Dedico este libro a la Universidad Autónoma de

Madrid, por acogerme en su Colegio de Doctores

A mi mujer, Carmen Menéndez, y a mi hijo Jorge Carrillo, sin cuya colaboración este libro no hubiera visto la luz.

INTRODUCCIÓN

Balance de una estrategia. ¿Hacia una nueva izquierda?

Los textos que contiene este libro trazan la trayectoria del Partido Comunista de España a partir de su propuesta, hecha en 1956, favorable a la reconciliación de los españoles, es decir, a superar la ruptura que supuso la Guerra Civil y crear un marco de relaciones democráticas donde fuese posible la convivencia de las distintas corrientes que conformaban el pensamiento político de los españoles. Hacía diecisiete años de la victoria de Franco y once del fin de la Segunda Guerra Mundial. La derrota del fascismo en ésta había creado en la opinión política internacional un auge de las corrientes democráticas y de izquierda que aislaban nuevamente al régimen imperante en España. Y en nuestro territorio estaba llegando a la mayoría de edad una generación que no tenía responsabilidad alguna por la Guerra Civil, para la cual ésta comenzaba a ser Historia.

En 1956 el Partido Comunista había logrado ya una considerable penetración en los sindicatos verticales y en el SEU —Sindicato Español Universitario—. A través de los enlaces y de las Juntas Sociales comenzaban a plantearse «legalmente» reivindicaciones económicas que facilitaban el contacto con la clase obrera y su movilización, como mostró, por ejemplo, el boicot a los tranvías de Barcelona, ya en 1951.

En el SEU los resultados eran todavía más sensibles. Una célula comunista creada a mediados de 1955, compuesta entre otros por Enrique Múgica, Javier Pradera, Ramón Tamames, Julio Diamante y Fernando Sánchez Dragó, había entrado en contacto con falangistas que comenzaban a ser críticos con el régimen como Dionisio Ridruejo, los hermanos Sánchez Mazas y otros, monárquicos como José María Ruiz Gallardón, liberales como los hermanos Garrigues Walker; todos ellos se pusieron de acuerdo para elaborar un manifiesto político dirigido al Gobierno de la Nación, en el que demandaban libertad, en nombre de los hijos de los dos bandos que combatieron entre sí en la guerra. Ese manifiesto fue discutido y aprobado en agitadas reuniones celebradas en las diversas facultades de la universidad madrileña. La iniciativa estudiantil tenía el apoyo de Joaquín Ruiz Jiménez, ministro de Educación, que, posteriormente, fue cesado del gobierno por Franco; del rector Pedro Laín Entralgo y de otras personalidades de la cultura. Hubo asambleas y manifestaciones con choques entre los estudiantes y grupos falangistas, uno de cuyos componentes cayó gravemente herido por un disparo hecho por sus propios correligionarios. Por primera vez fueron juntas a la cárcel personas de derecha y comunistas, aunque muy pocos sabían que éstos lo fueran. Como consecuencia se produjo una crisis de gobierno y tiempo después la desaparición del SEU.

La universidad comenzaba a ser de esta suerte uno de los focos de resistencia al régimen.

Aquello fue el comienzo de las discrepancias dentro del régimen y produjo sorpresa en todo el país. Fue también el inicio de un movimiento de resistencia de los intelectuales contra el régimen, que con el tiempo alcanzó considerable importancia.

Un dato interesante desde el punto de vista histórico: las líneas generales del manifiesto, redactado después por los líderes de la protesta, firmado por más de un millar de estudiantes, fueron elaboradas en una reunión, en París, de la dirección del partido con Enrique Múgica y Jorge Semprún, entonces delegado del PCE para el trabajo del partido en el movimiento de intelectuales.

Con este cambio en el interior coincidió tiempo después un importante acontecimiento: España era admitida en la ONU, junto con otros quince estados.

Todo ello conformaba una nueva situación, en la que se ponía fin a las ilusiones de los partidos del exilio, que aún esperaban que las potencias democráticas liberaran al pueblo español.

Ahora no había duda. La libertad teníamos que conquistarla nosotros mismos, el pueblo.

Pero ¿cómo? Después de tres años de guerra y de las bajas hechas por la terrible represión, un levantamiento popular armado era inconcebible.

Había que dar un salto desde las trincheras del ejército de Franco y el ejército popular de la República al terreno de la acción de masas para enfrentarse a los problemas cotidianos de la gente. Y para eso era imprescindible la reconciliación de las dos infanterías.

La tarea era ímproba. El odio y el rencor eran cultivados por la feroz represión y la propaganda del régimen. Aunque habían tenido lugar en 1947 contactos entre Prieto y representantes de don Juan de Borbón, esta relación, mantenida en secreto, había fracasado, porque en ninguno de ambos campos había voluntad de reconciliación. Ningún partido se había pronunciado por la reconciliación y hecho campaña a su favor. Había sido una intriga secreta entre altos políticos sin mayor trascendencia, en la que los monárquicos se habían burlado de Prieto. Mientras se mantenían en Londres conversaciones de pura forma, don Juan hacía en el Azor su pacto con Franco.

