Introducción

Este libro contiene más de setenta artículos que he publicado en El País desde el principio de la Transición. No se trata de una colaboración regular, semana tras semana o mes tras mes y, sobre todo los primeros, están muy espaciados en el tiempo. Al principio solicité la tribuna de ese gran diario en algunas ocasiones concretas aunque tras abandonar los cargos políticos mi colaboración como analista de la situación nacional e internacional me llevó a colaborar más frecuentemente y siempre con total libertad de opinión.

Escribo este texto en un momento de crisis económica mundial que golpea a España con especial dureza. Escribo estas líneas el día en que el Gobierno ha dado oficialmente la cifra de más de 5.200.000 parados que en las semanas, los meses y hasta los próximos años puede crecer inexorablemente. Los mercados, esas estructuras especulativas que funcionan como un gran casino tras el cual se hallan los bancos, las empresas inversoras y de calificación, conforman un sistema financiero que se ha convertido en el poder que hoy dirige al mundo y domina los poderes políticos. La sociedad ha perdido el control de su propio destino, control arrebatado por quienes no responden ante nadie de su gestión. La democracia no funciona, los poderes políticos se alejan del pueblo y al final a éste sólo le queda la calle para expresar su malestar y su confusión. Todo ello va conduciéndonos a una situación cada vez más caótica, de la que podría surgir hasta un nuevo fascismo.

La gente sencilla no comprende bien lo que sucede. No comprende que las medidas que le imponen sean las mismas en la Grecia endeudada y en la España o el Portugal empobreciéndose que en la rica Alemania. La austeridad que se aplica tiene consecuencias distintas para unos y para otros. Para los más pobres es sencillamente la ruina, que a este paso puede terminar afectando a todos. Y esto ¿por qué? Porque hay que satisfacer a los mercados, que continúan sus juegos de casino, sus especulaciones, indiferentes a cuanto están sufriendo pueblos enteros.

Se está diciendo que la solución a esta crisis es MÁS EUROPA, más integración. Se ha puesto de moda el término GOBERNANZA. Pero hasta ahora los métodos con que se ha construido la UE han tenido poco de democráticos. Ha sido una obra de gobernantes y de tecnócratas más que de los mismos ciudadanos. Se ha construido muy por arriba, con un criterio que se ha llamado funcional. Y ahora se pretende hacer lo mismo con un nuevo pacto, preparado por los tecnócratas, que va a imponer el criterio de los más poderosos, y en último término el de los mercados.

Yo creo que hay dos caminos para construir Europa, y si no los hay debería haberlos: el de la derecha y el que debería elaborar la izquierda. Hasta ahora se ha seguido el de la derecha, que ha fomentado el euroescepticismo. Sería necesario pensar en un camino más democrático, que en lugar de acentuar las distancias del desarrollo entre unos y otros países ayude a superarlas. Si no, la gobernanza va a servir para profundizar en las diferencias, y la unidad de Europa puede terminar saltando por los aires.

Si volvemos a lo esencial, hay que hacer frente a la crisis. Pienso que al convertir el problema de la deuda de los Estados en la cuestión principal, siguiendo el criterio del sistema financiero que la provocó, sólo se ha conseguido convertirla en algo crónico que puede terminar muy mal para los países pobres y para los ricos. Ya se advierten signos de este peligro hasta en Estados Unidos.

La cuestión principal no es la deuda, sino la crisis, que provoca paro, destruye empresas pequeñas, medianas e incluso algunas grandes, y produce miseria y pobreza. Y su solución demanda serias reformas del sistema capitalista.

No se trata del fin del capitalismo. Se trata de que este sistema no funciona, y no funciona porque el sector financiero ha adquirido un desarrollo monstruoso que ya no sólo impulsa al sector productivo, el comercio, los servicios, sino todo lo que es importante para normalizar la vida de los ciudadanos e incluso de los negocios no especulativos.

Se trataría de una reforma global que transforme el sector financiero en un servicio público a cargo de los Estados y de las instituciones internacionales adecuadas. Sé que es una reforma difícil porque necesitaría un nuevo pacto político y social entre el mundo del trabajo y del capital. Pero es una idea que tendría que hacer su camino, y que necesitaría el apoyo de una izquierda mundial seriamente reformista, que hoy está todavía en pañales.

Sin reformas de este tipo la sociedad retrocedería al periodo histórico en el que la disyuntiva reforma o revolución dividió al movimiento obrero y a los sectores más avanzados de la sociedad.

El recurso que parecen defender los sectores dominantes hoy en la sociedad para salir del atasco de la crisis, utilizar los excedentes —las sobras— de la actual política de apoyo a la banca y de sumisión a los mercados, no es más que una trampa. Con las sobras no habrá para relanzar el crecimiento de la economía. Si la socialdemocracia no rompe con la actual política deberían aparecer fuerzas nuevas que se hagan cargo de la tarea de salvar la civilización, el bienestar, la democracia y la paz, de impedir un retraso humano de más de un siglo.

27-I-2012

La «moderación» comunista

En este país, donde durante cuarenta años se han estado diciendo los mayores horrores contra los comunistas, se produce ahora la rara coincidencia de reprocharnos nuestra «moderación».

Casi se nos acusa de querer ocupar, con fines electoralistas, el espacio político que correspondería a otras fuerzas.

¡Un poco de seriedad, señores! Lo que se denomina «moderación» comunista no es una política que hayamos inventado a última hora para ganar votos. Es una constante de nuestra orientación desde hace muchos años, cuando algunos de los que ahora nos critican no pensaban seguramente en ser candidatos. Ahora todo el mundo habla de reconciliación nacional, de superar la división entre vencedores y vencidos, de enterrar el hacha de la guerra.

Pero en 1956, cuando nadie se expresaba así, el Partido Comunista fue el primero en elaborar y lanzar esa política, entre la sorpresa de unos y la irritación de otros que nos acusaban ya entonces de moderación y seguían manteniendo enhiestas las banderas de la Guerra Civil.

También fuimos los primeros en iniciar el acercamiento a los movimientos cristianos y en pretender el fin de la contradicción secular entre Iglesia y democracia. Y los que todavía seguían —en sentido figurado— desayunándose todas las mañanas con carne de cura nos lo reprocharon agriamente. Hoy parece que en la izquierda todo el mundo comparte, más o menos, esas posiciones.

Del mismo modo se nos acusó de ingenuidad y hasta de capitulacionismo cuando, hace bastantes años, empezamos a propugnar un acercamiento entre pueblo y Ejército. Actualmente ¿quién niega la necesidad de ese acercamiento para garantizar la consolidación pacífica de un sistema de libertades?

Cuando, también hace años, empezamos a preconizar el «pacto para la libertad», basado en un acuerdo nacional entre fuerzas trabajadoras y burguesas, entre demócratas y sectores reformistas desprendidos del franquismo, se decía que éramos utopistas, cuando no se nos condenaba por pretender una convergencia con fuerzas social y políticamente adversas. Y, sin embargo, las cosas están marchando por el rumbo que habíamos previsto.

Igualmente, conscientes de las dificultades de la transición de la dictadura hacia la democracia, habíamos elaborado para esta fase un programa económico en el que se preveían pasos muy medidos para no provocar tensiones peligrosas.

Y ahora ciertos partidos vienen y nos dicen: «¡Eh!, estáis ocupando “nuestro” espacio político. Desplazaos hacia posiciones izquierdistas, dejadnos cómodos». Otros nos acusan de ponernos una piel de cordero para engañar incautos.

Por una vez, y aunque se enfaden quienes nos critican, había que responderles con cierta claridad.

El espacio político que estamos ocupando, la política que venimos defendiendo son exactamente los que hemos mantenido desde hace, por lo menos, veintiún años. ¿Con qué derechos se nos pide ahora que los abandonemos, que se los dejemos a los que se han despertado en vísperas de la legalidad y de las elecciones?

Aunque nos duela irritar ciertas epidermis ultrasensibles, a veces de gentes amigas y embarcadas, mal que les pese, en la misma galera que nosotros, tenemos que decir que durante largos años en este país sólo ha habido un partido de oposición seriamente organizado y que hacía política de verdad, con visión de porvenir y sin improvisar. Ese partido era el Comunista. Muchos no reconocerán esto públicamente nunca, pero están convencidos, en su fuero interno, de que es cierto.

Pues bien, que creen ellos su auténtico espacio político, haciendo política y no dando bandazos. Unas veces a la izquierda, otras a la derecha. Que empiecen a actuar de verdad como partidos políticos serios y responsables. Y si coinciden con nosotros en unas u otras cosas, que lo digan honestamente y no pretendan que les hemos arrebatado lo que por derecho casi divino les pertenecía.

En el fondo dan la impresión de que desearían que los comunistas fuésemos como nos describía la propaganda fascista y no como realmente somos.

Lo lamentamos, pero no podemos complacerles. Aquello que se llama «moderación» comunista, no es más que realismo, conocimiento de lo que hoy se puede y se debe hacer, espíritu de responsabilidad por la suerte del país. Y aunque estamos legalizados y podemos hablar sólo desde hace pocas semanas, los españoles se percatan, más rápidamente de lo que algunos creían, de estas calidades. Por eso el 15 de junio muchos, superado el temor, van a votar resueltamente las candidaturas del Partido Comunista de España, que ha huido de la demagogia electoralista como de la peste.

9-VI-1977

La importancia del voto comunista

Las elecciones del 1 de marzo tendrán gran importancia para la marcha de España hacia el desarrollo y consolidación de una democracia avanzada. Cada ciudadano de este país debe ser consciente de que su voto va a decidir nuestro destino por cuatro años, y probablemente bastantes más. Y que debe juzgar a los partidos más por sus hechos que por sus palabras.

El fallo principal de este periodo constituyente ha sido la ausencia de un Gobierno que representara a todas o a las principales fuerzas interesadas en el cambio democrático. Un Gobierno de este tipo hubiera poseído la autoridad moral y política para acometer más eficazmente la solución de los problemas económicos y sociales creados por la crisis; para enfrentarse con el terrorismo y garantizar la seguridad ciudadana, extendiendo y consolidando a la vez las libertades democráticas. Los inconvenientes que hubieran podido provocar los contrastes y problemas propios a toda coalición, habrían quedado superados, con mucho, por el mayor arraigo y confianza popular obtenido por un Gobierno así.

Si me refiero a este fallo no es para lamentarme de algo que ya no tiene remedio, sino para ver dónde está la responsabilidad, porque el Gobierno monocolor y minoritario de la UCD no era una fatalidad inevitable a partir del 15 de junio de 1977.

Cierto: la responsabilidad principal corresponde a UCD, a su voluntad de monopolizar el poder, y de lograr con una política adecuada identificar el nuevo partido con los intereses de la finanza y la industria, transformándose en el representante político de esta clase. Así hemos tenido un Gobierno con banqueros e industriales, pero sin un solo representante de los trabajadores. La clase obrera y los trabajadores han permanecido totalmente marginados del control de la transición.

Pero la responsabilidad alcanza también al PSOE, cuya fuerza parlamentaria era suficiente para lograr la formación de otro Gobierno. Nosotros se lo propusimos a partir del día siguiente a las elecciones pasadas. Pero el PSOE no quería tampoco un Gobierno fuerte de unidad democrática; eran los tiempos eufóricos en que los compañeros socialistas, con la divina sorpresa electoral, estaban convencidos de que la democracia en España se hallaba plenamente consolidada y que lo que interesaba es que se desgastara UCD para alcanzar, con un simple corrimiento de votos, el Gobierno para el PSOE.

Por eso, la táctica socialista ha sido la de arañar a UCD facilitándole, sin embargo, como ahora reconoce Felipe González, cuantos balones de oxígeno fueran necesarios para mantener el Gobierno. El PSOE no podía derrotar a la formación monocolor de Suárez con su oposición testimonial en las Cortes; pero podía, máxime con nuestro apoyo, lograr un cambio ampliando su composición.

El PSOE nunca se lo propuso. Y cuando los comunistas advertíamos de los peligros reales de la transición, de que en España la situación requería el entendimiento entre todas las fuerzas democráticas, se burlaban de «nuestro catastrofismo». Hasta que llegó la Operación Galaxia y, viéndole las orejas al lobo, el PSOE habló, por primera vez, de entrar en el Gobierno. Y ahora, a pesar de las incontinencias de la precampaña electoral, ya no se oculta la perspectiva de un Gobierno posible con UCD después de las elecciones.

Pero lo inquietante es que el PSOE se orienta hacia esa solución rompiendo sus lazos con la izquierda. Así ha sucedido en Cataluña con la Entesa; en el resto de España, con su negativa a hacer coaliciones para el Senado, y en los ayuntamientos rurales para las elecciones municipales. Múgica proclama que «nada con los comunistas». Se perfila así una peligrosa tendencia socialdemócrata que comienza ya a inquietar a las bases del PSOE y que puede favorecer al centro-derecha.

No es lo mismo una política de coalición sobre bases socialdemócratas, en las que el PSOE sería un simple auxiliar del centro, que una política de coalición, en la que la izquierda, unida y no enfrentada, tenga un peso específico importante.

¿Cómo asegurar esto último? ¿Cómo salvar al PSOE del hundimiento en una política socialdemócrata y antiunitaria? No hay más que un camino: logrando que la representación comunista sea más fuerte de lo que es, llevando más diputados y más senadores comunistas a las Cortes, votando más al PCE.

Las relaciones de unidad entre la izquierda son también relaciones de fuerza. La existencia de una importante minoría parlamentaria comunista ayudaría a las corrientes unitarias y de izquierda dentro del PSOE a no ser anegadas por la presión socialdemócrata.

Estas elecciones deberían servir para descartar un Gobierno de centro-derecha, que pondría en cuestión el contenido democrático de la Constitución y que se asemejaría demasiado a lo que fue el régimen pasado; deberían servir para formar un Gobierno de amplia base, progresista, que abordase con decisión los graves problemas económicos sociales, en primer lugar, el del paro; que diera soluciones políticas y técnicas con la iniciativa y la energía necesarias al terrorismo y a la inseguridad ciudadanas; que garantizase, de verdad, el desarrollo y la defensa de la democracia.

En ese Gobierno la izquierda tendría que estar presente; pero no como resultado de una ruptura en su seno y de un desplazamiento del PSOE hacia la derecha, sino de un acuerdo y un entendimiento entre socialistas y comunistas.

Para conseguirlo, insisto, hay que reforzar el voto comunista. No hay otro camino.

8-II-1979

Carrillo: No tenemos dinero ruso

El País publica hoy (14-II-1979), bajo la firma de su corresponsal en Moscú, un amplio artículo titulado: «El Partido Comunista soviético, dispuesto a financiar parte de la campaña del PCE». La verdad es que la forma en que está presentada esta falsa noticia no nos hubiese sorprendido en El Imparcial, por ejemplo; en El País viene a mostrar que la objetividad y seriedad de este diario, en plena campaña electoral, se esfuma para llegar a los límites de lo deshonesto y calumnioso.

El corresponsal, Ismael López Muñoz, afirma desenfadadamente que en una reunión entre Dolores Ibárruri y Boris Ponomariov «se determinó la ayuda económica que ofrecía el PCUS y se invitaba de manera informal a visitar la URSS al secretario general del PCE, Santiago Carrillo...». Se dice también que en esa gestión intervino Ignacio Gallego.

La única comprobación del corresponsal de El País es una conversación con un «alto funcionario del PCUS» que desmiente rotundamente esta información.

¿Qué interés mueve a El País a hacer este montaje calumnioso? ¿Dar la idea de que todos los partidos políticos españoles están subvencionados por el extranjero, que no existe ninguna excepción?

Pues por lo menos hay un partido que está haciendo su campaña electoral sin una peseta extranjera: el PCE. No tenemos ni dinero ruso ni dinero de ningún otro país. Sino exclusivamente los créditos que nos ha abierto, como a todos los partidos —pero más modestos—, la banca española, créditos que pagaremos hasta el último céntimo con las ayudas de nuestros militantes, como hicimos después del 15 de junio de 1977.

Te ruego publiques este desmentido y lamento mucho que El País haya empañado su reputación de seriedad con algo tan infundado e insidioso como el artículo aludido.

14-II-1979

Tamames, a la alcaldía

El próximo día 3 los madrileños, como los demás ciudadanos españoles, van a elegir sus concejales. Por fin, tras varios decenios, tendremos un Ayuntamiento pluralista elegido democráticamente por el voto popular. Un Ayuntamiento que deberá sus poderes a los ciudadanos y no al Gobierno; que reclamará y pondrá en práctica una autonomía que hasta ahora no existía. Los comunistas vamos a presentar, de inmediato, una proposición de ley de reforma urgente de las normas que hoy rigen la Administración local, precisamente para garantizar esa autonomía y la democratización de la vida municipal.

Al elegir concejales, los madrileños van a optar también por un alcalde concreto. Nuestro candidato al cargo, como se sabe, es Ramón Tamames. La propuesta la hicimos pública ya el 23 de abril pasado, hace ahora un año. Y fue una propuesta muy pensada, en función de encontrar al hombre más idóneo para la tarea de dirigir una ciudad tan compleja, tan llena de obstáculos, como Madrid, que exige calidades políticas excepcionales y, al mismo tiempo, un conocimiento profundo de lo que es la administración.

Creo que las calidades políticas de Tamames son evidentes. En 1956, en tiempos muy duros, el primer movimiento universitario e intelectual contra la dictadura le encuentra ya a su cabeza. El joven Tamames hace desde ese momento una opción a la que va a mantenerse invariablemente fiel: ingresa en el Partido Comunista. Hacerlo entonces significaba afrontar el riesgo de ver truncada su carrera profesional, de ir a la cárcel, de vivir largos años en un gueto, en el exilio interior. Tamames no vaciló ni un momento en que ser comunista significaba aceptar conscientemente el sacrificio como único premio.

Sin embargo, aun en esta situación difícil, Ramón Tamames consigue, con gran talento, realizar una obra considerable que no sólo ha contribuido a la formación de una generación de economistas, sino que ha logrado poner al alcance de decenas de miles de no universitarios el conocimiento de la estructura económica española, haciendo que la preocupación por la economía política trascienda a amplios sectores del país. Y siempre desde un punto de vista crítico al sistema político social, manteniendo su independencia con respecto a éste. La trascendencia de dicha obra se pone de relieve en el hecho de que sus libros han sido traducidos a numerosas lenguas y leídos con interés en muy distintos países.

Tamames participa activamente en la formación de la Junta Democrática y más tarde de la Platajunta; interviene en las manifestaciones populares y es encarcelado. La figura de Tamames como político y personalidad eminente de la cultura española va a la par y se forma a través de una obra escrita y de una actividad política verdaderamente notables.

Pero a la vez, por sus estudios y su trabajo profesional, el candidato a alcalde de Madrid va penetrando profundamente en el conocimiento de los problemas de la administración del Estado y del municipio; domina a fondo las cuestiones urbanas, ecológicas y participa en numerosas iniciativas relacionadas con ellas.

Tamames no se estrena en estas materias ahora, al acercarse las elecciones; no es un candidato de circunstancias. Además de un político es un auténtico experto. Por eso, con todos los respetos para los demás alcaldables, que tienen sin duda méritos obtenidos en campos diversos, Ramón es sin duda el mejor alcalde que los ciudadanos madrileños podrían votar en estos momentos.

De él ha dicho una personalidad tan destacada como Fuentes Quintana: «El desempeño feliz de estos múltiples papeles, que abarcan el amplio campo que va del estudiante al catedrático, del funcionario al consejero, del empresario que dirige una consultora, al paciente redactor y productor de sus trabajos y, en fin, al político, hacen que la personalidad de Ramón Tamames se nos ofrezca como una personalidad caleidoscópica, variada, pero siempre adaptada a la labor desempeñada en cada momento.

»¿Quién de los compañeros que me escucháis no recuerda los trabajos rendidos por Ramón Tamames en el Ministerio de Comercio, en temas claves que han decidido la configuración actual de nuestra economía, como la búsqueda de un tipo de cambio racional, la definición de una nueva política arancelaria, la aproximación económica al Mercado Común europeo y al GATT, y la defensa de una competencia viable en nuestros mercados internos?».

Presidir el gobierno de una ciudad como Madrid no se presta a las improvisaciones. Y, desde luego, Tamames no va a improvisar, va a actuar en terreno conocido. Si a eso se añade su enorme dinamismo, su reconocida capacidad de trabajo, que le permite multiplicarse y estar en todos los sitios, podemos decir que Tamames no será un hombre que llegue cansado a la alcaldía; los vecinos de Madrid van a sentir su presencia, van a verle por todas partes, van a poder hablar con él en cualquier momento.

Y luego en Tamames hombre hay rasgos verdaderamente conmovedores. Junto a su dureza —pues sabe ser duro cuando es necesario— hay también esa amplia sonrisa juvenil, esa curiosidad y capacidad de sorpresa, que a veces le hace parecer un niño, unida a una gran madurez, un espíritu liberal y tolerante, abierto a la comprensión de las más diversas actitudes, una fe inextinguible en el hombre, y una energía que arrolla y sacude todo cuanto hay en torno a sí.

Además, con Tamames va en la candidatura comunista un equipo de mujeres y hombres extraordinariamente capaces y experimentados. Me falta espacio para escribir sobre cada uno de ellos, pero es indudable que se trata de un equipo que va a dejar una huella profunda en el municipio y que va a trabajar en permanente contacto con las diversas capas de la población madrileña. Con Tamames y la candidatura del Partido Comunista el pueblo va a entrar de verdad en el Ayuntamiento.

31-III-1979

Puntualización de Santiago Carrillo

En el número de ayer de El País, en la página 12, se inicia una información con el siguiente texto: «Santiago Carrillo, que estuvo ayer entre los asistentes al pleno constitutivo del Ayuntamiento, confirmó a los periodistas que Adolfo Suárez y Abril Martorell ofrecieron al PCE el apoyo para conseguir la presidencia de la Diputación Provincial, a cambio del apoyo comunista para sentar a Álvarez en la alcaldía de Madrid».

Quiero aclarar que en ningún momento atribuí esos ofrecimientos a Adolfo Suárez y Abril Martorell. Ha habido, seguramente, una confusión por parte del periodista que redactó la información. Y el origen de esa información puede ser el siguiente.

Yo comenté ante un grupo de periodistas las palabras en que el señor Álvarez condenaba el pacto establecido entre el PCE y el PSOE, acusando a los socialistas de «haberse vuelto locos» o de «no querer consolidar la democracia».

Y revelé que antes de la disolución de las Cortes anteriores el señor Suárez y el señor Abril Martorell habían propuesto al PCE el estudio de un programa de mayoría de gobierno, entre delegaciones de ambos partidos. Y que el señor Suárez había justificado, en conversación conmigo, esta propuesta en el hecho de que el PCE era un partido nacional y democrático.

Al hacerlo puse en contraste la posición del señor Suárez, jefe de UCD y la del señor Álvarez, representante del sector más derechista de ese partido que utiliza argumentos contra el PCE propios de la propaganda franquista.

Ése fue el sentido de mis palabras, y así las han reproducido otros periódicos, muy concretamente Mundo Obrero.

En cuanto a las ofertas de cargos mal podía referirme a intervenciones de Adolfo Suárez y Abril Martorell, que no han existido, y sí a intervenciones oficiosas de otras personas que nunca, a mi conocimiento, tuvieron un carácter oficial ni formal.

21-IV-1979

Después del V Congreso del PSUC

Las decisiones del V Congreso del PSUC son ahora objeto de comentarios diversos y motivo de alegría para quienes desde posiciones a veces muy opuestas desean que en España no haya un Partido Comunista de nuevo tipo, es decir, lo que generalmente se entiende cuando se habla de un partido eurocomunista. Esas decisiones no me han sorprendido; son consecuencia del encadenamiento de distintos errores sobre los que los comunistas de Cataluña y del resto de España debemos reflexionar seriamente. En definitiva, los sentimientos de frustración ante las insuficiencias del cambio democrático, la incapacidad para abordar los problemas de la crisis y el paro y el peligroso aumento de la tensión internacional han buscado el escape en una discusión ideologizada que tuvo su culminación en la adopción de posiciones que llamaré tradicionalistas —un partido de sesenta años tiene tradiciones que pueden ser sacralizadas— por no hacer mías las caracterizaciones no siempre ajustadas a la realidad que se están escuchando estos días. Nadie podría llamarse a engaño sobre el hecho de que los acuerdos del V Congreso del PSUC suponen un profundo distanciamiento con las posiciones de principio y de política general aprobadas por el PCE y que la resolución conjunta tomada en octubre por una delegación de éste y el CE del PSUC queda claramente quebrantada, y más allá, el quebranto alcanza hasta a los propios estatutos de ambos partidos.

Los acuerdos del V Congreso han enfrentado casi en dos mitades a los delegados. El PSUC, que tenía la reputación de ser el más eurocomunista en España, y quizá por eso alcanzó tan alto porcentaje electoral, ha hecho un viraje de 180 grados. A fuer de sincero debo confesar que aún no comprendo por qué ante tal división de opiniones y de cara a un viraje tan radical no se adoptó en la última sesión del V Congreso la fórmula de preparar un congreso extraordinario, con todas las garantías democráticas —y entre ellas la de asegurar la participación del conjunto del partido en los debates de las agrupaciones— a fin de que la decisión sobre temas tan fundamentales estuviera respaldada por el más amplio acuerdo y de que cada comunista pudiera reflexionar a fondo sobre el futuro del partido.

En las tesis aprobadas por el PSUC no ha triunfado una posición de izquierda sobre otra de derecha. Ése sería un equívoco peligroso. Tampoco ha triunfado una línea de movilización de masas sobre una línea «institucionalista», por llamarla de algún modo. En el PSUC se sigue hablando de «revolución de la mayoría». Y sobre la necesidad de movilizar a las masas, haciendo uso de los derechos constitucionales, combinando esto con la labor en las instituciones estamos de acuerdo todos los comunistas.

Precisamente lo que extraña en esos tensos debates es que lo obsesivo, en vez de la política internacional, no hayan sido temas como el paro, la crisis, la carestía, la enseñanza, la sanidad, el terrorismo, la organización del Estado de las autonomías, las libertades, la estrategia para hacer avanzar y consolidar el cambio democrático hacia el socialismo. Es decir, lo que está preocupando desde la mañana a la noche, y hasta en sueños, a las familias trabajadoras.

En realidad, lo que ha estado casi exclusivamente en el centro del debate es la política internacional y, en definitiva, si los comunistas catalanes —e implícitamente todos los españoles— renunciamos o no a una estrategia independiente. No sin un cierto maniqueísmo, que presenta como antisoviéticos y hasta como pro chinos a quienes queremos tener relaciones iguales con todos los partidos comunistas sin subordinarnos a ninguno, por grande y poderoso que sea. A quienes pensamos que la salud y el futuro de nuestro movimiento reside en ir hacia una nueva unidad que respete las diferencias, y no hacia la exclusión de todos los que divergen en unas u otras cosas de un partido guía, y hasta a justificar las intervenciones militares para asegurar la subordinación.

Frente a esas posiciones tenemos que afirmar claramente que la lucha de clases a escala mundial no puede dirimirse por el enfrentamiento de dos bloques militares; eso sería tanto como la destrucción mutua y la renuncia a todo avance revolucionario; y mientras, llega la hecatombe, la permanencia del juego que consiste en repartir las zonas de influencia, juego que, por ejemplo, en Europa bloquea el avance de las fuerzas de transformación.

La lucha de clases se desarrolla principalmente en el interior de cada país, entre las fuerzas de progreso y las que se aferran a los privilegios económicos y sociales que les dispensa el sistema capitalista. Y el principio de solidaridad internacionalista entraña el apoyo mutuo, la cooperación, nunca la injerencia y la subordinación.

El PCE sostiene la necesidad de ir a la liquidación simultánea de los bloques militares, de las bases en el extranjero. Y en nombre de esa posición nos oponemos a la entrada en la OTAN y preconizamos un acercamiento cada vez más resuelto a una política de no alineamiento militar.

El PCE se opone a toda intervención militar en un país extranjero. Y sólo partiendo de esa posición podemos ganar a la mayoría de los trabajadores y del pueblo para la movilización contra las aventuras del imperialismo.

Estas posiciones independientes en política internacional son irrenunciables si el PCE y el PSUC no quieren convertirse en grupos testimoniales o en simples agencias de propaganda. Y desde luego, por difícil que sea la batalla para mantenerlas, vamos a darla con todas las consecuencias.

Pero esa batalla no va aislada de la de política interior. Hay que saber en qué país y en qué situación estamos. Aquí la dictadura cedió ante la presión democrática y dio paso a un régimen constitucional con libertad de partidos, porque el sistema político anterior estaba tan desgastado que no podía hacer frente a la crisis económica con medios autoritarios. Pero llevamos cuatro años de cambio y el Gobierno de UCD ha demostrado su incapacidad para enfrentar la crisis y a la vez la izquierda no ha sido capaz de unirse y de ofrecer una alternativa de progreso y buscar el apoyo del país para ella. La consecuencia no es sólo el desprestigio de UCD, sino la pérdida de confianza en la democracia, avivada por una campaña contra los partidos políticos y contra las instituciones, que, cualquiera que sean sus motivaciones —y las hay indudablemente honestas—, contribuye a la desesperanza. Mientras tanto hay un partido —el que mandó durante los cuarenta años pasados— que no tiene apariencia de tal y que está ahí potencialmente íntegro y dispuesto a aprovechar una coyuntura propicia. Y aunque algunos consideren el referirse a ese partido como un síntoma de temor, si no una manipulación, lo cierto es que no tener en cuenta su existencia sólo pueden hacerlo los que renuncian a tener en cuenta la realidad concreta.

Bien, en estas condiciones, abordar la crisis económica y sus consecuencias por un camino democrático exige una política de alianzas, junto con todas las presiones y movilizaciones de masas. Sin una política de alianzas, encerrándonos en nuestras tiendas, salvando nuestra responsabilidad o nuestro honor, las clases dominantes intentarán resolver la crisis exclusivamente a su favor, volviendo a métodos cada vez más autoritarios. Y quien dice la crisis, dice el terrorismo y los demás problemas graves y urgentes del país.

Nadie propone en serio, porque sería irreal, una salida revolucionaria a la crisis al estilo clásico. Cierto que la política de alianzas es muy difícil; que encontramos fuertes resistencias. ¡Claro que sí! Pero ¿es que alguien ha olvidado lo que nos costó arrancar la legalización del partido? ¿Alguien ha olvidado que el milagro del cambio fue ése precisamente?

Y subir la cuesta en que nos hallamos está siendo, y va a ser, difícil. Y hay quien queda rezagado, quien se fatiga porque el camino es abrupto y difícil y porque la cima no está ahí, claramente al alcance de la mano.

Indudablemente tenemos que hacer un esfuerzo de clarificación, habremos de mejorar nuestro trabajo y, entre otras cosas, construir un partido más sólido y más formado política e ideológicamente.

Es verdad que nos hallamos en un momento crítico para la política eurocomunista. Pero ¿cree alguien que los partidos continuistas que no son euros están en mejor situación? El abandono de la política eurocomunista nos colocaría como partido en condiciones más difíciles para defender a los trabajadores, para sacar del atasco a la democracia, para avanzar hacia el socialismo. Independientemente de la voluntad de los que lo propugnan, llevaría al partido y a la clase obrera a la catástrofe.

Por eso, los acuerdos del V Congreso del PSUC son objetivamente un serio golpe a la credibilidad y al prestigio del PSUC y del PCE, del que se están aprovechando y se van a aprovechar a fondo todos nuestros adversarios.

Por eso, aunque el PSUC es orgánicamente independiente, sus acuerdos nos afectan y no podemos ser neutrales y asépticos ante ellos. Somos plenamente solidarios de quienes defienden la política eurocomunista.

Y vamos a hacer todo lo necesario, en colaboración con los camaradas catalanes, por que el PSUC continúe siendo un partido eurocomunista y por que el PCE responda, ante la clase obrera y los pueblos de España, a la estrategia con la que se comprometió hace ya muchos años, y que yo resumo no sólo con las palabras de socialismo en libertad, sino también con otra tan decisiva: independencia.

8-I-1981

Eurocomunistas igual a más comunistas y más demócratas

Ante el X Congreso del PCE se presentan dos tareas fundamentales:

La primera, cómo contribuir a desarrollar y consolidar el proceso de cambio democrático; es decir, a afrontar la crisis económica, el proceso autonómico, la acción antigolpista y antiterrorista y la democratización del Estado.

La segunda, cómo fortalecer el partido, renovándole, sin perder las señas de identidad.

El debate sobre este conjunto de cuestiones se está desarrollando de la manera más abierta y libre, tanto que la prensa ha podido transmitir la imagen de un partido comunista en crisis, derivada de los tradicionales clichés que nos presentan como herméticos, autoritarios y monolíticos, aunque la experiencia de la transición indique todo lo contrario.

Para mí está fuera de duda que el X Congreso va a confirmar la estrategia eurocomunista, que significa independencia, socialismo pluralista y democrático y plena corresponsabilización en el proceso de cambio español.

Más complejo será el debate sobre el partido. Su fondo real va a ser no el de más o menos renovación o más o menos democracia, sino el de qué tipo de partido vamos a construir.

¿Un partido que sea el reflejo de la sociedad en que vivimos o que sea el instrumento político de la clase obrera y de las capas sociales que, unidas a aquélla, quieren transformarla?

La opción que se haga condiciona lo demás. La idea del partido reflejo de la sociedad puede determinar que se haga una política por arriba y, hacia arriba, en la que la mediación fundamental entre el partido y las masas sean los cargos electos y no las organizaciones de base y el trabajo en los movimientos de masas; puede conducir igualmente a que dentro del partido funcionen varios grupos políticos diferenciados —llámense tendencias o corrientes—, mientras la gran masa de militantes permanece pasiva y alejada, no participa, actuando, todo lo más, como una masa de electores que vota por uno u otro grupo según las circunstancias, como sucede en la sociedad en las relaciones partido-elector.

Evidentemente esta concepción contradice la noción del partido de vanguardia, en el que cada miembro es, en diverso grado, protagonista de un proyecto revolucionario común con el cual todos nos identificamos; abre una dinámica de enfrentamientos internos cuyas consecuencias hemos visto en la agresión contra Jordi Solé Tura en Cataluña y que puede ser origen de escisiones; introduce en el partido todos los vicios de la peor política usual: los pactos de pasillo, los cambalaches, los acuerdos sin principio por el reparto de poder.

En las actuales condiciones el abandono de nuestra concepción de partido de vanguardia conduciría no tanto a otro tipo de partido como a la desagregación del que tenemos, zaleado, de un lado, por la imantación de la potencia que le atrae a alinearse con uno de los grandes bloques y, de otro, por lo que hoy podríamos llamar el síndrome Mitterrand, o, en otros términos, la idea de que el PCE es un instrumento históricamente superado por la socialdemocracia.

De ahí que si los temas concernientes al partido no se resolvieran, conservando su concepción de partido de vanguardia, inspirado en el marxismo revolucionario creador —no en dogmas—, instrumento de transformación de la sociedad, con una gran amplitud de discusión y de matices, pero sin fraccionarse en subgrupos manteniendo su cohesión y su disciplina en la acción, de poco servirá que las resoluciones generales repitan hasta la saciedad que somos eurocomunistas, porque en realidad estamos enterrando la posibilidad de un fuerte partido eurocomunista.

Pero además el fenómeno de desagregación de los partidos políticos del arco constitucional en medio de una sociedad con los problemas que tiene la española en estas circunstancias contribuiría simplemente a favorecer a los nostálgicos de la dictadura que sueñan con el golpe.

El PCE es un componente fundamental de la izquierda española. Sus señas de identidad poseen una profunda raíz histórica: la oposición a la guerra imperialista, la defensa de la gran revolución socialista de octubre y la crítica de la socialdemocracia, que, habiendo llegado al poder en muchos países, se ha limitado a ser gerente leal del capitalismo.

Asumimos plenamente esa raíz histórica.

A la vez la tradición del PCE nos afirma como un partido que ha defendido la democracia por todos los medios en las cambiantes coyunturas históricas: que ha obrado por la unidad de socialistas y comunistas.

De ahí que hoy nuestras diferencias con los modelos existentes de socialismo giren en torno al problema de la democracia, para nosotros sustancial: a la concepción de que para realizar la transformación socialista de la sociedad en la Europa industrializada hay que defender y profundizar la democracia y superar la escisión de la clase obrera, realizando la unidad de la izquierda y de todas las fuerzas de progreso, y que actualmente el objetivo primordial es mantener la paz e ir a un nuevo orden económico mundial, que supere las tremendas diferencias que nos legan el colonialismo y el imperialismo.

Otro rasgo de nuestro partido es su organización, su carácter militante, su combatividad, que se condensan en el principio del centralismo democrático.

Sin el componente de un partido así la izquierda española caería bajo la influencia letal de la ideología socialdemócrata.

Yo confío en que el X Congreso confirmará todos estos rasgos; es decir, en esencia, los que integran el eurocomunismo.

19-VII-1981

Hay que superar la cultura tradicional del movimiento obrero

Todos los que se preocupan del tema coinciden en que la crisis actual no tiene precedentes y que en la ciencia económica tradicional no existen recetas eficaces que se le puedan aplicar con éxito. La crisis tiene, sin duda, una base económica, pero mucho más compleja y diversa que todas las conocidas.

Coinciden a la vez el agotamiento de las relaciones de explotación entre potencias imperiales y colonias, base de los superbeneficios de las primeras y del modo de vida consumista, que tiene su más alto exponente en el modelo norteamericano; los progresos de la tecnología que, por un lado, modifican radicalmente el papel de la mano de obra en la producción, expulsando de ésta a un número creciente de seres humanos, mientras que, por otro lado, desbordan por su coste la capacidad económica de los grupos privados y exigen inversiones extraídas de los recursos estatales —es decir, de la sociedad en su conjunto— y más allá de formas de internacionalización del capital.

Esto sucede en una época en que las armas nucleares prohíben la aplicación del principio de la guerra como continuación de la política para intentar soluciones de potencia a la crisis, aunque no estemos definitivamente liberados del peligro bélico, y en los últimos tiempos éste se perfile como una amenaza importante; en una época, además, en que la masificación de la cultura y la existencia de fuertes movimientos sociales hace que la opinión pública pese en la vida de los pueblos mucho más que en otros periodos.

Estos y otros temas relacionados con la crisis exigirían un análisis que no cabe en este artículo.

Pero parto de ellos para concluir en algo ampliamente admitido: que la crisis actual es la crisis de la civilización imperialista, señala el agotamiento de un régimen social, y que el desarrollo de las fuerzas productivas, y las potencialidades que encierran éstas, desbordan el capitalismo y plantean como necesidad histórica un cambio socialista en los países desarrollados.

Pero la experiencia histórica demuestra que en estos países los partidos socialdemócratas que, en general, han mantenido un predominio electoral, han sido incapaces de promover auténticas transformaciones socialistas, actuando como una fuerza de conservación capitalista.

La experiencia Mitterrand podría ser el comienzo de una ruptura con esta tradición, y en ello estamos interesados todos cuantos consideramos necesario el cambio social; para ello es imprescindible que no quede reducida a una experiencia táctica, coyuntural, como ha sucedido corrientemente a los partidos de la II Internacional; que sea insertada con claridad en un proyecto transformador de alcance histórico.

Ello debería conducir a una reconsideración crítica de la cultura tradicional socialdemócrata por los mismos militantes socialistas.

A la vez, la experiencia muestra que los partidos comunistas tampoco han logrado hasta hoy convertirse en una fuerza capaz de decidir el cambio en Occidente; y en bastantes países son sectores minoritarios y casi testimoniales.

Sin embargo, la necesidad objetiva del cambio abre un amplio espacio a los comunistas. En nuestro caso, como en el de los socialistas, la cultura tradicional del movimiento en que hemos estado insertos ha sido un obstáculo fundamental a la ampliación de nuestra influencia. También nosotros tenemos que romper con aspectos importantes de la cultura tradicional comunista.

Uno de ellos ha sido la asunción del modelo soviético como la forma más elevada y única de socialismo; la identificación de las ideas que generaron la gran Revolución de Octubre con ese modelo que surgió de un pragmatismo que, aun cubriéndose con la ideología de Marx y Lenin, era ya otra cosa.

Otro aspecto de esta cultura a reconsiderar ha sido la permanencia de una voluntad centralizadora, a pesar de la disolución de la Internacional Comunista, del Kominform y del agotamiento del método de las conferencias mundiales definitorias de ideología y política.

E inserta en ella la tendencia espontánea a justificar, o por lo menos a silenciar, la crítica de iniciativas soviéticas que no tenían nada que ver con Marx y con Lenin, y que se hallaban inscritas únicamente en la lógica de una política de superpotencia.

Esta actitud última se definía en aquella fórmula de que la lucha de clases en el terreno mundial pasa por la contradicción entre los dos bloques.

El Partido Comunista de España, aun en las difíciles condiciones de la clandestinidad, estuvo, con el PCI, entre los primeros partidos que comenzaron a reconsiderar esa cultura tradicional, a someterla a una crítica marxista.

Cuando se ha discutido el tema de la OTAN, sólo la ultraderecha de este país ha osado identificar nuestras posiciones con las de una superpotencia y un bloque, lo que significa ya un reconocimiento de nuestra independencia.

Pero los acontecimientos de Polonia nos han permitido llevar esta reconsideración más adelante, profundizar en nuestra elaboración eurocomunista, y ello no desde posiciones de derecha, socialdemócratas, sino desde la izquierda, desde la voluntad de recuperar la pureza de nuestros ideales, de resucitar la interpretación marxista de la Revolución de Octubre y de los acontecimientos posteriores, y de valorar nuestras señas de identidad nacionales, nuestra propia elaboración autónoma como no lo habíamos hecho hasta ahora.

De ahí que la resolución de nuestro Comité Central sobre Polonia, a pesar de ciertos comentarios despectivos, inspirados en razones de pequeña política, sea muy importante para el PCE, y más allá para el conjunto del movimiento revolucionario internacional, porque aborda radicalmente el tema de la superación definitiva de esa cultura tradicional a que me vengo refiriendo.

Deliberadamente no quiero ignorar una crítica que se nos viene haciendo en estos días, y terminaré mi artículo dándole una respuesta, inevitablemente esquemática por la limitación del espacio: aquella según la cual seríamos eurocomunistas hacia fuera y stalinistas dentro del partido.

Quien haya seguido la preparación y el desarrollo del X Congreso no podrá negar que éste fue plenamente democrático. En él la mayoría aprobó una política y unos acuerdos organizativos claros. Es decir, unas reglas de juego que no impiden defender dentro del partido posiciones diversas, pero que hacia fuera determinan una unidad de acción y una disciplina que es tan obligatoria para el militante simple como para el dirigente más empingorotado (y para éste, todavía más).

Los cargos públicos no pueden tener bula; por serlo deben incluso dar ejemplo. Los que no lo han hecho así conocían las reglas del juego y sabían que las vulneraban. No son inocentes. Mantuvieron un desafío en el X Congreso, y al perderlo decidieron continuarlo en pugna con las decisiones mayoritarias.

Cuando ahora se nos dice que somos duros y stalinistas, lo que se nos reprocha es que no hayamos capitulado ante un grupo de notables; que no hayamos hecho pasar el criterio de la minoría sobre el de la mayoría.

Toda comunidad democrática necesita para funcionar unas reglas de juego. El Estado tiene la Constitución como regla de juego. Los partidos y las asociaciones, sus estatutos. Cuando esas reglas de juego se rompen, la comunidad democrática entra en crisis y se disuelve.

Alguien ha querido que en nuestro partido se rompa la regla del juego, y el partido, al defender ésta, defiende su democracia interna, en vez de vulnerarla.

Yo estoy seguro de que cuando pase esta situación la ciudadanía española reconocerá que el Partido Comunista ha hecho bien defendiendo su imagen de coherencia y unidad frente a quienes la han roto.

17-I-1982

El anticomunismo favorecerá al PSOE

La batalla electoral andaluza es una confrontación entre la derecha y la izquierda, que trasciende desde los límites de la región hasta la política nacional. En el campo de la derecha están UCD y Alianza Popular, por no citar las diversas candidaturas de tipo ultra que, aparentemente, gozan de escasas posibilidades. En el campo de la izquierda se sitúan el PSOE y el PCA-PCE.

Por lo que concierne al PSA resulta difícil ubicar el lugar en que está. Aparentemente ni a la derecha ni a la izquierda. El PSA, en los carteles que he visto hasta ahora, habla de un «corazón andaluz» y un «coraje andaluz». Poca cosa, por cierto. Esos eslóganes podrían repetirlos desde Lauren Postigo hasta cualquier señorito de aquella tierra. El «corazón» y el «coraje» parecen corresponder más bien al lenguaje político de la extrema derecha. En realidad el PSA no se define ni por un gobierno autónomo de izquierda ni por otro de derecha, que es, sin embargo, todo el contenido de estas elecciones. Sólo dice que no cooperará con los partidos que llama «centralistas» —bien entendido, en el Parlamento regional, ya que en el de Madrid ha cooperado más bien con UCD—, lo que traducido al lenguaje de los hechos significa que no contribuirá a la formación de un Gobierno de izquierda.

En realidad el PSA marcha a la búsqueda de un cierto porcentaje de los votos que escapen al centro y a la vez trata de contabilizar los restos del desaparecido PT, alguno de cuyos líderes se ha integrado ya en sus filas, olvidándose de su ultraizquierdismo anterior. Por consiguiente si algo está claro es que el PSA busca votos en el grupo de los decepcionados con una ambigüedad que no es en absoluto de izquierdas.

El voto de la derecha se va a repartir entre UCD y AP. Esta última va a progresar, pues por escasas que fuesen sus ganancias, era tan poca cosa en Andalucía que podrá contabilizarlas como un avance. Cuenta con el apoyo preferencial de la CEOE. La organización empresarial sostiene una campaña electoral en Andalucía verdaderamente escandalosa.

El andaluz sencillo se pregunta por qué estos señores no invierten los cientos de millones que están gastando en la campaña en crear empleo, que sería su función social.

La infraestructura ucedista, en buena parte, es perfectamente traspasable a AP, pues está hecha con los residuos del antiguo Movimiento y a veces la componen los mismos que aplauden a Blas Piñar por razones de corazón y luego no le votan por razones de bolsillo.

La interrogante reside en qué eficacia va a tener la impasibilidad de Calvo Sotelo, sus rogativas de iglesia en iglesia y de santuario en santuario para limitar la hemorragia de votos ucedistas, amén del impacto de la televisión, que penetra todos los días en los hogares andaluces presentando la efigie casi sonriente del jefe del Gobierno.

También componen la misma interrogante factores como el talante abrupto de Fraga Iribarne, que quizá no case demasiado con el carácter de los andaluces, o las estridencias de Verstrynge, que parece un irlandés, escapado del IRA y trasplantado súbitamente al clima andaluz.

De todos modos Calvo Sotelo se juega mucho, incluso más que la propia UCD, en estas elecciones. Sería difícil que ante una derrota electoral —indudablemente bien merecida—, y ante la perspectiva de elecciones generales, UCD no se sometiera a una operación de cirugía estética tanto en su cúpula dirigente como en el Gobierno, sobre todo cuando hay rostros que se han situado en lo que el presidente califica de «reserva activa».

Pero es dudoso que algunas medidas electoralistas de última hora, como la supresión del peaje en el puerto de Cádiz, sean suficientes para exonerar a UCD de los errores que ha cometido desde el Gobierno, sobre todo en Andalucía.

Por lo que concierne a la izquierda parece claro que en Andalucía tiene todas las de ganar.

El PSOE tiene un atout importante: la personalidad de Escuredo, presidente de la Junta preautonómica, y el hecho de que sus principales dirigentes sean sevillanos.

Y el PCA-PCE, que ha ido creciendo en todas las elecciones verificadas desde el cambio político, posee hondas raíces en Andalucía, un programa transparente de progreso en el que está incluido algo fundamental para la superación del subdesarrollo, como es la reforma agraria integral, y un conjunto de hombres y mujeres profundamente conocedores de la problemática local, encabezados por la enérgica personalidad de Felipe Alcaraz.

Sin embargo, en el panorama que ofrece la izquierda andaluza hay algunas sombras que conviene reconocer.

El PSOE, aplicando una estrategia estatal, proclama que no gobernará con los comunistas. Últimamente dándose cuenta del descontento que esto produce en sus bases —desorientadas por las atenciones que Felipe González prodiga a los empresarios; por la extrema moderación del PSOE, que lleva a Escuredo a declararse socialdemócrata—, los dirigentes socialistas añaden al veto al PCA-PCE la apostilla de que tampoco gobernarán con otros partidos.

Pero no es fácil llamarse a engaño. Por muy bien situado que esté el PSOE en esta coyuntura, es muy difícil que logre solo la mayoría absoluta. Con algún otro partido tendrá que gobernar.

En el tipo de sociedad que existe hoy en Andalucía y en España puede darse un Gobierno minoritario de derecha que, aun con muchas dificultades, se sostenga, como lo ha hecho UCD pactando a veces a diestra y otras a siniestra. Pero un gobierno minoritario del PSOE, que se pusiera a gobernar de este modo, sería considerado como una estafa política por la masa de votantes de izquierda; se encontraría bloqueado por el muro del dinero y por el peso de los poderes fácticos y se desacreditaría rápidamente.

Si España, como otros países latinos, no soporta el modelo socialdemócrata de partido, Andalucía, a caballo entre el tercermundismo y el desarrollo, lo soportaría aún menos.

El cálculo de los dirigentes del PSOE, al negarse a colaborar con el PCA-PCE, es fundamentalmente erróneo. En primer lugar no pueden motivarlo en ninguna razón política seria. El PCA-PCE no ha dejado de participar un solo día en el Gobierno preautonómico presidido por Escuredo. PSOE y PCA-PCE gobiernan juntos, y en general con buenos resultados, ayuntamientos y diputaciones provinciales, ¿por qué no habrían de hacerlo en nacionalidades o regiones autonómicas? Incluso en Italia, donde el Partido Socialista se niega hasta hoy día a la entrada del PCI en el Gobierno central, está gobernando conjuntamente con los comunistas municipalidades y regiones.

El veto del PSOE al PCA-PCE es una concesión gratuita a la derecha que no fortalecerá electoralmente al primero. El PSOE no es capaz de explicar satisfactoriamente por qué no gobernará Andalucía con nosotros, pero la derecha no se priva por eso de acusar al PSOE de ser un partido marxista y de descalificarle por esa razón para gobernar; es decir, la derecha utiliza contra el PSOE el mismo argumento que éste filtra más sutilmente contra nosotros.

Quizá los dirigentes del PSOE hayan pensado que la crisis que ha atravesado el PCE nos ponía en trance de desaparición electoral. Ciertos sondeos manipulados han tratado de crear esa impresión. Mas cualquiera que haya seguido la precampaña del PCA-PCE habrá comprobado la enorme capacidad de convocatoria de éste y el entusiasmo de sus seguidores.

Y habrá visto más, o sea, que numerosos votantes del PSOE, ante la posición de éste, comienzan a pensar que la posibilidad real de un gobierno de izquierda en Andalucía, capaz de realizar los cambios que la mayoría de los andaluces desean, reside en votar en esta ocasión al PCA-PCE, para que los comunistas posean en el Parlamento andaluz un grupo fuerte que incline la balanza a favor de un gobierno de unidad de la izquierda. Es decir, que dando por sentado que el PSOE va a recuperar votos centristas y moderados, el voto útil de izquierda sea precisamente el voto a los comunistas.

En Andalucía hay un deseo de cambios progresistas muy profundo, y quien lo olvide puede llegar a lamentarlo.

El ejemplo de Asturias, de la participación del PC en el Gobierno autónomo con los socialistas, ha sido visto con gran atención y simpatía. Hay un hecho evidente: en Andalucía el anticomunismo no es políticamente rentable. Estoy convencido de que los andaluces lo harán ver el 23 de mayo y en fechas posteriores.

8-V-1982

¿Por qué en 1983?

¿Cuándo deben ser las elecciones generales? He aquí un tema que merece seria reflexión, al margen de consideraciones electoralistas y de impaciencias que pueden volverse contra el sistema democrático mismo. Mi punto de vista es: elecciones dentro del plazo previsto en la Constitución. No es bueno en ningún país anticiparlas. En España donde ya lo hicimos con las anteriores y donde además ha habido una cascada de elecciones y referendos en las comunidades autónomas, con amplios márgenes de abstención, este torbellino de consulta tras consulta podría empachar a un pueblo que no estaba acostumbrado a esta dinámica, y ello por razones obvias.

En primer lugar, habría que aprobar una ley electoral, y eso no puede hacerse atropelladamente. El decreto que sirvió para las de 1977 y 1979 no es utilizable en las próximas; este criterio fue defendido fogosamente en una emisión de La clave por los representantes del PSOE y AP. Hacer una nueva ley electoral requiere cierto tiempo. Creo que hoy esa ley tendría que eliminar la regla D’Hondt y atenerse a un criterio de proporcionalidad más riguroso que reflejara la actitud auténtica de los electores, una ley por la que voten los hombres y mujeres de este país y no los kilómetros cuadrados.

Pero no es ésta la única razón que aconseje apurar el plazo constitucional. Hay otra y de peso; me refiero a los presupuestos. Se ha argüido que los presupuestos no deben ser traídos a las Cortes por un Gobierno que va a dejar de serlo tras las elecciones, sino por aquellos que van a gobernar posteriormente. Bien, pero eso significa, lisa y llanamente, lo contrario, es decir, que el año próximo va a regir el presupuesto vigente, el actual, que habría que prolongar. Porque celebrando las elecciones en noviembre, como calculan los partidarios de anticiparlas, mientras se constituyen las Cámaras, se inviste a un presidente y se forma un Gobierno va a pasar algún tiempo; máxime si se tiene en cuenta que cualquiera que sea la minoría mayoritaria —porque dudo que ningún partido logre la mayoría absoluta—, esa minoría tendrá que aliarse con otros grupos políticos para gobernar, y un acuerdo de ese tipo no será posible de la noche a la mañana, sobre todo después de una confrontación que, planteada en términos de cambio, de enfrentamiento, va a hacer más difícil las aproximaciones.

En el mejor de los casos habría Gobierno, el que fuese, en diciembre. ¿Cuándo iba a elaborar el proyecto de nuevo presupuesto? Un presupuesto es una cosa muy seria, no puede ser una chapuza. Y con mayor razón un presupuesto de cambio. Necesita tiempo. Para tener uno serio, discutido y aprobado en las Cámaras nos situaríamos ya bien entrado el año 1983. Por consiguiente, el nuevo Gobierno funcionaría con el presupuesto hecho para 1982 por el Gobierno y las Cámaras actuales. El argumento a que he aludido cae, pues, por los suelos. ¿No sería acaso mejor que prolongar el actual buscar un acuerdo amplio en estas mismas Cámaras para aprobar un presupuesto nuevo que corrija las deficiencias del actual y haga frente a los problemas sociales y económicos de 1983 más eficazmente? Resulta incomprensible que ahora se niegue toda posibilidad de acuerdo con el Gobierno por quienes a lo largo de más de un año no han hecho otra cosa que acuerdos de esa especie, a veces bastante sórdidos.

Por otra parte, esto daría lugar a completar la aplicación del ANE y a prever medidas que el año próximo permitan reducir el paro. O a establecer claramente el criterio de que el Estado, aquí, debe subvencionar el transporte urbano, como hace en otros países, considerando éste como una especie de salario social, poniendo fin al drama de los municipios de grandes ciudades, que se hallan ahogados por el déficit de dicho servicio actualmente. O bien a decidir que las pensiones mínimas se ajusten al salario mínimo interprofesional.

No cumplir el plazo constitucional, realizar elecciones anticipadas significa, de otra parte, hacerlas bajo el imponderable de lo que sucederá en el Tribunal Supremo con la sentencia del 23-F. ¿A quién conviene correr este riesgo? Creo, desde luego, que no a la izquierda. Bien utilizado —y la derecha va a hacerlo, aunque sea subterráneamente—, el imponderable puede tener efectos electorales serios.

Y en fin —aunque habría otros argumentos—, estamos en momentos de gran confusión política. Hay un proceso de redefinición del mapa político. Partidos importantes del arco constitucional, como UCD, están en una crisis que si la desembaraza del gran peso derechista que ha lastrado hasta aquí a ese partido podría ser beneficiosa para el equilibrio democrático. ¿Por qué no darle tiempo para redefinirse? Alianza Popular está en periodo de auge, pero en medio también de enorme confusión: está siendo el cajón de sastre de todos los retales derechistas.

Es importante que el electorado tenga tiempo para ver claramente lo que significa su oferta, porque si no puede votar creyendo que AP es un sucedáneo de UCD, lo que no es cierto, y podría resultar arriesgado para la democracia.

Los comunistas también —no lo oculto— necesitamos algún tiempo para superar las heridas de nuestra crisis. ¿Y a quién que de verdad quiera garantizar el equilibrio y solidez de las instituciones democráticas le interesa debilitar la presencia electoral de un partido, cuyo dinamismo vendría, inevitablemente, a manifestarse en otros terrenos?

Pero el PSOE mismo, aun con el viento electoral en popa, tiene que aclararse. Su oferta de una mayoría para el cambio no tiene credibilidad si no dice claramente con quién va a crearla al día siguiente de las elecciones. Por el momento, lo único que se sabe es que no lo hará con el PCE. Bien, está en su derecho. Mas, en tal caso, debe aclarar concretamente que la hará hacia la derecha y con quién. Otra cosa resultaría un fraude a su electorado.

De la confusión política actual no se puede salir aumentando más la confusión. No se puede salir con fugas adelante que no se sabe a qué conducen. Es un momento en que se impone la claridad, la serenidad y la responsabilidad. Y no se nos venga con que hoy no estamos gobernados y no puede seguirse así, porque ya llevamos más de un año en esa situación y peor que prolongarla unos meses sería desembocar por irreflexión en una situación que resulte todavía más ingobernable. De ahí nuestro criterio: cumplir el plazo constitucional, llevar las elecciones a 1983.

11-VII-1982

¿A qué se juega?

La precipitación con que el Gobierno ha disuelto las Cortes ha sorprendido a quienes descontábamos que las elecciones serían anticipadas, pero... no tanto. Yo temo que muchos españoles se pregunten qué gato encerrado en esa precipitación y lo hagan con alarma, precisamente cuando unas elecciones generales deberían celebrarse en un clima de calma y de seguridad. ¿Por qué no se ha postergado esta medida hasta la aprobación de los estatutos de autonomía que quedaban pendientes, cuando esa aprobación no iba a comportar dificultades al Gobierno? ¿Por qué no se ha elaborado previamente una ley electoral, cuando parece dudosa la constitucionalidad para estas elecciones del decreto ley que sirvió en las de 1977 y 1979?

Y por otra parte, ¿cómo compatibilizar el periodo de propaganda electoral con la gira que el Papa se propone hacer por España? ¿Quién puede negar seriamente que esa gira influencie de un modo u otro (yo no prejuzgo el sentido) el resultado de las elecciones?

Esta visita que normalmente no hubiera generado en nuestro país ningún problema político, que todos los partidos hemos considerado con respeto, en plena campaña electoral se transforma en algo que puede ser contraproducente y cuya oportunidad crea una división de opiniones incluso entre los mismos cristianos. ¿Cómo ha podido ser irresponsable hasta ese punto el Gobierno no aplazándola previamente?

¿A qué juega el señor Calvo Sotelo? ¿A qué juega (hay que preguntárselo también) el señor Lavilla, investido de plenos poderes por el órgano dirigente de su partido?

Si lo que han pensado es que disolviendo, trayendo al Papa y con radiotelevisión en las manos UCD puede recuperarse y ganar las elecciones, como parece desprenderse del discurso televisado del señor Calvo Sotelo, primer acto de la campaña electoral, el fiasco puede ser inmenso. Porque un amplio sector de la ciudadanía española va a considerar la disolución, en estas condiciones, como el acta de inanidad, de agotamiento definitivo de UCD y como el fracaso no sólo del señor Calvo Sotelo sino también del señor Lavilla.

