Alcalá iban por Madrid a los que les pidieron la documentación y, como no llevaban, los volvieron a detener llevándose a Ángel Alcalá a la Cárcel Modelo y a él, a la Ronda de Atocha, donde les dijeron que si le ponían personas conocidas que respondieran por él lo pondrían en libertad, entonces recurrió a un tal Manuel Trillo Mendieta, zapatero que era de este pueblo y Antonio Ruiz, sastre, y fue puesto en libertad, que se estuvo en Madrid hasta el 22 de agosto, que regresó a ésta.

Se cree como participante en estos asesinatos a Amós Salvador, arquitecto y alcalde de Vallecas y a un grupo de milicianos entre los que se encontraba tomando parte en asalto al Tren, el detenido en la Cárcel de Vilches (Jaén), Juan Mira Molina, natural de Baeza (Jaén), de 40 años de edad, casado y de oficio camarero.

Andrés Portillo Ruiz, el cazorlense recién citado por Emilio Molina (quien entre otras confusiones pone al alcalde socialista de Vallecas el apellido de un político liberal), aporta en este relato una opinión distinta sobre el motivo por el que salvaron sus vidas, al asegurar:

Que los supervivientes de dicha expedición salvaron su vida mintiendo a los milicianos al manifestar ser de ideas izquierdistas. También que después de ser llevados al Ateneo Libertario les trasladaron al Círculo Socialista de Vallecas y los que les condujeron a la Dirección General de Seguridad, fueron agentes de dicho Cuerpo.

La declaración de supervivientes más antigua (folio 89) es la que firman en Cazorla el 4 de junio de 1939 Leocadio Moreno Páez y Felipe Galdón Sánchez, ya citado por su declaración de 1942. Aporta pocos datos y supone que los asesinatos terminaron «gracias a que ya aquellas fieras se cansaron de sangre», añadiendo además un claro error: el de suponer que fueron «los primeros en caer el Sr. Obispo, el Deán, así como su hermana y el cuñado de éste».

En la entrevista que mantuvimos, el 8 de septiembre de 2010, Moreno aportará otros detalles, por ejemplo referidos a los guardias civiles de la escolta, entre los cuales «hubo algunos que con una caridad verdaderamente cristiana iban diciendo: tengan calma, verán, esto se arreglará». O el de haber visto «matar a un hermano de mi padre, que murió abrazado al marido de su hija la mayor. Se llamaba Juan Manuel Moreno Martínez y el yerno Fernando Gómez de Uríbarri, cuñado del marqués y de la marquesa de Foronda».

Portillo Ruiz —de treinta y ocho años— firma también en Cazorla el 16 de julio una primera relación (folio 104) donde dice que el obispo fue de los últimos en morir, suponiendo que iba en el penúltimo vagón, en un recuerdo que hace avanzar al tren con la locomotora por delante:

Entonces como ya estábamos en poder de los rojos, éstos pusieron el tren en marcha con dirección a Alcalá de Henares, pasado en esta línea el apeadero de Santa Catalina, hay un sitio que se llama «Pozo del Tío Raimundo» donde paró el tren y bajando a los detenidos por la cabeza del tren de 10 en 10 no sin antes quitarles todo cuanto a ellos se les figuraba de valor, y documentos, después la descarga y al que con vida quedaba, le hacían otra nueva descarga; de esta forma hicieron los rojos estos crímenes hasta que llegó el momento que yo lo mismo me tocó salir del vagón para ser fusilado y, cuando me encontraba de pie en la puerta del vagón, me dijeron que esperáramos a los que como yo estábamos esperando el ser fusilados, entonces vimos que sacaron del vagón junto al nuestro, al Sr. Obispo y a su Sra. Hermana, al Deán de la Catedral de Jaén y al cuñado del Sr. Obispo, cuyo fusilamiento presenciamos lo mismo que todos los demás por ser muy cerca del tren. Los asesinos al parecer todos eran del Puente de Vallecas y de Villaverde, muchos entre ellos ferroviarios, al terminarse la matanza unos se fueron por un lado y otros por otro, otros muchos (bastantes) se montaron de nuevo en el mismo tren con nosotros y nos condujeron hasta un punto que se llama «Entre-Vías», y ya a pie nos llevaron al Ateneo Libertario del Puente de Vallecas a todos los supervivientes pasando esa misma noche a otra dependencia adonde decían que seríamos fusilados para no comentar con nadie lo que en nuestra presencia se había hecho, pasando más tarde a la Dirección Gral. de Seguridad y después a la Cárcel Modelo de Madrid.

Extensa y emotiva es la declaración que Portillo firma en Madrid el 14 de octubre (folios 142-144 del mismo expediente), ya cumplidos los treinta y nueve años, aportando incluso apodos de algunos milicianos. La tensión subió en el trayecto a partir de Alcázar de San Juan, donde «encontraron en el andén de la estación grandes grupos de milicianos y milicianas que les insultaron y amenazaron. Desde allí, las muestras de hostilidad de que eran objeto al pasar por las estaciones eran más frecuentes». Señala que «el tren abandonó la línea general» en Castillejos para dirigirse, en sentido contrario al que le llevaba a Aranjuez, hacia Algodor, desde donde entró en la provincia de Madrid:

En Villaverde Bajo se encontraron con la turba armada, en número crecido, que detuvo el tren violentamente, gritando amenazas, insultos y blasfemias. Al lado de una caseta próxima a la estación había una camioneta con un grupo de Guardias de Asalto, que permanecieron impasibles ante la conducta de los milicianos. Las turbas intentaban penetrar y hacerse cargo del ferrocarril, y el declarante recuerda haber oído a uno de los guardias de la escolta estas o parecidas palabras: «Ya sabemos que queréis hacer una descarga, pero tened cuidado, que nosotros también llevamos armas». Por fin, el Teniente que mandaba la escolta bajó del tren y fue a la estación a telefonear, según se dijo allí, al Ministro de la Gobernación. Cuando salió, hizo un gesto con la mano a sus guardias, los cuales abandonaron el tren, no obstante los ruegos de los viajeros que, con lágrimas en los ojos, les pedían que no les abandonaran, y montaron con los de Asalto en la camioneta, dejando a los presos absolutamente desamparados y a merced del populacho. Dueños los milicianos de la situación se subieron al tren en número crecidísimo, y lo pusieron nuevamente en marcha.

Cuando llegaron al lugar conocido por «El pozo del Tío Raimundo», que es una hondonada que se forma al lado de la vía del ferrocarril, cerca de Vallecas, el tren se detuvo. Entonces comenzaron los milicianos a sacar presos, empezando por los vagones de cabeza, en grupos de diez o doce personas, siendo los primeros unos labriegos de Villacarrillo, que iban en traje de campo. Se formaron pelotones de milicianos, cada uno de los cuales atendía a un grupo y, dentro de cada pelotón, cada miliciano tiraba sobre un sujeto determinado. La saca de presos y su ejecución se hacía con bastante rapidez. Dirigía las operaciones un sujeto a quien todos llamaban «el Barbas», así como otro a quien llamaban «Talaya». Tomaban también parte muy activa un sujeto que era montador de excavadoras y grúas, moreno, delgado, más bien alto, de unos cincuenta años, que había trabajado en el ferrocarril Baeza Utiel y había vivido en Ubeda en casa de un tal Blas durante ese tiempo; otro moreno, bajo, vestido con mono, de veinticinco o veintiséis años, mecánico.

Recuerda haber visto al detenido Don Miguel Polaino que, al ver a su hermano conducido al martirio, se arrojó por la ventanilla del tren diciendo: «Lo que sea de mi hermano será de mí», y llamando «canallas» y «asesinos» a los milicianos con gran valor y energía. Fue materialmente cazado a tiros. Un vecino de Adamuz pedía a gritos que le asesinaran a él y dejaran salvo a su hijo, que a su vez pedía lo mismo para su padre. Igual hicieron Don José Manrique, de Cazorla, y su hijo. Todos estos rasgos eran acogidos con las burlas e insultos más soeces, siendo asesinados todos. Al propio declarante que, horrorizado, trataba de apartar la vista de aquellas escenas, le dieron un fuerte golpe con el fusil para que mirara lo que ocurría.

Cuando ya iban asesinados casi todos los viajeros, sacaron del tren a una señora. A ella se fueron, entre un grupo, dos milicianas, una de ellas bajita, morena, con mono, de 18 a 20 años, y otra alta gruesa, rubia, que aparentaba más edad, también con mono. Las dos agarraron por el cabello a su víctima y las dos dispararon sobre ella dándole muerte.

Mientras ocurría todo esto, se había ido congregando por los alrededores una heterogénea multitud, que alentaba a los asesinos.

Con la muerte de la señora mencionada terminaron los asesinatos. Entonces los espectadores se lanzaron sobre los muertos, unos por curiosidad y otros para robarles lo que llevaban encima, si bien los que se distinguieron en esto último fueron los mismos milicianos que hicieron las descargas.

Quedaron con vida unos veinticinco presos, a quienes los milicianos, sin duda cansados de matar, perdonaron la vida. Entonces se puso el tren nuevamente en marcha hasta llegar al lugar denominado «Entrevias», donde los apearon, siendo conducidos al Ateneo Libertario del Puente de Vallecas. Allí se les estuvo amenazando con el fusilamiento hasta las doce de la noche, que los trasladaron al Círculo Socialista del Puente de Vallecas y de allí a la Dirección de Seguridad.

Considera responsables de este crimen a los componentes del Frente Popular de Cazorla.

Agitadores y salvadores

Alejandro Peris nació en Sagunto en 1902, estudió Derecho en Madrid y se estableció en Jaén hacia 1924 como funcionario de Telégrafos. Afiliado al PSOE desde 1930 y diputado a Cortes en 1931 y 1936, fue, según Luis Miguel Sánchez Tostado, «uno de los políticos con mayor peso político en la provincia. Al inicio de la guerra comandó una columna de voluntarios conocida como la Columna de Peris, para reforzar el sector de Córdoba que había sido tomado por los sublevados, siendo nombrado Comisario Político de la 20 División hasta diciembre de 1937, en que se trasladó a Jaén enviado por la Federación Socialista. A finales de 1937 fue nombrado decano del Colegio de Abogados de Jaén, y se convirtió en figura clave en los procesos que se llevaron a cabo en el Tribunal Popular. A mediados de 1938 fue nombrado director del diario Democracia (órgano del PSOE en la provincia). El último día de guerra pactó con las tropas franquistas la entrega de la ciudad y la organización de una expedición de exiliados», pero fue detenido en Mancha Real el 11 de abril de 1939, conducido a Jaén y condenado a muerte en proceso sumarísimo de urgencia.[4]

La policía jienense, al menos según lo expone el 12 de julio de 1939 su inspector jefe Miguel Osuna, concluirá que otro diputado socialista comunicó telefónicamente a una emisora de radio la salida del tren, para que se difundiera la noticia (folios 102-103):

En la primera quincena del mes de agosto de 1936, la emisora de esta Ciudad anunció el traslado de prisioneros, hacia Madrid, comunicando desde el Gobierno Civil, el Diputado socialista José López Quero, por teléfono, que, en tren especial, salía una expedición de presos.

En los trenes especiales que los conducían pusieron carteles que decían: «Prisioneros de Guerra del Frente de Córdoba».

López Quero nació en 1910 en Lopera y ocupó varios cargos en el sindicato de oficinas y banca de UGT. En mayo de 1934 fue vocal obrero en la Comisión Asesora del Instituto Nacional de Previsión, participó en la huelga general de octubre, por lo que fue confinado en Paterna del Madero (Albacete) y, al persistir en su actividad conspiratoria, finalmente encarcelado en Jaén. Precedió a Peris en la dirección de Democracia, fue secretario de la Federación Jienense de Trabajadores de la Tierra de UGT, pertenecía a la ejecutiva provincial del PSOE, y fue diputado en 1936. Siempre según Sánchez Tostado, formó parte del comité de enlace entre el PCE y el PSOE para intentar fusionar ambos partidos (es de suponer que en el nivel provincial), y organizó en Jaén, «junto a Alejandro Peris, el reparto de las armas en la Casa del Pueblo y tomó parte en la recluta de voluntarios marchando al frente de Córdoba, siendo nombrado Comisario Político. A finales de agosto de 1936 el General Martínez Cabrera lo destinó a Alcalá la Real con la misión de servir de enlace entre el ejército regular y las milicias».[5]

Manuel Gómez de Uríbarri —de cincuenta y cuatro años, soltero y hermano de una de las víctimas mortales de Cazorla, el capitán de Artillería retirado Fernando Gómez de Uríbarri— insistirá en la declaración que prestó en Madrid el 17 de junio de 1939 (folio 101) en que fue Peris quien incitó desde la radio al asesinato colectivo, y habla de un tercer personaje:

La noche del 10 de agosto y al día siguiente, la emisora de Radio Jaén anunció la salida de un tren hacia Madrid lleno de presos políticos y excitaba a los radioyentes del trayecto a que se portaran como hombres y a ver que hacían con los presos, todo ello en tono de provocación, para que los asesinaran. Estas excitaciones por la radio se atribuyen al Frente Popular de Jaén y, en especial, al Diputado a Cortes socialista Peris y al Abogado Castillo.

El líder de Izquierda Republicana en Jaén, Federico Castillo Extre-mera, era diputado, pero no abogado, sino médico (falleció el 13 de septiembre de 1936, por un cáncer de garganta). Lo más probable es que la persona mencionada por Uríbarri sea uno de sus hijos, el abogado Carlos Castillo García-Negrete, a quien ya desde antes de la llegada de la República se le atribuía la ideología comunista, y que se exilió a México después de la guerra.

Castillo Extremera había nacido el 11 de abril de 1875 en Castillo de Locubín, localidad del suroeste de Jaén. Se licenció en Medicina en 1900 y trabajó en el Hospital General San Juan de Dios de Madrid, más tarde en Fuerte del Rey (apenas 15 kilómetros al norte de Jaén) y finalmente en la capital provincial, obteniendo en 1910 el doctorado en Medicina. Desde 1904 era miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País jienense, en 1905 dirigió la Revista Sanitaria de Jaén, en 1915 la Asociación de la Prensa, en 1918 construyó el Teatro Norte y en 1929 presidía el Círculo Mercantil.

El 2 de abril de 1905 Federico Castillo se había casado en Alcalá la Real —localidad vecina, al sur, de Castillo de Locubín— con su pariente Dolores García-Negrete Ruíz-Zarco, hija del alcalde de Castillo de Locubín durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), Carlos García-Negrete Parera. El matrimonio tuvo veintitrés hijos, de los que catorce llegaron a convivir. Meses antes del advenimiento de la República, en 1930, Castillo Extremera participó en un mitin organizado por el PSOE en el teatro Carlos III de La Carolina, y presidido por José Piqueras Muñoz, a quien el gobierno Berenguer había repuesto en la alcaldía. Asistieron los principales políticos de izquierda jienenses: Antonio Pasagali Lobo (del Partido Republicano Radical Socialista), Alejandro Peris Caruana y Pablo Flores Urdapilleta (ambos del PSOE). El resultado de las críticas a la monarquía fue la detención de los inter-vinientes por la Guardia Civil y la acusación de «calumniar e injuriar a Su Majestad».

La llegada de la República dejó sobreseídos estos procesos, y de nuevo el médico y su familia aparecen en mítines, por ejemplo el que se celebra en su localidad natal el 18 de abril de 1931, a los cuatro días de proclamarse el nuevo régimen. El médico, recién nombrado «Jefe Provincial Republicano», actuó con su hijo Carlos en lo que Federico Parera Castillo (sobrino y ahijado de Castillo Extremera) llamó «manifestación monstruo»:

El padrino habló poco. Lo hizo bien. Dijo que traía para el pueblo un abrazo de Alcalá-Zamora, que no ha olvidado al Castillo, y otro de Largo Caballero. Entre otras cosas dijo: «Y mientras muchos obreros pedían limosna para comer porque no tenían trabajo, las joyas de la exreina se valoraban en trescientos millones de pesetas». Carlitos estuvo colosal. En su discurso no hay nada despreciable. Ataca duramente al fallecido régimen, y, entre otras cosas, le dijo a Miguel Primo de Rivera jefe de ladrones. El pueblo, una muchedumbre inmensa, le aplaudía incesantemente y le ovacionaba, y los vivas a Carlitos Castillo salían del fondo de los corazones. Carlitos llegará a la cumbre. Tiene dotes de gran orador. La palabra cálida. El ademán elegante, tribunicio. La construcción elegante, irreprochable. La improvisación inmejorable.

La opinión de su primo de que «en aquellos momentos de efervescencia republicana Carlos ya simpatizaba con las ideas comunistas», explica que no se le tuviera en cuenta a la hora de hacer las listas electorales, en el partido por el que iba a presentarse su padre. Parera Castillo asegura un mes después: «Carlitos sigue de comunista declarado y por eso no le han dado ningún cargo en este Gobierno. No se presenta a Diputado pues Alcalá-Zamora colocado en este aspecto no le protege. Y Carlitos piensa luchar por la implantación del comunismo».

Mientras llegaba esa hora, su padre fue diputado a Cortes en la legislatura de 1931-33 por Derecha Liberal Republicana (el partido de Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, que tras las elecciones pasó a llamarse Partido Republicano Progresista). Castillo Extremera salió de ese partido para ingresar en el Partido Republicano Conservador (creado en enero de 1932 por Maura) y, en enero de 1933, da el salto al partido de Manuel Azaña, Acción Republicana, el cuarto con más diputados (obtuvo 26 en 1931, pero, gracias a trasvases como el de Castillo Extremera, terminó la legislatura con 33). A pesar del batacazo electoral de noviembre de 1933, en el que Acción Republicana no llegó a los diez diputados, Federico Castillo acompaña a Azaña en la creación de Izquierda Republicana, de la que es primer presidente provincial en Jaén. En 1936, es elegido concejal de Jaén, diputado y presidente de la Diputación Provincial.

Ninguno de los supervivientes declara ser el joven que supuestamente salvó a otros, y que aparece por primera vez en la declaración del carpintero Manuel Bartolomé Mambrilla —de treinta y siete años de edad, casado, natural de Moradillo de Roa (Burgos)—, tomada en Madrid el 26 de octubre de 1939 (folio 154). Este afiliado «a la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (CNT)» asegura que el 12 de agosto «después de comer, vio una multitud que, procedente de Entrevias, se dirigía al Apeadero de Santa Catalina. Dice que sospechó un asalto a los talleres y entonces, en unión de otros ocho o diez, cogió un fusil y se lanzó en la misma dirección que los que venían. Cuando se puso en contacto con ellos se enteró de que lo que en realidad iba a ocurrir era que iba a llegar al Apeadero un tren con presos». De esta aparentemente aséptica forma se encontró Mambrilla a bordo del tren, camino de los fusilamientos:

Cuando la fuerza se marchó los milicianos, el declarante entre ellos, se subieron al tren, que se puso en marcha, parando nuevamente en el Pozo del Tío Raimundo. Entonces los milicianos empezaron a sacar gente del tren, que fusilaban contra el terraplén. Cuando hubieron fusilado unos cincuenta o sesenta el declarante se pasó al lado izquierdo del tren, y entonces vio que dos milicianos venían del Apeadero conduciendo a un muchacho, que formaba parte de la expedición de presos, de unos quince años. Por las palabras que el declarante oyó cruzarse entre los tres dedujo que el muchacho decía a sus conductores que entre los presos venían gentes que, por sus ideas republicanas, no merecían la muerte. Excitado por la curiosidad, el declarante subió al tren con el grupo y vio que el muchacho señalaba a los detenidos que ocupaban dos compartimentos contiguos, diciendo los milicianos: «Bueno, estos que se queden». En vista de ello, el declarante se dirigió a ellos, diciéndoles que no se preocuparan.

Este ferroviario burgalés, de tardía afiliación a la CNT, da a entender que no participó en los fusilamientos, aunque sin atreverse a negarlo: Mambrilla dice haber temido un asalto a los talleres, aunque hacía horas que la gente se congregaba en Santa Catalina para participar en una matanza o al menos presenciarla. Quienes tomaban declaración a estos testigos, aparentemente, no les sometían a presión alguna, ni siquiera la de preguntarles si habían apretado el gatillo. De esta forma, el declarante se atreve a añadir detalles de difícil verosimilitud, como el de haber congeniado con los supervivientes aportando por último lo único que parece interesar a los investigadores: nombres de presuntos implicados.

Mambrilla termina diciendo que vio «en el lugar del suceso a Vicente Hernández e Ildefonso Giménez, obreros de Cerro Negro» y que «abandonó el lugar antes de acabar los fusilamientos». Su declaración contiene tantos elementos sospechosos que, cuando menos, la presunta aparición del muchacho salvador debería ser confirmada por otros testigos. Como de pasada, Mambrilla confirma que la matanza se produjo en el lado oriental de la vía, es decir, hacia Vallecas, ya que al pasar al otro lado del tren podría ver a quienes llegaban desde occidente por la carretera.

Lo más parecido a la versión de este ferroviario es una declaración de Leocadio Moreno Páez, prestada en Madrid el 16 de mayo de 1940. Este abogado de Baeza, casado y con veintitrés años, declaraba que su salvador fue el falangista Antonio Trapero Hervás, quien a su vez se salvó por tener un carné de la CNT, y que otro rehén evitó el fusilamiento porque llevaba un recibo de haber dado diez mil pesetas al Socorro Rojo. Moreno declaraba (folios 179-182) que le detuvieron en Cazorla el 19 de julio «entre otros motivos por ser uno de los jefes del SEU en la Universidad de Murcia» y que el 1 de agosto lo trasladaron a Jaén, «primero a la Cárcel y luego a la Catedral», donde el 10 de agosto «se enteró» de la salida del primer tren. Los del segundo habrían sido «seleccionados según las listas que habían sido facilitadas por los Comités de los pueblos, distinguiéndose en la organización de esta expedición el diputado Peris, del Partido Socialista, y un diputado cojo, perteneciente al Partido Comunista» (posiblemente Nemesio Pozuelo Expósito), «secundados por Juan Molina, oficial de Prisiones».

Según este superviviente, ya al salir el tren «les hicieron objeto de toda clase de vejaciones, insultándoles, escupiéndoles y dándoles golpes con las armas que llevaban las milicias» y en Alcázar «subieron las turbas al tren, especialmente mujeres, pidiendo la cabeza del Obispo y maltratando a los detenidos, a pesar de la escolta de unos treinta Guardias Civiles, al mando de un alférez, que observaron en actitud pasiva. Indudablemente, por avisarse de una a otra estación, en todo el resto del camino hasta llegar al Apeadero de Santa Catalina, en las proximidades de esta capital salía mucha gente a las estaciones, insultándoles y amenazándoles y preguntando insistentemente por el Sr. Obispo de Jaén»:

En el apeadero de Santa Catalina les esperaba una enorme multitud, en la que había hasta niños, muy excitados y pidiendo la muerte, en especial las mujeres, de todos los presos del tren. En aquel momento llegó un camión de Guardias de Asalto, acompañado de un coche de turismo, manteniendo una entrevista con las fuerzas de escolta de la Guardia Civil, viendo que éstas se retiraban; aprovechando la confusión, un guardia civil, al parecer, mejor persona que los otros y con el que había intentado, estando preso en la Catedral de Jaén, el declarante organizar una fuga que fracasó por la falta de apoyo de la Guardia Civil, les manifestó que había orden del Ministro Casares Quiroga, de entregarlos a las turbas y que creía no les quedaba más que prepararse a morir. Se discutía a grandes voces si debía de prenderse fuego al tren y darle marcha para que se despeñase por alguna curva o cuesta que había por allí, acordándose por fin trasladarles frente a una explanada, próxima al Apeadero donde ordenaron que fuesen bajando del tren en grupos de diez, todos los que no tuvieran un carné sindical. Salió primero el Obispo, su hermana con su marido y el Deán de la Catedral, formando también parte de este grupo Antonio Trapero Hervás, activo militante de las JONS del pueblo de Vilches (Jaén), que antes había pertenecido a la CNT, consiguiendo al presentar el carné que fuera excluido, recluyéndole en el W. C. del vagón. El declarante intentó, a pesar de no tener ningún carné sindical, al salir del vagón decir que era de la CNT consiguiendo que tres o cuatro milicianos de la CNT y una mujer, de aspecto innoble, a la que luego vio en la Checa de Bellas Artes, le pusieran en presencia del citado Trapero que manifestó era en efecto muy buena persona y buen compañero, por lo que quedó con él recluido en el antes citado lugar. Desde allí, por la ventanilla, presenciaron gran parte de los fusilamientos y entre otros detalles recuerda que la antes citada miliciana descargó la pistola que llevaba contra la hermana del Obispo de Jaén. También metieron allí a otro cuyo nombre no recuerda y que se salvó al presentar un recibo de haber contribuido con diez mil pesetas al SRI, alegando que lo había hecho voluntariamente, si bien la verdad era todo lo contrario. Después de la matanza, mujeres y chicos profanaron y robaron los cadáveres, apoderándose también de los efectos que traían los presos en el tren. Finalmente dieron marcha atrás al tren hasta la estación de Vallecas haciendo bajar allí a los supervivientes, poco más de treinta, encuadrándolos entre milicianos les llevaron a una checa de la CNT instalada en el Puente de Vallecas, reconociéndole en el camino un motorista vigilante de carretera, que había prestado servicio en Murcia y que dijo a las milicias que cómo no habían matado al declarante, que era de los peores, pues había hecho mucha propaganda de FE, en vista de lo cual, al llegar a la citada Checa, fue interrogado, salvándose de ser fusilado porque el coche en que le iban a sacar había sufrido una avería. Esa misma noche, ya reunido con sus compañeros de Jaén, fueron trasladados a un edificio del Partido Socialista, que antes debió ser Escuelas Católicas, visitándoles a poco de llegar el Alcalde de Vallecas y diputado Socialista, Amós Salvador [sic], que procuró tranquilizarles y quitar importancia al terrible espectáculo que habían presenciado, teniendo la impresión el declarante, por los detalles de que daba muestras conocer, haber tomado parte o presenciado los fusilamientos. Horas después fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad, de allí a la Cárcel Modelo donde con ocasión del incendio el 22 de agosto, aprovechando la confusión se hizo pasar como preso por delito común, saliendo a la calle y siendo nuevamente detenido en la Plaza de España, poco después, conducido a un Centro de Unión Republicana, en la calle de Carretas por encima del BarTogo, donde los dirigentes le enviaron a la Checa de Bellas Artes en la que consiguió hacerles creer que estaba en la Cárcel de Jaén, cumpliendo una quincena por una riña, siendo por fin puesto en libertad el 23 de agosto de 1936, por la tarde.

Moreno señala como superviviente a Valenzuela, pero se equivoca al decir que «murió después de la liberación»; a Ángel Alcalá Fernández, que pasó de la Modelo a San Antón y fue «asesinado en una de las expediciones del 6 o 7 de noviembre de 1936»; a Lorenzo López Salar, que habría corrido la misma suerte; a Antonio Rey Ortega, herido en el fusilamiento, que murió en un hospital al que fue trasladado; a su paisano Felipe Galdón, que pasó de la Modelo a Porlier, donde estuvo hasta el fin de la guerra; a Andrés Portillo Ruiz, liberado de la Modelo en noviembre de 1936; y a Antonio Trapero Hervás, del que «sabe únicamente que vive». Moreno aún consideraba presidente del gobierno a Casares Quiroga (que dimitió el 18 de julio). El salvador quinceañero citado por Mambrilla no puede ser Antonio Trapero, que tenía treinta y dos años en 1936.

Nadie vio en el lugar de los hechos al alcalde socialista Amós Acero, quien, al ser juzgado por un tribunal militar, aseguró el 15 de septiembre de 1939 (expediente 15.043 del Juzgado Militar Permanente n° 5 de Madrid) ser el salvador de todos los supervivientes:

Con motivo del doloroso asesinato colectivo del Tren de Jaén, de cuyo hecho tuvo conocimiento por informe telefónico del Teniente de Alcalde de la Villa en cuyas proximidades acaeció, valiéndose de elementos afines de aquel pueblo, requeridos por mediación de dicho Teniente de Alcalde y después por la de varios directivos del Batallón de Voluntarios Pablo Iglesias pudo rescatar de una muerte cierta a unos sesenta supervivientes, que entregó a la Dirección General de Seguridad por cuyas órdenes habían sido trasladados a Madrid. Este salvamento fue objeto para que el declarante, aparte de su personal satisfacción después del dolor experimentado por la muerte de los que perecieron, recibiera multitud de muestras de adhesión del vecindario y autoridades superiores.

Este hecho, dificilísimo de lograr en aquellos momentos de exaltación pasional, determinó el que un grupo de desconocidos comentase en la estación de Atocha la necesidad de suprimir definitivamente al declarante, lo que le fue comunicado por el médico de la Beneficencia Municipal D. Mario García Velasco, que había escuchado dicha conversación, a fin de que viniese prevenido.

Además del herido al que se refiere Moreno (o quizá fue esa misma persona) hubo al menos un rematado, según Valentín San Narciso Sancho —su hermano mayor Rafael aparecía entre los principales implicados en la matanza—, que el 21 de octubre de 1939 declaraba (folios 151-152) que presenció las ejecuciones desde la parte posterior del tren, y dice haber oído que a la hermana del obispo le disparó Pepa Coso, pero «al no matarla, el vecino de Vallecas Manuel Machaca tomó una pistola y le dio muerte», y que aún había otra mujer que disparó sobre la víctima. Este labrador viudo, de treinta y siete años, natural de Gallegos de la Sierra (Segovia), menciona a un sereno llamado Lucio, que «se dedicaba a dar el tiro de gracia a los fusilados» y recuerda una conversación «con un tal Pablo, alias el Mellado, el cual le dijo que, al ir aquella noche al Ateneo Libertario del barrio de Picazo, se encontró con uno de los presos que venían en el tren el cual había sido fusilado pero no muerto, a cuyo individuo, en unión de un tal Pablo, alias el Boyero, condujo al Prado Lombardo, cerca del Barrio Obrero (Puente de Vallecas), donde, entre los dos, le dieron muerte».

En el registro del cementerio de Vallecas (Causa General, legajo 1508, expediente 3) aparecen el 12 de agosto seis cadáveres de hombres encontrados en el kilómetro 10 de la carretera de Valencia, y de dos mujeres, halladas en los kilómetros 10 y 7, y cuyas edades se estiman, respectivamente, en cincuenta y cuarenta y cinco años. Uno de los hombres era Lorenzo Cosme Martín, religioso de ochenta años, para otro aparecen las iniciales P. G. J., la edad aproximada de sesenta años y una dirección de Ocaña (Alonso de Ercilla, 5), y para el resto se estiman edades de setenta y dos, cincuenta y cinco (dos de ellos) y treinta años.

El 18 de julio de 1939 se publicaba en ABC (página 25) una lista de personas asesinadas por el bando republicano en Ocaña, Toledo, que incluye a dieciocho sacerdotes y seis hermanos del convento de dominicos de esa ciudad. El hermano Lorenzo Cosme figura como asesinado el día 15 de octubre con el resto de legos y tres padres, mientras que la muerte del resto de sacerdotes se fecha el 5 de agosto (cinco de ellos), el 11 de agosto (uno), el 29 de agosto (ocho) y el 13 de septiembre (uno). Para cuatro de los asesinados el 5 de agosto consta en la biografía que se escribió en la causa para su beatificación (el superior Floro Casamitjana, que aparece en el ABC, no parece estar beatificado, como tampoco lo está Lorenzo Cosme), que tras el asalto al convento el 22 de julio marcharon a Madrid con idea de buscar refugio para la comunidad; pero el salvoconducto que les dieron en la estación iba marcado de forma que se les identificara como religiosos al llegar a la estación de Atocha en el tren correo de Cuenca: «Llegados a la estación Atocha de Madrid, y ya vacío el recinto, fueron allí mismo sacrificados mientras gritaban: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Iglesia Católica!”».[6]

En la página 1.489 del libro La Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, se afirma que uno de los supuestamente asesinados el día 5, el padre Maximino Fernández, en realidad habría sido asesinado en Madrid el día 8, mientras que el cadáver de Casamitjana habría aparecido en el cementerio de Cuenca, sin que se precise fecha, y el de Fray Lorenzo Cosme en Madrid, también en fecha indeterminada.

Así las cosas, no parece fácil identificar los cadáveres de los religiosos que, junto a Fray Lorenzo Cosme, fueron enterrados el 12 de agosto en Vallecas. En cambio, parece posible concluir que las dos mujeres son las monjas llamadas «Mártires del Camino» en la familia vicenciana. Sor Juana Pérez Abascal, nacida en Madrid el 15 de octubre de 1886, estaba próxima a cumplir los cincuenta años. Su último destino como hija de la Caridad había sido el sanatorio antituberculoso El Neveral de Jaén. Sor Ramona Cao Fernández, nacida en Fontey-Rúa de Valdeorras (Orense) el 11 de septiembre de 1883, tenía casi cincuenta y tres años. Como la anterior, habría sido expulsada del sanatorio El Neveral, y ambas detenidas y acusadas de robo en Jaén:

Al ser juzgadas no se pudo probar la acusación y fueron puestas en libertad, pero no encontraron lugar de refugio en aquella ciudad y se vieron obligadas a trasladarse a Madrid en un tren lleno de presos políticos. A pesar de sentir miedo, antes de renegar de su fe, subieron al tren en Alcázar de San Juan, en medio de insultos y un tumulto feroz. Iban vestidas de enfermeras de la Cruz Roja pero conservaron su rosario de Hijas de la Caridad debajo del uniforme de enfermeras. Este hecho las identificó como Hijas de la Caridad y fue la razón de su martirio en la matanza del llamado primer tren de la muerte. Al ser sacadas del tren fueron arrastradas por el suelo, insultadas y finalmente fusiladas por su condición religiosa en el Pozo del Tío Raimundo, el 12 de agosto de 1936.[7]

Sor María Ángeles Infante, redactora de este apunte biográfico, me aseguró que tomó los datos de la documentación de la Causa General sobre el «Tren de Jaén». ¿Cómo pudieron llegar estas religiosas a Alcázar de San Juan y subir voluntariamente al tren, sin que lo percibieran la escolta, ni los cientos de supervivientes de ese tren? ¿No sería más probable que montaran en cualquier otro tren y cayeran en una trampa semejante a la de los religiosos de Ocaña?

Rafael Hurtado Rodríguez, enterrador de Vallecas, viudo y de cuarenta y siete años, parece descartar que fueran asesinadas junto a los rehenes del segundo tren, al declarar el 20 de octubre de 1939 (folio 150) que no había más mujer que la hermana del obispo. Eran las 17.30 del 12 de agosto (es decir, la matanza no habría aún comenzado) cuando, según dice, el administrador del cementerio le mandó al Puente de Vallecas a comprar «unos aparatos de carburo», en previsión de que se hiciera de noche durante el enterramiento:

Cuando volvió con ellos eran las ocho, y el administrador le ordenó que bajara a las fosas que se estaban acabando de abrir, para colocar los cadáveres, dado su cargo de Enterrador Municipal. Cuando llegó al Cementerio encontró unas cincuenta personas que estaban terminando la última zanja; los muertos permanecían aún sin enterrar, dentro del Cementerio.

Los que trabajaban terminaron su obra, siendo dos las zanjas abiertas, de unos catorce metros de largo por 0,80 de ancho y dos de profundidad cada una. Están situadas en la parte derecha del Cementerio, paralelas a sus lados y cerca de la puerta principal, con una separación entre ellas de dos metros. El mismo declarante fue quien colocó los cadáveres, que eran en número de 188 hombres y una mujer que está enterrada en el primer tercio de la zanja más próxima a la puerta principal. A algunos les faltaba el calzado.

Terminaron los enterramientos a la una de la madrugada, siendo inscritos los cadáveres en el Libro de Asientos del Cementerio.

Mientras se cavaban las zanjas, llegaron los miembros del Juzgado de Vallecas-Pueblo, enviados por Antonio Vijández, para levantar los cadáveres; pero no se les dejó pasar al cementerio. Los cadáveres ya estaban levantados y desvalijados. El alguacil del juzgado, Joaquín Díaz Ramiro, natural de Vallecas, casado y de cincuenta y ocho años, declaraba el 20 de octubre de 1939 (folio 148 del mismo expediente) que el 12 de agosto se topó en la plaza del pueblo con dos automóviles en los que iban «Manuel Atalaya, Antonio Vijández, Antonio Martínez Martínez, Tomás Vijández y Marcelo Hernández», camino de Santa Catalina:

Posteriormente, y ya en el Puente de Vallecas, se encontró nuevamente a Antonio Vijández que le comunicó lo ocurrido y le dijo que fuera a buscar el Juzgado para proceder al levantamiento de los cadáveres. Cuando los tuvo reunidos volvieron todos a Vallecas en el coche de Vijández. Entonces los miembros del Juzgado se dirigieron, en unión del que declara, al Cementerio, donde encontraron unos desconocidos que les impidieron el paso, teniendo que abandonar el lugar.

Los presos de Adamuz

En el tren de la muerte había ciento un rehenes del pueblo cordobés de Adamuz, distante unos 35 kilómetros de Córdoba y 22 por carretera —12 en una teórica línea recta por las estribaciones de Sierra Morena— de Montoro, donde se había instalado la Columna Miaja, que lo conquistó el 10 de agosto de 1936. Antonio Galán Pastor, uno de los supervivientes del tren, procedía de Adamuz. Desde allí —y presentándose como «secretario local» de Falange— relataba, el 19 de octubre de 1939, lo que sucedió con sus convecinos en Santa Catalina (folios 145-147):

Sobre las cinco de la tarde del mencionado día doce de agosto de 1936 tuvo la llegada a la estación En este apeadero los rojos hicieron bajar del tren a cinco o seis muchachos cuyos nombres, si mal no recuerdo, eran: Rafael Ceballos López, Andrés Terán Ayllón, Francisco Terán Ayllón, Modesto Cendra Delgado, José Amil, Andrés Cuadrado Rivera, todos de Adamuz, con el fin de obtener de ellos una información detallada de cómo se habían desarrollado los hechos en la defensa de este pueblo y quiénes habían sido las personas que habían ostentado armas en defensa de este pueblo cuando estuvo sitiado por las fuerzas rojas (22 días); según ha podido comprobar el que informa por boca de algunos de [los) referidos muchachos éstos hicieron manifestaciones en perjuicio de sus demás cama-radas e incluso se empezó a hacer una lista que había de contener los nombres de los falangistas que habían actuado con armas en contra del marxismo pero en este punto hubo algunas contradicciones y entonces el Comité Rojo dispuso que todos llevaran la misma suerte y, a partir de este momento y excluyendo solamente a los que ellos consideraban inocentes por las manifestaciones que en contra de sus camaradas habían hecho, empezaron a apear gente del tren haciéndolo en grupos de veinticinco a treinta los cuales eran colocados por un rojo que a tal efecto habían colocado en una extensa explanada después de lo cual eran barridos por el fuego de ametralladora y fúsil después de lo cual y para rematarlos les daban un tiro de pistola en la cabeza; así continuaron hasta acabar con casi la totalidad de los ocupantes del tren, quedando tan solo cuarenta y nueve supervivientes de ellos cinco de Jaén y el resto de esta localidad.

Hago constar que la hermana del Sr. Obispo de Jaén fue asesinada por dos milicianas rojas con pistola, le mandaron andar y cuando dicha señora se encontraba a cinco o seis metros de sus asesinas le dispararon dos tiros por la espalda dando un golpe mortal. Pudiera dar algunos detalles más pero para ello necesitaría disponer de tiempo interminable por lo cual me limitaré a narrar alguno de los más destacados: Un tío carnal del que suscribe, cuando le apearon del tren, pidió le concedieran el favor de darle un poco de agua (porque no nos dieron de beber ni comer en todo el día) entonces las milicianas rojas que estaban apostadas en una pendiente que había a un metro de la bajada del tren le dijeron: «¡Granuja, canalla, ahí abajo te la daremos fresquita!», y a los pocos segundos le asesinaron, este individuo se llamaba Rafael Galán Luque. También [hace] saber que antes de ser bajados para fusilarnos éramos sometidos a un registro despojándonos de todos los objetos de valor los cuales eran depositados en un saco que llevaba uno de los rojos.

El que suscribe estuvo formado con su padre Bernabé Galán Barcia el cual al llegar al sitio donde había de ser fusilado dijo: «Dónde me coloco», y le pusieron a mi derecha; fueron montados los fusiles y estando apuntados para matarnos un camarada de los que habían salvado destacándose del tren dijo: «¡Qué vais a hacer si son compañeros nuestros todos trabajadores!», y entonces dispusieron dejarnos salvos, y a partir de este instante ya no continuaron la matanza; después fuimos llevados los supervivientes a una «Checa» donde durante dos o tres horas hicieron una fosa con ánimo de liquidar a los que quedábamos pero por un acto milagroso la Dirección de Seguridad mandó a un Comisario el cual dispuso nuestra salida y nos llevaron a la Dirección de Seguridad de donde fuimos trasladados a la Cárcel Modelo donde ingresamos a las tres de la madrugada del día trece del referido mes; aquí nos sorprendió el incendio del día 22 y a poco si hubiéramos sido asesinados.

Galán termina su relato afirmando: «Me da dolor continuar nuestra odisea y voy a limitarme a relacionar los nombres de los que fueron asesinados, todos de este pueblo a excepción de un mendigo que se encontraba en una finca de esta localidad». Luego escribió los nombres de cuarenta y siete paisanos suyos asesinados.

De los jóvenes que recuerda Galán de entre los apeados e interrogados en Santa Catalina, ninguno murió en el fusilamiento masivo. De Modesto Sendra Delgado se sabe que regresó a Adamuz y fue asesinado «en la bomba» en fecha indeterminada. Andrés Cuadrado Rivera figura también como «caído», pero sin lugar ni fecha de asesinato. Los otros cuatro sobrevivieron. Sólo uno de los seis había tomado parte activa en el alzamiento en el pueblo:Andrés Terán Ayllón. Siendo maestro nacional, casado y con veintinueve años, prestará testimonio en Adamuz el 29 de enero de 1947, asegurando (legajo 1044, expediente 2, folios 6 y 7):

Que el día diez de agosto del 1936, fue hecho prisionero por los dirigentes marxistas de esta villa en unión de un centenar de convecinos suyos y conducido en coche camión el mismo día desde esta villa a la Prisión Provincial de Jaén, desde cuya prisión a la una de la mañana aproximadamente los sacaron conduciéndolo en unión de sus compañeros de martirio a la estación donde tomaron el tren (llamado de la muerte) para Madrid, conducido por un teniente de la Guardia Civil, y una compañía del cuerpo a sus órdenes, el cual tenía orden según él manifestó de llevar la expedición de detenidos a Alcalá de Henares. Al llegar entre Villaverde y Vallecas se presentó un grande contingente de marxistas armados de fusiles y ametralladoras pretendiendo que los menores de 18 años confesaran y dijeran quiénes eran los que habían tomado parte en la defensa del pueblo. Como éstos contestaron que los responsables y los que habían defendido la causa nacional eran la Guardia Civil y otros que ya habían sido fusilados, como no pudieron conseguir su objeto empezó la horrible matanza, asesinando a unos cincuenta de los que viajaban en el desgraciado tren de la muerte. Cuando esto ocurría, llegaron procedentes de Madrid tres coches de turismo conduciendo policías marxistas pretendiendo éstos que la expedición de detenidos fuera entregada a ellos por el teniente, como jefe de la referida expedición de conducción de detenidos, oponiéndose a ello el referido teniente alegando que él no entregaba a los detenidos a los referidos marxistas sin tener una autorización del Ministro de la Guerra, que entonces era Sarabia y consultado con éste el cual ordenó fueran entregados la referida expedición de detenidos a las criminales hordas marxistas, y no agradándole al tan referido teniente esta orden formó su compañía y se marchó dejando los presos o detenidos a las iras y venganza de las milicias, continuando por éstos la matanza donde encontró la muerte por Dios y por España el que en vida se llamó Don Gregorio Gómez Molina, Cura Párroco.

Terán recuerda correctamente que el ministro de la Guerra era Juan Hernández Sarabia, aunque parece desconocer que los guardias de asalto dependían del ministro de Gobernación, Pozas. Introduce la novedad de un interrogatorio y fusilamiento de presos de Adamuz antes de la llegada de los guardias de asalto. El fusilamiento es poco verosímil, pues ignora la negativa a entregarlos de los guardias civiles y la negociación telefónica, y hace que los de asalto formen causa común con los milicianos. En la misma fecha y localidad, otro de los seis citados, el labrador —soltero y de veintiocho años— Rafael Ceballos López, atestigua de modo semejante (folios 8 a 10):

El Sr. teniente, habiendo visto la orden que dio el que entonces era Ministro de la Guerra, mandó formar su compañía y se ausentó, continuando los milicianos la horrible matanza.

El interrogatorio de los adamuceños nos sitúa ante la pregunta de por qué esos presos eran tan importantes. Sobre lo sucedido en Adamuz no aparecerá una versión completa hasta el 25 de enero de 1947 —pocos días antes de las dos declaraciones recién mencionadas—, enviada por el alcalde Rafael Maynez Ayllón al fiscal delegado de la Causa General de Granada (folios lia 21). Pasados casi once años, Maynez cree recordar que la orden de sublevarse procedía del gobernador civil de Córdoba. Antonio Rodríguez de León y López de Heredia, a pesar de su filiación frentepopulista (Unión Republicana, el partido de Martínez Barrio), se negó a repartir armas entre los afectos al Frente Popular en la tarde del 18 de julio. Por eso, los sublevados no lo procesaron, pero su cargo fue asumido por el coronel de Artillería Ciríaco Cascajo Ruiz, quien a su vez se subordinaba al general Queipo de Llano, jefe de los sublevados en Sevilla.

El escrito de 1947 rubricado por Rafael Maynez con «los datos que constan en este Ayuntamiento» resume los veintidós días que Adamuz pasó en rebeldía:

Día 19 de julio de 1936: A las 3.30 horas recibió el Cabo Comandante de Puesto de la Guardia Civil, Romualdo Reyes Martínez, telegrama circular del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia, en el que se le ordenaba el cierre de todas las sociedades políticas y sindicales de izquierdas, detención de todos los directivos, así como de toda persona sospechosa; inmediatamente procedió el Cabo mencionado con toda la fuerza existente en dicho Puesto de Adamuz, al cumplimiento exacto de expresada orden, clausurando los centros de izquierdas donde se encontraron armas de fuego y deteniendo a directivos y elementos sospechosos de la localidad. Acto seguido y con el fin de asegurar el orden, reorganizó patrullas nutridas de personal civil que al rayar el día se ofrecieron voluntarios con cuya presencia unida a la de la fuerza del Puesto, quedó garantizado.

A las 9 horas, recibió telegrama del Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza de Córdoba, ordenando que el mentado Cabo se hiciera cargo del Ayuntamiento y acto seguido estableciera Bando declarando el Estado de Guerra. Llevándose a efecto sin más novedad que la de haber hallado en el local del Ayuntamiento, al hacerse cargo del mismo, varias armas de fuego cortas y largas con abundantes municiones para las mismas, que los marxistas el día anterior habían concentrado en expreso local para hacer frente a cualquier tentativa de guarnición adicta al Glorioso Movimiento Nacional.

En la tarde del mismo día, supo el cabo mentado confidencialmente que los extremistas de este pueblo que pudieron huir, en unión de otros de los pueblos comarcanos, intentaban atacar con el objeto de apoderarse de esta plaza; para evitarlo, reunió en la Casa Cuartel de la Guardia Civil al elemento de orden que aún no se había presentado, dotándole de armamento (escopetas, tercerolas, etc.) y juntamente con aquellos que ya lo habían hecho, estableció servicio de vigilancia en el interior y exterior de la población, con lo cual el enemigo amedrentado desistió voluntariamente de sus propósitos, aún cuando, no por esto, dejase de existir dicho peligro, por lo cual se continuó con la misma prevención y vigilancia.

Los días 20 y 21 de julio transcurrieron «sin novedad», y el 22 se conoció la entrada «de las Fuerzas Nacionales» en Pedro Abad, al otro lado del Guadalquivir, por lo que «se improvisó en el interior de la población una importante manifestación de júbilo, dándose vivas a España y a su Ejército Salvador». Pero éste no fue a Adamuz, sino que mandó una retirada:

A las catorce horas, recibió telefónicamente orden del Sr. Coronel del Tercio, ordenando al mencionado Cabo se concentrara con todas sus fuerzas a sus órdenes, en el Puesto de El Carpió, acompañados de las respectivas familias y prendas más precisas. A tal objeto requisó un camión de viajeros y una camioneta de transporte para dicho traslado, y antes de así efectuarlo, dejó dadas las órdenes necesarias a la población civil para que continuase defendiendo la plaza de las acometidas rojas, haciendo entrega de las llaves del Cuartel al Guardia Civil retirado Don Francisco Moreno Martínez, quien al marcharse del pueblo las dio a Don Pedro Antonio Baquerizo García. Seguidamente emprendieron la marcha hacia el punto ordenado, por la carretera que desde esta Villa conduce a Villafranca de Córdoba, pero al llegar a las proximidades del Puente denominado «Tamujoso» fue este convoy hostilizado por fuerzas rojas apostadas en dicho contornos para impedir el paso de la fuerza; al repeler la agresión después de un fuerte tiroteo, cayó herido de gravedad el Guardia 2 que fue de este Puesto Don José Moratalla Escudero y con pequeñas contusiones otro de los Guardias y familiares que ocupaban el camión de viajeros que volcó sobre la cuneta de la carretera.

En la camioneta fue evacuado al pueblo de procedencia el Guardia Civil herido, mientras los demás hacían fuego al enemigo que incesantemente hacía fuego, teniendo necesidad de regresar a pie en unión de los familiares con el consiguiente riesgo al punto de partida, donde encontró al Guardia herido en poder del personal civil que continuaba defendiendo la población. Acto seguido siendo las diez horas, el Sr. Baquerizo entregó nuevamente las llaves del Cuartel, comunicándole al Cabo que momentos antes había hablado por teléfono con el Comandante Anguita, Ayudante del Excmo. Sr. Gobernador Militar de Córdoba, quien le dijo no saliera la fuerza del Puesto, el que había de ser recogido por una columna que saldría con tal fin.

El cabo Reyes llamó al «Coronel Primer Jefe de la Comandancia» para comprobar que la orden era cierta y le aseguraron «que en aquellos mismos momentos partían para dicho pueblo, el Capitán de la Compañía Don Diego Roldán Erija con cuarenta hombres». Pero no llegaron ni ese día, ni los dos siguientes:

Día 25 de julio de 1936: Los milicianos rojos cercan la población en número considerablemente mayor al del personal que la defendía, consiguiendo interrumpir el abastecimiento de agua potable, desde cuyo momento tuvieron que surtirse de los pozos del interior. También cortaron los cables de energía eléctrica, quedando sin funcionar la única fábrica harinera de la población, por cuyo motivo llegó a carecerse de pan. Las comunicaciones telegráficas y telefónicas también se hallaban interrumpidas por estar en manos de los marxistas, quedando esta plaza incomunicada con Córdoba y el resto de pueblos liberados.

Adamuz permaneció aislado hasta el 30 de julio, cuando los «comités marxistas establecidos alrededor de la población» enviaron escritos intimando a los defensores a la rendición:

Día 31 de julio de 1936: Recibe misiva el Cabo mencionado del Ex-Diputado a Cortes por la Provincia de Córdoba Don Antonio Jaén Morente, exhortando al pueblo de Adamuz para que deponga las armas, basándose en que el Gobierno de la República les sabría perdonar. Se hizo caso omiso de este infame requerimiento, continuando la defensa del pueblo.

Día 1.º de agosto de 1936: Desde la finca de este término municipal, denominada Media Legua, por mediar esta distancia a la población, donde se hallaba instalado el Comité principal de los rojos, fue requerido al Cabo referido por teléfono (ya que esta línea no fue interrumpida) por el Capitán de la Guardia Civil Don Antonio Reparaz con destino en Andújar, interesándose por la situación del Guardia herido y ofreciéndose para evacuarlo en la zona roja con toda clase de garantías; esto sirviole para hablar de negociaciones para que se rindiera la plaza, recibiendo respuesta negativa. Nuevamente intentó después hablar por teléfono, lo que no logró por haberse dado órdenes previamente a la telefonista para que hiciera omisión de esta llamada.

Otros cinco días, del 2 al 6 de agosto, transcurrieron sin más que la presión que obligó al racionamiento de víveres:

Día 7 de agosto de 1936: Ante la escasez de comestibles, dio órdenes al referido Cabo Reyes se efectuara el asalto a la cooperativa socialista que se hallaba repleta y como ésta se encontraba en las afueras de la población, bajo el completo dominio de las balas del enemigo, para lograr esto, hubo de sostenerse con los sitiadores un tiroteo de media hora aproximadamente, tras lo cual se pudo intervenir cuando no era de imprescindible necesidad.

Día 8 de agosto de 1936: Situación bien apurada ante el panorama que ofrecía la no llegada de los refuerzos que el día 22 de julio anunciaron y a la presencia de inmensos núcleos de rojos que cada día iban consiguiendo posiciones más ventajosas para su asedio. Fuertes tiroteos sin consecuencias por parte de la Fuerza Nacional.

Día 9 de agosto de 1936: Durante la madrugada intenso tiroteo y fuerte presión enemiga, tras la cual consiguieron apoderarse de las Torres de la Iglesia Parroquial situada en las afueras de la población; desde este punto dominaban perfectamente los demás puntos de nuestra defensa. Sobre las ocho horas, nuevo tiroteo que duró más de una hora del que resultó víctima el camarada Bartolomé Román Ayllón, ¡Presente!, y heridos leves los camaradas Juan León Luque, Pedro Ávila Gómez y Manuel Román Cerezo ¡Presentes! en la defensa de la Torre de la Villa. Al cadáver de Román Ayllón se le dio sepultura en el patio de la Casa Cuartel, por ser imposible la salida al Cementerio Municipal.

Poco después insistió dicho Capitán Reparaz en la rendición de la Plaza prometiendo verbalmente respetaría vidas y hacienda, y previniendo del caso que se les aproximaba ante la superioridad numérica (unos siete mil hombres bien pertrechados de material que atacarían al pueblo). Ante estas razones y dado el prolongado asedio de la plaza, habiéndose agotado casi totalmente los víveres, el Cabo relacionado accedió a la petición del Capitán, de celebrar la entrevista, llevándose a efecto a las veintiuna horas en una casa de las afueras de la población, situada en el promedio de ambas líneas. Al Capitán Reparaz le acompañaban un Capitán del Ejército y dos Guardias Civiles, todos con brazalete tricolor y el Cabo Reyes con dos Guardias Civiles del Puesto y Don Antonio Baquerizo García, Jefe de Falange el cual al ver que dichos Capitanes se ratificaban en las garantías expuestas, entregó su revólver, quedando desde este momento concertada la rendición de la plaza.

Dicho Capitán Reparaz presentó acto seguido una relación de los individuos que, por el Comité rojo establecido en la finca Media Legua, habían sido condenados a muerte, los cuales habían de salir conducidos por sus mismos Guardias al día siguiente en las primeras horas de la mañana, hora en que se haría cargo de la población.

Día 10 de agosto de 1936: Al amanecer de este día pasó al interior de esta plaza el Capitán Reparaz, seguido de más de una compañía de la Guardia Civil, otra de Carabineros y otra del Ejército, con varios vehículos, dejando en las afueras de la población acordonadas por la fuerza de la Guardia Civil. Haciéndose cargo de la plaza, como igualmente de los detenidos marxistas que obraban en poder de los Nacionales. Inmediatamente el Capitán Reparaz ordenó que los individuos incluidos en la relación de condenados a muerte ocuparan un camión de viajeros destinado al efecto, otro había de serlo por la Guardia Civil del puesto y sus respectivos familiares y una vez ocupados ambos camiones marcharon en medio de la columna, llamada de «Miaja» que fue la que intervino en la ocupación de esta plaza de Adamuz.

El alcalde termina con una «Relación nominal del personal Militar y Civil que tomó parte activa en la defensa de la población», que comienza con los nombres del cabo, Romualdo Reyes Martínez, y los seis guardias civiles, Juan Espejo Cabrera, Antonio García Herrera, Tomás Gutiérrez García, José Moratalla Escudero (el que resultó herido grave), Andrés Requena Estévez y José Zamorana Orellana, y sigue con los de setenta y ocho civiles. Nombra a los cuatro paisanos que resultaron heridos graves, Pedro Avila Gómez, Juan León Luque, Manuel Román Cerezo (que en el relato del 9 de agosto figuraban sólo como heridos leves) y Juan José Torres Díaz y apunta que, el mismo 10 de agosto, además de los siete militares, fueron hechos prisioneros ciento setenta y tres vecinos de Adamuz. La lista no incluye, sin embargo, a veinte de los presos de los trenes de Jaén que procedían de Adamuz, por tanto, las detenciones realizadas el día 10 debieron rondar las ciento noventa y tres.

Sólo uno de los setenta y ocho colaboradores de los guardias civiles se salvó de ser arrestado el mismo día en que el pueblo cayó en manos de Miaja. Trece de ellos fueron deportados en el primer tren de Jaén, y tres de éstos no sobrevivirían a la guerra. De los dieciocho rehenes de Adamuz en el primer tren que no habían colaborado con el alzamiento, otros tres figurarán en la posguerra como «caídos».

En la masacre del segundo tren fueron asesinados veinte de los colaboradores en el alzamiento, mientras que catorce figuran como supervivientes y cinco habrían muerto posteriormente. Tres de éstos parece que regresaron a Adamuz y fueron asesinados «al intentar escapar, en los Canónigos», según se dice del sepulturero, de cuarenta y ocho años, Juan Antonio Expósito de la Cruz; o «en la bomba», según se dice para el jornalero de dieciocho años Modesto Sendra, el 23 o el 25 de agosto. La tercera de estas víctimas es el también jornalero Mariano de la Cruz Ojeda, de veintidós años. Entre los deportados de Adamuz que no habían colaborado con el alzamiento, treinta y tres fueron asesinados en la casilla doble, ocho figuran como «caídos» posteriormente y veintitrés sobrevivieron.

La lista de personas asesinadas durante la guerra en Adamuz —compone los folios 17 a 20 del expediente 2, y va firmada por el mismo alcalde Maynez, pero en fecha mucho más temprana; el 27 de mayo de 1941— incluye tanto a los de los trenes de Jaén como a aquellos que no fueron deportados. Aparte del citado maestro de escuela Bartolomé Román, caído en combate el 9 de agosto, los primeros muertos fueron fusilados el mismo día 10 de agosto.

De esos veintiséis ejecutados —veintisiete, incluyendo al jornalero, de cuarenta y siete años, Alfonso Cerezo Cebrián, ejecutado al día siguiente—, sólo doce habían colaborado con los guardias civiles en la sublevación, y dos de éstos estaban heridos en el momento de la ejecución. Las ejecuciones del día de la entrada de Miaja en Adamuz, por tanto, eliminaron al 15 por ciento de los colaboradores de los guardias sublevados, y más del 55 por ciento de los ejecutados no había colaborado. La edad media de estas quince personas era de 35,6 años, y sus profesiones eran sacerdote (Miguel Borrego), panadero, guarnicionero, jornalero (tres), labrador (otros tres), propietario, sacristán (Francisco Méndez, de sesenta y cinco años), electricista, industrial y maestro de escuela. Sobre los veintiséis asesinados el 10 de agosto escribe Francisco Moreno en 1936: el genocidio franquista en Córdoba (página 445) que lo fueron «unos en el cementerio, otros en la calle y algunos más en el puente de Santa Cruz, entre ellos el cura Miguel Borrego».

El 23 de agosto se cometió en Adamuz una segunda tanda de asesinatos, en la cual hipotéticamente podría haberse utilizado alguna información obtenida de los deportados en los trenes de Jaén. Aparte de las tres personas citadas que habían sobrevivido a la matanza en la casilla doble —y que parece fueron ejecutadas tras un intento de huida, el 23 o el 25—, en este nuevo fusilamiento se liquidó a veinte personas, de las cuales nueve habían colaborado en el alzamiento. La tasa de fusilados que no habían cooperado se mantiene en el 55 por ciento, lo que indica que poco tendría que ver en esta matanza la supuesta información obtenida de los rehenes. Si es el caso, el regreso de tres supervivientes pudo servir de excusa para un nuevo ajuste de cuentas con las personas consideradas como derechistas en la localidad, incluido el veterinario Ignacio Sánchez Fernández, de sesenta y siete años. También es posible que esta matanza, como otras ocurridas en diversas localidades en torno a esas fechas, tuviera que ver con el fracaso en el intento de tomar Córdoba, sucedido el 20 de agosto.

No hubo más fusilamientos masivos en Adamuz durante la guerra. En septiembre, fue asesinada una persona el día 20 y otras tres, el día 29. Entre éstas figura el único de los colaboradores con el alzamiento que no fue detenido el 10 de agosto, Manuel Ayllón Cuadrado.

Hasta el final de la guerra, fueron asesinados tres presos más del 10 de agosto —los hermanos Diego, Antonio y Manuel Ayllón García— y diecinueve personas que no habían sido inicialmente arrestadas, incluyendo entre estas víctimas al exalcalde Diego Maynez Ayllón, fusilado en la plaza Fuente Vieja de Villanueva de Córdoba, el 24 de julio, en el proceso de reconquista de esa localidad por las fuerzas del Frente Popular. En total, ciento cuarenta y tres muertes violentas para una localidad que en 1930 tenía 7.792 habitantes.

Sólo uno de los crímenes cometidos en Adamuz fue juzgado por la justicia republicana, y con resultado de absolución de su autor, Juan Barrera Reyes, una de las personas que había sido arrestada por los sublevados, y que figura como «difunto» en la lista de veintidós presuntos autores de los asesinatos de Adamuz. Según el fiscal republicano (legajo 1009, expediente 7, folios 21-23), el 27 de diciembre de 1936, Barrera se personó en el Cortijo llamado La Parrilla y «preguntó si allí se encontraba la mujer del cura y al recibir contestación negativa y expresarle que quien estaba era la esposa del sacristán, llamada Francisca Navajas, manifestó que era lo mismo y buscándola le dijo que tenía que marcharse con él, manifestándole aquélla que la esperase, ya que por encontrarse en periodo de gestación necesitaba llevar ropa». Barrera no se lo permitió y le dijo «que más arriba se la daría». Una vez alejados del cortijo, Barrera ordenó a la mujer «que marchase delante y al tenerla de espaldas y, a pocos pasos de donde él caminaba, disparó su pistola contra ella y luego sin riesgo para su persona y sin que la interfecta pudiese en forma alguna defenderse, hizo otro disparo cuando ya estaba Francisca Navajas en el suelo, a consecuencia de los cuales falleció ésta».

Según el acta del juicio por jurado celebrado en Jaén el 30 de septiembre de 1937, Barrera negó que la mujer «le dijese que estaba embarazada y niega que le disparase los dos tiros a la mujer». Acto seguido dos testigos, Juan Cantador Redondo y Alfonso Amil Díaz, afirman que Barrera pegó los dos tiros a Navajas, que era mujer del sacristán, al que acababan de enterrar, y estaba fuera de cuentas. Los dos testigos de la defensa no niegan que Barrera matara a la mujer, sólo afirman que «ha trabajado mucho por la causa, que ha estado con los fascistas condenado a muerte; que tenía la misión de limpieza y que prendió muchas mujeres a las cuales trató muy bien» (Francisco Soriano López) y que «ha sido un fiel cumplidor en los servicios que se le han encomendado y el día 26 se le ordenó que reconociera Adamuz con otros y sabe que llegó a Adamuz y que en Adamuz le tirotearon, le mataron una caballena y que él al regreso mató a una mujer» (Francisco Blanco, «coman dante» de Barrera).

El jurado dictó veredicto «de inculpabilidad por concurrir la eximente alegada por la Defensa» (los servicios prestados), por lo que «el Tribunal de Derecho dicta sentencia absolviendo al procesado y decretando su inmediata libertad». En realidad, las respuestas del jurado no reconocen ninguna eximente, sino que niegan los hechos que hasta el segundo testigo de la defensa reconocía. Así, el jurado responde «no» a la primera pregunta, sobre si Barrera «realizó el hecho de sacarla en el acto de dicho Caserío y el de disparar su pistola contra la misma». También niegan que aprovechara la circunstancia de estar de espaldas para disparar sobre la mujer, aceptando en cambio la nueva versión que propone el Tribunal en la tercera pregunta que hace al jurado; una versión que nadie había presentado en el juicio, a saber, que «el procesado venía de huida con otros compañeros y habiendo sido tiroteado por los facciosos del pueblo de Adamuz, donde había practicado un atrevido servicio de descubierta; al llegar al cortijo de La Parrilla, donde se encontraba Francisca Navajas, reconocida fascista, creyó su deber detenerla y al resistirse a seguirle para amedrentarla sacó la pistola de la que era portador y presa de fuerte excitación nerviosa la disparó contra la mujer indicada causando su muerte». La eximente que afirma el jurado en la cuarta pregunta propuesta por el Tribunal tampoco son los servicios alegados por la defensa, sino una locura transitoria de la que nadie había hablado en el juicio; que Barrera «se hallaba en situación de trastorno mental ocasionado por el terror que en su ánimo había producido el hecho de haber estado prisionero durante veinte y dos días en Adamuz, esperando ser fusilado y cuyo terror, unido al hecho de venir perseguido por los fascistas, en el momento de ocurrir el hecho de autos le privó por completo de la noción de lo que hacía».

En la lista alfabética de lo que llama «el genocidio franquista y la represión republicana» (página 580), Francisco Moreno Gómez dice que la represión «franquista» en Adamuz fue «importante» durante la guerra y en la posguerra. Para la guerra, apunta cinco víctimas de esa localidad, muertas «fuera de la provincia» (de Córdoba). Para la «represión republicana» anota sesenta y un muertos en el pueblo y cuarenta y ocho «fuera de la provincia», es decir, un total de ciento nueve que no llega al 78 por ciento de la cifra real. Todavía en 2008, el auténtico alcance de la tragedia era estimado notablemente a la baja.

El mapa de fosas del Ministerio de Justicia en Internet registra para Adamuz una fosa con sesenta y dos cadáveres registrados: se trata del mausoleo, hoy vacío, que se construyó en la localidad para las víctimas de la revolución. Lleva el número 1235/2009 CORD y consta que el 28 de abril de 1961 los restos fueron trasladados al Valle de los Caídos. Según Miguel Redondo Carrasco, familiar de una de las víctimas, el traslado se hizo «con el permiso de todos los familiares».

El primer tren de Jaén

La circunstancia de que en los dos trenes de Jaén viajaran ciento treinta y dos rehenes de Adamuz fue utilizada para colocar en los convoyes carteles que extendían al resto de pasajeros la presunción de ser «prisioneros del frente de Córdoba». ¿Tuvieron los sucesos de la localidad cordobesa que ver en la génesis de la idea de enviar los presos desde Jaén a Madrid?

La respuesta es negativa. Los arrestos de cientos, y hasta miles de personas, por su presunta ideología derechista, en la provincia de Jaén, y la derivación de muchos de estos rehenes hacia la capital, generaron un problema en la cárcel provincial, que trató de resolver el director general de Prisiones, Pedro Villar, a la sazón jienense. La detención de más de ciento setenta y tres vecinos de Adamuz el 10 de agosto —veintiséis de los cuales fueron inmediatamente fusilados— no hizo más que complicar la trama.

Martín Peinado Úbeda, calificado como «propietario, de derechas», fue uno de esos cientos y miles de arrestados en la provincia de Jaén. Se dirigía el 20 de julio de 1936 desde una finca de su propiedad, llamada Angulo, en Villanueva de la Reina, hacia la localidad donde residía, Cazalilla, también en la provincia de Jaén. El Cortijo Angulo, cuya existencia se remonta a 1753, se dedica hoy a la producción de aceite, en concreto de la marca ecológica Dollium, pero ya no pertenece a la misma familia que en 1936. Hoy es propiedad de Hermenegildo Romero

Según relataría en 1943 el alcalde de Espelúy (Causa General, legajo 1007, expediente 14, folios 43-47), Martín Peinado, «sin sospechas al Alzamiento, se vio acometido, al pasar por los campos de Espelúy, por la Guardia roja que le intimó a darse preso. Con su caballo huyó presto, yendo a refugiarse a su caserío Casilla del Río siendo nutridamente tiroteado, en su huida, por las hordas de Espelúy, que en vocerío estridente de las mujeres pedían la cabeza de su pobre víctima».

Peinado se rindió y fue conducido al «Arresto Municipal» de Espelúy por una guardia de cinco hombres, designados por el alcalde Eusebio Muñoz Serrano. Según el relato de posguerra, una vez en la cárcel, tres vecinos dieron «una gran paliza» a Peinado, que «resultó con heridas en el cuerpo».

Este extremo es repetido por Juan de Urda Galán, natural de Andújar y domiciliado en Espelúy, que el 30 de junio de 1941 —contaba entonces treinta y un años y era empleado— prestaba en Jaén una declaración (folio 16) recordando que el 3 de mayo de 1939 denunció a Pedro Ruano Carmona «por haber sido de las milicias locales, haberle intentado matar el 23 de julio» de 1936, por participar ese mismo día en la quema de imágenes religiosas y, finalmente, porque «en unión de un tal Sierramorena, de Aijonilla, propinó una gran paliza, haciéndole pasar martirios y torturas, al detenido en esta localidad de Cazalilla, D. Martín Peinado Úbeda». Ruano habría sido, además y según esta declaración, «dirigente del PC» y «voluntario del cuerpo de asalto rojo».

Martín Peinado, de cincuenta y nueve años, fue «alcalde y anteriormente juez municipal» en Cazalilla, y políticamente era de «filiación radical», es decir, del partido de Lerroux. En el arresto de Espelúy había otras catorce personas. Todas menos una fueron enviadas el 2 de agosto a la cárcel de Jaén. Nueve de éstas saldrían hacia Madrid en el primero de los trenes.

Lucas Gómez Gómez, que con otros cinco vecinos de Pegalajar fue embarcado en el mismo tren, dio cuenta de lo sucedido con Martín Peinado al llegar el tren a Atocha. El 13 de mayo de 1942 —entonces trabajaba como empleado en Jaén y tenía cuarenta y dos años— en la Causa General (legajo 1009, expediente 6, folios 22 y 23) se refirió también a una sublevación de presos comunes que pudo influir en la decisión de organizar los convoyes:

Anteriormente el día 23 de julio hubo un conato de sublevación de los presos comunes que existían en la citada cárcel, los cuales querían asesinar a los de derechas, cosa que evitó la intervención rápida de la Guardia civil. Que la expedición a que anteriormente se refiere era la primera de las que se verificaba y la componían unos trescientos cincuenta apróximamente, de los cuales once fueron asesinados en el barrio «Entrevias» de Madrid situado entre esta capital y Vallecas. Iban vigilados por fuerzas de Asalto, Carabineros y Guardia civil, aunque en escaso número y el resto, o sea la mayor parte, lo formaban milicianos rojos que iban al mando de un Teniente del Cuerpo de Asalto llamado Mayayo, el que según parece ha sido ya fusilado. Durante el trayecto fueron objeto de malos tratos de palabra, siendo insultados en las estaciones e incluso negándoseles el agua por los milicianos. Que en estas condiciones, o sea con peligro constante de perder la vida, llegaron a Madrid, cuya estación se encontraban totalmente abarrotada de gente armada de escopetas pistolas, etc. etc. Que estas personas asaltaron el tren y bajaron a catorce o quince de los detenidos de derechas que formaban la expedición. Que por motivos que ignora los volvieron a subir y esta operación, entre la que el tren intentó arrancar cuatro veces siendo detenido por la muchedumbre, dio lugar a que anduviera un kilómetro aproximadamente, pues fueron cuatro veces las que se repitió. Que en esta ocasión últimamente citada, un individuo que desconoce el declarante dio la voz de que en un vagón iban los Diputados de Jaén, bajando entonces a las nueve personas que lo ocupaban aunque algunas de ellas, digo, ninguna ocupaba ya aquel cargo, sino que lo habían desempeñado con anterioridad. Que al ser bajadas estas personas notaron que faltaba Don Jenaro Navarro que también había sido Diputado y entonces ordenaron que bajaran a todos los que tuvieran gafas y como no encontraron al que buscaban lo sustituyeron por un señor de Porcuna. Que un miliciano de Pegalajar conocido por «El Hijo de Cándida» vio que de la expedición formaba parte un conocido suyo llamado D. Martín Peinado y dando la voz de que aquel señor había matado a dos obreros, cosa totalmente falsa, lo asesinaron dentro del mismo tren. Que después de bajar a los nueve mártires empezó otra vez a andar el tren y entonces fue cuando, supone el declarante [que| les asesinaron, pues observó como un miliciano que iba en la ventanilla se entró fuertemente impresionado. Que ya continuó la expedición su viaje llegando a Alcalá de Henares sin novedad.

Que la Estación de Alcalá de Henares presentaba un aspecto normal, pues estaba vigilada por fuerzas de la Guardia civil, pero al salir de la Estación y a pesar de que dichas fuerzas les acompañaban, fueron maltratados por la multitud hasta el momento de subir en el camión que les había de trasladar a la Cárcel. Al llegar a ésta y en contra de lo normal que hubiera sido dejar apearse a los presos como el camión tenía la vagoneta basculante los vaciaron como si fueran objetos.

Gómez concluye refiriéndose al juicio que se le hizo en marzo de 1937, del que salió absuelto, pero no en libertad, pues le enviaron a San Antón y de allí, en junio, a un «Batallón de Trabajadores» en Nuevo Baztán, dependiente de «la Checa de la calle de Españoleto», cuyo jefe era «un tal Cazorla que después fue Director General de Seguridad y Gobernador civil de Guadalajara» (José Cazorla Maure). Por último, recuerda que entre los milicianos que conducían el tren, había tres de Pegalajar, «de los cuales dos han muerto en el frente rojo» y el tercero, cuyo nombre no recuerda, «ha sido juzgado en Jaén» y condenado a treinta años de prisión. Entre los guardias de asalto, recuerda a un cabo «actualmente Sargento del mismo Cuerpo» en Jaén.

A lo sucedido durante el trayecto se refieren presos como Gabino Fernández Rosales (folio 53), uno de los treinta y dos rehenes de Porcuna, quien refiere «toda clase de amenazas de muerte y muy especialmente en las estaciones de Santa Cruz de Múdela y Alcázar de San Juan, en donde milagrosamente se libraron de la muerte, pues los milicianos y mujeres que se hallaban en las indicadas estaciones no cejaron un momento de proferirles amenazas de muerte y varias veces, tumultuariamente, intentaron asaltar el tren. Que al llegar a la estación de Madrid fue donde más encarnizadamente se procedió contra referido tren, pues a todo trance querían los milicianos tumultuariamente prender fuego al tren con gasolina y otros aconsejaron que se hiciera el fusilamiento en masa y por último acordaron bajar del indicado tren a veinte y dos personas elegidas a capricho y que consideraron más intelectuales, de las cuales regresaron al tren once y las otras fueron asesinadas».

Las amenazas fueron proferidas también por algunos miembros de la escolta, según otro de los presos de Porcuna, Matías Ruano Ortega, que el 27 de junio de 1942 asegura (folio 54) que se les propinó un «trato incalificable e inhumano, pues en una ocasión interesó el declarante a uno de los carabineros que lo custodiaban en el departamento del tren una poca de agua porque la sed era muy grande y como contestación le dijo que bebiera pólvora, ya que le quedaban pocos momentos de vida». Incluso en el trayecto entre Madrid y Alcalá asegura Ruano haber observado «que habían colocado en la vía varias traviesas y otros efectos para procurar el descarrilamiento del tren, que no se llevó a efecto porque un automóvil que iba delante y el cual ocupaba un jefe de la Guardia Civil y otro de Asalto que se unió a la expedición al llegar a Madrid, continuando ellos en automóvil hasta Alcalá de Henares, y gracias a esto el descarrilo no se efectuó porque previamente habían sido quitados tales obstáculos». La animosidad durante el trayecto la explica este declarante porque «de la estación de Espelúy a Madrid iba un automóvil ocupado por elementos rojos anunciando a los pueblos que en el tren venían los chulos de Cascajo en el frente de Córdoba [el coronel Ciríaco Cascajo], frases éstas que también iban escritas en la máquina del tren. Que también acompañó al tren en todo el trayecto un aeroplano rojo en vijilancia [sic] del tren».

