Han transcurrido más de sesenta años desde que miles de personas fueran arrancadas de sus hogares y fusiladas tras juicios parciales y sumarísimos, si es que los hubo. Se trataba de hombres y mujeres sencillos, hijos de pueblos humildes, que —sin disparar una sola bala durante la guerra civil— pasaron a engrosar las listas negras del falangismo, para luego ser arrojadas tras sus fusilamientos en la indignidad de una fosa común destinada al olvido. Sin embargo, su recuerdo aún perdura en la memoria de viudas, hijos, hermanos o amigos, testimonios capaces de arrojar un haz de luz sobre los sucesos que rodearon tan ignominiosas desapariciones.

Éste es el caso de Emilio Silva Faba, un comerciante fusilado en Priaranza del Bierzo cuyo cadáver estuvo sesenta y cuatro años enterrado a la vera del camino que conducía a su pueblo. Gracias a la tenacidad de su nieto, el periodista Emilio Silva Barrera, su cuerpo pudo ser exhumado de la fosa común donde yacía junto a otras trece víctimas. Su historia no sólo es una más de las de miles de personas cuyos cuerpos están enterrados a lo largo y ancho de la geografía española en fosas olvidadas: permitió a Emilio Silva, a Santiago Macías y a un grupo de antropólogos y forenses crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un organismo que intenta rescatar los cuerpos y las biografías de casi treinta y cinco mil españoles, hombres sin nombre que aún permanecen enterrados en las fosas de Franco.

Emilio Silva Barrera & Santiago Macías

Las fosas de Franco

Los republicanos que el dictador dejó en la cuneta

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Titivillus 02.06.2018

Título original: Les fosses de Franco

Emilio Silva Barrera & Santiago Macías, 2003

Traducción: Santiago Macías, 2003

Editor digital: Titivillus

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A nuestras familias, a nuestras madres: Fé y Pilar; a Susana y a Palma por estar siempre ahí y, sobre todo, a las mujeres y hombres que han querido que estas páginas sean su testimonio, oculto durante más de sesenta años.

Y a Emilio Silva Santín, porque ésta es en parte su historia.

AGRADECIMIENTOS

A María Encina Prada, Julio Vidal, Mari Luz González, Lourdes Herrasti, Remedios Prada, Venancio Carlón, Francisco Etxebarría, Susana Álvarez, Palma Granados, Aníbal Arroyo, Ramón Silva, José María Álvarez Colomer, Teresa Rivas; Daniel Fernández (alcalde de Priaranza del Bierzo), José Luis Ramón (alcalde de Cubillos del Sil), Elena Reviriego, Javier Ortiz, Jimi Jiménez, Esther de Ferrol, Javier Rodríguez, Israel Sánchez, José María Rojas y el resto de la ARMH Burgos; Sociedad de Ciencias Aranzadi, voluntarios del Servicio Civil Internacional, Isabel González, Alejandro Álvarez, Asunción Álvarez, Vicente Moreira, José Cabañas, Carlos Agüero, Diego Molina; Ayuntamiento de Villablino, José Ignacio Delgado (alcalde de Caleruega), Ayuntamiento de Fabero, Ayuntamiento de Trabadelo, Ayuntamiento de Peranzanes, Ayuntamiento de Gordaliza del Pino, Consejo Comarcal del Bierzo, Fernando Montes (alcalde de Espinosa de Cervera); Víctor y Marisa y el resto de la ARMH Asturias; Carmen Pereira, Demetrio Ruiz y el resto de la ARMH Extremadura; Ventureta Ballús, Montserrat Sans, Noelia Luque; Asunción Esteban, Javier Castán, Ricardo Bedera y el resto de la ARMH Valladolid; Javier Rodrigo, Ben Donahue; Antonio Cruz (despage), Olga Frutos, Maider Telletxea, Asier Olazábal, Jesús Tapia, Ben ja Arregi; La Gavilla Verde, Agrupación de Guerrilleros del Levante Aragón, Jerte Joven, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales; Theo Francos, Familia Falagán, Familia Silva, Francisco Espinosa, Jorge López, Cecilio Gordillo; Amigos de la Biblioteca Internacional de Formentera, Héroes de la República y la Libertad, Ateneos Republicanos de Galicia y Asturias, Sociedad Cultural Gijonesa; Eloy Alonso, Sofía Moro, Isaías Lafuente, Antonio García Ferreras, Alfons Cervera, José Saramago, Pilar del Río, Carlos Elordi, Isadora Guardia; Eduardo Alonso, Juan Sotres, Julio Llamazares; Asociación Manuel Azaña, José Antonio Landera, Mary Maccoy, María José Andrade, Thomas Kreutzmann, Xosé Lois Carrión, Pere Guixá, Ángel García «El Neno», Enedina, Fernando Magán; a Los Rojos de Ocero, ABIN Bierzo, Ana Maceda, Familia Sastre del Río, Fundación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, Eloy Villanueva, Héctor Fortes, Volnei y Jaurés Sánchez; Bárbara Punter, Jerónimo Villa Álvarez, Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común Oviedo (AFAFC); María Estades Oliver, Manuel Suárez, Lloren^ Capellá, Jean A. Schalekamp, Verónica Alemany, César Ubierna Expósito, Horacio Grande Perdomo, María Dolores Puente Martínez, Antonio Ontañón Toca; Pilar Landáburu Ibáñez, Rosa Muñoz Garrido, Obdulia Camacho, Heliodora Martín, Familia Luque Domingo; Carlota Leret O’Neill, Francisco Sánchez Montoya, Iñaki Egaña, Marcelo Usabiaga Jáuregui, Orfeo Suárez, Juan Diego Lozano, Miguel López Corral, Agustín Núñez, José Manuel Cruz, Antonia y Consuelo Rodríguez López; Dionisio Pereira, Bernardo Máiz, Familia García Rodríguez, Jesús Vicente Aguirre, Martín Bas Gutiérrez, Germán Romera, Hilario Jusdado, Salvadora y juana Roca; Amigos de los Caídos por la Libertad, Francisco José Moñones, Roberto Rocafort, Rogelio Diz Rubianes, Antonio Hernández, Germán Renau Forcadell; y a todos los que no nombramos pero que también nos han ayudado a recorrer este camino.

Llegó la hora

¿Puede un país democrático permitir que miles de ciudadanos asesinados como animales por un régimen dictatorial permanezcan enterrados al borde de las cunetas? ¿Puede soportar que eso suceda mientras quien amparó y propició la matanza descansa bajo el altar mayor de una basílica cristiana? La respuesta es tan evidente que casi ofende hacer la pregunta. Pero lo que ofende de verdad la memoria de quienes fueron masacrados, a sus mujeres y maridos, a sus hijos, a sus nietos, es que la pregunta aún pueda plantearse hoy, seis décadas después. Sólo los verdugos o quienes comulgan con su ideología podrían responder afirmativamente, sin matices. Pero entre el resto hay mucha gente de buena voluntad que, por el desconocimiento o por la distancia que proporciona el tiempo, opina que es mejor dejar las cosas como están, no reabrir viejas heridas aparentemente cicatrizadas; personas que creen que el tiempo hace soportable el dolor, que el olvido todo lo cura.

Perdida toda esperanza de mover un ápice la conciencia de los primeros, este libro seguramente hará entender a los segundos que no hay razón alguna que legitime a una sociedad a pedir a las víctimas o a sus herederos que olviden, que mantengan cerradas las fosas para que los trapos sucios de nuestra historia no se aireen.

Este libro es conmovedor y duro. Emociona e indigna a partes iguales. Es imposible que deje frío a quien decida asomarse a sus páginas. Seguramente por una razón fundamental: lo que se cuenta en él aunque parezca irreal, es verdad.

Emilio Silva nos cuenta la historia de Emilio Silva, su abuelo, y de otros trece hombres asesinados una madrugada del 16 de octubre de 1936 por una partida de sanguinarios fanáticos falangistas en la localidad de Priaranza del Bierzo. No hubo acusación, ni juicio, ni posibilidad de despedida de los suyos. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común excavada en un cruce de caminos, bajo un nogal. Una fosa que sólo pudo abrirse sesenta y cuatro años después cuando la casualidad, primero, y el empeño, después, llevaron al nieto a exhumar los restos del abuelo.

Pudo haberse quedado Emilio satisfecho con la exhumación del cuerpo de su abuelo, con la reparación de la deuda que la historia tenía con su abuela Modesta, que nunca pudo dar digna sepultura al cuerpo de su marido asesinado. Pero entendió muy pronto que aquel día no se había encontrado con su historia, sino con la historia: la de una generación laminada por un régimen que consideraba enemigo al discrepante, al no afecto, y que creía que el mejor enemigo era el enemigo muerto. En la tumba de su abuelo había otros doce abuelos y ellos no eran sino los primeros de una inmensa lista de abuelos y de abuelas sepultados en fosas comunes excavadas en cunetas esparcidas a lo largo y ancho del país, cubiertas de cal o de basura para borrar su rastro, difuminadas por la tierra y por el tiempo; fosas que había que abrir definitivamente.

Para eso han creado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y este libro es también la crónica de esa aventura que buscó convertir el empeño individual en una acción colectiva, una organización que no para de crecer y que en un tiempo récord ha logrado llevar sus acciones, no sin esfuerzo, desde el juzgado de Villablino a Naciones Unidas, desde La Crónica de León a The New York Times, desde el Consejo Comarcal del Bierzo al Congreso de los Diputados.

La segunda parte del libro documenta el trabajo que queda por hacer. En ella, Santiago Macías nos invita a dar un paseo por los abismos de la bajeza humana. Rastrea España de esquina a esquina y en cada punto cardinal encuentra territorios sembrados de horror por los que pasean militares que ordenan matanzas para ocultar orgías sexuales, párrocos que clasifican a los enterrados en las fosas comunes según hayan confesado o no en el último momento, asesinos que arrojan a sus víctimas al mar atados de pies y manos, o matarifes que ensayan torturas monstruosas y cuelgan a sus víctimas por las órbitas de los ojos o abren a las mujeres embarazadas en canal antes de arrojarlas a las fosas. Fosas repletas excavadas en las cunetas de las carreteras, bajo los pastos, junto a las tapias de cementerios, en playas sobre las que la gente monta hoy sus acampadas… Fosas habilitadas en minas abandonadas, en pozos, en buques hundidos… Ríos y mares convertidos en fosas por la acumulación de cuerpos maniatados, arrojados al vacío desde los acantilados. Aparecen las identidades de decenas de víctimas de estas brutalidades, también la de muchos de sus verdugos, algunos de los cuales llegaron a sentarse en los Consejos de Ministros de los gobiernos de Franco o fueron sus invitados personales, en celebraciones familiares.

Dice Emilio Silva que muchas veces a lo largo de su vida ha tratado de ponerse en el lugar de estas personas en el momento de ser conducidas a una muerte segura, para experimentar su angustia, su impotencia, su pánico. Las páginas de este libro permiten al lector acercarse crudamente a ese momento y experimentar en carne propia algo semejante a lo que estos hombres y estas mujeres pudieron sentir. También nos ayudan a percibir el miedo inmenso que torturó a los familiares que quedaron vivos, un miedo sostenido y alimentado por la dictadura, pero que los atenazó incluso cuando llegó la democracia, haciendo que siguieran viviendo su drama en un silencio vergonzante.

El libro de Emilio Silva y Santiago Macías invierte, además, la percepción que tenemos de nuestra historia, según la cual la guerra es cosa de ancianos. Una certidumbre construida por el aspecto de quienes aún pueden recordarla en primera persona y por las referencias de quienes la rememoran en su nombre hablando de cosas que sucedieron a sus abuelos o a sus bisabuelos. Sin embargo, libros como éste nos aproximan a una historia en la que las víctimas son personas jóvenes —con frecuencia, adolescentes o niños— viviendo en muchos casos la plenitud de su vida. El abuelo de Emilio tenía cuarenta y dos años y seis hijos, la menor de ellos de apenas tres meses, cuando fue asesinado. Por el contrario, los testigos que presenciaron alguna de estas matanzas, chiquillos a los que vemos pasear en bicicleta y con pantalones cortos por las páginas de este libro, son ahora ancianos en la recta final de su vida.

Descubrir los asesinatos masivos de aquellos hombres y mujeres jóvenes nos proporciona una buena perspectiva para contemplar la magnitud de la barbarie que laminó en España a buena parte de una generación. Mientras que ver a aquellos niños que fueron testigos de la barbarie, convertidos hoy en ancianos, nos habla del poco tiempo que nos queda para preguntarles y para reparar con su testimonio una injusticia histórica.

Como en todo lo relacionado con la guerra civil, las cifras nunca son definitivas. Otra cosa que asombra a estas alturas de la historia. Se habla de que pueden ser treinta mil los españoles desaparecidos y enterrados sin identificar en fosas comunes. Aunque fueran menos, ¿eso importa? Baltasar Garzón persiguió a Pinochet por 1.200 casos de desapariciones no esclarecidas en Chile. Entonces la opinión pública española se entusiasmó con la posibilidad de procesar al dictador chileno. Se echa de menos semejante entusiasmo en el caso de nuestros desaparecidos.

Tras varias décadas de convivir con el terrorismo y con el mundo que desde el silencio lo ampara, hemos llegado a la conclusión de que hay silencios que se convierten en cómplices. También en lo que respecta a la memoria de los crímenes de nuestra guerra hay silencios tan elocuentes que pueden terminar siendo cómplices. Si la memoria no se abre definitivamente de par en par para saber la verdad, identificar a las víctimas y rendirles un homenaje póstumo —el primero, un entierro digno—, esa memoria cautiva y desarmada hará que las tropas nacionales hayan alcanzado sus últimos objetivos.

Por fortuna existen libros como el que tiene en sus manos para evitar que esto suceda. Tengo la sensación de que el camino emprendido por sus autores es imparable. Algún día, cuando esta negra página de nuestra historia se haya cerrado dignamente para todos, tendremos que volver a releerlo para recordar el origen de todo: aquella mañana de octubre, sesenta y cuatro años después del crimen, en que el nieto abrió la vergonzante fosa de su abuelo Emilio y de otros doce hombres, excavada en un cruce de caminos de Priaranza del Bierzo, bajo un nogal.

Y entonces, seguro, ya nadie en ningún pueblo de este país responderá, cuando se le pregunte por las personas muertas en la guerra civil: «En este pueblo hay más muertos fuera del cementerio que dentro».

Isaías Lafuente

PRIMERA PARTE

Crónica de un desagravio

Por Emilio Silva

El despertar de la memoria

«En este pueblo hay más muertos fuera del cementerio que dentro». El anciano se había protegido los ojos del sol con la mano desplegada sobre la frente y me había mirado de arriba abajo antes de responder a la pregunta que le había hecho para saber si había fosas comunes de la guerra civil en aquel pueblo. Permaneció contemplándome fijamente, a la espera de una reacción. Le di las gracias y continué caminando, convencido de que exageraba; quizás había tratado de impresionarme. Seguí en busca de otros posibles testigos sin ser del todo consciente de que estaba a punto de descubrir que aquel hombre, que rondaba los ochenta y caminaba arrastrando los pies, se había limitado a describirme una dura realidad que hasta entonces yo desconocía. Ni él ni yo sabíamos que mi vida y la de muchas familias iban a cambiar de forma trascendental desde ese preciso instante.

Era el domingo 5 de marzo del año 2000. España estaba envuelta en la recta final de la campaña de unas elecciones generales que una semana más tarde ganaría por mayoría absoluta el Partido Popular. Había viajado hasta El Bierzo en busca de documentación para un reportaje. Quería contactar con personas mayores que hubieran vivido la guerra y la posguerra en los alrededores de Pereje, el pueblo de mi familia paterna, en el que mi abuela tuvo que refugiarse con sus seis hijos después de que su marido hubiera sido asesinado.

Esa mañana salí muy temprano de Madrid. Al llegar a Ponferrada me acerqué hasta la casa de Arsenio Marcos, un viejo amigo de mi padre que cada vez que me veía, de unas vacaciones a otras, me hacía algún comentario relacionado con mi abuelo. Arsenio, militante comunista, pasó varios años en la cárcel después de que un compañero «largara» una lista de nombres en el transcurso de un duro interrogatorio. Al quedar en libertad luchó para recuperar el puesto de trabajo que tenía antes de la detención y ya en la democracia recuperó todos sus derechos, incluida la antigüedad.

Yo había llamado a Arsenio desde Madrid para pedirle ayuda. Él había contactado con varios paisanos de la zona que estaban dispuestos a relatarme sus experiencias durante la guerra civil y la posguerra. Mi interés se centraba especialmente en la gente que había tenido que huir y abandonarlo todo de golpe.

La mañana de ese domingo la dedicamos a conversar en Cabañas Raras con un compañero que había hecho la mili con Arsenio. Nos contó que en su casa a veces paraban algunos de los huidos en el monte y que tenían un perro con una virtud muy apreciada en los difíciles años de la posguerra; sólo ladraba cuando se acercaba la Guardia Civil. En su relato no faltaron historias de escapados, y de la red de casas con las que podían contar para refugiarse, desde El Bierzo hasta Orense, para no tener que dormir a la intemperie. Después llevé a Arsenio a Ponferrada, donde me invitó a comer en su casa. Durante la sobremesa comenzamos a hablar de mi abuelo. Hubo un momento en que comentó algo acerca del lugar en el que había sido abandonado su cuerpo y enterrado en una fosa común junto a otros doce o trece hombres. También me relató cómo lo habían asesinado y quiénes podían haber sido los responsables de su muerte.

Los muertos de la guerra siempre habían estado presentes en mi familia; más por el silencio que rodeaba sus nombres que por las historias acerca de ellos. El cuerpo de mi abuelo nunca había sido recuperado. Mi abuela buscó ayuda entre las autoridades políticas y religiosas, pero no obtuvo respuesta. Arsenio tenía algunas pistas sobre dónde podía encontrarse la fosa en la que lo habían enterrado. Me hablaba de un pueblo cercano a Ponferrada, en la vieja carretera de Orense. El hombre con el que habíamos quedado para charlar por la tarde llamó para decir que un asunto familiar le impedía acudir a nuestra cita. Aquel pequeño incidente trastocó el rumbo de mi visita y supuso un cambio insospechado en mi vida. Dedicamos el resto de la tarde a tratar de localizar el lugar del enterramiento de mi abuelo.

Según creía Arsenio la fosa se encontraba en Villalibre de la Jurisdicción, un pueblo que, como dicen por allí, ni es villa, ni es libre, ni tiene jurisdicción. Cruzamos un puente sobre el río Sil y apareció ante nuestros ojos el cartel con aquel larguísimo nombre. Aparqué el coche junto a un bar, donde vimos a varios hombres de avanzada edad que quizá podrían ayudarnos. Estábamos dispuestos a preguntar al primer paisano mayor que se cruzara con nosotros. Fue entonces cuando el anciano aquel nos explicó la realidad: la guerra había dejado en el cementerio a muchos hombres, pero en las cunetas habían quedado muchos más.

Algunos hombres nos dijeron que tenían en su huerto una fosa de dos o tres personas, e incluso varios se ofrecieron a ir con un pequeño tractor para abrirlas, pero nosotros buscábamos una fosa más grande que debía contener trece o catorce cuerpos. Sabíamos que el camión que llevó a mi abuelo llevaba quince prisioneros y que por lo menos uno de ellos había logrado escapar.

Visitamos varios cementerios clandestinos en huertos y cunetas hasta que dimos con un hombre que recordaba perfectamente el 16 de octubre de 1936. Tenía entonces apenas doce años y aquella noche se había despertado asustado por el ruido de varios disparos, y junto con su hermano había corrido a la cama de sus padres. El hombre nos acercó hasta la carretera y nos señaló un punto a la entrada de otro pueblo, Priaranza del Bierzo, que se encontraba a apenas trescientos metros de allí. «Justo antes de llegar a la primera casa verán a la derecha un desvío. Pues les dispararon justo en la finca que hay entre las dos carreteras. Mis padres no me dejaron ir, pero muchos niños de la escuela fueron con el maestro para ver cómo los enterraban». Un paisano nos acompañó y mientras le contaba a Arsenio historias que conocía sobre otras ejecuciones, yo caminaba delante y sentía una creciente ansiedad ante la posibilidad de encontrar el cuerpo de mi abuelo. Justo al llegar al vértice de las dos carreteras vi a un hombre de unos setenta años que llegaba dando un paseo, con las manos cruzadas a la espalda. Le dije: «Tiene usted que ayudarme». El me respondió con tranquilidad: «¿A qué?». «Verá, es que estoy buscando una fosa común de la guerra civil donde se encuentran los restos de mi abuelo, junto a los de otras trece personas». Entonces el hombre descruzó las manos que llevaba entrelazadas a la espalda, y señaló hacia la cuneta, en el mismo vértice de las dos carreteras, y dijo: «Ahí están, bajo ese nogal recrecido».

Sentí una emoción inmensa. Me acerqué al árbol y apoyé las manos sobre el tronco, como si de ese modo pudiera comunicarme con aquellos hombres que habían muerto asesinados una terrorífica noche, hacía ya tantos años. Traté de imaginar lo que había debajo de la tierra. La reacción de Arsenio fue más rabiosa que la mía y maldijo a los asesinos que habían dejado a esos pobres hombres «tirados ahí, como si fueran perros». Preguntamos al mismo vecino quién era el dueño de la finca. Nos dijo que el dueño había muerto y nos contó que desde el día en que los enterraron allí, habían dejado de cultivar esa tierra por respeto a los muertos. Supuse que, en una zona tan cercana a Galicia, la superstición era un factor importante en la relación de los habitantes de aquellos pueblos con las fosas comunes. Después apunté el nombre y los apellidos del heredero, y tras permanecer unos minutos en silencio, nos fuimos.

En esos momentos tuve una sensación de angustia, provocada por el recuerdo de lo trágica y dura que había sido la vida de mi familia desde que ocurrió aquello: la imagen de mi abuela, a la que tras enviudar le daban unas crisis nerviosas que le paralizaban el cuerpo, rodeada de sus seis hijos que no podían avisar de noche a nadie porque había toque de queda; la traumática infancia de mi padre, que pasó de ser un niño feliz en el colegio a convertirse, con apenas diez años, en el cabeza de familia, asumiendo los trabajos más duros para sacar a sus hermanos adelante.

Regresamos a Ponferrada a media tarde. Tenía que volver a Madrid. Me despedí de Arsenio y le las gracias por todo. Le dije que no tardaría en volver para entrevistar a esos hombres y llevarme algo de documentación. No se me quitaba de la cabeza la imagen de la cuneta donde habían enterrado a mi abuelo. El lugar donde fue asesinado acababa de materializarse en el borde de una carretera y en un nogal recrecido. Me acordé entonces de mi abuela que había muerto dos años antes, muda, silenciada por un miedo que nunca la había abandonado desde la noche en la que su marido entregó su anillo y su reloj a uno de sus seis hijos, cuando fue a visitarlo a la cárcel de Villafranca del Bierzo.

Ese abuelo republicano

Mi abuelo se llamaba Emilio Silva Faba y había nacido en Pereje, un pueblo de la provincia de León, en el año 1894. Sus padres se llamaban Rosa y Ramón. Mi bisabuela tenía fama de ser una mujer muy sabia con una psicología muy especial. Los miembros de la familia de mi abuelo eran agricultores y algunos de ellos emigraron a Argentina a principios del siglo XX. Él fue allí alrededor del año 1915 y vivió durante unos años en Ezpeleta, un pueblo cercano a Buenos Aires, donde trabajó con un primo suyo en una fábrica de soda. Unos años después decidió probar fortuna en Estados Unidos y se instaló en Nueva York. Era un hombre autodidacta, medianamente ilustrado, que había hecho sus pinitos literarios con la publicación de algunos artículos en periódicos como El Sol y en diarios locales.

El 20 de junio de 1925 mi abuelo acudió a las oficinas del Servicio de Inmigración del Departamento de Trabajo del Gobierno de Estados Unidos de América. Quería tramitar un permiso para poder regresar a Estados Unidos después de visitar su pueblo natal en España. Su idea era vender algunas propiedades que había heredado de sus padres para obtener un pequeño capital con el que montar un negocio. En una carta que se cruzó con un familiar que vivía en Cuba, poco antes de su viaje a España, hablaba de la posibilidad de montar una tienda con productos españoles para los emigrantes que, como él, habían llegado a la ciudad de los rascacielos. El documento que expidió el organismo norteamericano para permitirle volver contenía bastantes detalles para evitar que pudiera servir a otra persona para entrar en el país. Se le describía como un hombre robusto, de pelo oscuro, ojos marrones, que pesaba 154 libras y medía 5 pies y 6,5 pulgadas. Además, se añadía en el informe —para una posible identificación que tenía una cicatriz en la mano derecha, causada probablemente por un accidente de trabajo.

Para ese hombre que llegaba del Nueva York de los años veinte a su pequeño pueblo de El Bierzo el choque debió ser muy grande. Trajo consigo algún material de alta tecnología: una cámara Kodak de fuelle de 1914 y la primera máquina de escribir que se vio en la aldea. Se trataba de un modelo que tenía un solo pulsador sobre una plancha en la que se encontraban todas las letras y algunos signos de puntuación. Para escribir había que ir colocando el puntero de hierro sobre la letra y pulsar. Era complicado pero muy avanzado. Más de una vez oí a mi padre hablar de aquel artefacto y lamentar que Se hubiera extraviado con el paso de los años.

Aunque su visita a Pereje estaba muy bien organizada, y tenía cerrado el viaje de vuelta a Nueva York en barco desde el puerto de Vigo, algo inesperado se cruzó en su camino y trastocó felizmente sus planes: mi abuela Modesta. Desconozco exactamente cómo se conocieron, pero su encuentro debió ser un hermoso flechazo porque mi abuelo llegó a su pueblo en julio de 1925 Y de enero del año siguiente contrajeron matrimonio canónico cuando ella tenía veintidós años y él diez más. Entonces tomó la decisión: abandonar sus planes de volver a la capital del mundo; sacrificó su sueño americano para quedarse a vivir en la tierra donde había nacido y comenzar allí su nueva vida. Con el dinero que había ahorrado en su periplo alquiló una casa y un almacén en Villafranca del Bierzo y abrió una tienda de coloniales, donde vendía desde lotería hasta vajillas. El nombre que le puso parecía el resultado de una estrategia publicitaria: La Preferida. En una factura de las que entregaba a sus proveedores dice así: «Ultramarinos, paquetería, quincalla, depósito de sal gruesa y fina, especialidad en cafés y chocolates, alpargatas, zapatillas, madreñas, pimientos de las mejores marcas para embutidos. Calle del Viaducto número 1».

Poco tardaron mis abuelos en tener hijos. El primero en nacer fue mi padre, Emilio, que vio la luz justo nueve meses después de la boda, el 18 de octubre de 1926. Le seguirían Ramón, Manolo, Rosario, Antonio y Carmela, que nació tres meses antes de que fuera asesinado.

El negocio de mi abuelo prosperó rápidamente. Cuentan que era un buen comerciante, muy amable con la gente y que tenía diversos contactos para importar algunas cosas que sus competidores no podían ofrecer. También era un hombre generoso: fiaba a muchas familias y jamás ejerció ninguna medida para reclamarles dinero a los que no podían saldar su deuda.

La proclamación de la Segunda República le llevó a afiliarse a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Su principal preocupación política era la educación. En Villafranca del Bierzo sólo existían escuelas religiosas y él tenía como principales objetivos conseguir un grupo escolar público y laico, y dignificar el trabajo de los maestros que por entonces estaban muy mal remunerados y tenían un escaso reconocimiento social en una España que tanto los necesitaba. Mi padre tiene una fotografía maravillosa de aquellos años: en el puente de Villafranca se ve una gran manifestación y mi padre con ocho o nueve años sujeta una pancarta en la que puede leerse: «Queremos un grupo escolar, ¡Viva Azaña!».

A pesar de no ser candidato, mi abuelo fue delegado del partido y se hizo muy activo políticamente. Era un hombre de izquierda moderada. En el año 1932, un año y medio después de que fuera proclamada la Segunda República, ocurrió algo que según me cuentan algunos villafranquinos pudo ser determinante para su trágico final, aunque de algún modo su asesinato fue algo inevitable en la dinámica represiva del bando sublevado.

En agosto de 1932, en la Parroquial Berciana, el órgano de prensa local, Antonio Carvajal y Álvarez de Toledo, uno de los hombres con más títulos de España y el más poderoso de los habitantes de Villa franca del Bierzo, publicó un artículo titulado «¿Dónde está la igualdad?». Pocos meses después mi abuelo se atrevió a publicar una carta de respuesta que abrió ampollas en la sociedad villafranquina. Tras encontrar la fosa de mi abuelo traté de localizar a personas que hubieran vivido durante los años de la República, con la edad suficiente como para acordarse de él y contarme alguna cosa. Una de las personas con las que hablé fue el escritor Ramón Carnicer, que tenía dos recuerdos relacionados con él: unas aceitunas muy grandes que vendía en la tienda y la polémica de la Parroquial Berciana.

Se trató de un enfrentamiento dialéctico entre David y Goliat, dos visiones políticas de España, dos modelos de sociedad que apenas cuatro años después despertaron la ira del gigante hasta imponer su visión mediante una guerra.

Parroquial Berciana, número 983, 24 de julio de 1932

¿Dónde está la igualdad?

¡Igualdad! Oigo gritar, al jorobado Torroba, y se me ocurre pensar: ¿Quiere perder la joroba, o nos quiere jorobar?

Manuel de Palacio

Con mucha frecuencia, en los tiempos presentes, oímos repetir la palabra igualdad; y seguramente la mayor parte de los que pronuncian esta palabra ignoran o no comprenden su verdadera significación.

Todos los hombres nacen iguales, la igualdad es una de las más valiosas conquistas del progreso, suelen decir en tono enfático y magistral muchos de los que hacen alarde de sus ideas progresivas, sin tomarse el trabajo de analizar la palabra igualdad y sin tener en cuenta su verdadero origen, que no es otro que esa excelsa doctrina que Jesucristo enseñó con humildad. Sublime enseñanza, que está al alcance de todos y por la que todos sabemos que todos somos hermanos.

En esta máxima evangélica, resplandece la sabiduría infinita, y con esta enseñanza, tan sublime como sencilla, deja Jesucristo encendido el fuego Santo de la Caridad y establece la verdadera y única igualdad, que los hombres han pervertido y adulterado, dándole una extensión que no tiene, y con fines sectarios, tratando de establecer una igualdad que no existe, ni existirá nunca, aunque el moderno partido socialista se esfuerce en demostrarnos lo contrario.

Fuera, pues, de esta igualdad que Jesucristo predicó, estableciendo así la fraternidad cristiana, que es el fundamento de todas las igualdades legítimas; todo es desigualdad, y en ella estriba la armonía del Universo y el equilibrio de la sociedad humana.

En lo moral, en lo físico y en lo intelectual todos los hombres son distintos; en todos ellos hay más o menos notables diferencias.

En el mundo material no hay dos cosas iguales: dos gotas de agua, dos granos de café, de arena, que vistos con ayuda del microscopio, aunque parezcan iguales, hay pequeños detalles que los diferencian y que los ocultan a los ojos de un observador que no profundiza.

En fin, la Igualdad no existe ni física, ni moralmente, ni intelectualmente entre los hombres ni en ninguna parte; la única y verdadera Igualdad procede del Evangelio.

Decía un famoso escritor español de mediados de siglo pasado: «La igualdad política, la de las fortunas y los sueños capitalistas, desde Campanella hasta Luis Blanc, son aberraciones del entendimiento que vaga en las tinieblas y se extravía en el caos, por haber perdido el norte que la guiaba». Si quieres que el fuerte no oprima al débil, que el rico no se dé a la avaricia, que no sean unos explotados y otros explotadores, que reine la libertad, sin degenerar en anarquía, y la autoridad sin convertirse en despotismo, que se respeten los fueros de la justicia y que grandes y pequeños, entendidos y no entendidos, miserables y poderosos vivan en buena armonía, amaos, por amor de Dios, unos a otros y cumplida la ley de la gracia, gozará el individuo y gozará el Cuerpo Social cuanta felicidad es posible en el planeta donde por sus inescrutables designios quiso colocarnos la Providencia.

Ajeno por completo a toda pasión política y espíritu de secta, que tanto ofuscan nuestra razón, y sin más datos que los que me suministran la propia observación y la experiencia, he tratado de desarrollar el presente tema, visto a la luz del buen sentido y de la sana filosofía moral.

Bien reconozco que mis débiles fuerzas no están, ni mucho menos, a la altura que requiere tan importante asunto; así es que mi modesto trabajo resulta bastante completo y superficial; pero pudiera suceder que sirviera de estimulo a algún escritor, más razonado en esta materia que el autor de estas líneas, y diese a la publicidad algún trabajo de esta índole, más completo y profundo que pudiera ser de gran eficacia en los tiempos actuales, en que el sectarismo y las falsas doctrinas socialistas parece que pretenden adquirir en nuestra nación contra la naturaleza.

Firmado: Antonio Carvajal y Álvarez de Toledo

Dos semanas después el mismo autor se complace la citada hoja parroquial:

Muy pocas veces he cogido la pluma con tanto gusto como ahora para manifestar públicamente un sincero y profundo agradecimiento a cuantas personas me expresaron su felicitación y agrado por mi artículo titulado «¿Dónde está la igualdad?», publicado recientemente en estas columnas.

Dicho modesto artículo, hecho casi al correr de la pluma, en el que reflejaba, aunque de una manera superficial e incompleta, el concepto que tengo acerca de lo que es la verdadera Igualdad, ha obtenido un éxito que francamente no esperaba. Personas de todas las clases sociales (hombres y mujeres) al felicitarme por este motivo, me estimulaban a seguir publicando trabajos de esta índole, suponiendo en mí una competencia que no tengo y haciéndome un honor que estoy muy lejos de merecer. A todos, pues, me complazco en manifestar mi profunda y sincera gratitud.

No es ciertamente la vanidad la que, en estos momentos, mueve mi pluma a expresar en este sentido. La vanidad es una pasión pueril que si bien es disculpable en la juventud, que es la edad de las ilusiones, sería cosa censurable y ridícula en el que, como el autor de estas líneas, se halla en el ocaso de la vida.

Lo que me impulsa a expresarme así es un sentimiento más noble y elevado; es la íntima y pura satisfacción de ver que esa ola de materialismo, de desmoralización y descreimiento que hoy invade el mundo entero y particularmente nuestra querida patria, no ha hecho mella en los arraigados sentimientos religiosos del pueblo villafranquino que, amante de su gloriosa tradición, sabe mantener viva en su corazón la antorcha de la Fe.

Antonio Carvajal y Álvarez de Toledo

Parroquial Berciana, número 985, 28 de agosto de 1932

Carta abierta al señor don Antonio Carvajal y Álvarez de Toledo, por Emilio Silva Faba

Respetable y muy señor mío:

El objetivo principal de esta humilde carta, un tanto inoportuna debido a que mis ocupaciones me lo impidieron, es felicitarle con la mayor efusión y sinceridad por el artículo que tuvo Vd. el honor de escribir en la Parroquial Berciana de esta histórica Villa, titulado «¿Dónde está la igualdad?».

Al final de ese artículo famoso, gemelo de otros por Vd. ya escritos, tuvo la gentileza de oprimir el timbre de alarma, invitando a otros escritores más versados que pudieran surgir para que desmenuzasen con más profundidad el tema por usted desarrollado con indiscutible y bien merecido éxito.

He visto con pena que su invitación no ha sido correspondida por ningún escritor docto en tan complicado tema.

El que suscribe, autor de esta atrevida y tosca carta que me permito dirigirle, sin que tenga el honor de que usted conozca a mi humilde persona, tiene el honor de manifestarle que a pesar de mi osada libertad no me doy por aludido como tal escritor porque reconozco que carezco de la cultura tan necesaria para estas lides. No obstante, convencido de que de la discusión sale la luz, y presumiendo un poco quizá, de «escribidor», sin permitirme el lujo de emplear términos científicos y filosóficos, porque los desconozco por completo. Mi espíritu, un tanto renovador, enardecido con algunas dosis de quijotismo, me empujó a esta atrevida y temeraria empresa.

Con el permiso del señor redactor de la Parroquial Berciana que tan dignamente dirige y respetando las ancianas y venerables canas del Sr. Carvajal, allá va mi opinión sobre la igualdad ignorada.

Aunque en parte discrepo de su respetable modo de pensar; en algunos párrafos y pasajes de este tema por usted desarrollado, hay muchas lecciones que aprender. Los que temen al Comunismo, al Socialismo y a la Igualdad deberían aprender de memoria esas sublimes lecciones por usted apuntadas y practicadas todos los días y en todos sus actos, modernizando con una comprimida dosis de humanidad su espíritu arcaico lleno de avaricia y egoísmo. Con tan sencillo y humano procedimiento cumpliría con las sublimes doctrinas de Jesucristo. Sus almas, si es que las tienen, dejarían de ser «leónicas» con sus semejantes. Operando en su espíritu ese cambio milagroso, todos nos consideraríamos hermanos, desaparecería el prejuicio de distinción de castas. En una palabra, reinaría la paz y seríamos más felices; y como es natural, arrancada de raíz la avaricia y el egoísmo, en todas las mentes atrofiadas, resplandecería fastuosa la Justicia. En los míseros hogares amainaría pacíficamente la tempestad. Con ese ideal en marcha no tendrían razón los Socialistas y Comunistas de pedir, como hoy lo hacen la mayoría con verdadera justicia, pan y cultura para sus famélicos y harapientos hijos, ni se harían ilusiones por la posible igualdad.

Mi humilde opinión es que la igualdad se implante en la Escuelas y Universidades para que todos los ciudadanos adquieran la cultura tan necesaria de la que por desgracia la mayoría de los españoles carecemos, de esta tan preciada joya; base sólida de la comprensión y del progreso de los pueblos y arma poderosa para hacer frente a los mercaderes del sudor ajeno y para poder sortear sin sobresaltos todos los azares de esta inicua vida terrenal.

Respetándonos y haciéndonos respetar como buenos hermanos, todos viviríamos a costa de nuestro trabajo material, científico o intelectual; de esta forma nos emanciparíamos con nuestro propio esfuerzo y sin explotar el sudor de nuestros semejantes y tendríamos una vida más humana y un porvenir más tranquilo para nuestra vejez. Ésta es Igualdad de mi ideal. Y no la de muchos ilusos suicidas que pretender imponernos por la fuerza.

Sin examinar ni recapacitar su deplorable y libertina vida pasada, para muchos causa de sus tan pregonadas desdichas, siendo éstos los que más vociferan pidiendo la Igualdad. En este caso yo digo como usted señor Carvajal. ¿Dónde está? Antes de darle a muchos gandules el sudor de los demás, habría que hacerles presentar cuentas claras de «haber» y «debe» de su vida. Depravada, zángana y libertina.

Para terminar y para que juzgue como quiera a este humilde ciudadano tachado de «jabalí», con toda la fuerza de mis pulmones y con todo frenesí, pido, para todos los españoles amantes del orden y del progreso: ¡Igualdad en las Escuelas! ¡Igualdad en la Justicia! ¡Compasión para los jorobados! ¡Desprecio para los que siempre abrigaron el espíritu de jorobar, sin practicar los diez Mandamientos de la Ley de Dios!

¡Vivan las sublimes doctrinas del crucificado Jesucristo! ¡Vivan también todos los ciudadanos que las practiquen con sinceridad!; dando de comer al hambriento, sin explotar a los que extraen de las entrañas de la tierra al tan necesario pan nuestro de cada día; y por último, ¡vivan los que trabajan sin desvelo y aportan su grano de arena en bien de la humanidad!

En la esperanza de que usted y los amables lectores sabrán dispensarme las faltas de respeto en que sin darme cuenta pueda haber incurrido, me reitero de usted atto. Y afm. s.s.q.e.s.m.

Emilio Silva Faba

El descubrimiento de esta carta fue muy especial para mí y se convirtió en la experiencia que más cerca me ha permitido estar de ese abuelo republicano.

Llegó el año 1936. En febrero se celebraban las elecciones generales. Mi abuelo iba a colaborar en la campaña y sería interventor electoral durante los comicios. El 13 de febrero de ese año, Ramiro Armesto Armesto, candidato a diputado a Cortes, acudió al despacho del notario Virgilio Rey Amaya, en la localidad berciana de Vega de Espinareda. Allí firmó un poder a nombre de más de sesenta hombres a los que otorgaba la capacidad de representarle para: «Hacer la designación de interventores y suplentes para cada una de las mesas y ponerse de acuerdo con los demás candidatos si fuere preciso reducir el número de interventores. Representar al mandante en los colegios electorales en uso del derecho que la ley otorga a los candidatos; presenciar el escrutinio; formular protestas; solicitar la intervención de notario, requiriéndole para levantar acta de los hechos que ocurran; pedir a la autoridad y sus agentes su intervención y apoyo para el libre ejercicio de las funciones notariales y en general practicar cuanto el otorgante en su citada calidad de candidato podría realizar siendo presente».

El poder notarial afectaba a sesenta y dos hombres, entre los que se encontraba el militante de Izquierda Republicana Emilio Silva Faba. Es muy probable que la lista hubiera sido utilizada por los falangistas que tomaron el poder a finales del mes de julio, porque prácticamente todos los hombres mencionados en el documento murieron asesinados por sus ideas políticas.

En la campaña electoral de 1936, Manuel Azaña —camino de Galicia— se detuvo en Villafranca del Bierzo, en la tienda La Preferida. Mi abuelo tuvo una conversación con él, y el candidato a presidente de la República le dedicó una fotografía que mi abuela quemó pocos días después de su asesinato.

En los comicios de febrero de 1936 ocurrió otro pequeño incidente que también pudo ser determinante. Mi abuelo estaba en una mesa electoral como interventor y llegó a votar una prima de mi abuela, monja de clausura, que no había salido del convento para enterrar a sus padres y que ese día lo hizo para depositar su papeleta electoral. La mujer venía envuelta en sus hábitos, acompañada por las autoridades eclesiásticas de Villafranca del Bierzo, que eran muchas y poderosas. Al verla junto a la mesa mi abuelo la reprendió públicamente por no haber acudido al cuidado de sus padres en sus últimos días de vida. Al enfrentamiento dialéctico que tuvo con la aristocracia se sumó el de la Iglesia, en un pueblo donde el inquisidor Torquemada había tenido un palacio, en la calle del Agua. Con razón algunos ancianos de allí llaman a la guerra civil la segunda Inquisición.

Una tragedia anunciada

El 18 de julio España se convirtió en el escenario del horror. Apenas tres días después llegó a Villafranca del Bierzo, desde Galicia, la columna del comandante Manso, que conquistó para Franco todo el trayecto de la carretera de La Coruña hasta la sierra de Madrid. Allí nunca hubo frente, no existió una resistencia armada contra los sublevados. Su llegada fue el anuncio de lo que serían tres años sangrientos. Enfrente de la colegiata había una mujer que vio venir los primeros camiones de soldados y como no pudo distinguir si los que venían eran republicanos o militares franquistas probó fortuna levantando el puño. Desde un vehículo descubierto, el comandante Manso la vio y, sin mediar palabra desenfundó su pistola y le disparó a la cabeza. La mujer cayó fulminada. Manso ordenó detener el vehículo para comprobar su certera puntería. Donde aquel sanguinario militar pisó el suelo villafranquino, existe todavía hoy un vergonzoso monumento con la siguiente leyenda: «Al comandante Manso, libertador de esta villa». Los soldados que lo acompañaban detuvieron a varios vecinos, lo que hace sospechar que alguien a la entrada del pueblo esperó la llegada de los militares y señaló a quiénes tenían que sacar de sus casas. Uno de aquellos primeros detenidos fue mi abuelo. Se encontraba en la tienda cuando entraron y lo subieron a un camión. Aquel día tuvo suerte, porque varias vecinas de otras tiendas, alguna de ellas influyente en la derecha local, intercedieron por él y consiguieron bajarlo del camión. Aquel convoy de prisioneros terminó en el hospital de San Marcos de León —hoy parador nacional—, uno de los centros de detención y ejecución más duros de la guerra, donde llamaban a los hombres que iban a ejecutar sólo por el nombre o por el primer apellido, dependiendo de cuál de los dos fuera más común, y entonces todos los José o los García se morían de espanto pensando que había llegado su hora hasta que unos segundos después los carceleros gritaban el nombre completo.

La Falange se hizo con el poder en Villafranca. Instalaron dos cárceles y ocuparon el ayuntamiento. Mi abuelo conocía a alguno de los jefes locales y por eso debió creer que no corría peligro después de lo que había pasado. Tenía familia en Argentina y algunos amigos le dijeron que sería mejor que se fuera allí, pero él pensó que no iba a ocurrirle nada, que la guerra no duraría mucho tiempo y que en unas semanas las aguas volverían a su cauce.

Pero a los pocos días del alzamiento comenzaron las presiones. De vez en cuando la Falange acudía a La preferida y requisaba algunas mercancías. Cogían lo que querían y después dejaban un pagaré en el mostrador en el que apuntaban lo que habían confiscado, asegurándole a mi abuelo que el dinero le sería devuelto cuando llegara la paz. También le cobraban un impuesto periódicamente. Conservo uno de esos documentos que reza así:

La comisión constituida para reunir fondos necesarios para el sostenimiento de las milicias de Falange, que tan importante servicio prestan de guarnición y vigilancia nocturna en esta villa, y para cooperar al triunfo del ejército que representa la salvación de España de manos del comunismo ruso: ha estimado procedente señalar a usted para dichos gastos la aportación de la cantidad de 75 (setenta y cinco) pesetas, que deberá ingresar en el plazo de tres días, y por cuyo pago quedaremos muy reconocidos.

Villafranca, 28 de agosto de 1936

Por la comisión, el alcalde,

Enrique Gómez

Ese «quedaremos muy reconocidos» significaba no salir de noche a bordo de un camión con rumbo a La muerte. No se sabe cuánto» pagos como ése fueron necesarios para salvaguardar su vida, pero lo cierto es que el dinero de la familia fue desapareciendo y eso puso en peligro a mi abuelo.

En los meses de agosto, septiembre y octubre los falangistas de Villafranca se aplicaron con sistemática dureza en la tarea de limpiar la retaguardia de lo que llamaban la anti España. En total fueron ejecutados —que se tengan datos— 162 civiles. Quizá la estrategia consistió en asesinar primero a la gente sin recursos y permitir que vivieran unos meses los «rojos» más acomodados para que financiaran la campaña contra el comunismo ruso.

El día 16 de octubre Emilio Silva Faba fue llamado al ayuntamiento. Parecía tratarse de una visita más en la que le pondrían sobre la mesa uno de esos documentos que debería firmar a la vez que entregaba alguna cantidad de dinero. Su hijo Ramón caminó con él hasta la puerta del ayuntamiento. Antes de entrar, el comerciante republicano se despidió de él y le dijo que volviera a casa. Ninguno de los dos sabía que no volverían a verse nunca. Aunque la cosa parecía diferente: esa noche quedaba detenido en la que los vecinos llamaban «la cárcel de los recomendados».

Al anochecer su mujer, Modesta, llegó hasta la puerta del ayuntamiento acompañada por su hijo Manuel. Llevaban una muda limpia y algo de comida para la cena. El guardia solamente permitió el acceso del pequeño, mientras ella permanecía afuera, angustiada por el destino de su marido. En aquel momento Emilio Silva Faba ya debía conocer lo que le esperaba porque al tercero de sus hijos le entregó un reloj de cadena y el anillo con sus iniciales.

El pequeño Manuel se despidió del padre, salió del ayuntamiento y le enseñó a su madre el reloj y el anillo. El nubarrón de la tragedia enloqueció a mi abuela. Modesta pensó en buscar apoyos que pudieran salvarlo. Tenía que actuar con rapidez porque sabía por otros casos que en cualquier momento podrían sacarlo y ejecutarlo en algún camino de los alrededores. Llevó a su hijo a casa y fue a visitar a uno de los hombres que tenía influencia suficiente como para salvar vidas. Era comerciante y por entonces ocupaba el puesto de alcalde de la villa. Modesta Santín, arrodillada junto al mostrador, con los ojos arrasados en lágrimas por el miedo y el dolor, le pidió que salvara a su marido, que era un buen hombre y que no había hecho daño a nadie. Mientras mi abuela le pedía ayuda, el alcalde no dejó en ningún momento de colocar fríamente en una estantería algunos objetos, sin dignarse a mirarla. Modesta salió de allí con la idea de que sólo un milagro podría evitar la tragedia.

A la mañana siguiente, el hijo mayor de la familia, que también se llamaba Emilio (es mi padre), se acercó al ayuntamiento con algo de ropa y el desayuno. Al llegar a la puerta le dijo a uno de los guardias que quería entregarle unas cosas a su padre. Con una sonrisa siniestra el hombre armado que vigilaba la entrada le respondió que su padre ya no estaba allí, que posiblemente había saltado durante la noche por una ventana y había escapado. Muchas veces he pensado en la frialdad de aquel hombre: ¿qué regocijo podía encontrar en burlarse de un niño que sin saberlo acababa de perder a su padre y dentro de unos meses iba a pasar de ser un estudiante feliz, a trabajar, con sólo diez años, como peón en una carretera o cuidar un rebaño de ovejas en la ladera de un monte?

Aquel niño volvió a casa portando aquella terrible noticia. Mi abuela tuvo una crisis de histeria y la familia comenzó a movilizarse para tratar de recuperar el cuerpo. Una de las primeras personas que visitó fue al cura del pueblo. La mujer le rogó que intercediera por ella para saber dónde podría localizar el cuerpo de su marido, pero el sacerdote se limitó a contestar que estaba donde se merecía.

Dos hermanos de Modesta, Marcelino y Saturio, alquilaron un coche y fueron preguntando por los pueblos de los alrededores en busca de cualquier pista que pudiera indicarles el lugar de la ejecución. Recorrieron muchos kilómetros y dieron con algunos cuerpos, resultado de otras ejecuciones que se habían llevado a cabo aquella misma noche. A su regreso del primer día de la búsqueda hablaron del asesinato de una mujer y de su bebé al que le habían cortado los testículos y se los habían metido en la boca. Muchos años después de que ellos narraran esa historia la escuché en Priaranza del Bierzo de boca de un paisano que me contó cómo un mando del ejército supo de aquella atrocidad, localizó al falangista que lo había hecho y le ordenó que detuviera los asesinatos. Aquello pudo salvar la vida de algunas personas que estaban en la lista de espera.

A la mañana siguiente reanudaron la búsqueda y pasaron por Priaranza del Bierzo. El día anterior habían enterrado en una fosa a catorce hombres, uno de los cuales se correspondía con la descripción de Emilio Silva Faba. Los hermanos de Modesta hablaron con uno de los jóvenes que fue obligado a enterrar los cuerpos por pertenecer a las Juventudes Socialistas.

Los acontecimientos que culminaron con la muerte de Emilio Silva Faba y otros trece hombres en una cuneta a la entrada de Priaranza del Bierzo se han podido recomponer a través de diversos testimonios, en una especie de cuarteto de Alejandría del horror. Aquel 16 de octubre de 1936 el calabozo del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo estaba a rebosar. Entrada ya la noche, un camión de gaseosas Olarte y un coche con cuatro pistoleros se detuvieron frente a la puerta de la alcaldía. Varios hombres fueron introducidos en el camión que inmediatamente tomó rumbo a Ponferrada, seguido por el vehículo en el que viajaban los falangistas armados. Por el camino hicieron al menos una parada, porque uno de los hombres asesinados con ellos estaba en ropa interior, y se supone que fue sacado de la cama esa misma noche y conducido al interior del camión con el resto de los prisioneros.

En Ponferrada el camión recogió al menos a una persona, Juan Francisco Falagán, hijo de un guardia civil al que no querían asesinar los falangistas locales para no tener problemas, por lo que prefirieron hacerles el encargo a los pistoleros de Villafranca. Durante los trabajos de excavación una nieta de Juan Francisco Falagán se acercó a la excavación asegurando que en ella se encontraba su abuelo. Al principio parecía que al no ser de Villafranca no podía estar allí. Pero ella me puso en contacto con Aureliano Sánchez, un hombre que bajaba en bicicleta por Priaranza la noche de la ejecución.

«Escuché unos disparos pero no sabía bien de dónde procedían hasta que al pasar una curva vi un camión y un coche con los faros encendidos y me escondí detrás de una zarza mientras terminaban de dispararles. Esperé a que los coches se fueran y cuando pasé junto a la cuneta escuché que alguno de ellos todavía se movía. A la mañana siguiente regresé a ver los catorce cuerpos, y de pronto un hombre que pasaba por allí, en bicicleta, se bajó y comenzó a darles la vuelta para verles la cara hasta que encontró uno y dijo que era un hijo de Falagán, el guardia».

Este testimonio permitió explicar por qué se habían alejado más de treinta kilómetros para ejecutarlos, de noche y en una carretera en malas condiciones.

El convoy de la muerte se dirigió entonces hacia Priaranza del Bierzo por la carretera de Orense. Mi abuelo iba sentado cerca de la puerta, frente a Leopoldo Moreira, un vecino de Trabadelo que le propuso que intentaran escapar justo en el momento en el que retirasen la lona del remolque. Mi abuelo tenía cuarenta y dos años, era un hombre poco ágil y no se veía con fuerzas para tratar de huir, por lo que rechazó la invitación. A la entrada de Priaranza el camión y el coche se detuvieron con los faros encendidos. Nada más retirar la lona dos de los prisioneros, que tenían las manos atadas, saltaron sin que nadie lo esperase y echaron a correr. Los pistoleros no tenían las armas preparadas y tardaron unas décimas de segundo en comenzar a disparar. Aquellas ráfagas fueron las que despertaron a los vecinos. De los fugitivos uno fue abatido a tiros y el otro logró escapar y confundirse en la oscuridad. Leopoldo Moreira corrió sin parar, sin poder ver nada, pero sabiendo que tras sus pasos cabalgaba una muerte lúgubre y segura. Pasó la noche corriendo, pero pudo escuchar cómo disparaban con dos tiros en la cabeza al resto de sus compañeros. Sus zancadas y tropiezos le llevaron a la orilla de un río. Lo cruzó sin ver y cuando alcanzó la otra ribera siguió corriendo. En mitad de la noche tuvo que cruzar otro río, con tan mala suerte que al amanecer se encontró en el mismo sitio del que había escapado. Había atravesado dos veces el cauce del Sil y sin saberlo había amanecido junto al lugar de la ejecución.

Con la claridad del día pudo orientarse hacia su pueblo y llegó a Pereje, la aldea de mis abuelos, con la ropa hecha jirones y el cuerpo completamente magullado. Un hermano de Arsenio, el hombre que me acompañó a buscar la fosa, fue el primero en verlo. Lo escondió en un pajar, le dio algo de comer y ropa para cambiarse.

Leopoldo vivió escapado en el monte por los alrededores de su pueblo hasta que el 16 de agosto de 1937 fue detenido por la Falange y asesinado con varios disparos que le desfiguraron la cara hasta tal punto que no pudo ser reconocido por las personas que fueron citadas para identificarlo. Por suerte, antes de morir pudo contar a varias personas lo que había ocurrido aquella noche. Una de ellas fue mi abuela, que se reunió con él en una ocasión. La madre de Leopoldo la invitó a su casa, después de que se encontraran en la feria de un pueblo. Modesta Santín guardó todo lo que conoció en aquel encuentro clandestino en lo más profundo de su corazón y nunca comentó nada.

Emilio Silva Faba había muerto con otros trece hombres. Mientras les llevaba el camión había pedido que le dejaran morir el primero, porque no quería que lo último que vieran sus ojos fueran las ejecuciones de sus compañeros. Segundos antes de que lo asesinaran le dijo a uno de los pistoleros, al que conocía personalmente, que por favor no lo hiciera porque iba a dejar sola a su mujer con seis hijos. El pistolero respondió que ya saldrían adelante y apretó el gatillo para reventarle el cráneo con dos disparos de arma corta, hechos a muy poca distancia de su cabeza.

Muchas veces he pensado en el miedo que debió sentir mi abuelo durante esas horas, en el miedo que sintieron todos los hombres que como él fueron conducidos al matadero. Miedo por la propia vida, miedo al desamparo de los suyos, a la incertidumbre de no saber si aquel castigo continuaría con alguno de los miembros de su familia. Más de una vez he cerrado los ojos y he tratado de ponerme en su lugar, de sentir la misma angustia, la misma impotencia, el mismo pánico.

La reconstrucción de aquellos hechos llegó por varias vías más. Aparte de la madre del fugitivo Leopoldo Moreira, unos años después del crimen uno de mis tíos, Ramón, entró a trabajar como aprendiz en un taller mecánico de Villafranca. Para él era una buena oportunidad de aprender un oficio y de poder llevar algo de dinero a casa. Un amigo del dueño le dijo un día a Ramón que quería hablar con él en privado. Se citaron una tarde y aquel hombre le contó que el dueño del taller había conducido el camión que llevó hacia la muerte a su padre y a los otros hombres. Y añadió que lo habían amenazado para que lo hiciera y le explicó la zona aproximada donde todo ocurrió. Ramón había acompañado a mi abuelo al ayuntamiento la tarde en la que quedó detenido. Unos meses después tuvo que trabajar reparando el coche de Antonio de Carvajal y Álvarez de Toledo, el hombre con quien mi abuelo había mantenido el debate en la Parroquial Berciana, y le hizo saber a Ramón que él no había tenido nada que ver con la muerte de su padre.

Con el paso de los años los hijos fueron recogiendo fragmentos de aquella historia, frases cazadas al vuelo, insinuaciones de personas que sabían más o menos, y fueron recomponiendo parte del rompecabezas. Posiblemente una parte de aquel relato esté deformada por el miedo, por el deseo y por la necesidad de obtener respuestas.

Regresaba a casa, tras haber encontrado la fosa del abuelo. ¿Qué podía hacer? Alguna vez había oído hablar a mi padre del deseo de mi abuela de ser enterrada algún día junto a los restos de su marido. Pero ¿cómo se podían recuperar esos huesos?

Nada más llegar a casa llamé por teléfono a mi padre para contarle que había estado con Arsenio y que juntos habíamos encontrado la fosa, como si hubiera descubierto aquel lugar, como si hubiera sido el primer descendiente en poner un pie junto a aquel nogal recrecido. Pero esta historia está sembrada de miedos y silencios y la noticia que yo traía no era ni mucho menos una primicia familiar; aquel lugar ya había sido visitado por varios familiares sin que yo lo hubiera sabido.

El primero de todos en buscar la fosa fue mi padre en los años cincuenta. Un día, cuando trabajaba en la térmica de Ponferrada, alquiló una bicicleta y fue a recorrer la zona por donde había oído que habían asesinado a su padre. En aquellos tiempos no se podía llegar a un pueblo y hacer preguntas sin levantar incómodas sospechas, así que mi padre buscó alguna señal en una cuneta o algo que le pudiera indicar cuál era el lugar. Recordaba mi padre haberse sentado a la entrada de Priaranza cuando una pareja de la Guardia Civil se le acercó para preguntarle qué estaba haciendo allí. Mi padre suponía que podía estar fichado como «hijo de rojo» y para no meterse en problemas se subió a la bici y se echó a pedalear sin rechistar.

El segundo fue Manolo, unos meses después de muerto Franco. El hijo que había visto por última vez con vida a Emilio Silva Faba se fue a Priaranza del Bierzo a preguntar por la fosa. Todavía vivía entonces el hombre que había sido dueño de la finca en 1936. Con su ayuda mi tío dibujó un plano en el que reproducía las carreteras y los árboles, y señalaba el lugar en el que se encontraba la fosa. Cuando al tercer día de buscar con una pala excavadora encontramos los primeros restos, Manolo sacó de su bolsillo aquel plano para demostrar que la ubicación se correspondía con lo que él había señalado.

El tercero fue mi tío Ramón, que al mismo tiempo que encontré la fosa estaba revolviendo el tema, tratando de averiguar las identidades de los otros hombres y visitando algún archivo local en busca de un listado que le permitiera contactar con todas las familias.

El principio del camino estaba trazado. El deseo de recuperar aquellos restos y darles una sepultura digna junto a los de mi abuela era el mapa que había que recorrer. A veces tengo la sensación de que todo estaba preparado. La forma en que ocurrieron los hechos a partir de ese momento y las personas que se han implicado en este proceso parecían estar esperando una aguja que los hilvanase a todos para reconstruir la dignidad y la memoria de aquellos hombres que habían construido nuestra primera democracia.

Un agujero en el silencio

El domingo 8 de octubre del año 2000, en la sección «El Bierzo» del periódico La Crónica de León, se publicó un artículo de dos páginas titulado «Mi abuelo también fue un desaparecido». Lo escribí unos días antes pensando en que podría servir para que contactaran conmigo familiares de alguno de los hombres cuyos restos se encontraban en la fosa de Priaranza del Bierzo. Conscientemente quise utilizar el referente de los desaparecidos argentinos o chilenos para trasladarlo al caso de los desaparecidos durante la guerra civil. Comenzaba con el siguiente párrafo: «Soy nieto de un desaparecido. Mi abuelo se llamaba Emilio Silva Faba. Lo mataron a tiros junto a otras trece personas y lo abandonaron en una cuneta, a la entrada de Priaranza del Bierzo. Todas sus honras fúnebres consistieron en un agujero y unas palas de tierra bajo las que todavía hoy están sus restos…». Y terminaba: «Sus restos podrán descansar en el lugar que elijan sus familiares. Yo sabía que había una historia que contar y es lo que he hecho. Pero mi historia es una pequeña parte de aquella historia. Hay muchas fosas repletas de hombres sin nombre».

Un detalle al final del texto ha sido fundamental en esta historia. Bajo la última línea figuraba mi número de teléfono, por si alguno de los familiares a los que todavía no conocíamos quería contactarnos.

Al día siguiente, hacia las cuatro de la tarde, sonó el teléfono; una llamada que iba a cambiar muchas cosas. Se trataba de Julio Vidal, un arqueólogo leonés que conocía desde su infancia la existencia de la fosa. Su madre era de Priaranza y desde pequeño «pasaba corriendo junto a otros niños del pueblo cuando estaban cerca de lo que llamaban «el paseo del corro». Era el típico lugar que daba miedo a los niños. Julio me explicó que cuando se hizo arqueólogo más de una vez había pensado en la posibilidad de excavar la fosa y tratar de averiguar algo acerca de los hombres que se encontraban enterrados allí. Más de una vez había comentado con su mujer, María Encina, antropóloga forense, esa posibilidad. Por eso cuando leyeron el artículo decidieron llamarme.

Hasta ese día tuve la idea de hacer la excavación con ayuda de mi tío Ramón, tratando de no destrozar los huesos y de sacar los cuerpos uno por uno. Realmente no sabía lo que estaba diciendo cuando pensé aquello. Todo cambió cuando Julio Vidal se ofreció a llevar a cabo la exhumación de los restos con ayuda de otros arqueólogos.

El 21 de octubre de 2000, hacia las cinco y media de la tarde, el cazo de una retroexcavadora perforó la tierra en la fosa de los que luego han sido conocidos como «los 13 de Priaranza». Era un día lluvioso, frío y desapacible. Julio Vidal dirigía los trabajos del operador de la excavadora. Varios vecinos del pueblo observaban expectantes desde la acera de enfrente. De vez en cuando uno de ellos se acercaba y daba su opinión y señalaba el lugar donde creía que se encontraban los restos.

La tarde transcurrió sin que apareciera ninguno. A la mañana siguiente se reanudaron los trabajos a primera hora. Habían acudido allí numerosas personas para asistir a la exhumación. Algunas de ellas relataron la historia de sus padres o de sus abuelos. Entre los que se acercaron estuvo Isabel González Losada, una mujer de ochenta y tres años, vecina de Palacios del Sil, que tenía a su hermano Eduardo en una fosa localizada a la entrada de Piedrafita de Babia. También estuvo Aníbal, un hombre de cuarenta y tantos años que pasó los dos primeros días mirando el trabajo de la excavadora sin hablar con nadie.

Durante el segundo día tampoco aparecieron los restos. Comenzamos a contar con la posibilidad de que pudieran haber quedado bajo el asfalto de la carretera que desde el año de la ejecución había sido ensanchada más de un metro por cada lado. Ese día tuvimos una visita especial, la de Francisco Cubero, un hombre de ochenta y cinco años al que los falangistas de su pueblo obligaron a enterrar los cuerpos por simpatizar con las Juventudes Socialistas, junto a otros dos jóvenes de Villalibre, y como medida preventiva, para que vieran lo que les podía ocurrir si continuaban por el camino de la participación política.

Su llegada al lugar de la excavación fue impactante. Unos días antes lo había visitado en su casa y me había relatado su historia. Al día siguiente de la ejecución, por la mañana, fueron a buscarle. Le dijeron que cogiera pico y pala y lo llevaron hasta el lugar elegido para el enterramiento, donde le obligaron a cavar junto a sus otros dos compañeros. Alrededor de los cuerpos se formó un gran revuelo, entre los alumnos de la escuela, los vecinos y las personas que pasaban andando o en bicicleta.

Cavaron una fosa de unos ocho metros de largo por uno y medio de ancho, a una profundidad de setenta y cinco centímetros. Depositaron los catorce cuerpos y volvieron a casa. Dos días más tarde llegó al pueblo la familia de uno de los catorce hombres asesinados, cuya identidad no he podido conocer, y pagó a uno de los compañeros de Cubero diez duros de la época para que lo desenterraran. Lo recordaban perfectamente porque era el hombre al que habían asesinado en ropa interior.

Cubero llegó a la fosa y la excavadora interrumpió su trabajo. Habían pasado muchos años y la geografía de la memoria se había hecho confusa. Señaló como lugar del enterramiento una de las partes de la finca que habían sido excavadas y el desánimo comenzó a abrirse paso. A la mañana siguiente continuaron los trabajos de excavación. A eso de las once el operador de la excavadora anunció que al meter el cazo en la tierra había notado un cambio de densidad. Cuando sacó la pala, sobre la tierra, había una bota. Inmediatamente el arqueólogo comenzó a cribar la tierra y junto al calzado aparecieron los huesos de un pie. La fosa había aparecido a unos veinte centímetros de la primera zanja que se había hecho y habíamos tenido la suerte de encontrar el primer pie de la fila que formaban los trece hombres sin dañar ninguno de los cuerpos.

Aquél fue un momento muy emocionante. Es complicado convertirlo en palabras. En algunas ocasiones me había planteado lo que podría sentir cuando aparecieran los restos. Había tratado de racionalizarlo; pero cuando apareció aquella bota, aquel objeto que evidenciaba que se trataba de restos humanos, el sentimiento pudo con la razón. Inmediatamente me acordé de la inscripción que mi abuela había encargado para un nicho familiar que había comprado pocos años antes, en el que figuraban los apellidos de mi abuelo, como una forma de no renunciar a la esperanza de que algún día sus restos pudieran descansar juntos.