A no ser que un cierto sector de la derecha española piense que endosar a un futuro Gobierno, con participación dominante del PSOE, las dificultades de la crisis económica, la liquidación del 23-F con todos los problemas que hay detrás, la limitación de las autonomías, etcétera, sea la mejor manera de hacer abortar en España una solución de izquierdas y de preparar a plazo relativamente breve el retorno al poder de la derecha pura y dura, incluso por vías electorales.

En todo caso, algo huele mal en este juego que trata de llevarnos a una bipolarización que, en definitiva, no persigue un juego de alternativas sino la preparación de un terreno más favorable para la entronización de la derecha. El Partido Comunista había hecho proposiciones constructivas para conducir el plazo constitucional de vida de las Cortes a su término y celebrar las elecciones generales en una situación de mayor clarificación política. No hemos sido escuchados. Por nuestra parte, estamos preparados para comparecer en octubre ante los electores con un programa orientado a la creación de la democracia avanzada que prevé el preámbulo de la Constitución, a que la crisis económica no sea resuelta sobre las espaldas de los trabajadores y se aborde seriamente el paro, la mejora de las condiciones de vida de la tercera edad, el desarrollo de las libertades civiles y la afirmación de que la soberanía nacional reside en el pueblo.

29-VIII-1982

Un gran político europeo, un líder comunista

Cuando escribo estas líneas, Enrico Berlinguer yace gravemente enfermo y existen fundados temores por su vida. Sin embargo, soy incapaz de imaginar la desaparición prematura de un hombre, un amigo, del que todavía esperamos mucho —no puedo hablar en pasado—; y digo prematuro porque, para un político, Berlinguer está todavía lejos de la vejez. Acabo de formular votos, junto con cientos de comunistas santanderinos, por que se recupere. Berlinguer es una de las personalidades políticas europeas más importantes de los últimos veinte años. Tuvo ya antes un papel muy destacado en el movimiento juvenil italiano y mundial, en el que se formó como dirigente. Fue uno de los diputados más jóvenes de Italia. Pero cuando se impone como gran político es al ocupar la secretaría general del PCI, sucediendo a figuras como Gramsci, Togliatti y Longo. Puedo imaginar que al lado de los Amendola, los Pajetta, los Buffalini e Ingrao, los Natta, de toda esa pléyade de notabilidades de la vida política italiana, los primeros pasos de Enrico, pese a tener ya una experiencia considerable, debieron estar marcados por una gran prudencia. Encabezar un equipo de esa magnitud, afirmarse sin ser ensombrecido ni hacer sombra a ninguno de ellos no debió ser cosa fácil. No sé si es de ahí de donde le vendría a Berlinguer el remoquete —nació en Cerdeña— de sardo mudo. En todo caso, estimo que su primera cualidad es la prudencia y la firmeza políticas.

El nombre de Enrico está relacionado en un primer tiempo a la idea del compromiso histórico, idea que entroncaba con la concepción, tradicional en el PCI del bloque histórico, que en un país como Italia no era concebible sin la participación del pueblo católico. Más tarde reemplaza a esta estrategia la de la alternativa de izquierdas en el intento de superar la barrera que, sobre todo, tras el asesinato de Moro, representaba la Democracia Cristiana para realizar un cambio de fondo en la política italiana. Porque a través de ambas fórmulas, la voluntad que subyace es acumular las fuerzas necesarias a una auténtica transformación.

La política de Bettino Craxi torna muy difícil la segunda variante. Pero el obstáculo más fuerte con que tropiezan Berlinguer y el PCI es el veto norteamericano al acceso de los comunistas al Gobierno; veto que bloquea, cada vez más gravemente, el funcionamiento de la democracia en Italia. El empantanamiento de la vida política y las instituciones, la proliferación de los hábitos de corrupción en los partidos políticos —hábitos de los que sólo se salva el PCI—, los escándalos constantes que se convierten en rutina son el precio que paga Italia por ese veto. Y, sin embargo, siguiendo la pauta trazada ya por Togliatti, Enrico Berlinguer consigue que su partido sea un partido de Gobierno aun estando en la oposición, que influya considerablemente en la dirección del país aun sin tener ministros, sea una pieza esencial de la vida política, social, cultural italiana.

La superación de todas esas lacras actuales es inconcebible sin Berlinguer y su partido. El voto comunista italiano, además de un voto de clase, es el voto de la ética, del adecentamiento; expresa el deseo de probidad, de un nuevo renacimiento moral de la política.

Berlinguer es conocido por su papel en el lanzamiento de la tendencia que posteriormente fue bautizada con el nombre de eurocomunismo. Esa tendencia primaba el criterio de independencia de cada partido comunista, la inexistencia de un centro dirigente mundial, la vía democrática al socialismo, el respeto al pluralismo político e ideológico. Concebía la lucha transformadora no sólo en el terreno nacional, sino también en el europeo, concediendo gran importancia a la cooperación de la izquierda en nuestro continente.

El eurocomunismo no ha significado en ningún momento el abandono de la lucha de clases, de la voluntad de transformar la sociedad capitalista; no ha sido una caída en concepciones socialdemócratas, sino el comienzo de un esfuerzo para poner al día el proyecto comunista de transformación social.

Yo he tenido la satisfacción de firmar con Berlinguer, hace once años, en Livorno, la declaración en la que esas ideas se proyectaban hacia Europa y de haber mantenido una colaboración estrecha con él durante largo tiempo. Un momento importante de esa colaboración fue el encuentro que ambos, junto con Georges Marchais, celebramos en Madrid a principios de 1977, cuando el PCE no era todavía legal. Era el comienzo de la transición y las libertades apenas empezaban a abrirse. Estábamos como sitiados en un hotel madrileño. Fuera había una custodia, que más que tal era una vigilancia, que nos impedía reunirnos más de veinte personas, incluso para comer. Nos costó mucho que al final se autorizara una conferencia de prensa; la autoridad pretendía que nos reuniéramos con los periodistas por turno, en pequeños grupos. Sin embargo, por encima de tales barreras, aquella reunión era seguida con esperanza —o cuando menos, con expectación— en toda Europa.

Hoy, ante el lecho del dolor de Enrico Berlinguer, puede surgir la interrogante de si todo aquello fue fructuoso. Yo creo que hasta ahora lo ha sido sólo parcialmente. La grave crisis económica, la situación de guerra fría que soporta el mundo ha influido decisivamente en la reducción de las grandes expectativas abiertas entonces. Pero si se supera la tensión actual, si se evita la guerra, habrá un nuevo renacer de todo aquello.

En todo caso, lo que está fuera de duda es el alto prestigio que su labor ha dado internacionalmente a Enrico Berlinguer. Me dicen cuando escribo estas líneas que Sandro Pertini, el venerable y admirado presidente de la República italiana, ha ordenado que le preparen una habitación contigua a la que presencia el duelo de Berlinguer con la muerte. Sandro, velando por la vida de Berlinguer, ayudándole moralmente en esta desesperada batalla —¡ojalá no sea la última!—, nos representa a todos cuantos en Italia y en el mundo seguimos con angustia y en vela la suerte del gran dirigente comunista.

10-VI-1984

Mi homenaje. La muerte del viejo profesor

Conocí personalmente a Enrique Tierno Galván en Lisboa en el año 1975 con ocasión de una reunión de la Junta Democrática; antes había mantenido una relación con él desde París por mediación de Rafael Lorente. Durante dos días que permanecimos en la capital lusitana dedicamos mucho tiempo a intercambiar informaciones y puntos de vista sobre la situación de España. Posteriormente volvimos a vernos con frecuencia en París y Estrasburgo y ya después de mi regreso a España mantuvimos una sincera amistad.

Recuerdo que en el año 1976, cuando yo andaba con peluca, tuve varias reuniones con él, y una en Aravaca, en casa de don José María de Areilza, en la que participaban igualmente Felipe González, Joaquín Ruiz Giménez y Antonio de Senillosa, donde examinábamos el desarrollo de la transición, y llegamos a un consenso en lo esencial. Después colaboramos en la llamada comisión de los diez, que representaba a la oposición democrática en la negociación con el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez.

Siempre vi en Tierno Galván un hombre de la unidad, no sólo de las fuerzas democráticas, sino de socialistas y comunistas; un pensador, un destacado representante de la cultura, que hacía honor a la universidad española. Y en la política, una especie de lujo que contrastaba con el utilitarismo imperante.

Cuando pensó en ser candidato a la alcaldía celebramos una amplia entrevista en casa de un amigo común. Debo confesar que en aquel entonces yo veía al viejo profesor como un posible gran ministro de Cultura más que como el gerente de una administración tan compleja como la madrileña, y así se lo dije a él, y hasta llegué a sugerírselo a un jefe de Gobierno. Sin embargo, poco después me convencí de que Tierno Galván era un excelente alcalde y, con el tiempo, de que era el gran alcalde que necesitaba Madrid.

Este hombre afable, discreto, reflexivo, brillante ha cambiado en muchos aspectos la ciudad. Ha sacado al pueblo a la calle en fiesta, ha impulsado las relaciones sociales entre los madrileños y ha fomentado las actividades culturales. Él, aún más que el acuerdo con la Comunidad Europea, ha hecho de Madrid una ciudad europea, abierta a todos los vientos, sin fronteras de bloques. Ha viajado por todos los horizontes y ha recibido gentes de los cuatro puntos cardinales. El alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, fue una personalidad conocida universalmente.

Yo siempre he contemplado con sorpresa y curiosidad su arte de hacerse querer y respetar por la gente de izquierda, centro y derecha. Para un hombre político ésa es una hazaña prácticamente imposible. ¿Cómo lo lograba? Sin duda poseía la capacidad de cumplir gestos que en otro hubiesen dado ocasión a desconfianzas y recelos. Pero nadie veía en ellos las artimañas del político; los rodeaba de una sencillez y una naturalidad que desarmaban toda suspicacia. Llevaba las relaciones públicas en la sangre. No he conocido en todos estos años a nadie que le viera con animadversión, con hostilidad. Si la enfermedad traidora que nos le ha arrebatado no hubiera sobrevenido, Enrique Tierno Galván habría sido votado permanentemente por los madrileños, habría sido el alcalde perpetuo de esta ciudad.

Al rendirle hoy mi homenaje de amistad tengo que hacer punto y aparte para encomiar algo que siempre me ha inspirado los mayores respetos en un hombre: la dignidad con que ha sabido encarar la cita con la muerte, como un accidente normal al que nadie escapa.

Sus últimos meses de vida, a partir de la operación que sufrió, han sido verdaderamente ejemplares. Sin duda sabía que tenía el tiempo contado y, sin embargo, no se apartó ni de su función ni de su comportamiento sereno y equilibrado de todos los días. Nos encontramos dos o tres veces. Yo veía reflejado en su rostro los estragos de la enfermedad, pero siempre era el mismo: aquel profesor que conocí conspirando en Lisboa, tranquilo, equilibrado, transmitiendo a todos un mensaje de seguridad y confianza.

Parece que en algunas de sus últimas declaraciones habló de la fe como una apoyatura para encarar el fin. El viejo profesor no tenía fe religiosa; asumía el materialismo y se declaraba agnóstico. Pero ¿acaso carecía de fe? Se puede tener fe religiosa, pero hay otra fe capaz de mantener entero al hombre ante cualquier adversidad, ante la misma muerte: la fe en el futuro libre de la Humanidad.

Creo que ésa es la fe que ha sostenido hasta el fin a Enrique Tierno Galván.

22-I-1986

La entrevista Iglesias-Carrillo

Por encontrarme de viaje fuera de Madrid no pude leer hasta ayer el número de su diario correspondiente al sábado pasado, día 19 de enero. En él encuentro una información en la que se habla de las entrevistas mantenidas por Gerardo Iglesias con varios dirigentes del PCE, y se anuncia el propósito de éste de mantener otra conmigo. Se ponen en boca de Andreu Claret las siguientes palabras: «El rechazo a la oferta de diálogo colocará a Santiago Carrillo en una posición difícil de explicar al partido».

En relación con esta información quiero hacer las siguientes aclaraciones: El domingo 13 de enero, escuchando el segundo telediario, me enteré, sin otro aviso previo, de que en el curso de la semana a seguir yo iba a entrevistarme con Gerardo Iglesias hacia el jueves o el viernes. No oculto que me extrañó la publicación de esta noticia sin que nadie me hubiese advertido antes del propósito del secretario general.

Pasaron los días de esa semana y a los periodistas que me preguntaban cotidianamente tuve que decirles la verdad: que no había recibido en esa semana, incluidos el jueves y el viernes, ninguna convocatoria para acudir a la entrevista con Iglesias. Por su diario es por donde me entero de que la entrevista se celebrará previsiblemente esta otra semana y de las exigencias que van a serme presentadas en ella por el secretario general. Pero directamente, hasta el martes 22, no sé absolutamente nada de la tan anunciada entrevista.

Y, por otra parte, veo que ya se amenaza por Claret si no acepto un diálogo del que hablan en la televisión, la radio y los periódicos, pero que nadie me ha propuesto realmente. A todo esto yo quiero responder que nunca me he negado a cualquier diálogo con el secretario general del PCE o cualquiera otro de los dirigentes; que hace mucho tiempo que vengo quejándome de la incomunicación, de la ausencia de diálogo, y que las propuestas de diálogo han sido en buena parte una respuesta a mis quejas. Pero que al no ser efectivamente llamado para conversar, me temo que todas esas especulaciones no sean más que una operación de imagen para que los militantes y, en general, el público, terminen creyendo que yo soy el que se niega a dialogar, cuando sucede precisamente lo contrario.

Se dice además en la información de El País que «Iglesias ha ofrecido todas las garantías de que Santiago Carrillo irá en las próximas listas electorales», aunque «no es probable que Carrillo pueda repetir su candidatura por Madrid».

Esta filtración y otras que ha habido ya en su diario tienden a dar a entender que lo que me preocupa es si voy a ser candidato a diputado o no. Considero que los que han transmitido esta información a su diario son simplemente unos miserables. Mi problema no es si voy a ser o no diputado; mi problema y el del partido es ver cómo debemos trabajar para que en 1986 haya candidaturas comunistas con posibilidades de ser elegidas y lograr un grupo parlamentario comunista.

23-I-1985

La unidad comunista ante las elecciones

La anticipación de las elecciones legislativas, después de que el presidente y el vicepresidente del Gobierno hubiesen insistido reiteradamente en que se agotaría la legislatura, es una estratagema electoralista de mal estilo, en opinión del ex secretario general del PCE. Sobre la unidad comunista, el autor del artículo señala que el regreso de Líster es un obstáculo, en lugar de un acierto.

La convocatoria anticipada de las elecciones a Cortes no ha cogido por sorpresa a nadie; sin embargo, después del ataque militar a Libia parecía que el Gobierno podía decidirse por octubre, ya que la implicación directa o indirecta de Europa —y por tanto, de España— en los acontecimientos derivados del hecho podía mover el mapa electoral. Por lo menos esto es lo que se hablaba en el Congreso durante la reunión conjunta de las comisiones de Exteriores y Defensa para tratar sobre las consecuencias de la operación Reagan. Puede suponerse que, o bien el Gobierno tuvo datos que no daban ninguna variación del voto, o bien que teme para este verano acontecimientos que aumenten la tensión internacional y puedan resultar más negativos en octubre.

En cualquier caso, no parece serio atribuir simplemente a razones de política nacional la anticipación, y sobre todo lo que resulta imperdonable es que el presidente y el vicepresidente del Gobierno hayan estado diciendo hasta el último minuto que lo lógico es que las elecciones se celebren en octubre, para anunciar repentinamente, en el último momento, lo contrario. Se advierte en esa actitud una estratagema electoralista de mal estilo, sobre todo en un partido del que se dice que los sondeos le dan ya doscientos veinte diputados, una mayoría como para dormir sobre ella.

Si en 1982 el triunfo del PSOE estaba cantado, las condiciones en que vamos a las elecciones el 22 de junio no pueden serle más favorables. Coalición Popular, según reconoce todo el mundo, incluso en su seno, llegó a su techo hace cuatro años. Las diferencias entre las posiciones de Alzaga y las de Fraga en cuestiones importantes son conocidas. Hoy nadie daría un ochavo por la unidad de CP tras las elecciones. Y dentro de AP las reservas hacia el liderazgo de Fraga crecen día por día.

El PSOE no está preocupado por ese lado. No sólo ha invadido el espacio político del centro, sino que también ha entrado a saco en la psicología del propio electorado fraguista, uno de cuyos rasgos es el deseo de estabilidad, de que no cambie nada. Con su gestión Felipe da la imagen de estabilidad y continuidad que gusta a muchos de los votantes naturales de Fraga. Incluso cuando monta en el Azor o recibe a desayunar a El Cordobés y a Julio Iglesias, que eran visitas del caudillo, transmite esa imagen. Así, Felipe es la continuidad del pasado, pero en mejor.

Por lo que toca al centro político, no cabe duda de que Suárez, no obstante su carisma personal, no ha conseguido aún hacer cuajar su partido, y Roca está muy limitado desde que pasa el Ebro. En tanto que en la izquierda la división comunista aleja del PSOE toda inquietud seria. En definitiva, Alfonso Guerra contempla su tarea desde el puesto de mando de la campaña electoral del PSOE poco menos que como un paseo militar.

¿Es posible todavía la unidad comunista? La posición del sector que tiene la propiedad legal de las siglas del PCE la hace muy improbable. La integración de Enrique Líster no es un paso unitario, sino todo lo opuesto: acumular un obstáculo más en la vía de la unidad. Las maniobras para romper los avances logrados entre el PCPE y la Mesa para la Unidad de los Comunistas van en la misma dirección.

En realidad, al proyecto político que está detrás de la llamada convergencia o plataforma le estorba la unidad de los comunistas. Porque de lo que se trata —y Tamames lo ha explicado claramente en recientes declaraciones— es de pasar del partido comunista a un partido progresista, sin referencias ideológicas. Hay quien entiende —con una impresión superficial y errónea— que lo que ha hecho el PCE en su último congreso, en el fondo, es eso y que aquí, dado el estado en que se encuentra el PCE, no es posible hacerlo de la misma forma, es decir, conservando la cáscara y cambiando el contenido. Aquí hay que cambiar también la cáscara.

Pero a ese objetivo no puede irse más que a base de los hechos consumados, sin desvelar el proyecto porque la base comunista lo rechazaría. En consecuencia, como primera etapa: un grupo de diputados variopinto, que sólo pueda definirse como progresista o de izquierda. Segunda etapa: en torno a ese grupo, ir articulando una organización que al llegar a un determinado nivel termine apareciendo como un partido. Como el proceso no está suficientemente controlado, en Aragón se han adelantado comenzando por el final. Se han reunido varios grupos, entre ellos el PCE, el PCPE, la Federación Progresista, el MCE, LCR, PST y otros y han formado la Nueva Izquierda Aragonesa, que va a instalar sede y va a funcionar sobre un modelo asambleario con una comisión permanente.

Yo no sé si esta nueva formación política va a servir para quitar votos al PSOE en las elecciones; puede ser que sí o que no. Pero lo que salga de ahí será políticamente una follisca. Y en ese conglomerado quedará diluido el Partido Comunista. A mí no me extrañaría que en la derecha haya gente que piense que un plan que a la vez quite votos al PSOE en las elecciones y contribuya a la dilución del Partido Comunista supone matar dos pájaros de un tiro y vale la pena ampararlo.

En Europa, cuando se habla de la perspectiva de una izquierda europea unida, la gente se refiere fundamentalmente a la unidad de socialistas y comunistas, aunque no se excluya a otros sectores nuevos importantes. ¿Y en España? Es verdad que el Gobierno ha hecho una política liberal centrista. Sin embargo, sólo cerrando los ojos a la realidad sería posible negar que detrás del PSOE, con todos los reproches y reservas que se quiera, se sitúa todavía una gran parte de la izquierda española. Tamames, Alonso Puerta, Miralles y otras personas, por muy respetables que sean, no tienen tras sí a la izquierda. Y es absurdo reincidir en el error infantil de considerar los noes al referéndum como un voto global de izquierda, ni en Andalucía ni en el resto de España. O de estimar que las plataformas anti OTAN pueden transformarse en plataformas electorales con un mínimo de coherencia.

Hay que reconocer que en las actuales circunstancias en España no existen condiciones para la unidad de la izquierda, si hablamos en serio de unidad de la izquierda. El proceso pasa por un cambio de política del PSOE que hoy no es posible, pero podría serlo a medio plazo.

Mas la condición para lograrlo sería la reunificación y reconstrucción del Partido Comunista; la presencia de un grupo comunista en el Parlamento que tirase del PSOE hacia la izquierda y que estimulase el crecimiento de las corrientes de izquierda en ese partido... Mientras que divididos, como parece que podemos ir a las elecciones, se corre el riesgo de que la presencia comunista sea aún más raquítica que en la legislatura que termina y que el PSOE sólo tenga a su izquierda manifestaciones y huelgas en la calle. Y simultáneamente a ese peligro, otro: que con los votos comunistas dados a la convergencia se elijan diputados fácilmente absorbibles por el PSOE, con lo que resultaría que ciertos comunistas han trabajado, como suele decirse, para el inglés.

En las últimas horas la Mesa para la Unidad de los Comunistas sigue esforzándose por lograr un acuerdo entre los sectores en que está dividido el partido. La dirección del grupo que mantiene en su poder las siglas legales se opone. Si el veto continúa, la Mesa para la Unidad de los Comunistas asegurará la presencia de una auténtica opción electoral comunista en todas las circunscripciones, confiando en que el elector tradicionalmente fiel al partido y muchos jóvenes se percaten de que los representantes auténticos del ideal comunista irán en nuestras candidaturas.

26-IV-1986

Sostenella y no enmendalla

El peligro para el movimiento comunista español reside, para el experimentado político autor de estas reflexiones, en que la dirección del PCE ha vuelto a las concepciones dominantes en los años anteriores al VII Congreso de la Internacional Comunista, es decir, al tiempo en que el enemigo principal era el partido socialista, la socialdemocracia, equiparada al socialfascismo. Ello explicaría la extraña alianza de los comunistas del PCE en Izquierda Unida.

Un análisis de los pasados comicios electorales, realizado desde el ángulo comunista, muestra que la división ha sido el obstáculo que nos ha impedido recuperar, en una situación que difícilmente volverá a ser tan favorable, el espacio electoral que tuvimos en 1979. Y hay que decirlo claramente: la unidad comunista ha sido sacrificada a una quimera que comenzó con el nombre de convergencia y se materializó en Izquierda Unida (IU). La unidad de la izquierda era y es imposible en esta coyuntura por una razón muy sencilla: el PSOE se ha desplazado a posiciones centristas en el Gobierno y tardará en resituarse. Y sin el PSOE en este país no hay unidad de la izquierda.

Más aún la división comunista quiebra toda posibilidad de constituir un polo capaz de tirar hacia una conjunción de las fuerzas reales de izquierda.

Éstas son verdades de Perogrullo y da vergüenza tener que repetirlas como si fueran un descubrimiento. Pero hemos llegado a tales términos de irrealismo y de voluntarismo político, que el sentido común se ha convertido en una de las cosas más raras e infrecuentes.

El peligro para el movimiento comunista en España reside en que la dirección oficial del PCE, en el enfoque electoral de IU, ha vuelto a las concepciones dominantes entre los comunistas de los años anteriores al VII Congreso de la IC. Es decir, a la idea de que el enemigo principal es el partido socialista, la socialdemocracia. Y esa visión conduce hoy, como en aquella época, a buscar los aliados más fantasistas e incluso a inventárselos, extrayendo siglas de la riada. Y puede conducir también a convertirse en aliados objetivos, no siempre inocentes, de la derecha maciza y auténtica.

Esa política sectaria no ayuda a que los comunistas se liguen con las masas. Cuando los dirigentes del PCE proclamaban que «votar a Felipe es como votar a Fraga», los trabajadores no podían entender semejante desatino. ¿Cómo explicarse si no el hecho de que habiéndose volcado, como nunca lo había hecho, el más significativo líder de CC OO a favor de IU —en las elecciones de 1982 esta misma persona había hecho campaña indirecta contra el PCE y a favor del PSOE—, habiendo utilizado a fondo en muchas regiones el aparato de CC OO a favor de IU, los votos del sindicato no se hayan volcado hacia ésta? Porque no hay que olvidar que, separados los grupos que han compuesto IU, tuvieron en 1982 más votos que en 1986 unidos.

Los comunistas no podemos volver a la época en que socialdemocracia era igual a socialfascismo. Es necesaria una crítica severa pero equilibrada de la política del PSOE, una crítica que no nos enfrente radicalmente con los afiliados y votantes socialistas. Una lucha a ultranza como la que han planteado los voceros de IU contra el PSOE abre un abismo que podría tornarse insuperable entre socialistas y comunistas.

Seguir afirmando hoy, tras las elecciones, que IU puede convertirse en una alternativa de gobierno a la izquierda del PSOE es una tontería monumental.

Una política comunista inteligente tiene que ser capaz de aproximarse a la crítica que muchos afiliados y simpatizantes socialistas hacen a la política del Gobierno de su partido. Ya sé que cuando un comunista discute directamente con un socialista, y más aún si no es capaz de hacerlo pedagógicamente, el socialista, por patriotismo de partido, se cierra como una almeja; incluso que hay socialistas que razonan como anticomunistas viscerales, del mismo modo que a veces los comunistas reaccionan en antisocialistas visceralmente. Pero habría que estar ciego para no discernir el disgusto de muchos afiliados y votantes del PSOE con su política, precisamente en los mismos temas que la criticamos nosotros: el atlantismo —OTAN, bases, abandono o enfrentamiento de la solidaridad con los movimientos de liberación, venta de armas a Pinochet...—, la reconversión, el paro, la debilidad ante los poderes fácticos, etcétera.

Para los comunistas la cuestión está en plantear estos problemas de forma que estimulen la crítica interna de los socialistas, que propulsen entre éstos el pensamiento auténticamente socialista y de izquierda y que creen las condiciones para un acercamiento. Esta forma de ver la cuestión implica no ponerse la meta de las primeras elecciones, ni siquiera de ver toda la política reducida a los plazos electorales, por muy importantes que sean éstos. Hay múltiples fases de mediación en las que debemos procurar entendimientos, aunque sean coyunturales, con los trabajadores socialistas. Ahora tenemos cuestiones como el intento de la patronal de arrancar, bajo fórmulas más o menos claras, el despido libre; la voluntad de seguir destruyendo puestos de trabajo; problemas como el paro, la marginación social de la juventud; la resistencia a la ola que nos viene de Estados Unidos de hipócrita puritanismo, que encubre la voluntad de reducir paso a paso las libertades; la necesidad de que la anunciada reducción de fuerzas americanas no quede en ese ridículo 10 por ciento que Mr. Enders ofrece en Torrejón, sino que alcance a la desaparición de las bases; de que la salida de la organización militar de la OTAN y la desnuclearización no sean una ficción, etcétera.

En definitiva, la construcción de la unidad de la izquierda, la unidad popular, es un proceso que no era posible ni en las elecciones generales ni lo será en las municipales y autonómicas; es una obra de largo aliento que no puede reemplazarse por sucedáneos arbitristas, si no queremos que nos ocurra lo que a la rana que quiso ser buey. Y o tomamos un camino acertado o veremos cómo, uno tras otro, los más intransigentes debeladores del PSOE van entrando en las filas de éste a la busca del momio que no lograron por otro camino.

Lo que era posible en las generales, y lo es en las municipales y autonómicas, objetivamente es la unidad de los comunistas. El sector de Unidad Comunista, la más homogénea, la más sólida de las familias comunistas, proponía esa solución. Y aunque no hayamos tenido diputados, es significativo que no habiéndonos organizado aún como partido, hayamos logrado un cuarto de millón de votos. Ése sí que es un primer paso, una esperanza, confirmada por el hecho de que no habiendo ganado escaños, entre nosotros no ha habido crisis ni desmoralización. Al contrario, ha surgido la voluntad firme de organizarnos como partido, al comprobar la negativa de los dirigentes oficiales del PCE y del PCE a la unificación. Esta voluntad no es renuncia a la unificación, sino propósito de seguir luchando en mejores condiciones para obtenerla.

En las otras formaciones sí hay crisis. El aplazamiento del 12º Congreso del PCE, al tiempo que se reconoce que su dirección ha alcanzado su techo y necesita reorganizarse, es un dato de crisis. La división en la dirección del PCPE en torno a los problemas de la unidad comunista, otro.

Pero, lamentablemente, en la dirección del PCE sigue en pie el lema de «mantenella y no enmendalla», sigue dominando por encima de toda consideración la voluntad de matar a Carrillo. Por eso fuimos expulsados y se nos forzó a crear Unidad Comunista. Por eso se ha vaciado de actividad a las organizaciones del partido y hay camaradas que dicen que lo único que funciona algo en el comité central son la comisión internacional y la de los gay... Por eso también hoy es real el peligro de que el PCE se diluya en la ambigua IU, que como el arco iris, se ve, pero no se puede tocar.

En cualquier caso, la razón que anima a Unidad Comunista se afirma. Vamos a dar el paso de convertirnos en partido para dinamizar y ampliar ese cuarto de millón de votos. Seremos un partido inspirado en los intereses de los trabajadores, en las ideas de los grandes maestros del marxismo, que partiendo de sus raíces sea a la vez un partido de hoy, un partido capaz de abrir los caminos del porvenir. En definitiva, una garantía de la unidad de los comunistas, y de la unidad de los trabajadores, la unidad de la izquierda y de las fuerzas progresistas. Se equivocan los que crean que este proyecto está vinculado a la voluntad y a la obstinación de un solo hombre. No; el proyecto está asentado en la voluntad de un amplio equipo de revolucionarios jóvenes e inteligentes, que lo llevarán adelante contra viento y marea.

17-VII-1986

La desmentida muerte de Kim Il Sung

Sin novedad en la República Popular Democrática de Corea; éste es el parte que puede darse tras dos días de rumores fantasiosos lanzados desde Seúl. El presidente Kim Il Sung, en perfecto estado de salud, ha recibido ayer en el aeropuerto de Pyongyang al jefe del Estado de Mongolia. Entonces ¿por qué la noticia de su asesinato? Las fuentes informativas occidentales, pasado su primer fracaso, se emplean ahora en cubrirlo hablando de luchas por el poder en la RPDC que estarían en el origen del bulo. Con una invención se tapa otra.

Creo conocer suficientemente ese país y sus dirigentes para afirmar, sin miedo a equivocarme, que tal lucha por el poder es tan fantástica como el asesinato de Kim Il Sung por miembros del Ejército Popular.

A los 74 años el presidente de Corea del Norte conserva su fortaleza física y su plena lucidez mental. Junto a esto Kim Il Sung goza de la adhesión y el apoyo máximo de su pueblo, quien ve en él al gran líder que transformó una nación rota, ocupada largos años por los japoneses, destruida más tarde por los bombardeos norteamericanos —que no dejaron piedra sobre piedra— en un país próspero, culto y fuerte.

Kim Il Sung sigue cumpliendo sus funciones activamente, y si ha ido traspasando parte de ellos a Kim Jong II, ha sido con el propósito de que la sucesión, cuando llegue el momento, se produzca de la forma más normal, sin crisis de liderazgo. Hasta en esto ha mostrado el líder de Corea su gran sagacidad.

Yo he visitado muchas veces la RPDC; la última, hace poco más de un año. Conozco ese país como muy pocos occidentales. Lo he recorrido, he hablado con sus habitantes, los he visto trabajar, estudiar, realizar sus ejercicios de defensa. Y he comprobado que se trata, sin duda, de uno de los más avanzados de Asia.

Me honro desde hace años con la amistad personal del presidente Kim Il Sung. He hablado con él durante largas horas en cada uno de mis viajes. Creo que en Occidente se desconoce casi totalmente su personalidad. Y, sin embargo, es uno de los jefes de Estado más inteligentes que he conocido —y he conocido unos cuantos—, uno de los hombres de espíritu más abierto a los nuevos problemas de esta época y a la vez un dirigente que ha velado más celosamente por la independencia de su país. En la actualidad sus relaciones con sus poderosos vecinos de la URSS y China son excelentes. Hace ya bastantes años, en 1956, no fueron tan buenas; la orientación independiente de Kim Il Sung no gustaba.

Pero un año más tarde esas relaciones comenzaron un proceso de mejoría que ha ido consolidándose. Y hoy el único problema que tiene la RPDC es la ocupación del sur del país por los norteamericanos y el mantenimiento de un régimen títere dictatorial en Seúl que se niega a la reunificación de la patria.

El falso acontecimiento que ha ocupado estos días en los medios de comunicación una plaza sensacional sirve quizá para llamar la atención sobre la realidad coreana. En Occidente muy poca gente sabe que la RPDC ha propuesto al Gobierno del Sur la reunificación del país en una única confederación que respete el régimen social establecido a cada uno de los lados del paralelo 38. Que mientras tanto ha propuesto también el libre tránsito de las poblaciones del Sur y el Norte a través de la línea de demarcación.

Pocos saben también que en dicho paralelo hay un muro que separa a los dos Estados y que ese muro lo han construido los norteamericanos, temerosos de la penetración de la influencia del Norte en el Sur. También se ignora en Occidente que Kim Il Sung es un líder querido no sólo en el Norte sino también por gran parte de la población del Sur.

Es significativo que la falsa noticia haya salido de Seúl y cabe preguntarse si por medio no ha habido algún intento de provocación abortado puesto en obra por la CIA surcoreana. Porque donde hay graves problemas internos es en Corea del Sur; donde maduran las condiciones para un cambio de régimen es en ella; y también en Corea del Sur es donde hay gentes interesadas en que desaparezca Kim Il Sung y se desestabilice la RPDC, ahora que el régimen títere ha permitido la instalación de armas nucleares de Estados Unidos en su territorio, armas que apuntan peligrosamente hacia el Norte.

El falso acontecimiento podría ser útil también para que el Gobierno español recuerde que hay un Estado con el que no mantenemos relación de ningún tipo, siendo quizá la única excepción en el mundo y con el que haríamos bien en establecer una relación normal en el más breve plazo posible, si es que nos queda independencia para ello.

19-XI-1986

La unidad comunista, tarea urgente. La división de la izquierda 1

Ha llegado el momento de olvidar agravios y heridas y de convencerse de que sí hay porvenir para un Partido Comunista en España. Todo va a depender de lo que hagamos los comunistas mismos. De nuestra capacidad para elaborar un proyecto común y unirnos. Es falso que el devenir histórico haya enterrado ya el socialismo científico. Por encima del envejecimiento de algunos análisis, la necesidad de superar la división de la sociedad en clases y la posibilidad que proporciona el método marxista de incorporar al acervo teórico nuevos enfoques a los problemas de hoy determinan la vigencia del papel de los partidos comunistas, en cuanto sean capaces de asumir su funcionamiento y sus formas de acción la experiencia de estos años.

La revolución científico-técnica no suprimirá la necesidad de una transformación radical de la sociedad capitalista; previsiblemente, la hará más imprescindible. Teóricamente dentro de algunos decenios —no muchos— habrá en los países más desarrollados una minoría dominante reducida que dispondrá de la información y de la plusvalía, y, paralelamente, una inmensa mayoría, sin trabajo en gran parte, pero con un elevado nivel cultural, marginada de la producción y del poder.

Teóricamente también el foso entre los países desarrollados y lo que denominamos Tercer Mundo se habrá ahondado mucho más. Las relaciones entre unos y otro serán todavía más desiguales que hoy, y las contradicciones entre ambos, mucho más agudas.

Si insisto en decir teóricamente es porque resulta inimaginable que entre los comienzos de la segunda revolución industrial —que vivimos hoy— y su desarrollo dejen de producirse luchas sociales y nacionales que alteren profundamente el cuadro. Una transformación de las estructuras productivas tan profunda no puede llevarse a cabo sin que acarree reformas y revoluciones que modifiquen el sistema en el curso mismo de su desarrollo.

Lo que está sucediendo hoy en el mundo anticipa aquello que puede acontecer en dicho proceso. Junto a una deuda exterior insoportable, que pesa como losa de plomo sobre los países subdesarrollados o en vía de desarrollo y que va a producir —o está produciendo ya— profundas subversiones en el orden establecido, nos encontramos con el inicio de una crisis en los países capitalistas desarrollados, cuyo alcance intentan trivializar políticos instalados y economistas oficiales.

Pero sólo con una memoria muy corta puede olvidarse que hace unos años esos políticos y economistas daban por imposible tal crisis. Que entonces se reían soberbiamente de quienes anunciaban el fin del pleno empleo y de quienes negaran que el llamado capitalismo popular terminase con la lucha de clases y la necesidad de transformaciones sociales.

La crisis de la ideología y la política neoliberal ha sido abierta rudamente por el crash bolsístico y el seísmo que sacude al sistema financiero. El fracaso de Reagan es el fracaso de una concepción del orden mundial, dominante hasta hoy en Occidente, que ha impregnado, desnaturalizándolas, a importantes fuerzas de izquierda.

Entre ellas está desde luego la socialdemocracia; pero de algún modo ha sembrado igualmente desmoralización y desesperanza en las mismas filas comunistas. En relación con esto último, por no hablar más que de España, cabe citar, sin designar a sus autores, el llamado «ejemplo del agua de Solares». Sí; aunque no de forma escrita ni pública, se ha dicho que con el Partido Comunista conviene hacer lo que con el agua de Solares tras una adulteración que comprometió el crédito de este producto: cambiarle la etiqueta, ponerle una nueva, para seguir vendiéndolo.

Sólo que el Partido Comunista había sufrido no una adulteración, sino una derrota electoral, debida al temor de que la derecha ganara el poder electoralmente tras el fracaso del golpe de Estado. Y el temor no era vano, puesto que AP pasó de ocho o nueve diputados a ciento cinco. Ese temor determinó un voto útil hacia el único partido —el PSOE— considerado en condiciones de evitar el triunfo de derechas y de mantener el statu quo democrático sin provocar una segunda edición del 23-F. Por esa razón al PSOE afluyó gran parte del voto comunista y el del conjunto de la izquierda, incluidos muchos independientes.

Pero el análisis de esa derrota en el Partido Comunista se hizo en clave interna, sin tener en cuenta los factores externos, objetivos, independientes de nuestra voluntad, acelerando un proceso de autofagia de consecuencias gravísimas.

La adulteración que no existía se inventó; se hizo astillas de toda la política del partido frente a la dictadura y en la transición; era como si los comunistas hubiéramos sido una rémora para este país, estuviéramos condenados a desaparecer y no quedase otro recurso que maquillarnos con nuevos planteamientos y una nueva fachada; es decir, que dejásemos de ser comunistas.

Pero el desarrollo de los acontecimientos parece estar devolviéndonos la razón. Lo peor que le ha sucedido al partido no ha sido la derrota de 1982, sino el proceso de división que ha acarreado. Por eso en las bases comunistas hay un sentimiento creciente favorable a la reunificación. Hoy casi nadie se atreve a enfrentarse directamente con este sentimiento.

En efecto, los objetivos transformadores del comunismo siguen manteniendo su vigencia. Y, además, en el terreno de la política nacional han desaparecido los factores que originaron nuestra derrota en 1982.

El PSOE ya no es una promesa de cambio a la izquierda; los que lo veían así se han desilusionado y no lo han votado en las últimas elecciones. Y parece que lo votarán menos en las próximas. Un Partido Comunista reunificado, reivindicando su papel histórico, como uno de los creadores principales del sistema de libertades y el defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores, de la juventud y de las capas sociales más desheredadas, podría recuperar en 1989 la fuerza y el papel político que desempeñó antes; la sacudida social que suscitaría la reunificación comunista nos devolvería el 10 por ciento ese año y abriría posibilidades más amplias para el futuro.

Y hay otro factor importantísimo que jugará contra el voto útil que tanto nos perjudicó: el elector de izquierda, en las próximas elecciones, ya no temerá una victoria de AP. Nadie piensa seriamente que Hernández Mancha esté en condiciones de ganar la mayoría para la derecha. No habrá voto del miedo.

Es una situación interna favorabilísima para un Partido Comunista reunificado.

Al mismo tiempo también nos es propicia la situación internacional, que nos fue adversa durante tantos años. La perestroika de Gorbachov, su inteligente política de desarme y de paz han contribuido a elevar el prestigio internacional de la Unión Soviética y del comunismo. Si sabemos hacer las cosas, eso va a ponernos el viento en popa. A fin de cuentas, nuestro partido, en un momento dado, se adelantó a preconizar la nueva mentalidad, el pensamiento nuevo; en definitiva, el aggiornamento de nuestros presupuestos teóricos y políticos. No cabe olvidar que todos los que nos hemos dividido posteriormente en tres sectores coincidimos durante un periodo en la necesidad de esa puesta al día. Es verdad que luego hubo quienes cambiaron. Pero si la Unión Soviética encabeza hoy ese nuevo curso, han desaparecido las razones objetivas para que no se restaure la coincidencia que tuvimos en otro tiempo.

Queda por último otro factor favorable al resurgimiento de la fuerza comunista con su unidad: el fracaso de Reagan, la crisis del liderazgo norteamericano, las tendencias crecientes a la autonomía de Europa occidental, el fracaso del neoliberalismo como receta mágica para los problemas de la economía, la nueva crisis internacional.

Todos esos elementos favorecen que los comunistas, de nuevo reunidos, podamos elaborar un programa político capaz de suscitar la adhesión de crecientes sectores sociales.

Algunos comentaristas circunscriben todo el problema comunista a una cuestión de liderazgo. Buscan un líder, aunque a la vez dicen que pasó el tiempo de los líderes carismáticos. Yo no sé si es posible que haya líderes sin carisma; parece que lo característico del líder es el carisma. Pero, en último término, para los comunistas el problema no es encontrar un líder. Hoy no existe ningún líder comunista que sea capaz de unir y homogeneizar a todos los comunistas españoles. Forzosamente, durante un tiempo, tras la reunificación tendrá que existir un liderazgo plural. Lo imprescindible será un programa ajustado a las realidades de este tiempo y unas reglas de juego que garanticen los derechos de todos en un partido unificado.

El problema es si los comunistas somos o no capaces de recuperar el prestigio político que nos dio la lucha contra el franquismo y la transición, uniéndonos. Yo estoy convencido de que sí, de que en España hay un importante potencial favorable, que se manifestaría difícilmente si seguimos divididos y que si, al contrario, nos unimos resurgirá espléndidamente.

El hoy secretario general del PCE ha declarado, según dice Mundo Obrero, que «ha cambiado por completo el centro de gravedad del debate precongresual, trasladándolo otra vez al tema de la unidad comunista».

La crisis de IU y la dimisión de Enrique Curiel han puesto sobre la mesa la inaplazable necesidad de la unidad comunista. Hoy nadie se atrevería a negar de frente lo que se presenta como una evidencia.

Sin embargo, aún pueden aparecer obstáculos que retrasen lo que reclaman las bases. En un próximo artículo me referiré a ellos.

10-I-1988

IU, una etapa sobrepasada
La división de la izquierda 2

La unidad comunista demanda el comienzo de una negociación a tres cuya única condición previa podría ser que el partido reunificado conserve las siglas históricas. Por lo demás no debe haber otras condiciones previas, ni vetos ni exclusiones de nadie. Hace falta un partido en el que quepan todos los comunistas. En un debate sin condiciones previas el tema que va a provocar diferencias es el de Izquierda Unida. Yo espero que incluso este tema sea tratado con realismo. IU ha hecho sus pruebas; unos pensaban que iba a dar resultados, otros que no. No pretendo que los últimos, entre los que me cuento, vayamos a la negociación cantando victoria; todavía menos admisible sería que los primeros mantengan una consigna simplemente por amor propio, por no dar su brazo a torcer. Mirándolo bien, el tema de IU es un tema pasado. En lo que es el grupo parlamentario ya no quedan más que miembros del PCE o del PSUC. En algunas Cortes regionales o en ayuntamientos se ha producido ya una diferenciación política entre los que poseen una adscripción comunista y algunos aliados ocasionales en IU en el momento de las elecciones. Por ejemplo, en el País Valenciano, UPV piensa romper IU conservando dos diputados regionales obtenidos gracias al voto comunista. IU fue una combinación electoral, y aun como tal ha dado muy escasos resultados.

Hoy cabe preguntarse de quién nació la iniciativa de IU: ¿del PCE o de Ramón Tamames, que pudo ver en ella la ocasión de salir del ostracismo y de dar músculo a su invento político, la Federación Progresista?

En todo caso, IU comenzó cometiendo un error fundamental: el del antisocialismo visceral. Y ha habido momentos en que la opinión pública tuvo la sensación de que la oposición al Gobierno de PSOE, la derecha, el centro e IU participaban de los mismos fines, se confundían. La campaña de IU se distinguió por resucitar los eslóganes de los tiempos del sectarismo comunista, que el partido había superado ya a partir de los años treinta. Socialfascismo, priísmo, franquismo fueron términos manejados con increíble ligereza. El PSOE era considerado, y no coyunturalmente, como un componente del sistema de dominación capitalista, abandonando toda concepción dialéctica. Hasta se llegó a lanzar la fórmula de que el PSOE era «el adversario en el primer plano», remedando lo que decíamos en otro tiempo del franquismo e innovando en esta incursión al sectarismo sobre todos los errores de un lejano pasado.

Es claro que la política del PSOE en el Gobierno merecía y merece una severa crítica desde un punto de vista de izquierda y de clase. Nosotros la hemos hecho sin ninguna concesión. Y un Partido Comunista reunificado tendrá que seguir haciéndola con severidad, pero con inteligencia y visión de porvenir. Los comunistas no podemos ignorar que detrás del PSOE está una buena parte de la izquierda y de los sectores progresistas, a los que no apartaremos de una política errónea con ataques que desafíen el buen sentido común de los trabajadores. ¿Acaso es concebible una auténtica unidad de las fuerzas de izquierda y de progreso excluyendo a las muy numerosas que con más o menos entusiasmo, más o menos reservas, apoyan hoy al PSOE? Por ese camino lanzamos a la abstención, si no al centrismo, a sectores con los que lógicamente, en un proyecto de futuro, tendríamos que ir aliados.

Una visión dialéctica de la realidad tendría que llevarnos a reconocer dos partidos distintos dentro del PSOE: uno, el de los Boyer o Solchaga, los beautiful people, surgidos del área de la banca, formados en los gabinetes de estudio, intercambiables con los cuadros de cualquier partido liberal burgués; otro, el de los Nicolás Redondo, con raíces profundas en la tradición clasista del socialismo español, salidos de las fábricas, ligados a los trabajadores.

Según las circunstancias, unas veces pesa más uno u otro de estos dos partidos dentro del PSOE. Y hasta podrían llegar a enfrentarse como antagonistas; no es la primera vez en la historia que esto pasa en el PSOE.

Nosotros no podemos proponernos destruir al PSOE como podría deducirse es el deseo de quienes le han convertido en el «enemigo en el primer plano». El PSOE es una realidad que está ahí y nuestra política debe tender a favorecer el crecimiento de las corrientes de izquierda dentro de él, de modo que un día sea posible la convergencia entre socialistas y comunistas. Para eso es necesario que nuestras críticas al PSOE sean sanas, penetren en sus propias filas. Ésa es una labor de tiempo. Es verdad que desde que comenzó la transición en las filas comunistas han surgido fenómenos de electoralismo, de política del día a día, de que —como ha dicho gráficamente un camarada— cuando se apunta al horizonte no se vea éste, sino simplemente la punta del dedo, poco más allá de la nariz.

Una concepción sectaria ha llevado al PCE a pensar que IU podía formarse con carlistas, humanistas, Izquierda Republicana, el PASOK, Tamames..., una serie de retales políticos sin consistencia real, al mismo tiempo que se ahondaba la desagregación del PCE.

Los resultados están ahí. ¿Por qué no constatarlos sinceramente y dar por terminada una etapa?

Se me puede decir que en este cuadro hay una excepción: Convocatoria por Andalucía. Sí; se trata de una experiencia específica que en las elecciones regionales obtuvo notorios resultados por condiciones que no son repetibles fuera de Andalucía. Pero en declaraciones del mismo Julio Anguita a un periódico regional se reconocía que Convocatoria está estancada. Ese estancamiento marca, a mi juicio, los límites del proyecto tal como está concebido, y quizá refleja la influencia del fracaso de IU a nivel de España. Sin embargo, nosotros no nos opondríamos a que algo que ha conseguido resultados se mantenga mientras la experiencia no diga otra cosa, máxime convencidos como estamos de que Convocatoria por Andalucía precedida por las siglas del PC en vez de las de IU tendría, cuando menos, las mismas posibilidades si no más.

A veces se cree que las siglas de IU son las que pueden abrir al PCE la vía hacia amplios sectores, las que pueden hacerle más permeable a las iniciativas y las críticas de las masas y convertirle en un partido abierto. Se ha vertido toda una arrolladora logomaquia en este sentido que nunca ha ido seguida de efectos prácticos y ha quedado reducida a un repetitivo bla-bla-bla.

Aun ahora se sigue insistiendo en la recuperación y la transformación de Izquierda Unida. Se sigue llamando a las izquierdas nacionalistas, y en gaje de buena voluntad se les ha conferido un papel hegemónico en las CC OO de Euskadi puramente gratuito.

Pero la verdad es que Euskadiko Ezquerra, o Esquerda Galega están mucho más cerca del PSOE que del PCE, y sin negar su nacionalismo difícilmente podrían articularse en un movimiento político social junto con partidos estatales. ¿Cómo es posible que cueste tanto trabajo comprender algo tan simple?

Con idénticos resultados se sigue llamando a movimientos sociales que en muchos casos son organizaciones esqueléticas, sostenidas con ayudas del Estado, que si se convirtieran en seguidores de un partido político, como en el fondo se pretende, perderían su específica razón de ser.

Y quedan los independientes, a los que se repiten los llamamientos y a quienes se propone un papel casi predominante en IU. Pero cuando vemos a Solé Tura y a otros eminentes ex militantes comunistas ir como independientes en las candidaturas socialistas de Cataluña, ¿eso no nos hace reflexionar que son otros los polos políticos que pueden atraer a los independientes en esta coyuntura?

Se habla también de convertir a IU en un movimiento político social organizado, con formas y órganos propios. Aparte de que eso significa hacer otro partido, que ya no será el comunista, lo que torna muy difícil que los comunistas lo acepten, ¿quién va a organizar ese nuevo movimiento o partido: Izquierda Republicana, el PASOK...?

Debemos abordar la realidad tal cual es: si los comunistas tenemos que hacer un serio esfuerzo de organización es para reconstruir nuestras propias organizaciones, que tras la división atraviesan una situación crítica. No es que haya entrado en crisis el concepto tradicional de militancia: es que existe una profunda desmoralización en las filas del PCE, que muchos militantes están en su casa, que se ha roto la confianza en que los sacrificios que se piden vayan a ser bien utilizados.

Digo esto desde el PTE-UC, donde sí hay una militancia activa y esperanzada, quiero pensar que por la razón de que desde el primer día nos ha visto abogar sin desánimos por la reunificación de la fuerza comunista. Pero eso no impide sentir dolorosamente el proceso de desvitalización del PCE, agravado además por ingentes dificultades financieras a las que sólo podremos hacer frente con éxito todos los comunistas unidos.

Si no podemos levantar nuestro partido, ¿cómo vamos a levantar otro nuevo?

Es hora de dejarnos de fantasías y quimeras y de abordar la realidad tal como es. Vamos a levantar el PCE uniéndonos y poniendo en común todas nuestras energías. Al sentarnos en la mesa de negociaciones hagámoslo no para recriminarnos mutuamente, sino para estudiar en serio cómo salimos de la quiebra actual.

Si reconstruimos un partido unido —y habrá que trabajar duro para lograrlo— tendremos aliados, seremos una fuerza seria y podremos trabajar de verdad para que un día la unidad de la izquierda y los sectores progresistas sean algo más que un sucedáneo desesperado.

Los trabajadores españoles, la causa de la paz, la democracia y el socialismo exigen de todos nosotros el olvido de las querellas, de las heridas de amor propio. Estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar si no queremos contraer una tremenda responsabilidad histórica. El mantenimiento de una ficción como IU, a trancas y barrancas, no debería ser la piedra con que tropezase la unidad comunista.

15-I-1988

El PSOE, contra los sindicatos

Los políticos que están en el Gobierno repiten hasta la saciedad que España ya es Europa. Incluso hemos cerrado un ciclo de integración entrando en la UEO. Pues bien en Europa no pasan ciertas cosas que aquí estamos, viviendo ahora. En Italia sindicatos cristianos y socialistas colaboran con la CGIL en huelgas y movilizaciones ante medidas del Gobierno del pentapartido y a ningún ministro o dirigente gubernamental se le ocurre decir que sus correligionarios sindicalistas se ponen «al servicio de la estrategia comunista». En Francia sucede otro tanto. En España van a terminar teniendo razón quienes piensan que en la prepotencia del PSOE destiñen los residuos ideológicos del reciente pasado franquista. Las declaraciones de Benegas son un puro dislate, y ya en esa pendiente, se echa de menos que al lado de la conjura comunista no hable también del compló judeomasónico.

¿Qué han hecho Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, UGT y CC OO? Algo muy simple: concretar unas jornadas de acción para que el Gobierno se entere de que los trabajadores están cansados de ser los únicos que sufren a consecuencia de su política económico-social y reclaman un giro en esa política. Los sindicatos han tenido la delicadeza de no hablar de huelga general, sino de paro, y lo han hecho así porque en nuestro país el concepto de huelga general, por la tradición, tiene una connotación revolucionaria y ha aparecido varias veces ligado al propósito de derribar a un Gobierno. No es una precaución formal para hacer pasar más fácilmente la decisión de llegar hasta el paro. Es una indicación política, dirigida al Gobierno y al país, y su sentido es claro: no estamos en una operación política, no tratamos de desazonar al Gobierno; nos limitamos a defender derechos legítimos de nuestros representados: los trabajadores.

Quien politiza el conflicto es la dirección del PSOE, convirtiéndole en un duelo entre los sindicatos y el poder. Quien incurre en un auténtico dislate es la dirección del PSOE.

Los sindicatos están cargados de razón. Y no es principalmente el Plan de Empleo Juvenil (extendiendo el empleo precario, discriminando a los jóvenes so pretexto de ofrecerles algo tan preciado hoy como un trabajo, creando nuevas divisiones en el mundo obrero) lo que ha motivado las movilizaciones; ese plan no es más que la gota que colma el vaso.

Los sindicatos no aceptan que en una coyuntura económica próspera, cuando, como ha dicho Mariano Rubio, «las empresas han cuadruplicado sus beneficios en dos años» y los bancos reconocen que están obteniendo beneficios exagerados; cuando se incrementa el gasto público y España se empeña en la construcción de artefactos militares que cuestan cientos de miles de millones; cuando se emplean cantidades enormes en reflotar empresas privadas, en una coyuntura así, el Gobierno aparezca obsesionado por la moderación salarial, regatee un punto o dos a los funcionarios y escatime en algo tan esencial como las pensiones.

El último acto del Gobierno, por ejemplo, clama al cielo. Se trata de lo sucedido con la decisión de la banca, cumpliendo el convenio colectivo del ramo, de aumentar en dos puntos el sueldo de sus empleados ante el fallo de las previsiones inflacionistas. La CEOE condena a los banqueros, en un cruce de cartas, en las que el señor Termes rechaza esta condena. Pero a continuación es el Gobierno quien presiona en igual sentido que la CEOE a la banca y ésta cede al apremio y retira la subida. La conjuración CEOE-Gobierno aparece una vez más en escandaloso detrimento del interés de los trabajadores.

Lo que reclaman los sindicatos es que la tarta no se la apropien entera los poderosos, a la vez que llaman la atención sobre el dramático problema del paro.

Y el Gobierno les responde con una prepotencia inaudita (que, por cierto, nunca mostraron los Gobiernos de UCD, lo que explica que los sindicatos no actuaran frente a ellos como en esta ocasión). Para el Gobierno negociar es aceptar sumisamente lo que no son proposiciones, sino decisiones, de las que de antemano se anuncia que serán aplicadas aunque los sindicatos las desestimen. El Gobierno quiere interlocutores mudos que digan siempre amén con la cabeza.

Durante cierto tiempo UGT, por solidaridad política con el PSOE, aceptó medidas de gobierno que no convenían a sus afiliados. Hay que reconocer que Nicolás Redondo y su equipo estiraron la cuerda de su fidelidad al PSOE tanto como pudieron, afrontando críticas y arriesgando su prestigio sindical. Pero llegó un momento en que la tensión entre los intereses de los trabajadores y la política económico-social del Gobierno han provocado una diferenciación imposible de ocultar. Y es lo que pone fuera de sí, hasta la histeria, a la dirección del PSOE, que aparece así como el brazo armado del Gobierno.

Benegas anuncia que todos los cargos del PSOE van a movilizarse contra las manifestaciones y el paro. Es significativo que sean los cargos. También anuncia que los militantes socialistas se enfrentarán con las decisiones de UGT; dudo de que esta segunda operación tenga éxito.

Pero lo más singular es que el Partido Socialista va a dirigirse a los empresarios privados y a los dirigentes de la empresa pública para que se opongan a los trabajadores, según ha proclamado Benegas.

Francamente: o los dirigentes del PSOE se han pasado con armas y bagajes al adversario —y en este caso, el ejemplo de Boyer entrando en la banca privada es todo un símbolo de en qué ha quedado el partido de Pablo Iglesias, de lo que aún quiero dudar— o han perdido la chaveta y se comportan como aprendices de políticos.

¿Han pensado en serio el alcance probable de que la dirección del PSOE declare la guerra a UGT? ¿Han pensado acaso que tal cosa no llegó a suceder ni en los momentos históricos más críticos de confrontación dentro de la familia socialista?

Y no vengan con el recurso facilón de imputar a Nicolás Redondo la acusación de rendirse a la estrategia comunista. ¡Ni se dan cuenta de qué están haciendo con esto! Nadie, conociendo al secretario general de UGT, caerá en esa patraña.

Por otro lado, ¿de qué estrategia comunista hablan? Puede ser que haya comunistas que anuncien la huelga general todos los años como los primitivos cristianos anunciaban el milenario. Pero la estrategia que sigue CC OO es mucho más responsable, y dirigentes como Antonio Gutiérrez y Julián Ariza, por no citar otros, la han explicitado claramente. CC OO se sitúa en el terreno de las reivindicaciones obreras, siguiendo un modelo de acción sindical consecuente. En este país somos muchos los comunistas comprometidos con la democracia que no jugamos a manipular a los trabajadores con fines electoralistas.

Yo creo que la falta de madurez de los dirigentes del PSOE lo que está poniendo de relieve —y algún comentarista lo ha señalado— es que, bajo este enfrentamiento, lo que se revela es la existencia de dos concepciones del socialismo en España. Una, la del poder, la de los yuppies: otra, la de los que sudan ante las máquinas o en las oficinas, trabajando de verdad para que España progrese. Es lógico que en coyunturas como éstas coincidan los comunistas y la segunda de esas concepciones, en la voluntad de que un Gobierno sordo y ciego abra los ojos y destapone los oídos.

25-XI-1988

Dolores, seguiremos luchando

Dolores Ibárruri ha fallecido... Con ella ha desaparecido una de las figuras legendarias de este siglo, un siglo desgarrado y dramático que quizá por estas características produjo personalidades extraordinarias. Desde diversos partidos han surgido mensajes, cuando no de abierta simpatía, sí de un profundo respeto por una vida y una obra marcadas por el coraje, la lealtad y el desinterés. Y, sin embargo, para muchos españoles Pasionaria sigue siendo una gran desconocida. En el editorial de un diario se dice que el «lado oscuro» de su vida consiste en que ha sido la «última estalinista». He ahí un estereotipo vulgar que no corresponde en absoluto a la realidad. Dolores es una defensora apasionada de la primera revolución obrera triunfante. Ve en ella la realización del ideal de emancipación con el que sueñan en ese momento millones de trabajadores.