El 6 de julio de 1942, otro expreso de Porcuna, el maestro nacional Benito Garrido Palacios, casado y con cuarenta y ocho años en el momento de declarar, corroboraba lo dicho por Ruano y hacía referencia a preparativos de exterminio de los presos, incluyendo ametralladoras y gasolina, así como a la aparición de un nuevo personaje que intervino para evitar la masacre (folios 70 y 71):

Hacia las siete de la mañana, en unos camiones fuimos conducidos a Espelúy en donde entre hoces, guadañas e insultos pasamos a un tren ya formado que nos esperaba. En nuestro departamento nos tocó en suerte un carabinero grueso, con bigote pequeño si mal no recuerdo, que por su comportamiento nos parece totalmente rojo. Durante el trayecto ocupaba siempre la ventanilla para impedir que pudiéramos ver el paisaje teniendo buen cuidado, sin embargo, de separarse de ella cuando llegábamos a las estaciones con objeto de que las turbas que nos esperaban, pudieran a su placer dirigirnos toda clase de improperios y amenazas. Estas en la estación de Santa Cruz de Múdela llegaron a su punto máximo. Pistola en mano unos forajidos pretendían abrir la puertezuela del tren mientras nosotros por dentro, especialmente Juan Reca, hacíamos todos los esfuerzos imaginables para que la puertezuela no se abriera. Uno de los de Porcuna, Matías Ruano Ortega, como llevábamos veinte y cuatro horas sin comer ni beber, pidió agua al referido carabinero contestándole éste que para la vida que le quedaba bebiera petróleo. En Alcázar de San Juan al cambiar la máquina notamos que llevaba un letrero que decía: «Prisioneros del Frente de Córdoba» y en Aranjuez fue la única estación donde no nos insultaron incluso nos miraban de forma compasiva. En la estación de Atocha de Madrid, que cuando llegamos hacia las cuatro de la tarde estaba sola, pronto se llenó de gentuza que a todo trance pedían nuestro inmediato asesinato. Nos fueron dirigidas las mayores injurias. Unos querían quemar el tren afirmando que los vagones no valían nada y la mercancía que iba dentro mucho menos. Otros pretendían hacernos fuego con ametralladoras y pistolas. Había un individuo rubio, grueso, con un mosquetón que corría de acá para allá afirmando y proclamando a grandes voces: «El que se acerque al tren le zumbo». Ordenaba el maquinista que el tren emprendería la marcha y éste sólo avanzaba unos metros porque las turbas se ponían delante para impedirle. La Pasionaria y unas enfermeras también se ensañaron con todos nosotros. Por fin, el tren avanzó aproximadamente un kilómetro y entonces los milicianos subieron a él y comenzaron a elegir su presa. Preferían a los que llevaban gafas, y tenían pijamas y llevaban reloj de pulsera. Descendieron a diez y alguien de los rojos dijo que en uno de los vagones iban los Diputados. Otro ordenó que bajaran éstos y que volvieran al tren los que habían descendido, excepto el de las gafas, que por haber con ellas cuatro no se sabía cuál era, hasta que el referido sujeto señaló a nuestro paisano Luis Funes Morales que lucía un magnífico reloj de pulsera. El que mandaba el pelotón de aquellos asesinos que debían de hacer fuego ordenó que lo hiciera cuando él contara seis. Al arrancar el tren oímos hasta el número tres. Partimos hacia Alcalá de Henares y paralelos a nosotros corrían por la carretera dos coches llenos de milicianos que nos amenazaban puño en alto. Llegamos a la Estación de Alcalá y entre dos filas de milicianos que nos daban golpes en las piernas con las culatas de los fusiles, fuimos empujados y arrojados como fardos a unas camionetas que nos esperaban y que nos dieron unas vueltas por la Plaza de la Ciudad. Mientras tanto, bailaban sobre nosotros milicianas con mono y milicianos que nos pisoteaban pistola en mano, los cuales dándonos golpes nos hirieron hasta setenta y ocho, aproximadamente. Ante la puerta del Penal el camión basculante se elevó y rodamos todos al suelo mientras que con palos y escopetas, la gentuza aquella nos propinaba fortísimos golpes. Un oficial de la Prisión llamado D. Jesús nos recibió con la siguiente frase: «Canallas, así estáis dejando a España». Nos encerraron en una celda y pocos meses después el capitán de Aviación, detenido posteriormente, D. Ricardo Garrido, domiciliado en Madrid en la calle Quintana si mal no recuerdo, nos contaba que a él como Juez Militar le habían ordenado levantar los once cadáveres de los que quedaron asesinados en la Estación de Atocha, y un chófer del Ayuntamiento de Madrid, apellidado Niño, que igualmente algunos meses después se encontraba detenido con nosotros en el referido Penal de Alcalá de Henares, nos contaba, asimismo, que en su camión le ordenaron conducir y condujo dichos cadáveres al Cementerio del Este. Hecho que cumplimentó en la madrugada del once al doce de agosto hacia las dos horas.

En cuanto a la muerte de Martín Peinado, otro de los presos de Pelagajar, Miguel Carrascosa Valenzuela especifica que fue el único que, habiendo sido seleccionado inicialmente para su fusilamiento, no volvió al tren. En la declaración (folios 104 a 106) prestada el 19 de junio de 1942 por este labrador —entonces casado y de cuarenta y cuatro años— en su pueblo natal, precisa además que eran las seis de la tarde cuando «el tren se puso en marcha hasta pasar de agujas, siendo parado o detenido por la muchedumbre roja, procediendo los Milicianos de Madrid a sacar algunas personas de los vagones o sea de uno de éstos en número de diez, siendo este vagón el primero que unía a la máquina, oyéndose una voz que decía “¡retirar a esos pobres obreros que aquí viene gente gorda!” y en efecto así lo hicieron retirando nueve y dejando a un tal Peinado de Cazalilla (…) inmediatamente pasó un capitán de Milicianos con una pistola en la mano obligando en todos los departamentos que dijésemos dónde estaban los Diputados, negando todos los que íbamos detenidos quiénes eran los que buscaban, hasta que llegaron al vagón de la cola del tren y de allí sacaron todos los que iban en número de diez y los formaron junto al tal Peinado que dejaron fuera del primer vagón, poniéndose el tren en marcha y con el ruido de éste, no pudieron percibir los disparos que esta canalla roja hacían a los señores que sacaron para asesinarlos». Carrascosa estima que al llegar a Alcalá había «unas cuatrocientas personas armadas de garrotes y hierros, procediendo esta canalla a conforme salían del tren al camión apalear y maltratar con toda clase de insultos a los detenidos, los cuales resultaron en su mayoría lesionados en cabeza, pies y diferentes sitios del cuerpo, en dicho sitio había unos ochenta Guardias Civiles y dos Capitanes, que sólo decían “Bueno está ya” pero sin que éstos impidieran a la gentuza realizar tales barbaridades y actos crueles».

Uno de los presos presenció y relata con más detalle lo sucedido con Martín Peinado. Se trata de Alfredo García-Espantaleón Fernández de Moya, natural de Andújar, profesor de instrucción primaria, casado y de cuarenta y seis años en el momento de prestar declaración en Espelúy —junto con el propio Peinado, era uno de los nueve presos de ese pueblo en el tren— el 17 de junio de 1942, declaración que se conserva en los folios 127 a 130 de este legajo. García-Espantaleón comienza su relato precisamente en la estación de Espelúy, y señala el protagonismo en Atocha —esta vez para desgracia de los viajeros— de un capitán de milicias apellidado Villalba:

Se les hizo un recibimiento infame a los gritos de mueran los traidores y los fascistas, allí fueron instalados en un tren que había formado y después de una media hora pasada entre soeces e insultos arrancó el tren y siguió este calvario de amenazas, insultos y pedradas en todas las estaciones que el tren tuvo parada, negándoseles el alimento y el agua y cuando alguno imploraba que se le diera una poca de agua para calmar la sed en aquel día de insufrible calor, contestaban los milicianos que los conducían que bebieran dinamita. Estos insultos culminaron en la Estación de Alcázar de San Juan, donde el tren tuvo una larga parada para dar de comer a los milicianos que custodiaban el tren.

A la llegada a Madrid, no se notó gran efervescencia en los primeros momentos; pero una vez que salieron los milicianos a las inmediaciones y cundieron que traían un tren de prisioneros del frente de Córdoba, se llenaron totalmente los andenes de gentes que vociferaban pidiendo la muerte de los detenidos acaudillados por un factor de la Estación de Atocha apellidado Villalba que se hacía capitán de las milicias. A la presencia del declarante manifestó el citado Villalba que el teniente que iba al mando de la expedición rogaba se respetase la vida de los presos, a lo que contestó el referido Villalba que él como capitán mandaba más y ordenaba se matase a todos los presos y que para dar el ejemplo, iba a empezar él y uniendo la acción a la palabra, abrió la puerta del departamento y apuntó con el fusil al declarante; pero en ese momento un miliciano se abalanzó a él y le arrebató el fusil, diciendo que no tirara con el fusil estando ellos dentro porque los podía matar. Entonces ordenó a un individuo que saliera a buscar gasolina para rociar el tren y quemar vivos a los presos. Después de un rato de angustiosa espera, alguien próximo indicó el peligro de que ardiera la Estación y entonces ordenó que arrancara el tren y después de tres intentos de arranque fracasados porque la gente se ponía delante pidiendo que no saliera el tren sin matar a los fascistas [sic], arrancó definitivamente y volvió a parar después de recorrido un poco de trayecto, allí se formó un pelotón para fusilar y bajaron a los ocupantes del primer departamento y cuando los estaban alineando para fusilarlos, dijo un miliciano «los gordos son los que llevamos en cola, que van diputados y curas». Entonces ordenaron a los que habían bajado subieran nuevamente al tren y se dirigieron al coche de cola en el que iba el declarante y bajaron a los diez ocupantes. Una vez en el suelo, los alinearon para fusilarlos y el citado Villalba dio orden, que cuando él contara hasta seis hicieran fuego, y empezó a contar. Al contar cinco el miliciano que iba en el departamento gritó: «Esperaros que falta uno, yo llevo aquí a uno que ha matado a dos obreros». Entonces el citado Villalba abrió la puerta preguntando quién era y el miliciano señaló a Don Martín Peinado Úbeda al que se le ordenó que bajara del tren. El Sr. Peinado manifestó que él hacía lo que se le ordenaba pero que era una infamia y un falso testimonio que se le levantaba, puesto que él no había matado a nadie en su vida.

El declarante sin poder contener su indignación dijo al miliciano que estaba muy mal lo que acababa de hacer porque él conocía al Sr. Peinado y era cierto que jamás había matado a nadie. Entonces el miliciano le contestó: «Yo no sé si ha matado a alguien ni me importa, lo único que sé es que en Espelúy me dijeron: “Ten cuidado que no se escape ese que es un pájaro de cuenta, y por eso lo he echado a abajo y a V. no lo echo porque el Jefe de Estación me dijo que mirara por V. que es una buena persona”». Como en Espelúy no permitieron acercarse a nadie al tren y sólo hablaba con los milicianos el Alcalde de dicho pueblo Eusebio Muñoz Serrano, que además odiaba personalmente al Sr. Peinado, solamente él pudo ser el inductor para que se asesinara al repetido Sr. Peinado.

El Eusebio Muñoz Serrano fue detenido a la liberación y condenado a treinta años de prisión, cuya condena cumplía en el Penal de San Miguel de los Reyes; pero según tiene entendido, ha sido puesto en libertad.

Según un informe firmado el 31 de julio de 1943 por el alcalde de Espelúy (legajo 1007, expediente 14, folios 43 a 47) «el principal cabecilla causante de la muerte de Don Martín Peinado Úbeda fue el Capitán de las Milicias rojas, llamado Bonilla, de Andújar». Un tal Rafael Bonilla Pérez, de la CNT, aparece como comisario político de la 55.ª Brigada Mixta a partir del 1 de marzo de 1937.[8]

A pesar de lo afirmado por Lucas Gómez, según un estadillo de la «Policía Armada y de Tráfico» firmado en Jaén el 8 de agosto de 1942 (legajo 1009, expediente 2, folio 306), el teniente Luis Mayayo García, jefe de la escolta del primer tren de Jaén, no había muerto, sino que estaba «en la Prisión Militar de Santa Ursula». Además, aparece un cabo, Juan Biedma Díaz, que tomó parte en la escolta del tren, y que debe ser el que Lucas Gómez imaginaba como ascendido a sargento.

A Biedma se refería Joaquín Lozano Mesa, uno de los cuarenta y dos presos de Jaén trasladados en el primer tren, en la declaración que prestó el 17 de junio de 1942 —cuando este agricultor tenía treinta v seis años—, al recordar:

Que con motivo de las persecuciones de que era objeto, antes de la iniciación del Movimiento Nacional, hubo de huir al cortijo denominado «El Marqués» de este término municipal en donde le sorprende el mismo, siendo detenido por los elementos rojos el día 23 de julio de 1936, en el referido cortijo llevándolo a la Comisaría de Investigación y Vigilancia y a las veinticuatro horas fue ingresado en la Prisión Provincial. Que el día 11 de agosto de 1936 forma parte de la primera de las expediciones conocida con el nombre de «Trenes de la Muerte». [Unos trescientos veinticinco detenidos] donde pasaban eran insultados y amenazados gravemente por la multitud que pedía a grandes gritos fuesen bajados del tren para ser asesinados. Que esta multitud era incitada principalmente porque el tren llevaba unos carteles que decían «Prisioneros del frente de Córdoba». Que en aquellas manifestaciones y más concretamente en el vagón donde iba el declarante participaron los milicianos encargados de la vigilancia, los que, por otra parte, se negaron terminantemente a facilitar a los conducidos agua y alimentos. Que cuando el tren llegó a la Estación de Mediodía de Madrid, se encontraba al parecer vacía, pero empezaron a sonar las sirenas de los talleres acudiendo entonces una gran masa formada por hombres y mujeres, indistintamente, los cuales iban casi en su totalidad armados de fusiles, escopetas, pistolas y otras armas.

Que en esta situación intenta el tren arrancar cuatro o cinco veces impidiéndolo la gente que se ponía delante de la máquina, pidiendo gasolina y rociándola por los estribos del tren, sin duda alguna para prenderle fuego. En una de las paradas pudo apreciar el declarante que bajaban a muchas personas los milicianos, de las que iban en el primer vagón, que después subieron a unas cuantas y que por último arrancó el tren enterándose después que habían muerto asesinados. Que indudablemente los milicianos tenían la intención de asesinar a todos, cosa que evitó un individuo que a grandes gritos se titulaba Capitán de las Milicias de Madrid que obligó al maquinista poniéndole la pistola en el pecho a que arrancara el tren.

Lozano sufrió un periplo semejante al de Lucas Gómez, ya que fue juzgado el 9 de julio de 1937 «por desafección al régimen republicano en el Palacio de las Salesas, siéndole retirada por el titulado Fiscal la acusación, pero conducido a la Prisión de San Antón y más tarde a un Batallón Disciplinario» hasta el fin de la guerra. Añade una pista:

Que el declarante, por noticias llegadas a su conocimiento, cree que las órdenes de traslado de estas expediciones eran emanadas del entonces Director General de Prisiones Pedro Villar, pues según éste lo hacía para evitar fuesen asesinados en algún intento de asalto a la Prisión Provincial de esta Capital.

Preguntado dijo: Que entre los milicianos que iban custodiando al declarante y demás detenidos se halla uno llamado Carlos Pérez, alias Tartaja, que actualmente se encuentra cumpliendo condena de treinta años, Manuel García, alias el Chirri que también se halla cumpliendo condena y un tal Felipe Castaños ejecutado por sentencia de Consejo de Guerra, Bernardo Torres Martínez que ahora está detenido y dos hermanos de éste de los que ignora sus nombres, un cabo de Asalto llamado José Biedma y un carabinero llamado Bernardo Sánchez Cantero, estos dos últimos se portaron admirablemente con los detenidos.

El capitán de milicias cuya actuación resultó tan decisiva es identificado por otro de los cuarenta y dos presos procedentes de Jaén, como el capitán retirado Francisco Fernández Chacón, natural de Almuñécar (Granada), que contaba setenta y un años al declarar, el 17 de mayo de 1942 (folios 38 y 39 del legajo 1009, expediente 6), que poco antes de proclamarse la República compró una bandera nacional y la puso en la sede del Colegio de Agentes Comerciales, de cuya junta era vocal. Supone que por eso al iniciarse el movimiento «fue denunciado por el Presidente de la entidad José Osuna Lanzas, Oficial entonces de la Audiencia Provincial de Jaén, como individuo peligrosísimo para el régimen republicano». Fernández Chacón dice haber resultado herido en el brazo izquierdo en la estación de Alcalá de Henares «cuando iba a subir al camión» que le llevaría a la prisión en la que estuvo hasta el 19 de marzo de 1937, cuando se le absolvió del delito de «desafección al régimen republicano» y pasó «a disposición de los Tribunales Populares y del titulado Director General de Seguridad para lo cual fue ingresado en la Prisión de San Antón, en donde tuvo ocasión de conocer al Capitán de Milicias que les salvó la vida en la Estación de Mediodía, que también al parecer, estaba detenido por desafecto al régimen marxista. Este individuo se llamaba Luis Montilla Marín y ejercía la Abogacía en Madrid». Por último, Fernández Chacón fue trasladado a Cartagena hasta el final de la guerra.

La mención de La Pasionaria, presente en las declaraciones de muchos de los supervivientes, es imposible de contrastar, ya que ninguno de ellos la conocía previamente. Tampoco es posible identificar al «capitán» de Asalto que negoció con el Ministerio de Gobernación, aunque probablemente fuera el teniente Mayayo, jefe de la escolta del tren. Pero hay otro miembro de la Guardia de Asalto, un sargento, que aparece mencionado como salvador del tren en un incidente que habría sucedido después de esa negociación telefónica y del fusilamiento. Este personaje aparece en la declaración de Francisco José Linde Barranco (en la lista de presos del tren, legajo 1530, expediente 7, folio 134, su segundo apellido aparece como Navarro), propietario y natural de Jamilena, que había sido deportado con los cuarenta y dos de Jaén, y que el 18 de mayo de 1942 estaba casado y tenía cuarenta y seis años en el momento de declarar lo sucedido cuando se pedía en Atocha la muerte de los pasajeros:

Que al principio fueron bajados unos treinta; pero al manifestar uno de los milicianos que él conocía a los que eran o habían sido exdiputados de Jaén subieron a aquéllos y bajaron a éstos, todos los cuales o sea once fueron asesinados un poco después de la salida de la Estación de Mediodía. Que posteriormente intentaron matarles en el Puente de Vallecas, hecho que evitó un Sargento de Asalto llamado Marcelo Martínez el que después ingresó también en la Prisión de Alcalá de Henares por sus ideas falangistas. Que finalmente llegaron a Alcalá de Henares en donde la multitud se abalanzó sobre los presos linchándolos hasta el punto de que resultaron heridos próximamente unos setenta.

Linde estuvo preso en Alcalá hasta el 27 de junio de 1937, cuando se le trasladó a San Antón, «en donde comparece a juicio varias veces todas ellas suspendido», para después ser trasladado «al Reformatorio de Adultos de Alicante en donde permanece hasta el final de la guerra». Allí, por fin, se le juzgó el 26 de febrero de 1939, «siendo solicitada para él la pena de treinta años de reclusión pero sin que pueda afirmar de manera categórica a los que fuese condenado». Linde considera particularmente responsables de «la instigación o inducción para que se formase el traslado de presos desde la Prisión de Jaén a la de Alcalá de Henares» a «Manuel Vázquez, Delineante de Obras Públicas de la Diputación Provincial y que después fue Comisario de Policía rojo, Juan Ortiz Lozano, antiguo jugador profesional (croupier) y Pablo Flores Urdapilleta que después fue Gobernador interino de Jaén. A los dos últimos los vio el declarante en la prisión el día en que fueron sacados de ella».

El diputado socialista Flores no estaba, sin embargo, presente para organizar nada, sino que se hallaba allí porque había sido avisado de que, entre los presos que iban a ser trasladados, estaba un hijo suyo, según cuatro falangistas supervivientes del primer tren, cuyo testimonio, firmado el 21 de julio de 1939 para presentarlo ante el Tribunal Militar de Sevilla n° 2 en el procedimiento sumarísimo de urgencia n° 16194, publicó Sánchez Tostado:

Que D. Pablo Flores Urdapilleta, con ocasión de tener detenido a su hijo Pablo incluido en la lista de los que había de trasladarnos al citado penal, se personó en esta cárcel y en presencia nuestra le dijo a su expresado hijo lo siguiente: «Me han comunicado que te llevan en esta expedición, me agrada que sea así, ya que me dice que os llevan con toda clase de garantías y tú aquí, con esta gentuza, estás en grave peligro». Además que en la estación de Villaverde nombraron a su hijo para sacrificarlo logrando entre todos esconderlo por lo cual pudo escapar de la muerte lo que demuestra que dicho Sr. Flores Urdapilleta no tuvo conocimiento de lo que la horda roja pensaba hacer con los presos. Nos costa de manera fidedigna que el Sr. Flores Urdapilleta ignoraba que se estuviera organizando las expediciones de presos para Alcalá de Henares, lo cual se lo comunicaron media hora antes de la partida del tren para que pudiera despedirse de su expresado hijo.

La presencia del sargento en Alcalá se refleja en el expediente número 858 instruido contra Marcelo Martínez Ruiz, «de profesión Sargento de Asalto, recluido en la Casa de Trabajo de Alcalá de Henares», por el delito de «Desafección al Régimen» (legajo 132 de la Causa General, expediente 23, folios 2 a 4), tramitado por Francisco Martos Zafra, secretario del Jurado de Urgencia Especial de Expedientes de Alcalá de Henares, conforme «a las normas establecidas en el Decreto del Ministerio de Justicia de 6 de agosto de 1937», que con fecha 13 de agosto de 1937 devuelve el expediente «al Juzgado Instructor, que es el número 3 de los Jurados de Guardia y Especiales». El 12 de octubre siguiente, un jurado de Madrid pide al «Sr. Presidente del Jurado Especial de Urgencia de Alcalá de Henares» una «ampliación del plazo de instrucción», para lo que ahora denomina «procedimiento de urgencia 27», que no se ha incoado «por falta de servicios interesados». Esta caótica y breve documentación termina con una providencia del «Jurado de Urgencia Especial de Alcalá» que concede una prórroga de treinta días, a contar desde el 25 de octubre de 1937, dictada por el presidente «Sr. Marín Bonilla» y los «jueces de hecho Sres. Badera y Pérez».

Los malos tratos recibidos en Alcalá los atestigua otro de los cuarenta y dos de Jaén, Antonio Quesada Puertollano, empleado, soltero y de treinta y tres años en el momento de declarar, el 15 de mayo de 1942:

Esta expedición iba vigilada por milicianos, carabineros, cuatro o cinco guardias de Asalto y algunos guardias civiles, formando la mayor parte el primer grupo y todos ellos al mando de un Teniente de Milicias llamado Cruz, hermano de unos plateros de Jaén que habitan en la calle del Jesús. Que en el trayecto fueron objeto de insultos y de malos tratos ya que ni le fueron facilitados alimentos ni aún siquiera se le permitió beber agua. Que en estas condiciones llegaron a Madrid llenándose a los pocos momentos la referida estación de milicianos armados y populacho. Los cuales al arrancar el tren obligaron a éste en distintas ocasiones a parar bajando en una de ellas a once detenidos los que fueron inmediatamente asesinados. Que ya sin más novedad llegan a la Estación de Alcalá de Henares y allí son brutalmente apaleados y robados por los individuos de aquel pueblo, los cuales llegan hasta el extremo de maltratar tan brutalmente a los detenidos hasta el punto que al declarante le arrancaron la dentadura a taconazos dados por una mujer joven. Después son montados en camiones y trasladados a la prisión en donde por ser el camión de vagoneta basculante son vaciados como si se trataran de sacos.

Quesada dice haber sido trasladado catorce meses después a la prisión de la calle General Porlier en Madrid, donde hubo un amago de juicio, y a los dos meses «destinado a un Batallón de Trabajadores del que logra fugarse y se viene a Jaén, siendo de nuevo detenido y después de ser brutalmente apaleado en la Comisaría de Investigación de esta última Capital es ingresado en la Prisión de Santa Ursula de ella en donde permanece hasta la total liberación de España».

Conocemos lo sucedido a una de las víctimas mortales del primer tren de Jaén, Martín Peinado. Para el resto, hemos visto que se buscó a diputados y sacerdotes. En el testimonio de Ignacio Valenzuela, superviviente del tren de la muerte, se mencionaba a «los Diputados del Partido Agrario José Cos y Alvarez Lara». El extenso testimonio del abogado Rafael Vadillos Vilches, recién citado, añade a esos nombres el de «La Riva».

Faustino Malo Collado, uno de los veinticinco presos de Navas de San Juan que iban en el primer tren, aporta en su declaración prestada el 14 de julio de 1942 —cuando este abogado contaba cuarenta y nueve años— los nombres de otras dos víctimas mortales, los hermanos Juan Antonio y Carmelo Torres Romero, de Jaén, al tiempo que algunos detalles sobre la organización del convoy, empezando por afirmar que el director de la prisión les aseguró:

Que iban a un clima más templado y más apartado de las luchas políticas; que entre los individuos que por allí ambulaban, extraños a los presos y como representante del frente popular de Jaén conoció a D. Juan Ortiz Lozano, Agente de Negocios de aquella plaza y persona por aquel entonces influyente; que entre los presos circulaba el rumor de que por ser don Pedro Villar Director Gral. de Prisiones se haría el traslado en garantía; que lejos de ser así, en las estaciones de Espelúy, Baeza, Vadollano, Santa Cruz de Múdela y Alcázar de San Juan, sufrieron multitud de improperios, que entre Aranjuez y Madrid se cruzaron con un tren que iba con varas vateas [bateadoras] con milicianos armados y que el declarante supone eran los encargados de asesinarlos no parando ninguno de los dos trenes que se cruzaron en el campo; que al pasar próximo a Getafe vio que (hacía unos momentos [fue el 7 de agosto]) habían volado el monumento del Sagrado Corazón de Jesús. Que llegaron a la Estación de Media [Mediodía, Atocha] hacia las cinco y cuarto de la tarde, permaneciendo la misma desierta y con dos parejas de milicianos a la vista, hasta las seis, hora en que por la salida de Oficinas y talleres se llenó la estación en breves minutos. Que no puede precisar el tiempo que permaneció en la estación con posterioridad, tal vez una hora, no cesando los insultos, los gritos y proposiciones de diversos modos de matarlos, que el tren intentó arrancar dos veces entre blasfemias, gritos e insultos, y que partió a la tercera, deteniéndose, calcula que a unos cinco kilómetros, en un guardagujas o apeadero o lo que fuera, situado a la derecha según se va a Zaragoza; que entonces unos milicianos, con pistola en mano, iban forzando a los presos que les parecía a bajar del tren con propósito de asesinarlos, lo cual no hicieron; que entonces empezaron a gritar «¡Los Diputados! ¡Los intelectuales! ¡Los de las Gafas!», quitándoselas el que habla; que entonces se pusieron a buscar y encontraron a los señores Alvarez Lara, Cos Serrano, De la Riva, Peinado, los dos hermanos Torres Romero y otros cinco que sus nombres no recuerda, los cuales quedaron allí al partir el tren siendo asesinados momentos después; que, al llegar a la estación de Alcalá de Henares, vio como en los vagones, escrito con tiza, habían puesto «prisioneros del frente de Córdoba», y siendo montado en un camión, el cual fue apedreado y conducido a la antigua Galera donde aquella noche estuvieron en peligro de ser asesinados; que tiene la convicción de que los enviaron con el propósito de ser asesinados, pudiéndose evitar los cometidos ya que mientras estuvieron en la estación del Mediodía, más de hora y media, se pudieron mandar fuerzas; que confirma más su opinión de que iban al sacrificio, en primer lugar por llegada inopinada a la Galera de Alcalá, donde no los esperaban, y en segundo porque sabiendo lo sucedido el día doce sacaron otra expedición de Jaén, siendo asesinados la mayoría y finalmente que de los milicianos y carabineros que custodiaban el tren, no conocía a nadie.

Que no conoce personas a punto fijo que pueda culpar como ordenadoras del traslado, si bien por entonces supo que el día diez había estado allí Pedro Parrilla Guido, alias Periche, y se dijo que había estado Rodolfo Fernández Cabrero, ignorando si la estancia de este último fue cierta, así como los móviles que la inspiraron.

Este testimonio sitúa el fusilamiento de los presos del primer tren en las cercanías de la actual estación del Pozo, y a una distancia de en torno a un kilómetro del lugar donde, al día siguiente, serían fusilados los presos del segundo tren. La conclusión de que los autores, o al menos organizadores principales, de ambas matanzas debieron ser los mismos, parece haber escapado a los investigadores y comentaristas. En todo caso, ambos lugares eran bien conocidos por los ferroviarios de Entrevias que detuvieron el tren de la muerte.

Otra de las víctimas fue José Martín Acuña, cuyo hermano Antonio, jefe de Renovación Española (el partido de Calvo Sotelo) en Jaén, se quedó en la cárcel provincial, ya sea por la intercesión del diputado socialista Jerónimo Bugeda Muñoz —como apuntaba el abogado Rafael Vadillos—, o por la más prosaica causa que señala Francisco Hermoso Torres, uno de los presos de Pelagajar, quien afirmaba el 19 de febrero de 1942 (legajo 1009, expediente 6, folio 108) que «fueron nombrando a muchísimos detenidos entre los cuales figuraba el Sr. Abogado del Estado D. Antonio Marín Acuña, cuyo Sr. le rogó al Director de la Prisión le eliminara de la lista por padecer un ataque de hemorroides y en efecto así lo hizo, pero no así con su hermano D. José, el cual también quiso quedarse para acompañar a su hermano referido».

El resto de víctimas del primer tren aparece en una «relación nominal de presos políticos que, procedentes de la Cárcel Provincial de Jaén, formaban el primer tren de los llamados de la muerte el día 11 de agosto de 1936» (folios 19-21), y que termina con la lista de los 11 «asesinados en las afueras de la estación de Atocha, de Madrid»; José Cos Serrano, León Carlos Alvarez Lara, Fernando López Obregón, Vicente de la Riva Galán (los cuatro de Jaén), José Marín Acuña (de Bailén), Luis Ventura Balaña (de Jaén), Martín Peinado Burgos (de Cazalilla; éste es el único documento donde no aparece como segundo apellido Úbeda), Carmelo y José María Torres Romero (de Alcaudete), Ramón Contreras Graciani (de Jaén) y Luis Funes Morales (de Porcuna).

Luis M. Estudiante afirmaba en el aniversario de la matanza, en 2010, que de esta lista, en la que había «dos diputados, dos falangistas, dos sacerdotes, un notario, un exgobernador, un catedrático y dos propietarios», sobresalía la figura de Cos, nacido en 1895:

Su actividad y su impulso destacaban en un Jaén tan falto de personas con esa iniciativa. José Cos era licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, Diputado a Cortes elegido en las elecciones del 33 por los Agrarios, presidente de la Federación de Labradores de Jaén (Organización ligada a la CEDA y al Bloque Agrario Republicano), estaba íntimamente ligado a la historia de la Sociedad Económica de Amigos del País, propietario y fundador del periódico La Mañana y además impulsor de la Olímpica Jiennense (que más tarde se llamaría Real Jaén), siendo su principal e inicial mecenas. Impresionante currículum a sus sólo cuarenta y un años. Todo esto, las envidias y una España enferma de odio entre hermanos, lo llevaron a aquella cárcel de la Catedral, a aquel tren y ante aquellos hombres que empuñando el odio acabaron con tan señalada persona, con los relevantes diez hombres que le acompañaron en su final y con los ciento ochenta y ocho muertos del segundo tren de Jaén que acabaría convirtiendo a esta provincia en la víctima de los primeros fusilamientos masivos cometidos en la Guerra Civil Española.[9]

Del diputado León Carlos Álvarez Lara dice Sánchez Tostado que era paisano del presidente de la Diputación Provincial —Federico Castillo Extremera—, ya que «nació en Castillo de Locubín (Jaén) en 1884. Licenciado en derecho por la Universidad de Granada, fue elegido diputado provincial durante la dictadura de Primo de Rivera Diputado a Cortes en 1933. Cofundador y director del periódico La Regeneración. En 1935 fue nombrado director general de Agricultura, Montes y Ganadería y vicepresidente de la Federación de Labradores así como vicedirector de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Perteneció al Partido Agrario Español del Bloque Republicano Agrario, integrado en la CEDA. Al inicio de la guerra fue detenido y encarcelado».[10]

De la tercera víctima jienense, Fernando López Obregón, sabemos que era notario; hay también quien lo señala como exgobernador (sin decir de qué o de dónde) y activo militante de Acción Popular. Tras la victoria electoral de las derechas en 1933, se había significado pronunciando en el teatro Liceo de Baeza, el 5 de diciembre, una conferencia que, según el ABC del día siguiente (página 23), había sido suspendida «a pretexto de posibles alteraciones del orden por el alcalde, socialista», pero que finalmente «se celebró por autorización expresa del gobernador», que a la sazón era entonces el militar Ignacio Sánchez Campomanes, militante del Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux. ABC llama a López Obregón «verdadero y entusiasta paladín de las fuerzas de derechas de la ciudad» y asegura que «fue largamente ovacionado»;

El conferenciante glosó brillantemente el triunfo antimarxista en la provincia de Jaén, que no será baldío ni estéril si las clases directoras y laboriosas encaminan sus esfuerzos a reconstruir valores tradicionales en olvido.

Exhortó en tal sentido a todas las clases sociales, terminando invitándolas a la formación de un Centro en el que todos tendrán cabida menos las cabezas visibles de las organizaciones societarias, que tuvieron aherrojada a la provincia.

La cuarta víctima procedente de la capital, Vicente de la Riva Galán, era sacerdote, mientras que la quinta, Luis Ventura Balañá, era profesor de francés del Instituto de Jaén y miembro de la dirección provincial de Acción Popular, y la sexta, Ramón Contreras Gradará, era secretario provincial del SEU. La víctima de Bailen, José Marín Acuña, que quiso quedarse en la cárcel con su hermano, era sacerdote (párroco de Nuestra Señora de Zozueca); de los dos hermanos de Alcaudete, Carmelo Torres Romero era jefe local de Falange Española de las JONS y Juan Antonio exgobernador civil de Granada, cargo para el que fue nombrado como independiente el 21 de diciembre de 1935, y cesado el 22 de febrero de 1936, es decir, tras las elecciones del Frente Popular. En cuanto a Luis Funes Morales, el estadillo de personas asesinadas de Porcuna elaborado para la Causa General (legajo 1006, expediente 11, folio 6) señala que tenía veintisiete años, era propietario y «pertenecía a FE». Según ese documento, su cadáver fue enterrado en el «Cementerio del Oeste» de Madrid, lapsus evidente porque en la capital no ha habido más cementerio con denominación a base de puntos cardinales que el del Este (o de la Almudena).

¿Quién organizó las expediciones?

Los presos supieron que la iniciativa de su traslado procedía del gobernador civil de Jaén. Pero se fijaron en la presencia de otras personas. Como vimos en el caso de José Linde, al no saber por qué estaban (caso del diputado Flores, que se despedía de su hijo), esto les llevó a echar sobre ellas la responsabilidad de la selección de presos. Algo semejante pensaba el abogado Rafael Vadillos Vilches, natural de Mancha Real, casado y de cincuenta y cuatro años en el momento de declarar (folios 31 y 32) el 21 de mayo de 1942:

Que en la Cárcel de Jaén y hora próximamente de las once de la noche del día 10, o sea unas horas antes de formarse el convoy se presentó en el Departamento conocido por «Villa Cisneros» [el destinado a los condenados a muerte, al menos posteriormente] en una de cuyas celdas estaba detenido el exponente el Director del citado establecimiento un tal D. Lorenzo, cuyos apellidos no recuerda [Alonso Montero] quien les manifestó que, por orden del entonces Gobernador Civil Rius Zunón obedeciendo consignas del Frente Popular, iban a ser trasladados de establecimiento ante el temor de un asalto a la Prisión en donde se encontraban; que cuando ya con los hatillos a cuestas estaban esperando que le designasen el sitio que habían de ocupar en los camiones que, a la puerta del establecimiento iban llegando, pudo apercibirse de que los que llevaban la voz cantante y quienes habían de ser las personas que formasen parte de dicha expedición eran Juan Ortiz Lozano, Manuel Vázquez Massana, Pablo Flores Urdapilleta, Julio Gómez Blanes y el Médico Federico Castillo Extremera, que oyó momentos antes de partir la expedición que el Juan Ortiz Lozano comunicaba a D. Antonio Marín Acuña que, por orden del funestísimo Jerónimo Bugeda, había sido excluido por razones de compañerismo profesional de la citada expedición por abrigar fundados temores de que en el trayecto se atentase contra la vida de los expedicionarios.

Menciona Vadillos los «insultos y amenazas» en «todos los pueblos» del trayecto de Jaén a Espelúy, cómo allí fueron desembarcados «en forma de bultos de equipajes o materiales de construcción, pues la mayor parte de los camiones lo eran de la clases llamados basculares», que allí «un numeroso grupo de obreros con hoces en la mano» pretendió cortarles la cabeza, «lo que no llegaron a efectuar por la intervención de algunos carabineros», en particular de Bernardo Sánchez Cantero, ya elogiosamente citado por Joaquín Lozano; que de Espelúy a Madrid «por todas las estaciones que pasaban había gran aglomeración de la canalla roja, obedeciendo órdenes y consignas del maldito Frente Popular de Jaén que por telégrafo iba anticipando la noticia de que el tren iba compuesto de prisioneros cogidos con armas en la mano en los frentes de Córdoba», extremos que Vadillos dice haber comprobado leyendo un ejemplar de El Socialista, del 11 de agosto «en donde se publicaba un editorial en tal sentido y se invitaba a esperar el citado convoy a su llegada a la Estación del Mediodía».

El número 8.212 de El Socialista, correspondiente al 11 de agosto de 1936, conservado en la Fundación Pablo Iglesias, no hace ninguna referencia a los trenes de Jaén, y tampoco el 8.213, del 12 de agosto. Aparecen referencias a la toma de Adamuz y a la presunta inminencia de la caída de Córdoba, así como a los crímenes que los nacionales habrían cometido en localidades cordobesas, particularmente Baena, de donde se dice en la página 4 del día 11 que hasta el 29 de julio «fueron asesinados 296 compañeros de 375 que integraban los tres centros sindicales». En la misma página del ejemplar del día 12, se cifran en mil doscientos los «asesinatos en Baena», según José Piqueras, dirigente de una columna de trescientos mineros «de La Carolina, Linares y Cente-nillo», en cuyo testimonio queda claro que la dirección del frustrado ataque republicano sobre Baena correspondió a un diputado jienense que ya nos es conocido:

Cuando la columna republicana destacada a Baena, compuesta por guardias de Asalto y milicianos, y al frente de la cual iban un capitán de Asalto y el camarada Alejandro Peris, llegó a las puertas del pueblo, los mineros tuvieron que abrir paso metiéndose en las casas y lanzando cartuchos de dinamita. El aspecto del pueblo era trágico. Flotaban en el ambiente la desolación y el terror. Con decir que se calculan en 1.200 los trabajadores asesinados, está dicho todo. Advirtiendo que entre los muertos figuran muchas mujeres y gran número de niños…

El fracaso de Peris ante Baena puede dar una pista acerca de un motivo particular que este diputado podría tener para llevar a cabo una venganza con los presos de Adamuz. Si el recuerdo de Vadillos probablemente falla sobre el periódico en que dice haber visto la convocatoria, en todo caso sí es preciso al decir que el primer tren llegó a Atocha «a las cinco cuarenta y cinco» del 11 de agosto. Allí aparecieron las masas «sobre todo las afectas al Sindicato Ferroviario provistos de toda clase de armas de fuego y blancas con el propósito de linchar a todos los presos según constantemente gritaron»:

Estas turbas iban capitaneadas por una mujer a quien el declarante no conocía pero que después supo lo era la Dolores Ibárruri, conocida por «La Pasionaria» imponiéndose a los grupos con la indicación de que no gastasen más municiones pues seguramente «harían falta para el canalla de Mola», frase textual y que lo más conveniente era que ardiese todo el tren para lo cual ella requirió y le facilitaron en la oficina de telégrafos de la citada estación dos cajas de gasolina; que un Capitán de Asalto al mando de una patrulla de fuerzas de este Cuerpo dio cuenta telefónica al Ministerio de la Gobernación del grave peligro que corría la vida de los ocupantes del tren de donde se le contestó por orden del entonces titulado Ministro General Pozas que pusiese la fuerza a su mando a buen recaudo y que no se ocupase de la suerte que pudieran correr los presos, de cuyo hecho tuvo conocimiento el declarante en la Cárcel de Alcalá de Henares en el año 1937 a mediados del mismo en que resultaron también como presos en el citado Penal el referido Capitán y el Capitán Juez Militar que levantó los cadáveres de los que allí fueron asesinados, Sres. Cos, Alvarez Lara la Riva, etc. etc.

Vadillos estima la escolta en «muy pocas» parejas de carabineros, «unos cuantos Guardias de Asalto y muchos, muchísimos, milicianos»; sólo excluye de los maltratadores a «algún Carabinero» y recuerda que no les dieron de comer ni de beber. Termina considerando «principales responsables de la citada expedición y de sus consecuencias al entonces gobernador civil de Jaén Rius Zunón, al titulado Presidente de la Audiencia [José] Miura [Casas], al Presidente de la Diputación Castillo Extremera, a Flores Urdapilleta, a Julio Gómez Blanes, a Manuel Vázquez Massana, a Juan Ortiz Lozano y al Médico Casero».

El papel principal del gobernador civil y su intención de proteger a los presos está claro por el tenor del telegrama que transcribe Luis Miguel Sánchez Tostado, al tratar sobre los Trenes de la Muerte en La Guerra Civil en Jaén: historia de un horror inolvidable (páginas 141 a 145). Se trata de un teletipo enviado el 10 de agosto por Luis Rius Zunón al ministro de la Gobernación, Sebastián Pozas:

Sin novedad llevo dos días al habla con el Director General de Prisiones de quien deseo autorice de acuerdo con V. E. el traslado de los presos de Jaén y la provincia a sitio seguro: Alicante, etc. presos que he ido trayéndome con grandes dificultades de varios pueblos y que ascienden a un total de algo más de mil quinientos, el deseo mío con carácter de urgencia de que este traslado se efectúe rápidamente es por el temor fundadísimo de que puedan ser objeto de trato violento y trágico que quiere evitarse con el traslado en cuestión. Es verdad que la capital está absolutamente tranquila, pero es más verdad aún que ciertos elementos a mí no me la dan con queso y hay que anticiparse a sus tortuosos propósitos que conozco de una manera firmísima. Si se logra sacar de aquí urgentemente con un tren especial o como sea se habrá conseguido para Jaén una nota destacadísima, toda vez que los actos violentos de este tipo pudieron cortarse afortunadamente en su iniciación. 10-8-1936.

El teletipo lleva un sello con tinta azul que pone «Secretaría del Ministro de la Gobernación» y un párrafo escrito a mano que dice: «Con urgencia para que se vea si es posible realizar lo que se pide». El mismo 10 de agosto, el director de la prisión recibió el permiso mediante un telegrama remitido por el Director General de Prisiones, Pedro Villar Gómez:

El Director General de Prisiones. De acuerdo con el Gobernador Civil entregue para su conducción a Alcalá de Henares cuatrocientos a quinientos reclusos de los que se hallen en esas prisiones.

La urgencia del telegrama de Rius Zunón y su «temor fundadísimo» parecen poner en entredicho que Jaén estuviera «absolutamente tranquila». Si en algo se anticipó a «ciertos elementos», el conocimiento firmísimo que dice tener de sus «tortuosos propósitos» no logró evitarlos, pues el propio Sánchez Tostado cuenta «cómo los sindicatos de Jaén avisan para que la gente les recibiera en todas las estaciones y todos en Madrid conocieran que iban para allá los diputados de derechas presos».[11]

Sánchez Tostado afirma que lo sucedido con los trenes fue la causa de la dimisión de Rius Zunón (página 154 de La Guerra Civil en Jaén):

Dos días después de estos hechos, el 14 de agosto, el Gobernador Civil de Jaén, Luis Ruiz [Rius] Zunón, que fue quien solicitó a la Dirección General de Prisiones el traslado de estos presos, dimitió de su cargo siendo relevado por Manuel Martín Galeano. Sin duda aquella tragedia debió afectarle profundamente pues, según la documentación consultada, el origen de la expedición fue precisamente evitar en Jaén lo que ocurrió en Madrid. Por su parte Martín Galeano se mantuvo en el cargo dos meses escasos, hasta los primeros días de octubre de 1936 en que se hizo cargo el alcalde de La Carolina, el socialista José Piqueras Muñoz, que se mantuvo hasta el 5 de agosto de 1937.

Rius no parece haber captado hasta qué punto el envío a Madrid no era garantía de seguridad para los prisioneros. El entonces director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, reconoce haber estado al tanto de la llegada del primer tren (que confunde con el segundo), sólo cuando ya estaba en Atocha. En todo caso, admite que es precisamente la necesidad de respetar a las nuevas autoridades revolucionarias lo que hizo que las máximas autoridades nominales de la República abandonaran a los presos a la merced de los milicianos. Muñoz declara en el legajo 1530, expediente 1, folio 302 de la Causa General que:

Recuerda, aunque no en sus detalles, los asesinatos del Tren de Jaén. Su primera noticia fue una llamada telefónica del Comisario de la Estación de Atocha, que le participó que la vía estaba tomada por una muchedumbre emplazada en los alrededores con motivo de la llegada de un tren de detenidos, que según parece iba con dirección a Alcalá y que no se dejaba salir el tren de la Estación de Atocha, por temerse graves disturbios y consecuencias luctuosas; preguntó entonces el declarante qué escolta llevaba el tren, y se le dijo que un Oficial de la Guardia Civil y varias parejas; reclamó la presencia del Oficial en la Dirección General, donde en efecto se presentó con el Comisario, y le hicieron saber que el tren estaba bloqueado y que había ametralladoras emplazadas en las alturas que dominaban la vía; que las fuerzas de que se disponía eran insuficientes y que se había desenganchado la máquina y que no se dejaba salir al tren. El declarante dijo al Comisario que tratase con medios persuasivos de aplacar a los dirigentes de la algarada, para que pudiese salir el tren, contestando que así lo haría el Comisario, que marchó inmediatamente a la Estación. No recuerda el declarante si fue en el mismo momento de su conversación con el Comisario y con el Teniente, o si fue en el mismo momento de su conversación con el Comisario y con el Teniente, o si fue algo después cuando informó de lo ocurrido al Presidente del Consejo, Giral. A poco se le comunicó al declarante que el tren había conseguido salir de la estación y que marchaba a su destino, y después tuvo conocimiento de que al llegar el tren a una estación próxima a Madrid, cree que era Villaverde, había encontrado la vía interceptada y que habían sido asesinados todos los que iban en el Tren. El declarante se lamentó ante el Presidente del Consejo de que se hubiese hecho una expedición de detenidos, sin que la Dirección lo hubiese sabido previamente para tomar medidas y evitar tales hechos. Desde luego, el criterio del Ministro de la Gobernación era evitar en todo caso que la fuerza pública se enfrentase con el pueblo armado, ya que si el Gobierno se sostenía de una manera artificial, sin tener dónde cimentarse y viviendo sobre una especie de plataforma ficticia, trataba de evitar que esa plataforma fallase si la fuerza pública, siempre insuficiente era desbordada en un choque con las masas.

Advertido el declarante de su posible confusión acerca de estos sucesos y de la versión que da, pueda referirse al primer tren de presos, del que resultaron asesinados algunos viajeros, ya que la expedición que pereció en masa fue asesinada no en Villaverde sino en Vallecas, sin que el tren hubiera llegado a entrar en Madrid, responde que es posible que su recuerdo sea efectivamente confuso. El hecho es que ante la extrañeza del declarante, que no se explicaba cómo la Dirección de Seguridad no hubiese tenido previo conocimiento del viaje del tren de presos y en cambio las masas hubiesen estado advertidas, se le explicó que los Comités ferroviarios telefonearon de estación en estación la marcha del tren, y así llegó la noticia a Madrid, dando lugar a que las masas, prevenidas de esta manera, se concentraran y asaltaran el convoy.

El Gobernador Rius Zunón, lo mismo que el director general de Prisiones, o el ministro de Gobernación aparecen sólo en los papeles y con la intención de proteger a los presos. En la cárcel, aparte del director del establecimiento, aparecen, entre otros, el presidente de la Diputación, Federico García Extremera, Juan Ortiz Lozano y Pablo Flores Urdapilleta. Ortiz era delineante en la Diputación Provincial, agente de negocios, jugador profesional y llevaba un recado de Jerónimo Bugeda para evitar que marchara un preso. Flores Urdapilleta va a saludar a su hijo y desde el comienzo de la República está estrechamente asociado a Castillo Extremera y Peris, entre otros. Sánchez Tostado añade que «participó en las movilizaciones de octubre de 1934 en la ciudad de Jaén. Detenido, fue deportado al municipio de Torvizcón (Granada) y posteriormente encarcelado en las prisiones de Andújar y Cazorla. Al inicio de la guerra participó en la recluta de milicias, al tiempo que se convertiría en un personaje de gran relevancia en la federación provincial socialista donde tuvo distintos cargos directivos, como la vicesecretaría provincial del PSOE. Fue concejal del Ayuntamiento de Jaén e interventor de Abastos. A los pocos meses de iniciarse la guerra fue nombrado Gobernador Civil en funciones cubriendo las ausencias de José Piqueras Muñoz».

Manuel Vázquez Massana, delineante como Ortiz, era vocal de la junta directiva provincial de Izquierda Republicana, establecida en mayo de 1934, cuyo presidente era Castillo Extremera. En cuanto a Julio Gómez Blanes, era profesor de idiomas en el Instituto de Jaén y también un estrecho colaborador del presidente de la Diputación.

Luis Garrido Rodríguez, labrador de Navas de San Juan, casado y de cuarenta y un años en el momento de declarar, el 17 de julio de 1942 (legajo 1009, expediente 6, folios 136), dijo haber visto a Flores «en la madrugada del día once», y aseguraba que el día 10 algunos personajes del Frente Popular de su pueblo visitaron a tres presos, «Fernando Roncero Gracia, D. Juan Carrasco Ayuso y D. Arturo PalazónYebra, con quienes tuvieron una conversación amistosa ofreciéndoles unos colchones para dormir y a D. Arturo que firmara un cheque en blanco, y a Don Fernando Roncero que cuando se entregara el de los bigotes, que sería pronto, que iban a comer un borrego en la Plaza, esto lo dijo Pedro Parrilla, que era entonces alcalde de esta villa».

Hay datos que, a posteriori, los presos interpretan como presagio de tragedia. Es lo que hace Tomás Rojas Eisman, vecino de la misma localidad (su segundo apellido aparece como Fisman en la lista del legajo 1530, expediente 7, folio 132), de veintiocho años, casado y dedicado al comercio, cuando declara, el 29 de julio de 1942 (folios 140-141 del expediente 6):

Que el día 10 de agosto de 1936, encontrándose detenido en la cárcel de Jaén, se enteró que habían llegado a aquélla varios elementos del Comité de Guerra del frente popular, entre ellos Pedro Parrilla Guido y Rodolfo Fernández Cabrero, que estos elementos llevaron unas listas de las personas más peligrosas de este pueblo, sin duda alguna para que fuéramos asesinados todos, puesto que en el traslado que se nos hizo desde Jaén a Alcalá de Henares se demostró bien claro por los hechos. Hace constar que él fue trasladado expresamente por Rodolfo Fernández Cabrero, que la tarde del día 11 la novia de éste le dijo a la del declarante que su novio iba incluido en la lista por considerarlo muy peligroso y que no volverían más al pueblo.

El citado Arturo Palazón Yebra —igualmente de Navas—, propietario, casado y de cincuenta y nueve años el 13 de agosto de 1942, explica cómo fue engañado para firmar (folio 142b):

Fue llamado al locutorio de la Cárcel de Jaén por D. Antonio García Martínez, con el encargo de que firmara el que habla un cheque en blanco, que debió ser para hacer pagos de su señora hermana y en la conversación sostenida le aseguró que el Alcalde de esta villa Pedro Parrilla Guido había ido con él a Jaén para darle al Gobernador la lista de los presos que querían poner en libertad, diciéndole que uno de ellos era el que declara. Que por el contrario, el día 11 lo requirieron para hacer el viaje en el tren de la muerte, siendo el primero en lista.

Por su parte, el párroco de Navas, Francisco del Moral Almagro, natural de Villargordo, aventuraba el 27 de julio de 1942 que la intercesión definitiva para evitar una mayor matanza en el primer tren correspondió a una embajada extranjera (folios 138-139). Afirma que los insultos y amenazas en el trayecto se debían «al previo aviso que lo daban por teléfono dos o tres individuos que iban en él, vestidos de paisano y que no formaban parte de la guardia que llevaban». Él mismo habría visto armar a los milicianos en Atocha, tras llegar a las 16.45:

Empezaron a llegar milicianos que entrando por la derecha donde se leía oficina de Central de Milicias, cogían un fusil y se marchaban al andén, al cabo de media hora, como máximo, estaba el andén completamente lleno de milicianos, los cuales rodearon el tren diciendo que los iban a quemar vivos, a cuyo fin prepararon las correspondientes latas de gasolina; ínterin pasaba esto, como todo Madrid sabía estábamos en la Estación y que los iban a matar, una alma buena avisó a una Embajada diciendo lo que pasaba, entonces esta Embajada avisó al Gobierno diciendo que estaban allí en peligro de muerte, y el Gobierno aunque cómplice en nuestro viaje, ante este aviso mandó una compañía de Asalto al mando de un sargento de Burgos, el cual nos defendió, entonces el Capitán de Milicias decidió matar a 24 y que los demás los mataran en Vallecas en vez de 24 asesinaron a 11 y la matanza de Vallecas no se verificó por la intervención del dicho sargento […]. Que considera responsable de todo esto al Comité del Frente Popular, que fue quien mandó la lista de peligrosos para que los asesinaran.

Las matanzas de la Merced y de Úbeda

Como vimos por la declaración de Lucas Gómez, el 23 de julio hubo en la cárcel de Jaén «un conato de sublevación de los presos comunes [que] querían asesinar a los de derechas, cosa que evitó la intervención rápida de la Guardia Civil. Tal conato estuvo precedido por la explosión de violencia en la ciudad, donde las milicias fientepopulistas habían protagonizado el día 20 un sangriento episodio: el asalto al convento de la Merced. Una vez más, se trata de un suceso que se tardó mucho en investigar en la posguerra.

El relato que lo resume, firmado por el comisario jefe de policía de Jaén, lleva fecha de 27 de junio de 1944 y se encuentra en el legajo 1009, expediente 13, folios 36-38, de la Causa General. Comienza por nombrar a los cuatro religiosos del convento de la Merced asesinados: Santos Rodríguez González, Laureano de Frutos Heredero, Genaro Millán García y Eduardo Gómez Salcedo. En cuanto a los hechos, asegura que el 20 de julio Peris, López Quero, Flores, José Aroca Núñez, Nemesio Pozuelo, Manuel Valenzuela Cuevas, Francisco Ortega Rubia, alias Cañamón, y Manuel Núñez García habían «recogido todas las armas a las personas de orden y repartidas a los milicianos, los antes mencionados dirigentes dieron la orden en la Casa del Pueblo a los milicianos allí reunidos, que asaltaran el Convento de la Merced, a cuyo efecto éstos se trasladaron al indicado sitio acompañados de los dirigentes y uniéndose a ellos los milicianos que componían el Sindicato de Mineros, sito en el Casino Primitivo de esta capital, llegaron a las puertas de dicho convento y como ni por su torre, ni ventanas se veía persona alguna, acordaron volar la puerta con dinamita, de cuya explosión se encargaron los mineros Tomás Expósito Cano, alias el Moro; Manuel Arroyo Melero, alias el Feo; Pedro Fernández Hernández, alias Pericón; Francisco Jiménez Cobo, alias el Deo; Rafael Aguirre, alias el Confite, y otros»:

Verificada la explosión de la dinamita colocada junto a la puerta y en vista de que no consiguieron volarla, los referidos dirigentes distribuyeron milicianos por la parte posterior del edificio para que saltaran las tapias, entraran por el jardín y penetraran en el interior, como así lo efectuaron varios individuos, haciendo disparos todos ellos con las armas de que eran portadores y ocasionando la muerte en el referido jardín a tres religiosos que intentaron ponerse a salvo saltando por las tapias.

Seguidamente saquearon el Convento, llevando a la cabeza los dirigentes antes mencionados y todo el público que quiso entrar, dando muerte a otro religioso más que intentó ponerse a salvo corriendo con dirección a la calle. Otros varios religiosos más que fueron encontrados en sus celdas fueron detenidos y conducidos por las calles, rodeándoles seguidamente la multitud enfurecida, maltratándoles infinidad de veces de palabra y obra, y llegando la horda roja, en su exaltación, a martirizarlos, apuñalándoles con machetes, agujas grandes de coser esparto, navajas y garrotes en la Plaza de San Francisco, ante el Gobierno Civil, donde como el hecho fue cometido en masa, no es posible determinar quiénes fueron los autores.

La intervención directa de Peris en el suceso parece descartable, ya que ese día, según Francisco Moreno (página 630 de 1936: el genocidio franquista en Córdoba), se encontraba con sus milicianos en Luque:

La combatividad de estos milicianos de Jaén fue muy enérgica en la primera semana de la guerra. El mismo 19 de julio habían impedido la sublevación en Villa del Río, y sofocado la de Montoro. El 20 se hallaba Alejandro Peris ante Luque, aunque no le acompañó el éxito. El 21 recuperaron Pedro Abad y se situaron en el cerco de El Carpió. El 22 de julio entraba Peris de manera triunfal en Villafranca (que se perdió el día 26 y la recuperaron el día 30).

Otro de los citados actuará de forma independiente de Peris a partir del día 25, según la misma fuente:

Nemesio Pozuelo, con Lino Carrasco y el sargento Francisco Fernández Gómez se encaminaron a la comarca de Los Pedroches (25 de julio), donde participaron en la sofocación de la rebelión en Torrecampo y en Pedroche. En esa comitiva iban también Cristóbal Valenzuela y Bartolomé García Pozuelo, que se quedaron en Villanueva de Córdoba e iniciaron la formación del Batallón Garcés (primero milicias Villanueva). Días después, la parsimonia del general Miaja impuso un ritmo mucho más lento, dejando inactivos, lamentablemente, a estos milicianos.

El mismo día que el relato policial, el teniente coronel jefe de la Guardia Civil en Jaén firmaba su versión (folios 39-42), en la que no cita a Nemesio Pozuelo entre los instigadores del acto. No menciona la supuesta explosión, aunque sí la presencia de mineros. Los milicianos habrían tratado de entrar en el convento «con el pretexto de hacer un minucioso registro en el mismo, por haber circulado el rumor de que aquéllos tenían armas con las cuales se defenderían si bien ya tenían rodeado todo el recinto, incluso las murallas que circundan la huerta». El superior de los religiosos, según esta versión, no se opuso a la petición de los milicianos que le transmitía el portero:

Manifestó al lego que podían pasar cuando quisieran, mas en aquel momento sonó un disparo, el que después se supo había ocasionado la muerte de un camarero llamado José Jiménez Cruz, que circunstancialmente pasaba por aquellas inmediaciones en dirección a su domicilio; este incidente motivó la protesta del populacho irrumpiendo violentamente en el interior del convento y bajo la acusación de que el disparo había partido de la torre de la Iglesia, organizaron la caza de los padres, bajo las expresiones de «Qué cuadra» […]. El padre Superior, horrorizado y lleno de pánico, huyó de la furia arrojándose por la muralla de la huerta, fracturándose una pierna y conducido al Hospital de esta Capital, murió el día 19 de septiembre del año 1936, más bien que por su lesión, por abandono de los encargados de asistirle, a excepción de un Padre Carmelita de Ubeda (Jaén) que le amparó en lo que pudo hasta su muerte.

[…]. Otro Padre, Paz Porras García, fue vejado y arrastrado por las calles y atravesado su cuerpo por un estoque del que iba provisto un miliciano, en la Plaza de San Francisco de esta Capital y además aporraceado bárbaramente en la cabeza, siendo trasladado al Hospital donde curó sus heridas, pasando con posterioridad a la cárcel, saliendo de ella el día 23 de marzo de 1938, teniéndose que alistar en el Ejército rojo y en esta situación permaneció en Cuenca hasta la total liberación de España. [Los demás fueron a prisión] siendo condenado el Padre Juan Bautista a la pena de dos años y medio de trabajos forzados en el Campo de Concentración de Albatera; el padre Carballo y el hermano Patricio le retiraron la acusación, el resto fueron empleados en la construcción de trincheras en Fuerte del Rey de esta provincia.

[…]. El asalto al repetido convento fue organizado por los cabecillas rojos, Valenzuela, López Quero, Peris Caruana y Don Pablo Flores, todos ellos fallecieron a excepción del primero, que se encuentra en ignorado paradero.

Uno de los religiosos supervivientes, Nicomedes Muñoz, relató lo sucedido ese día (folios 24-25, su relato continúa hasta el 33 hablando de cómo atendió a presos condenados a muerte, durante el resto de la guerra):

Era el día 20 de julio de 1936, de dos a tres de la tarde, ocasión en que la Comunidad de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María se hallaba tranquila, relativamente, en los Comienzos del Glorioso Alzamiento, cuando todo se agitaba y revolvía… ajena a lo que tan fiera, sanguinaria y bárbaramente se iba a realizar con sus mismas personas.

El que esto escribe hallábase colocando los libros de su escritorio, cuando llama a mi cuarto el R. P. Paz Porras García y me dice: «Venga, venga y vea». Yo salí a la ventana de la Capilla que da a la huerta, y juntamente con él vi que la horda salvaje había forzado las puertas de la huerta y penetrado en la misma para sus perversos intentos. Llamé al P. Superior Fructuoso García Bañares, y juntos los dos, salimos a la huerta, hallándonos con las turbas armadas. Al preguntarles qué deseaban, nos contestaron groseramente que registrar la Huerta; así lo hicieron, semejando animales cazadores; así los califico, porque con las manos y armas iban revolviéndolo todo, incluso unas aguaderas que tenía el hortelano con virutas para quemar. Hartos de revolver ante nuestra presencia, se tornaron a ir; si bien, al cerrar de malos modos la puerta de la huerta, nos encañonaron con una escopeta de dos cañones, proporcionándonos el susto correspondiente que mis lectores pueden suponer. A duras penas se pudo cerrar la puerta.

Nosotros bajamos a la Portería. Y allí ya estaban el R. P Benjamín Carballo Zamorano y el Hermano Patricio Pérez. El P. Superior y yo salimos a la calle, y ante la muchedumbre que nos contemplaba horrorizada nos gritaron: «Pasos atrás», y nosotros, helados de susto, al volvernos a encañonar con la escopeta antes mencionada, y pensando que nos podían dejar allí instantáneamente muertos, nos entramos y subimos los escalones de la Portería, cundiendo el pánico al ver la actitud hostil de las turbas…

Llamóse al teléfono para pedir auxilio, pero inútil, pues, o estaba cortado, o no quisieron hacernos caso. Entretanto sonaban los tiros que rompían los cristales de las ventanas, produciendo gran estruendo al caer por los suelos. Y a estas o a otras consignas obedecieron los gritos, los tiros, las pedradas y el asalto de nuestra Casa. Como siempre, gritaron diciendo que «tenían armas, que disparaban, que había que incendiar la Iglesia y matar a los Religiosos», como sanguinariamente hicieron.

Ante tan horrible situación, no hubo otro remedio que el de tirar cada uno por donde pudo; todos acabaron por salir a la huerta para marchar; mas ¡terrible desengaño! Todo lo grande que es la Casa y la huerta estaba rodeado de turba armada que disparaba contra nosotros apenas nos vieron.

Algunos no pudieron esquivar los tiros y cayeron mortalmente heridos; tales fueron los cuatro siguientes, asesinados por la horda salvaje:

P. Santos Rodríguez, que mataron a unos cuantos metros de la tapia que da a la carretera.

P. Laureano de Frutos, en la habitación alta de la casita de en medio de la huerta.

P. Jenaro Millán, entre las dos higueras que hay junto a la tapia sobre el primer paseo, y el H°. Eduardo Gómez cerca de la zanja que hay en la parte norte, junto a las casas, siendo después arrojado a la misma de un modo inhumano.

Los cuatro cadáveres, después de maltratados, fueron echados en el carro de la basura, paseados por las calles y llevados al depósito del cementerio.

En aquel revuelto y desconcierto de disparos, mataron ellos mismos a un camarero, echando la culpa a los Religiosos, que estaban totalmente desarmados.

El P. Fructuoso García Bañares al caer de la tapia se hirió gravísima-mente en el talón del pie, y después de sufrir horrorosas curas en el Hospital, murió a 29 de septiembre del año 1936.

El P. Juan Bautista Alonso y el P. Jacinto Muñoz fueron detenidos en la casa próxima a la nuestra por un grupo de escopeteros, y al cogerlos los golpearon tan fuertemente que, hiriendo en la sien izquierda al P. Jacinto, quien empezó a chorrear sangre en abundancia (puede verse la narración de mis hermanos en sus escritos sobre los sucesos); habían logrado tirarse por las tapias junto a la casa de Ejercicios. El R. P. Superior por la parte del poniente, el H° Patricio Pérez casi por el mismo lugar que el P. Jacinto. Los RR. PP Nicomedes Muñoz Bartolomé, Benjamín Carballo Zamorano y Paz Porras García, por la muralla de la huerta a 10 o 12 metros de altura, después de arrastrarse por los suelos para esquivar los tiros y de reconciliarse mutuamente para morir. ¡Qué momentos tan horribles! El que suscribe se lanzó el primero, ayudando a los otros en lo que pudo; así caímos a los corrales de unas casas; y en ellas ya, nos pusimos al amparo de una pared para que no nos vieran las furias marxistas y no nos asesinaran; mas todo fue en vano; al poco tiempo apareció un miliciano en el caballete de un tejado, y apuntándonos con el arma, nos gritaba para que todos sus camaradas le oyeran y vinieran a auxiliar su valentía. Gritaba diciendo: «Aquí están, ¡aquí hay tres! Manos en alto, que os mato»; y nosotros quietitos, al amparo de Dios y de la pared… Los vecinos, que nos estaban viendo, no se atrevieron a abrirnos la puerta de su casa, para que nos refugiáramos en ella. Arremolinóse la turba en torno de la casa, y pasando por ella, llegaron al corral, nos cogieron, nos pegaron, nos cachearon, y empezó el calvario…

El P. Paz cae en tierra mareado y chorreando sangre; y haciéndole levantar, nos atan a los tres, y así entre gritos, blasfemias y golpes, empezamos a caminar hacia la muerte, hacia el lugar del suplicio.

El P. Benjamín, a los pocos pasos, se ve sin la manga de la camisa; el P. Nicomedes, sin chaleco y sin corbata, que se le cayó de las manos y no se la dejaron coger del suelo, sino que le dijeron: «Déjala, que ya no te lo pondrás más»; y los tres chorreando sangre, caminábamos entre aquellas fieras que nos decían: «¿Qué hacíais en el Convento? ¡Comiéndoos el pan de nuestros hijos! ¿eh? ¡Qué buena vida os llevabais!». Y así por el estilo nos iban insultando entre golpes, horribles blasfemias y amenazas de muerte.

Así marchábamos atados, entre la muchedumbre, y llevados por un mandamás que tenía en todo momento la pistola frente a nuestras sienes, y que blasfemando gritaba cuando nos herían y nos querían matar: «Si los hay que matar, yo los mataré… porque los he cogido yo… y son míos». Cuesta abajo por aquellas calles, llegamos al Juzgado: ante él nos pararon y abriendo un bidón de gasolina, nos decían: «Aquí los quemamos… dejad que yo lo haga»… y después de golpearnos y simular que nos iban a quemar vivos, decían: «Seguid, seguid más adelante, que ahí os mataremos».

El P. Paz Porras, además de los golpes, recibió una puñalada que le puso en trances de muerte aun después de pasados varios días. Medio destrozados y chorreando sangre, llegamos a la Plaza de Santa María, en donde gritaban las turbas: «A matarlos… aquí… sí… aquí los matamos»… y allí nos encontramos en trances de muerte. Esto sucedía en pleno día, a la vista de toda la ciudad, de mil Guardias Civiles y quinientos de Asalto, sin que ni uno sólo saliera en nuestra defensa.

Nos perdonaron la vida, mejor dicho, nos la conservaba Dios; y bajando por la calle Campanas, entre insultos, blasfemias, golpes, sangre, como cuando llevaban a Jesucristo camino del Calvario, nos encontramos en la plaza de la Diputación y entre la casa de Correos; allí, junto a una columna o farola, el que suscribe cayó mortalmente herido al suelo, al golpe horrible que le asestaron en la cabeza; tirado en el suelo, bañado en sangre, pisoteado, me hirieron con el cañón de un fusil, con cuya mirilla me rompieron el pantalón, y me rasgaron la carne;y a todo esto… me encontraba atado con el P. Benjamín Carballo; con las fuerzas que Dios tuvo a bien concederme pude levantarme; en aquellos momentos, dieron un golpe terrible al P. Benjamín Carballo en la parte de la sien y el ojo, dando la sensación de habérselo estropeado; mas, gracias a Dios, sólo fue efecto del golpe, que le produjo sangre, amoratamiento e hinchazón.

Atados los dos, nos condujeron a las puertas de la veija de la Diputación, ante las cuales discutían si nos metían en un auto o continuábamos nuestro camino de martirio, optando finalmente por esto, y haciéndonos ir por las calles, entre las turbas que pedían nuestra muerte, camino de la Casa de Socorro, a la que malamente pudimos llegar. A las puertas de ella, me dieron un golpe terribilísimo, capaz también de producirme la muerte; mas el Señor, por sus altos designios, no quiso aceptar mi vida.

Llegados a la Casa de Socorro, nos entraron a una habitación en la que dos escopeteros, fusil en mano, hacían guardia; el P. Benjamín Carballo pidió agua, y ellos con burla contestaron: «Sí, como vais a morir ahora, traedles agua»… mas el otro contestaba: «No, que se mueran»… Así pasamos un rato, hasta que nos llevaron a distintas salas, en las que los Sres. Médicos nos hicieron las primeras curas. Vendados, salimos para meternos en un auto, custodiados por escopeteros, que de pie sobre los estribos marchaban riendo, y anunciando por el camino que allí iban «medio muertos», los supervivientes de la Merced. Las turbas gritaban: «Que los maten… que los asesinen»… Entre esas turbas, ebrias de sangre, llegamos al Hospital Provincial.

En cuanto a la matanza de cuarenta y cinco presos en la noche del 30 al 31 de julio en la cárcel de Ubeda, hay quien lo relaciona con presos comunes que, aparentemente, pudieron salir de la cárcel de Jaén en los primeros días de la revolución, y que pudieron estar entre los implicados en el motín del 23 de julio. El funcionario de prisiones

Rafael Luque López escribió el 22 de mayo de 1941 un informe conservado en el legajo 1009, expediente 3, folio 24, donde afirma que:

Dentro de la Prisión había un «comité» integrado por presos de izquierda que eran los que disponían la forma de servicios en el interior, sin contar para nada con el Sr. Director que estaba verdaderamente coaccionado al ver el apoyo que las autoridades rojas prestaban a dichos elementos. Entre los que integraban el «comité» recuerdo a un tal Francisco Sánchez García, alias «el Follaor», sujeto de pésimos antecedentes criminales antes y en el Alzamiento; se le atribuyen entre otras cosas, el asalto a la Prisión de Ubeda. Cito también otro que formaba parte de dicho «comité» no recuerdo su nombre pero sí su apodo que era el de «Sota de bastos».

La relación entre estos presos comunes y el futuro gobernador Piqueras aparece en el testimonio —firmado el mismo día— de otro funcionario de prisiones, Julián Fernández Fernández (folios 17 y 18):

Posteriormente con motivo de haber ingresado en la Cárcel en calidad de presos dos individuos apodados «el Follaor» y «la Sota de Bastos» comunista el primero y anarquista el segundo, exigió el entonces Gobernador Civil Piqueras, que estos dos individuos en unión de los Funcionarios rojos controlaran los servicios de la Prisión y no se hacía allí nada más que lo que aquéllos ordenaban, entrando como es consiguiente en el Establecimiento una verdadera desorganización e intranquilidad que constituía un suplicio para los pobres presos y Funcionarios que sentíamos como ellos la causa, quitaron atribuciones al Director, persona de orden y que ponía todos los medios para aliviar la situación, pero era imposible, las amenazas estaban al orden del día, ellos castigaban en celdas a los recluidos, les insultaban, les formaban de manera repugnante, ayudaron a las sacas de presos a los criminales Aroca, Valenzuela, Cirilo y otros cuando el bombardeo del 1.º de abril de 1937.

Pero el bombardeo de Jaén ocurrido el 1 de abril de 1937 y las represalias que le siguieron forman parte de otro capítulo de la historia.

II

RAZONES PARA MATAR

En la presentación de El holocausto español, el 11 de abril de 2011, Paul Preston hizo la siguiente digresión:

Creo que si los militares, en vez de levantarse contra la República, hubieran puesto sus esfuerzos en aislar a los elementos más conservadores o que querían enderezar la República, que había muchos del Partido Socialista, y muchos Republicanos —miembros de partidos republicanos—, no habría sido necesario matar a tanta gente. Pero eso es una reflexión, algo que he ido pensando durante muchos años.

Parece que Preston concede que hubiera algo que enderezar en la República, y que tal misión pudiera ser competencia de militares que hubieran podido aliarse con elementos conservadores o, al menos, aislarlos de los revolucionarios. Pero ¿acaso reconocían estos que llama conservadores que hubiera algo que enderezar, y aceptaban para ello aislarse de los revolucionarios o aliarse con los militares?

Respecto a los momentos inmediatamente anteriores a la sublevación, Clara Campoamor, cuya obra La revolución española vista por una republicana se publicó en francés en 1937, pero no se editó en castellano hasta 2002, dice haber hablado en «los primeros días de julio de 1936» con «un político del partido del Sr. Martínez Barrio» que daba por hecho el reparto de armas «al pueblo» (expresión de la edición de 2007; aquí tomo las expresiones de la traducción de 2002, página 71). No había, pues nada que enmendar, ni militares con los que aliarse:

—Martínez Barrio —me decía— está muy preocupado. El gobierno se espera una rebelión de los partidos de derecha y ese gobierno, que en distintas ocasiones ha demostrado su impotencia, está decidido esta vez en caso de sublevación a armar a la población civil para defenderse. Vd. se imagina lo que eso supondría: desde los primeros días, diez o doce incendios estallarán en Madrid…

—¡Pero qué locura! Eso supondría desencadenar la anarquía. Hay que evitarlo a toda costa.

—Sí, ¿pero cómo? Es difícil. Le digo que el gobierno está decidido.

—Sin embargo su partido también está representado en el gobierno. Tendrán Vds. su parte de responsabilidad en lo que ocurra.

—¿Nosotros? Hace tiempo que no pintamos nada. Desde hace semanas nuestros ministros se limitan, en las reuniones del Consejo, a hacer constar en acta su opinión, para descargarse de toda responsabilidad de cara al futuro. Izquierda Republicana [el partido de Azaña] ya no actúa. Por otro lado, el gobierno carece ya de poder. Toma decisiones que el presidente de la República rompe de inmediato. Este interviene personalmente en el gobierno, mucho más de lo que Alcalá-Zamora hiciera jamás. Se mete en todo y el presidente del Consejo, «Civilón» [se ha dado, por burla, al Sr. Casares Quiroga el nombre de un toro bravo que en lugar de defenderse tenía miedo y era devuelto con abucheos], que así lo llaman en todas partes, carece de voluntad y no reacciona. Mire, hace más de doce días que el gobierno ha decidido nombrar al Sr. Albornoz embajador en París y no se consigue que el presidente firme el decreto.

—¡Pero sí que pueden evitar que arme a la población! Oponiéndose cueste lo que cueste, aun rompiendo, si es necesario, con el Frente Popular.

—Martínez Barrio no quiere tomar esa responsabilidad; espera a que otros la tomen. Pero la situación es insostenible.

Los diplomáticos extranjeros, que observaron el deterioro del orden público tras la victoria del Frente Popular, compartían las preocupaciones de los republicanos moderados. ¿Influyeron los sucesos de los trenes de Jaén en la actitud de estos diplomáticos respecto al gobierno?

Los diplomáticos y el tren de la muerte

El cuerpo diplomático acreditado ante la República, a falta de nuncio, tenía como decano al embajador de Chile, Aurelio Núñez Morgado. En la página 464 de La República española y la Guerra Civil, Gabriel Jackson, tras resumir las iniciativas para acoger refugiados en las embajadas, mencionadas por el propio Núñez en el libro que publicó en 1941 (Los sucesos de España vistos por un diplomático) matiza:

Hubo amplio acuerdo entre todos los diplomáticos latinoamericanos y europeos para hacer todo lo que estuviera en sus manos, a fin de ayudar a las víctimas de la persecución religiosa y política. Pero llegar a tal acuerdo suponía vencer muchas dificultades legales. La práctica diplomática europea contemporánea no incluía el derecho de asilo en las embajadas para los oponentes de un Gobierno reconocido. Tanto los cónsules británicos como norteamericanos tenían instrucciones de no abrir sus embajadas a refugiados de nacionalidad española, basándose en que tal acción supondría una intervención en los asuntos internos de una nación amiga. El embajador ruso, que llegó a Madrid a finales de agosto, se negó a asistir a las reuniones. La Unión Soviética no reconocía el derecho de asilo en las embajadas ni el derecho del embajador chileno a hablar en nombre del cuerpo diplomático.