Entre los muchos sentimientos llegó uno de triste satisfacción. La tensión vivida en los dos días anteriores se veía recompensada. Estábamos comenzando a poner las cosas en su sitio, a obtener una isla de justicia histórica en aquel inmenso océano del olvido de aquellos hombres que con sus ideas y con su trabajo político habían construido la primera democracia que había existido en España.

Como era domingo, la excavación se interrumpió hasta el fin de semana siguiente. Un grupo de arqueólogos y de forenses dispuestos a trabajar de forma voluntaria estaba esperando la llamada de Julio Vidal para ponerse manos a la obra.

De regreso a Madrid llamé por teléfono a la Subdelegación del Gobierno en León, solicitando protección policial para la noche en que la fosa permanecería abierta, con los restos expuestos a la posible actuación de alguien que pudiera dañarlos. Daniel Fernández, el alcalde de Priaranza, envió un fax desde el ayuntamiento para convertir la solicitud en demanda institucional. La protección fue finalmente concedida, para sorpresa de muchas personas a las que les resultaba curioso ver a la Guardia Civil cuidando los restos de un grupo de «rojos».

El viernes 27 de octubre Julio Vidal dirigió los trabajos de la excavadora, para que rebajara el suelo y quedara preparada la excavación para el día siguiente. El sábado un equipo formado por tres arqueólogos: el propio Vidal, Mari Luz González y Venancio Carlón; una antropóloga forense, María Encina Prada; el catedrático de medicina forense Francisco Etxebarría y varios ayudantes comenzaron la exhumación de los restos.

Ese mismo día, en las páginas del Diario de León, en la edición de El Bierzo, apareció un artículo escrito por Julio Vidal y María Encina Prada en el que explicaban las razones por las que se habían comprometido a la apertura de la fosa de Priaranza:

ARQUEOLOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN

La Arqueología Contemporánea, o «del pasado reciente», ha sido, en los últimos años, objeto de actualidad y controversia en países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia, la excavación arqueológica en 1991 de la fosa colectiva de la Gran Guerra de San Rémy-la-Calonne, con la finalidad de recuperar el cuerpo de un escritor de culto, Alain Fournier —fusilado con veinte soldados más por los alemanes en el frente del Mosa en el verano de 1914—, no estuvo exenta de duros debates entre arqueólogos y antropólogos, recelosos, los primeros, de su misma caracterización como «intervención arqueológica». A ello no cabe duda de que pudo contribuir el ambiente que rodea una actuación cuyo objeto está demasiado próximo en el tiempo y que, por ello, toca sentimientos muy profundos, caso del lugar tan simbólico que ocupa la Primera Guerra Mundial en la Historia de Francia; no en vano, se trata de la memoria viva y no de simples hallazgos anónimos, aquellos que los arqueólogos miran «con prismáticos», a causa de su lejanía en el tiempo. Además, siempre, indefectiblemente, el poder político trata de obtener rentas de estos asuntos: el entonces ministro de Cultura, Jack Lang, también alcalde de Blois, una localidad próxima, se apresuró a proporcionar apoyo político a la excavación de la fosa, deseoso de ganarse un tanto, o sea votos, ante la opinión pública. Algo parecido —salvando las distancias, sobre todo cronológicas— ha ocurrido no hace mucho en España con una sorprendente excavación arqueológica «a la carta» en Madrid, en la plaza de Ramales, destinada a encontrar el cuerpo del pintor Velázquez, en la que la Comunidad se ha gastado una porrada de millones, destinados más bien a la búsqueda de una acción espectacular desde el poder político.

La «Arqueología del pasado reciente» suscita también, ¿por qué no decirlo?, malestar, además de emociones muy profundas, precisamente por la cercanía de los acontecimientos que trata. Así lo vienen a poner de manifiesto los trabajos, por ejemplo, del equipo argentino de antropología forense, especializado en el estudio de fosas comunes o individuales, consecuencia de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983). O los estudios de otras muchas —en El Salvador, Perú, Chile, Ruanda, Croacia, Bosnia… ¡tantos lugares!—, por antropólogos, forenses y arqueólogos, con la finalidad de ayudar a jueces y tribunales de justicia en la exhumación de los cuerpos en ellas sepultados, testigos indelebles y dramáticos de la inacabable brutalidad humana.

Hace 64 años, en la madrugada del 16 de octubre de 1936, catorce hombres fueron asesinados en las afueras de Priaranza del Bierzo y enterrados en una fosa al borde de la carretera. Seguramente, todos ellos, murieron simplemente por defender ideas que pocos meses antes eran amparadas por el marco constitucional y democrático vigente. Según parece les sacaron, a casi todos, del calabozo municipal de Villafranca, en donde se encontraban por causa de la represión que siguió a la sublevación militar franquista que se había producido tres meses antes. Fueron los desaparecidos, por un auténtico golpe de Estado prolongado y cruento, los que abrirían una de las páginas más sórdidas y terribles de la Historia de España, en la que, a lo largo de tres años, cientos de miles de españoles —de uno y otro bando— perderían la vida, sufrirían prisión y otras penalidades. Muchos de los perdedores tuvieron que seguir el camino de un exilio forzoso. Además, tales acontecimientos darían paso a una ominosa dictadura, cómplice de los totalitarismos —nazismo y fascismo— que llevaron al mundo a la peor de las confrontaciones que ha vivido. Dictadura que se prolongaría a lo largo de cuarenta años, situando a nuestro país, literalmente, fuera del mundo occidental.

Todo el mundo en Priaranza —su propio alcalde de entonces, Blas López, fue asesinado en circunstancias similares— conoce la existencia de esta fosa. Algo que sucede, por lo demás, en otros pueblos de El Bierzo: son, todas ellas, un secreto a voces, sobre las que recae un pesado y miedoso silencio. Estas fosas deben dejar de representar la conciencia vergonzante de una transición que, mientras siga echando tierra en ellas, no habrá pasado esa espantosa página de nuestra historia: deben ser catalogadas y protegidas, e incluso convertidas en monumentos conmemorativos contra la intolerancia y la barbarie. Y la Administración Pública, en lugar de mirar para otro lado, debería ayudar —material y técnicamente para que los descendientes que lo deseen recuperen a sus familiares allí enterrados, colaborando así a que, en lugar de ser motivo de enfrentamiento, se conviertan en símbolo de reconciliación entre los españoles.

Como arqueólogos y antropólogos sabemos que el argumento que suscitan no es exactamente «arqueológico», porque no constituyen, en sentido estricto, objeto puro de investigación: lo que podrían aportar a la mejora del conocimiento histórico de aquellos acontecimientos se situaría en el terreno de lo insignificante, en la medida en que se trata de hechos perfectamente conocidos. Sin embargo, la Arqueología puede ayudar, con sus técnicas, a cumplir los anhelos de los que quieren recobrar a sus familiares. En efecto, la exhumación cuidadosa de los restos óseos —si, naturalmente, están conservados allanará el camino que facilite su estudio antropológico. El concurso de ambas disciplinas — Arqueología y Antropología— permitirá recuperar en las mejores condiciones posibles los cuerpos y objetos asociados, proporcionando, en el curso de la excavación, un primer recuento individual, para, posteriormente, en el laboratorio, intentar su identificación más precisa, «nominal», gracias a los datos que las familias puedan aportar: edad, rasgos físicos, patologías que hubieran podido sufrir, etc., de acuerdo con un protocolo perfectamente establecido. Incluso, si no fuera posible con estos métodos tal identificación, es factible recurrir al análisis de ADN para lograrlo.

Lo que nos ha animado a ayudar a la familia de Emilio Silva Faba en el propósito de recuperar su cuerpo y los de sus compañeros de la fosa de Priaranza ha sido una motivación, si se quiere, «profesional», sobre todo para evitar exhumaciones incorrectas desde el punto de vista práctico, como por ejemplo la que se produjo hace poco tiempo Arganza, en la que se empleó una máquina excavadora. Nosotros sólo la vamos a emplear para retirar la tierra superficial que cubre la fosa.

Pero también nos ha animado una firme voluntad de reconocimiento y recuerdo hacia aquellas personas asesinadas, víctimas de terribles acontecimientos que, por ello mismo, no debemos nunca olvidar.

Allí estaba de nuevo Aníbal, el hombre que la semana anterior había permanecido observando en silencio. Me dirigí a él pensando que quizás era pariente de alguno de los catorce hombres. Hasta entonces sólo habíamos logrado averiguar los nombres de cuatro de ellos y eso que mi tío Ramón había dedicado muchas horas y esfuerzos a recorrer los pueblos de la zona y tirar del hilo para conseguir la lista completa. Pero Aníbal no tenía ningún familiar al menos en esa fosa. Su abuelo, Aníbal Arroyo Buitrón, era de Toreno, otro pueblo de la zona, y había sido asesinado. Pero el silencio sobre aquella historia familiar había convertido los acontecimientos que terminaron con su vida en un tabú que hasta entonces nadie se había atrevido a romper.

Junto a la fosa ocurrió algo muy importante y es que el hilo de la memoria comenzó a hilvanar historias y personas que desde entonces se implicaron a fondo en este proceso, dedicando su tiempo, su esfuerzo y sus medios a taladrar el miedo y el silencio. Y así, a través de esos agujeros, regresarán del olvido tantos hombres y mujeres que murieron injustamente.

Los trabajos de exhumación me enseñaron lo importante que es la utilización de los métodos arqueológicos en la apertura de las fosas. Mientras los arqueólogos llevaban a cabo su labor, los ayudantes apartaban la tierra y la cribaban para extraer cualquier pequeño detalle: restos humanos, hebillas de chalecos, o las balas de nueve milímetros de arma corta que utilizaron los pistoleros.

El domingo a media tarde habían sido exhumados doce cuerpos. En los alrededores de la fosa se debatía sobre la falta del decimotercero; quizás había sido recuperado por alguno de los familiares sin que nadie se diera cuenta. Cuando los arqueólogos levantaron los restos del último de ellos apareció su mano y tuvo que ser exhumado a la semana siguiente.

Los restos fueron depositados en un edificio de usos múltiples perteneciente al Ayuntamiento de Priaranza. A la semana siguiente la antropóloga y el médico forense los estudiarían para tratar de encontrar pistas que pudieran llevarnos a su identificación. Habíamos comentado la posibilidad de que se les pudieran realizar las pruebas de ADN, pero antes de nada era necesario el informe forense para contrastar la información aportada por los pocos familiares que conocíamos.

Miles de hombres sin nombre

Mi tío Ramón visitó varios archivos históricos con la intención de localizar una lista en la que se encontraran los nombres de los trece hombres que habíamos desenterrado, y poder contactar con todas las familias de los asesinados. Estuvo en Ponferrada, León, Salamanca y Oviedo. Le fueron mandando de un sitio a otro sin darle ninguna esperanza de encontrar esa información en algún centro oficial. Por fin le mandaron al Archivo Militar de Ferrol, dependiente del Tribunal Militar número IV de La Coruña.

Por teléfono le informaron que sería complicado encontrar la documentación que estaba buscando. El caso es que el archivo estaba almacenado pero no ordenado del todo. La persona con la que hablé me contó que sólo de la provincia de León había cerca de doce mil causas, individuales y colectivas. Eso quería decir que el expediente donde se podrían encontrar los trece de Priaranza era sólo uno. Pero había un problema: las carpetas colectivas estaban encabezadas por un único nombre al que se añadía el número de personas que con ése formaban parte del mismo proceso. Era muy posible que ninguno de los seis nombres que teníamos figurase en la portada del expediente y todavía no se había hecho una lista de todos los nombres relacionados con los expedientes, incluyendo los que no se encontraban en las portadas de las carpetas.

Nos explicaron que estaban iniciando el listado de todos los nombres y que tardarían siete u ocho años en tenerla completa; el tiempo suficiente para que la generación que vivió la guerra civil se hubiera borrado. Entonces les planteamos la posibilidad de ir a investigar en el archivo y tratar de localizar la información que buscábamos. Nos dijeron que no era posible, que era un archivo restringido y que lo que teníamos que hacer era proporcionar los nombres que conocíamos al departamento llamado de amnistías.

La situación de los archivos militares en España es uno de los grandes exponentes del surrealismo en torno a la historia reciente. Más de sesenta años después de terminada la guerra todavía existen decenas de miles de documentos que por encontrarse bajo jurisdicción militar no pueden ser consultados por familiares ni por investigadores. La CIA en Estados Unidos, pasados veinticinco años, desclasifica informaciones muy comprometedoras para su clase política y la de otros países. Aquí parecía existir una estrategia para retrasar la apertura de esa información y mantenerla ajena a la sociedad civil.

No obstante, entregamos una lista de nombres y al cabo de unos meses recibimos el expediente de Juan Uría, tocayo de uno de los que posiblemente se encontraría entre los trece de Priaranza que nada tenía que ver con aquella fosa, pero sí con aquella historia. Juan Uría fue encarcelado. La guerra lo había sorprendido haciendo el servicio militar, pero sus ideas no tenían mucho que ver con el bando franquista. Durante la celebración de una misa castrense, Uría se asomó por la reja de la celda y comenzó a cantar «La Internacional». Aquello le costó un consejo de guerra. En el expediente estaba transcrita la acusación y la defensa. Uría dijo creer que la canción que había interpretado era una marcha real y que tampoco era para tanto porque sólo había cantado un par de estrofas. La sentencia fue de muerte y se ejecutó unos días después. Al final del expediente se añadía un informe de un vecino de su pueblo en el que se relataba quién era Juan Uría, qué simpatías políticas tenía, con quién iba, quiénes eran sus familiares y algunas informaciones más.

Imaginar esas miles de historias en manos de los historiadores era algo que había que convertir en una causa. Más tarde descubrimos que en algunos de esos expedientes se encontraban objetos personales del encausado: cartas que dirigían a sus familias, fotografías de su mujer o de sus hijos, etc. Eran cosas que tenían un valor emocional muy importante y que los familiares nunca habían tenido oportunidad de recuperar.

A eso hay que añadir que durante veinticinco años de democracia nunca se les había facilitado a las familias ningún tipo de información; no se había hecho un censo de muertos y desaparecidos donde las personas sin recursos ni habilidades sociales de los pequeños pueblos hubieran podido consultar en sus ayuntamientos. Todavía recuerdo cómo en la Hemeroteca Nacional los periódicos de la época de la guerra y de la posguerra tenían sus hojas desgastadas por las manos de cientos de hombres y mujeres que habían buscado sus nombres en listados de heridos o detenidos para obtener las pensiones que se dieron a los soldados republicanos o a las viudas de los muertos durante la guerra.

A la semana siguiente de la exhumación de los doce cuerpos —aún faltaba uno— se iniciaron los trabajos forenses. María Encina Prada y Francisco Etxebarría realizaron un informe de cada uno de ellos con el fin de poder llevar a cabo la posterior identificación.

El 20 de noviembre de 2000 se cumplían veinticinco años de la muerte de Franco y nosotros, sin ser del todo conscientes, comenzamos a trabajar contra las injusticias que se produjeron durante la transición a la democracia. Ese día la revista Interviú publicó un reportaje titulado «Los 13 de Priaranza», en el que se narraba la excavación y la búsqueda de nuestros familiares. Se incluía un número de teléfono. Comenzamos a recibir llamadas de diversos puntos del Estado, lo que ponía de manifiesto la verdadera dimensión del problema. La misma revista había publicado en el mes de octubre un reportaje titulado «Más fosas que en Yugoslavia», en el que se hacía un recorrido por distintos lugares de España: Oviedo, Mérida, Priaranza, etc.

Para recuperar la memoria

Unas semanas antes de la exhumación en Priaranza del Bierzo conocí a Santiago Macías. A pesar de su juventud llevaba años recogiendo información sobre la guerra civil, entrevistando ancianos y restaurándoles fotografías con la afición de un historiador, sin tener una relación familiar directa y determinante con esa historia. Los dos estábamos interesados en el tema y teníamos la voluntad de implicarnos a fondo. Por eso decidimos crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Inscribimos la asociación en el registro del Ministerio del Interior, conscientes de que el problema de las fosas comunes no era evidentemente algo que afectara solamente a la comarca de El Bierzo. Yo había hecho mis lecturas acerca de las víctimas del franquismo y sabía de casos cercanos de amigos que habían perdido a sus abuelos. Pero cuando comenzamos a trazar una línea divisoria entre los muertos que se encontraban enterrados en cementerios y los que permanecían en fosas comunes nos dimos cuenta de que era algo que afectaba a miles de familias.

Ese mismo mes de diciembre, gracias a la propuesta del alcalde de Priaranza, Daniel Fernández, el Consejo Comarcal del Bierzo aprobó una resolución de apoyo a la exhumación de fosas comunes de la guerra civil. Los veinticuatro consejeros del PSOE y los veintitrés del PP la apoyaron por unanimidad. En ella se hablaba de facilitar las investigaciones y ayudar a los familiares en la recuperación de los cuerpos. Era algo simbólico y para nosotros muy importante, porque se trataba de la primera vez que el poder político se manifestaba sobre el tema.

Un mes y medio después de haber entregado los estatutos recibimos la confirmación del Ministerio de que habían sido admitidos. Durante los primeros meses del año 2001 comenzamos a recabar información y a diseñar una estrategia para llevar adelante los objetivos que nos habíamos planteado.

La siguiente exhumación que llevamos a cabo fue en Fresnedo, el 8 de septiembre del año 2001. En ella se encontraban los restos de tres hombres y una mujer, Isabel Picorel, la madre de Vicente Moreira, uno de los llamados niños de la guerra. La búsqueda de los restos con la excavadora se alargó durante más de tres días hasta que por fin aparecieron y fueron exhumados por el mismo grupo de arqueólogos que había intervenido, sin cobrar una peseta, en Priaranza del Bierzo.

Vicente Moreira recordaba el día en que su madre, sus dos hermanos y él tuvieron que escapar de su pueblo después de que alguien les avisara que iban a detenerlos. La noche de la fuga durmieron acurrucados en el monte, protegidos por unos matojos. A la mañana siguiente Isabel Picorel regresó a casa para recoger algunas cosas y nunca regresó. Vicente huyó con su hermano hacia Asturias, donde su padre había sido detenido. Allí los embarcaron con rumbo a la entonces Unión Soviética. Vicente estudió Bellas Artes y en 1956 regresó a España.

Un año después de la muerte de Franco, Vicente Moreira se atrevió a localizar el lugar exacto donde su madre fue asesinada. El dueño de la finca no se atrevió a acercarse con él al lugar exacto. Se quedó a unos doscientos metros indicándole a Vicente con la mano que se moviera hacia delante o hacia los lados. Cuando ubicó a Vicente en el lugar exacto, en el que durante años había impedido que pastaran sus animales, movió el brazo agitadamente.

Al enterarse de que había comenzado la exhumación de fosas comunes en El Bierzo, Vicente Moreira remitió una carta al alcalde de Cubillos del Sil, José Luis Ramón, solicitándole ayuda para desenterrar los restos de su madre. El alcalde, al recibir la carta, se sintió especialmente conmovido y se puso en contacto con nosotros para investigar la fosa y proceder a la exhumación de los cuerpos. En la carta, Moreira explicaba la dura historia que le llevó a la orfandad:

Carta remitida por Vicente Moreira Picorel al Ayuntamiento de Cubillos del Sil

Transcurrían los primeros días de la Guerra Civil cuando mi padre, Ramón Moreira Justel, junto con otros compañeros, en su mayoría mineros, se dirigieron andando hacia Asturias para defender al gobierno legítimo de la República. Mi madre, Isabel Picorel Celada, mis hermanos Valentín, Ramón y yo nos quedamos solos, sin un padre ni ningún apoyo económico.

Yo tenía once años y recuerdo el día en que los falangistas llegaron a Langre, donde vivíamos. Lo hicieron por la Sierra del Rozo, en la segunda quincena del mes de agosto de 1936, disparando sus armas a medida que se acercaban al pueblo. Recuerdo que salí corriendo hacia el monte hasta que se hizo de noche y me reuní con mi familia. Fue entonces cuando supe que a mi madre la habían amenazado de muerte. Esto le obligaba a huir si no quería dejar a sus hijos huérfanos. Pasamos la noche en casa de un vecino de Langre, Cipriano Alonso Campillo.

A la madrugada del día siguiente nos echamos a la calle con intención de bordear el pueblo para coger el camino hacia Sorbeda, pero los primeros rayos de sol nos impidieron hacerlo al iluminar todo el entorno. Entonces salimos corriendo sin rumbo para alejarnos de aquel infierno. Aquel día lo pasamos caminando por el monte de un lado para otro. Por la noche dormimos entre las urces. Recuerdo que mi madre me cogió entre sus brazos para darme calor en aquella fría noche de agosto. A la mañana siguiente llegamos por fin al pueblo de Sorbeda. Allí fuimos acogidos en casa de Tomás Ruiz y su esposa Benigna, que eran amigos de mis padres.

Al anochecer, mi madre, a pesar de las amenazas, decidió volver a Langre junto a mi hermano Valentín para coger de nuestra casa abandonada ropa o cualquier otra cosa que necesitáramos para emprender viaje hasta la zona más cercana que todavía estaba bajo control gubernamental, Asturias. Pero al llegar a San Miguel de Langre fueron arrestados y conducidos a Toreno del Sil. Era el 26 de agosto.

Al día siguiente también fue arrestado el vecino de Langre que nos había dado cobijo la primera noche, Cipriano Alonso Campillo. Los falangistas habían requerido también a otras personas, entre las cuales se encontraban Sergio Rodríguez Prieto y su primo Bemardino Fernández Prieto. Otra de las personas requeridas, mientras esperaba su turno, tuvo un mal presentimiento y pudo huir. También huyó mi hermano Valentín, que se dirigió a Sorbeda para reunirse con nosotros.

En la madrugada del día 28 de agosto, un camión ligero salió de Toreno del Sil con dirección a Ponferrada. En él eran llevados Isabel Picorel Celada, mi madre, de cuarenta y dos años, Cipriano Alonso Campillo de cuarenta y cuatro años, vecino de Langre, Sergio Rodríguez Prieto de veintisiete años, de Tombrío de Arriba, y Bemardino Carro Prieto de veintiún años, del mismo pueblo.

Al llegar a la altura del pueblo de Fresnedo fueron obligados a abandonar el vehículo y en un prado que hay junto a una fuente a la entrada del pueblo fueron asesinados. Al día siguiente, el padre de uno de los chicos asesinados, al comprobar que su hijo no había regresado a casa, cogió un caballo y se fue a Toreno del Sil. Antes de llegar un conocido le dijo que durante la madrugada había oído unos disparos cuando estaba cerca de Fresnedo. El hombre se dirigió al fatídico lugar y contempló consternado los cuatro cadáveres que yacían en el prado. En ese lugar estuvieron hasta que unos vecinos del pueblo fueron obligados a enterrarlos allí mismo.

Es preciso recordar también el nombre de los asesinos que aterrorizaron y saquearon la zona, algunos de ellos: los hermanos De Paz, que eran Rogelio, Manuel, Gerardo, Avelino y Andrés; Fausto Fernández, que mató a 104 personas; Pepe el Maragato que era cuñado de los De Paz, y Severino Castro, hijo del ingeniero jefe Castro. También son «dignos» de recordar algunos sacerdotes como Paciano y Gonzalo, que colaboraban con la causa «por la Gracia de Dios».

Al caer Asturias en octubre de 1937, mi padre fue apresado y condenado a muerte, pero pudo librarse y cumplir cuatro años de cárcel. Nosotros tras el asesinato de mi madre, fuimos llevados a la URSS, regresando pasados los años. A lo largo de mi vida, y en los tiempos más difíciles, he pensado que algún día podría recuperar los restos de mi madre. Poder sentir calor con su presencia, como en aquella noche de agosto de 1936, en este mundo tan injusto. Para ello espero contar con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuya labor humana merece un apoyo incondicional.

El alcalde de Cubillos del Sil contactó con nosotros y nos pidió ayuda para la apertura de la fosa de Fresnedo. Su ayuntamiento nos dio una subvención que permitió que Santiago Macías, durante tres meses, recorriera todos los registros de El Bierzo con el fin de preparar el primer censo de víctimas de la guerra civil en la comarca.

Hasta la exhumación en Fresnedo, los medios de comunicación que habían publicado alguna información relativa a la exhumación de fosas eran locales. En aquella ocasión un diario nacional, El País, publicó media página y tres corresponsales extranjeros acudieron a presenciar la labor de los arqueólogos: el de la televisión pública alemana, ARD, el del diario «rojiverde» alemán Tageszeitung y el del periódico holandés NRC. Durante dos días observaron pacientemente los trabajos de la retroexcavadora mientras nosotros les explicábamos que aquello era una consecuencia directa del miedo que sufrió la gente durante el franquismo y que se conservó con la democracia; un miedo que había impedido a los vecinos señalar el lugar exacto donde se enterraron los cuatro cuerpos. También conversaron con los familiares y la gente de los alrededores, y se sorprendieron de lo dura que era aquella historia y lo silenciada que continuaba a pesar de que habían pasado casi veintiséis años desde la muerte del dictador.

En los últimos meses del año 2000 recibimos algunas cartas y bastantes llamadas de teléfono desde diferentes puntos de España en las cuales muchas personas nos informaban de la búsqueda de un familiar desaparecido. Teníamos un listado de fosas comunes en El Bierzo y de personas que esperaban la oportunidad de poder recuperar sus restos. No había duda de que España era una gran fosa común.

En enero de 2002 pusimos en marcha una página en Internet. La alojamos en un servidor de los que ofrecen espacio gratuito y la diseñamos con el Pagebuilder, una sencilla herramienta de diseño. A partir de entonces comenzó a visitarla un lento reguero de personas que se ponían en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Los restos de los trece de Priaranza continuaban en las dependencias del ayuntamiento, a la espera de que algún laboratorio pudiera practicarles las pruebas de ADN para tratar de identificarlos. Además de devolverles la identidad, queríamos crear un precedente en España, construyendo el modelo completo de cómo deberían llevarse a cabo las exhumaciones; comenzando con el trabajo de los arqueólogos, siguiendo con la labor de los forenses y llegando, si fuera necesario, a los métodos más avanzados en técnicas de identificación.

A la vez establecimos contacto con el profesor de medicina legal de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente. Además de dirigir el programa Fénix para la identificación de desaparecidos de interés judicial, de menos de veinte años de antigüedad, el profesor Lorente colaboraba con los gobiernos de Chile y Argentina en la identificación de desaparecidos de las dictaduras de Pinochet y Videla. Por entonces trataba de ponerles nombre a los diecisiete guerrilleros de Tupac Amaru que habían muerto tras el asalto a la embajada japonesa en Lima.

Intercambiamos diversos correos electrónicos hasta que el profesor Lorente accedió a practicar las pruebas de ADN a alguno de los trece. Le remitimos el informe forense y él seleccionó a los cuatro que se señalaban como «más identificables» para practicar las pruebas. La Universidad de Granada correría con los gastos. Se les iba a hacer a los cuerpos el ADN mitocondrial, que se hereda por vía materna. Por lo tanto, para identificar los cuerpos era necesario tomar una muestra de un hermano, o del hijo de una hermana. En el caso de Emilio Silva Faba el ADN que podía identificarlo tenía que ser el de Rosa Silva, una sobrina nieta suya que vivía en Ezpeleta, Argentina.

Tras decidir quiénes serían identificados se fijó la fecha del 16 de marzo para que el profesor Lorente se desplazara hasta Priaranza del Bierzo con el objeto de tomar las muestras de los restos y de alguno de los familiares. Iban a ser las primeras víctimas de la guerra civil que recuperasen la identidad mediante esa prueba y eso nos parecía importante.

De El Bierzo a la ONU

El papel que tuvo Internet en este proceso de recuperación de la memoria fue crucial. A través de la red pudimos contactar con personas y colectivos que nos ayudaron mucho. Uno de esos colectivos fue el Servicio Civil Internacional (SCI); una ONG creada entre las dos guerras mundiales en la ciudad suiza de Zúrich. Se trata de una organización con fines humanitarios que ya estuvo en España durante la guerra civil; instalaron varios comedores infantiles en Madrid y evacuaron a 6.000 niños en los últimos meses del conflicto. Casualmente encontramos su página web y después de leer que organizaban campos internacionales de trabajo de todo tipo les escribimos solicitando ayuda para la apertura de varias fosas comunes que queríamos llevar a cabo ese mismo verano.

Creo que en principio les debió de sorprender un poco la petición, viniendo de un sitio como España. Algunos de los campos de trabajo del SCI tenían que ver con la recuperación de la memoria; por ejemplo, todos los años realizan uno en Mathausen para restaurar la escalera que fue construida por los prisioneros españoles. Tuvimos una reunión en la que expusimos cuáles eran nuestros objetivos y nos citamos el día que se iban a tomar las muestras de ADN de los trece de Priaranza, para que conocieran el terreno y se entrevistasen con alguna de las personas que esperaban poder exhumar en verano los restos de algún familiar.

El 15 de marzo de 2002 cenamos en Ponferrada con el profesor José Antonio Lorente. Durante la cena nos dijo que estaba sorprendido de la edad que teníamos las personas que formábamos parte de la asociación. Le explicamos que la mayoría éramos nietos. Hablando de su universidad salió a colación el más universal de los desaparecidos españoles, Federico García Lorca. Unas semanas después nos pusimos en contacto con el sobrino del poeta, presidente de la fundación que lleva su nombre, para tantear la posibilidad de buscar sus restos. Pensábamos que simbólica, mente podía ser muy importante y que además un exhaustivo examen forense podría permitir saber más cosas sobre cómo fue asesinado. Pero el sobrino —Manuel Fernández de Montesinos, hijo del alcalde de la ciudad de Granada que fue asesinado al comienzo de la sublevación— nos respondió que no quería hacer un espectáculo de la muerte de su tío y que ya se sabía suficiente acerca de lo ocurrido.

El día 16 de marzo, a mediodía, el profesor Lorente tomó las muestras de los cuatro cuerpos escogidos. El informe forense redactado por la antropóloga María Encina Prada y el médico forense Francisco Etxebarría los había señalado como los que tenían más probabilidad de ser identificados y decía de ellos:

Individuo n.º 2. Varón de treinta-cuarenta años y estatura mediana (1,65 m), cuyo esqueleto se encontraba paralelo al n.º 1 y en posición decúbito supino. Sobre el cuello tiene el zapato del individuo n.º 5.

Presenta una dentición fuerte, apreciándose en el maxilar superior la pérdida del incisivo central derecho, cuya evidencia se reduce al apéndice radicular que habría podido servir de anclaje a una prótesis (según información proporcionada por la familia, sabemos que Emilio Silva llevaba una prótesis que fue realizada en EE.UU.). La mandíbula es muy ancha con los gonios evertidos, dando un aspecto cuadrangular que la hace compatible con la mandíbula robusta que exhibe Emilio Silva Faba en una fotografía de archivo. Debido a los impactos de bala presenta una fractura generalizada de la bóveda del cráneo y del esplacnocráneo. Se trataría de dos disparos por arma de fuego efectuados desde la región occipital y temporal derecha con una dirección de atrás hacia delante, de abajo arriba y ligeramente de derecha a izquierda.

Individuo n.º 4. Varón adulto de unos treinta años, de baja estatura (1,59-1,61 m), que se hallaba en posición decúbito prono con las piernas semiflexionadas. Su edad viene avalada por la ausencia de lesiones degenerativas en la columna vertebral, salvo en la articulación atlantoaxoidea. El contorno mandibular dibujaría una barbilla de aspecto ligeramente cuadrangular. Los incisivos inferiores están algo apiñados y las manchas oscuras en dos dientes sugieren que podría tratarse de un fumador. Entre los objetos asociados al cuerpo se han recuperado las suelas de goma de unas botas y restos de tejidos sobre el tronco. Todas estas características lo hacen compatible con la persona de César Fernández Méndez.

Las fracturas craneales se justifican por el paso de un proyectil de arma de fuego, que penetra por la región media del hueso occipital, debajo del inion, y sale por la cara, provocando el desprendimiento de parte de la región media del hueso frontal y de los arcos superciliares, así como la fractura del maxilar superior en la línea media de su lado derecho. El disparo sigue Una trayectoria de atrás adelante, ligeramente descendente y siguiendo la línea media. Cabe la posibilidad de que se haya realizado a cañón tocante, a la vista de la pérdida de hueso en la tabla externa e interna.

Individuo n.º 5. Joven de veinte-veintidós años que no superaría los veinticinco años, de mediana estatura, 1,64 m, cuyo cuerpo yacía en decúbito supino con los brazos estirados a ambos lados del tronco.

Se han recuperado dos proyectiles, uno de ellos junto al parietal derecho y el otro en el área del cuello, que poseen un calibre semejante, correspondiente a 9 mm Largo. Uno de los disparos (orificio 1) penetra por la región alta del hueso frontal, produciendo una fractura radiada. Éste pudo ser efectuado a cañón tocante a tenor de la pérdida de hueso que provoca en la tabla externa. El orificio 3, situado en el borde del techo de la órbita derecha, corresponde a la salida del proyectil. El otro disparo (orificio 2) entraría por la zona media del cuerpo mandibular del lado izquierdo con arrancamiento de la tabla interna. El orificio 4, de salida, muy irregular y agrandado, lo encontramos en el lado contrario de la mandíbula con arrancamiento de la tabla externa.

Entre los objetos asociados encontramos un anillo metálico en el abdomen, que podría formar parte de la esfera de un reloj que llevaría el individuo n.º 4, ya que la mano izquierda de este sujeto se apoyaba sobre el vientre de aquél. También se encontraron en el tronco restos de tejidos de las prendas de vestir, además de unos gemelos de buena factura y unos zapatos, que nos podrían indicar que se trataba de una persona de cierto estatus social. Estas características podrían adscribirlo a la persona de Enrique González Miguel, alias «el Madrileño».

Individuo n.º 13. Varón joven adulto de unos veinticinco años y de baja estatura (1,55 m), que se encontraba en la fosa ligeramente lateralizado sobre el lado derecho. Presenta grandes caries en los molares que quedan reducidos a las raíces. En la mandíbula se aprecian unos tubérculos mentonianos bien marcados. El cráneo sólo presenta un impacto de bala, que entra por el área de la sien, en la sutura fronto-parietal del lado izquierdo, y sale por el parietal derecho, dejando una típica fractura radiada. La presencia de una lesión con arrancamiento de la epífisis proximal de la clavícula derecha y la localización de un proyectil en el cuello de la víctima pueden justificar la existencia de un segundo disparo.

Conservaba en la zona del cuello una cremallera pequeña de 11 cm, posiblemente de un jersey, y a la altura de lo que sería el bolsillo derecho del pantalón se encontró un objeto recubierto con restos de tela que resultó ser un puñado de monedas de la época. Las monedas fueron restauradas por el equipo de Proceso Arte (Astorga) y catalogadas por D. Luis Grau del Museo de León. Se trata de cinco monedas, a saber: una peseta de plata del gobierno provisional de la I República (1869); dos monedas de cinco céntimos de bronce del gobierno provisional de la I República (1868-1874); una moneda de 25 céntimos de la II República (1931-1939) y otra de 20 reales de bronce acuñada en Portugal gobernando Luis I (1884). En las suelas poco desgastadas de los zapatos todavía se podía ver la figura de una cuadriga, anagrama que representaba la marca de calzado venur. Estas características lo hacen compatible con la persona de Juan Francisco Falagán.

En la sala se encontraban algunos familiares y entre ellos Francisco Falagán, un hombre de ochenta y cinco años, posible hermano del sujeto número 13 que había perdido a otro hermano más en la guerra. Al principio Francisco no quería que nadie le viera durante la toma de muestras; estaba temeroso. Pero cuando vio los restos del que podía ser su hermano sobre la mesa se puso de pie, visiblemente emocionado, y dejó que el profesor Lorente le tomara las muestras delante de varios periodistas y familiares.

Esa tarde nos desplazamos con varios miembros del Servicio Civil Internacional al lugar donde se había excavado la fosa con los restos de la madre de Vicente Moreira y otros tres hombres. Con nosotros vino Isabel González Losada, la mujer de ochenta y tres años que buscaba los restos de su hermano Eduardo, que se encontraban en una fosa a la entrada de Piedrafita de Babia. Isabel había acudido a la exhumación de Priaranza y nos había enviado un acta notarial que había realizado con una amiga suya, Asunción Álvarez, que tenía una historia similar. Juntas habían acudido al despacho de un notario, acompañadas de dos testigos, y habían relatado todo lo que conocían acerca de la muerte de sus hermanos, para convertirlo en un documento casi público y que si ellas morían quedara constancia de lo ocurrido por si alguien quería desenterrarlos.

Al día siguiente de la toma de muestras de ADN, el domingo 17 de marzo de 2002, el diario El Mundo abrió su cuadernillo dominical «Crónica» con un reportaje titulado «Removiendo las fosas del franquismo». En él se contaba la labor que habíamos desarrollado hasta entonces y se incluía nuestra dirección de correo electrónico y nuestra página web.

En la última semana del mes de marzo estudiamos la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La abogada Elena Reviriego estaba investigando el tema desde hacía unos meses. Ella había recopilado las leyes que promulgó y ejecutó el gobierno franquista, tras el fin de la guerra, por las que el Estado sublevado ayudaba a las familias de los «caídos por Dios y por España», a localizar sus restos, exhumarlos y trasladarlos a los lugares de origen. Su idea era reclamar como un agravio histórico el hecho de que unas familias hubieran tenido ayudas del Estado y otras no hubieran recibido ninguna facilidad con la llegada de la democracia. Ella nos habló de la posibilidad de orientar nuestras pesquisas hacia la ONU.

En la página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACDH-ONU) encontramos la «Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas». Era la resolución 47/133 y había sido aprobada en la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992. (anexo I). Mientras la leíamos no podíamos creer que se ajustara de tal forma a los objetivos que nosotros teníamos. Había sido promovida por la presión internacional que se había producido a partir de los casos de desaparición en las dictaduras de Argentina y Chile y abría para nosotros la posibilidad de iniciar una reclamación ante el Alto Comisionado para que la ONU presionara al gobierno español con el objeto de iniciar la búsqueda de los desaparecidos.

La lectura de ese texto nos llenó de esperanza porque legitimaba la existencia de una vía a través de la cual se podría reclamar ayuda para las familias. Aunque parecía algo quimérico, a finales del mes de marzo nos pusimos en contacto con Tamara Kunanayakam, la secretaria del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU. Después de numerosas llamadas al Alto Comisionado dimos por fin con ella. Le expusimos el trabajo que había desarrollado hasta entonces la asociación y los objetivos que nos habíamos marcado. Le hicimos numerosas preguntas que nos habían transmitido algunos de los familiares. A todo nos respondió que sí, ante nuestra perplejidad. Nos dijo que incluso ellos tenían competencia para reclamar desaparecidos en el frente, porque en una guerra entre países ésa era una competencia de la Cruz Roja Internacional, pero cuando se trataba de una guerra civil, como se suponía que el bando vencedor ocultaba información, ellos tenían la competencia de reclamar a los muertos en combate.

Tamara Kunanayakam nos invitó a asistir a la siguiente reunión del grupo de trabajo sobre desaparición forzada que tendría lugar en Nueva York a mediados del mes de agosto. Naciones Unidas tiene como protocolo una ficha que los familiares deben cumplimentar, aportando datos sobre cómo se llevó a cabo la desaparición y quién era la persona desaparecida. Aunque la ficha reclamaba numerosos datos, se consideraban una serie de datos básicos para iniciar la investigación:

a) Nombre completo de la persona desaparecida y todos los demás datos pertinentes para su identificación, como el número del documento nacional de identidad o la fotografía.

b) Día, mes y año de la desaparición.

c) Lugar de detención o secuestro o en que se vio por última vez a la persona desaparecida.

d) Indicación de las personas que se cree llevaron a cabo la detención o el secuestro.

e) Indicación de las medidas tomadas por los parientes u otras personas para localizar a la persona desaparecida (indagaciones ante las autoridades, solicitudes de habeas corpus, etc.).

f) Identidad de la persona u organización que envía la información (nombre y dirección, que se mantendrán confidenciales si así se solicita).

Una gran fosa llamada España

El 1 de abril de 2002, aniversario del final de la guerra civil, fuimos invitados al programa de la Cadena Ser Hoy por hoy. El periodista Iñaki Gabilondo nos hizo una entrevista en la que nos preguntó por la labor de la asociación, por el tipo de personas que buscábamos y por lo que significaba una exhumación en pueblos donde el tema de la guerra civil seguía siendo un tabú a pesar de que llevábamos veinticinco años en democracia. Más personas se pusieron en contacto con nosotros a partir de ese día.

Unas dos semanas después establecimos, tras conversar con el Alto Comisionado, la necesidad de presentar un mínimo de veinticinco casos para darle un cierto peso a nuestra reclamación. A través del programa Hoy por hoy anunciamos la necesidad de ese número de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y la posguerra para poder llevar a cabo nuestra reclamación ante la ONU. Pensamos en reclamar los restos del poeta Federico García Lorca, algo a lo que teníamos derecho. Incluso su biógrafo Ian Gibson, se mostró dispuesto a cumplimentar la ficha. Pero desistimos de ello porque ante todo respetamos la voluntad de las familias.

Después de realizar aquel anuncio en el programa, y en sólo dos días, aparecieron 75 familias, bastantes más de las necesarias. Teníamos plazo hasta el 5 de agosto para presentar los casos en Ginebra y lograr así que entraran en la agenda del grupo de trabajo en su reunión neoyorquina.

Por aquel entonces conocimos a Montserrat Sans, una abogada, nieta de republicanos catalanes exiliados en Francia, que había trabajado varios años en la ONU en temas relacionados con las desapariciones forzadas. Montse nos fue asesorando acerca de los pasos que debíamos dar y se ofreció para presentar nuestro caso en la reunión del grupo de trabajo en Nueva York. Vivía en Washington y tenía una amplia experiencia en legislación internacional sobre derechos humanos. Era quizá la mejor persona que podíamos haber encontrado para algo así.

Poco tiempo después de comenzar con los trabajos de exhumación pensamos en la posibilidad de iniciar una vía judicial para que el Estado se hiciera cargo de las exhumaciones y las identificaciones. No sabíamos hasta qué punto podíamos estar influidos por el caso Pinochet, que había abierto la posibilidad de que algo como aquello fuera posible. La abogada que colaboraba con nosotros, Elena Reviriego, había tenido relación con el caso Pinochet y estaba implicada con el caso de las fosas comunes de Guatemala, que se llevaba en la Audiencia Nacional en Madrid.

Apoyándonos en la resolución de la ONU, en el agravio comparativo cometido en la transición con las familias de los republicanos muertos en la guerra y la posguerra y en el incumplimiento por parte del general Franco de la Convención de Ginebra de 1930, Elena Reviriego comenzó a trabajar en la redacción de una demanda que nos permitiera reclamar al poder judicial la apertura de las fosas y la identificación de los cuerpos.

La resolución de Naciones Unidas no es todavía una convención, y por eso no forma parte de las legislaciones de obligado cumplimiento para los jueces. Pero era una norma en la que el poder judicial podía apoyarse para abrir diligencias, iniciar una investigación y buscar a esos desaparecidos. Recuerdo que por entonces nos realizó una entrevista el diario argentino La Nación. La crónica comenzaba con una crítica al juez Baltasar Garzón, diciendo que «en casa del herrero, cuchillo de palo». El reportaje dedicaba su primer párrafo a explicar que en el país del juez que había iniciado el proceso de más renombre en la búsqueda de desaparecidos en Chile y Argentina, existía un duro silencio sobre la historia de miles de hombres y mujeres de quienes sus familias nada supieron a partir de la sublevación franquista. En numerosas ocasiones nos han preguntado medios de comunicación extranjeros por la actitud del juez Baltasar Garzón ante el caso de los desaparecidos españoles y nuestra respuesta era siempre la misma: «Por ahora, silencio judicial».

En el mes de mayo de 2002 comenzamos los preparativos para el campo internacional de trabajo en el que varias personas venidas de diferentes países iban a colaborar con nosotros en la apertura de fosas comunes. Teníamos que gestionar un lugar para alojarles, donde pudieran cocinar, dormir y asearse El campo iba a tener una duración de dos semanas y estaba prevista la apertura de cinco fosas comunes La primera semana los voluntarios y el grupo de arqueólogos se instalarían en Piedrafita de Babia y la segunda en Cubillos del Sil.

En conversaciones con el Servicio Civil Internacional pensamos en dos posibilidades para elegir la fecha de celebración del campo: la segunda quincena de junio o la primera de julio. Elegimos la segunda posibilidad y, sin saberlo, eso fue decisivo para la difusión de nuestro trabajo en los medios de comunicación: el 30 de junio terminaban el Mundial de Fútbol y la presidencia española de la Unión Europea, con lo que se abrió un hueco mediático donde pudimos «colarnos».

El trabajo de cara a los medios de comunicación fue intenso. Introdujimos dentro de nuestro programa de correo electrónico un listado de 372 medios de comunicación nacionales y extranjeros a los que fuimos informando periódicamente de los avances que llevábamos a cabo para la preparación del campo de trabajo. Algunos sectores de la izquierda nos acusaron durante estos meses de ser excesivamente mediáticos, pero desde el principio teníamos muy claro que ésa era una de nuestras labores fundamentales: romper el silencio acerca de esa historia para llegar al mayor número de personas posible y abrir un debate en la sociedad española acerca de las consecuencias del franquismo.

En el mes de junio comenzaron a apuntarse al campo de trabajo los primeros voluntarios. Habíamos establecido un total de doce participantes para colaborar con los arqueólogos en todas las labores que fueran necesarias. Queríamos también que visitaran los pueblos de la zona y conversaran con la gente sobre la guerra civil española, para que conocieran de primera mano esa parte de nuestra historia. La lista final estaba formada por tres españoles, entre los que se encontraba el coordinador del grupo; un checo, una polaca, una holandesa, dos norteamericanas; un francés, residente en Israel; una francesa, nieta de un español exiliado al final de la guerra; un italiano, nieto de un miembro de la brigada internacional Garibaldi; una holandesa, estudiante de historia; una polaca que había perdido a varios familiares en el campo de concentración de Auschwitz; una austríaca, estudiante de antropología social, y una mujer suiza de setenta y dos años, que venía para rendir un homenaje a dos de sus mejores amigas, españolas exiliadas en París, que fueron torturadas en la cárcel de Segovia y habían muerto en el exilio.

Junto a ellos estaría Mari Luz González, una de las arqueólogas que habían participado en las exhumaciones en Priaranza y Fresnedo, y otros cuatro arqueólogos, miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Los voluntarios se alojarían la primera semana en una casa cedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes de Babia. Dormirían en sacos de dormir sobre colchonetas, prepararían su comida y compartirían por turnos el único baño de la casa. Para los arqueólogos habíamos reservado un hostal con pensión completa en el que se alojarían algunos miembros de la asociación además de Theo Francos, un brigadista internacional francés de origen español al que invitamos a pasar dos o tres días en el campo de trabajo y acabó quedándose dos semanas con nosotros.

La asociación carecía casi por completo de medios económicos, por lo que parte de los gastos del campo de trabajo salieron de nuestros bolsillos. El Ayuntamiento de Cabrillanes de Babia no podía financiar la manutención, así que todos los días los voluntarios harían una lista de la compra con la que nosotros acudiríamos a las tiendas del pueblo. Los responsables municipales hablarían con los dos panaderos que repartían en el pueblo para que se turnaran dejando el pan en la residencia de los voluntarios.

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil nos prestaría para la segunda semana un centro social y abriría una cuenta en una tienda en la que los voluntarios podrían comprar libremente todo lo que necesitaran. La filosofía del Servicio Civil Internacional era muy ajustada en cuestión de gastos y el presupuesto alimentario de los voluntarios debía acercarse a un euro por persona y día.

Y se acabó el olvido

La mañana del 1 de julio de 2002 comenzaron a llegar los primeros voluntarios a Cabrillanes de Babia. Viajé hacia allí temprano, llevando en mi coche a las voluntarias que habían llegado desde Suiza y Polonia. Las dejé en la casa donde se alojarían y me acerqué al ayuntamiento, para ir preparando los últimos detalles.

Ese día ocurrió un pequeño acontecimiento mediático que fue trascendental en lo que sucedió a partir de ese momento con los medios de comunicación. En el diario El País apareció una página, escrita por el periodista Carlos E. Cué, que se titulaba «La tierra devuelve a sus muertos». Durante el trayecto hacia la comarca de Babia el teléfono sonó insistentemente. Era el aviso de lo que iba a ocurrir en los días posteriores. Creemos que aquella noticia supuso un punto de inflexión en la difusión de nuestro trabajo y de algún modo lo convirtió en políticamente correcto. Después nos enteramos de que hasta ese momento había sido la página más leída en la historia de El País Digital, con 53.000 visitas.

A lo largo del día aparecieron el resto de los voluntarios y fuimos dando retoques a detalles que faltaban para que todo estuviera a punto: hicimos la primera compra de comida, colocamos las colchonetas para que pudieran instalar sus sacos y, mientras ellos se conocían, localizamos el material que íbamos a necesitar para llevar a cabo la excavación. Ese mismo día llegó a El Bierzo un georradar: un aparato capaz de identificar cambios de densidad en el subsuelo con el que tratamos de localizar y señalizar las fosas comunes, para facilitar el trabajo de los arqueólogos y ahorrar así muchas horas de excavadora a los ayuntamientos que colaboraban con nosotros. Ese mismo aparato había servido para encontrar en Bolivia los restos de Che Guevara. Pero en nuestro caso fue un experimento fallido. Queríamos probar las posibilidades de su manejo y pudimos hacerlo gracias a que el Ayuntamiento de Villablino, que colaboró con nosotros de forma muy especial, corrió con la factura de la empresa que se trasladó desde Valencia para realizar la exploración. Desgraciadamente el uso de esa tecnología sirvió de poco, posiblemente debido a que normalmente se utiliza en España para la búsqueda de minerales y no existe personal especializado en la detección de restos orgánicos. Si los resultados hubieran sido positivos podría haber sido una herramienta especialmente útil en futuras excavaciones.

Por la tarde acudimos con un grupo de voluntarios y arqueólogos a la finca donde se encontraba la fosa, en Piedrafita de Babia. Inspeccionamos el terreno para tratar de delimitar el lugar donde pudiera apreciarse la excavación. Estando allí se acercó a nosotros un hombre que nos mostró en una finca otro enterramiento. Nos relató que cuando estaba cavando un agujero para plantar un árbol descubrió, bajo un denso manto de hierba, un hueso humano y al apartar la hierba encontró una fosa señalizada con piedras. La comarca de Babia había sido una zona de retirada cuando en octubre de 1937 cayó el frente de Asturias. Las fuerzas franquistas detuvieron a numerosas personas que escapaban y las fueron ejecutando en la zona, diseminando fosas comunes por toda la comarca.

El martes 2 de julio, por la mañana, voluntarios, arqueólogos y miembros de la asociación nos desplazamos hasta el lugar de la excavación donde muy temprano comenzó la última exploración del georradar. Los técnicos que lo manejaban señalizaron con unos banderines la zona donde podía encontrarse la fosa. En el lugar marcado comenzaron los trabajos manuales con picos y palas. Durante toda la mañana se sacaron numerosos cubos de tierra sin encontrar ninguna evidencia de que se estuvieran realizando las labores sobre el lugar adecuado. Se suponía que en aquella fosa se encontraban los restos de 37 personas, aunque era un dato un tanto impreciso.

A media mañana visitaron la fosa Isabel González y Asunción Álvarez. Fue un momento muy emotivo cuando les presentamos a los voluntarios y les íbamos diciendo desde dónde habían venido para ayudarlas. Su llegada conmovió a todos los que estábamos allí cuando Asunción, que es una mujer muy religiosa, nos dijo con la voz entrecortada: «Que el Señor aparte de vuestro camino todas las espinas que podáis encontrar». Isabel y Asunción hablaron unos minutos con cada uno de ellos y les agradecieron inmensamente la labor que estaban llevando a cabo, y creo que fue la primera vez en la que los voluntarios entendieron la importancia que tenía para las familias aquel campo de trabajo.

Durante esas primeras horas los vecinos de la zona se acercaron a la excavación para aportar los datos que conocían. Teníamos un plano que había dibujado años atrás Asunción Álvarez y que por seguir las indicaciones del georradar no utilizamos. A última hora de la mañana los arqueólogos decidieron que sería necesaria una excavadora para buscar los restos, puesto que se trataba de una finca de unos 800 metros cuadrados, algo imposible de excavar manualmente. El Ayuntamiento de Villablino nos prestó su excavadora, que a las cuatro en punto de la tarde comenzó a realizar zanjas de modo sistemático a una profundidad superior a dos metros y con una separación de metro y medio.

Los vecinos de la zona siguieron señalando diferentes puntos de la finca. Alguno llegó incluso a ponerse delante de la pala hasta conseguir que el operador le hiciera caso y lo llevaron a un lugar en el que había un espino o un pequeño promontorio. Para los arqueólogos se trató de un momento delicado, porque por un lado sabían que era mejor hacer una búsqueda sistemática, pero por otro lado existía la duda de si alguno de aquellos testimonios podría facilitar el trabajo y dar lo antes posible con los primeros restos. Durante esa tarde no se encontró nada. Algo que para nosotros era normal si teníamos en cuenta el precedente de anteriores excavaciones.

A la mañana siguiente la excavadora siguió agujereando el terreno sin que apareciera nada. El desánimo comenzó a cundir entre los miembros de la excavación. Para entonces numerosos medios de comunicación se habían desplazado hasta allí y nuestros teléfonos no dejaban de sonar. Desde todas partes de España nos llamaban familiares que buscaban desaparecidos. También numerosos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que querían realizar reportajes y entrevistas con los familiares. Todas las televisiones nacionales estaban allí, además del programa de TVE Informe Semanal, la cadena alemana ZDF y fotógrafos de grandes agencias como Reuters o Associated Press.

Se creó una tensión que iba creciendo cuanto menos terreno quedaba por excavar. Cabía la posibilidad de que los restos se hubieran disuelto si se trataba de una tierra muy ácida y húmeda, o que hubieran quedado sepultados por el asfalto en el ensanchamiento de la carretera. A mediodía quedaba por excavar el lugar que Asunción Álvarez había dibujado años antes y del que le había entregado una copia a Isabel.

Esa tarde comenzaron los trabajos de nuevo con la angustia de pensar que quedaba muy poco terreno y nos produciría una gran frustración, mucho mayor en las familias si no aparecía nada. Pero a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde, cuando quedaban unos pocos metros cuadrados para que la excavadora terminara su trabajo definitivamente en aquella finca, apareció un fémur.

En aquel momento Isabel y Asunción se encontraban en un pueblo cercano, Vega de Viejos, conversando con una señora de su edad, que les contaba cosas de la guerra civil en aquella comarca y que años antes les había facilitado alguna información. Alguien les avisó que por fin habían aparecido los primeros restos. Cuando aquellas dos mujeres llegaron al lugar de la excavación a todos se nos puso un nudo en la garganta. Habían esperado sesenta y cinco años y la vida les había dado la oportunidad de vivir ese momento. «Espero ver los huesos de mi hermano, aunque no sea nada más que los huesos», dijo Isabel, nada más poner el primer pie junto a la fosa.

Eduardo, el hermano de Isabel, se alistó en las milicias republicanas y participó en la defensa de Asturias. Cuando en octubre de 1937 cayó el frente en poder del bando sublevado, regresó junto a un grupo de compañeros a los alrededores de su pueblo, Palacios del Sil. Los siete hombres se quedaron en el monte, sin atreverse a regresar a casa por miedo a sufrir represalias por haber defendido la República. El padre de Eduardo e Isabel hizo unas gestiones en el ayuntamiento y le garantizaron que si los siete hombres se entregaban no les ocurriría nada; simplemente tendrían que pasar por las dependencia» municipales y se les aplicaría una especie de amnistía. Después de discutir entre ellos, porque algunos no Se fiaban, decidieron entregarse.

Una vez llegaron al ayuntamiento quedaron detenidos y de allí fueron trasladados al cuartel de Villablino, de donde la noche del 5 al 6 de noviembre de 1937 fueron sacados en dirección al centro de detención de San Marcos, en León. Al llegar a la entrada de Piedrafita de Babia los siete fueron ejecutados en la cuneta.

Pero las historias de las fosas comunes afectan también a las personas de los pueblos en los que se llevaron a cabo las ejecuciones. Una de las personas que más se emocionó cuando aparecieron los restos en Piedrafita de Babia fue Ricardo Suárez, un vecino que, de niño, caminaba una tarde con su madre hacia un prado, propiedad de la familia, cuando el perro que los acompañaba se desvió de la carretera y olisqueando por la hierba comenzó a ladrar. Ricardo se acercó al animal y descubrió un enorme charco de sangre sobre la tierra removida. Por entonces, Ricardo tenía dos hermanos escapados en el monte y pensó que podrían ser ellos los que estaban enterrados en esa fosa. No le dijo nada a su madre, por miedo a que ella descubriera la tragedia. Pero tres días más tarde no pudo soportar la presión y le relató su descubrimiento.

A partir del día en que compartieron el secreto, madre e hijo fueron diariamente a llorar junto a la fosa. Pero un mes después del descubrimiento recibieron noticias de los hermanos y el llanto se transformó en júbilo. Sin embargo, Ricardo siempre había conservado el recuerdo de aquella fosa como algo angustioso y cuando la excavadora dio con los primeros huesos rompió a llorar.

La gente del pueblo no se atrevía a enterrar debidamente los cuerpos por miedo a las represalias. El cura de Piedrafita dijo en un sermón algo que no tenía desperdicio: «Qué malos serían esos hombres que ni la tierra los quiere». Finalmente se reunió un grupo de vecinos y decidieron llevar un carro de tierra para taparlos mejor e impedir que las alimañas siguieran merodeando por allí. Fue un acto de valentía porque aquello podía haberles causado graves problemas con los falangistas de la zona.

La tarde en que aparecieron los restos se apartó un poco de tierra y se interrumpió la excavación hasta la mañana siguiente. Antes de la cena nos reunimos con los voluntarios internacionales para decirles que deberían dividirse en dos grupos. Por la mañana, un grupo iría a Villablino para conversar con la gente mayor y recabar datos acerca de la guerra civil, tratar de localizar más fosas y rescatar historias de aquellos años. El otro excavaría con los arqueólogos y por la tarde se intercambiarían las funciones.

Unas semanas antes de que comenzara la excavación habíamos escrito sendas cartas a las embajadas de Alemania e Italia, para invitarles a asistir a alguna de las exhumaciones y llevar a cabo un acto de tipo simbólico en reconocimiento de las familias que sufrieron la guerra, y como petición de perdón de dos países que colaboraron estrechamente con el general Francisco Franco tras su sublevación. No tuvimos respuesta de la embajada italiana, pero sí de la alemana; una misiva firmada por Udo Volz, uno de los responsables de protocolo, fechada el 3 de julio de 2002. El texto era el siguiente:

Estimados señores:

Muchas gracias por su carta del 22 de junto de 2002 dirigida al Sr. Embajador Joachim Bitterlich por la que invita a la Embajada a asistir al acto de exhumación de víctimas de la guerra civil que se celebrará en León a primeros del mes de julio.

Entiendo que su intención forma parte de la revisión de uno de los más grandes capítulos de la Historia española del siglo XX, en el que de forma principal y junto con otros países europeos, también está implicada Alemania.

Por fortuna, España y Alemania son hoy fuertes democracias que trabajan codo con codo en las labores que tenemos ante nosotros en la Europa comunitaria.

Esto no debe hacernos olvidar la Historia; todo lo contrario. Recientemente se conmemoró el aniversario del bombardeo de Gernika en el marco de un acto solemne en el cementerio, con participación alemana.

Sin embargo, si la Embajada no desea tomar parte en el acto de exhumación se debe a que un gesto como ése podría malinterpretarse como signo. Aunque se sienta defraudado, deseo rogarle que no considere en modo alguno esta decisión como signo de desprecio para con las víctimas de la guerra civil española.

No era la primera vez que habíamos reclamado ese gesto simbólico. Cuando en octubre de 2000 nos dispusimos a abrir la fosa de Priaranza habíamos enviado cartas similares y en aquella ocasión la respuesta de la embajada alemana traía incluida una broma de muy mal gusto: un dibujo de una calavera y un avión que presumiblemente algún funcionario je la embajada había incluido en la carta, alterando los símbolos del programa de tratamiento de texto. En aquella ocasión solicitamos una explicación; no parecía muy casual el hecho de que aparecieran dos dibujos como aquellos que tenían mucho que ver con la participación alemana en la guerra civil española. El cónsul Radkle nos convocó con una intérprete y un informático de la embajada. Allí nos explicaron que aquello era un problema del procesador de texto de nuestro ordenador. Nosotros alegamos que utilizábamos el mismo que el 98% de los europeos y que dudábamos que la embajada enviara esos dibujos a todas partes. Al manifestar la sospecha de que alguien había introducido aquel símbolo conscientemente, la intérprete de la embajada comenzó a reírse de nosotros y sin esperar un segundo dimos por terminada la reunión. Recuerdo que unas semanas después del atentado a las torres gemelas en Nueva York algunos periódicos publicaron la noticia de que en centros oficiales se estaban recibiendo documentos escritos en los que aparecía una torre y un avión como resultado de una alteración del programa de tratamiento de texto.

La repercusión que tuvo en los medios de comunicación la excavación en Piedrafita de Babia fue algo que no esperábamos, a pesar de que habíamos trabajado durante varios meses con el objetivo de que el campo de trabajo rompiera el silencio en torno a esa parte de nuestra historia. Unos meses antes había entrevistado al sociólogo francés Alain Touraine, que había estudiado las transiciones a la democracia en América latina. Le conté el caso de la excavación de la fosa de Priaranza y la resistencia que existía en España a tratar esos temas, como si antes de la transición no hubiera existido la dictadura. Touraine me comentó que en Alemania y en la Francia que colaboró con el nazismo habían necesitado un período cercano a los veinticinco años para revisar a fondo esa parte de su historia y que ése era un proceso que emergería de forma natural.

La fosa de Piedrafita de Babia estaba situada a seis kilómetros de Somiedo, en una zona en la que habían muerto muchos asturianos. Durante los días de la excavación, decenas de asturianos se acercaron a conversar con nosotros, o simplemente a pedirnos el número de teléfono. El impacto que tuvo nuestro trabajo en el Principado fue muy grande; durante dos meses y casi a diario los periódicos asturianos publicaron informaciones relacionadas con el tema. Recuerdo un matrimonio de ancianos, mayores de ochenta años, que se acercó hasta la excavación caminando con mucha dificultad desde el lugar donde habían aparcado el coche. Al acercarse a la fosa preguntaron por mí y cuando me acerqué a ellos la mujer me explicó que venían de un pueblo cercano a Oviedo al tiempo que sacaba un papel del bolsillo. Me explicó que aquélla era la última carta que había escrito su hermano desde Vega de Viejos, un pueblo que se encontraba a seis kilómetros de Piedrafita. La mujer me leyó la carta y nada más terminar de leerla se despidió dándome las gracias, y cuando comenzaron a caminar hacia el coche pude escuchar que le decía a su marido: «Ya era hora de que alguien nos hiciera caso».

Oír aquello me produjo una cierta rabia. La sociedad española había dejado de lado durante la transición a miles de familias que habían perdido la guerra, habían sido durante cuarenta años la antiEspaña y habían renunciado a sus derechos durante la transición para permitir que el proceso político hacia la democracia fuera un camino tranquilo. Pero en el año 2002 era incomprensible que esa situación permaneciera en la trastienda de la historia. Una cosa era hacer un discurso político acerca de lo necesaria o no que pudo ser la amnesia colectiva, y otro ver los rostros y escuchar las vidas de aquellas personas y no tratar de hacer algo para ayudarlas.

La noche del 6 de julio el programa Informe Semanal emitió un reportaje sobre la excavación. Todos los que participábamos en ella y algunas personas que se habían acercado a ofrecernos apoyo y ayuda nos reunimos en un bar para verlo. Sentíamos curiosidad de ver qué enfoque le darían al tema en uno de los programas más importantes de los servicios informativos de la televisión pública. El reportaje elaborado por la periodista Ana Bosch nos pareció impresionante y fue para nosotros como una pequeña victoria moral, un buen paso hacia la reparación pública de todas esas familias que habían padecido en silencio el olvido y la tristeza de vivir en una democracia que no se acordaba de los hombres y mujeres que la habían traído a España por primera vez.

Hacia la justicia histórica

El domingo 7 de julio terminaban los trabajos en la excavación. A la mañana siguiente los arqueólogos levantarían los restos y nos trasladaríamos hacia Cubillos del Sil desde donde abriríamos varias fosas más. Pero uno de nuestros objetivos era la intervención del poder judicial para que se investigara lo ocurrido y el Estado se hiciera cargo de las identificaciones. Esa mañana llamamos por teléfono a la juez de instrucción de Villablino. Estaba de guardia y después de varias gestiones localicé su teléfono móvil. Unos días antes me había citado la policía judicial en el cuartel de la Guardia Civil de Villablino para tomarme declaración sobre la excavación en Piedrafita. En las alegaciones a las que tenía derecho adjunté la resolución de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y manifesté mi deseo de que la juez la aplicara y tratara de identificar los siete cuerpos que se habían encontrado.

Nuestra intención era que la juez asistiera al levantamiento de los cuerpos, y sentar así el precedente. Pero rechazó el ofrecimiento, diciendo que la policía judicial le estaba preparando un informe y que eso era lo único que quería del caso. De todas formas conseguí que me recibiera a la mañana siguiente en su despacho.

Esa misma mañana hicimos una nota de prensa y la Cadena SER abrió uno de sus informativos con la noticia de que la juez de Villablino se había negado a acudir a la fosa. Nuestra relación con los medios de comunicación había cambiado bastante; antes del campo de trabajo nuestras notas de prensa se perdían en el agujero negro de la información no publicada, pero ahora los medios nos hacían caso y teníamos una buena base de datos de medios de comunicación y periodistas a los que en unos minutos hacíamos llegar nuestras notas de prensa.

Ese domingo por la tarde, después de una semana en la que no habíamos parado un solo minuto, me senté en una pequeña loma cercana a la fosa y viví lo que fue para mí un momento de profundo significado. Isabel González estaba situada a la entrada je la excavación. Varios familiares y vecinos habían acudido allí mismo a verla. Isabel los recibía, ellos le preguntaban qué tal estaba y luego se acercaban a contemplar los restos de los siete hombres. En ese instante comprendí cuán importantes eran las exhumaciones para las familias, porque podían comenzar un funeral que llevaba más de sesenta años en suspenso, y elaborar también un duelo pendiente, tan necesario para quienes se han educado en una cultura funeraria como la nuestra.