La idea de la reconciliación de los españoles fue abriéndose paso lentamente. A medida que fue divulgada, tuvo más eco en el interior que en el exilio

Pero fue necesario un trabajo de pedagogía política que durante mucho tiempo, en solitario, hizo el Partido Comunista. En los veinte años transcurridos hasta la Transición, en sus comités centrales y en sus congresos el PCE desarrolló e insistió tenazmente en esa idea, en declaraciones, actos y libros impresos que circularon por el interior clandestinamente. La Pirenaica, nuestra radio clandestina, llevó a cabo una ingente campaña propagando la idea. En este libro se recogen algunos de los documentos importantes divulgados en ese período y que marcan una trayectoria consecuente.

Finalmente se logró que el conjunto del partido se compenetrase con la nueva línea política e hiciera una divulgación masiva de ella, masiva dentro de las proporciones alcanzables en un sistema fascista.

Las primeras respuestas positivas vinieron desde el interior, principalmente de las organizaciones cristianas de base; de grupos de intelectuales y de la juventud. De personalidades como Joaquín Ruiz Jiménez, que logró editar Cuadernos para el diálogo o como José Ángel Ezcurra, que consiguió editar Triunfo; o como Juan Antonio Bardem, que dirigió la película La venganza. Éstas y algunas otras iniciativas iban en esa dirección.

Aunque lentamente, la idea de la reconciliación fue ganando a la opinión pública y la Transición Democrática fue su consecuencia.

Este nuevo enfoque de la lucha contra la dictadura partía de un análisis más realista de la situación: la derrota de la República y la bestial represión que nunca cesó habían aniquilado por lo menos a dos generaciones de demócratas y revolucionarios, hecho que en el exilio, influidos por la euforia que surgió en Europa tras la derrota del Eje, tardamos en valorar en todo su alcance. La guerra de España había sido la primera batalla de la guerra mundial contra el fascismo. Pero así como en el resto del mundo se había ganado, en España la habíamos perdido. Y eso no era solamente una terrible mutilación física de las fuerzas democráticas y revolucionarias, del pueblo republicano. Era algo probablemente más grave: ese pueblo había perdido la confianza en su capacidad para dirigir su destino; se sentía abandonado. Habiendo luchado con extraordinario valor y sacrificio, se encontraba vencido y acorralado por sus adversarios. Las consecuencias de la derrota iban a ser duraderas. En cierto modo han durado hasta el día de hoy.

En los primeros años sólo una minoría de los antiguos combatientes seguía la lucha, irreductibles, arriesgando su vida. Y en su mayor parte fueron miembros del Partido Comunista y de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), que con una visión internacionalista de la causa que defendíamos no nos considerábamos derrotados, porque a nivel mundial habíamos vencido. El sacrificio de estos luchadores tardó en dar sus frutos; pero a fin de cuentas ayudó a muchos ciudadanos a recuperar fuerzas y moral.

Así pues, la realidad nos planteaba que el pueblo español en que teníamos que apoyarnos no era ya el de 1936; era un pueblo desangrado, que necesitaba paz, cicatrizar sus heridas y que rechazaba la hipótesis de volver a tomar las armas.

El PCE no había excluido nunca las alianzas con fuerzas que estuvieran más allá del campo republicano. En un manifiesto publicado en 1942 proclamaba ya que la disputa en España se planteaba entre dictadura o democracia. Incluso cuando participamos en el gobierno republicano del exilio veíamos la necesidad de que éste se ampliara transformándose en el Comité director de un amplio frente nacional.

Sin embargo, el viraje que hacíamos con la Declaración de 1956 ponía la tarea de enlazar con los sectores del franquismo que se desplazaban hacia posiciones liberales, en convertirla en algo central. Para cambiar el régimen necesitábamos el consenso de parte de las fuerzas que lo sostenían y la neutralización de otras.

Lo que también veíamos en aquellas fechas como un factor objetivo que podía favorecer nuestra estrategia era que en el mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial, en que el capital barrió las fronteras y se convertía cada día más en un sistema mundializado, global, vendría un momento en que los intereses de la burguesía española llegaran a chocar con las estructuras rígidas del franquismo que propendían a la autarquía.

Poner término a la brutal represión y conseguir libertades políticas. Sin conseguir eso, era imposible pensar en transformaciones sociales más avanzadas. Éramos conscientes de que ese paso no iba a afectar más que al régimen de dictadura. Que el capital iba a seguir teniendo la hegemonía social en el Estado. También éramos conscientes de que la democratización del aparato estatal iba a ser más lenta y costosa que en los países donde el fascismo había sido aplastado militarmente.