Más tarde, se referirá Jackson (p. 466) a «los impulsos genuinamente humanos de los gobiernos Giral y Largo Caballero», así como de que «la actitud claramente pronacionalista del embajador Núñez constituía una constante provocación hacia el Gobierno de Madrid». Pero estas valoraciones, referidas en su caso (desde luego, en la referencia a Largo Caballero) a momentos posteriores, podrían distraer de un dato fundamental: que la decisión de acoger en las sedes diplomáticas a ciudadanos españoles fue tomada por todo el cuerpo diplomático. Además, Núñez Morgado asegura que se tomó precisamente a raíz de las matanzas de los trenes de Jaén.

Una matanza previa de siete religiosos colombianos provocó una protesta del cuerpo diplomático. Pero la que siguió a las masacres de los trenes fue más directa, en persona, y advirtiendo al ministro de Estado sobre la decisión de prestar asilo a españoles perseguidos. Todo ello suponía una novedad radical respeto a las protestas referidas a abusos contra extranjeros cuyos derechos, obviamente, correspondía defender a los diplomáticos.

La importancia que los diplomáticos dieron al suceso queda clara al ver que, en el libro de Núñez Morgado, hay dos relatos largos y uno breve de la matanzas de los trenes. En la página 199, se refiere la reunión del cuerpo diplomático en la embajada chilena, celebrada el 8 de agosto de 1936, en la que se habló del asesinato de siete religiosos colombianos que trabajaban en Ciempozuelos, a los que se había enviado a Barcelona en un tren con la oportuna documentación:

Después de albergarles en la Legación, el canciller les acompañó a la estación del ferrocarril para dirigirles a Barcelona. En el tren se presentaron algunos milicianos a indagar si había algún viajero para Barcelona procedente de Ciempozuelos, a lo que contestó afirmativamente el canciller, presentándoles a los siete hermanos de San José, que vestían de seglares.

A renglón seguido, se narra la aparición de los cadáveres de los religiosos, y cómo «las autoridades de Barcelona manifestaron al Cónsul General que no podían garantizar su vida y dicho funcionario hubo de salir precipitadamente». Según este relato, fue el representante argentino quien propuso solidarizarse con Colombia para lo cual «el Embajador de Chile solicita el acuerdo unánime para declarar la reprobación enérgica que les merece semejante crimen y así expresarlo al Gobierno»:

Por acuerdo unánime se aprueba la moción del decano en que se solidariza el Cuerpo Diplomático con el representante de Colombia y se envía una nota al Ministerio de Estado en tal sentido.

Sin solución de continuidad (en las páginas 201-203 de Los sucesos de España…), se narra la sesión celebrada en la misma sede por el cuerpo diplomático el 13 de agosto, en la que el decano comenzó narrando el asesinato de dieciséis aviadores retirados, de unos treinta que se presentaron porque se les llamaba a filas. Después, pasó a relatar lo sucedido con los dos trenes de Jaén:

Anteayer —continúa— ha llegado un tren de Jaén que traía prisioneros y rehenes y, al llegar a Madrid, sacaron a once de ellos y les asesinaron. El resto fue conducido a Alcalá de Henares.

Ayer —dice para terminar— venía otro tren que traía 225 rehenes de Jaén, que eran personas de la mayor representación de la ciudad y que venían destinados a la Cárcel Modelo de Madrid y custodiados por 25 guardias civiles al mando de un teniente. Este tren fue detenido en diversas estaciones del trayecto con el objeto de apoderarse de los rehenes; pero por fin lograron llegar hasta el apeadero de Santa Catalina, en las goteras de la Capital. Allí ya no pudieron pasar. En vista de las circunstancias, el teniente puso el hecho en conocimiento del Ministro de Gobernación, general Pozas, por medio del teléfono, a fin de que se le prestara ayuda y terminar su expedición. Ante la orden categórica de este general-ministro, el teniente pretendió proseguir la marcha; pero los milicianos no se lo permitieron. Ante un segundo llamado al Ministerio, manifestando que se pretendía dar muerte a los rehenes y a sus guardias si se pretendía continuar, el general Pozas optó, en vez de enviarle la ayuda solicitada y de que disponía, por lo más fácil: de dos males, dijo, el menor: ¡entregue a los rehenes!

Y allí mismo, momentos más tarde, eran asesinados.

En estas circunstancias —dice el decano— cabe preguntarse si es posible no ayudar al afligido, al que escapa de las garras asesinas y viene a cobijarse bajo nuestras banderas. En caso de que no se acepte el derecho de i ni siquiera de i no habría otra cosa que hacer que ausentarse de Madrid, porque todos los hechos relatados y quién sabe cuántos que ignoramos significan que se carece de Gobierno i en tales circunstancias, permanecer impasibles, limitándose a enviar notas tras notas, sin resultado práctico alguno, nos coloca en el triste papel de espectadores de la más tremenda tragedia o de cómplices por silencio de aquellos crímenes.

Por mi parte —termina— tengo ya llena de gente mi Embajada; pero los demás representantes sabrán cada uno lo que le corresponderá hacer de acuerdo con sus respectivos gobiernos y sus conciencias.

En la discusión que siguió, el representante argentino preguntó «si se autoriza al Cuerpo Diplomático para comunicar a sus respectivos gobiernos estas decisiones y el representante de Chile dice que no tiene ningún inconveniente». El de Uruguay calificó de «muy grave» la idea de retirarse expuesta por Núñez Morgado, y dijo tener ya «instrucciones de su Gobierno de que pase a Francia cuando lo crea oportuno». El representante peruano pidió la opinión «de las grandes potencias», por lo que intervino el inglés reconociendo «que tiene instrucciones para que, en caso necesario, cierre la Embajada y el consulado y se marche; pero le parece que no lo podrá hacer por tener súbditos ingleses a quienes proteger». El «Ministro de El Salvador» preguntó «al Embajador de Chile si se ausentaría de España a lo que éste contesta que se iría tal vez a Alicante para embarcarse en el momento oportuno», resolución que, para el salvadoreño, «sería muy grave, sería un tremendo golpe para el Gobierno, que perdería toda la pequeña autoridad que ahora tiene y que por eso entendía que no debería el Cuerpo Diplomático adoptar tal resolución sino en último caso». El representante rumano dio un paso más hacia la retirada, proponiendo «que cada uno pida autorización a su Gobierno para retirarse cuando el Cuerpo Diplomático lo juzgue conveniente».

Sólo el embajador de México rompió en esa ocasión una lanza en apoyo del gobierno español, al afirmar «que su país ha tenido que sufrir una lucha semejante a la que se desarrolla actualmente en España, aun cuando nunca se llegó a la desaparición tan absoluta de las garantías individuales que ahora presenciamos. De esta lucha, que duró varios años, surgió un gobierno de izquierdas que está de espíritu y de corazón con el Gobierno de Madrid. Por consiguiente, cualquiera que sea la decisión del Cuerpo Diplomático y las circunstancias por las que pueda atravesar la Capital, la Embajada de México permanecerá en Madrid»; tras lo cual apostilla Núñez Morgado en su libro que, «a pesar de todo, en febrero se instaló en Valencia, con motivo de la llegada del sucesor del Sr. Pérez Treviño».

No perdieron el tiempo los diplomáticos, pues, y en el plazo de dos días, quienes aún no lo habían hecho consultaron con sus gobiernos la oportunidad de marcharse de España, y todos menos tres obtuvieron respuestas afirmativas. El 15 de agosto, deliberaba el Cuerpo Diplomático, en la embajada chilena, sobre «la posibilidad de abandonar Madrid y aún el territorio español» (página 204):

Salvo los representantes de Argentina, Turquía y México, que expresan que, por sus razones, permanecerán en Madrid cualesquiera que sean las circunstancias, los demás manifiestan que han recibido instrucciones para salir cuando así lo acuerde el Cuerpo Diplomático.

En la sesión del 20 de agosto, Núñez Morgado cuenta a sus colegas «que ha sido invitado por el Sr. Ministro de Estado a tratar sobre los temas que más nos preocupan y, al respecto, dentro de la mayor cordialidad, le ofreció repetidas veces que el afán mayor del Gobierno es tener satisfecho al Cuerpo Diplomático y le pidió que, en lo posible, el Cuerpo Diplomático se reuniera con él periódicamente por intermedio de su decano, a fin de evitar malos entendidos. Con referencias a las sesiones diarias que celebramos y que llamaban la atención del i le expresó que obedecían exclusivamente al deber que tenemos de proteger las vidas de nuestros representados y sus hogares y nuestras propias Misiones y, por añadidura, hasta contra nuestra propia voluntad, a personas de nacionalidad española que se sentían perseguidas por desconocidos que les causaban la muerte, como lo enseñaba la experiencia del tiempo pasado y la de cada día. Manifestó el decano al Ministro que, en realidad, la idea de ausentarse de Madrid y, si el caso lo requería, de España era solamente como una demostración de la inutilidad de todos sus sacrificios. El Ministro estimó que tal medida la estimaría grave su Gobierno y poco amistosa, a lo que el Embajador respondió que el efecto guardaba íntima relación con la causa; pero que, bien entendido, la actitud del Cuerpo Diplomático es en resguardo de su prestigio y de su deber».

«La sala acogió con aplauso las palabras anteriores», afirma Núñez Morgado, quien deja claro que interpretaba el sentir del Cuerpo Diplomático al defender ante el ministro Augusto Barcia Trelles el respeto del derecho de asilo de los españoles en las representaciones extranjeras, como reconocimiento tácito de que el gobierno no podía o no quería proteger los derechos elementales de sus propios ciudadanos.

Núñez Morgado vuelve a relatar las matanzas de los trenes en las páginas 332-333, confundiendo fechas —pues dice haber dado cuenta de ellas ante «el Cuerpo Diplomático en mi Embajada el 7 de agosto de 1936»— y suponiendo para el segundo tren los intentos de zafarse del asalto de los milicianos que corresponden al primero. El Embajador chileno reconoce su iniciativa personal para abrir las embajadas a españoles a partir de las matanzas de los trenes de Jaén y adelanta (en la versión de las páginas 336-337) la reunión de diplomáticos al día de la gran masacre:

Pero la sucesión de hechos tan profundamente delictuosos, como el asesinato colectivo de los rehenes de Jaén, el de los siete hermanos de San Juan de Dios y el de tantos y tantos otros como ocurría cada día me movieron a dar por terminado el debate sobre la aplicación del derecho de asilo en la sesión del 12 de agosto, en que propuse, en vista de los diversos criterios subsistentes, que cada jefe de Misión obrara de acuerdo con sus propias facultades y con su propia conciencia.

A partir de ese momento se comenzó a recibir en las diversas Misiones extranjeras a quienes solicitaban asilo.

Los representantes del cuerpo diplomático, con menos medios de información y de acción que el gobierno, conocieron las matanzas de los trenes de Jaén casi en el momento en que sucedían, y protestaron inmediatamente por ello ante el ministro de Estado. El criterio de Núñez Morgado, como hemos visto, es que el ministro de Gobernación, Pozas, «disponía» de ayuda con la que auxiliar a la escolta del tren. Lo cierto es que, si en el apeadero de Santa Catalina apareció medio centenar de guardias de asalto, es porque alguien relacionado con Pozas los había enviado.

Un centenar de profesionales de las armas —guardias civiles y de asalto— se hubieran podido enfrentar con éxito a los trescientos o más inexpertos milicianos —e incluso soldados del batallón comunista Sargento Vázquez y del socialista Pablo Iglesias— que detuvieron el tren. Pero, como declaró Manuel Muñoz Martínez, para Pozas era prioritario evitar un enfrentamiento con las fuerzas revolucionarias, porque eran ellas, y no las «fuerzas del orden», las que sustentaban al gobierno. ¿Cómo se llegó hasta este punto? Veamos el proceso en forma genérica y en las checas de Madrid.

Opción preferencial por la revolución

Azaña no admitió en Izquierda Republicana a una persona tan poco sospechosa de favorecer a las derechas como Clara Campoamor, que se despidió en febrero de 1935 del Partido Radical de Lerroux, por la connivencia de éste con la CEDA derechista. La campeona del sufragismo femenino supuestamente representaba una opción centrista capaz de una negociación que, con el tiempo, echaría de menos Preston. Azaña no sólo no quería negociar para frenar una sublevación golpista, sino que, según sus propias palabras, se negaba a defender el orden público, si eso suponía restar cohesión al Frente Popular. Así se lo expuso a José Calvo Sotelo el 16 de abril de 1936, asegurando que «mantendremos con la oposición el diálogo polémico y recogeremos sus observaciones siempre que no empañen nuestro programa» i del día 17, página 22), pero añadiendo, según el i

Si bajo los efectos del terror ha podido parecer un momento que una determinada persona al frente del Gobierno podía ser un escudo protector de los atemorizados, yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie. Pierdan sus señorías el miedo y no me pidan que les tienda la mano… ¿No queríais violencia, no os molestaban las instituciones sociales de la República? Pues tomad violencia. Ateneos a las consecuencias […]. Lo que importa no es decir que la acción del Gobierno fue de esa o de la otra manera, sino no romper la cohesión […]. Si la perdemos, por la brecha se colará el que quiera; pero no seré yo quien abra la brecha, ni nadie debe esperar en ninguna parte que por argumentos más o menos hábiles de polémica yo consienta en abrir la brecha.

Azaña no respondió en esa sesión a la pregunta de Calvo Sotelo sobre qué opinaba el gobierno de la revolución de 1934, cuando el

PSOE trató, sin éxito, de hacer caer un gobierno en el que habían entrado ministros de la CEDA, ganadora de las elecciones de noviembre de 1933. El derecho a participar en el poder ejecutivo, tras vencer en las elecciones, no parecía legítimo a quienes tenían como axioma que la República tenía que ser de izquierdas. Es el caso de Manuel Muñoz Martín, director general de Seguridad durante la guerra, que en torno al 14 de abril de 1934 —después de las elecciones de 1933, pero antes de la revolución de Asturias— firmaba con otras veinticuatro personas este escrito que conserva la Causa General (legajo 1530, expediente 1, folio 311):

Excursión a Jaca el 14 de abril. Un grupo de republicanos que soñaba el 14 de abril con una República limpia, que viniera a liquidar todos los vicios y corrupciones de la política en que España ha estado sumida tantos años, cree que ha llegado el momento de iniciar una campaña tenaz y apasionada no sólo para encontrar el régimen de justicia que desgraciadamente perdimos apenas nacer, sino para construir una República nueva, un Estado nuevo capaz de expulsar violentamente de su seno a la reacción que amenaza el país con hazañas sangrientas; y al mismo tiempo a los traidores. Va a cumplirse el tercer aniversario de aquella explosión ilusionada del pueblo español. Es necesario, urgente, que aquella ilusión vuelva, cueste lo que cueste. La conquista de aquella República que palpitaba en todos los pechos ha de ser una realidad en breve plazo si aspiramos a que el país viva en estado de decencia. Aquella República, la soñada, surgió en Jaca y se plasmó en dos mártires: Galán y García Hernández. ¡No los olvidemos! Al olvidarlos nos olvidaríamos de nosotros mismos y de la España Universal y humana. Iniciemos pues, el día 14 de abril, en Huesca, la Reconquista de la República. ¡Todos a Huesca! Allí al descubrirnos junto a la tumba de los héroes, gritaremos dando a nuestro grito el sentido nuevo ¡Viva la República! Manuel Muñoz.

Dos años más tarde, el mismo Muñoz da a entender que es consciente de que no debería seguir la corriente, sino rebelarse frente a los revolucionarios cuya actitud provocará la sublevación militar (el «Jascio»). Escribe el 14 de mayo de 1936 desde Valencia del Ventoso (Badajoz), a un jefe masón, por qué quiere que pida al ministro de Estado, Barcia, un puesto de trabajo apolítico en Madrid (folio 316):

¿Razones? estudios de los chicos unido al deseo de dejar estas turbas inconscientes y tornadizas a las que si un viento las trae, otro viento también se las lleva, y con las cuales todo procedimiento democrático es para ellos intolerable ya que sólo escuchan la voz de los vividores de la política que sólo les hablan de revanchas y arrasamientos, procedimientos en pugna de nuestros postulados y credo, y hay que seguir la corriente, ser injusto con esa injusticia, hija del deseo de venganza, venganza ruin y mezquina cosa que nuestra hombría de bien repugna o hay que rebelarse contra todos estos procedimientos que sólo podrán llevarnos al desenvolvimiento de un fascio que nos suma a todos en la mayor y más desastrosa de las tiranías.

En el otro gran partido del Frente Popular mencionado por Preston, el PSOE, Indalecio Prieto aparece como un político relativamente moderado (no tanto como para llamarle «conservador») entre los influyentes a esas alturas de 1936. Aún hoy su aura de prestigio no ha disminuido, hasta el punto de ser la principal figura homenajeada el 16 de febrero de 2011, en los actos del 125 aniversario del PSE (que, de ser cierto, daría a los socialistas vascos dos años más de antigüedad que al PSOE, fundado en 1888). En esa ocasión, el ministro José Blanco arengó a los presentes afirmando que la derecha está obsesionada «con hablar mucho de la necesidad de apropiarse del poder», y en cambio el PSOE busca «paz frente a violencia, libertad frente a imposición, toda la fuerza de la democracia frente a cualquier expresión de la barbarie». Los socialistas, concluía Blanco, están «para enfrentar las responsabilidades, no para eludirlas; para eludirlas está la derecha».

En diciembre de 1935, Prieto había sucedido como presidente del PSOE a Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT y principal organizador de la revolución de 1934. Ya antes de perder las elecciones de 1933, Largo empleaba un discurso guerracivilista—«estamos en plena guerra civil, que inexorablemente tomará caracteres cruentos»— en un mitin celebrado en Don Benito (Badajoz) el 8 de noviembre, y que publicaba i al día siguiente:

Vamos hacia la revolución social. Y yo digo que la burguesía no aceptará una expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia…Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada […]. Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee, no una bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista.

Poco había cambiado su discurso en la campaña electoral de 1936, cuando afirmó, al inaugurar la Casa del Pueblo de Linares (Jaén), según transcribía i el 20 de enero:

La sociedad capitalista no se puede transformar por medio de la democracia capitalista. Si se quiere conquistar el poder, habrá que hacerlo, como decía Pablo Iglesias, revolucionariamente […]. Llevar a la clase trabajadora la idea de que sólo con su esfuerzo puede lograr la conquista del poder para establecer su dictadura.

Pues bien, este Prieto, hoy usado para remachar esa visión según la cual sólo la derecha tuvo la culpa de la guerra, no parecía tan seguro, en su discurso del 1 de mayo de 1936, de que el PSOE estuviera defendiendo la democracia frente a la barbarie:

Nosotros en octubre de 1934 hicimos una revolución. Sabíamos —¡cómo no habíamos de saberlo!— que rompíamos los cordones que circundan la legalidad, y sabíamos que jurídicamente éramos, en el grado de nuestras respectivas culpas, rebeldes sobre quienes la acción de los Tribunales podían descargar incluso implacablemente su rigor si nos acompañaba el fracaso, que ése es el riesgo de todas las revoluciones, porque quienes vayan a ellas solamente imbuidos por la ceguera del éxito seguro, ¡ah!, ésos no son revolucionarios profundos, sino, a lo sumo, unos inconscientes […].

Yo no justifico los desmanes que están ocurriendo en España, no los aplaudo, no los aliento. Esto no quiere decir que yo pretenda debilitar la tensión revolucionaria de las masas populares, y singularmente de la clase obrera. Cuando desaparezca esa tensión revolucionaria estaremos definitivamente vencidos, nos pisotearán, y nos humillarán […]. Si mi voz se oye fuera de aquí, diré para vosotros y para quienes fuera de aquí reciban el eco palpitante de mis palabras: ¡Basta ya, basta, basta! ¿Sabéis por qué? Porque en esos desmanes […] no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá lo exaltase. No; un país —conste que mido bien mis palabras— puede soportar la convulsión de una revolución verdadera. Tras ella, si el fracaso surge, el régimen contra el cual se ha combatido, que, al fin y al cabo, es un sistema, defectuoso o no, se fortalece, si quienes están al frente del Gobierno, despojándose del hábito ancestral de la crueldad, saben reprimirlo dentro de los estrictos límites jurídicos y con humanitaria benevolencia. Si la revolución se corona con el éxito, acaso un régimen mejor, más justo, más igualitario, más humano, se implante enseguida, anulando la lentitud del esfuerzo evolutivo que a veces camina demasiado despacio. La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin una finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad […]. Si el desmán y el desorden se convierten en sistema perenne, por ahí no se va al socialismo, por ahí no se va tampoco a la consolidación de una República democrática, que yo creo nos interesa conservar. Ni se va a la consolidación de la democracia, ni se va al socialismo, ni se va al comunismo; se va a una anarquía desesperada, que ni siquiera está dentro del ideal libertario; se va a un desorden económico, que puede acabar con el país.

Lo que procede hacer es ir inteligentemente en la destrucción de los privilegios […];pero eso no se hace a virtud de excesos aislados, esporádicos, que dejan por toda huella del esfuerzo popular unas imágenes chamuscadas, unos altares quemados o unas puertas de templos ennegrecidas por las llamas. Yo os digo que eso no es revolución. (Muy bien). Y agrego que si una organización verdaderamente revolucionaria no capta esas energías malgastadas, dominándolas, encauzándolas fecundamente, oídme bien esta afirmación: eso es colaborar con el fascismo.

Mientras Prieto criticaba dentro de su propio partido a quienes organizaban una revolución carente de garantías de victoria, Payne —en la página 234 de La Europa revolucionaria: las guerras civiles que marcaron el siglo XX— ve aún más criticable la actitud de quienes fomentaron la revolución indirectamente:

La fantasía más ambiciosa era el sueño de Azaña y de gran parte de los republicanos de izquierda, para quienes, gracias a cierto truco de magia política, la izquierda moderada lograría dominar una República no revolucionaria, semidemocrática y de izquierdas que, dejando de lado al centro y a la derecha, conseguiría de algún modo contener a los revolucionarios. Eran éstas las ilusiones de unos radicales pequeñoburgueses y diletantes ajenos a la realidad de la España de 1936, en la que sólo eran posibles tres tipos de gobierno: una amplia coalición republicana que pudiera reunir a gran parte del centro-izquierda, el centro y la derecha moderada; una dictadura revolucionaria, o un régimen autoritario de derechas. Una vez que el Ejecutivo rechazó la primera alternativa, el escenario quedó listo para un enfrentamiento a gran escala entre las dos últimas. En consecuencia, aunque ni Azaña ni Casares desearan la guerra civil (viendo incluso esa perspectiva con horror), sus políticas, más que contenerla, la fomentaron.

Tras vencer con una diferencia de sólo un 1 por ciento de votos el 16 de febrero, asegura Payne en la página 227 del citado libro, «la izquierda dominó la segunda vuelta, ejerciendo tal coacción que la derecha se retiró y […] el Frente Popular utilizó su mayoría para invalidar gran número de victorias de la derecha, alterando arbitrariamente la concesión de 32 escaños, todos ellos adjudicados inicialmente al centro y la derecha. Una vez hechas todas esas manipulaciones, el Frente Popular obtuvo dos tercios de los escaños parlamentarios. Lo peor estaba por venir, porque en las provincias de Cuenca y Granada, donde se ordenó la repetición de los comicios para el 5 de mayo, se recurrió a una extrema coacción física para impedir la participación de la derecha».

¿Era esta manipulación fruto del extremismo de unos pocos, de modo que aún cupiera esperar de los máximos responsables del gobierno surgido de las elecciones que jugaran limpio? No sacó esa impresión el diputado de la CEDA por Badajoz Manuel Giménez Fernández, quien al comienzo de la discusión sobre las actas de Cuenca y Granada, que tuvo lugar el 2 de junio —y según la transcripción del i conservada en la Causa General, legajo 1500, expediente 11— pedía «benevolencia» a los diputados «porque los temas relacionados con las elecciones de Cuenca son de tal modo delicados y al mismo tiempo tan interesantes y dignos de atención, que hace falta una serenidad» para escucharlos «en un plan de criterio objetivo». El tono con que Giménez Fernández desistía, en su última intervención de aquello que había pedido, da una idea de la crispación ambiental: «No les extrañará a sus señorías que prescinda en absoluto de predicar en el desierto, porque hoy me he convencido de que todo lo que sean apelaciones a la convivencia aquí son perfectamente inútiles».

Pasados setenta y cinco años, aún se ponen obstáculos desde el poder para conocer con objetividad lo sucedido en 1936. En concreto, se ocultan las memorias del expresidente Niceto Alcalá-Zamora —depuesto de la máxima magistratura por el Frente Popular, en una acción de la que lo menos que puede decirse es que no fomentaba el diálogo y la confianza mutua—, halladas en 2008, ya que «los funcionarios de la Memoria Histórica no consideran que éste sea el momento de sacarlos a la luz porque podrían crispar» i 12 de junio de 2010). José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, nieto del presidente republicano, habría recibido esta respuesta de Rogelio Blanco Martínez, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, a quien reclamó los documentos por vía judicial.

El propio Alcalá-Zamora, en las memorias recompuestas[12] que se publicaron en 1977, da alguna pista sobre qué documentación importante incluía el original:

¿Cuántas actas falsificaron? Según carta que a fines de 1936 tuvo la osadía de dirigirme Pórtela cuando creyó con error que yo podía favorecerle en una de sus volteretas políticas, sólo se cambiaron los resultados de dos provincias, Coruña y Cáceres, que eligen veinticinco diputados. Lo de Cáceres no podía negármelo, ya que el 19 de febrero le pedía salir resucitado ilegalmente en el puesto de la minoría a Giral, a quien se proclamaba el 20 el primero de la mayoría.

La operación de Cáceres se documentó en plena guerra por la llamada «Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936», para la que declaró en Cáceres, el 23 de diciembre de 1936, Luis Villegas Bermúdez de Castro, secretario de la Diputación y de la Junta Provincial del Censo Electoral de esa provincia, relatando lo sucedido en la noche del 19 al 20 de febrero, al tomar posesión como nuevo gobernador Santiago Sánchez Moras.[13]

Al quedarse solo en el despacho con el señor Sánchez Moras, éste le requirió, invocando su carácter de presidente de la Diputación Provincial para que le entregara la documentación electoral, que debía obrar sus efectos al día siguiente en el acto de escrutinio general para las elecciones de diputados a Cortes. A lo cual se negó el declarante; insistió el presidente, diciendo que eso era un acto que no tenía importancia alguna, que nadie lo sabría y que no había de envolver responsabilidad alguna para el que dice. Éste insistió también terminantemente en su negación, y en vista de ello, fue llamado al despacho el señor Valentín, el cual trató de convencer al que declara de que debía acceder a las pretensiones del señor Sánchez Mora, empleando para ello distintos argumentos, entre otros el que el declarante no tendría responsabilidad alguna porque obraba en virtud de obediencia debida, que, además el hecho no sería por nadie conocido, que él traía a Cáceres la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio, cualquiera que fuera el procedimiento que tuviera que emplear, pues la documentación que había llegado a la Junta Provincial del Censo había sido amañada por las derechas y había que destruir esta labor.

A pesar de todo, Payne opinaba, respondiendo a preguntas de Carlos Dávila en Intereconomía (11 de febrero de 2011), que la guerra pudo evitarse hasta «una semana antes con un cambio de política o de gobierno de Azaña, con un gobierno fuerte de Prieto, que no habría sido democrático», pero sí más firme. Payne piensa que hubiera sido «más deseable un gobierno más moderado, una alianza de republicanos incluyendo grupos de centro, pero eso tampoco lo quería Azaña, salvo en la noche del 19 de julio, y entonces ya era demasiado tarde: no se puede evitar algo que ya ha estallado»:

La violencia política empezó a cambiar en la primavera de 1936 y el gran error fue el exclusivismo, la insistencia en un régimen meramente izquierdista que no podía incluir a la derecha y en la oposición de derechas también había parte de responsabilidad por el fracaso, pero sobre todo la culpa es de la apuesta, muy arriesgada, de Azaña de mantener la alianza con los revolucionarios para mantenerse en el poder, para hacer sus propias reformas, sus propios cambios, con la esperanza de que después de algunos meses habría una moderación en los grupos parlamentarios. Pero las condiciones prerrevolucionarias se intensificaron, empeoraron más y más, hasta el punto de que perdió totalmente la apuesta y cuando quiso rectificar lo hizo solamente al comienzo de la Guerra Civil misma, y ya fue tarde.

En resumen, el proceso de gestación de un golpe militar no puede observarse ignorando el proceso contrario que también se gestaba, al que hacía frente, y por el que apostaban, directa o indirectamente, los políticos que no tenían intención alguna de pactar con los militares: la revolución española.

Revolución cañí y anticlericalismo

Payne —en las páginas 22 y 23 de ¿Por qué la República perdió la guerra??— afirma que «de los tres sectores que inicialmente lideraron la República (izquierda republicana, los socialistas y los centristas radicales), sólo el último hizo de la democracia liberal parlamentaria y de las reglas del juego electoral un valor fundamental en sí mismo. Los republicanos izquierdistas de Manuel Azaña no identificaron la República con un proceso democrático que debe respetarse legal y procedimentalmente, sino como un proyecto de reforma radical para el cual el mismo Azaña y otros líderes del partido en ocasiones utilizaron el término revolución. Para ellos, la República era un programa político e ideológico de carácter especial, no necesariamente una democracia funcional, cuyo objetivo más importante era la exclusión permanente de los intereses católicos y conservadores de la participación en su Gobierno».

En descargo de este sectarismo, Miguel Ángel Villena —en una conversación que mantuvimos el 14 de junio de 2010, día de la presentación de su libro Ciudadano Azaña— opinaba que «como reformista y liberal, Azaña fue partidario de una transformación o modernización de España que sólo se podía hacer con la izquierda hegemónica. Si no hubieran sido tiempos tan convulsos, Azaña hubiera sido el gran representante de una formación liberal y centrista. Hoy sería un político de centro».

El propio Azaña se encargó de explicar en qué consistía el carácter revolucionario del nuevo régimen, en un discurso que recogía el Diario de Sesiones de las Cortes el 13 de octubre de 1931:

La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias.

Villena define a Azaña como «un afrancesado» que «sigue el guión francés totalmente. Conocía mucho lo que Francia había hecho en cuestiones militares y religiosas. No se puede entender a Azaña sin conocer la Francia de los años 20. Él calca ese modelo francés». Para la mayoría de los españoles, en cambio, la palabra revolución evocaba el caso de Rusia, más cercano en el tiempo, y el comunismo libertario propugnado por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El deseo de imponer la revolución y la hegemonía de la izquierda, paradójicamente, había de llevar a Azaña a aliarse con quienes «estaban en sus antípodas ideológicas», según Villena:

En la medida en que era un moderado y un liberal, la fuerza republicana con la que se encontraba más lejano eran los anarquistas. Pero la situación de polarización que hubo le obliga a tener una actitud más abierta hacia los anarquistas.

Mientras se postulaba la marginación de monárquicos y católicos como requisito de una República izquierdista, la jerarquía católica insistió en la necesidad de una cooperación leal con las autoridades republicanas. El obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay, publicaba diez días después de la proclamación de la República una circular en la que reconocía que los ánimos de sus diocesanos estarían divididos entre republicanos y monárquicos, pero afirmaba que «igual unos que otros, si quieren obrar como buenos cristianos, deben obedecer a la autoridad constituida, porque la obediencia a los superiores no es cosa que Dios haya dejado a las disputas de los hombres. Esa sujeción y acatamiento, esa cooperación para toda obra buena, no ha de ser meramente externa ni fingida, sino sincera y leal, no sólo porque si no no sería cristiana, mas también porque nos obliga en conciencia; no es el temor, sino la conciencia la que lo inspira».

El Nuncio papal había expresado, de parte del cardenal secretario de Estado Eugenio Pacelli, el deseo de la Santa Sede de que los católicos «respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común». El 29 de abril, según recuerda Gonzalo Redondo en las páginas 135 y 142 del primer tomo de su Historia de la Iglesia en España, Pacelli invitaba a los católicos a participar en el nuevo régimen, presentando el ejemplo de Baviera en 1918, cuando los católicos constituyeron el grupo parlamentario más numeroso que pudo hacer frente al bolchevismo.

Mientras estas muestras de afección podían pasar inadvertidas, no pasó lo mismo con las muestras de afecto hacia el rey exiliado, particularmente las del cardenal de Toledo, Segura. En una pastoral publicada el 1 de mayo, afirmaba que «la Monarquía en general fue respetuosa con los derechos de la Iglesia». Lo importante, sin embargo, era lo que podía interpretarse no sólo como falta de entusiasmo, sino como rechazo del carácter positivo de ese proceso que se presentaba como revolucionario: «Las conmociones más violentas de los pueblos, aunque pueden cambiar el curso de la Historia, no bastan para romper el hilo de la tradición». Aparte de que hubiera expresas muestras de «gratitud» al rey Alfonso XIII, sin duda lo que debió resultar ofensivo para los republicanos fue que se presentara la nueva situación como un peligro, al hablar de «algunas disposiciones recientes en daño de los derechos de la Iglesia y otras más graves que ya se anuncian».

Segura afirmaba que «la Iglesia no siente predilección hacia una forma particular de Gobierno» y «está siempre dispuesta a colaborar, dentro de su esfera de acción, con aquellos que ejercen la autoridad civil». Pero reclamaba que se respetaran «los derechos que otorgó a la Iglesia su divino Fundador», algo difícilmente compatible con la revolución, siquiera en la versión supuestamente moderada de Azaña. De poco servía que el cardenal precisara que «con relación al gobierno provisional» regía el «deber de los católicos [de] tributar a los Gobiernos constituidos de hecho respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y para el bien común», o que sus consignas para la futura campaña electoral fueran sólo «dos puntos: defensa de la Religión y defensa del orden social». Para una interpretación revolucionaria, defender el orden casi se identificaba con todo lo que representaba la fenecida monarquía.[14]

Payne asegura, en la página 266 de ¿Por qué la República perdió la guerra?, que la República española contrasta con las aparecidas en Francia (1871), Alemania (1918), Grecia (1909) y Portugal (1910) que «constituían variantes del liberalismo radical decimonónico, mientras que la República española avanzó en dirección contraria a sus predecesoras francesa y alemana, y fue mucho más allá que las de Grecia y Portugal, abriendo un proceso revolucionario en el siglo XX que resultó difícil de canalizar, desviar o derrotar».

Este carácter revolucionario de la República española es para Payne (p. 19) completamente singular: «El único proceso revolucionario del continente europeo durante el periodo de entreguerras tuvo lugar en España a partir de 1931». Parece que, aislado de la guerra en que desembocará, este proceso ya no es tan semejante a los europeos y, en cambio, tiene rasgos que lo asemejan a momentos de la historia de España, ya que «la innovación y los virulentos giros institucionales habían sido características peculiares de la vida política española durante más de un siglo, prácticamente desde 1810». Cuando este autor se pregunta (p. 28) por «las fuentes del concepto patrimonialista de la izquierda española según el cual debería implantarse un régimen exclusivamente izquierdista», se remonta al trienio benignamente calificado por la historiografía como liberal, de 1820 a 1823: «Los exaltados de extrema izquierda irrumpieron por vez primera en el panorama político entre 1820 y 1823, y se convirtieron en una maldición para la vida política española desde entonces».

¿En qué consiste esta maldición para Payne? En que sus objetivos «no se correspondían en absoluto con la estructura y los valores de la sociedad española. De aquella época nace el objetivo de la izquierda española de intentar imponer sus valores por las buenas o por las malas». Tras los pronunciamientos, los movimientos anarcosindicalistas y marxistas y el republicanismo radical, finalmente «los nuevos partidos que se crearon como reacción a la dictadura de Primo de Rivera, en conjunción con otros grupos izquierdistas, desarrollaron la doctrina según la cual todo lo que se opusiera a la izquierda era reaccionario y, de inmediato, se consideraba ilegítimo: un nuevo estilo de izquierdismo cañí que no encuentra una modalidad equivalente en ningún sitio fuera de España, al menos en Europa» (página 29 del citado libro).

Un rasgo característico de ese izquierdismo cañí han sido las llamadas quemas de conventos, que para la República española comenzaron el 11 de mayo de 1931. Puede pasarse sobre ellas como sobre ascuas, suponiendo que son una reacción airada por haber sonado la Marcha Real al inaugurarse en Madrid un círculo monárquico el día anterior. Pero, sobre esa base, todos los episodios de violencia anticlerical ocurridos en España pueden reducirse a meras anécdotas. De esa forma, queda sin explicar un fenómeno que, ciertamente, distingue a España de otros países, pero que por eso mismo reclama con mayor urgencia una explicación.

El domingo 10 de mayo se celebró en un piso de la calle Alcalá una reunión para fundar y elegir junta directiva de una sociedad llamada Círculo Monárquico Independiente, inscrita legalmente y con permiso de la Dirección General de Seguridad para celebrar el acto. Ese mismo mediodía, el gobierno emitía una nota oficial, según la cual en dicha reunión alguien puso en un gramófono la Marcha Real, «causando la indignación de las gentes que venían de escuchar el concierto de la Banda de Música Municipal en el cercano Parque del Retiro».

La fuerza pública impidió que el local del Círculo Monárquico fuera asaltado, y cuando las «turbas» marcharon con intención de quemar el edificio de ABC en la calle Serrano, el ministro de Gobernación, Miguel Maura Gamazo, envió un contingente de la Guardia Civil del cuartel del Hipódromo que lo impidió, aunque, según afirmaría Maura en Así cayó Alfonso XIII (páginas 332 y siguientes), fue atacado, y, tras disparar en legítima defensa, provocó dos muertos y varios heridos entre los atacantes. Al llegar noticia de lo sucedido a la sede del gobierno en la Puerta del Sol, afirma Maura haber perdido «la última esperanza de que mis compañeros reaccionasen». Los argumentos de los ministros para justificar la inacción ante los desmanes fueron que «el Gobierno nada sufre con ello, con tal de que no haya sangre» y que «la autoridad tiene que ser paternal». La conclusión de Maura es que «condenar a la inacción a la Guardia Civil equivalía, pues, a permanecer inermes frente al motín».

A última hora de la tarde de ese domingo, el capitán Arturo Menéndez comunicó a Maura que «en el Ateneo, los jóvenes que habían estado poco antes en el Ministerio preparaban para el día siguiente, lunes, la quema de los conventos de Madrid, como protesta por la lenidad del Gobierno en material clerical. Mi informador me aseguraba haber oído a los que dirigían el intento dar las órdenes a unos cuantos mozalbetes a quienes repartían, con las listas de los conventos que habían de ser incendiados, la gasolina y los trapos necesarios para tan culta labor. El dirigente de esos gamberros era el mecánico Pablo Rada, que acompañó a Ramón Franco en el vuelo del Plus Ultra».

Un héroe de la aviación española, pues, en el corazón de la asonada anticlerical, que no tenía con el incidente antimonárquico más conexión que la de haber hecho coincidir y elevar el nivel de hormonas de los congregados en el Ateneo de Madrid. Una institución, por cierto, que se precia de haber sido el lugar «donde se fraguó la República»,[15] pero que, en cambio, olvida que también allí se fraguó un acontecimiento que contribuiría en no poca medida a hundirla.

Maura relata que fue a ver a Azaña, que a la sazón era presidente del Ateneo de Madrid (y seguiría siéndolo hasta mayo de 1932),[16] al que encontró «merendando tranquilamente» en el despacho del subsecretario. Al relatarle la confidencia que acababa de recibir, «no se inmutó. Siguió comiendo y me dijo: “No crea usted en eso. Son tonterías. Pero si fuese verdad, sería una muestra de la Justicia Inmanente”. Se negó en redondo a ir al Ateneo, como le pedía, para impedir, con su autoridad en aquella casa, que se llevase adelante el intento. Tras decirle muy claro lo que sobre él pensaba, le dejé masticando y fui en busca del Presidente. El pobre don Niceto, en esta clase de trances, estaba a la altura de su amigo el Director General de Seguridad. Los dos poseían la misma incapacidad para decidir algo que representase un riesgo para la popularidad del Gobierno. Para consolarme, el infeliz Presidente me decía: “Tranquilícese, Migué, mañana, a las nueve, nos reunimos en Consejo y todo se arreglará”».

Según Maura, durante toda la noche y hasta el amanecer, no disminuyó «el gentío aglomerado en la Puerta del Sol», pero a las cinco de la mañana, a un borracho se le disparó accidentalmente una pistola, lo que hizo que, prudentemente, la gente vaciara la plaza. El ministro se fue a su casa a las seis y, según dice, «aquel día quedé en mi fuero interno, no sólo dimitido de mi cargo de entonces, sino de toda colaboración ulterior con esos hombres de la República, imbuidos de prejuicios absurdos, ciegos a la realidad más estrepitosa y palpable, y, sobre todo, sectarios en proporciones incompatibles con toda conciencia medianamente humana».

Maura llamó al director general de Seguridad, que también «conocía, por referencias, lo que se tramaba en el Ateneo», y dado que por la oposición gubernamental no podía alertar a la Guardia Civil, le pidió que le apoyara con la Guardia de Seguridad, protegiendo los conventos jesuíticos de las calles de Zorrilla y de la Flor, además del resto de conventos e iglesias de Madrid: «Me prometió don Carlos, con solemnidad teatral, que así lo haría, y hube de decirle con claridad que le hacía personalmente responsable del resultado de la jornada».

Mientras que los socialistas Indalecio Prieto, en Cartas a un escultor, y Juan Simeón Vidarte, en Las Cortes Constituyentes de 1931-1933, afirman no haber tenido que ver, e incluso haber tratado de evitar las quemas de conventos del 11 de mayo, Maura no deja duda de que Azaña fue quien impidió que la fuerza pública interviniera y que Alcalá-Zamora respaldó la pasividad, al contestar después de saber que ardía el Convento de la Flor (página 338):

—Cálmese, Migué, que esto no es sino como desía su padre, «fogatas de virutas». No tiene la cosa la importancia que usted le da. Son unos cuantos chiquillos que juegan a la revolución y todo se calmará en seguida. Usted verá.

—¡Conque «fogatas de virutas»! Es usted un insensato —le contesté— o me dejan ustedes sacar la fuerza a la calle o arderán todos los conventos de Madrid uno tras otro.

—Eso, no —exclamó Azaña—. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.

Cuando ya eran cuatro los incendios, Maura contaba con el apoyo expreso de Sánchez Guerra, Fernando de los Ríos, del propio Alcalá-Zamora y de Indalecio Prieto. Azaña se opuso de nuevo (p. 339):

—He dicho que me opongo a ello decididamente —amenazó Azaña— y no continuaré un minuto en el Gobierno si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez.

—Bueno, vamos a ver, señores —propuso el inefable Niceto—, vamos a poner a votación si sale o no la fuerza, pero siéntese usted en su sitio. Migué.

Por fin, el gobierno tomaría la decisión de declarar el estado de guerra. Pero lo que provocó el desengaño de Maura, llevaría también a la mayoría de los católicos a desligarse afectivamente de una República que despreciaba de tal modo sus derechos fundamentales. Al menos así lo interpretaba el citado obispo Eijo, según un recuerdo publicado por Laureano López Rodó en las páginas 265-266 de sus Memorias:

Don Ángel Herrera, a la sazón director de El Debate, fue a verle y le dijo: ¿No le parece, Señor Patriarca [sic], que es hora de que El Debate se proclame republicano, cuando el país lo es ya? Don Leopoldo le contestó que esto le parecía simplemente un error de cálculo, porque si bien al proclamarse la República hubo cierto entusiasmo, era evidente que, tras la quema de conventos y otros desmanes, la mayoría de los católicos españoles perdió su fe republicana.

Comentó luego el Patriarca que Don Ángel Herrera no hizo caso del consejo que le daba, aunque no actuó directamente, sino a través de otra persona. Fue Gil-Robles quien, a los pocos días, proclamó su adhesión a la República.

Esta conversación debió tener lugar antes del 23 de octubre de 1932 (y después del golpe del 10 de agosto). José María Gil-Robles, en las páginas 77 a 82 de No fue posible la paz, define la postura de Acción Popular respecto a las formas de gobierno —antes de ser él elegido presidente de dicha formación el 17 de noviembre de 1931— como de inhibición con la que «no podía irse políticamente muy lejos». Era preciso «que aceptase con toda claridad el nuevo régimen», aunque «la inmensa mayoría» de sus afiliados fueran «decididamente monárquicos». Se trataba, para Gil-Robles, de acatar «el poder constituido» y no «los actos injustos de la autoridad».

En 1931, Eijo consideraba legítimo el gobierno provisional y en 1932 no consideraba conveniente que un partido católico proclamase su adhesión al régimen. No quiere esto decir que el obispo emitiera un juicio contra la legitimidad gubernamental, pero sí que, como observador, constataba la «pérdida de fe» en el régimen de buena parte de los católicos. Prueba de que no fallaba en su apreciación es que, cuando el 26 de diciembre de 1932, en Salamanca, Gil-Robles exigió su modelo de acatamiento a quienes quisieran federarse con Acción Popular, se produjo la escisión de un grupo monárquico: el 1 de marzo se fundaba en Madrid Renovación Española. Del 28 de febrero al 5 de marzo se celebraba, también en la capital, el congreso del que saldría la Confederación Española de Derechas Autónomas.

De la teoría a la práctica revolucionaria

En El holocausto español, Preston dedica doscientas una páginas (193-394) a lo que llama «violencia institucionalizada en la zona rebelde» y ciento una páginas (307 a 408) a lo que denomina «violencia espontánea en la zona republicana». Ambas aparecen con «consecuencias del golpe de Estado» y se estudian en capítulos aparte los episodios ocurridos durante el avance de Yagüe hacia Madrid, en un bando, y las matanzas de Paracuellos, en el otro.

El norteamericano Payne no se resigna a reducir la revolución de 1936 a una consecuencia de un golpe de Estado, y en la página 93 de ¿Por qué la República perdió la guerra? afirma categóricamente la originalidad de este proceso:

La revolución que tuvo lugar en la zona republicana durante las semanas posteriores al aprovisionamiento de armas de los movimientos obreros revolucionarios del 19 de julio fue la revolución obrera más amplia y casi la más espontánea de las que se habían producido en un país europeo, incluida Rusia.

En una entrevista que mantuvimos el 8 de febrero de 2011, Payne precisó que cuando habla de la revolución española como la más «amplia y espontánea» es porque «lo decían los mismos revolucionarios españoles», refiriéndose «a la proporción de obreros organizados en sindicatos, tanto en el campo como en las ciudades, comparado con Rusia». La espontaneidad, aquí, no se refiere al entusiasmo, sino a que la «participación en el proceso de colectivizar o conseguir el control obrero, no es meramente una disposición psicológica». Y tampoco se ha de entender espontáneo como no premeditado, según Payne:

Lo que ellos querían decir por espontáneo fue que era una acción directa de ellos mismos organizados en sindicatos. No fue una cosa puramente espontánea, sino con una preparación de organización, de propaganda, prerrevolucionaria, durante algún tiempo.

Para el hispanista norteamericano, esta originalidad y organización se oculta, porque ni convenía a las ideologías que apoyaban a la revolución entonces, ni a sus actuales herederos. Respecto a los primeros, me decía Payne:

Apreciaban muy bien la índole de la situación de España, pero la revolución directa, violenta, podría estropearlo todo, porque España era el país del mundo más apropiado, por sus factores políticos, para seguir la política de la Komintern de los frentes populares de 1935, era posible crear una república de tipo obrero, pero no una república directamente comunista revolucionaria. Y tenían razón, esa posibilidad existía, con un gobierno exclusivamente izquierdista, muy a la izquierda del francés, y por eso una guerra civil, o una revolución, o ambas cosas a la vez, como ocurrirá en España, se veía contraproducente.

En cuanto a los segundos, afirmaba:

Actualmente las revoluciones violentas no son bien vistas, por eso quieren olvidarlo todo. Es la continuación de una línea de propaganda que se empezó con gran fuerza durante la misma guerra, entendiendo que sería importante ganar apoyos en las democracias. Por eso era mucho mejor venderlo como meramente una democracia luchando contra el fascismo. Es una línea que también es políticamente correcta en el mundo actual. Por eso la historia en sí es algo que no importa a la Ley de Memoria Histórica.

El paso de la teoría a la práctica revolucionaria se dio en personajes como los ya citados Manuel Muñoz Martínez y Manuel Rascón Ramírez. La declaración del primero ante la Causa General, prestada en Madrid el 14 de septiembre de 1942 (aunque no se indica que el interrogatorio durara varios días, no fue reenviado a la prisión de Porlier hasta el día 21), cuando el interesado, natural de Chiclana de la Frontera (Cádiz), tenía cincuenta y cuatro años, ocupa los folios 291 a 309 del primer expediente del legajo 1530.

Muñoz comienza hablando de su ingreso en la masonería hacia 1924 por «pura condescendencia amistosa», pues además el programa filantrópico «no le pareció mal y que si bien él es católico, no creyó que su pertenencia a la masonería resultase incompatible con sus ideas religiosas». Con el tiempo, llegaría a considerar «que la masonería resultaba en la actualidad una institución anacrónica», a pesar de lo cual aceptó ser candidato a gran maestre en 1935. En todo caso, entiende «que la masonería no debe entrometerse en la política y en realidad él no ha observado intromisiones de esta clase».

Tras mencionar su carrera militar en Africa, que abandonó para retirarse con la ley Azaña, Muñoz explica cómo fue elegido diputado en 1931 por el «partido republicano autónomo que funcionaba en Cádiz bajo la presidencia del Sr. Sola», y que de allí pasó al «Partido Radical Socialista dirigido por Marcelino Domingo» y, vía fusión con el de Azaña, formó igualmente parte del comité nacional de Izquierda Republicana. Sobre su acción parlamentaria, elude cualquier responsabilidad alegando que «acató la disciplina de su partido, sin tener un concepto claro y definido de algunas de las materias de importancia constitucional y política, sometidas a las Cortes». Dice que «tanto en su partido como en los demás, imperaba el régimen de jefatura» y que «si bien el dicente no se encontraba conforme con este régimen prácticamente autoritario, contra el que protestó en alguna ocasión, reconoce que no era precisamente el partido de Marcelino Domingo el más autoritario, destacándose más este carácter en el partido de Azaña».

El Frente Popular no pareció a Muñoz como «un peligro ni un puente para la dictadura marxista; igualmente ignoraba que la táctica del Frente Popular hubiese sido propugnada por la Internacional Comunista de Moscú, en sus reuniones de 1935»; incluso asegura el futuro director General de Seguridad «que si su partido hubiese abrigado sospechas de que el Frente Popular pudiese haber sido un instrumento de la Internacional Comunista, se hubiese pronunciado por la negativa sobre la formación del mismo». Tampoco el desorden público provocado desde el Frente Popular le pareció grave, a pesar de ser consciente de que no era la república burguesa lo que propugnaban los aliados de su partido:

Desde luego, las perturbaciones del orden público, constantemente manifestadas a raíz del triunfo electoral del Frente Popular, constituían un motivo de preocupación para el Gobierno y también para el Partido de Izquierda Republicana, pero el Comité Nacional de este Partido si bien se encontraba alarmado por tal situación, no se dirigió al Gobierno para que la remediara, ni presentó ninguna moción en este sentido, ya que el Gobierno estimaba el problema de orden público como atribución exclusiva suya. Por otra parte, se estimaba que esta inseguridad no representaba un peligro inminente y grave y que era debida en gran parte a provocaciones de las corrientes políticas de extrema derecha y de extrema izquierda, agravadas en el campo por la resistencia que se observaba a dar trabajo a los obreros. De todos modos, no se ocultaba a los republicanos, que la colaboración marxista en el Gobierno no era sincera, ya que el marxismo, y sobre todo la fracción de Largo Caballero, consideraba la República no como un fin, sino como un medio, por lo que no era posible confiar en la lealtad de este apoyo socialista.

Muñoz dice haberse opuesto a la candidatura presidencial de Azaña, no porque de esa forma el líder de Izquierda Republicana perdiera poder ejecutivo, sino por considerarlo excesivamente partidista; incluso hay una velada acusación de narcisismo por el empeño personal de Azaña en ser presidente: «El declarante se opuso, por considerar que a este cargo debía ser llevada una figura republicana representativa e imparcial, como bien pudiera ser por ejemplo Cossío, mientras que Azaña debiera haberse encargado de la Jefatura del Gobierno, en vista del resultado del mitin de Comillas [20 de octubre de 1935], pero bien pronto apreció que se trataba de un criterio cerrado y que Azaña sería Presidente de la República por encima de todo».

Una especie de alusión a la «plataforma ficticia» sobre la que vivía el Gobierno, a la que hace referencia Muñoz al hablar de los trenes de Jaén, aparece ya cuando asegura que «el resultado de las elecciones de Cádiz lo decidió la CNT, que contaba con extraordinaria fuerza en dicha provincia», y que en su caso un líder cenetista apellidado López Vera le advirtió que le votarían a pesar de estar seguros «de que los candidatos a quienes iba a dar sus votos, la engañarían como lo habían hecho hasta entonces».

Concha Langa Ñuño asigna al citado líder, Francisco López Vera, la profesión de vendedor de caramelos o industrial; lo considera masón y miembro del Ateneo Libertario, miembro del consejo de administración de El 25 de marzo (1904) y «colaborador muy habitual de prensa izquierdista»: Rebelión (1919), Vandalia (1928), Libertad (1930), La Tribuna, El Noticiero Gaditano (1931) y Avance (1933). Por su parte, Santiago MorenoTello lo supone nacido en Cádiz en 1878 y muerto hacia 1949, «persona de grandes inquietudes culturales a la vez que uno de los grandes desconocidos de la militancia anarquista gaditana. Capataz de obras, masón de la logia Fermín Salvochea con el nombre de Zorrilla. Más tarde también pertenecerá a Hermano Vigor. Así colaboraría de forma muy activa con el Ateneo de Divulgación Social, creado en 1930, pero que no obtuvo el permiso de apertura hasta 1932. Años después se convertiría en el Ateneo Libertario. También fue muy asiduo a dar mítines con compañeros de CNT».

Tras exonerar de nuevo a los partidos por no exigir «una política que asegurase el orden público y la paz social, ya que las atribuciones en esta materia se las reservaba el Gobierno», lo que denomina «régimen de puerta cerrada que mantenía el Gobierno en asuntos de interés nacional» y que dice haber lamentado «en conversaciones mantenidas con miembros del partido y de la minoría», Muñoz asegura que se temía más una revolución social que un golpe militar:

Los temores que pudiera haber relativos a un golpe revolucionario no se concretaban sobre ningún partido ni grupo social determinado; se desconfiaba de todos y de ninguno. No se creía seriamente que el Ejército pudiese llevar a cabo un golpe de Estado; más se temía esto, del Partido Socialista, por la fuerza que representaba, o de Falange Española, por la acometividad de esta naciente organización.

Si bien lo que evoca este recuerdo en la posguerra al preso es un encuentro que tuvo con José Antonio y la pena de no haber podido profundizar en «la doctrina de este movimiento». A continuación, explica su nombramiento como director general de Seguridad, como si hubiera sido forzado a aceptarlo por Pozas, y ello sin mediar la adhesión formal que el régimen le exigía:

Comenzada la revolución en julio de 1936, el declarante que se encontraba en Madrid, permaneció en el Hotel Florida donde se alojaba, sin que se presentara al Gobierno para ejercer mando de fuerzas, en su calidad de militar, sino que únicamente visitaba con alguna frecuencia durante los primeros días el Ministerio de la Gobernación, que era desempeñado por el General Pozas, y fue al cabo de un mes, cuando presentó en el Ministerio de la Guerra la papeleta de adhesión que estaban obligados a formular los militares. En una de estas visitas al General Pozas, cree que el 28 o el 29 de julio, le dijo Pozas que el Director General de Seguridad, José Alonso Mallol, había desaparecido y que era preciso que el dicente se hiciese cargo de la Dirección; aunque el declarante no tenían ningún deseo de ocupar cargos políticos, puesto que en aquellos momentos sólo se preocupaba de la suerte de su familia, residente en Cádiz, hubo de aceptar, ya que el General Pozas rechazó sus objeciones para hacerse cargo de la Dirección General de Seguridad.

José Alonso Mallol, nacido en Alicante en 1893, era masón desde 1916, fue cofundador del periódico El Luchador, presidente del primer sindicato de estudiantes alicantino, del Ateneo, del Círculo de Bellas Artes y de Izquierda Republicana en la provincia. El 25 de octubre de 1931 tomó posesión como gobernador de Oviedo, figurando como representante del Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo (PRRS), pero también de Acción Republicana (AR), el partido de Azaña, en el que acabaría por hacer carrera. El 14 de mayo de 1933 toma posesión del cargo de gobernador de Sevilla, donde le sucederá cuatro meses más tarde, el 19 de septiembre, Alvaro Díaz Quiñones, del Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux.

Tras las elecciones del 16 de febrero de 1936 y la subsiguiente desbandada del gobierno Pórtela Valladares, José Alonso Mallol llegó a la Dirección General de Seguridad. En la misma ronda de sustituciones, a partir del 22 de febrero, el nuevo gobierno Azaña nombra cuarenta y seis gobernadores provinciales, todos de Izquierda Republicana, salvo dos del PRRS y seis de UR. La impunidad de cuantos crímenes se cometieran contra quien estuviera a la derecha del Frente Popular llevaban al recién llegado (en 1935) embajador británico Sir Henry Getty Chilton a escribir el 24 de marzo —dos días antes habían tiroteado en Oviedo al que, durante medio mes, fuera ministro de Trabajo de Pórtela Valladares, Alfredo Martínez García-Argüelles, que moriría el día 25— a Anthony Edén, secretario de Estado de Exteriores del gobierno de Stanley Baldwin, que «sólo la proclamación de una dictadura podrá evitar que Largo Caballero desencadene la revolución, ya que éste tiene intención de derribar al presidente y al gobierno de la República e instaurar un régimen soviético en España». El 1 de mayo, transmitirá a Edén «la sensación de que el gobierno español, débil y cargado de dudas, había dejado el poder en manos del proletariado».

A diferencia de lo opinado en la posguerra por Manuel Muñoz Martínez, Alonso Mallol veía en los militares, y no en los revolucionarios, el peligro, y de ahí su pretensión de arrestar a Mola —lo que para el biógrafo Pedro L. Angosto le hace acreedor del apelativo el hombre que pudo evitar la guerra—, «frenada en seco por Casares Quiroga», según Joan Serrallonga i Urquidi, al sustituir el 13 de mayo como jefe de Gobierno a Barcia, que a su vez había sustituido a Azaña el día 10.

Menos cierto es lo que afirma Serrallonga de que «ni tan siquiera se avino el Gobierno a investigar de forma efectiva los sospechosos desplazamientos de algunos dirigentes de los partidos de derechas». Para el caso de Calvo Sotelo, dan una idea bien distinta los expedientes del legajo 1500 de la Causa General, referidos en particular al «intento de asesinar al Sr. Calvo Sotelo en junio de 1936» (número 3), al asesinato (número 4) y a «la actuación del Gobierno del Frente Popular y la Dirección General de Seguridad en el asesinato de José Calvo Sotelo» (número 7).

La implicación de Alonso Mallol en el asesinato de Calvo Sotelo basta para explicar que desapareciera sin dejar rastro en los momentos de incertidumbre siguientes al estallido de la guerra. Muñoz relata así la situación que encontró pasados unos diez días (28 o 29 de julio):

Al entrar en la Dirección de Seguridad, llegó hasta el despacho del Director sin encontrar a nadie, y advirtió que todo se hallaba en una situación de completo abandono; después de permanecer un largo rato solo en su despacho, pudo empezar a ponerse en contacto con algún personal, cree que de la Secretaría, que fue apareciendo, y ante el cual el declarante se presentó como el nuevo Director. Comunicó esta impresión de desorganización al Ministro y luego fue poniéndose en contacto con los funcionarios de los diversos servicios y con aquellos que buenamente se presentaban, ya que además el declarante no tenía un completo conocimiento de la organización policial. Por el personal iba conociendo las defecciones y falta de presentación de infinidad de agentes. Cree recordar que en aquella fecha era subdirector de Seguridad el Sr. De Juan, a quien el declarante conocía, y que como ya llevaba algún tiempo en la Dirección, fue principalmente el que ayudó al dicente a enterarse de las cuestiones de aquel Departamento.

Tras mencionar los rumores sobre el asesinato de su familia en Cádiz —que, asegura, no le llevaron «a tomar represalias de ningún género, ni a dar un sentido de dureza a su política como Director General de Seguridad»; y que posteriormente le desmintieron «unos altos funcionarios norteamericanos de la Telefónica»—, Muñoz dice haber apreciado «la carencia de fuerzas represivas para imponer el orden», por lo que el ministro Pozas le dio «instrucciones para el nombramiento de agentes provisionales, teniéndose en cuenta para estos nombramientos las propuestas presentadas por los partidos y organizaciones del Frente Popular, ya que no había otros organismos a los que se pudiera acudir para hacer una designación más acertada de agentes de Policía» y guardias de Asalto, pues «no se tenía confianza en la adhesión de los funcionarios de la Policía profesional al régimen del Frente Popular, y así se lo expuso al declarante el Comité de personal, que funcionaba en la Dirección del mismo modo que en todos los organismos». Este Comité, en el que «ejercían actividad destacada Torrijos Pineda y La Lama Noriega» era tan poderoso que se dio «órdenes de cese para todos aquellos funcionarios de la Policía que eran propuestos para ello por el Comité».

Semejante fue el caso de José Matute Herranz, comisario de segunda del Cuerpo de Investigación y Policía, de cincuenta y ocho años, sobre cuya desaparición testifica tras la guerra su mujer, Ana López García (en el legajo 1511, expediente 5, folio 90, de la Causa General). Según ella, fue detenido por «dos compañeros policías» el 16 de agosto de 1936, en su domicilio de la Calle Rodríguez Sampedro 43, y llevado «a la DGS, de donde le trasladaron al día siguiente a la Cárcel Modelo», desde donde el 7 de noviembre fue enviado «con dirección a Chinchilla», por lo que se supone que «fue fusilado en el conocido lugar de Paracuellos del Jarama. Por referencias dadas en la misma DGS, suponen que la denuncia partió de allí mismo de los agentes Vicente Girauta Linares, José Raúl Bellido y Fernando Torrijos Pineda».

El nuevo director general de Seguridad asegura haber decidido, tras consultarlo con «dos Comisarios que quedaban en la Dirección, que eran el Sr. Lino y el Sr. Aparicio», una medida «para atajar las tropelías que se cometían constantemente en Madrid»: establecer una red «de puestos fijos en determinados lugares y puestos de control en las salidas de la Capital, a cargo de guardias de Asalto o Guardias Civiles» y agentes de Policía. Con este motivo, reunió Muñoz «a los Coroneles de los Tercios de la Guardia Civil, y al Teniente Coronel de Asalto, Sánchez Plaza, y a poco de terminada la reunión, volvió muy impresionado el Teniente Coronel de Asalto, quien manifestó al dicente, que era imposible llevar a la práctica el plan convenido, porque los mandos de los Tercios de la Guardia Civil parecían dispuestos a unirse al Movimiento Nacional, hasta el punto de haber hecho una invitación personal al declarante, para que se sumase a ellos». Muñoz comunicó el hecho a Pozas, «el cual, no sabe si de propia iniciativa o de acuerdo con el Gobierno, procedió a desorganizar la Guardia Civil». Con todo, el decreto de creación de la Guardia Nacional Republicana no llegará hasta el 29 de agosto.

Como jefe de las fuerzas de asalto en la Dirección General de Seguridad, Sánchez Plaza había asistido, en la noche del 12 de julio, a la reunión de José Alonso Mallol con otros jefes de Asalto, en donde se discutieron las represalias a tomar por el asesinato del teniente Castillo. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, Sánchez Plaza acude con el comandante Burillo, a las siete de la mañana del 13 de julio, al cuartel de Pontejos, donde por orden del ministro de Gobernación, Juan Moles, redactan un informe en el que aseguran que esa noche «no había salido del cuartel camioneta alguna para servicio que no fuese legal». A las ocho de la mañana habían entregado el informe a Moles, según la declaración del comandante Ricardo Burillo Stholle a la Causa General (legajo 1500, expediente 4, folio 33).

Respecto al comisario general, Pedro Aparicio de Cuenca, figura como «asesinado por los rojos» en el plano de su despacho alzado en 1941 y que se conserva en el legajo 1500, expediente 7, folio 55, de la Causa General. No obstante, en la declaración sobre la detención hecha por Félix José del Río Olivera, presentada en la posguerra por su cuñado Eduardo Olivera y de la Riba ante la Causa General (legajo 1511, expediente 2, folio 26), se afirma que aquel agente de policía fue detenido el 12 de agosto de 1936 mientras prestaba servicio en el Banco de España, que «un comisario de Policía rojo llamado Pedro Aparicio, maltrató al desaparecido cuando se encontraba en la Dirección General de Seguridad» y que Aparicio «parece ser que fue de los que ordenaron la detención» del agente que pasó de la Dirección General de Seguridad a la Cárcel Modelo, de allí «a una checa de Fuencarral 103» y allí fue puesto en libertad, si bien fue detenido de nuevo el 23 de octubre y asesinado en una saca de presos de la cárcel de Porlier (probablemente el 24 de noviembre).

Siguiendo con el relato de Manuel Muñoz, de nuevo hace recaer sobre Pozas la responsabilidad de crear la que sería conocida como Checa de Bellas Artes y, posteriormente, Fomento:

Como la angustia del declarante aumentaba ante su impotencia, al faltarle elementos para cumplir su misión, se lo hizo presente al Ministro, que prometió estudiar soluciones, y al día siguiente o a los dos días, le contestó que había acordado con los partidos, que se constituyese un Comité de tipo Mixto, integrado por representantes de todos los partidos, que en contacto con la Dirección General de Seguridad, apoyarían y respaldarían la actuación de ésta, evitando rozamientos entre las milicias y la policía: el organismo que se había acordado crear actuaría con carácter permanente y sería el encargado de gestionar e investigar, cómo y por qué se tomaban medidas por los partidos en materia de represión y orden público; como no resultaba imposible [posible] al declarante resistir la presión de los partidos, se trataba por este medio de contener los asesinatos y ecesos [sic] que venían cometiéndose en Madrid, a causa de la falta de autoridad y control sobre las masas armadas.

El Comité de Investigación Pública, el asalto a la Modelo y la DGS

El 4 de agosto, Muñoz presidió la reunión fundacional de lo que llama «Comité Provincial de Investigación Pública» (CPIP), en el edificio del Círculo de Bellas Artes, en el número 40 de la calle de Alcalá, y con asistencia de «varios representantes por cada partido u organización del Frente Popular». El director general de Seguridad niega haber asentido en que se juzgara y aún menos asesinara a los sospechosos:

Recuerda que se produjo un incidente, porque un energúmeno de los que asistían a la reunión dijo que era preciso actuar de otra manera y que el Comité pudiese juzgar, por su cuenta, siendo rechazada esta pretensión por el declarante, que niega también en este momento —al serle dadas a conocer por el Instructor, declaraciones que sobre este extremo tienen prestada en la Causa General, algunos miembros del Comité de Investigación, que asistieron a la reunión referida— que el que declara asintiese tácitamente a aquella invitación ni se sonriera diciendo «que él no podía oír aquello como Director General de Seguridad, pero dando a entender que no desaprobaba tal aspiración».

Se estableció una comunicación telefónica directa, entre el Comité de Investigación, establecido en el Círculo de Bellas Artes y la Dirección General de Seguridad, que reclamaba antecedentes y detenidos al Comité, el cual no tenía conferidas otras atribuciones que las de investigación, control de las actividades de orden público, de los partidos y apoyo a la Dirección de Seguridad. Cuando se trataba de averiguar el paradero de alguna persona desaparecida, la Dirección de Seguridad preguntaba al Comité de Investigación Pública, después de haber pedido infructuosamente datos a las Comisarías y a las Cárceles, y en muchos casos tales gestiones daban resultados satisfactorios.

Para Muñoz, el Comité «era un procedimiento muy indirecto de controlar el orden público», pero «el único capaz de dar algún resultado», en la medida en que negociaba con «la jurisdicción de los distintos partidos», que «era infranqueable y defendida por éstos airadamente». Como ejemplo de su lucha frente a esa jurisdicción, el Director General de Seguridad sólo alega haber intentado detener a un cenetista llamado Andrus (sobre el que no existe documentación ninguna), «que había cometido robos y atropellos, chocando enseguida sus propósitos con la resistencia obstinada de la CNT». Muñoz afirma que se cedía para evitar cualquier choque, y niega saber si alguna vez el gobierno se planteó frenar esta situación:

Resultaba imposible cerrar —ni directamente ni valiéndose del Comité de Investigación Pública, que tenía más autoridad política— los numerosos antros o checas, que las organizaciones del Frente Popular habían establecido en Madrid, y ni siquiera resultaba viable proponerlo al Ministro, ya que éste, que se entrevistaba diariamente con el que declara, estaba enterado igualmente de la situación, y compartía la preocupación del dicente y el deseo de evitar tanto desmán, pero, en concepto del que declara faltaba la fuerza suficiente para haber impuesto la autoridad en el caso de que las organizaciones hubiesen hecho resistencia al Gobierno, enfrentándose con él. Desconoce si dentro del Consejo de Ministros, se planteó este problema o hubo algún acuerdo acerca del mismo.

Ya dentro de su ámbito de responsabilidad, Muñoz afirma ignorar lo que todos sabían, que la checa juzgaba y ejecutaba:

Niega el declarante haber recibido informe de los Agentes de Policía, que pudieran estar destacados en el Comité Provincial de Investigación Pública, por los que hubiera podido darse cuenta de que aquel centro tenía carácter de Checa y se dedicaba a cometer asesinatos en gran escala; niega igualmente haber recibido reclamaciones o quejas de particulares, sobre asesinatos en aquel organismo; ni siquiera después de cesar el dicente en su cargo de Director General de Seguridad, llegó a tener conocimiento de tales hechos. Enterado en este acto, por el Instructor, del gran número de asesinatos cometidos por la Checa de Fomento, y al serle exhibidas actuaciones y denuncias que con este motivo obran en la Causa General, responde el declarante que ante tal demostración, no tiene más remedio que reconocer la existencia de tales hechos que, para él, constituyen una dolo-rosa sorpresa y que su ignorancia acerca de los mismos, durante la época de su mando, sería debida a incapacidad por su parte o más bien a falta de información, por deslealtad de sus colaboradores.

El primer relato que se le presenta sobre la reunión del 4 de agosto es el del ingeniero Julio Diamante, de Izquierda Republicana como Muñoz, que dice tener de él «concepto de hombre serio», y que al saber que le atribuye «su asentimiento tácito para que dicho Comité ejecutase por su cuenta a los detenidos», sólo puede negar «la certeza de tal versión, y dice que puede obedecer a una mala interpretación por parte de Diamante». Insiste Muñoz en que «en ninguna ocasión le fueron formuladas quejas ni peticiones de ayuda por parte de las familias de las víctimas, no obstante tener dadas órdenes para que su despacho estuviese abierto a todo el mundo» y dice incluso desconocer que «el Comité de Investigación Pública se hubiese trasladado desde el Edificio de Bellas Artes, a la calle de Fomento, ya que el dicente estaba convencido de que dicho Comité había estado siempre en el Círculo de Bellas Artes».

La declaración de Julio Diamante Menéndez, prestada el 7 de octubre de 1939, cuando este ingeniero de caminos madrileño contaba sesenta y tres años, afirma que el 3 de agosto el secretario general de Izquierda Republicana le propuso incorporarse al comité que iba a formarse en Bellas Artes a las 10 horas del día siguiente, para «estudiar las denuncias que se presenten contra elementos del Frente Popular, pues hay muchas caprichosas». Llegado al lugar, se encontró «con elementos de la FAI y similares que le hicieron caer en la sospecha de que el comité no iba a ser lo que le habían dicho». Por ese motivo dice Diamante haber reclamado la presencia del director general de Seguridad, y que se llamó por teléfono a Muñoz, que llegó por la tarde:

Presidido por éste se reunió el Comité en pleno; se cambiaron impresiones y se dijo la siguiente frase: «Si algún elemento resulta francamente fascista y peligroso entonces se le dan cuatro tiros»; a lo cual el Director General de Seguridad llamado Manuel Muñoz se sonrió y dijo: «Yo como Director General de Seguridad no puedo oír ciertas cosas», algún otro dijo también «eso se hace y no se dice» y otro dijo «hombre, claro, eso por sabido se calla».

Diamante «decidió dimitir» y dijo «a Carreño España que le habían engañado». Cumplió con Fernando García Peña el primer turno de vigilancia que le correspondía «sin que se le presentase denuncia ni caso alguno, y ya no volvió». La opinión de Diamante es que al constituir el comité, Muñoz «trató de cortar los abusos de venganza y represalia, algunas veces personal, que por muchísimos individuos se realizaban en Madrid; comprendía el citado Director que no era posible el cortar a rajatabla los asesinatos; pero siquiera quiso que el marginal desmán de sangre y de robo fuese pequeño y siempre por él conocido y en cierta forma controlado». Curiosamente, termina Diamante rectificando su declaración «en el sentido de que de robo no se trató nada». Pero aquí cabría añadir, como veremos, lo dicho en la reunión fundacional: que «eso se hace y no se dice».

Tras la constitución del comité con una treintena de miembros, y según Preston, «para contrarrestar la desproporcionada influencia anarquista en el seno del CPIP, el 5 de agosto el general Pozas ordenó reorganizar el llamado Cuerpo de Investigación y Vigilancia de la Policía con la incorporación de un centenar de hombres, en su mayoría socialistas, que juraron su cargo como agentes de Policía provisionales». Uno de ellos, nombrado por recomendación del comité ejecutivo del PSOE fue Agapito García Atadell, que con cuarenta y ocho hombres constituiría la brigada que llevaba su nombre, y a cuya actuación dedica Preston las páginas 378-381 y 405-408 de El holocausto español.

Como descargo para su supuesta ignorancia, alega Muñoz «que se sentía tan abrumado por su responsabilidad, dado el cargo que desempeñaba, y se sucedían los acontecimientos con una rapidez tan vertiginosa, que no se daba exacta cuenta de lo que ocurría, y conserva de todos aquellos sucesos, el recuerdo de una pesadilla». Para refrescarle la memoria, los investigadores le recuerdan el asesinato de Cristóbal Colón de Toledo de Larreategui y Aguilera, XV duque de Veragua, en torno al 16 de septiembre. Muñoz dice no haberse enterado de que Colón estuvo «secuestrado en una Checa Socialista de la Capital, ni de que hubiese sido obligado a firmar unos cheques en favor de los que, más tarde, habían de asesinarle». También dijo ignorar que «en la Dirección General de Seguridad, se hubiese organizado durante su mando un fichero político ya que no dio orden alguna en este sentido», ni que «en la Secretaría Técnica de la Dirección de Seguridad, hubiese radicado la Brigada del Amanecer, ya que siempre había creído que esta Brigada del Amanecer, era una de tantas Brigadas como entonces se formaban por los Partidos, dando a esto idea de la falta de control que había entonces».

Al acercarse las tropas nacionales a Madrid, Agapito García Atadell huyó a Francia con un botín estimado en veinticinco millones de pesetas y embarcó hacia La Habana en Marsella, en un barco que hacía escala en Santa Cruz de la Palma, extremo sobre el cual fueron informadas —por el embajador republicano en París, que a su vez había sido advertido por Luis Buñuel— las autoridades del bando nacional. Ante la insistencia de los dos bandos españoles, Francia permitió el arresto de Atadell y su compinche Pedro Benabad. Manuel Muñoz reconocerá haber tenido trato con Atadell y con su lugarteniente, Ángel Pedrero García:

Es posible que la gente de Atadell tuviese nombramientos de agentes de policía, ya que como ha dejado expuesto, los nombramientos se hacían a propuesta de los partidos. No sabe si esta Brigada se titulaba dependencia de la Dirección de Seguridad y sólo habló con Atadell una vez que dicho individuo fue a pedirle gasolina, que le fue negada por el declarante. Con Ángel Pedrero, de quien ignoraba que fuese paisano del Ministro de la Gobernación Ángel Galarza, habló en alguna ocasión. Enterado el declarante de que Atadell tenía en su poder a la hermana del General Queipo de Llano, le obligó a que dicha señora fuera trasladada a la Dirección General de Seguridad, donde la hizo saber que no tenía que temer nada como represalia por la conducta que su hermano hubiese seguido con la familia del declarante, que el que declara creía erróneamente había sido asesinada en Andalucía. Retuvo a la señora Queipo de Llano en la Dirección General de Seguridad porque le parecía natural conservarla como rehén, en previsión de la suerte que en zona nacional pudiera alcanzar a su familia.