Pero entonces miré a mi derecha y vi a Ricardo Suárez, el niño que encontró el charco de sangre, hoy octogenario, rodeado por cinco chicos y chicas jóvenes a los que les estaba contando su historia en aquellos años tan difíciles de la guerra civil. En ese momento pensé que esas dos escenas simbolizaban los dos objetivos fundamentales que debía tener nuestra asociación: por un lado dar a las familias la oportunidad de recuperar la dignidad enterrando a sus muertos como es debido; y por otro, que la gente mayor pudiera transmitir su testimonio a las nuevas generaciones para que pudieran apropiarse de una historia que desconocían, debido al silencio de la transición.

El lunes por la mañana acudí al juzgado de Villablino. La juez me recibió amablemente. Yo había hablado con nuestra abogada, Elena Reviriego, y me había recomendado que no me centrara en discutir la legalidad del asunto sino en el aspecto humano. Me habían explicado que un juez de instrucción puede abrir diligencias y solicitar en ellas todo tipo de pruebas. Lo que yo le conté fue que había tardado un año y medio en conseguir que le hicieran una prueba de ADN a algunos de los restos que se encontraban en la fosa de mi abuelo, pero que en el caso de Piedrafita de Babia estaban implicadas dos mujeres de ochenta y cuatro y ochenta y siete años y que posiblemente no pudieran esperar tanto tiempo a que identificaran a sus hermanos.

Al salir del juzgado fui a comprar algunas cosas y cuando llegué a la excavación me encontré a los miembros de la policía judicial que estaban tomando declaración a la arqueóloga Mari Luz González y a la antropóloga forense María Encina Prada. Uno de los miembros de la Guardia Civil me informó de que el juzgado había abierto diligencias y que posiblemente se llevaran a cabo las pruebas de ADN. Habíamos conseguido sentar un precedente importante que quizá podría servirnos para otros casos. Decidimos entonces guardar para otra ocasión la demanda que había redactado la abogada Elena Reviriego, y que yo había llevado conmigo para que la firmara Isabel González.

Los restos fueron exhumados y depositados en un local del Ayuntamiento de Cabrillanes, declarado depósito judicial. Allí fueron sometidos al análisis forense. En total se habían exhumado siete restos, y no treinta y siete como nos habían informado en un primer momento. No supimos qué podía haber ocurrido con los otros, pero cerca de Piedrafita está el puente de las Palomas. Desde sus más de ochenta metros de altura eran lanzados los prisioneros al vacío y se estrellaban contra las frías rocas de Babia. A veces los llevaban muertos y desde un remolque los volcaban hacia el precipicio.

Llegamos a Cubillos del Sil de madrugada. Algunos compañeros de la asociación nos esperaban en el centro social del ayuntamiento, con la cena preparada. Estábamos muy agotados y esa noche dormimos profundamente. A la mañana siguiente nos dividiríamos en dos grupos. Unos excavarían en Cabañinas, donde existían dos fosas con dos y tres cuerpos, y el resto partirían cada mañana a San Pedro de Olleros, donde debían exhumarse dos cuerpos. En Cabañinas vivimos algunos de los momentos más dramáticos.

Los ojos de Senén escudriñaban la tierra, como en busca de un pedazo de infancia que un día le arrebataron los falangistas. Los arqueólogos llevaban dos días recuperando los restos de su padre, de su tío y de otros tres hombres. Las horas y los minutos de aquel día en que se partió en dos su biografía están grabados en su memoria con precisión. «Era martes, era martes», repetía con los brazos apoyados sobre un andamio y los ojos clavados en aquella fosa que se tragó su niñez.

Fue la mañana del 1 de septiembre de 1936. «Tardaron cinco horas en arruinarnos la vida». Requeridos por el cura del pueblo los falangistas buscaban armas. «Registraron el pueblo y cuando vieron que no había nada se llevaron a mi padre, a mi tío y a tres vecinos más. Los subieron a la camioneta y se pusieron en marcha». Senén salió corriendo tratando de rescatar a su padre de una muerte segura. Corrió y corrió hasta que ya no pudo más. «Se lo llevaron; nos lo quitaron para matarlo aquí y castigar a toda la familia».

Senén García dedicó su vida a trabajar la mina y a cultivar algunas fincas de la familia. Durante muchas décadas no habló con nadie del lugar donde descansaban los restos de su padre. Era un secreto que se susurraba en las cocinas o en la oscuridad de las alcobas. Su hija Rosa hace apenas cinco años supo dónde había muerto su abuelo. «Nadie me había contado que lo habían enterrado en una fosa al borde de una carretera por la que paso casi todos los días».

Cerca del kilómetro 11 de la autovía que sale de Ponferrada en dirección a Villablino había dos fosas. En ellas descansaban 5 hombres: los hermanos Pascual y Antonio García, y Florentino Enríquez, Santiago García Arroyo y Cesáreo Fernández, estos tres últimos vecinos de Fresnedo. Los 5 fueron asesinados aquel primero de septiembre de 1936, después de que salieran de Fresnedo en esa camioneta que Senén no pudo alcanzar.

La carrera con la que Senén se despidió de su padre no fue el punto final de su tragedia. De regreso al pueblo vio una terrible humareda. Su casa y la de su tío estaban ardiendo. Corrió hacia allí y al llegar encontró al grupo de la falange comiéndose el jamón que unas horas antes estaba colgado en la despensa de su familia. «Vete a consolar a tu madre», le dijeron.

Con la excavación de la fosa Senén alcanzó el camión que se había llevado a su padre, y lo vio muerto por primera vez. El miedo todavía forma parte de la vida de estas gentes, que no han visto en la democracia la garantía para poder hablar con libertad.

El mismo día en que asistía a la apertura de la fosa de su padre, Senén García aseguraba no saber si realmente merecía la pena recuperar sus restos. Hasta el último instante se resistió a ver la evidencia de aquel viaje que su padre hizo, subido por la fuerza a una camioneta de la falange. Pero cuando los arqueólogos dieron con los primeros restos comenzó a vivir el duelo que durante años había contenido. Senén se acercaba a alguno de los arqueólogos y le decía que trataran los huesos con cuidado. De vez en cuando preguntaba algo, realizaba alguna indicación, murmuraba un «por qué quemaron la casa» o recordaba todo lo que sufrió su madre.

La excavación de Cabañinas fue complicada. Las dos fosas habían sido señaladas por los familiares que habían construido detrás de unos arbustos un cementerio clandestino. Junto a una de las fosas había una piedra de pizarra en la que el hijo de uno de los hombres asesinados talló con una navaja las fechas en las que visitó aquel lugar cuando viajaba a su pueblo desde Argentina.

Donde estaban las fosas hoy puede verse un monumento, erigido en memoria de aquellos cinco hombres. Dos grandes piedras de pizarra fueron introducidas en el hueco de las fosas y junto a ellas se plantaron cinco olivos, como constancia de lo que allí ocurrió. El día antes de que fuera inaugurado el monumento los cinco hombres habían sido enterrados en el cementerio de Fresnedo, donde sus familiares podrán honrarlos.

El campo internacional de trabajo terminó sus labores el 13 de julio de 2002. Esa noche el Ayuntamiento de Cubillos del Sil ofreció una cena a todas las personas que habíamos trabajado en la exhumación de las fosas. Fue un acontecimiento especial. Los voluntarios hablaron de lo mucho que les había impresionado aquella experiencia. El brigadista internacional Theo Francos aseguró que le había encantado compartir ese tiempo con gente joven que estaba dispuesta a que aquella parte de nuestra historia no cayera en el olvido. El alcalde de Cubillos,

José Luis Ramón, dijo que teníamos las puertas del pueblo abiertas de par en par. Al día siguiente, el Consejo Comarcal de El Bierzo invitó a los voluntarios a realizar una ruta por la comarca, para que conocieran algunos lugares emblemáticos de El Bierzo.

Para los miembros de la asociación aquel campo de trabajo supuso un claro éxito. Por un lado ayudamos a varias familias y por otro conseguimos que se hablara de los desaparecidos republicanos de la guerra civil. En esos días nuestros teléfonos no dejaron de sonar. Cada paso que dábamos complicaba más las cosas porque aparecían muchas más familias y nuestros medios eran muy limitados, el núcleo duro del trabajo éramos cinco personas y nos estábamos viendo desbordados.

El 16 de julio recibimos una llamada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Nos informaron de que ese mismo día iban a realizar una pregunta parlamentaria sobre las fosas comunes, para que el Gobierno tuviera que manifestarse sobre el tema. El texto de la pregunta decía:

A la mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita. Recientemente se han exhumado los restos de algunos de los luchadores antifranquistas desaparecidos y fusilados durante la guerra civil y la posguerra, enterrados en la fosa común de Piedrafita de Babia, gracias a la labor que desde el año 2000 ha desarrollado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Con las excavaciones que se están llevando a cabo será posible identificar esos restos y devolver los mismos a sus familiares para que por fin, tras más de 60 años, puedan tener una sepultura digna.

Desde que se empezó esta excavación, centenares de personas de todos los puntos de España se han puesto en contacto con la Asociación para solicitar su colaboración en la búsqueda de sus familiares desaparecidos durante la guerra civil. Se calcula que quedan por enterrar más de treinta y cinco mil personas que, asesinadas por el bando nacional, siguen desaparecidas en fosas comunes. Porque una vez finalizada la guerra civil la dictadura franquista costeó la exhumación y traslado de los cadáveres de su bando (una orden de 1 de mayo de 1940 hablaba de «las justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y España, víctimas de la barbarie roja» y «con deudos asesinados por la horda marxista»). Ahora, tras 40 años de dictadura y 25 años de democracia, se está intentando devolver la identidad a aquellos hombres y mujeres que fueron asesinados y desaparecidos por defender un orden legítimamente establecido y que merecen un reconocimiento público de la sociedad española.

Por ello el Gobierno español debería de poner en marcha todos los medios necesarios para la localización y excavación de todas las fosas comunes del territorio español, proceder a la identificación de los restos de esas personas y poder devolver así sus restos a los familiares. De esta forma se rescataría del olvido a los miles de desaparecidos y se devolvería la dignidad a su memoria y a sus familiares.

Por todo ello se formulan las siguientes preguntas, ¿Tiene conocimiento el Gobierno de las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica?

¿Conoce el Gobierno su obligación de investigación acerca de los desaparecidos de la guerra civil al amparo de una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1992 sobre las desapariciones forzadas y permanentes?

¿Tiene previsto el Gobierno disponer de los medios necesarios para la localización y excavación de las fosas comunes en las que se encuentran todavía enterrados los restos de los desaparecidos y fusilados por el franquismo durante la guerra civil para proceder a su identificación?

¿Disponen las administraciones públicas, y en concreto el Ministerio de Defensa, de tecnología capaz de detectar restos humanos bajo tierra para que la localización de las fosas comunes sea más certera?

Desde Izquierda Unida nos informaron de que el Gobierno tenía un plazo de 30 días para contestar. La respuesta sería fundamental para nosotros porque sería en cierto modo vinculante y nos permitiría conocer la disposición del Partido Popular para aplicar la resolución de Naciones Unidas. La respuesta del gobierno tardó tres meses en llegar y no aclaraba nada respecto a la posibilidad de su implicación en el problema:

RESPUESTA: El Ministerio del Interior tiene conocimiento de que por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se realizó entre los días 2 y 8 de julio de 2002 la búsqueda en la parcela 3 del polígono 21, del término municipal de Cabrillanes (León), localidad de Piedrafita de Babia, de una fosa común con restos humanos de la guerra civil de España.

Dicha fosa contenía los restos de siete personas, que se encuentran depositados en el cementerio de Villablino (León), a disposición de la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la atada localidad, instruyéndose las correspondientes diligencias por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villablino.

Respecto de las actuaciones subsiguientes, se está a la espera de las resoluciones que con tal motivo pueda tomar la autoridad judicial para llevarlas a cabo. Por último, se indica que el Ministerio del Interior cuenta con servicios de antropología forense para realizar identificaciones de restos óseos a través de métodos antropométricos y biológicos (ADN), pero los recursos para la detección de estos restos en el subsuelo son limitados.

Por esos días se celebraba el debate sobre el estado de la nación. En las intervenciones de la oposición el diputado del PNV, Iñaki Anasagasti, y el de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, hicieron alusión a los desaparecidos en fosas comunes. La respuesta del presidente del gobierno, José María Aznar, fue que había que dejar atrás los fantasmas del pasado, porque los españoles querían mirar hacia el futuro. Algo que parecía contradecirse con la idea de cientos de familias que se habían puesto en contacto con nosotros solicitándonos ayuda.

Los desaparecidos españoles en Naciones Unidas

Después de terminado el campo de trabajo, tuvimos que ponernos manos a la obra con el tema de Naciones Unidas. Habíamos recibido decenas de fichas pero muchas de ellas estaban mal cumplimentadas. En general evidenciaban una carencia de información por parte de las familias a las que el miedo o la imposibilidad habían impedido realizar cualquier tipo de trámite. El 5 de agosto teníamos que entregarlas en Ginebra para que desde allí, el día 14, se desplazaran los funcionarios del grupo de trabajo sobre desaparición forzada hacia Nueva York.

Estudiamos los casos que habíamos recibido y seleccionamos un total de 64 que cumplían los requisitos mínimos para tener alguna posibilidad de ser investigados. Una semana antes nos enteramos de que era necesario que las familias hubieran realizado algún trámite ante una administración pública española. Para solucionarlo entregamos las 64 fichas en el registro de la oficina del defensor del pueblo; de ese modo todas cumplían el requisito y podían ser admitidas ante el grupo de trabajo.

El 5 de agosto llegué, después de tres días en coche con mi mujer y mis tres niños, al palacio Wilson, la sede que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene en Ginebra. En la mano llevaba dos carpetas: la primera tenía una fotocopia de las fichas y documentos que nos habían enviado las familias; la segunda tenía un extracto de las fichas en inglés y en español, para agilizar el trabajo de los funcionarios de la ONU y que se pudieran debatir en Nueva York el mayor número de casos posible.

Le expuse a Tamara Kunanayakam, la secretaria del grupo de trabajo sobre desaparecidos, cómo había comenzado la historia de la asociación, desde la apertura de la fosa de Priaranza hasta el reciente campo de trabajo que habíamos llevado a cabo. Después de contestar a sus preguntas y de hacerle entrega de las carpetas con la documentación, nos trasladamos a una sala de audiovisuales para que viera el vídeo con el reportaje que el programa Informe Semanal de TVE había emitido el 6 de julio.

Mientras en el reportaje se contaba la excavación en Piedrafita de Babia y aparecían Isabel y Asunción desgranando sus historias, observé que Tamara Kunanayakam se conmovía. Traté de leer en cada uno de sus gestos una esperanza, una posibilidad de que nuestro caso pudiera ser admitido y se abriera en España una investigación en condiciones sobre el paradero de todos esos hombres y mujeres, cuyas familias no habían tenido notificación alguna sobre su muerte. Al terminar el vídeo se comentó la posibilidad de ponerlo ante los miembros del grupo de trabajo que se reunirían en Nueva York. Les hice entrega de la cinta que llevé hasta allí para que lo viera Isabel Eiriz, una psicóloga española especializada en el tratamiento de víctimas de la violencia política, que nos había enviado algún correo electrónico desde su residencia en Lausanne.

El 11 de agosto de 2002 apareció un reportaje sobre el campo de trabajo en El País Semanal, escrito por el periodista Rodolfo Serrano. A partir de ese día nuestro correo electrónico se vio desbordado y tuvimos que abrir una nueva dirección con más megas de memoria para poder almacenar toda la información que recibíamos. Decenas de familiares nos escribieron en ese mes, solicitando boletines de inscripción y fichas de desaparecidos que después nos remitían al apartado de correos de Ponferrada. Para el reportaje me habían pedido un pequeño texto que titulé «El tiempo de la memoria»:

Tardé años en darme cuenta de que mi abuelo era un desaparecido. Se llamaba Emilio Silva Faba. A mi abuela nunca le oí hablar de él. Durante mi infancia fui conociendo cosas; que había militado en Izquierda Republicana, que el 16 de octubre de 1936 lo citaron en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y quedó detenido. Esa misma noche lo asesinaron junto a otras doce personas. Los trece cuerpos quedaron enterrados en una cuneta a la entrada de Priaranza.

Sesenta y cuatro años después fui a buscarlo. Mientras investigaba el lugar donde se encontraba su fosa, un anciano me explicó con ironía que por allí había más muertos fuera del cementerio que dentro. Gracias a la ayuda desinteresada de mucha gente, el 28 de octubre de 2000 logramos exhumar los trece cuerpos. Un grupo de arqueólogos, forenses y personas que quisieron solidarizarse hicieron posible la exhumación individualizada de los mismos. En esos días mucha gente con familiares desaparecidos vino a vernos y a pedir ayuda. Así creamos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y descubrimos que se trataba de un problema que afecta a miles de españoles.

Si todo sale bien mi abuelo será identificado gracias a la Universidad de Granada mediante la prueba del ADN. Por fin podremos enterrarlo junto a mi abuela Modesta, que lloró su muerte durante sesenta años. Para entonces habremos reclamado ante el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a más de 300 desaparecidos de la guerra civil y la posguerra. Sus familias esperan el momento en que la historia les haga justicia y poder enterrarlos dignamente. Nuestro objetivo es que el Estado se haga cargo de las exhumaciones y de las identificaciones. Esos «abuelos» son los padres y las madres de nuestra democracia y no merecen estar una cuneta, condenados al olvido.

En esos momentos no dábamos abasto con la cantidad de trabajo que teníamos. Pero entonces comenzó a llegarnos una ayuda fundamental. Durante los trabajos de excavación en Cubillos del Sil se acercaron a conocernos Víctor Luis y Marisa, de la Sociedad Cultural Gijonesa. Después de comentar la repercusión que había tenido nuestro campo de trabajo en Asturias, ellos se ofrecieron para crear la sección asturiana de la asociación. Eso podría liberarnos de labores y agilizar las cosas por el hecho de que ellos trabajarían sobre su propio terreno y estarían cerca de las familias con las que nosotros sólo podíamos mantener un contacto telefónico o postal.

Pero nuestras obligaciones ante la ONU tenían que pasar una prueba de fuego. El 20 de agosto, a las cuatro de la tarde hora local, la abogada Montserrat Sans, nieta de exiliados republicanos en Francia, entró en la sede de Naciones Unidas en Nueva York acompañada por tres brigadistas internacionales norteamericanos. Los colaboradores de la Brigada Lincoln nos proporcionaron unos días antes un listado con 350 ciudadanos norteamericanos que habían desaparecido en la guerra civil española. Nuestra intención era tratar de internacionalizar el problema, con el objeto de hacer más presión ante Naciones Unidas.

El grupo de trabajo sobre desaparición forzada celebra tres reuniones al año, dos en Ginebra y una en Nueva York. En esa ocasión la reunión se celebraba entre los días 19 y 24 de agosto. Allí se recibe a diferentes colectivos del mundo que reclaman la búsqueda de desaparecidos. Montserrat Sans preparó un texto breve para exponer el caso español y luego estudió todo lo referente a nuestra ley de Amnistía de 1977 para estar preparada para responder a las preguntas que pudieran hacerle. El texto que leyó hacía un análisis de la situación y hacía una serie de propuestas importantes (anexo II).

Tras la exposición de Montserrat Sans, el debate que se llevó a cabo entre ella y los miembros del grupo de trabajo giró en torno al tema de la prescripción. Uno de los miembros del grupo aseguró que era complicado que ellos tuvieran competencias para investigar casos de desaparecidos antes de octubre de 1945, fecha de creación de la ONU. La percepción de Montserrat fue que para reforzar nuestra demanda debíamos buscar más casos posteriores a 1945, con el fin de demostrar que la desaparición forzada había sido un método de persecución política utilizado por las autoridades franquistas de forma continuada y no un «daño colateral» de la guerra civil.

Las fosas en el Congreso de los Diputados

Los últimos días del mes de agosto de 2002 los pasé en Bayubas de Abajo, un pueblo de la provincia de Soria, donde se realizó la primera exhumación de la que tenemos noticia, en el año 1970. El teléfono sonaba todo el día. Familiares y periodistas buscaban información sobre el tema y en ese momento nuestra labor comenzó a tomar una dimensión internacional. Numerosos corresponsales extranjeros se interesaron por el caso de los desaparecidos españoles. Le Monde, The Guardian, The Independent, la BBC, The Economist entre otros, llevaron a cabo extensos reportajes; algo que para nosotros era muy importante porque sería una forma de hacer presión y conseguir la intervención del gobierno español.

En el mes de septiembre la diputada por León del partido Socialista Obrero Español, Amparo Valcárcel, nos anunció que presentaría una proposición no de ley en la Comisión Constitucional del Congreso para que se debatiera la cuestión de los desaparecidos españoles en la guerra civil. Su decisión nos creó un conflicto: nosotros también estábamos redactando una proposición no de ley para entregársela a todos los partidos con representación parlamentaria y tratar de que el problema de las familias no fuera motivo de un debate entre partidos, sino que se pudiera encontrar algún acuerdo sobre un texto consensuado por todos ellos. Aunque la diputada del PSOE entregó su texto, nosotros no cambiamos de estrategia. La abogada Elena Reviriego nos lo entregó y lo enviamos a todos los grupos políticos (anexo III).

A partir de ese momento nuestra estrategia se centró en seguir removiendo el tema en los medios de comunicación, principalmente en la prensa extranjera, con el objeto de generar una presión mediática que facilitara la aprobación de nuestra proposición en el congreso. La coalición Izquierda Unida la presentó en el registro del Congreso de los Diputados al poco tiempo de recibirla. Y unos días después lo hizo Eusko Alkartasuna.

El 6 de septiembre llevamos a cabo nuestra primera exhumación fuera de la provincia de León, en Caleruega, un pueblo de la provincia de Burgos en el que el pleno municipal había aprobado la exhumación de los cuerpos de cuatro vecinos que habían sido asesinados y enterrados en una fosa en un pueblo cercano, Espinosa de Cervera. Exhumamos los cuerpos de Alipio del Cura Aragón, su hijo Víctor del Cura Manso, Agripino Peña Peña y Silvestre Peña Pérez, que fueron asesinados por un grupo de falangistas el 4 de agosto de 1936.

A primeros de octubre se presentó en Gijón la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Asturiana. Decenas de casos habían sido recogidos ya en la sede de la Sociedad Cultural Gijonesa. Para nosotros era algo muy importante; por un lado porque comenzábamos una implantación en diferentes puntos geográficos y por otro porque habíamos alcanzado un punto en el que apenas dábamos abasto debido a la cantidad de información que recibíamos. Ese mismo mes se pusieron en marcha las asociaciones de Valladolid y Extremadura.

El 26 de octubre de 2002 se presentó públicamente la asociación extremeña. Fue un acto muy emotivo, sobre todo cuando comenzaron a contar sus historias familiares de desaparecidos. El día anterior visitamos el cementerio de Mérida, donde hay una fosa sin localizar en la que se encuentran alrededor de tres mil quinientos cuerpos. Durante la presentación, en la Biblioteca de Extremadura en Badajoz, se habló en repetidas ocasiones del campo de concentración de Castuera, uno de los más duros de entre los 104 que hubo en España. Al terminar la presentación se me acercó un hombre que tenía a su padre y a tres hermanos muertos en ese campo. Unas semanas antes yo había realizado un reportaje sobre los campos de concentración y no había conseguido que ninguno de los supervivientes del campo de Castuera con los que había logrado contactar se atreviera a relatarme los acontecimientos que había vivido allí.

Pero nuestra estrategia nos llevó hacia la resolución en el Congreso de los Diputados, que iba a debatirse dentro de la Comisión Constitucional y que todavía no tenía fecha. La duda era cuál sería la orientación del voto del Partido Popular. Hasta entonces algunos miembros del partido del gobierno se habían manifestado públicamente sobre el tema. En el mes de agosto, Rafael Hernando, responsable de comunicación del partido, había hecho unas declaraciones al respecto en las que decía que entendía que el gobierno de un país democrático ayudara a familias que habían sufrido tanto. Pero los mensajes eran contradictorios. En una entrevista que concedió a la televisión británica BBC, el diputado y padre de nuestra Constitución, Gabriel Cisneros, negó la existencia de desaparecidos en España, aludiendo a que simplemente había muertos en la guerra.

Al conocer la fecha en la que se iba a llevar a cabo el debate en el Congreso nos llenamos de optimismo. Habían elegido el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, para realizarlo. Nos parecía imposible que en un día que simbólicamente representaba tanto el Partido Popular se pudiera negar a aprobar la resolución.

El Congreso condena el franquismo

A finales de octubre tuvimos una reunión con numerosos corresponsales extranjeros en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Corresponsales de diarios como Le Monde, The Guardian, The New York Times, revistas como The Economist, L’Express o Proceso, televisiones como la ARD alemana y grandes agencias de prensa asistieron al encuentro. Un total de 21 corresponsales acudieron a la cita en la que durante dos horas desgranamos la historia de la asociación y respondimos a sus preguntas. Ellos estaban muy interesados en el tema; principalmente los que llevaban unos años en España y no podían comprender que una sociedad como la nuestra viviera al margen de su pasado, como si nunca hubiera existido la dictadura franquista.

Ese mismo día comí con un corresponsal de la televisión noruega, que luego me hizo una entrevista al pie de la estatua ecuestre de Franco que todavía se conserva en una vía pública de Madrid, junto a Nuevos Ministerios. El periodista nórdico había trabajado como corresponsal en Bruselas durante varios años. Hablamos de la posibilidad de que el gobierno aprobara medidas para ayudar a las familias. Él me dijo que si José María Aznar quería hacer carrera en la Unión Europea, ésta podía ser una mancha en su expediente que le dificultaría las cosas, teniendo en cuenta que Bruselas es el paraíso de lo políticamente correcto.

Fruto de la reunión con el grupo de corresponsales el 11 de noviembre, The New York Times publicó un reportaje a toda página que tituló «España se enfrenta al fantasma de Franco». La abogada Montserrat Sans me llamó emocionada desde Washington porque había abierto el periódico y de repente se había encontrado con aquella noticia. El reportaje narraba el proceso que comenzaba en España para revisar la historia del franquismo: los libros de historiadores, las novelas, etc. Dentro del texto había un párrafo dedicado al Gobierno español que no debió gustar mucho en Moncloa:

Pero el Gobierno no se ha sumado a la nueva era de la franqueza. Quizá no es sorprendente teniendo en cuenta que el Partido Popular conservador del primer ministro José María Aznar ha crecido en parte desde raíces franquistas y veteranos políticos relacionados con la era de Franco siguen cerca del Gobierno.

El 15 de noviembre recibimos un correo electrónico con una comunicación del grupo de trabajo sobre desaparición forzada que nos anunciaba la resolución que habían tomado sobre nuestro caso en Ginebra y Nueva York en el mes de agosto:

8 de noviembre de 2002

Estimado Sr.

Tengo el honor de dirigirme a usted, en el nombre del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a fin de dar cumplimiento a las decisiones adoptadas por éste durante el sexagésimo octavo período de sesiones que se está celebrando en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra del 4 al 13 de noviembre de 2002.

En el curso de sus reuniones, el Grupo de Trabajo examinó detenidamente ¡a información sobre desapariciones forzadas o involuntarias que habrían ocurrido en España y que fueron comunicadas por su asociación a lo largo del año. El Grupo de Trabajo ha considerado que, aunque en el mandato de este procedimiento público especial no existe una clara limitación temporal respecto de su competencia, sólo admitirá aquellos casos ocurridos con posterioridad a la fecha oficial de establecimiento de Naciones Unidas, es decir luego del 24 de octubre de 1945.

Es luego del análisis de los diversos casos presentados así como de esta precisión conceptual acerca de la competencia del Grupo de Trabajo que se ha decidido transmitir al Gobierno de España los dos casos cuyos resúmenes figuran en el anexo a la presente. El Grupo de Trabajo expresa, por mi intermedio, la esperanza de que se inicien investigaciones apropiadas por parte de las autoridades sobre los casos transmitidos, con el objetivo de aclarar el destino y el lugar donde se encuentran las personas de cuya desaparición se informó al Grupo de Trabajo.

Por otro lado, el Grupo de Trabajo quisiera subrayar que esta decisión no minimiza la importancia de los casos que no han sido admitidos, sino que responde al convencimiento de que el papel que pueda desempeñar este procedimiento en la aclaración de los mismos es extremadamente limitado y que sentaría un precedente para otros países y situaciones que desbordaría ampliamente las ya recargadas responsabilidades y tareas del Grupo que disponen de una logística cada vez más escasa.

El Grupo de Trabajo agradecería a su asociación que informase a los familiares respectivos de estas respuestas y que comunicase al Grupo, tan pronto como sea posible, cualquier observación o comentario o cualquier demanda de información sobre las investigaciones que los familiares o su organización deseen formular.

Por último, deseo informarle que el Grupo de Trabajo celebrará su sexagésimo noveno período de sesiones en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, del 21 al 24 de abril de 2003. De conformidad con la práctica usual, el Grupo de Trabajo recibe a representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y particulares durante los tres primeros días de su período de sesiones. Si su asociación está interesada en programar una reunión con el Grupo, le ruego se ponga en contacto con la Secretaría del Grupo, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, con el fin de establecer el día y la hora de dicha reunión.

Atentamente,

Diego García-Sayán

Presidente Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias

La resolución era en parte positiva, porque de alguna manera estaba denunciando la utilización de la desaparición como método de persecución política durante el franquismo y había reclamado al Gobierno español información acerca de dos de las personas cuyas fichas habíamos entregado.

Por fin llegó el 20 de noviembre. Al ver que los dos diputados del Partido Popular que estaban dentro de la Comisión Constitucional levantaron la mano afirmativamente a un texto que habían consensuado todos los partidos (anexo IV), nos dio un ataque de euforia. Sabíamos que aquello era muy importante para todas las familias que nos habían pedido ayuda y para muchas más que todavía no se atrevían a hacerlo. Era también un gesto que permitía comenzar a levantar la cabeza a miles de familias que habían vivido marcadas por la derrota de la guerra.

La condena del franquismo en el Congreso de los Diputados de forma unánime era algo que no se había conseguido en toda la transición. Se trataba de un momento histórico. Las causas por las que el Partido Popular había votado por primera vez a favor de la misma tenían que ver con la difusión y el conocimiento que comenzaba a tener la sociedad española de la realidad del franquismo. Los libros sobre las víctimas de la represión, los campos de concentración, los presos políticos que fueron convertidos en esclavos o la existencia de fosas comunes habían creado las condiciones óptimas. En otras ocasiones el Partido Popular se negaba a esa condena apoyándose en un desconocimiento generalizado de esa parte de nuestra historia; cientos de miles de españoles desconocen la realidad del franquismo. Pero cuando nuevos sectores sociales sabían qué era lo que se negaba a condenar, la coyuntura era más complicada y el mantenimiento de esa seña de identidad para satisfacer a su electorado más conservador podía tener un precio elevado.

Dos días después de la votación en el Congreso convocamos en Madrid una rueda de prensa para pedir al Gobierno que aplicara medidas para ayudar a las familias de los desaparecidos con la mayor urgencia posible, puesto que en algunos casos estamos hablando de personas de muy avanzada edad que quieren morirse tranquilas teniendo a sus padres o a sus hermanos dignamente enterrados. Hasta Madrid viajaron Isabel González y Asunción Álvarez. Contaron brevemente sus biografías, afirmaron que las mejores flores que podían llevarles a sus padres al cementerio eran los huesos de sus hermanos. Tan intenso fue su relato que la mayoría de los periodistas que acudieron a cubrir el acto terminaron llorando, emocionados.

A finales de noviembre la juez de instrucción de Villablino (León) nos comunicó que tenía intención de identificar, mediante las pruebas de ADN, los siete cuerpos que habíamos exhumado en la fosa de Piedrafita de Babia. Habíamos conseguido sentar un precedente muy útil para otros casos.

Con esas herramientas tienen ahora que trabajar los numerosos grupos para la recuperación de la memoria que se están creando en numerosas provincias españolas. Desde ese momento nuestra labor consiste en obtener ayudas del Gobierno para que lleven a cabo todas las exhumaciones que soliciten los familiares. En diciembre la revista de información general de mayor tirada en los Países Bajos, Elsevier, publicó una entrevista con el presidente del Gobierno, José María Aznar:

Pregunta: En Alemania e Italia los partidos conservadores ya hace años han pedido disculpas por los regímenes dictatoriales de su historia. ¿Ha considerado usted algo parecido?

Respuesta: Yo no tengo por qué pedir disculpas por nada. La historia de la transición española es una historia de profunda reconciliación, eso es una base sobre la cual tenemos que seguir trabajando. Los españoles hemos decidido mirar adelante y eso es muy importante. Todo el mundo tiene sus responsabilidades.

P: ¿Y como gesto moral?

R: Acabamos de aprobar una resolución en el Congreso de los Diputados de recuerdo de todas las víctimas de la guerra civil y del régimen de Franco. En general, ése es el espíritu en el cual tenemos que movernos.

P: ¿El gobierno está dispuesto a ayudar a las familias que desean recuperar los restos que hay en las fosas comunes?

R: Todas las familias de víctimas de la guerra civil que nosotros podamos ayudar a recuperar, evidentemente lo haremos, sean víctimas de un lado o sean víctimas del otro lado.

P: ¿Pero hasta ahora no ha habido fondos para esto?

R: Nosotros estamos disponibles para estudiar las propuestas que se nos hagan en este sentido.

En enero de 2003 se cumplieron dos años desde que recibimos la respuesta del Ministerio del Interior aceptando los estatutos para la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Han sido dos años en los que hemos hablado con miles de personas, en los que mucha gente ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo para sacar este proyecto adelante. Nadie nos podía haber dicho, cuando abrimos la fosa de los trece de Priaranza, que en ese tiempo nos iban a pasar tantas cosas y tan importantes. Por una mezcla de casualidad y deseo hemos puesto el dedo en una herida que ha comenzado a curarse. Desconocemos el alcance de las consecuencias de la labor que hemos llevado a cabo. Pero estamos convencidos de que se trata de algo muy importan te para la sociedad española, para la cultura política de un país que conserva en su inconsciente colectivo numerosos residuos del franquismo. Hemos contribuido a hacer justicia con los hombres y mujeres que edificaron nuestra primera democracia. Sus familias tienen derecho a la dignidad, a dejar de vivir como si fueran culpables. Les debemos mucho a esos hombres y mujeres que soportaron el peso más duro de la transición y a todas esas personas que murieron por haber creído en una sociedad más justa.

La transición inconclusa

La muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 supuso para miles de personas la posibilidad de buscar a sus familiares, desaparecidos durante la guerra civil y la posguerra. La recuperación de la democracia en España, que se había visto interrumpida durante cerca de cuarenta años, alentó a muchas de esas personas a perder el miedo y atreverse por primera vez a buscar alguna pista acerca del paradero de los seres queridos a los que durante mucho tiempo no habían podido ir a llorar a un cementerio.

La relación de la nueva democracia con el régimen franquista se consideraba algo abierto. Había sectores sociales que reclamaban justicia, para que el Estado exigiera responsabilidades a los altos cargos del franquismo que habían violado sistemáticamente los derechos humanos desde el inicio de la guerra civil hasta el final de la dictadura. Otros sectores más moderados proclamaban, en nombre de la reconciliación, una actitud de punto y final, para permitir que el proceso democrático no se viera obstaculizado por un conflicto que estaba latente en la sociedad española y que había surgido con la apropiación del poder que había llevado a cabo el general Franco contra el gobierno legítimo y democrático de la Segunda República.

La misma denominación de transición a la democracia escondía una pequeña trampa lingüística, parecía que la democracia no había existido antes en España y que estábamos alcanzándola por primera vez. Pero la realidad era que en noviembre de 1933 se habían celebrado en España las primeras elecciones formalmente democráticas en las que hombres y mujeres habían podido elegir a sus representantes con un censo electoral nacido del sufragio universal.

Pero el camino hacia esa parte de nuestra historia iba a estar sembrado de obstáculos. En el año 1976 y por orden del entonces ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, todos los cuarteles de la Guardia Civil de España recibieron órdenes de enviar a Madrid sus archivos relacionados con la guerra civil, la posguerra y la represión durante el franquismo. Miles de documentos llegaron a las manos de una «comisión histórica» que, como principal objetivo, debía construir la versión de la Guardia Civil que podría soportar la democracia. Montañas de documentos fueron destruidos entre los años 1976 y 1978 entre los que se encontraban numerosas informaciones acerca de personas desaparecidas durante la guerra y la posguerra. Datos que en la actualidad serían básicos para poder conocer el paradero de muchas personas buscadas por sus familiares.

Finalmente el proceso político se vio especialmente determinado por los dirigentes franquistas que querían mantenerse en la democracia, conservar sus privilegios y no rendir cuentas a la sociedad española. La Ley de Amnistía de 1977 fue el mejor instrumento para que las élites franquistas tuvieran allanado el terreno democrático y es el mejor termómetro para comprobar el determinante papel que tuvieron en el diseño del proceso político. La que se ofreció a la sociedad como una ley que sacaba a los «rojos» de las cárceles era básicamente y sin lugar a dudas la construcción social de la impunidad de los responsables de la dictadura. Sus dos primeros artículos son la mejor explicación de lo que ocurrió en aquella negociación entre los sectores demócratas y los franquistas (anexo V).

Se trataba de que en el seno de la sociedad española no se llevara a cabo el debate que mucha gente estaba esperando y de que los herederos del franquismo tuvieran carta blanca para mantenerse en la vida pública y conservar los privilegios que habían obtenido al amparo de la dictadura.

Cuando en 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco la sociedad española otorgó el gobierno a la Unión de Centro Democrático, manifestando así su miedo a que la llegada de un gobierno progresista, desvinculado del régimen anterior, pudiera molestar a los sectores más reaccionarios. El miedo ha sido uno de los grandes elementos con los que ha jugado el poder político tras la muerte de Franco. Un miedo que ha llegado a nuestros días sin que una clara voluntad política haya tratado de erradicarlo.

Pero fue en las elecciones municipales de 1979 cuando comenzó a producirse el cambio. La llegada a los gobiernos municipales de los partidos de izquierda escenificó para muchas familias una verdadera transformación en el proceso político y en algunos lugares comenzaron a llevarse a cabo exhumaciones. Pueblos de Navarra, Asturias, Extremadura o La Rioja vivieron con intensidad la apertura de fosas comunes que habían sobrevivido a los años de la represión como secretos que todo el mundo conocía.

Durante los años 1979 y 1980 se llevaron a cabo numerosas exhumaciones de fosas comunes. Una de las zonas más activas fue La Rioja. En pueblos como Alfaro o Calahorra se exhumaron decenas de cuerpos y los familiares de los asesinados llegaron incluso a manifestarse para reclamar justicia. En algunos casos las manifestaciones se detuvieron frente a las casas de los pistoleros que habían llevado a cabo los fusilamientos. Al grito de «Asesinos, asesinos» los familiares exigían algún tipo de responsabilidad a aquellas personas que habían colaborado en las ejecuciones.

Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de esa historia. Cuando el 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputados todas esas familias se trasladaron al escenario de la guerra civil o de la posguerra y las exhumaciones se interrumpieron, al menos de forma pública. Fue uno de los principales efectos del golpe de Estado y muchas de las personas que entonces, con una situación política mucho más delicada, habían exhumado los restos de sus familiares, no han querido, veinte años después, hablar con nosotros de aquella experiencia.

El recuerdo del miedo se activó en miles de españoles; un miedo que aún hoy es fácil de encontrar, sobre todo en los pueblos pequeños en los que los pistoleros han seguido haciendo una vida normal en democracia, sin que nadie se haya atrevido ni a señalarlos públicamente. Cuando el verano de 2001 realizamos el campo internacional de trabajo, una de las labores de los voluntarios extranjeros era preguntar en los pueblos por la guerra civil. Muchas personas palidecían ante esa pregunta o cerraban las puertas de sus casas. Para gente que venía de otros países era difícil de entender que, en una sociedad que llevaba veintisiete años en democracia, la gente no se atreviera a conversar libremente sobre algo que habían vivido.

En el año 1982, con la victoria del Partido Socialista Obrero Español, las cosas no cambiaron. Las cuestiones relacionadas con la guerra civil continuaron siendo un tabú. Muchos de los periodistas extranjeros que han realizado reportajes acerca de las exhumaciones de fosas que nosotros hemos promovido nos preguntan cómo entendemos que Felipe González, durante sus años de gobierno, no resolviera ese problema. Nuestra respuesta es que no lo entendemos.

En los primeros años del gobierno socialista, poco después del golpe de Estado, hubiera sido una labor complicada. Pero a partir del año 1990, con su tercera mayoría absoluta, con un país que ya se encontraba dentro de la Unión Europea, de la OTAN, y que había vivido entre los años 1986 y 1989 un ciclo de crecimiento económico sin precedentes, hubiera sido quizás el momento de haberlo hecho. Recientemente Felipe González ha hablado públicamente de una entrevista que tuvo, antes de ser presidente, en el despacho de Adolfo Suárez con el general Gutiérrez Mellado. Según González, el general le avisó que si llegaba a gobernar no removiera el tema de la guerra civil porque todavía quedaban rescoldos encendidos. Se puede entender aquella conversación como un buen consejo del militar que mejor imagen tenía en España tras el golpe de Estado. Pero es incomprensible que durante tantos años ese mensaje tuviera más fuerza que el derecho y el deseo de miles de personas a las que desde el gobierno se podía haber ayudado. Mucho más incomprensible si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de los hombres y las mujeres que se encuentran en fosas comunes eran militantes del PSOE. ¿Cuántos miles han muerto desde entonces sin tener siquiera la oportunidad de ver la posibilidad de saber algo?

Las familias que perdieron la guerra civil han dado un ejemplo de generosidad a la sociedad española; un ejemplo que hasta ahora las altas instituciones del Estado no les han reconocido. Cuando en los años de la transición renunciaron a sus derechos para facilitar el proceso político estaban tomando la misma actitud que en su día tuvieron sus padres y sus abuelos en defensa de la democracia. Pero los partidos políticos y los responsables de los distintos gobiernos apenas han hecho nada por reconocerles ese esfuerzo y devolverles la dignidad que tuvieron secuestrada durante casi cuarenta años de dictadura.

Unos de los casos más dramáticos que ha llegado hasta nosotros fue el de Jesús Pueyo Maisterra, un hombre de la localidad aragonesa de Uncastillo que perdió a siete familiares fusilados en la guerra, entre ellos a su padre. En un párrafo de su carta decía: «Esto es muy duro, pero en mi recuerdo no existe el espacio para el olvido. Voy a cumplir ochenta y un años y parece que fue ayer que sucedió. De más está decir que seguiré demandando justicia y reconocimiento como víctimas del franquismo y demandando que la clase política legisle al respecto, reconociendo el gran error histórico que fue la dictadura de Franco». Y añadía: «Tenemos derecho a saber dónde están los restos de nuestros familiares. Ya sé que tenemos muchas trabas, pero creo que la mayor es el miedo, que sigue estando latente. Yo lo pude comprobar hace dos años (en el año 2000) en Uncastillo, donde nadie quiere hablar».

Jesús Pueyo adjuntaba a su carta 130 fotocopias de todas las gestiones que había llevado a cabo desde el año 1977. Se había dirigido al PSOE, al Rey, a Aznar, a la Audiencia Nacional, a Naciones Unidas y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ninguno de esos casos había recibido una respuesta satisfactoria, nadie había movido un dedo para ayudarle a conocer el paradero de ninguno de sus siete familiares.

Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la apertura de la fosa común de Priaranza del Bierzo se cumplían veinticinco años de la muerte de Franco y notamos una clara resistencia a que se tratara el asunto. Poco a poco hemos ido abriendo camino hasta conseguir que desaparecidos españoles durante la guerra civil y la posguerra encuentren un hueco en las agendas políticas. Sin ser del todo conscientes, el trabajo que estábamos haciendo llevaba implícita una crítica a la transición. En el futuro, deberemos tener la oportunidad de valorar hasta qué punto fue necesario el olvido de esa parte de nuestra historia. Pero nuestro trabajo no está dirigido solamente a la apertura de fosas. Estamos comenzando a grabar testimonios de personas mayores de ochenta años que vivieron aquellos duros años. Es una labor urgente porque el tiempo corre en nuestra contra. Tenemos el deber de rescatar del olvido a esas personas, de que regresen públicamente y encuentren un lugar en la memoria colectiva. Y de eso trata la segunda parte de este libro, de darles nombre y biografía a algunos de esos hombres y mujeres que durante tantos años han habitado en el olvido.

SEGUNDA PARTE

Las fosas de la memoria

Por Santiago Macías

INTRODUCCIÓN

La recuperación de la memoria de los hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia, en los años de la Segunda República, tiene muchas tareas pendientes. Por un lado está la excavación de fosas comunes para ayudar a las familias a encontrar un descanso que no han podido hallar durante más de sesenta años. También hay que conseguir que de una vez por todas se conozca toda la verdad acerca de lo que fue la represión franquista. Pero hay un silencio, un olvido oficial que no es otra cosa que una nueva e injusta condena a todas esas personas, una forma de culpabilizar sus familias y de que las peores consecuencias del franquismo continúen activas en una democracia consolidada.

El relato de sus vidas a través de los testimonios de sus familiares es una forma de rescatarlas del olvido público y devolverles la dignidad. Es imprescindible que esos hombres y mujeres tengan un nombre, un rostro, una identidad. De eso trata la segunda parte de este libro: un recorrido a lo largo y ancho de la geografía de todo el Estado, por cada comunidad autónoma, en el que se narran historias de personas que se encuentran o se han encontrado en fosas comunes. Hay muchos hombres y mujeres sin nombre, sin historia. Aquí regresan algunos de ellos, por los caminos de la memoria, para enseñarnos cómo fueron sus vidas, cómo soñaron que la democracia terminaría con el atraso histórico y nos llevaría hacia una sociedad más justa y cómo fueron fulminados sus sueños. Emergen en los relatos de sus familias para formar parte de un recuerdo colectivo, para convertirse en lo que siempre debieron ser, una parte de nuestra historia.

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo […] serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas.

En este trance de la guerra yo ya he decidido la guerra sin cuartel. A los militares que no se hayan sumado a nuestro Movimiento, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo.

Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular, debe ser fusilado […] Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros.

General Mola

Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad.

¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré.

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará.

Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar.

General Queipo de Llano

No hay redención sin sangre, y bendita mil veces la sangre que nos ha traído nuestra redención.

General Franco, 1946

Por muy fidedignas que sean las terribles y trágicas versiones de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en tierras dominadas por nuestros enemigos, aunque día a día nos lleguen agrupados, en montón, los nombres de camaradas, de amigos queridos, en quienes la adscripción a un ideal bastó como condena para sufrir una muerte alevosa, no imitéis esa conducta, os lo ruego, os los suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa […] ¡No los imitéis! ¡No los imitéis! Superadlos en vuestra conducta moral. Superadlos en vuestra generosidad. Yo no os pido, conste, que perdáis vigor en la lucha, ardor en la pelea. Pido pechos duros para el combate, duros, de acero, como se denominan algunas de las milicias valientes —pechos de acero—, pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento, sin el cual parece que se pierde lo más esencial de la grandeza humana.

Indalecio Prieto. Ministro de Defensa republicano

Levanto mi voz para oponerme al sistema y afirmar que se han acabado los «paseos». Hubo días en que el Gobierno no fue dueño de los resortes del poder. Se encontraba impotente para oponerse a los desmanes sociales. Aquellos momentos han sido superados. Es preciso que el ejemplo de la brutalidad monstruosa del enemigo no sea exhibido como el lenitivo a los crímenes repugnantes cometidos en casa.

Manuel de Irujo. Ministro de Justicia republicano

A mí me duele la vida de los españoles sacrificados estérilmente en el otro lado. A mí me interesa, para el gobierno futuro de España, conservarlos a ellos también, y que sirvan de contraste con nuestra opinión y posición política.

Juan Negrín Presidente del Gobierno republicano

[…] de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y re_ mota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.

Manuel Azaña Presidente de la República

ANDALUCÍA

Fosa del C-3, Málaga

«Fue el amor de mi vida y puedo decir que yo también de la suya, porque los dos nos queríamos muchísimo. Éramos un matrimonio modelo, de verdad, dos cuerpos y una sola alma. Lo que él pensaba yo lo pensaba también». Francisca del Río tiene ciento un años y durante los últimos sesenta y seis ha esperado el día en el que poder recuperar los restos de su marido, José Sastre Gabarrón, que reposan junto 336 marineros más en el fondo del mar frente a las costas de Málaga. «Mi deseo es enterrarlo en un sitio donde pueda ir a llevarle flores, como se hace con las demás personas que mueren. Aunque han pasado tantos años, no olvido todo esto y vivo aquel dolor todos los días. Fue la mayor tragedia de mi vida y no se me va de la cabeza». Su testimonio es el de la única viuda viva de aquellos 37 funcionarios de la Marina española miembros de la tripulación del submarino C-3[1].

«La última noche que durmió en casa antes de partir, se despidió de nosotros como si nunca fuera a volver a vernos: por la noche no hacía más que levantarse de la cama para besar a sus hijos, los arropaba, los volvía a destapar, los tocaba, volvía a acostarse y así toda la noche. Cuando se despidió de mí me quedaba la esperanza de que a lo mejor se equivocaba, pero él sabía perfectamente que no nos volvería a ver».

Apenas dos días más tarde recibió la confirmación a sus peores presagios: «Una de mis hijas, que se había enterado de la noticia antes que el resto, corrió a decirme lo que le había pasado a su padre. Yo estaba muy disgustada desde que él se había ido esperando malas noticias en cualquier momento». En días posteriores la familia recibió una última carta de su padre confirmándoles que habían llegado a Málaga, y días más tarde, a pesar de la censura de la que sería objeto el suceso, Francisca del Río conocería más detalles de lo acontecido aquel mediodía del 12 de diciembre de 1936: «En el momento en que tiraron el torpedo, mi marido había bajado a tomar café. No sé si murió en el momento o si vivió algunas horas más. Para mí es una pena horrible pensar que hubiera vivido horas, aunque sé gracias al que estaba en la comandancia, que tras el ataque comenzaron a pedir auxilio».

El C-3 era uno de los seis submarinos de la serie C construidos en los astilleros de Cartagena por la entonces Sociedad Española de Construcciones Navales, hoy Bazán. Fue entregado a la Armada española el 4 de mayo de 1929. El 18 de julio de 1936, la totalidad de submarinos de la flota de la Armada española se mantuvo bajo control gubernamental y su primera misión fue la de evitar el paso de las tropas rebeldes desde el continente africano. A mediados de agosto de 1936, el submarino C-3 se trasladó al Cantábrico, y luego regresó a puerto a finales de septiembre.

Manuel Sastre, uno de los hijos de Francisca del Río y José Sastre Gabarrón, tiene grabada en la memoria la imagen de su padre girándose para mirar por última vez a su familia asomada a la ventana, mientras se alejaba el coche que lo llevaría al puerto de Cartagena aquella noche del 9 de diciembre. Hoy, Manuel Sastre es una de las voces más expertas a la hora de evaluar aquel episodio y sus consecuencias, dada su condición de coronel retirado del Cuerpo de Marines de la Armada: «Aunque tan sólo tenía siete años entonces, siempre he tenido presente el recuerdo de aquella época. Nuestra madre siempre nos ha contado todo lo que había ocurrido con nuestro padre: un año antes de comenzar la guerra, estaba destinado en el submarino C-2 que tenía su base en Mahón, y allí vivimos hasta que a finales de ese mismo año fue trasladado a Cartagena, como inspector de construcción de submarinos. Cuando estalló la guerra civil, el ministro Giral le había ofrecido la jefatura del Arsenal de Campaña, pero él la rechazó: no quería tomar parte en la serie de condenas que se estaban aplicando a los militares rebeldes y pidió que lo embarcasen. Y efectivamente, a los pocos días embarcó en el crucero Miguel de Cervantes, pero inmediatamente volvió a pedir desembarco y pasó definitivamente a formar parte de la tripulación del C-3 en la campaña del Norte, en el Cantábrico. Allí estuvo hasta principios de octubre de 1936, fecha en la que regresó a Cartagena a bordo del C-3 para acometer varias reparaciones, pero, sorprendentemente, antes de finalizarlas recibieron orden de trasladarse a Málaga para continuarlas allí. Mi padre trató de convencer a los mandos para que el submarino no saliera. En una situación de guerra y con un motor en tierra, era una aberración ir a repararlo a Málaga, pues tenían en Cartagena todos los medios necesarios para hacerlo».

Por aquellas fechas, sobre el submarino C-3 pesaba una amenaza proferida por el general sublevado Gonzalo Queipo de Llano, jefe de las fuerzas del Sur, quien en una de sus intervenciones en Radio Sevilla había amenazado con castigar a los mandos del submarino. El motivo de la amenaza fue que, a la vuelta de la campaña del Norte entre septiembre y octubre de 1936, el C-3 burló el bloqueo al que habían sometido los franquistas las aguas del estrecho. Ante tal situación, la nave se refugió en Tánger para llevar a cabo una serie de reparaciones.

«Una vez realizadas —añade Manuel Sastre—, los mandos del C-3 utilizaron una táctica muy simple: hacer inmersión y, aprovechando la subida de la marea en el Atlántico, cuando la corriente va hacia el Mediterráneo y con todos los motores parados en silencio absoluto, dejarse llevar por la corriente. Así lo hicieron cruzando el estrecho sin ser vistos».

A su llegada a Málaga, el C-3 había recibido la orden de permanecer de guardia en la zona. Poco después del mediodía del 12 de diciembre de 1936, el submarino navegaba por la superficie marítima de las cercanías de puerto. Pero un enemigo secreto les aguardaba bajo las aguas: el periscopio del submarino alemán U-34, al mando del capitán Harald Grosse, había observado con sigilo la estela del C-3, actuó rápidamente lanzando un torpedo que hizo impacto sobre una zona cercana a la proa y provocó su inmediato hundimiento[2].

Pocos días después, una expedición enviada a la zona del accidente por las autoridades republicanas pudo localizar el sitio del hundimiento por las manchas de aceite que desprendía hacia la superficie. Se colocaron balizas con la intención de llevar a cabo un rescate, pero la suposición de la inexistencia de supervivientes desestimó la operación. Durante años, la versión más difundida sobre el hundimiento del C-3 fue la explosión de una de las baterías. Pero el conocimiento de la llamada Operación Úrsula, llevada a cabo por el U-34 alemán, y sobre todo el reciente descubrimiento en octubre de 1998 de los restos del submarino por un equipo de buceadores de la Armada española, ha dado pie a dos versiones más serias aunque contradictorias. En la primera de ellas, los expertos que han tratado el tema llegan a la conclusión de que el torpedo alemán no llegó a explotar una vez realizado el impacto, sino que fue el orificio abierto el causante del hundimiento. La entrada de agua produjo una explosión en la sala de baterías y partió en dos el submarino. La segunda versión argumenta que el torpedo explosionó causando su inmediato hundimiento. Lo cierto es que, dividido en dos, el C-3 reposa a 70 metros de profundidad frente a Málaga.

El capitán Agustín García Viñas y los marineros Isidoro de la Orden Ibáñez y Asensio Lidón Jiménez fueron los únicos supervivientes; el cuarto hombre que Se encontraba en cubierta en el momento del hundimiento, el alférez Antonio Arbona Pastor (quien había recibido una oferta económica para que entregase el submarino a los franquistas durante la estancia del C-3 en Tánger), murió. Los tres supervivientes serían rescatados más tarde por uno de los pesqueros que se encontraban en la zona y trasladados al buque-hospital Artabro, que se encontraba en el puerto de Málaga.

La pérdida del C-3 no fue la primera ni sería la última en el bando del gobierno. Las sospechas se ciernen sobre aquellos hechos, si se tiene en cuenta que, a pesar de su supremacía, la flota republicana apenas causó bajas entre las naves franquistas. Manuel Sastre comparte esas mismas dudas: «Si uno se fija en todo lo que ocurrió en la guerra en el aspecto marítimo, verá que el bando republicano tenía prácticamente toda la flota: El Miguel de Cervantes, el Libertad, después llamado Galicia, el Méndez Núñez y el Jaime I, más todos los destructores y los submarinos. En cambio en el bando nacional estaban el Cervera, que le cogió en dique, un crucero antiguo llamado República y que después pasó a llamarse Navarra y el acorazado España. El Canarias y el Baleares estaban a medio construir en El Ferrol. En Galicia, los nacionales habían armado los bous, barcos pesqueros de bajura, con un cañón para defender su parte de costa. Con todo esto, es curioso que se hayan perdido tantos barcos de zona republicana y que en la parte nacional solamente haya desaparecido, y por casualidad, el Baleares. Está claro que la “quinta columna” en la zona republicana actuó de verdad: el primero en desaparecer fue el submarino B-6 en el Cantábrico. Parte de su tripulación fue fusilada en El Ferrol, y cuando años más tarde se exhumaron sus restos, el comandante de aquel submarino, Óscar Scharffausen, seguía en activo como capitán de navío mientras al alférez que mandaba el bous que le hundió, Federico Sánchez Vázquez, le habían concedido la más alta insignia: la cruz de San Fernando. Lo curioso es que si merecía aquella condecoración no podía estar en activo el hombre al que supuestamente había abatido. Después vendría lo del C-3 y su extraña maniobra, que no fue fruto de la casualidad, como tampoco lo fue el torpedeamiento del Miguel de Cervantes. ¿A quién se le ocurre ordenar atracar un crucero a la entrada de un puerto como el de Cartagena, fuera de la zona protegida? Lo que se pretendía era hundirlo o dejarlo inútil para toda la guerra, pues en zona republicana no había un dique de esas dimensiones. El único dique existente estaba en El Ferrol, en la Constructora Naval. Cuando lo torpedearon tuvieron que ampliar el dique de Cartagena sin tiempo para reparar el Miguel de Cervantes, que no entró en servicio hasta pasada la guerra. Por suerte para los republicanos el crucero no se hundió, evitando que toda la flota quedase inmovilizada en el puerto de Cartagena. Recuerdo haber escuchado desde mi casa la explosión del barco, en la que varios amigos y familiares nuestros murieron. A finales de 1936, desaparecería también el submarino C-5, y aún hoy se ignora su paradero».

Francisca del Río tiene presente en su memoria el último deseo de su marido: «El día que se fue, me entregó una carta para que la hiciese llegar a sus amigos de confianza en caso de que le sucediese algo. A los pocos días del hundimiento entregué la carta a un amigo, que la cogió y la rompió, aconsejándome que regresara a casa y no me metiese en nada por las posibles consecuencias. Aquellas palabras me asustaron. Cuando intenté averiguar más detalles del suceso en boca de los supervivientes, éstos habían recibido la amenaza de guardar silencio».

Silencio justificado, pues hipotéticamente ni Alemania ni Italia podían vender armas al ejército franquista, por ser naciones neutrales en la guerra. Pero quedó demostrado que así lo hizo, con la operación Úrsula o la División Cóndor. Por ese motivo, los hundimientos del Miguel de Cervantes y los submarinos C-3 y C-5 fueron actos de piratería de los que Alemania jamás respondió. Por un lado, alemanes e italianos y, por el otro, miembros de la «quinta columna» hacen del suceso un verdadero paradigma. «Unos días más tarde —recuerda Manuel Sastre— fue descubierta documentación comprometedora encima de la mesa del jefe de la escuadrilla de submarinos, Remigio Berria. Cuando fueron a detenerlo a Málaga, un bombardeo de los nacionales había acabado con su vida. Casualmente sus dos acompañantes no sufrieron herida alguna. Posiblemente fue eliminado por temor a que revelase la actuación de la “quinta Columna” en Cartagena». Una vez eliminado el testimonio que podía haber dejado la operación «quintacolumnista» al descubierto, al franquismo le quedaba justificar el paradero del C-3. Así, en el año 1938, apareció en la portada del ABC una fotografía del C-3 con sus tripulantes, sobre un texto que decía: «El submarino C-3, a las órdenes de los fascistas, fondeado en el puerto de Palma de Mallorca». Como es lógico, la noticia supuso una ilusión tremenda para todos los familiares. Manuel Sastre recuerda aquellos días en los que un hilo de esperanza renacía en la familia: «Al finalizar la guerra, con la entrada de la escuadra en Cartagena, mi madre nos vistió a todos los hijos con nuestras mejores galas para ir al muelle a recibir a nuestro padre, pero luego se supo la verdad: aquello no fue más que un montaje para justificar la venta ilegal del G-7, luego llamado General Sanjurjo, por parte de los italianos». El intento fue en vano por las grandes diferencias estructurales entre ambos tipos de submarinos.

Acabada la guerra, una vez perdida toda esperanza de volver a ver al padre de familia y en una situación económica penosa, Francisca del Río y sus hijos, de once, ocho, cinco y tres años, emprendieron el viaje desde Cartagena hacia El Ferrol. Realizaron el primer tramo hasta Madrid en un tren de mercancías. Manuel Sastre recuerda perfectamente aquella odisea: «Tardamos tres días en llegar a Madrid. Cuando llegamos nos dirigimos a la estación del Norte, pero el tren de refugiados que nos tenía que llevar no saldría hasta quince o veinte días después. Aquella noche dormimos en un portal de la cuesta de San Vicente que todavía está allí. Al día siguiente, mi madre habló con los camioneros que transportaban pescado desde Galicia y, después de mucho rogar y darles el último dinero que le quedaba, consiguió que nos llevasen hasta Galicia. Cuando subimos al camión, nos taparon con una lona para no ser vistos. Recuerdo que al cruzar Navacerrada estaba nevando y hacía un frío horrible. Por la mañana llegamos a Betanzos y más tarde cogimos un tren hasta El Ferrol, donde estaban mi abuela y mi tía maternas. Mi abuelo había fallecido poco antes».

Manuel del Río Maroño, abuelo materno de Manuel Sastre, era funcionario de las fuerzas armadas en julio de 1936. Uno de sus hijos, Ramón, había sido miembro del cuerpo de máquinas de la Armada hasta su retiro. Una vez comenzada su vida de civil, se estableció en Mugardos y abrió una zapatería. En las elecciones de febrero de 1936 fue elegido primer teniente de alcalde de la localidad y el 17 de agosto de 1936 fue fusilado junto a otras catorce personas entre las que se encontraba el ex alcalde del Ferrol, Jaime Quintanilla[3]. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común del cementerio ferrolano. A la pérdida de su hijo hubo que sumar la posterior muerte de su yerno en el C-3, y la obligación cotidiana que tenían todos los miembros de Bazán de asistir a los fusilamientos diarios de los militares leales a la República, que se llevaban a cabo en la zona de Punta Martillo. En ocasiones, Manuel del Río era ocultado por sus compañeros, conocedores del dolor que sentía después de la pérdida de uno de sus hijos en circunstancias similares. Posiblemente, la suma de todo aquel drama fue una de las causas de su muerte en mayo de 1938.

Su hijo más joven, Anacleto José, que hizo la guerra en el ejército franquista al encontrarse en la Legión, había sido herido de gravedad en la cabeza. Una vez recuperado regresó a El Ferrol y años más tarde ingresó en la División Azul. Cuando regresó del frente ruso se sometió a una intervención para extraerle las esquirlas que su vieja herida de guerra le dejó, pero murió en la mesa de operaciones.

«Mi tío Anacleto era un poco lanzado —recuerda Manuel Sastre— y había tenido una aventura amorosa con una chica, que más tarde se casó con el cirujano que lo operó. Otra de las víctimas de mi familia fue un hermanastro de mi padre, Cristóbal Manzaneda Gabarrón, que tenía tres peluquerías en Madrid. Aquel negocio iba bien y vivía con cierta comodidad, haciendo ostentación de ello, como cuando iba a los toros en un caballo blanco, vestido con el traje cordobés. Pertenecía a esa clase social que no despertaba mucha admiración y cuando empezó la guerra fue detenido y encarcelado. Es uno de los cientos de fusilados en Paracuellos del Jarama en 1936».

Una vez instalados en El Ferrol, Manuel Sastre empezó a trabajar en una fábrica del sector náutico. A los quince años ingresó en Bazán como aprendiz, pero más tarde comenzó a estudiar en la Escuela Naval.

«A los hijos de los franquistas —lamenta Manuel— les pagaban todos los gastos en los estudios. El resto, sin embargo, arrastrábamos las deudas durante todo el año. Incluso después de terminar estuve pagando mi deuda con la Escuela Naval. Allí todo el mundo sabía que mi padre había muerto en la zona republicana y a pesar de que muchos profesores habían sido compañeros suyos, jamás me ayudaron».

Al finalizar los estudios, Manuel Sastre vivió una temporada en El Ferrol hasta que fue destinado al Ministerio de Marina, donde permaneció durante treinta años hasta su pase a la reserva y posterior jubilación. Hoy en día vive en Madrid y allí conoció hace unos años la noticia del hallazgo de los restos del C-3 frente a las costas de Málaga por parte de un abogado malagueño, Antonio Checa, gran aficionado a la pesca y que en una de sus salidas descubrió una mancha de combustible que provenía de las profundidades. Después de varias inmersiones con sumergibles especiales dotados con cámaras de vídeo, logró obtener las primeras imágenes. La mala visibilidad de la zona y el estado en que se encontraban los restos impidieron en aquel momento la identificación del buque. Pero en octubre de 1998, la Marina española destacó al Mar Rojo con un equipo de buceadores que logró identificar los restos como pertenecientes al C-3. Más tarde se iniciaron gestiones para recaudar fondos para financiar la operación de reflotar el submarino. Paralelamente, los familiares crearon una asociación que aglutinaría a los descendientes de los 37 marinos, incluyendo al único testigo que a sus ochenta y seis años todavía puede contarlo, Asensio Lidón Jiménez. Una vez puestos en marcha consiguieron que una institución financiera pusiera los medios económicos necesarios, pero la última palabra del Ministerio de Defensa echó por tierra las ilusiones de los familiares: el ministro Federico Trillo, cartagenero, declaró que «la mejor tumba de un marinero es el mar», antes de desestimar la operación. «La mejor tumba de un marino es la que quiera cada familia», exclama Manuel Sastre, que hace años, cuando tramitaba la pensión de viudedad de su madre, encontró otra negativa por parte del padre del actual ministro de Defensa: «Federico Trillo Figueroa era general de división del cuerpo jurídico de la Armada. Su cargo era coronel de justicia en el Cuartel General de la Armada de Madrid y fue él quien denegó la petición. Cuando fui a hablar con él, se dirigió despectivamente a los que, como mi padre, pertenecían al bando vencido. Prefiero no repetir la discusión que tuve con él, pero fueron mis últimas palabras con Trillo».