Y en el periodo en el que la humanidad se enfrenta con la amenaza fascista, Pasionaria, como toda una generación, piensa que la URSS es el único dique firme que se opone al triunfo del hitlerismo. En ese momento son —para hablar así— estalinistas muchos de los intelectuales más destacados, y desde luego, elogian a Stalin hasta políticos tan poco sospechosos de comunismo como Churchill, Roosevelt y De Gaulle.

Pero cuando el XX Congreso del PCUS pone de relieve las sombras del periodo estaliniano, Dolores no duda: apoya a Jruschov, y más tarde se enfrenta contra la ocupación de Checoslovaquia, y desde Moscú, donde reside —lo que tiene más mérito—, apoya firmemente el eurocomunismo, resistiendo las presiones de la dirección brezneviana. Hasta que, comenzada la transición, regresa a España, Dolores, durante varios años, es un huésped incómodo para los dirigentes, aunque muy amado por el pueblo soviético.

Pasionaria no ha podido enterarse de los últimos acontecimientos. Pero el derrumbamiento del muro de Berlín le hubiera producido enorme alegría. Ella había hecho una opción, sin vacilaciones, por el comunismo democrático.

Dolores desaparece en el umbral de una nueva época, en la que surge la posibilidad real de un encuentro entre las dos grandes familias del movimiento obrero: la comunista y la socialista. Pero mientras la edad y los achaques se lo permitieron, Dolores, protagonista de este siglo, tenía ya la mente y la esperanza puesta en lo que venía, más que en el pasado. Es una pena, en su caso, que la vida humana tenga límites biológicos y que no haya podido ver lo que un futuro, quizá no demasiado lejano, va a aportar como superación de luchas intestinas y de apertura a nuevos horizontes de progreso. Yo estuve en su casa, visitándola, muy pocos días antes de morir, entre sus dos últimas estancias en el hospital. Me reconoció, y entre el recuerdo de su madre y de Gallarta, que venían frecuentemente a su boca, tuvo lucidez para decirme: «Santiago, hay que seguir luchando».

Seguiremos, Dolores, como tú nos has enseñado, luchando por un porvenir luminoso de paz, fraternidad e igualdad para todas las mujeres y los hombres de esta tierra.

14-XI-1989

De la peluca a la legalización del PCE

La tensión política en el país crecía. Pero frente a las huelgas y a las movilizaciones populares, y a la apertura que avanzaba por arriba, los ultras se batían en retirada. El 20 de noviembre se habían concentrado en Madrid, reivindicando la resurrección de Franco, y lanzando entre otros un eslogan que me concernía: «Carrillo, regresa, te haremos picadillo».

Del 5 al 9 de diciembre [1976] se celebraba en Madrid el primer congreso legal del PSOE, pese a que el partido aún no estaba reconocido legalmente. El Gobierno se hallaba interesado en que el PSOE se estructurase rápidamente y ocupase el más amplio espacio posible en la izquierda, así el del PCE sería menor. El miedo al PCE, pese a nuestra constructiva política, seguía siendo muy grande. El PSOE era considerado como el único freno posible a nuestra influencia. Por nuestra parte no teníamos intención de enfrentarnos al PSOE, poseíamos un proyecto de unidad y colaboración con los socialistas. Así lo expresé en un saludo escrito que envié al Congreso, leído por Peces-Barba y acogido por los delegados con una ovación. (…)

Era el momento de salir a la luz públicamente. El partido en Madrid había realizado una semana de propaganda, abiertamente, celebrando asambleas públicas en los barrios, vendiendo en las calles Mundo Obrero y distribuyendo carnés. La respuesta policial había sido muy desigual; aunque se practicaron un centenar de detenciones de camaradas, pronto fueron puestos todos en libertad. La consecuencia era que el partido estaba en la calle y que no debíamos retroceder en esa línea de salida a la superficie, teníamos que avanzar arrollando los obstáculos que se nos oponían, convencidos de que en aquellas condiciones nuestro avance forzaba a los reformistas a posicionarse más firmemente contra los ultras.

Esto nos lo confirmó el 3 de diciembre José Mario Armero al comunicar a Jaime Ballesteros que el Gobierno «ampliaba la tolerancia» hacia nosotros, pero insistía en que «no forzáramos demasiado».

Decidimos dar un paso adelante al convocar una rueda de prensa en Madrid mismo. Era importante que no interfiriera con el congreso del PSOE para que éste alcanzara todo el eco posible, pero que se produjera inmediatamente después, a fin de no perder distancias en la carrera a la legalidad.

La rueda fue un éxito de organización. La montamos en un piso de la calle de la Alameda, 5. Fueron convocados alrededor de setenta periodistas nacionales y extranjeros, que no sabían exactamente quién iba a dirigirse a ellos. Se les convocó en puntos diferentes, alejados del lugar del encuentro, y una veintena de camaradas los recogieron con sus coches y los llevaron escalonadamente al lugar, cuidando de no ser seguidos. El último en llegar fui yo; condujo el coche —como cada vez que había una entrevista delicada— Belén Piniés; entré tras la comprobación de que todo estaba en orden. Por la escalera me quité la peluca y la guardé en una cartera que llevaba al efecto y me pasé un peine que luego asomaba, en las fotos tomadas, por mi bolsillo delantero, dando una nota un poco hortera. Pero siempre había cuidado que ninguno de mis interlocutores me viera con peluca y en esta ocasión con mayor razón.

La rueda de prensa duró un par de horas. Leí una declaración y posteriormente respondí a una gran cantidad de preguntas. La curiosidad de los periodistas era muy grande. (…)

El impacto público fue muy grande. La fotografía en que yo expongo el carné del PCE como el único documento personal que poseo, mientras no consiga que las autoridades me den el carné de identidad, apareció en toda la prensa.

Al Gobierno le sorprendió la noticia, una vez terminada la rueda, en plena reunión del Consejo de Ministros. Como más tarde supe, el Consejo se había interrumpido; se había decidido buscarme y se formó un equipo especial al mando del comisario Pastor, con policías jóvenes, dotados de coches y motos, y de parejas de supuestos novios para camuflar la vigilancia.

Desde la nave espacial yo leía en la prensa, los días siguientes, noticias sobre mi búsqueda. Sólo podía evitar que me detuvieran aislándome y renunciando a dirigir la labor del comité ejecutivo y del secretariado. Pero yo había regresado a España precisamente a hacer eso y a medida que pasaba el tiempo sentía que los pasos que dábamos eran más decisivos. (…)

El 22 de diciembre nos reuníamos en un piso de la calle del Padre Jesús Ordóñez. Estaban presentes Manuel Azcárate, Simón Sánchez Montero, Santiago Álvarez, Víctor Díaz Cardiel, Jaime Ballesteros, Pilar Brabo, Julio Aristizábal, López Raimundo y yo. Por la tarde López Raimundo tuvo que ausentarse porque debía tomar el puente aéreo para asistir a una reunión en Barcelona. La policía que vigilaba la casa —donde, por cierto, vivía un familiar de uno de los ministros militares— optó por no molestarle para no levantar la liebre. La liebre era yo. Según me contó tiempo más tarde el comisario Pastor, éste había dado orden de detener e interrogar a todo desconocido que saliera del portal, «aunque fuera un general o una monja». Poco después de las seis salía yo. Me detuve en el umbral un momento para ver cómo estaba la calle y noté una extraña afluencia de personas y coches. En el portal de enfrente mi chófer, Isidoro, me hacía prudentes señas. El panorama era claro: venían a por mí. Sin mirar a Isidoro, para dejarle al margen, me puse a descender la calle a pie y no había dado cuatro pasos cuando me rodeó un grupo de policías que me preguntó si era yo. Antes de contestarles les pedí que se identificaran: me mostraron sus placas pero les dije que me mostraran sus carnés. En realidad yo no tenía ninguna duda de que fueran policías, pero quería ver por su reacción ante mis preguntas si eran o no ultras. La forma correcta en que me contestaron me hizo presumir que se trataba de profesionales que cumplían órdenes. Entonces reconocí que era yo, me quité la peluca y les dije: «Para ustedes ya no me hace falta».

Se formó una caravana de coches y marchamos hacia la Puerta del Sol, atravesando un Madrid engalanado para las fiestas de Navidad. Yo fui bromeando con los policías sobre su éxito y su seguro ascenso. Por la manera en que reaccionaban tuve la impresión de que sus órdenes eran tratarme con corrección.

Ya en la Dirección General de Seguridad me introdujeron en el despacho del comisario Pastor y hasta allí vino a verme el director. Un cuarto de hora, o media hora después, me sacaron precipitadamente del local y en otra caravana de coches me llevaron a lo que resultó ser la comisaría de la calle de la Luna. En el trayecto Pastor me pidió que me quitara las gafas, a lo que me negué, porque sin gafas no veía nada. Me insistió diciendo que podían reconocerme desde fuera, y le contesté que mis camaradas no iban a venir a rescatarme a punta de pistola de manos de la policía. Entonces Pastor me aclaró que no le preocupaban mis camaradas, sino los guerrilleros ultras que podían intentar algo contra mí; me pareció que era sincero y accedí a quitarme las gafas. Seguía extrañándome que me trasladaran desde Sol a una comisaría de barrio. Más tarde lo supe. Al detenerme los policías me preguntaron en qué apartamento había estado reunido y yo les contesté que lo ignoraba. Tardaron casi media hora, apartamento por apartamento, en localizar el de la reunión. Mis camaradas, que habían presenciado mi detención desde el balcón, habían tenido tiempo de telefonear a Roma y a París, así como a los responsables del partido en Madrid. Y éstos habían convocado una manifestación en la Puerta del Sol para reclamar mi libertad esa misma noche. Al tiempo llenaban de pintadas los muros de la ciudad con la misma demanda, y los falangistas contestaban con otras pintadas diciendo que iban a matarme. Parece que las autoridades se alarmaron y decidieron trasladarme a la comisaría de la calle de la Luna. (…)

Mientras en la comisaría comenzaba mi interrogatorio. Por las experiencias que conozco la policía cuando interroga suele redactar las preguntas y también las respuestas. Pastor empezó a hacerlo así, pero cuando le dije que las respuestas las dictaba yo y si no me negaría a contestar, rompió el papel que estaba en la máquina, puso otro, y en efecto, él hacía las preguntas, pero escribía las respuestas tal como yo se las dictaba. Éstas eran un alegato político demostrando el derecho de mi partido y el mío como ciudadano español a participar en el proceso de democratización del país que se había iniciado. Luego, ante el juez, no tuve más que mantenerlas íntegramente.

Durante el interrogatorio me daba cuenta de que aquellos funcionarios, y detrás de ellos el Gobierno, no sabían muy bien qué hacer conmigo. Habían logrado el éxito de detenerme, pero una vez detenido me convertía en un problema; en realidad no podían hacerme ninguna imputación, ni siquiera por el paso ilegal de la frontera, pues era un ciudadano que no había renunciado jamás a la nacionalidad española. Detenerme para ponerme en libertad era demasiado ridículo. Aquella situación era un dato político más que confirmaba los propósitos de Suárez de democratizar el país, pues en otro caso la solución hubiera sido eliminarme. (…)

Fuimos interrumpidos primero por un fotógrafo, que decía retratarme para la prensa, aunque me confesó ser un funcionario, y luego por un cámara, aparentemente para la televisión. En ambos casos pidieron que me pusiera la peluca, a lo que me negué, diciéndoles que el cachondeo se había terminado.

Poco después de medianoche volvió Pastor anunciando que «todo estaba arreglado»: el Gobierno había hecho una gestión con las autoridades francesas, dispuestas a recibirme en París, y en el aeropuerto de Barajas me esperaba un Mystère que me trasladaría esa misma noche.

El arreglo confirmaba mis previsiones: no tenían ninguna base sólida para detenerme y estaban empantanados sin saber cómo desembarazarse de mí. En aquel momento, aun siendo un preso, me sentía en una situación de fuerza. Así es que, dirigiéndome a Pastor, le dije que me negaba a aceptar mi expulsión de España; carecían de derecho a hacerlo. «Además», le expliqué, «si me envían a Francia esta noche, dentro de tres días volveré a estar en Madrid, convocaré otra rueda de prensa y a empezar de nuevo. No, envíenme ustedes a los tribunales y que éstos resuelvan si me condenan o me absuelven; es la única solución que acepto». (…)

Por la mañana, durante unas horas, las cosas cambiaron. Al cumplir su tiempo de servicio el grupo que me había detenido me trasladaron a un despacho de la Brigada Político Social. (…)

Posteriormente los de la brigada me sacaron del despacho y me bajaron a una celda en los sótanos, pero volvieron a subirme enseguida. (…) Aquello terminó pronto; me trasladaron enseguida a la prisión de Carabanchel y me recluyeron en el hospital penitenciario, separándome de mis camaradas detenidos. (…)

A los ocho días de estar en Carabanchel vino de nuevo el juez. Me comunicó que iban a salir en libertad los camaradas detenidos conmigo, pero que yo continuaría en prisión. Me alegré porque el partido necesitaba su presencia en la calle y porque yo descontaba que permanecería más tiempo que ellos, cada uno de los cuales tenía ya a sus espaldas bastantes años de cárcel. Esto sucedía a las diez de la mañana; pero a la una, cuando iba a empezar a comer, llegó corriendo un oficial para comunicarme que estaba en libertad y pidiéndome que me preparara para salir. Mi familia me esperaba ya en la calle.

El Gobierno había llegado a la conclusión de que no le convenía nada mantenerme en prisión. No sólo en España, sino en Europa y algunos países de Latinoamérica la movilización para liberarme iba en ascenso.

Me instalé en el piso de la calle de Seco, en Vallecas, con mi familia. El partido me organizó una protección compuesta por camaradas de la empresa Pegaso, que cumplieron su cometido firmemente. Por entonces existía una amenaza real de los residuos fascistas contra mí; un atentado era posible.

Mis camaradas pensaron en la necesidad de un coche blindado; hicieron gestiones para lograrlo y Ceaucescu ofreció lo único que tenía: un Cadillac de 1944, con tanta alzada como un autobús y que llamaba la atención en la calle. Se me incendió en el puerto de Pajares, yendo yo a Asturias, y ya no lo utilicé más.

En éstas estaba cuando se produjo el horroroso crimen contra los abogados laboralistas de Atocha, perpetrado cobardemente por un grupo de ultras relacionado con los burócratas del Sindicato Vertical del Transporte. La conmoción de la opinión pública fue enorme. Este atentado venía a crear una atmósfera de desestabilización más fuerte todavía que el inexplicable e inexplicado secuestro de Oriol y del jefe del Estado Mayor. La comisión de los nueve se opuso al propósito del Gobierno de enterrar a las víctimas casi clandestinamente. Nos apoyó el presidente del Colegio de Abogados —donde se había instalado la capilla ardiente—, señor Pedrol. Tras un forcejeo que duró hasta el último minuto se dio autorización para la manifestación de duelo. El día del entierro acudí al Colegio de Abogados e hice un turno de guardia. Participé en el inicio del desfile, del que me retiré pronto por consejo de mis camaradas y otros miembros de la oposición que temían por mi seguridad. Joaquín Ruiz-Giménez me acompañó hasta donde me esperaba un coche y en ese corto trayecto un oficial de la Policía Armada me dirigió desde su caballo unos insultos que no entendí muy bien. (…)

Sebastián Auger, director del Grupo Mundo, me invitó por aquel entonces a participar en una cena en Barcelona. Se trataba de una celebración a la que asistían las autoridades civiles y militares. Asistí con López Raimundo y Gutiérrez Díaz y nuestra presencia causó no poca conmoción: parece que algunos de los invitados al enterarse habían hecho el gesto de no acudir. Era mi primera presentación en sociedad. La cena se celebraba en dos salones colindantes, separados por un arco y una breve escalera. En el salón de la parte inferior estaban las autoridades; en el otro, por la actitud que observé hacia mí, la oposición democrática; a pesar de la separación de unos cuantos escalones nos veíamos muy bien unos a otros.

Entre las autoridades se hallaba una mujer muy bella, Carmen Díez de Rivera, jefa del gabinete de Adolfo Suárez, cuya fama de persona de izquierda había llegado hasta mí. A los postres un camarero me trajo un mensaje: Carmen me indicaba que al cabo de unos minutos se levantaría e iría hacia la escalera. Si yo hacía lo mismo, nos encontraríamos y nos saludaríamos. No necesité ningún esfuerzo para entender el interés del mensaje: en un momento en que se sabía que Suárez no quería recibirme, que su jefa de gabinete me saludara y hablara conmigo en aquel lugar, a la vista de todo el mundo y por su propia iniciativa, podía querer decir que el veto estaba próximo a su fin. (…)

Y efectivamente, en vísperas del 28 de febrero, José Mario Armero vino a mi casa, en Vallecas, con el encargo de preparar la entrevista con el presidente. Pedía la mayor discreción para que no trascendiera a los medios de comunicación. El 28 vendría su esposa a buscarme en un coche que conduciría ella misma y me llevaría al lugar del encuentro. No debería seguirnos nadie.

Efectivamente hacia las cinco de la tarde vino a buscarme la señora de Armero, que me condujo por caminos que yo desconocía a un chalé propiedad del matrimonio. Cuando llegamos, José Mario estaba allí; las circunstancias de la entrevista me daban la impresión de estar todavía en la clandestinidad. Comprendía que verse conmigo representaba un cierto riesgo para el jefe del Gobierno, que se había formado sobre las bases del Movimiento y que se proponía liquidar éste. Para entonces yo había empezado a creer en las buenas intenciones de Suárez y entendía las precauciones tomadas. (…)

Al llegar Suárez nos saludamos como viejos conocidos. Sin habernos visto nunca creo que nos habíamos estudiado el uno al otro atentamente. Suárez me dijo de entrada: «Usted y yo hemos estado jugando una partida de ajedrez en la que yo he tenido que mover mis piezas siguiendo las iniciativas de usted». Era una forma de entrar en materia modesta y simpática.

Decidimos hablar de Política con P mayúscula y empezamos dando un repaso a la situación económica, que era bastante preocupante. En las circunstancias del cambio político coincidimos en la necesidad de un acuerdo nacional si no queríamos fracasar. Era un punto de partida importante para entendernos.

Tras esto empezamos a ver las condiciones del cambio. Él insistió en las grandes dificultades que encontraba en su derecha, aludiendo especialmente a la actitud del Ejército; en muchos de los mandos de éste había la mentalidad de que en la guerra habían derrotado al «comunismo» y consideraban la legalización del PCE como una revancha de la historia que se resistían a aceptar; pasaban por la legalización de los socialistas y hasta de los nacionalistas, pero se resistían a la de los comunistas. Ésta era necesaria, pero hasta que maduraran las condiciones para ello Suárez me proponía que fuéramos a las elecciones como «independientes».

Pero la evolución que había visto en la actitud de Suárez, el paso que había dado en poco más de un mes, yendo de una negativa rotunda a recibirnos a la reunión que celebrábamos ese día, me llevaba a pensar que esta proposición de intervenir como «independientes» era un último intento, del que él mismo no estaba muy convencido.

No vacilé en negarme; los comunistas teníamos que ser colocados en el mismo pie que los otros partidos; no aceptábamos un trato discriminatorio después de haber sido el partido que más había luchado por la democracia. Puse en fila toda una serie de argumentos para concluir que nadie en Europa creería en un auténtico cambio democrático si los comunistas éramos excluidos del juego. Teníamos ya las listas y el programa electoral a punto y estábamos decididos a hacer que las elecciones fueran un fracaso si se nos discriminaba.

Suárez reconocía, sin ambages, nuestro papel en el antifranquismo y evidentemente no tomaba demasiado en serio el de otros sectores de la oposición. En definitiva, se dio cuenta de que nuestra legalización significaba también que nosotros nos comprometíamos con el éxito de la transición y ésta podía ser una aportación importante dadas la influencia y la disciplina del partido. Tuve la impresión de que captaba esta noción que trataba de transmitirle.

Al final convino en que iba a hacer todo lo posible para legalizarnos buscando una fórmula jurídica ad hoc. No me explicó cuál, probablemente todavía no la había estudiado; me tendría al corriente a través de Armero.

De esa entrevista yo saqué la convicción de que Suárez se la estaba jugando de verdad para que la reforma desembocara en la democracia. Aquello era la ruptura pactada. Observándole atentamente yo no vi en Suárez ningún tic fascista; se parecía a cualquiera político demócrata europeo de los que conocía. Me sorprendió no ver en él ningún anticomunismo, que, sin embargo, era fácilmente observable en otros políticos de la oposición democrática.

Suárez había insistido mucho en la posición del Rey, dispuesto a ir a una democracia sin discriminaciones. Yo le insistí en que desde 1942 habíamos dicho que la alternativa no era monarquía o república, sino dictadura o democracia.

Por último Suárez aceptó que celebráramos la cumbre eurocomunista anunciada para tres días después con la asistencia de Berlinguer y Marchais. Había puesto objeciones pero yo le insistí en que los dos líderes eran personalidades europeas muy importantes a las que no podían negar la entrada en España sin que ello ocasionara un escándalo, y una vez aquí no podían impedir mi encuentro con ellos, a no ser que me arrestaran, lo que sería también otro escándalo.

Habíamos estado hablando cerca de seis horas. (…)

Suárez había elegido para hacerlo la fiesta de Semana Santa, en la que la mayoría del Gobierno y de los personajes del establishment, todos salidos del pasado franquista, se hallaban de vacaciones. Para algunos fue una auténtica sorpresa.

Yo esperaba la noticia en Cannes con Teodulfo Lagunero. Ese sábado por la tarde telefoneó José Mario Armero comunicándonos la fausta nueva. Al día siguiente tomamos el avión para París, donde tuve una entrevista con un grupo de periodistas. Al ir a embarcar en Orly con destino a Madrid, cuando ya tenía mi ticket de vuelo y el de Carmen, que me acompañaba, un funcionario vino a decirme que el Gobierno español había dado instrucciones para que aterrizara en Barcelona —había otro avión para la Ciudad Condal que partía casi simultáneamente—. (…) Me negué al cambio de itinerario diciendo al funcionario que quien tenía que garantizar mi seguridad personal en Madrid era el Gobierno y me embarqué en la nave que volaba hacia la capital. Al llegar me esperaba al pie del avión una furgoneta, con Pilar Brabo, Belén Piniés y varios policías, que me sacó de Barajas por un lugar aislado y me condujo a casa. Por las calles de Madrid circulaban automóviles con la bandera del partido, que con sus bocinas hacían la frase «Sí, sí, libertad, socialismo, PCE». (…)

14-XI-1993

El fascismo, olvidado

No soy crítico de cine y no puedo juzgar seriamente el valor artístico de Tierra y libertad. De todos modos, creo que a quienes vivimos aquellos acontecimientos se nos hacen entrañables algunos de sus personajes: el comunista inglés, David, que al llegar a España se relaciona con el POUM, se incorpora a una milicia de este partido y combate sin llegar a comprender bien los enfrentamientos en el campo republicano; Blanca y Maite, las dos figuras más humanas, con él, del filme. Y las primeras secuencias del frente de Aragón en el comienzo de la guerra reflejan bastante bien aspectos de su realidad. Resulta sumamente interesante la discusión sobre la colectivización de la tierra entre un grupo de vecinos de un pueblo recién liberado y los milicianos, discusión que refleja la contradicción entre los campesinos sin tierra y los pequeños propietarios, también antifascistas. Desde mi punto de vista, éste es el primer error del filme, pues comienza a situar aquí la ruptura entre revolucionarios y no revolucionarios, en una guerra antifascista, en la que era necesario el concurso de todos.

El filme de Ken Loach ha intentado plasmar el enfrentamiento entre quienes pensaban que lo primero era ganar la guerra y los que defendían que antes había que hacer la revolución. De este modo resucita una polémica que parecía zanjada tras la derrota de la República.

La sublevación franquista desencadenó una revolución popular en España. Pero una revolución popular, plural, no podía llevarse a término sin ganar la guerra y, por consiguiente, sin formar un ejército regular popular, disciplinado, capaz de enfrentarse a un adversario militar fuerte, apoyado por unidades italianas y alemanas. Ese ejército lo formó el Frente Popular, el Gobierno de la República, y, aunque el Partido Comunista apoyara su formación, el filme no responde a la realidad histórica al atribuirle la creación de dicho ejército al PC, y más allá a Stalin.

La imagen del Ejército Popular regular sale de esta película maltrecha. Igual sucede con la de las Brigadas Internacionales. En conjunto la lucha del pueblo español contra el fascismo queda desfigurada y rebajada desde un ángulo de visión izquierdista.

Por hacer la crítica de Stalin y de las consecuencias del estalinismo —que en este caso se desorbitan— en la película Tierra y libertad, aunque sean las intenciones de sus autores las mejores imaginables, en realidad lo que desaparece es el fascismo, Franco, Hitler y Mussolini. Y en cambio se da la imagen de una República por la que al parecer no mereció la pena luchar. No sé qué ideales revolucionarios puros pueden sobrevivir tras este cuadro de lo que fue una de las más grandes epopeyas de la lucha por la libertad en este siglo.

6-IV-1995

Aclaración

En El País del 30 de septiembre se insertan unas declaraciones de mi amigo Pasqual Maragall en las que, hablando del reciente encuentro de Lisboa sobre la transición española, tras calificar de «expresión infeliz» la alusión al conflicto de los Balcanes hecha por Felipe González en relación con las diferencias de los nacionalistas vascos y catalanes, se añade: «No fue el único desacierto que hubo... porque, por ejemplo, Santiago Carrillo sostuvo que le parece que vamos a una República federal». No acabo de entender por qué Maragall me atribuye palabras que no dije en ningún momento, creo que no estaba en la sala cuando hablé y que le transmitieron erróneamente mis palabras, porque en un momento yo dije algo cuyo sentido era éste: «Alguien que presenciara la disputa entre nacionalistas de un lado y otro, al tiempo que algunos hablan de República federal y los obispos condenan violentamente el aborto, podría imaginar que estamos en los años treinta. Pero la España de hoy es otra muy distinta».

Y al tiempo añadía que hay que esforzarse por que la tregua de ETA abra el camino de la paz y que las diferencias con los nacionalismos periféricos hay que abordarlas con espíritu de diálogo y consenso.

No suelo hacer rectificaciones cuando se me atribuyen opiniones que desfiguran alguna declaración mía. Pero en este caso, por tratarse de Pasqual Maragall, cuya buena fe es indudable, me ha parecido necesario aclararle a él y a quienes hayan leído su declaración, que se trata de un error que yo no he cometido. Nicolás Redondo, que estuvo presente en Lisboa y que escuchó mis palabras, me alertaba ayer para que rectificase la errónea información.

3-X-1998

En torno a la política de Defensa

El ministro de Defensa, señor Serra Rexach, ha escrito sobre los nuevos principios de la política de Defensa un artículo confuso y desconcertante. El asunto es suficientemente importante para que nada menos que el ministro del ramo —que con algún pequeño paréntesis lleva prácticamente desde la transición ocupando altos cargos en el mismo ministerio, por tanto, persona que debe acumular conocimientos profundos y especializados— al coger la pluma sea capaz de explicarnos con rigor no sólo la idea general de que ahora hay que defender Europa, sino qué significa, concretamente, defender Europa. Según el ministro, hay «un retraso y una dispersión» en materia de seguridad y defensa europea que son «el principal déficit europeo», «la tarea más urgente».

Curiosamente a renglón seguido el ministro subraya que «la Unión Europea se ha mostrado incapaz de actuar de modo conjunto y coordinado ante las distintas crisis internacionales, algunas de ellas en suelo europeo o en el borde del mapa».

Es fácil imaginar a qué conflictos alude el señor Serra y cabe pensar que si hubo fallos europeos es porque la intervención en ellos no fue un acto de voluntad europea, aunque algún país de los que están en la UE fuese entusiasta partidario de hacerlo; se trató más bien de una voluntad foránea que forzó la intervención europea, y bajo esa presión, uno por uno, sin gran entusiasmo, los Estados europeos pusieron a disposición de Estados Unidos, o de la OTAN, bases territoriales e incluso fuerzas militares más bien reducidas.

Pero si hablamos de la defensa de Europa hay que pensar que lo primero es que haya una voluntad europea, una política europea. Si hay algo que sea el gran «déficit europeo», la «tarea más urgente» es precisamente eso: elaborar una política internacional europea común —si es que es posible—. Por el momento no se advierte la existencia de una amenaza real tan inminente a la seguridad de Europa que obligue a poner la carreta delante de los bueyes, a tener un Ejército común antes de poseer una política. Cuando se trataba de ejércitos nacionales la cosa era más sencilla, la defensa del país era la base tradicional de una política militar. Es claro que hoy no existe un Estado europeo, ni se ha llegado a una elaboración de la política exterior europea. Por tanto no es fácil todavía definir las misiones de una defensa europea. Invocar el euro como razón para una defensa fuerte es una inepcia: el dólar era fuerte ya cuando los americanos apenas tenían ejército permanente. Y el franco suizo es una moneda fuerte no respaldada por la existencia de un gran ejército. Alemania llegó a tener el ejército más fuerte del mundo cuando el marco carecía de toda solvencia. Europa puede tener una moneda fuerte porque económicamente lo es.

Habría que preguntarse si en lo hondo de lo que el ministro considera «fallos europeos» —quizá en lo muy hondo, porque raros son quienes se han atrevido a formularlo públicamente— lo que existe no es una repulsión europea a incorporar a su política causas y hasta procedimientos norteamericanos. Es decir, la voluntad de que exista una política de Defensa que no sea una simple asunción de las políticas de Estados Unidos. Precisamente el salto del secretario general de la OTAN al papel de mister PESC es un dato que levanta serios recelos sobre la «europeidad» de la política de Defensa.

Una política de Defensa tiene que partir de un principio: quién o quiénes son los enemigos potenciales de Europa, por dónde podríamos ser atacados, quién tendría interés en hacerlo y si está preparado o puede estarlo en un plazo dado. ¿Tiene alguien de los estados mayores una idea clara y publicable sobre esta cuestión?

A lo que parece, si hay alguna, hasta ahora no se transparenta más que en la acción de la OTAN extendiendo hasta territorios que pertenecieron a la Unión Soviética, en las mismas fronteras de la Rusia actual, sus instalaciones. Política complementada con la resurrección del proyecto de la llamada Guerra de las Galaxias —cuyo objetivo todo el mundo recuerda— y con el propósito de hacer pasar fuera de Rusia los oleoductos que vehiculen el petróleo extraído en este país.

En definitiva, el adversario potencial de la americanizada OTAN parece ser el mismo que ya lo ha sido en la segunda mitad del siglo XX, pese a que haya desaparecido la motivación ideológica que sirvió de justificación anteriormente.

Ahora bien, yo —y creo que muchos otros europeos— tengo serias dudas de que los intereses de Europa sean en este caso iguales a los intereses de Estados Unidos; es más, yo diría que en muchos aspectos son contradictorios. Estados Unidos parece estar interesado en consolidar lo que unos llaman su «liderazgo mundial» y otros consideran su dominación imperial, yendo hasta el fin de la demolición de la antigua URSS —la Rusia actual— para que nunca más haya quien le dispute la hegemonía. A Europa, si quiere ser algo más que un satélite de Estados Unidos, le interesa un mundo en el que los polos se diversifiquen y no sean uno solo y único. Además, le interesa dejar de ser el teatro de cualquier posible conflicto, cosa difícil si el adversario que se escoge está al este de nuestro territorio. Además, ¿quién puede hablar seriamente de un peligro que nos amenaza hoy desde el Este?

Y si alguien piensa lo contrario, si hay quien cree que el papel de Europa es el de secundar la política militar de Estados Unidos, que lo diga claramente; que los europeos podamos discutir la cuestión sin equívocos y pronunciarnos de un modo u otro, pero a conciencia, sabiendo lo que hacemos. Lo que no es aceptable es una política de hechos consumados, que, sin decir adónde va, nos arrincona paso a paso en una opción que los ciudadanos europeos no hemos podido escoger conscientemente.

España debe asumir su papel en una defensa europea, sin olvidar tampoco su interés nacional. Eso sigue significando, en cualquier caso, que la defensa de nuestro país continuará siendo la tarea principal de las Fuerzas Armadas españolas en caso de que Europa fuese agredida. Y que estas fuerzas no deberían ser utilizadas en ninguna empresa militar en que no pudiéramos reconocer, con los intereses europeos, nuestro propio interés nacional. Así es de compleja la cuestión, pues la construcción europea no puede significar la desaparición total de ese interés por muy grandes que deban resultar las concesiones de nuestra soberanía a una institución supranacional.

A pesar de la opinión del ministro, el problema no está en que no nos gustemos a nosotros mismos, en que carezcamos de autoestima. Hasta hace algunos años los gobernantes de este país le consideraban nada menos que el «centinela de Occidente». Y aun hoy, cuando José María Aznar vuelve de uno de sus viajes al extranjero parece Julio César regresando a Roma desde las Galias; deja flotar la idea de que en cada una de sus salidas a reuniones él es quien ha sugerido la solución apropiada y ha dicho la última palabra sobre la política europea y mundial.

No sé si se debe al pasado imperial de España, cuando en nuestros dominios «no se ponía el sol», pero entre nuestros defectos —y sobre todo entre los de nuestros políticos— no figura la falta de autoestima. A veces somos incluso bastante fanfarrones. ¿Por qué hablar de «participar en el liderazgo», en este caso militar? O ¿acaso pensamos que el nombramiento de un español para secretario general de la OTAN fue un reconocimiento de nuestra superioridad militar? A lo que podemos aspirar razonablemente es a que Europa funcione cada vez más democráticamente, de modo que los treinta y ocho millones de españoles tengan derecho a participar con los ciudadanos de otros países en todas las decisiones europeas, incluidas las de carácter militar. Pero no somos, ni es fácil que lo seamos, líderes de Europa, y menos aún líderes militares. Saber lo que valemos de verdad quizá sea el modo de que otros no jueguen con nosotros y no puedan utilizarnos con fines que no tienen por qué ser los nuestros.

Más nocivo aún es crear la idea de que las Fuerzas Armadas tienen un papel que jugar como tales en la política interior del país. Eso nos costó ya una terrible Guerra Civil en el siglo XX, que con la reconciliación nacional todos nos hemos comprometido a que no se repita jamás.

17-I-2000

Reflexiones sobre el problema vasco

No tengo más autoridad personal para hablar en los términos de este artículo, como voy a hacerlo, que el haber atravesado vivo casi todos los grandes acontecimientos políticos españoles de este siglo, el haber vivido la historia reciente; y aunque sé que éste no es tiempo en que se otorgue valor a consejos de ancianos, me decido a escribir convencido de que, cuando menos, se reconocerá que no me mueve ningún interés personal al trazar estas líneas. Por más que me esfuerzo, no consigo entender el sentido de la polémica que mantienen hoy el Gobierno de la nación y representantes del PNV. Parece ser que el nudo de la polémica consiste en que este último partido rompa el pacto de Lizarra. Pero ¿acaso ese pacto no lo ha roto ya de hecho ETA, con sus crímenes, tras dar fin a la tregua? No conozco que Lizarra haya vuelto a reunirse tras estos sucesos. Y el lehendakari Ibarretxe ha roto el acuerdo de mayoría con EH en el Parlamento vasco, cosa que ha repetido también en algún municipio vasco el alcalde peneuvista. Mi impresión es que si Lizarra es hoy más que una ficción política se debe al empeño de obligar a los dirigentes del PNV a hacer un acto de contrición reconociendo que erraron al sellar ese pacto.

Desgraciadamente los partidos políticos suelen reconocer difícilmente en público y en caliente sus errores. No tardan tanto tiempo en reconocerlos como la Iglesia en el caso de la condena de Galileo, pero a veces incluso desaparecen antes de hacerlo. El PNV incurrió en algunos, como, por ejemplo, el pacto de rendición de Santoña, durante la Guerra Civil de 1936-1939, con un partenaire que no iba a cumplirlos y los aprovecharía para fusilar y reducir a prisión a muchos combatientes vascos. En aquel momento la República, en vez de reprocharle el error —y había motivos para hacerlo—, optó por mantener la unidad de las fuerzas antifranquistas y el representante del PNV, Irujo, siguió siendo ministro de su Gobierno, y el lehendakari, José Antonio Aguirre, continuó siendo reconocido como lehendakari. Y yo pienso que al hacer esto la República tomó una sabia decisión.

En política a veces vale más la flexibilidad que la obstinación, el resultado concreto que la satisfacción del prurito del partido. Por eso es difícil entender la posición del presidente del Gobierno, repetida hasta en el viaje a China, y se expande la duda de si el señor Aznar persigue la finalización del terrorismo o si antepone a ello el desplazamiento de la hegemonía del PNV, sustituyéndola por la del PP: lo que no resolvería el problema vasco.

Éste no tendrá solución mientras subsista ETA y el terrorismo, pero puede complicarse —y de hecho ya se ha complicado— todavía más. La kale borroka y la amenaza de división del pueblo vasco en dos frentes, uno nacionalista y otro no nacionalista, son éxitos de ETA. El pueblo vasco es un pueblo plural, no ya por las inmigraciones originadas bajo el franquismo, sino también por otras anteriores en las que llegaron de Castilla hacia las Encartaciones miles de obreros que hicieron producir a las minas de hierro. Pero, más aún, ese pluralismo ha sido originado por un desarrollo profundamente influido por la comunidad cultural y política con el resto de los pueblos de España, creada en siglos de convivencia. Eso hace que el pluralismo no se determine ni por la consonancia vasca ni por la consonancia castellana de los apellidos.

¿Qué consecuencias podrían derivarse de una cristalización de dos frentes opuestos? Para empezar una grave fractura social de lo que en realidad es el pueblo vasco, una amenaza a la paz civil en Euskadi. Es cierto que ésta se halla hoy ya muy amenazada; que hay hombres y mujeres que viven sabiendo que pueden ser agredidos y asesinados en cualquier momento; que están perdiendo —o ya han perdido— la confianza en que las autoridades garanticen su seguridad; que una parte del pueblo siente que ha perdido la libertad. Pero en las circunstancias presentes esta situación tiende a agravarse. Y hay que reflexionar seriamente en las consecuencias que podrían producirse si no hay un cambio de rumbo en Euskadi y en Madrid.

No creo ser un profeta de desgracias diciendo que si sobre el fondo del terrorismo se consolida la tendencia a un frente nacionalista, la hegemonía dentro de éste la tendrá cada vez más ETA y menos el PNV. Y que el nacionalismo democrático perderá lentamente su importancia política. Se trata de una dialéctica fatal en este género de situaciones.

Y a ese fenómeno en el resto de España podría corresponderle un ascenso de las corrientes nacionalistas de extrema derecha. Nadie lo dice todavía públicamente, pero hay insensatos que están pensando ya que cualquier agudización del problema sería motivo para enviar el Ejército al norte. No nos engañemos; lo que sucede sólo puede reforzar las corrientes reaccionarias en Euskadi y en España, y agravar el conflicto.

Un cambio de rumbo es importante, pero ese cambio no se producirá si el Gobierno desde Madrid exige, como lo está haciendo, la destitución de los actuales dirigentes del PNV. Bastan dos dedos de frente para comprender que si el Gobierno, desde Madrid, demanda la destitución de Arzalluz, eso es suficiente para que incluso los más críticos con su política en el PNV cierren filas a su lado. Esto es tan elemental que cabe intuir que quienes lo hacen están viviendo la ilusión de que así podrán derrotar a ese partido en unas elecciones vascas anticipadas.

Y por eso reclaman también esa anticipación. Pero ¿serían verdaderamente libres, hoy, unas elecciones en Euskadi en estas condiciones de terror? Yo estoy impresionado todavía por el recuerdo de la manifestación que hicimos en Andoain el día del entierro de López de Lacalle. Recuerdo que desfilamos por una ciudad con balcones y ventanas cerrados hostilmente, y que en la calle no estábamos más que los manifestantes, en su casi totalidad forasteros.

6-VII-2000

Una tarea ciclópea

Me piden un artículo breve sobre las posibilidades y el papel de un partido a la izquierda del PSOE, tema difícil de tratar en tan angosto espacio. Intentemos, a pesar de todo, una respuesta.

¿Hay espacio a la izquierda del PSOE para otro partido político? Sí, lo hay, particularmente cuando se acentúan la orientación liberal de aquél, es decir, cuando le vemos aceptar los límites de la sociedad capitalista, renunciando incluso al reformismo socialdemócrata.

Cosa diferente sería si las estructuras del PSOE admitieran la existencia de corrientes organizadas —distintas a las hoy llamadas familias— con capacidad para expresarse públicamente y tratar de obtener el apoyo de sus afiliados. O lo que es lo mismo: si el PSOE fuese realmente la casa común de la izquierda. Pero es evidente que ésta, que fue una ambición de Txiki Benegas, no llegó a materializarse satisfactoriamente.

La dificultad real consiste en que lo que ha seguido llamándose PCE y su imagen electoral, Izquierda Unida, no parecen estar en condiciones de cumplir las misiones que debería llenar un partido a la izquierda del PSOE. IU no es ni una mutación del Partido Comunista, producida en la confrontación entre las nuevas realidades sociales y las antiguas concepciones doctrinales y estructuras orgánicas, ni una fórmula creada por las masas en movimiento, más o menos espontáneamente.

La aspiración a una formación social socialista que sustituya a la capitalista está hoy más justificada que ayer. Ayer esa formación era la aspiración de una clase oprimida, el proletariado; hoy se ha convertido en una necesidad histórica que interesa al conjunto de la humanidad. Los criterios que rigen en el capitalismo son un obstáculo a la solución de los grandes problemas de hoy. Dos ejemplos concretos: mientras los criterios que conducen al máximo beneficio inspiren el curso de la política mundial será imposible una política ecológica que impida la ruina y la destrucción paulatina de las riquezas que hacen habitable este planeta; es decir, no habrá una política ecológica consecuente y racional. Los mismos criterios conducen también a la continuación de la carrera armamentista y al mantenimiento de ejércitos cada vez más poderosos y sofisticados por parte de las potencias hegemónicas. Mientras tanto más de la mitad del género humano vive en condiciones indescriptibles; el foso entre el mundo rico y el mundo pobre cada día es más profundo; una serie de conflictos bélicos locales se eternizan, cuando no se cierran en falso por la momentánea correlación de fuerzas. Por más demagogia que hagan unos u otros gobernantes, los ejércitos y el armamento se hacen para la dominación, y la política de dominación conduce a la guerra en un momento u otro.

En este orden la izquierda tiene ante sí una tarea ciclópea: conseguir que los medios que hoy se consumen en políticas hegemónicas militares sean dedicados a paliar las desigualdades, ya que hoy existen posibilidades de poner fin al hambre, las epidemias, la incultura si se administran racionalmente los recursos existentes.

Pero en este aspecto nos encontramos con el mismo obstáculo: el sistema económico social imperante.

Hoy parece prohibido decir que el sistema capitalista es un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, la izquierda a la izquierda del PSOE que sería necesaria es una izquierda que no tema decirlo y que estructure la política diaria sin olvidar los objetivos fundamentales.

Y sobre todo esa izquierda no debería ser sectaria; debería admitir que cualquier paso adelante exige alianzas capaces de lograrlo; que los compromisos también forman parte de la lucha; que nadie está en posesión exclusiva de las tablas de la ley del progreso; que hay que mojarse con los demás si queremos hacer avanzar el carro de la historia.

29-X-2000

Un compromiso histórico

A algunas gentes les cuesta trabajo comprender que quienes éramos republicanos de toda la vida y no nos arrepentimos de serlo hayamos tomado parte en la elaboración de una Constitución que establece la Monarquía parlamentaria como forma de Estado. En realidad nos hallamos ante lo que pudiéramos llamar un compromiso histórico adaptado a la realidad política de España.

Tras la muerte de Franco se abrió, por primera vez en casi cuarenta años, la posibilidad de restablecer la democracia. No había entonces ni dos ni tres caminos para lograrlo. La oposición democrática no tenía fuerza para derribar por sí sola la dictadura. La mayor parte de los partidos que la componían ni siquiera se habían planteado nunca el propósito de derribar al régimen. De hecho a lo largo de aquellos años sólo se plantearon sustituirle bien por una presión de las potencias democráticas para desplazarle, bien por la desaparición física del dictador.

Desde 1956, convencido de esto, el Partido Comunista había elaborado la política de reconciliación nacional, que preveía una aproximación entre la oposición y las fuerzas que desde el interior de aquel régimen evolucionaban hacia posiciones democráticas bajo la influencia de las acciones antifranquistas y del entorno mundial.

La desaparición física de Franco, que era la clave de bóveda de aquel sistema, creó las condiciones favorables para el encuentro de ambas corrientes: oposición y reformistas, condiciones que era necesario aprovechar y en ese momento resultó que el jefe político de los reformistas no era otro que don Juan Carlos.

Él era quien desde La Zarzuela había promovido e impulsado esta fuerza, estableciendo contactos cautelosos con la oposición. Dentro de ésta había también monárquicos.

Los que veníamos de una tradición republicana al principio desconfiábamos de los propósitos del, primero, príncipe de España y, después, Rey porque lo había designado Franco. Temíamos, dado ese origen, que se propusiera continuar el régimen dictatorial. Hasta que comprobamos que estaba dispuesto a devolver la soberanía al pueblo y a facilitar la vía pacífica a la democracia.

En esa situación la aceptación de la forma de Estado monárquica, a cambio de que ésta fuera constitucional y parlamentaria, es decir, de que la soberanía residiera en el pueblo —como sucede en cualquier república democrática— se convertía en la condición sine qua non para un acuerdo entre oposición y reformistas. Plantear la opción republicana equivalía a forzar el mantenimiento del bloque entre reformistas y ultras y a retrasar indefinidamente la salida de la dictadura.

Para nosotros en aquellas circunstancias el dilema esencial no era república o monarquía, sino otro: dictadura o democracia.

Por ello optamos a favor de aquel compromiso histórico.

La experiencia ha confirmado la justeza de esa opción. El Rey ha respetado el compromiso. El 23-F fue una prueba de fuego para la democracia en la que el Rey demostró su fidelidad a la Constitución; un presidente de la república no hubiera podido hacerlo.

Los problemas actuales de la democracia española no se diferencian de los que pueda tener hoy cualquier república europea.

22-XI-2000

El síndrome de los Balcanes

El paso del tiempo y los acontecimientos sobrevenidos desde entonces han dejado muy atrás la tensa polémica «OTAN, sí, OTAN, no». Y aunque algunos pensemos que la OTAN, desaparecido el bloque rival al hundirse el Muro de Berlín, ha perdido toda justificación, el debate actual tiene una significación que va mucho más allá de las polémicas pasadas.

Estamos deslizándonos por un terreno resbaladizo, que nos acerca a otro viejo debate, el de las guerras justas e injustas, con la aparición pública de una nueva y horrible definición: la guerra humanitaria. Se trata de dos términos antónimos. Las guerras, cualquier guerra, suponen la destrucción masiva de vidas humanas, generalmente inocentes. ¿Cómo se puede hablar de guerras humanitarias? Esa denominación podría ser aceptada como una metáfora para designar una acción extraordinaria contra el sida o contra el hambre, con poderosos medios económicos y científicos de por medio. Pero aplicarla a lo que en definitiva es una matanza de seres humanos y una destrucción de riquezas sólo muestra el cinismo de que es capaz la mente de algunos para cubrir iniciativas, en cualquier caso nada humanitarias.

En realidad tal definición de las guerras forma parte de una filosofía que va imponiéndose a políticos y medios de comunicación desde hace años y que parte de un principio: «Todo lo que hace Estados Unidos es necesario y benéfico para el mundo y debemos apoyarlo ciegamente, aunque sólo sea para evitar males mayores», filosofía que es un efecto disparate, con el que algunos creen dejar cubiertas sus responsabilidades personales.

Así nos damos de cara hoy con el grave problema del síndrome de los Balcanes. Pero hay que tener una débil memoria para sorprenderse ante la magnitud de este asunto. No hace mucho conocíamos ya el síndrome del Golfo. Tras la guerra contra Irak se encontraron entre las tropas empleadas entonces síntomas que, según todas las apariencias, eran muy semejantes a los casos que surgen hoy en Italia, Bélgica, Portugal, España y otros países que participaron en los contingentes presentes en Kosovo. En esta ocasión algunos medios de comunicación más independientes se hicieron eco de las quejas de los afectados en Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero pronto quienes tienen poder para ello echaron un velo de silencio sobre el asunto y de las víctimas propiamente iraquíes casi ni se habló (tampoco ahora se habla de víctimas serbias y kosovares).

Aún no se sabe muy bien si la guerra del Golfo fue una de las guerras humanitarias de que ahora se habla o si fue una guerra para «defender la democracia». Sea como sea, Kuwait no era una democracia, sino una satrapía feudal instaurada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial en el territorio de lo que era hasta ese momento una aldea de pescadores, cuyo subsuelo era un mar de petróleo. A su vez Irak era el país que había frenado el expansionismo militar del fundamentalismo islámico. De ahí que seamos muchos los que no dejamos de pensar que aquella guerra y el posterior e inhumano bloqueo de Irak no tienen otro objetivo que el control de las reservas de petróleo.

En Yugoslavia no se sabe que haya petróleo. El Estado yugoslavo fue una creación ligada al Tratado de Versalles, que consagró la derrota de los imperios alemán y austrohúngaro, como lo fue Checoslovaquia. En la Segunda Guerra Mundial Yugoslavia fue el país europeo ocupado por los nazis donde la resistencia alcanzó cotas más elevadas. La Federación creada por Tito a continuación mantuvo unidos a los pueblos que la formaban. Después del hundimiento del Muro de Berlín parece claro que las potencias derrotadas en ambas guerras lograron una revancha intrigando para dividir la Federación yugoslava, contribuyendo poderosamente a la conversión de los Balcanes de nuevo en un foco de inestabilidad. Yugoslavia, tras haber estado entre los vencedores de las dos guerras, ha resultado en definitiva, tras la paz última, ser casi la única perdedora.

Siempre critiqué la guerra «limpia» de la OTAN contra Serbia, considerándola injusta, así como el papel de nuestro Gobierno. Pero ahora se está poniendo en evidencia que no sólo no fue limpia, sino tremendamente sucia. Se dice ahora que en el conflicto de Kosovo se lanzaron por Estados Unidos treinta mil proyectiles con uranio empobrecido; antes, según este mismo testimonio, se habían lanzado diez mil de esos mismos proyectiles en Bosnia. Parece que Estados Unidos posee grandes reservas de ese material que le resultan muy baratas y además son muy eficaces para perforar el blindaje de los tanques. Y los norteamericanos sabían de los peligros que tenía su utilización, de los que habían advertido anteriormente a sus aliados, según la prensa.

Parece evidente que el interés era que este anuncio de peligrosidad no llegara al público, pues iba a levantar fundadas dudas sobre el humanitarismo de la intervención. Y el colmo de los colmos se ha producido en España, donde el ministro de Defensa ha asegurado que la información llegó por vía militar, y ni el ministro anterior ni el Gobierno se enteraron de ella. Ya es difícil de aceptar que el Gobierno de Estados Unidos se salte a los Gobiernos y se dirija directamente a los Estados Mayores de los Ejércitos aliados, porque si fuera verdad no seríamos otra cosa que provincias del imperio. Pero en último caso lo que a mí me resulta imposible es aceptar que los mandos militares españoles ocultaran la información a su Gobierno. Al final de toda esta loca historia va a resultar que el chivo expiatorio sea el anterior ministro de Defensa, señor Serra…

Hay que temer la presión para silenciar este asunto se haga sentir con más fuerza y que hasta le veamos desaparecer de los medios de comunicación. Ya empiezan a invocar no sé qué sentido de la responsabilidad para callar lo que califican de histeria. Uno de los que exigen silencio —«no hablar sin conocimiento de causa»— es el físico español Javier Solana, que ordenó intervenir en Kosovo en tanto que secretario general de la OTAN. Quiero creer que ni él sabía que se utilizaban proyectiles de uranio empobrecido.

El sentido de responsabilidad, precisamente, de responsabilidad hacia nuestros soldados y sus familias obliga a no callar y a rechazar las conminaciones al silencio.

Son ya muchos los soldados que estuvieron en Kosovo aquejados de leucemia y otros cánceres que sospechan haberlos contraído allí. Y la alarma ha alcanzado proporciones mundiales, agrandadas incluso por los argumentos utilizados por la OTAN en un vano intento por calmar las inquietudes de la opinión.

Dichos argumentos aseguran que «no existe relación de causa a efecto» entre el uranio empobrecido y la enfermedad.

Es cierto que yo, como miles de millones de habitantes de este planeta, no soy físico nuclear. Pero, por Dios, en este siglo infinidad de gentes leemos prensa, libros, vemos informativos y tenemos algunas nociones sobre lo que es el uranio o el plutonio; sabemos que existe el uranio empobrecido y el enriquecido. La lógica nos lleva a pensar que siendo el primero menos peligroso que el segundo, no por eso deja de ser un material radiactivo, aunque sus radiaciones sean más débiles. Y pensamos que afirmar que no existen radiaciones es querer que comulguemos con ruedas de molino. Por eso tememos que la relación de causa a efecto es posible y hasta probable.

La diputada socialdemócrata alemana Margot von Renesse, presidenta de la comisión de Ética del Bundestag, declara que el grupo parlamentario de su partido «no hubiera autorizado la intervención de tropas alemanas en Kosovo de haber sabido que se iba a utilizar munición radiactiva». Von Renesse calificó el uso de ese tipo de munición como «crimen de guerra».

Y el ministro socialdemócrata de Defensa, Rudolf Scharping, ha pedido la moratoria de los proyectiles con uranio empobrecido.

Pienso que la opinión pública necesita una satisfacción, que se haga toda la luz, que se supriman ese tipo de proyectiles y que tanto el Parlamento Europeo como los de cada Estado puedan discutir públicamente los objetivos y los métodos de la OTAN en esta etapa.

Los problemas de la Defensa no deben ser un misterio para los ciudadanos. No estamos en guerra, no existe una amenaza militar inminente sobre Occidente. Y debemos saber por qué y para qué estamos involucrados en una política militar en la que parecemos simples comparsas.

20-I-2001

De la ciencia-ficción a la política-ficción

El profesor Gil Calvo ha magnificado en estas columnas un pequeño rifirrafe que tuvimos él y yo en un aula universitaria de Madrid. Casi lo había olvidado cuando publicó su artículo «La izquierda y el sistema solar». La discrepancia que lo originó surge muy a menudo en una época en la que, tras el hundimiento del sistema soviético, está de moda considerar eterno al sistema capitalista y apuntarse al neoliberalismo. En esos casos suelo dejar clara mi actitud y casi me resigno a esperar que cambie la moda, y con ella, las ideas de los muchas veces ocasionales seguidores del pensamiento único.

Antes de meterme en polémica debo decir que en la última parte del artículo hay ideas que fuera de contexto podría compartir. Por ejemplo, el rechazo de la nueva construcción de la realidad que la derecha nos propone para definir este cambio de siglo: determinismo tecnológico, imperialismo financiero, sociedad digital, nueva economía virtual.

También pienso que, en esta época, una transformación socialista tiene que venir impulsada desde abajo, fruto de la voluntad de las mayorías, animada por una nueva cultura de masas, pluralista y no impuesta desde arriba, y sin negar los derechos de los oponentes. No pocos comunistas, que no quisimos convertirnos en estatuas de sal, habíamos planteado ideas semejantes, quizá con más rigor, reconociendo que en los países desarrollados no correspondían ya ciertas tesis marxistas sobre la conquista y el ejercicio del poder, formuladas en una época en que el proletariado era una clase que «no tenía más que sus cadenas que perder».

Pero, por lo que veo, el grueso del artículo del profesor Gil Calvo es una reafirmación de las ideas que provocaron el rifirrafe, ideas que se contradicen, a mi juicio, con las explicaciones finales de su artículo, con las que acabo de expresar mi coincidencia.

Cuando en la mesa redonda ante universitarios yo expuse mi criterio de que una izquierda de hoy debía incluir en sus fines la transformación del sistema capitalista, el profesor me respondió —como escribe en su artículo— que la izquierda «no madurará hasta que no renuncie a esta ingenua ilusión anticapitalista». Y para sostener tal aserto utilizó lo que ahora califica de metáfora: «Querer transformar el sistema capitalista sería tanto como querer transformar el sistema solar».

Estoy acostumbrado a las ampulosas y sorprendentes metáforas de la imaginación oriental. Una vez en Pekín, hace casi medio siglo, Mao Zedong me dijo: «Ofrezcan ustedes diez mil años de vida a su burguesía», que me enseñó a pensar en la levedad del tiempo. Pero la metáfora del sistema solar sólo me pareció una manera de indicar que el sistema capitalista es intransformable, en la opinión del profesor Gil Calvo.

Mi respuesta fue irónica y fácil: las leyes que rigen el movimiento del sistema solar son naturales, funcionan desde hace miles de millones de años y seguirán funcionando mientras el universo mundo exista. Se trata de leyes en las que el ser humano no ha puesto su pecadora mano. En cambio, el sistema capitalista empezó a existir y a dominar, como quien dice, ayer, hace tres siglos, y las leyes que le rigen no son naturales, ésas sí son obras de seres humanos. Antes de que pasen otros millones de años, ¿cuántos nuevos sistemas sociales habrán conocido las sociedades humanas? De aquí se deducía que el sistema capitalista no era, por principio, intransformable y que la izquierda debía definirse en este tema.

Pero el profesor Gil Calvo considera que tanto esa actitud como la tendencia opuesta de la socialdemocracia conducen a sacralizar el sistema, mientras que a él se le ha ocurrido una original tercera vía. «Pues siguiendo con la metáfora», escribe, «no se trata de acabar con el sistema solar, sino de conquistarlo y colonizarlo. Ésa es la tarea que habrá de realizar la izquierda a lo largo del siglo que comienza: refundar su pensamiento para averiguar el modo no de superar el sistema capitalista, sino de adaptarse a él para domesticarlo». Seguimos, pues, en el mundo de la por lo menos desafortunada metáfora del profesor. Conquistar y colonizar el sistema solar hoy es el motivo que inspira un género literario, el de la ciencia-ficción, que ha producido muy buenas novelas, algunas claramente anticapitalistas, que a veces parecen más una crítica del sistema imperante en la Tierra. Pero es muy pronto para asegurar hasta dónde llegará lo que hoy es exclusivamente ciencia-ficción. En cualquier caso, no creo que el tratamiento de la conquista del sistema solar pueda valer para el capitalismo. Hay una contradicción en los términos que utiliza el señor Gil Calvo: adaptarse a él para domesticarlo. Pero domesticar una fiera, un animal salvaje, no es adaptarnos a él, sino conseguir que él se adapte a nosotros, se pliegue a nuestra voluntad.

Precisamente uno de los problemas de la izquierda —de amplios sectores de la izquierda— es la excesiva facilidad con que se adaptan al capitalismo y a sus formas cada vez más extremadas de dominación. Ésa es una de las causas de las actuales dificultades para reconstruir una ideología actualizada de la izquierda: que el neoliberalismo ha penetrado profundamente sus actitudes. De ahí que muchos ciudadanos tengan dificultades a veces para diferenciar a la izquierda de la derecha. Al fin y al cabo, si nos adaptamos al capitalismo, aunque sea con el pretexto de dominarle mejor, ¿no estamos ocupando el lugar de la derecha?