Pero ésa era la realidad a la que el abandono de las potencias democráticas nos había reducido.

¿A qué renunciábamos realmente con aquella política? Renunciábamos pura y simplemente a la revancha física de los vencidos sobre los vencedores. Eso podía ser muy doloroso, en efecto, pero era también indispensable para lograr una reconciliación sobre bases democráticas.

El caso de España guardaba poca similitud con lo que ha podido suceder en países como Argentina y Chile. En éstos no hubo una guerra civil que duró cerca de tres años como la hubo en España, en la que el pueblo se dividió, se enfrentó en dos ejércitos, en la que el factor religioso jugó un gran papel. No fue una minoría militar la que dio un golpe de Estado y tomó el Poder. El pueblo español estaba profundamente dividido entre el Frente Popular y el Bloque de Derechas unido por el integrismo católico.

Con la República estaba la parte más progresista y avanzada del pueblo que apoyaba decididamente al nuevo régimen, y que respondió a la sublevación con un gran levantamiento en armas.

Nuestro problema consistió no en poner fin a la dictadura de una camarilla de golpistas, sino a un régimen nacido de una victoria militar en una dura y larga guerra.

En 1956 iniciábamos esa tarea. En ese momento aparecían nuevas muestras que eran alentadoras. Empezaban a entrar en las filas de nuestro partido o a colaborar con él, personas que habían luchado al lado de Franco y particularmente hijos de los vencedores. Este fenómeno se amplificará más adelante, sobre todo en la universidad y entre las fuerzas de la cultura. Podría citar muchos casos. Bastantes años antes de la Transición, muchos de ellos eran dirigentes de las organizaciones del partido y algunos incluso del Comité Central. El PCE que llega en 1976 es un partido que había hecho en su seno la reconciliación y aunque siente el orgullo de la lucha en defensa de la República, por su composición ya no es el PCE de la guerra. Se ha renovado.

Pero el PCE nunca pensó ni habló de olvidar el pasado de España y aún menos la Guerra Civil, sino de superar el pasado. De considerarlo como un momento de nuestra Historia. Una de las actitudes que mantuvimos en la Transición fue reconocer la buena fe de los que habiendo estado en el franquismo habían decidido colaborar con la oposición antifranquista en la construcción de un sistema democrático, construyendo entre todos nuevas relaciones civilizadas.

Lo que nos importaba era cambiar la relación de los pueblos de España, llegar a estructurar el Estado en un sentido federal, enterrar el sistema centralista burocrático creado por la fuerza, que había sido uno de los instrumentos que favoreció a los gobiernos de la derecha, la autocracia y las dictaduras. Cambiar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Levantar un estado social, un Estado de bienestar. Un sistema electoral que reconocieran y plasmara en el Parlamento, equitativamente, la pluralidad política. Desarrollar la cultura y el conocimiento científico, convirtiéndolo en patrimonio del pueblo. Extender o desarrollar los derechos humanos particularmente la igualdad de mujeres y hombres. Pensábamos que ésta era la manera de honrar la memoria de los que habían caído en la guerra y antes a lo largo de nuestra Historia por el progreso y el avance de nuestros pueblos.

Y la verdad es que, durante los primeros años de la Transición, la respuesta de las fuerzas que venían del otro lado fue en general satisfactoria. La UCD (Unión de Centro Democrático) de Adolfo Suárez realizó una política reformista y facilitó muchos cambios importantes y terminaron enfrentados con la derecha extrema. La Iglesia bajo la dirección del cardenal Tarancón contribuyó a abrir la vía a la democracia, inspirándose en el Concilio Vaticano II, contribuyendo a la defensa del pluralismo político, considerando innecesario un Partido Demócrata Cristiano, porque los cristianos podían militar en cualquier partido con el que coincidieran sus ideas políticas; a entender que política y religión no podían confundirse, rompiendo así una larga tradición negativa de la Iglesia española.

Un caso significativo fue el del Partido Carlista que era una organización profundamente arraigada en una parte del pueblo desde el siglo XIX. Este partido católico, foralista, había procurado a Franco alguna de sus mejores unidades de infantería y sin embargo posteriormente desempeñó un papel positivo en el cambio, con Carlos Hugo de Borbón Parma a la cabeza.

Los comunistas fuimos capaces de elaborar y desarrollar de manera consecuente una estrategia política para poner fin a la dictadura franquista. Visto desde el día de hoy puede parecer que la cosa no fue tan importante. Al fin y al cabo la política de reconciliación presidió la Transición española. Algunos podrían ver este último aspecto como un fenómeno natural, espontáneo, que se hubiera producido incluso sin la existencia de la estrategia del PCE. El hecho de que tras la Transición el PCE haya casi desaparecido como opción política, podría dar un semblante de verosimilitud a tal idea.