Muchos años después, el 26 de junio de 1978, Manuel Sastre le escribió una carta al ministro de Defensa solicitando le fuesen reconocidos a su madre los beneficios que le correspondían como viuda de militar fallecido en acción de guerra, acompañando al escrito la documentación correspondiente. La solicitud es denegada con el argumento de que no había nada que demostrase que los fallecidos en el C-3 hubiesen muerto en acto de servicio. Después de varios recursos Francisca del Rio obtuvo la pensión por viuda de teniente.

Antonio Checa también cree que se debe reflotar el C-3: «Todo el mundo tiene derecho a opinar al respecto, pero estoy seguro que si los que critican esto tuvieran a su padre allí no pensarían lo mismo. El derecho a decidir lo que se hace con el C-3 lo tienen los herederos de los 37 hombres que hay allí abajo». El abogado malagueño piensa que el Estado debería involucrarse en el rescate por varios motivos: «En primer lugar, porque aquellos 37 hombres eran funcionarios de la Marina española, y en segundo lugar porque en el submarino todavía hoy se encuentran torpedos armados y diverso armamento que puede estar activo. Nosotros podemos aportar nuestro trabajo e incluso nuestro dinero, pero el protagonismo le corresponde al Ministerio de Defensa».

Una vez recuperado el C-3, todavía quedaría mucho por hacer, desde la investigación de la verdadera causa que le llevó a hundirse hasta la principal que es recuperar los restos de los 37 marineros para trasladarlos a Cartagena, de donde casi todos eran naturales. La asociación de familiares también ha propuesto que el aparato sea restaurado para ser expuesto en el puerto de Málaga, como ejemplo de la ingeniería española de principios de siglo. Desgraciadamente, a día de hoy lo único claro es que, a setenta metros de profundidad, frente al Palo, en las cercanías de la capital malagueña, yacen los restos del primer submarino hundido por los alemanes después de la Gran Guerra y antes de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque esté en el mar, la del C-3 es una fosa común más de las tantas que existen en Andalucía, una de las comunidades españolas donde la represión de la guerra civil dejó su huella más profunda. En la provincia de Huelva dan buena cuenta de ello el centenar de personas sepultadas en Almonte, así como en Cartaya, Zufre, Niebla, Corrales, Hinojos, Valverde del Camino, Aroche, Bollullos Par del Condado, Bonares, en vahos parajes de la carretera Cartaya-Huelva o en cementerios como el del Cerro de Andévalo o el de la propia capital.

El 18 de julio de 1936, un grupo de guardias civiles fueron enviados a las minas de Río Tinto para hacerse cargo de su custodia. Pasados varios días y escasos de provisiones, las gentes de los pueblos cercanos, apiadándose de ellos, les proporcionaron comida y bebida. Cuando conocieron la noticia las fuerzas franquistas, se ordenó fusilar a todo el grupo con la excusa de «haberse pasado a las filas marxistas». Los habitantes del lugar fueron obligados a cavar una gran fosa, que permaneció bajo vigilancia durante varios días.

En Cádiz se tiene constancia de lugares de enterramientos extra judiciales en Benalup de Sidonia, Facinas, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Ubrique o Villa Martín, además de lugares tristemente célebres en la época como el campo de concentración en Algeciras o los cementerios de San Fernando y el de la capital.

En la provincia cordobesa, además de zonas del frente como el Cerro Muriano, existen fosas en parajes como el arroyo Berejeno en Lucena, Fuente Palmera, Peñarroya, Pozoblanco (donde se ha edificado sobre alguna fosa), Pueblonuevo, Valsequillo y los también cementerios de Córdoba, Buj alance, Hinojosa del Duque o el de La Salud.

En Málaga están los camposantos de San Rafael, Antequera y El Burgo, además de varias fosas en las cunetas de la carretera Estepona-Málaga, Arroyo Marín, Campillos o Mijas. En Sevilla fueron quizás arrojados al agua los desaparecidos del buque-cárcel de Coria del Río; y existen cementerios como el de Lora del Río, el de Sanlúcar la Mayor, Constantina, Dos Hermanas o el de la capital, donde se inauguró recientemente un monumento en honor de las víctimas; hay fosas también en parajes como El Barranco del pueblo de Dos Hermanas o de otros como El Pedroso, Huevan El Arahal, Aznalcóllar, Alcalá del Río o Puebla de Alcocer.

Las tapias del cementerio de Jaén también fueron testigo de los fusilamientos. Por último, existen fosas en Granada, además de Algarinejo, Aljomaima, en Las Gabias, Cofrentes, Orgiva, Padul, Cenes de la Vega, el cementerio de la capital o el de Guadix. Quizá las más conocidas sean las existentes en el barranco de Víznar, donde todavía reposan en un lugar desconocido, sesenta y seis años después, los restos del poeta Federico García Lorca.

ARAGÓN

Los pozos de Caudé, Teruel

Aunque el paraje se encuentra ubicado en el término municipal de Concud, en un descampado al borde de la carretera N-234 Sagunto-Burgos, muy cerca ya de Teruel, los denominados pozos de Caudé eran parte de una vieja venta, hoy inexistente. Con ochenta y cuatro metros de profundidad y dos metros escasos de diámetro, fueron escenario, durante los meses de agosto de 1936 hasta diciembre de 1937, de cientos de ejecuciones extrajudiciales de mujeres y hombres cuyo delito había sido, entre otras cosas, no pensar como los fascistas. Aún no se conoce la identidad de la mayoría de los más de mil cuerpos arrojados al pozo. Pero cualquiera que se dé una vuelta por las cercanías de Teruel se encontrará con cientos de familias que no han logrado saber qué fue de aquel familiar que un día se llevaron en un camión para no volver jamás.

Francisco Sánchez, natural de Celia, es el presidente de la Fundación Pozos de Caudé. Su abuelo paterno, también llamado Francisco, fue concejal del ayuntamiento durante el período republicano. El 30 de agosto de 1936 se presentaron en su casa de Celia varios guardias civiles acompañados por personas del pueblo y se lo llevaron con la excusa que tenía que dar declaraciones en el cuartel de Teruel. «Aquel día —comenta Francisco— se llevaron a una docena de vecinos junto con mi abuelo. Fueron los primeros casos de detenciones en el pueblo. La familia enseguida supo lo ocurrido porque cuando mi abuela se desplazó a Teruel le comunicaron que el camión en el que lo subieron aquella noche no había llegado a la cárcel. A medio camino entre Celia y Teruel fue bajado del camión y asesinado en la bocana de los pozos de Caudé, un antiguo pozo convertido en fosa común donde fueron a parar la mayoría de los desaparecidos de la zona».

No fueron los únicos: en Celia hay censados 86 muertos. Al comienzo sólo se llevaban a los hombres, pero luego los que quedaban huyeron a zona republicana y para forzarles a regresar comenzaron a detener a sus mujeres y más tarde a fusilarlas, sin importarles su edad. Los fusilamientos en el pueblo comenzaron en los días siguientes a la toma de Teruel. Así, tras la ejecución de Francisco Sánchez, su familia sintió de cerca la constante amenaza de las fuerzas represivas. Una de sus hijas, Librada Sánchez, recuerda lo que sucedió después: «Una vecina avisó a mi madre del peligro que corría si se quedaba en el pueblo, así que cogió una yegua, nos subió a los dos hijos más pequeños y la soltó, sabiendo que el animal se dirigiría hasta un monte cercano que le llaman El Carrascal. Luego, con sus tres hijos mayores, fue en nuestra busca y todos cruzamos las montañas hasta la masada del Torán, que era zona republicana. Allí fuimos recogidos por unas milicianas que se hallaban combatiendo en el lugar. Cuando más tarde volvimos al pueblo nos lo habían incautado todo: la casa, la ropa, los animales… Recuerdo ir con mi madre a lavar al río y ver nuestras iniciales en las sábanas que otras mujeres lavaban».

La mayor parte de las víctimas de la localidad pertenecían a la Sociedad Obrera Agrícola, fundada en 1931 y que constituía un gran lugar de reunión para los campesinos. Por ello, una vez iniciada la guerra, los nacionales pensaron que destruyendo ese foco de personas con inquietudes culturales e ideas de progreso golpearían el pensamiento del pueblo, mayoritariamente de izquierdas. La sociedad tenía su sede en un edificio que actuaba además como cooperativa. No manejaba dinero, sino que se regía por un sistema de trueque. Cada producto agrícola estaba valorado: un saco de trigo, de avena o unos tomates equivalían a puntos con los cuales se compraban libros, entradas a la biblioteca, asistencia a conciertos de bandas musicales o a las obras de teatro que se celebraban en el lugar. «Los actores eran personas del lugar —prosigue Francisco Sánchez—, dirigidas por los maestros del pueblo. En algunas obras se criticaba al sistema caciquil, y muchos de aquellos jóvenes actores pagaron con sus vidas el haber representado un papel en ellas». Uno de esos casos es el de Guadalupe Sánchez, que en una de las representaciones, donde se recordaban los hechos protagonizados por Galán y García Hernández en Jaca, aparecía envuelta en una bandera republicana. Fue detenida en los días siguientes al estallido del golpe militar. Su madre, Tomasa Lorente, obcecada en seguirla allá donde la llevaran, subió en el mismo camión que transportaba a su hija y ambas fueron ejecutadas en los pozos de Caudé.

Acabada la guerra, el edificio propiedad de la sociedad pasó a manos de la Falange, que instaló allí sus escuelas de instrucción y su lugar de reunión. En los años cincuenta pasó a manos de la Cámara agraria. «Hace más de veinte años —recuerda Paco Sánchez—, todavía en vida de varios miembros de la Sociedad Obrera, decidimos emprender acciones legales para recuperar ese edificio para el pueblo. Cuando salió la ley del Patrimonio Histórico pensamos que ahí encajaría esto, pero los beneficiarios eran sólo partidos políticos y sindicatos y tuvimos que buscar otras fórmulas. Asesorados por abogados, volvimos a redactar los estatutos e intentar poner en marcha la sociedad de nuevo. No nos permitían llamarla Sociedad Obrera Agrícola y tuvimos que adaptarla a Sociedad Cultural. A partir de ahí investigamos la identidad de todos los socios y herederos y aparecieron unos ciento ochenta. Entonces pusimos en marcha la demanda, pero enseguida recibimos contestación negativa del ministerio, alegando que no era una agrupación como tal. Recurrimos demostrando que era una sociedad, con testigos, cartas de pago y algún documento recuperado. Después de quince años cuajó definitivamente y tras varios recursos ganamos. Los bienes han vuelto a poder de los antiguos propietarios y los costes fueron a cargo del Estado».

Otra de las víctimas de Celia fue Carlos Villanueva Gómez, de cuarenta y tres años, que desempeñaba las funciones de juez de paz en el pueblo. Uno de sus hijos, Eloy Villanueva, es miembro de la Fundación Pozos de Caudé: «Mi padre había votado al Frente Popular, y pertenecía a la Sociedad Obrera Agrícola de Celia. En aquellos tiempos se juntaba la clase obrera del pueblo y más que política lo que había era mucha hambre. Los caciques eran propietarios de la mayor parte de los terrenos. Otra parte era del gobierno y en tiempos de la República decidieron repartirlo entre los vecinos: de ahí vinieron las rencillas de las que se aprovecharon al comenzar la guerra. A por mi padre vinieron a las dos de la mañana miembros de la Falange y de la Guardia Civil. Lo asesinaron al día siguiente. Ésa fue, más o menos, la historia de todos los que se llevaron. En el pueblo sólo se salvaron, además de los que huyeron, los de derechas, los que se habían apuntado a Falange o los que tenían un poco de vista con los de la sotana. Enseguida supimos que a mi padre se lo habían llevado a los pozos. Lo recuerdo bien, yo tenía siete años, pero era tanto el terror y el miedo que había, que hasta que no murió Franco no se hizo nada. Aquel lugar era tabú».

Eloy recuerda con dolor que quizá la suerte de su padre hubiese sido otra de haberse producido la detención con posterioridad: «Las muertes se sucedían día tras día en este pueblo, y sólo acabaron cuando destinaron a un teniente de la Guardia Civil de carrera, de aquellos de la República. Si no llega a venir; el pueblo se hubiera quedado vacío. Desgraciadamente, en el caso de mi padre el relevo llegó tarde». La vida, a partir de entonces, fue especialmente dura en el domicilio familiar de Eloy Villanueva. «A mi madre, que falleció hace ya treinta y cinco años después de una vida de trabajo y sufrimiento, la dejaron con cuatro críos: la mayor con doce años y la más joven con sólo tres meses. Para sacarnos adelante tuvo que dedicarse al estraperlo hasta que la cogieron con tres kilos de harina y la denunciaron. Le pusieron mil pesetas de multa, y como no las tenía, pagó con tres meses de cárcel».

Otros integrantes de la lista de 86 víctimas de Celia son Dorotea Molado, que en aquel momento estaba embarazada; Ángela Alegre, a la que sus setenta años no sirvieron de excusa. Realmente trágico fue lo sucedido con «los colorados»: Nicolás, Juan Fidel, Julián y Joaquina González Casino, todos hermanos y ejecutados el mismo día.

En el recorrido por los pueblos de los alrededores de Teruel se agolpan los recuerdos de los meses de la contienda. Pero también los habitantes de la capital sufrieron el precio de la represión. Buena cuenta de ello la dan los hermanos Volnei y Jaurés Sánchez, en un testimonio especialmente doloroso. En el momento de producirse la sublevación, su padre, Ángel Sánchez, se encontraba fuera de su casa, y temiendo por su vida dada su condición de republicano se ocultó durante la contienda. Pero las represalias posteriores no se hicieron esperar: el 6 de agosto de 1936 varios falangistas detuvieron a su esposa, María Pérez, que fue conducida a los pozos de Caudé. El día 8 del mes siguiente su hija Pilar, que tenía entonces diecisiete años, corrió la misma suerte. Los detalles de su asesinato fueron conocidos por sus hermanos gracias al relato de uno de los guardias que llevó a cabo la detención y posterior ejecución. Finalizada la guerra, detuvieron al padre de familia en Alicante y lo trasladaron a la cárcel de Zaragoza, donde fue fusilado en 1943.

Emilio Silva Faba, abuelo de Emilio Silva, h. 1920.

Emilio Silva Faba, el día de su boda con Modesta Santín, el 18 de enero de 1926.

Pagaré de la Falange de las JONS a nombre de Emilio Silva Faba, en el que justificaban el posterior pago, en «tiempos de paz» del importe de las mercancías que confiscaban de su tienda. La Preferida.

Comunicado de la aportación obligatoria de 75 pesetas para el sostenimiento de las milicias de la Falange, expedido a nombre de Emilio Silva Faba, en agosto de 1936.

Francisco Cubero, quien fuera obligado por la Falange a enterrar los cuerpos de los asesinados en El Bierzo la noche del 16 de octubre de 1936.

Emilio, Ramón y Manuel Silva Santín contemplan la fosa de El Bierzo donde fueron encontrados los restos de su padre, en octubre de 2000.

José Antonio Lorente toma una muestra de ADN de Francisco Falagán, hermano de Juan Francisco, uno de los republicanos asesinados en El Bierzo.

Los arqueólogos Julio Vidal y Venancio Carlón, la antropóloga forense María Encina Prada y todo el equipo que participó en la excavación de la fosa de El Bierzo.

José Sastre Gabarrón, uno de los 37 marineros que reposan en el interior del submarino C-3, hundido frente a las costas de Málaga. Se está tramitando reflotar el submarino.

Francisco Sánchez Romero, vecino de Celia (Aragón), arrojado el 3 o de agosto de 1936 al interior de los Pozos de Caudé. Era miembro de la Sociedad Obrera Agrícola de la localidad turolense.

Pozo artesiano situado en las proximidades de Teruel capital Originalmente tenía una profundidad de 84 metros. En los meses posteriores al estallido de la guerra civil se llenó por completo, y fue necesario excavar fosas comunes en las proximidades de la bocana

Jerónimo Villa Álvarez es hermano de Elías Villa Álvarez, uno de los más de mil seiscientos inhumados en la fosa común del cementerio civil de San Salvador; en Oviedo. Al fondo de la imagen se ven las placas con los nombres de todas las víctimas.

Sebastià Estajes Canyellas fue el primer concejal socialista de Calvià. En la foto aparece, en el centro, con dos convecinos en el puerto de La Habana (1925). Detenido el 17 de agosto de 1936 y trasladado a Palma de Mallorca. Su cuerpo nunca ha sido localizado.

César Expósito del Rosario, vecino de Agaete, fue arrojado en vida a la que es posiblemente la mayor fosa común de España, la Sima de Jinámar (Gran Canaria).

Ángel Martínez Ros fue una de las 1.207 víctimas que yacen en la fosa común del cementerio de Ciriego (Cantabria). Su viuda, Pilar Landáburu Ibáñez, tiene actualmente noventa y cuatro años y acude cada 30 de noviembre a visitar el lugar donde reposan los restos de su esposo.

Paulino Cuesta Ciruelos, natural de Domingo Pérez (Toledo), yace junto a otras 419 víctimas en una fosa común del cementerio de Talavera de la Reina.

Bárbara Punter es la hija de Lucía Martín, una de tantas mujeres de la capital turolense fusiladas en la bocana de los pozos de Caudé. «Mi único deseo es recuperar los restos de mi madre, aunque sé que va a ser muy difícil. Quiero llevarlos junto a los de mi padre, pues ése era su deseo. Nunca la conocí, porque cuando la mataron yo tenía un año y medio». Lucía Martín frecuentaba un puesto de verduras en el mercado de Teruel. La tarde del 18 de agosto de 1936 varios guardias civiles se la llevaron con la ya habitual excusa de hacerle unas preguntas sobre las actividades políticas y sindicales de su marido. El final fue como el de la mayoría de las víctimas: al amanecer del día siguiente fue llevada a los poros de Caudé y arrojada en su interior. Estaba embarazada de seis meses. La misma suerte corrieron algunos conocidos de la familia como Julio Ruiz Tregón, Ángel García Perales o Salvador Navarro Dobán. «Luego, mi padre tuvo que huir porque si no también lo hubieran matado —recuerda Bárbara Punter—. Estuvo exiliado durante cuarenta años, primero en Argelia y más tarde en Casablanca (Marruecos), que en aquel entonces era protectorado francés. Allí fue internado durante años en un campo de trabajo hasta que quedó en libertad. Cuando tuvo la posibilidad de llevarnos a su lado, me reuní de nuevo con él. Tenía quince años cuando conocí realmente a mi padre. A mi madre la mataron porque él era socialista y uno de los fundadores de la Casa del Pueblo. De niña me preguntaba muchas veces si en realidad la habían matado y no me lo podía creer. Incluso, con la inocencia de la niñez, llegué a pensar que estaría escondida y que cualquier día me la encontraría por ahí. Cuando supe la verdad estaba lejos de Teruel, y no pudimos llevarle ni una flor hasta que se instaló de nuevo la democracia».

Aunque durante el franquismo nadie se atrevió a acercarse a aquel lugar, a menudo podía verse en el exterior del pozo algún ramo de flores depositado anónimamente por alguno de los familiares. La única referencia que consta de alguna actuación en los pozos se remonta a 1959, en plenos preparativos de la inauguración del Valle de los Caídos, cuando varios vecinos del lugar observaron a lo lejos, con miedo a acercarse, cómo algunas personas cargaban algunos huesos en un camión oficial y luego se marcharon. En 1982, varios miembros de UGT pensaron en hacer algo en el paraje, víctima hasta entonces del más absoluto de los abandonos, sin duda por el temor de las familias y los vecinos de acercarse al lugar. Fue en los primeros años de la democracia cuando, en una ocasión en la que varios familiares se encontraban en el lugar, un hombre mayor se acercó a ellos. Aún preso del miedo les relató cómo desde su humilde casa en las cercanías de Concud había oído cada noche, durante meses, el ruido de los camiones que llegaban al lugar y las ráfagas de los fusilamientos y cómo apuntaba en su vieja libreta los tiros de gracia con los que los remataban. Cuando los familiares tuvieron acceso a la libreta descubrieron la cifra de 1.005 ejecutados, número que se aproximaba a la que se dedujo del testimonio de un preso que durante los años de cautiverio en Zaragoza oyó los testimonios de los presos que llegaban de Teruel.

Los ochenta y cuatro metros de profundidad que tenía el pozo antes del comienzo de la guerra se llenaron completamente de cadáveres, arrojados en remesas sobre las cuales se echaba una capa de cal viva, y así sucesivamente hasta llegar a la superficie. Al llegar a este extremo los cuerpos fueron enterrados en zanjas excavadas en las proximidades de la bocana. Cuando se empezó a visitar el lugar, varios miembros de UGT realizaron una colecta para realizar algunas obras y adecentar la zona. Mediante las donaciones se recaudaron unas 80.000 pesetas con las que se puso en marcha el proyecto. Varios afiliados al sindicato, entre los que había albañiles, pintores y carpinteros, diseñaron un molde del monolito que sería colocado posteriormente. En él reza la inscripción: «A nuestros compañeros fusilados aquí por defender la Libertad y la Democracia. Sólo habremos muerto si vosotros nos olvidáis». En el murete que rodea la bocana del pozo otra inscripción informa de las características de la sima natural: «Pozo artesiano de ochenta y cuatro metros de profundidad lleno de fusilados en 1936». Asimismo, nueve familias añadieron paulatinamente al monumento otras tantas lápidas en recuerdo de los suyos. Pero después de aquella primera actuación, las actividades se paralizaron en parte porque algunos vándalos realizaban constantes pintadas amenazantes contra los familiares y las víctimas enterradas en el lugar. Otro de los motivos fue el hecho de que los diferentes grupos políticos no habían conseguido llegar a un acuerdo entre ellos, incluso a la hora de realizar la inscripción del monumento: mientras los socialistas proponían la frase «Caídos en defensa de la Democracia», los miembros de la CNT optaron por «Asesinados por el franquismo». La tensión llegó incluso a notarse en las celebraciones de cada año, en las cuales ambos grupos políticos evitaban encontrarse. Pero pocos años después, los familiares y amigos volvieron con nuevas ganas e ilusión de trabajar. Así, cada primero de mayo, aprovechando la manifestación de los sindicatos, cientos de personas comenzaron a desplazarse de nuevo al lugar para rendir homenaje a los 1.005 sepultados de Caudé. También empezaron a recoger testimonios que ayudaran a aclarar los sucesos ocurridos durante aquellos años: «Uno de aquellos testimonios —añade Francisco Sánchez— lo conocimos poco tiempo después, cuando un hombre de Zaragoza que se alojaba en una residencia de ancianos de aquella capital dijo haber sobrevivido a un fusilamiento en aquel paraje. Combatiendo en Teruel en las filas del bando republicano había sido hecho prisionero y encarcelado. Una noche se lo llevaron a los pozos de Caudé, y lo fusilaron. Pero resultó que los disparos no le causaron la muerte y el hecho de haber decenas de víctimas aquel mismo día hizo que el militar encargado de rematarles pasara por alto su cabeza y no le disparase el tiro de gracia. Horas después despertó y se encontró herido en la cintura, pero con fuerzas suficientes para apartar a los muertos que tenía encima y huir a Bezas, donde fue recogido de nuevo y curado por los republicanos».

Las visitas se han seguido realizando durante los últimos años y en una de las reuniones se decidió constituir la Fundación Pozos de Caudé; y aprovechando que en el lugar se daban cita anualmente varios partidos de izquierdas y sindicatos, se les invitó a formar parte de ella. Las respuestas fueron totalmente unánimes. Participaron PCE, IU y PSOE; y como sindicatos UGT, CC.OO. y CNT. Cada partido y sindicato tiene un representante dentro de la fundación y existen además varios vocales en representación de los familiares. La iniciativa de los familiares fue determinante para agrupar a toda una serie de partidos cuya unión hubiese sido impensable unos años antes.

Hoy en día, gracias a la labor de la Fundación Pozos de Caudé, aquellos sucesos que permanecieron ocultos más de sesenta años se han dado a conocer. El trabajo llevado a cabo por los herederos ideológicos de aquellas 1.005 víctimas ha iniciado la recuperación de la memoria de los suyos, contribuyendo así a una necesidad común en toda España de mantener vivo el recuerdo de aquella tragedia, por muy dolorosa que haya sido.

Pero además de los pozos de Caudé, otros lugares de Teruel forman parte de la macabra lista de lugares de enterramientos clandestinos. En el propio cementerio de la capital se tiene constancia de cientos de víctimas sepultadas en las numerosas fosas comunes del antiguo cementerio civil. Se tienen referencia igualmente de sepultados en Singra, Santa Eulalia, Concud, Dos Torres, Oliete, Sarrión o Las Cuevas. En Villarquemado, pueblo cercano a Celia, varios de sus vecinos fueron paseados en los primeros meses de la guerra, pero sin embargo en Celadas, otro pueblo de las proximidades, un gesto del alcalde, que salió al paso de los falangistas de Teruel cuando llegaron en un camión, evitó que hubiera víctimas.

En la misma zona existen varias fosas comunes localizadas e identificadas con nombres, apellidos y fechas. En la carretera que une Gea y Albarracín, una placa casi siempre cubierta de flores recuerda a las 12 personas asesinadas en el lugar. Cerca de allí, en el interior del cementerio de Albarracín, otra fosa acoge los cuerpos de trece personas, doce de ellas mujeres. Tanto los restos de Gea como los de Albarracín pertenecen a vecinos de Celia, los únicos que no habían sido trasladados a los pozos de Caudé. Víctimas de la represión, así como muertos en los diferentes frentes de batalla, situados en la provincia, dejaron huella en forma de fosa común en Alcañiz, Cerro Gordo, Gudar o Mora de Rubielos.

En la provincia de Huesca, además del propio cementerio de la capital, lugar en el que se llevaron a cabo infinidad de fusilamientos contra sus tapias, pueblos como Ayerbe iniciaron hace algún tiempo la tarea de devolver los cuerpos a los cementerios: cuatro de sus víctimas reposan ahora en el cementerio de la localidad. Por el contrario, en Albalate de Cinca se tiene constancia de una fosa común con los restos de 23 personas todavía sin exhumar.

La provincia de Zaragoza, con 3.543 víctimas documentadas en la capital y 2.491 en el resto de la provincia, es la más sacudida de las tres provincias aragonesas por la guerra y la posguerra. Además de las numerosas fosas comunes que el frente dejó a su paso, existen lugares como Arándiga, Leciñena, Ateca, Sierra de Luna, Bujaraloz, el cementerio de Riela, Ejea de los Caballeros, Uncastillo, María de Huerva, Calatayud o el Barranco de la Bartolina. De este último episodio hace mención el autor Francisco José Martínez García en el III Encuentro de Estudios Bilbilitanos:

[…] Concentrada la muchedumbre en la plaza pública de Ateca, tras la arenga político-religiosa lanzada por el párroco de la villa Benigno Hernández y las súplicas del alcalde Floren al mando militar para que los ajusticiamientos no fuesen dentro del casco urbano, los concentrados son introducidos en vehículos con destino Calatayud para asistir a un acto propagandístico. Con premeditado cálculo, los elegidos para ser ejecutados, sin ellos tener conocimiento de su situación, son apartados y subidos en un camión, que seguirá la ruta de los autobuses repletos de civiles de Ateca que son transportados al acto público de la plaza del Fuerte de Calatayud, en cuyas proximidades, junto al tristemente famoso Barranco de la Bartolina, desaparece el camión con los tripulantes que dócilmente eran dirigidos a un lugar siniestro, mientras el resto de sus paisanos llegaban a su destino. Acto seguido fueron fusilados: Antonio Alvaro Pérez, socialista; Gregorio Pérez García, anarquista; Joaquín Pérez Blancas, Tomás Pérez Soriano, Felipe Ciria García, socialistas; Elias y Carmelo Pérez García, anarquistas de veintitrés y dieciocho años respectivamente; Matías Domínguez Remartínez, simpatizante socialista; Hipólito Lázaro Herrero, socialista radical; Ramón Inogés Yagüe, sin ideología política; Guillermo de Mingo Blasco, socialista, y Blas Cristóbal Remacha. Al día siguiente fue fusilado el socialista Emiliano Bravo Catalán. Los que llegaron a Calatayud, entre ellos la banda de música, participaron en el desfile llevado a cabo desde la plaza del Fuerte hasta el cuartel de Artillería, donde se obsequió al Sr. Muntadas con numerosos regalos. En aquel lugar, los vecinos de Ateca comprobaron horrorizados cómo el camión que transportaba a sus paisanos llegaba completamente vacío. En aquel momento comprendieron la auténtica realidad[4]…

ASTURIAS

Cementerio de San Salvador; Oviedo

Cuando llegamos al cementerio municipal de San Salvador en Oviedo habían pasado sólo tres días desde el homenaje que cada año reúne a los familiares de las víctimas: la enorme cantidad de flores que adornaban la fosa común daba fe de que, más de sesenta años después, multitud de familiares seguían acudiendo a honrar a sus muertos. Contemplaba impresionado la magnitud del conjunto: placas, flores, nombres, dedicatorias. Se acercó a mí un hombre. No había palabras ante tal monumento a la barbarie de una guerra civil:

—Buenos días.

—Buenos días.

—¡Qué impresionante!

—Sí, hijo, sí. A pesar de llevar años viniendo aquí, sigue resultando emocionante cada vez que la visito.

—¿Tiene usted algún conocido aquí?

La respuesta a mi pregunta no pudo ser más gráfica. Jerónimo Villa Álvarez se dirigió hacia una de las placas —que conocía casi de memoria y entre la multitud de nombres su dedo se dirigió a uno en concreto: Elías Villa Álvarez, fusilado el 4 de marzo de 1938. «Era mi hermano, tenía veintiún años. Al caer el frente de Asturias donde combatió, regresó a casa con la esperanza de que no le pasaría nada. Un bando franquista promulgaba que los limpios de delitos de sangre no debían temer. Pero las malas intenciones de algunos vecinos del pueblo le pasaron factura. Al poco tiempo se lo llevaron preso. Estuvo unos meses en la cárcel modelo de Oviedo, lo juzgaron y le cayó pena de muerte. Pasados unos días lo sacaron y lo fusilaron aquí con 15 hombres más. Al día siguiente otros 16. Dos días después mataron a 26. Gentes de Nava, de Lena y de todos los pueblos de la zona. Mientras estuvo en prisión, todas las semanas íbamos a llevarle un paquete, pero un día nos lo devolvieron sin más explicaciones: ni tan siquiera avisaron a la familia que le iban a fusilar. Recuerdo que, al cabo de bastantes años, fue la Guardia Civil por nuestra casa en Medes, Tiñana, a pedir informes de mi hermano. Incluso fueron a ver a Baragaño, que era el alcalde entonces, y le preguntaron por él. Cuando éste contestó que había sido ejecutado hacía años los guardias no le creían, pero la insistencia del alcalde les convenció. Posiblemente, ni ellos mismos daban crédito a la dimensión de su propia masacre. Era cuando estaba el tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. Fueron a más pueblos preguntando por gente que ya habían matado en el 37 o en el 38».

No era el único. Además de su hermano, Jerónimo conocía a otros inquilinos de la fosa común del cementerio de San Salvador: «Un vecino, Macrino, también está aquí. Dejó viuda y cinco hijos. Había estado en el ejército y al regresar se escondió un tiempo hasta que lo descubrieron. Lo trajeron aquí y lo fusilaron. Otro vecino, Amadeo, viuda y cuatro hijas. Era un gallego que se había casado con una chica del pueblo. Nunca he visto a su familia aquí. Seguro que hay gente que no sabe que los suyos reposan en este lugar. A otros ya no les quedará familia que los busquen. Otras familias están aquí al completo. A los que confesaban los enterraban aparte y les ponían un número. Los mataban aquí arriba y los traían a la fosa a rastras. Después de arrojarlos dentro echaban cal; luego otra fila encima y así. No se sabe la profundidad que tiene la fosa, pero imagínese la cantidad de gente en tan poco espacio».

El dolor se hizo visible en el rostro de mi espontáneo amigo Jerónimo y comprendí la necesidad de respetar el silencio y a la meditación previos a mi intromisión: «Los recuerdos que tengo cada vez que vengo aquí son los de un hermano en plena juventud que no había hecho mal a nadie. No hay derecho que muera una persona así, sea de la ideología que sea. Que más da de derechas o de izquierdas si somos buenas personas. En el frente, que se maten unos a otros, pero luego…». Después de agradecer su amabilidad, hice una última lectura de las placas y dos datos me llamaron la atención: Vicente Rodríguez Villanueva, sesenta y dos años o Juan Conde, de dieciocho años, eran muestras evidentes de que la edad no fue pretexto cuando hubo sed de sangre.

En el cementerio de San Salvador yacen los restos de 1.679 mujeres y hombres asesinados entre 1937 y 1952. La mayoría de ellos identificados gracias a trabajos como el promovido por la Asociación de Viudas de la República Rosario Acuña, La fosa común del cementerio civil de Oviedo, o el de Felicísimo Gómez Villota, Represión de los tribunales militares franquistas en Oviedo. En este último libro se resalta la importancia de la presencia del sacerdote José Antonio Ferreiros a partir de mayo de 1938 como administrador del cementerio católico y civil de Oviedo. Este clérigo era el encargado de, en el momento de los fusilamientos, instar a las víctimas a confesarse. Los que lo hacían tenían el macabro beneplácito de ocupar un lugar preferencial en un nicho numerado.

Así, de los 1.679 cuerpos contabilizados, 1.316 aparecen con nombres y apellidos. En la cárcel de Oviedo fallecieron 251 personas por diversas causas. Varias de las víctimas fueron exhumadas de la fosa por el deseo de sus familiares de trasladarlos. Pero 112 cuerpos todavía están sin identificar. Éstos, víctimas de secuestros y paseos, fueron asesinados sin dejar constancia alguna en el lugar o tal vez fueron transportados hasta allí en camiones desde otros lugares próximos a Oviedo donde habían sido ejecutados.

Gómez Villota indica incluso la lista de las víctimas por su profesión; mineros, campesinos, ferroviarios, pero también maestros o médicos. Las víctimas identificadas pueden dividirse, según la época, en grupos bien diferenciados. A partir de octubre de 1937, con la caída del frente norte, las cárceles asturianas se llenan de ex combatientes republicanos procedentes de numerosas provincias del territorio español, civiles acusados de adhesión a la rebelión, etc. Ese mismo año son ejecutadas, tras los correspondientes consejos de guerra —verdaderas pantomimas en la mayoría de las ocasiones—, 43 personas. La cifra cambia trágicamente al año siguiente, a medida que aumentaba también la de inquilinos en las prisiones franquistas: 929 personas son ejecutadas y enterradas en la fosa. El número, aun siendo espeluznante, va decreciendo durante los siguientes años: en 1939, 177; en 1940, 75; en 1941, 47.

En los años de la lucha antifranquista en las montañas del norte, la cifra siguió aumentando con mujeres y hombres acusados de colaborar con los guerrilleros, e incluso alguno de éstos pasó a engrosar la ya larga lista de víctimas. En algunos casos, los detenidos eran trasladados a Oviedo desde puntos remotos. Así, Silvestre López Moral y Juan Bautista Martínez Barba, guerrilleros leoneses detenidos en Oporto a principios de 1941, fueron trasladados a Oviedo, sometidos a consejo de guerra y ejecutados el 15 de mayo del mismo año. Esto duró hasta 1952. Tan sólo en el año 1949 la fosa dejó de acoger cadáveres en su entraña. El 14 de octubre de 195Z, Ramón González González cierra la trágica lista de 1-679 cuerpos inhumados en la fosa común del cementerio de San Salvador.

Durante los años posteriores a 1937, cientos de familiares de las víctimas, eludiendo la vigilancia de la que era objeto el lugar por la Guardia Civil, depositaban flores por encima de los muros de piedra que flanqueaban el triste escenario. El hecho de querer honrar la memoria de los muertos defensores del gobierno legítimo de la Segunda República se había convertido en algo clandestino.

En 1967 los familiares solicitaron la construcción de un cerco alrededor de la enorme fosa de veintiún metros de largo por doce metros de ancho, más una docena de sepulturas individuales cercanas, pero el ayuntamiento de Oviedo negó cualquier tipo de ayuda. Incluso se anunció por los medios de comunicación la apertura de una cuenta bancaria en la que los familiares de las víctimas pudieran hacer su pequeña aportación, pero el gobierno civil ordenó cancelarla inmediatamente. Sin duda fue una muestra de valentía teniendo en cuenta que el franquismo estaba todavía presente en las vidas de los familiares.

En 1970 el muro de piedra que dividía el cementerio civil del cristiano fue demolido parcialmente y los dos cementerios pasaron a estar comunicados. En los años posteriores al fin de la dictadura nace la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común Oviedo (AFAFC) y empieza el trabajo de honrar y contabilizar a las víctimas libremente. El día 13 de abril de 1986 se inaugura un monumento situado en el centro de la enorme porción de terreno que ocupa la fosa.

Pero uno de los hechos más importantes de la historia reciente de la fosa común del cementerio de San Salvador se produce en el año 2001 con la instalación de unas impresionantes placas de mármol en las que figuran los nombres, edades, profesiones y procedencias de las víctimas. El elevado coste de la obra había llevado a los representantes de la asociación a solicitar en varios ayuntamientos asturianos e instituciones provinciales la ayuda económica necesaria para llevar a cabo el proyecto. Varias instituciones ofrecieron su colaboración, y aunque el ayuntamiento de Oviedo negó en un principio la licencia de obras, el defensor del pueblo dio la razón a los miembros de AFAFC. El 14 de abril de 2001 se inauguraron las obras.

Flanqueando la fosa, puede leerse una inscripción:

A la memoria de las víctimas de la represión franquista inhumadas en el cementerio municipal de Oviedo. La asociación de familiares y amigos de la fosa común dan las gracias a todas las instituciones locales, regionales y de cualquier índole y a las personas que individualmente han contribuido a la financiación de este proyecto. 1.300 ejecutados después de una farsa de consejo de guerra. 155 detenidos políticos fallecidos en cautiverio. Más de doscientos ochenta ejecutados con consejo de guerra, de los cuales se conocen los nombres de 19 personas, algunos incompletos.

Si escalofriantes son las cifras en Oviedo, la fosa común del cementerio de Ceares en Gijón no le va a la zaga. Sobre el tema existe un magnífico trabajo de María Enriqueta Ortega titulado Ejecutados y fallecidos en la cárcel del Coto en Gijón. En él se da la cifra de 1.330 mujeres y hombres inhumados en el cementerio de Ceares. De ellos, 1.246 fusilados provenientes de la cárcel del Coto y 84 fallecidos en dicha prisión. Aníbal González Villazón encabezaba la lista el penúltimo día de octubre de 1937. Durante los meses posteriores al fin de la guerra en Asturias se suceden los fusilamientos al amanecer contra las tapias del cementerio después de consejos de guerra sumarísimos. Al igual que en Oviedo, el año 1938 fue especialmente trágico. En la prisión fallecieron ese mismo año 22 presos, muchos de ellos llegados del frente heridos o enfermos. El número de ejecutados asciende a 849. Por citar una fecha, los días 14, 15 y 16 de febrero fueron fusilados 94 presos. Un mes antes, el 9 de enero, se produce la mayor matanza entre los años 1937 y 1949: 56 presos. Al año siguiente 223 ya partir de entonces la cifra decrece hasta que, en 1949, es ejecutado el jornalero de Parres, en Montalea, Cirilo Cereñes Manzano, cerrando el grupo de inhumados en la fosa común del cementerio de Ceares.

Pero no sólo Oviedo y Gijón son escenarios siniestros. Cementerios como el de Llanes o Jove son testigos mudos de aquellos años. Lugares como las proximidades del convento de Valdediós, en Villaviciosa, donde una fosa común guarda los restos de 23 enfermeras y cuatro celadores, un pinche de cocina y la hija de una de las enfermeras de tan sólo quince años, la mayoría de ellos miembros del personal sanitario del hospital psiquiátrico de La Cadellada que había sido trasladado al lugar días antes. Miembros de la IV Brigada Navarra, al mando de Camilo Alonso Vega, durmieron en el hospital tras la toma del lugar. Por la noche sacaron a la totalidad de la plantilla a un campo próximo donde los asesinaron. Según informaciones posteriores, las tropas pidieron a las enfermeras que les hiciesen una cena. Después las obligaron a organizar un baile, durante el cual los militares se emborracharon, y cometieron brutales abusos sexuales. La muerte de todo el personal eliminó testigos incómodos de la masacre.

Los quince meses de guerra en territorio asturiano no sólo dejaron sucesos como el de Valdediós. Hay que señalar también los 70 milicianos de la Cuesta de Purón, o los componentes del batallón de Silvino Álvarez, compuesto por casi dos mil hombres, que desapareció por completo en la sierra de los Vientos. Decenas de fosas comunes acogen los restos de aquellos combatientes en lugares desconocidos de los montes de Asturias.

Durante los años posteriores a la restauración de la democracia en España, los pueblos de Asturias fueron testigos de numerosas exhumaciones, como la llevada a cabo en las proximidades del puente de la Tienda, en el concejo de Salas, a orillas de la carretera que une Pravia y Mallecina. Fueron exhumados cinco cuerpos el 17 de mayo de 1988. Los cambios en el trazado de dicha carretera estuvieron a punto de sepultar para siempre la fosa común. En otros lugares como San Miguel de la Barreda la situación fue muy diferente. Por expreso deseo de varios familiares, un auto dictado por la juez de primera instancia de Pola de Siero había autorizado la exhumación de los cuerpos de dieciocho vecinos de la zona, para trasladarlos a un lugar más digno, el cementerio de Noreña. Paralelamente, el Ayuntamiento de Siero presentó una moción en la que consideraba «incongruente que más de cincuenta años después se levantaran rencores con aquella exhumación». PSOE, IU y AP —hoy PP— aprobaron por unanimidad la moción. Pero lo más sorprendente fue que la exhumación no se llevó a cabo por la oposición de dos de los familiares de los dieciocho sepultados. Dieciséis frente a dos. Mal comenzaba la democracia en lo que a mayorías se refería. Hoy en día, Ángel Gutiérrez, Etelvino Rodríguez, Julio Montero, Ezequiel Rodríguez, Jesús Blanco, Antonio Suárez, Calixto Alonso, Herminio Fombona, Justo Cuervo, los hermanos Marcelino y Tito Curieses, Arturo Suárez, Genaro Estévez, Ventura Iglesias, Luis «El contable», Herminio Colunga, «Cancio» (secretario municipal) y Manuel Martínez permanecen en el lugar que sus verdugos decretaron en 1937 y las malas conciencias mantienen entrado ya el siglo XXI.

Hablar de Asturias es hablar de represión. Cientos de fosas comunes salpican la geografía asturiana. Mujeres, hombres y niños bajo la tierra de Boo, La Azotada en Gijón, La Chabola, Cuero, La Cabruñaña y Momalo en Grado, La Reguera en Trasmonte, la playa de Verdicio y el Cabo de Peñas en Gozón, Cangas de Narcea, el Pozo Fortuna en Turón, Pozo Tarano en Teverga, Pola de Lena, las cercanías del Puerto de San Isidro, Sevares y la carretera de La Marea en Piloña, Parres, Mieres, Noreña, Pola de Somiedo, el Prao de Jesús del Forno y el Pozo Funeres en Pola de Laviana, la tenebrosa Quinta del Pedregal de Avilés, Santa Cruz de Mieres, Santullano, Las Peñonas, Lugones, Espina, Luarca, Cabrales, Pravia, Soto de Luiña, la carretera de Tudela a Veguín o el arenero de Caleyo. En este último escenario se produjo las primeras víctimas del Ayuntamiento de Ribera de Arriba. Cuatro hombres del pueblo son ejecutados, antes a uno de ellos le habían cortado la cabeza.

BALEARES

Fosa de Palma de Mallorca

«En los primeros días del mes de agosto de 1936 los falangistas de Calvià habían requerido ya a mi padre, junto a él se llevaron a varios de sus amigos para declarar en la Casa del Pueblo de Palma de Mallorca, que estaba situada en la calle Reina María Cristina. Delante de aquellos hombres declaró que, efectivamente, pertenecía al Partido Socialista, pero que jamás había molestado a nadie. El falangista que le tomó la declaración le dijo: “Sé quién es usted y que lo que dice es verdad, pero le voy a dar un consejo: ande con cuidado en Calvià”. Junto a mi padre y sus acompañantes, los falangistas del pueblo habían enviado una nota pidiendo que lo mataran, pero lo soltaron. Apenas dos semanas más tarde se lo llevaron para siempre. Mi madre fue al ayuntamiento y allí lo vio, junto a otros hombres subidos en un camión como si fueran cabezas de ganado. Cuando le dijo: “¡Sebastià, has olvidado la cartera!”, él le dijo: “No la necesitaré, cuida mucho a los niños y a mi madre”. Allí nos quedaríamos mi madre y sus dos hijos, uno de apenas dos años y yo. Hoy sólo quedo yo, pues mi hermano falleció hace veinte años calcinado dentro de un coche en un accidente de tráfico[5]».

Sebastià Estades Canyellas, constructor de profesión, era en aquel entonces concejal socialista del ayuntamiento de Calvià. Casado y con dos hijos pequeños, tenía treinta y ocho años. Muy joven había emigrado a Cuba, donde aprendió la profesión de albañil. Militante del Partido Socialista, había sido elegido regidor del Ayuntamiento de Calvià durante la Segunda República. Fue el primer concejal socialista que formaba parte del ayuntamiento de este pueblo, y como tal, siempre representó y defendió la clase obrera luchando para que los trabajadores pudieran disfrutar de todos los beneficios que la vigente legislación social les concedía. Entonces las listas eran abiertas y en las elecciones del 12 de abril de 1931 se había constituido un ayuntamiento conformado por ocho regidores monárquicos, representantes de la derecha, y un socialista, Sebastià Estades. La Federación Obrera Calvianense impugnó los resultados sospechando que había habido «pucherazo». El Gobierno Civil admitió la reclamación y, observando diferentes irregularidades, hizo repetir las elecciones. El resultado final fue un consistorio conformado por seis regidores socialistas: el propio Sebastià Estades Canyelles, Guillem Vicens Nicolau, Jaume Pallicer Pallicer, Pere Joan Terrassa Carbonell y Bartomeu Juaneda Martorell; tres republicanos: Joan Palmer Genovart, Pere Cabrer Jofre, Bartomeu Verger Enseñat, y un republicano de centro, Julia Fornés Balaguer. Sebastià Estades ostentaba asimismo el cargo de síndico, es decir, responsable de las relaciones ciudadanas. Militaba también en la UGT en Calvià, a la que se había unido en 1925 proveniente de la Federación Obrera Calvianense, de la que fue vicepresidente. En 1931, año de la proclamación de la Segunda República, era el presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Obrera de Calvià. Sebastià Estades era el encargado de leer en voz alta los artículos publicados en El Socialista y El Obrero Balear, periódico que se editaba en las islas Baleares por la UGT y el PSOE, en la sede de la Federación Obrera Calvianense o en las reuniones que se hacían en los cafés de Ca S’Escolá, Ca’n Caragol y Ca’n Graci.

«Mi abuelo materno —recuerda María— comunicó a mi padre el deseo de las gentes de derechas para que pasara a formar parte de sus listas, pero mi padre se negó: era un trabajador y quería ir con los suyos». Ése y otros motivos fueron, sin duda, el detonante para que, el 17 de agosto de 1936, días después de su primera detención, varios falangistas se presentaron en su casa. «Yo sólo tenía ocho años —añade María—, pero recuerdo perfectamente todo. Estábamos en el comedor a punto de empezar a comer cuando irrumpieron cuatro o cinco hombres armados para llevárselo. Ni tan siquiera lo dejaron comer. Tengo grabado aquel día en mi cabeza y no se me ha borrado ni se borrará jamás. Toda mi vida he odiado a esa gente. Mi padre era un hombre con una bondad e inteligencia extraordinarias y por eso quisieron quitarlo de en medio. Se lo llevaron con más gente de Calvià, pero los otros volvieron. Luego nos contaron cómo había sido su separación. En aquel tiempo, mi padre padecía una úlcera de estómago y recuerdo que estaba haciendo régimen en las comidas. Pues bien, mientras estaban detenidos en la casa del pueblo de Palma, dos hombres vestidos con batas blancas como las de los enfermeros se lo llevaron. Aquello fue un camuflaje, fueron a buscarlo allí dentro y los amigos pensaron que se lo llevaban a la enfermería, pero lo cierto es que lo llevaron a matar. No sé si lo mataron este día. Con la excusa de su enfermedad se lo llevaron sigilosamente, tal es así que ni sus amigos sospecharon que se lo llevaban para siempre».

Cuando los hombres detenidos junto a Sebastià Estades regresaron a Calvià, su familia comenzó una búsqueda que duraría años. Su viuda murió sin saber dónde lo habían asesinado. En aquel tiempo, en el cementerio de Palma de Mallorca se exhibían trozos de ropa de los ejecutados para que sus familiares pudiesen reconocer los retales pertenecientes a las vestimentas de los suyos. «Mi madre —recuerda María— estuvo allí con unos trocitos de ropa que había guardado de la camisa, los pantalones y la americana. No reconoció ninguno de aquellos trozos. Conservo aquellos retales como un tesoro, un legado de mi padre». En el afán de saber dónde reposaban sus restos, otras versiones posteriores llevarían a la familia a pensar que, tras la detención, pudiera haber ido a parar a uno de los barcos prisiones habilitados en Baleares. Uno de esos barcos fue el Jaime I. Muchos de los presos confinados en éste y otros navíos acabarían sus días fondeados en las aguas del Mediterráneo, práctica habitual aplicada a la colonia penitenciaria de las prisiones flotantes durante la contienda.

Uno de los trabajos de investigación histórica publicados en Baleares es el Diccionari Vermell, del escritor Llorenç Capellí. En él aparece recogido el nombre de Sebastià Estades Canyellas como una de las víctimas de Calvià, pero no se especifica tampoco dónde pudo ser ejecutado. La no existencia de un acta de defunción ni documentación alguna al respecto ha provocado que en varios de los casos que se plantean en el libro tan sólo se pueda identificar a las víctimas como tal, sin poder detallar ni la fecha ni el lugar donde fueron asesinadas y enterradas decenas de víctimas isleñas.

Tras el fallecimiento de su madre, María Estades cogería el testigo de la investigación sobre el paradero de su padre. «Mi marido tenía un amigo que guardaba cierta amistad con el cura del cementerio de Palma, al que ayudaba en las misas. Aprovechando este motivo, le pidió que consultara los libros de registro del cementerio para obtener alguna pista sobre mi padre. Aquel hombre se ofreció voluntario. Nos pidió que apuntáramos en una nota el nombre, los apellidos y las fechas de su desaparición y con todo ello consultó los archivos de los días posteriores al 17 de agosto de 1936. Después de consultarlo no encontró dato alguno a su nombre, tan sólo un posible indicio: dos días después de su desaparición, el 19 de agosto, se halló el cadáver de un hombre sin identificar en un punto kilométrico de la carretera de Manacor. Aquel cadáver fue trasladado al cementerio de Palma de Mallorca».

En el camposanto de la capital mallorquina se fusiló y enterró durante los meses posteriores al inicio de la contienda a decenas de republicanos baleares, entre ellos varios vecinos más de Calvià. Un grupo numeroso sería asesinado una noche en las cercanías de la playa de Palma Nova, totalmente desierta en aquel tiempo, sin los chalets que hoy la salpican. Después de ejecutarlos, sus cadáveres fueron trasladados también al cementerio de la capital. Algunos testimonios de los habitantes de Palma recuerdan los regueros de sangre que derramaban los camiones cuando trasladaban los cuerpos amontonados en sus cajas hasta el cementerio.

Con la sospecha que tal vez su padre se encontrara entre las decenas de víctimas sepultadas en las diferentes fosas comunes del cementerio capitalino, María Estades comenzó a desplazarse con asiduidad al camposanto. «Hace unos años —añade— fui con una vecina hasta el cementerio. Aquel día se celebraba un homenaje organizado por Izquierda Unida. Sobre aquellas tumbas de los asesinados deposité un ramo de flores, sobre la tierra que quizás alberga los restos mortales de mi padre. En Calvià, él fue la única víctima de la corporación municipal, aunque las víctimas se elevaron a 18 hombres más[6]. Para ser un pueblo tan pequeño entonces, hicieron una verdadera matanza. Hubo casos espantosos». Quizás el caso de Sebastià Cabrer pasaría a ser uno de los más recordados por la memoria popular Calvià nense: uno de sus sobrinos se presentaría en su casa cierto día pidiéndole una suma importante de dinero. Sebastià, casado y padre de dos niñas, dijo a su sobrino que no tenía tal cantidad, a lo que aquél contestó que de no hacerla efectiva al día siguiente irían a buscarlo para matarlo, pero el hombre insistía en que le era imposible reunir aquella suma de dinero. Al día siguiente un grupo de falangistas lo harían desaparecer.

También a Sebastià Estades lo recuerdan todavía en el pueblo. Incluso algunas de las personas más relevantes de la derecha de Calvià entonces guardan un grato recuerdo, destacando de él, sobre todo, su inteligencia. «Los que le conocieron —recuerda su hija— siempre me han manifestado una gran admiración hacia él. Un día, hablando con un hombre con el que había trabajado, me dijo: “Como tu padre no ha habido hombres. Toda la vida lo recordaré. Me pude casar gracias a él”. Aquel chico, como todos los de su tiempo, entregaba el jornal completo a sus padres, y luego ellos le daban lo que les parecía. Mi padre, cuando supo que era de una casa humilde le ofreció el doble de lo que ganaba, con la condición de que siguiera entregando la mitad de la paga en su casa y usara el resto para casarse».

Pero el recuerdo popular no evita que, a pesar de todo, el consistorio Calvianense tenga una deuda endiente con aquellos defensores de la legalidad republicana. «El ayuntamiento socialista de Calvià —recuerda María Estades— no ha homenajeado todavía a las víctimas. Mi padre fue el único concejal al que mataron, pero sin embargo no deseo un homenaje sólo para él, sino para todos los represaliados del pueblo en general». A pesar de todo, sus palabras son un homenaje constante a aquel padre del que apenas disfrutó. Es por eso que guarda con cariño las poesías que para sus hijos escribiera Sebastià Estades. «Me gusta la lectura aunque no haya podido estudiar, debido en gran parte a la falta de mi padre. Recuerdo que con pocos años me hacía leer y escribir mucho, y recitar las pequeñas poesías que él mismo componía. Muchas de ellas no las he olvidado».

Salvo la isla de Menorca, el 18 de julio las islas Baleares caen bajo control sublevado. Al mando de las tropas de Mallorca se encontraría, en un primer momento, el general Goded, posteriormente juzgado por las autoridades republicanas y fusilado en Barcelona, adonde había viajado para apoyar el Alzamiento. Más tarde llegaría a la isla, enviado por Mussolini, un personaje peculiar: Arconovaldo Bonacorsi, autodenominado «El Conde Rossi». Su fanatismo dejó frases para la historia como la célebre «Tutti i rossi fucilati!» y la creación de milicias fascistas, totalmente impunes, conocidas por «Los Dragones de la Muerte».

Inmediatamente se habilitan prisiones como las existentes en Casa Mir, el castillo de Bellver, el fuerte de Illetes o la propia cárcel Provincial de la capital, desde donde salían diariamente camiones cargados con presos con destino a su último viaje, a veces El Pilarí, cerca del Arenal, Palma Nova, las orillas del camino de los Reyes dirección a Son Sardina o la carretera de Calvià. A la mañana siguiente, un macabro vehículo hacía la recogida de los muertos para llevarlos al cementerio más cercano. Para las mujeres, por su parte, se habilitarían asimismo prisiones como la de Can Salas. No todas conocerían prisión: Aurora Picornell, dirigente de las Juventudes Comunistas de la isla, estaba embarazada cuando la asesinaron. Uno de los pistoleros de Falange que la asesinó pasearía su sujetador sobre la cabeza a modo de burla. Su cadáver fue inhumado en el cementerio de la localidad de Porreres. El caso de Julián Bennasar, el médico de Campanet, es sorprendentemente parecido al de Sebastià Estades: requerido en los primeros días, sería conducido a la Casa del Pueblo de Palma de Mallorca, utilizada como cuartel de Falange. Liberado, volvería a su pueblo hasta que el 15 de agosto de 1936 recibiera un aviso de una urgencia en un pueblo vecino. Puesto en camino enseguida, sería asesinado a las afueras de la localidad. En el folclore popular están asimismo algunas de las víctimas de la población civil, como las ejecutadas tras un testimonio que afirmaba haberlas visto aplaudir a los aviones republicanos al sobrevolar la isla.

Según Llorenç Capellà, autor del Diccionari Vertnell, en las islas Baleares no hay constancia de fosas comunes en otros lugares que no sean los cementerios, en parte por el hecho de la existencia del camión fúnebre que recogía a las víctimas y en parte porque los fusilados tras los consejos de guerra eran sepultados en los mismos cementerios locales. Los cementerios de la capital y el de Porreres son, con total seguridad, los mayores focos de fosas comunes de republicanos. El cementerio de Son Coletes, en Menorca, cuenta por decenas los fusilados contra sus tapias. Allí, por el contrario, los cadáveres eran quemados. En aquella isla, a pesar de mantenerse durante varios meses bajo control gubernamental, la represión fue salvaje. Durante el tiempo anterior a la entrada de los alzados, se llevaron a cabo numerosos juicios con las consiguientes condenas a muerte a falangistas, militares y sospechosos de simpatizar con los franquistas. Conquistada por éstos la isla, la venganza sería implacable. Bastaba una sola denuncia, aun sin testimonio, para llevar a cabo una ejecución.

Las casi ciento cincuenta víctimas del penal de La Mola serían inhumadas en el cementerio de Mahón. Con el paso de los años, los familiares que reclamaron a los suyos enterraron los cuerpos en nichos del propio cementerio. Los que no fueron reclamados pasaron a ocupar un lugar en un osario común.

Sin embargo, hace tan sólo unos meses, la noticia del descubrimiento por un vecino de unos restos humanos en la zona de Sa Font deis Escalons, próxima al pueblo de Fornells, en Menorca, despertó las alarmas entre los testimonios que afirmaban desconocer lugar alguno de ubicación de fosas comunes. Tras la pertinente denuncia al puesto de la Guardia Civil de Es Mercadal, miembros de la sección de criminología de la Policía Judicial de Mahón exhumarían los restos, que serían analizados por un médico forense en las instalaciones del tanatorio de Ciutadella. Todo indicaba a que se trataban de restos humanos pertenecientes a la guerra civil.

CANARIAS

Sima de Jinámar, Gran Canaria

En un intento de alejarlo de las posibles conspiraciones contra la Segunda República y el gobierno del Frente Popular, en marzo de 1936 el general Francisco Franco fue enviado a Santa Cruz de Tenerife con el mando de capitán general de las provincias canarias y del África occidental española.

Pero por el contrario, la situación de lejanía le sería propicia a la hora de planificar la rebelión militar que asolaría España meses más tarde. Tanto así que en abril de 1936 los conspiradores ya tenían elaborada una lista por todos los pueblos en la que figuraban los nombres de los principales dirigentes republicanos.

Para la mayoría de los que han tratado el tema de la guerra civil, en un principio los cronistas de la «Cruzada» y más tarde historiadores como Salas Larrazábal o De la Cierva, Canarias es mencionada por las efemérides de la salida de Franco hacia Marruecos y poco más, ignorando totalmente la horrenda represión llevada a cabo en las dos provincias y considerando a sus habitantes como adheridos totalmente al Movimiento Nacional.

Días antes del golpe militar; los sublevados tenían bien preparado el plan de exterminio para todo aquel que pudiera suponer traba alguna a sus propósitos. El 14 de julio, el capitán Amado Balmes Alonso, gobernador militar de la provincia de Gran Canaria, muere en extrañas circunstancias. Ciertos sectores de la prensa hacían eco en sus páginas de la noticia. La versión más difundida aseguraba que el capitán había sufrido un desgraciado accidente mientras realizaba prácticas de tiro en el campo de La Isleta. Más tarde se descubriría la trama por la cual se había ordenado eliminarlo. El 17 de julio las Juventudes Socialistas Unificadas convocaron un mitin en el teatro Pérez Galdós para mostrar la adhesión a la causa republicana. Lógicamente, los acontecimientos provocaron su suspensión. El mismo día, con la presidencia de Franco, sería enterrado en Las Palmas el capitán Balmes. Tras el entierro, el avión que los Luca de Tena habían alquilado a los británicos saldría del aeropuerto de Gando con destino a Marruecos. Era el principio, que estuvo a punto de no ocurrir si el día anterior miembros de las juventudes socialistas y comunistas hubieran tenido éxito en el primer intento de atentado contra el dictador.

Desde el primer momento comenzó la desbandada de los republicanos por mar, pero incluso ahí fueron perseguidos por los miembros de la Falange y las fuerzas del orden. Los que detuvieron los devolvieron a tierra. Los más afortunados ingresaron en campos de concentración. Otros fueron entregados en la checa de Falange de la calle Luis Antúnez o en la de Vegueta. El resto, atados de pies y manos, serían arrojados con una soga al cuello y un peso al fondo del mar. Los barcos que navegaban por la zona recogieron multitud de cuerpos.

Lugares como Gando o La Isleta se habían habilitado como campos de concentración pocos días después del estallido del golpe militar, debido, en parte, al hacinamiento de presos en la prisión provincial de Gran Canaria. Ante tal dimensión, el falangista Francisco Naranjo, en una de las reuniones de Falange, aportó una macabra solución: en un paraje cercano a su domicilio, situado en el término de Telde, se encontraba la Sima de Jinámar, lugar propicio por su lejanía y profundidad para hacer desaparecer a alguno de aquellos presos. La propuesta fue asumida por unanimidad por todos los asistentes. Inmediatamente, tanto de la prisión de la capital como de los campos de concentración de Gando y La Isleta comenzaron a sacar a los primeros presos: los que no fueron a la Sima de Jinámar fueron arrojados por los acantilados de Malpaso, Tinoca, Marfea o el barranco de las Lapas, por Los Arenales, o en los pozos de agua de Cardones, Tenoya o Guayadeque.

El 4 de abril de 1937 detuvieron a 28 vecinos de Agaete: obreros y miembros del sindicato de oficios varios en su mayoría. No tenían más delito que figurar en la macabra lista que portaban los falangistas que habían ido a buscarles. Cristina Expósito tiene setenta y un años y no se le borrará de la memoria mientras viva lo sucedido aquel día de abril cuando un miembro de las brigadas del amanecer llamó a la puerta de su casa para llevarse a su padre: «Cuando le dijeron que tenía que acompañarlos se levantó de la cama y se vistió; al llegar a mi altura le pregunté adonde lo llevaban y él me respondió: “Vengo enseguida, mi niña”. Nunca más lo volví a ver». Como tampoco él vio jamás a sus seis hijos: Carmelina, Benedicto, Josefina, Águeda, Auristela, de unos meses, y la propia Cristina.

Cuando la guagua que transportaba a los detenidos echó a andar, la esposa de César Expósito del Rosario emprendió camino hacia la checa de Luis Antúnez, donde llegó incluso antes que ellos. Las torturas y las palizas habían retrasado el viaje nocturno. Aquélla sería la última vez que pudo ver a su marido. Una vez dentro, la sirvienta de un profesor de la capital, conocido de la familia, se encargó de proporcionarle comida durante su estancia en la checa. Así lo hizo hasta que dos días más tarde le comunicaron que aquel grupo ya no se encontraba en las dependencias falangistas. Su destino fue la Sima de Jinámar. César Ubierna es hijo de Cristina Expósito: «Mi madre siempre nos ha hablado de nuestro abuelo y de lo que le ocurrió. Es una mujer valiente que ha seguido siempre los ideales de su padre y nunca ha tenido miedo; incluso cuando el cura de Agaete la llegó a amenazar desde el púlpito. Eso es lo que pasa todavía en una isla. Actitudes que te ponen los pelos de punta, provocadas quizá por el temor a descubrir el papel que la Iglesia tuvo en toda aquella historia: la segunda gran redada que se iba a hacer en Agaete la evitó una tía mía, dirigiéndose a visitar al obispo al frente de los huérfanos producidos en la primera matanza. Cuando se presentó ante él le dijo: “¡Mire, señor, a estos pequeños los acaban de dejar sin padres, y si usted no lo remedia pronto serán más!”. Aquellas palabras impresionaron al obispo, Antonio Pildain y Zapiain, quien había llegado tiempo atrás a Gran Canaria, desterrado por su condición de diputado republicano por la provincia de Vitoria, y logró evitar la segunda masacre que habían organizado, entre otros, el cura del pueblo, el elemento más perverso que ha conocido Agaete. Mi abuelo era el matarife municipal de Agaete. En aquel tiempo, los mataderos estaban controlados por la municipalidad y un funcionario se encargaba de dar la certificación de que los animales sacrificados estaban en condiciones de consumo. Un mes antes de su detención se había negado a matar una vaca tuberculosa a un cacique del pueblo, y ése fue motivo por el cual le denunció, sin importarle que tuviera tan sólo treinta y tres años y media docena de hijos que alimentar».

En Agaete, la cultura popular habla de maldiciones para los verdugos. La miseria cultural resultante ha generado leyendas alrededor de aquellos episodios y la verdad es que en la mayoría de los casos, matones han tenido unas muertes bastante espectaculares. Es curioso asimismo el parecido increíble que guarda la trayectoria de esta localidad con la de Tazacorte, en la isla de La Palma. Los romances las historias sucedidas en aquel tiempo y la tradición oral cuenta también leyendas de las muertes de los verdugos y otros sucesos extraños. Buena cuenta de ello es lo sucedido tras la desaparición de César Expósito y sus compañeros:

«Cuando mi abuela se dirige a la checa por segunda vez le dicen lo mismo: se los han llevado. A partir de ahí surge un personaje un poco mítico. Un pastor que durante aquellos meses había conseguido sacar a varias personas de la sima y, según parece, cuando arrojaron a mi abuelo intentó sacarle también, pero no le fue posible por la profundidad a la que estaba y porque se acercaba la guagua con más víctimas.