Ni siquiera para el nombramiento de su secretario técnico, José Raúl Bellido, admite Muñoz demasiada responsabilidad, ya que «le fue propuesto al declarante para este cargo, por el Comité de la Dirección, pertenecía al Partido de Izquierda Republicana, y en épocas anteriores, era hombre de confianza del que fue Director General de Seguridad, Manuel Andrés Casaus, por cuyo motivo el dicente creyó sería hombre apto para el puesto». Contra Bellido arremete Muñoz al conocer las declaraciones de Manuel Rascón Ramírez, quien dice que ni Ángel Galarza Gago (ministro de Gobernación a partir del 4 de septiembre) ni Muñoz trataron «de impedir las ejecuciones de detenidos realizadas por el Comité de Investigación Pública, no obstante el perfecto conocimiento que ambos tenían de estos hechos, que existía intercambio de detenidos entre la Dirección de Seguridad y el Comité de Fomento, y que la Secretaría Técnica de la Dirección de Seguridad, en que la escuadrilla del Amanecer radicaba, tramitaba las falsas órdenes de libertad, para que los presos fuesen entregados a los Agentes de la Checa de Fomento, y asesinados».

Muñoz concluye que si esos hechos ocurrieron «sería porque el Secretario Técnico habría abusado de su confianza sometiendo a su firma tales resoluciones, entre el sin número de documentos que diariamente se firmaba». Esta postura de negar que supiera lo que firmaba vale particularmente para dos relaciones de presos: los treinta y siete asesinados el 1 de noviembre, entre los que figuraban Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos, y los del 7 de noviembre en San Antón, cuando Muñoz ya había marchado a Valencia. «José Raúl Bellido había traicionado la confianza ciega que el declarante había puesto en él», es todo el argumento del Director General de Seguridad.

Estos sucesos distan ya mucho de los del tren de Jaén, aunque de todos modos dice algo sobre la personalidad de Muñoz que se llevara como rehén a Valencia a Rosario Queipo de Llano, a la que terminó por canjear por miembros de su familia; y también que no pueda presentar ni un solo ejemplo de personas a las que salvara de morir, conformándose con decir que no recibió quejas, y en cambio llevara, como veremos, buena cuenta de las pertenencias confiscadas y organizara detalladamente su traslado a la hora de partir para Valencia.

Más cercano, sólo diez días después de las matanzas de los trenes, es el asalto a la Cárcel Modelo —en el que también murieron rehenes de los trenes—, vivido en primera persona por Muñoz y por Pozas:

Acerca de los sucesos desarrollados el 22 de agosto de 1936 en la Cárcel Modelo de Madrid, en la que resultaron asesinados varios presos políticos, recuerda el declarante que a primera hora de la tarde, y encontrándose en su despacho, recibió un aviso telefónico de que se había declarado un incendio en la Cárcel Modelo, acompañado del Teniente Coronel de Asalto, se dirigió a la Cárcel, siéndoles difícil llegar ante el edificio, porque una inmensa muchedumbre interceptaba el paso. Por fin, llegaron a la puerta de la Cárcel, que estaba entreabierta para permitir la entrada de las mangas de riego, que servían para la extinción del incendio. En la puerta del Rastrillo, unos milicianos obligaron a detenerse al declarante y al Teniente Coronel de Asalto, y por fin apareció el Jefe que mandaba aquella milicia, y del que luego ha sabido se apellidaba Puente, y pertenecía a la Brigada Motorizada, quien en tono muy destemplado les mandó que se marcharan, porque allí no había más autoridad que la suya, como jefe de las milicias socialistas que allí se encontraban. Logró convencer a dicho sujeto —que había llegado a ponerle la pistola al pecho— y pasó al interior de la prisión, donde la situación era impresionante, ya que, por la confusión producida por el incendio y por la actitud de las turbas, que desde la calle reclamaban la libertad de los presos no fascistas, no existía autoridad alguna en la prisión y los presos corrían de un lado para otro. Como la invasión de la Cárcel por la muchedumbre, parecía inminente, el declarante se dirigió a algunos de los representantes de los partidos, que se encontraban presentes, y los invitó para que se dirigiesen a la multitud, a fin de calmar los ánimos, consiguiéndose en efecto una relativa calma. A todo esto, ya habían sonado algunos disparos, que según parece partieron de la azotea de una casa que dominaba la Cárcel. El declarante aprovechó un momento de menor tumulto para trasladarse inmediatamente al Ministerio de la Guerra, donde se entrevistó con el Presidente del Gobierno, que era entonces Giral, habiendo dicho por su parte al Teniente Coronel que procurase reunir las fuerzas que pudiera ya que en la Cárcel Modelo sólo vio a un Teniente de Asalto y catorce guardias. Giral se mostraba muy impresionado; el declarante le expuso la situación y le dijo que hasta el momento se había podido evitar el asalto a la Cárcel, pero que el pueblo insistía pidiendo la libertad de los presos, no pudiendo precisar si se referían a los presos comunes o solamente a los presos políticos no fascistas, si bien es verdad que dada la amnistía que siguió al triunfo electoral del Frente Popular, era difícil que existiesen presos políticos de esta clase, pero el hecho es que ni el Ministro ni el declarante cayeron entonces en esto. Giral encargó al dicente, que volviese a la Cárcel y que para calmar los ánimos se estudiarían los casos y que se irían poniendo en libertad a los presos no fascistas. Al volver a la Cárcel, el aspecto continuaba tan amenazador como antes, y podía decirse que era aún más elevado el tono de exigencias por parte de las turbas; el Teniente Coronel llegó con una Sección de fuerzas de Asalto, que estaba inmediata a la Cárcel, y que era la única fuerza que había podido encontrar. El dicente habló entonces, con algunos dirigentes políticos que habían acudido a la Cárcel Modelo, sobre la entrevista que había tenido con el Presidente, y sobre la promesa de éste, pero cuando los reunidos pasaron al despacho del Director, ya empezaban a pasar el tumulto los presos comunes hacia la calle, sin que hubiese modo de contener esta salida desenfrenada. Se enteró en aquel momento el declarante que habían resultado algunas víctimas, entre los detenidos fascistas, por lo que ordenó el que declara, con toda la energía que podía poner en sus palabras y dirigiéndose al ya mencionado Puente, que se había hecho responsable del orden, que se atajasen aquellos desmanes, cosa que Puente ofreció. Las turbas al oír los disparos se excitaron más creyéndose que se trataba de la evasión de los detenidos fascistas. El declarante permaneció en el dintel, resistiendo como pudo la avalancha, y sin explicarse todavía cómo fue posible que no se desbordase la entrada a la Prisión, ya que, las masas querían que se les entregaran los detenidos fascistas, causando esta situación tal impresión en el declarante, que se sentía realmente enfermo. Informó de nuevo al Presidente y al Ministro de la Gobernación, quien dijo que iba a acudir a la Cárcel, como así lo hizo, en compañía del declarante. Tal vez la presencia del General Pozas calmó un poco los ánimos, pudiéndose entonces entrar en el despacho del Director de la Prisión, donde el Ministro dirigió la palabra a los allí reunidos, afirmando que el Gobierno no sólo se preocupaba de la situación, sino que encontraría la fórmula para satisfacer las demandas de justicia que se le hacían. A partir de este momento, el declarante ya no sabe lo que ocurrió, porque le faltaron las fuerzas y cayó sin sentido, no recobrando el conocimiento hasta la mañana siguiente en la Dirección de Seguridad. Según más tarde le dijeron, le condujeron a la Dirección de Seguridad, donde quedó acostado, sustituyéndole mientras tanto el Subdirector Carlos de Juan, que le informó de que el Gobierno había acordado la formación de un Tribunal presidido por Mariano Gómez, Presidente del Supremo y con una especie de jurado, que iría juzgando a los detenidos y que a partir de ese momento todo entraba en calma. Al declarante le dijeron que había habido durante los sucesos de la cárcel unas trece o catorce víctimas entre ellas, Melquíades Alvarez y Rica Abello; por cierto, que alguna de estas víctimas había ingresado en la cárcel a petición propia, para eludir el riesgo de inseguridad que entonces se corría en la calle.

En su declaración, Muñoz no olvida echar sobre el ministro o el gobierno en pleno la responsabilidad de la redada del 8 de octubre, de la que fue víctima medio millar de militares retirados:

Galarza dijo al declarante que los militares no se presentaban al Ministerio de la Guerra y que iba a dar una orden para que fuesen a la Casa de la Moneda para cobrar; pero el declarante no puede asegurar si la iniciativa de esta redada de que fueron víctimas los militares retirados en la Casa de la Moneda, fue iniciativa personal de Galarza o respondió a un criterio del Gobierno.

La declaración de Muñoz incluye consideraciones variadas, por ejemplo una explicación de cómo pudo Miaja conseguir que hubiera orden dentro de Madrid:

Cree el dicente que si el General Miaja llegó a contener la anarquía, al poco tiempo de abandonar Madrid el Gobierno, fue, no porque el Gobierno tuviese menos interés que Miaja en imponer el orden, sino porque Miaja contaba con mayor poder efectivo y más fuerzas militares a su disposición, y que también influiría en ello el momento psicológico de la presencia ante Madrid del Ejército Liberador.

Otros de sus imprecisos recuerdos se refieren a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia:

Por lo que respecta a la creación de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, cree que las organizó en un principio el Comandante Barceló, y que dependían del Ministerio de la Guerra, no recordando que después pasaran a depender del Ministerio de la Gobernación; de este último Ministerio dependía directamente una Sección de milicias, conocidas por Milicias de Gobernación, no pudiendo responder el declarante a la pregunta que se le hace, acerca de si estas milicias eran las del Puesto de la calle de Marqués del Riscal. De los elementos organizadores de las Milicias de Retaguardia, conoce en primer lugar a Barceló, y además a Justiniano García y a un oficial de artillería, cojo, apellidado Galán. En una ocasión, asistió en el palacio de la calle de Ríos Rosas, donde estaba instalada la Inspección General de Milicias, a una reunión presidida por Barceló, en que se trató del régimen que estas milicias habían de observar; de la referida reunión, a la que asistieron representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones, no sabe el declarante que saliese acuerdo concreto alguno.

El desatino, real o fingido, de Muñoz es total, ya que las Milicias de Vigilancia de Retaguardia se crearon el 16 de septiembre por decreto del Ministerio de la Gobernación, firmado por Azaña como presidente y por Galarza como ministro, y publicado el día 17 en la página 1.857 del número 261 de la Gaceta de Madrid. César Alcalá, en la página 163 de Las checas del terror, afirma que tuvieron su propia checa en la calle Almagro, número 38. La Inspección General de Milicias existía bajo las órdenes del Ministerio de la Guerra desde el 8 de agosto, y tuvo como jefe al teniente coronel comunista —ascendido dos días antes— Luis Barceló Jover, hasta el 20 de octubre, en que el jefe de Operaciones de la zona Centro, general José Asensio Torrado, cambia su nombre por el de Comandancia Militar de Milicias, y encomienda su dirección a Servando Marenco. Julio de Antón resume la situación afirmando que, aparte de las checas que dependían directamente de las autoridades del Frente Popular, como la de Fomento, en los últimos meses de 1936, «existieron Puestos especiales de vigilancia, bajo la dependencia de la Inspección General de Milicias Populares, que en número de 35 Checas constituyeron la base de las milicias de vigilancia de retaguardia, lugares donde frecuentemente se hacía entrega de detenidos por las Comisarías y Dirección General de Seguridad».[17]

Mediante una orden firmada el 6 de octubre —publicada al día siguiente en el número 281 de Gaceta de Madrid, páginas 224-225, y significativamente abreviada como «Orden relativa a registros domiciliarios»—, trataba Ángel Galarza de someter a su jurisdicción a todos los «grupos de leales ciudadanos que, llenos de entusiasmo», han surgido en Madrid y provincias «con el deseo de colaborar en la labor de retaguardia, uno de cuyos principales problemas es el de descubrir a las personas desafectas al régimen». La orden calificaba de «indudables» los «eficaces servicios prestados a la causa republicana por la gran mayoría de estos grupos», y sólo con la boca pequeña criticaba que «una veces el exceso de celo y otras posibles errores han producido molestias totalmente innecesarias»; que no serían tan leves, cuando, con el fin de «dotarles de la máxima eficacia y a la par de la responsabilidad que lleva aneja toda actuación pública», la DGS daba un plazo de cuarenta y ocho horas para que dichos grupos «se integren en la Sección de Investigación de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia», entregando una lista de «sus jefes responsables» y «de los ciudadanos que actúan a sus órdenes», y quedando anulados «los carnés o tarjetas de identidad» que llevaran, que «serán sustituidos por el carné de las Milicias de Retaguardia».

La orden estipula que en adelante sólo se hagan registros con autorización escrita de la Dirección General de Seguridad. A pesar de que el artículo 4°c) ordena sólo la incautación de «armas, municiones, explosivos y todo cuanto tenga el carácter ofensivo o defensivo que racionalmente se pueda pensar puede ser utilizado contra el régimen» y de «los documentos que se crean de interés en relación con el actual movimiento subversivo», a renglón seguido se constituía a los milicianos en ejecutores del decreto del Ministerio de Hacienda, fechado el 3 de octubre, que ordenaba a todos los ciudadanos la entrega del oro, y por este concepto convertía en susceptible de registro cualquier domicilio. La orden de Galarza establecía que «se depositará en la DGS el oro en monedas o pasta que se encontrase, para dar inmediato cumplimiento al Decreto sobre el destino del oro». A las milicias de Barceló, las del Quinto Regimiento y las MVR, dedica unas referencias mucho más atinadas que las de Muñoz el cenetista Manuel Rascón en los folios 136 a 139 de su declaración.

Un sinfín de asuntos más toca Muñoz en su declaración, como las Brigadas Internacionales, la influencia rusa, etc., siempre en un tono vago, que sólo se rompe cuando insiste en reclamar su ingenuidad:

Una vez rechazó violentísimamente una insinuación que le hizo en su despacho un visitante, cuyo nombre no recuerda, pero que había visto en Izquierda Republicana, y que sabe era pariente del Ministro de Hacienda, Enrique Ramos. A dicho individuo a quien expulsó de su despacho, bajo la amenaza de hacerle detener, le había insinuado que entregase unos detenidos.

Ni siquiera en Valencia, cuando ya residía en dicha población, tuvo conocimiento de lo que había ocurrido en las Cárceles de Madrid.

Por lo que afecta al asesinato de los Diputados Rey Mora y Abad Conde en la Cárcel de Porlier, le dijeron que habían sido muertos por un centinela de la cárcel, al que habían hecho resistencia, no habiéndose enterado el dicente, de que dichos señores hubiesen sido asesinados en los sótanos de la prisión.

En un desesperado intento por salvar la vida, Muñoz termina su exposición haciendo ver que en su momento fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando por sus méritos africanistas, y hace «en el momento de firmar, la manifestación final de que es un hombre que en todo momento ha procurado cumplir lo que estimaba era su deber, haciendo el bien posible y ajustando todos sus actos a los deberes de lealtad que estima el declarante debía de cumplir en relación con el Gobierno de la República, a pesar de las dificultades que encontró por la falta de medios para realizarlos».

Al relatar los prolegómenos del traslado a Valencia, Muñoz da a entender que no era sólo oro lo que confiscaba la DGS, pero tampoco en este punto asume ninguna responsabilidad, sino que hace recaer toda sobre el ministro (y más tarde sobre los anarquistas catalanes, que confiscaron los valores trasladados):

Con relación al destino que al liquidarse aquella etapa se dio a los valores y alhajas depositados en la Dirección de Seguridad, expresa el declarante que el entonces Ministro Galarza, le manifestó que el Gobierno había tomado la determinación de trasladarse a Barcelona, y que ya se habían tomado diversas medidas, entre ellas, el traslado de valores del Banco de España; que era también necesario trasladar los valores de la Dirección.

Una idea aproximada de los bienes que llegaron a manejarse en la Dirección General de Seguridad bajo la dirección de Muñoz la da el auxiliar de oficinas Francisco Ángel Jiménez Bella en la declaración que presta para la Causa General (legajo 1500, expediente 7, folios 19-22) el 22 de marzo de 1941. Este policía, entonces casado y de cuarenta y cuatro años, asegura que, hacia las 19.30 horas del 6 de noviembre, Muñoz salió de sus habitaciones «con correaje militar y un rifle en la mano», acompañado por Rosario Queipo de Llano, y le entregó un taco de volantes con el membrete del Director General de Seguridad y el sello:

Pudo presenciar mientras estuvo esperando a la puerta de las habitaciones de Manuel Muñoz, cómo introdujeron en las mismas muchas barras de plata fundida, enterándose después que su peso eran 4.352 kilos, por haber presenciado cómo el Comisario General Carreras abonaba el importe de las fundiciones.

Jiménez Bella acompañó a Muñoz al «hotel» del que se había incautado el ministro Galarza en la calle Serrano 43, «que debía ser de un título, pues tenía coronas de conde». Las veces que tuvo ocasión de entrar este policía en el despacho donde estaban Galarza y Muñoz, observó «que encima de las mesas había una gran cantidad de joyas y estuches de terciopelo, unos vacíos y otros no, estando Galarza y Muñoz acompañados por el hermano de Galarza, que cree era abogado del Estado, clasificando las piedras preciosas y metiéndolas en sobres, los que cerraban con grapas, introduciéndolos en unas maletas que había abiertas».

A la una de la madrugada, se entrevistó con Muñoz la diputada Margarita Nelken, tras de lo cual ordenó el director general de Seguridad extender a la diputada «un oficio para el Director de la Cárcel Modelo de Madrid, ordenándole entregara al portador del mismo, el número de detenidos que éste dijera de palabra». Con evidente exageración, Jiménez supone que esta orden «dio lugar a la saca de hombres de la cárcel, que luego fueron asesinados y cuyo número parece ser que ascendió a 6.000». La autoridad de Muñoz era tan escasa que, habiendo éste ordenado a Jiménez que marchara a Valencia, pero entregara antes unas maletas al subdirector Vicente Girauta Linares, que se quedaba en la sede madrileña de la calle Víctor Hugo, Jiménez hizo lo segundo pero no lo primero:

Ya en la Dirección, un ordenanza cogió la maleta y una caja de plata que es lo que había en el coche, y la subió al despacho de Girauta, viendo el declarante al abrirlas en su presencia, que contenían gran cantidad de joyas de oro, algunas sin piedras.

A Girauta le manifestó el declarante que no estaba dispuesto a ir a Valencia, por lo que fue Saganta, a quien se extendió el correspondiente salvoconducto.

En la Dirección se encontraba un individuo llamado Carlos Meziat, persona de confianza de Muñoz, quien al enterarse de la huida de éste marchó según dijo a ver si lo alcanzaba, para que le diera unos millones de francos de los 52 que se habían recogido de los registros domiciliarios efectuados en Madrid.

Meziat regresó frustrado por no encontrar a nadie en Serrano 43, acusando a Muñoz de haberle «dejado colgado», y afirmando «que se habían llevado gran número de barras de oro, una de platino de cerca de un kilo y otros muchos objetos, habiéndose fundido todo en las habitaciones bajas de la Dirección, por dos joyeros que, tiene idea el declarante, eran judíos». Jiménez, que terminaría por refugiarse en la legación de Uruguay el 21 de noviembre, dice haber visto días después de la marcha de Muñoz, a Girauta con dos barras de oro de 10 y 5 kilos, y que el subdirector le dijo «que era de las joyas que le había enviado Muñoz, y que una era para Aguirre y otra para él». Tomando los valores norteamericanos de 1936, cuando el precio del oro (treinta y cinco dólares la onza) multiplicaba por 77,09 al de la plata, esto significa que Girauta y Aguirre se habrían llevado el equivalente a 1.156 kilos de plata, es decir, más de una cuarta parte de los 4.352 kilos de plata que se llevaron Galarza y Muñoz (aunque según lo dicho por Meziat, éstos también se llevaron muchas barras de oro). Sumando ambas cantidades, se concluye que en los tres meses de actividad del Comité-Checa de Bellas Artes-Fomento, la Dirección General de Seguridad había expropiado bienes equivalentes a más de 5.500 kilos de plata, a un promedio de más de 1.800 kilos al mes o más de 61 kilos al día.

Al comisario Lorenzo Aguirre Sánchez asegura Jiménez haberle visto, «en la época en que más asesinatos cometían en Madrid», firmando «en la mesa de Ernesto Martínez Abad, no estando éste, los volantes autorizando los registros y detenciones, firmando en blanco y que ponía aproximadamente «Se autoriza a Don», en blanco el nombre, «para hacer un registro», en blanco el lugar, dejando los volantes en un cajón, no teniendo más que hacer, las milicias y los Agentes, que sacarlos y llenar los huecos con los nombres de la víctima y lugar del registro».

La Checa, vista por el «personaje más repulsivo y siniestro de la zona roja»

La declaración de Manuel Muñoz puede ser contrastada por la que, desde otro extremo ideológico, realizó Manuel Rascón Ramírez. Su testimonio en el legajo 1530, expediente 4, de la Causa General, es amplísimo: ocupa los folios 121 a 147. En el folio 95, los investigadores que resumen la actuación del Comité de Bellas Artes aseguran que Rascón era «el personaje más siniestro de esta Cheka». En el folio 114 se apunta incluso: «Puede considerársele terminantemente como el más repulsivo y siniestro de los componentes del mismo [Comité] y tal vez de toda la zona roja». En esencia, el testimonio de Rascón asegura que los jefes de seguridad sabían lo que hacían sus agentes, y éstos no eran unos incontrolados, sino agentes de la autoridad.

Rascón nació hacia 1902 —contaba treinta y nueve años el 24 de agosto de 1941, cuando comienza su declaración— en Canena (Jaén), era pintor-decorador y estaba casado. A los doce años, comenzó sus «actividades de carácter societario acompañando a unos propagandistas anarquistas llamados José Sánchez de la Rosa, de Sevilla, y a Joaquín Elizondo, que recorrían aquellos pueblos». El primero, Sánchez Rosa, nacido en Grazalema (Cádiz) el 22 de octubre de 1864 y fusilado en Sevilla el 1 de agosto de 1936, era muy conocido como maestro de escuelas racionalistas, que había creado en Tánger, el Campo de Gibraltar, Dos Hermanas, Aznalcóllar y Sevilla; y a su vez dependía ideológicamente de Fermín Salvochea (1842-1907), a quien conoció en prisión. Una de las frases preferidas de Sánchez Rosa era que la libertad y la paz del pueblo están en los libros y no en las armas. Sin embargo, durante el Trienio Bolchevique (1918-21), optó dentro de la CNT por la tendencia anarquista, frente a la sindicalista más moderada, lo que le vahó la expulsión de la Federación Regional Andaluza. Fue un buen amigo de Federica Montseny y Federico Urales.

A los catorce años, Rascón «marchó a trabajar a las minas de Peñarroya, recibiendo lección de un maestro laico de los Sindicatos de aquella cuenca minera llamado Diego Alonso López». Dos o tres años después, marcha a Barcelona, donde se gana la confianza de un patrono que le costea el aprendizaje. Estaba reciente la huelga del verano de 1917, y Rascón, dentro de la CNT, «fue presidente de las Juventudes del Ateneo Libertario de la calle de Vista Alegre, situado en el Distrito V», colabora en Tierra y Libertad y, una vez proclamada la Dictadura, se traslada a Francia, trabajando en Perpiñán y Béziers «sin realizar labor política ni sindical activa», pero manteniendo contacto con Néstor Magno, anarquista que había luchado en Ucrania «contra el comunismo de Lenin y que había logrado huir de Rusia», y correspondencia con Ángel Pestaña.

Reflexiona Rascón sobre algunos aspectos de la vida sindical en el exilio y durante la Dictadura, resumidos en que se permitió «el funcionamiento de la UGT. La CNT, aunque oficialmente disuelta, siguió viviendo y predominando en Cataluña». De vuelta a España, Rascón dice que no comenzó a actuar en la CNT hasta 1935, en el Sindicato de la Construcción, organizando el de Espectáculos Públicos y, poco antes de la guerra, «en unión de Manuel Vergara en un mitin en Cuenca, en el que hizo manifestaciones contra la URSS, dando motivo a que el Comité Regional de la CNT le llamase al orden, diciéndole que lo que él había dicho, podría suscribirlo en privado cualquier cenetista, pero que no podía decirse en público; tales manifestaciones consistieron en decir que era preferible un gobierno de derechas español a un Gobierno izquierdista sometido a la política de la URSS».

Las relaciones entre la CNT y el Frente Popular eran para Rascón tan poco cordiales «que si los marxistas hubiesen triunfado de un modo fulminante sobre el Alzamiento Nacional y no hubiesen necesitado, como necesitaron luego a la CNT, hubiese habido una dura represión contra la organización confederal y sus componentes». La CNT, asegura, «no tenía motivos fundamentales de odio contra Falange Española, cuyas aspiraciones sindicales coinciden en gran parte con las que tenía la CNT, pero los partidos de izquierdas y los marxistas hicieron una campaña solapada contra Falange para evitar que ésta fuese conocida, tal como era, por las masas confederales, ante las que presentaban a Falange como enemiga de los obreros». Incluso en la CNT se estarían convenciendo «de que el anarquismo era una utopía y que era precisa en todo momento la existencia de una autoridad de gobierno», por lo que «ya no separaba a la CNT más diferencia esencial con el sindicalismo de Falange, que la cuestión religiosa». Los confederales no intervinieron en «los choques inmediatamente anteriores a la guerra entre falangistas y marxistas», y por tanto «no tenían al estallar la revolución ningún agravio contra Falange».

Durante «los dos o tres primeros días» de la guerra, «hasta despejarse la situación en Madrid», afirma Rascón que «los organismos responsables de la CNT no se definieron, si bien las masas confederales se sumaron a los marxistas en los asaltos y primeros choques contra la tropa, tal vez por el gusto de coger un fusil y sentirse dueños de la calle, pero sin acuerdo inicial de las directivas y sin que el gobierno del Frente Popular hubiese mandado armas, para su reparto, a los centros de la CNT», ya que según él, el reparto se produjo sobre todo en la Ciudad Univesitaria. «Los confederales destacados que, como Amor Ñuño, marcharon al frente en el primer momento, lo hicieron por su cuenta», sentencia Rascón, añadiendo que la CNT sólo pudo armarse adecuadamente tras la toma de Guadalajara por los suyos, mediante asaltos a armerías «y posiblemente en el asalto al Campamento de Carabanchel».

La responsabilidad última de que la CNT luchara contra el Alzamiento es en «gran parte» debida a «la influencia de las Juventudes Libertarias» y, en ellas, de personas como Amor Buitrago y Cascales, asegura Rascón, quien como vimos achaca la «dureza» de la actuación de la CNT a «indeseables y maleantes» como Felipe Sandoval y Antonio Ariño Ramis. Frente a «las afirmaciones del Gobierno, que aseguraba defender la legalidad y la constitución de la República», en caso de triunfar ese bando, «se hubiese impuesto la revolución social, ya que nadie, ni entre los confederales ni entre los demás obreros, creía que aquello fuese a ser una simple revolución política, a cuyo final fuera a consolidarse el mismo Gobierno y el mismo régimen hasta entonces imperante».

Asegura Rascón que los preparativos de revolución social, dentro de la CNT, correspondían a un «Comité Regional de Defensa» del que formaban parte Eduardo Val, «un tal Barcia y un tal Valle», y quizá también «un sujeto llamado Elvira». Frente a la «tendencia humanitaria» de los «directivos antiguos» de la CNT como David Antona, González Inestal, Celedonio Pérez y Melchor Rodríguez, «existían algunos otros elementos también destacados, de conducta más turbia y de peores instintos como García Oliver», cuya «acción sistemáticamente violenta y perturbadora antes de la guerra» sólo consigue explicarse Rascón porque «estuviese al servicio de alguna potencia interesada en arruinar la economía española, como bien pudiese ser el Intelligence Service». Estima Rascón los afiliados a la CNT en Madrid en treinta mil, y sitúa entre doce mil y catorce mil los del Sindicato de la Construcción.

Rascón fue secretario interino de la federación local hasta fines de agosto o principios de septiembre por ausencia de Amor Ñuño. Declara haber visto sólo a dos detenidos en la sede de la calle de la Luna, y que «se negó a admitirlos en aquel local». No obstante, reconoce que «los Ateneos Libertarios y Centros confederales, que comenzaron a multiplicarse en Madrid, se dedicaron a la represión, al igual que los centros y radios de los demás partidos y organizaciones del Frente Popular»:

El Gobierno no tomó medidas serias para atajar los desmanes, ya que cualquier medida en tal sentido hubiese enfriado los ánimos de las masas populares y hubiera debilitado las asistencias por parte de las mismas al Gobierno del Frente Popular. Sin embargo, a primeros de agosto de 1936, se pensó en encauzar la actividad represiva de las milicias y organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular.

Rascón asistió, junto con Benigno Mancebo Martín, en representación de la CNT, a la reunión a la que Manuel Muñoz «citó a unos delegados de las distintas organizaciones», y que sitúa en la tarde del 6 de agosto. El director general de Seguridad transmitió la intención del ministro Pozas de crear un Comité «que unificase las actividades de investigación, que hasta entonces ejercían las milicias y organizaciones sin freno de ninguna clase». La novedad está en que Muñoz habría manifestado que «no tenía confianza, en general, en la Dirección de Seguridad, donde había enemigos», y que sólo cuando «estuviese depurada, sería el momento de encomendar de un modo exclusivo a la misma la investigación, integrándose entonces en dicho centro directivo todos los que hubiesen compuesto el Comité que se trataba de formar».

Del doble lenguaje de Muñoz, donde la Checa de Bellas Artes se crea para controlar a las demás, pero también para controlar a la policía, naturalmente las organizaciones del Frente Popular se quedan con la segunda parte —la que Muñoz oculta en sus declaraciones de posguerra— y quieren saber si constituyen la autoridad suprema: «Uno de los concurrentes interrumpió preguntando si las atribuciones del Comité iban a reducirse a esto o si por el contrario iba a tener, como era lo debido, autoridad en aquellos casos extraordinarios en que resultase aconsejable, para pegar cuatro tiros a quien hiciese falta. Manuel Muñoz respondió con una sonrisa» cuyo significado «era que aunque él como representante del Gobierno no podía darse por enterado, por sabido se callaba y era completamente ociosa la interrupción». Rascón opina que la pregunta tuvo que proceder de un representante «de Izquierda Republicana o de Unión Republicana, ya que si la observación hubiese partido del Delegado de alguna organización proletaria, hubiese extrañado al declarante menos de lo que en aquella ocasión le extrañó».

Rascón señala que se nombraron dos representantes por cada organización, y que la CNT estuvo representada por «el Comité Regional, la Federación Local de Sindicatos, la Federación de Grupos Anarquistas y las Juventudes Libertarias», por tanto ocho de los treinta miembros de la checa, poco más de la cuarta parte. Asegura haber ido «sólo tres o cuatro veces» al Comité antes de su traslado a Fomento 9, que sitúa «a fines de agosto», en lugar del 25 de octubre en que suele fecharse. En la nueva sede, «la actividad del declarante era ya continua en dicho organismo». Según él, «los partidos y organizaciones representados en el Comité de Fomento eran Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista y CNT, teniendo también representación propia dentro de estas tendencias, las Juventudes y matices diversos de cada uno de estos sectores».

Aunque se refiere por tanto a un periodo que se aleja de los sucesos de agosto, Rascón testimonia que lo que sucedió al final fue lo previsto por quien preguntó, en la reunión constitutiva, si la autoridad del comité era suprema: no se trataba de coordinar a los de fuera, y menos de refrenarlos, sino de imponerse a la DGS. Claro que esta imposición no provendría de la Checa de Fomento, sino de la Junta de Defensa de Madrid, que a la postre disolvería esta checa el 12 de noviembre. Rascón destaca el papel que, aparte de los delegados de los partidos, tenían los «auxiliares administrativos», y en particular «Eloy de la Figuera, qué antes de ser agente de la Policía roja, actuó como auxiliar del Tribunal formado por Escámez o Aliaga, Peinador y el hijo de Anastasio de Gracia, en el local de Bellas Artes»:

Eloy de la Figuera, que ya no pasó a Fomento, era muy amigo de Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela, de las Juventudes Socialistas Unificadas, con quienes cree estuvo en la cárcel con motivo de los sucesos de octubre de 1934, siendo Serrano Poncela, cuando fue Delegado de Orden Público, a fines de 1936, quien envió a Eloy de la Figuera a la Secretaría Técnica, donde entonces funcionaba una Brigada de Represión, imponiéndole como asesor del Jefe de dicha Secretaría, José Raúl Bellido.

Otro de los auxiliares, llamado Ingelmo, «estuvo a cargo de la documentación referente a las actuaciones sobre los detenidos, que luego era remitida en sobres a la Dirección General de Seguridad». Preston (El holocausto español, página 377) señala a Eloy de la Figuera, junto con Valero Serrano Tagüeña, como los cabecillas de la Escuadrilla (o Brigada) del Amanecer.

El primer paso en el proceso de detención era, según Rascón, dado por «un grupo de unos 6 u 8 agentes de policía, enviados por la Dirección de Seguridad, cuya misión era la clasificación de las denuncias, interviniendo a veces para acordar detenciones, recibiendo la filiación a los detenidos, como primera medida, y sirviendo de enlace entre el Comité y la DGS». Estos agentes estaban «en la habitación de más fuera», desde donde los detenidos pasaban a «una tercera comisión o tribunal», permanente y al margen de los tribunales «que funcionaban simultáneamente, en número de dos y con idénticas atribuciones». Esta comisión estaba «integrada por Benigno Mancebo, de la CNT, y Bruno Carreras y un tal Gracia del Partido Sindicalista», tenía según Rascón «cierto carácter de Inspección de Guardia, recibiendo a los detenidos» y no sólo tramitaba los asuntos, «sino que también, con atribuciones de Tribunal, decidían, cuando lo estimaban oportuno, de la suerte de los detenidos».

Si este pretribunal complica la estructura de la checa, además hay que precisar que había miembros del comité que no lo eran de ningún tribunal: según Rascón, él mismo, «Ibars, Matías Hernández, Iborra, Serrano» y Virgilio Escámez Mancebo (de Izquierda Republicana) estaban en esa situación, por lo que intervenían a su gusto en las deliberaciones de los tribunales. El caso de Escámez Mancebo parece un nuevo mentís a la ignorancia de Manuel Muñoz, ya que, según Rascón, «era individuo sumamente entrometido, que se asomaba a todos los Tribunales, dando su opinión e interviniendo en las deliberaciones. Se prevalía de su influencia y amistad con el Director General de Seguridad Manuel Muñoz, a quien visitaba con frecuencia, ya que era correligionario del mismo. Tanto Escámez como Carrillo tenían como funciones específicas las de administración de fondos y efectos requisados, corriendo a cargo de Carrillo los pagos de haberes a las Milicias dependientes del Comité y la rendición de cuentas a la Dirección de Seguridad acerca de estos recursos». Escámez tuteaba a Muñoz, pues como él era militar retirado.

El papel de Carrillo y otros funcionarios del CPIP en el control de lo requisado lo explica Rascón con más detalle en otro pasaje de su declaración:

El mecanismo de recepción y destino de objetos requisados era el siguiente: la Brigadilla que había realizado el registro hacía entrega de los objetos a una comisión de recepción formada por Serrano y por Iborra, que era el que en realidad llevaba la dirección de esta tarea receptora, formando parte de esta Comisión algunos otros individuos; la Comisión, establecida en una habitación de la planta baja de Fomento, entregaba un recibo a la Brigadilla y seguidamente pasaban los objetos a otra Comisión, también instalada en la planta baja, e integrada, principalmente, por Carrillo y por Escámez Mancebo, teniendo a sus órdenes un técnico que clasificaba y valoraba de un modo aproximado lo requisado. Las alhajas y objetos de valor y de poco volumen eran llevados con intervalos muy frecuentes, de pocos días, a la DGS, donde corrientemente Virgilio Escámez los entregaba al propio Manuel Muñoz, quedando en las habitaciones altas del edificio de Fomento los objetos de mayor volumen y que no fueron entregados a las autoridades rojas hasta la época de la disolución del Comité de Fomento.

En opinión de Rascón, «los representantes de los partidos republicanos de izquierda, que naturalmente hubieran debido de ser los más moderados, eran los que mayor dureza mostraban cuando se trataba de decidir de un modo irreparable la suerte de los detenidos, siendo notoria en Fomento la dureza que en este sentido mostraba Domingo García Mateos, de Unión Republicana» y la de Manuel Saavedra de la Peña, «jefe de todas las Brigadillas de Izquierda Republicana del Comité de Fomento», quien habría «realizado por su cuenta desmanes y despojos en gran número, teniendo requisadas varias casas».

Lo más castigado era pertenecer a Acción Popular o Falange; tenía «menor gravedad» ser tradicionalista o de Renovación Española; se perseguía «de modo extraordinario» a los que habían prestado «servicios públicos con motivo de la huelga de 1934, y también se encontraba muy perseguida la Unión Militar Española (UME). De todos modos, el criterio era muy aleatorio y se daba el caso de muchos sacerdotes e incluso de miembros de Falange que salían con vida del Comité». La comparecencia de los acusados ante un tribunal «venía a durar por término medio de diez a veinte minutos, decidiéndose sobre la suerte de los detenidos sin que éstos fuesen objeto de ningún mal trato en el curso del interrogatorio».

Ningún agente de la Checa de Bellas Artes intervino en el asalto a la Cárcel Modelo, según Rascón, quien reconoce que «fue al aproximarse las fuerzas nacionales a Madrid cuando mayor cantidad de detenidos se aglomeró en el Comité de Fomento», y que entonces se hizo también «más duro el criterio de los tribunales, en los que intervenían entonces bastantes suplentes y mayor número de determinaciones irreparables». Las víctimas de estas determinaciones, es decir, «los detenidos destinados a ser ejecutados eran reintegrados al calabozo quedándose la guardia con la documentación del caso y durante la noche eran extraídos y entregados a una de las Brigadillas, que frecuentemente solía ser la misma que había realizado la detención».

Ante la lectura de nombres de mujeres ejecutadas por orden del CPIP, Rascón «no recuerda ni siquiera ha oído comentar caso de este género, acaso por la vergüenza que la comisión de estos hechos pudiera producir a los miembros de tribunales que los decidían»; sin embargo, recuerda que «la impresión que existía en el Comité de Fomento, según los comentarios que se hacían, era que los fascistas, salvo excepciones, morían con entereza y esto no sólo las víctimas del Comité de Fomento, sino también las de las distintas checas o milicias de Madrid».

Rascón asegura que «ni por parte de Galarza ni por parte de Muñoz se formuló al Comité de Investigación prohibición ni veto de ninguna clase para impedir las ejecuciones de detenidos, no obstante el perfecto conocimiento que ambos tenían de estos hechos, puesto que todas las noches los agentes de la DGS destacados en Fomento llevaban a la Dirección cuenta de las resoluciones del día». Esto y el hecho de que Rascón impusiera a los agentes la obligación de documentarse porque, según les explicó en una reunión, «todos ellos no eran más que mandatarios del gobierno de la República por una parte y de sus partidos y organizaciones por otra y que no había más solución que obedecer», le lleva a remachar que «en contra de lo que pudiera parecer, no era la Dirección de Seguridad la que de mala gana y a remolque prestaba revalidación oficial al Comité de Fomento sino todo lo contrario, puesto que este Comité, no obstante su carácter político, se sentía responsabilizado al haber adquirido carácter oficial, y actuaba de una manera efectiva a las órdenes de Manuel Muñoz, en líneas generales».

Rascón describe con particular detalle los intentos emprendidos por miembros del CPIP siguiendo órdenes de la Dirección General de Seguridad, para clasificar a los presos de las cárceles, y el envío al CPIP de grupos de los que se consideraban desafectos a la República. Respecto a la saca del 1 de noviembre de presos de la cárcel de Ventas que fueron asesinados en Aravaca (entre ellos «los hermanos Borbón, Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos»), asegura que el responsable fue Félix Vega, acompañado por Domingo García Mateos y por tres brigadillas, entre ellas la mandada por Mariano Cabo, pero que no sabe «si la iniciativa de estas sacas fue debida al Comité de la cárcel de Ventas, o bien partió de un modo efectivo de la Dirección de Seguridad».

Sobre la forma de archivar lo que se hacía con los detenidos, aseguraba Rascón que «aparte de la documentación en donde constaban las actuaciones que se practicaban con referencia a los detenidos, existía una libreta llevada en la oficina de recepción, donde se encontraban los agentes de policía, en la cual constaba la entrada de los detenidos y su salida. Las únicas fórmulas que se consignaban respecto de la suerte de los detenidos eran libertad o a disposición de la DGS». La primera fórmula valía tanto para «los libertados efectivamente», como para «los que salían para ser ejecutados, distinguiéndose la inscripción, en este último caso, por un punto que se ponía a continuación de la palabra Libertad».

Las brigadillas de las organizaciones y partidos que, «amigablemente al principio, pero después con carácter de pugna», practicaban «por grupos de a cinco aproximadamente» las detenciones por cuenta del CPIP, sumaban «de unos setecientos a mil», según Rascón que lo sabe porque «les dotaba de documentación oficial del Comité de Investigación Pública», en la que constaba «la filiación política o sindical del poseedor de la tarjeta y más adelante y por iniciativa del dicente se agregó el retrato del interesado, para mayor garantía de identificación. No resultaba posible controlar las actividades de aquellos grupos, muchos de cuyos componentes eran totalmente indeseables, realizando con frecuencia sus desmanes y crímenes por su propia cuenta o por cuenta de los centros a quienes representaban».

De esta forma, pretende Rascón exculpar al CPIP de los crímenes de las brigadillas, pero no a la CNT, ya que reconoce que «predominaba posiblemente el elemento confederal», porque «los confederales tenían mayor número de organismos locales y regionales en Madrid, y por tal motivo derecho a una mayor representación. En definitiva, alcanzaba mayor número de puestos en estas Brigadillas aquella organización que mejor supiera imponerse».

Si inicialmente Muñoz pretendió suplir con el CPIP al resto de checas, al final tomó la misma vía que los partidos, apadrinando su propio grupo de pistoleros (distinto a la Brigada del Amanecer, ya que Rascón no la cita en este punto y sí en otros):

Aunque al constituirse el Comité de Investigación Pública, se hizo algún tímido intento de suprimir las múltiples Checas de Madrid quedando con carácter exclusivo el CIP, faltó decisión para llevar a cabo este plan, no encontrando el CIP apoyo de ninguna clase en los Partidos ni Organizaciones del Frente Popular, que seguían manteniendo sus checas respectivas. Incluso se dio el caso de que, detenido por agentes de Fomento un grupo de milicianos que estaba practicando un registro y conducidos dichos milicianos al Comité de Fomento, resultó que tenían una documentación de la DGS de más fuerza que la de los propios agentes del Comité de Investigación, puesto que llevaban sus documentos firmados por Manuel Muñoz, con el sello de la DGS y con la autorización más amplia para practicar registros y detenciones.

En buena medida, el CPIP no supuso un control, sino un aval, para las actividades de las otras checas, y una remuneración adicional para los chequistas, según Rascón:

Los Agentes de los Grupos de Investigación, presentados a Fomento para este servicio por los distintos Centros, Radios y entidades análogas del Frente Popular, no quedaban desligados, en la práctica, de los Comités de procedencia, e incluso varios de estos Grupos, después de haber obtenido su documentación y atribuciones oficiales, no volvían a aparecer por Fomento ni a dar cuenta de lo que hacían, por lo que es obligado pensar que se dedicaban a actividades represivas por cuenta directa de su Comité o checa de procedencia, apareciendo por Fomento únicamente para percibir sus haberes.

En todo caso, la actividad del CPIP era rentable para todos los implicados, ya que pagaban las víctimas, una suma que superaría las trescientas mil pesetas mensuales, si contamos sólo lo que cobraría un millar de agentes-milicianos:

Los recursos económicos del Comité de Fomento, para satisfacer los haberes de los agentes de las Brigadillas, de los milicianos de la Guardia, de los auxiliares administrativos y subalternos y de los miembros del Comité, fueron aportados en un principio, al constituirse el Comité de Investigación, por la DGS, a cuyo centro dio órdenes Manuel Muñoz para que proporcionase una cantidad. Posteriormente, el propio Manuel Muñoz resolvió que el producto de las requisas se dedicase al abono de haberes, que eran a razón de 300 pesetas mensuales para los agentes de las Brigadillas, administrativos y milicianos de la Guardia, y de 500 pesetas para los miembros del Comité, entre ellos el dicente. Para abonar estos haberes resultaba suficiente la cantidad que en metálico y billetes requisaban los milicianos, mejor dicho, por agentes de las Brigadillas, sin que hubiese que recurrir a realizar los valores o alhajas, con estos fines, ya que incluso del dinero recogido sobraba parte, que iban siendo entregada al Director de Seguridad.

Rascón dice haber intentado limitar el «número y atribuciones» de los grupos de investigación, «aunque a espaldas del Comité. Así, guardó los duplicados de los carnés en un mueble, que un día apareció violentado, habiendo desaparecido la documentación», lo que supuestamente echó al traste su intento. Este intento de control habría motivado el primero de los cuatro plenos posteriores que el CPIP celebró, «convocado por Fernando García Peña y por el declarante, para acordar la estructura y líneas generales del funcionamiento y actuación del Comité, tratándose como cuestiones de principal interés, la documentación de los grupos, a base de quedar un duplicado de la misma en el Comité, y las normas de actuación». El segundo pleno fue convocado por la DGS, «que tenía gran interés en que fuese devuelta a una compañía francesa establecida en Madrid una gran cantidad de dinero y valores que una Brigadilla del Comité se había incautado en un registro».

El tercer pleno tuvo lugar el 8 o 9 de noviembre, «a raíz de la huida a Valencia del Gobierno del Frente Popular y tuvo por objeto tratar del reparto de una parte de los fondos, procedentes de requisas, obrantes en el Comité de Fomento». Se decidió entregar a cada miembro del Comité treinta mil pesetas, con el compromiso de devolverlas a la DGS o a las organizaciones respectivas, lo que «fue cumplido por muy pocos» y que, por su parte, asegura haber hecho Rascón «al día siguiente» de percibir el dinero, entregándolo «al Comité Regional de Defensa de la CNT, haciéndose cargo de ella Eduardo Val». En el cuarto pleno, a mediados de noviembre, presidido por Félix Vega, «se acordó la disolución el Comité de Investigación Pública y se dio cuenta del acuerdo de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, desempeñada por Santiago Carrillo, de llevar cinco o seis miembros» del CPIP como vocales al Consejo de Seguridad recién constituido y enviar el resto como consejeros «de los distintos Consejillos» de las comisarías de Vigilancia. Pasaron al Consejo de la DGS Rascón, Manuel Ramos, Félix Vega, Manuel Molina y Arturo García Larrosa. Se acordó enviar a la DGS los valores aún conservados en Fomento.

Las Brigadillas se integraron así en las MVR:

Al irse a disolver el Comité de Investigación Pública, para formarse con sus miembros el Consejo de la Dirección General de Seguridad y los consejillos de Comisarías, se había resuelto, de acuerdo con el entonces Ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, que ingresasen los agentes del Comité en las milicias de vigilancia de retaguardia, y aunque el declarante trató de que ingresasen los menos posibles, se enteraron los interesados y por fin ingresaron cuantos quisieron, no sin haber recibido amenazas el dicente.

Uno de los intentos de expulsión de agentes habría sido, precisamente, el de uno de los principales responsables de la matanza del tren de Jaén:

Cuando funcionaba el Comité de Fomento, el declarante llegó a retirar su tarjeta de identificación a Antonio Ariño Ramis, alias «el Catalán», afiliado a la CNT y que era un criminal común, pero fue desautorizado el dicen-te por los centros y Comités de la CNT que le dijeron que no faltarían avales al Catalán para poder actuar, y en efecto, en virtud de tales avales hubo que restituirle su carácter de agente del Comité.

Aunque no lo relaciona con este agente, Rascón se refiere a que existía «un Comité que funcionaba en un pabellón de la Estación de Atocha, al que había agregado algún agente profesional», y al que, en ocasiones, se derivaban presos del CPIP. Como lugares habituales de destino para las ejecuciones ordenadas desde el CPIP, señala «el Cementerio de Aravaca, Vaciamadrid y la carretera de Vallecas», y opina que su elección pudo deberse «a indicaciones de la propia DGS, que de este modo aseguraba la agrupación de cadáveres en pocos sitios, a efectos de inhumación, evitando la alarma que representaba aparecer desparramados los cadáveres por las afueras de Madrid, o incluso por las calles de la capital, como había ocurrido en los primeros días de la revolución».

Teodoro Hiera Martín, comisario de policía que el 6 de agosto había sido nombrado delegado jefe del Distrito de Chamberí, narra en la Causa General (legajo 1505, expediente 2, folios 17-18) la supresión del comité y el sometimiento de sus agentes a los comisarios de policía como un proceso contrario al comenzado en agosto por Muñoz:

El Ministerio de la Gobernación mantenía unas Milicias de Retaguardia que eran fuerzas a las órdenes del Ministro con absoluta independencia de la policía. A estas fuerzas se dieron unas órdenes a fines de noviembre o principios de diciembre, a virtud de las cuales se les autorizaba para efectuar detenciones pero se les obligaba a conducir los detenidos a las Comisarías. Esto disminuyó mucho el número de crímenes.

A juicio del declarante, toda la responsabilidad por los hechos acaecidos durante esta época cabe a la falta de energía y dignidad en su cargo del Director General Manuel Muñoz, pues le sobraban medios materiales y apoyos morales para haber evitado esta acción de los radios, checas y milicias. Esto lo prueba suficientemente el hecho de que los Comisarios en sus Distritos, esfera de acción mucho más reducida, cuando supieron imponerse y hacerse respetar de estos elementos, lograron evitar numerosos atropellos, como ya tiene reseñado en su declaración.

La revolución en Vallecas

Para saber cómo personajes de la talla del Catalán y del Barbas tuvieron avales para enfrentarse con éxito a la escolta del segundo tren de Jaén y a los guardias de Asalto enviados como refuerzo, es necesario conocer la organización de los diferentes comités y checas vallecanos. Antes que nada, conviene aclarar que el municipio —hoy dos distritos de Madrid— se dividía en dos partes: Puente de Vallecas y Vallecas-Pueblo. Éste había perdido su protagonismo después de la victoria socialista en las elecciones municipales de 1931, y en consecuencia el ayuntamiento se trasladó al Puente —tenencia de alcaldía antes regida por Melquíades Biencinto, casado con Isabel Martínez de la Riva—, dejando en la antigua sede del pueblo sólo un juzgado.

Según el guardia civil Luis Ríos Expósito (legajo 1530, expediente 7, folios 36-39), se repartían armas en el bar El Vinagre (Avenida de la Libertad, 11 —después rebautizada como José Antonio y Monte Igueldo—; propiedad del concejal Julián Vinagre Peinador, íntimo amigo del alcalde socialista Amós Acero), en la Casa del Pueblo (Concordia, 6) y el Ayuntamiento del Puente de Vallecas (actualmente en la Avenida de la Albufera, 42), y en el cuartel de Pacífico antes de que el gobierno Giral diera órdenes en tal sentido:

Antes de comenzar el Movimiento, tenían noticia por el Comisario de Policía del Puente de Vallecas de que, en la Casa del Pueblo y en el Ayuntamiento, había depósitos de armas y de que con ellas se atentaría contra la vida de los propios guardias. El día 17 de julio se comenzaron a repartir armas en el cuartel del Pacífico y entonces el teniente jefe de aquel destacamento, D. José Velázquez Gil, reunió a todos los guardias y les dijo que había llegado el momento de salvar a España y que no obstante su edad y el número de hijos que tenía estaba dispuesto a sacrificarse uniéndose a él todos los guardias a los que dio orden de armarse y llamó después a los cuarteles de Doña Carlota y de la Regalada, quienes también estuvieron dispuestos a prestarle la ayuda necesaria para atacar el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo y cuando tenía hechos todos los preparativos, lo puso en conocimiento de su jefe, llamando al cuartel de Batalla del Salado y según le dijo habló primero con el teniente coronel D. José Mamblona Díaz, quien sin darle instrucciones le dijo que hablase con el capitán de la compañía D. José Rosales Pérez y éste le indicó que no tuviera contacto con los elementos de Falange, sino únicamente con las milicias populares y que se encerrase en el cuartel. El teniente desalentado dijo que estaba perdida la causa de España y que no había más solución que encerrarse en el cuartel y protegerse mutuamente, haciéndolo así y permaneciendo en situación pasiva, como ya ha indicado, hasta los primeros días del mes de agosto.

La importancia del reparto de armas previo a cualquier sublevación en Madrid es un hecho fundamental para el general Joaquín Fanjul, que al defenderse en el proceso que le condenaría a muerte (legajo 1515, expediente 11, folios 54-55) acusaba al «Gobierno de Madrid» de «manejar resortes inadmisibles y hacer maniobras criminales de las que se gloría, acudiendo a la falacia para con un golpe trágico y teatral poder producir la desmoralización de las guarniciones que son honra, orgullo y esperanza de España, aun a costa de los asesinatos sin cuento de que ha sido testigo la Capital de la República. ¡Qué importaba! Lo que interesaba era conservar el Poder, aun a costa de arruinar a España». Esta acción con la que, en opinión de Fanjul, el gobierno se situaba en la ilegalidad, comenzó el día 17, al dar orden la Primera División Orgánica de acuartelar a todas las fuerzas militares, consintiendo en cambio en todo lo que hicieran, al margen de la ley, las milicias:

El día 18 por la noche el Sr. Comandante militar del cantón de Getafe puso en conocimiento del General de la División que por la carretera e inmediaciones del cuartel existían numerosos grupos de paisanos armados que cacheaban y detenían a su antojo a coches y peatones, por lo que pedía concretas instrucciones, contestándosele que no hiciese nada mientras los grupos no atacasen al cuartel, en cuyo caso repeliera la agresión defendiéndose del ataque. Órdenes que contravenían abiertamente los preceptos de los reglamentos y la ordenanza.

Fanjul sería informado, a mediodía del 19 de julio, por el coronel del Regimiento número 4 de Infantería, en el Cuartel de la Montaña, de que el jefe de la Primera División, general Miaja, «le había dado orden el día anterior de entregar los 58.000 cerrojos que tenía en depósito de otros tantos fusiles que había en el parque, a lo que rotundamente se había negado»; y que poco después «le llamó por teléfono personalmente el Ministro de la Guerra y Presidente del Consejo, Sr. Casares Quiroga, ordenándole entregase los cerrojos, a lo que le respondió que fuera por ellos», basando su negativa en el convencimiento «de que eran para armar a las milicias socialistas que asesinarían a sus hermanos» (folios 59-60).

A diferencia del Cuartel de la Montaña, asaltado por las milicias, en el Puente de Vallecas la neutralidad a que se refería Luis Ríos duró hasta el 10 de agosto, según declaró ese guardia civil, natural de Riodeba (Teruel), soltero y de treinta años, el 12 de febrero de 1941:

Durante los primeros días de la rebelión, estuvo, como todos los guardias de dicho Destacamento, encerrado en el cuartel, hasta que ya, hacia el 10 de agosto, los que mandaban en el Puente de Vallecas, reclamaron sus servicios y les destinaron al control del Portazgo, continuando en esta situación, sin hecho alguno digno de relieve, hasta los últimos días del mes de agosto, en que los milicianos de la UGT que con ellos hacían servicio, les indicaron que los de la CNT trataban de asesinarlos, uniéndose a los de aquella sindical y evitando así seguramente por miedo de los de la CNT al mayor número, que la amenaza se cumpliera. Pero ya no continuaron en dicho servicio y salieron al frente en una columna que se denominaba de «Pablo Iglesias», formada en el Cuartel de la Montaña con Guardias Civiles y milicianos y que no guardaba relación con el Batallón que después se denominó de Pablo Iglesias, formado en el Puente de Vallecas por un socialista apellidado Mármol que había actuado como jefe de control.

Ríos y los demás guardias civiles de Vallecas fueron agregados a la columna Riquelme y «se pasaron a las filas nacionales aprovechando la retirada motivada por el pánico de los rojos, a pesar de que las fuerzas nacionales no habían avanzado. La primera noche, lo hicieron con el declarante otros doce o trece y, uno o dos días después, lo hicieron casi todos los guardias que figuraban en aquella columna, hasta el número de unos noventa». El pánico en las filas de Riquelme se produjo el 3 de septiembre de 1936 y las tropas nacionales tomaron Talavera de la Reina ese mismo día. El guardia civil anota la total sintonía de los diversos grupos revolucionarios en los primeros momentos:

Los elementos revolucionarios se establecieron en el llamado Colegio del Ave María, situado en la Avda. del Generalísimo números 62 a 68, encontrándose unidos los comunistas y los de la FAI. Figuraba como responsable general el apellidado Mármol; el jefe de la barriada lo era Victoriano Buitrago, de instructor de milicias estaba un sargento de inválidos llamado Elias León o Monleón, el cual figuraba como tal ya antes de que comenzase el Movimiento y estuvo con Mármol organizando los controles, parapetos, etc., habiendo tenido el propósito de asaltar el Cuartel de la Guardia Civil y asesinar a los Guardias, aunque no llegó a realizarlo. También estaban en ese mismo centro, figurando como elementos principales, Amós Acero, socialista y alcalde del Puente de Vallecas; otro apodado «el Vinagre», preso en Porlier, dueño de un bar de dicho nombre en el que se repartieron pistolas incluso antes de que comenzase la guerra. En este centro se reunían todos los apuntados, funcionando a modo de comité central.

El Colegio del Ave María fue uno de los tres de las Religiosas Operarías del Divino Maestro (avemarianas) —el primero surgió en 1910 en Benimámet, Valencia, y el segundo en Bilbao en 1916— instituidos en vida de su fundador, Miguel Fenollera Roca (1880-1941). El del Puente de Vallecas inició sus actividades el 11 de abril de 1928, en la Carretera de Castellón, de Valencia o de la República (hoy Avenida de la Albufera).

Con el tiempo, este colegio-checa quedaría en manos de los comunistas, mientras que los socialistas pasarían al colegio del Niño Jesús de Praga, en la misma avenida. Uno de los religiosos Hermanos de la Doctrina Cristiana (La Salle) que lo regentaron, el hermano Faustino, alentó allí la vocación del pintor Cirilo Martínez Novillo, que durante la guerra realizó actividades artísticas en el Ateneo Libertario del Puente de Vallecas, que habría de ocupar el tercer colegio-checa de la localidad, en la calle Ortuño. Ríos Expósito explica así la función del colegio del Niño Jesús:

Había además otro Colegio, situado junto al anterior, separado por una calle, en el que se estableció el cuartel de la UGT que más tarde lo fue del Batallón «Pablo Iglesias». En los primeros días de la revuelta, los que eran detenidos por orden de estos comités, en su mayor parte, eran asesinados directamente desde sus propios domicilios, otras veces, venían a Madrid a efectuar detenciones, asesinándolos seguidamente. Para detenciones utilizaban indistintamente los dos centros anotados, teniéndolos detenidos pocas horas, hasta la noche, recordando también que un amigo suyo llamado D. José Moreno, dueño de la droguería de Melquíades Biencinto n° 1, estuvo detenido dos días, al final de los cuales le pusieron en libertad, siendo nuevamente detenido y asesinado por la escuadrilla de «el Goyo».

En el legajo 1508, expediente 3, folio 9 se consigna el hallazgo el 9 de agosto de 1936 en el «km 9 de la Carretera», del cadáver de «Francisco Moreno Pico. Domiciliado en Puente de Vallecas, Calle Biencinto 1, droguero casado con Da Aurora Díaz Canejas, de cuyo matrimonio quedan seis hijos llamados Rafael, Francisco, Carmen, Salvador, Hipólito y María de los Ángeles». Pero veamos cómo concluye el relato de Ríos Expósito:

Los que ordenaban las detenciones y eran jefes principales en el Puente de Vallecas, eran los cinco ya referidos: Mármol, Amós Acero, el «Vinagre», Victoriano Buitrago y Elias León o Monleón.

Después se ha enterado de que funcionó una checa en la calle de Emilio Ortuño, como Ateneo Libertario, siendo el jefe, seguramente, Victoriano Buitrago de la FAI y ha sabido también que los que al principio actuaban unidos en el Colegio del Ave María se fraccionaron y dieron nacimiento a diversas checas que funcionaron en distintos locales de la barriada.

Amós Acero mencionará los colegios en el pliego de descargo que el 15 de septiembre de 1939 enviaba al instructor de su expediente (15.043), en el Juzgado Militar Permanente n° 5 de Madrid, asegurando que evitó que fueran incendiados en la quema de conventos de 1931:

En el Puente de Vallecas, después de provocar un paro injustificado, se intentó realizar iguales violencias por una muchedumbre de más de seis mil personas contra los colegios religiosos del Niño Jesús de Praga, Ave María y Emilio Ortuño. La intervención personal y arriesgada del declarante, sin auxilio de nadie, las evitó totalmente, así como el daño a los religiosos de ambos sexos que fueron atendidos, con toda solicitud, lo que mereció aparte del aplauso de todos y la gratitud de los beneficiarios que la reiteraron por escrito, la mención elogiosa del Gobernador Civil en la prensa como puede comprobarse en la Hemeroteca de Madrid. Finalizó aquel día inolvidable dando asilo a más de sesenta monjas que procedentes de los conventos siniestrados en Madrid buscaron y hallaron amparo en nuestro Ayuntamiento y entre los vecinos, correspondiendo así a la nueva lección de humanidad dada por el exponente.

Más que con los máximos dirigentes del Comité Revolucionario, Ríos Expósito tenía contacto con los milicianos socialistas y anarquistas, ya que «en el control del Portazgo prestaban servicio 10 o 12 milicianos de la FAI, 18 o 20 del Partido Socialista y 5 o 6 parejas de la Guardia Civil. Los guardias se relevaban y los milicianos estaban de servicio permanente». Así puede contar algunos de los asesinatos de los primeros días, de los que tenía noticia sin poder evitarlos, ya que «de los mandos de la Guardia Civil no recibía instrucciones y estaban completamente a las órdenes de los milicianos. Dependían orgánicamente del 14 Tercio que tenían cuartel en la Batalla del Salado y ni los mandos del Tercio o Comandancia ni el capitán de la Compañía que radicaba también en el Cuartel de Batalla del Salado, les dieron órdenes». Quienes sí se las daban eran:

Benito Porras, del Partido Socialista, que era jefe directo de controles; el responsable de la CNT en el control de Portazgo, llamado Florentino, sin recordar el apellido; el cabo Tomás, de las milicias de la CNT; la mujer del Florentino; Bautista, que era responsable socialista en el control. El cabo Tomás cree que se apellida Pérez y se apodaba «el Chato». También recuerda como autores de asesinatos pero que actuaban a las órdenes inmediatas del comité, al apodado «el Goyo»; a un Guardia de Asalto que no sabe cómo se llama; a Agapito Peñafiel alias «el Azucarillo»; al Guardia Municipal Vicente de Pablo, alias «el Catalán»; a un sereno del Ayuntamiento llamado Lucio que abría la puerta cuando iban a efectuarse las detenciones, informaba a los milicianos sobre ideología de las personas que debían ser asesinadas e intentó ir al control para asesinar a un guardia civil, llegando hasta el punto en que se encontraba y no consiguiendo sus propósitos por la intervención de otro guardia. Y a Manuel Arévalo Diez que actuaba como miliciano.

En cuanto a la forma de realizarse los asesinatos, Ríos Expósito recuerda que era entre «los kilómetros 5 y 6, oyéndose los disparos perfectamente desde el punto en que prestaban servicio»:

Recuerda que en algunas ocasiones los asesinos tomaban cerveza en un bar que había en la carretera, junto al control, dejando a los detenidos dentro del coche en la misma carretera, sin que a pesar de las súplicas de éstos, les fuese posible a los Guardias Civiles prestarles auxilio, por encontrarse prácticamente como prisioneros, ya que su número era de ocho o diez entre unos cuarenta milicianos también adscritos al control, reanudando después la marcha en el coche, hasta el lugar de las ejecuciones. Utilizaban diversos coches, siendo bastantes los milicianos que se dedicaban a cometer asesinatos. Calcula que entre los kilómetros 5 y 6, se asesinaría diariamente a ocho o diez víctimas. Incluso se han cometidos asesinatos en pleno día y en la calle, recordando que la primera víctima lo fue el mismo día 20, tal vez, en la persona de un representante que fue llevado a la Casa del Pueblo y se les escapó, comenzando a disparar en contra de su persona desde los balcones, hiriéndole, por lo que se refugió en una vaquería próxima, en la que entraron los milicianos, haciendo disparos e hiriendo al matrimonio dueño de la vaquería, saliendo el referido representante que pidió ayuda a Manuel Arévalo Diez que se encontraba en el balcón de su casa próximo a la Casa del Pueblo y en vez de prestárselo le disparó todo un cargador del 9 largo, asesinándole. También recuerda que fue asesinado en plena calle un panadero llamado Benigno Moreno por los de Artes Blancas, que son los que más víctimas causaron en los primeros días, interviniendo directamente el «Goyo», Bernardo Salcedo, que contó toda su actuación al ser detenido recientemente por la Guardia Civil, en esta ocasión se mató también a otro panadero por equivocación, habiendo ocurrido estos dos asesinatos en la calle de Melquíades Biencinto.

El miliciano socialista Bernardo Salcedo Asenjo, como se vio, se refería al «sargento León Rojo» como quien repartió armas en el Colegio del Niño Jesús de Praga, y condujo a trescientos milicianos hacia el tren. El guardia civil se refiere además a asesinatos cometidos «en el mismo local del Comité, es decir, en el Colegio del Ave María, echándolos después a una explanada que hay detrás del convento por las tapias», y menciona los casos de «D. José Moreno, cuyo cadáver apareció en la explanada, y D. Fernando Toledo que fue profesor de Historia del que declara». En el folio 2 se consigna el hallazgo, el 22 de julio de 1936 en el «km 7 de la Carretera de Castellón», del cadáver de «Fernando Toledo Hortelano», así como los de sus hermanos Gumersinda y Dionisio. Este episodio aparece citado en el capítulo III («Terror Anárquico») del libro Causa General (editado en 1943):

El día 22 de julio de 1936, un tropel de mujeres del mismo Puente de Vallecas sacaron violentamente de su domicilio a la señorita Gumersinda Toledo, y habiéndose unido a la manifestación formada por dichas mujeres las turbas marxistas de la localidad, la detenida fue paseada, con la ropa desgarrada, por el pueblo, llegando a ser mordida por una mujer llamada Isabel García; finalmente, al llegar al control de milicias establecido en el lugar denominado «Pajar del Roux», la detenida, así como dos hermanos de la misma, llamados Dionisio y Fernando Toledo Hortelano, que trataron de amparar a su hermana, fueron asesinados.

Ríos Expósito termina refiriéndose al vehículo usado por el Goyo, «un Fiat, 7 plazas, cerrado, de fondo amarillo y capota negra, decían que había pertenecido al exministro Chapaprieta», y que conducía un cuñado del cabecilla, llamado Pepe; sobre sus compañeros de grupo —Vicente de Pablo, un guardia de Asalto, Agapito Peñafiel—, los apodos que usaban indistintamente «desde los primeros días de la revolución» —«Los cinco diablos rojos», los «Sin Dios», y «Los del Amanecer»— y que entre sus víctimas se contó «el dueño de la casa-cuartel llamado Emilio Biencinto, que vivía en Madrid y se había refugiado en Puente de Vallecas». El legajo 1508, expediente 3, folio 19, registra la aparición en «Carrantona» (Fuente Carrantona) el 31 de agosto de 1936 del cadáver de Manuel Biencinto Martínez, propietario y domiciliado en Puente de Vallecas, calle Pérez Galdós 1; a todas luces hijo del que fuera primer teniente de Alcalde del Puente de Vallecas.

Checas y grupos de agentes y milicianos

Las tres checas asentadas en colegios del Puente de Vallecas —la de los comunistas y JSU en el Ave María, la socialista en el Niño Jesús y la anarquista en la calle Ortuño— tenían relaciones mutuas difíciles de deslindar (habían compartido el primer colegio), máxime si nos referimos al entramado de grupos de agentes.

Gregorio García Sánchez prestó el 21 de enero de 1941 —entonces, este panadero casado y natural de Alcalá de Henares tenía veintinueve años— una declaración en la que afirma haber sido miembro de la banda de los cinco diablos rojos sólo durante quince días, delata a numerosos colegas de las checas del Puente de Vallecas e indica quiénes terminaron siendo oficiales del Ejército Republicano (Legajo 1530, expediente 7, folios 57 y 58). De paso, afirma que «otro sujeto de muy malos antecedentes, apodado el Goyo, igual que el declarante vecino del pueblo de Vallecas, actuó intensamente en detenciones y asesinatos con los coches de la Checa de dicho pueblo». Asegura que el asesinato de sus patronos panaderos, «Juan Cayón y su hijo», que habían sido «detenidos en El Escorial y conducidos al Puente de Vallecas, al Cuartel de Pablo Iglesias», fue obra de «Vicente de Pablo, guardia Municipal de la barriada, Enrique Burgos, Emiliano Soriano y un tal Ángel Santamaría y el chófer Julio Corzo».

En cuanto a quienes fueran sus compañeros «por espacio de quince días, únicamente, del grupo denominado «los cinco diablos», cita a «Julián García, que fue el primer Jefe, al que sustituyó el citado Vicente de Pablo, Emiliano Soriano, Enrique Burgos, alias el Soso, actualmente detenido en Porlier con el dicente, Julio Corzo, todos ellos pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas».

El Goyo identifica por último a una larga serie de personajes: «Félix Barriga, comunista» de la checa del Convento del Ave María, que, junto con «Vicente Embarba y un tal Miguel», ambos dependientes de El Vinagre, habría asesinado a José Moreno. Ángel Santamaría, «dirigente de las JSU», habría llegado a «Comisario Político de Aviación». En este asesinato también habría participado Ernesto Rodríguez, «compañero de Matéis, Vicente Embarba, y Miguel, interviniendo con éstos en numerosos asesinatos» Manolo Gallego, otro de la checa del Ave María, que «después fue Teniente de Tanques».

Entre los afiliados a la CNT, Gregorio García Sánchez cita a José Pérez González, «compañero de Buitrago y Falomir, acompañando a éstos en el coche que éstos tenían para hacer las detenciones y paseos», y en la propaganda de las Juventudes Libertarias. Otro anarquista sería «Carlos Santos», a quien sin embargo da el equívoco título de «dirigente de la Casa del Pueblo en Madrid, Responsable de la Tahona de Juan Cayón, de la cual se incautaron».

Entre los comunistas, destaca «Gregorio Mesonero, alias el Peri», que «intervino en numerosas detenciones y paseos, entre ellos el de Don Juan Francisco y Lorenzo, vecinos del pueblo de Vallecas, un hijo de éste y el dueño de la Tahona de Melquíades Biencinto o Santiago, apellidado Vayo; este sujeto después fue Comisario Político de División, siendo condenado por los rojos con destino en un Batallón Disciplinario por los numerosos fusilamientos que perpetró entre los soldados de una Brigada». Mariano Fernández Fernández, alias el Señorito, habría acompañado al anterior en esos asesinatos, más el de «Don Benigno Bajo García, a últimos de julio del 36, posteriormente fue Teniente del Ejército rojo». Otros destacados comunistas habrían sido «un tal Narciso, sobrino del dueño del Bar Vinagre», que «actuó intensamente en la Checa del Partido, en el Convento del Avemaria, como uno de los principales dirigentes y después fue agente del SIM»; y Manolo, alias el Zoca, que «actuó en la Checa del Partido, siendo enlace de Manolo el Barbas, alcanzando la graduación de Teniente». Otro del que sólo recuerda el nombre, «Pablo, de la escolta personal de Amós Acero», fue «uno de los principales dirigentes» de la checa comunista. También lo habría sido uno apellidado Moya, «compañero de Ángel Santamaría y de Manolo el Barbas, gran propagador del marxismo actuando en la Checa del Partido».

Los dos últimos comunistas citados llegaron a tenientes «con el Campesino»: Macario, «paragüero, natural de Aranjuez», que «actuó desde los primeros momentos, en la Checa del Partido»; y Julio Sánchez, que «actuó activamente en detenciones y aparece conduciendo un coche incautado por la Checa del Partido».

Apenas menciona García Sánchez a cuatro socialistas (pues los de las JSU quedan asimilados a los comunistas, de hecho actúan en el Ave María): «Rebollo, Guardia Municipal del Puente de Vallecas», que «tomó parte activa en los primeros días del Movimiento, marchando como voluntario a la sierra, alcanzando después la graduación de Capitán, tomando parte en la toma de Teruel»; otro guardia apellidado Rodríguez, que «tomó parte activa en detenciones y paseos»; y Diego García, «Inspector de la Guardia Municipal, compañero de los dos anteriores, gran propagandista del marxismo y Capitán del Batallón Pablo Iglesias». El cuarto personaje, cuya importancia no parece percibir el Goyo, es «un tal Mármol, Comandante de Milicias, organizador y Jefe del Batallón Pablo Iglesias».

De uno de los delatados no da el Goyo la filiación política: «Un limpiabotas que vivía en la calle Molinuevo, cojo de un pie, que trabajaba en su oficio, en la esquina de la tienda de La Cafetera, actuó en los primeros momentos, con una escopeta de dos cañones».

A pesar del intento de este personaje por aparentar haber formado parte de los cinco diablos rojos durante poco tiempo, los testimonios previos de familiares de víctimas no daban opción para el engaño. En la temprana fecha del 24 de julio fechaba Luciano San Martín Conejo, en la declaración conservada en la Causa General que hizo el 6 de mayo de 1939 (legajo 1503, expediente 4, folio 103), el asesinato de su hijo Ángel San Martín Pingarrón, labrador afiliado a Falange, de veintisiete años, que fue detenido en su casa de la Calle Real de Madrid 18 (Vallecas), y cuyo cadáver fue hallado en un «Paso a Nivel» con «infinidad de heridas de arma de fuego y la cabeza machacada». San Martín considera autores al panadero Goyo», al Pelás (Mariano González Ruiz), y además «sospecha de Mariano Gorgonio, que con los anteriores formaban parte de la Checa del Pueblo, e insultaba al interfecto siempre que lo veía». La esposa del difunto, Manuela Vélez Sánchez, es más precisa en su declaración (legajo 1504, expediente 5, folio 254), y dice que Ángel Luciano fue detenido por catorce «milicianos de Madrid», y que éstos lo entregaron en el paso a nivel cercano a su casa «a tres del pueblo que lo asesinaron»; dejándolo con treinta y nueve heridas de arma de fuego. Los asesinos habrían sido «Mariano Pelás, Julián García Gorgonio y el Peri, uno de los cinco diablos rojos, panadero y también del puente de Vallecas».

A la banda de los cinco diablos rojos, aunque sin precisar nombres, achacaba el sargento de Infantería Antonio Ríos Martín, el 17 de mayo de 1939 (según la declaración recogida en el legajo 1504, expediente 2, folio 72 de la Causa General), el asesinato de su padre, Antonio Ríos Hernández, Guardia Municipal del Puente de Vallecas y afiliado a Falange, de cuarenta y seis años, detenido en Valdepeñas el 19 de agosto de 1936, y cuyo cadáver apareció al día siguiente en el km 11 de la carretera. Ríos acusaba de participación en el crimen al alcalde Amós Acero, «que ordenó la destitución de la víctima, provocando su detención» y a Benito Rodríguez, «maestro de una Escuela Pública sita en la Calle de la Concordia, que ordenó la detención».