Estimado profesor Gil Calvo: que la izquierda tiene que reconocer y aprender de sus fracasos, que debe comprender los cambios que se han producido en siglo y medio entre el mundo de Marx y Engels y el mundo globalizado de hoy, que sus estrategias, instrumentos y medios tienen que variar y abrazar decididamente las vías de la democracia, es evidente. Pero, por favor, su metáfora es inaceptable. Y dudo mucho que Galileo, víctima de quienes defendían el sistema dominante en su época, estuviera de acuerdo con usted para adaptarse a los que dominan hoy. ¿No está usted proponiéndonos pasar de la ciencia-ficción a la política-ficción?

9-II-2001

Un aniversario lejano

Uno de los grandes problemas de la transición española fue la existencia de un Ejército, la mayoría de cuyos jefes se había formado en la Guerra Civil y se hallaba identificada con las ideas del dictador. Aunque ha habido una gran resistencia a reconocer esto claramente porque el tema militar llegó a convertirse en un tabú, el hecho cierto es que el núcleo más sólido del búnker franquista que hubo que contornear en la transición lo componían los militares ultras. Como votantes eran una pequeña minoría, pero mandaban sobre los fusiles y los tanques, poseían los instrumentos de fuerza que en un momento dado podían doblegar la voluntad del país. Los oficiales demócratas eran una minoría, organizada en la UMD, preterida por la presión de sus colegas hasta después de la transición. Los liberales como el teniente general Gutiérrez Mellado fueron auténticos héroes, que se lo jugaron todo frente a la animadversión de gran parte de sus compañeros de armas. Desde el principio de la transición este problema, agravado por el terrorismo, nos hizo caminar muchas veces por la calle de la amargura, como se dice vulgarmente.

La legalización del Partido Comunista fue uno de los actos que estuvieron a punto de originar un enfrentamiento directo con ese búnker. Políticos y militares, de la buena voluntad de muchos de los cuales no dudo, han criticado a posteriori que el jefe del Gobierno no hubiera informado previamente de esta decisión al generalato, suponiendo que éste hubiera aceptado resignadamente. Tengo que romper una lanza a favor de la decisión de Adolfo Suárez; creo que éste lo pensó mucho antes, durante semanas e incluso meses. Al final se decidió por la política de hechos consumados, porque una consulta previa, cuando parte de los políticos reformistas no la asumían y desde luego la mayoría de los militares la rechazaban, hubiera podido poner en crisis al propio Gobierno y dar un parón al proceso de transición. La audacia razonable de Suárez fue la mejor solución a la larga. Y, desde luego, un acto capital para lograr un auténtico cambio político.

Porque esa decisión supuso uno de los momentos de ruptura más importantes de la transición: la ruptura política entre los reformistas y los ultras del franquismo, que situó a los primeros, definitivamente, en el campo democrático. Sin esa ruptura no habría habido cambio político en España. Se habría producido el extraño ersatz que algunos políticos del franquismo preconizaban en las postrimerías de éste, que no tenía nada de común con la democracia. Se puede decir que el actual sistema democrático tiene imperfecciones. Pero sin realizar la ruptura clara entre ultras y reformistas, en España no se hubiera realizado lo que hemos llamado la ruptura pactada entre reformistas y oposición democrática y hoy estaríamos debatiéndonos todavía en la ambigüedad.

Ese mérito corresponde personalmente a Adolfo Suárez y a hombres como Gutiérrez Mellado. Claro que a partir de ese momento, y por esa razón, Suárez se convierte en el hombre a abatir para los partidarios de la involución.

No es casual que el golpe del 23-F comience a prepararse desde un año antes, fundamentalmente como un golpe para derribar a Suárez, cuya voluntad democrática es vista por el búnker como una traición. Aunque Suárez haya incurrido entonces en errores de otro carácter —a mi juicio, el de mantener solitaria a la UCD como partido de gobierno y dar por terminado el periodo de consenso con la oposición— y facilitando la coincidencia de otros factores críticos que debilitaron su posición, la razón fundamental que lleva a su dimisión —«Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España...»— es la presión ultra.

La operación Armada, cabalgando sobre el asalto de Tejero al Congreso, era un auténtico disparate y una trampa. Un Gobierno de «salvación nacional» aprobado por un Congreso forzado por las metralletas hubiera abierto el camino a una dictadura militar y desacreditado para siempre a la Monarquía parlamentaria y constitucional. De este desastre, uno de los que salvaron al país con su cordura política y su energía fue mi paisano Sabino Fernández Campos, a la sazón secretario general de la Casa del Rey. Desde las diez de la noche, escrita de su mano, ya salió una orden reclamando obediencia constitucional. Pero esto no era suficiente. Algunos han criticado el retraso del Rey en hablar por televisión ese día, lo que después se ha justificado con razones técnicas. Pero, si no me equivoco, la causa efectiva de ese retraso es que el golpe del 23-F sólo fue desmontado esa noche con lo que puede considerarse una larga negociación en la que el Rey, no sólo en uso de su autoridad constitucional, sino de la que le había delegado Franco en su testamento —tenemos que inclinarnos ante la realidad de que había jefes que todavía respetaban más al legado de Franco que a la Constitución—, consiguió poner fin al drama.

En honor a la verdad cumple decir otra cosa: que si Tejero, considerándose traicionado por el mismo que le había ordenado asaltar el Congreso, el general Armada, no impide la entrada de éste en el hemiciclo, el golpe se hubiera consumado. Así que el teniente coronel contribuyó inesperadamente a su fracaso.

Han pasado veinte años. España ya es diferente a la que era entonces. Aquel búnker ya no existe y el peligro de golpe de Estado ha remitido. Pero quizá, por haber visto muchas cosas en el pasado siglo y ser ya mayor, a mí me gusta recordar aquel proverbio —el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra— para que nadie lo olvide.

23-II-2001

Y ahora, ¿qué?

Parece que una fase de las operaciones de Afganistán ha llegado prácticamente a su fin. El régimen de los talibanes se ha derrumbado. Pero lo cierto es que no sabemos lo que ha sucedido realmente en ese país durante cerca de dos meses. La información ha sido manipulada y convertida en propaganda. De todas formas, esa propaganda ha fallado el objetivo: excepto quizá en Estados Unidos, en el resto del mundo no ha logrado convencer a la mayoría de la opinión pública de que la guerra contra Afganistán era una guerra justa. Ni siquiera la aplicación con que los Gobiernos occidentales han secundado al norteamericano ha logrado el convencimiento de sus opiniones públicas. Si acaso en éstas ha dominado el fatalismo y la resignación ante los excesos de la superpotencia. Y lo más peligroso para el prestigio de ésta, a la tragedia estremecedora de las Torres Gemelas, tan gráficamente presentada durante semanas en las televisiones, ha terminado superponiéndose el drama de Afganistán bajo las bombas de siete mil kilos, que han tenido que producir muchas más víctimas que las registradas en Nueva York.

Por más que la propaganda se esfuerce, a la larga, esta absurda guerra contra un país devastado ya antes del inicio quedará como una dura venganza del orgullo herido de un Estado que se había creído invulnerable y descubrió de pronto que no lo era tanto: una venganza en la que el «ojo por ojo y diente por diente» se han multiplicado por mucho.

Cuando escribo estas líneas, se ignora todavía si Bin Laden está en Tora Bora o si ha desaparecido, lo que permite pensar que si el personaje era el verdadero objetivo, quizá hubiera sido más eficaz para capturarle una vasta operación de policía y servicios de información militar, que habrían ahorrado muchos miles de vidas.

De toda la niebla informativa, tras un análisis de lo poco que se ha filtrado, emerge un hecho importante: los afganos —talibanes, muyahidines pastunes, tayikos, uzbekos— han luchado muy poco entre sí. La Alianza del Norte avanzó hasta Kabul, casi sin combatir, con los tanques y cañones que le suministraron los rusos, cuando la aviación y la flota americanas aplastaron ciudades y reductos talibanes y éstos se vieron obligados a retirarse. La Alianza del Norte ocupó territorios abandonados ya por el enemigo. Luego, en Kandahar, los talibanes resistieron firmemente hasta que las bombas no dejaron nada en pie. Los pastunes no entraron combatiendo. Sus milicias estaban divididas entre varios señores tribales que ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para realizar alguna operación coordinada. Se dijo que en un momento los talibanes negociaron su rendición, pero, por lo que se ha podido ver, lo que negociaron fue su retirada con armas y bagajes, ya que las órdenes en contra del Pentágono no fueron cumplidas por nadie.

Uno de los acontecimientos más turbios y comprometedores para Estados Unidos fue la matanza de seiscientos talibanes en la fortaleza de Mazar-i-Sharif. Si los talibanes encerrados en ella tenían armas para sublevarse es que no habían sido desarmados, y esto sólo se explica si, como en Kandahar, el compromiso con ellos era permitirles retirarse. De lo contrario, si se habían rendido realmente, tenían que estar desarmados, y si entonces se rebelaron y arrebataron el arma a algunos de sus guardianes es que vieron que iban a ser masacrados y decidieron hacerles pagar cara su muerte. En todo caso, fue un asesinato en masa, en el que quien daba las órdenes no era ya un jefe afgano, sino un oficial americano de la CIA, que también pereció.

La actitud de los diversos grupos afganos en esta guerra deja prever la fragilidad de los acuerdos impuestos en Bonn, la inestabilidad de los equilibrios alcanzados. No hay que olvidar que los soviéticos también ocuparon con sus tropas los centros fundamentales del país; lo que no pudieron aguantar fue el hostigamiento guerrillero permanente y la baja de la moral del Ejército de ocupación, minado poco a poco por la hostilidad popular y por la drogadicción que penetró entre sus soldados en un país productor de opio en abundancia. Lo mismo exactamente podría sucederle a cualquier ejército que venga ahora a ocupar el país. Una de las cosas en que puede tener razón Bush es en que aquello aún no ha terminado.

Y ahora ¿qué va a suceder? Algo muy alarmante es el pánico sembrado deliberadamente por la Administración de Bush entre la población norteamericana. La alusión constante al peligro de que los terroristas utilicen armas biológicas e incluso nucleares, la explotación publicitaria de algunos casos de ántrax, los intentos de propagar ese pánico en Europa. Tras la conmoción del 11-S se ha fomentado una histeria general en torno a la seguridad amenazada, que ha permitido a Bush arrogarse poderes dictatoriales e introducir recortes de la democracia y otorgar facultades extraordinarias a los militares norteamericanos. Hechos demostrativos de que esta guerra, que se declaró en nombre de la libertad, la democracia y hasta la civilización, está dañando precisamente estos valores, que creíamos asegurados después de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho patético que estemos presenciando ataques brutales a los derechos humanos sin reaccionar, con la pasividad cobarde de que «la guerra es la guerra y en ella las mayores atrocidades son inevitables».

¿Por cuánto tiempo vamos a seguir callando que esta guerra no está justificada, que es inaceptable que los Estados Unidos vayan ampliando día a día los objetivos, los países a bombardear, con la complicidad o el silencio de otros Gobiernos? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que se disponga de tropas internacionales para ocupar, como si fueran legiones romanas, países que la Administración de Bush defina como terroristas?

Hace falta que Europa recupere una voz propia, autónoma, de paz frente a tanto disparate. Es este continente, al que sus propios dramas internos y la historia han dotado de rica experiencia, quien debe alzar la voz para parar tanta insensatez.

Poner fin a la guerra no significa renunciar a luchar contra el terrorismo, primero con las armas de la política y luego con las acciones de policía necesarias dentro de las reglas del Estado de derecho y manteniendo lazos de solidaridad con la colectividad internacional.

Si Europa no reacciona y se pone a la altura del que debería ser su papel, si esta guerra se prolongase los diez años de que ha hablado la Administración norteamericana, terminaría produciéndose una tremenda fractura en nuestras sociedades entre gobernantes y ciudadanos. Alguien está jugando con fuego, olvidando que tras las grandes guerras han solido producirse grandes revoluciones.

19-XII-2001

La memoria histórica

Felipe González se refería a los malos presagios que, lo que él considera la extraña crisis, suponen al comienzo del siglo XXI. Es importante que un ex jefe de Gobierno que siempre ha estado bien relacionado con Estados Unidos aborde el tema públicamente, mostrando su preocupación, porque su palabra puede llegar más lejos y obtener más efecto que la de un ciudadano de a pie. Pero lo cierto es que los motivos de preocupación y de inquietud por el momento que atraviesa el mundo son grandes y que la incertidumbre puede comportar elementos de desmoralización sobre el futuro de la democracia.

Las personas de mi generación hemos conocido experiencias a lo largo de la vida que nos hacen particularmente sensibles a determinados peligros. Las vivencias de los años treinta y principios de los cuarenta del siglo XX nos han dejado una profunda huella. Aquél fue un momento en que pareció que las libertades podían ser aniquiladas en este planeta. El fascismo avanzaba en Europa y en otros continentes. Su peligro provenía de que se hallaba instalado en tres de los Estados mundiales más desarrollados, con una gran potencia militar e industrial. Alemania, Japón e Italia. Tan poderosas que consiguieron dominar a Europa y gran parte de Asia poseyendo complicidades en otros continentes.

En el año 1945 llegamos a creer que la pesadilla había terminado tras una terrible guerra mundial en la que habían perecido sesenta millones de seres humanos. Un precio terrible que pensábamos iba a servir de escarmiento para las generaciones futuras.

La contradicción que dominó después la política mundial se estableció entre los países capitalistas y los países del llamado socialismo real. Pero era ya otra cosa y se desarrollaba ya en el marco de un nuevo orden mundial, surgido de la Segunda Guerra y bastante más sólido y eficiente que el existente, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, entre dos guerras. La ONU con todo y con sus debilidades fue capaz de resolver diversos problemas y consiguió mantener un cierto semblante de orden durante medio siglo. En ese tiempo se desarrolló un importante movimiento de los países no alineados que tuvo un carácter progresista y que incorporó a la política mundial a Estados no desarrollados que comenzaron a progresar. Este movimiento no gustó nunca mucho a la Unión Soviética, pero desde luego tropezó con la hostilidad de medios poderosos de Occidente y particularmente de los Estados Unidos que lo veían como un obstáculo al neocolonialismo.

En este periodo se mantuvieron escasos reductos del fascismo que trataron de apoyarse en la política de la guerra fría, pero fueron descomponiéndose y al final habían desaparecido: el último fue España.

Por un fenómeno de implosión desaparecieron a fines de ese periodo los sistemas del socialismo real en Europa. Se terminó la guerra fría y comenzó a hablarse de un nuevo orden internacional. Surgió la globalización, el pensamiento único, la supremacía del mercado, la desregulación de la economía. Todo ello en el marco de un mundo en el cual los Estados Unidos acumulan un poder político, militar y financiero que les proporciona una clara hegemonía.

En estas condiciones el desarrollo de la política interior norteamericana ha colocado en el poder a los representantes más caracterizados de lo que Eisenhower llamó el complejo militar-industrial de aquel país. Fue en unas elecciones cuya legitimidad y limpieza estuvieron debatiéndose meses, hasta que al final el Tribunal constitucional, gracias a la mayoría republicana, declaró electo a Bush y su vicepresidente Cheney, dos petroleros de historia empresarial dudosa, como está comprobándose actualmente, con un programa belicista y una voluntad de dominación mundial tan manifiesta como su desconocimiento del mundo.

Y el 11 de septiembre del pasado año se produce el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, que ampliamente difundidos por televisión, sobrecogieron de espanto a todo el planeta. En el primer momento la emoción producida hizo que la opinión pública asumiera la declaración de la guerra mundial al terrorismo como una reacción lógica al acto de barbarie.

Pero la utilización hecha después de esta declaración de guerra levanta la sospecha de que el bárbaro atentado le ha venido muy bien a la Administración Bush-Cheney para lograr la militarización de la vida política que algunos periodistas norteamericanos habían comenzado a denunciar ya antes de lo sucedido el 11 de septiembre.

La declaración de guerra es un buen recurso para cerrar la boca, en nombre del patriotismo a los discrepantes. En un país en guerra cualquier oposición puede ser tachada de quintacolumnista. Es un arma que Bush y Cheney están utilizando ampliamente para contrarrestar las investigaciones que han revelado que las agencias de inteligencia tuvieron en tiempo útil informaciones suficientes para tratar de abortar el atentado.

La declaración de guerra sirve también para suprimir libertades civiles y militarizar la justicia, para controlar más severamente la información y sembrar el pánico entre la población haciéndole creer que de un momento a otro van a caer sobre ella armas biológicas e incluso nucleares. La declaración de guerra ha servido incluso para autorizar a la CIA a cometer asesinatos y permitir a los servicios de información ocultar la verdad difundiendo mentiras, en nombre de la necesidad de desinformar al enemigo. Las acusaciones contra terceros países hechas para justificar incluso una agresión militar pueden ser puras mentiras justificadas en nombre del patriotismo, del interés superior de Estados Unidos. Así ha sucedido con la acusación de que Cuba fabricaba y exportaba técnicas de guerra biológica, desmentidas por el ex presidente Carter desde el mismo local en La Habana que supuestamente producía tal tecnología. Últimamente la Administración norteamericana se propone crear una red de millones de informadores, convirtiendo en confidentes y soplones a fontaneros, electricistas, carteros, etcétera, etcétera. Toda una serie de gentes que por la especificidad de su trabajo tienen acceso a viviendas privadas. Así funcionaba la Gestapo de Hitler.

De esta suerte la democracia de Estados Unidos, que llegó a ser el país donde las libertades individuales adquirieron la mayor amplitud, está convirtiéndose en un Estado policiaco y militarista, ante la mirada sorprendida y seguramente asustada del resto de la Humanidad. Y todo ello encabezado por unos personajes que en Europa estarían sometidos a los Tribunales ordinarios por fraude y mala gestión empresarial.

Ya sé que escribir esto no entra hoy en la categoría de lo políticamente correcto. Sé que mucha gente lo piensa, pero no se decide a decirlo. Pero si en los mismos Estados Unidos hay gente que también lo piensa y asume el riesgo de decirlo antes de que sea demasiado tarde ¿por qué en el resto del mundo no vamos a apoyarles diciéndolo también?

Porque hoy podrían pasar cosas peores que en los años treinta y primeros cuarenta si ese rumbo no se corta a tiempo. En aquellos años el peligro no estaba en los pequeños dictadores de los países subdesarrollados, sino en las dictaduras de países desarrollados como Alemania, Japón e Italia unidos en un eje. Hoy el peligro no es Sadam Husein; es el complejo militar industrial norteamericano. Un peligro que amenaza, ante todo, al pueblo y a las libertades de Estados Unidos.

25-VII-2002

Gobierno y oposición ante la marea negra

Los ciudadanos españoles contemplan, entre el asombro y la incomprensión, la actitud del Gobierno de Aznar frente al drama del Prestige. Ya no hay duda de que a los ministros les pilló mirando a otro lado y que tardaron en percatarse de la gravedad del asunto; a los ministros y a la Xunta de Galicia, con su presidente a la cabeza. Empezaron a darse cuenta cabal de lo sucedido cuando el pueblo gallego se concentró en Santiago para proclamar «Nunca mais» y exigir dimisiones y cuando comenzaron a llegar de toda España miles de voluntarios dispuestos a combatir la invasión del chapapote hasta con sus manos. Fue una reacción popular espontánea, nacida de una sensibilidad ante el peligro que no demostraron las autoridades. Esta reacción popular provocó en Gobierno y Xunta un malestar indisimulado, que en definitiva fue descargado contra la oposición, a la que Aznar ha acusado de deslealtad, insolidaridad y otras lindezas.

¿Hacia dónde miraban el presidente Aznar y su Gobierno cuando sobrevino el accidente del Prestige?

Preocupado por su propio futuro personal y por los nubarrones que en el último tiempo se ciernen sobre el futuro electoral de su partido, Aznar había hecho una opción a favor del éxito de la política imperial del presidente Bush intuyendo que el triunfo de esta política significaría el fortalecimiento de la derecha en nuestro continente. Confiaba en que las ventajas de la globalización le ayudarían a superar las contrariedades de los problemas internos, tanto sociales como políticos. Y se preocupaba, en consecuencia, de la gran política mundial, con Blair y Berlusconi intrigando para que la UE se rinda ante las presiones norteamericanas y acelere la inclusión de Turquía; para que Europa y la OTAN acepten la invasión «preventiva» de Irak y participen en ella; para que la guerra mundial contra el terrorismo se convierta también en el máximo objetivo político de los Gobiernos europeos. Y de paso, si se crea el cargo de presidente de la UE, ¿quién más indicado para ocuparlo que él, saltando de una presidencia a otra?

Todo ello requería una gran actividad internacional: viajes, encuentros y conferencias telefónicas de alto nivel. Y cuando ya no había medio de ignorar la marea negra del Prestige siguió ocupándose de los aspectos internacionales del problema, combinando sus preocupaciones principales con las que le planteaba el inoportuno accidente, pero sin viajar a Galicia y cargando al sufrido y leal señor Rajoy la desagradable misión de hacer frente al desastre.

Hay un hecho indicativo de la atención que Aznar ha conseguido imprimir a su Gobierno por los grandes problemas mundiales. Los ciudadanos gallegos son testigos de la lentitud y hasta el retraso en impartir órdenes para que el Ejército se movilizara contra la marea negra. Al ministro correspondiente se le ha visto y oído poco en este asunto. Sin embargo, días atrás, dedicó casi una mañana a explicar, con lujo de detalles, en inglés y castellano, a los periodistas españoles y extranjeros, el abordaje por barcos nacionales de un carguero norcoreano que transportaba armas supuestamente destinadas a Al Qaeda. La operación fue presentada por el señor Trillo como un prodigio de perfección técnica y de coraje. Al hacer esto valoraba altamente el papel de España en la guerra mundial contra el terrorismo y la puntualidad y eficacia con que se cumplían las órdenes del Pentágono.

Subrayando la ligereza de esta comparecencia, mientras el ministro hacía estas declaraciones, el Gobierno de Estados Unidos le corregía la plana devolviendo al Gobierno de Yemen, para quien en realidad estaban destinadas las armas norcoreanas, el cargamento del buque interceptado por fragatas españolas. Sin las declaraciones pomposas del ministro y el alarde informativo sobre un suceso que supongo frecuente y ordinario en la llamada Operación Libertad Duradera, ni nos hubiéramos enterado del error de la Armada, al cometer una ilegalidad, cumpliendo órdenes del mando estadounidense de esta operación. Pero había que hacerlas a fin de atraer el interés de la opinión pública sobre esos temas y exaltar el orgullo patrio —distrayéndonos de lo que sucede en las costas gallegas y cántabras—. Así se incurrió en este error garrafal, que ahora en vez de gloria nos reporta ridículo.

En esta crisis se ha tomado la costumbre de intentar corregir un error con otro, asumiendo la filosofía del doctor Pangloss, hasta que la evidencia de la marea negra —o las sucesivas mareas negras— se ha impuesto. Así se intentó echar la culpa... al Gobierno de Felipe González, que ya sufrió en su tiempo el castigo del cuerpo electoral. Menos mal que este Gobierno no es propicio a culpar a la dictadura de Franco, que si no hubiéramos visto cómo se nos remontaba aún más lejos en el pasado. Ya que apelar a responsabilidades antiguas no viene al caso, ahora se le quiere hacer cargar éstas a los técnicos. El señor Rajoy dice que el Gobierno hizo lo que le aconsejaron los técnicos, pero algunos de éstos ya lo han negado, y el vicepresidente ha tenido que desdecirse una vez más.

En realidad, Aznar ha encontrado el responsable adecuado para el largo periodo electoral, abierto por la sucesión, con el intermedio de las municipales y autonómicas: la oposición. Contando con que el paso del tiempo y la oportuna labor de los poderosos medios de comunicación oficiales y privados que controla el PP pueden llevar a olvidar los detalles de lo ocurrido, acusar a la oposición de deslealtad, demagogia o insolidaridad es un buen comienzo para ir engrosando la bola que sumergirá a sus adversarios políticos. En el Congreso se le ha escapado una frase dirigida al señor Zapatero, que revela su intención: «Su señoría portará esa mancha para siempre».

Pero tal mancha sólo existe en la intención del presidente. ¿Acaso es desleal criticar los errores de un Gobierno en asunto tan grave cuando además al hacerlo la oposición no ha hecho otra cosa que secundar la actitud espontánea de los ciudadanos que exigen dimisiones y gritan «Nunca más»?

¿Acaso es demagogia criticar la frivolidad del presidente de la Xunta, yéndose a cazar a Aranjuez, aunque sólo fuese durante cuatro horas —como ha terminado reconociendo a duras penas—, cuando debía estar con su pueblo?

¿Acaso es deslealtad desvelar que el ministro de Fomento se fue a cazar a Lleida en un momento en que podían depender de él decisiones fundamentales —y el control de su aplicación— para paliar la catástrofe?

¿Acaso es deslealtad acusar a los ministros —quizá con la excepción de Rajoy— de haber seguido su tran-trán de vida y de ocio, cuando todos los gallegos miraban al mar oteando el chapapote y España entera estaba pendiente de Galicia?

Desde que tiene mayoría absoluta el señor Aznar ha ignorado a la oposición y ha gobernado sin contar con ella ni hacer gran caso de su control. Negó la huelga general del 20 de junio, y mientras el chapapote no inundó las costas ha negado la marea negra. Verdad es que el reglamento del Congreso está hecho para reducir al máximo las posibilidades de control parlamentario.

La reunión de la Comisión en que informó Rajoy nos lo ha mostrado gráficamente. El vicepresidente pudo leer durante dos horas el informe que le prepararon sus colaboradores. En cambio, los portavoces de la oposición sólo disponían de diez minutos para dar sus críticas o iniciativas. El vicepresidente disponía de cuanto tiempo quisiera para contestarles, pero al portavoz que quiso hacer una réplica sólo se le concedieron tres minutos. El reglamento del Congreso privilegia al Gobierno y enmudece a la oposición. Los grandes partidos con opción de gobernar nunca se han planteado seriamente corregir esos reglamentos que convierten a veces el control parlamentario en una formalidad, pensando quizá que cuando ellos entren en el Gobierno les va a favorecer. Pero ya sería hora de hacer cambios y de dar a los debates parlamentarios más viveza y diversidad.

Y sin embargo, sin perjuicio del papel de cada uno —Gobierno y oposición— en el drama provocado por el Prestige, habría que hacer no un gran pacto, pero sí ponerse a la altura de la ciudadanía, que ha reaccionado con magnífica sensibilidad a la tragedia, cooperando seriamente. El señor Aznar ha demostrado ser un obstáculo a ello. Y de esta forma perjudica a España. También perjudica al Partido Popular; seguro que muchos de sus afiliados lo piensan así, incluidos no pocos candidatos a las municipales y a las autonómicas que ven peligrar su elección. Le hago una sugerencia: él ha anunciado su propósito de no presentarse a la reelección, y la indecisión en que se encuentra la sucesión está creando serios problemas a su partido. ¿Por qué no aprovecha esta situación, asumiendo personalmente una responsabilidad que, al fin y al cabo, es principalmente suya, dimitiendo de la jefatura del Gobierno y anticipando la sucesión? Así tranquilizaría a su partido, le devolvería la moral quebrantada y, ¡quién sabe!, hasta podría no perder las municipales y autonómicas.

17-XII-2002

La amenaza nuclear

Hace días una noticia entre las muchas alarmantes aparecidas en estos momentos me preocupó especialmente: Blair, el premier inglés, asediado a preguntas por treinta y cinco miembros de la Cámara de los Comunes, «no descarta incluso el uso del arma nuclear contra Sadam Husein».

¿Puede decir esto en serio un gobernante de un país civilizado, máxime si es un líder laborista? Fue la primera cuestión que me vino a la mente. ¿Se trata de una simple baladronada para amedrentar a Irak y forzarle a rendirse, de un bárbaro chantaje? ¿No están dejando en mantillas a los más perversos terroristas los líderes occidentales que han convertido en una cuestión de orgullo personal apoderarse a cualquier precio del petróleo del Oriente Próximo, cuando además de hecho disponen ya de ese bien que comercializan con grandes beneficios compañías controladas por el capital occidental?

Uno piensa que al lado de los grandes progresos científicos, sociales y políticos realizados por la humanidad en el curso de un siglo se ha producido en el mismo tiempo un retroceso de la cultura, el humanismo y la moral tremendamente inquietante. Basta recordar que en la Segunda Guerra Mundial ni Hitler, en los momentos más críticos para el Tercer Reich, osó utilizar los gases asfixiantes prohibidos por una convención internacional tras la guerra de los años 1914-1918.

El arma nuclear, infinitamente más mortífera que dichos gases, sólo ha sido utilizada hasta hoy contra los habitantes de dos ciudades: Hiroshima y Nagasaki, donde aún hay gentes de generaciones posteriores sufriendo las consecuencias de las radiaciones. Ya entonces, con Hitler y Mussolini derrotados y el Japón imperial en las últimas, fue muy difícil justificar el empleo de un arma tan atroz. Más bien el hecho se entendió como un prólogo de la guerra fría aún no declarada. La consecuencia fue una carrera hacia la fabricación del arma nuclear y su perfeccionamiento de la que emergieron dos grandes potencias nucleares: Estados Unidos y la URSS, y varias menores disponiendo de artefactos semejantes en mucha menor cuantía: Francia, Gran Bretaña, Pakistán, China, India e Israel, hasta hoy. Ante el hecho de que la fabricación del arma citada ya no era un secreto y muchos Estados tenían la posibilidad de construirla, se llegó al tratado de no proliferación, partiendo del temor de que un Estado irresponsable pudiera utilizarla. Pero los movimientos populares que reclamaban su ilegalización o su desaparición fracasaron. La antigua Unión Soviética presentó en los organismos internacionales y en su relación bilateral con Estados Unidos diversas proposiciones tendentes al desarme nuclear que no llegaron a progresar, aparentemente por la dificultad de un control efectivo. En el último tiempo con Gorbachov, la URSS aceptó el control internacional, sobre el terreno, del proceso de desarme. Mas la caída de la URSS malogró todas las iniciativas en esa dirección y Estados Unidos incrementó la carrera armamentista con el proyecto conocido como Guerra de las Galaxias a la vez que aprovechaba la debilidad del nuevo régimen ruso para tratar de controlar el arsenal atómico de la antigua URSS.

En los últimos años Estados Unidos ha desarrollado y perfeccionado su armamento de todo tipo, y así ha alcanzado una superioridad técnica militar sobre el resto del mundo reconocida hoy. Al tiempo el presidente Bush ha manifestado su voluntad de impedir que ningún otro Estado alcance su nivel de poderío en ese terreno.

Pero es difícil imaginar que todos los demás Estados van a resignarse y a admitir la imposición de lo que John le Carré ha llamado la junta de Bush. La actual política norteamericana puede resultar un disparador temible de la carrera armamentista en la que seguramente se están invirtiendo y se van a invertir aún más ingentes recursos. Todo ello anuncia un futuro en que el bienestar y las conquistas sociales, sanitarias, culturales, económicas de las poblaciones humanas pueden retroceder gravemente. Y con ellas, inevitablemente, retrocederán los derechos humanos, las libertades democráticas, las reglas morales y éticas que sustentaban el relativo equilibrio social; esto en el mundo rico. La ecología, la supresión de las epidemias y las hambrunas, lo que se conoce por desarrollo sostenible, serían también las principales víctimas de esta fase del proceso histórico que está tratando de imponerse y que sería mil veces más insoportable para el mundo pobre.

Una nueva carrera armamentista como la que puede preverse con el pretexto de la lucha contra el terrorismo mundial —en realidad por el petróleo y la hegemonía mundial— va a lograr probablemente que nuevos Estados traten de proveerse de armas nucleares. Si la guerra contra el terrorismo se convierte en la práctica en una guerra entre culturas, más precisamente en una guerra de algunos Estados ricos contra el mundo pobre, ¿con qué autoridad moral podría nadie negar el derecho a que en nombre de su legítima defensa algunos Estados de ese mundo pobre intenten proveerse de tales armas?

¿Y cómo extrañarse en tal caso de que la proliferación se debiera no sólo a Estados, sino también a grupos religiosos o ideológicos que decidieran combatir en el terreno impuesto por las grandes potencias? Por muy horrible que pueda resultar esta perspectiva es imposible descartarla si los Estados más poderosos en lugar de impulsar el desarme nuclear consideran normal lanzar esta arma contra otro país en lo que se ha bautizado como la guerra mundial contra el terrorismo.

Tratándose de lo nuclear no hay armas sucias y armas limpias: todas son sucias, y hasta las más primarias pueden producir pérdidas humanas y ruinas materiales tan excesivas que sean inasumibles incluso para los Estados más poderosos. Si Estados Unidos sabe que hoy no podría endosar el coste humano de otra guerra como la de Vietnam, menos podría asumir el impacto de algunas bombas nucleares en sus ciudades.

De ahí que cuanto sucede en torno al anunciado ataque militar «preventivo» contra Irak, como sucedió ya anteriormente con el de Afganistán, sobrepase los límites de un conflicto limitado en el tiempo y en el espacio tras el cual todo va a volver a la normalidad. Bush lo ha anunciado sin ambages: se trata de una guerra que «puede durar diez años» y afectar a «sesenta países» en los que, según él se guarece el terrorismo. El ministro de la Energía del emirato de Qatar decía días pasados a un corresponsal de El País: «Si a usted le preocupa Irak, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar después de que consigan su objetivo. ¿A quién le tocará?». Ahí está la cuestión: a qué países les llegará el turno, pues Bush tratará de llevar adelante su tercera guerra mundial si le sale bien el episodio de Irak.

En las circunstancias presentes hay que saludar la iniciativa de los dos grandes Estados europeos Francia y Alemania en la histórica reunión conjunta de sus Parlamentos en Versalles, desmarcándose de la coalición contra Irak. La mayoría de los ciudadanos europeos desean que los Gobiernos de la Unión Europea se decidan a favor de las posiciones franco-germanas. Por nuestra parte son mayoría los españoles que, tras las parvas y difícilmente articuladas explicaciones de la ministra de Exteriores en la Comisión del Congreso de los Diputados, teme que ésta, en sus recientes viajes a Siria y Turquía, haya obrado como una delegada de la Secretaría de Estado buscando el apoyo de estos países para el ataque a Irak. Bush y Powell declaran que España e Italia les apoyan incondicionalmente.

A todo esto es inadmisible en un sistema parlamentario que el presidente Aznar haya adquirido compromisos en nombre de España y esté rehuyendo comparecer en el Congreso para informar a los diputados y conocer la posición de los representantes de la soberanía nacional. Hasta Berlusconi comparece ante su Parlamento. España no puede asociarse a una guerra en la que no tenemos nada que ganar y sí mucho que perder, en contra de la voluntad constatada de la mayoría de sus ciudadanos. Sería una violación de la Constitución, según la cual somos una Monarquía parlamentaria en la que la soberanía reside en el pueblo.

Sin duda son muy fuertes las presiones de la junta de Bush, que intenta desesperadamente romper el acuerdo entre Francia y Alemania con una propuesta que, de prosperar, vendría a mostrar que la resolución 1.441 y el envío de los inspectores a Irak no habría sido más que una mascarada para dar al Pentágono el tiempo necesario a los preparativos del ataque. Viendo tan groseras manipulaciones diplomáticas, a veces sueño que hemos vuelto a los tiempos vergonzosos de Múnich en 1938, pero el papel de Hitler no lo ocupa un actor alemán o austriaco, sino un actor texano. En tanto que europeo, siento vergüenza al leer las declaraciones ya citadas del ministro de Qatar: «Algunas naciones de la Unión Europea pueden poner algún obstáculo de forma, pero cuando llegue el momento se subirán al tren. Y esto los norteamericanos lo saben». Leyendo esto, no me consuelo devolviendo la pelota al dirigente árabe con la imputación de que los gobiernos árabes se limitan a «poner sus barbas a remojar». Porque si lo que está diciendo él se confirmara demostraría que la Unión Europea no es posible más que como un protectorado norteamericano.

Incluso los gobernantes del Partido Popular deberían reflexionar. Después de la posición de Francia y Alemania, pensando en el futuro de la Unión Europea de optar por solidarizarse con Bush, es un cálculo político equivocado. Si alguien ha tomado compromisos por su cuenta en ese sentido, debería ser capaz de rectificarlos. Es una de esas ocasiones en que estaría plenamente justificado escuchar las opiniones del Papa.

31-I-2003

¿Qué hace el Rey?

Ésta es la pregunta que se hacen no sé cuántas personas, pero posiblemente no pocas, en estos momentos, contemplando con indignación la política del Gobierno, al comprometer a España en la injusta invasión de Irak e intentar hacer ver a los ciudadanos que lo ha hecho para «defender la democracia y la paz»...

Sí, señores, la democracia y la paz, porque sucede que el señor Aznar, que a sus 50 años no ha encontrado todavía un minuto para condenar la sublevación y la dictadura franquistas, ya no podía vivir tres o cuatro meses más soportando la tiranía y la dictadura de Sadam Husein sobre el pueblo de Irak y ha sentido la urgentísima necesidad de correr en auxilio de éste con los barcos, aviones y soldados puestos por Bush y Blair. Tanta desfachatez —conociendo los orígenes del presidente Aznar y viendo la resistencia tan desigual como heroica de los iraquíes y las víctimas inocentes de esta guerra, que, cualesquiera sean sus opiniones sobre Sadam, se resisten valerosamente a que ocupen su patria ejércitos invasores— colma la indignación de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no van a perdonar el triste papel que la vesania gubernamental está haciendo jugar a España.

La mayoría absoluta parlamentaria que le fue dada al Partido Popular en un momento no le autorizaba a implicarnos en esta guerra, desoyendo las manifestaciones clamorosas y los sondeos más unánimes que se hayan celebrado nunca. Muchos españoles no saben a quién acudir a fin de parar la guerra. «Si el Rey es el jefe del Estado, ¿por qué no la para él?», piensan algunos.

El Rey paró ya una sublevación militar el 23-F; antes se empleó a fondo en una operación política para desmontar el régimen dictatorial y abrir paso a un sistema democrático y parlamentario. ¿Por qué no intervendría ahora, cuando el Gobierno desoye la opinión del 90 por ciento de los españoles, utilizando casi dictatorialmente su mayoría parlamentaria, frente a las proposiciones que sostienen todos los partidos políticos excepto el gobernante?

La lógica aparente de este razonamiento es falsa y peligrosa; yo diría que es el producto de una mala educación política, generada por toda una historia en que el pueblo no ha sido dueño de sus destinos y dependió de la iniciativa y el poder de las personalidades que en unos u otros momentos estaban por encima. Después de que el sistema constitucional ha comenzado a funcionar yo siempre he criticado a algunos políticos u hombres de los medios que, sin duda con muy buena voluntad, han tratado de inducir al Rey para que se pronunciara sobre temas de política y gobierno.

Probablemente mi crítica está originada por mi republicanismo; por mi experiencia de juventud, en la que tuve ya que actuar contra un Rey, Alfonso XIII, que intervenía en todo autocráticamente; por desconfianza a una tradición dinástica anterior al actual Rey, en la que figuran personas como Fernando VII y Carlos IV. Mas, en cualquier caso, para la salud de una democracia, en la que la soberanía reside en el pueblo, me parece que es éste quien tiene la responsabilidad de cambiar a sus dirigentes en el Gobierno, de modificar rumbos políticos, y en el caso concreto que nos ocupa, de sacar a España de la guerra. Y hay que decir que el pueblo español y la espléndida juventud que algunos juzgaban, libremente, «pasota», lo está haciendo con huelgas y manifestaciones de manera consciente y determinada. ¿Que el Gobierno hace oídos sordos? Pues en mayo hay unas elecciones municipales y autonómicas que dan a los españoles la oportunidad de hacerle pagar sus faltas, y si esa derrota es inequívoca, hasta podría generar unas elecciones anticipadas que den una solución constitucional al problema.

El Rey actuó como un líder político en la transición, y ése fue su gran mérito. Actuó como un líder político el 23-F, porque el Gobierno y los líderes políticos estaban prisioneros en el Congreso y era el único que, afrontando riesgos, estaba en libertad de actuar. Y éste es, sin duda, otro de sus grandes méritos, que ha logrado que en un país en el que hasta la derecha, con Franco, había dejado de ser monárquica, la popularidad y la estima por don Juan Carlos sean elevadas.

Pero en la transición democrática las fuerzas que teníamos una tradición republicana y que comprendimos, dada la correlación de fuerzas que la República no era una opción posible, conseguimos una fórmula, la de la Monarquía parlamentaria, que incorporaba a la Constitución un principio republicano, consagrado por la gran revolución americana, un principio que hay que mantener en pie: el de que la soberanía reside en el pueblo.

Y un tercer mérito de don Juan Carlos ha sido aceptar y cumplir rigurosamente ese principio, respetar una Constitución que restringía radicalmente los poderes que había heredado y de los cuales él mismo contribuyó a despojarse con iniciativas políticas personales que a otra persona sin su experiencia y su sentido político le hubieran inducido a conservar mucho poder personal e incluso a tomárselo por su cuenta; poderes fácticos existían en este país que hubieran visto esta desviación con simpatía. Y no cayó en lo que hubiera sido un tremendo error.

Yo no sé lo que piensa el Rey de esta guerra, y no sé si alguien lo sabe exactamente; probablemente no. Afortunadamente en España no existe una Corte, ni validos que estén en los secretos reales. Según la Constitución, el Rey tiene que atenerse a las posiciones que mantenga el Gobierno y su mayoría parlamentaria. Pero mi experiencia me dice que si el Rey viera con entusiasmo esta guerra, estaría cada lunes y cada martes en la televisión, exaltando el belicismo, con gran alegría de Aznar, que, a pesar de la disciplina de cemento del PP, percibe que está muy solo y lo muestra intentando huir de su responsabilidad y demonizando a la oposición. Comprendo que me aventuro mucho con esta interpretación y no quiero comprometer a nadie al hacerla. Pero es que no comprendería que nadie con sentido político esté contento con el callejón en que nos ha metido Aznar.

Y aunque más de una vez he revisado intelectualmente en mi fuero si acerté yo y cuantos lo compartimos, al hacer el compromiso de la transición con la Monarquía, algunos acontecimientos me han hecho desechar cualquier duda. Uno de ellos, el significativo gafe cometido por el gobernador del Estado de Florida, hermano y muñidor electoral del presidente Bush, cuando se refirió al señor Aznar llamándole «presidente de la República Española». Pensar que si a esta hora tuviéramos una República, probablemente presidencialista —siguiendo las tendencias hoy dominantes—, Aznar podría ser el jefe del Estado, me lleva a la más negra melancolía; no habría quien tosiera a este personaje, que sólo en seis años de permanencia en el poder se siente atraído por las glorias imperiales de Felipe II y casa a su hija en el Monasterio de El Escorial.

¿Qué hace el Rey? Pues respetar su papel constitucional. Y hay que desear que siga haciéndolo en lo sucesivo y con cualquier Gobierno elegido democráticamente. España tiene todavía muchos problemas que abordar y resolver, entre ellos el de la superación de la violencia terrorista, y algunos relacionados con la convivencia en su seno de pueblos y culturas diversas. La cuestión de la forma de Estado no constituye un problema actual, sobre todo mientras haya un Rey que, junto con méritos personales históricos, respeta la Constitución. La presencia de banderas republicanas en las manifestaciones significa, a mi entender, que nuestro pueblo es celoso de la soberanía popular y está atento a cualquier peligro de violación. Federico de Prusia, en sus comentarios sobre El Príncipe, de Maquiavelo, escribía que «el Rey es el primer funcionario de la República». ¡Pues eso!

5-IV-2003

El papel de la ONU

La muerte del capitán de navío señor Martín-Oar en Bagdad es un drama que despierta, en primer término, el sentimiento de solidaridad humana con su familia, a la que ninguna distinción podrá compensar de tan irreparable pérdida. Es cierto que un militar sabe que su profesión entraña este riesgo, que asume al elegirla; ésta es la filosofía que parece tranquilizar al Gobierno al registrar su muerte. Los militares están para luchar y morir cuando el interés de la patria lo demanda. Pero la cuestión es ¿quién decide cuál es realmente el interés de la Patria? ¿En este caso, el interés de España exigía morir en Bagdad?

La mayoría de los españoles estaba contra la invasión y, desde luego, contra la participación de nuestro Ejército en ella. Lo mostraron no sólo las clamorosas manifestaciones en calles y plazas, sino en las encuestas de opinión serias que daban a más del 90 por ciento de los españoles como opuestos a esa guerra. Fuimos el país de Europa más colectivamente antibelicista. El Parlamento, órgano de la soberanía nacional, nunca votó esa intervención, por lo que no hubo ninguna orden firmada por el Rey —como prevé la Constitución— para enviar tropas a Irak. Podía haberse producido un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU decidiendo una intervención colectiva que no hubiera ahorrado los trámites constitucionales necesarios para su cumplimiento. Pero pese a las presiones de Estados Unidos y Reino Unido secundados por el Gobierno Aznar, el Consejo de Seguridad se negó a autorizar la intervención militar, y entonces fue cuando Bush, Blair y Aznar decidieron atacar desoyendo a la ONU. Aznar actuó por su cuenta, sin acuerdo del Parlamento, y hasta podría pensarse que sin un acuerdo del Gobierno, aunque luego éste cubriera la decisión de su presidente.

En definitiva, las instituciones que tenían facultad para declarar la guerra no lo hicieron y el Gobierno ha enviado tropas a Irak con una irresponsabilidad y una ligereza imperdonables, sin haber calculado seriamente en qué aventura nos metían pensando estúpidamente que la operación iba a ser un éxito glorioso que apuntalaría el prestigio de Aznar y que lanzaría a éste a las alturas del protagonismo político universal.

Nada ha sucedido como el señor Aznar imaginaba. La invasión de Irak ha sido un fracaso. No había en ese país armas de destrucción masiva; Sadam no era ninguna amenaza para el mundo. Ahora está claro que los iraquíes, comprendidos los chiíes opuestos al Baaz, exigen la salida de las tropas ocupantes de su país y acuden a la guerra de guerrillas contra éstas. Todos los días caen muertos o heridos soldados norteamericanos. Blair sufre una crisis de credibilidad en su país, donde se respetan más que en España las instituciones y las leyes democráticas y puede haber arruinado irremediablemente su carrera política. El mismo Bush tiene que justificarse ante el Senado y la Cámara de Representantes; Aznar, en cambio, se refugia en su mayoría absoluta, paraliza la institución parlamentaria, se niega a comparecer en ella y miente escandalosamente, como si la reunión de las Azores no hubiera existido nunca, inventándose una «Comunidad Internacional» que confunde deliberadamente con la ONU, intentando hacer creer a los españoles que ha cumplido las decisiones de ésta. Para completar, Federico Trillo ha llegado a decir que España no ha participado en una guerra que Aznar declaró junto con Estados Unidos y Reino Unido.

Aznar ha mentido incluso en la declaración institucional sobre la muerte del marino español. Se ha referido a él diciendo que trabajaba en las oficinas de la ONU, como si ésta fuese quien le había enviado a Bagdad, cuando el capitán de navío Martín-Oar había sido enviado en representación del Gobierno formando parte de la autoridad provisional de las fuerzas de ocupación. Por cierto que, a la espera de que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento, el abandono en que le dejaron una vez herido y la ausencia de noticias sobre su suerte, indica que la ONU no le contaba como uno de sus altos funcionarios.

Según las declaraciones de ministros y dirigentes «populares» lo que ahora pretende el Gobierno es que la ONU se haga cargo del estropicio producido por la invasión y asuma la responsabilidad de la situación en Irak. De este modo piensan que se justificaría su posición en la guerra, ya que en último término la ONU aparecería así aceptando lo que se negó a hacer cuando rehusó cubrir la aventura al principio. Es también el juego de la Administración de Bush, que en estos días prepara una propuesta para que la ONU envíe tropas —preferentemente paquistaníes, indias y turcas— que refuercen los ejércitos de ocupación y permitan retirar a los marines de las tareas más peligrosas. Junto a esto Bush reclama que otras potencias participen en los elevados gastos de la ocupación. Pero los americanos seguirían conservando el mando y controlando la situación, quedando la ONU relegada a un papel auxiliar del Pentágono como Bush, Blair y Aznar pretendieron desde el primer día.

La invocación al estigmatizado «terrorismo» sirve de justificante a esta exorbitante exigencia. Pero el «terrorismo» se ha generalizado y lo practican unos y otros. Lo practican también los ocupantes, igual que lo practica en proporciones colosales Israel contra los palestinos. Cada vez más nos hallamos ante dos terrorismos: el de los Estados dominantes y el de los movimientos de resistencia de los dominados. Uno alimenta y nutre al otro en una espiral cada vez más terrorífica. Y los líderes inteligentes de este mundo tendrán que ir pensando que las condenas genéricas al terrorismo no pueden servir de cobertura al terrorismo de Estado de unas cuantas potencias que se han asignado arbitrariamente el papel de dirigir al mundo.

El desenvolvimiento de la situación mundial tras la invasión de Irak pone de manifiesto que los Estados Unidos no están en condiciones de llevar a cabo sus propósitos con sus solas fuerzas. Sería interesante saber cuál es el estado de ánimo del Ejército norteamericano en Irak. Se le dijo que iba a destruir una amenaza para la paz mundial y a establecer la libertad de un pueblo oprimido por su dictador, que serían recibidos como liberadores. Y ha comprobado lo contrario, que la amenaza no existía y que los iraquíes le ven simplemente como un ejército invasor. En las penosas condiciones climáticas y de todo género reinantes en Irak y ante la resistencia creciente de aquel pueblo, la moral del Ejército tiene que ser muy baja. Lo demuestran los actos de desesperación de los ocupantes disparando frenéticamente contra todo lo que se mueve, incluyendo periodistas y cámaras de televisión, no tomando medidas para proteger la sede de la ONU, dejando morir en el abandono al capitán de navío español. Bush ya no puede estar seguro de su Ejército y por eso reclama que otros países asuman la carga que él no puede soportar sin incurrir en graves riesgos.

Pero el resto de los Estados cuya aportación se demanda ahora deberían pensarse las consecuencias de incorporarse a la operación. Cualquier fuerza militar que a última hora se incorpore a la ocupación va a sufrir, con mayor motivo, el desgaste y la descomposición que pueden estar comenzando a sufrir los norteamericanos.

La invasión de Irak fue un tremendo disparate cuyas consecuencias negativas sólo están comenzando a tocarse. Un error tremendo que hay que corregir, y quien debería hacerlo es el pueblo americano. Se dice que el orgullo de una gran potencia como Estados Unidos le impide dar marcha atrás. Pero la Historia demuestra que esto no es cierto, que en Estados Unidos ha habido políticos y militares que han sabido hacerlo en momentos muy críticos. En los años cuarenta el general Marshall fue capaz de rectificar la política de apoyo militar a Chang Kai Chek, mantenida hasta el último minuto, y de retirarse de China, dejando el camino libre a la victoria de las tropas revolucionarias de Mao. Más tarde, en la Guerra de Corea, las tropas norteamericanas aceptaron los acuerdos de Pan-Mun-Jon, que dejaron en tablas una guerra en la que Estados Unidos y la misma ONU se habían implicado hasta el fondo. Posteriormente Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam en las condiciones que todos conocemos. Y el prestigio y la influencia de Estados Unidos en definitiva se han mantenido. Podría decirse que entonces existía una potencia, la URSS, que imponía límites de respeto a un equilibrio mundial.

Hoy esa potencia no existe, pero sería locura subestimar la capacidad del amplio mundo islámico para mantener una resistencia susceptible de terminar provocando el fracaso de las voluntades imperiales. Y sería locura aún mayor creer en la solidez de una alianza de los países desarrollados, si es que llegara a formarse como pretenden Bush y Aznar, y entrara en la aventura.

La ONU debería huir como de la peste de implicarse en la ocupación de Irak. Eso no quiere decir que no pueda jugar un papel en la solución pacífica del problema creado. Pero las condiciones deberían ser claras: retirada de los Ejércitos ocupantes y su sustitución por cascos azules, pertenecientes a países que no han participado en la invasión, bajo un mando de la ONU, de las mismas características. Presencia de los cascos azules por un tiempo limitado en el que se legalizaría a partidos políticos y organizaciones sociales y se devolvería a los iraquíes la disponibilidad de sus riquezas y en primer lugar del petróleo; convocatoria de elecciones libres bajo la garantía de la ONU y devolución del poder a un Gobierno democráticamente elegido por los iraquíes, con la desaparición de la presencia militar extranjera sobre su territorio.

Una solución de este tipo podría verse favorecida por un cambio de la Administración americana en 2004. Con Bush y su equipo neoconservador en la presidencia de Estados Unidos, esta solución podría ser difícil. Pero yo no quiero ni imaginar el follón mundial hacia el que nos encaminamos si la ONU cede a las exigencias de Bush y se implica formalmente en la gestión de la ocupación. Temo que eso nos llevara, al cabo de un tiempo, a una inestabilidad internacional mucho más grave, con más terrorismo de todos lados y, en definitiva, a una tercera guerra mundial de consecuencias incalculables hoy.

En condiciones tan excepcionales los pueblos deben ser capaces de promocionar grandes líderes políticos con una visión nueva y audaz de la política mundial, y de enviar al basurero de la historia a los pigmeos que la han perturbado. Si éstos siguieran mandando, estaríamos a las puertas del infierno.

30-VIII-2003

El Estado autonómico y la unidad de España

La unidad de España es un viejo problema que ha acompañado el desarrollo de nuestro país a través de siglos y que está en el fondo de casi todos los grandes conflictos civiles registrados. Es profundamente falsa la idea de que los Reyes Católicos nos dejaran en herencia un sistema unitario idílico en el que los habitantes de esta piel de toro nos hayamos sentido siempre españoles a parte entera. Cada periodo de libertad vivido ha visto replantearse diferencias sofocadas generalmente por la fuerza.

En la transición democrática de los años setenta del siglo XX volvieron a reaparecer en condiciones nuevas. La experiencia dolorosa y próxima de la Guerra Civil nos había vuelto a todos más juiciosos y responsables y conseguimos un acuerdo general sobre la base de superar el Estado centralista y de crear el Estado de las autonomías. No fue cosa fácil, y quizá hubo mucho de improvisación. Pienso que alguno de los que apoyaron el sistema autonomista se siente ahora como el aprendiz de brujo; desencadenaron energías y situaciones que no habían imaginado. Hubo entonces quienes manifestaron su oposición hacia esta solución dada por la Constitución de 1978; algunos de los más intransigentes tienen hoy un papel decisivo en la dirección del Partido Popular. Pero en 1978 el clima de cambio les había dejado muy reducidos como fuerza parlamentaria. La UCD de la época no era el Partido Popular; con hombres como Adolfo Suárez al frente, la UCD actuó claramente como un partido reformista, abierto a la idea de cambios profundos en el Estado. Y esos cambios, como se demuestra tras veinticinco años de experiencia, han sido fundamentalmente positivos. Yo pienso que muy positivos. Los progresos de todo tipo alcanzados hasta aquí se deben en una parte muy considerable a las autonomías. Hasta Fraga, que reconoce sus discrepancias con el sistema, en el momento en que se aprobó, desde sus muchos años de presidir la autonomía de Galicia, se ha convertido en autonomista, ¡que ya es decir! Hace casi un año, en unas declaraciones a María Antonia Iglesias, publicadas en El País, llegó a afirmar: podemos «entre todos, repensar una España que ya no puede ser la misma que cuando se hizo la Constitución. Porque ha ido creciendo, se ha ido arraigando el principio de autonomía, y eso es bueno».

En esas declaraciones, refiriéndose a Euskadi, Fraga se declara partidario del diálogo como método, incluso con los dirigentes del PNV. Y, a modo de conclusión filosófica, resume el cambio como un proceso civilizador llevado a cabo por los españoles, empezando por él mismo. «Dicho de otro modo», afirma, «reconozco que yo era el primero que tenía que civilizarme».

La existencia de las autonomías ha cambiado radicalmente el contenido y los problemas de nuestro Estado. Chaves, presidente de Andalucía, habla hoy de esta región como de «un poder». ¿Quién se hubiera expresado así hace veinticinco o treinta años, cuando la noción de poder se identificaba exclusivamente con el poder central?

Bono confiesa que se ha transformado en un regionalista. «Cuando tomé posesión de mi cargo juré defender a Castilla-La Mancha, no al PSOE ni al Gobierno central, sea del partido que sea», declaraba recientemente el presidente castellano-manchego. Relatando su propia experiencia, Bono encadena: «Los ministros en general no veían con buenos ojos el poder emergente de las comunidades autónomas, aunque se trataba de un proceso imparable. Las comunidades autónomas iban creando su poder, su presupuesto, mientras algunos ministros creían que el Estado acababa y empezaba en el paseo de la Castellana».

Poco a poco vamos dándonos cuenta de que, al crear el Estado de las autonomías, hemos puesto en pie diecisiete poderes, con personalidad más o menos acusada; y que estos poderes tienen su propia dinámica. El Estado de las autonomías no fue una pura formalidad como quizá esperaban algunos; cambió hasta las estructuras de los partidos, que, con mayor o menor convicción, se transformaron en partidos federales y vieron aparecer en su seno nuevas jerarquías, no previstas en los Estatutos, pero tan reales como la vida misma. Hasta ahora el único partido que ha resistido a esa evolución es el Popular, que quizá por eso se ha convertido en un bloque de toda la derecha española o españolista, lo que ayuda a comprender mejor el sentido de su política, que parece orientada ante todo a recuperar un fuerte poder centralista. Pero estoy convencido de que hasta el Partido Popular va a conocer cada vez más en sus propias estructuras las modificaciones que supone el nuevo Estado de autonomías.

Es la existencia de éste —y no el capricho de unos u otros— lo que ha puesto sobre la mesa el tema de las reformas constitucionales y otras. Resulta que la Constitución no desarrolló en su texto todas las novedades que iban a surgir de esta transformación, en parte porque eran difícilmente previsibles, en parte porque quizá muchos de los que la hicimos teníamos una mentalidad más jacobina que federalista. Todos hemos tenido que aprender estos veinticinco años.

En la Constitución de 1978 se introdujo, con el de regiones, el término de nacionalidades. Lo cierto es que existían y existen nacionalidades históricas, con su idioma, su cultura, sus características económicas y otros rasgos propios que la existencia de un Estado común no había borrado.

Parece lógico que en las nacionalidades históricas, donde actúan importantes partidos nacionalistas que incluso ocupan el Gobierno autónomo, sea donde surgen con más fuerza problemas de encaje con el Estado común. Esto es lo que está sucediendo en Euskadi con el famoso plan Ibarretxe. Desde Madrid tendríamos que hacer un esfuerzo para ser objetivos en el enfoque de la cuestión.

Pero el Gobierno del PP rompió el diálogo institucional con el Gobierno vasco; declaró la guerra al plan Ibarretxe y lanzó la acusación de que el plan se apoyaba en el terrorismo etarra. Hizo aprobar en el Parlamento, con el voto del PSOE, la llamada «Ley de Partidos Políticos», que no ha servido más que para convertir en más inextricable la situación, provocando un grave conflicto con el Parlamento de Euskadi. (¿Por qué no se tuvo en cuenta la experiencia de Gran Bretaña, donde el Sinn Fein, brazo político del IRA, no fue ilegalizado y terminó teniendo un papel positivo en las negociaciones de paz?). El Gobierno tocó a rebato en «defensa de la unidad de España», intentando convertir este tema en el sujeto central de las próximas elecciones generales. Resignándose a que esta posición le hiciera perder votos en Euskadi, calculó que, excitando el nacionalismo españolista contra el vasco, podría alcanzar la mayoría en las elecciones generales en España; los ciudadanos españoles, ante el peligro para la unidad de España, olvidarían la guerra de Irak, el Prestige, el decretazo y la política internacional errática de Aznar.

Pero hoy en día ése no es el problema real que amenaza a España. Ibarretxe ha afirmado que su propósito no es romper la unidad española; que lo que desea es un debate sobre el encaje de Euskadi en el Estado español. Lo inteligente desde Madrid hubiera sido, para comenzar, aceptar el diálogo. Puede ser que el proyecto vasco no encaje total o parcialmente con la Constitución; lo dicen algunos juristas. Pero por el momento no es más que una propuesta, y, en tal caso, cuando muchos, incluyendo a Fraga, están proponiendo reformar la Constitución, ¿por qué no dialogar con los nacionalistas y con el Gobierno vasco aunque su propuesta sea dudosamente constitucional?