»Parece ser que mi abuelo dijo al pastor algo para mi abuela antes de que éste huyese. Cuando ella conoció la noticia, le surgió la duda de si hubiera sido posible que lograse escapar, y se pasó años y años buscando por todos los lados. Le daban falsas noticias de haberlo visto acá o allá y recorrió toda la isla de arriba abajo buscándole. Es en ese tiempo cuando surge la amistad de mi abuela con “el Corredera”, el último hombre ejecutado por causas de la guerra en las islas Canarias y otro de los personajes míticos dentro de la mitología canaria. Aquel hombre fue perseguido por los franquistas, pero gracias al apoyo de la gente que lo escondía y le ayudaba tardaron casi treinta años en apresarle».

Juan García Suárez, «el Corredera», fue detenido y ejecutado a garrote vil en 1959. Los años que pasó oculto en el monte dejaron constancia en los romances que la memoria colectiva le dedicó y que muchos grupos populares han cantado. Se da la casualidad que Juan García era también matarife de profesión en la localidad grancanaria de Telde, municipio en el que se ubica la Sima de Jinámar.

Años antes de la detención de «el Corredera», la principal resistencia de Gran Canaria fue la llevada a cabo en la zona norte bajo la dirección de Fernando Egea Ramírez, el farmacéutico de Agaete, y el diputado comunista Eduardo Suárez Morales. Los detuvieron cuando intentaban abandonar la isla por mar, y los fusilaron el 6 de agosto de 1936 en La Isleta. La mujer de Fernando Egea Ramírez se libró del fusilamiento por su estado de gestación y el hijo que esperaba se convirtió en un prestigioso médico en Kansas City.

Horacio Grande es sobrino del farmacéutico de Agaete e hijo del teniente Grande, fusilado en Las Palmas de Gran Canaria en los primeros días del golpe militar después de un consejo de guerra donde le condenaron por rebelión militar. Horacio es abogado de profesión y desde hace meses estudia la posibilidad de presentar una querella contra los supervivientes de la tenebrosa brigada del amanecer: «El querellante soy yo. No he tenido el valor para pedir a los familiares que sean ellos porque sé que no lo van a hacer. La gente de la zona es muy reservada y la mayoría todavía tiene miedo. Aquellos 3 6 hombres fueron arrojados a la Sima de Jinámar la noche del 4 de abril de 1937: 28 de ellos eran del Valle de Agaete y los otros ocho de Agaete. Ambas localidades están separadas por apenas diez kilómetros. Uno de los familiares supo que su padre yacía en el fondo de la Sima de Jinámar por boca de un compañero de trabajo al que habían puesto una pistola en la cabeza obligándole a llevar al grupo de falangistas y prisioneros al lugar. La orden salió de Eufemiano Fuentes, un millonario fascista fabricante de tabaco que vivió aquí hace años y que después desapareció cuando empezaron a cambiar las cosas. Cuando se casó Carmencita, la hija de Franco, se anunció a bombo y platillo que el único canario que había sido invitado era el tal Eufemiano».

Eufemiano Fuentes fue el jefe de una de las siniestras brigadas del amanecer, grupos paramilitares de triste recuerdo en toda la isla. Junto a Sixto García y algún destacado falangista más ensayó durante los meses posteriores a julio de 1936 salvajes métodos de represión contra los sospechosos republicanos. Quizá lo más nombrado fue lo cometido contra el andaluz Castillo, al que colgaron con dos ganchos de trinchar pescado, metidos por las órbitas de los ojos; o a Juan Moreno, al que arrancaron literalmente los intestinos después de abrirlo en canal. Ambos cuerpos y decenas de ellos más, mutilados y destrozados por las torturas, desaparecieron para siempre por la Sima de Jinámar y en el resto de los lugares elegidos para ello. Muchos de los habitantes de la zona conocieron más tarde los hechos por boca de los propios asesinos, que se jactaban de sus crímenes en las tascas y bares. Otro de los hechos más destacados de las brigadas del amanecer fue la represión llevada a cabo contra el grupo de pescadores de San Pedro de Agaete, que había convocado una huelga marinera que se celebraría en el mismo mes de julio de 1936 y que se aplazó. Después de esto, un grupo de falangistas dirigidos por los propietarios de los barcos de pesca para los que trabajaban, los hermanos Trujillo, detuvieron al grupo de huelguistas para llevarlos a una de las checas de la capital, donde después de una semana de torturas los lanzaron a la Sima de Jinámar. Al barrio del que provenían se le sigue llamando De las Viudas, a pesar que durante el franquismo una orden del gobierno civil lo prohibió.

Pero a pesar de los acontecimientos que se sucedieron cada día, nombrar la Sima de Jinámar no producía el temor deseado por los falangistas, quizá por motivo del halo de mística que la rodeaba. Pero eso cambió drásticamente cuando se conocieron dos desapariciones de otras tantas personas con una enorme popularidad en la isla. El primero sería Ito, futbolista del Marino, y sobre todo la del vigente campeón de lucha canaria, José Florido[7]. Este último, al ser empujado al agujero volcánico, se llevó consigo al fondo al falangista Vicente Palacios, uno de los que le habían detenido.

Con el temor a una investigación de los hechos por parte de los aliados en una hipotética victoria en la Segunda Guerra Mundial, las autoridades grancanarias comenzaron a utilizar la Sima de Jinámar como vertedero municipal, donde se llegaron a verter miles de toneladas de basura y escombros. Incluso se llegó a dinamitar su interior. Otro tanto sucedería con diferentes lugares de exterminio como los pozos de Cardones o Guayadeque, llenados de cal viva o el pozo de Tenoya, que fue sellado por completo. En 1940, el austríaco Heir Mhidould había intentado descender al fondo de la sima, pero el olor emanado por los cuerpos en descomposición del fondo del agujero lo impidió.

Aunque al finalizar la Segunda Guerra Mundial los aliados no intervinieron ni en las islas ni en parte alguna del territorio español, la Sima de Jinámar y los otros parajes utilizados para el mismo fin han sido testigos de las peregrinaciones de los familiares en busca de los restos mortales de los suyos.

En resumen, en la isla de Gran Canaria la cifra de desaparecidos se aproxima al millar, y aunque la mayoría de las víctimas, como queda indicado, lo fueron en el interior de la isla o en los barcos prisión, muchos de ellos desaparecieron en los múltiples intercambios de presos llevados a cabo entre las provincias canarias: 82 de ellos se utilizaron como escudos humanos en las expediciones que transportaban banderas de la falange de Canarias con destino a los frentes peninsulares. Una vez en suelo peninsular desaparecieron.

Al igual que en la provincia de Las Palmas, en Tenerife se habilitaron campos de concentración como el situado en los almacenes de la compañía inglesa Fayffes y prisiones flotantes, donde los presos más destacados eran maltratados y posteriormente arrojados al mar atados de pies y manos en el interior de un saco con un gran peso dentro. Una de las víctimas del experimento fue Luis Rodríguez Figueroa, diputado del Frente Popular, quien conocedor de los planes golpistas de Franco cogió un barco hacia la península con la intención de informar de los planes golpistas al ministro de Guerra. Cuando el barco llegó a Cádiz los franquistas le detuvieron y le devolvieron a la isla el mismo día 18 de julio. Después de torturarle, le llevaron a uno de los barcos prisión en alta mar y lo arrojaron al agua.

Uno de sus hijos, al que apodaban Guetón, era un hombre de gran prestigio entre los pioneros del cine mudo canario y gran amigo del pintor surrealista Óscar Domínguez. Al resto de sus hijos varones el estallido de la guerra les sorprendió en Madrid y se incorporaron al ejército republicano, donde llegaron a tener cargos de responsabilidad. En abril de 1939 huyeron a Francia, donde la familia se volvió a agrupar. Con el dinero que tenían compraron un viejo barco que reconstruyeron aprovechando los conocimientos navales de uno de los hermanos. A bordo de éste llegaron a Venezuela, donde otro de los hermanos llegó a ser instructor de los guerrilleros de Fidel Castro.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz, pertenecía a Izquierda Republicana. El 18 de julio fue detenido e internado en un templo de la masonería de la capital habilitado como prisión. En la sala contigua los franquistas estaban haciendo lo propio con el infortunado Luis Rodríguez Figueroa. José Carlos Schwartz permaneció en prisión hasta octubre de 1936, fecha en la que fue trasladado a algún lugar de Las Cañadas del Teide y asesinado junto a otras autoridades republicanas. Su tumba no ha sido localizada jamás.

En la isla de Tenerife están contabilizadas 123 ejecuciones y una cifra de desaparecidos que se eleva a más de 1.500 personas. El principal período de represión se produjo entre septiembre de 1936 y abril de 1937 con la llegada a las islas del general Dolla Lahoz. En la Gomera, antes del golpe militar, republicanos y fascistas habían dirimido sus diferencias a tiros en uno de los numerosos enfrentamientos laborales. Cuando el Frente Popular llegó al poder en febrero de 1936 amnistió a los acusados. A partir de julio los franquistas dominaban la isla, arrasando cualquier conato de resistencia. Como resultado hubo más de una veintena de víctimas.

En la isla de La Palma se produjeron 170 desapariciones. La cifra es sensiblemente inferior tanto en Lanzarote y Fuerteventura, donde se contaron una treintena de víctimas en cada una de ellas. En esta última hay constancia de fosas comunes en las playas de Salinas y Cofete, en la península de Jandía.

Si lo peor que puede suceder a un país es una guerra civil, en una isla lo es todavía más. En Canarias, como en otras muchas zonas de la península, no hubo frente de batalla, pero eso no evitó que la represión fuese brutal: grupos de matones divirtiéndose a altas horas de la mañana, odios acumulados en el pueblo durante años y un caciquismo cuyos intereses se habían visto amenazados por primera vez durante la Segunda República.

CANTABRIA

Cementerio de Ciriego, Santander

En Capilla, Prisión Provincial de Santander,

30 de noviembre de 1939

Queridísima Pilar:

Por fin llegó la hora fatal en que se va a cumplir una sentencia dictada por la incomprensión. Te escribo unas horas antes de dejar de existir, no para pedirte mis últimos deseos referentes a nuestros hijos, ni para recordarte tantas y tantas ilusiones que quedan truncadas con mi muerte. Te escribo para que sepas que en estos fatales momentos mis recuerdos van hacia vosotros, seres tan queridos a quienes no besaré más, a quienes no veré jamás.

Estoy con ánimos. Nunca se mira a la muerte con tanta valentía como cuando se tiene tan cerca. Pero vuestro recuerdo, por más que hago para apartarlo, no consigo acrecentarlo. Todo cuanto yo pudiera recomendarte a fin de que mis ilusiones para con nuestros hijos llevaras a cabo de sobra. Sé que me conoces lo suficiente para que asilo hagas. También pienso en mis hermanos y en lo que van a sufrir cuando esta noticia llegue a su poder. Además, pierdo la vida el día del santo de Andrés. Esto hará que nunca más pueda celebrarlo porque se le unirán dos aniversarios bien dispares. Escríbelos enseguida para que lo sepan.

A Pepito le deseo mejor suerte que la mía, y a Celes y María, aunque lo sabrán muy tarde, díselo enseguida. A tu hermano, que no os deje nunca y a tu abuela un abrazo.

Saludos a todos los amigos y familiares. Un abrazo muy fuerte para mis hermanos, para los pequeños y para ti. Sólo os pido que todos los años, en este día, tengáis un recuerdo para este padre y compañero que morirá pensando en vosotros.

Ángel

Ésta fue la última carta de Ángel Martínez Ros antes de ser fusilado en las tapias del cementerio de Ciriego. Pilar Landáburu Ibáñez, su viuda, tiene hoy noventa y cuatro años, y es una de las voces que hablan de primera mano de aquellos oscuros años de la historia de España. Su testimonio es contundente:

«Cuando nos conocimos, yo vivía en Renedo de Piélagos. Él había venido a trabajar a la vidriera del pueblo de cortador. Como su padre era encargado en la empresa, vinieron él y otro hermano. Ese hermano también estuvo bastantes años en la cárcel, y después de quedar en libertad, murió. En aquella época empezamos de novios. Ángel era miembro del Partido Socialista, de los de Julián Besteiro, y tenía responsabilidades dentro del sindicato y del partido. En la empresa era el encargado de negociar con el director el jornal de los compañeros. Si había una huelga iba al frente. No solía llevar la vida de los demás obreros: no iba a las tascas porque estaba estudiando, y quería dejar la fábrica para dedicarse de lleno al estudio. Como de momento no le resultaba fácil, lo hacía por correo. Hizo de administrativo y varias cosas más. Tenía grandes inquietudes culturales. Siempre que el tiempo se lo permitía leía. Otra de sus grandes aficiones era la música. Tocaba varios instrumentos musicales. Era el director de la orquesta de música de Renedo.

»Mi marido no era creyente pero yo sí, y nos casamos por la Iglesia. Al acceder a mis deseos de hacerlo demostró que era una persona tolerante. Luego se lo pagaron acusándole de cosas que no se corresponden mucho.

»A consecuencia de su actividad sindical dentro de la empresa, en una huelga llevada a cabo en diciembre de 1930 fue despedido de la fábrica donde trabajaba. Se fue a Barcelona. Al poco tiempo, con la proclamación de la República en abril de 1931, regresó a Cantabria. Fue detenido de nuevo tras los acontecimientos de octubre de 1934 y arrestado en un barco habilitado como prisión. Con él arrestaron a otro empresario de Renedo de Piélagos, Agapito. Las gestiones de éste con algunos conocidos hicieron que quedaran en libertad. Estuvieron muy poco, ocho o diez días, durante los cuales no me permitieron verle. Después de salir del barco, la empresa le despidió. Se fue nuevamente a Barcelona. Con el triunfo de la coalición del Frente Popular en febrero de 1936 los obreros participantes en los sucesos del 34 fueron readmitidos. Volvió a ocupar el mismo puesto que tenía en la empresa anteriormente. Fue una decisión errónea, pues el estallido de la guerra dio rienda suelta a todo el cúmulo de represalias y cuentas pendientes entre patronal y trabajadores. Pocos días después de la entrada de los franquistas en Cantabria fue apresado. Estuvo en el seminario de Monte Corbán, que había sido habilitado como prisión. Allí estaba de ayudante de un capitán pasando lista a los presos, con el privilegio de poder acompañarme cuando me iba hasta cerca de la estación sin que nadie le dijera nada. Como sabía de música hizo un coro con los compañeros de la prisión. Incluso un día, el comandante le llevó a la iglesia a tocar la misa con el violín y otros con armónicas. Eso también le daba algún privilegio».

Buena parte del tiempo que Ángel Martínez Ros permaneció en prisión lo dedicó a ayudar didácticamente a sus compañeros de reclusión en la lectura escritura y las cuatro reglas matemáticas. Los poemas y dibujos que su familia posee dan fe de sus inquietudes artísticas y espirituales.

«Cuando le salió la condena fue trasladado al penal del Dueso, en Santoña. Allí tenía que ir a verle en un camión de la leche, que conducía un chófer amigo nuestro. Para volver tenía que ir a coger el tren andando a la estación más próxima. Incluso a veces tuvimos que volver andando desde Santoña hasta mi pueblo, distante más de cuarenta kilómetros.

»En el Dueso se le acabaron todos los privilegios, hasta el punto que apenas pudo conocer a nuestro hijo, que estaba esperando desde antes de su detención. Al nacer, mi cuñada Fidela llevó al pequeño a la cárcel para que su padre le conociese. Dejó testimonio en sus cartas de lo que sentía cuando veía a sus hijos en la prisión. En el Dueso había un pasillo de guardias que paseaban por el medio. Una vez llevé a nuestra hija mediana a la que él llamaba “pequeña”. Hacía mucho que no la veía y pidió a un guardia si por favor le dejaba dar un abrazo a su hija y éste se lo negó. No pudo soportar más y en mitad de la entrevista se dio media vuelta y se fue. Lo hizo para que no le viésemos mal.

»Íbamos todas las semanas a llevarle comida, una semana yo y otra semana una señora amiga mía cuyo marido también estaba allí. Pero cuando los paquetes llegaban a ellos ya se habían comido la mitad. Cuando me dejaban verle, un carcelero nos vigilaba y apenas podíamos hablar. Pero yo estaba al tanto de todas las noticias por las cartas que introducía ocultas en la ropa sucia. Todavía conservo algunas. Me contaba que comían precariamente. Les daban higos, alubias con gusanos y una onza de chocolate, que era lo que les mantenía principalmente. Dormían en el hueco de tres baldosines, etc. En una de las cartas me pedía que gestionara con algunas personas buenos informes para intentar la conmuta de la pena. Una de esas personas era el cura de Quijano, don Antonio, al que había salvado la vida en los primeros días de la guerra: le querían llevar detenido a la cárcel, pero mi marido tenía amistad con él y lo impidió. A veces hablaban de política. Era un político el cura aquel. Cuando fui a verle no hizo nada. Después no volví a hablar con nadie, porque sabiendo de dónde venía la denuncia previa a la condena sabía que no se la quitaba nadie. Había sido Alfonso Caparrini, el director de la empresa donde trabajaba mi marido. Como él iba a favor de los obreros y contra la explotación, y el otro con que no había que pagarles y que no se podían hacer huelgas, era de los que el patrón no quería. Ése era el enemigo, lo fue siempre. Un gran amigo, Liaño, le denunció también. Un día se presentó en la cárcel y cuando mi abuelo se disponía a saludarle, éste le dio una patada que le partió una pierna. Eran íntimos amigos y a raíz de aquella visita se acabaron muchos de los privilegios que tenía en prisión. Su mujer, Marina, había sido la madrina de nuestra boda. Como me dijeron que había intervenido en la denuncia de Ángel, fui a su casa y admitió que había sido él. Liaño tenía ideas contrarias al resto de los obreros. Pertenecía a la Falange. Incluso años más tarde, cuando fui a pedirle trabajo a la SAM, una cooperativa lechera, el tal Liaño me lo negó diciendo: “¡Los hijos de Ángel Martínez que coman piedras!”».

Una vez sentenciados, llevaban a los presos del Dueso a la cárcel provincial de Santander el día anterior a la ejecución. Les tenían en capilla y a la mañana siguiente salían. Su familia se enteró del cumplimiento de la última pena al recibir una carta escrita desde capilla, que llegó a ellos cuando ya estaba muerto.

«Supe que lo habían sacado de la prisión porque un amigo nuestro, Alfredo, que vivía en la calle Alta, le vio subido a un camión cuando lo llevaban a fusilar. Luego me enteré que estaba en el cementerio de Ciriego. Cuando iba a verlo no dejaban estar en las fosas. Había policías y jueces con escopetas en los primeros años. Todo aquello estaba rodeado de alambrada, no estaba como ahora».

A partir de ahí empieza la vida de una más de las familias de los vencidos en la España del final de los años treinta: «Cuando mataron a mi marido tuve que ingeniármelas para criar a mis tres hijos. Trabajaba en el campo o donde me llamaran. Me presenté en varias fábricas para pedir trabajo y no me lo dieron porque era la mujer de un “rojo”. Así lo hice hasta que mis hijos valieron para ir a trabajar. Por suerte ellos no tuvieron problemas para encontrar trabajo». Como en la mayoría de las familias de los vencidos, el final de la guerra no significaba más que el principio de la victoria, y a la pérdida del ser querido había que sumar los abusos posteriores cometidos por los vencedores. Pilar Landáburu se lo relató así a Antonio Ontañón: «Al cabo de varios años de la muerte de mi marido me trajeron un papel a casa, por el cual me pedían una multa de 3.000 pesetas. Lo traía el criado de Caparrini. Luego vino él en persona para decirme que metiera a mis hijos en un colegio, que él lo pagaba todo. Naturalmente, no accedí a sus pretensiones».

Ángel Martínez Ros fue ejecutado el 30 de noviembre de 1939 en las tapias del cementerio de Ciriego, en Santander. Sus delitos fueron inducir a la muerte de Aurelio Diez Villar, hijo de un boticario, que se había producido el 2 de febrero de 1937 y en la que no participó en absoluto, y por formar parte en una procesión «sacrílega» durante la cual varios individuos vestidos de sacerdotes daban palos a un Cristo. Dicha procesión nunca se celebró. Todas sus acusaciones eran totalmente falsas. En sus cargos también apareció ser el fundador del Partido Socialista de Renedo de Piélagos, delegado del trabajo, asesor del sindicato de la vidriera y de la textil de la fábrica Monte Carmelo, delegado de asistencia social y varios cargos más que había desempeñado desde su llegada a Renedo de Piélagos.

Su muerte trajo la consecuencia que él más temía. Sus hijos, para salir adelante, hubieron de emplearse en las tareas del campo sin poder ir a la escuela, aprendieron a leer y a escribir pasados los años. Pilar, la viuda, no habló durante años a sus hijos de su padre por miedo, miedo a que crecieran con odio. Alguno de ellos ni siquiera había leído los papeles que dejó su padre escritos. La suya es la generación más confusa de la historia de España. El hijo pequeño, íntimo amigo del hijo de Liaño: una paradoja.

En el antiguo cementerio civil de Ciriego existen ocho manzanas, seis de ellas ocupadas por otras tantas fosas comunes. Durante años, los hombres y mujeres sepultados allí permanecieron como desconocidos y así siguen constando en el registro. Además de la muerte física, las víctimas sufrieron también la muerte documental. La desidia del capellán administrador hizo no preocuparse en consultar la identidad de cada uno de ellos en las listas que portaba el jefe de piquetes de Falange que cada día llegaba al mando de uno o varios camiones cargados de víctimas. Sólo la lucha de un hombre, Antonio Ontañón Toca, permitió saber la identidad de cada uno de ellos. En su libro Rescatados del olvido aparecen los nombres y apellidos de todas las víctimas y su procedencia. El resultado lo obtuvo cotejando los datos del archivo de la prisión provincial de Santander en los que aparecen diariamente los presos trasladados a Ciriego o a otros destinos, a los que nunca llegaron.

El día 31 de agosto de 1937, cuatro días después de la entrada de los nacionales en Santander, 90 cadáveres, entre ellos los de dos mujeres y un niño de unos nueve años, se trasladaron al lugar en cuatro camiones e inhumados en la manzana 52. En esta manzana, la asociación que preside Ontañón, Héroes de la República y la Libertad, colocó en 1980 el primer monumento en homenaje a las víctimas. A la muerte del dictador se había empezado a contemplar la posibilidad de construir un monumento y a partir de entonces comienzan a visitar el lugar multitud de familiares. El 14 de abril de 2001 se inauguraron nueve monolitos colocados en el lugar que ocupó hasta hace pocos años el muro frontal que dividía el cementerio civil del católico. En cada uno de ellos «parecen los nombres de 100 víctimas colocados por orden alfabético. Así hasta los 850 que se tienen identificados hasta el momento. Pero hay constancia de que la cifra se eleva hasta las 1.207 personas, contando las últimas víctimas que cerraban la macabra lista: cuatro guerrilleros miembros de la brigada Pasionaria fusilados el 30 de abril de 1948. En total: 90 paseados —los primeros inhumados, víctimas de los paseos de los días posteriores a la entrada de los nacionales y cuyas identidades se desconocen—, tres ahorcados, 21 agarrotados, 82 fallecidos en el penal del Dueso de Santoña, 202 fallecidos en las diferentes cárceles habilitadas en la ciudad de Santander, es decir, Tabacalera, las Oblatas, la Provincial, los Salesianos, cuartel de la Guardia Civil del Campo de la Magdalena, el Alcázar, el seminario de Corbán y la plaza de toros. El resto hasta completar la cifra fueron fusilados contra las tapias del cementerio civil de Ciriego.

A pesar del carácter conservador constatado en las elecciones de febrero de 1936, Cantabria mantuvo su lealtad a la República al estallido de la guerra civil. La indecisión de los mandos militares y la urgente actuación del gobierno republicano para unir Cantabria al frente del Norte junto a Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa fueron las claves principales de la no adhesión a la sublevación militar en Cantabria. En el período que transcurrió hasta la entrada del ejército franquista los sospechosos de pertenecer al bando rebelde fueron recluidos, en su mayoría, en la prisión provincial de Santander, el penal del Dueso en Santoña o el buque-prisión Alfonso Pérez. En este último escenario se produjo el acto más relevante de la represión republicana. En el mes de diciembre de 1936, dieciocho aviones franquistas bombardearon Santander y causaron 68 víctimas. La población, como había sucedido meses antes en Bilbao, se dirigió al barco para descargar su ira sobre la población de reclusos. El resultado fue de 175 represaliados de entre los más de 1.500 presos que componen la colonia penitenciaria. De ellos, 153 los trasladaron al cementerio de Ciriego y los enterraron en una gran fosa de la manzana 51, previamente bendecida. Pero meses después de la entrada de los franquistas en Santander, fueron exhumados, identificados y trasladados a los bajos de la catedral de Santander con todos los honores.

La represión en Cantabria dejó también su señal en lugares como Liérganes, donde algunos testimonios indican que varias de las víctimas fueron sepultadas en posición vertical y con la cabeza hacia abajo; en Pámanes, Penagos, el cementerio de Torrelavega, Valdecilla o Liébana, donde fueron ejecutados varios de los presos de las prisiones cántabras durante los años posteriores a la finalización de la guerra civil.

CASTILLA-LA MANCHA

Cementerio de Talavera de la Reina, Toledo

Hasta hace bien poco, Rosa Muñoz no sabía de la existencia de una fosa común con los cuerpos de 420 mujeres y hombres en el cementerio municipal de Talavera de la Reina, Toledo. «Mataron a gente, a mi tío por ejemplo, por auxiliar a la rebelión, que era como llamaban los alzados contra la República al delito de permanecer fiel al gobierno legítimo. Tres de ellos eran de mi pueblo, Domingo Pérez, y fueron asesinados el 22 de junio de 1938, después de someterlos a dos consejos de guerra a cada uno. Eran civiles, por supuesto. Se llamaban Epifanio Gómez Ciruelos, Ángel Garrido Erustes y Paulino Cuesta Ciruelos, todos de veintiocho años. Ángel dejó viuda y tres hijos de siete y dos años, y Paulino dejó viuda y un hijo de tres años. Su familia ha conservado las cartas que desde la cárcel les escribió a modo de despedida. A su hijo le decía que no odiara, que cuidara de su madre. Y a ella, que no había habido nunca para él otra y que sacara adelante a su único hijo para que fuera un hombre de provecho. Ellas ya no viven pero sí sus hijos y quise sumergirme en esa historia todavía más, ya que he sido criada y educada en esa ideología, en la que cada día a mis cincuenta años me reafirmo más y más. Afortunadamente he encontrado gente que me ha ayudado con eficacia en mi búsqueda, que me ha ido marcando el camino hasta dar con ellos».

Pero en el detonante de la historia de aquellos tres hombres intervino una cuarta persona: Besa Olmedo, uno de los mayores terratenientes de Domingo Pérez. En una comarca de grandes propietarios, todavía hay quien recuerda su actitud caciquil y los constantes enfrentamientos con trabajadores del campo, algunos de ellos obligados a abandonar el pueblo, hartos de una vida imposible en aquel lugar. Allí había tres o cuatro como él, o más adinerados si cabe, a los que sí que respetaron a partir del 18 de julio de 1936, que significó el comienzo, para algunos, del arreglo de diferencias. A las cinco de la tarde del 21 de julio, sólo tres días después del estallido de la guerra civil, decenas de vecinos del pueblo, al más puro estilo fuenteovejuno, estaban decididos a tomarse la justicia por su mano y salieron al paso del cacique. Al llegar a la altura de la plaza del pueblo, un grupo armado, según el testimonio totalmente falso de Adriana Sánchez Cabezudo, mujer de Besa Olmedo, dio muerte a su marido. En la misma declaración habló de unas 70 personas y empezó a enumerar los nombres de todos los que, según ella, participaron en los hechos. De todo ello se ratificó meses después, tomada ya la provincia de Toledo por los franquistas, ante el juez de paz de la localidad, Vicente Sánchez Cabezudo, o sea su hermano. Pero lo cierto es que ese día un grupo de vecinos, encabezados por Celestino Sepúlveda y los hermanos Eugenio y Esteban Polonio Díaz, «el Bolchevique», y armados con palos, horquillas y otros utensilios de labranza, salieron al encuentro de Besa Olmedo. Una vecina de Domingo Pérez, Aquilina Valdiviesa, armada con una hoz, se adelantó al grupo y se dirigió amenazante hacia él. Éste salió corriendo despavorido, saltó una tapia cercana y se metió en casa de un vecino, Alvarado, que abrió la puerta e indicó al grupo perseguidor que estaba allí, en su casa. Una vez apresado fue ejecutado en el lugar. Luego, el grupo de cabecillas se dirigió a Talavera en busca de su hijo, Miguel Olmedo, y un jefe de Falange llamado Juan Garrido que estaba en Zarralgos, muy cerca de Domingo Pérez. Los dos fueron también ejecutados.

En la declaración de la viuda de Besa Olmedo intervinieron también varios fascistas de la zona, que en su mayoría no presenciaron aquel episodio. El informe indicaba que Paulino Cuesta estaba allí, armado con una escopeta de dos cañones, aunque «no se significó mucho». Manuel Hidalgo, «el Faltriquera», denunció a Ángel Garrido. Francisco Colino hizo lo mismo con Epifanio Gómez. Ninguno de los denunciantes tenía nada que ver con Besa Olmedo, y de los verdaderos culpables, tan sólo a Esteban Polonio Díaz le condenaron a 30 años de prisión que no llegó a cumplir.

Los tres acusados fueron conducidos a la cárcel de Torrijos, a veinte kilómetros del pueblo. Sus mujeres se desplazaban allí a menudo hasta que un día les comunicaron que los habían trasladado a Talavera, pero al llegar a la cárcel de la localidad les dijeron que ya no estaban allí y les ordenaron regresar a sus casas. «Posteriormente —se lamenta Rosa Muñoz— nadie investigó, era un momento difícil». Sólo gracias al trabajo realizado durante años por esta mujer; las familias de aquellos hombres han conocido la existencia en el archivo del establecimiento penitenciario Ocaña I de toda la documentación referente a los denominados Disturbios en Domingo Pérez.

«Después de alguna gestión nos dieron vía libre y en una habitación pudimos acceder a esa parte de las vidas de aquellos muchachos. Lo que allí se vivió fue muy emocionante, con el hijo de uno de ellos que hoy tiene sesenta y ocho años y nunca hubiera imaginado poder ver el testimonio de su padre después de tantos años, pues tenía apenas tres años cuando lo mataron. Los funcionarios nos dieron la posibilidad de hacer fotocopias y con ello arrojaron una luz tan terriblemente cegadora sobre lo que pasó, que pone los pelos de punta». Así se sabe que el 30 de marzo de 1937 ingresaron en la prisión de Torrijos donde permanecieron hasta el mes de abril del mismo año, en el que fueron conducidos hacia la fábrica de tinajas de Talavera de la Reina. En febrero y marzo de 1938 les sometieron a dos consejos de guerra donde fueron condenados a muerte. La sentencia se llevó a cabo en la madrugada del 22 de junio del 1938, cuando los entregaron a las fuerzas de la Legión para ser ejecutados. En el telegrama que aparece en el expediente se puede leer: «Talavera de la Reina, segundo año triunfal. Al jefe de la prisión del partido de la plaza. Sírvase entregar al portador de la presente a los detenidos Ángel Garrido Erustes Epifanio Gómez Ciruelos y Paulino Cuesta Ciruelos». Posteriormente, en otro documento, el sargento de la Legión Juan Vega manifestó hacerse cargo de los «tres individuos a los que se refiere la orden para su ejecución».

Una vez consultados los expedientes personales de aquellos hombres, el siguiente reto para las familias, y posiblemente el más difícil en estos casos, fue conocer el sitio exacto donde habían ido a parar sus cuerpos.

«Con los datos que teníamos, nos dirigimos al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Allí, Rafael, un señor encantador encargado del archivo municipal, me indicó que los consejos de guerra se llevaban a cabo en la sala de reuniones del propio ayuntamiento y si, como ponía en el expediente, le habían sacado al amanecer, no había sido para “tomar un café, sino para ser ejecutado”, palabras textuales, y añadió: “No hace falta que busques más, tu tío y sus compañeros están en la fosa común del cementerio de Talavera, que es donde los llevaban”».

Ni en los libros de enterramiento ni en los de defunción figuran los nombres de la mayoría de las víctimas, pero por todos es sabido que los condenados a muerte en Talavera fueron a parar al mismo lugar: al fondo del recinto, cerca de la tapia trasera, el mismo lugar que adecentó durante su mandato el PSOE cuando gobernó en Talavera. Una barandilla de escayola limita la zona, totalmente sembrada de césped. En el centro del rectángulo se colocó un monolito con la inscripción «A los que dieron su vida por la libertad». En la tapia más cercana hay multitud de placas con nombres, fotografías, poemas, fechas, localidades como Belvis de la Jara, Navalcán o inscripciones como Alcalde del pueblo, Secretario del Partido Comunista, Fusilado por republicano, etcétera.

«La primera visita al lugar desde que lo supimos fue muy emocionante. Desde entonces todos los primeros de noviembre visitamos el lugar y depositamos una corona con los colores de la bandera republicana, junto a otra que el guarda del cementerio compra todos los años. Este año, además de las dos coronas, todo el césped estaba cubierto de flores. A veces, cuando nadie me ve, en una esquina, levanto el puño y canto La Internacional en bajito. Entre las placas que los familiares han ido colocando con el tiempo aparecen los nombres de chicos muy jóvenes fusilados entre 1937 y 1943, lo que hace pensar que la fosa permaneció abierta durante años y no fue sellada hasta que no se llenó completamente.

»Los hijos de Ángel han colocado una placa —prosigue Rosa— al igual que Juan, el hijo de Paulino, bajo la cual ha enterrado un ejemplar de la Constitución, donde dice que todos los españoles somos iguales, y una fotocopia de las cartas que ha guardado durante todos estos años como oro en paño. En ellas, su padre se despide de él dos meses antes de matarle. Le dice que no guarde rencor cuando sabía que lo iban a matar. Ahora podemos visitar el lugar donde descansan los restos de los nuestros, aunque mezclados todos supongo, poner unas flores y llorarles por fin delante del trozo de tierra que los acoge, pero lo más triste de todo esto es que la mujer de Ángel falleció hace años sin saber dónde estaba enterrado su marido… ¡Y estaba a tan sólo veinticinco kilómetros de Domingo Pérez! Julia, la mujer de Paulino, se ha muerto hace dos años, también sin saberlo».

La viuda de Paulino Cuesta, que apenas se identificó con ideología alguna, sufrió el horror de las prisiones franquistas durante 11 años. Pero ahí no acabó la historia: la viuda de Ángel Garrido fue una de tantas miles de mujeres a las que raparon el pelo y forzaron a tomar aceite de ricino antes de desterrarla a Valladolid junto a una hermana, cuyo marido tampoco tuvo implicación alguna en los hechos acaecidos en el pueblo. A su vuelta del destierro, no regresó a Domingo Pérez por miedo a las represalias y se instaló en la ciudad de Toledo, donde trabajó durante algún tiempo en el sanatorio antituberculoso, falto de medios materiales y humanos durante los meses de la guerra. Recuerda Rosa: «Allí tuvo que lavar las sábanas de los enfermos, los vómitos de sangre, etc., sin ningún tipo de protección. Por suerte no llegó a contagiarse. A uno de sus hijos, que tenía siete años, lo habían fichado antes de desterrarlo junto a su madre; hoy tiene en su casa una foto ecuestre de Franco. Sus hijos han publicado un libro sobre los desaparecidos en Rusia con la División Azul. A veinticinco kilómetros de su casa no han hecho nada y por el contrario se van a Rusia, claro está, financiados por el gobierno español. Parece ser que cuando los rusos enterraban a los “voluntarios” de la División Azul les ponían una botellita en el cuello con el nombre en su interior, por lo menos tuvieron ese detalle, no como aquí. Han traído a varios con toda la pompa y todo el boato, con tambores incluso para enterrarles como se merecían, aunque bien es verdad que no todos fueron voluntarios, sino que la mayoría eran obligados a incorporarse a filas».

A partir de entonces, la vida cotidiana en Domingo Pérez discurrió con el denominador común de todos y cada uno de los pueblos de España durante los casi cuarenta años de dictadura. Los familiares de las víctimas se cruzaban a diario con sus verdugos, y el obligado saludo, brazo extendido, cuando algún miembro de la Falange asomaba por el lugar. Las consecuencias han llegado, como en el caso de Rosa Muñoz, hasta nuestros días. «Mi hermana, a la que cuidé hasta que murió tras una larga enfermedad, me pidió el día anterior a su muerte que le buscáramos un sitio en el cementerio al lado de una persona buena. Fui al cementerio a mirar las sepulturas vacías y me fijé en una que estaba al lado de la de José Gómez Díaz, al que apodaban en el pueblo “Pepe el alhamí”, una buena persona, muy trabajadora y que no se metió nunca con nadie. Cuando falleció, el 7 de agosto, la llevamos a aquel lugar. Pero la casualidad quiso que el siguiente en morir tras ella fuera Francisco Colino, uno de los que había denunciado a todo el pueblo. ¿Y dónde lo entierran? Pues en la sepultura que quedaba vacía entre la de mi hermana y el pasillo. Desde entonces, las mujeres del pueblo dicen que hay enterrado un ángel junto a un demonio. Aquel hombre acabó trabajando de portero en Talavera, ése fue el premio que Franco dio a los que durante la guerra hicieron “servicios por la Patria”, como él, denunciando a todo un pueblo».

Las palabras de Rosa Muñoz son el testimonio de aquella generación de españoles que, aunque no vivieron los acontecimientos de 1936, fueron condenados a ser «hijos de la derrota»: «A pesar que algunos se empeñen en decir que olvidemos, no podremos jamás. Han sucedido hechos tan amargos que es imposible hacerlo. Es horrible que se llegara a aquel extremo por culpa de aquellos que no supieron admitir, por soberbia, que había gente que no pensaba como ellos».

Desgraciadamente, éstas no fueron las únicas víctimas en Domingo Pérez. En el cementerio de la cercana localidad de Otero se ejecutaron y enterraron 24 personas el 9 de octubre de 1936. En aquel entonces, aquel pueblo contaba con poco más del centenar de habitantes. Entre las víctimas se encontraba Gregorio Polonio, padre del «Bolchevique». En la sepultura puede verse la inscripción: «Aquí yacen Leandro Madrid y sus compañeros. Recuerdo de sus hijos y nietos». En noviembre del mismo año trasladaron a cinco mujeres de Domingo Pérez a Maqueda, las asesinaron en las cercanías del actual hotel Recio del pueblo de Santa Olalla y las enterraron en el lugar. Las víctimas eran: Amparo Díaz y su hermana Julia, madre del «Bolchevique», y tres vecinas más de Domingo Pérez llamadas Catalina, Blasa y Victorina. A Julia Díaz hacía bien poco que la habían dejado viuda. «A su hijo más pequeño —recuerda Rosa— le llamaban “Mangas” por lo que robaba el pobre. Incluso los guardias le permitían robar porque no tenía ni un hogar donde ir, pues en su familia el que no estaba muerto estaba en la cárcel».

En octubre del mismo año, cuando entraron los sublevados en Recas, asesinaron a catorce vecinos y los enterraron a las afueras del pueblo, a ambos lados de la carretera que une la localidad con Toledo.

Sobradamente conocidas son las fosas comunes existentes en localidades como Oropesa, Alcaudete de la Jara, Torrijos, Pepino, Cedillo del Condado, El Torrico o lugares como el cementerio de Ocaña, donde existía uno de los principales penales de España. En otro cementerio, el de Quintanar de la Orden, se erigió hace años un monolito en recuerdo de las víctimas. En el pueblo de La Iglesuela se tiene constancia de la existencia de una fosa común con los cuerpos de diecinueve personas, diecisiete de ellos miembros de la Guardia Civil.

En Albacete se sabe, entre otras, de inhumaciones llevadas a cabo en el exterior del cementerio de Almansa, y en lugares como Hinojosa del Duque, Los Márquez o Puerto Hurraco. Especialmente se recuerdan por su crueldad los hechos acaecidos en Villarrobledo, en la denominada «matanza de Los Barreros», una cantera de arcilla de la localidad, donde más de medio millar de personas sospechosas de republicanas y varios presos procedentes de la prisión de la localidad fueron apaleados salvajemente para ser arrojados por los barrancos y cubiertos por enormes capas de cal. En el fondo del enorme hueco, los lamentos de alguno de ellos, todavía con vida, podían oírse durante horas e incluso días, sin la posibilidad de auxilio por parte de los vecinos.

Las antiguas minas de Puerto Lápice, en Ciudad Real, Almodóvar del Campo o Daimiel son, a su vez, lugares a tener en cuenta en esta provincia. En Guadalajara, las afueras del cementerio de Peñas de San Pedro, Cincovillas o Sigüenza son testigos asimismo de enterramientos clandestinos. En el cementerio del pueblo de Uclés, Cuenca, se tiene constancia de la existencia de varias fosas comunes con alrededor de 2.500 cuerpos pertenecientes, en su mayoría, a excombatientes republicanos recluidos en el antiguo monasterio —hoy seminario— de la localidad. El cementerio de la capital, además de los ejecutados durante el transcurso de la guerra y los años inmediatos, acogió los cuerpos de una docena de guerrilleros antifranquistas, miembros de la AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón), abatidos por la Guardia Civil en una emboscada llevada a cabo el 7 de noviembre de 1949 en el campamento de Cerro Moreno, cercano al pueblo de Santa Cruz de Moya.

CASTILLA-LEÓN

Fosa de Candeleda, Ávila

«Eran las diez de la noche. Nos habíamos acostado ya; estábamos agotadas después de pasar todo el día trabajando en el campo. Cuando golpearon violentamente la puerta de la casa, mi madre saltó de la cama. Recuerdo que eran una docena aproximadamente, todos con las camisas azules, los correajes y armados hasta los dientes con pistolas y fusiles. Al mando iba un famoso vecino de la zona, al que apodaron más tarde el “501”. Nos obligaron a vestirnos deprisa. Cuando salimos a la calle llovía muchísimo. Nos dijeron que teníamos que ir a declarar al pueblo por culpa de una denuncia. Las primeras en subir fuimos nosotras. Más tarde trajeron a Virtudes y a Valeriana, que llevaba en brazos a su pequeña de corta edad, y las subieron a empujones en la camioneta. Don Pedro, el cura de Poyales del Hoyo, nos confesó a todas. Seguramente él ya sabía la suerte que nos esperaba, incluso puede que fuera cómplice en alguno de los casos. Yo, aunque temía que nada bueno iba a sucedemos, no esperaba aquel trágico final. Mi madre se pasó todo el camino rezando. No sé qué extraño instinto hizo cambiar de opinión a alguno de los verdugos, pero unos metros antes de llegar a la vuelta del Esparragal, cerca ya de Candeleda, me dejaron bajar del camión con la pequeña de Valeriana. Corrí hacia mi pueblo sin mirar hacia atrás y me metí en casa. A la mañana siguiente, un hermano de mi madre contempló horrorizado los cadáveres de las tres mujeres al borde de la carretera».

Obdulia Camacho, sesenta y seis años después recuerda con dolor, pero con una entereza encomiable, la antepenúltima noche del año en que España se convulsionaba. Corrían las primeras navidades de la guerra civil en Poyales del Hoyo, pueblecito perteneciente al valle del Tiétar, cercano a la frontera abulense con la provincia de Caceres. El ambiente no estaba para celebraciones por aquel entonces. El clima de terror se había apoderado de los hogares de toda España y en las zonas rurales la sensación de inseguridad penetraba en las gentes con más facilidad si cabe, sobre todo desde que aquellas cuadrillas de falangistas y pistoleros campaban a sus anchas como encargados del orden público.

La noche del 29 de diciembre de 1936, una docena de falangistas, a cuyo mando se encontraba Ángel Vadillo —apodado el «501» desde el final de la guerra por los crímenes que presuntamente cometió durante ella sobre la población civil de la zona—, decidieron salir a limpiar la zona. Aquella noche tocaba algo diferente al resto de las noches de tarea que, sedientos de sangre, venían realizando voluntariamente en muchos casos por los pueblos de la comarca desde el mes de julio.

A las once de la noche las ocupantes del camión eran Pilar Espinosa, de cuarenta y tres años. Se la condena a muerte por leer el periódico El Socialista. Virtudes de la Puente, de cincuenta y tres años; condenada por ser protestante. La historia de Valeriana Granada, la tercera víctima, fue una de tantas venganzas sentimentales al margen de cualquier razón política. Para algunos, la guerra civil llegó en un buen momento para arreglar ese tipo de diferencias. El marido de Valeriana se encontraba en aquel momento luchando en las filas del ejército nacional. Macabro premio para los que luchaban por Dios y por la patria desde julio de 1936. No fue el único. En infinidad de lugares de la zona nacional se ejecutó a padres, madres, hermanos o esposas de soldados que se encontraban en el frente combatiendo en las filas del ejército franquista. Pero la historia venía de tiempo atrás: una vecina de Poyales del Hoyo, antigua novia del esposo de Valeriana, no podía soportar el matrimonio entre ambos. La ocasión era propicia, y aprovechando los buenos contactos que ésta tenía con los miembros de Falange de la zona la denunció, esperando que con la desaparición de ésta sus deseos se verían cumplidos. Evidentemente, no lo consiguió.

Completaban el grupo la hija de Pilar, Obdulia Camacho, de catorce años, y la hija de Valeriana, Heliodora Martín, de dos años. Los falangistas obligaron a Valeriana a bajar a su pequeña del camión y entregársela a Obdulia si no quería que corriera su misma suerte. Nadie se explica el hecho por el cual los falangistas mandaron a las dos pequeñas de vuelta a casa.

Las tres mujeres fueron asesinadas en la vuelta del Esparragal sobre la medianoche del 29 al 30 de diciembre de 1936. Cuentan que a Valeriana le abrieron el vientre para arrancarle el feto, rellenando el hueco con hierbas y maleza. Sus cuerpos estuvieron expuestos durante todo el día al borde de la cuneta. Un vecino de Candeleda las enterró enfrente y colocó una piedra como señal sobre el agujero excavado sobre un pequeño rellano al lado del margen de la carretera. Días después, aquel hombre murió causa de la profunda conmoción que le supuso e] trágico episodio del que había sido testigo. Aquella piedra sirvió de referencia durante años a los familiares para localizar el lugar de la inhumación.

Meses después de los asesinatos, la mayor de ¡as supervivientes, Obdulia, abandonó Poyales del Hoyo para no regresar jamás. Desde entonces reside en Tala vera de la Reina, en Toledo. Según ella: «Nunca he sentido agradecimiento hacia los asesinos de mi madre por haberme salvado la vida. Los he odiado los odiaré hasta el final de mis días». Heliodora también ha tardado casi cincuenta años en volver a su pueblo. A pesar de su corta edad cuando vivió aquello, la huella de la tragedia todavía sigue viva.

En la mañana del 19 de octubre de 2002, un centenar de personas rindieron homenaje a aquellas tres mujeres en la plaza del cercano pueblo de Cándele da, mientras a medio kilómetro de la salida del pueblo comenzaban las labores de exhumación de la fosa común donde reposaban desde hacía sesenta y seis años. A las 11.15 de la mañana aparecieron los primeros restos óseos de las víctimas en la profunda cuneta cubierta con grandes bloques de piedra donde fueron inhumadas. Más tarde, después del informe forense, se supo que eran los restos de Virtudes de la Puente. A su derecha, poco más tarde, salieron a la luz los de Valeriana Granada y más tarde los de Pilar Espinosa. Los objetos personales de cada una de ellas bastaron a los forenses para conocer la identidad de las tres desafortunadas: varias medallas de la Virgen de Regla, un pañuelo al cuello de una de ellas, pendientes y un collar. Mientras, Marcelino Camacho, el histórico líder sindical, observaba con atención la evolución de los trabajos arqueológicos.

Pero aquello no hizo nada más que empezar Sólo en los alrededores de Candeleda se tiene constancia de casi una docena de fosas comunes con más de un centenar de ejecutados, sólo una pequeña parte de toda la provincia de Ávila, donde son conocidos lugares como Arenas de San Pedro, el propio cementerio de la capital, La Parra, Mijares, Palacios de Goda, lugares perdidos de la sierra de Gredos o Aldeaseca, donde reposan trece vecinos de Pajares de Adaja.

Al día siguiente, la alcaldesa de Poyales del Hoyo, Damiana González, manifestó que no había lugar en el cementerio para las tres mujeres exhumadas. Aseguró también que el ayuntamiento no ayudaría a los familiares porque la ley no permitía financiar servicios privados con dinero público. Tras la presión popular y de los medios de comunicación, se desdijo de lo primero pero argumentó que no facilitaría un terreno especial para levantar un monumento a nadie porque entonces cualquier persona podría solicitar uno para su padre o cualquier otro ser querido. Para la alcaldesa, Pilar, Virtudes y Valeriana son tres mujeres más, y sus muertes en nada se diferenciaban de otras. Para ella, era como si hubiesen fallecido de muerte natural, pues afirmó que en los archivos del registro civil no constaban esas defunciones, demostrando su total desconocimiento de la represión franquista en los meses posteriores al estallido de la guerra civil.

Por fin el ayuntamiento otorgó una sepultura y el 1 de noviembre de 2002 un centenar de personas se reunieron en el cementerio de Poyales del Hoyo para rendirles un último homenaje. Una sepultura de segunda mano y sin desocupar, con un crucifijo incluido en cuyo frente llevaba adosada una curiosa placa conmemorativa para los caídos por Dios y por España. Se procedió a enterrar las tres cajas en el ínfimo hueco que la alcaldesa tenía preparado y que no respetaba las medidas necesarias para tal efecto: una vuelta de tuerca más en la decisión de boicotear el entierro por parte de Damiana Fernández, alcaldesa de Poyales del Hoyo. Heliodora Martín, hija de Valeriana Granada, recitó al pie de la sepultura la poesía dedicada a su madre que ella misma había compuesto:

La curva de una cuneta fue la tumba de mi madre.

La arrancaron una noche de su casa y familiares.

Con engaños la llevaron, al moral a declarar, pero cuando allí llegó no había ningún tribunal.

Los asesinos dijeron: «¡Te vamos a fusilar!» y mi madre contestó que quería confesar.

Ella quería decirles, aunque ya se le notara que gestaba una criatura, de cinco meses estaba.

Yo, que tenía dos años y en sus brazos me llevaba, le decía «madre», llorando, y ella a todos suplicaba que la dejaran vivir pues a nadie había hecho nada.

Aquellos tres animales, que no tenían entrañas, dijeron: «Si no la sueltas para ella habrá otra bala».

Y cuando ya dispusieron con aquello terminar vio que no iba sola sino que había dos más.

A las tres asesinaron y las dejaron tiradas, pasando bastante tiempo hasta que fueron enterradas.

Han pasado muchos años, sesenta y seis en total y hay que es el santo de todos las vuelven a sepultar.

Y seguirán las tres juntas pues ya descansan en paz, esta vez en tierra santa, con el pueblo en general.

En el resto de la comunidad castellano-leonesa, en provincias como Burgos, Valladolid o León se suceden los pueblos con enterramientos ilegales. Infinidad de lugares de la provincia de León cuentan con macabros lugares de exterminio, como Algadefes, los pinares de Ocero, sierra de Amado. El Campo de las Danzas o el puerto de Manzanal, lugares recónditos donde fueron llevados varios miembros de las juventudes socialistas de Ponferrada. Puente Castro, Campo del Fresno, La Cenia o los kilómetros 15 y 16 de la carretera Puente Villarente-Gradefes, adonde trasladaban a los presos de San Marcos. Los reclusos de la cárcel de Astorga, ejecutados y enterrados anónimamente en el cementerio de la localidad. Cementerios como los de Cabreros del Río o Valcabado del Páramo; montes como El Rabizo en La Robla, San Isidro, Villadangos del Páramo o Montearenas en Ponferrada, donde hay constancia de más de 500 ejecuciones extrajudiciales; puertos como los de Pajares o Leitariegos, donde a pocos metros de la frontera con Asturias existen dos enormes zanjas con los cuerpos de cientos de milicianos asesinados tras la caída del frente republicano en Asturias. De la misma época datan las docenas de fosas comunes existentes en la comarca de Babia: Valderas, La Collada de Cármenes, Villager de Laciana, Olleros, Villamartín del Sil, Villaquilambre, Pradorrey, Izagre, Viñales, Rabanal del Camino donde hace años fueron exhumados varios cuerpos y trasladados a sus lugares de origen; Gordaliza del Pino, Magaz de Abajo, Monteviejo en el término de Pedrosa del Rey; Coto de Vidanes, Oseja de Sajambre, Noceda del Bierzo, Páramo del Sil, Pórtela de Valcarce, Camponaraya, Casasola, Rodanillo, Santa Cristina o Sobrado son parte de una innumerable lista de trágicos escenarios de represión.

Por el contrario, en pueblos como Villaseca de Laciana, Cabañas de la Dornilla, Piedrafita de Babia, Fresnedo, Priaranza del Bierzo, Toral de Merayo, Urdíales de Colinas, Cañedo, San Pedro de Olleros, Isoba u Onamio se han realizado durante los últimos años varias exhumaciones por la iniciativa de los familiares.

En Palencia existen enterramientos clandestinos entre otros lugares en Baltanas, la carretera de Torquemada a Villamediana, Celada de Roblecedo; en cementerios como el de Dueñas o el de la propia capital; Cisneros, la finca Ramírez en Quintana del Puente, Guardo, Santoyo, Velilla del Río Carrión o en Aguilar de Campoo. En Meneses de Campos se exhumaron en octubre de 2002 los cuerpos de nueve vecinos de la localidad de Valdestillas (Valladolid) que fueron asesinados el 22 de octubre de 1936.

Salamanca cuenta también entre sus poblaciones con parajes de infausto recuerdo, como Castillejo de Huebra, donde yacen varios vecinos de Retortillo, Robleda, el antiguo convento de La Caridad, los cementerios de Peñacaballera o Ciudad Rodrigo, el monte de La Orbada, donde puede haber más de un centenar de fusilados, o las cercanías del pueblo de Terradillos.

El cementerio municipal de la capital y Riaza son también lugares de fosas comunes con los restos de republicanos segovianos.

La provincia de Soria fue la pionera en la comunidad en comenzar con la labor de recuperación de los restos de las víctimas de la guerra civil, posiblemente inducida por la labor emprendida entonces en las cercanas comunidades de La Rioja o Navarra. La mayoría de las fosas comunes se exhumaron a partir de la muerte de Franco, pero algunas de ellas, como las situadas en Alcolea del Pinar o Romanillos de Medinaceli, donde yacen tres vecinos de Barahona, todavía siguen esperando su lugar en la historia.

Valladolid es posiblemente, junto con Burgos y León, una de las provincias de la comunidad donde la represión alcanzó sus cotas más altas. Las tierras de El Carmen, Medina de Rioseco, Montes de Torozos, San Isidro, parajes entre Alaejos y la localidad zamorana de Castrillo de la Guareña, Castromonte, El Campillo, la finca de Velasco en La Revuelta de Rueda, Mayorga de Campos, Mojados o San Román de Hornija esconden en sus entrañas los cuerpos de miles de represaliados. Algunos vecinos de la capital recuerdan un hecho espeluznante que se sucedía a menudo en las tapias de los cuarteles de San Isidro, donde se fusilaba a los sospechosos mientras se montaban romerías en las que el público, en su mayoría compuesto por gentes de la burguesía pucelana, tomaba chocolate con churros mientras contemplaban las ejecuciones. Algunas de las principales señoritas de postín de la capital se citaban previamente en el casino para asistir a los asesinatos. Luego se trasladaban a las víctimas en camiones a las afueras de la ciudad para ser enterrados en fosas comunes.

El cementerio de la capital zamorana, Morales de Toro, Bermillo de Sayago, Fuentelapeña, Pozoantiguo o Villalpando son parajes donde existen referencias de localizaciones de enterramientos clandestinos.

Por último, Burgos cuenta también entre sus poblaciones con lugares trágicos como Aranda de Duero, el cementerio de Valdenoceda, donde iban a parar los presos del penal existente en la localidad; varios lugares de la carretera de Torme (Villarcayo), cuya ubicación se conoce por el testimonio del chófer del camión confiscado que utilizaban para el transporte de las víctimas; La Horra, la carretera de Quintana de los Prados a la altura de Loma de Montija, que cuando se amplió en 1990 llevaron varios restos de sus cunetas al cementerio de Loma.

Un hecho similar se produjo el 1 de octubre de 1992 cuando en Villarte, pueblo cercano a Presencio, una brigada de obras que realizaba los trabajos de ensanche de la carretera Burgos-Roa descubrió los restos de más de un centenar de cuerpos en dos fosas comunes ubicadas en un talud. En Los Púlpitos de Arija, término de Pedrosa del Príncipe, Villatomil, Moneo, Medina de Pomar; el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde se tiene constancia de fosas con casi un centenar de mujeres y hombres; montes como los de Estepar, La Calabaza, La Pedraja, donde hace años se colocó un monumento en recuerdo de las víctimas; Palacios de la Sierra, los 16 de San Felices, San Juan del Monte, donde yacen varios vecinos de Vadocondes; Santa Gadea del Cid o Valcomonte, lugar al que fueron trasladados varios vecinos de Santoyo (Palencia).

El 4 de agosto de 1936, en plenas fiestas patronales de Caleruega, en Burgos, un grupo de falangistas llegó al pueblo en busca de varios hombres de la localidad. A pesar de la oposición del alcalde se llevaron a Agripino Peña Peña, a Silvestre Peña Pérez, a Alipio del Cura Aragón y a su hijo Víctor del Cura Manso en un camión hasta el cruce de la carretera de Silos, en el término de Espinosa de Cervera. Allí les ordenaron bajar del camión y caminar hacia unos matorrales que daban entrada a un bosque de encinas. Dos de los cuatro detenidos se dieron la vuelta hacia sus verdugos, y los abatieron después de un forcejeo. Luego, Alipio del Cura y su hijo Víctor se abrazaron entre sollozos mientras les acribillaban a tiros. Pocos metros más allá habían caído Silvestre y Agripino. De vuelta, un miembro del grupo de falangistas, a su paso por Caleruega, disparó sobre la hija más joven del alcalde de la localidad cuando paseaba con su prometido por las afueras del pueblo. Aquél fue el precio que tuvo que pagar su padre sólo por negarse a que se aplicara la justicia indiscriminada de Falange.

El 6 de septiembre de 2002, José Ignacio Delgado, alcalde actual de Caleruega, nieto de aquel alcalde de 1936, contempló sobre el terreno la exhumación de los restos de aquellos cuatro hombres. Para él fue un día especial. Vio cumplido el deseo de los familiares de llevarles de vuelta a su pueblo.

Las personas que se dan cita en el paraje darían para un guión de película de Buñuel. En primer lugar, la juez titular de Salas de los Infantes, acompañada del sargento de la Guardia Civil de la demarcación empeñados en ayudar en las tareas de exhumación; el alcalde popular de Espinosa de Cervera, municipio donde se ubica la fosa; Fernando Montes y por último el anciano párroco del lugar, don Carlos, que felicitó a todos los que hicieron posible aquel objetivo. «¡Era hora de acabar con esta angustia!», exclamó. En la sepultura común del cementerio de Caleruega rezan los nombres de todas las víctimas de la guerra civil de la localidad, y entre ellos, cómo no, el de la hija del alcalde asesinada aquel mismo día.

CATALUÑA

Cementerio de Lérida

«Mi abuelo se llamaba Josep Domingo Teixidó. Vivía con su familia en Seros, un pueblecito de la provincia de Lérida. A los pocos días del inicio de la guerra civil se incorporó voluntario a las filas del ejército republicano en el frente de Aragón. En Pina de Ebro le cayó una bomba y quedó malherido. Al poco tiempo le recogieron unas chicas de la zona y lo curaron. Luego, cuando entraron los nacionales, regresó a Cataluña. Fue uno de los primeros que atravesaron el Ebro. Pero cuando acabó la guerra lo internaron en el seminario viejo de Lérida que había sido convertido en prisión. Después de juzgarlo fue condenado al destierro a no menos de cincuenta kilómetros del pueblo. Se fue a Vic, en la provincia de Barcelona, hasta que le comunicaron que podía regresar al pueblo. Habían pasado cinco años desde el final de la guerra pero quiso volver allí, aunque su madre, mi bisabuela, no quería que lo hiciese. Al llegar se puso a trabajar en las minas de carbón que había en un pueblo cercano».

Las palabras de Noelia Luque son el testimonio de una tercera generación que no puede, ni quiere, olvidar la lucha de aquellos hombres y mujeres cuyas vidas quedaron marcadas por los acontecimientos que convulsionaron España a partir de 1936 y según sus palabras: «No me mueve el odio ni la venganza, sino la justicia histórica».

Su madre, Esther Domingo Latorre, recuerda con dolor cómo fue la vuelta del destierro de su padre: «Uno de los días, cuando se dirigía a las minas donde trabajaba junto con varios de sus compañeros, se presentó la policía. Les pidió la documentación y luego se los llevaron detenidos. Ya no lo vimos más. Un coche de la policía llegó a casa y registraron todo. Mi madre no sabía lo que estaba pasando, tan sólo le dijeron que lo habían detenido y que se lo llevaban, pero sin decir adonde. Levantaron hasta el colchón de mi cuna para ver si encontraban algo pero no encontraron nada porque nada tenía. Después, mi madre y mi tía fueron al ayuntamiento para ver qué sucedía, pero tampoco les dijeron nada. Más tarde, algunos vecinos del pueblo que habían ido a comprar a Lérida le dijeron que habían visto a mi padre salir de la comisaría acompañado por varios policías en dirección a la cárcel. El les decía que estaba bien, y que eso mismo comunicaran a su familia para que no se preocupara. Al saberlo, mi madre y mi tía fueron a verle, pero no les dejaron entrar. Les dijeron que allí ya no había nadie».

Noelia Luque continúa con el relato, que conoce perfectamente, de lo sucedido con su abuelo en sus últimas horas de vida. A veces puede llegar a imaginar sus últimos pensamientos: su mujer, sus hijas y, por qué no, las nietas a las que nunca llegó a conocer: «Luego, la familia supo toda la verdad: una mujer, encargada de hacer la limpieza en la comisaría de Lérida, era amiga de una chica del pueblo y lo había reconocido. Enseguida le comunicó lo sucedido dentro de aquellas paredes. En uno de los interrogatorios a los que fue sometido le pegaron una paliza que acabó con su vida. Cuando los policías abandonaron la sala, aquella mujer entró en la dependencia y contempló horrorizada la terrible escena. Fue ella misma quien le cerró los ojos. Se lo contó a su amiga y ésta hizo lo mismo con mi madre. Enseguida viajó de nuevo a Lérida y fue a la comisaría, pero de nuevo le dijeron que allí no había nadie detenido. Lo cierto es que se lo habían llevado ya al cementerio. Cuando mi madre lo supo se dirigió al camposanto y preguntó al sepulturero. Después de darle la descripción de mi abuelo, éste le dijo que habían llevado aquel mismo día el cadáver de un hombre con esas características que había sido envuelto en una manta totalmente ensangrentada y enterrado en una fosa común del cementerio».

Esther Domingo tenía, en el momento de la desaparición de su padre, apenas medio año. «Mi madre, años más tarde, se volvió a casar y apenas pudo volver a desplazarse al lugar. La madrina de pila de mi padre, ya fallecida, vivía en Lérida y era la que se encargaba de cuidar el lugar. Llegó a poner una cruz con su nombre y mientras vivió se cuidaba de repasar las letras grabadas en la madera cuando a menudo se borraban. Después de fallecer, uno de sus hijos indicó a mi marido dónde estaba la fosa y el lugar aproximado dentro de ella en el que habían enterrado a mi padre. Con el paso del tiempo han ido poniendo multitud de cruces en el lugar y resulta difícil precisarlo con exactitud».

Debido a su corta edad, apenas recuerda aquellos duros años en el hogar de la familia Domingo tras la desaparición del padre: «Mientras viví en el pueblo no me dijeron nada. Mi madre me contó la verdad cuando yo tenía doce o trece años. Mi padre no había muerto, lo habían asesinado por culpa de la denuncia de varios hombres del pueblo que hoy ya han fallecido. Ahora quiero intentar sacarle de ahí y enterrarlo en un sitio decente, en el pueblo que le vio nacer y en el que estuvo durante su juventud. Quiero que se reconozca la lucha que ha llevado toda esa gente en silencio. Mi padre tenía unas ideas y yo las comparto, y si por ello hay alguien que se ofenda le diré que a mí me dejaron huérfana de padre con apenas seis meses. Pero claro, si él hubiese sido un “héroe nacional” y no estuviera como un perro tirado por ahí, yo hubiera tenido la posibilidad de estudiar una carrera y muchas cosas más. Para nosotros todo esto supone mucho, después de casi sesenta años, y nos ilusiona la idea de poder recuperar su cuerpo algún día, como creo que a tanta gente, pero seguro que hay alguien que intentará que esto no llegue a salir a la luz».

Cristóbal Luque es el marido de Esther Domingo. Este emigrante de origen cordobés recuerda cómo también en su casa sufrieron las terribles consecuencias del principio de la victoria y no de la paz como se promulgaba: «Nos obligaban a cantar el Cara al sol en el colegio y en todas partes. Estábamos marcados y nos pintaban como diablos con rabo y todo. Por contra, los niñitos de Falange tenían un cuarto para ellos solos, con sus libros y los mejores pupitres. Sin embargo nosotros no teníamos nada y cuando preguntabas algo te decían: “¡Tú te callas, rojo!”. Por eso, yo me pregunto: ¿Ésa era la cultura de aquel régimen que pretendía crear un país nuevo y borrar todo lo anterior? Fíjate quiénes eran los maestros: un militar con méritos de guerra o algún destacado falangista. Lógico, a los maestros republicanos y a la mitad de los intelectuales ya se los habían cargado durante la guerra. El hambre y la miseria humillaron a las personas de tal manera que no les quedaban fuerzas para seguir adelante. Todo lo que le cuento sucedió en un pequeño pueblo de Córdoba, la tierra de Niceto Alcalá Zamora y una de las más castigadas durante la represión».

A mediados de octubre de 1944, Josep Domingo Teixidó, que contaba en aquel entonces con treinta y un años, fue detenido junto a una docena de hombres del pueblo. Éstos sin embargo corrieron mejor suerte que él y fueron puestos en libertad. Tan sólo él siguió en las dependencias policiales durante casi una semana. Le acusaron de colaborar con los maquis y de tener en su poder unos planos de un puente, del pueblo, etc. Pero no pudieron comprobar la acusación porque después de buscar no encontraron nada.