Sin embargo, que en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos —que por conveniencia estratégica sostuvieron al franquismo hasta el último momento— temían que la Revolución de los Claveles de Portugal, la colaboración de Mitterrand con los comunistas en Francia y la fortaleza del PCI en Italia pusieran a la OTAN fuera de juego en el sur de Europa, lo que hubiera sido el fracaso de este instrumento de dominación de la política internacional; y que, en un momento tan crítico, Kissinger y la Alemania Federal hubieran tenido que tragar la legalización del PCE, indican hasta qué punto éste era un factor político esencial en aquella situación.

El Rey y Adolfo Suárez intuían esta realidad. No por casualidad, cuando era sólo príncipe, ya en el verano de 1974, don Juan Carlos había encargado nada menos que al sobrino de Franco, Nicolás Franco Pascual de Pobil, que sondeara mi opinión sobre el cambio de régimen. Prudentemente, este señor no me dijo quién le enviaba, ya que, de haberlo hecho, si yo hubiera sido un político inclinado a los golpes de efecto, con una declaración a la prensa internacional podía haber provocado un escándalo político que incluso hiciera que el Príncipe no llegara a ser Rey. No hay que olvidar que en aquellos momentos la burocracia falangista y la familia del Caudillo conspiraban a favor de que el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre, casado además con una nieta del Caudillo, ocupara la plaza del actual Rey.

Y a partir de 1975 Adolfo Suárez organizó un enlace conmigo por medio del abogado y periodista José Mario Armero, utilizando los buenos oficios de su amigo —y mío— Teodulfo Lagunero.

Pero todas esas iniciativas no significaban que el Rey y Suárez tuviesen entre sus planes inmediatos la legalización del PCE. Es más; todos los primeros contactos con nosotros incluían la propuesta de que aceptáramos que nuestra legalización se retrasara varios años. Aducían la negativa del ejército a tal paso. Nosotros siempre nos negamos a ello y contestamos que en caso de no ser legalizados denunciaríamos la democratización como una farsa.

Martín Villa se había reunido ya con los jefes de la Policía y las fuerzas de seguridad para decirles que la apertura llegaría hasta el PSOE y que no alcanzaría al PCE. Algo parecido habían deducido los generales de unas manifestaciones de Suárez ante ellos.

Ya en las negociaciones de la Comisión de los 10, representativa del conjunto de la oposición, con Suárez, éste había puesto el veto a mi presencia personal entre los que acudirían a negociar con él. Ello dio lugar a un debate en la Comisión. Algunos de sus miembros se negaban a aceptar esta discriminación. Felipe González declaró entonces que si la Comisión interrumpía la negociación por esta causa, el PSOE estaba dispuesto a hacerlo solo. Yo intervine quitando importancia al veto y diciendo que los que habían negociado tenían mi confianza y que, en definitiva, para cerrar la negociación, Suárez tendría que terminar hablando con el representante del PCE.

Así sucedió el 27 de febrero de 1977, en una conversación que duró seis horas y que a petición de Suárez se mantuvo en secreto. Con esa conversación terminaron las negociaciones previas a las elecciones generales. El PCE sería legalizado junto a los demás partidos como habíamos exigido.

Suárez me hizo entender que el programa de ruptura previsto por la oposición para el gobierno provisional (Amnistía, libertades y Cortes Constituyentes) lo asumía su gobierno.

La legalización fue sin duda un acto de coraje por parte del Rey y de Suárez, que les enfrentaba con los generales y la extrema derecha, muy fuerte en el aparato del Estado.

Pero si no se daba ese paso dejaban excluido al partido que más se reconocía en el país e internacionalmente como el principal organizador del movimiento de resistencia a la dictadura, el que había pagado un tributo más alto por ello, el defensor de la reconciliación y el único que en 1976 alcanzaba la cifra de doscientos mil afiliados y que ese año había completado las listas de candidatos a Cortes, cuando otros partidos ofrecían el puesto de candidato al mismo tiempo que el carné. Volvimos a poner de manifiesto la fuerza organizada del PCE cuando el vil asesinato de los abogados laboralistas de Atocha.

Durante la campaña electoral nuestros mítines en estadios, plazas de toros y polideportivos reunían a públicos numerosos y entusiastas.

La transformación democrática del país necesitaba una fuerza dinámica y activa que representaba el PCE. Suárez y el Rey lo habían comprendido perfectamente, por eso jugaron la braza de la legalización.

Creo que en ese período el PCE valoraba su fuerza justamente y ello le dio la capacidad de actuar a la vez con resolución y serenidad.

Pero pienso también que en ese momento subestimábamos dos cosas:

La voluntad de todas las demás fuerzas políticas, desde los ultras y los reformadores hasta el PSOE, de actuar para impedir a toda costa que el PCE se mantuviera como la fuerza hegemónica en la izquierda, es decir, para evitar que se repitiera en España el modelo italiano. Y para ello la necesidad de ayudar a los socialistas a recuperar el retraso en que se habían quedado en los años de la clandestinidad. El PSOE era el último seguro frente al peligro comunista. Estados Unidos y Alemania Federal vigilaban atentamente la Transición y hasta el gobierno soviético de Brézhnev buscaba el fracaso de un PCE celoso de su autonomía y se inclinaba por apoyar al PSOE.