Los mismos personajes y en las mismas fechas aparecen como inductores de la detención de Gaspar Palacios Culumeta, ordenada, según su mujer, Emilia Martín Perezagua (legajo 1530, expediente 7, folio 256), por «un tal Benito Rodríguez, maestro de las escuelas socialistas sitas en la calle de Robles n° 2», y que se produjo en Tembleque (Toledo) el 19 de agosto de 1936, «y le trajeron al comité del Partido Socialista del Puente de Vallecas, donde fue fusilado al día siguiente». La mujer del difunto acusaba «como inductores del hecho a Amós Acero, un tal Buitrago, un tal Medina, un tal Artigas, todos ellos maestros de escuela y desde luego masones y de contraria ideología a su marido». El fiscal Eusebio Rams cita a este respecto un descargo tomado del «procedimiento sumarísimo ordinario n° 15.043 seguido por la jurisdicción militar de Madrid contra Amós Acero Pérez, Julián Vinagre Peinador y otros» en que el alcalde de Vallecas asegura:

Que de lo acontecido en la municipalidad daba cuenta diaria al Gobernador civil, quien a su vez ordenaba a la DGS y ésta a su comisaría de Vallecas. Que ante la impotencia manifiesta de todos estos centros para evitar los desmanes que se sucedían y perseguir a quienes fuesen sus autores, el declarante hubo de recurrir en última instancia al Sr. Ministro de la Gobernación, General Pozas, a quien tras minucioso informe requirió para poner coto definitivo a las violencias y lograr la defensa de su vecindario. El Sr. Ministro, impresionado por el relato, manifestó que las diferencias observadas en el servicio de Seguridad y Vigilancia eran debidas a que el Alzamiento había dejado al Estado republicano en total indefensión y carente de los medios de fuerza indispensables al mantenimiento de la autoridad y la legalidad. Ante tal perspectiva el declarante le presentó la dimisión de su cargo, que además de no ser aceptada permitió al Sr. Ministro valerse de la presencia en su despacho del dirigente de mi Partido Enrique de Francisco, para que éste me exigiese la continuidad en el cumplimiento de aquel deber, a cambio de la promesa de contar en breve con elementos para imponer el orden y la autoridad, lo que sólo a medias se cumplió en principio.

El 17 de mayo de 1939, Dolores Casals Illana, de sesenta y ocho años, declaraba (legajo 1504, expediente 1, folios 290-291) que su esposo, Ramón Vilaseca Majoral, y el hijo de ambos, Ramón, habían sido detenidos por milicianos en la calle Alcalá el 29 de agosto de 1936, y conducidos «al Puente de Vallecas, al parecer a una checa comunista», y que pidieron «ser trasladados al Ayuntamiento de Vallecas (Puente), donde tenían conocidos, esperando interviniesen favorablemente, siendo todo lo contrario. El mismo día de madrugada fueron asesinados» y sus cadáveres hallados en las tapias del cementerio. Los asesinos habrían sido «los componentes de la célebre banda los cinco diablos rojos», es decir, «Gregorio García, alias el Goyo, Enrique Burgos el Soso (detenido y confeso), Emilio Soriano el Mantecas, Vicente de Pablo y una individua llamada la Comunista que fue la que les dio el tiro de gracia» y también estaría detenida.

Los mismos crímenes habían sido denunciados el 4 de mayo de 1939 por Mercedes Escribano Ruiz (legajo 1503, expediente 3, folio 192), de veinticuatro años y viuda del joven Ramón Vilaseca Casals (del que dice que era afiliado a Falange, cuando su madre dijo a Acción Popular), que da como fecha de su detención en un café el 28 de agosto, y como denunciante a un albañil, y además precisa que al cadáver de su marido «le sacaron los ojos y cortaron las orejas y al de su padre le destrozaron la mandíbula para sacarle la dentadura», según habría confesado el asesino (el Soso). De éste y del Goyo sólo sabe el apodo, mientras que apoda «el Guardia» al Vicente citado por su suegra, y añade como chófer a un «Aquilino» ya detenido.

El 22 de mayo de 1939, una mujer de cincuenta y ocho años, Francisca Román González, declaraba (legajo 1504, expediente 2, folio 302) que su marido, Nicomedes de la Cruz Hernández, albañil de sesenta años residente en el Puente de Vallecas, fue detenido el 24 de octubre de 1936 en Las Matas, donde se había refugiado, por Pascual Prieto y dos ferroviarios más, que le asesinaron esa misma noche en Húmera, y que «el denunciante fue Gregorio García Sánchez, de profesión panadero».

Los crímenes de esta banda llevaron a los investigadores de posguerra a dedicar un expediente específico, el 7 del legajo 1530, a la «Checa del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas y documentación relativa al Grupo de Los Cinco diablos y al Tren de Jaén». De esta forma parece recaer la carga del delito sobre la CNT, desdibujando la total solidaridad inicial que existía entre los distintos grupos, y olvidando que el Ateneo Libertario fue la tercera de las tres checas, es decir, la última en desgajarse. Para empezar, el Goyo era socialista afiliado a la UGT, y no precisamente escorado hacia el anarquismo, sino hacia el comunismo, pues apunta que todos sus compañeros de la banda de los cinco diablos eran de las JSU.

En la transcripción de lo declarado por García Sánchez que hacen los fiscales (folios 33 a 35 del expediente), aparte de repetidas delaciones y acusaciones de asesinatos, se detalla la creación del Batallón Pablo Iglesias:

Los dirigentes del referido cuartel «Pablo Iglesias» eran un tal Mármol sin oficio conocido que a los pocos días de la revolución fue nombrado comandante de Milicias, cargo que conservó y Diego García que se puso las estrellas de capitán.

El Batallón «Pablo Iglesias» que más adelante se convirtió en 49 Brigada fue fundado por el coronel Lacalle, que en la misma noche el 18 de julio de 1936 acompañado por un capitán del Ejército a quien le faltaba un dedo y que parece ser era de Artillería y de algunos más bajó con un camión cargado de armas repartiéndolas en la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas, en el círculo de Izquierda Republicana y en los demás centros del Frente Popular; el coronel Lacalle frecuentaba el cuartel de Pablo Iglesias durante los primeros meses de la revolución y hasta el año 1937.

Por otra parte, el Goyo da como fundador del «Radio y cuartel de Milicias» comunistas en el colegio del Ave María a Manuel Fernández Cortinas, el Barbas, «vecino del Puente de Vallecas y repartidor de pan, que más tarde mandó a la 44 Brigada, originada en dichas milicias del Partido Comunista del Puente de Vallecas; eran también jefes en dicho centro o cuartel, un tal Félix Barriga, teniente; un tal Manolo León, que era comandante y con mando político además de éstos de milicias, un médico que se llamaba Fernando Moltó Carbonell».

De Moltó sospechaba Antonio Ariza González, mecánico madrileño de veinticinco años, residente en Vallecas, que fue quien «denunció o detuvo» a su tío Paulino Sánchez García, «Comandante de Caballería retirado por la Ley Azaña, perteneciente a la UME de 62 años de edad, con domicilio en Conde Duque, 52», que fue detenido el 17 de agosto en la calle de Alcalá, cerca del Banco de España, «siendo conducido a la checa de Bellas Artes y fusilado el mismo día en Vicálvaro». Según la declaración prestada por Ariza el 24 de junio de 1939 y conservada en la Causa General (legajo 1505, expediente 1, folios 235-236), Moltó fue «Teniente Coronel de Sanidad del 4o Cuerpo de Ejército rojo» y los «asesinos materiales» fueron Mariano García (el Pelás), Julio Alvarez (el «Chasquillo»), Mariano Menéndez y Fernando Vargas Sama. Según esta misma fuente, el Pelás —cuyos apellidos reales eran González Ruiz— se hizo cargo de eliminar al hijo del citado comandante, Paulino Sánchez González, estudiante de veintitrés años afiliado a Falange Española, soldado en el cuartel de Vicálvaro, donde fue detenido «por el Capitán Villanueva» el 2 de septiembre, día en que «hizo entrega de él a los milicianos Mariano García (el Pelás), Máximo Vega (el Eléctrico) y Rafael San Narciso Sancho (el Hachero), quienes le asesinaron a unos cien metros del mencionado Cuartel de Artillería de Vicálvaro», en cuyo cementerio fue enterrado.

García Sánchez adjudica el apodo y la brigada que mandará el anarquista Marcelo Hernández Sáez —que no era repartidor de pan, sino albañil— al Barbas, comunista que, como vimos, mandó al menos una compañía de la Brigada Sargento Vázquez en la matanza del Tren de Jaén y, posteriormente, en el cerco al Alcázar de Toledo. Parece que de la 37 Brigada Mixta pasó a la 42, constituida el 1 de enero de 1937 al mando del comandante de Carabineros Esteban Rovira Pacheco, como parte de la 6a División del I Cuerpo de Ejército que cubría el sector centro-izquierda desde la tapia sur de la Casa de Campo hasta el río Manzanares a la altura de Villaverde. El 19 de septiembre de ese año Manuel Fernández Cortinas asumió el mando de la brigada como mayor de milicias. En marzo de 1939 se le sitúa luchando contra Casado, que depuso a Fernández Cortinas; aunque otros hablan de que pasó exiliado a Francia.

Antes de negar su participación «en los asesinatos del Tren de Jaén» y en otros de los que se le acusa, el Goyo deja clara la filiación política de los cinco diablos rojos, y precisa que uno de ellos había sido policía en Jaén:

Funcionaba en el Puente de Vallecas un grupo de las JSU conocido por «Los Cinco Diablos» y que estaba integrado por los siguientes individuos: Julián García, Presidente de las JSU de la barriada; había trabajado en los talleres de fundición Jareño y llegó a comandante en el Ejército rojo en Paredes de Buitrago y también en un Batallón disciplinario, por la Sierra. Vicente de Pablo, Guardia Municipal de Vallecas, que luego fue Miliciano de Vigilancia de Retaguardia y finalmente se llevó como teniente el referido Julián García. Enrique Burgos Risueño, alias «el Soso», también obrero de Jareño y Guardia de Asalto durante el dominio rojo. Emiliano Soriano, fumista, que ingresó en la Policía roja, siendo jefe de Policía por la provincia de Jaén y que actuó algún tiempo como policía en Madrid. Como chófer del grupo actuaba un tal Julio, alias «el Corzo» que primero conducía un coche que el declarante desconoce y después un «Delage» gris incautado en la fábrica de bombillas. Concurrían al centro de las JSU (Reina Victoria, 1) adonde cree no llevaron detenidos, concurriendo también a la Casa del Pueblo y al cuartel de «Pablo Iglesias».

Benito Porras Ramos, el jefe de controles citado por el guardia civil Ríos Expósito, se refiere a Domingo Mármol al declarar el 4 de noviembre de 1939 (legajo 1505, expediente 4, folios 100-102) calificándolo de «Comandante del batallón Pablo Iglesias», y añade que le encargó el mando de un control de Portazgo, siendo «un tal Florentino», jefe de los dos controles, y otros milicianos vigilantes «un tal Tomás, alias el Chato, y un tal Pedro»; los tres vivían en el control con sus mujeres. Menciona Porras entre los coches «que con más frecuencia pasaban por el control» al «que había sido requisado a Chapaprieta», donde «iba siempre un tal Antonio, cargado de espaldas, que fue el último alcalde que hubo en Vallecas» (seguramente se refiere a Vijández). También «pasaba muchas veces un coche requisado por un tal Buitrago, para el Ateneo Libertario del Puente de Vallecas», con cinco o seis tripulantes más.

Porras adjudica otro coche a «los cinco diablos rojos, cuyos ocupantes extraían las víctimas de sus crímenes de entre los detenidos en el Batallón Pablo Iglesias. Menciona el paso «frecuente» con detenidos del coche «de un individuo conocido por el Portugués». Los coches que precedían a los que llevaban personas detenidas, solían declarar que «iban a la cárcel de Vallecas», y el jefe del control dice haber subido sólo una vez a uno del Ateneo Libertario, donde «cuatro individuos» llevaban a dos jóvenes, que en el «Km 6 de la carretera de Valencia» fueron «fusilados por los que los conducían; una de las víctimas se escapó herido, no siendo descubierto por los criminales». Porras asegura haber prestado servicio en el control sólo «20 o 25 días». Ya muy lejos del asunto, se refiere a haber visto a fines de mayo de 1939 un depósito de armas y cómo un individuo llamado Eugenio Ceas le explicaba que se preparaba un atentado contra Franco para el Desfile de la Victoria (sin embargo, ya había tenido lugar, el 19 de mayo).

Domingo Mármol Prato fue sometido por la jurisdicción militar de Madrid a un procedimiento sumarísimo ordinario (número 32.600) al que hace referencia Eusebio Rams Catalán, fiscal secretario de la pieza número 4 sobre Checas (legajo 1530, expediente 7, folio 258). Un informe del Ayuntamiento de Vallecas acusaría a Mármol de ser «Jefe de la Checa que se estableció en la Avd. del Generalísimo n° 70 (antes Avd. de la República)», en la que habría sido asesinado «Eufronio Giménez, Teniente de Alcalde que fue de esa barriada»; habría sido también «Presidente del Tribunal que juzgaba en dicha Checa, y Jefe de la cuadrilla de asesinos Los Cinco diablos», gracias a lo cual se habría incautado de enseres pertenecientes a Basilio Moreno y Alberto Salgado.

Según Rams, Mármol habría declarado el 7 de julio de 1941 en Aranjuez que pertenecía «a la UGT desde el año 1934 y desde el año 1935 a un grupo cultural llamado Socialismo», y que «al estallar la guerra, se incorporó como sargento de la escala de reserva, siendo destinado a las órdenes del Teniente Coronel de Ingenieros de Inválidos, D. Víctor Lacalle, ingresando como sargento y llegando a la categoría de Comandante en diciembre de 1936». Basilio Moreno Fernández, un empleado residente en el Puente de Vallecas, afirmaba ante un juez militar el 9 de marzo de 1942 haber estado «en el radio de acción» de Mármol, a quien señalaba como «Jefe de la Checa, hasta que se acercaron las fuerzas de Franco», momento en que «salió con su Batallón al frente». Mármol habría firmado «la sentencia de D. Eufronio Giménez, D. Manuel Biencinto, D. Francisco Moreno (droguero), D. José González y los señores Moreno, Farmacéutico y Cayón, todos ellos fusilados. Los cinco diablos actuaban bajo las órdenes de Mármol, tomando parte personal en el asesinato de los componentes del Tren de Jaén, y esto le consta porque el citado Mármol lo declaró así, habiendo enseñado al portero de la finca donde vivía, llamado Víctor Sierra, domiciliado en la Avd. del Generalísimo n° 75, antiguo, y a varios vecinos, cómo llevaba su ropa empapada de la sangre de las víctimas».

En la línea de lo dicho por Gregorio García Sánchez, Mármol negará haber sido «fundador ni jefe del Batallón Pablo Iglesias», en una declaración citada por Rams (folio 259), prestada el 10 de febrero de 1943, «ya que estos cargos los desempeñó D. Víctor Lacalle Seminario, Teniente Coronel de Inválidos de Ingenieros, y que él fue Teniente de la Oficina de Mayoría a la que fue destinado por el Ministerio de la Guerra, debido a que era sargento de la reserva». Afirmó «que en el local de los Hermanos de la Doctrina Cristiana estaba el Batallón Pablo Iglesias, pero que en el mismo local nunca hubo checas, por lo cual no pudo ser responsable de una cosa que no existía».

Nacido en Cirauqui (Navarra) el 24 de junio de 1889, Víctor Lacalle Seminario era hijo del guerrillero liberal Tirso Lacalle, el Cojo de Cirauqui, al que dedicó en 1938 el libro La contraguerrilla y los guerrilleros. Desde 1928 pertenecía al Cuerpo de Inválidos. A pesar del indudable carácter socialista de este Batallón Pablo Iglesias, en lugares como la Wikipedia se dice de Lacalle que «el 19 de julio el Ministerio de Guerra le entrega 1.000 fusiles con los que organiza el 2.º Batallón de voluntarios, compuesto por anarquistas, con el que participa en el asalto al Cuartel de la Montaña» y que en agosto «se dirige con su batallón al sector comprendido entre Somosierra y la carretera Madrid-Zaragoza, teniendo su puesto de mando en Cardoso, cubriendo así el frente norte de Guadalajara». En enero de 1937, tras una fallida ofensiva sobre Sigüenza, sustituiría a Jiménez Orge en el mando de todas las tropas del frente de Guadalajara, agrupadas más tarde en la 12.ª División. Allí, ascendido a coronel, resistió la ofensiva italiana sobre Guadalajara (8 de marzo). Al crear Miaja el IV Cuerpo de Ejército, entrega el mando a Enrique Jurado Barrio, y Lacalle, supuestamente ofendido, alega enfermedad para retirarse de la 12.ª División, que desde el 13 de marzo manda el comunista italiano Niño Nanetti.

Desde el 25 de marzo de 1937, Lacalle mandó la Agrupación Autónoma de Cuenca, con la que atacó en el sector de Albarracín en abril. En junio de 1937 se forma el XIII Cuerpo de Ejército y Lacalle queda en situación de disponible. La Agrupación de Cuenca se convierte en la 42 División, al mando del Barbas anarquista, Marcelo Hernández Sáez. Lacalle desempeñó en adelante cargos administrativos, como el de jefe del Centro de Recuperación de San Mateo (Castellón). Tras la guerra, se exilió en México. Era hermanastro de José Daniel Lacalle Larraga, nacido en Valtierra (Navarra) el 21 de febrero de 1897, que en 1920 pasó de la Academia de Caballería de Valladolid a la Aviación Militar, y en la guerra civil mandó una compañía de requetés. En la posguerra llegó a ser subsecretario del Aire (1954-1957) y ministro del Aire (desde el 10 de julio de 1962 al 29 de octubre de 1969), con empleo de teniente general.

Volviendo al convento de las hermanas avemarianas, los investigadores de posguerra concluyeron que fue incautado el 20 de julio de 1936 por «elementos Comunistas del Radio» y que «funcionó hasta febrero de 1937, aunque después efectuaban detenciones pero en menor escala, continuando en esta forma hasta la revolución comunista que se desorganizaron», sin que quede claro si se refiere a los sucesos de mayo de 1937 o, más probablemente, el golpe de Casado (legajo 1530, expediente 7, folio 49); que tenía una «Checa sucursal» en la calle Doña Sabina número 5 (barrio de Doña Carlota), en un «edificio propiedad de la Asociación Católica de Señoras de Madrid, recién construido y no inaugurado», del que igualmente se incautaron el 20 de julio y que en la posguerra sería «regentado por las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón» (folio 50). El Ateneo Libertario también tendría como extensión una cooperativa de comestibles, en un edificio propiedad de Nicasia Rodríguez en la calle Nicasio Méndez, 92, incautado el mismo 20 de julio, que «funcionó hasta la terminación de la guerra», sin que allí «se cometieran detenciones» (folio 60).

Más allá de los estrictamente vallecanos, hemos visto que intervinieron en la matanza del tren el Círculo Socialista de Entrevias-Picazo y el comité formado en el apartadero de Santa Catalina. El primero se fundó como sección de la Agrupación Socialista del Puente de Vallecas recién inaugurada la República, para segregarse en 1935, por discrepancias en torno a la dimisión de Largo Caballero como presidente del PSOE: los de Vallecas apoyaron a Largo Caballero y los de Entrevias a la mayoría contraria a él. En 1936, Apolinar de Frutos Andrea, antiguo secretario del Círculo, presidirá el comité revolucionario de Entrevias, que se incautó de la iglesia.

El Ateneo Libertario

Las relaciones del Ateneo Libertario del Puente de Vallecas con otros de la CNT aparecen con particular detalle en la Causa General. Juan García Pérez, alias el Moreno, declaró el 29 de mayo de 1940 (folios 10-11) pertenecer al sindicato metalúrgico de la CNT desde enero de 1936 y haberse incorporado, al estallar la guerra, al ateneo de la calle Emilio Ortuño, «para incorporarse a las Milicias Confederales» con las que marchó a la conquista de Sigüenza. De los «doce días aproximadamente» que este cerrajero natural de Albacete, casado y con veintiocho años en el momento de declarar, pasó «en funciones de organización» en el comité, recuerda «como compañeros suyos» a Juan y Joaquín Gómez Olivares, Juan Gil y Marcelo el Barbas.

García Pérez «formó parte del comité de Defensa» instalado en el Ateneo, donde dice haber visto «a los hermanos Falomir, a Victoriano y Amor Buitrago, a Natalio Rubio y a Gardón», que además era concejal de Abastos. Entre las mujeres recuerda a «María Pons, alias Marieta, quien iba con mono y andaba con mucha libertad». Como chófer al servicio del Ateneo, cita a José Lentisco Cuartera, alias el Chato. Parece que este miliciano era jienense, pues un exiliado republicano llamado Romualdo Lentisco Cuartera, nacido en Linares el 24 de marzo de 1908, murió en el campo de concentración nazi de Mauthausen el 26 de septiembre de 1941.

Agustín Gómez Montejano, chófer y natural de Madrid que contaba treinta y siete años y estaba casado en el momento de declarar (30 de mayo de 1940, folios 14-17 del mismo expediente), asegura que, al requisarse el material del garaje de su hermano, tuvo que «incorporarse con camioneta al Cuartel de las Milicias de la CNT de la calle de Granada. Los Centros y Ateneos Libertarios de la Barriada tenían coches ligeros a sus inmediatos servicios para sus fines de investigación y conducción de detenidos al Portazgo, Dehesa de Moratalaz y a las tapias del Cementerio de Vallecas donde eran asesinados».

Respecto a cuáles fueran esos locales, precisa Gómez:

El Convento de Emilio Ortuño n.° 11, que funcionó los siete u ocho primeros meses, hasta que fue convertido en Hospital Militar. El de la iglesia del barrio de Entrevias, donde también se realizaban detenciones y asesinatos siendo detenidas y apaleadas en una ocasión seis religiosas que fueron finalmente asesinadas. Otro local en la calle de Granada n° 11, más arriba del Cuartel y que era regentado por un tal Plaza detenido a raíz de la liberación. El de las Juventudes Libertarias, instalado en una bocacalle de la calle del General Ampudia, en cuyo local se instaló el Comité de Defensa de Barriada de la CNT».

Según Gómez, en la calle de Granada apareció otro cuartel de Milicias Confederales «cuando las Milicias comenzaron a militarizarse». Como se ve, la iglesia de Entrevias pudo pasar del comité socialista a la CNT. «En los cuatro locales libertarios citados», es decir, todos salvo el cuartel, «se realizaban detenciones y asesinatos. El Ateneo del barrio de Entrevias era autónomo y actuaba por su cuenta y el de la calle de Granada también tenía al principio esa independencia. Los otros dos dependían del Comité de Defensa que era el que resolvía».

Agustín Gómez señala como peculiaridad del cuartel de la calle Granada que «si había algún detenido, salía aparentando que lo llevaban a primera línea, cubriéndose de esta manera el asesinato. Estas conducciones solía hacerlas Antonio Rodríguez, que pertenecía a la FAI y por delegación de ésta se relacionaba con el Comité de Defensa de la C. N. T. instalado, según recuerda, en el número 111 de la calle de Serrano y a cargo de Eduardo Val, Manuel Salgado» y otros. Este comité debía servir para intercambiar víctimas entre barrios, de modo que «las personas conducidas para su asesinato a los Centros Libertarios de la Barriada de Vallecas no solían pertenecer a dicha barriada ya que era costumbre que los respectivos Centros se pusieran de acuerdo para llevar a los denunciados a distinta barriada de aquella en que vivían, por lo que los anarquistas del Puente de Vallecas subían a Madrid a recoger detenidos y llevárselos al Puente». En cuanto al volumen de víctimas, Gómez no hace una estimación absoluta, sino en relación a los comunistas:

En el Puente de Vallecas ha sido asesinada mucha gente por las Chekas, equiparándose en el número de asesinatos los anarquistas y los comunistas.

Tanto el Ateneo de Emilio Ortuño como el de las Juventudes Libertarias ejecutaban a sus víctimas «por la noche desde las doce en adelante y los detenidos que no habían conseguido salir, merced a un aval antes de esa hora, eran casi en su totalidad asesinados». Había al menos una partida que era agente del CPIP en la calle Ortuño, según Gómez, que cita entre los que actuaban «con intervención directa formando o ejecutando» a «Jesús Montenegro, Natalio Rubio, Eustaquio Chamorro, los Sanmateo tío y sobrino, que desarrollaban gran actividad, un tal Santoyo, un muchacho joven llamado Escarpa, los Buitrago padre e hijo, que se dedicaron a la llamada investigación desde el primer momento y que tenían relación frecuente con la checa de Fomento 9».

Cuando el Comité de Defensa se trasladó de la calle Ortuño a Teresa Llórente, componían el grupo además de los anteriores «un tal Rosendo, y Marcelo, alias el Barbas, los dos hermanos menores Falomir y también Falomir el mayor, si bien éste sólo bajaba de vez en cuando dando órdenes pero sin pertenecer al Ateneo». De los hermanos «Fecundizares», el mayor «pertenecía al Comité de Defensa de las Juventudes» y el menor «ingresó luego en la Policía roja e iba en compañía de los Buitragos», que indudablemente formaban una brigadilla de agentes del CPIP. Gómez recuerda que Rosendo (probablemente apellidado Moreno de la Parra) y el Barbas eran los principales responsables y pasaron luego «al Cuartel de la calle de Granada destinado a Milicias Confederales». Entre los chóferes, recordaba a José Lentisco Cuartera, alias el Chato, a Emilio Ros, y a Doroteo Robles, de Escalonilla, «que se jactaba de haber cometido asesinatos en Talavera». Gómez recuerda igualmente como checas la comunista del Avemaria y la «de Socialistas y UGT en la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas», es decir, en la calle Concordia, «actúan-do del mismo modo que las anteriores todos los partidos del Frente Popular, beneficiándose los cabecillas y responsables del producto de los saqueos de las viviendas y del despojo de las personas».

La Marieta citada por Juan García Pérez aportó, una vez detenida, datos sin duda exagerados, que llamaron tanto la atención de los investigadores, que éstos los colocaron entre los primeros folios del expediente 7 del legajo 1530, dándole además el título, dentro de la «Pieza sobre Checas», de «Ramo separado n° 6 (Ateneo Libertario del Puente de Vallecas)». El primer documento (folio 3) va firmado por María Pons el 28 de mayo de 1940, y es una declaración tomada el mismo día en que fue detenida por la «Brigada de Investigación de la primera Comandancia del 14° Tercio de la Guardia Civil», a las órdenes de Felipe López Maldonado.

María Pons, casada y de veintidós años, declara haberse afiliado al Ateneo en mayo de 1936, y a las Juventudes Libertarias al estallar la guerra, actuando «en la Checa de la calle Ortuño n° 11» junto con su marido «Juan Gómez Olivares, que a la sazón era miembro de dicha Checa y policía rojo». Afirma la Marieta que de allí «fueron sacadas infinidad de personas de las distintas clases sociales, figurando personal de la Guardia Civil, Militares y religiosos, éstos los llevaban a fusilar entre el Puente de Vallecas y pueblo del mismo nombre; que ella asistió muchas veces a presenciar los fusilamientos, vestida de mono y pistola, en unión de su marido», detenido en Orihuela, a quien reconoce responsable de los crímenes junto con el hermano de su marido, Joaquín («actualmente huido en Barcelona y que fue uno de los que más se distinguieron»), Natalio Rubio y su mujer, los Buitrago padre e hijos, «un tal Santoyo», el Moreno, «una tal Nina, modista»; y como auxiliares señala a Pepe, alias el Chato, y dos hermanas llamadas Julia y Justa, que como los anteriores «tomaron parte en saqueos, registros y detenciones, y la mayor parte de ellos, en el asalto al Cuartel de la Montaña, asesinando a Jefes y Oficiales».

La Marieta dice conocer «a un tal Cachavera, y a un tal Rufino Cordero, alias el Fino, jactándose de haber asesinado a dos Tenientes Coroneles y un Capitán a los que quitaron el correaje y pistolas», se refiere al Ateneo para asegurar «que de la mencionada Checa fueron sacadas y asesinadas unas dos mil quinientas personas», y de nuevo vuelve a los que participaron en el asalto, mencionando a Paulino Proiset González, de las Juventudes Libertarias de la barriada. Éste declara (folio 4) que «intervino el segundo día del ataque del Cuartel de la Montaña, pero sólo fue como curioso», mientras que del resto de los citados afirma que «fueron la mayoría armados de fusil».

El chófer José Lentisco Cuartera es el siguiente en ser interrogado (folio 5) y en efecto afirma ser de Linares, y haber servido como chófer por incautársele su camioneta, hasta que en febrero de 1937 «ingresó en el sexto Cuerpo de Ejército».

A la vista del revuelo formado tras su arresto, se toma una declaración más extensa a María Pons el 29 de mayo de 1940 (folios 6-9), en la que precisa que el convento de la calle Ortuño fue ocupado «al segundo día de la revolución», da la pista de que su marido era miembro de una brigadilla autorizada por el CPIP, ya que además de formar «parte de uno de los Grupos de Investigación de dicho Ateneo», posteriormente «fue miliciano de vigilancia de retaguardia y policía rojo con destino en la Comisaría del Hospicio»; asegura haber ido solamente «como dos o tres veces en la camioneta donde su marido, su cuñado Joaquín Gómez Olivares y los demás milicianos que formaban el grupo de su marido, llevaban a los detenidos a fusilar»; indica los nombres de los integrantes del «2.º Grupo de Investigación del Ateneo, mandado por Joaquín Gómez Olivares»: Antonio Domínguez Aguado, Pedro Domínguez, José Falomir, «un tal Estévez» y su marido, e insiste en que «aunque estos grupos estaban formados por gente del Ateneo, dependían del Comité de Defensa de Barria[da de la] CNT-FAI», con sede distinta, «dirigido por un tal Santoyo» e integrado además por «un tal Moreno», su ya mentado cuñado Joaquín, Juan Gil y Juan Egea.

Pons añade que había cuatro «grupos de investigación» en el Comité de Defensa, y que el tercero era el de Pedro Falomir, del que formaban parte dos hermanos del jefe (Francisco y José), y «un tal Juan Muñoz». El primer grupo, «mandado por Victoriano Buitrago» (padre), incluía a un hijo de éste, Amor. Del cuarto grupo no recuerda nombres.

A su vez, «los Jefes de Comité de Defensa de Barriada iban a tomar órdenes del Comité de Defensa que funcionaba en la calle de Fernando el Santo en un edificio grande al lado de un garaje en cuyo mismo edificio [tenían su sede] la Federación de Juventudes Libertarias y la S. I. A.» (era el número 23). De los detenidos ya no puede María Pons precisar el número «ya que eran muchos los que diariamente pasaban por el Ateneo Libertario donde sólo permanecían unos minutos siendo trasladados a disposición del Comité de Defensa, donde permanecían algunas horas hasta por la noche que era la hora de ser sacados a fusilar. La declarante no recuerda caso de detenidos puestos en libertad, si bien se daban con mucha frecuencia las evasiones, incluso arrojándose de los propios camiones. Desde luego por término medio no cree que el número de detenidos bajara de los treinta diarios».

Pons atestigua que si el robo proporcionaba pingües beneficios a los organismos centrales, que en este caso era el Comité central de la CNT, los agentes se llevaban su parte:

En cuanto a las alhajas y dinero de las personas asesinadas, estaba mandado llevarlo al Comité Regional de Defensa de la calle de Fernando el Santo, no obstante lo cual cada uno se quedaba con lo que le parecía; Buitrago se apoderó de mucho, sobre todo en oro y billetes, habiendo arrojado al mar en Alicante una gran cantidad antes de ser detenido. Concretamente Juan Gómez Olivares, marido de la declarante, regaló a ésta una sortija de esa procedencia, pero se enteró de que la alhaja no tenía valor, la regaló a una cuñada suya.

El funcionamiento de los grupos, tal como los describe Pons, duró «dos meses a contar desde el principio de la guerra y después ya pasaron a las Milicias de Vigilancia de Retaguardia dependientes del Estado, del que cobraban, si bien los grupos continuaron formados lo mismo que antes». No dice si mejoró el porcentaje de lo entregado, pero da la impresión de que la recaudación, y sobre todo el número de asesinatos, ya no quedó a la libre disposición de los grupos; así se entiende que Buitrago protestara «con su grupo de esta medida porque decía que a las órdenes del Estado no se ejecuta bien porque a los detenidos los ponían en la calle. Iban a recibir órdenes y a cobrar a la Inspección de Milicias de Vigilancia en la calle de Serrano en la misma acera y algo más arriba de donde después fue a instalarse la Dirección General de Seguridad».

Para Buitrago, cualquier criterio debería ser restrictivo y costoso de cumplir, si, como dice Pons, de los detenidos «los milicianos sólo decían de ellos que eran fachas, como razón bastante para fusilarlos». La declarante rectifica la cifra de dos mil quinientas víctimas mortales que dio, pero no porque sea exagerada, sino porque «no puede precisar si esta cifra es exacta ya que sólo sabe que eran muchos los que llevaban y tanto podían pasar como no llegar a esa cifra, pudiéndose hacer el cálculo sobre la base de unos treinta diarios como ya tiene manifestado, siendo la cantidad mayor en el primer mes que en el segundo». La mujer, obviamente, no era diestra multiplicando, ya que 60 (dos meses) por 30 (diarios) son 1.800. Sobre el lugar donde se cometían los asesinatos, precisa que era «en el kilómetro dos de la carretera de Valencia, entre el Portazgo y Vallecas, dejando los cadáveres en los campos próximos».

Pons añade más datos sobre las personas de las que habló en la primera declaración; así, de la modista Nina dice que «ocupaba un cargo en el Ateneo y mantenía relación con los del Comité de Defensa»; de Cachabera dice que es «en la actualidad Agente de Policía con destino en la DGS», y que intercedió por Rufino Cordero, alias el Fino, «y consiguió que el Rufino fuese puesto en libertad» porque éste le amenazó con que, «si así no lo lograba contaría todo lo sucedido en el asalto al Cuartel de la Montaña. Estos dos individuos durante la dominación roja juntamente, en un coche que le conocían con el nombre de “papá”, se dedicaban a la sustracción y acopio de ropas y comestibles que depositaban en casa de este último teniendo en todo momento una amistad íntima y de mutua protección».

Por último, antes de dar el domicilio donde en ese momento vivía su cuñado en Barcelona, aparece en el testimonio de la Marieta el tren de Jaén:

Al regreso de un viaje a Barcelona por razones de familia, un miliciano del grupo dijo al marido de la declarante que se había perdido una buena cosa porque habían llevado un tren cargado de detenidos a los que habían matado, a lo que respondió el Juan Gómez Olivares «pues, chico, lo siento».

Las bandas del Pelás y de Ariño

Mariano González Ruiz, el Pelás, aparte de participar en los asesinatos ya mencionados, figura como cabeza de un grupo que opera en nombre del comité vallecano (socialista, y por tanto desde la checa del Niño Jesús), dentro y fuera de la localidad, y, por lo que parece, sin relación con las brigadillas autorizadas desde la Checa de Fomento. El 4 de septiembre de 1936 «elementos del comité rojo de la villa de Vallecas» detuvieron en el madrileño paseo de Rosales a Mariano Rodríguez Granados, de sesenta y seis años, que había sido teniente de alcalde y comerciante de carne en Vallecas y que, según su hija Cecilia Rodríguez Palacios (legajo 1503, expediente 4, folio 301), «en la madrugada del 5 apareció asesinado, en la carretera del Este cerca de Vicálvaro». Entre las personas sospechosas se citan: «Julián García de la Cruz, alias el Chiqui, Francisco Zambrano Gálvez, Mariano González Ruiz, el Pelás, Luciano García Uceda saqueó el domicilio del asesinado y el de la declarante, Segundo de Castro Bayo, detenido en Alcalá, Francisco Durán Tomé, también detenido en Alcalá, Rafael San Narciso Sancho (preso Alcalá), Agustín ReyTejeirá, mató al asesinado preso en Pastrana, Esteban Cantarero Pardo, preso también, Juan Álvarez Alvin, Mariano Méndez García, Manuel Atalayas Villegas denunció al asesinado, Julián Martínez Gómez, juzgó y mató, Miguel Calleja, Mariano Martín Agudo, Eugenio de la Iglesia y Ortega, Marcelo Hernández Sanz, todos ellos pertenecen al comité rojo de Vallecas, Francisco Zambrano y Mariano González juzgaron y mataron».

El 18 de octubre vuelve a golpear este grupo a la misma familia, según declara Cecilia Rodríguez Palacios (folio 302), al detener a su marido, José Albertos Martín, en nombre del «comité rojo de Vallecas» en Navas del Marqués (Ávila), donde este industrial de cuarenta y siete años se hallaba veraneando. Conducido a Vallecas, fue asesinado el día 22, «después de grandes sufrimientos», ya que «presentaba fractura del cráneo», y según la viuda, «todos los del comité rojo de la Villa Vallecas» que citó como asesinos de su padre «intervinieron en éste» y en particular «Mariano González Ruiz (Pelás) martirizó a la víctima».

La dependencia de este grupo y quizá de otros similares respecto al comité municipal es mencionada por Rafael San Narciso Sancho, que, como vimos, al negar su participación en la matanza del tren, reconocía haber cometido cinco asesinatos, dos con el Pelás y tres con Julián García, el Gorgonio, «por habérselo ordenado, bajo amenaza», Antonio Vijández (legajo 1504, expediente 2, folio 292). Esteban Cantarero y Luciano García, alias Toquilla, fueron acusados por Pilar Las Heras Gil (legajo 1505, expediente 2, folio 131) de ser «los verdaderos asesinos de su padre, D. Román Las Heras García, Teniente de la Guardia Civil». Sin embargo, como ya se vio, Emilio Díaz Hernández decía, al identificar a algunos participantes en la matanza del tren, que quien «sentenció a muerte» a este oficial fue Antonio Martínez Martínez, el Chepa, «jefe de las Milicias de las JSU en Vallecas».

En cuanto a Antonio Ariño Ramis, de quien ya sabemos que era agente de la Dirección General de Seguridad y de la Checa de Bellas Artes-Fomento, hay suficientes pruebas de que su actividad criminal no tenía fronteras, tampoco por el lugar donde arrojaba los cadáveres. Así, el 19 de septiembre detuvo en su domicilio de la calle Juan de Mena 5, en un coche y acompañado por siete milicianos, a María de los Santos Pérez-Ceniceros León, de sesenta y seis años, llevándola «a la Checa de Fomento, de donde desapareció según referencias de las sirvientas que le llevaban la comida, en la madrugada del 21», suponiendo su hermano Miguel que fue asesinada en Vallecas (legajo 1503, expediente 5, folio 42). Sin embargo, en el registro del cementerio vallecano no aparece por esas fechas ninguna mujer. Prueba de los escasos escrúpulos de este personaje es que el día 22 volvió a la misma casa y se llevó a una hermana de la recién asesinada, llamada María de los Ángeles, llevándola «a la Checa de Fomento, de donde la sacaron» el mismo día «para asesinarla a la Dehesa de la Villa», apareciendo el cadáver en el Depósito Judicial con «heridas en la cara producidas por arma de fuego», siempre según su hermano (legajo 1505, expediente 5, folio 236).

El 27 de septiembre, las «Milicias de Investigación» de Ariño detuvieron en la calle Princesa número 36 a Virgilio Benayas del Álamo (labrador de veintiocho años), a su hermano Indalecio (de treinta y cuatro), a sus suegros (Ángel Casares Martos, guardia civil de setenta y dos años; y a Concepción Reyes Cuéllar, de cincuenta y dos), a una hija de éstos (Enriqueta, farmacéutica de veintidós años) y a una nuera del matrimonio (Delfina Fernández de Madrid, de treinta y dos años), evacuados desde un pueblo de Toledo, Novés, cuyo comité los habría denunciado para su detención, debida también a «una criada llamada Saturnina» que «participó en el saqueo que a continuación se hizo». Los cadáveres, según Virtudes Casares Reyes, mujer de Virgilio Benayas, aparecieron unos en Vicálvaro y otros en Ventas; Defina Fernández «apareció amordazada». El mismo día, Ariño detuvo a un amigo de la familia, «José Cavas Corrales, juez, afiliado a Acción Popular, de veinticuatro años, con domicilio en Pérez Galdós 5» (legajo 1503, expediente 2, folios 76-79).

El cadáver de Casares apareció, según el registro del cementerio vallecano, el 28 de septiembre en el kilómetro 10 de la carretera, se le estimaron ochenta años de edad y «se le encontró tres facturas del Banco Popular de los Previsores del Porvenir en las que hace mención a Ángel Casares» y una nota escrita a máquina que decía: «Ángel Casares Marones, Fascista». El de su hija apareció el mismo día «en Carrantona», se le asignan dieciocho años de edad y «se le encontró un papel escrito a máquina que dice Enriqueta Casares Reyes, espía fascista». En el mismo lugar apareció el de su cuñada, con «un papel escrito a máquina que decía Delfina Hernández, espía fascista».

El 5 de octubre, Ariño, acompañado de «cuatro o cinco milicianos», detenía en su domicilio de Santa Isabel número 12 a Isidoro Ordóñez Reyero, estudiante de veintiún años afiliado al requeté, llevándolo «a la checa de Fomento», sin que se volviera a saber de él, según declaró su padre (legajo 1502, expediente 1, folio 180). Ese día, según el registro del cementerio vallecano, apareció en el km 7 de la carretera el cadáver de un hombre de veinticinco años al que «se le encontró un par de gemelos con adornos».

El último asesinato del Catalán y su banda sobre el cual existen datos aclara que un apodo que, en algún momento, se le adjudica era en realidad de su coche, y confirma la particular relación de Ariño con la Dirección General de Seguridad. José Calvache Gómez de Mercado (Walter), fotógrafo de cuarenta y cinco años, afiliado a Renovación Española, fue detenido por «Antonio Ariño al mando de otros cuatro» en «Alcalá 117» el 24 de octubre, siendo conducido «en un auto titulado el Trueno a la Checa de Fomento, de donde lo trasladaron a la Cárcel Modelo, pasando por Dirección de Seguridad; y de la Cárcel Modelo, a San Antón, de donde, el 26 de noviembre lo sacaron en unión de D. Pedro Muñoz Seca y otros muchos, sin que dejara rastro alguno». Su cadáver «se cree que estará enterrado entre Torrejón de Ardoz y Paracuellos». El fotógrafo habría sido denunciado por Policarpo Díaz, «que servía el vino a su casa» y dijo a la mujer de Walter «que no tenía que quedar ni un fascista, conociendo como conocía las ideas nuestras» (legajo 1502, expediente 2, folio 315).

Balance en el cementerio de Vallecas

El 22 de agosto de 1939, el alcalde y el secretario del Ayuntamiento de Vallecas firmaban la última de las 72 páginas en las que se fueron consignando los datos conocidos de las personas asesinadas durante la «dominación roja» en el municipio vallecano (Causa General, legajo 1508, expediente 3). No aparece ninguna de las víctimas del tren de Jaén, pero sí otras 515 (476 hombres y 39 mujeres) asesinadas entre el 21 de julio de 1936 y el 23 de octubre de 1937. Sólo quince de estos asesinatos fueron cometidos en 1937, y de ellos nueve en enero, cuatro en febrero, uno en marzo y el último en octubre. El 94 por ciento de ellos (483) se cometieron en las diecinueve semanas (133 días) comprendidas entre el 21 de julio y el 1 de diciembre de 1936, con un ritmo de 3,63 asesinatos al día, veinticinco a la semana y casi ciento nueve al mes.

La distribución a lo largo de esas semanas es la del gráfico siguiente:

Las semanas con mayor número de asesinatos se corresponden, a grandes rasgos, con los días más sangrientos: el 28 de septiembre (veinte asesinatos), los días 3 y 4 de octubre (doce y once asesinatos respectivamente) y, tras la disminución debida a que hubo una semana entera sin ninguno (11 al 17 de octubre, ambos inclusive), y de otras dos semanas donde hay que resaltar los trece asesinatos del 31 de octubre (que, sin embargo, no elevan la semana en que se incluyen por encima de la media), se alcanzan dos nuevos máximos semanales debidos a los catorce enterramientos del 7 de noviembre, y los dieciséis, veintidós y doce de los días 9, 10 y 11 del mismo mes de noviembre. Si la división por semanas, en vez de hacerse de martes a lunes (por ser martes el primer día del cómputo, 21 de julio), fuera de jueves a miércoles, la semana del 5 al 11 de noviembre registraría un récord de ochenta y seis asesinatos. Del mismo modo, contando las semanas de lunes a domingo, se registran setenta enterramientos entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

El segundo pico en cifras máximas de asesinatos parece tener cierta relación con las treinta y tres sacas de presos y las correspondientes matanzas de Paracuellos, que comenzaron el 7 de noviembre. En cierto sentido, sin embargo, precede y está al margen de esas sacas, ya que se registran cifras por encima de la media el 31 de octubre (trece enterramientos), y los días 5 y 6 de noviembre (ocho asesinatos cada día). Además, hubo sacas que terminaron en matanzas en Paracuellos los días 7, 8 y 9 de noviembre (salvo el 8, coinciden como hemos visto con altas cifras de enterramientos en Vallecas), pero no hubo más sacas hasta el 18 de noviembre, y en cambio en Vallecas se registró la cifra máxima diaria de asesinatos el 10 de noviembre, y una cifra elevada (doce) el día 11.

Los datos de fines de octubre y noviembre sugieren, por tanto, que los enterramientos de Vallecas no dependen de las sacas de Paracuellos, y que éstas no frenan los asesinatos. Una hipótesis es que ambos fenómenos tuvieran una fuente común. Esta hipótesis se comprueba con el hecho de que, quienes operaban en Vallecas, eran agentes de la Dirección General de Seguridad. Vallecas era el «matadero» donde traían sus víctimas algunas de las partidas de agentes de esta checa; entre los muertos de vez en cuando aparece un vallecano, pero la mayoría eran de fuera.

La edad de las personas asesinadas revela que los crímenes no tenían relación con la posible participación de los asesinados en la guerra. El bando franquista no llamó a filas al reemplazo de 1930 (veintiocho años) hasta mayo de 1937, y al de 1929 (veintinueve años) hasta septiembre. Éste no fue llamado en la zona republicana hasta marzo de 1938. Pues bien, sólo el 21 por ciento de los asesinados era menor de treinta años, y en cambio los mayores de cuarenta son más de la mitad (51 por ciento de las personas cuya edad se conoce o estima). Sólo para una tercera parte (ciento setenta y dos) de las quinientas quince personas asesinadas se registra su edad, mientras que para casi el 63 por ciento (trescientas veintitrés) se da una edad aproximada. La media de edad de los cuatrocientos setenta y seis varones (92,4 por ciento del total) y treinta y nueve mujeres (7,6 por ciento) asesinados supera los cuarenta y dos años para aquellos cuya edad se conoce, y los cuarenta y uno para aquellos en los que se hace una estimación.

La profesión de los asesinados aparece en casi un tercio de los casos (ciento sesenta y uno, 31,3 por ciento). La distribución porcentual es la siguiente:

Un somero vistazo nos sugiere que los asesinatos poco tienen que ver con la guerra, y sí con la criminalidad común: la profesión más representada es la de industrial o propietario. Deberían serlo las profesiones liberales, de las que he desgajado la de abogado. También habrían podido desgajarse de ellas siete ingenieros (seis, más un perito agrícola). Mientras que los asesinatos de militares y sacerdotes o religiosos, junto con los industriales y propietarios, satisfarían el tópico de la tríada asumida por el bando republicano como sus enemigos mortales (en este caso, mortales porque se les da muerte). Convendría destacar el resto de profesiones cuyas muertes resultan inexplicables dentro de ese tópico, y que constituyen poco más o menos la mitad del conjunto: estudiantes, abogados, jornaleros y labradores, funcionarios, empleados y dependientes, obreros (cinco de ellos de la imprenta) y jubilados (dos de éstos eran militares). La conclusión es que nadie estaba a salvo de la matanza. Si, como apuntaba al principio, el robo parece uno de los objetivos principales, quizá se entienda mejor la particular saña contra los abogados.

Hasta el 27 de noviembre de 1947, sólo las familias de cuatro de estas quinientas quince personas habían pedido la exhumación de los cadáveres, para inhumarlos en otro cementerio. Las exhumaciones fueron autorizadas y se realizaron, con éxito, los días 21 de enero y 10 de marzo de 1942 (Causa General, legajo 1536, expediente 8, folios 7 a 19).

III

RAZONES PARA CALLAR

Afines de mayo de 2010, el Ministerio de Cultura puso en marcha un Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo (http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal), que pretende ser una base de datos «sustentada en los documentos que reflejan el sufrimiento y la violación de los Derechos Humanos que padecieron nuestros compatriotas durante tan largo periodo. A ellas se han añadido las relativas a la presencia de refugiados españoles en los campos de concentración y exterminio nazis, a partir de fuentes extranjeras». No se han añadido, en cambio, documentos relativos a prisioneros de guerra españoles en campos de concentración soviéticos.

El portal promete centrar sus referencias «en quienes padecieron expresiones de violencia personal, represión, depuraciones, injusticias y agravios por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de otra índole, tanto de los que no eran afines al Movimiento Nacional, como de quienes tampoco lo eran con el gobierno republicano legalmente constituido». Como se ve, presupone que todas las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo —juntas y revueltas en ese portal— habían tomado partido contra uno de los bandos de la Guerra Civil, y de paso nos dicen quiénes eran los buenos, o, al menos, los «legalmente constituidos».

Sobre la represión en el bando republicano no ofrece ninguna explicación este portal, que sólo analiza la de los nacionales, dando a entender que de ella se va a extraer la documentación sobre las víctimas:

Hace setenta años la dictadura franquista vertebró su régimen represor mediante la promulgación de leyes especiales con un objetivo bien claro: continuar, ya durante la larga posguerra, la persecución de los contrarios o desafectos al Nuevo Estado, mediante incautaciones de bienes, sanciones económicas, reclusión, y si procedía, la eliminación física. La construcción jurídica de la represión política, que siguió a las eliminaciones selectivas e indiscriminadas de los primeros momentos de la sublevación, se materializó por parte de los vencedores en un entramado institucional especializado y coordinado, para castigar y doblegar a los denominados enemigos de España, como los Consejos de Guerra, la Ley de Depuración de Empleados Públicos, las Juntas de Incautación de Bienes, el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y, más cercano en el tiempo, el Tribunal de Orden Público. Todas las instituciones franquistas implicadas en la persecución política y social, en virtud de su minuciosidad, generaron una ingente masa de documentación, conservada en su mayoría.

En la nota de prensa con la que el Ministerio de Cultura presentaba el Portal de Víctimas, ya la identificación —o confusión— entre las de la Guerra Civil y la represión franquista era total, pues se anunciaba que: «El Ministerio de Cultura incorpora a su web un portal en memoria de las víctimas de la Guerra Civil» que constituía «un Memorial virtual que recoge datos de 750.000 personas que sufrieron directamente las consecuencias de la contienda». La nota fechada el 31 de mayo aseguraba que «el Portal nace con el propósito de hacer posible que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Para ello, junto a los nombres, se indican las referencias documentales».

Según la noticia que ese día publicaba en la web de El País Tereixa Constenla, el Memorial «rozará los cuatro millones cuando se vuelquen todas las referencias disponibles», y su base serían las «referencias de 800.000 personas que sufrieron alguna represalia» que conserva el Archivo de Alcalá de Henares, y los «3,5 millones de fichas» del Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca.

Ninguna de las víctimas de los trenes de Jaén se encuentra en ese Memorial. En cambio, sí se encuentran todos los que en la documentación son mencionados como autores, o siquiera sospechosos, de algún crimen; con algunas excepciones, como por ejemplo Julián Sevilla, el ejecutor del obispo de Jaén. Los que fueron víctimas dejan de serlo, y sus verdugos pasan a ser víctimas. Se da así la vuelta, por decreto, a la historia, en virtud de la corriente historiográfica llamada de la memoria histórica, que pretende recuperar el honor de los vencidos. Para algunos, eso obliga a olvidar a quienes no tuvieron tiempo para apuntarse a uno de los bandos, pero fueron perseguidos por los que a la postre perdieron la guerra. El que estas víctimas hayan sido honradas en algún momento parece una afronta comparativa, según da a entender Sánchez Tostado:

Menos de tres meses tardó el régimen franquista en perpetuar la memoria de sus caídos, pese a que muchos de ellos no cayeron en esta provincia. En cambio, tras casi setenta años de la conclusión de aquel drama, nadie se ha ocupado todavía de dignificar el fin último de las víctimas de la dictadura cuyos restos se hacinan en las fosas comunes del cementerio de San Eufrasio de Jaén.[18]

El itinerario de regreso de las víctimas de los trenes de la muerte pasó, según ese autor, por la constitución en Jaén de la «Unión Provincial de Caídos por Dios y por España», que se propuso exhumar a las víctimas de Vallecas. El 20 de julio de 1939, el cabildo catedralicio ofreció la cripta del Sagrario de la Catedral para enterrar a esos muertos, más los ciento treinta y dos fusilados en el cementerio de Mancha Real como represalia al bombardeo franquista de Jaén del 1 de mayo de 1937. El arquitecto municipal, José María López Rivera, comenzó en octubre las obras de adecuación de la cripta.

El 4 de octubre de 1939 se exhumaron en Vallecas los restos de las víctimas del tren de la muerte, con la presencia del alcalde de Jaén, Juan Pedro Gutiérrez Higueras, del teniente de alcalde Antonio Alcalá Venceslada, y de familiares de los difuntos. Además de los de ciento noventa y cuatro de los ciento noventa y seis asesinados del segundo tren —cabe suponer que faltaban el rematado y el que murió en un hospital—, se incluyeron los restos de los once fusilados del primer tren y los del general Leopoldo Saro, vinculado a la provincia de Jaén. A su salida de Madrid, y antes de embarcarlos en un tren, se tributaron honores a los cuarenta y dos féretros en una caravana que pasó por el Ayuntamiento y por la Plaza de Cibeles. Ese mismo día se exhumaron los restos de los ciento treinta y dos fusilados en Mancha Real en los primeros días de mayo de 1937, y se depositaron en veintisiete ataúdes para su traslado a Jaén. El 10 de marzo, el tren fue recibido en esa capital por el gobernador civil, Fernando Coca de la Piñera, el arzobispo de Granada —administrador apostólico de la diócesis jienense, a falta de obispo y de vicario general— y el cabildo catedralicio.

Preside la cripta donde fueron enterrados un Cristo tallado por Jacinto Higueras. Los restos del prelado descansan bajo una losa cuyo epitafio reza: «A la buena memoria del Excelentísimo y Reverendísimo señor Don Manuel Basulto y Jiménez obispo de Jaén que apresado en su casa por los marxistas encarcelado en su iglesia catedral y conducido a Madrid en un tren de presos antes de llegar a la capital postrándose de rodillas y bendiciendo a sus impíos ejecutores, fue inicuamente fusilado». Entre las pinturas, destaca un óleo de Rafael Hidalgo de Caviedes. En las paredes, ocho losas de mármol incluyen la «relación de los mártires inmolados por Dios y por España cuyos gloriosos restos yacen en esta cripta bajo el signo de la Santa Cruz trazada en el suelo». Siguen los nombres de trescientas veintiocho víctimas; la última, «un desconocido». Para cubrir las ochenta mil pesetas que supuso la obra, contribuyeron las autoridades provinciales, el Ayuntamiento (siete mil quinientas pesetas), la Junta Pro-Caídos y el obispado. Los familiares de los fallecidos colaboraron con cantidades entre cincuenta y doscientas pesetas.

La Lista de Sinde

El hecho de que ninguna víctima de los trenes de Jaén se encuentre en el Memorial no es un olvido que el Ministerio de Cultura, dirigido en e1 momento de publicarse esa Lista por María Ángeles González Sinde, parezca dispuesto a rectificar. En un artículo publicado en La Gaceta el 1 de junio de 2010 (páginas 33 y 35), advertí esta falta, y también que ninguno de los trece obispos asesinados en la zona republicana estaba en el Memorial. Esas advertencias no fueron tomadas en cuenta —los obispos siguen sin figurar en el Memorial—; en cambio, sí se debió tomar nota de otras, que hacían referencia a la presencia de terroristas en el Memorial. Y es que suponer que todos los procesados o mencionados en documentos franquistas como sospechosos son, en virtud de ello, honrados y honrables «para siempre», puede llevar a algunas contradicciones. Veamos en detalle los casos de los trece obispos que, en opinión del Ministerio de Cultura, no merecen llamarse víctimas de la guerra.

El primer obispo asesinado fue el de Sigüenza, Eustaquio Nieto Martín, en la noche del 26 al 27 de julio de 1936. En la Causa General, legajo 1547, expediente 1, se conserva una foto que al dorso lleva un sello de Albero y Segovia, Alcalá, 106, Madrid, y escrito a pluma lo siguiente: «Frailes, vestidos de paisanos autores del incendio del Palacio Episcopal, son sometidos a interrogatorio, por los salvadores del edificio». El expediente sobre persecución religiosa en Sigüenza (legajo 1070, expediente 4) muestra que la Causa General no identificó a los asesinos del obispo. En el folio 1 de dicho expediente se resume que en los cuarenta y ocho pueblos del partido de Sigüenza fueron asesinados veintitrés sacerdotes y cinco religiosos, y se evalúan las destrucciones de bienes eclesiásticos en 10.128.780 pesetas. En el folio 203 se relata el asesinato del obispo:

Le hicieron salir a viva fuerza de su Palacio Episcopal el día 25 de dicho mes y gritándole y amenazándole, formándole una especie de juicio público en el sitio denominado Puerta de Guadalajara, volviéndole a llevar nuevamente a su Palacio. El día 26 siguiente, a las cuatro y treinta de la mañana, los marxistas fueron al Seminario presentándose en su alcoba donde dicho Sr. Obispo dormía, con propósito de sacarle a viva fuerza, dirigiéndole improperios y acusándole de actos injustos e injuriándole amenazándole con hacer un segundo registro. Después de hacerle levantar, lo hicieron también con otro religioso del Seminario, mientras otros rojos cargaban en un camión todos los objetos que les pareció. A las once de este día, prendieron fuego a una habitación del Palacio culpando al Sr. Obispo como autor del incendio, lo que dio lugar a que las turbas marxistas efectuaran un simulacro de fusilamiento con el Sr. Obispo y demás religiosos haciendo unas fotografías que según informes publicaron en el periódico «Mundo Obrero». El día 27 del mismo mes, las hordas rojas sacaron de Palacio al citado Sr. Obispo en un coche de turismo, conduciéndole a un lugar entre Estriégana y Alcolea del Pinar de esta provincia en cuyo lugar fue encontrado su cadáver carbonizado en una cuneta de la carretera.

En el folio 215, el informe se limita a suponer que los asesinos eran forasteros. Hasta hoy circulan versiones según las cuales al obispo lo tiraron del coche en marcha, antes de fusilarlo. ¿Cómo puede haberse sabido eso, si no lo contó alguno de los tripulantes del coche? A pesar de tantos indicios de premeditación —hasta el burdo truco del incendio con tal de asirse a algo donde acusarle—, se obvian las preguntas importantes y se da por válida la versión de los «anarquistas incontrolados» como autores, invocada en este caso por Jaime Despree.

Toda vez que el obispo no está, queda echar un vistazo a la Lista de Sinde para ver si aparecen en ella los cabecillas de las columnas de la CNT y POUM que tomaron Sigüenza. El jefe máximo, Jesús Martínez de Aragón, no aparece porque murió en 1937: un indicio de que el Ministerio de Cultura se ha limitado a transcribir los nombres de la gente procesada en la posguerra. Sí aparece, con el número de identificación de persona 441240, Cipriano Mera, en honra del cual hay que decir que trató de evitar el fusilamiento del obispo, en uno de los primeros intentos (seguramente el del juicio). Igualmente aparece otro de los cabecillas anarquistas, Feliciano Benito Anaya.

El segundo obispo víctima de la revolución de 1936 fue el de Lérida, Salvio Huix Miralpeix, asesinado junto con otras veinte personas en la madrugada del 5 de agosto. No aparece en el Memorial, y no porque su nombre como víctima no aparezca en el grueso expediente (primero del legajo 1471, con 952 folios) que la Causa General dedica a la persecución religiosa en Lérida. En la ciudad del Segre coordinaron la revolución dos comités del POUM, dirigidos por Juan Farré Gasso y José Rodes Bley. El segundo cuenta como nueve víctimas, ya que tiene esas entradas en la Lista de Sinde, con número de identificación personal distinto: 372268, 492355, 383093, 372235, 372261, 372255, 194077, 372373 y 371054.

El tercer obispo que falta en la Lista de Sinde es el de Cuenca, Cruz Laplana y Laguna, asesinado el 7 de agosto de 1936. La honra «para siempre», que el Ministerio de Cultura exige tributar a las víctimas, corresponde al gobernador civil, Antonio Sánchez Garrido, pero no en cambio al alcalde socialista de Cuenca, Antonio Torrero González, que había llorado la muerte del obispo, y presentado al gobernador su dimisión en protesta por el asesinato. Por si fuera poco, declaró que nada que sirviera para inculpar al obispo pudo hallarse. La Causa General muestra la escasa colaboración de la Iglesia en la persecución de los culpables, ya que no se molestan en indagar nada sobre los ejecutores. El expediente (9 del legajo 675) sobre persecución religiosa en Cuenca no tiene más que treinta y dos páginas, de las que si descontamos los oficios pidiendo información prácticamente no queda nada. Pero aún ese poco tiene su interés, por ejemplo el folio 27, que deja claro que hubo pucherazo en la segunda vuelta de las elecciones de 1936, a cargo del hoy honorable gobernador civil, y por cierto que con el probable concurso de algunos de los que después se distinguirían matando a los rehenes de los trenes de Jaén:

La revolución es preparada por el marxismo desde el Gobierno Civil, al ser designado D. Antonio Sánchez Carrillo, en 27 de febrero de 1936, Gobernador de Cuenca, se lleva como colaboradores para facilitar el triunfo del Frente Popular en la segunda vuelta de las elecciones, a un grupo de pistoleros reclutados en la barriada de Vallecas (Madrid), repartiendo armas de las que había depositadas en el Gobierno Civil, entre los elementos marxistas de su confianza […]. Poco antes de iniciado el Glorioso Movimiento Nacional sustituye a todas las Autoridades locales, el referido Gobernador, por Delegados de su autoridad de extrema izquierda y empiezan las incautaciones, entre otras de un millón de pesetas, pertenecientes al limo. Sr. Obispo de Cuenca.

El 15 de abril de 1943, un agente de policía llamado Miguel HerciUa Urdániz aseguraba (legajo 1530, expediente 7, folio 250) que Rosendo Hernández Tanda (a cuya participación en la matanza del tren se refería el informe de cinco vecinos del Puente de Vallecas) «parece ser que tomó parte en los fusilamientos del tren de Jaén usando balas dum-dum según cuenta José Ripoll Campi, asegurando otros que se refiere al Goyo-también, después de cobrar determinada cantidad mató al Secretario y al Obispo de Cuenca en aquella Ciudad».

El cuarto obispo asesinado es el de Barbastro, Florentino Asensio Barroso, a quien mataron el 9 de agosto de 1936. Las matanzas en Barbastro fueron organizadas por el comité revolucionario local, y en ocasiones (caso del obispo) como forma de honrar la presencia en la localidad de Buenaventura Durruti. Aunque, por haber muerto en la guerra, no puede ser víctima de la represión franquista, Durruti sí aparece en el Memorial de víctimas, con el 468638 como número de identificación personal y la referencia al legajo 1409, expediente 1, folio 598, lugar en el que supuestamente se explica qué clase de «injusticias y agravios» sufrió, precisamente en Barbastro, «por motivos políticos, ideológicos o religiosos». Pero en ese folio no se habla —lógicamente— de ningún apuro sufrido por Durruti, sino de que a partir de la llegada a Barbastro de «las columnas marxistas procedentes de Cataluña que capitaneaban Trueba y Del Barrio, dirigidas por Buenaventura Durruti, se fueron perdiendo todos los objetos artísticos».

En el folio 575 del mismo expediente se da cuenta de que en la detención del obispo intervino Juan Camps Loriz (que aparece con identidad triplicada en la Lista de Sinde: 468296, 467565 y 468564), de que el carcelero Andrés Soler Puente «enumeraba a su capricho» los prisioneros a quienes tocaba asesinar cuando le presentaban un «vale» para llevarse «un determinado número de detenidos» (hoy también merece honra «para siempre» por triplicado, bajo los números de identificación personal 467800, 468295 y 468426). Antes de asesinar al obispo, un tal Santiago Ferrando Torrente preguntó a otro llamado Alfonso Gaya Gracia: «¿No tenías ganas de comer cojones de Obispo?», tras de lo cual el segundo castró con una navaja a monseñor Asensio. Esta hazaña ha implicado que Ferrando, alias el Rubio de Codina, jefe del comité revolucionario local, esté en el Memorial nueve veces, con los números 468445, 80061, 468297, 468570, 468395, 467520, 467648, 468489, 468318. Gaya, en cambio, sólo está con cinco números de identidad diferentes.

El quinto obispo asesinado fue el de Segorbe, Miguel Serra Sucarrats, el mismo día 9 de agosto. En la Causa General (legajo 1406, expediente 6, folio 6) se dice que no se sabe quiénes lo mataron exactamente, pero se sabe el nombre de la columna y de la partida (La Desesperada) que lo asesinó, probablemente en represalia por la muerte del diputado de Izquierda Republicana que organizó esa columna, Francisco Casas Salas, que tiene doce fichas de identidad personal distintas en el Memorial de víctimas.

El sexto prelado víctima de la revolución de 1936 fue Manuel Borrás Ferré, obispo auxiliar de Tarragona, de cuyo asesinato, cometido el 12 de agosto de 1936, se consideran sospechosos, en el legajo 1457, expediente 8, folio 12, de la Causa General, a «los vecinos de Montblanch Serapio Vendrell Caballé, Francisco Pino Tarrago y Ramón Gayajové». El último de ellos aparece con dos números de identidad distintos en la Lista de Sinde: 93984 y 93995; Pino tiene tres entradas (93983, 93966 y 93992) y Vendrell está por duplicado (93982, 93962).

Respecto al séptimo obispo, que es el de Jaén, citaré los números de identidad personal adjudicados en el Memorial de víctimas a algunos de los personajes claves de este drama:Alejandro Peris Caruana (721315), José López Quero (veintidós entradas), Antonio Ariño Ramis (ocho identidades), Marcelo Hernández Sáez (652279, 441848, 652280, 652281 y 441834), Manuel Fernández Cortinas (442206 y 436653) Julián García de la Cruz (436837), Francisco Zambrano Gálvez (436838), etc.

En el caso del octavo prelado víctima de la revolución de 1936, el de Ciudad Real, Narciso de Esténaga y Echevarría, no se identifica a quiénes lo mataron el 22 de agosto. El gobernador civil, Germán Vidal Barreiro, que trató de garantizar la vida del obispo (aconsejándose que se marchara), tampoco aparece en el Memorial de víctimas.

Los puestos noveno y décimo entre los obispos asesinados corresponden a los de Almería y Guadix, ejecutados juntos a fines de agosto. En las páginas 20 a 23 de la pieza sobre persecución religiosa en la provincia de Almería de la Causa General (legajo 1164, expediente 2) se conserva un escueto relato del martirio de Diego Ventaja Milán y Manuel Medina Olmos, que fueron conducidos por las calles y obligados a repartir comida en su barco prisión para que la gente hiciera burla de ellos; lo mismo en el acorazado Jaime I para que los soldados se burlaran de ellos, y finalmente fueron arrojados por un barranco y quemados sus cadáveres hasta no poder ser identificados. Como en otros casos, sus asesinos no fueron identificados.

El undécimo puesto entre los prelados víctimas de la revolución corresponde a Juan de Dios Ponce y Pozo, administrador apostólico de Orihuela, asesinado junto con otras nueve personas en la madrugada del 1 de diciembre de 1936. Ni él está en el Memorial, ni se investigó el nombre de quienes lo mataron.

El duodécimo obispo asesinado fue el de Barcelona, Manuel Irurita Almandoz, que fue fusilado en la madrugada del 4 de diciembre de 1936 en Monteada i Reixach. El no aparece en el Memorial de Víctimas, pero curiosamente sí su hermana Regina, porque era maestra, y después de la guerra fue, como todos los funcionarios de educación, sometida a proceso de depuración, motivo por el cual, con la lógica del Ministerio de Cultura, se convierte en opositora al «Movimiento Nacional», del que supuestamente es víctima. Para saber si también lo son los responsables del asesinato de Irurita, puede echarse mano del diario de José Serra, pistolero de la FAI, que en la cúpula de mando de los asesinos señala a Aurelio Fernández Sánchez, jefe del Comité Central de Patrullas y secretario de la Junta de Seguridad Interior, y a Dionisio Eróles, jefe de la Comisaría General de Orden Público. El primero tiene más de veinte identidades en la Lista de Sinde, y Eróles tiene once, aunque no fue víctima del franquismo sí, como se supone, fue ejecutado en Andorra o, según otros, por una partida de anarquistas.

El último de los trece obispos asesinados fue el de Teruel, Anselmo Polanco Fontecha, fusilado el 7 de febrero de 1939 en Pont de Molins (Gerona). En la documentación de la Causa General sobre Pont de Molins (legajo 1433, expediente 13, folio 27), no aparecen nombres de los asesinos, y sólo se dice que la custodia y presumiblemente el asesinato de los prisioneros (entre ellos bastantes soldados italianos, y militares capturados en Teruel) correspondió a la «Brigada Líster». El creador de la Brigada, Enrique Líster Foiján, aparece en el Memorial con doce números de identificación distintos.

Las víctimas de la revolución podrían faltar en la Lista de Sinde por simple descuido. De igual modo, podría serlo que muchas personas tengan varios números de identificación, es decir, que cuenten como varias víctimas. Con el tiempo, puede que se reconozca que existe diferencia entre ser víctima por haber perdido la vida, por recibir una condena injusta, por ser citado como sospechoso o por haber sido sometido a un proceso como la depuración. El hecho de que ser hermana de un obispo mártir no sirviera a Regina Irurita para librarse de tal proceso, indica que no era arbitrario o discriminatorio de por sí, ni implicaba excesivo sufrimiento para quienes no se consideraban contrarios al «Movimiento» como presupone Cultura para todas las víctimas. Por el mismo motivo se encuentra en la Lista de Sinde uno de mis abuelos, cuyo número en el primer escalafón de maestros era el 18.175, y para el que, con fecha 1 de marzo de 1940, la Comisión Superior Dictaminadora pedía al Ministro de Educación la «confirmación en su cargo», pues la comisión depuradora provincial no presentó ningún cargo, basándose en los elogios que del maestro hacían los tres informadores consultados conforme a la ley. El mismo ministro responsable de estas depuraciones, José Ibáñez Martín, figura con un par de entradas en la Lista.

Lo que no es causalidad es que, sistemáticamente, se convierta en víctimas a todos aquellos que son considerados desde un punto de vista negativo —al menos en apariencia, e independientemente de que hayan sido realmente juzgados o represaliados; es decir, que simplemente fueron fichados— por las autoridades del régimen de Franco. Esto es una consecuencia de la Ley de Memoria Histórica, que convierte, automáticamente, en sufrimiento meritorio el haber sido sometido a cualquier proceso, aunque fuera administrativo, en el que se incluyeran criterios políticos. La depuración, la acusación o la condena quedan anuladas, y además la persona dignificada con el título de víctima de abusos contra los derechos humanos.

La Ley de Memoria Histórica (52/2007, de 26 de diciembre) se propuso reconocer y ampliar «derechos» y establecer «medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». Asimila así dos periodos históricos —guerra y dictadura—, tanto en su origen como en sus consecuencias, de modo que los . perseguidos por el franquismo estarían sufriendo directamente las consecuencias de la guerra.

De paso, la Ley de Memoria Histórica impone una interpretación de la guerra como si tuviera como única causa el golpe militar, ordena «evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» (preámbulo) y a modo de reparación «declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura» (art. 2).

Esta ley puede haber prestado una laudable ayuda a quienes se interesan por la suerte de las personas represaliadas en el bando nacional o en la posguerra. Siguiendo la línea de decisiones anteriores que otorgaban la nacionalidad española a los brigadistas internacionales, ahora se otorga a los descendientes de los catalogados como víctimas. Hasta el 31 de marzo de 2011, de un total de 321.623 solicitudes de nacionalidad presentadas acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica, se aprobaron 187.076 y se expidieron 125.609 pasaportes. 120.000 de estas concesiones corresponden a países iberoamericanos. Esto ha hecho aumentar, en un solo año, el número de españoles en el exterior en un 8,2 por ciento.

Se trata, en todos los casos, de medidas más o menos oportunas, pero que pudieron haberse tomado sin necesidad de que los políticos se inmiscuyeran en la interpretación de la historia, imponiendo una visión particular, al descalificar a uno de los bandos de la guerra, el que a la postre resultó triunfador. Desde este punto de vista, la Ley de Memoria Histórica se adhiere a teorías sobre la memoria colectiva de pensadores como Friedrich Nietzsche y, particularmente, del marxista Walter Benjamín, cuyo interés estriba en la recuperación del honor y dignidad de los «sin nombre», es decir, los «perdedores» en determinados procesos históricos.

En el caso español, el legislador ha optado por condenar en bloque las acciones del bando ganador, imponiéndose el deber de reparar las injusticias que, durante la guerra o después, se cometieron contra los vencidos. En el caso de la Lista de Sinde, se llega al absurdo de convertir los delitos en méritos. La nulidad de todos los actos jurídicos del franquismo en los que hubiera mezcla de intencionalidad política es algo que ha confirmado el Tribunal Supremo, al resolver sobre el caso de la condena a muerte del poeta comunista Miguel Hernández, el 16 de febrero de 2011.

La Sala Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo declaró «no vigente» la sentencia, argumentando que la Ley de Memoria Histórica la habría declarado como «radicalmente injusta» e ilegítima. La sala aceptó la tesis del fiscal Fernando Herrero-Tejedor, para quien no hace falta revisar una a una las condenas de los consejos de guerra, sino que todas ellas serían nulas o, mejor dicho, no vigentes:

La Sala ha Acordado denegar la interposición del Recurso por inexistencia de los presupuestos del mismo, pues según lo dispuesto en la LO. 52/2007, conocida como «de Memoria Histórica», dicha condena producida por motivos políticos e ideológicos ha sido reconocida por expresada Ley como radicalmente injusta, y declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia jurídica.

En el texto del auto, los jueces del Supremo por un instante parecen reconocer que existe algo llamado justicia. Es en el razonamiento jurídico 3:

Todos estos elementos evidencian que la referida Sentencia es un caso paradigmático de aquellos a los que deben serle aplicadas las prescripciones contenidas en los artículos 2o y 3o de (la) Ley 52/2007. Concurre el presupuesto procesal (fue dictada por un Consejo de Guerra), el presupuesto temporal (se dictó en la Dictadura, en un momento inmediatamente posterior a la Guerra Civil) y el presupuesto material (son patentes las razones políticas e ideológicas de la condena).

Pero en el razonamiento 4, se deja ver que todo lo anterior sólo sirve para determinar que esta sentencia es una de las afectadas por la Ley de Memoria Histórica, y que su nulidad no deriva de la injusticia ese presupuesto material citado, sino de que el legislador ha anulado todos los consejos de guerra del franquismo:

La Sentencia […] en cuanto dictada por un Consejo de Guerra ilegítimo por ser contrario a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio, es radicalmente injusta, ilegítima por vicios de forma y de fondo y carente de toda vigencia jurídica, siendo éste el pronunciamiento que debe realizar la Sala.

En el razonamiento quinto los magistrados repiten hasta la saciedad el argumento: todas las sentencias de los consejos de guerra son contrarias a derecho por provenir de un tribunal politizado. De un plumazo, se declara ilegítima la justicia ejercida durante cuarenta años de historia. Y se hace a petición de un fiscal hijo de un ministro de Franco. Si la Ley no establece matices en su condena de la dictadura, tan politizados estaban los consejos de guerra como el Tribunal de Orden Público, como cualquier funcionario —también el padre del fiscal, a quien obrando en consecuencia, algunos promotores de la Memoria Histórica quieren quitar la calle que le dedicó Palencia— del franquismo, porque todos juraron los principios políticos del Movimiento. Con esa interpretación de la Ley, hasta el nombramiento como príncipe y rey de nuestro monarca es inválido; y también lo serían las leyes de Reforma Política de 1976, la de Amnistía de 1977, etc.

Las repercusiones que esta Ley, y en concreto la sentencia del Supremo, pueden tener sobre la interpretación de la historia, fue un tema sobre el que le pregunté a Stanley Payne el 8 de febrero de 2011:

P. La Ley de Memoria Histórica pretende rehabilitar a las personas que «defendieron la legalidad institucional anterior» a Franco…

R. ¿Y quiénes eran? No, ciertamente, los revolucionarios.

P. Se pretende reducir la Guerra Civil a un golpe de Estado.

R. Claro, es un intento de presentar una cierta visión de la historia, que no es la función de un gobierno democrático, que debería dejar la historia en manos de los historiadores y no tratar de promover a través de una ley parlamentaria una interpretación de la historia. No es la primera ocasión en que un gobierno democrático ha tratado de hacer alguna cosa de esta

clase.

P. Invocan el precedente de las leyes contra los que niegan el Holocausto.

R. A eso me refería. Las intenciones siempre son buenas, pero los resultados muchas veces muy nocivos. En Estados Unidos la Primera Enmienda a la Constitución dice que no se pueden aprobar leyes que limiten la libertad de expresión. Pero es verdad que ha pasado en otros países.