En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se retiran de la Francia ocupada y las tropas aliadas toman el relevo de la misión que hasta aquel entonces llevaron a cabo los guerrilleros españoles durante el tiempo de la ocupación nazi. Ante la idea de que cualquier intervención en territorio hispano llevaría a los aliados a acudir en su apoyo y habida cuenta de las noticias que llegaban desde España y que hacían prever un apoyo masivo de la población a una posible internada, comenzaron los preparativos para llevar a cabo una invasión, la cual, después de barajar varias opciones, se realizó por el valle de Arán, lugar estratégico que comunica Francia con España e inaccesible en épocas de invierno. En las últimas horas de Mussolini y Hitler, los republicanos españoles esperaban que los aliados acabaran con la dictadura de Francisco Franco, tal como prometieron. Finalmente, se eligieron 5.000 hombres para iniciar la infiltración en territorio español, aunque ya durante los meses anteriores la frontera fue un lugar de paso de grupo guerrilleros, encargados de suministrar información y crear la red de enlaces interiores precisa para llevar a cabo con éxito la invasión.

Durante el amanecer del 19 de octubre de 1944, cerca de 3.000 hombres iniciaron la ofensiva: 1.500 de ellos lo hicieron por el valle central, ocupando los pueblos de Abusen, Canejan, Pradell y varios más d la zona. En vista del éxito inicial, en principio se res piraba gran optimismo entre los republicanos españoles. Luego comprobarían in situ que la realidad no se ajustaba a lo esperado. El recuerdo de los acontecimientos ocurridos en la zona unos años antes, tras la entrada de los franquistas, caló hondo entre la población, que no dispensó a los grupos guerrilleros el apoyo previsto.

En Viella, donde se había previsto instalar el nuevo gobierno provisional de la República, comenzaron las dudas entre los asaltantes. El hecho de no haber podido conquistar puntos estratégicos y u sospechosa facilidad con la que habían conseguido llegar hasta allí hicieron temer una posible emboscada.

Finalmente, el ataque llevado a cabo por los 40.000 soldados del ejército franquista, reunidos por Moscardó, el héroe del Alcázar, Yagüe y Monasterio y dirigidos por García Valiño, obligaron a los diferentes grupos guerrilleros a iniciar una retirada urgente. Era el 27 de octubre de 1944. Pero no todos alcanzaron el objetivo de cruzar de nuevo la frontera del exilio. Los que no cayeron en un principio fueron hechos prisioneros o fusilados y los que lo hicieron serían, en su mayoría, reclutados por las autoridades francesas para las posteriores guerras coloniales en África o Asia. Pero la represión no sólo se cebó con los guerrilleros apresados. Decenas de ilerdenses como Josep Domingo Teixidó pagaron con sus vidas el simple hecho de ser sospechosos de colaboración con los insurrectos.

Los restos de Valeriana Granada, Pilar Espinosa Carrasco y Virtudes de la Puente Pérez yacían hasta el 19 de octubre de 2002 en una cuneta del paraje conocido como la Vuelta del Esparragal, entre Poyales del Hoyo y Candeleda (Ávila). Fueron ejecutadas el 29 de diciembre de 1936. Al mando del grupo de falangistas que llevaron a cabo esta ejecución se encontraba Ángel Vadillo, conocido como «el 501» porque había matado a ese número de personas.

Josep Domingo Teixidó fue detenido durante los acontecimientos de otoño de 1944 (la invasión del valle de Aran). Acusado de colaboración con los maquis españoles que cruzaron la frontera francesa en esas fechas, fue detenido y torturado en la comisaría de Lérida. Murió a consecuencia de la paliza recibida.

Virgilio Leret Ruiz, capitán piloto aviador, inventor del motor a reacción, fue una de las primeras víctimas de la guerra civil. Detenido el 17 de julio de 1936 en la base de hidros de El Atalayón, cercana a Melilla, fue ejecutado al día siguiente.

José Loza tío González y Pedro Suárez Sánchez, vecinos de Villanueva de la Serena, fueron detenidos en los primeros días del golpe militar y trasladados a la prisión de Cáceres. Posteriormente serían llevados a la prisión de Badajoz y dos años después serían reconducidos a su pueblo, donde un tribunal popular, compuesto por personalidades de la derecha local, los condenó a muerte. La ejecución fue llevada a cabo en un paraje cercano a Medellín, donde todavía reposan, junto a varios vecinos del pueblo.

Bernardo Usabia Jáuregui, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas, fue exhumado en 1978 de la fosa común donde reposaba, en las cercanías del caserío de Pikoketa, cercano a Irún.

De izquierda a derecha empezando por arriba, Rogelio, Francisco, Domingo Rodríguez padre, Amalia López y Sebastián. Abajo, Domingo, Alfonso, Antonia y Consuelo. Salvo Francisco, Antonia y Consuelo todos los miembros de la familia Rodríguez-López fueron asesinados a lo largo de la guerra y posguerra.

Pedro García García, alcalde de Villamediana de Iregua durante el período republicano, fue fusilado en el término de La Barranca de Lardero el 25 de noviembre de 1936. Su hijo, Pedro García, posa delante del monumento colocado en el lugar en 1979. Actualmente el lugar está adecentado y acuden todos los años centenares de riojanos cada 1 de noviembre.

Martín Bas Chozas en una comida campestre. Es el primero por la izquierda. Combatiente en el bando republicano, fue detenido al finalizar la guerra civil y arrojado por las escaleras de la prisión de Miraflores. Ingresado en el hospital, falleció días después. Su cuerpo fue trasladado al cementerio de la localidad.

Alfonso Roca (en el círculo) fue detenido en los últimos días de julio de 1939 e ingresó en la prisión militar de Cartagena, donde había servido como marinero durante la guerra. Había sido condecorado por Alfonso XIII y hasta hace pocos años sus nietas desconocían el lugar donde yacían sus restos: la denominada Parcela X del cementerio cartagenero de Los Remedios.

Javier Rocafort Apesteguía y Romualdo Moriones Belzunegui, vecinos de Sangüesa, fueron trasladados a la prisión del fuerte de San Cristóbal, en Pamplona. Puestos en libertad, a la salida de la prisión un grupo de falangistas los metieron en una furgoneta y los asesinaron en algún punto de la carretera de acceso al fuerte de San Cristóbal. Era el 6 de abril de 1937.

Julio Hernández Hernández, natural de Villena, había sido movilizado para detener el avance de las tropas rebeldes en la zona del Barranco del Toro (Castellón). Falleció durante un combate el 11 de agosto de 1938. Su cuerpo fue enterrado en las ruinas del hospital de campaña habilitado en el lugar. Sus restos todavía no han sido encontrados.

En la lista de las fosas comunes de Cataluña, lugares como Monteada i Reixach, El Bruc o Santa Eugenia de Berga, en Barcelona; Rabos en el Alto Empordá gerundense; Tárrega en Lérida o Gandesa en Tarragona tienen un lugar privilegiado. En lo alto de una montaña de las cercanías de Castellolí (Anoia) se ubica una fosa común con los cuerpos de varios soldados republicanos abatidos de un tiro en la nuca en los últimos momentos de la guerra. En Sorpe (Pallars Sobirá) se conoce la existencia de una fosa común con los restos de ocho republicanos ejecutados por el ejército franquista el 17 de abril de 1939. Por ser los territorios más despoblados, las zonas rurales de Cataluña —como el Pirineo ilerdense— fueron las primeras zonas ocupadas por el ejército franquista en 1938, y se convirtieron en el lugar propicio para cometer todo tipo de desmanes a los vencidos. Un ejemplo claro es Camarasa, donde se tiene constancia de la existencia de una fosa común con los cuerpos de más de 800 soldados republicanos ametrallados. Años más tarde, con el ya señalado intento de invasión por el valle de Arán, las tierras catalanas volvieron a albergar en su seno, esta vez, los cuerpos de los maquis españoles. En Sant Mateu del I Bagés, por ejemplo, yacen los cuerpos de nueve guerrilleros muertos en 1944. Por el contrario, varios guerrilleros caídos en noviembre de 1944 en Santa María de Meií serían trasladados al cementerio de la localidad. La represión dejó también su macabra huella en las cuatro capitales catalanas. En sus respectivos cementerios municipales se ubicaron fosas comunes con miles de cadáveres sin nombre.

En Barcelona la cifra podría superar los 4.000, —gran parte de ellos provenientes de la cárcel Modelo y fusilados contra las tapias del cementerio después del correspondiente consejo de guerra sumarísimo— en el de Gerona, los escasos datos en el registro de defunciones hacen casi imposible aventurar una cifra que se pueda aproximar a la realidad.

En los archivos del cementerio municipal de Tarragona, el eufemismo «orden judicial» es la principal sospecha para incluir una muerte cualquiera en la macabra lista. Las cifras que dejó tras de sí 1930 son estremecedoras: más de 20 ejecutados en abril; 45 en mayo o los 226 de los meses de julio y agosto del mismo año. En el mencionado cementerio de Lérida, en la misma fosa donde reposan los restos de Josep Domingo y en otras situadas dentro del recinto de la capital del Segre, yacen los cuerpos de mujeres y hombres ejecutados desde la entrada de las tropas franquistas en la ciudad hasta muy entrados los primeros años de la dictadura. Se calcula que puede haber más de 800 víctimas. Algunas de las fosas permanecieron abiertas durante más de medio año ante la llegada constante de cadáveres. Sólo cuando las llenaban totalmente eran cubiertas.

Escuchar el testimonio del matrimonio Esther Domingo y Cristóbal Luque ayuda a comprender mejor el porqué su hija ha iniciado la tarea de reconstruir y recuperar la memoria de su abuelo, al que nunca llegó a conocer, pero del que guarda celosamente toda la documentación que ha podido recopilar durante todo este tiempo que ha dedicado a buscar sus raíces. Entre las páginas 302 y 303 del libro Represió a la posguerra civil a Lleida de Mercé Barallat i Barés está escrita la historia de su abuelo, y en las paredes de la casa familiar se ven objetos personales, recortes y fotografías de su etapa de militar enmarcadas.

«Sólo por todo el empeño que ha puesto nuestra hija en honrar a su abuelo, espero que llegue el día en que alguien haga algo por esta y otras familias que han sufrido y sufren las consecuencias de aquella locura». Es su deseo, ojalá puedan verlo cumplido.

CEUTA Y MELILLA

Cementerio de Melilla

«Era importantísimo para los gestores del Alzamiento Nacional la necesidad de hacerse desde los primeros momentos con los aeródromos de la zona española de Marruecos, donde existía cierto personal afiliado a sectas secretas, o de muy marcada tendencia extremista, no siendo temerario calcular que intentasen oponer dura resistencia a que prosperara el Alzamiento, próximo a dar principio para salvar a la Nación de los torpes designios comunistas».

Así es como el historiador Rafael Fernández de Castro y Pedrera, uno de los cronistas de la «cruzada franquista», relata en su libro El Alzamiento Nacional en Melilla, Hacia las rutas de una nueva España lo que sucedió el 17 de julio de 193 6, pasadas las 5 de la tarde, cuando tropas rebeldes atacaron la base de hidros del Atalayón, en la Mar Chica y próxima a la ciudad de Melilla.

«Lo que no dice esa crónica panfletaria —exclama Carlota Leret— es que en ese lugar se encontraba el capitán piloto aviador Virgilio Leret Ruiz, mi padre, jefe accidental de la base, y su esposa, mi madre, la escritora Carlota O'Neill con sus dos hijas, mi hermana María Gabriela y yo. Habíamos llegado de la península hacía quince días y nos encontrábamos en una draga anclada en la base de hidros, en la Mar Chica, para pasar los tres meses de verano. Éramos todo el “personal peligrosísimo” que podía hacer fracasar el glorioso Alzamiento Nacional».

Las tropas que atacaron la base fueron, en primer término, el grupo de regulares indígenas de Alhucema de Melilla número 2, al mando del capitán Guillermo Emperador, y el primer escuadrón de caballería a las órdenes del capitán Alfredo Corbalán Reina. Ante la fuerte resistencia que les presentaron los aviadores, y como no podían tomar la base, se les unió en el ataque el grupo de regulares indígenas de Alhucema número 5, comandados por su jefe, el teniente coronel Francisco Delgado Serrano, y el tabor del comandante, el tristemente célebre Sid Mohamed Mezian Bel Kasen.

Los defensores de la base de hidros del Atalayón no contaron con su flota de aviones porque, por órdenes de Madrid, los motores habían sido desmontados para su reparación. Cuando las municiones de que disponían se les agotaron, los aviadores se vieron obligados a capitular. El capitán piloto aviador Virgilio Leret Ruiz, como jefe de la defensa, protagonizó la acción de rendición con gran sangre fría. Todo el personal con que contó el capitán Leret, y que heroicamente le acompañaron en la acción, fueron los alféreces de aviación Armando González Corral y Luis Calvo Calavia, más los 98 efectivos que se encontraban en ese momento en la base.

Después de esta batalla, que fue la primera de la guerra civil española, al capitán Virgilio Leret y a los dos alféreces que servían a sus órdenes nunca más se les vio con vida. Según los testimonios actualmente disponibles, a los tres los fusilaron al amanecer del día 18 de julio de 1936, supuestamente en las instalaciones de la base. Hay dos documentos que así lo revelaban: uno es el que reposa en el expediente de la muerte del capitán Virgilio Leret, sin firma, pero que lleva el sello del Archivo Histórico del Ejército del Aire, donde se expresa lo siguiente:

Excmo. Señor.

Vistas las presentes diligencias instruidas con motivo del hallazgo de tres cadáveres y acreditándose ser los del capitán D. Virgilio Leret Ruiz y alféreces D. Armando González Corral y D. Luis Calvo Calavia, todos pertenecientes al cuerpo de Aviación, constando la oportuna identificación, sepelio e inscripción en el Registro Civil, procede, conforme a lo prevenido en el artículo 395 en relación con el 396, ambos del Código de Justicia Militar, la terminación y archivo de lo actuado. V. E. no obstante acodará. Ceuta de (ilegible) 1936. Hay un sello que dice Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Ejército del Aire.

El otro documento, que también forma parte del expediente del capitán Virgilio Leret, y que se encuentra igualmente disponible en el Archivo Histórico del Aire, dice textualmente lo que sigue:

Informe secreto político-militar de la zona rebelde de Melilla elevado al Partido Comunista, por el camarada H. Gómez de Fabián, teniente de ingenieros evadido de la zona facciosa el 15 de marzo de 1937. Próximamente, a media tarde del día 17 de julio de 1936, se propagó por la ciudad de Melilla, con versiones alarmantes, que venía sobre la plaza las banderas de la Legión de guarnición en Tahuima y los tabores de Regulares de los acuartelamientos de Sagangan y Villa Alhucema con carácter de sublevación. Momentos después llegó un coche evadido de Nador dándose detalles que la base de hidros de El Atalayón había sucedido un choque. En este sector de Hidros, las fuerzas leales del Gobierno de la República se defendieron heroicamente siendo mandados por el capitán de Aviación Leret y el suboficial Armando González Corral. El capitán Leret fue pasado por las armas al amanecer del día 18 de julio, semidesnudo y con un brazo roto. El suboficial Armando fue pasado por las armas momentos después de haber sido retirado el cadáver del capitán Leret, ambos murieron heroicamente por ser los primeros que cayeron bajo el plomo de los facciosos y al grito de «¡Viva la República!». Ambos fueron enterrados en la fosa común… Hay un sello que dice Ministerio de Defensa, Archivo Histórico del Aire.

«Hay una versión que corrió por Melilla —recuerda Carlota Leret— y que fue la que le contaron extraoficialmente a mi madre, según la cual el capitán Virgilio Leret fue detenido y posteriormente trasladado al fuerte militar de Rostrogordo, donde fue fusilado el 23 de julio de 1936. Por ser la única información que teníamos en ese momento, mi madre la creyó hasta su muerte, y ésa es la versión que hasta la fecha aparece en libros y revistas. Sin embargo, desde mediados del año 2000, he podido conseguir numerosos documentos oficiales que desvirtúan esa versión y he podido descubrir parte de la verdad. En particular, en los documentos que reposan en el Archivo Histórico del Aire no existe constancia ni referencia de ninguna clase de algún juicio sumarísimo que se le haya instruido a mi padre, ni tampoco se hace en ellos alguna referencia a su supuesto fusilamiento en Rostrogordo».

La noche del 22 de julio, su esposa, la escritora Carlota O’Neill, defensora a ultranza del ideal republicano, sólo por el hecho de ser esposa de militar que se mantuvo leal a su juramento, fue detenida y trasladada a la prisión de Victoria Grande, donde la sometieron a dos consejos de guerra y la mantuvieron recluida durante casi cinco años. Continuando con las crónicas del propio Fernández de Castro: «… todos los jueces instructores de la Plaza, y de un modo especial el coronel Don Luis Anel, y el teniente coronel Don Bernardo Gil Pina, tramitaron con destacado celo los procedimientos contra los presuntos enemigos del nuevo régimen, procesos que sin dilación iban sometiéndose al fallo de los consejos de guerra… Es de destacar en esta oportunidad la labor patriótica, abnegada y silenciosa, del comandante auditor Don Eduardo de Luis, que actuó como vocal Ponente de todos los consejos de guerra celebrados a partir de los primeros días del Alzamiento…».

«Según esas crónicas infames y tendenciosas —prosigue Carlota Leret— mi padre era un terrorista, usurpador de cargo, comunista y miembro de una secta secreta. Olvida también Fernández de Castro que el oficial Virgilio Leret, desde los diecisiete años, primero como infante y después como aviador, había estado expuesto a perder su vida por España en múltiples ocasiones en la guerra de Marruecos. Lo que pretende ignorar es que en atención a sus méritos y a los servicios prestados en campaña, el rey Alfonso XIII, entre otras condecoraciones, le concedió tres veces la cruz de primera clase con distintivo rojo, y lo nombró caballero de primera clase de la orden de mérito militar.

»La primera por sus actuaciones en tierra, y la segunda y tercera por sus actuaciones heroicas en el aire. En reconocimiento a su hoja de servicios y a su heroica resistencia en Melilla, el gobierno de la República lo ascendió, a título póstumo, al grado de comandante.

»Hace algún tiempo, uno de los hijos de este cronista demandó judicialmente a Enrique Delgado Jiménez, quien, por decir algunas verdades, había ofendido el honor de su padre. Un tribunal, poco familiarizado con el sentido de la libertad de expresión y con una noción muy peculiar del sentimiento del honor; complació al primero y condenó al segundo. Para ello, pasó por encima de lo que, en una sociedad democrática, debería ser un debate público, franco y desinhibido sobre el pasado reciente de la historia de España, sobre los horrores y sufrimientos a que se sometió a los vencidos, sobre la mañosa tergiversación de la historia por parte de algunos fanáticos empeñados en ocultar la verdad, y sobre el honor de todos aquellos que fueron difamados y calumniados por el mencionado historiador. Sin embargo, el pretendido honor del cronista del franquismo no puede valer más que la honra y la reputación de aquellos a quienes él ofendió. No puede estar por encima de quienes defendieron sus principios con valor y dignidad. En consecuencia, aunque ya esté fallecido, debo acusar a Fernández de Castro de haber falsificado la historia, y de haber humillado, ofendido y deshonrado a los gloriosos militares republicanos que defendieron con sus vidas la democracia y la libertad. En sus desaforadas alabanzas a los franquistas que, durante cuatro décadas, sometieron al terror a los españoles, y que destrozaron las instituciones democráticas, ese personaje distorsionó la historia de España, y utilizó su tribuna para agredir la memoria de quienes no hicieron otra cosa que honrar su juramento y defender la vigencia del Estado de Derecho. Tras la vergonzosa sentencia de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, he decidido defender el honor de mi padre en todas las instancias que sea necesario. El honor es algo demasiado importante como para que sólo sea invocado en defensa de un personaje histórico que se hizo “de notoria relevancia pública y social”, falseando la verdad. Honor se otorga a quien honor merece».

Según el mismo cronista, en la base de hidros del Atalayón: «Generosa y heroicamente se vertió la primera sangre del Ingente Movimiento Nacional de un sargento y un soldado moro». Se olvidó por completo de que allí también se vertió la sangre de españoles que defendieron su juramento de fidelidad a la bandera republicana, como Virgilio Leret y sus compañeros fusilados en el mismo lugar.

«Lo más triste es que a pocos metros nos encontrábamos mi madre, mi hermana y yo, sometidas al abandono y a la crueldad de los cruzados, desconociendo por completo lo que ocurría, y sin tan siquiera podernos despedir de un hombre ejemplar», lamenta Carlota Leret. Tal fue ese desconocimiento, que durante el tiempo en que Carlota O’Neill estuvo recluida, aunque conocía por boca de sus compañeras de reclusión de las torturas a hombres y mujeres y los asesinatos que se iban sucediendo conforme avanzaban los primeros días de la guerra, jamás perdió la esperanza de volver a ver a su esposo con vida, aunque las noticias que conocía día a día no eran precisamente esperanzadoras.

Según el soldado Antonio Granados, detenido por los alzados en el hospital de Melilla el mismo 17 de julio de 1936 y que llegó a ver los cuerpos: «Tenían los rostros desfigurados y algunos los ojos abiertos. No se podía saber el grado militar porque de los desgarrados uniformes habían sido arrancadas las estrellas y los demás distintivos».

Al salir de la cárcel, Carlota O’Neill, conociendo ya lo que había sucedido con su esposo, fue a visitar la tumba sin nombre del cementerio de Melilla que acogía sus restos. Sabía que descansaba allí por el testimonio de la mujer de otra de las víctimas. Sin embargo, en 1944, a pesar que desde 1941 Carlota O’Neill había pedido que se le permitiera comprar su sepultura, los restos de Virgilio Leret fueron arrojados a otra fosa común para que nadie supiera dónde se hallaban. Después de un tiempo de vicisitudes se exilió en México y Venezuela, donde falleció en julio del año 2000. Entre sus obras más famosas está Una mujer en la guerra de España.

Virgilio Leret había nacido en Pamplona el 23 de agosto de 1902. Con quince años ingresó en la academia de infantería de Toledo, a tiempo para participar en la guerra del protectorado de España en Marruecos luchando contra las tropas comandadas por Mulay Ahmed-el-Raysuni y Abd-el-Krim, tomando parte en las principales acciones bélicas. Inició su experiencia como aviador en África, donde permaneció desde 1925 hasta 1927. En 1929, después de cinco años de estudio, obtuvo el título de ingeniero libre mecánico electricista, con la más alta calificación. En el año 1934 formó parte del grupo de la escuadrilla Dornier, y realizó un viaje alrededor de España. Dentro de la impresionante biografía de Virgilio Leret hay un dato muy interesante: el 28 de marzo de 1935 es patentado con el número 1377 × 9, en el registro de la Propiedad Industrial de Madrid, un invento revolucionario para la época. Se trataba de un motor a reacción al que denominó Mototurbocompresor de Reacción Continua. Era tal la repercusión del invento que el 28 de abril de 1936 el mismísimo presidente del gobierno Manuel Azaña, conocedor del avance que supondría para el futuro de la aviación española, le hizo trasladarse al aeródromo de Cuatro Vientos para llevar las riendas de la escuela de mecánicos y realizar los primeros experimentos con este motor. Pero su trágica muerte a los treinta y tres años impidió la posibilidad de que España hubiera sido el primer país del mundo en instalar reactores en sus aviones.

El proyecto de Leret coincidió en el tiempo con el del británico Whitle y el germano Von O’Hain. El de este último, patentado casi a la vez que el de Leret, se puso en funcionamiento a finales de agosto de 1939 con la puesta en el aire del He 178. Tan sólo unos días después, el primero de septiembre, el ejército nazi invadía Polonia, dando comienzo la Segunda Guerra Mundial.

El 1 de febrero de 2001, Carlota Leret se desplazó desde Venezuela, donde reside desde 1949, hasta Madrid para obtener una copia de la patente de invención del motor diseñado por su padre y entregarla al Museo del Aire. Actualmente, toda la documentación del desarrollo y patente del invento está depositada, a disposición de los investigadores, en el

Archivo Histórico del Ejército del Aire, que tiene su sede en el castillo de Villaviciosa de Odón, Madrid.

«Para mí, como para todos los bien nacidos, significa mucho la figura de mi padre y me gustaría que se conociera la feroz represión en Melilla, que tristemente ha sido silenciada por el miedo y por el hecho de que los falangistas, militares franquistas y toda la extrema derecha siguen teniendo el control de Melilla y Ceuta, por supuesto que disfrazados de demócratas». Es el deseo de Carlota Leret O’Neill, la menor de las hijas de Virgilio Leret.

Afortunadamente, ese deseo se verá cumplido próximamente con la publicación, posiblemente en la primavera de 2003, de un estudio sobre la represión en las ciudades con presencia española en el norte de África realizado por el historiador Francisco Sánchez Montoya. En él se reflejan las cifras totales de represaliados desde los primeros días del inicio de la guerra civil en 1936. En la ciudad de Ceuta la cifra se eleva hasta los 268 asesinados. De éstos, unos ciento ochenta y uno los ejecutaron tras consejos de guerra, sacas nocturnas o en el transcurso de la detención en la fortaleza militar de El Hacho y García Aldave. El resto de ellos paseados al amanecer y enterrados en fosas comunes del cementerio de la ciudad. En Melilla las víctimas suman 278. En la prisión del campamento de Alcazarquivir fueron ejecutados dos civiles y dos militares. De los 115 de Tetuán, 71 de ellos murieron en el campo de concentración del Mogote. La cifra la completan los ejecutados extra judicialmente, algunos de ellos procedentes de la localidad de Xaüen.

Larache acumula 79 víctimas, 43 de ellas procedentes del centro penitenciario Nador o de la población de Arcila. Una de las primeras víctimas de esta ciudad fue el interventor general Cristóbal de Lora y Castañeda, al que el golpe militar del 17 de julio —un día antes que en la península— le sorprendió en una obra teatral de beneficencia que, por obligaciones de su cargo, había acudido a presenciar. Al conocer la noticia acudió hacia la Intervención, donde residía, y donde fue detenido por varios militares adeptos al golpe. Trasladado a la prisión de El Hacho, fue ejecutado el 18 de agosto de 1936 y enterrado en una fosa común del cementerio de Ceuta.

Otra de las víctimas fue Diego Jaén Botella, a quien en Melilla conocían como Padre Jaén. Había abandonado el celibato harto de observar la actitud de la Iglesia, que en lugar de apoyar al pobre y al trabajador se volcaba con el terrateniente y el poderoso. Más tarde conoció a Isabel Martínez López, con la que contrajo matrimonio en 1933 y se convirtió en uno de los más destacados sindicalistas de Melilla. Cuando el 17 de julio se conoció el peligro que corrían los más significados personajes de la izquierda, Diego Jaén huyó con otros melillenses y se refugió en una cueva frente al mar. El terror a las consecuencias hizo que, en el mes de septiembre, un marinero que había descubierto su escondite les delatase. Así, aquel capitoste marxista y ex sacerdote de vida descompuesta, como lo denominó el mismo cronista Fernández de Castro, sería apresado y torturado salvajemente. Tras las palizas, con la cara y sus órganos genitales destrozados, le introdujeron en una jaula que colocaron más tarde en el parque melillense de Hernández, donde fue la burla de los fascistas de Melilla que se acercaban al lugar. Cuando le bajaron de la jaula, le llevaron al fuerte de Rostrogordo, donde sería fusilado el 7 de octubre de 1936. Sus restos fueron enterrados en una de las múltiples fosas comunes del cementerio de Melilla.

El último enterramiento ilegal que se llevó a cabo en tierras de África se produce el 20 de enero de 1940 en Tetuán. Por lo general, las fosas comunes existentes en el norte de África se ubican dentro de los cementerios de las localidades. No hubo a nada ni a nadie que temer por parte de los sublevados, pues desde el primer día el control fue total por su parte. En el cementerio de Ceuta existe una fosa común con cerca de ciento cincuenta personas. Tras multitud de insistencias mediante comunicados en la prensa local e intervenciones en programas de radio, algunas de ellas del propio historiador Sánchez Montoya, denunciando a las autoridades municipales el abandono que sufre el lugar, éstas han prometido acometer obras para adecentarla y colocar en ella un monolito que recuerde lo que sucedió en la zona desde el 17 de julio de 1936.

En una situación sin parangón en cualquiera de las demás zonas de España, en los registros civiles del norte de África aparecen los nombres de todas las víctimas; incluso a muchos de los ejecutados en las sacas nocturnas que realizaban los falangistas en Ceuta les hicieron las autopsias y el médico certificaba: «Aparecen siete cuerpos en el depósito tras reconocerlo el médico, todos presentan un disparo en el cráneo con entrada y salida, mortales de necesidad».

EUSKADI

Fosa de Pikoketa, Guipúzcoa

El 11 de agosto de 1936, varios jóvenes republicanos iruneses, pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas, intentaron defender la posición cercana a Pikoketa, desde donde se domina todo el valle de Oiartzun. El grupo, compuesto por chicos y chicas cuyas edades no superaban en algunos casos los diecisiete años, recibieron el escaso apoyo de un reducido grupo de carabineros de refuerzo. Aquella noche, la niebla apenas deja ver que, unos metros más allá, un numeroso grupo de requetés navarros se acercaba. Sin apenas esfuerzo, varios miembros de la columna Los Arcos, al mando del coronel Beorlegui, consiguieron hacer dieciséis presos entre los cerca de cuarenta milicianos que defendían aquella noche la posición.

—¿Quiénes son éstos? —preguntó el mando al llegar a la altura de los detenidos.

—Son prisioneros, mi coronel —respondió uno de los requetés.

—Pues aquí no se hacen prisioneros.

Después de aquellas palabras, aquel asesino —recordaba hace años uno de los voluntarios navarros— los hizo fusilar a todos en un caserón próximo. Un grito de «¡sí, mi coronel!» hizo comprender a Francisco Arocena, uno de los cinco supervivientes del episodio, que la voz no era de uno de los suyos cuando se acercaba entre la niebla a incorporarse al relevo. Entre los milicianos no había en aquel entonces ni cargos ni graduaciones militares. Eso salvó de la muerte a José María Sorreasu, Domingo Arruti Alejandro Colina y Gamarra, que junto a Francisco Arocena fueron los únicos que lograron huir del cerco aquella noche. Hoy todos han fallecido.

«El enclave era un punto estratégico —recuerda Marcelo Usabiaga, hermano de una de las víctimas—, y hasta allí habían llegado los días previos gentes de Cantabria, Asturias y de la provincia para impedir el paso de los franquistas. Aquella posición estaba en el medio del monte, muy separada del pueblo más cercano».

El hermano de Marcelo Usabiaga, Bernardo, de diecisiete años en aquel momento, fue una de las víctimas fusiladas contra los muros del caserío de Pikoketa. Era la primera acción de ese tipo que realizaba y fue la última.

Mercedes López, de diecisiete años, y Pilar Valles, de dieciocho, fueron asimismo ejecutadas. Desde Irún se desplazaban andando monte arriba para realizar las labores de cocina en el caserío, improvisado refugio de los milicianos que defendían aquella posición. En ella se ubicaban tres puestos de ametralladoras que dominaban todo el valle. Los franquistas se habían apoderado de un pueblo cercano, pero carecían de carretera hasta el alto del monte y al intentar subir hacia la posición eran blanco perfecto para los milicianos. Se lamenta Marcelo Usabiaga: «Aquella noche de niebla era su oportunidad y no la desaprovecharon. Al principio de la revuelta, en Irún, las posiciones se habían repartido por el grupo político al que se perteneciera. A los de la Juventud Socialista Unificada les había tocado aquélla. A las Juventudes Comunistas, a las que yo pertenecía, una muy próxima, que era donde me encontraba en aquel momento».

La entrada de los franquistas en Guipúzcoa era cuestión de días. Después de avanzar rápidamente a finales de julio y principios del mes de agosto de 1936, por la carretera de Pamplona a San Sebastián, llegaron a la altura de Oiartzun. El propósito de llegar a Loyola por el monte pasaba por dominar los puntos elevados, como Pikoketa, para controlar así toda la ruta montañosa. Después de hacerlo, el 5 de septiembre consiguieron entrar en Irún y el 13 en San Sebastián. Una vez ocupada la zona por los nacionales, el frente del norte se estabilizó en sus posiciones. El avance de los nacionales continuaría paulatinamente durante los meses siguientes: primero Vizcaya, luego Cantabria, hasta que a finales de octubre de 1937 el último reducto del ejército republicano perdió el control en Asturias, quedando toda la zona cantábrica bajo dominio franquista.

Los recuerdos regresan a la mente de Marcelo Usabiaga, pasando por lugares como Asturias, Santander, Cádiz, Cataluña, Pirineos, frente de Madrid, Valencia, Extremadura, etc.: «Después de la entrada de los franquistas en la provincia, fuimos evacuados hacia Francia, pero algunos de nosotros reentramos en España y nos fuimos a Barcelona. Yo lo hice con toda mi familia y más tarde me fui a luchar al frente de Madrid. Luego volví al norte como pude hasta que cayó Asturias. A finales de octubre de 1937 salimos de Gijón en un barco que iba a la zona de Bretaña, en Francia, pero nos cogió el buque Cervera prisioneros. Por suerte pudimos escapar».

En los últimos coletazos de la guerra detienen a Marcelo en Valencia y le encierran en el penal de San Miguel de los Reyes, a la espera del correspondiente consejo de guerra: «Después de ser juzgado en Valencia, ingresé en la prisión de Portaceli, donde había cerca de diez mil condenados más. Antes de la guerra el lugar era una especie de sanatorio, pero luego había sido habilitado como cárcel. Me cayeron 30 años, pero me fugué. Al mes y medio volvieron a apresarme y me cayeron otros 20 años. Durante el tiempo que estuve fugado había logrado pasar a Francia, pero volví a España. Conocía muy bien el terreno y me fui al pueblo. En octubre de 1934 ya había estado detenido tras los incidentes revolucionarios por ayudar a cruzar la frontera a un hombre asturiano, así que, al mes de llegar a Francia, pasé con un grupo de guerrilleros que cruzaban por Irún hacia el norte con la misión de ir a Guipúzcoa, Vizcaya o hacia Asturias. De los once hombres que componíamos el equipo fusilaron a uno y los demás fuimos detenidos».

En octubre de 1944, recién liberada Francia a manos de los aliados, los republicanos españoles que habían participado en la expulsión de los alemanes estaban eufóricos: «¡Nos comíamos el mundo! Pensábamos que a Franco le echaríamos enseguida, pero luego nos dimos cuenta del error. Aunque la estrategia no dejaba de tener su lógica: si la Segunda Guerra Mundial iba a terminar pronto con los aliados avanzando hacia el norte, y en España no había una revuelta, una oposición seria, los aliados nos abandonarían como lo habían hecho antes en nuestra guerra. El afán era poder situar en España una especie de baluarte para que cuando llegase la conferencia de paz hubiese algo en lo que apoyarse, pero no se pudo».

Una vez apresado de nuevo y condenado lo trasladaron a San Sebastián, y de allí a Zaragoza, Teruel, Puerto de Santa María en Cádiz, Carabanchel en Madrid y finalmente en la prisión de Burgos, donde vivió quince años, su estancia más larga entre rejas: «Durante mi reclusión en Burgos vi sacar a un montón de gente en camiones para fusilar. El gobierno franquista había concentrado allí a partir de 1940 a la mayor parte de los presos que estábamos fichados por comunistas. Yo salí de allí en 1960, pero algunos de ellos, también presos políticos de la guerra civil, no lo hicieron hasta 1965. No nos permitían trabajar, ni nos dejaban redimir las penas como señalaban, por lo que teníamos que cumplir las tres cuartas partes de la condena. Cuando estábamos en período de libertad vigilada, nos lo denegaban porque decían que éramos elementos peligrosos. En resumen: cuando tenía diecinueve años estalló la guerra; a los veintiuno me cogieron preso y estuve otros 21 años en la cárcel. Salí de prisión con cuarenta y dos años, pero afortunadamente llegue a tiempo de casarme y formar una familia».

Si la vida no fue fácil para Marcelo Usabiaga, la de su familia representa el drama de las miles de familias quebradas por la guerra: «A su regreso a España, mis padres no volvieron a Irún y se quedaron en un pueblecito cercano a Hendaya, donde estuvieron un tiempo. Más tarde se instalaron definitivamente en San Sebastián hasta que fallecieron los dos. De sus cuatro hijos, tres chicos y una chica, sólo quedo yo. Mi hermana murió en un campo de concentración en Francia, después de haber sido evacuada desde Barcelona. Una meningitis acabó con su vida. Luego Bernardo, que fue el fusilado en Pikoketa, y por último el hermano más joven de todos, que murió de enfermedad hace unos años».

Después del tremendo drama familiar y la sucesión de los acontecimientos vividos durante todos aquellos años, una deuda quedaba pendiente para las familias de los fusilados en Pikoketa. Éste, sin duda, fue el motivo por el cual, reinstalada la democracia en España, un numeroso grupo de familiares y supervivientes comenzaron con las labores de recopilación de los datos necesarios para poner un poco de claridad sobre aquel oscuro episodio. Corría el mes de junio de 1978: «Aunque el hecho había permanecido constantemente en nuestra memoria durante 40 años de obligado silencio, al morir Franco nos pusimos manos a la obra. Una comisión formada por Felipe López, María Luisa Domínguez y yo, todos familiares directos de las víctimas, contactamos con las nuevas autoridades, el alcalde de Irún, etc., pues, aunque sabíamos por gentes que vivían en el caserío de Pikoketa que habían sido fusilados contra sus tapias, desconocíamos el lugar exacto donde estaban enterrados. Después de muchas complicaciones logramos dar con el paraje. El dueño del terreno nos dio todas las facilidades para llevar a cabo cualquier iniciativa, incluso en un principio se barajó la posibilidad de colocar una lápida en el lugar del enterramiento, pero nuestro principal deseo era trasladarlos al cementerio de Blaya, en Irún, independientemente de que luego se llegara a colocar la placa, como así se hizo».

La localización fue difícil y el tremendo silencio por parte de los vecinos de los pueblos cercanos lo hizo todavía más. La zona del enterramiento, separada a unas dos horas del pueblo más próximo, te encontraba en una especie de vaguada cercana al caserío de Pikoketa. Así lo recuerda Marcelo: «Preparamos todo lo necesario para comenzar los trabajos y empezamos a picar en el lugar aproximado donde nos habían indicado. Después de varias horas comenzaron a salir a la superficie huesos, calzado, monedas y todo tipo de pertenencias que daban testimonio de la matanza. Todos los restos encontrados los introdujimos en una especie de pequeño ataúd, que sellamos una vez concluidos los trabajos y lo trasladamos al cementerio. Las gestiones que habíamos realizado con el Ayuntamiento de Irún para adquirir un nicho en el lugar fueron fructíferas. Las autoridades municipales nos cedieron un mausoleo en el lugar más hermoso del cementerio».

En los días posteriores al traslado y entierro de los restos desde Pikoketa hasta Irún fue colocada una gran piedra en el lugar donde habían reposado durante más de cuarenta años. Sobre ella la inscripción en euskera: «Erahildako askatasunaren aldeko borrokalariak», que traducido al castellano viene a decir: «A los que lucharon por la libertad» y que recuerda aquel episodio, el final de dieciséis jóvenes víctimas de la barbarie que asoló España en 1936.

El historiador Iñaki Egaña señala lugares de enterramientos clandestinos donde reposan los restos de mujeres y hombres fusilados en su mayoría tras la entrada de las tropas franquistas en la provincia. Cuantitativamente, lugares como Hernani y Oiartzun acogen en su seno los restos de más de cuatrocientas víctimas de las 1.100 contabilizadas en toda la provincia según los datos que aparecen en los seis voluminosos tomos de que consta su obra Guerra Civil en Euskal Herria.

En Hernani y Oiartzun se organizaron pelotones de fusilamiento formados por hijos de familias adineradas que veraneaban en San Sebastián, y que se presentaban voluntarios. De esta forma muchos de ellos evitaron ir al frente. Los fusilamientos en la Cuesta de la Muerte de Hernani eran los domingos a mediodía. Algunas personas de clase alta, después de ir a la misa dominical, se dirigían al lugar para ver a sus hijos fusilando presos. Luego eran trasladados a una gran fosa común en el cementerio de la localidad. Añade Egaña: «Una mujer que trabajaba en el camposanto recordaba hace bien poco cómo rebuscaban en los bolsillos de los muertos alguna documentación que los identificase para avisar a sus familiares».

Salvo en la fosa de la Cuesta de la Muerte, todas las víctimas en Hernani están identificadas. La mencionada fosa común del cementerio de la localidad es quizá la más numerosa de la provincia. En el lugar se colocó hace años una placa en memoria de los ejecutados extra judicialmente. En ella reza el texto «La sangre de los demócratas es semilla de Libertad».

Según Egaña, las fosas existentes en Guipúzcoa son de pequeño tamaño, de no más de ocho o diez personas, salvo en Hernani y Oiartzun. Se tiene constancia asimismo de fusilados en la capital, en lugares como las marismas de Amara, la zona de la fábrica de Gas o el Puente de Hierro: «En los alrededores de Polloe se fusiló a la mayoría. Otros lugares localizados están en Deskarga, en el cruce de la carretera de Zarautz y Orío, en dirección a Ala. En este mismo lugar habría varias más. En Ataun, en la subida a Lizarrusti, unos leñadores fueron obligados a cavar la fosa común amenazados con ser asesinados. En el tramo guipuzcoano de Etxegarate, en Aritxulegi, Tolosa, Lazkao o en Aia». Otros lugares como Beasain u Ordizia, localidades cercanas a la carretera que conecta Navarra con Guipúzcoa, por la que avanzaron las tropas franquistas en su entrada en Euskadi, son a la vez ubicaciones de multitud de fosas comunes, al igual que el Monte Albertia, Éibar, Morlans o Elgóibar.

Quizás el primer descubrimiento de una fosa común en Euskadi fue el que se produjo en 1960 en la localidad de Oiartzun, en un paraje conocido como Katin Txikia, junto al kilómetro 14 del camino de Artikutza, donde fueron descubiertos los restos de al menos ocho personas fusiladas en los primeros meses de la contienda.

Ya en fechas más cercanas, el testimonio de Martín Ibarguren, un vecino de Ordizia de ochenta y dos años, llevó en el mes de septiembre de 2002 a los miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián a descubrir la ubicación exacta de una fosa común en Zaldibia en la que se encontraban los restos de dos muchachos, vecinos presumiblemente de la localidad guipuzcoana de Andoain. El padre del testigo de los hechos, alcalde entonces del pueblo, había sido informado por el juez de paz de la aparición de los dos cuerpos y posteriormente obligado a darles sepultura en un pinar de las cercanías. El día 11 de septiembre de 2002 se procedió a su exhumación y traslado al cementerio de la localidad. En el mismo mes, un grupo de espeleólogos dirigidos por el médico forense Francisco Etxeberría descubrió en una sima cercana al barrio de Bedoña, en la localidad de Arrasate, varios restos pertenecientes a dos jóvenes ametrallados el 25 de septiembre de 1936 por una columna del regimiento de Flandes número 6, procedente de Vitoria. En 1971 un grupo montañero local, Besaide, había descubierto uno de los cráneos, pero las autoridades municipales instaron a sus miembros a olvidar del tema. En 1985, otro grupo de espeleólogos sería el encargado de descubrir el segundo de los cráneos. Ambos serían depositados en las instalaciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

En Álava, además de las víctimas producidas por las fuerzas italianas aliadas al ejército franquista, en localidades como Azazeta y Koartango se tiene referencia de la existencia de varias fosas comunes. Asimismo, la prisión de Nanclares de Oca fue durante los años posteriores al fin de la guerra escenario de múltiples ejecuciones. Los cuerpos de las víctimas se inhumaron en el cementerio de la localidad.

En Vizcaya, último reducto republicano en Euskadi hasta finales de junio de 1937, cientos de mujeres y hombres sufrieron los consejos de guerra sumarísimos, sin apenas posibilidades de defensa. A la inmensa mayoría los fusilaron contra las tapias de cementerios como los de Orduña o Derio e inhumadas en su interior. Asimismo, una gran parte de las bajas se produjeron tras la ofensiva total de las tropas franquistas en la provincia y por ello hay fosas en distintos lugares del frente de batalla.

EXTREMADURA

Fosa de Medellín, Badajoz

En los últimos días de agosto de 1936, John T. Whitaker recogía en su crónica diaria de guerra en el New York Herald Tribune, para el que trabajaba, unas declaraciones que muestran de primera mano la magnitud de la matanza llevada a cabo en Badajoz por las tropas dirigidas por el teniente coronel Juan Yagüe Blanco. A las preguntas del periodista, el mando militar declaraba: «Naturalmente hemos matado en Badajoz, ¿qué suponía usted, que íbamos a llevar miles de prisioneros “rojos” con mi columna teniendo que avanzar a contrarreloj? ¿O iba a dejarlos vivos en la retaguardia para que Badajoz fuera “rojo” otra vez?». Por la misma época, Mario Neves, periodista portugués, abandonó horrorizado Badajoz y escribe en su página del Diario de Lisboa, posteriormente censurada por el gobierno salazarista:

«Acabo de ser testigo de auténticas escenas de desolación y horror de las que no me olvidaré mientras viva. Cerca de los establos de la plaza de toros de Badajoz todavía pueden verse muchos cuerpos yaciendo como resultado de la implacable justicia militar. En las avenidas principales de la ciudad, una no muy larga mirada, como la que he echado esta mañana, muestra una larga hilera de cadáveres insepultos tirados allí. Los legionarios extranjeros y las tropas moras que están encargadas de las ejecuciones quieren los cuerpos en las calles para que sirvan de ejemplo, consiguiendo el efecto deseado».

De los casi cincuenta mil muertos que dejó la guerra a su paso por Extremadura, quizás el episodio de la entrada de los franquistas en la ciudad de Badajoz, al que se refieren las crónicas, marcó sin duda un hito en la historia de la represión y fue el principio de, a la postre, un genocidio que impactó al mundo entero. Sólo en la plaza de toros, donde concentraron a los presos capturados por los militares y las tropas moras, conforme avanzaban por la ciudad, murieron acribillados por las ametralladoras instaladas en los tendidos cerca de dos mil personas, tan sólo entre los días 14 y 15 de agosto de 1936. Incluso alguno de los soldados moros, emulando el toreo, se dedicó a la sangrienta tarea del banderilleo y estocada de algunos prisioneros, espectáculo macabro que dejó de practicarse con la muerte de uno de ellos a manos de los presos. El resto de las víctimas, hasta llegar a la cifra aproximada de cuatro mil, fueron fusiladas, en su mayoría, en tandas de 50 y 100 presos por día contra los muros del cementerio de Badajoz. Estos cuerpos, junto a los de la plaza de toros y los primeros muertos que se produjeron cuando entraron los sublevados en la capital, se hacinaron en espeluznantes montones, que rociaron de combustible y quemaron. Pocos días después, siete destacados republicanos, entre los que se encontraban el alcalde democrático de la capital, Sinforiano Madroñera, y el diputado socialista Nicolás de Pablos, serían fusilados asimismo contra las tapias del cementerio, tras ser devueltos por el gobierno portugués de Salazar. En el lugar de los enterramientos fue colocado un monolito en 1987.

Pero las ejecuciones en la zona no habían comenzado ahí. Desde los días inmediatamente posteriores al estallido de la guerra, numerosos pueblos de Extremadura fueron testigos de las primeras luchas por hacerse con el control de las respectivas zonas. En Villanueva de la Serena se produjo durante las primeras escaramuzas la muerte de dos guardias civiles de la localidad. Posteriormente, entre los días 19 y 24 de julio, 60 vecinos serían detenidos. En el grupo se encontraban varios miembros de la corporación municipal y las personas más significadas con la izquierda en el pueblo: el alcalde, el teniente de alcalde y varios concejales de izquierdas. El capitán Gómez Cantos envió fuerzas al ayuntamiento en busca de los dirigentes locales, que serían detenidos inmediatamente y encarcelados. Más tarde, por separado, fueron deteniendo a todos hasta llegar a la cifra de 60. Los más significados políticamente fueron encerrados en un acuartelamiento militar al que llamaban La Zona, donde en su día se sorteaba a los quintos. El otro grupo, más numeroso, estaba formado por personas del pueblo sin relevancia política, siendo detenciones más bien aleatorias. A estos últimos los encerraron en un habitáculo del ayuntamiento.

«Cuando la Guardia Civil fue a detener a mi abuelo, éste tenía a su pequeña de año y medio en brazos. Aquel bebé era mi madre. A las cinco de la tarde, después de cruzarse unas palabras, se lo llevaron. Los guardias salieron de la casa pegando tiros al aire para que no se asomara ningún vecino a la calle», recuerda Orfeo Suárez, primo de Juan Diego Lozano y nieto de uno de aquellos hombres. El abuelo común de ambos, Pedro Suárez, tenía entonces cuarenta y cuatro años, y José Lozano, cincuenta y tres. Este último era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y abuelo paterno de Juan Diego Lozano, que emparentaba también con otro de los detenidos, Fermín Guisado Sánchez, hermano de su abuela paterna y concejal del mismo ayuntamiento. En las elecciones de febrero de 1936, la candidatura del Frente Popular había ganado las elecciones con amplitud en la práctica mayoría de los ayuntamientos de la bolsa de la Serena. Quizá por ello, en los pueblos de la zona no se produjo una sublevación inmediata, salvo en Villanueva, pues el capitán del puesto de la Guardia Civil, Gómez Cantos, se había sublevado con el apoyo de los falangistas del cercano pueblo de Miajadas.

«Durante el traslado del numeroso grupo de presos desde Villanueva de la Serena hasta la prisión de Cáceres —añade Juan Diego Lozano— los falangistas de Miajadas dispararon contra alguno de ellos, pero el capitán Gómez Cantos, palabras textuales, dijo: “¡No los matéis, que éstos pueden ser los que nos salven mañana!”. Y efectivamente, se tiene constancia que se produjeron cerca de media docena de canjes de prisioneros del grupo de detenidos durante los meses posteriores». El grupo de presos, salvo un asesinado y tres huidos durante el traslado, permanecerían en la prisión provincial de Cáceres hasta el 8 de agosto de 1938. Durante ese tiempo, uno de los detenidos fallecería, tres serían liberados y once canjeados. Trasladado el resto de los detenidos a la prisión provincial de Badajoz, ocho serían liberados. Un mes después, el 8 de septiembre, el grupo compuesto entonces por 33 hombres fue subido en camiones y trasladado de regreso a su pueblo.

Aunque no solía ser práctica habitual, aquel grupo de detenidos sería conducido de nuevo a Villanueva de la Serena. Es muy probable que, como en otros casos similares, hubiera una orden de libertad para ellos desde la penitenciaría. Pero en el momento que se daba a conocer la orden de libertad, los detenidos eran presas fáciles para los falangistas y guardias civiles, verdaderos encargados del orden público en la retaguardia, que con una absoluta impunidad se encargaban de hacer justicia, su justicia. En el certificado de penales de uno de los detenidos aparece la entrada y posterior salida de prisión tanto en Cáceres como en Badajoz, pero tras la salida de esta última consta como «entregado a las Fuerzas de Orden Público, sin constar a qué prisión fue trasladado».

Durante sus dos años de ausencia los acontecimientos en Villanueva se habían sucedido de diferente forma a como ellos lo habían dejado. Se lamenta Orfeo Suárez: «Desgraciadamente, para el transcurrir de los hechos, tan sólo unos días después, el 25 de julio de 1936, los republicanos tomaron de nuevo la zona». Casualmente, dos años después, el 25 de julio de 1938, cayó definitivamente toda la bolsa de la Serena, desde Villanueva y Don Benito hasta el sur y las zonas fronterizas de Córdoba y Ciudad Real.

Los camiones cargados con los presos llegaban a Villanueva de la Serena y hacían noche en el calabozo de la localidad. «Cuando llegaron —recuerda Juan Diego Lozano—, a mi abuela apenas la dejaron acercarse al camión donde llegaba mi abuelo después de dos años sin poder verle». De aquel primer grupo de 60, la cifra se había rebajado a 33 después de un cautiverio que había durado más de dos años.

Al día siguiente, las nuevas autoridades municipales de Villanueva de la Serena habían organizado una especie de juicio popular, sin juez alguno y formado en su gran mayoría por varios familiares de algún represaliado por el bando republicano durante los dos años de control gubernamental. Con total parcialidad, todos los componentes del grupo de acusados fueron condenados a muerte. Al parecer, el alcalde aceptó de buen grado el hecho de que los matasen; ahora bien, que lo hiciesen fuera del término municipal. De esta forma subieron a los condenados de nuevo a los camiones, ante la presencia de sus familias y los sacaron fuera del lugar. «A las familias —dice Juan Diego Lozano— no les dejaron ni recibirles cuando llegaron ni más tarde despedirse. Sus mujeres y sus hijos contemplaron cómo se los llevaban de nuevo en los camiones en el que sería su último viaje». Algún vecino de Villanueva de la Serena recuerda cómo la abuela de Juan Diego Lozano, Lorenza Guisado, mujer y hermana de dos de los condenados aquel día, intentó sin éxito hacer llegar a su marido una pastilla de chocolate y un guardia se lo impidió al grito de «para donde va no le hace falta».

El tétrico camión arrancó dejando atrás los vítores de los más exaltados del pueblo y las lágrimas silenciosas de los familiares a los que no volverían a ver jamás. Apenas catorce kilómetros después, al llegar a las proximidades del pueblo de Medellín, el camión se detuvo y los detenidos fueron conducidos a una loma cercana al borde de la carretera. Allí, posiblemente después de hacerles cavar su propia tumba, fueron fusilados todos ellos, ante la atenta mirada de algunos vecinos de Medellín y un reducido grupo de falangistas de Villanueva de la Serena. La versión y la ubicación aproximada del lugar hubiese sido imposible de no ser por el testimonio de un vecino de uno de los condenados que se encontraba vendimiando en un paraje cercano y pudo oír los disparas de fusil y los tiros de gracia que posteriormente dieron los verdugos a sus víctimas.

Para la familia Lozano, al drama del asesinato de su abuelo habría que sumar las posteriores calamidades típicas de aquellas familias del bando derrotado: «Mi padre, al que debo mi nombre —recuerda Juan Diego Lozano—, se fue de voluntario a combatir al frente cuando entraron los republicanos de nuevo. Tenía diecisiete años y pertenecía a las Juventudes Socialistas Unificadas. En las filas del frente republicano llegó a ser comisario político. Estaba en Madrid cuando entraron los franquistas e intentó salir hacia Rusia, en una ocasión en que los soviéticos solicitaban voluntarios para formarlos como aviadores. Pero no pudo irse porque la carretera de salida hacia Alicante estaba cortada y se tuvo que quedar allí. Pocos días después fue descubierto, detenido e internado en el campo de concentración del campo del Rayo, que era el lugar donde metían a la mayoría de los que estaban por Madrid. En el tiempo que estuvo recluido allí, mi padre contaba que apenas paró de llover, y como aquel campo de concentración era provisional y apenas había lugar para cobijarse, casi se mueren helados. Cuando lo dejaron en libertad tuvo que cumplir tres años de servicio militar aunque pasando por cárceles como Zaragoza o Málaga».

No fue el único, añade Orfeo Suárez: «Uno de nuestros tíos, José Suárez, estuvo también en un campo de concentración que había en Mérida. Cuando salió en libertad, su madre, nuestra abuela, se las tuvo que arreglar para eximirlo del servicio militar. Para ello tuvo que declarar que era viuda y por lo tanto inscribir a nuestro abuelo en el libro de defunciones. De ahí que su muerte esté documentada, en lugar de en 1936, en 1943, fecha en la que se hicieron los trámites. En la causa de fallecimiento no consta como muerto en acto de guerra ni nada por el estilo, sino que aparece como muerto por causas naturales. Así estuvo hasta 1979, fecha en la cual se demostró que efectivamente su muerte no había sido producida por lo que constaba en el papel».

Efectivamente, gracias a las gestiones realizadas por la viuda de Pedro Suárez, se llegó a conocer que la causa 4 × 51/39, en la aparecen imputados el grupo de detenidos de Villanueva de la Serena, había sido sobreseída con fecha de 11 de noviembre de 1943, conociéndose así que aquella acusación de la muerte de los dos guardias civiles ocurrida en julio de 1936 era falsa, pero la anulación de la condena llegaría más de cuatro años después del fusilamiento. Por el contrario, del juicio popular y de su sentencia condenatoria no ha quedado constancia alguna ni en el ayuntamiento ni en los archivos militares. En 1979, durante el gobierno de Suárez, y gracias a una serie de documentación conseguida a duras penas, las dos viudas cobraron una indemnización económica por la pérdida de sus maridos. Quizá Juan Diego Lozano haya tenido aquel drama mucho más presente porque es natural de Villanueva de la Serena.

El hecho de que Orfeo Suárez viviera en Barcelona con su abuela materna, que apenas le comentó lo ocurrido, no ha impedido que tenga presente sus orígenes y junto a su primo y varios familiares más se hayan planteado exhumar a sus antepasados: «Queremos reparar, aunque sea moralmente, sus nombres. Obtener de alguna forma el reconocimiento que entonces se les negó. Nuestras abuelas murieron, una de ellas con noventa y cuatro años, sin saber dónde reposaban sus esposos, pero sin duda, para los hijos que todavía viven, el hecho de poder recuperar los restos de sus padres sería maravilloso, después de una vida llena de sufrimientos y calamidades, de dos familias con cinco hijos cada una y una viuda en cada casa, las cuales tuvieron que trabajar muy duro para sacarles adelante. Quizá también ha influido el hecho de que en nuestro pueblo los muertos del bando nacional tengan grandes nichos y hasta hace poco dos cruces con todos sus nombres bajo la famosa frase de “Caídos por Dios y por España”. Una en la iglesia y otra en las escaleras del ayuntamiento. Los del bando republicano, sin embargo, están en multitud de fosas comunes sin nombre ni cementerio».

En los años posteriores al suceso, el miedo se había adueñado de la inmensa mayoría de los vecinos de Villanueva de la Serena, siguiendo la tónica general del resto de España. En cuanto los acontecimientos lo permitieron, las familias empezaron a hacer algunas gestiones para intentar conocer el lugar exacto. Así, hace más de veinte años, los hijos de Ángel Barrante Álvarez, Francisco Casa Díaz, Pedro Hidalgo Sánchez y José Hidalgo Santo, cuatro de los ejecutados aquel día, intentaron por sus medios dar con el lugar del enterramiento y llegaron a hablar con un hombre que conocía el lugar concreto. Con los datos que recopilaron elaboraron una especie de plano con el punto aproximado: el paraje, a las afueras de Medellín, se encuentra al otro lado del río que baña la localidad en dirección a Santa Amalia, en una zona conocida como la sierra de la Fuente. En uno de los cerros que existen en el lugar, debajo de tres árboles, puede verse el terreno donde se ubica la fosa ligeramente más hundido que el resto. La zona está cercada y se utiliza para el engorde del ganado vacuno. «Posiblemente —añade Juan Diego Lozano— esto no será impedimento para llevar a cabo los trabajos, pues a la dueña de la finca no creo que le agrade tener aquello allí. Vive en Madrid y posiblemente nunca haya visitado las propiedades que posee en el pueblo».

El pueblo de Villanueva de la Serena, que contaba en aquel entonces con 20.000 habitantes, pagó caro las consecuencias de la guerra con casi cuatrocientas víctimas. Por su parte la brutalidad del, por entonces ya, teniente coronel Manuel Gómez Cantos quedaría patente cuando el 28 de agosto de 1942 ordenó fusilar a una treintena de vecinos de las localidades pacenses de La Calera y Alía contra las tapias del cementerio de este último pueblo. Entre las víctimas se encontraban destacados falangistas locales como Julio Fernández Fernández, Cruz Roja al Mérito Militar durante la guerra civil. Junto a él fueron ejecutados también sus padres. La represalia vendría después de varias escaramuzas con grupos de guerrilleros de la zona. Pero quizás el hecho más recordado fue el acontecido en Mesas de Ibor, el 18 de abril de 1945: Un día antes, miembros de las guerrillas de «Francés», «Chaquetalarga» y «Quincoces» toman el pueblo y desarman a los miembros del destacamento de la Guardia Civil de la localidad. En la escaramuza es herido el guardia Juan Martín González que fallece días después. Posteriormente, a la llegada a la zona, el teniente coronel Gómez Cantos hizo fusilar a tres de los guardias en la plaza del pueblo ante todos sus habitantes. Las víctimas fueron Julián Jiménez Cebrián, treinta años de edad y padre de un hijo; Timoteo Pérez Cabrera, treinta y dos años, casado y con tres hijos, y Sostenes Romero Flores, treinta y siete años, que dejó viuda y cuatro hijos.

La localidad de Castuera está a treinta kilómetros al sur de Villanueva de la Serena. Las bocas existentes en las antiguas minas de plomo y plata, junto al campo de concentración en las cercanías del pueblo, sirvieron de sepultura a una gran parte de la colonia penitenciaria que rebasaba los diez mil presos. Según el historiador Justo Vila: «En Castuera se practicaron métodos de exterminio masivo, utilizados y perfeccionados después por los nazis en sus campos de muerte durante la Segunda Guerra Mundial. No me refiero a cámaras de gas, pero sí a prácticas como la llamada “cuerda india” o la visita de falangistas de los alrededores para elegir, entre los presos formados ante ellos, a quiénes se llevaban para fusilar». La llamada cuerda india consistía en amarrar uno a uno a varios presos arrojando al primero de ellos por la bocamina, arrastrando éste a los demás. Cuando el último de los presos era engullido por el hueco, la esperanza de que alguno de ellos hubiese sobrevivido al impacto de la caída era frenada en seco por varias bombas de mano, silenciadas en ocasiones por el rugido de la locomotora del tren Badajoz-Madrid, que hacía su paso por la localidad de madrugada.

Castuera había significado, hasta la toma de los nacionales a finales de julio de 1936, un pequeño reducto republicano donde residió durante un tiempo el poeta Miguel Hernández antes de su salida y posterior detención en Portugal. Hoy en día se desconoce el alcance de la represión en el campo de concentración durante sus años de existencia. Víctimas arrojadas a las bocaminas, fusilados o muertos de hambre, que también los hubo, los datos aportados por infinidad de testimonios hacen temer en una masacre de consecuencias mayores. Se habla incluso de familias enteras con todos sus miembros. Uno de los supervivientes del campo, Carlos Sánchez Manzano recordaba hace poco cómo era el ambiente cotidiano en Castuera: «Muchos de los que estaban en los barracones eran llamados por los encargados del campo y ya no volvían jamás. Recuerdo a un muchacho al que llamábamos “Chulillo”; una mañana me vino preguntando por sus dos hermanos y al día siguiente desapareció él también».

José González Barrero, último alcalde democrático de Zafra, es otra de las víctimas de Castuera. El hecho de haber impedido que en su ciudad fueran represaliados los personajes más significativos de la derecha no le libró de la muerte. Su familia supo de él por boca de sus verdugos, que se jactaron del episodio y de haberlo enterrado boca abajo «para evitar que saliera» en una de las múltiples fosas comunes de Castuera. Hoy en día, su pueblo natal le recuerda en una plaza que lleva su nombre, al igual que una de las residencias de ancianos de la localidad.

Martín Casanovas Moner había luchado durante años por conseguir un salario digno para los trabajadores del sector del corcho en Alburquerque, lo que provocaba el odio entre aquellos terratenientes y patronos que atendían a sus obreros con jornales miserables. La insistencia de sus propósitos le habían valido para alcanzar el cargo de alcalde de la localidad en las filas de Izquierda Republicana. En el momento del estallido de la guerra civil, y ante los acontecimientos que se sucedían cotidianamente, decidió huir a Portugal. Su mujer, Serafina Rojas Solana, declinó a última hora acompañarle, confiada quizás en que nada le pasaría y obligada también por su avanzado estado de gestación y el cuidado de sus dos pequeños hijos. Su osadía le costó caro, pagando con su vida el precio de la frustración de los verdugos que no habían conseguido atrapar a su marido. Un día del mes de noviembre de 1936 fue detenida por varios falangistas y subida en un camión, que le llevaría a una finca cercana a la localidad de San Vicente de Alcántara. Una vez allí, murió asesinada y arrojada al pozo de una vieja mina junto a 16 detenidos más. Sus hijos, que habían intentado huir sin éxito a Francia, consiguieron su propósito tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, reuniéndose con su padre en Francia. Rosa Casanovas, la única hija que vive en la actualidad, apenas volvió a su pueblo. Hace unos meses lo hizo con el propósito de recuperar los restos de su madre y lo consiguió y comprendió que las cosas habían cambiado cuando Ángel Vadillo, actual alcalde de Alburquerque, le invitó a sentarse por un momento en el sillón municipal que un día había ocupado su padre.

La provincia de Badajoz, como indicábamos anteriormente, posee el triste honor de ser la más castigada por la represión franquista durante y después de la guerra civil. Algunos de los lugares que arrojan cifras espeluznantes son Zafra, La Nava de Santiago, Jerez de los Caballeros, Arroyo de San Serván, Herrera del Duque, Talarrubias, Don Benito, Guareña, Orellana la Vieja, Villagarcía de la Torre, Torremejías, los cementerios de Calamonte, La Haba, Llerena, donde fueron sepultados varios republicanos en las traseras de unos viejos transformadores, cerca del puente sobre el arroyo del Romanzal o en el cementerio de Mérida, donde hay constancia de más de tres mil víctimas, o parajes como el cerro de la Horca, en Esparragosa de Lares o el campo de concentración de Zaldíbar en Casas de Don Pedro.

En la provincia de Cáceres, al conocerse los sucesos del 17 y 18 de julio de 1936, varios dirigentes del Frente Popular trataron de tomar medidas urgentes. Pero el gobernador civil, Miguel Canales González, rehusó repartir las armas entre los socialistas y comunistas. Confiados en que nada ocurriría, el mismo día 18 de julio la casi total dotación de la guardia de asalto se dirigió hacia Madrid para defender la capital, ocasión aprovechada por el comandante Álvarez Díaz al día siguiente para declarar el estado de guerra. Cáceres pasó así a caer bajo control de los sublevados prácticamente desde el primer día. Pero el hecho de no contemplar frente de batalla alguno en su territorio no le ahorró, como en otras zonas de España, sufrir las consecuencias de la feroz represión posterior. Contra las tapias del cementerio municipal de la capital, donde una losa con una inscripción recuerda a las víctimas, fueron fusilados y enterrados cientos de republicanos. Otros sufrirían otro tipo de muerte, como los arrojados desde el puente romano de Alcántara al río Tajo o los ejecutados extrajudicialmente en la orilla de la carretera C-526 entre Coria y Moraleja, en Villasbuenas de Gata o en la finca de Valcorchero, en Plasencia, donde están enterrados once vecinos de Zarza de Granadilla.