Subestimábamos el factor miedo. La mayoría de la población venía bajo el peso de cuarenta años de guerra y terror, en los que se había mantenido en la pasividad; la campaña anticomunista había calado en amplios sectores. E incluso muchos que simpatizaban con los comunistas, en el momento en que se abría un período de libertad, temían que los generales dieran un golpe de Estado si el país se inclinaba demasiado a la izquierda.

El PSOE daba mayores garantías de un cambio moderado pese al izquierdismo manifestado por parte de sus dirigentes.

Antes de la legalización de los partidos y los sindicatos, en marzo de 1976, presenciamos con sorpresa la celebración de un Congreso nacional de la UGT que apenas empezaba a estructurarse. El gobierno lo autorizó, cumpliendo ese gran compromiso a que hemos aludido, y en noviembre se autorizaba la celebración del Congreso del PSOE, con toda la pompa que supone la presencia de los líderes europeos de la II Internacional, cuyos partidos estaban en el poder de varios estados.

Así fue clara la voluntad del primer gobierno de la monarquía de levantar rápidamente un Partido Socialista que actuase como barrera, mientras se reprimían las actividades de los comunistas y se mantenía en la cárcel o en el exilio a sus líderes.

Fue a raíz de esto cuando el PCE mostró su voluntad de salir a la superficie rompiendo las prohibiciones y asumiendo nuevos riesgos. Uno de sus desafíos fue la conferencia de prensa que yo di rodeado de otros dirigentes del PCE y del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) ante más de sesenta periodistas de prensa, radio y televisión, nacionales y extranjeros. Días antes había hecho declaraciones en Madrid a las televisiones francesa y sueca.

A diferencia del trato dado al PSOE, el gobierno, en cuanto supo la noticia, decidió montar un grupo especial de policías con la misión de buscarme y detenerme, cosa que se produjo casi un mes después. Conmigo detuvieron a los miembros del Comité Ejecutivo que estaban en libertad.

Éste fue un error de aquel gobierno que una hora más tarde se enfrentaba a las primeras manifestaciones de protesta en Madrid. La protesta se extendió a París, Roma y otras ciudades europeas, poniendo en peligro el escaso prestigio gubernamental. Cientos de intelectuales firmaron un manifiesto de protesta. A los ocho días tuvo que ponernos en libertad provisional. Éramos ya ciudadanos legales con posibilidad de desplazarnos y de hablar en los medios de comunicación. Pero los demás partidos, singularmente el Socialista, nos llevaban casi un año de ventaja actuando abiertamente con la protección del gobierno.

Hasta el Sábado Santo Rojo, muy poco antes de las elecciones, no conseguimos la legalización.

Pero ahí entró ya en juego la intervención abierta de los generales franquistas del Alto Mando del Ejército. Se reunieron con gran estrépito público de sables y reprobaron la decisión del gobierno. Era sin duda la presión más fuerte sobre el electorado; tanto como para quitarnos una parte del posible voto a nuestras candidaturas. Por miedo al golpe de Estado, esos votos se trasladaron al PSOE, que los generales no ponían en cuestión.

Además, el sistema electoral concebido para instalar un sistema bipartidista, nos era sumamente perjudicial; cada diputado comunista costaba alrededor de ochenta mil votos, mientras que a UCD y al PSOE, poco más de treinta mil. Este sistema, al no ser proporcional, nos robó más de veinte escaños en esas elecciones.

El resultado provocó frustración en nuestro partido y sorpresa en otros. Parecía una injusticia histórica.

En las segundas elecciones recuperamos trescientos mil votos más, que con la Ley D’Hondt y la distribución de las circunscripciones se quedó en tres diputados más, veintitrés en total. Pese a que en la Constitución se estableció el criterio de la proporcionalidad, UCD y el PSOE aprobaron una ley electoral que mantenía la desproporcionalidad, que ha durado hasta hoy.

El golpe militar del 23-F no acabó con la democracia pero le causó un gran daño y para el PC fue fatal. Hay que recordar que las masas populares, con sus representantes y el gobierno prisioneros de los golpistas, permanecieron pasivas ante el golpe, que fracasó por su pésima preparación y por las gestiones de la Casa Real. Hasta días después de su fracaso no se produjeron las grandes manifestaciones de masas en Madrid y otras capitales celebrando el fracaso.