P. ¿En cuáles?

R. En Francia, en Alemania, en cuanto al Holocausto, a ciertas interpretaciones de la historia, para las que no hay libertad. Son campos muy restringidos. No se debe negar el Holocausto, pero debe haber libertad para hacerlo si se quiere.

P. ¿La Ley de Memoria Histórica es diferente, porque está deslegitimizando a todo un periodo, a un régimen?

R. Claro, con la misma intención política, pero va a más, porque afecta a gran parte de la historia del propio país. En el caso de estas leyes sobre el Holocausto, están tratando de algo que es muy específico. Pero la Guerra Civil española es algo enormemente complicado, con mucha controversia, muchas ambigüedades y muchas contradicciones. Verdaderamente es indeseable que un gobierno democrático trate de imponer una interpretación.

P. Si el Tribunal Supremo declara ilegítimas todas las condenas emitidas por consejos de guerra, aunque los condenados fueran asesinos en masa, ¿habrá que indemnizarles por esa condena?

R. Exactamente, es la consecuencia de este procedimiento. Esos tribunales condenaban no solamente a los objetivamente criminales, sino también por motivos políticos. Así que se creó una situación muy complicada y casi imposible de desenmarañar.

En España, los jueces han optado por resolver la maraña como Alejandro Magno el nudo gordiano. Con la misma radicalidad con que la Ley de Memoria Histórica pretende sustituir la historia por una fábula de buenos y malos. Ninguno de los bandos de la Guerra Civil pretendía respetar la democracia y el hecho de que quienes ganaron las elecciones traspasaran el poder de forma voluntaria a uno de esos bandos decididamente partidarios del uso de la violencia, no convierte automáticamente a este bando en defensor de los derechos humanos. Sobre todo si éstos habían sido conculcados sistemáticamente por el gobierno cesante el 18 de julio de 1936. La situación, por tanto, es más complicada que una fábula para niños y, al pretender sustituir la historia por una milonga histórica, los políticos españoles han hecho un flaco favor a la convivencia entre sus ciudadanos.

Al margen de estas consideraciones genéricas, cabe preguntarse si existen motivos para el olvido que afecten particularmente al tren de Jaén. Los primeros afectan al lugar donde se perpetraron las matanzas.

El tren «ha sido la perdición para Vallecas»

En Vallecas, la memoria de lo sucedido con el tren de Jaén parece totalmente perdida, incluso en la comunidad católica. Tratando de buscar testigos, me acerqué en la segunda mitad de 2010 a la parroquia de San Ramón Nonato, del Puente de Vallecas. El párroco me habló de que precisamente acababan de editar un libro con motivo del centenario del templo. En ese libro aparecían referencias a algunos de los asesinatos cometidos por motivos religiosos en la localidad, pero el asunto de los trenes de la muerte ni aparecía, ni el sacerdote había oído jamás hablar de ellos. Tras preguntar en la parroquia del Pozo del Tío Raimundo, la más cercana al lugar de los hechos, sobre testigos o posibles referencias de los sucesos ocurridos, recibí como respuesta del párroco, el 13 de octubre, que «no he encontrado ninguno. En aquella época había poco más de media docena de casas en todo el territorio. El poblamiento se hizo bien entrados los años cuarenta».

Más allá de la ignorancia o la indiferencia, el colmo del desprecio hacia la historia lo encontré en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuando les pedí acceder al terreno de la casilla doble con el fin de obtener alguna evidencia que confirmara mis suposiciones sobre cuál fue el lugar de la matanza. Inicialmente, alguien (las respuestas siempre fueron anónimas) de la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas afirmó (en un mensaje enviado el 22 de marzo de 2011) que «según la legislación vigente (Ley 10/1998, de 9 julio 1998), la realización de prospecciones arqueológicas, como la que pretendes llevar a cabo, requiere de un permiso específico de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid». Mi respuesta fue que ese lugar no era un yacimiento, por no tener cien años de antigüedad los restos que pudieran hallarse, y que no pretendía hacer un estudio arqueológico, sino una cata para obtener, en su caso, algún indicio, por ejemplo una bala o un casquillo, que sirviera para identificar el lugar de aquellos fusilamientos. El 11 de abril me comunicaban «las consideraciones relativas a su solicitud efectuadas por nuestros servicios de asesoría jurídica», ante las cuales desistí de hacerles entrar en razón, ya que según ellos:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, que hayan sido o no extraídos, tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, por lo que, en este sentido, se considera que, las balas del fusilamiento al que el interesado hace referencia, tendrían la consideración de bienes muebles históricos.

Para sondear otras vías, el 13 de mayo de 2010, visité a Josefa Vijández, hija del que había sido teniente de alcalde de Vallecas. De su padre me dijo que había nacido en Vallecas hacia 1898, de padre gallego, y que fue primero jornalero y luego trabajó en una fundición en la fábrica de yesos. Con su mujer, que era de Colmenar de Oreja y llegó a Vallecas con doce años, tuvo siete hijos, de los que tres llegaron a edad adulta. En 1939, el día que murió Antonio Vijández, su hijo menor cumplía cinco años;Josefa tenía nueve y el hijo mayor, Tomás, diecinueve. Sobre sus ideas dice Josefa que «ante todo era socialista republicano. No quería las injusticias. Estuvo preso en el 33 o el 34, por lo que he oído a mi madre, porque le pillaron en una manifestación. Ni murió por ladrón, ni por asesino, ni por nada de eso. Por sus ideas sí»:

Los nacionales entraron aquí el 28 de marzo de 1939. Pues el 3 de abril encontraron a mi padre muerto en las tapias del cementerio. Nos dijeron que se había matado, pero arma no se encontró ninguna donde él estaba. La partida de defunción pone muerto por shock traumático. Me dijeron: señora, aunque le hubieran metido cuarenta tiros, no lo pondría. Es lo único que sabemos. Así que nosotros tenemos esa duda, no sabemos. Lo que sí le puedo decir, que con lo que hicieron después le habrían matado, le habrían triturado, torturado, como han hecho con otros muchos amigos suyos. Nos dejó a la buena ventura, sin cinco céntimos, sin nada de nada. Mi madre trabajando como una negra para sacarnos adelante.

A la pregunta sobre si tuvo problemas después de la guerra, aseguró Josefa:

Muchos, sí señor, nos hicieron la vida imposible todo lo que pudieron. Como no salimos de aquí, pues aquí nos las dieron todas. No podíamos salir, ¿adonde íbamos a ir, si no teníamos dónde caernos muertos?

Y respecto a cuándo se normalizó la vida apuntaba que «en el 50 o así, que yo ya me puse a servir, me fui de Vallecas, porque aquí lo que había era ir a espigar, ir a coger yerbas y llevarlas a vender que íbamos al Puente de Vallecas y cosas así». Al preguntarle si en la guerra mataban a mucha gente en Vallecas, comentó Josefa:

No sé, de Vallecas siempre he oído decir que faltaba poca gente que viviera aquí en Vallecas.

Y fue al hablar de la gente que mataban de fuera, cuando mencioné el tren:

Echaron la culpa a Vallecas y no tuvo la culpa Vallecas. El tren pasó y en Santa Catalina lo pararon e hicieron lo que fuera, que mataron a gente. Yo sé que aquí en Vallecas no los mataron. No debió verlo mucha gente, decía mi madre: «Dichoso tren, echan la culpa a Vallecas y Vallecas no tuvo nada que ver». Yo ni lo he visto ni he estado.

De su hermano mayor, Tomás, que tenía diecinueve años cuando terminó la guerra y murió de enfermedad en la cárcel de Porlier en 1942, dice Josefa que «le echaron culpa, dijeron que se había puesto los zapatos de un obispo».

Lo más parecido a un testigo presencial lo encontré precisamente en el cementerio de Vallecas, adonde acudí el 5 de mayo de 2011 para identificar el lugar donde estuvieron las fosas del tren de la muerte, y fotografiar algunas tumbas. De las tumbas de los asesinados sólo queda la de Juan Pérez San Millán y Miguel, marqués de Benicarló, exsenador, cuyo cadáver apareció el 30 de septiembre de 1936 en el kilómetro 1 de la carretera. El actual encargado del cementerio no tenía idea de dónde haya ido a parar el resto de tumbas, y comprobó en concreto que dos de las que aparecían con nombre y demás detalles en el registro de 1939, ya no aparecen: Rafael Arranz Martín, sacerdote de veinticinco años, párroco del Cerro de los Ángeles (Getafe), cuyo cadáver apareció el 18 de agosto de 1936 sin indicar lugar. Lorenzo Cosme Martín, religioso de ochenta años, del convento de dominicos de Ocaña, Toledo, cuyo cadáver apareció el 12 de agosto de 1936 (misma fecha de la matanza del tren) en el kilómetro 10 de la carretera.

La entrevista con el señor que encontré en el cementerio me confirmó que todos en Vallecas supieron de la matanza del tren, aunque en su caso dice que no la presenció (sin embargo, sabe perfectamente dónde ocurrió el suceso). Indirectamente, muestra otro aspecto importante de la revolución de 1936: que la elección de los lugares donde las brigadillas de las checas tiraban los cadáveres no era casual. En Vallecas se enterró a quinientas quince personas en medio año, y este vallecano, que lógicamente no se acercaba por las noches al cementerio, ha vivido toda su vida sin saberlo, y cree que el apodo de la Rusia chica es una maldición derivada exclusivamente del tren. El hecho de que este anciano de ochenta y un años no me quisiera decir ni su nombre de pila también dice algo sobre cómo se ha borrado este asunto de la memoria colectiva vallecana:

P. ¿Usted se enteró ese día de que se produjo la matanza?

R. Claro, ese día nos enteramos todo el pueblo. Cómo no nos íbamos a enterar, si estaba todo el pueblo revolucionado, y todo el mundo allí haciendo hoyos, todos los obreros que había.

P. ¿Los enterraron en la parte derecha?

R. Ahí abajo, según baja usted lo que es en la carretera grande, ahí a la derecha, que hay como una caseta a la parte de allá, toda esa zona fue donde los enterraron.

P. ¿Y el resto de personas asesinadas, aparte de los del tren?

R. Esos los enterraban cada uno donde le pillaba, había gente que la mataban por los pueblos y se quedaban allí, lo que pasa que luego los han traído, cuando se terminó la guerra.

P. Yo me refiero al revés, gente de Madrid que los mataban aquí.

R. No, aquí no vino más que el tren de Jaén, eso fue la perdición de Vallecas. Por eso la llamaban la Rusia chica. Podían haber dado por el culo al alcalde por haber dejado el tren aquí. Ese tren venía echado de todos los pueblo para acá. Ningún alcalde lo quería, y éste llegó y accedió.

P. ¿Fue en el Pozo del Tío Raimundo?

R. Sí, en la curva de Villaverde.

P. La carretera de Villaverde, donde cruza con la vía.

R. Donde hay un puentecillo.

P. La casilla doble, donde está ahora Mercamadrid.

R. Sí, ahí vino.

P. ¿Hacia el sur o hacia el norte de ese cruce?

R. Eso ya no lo sé porque yo lo sentí pero no vi nada de eso, sentí que había lo del tren, como luego [cuando], en el año 1940, se lo llevaron a Jaén. Daba la circunstancia que yo, por la leche de la guerra, tengo un ojo perdido y estaba en esa época donde está el Museo Reina Sofía, eso era el Hospital General de la provincia de Madrid, por cierto que desde las terrazas se veía que pasaban los coches fúnebres. Lo que sí puedo decir es que eso fue una pena, que a nosotros nos echaron una culpa que no teníamos. Y ha sido la perdición para Vallecas, siempre, eso de llegar y decir que eres de Vallecas, parece que llevabas la peste entera.

P. Después de la guerra la gente no quería hablar de esto.

R. Después de la guerra sí se habló, porque cada uno reclamó sus muertos donde los tenía, y dónde los habían matado y todas esas cosas, con que están dando todavía cabriolas que si descubrirlos, que si no descubrirlos, y han pasado sesenta años ya [por 75].

Revolución y silencio en Jaén. El informe Ramos

El 16 de septiembre de 2010, en mi segunda larga conversación con Leocadio Moreno Páez, único superviviente del segundo tren que parece seguir vivo, me explicó que «yo de esto en serio he hablado, no ha llegado a cinco veces, hombre, en conversaciones familiares algunas veces algún relato. No a mis padres, nada de eso, porque mis padres bastante preocupados estaban por la recuperación del hijo y la reunión de la familia, porque ellos estuvieron presos durante toda la guerra». Para él, la responsabilidad principal del silencio sobre lo sucedido en la zona republicana recae sobre los maestros de escuela:

En primer lugar, de los pueblos de España se apoderó una clase que ha sido muy típica en el panorama socio-político-económico. Los maestros de escuela han tenido una gran facilidad, aparte de eso porque tenían mayor preparación, y casi todos, como era una carrera modesta, no eran hijos de buenas familias, de buena posición económica, sino que eran estudiadas por hijos de aldeanos, por algunos que habían sido pastores y habían aprendido las primeras letras. Cuando vino la República, pareció que todos los maestros de escuela eran republicanos y que tuvieron cargos, pocos había relativamente de derechas a no ser los profesionales que trabajaban en órdenes religiosas. Ser maestro era una forma de hacer carrera política. En casi todos los pueblos aparecen muchos maestros de escuela como concejales, es decir, se saben adaptar al medio. Los maestros se habían largado a sus pueblos de referencia, donde los conocían, y luego al volver a sus destinos no les interesaba hablar, había mucho que [ocultar], si quieres pequeñas cosas, es decir, la colaboración. Muchos habían trabajado en zona roja, en puestecillos de responsabilidad, pero que a lo mejor habían hecho cualquier barrabasada, de pegarle fuego a un confesonario con el cura dentro, o cosas así por ese estilo, pero los maestros… termina la guerra y son los maestros los que cogen muchas concejalías, en todos los pueblos hay un maestro que aparece en la concejalía. Como eran hombres en general prudentes, tenían buen ambiente y dominaban un poco la situación. En el caso concreto del tren del obispo de Jaén, no querían hacerlo [investigarlo], es decir, aquello se admiraba socialmente en los corrillos. Han hecho una leyenda, pero una leyenda más de tertulia y de cosa curiosa que de exaltación del martirio o de exaltación religiosa de esa figura, porque en realidad en todos los asesinatos había un componente, es decir, todos eran gente de derechas y religiosa, más o menos practicantes. Muchos no es que fueran perseguidos por ser militantes de Acción Católica. Era una cosa más centrada contra las derechas que contra la religión.

Moreno comprende a los ejecutores de la matanza y a quienes la contemplaron, y centra la responsabilidad en el ambiente de su ciudad de origen. Respeto a los primeros, comenta:

Ese tipo yo creo que un poco de resentido social, de dependiente de comercio de cierta categoría, es decir, es más una manifestación de lucha de clases que una manifestación de persecución [religiosa], en muchas cosas yo lo veo. Los que organizan el follón son unos que han hecho su forma de vivir el meterse a revolucionarios, el armar follón y a matar señoritos. Pero la gente que lo estaba presenciando, las mujeres y los niños, estaban con la curiosidad. Hay una especie de comadreo, de cotilleo, la gente de Vallecas yo creo que era como los que iban de alguna forma al circo, a una salvaje diversión o a la curiosidad de ver cómo eran los que no habían matado, y a imaginarse cómo serían los que habían matado, o qué habrían hecho. Se había difundido por la parte esa del Tío Raimundo, luego lo supe en la Cárcel Modelo, que las señoras de Acción Católica iban a Vallecas a repartir caramelos envenenados. No hay noticia de que muriese nadie como consecuencia de un caramelo envenenado.

La causa profunda eran las deterioradas relaciones sociales y la hipocresía que las ocultaba:

Cazorla entonces era un pueblo con un nivel, había una especie de clase media y una artesanía, muy aficionados a aprender a tocar instrumentos musicales; las niñas uno de sus adornos personales era saber tocar el piano. En Cazorla había una clase superior de terratenientes, había gente que tenía dinero, que vivían muy bien. Había una clase media de «quiero y no puedo», que quería ser, y de ésos, algunos se afiliaron [al Frente Popular], pero era de mejor tono estar cerca de las derechas que cerca de las izquierdas, aunque luego después votaran a las izquierdas, de lo que no estoy muy seguro. El que llegó a ser alcalde, o el que parecía que dirigía el cotarro era un individuo que se llamaba Cesáreo Plaza. Ése era un hombre a quien todo el mundo tenía por buena persona, que es posible que no lo fuese. Creían que era un hombre aséptico y de orden, y luego había energúmenos y aquellos que querían parecer más radicales que todos los demás, y luego la fácil masa de los que trabajaban a jornal, a los que les había hecho alguna putada el señorito, porque la realidad es que no en todas las empresas agrarias había buen trato entre el patrono [y el asalariado], y en general las condiciones de trabajo eran muy modestas. Pero no había unas divergencias, es decir, dentro de las pequeñas empresas, casi individuales, el labrador que tenía tres, cuatro o cinco muleros y, luego después, en la época de la recolección gente que se llamaba «de era», que eran los que trillaban, los que aventaban, los segadores. Luego, además, muchos de esos radicalizados eran muy fervorosos en las procesiones de los cristos y patronos. Uno de los que primero fusilaron en Cazorla en represalia, y que luego sus hijos se fueron a Barcelona y han sido allí empresarios, y luego han sido respetados; éste era de los que gritaban: «¡Viva el Señor del Consuelo!». Y luego uno de los cargos [contra él] fue el de matar con una pequeña hacha, un hachuelo, a esos dos tíos míos que no quisieron decir dónde tenían oculto [el dinero].

Más que las cuestiones políticas o religiosas, parece que predominaron las económicas:

Es curioso que a uno de los que asesinaron fue el contratista catalán que se había quedado en Cazorla porque había hecho la traída de aguas del manantial. No tenía ni significación religiosa ni política, era un burgués catalán que no tenía nada con el hombre de [la tierra], porque vivía en Cazorla la clase menesterosa. Los casuchos eran infernales y ¿sabes lo que tenían de iluminación de servicio público?, un cordón con una bombilla que llevaban de habitación a habitación y pagaban 90 céntimos al mes por la luz y muchos no podían pagarla, había en el fondo mucho de lucha de clases.

Sobre la actitud de la Guardia Civil, Leocadio Moreno comenta escuetamente: «Se acojonaron». Pregunto entonces si esa situación de la provincia es comparable a lo sucedido en el tren, con la retirada de la escolta de la Guardia Civil:

Exactamente, ésa fue la primera maniobra que hicieron, que concentraron a toda la Guardia Civil en Jaén. En mi pueblo actuaron con una cobardía, sabes que hay la Peña de los Halcones, que es el farallón pétreo que hay detrás del pueblo, pues en la cúspide de eso pusieron como un árbol muy grande, con una bandera más grande que una sábana blanca, que era para que no bombardearan… Había miedo y ya cuando vieron que no pasaba nada, entonces se desataron, y hubo gente de derechas, con patrimonio económico, todo el que tiene un patrimonio económico saneado y tiene dinero en metálico, a ése no lo fusilaron, porque… En el caso de Andújar, Reparaz llegó casi a proclamar el estado de guerra, estuvo jugando al ratón y al gato con Miaja, esperando la oportunidad de salvarse con sus guardias. Ellos da la impresión de que tenían comprometida a toda la oficialidad, hasta los sargentos, en mi pueblo hubo un señor que debía de ser navarro, que era el cabo Gil, si en los pueblos dejan a la Guardia Civil posiblemente no hubiera pasado nada, la revolución no hubiese prosperado. Los cinco o seis guardias civiles que había en el pueblo se hubieran sublevado, había un miedo a la Guardia Civil terrible, pero un miedo respetuoso. A mí me daba la impresión de que tenían un prestigio, desde la fundación por el duque de Ahumada; contaban chistecillos de ellos, porque hacían lo que se llamaban «correrías», que salían todos los días una pareja y recorrían los campos por si había algún maleante que se había escapado, algún gitano que robaba alguna burra; y llegaban a los cortijos y en todos los sitios les freían un par de huevos, y decían que tenían los correajes amarillos del color de la yema del huevo.

Leocadio Moreno opina sobre el jefe de la Guardia Civil en Jaén, Pablo Iglesias:

Ése fue el que mandó replegar, y en los pueblos se acojonaron todos, y si había algún falangista que estaba en el ajo… Los revolucionarios no se distinguieron por su valentía ni ese remangue que han sacado en las revoluciones populares españolas los comuneros. Al contrario, creo que actúan con una gran cobardía. Muchos de los que mataron, de los que fusilaron, eran de los que llamaban allí «ayudas», los que descargaban los camiones que traían la mercancía y la llevaban a hombros. Entre camión y camión se dedicaban a andar entre las tabernas. Un control efectivo de la Guardia Civil hubiese impedido la revolución, y el ejército de Africa habría llegado. La UGT y el Partido Socialista se movían más como central sindical que como partido político, no se hablaba nunca del Partido Socialista o Comunista, eso aparece en la guerra, el tándem que mueve la Guerra Civil es CNT-UGT.

En cuanto a por qué el juez de la Causa General insiste infructuosamente pidiendo que se declaren los robos cometidos bajo el dominio del Frente Popular, Moreno sentencia:

Porque no quieren que la gente conozca el precio que han pagado por no ser fusilados.

Y éste es para él el motivo para olvidar lo sucedido en torno a los trenes de la muerte:

Porque los que iban eran los chicos pobres de las buenas familias, por ejemplo el hijo del concesionario de Tabacalera. Lo del tren de Jaén la gente quiere [dejarlo] pasar porque no interesa, no quieren que se conozca el precio que han pagado, no por traicionar, yo creo que no tenían ni ideas, la única idea [es que] eran señores que vivían de su dinero.

Evaluar eso que, según Moreno, no se investigó en la posguerra resulta más difícil que estudiar la actitud de la Guardia Civil en la provincial de Jaén al comienzo de la sublevación.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936 votaron en Jaén 274.114 de los 359.482 electores (la participación superó por tanto el 76 por ciento). Casi hubo empate de votos entre la izquierda y la derecha, aunque el reparto en diputados fue de 10 a 3, en virtud de la ley electoral que adjudicaba la primera cantidad a quien obtuviera la mayoría, y el resto a quien quedara en minoría.

Los 138.340 votos para el Frente Popular se tradujeron en dos actas de diputado para Izquierda Republicana (Victoria Kent Siano y Tomás Fernández Hernández), una para Unión Republicana (Bernardo Giner de los Ríos y García), seis para el PSOE (Alejandro Peris Caruana, Jerónimo Bugeda Muñoz, Tomás Álvarez Angulo, Juan Lozano Ruiz, Antonio Pasagali Lobo y José López Quero), y un acta para el Partido Comunista (la del metalúrgico Vicente Uribe Galdeano).

Los 135.774 votos obtenidos por la derecha y los radicales se tradujeron en un acta para la CEDA (José Moreno Torres), otra para los agrarios (el médico José Blanco Rodríguez) y otra para el Partido Mesó-crata (José Acuña y Gómez de la Torre). Falange Española no presentó candidatura en Jaén, aunque el que desde octubre de 1933 era su Jefe Provincial, Francisco Rodríguez Acosta, parece no recordarlo cuando declara para la Causa General (legajo 1009, expediente 2, folio 312) en 1942. El declarante insiste ante todo en «que en la provincia de Jaén existía desde antes de 18 de julio una lucha sorda silenciada, entre la Falange y el marxismo», lo que demostraría el hecho de «que tres militantes de la Organización fueran asesinados en la provincia (camarada Polo, de Villanueva; Hurtado, de Torreperogil, y Soriano, de Linares), más unos catorce heridos».

Falange obtuvo 46.000 votos en toda España y 4.995 en Madrid, por lo que sorprende que Rodríguez Acosta asegure que «contaba con unos 11.000 afiliados» en Jaén antes de estallar la guerra y que «de los resultados de las elecciones de febrero del 36 en que la Falange Española de la Provincia luchó sola y fue únicamente votada por los militantes de la misma, puede verse el número de votos y, por lo tanto, la fuerza que la Falange representaba en aquella fecha. Absolutamente en todos los pueblos de la provincia, existían afiliados a Falange, y los jefes locales de todos ellos tenían orden de la Jefatura Provincial de ponerse al habla con los comandantes de puesto de la Guardia civil, o guardias civiles de confianza que tenían la misión de proporcionar de sus depósitos de recogidas de armamento, las armas de que Falange carecía en absoluto».

La colaboración para un pronunciamiento militar se habría trabado, según Rodríguez Acosta, poco después de las elecciones, si no antes: «A raíz de la pérdida de las elecciones de febrero por las derechas, el Jefe Provincial que suscribe fue encarcelado en la Prisión Provincial de Jaén; pero anterior a su detención pudo ponerse al habla con el Jefe de la Comandancia de la Guardia civil, señor Medina Montoro, el cual estaba dispuesto a colaborar estrechamente con la Falange de Jaén armando a sus componentes», lo cual sería garantía de éxito, «dado el magnífico espíritu antimarxista que sentían las clases y Guardia Civil de la provincia de Jaén. (El Sr. Medina Montoro era militante de Falange y había sido con anterioridad jefe local de Úbeda)».

En cambio, Rodríguez Acosta dice no haber tenido «relación con elementos militares, pues conocidas las aficiones republicanas del Jefe de la Caja de Recluta y Teniente Coronel señor Revuelta, juzgué peligroso tratar con esta persona». Dos partidos de derechas parecían comprometidos a apoyar financieramente la sublevación, según Acosta, quien dice haberse «compenetrado con el Jefe de Renovación Española Don Antonio Marín Acuña, que era al mismo tiempo afiliado a Falange y con el señor Contreras y P. de Arrasti, de rancio abolengo tradicionalista. Ahora bien, el Tradicionalismo y Renovación en la provincia de Jaén nos proporcionaban recursos y una serie de nombres selectos, pero carecían de masas y fuerza para una sublevación. No traté con ningún dirigente más del partido derechista».

El encarcelamiento del jefe falangista no fue tan grave para sus planes como el traslado de Medina —mencionado en ABC de Sevilla el 29 de mayo de 1936— a León: «Durante mi detención en la cárcel de Jaén mantuve un estrecho contacto con el Sr. Medina Montoro, sirviéndonos de enlace nuestras respectivas mujeres, el cual me tenían prometido, y creo firmemente [que] lo habría cumplido, que si se iniciaba el Movimiento contra la República o se recibía orden de ello procuraría en el acto mi libertad como la de otros Camaradas de la Falange encarcelados. Y así en estrecha colaboración Guardia civil y Falange, apoderarse de todos los resortes de la provincia, para lo cual y por mi parte ya tenía relaciones preparadas para alcaldes y autoridades .de la misma».

Rodríguez Acosta fue desterrado a Pontevedra, y allí le sorprendió el 18 de julio, «sin aviso anterior que le hubiera permitido trasladarse a Jaén como era su deber y su deseo, ignorando la actuación de la Falange de la provincia en aquellos días, pero que supone sería de expectación [5/c] y espera para unirse a la Guardia Civil sublevada, cosa que no se verificó. Reitero mi opinión que si el Movimiento se hubiera producido cuando el señor Medina Montoro mandaba dicho Instituto y el que suscribe se encontraba encarcelado la provincia de Jaén no hubiera tenido que sufrir la tragedia marxista, pero al frente de la Comandancia de la Guardia civil, de un jefe afecto al Frente Popular y una Falange sin mando y completamente desarmada como era la del 18 de julio de 1936, a pesar de su número y de su entusiasmo, se encontraban en la impotencia para actuar».

Lo que Rodríguez Acosta no pudo ver, lo vivió un «letrado» que firma como «Luis F. (o R.) Ramos» un informe redactado «por encargo del Capitán del Cuerpo Jurídico, señor Palacios», juez instructor de la Causa General, sobre «la revolución en Jaén» (legajo 1008, expediente 12, folios 122-148). Así describe «la Revolución en los primeros momentos» (folios 124-125):

Las primeras noticias del Movimiento Nacional comenzaron a circular por Jaén, de un modo vago e impreciso, durante la mañana del día 19 de julio de 1936. Se hablaba de la sublevación del Ejército de Africa y del levantamiento de algunas capitales. Desde el asesinato de Calvo Sotelo, el acontecimiento era esperado y parece que se habían dado fechas y consignas para que el movimiento fuese secundado por todos los afines y simpatizantes; pero, esa consigna no llegó a darse y esto contribuyó a aumentar la ansiedad y la desorientación entre las clases burguesas en los primeros instantes. Mientras tanto, el populacho se había echado ya a la calle, haciéndose dueño enteramente de ella e inaugurando el periodo de violencias que ha durado treinta y dos meses y que había de culminar

más tarde en una espantosa serie de crímenes, de la que no hay precedente en la historia.

La radio oficial, acaparada por el gobernador y las organizaciones obreras, llamaba a rebato a sus afiliados en forma apremiante y desaforada; las autoridades reclamaban la entrega de coches, armas y municiones, en tanto que patrullas de milicianos recorrían las calles haciendo detenciones y practicando registros domiciliarios para apoderarse de escopetas, pistolas, puñales, cuchillos y de cuantos elementos de lucha encontraban a mano.

Comenzaron a flamear profusamente los primeros trapos rojos en colgaduras y banderines, en el brazal de los milicianos y en la sucia pelambre de las mujerzuelas, que bullían y alborotaban en un desenfreno de aquelarre; la Plaza de San Francisco, la Carrera y calles afluentes no podían contener el hervor de la muchedumbre; pasaban autos y camiones en carrera vertiginosa, con grupos armados de milicianos, entonando himnos internacionales; todo era ruido, estridencia, estrépito resonante, con el que se mezclaba la voz enardecida de oradores improvisados que arengaban a las masas encaramados en la verja de la Diputación Provincial y en la escalinata del Palacio de Comunicaciones.

Fueron horas horribles de agitación, de angustia, de nerviosismo; era un constante moverse de gentes enfebrecidas, delirantes, frenéticas; dijérase que en las calles había surgido una humanidad desconocida, una nueva fauna social, una extraña y deforme clase de seres, abortada de un antro infernal en una monstruosa hora de demencia. Unos pobres frailes de la Merced, que acertaron a pasar por entre la enloquecida muchedumbre, cayeron bárbaramente apuñalados por la espalda, como si con este crimen cobarde quisiera hacer su bautizo de sangre la revolución, que ya se abrió paso, triunfante y rugidora, rompiendo todos los diques morales, para ir derrumbando, más tarde, desenfrenada y trágica, todas las instituciones seculares, todas las cosas amadas, todo lo que una sociedad consciente había levantado en veinte siglos de obra civilizadora.

El día 20 de julio los rumores fueron más concretos y llevaron un poco de aliento al espíritu de los jaeneros simpatizantes con el Glorioso Movimiento. Se sabía que la sublevación había triunfado en Sevilla y en Córdoba y se esperaba que el chispazo corriese a Jaén; decíase que las fuerzas de Córdoba y los elementos militares de Jaén estaban ya en contacto, que

de un momento a otro, nuestra capital, ganando el tiempo perdido se uniría también al movimiento. Se oía decir: «Ya están en el Carpió» «Ya están en Villa del Río», «Ya vienen», «Ya se acercan».

Pero no vinieron. No vinieron, no sé si porque Córdoba no pudo acercarse a Jaén, o porque Jaén no pudo adelantarse a Córdoba. El hecho fatal, inexorablemente fatal, es ése y así hay que consignarlo. Todo fue cuestión de horas, de minutos, de segundos, tal vez. En Jaén, por desgracia no había guarnición, pero existían fuerzas de Seguridad y Asalto y algunas de Carabineros; se había concentrado toda o casi toda la Guardia Civil de la provincia; había ya dos o tres mil presos en la Catedral y en la cárcel y muchos centenares de ciudadanos en sus casas esperando el aviso, la consigna, la orden de echarse a la calle…

En esa indecisión, los rojos se adelantaron, ganaron la vez y eso fue todo. Hubiérase lanzado resueltamente un grupo de derechas armado, una patrulla de la Guardia Civil, unos cuantos carabineros o guardias de Seguridad y se habrían hecho dueños por entero de la situación.

El marxismo, cobarde y vil por naturaleza, no sale de sus cubiles sino cuando puede herir a mansalva y sobre seguro; busca por instinto de fiera el aliento, el calor de la manada y sólo entonces reacciona y roba y asesina. Así, de haber tenido que enfrentarse con un adversario dispuesto a la lucha, la horda salvaje hubiera permanecido agazapada, con ahorro de los millones y millones de riqueza que la revolución ha devorado en la provincia y los miles y miles de vidas humanas, bárbaramente inmoladas en el ara sacrílega de la crueldad marxista.

Alzamientos de paisanos y de la Guardia Civil

La afirmación del letrado Ramos de que «la consigna no llegó a darse» es, aparentemente, válida para Jaén capital, pero no para los pueblos. En al menos una docena de ellos, la Guardia Civil o grupos de civiles por su cuenta obedecieron a las consignas de los sublevados, llegando en ocasiones a declarar el estado de guerra.

Sólo en Villarrodrigo, en el extremo noreste de la provincia, se alzaron algunos civiles por su cuenta; en Orcera y Benatae fue más defenderse que alzarse. En otro puñado de pueblos (La Carolina, Fuerte del Rey, Arjonilla, La Lancha, Jódar, Jimena y, en menor medida, Andújar y Martos), la Guardia Civil se alzó para posteriormente someterse a la columna llegada desde Madrid al mando del general Miaja, o retirarse a Jaén capital. En el resto de la provincia, no hubo más alzamiento que el de las izquierdas.

El relato del alzamiento en Villarrodrigo abre el expediente de la Causa General titulado «Pieza segunda de Jaén. Del Alzamiento Nacional, Antecedentes, Ejército Rojo y Liberación» (legajo 1009, expediente 2), con un informe firmado en Villacarrillo el 27 de mayo de 1941 por el capitán jefe de la 218 Comandancia Rural de la Guardia Civil (folios 2 y 3), según el cual el 21 de julio de 1936 «los elementos de derechas» al mando de Pedro Polidura Ortega «se sublevaron contra los elementos izquierdistas», haciéndose fuertes en la casa de su jefe, «desde cuyo sitio se dominaba la entrada del pueblo por la calle Ancha y la Plaza», armados «con escopetas y algunas pistolas facilitadas por la Guardia Civil, así como algunas carabinas» que dieron a estos civiles antes de marcharse. Al día siguiente «llegaron a dicha Villa varios camiones cargados de mineros y gente extremista de Linares, La Carolina y Úbeda, que unidos a los existentes en la mencionada villa, lograron tras ímprobos esfuerzos sofocar el grupo derechista sublevado».

Los principales implicados fueron detenidos y enviados a la Catedral de Jaén, «siendo pocos días después juzgados por un tribunal popular de la capital los hermanos Juan Ignacio y Modesto de la Parra González, de dieciocho y veinticinco años de edad respectivamente, condenándolos a la última pena, siendo vilmente asesinados por el solo hecho de haber éstos levantado el brazo y ser ambos peligrosísimos para la causa marxista. Igual suerte corrió Don Pedro Polidura Ortega, después de estar cuatro meses sentenciado a muerte». El informe asegura también que en el pueblo fue asesinado Ángel Camacho Martínez «por su destacada adhesión a la Causa Nacional» y que los «elementos de derechas que quedaron en el pueblo sufrieron toda clase de vejaciones». Polidura fue fusilado el 13 de diciembre y los hermanos De la Parra el 20 del mismo mes, según un informe del ayuntamiento.

En los folios 290-292 del mismo expediente, el secretario de Falange en funciones, Juan Gómez, firma en Villar rodrigo el 10 de junio de 1941 un informe más amplio en el que califica a Pedro Polidura de «abogado de cultura amplia, y persona de abolengo en la región, figura destacada por su nobleza de conducta y siempre amante del orden y la justicia, que siempre militó en partidos de extrema derecha, y dispuesto al sacrificio en beneficio de la Patria, por cuyo ideal dio gustosamente la vida». Entre las personas que le secundaron, cita por sus nombres a treinta, «todos ellos de significación política derechista, de los partidos de Acción Popular, Agrario y CEDA los siete primeros, encuadrados en FET y de las JONS con anterioridad al desarrollo de los sucesos». La «resistencia» no la sitúa Gómez el 21, sino «desde el 18 de julio», cuando habrían comenzado a patrullar por las calles «observando la preparación del enemigo, el día 21 del mismo mes, a virtud de fuertes concentraciones de la provincia, de milicias rojas, ante la superioridad numérica de éstas, unos ochocientos o mil milicianos de Linares, La Carolina, Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura, Puente de Génave, Chiclana de Segura, La Puerta y Orcera, replegados en el domicilio del jefe y otros dos colindantes donde se hizo resistencia durante todo el día veintiuno y veintidós, en que por haber sido engañados con promesa formal de ser respetadas nuestras mujeres, niños y ancianos, con nosotros encerrados en dichas casas, concertamos condiciones de capitulación, que no fueron cumplidas. Sólo se utilizaron las armas y municiones propias de que disponíamos, con las que nos defendimos, produciendo al enemigo las bajas vistas, de heridos, que unos lograron curarse y otros no; en la lucha perdimos al camarada Ángel Camacho Martínez, muerto por rotura de la femoral, por un disparo enemigo, de bala».

A la pregunta sobre «si las fuerzas de orden público prestaron el debido apoyo al movimiento» contesta el informante que «no había ningunas; y después de rendidos, llegó una sección de Guardia Civil, mandada por el Gobernador, para reducirnos, la cual se encargó de nuestra custodia y nos condujo a la capital, entregándonos en la cárcel provincial, acompañada de milicianos locales, por no fiarse éstos de aquellas fuerzas».

Para completar ambas informaciones, puede servir el informe redactado el 14 de mayo de 1943 por el alcalde de Villarrodrigo, B. Martínez (legajo 1005, expediente 27, folios 37-38), que también sitúa el 21 de julio «el alzamiento local contra el Gobierno rojo» y cifra en «unos cuatrocientos» los efectivos de «las milicias marxistas locales y las mandadas desde otros pueblos» que lo sofocaron. Cifra los sublevados en veintidós y las «personas adictas a esta idea» en otros cuatro, frente a dieciocho «personas que se opusieron a ellos, dando facilidades a las hordas rojas»; entre las cuales cuenta al alcalde, el teniente de alcalde y seis concejales, más un guarda municipal que es el único del que precisa que «ha sido fusilado».

Sobre el desarrollo de los acontecimientos, asegura Martínez que «las fuerzas sublevadas no tuvieron actos de adhesión alguno durante la lucha, sin duda alguna por el pánico que de las fuerzas organizadas de derechas se apoderó», no obstante, no habrían sido derrotados «sin el auxilio de las mandadas de otros pueblos. Las autoridades, como eran netamente izquierdistas, ayudaron, dirigieron y orientaron en el ataque a todas, y también sin esta cooperación hubieran sido derrotadas, por ser la situación político-social inmejorable y no tener ambiente las fuerzas republicanas, posesionadas pocos meses antes».

Las cercanas localidades de Orcera y Benatae fueron las únicas en que los elementos derechistas, al menos, trataron de defenderse por su cuenta. Lo relata desde Orcera, el 26 de abril de 1941, el comandante del puesto de la Guardia Civil, Eleuterio Barahara Benito (folios 257-258), asegurando que «hubo participación el día 18 de julio del 36» protagonizada por Julián Olivas González, que «ya fue detenido el día 8 del citado mes por orden de la Dirección General de Seguridad de Madrid como jefe de Falange, el cual posteriormente salió a la calle, para contrarrestar a los marxistas, uniéndose entre varios a los más destacados en favor de la Cruzada, José Vizco González; Santiago Olivares, que fue detenido por los rojos; José Ramón Vizco; José López Fernández; Eduardo Salido Rodríguez; Máximo López Pascual; Ramón Valero Cano, que tuvo que huir a Córdoba, todos ellos se opusieron a los rojos, siendo vencidos debido al número muy superior de las masas rojas al lado de la república», entre cuyos exponentes cita a seis personas, dos de las cuales figuraban como detenidos, «los cuales agitaban a las masas rojas tanto a los del pueblo como a los que con ellos se reunían de fuera, llegando incluso en camiones y tenerse que marchar los leales al Glorioso Alzamiento, para poder salvarse de una muerte segura. Por lo que respecta al pueblo de Betae [Benatae], de esta demarcación, hubo también varios que se alzaron en contra de las barbaridades de los rojos entre ellos D. Arturo Marín residente en Siles, D. Escolástico Marín Martínez, hermano del anterior que más tarde fue fusilado; Francisco Navarro; José Munuera, y otras varias, que tuvieron que rendirse al elevado número de los rojos no solamente del pueblo, sino que llegaron camiones con milicianos de otros pueblos ya armados de toda clase de armas. De los más distinguidos de este pueblo que el 90 por ciento eran izquierdistas», señala el informante a treinta y dos personas, incluidas ocho mujeres, «de todos éstos la mayor parte se encuentran en presidio, distinguiéndose como especialidad las mujeres que figuran, diciendo barbaridades y con verdadero ánimo para matar a los pocos derechistas que existían en dicho pueblo».

A estos dos conatos de resistencia del 18 de julio, hay que sumar al día siguiente un fracasado intento de sumarse a la sublevación en Alcalá la Real —21.359 habitantes en 1930—, el punto más al sur de la comandancia de Martos (de la que dista, por carretera, casi 50 kilómetros, y más de 70 de Jaén) al que se refiere el relato del capitán jefe de la Guardia Civil en Martos, Juan Castillo Mena (legajo 1009, expediente 2, folio 239):

En la mañana del día 19 de julio de 1936, cuando Don Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada, Teniente Coronel Jurídico de la Armada, y Don José Martínez del Mármol, Capitán Jurídico, se dirigían al edificio del Ayuntamiento de Alcalá la Real con ánimo de hacerse cargo del mismo, fueron detenidos por las hordas marxistas.

El mismo día cuando los rojos intentaron detener en el cortijo La Parrilla a los hermanos Antonio y Francisco Castillo Aguilera, se aprestaron éstos a la defensa y sostuvieron un vivo tiroteo, siendo por último detenidos y, cuando posteriormente se disponían a fusilarlos, pudieron escapar y lograron pasarse a la España Nacional.

La primera sorpresa que ofrece la documentación de la Causa General sobre esta localidad (legajo 1008, expediente 1) es que los citados personajes no fueron detenidos por ninguna «horda», sino por la Guardia Civil. Asi lo relata José Serrano Hinojosa, «Jefe de Correos» quien el 21 de junio de 1941 (folio 70 del expediente 1) declara que:

Se sublevaron al lado del glorioso Alzamiento Nacional en esta Ciudad el Teniente Coronel Jurídico Don Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada y el Comandante del mismo Cuerpo hoy teniente coronel Fiscal de Granada, Don José Martínez del Mármol. Que estos señores hablaron con el entonces Juez de Instrucción el que se unió a ellos, y cuando fueron con igual objeto a requerir al Teniente de la Guardia civil Don Clemente Fernández Diéguez, éste los detuvo con sus fuerzas e ingresados en la Cárcel de esta Ciudad donde sufrieron malos tratos e, incluso, fue herido el primero.

El 5 de mayo de 1941, el alcalde de Alcalá, Víctor Galiano, resumía así la gestión del ayuntamiento desde las elecciones de febrero y hasta que la población fue ocupada por los nacionales, el 30 de septiembre de 1936:

La actuación político social del mismo, durante el periodo de su gestión y en general el orden público, en un principio, o sea hasta el 18 de julio, fue de lo más desastrosa, no habiendo seguridad ni garantías para ninguna persona de derechas o que fuera amante del orden, desenvolviéndose de una manera irregular por procurar únicamente llevar a cabo el mayor apasionamiento político y hacer caso omiso de la administración que nunca les preocupó en lo más mínimo. Desde el 18 de julio se agudizaron las funestas pasiones, procediéndose a la detención de muchísimas personas de derechas o que no participaban de sus ideales, que más tarde fueron víctimas del furor de las hordas, asesinándoles vilmente y a mansalva, tras de someterlos a las más infames torturas y crueles tormentos. En este último periodo la administración quedó olvidada hasta el punto de no celebrar el Ayuntamiento ninguna sesión hasta el día 2 de septiembre en que, por renuncia del Alcalde, se procedió a la elección de otro que le sustituyera.

Según declararía el médico José Sanz Torres, en la conducta del jefe del puesto de la Guardia Civil influyó la presencia del diputado socialista Pasagali. Así refiere el facultativo, en su declaración del 21 de junio de 1941 (folio 68), lo sucedido a Castillo y Martínez:

En el Juzgado recibidos por el Sr. Juez Don José Espinosa Herrera éste debió acceder a lo solicitado y acatar su mando y autoridad puesto que al llegar en aquellos momentos una pareja de la Guardia civil para entregar una pistola intervenida a D. Miguel Serrano se negó a recibirla, alegando que debían entregarla a las autoridades militares presentes por estar declarado el estado de guerra; sin accederse a ello la pareja, por no tener órdenes de sus Jefes en tal sentido. En el segundo lugar visitaron el cuartel de la Guardia civil previa una disputa con el Diputado Sr. Pasagali Delegado del Gobernador o Gobierno y autoridades municipales fueron detenidos y conducidos a la cárcel por dos parejas de la Guardia civil y su oficial.

¿Quién era el guardia civil que detuvo a los partidarios de la sublevación y qué fue de él? Clemente Fernández Diéguez había sido promovido a alférez el 20 de mayo de 1925, tras aprobar el tercer curso en la Academia de Infantería (su nombre aparece en las listas publicadas por ABC el día 20 y La Vanguardia el 22). Un vecino que presenció las detenciones efectuadas el 19 de julio asegura que Fernández no sufrió represalias por parte del bando nacional. El testigo es el médico forense Gabriel Albasini Serrano, que el 21 de junio de 1941 declaró haber visto cómo Castillo y Martínez «bajaron al Cuartel de la Guardia civil solos, para requerir a la fuerza de la Guardia civil, viendo el declarante puesto que vive frente al repetido Cuartel que al poco rato salieron detenidos por dos parejas de la Guardia civil, por haberse negado rotundamente al levantamiento el entonces oficial Teniente de la Guardia Civil Don Clemente Fernández de Diéguez, hoy Capitán del mismo Cuerpo, ingresando en esta Prisión donde sufrieron vejaciones de los milicianos que entraban en ella». Allí fueron heridos, como lo fue Espinosa, y gracias a las gestiones del forense se les hospitalizó en Jaén el 27 de septiembre.

Otro testigo, esta vez de los sucesos del juzgado, precisa que los guardias civiles aparecieron para advertir de que se estaba armando «a las turbas». Una acción que no podía provenir del gobierno Giral que ese día se formaba en Madrid, sino del diputado socialista Pasagali, presente en la localidad. Lo contaba el 22 de mayo de 1942 el procurador Francisco de Paula Belbel Ramírez, que en 1936 era oficial del Juzgado de Primera Instancia a las órdenes del secretario, quien habló a Belbel de la presencia de Castillo y Martínez, dispuestos «a hacerse cargo de las fuerzas de la Guardia Civil, toda vez que se declaraban adictos al Bando de Guerra de Sevilla» (folios 27-28):

Pasados unos solos momentos llegó el Sr. Juez y enterado por aquellos del objeto de la visita manifestó: «Yo también me declaro adicto a Sevilla» y al ser interrogados el Sr. Secretario Don Rafael Siles Benavides (q. e. p. d.) y el declarante, ambos contestamos que de igual manera también estábamos con ellos y adictos a Sevilla. Posteriormente se presentó en el local del Juzgado una pareja de la Guardia Civil y el encargado de la misma dijo: «Que las turbas se estaban armando» y nos aconsejó que abandonásemos dicho local, como Centro Oficial, pues existía el temor de que las hordas marxistas intentaran ocupar los Centros Oficiales.

Belbel marchó a su casa siguiendo órdenes de sus superiores y después supo que Castillo y Martínez «habían sido encarcelados y que había tomado parte activa en ello el entonces diputado a Cortes Antonio Pasagali Lobo, cuando marchaban hacia el cuartel de la Guardia civil».

Parece como si el oficial del juzgado no pudiera creer que la Guardia Civil detuviera a los militares. Este dar por supuesto que, de haber podido, los guardias se habrían puesto del lado de los sublevados —la advertencia de abandonar los centros oficiales implica un reconocimiento de su incapacidad para controlar la situación— duraba después de la guerra, pues en el expediente para nada se pregunta por lo que hizo el teniente Fernández.

Sobre la actuación de la Guardia Civil no se informa. En cambio, hay informes sucintos (folios 80 a 95) sobre todas las personas que ocuparon cargos en la alcaldía. Aunque todos fueran de izquierda, se deduce de estos informes que apenas hubo dos actitudes iguales frente a los sucesos revolucionarios. Según los estadillos de la Causa General (folios 2 al 12), los primeros siete asesinatos cometidos en el Pozo de los Llanos no se cometieron hasta el 16 de agosto, si bien hay dos asesinatos cometidos en Mures para los que no se consignan fecha (los de Miguel y Manuel López Baeza), y otros dos cometidos en agosto, sin concretar el día (los de Francisco Pérez Pérez, de cuarenta años, y José Centeno Guadix, de diecisiete). El estadillo fecha el 19 de agosto (aunque el número del mes está retocado y puede ser julio) la destrucción de «todas las iglesias, capillas, ermitas y oratorios particulares existentes en el casco de la población, así como 12 templos existentes en cada una de las aldeas pertenecientes al término», señalándose entre las obras destruidas varias «atribuidas a Martínez Montañés y otras documentadas originales del escultor granadino Moras».

Entre las actividades de las «comisiones de milicianos armados que registraban y saqueaban las casas particulares y cortijos de labor del término», que se fechan en los «meses de julio, agosto y septiembre», se precisa que obligaban «a los que estaban detenidos en las cárceles a que firmaran cheques en blanco para que pudieran retirar el dinero de los Bancos, forzándoles a golpes para que dieran cantidades para el Frente Popular y obligando a algunos entre los que se cuentan el Sr. Conde de Corbul a que otorgaran escritura de cesión de todos sus bienes». Además de a los responsables locales, se menciona como actores de estos hechos a los «milicianos de Pancho Villa».

En cuanto a las detenciones, se señala una el 14 de julio, dos los días 15 y 18, diez el 19, tres el 20, cuatro el 21 (incluyendo una mujer), una el 22, ocho el 23, tres el 24, cincuenta y ocho el 25, una los días 26, 27 y 28, seis el 30 y dos el 31, cinco el 1 de agosto, dos el día 3, una el 5, nueve el 7, cuatro el 8, una el 9, seis el 10, una el 12, tres el 14, una el 15, seis el 16, una los días 20, 21 y 22, dos el 24, cuatro el 25, una el 29, dos el 30 y una el 31.

De esas ciento cincuenta y cinco detenciones se siguieron setenta y nueve asesinatos (más tres muertes en prisión y veinticinco como «víctimas de bombardeos»), según Luis Miguel Sánchez Tostado (La Guerra Civil en Jaén, p. 223), quien cifra la posterior represión franquista en esta localidad (p. 437) en cuarenta y nueve fusilados (más cuatro muertos en prisión y nueve «víctimas de bombardeos»). El 24 de junio de 1941, escribía el alcalde Víctor Galiano (folio 19) que «las extracciones o entregas de presos para ser asesinados tuvieron lugar en las madrugadas de los días 12 y 27 de septiembre de 1936». El estadillo de la Causa General consigna treinta y cuatro muertos a la saca del 12 de septiembre y ocho a la del 27; además de los nueve asesinatos de agosto y los dos alcalaínos asesinados en Madrid, se registran dos asesinatos el 9 de septiembre, uno el 13, uno el 16, cuatro el 20, uno el 22, cuatro el 25, uno el 30, dos el 29 de noviembre de 1936, seis víctimas en 1937, tres muertos por arma blanca el 4 de marzo de 1938, otro al día siguiente y uno más ese mes, más uno el 14 de abril.

En cuanto a los alzamientos promovidos por la Guardia Civil, el cuartelillo más madrugador entre los sublevados sería el de Jimena, donde parece haberse armado a los civiles el 17 de julio. En el informe del jefe de la primera sección (Mancha Real) de la 3.ª compañía de la 218 Comandancia y 18°Tercio Rural (legajo 1009, expediente 2, folio 252), se asegura que en Jimena, tras las elecciones de febrero de 1936, «los rojos ya empezaron a hacer ostentación saliendo incluso por las calles con palos dirigiendo insultos y amenazas a las personas de orden. Es de hacer notar que en agosto de 1935, con motivo de la huelga que declararon los rojos, llamada de campesinos, gran número de éstos salieron al campo y se enfrentaron con una pareja del Cuerpo que estaba de servicio; al tener noticia de ello el Comandante del Puesto salieron él y toda la fuerza del Puesto para proteger a la indicada pareja dejando en la casa cuartel a algunas personas de su confianza. Como el grupo de huelguistas que iba armado le hicieron a la fuerza del Cuerpo una emboscada tratando de agredirles, dicha fuerza tuvo que repeler la agresión con las armas hiriendo algunos huelguistas que después murieron a consecuencia de las heridas. El 17 de julio de 1936, al dar la radio las primeras noticias del Glorioso Alzamiento Nacional algunas personas de orden se pusieron en contacto con la Guardia Civil del Puesto, cuyo Comandante les facilitó armas; pero como quiera que esta fuerza recibió orden de concentrarse en Jaén, lo efectuó quedando el personal de derechas sin auxilio de los Guardias; haciéndose los dueños de la localidad los rojos que dieron principio a las detenciones efectuándolo con unos cincuenta aproximadamente».

En Jódar, al este de Jimena, según el mismo informe (folios 248-250), '«a pesar de existir un gran foco Comunista desde mucho antes de las elecciones de febrero de 1936, debido a la propaganda de infinidad de personas de orden, desde luego protegidos de una manera disimulada, por la Guardia Civil que había en el mismo, dichas elecciones las ganaron las derechas, pero como hicieron en todos los pueblos, se apoderaron del mando los elementos de izquierdas estableciendo enlaces, espías y por añadidura las llamadas guardias rojas, por lo cual tanto a la Guardia Civil como a las demás personas adictas a la Causa Nacional les fue difícil irles ganando el terreno»:

Llegó el día 18 de julio de 1936, y al saberse por la radio la sublevación del Glorioso Ejército de Marruecos (Principio de la Cruzada Redentora) la Guardia Civil, que había en este Pueblo, requirió a las personas de orden y éstas pernoctaron aquella noche en el Cuartel provistos de armas propias algunas y a otras se les facilitó la fuerza de Guardia Civil, permaneciendo acuartelados dispuestos a dar la carga al marxismo, orientándose por las emisiones de radio Sevilla que oían con alegría y fervor. En esta situación permanecieron todo el día 18 y parte del 19 del referido mes de julio, en que por orden del Primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, tuvo que salir para la mencionada capital toda la fuerza del puesto; no sin antes haberse negado a cumplimentar dicha orden, pero al reiterársele nuevamente bajo apercibimiento de ser declarados «Rebeldes» tuvieron que obedecer. A la salida de la fuerza de la Guardia Civil los marxistas hicieron fuego contra ella hallándose ésta todavía en el cuartel la cual repelió la agresión en unión de las personas de orden que con ellos se hallaban pudiendo por fin marchar dicha fuerza y quedando en el pueblo los paisanos que a ellos estaban unidos, empezaron las detenciones, los saqueos y asesinatos si bien con la Guardia Civil marcharon algunos paisanos que continuaron unidos a ellos en la capital y después tantos unos como otros se fueron diseminando, y unos pudieron pasarse a las filas Nacionales, y otros con la fuerza del Santuario permanecieron hasta que fueron hechos prisioneros por los rojos.

El informe nombra a cuarenta y dos «personas de orden que en el indicado pueblo actuaron y estuvieron al lado de la Guardia Civil», añadiendo que hubo «otros que no es fácil recordar. La mayoría de estos señores fueron posteriormente asesinados por los rojos». Da los nombres del teniente (Damián Contreras García), sargento (Eulalio Cecilia Martínez), cabo (José Rodríguez Domínguez) y nueve guardias del puesto, así como los de treinta y siete «cabecillas rojos», incluyendo una mujer, y aclarando que también en este caso hay «otros varios que no se les recuerda».

En Fuerte del Rey, localidad con 2.202 habitantes en 1930, distante unos treinta kilómetros de Martos, pero situada al norte (y más cerca, a menos de veinte kilómetros) de la capital provincial, según la versión escrita el 7 de mayo de 1941 por el capitán de Martos, Juan Castillo Mena (folio 238), en «la mañana del día 18 de julio», el comandante del puesto, cabo Pedro Vivas Chaverna, «al tener conocimiento del Alzamiento Nacional, auxiliado por la fuerza a sus órdenes y un grupo de vecinos patriotas, se personó en el Ayuntamiento destituyendo a sus elementos a los que dejó en prisión atenuada en su domicilio y publicó un bando declarando el estado de guerra y ordenando la entrega de todas las armas y explosivos en un plazo de dos horas. Mandó instalar un altavoz de radio en el punto más céntrico de la villa, conectado continuamente con Radio Sevilla, ordenando al propio tiempo a los dueños de establecimientos públicos que tuviesen también sus aparatos conectados con la misma emisora, dando aquella actitud por resultado el que a las doce horas de dicho día, la población entera estuviera sumada al Glorioso Movimiento».

Permanecieron en esta situación hasta el día 21 del mismo mes de julio en que, por orden superior, tuvo que salir la fuerza del puesto para Jaén y ello unido a que en los pueblos limítrofes no se habían levantado a favor del Movimiento, motivó el que el Frente Popular de la villa tuviera necesidad de hacerse cargo nuevamente de los puestos de que había sido sustituidos y seguir allí la misma suerte que el resto de la provincia.

Sobre estos sucesos existe en la Causa General (legajo 1005, expediente 8, folios 30-33) un relato más amplio, por duplicado, uno de cuyos ejemplares firmó el 13 de mayo de 1943 el alcalde de Fuerte del Rey, Camilo Arroyo, mientras que el segundo fue firmado en la misma fecha por el comandante del puesto, Juan Armenteros Cano. En él se afirma que «las personas de derechas en cooperación con las Fuerzas de la Guardia Civil de este puesto, antes de las elecciones se oponían a que se celebraran mítines y toda clase de actos que se creían necesarios en favor de la Causa Nacional, así como impedir manifestaciones y propaganda extremista»:

Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, al tenerse conocimiento en esta localidad del levantamiento de las Tropas Nacionales, tanto las Fuerzas del Puesto de la Guardia Civil, en cooperación con todas las personas de orden de esta localidad, se conectó con Radio Sevilla dando publicidad a las noticias que el Excmo. Señor General D. Gonzalo Queipo de Llano transmitía por la misma, así como celebró una reunión clandestinamente todo el personal de orden y Fuerzas de la Guardia Civil de este Puesto a fin de tomar las medidas oportunas para tan pronto como se tuviese conocimiento del levantamiento de la Capital apoderarse de la Casa Ayuntamiento y demás centros oficiales de esta localidad.

El relato cita como «personas que coadyuvaron a los actos relacionados anteriormente» en primer lugar al cabo comandante del puesto, Pedro Vivas Chavernas, y los cuatro guardias segundos, José Pérez Liébana, Sotero Pérez Jiménez, Pedro Eisman Momblan y Juan Parra Molinos; seguidos por doce «falangistas»:Vicente Puerta Montoro, Camilo Arroyo Toro (posiblemente el que en 1943 firma como alcalde), Antonio Pulido Bonilla, Sebastián Checa Montoro, Casildo Castro Puerta, Juan Mendizábal Coronado, José Tuñón Uceda, Juan Lorenzo Castellano Navarro, Juan Alonso Vencesla Ramiro, Serafín Anguita Moral, Juan Antonio Puerta Ramiro y Manuel Vencesla Castro.

A pesar de lo afirmado por el deportado jefe de Falange, la relación entre los levantiscos falangistas y la comandancia de la Guardia Civil de la capital no era mala, ya que este documento «destaca» la «actuación personal» de Camilo Arroyo y Serafín Anguita «que como enlaces entre este pueblo y la Capital, se desplazaron a la misma con un coche de la propiedad del primero, al objeto de estar en contacto con la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén y demás elementos simpatizantes al Movimiento Nacional»; mientras otros dos falangistas, Vicente Puerta y Antonio Pulido, destacaron por repartir propaganda por las calles del pueblo «con toda discreción y sin el menor incidente».

Arroyo y Armenteros señalan a cinco personas como «opuestas» a la sublevación: Nicasio Ramiro Anguita, alias el Coca, que «se encuentra cumpliendo condena»; Gregorio Losa Montero, alias el Zorro, «ejecutado a la terminación de la guerra por tomar parte en un asesinato»; Manuel Castro Losa, muerto en el frente «como voluntario en el Ejército rojo;Julián Sánchez Fernández, condenado a 20 años de prisión, puesto en libertad condicional y a continuación fugado; y Pedro Manuel Sánchez Fernández, detenido en Jaén».

El informe concluye con la afirmación de que «en esta localidad, la situación político-social fue buena y aplastante por los partidos de derechas, sin que en ningún momento pudieran los elementos marxistas obtener triunfo en las elecciones». La toma del poder por el Frente Popular, a partir del día 21, no fue sangrienta, y en la Causa General sólo se documenta un asesinato, el de Juan José Martos Galán, cometido el 27 de abril de 1938, en el lugar llamado «Vereda de En Medio», según otro informe firmado por el alcalde el mismo día 13 de mayo de 1943, «ignorándose la autoridad que ordenara la saca». En esa «relación de las personas que han sufrido condena en este Arresto Municipal, durante el tiempo de dominación republicana o marxista, por desafección al mencionado régimen» (folio 27 del expediente 8), Camilo Arroyo menciona a treinta y ocho personas.

A la única víctima mortal de la revolución en Fuerte del Rey se le hizo incluso autopsia por orden del «alcalde rojo Nicasio Montoro», en presencia entre otros de un forense y un representante del juez de Instrucción de Jaén, resultando que «su muerte fue producida por arma de fuego, herida por bala en región occipital», según el documento firmado por Manuel Paredes, autor de la autopsia, el 22 de abril de 1941 (folio 11). El cadáver «fue trasladado a Jaén para su inhumación en la Catedral» después de la guerra (folio 9).

Curiosamente, el cabo Pedro Vivas seguía siendo comandante del puesto el 26 de abril de 1941, cuando comunica al fiscal de la Causa General (folio 12) que «durante la revolución marxista no hubo en este pueblo ninguna Checa instalada».

La revolución, por tanto, tuvo en Fuerte del Rey un carácter principalmente económico, patente en otro documento firmado por el alcalde el 13 de mayo de 1943 (folio 29), sobre la incautación de una fábrica de harinas (propiedad precisamente de Camilo Arroyo Castro), que fue «intervenida por el Estado» y cinco fábricas de aceites, que lo fueron por el Frente Popular, lo mismo que un «establecimiento de comercio». Se menciona además la existencia «durante la dominación marxista» de ocho «colectividades agrícolas»: Cortijo de Cañada de Zafra, Conde, La Rosa, Merciáñez, Peñón, Cobaleda, Corbulillo y Golisilla.

En el estadillo de delitos que se hace desde esa población para la Causa General (folios 7 y 8), se menciona a veinticinco personas perjudicadas, para una de las cuales, Manuel Montoro, se precisa que fue deportado en noviembre de 1937. Del resto sólo se dice que, además de la privación de libertad, sufrieron «toda clase de vejaciones» y «fueron sus casas y bienes saqueados», pero con la precisión de que las detenciones empezaron el 14 de agosto de 1936. No se mencionan fechas concretas para las incautaciones de bienes particulares, sólo para la destrucción de bienes eclesiásticos: el 25 de julio se produjo la «incautación de la Iglesia, destinándola a granero», el 14 de agosto la «quema y destrucción de las imágenes de la Iglesia y casas particulares», el 10 de noviembre «robaron las campanas» y no fue hasta el 17 de junio de 1937 cuando «robaron las alhajas de la Iglesia».

De los quince sospechosos que menciona el documento, sólo uno vive en la localidad el 22 de febrero de 1941 (siendo alcalde V. Puerta, quien firma), otro está en paradero desconocido, tres fallecidos y diez están en diversas cárceles. Mientras que estos sospechosos parecen serlo en particular del expolio eclesiástico, hay otros ocho al final de la relación de particulares afectados: de éstos la mitad están en la cárcel, dos viven en la localidad, uno en valencia y otro en paradero desconocido.

Menos duró el intento de alzamiento en Martos, acaudillado por dos cabos, según el relato del capitán Castillo:

Cuando por Radio Sevilla se conoció en la Casa-Cuartel del puesto de la Guardia Civil la noticia del Glorioso Alzamiento Nacional, el Cabo Comandante del puesto, Don Claudio Gamallo Gómez, y el de su misma clase, Don Luis Prieto Hernández, acordaron con la poca fuerza con que contaban, una vez declarado el estado de guerra, haberse apoderado de los edificios de la Casa Ayuntamiento y de la Casa del Pueblo; pero al observar algunos grupos por las inmediaciones del Cuartel, salió el primero citado, con varios guardias y después de algunos disparos procedieron a la detención de dos o tres concejales y un municipal. A requerimiento del Alcalde y una vez presentado los documentos necesarios para usar armas, fueron puestos en libertad y al poco rato, sobre las 21 horas del día 18 de julio de 1936, un enorme incendio prendió en la Iglesia de San Amador, frente al Cuartel y por la situación de éste completamente dominado en su parte posterior, se aprestó la fuerza a la defensiva. Requeridos por el Gobernador Civil rojo para que se entregasen las armas depositadas en el Cuartel al Ayuntamiento, se contestó de forma evasiva y al repetir la petición el Alcalde se repuso ya destempladamente que no se entregaban armas algunas.

En espera de órdenes de la cabecera de la Comandancia y en vista de que ningún vecino se presentó para ayudar a la fuerza en aquellos difíciles momentos continuó la fuerza parapetada desobedeciendo una y otra vez al Alcalde rojo hasta que en la mañana del día 19 por orden superior hubieron de incorporarse a Jaén con la esperanza de que una vez reunida con la fuerza de la Comandancia se sublevarían en contra del Gobierno del Frente Popular.

Conocer lo sucedido en Martos más allá de lo que cuenta Castillo requiere, en el caso de la Causa General, consultar un expediente (legajo 1006, expediente 9) de 329 folios, frente a los 33 de que consta el de Fuerte del Rey. Había, desde luego, más que investigar, empezando por los asesinatos de ciento cincuenta y cuatro personas de la localidad —que, según el censo de 1930, contaba con 23.682 habitantes— y trece forasteros (soldados muertos a principios de 1939) registrados en los folios 2 al 8 del expediente.

El incendio mencionado por Castillo se recoge en el folio 10, donde se responsabiliza de él y del de la iglesia de Santa María, igualmente ocurrido el 18 de julio, a José Pulido Arrabal. El «saqueo y destrucción de las demás iglesias de esta ciudad» ocurrió el 25 de julio y su autoría se adjudica a «las hordas en masa». Las pérdidas que estos actos supusieron para el patrimonio artístico fueron evaluadas en un informe que redactó el 6 de marzo de 1942 el secretario del Ayuntamiento de Martos, Leopoldo M. de Urquía, con ayuda de los párrocos y de «Salvio» (folios 255-257). Lo más valioso que existía en el templo de Santa María, «edificado en el siglo XIII» y restaurado en los siglos XV y XIX, era el retablo del altar mayor, «de orden Corintio», así como los «magníficos herrajes y valiosos mantos» que igualmente fueron «pasto de las llamas en la noche del 18 de julio de 1936. «Desaparecieron también las 3 Custodias que había de las cuales una, sobre todo, tenía valor artístico que no faltaba tampoco a un Copón y a una herradura de brillantes joya preciosísima que formaba parte de una numerosa colección de alhajas de incalculable valor con que contaba la Virgen, teniéndolo también los ornamentos de plata y oro».

De la iglesia de la patrona, Santa Marta, «sólo dejaron las paredes», destrozando «imágenes, ornamentos de culto y mantos a los que se reconocían justificado valor artístico», como eran «dos valiosas y lindas Custodias». De la iglesia de San Amador, «merecen citarse una custodia y un cuadro de Animas» entre lo perdido; en la «Capilla de Jesús perteneciente a Santa Marta existía un retablo de plata cincelada preciosísimo, así como también la Cruz del Nazareno y una Imagen atribuida a Montañés o al menos de la escuela de éste». De lo perdido en «los diferentes Conventos» destaca «un terno de tisú de oro que tenía en su poder la Comunidad de Santa Clara. Las Trinitarias contaban con un San José de talla, y en pintura tenían un San Miguel de los Santos, San Lorenzo, la Inmaculada y un Cristo que eran obras todas de verdaderos artistas». Entre las pérdidas en casas particulares, destaca el informe las de las bibliotecas de Francisco Ureña y Salvio Codes, las armaduras, panoplias y un Cristo de marfil de Juan Lechuga, una panoplia del siglo XVI de Manuel Carrasco y una colección de monedas de cobre de José Morón.

A pesar de su volumen, el expediente sobre Martos en la Causa General no contiene ningún relato oficioso de lo sucedido el 18 de julio de 1936, que todavía el 16 de febrero de 1942 reclamaba el fiscal de la Audiencia de Jaén (folios 291-292). Dado que este oficio quedó sin respuestas, sólo cabe hacer conjeturas respecto a las declaraciones de algunos particulares y a los datos sobre asesinatos y encarcelamientos. En el primer mes de la guerra, únicamente una persona aparece como asesinada: el estudiante de diecinueve años (en realidad, seminarista hoy en proceso de beatificación) Manuel Aranda Espejo, muerto el 8 de agosto en Patrocinia por tres disparos de arma de fuego. Los cuatro sospechosos del crimen figuran como presos en Jaén cuando se firma el listado (20 de marzo de 1941). Para entonces, sólo se habían registrado las muertes violentas de dos martenses: el abogado, de sesenta y ocho años, Francisco de Paula Ureña, asesinado el 26 de julio en Vicálvaro (Madrid), por disparos en el cuello (se nombran tres sospechosos).

La cárcel de partido de Martos debió estar a rebosar desde el primer momento, si nos atenemos a las cifras de presos que ingresaron (folios 12 al 22): inaugura la lista Lope Carrasco García el día 18 de julio, y le siguen tres personas el 19, diecisiete el día 20 (incluidas tres mujeres), dos el 21, cuarenta y seis el 22, dos el 23, cinco el 24, veintiocho el 25, cinco el 26, tres el 28, uno el 30, seis el 31, uno el 3 de agosto, trece el día 4 (incluidas tres mujeres), uno el 5, dos mujeres el día 6, seis presos el día 7 (cuatro mujeres), siete el día 8 (tres mujeres), dos los días 9,10 (una mujer) y 11, uno el 14, once el 15, dos el 18, uno el 19, dos el 21, uno los días 23, 27 y 28, y dos los días 29 y 30, por hablar sólo del primer mes y medio de guerra (ciento setenta detenciones).

Sólo hay otras diecisiete personas encarceladas en 1936 (las tres últimas el 19 de octubre) y en 1937, aparte de tres detenciones anteriores, hay una gran redada el 9 de abril, con diecinueve detenidos (parece una represalia por el bombardeo de Jaén el primer día de ese mes). Hay redadas similares los días 29 y 30 de septiembre, el 30 de octubre, el 23 de noviembre, el 8 y el 31 de enero de 1938, el 8 de febrero, y sobre todo el 19 de agosto, con setenta y un apresados.

Más significativo es el dato de las sacas de presos enviados a la muerte: cinco los días 19 y 20 de agosto, ocho (incluida una mujer) el 11 de septiembre, tres (una mujer) el día 13, siete el 23, diez el 30, diez el 2 de octubre, once (incluidas 2 mujeres) el día 11, seis el 17, nueve (tres mujeres) el 8 de diciembre, doce el 11 de enero de 1937, tres al día siguiente y cinco el 15 de enero. Las sacas suman ochenta y nueve asesinatos, casi el 58 por ciento del total de ciento cincuenta y cuatro registrados.

El jefe de la prisión, Francisco Guerra, afirma el 30 de mayo de 1941 (folio 22) que «estas extracciones se verificaban por orden del Frente Popular» y precisa que la orden del día 11 de septiembre «aparece firmada y sellada con el sello del Frente Popular por el delegado militar Antonio Vilches», capitán de milicias «que ejercía la Autoridad militar de la plaza». Las de los días 23 y 30 de septiembre iban «firmadas por el presidente del Frente Popular y secretario Alfonso Ruiz y Fernando Rodríguez», la del 11 de octubre «por el miembro del Frente Popular como presidente Jacinto Aceituno y secretario Fernando Rodríguez», la del 11 de enero de 1937 «por el presidente Alfonso Ruiz y secretario José Pulido», las del 12 y 15 de enero «por el presidente Alfonso Ruiz». El resto de las órdenes, según el jefe de la prisión, fueron extraviadas por dos jueces militares después de la guerra, pero se suponen firmadas por los mismos personajes. Guerra señala a un teniente de milicias y a otras tres personas «como encargados en la mayoría de las extracciones».

Los tres firmantes principales de estas órdenes aparecen mencionados en el resumen que, sobre las alcaldías de la época bélica, hace el 13 de mayo de 1941 el alcalde de Martos, que resume así «la actuación política, social y de orden público de estos Ayuntamientos»:

Las iglesias fueron, dos de ellas, las más importantes, incendiadas, las restantes saqueadas; los domicilios particulares registrados, incautándose de aquello que su arbitrio les aconsejaba; la propiedad estaba al capricho de los que detentaban el mando; las fincas rústicas fueron incautadas, salvo contadas excepciones, y explotadas por los que de ellas se apoderaron, o de colectividades marxistas. Numerosas personas fueron asesinadas, tras de sufrir torturas y vejaciones; otros encarcelados; los funcionarios y empleados de carácter derechista fueron destituidos y perseguidos.

El malestar general propio de la época roja se agudizaba cuando con carácter permanente o de manera accidental ocupaba la alcaldía Alfonso Ruiz, el más caracterizado e importante de los marxistas de la localidad, a quien juntamente con Antonio Vílchez Fernández, se considera como autores en unos casos, y en la mayoría como inductores, de los atropellos y crímenes en ésta cometidos.

Alfonso Ruiz Aguilar se defendió de esas acusaciones, dirigiendo al fiscal de la Causa General en Jaén un largo escrito (folios 134-139), firmado el 12 de octubre de 1941, en el que exponía «los casos en que pudo favorecer a personas de derechas en Martos durante el periodo rojo». Asegura haber salvado la vida a Ignacio Eznarriaga Ferrandi, que fue juez municipal en Martos, llevándolo «en mi coche hasta Valdepeñas de la Mancha». En segundo lugar, cita a trece personas de Villardompardo, cuyas vidas «corrían grave peligro por haber sido acusados de fascistas peligrosos por individuos del mismo pueblo», enrolados en un batallón que se formaba en Martos, y a los que Ruiz dice que «les puse en un camión y se marcharon a su pueblo». Al mismo pueblo envió al exconcejal derechista Enrique Hurtado Risquer, que estaba detenido. Algo semejante dice haber hecho con Marcelo Castillo Rubio y con tres vecinos de Martos que eran concejales en el momento en que escribía, pero a los que «jamás he referido cómo y por qué intervine en favor de ellos». Pide que pregunten a Clotilde Canis Espejo por «la desaparición de su padre, D. Miguel Canis Martínez, uno de los hechos que se cometieron contra personas que gozaban de libertad y que prueba claramente que la calle era manejada por elementos irresponsables interesados en desprestigiarme y trabajaban en el mayor misterio».

Ruiz dice haber intervenido para poner en libertad al «médico tocólogo de Martos, D. José Morón Quesada, que fue detenido a raíz de ser encontradas las Memorias del Capitán Cortés», y haber protegido al industrial Antonio Núñez Moral al aconsejarle que no volviera a Martos. Menciona que, gracias a su acuerdo con Núñez, se llegó a repartir gratis, con las cartillas de racionamiento, jabón de la fábrica de este industrial. Asegura Ruiz haber evitado la detención de José de la Rosa Sánchez, gracias a que su esposa le avisaba cuando iban los milicianos, y que el llamado Capitán Castilla no habría muerto si hubiera hecho «caso de mis consejos y no decide marcharse a Madrid, no hubiera encontrado allí la muerte en unión de otro militar amigo suyo».

Dice Ruiz haber salvado a «dos religiosas del Convento de San Francisco» con un salvoconducto. Asimismo, «todas las religiosas del Hospital de San Juan de Dios, y en particular SorYnocencia Pepot, pueden decir también lo que luché contra la opinión de algunos Sres. Concejales del Ayuntamiento que, obedeciendo sus eternas consignas sectarias y sistemáticas, quisieron echar a las monjitas y sustituirlas por enfermeras sin vocación». Añade que consiguió que siguiera cobrando pensión, a pesar de ser derechista, el padre del maestro Antonio Carreras. A esto suma sus gestiones «en favor del pueblo de Martos para que no faltara el pan», dice haber protegido en Madrid a Manuel Carrasco García, un fugado de Martos, haber puesto en libertad a una señora llamada Adelina Trambli, «al criado del Hotel Imperio conocido por Frasquito», y gracias a «los vecinos de Martos D. Manuel Peinado Ocaña y un señor que conozco sólo por el Plano. El primero de dichos Sr. ha sido mi jefe durante más de ocho años».