Yo he participado con Ibarretxe en un debate en la Universidad de Granada y anteriormente en algunas conversaciones. No he discutido en detalle su plan, porque ni siquiera estaba definitivamente formulado. Pero he sacado claramente cuatro conclusiones: 1. Ibarretxe, al proponer su plan, trató de suscitar un debate, de que surgieran contrapropuestas, de intentar consensos y de dialogar con el Gobierno de Aznar, que le dio con la puerta en las narices. Ha intentado también, infructuosamente, dialogar con la dirección del PSOE. 2. Ibarretxe comprende que Euskadi no puede separarse de España, que, si esa cuestión se plantease en referéndum ante los vascos, la mayoría se pronunciaría en contra. 3. Ibarretxe no intentará ninguna consulta popular sobre la cuestión mientras haya terrorismo, y 4. Ibarretxe afirma que sólo trata de lograr un encaje en el Estado que respete hasta el máximo posible el autogobierno y la personalidad del pueblo vasco. ¿Por qué negarse en redondo a toda discusión con él? Una ruptura sólo estaría justificada políticamente cuando se hubieran agotado todas las posibilidades de entendimiento.

Los juristas dicen que la Constitución no reconoce otra soberanía que la del pueblo español, el pueblo vasco no tiene derecho a ejercer la soberanía. Pero la política no puede ponerse anteojeras. ¿Se imagina alguien que una España democrática y pacífica sea viable si los ciudadanos vascos, catalanes, gallegos o andaluces no estuvieran de acuerdo con su Estatuto de autonomía?

Ahora, cuando diversas comunidades, incluida la andaluza, están pensando en la ampliación de sus Estatutos, es insensato políticamente negarse a dialogar.

Que se nieguen Aznar y el PP yo lo comprendo. Es su arma electoral, con ella piensan repetir mayoría parlamentaria. Con ella y con los «ataques anticipativos» piensan reducir el Estado de las autonomías, las libertades de los pueblos de España, a la más mínima expresión.

Lo que no me cabe en la cabeza es que la izquierda, los sectores progresistas de la sociedad, se plieguen, sean prisioneros de una política que nos precipita en una grave división. Empezando por la izquierda vasca, ¿por qué negarse a debatir? La izquierda vasca tiene en su mano corregir, modificar el plan de Ibarretxe, combatir con razones y argumentos todo lo que en él sea negativo. Negándose a hacerlo y acudiendo a uno u otro tribunal para condenarlo y reprimirlo con la fuerza del Estado se confunde con la derecha y da muestra de no confiar en sus propias razones.

Y en el plano estatal me pregunto por qué el PSOE se pliega a la política del PP y no aprovecha las propuestas de diálogo del lehendakari para ver si hay una vía de solución por el procedimiento de más Estatuto.

En definitiva, el problema político vasco no puede encontrar una solución sólida más que a través de un compromiso entre demócratas nacionalistas y no nacionalistas. Un compromiso en el que unos y otros tendrán que aceptar concesiones mutuas. Eso es lo que habría que impulsar desde Madrid y desde los sectores de izquierda y progresistas de España.

Vamos hacia un momento en que la política española tendrá que abordar cambios incluso en la Constitución para completar el Estado de autonomías. Una tarea así no se resolverá con descalificaciones autoritarias, sino con inteligencia y espíritu de diálogo. Como hicimos en la transición. Si durante ésta fuimos capaces de hacer acuerdos con los reformistas del franquismo, ¿por qué no habríamos de hacerlos con nacionalistas periféricos que fueron históricamente nuestros aliados en la lucha por la democracia?

24-XI-2003

Hablemos claro

Creo que la primera vez que oí mencionar la noción de «daños colaterales no deseados» fue en ocasión del bombardeo de Yugoslavia por la OTAN. El personaje que las utilizó perdió toda mi consideración política y humana. Por «daños colaterales» se entendía la muerte de miles de personas de ambos sexos y diversas edades, la destrucción de edificios, puentes, vías de comunicación y centrales eléctricas. Y el menosprecio que expresaban esas palabras por la vida humana y por las riquezas producidas por el esfuerzo de un país me pareció un escarnio vergonzoso, una cínica manera de disimular los horrores de la guerra, de privarles de importancia, algo tan trágico y tan inadmisible para el espíritu humano. Parecía como si entráramos en una nueva época en la que se otorgara categoría de normal a algo que siempre había sido considerado con horror, o por lo menos púdicamente disimulado.

El planeta estaba lleno de «daños colaterales». En el continente africano habían estado desarrollándose guerras horribles, auténticos genocidios, que, junto con el hambre o con enfermedades como el sida, se habían llevado por delante cientos de miles de vidas. Esta sociedad en que vivimos, tan civilizada y cristiana, hacía muy poco para remediarlo. Nos habíamos acostumbrado a presenciarlo como una curiosidad de pura rutina en la televisión. También era cotidiana la muerte en Palestina, donde muchachos árabes se defendían con piedras de los tanques israelíes, que disparaban con sus cañones y ametralladoras, mientras había mártires que se inmolaban para causar la muerte de israelíes inocentes y Sharon cazaba desde helicópteros militares a los considerados terroristas y destruía a cañonazos viviendas familiares y convertía al territorio palestino en un gueto sangriento.

Y un día terrible sucedió lo inexplicable: las Torres Gemelas de Nueva York, símbolo de la finanza dominante, y el Pentágono, centro del mayor poder militar, fueron atacados por pilotos suicidas que no llegaban del exterior, se habían formado en escuelas de pilotaje americanas y utilizaron aviones comerciales americanos como proyectiles.

Se trataba quizá del golpe terrorista más audaz y brutal conocido en la historia. ¿Cómo llegaron a disfrutar de tantas facilidades en un país famoso por la importancia de sus servicios de información? La respuesta nos vino de diversas fuentes norteamericanas. Resulta que la familia Bin Laden había sido consocia de la familia Bush en negocios petrolíferos comunes. Y por otro lado, Bin Laden y Al Qaeda habían colaborado estrechamente con la CIA en Afganistán frente a la invasión soviética y es notorio que muchos terroristas de Al Qaeda habían sido formados en prácticas terroristas por los especialistas de la CIA. Se trataba, pues, de una vieja colaboración que cabe suponer comenzó a transformarse en enemistad entre otras cosas por el impacto del conflicto israelo-palestino y el posicionamiento de Bush a favor de Sharon.

Esto no es exagerar la trascendencia del conflicto israelo-palestino. Si en Europa, por ejemplo, ha conseguido dividir a la opinión pública y una mayoría de ésta es claramente simpatizante de la causa palestina, ¿cómo extrañarse de su repercusión profunda en el mundo árabe suscitando movimientos solidarios profundísimos, en algunos casos rayanos en la violencia, dadas las afinidades de historia y de cultura? ¿Cómo extrañarse de que haya miles de árabes dispuestos a sacrificarse por esa causa? Quiero traer a cuento el recuerdo de otro conflicto, hace cerca de setenta años, la Guerra Civil española. Entonces, decenas de miles de personas de todo el mundo vinieron a morir en la tierra de España, en las Brigadas Internacionales. Y en aquel caso no influían afinidades religiosas, ni de historia, ni de etnia, que suelen ser causa de motivaciones a veces muy radicales.

Con esto lo que pretendo sugerir es que contra la política de los Sharon y los Bush hay no sólo excusas, sino razones para que en ese mundo que he citado haya masas —y estamos viendo que las hay sólo con mirar la televisión— movidas por la convicción de que existen grandes potencias occidentales —y particularmente los Estados Unidos— dispuestas a sojuzgar a los pueblos árabes e islámicos. Por lo cual, si queremos obrar racionalmente el fenómeno del terrorismo islamista, no puede ser visto exclusivamente como la obra de unos cuantos criminales; tiene detrás también la inquietud de millones de islamistas, que sin ser terroristas temen que todo cuanto representa su civilización, su libertad, su modo de vida, esté amenazado.

Y lo que torna más grave la situación es que no se trata de dos mundos geográficamente separados. Los europeos vivimos en una punta del continente euroasiático y el interior de nuestras sociedades lo conforman también de pleno derecho millones de árabes y de islamistas. Y permítanme —sin que sirva de precedente— que yo cite aquí un pensamiento expresado hace días, tras el horrible atentado de Madrid, por una personalidad del PP, el alcalde Ruiz-Gallardón: «Nosotros somos ellos y ellos son nosotros». Y además queremos que esto siga siendo así por los siglos de los siglos.

Pero ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos, de Bush y de sus epígonos frente a los actos de terrorismo de origen islamista? La respuesta es otro terrorismo, más sistemático, apoyado en la sofisticada técnica moderna de armamentos, el terrorismo de los modernos Estados poderosos que repiten el mito de Goliat contra David. Un terrorismo que ni siquiera puede aducir la aureola romántica del sacrificio personal propio, pues el soldado que ejecuta la orden burocrática desde un artefacto moderno y poderoso, si por azar muere, lo hace de manera anónima y silenciosa y porque su máquina ha tenido un fallo. Con pena y sin gloria.

La política y la estrategia de Bush son un tremendo dislate político, intelectual y humano. Hubo un tiempo, cuando la ciencia y la técnica no habían llegado al nivel de hoy, en que el planeta era un espacio inmenso, en el que las potencias coloniales se distribuían el mundo con cierta comodidad. Hoy el planeta es mucho más pequeño y los antiguos colonizados están aquí entre nosotros. Considerar la lucha contra el terrorismo como una tercera o cuarta guerra mundial, ése es el gran dislate, el error trágico de Bush y de quienes le han seguido.

Creo que a estas alturas debería estar claro que proclamar la guerra mundial no lleva más que a una agravación y extensión del fenómeno. ¿Por qué no reconocer claramente que en la machada de Aznar, uniéndose con Bush y Blair para declarar la guerra a Irak cuando no tenía armas ni preparación militar para respaldar el compromiso, está el origen del 14-M? Visto desde su lado, los terroristas podrían también considerar el luctuoso suceso como un ‘daño colateral’ indeseable y quedarse tan tranquilos como se quedan algunos políticos y generales en Occidente cuando justifican igualmente muertes de inocentes. Pero no nos ceguemos estúpidamente; miremos de frente los peligros reales que nos amenazan con esa política. Hoy se compran y se venden con dinero las armas más sofisticadas, porque hay gentes que se enriquecen con ese negocio como uno más en el mundo del Mercado-Rey. Los relatos de ciencia ficción e incluso las previsiones de algunos estrategas de la guerra mundial han admitido hasta la posibilidad de que el terrorismo utilice armas biológicas e incluso bombas nucleares miniaturizadas en actos criminales. ¿Alguien ha pensado bien lo que esto podría significar? ¿Hay en el mundo civilizado algún Gobierno, o incluso sistema político, capaz de resistir una catástrofe de ese tipo sin provocar una reacción explosiva de su pueblo? En este mundo hay políticos y estrategas que juegan irresponsablemente con fuego. Es un juego peligroso que los españoles han dicho ya que no quieren seguir. Otros pueblos —no desespero de que entre ellos esté también pronto el norteamericano— posiblemente van a seguir nuestro ejemplo. Para ello quizá hace falta un relevo profundo de los líderes políticos y de los partidos. ¿Hay que defenderse del terrorismo? Evidente. Parece que la policía española, en su ámbito, es capaz de hacerlo bien. Y en el terreno de la información, de la policía y de la justicia, todas las colaboraciones son imprescindibles. Pero la ONU no puede echarse a las espaldas la carga de los errores que Bush cometió ignorando deliberadamente el criterio del Consejo de Seguridad. No puede terminar cubriendo el error de Bush. Cualquier solución a cargo de la ONU debería suponer la retirada de las tropas americanas y occidentales, su sustitución por tropas de países árabes, por un tiempo limitado, apoyando a un Gobierno auténticamente iraquí, que recupere las empresas entregadas en este año de ocupación como botín de guerra a negociantes extranjeros y con ellas la soberanía nacional. La ONU tiene otras cosas en que pensar. En primer lugar, en qué queremos hacer de este planeta. ¿Un mundo de guerra o un mundo de paz? ¿Un imperio norteamericano o una unión de pueblos libres que colaboren entre sí y que se beneficien de los progresos hechos por los más desarrollados? ¿Cómo vamos a responder constructivamente a la integración continua de razas, etnias y culturas? ¿Mestizaje en todos los órdenes aprovechando lo mejor, o imposición por la fuerza de unos sobre otros? Y ése es ya un problema de hoy, que no admite demora. Nos lo muestran las iniciativas de entidades que intensifican la organización de foros para el encuentro de las diversas culturas. Nos lo muestra la reacción de los madrileños, atentos a que el racismo no sea la respuesta a los crímenes. Hay que salir de Irak y pensar seriamente Afganistán. Hay que renunciar a las aventuras coloniales y no digamos a las tartarinadas grotescas del tipo Perejil. Occidente ya no puede marchar hacia la conquista militar de Oriente. Yo diría que hay una palabra clave para empezar a encontrar una salida en serio a este laberinto: Palestina. El mundo entero tendría que comprometerse a que convivan allí cuanto antes dos Estados en paz: Israel y Palestina. Por ahí empezaríamos a desmontar seriamente la espoleta del terrorismo internacional.

26-IV-2004

En memoria de Tomás García, Juan Gómez, dirigente del PCE

Mientras yo recomponía mi salud en un balneario del Ampurdán, fallecía en Alaucín (Málaga) mi camarada desde los años juveniles, en la JSU y prácticamente de casi toda la vida en el Partido Comunista, Tomás García. Me lo comunicaron su mujer, Teresa Azcárate, y su sobrina Carmen. Al regresar del tratamiento, y aunque El País ha publicado unas notas sobre su figura, siento como un deber completarlas, animado por una vida de lucha política común entre Tomás y yo mismo.

Tomás había nacido en Álora el año 1911. Hizo la carrera de Derecho y fue uno de los abogados del Estado más jóvenes en este país, pues a los 23 años ganó unas oposiciones a este cargo. Llevado de sus sentimientos de rebeldía contra las tremendas injusticias sociales de aquel tiempo, Tomás ingresó muy pronto en la Juventud Comunista, integrándose más tarde en la JSU, cuando se realizó la unificación de los jóvenes comunistas y socialistas a principios de 1936.

Fue uno de los dirigentes de esta organización en la que se ocupó de la formación de cuadros, interviniendo activamente en la creación de las milicias de la cultura. Todos los militantes que pasaron por las escuelas que él dirigió, muchachas y muchachos, adoraban a Tomás por sus cualidades pedagógicas y la atención que sabía dedicar a cada uno de ellos.

El final de la Guerra Civil cogió a Tomás García en Cataluña, participando con el Ejército republicano en la defensa de esa tierra y retirándose palmo a palmo con las tropas hasta la frontera de Francia, donde conoció los campos de concentración. En la retirada sufrió heridas, afortunadamente leves, en uno de los duros bombardeos de que fue objeto la población de Figueras.

Durante su largo exilio Tomás trabajó primero en el campo, en Santo Domingo, como obrero agrícola. Luego pasó a México, donde dirigió una interesante revista, La Lucha de la Juventud, que trataba de movilizar a la juventud de Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial contra los movimientos de los círculos fascistas.

De regreso a Europa, al alcanzarse la paz, pasó a trabajar en la dirección del partido en Francia alcanzando una notable especialización en los problemas de política económica. Junto con un grupo de economistas residentes en España, presidió la elaboración de un libro valioso sobre los problemas de la economía española bajo el franquismo, que aun editado en el país galo consiguió una importante difusión clandestina en España.

En el V Congreso del partido Tomás García fue elegido miembro del Comité Central y en el VI miembro del Comité Ejecutivo, en el que continuó como responsable de la política económica. Bajo el seudónimo de Juan Gómez, Tomás publicó importantes trabajos, particularmente sobre la cuestión agraria, que tuvieron gran eco.

Cuando el partido dio la consigna de «salir a la superficie», Tomás, que había desarrollado toda su actividad política en el exilio bajo el seudónimo citado, intentó regresar legalmente al país calculando que con su verdadero nombre podría desenvolverse con menos dificultades. En 1970 volvió a Madrid y comenzó a trabajar en los círculos intelectuales y principalmente de economistas. Al cabo de unos meses la policía tuvo sospechas, le detuvo e inició una investigación encaminada a demostrar la identidad entre Juan Gómez y Tomás García. Muchos militantes e intelectuales que habían colaborado con él fueron presionados para que declararan dicha identidad, pero todos la negaron y al cabo de unos meses el juez que instruía su causa tuvo que concederle la libertad provisional. Tomás, «quemado» ya para el trabajo clandestino, volvió a pasar la frontera y a refugiarse en Francia.

Pero al morir Franco se hallaba ya de nuevo en España. Durante la transición ocupó la Consejería de Industria en el Gobierno preautonómico de Andalucía. Fue diputado por Málaga en las constituyentes y en una legislatura más.

Tomás García fue respetado y estimado no sólo por sus correligionarios, sino por cuantos le conocieron. Toda la vida de Tomás García ha sido la de un intelectual entregado totalmente a la causa de la emancipación de los oprimidos y de la libertad de España.

Al morir tenía ya 93 años. Todos sus amigos y camaradas lloramos su desaparición y acompañamos de todo corazón en el dolor a su esposa, Teresa Azcárate, que también desempeñó un activo papel en la lucha contra el franquismo, y a sus hijos Ana, Teresa y Tomás.

18-VIII-2004

¿Una segunda fase de la transición democrática?

Siempre ha habido diferencias, cuando no ambigüedad, entre los españoles a la hora de datar el momento en que terminó la transición. Se habló de la fecha en que se aprobó la Constitución; otros preferían el año de la llegada de los socialistas al Gobierno, cuando tuvo lugar la alternancia en el poder. Y también hubo quien se refirió a la victoria electoral del PP como la «segunda transición», y efectivamente, corrimos el riesgo de conocer un nuevo periodo autoritario, con un Parlamento descafeinado. Por mi parte, siempre he vacilado a la hora de fijar una fecha concreta, pensando no sólo en las condiciones en que se desarrolló la transición en España, sino especialmente porque a escala mundial estábamos viviendo lo que el Club de Roma llamó la «gran transición» y ésta no podía dejar de tener consecuencias en el desenvolvimiento de nuestras instituciones. Se iniciaba una globalización que iba a afectarnos muy directamente, y así está sucediendo. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos actualmente tienen que ver con los caracteres nuevos que en esta fase del desarrollo mundial cobran algunos de nuestros problemas históricos.

Hay quienes se obstinan en cerrar los ojos a esta realidad, arguyendo que en 1978 quedó cerrado el periodo transitorio con una Constitución que consideran intocable. Lo pintoresco no es que existan españoles, entre los que elaboraron esa Constitución, que piensen así, sincera y honestamente, sino que los más fervorosos partidarios de la intangibilidad de su texto sean los que entonces la reprobaron duramente porque «ponía en peligro la unidad de España». A día de hoy yo estimo que la Constitución de 1978 es buena porque restableció los principios de la democracia y evitó, con su declaración de derechos, la infección neoliberal que comenzaba a sufrir la ideología dominante en Occidente.

Uno de los problemas más difíciles de abordar y resolver entonces fue el de la estructura política territorial del Estado. Se enfrentaban, a veces con obligada cautela, dos concepciones distintas del Estado, la federal y la centralista. Ninguna llegó a imponerse claramente. Pero en la fórmula, no decididamente determinada, del Estado de las autonomías se introdujeron ya algunos conceptos que señalaban una dirección precisa: los de nacionalidades y regiones, que encerraban un cambio histórico en la concepción del Estado y el reconocimiento de niveles distintos en el grado de autonomía. Verdad es que la célebre LOAPA, promovida por el Gobierno de Calvo Sotelo bajo el impacto del 23-F, expresión de una voluntad que se concretó en aquella frase de «café para todos», quiso ser un paso atrás, favorecedor de las tendencias centralistas.

Pasados un buen número de años se ha podido comprobar que la descentralización política ha sido un factor positivo en el desarrollo de los diversos territorios, al ponerse en juego la iniciativa de cada uno de los Gobiernos autónomos. En los territorios con un problema nacional se ha fortalecido la idea de un Estado común: España. Incluso en el proyecto llamado soberanista de Ibarretxe, por muy discutible que sea, se reconoce la existencia de dicho Estado. Los dirigentes nacionalistas admiten que si hoy se propusiera la separación, la mayoría del pueblo vasco la rechazaría. Y el proyecto que hoy encabeza el socialista Maragall reivindica un mayor papel para Cataluña en el Estado español. Por su lado, en Galicia, una personalidad como Fraga, que en su tiempo votó contra el título 8° de la Constitución, tras su experiencia al frente de la Xunta, ha evolucionado en sus posiciones autonomistas, que difieren notablemente de las mantenidas oficialmente por su partido bajo la dirección de Aznar. Cierto que subsisten diferencias importantes sobre la manera de resolver las contradicciones que bajo las coincidencias muy generalizadas de mantener el Estado español han surgido también. Y que del método y el talante con que se aborden depende que las diferencias se agiganten o se reduzcan a términos aceptables. La derecha tradicional española, animada por concepciones nacionalistas a su modo, es decir, el que inspiró a Franco y a las fuerzas que en 1936 provocaron la sublevación, el nacionalismo de «Santiago y cierra España», hace campaña a través de diversos medios de opinión tocando a rebato por la unidad de la Patria. Pero la verdad es que nunca estuvimos más cerca que hoy, tras la experiencia de las autonomías, de lograr una unidad voluntaria y consciente de lo que es España. La experiencia histórica nos enseña que cuando se quiso resolver las diferencias nacionales por la fuerza y la opresión política y cultural nos encontramos con que las diferencias resurgían con mayor fuerza y virulencia cuando se abría en España un periodo de libertad. La violencia y la represión no resolvieron nunca el problema de la unidad, sino que lo agravaron y acentuaron, haciendo de él, en gran parte, la causa de que durante largos años nuestro Estado viviera bajo regímenes dictatoriales que le mantuvieron al margen de las corrientes europeas y mundiales de progreso, provocando un retraso que hoy estamos a punto de superar.

En una época en que las estructuras políticas y económicas tienden a mundializarse, en que las fronteras comienzan a dejar de separar a unos pueblos de otros, en que los Estados ceden porciones muy grandes de su soberanía a instituciones supranacionales —tendencia que lleva camino de acentuarse—, el interés de los pueblos que componen nuestro Estado es mantener su unión para no perder peso en la nueva correlación de fuerzas que se va afirmando. Eso nos plantea la necesidad de superar los nacionalismos que nos dividen. Y el primero a superar es el nacionalismo españolista porque él es el primero que justifica y agudiza los nacionalismos periféricos. Metafóricamente hablando, desde Madrid tenemos que dar el ejemplo, tenemos que desplegar la mayor comprensión hacia las particularidades de los demás, mostrar una actitud de transigencia y de racionalidad hacia los otros.

Algunos se inquietan cuando se habla de un federalismo asimétrico como solución a los problemas nacionales, pensando que eso significa aceptar una desigualdad. Sin embargo, el concepto de igualdad que es indispensable mantener no se centra en que todas las comunidades tengan formalmente las mismas competencias. La igualdad real consiste en que todos los ciudadanos que poblamos España tengamos asegurados el mismo nivel de educación, de sanidad, las mismas pensiones de diverso tipo, el mismo subsidio de paro; en resumen: los mismos derechos sociales. Y eso se resuelve con una indispensable solidaridad entre todas las comunidades. Maragall ha sido muy claro en recientes declaraciones reconociendo que las comunidades más ricas tienen que ayudar a las menos ricas económicamente, como ya sucede hoy. Ahí está el tipo de igualdad entre los ciudadanos que hay que mantener a toda costa.

Hablar desde el centro convenientemente, como he dicho, significa también otras cosas. Hoy en España un político puede decir las mayores barbaridades, si no es catalán o vasco, y siempre conseguirá que órganos de opinión las transmitan y hasta las alaben. Pero si es vasco o catalán ya puede decir las cosas más juiciosas, que siempre habrá quien les dé la vuelta y las rechace con desconfianza. Es el caso de algunas declaraciones recientes de Maragall. Esa actitud es un obstáculo al entendimiento y habría que superarla.

Aun sabiendo que mi opinión choca con posiciones asumidas muy firmemente, no puedo disimular la extrañeza que me producen no ya la crítica al plan lbarretxe, que me parece legítima, sino la negativa rotunda a discutirle en el Parlamento vasco. Se trata de un plan presentado por un Gobierno elegido democráticamente, que está en su derecho presentándolo por las vías legales, aunque el plan fuese equivocado. ¿Por qué negarse a discutirlo y a oponerle los argumentos de quienes están convencidos de tener la razón? ¿No sería ése el mejor camino para corregirle e intentar un consenso razonable? Pues no. Se le opone a un Gobierno que actúa democráticamente la negativa a discutir siquiera con el riesgo de que esa cerrazón genere otra en los nacionalistas vascos, que podrían ganar unas elecciones en su territorio con ese plan como bandera. ¿Acaso eso facilitaría el encuentro de una solución de consenso sobre el problema vasco? Y hay que entender que en Euskadi no hay solución posible sin un consenso de los nacionalistas. La fuerza ejercida desde el centro ya no resuelve los problemas de esa índole como se intentó en otros periodos de la Historia.

En realidad deberíamos reconocer que los problemas que hoy surgen relativos a la estructura territorial del Estado estaban ya latentes en los términos en que fue redactada la Constitución y su título 8°. Entonces era imposible, dado el peso que conservaban determinadas estructuras del franquismo, resolverlos pacíficamente. Hoy la situación ha cambiado, y los residuos ideológicos de aquel tiempo han perdido peso entre la ciudadanía, a no ser que el jacobinismo de parte de la izquierda tomase el relevo del centralismo de la derecha tradicional. Hoy es posible una reestructuración de las autonomías de tipo federal, que asegure la permanencia y la unidad del Estado español, en un mundo en que la internacionalización avanza inexorablemente.

En esta legislatura marchar por ese camino es el desafío más importante que tiene el Gobierno de Rodríguez Zapatero, junto con la necesidad de ahondar en una política social y laica. Ése es el reto para avanzar decisivamente en la modernización de España: que Cataluña, Euskadi, Galicia y comunidades de tanto peso como Andalucía jueguen un papel, que en el pasado les fue negado, en la política del Estado español.

Ésta va a ser también una piedra de toque para la derecha española, concretamente para el PP. Más de una vez he escrito que la democracia española tenía una asignatura pendiente: la presencia de un partido conservador que asumiera resueltamente la defensa del sistema democrático, que no repitiera los tópicos de la derecha tradicional carpetovetónica que fueron un lastre histórico para el desarrollo del país. La capacidad o la incapacidad del PP para asumir ese nuevo papel es un factor importantísimo en estas circunstancias.

Si cruzamos esta nueva fase con éxito, España habrá recuperado el terreno perdido cuando hace siglos fue incapaz de realizar la revolución democrática que colocó a otros países europeos en la vanguardia del desarrollo mundial.

30-XI-2004

Una oportunidad que no debemos perder

El incidente surgido en la política catalana —y por extensión en la española— con motivo del debate en el Parlamento autonómico sobre el suceso acaecido en las obras del barrio del Carmel y que podía haber complicado seriamente la situación política general, parece haberse serenado. Lo que al principio fue considerado una imprudencia provocada por el acaloramiento del debate, ha servido para abordar un problema que, sospecho, no es exclusivamente catalán.

Hay un runrún difícilmente comprobable en torno a la política y los políticos generalizado en el conjunto de España que atribuye a los partidos el financiarse con recursos que proporcionan las empresas a las que se conceden encargos de obras públicas. Añadiría que ese runrún yo lo he percibido en todos los países democráticos a los que mi largo exilio político me llevó. En algunos casos extraordinarios la acción de los tribunales pareció confirmarlo. Pero en general el fenómeno no ha podido salir de la categoría del runrún. Excepto en Italia, donde las investigaciones de los jueces llevaron al hundimiento del sistema hegemónico gobernante desde 1947, basado en la colaboración de la socialdemocracia y la democracia cristiana, cuando a la primera potencia mundial dejó de interesarle su mantenimiento a toda costa, superado «el peligro comunista». Dicho sistema fue sustituido por la alternativa Berlusconi, que dio el poder a los que el runrún acusaba precisamente de ser los corruptores.

En todo caso, la emergencia del runrún en el debate catalán parecería servir para aislar y objetivar concretamente el problema de la financiación de los partidos políticos, esencial para la limpieza y solidez del funcionamiento democrático, problema que aún no tenemos bien resuelto en España. Necesitaríamos un método de financiación que asegure la total independencia de los partidos políticos con respecto a las empresas y grupos de intereses privados. Porque, además, podría ser cierto que a veces esta financiación perversa conduce a que esos grupos privados se resarzan ahorrando materiales necesarios a la solidez de las obras encomendadas. Y la única solución es que la financiación de los partidos provenga exclusivamente de las instituciones del Estado y esté democráticamente controlada. Es ésta quizá una asignatura pendiente que habría que abordar con transparencia también en regiones como Madrid, donde abundan las presunciones de corrupción.

Durante algunos días somos muchos los que hemos estado preocupados, pues la crisis catalana podía extrapolarse y amenazar al conjunto del proyecto político en el que estaban de acuerdo el Gobierno español y el tripartito catalán, de los que son figuras clave Zapatero y Maragall, proyecto que contaba con las simpatías de los sectores progresistas de todo el Estado, aunque también levantara desconfianzas en sectores tradicionalistas de la derecha española. Por parte de ésta ha habido una intención clara de explotar el incidente para hacer fracasar el intento de poner al día algunos puntos de nuestra Constitución y de satisfacer las apetencias de reforzar el autogobierno manteniendo la unidad del Estado español. Es claro que el método —o si se quiere la vía— que habían iniciado los partidos catalanes para concertar un proyecto de ampliación de su Estatuto se había convertido en el ejemplo por el que la reforma podía llevarse a cabo. Si como consecuencia del conflicto surgido en Cataluña esa vía se hubiera cerrado, es todo el proyecto el que podía entrar en crisis. Pues no cabe duda de que un hecho así fortalece en el conjunto del Estado las tendencias de lo que pudiéramos llamar el «nacionalismo españolista» que los dirigentes del PP tratan de capitalizar también para impedir que el Gobierno de Zapatero culmine la legislatura; sin olvidar que ese «nacionalismo españolista» existe también en otras formaciones, incluidos sectores del partido gobernante y de la izquierda.

Redimensionar el incidente parlamentario autonómico confirma el famoso seny que ha caracterizado siempre a los políticos catalanes y que ha hecho que históricamente Cataluña haya sido uno de los pueblos que han estado en vanguardia del progreso democrático del Estado español. Y, efectivamente, la rectificación de Maragall y la retirada de la denuncia de CiU, e incluso de la moción de censura de Piqué, parecen haber restablecido un clima de serenidad. Si esto se confirma se despeja el camino al proyecto político progresista que el país votó hace un año.

A lo largo de muchas generaciones, incluso entre las fuerzas de derecha, ha habido una polémica: «España como problema», o «España sin problema». Aunque los que reconocían el «problema» no fueran nunca capaces de llegar hasta su raíz real y de dar con soluciones acertadas, es lo cierto que «problema» había y que ese problema recibió un comienzo de solución en la Constitución de 1978, cuando se instauró una nueva visión del Estado, el sistema autonómico y se estableció un reconocimiento de dos realidades: las nacionalidades y las regiones.

Esa división no rompía una unidad irrenunciable: la de la igualdad de derechos y deberes del ciudadano, habite en una nacionalidad o en una región. Tampoco afectaba a la solidaridad entre los ciudadanos de regiones o nacionalidades, imprescindible para hacer realidad la igualdad de derechos entre todos. Se ha creado la posibilidad de que España deje de considerarse un problema. Repito, la Constitución del 78 abrió el camino a la solución y ahora existe una situación política favorable a su culminación, de una forma que respete por igual el sentimiento nacional de unos y otros en un Estado común: España. No hay que perder esta oportunidad.

22-III-2005

Interpretación del voto francés

El resultado del referéndum francés ha removido poderosamente las aguas europeas. No es posible minimizar el acontecimiento. Francia es mucha Europa, no sólo por sus proporciones geográficas y humanas, sino por su historia: es el país de la Ilustración y de la Gran Revolución. No puede desdeñarse su influencia moral en las poblaciones que componen la UE. Más aún si se piensa que en Alemania, de no haber prohibido su Constitución los referendos, lo que hizo que sobre el tema decidiera el Parlamento, de haberse producido un voto popular probablemente hubiera dado un resultado parecido. En definitiva lo que se ha puesto en evidencia es que sobre una situación económica difícil se está viviendo también una crisis seria de las instituciones y los partidos políticos del sistema. En este cuadro la decisión de continuar la consulta en el resto de los países que componen la UE puede servir para ganar tiempo y desarrollar una reflexión y un debate más profundo, pero en sí misma nada resuelve.

Una reflexión seria debería llevarnos a una primera conclusión: el resultado del referéndum francés no es un rechazo a la idea de la unidad europea. La inmensa mayoría de los que han votado ha rechazado algo muy concreto: el tratado que ha recibido el ampuloso título de «Constitución europea».

Creo que en España, algunos de los que hemos votado sí lo hemos hecho violentando muchas reservas, no sólo sobre su contenido sino sobre el procedimiento seguido para su elaboración. En el fondo de la opinión pública europea existe un cierto hartazgo de ver cómo la unidad de Europa se está realizando por la burocracia de Bruselas, aunque en el caso de la Constitución haya sido reforzada por el añadido de algunas personas designadas por las cúpulas de las instituciones y en el mejor de los casos por las cúpulas de los partidos, sin ninguna participación de los ciudadanos. A este cónclave llegó a llamársele arbitrariamente Convención, pero de tal no tenía nada. Así sucedió que durante meses los debates habidos sobre el articulado tuvieron una insignificante repercusión pública y transcurrieron sin pena ni gloria. Y ahí está sin duda una de las principales causas de que en cada país, a la hora de decidir, no sean los problemas colectivos de la Unión los que pesen, sino en gran parte, los problemas de política interna.

Si al comienzo del proceso unitario podía estar justificado que muchos problemas se decidieran en petit comité por políticos situados a la vanguardia de un movimiento que daba los primeros pasos, creo que ha sido un error convertir éste en un método permanente cuando la construcción de Europa afectaba ya directamente a todos sus ciudadanos. Así ha ido apareciendo un distanciamiento creciente entre las instituciones y los ciudadanos, distanciamiento que puede convertirse en grave obstáculo para un proyecto, en lo fundamental, necesario.

Tendríamos que ser capaces de una autocrítica, tendríamos que reconocer que no fue un acierto la elaboración de una Constitución sin hacer una verdadera Convención, elegida directamente por los ciudadanos, previo un debate verdaderamente popular sobre el tema. La Europa de los pueblos y de los ciudadanos no puede ser la obra de una burocracia, por muy ilustrada que ésta sea. Porque el peligro es que los ciudadanos terminen viendo el proyecto como la obra exclusiva de una minoría social poderosa que está tratando de garantizar únicamente sus intereses.

Porque el referéndum francés —y hasta cierto punto la situación alemana— pone de relieve el crecimiento de un malestar social cada vez mayor en el mundo europeo y occidental frente a las características que distinguen al capitalismo de la globalización. Y ésta es una segunda conclusión que hay que ir sacando del acontecimiento. El neoliberalismo dominante, con sus ataques al Estado de bienestar, está afectando directamente al equilibrio de los sistemas políticos establecidos durante largos años. La crisis del socialismo francés y la socialdemocracia alemana —tras la crisis del socialismo italiano— son síntomas cuya importancia no cabe subestimar. Y no creo que sean fenómenos pasajeros. En un artículo muy lúcido publicado semanas atrás en El País el escritor alemán Günter Grass señalaba los efectos demoledores del neoliberalismo sobre el sistema democrático.

La persistencia de una política económico-social que exalta los valores del individualismo, la magnificación de los más fuertes, y ataca los valores de la solidaridad y de los intereses colectivos, puede desembocar en la aparición de una nueva izquierda comprometida más profundamente que la actual, con la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de no permitir que se degraden cada día más las condiciones de vida que están haciendo perder al mundo del trabajo conquistas históricas, a las que a veces la izquierda oficial parece dispuesta a sacrificar.

Este aspecto de cuanto está sucediendo debería estar presente en las reflexiones de los días y las semanas que vienen, porque «Otra Europa es posible».

1-VI-2005

Siempre abierto a lo nuevo

La noticia de la muerte de Haro Tecglen me ha caído como un mazazo. Yo estaba convencido de que en la hora de las necrológicas él escribiría la mía. Era bastantes años más joven que yo, y en este caso se podía hablar de joven refiriéndose a un octogenario.

Le había encontrado hacía poco tiempo y le había visto como siempre: erguido, sonriente, con un humor a veces cáustico, un poco ácrata, pero siempre conectando con la juventud, siempre abierto a lo nuevo, ágil de reflejos, comentando diariamente la actualidad y criticando con valor a los poderosos, a los fuertes que se consideran con derecho a golpear y oprimir a los débiles. Su columna diaria en El País estoy seguro que contaba con un público joven y fiel.

Le conocí hace muchos años en París, en un café del barrio Latino, cuando ambos estábamos en la flor de la edad, él con algunos años menos, pues había sido el niño republicano de la Guerra Civil, como tituló uno de sus libros, cuando yo era ya un joven republicano con responsabilidades políticas.

Esta entrevista la consideré muy interesante, pues él era director de un diario español en Tánger y entonces el Partido Comunista buscaba afanosamente contactos en el mundo de los intelectuales que comenzaba a situarse frente a la dictadura.

Ya en esas fechas comenzábamos a columbrar que la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura iba a ser el arma más eficaz para minar el poder de los vencedores y abrir el camino a la libertad de España.

De una forma muy sencilla sin sacar el pecho, sin alharacas, Haro Tecglen se mostró dispuesto a ayudarnos, lo que en aquel momento no era tan frecuente como lo fue más tarde, cuando el movimiento antifranquista alcanzó una amplitud mayor.

Eduardo Haro Tecglen colaboró activamente con el Partido Comunista, ofreciendo incluso su casa para albergar a dirigentes comunistas clandestinos.

Sin embargo, yo no creo que Haro fuera ideológicamente comunista; creo más bien que era un republicano de izquierdas, bastante radical, que estuvo ayudando al Partido Comunista, cuando los antifranquistas se referían a éste como «el Partido», sin más apelativos, conscientes de su papel frente a la dictadura.

Cuando vino la transición y la legalidad democrática Eduardo siguió siendo, como antes, un hombre de izquierda, un periodista, un escritor y conferenciante brillante comprometido con todas las causas de la izquierda, desde la lucha contra la entrada en la OTAN hasta las movilizaciones contra la invasión de Irak. Esta firme actitud no ha sido desmentida nunca.

Todavía en su penúltima columna de El País, criticando la política norteamericana en Cuba y en Irak, dejó escrita una sentencia a la que puede atribuirse un valor eterno: «Todo bloqueo, embargo, cerco, castigo a un país está fuera de la moral».

¡Adiós, Eduardo Haro Tecglen! No escribo el ¡descansa en paz! de rigor porque tú preferirías, aún en la tumba si ello fuera posible, revolverte y seguir haciendo la lucha con tu pluma y tu palabra contra todos los tiranos y opresores que ensombrecen la vida de las gentes de este planeta.

22-X-2005

Naciones y nacionalidades

Siempre me he sentido español hasta las cachas, siguiendo la expresión castiza. Nací en Gijón, de un cruce de castellanos viejos y de descendientes de muchas generaciones de asturianos. Nunca he tenido dudas ni problemas sobre mi nacionalidad. Ni siquiera en los cuarenta años de mi forzado exilio, cuando por mi actividad política antifranquista tenía que protegerme de los agentes del Gobierno de entonces en el extranjero, he sentido la veleidad de cambiar mi nacionalidad de español por otra más acogedora. Al contrario, la mantuve celosamente. Y cuando a mis tres hijos varones, nacidos en París, donde acabaron sus estudios universitarios les llegó la hora de hacer el servicio militar, estuve de acuerdo con ellos y con mi mujer en que vinieran a hacerlo en lo que entonces era el Ejército de Franco. La única razón de esta decisión tan peligrosa, tratándose de tres jóvenes comunistas, hijos del secretario general del PCE clandestino, era que a esa edad de no hacerlo así, se convertirían automáticamente en ciudadanos franceses, perdiendo la nacionalidad de sus padres. Fue ésta una decisión difícil que, para mi sorpresa, no tuvo consecuencias porque el Consulado español terminó declarándoles no aptos para el servicio; por lo visto el Gobierno de entonces pensó que también para él podían ser un problema con cierta resonancia internacional y en este terreno ya tenía bastantes. Por último, nunca acepté condecoraciones extranjeras y por mi cargo podía haber obtenido bastantes. Para mí, mantener incólume mi nacionalidad de español, era ser fiel a mis sentimientos y a mi conducta de hombre público. Con el fin de completar mi currículo diré que también tuve algo que ver con una línea política que se conoció como de la reconciliación y que culminó en la transición democrática.

Precisamente por ello me escandaliza la ola de histeria política desencadenada en torno a la ficción de que la unidad de España esté en peligro. Quizá también por haber sido fiel a mis sentimientos de español encuentro natural que en nuestro Estado haya ciudadanos que se sienten catalanes, vascos o gallegos y consideren los territorios en que nacieron o residen como su nación o nacionalidad. Y no me produce urticaria que en el proyecto del Estatuto de Cataluña se utilicen esos términos. Sobre todo porque, conociendo a Maragall, sé que no estamos ante un separatista que pretende la independencia de Cataluña. Estoy convencido de que hoy por hoy, él y la mayoría de los catalanes sólo buscan un mejor encaje de Cataluña en el Estado español y su Constitución. Y si digo hoy por hoy es porque pienso que desde la meseta, una política como la que hizo y hace la derecha española tradicionalmente centralista y autoritaria puede contribuir a engrosar copiosamente el hoy minoritario separatismo catalán.

En estos días oigo voces anticatalanistas muy desagradables. Las mismas que oí ya cuando era niño o siendo joven durante la República. Ya entonces se extendía una venenosa maledicencia sobre el egoísmo de los catalanes que ni ayer ni hoy ayuda para nada a crear un ambiente de entendimiento y colaboración entre los pueblos de nuestro Estado y que los distancia entre sí. Recuerdo las campañas de un Royo Villanueva contra el Estatuto de Cataluña o las intervenciones de la derecha sobre el mismo tema en las Constituyentes republicanas y los efectos desastrosos que causaban en Cataluña y en el resto de España. Pero entonces era la derecha pura y dura la que proyectaba las ideas de enfrentamiento. La izquierda, en palabras de Azaña, en un mitin celebrado en Barcelona en 1930, se expresaba de otro modo: «Tenía yo, o creía tener, la comprensión del catalanismo. Me habéis dado algo más fecundo: la emoción del catalanismo. Ahora además de comprenderlo, siento el catalanismo... Vosotros os doléis justamente de que se oprimiese a Cataluña, pero ¿no habríamos de indignarnos aún más al ver que para oprimir a vuestra patria se tomaba como pretexto a otra patria? Yo no soy patriota. Este vocablo que hace más de un siglo significaba la revolución y libertad ha venido a corromperse y hoy manoseado por la peor gente incluye la acepción, más relajada de los intereses políticos y expresa la intransigencia, la intolerancia y la cerrazón mental. Yo concibo pues en España a una Cataluña gobernada por las instituciones que quiera darse mediante la manifestación libre de su propia voluntad. Una unión libre de iguales, con el mismo rango para así vivir en paz, dentro del mundo hispánico que nos es común y que no es menospreciable» (Azaña, discurso en Barcelona sobre La libertad de Cataluña y España, el 22 de marzo de 1930).

Estas palabras de Azaña —que era sin duda y según su propia expresión un español por los cuatro costados— reflejaban entonces la posición de la izquierda española y fueron mucho más eficaces para el entendimiento de catalanes y españoles y la superación del separatismo que las apelaciones de la derecha a la «unidad de la Patria». Lamentablemente parece como si una parte de la izquierda las hubiera olvidado y hubiese sufrido en los cuarenta años de dictadura el contagio del centralismo españolista.

Tienen razón los que demandan un debate sereno sobre el actual proyecto de Estatuto de Cataluña. Es cierto que ese debate debe servir para hacer las correcciones que sean menester teniendo en cuenta los valores democráticos y constitucionales. Pero esto habrá que hacerlo sabiendo que la Constitución no es las «Tablas de la Ley», puede interpretarse diversamente y no de forma escolástica.

La Constitución fue sin duda el fruto del más amplio consenso conocido en nuestra historia moderna. Pero dentro de ese consenso había contradicciones que se traslucen en su mismo texto: ciertamente en ella se afirma que «la nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles», pero a renglón seguido se añade «y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas».

En el párrafo 2 del Artículo 1° se declara: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado», mientras que en el preámbulo se estipula la voluntad de «Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».

Si se leen serenamente estos textos no es difícil advertir conceptos que en rigor pueden considerarse contradictorios. ¿Existe un solo pueblo español o varios? La afirmación de la nación española como patria única ¿no se contradice con el reconocimiento de nacionalidades? ¿No sería más lógico hablar de un único Estado?

Si se acepta liberalmente esta redacción, el término nación aplicado a Cataluña, Euskadi y Galicia no debería asustar a nadie con la sospecha que tras ese término subyace la voluntad de crear otro Estado. Porque las mismas razones existen para abrigar esa sospecha con el término nacionalidad, ya que nacionalidad se diferencia de nación en que esta acepción suele aplicarse a las naciones que son a la vez Estado. Precisamente la extrema derecha en las Constituyentes se opuso duramente a introducir este término alegando que era el prólogo a la separación y a la división de España. Sin embargo, la redacción del texto tal como quedó se adoptó después de discusiones y gestiones diversas, gracias en buena parte a la comprensión de Adolfo Suárez y de uno de los ponentes de UCD, Miguel Herrero de Miñón. Y UCD finalizó votándola. No lo hizo así Alianza Popular, primera versión de lo que es el actual Partido Popular.

Han transcurrido largos años y nadie ha planteado la separación del Estado español. Ni siquiera los que se declaran independentistas en Cataluña, consideran actual esta reivindicación. Tampoco el proyecto soberanista de Ibarretxe llegó a plantear nunca la ruptura de Euskadi con el Estado español.

Sí, hubo consenso, pero con sus tiras y aflojas. De hecho, la Constitución reconoce que hay diversas nacionalidades lo que equivale a reconocer que al lado de la mayoritaria nación española, existen otras minoritarias que a lo largo de la historia se integraron en el Estado español, en vez de hacer lo que Portugal que también formó parte de España hasta que decidió constituirse en Estado independiente, tras una guerra. El proceso por el que se produjo aquella integración no siempre fue pacífico y menos aún democrático, lo decidió en ciertos casos la fuerza.

Pero el resultado es el que es. Como dice la Constitución hoy «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Mirando el texto de la Constitución en este punto con espíritu abierto, tratando de sobrevolar lo que una mirada severamente rigurosa podría considerar contradicciones, la metáfora «España nación de naciones» que han utilizado últimamente Zapatero y Maragall —y que antes habíamos utilizado ya otros— puede servir para comprender el complejo entramado que encierra en sí el Estado español. El político puede permitirse licencias vedadas al leguleyo. Es la forma de expresar sencillamente un diseño complicado.

En el momento en que el mundo se internacionaliza, se globaliza y se afirma la tendencia a una ciudadanía europea —y quizá mañana del mundo— no parece serio alarmarse y poner el grito en el cielo por miedo a una ruptura que no llegó a producirse en situaciones internacionales más propicias.

En efecto, tenemos que serenarnos todos al examinar el Estatuto, tanto en Cataluña como en el resto de España. Los catalanes han respetado las reglas constitucionales al presentar su proyecto. Ahora el Parlamento va a discutirlo. Nos interesa a todos llegar a un acuerdo sobre el texto y sobre sus posibles correcciones. Porque no nos engañemos, sin ignorar la autoridad de las Cortes españolas, la ausencia de acuerdo y la existencia de una mayoría del pueblo catalán y sus instituciones contra el texto salido de dichas Cortes, sí representaría un conflicto grave para la unidad de España. Dada mi posición de retirado de la política activa, sin ningún interés personal de por medio, estimo mi deber de español demandar serenidad y alteza de miras para conseguir que esa situación no se produzca.

25-X-2005

Réplica de Santiago Carrillo

Me ha sorprendido desagradablemente el artículo de Patxo Unzueta, uniéndose al coro de voces falangistas que me acusan de ejecuciones en Paracuellos. He dicho siempre e insisto hoy en que yo no di tales órdenes, Paracuellos no estaba siquiera dentro del área de la jurisdicción de la Junta de Defensa en esas fechas. Y el embajador de Finlandia o de Noruega —no recuerdo bien— que me visitó para denunciar estos hechos y que luego resultó ser un agente nazi, en un libro publicado más tarde en el Berlín de Hitler, reconoció que al visitarme después de los hechos yo no estaba al corriente de lo sucedido.

En esas fechas todas las órdenes que yo di fueron autorizadas por el general Miaja, bajo cuyo mando estaba la Junta que me hubiera retirado su confianza de haberlo yo ordenado. Sin embargo, Miaja mantuvo excelentes relaciones conmigo hasta su participación en el golpe de Casado. Si tuve alguna responsabilidad en aquel episodio fue la de no haberlo evitado. Pero en un Madrid asediado por las tropas de Franco, bombardeado día y noche por la aviación y la artillería enemigas que causaba miles de víctimas inocentes, con la quinta columna tiroteando desde los tejados en cuanto anochecía, donde carecíamos de soldados incluso para cubrir todas las bocacalles por las que podían entrar los atacantes; un Madrid que incluso el mismo Gobierno republicano pensaba que sólo resistiría tres días, la Junta de Defensa carecía de instrumentos para controlar plenamente la situación. No hay que olvidar que, hasta el traslado del Gobierno a Valencia, el orden público en Madrid no había estado a cargo de la policía, sino de los Comités creados por diversas organizaciones políticas y sindicales, cuya actuación terminó suprimiéndose durante mi mandato de consejero de Orden Público. Hubo que ir improvisando a cada momento medios de fortuna para asegurar la defensa de Madrid.

Lo que sí había en Madrid y fuera de la ciudad era mucho odio a los fascistas; miles de refugiados de Extremadura y Toledo que acampaban como podían a sus alrededores y que ardían en deseos de venganza. Y había también fuerzas incontroladas como la columna del Rosal o la columna de Hierro, que no se diferenciaban mucho de los que en guerras actuales son denominados «los señores de la guerra» por su total autonomía y ninguna disciplina respecto a las autoridades oficiales.

Yo no puedo asumir otra responsabilidad que ésa; no haberlo podido evitar. Y tengo la desagradable impresión de que el señor Patxo Unzueta reacciona como lo ha hecho en su artículo más que contra otra cosa, contra mi artículo también publicado en su diario «Naciones y nacionalidades».

28-X-2005

La campaña contra Rodríguez Zapatero

La opinión pública contempla, entre alarmada y confusa, la grave crispación que parece instalada en la vida política parlamentaria española que va in crescendo desde que el Partido Popular fue desalojado del Gobierno. Esa crispación se manifiesta en la forma de una brutal campaña personal contra el presidente Rodríguez Zapatero, que a los viejos nos recuerdan las campañas que en otra época hizo la derecha nacionalista española contra Manuel Azaña, en el momento en que éste personalizó el sueño de una España más moderna, desembarazada de los miasmas del ancien régime feudal, de los que según las muestras aún no nos hemos desembarazado totalmente. Mariano Rajoy y los más fieles discípulos de Aznar enjaretan día tras día nuevos y cada vez más despectivos adjetivos calificativos contra el hombre que hoy representa a los españoles ante el mundo. Se utiliza un lenguaje propio de señoritos de casino de pueblo para minar su autoridad y su prestigio. Rodríguez Zapatero es la pieza a abatir, no importa con qué medios y a qué precio. Y esta campaña impropia de un país desarrollado y democrático va acompañada de guiños dirigidos a ciertos sectores del PSOE. Quienes hace unos años se ensañaban con Felipe González gritándole «váyase, señor González», ahora claman con sorna «¡que vuelva González!», como si el problema fuera personalmente Rodríguez Zapatero y no el PSOE, no el que la izquierda les haya enviado a la oposición.

Algunos medios de comunicación hacen el juego a quienes impulsan esta campaña presentando por igual como causante de la crispación a unos y otros, a populares y socialistas. Quien no se deje cegar por esta falacia, quien escuche a unos y a otros por encima del ruido que arman ciertos comentaristas, se dará cuenta de la moderación que impregna las palabras con las que Rodríguez Zapatero contesta a los insultos de la derecha. Una de las más fuertes ha sido llamar maleducado al señorito Mariano Rajoy.

Esta moderación es propia de un político seguro de sí y de la honestidad con que procede. De quien por principio se niega a enlodar las aguas y a convertir las justas políticas en riñas de gamberros. De quien se empeña en mantener el decoro y la dignidad de las instituciones democráticas. Alguien con peor genio habría dado ya respuestas más cortantes e incisivas. Hay que reconocer al presidente una paciencia y un dominio de los nervios encomiables, aunque a veces parezcan excesivos.

Y toda esta campaña anti Zapatero ¿por qué? ¿Acaso nos hallamos ante un peligroso extremista que trate de subvertir el sistema de propiedad privada, que haya cerrado las iglesias, que entregue trozos de la patria a potencias extranjeras, que juegue irresponsablemente con la vida de los jóvenes españoles en guerras insensatas? Lo único que ha hecho es retirar a España de la aventura iraquí, incurriendo en las iras del presidente Bush y su corte de neoconservadores, que a este paso pueden terminar también derrotados electoralmente por los ciudadanos norteamericanos. Junto a esto ha extendido los derechos civiles a zonas de la ciudadanía privadas de ellos; ha hecho una política resueltamente favorable a la igualdad de derechos de la mujer; ha adoptado medidas sociales para ayudar a los discapacitados, para mejorar pensiones todavía modestas. Pero todo esto le está siendo imputado como un crimen por los neoconservadores españoles, para los cuales cualquier paso adelante en el desarrollo de la democracia es considerado como un ataque a sus derechos de propietarios de una finca llamada España. Porque ellos hablan de patria, cuando están pensando en finca, en un país que consideran su patrimonio desde tiempos inmemorables.

Mas la reforma que ha colmado su exasperación es el proyecto de ampliación y consolidación de la estructura autonómica en España. Y todo ello porque la España autonómica es difícilmente compatible con las estructuras monolíticas y verticales del PP. La España-Finca se administra más tranquilamente desde un Estado centralista. Las derechas autonomistas tienen más tendencia a actuar democráticamente que la derecha nacionalista española. El Estado centralista es una tradición que hemos vivido amargamente en los siglos XIX y XX. En realidad las reformas de Rodríguez Zapatero tendían a dar a España una vertebración más sólida y racional, basada en el pacto y el consenso, en lugar de la imposición y la fuerza. Ellas iban en el sentido de terminar con aquello de «España como problema» asegurando la solidez del Estado español.

Y su proyecto encajaba en el espíritu de la Constitución de 1978, si se lee entera y no sólo se tiene en cuenta una frase. La Constitución reconoce la existencia de nacionalidades y regiones. ¿Y qué es una nacionalidad sino una nación integrada en un Estado plurinacional, constituyendo dentro de éste un hecho diferencial? En tal situación se encuentran Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque en esta última no esté tan desarrollado —por el momento— el sentimiento nacional.

Quizá alguien se extrañe de que me refiera en pasado a estos proyectos, cuando están —concretamente, el catalán— sobre la mesa parlamentaria y no sólo sobre la mesa, pues el proyecto del Parlamento catalán ha sido ya tomado en consideración por las Cortes y debería ser el objeto del debate. Pero en días pasados la prensa ha presentado unas propuestas del Gobierno como un contraproyecto de Estatuto, lo que resulta por lo menos sorprendente. Se comprende que el Gobierno, tratándose de un tema de Estado tan importante, tome la iniciativa de buscar el más amplio consenso posible. Pero ¡un contraproyecto! parece excesivo, sobre todo porque sienta como una bofetada a los catalanes y a la vez no va a lograrse el consenso que el Partido Popular no está dispuesto a dar. Y, sobre todo, porque el contraproyecto crea la impresión de que Rodríguez Zapatero se ha quedado solo y ha tenido que renunciar a las posiciones que defendió en el Parlamento hace pocas semanas en el debate de toma en consideración. Es en medio de ese contexto donde la campaña contra Rodríguez Zapatero es extraordinariamente peligrosa para la izquierda.

Porque pone de manifiesto algo muy serio: los cuatro del Partido Popular que la llevan a cabo esperan encontrar eco favorable en parte de los barones del PSOE. Y esperan que en estas condiciones el presidente pueda verse obligado a arrojar la toalla. Rajoy y Cía saben muy bien que en definitiva el derrotado no sería solamente Rodríguez Zapatero, sino el PSOE y toda la izquierda española, así como las fuerzas progresistas de las diversas autonomías.

Parece que algunos barones han olvidado por qué, por primera vez en la historia, un Partido Socialista encabeza el Gobierno catalán. Un pequeño esfuerzo de memoria —o una consulta en las hemerotecas— les haría saber que tanto en la anterior monarquía como en la Segunda República, el Partido Socialista era prácticamente inexistente en Cataluña. Esquerra Republicana controlaba la izquierda catalana y en el campo obrero dominaba la CNT. El primer partido catalán de tendencia socialista con peso político allí fue el PSUC, creado ya iniciada la Guerra Civil por la fusión del PSOE y el PCE con dos partidos catalanistas y fue consecuencia de haber integrado el catalanismo entre sus objetivos. En la etapa actual el PS catalán resurgió ya como un partido que asumió claramente el catalanismo y eso es lo que le da la fuerza con la que ha logrado dirigir el Gobierno. Si no fuera catalanista, si no tuviera una clara personalidad nacional, el Partido Socialista dejaría de ser una fuerza relevante.

En definitiva, la fuerza del PSOE en España también depende de la del PSC en su territorio. Si fracasan Maragall y Rodríguez Zapatero lo va a pagar el PSOE en Madrid. Por eso me resisto a imaginar que haya barones tentados a apostar por la derrota de Rodríguez Zapatero y sus reformas, ya que esto resultaría una forma de suicidio político injustificable.

Es peligroso tirar demasiado de la cuerda. Por un lado, a estas alturas no es prudente remitirse sólo al sentido de responsabilidad de los partidos catalanes para sacar adelante el necesario pacto. También ellos tienen un electorado ante el que responder y límites que no pueden sobrepasar. Por otro lado, un fracaso de la negociación va a dar el éxito exclusivamente al PP, y a fomentar peligrosamente el separatismo y el independentismo no sólo en Cataluña, sino también en Euskadi y Galicia. La preciosa «unidad de la patria» resultaría mucho más quebrantada. Y quienes desde el PSOE facilitaran este resultado quedarían descalificados como hombres de izquierda. Se impone hacer un esfuerzo aquí y ahora de apoyo a Rodríguez Zapatero, para que éste no se encuentre aislado y no arroje la toalla, viéndose forzado a ceder ante la derecha.

No sólo Rodríguez Zapatero, sino el PSOE y todas las fuerzas progresistas de los territorios españoles se la juegan en este viaje.