Los efectos del golpe se sintieron en las elecciones generales de 1982. La extrema derecha encabezada por Fraga pasó de diez a ciento siete diputados. Todos los votos democráticos y de izquierda se concentraron en el PSOE, que obtuvo una resonante victoria por una razón: ser el único partido de izquierda que podía evitar el derrumbe del sistema democrático, dada la tolerancia del ejército con él y los apoyos internacionales que poseía. Nosotros quedamos reducidos a cuatro diputados, que con Adolfo Suárez, Rodríguez Sahagún, del CDS y el catalán Francesc Vicens y el vasco Bandrés formamos el Grupo Mixto de la nueva Cámara. Por el PSOE habían votado más de la mitad de los electores comunistas, entre ellos bastantes responsables de organizaciones del partido. Un dirigente socialista del principio de la Transición explicó entonces el sentido del voto mayoritario del electorado como la expresión de este sentimiento: «Madrecita, que nos quedemos como estamos.»

En esas circunstancias el partido quedó sumido en profunda crisis y ya no volvió a participar como tal en ninguna contienda electoral.

¿Cómo llegó a venirse abajo un partido que había alcanzado tan gran influencia en la Guerra Civil y luego en la resistencia antifranquista?

Una aproximación a este tema aún hoy es difícil, sin caer en pecado de subjetivismo. Yo pienso que una de las causas fue la frustración del resultado electoral del 1977, que nunca llegamos a superar realmente.

En ese tiempo el PCE era fundamentalmente un partido de los trabajadores como indicaba su influencia en Comisiones Obreras. Mas existía en su seno y entre sus cuadros una considerable proporción de profesionales y universitarios que habían probado su valía en la resistencia antifranquista. En general, eran jóvenes de alto nivel profesional que lucharon en nuestras filas con la ambición legítima de aplicar a la realidad, tras la desaparición de la dictadura, sus opiniones progresistas sobre los más diversos problemas de la organización del Estado con la voluntad de modernizarlo. Pensaban que el PCE, en cuyas filas habían luchado, era el partido que les proporcionaría esa posibilidad y en cuanto los resultados electorales malograron sus esperanzas llegaron a pensar que el fallo era responsabilidad de la dirección eurocomunista del partido.

Esta frustración se producía coincidiendo con una sutil campaña que descalificaba a ambos contendientes de la Guerra Civil por igual. El PSOE, cuyos grandes dirigentes de los tiempos de la República —Negrín, Prieto, Largo Caballero— habían muerto en el exilio, presentaba a Besteiro, el hombre del golpe de Casado que había entregado Madrid a Franco, protagonizando la rendición de la República, como el símbolo de las tradiciones socialistas que eran su referente. Negrín, el líder de la resistencia republicana, seguía siendo maldito (hasta hace muy poco no ha sido rehabilitado por la dirección de Rodríguez Zapatero). Con esto se daba la impresión a un pueblo ávido tanto de libertad como de paz, que seguía temiendo (no infundadamente como se vio el 23-F) a los generales de Franco, que el PCE, aun habiendo protagonizado la reconciliación, no abjuraba de la defensa de la República en los años 1936-1939. En ese ambiente se utilizaba contra nosotros, sutilmente, el reparo de mantener al frente del PCE a personas que habían hecho la guerra. En cambio no reprochaban a la derecha estar dirigida por ministros de la dictadura y se legitimaba la figura de Fraga. Algunos de los jóvenes renovadores se dejaron utilizar a veces por este juego y se fueron inclinando hacia el PSOE, que si les recibió al principio bien, por el efecto negativo para el PCE, pasado un tiempo los envió al ostracismo. Algunos de ellos me explicaron más tarde de vuelta de esta experiencia que en su caída había jugado el «factor K», es decir, su origen comunista.

Al lado opuesto se formó otra corriente conocida por los prosoviéticos, que se apoyaban en la tradición de fidelidad a la URSS como un principio esencial, porque no entendían nada de lo que sucedía allí.

Esa corriente entonces fue muy activa. Desde la Embajada soviética se intervino activamente en su organización y desarrollo. Se organizaban viajes a la URSS, de militantes y sus familias, con un trato especial. Se ayudaba a la corriente con medios económicos para su actividad. Veteranos dirigentes que en su tiempo, antes de la Transición, habían apoyado, cuando menos formalmente, la renovación eurocomunista, volvieron a la obediencia soviética. Así sucedió con camaradas como Ignacio Gallego y José Serradell, que merecían el prestigio de que gozaban por su participación en la lucha antifranquista.

Contradictoriamente, la corriente prosoviética sostenía objetivamente al PSOE, siguiendo las orientaciones de Brézhnev y Ponomariov, que en España habían optado por apoyar al PSOE, contra el PCE eurocomunista.