Ruiz termina su declaración asegurando, a modo de descargo, «que han colaborado en la República y durante el periodo rojo en Martos, muchas personas de significación marcadamente derechista, entre los que sólo recuerdo de momento a D. Juan José Marín Ibáñez, D. Luis Teba Merino, D. Francisco Sánchez Canis, que eran personas de garantía para la solución pacífica de los problemas obreros, crisis de trabajo, reparto de trabajadores, etc. Y para terminar indicaré sólo a dos Sres. de los que más han explotado los trastornos de la guerra. Don Francisco Ureña Torres, dueño de dos zapaterías en Martos, y D. José Aranda Luque. Estos Sres. los nombré en muchas ocasiones delegados míos y con mi influencia y los medios de transporte que les facilité consiguieron géneros en gran escala. Casi en el mismo caso están comprendidos D. Antonio Garrido Morente (Farmacéutico), D. Pedro Serrano Martínez (Industrial con Papelería e Imprenta), Montilla, dueño de una Farmacia, Ramón Bernad Martínez (Alpargatero) y Abelardo González (de Tejidos)».

Para contrarrestar esta declaración, el alcalde Miguel Chamorro escribía el 6 de noviembre de 1941 al fiscal (folios 144-145) asegurando que Ruiz (cuyo alias era «Tachuelas») «pertenecía desde que tuvo uso de razón al Partido Socialista», casi siempre con cargos directivos en el partido o la UGT, que presidió ambos, más la alcaldía y el Frente Popular local, durante la guerra «destacándose como elemento valioso en todos ellos»:

Los desmanes, saqueos, robos y asesinatos eran permitidos e incluso ordenados por el Frente popular que presidía, teniéndose en ésta la certidumbre de que dado el extraordinario predicamento que sobre las masas tenía, es el responsable moral de todo lo aquí acaecido, teniendo que señalar concretamente que en los primeros días del Alzamiento se presentó en ésta una sección de Guardias de Asalto al mando de un Teniente para trasladar a los detenidos a Jaén, impidiendo dicho traslado y habiendo sido la mayoría de dichos detenidos asesinados después, cosa que quizá no hubiese sucedido si hubiese permitido su traslado y dándose la coincidencia de que las órdenes de libertad de los detenidos que lo eran para ser asesinados, están firmadas por él como presidente del Frente popular, y cuyas órdenes en su mayoría obran aún en poder del Jefe de esta Prisión.

Ruiz había participado «en la huelga Agraria del 1934 y en los sucesos de octubre», huyendo a Madrid hasta que se decretó la amnistía, por lo que el alcalde Chamorro lo consideraba «elemento revolucionario peligrosísimo». De igual modo, el comandante del puesto de la Guardia Civil escribe el 13 de noviembre (folios 149-150) que Ruiz fue «destacado dirigente» del PSOE «en mítines y propaganda. Estallado el Movimiento, excitó a las masas vandálicas a cometer toda clase de crímenes y desmanes, para lo que se afilió al Partido Comunista, irguiéndose en cabecilla y Alcalde de esta Ciudad, empleo que conservó hasta el final de la campaña. Por orden del informado, se fusilaron, el día 12 de enero de 1937, 45 personas de esta localidad en el Cementerio de las Casillas asistiendo personalmente a dicho crimen».

A este suceso se refiere Purificación Cuesta Aguila, asegurando en febrero de 1942 (folio 174) que los «máximos responsables de cuantos crímenes y desmanes ocurrieron en esta ciudad» fueron el alcalde Alfonso Ruiz Aguilar, «que ordenó todos los asesinatos», y Manuel Bueno Civantes, «que fue el que con mítines y otros actos análogos desarrolló las ideas marxistas en el pueblo de Martos»; añadiendo que «Luis López, alias Pinzapo, fue el que firmó la orden del asesinato de su difunto esposo D. Pablo Cózar Garrido, como asimismo de los 46 mártires que fueron inmolados aquella misma noche en Las Casillas de Martos». Sobre Bueno informaba con fecha 14 de febrero de 1942 el delegado comarcal de FET y de las JONS (folio 175):

Manuel Bueno Civantes, mayor de edad, casado, en la actualidad domiciliado en Granada; fue Alcalde de esta Ciudad en tiempos de la Dictadura; después se hizo Socialista. El Glorioso Alzamiento Nacional le sorprendió en Madrid en donde al parecer fue detenido y encarcelado en la checa de García Atadell. En el Movimiento prestó sus servicios en una Brigada roja que se encontraba en Villa del Río, conocida esta Brigada por la de Alejandro Peris. Asimismo se tiene conocimiento de que en Baza fue Oficial Jurídico de uno de los Tribunales Rojos, de donde se ignora su actuación, estando considerado en esta Ciudad como un elemento activo del Partido Socialista, ignorándose más detalles de su actuación en la pasada campaña, ya que en el movimiento no residió en Martos y solamente pasó por esta Ciudad para una finca de su propiedad que tiene en el término de Fuensanta de Martos.

También hay un particular que testimonia contra Bueno en relación al asesinato de una de las personas mencionadas en el informe sobre el patrimonio cultural. El 8 de junio de 1942, Encarnación Lechuga Civanto afirma (folio 258):

Que el asesinato de su hermana Doña Isabel y del marido de ésta, D. Salvio Codes Masoliver, pudo ser evitado por el dirigente rojo Manuel Bueno Civanto que, a pesar de las súplicas que le hicieron familiares de la que declara, no realizó gestión alguna que impidiera los asesinatos. Estando convencida la que declara, como lo están muchas personas en Martos, que por el gran predicamento y arraigo que Manuel Bueno tenía de antiguo en la Casa del Pueblo, y con todos los elementos del Frente Popular, si él se hubiera impuesto, muchos crímenes no se hubieran consumado. Que fue uno de los más principales predicadores, que con tenacidad y constancia dignas de mejor causa, fue envenenando lenta y progresivamente al pueblo de Martos dando lugar con ello a que en el expresado pueblo se hayan cometido los hechos más monstruosos que se puedan concebir y los destrozos más completos en templos magníficos y propiedades particulares. Por todo ello estima la que declara que el tal Bueno tiene igual responsabilidad que los autores materiales de los asesinatos.

En cuanto a los ejecutores de las sacas de presos de Martos, el testimonio de Manuel Melero Liñán (folio 248) confirma lo afirmado por el jefe de la cárcel en relación a Amador Morales, alias el Rubio Títeres. Puede referirse a los asesinados el 30 de septiembre, entre los que se encontraba Rogelio Orozco Sánchez, o a la saca del 2 de octubre, entre cuyas víctimas estaban Juan Sánchez Gómez y Antonio Peinado García:

Dice que en el viaje que le lleva al Monte Pepe Álvarez, fue Garzón, Vílchez, Conejillo el de la campiña, el manco Charrillero y el Rubio Títeres, éstos asesinaron a donjuán Sánchez Gómez, de profesión Notario, al hijo de don Pedro Peinado, Rogelio Orozco y otros más hasta un número de doce a catorce, el Rubio Títeres al bajarse del camión las víctimas los cacheaba quitándoles las carteras, dineros y todo lo que llevaban.

Cuando le llegó el turno al hijo de don Pedro Peinado, le sacó el retrato de su novia y le dijo que por Dios que le dejara el retrato que quería morir con él, no accediendo a la súplica y llevándoselo.

Después los pusieron en línea y les dispararon con fusiles y escopetas, dándoles el tiro de gracia el Rubio Títeres y Vílchez, estos hechos ocurrieron en el Pozo de las Calenturas en el cual los tiraron una vez asesinados.

El labrador Pedro Estepa Marchal, natural de Valdepeñas de Jaén y con treinta y cinco años el 1 de mayo de 1939, de fe de que se cometieron crímenes anteriores, al decir que al comenzar la guerra, cuando pertenecía «al Centro Obrero que funcionaba en la Venta Bajeta o de Paulino» (folios 251-254), subió «al cortijo del Madroño» y con otras cuatro personas «saquearon el Cortijo y el Cuartel de la Guardia Civil» deteniendo a «don Juan y don Carlos Ureña atándoles a un olivo y maltratándoles». Los trasladaron a Martos, dejando detenidos (sin decir dónde) «a José Melero Miranda, a su hijo Manuel Melero Piñán y a un hermano de aquél, Gabriel Melero Miranda»:

A los pocos días, con ocasión de haberse refugiado en el Cortijo del Carro el preso entonces José Barea, al que habían intentado asesinar una de Martos, la habitante del mismo Encarnación Garrido salió diciendo [que] había en su Cortijo un fascista, presentándose el declarante con una escopeta y sacándole a empujones, llevándole hasta el Puente de Chorro Blanco, metiéndole debajo del puente, donde había muchos pinchos y zarzas haciéndole andar descalzo, asesinándole después detrás de la Caseta de los Peones Camineros. Que aquel día recuerda entre otros de los que tomaron parte en aquel crimen a Manuel Moreno Baena, Julio el Charillero, el Rubio Títeres, Ojo Pava, el Barbero de nombre Rafael, Vílchez el Concejal, el Pintao que trabajaba en casa de Rizco Calero, José Castillo Gallego (alias) Compa, Juan Garzón, Manuel Pulido (alias) el Curilla, Manuel Gata Luque que le dieron el tiro de gracia, disparando el declarante con una pistola ametralladora, enterrándole bajo un olivo en el Cortijo de los Colorados, detrás de la Escuela, tres o cuatro hiladas después.

Con respecto al asesinato de don Manuel Pérez Pareja, manifiesta que un día que no recuerda sacó del Cuartel de la Guardia Civil de Martos, acompañado del Manco Charillero y el apodado el Pariente, y en el coche Hispano que conducía Manuel Melero, lo llevaron al Cortijo del Madroño y en el sitio llamado el Pozo de Juana le dieron muerte a tiros, disparando el declarante y los otros dos inculpados, recordando que antes de morir Manuel Pérez se hincó de rodillas ante ellos, suplicándoles no lo mataran y ofreciéndoles 15.000 pesetas por su vida y dos pistolas que tenía escondidas.

Tras decir que a Pérez «lo enterraron en una cantera próxima, quitándole las botas que se trajo el declarante», narra Estepa cómo asesinaron, el 9 de noviembre, a Manuel Ocaña, y un mes después al exalcalde Juan de la Torre Garrido y a otras ocho víctimas, a quienes «al bajar del camión los detenidos les desposeían de todos los objetos de valor que aquéllos llevaban, y que de estos objetos se hicieron cargo el Vílchez y el Rubio Títeres, diciendo lo entregarían al Socorro Rojo Internacional». También relata cómo arrojaron al Pozo de las Calenturas el cadáver de Máximo Pérez Camacho y a los presos de la citada saca en que murió el hijo de Pedro Peinado. Tras narrar otros asesinatos, en los que arrojaban los cadáveres al pozo o los enterraban en canteras, campos o cunetas, concluye Estepa señalando los responsables de las ejecuciones:

Todas estas ejecuciones las ordenaban los del Frente Popular; que lo constituían: Emilio Herrera Vargas, Garzón, Vílchez, Lujano, Falcó, Antonio Lara (alias) Cuernos, Marcial García que en algunas ocasiones venía del frente, Miguel de la Torre, Arturo Luque, José Pulido Arrabal (alias) Pepillo el de la Luz, José Espejo, Francisco Barranco Aguilera (Teniente del Cuerpo de Tren).

Como se ve, los ejecutores no veían más responsables que aquellos a quienes ya señalaba el jefe de la cárcel como realizadores de las sacas, y en estos testimonios no se ve ni a Ruiz ni a Bueno. En definitiva, en los comienzos de la guerra en Martos hubo más violencia de la que reflejaron los estadillos, y de los iniciales crímenes aislados se pasó a las sacas organizadas.

Si para Martos no hay un relato oficioso de los primeros días de la guerra, sí lo hay para una de sus pedanías: Las Casillas, distante unos quince kilómetros de la cabeza de partido y cuyos habitantes (actualmente unos seiscientos) se censan en el municipio principal. Según el informe firmado el 25 de abril de 1943 por el comandante del puesto de la Guardia Civil, Serapio Mudarra Serrano (folios 282-285), antes del 18 de julio «en este Anejo y su demarcación no se hicieron actos externos y colectivos de adhesión al Glorioso Alzamiento, pero individualmente existía un común sentimiento con la España Tradicional, Una y Católica»:

El 18 de julio de 1936, un núcleo de personas aunque poco numeroso estaba en contacto con la Guardia Civil, dispuesto a levantarse en armas a favor del Glorioso Alzamiento, tan pronto recibieran las consignas de Jaén o Martos.

El día 22 del expresado julio, las autoridades rojas de la localidad en cooperación con las de Martos hicieron unas 23 detenciones entre esta Aldea y su demarcación.

Durante la Guerra de Liberación, varias personas aisladas o en convivencia espiritual trabajaron en favor de los presos en el Socorro Blanco o propagando los Postulados de la España Nacional y Victorial del Caudillo.

Siguen los nombres de tres fallecidos y otros veinticinco hombres a los que se aplica lo dicho; en el siguiente párrafo se apunta quiénes fueron responsables de desmanes, «el Partido Socialista Local, la Directiva de la UGT y el Alcalde Pedáneo, Guardias Rurales, Guardia Municipal y la Masa envenenada y ebria de odio y venganza», y cuáles fueron aquéllos:

Registros domiciliarios, saqueos y quema de imágenes y efectos del culto, como asimismo de uniformes y efectos de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, incautación y apropiación de ganados, tierras, aperos de labranza y Casas Rurales.

Como crimen destacado, anota Mudarra el fusilamiento de cuarenta hombres y cinco mujeres «en la madrugada del día 13 de enero de 1937»:

Las víctimas eran de Martos, y dichos crímenes se gestaron en Martos, cooperando en ellos los Socialistas y canallas de estos Anejos de Casillas y La Carrasca.

Transportados de Martos a dicho Cementerio en camiones. En la puerta del Cementerio fueron despojados de cuantos objetos de valor sobre sí llevaban, y colocados después al borde de una zanja abierta de antemano, les hacían fuego con pistolas, revólveres y fusiles que al efecto trajeron los de Martos, así como con escopetas que para dicho fin les fueron entregadas por el Alcalde Pedáneo y dirigentes de este pueblo a los criminales del mismo.

Como causa del fracaso del alzamiento en Las Casillas, señala el jefe del puesto «el ser estas Aldeas habitadas con gran proporción por obreros», tener «una historia social izquierdista de antiguo, pues hace más de treinta años existieron sociedades obreras de resistencia», el «haber cultivado mucho los Socialistas este rincón geográfico, que llegó a constituir un feudo suyo que balanceaba las elecciones de Martos», el que pocas familias tuvieran «una creencia profundamente religiosa, como norma de vida», y finalmente el que los «agrícolas comerciales» fueran «de postura política pendular, siempre oscilando con arreglo a la temperatura política, por tener una formación y conceptos materiales de las cosas y de los hechos». Añade que todas las autoridades «estaban de parte de la Causa Marxista, por haber sido todas engendradas en la política de izquierdas».

Al concretar la «situación político-social actual del poblado», Mudarra se refiere a «esta demarcación, sobre todo las Aldeas de Casillas y La Carrasca», asegurando que el 25 por ciento de sus habitantes son de «derechas, y entre ellos, el 15 por ciento sería «gente con que se cuenta en todo momento» y el 10 por ciento «gente buena pero sin decisión ni convicción», mientras que el 75 por ciento serían de «izquierdas», aunque de éstas sólo el 25 por ciento sería «gente que sabe lo que quiere y adonde va», y el 50 por ciento sería «masa inerte que la mueve las circunstancias». En «los Anejos de Villar Bajo y Sierra Grande, dice el militar que «hay gente más sana y trabajadora, pero excesivamente egoístas por las riquezas de la tierra».

Andújar, el extraño caso del capitán Reparaz, y el resto de alzamientos

En Andújar, el jefe de la guarnición, capitán Reparaz, incoará un alzamiento para dar luego marcha atrás, integrándose en la columna del general Miaja. Reparaz organizará posteriormente la concentración de la Guardia Civil jienense en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Antes de pasarse con doscientos guardias al bando nacional, obtendrá para el republicano la rendición de los guardias y civiles sublevados en Adamuz.

Antonio Reparaz Araújo había nacido en Asturias en 1899. Con veintinueve años ascendió a capitán. Durante el período republicano, estuvo destinado más de un año en Perú como integrante de una misión para crear allí el equivalente a la Guardia Civil. Tras la revolución de octubre de 1934, trabajó con el comandante Lisardo Doval, encargado de la depuración. En 1935 formó parte de la ponencia encargada de redactar el reglamento de las fuerzas del protectorado español en Marruecos. En julio de ese año pasó a disponible gubernativo y poco después a disponible forzoso.

El 30 de abril de 1936 fue trasladado desde la 2.ª compañía de Vizcaya a Teruel y de allí a Jaén en junio, encargándose de la compañía de Andújar, ciudad que en el censo de 1930 tenía 21.094 habitantes. Según Sánchez Tostado, los «derechistas» asesinados en la localidad durante la guerra fueron ciento cinco, y la represión de posguerra supuso el fusilamiento de noventa y tres personas, más la «muerte violenta sin formación de causa» de otras veinticuatro, y la de veintiséis personas en prisión (a ello suma el autor como «víctimas de la represión franquista» ochenta y dos muertos en bombardeos durante la guerra).

El informe redactado por el 18° Tercio Rural de la Guardia Civil, 218° Comandancia (Jaén), 1.ª compañía (Andújar) sobre lo sucedido en la localidad y sus dependencias no lleva firma ni fecha. En él se afirma que no hubo el 18 de julio «participación de ninguna clase en favor de la Causa Nacional», y que «tan sólo la fuerza del Cuerpo perteneciente al Puesto y concentrados al mando del Sr. Capitán de la Unidad D. Antonio Reparaz Araújo y teniente D. Francisco Ruano, el día 19 conocedores de los desmanes que cometían las milicias rojas y exhortada la fuerza, comprobando que estaba de parte de la Causa del Ejército Nacional, ordenaron lanzarse a la calle para hacer frente a las masas descarriadas con las que sostuvieron un encuentro resultando cinco milicianos muertos y siete heridos y por parte de la fuerza un Guardia herido, sin que en este momento recibieran la adhesión de ninguna persona de las llamadas de orden, sin duda por encontrarse atemorizadas; después del referido encuentro se recibió orden de Jaén de replegarse al Cuartel, quedando la fuerza prestando servicio en las inmediaciones del Cuartel en evitación del asalto al mismo por los marxistas». En días sucesivos, según el informe, «algunas personas de orden se presentaron al Jefe de la fuerza a ofrecerle su cooperación, quedando una veintena de ellos en el Cuartel prestando servicio con la fuerza hasta el 1 de agosto en que personado el General Miaja con una columna en aquella Ciudad se llevó parte de los Guardias al frente, refugiándose el resto en el Santuario de nuestra señora Santa María de la Cabeza, sabiéndose que los primeros de ellos pasaron algunos días después a zona Nacional por el frente de Córdoba».

Una cuartilla titulada «Informe sobre sucedidos día 18 julio 1936», también anónima y sin fecha, en el expediente sobre Andújar en la Causa General (legajo 1007, expediente 1, folio 279) precisa que no fueron las personas de derechas quienes se ofrecieron, sino Reparaz quien reclamó su presencia, y que fue antes de los tiroteos:

El día 19 de julio de 1936, requirió el Capitán de la Guardia Civil el auxilio de personas de derechas para que auxiliaran y tomaran parte en la defensa de Andújar. Al Cuartel de la G. C. fueron llegando vecinos de ésta desde las once del día y allí se congregaron Luis Barberán, Juan Montoro, Luis Rodríguez Moyano, José Martínez, Vicente Ortí, Manuel Ortí, Francisco Calzado, Fernando Calzado, Jesús Amat, Bernardino Martínez, José Simón, Pedro Benítez Mafre, José Ortí Acuña, Gabriel Ortí Acuña, Luis Oliver y muchos más. Estuvieron allí todo el día. Por la tarde la Guardia Civil salió del Cuartel y hubo tiroteos con los revoltosos marxistas, muriendo tres de ellos. Inmediatamente se volvieron al Cuartel.

Hubo una conferencia con el Teniente Coronel de la Guardia Civil de Jaén que dijo estaba enterado de que en el Cuartel había muchos paisanos. Reparaz lo negó. El Teniente Coronel dijo que él mismo lo comprobaría antes de las doce de la noche. Los paisanos se escondieron en unos vanos altos, pero como era mucha gente, se temió se hundieran y el Capitán Reparaz los mandó a su casa. La fuerza se quedó en el Cuartel y no volvió a salir a las calles.

El día 19 comenzaron en Andújar las guardias en los puntos de salida, las requisas de coches, las rondas que circulaban armadas de escopetas y otras armas, las bandas de milicianos camino de la Sierra y la llegada a Andújar de muchos camiones procedentes del campo, Sierra y otros puntos, mandados recoger por los dirigentes. Lo demás fue el proceso rojo que todos conocemos con sus frentes populares, etc. etc.

El día 18 de julio se notó por la noche alguna efervescencia, pero nada hubo en la calle. Aquella noche organizaron los marxistas el plan del día siguiente que queda detallado.

Dos de los congregados en el cuartel, los hermanos Francisco y Fernando Calzado García, aparecen (folio 43), junto con un tercer hermano, Luis, como las primeras personas «encarceladas durante el dominio rojo por razones políticas o terroristas», con fecha de ingreso 23 de julio de 1936 y traslado a Jaén el 29 de octubre. Los primeros asesinatos se registran los días 30 (en la calle Naranjos, por disparo, Bonifacio de la Fuente Gómez, natural de Castillo de Vaez, Burgos, de cincuenta y nueve años, profesor, según el folio 31) y 31 de julio (Carlos Barberán Juan, de cincuenta y nueve años, propietario, en la calle Conde de Gracia Real; posiblemente el padre del primero que aparece entre los congregados en el cuartel; Francisco Garrido Lara, de treinta y tres años, propietario, y José Alzaga Nadales, de cuarenta y seis años, médico; ambos en la calle Naranjos, según el folio 29).

En la página 36 del libro que publicó en 1937, Reparaz comienza por declarar que él y sus guardias estaban prevenidos y eran partidarios de la sublevación:

Acercábase, sin que nosotros conociéramos la fecha exacta, el instante de la insurrección nacional. Los guardias estaban ganados totalmente para la causa. Yo lo había comunicado así a quienes iban a ponerse al frente del Movimiento liberador.

Las primeras noticias del alzamiento en Marruecos conmocionaron los espíritus. Para unos, para los revolucionarios anti-españoles, era aquél el momento de aplastar al «fascismo» —estúpido «slogan» indescifrable para aquellos analfabetos—, y para nosotros, los revolucionarios pro España, era el trance decisivo para continuar la Historia de la Patria.

Pronto supe, el día 18, que en Jaén faltaba el mando de la Guardia civil, y que el comandante militar —el pintoresco teniente coronel Jefe de la Caja de Reclutamiento— tampoco se sumaba a nosotros.

En la página 37, Reparaz afirma que «me llamaron por teléfono desde Córdoba». Evita decir si se sublevó, para sugerir únicamente que era imposible —de los ciento cuarenta guardias de su compañía, sólo catorce estaban en Andújar—, y pinta desde ya su actitud como heroica:

Vi cómo las masas enormes, armadas desde hacía mucho tiempo, preparadas a fondo para la matanza y el latrocinio, iban a desbordar la escasas fuerza armada de que en Jaén —en toda la provincia— disponía la causa de España.

A partir de aquel momento, la Guardia civil iba a escribir la más gloriosa, quizá, de sus empresas. Y yo, sin saberlo, cumpliendo estrictamente mi deber de español y de guardia civil, iba a colaborar en la magna epopeya…

Todo el capítulo III del libro está dedicado a los hechos siguientes, y aparecen las primeras incongruencias entre este relato y los posteriores informes anónimos. Reparaz explica cómo avisó, para que escapara a Córdoba, al jefe local de Falange, dando a entender que su objetivo no era la imposible sublevación, sino evitar derramamiento de sangre (p. 39):

Al conocer, por mis confidencias, la noticia, me impuse el deber de no consentir ninguna tropelía en las personas y haciendas. Para evitar la colisión forzosa, entre la fuerza y las masas, avisé a José Abela para que huyera, rumbo a Córdoba, si le era posible.

A continuación, el capitán asegura que la llamada de Córdoba fue el día 19 pasado el mediodía; en contraste con la cuartilla anónima del legajo 1007, según el cual a las once ya estaba congregando a los derechistas (p. 40):

A las tres de la tarde, mientras nuestra zozobra estaba pendiente del paso del Estrecho por mis camaradas de armas, por las fuerzas que yo conocía y amaba después de una larga campaña africana, me llamó el Capitán Ponce de León, Ayudante del Tercio de la Guardia Civil.

Conversación escueta. Emocionante. Con laconismo de parte militar de operaciones.

—Tú —me decía el compañero desde el despacho oficial de Córdoba—, estás con nosotros. ¿Me equivoco?

—Yo hago honor a mi uniforme y a mi calidad de español. Estoy al servicio de la gran España. Por esto, me tenéis a vuestro lado.

—¿Y el resto de la provincia?

—Puedo decirte que Úbeda y yo constituimos una sola unidad, en cuanto a la adhesión fervorosa y sin límites.

En realidad, el traslado de tropas por avión a la península no comenzó hasta el 20 de julio. Apenas una hora después del momento en que Reparaz dice haber recibido la llamada, está dispuesto a declarar el alzamiento (pp. 41-42):

Mi guerrilla acaso no se lanzara al monte, pero íbamos a comportarnos como una auténtica guerrilla, primero, en el interior de Andújar, tutelada por los manes rojos, colonia bolchevique, reducto anti-español. Y después, si Dios no nos desamparaba, en los caminos blancos, con la franja verde olivarera, que nos separaban de Córdoba…

Cuatro de la tarde. Mi plan iba bosquejándose. Me metí en el despacho y redacté el bando declarando el estado de guerra. Obtendría copias con la máquina de escribir, y un piquete saldría a proclamarlo, leerlo —respaldado por los fusiles— y fijarlo.

Proyectaba dividir la vigilancia de Andújar en zonas. Aunque yo no tenía gente disponible, mi propósito era concentrar a todos los guardias en la cabecera de la compañía. Sabía —la experiencia de Asturias me sirvió de mentora— que dos o cuatro guardias, ante el populacho armado, múltiple y enardecido, servirían solamente para ofrecer nuevos nombres de mártires a la cuantiosa lista que posee la Guardia Civil. Luego me ocuparía de la defensa.

Pero había que realizar una labor simultánea. Las gentes del Frente Popular se encontraban en un momento de organización de la barbarie. Como en el pueblo no había resistencia a la horda roja, y desconocían la actitud de la Guardia Civil, descuidaron la requisa de las armerías. Yo decidí adelantarme.

Los guardias me trajeron 500 armas, la mayoría largas, de las armerías. Las metí en el cuartel. Y envié un camión con hombres de mi confianza, a recoger la dinamita que se empleaba en el ferrocarril Córdoba-Puertollano. La dinamita fue lanzada al río inmediatamente.

La mención a hombres de su confianza —todos los guardias lo eran y sólo tenía catorce— sugiere que Reparaz admite haber convocado a civiles. En todo caso, seguía sin declarar el estado de guerra a las ocho de la noche de ese 19 de julio, cuando se congregó ante el cuartel una manifestación frentepopulista acaudillada por el alcalde Pablo Colomé, más dos individuos apodados el Mezquita y el Sastre, invitando al capitán a ir con ellos al ayuntamiento. Reparaz dice (p. 43) haber intuido «lo que ocurriría si me negaba. Mi fuerza era escasísima. Los guardias podían ser sitiados y comenzarían los asesinatos, la barbarie que se anunciaba hacía meses. Los guardias de los puestos perecerían».

En el ayuntamiento, el alcalde presentó al capitán afirmando:

Camaradas: Aquí está la representación de la fuerza pública, que se halla hermanada con el pueblo en la tarea de defender a la República y a la Revolución social contra el ataque de los facciosos. Vosotros y yo esperamos que la Guardia civil se sume a nuestra causa y que sea uno de los sostenes del régimen de justicia y de libertad que ha de obtenerse con la derrota del fascismo.

Pero Reparaz dice haberse opuesto a este planteamiento, al afirmar (pp. 44-45):

La fuerza pública piensa como yo. Nuestro deber nos obliga a defender las vidas y la propiedad. No toleraré desmanes, ni de las derechas ni del Frente Popular. El que los cometa habrá de atenerse a la sanción rápida y enérgica de la Guardia Civil.

El capitán regresó al cuartel. A las nueve de la noche recibió una llamada desde Aijona dando cuenta de órdenes del comandante de la Guardia Civil en Jaén, teniente coronel Pablo Iglesias, al que prematuramente llama «exguardia civil» y del que dice que «prestaba servicio en la Guardia Civil, como hubiera podido dedicarse a la vigilancia de matuteros en un fielato municipal. Cazurro, tenaz, era una de las excepciones desagradables en una gran Institución». Reparaz acusa a su jefe de haber promovido en el País Vasco, en 1934, represiones injustas que no se ejecutaron, y de haberse pasado ahora al bando frentepopulista (pp. 45-46):

Pablo Iglesias, en 1934 y en Guipúzcoa, donde ocupaba el mismo cargo que en Jaén, había expresado, con palabras y con actos, que la única política posible en España era el exterminio total de todos los marxistas y anarquistas, de los republicanos de izquierda y de los separatistas. La vista de un «carnet» de cualquier sindicato le exasperaba. Y pedía inmediatamente la pena capital para el que lo poseyera.

En Mondragón, Eibar, Pasajes e Irún, los extremistas debían recordarle perfectamente. Cuando se reanudó la actividad pública extremista, y aún antes, en los impresos clandestinos, lo menos que le llamaban a Pablo Iglesias era asesino. Sin motivo, desde luego, porque él se limitó a hablar y a ordenar, desde el despacho del Gobierno Civil, en unión del gobernador, teniente coronel Emeterio Muga, represiones estúpidas y brutales, incompatibles con el reglamento de la Institución. Represiones que no se hicieron, aunque los extremistas abultaran los sucesos.

Este Pablo Iglesias, miembro distinguido de la piara de Epicuro, sintiose, en Jaén, bolchevique enragé. Desde la Comandancia —puesta a las órdenes incondicionales del Frente Popular— se dedicó a llamar a los puestos de la Guardia civil. Pretendía Iglesias que se entregaran las armas en los Ayuntamientos, lo cual equivalía a regalarlas al Frente Popular.

Reparaz dijo a los guardias de Arjona que respondieran con evasivas (p. 46-47):

—Pues entonces, cuando les vuelvan a requerir, respondan que, por orden mía, hace días que enviaron las armas al cuartel de Andújar.

Inmediatamente llamé a todos los puestos restantes y les transmití igual consigna. Los guardias me respondían con fervor. Aproveché la coyuntura para advertirles que estuvieran preparados, ellos y sus familias, a fin de concentrarse en Andújar. Seguía yo planeando mi propósito de resistencia, de evasión o defensiva.

Las afirmaciones del capitán contrastan con el informe oficial —pero anónimo— de posguerra (folio 241) que afirma que los guardias de Aijona se habían concentrado en Andújar ya el día 19. Sea como fuere, asegura Reparaz haber recibido a medianoche una llamada de Iglesias preguntando por las armas de los puestos y afirmando que «es urgente que las entregue. Son necesarias a la causa de la República», a lo que el capitán dijo: «Quedo enterado. Voy a disponer una clasificación». A las dos de la madrugada del día 20, dice Reparaz haber recibido al «general de la Guardia Civil Núñez Llanos, que venía de Madrid»:

Estaba destinado en Córdoba. Valetudinario de cerebro, constante solicitador de mercedes, reputábasele como hombre incapaz de gestos gallardos. Yo no conocía su actitud. Teníale yo clasificado entre los indecisos de primera hora y entre los entusiastas de última. Es decir, de la hora del triunfo.

Había yo pensado abrir un boquete por Villa del Río y pasarme a Córdoba con los guardias de todos los puestos. Mas, pocos minutos antes de la visita del General, habíanme comunicado que en Villa del Río, guarnecido por siete guardias, se hallaba concentrada una masa de 4.000 paisanos armados. Por esta razón, renuncié a pasarme por aquella localidad. Si los rojos nos sorprenden —pensé—, o nos fusilan o nos obligan a acompañarles. No tendremos ninguna posibilidad de entablar combate con ellos.

Núñez Llanos quería ir a Córdoba, y Reparaz, «ignorando la actitud de mi superior», le aconsejaba ir a Madrid, donde «será más útil. Su cargo y autoridad pueden servirnos desde la capital». Ante sus dudas, convence al general para que llame al inspector de la Guardia Civil, «el traidor integral Pozas» (p. 48):

Púsose al aparato, en el Ministerio, el comandante Naranjo Limón, jefe de Estado Mayor del fenecido Ejército de Vizcaya. Naranjo Limón era el adecuado acompañante de Pozas, que le distinguía con su confianza. Fue el excomandante, el delator del 10 de agosto, el principal traidor.

Antonio Naranjo Limón ordenó a Núñez Llanos ir a Villa del Río: «Allí se pone usted al mando de la gente y tome usted Córdoba en seguida». Reparaz fomentó la indecisión del general, llamando él mismo de nuevo a Naranjo, quien repitió la orden de «ir a Córdoba y tomarla. Usted irá con él. A ver si hoy mismo a media tarde, me llama usted desde Córdoba, y puedo enviarle un abrazo como leal defensor de la República». Reparaz decidió entonces animar al general a viajar a Jaén para organizar la columna de ataque a Córdoba. Salieron ambos, pero Reparaz dio al teniente Ruano orden de llamarle para reclamar su presencia cuando calculara que ya habían llegado a Jaén. Así lo hizo y Núñez Llanos autorizó el regreso de Reparaz a Andújar, donde estaba a las once de la mañana. A las 15.30 tuvo lugar el motín callejero tras el que Reparaz formó a sus hombres al grito de «¡Arriba España!» y respondió a los disparos de «trescientos hombres, armados de escopetas y carabinas», provocando «la muerte de seis amotinados». No hubo más incidentes graves, y a partir del 1 de agosto las fuerzas de Reparaz se incorporaron a la columna de Miaja, manteniendo el capitán el doble juego de simular apoyarle, cuando en realidad trataba de retrasar las operaciones encaminadas a tomar Córdoba, mientras preparaba la concentración de las fuerzas de la Guardia Civil jienense en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, y el paso de cuantas fuerzas pudiera congregar al bando nacional.

En una de las localidades dependientes de la comandancia de Andújar, Aijonilla, «el día 18 de julio del año 1936 la fuerza que componía el Puesto de la Guardia Civil se lanzó a la calle en favor del Glorioso Movimiento Nacional, teniendo un encuentro con los marxistas de Linares que habían irrumpido en el pueblo en dos camiones y los locales rojos, habiendo un tiroteo en el que resultó herido el Guardia 2o D. Luis Martínez Trillo». Según el informe anónimo de la Ia compañía de la 218a Comandancia (Jaén), 18° Tercio Rural de la Guardia Civil (folios 240-241 del legajo 1009, expediente 2), se adhirieron «a la Causa Nacional algunos elementos de la Falange y de derechas», citando a cuatro personas, «destacándose en contra de ella todos los cabecillas rojos y la mayoría de la población. Al dar parte al Jefe de la Comandancia del incidente habido entre la fuerza y los elementos rojos, ordenó el repliegue al Cuartel y su concentración al pueblo de Andújar, porque hubo que abandonar la citada Villa que había quedado dominada y libre de los marxistas, rehaciéndose éstos una vez libres de la presencia de la fuerza del Cuerpo, empezando entonces a cometer desmanes».

Algo parecido sucedió al norte de la demarcación, en el pueblo de La Lancha, donde «el día 18 de julio de 1936 y siguiente, la fuerza de aquel pueblo se adhirió al Alzamiento Nacional, marchando el 19 concentrada a Andújar sin observar nada en pro ni en contra del Alzamiento por parte del personal del citado pueblo».

En el norte de la provincia, la guarnición de La Carolina se concentró con la de otros seis pueblos en actitud de rechazo a las pretensiones revolucionarias, hasta el 28 de julio, según la misma fuente (folio 242):

Con fecha 19 de julio de 1936, la fuerza de los pueblos de Santa Elena, Aldeaquemada, Carboneros, El Centenillo, Los Guindos y Vilches, concentradas en La Carolina, a las órdenes de los Alféreces Don Antonio Marruecos Arellano y Don Calixto Cercera Castellano, se unieron a la Causa Nacional prestando servicios en el interior y exterior del Cuartel, negándose rotundamente a salir en defensa de los marxistas como les pidió una comisión compuesta por Antonio Requena Cabello, jefe de los Municipales por orden del Alcalde marxista, y en vista de su actitud el populacho se lanzó a la calle en dirección al Cuartel vociferando y diciendo: «Que había que matar a los Guardias Civiles porque eran contrarios a la nefasta República», pudiendo el Alcalde contener a la masa para que no se aproximara al mismo porque sabía [que] la fuerza estaba dispuesta a defenderse; estos hechos se repitieron el 24 y hasta el 28 de igual mes, que con motivo de pasar por dicha ciudad la fuerza que mandaba el exgeneral Miaja, con el que salió la mitad de la fuerza para el frente y el resto lo hizo el 8 de agosto, marchando al pueblo de Montoro hasta algunos días después que se pasaron a las filas nacionales.

La fuerza congregada a las órdenes de Marruecos y Cercera era de «aproximadamente 60 hombres» (folio 259). Su disposición a defenderse no es tan bien considerada por los civiles que, según Francisco Camacho Linares, habían ofrecido su colaboración para alzarse. Este sacerdote de cuarenta y ocho años, natural y vecino de La Carolina, declaraba (folio 264) el 23 de mayo de 1941 que «el elemento de orden de esta población, por el estado anárquico en que se vivía, esperaba y deseaba el Glorioso Alzamiento Nacional, sin que tuviese noticias fijas de él, y menos de la fecha en que éste podía ocurrir, por lo cual se reunieron las personas más destacadas, visitando el Cuartel de la Guardia Civil y ofreciéndose a indicada Fuerza, a cooperar juntamente con ella en caso de necesidad, pero que llegado el día del Alzamiento, la repetida Fuerza no hizo frente a las primeras manifestaciones de carácter marxista, permaneciendo solamente a la expectativa en el Cuartel, quedando los demás elementos de derechas recluidos en sus propios domicilios».

Para el resto de la provincia de Jaén, puede aplicarse, con los matices que para cada localidad pueden consultarse en los informes respectivos, lo que para Espelúy escribe el 7 de agosto de 1943 el comandante del puesto, Gabriel Cabello Moreno, para explicar que «no se dio ningún caso digno de tenerse en cuenta» de adhesión al alzamiento (legajo 1009, expediente 14, folios 61-64) porque «al surgir el Movimiento Nacional se encontraban las riendas del poder en manos de destacados marxistas y esta circunstancia les hacía ser más superiores que las personas de orden, éstos se vieron obligados a claudicar siendo por tanto objeto de persecuciones»:

Pero sin lugar a dudas la causa principal del fracaso del Movimiento en esta población fue la medida tan desacertada de retirar las fuerzas de la Guardia Civil que guarnecían la población para concentrarlas en la capital ya que mientras permaneció la fuerza en la ciudad no se alteró el orden público, pero al verse libres del freno que les suponía dicha fuerza se dedicaron los marxistas a cometer toda clase de desmanes, cacheos, registros, detenciones, etc… etc… con lo que sembraron el terror haciéndose dueños de la situación.

Respecto a la población de Espelúy, precisa Cabello que «era en su mayoría de ideas izquierdistas, y, hoy, a pesar de los innumerables beneficios que el Caudillo está concediendo a la clase Trabajadora, son tan incomprensibles que, aunque no lo hagan público, se les advierte que sus ideales no son de conformidad derivándose ello de que el término de este pueblo pertenece sólo a cuatro o seis propietarios y el resto es masa trabajadora, pues no existe lo que podríamos llamar clase media. Además existe la barriada de la Estación en su casi totalidad obreros ferroviarios que, como es sabido, con anterioridad al Movimiento era el 90 por ciento de ideas marxistas y hoy a pesar de todas las depuraciones se presume que siguen sus mismos ideales».

El Santuario y el final de la carrera de Reparaz

A partir del 14 de septiembre de 1936, los guardias concentrados por Reparaz, y a las órdenes del capitán Cortés, se rebelan frente a las autoridades republicanas que habían comenzado a desalojarlos. En los reductos del Santuario de la Virgen de la Cabeza y Lugar Nuevo quedan trescientos dieciocho hombres armados y ochocientos setenta civiles. Reparaz se había pasado a los nacionales el 25 de agosto con más de doscientos guardias civiles. Para los que quedaron asediados, el reducto que Reparaz elogia en su libro a semejanza de los blocaos africanos, donde los españoles podían resistir indefinidamente, se convertirá en trampa mortal.

Entre los guardias encerrados, habría sin duda varios de la escolta del segundo tren de la muerte, y en concreto estaba el jefe, alférez Manuel Hormigo Montero. Durante los primeros días del asedio fue arrestado por el capitán Cortés por oponerse a la permanencia del campamento en el cerro. Más tarde fue encargado de la 4.ª sección, cayendo herido en el enfrentamiento del 1 de noviembre. El día 5 Cortés le encargó ir con treinta hombres al cortijo Valdelipe y traer al campamento ganado. Pero Hormigo se sintió indispuesto en Lugar Nuevo, por lo que se quedó allí y siguió con la misión el brigada Vicente Zamora. En la madrugada del 1 de mayo Hormigo, salió del Santuario, apareciendo al amanecer en las filas enemigas. No se le acusó de evasión, ya que declaró que, al romper el día, fue a dar el último beso a su mujer y a sus hijos que estaban resguardados tras unas peñas, siendo sorprendido y apresado por soldados republicanos. Sus hijos, Pilar y Rafael, sobrevivieron al asedio. En cambio, José Hormigo Ramírez, que participó con otros muchachos en la V sección, y al que Urrutia describe como un «mozuelo ágil, simpático y respetuoso, valiente y dispuesto», fue recluido por los republicanos en el penal de San Miguel de los Reyes y murió poco después de la guerra por los padecimientos contraídos en el Santuario.

El presidente del gobierno republicano, Francisco Largo Caballero, quiso que quienes habían dejado de proteger a los civiles de las diversas localidades jienenses, para ponerse a salvo con los suyos en el Santuario, no pudieran al final salvar a sus propios seres queridos y otros civiles de los rigores del asedio. Andrés de Vizcaya, delegado de la Cruz Roja, relató en un documento —escrito a mano y sin fecha— que conserva la Causa General (legajo 1009, expediente 3, folios 3 a 18) cómo, en su opinión, la intervención de esta institución provocó al menos que los frentepopulistas hicieran un «alarde de humanitarismo» y respetaran las vidas de los supervivientes. Tras recibir un aviso de Ginebra el 20 de abril de 1937 para viajar a Valencia y «para realizar una gestión humanitaria a favor de los heroicos defensores de Santuario de la Virgen de la Cabeza», Vizcaya visitó el 21, junto con el doctor Martí, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, a Largo Caballero. Vizcaya tacha la expresión: «La entrevista fue bastante desagradable y solamente después de una discusión a más de dura»; y afirma que «nos contestó de una forma seca y brusca que lo del Santuario era un asunto ya liquidado, que sus fuerzas iban a tomarlo de un momento a otro y que le convenía más que fuera una victoria por las armas sin hacer ninguna gestión humanitaria y además que no era una gestión de la incumbencia del CICR. Al oír estas manifestaciones nos indignamos y después de una hora de discusión violenta recordándole los convenios internacionales del CICR y que precisamente en este lugar donde estaba en peligro la vida de muchas mujeres, niños y recién nacidos nuestra intervención era necesaria conseguimos el permiso para trasladarnos al santuario y hablar con los heroicos defensores y por altavoz con la prohibición absoluta de penetrar en el mismo».

El 23 de abril, los representantes de la Cruz Roja transmitieron por megafonía a los asediados que «hemos conseguido del gobierno de Valencia que en caso de rendición sean respetadas las vidas de toda la guarnición y que las mujeres, niños y ancianos quedaran en libertad absoluta». El 25 de abril consiguieron entrevistarse con dos emisarios del Santuario, momento que describe así Vizcaya:

El semblante de estos dos héroes era impresionante, se reflejaba en su rostro un crudo sufrimiento y sacrificio, sus uniformes estaban destrozados, al verlos sentí una profunda emoción y tuve que hacer un gran esfuerzo para disimular esa terrible impresión y la admiración que sentía por ellos.

La contestación, desde el Santuario, a la propuesta de rendición fue:

Señores de la Cruz Roja Internacional. Esta guarnición no se rendirá nunca, pero estamos dispuestos a evacuar las mujeres, niños y ancianos de la forma siguiente. Los entregaremos por grupo de cincuenta para ser llevados a la zona del Generalísimo, y cuando nos hayan comunicado de aquella zona por heliógrafo que éste ha llegado bien entregaremos los restantes de la misma forma hasta la total evacuación de mujeres, niños y ancianos. Les saluda atentamente el jefe de la Guarnición Capitán Cortés.

Inmediatamente, el responsable de las fuerzas sitiadoras, coronel Cordón, «dijo de una forma brusca que de modo alguno estaba dispuesto a aceptar estas condiciones, que los emisarios hicieran el favor de volver al Santuario y que, a los 30 minutos de haber penetrado en el mismo, empezarían de nuevo las hostilidades de no rendirse la guarnición sin condiciones antes de haber transcurrido el plazo fijado». En Andújar, los responsables de la Cruz Roja se enteraron «de que Largo Caballero había dado la orden terminante de que no insistiéramos nuevamente en nuestra gestión humanitaria y volviéramos inmediatamente a Valencia». Tras la caída del Santuario, Martí comunicó a Vizcaya que el gobierno de Valencia le había prohibido desplazarse de nuevo al lugar. El español concluye que «por noticias recibidas más tarde creo que han sido respetadas las vidas de los heroicos defensores aunque no lo puedo asegurar por no haber sido testigo presencial, lo que sí estoy seguro es que debido a nuestra intervención los rojos quisieron hacer alarde de humanitarismo»; aunque no hasta el extremo de tratar bien a los prisioneros:

Pasados varios meses visité el campo de trabajo de Tarancón. Los presos que se encontraban en aquel campo procedían de la Cárcel de San Miguel de los Reyes de Valencia, entre ellos habían varios heroicos defensores del Santuario, también había en él varios enfermos y algunos mutilados, por lo que formulé una enérgica protesta cerca del inspector de prisiones después de lo cual fueron trasladados a Madrid a un hospital los mutilados y varios enfermos. También hice notar al inspector que los barracones eran reducidos para contener tantos presos y el botiquín muy mal surtido en medicamentos, no tenían ni siquiera alcohol ni algodón. En fin la situación del mismo, condiciones higiénicas y organización era un desastre. Al día siguiente de haber visitado el campo envié al mismo una ambulancia para trasladar los enfermos y los medicamentos que necesitaban, alcohol, algodón, etc.

En cuanto al capitán Reparaz, tras defender Córdoba del cerco republicano, el 11 de septiembre se incorporó al ejército que se dirigía hacia Madrid, asignándosele el mando del flanco izquierdo de una columna de Regulares en el sur de Avila. En marzo de 1937 fue destinado a la Comandancia de Córdoba y enviado a un tabor de Regulares en Villaharta, y más tarde a la segunda compañía de la Guardia Civil con residencia en Córdoba. Entretanto, y como fruto colateral de su trabajo en el Cuartel General de Franco, escribió junto con el jefe de Prensa y Propaganda Maximiano García Venero, alias Tresgallo de Souza, el libro que publicó en junio de 1937, recién terminada la resistencia del Santuario de Santa María de la Cabeza. En él justifica el doble juego que mantuvo antes de pasarse a la zona nacional. Menciona el episodio de Adamuz, pero no aparecen para nada los trenes de Jaén.

Reparaz fue enviado al cuartel general del VII Cuerpo de Ejército y después nombrado delegado de Orden Público de Segovia. A principios de 1939 fue gobernador civil de Teruel, ascendiendo a comandante en marzo. En agosto de 1940 fue jefe superior de Policía de la provincia de Barcelona y, desde el 23 de julio de 1941 hasta abril de 1942, de la de Madrid. Poco antes de este traslado, el 16 de julio de 1941, comenzó en Sevilla un consejo de guerra contra Reparaz, acusado por los pueblos de Adamuz y Pozoblanco de haber contribuido a la muerte de setecientas personas en las represabas republicanas (incluyendo los trenes de Jaén). El fiscal pidió pena de reclusión perpetua, pero por el prestigio que gozaba Reparaz, sugirió que podía «considerársele comprendido en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de enero del pasado año sobre examen de penas». El abogado defensor, por su parte, aseguró que Reparaz comparecía tranquilo ante el tribunal, «agradeciendo a sus enemigos el haber proporcionado los medios para que la verdad resplandeciera». Esta verdad sería que el antaño capitán se unió a la columna Miaja «de hecho, no de espíritu», organizando desde su cuartel general «la retirada de Adamuz y la concentración de guardias civiles en el Santuario, hechos que ahora se pretendían que fueran un cargo, cuando más bien eran actos dignos del mayor elogio», según la cita no literal de Agustín Calvo y Fernando Rivas en el artículo «Resistencia y rendición del pueblo de Adamuz en el año 1936», en la Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil (año VIII, 1975, número 15).

El defensor probablemente se excedió al vincular el juicio sobre lo sucedido en Adamuz con el que se pudiera hacer sobre el Santuario. Además, no se limitó a defender a Reparaz, sino que atacó al exjefe de la Guardia Civil en Jaén, Pablo Iglesias, hacia quien el ahora acusado no ocultaba su enemistad en el libro de 1937; donde no hay ni rastro de lo que afirmó el defensor:

Mi defendido trató de refugiar a estos evacuados en el Cuartel de la Guardia Civil de Jaén para su mayor garantía y si no lo fueron, se debió a la tenaz negativa del teniente coronel de aquella Comandancia, que sólo permitió fueran los guardias y sus familias.

La defensa hizo hincapié en tres puntos: que los asesinatos del 10 de agosto se habrían cometido, «según declaraciones testificales y diligencias de careo obrantes en el sumario» de seis a seis y media de la mañana en «los barrios del pueblo» y, por tanto, antes de que Reparaz llegara; que éste salvó, al evacuarlos, a los que habían participado en la defensa del pueblo, y que no tuvo participación ni conocimiento de la preparación de los trenes de Jaén; si bien añadió algo que los carteles que se pusieron en los trenes ponen en entredicho, que no hubiera «relación alguna de causa a efecto entre la evacuación de Adamuz y el criminal atentado». Cierto que no la hubo en la organización, que precedía a la toma del pueblo; pero sí se aprovechó la circunstancia para «el atentado», al calificar a los rehenes como presos del frente de Córdoba.

Reparaz ya había tenido un encontronazo, al terminar la guerra, con un antiguo rehén de Adamuz, según me contó Miguel Redondo Carrasco, en las conversaciones que mantuve con él en esa localidad los días 15 y 16 de julio de 2010, y posteriormente por teléfono. Fue al liberar a los presos de Alicante, cuando Reparaz se encontró con Rafael Terán Ayllón (superviviente del segundo tren de Jaén). El capitán «lo saludó y él le contestó que si no le daba vergüenza de saludarlo cuando era culpable de todo lo que había pasado». Para su defensa en el juicio, a Reparaz le hubiera bastado decir que evacuó a aquellos a quienes los milicianos querían matar; ya que no hay evidencias de muertes antes, y sí después. Miguel Redondo asegura no haber oído decir nunca que los asesinatos «fueran a las seis de la mañana; además la gente que mataron no vivía en los barrios». Ejemplo de ello sería la familia de Bartolomé Román Cerezo, dos de cuyos miembros morirían en el segundo tren, y tres en el pueblo. Uno de ellos, nada más entrar los milicianos, ya que trató de huir por una puerta trasera al campo, y lo tirotearon. De los que participaron en la defensa de Adamuz, sólo uno queda vivo, Manuel Galán Pastor, quien me dijo el 16 de julio de 2010, sin saber lo que se dijo en el juicio de Reparaz, que los asesinatos fueron después de irse la Guardia Civil, y que antes el pueblo estaba cercado por la Benemérita:

Aquella mañana del 10 de agosto, por la mañana temprano, recuerdo perfectamente que estaba todo el pueblo lleno de guardias civiles por las afueras, luego entraron y traían una lista de los peces más gordos, los que querían llevarse y cuando entraron los republicanos, los rojos, hicieron unas matanzas bárbaras, porque los que querían se los habían llevado.

Respecto a Pozoblanco, Reparaz sólo tuvo que alegar que él no fue el negociador de la rendición, cuyas cláusulas quedaron incumplidas. El capitán Luis Hernández de Castañeda Cánovas se presentó en el juicio para reconocer que él fue quien parlamentó con los que se rindieron.

Reparaz fue absuelto y, al final de su trabajo en Madrid, ascendido a teniente coronel. Se retiró durante tres años como supernumerario, para volver, precisamente como jefe de la Guardia Civil en Córdoba, aún con una fuerte presencia de maquis. Hubiera o no resplandecido la verdad en el juicio, Reparaz no recuperó el afecto de la ciudad que en 1936 lo acogió poco menos que como salvador. Calvo y Rivas recuerdan así cómo pidió el retiro voluntario, marchando con destino desconocido, pero probablemente hacia Perú:

Hacía frío en la estación aquella tarde de febrero. Reparaz, de paisano, ágil a pesar del peso de su cerebro, subió al tren y se asomó a la ventanilla. El tren lanzó un pitido agudo. Nosotros, quienes habíamos ido a despedirle —habla el segundo autor—, llevamos nuestras manos al sombrero. Saludábamos mientras el tren arrancaba. Reparaz quería mirarnos. Pero sus ojos se sentían atraídos por la sierra cordobesa, cercana y altiva. Tras las montañas próximas quedaba Adamuz; más a la izquierda, Pozoblanco; al frente, a lo lejos, el Santuario…

El juicio de 1941 podía arrojar sombras sobre el Santuario, ya que el que Reparaz presentaba como personaje funesto, Pablo Iglesias, pretendía para sí el mérito. Considerado en 1942 sospechoso de haberse opuesto al alzamiento en Jaén, el antiguo jefe de aquella comandancia de la Guardia Civil esgrime la declaración que firmó el 10 de mayo de 1939, en la que asegura haber hecho todo lo posible para sublevarse y organizar la resistencia en el Santuario (folios 26-40 y 47). Comienza por decir que se enteró del alzamiento a las ocho horas del 18 de julio:

Pensé seguidamente sumarme a él, pues ésa era mi manera de pensar y estaba identificado con su ideal. Estudié las posibilidades de secundarlo con una acción armada; pero como no tenía en aquel momento en Jaén más que unos 47 guardias, y ya las milicias marxistas en número muy considerable y la Compañía de Guardias de Asalto eran casi en su totalidad marxistas, adquirí la seguridad de que fracasaría, sin conseguir otra cosa que la total destrucción de la Comandancia. Me dispuse entonces a ayudar del mejor modo posible a las Fuerzas Nacionales y a procurar por la mayor seguridad de las fuerzas a mis órdenes, para lo cual concentré los pequeños puestos en las principales poblaciones de la provincia; consiguiendo así evitar desmanes en la población civil y con vistas a facilitar su ocupación por el Ejército Nacional si llegaba el caso. Debo hacer constar especialmente que no recibí ningún ofrecimiento por parte del elemento civil de orden ni organizaciones políticas de derechas de Jaén.

Tras narrar que se vio coaccionado para ponerse a las órdenes de Miaja en Andújar, y que estuvo a punto de pasarse a los nacionales en Monclín, deja caer su órdago:

Ya en Jaén, y en vista de que las circunstancias lo aconsejaban, conseguí de los directivos del Frente Popular y del gobernador, interviniendo en estas gestiones el Capitán Reparaz, marchar con la fuerza que tenía en Jaén, y todas las familias de la Comandancia, al Santuario de la Virgen de la Cabeza, con objeto de poder hacerme allí fuerte y sumarme al Glorioso Movimiento en cuanto los núcleos que tenía en Campillo de Arenas, Monclín y Montoro se pasaran al lado del Ejército Nacional: y en efecto, entre el 16 y 17 de agosto marchó la Comandancia al Santuario bajo mis órdenes, yendo con ella el Capitán Cortés, que encontrándose en Jaén, con licencia por enfermo, se incorporó entonces.

Iglesias da a entender que sus planes se cumplieron porque «los grupos de Campillo de Arenas y Monclín se pasaron al Campo Nacional», pero «mi resistencia a ejecutar las órdenes del frente popular de Jaén y gobierno marxista me hacían altamente sospechoso para ellos», por lo que le llamaron «a Madrid para conferenciar; y como no había llegado aún el momento oportuno para alzarme en el Santuario, ya que todavía no había podido pasarse al campo Nacional la fuerza de Montoro, marché a Madrid el día 21 de agosto, con intención de regresar el día siguiente, como lo prueba el que se quedaran en el Santuario mi mujer y mi hija (que han pasado allí todo el asedio) y el que ordenara al conductor del coche que viniera a la estación de Andújar». En Madrid, le retiraron el mando de la comandancia, y ni siquiera le dejaron volver al Santuario. Por si fuera poco, Iglesias habría prestado a los nacionales un último servicio, la entrega de Guadalajara:

El día 28 de marzo de 1939, me presenté en la Comandancia Militar de Guadalajara acompañado de un delegado de FET de Madrid y de otros de la Organización local, y me hice cargo de la plaza. Seguidamente dicté un bando con arreglo a las circunstancias, ordenando entre otras cosas la entrega inmediata de las armas y tomé las medidas convenientes para mantener el orden en todo momento. A la noche de aquel día llegó un destacamento motorizado del Cuerpo de Tropas Voluntarias Nacionales, y fueron atendidos y alojados lo mismo que las demás fuerzas que se presentaron posteriormente, continuando en mis funciones hasta el día 29 en que llegó el Comandante Militar nombrado por las Autoridades Nacionales y en el que resigné el mando.

Roma se interesó… en 1952

Leocadio Moreno ha relatado razones de peso por las que muchos civiles afectos a los nacionales, de hecho o en apariencia, no estaban interesados en que se hablara de los trenes de Jaén. En los guardias civiles, ese recuerdo iba implacablemente unido a la duda sobre su pasividad ante el alzamiento y la revolución, y podría poner en entredicho la mayor gloria de la Benemérita en toda su actuación al lado de Franco: el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Así que sólo quedaba una parte afectada que, al mismo tiempo, no parecía tener óbice que presentar al recuerdo de lo sucedido: la Iglesia.

Frente a este interés que tenía la Iglesia por recordar a los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que fueron asesinados por su condición de católicos —para ello no obstaba que el odio a la religión se mezclara con acusaciones de estar al servicio de los ricos; a más de alegatos sobre su supuesta riqueza y su presunta connivencia con los golpistas— surgieron dos obstáculos: la falta de medios y la necesidad de evitar la implicación en tareas represivas.

Ambos aspectos son patentes, para el caso de Jaén, en la respuesta que el 18 de octubre de 1941 envió el vicario general, sustituto del obispo asesinado, al fiscal de la Audiencia Provincial, y que se conserva en la Causa General (legajo 1009, expediente 13, folios 19-20), respecto a las investigaciones que se pedía que hiciera la Iglesia acerca de lo sucedido durante la revolución:

Si ahora la Autoridad Civil cree —nosotros creemos lo contrario— que puede exigir a la Eclesiástica, en virtud de mandato, la relación abrumadora de datos que pedía V. S. en su oficio del 22 del pasado abril, no se nos negará en esa hipótesis el derecho de exigir, por «décima vez» también, que se nos envíe personal adecuado y los recursos necesarios para hacer esas investigaciones, ya que los pocos sacerdotes supervivientes no vieron los sucesos por haber sido encarcelados y no juzgamos conveniente para su ministerio pastoral el que ellos por sí mismos hagan esas investigaciones.

La Iglesia no quiso implicarse en actividades que no le correspondían, y respecto a lo que ella misma sufrió en la provincia de Jaén se limitó a mandar, el 22 de abril de 1941, una lista, firmada por el vicario general, según la cual «en esta Diócesis fueron asesinados 130 Sacerdotes, 8 Religiosos, 3 Religiosas y 4 Seminaristas. Además fueron asesinados también, los presidentes de la Juventud de Acción Católica de Martos, Linares y Siles» (folio 21, rubricado en Jaén el 22 de abril de 1941 por el Vicario General).

En el citado expediente, dedicado a la persecución religiosa en la provincia, también se menciona (folios 6-7) el intento de los republicanos de que algunos sacerdotes trataran de conminar a los defensores del Santuario a rendirse, pero se aclara que los sacerdotes actuaron correctamente.

Los 2.879 muertos que Preston apunta a la represión franquista en Jaén, comparados con las 1.640 víctimas que asigna a la represión republicana, quitaban quizá las ganas de predicar la gloria de los mártires que habían muerto perdonando, por no decir la de aquellos del tren que, en medio de la sorpresa, quizá no tuvieron tiempo para reflexiones tan elevadas. Cuando el sufrimiento de quienes padecieron la revolución se instrumentalizó para castigar duramente a cuantos la habían apoyado, aunque no tuvieran las manos manchadas de sangre, se hizo más difícil explicar que el recuerdo de los muertos no tiene para un cristiano connotaciones vengativas. La percepción de hasta qué punto los rencores permanecían arraigados en la sociedad llevó, por ejemplo, al obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay, a publicar el 7 de febrero de 1940 una carta pastoral, anunciando una misión general para predicar la necesidad de la reconciliación, que el prelado echaba de menos lamentándose con frases como la siguiente:

Lo que, transido de cristiana caridad y de generoso perdón cristiano pudiera haber sido trasparente cristal de roca, ha parado en ser despreciable ciénaga de inmundicias.

A estas razones se sumaron las complicaciones de la guerra mundial, y las tensiones entre Iglesia y Estado, no resueltas —relativamente— hasta el concordato de 1953, precedido por los acuerdos del régimen de Franco con los Estados Unidos. Sólo entonces, aunque no necesariamente por esos motivos, se interesó la Santa Sede en las causas de los mártires de la Guerra Civil española.

En el expediente sobre la persecución religiosa (legajo 1557, expediente 8, folio 18) consta que no fue hasta 1952 cuando, por encargo de la Congregación Vaticana de Ritos, el padre Calasanz Bau pidió información sobre ejemplos de mártires. Finalmente, se le presenta documentación sobre el segundo tren de Jaén y algunos datos sobre unos marianistas asesinados en Ciudad Real.

En un segundo paso, se ofrecen al investigador «Copias de testimonios, minutas, oficios e informe relativos al asesinato de religiosos» (expediente 10 del mismo legajo), en una carpeta que incluye una lista de los sacerdotes asesinados en las diócesis de Toledo, Sigüenza-Guadalajara y Badajoz; unas menciones muy breves sobre Barcelona, Lérida, Gerona y Baleares; Solsona y Lérida con mayor extensión, Tortosa, Seo de Urgel, Ibiza y Segorbe; de nuevo con mayor extensión sobre Valencia, Castellón y Teruel; Málaga, Granada, Córdoba, Jaén y Almería; unas notas escuetísimas sobre Cuenca y Madrid (de ésta se dice que se ha publicado en el libro La dominación roja en España); y a partir del folio 247 aparece un informe, evidentemente a medio redactar, que empieza por Santander, Oviedo, Guipúzcoa, Vizcaya, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Almería, Córdoba, Zaragoza, Huesca…y termina en el folio 277 con el relato del asesinato del obispo auxiliar de Tarragona.

Las autoridades franquistas no permitieron al investigador romano manejar más documentos que los que a ellos les parecieran relevantes; y, como se ha visto, consideraban el asesinato del obispo de Jaén y de las personas que con él viajaban como el caso más patente de persecución religiosa y martirio. Los datos para el conjunto de España se resumen en el folio 317, y en el 313 se especifica que con fecha 16 de abril de 1955 se ha pedido el envío de esos datos al Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid.

Además del Vaticano, se interesaron por los casos de sus propios mártires algunas congregaciones religiosas. El criterio de las autoridades franquistas, manifestado en un documento del 21 de octubre de 1952 (folio 302), fue que para no duplicar gestiones toda la información se proporcionaría al padre Calasanz Bau (y sólo a él). Para entonces ya se había respondido (el 24 de julio de 1952) a la petición al respecto de los redentoristas (folios 309 y 316). Después de ellos pedirían información los postuladores de causas de beatificación y canonización de la congregación de los Sagrados Corazones (6 de octubre de 1952, folios 285-286) y de las Escuelas Cristianas (3 de marzo de 1954, folio 298).

El estudio de las causas de los mártires de la revolución de 1936 se frenó al discutirse la oportunidad de renegociar el concordato entre España y la Santa Sede, bajo el pontificado de Pablo VI. Una vez que la situación se resolvió con los acuerdos de 1979, Juan Pablo II dio un nuevo impulso a estas causas. Pero la del obispo de Jaén ya no fue de las primeras en reactivarse.

Por lo que se refiere a las víctimas de Adamuz, Miguel Redondo sintetiza así cómo expresó a las autoridades eclesiásticas su propia reticencia a llamarlas mártires:

Yo le dije al párroco que hay ahora, al que mandaron la lista de caídos desde el obispado, que yo creía que por las familias que aquí hay, no es que no sean religiosas, pero tanto como para sentir la causa… Le dije que aquí no íbamos a ir con 150 mártires. Y llevar un solo mártir de Adamuz, cuando todos habían muerto en las mismas circunstancias y de la misma forma… Nunca se ha oído en Adamuz que dijera uno: perdónalos, o que al morir digan Viva Cristo Rey. Yo no he oído aquí nada de eso, y por las personas que aquí pudieron morir creo que no fueron ellos capaces, por cómo son los familiares. Creo que quizá sintieran más el morir que decir: «Voy a la eternidad». Le dije al cura: «Creo que nosotros para curarnos en salud, [debemos decir que] aquí no ha habido ninguno en esas circunstancias».

El obispado de Córdoba ha tenido a mano ejemplos diferentes no muy lejos de Adamuz: en el mismo Pozoblanco, donde el 18 de agosto de 1936 resultaba detenido el joven Bartolomé Blanco Márquez, que al ser trasladado a Jaén, escribía a su novia:

Como te quise siempre, te querré hasta el momento de la muerte. Dios me llama; Dios me llama a su lado y a El voy por el camino del sacrificio. No culpes a nadie de mi muerte; perdona en nombre de Dios como El perdonó y yo también perdono. Sé feliz y procura sobre todas las cosas la salvación de tu alma. Hasta la eternidad. Tu Bartolomé.

El 1 de octubre, víspera de su fusilamiento, Blanco dice a sus familiares que conoce a todos sus acusadores, y les da el siguiente recado:

Sea esta mi última voluntad: perdón, perdón y perdón; pero indulgencia que quiero vaya acompañada del deseo de hacerles todo el bien posible.

Así pues, os pido que me venguéis con la venganza del cristiano: devolviéndoles mucho bien a quienes han intentado hacerme mal.

En el momento de morir, el que tras ser beatificado es patrón de la pastoral juvenil de la diócesis de Córdoba, «cambia sus vestidos con otros más pobres; va con los pies descalzos para semejarse aún más a Cristo; al ponerle las esposas las besó con reverencia, dejando sorprendido al guardia que maniataba», se despidió de sus compañeros y rechazó morir vendado y de espaldas: «Quien muere por Cristo —dijo a los milicianos— debe hacerlo de frente, con el pecho descubierto y los brazos en cruz. ¡Viva Cristo Rey!».

Por lo que hace a Jaén, Antonio Aranda, canónigo de la catedral y coautor de un libro sobre la persecución religiosa en la diócesis, reconocía, en una conversación que mantuvimos el 17 de julio de 2010, que el descuido en la causa de beatificación del obispo es injustificable:

Desde luego ha sido una negligencia. Todos esos hechos estaban vistos, estudiados y conocidos en los años cuarenta, y sin embargo hasta ahora no se han publicado. Diríamos que hemos dado un paso, aunque tarde, pero lo hemos dado. Hay un libro de Antonio Ruiz Sánchez dedicado a los mártires que están dentro del proceso de Basulto y compañeros. Hubo un criterio de selectividad y representatividad: el obispo, el vicario general, el párroco de Orcera y otro párroco de Mancha Real, como representantes de párrocos y sacerdotes, representando a los seminaristas Manuel Aranda, y un muchacho de veinte años de Acción católica, representando a los seglares y miembros de Acción Católica. Hubo ese criterio entonces y así se hizo. Hay un libro escrito y sobre ello monografías, pero una presentación completa, ésta ha sido la primera, y a los setenta años.

La causa de beatificación de monseñor Basulto (que había nacido en Adanero, Avila, el 17 de mayo de 1869) dio un paso importante el 21 de junio de 2010, al aprobar por unanimidad los consultores del Vaticano el carácter martirial de su muerte y de las otras cinco personas mencionadas por Aranda: el vicario general Félix Pérez Pórtela (nacido también en Adanero, el 21 de febrero de 1895), dos sacerdotes, un seminarista y un miembro de Acción Católica. El mismo día se reconocieron como martirio los asesinatos, cometidos en Martos en enero de 1937, de tres monjas.

Según Alberto Royo Mejía,[19] tanto estas causas como las de los benedictinos de El Pueyo y los oblatos de Pozuelo (cuyas muertes martiriales fueron reconocidas dos días después) «forman parte de un gran grupo de Causas martiriales que se están estudiando con vista a una futura Beatificación». En el proceso se ha documentado que Basulto rechazó las repetidas sugerencias que le hizo el gobernador Rius Zunón para que escapara. No obstante, tras ser detenido el 2 de agosto por un grupo de milicianos que preguntaban: «¿Dónde está el Obispo? Porque le vamos a dar un tiro»; se difundió por radio y prensa que «había sido sorprendido cuando intentaba huir con nueve millones de pesetas». Conviene resaltar que en el proceso parece no haberse tenido en cuenta ninguna de las supuestas actitudes (brazos en cruz) o frases (de perdón) del obispo, que aparecen en algunos relatos (incluso en su epitafio en la cripta), pero que no están documentadas por testigos presenciales. Hay otros indicios que bastan para considerarlo mártir:

Su muerte ha sido valorada por los Teólogos vaticanos como un verdadero martirio porque la actuación de quienes intervinieron fue claramente in odium fidei [por odio a la fe]. El Obispo fue detenido publicándose calumnias contra él: que se iba a escapar con nueve millones; se le impidió ir a la capilla para consumir el Santísimo Sacramento, dándole como respuesta las voces de unas blasfemias; pasó por la nave de la Catedral bendiciendo camino del martirio y también en esos momentos recibe las burlas de los milicianos; en el camino del tren pidieron la cabeza del Obispo en Alcázar de San Juan y Vallecas y en otras estaciones del trayecto. Por otro lado, los testigos refieren la serenidad de Don Manuel en tales momentos y la aceptación cuando le dan la noticia de que va a ser trasladado a aquel tren que le llevaría a la muerte: «Todo sea por Dios», dijo serenamente.

La revolución de 1936 sigue llamando la atención

A modo de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón —entonces al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional— se declaró competente para investigar la insurrección de Franco y de otros treinta y cuatro jefes militares y ministros, asegurando que constituía un delito que no podía prescribir, por haber conllevado secuestros con desapariciones. En el auto del procedimiento abreviado 399/2006V, Garzón parte del supuesto de que «hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad» y afirma:

La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución.

El auto de Garzón parece un brindis al aire, ya que con sólo probar que los acusados han fallecido, el juez declararía extinta la responsabilidad de los mismos y se desvincularía de esas acusaciones. ¿Qué pretendía entonces con el auto? Por una parte facilitar la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante la guerra. Evidentemente, para eso no hacía falta encausar a nadie. Otros dos objetivos del controvertido auto eran calificar como delitos punibles los actos de los sublevados, y elevar esa calificación al grado de crímenes contra la humanidad. Respecto al primer punto, el juez tenía el prurito de compensar al bando republicano, cuyos crímenes supuestamente ya fueron perseguidos después de la guerra con la llamada «Causa General». Así afirma Garzón:

Los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora. No aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952.

En cuanto a la calificación de lo que Garzón considera crímenes de los vencedores, el juez se basa en las declaraciones de varios militares, hechas al principio de la guerra o incluso antes de ella, y en las opiniones de algunos estudiosos. Una de las declaraciones se basa en las preguntas hechas a Franco por Jay Allen y publicadas en el Chicago Daily Tribune el 28 de julio de 1936. Garzón asume en el segundo de sus razonamientos jurídicos —página 13 del auto de 68 páginas— la conclusión de Alien de que Franco «estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el país».

El principal juicio sobre los hechos acontecidos en la retaguardia del bando nacional, el de que «no sólo era una guerra civil, sino también un programa de exterminio», lo toma Garzón de una obra de Secundino Serrano, catedrático de Instituto y autor de sendos libros sobre el maquis y los republicanos que combatieron contra Hitler. Por cierto que, a renglón seguido, compara lo hecho por los nacionales con una orden dada por el mariscal Keitel en 1941, donde hasta el apellido del jefe del estado mayor alemán está mal copiado.

Las declaraciones a Jay Allen las toma Garzón de fuentes indirectas que deforman la versión publicada en Chicago, donde Franco «sacudía la cabeza» en señal de reprobación ante la perspectiva de matar a media España. Según mostró Arcadi Espada en una entrada en su blog de El Mundo aparecida el 4 de noviembre de 2008, la versión de la entrevista publicada el 29 de julio de 1936 por el News Chronicle londinense, era aún más clara al especificar que «el general Franco negó con la cabeza, sonriendo incrédulamente». Lo único que parece claro, en una fuente que manipulaba tan descaradamente como Jay Alien, es que Franco quería ganar «a cualquier precio». Lo cual, dicho sea de paso, no es un gran descubrimiento a estas alturas.

Que, como dice Garzón, durante décadas se persiguieran los presuntos crímenes de los republicanos, y no los de los nacionales, no implica que los primeros se hayan investigado suficientemente desde el punto de vista histórico, ni que —suponiendo que sus causas estén aclaradas— dejen de ser interesantes. Viceversa, el que no se hayan perseguido penalmente los segundos, es decir, los crímenes del bando nacional, no quiere decir que no se hayan investigado desde el punto de vista histórico, y tampoco que sean más interesantes o relevantes que los otros por el mero hecho de no haber sido condenados.