29-XII-2005

Un viraje radical de la izquierda abertzale

Un movimiento de esperanza ha recorrido España al anuncio de que ETA declaraba un alto el fuego permanente. Ha sido una reacción altamente mayoritaria y espontánea de las gentes que durante largos años han luchado contra el terrorismo etarra, saliendo a la calle con las manos blancas, condenando los crímenes que cortaron la vida de militares, guardias civiles, policías, personalidades civiles de izquierda y derecha, hombres y mujeres inocentes que pensaban haber conquistado el derecho a ser libres tras haber puesto fin a la dictadura franquista. La esperanza manifestada en estos días es pues el gesto de una ciudadanía que no ha soportado cobardemente el terror, sino que ha luchado y ha conseguido al final aislar y reducir al terrorismo con su resistencia, hasta el punto de imponerle el abandono de la violencia. Se ha impuesto el sentido cívico y ése es, al fondo, el contenido más importante del mensaje que tantas esperanzas levanta. Se trata esencialmente de una victoria de la ciudadanía y de la democracia.

Las instituciones del Estado democrático no han cesado de combatir esa plaga, sin ninguna concesión, y la solidaridad internacional —principalmente la del Estado francés— ha tenido un importante papel en este resultado.

Y si la prudencia y la cautela son de rigor teniendo en cuenta experiencias pasadas, estas prevenciones no deben desviarnos del camino a recorrer para que esta esperanza se cumpla totalmente. Ello no sólo implica exigir a ETA que cumpla sin ambages su compromiso y cese real y definitivamente violencia y extorsiones, sino que todos los agentes políticos aborden la posible negociación con el objetivo claro de lograr el fin de la violencia y la paz, que es lo que genera la esperanza constatada en la mayoría de los ciudadanos.

A la vez la intención de no interferir este objetivo con otros temas políticos, y de no pagar «precios políticos» por la paz, no debe ocultar el hecho de que una negociación de paz es ya en sí una decisión eminentemente política. Nadie concebiría una negociación entre el Estado y una organización de delincuentes comunes; con este tipo de delincuencia no cabe otra cosa que la acción de la policía y la justicia. Cuando el Parlamento autoriza al Gobierno a negociar es porque, aun considerando el horror de los atentados criminales de ETA, se estima la existencia de un carácter político en esa delincuencia que justifica decisiones políticas excepcionales. En este caso, la acción de la policía y la justicia han dejado de ser el único instrumento de que se sirve el Estado, y por el momento la política adquiere un papel decisivo con todas las consecuencias.

Y al ocupar ese papel la política, no sólo pueden poner bastones en las ruedas los incumplimientos de ETA, sino los errores, las torpezas y la incomprensión de otros agentes políticos, ya sean partidos o medios de comunicación.

Si se adopta una vía política excepcional para lograr la paz es porque se considera esencial que no haya más muertes y extorsiones, que se restablezca un clima de paz civil, todo lo cual va a facilitar una convivencia más plena entre los ciudadanos y los pueblos del Estado español y la garantía de que todos respeten seriamente las reglas del juego democrático, es decir, que sobre ideologías y programas políticos lo que decide es el voto libre de los ciudadanos y no las imposiciones arbitrarias de uno u otro.

Pero la paz no significa el fin de la lucha y la polémica ideológica y política, ni mucho menos la eliminación de tal o cual concepción del Estado o de la sociedad, sino solamente que ese enfrentamiento tiene que plantearse por medio de la palabra, con razones e inteligencia, respetando al adversario y admitiendo incondicionalmente el fallo popular, expresado por medio del sufragio universal. Es el voto ciudadano y sólo éste el que dirime legítimamente las contiendas políticas e ideológicas. Lo que hace condenable a ETA no es que sea más o menos radicalmente nacionalista o socialista, sino única y exclusivamente que es un grupo terrorista.

El comunicado de ETA —y aún más el segundo que el primero— es un primer paso de lo que representa un viraje radical en la estrategia de la izquierda abertzale. Me atrevo a decir esto analizando las treguas anteriores, y más aún el cese de los asesinatos y otras decisiones anteriores a la proclamación del alto el fuego permanente. No puedo ponerme en la piel de los dirigentes de la organización terrorista, pero más de treinta años de ser el responsable del trabajo clandestino del PCE bajo la dictadura franquista —incluido el periodo de la guerrilla— me proporcionan una experiencia sobre el funcionamiento de tal tipo de organización. Partiendo de ello, coincido en que el comunicado no da todas las seguridades, más concretamente, no asume con claridad el compromiso de respetar la voluntad popular aun cuando les sea adversa. Pero es el primer paso de una evolución difícilmente reversible. Los dirigentes que lo han redactado quizá no podían llegar más lejos en este primer paso. Una organización clandestina del tipo de ETA sólo va a completar un cambio así lentamente, paso a paso. Porque sólo así evitará desgarramientos, como el que se produjo cuando la negociación del Gobierno de UCD, con los polimilis, no pudo conseguir que se retirara de la lucha armada más que una parte de la organización, mientras el resto continuó matando. Precisamente ésta es una de las razones —y no sólo la prudencia y la cautela del Gobierno— de que la negociación pueda alargarse en el tiempo. Los dirigentes etarras que han iniciado ese movimiento, con todo lo que hayan podido pecar en el pasado —admítaseme la metáfora—, están afrontando riesgos en una organización de ese tipo que no podemos ignorar. Y aunque a algunos les parezca un sacrilegio lo que digo ahora, habrá que ayudar a esos dirigentes hasta el fin del proceso, es decir, hasta la aceptación incondicional de las reglas del juego democrático. También por eso es esencial que el Gobierno tenga toda la libertad y todo el apoyo, sin que nadie le ponga trabas para dirigir esta complicada travesía.

Pedir a ETA que se disuelva en unos días y, todavía más, que pida perdón por sus crímenes, sería totalmente irrealista. Una organización clandestina supone la existencia de un número determinado de personas y familias, que están en la ilegalidad y a las que además de convencerlas del cambio hay que ayudar a reorganizar sus vidas, a reinsertarse en la sociedad. Eso no es fácil y lleva tiempo. Y además, iniciada la negociación será inevitable crear un cierto terreno de confianza mutua, junto a todas las cautelas necesarias. En cuanto a conseguir el arrepentimiento de los crímenes, eso será un proceso que puede durar años y que dependerá de la conciencia individual. Pero, hoy por hoy, los dirigentes que han conseguido de ETA ese comunicado merecen que se exploren todas las posibilidades, pues al hacerlo se han jugado mucho y si fracasan su propia organización será la primera en condenarles.

Digo estas cosas para contribuir a mostrar al lector la otra cara de la medalla y las dificultades objetivas de esta situación, para pedir paciencia a los impacientes y sentido de responsabilidad a todos.

Si fracasa el proceso, las consecuencias las lamentaremos todos. Yo puedo comprender que alguna de las víctimas obcecada por el dolor pida que haya vencedores y vencidos. Aunque me parece que la reacción más ejemplar la tenía una de ellas en una emisión de radio, el vasco Recalde, que, pronunciando con dificultad a consecuencia de las secuelas que le dejó el grave atentado sufrido no hace mucho, proclamaba su alegría por el proceso que se abre. Otras víctimas o familiares de ellas han reaccionado de forma semejante. Ellas son las que en este momento dan pruebas de generosidad. Y a las únicas que tenemos que pedir generosidad a cambio de una solicitud y una solidaridad permanentes. El resto de la sociedad recibe con esperanza la perspectiva de paz porque la necesita y ha luchado por ella. Pero la sociedad española sabe bien, porque ha estado dividida cuarenta años entre vencedores y vencidos, que ése no es el emblema de una democracia. Si alcanzamos la paz, todos seremos beneficiarios de ella, nadie será excluido. Nadie va a negar a la izquierda abertzale la posibilidad de defender democráticamente sus ideales y su programa.

El presidente Rodríguez Zapatero ha iniciado el proceso con una intuición y una inteligencia política elogiables. Ayudémosle. Necesita la confianza y el apoyo de todos los partidos, de todos los ciudadanos.

29-III-2006

La estrategia del temor

En este país muchas personas de buen juicio contemplan con intranquilidad el comportamiento estridente y agresivo de los líderes del Partido Popular. Recuerdan con nostalgia los tiempos de la transición, cuando la UCD de Adolfo Suárez ocupaba los escaños de la derecha en el Congreso de los Diputados. Entonces, tras cerca de cuarenta años de Guerra Civil y dictadura, los debates políticos entre personalidades hasta aquel momento duramente enfrentados —unos venían de la cárcel o el exilio y otros del poder opresor—, los debates en los que se abordaban problemas de fondo se mantenían dentro de una gran dignidad, respetando la cortesía parlamentaria y con la voluntad de superar la fractura entre las dos Españas. Y todo esto en una sociedad sin la estabilidad social que existe hoy, en la que se daban las conspiraciones golpistas y de ultraderecha y en el periodo más álgido del desestabilizador terrorismo de ETA, los GRAPO y los otros grupos ultras, supervivientes del franquismo.

Hoy, tras cerca de treinta años de libertades, con un amplio ejercicio de la democracia, cuando la estrategia política de las grandes tendencias de izquierda o derecha en Europa se encamina a buscar el voto de lo que se considera corrientemente el centro moderado procurando abrir hacia éste sus planteamientos y sus programas, en España nos encontramos con una derecha que los cierra cada vez más, que se arma ideológicamente con ideas del pasado y cada vez es más bronca, más desafiante. La provocación y la intolerancia animan casi todas sus intervenciones públicas. Ha convertido los debates parlamentarios en auténticos escándalos, con un lenguaje barriobajero y chulapón, amenazando groseramente a todo el que no piense como ellos. A los ancianos esto nos recuerda a cómo se producía en otros tiempos la derecha que se enfrentaba más radicalmente a la Segunda República.

Y las personas de buen juicio a las que aludo al comienzo de estas líneas se preguntan ¿qué le pasa a la derecha de la postransición, que en vez de abrirse hacia el «centro» y modernizarse para lograr mayorías en las elecciones, se cierra cada vez más y da la impresión de inspirarse en la derecha de los años treinta del siglo XX? ¿Por qué ese tono bronco y de amenaza que resucita fantasmas del pasado? ¿Cómo Rajoy, que daba la impresión de ser más moderado, adopta el tono de los Acebes, Zaplana y otros Pujalte? ¿Cómo Manuel Fraga consigue ser uno de los líderes del PP más moderados y más actuales, pese a su edad y pasado? ¿Acaso el PP ha renunciado a atraer a los moderados que a veces pueden decidir la mayoría de unas elecciones y asume el papel de una oposición que se siente tan cómodo protestando que no desea volver al poder?

Reflexionando sobre esta absurda situación se llega a la conclusión de que los líderes del PP no es que hayan renunciado al voto moderado de centro, ni a volver al poder. Lo buscan, pero por caminos distintos a los que utiliza la derecha en las otras democracias europeas. Parecen pensar que a causa de la memoria de la Guerra Civil, «España es diferente»; han optado por lo que yo llamaría la estrategia del miedo.

Actúan como si creyeran que a los moderados se les puede ganar también, no con posiciones modernas de apertura, sino enviándoles el mensaje siguiente: «Nosotros tenemos la llave de la paz y el orden en este país. Si nos apoyáis, os la aseguraremos desde el poder. Si no lo hacéis, podemos armar la marimorena, somos capaces de impedir la estabilidad democrática y de volver a las andadas. La única España posible es la que nos gusta a nosotros».

Piensan que con este mensaje pueden arrugar y atemorizar a los sectores moderados en los que todavía está vivo el recuerdo de la Guerra Civil y disponerlos a su favor como representantes del mal menor. Creen que aún puede explotarse el miedo de algunos sectores traumatizados por el pasado. En último caso, estiman, si esta estrategia no les alcanza para ganar elecciones, les basta para conservar el voto de una todavía importante minoría de derechas que les permita seguir siendo el segundo partido en la oposición. Obsérvese que en España carecen de importancia electoral y no pasan de la categoría de grupúsculos las organizaciones de ultraderecha que en otros países europeos han adquirido un peso electoral. Con la estrategia del miedo, el PP sigue conservando la adscripción de esos sectores.

¿Tiene futuro esta estrategia? ¿Ha cambiado tan poco España, tras la transición, que el miedo sigue siendo un factor tan importante como para determinar la política en nuestro país?

Si examinamos las encuestas publicadas en los últimos tiempos, vemos que muchos de sus electores en las últimas generales se posicionan frente a aspectos importantes de su política obstruccionista. Lo que indica que ésta no sólo no les ayuda a ganar nuevos votantes, sino que les va haciendo perder parte de los que tenían. Y un conservador con mentalidad europea —y en España comienza a haberlos— puede llegar a plantearse: «Este PP, con la orientación que hoy lleva, ¿puede seguir siendo el instrumento adecuado para la defensa de la estabilidad política y social a la altura en que está hoy mi país?».

En el pasado fracasaron dos experiencias no idénticas de crear nuevos partidos burgueses, de tipo más europeo y más moderno, que superaban las estrecheces y dogmatismos retrógrados del conservadurismo tradicional español. Uno fue el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez; otro, que no llegó a pasar nunca de proyecto y que parecía apoyar al menos una parte de la banca española, lo personalizaron los señores Roca Junyent y Antonio Garrigues Walker, que a mi entender nunca se entregaron a fondo a la tarea.

El escaso éxito de aquellas iniciativas puede estar relacionado también con el fondo liberal de la política del Gobierno de Felipe González, que había tenido el apoyo electoral no sólo de la izquierda, sino de muchas gentes de centro, a las que la imagen del PP hacía temer un retroceso en los avances democráticos de la transición. Éste es un dato que debería hacer pensar al PP: en 1982, cuando el factor miedo tenía todavía un peso considerable, los electores temieron más un triunfo de la derecha y dieron la mayoría absoluta al PSOE de Felipe González. El mérito de Fraga, jefe de la oposición de derechas en ese periodo, fue asimilar la lección de las elecciones de 1982, no consentir que el ascenso de Alianza Popular se le subiera a la cabeza y practicar la leal oposición a su majestad manteniendo una conducta parlamentaria que le permitió influir poderosamente en la labor del Gobierno.

Han pasado bastantes años, crecido nuevas generaciones ya en la democracia, y yo supongo que en el electorado de este país se han acendrado los valores de libertad y de progreso. Subsisten sin duda en la creencia de muchos españoles residuos de una subcultura anticatalana, sembrados hace ya muchos años por las clases dominantes españolas. Y el terrorismo etarra probablemente perturbe la percepción de reivindicaciones nacionales vascas. Pero por encima de esto existe un sentimiento más general: que ninguno de los problemas políticos, territoriales u otros, justificarían nunca un nuevo enfrentamiento civil y que las diferencias sólo deben resolverse por caminos democráticos.

El espectáculo que el PP está dando en el Parlamento levanta la duda entre un número cada vez mayor de españoles de si el PP, bajo su dirección actual, es verdaderamente un partido parlamentario y democrático. Cada vez va a ser también mayor la duda de si las fuerzas económicas solventes, los conservadores que han aceptado el juego democrático, puedan sentirse representados por gentes como Pujalte, Acebes, Zaplana y comparsas.

El PP está dejando vacío el espacio que debería ocupar un partido conservador serio y moderno.

Habrá quien se pregunte cómo a mí desde la izquierda, con mi connotación de rojo, me preocupa tanto la deriva del PP. La respuesta es simple: si bien es cierto que este sistema en que vivimos está lejos de colmar mis aspiraciones ideales, me importa mucho la conservación y consolidación de las libertades democráticas alcanzadas hasta el día de hoy. Y querría tener la seguridad de que ninguna de las alternativas de gobierno normales en democracia encierra el riesgo de recortarlas o incluso perderlas.

22-V-2006

Un rumbo equivocado

En medio de los ardores del verano, cuando las gentes descansan en las playas de un año de trabajo y la opinión pública está desmovilizada, nos ha sorprendido el brutal ataque de Israel contra un Líbano que apenas empezaba a levantar cabeza, tras años de una historia infernal que le asoló.

El pretexto para el ataque era todavía más banal que el utilizado por Bush para invadir Irak: dos soldados israelíes habían sido secuestrados por Hezbolá. En un contexto en el que Israel secuestra a diario no ya a soldados, sino a ministros del Gobierno palestino y los mantiene en prisión, el argumento resultaba un desatino cruel y grotesco a la vez.

Desde el primer momento fue claro que el bombardeo del Líbano no podía haberse decidido sin el acuerdo de Bush, quien por su parte no disimuló ni un momento, apresurándose a apoyar y justificar la agresión. El ataque, en la primera fase, pese a los sufrimientos de la población civil libanesa, ha sido un fracaso. La aviación puede causar daños terribles en las infraestructuras del país y en la moral y las vidas de la población civil. Pero también un ataque injusto puede unir a los ciudadanos del país más dividido por la diversidad de comunidades étnicas o culturales que le componen. Y eso es lo que sucedió en el Líbano. De la noche a la mañana apareció que la población se identificaba con Hezbolá, la única fuerza real capaz de responder a la agresión.

Además, un principio de la guerra —que tras machacar el objetivo hay que ocupar el terreno con tropas de infantería— puso también en evidencia la capacidad de Hezbolá para defender el terreno y originó a los israelíes más bajas y destrucción de material militar de las que estaban en condiciones de tolerar.

Resultó extraño que, mientras que en un primer momento Estados Unidos se pronunciaba contra un alto el fuego y el envío de cascos azules para separar a los contendientes, Bush, al final, reclamase el envío de esas fuerzas de la ONU, incluso urgentemente.

Muchos espectadores se preguntaron desde el primer día por qué Israel se lanzaba aventureramente a una agresión que iba a levantar en su contra a la opinión pública internacional y que agravaba su aislamiento entre los países que le circundan. No ha pasado mucho tiempo y avezados analistas de la política internacional han comenzado a iluminar los entresijos de lo verdaderamente sucedido. Se ha visto que el plan de agresión al Líbano interesaba, mucho más que a los israelíes, a la Administración de Bush y al Pentágono. Y no se trataba tanto del Líbano como de Irán. Bush, decidido a resolver por la fuerza el contencioso con Irán sobre el enriquecimiento de uranio e insatisfecho por el obstáculo a sus planes que resultaba de la posición de otras potencias de no sacar del terreno diplomático la solución del conflicto, buscaba un camino más directo que justificara el uso de la fuerza: la ofensiva contra Hezbolá abría la puerta al ataque directo a Irán, considerado como el patrocinador de dicha organización. Era un atajo para el logro de sus propósitos que le brindaban sus socios del Ejército israelí.

El que finalmente Bush haya aceptado el alto el fuego —violado ya por cierto impunemente por Israel disfrazando a sus comandos de soldados libaneses— y el envío de una fuerza de cascos azules no significa que haya renunciado a sus planes de utilizar el atajo libanés para atacar a Irán. Si a los cascos azules se les exigiera no sólo separar a los contendientes sino desarmar a Hezbolá, el peligro es que, de hecho, los Ejércitos europeos —más otros que compongan la fuerza enviada— se vean complicados, de incidente en incidente, de provocación en provocación, en enfrentamientos que terminen chocando con Irán. De esta suerte, Bush, que primero ha utilizado soldados israelíes, intentaría encontrar los cascos azules, la infantería necesaria para ocupar el terreno.

Ante tal posibilidad se comprenden las dudas que ha tenido Francia para tomar el mando y enviar tropas que pueden verse implicadas en acciones peligrosas. La impresión es que también otros Gobiernos tienen dudas. Y que exigen un mandato claro y unas reglas precisas en caso de tener que emplear la fuerza.

En cualquier caso, Europa debe tomar sus precauciones para no verse envuelta en una aventura contra Irán que podría provocar un grave conflicto mundial.

La Administración de Bush ha metido ya a Estados Unidos y Occidente en demasiados conflictos sin salida para que nos prestemos a facilitarle nuevas y gravísimas complicaciones. Hasta ahora los únicos beneficiarios de tales iniciativas son los petroleros que pululan en el grupo de Bush, que, con el alza imparable de los precios del crudo, son los que sin duda están «forrándose».

Separar a los contendientes y ayudar al Líbano a reparar los enormes destrozos sufridos debería ser ahora la tarea de Europa y de Occidente, incluidos los Estados Unidos. Proteger a Israel, también.

Pero a Israel no se le protege realmente si no es planteándose la tarea de crear de verdad a su lado un Estado palestino real, soberano y protegido también. Es difícil imaginar a la larga el mantenimiento de un pequeño Estado hebreo, una gota de agua en medio de un océano árabe e islámico, rodeado de hostilidad y en guerra permanente con su entorno. Porque por ese camino la causa del pueblo judío quedaría sepultada y utilizada por intereses de la gran potencia que se da apariencias de ser su protectora.

En Occidente tendríamos que comenzar a ver a organizaciones como Hezbolá y Hamás de una manera menos simplista. Hoy sólo vemos el terrorismo y su capacidad para crear lo que podríamos llamar el arma absoluta, la disposición de miles de seres a inmolarse para combatir a los que consideran sus enemigos. Podemos estar en vísperas de multiplicar esa arma.

Recuerdo ahora lo que me contaban oficiales iraquíes sobre los primeros combates en la guerra que mantuvieron con Irán. Frente a ellos luchaban regimientos que habían sustituido el uniforme militar por blancas mortajas, indicativo de su resignación a morir matando.

Hezbolá y Hamás son, además, organizaciones de masas que se preocupan de los problemas cotidianos de los ciudadanos, que incluso reemplazan las deficiencias del Estado en sus países, en cuestiones como la salud, la asistencia social, la educación y la beneficencia. Por eso tienen un apoyo masivo de la ciudadanía y pueden ganar elecciones, frente a partidos tradicionales, corruptos, que han olvidado su origen liberador.

Tenemos que plantearnos si la política de Occidente no es demasiado dócil a las presiones norteamericanas. Porque también podemos preguntarnos si la política de Bush no es el mejor camino para multiplicar los movimientos como Hezbolá, hasta conseguir lo que ninguna Liga Árabe ni otros movimientos habían conseguido hasta ahora: unir a los pueblos árabe e islámico contra Occidente.

Algo en la política de Occidente con respecto a ese Oriente marcha cabeza abajo, con los pies como sede del pensamiento. Occidente tiene que dar la vuelta a esa política, pensarla con la cabeza, mirando el interés de los seres humanos y no el del mundo de los negocios. La política y su complemento, la diplomacia, tienen que tomar el timón. De otro modo, nosotros mismos estaríamos socavando la civilización.

29-VIII-2006

Juan Negrín y los comunistas

Por fin se ha celebrado en Madrid una ceremonia oficial —con participación de varios ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero— reconociendo los méritos del doctor Juan Negrín en la defensa de la Segunda República. Me refiero a la inauguración en lo que fue el cuartel de Conde Duque de una exposición —que estará abierta hasta el mes de noviembre— sobre la trayectoria de este investigador científico que en circunstancias dramáticas llegó a ocupar la presidencia del Gobierno y los Ministerios de Defensa y Hacienda, olvidado sistemáticamente durante largos años, en los que fueron pocos los que se atrevieron a reivindicar su figura.

Sobre Negrín pesaba lo que hasta para algunos de sus correligionarios era considerado como una mancha: su coincidencia con el Partido Comunista en la política de resistencia al franquismo durante la Guerra Civil y posteriormente su posición favorable a la unidad sin exclusiones de todas las fuerzas antifranquistas. Esta actitud le valió ser acusado de «agente de Moscú» por otros líderes de su partido que propugnaban una imposible «paz honrosa» con Franco.

El doctor Negrín fue ante todo un científico prestigioso, en cuyo laboratorio se formaban investigadores tan famosos como Severo Ochoa. Fue también quien dirigió la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid, secundado por arquitectos tan importantes en su época como Manuel Sánchez Arcas.

Hijo de una familia burguesa de Canarias, Juan Negrín tuvo la suerte de completar su formación en Alemania, un país que entonces estaba a la cabeza de la ciencia y la técnica mundiales. Allí había comenzado a interesarse también por la política, como un ciudadano para el que no eran indiferentes los agudos problemas que entonces se vivían en la Europa de la primera posguerra mundial.

Esas inquietudes le llevaron a ingresar en el PSOE en las postrimerías de la Monarquía de Alfonso XIII. En ese momento Negrín por su prestigio científico era una adquisición importante para cualquier partido político.

Le vi por primera vez personalmente un día de diciembre de 1930, cuando vino a recoger a Largo Caballero en un mitin homenaje a Pablo Iglesias. Era un momento importante en la historia de este país. En ese acto, en un discreto apartado, Largo Caballero había transmitido a quien entonces era dirigente de la Casa del Pueblo de Madrid la orden —por cierto, incumplida— de desencadenar la huelga general el día 15 para apoyar el movimiento que por decisión del Comité Revolucionario republicano debía comenzar ese día a fin de implantar la República.

El doctor era en ese momento uno de los raros afiliados al PSOE que poseía un automóvil y con él debía llevar a Largo Caballero desde el mitin a una de las últimas reuniones del citado Comité en vísperas del acontecimiento. El coche de Negrín, conducido por él mismo, tuvo también en esos mismos días otros empleos singulares. Por ejemplo, recoger al pie de Prisiones Militares al comandante Ramón Franco, en ocasión de una conocida fuga, llevándole al lugar donde debía ocultarse hasta el día 15 en que se sublevaría a favor de la República. El doctor Negrín servía a la causa en misiones modestas pero peligrosas, para las que en cierto modo su prestigio de científico era una buena cobertura.

Proclamada la República, en las elecciones legislativas, los socialistas canarios pensaron que el doctor, por el prestigio social de la familia —además del propio— sería un excelente candidato y así se vio lanzado directa y públicamente a la política. Fue elegido diputado, formando parte de las Cortes Constituyentes de la República. Ello no le apartó, sin embargo, de lo que siguió siendo bastante tiempo su ocupación principal: la cátedra y el laboratorio.

Negrín no estuvo nunca integrado en lo que se consideraba la izquierda del Partido. Se alineó siempre con las posiciones centristas de Indalecio Prieto. Si el movimiento de octubre de 1934 que dirigían Largo Caballero y Prieto hubiera triunfado, Negrín como otros prietistas —el mismo Prieto, Zugazagoitia, Amador Fernández...— hubieran sido ministros del Gobierno que se iba a constituir.

En 1936, tras la elección de Azaña para presidente de la República, Negrín defendió el nombramiento de Prieto a la jefatura del Gobierno y se manifestó decidido a romper el grupo parlamentario socialista —de mayoría caballerista— y a apoyar a Prieto, en unión con los republicanos aun a costa de la división del PSOE.

Ya en la guerra, al formarse el Gobierno de Largo Caballero, Negrín fue nombrado ministro de Hacienda en el cupo que correspondía a la tendencia de don Indalecio y a propuesta de éste.

¿Por qué fue nombrado Negrín presidente del Gobierno, en vez de Prieto, tras la crisis del Gobierno de Largo Caballero en mayo de 1937? Se ha creado toda una leyenda atribuyendo el hecho a la iniciativa del PCE. Nada más falso. El PCE hubiera aceptado la presidencia de Prieto, como aceptó su nombramiento de ministro de Defensa. Quien decidió, entre Prieto y Negrín, fue el presidente de la República, Manuel Azaña. En sus Memorias explica por qué: «Me decidí a encargar del Gobierno a Negrín. El público esperaría que fuese Prieto. Pero estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares, reunidos, para los que fuera de él no había candidato posible. Y en la presidencia los altibajos de humor de Prieto, sus repentes, podían ser un inconveniente. Me parecía más útil, teniendo Prieto una función que llenar, importantísima, adecuada a su talento y su personalidad política, aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín»... «Negrín, poco conocido, joven, duro, es inteligente, cultivado, conoce y comprende los problemas (sabe ordenar y resolver las cuestiones). Podrá estarse conforme o no con sus puntos de vista personales, pero ahora cuando hablo con el jefe del Gobierno ya no tengo la impresión de que estoy hablando con un muerto. Esto, al cabo de los meses, es para mí una novedad venturosa».

En efecto, Azaña fue quien optó por Negrín cuando el candidato más indicado parecía Prieto.

¿Qué sucede a partir de ese momento? Fundamentalmente un acercamiento más marcado entre la Ejecutiva del PSOE, compuesta por partidarios de Indalecio Prieto y el Partido Comunista. El comité de enlace entre ambos partidos intensifica su actividad. Después de la formación del Gobierno de Negrín, Prieto plantea ante esa Ejecutiva la necesidad de ir pensando en la posible fusión de ambos partidos, basada en el objetivo de ganar la guerra. Ese planteamiento de Prieto provoca la dimisión de dos miembros de la Ejecutiva, entre ellos Anastasio de Gracia —que formalmente es el presidente aunque esa función la ejerce realmente el mismo Prieto—, disconformes con esa perspectiva. Y esa relación unitaria entre las direcciones de los dos partidos se prolonga hasta el fin de la guerra, incluso cuando Prieto, tras la batalla de Teruel y el corte en dos de la zona republicana, ha vuelto a posiciones anticomunistas y considera derrotada la República.

Negrín acepta la presidencia del Gobierno dispuesto a apurar todas las posibilidades de ganar la guerra. Ésta era su firme voluntad. Y se apoya militarmente en las unidades del Ejército Popular más sólidas, que son esencialmente las que tienen una connotación más próxima al Partido Comunista. Negrín y la Ejecutiva del PSOE en ese momento están decididos a colaborar con los comunistas para resistir mientras haya la más mínima posibilidad.

Negrín, como los comunistas, comprendía la naturaleza del fascismo que hacía imposible la «paz honrosa». Tras la caída de Cataluña la resistencia se tornaba mucho más difícil. Pero, estando al corriente de la situación mundial, todavía había una posibilidad: aguantar hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en último caso, resistir permitía ir retirándose ordenadamente y organizar la evacuación de decenas de miles de republicanos que tras el golpe de Casado quedaron en manos de Franco y fueron vilmente masacrados.

La dirección oficial del PSOE, en la que figuraban líderes como González Peña y Ramón Almoneda, sostuvo las posiciones de Negrín, cuyas coincidencias con el PCE fueron fundamentalmente dos: mantener hasta el fin la resistencia al franquismo y más tarde, terminada la Segunda Guerra Mundial, recomponer la unidad de todos los republicanos para recuperar la República.

Negrín nunca fue comunista. Pero, al amanecer de nuevo la democracia en España, reconocer el papel de Negrín en la guerra contra el fascismo significaba reconocer también el papel de los comunistas españoles en la defensa de la República y en la resistencia clandestina a la dictadura. Y antes que eso hubo quienes prefirieron enterrar la figura de Negrín, sumirla en el olvido y ensalzar otras que jamás estuvieron a su altura.

Recordarlo hoy ya es sólo una parte de la recuperación de la memoria histórica. Y aunque pese a algunos —pero la historia es la historia— de forma indirecta, a reivindicar el papel del PCE en la lucha por la democracia.

9-X-2006

La Transición vista por Carrillo

Nunca ha habido acuerdo general a la hora de determinar en qué momento finalizó la transición democrática en España. Formalmente se puede hablar de la aprobación de la Constitución en 1978 y éste fue sin duda un momento importante del proceso. Pero ahí no quedó definitivamente resuelta la cuestión; hubo algunos intentos de dar marcha atrás; uno, el golpe del 23-F, particularmente grave porque en él coincidieron una serie de poderes que estuvieron a punto de echarlo todo a rodar. En ese golpe había muchos más implicados de los que se sentaron en el banquillo del Consejo de Guerra. También complicidades muy amplias, tanto en la esfera nacional como internacional. No fue casual que la Conferencia Episcopal, reunida ese día, no se pronunciara sobre el golpe en el momento de producirse. A su vez hubo banqueros que lo recibieron con simpatía. La embajada norteamericana estaba al corriente de lo que se gestaba. Las bases americanas fueron puestas en estado de alerta y sus mandos no advirtieron de lo que se preparaba al Gobierno en funciones de Adolfo Suárez. El secretario de Estado de Estados Unidos, el general Haig, se apresuró a declarar que el golpe era un «asunto interno» de los españoles, y sólo después de derrotado éste modificó su actitud.

Lo cierto es que esa noche la actitud del teniente coronel Tejero, al negarse a permitir al general Armada el acceso al hemiciclo del Congreso y, muy particularmente, la posición del Rey con la colaboración de Sabino Fernández Campo, al desautorizar y desmontar la extensión del levantamiento, impidieron el éxito final de éste.

Y en el atardecer del día 24, cuando el Rey se reunió con los líderes políticos, hubo un acuerdo tácito para procesar solamente a un grupo limitado de mandos con la responsabilidad más aparente. Se tenía conciencia de que en ese momento el sistema democrático no era bastante fuerte para encajar un proceso contra todos los que de una manera u otra, militares o civiles, habían estado implicados en la conspiración.

Al aceptar ese acuerdo tácito no es que los líderes fuéramos débiles; lo era el sistema democrático que estaba dando sus primeros pasos, caminando por el filo de una navaja. Fuimos simplemente realistas e hicimos lo que en ese momento era más útil para la continuidad del proceso de asentamiento de la democracia.

Conviene salir al paso de un equívoco que sobre todo podría confundir a las nuevas generaciones. La liquidación o la superación de la dictadura franquista en España no se parece en nada a la forma en que se puso fin a las dictaduras fascistas en Europa. El fascismo en Alemania e Italia fue destruido por una tremenda y aplastante derrota militar. En Francia el régimen de Vichy, creado por los ocupantes alemanes y los colaboracionistas franceses, cayó también a consecuencia de la derrota militar ayudada por el levantamiento interior de los patriotas franceses. En el resto de Europa ocurrió lo mismo.

El camino de España fue muy diferente. Pese a que históricamente nuestra Guerra Civil fue en realidad el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial, al concluir ésta con la derrota del Eje, cuando los demócratas españoles esperaban la desaparición del régimen franquista como una parte más del Eje fascista internacional, las potencias democráticas nos dieron la espalda y nos abandonaron a nuestra suerte. El régimen franquista fue utilizado como un aliado en la llamada «guerra fría» contra la URSS. Y eso le permitió sobrevivir muchos años más con el apoyo vergonzante de Estados Unidos y sus aliados europeos.

El Estado terrorista creado por Franco gozó, pues, tras la Segunda Guerra Mundial del apoyo de las potencias occidentales. El general Franco murió en la cama. La oposición, dividida además por la coyuntura mundial, no fue capaz de acabar con el régimen y una buena parte de ella esperó pasivamente a la muerte del dictador.

La lucha abnegada y valerosa de las vanguardias de obreros, estudiantes e intelectuales sólo consiguió movilizar en acciones de masas a una minoría de la población. Los efectos terribles de la derrota en la Guerra Civil, la eliminación sistemática de dos generaciones de demócratas y republicanos por el terror, la presencia siempre amenazadora de los representantes de un Estado terrorista y la labor del nacionalcatolicismo oficial consiguieron a lo largo de tantos años que muchas de las familias de los republicanos asesinados llegaran a sufrir una especie de síndrome del pecado; es decir, que muchos de ellos llegaron a sentir complejo de culpa, como si el haber defendido la República fuera un pecado cometido por sus parientes por el que ellos tenían que sufrir la arrogancia de los vencedores.

El resultado de todo esto en un país sobrecogido por las consecuencias de la derrota es que hubo que esperar y propiciar la descomposición interna del sistema. Y ésta fue produciéndose lentamente, no sólo como consecuencia de la acción de los sectores activos de la oposición sino de la necesidad que tenía la burguesía española de no perder el tren de la mundialización de la economía y de salir de las políticas autárquicas, que generó lo que más tarde se conoció como la tendencia reformista del franquismo, encabezada por el propio don Juan Carlos y con un sector joven de funcionarios del régimen. Al plantear la política de reconciliación nacional, ya en 1956, coincidiendo con los primeros enfrentamientos estudiantiles en Madrid con Falange, en los que ya eran protagonistas los miembros de una generación en la que se mezclaban los hijos de los vencidos con los de los vencedores, ya se iniciaba un desarrollo de ese tipo.

Las características de la situación han impreso en el proceso democrático español un sello inevitable: su carácter de proceso reformador, lento, con momentos de ambigüedad, muy diferente de lo que hubiera sido un proceso originado por una decisión militar capaz de producir un cambio revolucionario.

En la primera fase de la Transición, caracterizada por el consenso con los reformistas del franquismo, se trataba de lograr el establecimiento de las instituciones democráticas, la recuperación de la soberanía popular y el desmantelamiento del franquismo, es decir, una implantación pragmática de las reglas del juego democrático.

Los reformistas del franquismo aceptaron un cambio que era, de hecho, una rectificación profunda de su historia anterior. Aquí se distinguió por su valentía y su consecuencia una figura clave de la Transición: Adolfo Suárez. Pero los reformistas no podían abjurar pública y formalmente de un pasado, porque en tal caso los ultras del franquismo que controlaban todavía mayoritariamente los instrumentos de fuerza del poder estaban en condiciones de desplazarlos.

Si en esa primera fase de la Transición la izquierda hubiera planteado la exigencia de responsabilidades históricas —lo que hubiera sido normal en un proceso determinado por la fuerza militar, en una revolución— no se habría coronado con éxito esa primera fase de la Transición. La fuerza militar, la capacidad de recurrir a la violencia, la tenían exclusivamente los ultras franquistas, que controlaban las fuerzas armadas frente a un pueblo todavía traumatizado por la derrota en la Guerra Civil y por cuarenta años de terrorismo de Estado.

Se ha hablado mucho de si hubo o no ruptura. Yo quiero aclarar que incluso la idea de la ruptura democrática estaba contenida en la perspectiva de un cambio que no podía ser revolucionario. La ruptura proponía sólo cuatro objetivos concretos:

Amnistía.

Legalización de los partidos políticos y de las organizaciones sociales.

Elecciones a Cortes Constituyentes.

Estatutos de autonomías. Estos objetivos en definitiva fueron realizados por el Gobierno de Adolfo Suárez a veces causando sorpresa y colocando a los sectores inmovilistas ante los hechos consumados.

El proceso de transición ha sido, efectivamente, muy lento; ya Marx comentó en su libro sobre esta característica de la Revolución española, la lentitud de los cambios en España, que contrastaba con la rapidez de los cambios en Francia.

Ha sido necesario el nacimiento de dos generaciones acabada la Transición para que pueda hablarse de lo que objetivamente es una segunda fase, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es decir, para completar y asentar la Transición era vital que el protagonismo político estuviera en manos de generaciones que no tienen ya ninguna relación personal ni con la Guerra Civil ni con la dictadura franquista, que no son ya ni «republicanos rojos», ni «nacionales», aunque sus antepasados hayan sido lo uno o lo otro. Generaciones nuevas que han crecido en un sistema democrático. Es el momento en que con objetividad puede enjuiciarse la historia próxima de nuestro país, prescindiendo de lo que pudo hacer papá, el abuelo o el bisabuelo.

A estas alturas ya debería haber un consenso general en que la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que provocó la Guerra Civil, fue un atentado condenable contra el régimen democrático existente entonces. Un político que participe en el día de hoy y que no reconozca algo tan elemental, ¿qué confianza puede merecer a los ciudadanos españoles? ¿Qué seguridad puede inspirar?

En consecuencia, los que sacrificaron todo defendiendo un sistema democrático merecen un reconocimiento histórico que hasta ahora nunca habían obtenido oficialmente. ¿Cómo puede negarse esto a las víctimas de los vencidos mientras calles y plazas son todavía un homenaje a los vencedores, cuyos nombres siguen en los atrios de las iglesias? ¿Cómo es posible que haya obispos que prohíben colocar lápidas en recuerdo de los republicanos asesinados en el interior de los cementerios?

Es la hora de reconocer sin ambages que la Segunda República es el único antecedente democrático en la historia de España del régimen en que hoy nos desenvolvemos ya seamos republicanos o monárquicos si de verdad somos demócratas.

Es la hora de consolidar y asentar el Estado de autonomías que ya dispone la Constitución, en la que se reconoce la división de nuestro Estado en regiones y nacionalidades, la pluralidad de pueblos que le componen. Las autonomías han producido un tipo de Estado federalizante y asimétrico, y han tenido un papel decisivo en el desarrollo de esta España, que ya es muy distinta y bastante mejor de la que teníamos en 1978. Y los nuevos Estatutos que están elaborándose vienen a consolidar el tipo de Estado que no sólo no ha roto España, sino que la ha fortalecido.

Es la hora de igualar de verdad en derechos a mujeres y a hombres, y para ello, si es necesario mientras esta igualdad no sea verdaderamente real, promulgar leyes incluso discriminatorias a favor de la mujer.

Es la hora de prestar una atención particular a la juventud amenazada de marginación, lo que además de ser injusto es un grave riesgo para la cohesión social.

Es la hora de reconocer los derechos de las minorías sociales, discriminadas hasta aquí por diversas razones; de fomentar la libertad de investigación biológica para proteger la salud de los humanos, superando tabúes de origen ideológico o religioso. La hora de defender la paz y de sentirnos solidarios con todos los pueblos del planeta. La hora de defender y desarrollar el Estado del bienestar.

Es la hora de traducir a leyes cuanto es humano y redunda a favor de la libertad y la seguridad de todos; la hora de terminar con el terrorismo que tanto daño nos ha hecho, teniendo el valor de negociar la paz.

A esto le llamo yo la segunda fase de la Transición democrática.

En esta tarea es necesario el mayor consenso político posible. Y es necesaria una labor pedagógica para lograr la comprensión de las ciudadanas y de los ciudadanos. Pero a la vez no debe cederse a la obstrucción y al reaccionarismo de los que pretenden revivir las dos Españas, la España vieja del trono, el sable y el altar, frente a la España joven, progresista y mayoritaria. Pedagogía y firmeza política son los dos instrumentos necesarios en esta segunda fase.

Así es como podrá considerarse culminada la transición democrática por un camino que no pudo ser el más directo y rápido, porque la historia nos impuso un camino lento y dificultoso.

Aun con todo, esta segunda fase todavía choca con serios obstáculos que oponen quienes en el fondo no han roto todos los vínculos ideológicos con la dictadura. Esas resistencias en el día de hoy podemos vencerlas las fuerzas democráticas uniéndonos, acudiendo al fallo del sufragio universal.

La implosión del sistema soviético fue una tremenda sorpresa para muchísimos comunistas en el mundo entero. Se les vino la casa encima. Los partidos comunistas, con pocas excepciones, no estaban preparados para resistir tal contingencia. A pesar de que era una desgracia anunciada, algunos no podían o no querían verla venir. La tendencia eurocomunista, que de desarrollarse plenamente hubiera podido ahorrar a los partidos comunistas europeos las consecuencias del hundimiento, no fue capaz de sacar a tiempo todas las conclusiones de su posición crítica y no llegó a romper totalmente el cordón umbilical con el centro soviético. No era fácil, desde luego, y los militantes que lo intentamos terminamos eyectados de un modo y otro fuera del partido.

He escrito que lo sucedido fue una desgracia anunciada porque el fracaso de una experiencia de transformación socialista tan importante mundialmente como la Revolución rusa de octubre de 1917 ha sido objetivamente, con independencia de cuáles hayan sido las responsabilidades de sus promotores, una desgracia para el género humano. Desaparecida la URSS —a lo que desde luego no ha sido ajeno el cerco capitalista sufrido por ésta desde las primeras horas—, el capitalismo se ha liberado de todos los miedos y las cautelas, y actúa como si todo el monte fuera orégano, como si ningún adversario consistente cuestionara su dominación sobre la sociedad y sus panegiristas cantan ya su inmortalidad como sistema social. De esta suerte el Estado de bienestar ya no se considera como el seguro necesario frente al peligro comunista y comienza a ser desmontado en los Estados que lo habían adoptado cautelarmente. Los sindicatos sufren agresión tras agresión, combinadas con fenómenos de corrupción, para reducir su capacidad de movilización y de lucha contra la explotación capitalista.

12-XI-2006

La paz, ¿el sueño de una noche de verano?

La bomba de Barajas ha sorprendido dolorosamente a casi todo el mundo, incluidos algunos dirigentes de Batasuna, si damos fe a sus declaraciones. Llevábamos más de tres años sin muertos. La atmósfera política de Euskadi se había vuelto más respirable, había llegado a parecer casi imposible que ETA repitiese horrores que se daban ya por terminados. El presidente Rodríguez Zapatero lanzaba mensajes que animaban a la esperanza. ¿Acaso el proceso de paz fue sólo el sueño de una noche de verano?

El 11-M con sus consecuencias monstruosas había como desplazado al terrorismo de ETA. Fue algo tan brutal que pudo influir hasta el núcleo dirigente de ésta, precipitando una reflexión sobre la flagrante inutilidad de estos métodos. Yo soy de los que piensan que en el momento de la declaración del «alto el fuego permanente», por lo menos los dirigentes que la tomaron creían en la necesidad de la paz negociada y habían llegado a la conclusión de que la táctica seguida hasta entonces había desembocado en un callejón sin salida. Creo que Otegi en Anoeta expresaba un deseo real de encajar al movimiento abertzale en el juego democrático. La dinámica de quienes poseían voluntad de ser un partido electoral aunque hubiera nacido como el brazo político de una organización terrorista, tenía que llevarles cualquiera que fuese su pasado, a la convicción de que en uno u otro momento, en una sociedad democrática sería imposible armonizar ambas tácticas: la lucha por el sufragio y el terror. En un movimiento de las características del abertzale, con una importante base social, pero en cuyo desarrollo la estructura terrorista tuvo un papel dominante, debía llegar un momento en que el estancamiento por la esterilidad de la fórmula plantease a los dirigentes más realistas la necesidad de optar entre las dos tácticas. Y era natural que en el momento de plantearse esa opción surgiera una grave crisis en todo el movimiento.

A veces tengo la duda de si la negociación se llevó pensando que ETA es como un partido político corriente y si no subestimaron las complejidades propias de una organización terrorista clandestina. Un partido político corriente puede disolverse fácilmente, con una simple decisión de su dirección. Sus miembros pueden hacer dos cosas: quedarse en su casa o acercarse a otro de los partidos existentes.

Pero una organización como ETA es algo muy distinto. Se trata de varios centenares —cuando menos— de personas organizadas en comandos, con diversas funciones dedicados a organizar y realizar atentados. La mayor parte, por lo menos la más decisiva, se convierten en profesionales que viven fuera de la ley, a veces hasta con su familia. Las condiciones de tal género de existencia les llevan a crearse un mundo propio, alejado del real, un mundo de ficciones y quimeras, que se alimenta de éstas y termina perdiendo todo contacto con la realidad. El hombre cuyo trabajo consiste en preparar atentados, aunque en el pasado haya tenido inquietudes políticas, termina perdiéndolas, obsesionado por la disciplina a que fuerza una labor que exige concentrar su pensamiento en la obsesiva necesidad de mantener su propia seguridad, de autoprotegerse frente a la sociedad y los servicios de policía que le acechan permanentemente. Y hay terroristas que se acostumbran a vivir así, hasta el día en que fatalmente terminan cayendo.

La dirección de una organización así, que llega a comprender el sinsentido de su existencia y hasta a hacer pública su voluntad de abandonar el camino anterior, tiene por delante un duro trabajo: convencer a esos cientos de clandestinos que se han acostumbrado a un género de vida nada fácil de cambiar. Puede tropezar hasta con grupos de la organización que le acusen de traición. Hasta puede correr el riesgo de que las pistolas se vuelvan contra ella.

Además, ETA soporta la presión de centenares de presos, condenados a largas penas que a veces, en las cárceles, aislados, lejos de sus familiares y vecinos, perpetúan ese mundo aparte, de ficción. Y cuando no tienen esperanza de liberarse pueden ser más extremistas que nadie y exigir que la organización en la calle siga atentando. Y no nos engañemos, el ciudadano corriente puede considerarles criminales, pero ellos en su mundo, se consideran héroes y mártires de una causa incomprendida y sus correligionarios pueden considerarles también así.

Yo dudo de que todos los que han mediado en esta situación hayan tenido una concepción clara de lo que se traían entre manos y de que disolver una organización como ETA plantea problemas muy complejos que hay que abordar desde fuera con unas dosis de generosidad muy grandes.

Desgraciadamente ni el Partido Popular ni la AVT estaban por la labor. Desde el primer día combatieron la negociación con todas las armas posibles e intentaron convertir el tema del terrorismo en un pretexto más para minar el prestigio y la autoridad del presidente Rodríguez Zapatero, influyendo incluso con su actitud en el comportamiento de determinados sectores de la Administración del Estado. Bajo esta presión, en el periodo de la negociación se reforzaron las medidas represivas fortaleciendo objetivamente a los que dentro de ETA se inclinaban a mantener el terror. En cualquier caso, estas actitudes debilitaban la posición del Gobierno y, conscientes de ello, los negociadores etarras pudieron cometer el error de creer que podían exigir lo imposible. Sea como sea, lo que resulta indignante es que haya gente que se dice de orden que ha recibido la bomba de Barajas casi como un éxito propio y un fracaso del Gobierno, aprovechando el desastre para reclamar jubilosamente la dimisión de Rodríguez Zapatero.

Hoy todos los demócratas estamos consternados ante los cadáveres de dos inocentes inmigrantes ecuatorianos, que buscando el bienestar en nuestro país han hallado una muerte ciega y criminal que llena de luto a todos los ciudadanos españoles e invita a la solidaridad con los inmigrantes, que por compartir todo con nosotros, comparten también las consecuencias de nuestras luchas tribales.

De esta desgracia hay unos responsables directos, indudables, para los que no sirve ninguna justificación: los etarras que han decidido, o llevado a cabo el atentado. Ellos han roto el alto el fuego, la negociación. Y en cierto modo nos han retrocedido al pasado, a la situación que teníamos hace más de tres años. Algunos creían que ETA estaba ya en las últimas y no podía volver a matar. Y acusaban a Rodríguez Zapatero de rendirse ante ella, cuando al parecer bastaba con los tribunales y la policía para conseguir su disolución. Desgraciadamente se ha comprobado que ETA puede seguir matando, puede seguir desestabilizando nuestra democracia.

¿Hay acaso alguien que gane con esta catástrofe? Nadie en absoluto. Perdemos todos, aunque algunos se hagan de momento la ilusión de que esto puede ayudar a su retorno al poder. Pierde también la izquierda abertzale, a quien vuelven a cerrárseles las perspectivas de competir por sus ideas en el terreno democrático. Lo veo difícil porque haría falta mucha inteligencia política y mucho coraje para hacerlo, en una hora en que se endurecen las posiciones y el orgullo y el amor propio puede dar paso fácilmente al empecinamiento.

Hemos perdido todos; seguimos amenazados por el terrorismo. Las bombas y las pistolas aparecen de nuevo. Lo elemental frente al peligro es que nos unamos y que confiemos al Gobierno la dirección de la lucha antiterrorista. Es indudable que el terrorismo no podrá vencer nunca al Estado democrático y que siempre se estrellará frente a él. Pero no podemos ignorar que cualquier degeneración policial es susceptible de poner límites a los derechos y la libertad de los ciudadanos. Cuando el señor Acebes habla de que él sabe cómo vencer a los terroristas, olvida al parecer que España sufrió el mayor atentado de ese género siendo él ministro del Interior y que ni fue capaz de evitarlo, ni siquiera se enteró de dónde venía el golpe. Vencer al terrorismo es curar una enfermedad social contra la cual no basta la fuerza: además —y sobre todo— es necesaria la inteligencia política.

A estas alturas tenemos que constatar que el Estado de derecho, e incluso la unidad de las fuerzas políticas estatales —que fue efectiva hasta que el PP, desmarcándose del resto del arco parlamentario, rompió el consenso— no bastan para poner fin al terrorismo. En treinta años hemos podido comprobar que afirmar lo contrario es una pura ilusión. A despecho de la intransigencia de la dirección del PP, yo pienso que hoy lo prioritario para lograr el fin del terrorismo en Euskadi es mantener las coincidencias alcanzadas entre el Gobierno y el nacionalismo democrático vasco. Por duro que sea lo sucedido y manteniendo la autoridad del Estado, no debemos cerrarnos ningún camino. Y si es verdad que el presidente Rodríguez Zapatero ha asumido riesgos, no lo es menos que el señor Rajoy se enfrenta a la prueba de mostrar que es digno de dirigir un partido conservador democrático de tipo europeo.

15-I-2007

¿De espaldas ante el más peligroso terrorismo?

La derecha española, encabezada por los dirigentes del PP, trata de dar fuerza a una especie de Frente Nacional —que recuerda el movimiento de Le Pen— cuya ala «marchante» integra cómodamente a los residuos del franquismo y al Foro de Ermua. La oposición al terrorismo aparece como el elemento aglutinador de este Frente. ¿Es tan real y acuciante ese peligro hoy en España? ¿Justifica ese vendaval de locura que está crispando la vida política en nuestro país, llegando a afectar gravemente al funcionamiento de las instituciones democráticas?

Intentaré acercarme a este problema de la forma más objetiva posible. España sufrió durante largos años el terrorismo etarra, que golpeó indistintamente a fuerzas de derecha y de izquierda, promoviendo en un instante histórico un auténtico movimiento español de «manos blancas» que sacó a la calle manifestaciones multitudinarias englobando a masas de izquierda y derecha y a elementos nacionalistas periféricos.

Estas manifestaciones consiguieron un resultado importante: hacer progresar entre las masas abertzales vascas, que constituían la base social de ETA, primero la duda y más tarde el convencimiento amplísimo de que el terrorismo era un callejón sin salida, mientras que en el terreno democrático, con la palabra y las ideas, había más posibilidades de mantener una presencia política y un respaldo social. Estas tendencias forzaron a ETA a emprender negociaciones más o menos visibles, e incluso a declarar una primera tregua. Durante ella vimos al partido de Aznar, que entonces gobernaba sin mayoría absoluta, iniciar negociaciones de paz, haciendo concesiones de palabra y de hecho a ETA, que la oposición de la época y la opinión pública aceptaron y apoyaron sin rechistar, convencidas de que cuanto se hiciera para lograr la paz era necesario al interés general de la democracia española. Ni siquiera la AVT levantó la voz sobre esas concesiones, pese a que el dolor de las víctimas era todavía muy reciente.

Todo ello contrasta con el hecho de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, teniendo la aprobación expresa del Parlamento para negociar la paz no haya hecho ninguna de las concesiones que sí hizo Aznar y que durante su gestión se hayan endurecido las medidas de represión contra activistas etarras e incluso simplemente abertzales.

Entretanto en la esfera mundial apareció un nuevo terrorismo, mucho más destructor y peligroso, que conmovió al mundo con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. El terrorismo se convirtió así en el nuevo gran problema mundial, en torno al cual terminó abriéndose una profunda diferencia entre Gobiernos y en el seno de la opinión pública. Mientras unos pensaban que la lucha contra él era una cuestión de los servicios de policía y de inteligencia, complementada en el terreno político por lo que se conoce como Alianza de Civilizaciones, el bloque neocon de Bush, a la cabeza de los Estados Unidos, vio la oportunidad de lanzar una política de expansión en Oriente Medio, pretendiendo que comenzaba la tercera guerra mundial, esta vez ya no contra el comunismo, sino contra el terrorismo fundamentalista islámico.

En esa dirección Aznar se posicionó al lado de Bush e implicó a España con sus visitas al presidente norteamericano y sobre todo con su presencia en la reunión de las Azores, donde sobre la base de una mentira y al margen del Consejo de Seguridad de la ONU, se decidió la guerra de Irak. En ese momento violó la Constitución, metiéndonos en una guerra sin acuerdo del Parlamento.

A partir de ahí España se convirtió, al lado de Estados Unidos y Gran Bretaña, en objetivo preferente del terrorismo internacional. El Partido Popular y su Gobierno con notable inconsciencia e irresponsabilidad dieron la espalda al nuevo peligro, promovido por su presencia en las Azores y no tomaron ninguna medida para prevenirlo. El ministro del Interior Acebes y todo aquel Gobierno pasaron a la Historia como los más incompetentes en la lucha contra el terrorismo. Convencidos de que la protección de la superpotencia aseguraba su hegemonía política en España, el 11-M se despertaron en medio de un desastre, el mayor atentado acaecido en Europa hasta entonces, con miles de víctimas entre muertos y heridos.

¿Cómo reaccionaron ante la tragedia? Con la misma irresponsabilidad e inconsciencia. Sabiendo que el conocimiento de los autores reales por los ciudadanos podía desplazarles del poder tres días después, en las elecciones generales, no se les ocurrió otra cosa que mirar hacia otro lado y culpar a ETA del atentado. Pensaban que así los electores no lo asociarían con la tartarinada de Aznar en las Azores. Pero los ciudadanos percibieron la verdad con más instinto político. La pregunta «¿quién ha sido?» puso al PP contra las cuerdas y terminó castigándolo electoralmente.

Yo estoy convencido de que los trágicos resultados de aquel atentado, que sobrepasaban en horror a todo lo conocido en España, ejercieron una gran influencia hasta en el movimiento abertzale. El acontecimiento echaba una cruda luz sobre la barbarie de tales métodos. Ante el nuevo peligro del terrorismo internacional, el etarra por lo menos se desvalorizaba. Creo que eso también influyó en el «alto el fuego permanente» declarado por ETA. Los únicos que siguieron erre que erre, dando la matraca fueron los dirigentes del PP, con el apoyo de ciertos medios de comunicación.

Todavía hoy, cuando el juicio por aquel atentado, demuestra inequívocamente que fue una consecuencia de la reunión de las Azores, los dirigentes del PP no han rectificado su teoría de la «conspiración». Y engarzando con ella otras acusaciones sin fundamento han llevado a la sociedad española a una crispación que no tiene precedentes, a no ser que retrocedamos a los años treinta del siglo pasado.

Es la evidencia misma que el problema del terrorismo, siendo grave, es hoy diferente al de años pasados. Hoy en España la amenaza más seria viene del terrorismo internacional. Nuestro interés consiste en concentrar nuestros esfuerzos en la prevención de la amenaza exterior. Lo verdaderamente patriótico, sin duda alguna, es conseguir eliminar el peligro interior; no tener que llevar la batalla en dos frentes, sino en uno. Actualmente existen posibilidades reales de lograr que el movimiento abertzale renuncie a matar y se integre en el ámbito demócrata. Ello simplificaría el problema. De ahí que lo auténticamente patriótico sean los pasos del Gobierno para superar el terrorismo etarra.

¿O acaso es necesario que se repitan nuevos 11-M en Madrid, o en cualquier otra parte de nuestro territorio, para comprobar de dónde puede venir la más seria amenaza terrorista? Porque eso es lo que podríamos favorecer siguiendo de espaldas al peligro más amenazador si hiciéramos caso al señor Aznar que algunas horas antes de que el Congreso americano votase contra Bush y a favor de la retirada de Irak, consideraba, actuando como la voz de su amo, que semejante decisión era una capitulación ante el terrorismo.

Impedir la muerte de De Juana y acatar la absolución de Otegi, aunque ello fuese una concesión —y no lo que es, el simple cumplimiento de las leyes—, es un acto de Gobierno sabio, digno del apoyo de los ciudadanos de este país. Incluso también lo serían auténticas concesiones destinadas a reducir a uno solo el frente antiterrorista, lo que nos ayudaría a evitar nuevas víctimas. Insisto, el interés superior de España exige que todas las capacidades de nuestros servicios de seguridad estén concentradas en prevenir los ataques del terrorismo internacional, dentro del respeto a las reglas del Estado de derecho.

La demagogia de Rajoy y sus colegas, la locura que han desatado, la insistencia en las mentiras secundadas por medios de comunicación servidores de turbios intereses son lo más antipatriota, por muchas banderas nacionales y mucho himno nacional que se utilicen; por muchas injurias e insultos, utilizando un lenguaje de lupanar, que se esgriman.

Y lo grave no es sólo eso, que distraigan al Estado de los peligros de la auténtica amenaza terrorista que pesa sobre España. Lo más grave es que están poniendo en peligro los fundamentos del sistema democrático. Escuchando días atrás uno de los arbitrarios debates provocados en el Senado por el PP, observamos que mientras habló el portavoz del PP, y por injustos que fuesen sus ataques, todo el foro lo escuchó con respeto a la libertad de expresión. En cambio, la respuesta de Zapatero, mucho más serena, fue recibida por una algarabía de insultos que hacía muy difícil oírla. Muchas personas que vieron aquella vergüenza sacaron una conclusión; si esta gente llegara al poder y con esta actitud ya no podrían hablar en España más que ellos. Sensación que ha venido a confirmar el insólito boicot declarado a PRISA por el PP.