Las luchas internas impidieron al PCE utilizar un capital político de gran valor: el de ser el partido que había hecho posible con su política la reconciliación de los españoles, el restablecimiento de la democracia en España. Todavía hoy en la calle me encuentro con personas que me saludan con estas palabras: «Le agradezco a usted. lo que ha hecho por los españoles.» Los que así hacen son gentes normales, del pueblo, que valoran lo que hizo el PCE. Sin embargo, las polémicas internas perjudicaron gravemente al partido. Imperó el sectarismo y el dogmatismo de los que tras la crisis se quedaron con los restos del PCE, se pusieron a criticar la Transición Democrática, a denigrarla como si hubiese sido una traición y no el resultado de la única estrategia posible en las condiciones existentes en España, tras el abandono en que nos dejaron las potencias democráticas al finalizar la Segunda Guerra Mundial y el apoyo de Estados Unidos a Franco durante la Guerra Fría.

Éste fue sin duda el error político que cometió el PCE: no reivindicar su importante papel en la conquista de un sistema democrático que con todas sus contradicciones ha hecho que el pueblo viva mejor, con libertades, dejando atrás un pasado ruinoso.

Un error que nos ha costado caro, aunque de todas formas el movimiento comunista mundial, tal como existía y funcionó en un largo período histórico, estaba llegando a su término a finales del siglo pasado.

Yo tengo el orgullo de haber sido parte de ese movimiento que se inició con la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. Esa revolución favoreció las condiciones de vida de los trabajadores de todo el mundo desarrollado e infundió coraje a los pueblos coloniales de Asia y América Latina. Fue un apoyo para todos los movimientos progresivos que se conocieron en el mundo y finalmente desempeñó un papel decisivo en la salvación de la Humanidad del fascismo, soportando el peso mayor en la destrucción y aniquilamiento de la máquina militar nazi.

Pero no me arrepiento de haber reflexionado sobre la autocrítica valerosa hecha por Jruschov en el XX Congreso del PCUS y sobre el rumbo que imprimieron a ése los sucesores de Lenin, no sólo Stalin, sino también Brézhnev. Ni del rumbo que tomó el PCE hacia una posición autónoma y crítica que terminó siendo conocida como «eurocomunismo». Si acaso lo único que podría lamentar es que eso no hubiera sucedido años antes.

La plasmación de una crítica interna resultaba muy difícil. El movimiento comunista mundial, desde los tiempos de la Internacional Comunista, había luchado en condiciones siempre muy duras, en las catacumbas, tras haber sufrido represiones terribles (recuerdo a título de ejemplo que en un solo país, Indonesia, fueron asesinados más de seiscientos mil comunistas tras un golpe de Estado). En ese período llamábamos «romanticismo revolucionario» al estado de espíritu que llevaba a los comunistas a poner en peligro su vida y su libertad por la causa y por el partido. Pero era algo más, algo que se ha producido a lo largo de la Historia en movimientos que actuaban en condiciones de extrema ilegalidad. Para eso no basta sólo la convicción, hace falta fe, que es un sentimiento religioso; fe en una causa, en unos líderes. Hacen falta líderes que se acerquen a lo que fueron los profetas. Yo creo que estas circunstancias se daban ya en los primeros organizadores del movimiento socialista y socialdemócrata y en el anarquismo, del siglo XIX y principios del siglo XX, que se acentuaron luego en el movimiento comunista.

Finalmente, esa actitud semirreligiosa terminó dando el resultado siguiente: teníamos nuestros profetas y nuestros mártires; teníamos nuestra Roma, nuestra Meca: Moscú. Nuestros líderes eran infalibles. Nuestro papa infalible era Stalin.

En un movimiento así, que se alejaba cada vez más de las prácticas marxistas —e incluso leninistas—, el ejercicio de la crítica fue desapareciendo.

Pero, precisamente por esas características, a medida que hubo más países llamados «socialistas» y mayor contraste entre los intereses de unos y otros, las diferencias fueron tratadas como herejía y los herejes excomulgados. Así sucedió con Tito y los yugoslavos. Llegamos a ver un enfrentamiento militar en el río Amur con China e invasiones militares en Hungría y Checoslovaquia.

Los dirigentes de la URSS terminaron como la cabeza de un sistema imperial, con derecho a mantener bases y a enviar sus tropas a las «provincias» del Imperio. Quisieron construir una armada de guerra más fuerte que nadie. Hasta que llegó el momento en que el sistema soviético hizo implosión y el capitalismo fue restaurado por la misma burocracia gubernamental.

La implosión del sistema soviético arrastró la descomposición del movimiento comunista. El hecho es que en Europa el potente PCI (Partido Comunista Italiano) de otros tiempos ha desaparecido. El que fue considerado el primer partido de Francia, el PCF (Partido Comunista Francés), ha quedado reducido al 4 % o 5 % de los electores y lo que queda sufre hondas divisiones.

En España pasó lo mismo. Sin duda el fondo esencial de nuestra crisis está también ahí, es una parte de la crisis general del movimiento comunista. Aparte de nuestros problemas internos, hemos sufrido las consecuencias de un desastre colectivo.