GALICIA

Fosa de Soulecín, Orense

«Faltaba poco para mediodía, estábamos a punto de empezar a comer. Llamaron a la puerta. Creo que era un tercio entero. Pude contar casi cien hombres armados. Me obligaron a acompañarles a la casa. Como conocía perfectamente el lugar los llevé por la puerta de abajo, dejando libre la de arriba para que pudiesen escapar. Ya dentro, empezaron a interrogar a la señora Amalia y a los niños. Primero les pusieron una pistola en la cabeza y, como no decían nada, comenzaron a darles palos. Luego encerraron a los pequeños en una cuadra. A la señora Amalia la llevaron a rastras a las afueras del pueblo. Domingo, su marido, fue por su propio pie. Ya en el lugar, el teniente eligió a uno de los legionarios para que disparase. Pero se daba la casualidad de que el muchacho era de por aquí. Éste contestó: “Mi teniente, yo a estos dos ancianos no me atrevo a matarlos”. No opinó lo mismo otro de los soldados, que sí se ofreció a hacerlo. Domingo y Amalia se abrazaron. A ella le pegó cinco tiros en el pecho. A él bastó con un certero disparo en la cabeza. Al terminar, una frase: “Nunca había pegado seis tiros tan bien pegados como éstos”. Yo mismo asistí horrorizado a la trágica escena.

»Antes de las muertes, los legionarios habían detenido a otro vecino del pueblo al que torturaron y amenazaron con matarle también si no declaraba el paradero de los huidos. Sólo las súplicas de la madre y de sus propios hijos, arrojados a los pies del teniente, le hicieron cambiar de idea. Antes de retirarse, ordenó que aquel vecino fuese el encargado de cavar la fosa, en medio del camino para que los carros y la gente les pisaran encima. Mi padre, como pedáneo nombró a siete vecinos del pueblo para excavar la sepultura, entre ellos al que había encargado el teniente. Los enterramos envueltos en una sábana y una manta, abrazados tal y como habían sido ejecutados, lo más cerca posible de la orilla del camino. Fue un crimen muy grande. Poco a poco deshicieron la familia entera. En aquella casa había de todo: pan patatas, un rebaño de más de cincuenta cabras y ovejas, conejos, gallinas, de todo. Era una de las casas de más capital del pueblo. Se lo llevaron todo».

Así relata lo sucedido aquel día Agustín Núñez, hijo del alcalde de Soulecín de aquella época, en una entrevista con José Manuel Cruz. Domingo Rodríguez y Amalia López, campesinos de Soulecín, aldea próxima a la localidad orensana de O Barco de Valdeorras, padres de sietes hijos: cinco varones, Francisco, Rogelio, Sebastián, Alfonso y Domingo, y dos mujeres, Antonia y Consuelo. En el verano de 1936, el segundo de los varones, Rogelio, se había desplazado con más jóvenes de la zona a trabajar a los campos segovianos de Tolocirio en la temporada de la siega. Pero con el estallido de la guerra civil regresó a su pueblo, desde donde fue llamado a filas. Incorporado en La Coruña, fue movilizado en el avance de las tropas franquistas hacia el cerco de Oviedo para apoyar al sublevado general Aranda. Ya en Asturias, se pasó a las filas del ejército republicano.

Tras la caída de éste en octubre de 1937, regresó a su aldea natal ocultándose durante casi quince meses en el domicilio familiar (Causa 102/39 contra Rogelio Rodríguez López y otros), donde residían sus padres y hermanos a excepción de Francisco, que había contraído matrimonio con anterioridad y residía en la localidad leonesa de Salas de La Ribera.

Otro de sus hermanos, Sebastián, que también había sido llamado a filas por el ejército franquista, decidió durante un permiso no reincorporarse al frente. Por esa razón, un día del mes de febrero de 1939, durante un registro domiciliario que la Guardia Civil había organizado en su búsqueda, se entabló un tiroteo en el que resultó muerto uno de los guardias. Tras el combate, Sebastián y Rogelio huyeron definitivamente al monte, donde actuaban desde el principio de la contienda numerosos grupúsculos de huidos de los pueblos de la zona. Las consecuencias llegaron a modo de detenciones: sus padres, Domingo y Amalia, y la mayor de las hermanas, Consuelo, fueron detenidos por la Guardia Civil. Los pequeños Domingo y Antonia se quedaron en la calle sin una familia ni un hogar; siendo recogidos por los vecinos de la aldea. Poco después, Antonia fue denunciada y más tarde detenida, acusada de proporcionar víveres a sus hermanos huidos. Meses más tarde toda la familia fue puesta en libertad. De vuelta al pueblo, hubieron de vender gran parte del capital con el deseo de rehacer la vivienda familiar, devastada por los saqueos de los que fue objeto en su larga ausencia. Pero los esfuerzos por comenzar una nueva vida fueron en vano.

El 18 de octubre de 1939 ocurrieron los hechos que cambiarían sus vidas. La Legión se negó a trasladar los cuerpos al cementerio, así que los sepultaron en el borde del camino, en el mismo lugar del crimen, donde permanecen hoy, pasados más de sesenta años, sin apenas señales que indiquen lo sucedido. Tan sólo una: poco después del asesinato del matrimonio, vecinos de Soulecín se vieron obligados a colocar una gran piedra de pizarra encima de la fosa para evitar el arrastre de tierras que en temporada de lluvia producían los carros de vacas que circulaban por la zona diariamente y que amenazaban con poner al descubierto los restos del matrimonio orensano. En el registro civil de O Barco de Valdeorras un dato: «Domingo Rodríguez, cincuenta y cuatro años, Amalia López, cincuenta y cinco años, fusilados por fuerzas de la Legión —1.erTercio, 3.ª Bandera— […] y sus cadáveres recibieron sepultura en el sitio llamado Sampayo». La inscripción de sus muertes se produjo pasado un mes del suceso.

En el destino de los cinco hijos varones del matrimonio Rodríguez López hay, en la mayoría de los casos, un denominador común: muerte.

Rogelio, el primero en morir, fue agarrotado en La Coruña el 2 de octubre de 1941 tras ser detenido en Portugal junto a sus compañeros Constantino Santos Morán y Gerardo Núñez Rodríguez en un intento de huida por barco al exilio americano; sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de la capital coruñesa, según consta en la causa 102/39 contra Rogelio Rodríguez López y otros.

Sebastián, la segunda víctima, murió en el transcurso de un combate con la Guardia Civil en la aldea de Borruga, Orense, el 30 de octubre de 1942. Una bala perdida disparada por su propio compañero Bernardino Garda acabó con su vida. El grupo de Sebastián lo formaban el asturiano Monteserín y Mario Rodríguez Losada, «Langullo», último guerrillero en abandonar el territorio español, en 1968. En el testimonio que este último hace a Antonio Téllez narra cómo Sebastián, al recibir la descarga, levantó el puño antes de morir. La Guardia Civil se llevó los méritos de su muerte y su cuerpo yace en una fosa sin nombre a las afueras del cementerio de Borruga.

Domingo, el menor de los hermanos varones, ocupa el tercer lugar. Tras el asesinato de sus padres, a Antonia, Consuelo y al propio Domingo los recogieron sus hermanos huidos. Moriría el 18 de diciembre de 1946 en una encerrona que la fuerza pública le tendió en su pueblo natal. Llevaron sus restos, atados a los lomos de un asno, al cementerio civil de O Barco de Valdeorras.

Tan sólo el mayor de los hermanos, Francisco, logró llevar una vida más o menos pacífica, todo ello sin librarse de las torturas e interrogatorios que cesaron cuando el último de los hermanos varones que quedaban, Alfonso, que también se había echado al monte tras la muerte de sus padres y harto del acoso al que era sometido por las fuerzas represivas, sucumbió bajo las balas de la Guardia Civil en una emboscada que le habían preparado en el pueblo leonés de Ocero el 14 de febrero de 1949. Con él cayó el extremeño Eduviges Orozco Palacín. María Palmeiro, esposa de Alfonso y madre de su único hijo, reconoció sus cuerpos que transportaron en un carro y sepultaron a las afueras del cementerio de Vega de Espinareda, al lado de los de otro legendario guerrillero leonés, Serafín Fernández Ramón, «Santeiro», muerto dos años antes. Con la ampliación del cementerio en los años setenta, los tres luchadores antifranquistas pasaron a estar dentro del recinto.

Las dos mujeres, Antonia y Consuelo, permanecieron en la clandestinidad hasta 1948 y 1949, respectivamente. La primera en abandonar España fue Antonia, que lo hizo en un barco que partió del puerto asturiano de Luanco el 22 de octubre de 1948 y llegó a San Juan de Luz dos días después. En él viajaban varios dirigentes, guerrilleros y enlaces astur-leoneses. Uno de ellos, César Ríos Rodríguez dirigente y fundador de la Federación de Guerrillas León-Galicia, contrajo matrimonio con Antonia Rodríguez López. Su hermana menor, Consuelo, realizó el viaje al exilio por tierra desde Madrid, mediante una red de enlaces que la guerrilla tenía establecida para casos similares. Corría el año 1949. Ya en Francia se casó con otro guerrillero asturiano, Marino Montes Ferrero. Ambas, hoy viudas, residen en el país vecino.

Como fin a la espiral de violencia que rodeó el episodio de Soulecín cabe destacar un dato. El legionario que se había ofrecido voluntario para asesinar a Domingo Rodríguez y Amalia López sucumbiría bajo el fuego de Sebastián y Rogelio Rodríguez López, el 13 de mayo de 1940, poco antes de contraer matrimonio en el cercano pueblo de Sobrádelo, próximo al cuartel que ocupó aquella bandera de la Legión durante años. Se llamaba Luis Zarracina Rodríguez y era natural de Gijón.

La ubicación de fosas comunes en Galicia, según el historiador Dionisio Pereira, pueden dividirse en cuatro escenarios: campo abierto, el mar como inmensa fosa común, los cementerios y los campos de concentración o los batallones de trabajadores. En la mayoría de los casos de enterramientos en campo abierto, los vecinos de los pueblos de las proximidades trasladaban al cementerio más cercano los cadáveres encontrados en los caminos o en los montes para intentar que el cura les diera sepultura en el lugar; pero en las ocasiones en que se encontraban con la negativa del párroco, los ejecutados eran enterrados en las proximidades de los muros de las iglesias. Prueba de ello es La Poula do Martiño o Laza, ambos de Orense, o el alto de Furriolo, en la carretera de Celanova a Xinzo de Limia, Orense o el Acebo, perteneciente al término lucense de Fonsagrada. Más de setecientos presos del campo de concentración de Cedeira (La Coruña), en su mayoría asturianos, fueron llevados en camiones a la playa de Villarrube, en el cercano concejo de Valdoviño, para fusilarles y posteriormente enterrarles en una franja de unos trescientos metros en la arena, que hoy sirve de acampada casi permanente en la época estival. A menudo, al clavar las picas de las tiendas de campaña, salen a la luz restos de aquella masacre. El ayuntamiento, de momento, no se ha preocupado por dignificar la zona, evitando así situaciones que se repiten cada año.

Se sabe que los cuerpos de muchos hombres asesinados en tierra eran lanzados al mar en diversas localidades del Morrazo, entre las rías de Vigo y Pontevedra. En Cangas, por ejemplo, asesinaron a once militantes de izquierda. Diez de ellos fueron fondeados más de un mes después, aparecieron cinco a la orilla del mar, a los que enterraron, ahora sí, en el cementerio de Cangas; los otros cinco no aparecerían nunca. En Moaña, diversos dirigentes del sindicato de pescadores Solidaridad Marinera fueron fondeados desde una motora con un peso al cuello tras ser torturados y asesinados en tierra. Jamás aparecieron. En Bueu hay constancia de un barco apodado «La Funeraria», desde donde se fondeó a numerosas personas. Un buzo del puerto de Vigo descubrió hace algo más de treinta años en las inmediaciones de la isla pontevedresa de San Simón alrededor de doscientos alambres con un peso al fondo, de los que tan sólo pendían algas.

En Galicia, como en el resto del país, utilizaron los cementerios para asesinar a mujeres y a hombres contra sus muros, y enterrar a las víctimas posteriormente en fosas comunes o individuales. En la zona de Ferrol hubo 715 ejecuciones, según relata el historiador José Manuel Suárez en su obra O Alzamiento de 1936 no norte da Coruña. Entre los lugares que indica en su trabajo está el cementerio de Cánido, donde reposan varios militares del buque Almirante Cervera. En otra fosa cercana yacen el ex alcalde socialista Jaime Quintanilla y varios más; en el cementerio de Serantes, marineros del buque Urondo; en el cementerio de San Mateo de Narón, tripulantes del buque Mar Cantábrico; en los de Riberas de Sor, Laraxe o Salcedo (Pontevedra), donde enterraban a los cuerpos de los presos condenados a muerte, trasladados del campo de concentración de Camposancos al de Figueirido; en el cementerio de San Mauro de Pontevedra, donde están enterrados, sin constancia alguna, muchos de los desconocidos que aparecían ejecutados en calles y caminos de la zona. En el cementerio de la localidad coruñesa de Aranga existe una fosa común con 72 personas procedentes de los paseos realizados en la Costa de la Sal. También en la provincia de La Coruña, en Santa Eulalia de Vilacoba, se sabe que hay dos fosas; una de ellas con dos hombres y una mujer; en la otra, varios desconocidos que aparecieron asesinados en el puente de Comparada. En la misma provincia, en el paraje conocido por la zona dos roxos, en Boisaca, están sepultados varios republicanos, algunos de ellos miembros de la corporación municipal. Abegondo, Arteixo o el propio cementerio de la capital coruñesa son también escenarios de enterramientos ilegales, como también lo son los cementerios de Lugo, Pereiró, en Pontevedra, o el de la orensana localidad de San Francisco.

Por último, campos de concentración como Celanova, en Orense, lugares de Pontevedra como Camposancos o la isla de San Simón, o batallones de trabajadores como los de las minas de la localidad lucense de Vilarbacú o Fontao y Carbia, ambas en Pontevedra, fueron testigos de fallecimientos, bien por sacas llevadas a cabo por miembros de Falange, fusilamientos, o a causa de enfermedades producidas, en su mayoría, por las malas condiciones de vida y trabajo. En los cementerios de los alrededores están enterrados, de forma anónima, muchos de los presos.

Cabe también apuntar que aún hoy se desconocen los lugares donde yacen los cuerpos de señaladas personalidades de la historia contemporánea de Galicia, como Roberto Blanco Torres, periodista republicano del Partido Galeguista; Benigno Álvarez, veterinario de Maceda y máximo dirigente del PCE en Galicia, o Juan Carballeira, escritor y periodista, alcalde de Bueu por el Partido Galeguista, entre otros.

MADRID

Cementerio de Colmenar Viejo

Martín Bas Gutiérrez tiene en la actualidad veintinueve años, y según sus palabras: «Siento la necesidad de saber lo que ocurrió con mi familia durante la guerra. Mi abuelo, Julio Bas, estuvo en el exilio, en Francia, en los campos de concentración. Tenía una gran historia que contar; fue una lástima… murió hace cinco años. Durante la guerra era suboficial de carabineros, incluso estuvo escoltando el oro de la República cuando se lo llevaron a Cartagena. Al finalizar la contienda en 1939 tuvo que salir al exilio en Francia y comenzó a trabajar allí, pero luego le pilló la Segunda Guerra Mundial y los nazis lo metieron en un campo de concentración. Con la entrada de los aliados fue liberado y se empleó en las minas de carbón en Francia y más tarde en Bélgica. Al morir Franco regresó a España hasta su muerte. Cuando falleció esparcimos sus cenizas por la Casa de Campo, fue su último deseo. Él y su mujer, mi abuela, eran primos carnales, ambos del pueblo de Miraflores. Investigando esto de la genealogía familiar, un día me dio por solicitar en el Registro Civil la partida de nacimiento de cada uno de ellos y la del matrimonio entre ambos: se casaron en Madrid, pero, claro, al seguir consultando papeles me entero de que mi bisabuelo, llamado igual que yo y padre de mi abuela, había muerto al finalizar la guerra y le habían enterrado en una fosa común del cementerio de Colmenar Viejo. Me quedé helado porque no sabía nada, nada…».

En 1936, Martín Bas residía en la madrileña localidad de Miraflores con su mujer y sus tres hijas y era otro miembro más de una saga de zapateros. Su padre lo había sido, así como sus hermanos. Ideológicamente simpatizaba con el partido de Manuel Azaña, Izquierda Republicana, y estaba afiliado a la UGT; incluso le fue concedida una medalla conmemorativa con la imagen de Pablo Iglesias que su familia conserva. Al comienzo de la guerra se fue voluntario al frente, a la sierra, donde los milicianos republicanos combatían a las tropas franquistas en su avance hacia Madrid. En uno de esos combates resultó herido y volvió a su casa. Pero cuando los nacionales entraron en Miraflores tuvo que huir a Madrid con su hija mayor, que tenía dieciocho años y también corría peligro por sus ideales y su colaboración —había estado en el Socorro Rojo—. Cuando estaban los milicianos construyendo las fortificaciones en el puerto de la Morcuera, varias mujeres del pueblo se desplazaban a diario al lugar para hacerles la comida o coserles la ropa. Su mujer, que no había tenido participación alguna antes, durante la contienda se quedó en casa a cargo de sus dos hijas pequeñas. Y fue quizá por el remordimiento y la preocupación de que les pudiese ocurrir algo por lo que regresó a Miraflores poco después de finalizar la guerra. Su hija intentó convencerle, aunque sin éxito, para que no fuera y se quedara en Madrid un tiempo hasta que pasara lo peor y, mientras, emplearse en los comercios de zapatería que sus hermanos tenían en la capital. Finalmente, el 4 de mayo de 1939, se presentó en el cuartel que tenía la Falange en Miradores. Le detuvieron allí mismo, y en el mismo lugar pasó la noche, al abrigo únicamente de una manta que los falangistas pidieron a la familia. Al día siguiente se lo llevaron a la cárcel que los franquistas habían improvisado en uno de los chalets de Miraflores, en la salida hacia Rasca fría. En aquel lugar había infinidad de presos. El día 9 lo trasladaron en un camión con más presos hasta la iglesia de Colmenar Viejo, que había sido habilitada también como cárcel. Fue encerrado allí con el resto. A su mujer no le permitieron acompañarle en el camión, por lo que tuvo que recorrer los cerca de veinte kilómetros que hay desde Miraflores hasta Colmenar de la mano de sus dos hijas, Martina que tenía dieciséis y Elvira de catorce años. En la iglesia permaneció los dos primeros días; al segundo fue ingresado en el hospital de Colmenar Viejo.

«Desde que lo detuvieron —prosigue Martín—, una de mis tías se desplazaba a diario a llevarle comida. Uno de los días se difundió la noticia, por rumores de algún familiar de los que iban a visitar a los suyos, de que uno de los presos se había caído por las escaleras, pero los carceleros les aseguraban que era un reo de fuera del pueblo, un forastero […] pero resultó que había sido él. Cuando mi tía pidió verle, uno de los vigilantes se lo impidió hasta que no se retirasen el resto de los familiares de los presos. Al entrar en el cuarto donde le tenían, se lo encontró tirado en un colchón, moribundo, pero a tiempo para contar lo que le había sucedido: la primera noche de reclusión, al salir al servicio, un tal Fontanero y otro al que llamaban “Pulga” le cogieron en el pasillo y lo lanzaron por el hueco de la escalera. El Fontanero había sido comisario político del Partido Comunista durante la República y cuando entraron los nacionales se afilió a la Falange. El otro, más tarde, se fue voluntario a la División Azul para morir congelado en algún lugar de la antigua Unión Soviética».

Fue la última ocasión en que su familia pudo verle con vida tras el incidente, ocurrido el 9 de mayo. El día 18 del mismo mes falleció. En el acta de defunción que conserva la familia reza que murió de neumonía. «Murió el 18 de mayo de 1939 a los cincuenta y tres años —añade Martín—. Había nacido en el mes de noviembre de 1885. El día 19 lo enterraron. Solamente dejaron ir a mi bisabuela y a sus dos hijas pequeñas al entierro, si se le puede llamar así, porque lo arrojaron en la fosa envuelto en la manta que llevaba desde el primer día de cautiverio y negando a la familia la posibilidad de comprar un ataúd para enterrarlo. Sólo le permitieron envolverlo en aquella manta y cubrirlo con otra más que traía del hospital».

En el cementerio de Colmenar Viejo existen más fosas comunes con personas procedentes de los pueblos de los alrededores, o del hospital que existió allí, al ser el pueblo más grande y cabeza de partido. En la actualidad, la fosa en la que yacen, entre otros Martín Bas, está cubierta por una serie de baldosines de hormigón sin inscripción alguna, desconociéndose en cuál de ellos están sus restos. Cerca de ella hay constancia de otras dos: una, con forma de zanja al lado de la tapia, excavada de tal forma que al ser fusilados caían en ella y eran tapados; la otra, al lado de una especie de ermita existente dentro del cementerio.

«Como mi bisabuela supo desde el primer momento dónde había sido enterrado mi bisabuelo —relata Martín—, quiso dejar constancia de que allí reposaban sus restos, pero durante el franquismo jamás le dejaron acercarse al lugar y mucho menos intentar marcar nada. Tan sólo en una ocasión, tres o cuatro años después, una de sus hijas logró esquivar la vigilancia a la que era sometido el lugar y llegar al pie de la sepultura de su padre para dejar allí una rosa roja».

La cara de Martín Bas, biznieto, denota el sufrimiento de toda una familia humillada por los vencedores de la guerra civil y, aunque apenas le tocase vivir los últimos años de dictadura, tiene claro que hay una deuda pendiente con su bisabuelo y con los que, como él, acabaron sus días en una fosa sin nombre en un lugar casi desconocido. «Me parece una injusticia histórica. Cuando llego a algún pueblo no hay iglesia ni cementerio donde no haya una lápida en honor a los Caídos por Dios y por España y un sinfín de nombres. Una cosa es olvidar, pero para que las heridas dejen de Sangrar hay que cerrarlas, y cerrarlas bien, y mientras mi bisabuelo esté ahí metido no lo estarán. Quiero sacarlo de ahí y llevarlo en una caja a ocupar el lugar reservado para él en el panteón que mi familia tiene en un pueblo de Valladolid, Campillo, para enterrarlo con todos los honores que se merece y que durante tantos años le negaron».

Germán Romera, vecino de Colmenar Viejo, se une a la larga lista de personas cuyos padres, hermanos o amigos yacen en las numerosas fosas del cementerio de la localidad. «A un hermano mío, Hilario Romera, también le fusilaron contra las tapias del antiguo cementerio. Estuvo combatiendo en las filas del ejército republicano hasta el final de la guerra, cuando regresó al pueblo. Pocos días después fue detenido y condenado a muerte. A los condenados los fusilaban contra las tapias del exterior del cementerio. Una vez muertos, los empujaban hasta la fosa que habían excavado al pie del muro. Más tarde, enterraban a los que quedaban, porque a algunos venían sus familias a recogerlos. Ése fue el caso de mi hermano: su mujer, con la que llevaba muy poco tiempo casado antes de la guerra, fue a recogerle acompañada de una hermana mía. Cuando lo hicieron, le metieron en una sepultura de las de pago».

El recuerdo de su hermano fusilado se denota en el tono de voz de este hombre de ochenta y cinco años, que lamenta que el destino final de su hermano no fuese como el suyo: «Yo tuve más suerte que él y aunque había estado también en el frente me juzgaron por ser de las Juventudes Socialistas de Colmenar Viejo y me metieron en la cárcel. Luego, me condenaron a pena de muerte, pero me la conmutaron por treinta años y un día. Gracias a que empecé a trabajar por las diferentes prisiones en las que estuve, a los siete años pude salir de la cárcel y regresar a Colmenar».

Otro vecino de Colmenar Viejo, Hilario Jusdado, guarda también un triste recuerdo de aquellos años que siguieron al final de la guerra: «Cuando estalló la guerra yo tenía diez años, y trece cuando terminó. Evidentemente, no llegué a tiempo para estar en el frente, pero dos hermanos mayores, uno de diecinueve años y otro de apenas diecisiete, se incorporaron a las filas de la República. Por suerte, ninguno de ellos sufrió consecuencia alguna. Aunque era muy joven, las cosas que vi hacen que hoy prefiera no recordarlo a veces. El 1 de abril de 1939 terminó la guerra, y en los primeros días de mayo empezaron a fusilar a gente. El primer día fusilaron a cuatro hombres y, por mucho que intentaron que fuera todo en secreto, la gente lo sabía. Todas las personas que tenían familiares con penas de muerte vivían pendientes de ellos. Yo, que vivía al lado del cementerio, recuerdo que los días siguientes a los fusilamientos eran insoportables».

A las diferentes fosas comunes del cementerio de Colmenar Viejo iban a parar los que, momentos antes de su muerte, se negaban a confesarse ni a tomar comunión alguna. Los que sí lo hacían tenían el dudoso privilegio de ser recogidos por sus familias y enterrados en una sepultura del cementerio. Dos familiares de Hilario Jusdado eligieron esta última opción: «A dos familiares míos los fusilaron el mismo día junto a dieciséis hombres más. Ninguno de ellos está en la fosa común porque todos se acogieron a la confesión del cura. Mis primos Sixto y Mauricio Esteban Jusdado eran de San Sebastián de los Reyes. Del mismo pueblo hay infinidad de enterrados en Colmenar, que fue, posiblemente, uno de los pueblos de la zona de Madrid donde más personas fusilaron».

Además de la pertenencia al bando derrotado, la realidad es que otro acontecimiento sucedido durante la estancia del frente en Madrid fue detonante de la mayoría de las muertes en Colmenar Viejo. Todo comenzó cuando uno de los carniceros del pueblo, simpatizante de los sublevados, tuvo algún enfrentamiento con varios familiares de los combatientes republicanos, que estaban en el frente de Somosierra, cuando iban a su establecimiento a comprar alimentos para enviar a los milicianos. Informados en el frente de la actitud del comerciante, los combatientes escribieron una carta que firmó el casi centenar de milicianos vecinos de Colmenar Viejo, exigiendo que se tomaran medidas contra el carnicero para que cesara en los comportamientos hostiles hacia sus familiares. Pero cuando la comunicación llegó al pueblo, alguien tergiversó su contenido y presentó la petición de los milicianos a fin de que fusilaran a aquel hombre, y así lo hicieron. Cuando finalizó la guerra y los excombatientes fueron apresados uno a uno, todos aquellos que habían firmado la carta fueron fusilados, la mayoría de ellos en el propio cementerio de Colmenar Viejo. «Mis dos primos, Sixto y Mauricio —recuerda con tristeza Hilario Jusdado—, fueron dos de los firmantes de aquel papel, y al igual que los demás, también se los cargaron».

Según los testimonios de los más longevos, en el cementerio de la localidad madrileña fueron ejecutadas más de doscientas personas durante los meses posteriores al final de la guerra. La amplia mayoría de las víctimas eran naturales de los pueblos vecinos y habían sido concentrados en Colmenar Viejo, que era y sigue siendo cabeza de partido, y contaba en aquel entonces con tres lugares de reclusión: la prisión de la calle del Real, la de la plaza del pueblo y la tercera en el convento de San Francisco, habilitado como tantos otros como prisión. Sin embargo, algunos de los vecinos de aquellas localidades serían trasladados a la capital, aunque, al igual que los demás, acabarían sus días ante un pelotón de fusilamiento. «Otro primo carnal mío, hermano de los que fusilaron en Colmenar, sería fusilado en 1942, tras pasar tres años en prisión después de acabar la guerra. Se llamaba Félix Esteban Jusdado y era el mayor de los tres hermanos», recuerda con tristón Hilario Jusdado, que tiene un deseo por encima del resto: «Es increíble lo que llegó a suceder tras finalizar la guerra; por eso, si hay una cosa que me gustaría recalcar es la torpeza que cometimos en este país para que no volviera a repetirse, ni tan siquiera llegar a imaginarlo».

Deseos en vida que se mezclan con deseos previos a la muerte, como los de la carta en la que Julia Conesa pedía que los nombres de las que iban a morir no se borraran de las páginas de la historia de España. Era una de las trece rosas, otras tantas jóvenes fusiladas en el cementerio del Este, hoy de la Almudena, de la capital española. Una placa, colocada en la fosa común donde fueron sepultadas, recuerda su asesinato. Contra las tapias exteriores del mismo cementerio serían fusilados cientos de presos, provenientes de las prisiones de Ventas, Portier y San Antón, durante los meses posteriores a abril de 1939. Los cuerpos serían posteriormente enterrados en varias parcelas del cementerio civil. Otros de los principales lugares de enterramientos masivos fueron el campo de concentración de Alcázar de San Juan o diferentes puntos del campo de batalla como Brúñete, el cerro de los Ángeles en Getafe o el puerto de Lozoya.

Por otra parte, las víctimas de la represión republicana durante el asedio de Madrid, como los más de dos mil presos trasladados a un lugar más seguro tras la evacuación del gobierno republicano a Valencia y que nunca llegaron a su destino porque los fusilaron en Paracuellos del Jarama, o los ejecutados en el kilómetro 7 de la carretera de Andalucía, o los del monte de Boadilla o los de Usera, fueron en su día exhumados, identificados y en algunos casos beatificados. Basta con darse una vuelta por las inmediaciones de Paracuellos del Jarama para comprender la diferencia de trato a unas y otras víctimas de la misma guerra.

MURCIA

Cementerio de Cartagena

Ni vivo ni muerto. Alfonso Roca jamás volvería a ver a su padre, al que debía su nombre, cabo fogonero de la Armada española y excombatiente del ejército republicano. Pero los guardias que le llevaban preso aquel 14 de abril de 1939 no pudieron impedir que el detenido se girase por última vez para despedirse de su mujer y de sus cuatro hijos, que esperarían su vuelta a la casa familiar de la localidad murciana de Morata en la que se habían ocultado tras la finalización de la guerra. Una denuncia había puesto a los agentes tras la pista.

Hasta hace bien poco, ni Salvadora ni Alfonso, ni sus primos carnales, sabían lo que le había sucedido a su abuelo desde los momentos previos a su detención hasta su muerte. Alfonso, uno de los hijos de la víctima, había guardado celosamente durante sesenta años las últimas cartas que su padre les escribió. Tras el conocimiento de su enfermedad terminal, decidió mostrar a sus vástagos el relato de los últimos momentos de su progenitor: las torturas, palizas y horrores que sufrió durante su cautiverio, antes del fusilamiento, ejecutado por algunos de sus antiguos compañeros, marinos como él, del arsenal de Cartagena. Era el último día de julio de 1939, pero su familia no sabría de su muerte hasta que, dos días más tarde, uno de sus cuñados se dirigió hasta el penal de Cartagena para llevarle ropa limpia. Allí recibió la noticia del fusilamiento. Su viuda, Juana Martínez Dávila, falleció dos años después. Nunca superó el dolor de la pérdida del esposo al que tanto amó, aquel hombre inteligente, apreciado por sus amigos y quizás envidiado por algunos. Los cuatro hijos del matrimonio quedarían posteriormente bajo la custodia de su abuela, acostumbrada, quizá, por el hecho de haber sacado adelante a sus nueve hijos.

En febrero de zoo2 el cáncer pudo con Alfonso Roca, hijo. Todavía no había cumplido los setenta años. Posteriormente, Salvadora mostraría a su prima Juana las cartas de su abuelo, cuya existencia desconocía hasta hacía poco tiempo. Entre lágrimas decidieron iniciar el retorno al pasado familiar, rescatar los últimos momentos de vida de su abuelo en el penal de Cartagena y, cómo no, descubrir el lugar donde reposaban sus restos. El primer paso fue el intento de búsqueda de testigos de los hechos y la consulta de archivos que dejasen entrever lo que le había tocado vivir a su abuelo. Así descubrirían que la condena a muerte se amparaba en un delito de adhesión a la rebelión, el mismo que el de miles de españoles que lucharon por defender al gobierno legítimo. Pero el descubrimiento más importante sería el efectuado en el registro civil de Cartagena, donde conocerían por primera vez que su abuelo había sido fusilado junto a dos de sus compañeros de presidio el 31 de julio de 1939 en el mismo arsenal de Cartagena. Posteriormente, su cuerpo sería inhumado en una zona del cementerio cartagenero de Los Remedios, denominada parcela X, que había sido destinada a la Armada para arrojar allí a sus miembros condenados a muerte. En ella serían sepultados Alfonso Roca y cincuenta de sus compañeros marinos durante el período que comprende desde el final del mes de abril de 1939 hasta mediados de marzo de 1940.

Cuando en el mes de mayo de 2002 Salvadora Roca se dirigió al camposanto, descubrió la existencia de un libro de actas con la inscripción «1939/ 1945». Dentro de él constaban los nombres y apellidos de todos los fusilados y sepultados en la mencionada parcela. Pero cuando preguntó por la ubicación exacta del lugar, uno de los funcionarios del cementerio le reveló que ya no existía ese lugar, pues hacía años que había sido desocupado. Ahora los restos estaban en una fosa común con la dedicatoria confusa: «Restos de fallecidos por consecuencias de la última guerra. 1939-1945». Aun así, Salvadora tuvo la iniciativa de copiar fugazmente los nombres y apellidos de las víctimas que figuraban en aquel tomo. Dos meses más tarde, en julio de 2002, la familia Roca presentó una denuncia en el juzgado de instrucción número 5 de Cartagena sobre la desaparición de su abuelo y mostró su deseo de abrir la sepultura común. Días más tarde harían lo propio en el de Murcia. Después de un compás de silencio por parte de la justicia y de un ir y venir por las diferentes administraciones, a finales de ese mes lograron que la policía sanitaria abriera la tumba. Cuando el operario apartó la losa, tanto Salvadora como Juana Roca observaron en el interior cientos de huesos mezclados entre sí de los 51 marineros[8] y de los más de 80 fusilados que habían sido asimismo introducidos en la misma fosa. En alguno de los cráneos podía verse las huellas del tiro de gracia posterior al fusilamiento.

Indignados por el descubrimiento y, sobre todo, por el trato dispensado por las autoridades del lugar la familia Roca decide emprender las acciones pertinentes para sacar de allí los restos de su abuelo y los de sus compañeros. Su deseo era trasladarlos al panteón familiar que los Roca poseen en la localidad murciana de Alcantarilla. Tanto Juana como Salvadora consideran que debería ser el Estado español, por medio de la Armada o el Ministerio de Defensa, quien se encargase de las pruebas de ADN que determinarían la identificación individual de cada víctima. Según nos comenta Juana: «En una de las cartas, mi abuelo dejó escrito que moría inocente y cristiano. Era devoto de la Virgen del Carmen, que es la patrona de la Marina. Fue un buen hombre y buen militar. En aquella guerra todos perdieron: nuestro abuelo la vida, pero a muchos de los vencedores la guerra les arrebató la dignidad».

Desde que la familia Roca hiciera público el descubrimiento de la fosa común, el resto de familiares de fusilados que han acudido a las autoridades en busca de datos se han encontrado con una rotunda negativa, tanto por parte del Ayuntamiento de Cartagena como del cementerio y la Armada. El único documento que han podido obtener los descendientes se limita a la hoja de servicio del marino sin la acusación ni la partida de defunción correspondiente. Quizá tampoco ayude demasiado el hecho de que la secretaria de la junta del camposanto sea Consolación Nieto Manso, descendiente de militares franquistas gallegos participantes en la entrada de los sublevados en Cartagena. Pero lo que sí es cierto es que desde que Salvadora y Juana Roca fueron testigos de la apertura de la parcela X, todas las autoridades aseguran no poseer dato alguno, e incluso los propios operarios del cementerio cartagenero manifiestan su desconocimiento del lugar de la inhumación.

El pasado día de Todos los Santos un grupo de descendientes de los fusilados acudió al cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Santa Lucía. Sobre la tumba que alberga los restos de sus familiares se colocó una corona de flores con el texto «Vosotros también habéis dado vuestra vida por España», una forma de reivindicar la memoria de los suyos ante el acto excluyente realizado por la Armada aquel mismo día y en el que se rindió homenaje a los miembros de esta que reposan en el panteón de los «Caídos por Dios y por España». En un gesto de desprecio absoluto, desde la Armada siempre se ha asegurado que en el cementerio municipal nunca ha existido tal fosa común con miembros de la Marina a pesar de que las investigaciones de la familia Roca demostraron todo lo contrario.

«Mi abuelo —añade Salvadora Roca— fue un militar que cumplió con su deber defendiendo a España en los diferentes gobiernos para los que sirvió. Incluso fue condecorado por Alfonso XIII por los servicios prestados a la patria. Por el contrario, en la guerra civil fue fusilado por un pelotón de infantería acusado de adhesión a la rebelión por el único motivo de permanecer fiel a su juramento de soldado. Por eso, además de poder recuperar sus restos, nos gustaría que la Armada tuviese un gesto de perdón hacia todas las familias que sufrieron la pérdida de sus familiares en circunstancias similares».

Después de todas las trabas que la Armada ha puesto a las familias, Salvadora Roca llega a la conclusión: «Cuando vemos que pretende quitar transparencia a aquel episodio nos viene a la cabeza que el actual ministro de Defensa, Federico Trillo, es cartagenero, y que su padre, además de alcalde de la ciudad, llegó a ocupar altos cargos durante el régimen franquista. No se trata de culpar a nadie hoy en día, pero el silencio y el ocultismo al que nos han sometido es sospechoso». La familia Roca está decidida a llegar hasta el final en su deseo de recuperar los restos de su progenitor nada más, pues según ellos «la justicia para los culpables la historia la ha dictado ya».

La localidad murciana de Cartagena sería una de las últimas ciudades en sucumbir al ataque del ejército sublevado. Tras la entrada de los franquistas y el final de la guerra se suceden los juicios contra los militares que hasta el último día mostraron su apoyo a la República. Alfonso Roca Cayuela es uno de ellos.

Nacido el 25 de mayo de 1899 en la localidad murciana de Fuente Álamo, inició su vida militar en 1922, inmediatamente después de cumplir el servicio militar en el regimiento de cazadores de Vitoria. Su primer destino sería Tetuán, en las fuerzas regulares indígenas. A partir de 1924 ingresa en la Marina, donde alcanzó el grado de fogonero preferente, en submarinos como el C-1 o el C-6 y en buques de salvamento. Con el estallido de la guerra civil pasó a desempeñar el cargo de auxiliar de máquinas. Cuando finalizó la guerra se retiró con su familia a la localidad de Morata, donde lo detuvieron pocos días después y lo internaron en el penal de Cartagena. Juzgado al poco tiempo, fue condenado a muerte, acusado de «adhesión a la rebelión». Durante la espera del cumplimiento de la última pena que llevarían a cabo tres meses después, le incomunicaron durante 86 días en la celda 61 de la cárcel cartagenera. Aprovechando ese estado, dejó escritas varias cartas dirigidas a su esposa y a cada uno de sus cuatro hijos. Hoy en día, gracias a ellas y al testimonio de Juan Martínez Gallardo, uno de los presos que vivió para contarlo, su familia conoce cómo fueron los últimos momentos de su predecesor y el lado más siniestro de la fiereza de los vencedores. Pasó hambre, sufrió palizas continuas y un abandono absoluto, roto solamente por la bondad de Antonio Martínez Baraona, practicante del personal sanitario que clandestinamente le facilitó medicinas para curarle. Finalmente, la madrugada del 31 de julio del «año de la Victoria», el grupo de piquetes de infantería que formaba el pelotón de fusilamiento acabaría con su vida en las cercanías de la base de submarinos. Como él, cerca de ciento ochenta fusilados tras la entrada en la ciudad de los sublevados al anochecer del 29 de marzo de 1939. Ese día, Fernando López Canti, nuevo jefe de la base naval, ofrece un discurso en la radio local: «Al hacerme cargo de la jefatura de esta base naval, me dirijo a vosotros, pueblo de Cartagena, y os digo con profunda emoción: Cartageneros, respirad tranquilos que Cartagena es de España y de Franco. Gritad conmigo: ¡Viva Franco! ¡Arriba España! […] Que nadie manche esta hora suprema con odios, rencores ni mucho menos con la violencia […] Todos juntos, con las fuerzas del Caudillo que llegarán por tierra y por mar repetir: ¡Franco, Franco, Franco! ¡Arriba España! ¡Viva España!».

Al contrario de lo que rezaba aquel acto propagandístico, en Murcia, como en las zonas que paulatinamente ocupaba el ejército nacional, el final de la guerra fue el principio de la victoria. Las tierras murcianas se llenaban de sepulturas anónimas. La localidad de Onda, las cercanías de Cartagena y la propia capital fueron testigos de aquellas muertes en esos meses.

En el cementerio de Espinardo de la capital murciana una lápida homenajea a los caídos por la libertad. Durante los combates llevados a cabo en el frente de Andalucía a partir del invierno de 1936 entre el ejército franquista y el gubernamental, el edificio universitario de la capital murciana se habilitó como hospital de sangre donde los cientos de heridos en combate eran ingresados. El edificio permaneció en activo hasta los últimos días de la contienda, dentro de él se encontraban en ese momento ingresados varios voluntarios republicanos que habrían venido a cubrir las bajas definitivas de los internacionales desde 1938. La mayoría de ellos murieron a manos de los miembros de la Falange y requetés de la tenebrosa IV División de Navarra. Sus cadáveres se enterraron en el camposanto murciano junto a los voluntarios internacionales y a los milicianos republicanos muertos anteriormente como consecuencia de las heridas de guerra. Hace años, las fosas comunes donde descansaban fueron exhumadas y sus cuerpos introducidos en un panteón de mármol.

NAVARRA

Fuerte de San Cristóbal, Pamplona

En 1984, un completo trabajo apoyado por la Asociación de Familiares de Asesinados de Navarra permitió conocer la identidad de 2.789 mujeres y hombres ejecutados en dicha provincia que, a pesar de no albergar frente de batalla alguno, sufrió en sus carnes la trágica realidad de la guerra desde el primer día. Durante los años inmediatos a la muerte del general Franco, muchas de las víctimas, enterradas en cunetas, fosas comunes o, en ocasiones, arrojados a simas, fueron recuperadas por sus familiares. En otros casos, sin embargo, la arbitrariedad y sobre todo la clandestinidad dominante a la hora de las ejecuciones fue un lastre en nuestros días para los que, todavía hoy, intentan saber qué fue de los suyos. Buen ejemplo de ello son los descendientes de Javier Rocafort Apesteguía, Romualdo Moriones Belzunegui y Juan Mangado García. Sólo la familia de este último, cuya pista se perdió en Argentina tras la guerra, es la única que, de momento, no se ha interesado en el suceso. Francisco José es el único hijo de Romualdo Moriones. A las cuatro de la tarde del 25 de julio de 1936, con apenas seis años, vio la detención de su padre:

«Recuerdo ver entrar a cuatro individuos con el uniforme azul de Falange y los fusiles. De sus caras apenas me acuerdo, tan sólo que a uno de ellos le apodaban “Cascarilla”.

»Mi padre era administrador de correos y militante de Izquierda Republicana. Fue trasladado al fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, a casi cuarenta kilómetros de Sangüesa. Estando internado en el fuerte llegó una orden de libertad, pero cuando los falangistas de los pueblos se enteraban iban a hacerles la espera. Aquella mañana fueron tres del pueblo: Etxeberri, uno apodado “Borreguero” y Máximo García. Les dijeron a los guardianes que les comunicaran a los presos que salían en libertad, pero al salir los esperaban, los metieron en una furgoneta y en las primeras curvas los asesinaron. Era el 6 de abril de 1937».

Su corta edad entonces no le impide recordar cómo era el ambiente prebélico en su pueblo: «Las autoridades navarras estuvieron bien informadas desde el primer momento. El general Mola, que ocupaba en aquel entonces el cargo de gobernador militar de Navarra, había preparado el golpe con personajes como Conde Rodezno y algunos más. Históricamente, Navarra siempre había sido muy reaccionaria y mi pueblo, Sangüesa, siempre ha tenido fama de muy conservador. El 18 de julio los personajes más significados de la derecha de la localidad estaban armados. Las víctimas eran los militantes o sólo simpatizantes de Izquierda Republicana, socialistas, comunistas o de la CNT y otros que no tenían ningún vínculo político pero eran el blanco de envidias y de otras muchas causas. Cualquier excusa era válida para matar».

Roberto es el segundo de los hijos de Javier Rocafort. Nacido en 1934, no recuerda cómo era su padre, apenas le conoció. Una de las cosas que más le han servido para hacerlo son las cartas que conserva, escritas de puño y letra por su progenitor desde la prisión.

Cuando detuvieron a mi padre, nos vinimos a vivir a Pamplona. Con dos críos pequeños, la mayor de cuatro años y yo de dos, mi madre comenzó a trabajar en un restaurante cuyos dueños eran de Sangüesa. Por ayudarles a fregar platos y a pelar patatas le daban algo de comida y quizá por eso recuerdo que entonces no nos faltaba nada que llevarnos a la boca. Cuando podía, mi madre iba a ver a mi padre a la prisión. En las cartas que conservo, éste le pide que no es necesario que fuera a verle y que cuidara de nosotros».

La noticia de la muerte de su padre y de sus dos compañeros fue conocida de inmediato por las familias de los tres ejecutados: «Mi madre supo que los habían asesinado —recuerda Roberto Rocafort— porque los mismos matones alardearon del episodio en el pueblo».

En Sangüesa y en todos los pueblos de Navarra se repetía la típica escena de la España de la posguerra: mujeres al frente de familias numerosas. Pero a veces ellas tampoco se libraban: «En un pueblo cercano a Sangüesa —recuerda Francisco José Moriones— se llevaron una mañana para fusilar a doce personas, cuatro de ellas mujeres. En cierta ocasión estuvieron a punto de venir a por mi madre y a por mí también. Cuando mataron a mi padre, nos habíamos ido a vivir a Pamplona a casa de un tío mío, casado con una hermana de mi padre, que era teniente de requetés y allí lo supimos. Pasado un tiempo regresamos a Sangüesa, pero a los diecinueve años me instalé definitivamente en Pamplona. Desde entonces apenas he estado alguna vez. Aunque no quede nadie ya de aquel grupo de pistoleros, no me resulta muy agradable».

La misma sensación es compartida por Roberto Rocafort, el hijo de otra de las víctimas, que tampoco ha vuelto al pueblo que le vio nacer. En Sangüesa, que contaba en aquel entonces con 3.500 habitantes aproximadamente, mataron a 45 personas. En otro pueblo de la zona, Sartaguda, cuyo censo apenas superaba los 1.000 habitantes, el número de víctimas roza el centenar. Desde entonces es conocido como «el pueblo de las viudas». Actualmente se está gestionando la colocación de un monumento en homenaje a todos los ejecutados en la zona.

Desconocer el lugar exacto donde fueron abatidos y sepultados los tres vecinos de Sangüesa es el lastre que más pesa para Roberto Rocafort y Francisco José Moriones, como sin duda lo es para la mayoría de los familiares de los casi cuarenta mil españoles desaparecidos. En este caso, si bien se tiene constancia del lugar aproximado del fusilamiento, el hecho de estar ubicado en esa zona hace difícil la búsqueda. Con más de un siglo de vida, el fuerte Alfonso XII, más conocido como fuerte de San Cristóbal, domina en lo alto del cerro del mismo nombre la ciudad de Pamplona. Esta fortaleza militar se utilizó como prisión de alta seguridad en los meses posteriores al comienzo de la guerra civil. A la cifra de casi tres mil ejecutados citada anteriormente hay que añadir los casi trescientos reclusos muertos por diversas enfermedades en esta prisión y enterrados en fosas comunes del cementerio de Ansoaín, municipio al que pertenece y en cuyo registro civil, ahora sí, aparecen los nombres de todos ellos. Por el contrario, la escasez de datos en el registro de las víctimas de la represión hace difícil calcular una cifra. En aquella época, las características orográficas del alto de San Cristóbal fueron propicias para que los grupos de Falange, requetés e incluso, en muchas ocasiones, miembros del clero llevasen a cabo la labor de exterminio promulgada por el general Mola en los primeros días del Alzamiento.

Los márgenes de la carretera que da acceso a la cima fueron, durante los meses siguientes al estallido de la guerra civil, lugar frecuente de enterramientos clandestinos para cientos de presos. Según Roberto Rocafort: «Los bajaban por la carretera y en la primera curva los sacaban. A unos metros de la orilla los mataban. A otros los ametrallaban arriba, en el mismo fuerte».

Pero no hay que dejar de hablar del fuerte de San Cristóbal sin hacer referencia a uno de los episodios más importantes de aquellos años. El 22 de mayo de 1938 cerca de ochocientos presos del penal logran fugarse, siendo más de la mitad abatidos en su huida o capturados y reconducidos a la prisión. Tan sólo tres de ellos lograron cruzar con éxito la frontera francesa. La evasión fue, sin duda, la más numerosa de la historia de España y es probable que sea una de las mayores del mundo. Sobre la fuga, Francisco José Moriones da una visión del episodio: «Con la tremenda aglomeración de gente que no paraba de llegar de otros lugares, los encargados de la vigilancia optaron por soltarles y esperarles en los pueblos del contorno. Aquello fue una verdadera cacería. Muchos intentaron llegar a la frontera, pero a la mayoría los cazó la Guardia Civil en los pueblos. Como muchos no eran de aquí y no conocían el terreno, no les fue fácil huir». Pero si hay un testimonio esclarecedor, no sólo de la fuga sino de la vida cotidiana en la prisión navarra durante aquellos años, ése es d que nos deja en sus memorias el gallego Rogelio Du Fuentes. Especialmente trágicos son los meses de invierno, cuando, debido a las nevadas, los accesos al fuerte quedaban bloqueados. Durante ese tiempo se atenuaban todavía más, si cabe, las condiciones ínfimas de alimento para los presos. Rogelio Diz Fuentes lo describe así en sus memorias:

«Al lado de la enfermería estaba un cuarto oscuro que ocupaban para depositar los cadáveres. En toda la prisión se decía que dos presos, en varias ocasiones, habían conseguido entrar en ese cuarto para mutilar algún cuerpo y conseguir saciar el hambre que cada vez minaba más a toda la gente del penal. Yo nunca comí carne humana, ni tampoco me la ofrecieron, pues esta gente no estaba en contacto con nosotros. No sé si me hubiese atrevido a comerla, aunque tampoco desecho la idea de la antropofagia en una situación límite como ésta y si se toma como un recurso para sobrevivir. Aunque no lo vi, y sólo lo pude oír por fuentes que creía dignas de confianza, puede decirse que hubo bastantes probabilidades de que en el fuerte de San Cristóbal se llegase a comer carne humana».

Pero el dato más revelador lo encontramos en los acontecimientos que precedieron a la fuga y que vivió en primera persona:

En aquellos días se empezó a oír un rumor del que pocos presos hacíamos caso: un grupo de aproximadamente odio personas estaban treguando una fuga del penal. (…) Así, cuando pensábamos que eso nunca ocurriría, sin embargo, ocurrió. Fue el día 11 de mayo de 1938, aproximadamente entre las seis y las siete de la tarde, cuando un guardián apellidado Galán, que se encontraba en la cocina, fue desarmado por un preso llamado Pico que había pertenecido al partido comunista. Vestido con la ropa de Galán y su pistola, fue desarmando a los guardianes uno a uno. Luego, ayudado por otros presos, fueron sujetando y poniendo fuera de lugar a todos los guardias para que no pudieran dar la voz de alarma. (…) Algunos presos, todavía disfrazados de guardianes, empezaron a abrir las puertas y rastrillos, al grito de ¡pueden salir, estamos en libertad! Empezamos a hacerlo en grupos de aproximadamente veinte personas cada uno, corriendo a toda prisa. (…) Todos los que empezamos a salir nos hacíamos la misma pregunta: “¿Qué nos esperará a la salida?”. Aunque mi respuesta mental era que preferiría que me pegaran un tiro antes de seguir pasando lo mismo durante más tiempo, estaba decidido a jugármela, aun sabiendo que quizás era lo último que podía hacer. […] Fuera del penal, empezamos a ver que algunos hacían disparos hacia un objetivo, después supimos que los hacían, al parecer, a un corneta que estaba de permiso en Pamplona y al regresar al fuerte se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió monte abajo, y, aunque algunos le dieron el alto y comenzaron a dispararle, logró huir y con esto fue el que dio la voz de alarma a diferentes autoridades…

»Los presos, en su inmensa mayoría originarios de otras provincias, fueron presa fácil para las fuerzas que, tras la noticia, se habían puesto manos a la obra.

»Francia quedaba a menos de sesenta kilómetros, pero ninguno de los del grupo sabía a ciencia cierta hacia dónde estaba, por lo que huimos en desbandada hacia los montes cercanos. […] A las dos horas aproximadamente de haber escapado del penal, empezamos a oír las ametralladoras y a ver los reflectores que cada vez se acercaban más hacia donde estábamos. […] Cuando empezó a amanecer nos dimos cuenta que nos encontrábamos bastante lejos, pero no sabíamos dónde. De los veinte compañeros que habíamos salido juntos solamente quedaban dieciséis, los que faltaban los habíamos perdido. Cuando sentíamos que nuestras fuerzas nos abandonaban, vimos a lo lejos un pequeño pueblo, que después supe que era Estella, y que se encontraba exactamente en la dirección contraria a Francia. […] Ahí nos volvieron a capturar y en cordadas nos fueron llevando, junto con otros presos también recién prendidos, hacia unos camiones para volvernos a trasladar al penal. En este trayecto vi a varios niños y a sus padres que nos miraban. De pronto, al pasar cerca de ellos, escuché a un niño que le decía a su madre: “¡Mira, mamá! ¿Esos hombres son los que llaman rojos? Pues son iguales que papá y no tienen ni cuernos ni rabo como decías tú”. La madre hizo guardar silencio al niño y seguimos caminando hasta los transportes.

Si las consecuencias para algunos de ellos habían sido fatales, para los presos atrapados no se hicieron esperar. Rogelio Diz lo relata de manera puntual:

«Tanto los guardias como los soldados nos fueron maltratando durante todo el camino, diciéndonos el daño que les habíamos hecho por culpa de nuestra evasión, pero que todo eso lo pagaríamos muy caro porque nos iban a fusilar a todos. Al llegar al fuerte nos reclutaron en el patio, y nos informaron que por haber atentado en contra de la disciplina del penal, así como por evasión, seríamos condenados a diecisiete años, cuatro meses y un día, que se sumaría a la pena anterior. El proceso empezaría con los catorce promotores de la fuga, los cuales sabíamos que con juicio o sin juicio serían condenados a muerte. […] Nos desnudaron a todos y en grupos grandes nos metieron en unas celdas enormes que se encontraban en los sótanos del penal. […] Allí nos enteramos de algunas noticias de lo que pasó y de lo que estaba pasando. Por ejemplo, ahí supimos que habían participado en la fuga 798 presos, y que volvieron a detener a 578; todos los demás fueron muertos en accidentes de la fuga o asesinados en los montes de Navarra»[9].

Hace unos años, concretamente el 18 de abril de 1997, el programa Sorpresa, Sorpresa de Antena 3 lograría reunir a seis de los supervivientes de la fuga: Leopoldo Cámara, Jacinto Ochoa, José Miguel Alberdi, Tomás Gaona, Josu Urresti y el propio Rogelio Diz.

A partir del hecho que relata Diz, la propaganda franquista comenzó a funcionar. El 7 de junio de 1938, una nota del Diario de Navarra decía literalmente: «En un campo de concentración de presos se ha producido una revuelta, promovida por un grupo que formaban los reclusos más indeseables, los cuales consiguieron arrastrar a otros de tipo análogo, en número de 798. Valiéndose precisamente del buen trato y soltura de movimientos que se les concedía en el campo de referencia, humano régimen que se aplica en la España de Franco y al que se le ha respondido con este abuso criminal, los conjurados sorprendieron a la guardia y, logrando escapar del establecimiento, huyeron a los montes próximos donde en virtud de una inmediata y eficacísima batida han sido capturados la mayor parte de los evadidos, mientras otros se entregaban voluntariamente. Sépase para el debido encuadramiento de este episodio, que todos los implicados —salvo un reo por delito político— estaban sometidos a proceso por delitos comunes de la peor especie, y que dos terceras partes de los reclusos —entre ellos, por cierto, el único que estaba condenado a muerte— se negó a participar en el plan de evasión que ha intentado llevar a cabo un puñado de asesinos, atracadores y ladrones. Que por estos delitos de asesinato, atraco y robo están condenados cuantos en el suceso tomaron parte».

Sobre esta nota, Rogelio Diz hace una aclaración en sus memorias: «Debí de ser yo el único preso político que había en el penal, pero desgraciadamente no me correspondía tal honor, pues más del 95% de la población reclusa lo éramos. […] Los presos comunes no rebasaban las diez o quince personas. (…) Sólo conocí a dos presos condenados por asesinato, y los demás carteristas y algún otro delito». Ni que decir tiene que el condenado a muerte al que hace referencia la nota no era el único.

Desgraciadamente, el testimonio de Rogelio Diz es posterior a los hechos que tratan de averiguar Javier Rocafort y Francisco José Moriones. La asociación navarra que agrupa a los familiares de las víctimas ha solicitado recientemente al gobierno de la comunidad que se encargue de investigar el paradero de los suyos: «No estaría mal que hiciesen involucrarse al clero —añade Francisco José Moriones—, que junto a los requetés y a los falangistas fueron los causantes de todas aquellas barbaridades». De todos es conocido la implicación de los clérigos de numerosos pueblos de Navarra en las sacas posteriores al golpe militar. En este sentido, son raras las excepciones a la actitud de la Iglesia entonces. Así, al tiempo que uno de los curas que formaban parte de la comitiva represiva del fuerte de San Cristóbal trataba a los presos a patadas y golpes, otro les ayudaba a sacar las cartas entre su sotana para ser enviadas a sus familiares.

«Don José Manuel, el capellán —relata Rogelio Diz—, nos juntó un día a todos los presos y nos dijo: “Les voy a pedir un gran favor, murió mi padre y quiero que me acompañen a oír misa por él”. Todo el penal se volcó en la pequeña capilla, tanto que mucha gente no pudo entrar y desde afuera oían la misa con un gran respeto. Yo nunca antes vi a don José Manuel tan contento. Siempre tenía una ayuda o un consejo para el que se lo pidiera. Hay que ver cómo una persona buena puede cambiar, aunque sea por un momento, al más reacio de los hombres. En aquella misa vi a gente completamente contraria a la religión como comunistas, anarquistas y ateos. Aquel acto de solidaridad se produjo por la estima que le teníamos todos los presos a aquel capellán».

Otros casos similares son los de Lukus Aramendia, párroco que se había opuesto radicalmente a las ejecuciones y sería fusilado por «rojo» en el valle de Allín, o el cura de Milagro, que apareció muerto en extrañas circunstancias después de pedir clemencia para los vecinos de su pueblo que iban a ser asesinados. En Milagro la cifra de víctimas sería de 78. Pero, por el contrario, párrocos como el de Peralta. Tomás Biurrun, Pablo Eneri de Burchante, o Santos Beguiristáin de Azagra, se convertirían entonces en protagonistas de primera mano en las ejecuciones llevadas a cabo en los pueblos donde predicaban su doctrina, la doctrina de la «Cruzada», según ellos

El 7 de septiembre de 1936, en plenas fiestas patronales de Azagra, un grupo de falangistas se llevó a veintisiete vecinos de la localidad a los que fusilaron posteriormente en Cadreita. Pues bien, con la inauguración del Valle de los Caídos en 1959, las autoridades franquistas exhumaron los restos de aquellas víctimas sin el consentimiento de los familiares, que, posteriormente, con la llegada de la democracia, reclamaron el regreso de sus restos al pueblo. Como premio a los servicios prestados durante los años de la «Cruzada», el párroco, Santos Beguiristáin fue durante años director espiritual de Televisión Española.

Como indicábamos al principio, además de los ejecutados en las cercanías del fuerte de San Cristóbal, multitud de vecinos de la inmensa mayoría de los pueblos de Navarra fueron llevados lejos de sus pueblos y asesinados en las cunetas. A partir de 1976, gran parte de ellos fueron exhumados por sus familiares. Pero en el único lugar de toda Navarra donde jamás se ha llevado a cabo búsqueda alguna es en el alto de San Cristóbal. Identificar a todos y cada uno de ellos es un reto difícil, si no imposible, para las cientos de familias que se han interesado. Como los presos provenían de sitios dispares (muchos eran de Galicia, pero también los había de lugares próximos, como los procedentes de los penales de Burgos y de Soria), debería ser una entidad territorial la que diera una solución a sus descendientes. Tan sólo se han recuperado los cuerpos de los que, procedentes del fuerte, fueron asesinados a mitad de camino entre éste y su pueblo de origen, una vez que habían conseguido la libertad. De esta forma fueron ejecutados entonces, y exhumados hace casi veinticinco años, varios vecinos de Tudela.

Asimismo, en un pueblo cercano a Sangüesa, Loiti, fusilaron a unos treinta vecinos. A un joven pastor de la cercana localidad de Aldunate, que tenía quince años en aquel entonces, le obligaron a cavar las fosas en una orilla de la carretera y allí los enterraron. Tras la muerte de Franco, en plena tarea del levantamiento de fosas comunes en Navarra, el testimonio de aquel joven pastor sirvió para identificar el lugar exacto y ser trasladados al pueblo. Por el contrario, en lugares como Bartos de Murchante yacen todavía los cuerpos de ocho personas no exhumadas entonces. Como en Corella, donde alguna de su centenar de víctimas todavía no ha sido localizada, o en Fustiñana o Santesteban. El 26 de agosto de 1936, tras una procesión por las calles de Pamplona en la que participaron varias autoridades civiles y militares, 52 presos del fuerte San Cristóbal fueron llevados a las cercanías de Valcaldera, en las Bardenas Reales de Caparroso, y fusilados contra los muros de una corraliza. Luego serían enterrados en una gran fosa común del lugar. Entre los sacerdotes que dieron confesión aquel día a los que iban a morir estaba el anterior obispo de Bilbao, Antonio Añoveros

LA RIOJA

Fosa de La Barranca

A pesar de que en 1977 el gobierno civil de Logroño arrojó la cifra de 500 fusilados, los datos obtenidos posteriormente por la comisión gestora de las víctimas riojanas llevaron a la conclusión de que en el término de La Barranca, en Lardero, reposan los restos de casi dos mil represaliados entre los meses de septiembre y diciembre de 1936. El paraje, conocido también como la dehesa de Barrigudo, comenzaría a contar sus víctimas a partir del 12 de septiembre de 1936 con el asesinato de ocho vecinos de la localidad riojana de Nájera. De este mismo pueblo, el gobierno civil había facilitado a la recién creada comisión de familiares de víctimas la cifra de 3 2 fusilados. Sin embargo, el error en los datos oficiales lo demuestra el hecho de que sólo el día 7 de octubre de 1936 fueron pasados por las armas 28 vecinos.

Durante los primeros meses, los camiones que transportaban a las víctimas atadas por los dedos pulgares se paraban bajo un puente cercano a La Barranca. Cerca de él se había habilitado una pequeña construcción donde don Celedonio, antiguo párroco de Lardero, se ofrecía cada noche para dar la confesión a los prisioneros. Más tarde, comenzarían a fusilarlos al pie de las zanjas para ahorrar el tiempo de transportarlos del puente a La Barranca. Los verdugos, en su mayoría voluntarios de Falange, guardias civiles y, sobre todo, los miembros de la tristemente recordada «escuadra de la muerte», al mando del sargento de la Guardia Civil Sánchez, ordenaban cavar las zanjas a los campesinos de Lardero. Después de las ejecuciones, los cadáveres eran dispuestos en pilas de doce a catorce cuerpos y tapados con cal permaneciendo la zanja abierta hasta que se llenaba por completo. Así lo hicieron hasta llenar dos zanjas y media, cada una de ellas de casi treinta metros de longitud por dos de profundidad.

Sin duda, La Rioja fue una de las zonas que más sufriría el azote de la represión, aunque paradójica, mente no fue escenario de combate alguno, incluso cuando la columna al mando del comandante García Escámez entró en Logroño. Pero si hay un lugar especialmente recordado, ése es La Barranca. Prácticamente, no hay pueblo en La Rioja que no tenga a alguno de sus vecinos enterrado allí. Haciendo un promedio de víctimas y habitantes, Villamediana de Iregua fue, casi con total seguridad, el pueblo riojano que añadió más nombres a la lista de represaliados: en el año 1936, la localidad contaba con apenas mil quinientos habitantes. La cifra de ejecutados se elevó a 62 personas.

Una de las víctimas, Pedro García García, había sido hasta el estallido del golpe militar alcalde republicano de Villamediana. Pedro y Patricio, dos de sus hijos, siguen residiendo en el pueblo. Su testimonio da buena fe del tributo pagado por esta familia a partir de 1936, cuando el destino de varios de sus familiares cambió drásticamente: «A nuestro padre —recuerda Pedro— lo fusilaron el 25 de noviembre de 1936. Ese mismo día fusilaron a 16 vecinos más de Villamediana. Dos días antes de matarle había venido a casa uno de los cabecillas del golpe que era amigo de mis abuelos. Contaba, medio llorando, cómo en Madrid había fracasado la sublevación. Por aquel entonces mi padre, un hermano suyo y mi abuelo estaban presos en la escuela industrial, hoy escuela de Artes y Oficios de Logroño. Nos contó que había llegado una orden oficial por la cual se prohibía seguir matando a la gente sin un juicio previo. Pero lo cierto es que otra orden paralela del gobernador de Logroño daba rienda suelta durante cuatro días para que los falangistas hicieran lo que quisieran antes de regirse por la nueva orden. Aquella misma mañana mataron a 63. Por la noche le tocaría al grupo de diecisiete vecinos de Villamediana, donde iba nuestro padre. El 2 de diciembre, sólo una semana después, terminarían las ejecuciones. Lo que hicieron con aquellos hombres fue totalmente premeditado, bien pensado y llevado a cabo con todas las de la ley, su ley». Además de Pedro García, otros miembros de su familia sufrirían prisión. Ese es el caso de uno de sus hijos, Benito; de su padre, Dámaso, y de uno de sus hermanos, Tarso García. Éstos, sin embargo, corrieron mejor suerte. No sucedió lo mismo con uno de sus cuñados, Carlos Rodríguez, también fusilado.