31-III-2007

Un acto decisivo en el salto a la democracia

La legalización del Partido Comunista, hace ahora treinta años, fue un acto decisivo para lograr el salto desde la dictadura franquista a un sistema democrático. Resultó una decisión difícil de tomar porque el franquismo, que sostenía a Estados Unidos en la guerra fría, intentaba prolongar su permanencia en el poder, presentando su victoria en la Guerra Civil no como lo que en realidad fue —el aplastamiento de la República democrática— sino como la derrota del comunismo internacional. Cuarenta años después de la contienda el «anticomunismo» seguía siendo el pretexto para mantener secuestradas las libertades del pueblo español y una brutal represión. Pero en el momento en que se inicia la transición la realidad era muy distinta: un país donde los trabajadores y los intelectuales pugnaban por conquistar la libertad y donde los empresarios se daban cuenta de que la dictadura había devenido un obstáculo para su incorporación al nuevo desarrollo del capitalismo europeo y mundial. Se producía así una convergencia puntual entre clases y sectores sociales diversos y opuestos, de los que se dan raramente en la historia, que fue la razón y la base de un consenso excepcional, de una difícil reconciliación entre los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil.

Durante un largo periodo el Partido Comunista de España había llegado a identificarse como el partido del antifranquismo. En el curso de la Guerra Civil se caracterizó por defender hasta el último día el concepto de República democrática y el orden republicano, incluso en medio de la revolución popular desencadenada por la sublevación franquista. Y ya tras la derrota el Partido Comunista mantuvo su acción en los términos de la lucha por la recuperación de la democracia y muy pronto, en 1956, definió ampliamente una política de reconciliación nacional que iba a ser, llegado el momento, la clave del cambio. El Partido Comunista pudo mantenerse activo en esas condiciones excepcionales por su capacidad para desenvolverse en la clandestinidad gracias al sacrificio heroico de una militancia abnegada, forjada, primero en la Guerra Civil y reforzada después con la aportación de los resistentes más esforzados surgidos de las nuevas generaciones. Así, en un periodo en que las dificultades objetivas de la acción clandestina, junto con el freno derivado de la posición ante la guerra fría hacían que otros partidos democráticos sin tanta capacidad combativa desaparecieran organizativamente, el PCE resultó ser la fuerza en mejores condiciones para desarrollar iniciativas y movimientos de masa, en los que se lograba unir a sectores sociales diversos, que contribuyeron a desgastar la dictadura. De esta suerte, al producirse la transición, en la calle, la fuerza que aparecía jugando un papel hegemónico en lo que había de antifranquismo realmente activo fue el Partido Comunista.

Un factor importante en aquel momento y que actuó de forma favorable a la legalización fue el hecho de que el PCE había conquistado una simpatía generalizada en la izquierda europea, por su campaña eurocomunista llevada a cabo conjuntamente con los PC italiano y francés. El PCE era reconocido internacionalmente como un partido democrático y nacional, que se debía a su propio pueblo. Líderes socialistas como Mitterrand, en Francia, o Nenni, en Italia, reconocían su papel e incluso líderes de la Democracia Cristiana italiana, como su secretario de entonces, Zacagnini, mantenían con nosotros una relación amistosa y cordial y apoyaban nuestra legalización.

Prueba de esa actitud de la izquierda europea e incluso de muchos demócratas fue la reunión del Comité Central del PCE en Roma, en el verano de 1976. Esa reunión estuvo arropada por todos los partidos del arco parlamentario de aquel país, con la sola excepción del MSI, una prolongación del fascismo mussoliniano. En esa reunión participaron como invitados representantes de la oposición democrática española, que lo hicieron de manera abierta.

Es indudable que en los primeros planes de lo que se llamó la Reforma no figuraba la legalización del PCE. El cambio sólo alcanzaba al PSOE. Pero en los años 1976 y 1977 el PCE salió a la superficie con toda su vitalidad, que entonces era considerable. En el entierro de los abogados laboralistas de Atocha realizó un despliegue de fuerza de manera muy responsable y serena, que convenció a los principales responsables del movimiento de reforma de la inevitabilidad de legalizarnos. Adolfo Suárez, con Landelino Lavilla, Martín Villa, Alfonso Osorio y el general Gutiérrez Mellado —principalmente—, con el apoyo del Rey, asumieron esta tarea no fácil. Al hacerlo, Adolfo Suárez aseguró el éxito de la transición democrática, tuvo el valor de asumir lo que era una ruptura profunda con los ultras del franquismo, que a partir de esto nunca le perdonaron el papel decisivo que desempeñó en la recuperación de la democracia.

De este modo la participación del PCE, con su experiencia y su madurez política, en la transición fue más importante que la de otros partidos que después han gobernado en el régimen democrático. Que el PCE no haya seguido teniendo después la influencia que poseía en ese momento ya no es el objeto de este artículo.

En todo caso me parece indiscutible la legitimidad con que los militantes del PCE podemos reclamar el reconocimiento de un papel notable, en la consecuencia del régimen democrático que hoy posee España.

8-IV-2007

Irak, la tentación de extender el incendio

Una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa ha disparado las alarmas en una ciudadanía ya demasiado preocupada por las consecuencias de la crisis bancaria en Estados Unidos. El señor Kouchner ha pronunciado palabras escalofriantes: «Francia tiene que estar preparada para lo peor, que es la guerra»; «No aceptaremos una bomba nuclear más en esta región del mundo tan peligrosa».

Estas afirmaciones no han sido desautorizadas por ninguna autoridad superior del país galo, lo que permite deducir que estaban autorizadas por el presidente Sarkozy. ¿Puede Francia sola asumir la responsabilidad y el peso de una guerra contra Irán? Evidentemente, no. Ya no estamos en tiempos de Napoleón. Francia no es una superpotencia y no podemos olvidar que en la antigua Indochina no pudo resistir los golpes de Vietnam y se retiró, dejando la plaza a las tropas norteamericanas que, después de una guerra horrorosa, tuvieron que retirarse también derrotadas. Por tanto, es lógico imaginar que Kouchner hablaba en nombre de otro. Y teniendo en cuenta la situación en Oriente Próximo, ese otro no puede ser más que el presidente Bush. La única superpotencia en condiciones de cumplir hoy esa amenaza a Irán —independientemente de que los resultados puedan ser catastróficos para ellos mismos— es Estados Unidos.

Este verano muchos comentaristas se ocuparon de que el presidente Sarkozy hubiera tomado sus vacaciones en Texas, en la amigable vecindad del presidente Bush. La verdad es que, habiendo tantos lugares hermosos para veranear en la propia Francia, resultaba curioso que un presidente recién elegido escogiera para hacerlo el Estado de los petroleros norteamericanos, a miles de kilómetros de su país. Ya entonces el hecho fue interpretado como el abandono de la línea gaullista de independencia practicada por el presidente Chirac y una alineación con Washington. Las declaraciones de Kouchner parecen la confirmación de ese viraje, que puede tener consecuencias imprevisibles para la política europea.

Aunque sea cierto que la proliferación del arma nuclear es algo indeseable, ninguna guerra estaría justificada para lograrlo. Son ya muchos los países que la poseen. Desde el punto de vista del derecho internacional, incluidos los acuerdos sobre «no proliferación», el uso pacífico de la energía nuclear no está prohibido a ningún Estado. Hasta ahora Irán ha negado que pretenda construir esa arma. Por la simple sospecha de que pueda construirla algún día, sería una locura extender la guerra de Irak a todo Oriente Próximo. Así se abre el camino a una posible conflagración mundial que superaría las catástrofes de la Segunda y sus sesenta millones de muertos.

Y ahí está la madre del cordero. El presidente Bush ha demostrado hasta la saciedad no sólo su incompetencia, sino su carencia absoluta de sentido de la responsabilidad para ocupar un cargo tan importante como la presidencia de la superpotencia. Declaró la guerra a Irak a base de mentiras propaladas únicamente por él y sus colaboradores: «Sadam», decía, «posee armas de destrucción masiva y está coaligado con Bin Laden». Greenspan ha denunciado la causa real de la guerra —lo que hizo cuando estaba al frente de la Reserva Federal—, el control del petróleo. Ahora Bush es prisionero de su fracaso en Irak. Tendría que retirarse de Irak pero no lo hace, aun sabiendo que cuanto más tarde en hacerlo será peor, y que Irak puede resultar un Vietnam aumentado y corregido.

No existen mil opciones a la ocupación de Irak, complicada además con la guerra de Afganistán. Algunos piensan que una opción posible sería la retirada americana con un periodo provisional de ocupación por parte de tropas árabes que asumirían la pacificación del país antes de retirarse a su vez. Esta posibilidad es tan dudosa que tengo la impresión de que ha sido ya desdeñada por el propio Bush.

La otra «solución» es la fuga hacia delante, la ampliación de la guerra a Irán y Siria, lo que ampliaría también el control del petróleo y abriría las puertas a una posibilidad de llegar más lejos a otras fuentes energéticas de Asia. En la mente de este empresario petrolero cabe este disparate, como cupo la agresión a Irak, si es que no barruntaba ya esta perspectiva inaudita.

Hace unos días, en unas declaraciones, Bush dio a entender no sólo que no retira las tropas de Irak sino que el presidente que le sustituya tendrá la misma patata caliente entre las manos. Simultáneamente se supo que la aviación militar israelí había violado el espacio aéreo de Siria al realizar una operación cuya finalidad no fue aclarada por el Gobierno de Israel. Pero, sorprendentemente, funcionarios norteamericanos han hecho saber poco después que aviones israelíes, en recientes vuelos sobre Siria, «fotografiaron posibles instalaciones nucleares», y han añadido sus sospechas de que «técnicos norcoreanos han visitado Siria y que se ha transportado material atómico al país árabe». Insistiendo en el tema, el funcionario estadounidense Andrew Semmel ha declarado que «Siria está en la lista de observación nuclear de Estados Unidos y que hay un número de técnicos extranjeros que han estado en Siria. Hay norcoreanos allí. No hay duda sobre ellos, como no hay duda de que hay muchos en Irak e Irán». Este funcionario añade que «Israel cree que Corea del Norte está vendiendo a Irán y a Siria lo que les queda de material nuclear».

Todo esto tiene el aspecto de algo déjà vu, como dicen los franceses, cuando se preparaba la agresión a Irak. Pero usando el mismo pretexto, la ampliación de la guerra podría sobrevenir por un ataque israelí a Siria, inducido por Estados Unidos, que, naturalmente, apoyarían a sus aliados. Después le llegaría el turno a Irán, y Estados Unidos intentaría complicar a la ONU y a Europa. De este modo se iría ampliando el escenario de la guerra en Oriente Próximo con la apariencia de un encadenamiento fatal de acontecimientos para disimular la autoría del plan.

Es un deber denunciar públicamente este peligro, que es demasiado grande para que permanezcamos cruzados de brazos. Precisamente porque se trata de un disparate tan descomunal que parece imposible en una mente sensata; es tan peligroso. Porque cuesta trabajo aceptar que seres humanos nos hundan en tal abismo, no hay que callar. De la noche a la mañana podemos encontrarnos con situaciones de hecho que, paso a paso, nos lleven a la catástrofe.

Yo no soy partidario en manera alguna de la proliferación del arma nuclear. Pero este problema hay que abordarlo en serio, por la raíz. O se va a la supresión general colectiva del arma nuclear o la tendencia a la proliferación es incontenible. La bomba atómica no puede ser la garantía de la seguridad para unos pocos y la causa de la inseguridad para la mayoría. Quizá ha llegado la hora de que la ONU se ocupe en serio de este problema junto con el de la tremenda carrera armamentista que agobia al planeta. Ahí residen los mayores peligros para la paz del mundo. En ellos se invierten recursos cuantiosos con los que podrían abordarse otras crisis que hoy afectan a nuestras sociedades.

25-IX-2007

Carta a un amigo vasco

Querido amigo: Aunque no publique tu nombre, estoy seguro de que entenderás que esta carta va dirigida a ti. Sabes que te guardo una alta consideración personal a la que no afectan las diferencias de criterio que pueda haber entre nosotros. También sabes que para mí el problema vasco es también un problema español, en cuanto afecta a un Estado que por razones históricas nos es común. Comprendo que a veces la pasión nacional inflame tus expresiones, porque por mi propio carácter también suelo ser dado al apasionamiento. Pero mi experiencia, ya larga, me ha enseñado que en política hay que saber evaluar la situación concreta en que uno se desenvuelve, la correlación de fuerzas que juegan en un determinado proceso. Hay que ser realista.

Estoy convencido de que la proposición soberanista del lehendakari ha sido objeto de manipulaciones y tergiversaciones por personas adictas a otro nacionalismo, el españolista. Soy de los que piensan que posiblemente lo más acertado hubiese sido que el Parlamento español la hubiese tomado en consideración, tratando de llegar a un compromiso, a un pacto, en el que ambas partes hubiesen hecho cesiones sin romper el marco constitucional. No pudo ser así. Se había creado un estado de opinión que daba por descontado que la propuesta conducía a la creación de un Estado separado, era una iniciativa independentista. Ya el Estatuto de Cataluña había sido utilizado por la derecha para acusar al Gobierno de Rodríguez Zapatero de estar rompiendo España. Y algunos políticos significados de izquierda, que se consideran jacobinos en la cuestión nacional, aunque en las demás tengan mucho de neoliberales, coincidían ampliamente con la derecha. El Estatuto catalán fue ya una batalla difícil para Rodríguez Zapatero. La cuerda podía romperse.

Ahora estamos ya en plena campaña electoral, quizá el peor momento para abordar la cuestión vasca con inteligencia y serenidad. Y debo decir, amistosamente, que el tono de desafío que se percibe en el discurso de Ibarretxe no estuvo políticamente muy afortunado. Sobre todo esa frase en que se pregunta para qué sirve el autogobierno, si no se le permite a él hacer una pregunta a sus conciudadanos.

Esa frase un poco exasperada puede entrañar una subestimación de todo lo conseguido por los vascos de avance en sus reivindicaciones nacionales a lo largo de la transición democrática. Y a mi juicio esos avances son importantes.

El primero ha sido el reconocimiento en la Constitución de la pluralidad nacional de España. La derecha está interesada —ahora que pretende ser la defensora de una Constitución que no le gustaba en 1978— en hacer olvidar que la Carta constitucional recoge ese reconocimiento. Pero en el texto escrito —en el preámbulo debido a la pluma del profesor Tierno Galván— se proclama la voluntad de «Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones propios» de «una sociedad democrática avanzada».

Existe, pues, en ese texto un reconocimiento de la pluralidad que se consagra en el artículo 2 que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas».

Es cierto que la Constitución no reconoce el derecho de autodeterminación, que ni siquiera fue tenido en cuenta en el debate constitucional. Pero en cambio la pluralidad nacional quedó claramente confirmada en aquélla, al reconocer diferentes pueblos y nacionalidades en la «nación española». Al fin y a la postre una nacionalidad es una nación que a lo largo de la historia no ha llegado a constituirse en Estado y se ha integrado junto con otras en un Estado común. Es posible que en el texto haya una contradicción formal, que a muchos nos ha llevado a definir a España como una «Nación de naciones» recurriendo a una metáfora, que considerando el texto escrito, puede ser bastante acertada.

La introducción de la fórmula pluralista fue difundida en la ponencia constitucional por Roca Junyent, diputado de CiU, y por Solé Tura, del PSUC, con todo el apoyo decidido del PCE y del PSOE, sumándose a ella finalmente UCD. Sólo estuvo en contra AP, antecedente de lo que es hoy el PP.

Y sigo con mi razonamiento. Con el autogobierno los vascos han conseguido una Administración pública propia, que con el reconocimiento de los derechos forales, es realmente una exclusividad en la estructura del Estado. Además, ha obtenido una fuerza de seguridad dirigida por el Gobierno autónomo. Y por último ha recuperado y hecho renacer la lengua vasca que, hace años, muchos habían llegado a considerar en trance de desaparición. ¿Por qué subestimar tan importantes resultados?

Junto a esto creo que no fue acertado el tono como de desafío que tuvo a veces el discurso del lehendakari. Me dirás, con razón, que ese tono es una respuesta a la soberbia y al autoritarismo con que la derecha centralista, inclusive algunos sedicentes «jacobinos», tratan las reivindicaciones de los nacionalistas periféricos. Pero creo, como amigo, que los vascos no necesitan recurrir a la hipérbole de David y Goliat. Al igual que pienso que las fuerzas progresistas españolas necesitan el apoyo de los nacionalistas democráticos periféricos, creo que éstos precisan también del de las fuerzas progresistas de España para conquistar sus aspiraciones legítimas. Es más, estimo que el ya famoso transversalismo de Imaz es una idea eficaz, desde el punto de vista de un nacionalismo inteligente. Por supuesto que unas demandas nacionales consensuadas con otros partidos vascos, aunque no sean nacionalistas, tendrían mucha más fuerza que si las hace una comunidad dividida. Me pregunto si Ibarretxe ha tenido en cuenta el potencial que supone —aunque a veces no fácil de percibir— el vasquismo. La inmensa mayoría de los ciudadanos que han nacido o viven en Euskadi comparten el vasquismo —como en Cataluña son catalanistas, sin ser exactamente nacionalistas, incluso los catalanes nacidos en Andalucía o Extremadura—. Y yo he percibido ese sentimiento desde que era muy joven en los militantes comunistas o socialistas vascos con quienes he estado más en contacto. Y creo que lo más inteligente es hacer país con ellos. Intentar hacerlo contra ellos es dar aliados al centralismo españolista.

De ahí que el transversalismo, es decir el pacto con otras corrientes de la ciudadanía vasca, puede ser más eficaz que el desafío o que el frentismo, aunque suponga un esfuerzo de transigencia y consenso. Incluso en el debate con el Estado la unidad de Euskadi es una fuerza en sí porque además el otro camino, el del desafío puede llegar a cansar a los mismos nacionalistas, por considerarlo menos eficaz.

Además tenemos que tener presente que ETA se encuentra ahí todavía envenenando la situación. Y aunque sea verdad que ETA no debe marcarnos el horario político, tenemos que tener presente que hasta que ETA no se disuelva no habrá una situación normal de completa libertad en Euskadi. Creo que esto es lo que el lehendakari ha tenido en cuenta cuando se refirió a la condición del fin de la violencia.

En conclusión, amigo querido, pienso que en Euskadi como en Madrid la serenidad, la calma, la paciencia deben ser de regla. El problema hay que resolverlo hablando, negociando. ¡Si hasta Karzai —lo que es el colmo— habla hoy de integrar en su Gobierno a los talibanes, amigos de Bin Laden!

El PNV no es el portavoz de una oposición desesperada y rupturista, es un partido de Gobierno. Lo fue ya antes participando incluso en el de España, en el que tuvo ministros. Y podría volver a tenerlos, como los tuvo también Cataluña. El PNV en esta etapa ha formado parte de las mayorías parlamentarias del PSOE y del PP. Fue uno de los autores importantes de la transición democrática. Tenemos muchas responsabilidades compartidas en un gran trecho de la Historia. De ahí que yo rechace con toda energía la frialdad con que una personalidad de la izquierda acaba de decir que en último extremo mandamos a Euskadi la policía.

Esto me recuerda a otro, de derecha, que hablaba de mandar allí al Ejército. Si por la incapacidad de entendernos llegáramos a esos extremos, la España resultante ya no sería la mía.

Hay que hablar y hacerlo mejor, a fondo cuando pase el periodo electoral.

Te preguntarás, acaso, qué títulos tengo yo, aparte del de ser tu amigo, para darte estas opiniones, que en ningún modo intentan ser una reconvención. El único título, el de ser un ciudadano libre, amante de su país y del pueblo vasco; un ciudadano que no busca ningún provecho personal, que no milita en ningún partido y que a su edad no tiene por delante ninguna expectativa política, ni siquiera muchas expectativas de vida. Lo peor que puede pasar es que las eches al fuego y me mandes a hacer gárgaras. Es un riesgo que asumo de antemano.

Te aprecia.

15-X-2007

Hombre de una pieza

Hace días falleció en Barcelona, a los 93 años, Gregorio López Raimundo. El óbito tuvo lugar durante una breve estancia mía en Lisboa, lo que me impidió acudir a su despedida.

Por la larga relación que mantuve con él, desde los tiempos lejanos en que los dos militamos en las Juventudes Socialistas Unificadas y más tarde en la colaboración fraternal entre el PSUC y el PCE, gocé del privilegio de su amistad, prácticamente durante toda la vida y pude conocerle a fondo.

López Raimundo fue siempre un ejemplo de dignidad humana, de desinterés personal y de abnegación en la lucha por la democracia. Cosas como éstas suelen decirse de los que habiendo hecho aportaciones singulares a una causa, llegan al término de su vida. Pero en este caso se ciñen exactamente a la realidad y no hay sombra de ditirambo en ellas. López Raimundo era un hombre de una pieza, sin recovecos, sin trampa ni cartón. Un aragonés de firme carácter, trasplantado a Cataluña con cuyo pueblo llegó a identificarse tan plenamente que alcanzó a ser el principal protagonista de la profunda integración política en la nacionalidad catalana, de los amplios sectores de la clase obrera inmigrantes llegados allí de otros territorios españoles durante la dictadura franquista. Bajo su dirección y la del doctor Gutiérrez Díaz —y durante un tiempo también de José Sarradell, Román—, el PSUC llegó a ser un gran partido de los trabajadores y los intelectuales catalanes de vanguardia.

Gregorio, como le llamábamos todos sus amigos y camaradas, vivió durante muchos años la vida difícil y peligrosa del dirigente comunista clandestino. En 1952 fue detenido y torturado por la Brigada Político Social, de triste celebridad. Salvó su vida gracias a la gran campaña mundial que los amigos de la República española llevaron a cabo en numerosos países. Pero estuvo encarcelado varios años, tras los cuales, expulsado de España por las autoridades franquistas, regresó al país y continuó dirigiendo el PSUC en la clandestinidad. A él se refiere Raimon en su canción T’he conegut sempre igual com ara, que es todo un testimonio histórico de la presencia de López Raimundo en la clandestinidad barcelonesa de aquellos tiempos.

Fue sin duda uno de los inspiradores de los movimientos unitarios del antifranquismo catalán, que anticipaba al resto de España, siendo un ejemplo y un estímulo valioso para la resistencia antifranquista. Cuando llegó la libertad, tan caramente pagada, Gregorio fue uno de los diputados del PSUC —junto, entre otros, a Núñez, Solé Tura, Laly Vintró y Solé Barberá— que se integraron en el grupo parlamentario comunista de las Cortes españolas y que jugaron un papel muy activo en los trabajos del órgano de la soberanía popular.

La salud de López Raimundo se había resentido gravemente en los últimos años, durante los que padeció mucho. Pero en su cuerpo, encorvado por la edad, se mantenía enhiesto su carácter que nada había sido capaz de doblegar. Y una modestia nativa que le acompañó siempre. Se había convertido para muchos, incluso no comunistas, en uno de los prototipos del heroísmo desplegado por la resistencia antifranquista a lo largo de cuarenta años que no tuvieron nada de placenteros.

En los últimos años tuve el placer de coincidir con él de vacaciones en el Ampurdán, donde se juntaron nuestras dos familias. En largas conversaciones amistosas revivimos un pasado común pero sobre todo hablamos del presente y el futuro con la misma pasión que si fuéramos a vivirlo personalmente. Éramos una generación que vivió volcada hacia el futuro, hasta el último momento. No creíamos en el más allá, pero teníamos fe en el futuro libre de los seres humanos.

Con estas líneas quiero hacer llegar mi pésame a su compañera, la escritora Teresa Pàmies, mi amiga también desde la JSU, a sus hijos y a cuantos hoy lloran su desaparición. ¡Descansa en paz, amigo y camarada Gregorio!

22-XI-2007

Tras el debate sobre la crisis

El reciente debate sobre la crisis en el Congreso de los Diputados no ha sido tan esclarecedor como muchos deseaban. En parte no lo ha sido porque esta crisis tiene características tan complejas que es muy difícil precisar cuándo y cómo se producirá su superación. Y aunque Zapatero anunció un rosario de medidas tomadas o previstas para afrontarla, la acumulación de cifras y porcentajes hacía muy abstruso su discurso. En cuanto a la oposición no discutió las medidas concretas que fueron expuestas. Se centró sobre todo en que el Gobierno había ocultado deliberadamente la crisis para ganar las elecciones.

Si Rodríguez Zapatero quería evitar la alarma de ciudadanos y sectores económicos negándose a hablar de crisis, supongo que a estas horas se habrá dado cuenta, viendo su aislamiento parlamentario, de que se equivocó. De todas formas, no se puede reducir el debate a algo que recuerde la fábula: si son galgos o podencos, si una crisis o una desaceleración. La cuestión es otra: ¿podía el Gobierno tomar medidas preventivas para impedir el desencadenamiento de la crisis? ¿Estaba esto dentro de sus posibilidades, como parece desprenderse del discurso de Rajoy?

En las situaciones favorables al crecimiento todos los Gobiernos terminan apuntándose los resultados positivos. Aunque éstos estén más bien propiciados por el ciclo, los presentan como un resultado de su buena gestión. Y la gente no muy bien informada lo entiende así. Pero igualmente, cuando vienen mal dadas, esa gente a quien culpa es al Gobierno.

En realidad, en el sistema globalizado en que vivimos, la mayor parte de los Gobiernos nacionales tienen muy escaso papel en el hecho de que el ciclo económico sea o no positivo. Los poderes que realmente dirigen la economía son los centros de las finanzas y del alto empresariado. Por eso, al enjuiciar la crisis, acusar de ella al Gobierno es una trampa. Tras la Segunda Guerra Mundial, y aún más claramente después del hundimiento del llamado «socialismo real», la libertad de mercado se ha impuesto rotundamente. Han triunfado las tendencias a la privatización de las actividades económicas y se ha negado a los Estados —y, por consiguiente, a los Gobiernos— toda intervención en estas cuestiones.

La libertad de mercado significa hoy que quien tiene el poder sobre la economía son unos individuos que han tenido la habilidad de convertirse en los dueños de las finanzas y las grandes empresas y que proceden, con arreglo al criterio del máximo beneficio, a su antojo, sin ningún control público efectivo. Y cuando se equivocan, pueden provocar seísmos económicos y sociales, como el que estamos viviendo.

En su mayoría los Estados y los Gobiernos han perdido soberanía y autoridad. Porque los organismos supranacionales la han limitado seriamente y, además, velan cuidadosamente por la estricta aplicación de la libertad de mercado.

Es decir, la globalización tal como existe hoy ha ido distanciando los poderes económicos del poder político. El poder político va siendo relegado en este ámbito a un papel secundario. La política ya no dirige la economía; son los poderes económicos los que deciden autónomamente.

Recuerdo los tiempos en que los partidos burgueses condenaban a los marxistas por su determinismo económico, lo que llamaban su materialismo, mientras ellos se consideraban idealistas. Ahora son los capitalistas los que han convertido en regla el determinismo económico. La economía —y, por tanto, ellos que la poseen— es lo que determina todo.

Zapatero y su Gobierno tienen muy poco que ver con las causas de esta crisis. Si algún Gobierno español tuvo algo que ver, sería, en todo caso, el de José María Aznar por su implicación en la guerra de Irak, acontecimiento que sí tiene influencia sobre los problemas que vivimos. Pero ni en esa guerra, ni en la carestía de la vida —originada por la del petróleo—, ni en el estallido de la burbuja inmobiliaria pueden atribuírsele responsabilidades particulares al Gobierno de Zapatero. El Estado no tiene poderes para frenar la especulación capitalista.

Estos factores no fueron tenidos en cuenta en el debate parlamentario. Sin embargo, en el discurso de Zapatero hubo algo esencial que la izquierda tiene que sostener: las medidas previstas por el Gobierno tienen una pauta progresista: tratan de conseguir que no resulte afectado el gasto social, quieren mantener al mejor nivel posible las condiciones de vida de los trabajadores y las gentes modestas. Es lo que Zapatero denominó «una estrategia socialdemócrata frente a la crisis».

Y esto es en el fondo lo que no gustó a Rajoy y a la derecha, que inmediatamente han sacado el tópico de que frente a la crisis no hay política de izquierda o de derecha. Es falso: frente a la crisis de 1929 en Estados Unidos hubo estrategias diferentes, la de Hoover y la del New Deal, que prevaleció con Roosevelt y que fue una estrategia progresista que ha dejado honda huella. Pienso que la izquierda y los progresistas estamos obligados a apoyar a Zapatero en la estrategia por él definida y a evitar caer en el juego de la derecha que consiste en supervalorar errores secundarios para lograr lo de siempre: que la crisis la paguen las capas más modestas de la sociedad.

Lo inquietante a este respecto es la debilidad parlamentaria del Gobierno. Zapatero debe ser consciente de ello y tomar la iniciativa de la comunicación a los ciudadanos, a la calle. A su vez, éstos, por su propio interés, tendrían que apoyarle.

8-VII-2008

Occidente se equivoca con Rusia

Desde que el mundo existe, cuando un Ejército extranjero cerca una ciudad es para obligarla a capitular y rendirse o para atacarla y destruirla. La historia está llena de episodios de este carácter. El espíritu de conquista y la voluntad de dominación atraviesan la historia universal a lo largo de los siglos y hasta nuestros días.

Un espectador objetivo que mire un mapa y contemple lo que está sucediendo hoy, tiene que reconocer que no ya una ciudad, sino todo un país que por el estrecho de Bering linda con Estados Unidos y ocupa una enorme extensión del continente euroasiático, un país que luchó en la Primera Guerra Mundial al lado de las potencias liberales de la época y en la Segunda Guerra Mundial fue un factor decisivo en la destrucción de la poderosa máquina militar nazi, sin cuya derrota no existiría hoy una Europa libre, está siendo cercado militarmente por Estados Unidos, directamente o utilizando la OTAN.

El pretexto para esta operación colosal, que no hubieran soñado ni César ni Alejandro ni Napoleón, es unas veces la implantación del escudo antimisiles de los norteamericanos, otras el terrorismo de Bin Laden y otras la defensa del derecho de autodeterminación de Kosovo y la oposición a este mismo principio en Osetia y Abjazia. Un pretexto que por mucha verborrea y mucha tinta que se derrame en su defensa no se tiene en pie.

No es ésta una operación nueva. Antes hemos conocido un aspecto distinto de la misma operación; aludo, como habrá adivinado el lector, a la guerra fría librada por Estados Unidos con el apoyo de Europa contra la Unión Soviética. Cierto que entonces había razones ideológicas que a los ojos de un amplio sector de la opinión pública podían justificar tal política: en la URSS, había un sistema económico-social que representaba un peligro para el sistema capitalista. Se le denominaba comunismo, aunque sólo fuera un sistema en que la propiedad estaba en manos del Estado. Pero esto, junto con el régimen de partido único, daba fundamento a dicha guerra fría.

Pero aquel sistema hizo implosión. Y el Estado ruso quedó momentáneamente vacilante como un gigante sonado; había perdido su poder y parecía descomponerse. Cambió el sistema social, surgió una burguesía salvaje que se apoderó de las riquezas creadas con el trabajo del pueblo, aparecieron los nuevos ricos y el pluralismo político, con partidos que defendían los intereses de las diversas clases sociales. Hubo elecciones de estilo occidental y Rusia volvió a integrarse en el mundo capitalista. Territorios importantes, tanto en Europa, como en Asia Central, en Transcaucasia y la costa del mar Negro, que llevaban siglos perteneciendo al imperio ruso y después de la Unión Soviética, lograron su independencia transformándose en nuevos Estados. La Rusia surgida de las ruinas de la Unión Soviética aceptó los cambios y, poco a poco, apoyándose en su riqueza en materias primas, y sobre todo en petróleo y gas, fue poniéndose en pie. Y el mundo pudo ver que Rusia, pese a todo, seguía siendo una gran nación, con un peso internacional disminuido, pero todavía grande. Es una realidad: Rusia ha perdido la guerra fría pero no ha desaparecido. Está ahí, forma parte del concierto mundial, con una posición privilegiada entre Asia y Europa.

¿Y qué tratan de hacer los que prometían un nuevo orden mundial de paz y colaboración en este planeta? Levantar una barrera de sospecha frente a la Rusia de hoy que recuerda el cordón de seguridad frente a la Unión Soviética, llevar su poderío militar a los nuevos Estados en Europa y Asia, crear un anillo militar en su torno. Y si faltaba algo, ese clon de Bush que está resultando ser McCain ya incluye a Rusia, junto a Irán, entre las amenazas a Estados Unidos y a Occidente.

Examinemos fríamente la realidad: la Rusia de hoy ya no se diferencia ideológicamente de Occidente. Seguramente su democracia tiene imperfecciones. Pero ¿acaso Estados Unidos, particularmente bajo la presidencia de Bush, es una democracia perfecta? ¿Y Guantánamo? ¿Y la supresión del hábeas corpus y los miles de presos sin juzgar durante años por no haber de qué inculparlos? ¿Y las prisiones secretas que los norteamericanos mantienen en países extranjeros, donde se tortura a los presos? Un observador objetivo tiene que reconocer que el conflicto entre Rusia y Occidente no tiene actualmente más causas que las que han provocado la mayor parte de las guerras que ha conocido el mundo: el egoísmo imperialista. Rusia posee petróleo y gas y otras materias primas. Y si se le cerca militarmente es para arrebatárselas.

Tenemos que entender que estamos en un mundo que hace unos años era bipolar, pero que marcha hacia la multipolaridad inexorable. China e India, por referirme a los ejemplos más evidentes, están ahí llamando a la puerta.

El interregno entre la bipolaridad y la multipolaridad lo utiliza Estados Unidos para intentar ser el único líder mundial. Pero, además de ser esto imposible, Estados Unidos ha demostrado que no está cualificado para ocupar este puesto, pues lo que ha conseguido montar es el nuevo desorden mundial que hoy reina.

El intento de hacer de Rusia un satélite de Occidente no es más que un dislate que hay que rectificar, pues a lo único que nos llevaría es a una tercera guerra mundial.

Y eso es lo que estamos aún a tiempo de evitar.

Este mundo necesita un cambio de rumbo radical si quiere no seguir marchando hacia un porvenir trágico.

Ya sé que estoy haciendo un planteamiento que puede parecer brutal y tremendista. Pero en los centros de poder internacional hay mucho loco e «imbécil culto», tantos que si volaran oscurecerían el sol. Si nos descuidamos puede hacerse tarde para el cambio, para enderezar el rumbo de la política mundial.

En todo el planeta existe hoy el sentimiento, quizá confuso, de la necesidad de cambio. Pero el cambio urge. Y es triste contemplar a los políticos y a los diplomáticos reunirse constantemente para no llegar a un buen resultado, mientras los conflictos y los problemas se eternizan sin solución.

15-IX-2008

La guerra que pudo evitarse

Acosado por Gil-Robles, Calvo Sotelo y los generales que le exigían proclamar el estado de guerra y poner el país en manos del Ejército, el señor Portela Valladares [jefe del Gobierno] se sintió sin fuerzas para esperar a la constitución de las nuevas Cortes y declinar el poder en ellas. Que era precisamente lo que deseaba Alcalá Zamora y lo que en circunstancias normales es de rigor. Así que precipitadamente el presidente de la República convocó a Azaña y le entregó el poder. Cuarenta y ocho horas después de las elecciones se formaba un Gobierno de los partidos republicanos con el apoyo parlamentario del Frente Popular. La diputación permanente de las Cortes disueltas tuvo que aprobar la ley de amnistía que reclamaban las masas en la calle y que no admitía más demoras.

¿Por qué un Gobierno exclusivamente de partidos republicanos y no con una composición del Frente Popular? Hubo, sin duda, diversas explicaciones públicas del hecho. La izquierda socialista no deseaba colaborar en un Gobierno encabezado por los republicanos. En lo que respecta a los comunistas ningún partido de la Tercera Internacional había participado hasta aquella época en gobiernos con partidos burgueses o socialdemócratas. En las circunstancias de la victoria del Frente Popular en Francia la Internacional había desaconsejado la participación, a pesar de que Maurice Thorez opinaba favorablemente. Pero cualesquiera que fuesen las explicaciones dadas en su momento públicamente, la razón de fondo de de la no participación de socialistas y comunistas en aquel instante era no dar argumentos a las derechas para llevar a cabo el golpe de Estado.

El caballo de batalla de las derechas y de los lerrouxistas en las Cortes Constituyentes había sido la formación de un Gobierno sin socialistas. Que el Gobierno fuese republicano quitaría argumentos a los que conspiraban contra la República. En realidad, a partir del 16 de febrero [de 1936] toda la política del Frente Popular estuvo condicionada por la conspiración militar, una cuestión que estaba en la calle y de la que todo el mundo era consciente.

Esa situación y el éxito electoral del Frente Popular introdujeron ciertos cambios en la actitud de las Juventudes Socialistas. (…) Se extendía la comprensión de la existencia de un peligro universal al que sólo era posible hacer frente con la unidad de dichas fuerzas. El VII Congreso de la Internacional Comunista, que había girado en torno a la trágica experiencia de la República de Weimar había calado profundamente en los jóvenes. Quizá no tanto en Largo Caballero y alguno de sus colaboradores veteranos, tal vez menos sensibles a los acontecimientos para ampliar el paro obrero. Se impulsa descaradamente la fuga de capitales al extranjero. Se lanzan bulos como el de los caramelos envenenados que provocan reacciones populares con quema de algunas iglesias. Se acentúa la intransigencia patronal, provocando huelgas como la de la construcción en Madrid. El pistolerismo falangista monta atentados contra militantes de izquierda; en revancha, algunos grupos izquierdistas responden realizando algún atentado. Entre los caídos por el pistolerismo falangista, dos militares republicanos, Faraudo y Castillo, lo que lleva al asesinato de Calvo Sotelo.

Las derechas estaban creando una situación de caos que servía de pretexto al golpe militar y en parte lo consiguieron.

Releer hoy los debates parlamentarios de esos meses ayuda a comprobar la doblez táctica de las derechas. El señor Calvo Sotelo, que admite abiertamente sus coincidencias con el fascismo y que ya fue anteriormente ministro de la dictadura de Primo de Rivera interviene sistemáticamente en el Congreso de los Diputados, ampliando el volumen de los conflictos y los desórdenes públicos y excitando al Ejército a que tome, el poder, a la vez que bajo cuerda, como revela entre otros el comandante Ansaldo, se mantiene en contacto con los militares presionándolos para que den el golpe. Con notable hipocresía mientras preparaba el golpe declara: «Nosotros no vamos por caminos de violencia, cumpliremos modestamente nuestro deber llamando la atención al Gobierno y descargando íntegramente nuestra responsabilidad. Nosotros no vamos por caminos de violencia».

¡Solemne hipocresía! Sin que ninguna fuerza se lance a la revolución cuando las izquierdas sostienen con toda lealtad al Gobierno y la legalidad de los republicanos, los generales fascistas, de acuerdo con las derechas —y con Calvo Sotelo hasta el día mismo de su muerte— lanzan la sublevación el 18 de julio. Ellos son los que desencadenan la Guerra Civil.

A lo largo de dos meses los partidos de izquierda se han estado defendiendo de la agresividad de las derechas, esforzándose por apoyar al Gobierno legítimo aunque no participen en él. Son los militantes de izquierda los que han salido a la calle en Madrid para impedir ataques a las iglesias, provocados por el bulo de los caramelos envenenados, y los que intervienen en las asambleas de obreros de la construcción en la plaza de toros para poner fin a la huelga en Madrid. (…)

En ese mismo espacio de tiempo la izquierda socialista comete un grave error político: el de oponerse a que Indalecio Prieto encabece el Gobierno republicano al pasar a la presidencia de la República don Manuel Azaña. Prieto, desde el Gobierno, hubiera tomado medidas para debilitar el dispositivo insurreccional de los militares y en último caso frente al golpe hubiese armado al pueblo, que habría podido así sofocarlo en toda la península, como lo hizo en Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias, Euskadi y en otras partes del país.

El golpe del 18 de julio pudo haber sido sofocado en toda España quedando reducido al Ejército de Marruecos.

¿Cuál fue la causa del error de Largo Caballero y de la izquierda socialista?

Indudablemente una subestimación del peligro del golpe militar. Yo pude comprobarlo cuando Largo Caballero me reprochó haber llegado a un acuerdo con Prieto para ir en delegación a pedir en nombre del PSOE, el PCE, la UGT y la JSU a Casares Quiroga que armase al pueblo. En ese momento tres o cuatro días antes del golpe Largo Caballero pensaba que exagerábamos el peligro. Éste fue un paso hacia el distanciamiento entra las Juventudes y el líder socialista, que en poco tiempo se agrandó hasta convertirse en ruptura.

Con el transcurso del tiempo, recordando detalles y conversaciones informales, desahogos en la intimidad que reflejan sentimientos íntimos, he llegado a pensar que personas como Caballero y algunos de sus amigos podían creer también que en aquel momento preferían que, ante la clara inevitabilidad del golpe militar, era mejor que lo afrontase un Gobierno de republicanos burgueses… En el fondo desde perspectivas políticas diferentes compartían con éstos la idea de que las derechas tendrían más difícil un levantamiento contra un Gobierno de republicanos burgueses que contra otro en el que estuvieran socialistas y comunistas.

En las fuerzas políticas específicamente republicanas también había el sentimiento de que la ausencia de fuerzas proletarias en el Gobierno podía frenar el levantamiento militar, o por lo menos reducir su importancia y hacerlo más fácilmente dominable con los medios del aparato del Estado. En realidad, una buena parte de las provocativas intervenciones, particularmente de Calvo Sotelo, en el Congreso trataba de crear la impresión de que los «agentes soviéticos» y la Internacional Comunista estaban en el poder, que el Frente Popular era la revolución proletaria en marcha cuando en total sólo había dieciséis comunistas entre cuatrocientos diputados elegidos y cuando en el Gobierno sólo había republicanos moderados, la mayoría de los cuales fuera de España hubieran sido considerados en ese momento de centro y algunos incluso de derecha.

Es cierto que en la izquierda socialista se levantaban voces que amenazaban, en caso de levantamiento militar, con la revolución social e incluso que dirían que, dictadura por dictadura, preferían la del proletariado. Pero se trataba concretamente de una respuesta defensiva: «Si rompéis la baraja, si os subleváis contra la República, que al fin y al cabo no es más que una república burguesa, lo que conseguiréis será desencadenar una revolución social». En el fondo el dilema era el mismo que desde la proclamación de la República: la ceguera, el reaccionarismo de las derechas españolas, más feudales que burguesas, que no admitían un sistema burgués, moderno, que sustituyera al suyo, y para las que todo lo que no fuera el régimen tradicional era la revolución, el marxismo o el comunismo.

La República había venido pacífica y democráticamente en España. Era un régimen reformista, dirigido por políticos reformistas y moderados cada uno de ellos. Había promovido reformas cuyo objetivo encajaba claramente en un sistema social burgués, como los que existían en otros países burgueses.

Pero las derechas españolas, desde el primer día, se opusieron a las reformas, acusándolas de socializantes y levantaron el hacha de guerra contra la República. A un año, no más, de proclamada, organizaron ya la primera sublevación contra ella, la sanjurjada. Dos años más tarde de este golpe evolucionaron colectivamente hacia posiciones fascistas que estaban poniéndose de moda en Europa e intentaron, animadas por otras experiencias, conquistar el poder por la vía parlamentaria, lo cual desencadenó el primer movimiento defensivo del proletariado y la pequeña burguesía urbana—octubre de 1934—. Y cuando el intento fracasó, dirigidos por Calvo Sotelo y Gil-Robles, intentaron convencer a los militares para que dieran un golpe de Estado que impidiera constituir las nuevas Cortes elegidas en 1936 por el pueblo y la recuperación de la República. Tuvieron que resignarse cuando los militares les dijeron que en ese momento no estaban en condiciones de sublevarse y esperar algunos meses a que lo estuvieran para lanzarse a una Guerra Civil contra la República.

En ese momento el núcleo dirigente instalado en puestos del Estado Mayor se hallaba ya en contacto con los Estados Mayores alemán e italiano y había implicado a las derechas nacionales en algo que en el fondo iba más allá de la conquista del poder en España: la conquista del dominio mundial por la ideología aparentemente más capaz de defender las estructuras tradicionales: el fascismo.

Y al final ellos mismos provocaron lo que aparentemente querían evitar: una revolución popular. Ellos destruyeron los instrumentos de poder del Estado republicano con la sublevación y dejaron el poder en la calle, con todos los riesgos que para las mismas clases conservadoras podía ocasionar un acontecimiento así.

Esa revolución en defensa de la República como todas las revoluciones provocó excesos, venganzas de odios históricos, difícilmente evitables en los primeros momentos, que no se hubieran producido sin el alzamiento contra la República.

(…) ¿Se podía haber evitado todo esto? ¿Pudo evitarse la Guerra Civil?

Yo sostengo que sí. Incluso, a pesar de la sublevación militar, si no hubiera mediado un factor que no tenía nada de nacional: la preparación de la Segunda Guerra Mundial por el eje Roma-Berlín-Tokio, que ya habían comenzado a planificar los Estados Mayores de esas potencias, y en la cual España podía ser una pieza importantísima para aislar a Francia, lograr el dominio del Mediterráneo y abrir la ruta de América del Sur, en alguno de cuyos países el fascismo tenía aliados.

Creo sinceramente que en los análisis de la guerra de España los historiadores serios han descrito la participación alemana e italiana y el papel de la «no intervención». Pero no se ha investigado hasta el fondo el papel de los dirigentes y los servicios secretos de Alemania e Italia en la incubación y preparación del golpe militar. La rápida intervención de la aviación y la marina alemana e italiana para facilitar el paso del ejército de África a la Península ¿fue una improvisación del momento? ¿La adhesión de Franco al movimiento en el último instante y su puesta al frente de las tropas de Marruecos fue una pura obra del azar o simplemente el cumplimiento de una orden de Mola? ¿Acaso estos hechos se produjeron sin una preparación previa?

26-X-2008

Afganistán, un pozo sin fondo

A Occidente le está costando mucho salir del lodazal en que le metió Bush. Aún nos debatimos en la «guerra contra el terrorismo» de la que los políticos occidentales dan estos días la impresión de no saber cómo salir. Y corremos el peligro de ver cómo algunos de ellos terminen por hacerse cargo del entuerto diciéndonos que nuestros soldados están en Afganistán tratando de construir un Estado democrático. Como si la democracia fuese una mercancía más que pudiese exportarse con las bayonetas, los tanques y los misiles de aviación de un Ejército o una coalición de Ejércitos extranjeros.

Los países se desarrollan de un modo desigual a lo largo de la Historia. Y los países occidentales que han alcanzado a desarrollar sistemas democráticos lo han conseguido sobre la base de un nivel interno de las fuerzas productivas de la cultura y la civilización muy elevado. Y, en algunos casos, gracias a la derrota de los Ejércitos extranjeros que los ocupaban. El caso de la democracia norteamericana es modélico: antes de constituirse como tal tuvo que derrotar y expulsar de su territorio al Ejército británico.

La «guerra contra el terrorismo» de George W. Bush ha tenido su efecto más claro en la extensión y multiplicación del terrorismo. Si antes Bin Laden dirigía una organización peligrosa, pero limitada y conocida, ahora existe una infinidad de grupos y personas implicadas en el terrorismo. Y ha surgido la figura del terrorista que se inmola.

Lo más grave es que las intervenciones militares de Ejércitos extranjeros que invaden países terminan afectando al conjunto de la población. Y ahí surgen ya dos factores que dan al «terrorismo» un carácter popular: el factor religioso y el factor nacional. A partir de ahí el «terrorismo» es ya otra cosa: la guerrilla, la única forma de defenderse que posee un país débil militarmente, frente a un ocupante en posesión de una potente fuerza militar. Y la historia es pródiga en experiencia mostrando que cuando aparecen los factores citados los Ejércitos más potentes, al final, tienen que retirarse con el rabo entre las piernas.

Los españoles solemos estar muy orgullosos de la resistencia ofrecida por nuestros antepasados a las tropas de Napoleón. Pero con ciertos criterios actuales las guerrillas de entonces eran grupos «terroristas». Como los nazis consideraban «terroristas» a los patriotas que en Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia y otros países ocupados realizaban atentados contra el ocupante. Entrando en juego el factor nacional, como suele suceder en caso de invasión, lo que para unos son «terroristas», para otros son héroes nacionales. Si además juega el factor religioso, las cosas se agravan: el «terrorista» es un soldado de Dios, con la entrada al Paraíso asegurada.

En la época actual los enfrentamientos entre «terroristas» e invasores tienen consecuencias más dolorosas que antes. Es una consecuencia de la sofisticación de las armas, por un lado, y, por otro, del hecho de que los electores en países democráticos no suelen amar la guerra y pueden derrotar en las urnas a los Gobiernos culpables de la muerte de demasiados soldados propios. Y aparecen además los que púdicamente se llaman «daños colaterales». Para arriesgar lo menos posible a sus soldados utilizan lo que podríamos considerar «armas de destrucción masiva» porque no dejan persona viva alguna en un área precisa. Así, en cada enfrentamiento hay una desproporción escalofriante entre las bajas de unos y otros, y muchas entre la población civil porque además la guerrilla se disimula y se confunde muchas veces con la población civil. Pero estas acciones profundizan el odio al invasor y movilizan constantemente nuevos «terroristas», para unos, o héroes populares, para otros.

Ésa es la dinámica en que Occidente está sumergida en Afganistán y de la que aún no ha salido en Irak. Ésa es la herencia de Bush. Y no hay más que una forma de cortarla: sacar de allí a las tropas. Así se crearía una situación nueva que habría que afrontar con políticas distintas: diplomacias, comercio, ayuda al desarrollo… Ése es el cambio de estrategia aconsejable.

Habrá dificultades, sin duda. Pero lo actual es un pozo sin fondo, en el que todo lo que se echa, se pierde. Estoy seguro de que eso Obama lo sabe mejor que nadie, pero en su país hay fuerzas muy superiores que se le oponen. Por eso ayudar a Obama no es enviar más tropas a Afganistán, sino darle argumentos para vencer la resistencia de los partidarios de la guerra. Lo que aconseja responder a los que piden más soldados: ¡ni uno más! Creo que así piensan la mayoría de los españoles y de la opinión pública en Occidente.

9-IX-2009

La experiencia vietnamita

El presidente Obama reflexiona estos días sobre la estrategia a seguir en Afganistán, un problema crucial, entre los muchos de la política mundial, en época de crisis.

Los jefes militares reclaman cuarenta mil soldados más para poder controlar la situación. Si se les escucha ¿cuántos van a pedir en los meses próximos, cuando se comprenda que Afganistán es un pozo sin fondo? ¿Y cuáles son los efectos que la continuación de la guerra va a producir en los países que envíen tropas a ese sumidero cuando las bajas humanas crezcan?

Esa guerra es ya tremendamente impopular en Europa y puede llegar a serlo muy pronto en Estados Unidos, afectando al prestigio de su presidente que —no lo olvidemos— alcanzó el poder en buena parte como consecuencia de los desastres de la llamada «guerra contra el terrorismo» de George W. Bush.

Cierto que es muy difícil retirar las tropas cuando se las ha enviado a luchar a otro país, porque implica reconocer un error y aceptar un fracaso. Cierto que a los gobernantes y a los jefes militares que han tomado la decisión equivocada se les hace muy cuesta arriba asumir una situación de ese género y tienden a hundirse aún más en el error, enviando más tropas al pensar que así van a transformar el fracaso en una victoria. Y cierto que para ello disponen de un argumento que a primera vista parece sólido: ¿cómo vamos a dejar ese país y a los que en él nos han apoyado, librados a su suerte?

Frente a estos argumentos hay una experiencia que sería imperdonable olvidar: Vietnam. En aquel caso los gobernantes norteamericanos fueron enviando tropas, contingente tras contingente, hasta sumar medio millón de soldados. Envío tras envío, esperaban que cada uno de ellos les aseguraran el control, y el éxito. Murieron muchos soldados americanos, si no recuerdo mal hasta cincuenta mil, una catástrofe que provocó la deserción de miles de jóvenes —uno de ellos Clinton, que más tarde sería elegido presidente— y la desmoralización general.

Aquella guerra se prolongó obstinadamente muchos años con pretextos como los que se aducen hoy. La principal víctima fue el pueblo vietnamita, cuyo territorio ardió bajo las oleadas de napalm, en las que murieron cientos de miles, la mayoría población civil. Al final, pese a todo, el Ejército americano tuvo que retirarse de una manera vergonzosa.

Al quedarse solos, los vietnamitas tuvieron que enfrentarse a problemas terribles. Pero los superaron y al cabo de los años llegaron a superar incluso el odio a Estados Unidos y a mantener relaciones de amistad con este país. Y lo hicieron precisamente porque recuperaron su independencia y con ella un sentido de la responsabilidad por la suerte de su país que les llevó finalmente a comprender, incluso, la necesidad de relacionarse civilizadamente con sus antiguos enemigos.

¿Por qué no se acepta de principio que un pueblo como el de Afganistán al evacuar las tropas extranjeras, va a ser capaz de encontrar en sí mismo fuerzas para organizarse y cicatrizar sus heridas, sobre todo si además recibe la ayuda material de los que le ocuparon? Y lo mismo que digo para Afganistán puede valer para Irak.

Claro que eso llevará aparejado reconocer por parte de Estados Unidos y Occidente que la guerra fue un error. Pero en este momento sería el error de Bush, sus consejeros y jefes militares. Dentro de un año, si la guerra se prolonga, la responsabilidad se transferiría a Obama, con grave daño para las esperanzas que su elección ha generado en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Una solución positiva del problema, un real cambio de estrategia quizá ayudaría a la consolidación del régimen civil en Pakistán, hasta cuyo territorio ha llegado ya la guerra peligrosamente. Y posiblemente a aislar a Osama Bin Laden, beneficiario sin duda del mantenimiento de las hostilidades, que hoy le permiten aparecer ante algunos sectores islamistas como el inspirador de la resistencia.

Si no se procede con coraje a dar preferencia a la política, la diplomacia y la cooperación al desarrollo sobre las acciones militares, la situación puede ensombrecerse seriamente y problemas como el que hoy plantea Irán pueden intranquilizar y alarmar a las opiniones públicas de los países occidentales que no desean en absoluto más guerras.

Decidirse por una política de paz no sólo no será una prueba de debilidad de los Estados de Occidente, sino que les proporcionará una fuerza moral y un apoyo más sólido de sus opiniones públicas.

10-X-2009

Sabino Fernández Campo, un hombre de Estado

Creo sinceramente que en un país que no hubiera vivido una Guerra Civil, Sabino Fernández Campo no habría escogido la profesión de militar. Sin demérito para ésta, supongo que sus aptitudes personales le habrían llevado por otro camino, quizá la política o la diplomacia. El general tenía la talla de un hombre de Estado. Y, en los años de la transición, puso de relieve brillantemente esas facultades.

Su labor de secretario, primero, y luego de jefe de la Casa Real, trascendió al gran público sólo a raíz del 23-F. Aquella frase referida al jefe del golpe, Alfonso Armada, es de esas que quedarán en la historia de España: «Ni está ni se le espera». Fue como si hubiese captado en un instante toda la estrategia de los conspiradores y hubiera desmontado la clave para la generalización del golpe. Y, además, mantuvo a Armada toda aquella noche alejado de La Zarzuela, a pesar de la insistencia que éste puso en acudir. Y no fue un acto inspirado sólo por la idea de proteger al Rey: se trataba de proteger al nuevo Estado democrático, que era lo que estaba en juego, fundamentalmente. En la noche del 23-F el jefe del Estado tuvo a su lado el mejor consejero imaginable. Es uno de esos casos que muestran el gran papel que una persona puede jugar si está en el sitio y momento oportunos.

Pero, fuera de este momento crucial, en los años largos y difíciles en que desempeñó el papel de consejero, dio abundantes pruebas de su sagacidad y prudencia. Creo que los dirigentes políticos que entonces estábamos en funciones tuvimos experiencias de ello. Personalmente yo tuve una, quizá la menos fácil, pues en aquellos tiempos no era cómodo el entendimiento entre el secretario general del Partido Comunista y la mayoría de aquellos militares. Estuvimos enfrentados en la Guerra Civil y aún seguían considerándonos el enemigo.

Y, sin embargo, me sorprendió la facilidad con que llegó a establecerse entre Fernández Campo y yo mismo una relación política amistosa y cordial, en la que intercambiábamos ideas con la mayor libertad. Recuerdo entrevistas en su apartamento en las que llegamos a profundizar incluso sobre la Monarquía. El general era profundamente leal al Rey y a la familia real; hubiera dado su vida por ellos. Sin embargo, consideraba que las monarquías en el mundo iban siendo unas formas superadas por la historia. Y consideraba que la Monarquía seguía siendo necesaria en España por circunstancias históricas muy peculiares, razón por la que la servía fielmente. No creo que sea indiscreto publicar hoy esto. Ni decir que no siempre fue feliz en su trabajo; pero que siempre cumplió sus funciones impecablemente.

La relación amistosa con Sabino y con su esposa, Teresa, se mantuvo tras salir del cargo en la Casa Real. El paisanaje nos unía también en cierto modo, ser asturiano marca. Haciendo balance de estos años, estoy convencido de que su labor actuó de lúbricante muchas veces, con su ponderación, entre fuerzas que veníamos de horizontes muy diversos e incluso opuestos.

Personalmente le tengo que agradecer que asistiera al homenaje que se me ofreció en mi 90 º aniversario, lo que fue motivo para que algunas organizaciones de extrema derecha, que todavía viven en el siglo pasado, le atacaran públicamente. El general Fernández Campo nos deja. Pero él es hoy, sin duda alguna, un personaje que ha entrado por la puerta grande en la historia de nuestro país. Mi más sentido pésame a sus hijos y a su esposa, Teresa.

28-X-2009

¿La guerra de Bush o la de Obama?

No parece aventurado pensar que detrás del discurso de Obama sobre la nueva estrategia en Afganistán hay varias semanas de duro contraste entre el presidente y el Pentágono, en las que se ha llegado a un compromiso cargado de riesgos.

¿En qué se diferencia esta nueva estrategia de la de Bush? Es más probable que una nueva escalada en la guerra, con miles de muertos civiles, en vez de atraer a la población afgana, fortalezca a los talibanes y multiplique la participación de musulmanes de otros países. La implicación mayor de Pakistán al lado de Estados Unidos ¿no compromete gravemente la estabilidad del Gobierno de este país, ya muy frágil?

En realidad la nueva estrategia está construida sobre una simulación, un espejismo: que las tropas estadounidenses están en Afganistán apoyando a un Gobierno afgano. En esto reside la simulación porque, aunque Karzai sea originario de aquellas tierras, la realidad es que era un inmigrante que vino en los furgones del Ejército norteamericano y que su Gobierno fue instalado por Estados Unidos.

Estados Unidos acusa a Karzai y a sus auxiliares de ser corruptos. Pero ¿de qué extrañarse? El ciudadano de un país ocupado que se pone al servicio del invasor no lo hace nunca por patriotismo, lo hace por dinero y cuanto más, mejor. La corrupción está en la naturaleza de ese tipo de gobierno, que no es afgano sino impuesto por Estados Unidos. Es ese Gobierno de mercenarios el que está apoyando a Estados Unidos aunque lo haga mal. La pantomima de elecciones representada en ese país bajo la ocupación, es parte del simulacro.