Garzón va cuando otros vuelven, ya que la represión franquista ha sido examinada por los historiadores durante décadas y, en cambio, no por ello faltan episodios de la revolución de 1936, sucedida en el llamado bando republicano, como el de los trenes de Jaén, que siguen sin estudiarse, y otros que, pese a parecer manidos, siguen despertando el interés del público. Esto último lo experimenté el 18 de enero de 2011, al hacer una pregunta a Santiago Carrillo durante la presentación de un libro que él publicaba bajo el título La difícil reconciliación de los españoles. La pregunta fue: «¿No piensa que para la reconciliación sería positivo que usted pidiera perdón a las familias de las personas que mandó fusilar?». Y la respuesta:

Yo no mandé fusilar a nadie. Yo estuve en la defensa de Madrid. Los generales facciosos publicaron con gran solemnidad que Madrid iban a tomarla cinco columnas, las cuatro del ejército de África que habían avanzado sobre (Madrid) y la quinta columna que estaba escondida en Madrid. Y uno de los problemas más serios en ese momento en la defensa de Madrid era esa quinta columna, que no eran soldados que combatieran con uniforme, eran gentes, miles, de derechas, que estaban organizados y que en un momento dado podían abrir las puertas de Madrid. Ese yo creo que fue un error muy serio por parte de los generales franquistas, porque hizo que el pueblo de Madrid, que estaba semi-cercado, semi-rodeado, rodeado con una sola salida, por las tropas de Franco, que estaba siendo bombardeado con aviación y con artillería día y noche, que además estaba siendo hostigado desde la retaguardia por grupos de esa quinta columna que disparaban desde los tejados, sobre la gente que circulaba por la calle, en un momento en que, ahora es muy difícil imaginárselo, pero ¿se imaginan ustedes una ciudad sitiada, una ciudad bombardeada, donde todos los días mueren cientos de mujeres, de niños, de viejos? ¿Imaginan la cantidad de odio que había en Madrid en ese momento? Y en ese momento, mi responsabilidad fue, si acaso, no tener una organización de policía, porque no había, porque de Madrid se había marchado todo el mundo, incluido el gobierno, incluidos funcionarios. Mi responsabilidad fue no tener en ese momento fuerza suficiente para impedir que la gente se (embozase) y atacase, e incluso asesinara a la gente de derecha que podía ser considerada como quinta columna. La orden era trasladarlos a Levante, creo que eran alrededor de dos mil militares, sobre todo, militares que se habían negado a defender a la República, que se habían sublevado en los primeros tiempos en el Cuartel de la Montaña, que no habían sido fusilados, como había que hacer con los militares cuando se sublevan contra un gobierno legítimo, que habían estado en la cárcel y que en ese momento, las tropas de Franco llegan a 200 metros de la cárcel donde estaban estas personas. En ese momento, con el general Miaja, decidimos evacuarlos de Madrid, cosa que había debido hacer ya antes el gobierno de la República, y en el camino, la gente ataca ese convoy y mata. Pero hay que pensar que en ese momento en Madrid había miles, decenas de miles de ciudadanos de Madrid que estaban armados, que estaban sufriendo bombardeos y que veían morir a sus mujeres y a sus hijos, cargados de odio, había que pensar que en esos momentos los milicianos que protegían ese convoy estaban protegiendo a esa gente contra sus sentimientos, y que en un momento dado desobedecieron a las órdenes. Yo lamento mucho aquello, pero hay que imaginarse lo que es una guerra. Ya saben lo que está pasando en guerras como la de Irak y Afganistán, eso que llaman los daños colaterales. En esas guerras con ejércitos organizados, disciplinados, con grandes medios. ¿Cómo extrañarse de que suceda, en el momento en que Madrid es sitiado y es bombardeado, día y noche, y en que hay miles de gentes que mueren cada día? Gentes que no son combatientes, y también hay combatientes. De eso yo no puedo asumir la responsabilidad. Decir que yo mandé fusilarlos es una calumnia que nadie ha podido demostrar hasta ahora. Si yo hubiera hecho eso, gentes como el general Miaja, y el general Vicente Rojo, los militares profesionales que participaron en la defensa de Madrid, y que tenían, que estaban protegiendo a familias de los militares sublevados, por un sentido de solidaridad, esas gentes no me lo hubieran perdonado jamás. Y en cambio Vicente Rojo, en su libro sobre la defensa de Madrid, elogia la labor de la Junta de Defensa, porque la verdad es que en un mes conseguimos regularizar la situación de Madrid, acabar con esas cosas, creamos los tribunales populares, que eran los que juzgaban, condenaban o liberaban, en un mes y pico en Madrid conseguimos establecer el orden. Y yo no tenía en Madrid en ese momento ni policía, ni fuerzas de la Guardia Civil, ni había fuerzas del ejército, de la milicia, que pudieran dedicarse a eso, y hubo que improvisar todo el aparato de seguridad de la ciudad. Claro, hasta que yo fui nombrado secretario general del Partido Comunista, nadie me acusó de aquello a lo que usted se ha referido, sólo después de mi nombramiento como secretario del Partido Comunista se ha empezado.

Pedí un comentario sobre las palabras de quien fue Consejero de Orden Público —del 8 de noviembre al 24 de diciembre de 1936— en la Junta de Defensa de Madrid, al profesor de historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid José Rodríguez Labandeira, experto conocedor de la revolución de 1936 en la capital. Respecto a la responsabilidad de Carrillo en las treinta y tres sacas de presos con destino a Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz (del 7 de noviembre al 4 de diciembre), y a la pretensión de que los milicianos no cumplieran órdenes, su opinión fue firme:

No sólo no desobedecen, sino que cumplen órdenes taxativas; no hay desobediencia posible. Que desentierren los cadáveres y verán la prueba clave: tienen las manos atadas con alambre. Iban con las manos atadas a la espalda.

Rodríguez Labandeira piensa que la orden de fusilar a los presos la dio «el estado mayor soviético», pero en todo caso Carrillo «es el responsable del orden público». Los fusilamientos resultan comprensibles para el profesor: «Una guerra es así, pero se reconoce y ya está». Rodríguez Labandeira comenta la presunta falta de pruebas y documentos: «Vaya si los hay, los mismos que lo hicieron lo declaran, en juicios sumarísimos donde van a ser condenados a muerte, sabiendo que los van a fusilar. Esos documentos están en el Archivo de la Fiscalía del Supremo».

El historiador se explica la negativa de Carrillo a reconocer la verdad porque es «una mente escurridiza desde joven. Es difícil pillarle porque normalmente no asiste a las reuniones (en las que se ordenan las sacas de presos), nombra como representante suyo a Segundo Serrano Poncela, que es el que firma todas las sacas. Carrillo despachaba con él todos los días, y supongo que en vez de hablar de chicas hablarían de eso. Carrillo puede decir que Serrano abusaba de su confianza, pero él es responsable porque es el equivalente al director general de Seguridad en Madrid».

Rodríguez Labandeira no duda en calificar de crímenes de guerra estos fusilamientos: «No se puede disparar a una persona con las manos atadas. Además, lo camuflan como un traslado, cuando los llevaban al matadero». Y no vale argumentar que muchos fueran militares, incluso sublevados, pues en todo caso tenían derecho a un consejo de guerra. En estas matanzas, el profesor ve «un maquiavelismo tremendo», pues si se temía la inminente ocupación de Madrid, «lo normal es huir, no eliminar a los prisioneros». Dicho sea de paso, Rodríguez Labandeira considera que no hay gran diferencia en los crímenes de los dos bandos en guerra.

Prueba de que el interés del público no ha podido ser desviado de los crímenes revolucionarios fue el eco que tuvo, en la versión de La Gaceta en Internet, el artículo en el que resumí lo que me dijeron Carrillo y Rodríguez Labandeira. Fue el más leído y más comentado, con gran diferencia, respecto al resto. Publicado el 19 de enero, superaba tres días más tarde los 1.200 comentarios de lectores. Probablemente, marcó un récord.

Con este precedente, el 8 de febrero de 2011, no me resistí a preguntar a Stanley Payne si la actitud revolucionaria de Carrillo y de otros en el PCE no contradecía las directrices del Komintern que, desde 1935, apoyaba el pacto con los burgueses:

R. Fue un cambio tan abrupto que muchos de los dirigentes del PCE en España no entendieron completamente las instrucciones de la Komintern desde Moscú, y de vez en cuando había algún desliz en eso. El discurso de Carrillo sobre esto fue más bien un exceso retórico de la antigua política revolucionaria del partido. Creo que ya en ese momento entendía el cambio de táctica, pero hay varios pronunciamientos individuales en esa fase de varios dirigentes del PCE, que tienen dificultad no tanto en ajustar su actividad sino su retórica.

R ¿Entonces no es cierta la acusación de la derecha francesa a Stalin de provocar la guerra y la revolución en España para crearle problemas a Francia?

R. Esa idea fue de un sector importante del Partido Socialista Francés, que era muy antiestalinista. Sobre todo Paul Faure, que fue durante veinte años secretario del PSF. Para él todo esto era una maniobra de Stalin.

P. ¿Y no lo fue?

R. En el caso de Stalin, puede haber dos o tres juegos diferentes en la práctica en cualquier momento. No fue la intención principal de Stalin en ese momento. Tenía posiblemente esa intención detrás, en la mente, para una segunda etapa, posiblemente.

P. Los revolucionarios ocultaron la revolución. Sin embargo Inglaterra, que era el principal objetivo del engaño, percibió exactamente lo que estaba pasando.

R. El gobierno británico entendió muy bien lo que estaba pasando. Su único interés era no involucrarse en un conflicto internacional mucho más grande, y por eso se salió con la suya y realizó su objetivo respecto a la guerra española. Otra gente estuvo más influida por la propaganda, pero el gobierno británico no.

P. Había gente como Orwell o los del POUM que pensaban que la revolución funcionaba y que hubiera triunfado. ¿O tenían razón los del PCE con lo de «primero ganar la guerra»?

R. Creo que la Revolución fue una ventaja para Franco, porque en todo esto sin duda al 90 por ciento al menos los comunistas tenían razón en su postura.

P. Pero los comunistas, cuando decían «primero ganar la guerra», estaban diciendo: «Primero dadnos el poder, porque somos los que tenemos las armas de Moscú». No creo que mostraran una eficacia militar.

R. Una cierta eficacia. Es verdad que organizaron algunas de las mejores divisiones del ejército republicano, pero es también verdad que ellos igualmente subordinaron los intereses puramente militares a los intereses políticos. Y lo hicieron de un modo diferente a los anarquistas, porque pusieron el énfasis en la organización regular del ejército, y no en elegir zonas fuertes para atacar, o cómo combinar con la fuerza aérea, que estaba bajo el mando comunista. Había mucha prioridad política a la hora de coordinar a los comunistas con los otros militares.

P. ¿Largo Caballero lo estaba haciendo bien en el camino para ganar la guerra? Si así fuera, ¿por qué lo quitaron?

R. Creo que la organización militar comunista, por lo general, era más eficaz que lo que hacía Largo Caballero, que quería proteger una parte considerable de la revolución, no quería canalizar la revolución en el sentido comunista, y ellos insistían en que a Largo le faltaba capacidad administrativa. Creo que los hechos en parte indican que los comunistas tenían razón en eso, que había una ausencia de concentración de fuerzas, de enfoque de parte de Largo Caballero. No hacía las cosas tan bien. Es cierto que bajo su gobierno se creó formalmente la organización del Ejército Popular y las Brigadas Mixtas. En cambio, no había una concentración total bajo Largo en los aspectos militares.

P. Carrillo asegura que si hubiera organizado las matanzas de Paracuellos, Miaja y Rojo no le habrían alabado.

R. Lo mejor que se puede decir de eso es que es una ingenuidad total, es otro modo de Carrillo para tratar de excusarse. Rojo y Miaja sabían muy bien lo que estaba pasando en Madrid, con los fusilamientos de miles de personas, y parece que no les importaba.

P. ¿Era una táctica bolchevique la de, en vez de huir, fusilar a los prisioneros?

R. Sobre todo fue un acto de emergencia especial. La ciudad estaba sufriendo casi un asedio por parte de Franco y querían eliminar sobre todo a los oficiales militares que tenían encarcelados, por eso la matanza de tipo bolchevique, con gran organización, premeditada, de asesinato en masa de mucha gente. Porque los partidos izquierdistas españoles mataban solamente en grupos pequeños, de modo organizado, sí, pero hasta cierto nivel, no de mil quinientas o dos mil personas a la vez. Esto fue algo mucho más bolchevique.

P. Usted cita como peculiaridad de la revolución española que se liquidara al clero. Fue una clase específicamente liquidada. ¿Por qué en España y no en Rusia?

R. No es por culpa de la Iglesia, sino por la existencia de la Iglesia, porque la Iglesia ha sido siempre la base cultural, espiritual y psicológica sobre todo, el apoyo principal, en cuanto al orden espiritual e ideológico del sistema establecido, y por eso fue siempre el blanco de la ira por parte de los elementos radicales de izquierdas, desde la primera parte del siglo XIX. Esto es algo que ha pasado también en otros países católicos sobre todo, no en países protestantes u ortodoxos. Sobre todo en países católicos por el peso específico de la Iglesia en esas sociedades, y por eso había brotes también de un anticlericalismo violento, sobre todo en Francia con la Revolución francesa, y en la última fase de la Revolución mexicana. Pero sí es un rasgo especial, yo diría también típico en la Guerra Civil revolucionaria, en un país católico latino. Y resulta que el único país que tiene una guerra de esta clase es España. Francia lo había tenido con la guerra de la Revolución.

A modo de conclusión, cabría añadir algo de lo dicho por Preston en la presentación de El holocausto español, cuando se le preguntó por qué Santiago Carrillo niega siempre su participación en Paracuellos:

Una de las cosas que más me ha motivado en la búsqueda de la responsabilidad han sido sus mentiras, a veces tan infantiles como decir: todo había pasado antes de que yo llegara y no sabía nada. Eso es absolutamente imposible. No digo que él fuera el responsable de todo, pero decir que no sabía nada o que no tuviera ninguna responsabilidad es una ridiculez. Creo que habría sido más honrado decir: dada la situación de Madrid asediado, no había otra posibilidad, las columnas africanas se acercaban a la Cárcel Modelo, había que evacuar, que no es lo mismo que asesinar, pero en fin.

En algo tiene sin duda razón Carrillo: en que la reconciliación de los españoles es difícil. De ello pude ser testigo el 30 de mayo de 2011, al asistir a la rueda de prensa en la que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, presentaba la «comisión de expertos» creada por el gobierno para dirimir el futuro del Valle de los Caídos. Tanto Jáuregui como uno de los copresidentes de la comisión, el exministro Virgilio Zapatero, repitieron durante el acto que el Valle de los Caídos debía servir a la «memoria reconciliada», contrapuesta al fin supuestamente partidista al que hasta entonces habría servido el monumento. El segundo copresidente, Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, fue el único que, respondiendo a una pregunta mía, se refirió a la necesidad de «perdón» y «reconciliación». La pretensión de una «memoria reconciliada» sin mencionar las palabras perdón o reconciliación, expresada por Jáuregui y Zapatero (Virgilio), me pareció entonces el más claro ejemplo de que dos no perdonan si uno no quiere.

¿Por qué escribir sobre la Guerra Civil?

El 12 de mayo de 2011, recibí en mi blog la siguiente pregunta del abogado Javier Espadero:

¿Por qué no pasamos página de la Guerra Civil que ocurrió ya hace mucho tiempo (1936-1939) y hacemos propuestas para mejorar el presente?

Esa pregunta me ha venido a la mente antes y después de realizar esta investigación sobre los trenes de Jaén. He descubierto puntos que me parecen importantes, que se corresponden con los tres apartados del estudio: en primer lugar, dónde tuvo lugar la matanza, cómo se llevó a cabo y hasta qué punto es un paradigma de la revolución de 1936. En efecto, en ella colaboraron estrechamente comunistas (batallón Sargento Vázquez), socialistas (batallón Pablo Iglesias) y cenetistas (ateneos del Puente de Vallecas, Entrevias, etc.), poniendo de manifiesto tempranamente a qué clase de personas había confiado —no por casualidad ni improvisadamente— el poder el llamado gobierno de la República. Me parece que Preston comete un error garrafal al achacar todo el episodio a «milicianos anarquistas» (en la página 371 de El holocausto español), y que en el hecho de armar a grupos de personas, que ningún eufemismo podrá identificar con «el pueblo», y cuya única finalidad era liquidar a sus adversarios políticos —sin despreciar el beneficio económico de los expolios—, estriba una de las claves del fracaso, social y militar, de la República. Primero fracaso social, pues al instaurar un régimen de terror, perdió la confianza de los ciudadanos; y eso llevó al fracaso militar.

En segundo lugar, la masacre de los trenes de Jaén tiene trascendencia por haber sido la ocasión o motivo de que los diplomáticos manifestasen su convicción de que el gobierno republicano había perdido la legitimidad en lo que se refiere a la defensa de derechos humanos fundamentales.

En tercer lugar, parece relevante que el franquismo dejara caer en el olvido el episodio porque investigarlo hubiera puesto de manifiesto el papel, cuando menos poco decidido, que la Guardia Civil había jugado en la provincia de Jaén al estallar la revolución y en la misma custodia del tren, así como el hecho de que muchos civiles que en la posguerra figuraban como franquistas ejemplares hubieran pagado rescate por sus vidas (los ricos) o colaborado con la revolución (Moreno señala el caso paradigmático de los maestros; pero lo visto en Martos deja claro que no fueron sólo ellos). Como botón de muestra de que tirar de todos los hilos podría ser muy incómodo, baste recordar que la revolución fue organizada en Vallecas por el hermanastro de un militar, poco importante durante la guerra, pero que llegaría a ser ministro del Aire.

Todas estas aportaciones, sin embargo, parecen irrelevantes, cuando se tiene la sensación de que escribir sobre la Guerra Civil supone implicarse en una discusión política en la que se acusa a un grupo o partido de tener la culpa de los males de España, y al mismo tiempo se excusa al bando de enfrente. Como si la función del historiador fuera juzgar, y frenar o favorecer la influencia en la sociedad de determinadas ideas, grupos o personas, y no comprender los sucesos históricos, precisamente para facilitar la convivencia.

Pienso que esta sensación —de que la investigación histórica va a ser manipulada con fines ideológicos o políticos— está muy viva entre los historiadores españoles que aprecian su profesión. Por este motivo, aunque realicé mi especialización en historia contemporánea española hace dos décadas, siempre me he resistido a escribir sobre la Guerra Civil.

Es posible que mi opinión comenzara a cambiar al leer un comentario sobre la novela The March (La Marcha) de E. L. Doctorow. Aunque en sí misma esa visión sobre la marcha a través de Georgia y las Carolinas de las tropas del general Sherman no me aportó demasiado, sí me impresionó el comentario en el que se aseguraba que, sin la violencia que la guerra de Secesión extendió de forma brutal en la sociedad norteamericana, sería imposible comprender no sólo fenómenos como los gánsteres de Chicago, sino el mismo modo de ser y reaccionar de los estadounidenses actualmente. Si esto fuera cierto, pensé aplicando ese pensamiento a España y su Guerra Civil, de nada valdría guardar silencio, si los efectos de la guerra siguen manifestándose en la sociedad. Es más, el silencio probablemente sería perjudicial, en la medida en que nos impediría identificar esos efectos nocivos para la convivencia y contrarrestarlos.

La resistencia a pensar y hablar sobre la Guerra Civil se manifestaba de forma típica en la letra de una famosa canción de los primeros años de la Transición, que comenzaba con estas palabras: «Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas». Esta canción, cuyo título era «Libertad sin ira», la hizo por encargo de la revista Cambio 16 el grupo Jarcha, muy conocido también por su interpretación de la canción «Habla, pueblo, habla», cuya música compuso Alvaro Nieto por encargo del gobierno para promocionar el referéndum sobre la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976.

Pienso que hay momentos en los cuales no se reflexiona, o incluso no se debe reflexionar, sobre las causas de un conflicto: cuando ese conflicto se trata de detener. Por ejemplo, cuando alguien interviene para separar a dos o más personas que se pelean —ya sea en la calle o en un campo de fútbol—, se debe hacer oídos sordos a los argumentos de unos y otros, pues lo prioritario es evitar que el conflicto escale a un nivel mayor. Este parámetro de conducta ya no sirve cuando la situación conflictiva ha desaparecido de la superficie, pero puede permanecer en lo hondo de los ánimos, y es necesario buscar la reconciliación. Entonces puede aparecer una postura de optimismo antropológico, según la cual las heridas se curan solas y no es necesaria la reflexión. Esta es la postura ingenua que se adoptó en la Transición española, y que las mencionadas canciones reflejan.

El rebrote de revanchismo creado en torno a la Ley de Memoria Histórica muestra en mi opinión hasta qué punto este optimismo era ingenuo e infundado. El ser humano no es bueno por naturaleza hasta el punto de que carezca de deseos de venganza, y estos deseos no se apagan a base de cantar melodías bonachonas según las cuales todo se arregla «porque hay libertad, sin ira libertad y si no la hay sin duda la habrá».

Buscando una explicación a la huella que la violencia, y una violencia extrema como la de nuestra Guerra Civil, deja en las sociedades, me ha parecido muy acertada la que elabora el pensador francés René Girard, quien parte del hecho de que toda sociedad se basa en el sacrificio humano, en el homicidio, en que, como diríamos en expresión más nuestra, todos tenemos muertos enterrados en el jardín. Para Girard, como alternativa a la espiral de violencia y anarquía que supone el ojo por ojo y el deseo de hacer pagar el homicidio con otro homicidio, las sociedades humanas han recurrido a la sublimación de la violencia cometida en el pasado creando lo que él denomina «chivos expiatorios». El enemigo que ha perdido la vida resulta dignificado, participa en la victoria y el progreso que la sociedad edificada sobre la violencia alcanza, que de algún modo agradece el sacrificio de esa vida, a cambio de que los partidarios o descendientes de los vencidos no se venguen y acepten el nuevo orden social.

Esto es lo que hizo el franquismo, reconociendo a los republicanos y revolucionarios el carácter de combatientes por la democracia, cuando no lo eran, ya que la democracia no era más despreciada en el bando nacional que en el republicano. Un cierto deseo de hacerse perdonar el haber ganado, y evidentemente un cierto sentimiento de culpabilidad por los crímenes cometidos en el bando nacional, llevó a abandonar el campo historiográfico a las opiniones partidarias de los republicanos, a modo de compensación por el hecho de haber perdido la guerra y, hasta cierto punto, la capacidad de influir en la política. Esa compensación derivó en el reconocimiento de derechos que no tenían ningún fundamento, como el de otorgar la nacionalidad española a los brigadistas internacionales reclutados por Stalin, pero no a los italianos de Mussolini o los alemanes de Hitler, ni a ningún otro de los extranjeros —portugueses, irlandeses, franceses, ¡y qué decir de los marroquíes!— que combatieron en el bando nacional. Entrando por ese ventanuco que parecía una simbólica concesión, se llegó a abrir de par en par la puerta según la cual los perdedores eran los buenos, y los vencedores, los malos.

El tiempo ha mostrado que, si bien dos pueden discutir aunque uno no quiera —la prueba de ello son todas las guerras de agresión, que se producen por muy pacifista que sea la parte agredida—, en cambio es imposible reconciliarse si uno no quiere. Y cuando el deseo de reconciliación es interpretado como debilidad —lo que sucede frecuentemente con los terroristas—, quien piensa que vale la pena alterar el orden social con tal de lograr una utopía, aprovecha el buenismo de su adversario para ganarle terreno ahí donde puede.

Desgraciadamente, el buenismo ha hecho que en España se actúe como si no fuera necesario aclarar la verdad, cuando lo es. Lo sucedido es semejante a la situación de un profesor, al que los niños tientan para ver hasta dónde es capaz de ceder en su autoridad. Si no se marcan claramente los puntos en los que el orden no puede ser infringido, los niños cada vez ganarán más terreno, hasta el punto de que la voz del profesor se dejará de oír. Esto ha sucedido con la Guerra Civil española. Como denunciaba Preston, se ha dejado oír tantas veces la voz de quienes mentían sobre puntos que eran fácilmente desmentibles, que al final la mentira se ha instalado como verdad oficial y se obliga por ley a creerla.

Así, ha desaparecido el aspecto más original de la España bélica —la revolución de 1936— y se ha suprimido la Guerra Civil —verdadera tragedia de un país dividido en dos bandos, decididos a imponerse el uno al otro por la violencia—, sustituyéndola por una milonga —fábula de buenos y malos— histórica, en la que unos militares organizan sin motivo un golpe de Estado contra una república democrática. El resultado es que los españoles seguimos divididos en dos bandos y no sabemos el por qué, ni los hechos que permiten ponderar la actuación de unos y otros en el conflicto. Cada cual sigue convencido de que el otro tuvo toda la culpa. Sólo que hoy día, no se permite a los del bando vencedor que lo expresen.

Si en lugar de recurrir a teorías radicales como la de Walter Benjamín —o a interpretaciones radicales de una teoría que quizá no lo fuera tanto—, se hubiera prestado atención a teorías más razonables sobre la violencia fratricida, como la de Girard, quizá se hubiera comprendido algo mejor por qué se ha cedido, a modo de compensación, a los perdedores el campo historiográfico, y cómo la pretensión de una justicia radical por parte de los perdedores lleva, como ha sido el caso, a subvertir por completo, al menos en teoría, el orden social. En ese proceso de integración del adversario se ha pasado, hoy, a una inversión radical, que ni reconoce legitimidad en la lucha al bando franquista, ni reconoce los actos deshonrosos cometidos por el bando, ahora considerado, legítimo: es decir, que ignora algo tan peculiar y tan cañí como fue la revolución de 1936.

Al margen de estas consideraciones teóricas, hay dos encuentros personales que me han convencido de la oportunidad de poner un granito de arena para que la verdad sobre nuestra Guerra Civil, y en concreto sobre la tragedia de los trenes de Jaén, sea conocida. El primero tuvo lugar con varios familiares de víctimas mortales del segundo tren, en Adamuz. Estas personas querían permanecer en el anonimato, para no ser aún más discriminadas en el pueblo, y me contaron con el habla pausada de las gentes cordobesas, la historia de sus familiares. Lo hacían sin ningún tipo de rencor, ya que comprendían que detrás de la revolución había una tremenda situación de injusticia social, en la que los pobres no tenían ni para comer. Sus familiares no eran ricos, pero al menos tenían para comer.

Hoy, según era patente, la situación se ha invertido y los descendientes de los revolucionarios son tanto o más ricos que los de las personas que fueron enviadas a los trenes de la muerte. La derecha ha olvidado a los que hubiera podido considerar sus muertos, pero en cambio el discurso ideológico de la izquierda permanece inmutable. De cuando en cuando, sobre todo ante la cercanía de períodos electorales, los políticos de izquierda se afanan en recordar a sus votantes que, si disfrutan de mayor prosperidad que la de los descendientes de los que antaño eran propietarios, es gracias a ellos. «¿Usted no conoce Andalucía?», me preguntaban estas personas. En ese lugar, como en tantos otros, el recuerdo, no ya de los hechos históricos, sino sólo de aquella parte que sirve para mantener vivo el rencor, tiene un rédito político: cuando no se pueden presentar como motivos para pedir el voto los progresos derivados de un trabajo serio, siempre queda la opción de referirse a una situación injusta del pasado, y de dar por supuesto que esa situación volverá si ellos no permanecen en el poder. Mientras tanto, estas personas descendientes de las víctimas del tren siguen sufriendo discriminaciones en el acceso a las subvenciones, o en la posibilidad de que sus negocios puedan ser anunciados en los instrumentos que utiliza el ayuntamiento, por supuesto con dinero de todos.

El ejemplo de Adamuz muestra que uno de los efectos que pretendía la revolución de 1936 se ha cumplido con la eliminación física de muchas personas: el cambio en la estructura de la propiedad. En Adamuz, un ejemplo de ello es la familia Trevilla, uno de los grandes propietarios de entonces, hoy desaparecidos de la población. Hubo otras familias que no quisieron regresar tras la guerra, o que, queriendo o no, malvendieron sus tierras. Lo mismo puede decirse para casos como el de Martín Peinado: sus pertenencias de antaño no sólo ya no son de su familia, sino que nadie recuerda que lo hayan sido. Lo único que queda con su nombre es un colegio en Cazalilla.

El encuentro que me convenció definitivamente de que valía la pena esforzarse por aclarar lo sucedido con los trenes de Jaén, y en general durante la guerra civil, fue el que tuve el 8 de septiembre de 2010 con Leocadio Moreno, y mis posteriores conversaciones con este superviviente del segundo tren, hasta el punto de poder decir que entre ambos existe una sincera amistad. Ya en aquel primer encuentro me dijo Leocadio que «es la primera vez que yo lo cuento con los detalles que estoy contando». En esa conversación, en la que me dijo «yo pienso que tú ya eres amigo mío de toda la vida», y en otras ocasiones, usaba él la siguiente expresión: «Me estás haciendo revivir». Lo decía no sólo porque le ayudara a recordar los sucesos del pasado, sino porque pensaba que había un aspecto importante de su vida que él mismo había olvidado, y que ahora recuperaba; y que además sentía el deber de hacer aún algo para honrar a aquellas personas inocentes que murieron en los trenes.

Para mí, lo más valioso que me ha aportado esta investigación es la sincera amistad de Leocadio Moreno. Para corresponder de algún modo a ella, termino cediéndole la plaza para que cuente, con las palabras que usó ese 8 de septiembre de 2010, lo que le sucedió a partir del momento en que escapó de la cárcel Modelo:

—¿Qué pasó después de la matanza?

—A mí me saca Pedro Villar de la Checa de Vallecas, que estábamos en un colegio. Me llevan a Bellas Artes, no, a una comisaría y luego a la Modelo, de la Cárcel Modelo logro salir de la siguiente forma. Cuando dijeron que los que no fueran presos políticos se pusieran en fila, me puse yo. Y entonces, al lado mío, hay uno y me dice: «¿Tú de dónde eres? Yo, de Cazorla. Yo también», y dice: «¿Qué haces aquí?». Digo, pues que… Dice: «No te preocupes». Y cuando van preguntando, debía de ser un raterillo bastante conocido y que lo iban a soltar. Entonces éste es el que me avala a mí, pero yo tengo tan mala suerte que con el que me uno al salir era un superviviente de los sublevados en el Cuartel de la Montaña, y es por eso por lo que yo voy a Bellas Artes.

—¿Hubo en la Modelo antes un incendio?

—Eso dijeron, ése fue el pretexto que dijeron, que habían prendido fuego en las leñeras.

—Pero usted no vio nada del fuego, ni oyó.

—Lo que decían por allí. Piensa que en cada celda individual de la Cárcel Modelo dormíamos cinco, de los cuales uno de ellos en la mía era de Chinchón, de la familia Delnero, que han sido alcaldes de Chinchón durante muchos años.

—Lo de la escolta de la Pasionaria, ¿cómo llegó?

—Me metieron en la oficina de reclutamiento de milicias y un buen día dicen que le den chicos jóvenes que sean de absoluta confianza. Y el jefe que había allí me tenía mucha simpatía, me manda a mí a que formase parte de un grupo que era escolta de la Pasionaria, se reunían y nosotros

teníamos que estar en la puerta. Estuve dos o tres días, pero llegué a ser escolta de la Pasionaria. Ella bajaba de allí, se montaba en el coche, y se decía: a tal hora. Recuerdo muy poco de eso. Estaba otro diputado que era Francisco Félix Montiel, que regresó luego después, era catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia y muy destacado en el Partido Comunista.

—¿Y no le reconoció a usted como de derechas de Murcia?

—No, yo conocía a su familia, por razones de que éste era ingeniero de montes, y a Montiel le conocía por su extremismo, porque la universidad de Murcia tenía un carácter más bien marcadamente derechista.

—¿No se le ocurrió pegarle un tiro a la Pasionaria?

—Era una escolta que no llevaba pistola.

—¿Y el resto de la guerra cómo la hizo?

—Salí de la Escuela Popular de Guerra, elegí Caballería, me mandaron al Ejército del Norte, pero no se podía pasar y entonces me mandaron al grupo de escuadrones de caballería de Alcalá de Henares y de allí nos agregaron al cuerpo de ejército de Modesto, con el Campesino, Líster, o sea que con ellos he vivido lo de Teruel y todo.

—¿Qué empleo alcanzó?

—Teniente. Me pusieron de enlace en el puesto de mando del Campesino.

—¿Y no se le ocurrió boicotearle?

—No podía hacer nada. Hay algunos que se jactan de haber intentado boicotear. Yo siempre tuve tanto miedo que no era capaz de hacer. Solamente hubo uno que se pasó (de los nacionales) y desapareció, decían que lo habían fusilado y al acabar la guerra un teniente provisional del ejército nacional conocía el detalle y lo comentamos, el hecho del que se había pasado en los llanos del frente de Teruel, al ver lo mal que estaban se había pasado del ejército nacional y lo subieron al puesto de mando del Campesino y Líster a ver qué le podían sacar.

—¿El Campesino y Líster parecían buenas personas?

—Yo era un teniente, estábamos todo el día en primera línea, acogotados y pasando un miedo terrible… como éramos de caballería. Te voy a contar una anécdota. Llegué a mandar un escuadrón de ametralladoras a caballo, y hubo un momento que se acordó entrar en acción de guerra y mandaron una carga al capitán de mi escuadrón, y ¿sabes quién iba en cabeza?, yo, que sabían que era medio de derechas… a atacar. Menos mal que salieron huyendo [los nacionales], pero si no tú fíjate, le llamaban el escuadrón de la lata, porque llevábamos la munición en recipientes y armábamos un ruido terrible, y yo hice la carga. Menos mal que se retiraron, porque yo que tenía que ir con el sable de caballería a la cabeza de eso, tú fíjate el primer tiro del primer tirador hubiera sido… Conozco a un protegido de la Generalidad, el comandante Federico Escofet, a ése empiezan a tirotearnos al lado de Fraga pueblo, cerca de Belchite, y éste, que era profesional, va con su caballo y tiran una ráfaga de ametralladora, y yo que soy teniente me tiro al suelo, y dice él, con palabras más o menos: «Hay que estar al pie del cañón y hay que dar la cara». Y entonces le dan un tiro en el brazo y allí [hicimos] retirada.

Con los que fui a Valencia fue con Marcelino Domingo, un farmacéutico de Madrid que llegó a ser ministro, y que se iban a Francia, y con ésos me tocó ir en un tren que me llevó a Valencia [para hacer guardia de prisiones].

—¿No volvió a verlos?

—No, nunca, ni a Marcelino Domingo ni a Fernando de los Ríos, que me parece que iba también. Fuimos con él y les hice gracia porque era joven y desenvuelto, y me llevaron en primera y fuimos charlando. Después estuve en el frente de Belchite, en el de Teruel.

—¿Atacó Belchite?

—No, estuve persiguiendo a los que salían, y llegamos a un pueblo que se llama Mediana, a diez kilómetros de Zaragoza, que cuando nosotros entrábamos en el pueblo, por la otra parte del pueblo salían los últimos de caballería del ejército nacional. Había un veterinario que, al enterarse de que yo era de derechas, me protegió y consiguió que me mandaran de teniente profesor de la Escuela Popular de Guerra de Barcelona, fui profesor, te vas a asombrar, de guerra química, llegué a dar conferencias y a ser un especialista. Allí, cuando estábamos en el frente de Belchite, en un pueblo que se llama Escatrón. Allí se hacían tertulias por las noches y de pronto me entero de que el médico que lleva una de las brigadas, o un regimiento, es un estudiante que estudiaba en Murcia, la gente de Madrid había emigrado porque cerraron la facultad, y yo fui a parar a Murcia, que fue el motivo por el que yo conocí Murcia, el médico había aprobado cuarto de Derecho en la Universidad de Murcia, no nos conocíamos, pero nos dimos a conocer, y conocíamos a los profesores, se llamaba Pedro y de alguna forma también me protegió.

—¿Nunca lo volvió a ver?

—Solamente me he encontrado a un verdulero que era el furriel del escuadrón de caballería, que estaba de verdulero en la calle Torrijos, en Conde de Peñalver, y nos veíamos, y el guardia que había en la esquina también había estado, pero este Gerardo había sido furriel y nos conocíamos, y me decía: «¡Joder qué suerte has tenido!, te has enchufado», cuando se enteró de que estaba haciendo yo las oposiciones para interventor.

—¿Dónde acabó la guerra?

—Estando en la Escuela Popular de Guerra de Barcelona, pido que me trasladen a Paterna, en Valencia, y allí tomé contacto con el que mandaba el cuerpo de guerrilleros de la noche. Se llamaban así: todo aquello era la fantasía de un paleto que ha leído Quo vadis?

—¿Llegó a conocer a Modesto y Líster?

—No, nunca, nunca. Del que más cerca estuve fue del Campesino, que se hacía llamar Valentín, mi comandante. Y conocí también a otro que fue muy famoso, pero que era ya un intelectual, porque creo que era un licenciado en Ciencias Químicas o Físicas, un tal Tagüeña. Con ése estuve yo en Teruel.

—¿Antes de la toma o después?

—Después de la toma. Llevaron allí a las chicas que habían cogido de una tal Valero, que habían cogido de las familias que habían quedado, las pusieron allí en un chalet.

—¿Usted les ofreció alojamiento?

—Yo estaba amparado por mis dos lengüetas de teniente. A todo esto, en Valencia yo tomé contacto con el Servicio de Información Militar de zona nacional. Y me hice agente, hay hasta vivencias… yo decía: he ido a tal sitio y he visto tal cosa. Y entonces me hago amigo del más peligroso espía, que a muy poco de entrar los nacionales lo fusilaron, que se llamaba Enrique Vicioso, y otro Torná o Arremola. Había dos falangistas que se pasaron para denunciar a la gente, pero a Vicioso le dio pena de mí y no me denunció. Tengo que decir en honor a la verdad que yo le conté que era de derechas y tal… tenía una víctima propiciatoria y un fusilable.

—¿Le contó que era de derechas, pero no le contó que era espía de los nacionales?

—Yo no le conté que fuera agente.

—¿Terminó la guerra entonces en Paterna?

—No, terminé la guerra en Jaén, porque mis padres estaban en la cárcel desde el principio de la guerra. La noche antes anunciaron ya que el ejército [nacional iba a entrar], entonces yo me cogí un naranjero, que era un fusil y me puse al mando allí y hablé por la radio y me dirigí a los falangistas de Murcia.

-—¿Encabezó el traspaso de poderes en Paterna?

—En Paterna no, en Jaén. Había ido en un viaje a ver a mis padres, que los habían soltado de la cárcel de Jaén, no habían entrado los nacionales, yo entré en Cazorla con las tropas que entraron en Cazorla, vestido de miliciano y con un naranjero, como llamaban a los fusiles ametralladores.

—¿Con los nacionales pero vestido de rojo?

—Vestido de rojo. Y en esa columna iba un primo hermano mío al que le habían matado toda la familia de su mujer. Él estaba en Málaga y como era de complemento llegó a ser comandante. Y luego estuve en Jaén, me hicieron el juicio por auxilio a la rebelión y me absolvieron. Y luego toda la vida he tenido en las oposiciones y todo que he hecho, siempre era «teniente rojo» y he estado perseguido.

—¿La represión le pareció muy dura en Cazorla, mataron a mucha gente?

—Yo entonces tenía un síndrome de venganza. En Cazorla debieron hacer bastantes barbaridades, pero yo entonces no tenía la sensibilidad que a lo largo de la vida he comprendido y he sentido que aquello no… es decir, yo he evolucionado de una forma terrible, porque luego después mi vida profesional ha sido bastante intensa, he sido publicista, he organizado el primer curso de organización y método que se hizo en España, fui secretario del centro hispano-luso-americano de municipios, colaboré con Urbina Martorell, que era colaborador de López Rodó y persona de su confianza.

—Pero, vamos, que en el 39 se perdió la oportunidad de perdonar generosamente…

—No había ambiente.

—¿Piensa que hubo ocasión de perdonar y se fue demasiado riguroso?

—Yo este tema no me lo había planteado, pero las cosas ya desde bastante antes no estaban… no había ambiente de perdón ni en unos, ni en otros.

—¿No se hizo justicia a los del tren? ¿Se les ha olvidado?

—Han sido los grandes perdedores. No había nada, no había nadie, porque de todos los pueblos, todo el que tenía dinero, daba dinero y se salvaba. En mi pueblo, ricos, ricos, ricos, no mataron más que a un tío carnal de mi padre, porque el hombre se creyó que se iba a quedar en la ruina y lo bajaron al cementerio en una madrugada y lo mataron a hachazos, a él y a su mujer.

—¿Cómo se llamaba éste?

—Don Emilio Martínez.

—Los guardias civiles de la escolta, supuestamente, acabaron luego en el Santuario.

—Creo recordar haber oído a alguien decir que los guardias civiles quizá no tuvieron la valentía de…Te voy a decir una cosa, la Guardia Civil vivía mucho más que de la realidad, del mito y del clamor popular de que la Guardia Civil en el campo, que entonces España todo era campo, era la autoridad máxima. Tengo idea de haber oído algún comentario de que quizá no estuvieron a la altura de lo que se podía esperar de ellos. Pero esto parece ser que ellos quisieron remediarlo, o lo remediaron, subiéndose al Santuario de la Virgen de la Cabeza.

—¿Ulíbarri había obligado a los empleados, como Galdón, a afiliarse a la Falange?

—No, lo que pasa es que había allí un individuo que se llamaba Pedro Perales, y éste era como una célula. Fernando Gómez Ulíbarri además no era falangista, era cuñado del marqués de Foronda, dueño, hijo de doña Carmen de Castilla.

—Entonces, ¿por qué le arrestaron a Galdón, por ser empleado de Ulíbarri?

—Unica y exclusivamente por eso.

—Lo del tren se olvidó muy pronto.

—Me ha contado algún familiar con el que tengo muy buena relación, que a él le han dicho que yo salvé a mi padre porque me puse unas gafas ahumadas. En Cazorla se van transmitiendo inexactitudes deformadas por la transmisión oral. Emilio Martínez dijo que no tenía nada para pagar las cuotas revolucionarias y lo mataron. Don Mauricio Martínez era dueño posiblemente del capital más importante de Cazorla quitando el de mi abuelo, mi abuelo hizo la revolución industrial en Cazorla, puso la primera fabrica de aceite, etc.

—Este Mauricio era falangista.

—Se había hecho falangista, era un tipo de muy buena presencia y se sintió ilusionado y quién sabe si de alguna forma un poco enamorado de la romántica figura de José Antonio Primo de Rivera.

Antes me has preguntado si creo que al acabarse la guerra fue posible la generosidad de haber perdonado. Nunca me habían formulado esa pregunta, porque todo el que conociese el ambiente social que se vivía entonces, comprendería que España estaba sumida en un retraso histórico, económico, terrible. En Cazorla, yo he analizado, había el auténtico odio, caldo de cultivo de la lucha de clases en su manifestación más descarada. Mis noventa y tres años no pasan en balde, y veo atisbos de que estás buscando una justicia social, que intentas justificar un momento histórico, una falta de comportamiento congruente con algo que sucedió. Yo no me atrevería a emitir un juicio tajante, porque creo que habría que hacer un análisis socio-político-económico, sobre todo sociológico, para ver que estaba enfrentada la sociedad, y en una sociedad enfrentada, ganaba uno y perdía otro.

IV

JUICIOS Y CONDENAS

El 3 de febrero de 1942 Eusebio Rams Catalán, fiscal secretario de la pieza n° 4 (Checas) de la Causa General de Madrid y su provincia transcribe (legajo 1530, expediente 7, folios 266-269) las acusaciones que el Ministerio Fiscal Jurídico Militar consideró probadas «en el procedimiento sumarísimo ordinario núm. 61130 acumulado al 48537» para los siguientes sospechosos de participar en la matanza del tren de Jaén:

Julián Martínez Gómez, alias el Chepa, «conocido también por Antonio, elemento destacado del P. S. antes del Movimiento y uno de los principales Jefes en todos los hechos de carácter marxista y revolucionario de Vallecas, de pésimos antecedentes, al producirse el Movimiento participó en la represión de la sublevación militar del Cuartel de Vicálvaro y nombrado responsable o Jefe de las Milicias de Vallecas a las órdenes del Comité de Salud Pública, cuyo mando tuvo hasta octubre de 1936, llevando a efecto la incautación de armas, registros y detenciones cuyos detenidos eran por él y sus grupos conducidos al Comité de Vallecas, que unas veces los juzgaba directamente y otras los remitía con las milicias el procesado a la Checa de Fomento, siendo muchos los asesinados tanto por la checa como por el Comité. El 12 de agosto de 1936, y en el lugar denominado Pozo del Tío Raimundo intervino directamente en los asesinatos cometidos en las personas de unos doscientos presos que conducía el tren desde Jaén y una vez cometidos esta enorme cantidad de asesinatos se dedicó con los demás a registrar y robar cuantos objetos de valor llevaban las víctimas tomando parte del botín. Este procesado intervino con anterioridad en la quema de imágenes de la Iglesia de Vallecas. En octubre de 1936, marchó voluntario al frente y en la 49 Brigada ocupó el cargo de Comisario Político de Compañía, regresando a los cinco meses a Vallecas donde desempeñó los cargos de Guardia y Teniente Alcalde. El 28 de marzo de 1939, solicitó pasaporte para centro de Europa y América de las Autoridades rojas».

Tomás Rodajo Alcaraz, «socialista, hizo gran propaganda en las elecciones lanzándose a la calle con armas al producirse el Movimiento y poniéndose al servicio del Comité de Salud Pública de Vallecas, fue Jefe de Grupo de Milicias interviniendo en gran parte de las detenciones y asesinatos cometidos en el pueblo formando en los piquetes de ejecución que voluntariamente se constituyeron para el asesinato de los presos del tren de Jaén, robándoles después los objetos de valor que con los demás criminales se repartió, alentando a María Álvarez Pastor a que disparara contra las víctimas para que se le quitara el miedo pasando en el año 1937 al Ejército marxista donde fue enlace ciclista».

Ángel Ocaña Prieto, alias el Cenón, «de 27 años, pertenecía a la UGT y a la JSU, poniéndose a las órdenes directas del Comité de Vallecas, lanzándose a la calle con armas intervino en el asalto al Cuartel de Vicálvaro y realizó servicios de control, vigilancia, registros, detenciones y asesinatos, entre otros el de un Teniente del Ejército y su esposa muertos en plena Plaza del Pueblo, disparando también contra las víctimas del Tren de Jaén inmoladas en el Pozo del Tío Raimundo, saqueando los cadáveres y repartiéndose el producto de la rapiña. Pasó después al Ejército rojo, donde fue enlace motorista en la 29 Brigada».

Ginés Ruiz Caparros, «de 32 años, afiliado a la CNT, ejercía el cargo de responsable de las milicias de Vallecas en las ausencias de Julián Martínez, el Chepa, y cuando no ostentaba este cargo hacía guardias en controles al servicio del Comité de Salud Pública. Tomó parte en numerosos registros y detenciones de personas de orden y tomó parte también en los asesinatos del Tren de Jaén de modo directo despojando los cadáveres de los objetos de valor. Anarquista peligroso, mató a un panadero disparando su fusil por creer se trataba de un fascista. Con su grupo usaba un automóvil con el que se dedicaba a cometer toda clase de fechorías».

Mariano Hernández Sanz, alias el Churrero, de «49 años, elemento destacado de la CNT, actuando desde los primeros momentos, ostentando pañuelo rojo y negro al cuello, se puso al servicio del Comité de Salud Pública e hizo guardias y practicó detenciones. Formó parte de una cuadrilla de facinerosos, mandada por uno de los mayores asesinos de Vallecas, conocido por Catalán, utilizando un automóvil llamado el Trueno, con el que se dedicaban a practicar detenciones de personas, que ellos mismos asesinaban en el lugar conocido por Carrantona, cuyos presos eran extraviados de la Checa de Fomento y de las cárceles de Madrid. Intervino en los sucesos del tren de Jaén, en cuyo hecho tomó parte directa».

Luis Garda Humanes, alias el Tábano, «de 24 años, afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas, de cuyo comité fue secretario. Desde los primeros momentos actuó con armas al servicio del Comité de Salud Pública, tomando parte en el asalto al Cuartel de Vicálvaro, en servicios de control, incautaciones, registros y detenciones de personas de derechas, que en unión de otros asesinaban. Tomó parte en el asesinato de un hombre, al parecer sacerdote, al que fusilaron en el lugar conocido por la Carrantona. Tomó parte directa en los asesinatos del tren de Jaén, contra los cuales disparó, tomando parte en el registro y despojo de las víctimas».

Antonio Valles Consqui, alias el Cosqui, «de 24 años, perteneció a la JSU. Como los anteriores prestó servicios de guardias y controles interviniendo en cacheos y detenciones de personas de orden. Así como en los asesinatos del tren de Jaén, donde estuvo disparando contra las víctimas durante todo el tiempo que duraron los asesinatos. Intervino en la quema de imágenes de la Iglesia y en el asalto al Cuartel de Vicálvaro; participó del producto de la rapiña de las víctimas de Jaén».

Ángel Humanes Vivas, alias el Caín, «23 años. Perteneció a las Juventudes Comunistas, molestando ya a las personas de orden antes del Movimiento y repartiendo mucha propaganda. Actuó con armas al producirse el Alzamiento lanzándose a la calle al servicio del Comité de Salud Púbhca, practicando detenciones y tomando parte en el asalto al Cuartel de Vicálvaro. Como elemento muy significado de la JC que ya antes del Movimiento preparó con otros un atentado contra el Sr. Gil Robles que no llegó a consumarse, actuó en el asalto al tren de Jaén y en los asesinatos allí cometidos. Se incorporó al Ejército rojo alcanzando la graduación de Sargento».

Pascual Pérez López, alias el Cabezota, «de 43 años de edad, viejo militante de la UGT, fue voluntario en las milicias al servicio del Comité de Salud Pública y tomó parte en la quema de imágenes de la Iglesia de Vallecas. Estaba adscrito al grupo de milicias de Ángel Ocaña, con cuyo grupo intervino en los asesinatos del tren de Jaén. Tomó parte en detenciones y recogió cadáveres de personas asesinadas por una Brigadilla en la carretera de Valencia. Estuvo presente en el asesinato del Tt. de la Guardia Civil don Ángel Arranz y su esposa armado de fusil mientras eran asesinados».

Enrique Cuenca Fernández, «de 24 años, afiliado a la JSU, se lanzó a la calle con armas al servicio del Comité de Salud Pública practicando guardias y detenciones de personas de orden. Tomó parte en los sucesos del Tren de Jaén y en el asalto al Cuartel de Vicálvaro y pasó al 5.º Regimiento de Milicias y después al Cuerpo de Seguridad. Prestó servicios de guardia en el lugar conocido por la Carrantona, escenario de numerosos crímenes».

María Álvarez Pastor, alias la Chasquilla, «de 22 años de edad, afiliada a las JSU, distinguiéndose siempre por su acentuado izquierdismo. Se lanzó a la calle con armas en los primeros momentos vestida con mono y armada de fusil al servicio de Comité de Salud Pública, se adiestraba en los ejercicios de tiro al blanco en el lugar conocido por la Ripiera en el Cementerio de Vallecas. Formó parte del Grupo de Milicias de Antonio Valles y Luisa Pulpón, grupo que era mandado por el criminal Tomás Rodajo, tomando parte en servicios de guardia, control y detenciones. Intervino en la muerte de Francisco Sánchez Caja y de Alfonso Santodomingo Martín, así como en los asesinatos del tren de Jaén contra los que disparó alentada por Tomás Rodajo Alcaraz».

Luisa Pulpón Montalvo, alias la Hostión, de veintitrés años. «Tomó parte en los asesinatos del tren de Jaén disparando sobre las víctimas y añade que no está dispuesta a delatar a nadie de Vallecas».

El mismo fiscal Rams transcribe en los folios 271 a 274 los cargos y condenas impuestos el 12 de febrero de 1942 por la «Jurisdicción

Militar de Madrid» (procedimientos sumarísimos ordinarios números 60.241, 10.121, 58.445, 59.832, 61.793, 5.206, 66.703 y 59.834):

Francisco Duran Tomé, alias Estropeapozos, de cuarenta y tres años, «elemento marxista, afiliado a la CNT, cuya representación ostentaba dentro del Comité de Salud Pública de Vallecas, como vocal, tomando parte en las sentencias de muerte», de las que se citan algunas. «En unión del comité en pleno acudió el 12 de agosto del 36 al lugar conocido por el Pozo del Tío Raimundo, donde tomó parte en los asesinatos de 180 presos, conducidos desde Jaén, entre los cuales se encontraba el Excmo. Sr. Obispo de aquella capital, despojando después a los cadáveres de cuantos objetos tenían de valor, repartiéndose con los demás el producto de la rapiña». Tras mencionar otros dos asesinatos en los que «ha intervenido», se le condena a la pena de muerte.

Julián García de la Cruz, alias el Gorgonio, «36 años de edad, encargado de obras, marxista como los anteriores, vocal del comité de Sangre de Vallecas; tomó parte en la destrucción de la Iglesia de este pueblo arrojando objetos sagrados a la hoguera»; además de acusársele de intervenir en juicios y sentencias de muerte, se considera que «el día del asalto al tren de Jaén y disparando una pistola del nueve corto intervino en los 180 asesinatos allí cometidos». Fue condenado a muerte.

Juan Antonio Pintor Perucho, «de 52 años, minero, afiliado a la UGT, con antecedentes penales por agresión con arma blanca en el año 33, le sorprendió el Movimiento en Vallecas y el día 12 de agosto de 1936 marchó al lugar conocido por el Pozo del Tío Raimundo, donde tomó parte en los asesinatos cometidos en las personas de los presos conducidos desde Jaén en un tren; profanando después los cadáveres; realizando verdaderas herejías, como el de introducir un palo en los órganos genitales de la hermana del Excmo. Sr. Obispo de Jaén, despojándola de las ligas, que se llevó a su casa para que las usara su mujer». Fue condenado a muerte.

Rafael San Narciso Sánchez, alias el Hachero, «de 33 años, conductor, afiliado a la UGT», aparte de en otros crímenes, «tomó parte» en los asesinatos del tren acompañando al Comité de Vallecas. Fue condenado a muerte.

Tomás Vijández Mariscal, «de 20 años», hijo de Antonio Vijández, a quien suponen alcalde y presidente del «Comité de Sangre» de Vallecas, «tomó parte en la quema de la iglesia, vistiéndose de Nazareno, haciendo mofa y escarnio con estas profanaciones de imágenes y objetos sagrados». En unión del comité de Vallecas, «intervino directamente» en los asesinatos del tren. «Perteneció a las JSU de las cuales fue vocal y presidente». Se le condenó a muerte.

Marcelo Hernández Sáez, alias el Barbas, «de 39 años, carpintero, elemento destacadísimo de la CNT y el más destacado también de los criminales del pueblo de Vallecas; entró a formar parte del Comité de Sangre sobre el 28 de agosto del 36. Organizó personalmente la matanza de los presos del tren de Jaén, sacando a las víctimas de los vagones y colocándolas junto a un terraplén para que fueran fusiladas por las tres ametralladoras, aparte de los disparos que los milicianos allí reunidos hacían contra ellos, hasta el punto de que habiéndose encasquillado una de las máquinas, quitó el procesado al que la manejaba, colocándose en ella personalmente disparando ráfagas contra los diferentes grupos de presos». Una vez terminada la matanza, «el propio procesado removía los cadáveres apropiándose de las alhajas y objetos de valor de las víctimas, guardándolas en un saco que introdujo en un automóvil con el cual se marchó. Intervino en todos los asesinatos cometidos en el pueblo de Vallecas. Anarquista de la máxima confianza de las autoridades rojas, fue nombrado, sin pasar por graduación intermedia, comandante jefe de la División de Milicias Confederales, integrada por la 59, 60 y 61 Brigadas Mixtas, División organizada por él con individuos movilizados, cuyo principal objeto era la conquista de Teruel, llevando a efecto una ofensiva contra esta población». Se le acusa de fusilar a varios soldados de la Brigada 60. Fue condenado a muerte.

Tomasa Vetilla Hernández, «de 30 años», se le acusa de varias detenciones y asesinatos, y de participar «en el asalto al Tren de Jaén, disparando contra la hermana del Excmo. Sr. Obispo, en cuyo día llevaba la procesada las manos y brazos manchados de sangre y jactándose de haber asesinado fascistas». Se le condenó a muerte.

Antonio Talaya Casanova, «de 24 años», en 1934 «se destacó durante la huelga revolucionaria. No se le conocen más hechos delictivos que el de haber manifestado, refiriéndose a lo del tren de Jaén, que disponían de buenas ametralladoras con las que fusilaban a los detenidos y que, con lo gordito que estaba el Obispo se hacía buena puntería, sin que aparezca en el sumario que haya tenido intervención en los hechos». Se le condenó a seis años y un día de prisión por un delito «de excitación a la rebelión militar del párrafo 2.º» del artículo 240 del Código de Justicia Militar, mientras que los siete anteriores lo fueron por «un delito de adhesión a la rebelión militar, del párrafo 2.º del artículo 238».

Antonio Ariño Ramis es uno de los cincuenta y ocho acusados, relacionados con la Checa de Bellas Artes y Fomento, a los que un consejo de guerra tomó declaración el 8 de abril de 1940, en el «procedimiento sumarísimo de urgencia» número 48.310 (legajo 1530, expediente 4, folios 293-312). Según el certificado emitido por Julián Paredes Martínez, secretario de la Causa General de Madrid y su provincia, Ariño (folios 299-300) aseguró pertenecer a la CNT «desde noviembre del 35, condenado en Francia se evadió de la Guayana francesa y vino a España en 1933». Entre otras cosas, dijo que «en Morata evitó que se fusilara a 65» y que, si bien fue procesado por el tren de Jaén, «se demostró que era otro el Catalán autor del hecho». Concluyó que «en Fomento estuvo solo un mes efectuando 20 detenciones pero no intervino con el Comité».

La fiscalía pidió la pena de muerte para cuarenta y ocho acusados (incluido Ariño), la de treinta años «de reclusión mayor» para nueve (entre ellos Julio Diamante Menéndez) y la de veinte «de reclusión menor» para una mujer. La defensa, alegando que «las figuras verdaderamente responsables de los sucesos no se hallaban presentes por haber logrado huir», que «las figuras centrales del sumario obraron no por instinto criminal, sino creyendo cumplir un deber» y que «la inmensa mayoría de los procesados» carecían «de compenetración espiritual con la revolución», pidió «una pena inferior en un grado a las solicitadas por el Ministerio Fiscal, aplicando en todos los casos, además, un criterio de piedad». Siguió un turno en el que los procesados pudieron añadir alguna frase. La de Ariño fue «que no perteneció al Comité y se retiró de la Policía asqueado, teniendo seguridad de haber salvado a más de 1.000 personas en los alrededores de Madrid». Diecinueve días más tarde, el Catalán era fusilado.

Fechas de fusilamiento conocidas

Alejandro Peris Caruana |  | 22/08/1939
José López Quero |  | 19/1/1940
Antonio Ariño Ramis |  | 27/4/1940
Juan Álvarez Alvin |  | 8/5/1940
Benito Porras Ramos |  | 13/9/1940
Agustín Rey Tejeira |  | 12/12/1940
Amós Acero Pérez |  | 16/5/1941
Manuel Atalaya Villegas |  | 18/3/1942
Luis García Humanes |  | 28/4/1942
Mariano Hernández Sanz |  | 28/4/1942
Ángel Ocaña Prieto |  | 28/4/1942
Tomás Rodajo Alcaraz |  | 28/4/1942
Ginés Ruiz Caparrós |  | 28/4/1942
Antonio Valles Consqui |  | 28/4/1942
Julián Martínez Gómez |  | 30/4/1942
Victoriano Buitrago García |  | 9/5/1942
Francisco Durán Tomé |  | 12/5/1942
Julián García de la Cruz |  | 12/5/1942
Marcelo Hernández Sáez |  | 12/5/1942
Rafael San Narciso Sancho |  | 12/5/1942
Tomasa Velilla Hernández |  | 12/5/1942
Esteban Cantarero Pardo |  | 7/7/1942
Antonio Villaseca Verdú |  | 7/7/1942
Segundo de Castro Bayo |  | 19/11/1942
Manuel Muñoz Martínez |  | 1/12/1942
Julián Torremocha Hernández |  | 16/12/1942
Manuel Moreno Villegas |  | 11/6/1943
Julián Sevilla Sáez |  | 11/6/1943
Gregorio García Sánchez |  | 22/7/1943

VÍCTIMAS

Víctimas mortales de los dos trenes de Jaén (226) y de la revolución en Adamuz (70)

Rehenes del primer tren asesinados en el Pozo del Tío Raimundo (11)

Carmelo Torres Romero - Alcaudete

Fernando López Obregón - Jaén

José Cos Serrano - Jaén

José María Torres Romero - Alcaudete

José Marín Acuña (sacerdote) - Bailén

León Carlos Álvarez Lara - Jaén

Luis Funez Morales - Porcuna

Luis Ventura Balaña - Jaén

Martín Peinado Úbeda - Cazalilla

Ramón Contreras Graciani - Jaén

Vicente de la Riva Galán (sacerdote) - Jaén

Rehenes del primer tren que eran de Adamuz y murieron durante la guerra (3)

Francisco Lara Ceballos - Murió preso en el Castillo de Santa Bárbara, Alicante, 20/10/1937.

Juan Lara Ceballos - Ahorcado en Bujalance el 27/3/1939.

Marcos García Ayllón - Murió preso en el Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Rehenes del segundo tren asesinados en la casilla doble (196)

Adamuz (52)

Agustín Muñoz Maíllo

Alfonso Redondo Redondo

Andrés García Luque

Andrés Luque García

Ángel Ayllón Cazalla

Ángel Cuadrado Agüera

Ángel Rivas Cabello

Antonio Ayllón Galán

Antonio Ayllón García

Antonio Cano Navarro

Antonio Cerezo González

Antonio Cuadrado Carrasco

Antonio Cuadrado Cerezo

Antonio Díaz Ayllón

Antonio García Morales

Antonio Molina Castro

Antonio Moya Navarro

Antonio Pérez Díaz

Antonio Rosal Pérez

Antonio Trevilla García del Prado

Bartolomé Redondo Redondo

Bartolomé Román Cerezo

Bernabé Jurado Cuadrado

Cristóbal Cuadrado Pachón

Diego Ayllón Cazalla

Diego García Ayllón

Diego Pozo Cazalla

Francisco Cuadrado Ramírez

Francisco García Cebrián

Francisco Román García

Gregorio Gómez Molina (sacerdote)

Jerónimo Sanz García

José Díaz Ayllón

José Luque Ayllón

José Medina Blancas

José Trevilla García del Prado

Juan de Dios Galán Luque

Juan de Dios Luque Pérez

Juan Enríquez Toledano

Juan José Cano Pozo

Juan León Luque

Juan Molina Cazalla

Justo García Galán

Luis Valverde Cano

Manuel Ayllón Pino

Manuel Román Cerezo

Miguel Rueda Merino

Pedro Cuadrado Cuadrado

Rafael Ayllón Ceballos

Rafael Galán Luque

Rafael García Galán

Salvador García Muñoz

Beas de Segura (18)

Agustín Juan Gómez Hornos

José de la Torre Martínez

José Sánchez Frías

Juan Ardoy Ardoy

Juan Ignacio Muñoz Nieto (sacerdote)

Juan Sánchez Pérez

Lorenzo Ojeda Zuloaga

Lucas Muñoz Bezares (sacerdote)

Luis Ruiz Piñar

Miguel Cuadros Martínez

Obdulio Jiménez Vigil

Pascual Ruiz Piñar

Pedro Frías Sánchez

Ramón Ruiz Ramírez

Salvador Bueno Bueno

Salvador Campillo Avilés

Saturnino Sánchez Frías

Tomás Fernández Valenzuela (sacerdote)

Cazorla (48)

Ángel Gutiérrez Fernández

Ángel Polaino Ortega

Antonio Alfonso Lázaro

Antonio Aranda Moreno

Antonio Ruiz Colodro

Antonio Sierra Martínez

Consuelo Pérez Martínez

Cristóbal Almansa Pérez

Cristóbal Ruiz Colodro

Cristóbal Tallante Montáñez

Eduardo Ortega Rodríguez

Ernesto Bautista Ruiz

Ernesto González Vázquez

Ernesto Martínez Bautista

Felio Montoro Ortega

Fernando Gámez Uribarren

Francisco Bulnes de la Torre

Francisco Martínez Delgado

Francisco Ros Gil

Gabriel de Torres Linares

Gregorio Castañeda Cano

Ignacio Reyes de los Santos

Ildefonso de la Torre del Río

Isicio Polaino Ortega

José Bautista Melero

José Gutiérrez Fernández

José Manrique Moreno

José Manrique Ortega

José Tallante Martínez

Juan Palacios Emo

Juan Ros Sánchez

Juan Segundo Perales Jiménez

Juan Manuel Moreno Martínez

Juan Manuel Soria García

Juan Pablo García Vázquez (sacerdote)

Julio Ruiz Bautista

Leandro Ramos Marín

Martín Vilar Lorente

Mauricio Martínez Ortega

Miguel Polaino Ortega

Pablo Muñoz Serrano

Pedro Carrizosa López

Pedro García Vázquez

Pedro Ortega Rodríguez

Pedro Rey Ortega

Salvador Marín Fernández

Tomás Gutiérrez Fernández

Tomás Ros Sánchez

Jaén (4)

Félix Pérez Pórtela

Manuel Basulto Jiménez

Mariano Martín Pórtela

Teresa Basulto Jiménez

Peal de Becerro (35)

Amadeo Colodoro Hernández

Anastasio Martí Marín

Andrés del Real Martínez

Andrés Trillo del Real

Antonio Pérez Martínez

Antonio Salazar Tamargo

Antonio Torres Avilés

Antonio Trillo del Real

Baldomero García García (gitano)

Carlos Fuentes Zafra

Carlos García Amador (gitano)

Cástor Alcalá Fernández

Consuelo Ruiz Martínez

Eugenio Trillo del Real

Eusebio Pallarés Rajas

Fermín Trillo Romero

Florencio Martínez Martínez

Francisco Lorente Fuentes

Francisco Rodríguez Conde

Joaquín Fernández Monterreal

José Cabezas Martí

Juan Colodro Sedeño

Juan del Real Trillo

Juan López Fernández

Juan Pérez Román

Lorenzo Mora Rojo (sacerdote)

Mauricio Pérez Bautista

Nicolás Mata Zafra

Pedro Marín Moreno

Petronilo Torres Pérez

Prudencio Mata Díaz

Ramón Ruiz Pérez (seminarista)

Romualdo Zafra Robles

Tomás Fernández Romero

Tomás Jiménez Carrascosa

Vilches (8)

Andrés Rodríguez García

Antonio Moya Torres

Blas Rodríguez Hervás

Eduardo Rodríguez Pérez

Federico Conejero Recena

José Moya Torres

Juan Martínez Reyes

Nicolás Fernández Padilla

Villacarrillo (30)

Alfonso Pulido Jorquera

Alfonso Ruiz de la Torre

Andrés Ruiz de la Torre

Antonio Cruz Ruiz

Antonio del Arco Coronado

Antonio del Real Fernández

Antonio del Real García

Antonio García Orozco

Antonio García Ruiz de Ogario

Antonio Martínez Sánchez

Antonio Nájera García

Antonio Pernal

Cristóbal Moreno Hidalgo

Domingo Ramírez Román

Fernando Pulido Jorquera

Francisco Mármol Martínez

Francisco Mora Soto

Francisco Parra Luna

Francisco Soto Montañés

Isidro Martínez Sánchez

Leoncio Mirones Morillo

Luis Martínez de la Torre

Manuel Marín Ballesteros

Manuel Marín León

Manuel Mora Quesada

Manuel Moreno de la Paz

Matías Pastor Orozco

Miguel Ruiz García

Pedro Gallego Mota

Rogelio Rodero Matarán (sacerdote)

Vicente Marín Ballesteros

Rehenes del segundo tren asesinados posteriormente (16)

Adamuz (13)

Andrés Cuadrado Rivera. En Madrid, enero de 1937.

Antonio Jiménez Reyes. En Madrid, en octubre de 1936.

Gabriel León Solís. Asesinado en una saca de presos en noviembre de 1936.

Ildefonso Muñoz Pachón. En Madrid el 4 de septiembre de 1936.

Juan Antonio Ceballos López. El 7 de septiembre o el 7 de noviembre en Torrejón.

Juan Antonio Expósito de la Cruz. El 23 o 25 de agosto de 1936 tras regresar a Adamuz.

Juan Manuel Copé Jiménez. En Madrid el 30 de octubre o el 18 de noviembre de 1936.

Luis Cuadrado Cuadrado. En Madrid.

Mariano de la Cruz Ojeda. El 25 de agosto de 1936, tras regresar a Adamuz.

Martín Ruiz Cantador. En Madrid el 15 de noviembre de 1936.

Modesto Sendra Delgado. El 25 de agosto en Adamuz (29.10.36 según la partida de defunción).

Pedro Serrano Canales. En Madrid, el 25 agosto o en diciembre de 1936.

Rafael Garrido Millán. 7 de enero de 1938, en el frente de Teruel, víctima de un compañero de armas del ejército republicano que era de Villanueva de Córdoba.

Peal de Becerro (1)

Ángel Alcalá Fernández. Asesinado en el asalto a la cárcel Modelo (22/8/36).

Cazorla (2)

Antonio Rey Ortega. Herido en la matanza, falleció en un hospital de Madrid.

Lorenzo López Salazar. Asesinado tras denuncia posterior.

Supervivientes del segundo tren (43)

Adamuz (36)

Alfonso Cuadrado Pérez

Alfonso Moreno Díaz

Andrés Amil Pastor

Andrés Luque Pérez

Andrés Obrero Cuadrado

Andrés Pastor Criado

Andrés Pozo Cano

Andrés Terán Ayllón

Antonio Galán Baena

Antonio Galán Pastor

Bartolomé Cebrián Cuadrado

Bartolomé Redondo González

Bernabé Galán Barcia

Carlos Medina Cabello

Diego Pastor Arenas

Fernando Pastor Criado

Francisco Méndez Fernández

Francisco Pozo Cazalla

Francisco Regalón Moya

Francisco Terán Ayllón

Francisco Vega Cerezo

José Amil Regalón

José Ayllón Ceballos

Juan Pastor Arenas

Manuel Cebrián Cuadrado

Manuel Jiménez Quesada

Manuel Méndez Fernández

Manuel Pastor Arenas

Manuel Vega Cerezo Adamuz

Matías Arévalo Sánchez

Pedro Cebrián Cuadrado

edro Copé Jiménez

Rafael Ceballos López

Rafael Cebrián Cuadrado

Rafael Terán Ayllón

Ricardo Galán Luque

Cazorla (4)

Andrés Portillo Ruiz

Ángel Polaino Ortiz

Felipe Galdón Sánchez

Leocadio Moreno Páez

Peal de Becerro (1)

Emilio Molina Martínez

Vilches (1)

Antonio Trapero Hervás

Villacarrillo (1)

Ignacio Valenzuela Urzáis

Otras víctimas mortales de la revolución en Adamuz (70)

Fusilados el 10/8/1936 (26)

Andrés Pérez Cerezo, 20 años, labrador

Andrés Regalón Torralvo, 26 años, labrador

Antonio Galán Cazalla, 33 años, labrador

Antonio Porcuna Agüera, 25 años, labrador

Enrique Castillo González, 47 años, panadero

Felipe Baltanás Nieto, 45 años, confitero

Francisco Méndez Molina, 65 años, sacristán

Francisco Román Cazalla, 56 años, propietario

Francisco Román Cerezo, 21 años, labrador

Gabriel Copé Jiménez, 26 años, labrador

Jerónimo Rodríguez Rodríguez, 28 años, jornalero

José Luque González, 42 años, propietario

Juan Porcuna Valverde, 52 años, jornalero

Juan Flores Vansalá, 35 años, jornalero

Juan Ruiz López, 33 años, maestro de escuela

Juan Antonio Regalón Amil, 35 años, industrial

Juan José Caballero Madueño, 40 años, jornalero

Juan José Torres Díaz, 31 años, comercio

Manuel Luque Muñoz, 24 labrador

Miguel Borrego Amo, 43 años, sacerdote

Miguel Galán Cazalla, 19 años, estudiante

Pedro Ávila Gómez, 23 años, estudiante

Pedro Pozuelo Fuentes, 28 años, electricista

Rafael Flores Vansalá, 29 años, guarnicionero

Rafael Pérez Martínez, 67 años, guardia del campo

Tomás Rodríguez Rodríguez, 34 años, jornalero

Fusilado el 11/8/1936 (1)

Alfonso Cerezo Cebrián, 47 años, jornalero

Fusilados el 23/8/1936 (21)

Alberto Pino Leiva

Antonio Jurado Godoy

Antonio Rojas Mancheño

Francisco Delgado Mendoza

Francisco Toledano Ramiro

Ignacio Sánchez Fernández, 67 años, veterinario

Joaquín Flores Fernández

José Albert Mendoza

José Jiménez Marín

Juan José León García

Juana Serrano Mora

Julián Iglesias Cerezo

Manuel González Pérez

Mateo Cuadrado Pradas

Pedro Cortés Cano

Pedro González Fernández

Pedro Moya Ceballos

Rafael González Pérez

Serafín Labrador Cuadrado

Tomás Amil Grande

Vicente Ayllón Ceballos

Fusilado el 20/9/1936 (1)

Juan Blanco Redondo

Fusilados el 29/9/1936 (3)

José Muñoz García

Manuel Ayllón Cuadrado

Manuel Muñoz Zurita

Asesinada el 27/12/1936 (1)

Francisca Navajas

Ejecutadas en el monte el 29/12/1936 (2)

Antonia Espino Robles

Sofía Ceballos Moreno, 47 años

Sin fecha (11)

Ángel Moreno Cespedosa. Guardia civil retirado Antonio

Ayllón García. En el cementerio

Antonio Valverde Martín

Beatriz Luque González, presidenta de Acción Católica. En el pozo viejo

Diego Ayllón García. En el cementerio

Dolores Luque González, secretaria de Acción Católica. En el pozo viejo

Francisco Moreno Martínez. Hijo del anterior

Manuel Ayllón García. En el cementerio

Mariano Expósito Ojeda. En el puente de la Joaquina

Rafael Cerezo Mejías. En Madrid

Rafael Peña Barbudo, practicante. En Villafranca

Ejecutados fuera de Adamuz (3)

Amador Lara Ceballos. Fusilado en Bujalance el 24/7/1936

Antonio Lara Ceballos. Ahorcado en Bujalance el 27/3/1939

Diego Maynez Ayllón. Fusilado el 24/7/1936 en Villanueva de Córdoba

APÉNDICE FOTOGRÁFICO

Dos páginas anteriores: Apeadero de Santa Catalina en la actualidad.

Una de las declaraciones de Leocadio Moreno, superviviente del tren, ante la Causa General.

Una de las declaraciones de Leocadio Moreno, superviviente del tren, ante la Causa General.

Una de las declaraciones de Leocadio Moreno, superviviente del tren, ante la Causa General.

Portada del diario socialista Claridad, del 3 de agosto de 1936, en la que se difama a la hermana del obispo de Jaén, asesinada en uno de los trenes.

Soflamas revolucionarias de Largo Caballero en Claridad un mes antes de empezar la guerra.

Colegio del Niño Jesús de Praga, en el Puente de Vallecas, que sería checa socialista y sede del Batallón Pablo Iglesias, allí organizado .

En Adamuz, Miguel Redondo Carrasco (izquierda) y Andrés Ayllón Serrano, con la fotografía de los suegros de Miguel, Bartolomé Redondo Redondo (muerto abrazado a su hermano Ildefonso en el segundo tren) e Isabel Cerezo Ortiz.

Página anterior y siguientes: Los chistes publicados por el diario socialista Claridad en los días inmediatos a la masacre dan una idea del ambiente anticlerical que se fomentaba desde ese y otros medios de comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

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SANTIAGO MATA nació en Valladolid en 1965. Se licenció en Historia en 1988 y en Periodismo dos años más tarde. En 1995 defendió su tesis doctoral en Historia, sobre la figura de Leopoldo Eijo Garay (1878-1963). Entre 1996 y 2004 vivió en Eslovaquia y Austria, trabajando para diversos medios de comunicación.

Como redactor de Cultura y Sociedad en La Gaceta, destapó en mayo de 2007 el escándalo del expolio llevado a cabo por la compañía cazatesoros norteamericana Odyssey, al sacar desde Gibraltar el tesoro extraído ilegalmente de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes.

Entre sus publicaciones de divulgación histórica destacan U-Boote. Submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Mito y realidad de un trágico destino, el especial sobre Bombardeo estratégico en la Segunda Guerra Mundial y la biografía El hombre que demostró el cristianismo. Ramón Llull.

El estudio de los sucesos en torno al «tren de la muerte» le ha convencido de la necesidad de hablar sobre la Guerra Civil. Fruto de este convencimiento es el blog que escribe en la web de Intereconomía, Paracuellos’36.

Notas

[1] www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORIA/COMUNISTAS%20VALLECANOS/La%20Guerra.htm. <<

[2] www.vallecastodocultura.org/cabecera/HISTORlA/Casa%20del%20Pueblo/Casa%20del%20Pueblo.htm. <<

[3] www.envallecas.es/noticias/2010/11/03/2166/vallecas-bombardeada-memoria-en-imagenes-de-los-bombardeos-de-la-guerra-civ. <<

[4] www.laguerracivilenjaen.com/biografías.php?info=30. <<

[5] www.laguerracivilenjaen.com/biografías.php?info=25. <<

[6] www.dominicos.org/grandes-figuras/mártires/biografias. <<

[7] www.vincenziani.com/cortesbueno.htm. <<

[8] www.sbhac.net/Republica/Fuerzas/EPR/EprL/BM055.htm. <<

[9] opinionpersonal.wordpress.com/2010/08/11/una-de-memoria-historica/. <<

[10] www.laguerracivilenjaen.com/biografías.php?info=2. <<

[11] todoslosnombresdeporcuna.blogspot.com/2010/11/presos-politicos-de-porcuna-en-el.html. <<

[12] Tomo el texto de historiadelmonesterio.blogspot.com/2011/02/la-historiografia-al-uso-habla-sin.html. <<

[13] Texto en historiadelmonesterio.blogspot.com/2011/02/la-historiografia-al-uso-habla-sin.html. <<

[14] La pastoral puede verse en: sim.lascortes.org/index.php?option=com_content&view =article&id=262. <<

[15] www.larepublicacultural.es/articulo.php3?id_article=1833. <<

[16] www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Archivo/Estudios-y-Artículos/Manuel-Azana-la-forja-de-un-ateneista. <<

[17] historianovel.blogspot.com/2008/02/las-checas-policiales-segn-julio-de.html. <<

[18] www.sancheztostado.com/nota_8.php. <<

[19] infocatolica.com/blog/historiaiglesia.php/1006300648-monsenor-basulto-obispo-de-ja. <<