«Nuestro padre —añade el otro de los hermanos García Rodríguez, Patricio— había sido alcalde de Villamediana en tiempos de la República, y eso iba contra el nuevo orden que Franco quería imponer. Durante su mandato unos incontrolados habían quemado la iglesia del pueblo, cosa que mi padre no aprobó, pero que a pesar de ello posteriormente sería uno de los pretextos para llevárselo. Ya cuando había sido elegido alcalde tuvo que enfrentarse a todos los caciques que había y se creó muchos enemigos. Uno de ellos fue el secretario, al que obligó a entregar las cuentas del ayuntamiento. Él fue uno de los denunciantes cuando lo detuvieron. La nueva corporación municipal cometió la torpeza de cambiar a aquel secretario, al guardia y al alguacil, todos ellos funcionarios. La República no era una reducción de personal, sino un cambio de gobierno. Lo más acertado hubiese sido obligarles a cumplir con su trabajo, pero no lo hicieron, aunque tampoco eso fue motivo para matar a varias personas posteriormente. La quema de la iglesia ayudó un poco más a la hora de justificar lo que vino luego. No entenderé nunca por qué quemaron los santos. ¡Qué tenían que ver ellos en todo aquello! Pero se hizo. Una vez sacadas las imágenes fuera de la iglesia fueron arrojadas en medio de la plaza. Hubo gentes que intentaron rescatar las imágenes llevándolas a sus casas, pero fue imposible: ni mi padre ni los que le acompañaban pudieron hacer nada para calmar a la gente. En cambio, luego lo mataron».

Pedro García Rodríguez recuerda con tristeza los meses anteriores y posteriores al asesinato de su padre y de otros amigos y conocidos del pueblo que corrieron su misma suerte. Una suerte que en contadas ocasiones podía cambiar: «Los pocos que se salvaron entonces lo hicieron gracias a algunas amistades, que intercedían por ellos para que fueran trasladados a penales como el de Burgos o Pamplona, lejos del alcance de los falangistas que los querían matar. Esto fue un verdadero genocidio, una nueva inquisición. Sólo había que decir que fulano de tal es rojo y hay que matarlo y con eso era suficiente. Se salvaban huyendo o si tenían la suerte de que en su pueblo hubiera un alcalde o un cura que intercediera por ellos.

En un pueblo cercano a Villamediana, Ribafrecha, había un párroco que cuando vio llegar a los falangistas se puso delante del camión e impidió que se llevaran a los vecinos cuyos nombres figuraban en la lista. Pero con un alcalde como el que habían impuesto aquí y sobre todo con el cura que teníamos era imposible. Sólo recuerdo algo similar en una ocasión, cuando los falangistas traían una lista con varios nombres, entre ellos el de un tío mío, Benito, que era hermano de mi padre. Para fortuna suya su nombre fue borrado del papel, dicen que por mediación de una vecina del pueblo que se llamaba María Cesárea y pertenecía a la Falange. Pero aquella mujer fue también causante de varias otras muertes. Los asesinos no se habían conformado con el número de asesinatos que habían hecho: uno de mis hermanos había desertado del frente nacional al republicano. Cuando acabó la guerra fue internado en un campo de concentración y allí estuvo hasta que conoció a un sargento de los franquistas que era de Ribafrecha y que resultó ser hijo de un gran amigo de nuestro padre. Aquel muchacho le facilitó un pasaporte que le permitía cruzar toda España, pero le aconsejó que no volviera al pueblo hasta que no se calmaran las cosas, conocedor de la situación en uno de sus viajes recientes a casa de sus padres. Pero mi hermano no le hizo caso. Cuando lo detectaron los falangistas rodearon la casa con la intención de sacarlo y lincharlo. Afortunadamente no lo consiguieron porque un coche de la Guardia Civil se lo llevó a Logroño. Nunca olvidaré a aquellos hombres, más parecidos a fieras salvajes que a seres humanos».

A principios de 1937 finalizaron las ejecuciones en La Barranca, las viudas se acercaban clandestinamente al lugar con asiduidad, y entre ellas, Gabina Rodríguez, viuda de Pedro García. Apenas podían acercarse hasta las fosas para depositar unas flores. Luego, el abandono obligado que sufría la zona y la existencia de rebaños de ganado hacían que el terreno permaneciese durante poco tiempo adecentado. A esto habría que sumar el hecho que la Guardia Civil vigilaba constantemente el lugar para impedir acercarse a las mujeres. «Fueron unas valientes —añade el menor de los García Rodríguez—, no sé qué fuerza les empujaba, pero a pesar del miedo que tenían aprovechaban el primer despiste de la fuerza para colarse. Cuando las veían las expulsaban, pero al rato ya se atrevían a ir otra vez».

Una vez muerto el dictador, las familias comenzaron a acercarse libremente hasta La Barranca. Cientos de riojanos cubrirían de flores la porción de terreno que había albergado durante años los restos de centenares de víctimas, mujeres y hombres, siendo testigo mudo de la barbarie humana elevada a sus más altas cotas (hay constancia del asesinato de, al menos, diecisiete mujeres, y, según Antonio Hernández, cerca de cuatrocientos hombres fueron ejecutados en La Barranca). Entonces ya no habría que esconderse para hacerlo… ni para contarlo. Llevados por esa iniciativa común, los familiares y amigos de los ejecutados en La Barranca crearon en 1977 una comisión gestora que se encargaría de tratar varias propuestas, como la de acondicionar el lugar que durante los años del franquismo había estado abandonado e intentar saber el número de víctimas que podía albergar el paraje. Para ello iniciaron una peregrinación por todos los pueblos de La Rioja y Navarra en busca de nombres. Otra de las gestiones que llevarían a cabo sería la de solicitar ayuda por parte del gobierno civil para realizar el proyecto de adecuación. Pedro García Rodríguez[10] recuerda cómo fueron aquellos comienzos: «Empezamos por negociar la cesión del terreno con el dueño de la finca, pero sus hijos no estaban por la labor. Aquel hombre había respetado siempre aquella porción de tierra mientras el resto de la finca era cultivada. En aquel recuadro se podían ver claramente las tres zanjas. Finalmente se llegó a un acuerdo con todos y se redactó un documento[11] por el que donaba el trozo de tierra a los familiares. Ese documento está expuesto en un panel al fondo del recinto en el que figuran todos los nombres de las víctimas enterradas en La Barranca. Una vez conseguido el terreno empezamos una campaña para recaudar dinero entre los interesados y la respuesta fue impresionante. Con aquel dinero y el millón de pesetas de ayuda del gobierno civil se valló la zona, se delimitó cada zanja y se colocó a la entrada del recinto una escultura. El día 1 de noviembre de 1979 se inauguraron las obras».

Poco tiempo después se estrenaría en La Barranca un documental elaborado, entre otros, por uno de los nietos de Pedro García García, Jesús, hijo menor del matrimonio de Patricio García Rodríguez y Amelia Moreno. «Cuando mi hijo y sus amigos acabaron el documental lo estrenaron en La Barranca. Tuvieron que hacer media docena de pases durante el día por la gran cantidad de gente que se acercó al lugar», recuerda emocionada su madre. Entre las cenizas que reposan en La Barranca están las de Jesús, uno de los hijos de Patricio García y Amelia Moreno, que falleció después de una larga enfermedad el 26 de mayo de 1999. Su último deseo fue que sus cenizas fuesen llevadas allí.

Las obras de adecuación de La Barranca coincidirían en el tiempo con una labor puesta en marcha en varias zonas del territorio español como La Rioja, Navarra y Soria y que tenía por fin el recuperar los restos de los ejecutados de 1936 en cunetas, caminos y montes. Pedro García Rodríguez será también testigo de excepción de aquel momento: «Tras la muerte de Franco se empezaron a realizar exhumaciones. No fue fácil. La mayoría de las víctimas de Alfaro, por ejemplo, estaban en fosas comunes de varios pueblos de Navarra. Después de sacarlos fueron llevados a un panteón común del cementerio. En casi todos los pueblos de La Rioja y Soria se hizo lo mismo. Cuando exhumaron a los de Tudela, varios miembros de nuestra familia fuimos a la ceremonia y a la manifestación que se celebró en el pueblo. Los restos habían sido recuperados por todos lados, no había un sitio fijo donde los mataban, dependía de qué falangistas lo hicieran. A algunos les pegaban cuatro tiros y los tiraban del camión a la carretera y allí se quedaban hasta que las gentes de los pueblos iban a enterrarlos. Pero en muchos sitios de aquí la gente se ha preocupado, aunque quizás alguno se haya quedado por ahí esparcido. Fuimos también al acto de Calahorra; cuando llegamos ya estaban las cajas tapadas y no pude ver nada, pero en San Vicente de la Sonsierra pensé que me daba algo al ver la gran cantidad de cráneos y los recipientes en los que tenían objetos personales como la dentadura de uno que se conservaba todavía o varias monedas».

Después de escuchar a los hermanos García Rodríguez se llega a la conclusión de que la guerra no sólo se llevó las vidas de aquellas mujeres y hombres. Al dolor de sus viudas hubo que sumar la discriminación de sus hijos. A Pedro no se le olvidará mientras viva el peso que supuso llevar la marca de hijo de «rojo»: «Nuestro pueblo en aquellos tiempos no llegaba a los mil seiscientos habitantes. A las decenas de viudas hay que sumar las madres que perdieron tres y cuatro hijos. La famosa frase de Franco donde aseguraba que “si había que matar a media España se mataba” la cumplió a rajatabla. Hoy en día, cuando veo en la televisión las desgracias que pasan en el mundo, pienso que aquí sabemos perfectamente lo que significa todo eso, por eso me molesta cuando escucho que ciertos sectores no quieran hablar del franquismo. ¿Cómo es posible que se pueda borrar la historia y que la gente joven no lo sepa? Lo que sucedió entonces no hay derecho a hacerlo y ojalá no vuelva a suceder. Yo he visto a mi madre y a muchas viudas como ella que les mataron sus maridos, que tenían sus hijos en la cárcel, que les hicieron barbaridades y no se conformaron con eso. Ahora todos conocemos a las víctimas de ETA, pero a las de antes no les limpiaba las lágrimas nadie. No tenían más que miedo y hubieron de tragarse el dolor durante cuarenta años. Los hijos de aquellos mártires estuvimos marcados, igual que los nazis marcaron a los judíos, y donde quiera que fuésemos éramos personas indeseables y no podíamos ocupar ningún cargo. Cuando fui al ejército estaba destinado a la costa y me mandaron a Santoña castigado. El comandante que estaba en la caja de reclutas de Logroño había enviado al de Bilbao malos informes sobre mí. Luego intenté presentarme para ascender a cabo y todos mis compañeros aprobaron menos yo. Un día, estando en Torrelavega, los requetés hicieron unas pintadas y tiraron propaganda; viene el teniente, me coge y me dice: “Las balas no respetan a nadie, ya lo saben los riojanos”. El único riojano que había en la compañía era yo».

A partir de 1975, los habitantes de La Rioja emprenden la labor de honrar a las víctimas de la barbarie de 1936. Para el proceso de localización de las fosas comunes de la zona se encontrarían con la ventaja que, en un buen número de los casos, los muertos habían sido identificados en su día por la Cruz Roja de Logroño. Pero, por el contrario, otro factor sería un gran inconveniente en la ingente tarea en la búsqueda: muchas de las víctimas se encontraban inhumadas en lugares fuera de la provincia, como en los parajes de La Royuela, en la localidad navarra de Lácar, el Alto de la Castellana y La Poza en Funes o el Raso de Peralta, de la misma provincia o en el pueblo de El Ciego, en Álava. Una vez salvado este escollo, se realizaron exhumaciones en la mayoría de las localizaciones de fuera y dentro de la provincia, como en Calahorra, Pradejón, Arnedo, Rincón de Soto, en los parajes de Las Acacias o Rubiejo, en Ausejo, o en La Torquera, en Aldeanueva de Ebro.

Por otro lado, ante la imposibilidad de exhumación e identificación, se dignificaron lugares de ejecuciones múltiples como la citada Barranca, o La Grajera. Hoy en día, numerosos pueblos de La Rioja cuentan con monumentos a sus víctimas dentro de sus cementerios, como Alfaro, Calahorra, Arnedo, Igea, Cervera del Río Alhama, Aldeanueva de Ebro, San Vicente de la Sonsierra o el propio cementerio de la capital. No tuvieron la misma suerte los ejecutados, y jamás localizados, de los parajes cercanos a Fuenmayor o en la Cuesta de la Gata en Ausejo.

VALENCIA

Barranco del Toro, Castellón

Posiblemente, cuando Julio Hernández besaba a su mujer y a sus dos pequeños antes de salir por la puerta del domicilio familiar no se imaginaba que aquélla sería la última vez que estarían juntos. A la edad de treinta y cuatro años tenía que partir, junto a un numeroso grupo de jóvenes de la localidad alicantina de Villena, hacia el frente para combatir el avance de las tropas sublevadas. El resto de los muchachos del pueblo se habían ido anteriormente, junto a los ideólogos de la derecha y a los miembros de la Falange que, en cuanto pudieron, se incorporaron a las filas del ejército franquista.

Por aquel entonces, el frente de Aragón daba sus últimos coletazos. Tras los sangrientos combates llevados a cabo, el ejército franquista centró toda su ofensiva sobre Levante, intentando dividir en dos la zona republicana para posteriormente iniciar la marcha sobre Valencia. Aquélla sería la operación más demoledora del ejército sublevado en los tres años de guerra civil y, a la postre, la decisiva. Pero vayamos al principio.

Desestimado un nuevo intento de conquistar Madrid, Franco había planeado un ataque sobre Aragón a las órdenes del general italiano Berti y los españoles Solchaga, Moscardó, Dávila, Yagüe y Aranda. El 7 de marzo de 1938, con las tropas republicanas diezmadas y sin apenas material de guerra, el frente se rompe en varios puntos. Yagüe, por la margen derecha del Ebro, entró en Belchite el 10 de marzo y el 13 del mismo mes Aranda hizo lo propio con Montalbán. El 17 de marzo Yagüe entra en Caspe, tras someter la población a un cerco en el cual se produjeron cientos de detenidos y contemplar una más de las innumerables muestras de valor de las brigadas internacionales. A partir del día 22, los franquistas entrarían en Huesca, Tardienta, Alcubierre, Pina de Ebro, Fraga y llegando a la más cercana capital catalana, Lérida, donde las tropas del Campesino resistieron durante seis días. Las tropas del sur, al mando de Aranda y Berti, llegaron al Maestrazgo. Después, las fuerzas italianas serían retenidas por los republicanos en Tortosa. Finalmente, el día de Viernes Santo de 1938, la IV División de Navarra, al mando del tristemente famoso Camilo Alonso Vega, llega a Vinaroz y es el primero en divisar las aguas mediterráneas. El territorio republicano se partía en dos y a partir de ahí los nacionales avanzarían hacia el norte y el sur, pudiendo pasar a la ofensiva por cualesquiera de las direcciones. Aunque algunos presagiaron que la guerra pronto acabaría, en abril de 1938 la contienda estaba todavía lejos de terminar.

Durante las semanas siguientes, la guerra continuó su curso lentamente. La siguiente ciudad en caer en manos del ejército franquista el 14 de junio sería Castellón de la Plana, lugar estratégico a tan sólo ochenta kilómetros de Valencia. El 5 de julio las tropas franquistas ponen rumbo a la capital del Turia. En la sierra de Espadán se produciría el primer encontronazo con las fuerzas republicanas que defendían aquella posición cercana al mar. Pocos días después, las tropas de Varela y las italianas de Berti combaten en el sur de la provincia de Teruel, produciéndose los primeros encontronazos en Mora de Rubielos y Sarrión, que no tardarían en caer en poder de los franquistas. Las bajas y las detenciones en el bando republicano se empezaban a contar por miles. Uno de los últimos reductos sería la zona de la sierra del Toro.

Antonio es el más joven de los hijos de Julio Hernández. Hasta hace dos años sólo sabía que su padre había muerto en la guerra civil: «Apenas tengo recuerdos de mi padre. Cuando se fue al frente yo tenía dos años. Conservo con cariño varias fotografías suyas con mi madre. Al acabar la guerra, mi abuela paterna se hizo cargo de la familia. Mi madre tuvo que trabajar muy duro porque no tenía otro medio de vida. Para sacar adelante a sus dos hijos hubo de emplearse en las labores del campo para ganar un jornal con el que alimentarnos. Pero seis años después de la muerte de mi padre en el frente, murió de tifus y mi hermana y yo nos quedamos solos con mi abuela. Luego nos fuimos a la casa de unos tíos que tenían tres hijos. O sea que en aquella casa llegamos a vivir nueve personas, porque con ellos vivía otro hermano de mi madre. Como se trabajaba la agricultura, por fortuna no llegamos a pasar mucha necesidad. Eso era lo que a mi corta edad pude percibir; y aunque como niño no llegué a padecerlo, veía el sufrimiento en los mayores de la casa. Si la vida sin nuestro padre había sido dura, luego lo fue mucho más. Afortunadamente hemos tenido familiares que nos han querido y nos han criado como a sus hijos, pero los padres son insustituibles. Además de la desgracia de quedarse sin un padre en cualquier condición, ser el huérfano de un republicano al acabar la guerra era más doloroso si cabe».

Durante más de sesenta años, Antonio Hernández no tuvo referencia alguna del lugar donde se hallaban los restos de su padre. Francisca, su hermana mayor; era la única que tenía un vago recuerdo de lo que había oído en boca de su madre mientras vivió. Recuerda Antonio: «Mi hermana siempre se refería al paraje como el Barranco del Moro, y por más que busqué no encontraba la ubicación exacta, pero hace dos años se me ocurrió solicitar al juzgado de Villena la partida de defunción de mi padre y en ella comprobé que el verdadero nombre del lugar era el Barranco del Toro y no del Moro».

Antes de conocer la existencia del certificado de defunción de su padre en el juzgado de Villena, Antonio Hernández ya se había preocupado en localizar a antiguos combatientes que pudieran tener alguna referencia que le orientase en su búsqueda y de esa forma logró conocer más detalles: «Uno de los testimonios fue revelador. Cuando comenzó el ataque de los soldados franquistas, el batallón al completo estaba a cubierto. Mi padre, junto a otro compañero, se había parapetado tras un árbol durante las explosiones. Los otros hombres, que estaban más atrasados, veían cómo sus compañeros iban cayendo uno a uno cuando de repente vieron que en el árbol donde estaba mi padre y el otro hombre cayó un obús que les hizo saltar por los aires. Aunque ninguno de los hombres con los que hablé le llegaron a ver muerto, las noticias que iba conociendo me desanimaban bastante. Otro de los excombatientes con el que me puse en contacto era un hombre bastante mayor; y me dijo que aquel ataque había sido fortísimo y había producido varias víctimas; y aunque tampoco llegó a ver a mi padre muerto, lo cierto es que poco a poco empezaron a notar la falta de varios de sus compañeros. Por el contenido de esos testimonios llegué a albergar la esperanza de que mi padre se hubiera salvado, pero esa ilusión se apagó cuando conocí la existencia de esos papeles en el juzgado y comprendí que era una quimera. Mi madre y los hermanos de mi padre ya se habían preocupado del asunto anteriormente dirigiéndose al registro civil con otros compañeros de mi padre que son los que firmaron».

En la sección de Defunciones del Registro Civil de Villena, en la hoja correspondiente al día 23 de diciembre de 1941, aparece como fallecido Julio Hernández Hernández, de treinta y seis años, natural y vecino de Villena, casado con Teresa Hernández García y padre de dos menores de edad llamados Francisca y Antonio. También se recoge allí la fecha y el lugar de su fallecimiento (12 de agosto de 1938, en el frente de Levante, lugar del Barranco del Toro) y su condición de miembro del ejército rojo fallecido en «un combate con las fuerzas nacionales; su cuerpo habría de recibir sepultura en el lugar inmediato al que se encontraba». El conocimiento de la existencia de aquella hoja en la que se certificaba el fallecimiento de su padre era el principio de una búsqueda que le llevaría a conocer los detalles que durante toda su vida había desconocido: el paraje, las circunstancias que rodearon a su muerte y lo más importante: el lugar donde reposaban los restos de su padre. «Lo primero que hice fue intentar contactar con los dos vecinos de Villena que firmaron el papel y que habían estado aquel mismo día en el Barranco del Toro. Cuando conseguí alguna referencia que me llevara a ellos supe que, desgraciadamente, ambos habían fallecido». Antonio había recobrado la esperanza de dar con el lugar, así que consultando planos cartográficos se dio cuenta que no era difícil llegar hasta allí. La necesidad de conocer el último lugar que vio a su padre con vida le llevó a recorrer hace dos años los trescientos kilómetros que separan Villena de la localidad castellonense de El Toro, pueblo más cercano al paraje situado en las estribaciones de la sierra de Javalambre, en la zona limítrofe de las provincias de Castellón de la Plana y Teruel.

«Cuando llegamos preguntamos en el ayuntamiento de la localidad por alguna persona que nos pudiese indicar el lugar. Uno de los concejales se ofreció para acompañarnos y puso a nuestra disposición dos vehículos todoterreno sin los que hubiera sido imposible llegar hasta allí. El paraje se encuentra a media docena de kilómetros de la carretera. Entre el numeroso grupo de personas que se habían unido a aquella expedición se encontraba un hombre octogenario, testigo excepcional de los acontecimientos ocurridos durante los meses anteriores y posteriores a la entrada de los franquistas en la zona. A su corta edad entonces, había desempeñado la labor de aguador en el bando de los republicanos en el mismo lugar donde estaba mi padre».

El lugar de la batalla en El Barranco del Toro está perfectamente identificado. Un pozo de agua sobrevive al paso del tiempo; una especie de hondonada desde la que se sube por una pequeña ladera hacia el alto de la colina muy pedregosa. Allí pueden verse los restos de las trincheras construidas por los milicianos para defender la posición. Hoy en día apenas quedan en pie las paredes de aquella vieja edificación que sirvió de hospital de campaña y que ocupaba una superficie de más de un centenar de metros cuadrados, en cuyo interior tan sólo pueden verse los montones de piedras que con el tiempo se han ido desmoronando. Antonio Hernández tiene presente en su retina el día que conoció personalmente el lugar que había estado buscando durante toda su vida: «Cuando llegamos al lugar la sensación fue emocionante. Era la primera vez que pisábamos el sitio donde mi padre había pasado sus últimas horas y estábamos ante aquel montón de piedras bajo el cual yacían sus restos y los del resto de sus compañeros. El hombre mayor que venía con nosotros nos contó el combate de aquel día de agosto de 1938. Los rebeldes comenzaron a avanzar con disparos de mortero y todo tipo de artillería causando numerosos muertos y heridos que eran introducidos en aquel hospital de campaña. Cuando se terminó todo, las víctimas del combate fueron enterradas dentro del recinto, donde permanecen hoy en día. Todos los testimonios que recopilamos apuntaban a que en aquella improvisada fosa hay varias docenas de combatientes republicanos».

Desde entonces, los hermanos Hernández han repetido la visita al lugar en varias ocasiones. Para ellos, exhumar los restos de su padre «sería difícil, pero no imposible. Si hoy en día se quisieran recuperar todos los cuerpos sería preciso desescombrar todo el interior hasta quitar los casi dos metros de tierra y piedras acumulados». El reto no es fácil, pero humana y psicológicamente sería una recompensa a todos aquellos años de sufrimiento experimentados por la pérdida de su padre, sepultado anónimamente lejos del hogar.

El hecho de que la comunidad valenciana permaneciese durante toda la guerra bajo control gubernamental hizo que, en la mayoría de los casos, las víctimas fueran causadas por la propia guerra en sí o por los posteriores fusilamientos masivos finalizada la contienda. De este modo, ubicamos en la provincia de Castellón de la Plana fosas comunes en el cementerio de la capital o en localidades como Villarreal, Burriana o Lucena del Cid. En Valencia, durante el control gubernamental, la represión se cebó en los detenidos sospechosos de colaboracionistas con el alzamiento, ya sean falangistas, quintacolumnistas o miembros del clero, la mayoría de ellos fusilados en Paterna y exhumados posteriormente con la ayuda del gobierno franquista. Este mismo lugar sería testigo, junto a El Saler, de los fusilamientos llevados a cabo tras la entrada de los sublevados en la capital. Hoy en día, la diferencia de trato entre unas y otras sepulturas es visible: por una parte, los «Caídos por Dios y por España» o los «Asesinados por las hordas marxistas»; por el otro, un pedazo de tierra sin inscripción alguna, tan sólo el recuerdo que unos pocos hacen cada 14 de abril.

En Alicante finalizó la guerra. Diferentes lugares dan fe de ello, como el cementerio municipal de la capital o el de Orihuela, donde a las fosas comunes existentes en el camposanto hay que añadir las de los fusilados en el seminario diocesano, habilitado como campo de trabajo durante la posguerra, o los del monte Benacantil. Los recuerdos que se han vertido durante los años posteriores hablan de una verdadera masacre a la llegada de los franquistas a la capital.

El testimonio de Germán Renau Forcadell, comandante de la policía militar creada a principios de 1939 por el gobierno republicano, es sumamente elocuente. En él se recogen los acontecimientos posteriores al fin de la guerra, cuando, como diría dos días después el último bando de guerra franquista, «cautivo y desarmado el ejército rojo, las tropas nacionales alcanzaban sus últimos objetivos». Éste es el testimonio vivo y desgarrador de aquellos días, tal y como nos lo ha hecho llegar Germán Renau en una carta personal:

En marzo de 1939 tenía dieciocho años. El 29 de aquel mes se pasó al personal la orden de que nos presentásemos con lo imprescindible en el puerto de Alicante, donde cogeríamos un barco con destino a Méjico, país que se comprometía a acogernos. Cuando llegamos, nos encontramos que varias parejas de falangistas patrullaban por la ciudad, y por otro lado patrullas republicanas, por lo que se convirtió en un tránsito peligroso. Una vez en el puerto, pudimos ver una gran explanada llena de militares, mujeres, hombres, niños y ancianos. Cuando nos disponíamos a embarcar, no fuimos admitidos en el barco atracado en puerto en aquel momento, pero nos prometieron que pronto habría otro. Esos barcos nunca llegarían y allí empezó nuestro martirio. En el lugar se presentó la Cruz Roja y diverso personal de las embajadas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Se puso una cuerda de parte a parte en la entrada y, colocando las respectivas banderas de cada país, se dijo que aquello era una convención internacional, cosa que estaba muy de moda en aquellos tiempos y que fracasó en todas partes donde se montó. La tan cacareada convención fue burla y escarnio para los fascistas y sus aliados.

Se nombró una comisión para guardar el orden interior, de la que formé parte, soportando el peso de ver a los más comprometidos que prefirieron el suicidio antes de caer en manos de Franco. Vi cuatro oficiales jóvenes fumándose el que sería su último pitillo. Al acabar, uno de ellos sacó su pistola y disparó a los otros tres para luego pegarse él un tiro en la sien. Otros tres compañeros subieron a una línea de alta tensión. Detrás de ellos, más de cien. Los de la comisión, con la ayuda de otros hombres, sacábamos a los muertos fuera del recinto, donde el servicio municipal los recogía.

Todos los días venía una furgoneta con altavoces y nos decía: «¡El Generalísimo Franco muy magnánimo, os promete a los que no tengáis las manos manchadas de sangre que si salís y os entregáis a la Patria, no seréis perseguidos, y todos juntos levantaremos España! ¡Viva Franco!». Esto duró siete días; al séptimo día se presentó el general Gambara, jefe de la división Littorio, que era la encargada de custodiar el puerto, y no tenía nada de voluntario, es decir, era una tropa del ejército italiano, la gran mentira del fascismo. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: el general preguntó qué hacía toda aquella gente allí dentro, y sin esperar respuesta cogió la cuerda con las tres banderas, las lanzó al suelo, las pisoteó y delante de varias mujeres y niños sacó su sexo para después orinar sobre ellas. Después cogió un altavoz y grito: «¡Os doy diez minutos para que salgáis del recinto y ser dirigidos por mi gente a un campo, de lo contrario os saco a tiros!». He de decir que antes había llegado un destructor con un batallón desde Castellón que sería el encargado de formar una línea a lo largo de la carretera para escoltarnos hasta el célebre campo de Los Almendros. Las aceras estaban plagadas de tropas gallegas que tenían que trasladar a una masa de cincuenta mil hombres, mujeres y niños que acudieron de todas partes buscando en el puerto de Alicante la salvación.

Cuando llegamos, los almendros estaban verdes y repletos de flores y hojas, pero al día siguiente no quedaba ni una flor, ni siquiera un tallo tierno, como si hubiese pasado una plaga de langosta o una tormenta de piedras. Como el perímetro del campo era tan grande, se produjeron algunas fugas, la mayoría de ellas abortadas con bombas de mano y fuego de fusilería. En el campo aconsejé al personal que destruyese toda la documentación comprometedora, así como que se despojase de galones e insignias indicativas que pudiesen comprometerles, rompiéndolos en pequeños pedazos y enterrándolos bajo los almendros. Muchos, los que vivían en la luna, no quisieron. Según ellos, los oficiales tenían garantías de trato por la comisión de Ginebra. Caro lo pagaron.

De allí fuimos trasladados a la plaza de toros de Alicante. Como éramos tanta gente, un numeroso grupo fue trasladado a Albatera-Catral, donde yo llegué más adelante.

En la plaza de toros había, según algunas estimaciones, más de cuarenta mil personas, unos en el centro y otros bajo los palcos. Se montaron cuatro ametralladoras en un claro intento de fuego cruzado sobre el redondel. De la plaza de toros nos trasladaron al campo de Albatera-Catral, donde llegó a haber más de cincuenta mil personas. El lugar estaba al bajar hacia la estación de la localidad, a unos cien metros, entre campos de palmeras. Volví hace poco tiempo con mi mujer y lloré sobre la tumba de miles de compañeros muertos, fusilados sin compasión. Yo mismo estuve dos veces ante el pelotón en unos fusilamientos simulados para implantar terror, pero que se convertían en realidad cuando algún joven llevaba el entusiasmo hasta allí y levantaba el puño para dar vivas a la República. Me encontré a un joven labrador que nos contaba que aún se encontraban fosas con cientos de cuerpos cuando labraban la tierra.

Posiblemente, ésa es la mayor tumba de España y pido para ella que alguna organización levante un monumento o una simple piedra en la que ponga una lápida que enseñe a las futuras generaciones lo que no deben volver a hacer los hombres: matarse entre hermanos.

ANEXOS

ANEXO I

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Resolución 47/133, aprobada en la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992.

Artículo 1

1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes.

2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro.

Artículo 2

1. Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas.

2. Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas.

Artículo 3

Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.

Artículo 4

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.

2. Las legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada.

Artículo 5

Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado conforme a los principios del derecho internacional.

Artículo 6

1. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada. Toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla.

2. Los Estados velarán por que se prohíban las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas.

3. En la formación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley se debe hacer hincapié en las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 7

Ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas.

Artículo 8

1. Ningún Estado expulsará, devolverá o concederá la extradición de una persona a otro Estado cuando haya motivos fundados para creer que corre el riesgo de ser víctima de una desaparición forzada.

2. Para determinar si hay tales motivos, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, incluida, cuando proceda, la existencia en el Estado interesado de un conjunto de violaciones sistemáticas, graves, manifiestas o masivas de los derechos humanos.

Artículo 9

1. El derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud o de individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva, es necesario para prevenir las desapariciones forzadas en toda circunstancia, incluidas las contempladas en el artículo 7 supra.

2. En el marco de ese recurso, las autoridades nacionales competentes tendrán acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad, así como a todo otro lugar donde haya motivos para creer que se pueden encontrar las personas desaparecidas.

3. También podrá tener acceso a esos lugares cualquier otra autoridad competente facultada por la legislación del Estado o por cualquier otro instrumento jurídico internacional del cual el Estado sea parte.

Artículo 10

1. Toda persona privada de libertad deberá ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y, con arreglo a la legislación nacional, presentada sin demora ante una autoridad judicial luego de la aprehensión.

2. Se deberá proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de esas personas y el lugar o los lugares donde se cumple, incluidos los lugares de transferencia, a los miembros de su familia, su abogado o cualquier otra persona que tenga interés legítimo en conocer esa información, salvo voluntad en contrarío manifestada por las personas privadas de libertad.

3. En todo lugar de detención deberá haber un registro oficial actualizado de todas las personas privadas de libertad. Además, los Estados tomarán medidas para tener registros centralizados análogos. La información que figure en esos registros estará a disposición de las personas mencionadas en el párrafo precedente y de toda autoridad judicial u otra autoridad nacional competente e independiente y de cualquier otra autoridad competente facultada por la legislación nacional, o por cualquier instrumento jurídico internacional del que el Estado sea parte, que desee conocer el lugar donde se encuentra una persona detenida.

Artículo 11

La puesta en libertad de toda persona privada de libertad deberá cumplirse con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad y, además, que lo ha sido en condiciones tales que estén aseguradas su integridad física y su facultad de ejercer plenamente sus derechos.

Artículo 12

1. Los Estados establecerán en su legislación nacional normas que permitan designar a los agentes del gobierno habilitados para ordenar privaciones de libertad, fijen las condiciones en las cuales tales órdenes pueden ser dadas, y prevean las penas de que se harán pasibles los agentes del gobierno que se nieguen sin fundamento legal a proporcionar información sobre una privación de libertad.

2. Los Estados velarán igualmente por que se establezca un control estricto, que comprenda en particular una determinación precisa de las responsabilidades jerárquicas, sobre todos los responsables de aprehensiones, arrestos, detenciones, prisiones preventivas, traslados y encarcelamientos, así como sobre los demás agentes del gobierno habilitados por la ley a recurrir a la fuerza y utilizar armas de fuego

Artículo 13

1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.

2. Los Estados velarán por que la autoridad competente disponga de las facultades y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares.

3. Se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.

4. Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso.

5. Se tomaran disposiciones para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda.

6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada.

Artículo 14

Los presuntos autores de actos de desaparición forzada en un Estado, cuando las conclusiones de una investigación oficial lo justifiquen y a menos que hayan sido extraditados a otro Estado que ejerce su jurisdicción de conformidad con los convenios internacionales vigentes en la materia, deberán ser entregados a las autoridades civiles competentes del primer Estado a fin de ser procesados y juzgados. Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo presunto autor de un acto de desaparición forzada, que se encuentre bajo su jurisdicción o bajo su control, sea sometido a juicio.

Artículo 15

El hecho de que haya razones de peso para creer que una persona ha participado en actos de naturaleza extremadamente grave como los mencionados en el párrafo 1 del artículo 4 supra, cualesquiera que sean los motivos, deberá ser tenido en cuenta por las autoridades competentes de un Estado al decidir si conceder o no asilo.

Artículo 16

1. Los presuntos autores de cualquiera de los actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra serán suspendidos de toda función oficial durante la investigación mencionada en el artículo 13 supra.

2. Esas personas sólo podrán ser juzgadas por las jurisdicciones de derecho común competentes, en cada Estado, con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar.

3. No se admitirán privilegios, inmunidades ni dispensas especiales en tales procesos, sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

4. Se garantizará a los presuntos autores de tales actos un trato equitativo conforme a las disposiciones pertinentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales vigentes en la materia en todas las etapas de la investigación, así como en el proceso y en la sentencia de que pudieran ser objeto.

Artículo 17

1. Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no te hayan esclarecido los hechos.

2. Cuando los recursos previstos en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya no sean eficaces, se suspenderá la prescripción relativa a los actos de desaparición forzada hasta que se restablezcan esos recursos.

3. De haber prescripción, la relativa a actos de desaparición forzada ha de ser de plazo largo y proporcionado a la extrema gravedad del delito.

Artículo 18

1. Los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal.

2. En el ejercicio del derecho de gracia deberá tenerse en cuenta la extrema gravedad de los actos de desaparición forzada.

Artículo 19

Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización.

Artículo 20

1. Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen.

2. Habida cuenta de la necesidad de preservar el interés superior de los niños mencionados en el párrafo precedente, deberá ser posible, en los Estados que reconocen el sistema de adopción, proceder al examen de la adopción de esos niños y, en particular declarar la nulidad de toda adopción que tenga origen en una desaparición forzada. No obstante, tal adopción podrá mantener sus efectos si los parientes más próximos del niño dieran su consentimiento al examinarse la validez de dicha adopción.

3. La apropiación de niños de padres víctimas de desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de una madre víctima de una desaparición forzada, así como la falsificación o supresión de documentos que atestigüen su verdadera identidad constituyen delitos de naturaleza sumamente grave que deberán ser castigados como tales.

4. Para tal fin, los Estados concluirán, según proceda, acuerdos bilaterales o multilaterales.

Artículo 21

Las disposiciones de la presente Declaración son sin perjuicio de las disposiciones enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en cualquier otro instrumento internacional y no deberán interpretarse como una restricción o derogación de cualquiera de esas disposiciones.

ANEXO II

Texto presentado por Montserrat Sans ante el Grupo de trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada (Nueva York, agosto de 2002)

El 28 de octubre del año 2000 un grupo de arqueólogos comenzó los trabajos de exhumación de una fosa en la que se encontraban los restos de 13 civiles republicanos que fueron asesinados por pistoleros de la falange. La familia de una de las víctimas había promovido la exhumación. Durante los días en que se realizaron los trabajos de excavación arqueológica muchas personas de pueblos cercanos se acercaron y contaron que tenían padres, hermanos o abuelos desaparecidos. Así surgió «la necesidad» de crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En España hay más de treinta mil personas que permanecen en fosas comunes, sin sus derechos a mantener una identidad tras la muerte, a que sus restos reposen en una sepultura digna y a que sus familiares puedan recordarlos en paz y llorarlos en un cementerio. Algunas fosas comunes son de grandes dimensiones: Mérida, 3.500 personas; Oviedo, 1.600 personas; Gijón, 2.000 personas; Sevilla, 2.500 personas; Teruel, 1.005 personas, etcétera.

Durante los años setenta en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco, en pueblos de distintos puntos de la geografía nacional se realizaron exhumaciones de fosas comunes. Los familiares habían esperado al final de la dictadura para encontrar la oportunidad de saber de sus muertos y ejercer el derecho a darles una sepultura digna. En algunas zonas las familias llegaron incluso a manifestarse frente a las casas de los asesinos. Pero el 23 de febrero de 1981 hubo un golpe de Estado. El teniente de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso de los Diputados y secuestró durante cerca de veinte horas la recuperada democracia española.

Entre sus diferentes efectos el citado golpe militar asustó de tal modo a las familias que trataban de abrir las fosas y recuperar a sus desaparecidos que dejaron de hacerlo. Muchas de las personas que entonces exhumaron fosas hoy no se atreven a hablar de aquello, después de que el golpe militar les causara el miedo de pensar en que podría haber otra guerra civil o se podría reproducir otra situación de dura represión como la que vivió la España gobernada por Franco, un general que el 1 de octubre de 1937 hizo públicas, en su boletín legislativo, dos condecoraciones de la gran cruz de las flechas rojas a Adolf Hitler y a Benito Mussolini.

Hasta que ese 28 de octubre de 2000 se abrió la fosa de los trece republicanos en Priaranza del Bierzo se habían realizado algunas exhumaciones esporádicas, pero era ésa la primera vez que el trabajo lo hacían un grupo de antropólogos y forenses. El pasado 16 de marzo el profesor José Antonio Lorente, del Departamento de Medicina de la Universidad de Granada, asesor en identificación de desaparecidos de varios gobiernos latinoamericanos, tomó las muestras de cuatro de los cuerpos para practicarles la prueba del ADN. Los resultados estarán listos a mediados del próximo mes de septiembre y serán las primeras víctimas de la guerra civil identificadas mediante dicha prueba.

Una de las principales dificultades con las que se enfrenta la ARMH en sus trabajos es el miedo. En muchos pueblos de España todavía la gente tiene miedo de hablar de la guerra civil y de los años de la Segunda República que consiguió que llegara la democracia por primera vez a España el 19 de noviembre de 1933, día en que por primera vez hombres y mujeres con sufragio universal pudieron elegir a sus representantes políticos. La transición española a la democracia, que en realidad era una recuperación de la democracia, se llevó a cabo dejando en la cuneta la responsabilidad que tiene cualquier democracia con las víctimas de una dictadura. Pero pasados los años, como ocurrió con la sociedad alemana o la francesa en su relación con el nazismo, parece haber llegado el momento de asumir esa responsabilidad con madurez y serenidad, sin que por ello se cause ningún conflicto político.

Se trata de una labor humanitaria, de permitir a las víctimas recuperar la dignidad que perdieron durante la dictadura y que no han podido recuperar durante 27 años de democracia. Son varios los colectivos damnificados: los presos políticos que construyeron grandes obras públicas y contribuyeron a multiplicar el patrimonio de empresas constructoras, los miles de españoles deportados a los campos de concentración nazis con la colaboración del gobierno franquista, los presos que permanecieron mucho tiempo en la cárcel, etc.

Lo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicita del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada y Permanente es que aplique la resolución 33/147 del 18 de diciembre de 1992, cuyo texto como convención está siendo redactado y que fue ratificada por el gobierno español. Para que esa resolución sea llevada a cabo tienen que darse los siguientes pasos:

—Que el gobierno español financie la exhumación de los cuerpos y la identificación de las personas que se encuentran en fosas comunes en los casos en que las familias lo soliciten. Otras familias se conforman con la colocación de una placa que recuerde a esos hombres y mujeres que construyeron y defendieron la primera democracia española. En ese sentido es preciso actuar con rapidez, puesto que las personas que quedan de la generación que vivió la guerra son muy mayores y el día que desaparezcan se habrá perdido una información básica acerca de la ubicación de las fosas comunes, que en muy pocos casos se encuentran señalizadas como consecuencia del miedo.

—Que se abran los archivos militares en los que se encuentran miles de expedientes relativos a personas ejecutadas y que todavía, 63 años después de terminada la guerra, permanecen reservados bajo jurisdicción militar. En relación con esto solicitamos que se digitalicen todos los archivos relacionados con la guerra civil para que a través de Internet una persona pueda acudir a su ayuntamiento y que le sea entregado impreso el expediente de su familiar. En muchos casos los archivos militares contienen objetos personales de los ejecutados, cartas que escribieron a sus familiares el día anterior a ser ejecutados y creemos que ante todo las familias tienen derechos a disponer de esos objetos de carácter personal.

—Que dentro de la defensa y dignidad a la que tienen derecho las víctimas se retiren de todas las ciudades y los pueblos de España los numerosos monumentos que todavía hoy ensalzan al dictador Francisco Franco y a muchos de los dirigentes de sus gobiernos. Creemos que las familias de las víctimas tienen derecho a disfrutar de una dignidad que no tienen cuando todavía hoy existen placas y monolitos en los que se califica como de «libertadores de la villa» a militares franquistas que ordenaron la ejecución de decenas de civiles.

—Que el gobierno lleve a cabo un gran homenaje a todas las personas que defendieron la democracia contra Franco y que sirva de acto simbólico para que todas las víctimas de la represión puedan recuperar la confianza política y pierdan el temor a hablar de lo más trágico que ha ocurrido en sus vidas.

Esperamos que desde este grupo de trabajo se ayude a recuperar la dignidad a los millones de personas que están afectadas familiarmente por la represión franquista y las consecuencias de una dictadura que duró 39 años y que según los últimos estudios[12] asesinó una vez terminada la guerra a cerca de cincuenta mil personas.

ANEXO III

Proposición no de ley presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a todos los partidos políticos españoles

En España hay más de treinta mil cuerpos no identificados que permanecen en fosas comunes, entre los que se encuentra el internacionalmente famoso poeta Federico García Lorca. Algunas de dichas fosas, como las de Mérida, tendrían unos cuatro mil cuerpos, Oviedo unos mil seiscientos cuerpos, León unos mil cuerpos, Madrid unos mil cuerpos, Badajoz unos tres mil cuerpos.

Sin embargo, durante y después de la guerra civil el bando franquista permitió que aquellas personas que hubieran perdido un familiar a manos de los republicanos pudieran exhumar el cadáver y trasladarlo a su domicilio, y para ello se dictaron distintas órdenes ministeriales del tenor siguiente:

Siendo numerosas las legítimas solicitudes tramitadas para traslados de muertos en campaña de unos lugares a otros del territorio ocupado por nuestro Glorioso Ejército, solicitudes que en términos generales se viene concediendo […], ya que las circunstancias actuales precisan dar el máximo de facilidades en estos traslados de quienes dieron su vida por la Patria […], he acordado:

1.º Que por las Autoridades competentes y una vez que el traslado haya sido autorizado por la Autoridad militar, se den las máximas facilidades, compatibles con el aspecto sanitario, para dichos traslados y se vigilen por las autoridades dependientes de este Gobierno General […], destinados a los traslados de cadáveres de muertos en campaña o de resultas de heridas o enfermedades inherentes a la misma, se les señale el menor precio posible (Orden Ministerial de 22 de octubre de 1936).

Por Orden de 6 de mayo de 1939, se dispuso que todo aquel que desease exhumar el cadáver de alguno de sus deudos asesinado por la horda marxista, para ser inhumado en el cementerio, podía solicitarlo sin que tuviera que abonar derechos sanitarios de ninguna clase.

[…] Atento este Departamento a atender tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y España víctimas de la barbarie roja, he tenido a bien disponer:

1.º Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo del Gobernador civil de la provincia correspondiente…

4.º Quedan vigentes la Orden de 22 de octubre de 1936 y la de 31 de octubre de 1938 en cuanto no se oponga a la presente (Orden de 1 de mayo de 1940).

En el mismo sentido se dictaron las órdenes de 7 de febrero y 12 de julio de 1940, y sin embargo a los familiares del bando vencido no se les permitió dar sepultura a sus muertos, sino que los dejaron tirados en fosas. Normativa que a fecha de hoy no ha sido derogada, contraviniendo el art. 14 de la Constitución Española de 1978, el derecho a la igualdad, violando directa e indirectamente los convenios internacionales vigentes en ese momento.

Así, el Convenio de 6 de agosto de 1930, «de los Heridos y enfermos en campaña», establecía que «los beligerantes se darán a conocer recíprocamente, en el más breve plazo posible, los nombres de los heridos, de los enfermos o de los muertos recogidos o hallados, así como todos los elementos que sirvan para identificarlos. Levantarán y transmitirán las actas de defunción.

»Recogerán y se enviarán igualmente todos los objetos de uso personal encontrados en los campos de batalla o en los muertos, en especial la mitad de su placa de identidad, cuya otra mitad debe quedar sujeta al cadáver.

»Velarán por las inhumaciones o incineración de los muertos sea precedida de un examen atento, y si es posible médico, de los cuerpos con objeto de comprobar la muerte, establecer su identidad y poder dar cuenta de todo ello.

»Velarán además porque sean enterrados decorosamente, que sus tumbas sean respetadas y puedan ser encontradas siempre.

»[…] Al finalizar las hostilidades cambiarán entre sí la lista de las tumbas y de los muertos enterrados en sus cementerios o en otros lugares» (art. 4).

Y el Convenio de 6 de agosto de 1930, sobre Tratamiento a Prisioneros de Guerra, ambos suscritos por España.

En la inmensa mayoría de las fosas se encuentran cadáveres de españoles desaparecidos tras ser arrestados por grupos armados afines al general Franco, según tomaban las ciudades. En varios casos fueron desaparecidos encontrándose en manos de agentes del Estado, meses después de haber concluido el conflicto armado y ya firmemente establecido el régimen de Franco. Todos ellos eran sospechosos de participación, militancia y afinidad con el Estado republicano. Para todos ellos se ha mantenido una desigualdad de trato ante los tribunales y las demás instituciones del Estado, que ha impedido aclarar no sólo las circunstancias de su muerte sino la localización de sus cuerpos y la posibilidad para sus familiares de darles digna sepultura.

Durante los años setenta en España, tras la muerte del dictador, se iniciaron espontáneamente algunas exhumaciones por iniciativa de las familias. Sin embargo, este proceso se terminó con el intento del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero y la creencia de que la reciente democracia española no podría soportar encontrarse con su pasado. El efecto colectivo provocó que un sector de la población, ya fuertemente golpeado por la represión del régimen franquista, disuadiera a los familiares de realizar las exhumaciones, manteniendo con ello la situación de duelo suspendido.

Finalmente el 28 de octubre de 2000 algunos familiares decidieron abrir la fosa de los trece republicanos en Priaranza del Bierzo, con la colaboración altruista de un grupo de antropólogos y forenses, promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El 16 de marzo del 2002, la Universidad de Granada acepta a título excepcional y dentro del marco de una excavación arqueológica que un experto tomara muestras, que sólo fueron practicadas sobre cuatro de los 13 cuerpos exhumados. Sus resultados estarán listos a mediados de septiembre y serán las primeras víctimas no combatientes de la guerra civil identificadas mediante dicha prueba. En contrapartida, y para ilustrar el trato discriminatorio contra las víctimas, el Estado español recientemente consideró procedente desembolsar millones de pesetas para exhumar y repatriar desde Rusia los cuerpos de varios voluntarios españoles de la División Azul, grupo militar ofrecido por el general Franco como muestra de amistad con el dictador Adolf Hitler para apoyar las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Otro ejemplo a destacar es el cementerio que se encuentra adjunto al monasterio de Yuste en Extremadura, donde a los alemanes muertos en territorio nacional durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se les dio digna sepultura, donde cada una de las mismas se encuentra identificada, además de haber una placa de homenaje a estos valientes combatientes extranjeros.

A raíz de estos acontecimientos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recibido una cantidad enorme de peticiones y solicitudes para continuar dicha iniciativa por todo el territorio nacional, a fin de restablecer la verdad sobre los hechos y reclamar el derecho a dar sepultura digna a estas víctimas. Reclamación, por otro lado, que ha sido presentada ante Naciones Unidas el día 5 de agosto de 2002.

El conflicto de las dos Españas no ha terminado, ni terminará hasta que no se restituya la verdad sobre lo ocurrido y se reconozca a todos estos familiares el dolor padecido y que siguen padeciendo, devolviéndoles los cuerpos de sus familiares a fin de poder darles digna sepultura.

Los que perdieron la guerra fueron condenados al silencio, impuesto por la dictadura y consensuado por la democracia, tras la Ley de Amnistía de 1977 condena que aún llega a los familiares en tercera generación. ¿Acaso pretendemos que tal situación llegue a una cuarta generación?

Las voces de todas estas personas estuvieron obligadas a un sueño triste y largo. Y aún hoy quedan muchas voces dormidas y hay gente que baja el tono de voz para hablar de estos hechos e incluso necesita cerrar las ventanas como si de clandestinos se tratara. Por todo ello, SOLICITAMOS:

1.º Que el Estado español, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber de investigar y aclarar los hechos, ordenando la exhumación de los cuerpos que se encuentren en fosas comunes desde julio de 1936.

2.º Que el Estado español proceda a la identificación de los cuerpos y se restituyan oficialmente sus restos a los familiares, dando todo tipo de facilidades a éstos para que puedan proceder a sus inhumaciones en los cementerios que éstos estimen, tal y como se hizo con los nacionales.

3.º Se señale y se reconozca, mediante placas homenaje, las personas que ahí se encuentran y se les devuelvan todos los honores que corresponden. Al fin y al cabo, lucharon por la defensa de un sistema legalmente constituido aunque perdieran la guerra.

4.º Se acuerde el acceso a los archivos de la guerra civil a todos los historiadores y familiares que deseen conocer lo que ocurrió con su familiar fallecido durante y después de la contienda.

5.º El Estado español disponga de las medidas de reparación y dignificación de la memoria de las víctimas y termine con la discriminación y falta de igualdad de trato a estos familiares.

ANEXO IV

Texto consensuado entre los partidos políticos españoles aprobado por la Comisión Constitucional el 20 de noviembre de 2002

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los grupos parlamentarios abajo firmantes (todos) presentan la siguiente ENMIENDA TRANSACCIONAL a las proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por defender convicciones democráticas; del Grupo Socialista por la que se declara y se insta a los poderes públicos a reparar moralmente a las víctimas de la guerra civil desaparecidas y asesinadas por defender valores republicanos y a reconocer el derecho de familiares y herederos a recuperar sus restos, nombre y dignidad; del Grupo Socialista sobre el desarrollo de una política de Estado para el reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas exiliados; del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para proceder a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil.

Madrid 19 de noviembre de 2002.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. El texto quedará redactado de la siguiente forma:

La Constitución de 1978, llamada por todos con indudable acierto como la Constitución de la concordia, intentó poner punto final a un trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles. Guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras, en suma, regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de gobierno habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español, como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo. Aquel triste lamento del poeta Machado: «Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón», es fiel reflejo de esta dramática realidad existencial de la nación española.

Pero, por fortuna, en 1978, una generación de españoles recordando el lamento de aquel otro gran español, Manuel Azaña, cuando abrumado por la magnitud de la tragedia civil pronunció aquellas dramáticas palabras desgraciadamente caídas en el olvido: «Paz, piedad, perdón», decidieron no volverá cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar, con un generoso impulso de reconciliación, por un nuevo sistema democrático para que nunca más hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas.

Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las cortes constituyentes este espíritu de concordia nacional, que no es ocioso recordar en este momento.

La actual Constitución española está impregnada de esa voluntad de convivencia. Todos los constituyentes, en aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento de un marco democrático duradero, hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia, para buscar puntos de encuentro capaces de superar viejos y endémicos conflictos.

Pues bien, fue a los pocos meses de las primeras elecciones democráticas, con motivo de la aprobación de la amnistía, cuando se puso de manifiesto esta voluntad de enfrentamiento basada en el perdón y el olvido. De entre los muchos testimonios podemos destacar los siguientes:

«Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía de la paz y la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tienen, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa de la paz y del progreso».

(Diputado Camacho Abad, portavoz del grupo comunista)

«La amnistía es fruto de la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años».

(Diputado Benegas, portavoz del PSOE)

«La amnistía es simplemente un olvido (…) una amnistía para todos, un olvido de todos para todos. […] No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder y algunos bien tristes, bien alevosos. […] La amnistía es un camino de reconciliación, pero también de credibilidad y de cambio de procederes.

(Diputado Arias Salgado, portavoz de UCD)

El voto prácticamente unánime dado por las Cortes a la Ley de Amnistía de 1977 fue un acontecimiento histórico, pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas, enterradas allí para siempre. Es cierto que algunos no quisieron sumarse a este espíritu de reconciliación y trataron por todos los medios a su alcance de impedir, mediante la violencia o el terror, la voluntad de concordia nacional germinada en frutos de paz y libertad para todos: no lo han conseguido ni lo conseguirán nunca más.

España ha cumplido en este año el vigésimo quinto aniversario de la recuperación de las libertades democráticas y el próximo podrá conmemorar el primer cuarto de siglo de vigencia de la Constitución de 1978. Han transcurrido sesenta y seis años desde el comienzo de la guerra civil de 1936. Apenas quedan supervivientes de la gran tragedia. Y por supuesto nada queda en la sociedad española del enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no servir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha.

Por otra parte, en estos veintiocho años se han dictado numerosas disposiciones, tanto por parte de la Administración General del Estado, como por parte de las Comunidades Autónomas, dirigidas a reparas, en la medida de lo posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos necesarios.

Dentro de este grupo de personas que padecieron las terribles consecuencias de la guerra se encuentran los exiliados. Y en septiembre de 1999, el Congreso aprobó una proposición no de Ley sobre conmemoración del sexagésimo aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil. En línea con dicho compromiso, la fundación Pablo Iglesias ha preparado la exposición «Exilio con el hilo conductor de la inequívoca aportación de los exiliados a la recuperación de las libertades en España», contribuyendo de esta forma a la creación de las condiciones que permitieron afrontar el cambio político operado en los años de la transición a la democracia española.

En la diáspora del exilio lo perdieron todo y el dolor del éxodo nunca se ha podido superar, porque el forzado apartamiento de la patria es uno de los mayores padecimientos. La reconciliación no se compadece, en esta ocasión, con el olvido de este grupo de personas muchas de las cuales cuando pudieron regresar a España no lo hicieron porque durante sesenta años habían tejido sus relaciones personales y familiares en las tierras de acogida.

A estos ciudadanos y ciudadanas exiliados —así como los llamados niños de la guerra— supervivientes ya de aquel trágico episodio de nuestra historia, el Congreso de los Diputados considera un deber rendir un tributo de admiración y afecto, por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por una guerra impropia de una nación cuya razón de ser ha de estar en el respeto a los valores democráticos.

Por todo lo anterior:

Primero.— El Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática.

Segundo.— El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.

Tercero.— El Congreso de los Diputados reafirma, una vez más, el deber de nuestra sociedad democrática a proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.

Cuarto.— El Congreso de los Diputados insta al gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora, económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto.

ANEXO V

La Ley de Amnistía de 1977

(dos primeros artículos)

Artículo primero

1. Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

2. A los meros efectos de subsunción en cada uno de los párrafos del apartado anterior, se entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad criminal.

La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apartado anterior.

Artículo segundo

En todo caso están comprendidos en la amnistía:

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de Justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos.

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa imprenta o cualquier otro medio de comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Archivos

Archivo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Archivo de la Fundación Pozos de Caudé.

Archivo Municipal de Talavera de la Reina (Toledo).

Registro Civil O Barco de Valdeorras.

Registro Civil de Cartagena. Sección Defunciones.

Cementerio de Los Remedios. Libro de Enterramientos.

Registro Civil de Villena. Sección Defunciones.

Bibliografía

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Periódicos y Revistas

El Periódico de Aragón, 10/11/2002.

La Voz de Asturias, 17/5/1988; 14/3/1988.

Última Hora, 15/12/1002.

Diario EGIN, 1978.

Diario Vasco, 15/9/2002; 11/9/2002; 29/9/2002.

Interviú, «Jinámar, la sima de los caídos I», núm. 66, 18-24/8/1977;

«La Barranca. Fosa común para 2.000 riojanos»,

núm. 74, 13-19/10/1977;

«Navarra, 1936 II», núm. 137, 28/11/1978 al 3/1/1979;

«Las matanzas franquistas en Badajoz I», número 233, 30/10 al 5/11/1980.

Historia 16, Miguel López Corral, «Los Fusilamientos de Mesas de Ibor».

El Mundo, 17/3/2002.

Diario de Navarra, 7/6/1938.

Cartas y Entrevistas

Bárbara Punter: Carta personal al autor.

Víctor Luis Álvarez: Carta personal al autor.

Entrevista de María Estades con Manuel Suárez.

Entrevista con Llorenç Capellá, 16/1/2003.

Carlota Leret: Carta personal al autor.

Entrevista con Verónica Alemany, 20/12/2002.

Carta de Ángel Martínez Ros desde capilla de la Prisión Provincial de Santander.

Entrevista de Antonio Ontañón con Pilar Landáburu. Santander, 2001.

María Dolores Puente Martínez: Carta personal al autor.

Entrevista con Rosa Muñoz, 22/11/2002, Madrid.

Entrevista con Noelia Luque Domingo, 24/11/2002, Rubí, Barcelona.

Entrevista con Juan Diego Lozano y Orfeo Suárez, 11/12/2002, Madrid.

Entrevista de José Manuel Cruz con Agustín Núñez, agosto de 2002, Soulecín.

Entrevista con Martín Bas Gutiérrez, 23/11/2002, Madrid.

Entrevista con Germán Romera, 15/12/2002, Colmenar Viejo.

Entrevista con Hilario Jusdado, 15/12/2002, Colmenar Viejo.

Salvadora Roca: Carta personal al autor.

Entrevista con Salvadora Roca, 22/11/2002, Madrid.

Germán Renau Forcadell: Carta personal al autor.

Web-Sites

www.geocities.com/pentagon/304z/hojas/c3.html

www.fosacomun.com

www.arqa.com/web/usuarios/losdeabajo/articulo/021102poyales.htm

www.es.geocities.com/eustaquio5

www.galeon.com/murcia1939

www.galeon.com/guerracivil1936

www.nodoso.org/despage

Otros documentos

Sentencia 2639 contra Ángel Martínez Ros.

Causa Militar. Exp. 555 «Disturbios en Domingo Pérez».

Causa Militar 4231/39.

Causa 102/39 contra Rogelio Rodríguez López y otros.

Informe redactado por Dionisio Pereira, 2001.

Notas

[1] La lista de desaparecidos fue: Alférez de Navío Antonio Arbona Pastor; Auxiliar 2.° Naval Francisco López Lozano; Auxiliares 2.° Electricidad y Torpedos Enrique Más Ayala y Manuel Pacheco López; Auxiliar 2.º Radio Francisco Carrillo Mira; Auxiliares 2.º de Torpedos Francisco Martín Portugués y Carlos Sánchez Bernal; Auxiliares 2.º de Máquinas José García Paredes y Fulgencio Conesa Pérez; 2.º Maquinista José Sastre Gabarrón; 3.º Maquinistas Miguel Palmer Bonet, Antonio Asensio Martínez y Juan Bahamonde López; Cabos de Marinería José Rodríguez Ruiz, Esteban Berenguer Robert y José Sánchez Velasco; Cabos Electricistas Pedro Saura Galindo, Joaquín Ruiz Baena y José Martínez Ponce; Cabos de Artillería Hipólito Rodríguez Anido e Ismael Conté Aviño; Cabo Radio Constantino Blanco Sánchez; Cabo Enfermero Francisco Fuentes Quesada; Cabos de Fogoneros José Samper Torregrosa y Francisco Torremé Sevilla; Marinero Carpintero José Carrión Luján; Marineros de 1.ª José Caparros Rubio, Antonio Jiménez Saura, Diego García Llamas, Salvador Caparros Rubio y José Fernández Martínez; Marineros de 2.º José Limón García y Pascual Martínez García; Marinero Cocinero Francisco Ros Nicolás; Fogoneros Preferentes Gabriel García García, Benito Pardillo Bruno y Bartolomé López Cobo. <<

[2] El destino del U-34 alemán no fue muy diferente al de su víctima y se hundió el 5 de agosto de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial en Memel, después de chocar con el Lech. Días más tarde fue reflotado para ser desguazado el 8 de septiembre del mismo año. Por su parte, el capitán Harald Grosse, que había sido destinado anteriormente al mando del submarino U-52, murió junto a toda su tripulación el 23 de febrero de 1940, en el mar del Norte, tras el ataque del destructor británico HMS Gurkha. <<

[3] La lista de fusilados aquel día fue la siguiente: Alfonso Abrodes Rey, Manuel Besteiro Luaces, Cipriano Canosa Caruncho, Juan García Niebla, Ángel García Toribio, Ángel Monteagudo Carro, Avelino Parrilla Ares, José Pérez Cisneros, Jaime Quintanilla Martínez, Alfonso Raja Coronado, Juan Romalde Prieto, Manuel Serantes Canosa, Ramón Souto González, Jesús Tenreiro Prim y el propio Ramón del Río Sordo. <<

[4] Francisco José Martínez García: «La guerra civil española 1939). Repercusiones en la localidad de Ateca», III Encuentro de Estudios Bilbilitanos, 1992. <<

[5] Así lo contó María Estades en una entrevista con Manuel Suárez. <<

[6] La lista de las víctimas de Calvà la componen, además de Sebastà Estades, los hermanos Antoni y Matgí Amengual Morey, Sebastà Cabrer, Gabriel Cabrer Calafell, Gabriel Calafell Planes, Arnau Martorell Terrassa, Gabriel Mulet Estades, Bartomeu Negre i Pons, Joan Pallicer Castell, los hermanos Joan y Mateu Pallicer Estades, Domenge Rigo, Antoni Terrassa Canyelles, Joan Terrassa Hernández, Martín Ros García y los también hermanos Antoni y Domenge Barceló Barceló. Investigaciones más recientes arrojan una cifra superior: 23 dentro del municipio, 22 fuera de él y tres en el fuerte de Illetes. <<

[7] El equipo de lucha canaria de San José sería blanco de las represalias franquistas. Además de José Florido, Fernando Ríos sería encarcelado durante cuatro años en Gando. Lorenzo Andueza y José Suárez, «Pelota», exilados, y otros como Manolito Marrero amenazados por sus simpatías hacia Unión Republicana. Por otra parte el boxeador «Filio» Hernández sería fusilado en La Isleta. <<

[8] La lista completa de los marineros es la siguiente: Juan Escobar Rodríguez, Benito Sacaluga Rodríguez, José Lanzón López, Bautista López Ferrer, Andrés Ayala Molina, Rafael Colmena García, Manuel Hernández Soto, Antonio Gilabert Esteban, Juan García Salazar, Matías Vega Caparros, Manuel López Ruiz, José Balboa López, Agustín Rivas Gómez, Francisco García Pastor, Tomás Alamos Martínez, Juan Cegarra Hermoso, Manuel Fernández Rodríguez Juan Sacristán Gallup, Antonio Barreiro Caro, Pascual Rubio Martínez, Pedro Alifa Galvache, Vicente Giménez Cuenca, José Avenza Molina, Miguel Marín Olivo, Ángel Muía Siles, Adolfo Pagán Martínez, Antonio Paredes Zamora, José Baño Ros, Juan Martínez Gallardo, Antonio Barrera Rodríguez, José Chico Cánovas, Alfonso Roca Cayuela, José Martínez Lorento, Manuel Casal Pita, Epifanio Pérez Alearás, Félix Alearás Martínez, Benito Pedraja Bustio, Ceferino Ferro López, Antonio González Hamines, José Granados Martínez, Isidoro Carrasco Martínez, José González Tadín, Alfonso Gallego Blásquez, Juan Rodríguez Díaz, Pablo Ochoa Pérez, Juan Úrculo Núñez, Ramón González Fraga, José Beltrán Bataller, Francisco Legaz Vivancos, Eleuterio Martínez Ortiz y Melchor Vidal Gueriguel. <<

[9] Rogelio Diz Rubianes: Memorias, Pensamientos y Versos de Rogelio Diz Fuentes, Ed. Grupo Editorial Síntesis, 2001. <<

[10] La represión también se cebaría con la familia de la esposa de Pedro García, hijo. Su suegro fue asesinado contra las tapias del cementerio de Logroño y enterrado en una fosa común que hace años se exhumó para realizar una ampliación del camposanto. Su delito, tener dos hijas llamadas Libertad e Igualdad. La primera de ellas, esposa de Pedro García. <<

[11] «Eugenio Sampedro Martínez, natural y vecino de Lardero, propietario de la finca conocida por La Barranca […] propone la cesión en propiedad a esta Diputación de parte de dicha finca donde yacen enterradas personas que fueron víctimas de la pasada guerra civil, a condición de que se acepte una cláusula de reversión a su favor en el supuesto de que los restos mortales fueran trasladados a otro lugar por decisión de la asociación de las familias de las citadas víctimas o de la autoridad competente, dando en tal caso su beneficio del inmueble cuando en él se haya edificado u obrado sin abono ni indemnización alguna y realizándose la operación libre de gastos para el cedente». <<

[12] Julián Casanova; Francisco Espinosa y Conxita Mir: Morir, matar, sobrevivir: la violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. <<