Mi impresión es que Obama ha sido forzado a aceptar la continuación de la guerra de Bush, que, a los ojos de muchos, empieza a ser la suya. Así la lucha contra el terrorismo sigue siendo una guerra, como quería Bush, en la que cada día pueden apuntarse más países. Obama trata de que se impliquen más los de Occidente. Pero por Oriente también se extiende. Pakistán, que ya está implicado, corre el peligro de dar un vuelco que le sitúe enfrente. Y, atención a lo que puede pasar con Irán.

¿Hasta dónde puede llevar esta estrategia? Porque una nueva escalada en Afganistán para «terminar la guerra en dieciocho meses» va a hacerse procurando que la pérdida de vidas norteamericanas sea mínima, lo que significa que los daños colaterales, es decir, la pérdida de vidas de la población musulmana, incluidos mujeres, niños y ancianos, puede ser enorme. Esto provocará una reacción muy fuerte en todo el mundo musulmán y más allá, incluso en Estados Unidos y en Europa. La reciente crisis del Gobierno alemán es prueba de ello.

Obama puede perder así el apoyo de la izquierda americana y, si a esto se une el odio cerval de la derecha que está llegando ya a extremos delirantes, las formidables ilusiones despertadas en su país y en el mundo entero habrían sido sólo eso: ilusiones, sueños.

El golpe de timón que Obama se proponía dar a la política de Estados Unidos y, como consecuencia, a toda la política mundial corre el peligro de quedar sin efecto. Reconozco que cambiar profundamente el rumbo de una potencia como ésta, orientada largos años hacia un objetivo, la dominación mundial, es una tarea muy difícil. Se han ido creando poderes fácticos, ajenos a principios democráticos, muy potentes. Eisenhower, al abandonar la presidencia, llamó ya la atención sobre el «complejo militar-industrial»: el Pentágono, los lobbies financieros e industriales, los múltiples servicios secretos habituados a la impunidad, los grandes medios de comunicación controlados por las finanzas. Todo esto constituye un poder enorme que puede anular los resultados de la voluntad popular.

Una estrategia militar salida de una transición entre dos criterios opuestos, como es ahora el caso de Afganistán, no suele dar resultado. Una guerra no suele conducirse así. Pero si además se basa en una simulación de la realidad, en la esperanza de que el sistema que corona Karzai deje de ser corrupto y pueda sustituir al Ejército de ocupación, y todo eso además en el plazo de un año, parece más bien una quimera. Si el Pentágono la ha aceptado, lo más probable es que piense obtener más refuerzos en 2011, cuando se compruebe que la nueva estrategia no ha modificado el panorama militar. Por cierto que el panglosiano secretario general de la OTAN, más cerca del Pentágono que de Obama, advierte ya —corrigiendo a éste— que «transición no quiere decir estrategia de salida».

Treinta mil o cuarenta mil soldados no van a evitar un nuevo Vietnam. Hay que recordar que hace unas semanas veinte mil soldados paquistaníes iniciaban una ofensiva para limpiar de talibanes la frontera, operación que se consideraba muy importante. A los dos días ya no se ha vuelto a hablar de ella ni de los veinte mil soldados.

¿Qué va a hacer Europa? En nuestro continente parece que muy pocos Gobiernos están encantados con la solución que se propone y la mayoría de los ciudadanos son contrarios a ella. Pero hay una inercia que consiste en respaldar siempre las iniciativas americanas, inercia que podría imponerse en la reunión prevista para el próximo 25 de enero. Sería un error en el que el Gobierno español no debería incurrir. Ya ha muerto demasiada gente en guerras sucias e injustas. Hay que evitar que la lucha contra el terrorismo sea la tercera guerra mundial como imaginaba Bush.

18-XII-2009

El día que la Constitución se reforme

La Constitución no es irreformable y en ella misma está estipulado el procedimiento a seguir para hacerlo. Los constituyentes estaban convencidos de que no eran infalibles y de que la obra del tiempo podría aconsejar a otros representantes del pueblo introducir correcciones, para ponerla al día.

En estos más de treinta últimos años la Constitución, interpretada flexiblemente, nos ha dado el periodo más largo de libertades democráticas habido en la turbulenta historia de España. Con ella han funcionado gobiernos de izquierda y de derecha. Hasta que el Partido Popular cambió su forma de hacer oposición en el cuadro de un sistema parlamentario, como se hacía en los tiempos que lo dirigía Manuel Fraga, por las formas crispadas y escasamente parlamentarias adoptadas por el señor Rajoy y su mentor, el presidente de la FAES.

Con estas líneas, escritas al conocer la experiencia del tratamiento del Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional (TC), yo haría una demanda al diputado que ocupe el escaño que tuve durante tres legislaturas —incluida la Constituyente— para que, si tiene una significación política parecida a la mía, fije la atención en el Título IX y proponga su modificación. Temo que esta petición provoque la ira de no pocos juristas porque apunta a la desaparición del TC.

En estos días he llegado a pensar que en aquellas Cortes hubo demasiados profesionales del Derecho, enamorados de su oficio, que contribuyeron —lo digo con todos los respetos— a que incurriéramos en contradicción al elaborar la Constitución. En ésta se inscribe un principio fundamental de origen republicano, que hoy han asumido las monarquías europeas modernas: el principio inalienable de la «soberanía popular», al proclamar que «todos los poderes emanan del pueblo». En el caso que inspira esta reflexión se han cumplido —como recordaba recientemente el profesor Pérez Royo— todos los trámites que prescribe la Constitución, para elaborar un Estatuto: hubo un proyecto elaborado por el Parlamento catalán, aprobado después por las Cortes y sometido a continuación a un referéndum aprobatorio de los catalanes. Además, ha funcionado durante cuatro años sin que se rompa la unidad del Estado español ni se creen problemas más graves que los recursos presentados por el PP y por el Defensor del Pueblo, cuya mentalidad centralista —dicho también con el máximo respeto y desde la amistad que me une desde hace muchos años al titular del cargo— es sobradamente conocida.

Me asombra la información de que por lo menos una parte del TC encuentre contradicción entre «nacionalidad» y «nación». En países en que este problema fue tratado ampliamente por pensadores y dirigentes políticos, como los imperios austrohúngaro y ruso, hay una amplia cultura sobre el tema y considerable bibliografía. Y se ha logrado establecer de manera indudable que una nacionalidad es una nación que por razones históricas determinadas no ha llegado a constituirse en Estado. Yo no entiendo cómo en España algo tan elemental no acaba de entenderse por personas cultas, y, aún más, no entiendo que en el diccionario de la Academia no haya una acepción, entre las varias que se dan del término «nacionalidad», que aclare este aspecto.

Más allá de esto la experiencia de que hablo me lleva a plantearme otra cuestión: si el principio fundamental de la Constitución establece que la soberanía pertenece al pueblo y el órgano de esta soberanía es el Parlamento, ¿tiene sentido que un grupo de juristas, por muy reputados que sean, posea autoridad para anular o modificar lo que ha aprobado el órgano de la soberanía popular? ¿No significa eso la anulación de la soberanía popular?

En el caso del Estatuto de Cataluña, me parece una falla que el TC esté pretendiendo anular una decisión del Parlamento. Y que si esto prospera, en España pueda producirse una ruptura, más peligrosa aún en periodo de profunda crisis económica.

Cuatro años de deliberaciones, varios plenos del TC sin llegar a un acuerdo, para desembocar, según parece, en tres posiciones distintas, desaconsejarían meterse en más negociaciones. Creo que negociar consensos es más una tarea de políticos que de magistrados. El TC daría una prueba de sabiduría reconociendo que en estas circunstancias lo mejor es dejar las cosas como están, habida cuenta que la práctica de estos últimos cuatro años de Estatuto catalán no ha sido negativa.

En la Segunda República el TC fue un fracaso. Y ese fracaso también comenzó por el «problema catalán». En 1934 el TC anuló injustamente, a causa del poder de los terratenientes en el Bienio Negro, la Ley de Arrendamiento Rústico de la Generalitat. Fue el principio de un conflicto innecesario que quizá esté en el origen de la posición del Gobierno catalán en octubre de ese año. Por cierto, el pueblo de Madrid llevó a cabo una formidable huelga general contra esta decisión del TC y en solidaridad con Cataluña, una solidaridad que hoy se echa de menos.

Un día, cuando las condiciones sean favorables y se acometa la tarea de la reforma constitucional, debería abordarse la cuestión de si el TC debe mantenerse, de si no termina siendo una negación de la soberanía popular. Un órgano semejante en Estados Unidos, el Tribunal Supremo con mayoría republicana, fue el que tras unas elecciones dudosas otorgó la presidencia del país a Bush, con las consecuencias catastróficas conocidas.

23-IV-2010

¿Hacia dónde vamos?

Estamos asistiendo a un espectáculo increíble, a una verdadera pesadilla: unos cuantos Gobiernos europeos elegidos democráticamente por sus pueblos que están mostrando una total impotencia, como acorralados por ese monstruo de cabeza y cuerpo opacos que denominamos enfáticamente los mercados y que en realidad no es otra cosa que el sistema financiero globalizado, precisamente el mismo que desencadenó la actual crisis mundial.

Después de Grecia el sistema se está cebando en Irlanda. En este país el Gobierno se resistió como gato panza arriba al plan de ajuste preparado por Bruselas. Pero en pocos días, acorralado, ha tenido que ceder «aceptando» el préstamo de 85.000 millones de euros que va a ir en su totalidad a las manos de los bancos irlandeses en quiebra y a través de éstos va a llegar también a los bancos americanos, alemanes, ingleses, franceses y otros, asociados con aquellos. 85.000 millones dedicados a reforzar el sistema financiero global y que van a pagar con sangre y lágrimas los trabajadores y capas populares de Irlanda.

Ello implica en este país de cuatro millones de habitantes la rebaja del salario mínimo, las pensiones, los subsidios, el cese de veinticinco mil funcionarios públicos; en definitiva, una terrible agravación de la crisis económica y la prolongación sine díe de sus efectos.

Pero ahora la catástrofe amenaza al vecino Portugal. Y los profetas de mal augurio, hoy amenazan a otros países, entre ellos España, con situaciones parecidas. Han empezado por especulaciones con la deuda pública, que, por cierto, es inferior a la media de la deuda de los Estados europeos. A diferencia de muchos de éstos en España los mercados han encontrado la colaboración de una especie de quinta columna política, Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular, que están dispuestos a provocar la ruina del país con tal de alcanzar el poder.

Hasta ahora el Gobierno español había tratado de reducir las consecuencias de las imposiciones de Bruselas, de contener el ajuste en ciertos límites. Pero la presión es cada vez más fuerte y el futuro inmediato más incierto.

En esta situación la solidaridad europea parecería inspirada solamente por el interés de apoyar a los bancos. Está en marcha una política que, antes de soluciones a la crisis económica, se ocupa de la crisis del sistema financiero.

Desde los primeros momentos de la crisis los Gobiernos de todos los países tomaron medidas para ayudar con grandes cantidades a los bancos desfallecientes por una gestión irresponsable y catastrófica del crédito, cuando no por escandalosos robos y malversaciones. El peligro de un posible pánico bancario les asustaba. Esto quizá aumentó la deuda pública de algunos Estados. Al mismo tiempo ciertos líderes políticos expusieron dudas sobre el sistema financiero y hablaron de la necesidad de controlarlo; alguno habló incluso de refundar el capitalismo. Se comentó la necesidad de que la banca tributase como no lo había hecho antes.

Pero, pasados los primeros momentos, se diría que la banca ha vuelto a coger la sartén por el mango y ha conseguido que los poderes políticos mundiales decidan atender antes a la solución de la crisis financiera que a la de la crisis económica, que es la que genera el paro y la que daña más de cerca a las masas populares, puesto que afecta al sector básico industrial, agrario y comercial.

El sistema financiero se ha convertido en un fin en sí mismo: en él se adquieren fortunas colosales a base de especular con papel.

Ya no es un estimulante del sector productivo, puesto que sus integrantes han descubierto que es facilísimo enriquecerse especulando en Bolsa. En plena crisis hay grupos que siguen especulando y haciendo beneficios a costa de la estabilidad de los Estados y del empobrecimiento de los pueblos.

En lo que concierne a la Unión Europea nos encontramos con que en lugar de proteger el modelo de Estado social de derecho, que contrastaba con el modelo de desarrollo norteamericano por su mayor carácter solidario y su orientación a una mayor igualdad, ahora parece decidirse por un cambio hacia el modelo que tiene su enseña en Wall Street. A eso nos llevan las características que han distinguido el camino seguido por la construcción europea, un camino dictado por los poderes financieros y por la carencia de procesos democráticos. No hemos conseguido crear una Europa de los pueblos, sino una Europa controlada por los poderes financieros.

Por este camino vamos a tardar en salir de la crisis, pero además vamos a poner en peligro el sistema democrático, el Estado de bienestar, la paz mundial, y marchamos hacia rupturas sociales muy serias.

9-XII-2010

Enrique Curiel: adiós a un gran amigo y político

El pasado miércoles perdíamos a un gran político y amigo entrañable: Enrique Curiel. Una figura clave para entender nuestra historia reciente escrita con su lucha antifranquista, pasando por su militancia en el PCE primero y en el PSOE hasta su muerte.

Los que firmamos estas breves y sentidas líneas lo conocimos, fuimos sus compañeros, sus amigos. Debatimos con él, incluso en algunos momentos discrepamos, pero con independencia de nuestras diferencias políticas tenemos claro que su presencia nos unió especialmente en lo personal y quizá también de alguna manera en lo político.

Pretendemos con ellas rendirle nuestro pequeño homenaje, nuestro reconocimiento, desde el cariño y respeto hacia quien conocimos de manera diferente pero en un ámbito común: el intento de conseguir un país y un mundo mejor, más justo, libre e igualitario. Ése fue el ámbito en el que se había movido durante los últimos cuarenta y cinco años.

Recordamos su presencia a la cabeza de la manifestación que recorrió el campus universitario de Madrid en 1965 con su admirado Tierno Galván cerca, hasta su actividad en el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, en el que ya coincidió con alguno de nosotros. Valoramos su trabajo activo en la modernización del PCE y su entrada debido a su evolución ideológica en el PSOE en 1990, después de una preciosa experiencia para algunos de los firmantes como fue la formación en 1990 de la Fundación Europa, un lugar de encuentro, debate y análisis para quienes reflexionábamos sobre la compleja situación de las izquierdas en aquel momento. Su denominación de «casa común de la izquierda», que acuñó para el PSOE cuando se aprobó su entrada, significaba mucho más de lo que se podía suponer.

Enrique era un político de los que se ven pocos hoy en día: inteligente, dialogante, verdaderamente de izquierdas, fiel a los valores de siempre y alejado del oportunismo que tanto prolifera últimamente, quizá por ello desaprovechado por los diferentes partidos en los que militó. Combinaba «mano de hierro en guante de seda», defendiendo sus ideas con fuerza y convicción, pero con la suavidad de sus maneras elegantes y educadas, con un tono de voz que raramente subía.

Y por encima de todo lo demás era una excelente persona repleta de humanidad, que sabía escuchar y aconsejar desde su experiencia, aunque a veces no estuviera de acuerdo con lo que se le estaba comentando. Era un modelo como contertulio, en lo privado y en lo público. Su participación en debates de radio y televisión contrastaba con la falta de tolerancia y de mesura que se exhibe en la mayoría de ellos.

Le inquietaba, especialmente en los últimos tiempos, el cariz que estaba tomando la actividad política, no sólo en el fondo, también en la forma. No le gustaba la debilidad de la izquierda internacional y en especial la europea ante los nuevos retos que nos traía la globalización y mucho menos aún la falta de consistencia intelectual e ideológica de la nueva militancia de esa izquierda. Todo eso quedó plasmado en los artículos publicados en diferentes medios de comunicación.

Querríamos destacar especialmente el trabajo que realizó en la parte final de su larga trayectoria política a favor de la paz, del diálogo entre personas muy distanciadas como vía de entendimiento y por tanto de solución de conflictos. Algún día se escribirá esa historia, su historia, esa que algunos hemos vivido con él en primera persona.

Ahora se va sin terminarla, pero queremos y debemos dejar constancia de ese esfuerzo, que esperamos sea reconocido algún día por quienes desde los diferentes lugares de la política tienen constancia de ello.

Nosotros sí lo hacemos, desde diferentes orillas de este río de aguas turbulentas en el que se ha convertido la actividad política en nuestro país. Ése sobre el que él se empeñó en construir puentes por los que poder comunicarnos, por los que poder transitar y evitar así lo que definió como «choque de trenes». Es probable que poder firmar juntos este escrito sea uno de sus logros.

Quedan con nosotros sus escritos, especialmente sus numerosos artículos sobre el «problema vasco», un tema que le preocupaba especialmente y sobre el que llegó a tener un especial conocimiento «a pie de obra» debido a sus numerosas visitas a Euskadi y Navarra y las plurales amistades que allí hizo y que hoy, en público y en privado, reconocen su esfuerzo a favor de la paz. Nos deja pendiente lo que en muchas ocasiones había comentado: escribir un libro sobre este complejo tema. También escribió artículos sobre la crisis actual de la izquierda o la situación internacional, redactados con esa agudeza, valentía (no siempre comprendida) y amplitud de miras que tanto se echan hoy en falta.

Desaparece justo cuando más necesarios son políticos como él. Quien vivió el hundimiento del comunismo y fue testigo impotente de la crisis actual del socialismo podía aportar mucho en los debates tendentes a la consecución de una socialdemocracia fuerte. Si las respuestas comunistas fueron inviables, como afirmaba Octavio Paz, sus preguntas son más pertinentes que nunca. Porque la grave crisis que padecemos exige una alternativa socialista nueva.

Éste era su momento. Nos consta que sabía que es el momento de la paz, de la reinvención y recuperación de la izquierda, de un nuevo equilibrio internacional, que después de la crisis económica que nos asola puede y debe ayudar a construir un mundo más justo y solidario. Quizá porque en el fondo era un optimista empedernido con una capa externa de pesimismo muy gallego, como él. Por ello, cuando todo eso llegue, aunque Enrique ya no esté, deberemos mucho a su trabajo de estos años para conseguirlo.

Amigo de sus amigos, leal y honesto, «se hacía querer», por eso quienes firmamos este artículo representamos la pluralidad y riqueza de las diferentes izquierdas que él respetaba y fomentaba profundamente.

Adiós, agur, adeu, adeus Enrique, amigo y compañero, adeus, agur, adeu y adiós con el profundo dolor que nos produce tu marcha.

Continuaremos tu lucha. Recogeremos la bandera que has dejado como manera de rendirte el homenaje que te mereces. Este artículo es una pequeña muestra de ello.

Firman este artículo: Odón Elorza, Santiago Carrillo, Txiki Benegas, Xosé Manuel Beiras, José María Mohedano, José Luis Buhigas, Fernando López Agudín, Nicolás Sartorius, Daniel Arranz y José Luis Úriz.

9-III-2011

¿Es posible una reforma global del capitalismo?

Hace unas semanas leímos en El País unas interesantes declaraciones de Gordon Brown, el ex primer ministro laborista británico, sobre el sistema financiero mundial en las que reconocía la dificultad —si no la imposibilidad— que encuentran los Gobiernos a la hora de investigar a los bancos. Reconoce que eso hoy es prácticamente imposible, que la banca tiene una movilidad, una independencia y unas reglas que le permiten escapar al control estatal. Brown afirma: «Ahora nos encontramos que como consecuencia de la globalización es necesario que las instituciones globales ocupen el lugar de las naciones. Tenemos que pensar y hacer de forma global. Si no, no conseguiremos resolver nuestros problemas, ni los que tenemos con los bancos ni los del medio ambiente ni los que plantea el terrorismo internacional o la seguridad». Estas últimas palabras abundan en la importancia del control público sobre el sistema financiero. Y en conjunto las declaraciones insisten en algo evidente: que ningún Estado, aisladamente, puede solucionar el problema porque dicho sistema es global: la interdependencia de la banca mundial es mucho más fuerte que la relación de un banco o el Gobierno del país en que está instalado.

En un momento dado el presidente Mitterrand quiso resolver el problema a nivel de un solo país, Francia, nacionalizando la banca. Al poco tiempo tuvo que renunciar, porque el sistema financiero internacional amenazaba con estrangular la economía francesa. El capital, que se mueve casi a la velocidad de la luz, se marchaba a otros países y el Gobierno no podía impedirlo. En esta época cualquier medida que afecte al sistema financiero tiene que ser adoptada por el conjunto de los Gobiernos y se aplica simultáneamente en todo el planeta. Ésa sería hoy la condición indispensable; tanto si se trata de establecer una tasa sobre las operaciones bancarias, como de cualquier regulación que afecte a los intereses de dicho sector.

Hoy el sistema financiero se ha convertido en buena medida en un fin en sí mismo y a la vez en un poder fáctico mundial más poderoso que ningún otro. En otro tiempo, dentro del capitalismo, el banco cumplía el papel de financiar con créditos a la economía productiva, utilizando el ahorro de las familias para ayudar a las empresas a desarrollarse incorporando los avances de la ciencia y de la técnica; así multiplicaba las riquezas de la sociedad, al paso que se humanizaba el trabajo y reducía el esfuerzo físico de los trabajadores. Pero conforme pasaba el tiempo esta actividad ha ido cambiando. La especulación lo ha ido dominando todo. El funcionamiento de los bancos se ha hecho mucho más complejo y cada gran banco tiene múltiples secretos.

En el flujo de capitales circulan y se mezclan los beneficios adquiridos en transacciones normales con los que provienen de fuentes ilegales como el narcotráfico y el comercio de armas. El empresario y publicista francés Alain Minc describía así las características del capitalismo de hoy, consecuencia del desarrollo incontrolado de la manipulación financiera: «En todos los Estados es grande la tentación de convertir a la clase política en el chivo expiatorio, como si ella fuera la culpable o la única responsable. ¡Hipocresía colectiva! Las comisiones y el tráfico de influencias están envenenando el conjunto de la vida social. ¿Qué empresario está seguro de que todos los miembros de su departamento de compras son honrados? ¿Qué observador de la vida económica puede garantizar que la firma de los grandes contratos se realiza siempre según la estricta legalidad? ¿Qué concesionario de cualquier servicio público estaría dispuesto a certificar el día del Juicio Final que su empresa no ha manipulado decenas de millones de dinero negro? ¿Qué especialista de la publicidad se atrevería a afirmar que la compra de espacios publicitarios es una actividad transparente y sin contrapartidas? ¿Qué agente financiero puede certificar que nunca se ha tropezado con transacciones que le hayan parecido raras o deshonestas? ¿Qué constructor inmobiliario puede asegurar que nunca ha enviado maletines con dinero negro o que no tiene cuentas secretas en Suiza? ¿Qué especialista fiscal afirmaría no haber consagrado una parte de su tiempo a gestionar sutiles compensaciones entre tal y cual país? ¿Qué alto funcionario en contacto con el opaco mundo del armamento afirmaría no haber visto u oído algo sospechoso?».

Y el terreno adonde revierte este juego es el de las finanzas. La mera especulación se ha convertido en una industria que no crea ninguna mercancía real y palpable, pero a veces construye fortunas fabulosas de la noche a la mañana. Yo sigo siendo partidario de la transformación del capitalismo por un sistema de propiedad social. Pero en esta coyuntura me daría por satisfecho con una reforma global del capitalismo que mantuviera el sistema de propiedad privada de los medios de producción en las empresas productivas, industriales, agrarias, de comercio y turismo, y convirtiendo en cambio el sistema bancario en un servicio público gestionado por los Estados y coordinado a nivel global desde la ONU.

Esta fórmula creo que es la única que puede terminar con el caos que es hoy ese sistema.

Una banca de Estado coordinada internacionalmente pondría fin a la especulación irresponsable que ha arruinado a tantos empresarios, que ha robado a muchos miles de pequeños ahorradores dejando sin trabajo y sin hogar a decenas de miles de personas, que ha provocado la catástrofe de la crisis actual.

Una banca así permitiría orientar el crédito hacia nuevos sistemas productivos en países donde esto es una necesidad primordial, como es el caso de España. Una banca así estaría bajo la fiscalización del Parlamento y dejaría de ser el poder fáctico que se sobrepone a los poderes públicos, dicta la política y de tiempo en tiempo provoca catástrofes económicas y sociales como la que padecemos ahora.

Cuando al principio de esta crisis leí aquellas palabras de Sarkozy en las que hablaba de la necesidad de refundar el capitalismo, me dejé llevar por la ilusión de que se refería a una reforma profunda de ese tipo. De un país como Francia podía surgir una idea audaz. No en vano existía el precedente de Mitterrand.

Pero lo que estamos viviendo es que tras el primer momento de pánico la banca ha vuelto a tomar las riendas de la política.

Si la política no es capaz de cortar las excrecencias cancerosas que se han desarrollado en el sistema capitalista estableciendo nuevas reglas de nacionalización, los sufrimientos que tanta gente padece no habrán servido para nada. Y la democracia perderá vigor y prestigio.

11-IV-2011

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Hace unas semanas El País publicaba una lúcida columna del profesor Santos Juliá con el título: «Desalmado capital». El texto partía de la constatación de una situación que estamos viviendo en este comienzo del siglo XXI, que «los Gobiernos no son ya depositarios de la soberanía nacional, sino meros ejecutivos de órdenes que emanan de los centros del poder financiero, que los políticos han sucumbido ante las exigencias del capital llamado ahora los mercados», y recordaba las tesis de Marx sobre el Estado, ya en el siglo XIX, tesis que han recorrido todo el siglo XX y que ahora parecen tener máxima actualidad.

Santos Juliá añade una consideración muy interesante: la burguesía de los tiempos anteriores a la formación de este «capital desalmado» fue capaz de pactar el Estado de bienestar con la socialdemocracia y de facilitar así progresos sociales y políticos considerables.

Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo en Europa cambios democráticos, pactados generalmente en los movimientos de resistencia antifascista, que llegaron incluso a modificar los contenidos del Estado que Marx conoció en su tiempo. El Estado de bienestar, cuyos rasgos distintivos ya no eran exclusivamente la policía, los jueces y el ejército, que se ocupaba realmente de la redistribución de la renta entre las diferentes capas de la población, que gestionaba incluso sectores de la economía devenidos de propiedad pública, experimentó modificaciones que llevaron a un marxista norteamericano, Herbert Marcuse —muy de moda años atrás—, a considerar a este tipo de Estado como un periodo de transición entre el capitalismo y el socialismo.

La «revolución conservadora» encabezada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan y la expansión del neoliberalismo nos han conducido a un retroceso brutal. La consigna «menos Estado» se ha impuesto generalmente. Los mercados han sustituido a aquella burguesía pactista desarrollándose como una excrescencia cancerosa, que ha impuesto su dictadura sobre los Gobiernos y la política.

El poder financiero se ha convertido en una especie de dios todopoderoso, ante cuya autoridad han sucumbido gobernantes y partidos políticos históricos que en otros tiempos parecían una garantía democrática. Un dios porque no se le ve, pero se le siente y está en todas partes.

Quienes aparecen públicamente endosando la responsabilidad de sus decisiones son los políticos, los que para el pueblo que sufre la crisis aparecen como los demonios en esta constelación que se nos ha impuesto tan clara como inesperadamente.

La pérdida de la confianza en los políticos y los partidos tradicionales conlleva el peligro de una pérdida masiva de la confianza en la democracia. Se producen síntomas característicos como el crecimiento de los grupos ultraderechistas y las tendencias a la abstención electoral en la izquierda.

Mi generación conoció una experiencia, durante la crisis de la década de 1930, que guarda ciertas semejanzas con lo que ocurre hoy, y perdió durante años la confianza en la democracia. Los progresistas, que veíamos cómo las corrientes de capitulación se extendían en los países considerados democráticos, empezamos a pensar que la solución sería la dictadura de las fuerzas de izquierda. Los tradicionalistas se hicieron fascistas y terminaron desencadenando la Guerra Civil y trayendo la dictadura de Franco, con la ayuda de Hitler y de Mussolini.

Fue necesario que viéramos a la República en peligro, para llegar a valorar la democracia y aprender que para defenderla hay que avanzar en el terreno de las libertades, ampliándolas a las estructuras económicas y sociales.

Quizá el haber vivido esta experiencia nos haga más sensibles a los peligros que aparecen hoy.

Nos sorprende la facilidad con la que en Europa la socialdemocracia y los hombres políticos en general se han rendido a los mandatos del sistema financiero y han aceptado seguirlos resignadamente. Por eso atribuimos un gran valor a las palabras de Santos Juliá: «La nueva clase financiera, sin embargo, es desalmada: no bien el Estado ha acudido a su rescate y ya vuelve a repartirse, sobre las ruinas provocadas por ella misma, los millones de dólares como si aquí no hubiera pasado nada. Y si la vieja burguesía hubo de avenirse a un compromiso, es claro que a esta nueva clase el Estado no sabe o no puede protegerla de su propia codicia; no le queda más opción que destruirla». Y el autor de este artículo hace una pregunta que es clave: ¿Quién le pone el cascabel al gato? O lo que es lo mismo, ¿de dónde pueden salir las fuerzas que supriman este poder desalmado?

Quizá haya que promover una ventolera que saque de su modorra a los Gobiernos que no reaccionan ante las exigencias de ese poder irresponsable.

Y permítaseme decir que ante la decepción de los políticos es la intelectualidad la que debe asumir responsabilidades, dirigiéndose al pueblo como lo han hecho el francés Stéphane Hessel y José Luis Sampedro y ahora Santos Juliá. Ante el hechizo que parece haber dormido en un sueño profundo a los Gobiernos y a los líderes políticos, debe ser la intelectualidad progresista quien desarrolle el nuevo pensamiento político capaz de movilizar al pueblo.

La intelectualidad y el mundo del trabajo y la juventud unidos tendrían fuerza suficiente para romper el hechizo. Hay que asumir el papel del viejo topo de hoy. En el fondo estamos ante un cambio de época que exige la entrada en liza de fuerzas intelectuales más dotadas que los políticos de a diario y exige también una alianza de los dos sectores más creativos de la sociedad: las fuerzas de la cultura y el mundo del trabajo.

4-VI-2011

Carles Navales, el noi del vidre

Ha muerto inesperadamente uno de mis mejores amigos catalanes, Carles Navales. Estaba esperando un tren en una estación de la provincia de Girona para acercarse a Barcelona, a fin de participar en un almuerzo de antiguos compañeros de lucha político-social, cuando un infarto de miocardio le fulminó. Me he acostumbrado, forzosamente, a la desaparición de mis camaradas de generación, pero me sublevo contra la de los que son jóvenes, los que tienen la edad de mis hijos, llenos de vida, aún capaces de hacer todavía miles de cosas útiles. Por eso me cuesta encajar esta noticia. Precisamente me hallaba a punto de telefonearle estos días citándole para ya nuestra acostumbrada cita anual en Girona, en la que durante largas horas comentábamos la situación política en Cataluña y en España, que tanto él como yo seguíamos atentamente.

Yo había conocido a Carles personalmente en los primeros tiempos de la transición, cuando era un cuadro muy activo del PSUC y CC OO. Era todavía muy joven, pero se caracterizaba ya por la ponderación de sus juicios y por la amplitud de sus contactos con los líderes de la plural izquierda catalana. Desde el primer contacto vi en Carles a un hombre profundamente unitario dentro del partido y de la izquierda en general, que tenía una percepción clara de las dificultades que presentaba la construcción de un nuevo Estado, nacionalmente plural y democrático.

Conocía ya su breve pero activo pasado. Había formado parte de su brillante equipo de militantes formado en las luchas sociales del Baix Llobregat. Podría citar los nombres de muchos de ellos que han permanecido fieles a los ideales de su juventud y han mantenido incólumes sus lazos de amistad. No hace mucho compartí con ellos unas jornadas de compañerismo inolvidables en su tierra. Era el equipo de militantes que organizó las huelgas generales que movilizaron a los trabajadores del Baix Llobregat, entonces una vanguardia de la lucha obrera y antifranquista, que contaba ya con unas potentes CC OO y una buena organización del PSUC.

En ese momento, Carles Navales tenía sólo 22 años y era delegado sindical. Fue detenido, torturado y condenado por el Tribunal de Orden Público. Sus universidades fueron la fábrica y la cárcel. Lector incansable e inteligente, llegó a lograr una sólida formación cultural y política.

Recordando al noi del sucre, un famoso luchador sindicalista del siglo pasado, sus compañeros, viéndole tan joven y a la vez tan maduro, llegaron a llamarle el noi del vidre, teniendo en cuenta su profesión.

En los últimos años Carles había conseguido instalarse en la rectoría de una vieja iglesia desactivada en el pueblo de Colomers, desde donde, a través de Internet, mantenía una gran actividad cultural y política. A partir de este tranquilo lugar organizó festivales y actos culturales en Cataluña que tuvieron gran éxito. Desde allí dirigió también una importante revista, La Factoría, en la que tuve el placer de ver publicados algunos de mis trabajos.

En mis entrevistas anuales con Carles pude ir viendo crecer a su hijo Gabriel, hoy con 18 años, a punto de ingresar en la Universidad. A Gabriel le envío hoy, en primer lugar, mi más profundo pésame. Gabriel vive con su madre, pero pasaba temporadas durante las vacaciones con su padre, que también le adoraba. Hoy le animo a seguir siendo un buen estudiante y a hacer frente al infortunio, con el coraje que lo hizo su padre en una situación distinta.

El cariño de que Carles estaba rodeado entre sus camaradas de siempre lo comprobé el día de su fallecimiento. Acosta, López Bulla, Castellana y muchos más tuvieron en vilo mi teléfono, transmitiéndome la infausta noticia. ¡Estoy seguro, Carles, de que seguirás estando vivo en la memoria de tus amigos, la mayoría todavía jóvenes, durante muchos años!

19-VI-2011

¿Por qué no reformar los mercados?

Algunas actividades que se atribuyen al 15-M han promovido ya discusión en los medios políticos y periodísticos, en los que se habla como si indignados en este país estuvieran sólo los jóvenes que han hecho acampadas en las plazas públicas y se manifestaron ante edificios oficiales.

Pero el problema es bastante más grave: aunque todavía no se manifiesta en la calle, la indignación está igualmente viva en gran parte de los afiliados de los partidos políticos existentes, personas que han votado, que no acaban de entender la política que hacen sus dirigentes, pero que han perdido confianza en ellos aunque se resisten a romper con los partidos que han guiado desde siempre su vida. Y la razón es lógica: la crisis y la política que la UE está imponiendo a los Gobiernos elegidos que, por ejemplo en España, se empeña en que los trabajadores y las clases medias acepten unas condiciones tan indignas de vida, que ni el franquismo pudo perpetuar.

Todo empieza con la política de intentar resolver la crisis arañando en los recursos de los trabajadores y las clases medias y las arcas semivacías de los Estados, las cantidades necesarias para reponer las deudas de los bancos contraídas por la irresponsabilidad y la falta de sus ejecutivos, que ellos sí nadan en la riqueza.

De golpe el porvenir que se ofrece a los ciudadanos es la liquidación del Estado de bienestar, la sanidad pública gratuita, la educación pública, las pensiones, el derecho al descanso. Es decir la vuelta a las condiciones de vida del siglo XIX anulando el progreso alcanzado en más de cien años de lucha y que han sido la base de la democracia moderna.

Y por el momento un desempleo brutal que afecta ya gravemente también a aquellos que aún tienen un trabajo que conservar cediendo a las exigencias de los empresarios; la puesta en cuestión de progresos como la negociación colectiva, la reducción de salarios; la precariedad de los empleos; la disminución del sueldo de los funcionarios y la reducción de su número; y los desahucios; la falta de crédito para las empresas, etcétera.

Todo esto es la causa de que la indignación cunda incluso dentro de los partidos que se disputan el poder y hace que el 15-M no sea más que la superficie de un oculto iceberg, que puede hacerse insostenible.

El caso es que llevamos un tiempo largo aplicando esa política y que la situación empeora cada día más; que se nos amenaza cada día con más austeridad, más recortes, más sacrificios, por Gobiernos que se han puesto a disposición de los mercados, vale decir, del capital financiero, los mismos que deberían estar purgando sus castigos como responsables de la crisis. Figuras importantes de la ciencia económica están ya lanzando advertencias.

José Borrell, político y economista español, desde su Observatorio del Instituto de Estudios Europeos de Florencia escribía en El Siglo: «Pero los planes de rigor impuestos por los mercados financieros y los otros países del euro a los Estados con fuertes déficits y endeudamiento público están provocando una contestación social cada vez mayor... y porque no dan los resultados que de ellos se esperaban, los déficits no se reducen y el ratio de endeudamiento con respecto al PIB aumenta porque esas medidas han acabado de matar el crecimiento».

Muchos comentaristas, economistas y políticos, están llamando la atención sobre el peligro de las políticas que los «mercados» están imponiendo a Europa y advierten que va a ser imposible que obtengan resultados. Los bancos están pidiendo lo imposible.

En nuestro país las reformas y ajustes que nos ha impuesto Europa han sido un fracaso, aunque otra cosa digan los dirigentes políticos. Todas las medidas tomadas disminuyendo los ingresos de los ciudadanos no han disminuido el paro. El «éxito» que se adjudica el Gobierno y se ha convertido en su objetivo fundamental es que todavía no nos hayan «rescatado». Pero ¡a qué precio! Y la marcha de la crisis, su agravación en otros países europeos, ¿hasta cuándo va a evitar nuestro rescate?

No hace falta ser un experto en la materia para saber que la política de la UE y los mercados es exactamente la contraria de lo que hace falta para crear empleo, porque reduce con medidas brutales la capacidad de los ciudadanos de activar la demanda. Mientras los ciudadanos pierdan cada día capacidad de compra, las empresas no tendrán posibilidad de aumentar la producción y no contratarán más personal por muy barato que sea el precio de la mano de obra. ¡Elemental! Cuando hacen falta medidas keynesianas se hace exactamente lo contrario, se alarga la crisis, que se hace insoportable para muchas gentes.

A la larga resultaría imposible conservar el Estado democrático y realizar una política que los pueblos de Europa no puedan soportar. El enfrentamiento entre los pueblos y los poderes públicos será inevitable y los Gobiernos de derecha encontrarán así justificación para reducir las libertades públicas y reforzar el carácter represivo del Estado.

La aparición de un movimiento como el 15-M es un síntoma serio. La gente empieza a perder ya la confianza en los partidos democráticos tradicionales, que se han rendido ante los mercados. El 15-M es sólo un comienzo. Si esta situación que agrava la pobreza se prolonga un año o dos, en unos cuantos países europeos la batalla se planteará en las calles. Y puede terminar en amplios alzamientos populares que podrían convertirse en auténticos movimientos revolucionarios. ¿Por qué no harían los pueblos europeos lo que han hecho los árabes? Máxime cuanto han conocido una vida mejor que lograron luchando.

En el fondo este asunto se está convirtiendo en un grave conflicto entre los «mercados» y la sociedad internacional, aunque sean los políticos —Gobiernos y Parlamentos— los que visualmente están colocándose frente a sus pueblos que se niegan a ser los paganos únicos de una crisis que ellos no causaron.

Hasta aquí sobre todo en los dos últimos decenios los «mercados» han actuado como un oscuro poder mundial, que decide el destino de todo. Es verdad que poseen la llave del crédito y tener esa llave en una sociedad en que todo marcha a crédito, supone demasiado poder tanto como para poner a Gobiernos y Parlamentos a sus pies.

Se ha creado la ficción de que los mercados son ellos mismos el sistema capitalista. Pero esto es falso. El capitalismo puede subsistir en la economía productiva, en la industria, la agricultura, el comercio, los servicios, desapareciendo los «mercados». La transformación del sistema financiero —los «mercados»— en un servicio público, a cargo de los Estados y en el plano global de los organismos adecuados, bajo el control de la comunidad internacional, aseguraría el crédito, sin su acompañamiento actual, la especulación. El sector productivo es el que crea la riqueza real.

Yo llegué a pensar que cuando, al principio de la crisis, políticos como Sarkozy hablaban de «refundar» el capitalismo se referían a una reforma de esta naturaleza.

Sin duda es una reforma difícil, porque tendría que hacerse de manera global. Un país solo, ni dos, ni tres, no podrían hacerlo porque el dinero emigra a otros sitios a la velocidad de la luz.

Pero lo que está sucediendo con los «mercados» y la crisis es demasiado serio. Estamos avanzando a pasos rápidos hacia una situación en que el viejo mundo político, los partidos, se alejan de sus pueblos que les consideran vendidos y en que puede surgir una crisis política social que barra todo lo viejo. El capitalismo es cada vez más un disparate, como dice un amigo mío que se proclama conservador de todo lo que merece la pena conservar.

Quiero creer que en este planeta todavía quedan figuras políticas, intelectuales, científicas de izquierda, incluso de derecha, con talento, coraje y suficiente independencia para elevarse sobre la estulticia y coger el toro por los cuernos.

El capitalismo podría provocar grandes catástrofes si no se reforma. Hoy esa es la cuestión.

4-VIII-2011

¿Dónde está el problema?

Hace días en una de las Cuarta Página de El País se publicaba un interesante artículo —«El G-20 debe ponerse serio»— firmado por Gordon Brown, Felipe González y Ernesto Zedillo. Era un texto cauteloso, prudente, como escrito para iniciados, para colegas, con un fondo muy crítico para la gestión de la crisis del G-20.

Para un lector corriente, ajeno a ese ámbito, su lectura resultaba desconsoladora. ¿En qué manos está la suerte del mundo? Las reuniones del G-20, en torno a las cuales el ruido mediático era descomunal, habían sido inútiles, pues no habían alcanzado la cooperación de unos y otros.

Y a partir de un momento el de la reunión de Pittsburgh, dice textualmente el artículo, «comenzó el descenso del G-20 hacia la irrelevancia más absoluta».

En todo este proceso los articulistas subrayan la responsabilidad de las «grandes economías», citándose expresamente a Estados Unidos, China y Alemania.

Para muchos de los que lo hayan leído no será una sorpresa, pues la idea de que la crisis estaba mal gobernada está tan extendida que en los países en que ha habido elecciones, los partidos en el Gobierno, tanto los de izquierda como de derecha, han sido derrotados. Y a los españoles les servirá para hacer un juicio sobre la actitud de nuestros ministros al trasladarnos los mandatos de Bruselas como si estuvieran respaldados por la ciencia económica más infalible.

El artículo que comento concluye reclamando prácticamente un Fondo Monetario Internacional nuevo; independiente de los intereses de las potencias que hasta ahora lo han controlado y utilizado con arreglo a sus particulares intereses y, por ello, muy contestado en medio mundo, por no decir más.

La idea de ese cambio del FMI está relacionada con una exigencia que se repite cuatro veces: la necesidad de un crecimiento mundial equilibrado sustancial y sostenido.

Dudo de que sea fácil lograr ese cambio del FMI. Dudo de que ciertas grandes economías renuncien a disponer de un instrumento así. El FMI lleva ya muchos años funcionando; tiene sus propias rutinas, una idiosincrasia. Darle la vuelta a ese trasto no será nunca fácil. Además en un mundo tan diverso, del que no ha desaparecido la sombra de los bloques, de los que el mismo FMI era hechura, no sé si sería capaz de cambiar tanto.

Pero en relación con la necesidad de impulsar el crecimiento económico expresada en ese artículo, desde la timidez que me invade al pensar que tantos maestros de la economía han podido equivocarse durante tanto tiempo, y siendo yo un simple aficionado, me atrevo a plantear: la causa de este impasse ¿acaso no está en un mal planteamiento del problema, forzado por el enorme poder de los mercados?

¿Acaso no ha llegado el momento de reconocer que priorizar lo que se ha llamado la capitalización de los bancos sobre el crecimiento, sobre el fortalecimiento de la demanda, sobre la solución de la crisis económica general, con medidas de corte keynesiano, no es lo que nos ha conducido al borde de una crisis crónica que ha puesto en peligro el equilibrio social y el prestigio de las instituciones democráticas?

Con esa prioridad hemos puesto en peligro la unidad de Europa y la moneda única; hemos dividido Europa en países ricos y pobres.

¿No nos estamos moviendo en un círculo vicioso? Llevamos tres años intentando recapitalizar a los bancos y para ello estamos estrangulando a la economía productiva, empobreciendo a la población y a los Estados, destruyendo el crecimiento.

Da grima ver el estado a que ha quedado reducida Grecia. Algunos han perdido la noción de lo que representa ese país en la historia de la cultura humana y le han tratado como un Estado apestado. Como si el hecho de no ser una gran economía, de haber accedido tarde al desarrollo y no haber disfrutado del pastel colonial, de haber estado geográficamente en un espacio históricamente conflictivo, le privara del derecho a una vida digna y libre en esta Europa que dice querer unirse. Si Europa no se prepara a superar las consecuencias del desarrollo desigual de sus pueblos, difícilmente llegará nunca a estar realmente unida.

Además, el trato a Grecia ha arrastrado ya a Portugal e Irlanda. Y está a punto de arrastrar a Italia y España. Y si una serie de países europeos se empobrecen arrastrarán con ellos a la Europa rica. Ya podemos presenciar cómo a la economía más grande de la Tierra, Estados Unidos, le afectan seriamente los efectos de la crisis. Ningún Estado está libre de las consecuencias de la política dominante.

Pero además resulta que tres años priorizando la solución a los problemas de la banca tampoco han servido para resolverlos y para tranquilizar a los mercados.

En este orden de cosas también vamos a peor y la degradación de la situación ha puesto en movimiento fuerzas que colocan en riesgo todos los avances logrados por la humanidad en el terreno de la democracia y la paz.

En esta situación han encontrado ambiente propicio para su desarrollo, tanto en Estados Unidos como en Europa, fuerzas que defienden como solución definitiva la ideología del capitalismo salvaje de la escuela de Chicago, la revolución conservadora que pretende privatizarlo todo, convertir en puro negocio hasta el disfrute del aire que respiramos y desde luego las funciones del Estado, comprendidas las de la defensa y la seguridad. Hay quien empieza a pensar que el Tea Party y otros grupos semejantes son la semilla del fascismo de hoy.

Quizá el problema está en que hay que poner freno a esta ideología del capitalismo salvaje. Que el sistema en que vivimos esté reclamando de momento una reforma urgente que limite sus efectos negativos. Y esa reforma probablemente es una reivindicación que la izquierda europea defendió en otros tiempos, cuando poseía una existencia real en la vida política, la transformación del sistema financiero en un servicio público gestionado por los Estados y coordinado mundialmente.

Esto no es ya una reivindicación ideológica, puesto que en el sector de la economía productiva, del comercio y los servicios seguiría existiendo la propiedad privada y las plusvalías, el mercado libre. Sería poner fin a una situación en la que el sistema financiero con sus juegos de casino, se ha convertido en un fin en sí mismo, en el que manejando papel se hacen en horas tremendas fortunas y en el que el poder del dinero se ha convertido en el gran poder fáctico que ha convertido en poderes subordinados a los poderes políticos, multiplicando el caos y la anarquía del capitalismo.

Antes el sistema financiero era el lubricante de la economía productiva. En el curso de esta crisis comprobamos que se ha convertido en un obstáculo para aquélla, al sacrificar el crecimiento y el desarrollo a los intereses de la banca.

Una reforma así debería ser reclamada por la izquierda, pero también por cualquier fuerza política moderada y responsable que se dé cuenta de que este capitalismo salvaje sólo puede provocar catástrofes para todos.

Claro que hoy esa medida tendría que ser tomada a nivel global —o de otra forma sería ineficaz e imposible— y por un consenso amplísimo entre Estados y clases sociales diferentes. En definitiva, sería la única manera de poner de pie lo que está cabeza abajo y de que la política mande sobre la economía.

7-X-2011

¿Volvemos a los tiempos del miedo?

El 60 por ciento de los españoles estima que el juez Garzón es víctima de una persecución. Yo estoy entre ellos y aunque yo no lo soy tengo la satisfacción de saber que muchos reputados juristas piensan lo mismo. Pero lo más extraordinario es que más allá de nuestras fronteras, en Europa y América, por no decir en el mundo entero, la opinión pública también protesta la sentencia de nuestro Tribunal Supremo y los más prestigiosos medios de comunicación extranjeros la comentan con sorpresa y reserva.

En el caso del juez Garzón se ha hecho un montaje sumamente aparatoso, tres juicios seguidos con cargos de lo más diverso, dando la impresión de que si no se le hundía en el primero lo sería en el segundo o en el tercero, no había escapatoria.

Consumado lo que tiene todas las apariencias de un error judicial, de una especie de caso Dreyfus a la española, comienza a levantarse una campaña en la que participan autoridades políticas y judiciales que pretenden cerrar la boca ahora a los que exponen dudas o críticas a esa sentencia. Se dice que estamos arruinando el crédito y la autoridad de uno de los poderes del Estado y que esto es un ataque a la democracia como si se tratase de hacernos callar, de intimidarnos. ¿Es que acaso los ciudadanos no tenemos derecho a criticar la sentencia de un tribunal o cualquiera de las decisiones de uno de los poderes del Estado?

Eso es lo que sucedía en tiempos del juez Eymar, pero no lo propio de un Estado auténticamente democrático. Hasta ahora en este país hemos tenido amplia libertad para criticar a los poderes públicos. Cierto que las leyes aprobadas por el Parlamento, las sentencias de los tribunales, se han aplicado, pero unos y otros las hemos criticado con toda libertad y hemos reclamado su anulación en el ejercicio de un derecho ciudadano. Hasta aquí nadie ha ocultado sus opiniones. Hemos censurado seriamente, desde la derecha y desde la izquierda, lo que considerábamos errores del Gobierno de Rodríguez Zapatero sin que nadie se escandalizase.

Hemos puesto verde a la llamada clase política. Hemos denunciado el peligro del alejamiento entre las instituciones, los partidos políticos y el ciudadano en el curso de la crisis económica que tan intensamente sufre España. Hemos criticado algunas decisiones del Tribunal Constitucional. Últimamente el CIS, en su encuesta de opinión, ha hecho público que el 70 por ciento de los españoles tienen poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Un miembro de la familia real está bajo la seria imputación de un juez, y prensa y ciudadanos lo comentan libremente.

Y de repente se intenta cerrar la boca a los que consideran injusta la condena del juez Garzón, el hombre que procesó a Pinochet precipitando su caída, que apoyó a las víctimas de la opresión fascista en Argentina, que impulsó la causa de la rehabilitación de las víctimas del franquismo y a la vez persiguió eficazmente al terrorismo etarra, al narcotráfico, e hizo lo necesario para impedir prácticas de terrorismo de Estado defendiendo el Estado de derecho.

Se dice que Garzón violó la ley que sólo admite las escuchas en los casos de terrorismo. Pero hay otros juristas, la Fiscalía del Estado, el juez Pedreira y muchos hombres de ley que aprobaron y aprueban la conducta de Garzón. Yo no soy abogado, pero pienso que la corrupción de la política por negociantes como los de la trama Gürtel ha hecho más daño al sistema democrático en España que el lacerante terrorismo de ETA. En definitiva, el Estado democrático se fortaleció luchando contra el terrorismo y ETA fue derrotada por las fuerzas de seguridad y, en definitiva por la unión de todos los demócratas. Mientras que la corrupción ha hecho que los ciudadanos pierdan el respeto a los partidos políticos, a las instituciones y a la misma moral política, sin las cuales la democracia no funciona, suena a escándalo que la primera condena sea la del juez que inició la investigación de la trama Gürtel, que comprometió gravemente a miembros del partido que ahora gobierna.

Si se acepta generalmente que los políticos pueden llegar a corromperse, ¿cómo negar la posibilidad de que algunos abogados se dejen corromper y terminen colaborando con la trama de un delito de blanqueo de dinero, que fue la sospecha que originó la decisión de Garzón? Y por cierto la experiencia de este proceso, a juzgar por su desarrollo hasta hoy, en absoluto ha impedido la labor de las defensas.

En las circunstancias que atravesamos la condena del juez Garzón es también un síntoma de que la salud de nuestra democracia está tocada. Hay otros datos que acentúan la inquietud. En este país está creciendo el miedo y los españoles tenemos una larga experiencia de lo que puede ser el miedo como paralizante del espíritu cívico. Con más de cinco millones de parados el Gobierno lanza una nueva reforma laboral que sólo va a aumentar las rentas del capital para satisfacción de los bancos y a debilitar el poder sindical. Se engaña deliberadamente a los ciudadanos cuando se dice que a la larga eso creará empleo. Cualquier persona sensata sabe que una mayor rebaja de los sueldos reduce la demanda y eso provoca más paro. Pero se trata de crear la idea de que esto es una fatalidad contra la que a los ciudadanos no les queda más remedio que resignarse, lo que genera más miedo entre los que se sienten débiles.

Sobre ese estado de ánimo el Gobierno piensa que será más fácil imponer medidas como las que la Iglesia dicte, las reglas de moral del Estado, aunque eso anule derechos humanos importantes.

Que la trama Gürtel y otras puedan quedar en la impunidad, como ha comenzado a suceder en el reciente juicio de Valencia, añade la sensación de desamparo.

Que la Academia de Historia, que parecía resignarse a corregir el diccionario de personalidades que negaba el carácter de totalitaria a la dictadura de Franco y justificaba su colaboración con el Eje fascista, de improviso anuncia que va a mantener la redacción primitiva, aumenta la sensación de que estamos retrocediendo.

Que se anuncia que criticar una sentencia como la impuesta a Garzón es una amenaza para la democracia o las intervenciones de la policía en la Puerta del Sol contra el 15-M, que hasta ahora no se habían producido, tiene que poner en guardia a la ciudadanía contra un posible peligro de involución. Hay que impedir que vuelvan los tiempos del miedo.

20-II-2012

José Sandoval, un veterano de la resistencia contra el fascismo

La de José Sandoval (Gijón, 1913), fallecido este sábado en Madrid a los 98 años, es una de las biografías más apasionantes del siglo XX español, por más que su gran modestia le haya hecho apartarse siempre de cuanto supusiera glorias y vanidades.

Era un intelectual y un aficionado al arte pictórico. Vivió con intensidad los problemas ideológicos que se desarrollaban entonces en el movimiento obrero y desde muy joven decidió ingresar en el Partido Comunista, en el que ha militado hasta el final de sus días.

Cuando se inició, tras el golpe de Estado de Franco, la guerra antifascista, se alistó en el Quinto Regimiento y combatió en las fuerzas al mando de Líster en todas las batallas importantes de la Guerra Civil: cuartel de la Montaña, sierra de Guadarrama, Madrid, Brunete, Belchite, Teruel, Ebro y retirada de Cataluña. Su comportamiento ejemplar y modesto le ganó el respeto y el cariño de todos sus compañeros. Era un hombre solidario, sencillo, que tenía siempre una palabra cálida y una sonrisa para animar a sus camaradas de combate.

Terminada la guerra de España se exilió a la Unión Soviética, donde volvió a empuñar el fusil para continuar la batalla que había comenzado aquí, la batalla por la libertad de España y del mundo contra el fascismo. Se sumó, como otros exiliados, a uno de los grupos de guerrilleros soviéticos que acosaban en la retaguardia al Ejército hitleriano.

Con su unidad Sandoval recorrió miles de kilómetros, llegando hasta las cercanías de Praga, acosando a los alemanes en retroceso. Junto a su grupo se unió a la Resistencia checa en la batalla por la liberación de Checoslovaquia. Ya en la paz fue recibido como un héroe en los actos de celebración de la Resistencia checa a los que fue invitado.

Al callar las armas Sandoval fue, durante varios años, uno de los principales redactores de Radio España Independiente. Participó en la redacción de la historia del PCE y del libro Guerra y revolución en España.

En 1964, tras el fusilamiento de Julián Grimau, aceptó por encargo del partido reforzar la dirección del trabajo clandestino en Madrid. Fue detenido, torturado y condenado a una larga pena de prisión, que le tuvo en la cárcel hasta que, muerto Franco, se promulgó la Ley de Amnistía. Ya en la legalidad dirigió la Fundación de Investigaciones Marxistas. Nuestro más sentido pésame a su compañera, Mary, y a sus hijas Elena y Natalia.

23-II-2012

Lise London, una heroína de la lucha antifascista

La noche del sábado al domingo falleció en París, a los 96 años, una amiga entrañable de los antifranquistas españoles: Lise London.

Nacida en 1916, Lise era hija de un matrimonio de campesinos aragoneses, los Ricol, que emigraron a Francia durante la Primera Guerra Mundial. Desde muy joven se afilió a la Juventud Comunista francesa y al estallar la Guerra Civil trabajaba en las oficinas de la Internacional Juvenil Comunista en Moscú, donde había contraído matrimonio con Artur London, un joven checo que más tarde alcanzaría fama mundial en unas condiciones dramáticas.

Al formarse las Brigadas Internacionales Lise y su marido vinieron a España y participaron en la guerra contra el fascismo, como hicieron muchos jóvenes de los más diversos países. En España combatieron por la paz y la libertad del mundo. Aquí los conocí yo a finales de 1936; desde entonces hemos mantenido una sólida amistad.

Al terminar nuestra guerra Lise y su marido, al que todos llamábamos por su nombre de guerra, Gerard, volvieron a París, donde Lise trabajó conmigo en la JSU hasta el comienzo de la contienda mundial, mientras su marido trabajaba en el Movimiento Obrero Inmigrado (MOI), que desempeñó un importante papel en la Resistencia contra la ocupación alemana. Bajo la ocupación ambos militaron en la clandestinidad, afrontando sus riesgos. Lise fue detenida por los nazis cuando encaramada en una silla arengaba en un mercado a las mujeres que protestaban por la escasez y la carestía de los víveres, que los ocupantes requisaban para abastecer a los alemanes. Fue llevada a un consejo de guerra y condenada a muerte. Por hallarse embarazada en estado muy avanzado de su hijo Gerard, que nació en la cárcel, no fue ejecutada. Lise terminó la guerra en un campo de concentración alemán.

Artur London cayó detenido también bajo la ocupación. Torturado y enviado al campo de Buchenwald del que consiguió salir vivo hacia la Liberación.

Al terminar la guerra volvieron a reunirse en París. Parecía el fin de todas las pesadillas. Pero el Partido Comunista de Checoslovaquia reclamó la vuelta de London a su país para ocupar un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En los años 1949-1950, cuando la terrible represión estalinista se extendió en las democracias populares y se ejecutó a un buen número de dirigentes comunistas, London fue detenido, brutalmente torturado y condenado a prisión. Muerto Stalin, las víctimas fueron rehabilitadas y London quedó de nuevo en libertad.

En 1956 la familia London y la mía pasamos juntos un mes de vacaciones en Varna (Bulgaria). Reanudamos la vieja amistad y en ese mes, hablando con London, yo aprendí a no creer lo que yo no viera con mis ojos y tocaran mis manos. Lección que influyó a partir de entonces en mi militancia política.

Esta amistad que ha durado hasta ahora la continuarán, espero, muchos años nuestros hijos.

Después de tantas vicisitudes Lise y London han llevado una actividad incansable por todas las causas progresistas: escribiendo libros, publicando artículos, haciendo conferencias. Muerto London, Lise ha continuado. Volvieron muchas veces a España, que llegó a ser su segunda patria. ¡Descansa en paz, querida Lise, tus amigos no te olvidaremos nunca!

4-IV-2012

Sobre el autor

Revolucionario durante su juventud de militante socialista, Santiago Carrillo (1915-2012) fue secretario general del Partido Comunista de España (PCE) desde 1960 hasta 1982 y uno de los protagonistas de la Transición. Su biografía ha recorrido casi un siglo de grandes acontecimientos de la historia de España: la revolución de 1934, la Guerra Civil, un largo exilio, la evolución del estalinismo al «eurocomunismo». Carrillo dimitió como secretario general del PCE después de veintidós años, una vez confirmado que su partido había sido relegado definitivamente por el PSOE en la confianza electoral de la izquierda. Fue excluido del PCE en 1985. Una trayectoria política tan intensa dio paso a partir de entonces a un papel de activo y crítico observador de la vida política española, especialmente preocupado por la dureza adoptada por el PP durante los años de gobierno de Zapatero.