Y sin embargo la izquierda no ha muerto. En las repúblicas latinoamericanas la izquierda ha conseguido cambios muy serios con líderes y partidos nuevos y con aspectos muy originales, en los que los antiguos partidos comunistas tienen poco que ver. Sin hablar de otras experiencias en Asia, promovidas en este caso por partidos comunistas que ocupaban ya el Poder desde antes y cuyas consecuencias son todavía una incógnita.

¿Acaso en España y en Europa han desaparecido los comunistas?

Pienso que no, que somos bastantes los que, liberados de la fe, estamos convencidos de que el mundo será socialista o no será.

Pero habiendo perdido las certidumbres consagradas nos preguntamos: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?

En cierto modo hay que volver a empezar, en un mundo cada día más complejo, en el que los países capitalistas desarrollados aseguraban haber creado la abundancia para todos a costa de la miseria del resto del mundo y la crisis ha empezado a descubrirnos que se trataba de castillos de arena sin consistencia.

Hay que empezar. Pero para ello hay que investigar cómo. El último capítulo con el que termina este libro publicado en 1995 plantea la cuestión.

CAPÍTULO I

Declaración del PCE sobre la reconciliación de los españoles y el cambio pacífico

(Aprobada en el verano de 1956, por el Comité Central en Checoslovaquia.)

Posibilidad de un cambio pacífico en España

La Guerra Civil provocada por el general Franco y sus dolorosas consecuencias han sido una dura experiencia para los españoles. Incluso entre los más declarados adversarios de la República, son numerosos los que piensan que, para llegar a donde se ha llegado en España con el gobierno franquista, no valía la pena haberse sublevado.

Una enseñanza profundamente aleccionadora derivada de esa experiencia es la necesidad de acabar con el fanatismo, el sectarismo y la intolerancia en la vida y costumbres políticas españolas.

España se encuentra ante una coyuntura en la que si las fuerzas de derecha y de izquierda tienen en cuenta la dura y terrible lección de la guerra y de la etapa fascista, es posible poner fin a un largo período histórico de pronunciamientos, guerras civiles e intervenciones extranjeras, e inaugurar una nueva era de paz civil. La reconciliación nacional de los españoles es una posibilidad real y una necesidad impostergable.

¿En qué se basa el Partido Comunista para afirmar que la reconciliación es una posibilidad real? ¿En qué nos fundamos al declarar que en España es posible un cambio pacífico, que es posible reemplazar la dictadura del general Franco sin violencia, sin insurrección, sin guerra civil?

Para afirmar esto el Partido Comunista se funda en el hecho de que se está creando una nueva situación en la que la pasada Guerra Civil deja de ser la línea divisoria entre los españoles, y en primer plano, aparecen ante éstos los problemas de la libertad, de la soberanía nacional y del desarrollo económico del país.

En esta situación se perfilan los contornos de nuevas formaciones políticas, surgidas del seno de las fuerzas que constituían la base social de la dictadura y hoy se alejan de ella. Dichas formaciones son ya una realidad en la vida política española, influyen sobre ella, aunque algunas no aparecen aún abiertamente con su fisonomía propia.

Entre esas formaciones nuevas las que se han mostrado hasta aquí de manera más abierta son: la llamada «tercera fuerza monárquica», en la que aparece como ideólogo Calvo Serer; el movimiento liberal, en el que se destacan hombres como Pedro Laín, Dionisio Ridruejo, el doctor Marañón y los dirigentes universitarios encarcelados recientemente por la dictadura, y la democracia cristiana.

La tercera fuerza monárquica es sin duda la que se caracteriza por una posición más derechista. En la práctica, es la expresión del pensamiento católico y monárquico tradicional. Entre sus concepciones y las del Partido Comunista, por ejemplo, hay enormes diferencias. Sin embargo, es perfectamente posible la participación en un régimen parlamentario de unos y otros, con nuestros diferentes y opuestos puntos de vista.

El movimiento liberal abarca variados matices: desde ciertos núcleos tradicionales liberales, pasando por toda una serie de personalidades del campo intelectual que han abandonado Falange y evolucionado hacia posiciones democráticas, hasta la juventud universitaria que adopta una actitud más progresista.

A través de discursos, libros y artículos, este movimiento, bajo el lema de la integración, y con todas las limitaciones que la censura impone, defiende de hecho una línea de reconciliación nacional, de libertades democráticas. Los liberales han apoyado la lucha de los estudiantes contra Falange, lucha cuyo alcance político democrático es evidente.

La democracia cristiana, que se desarrolla en pugna con los elementos más fascistas y reaccionarios del catolicismo, es el más importante movimiento político de las fuerzas de derecha que aparece en la arena política española. Este movimiento está inspirado por Acción Católica y por aquellas jerarquías de la Iglesia más sensibles al desarrollo histórico y que quieren diferenciar la política de la Iglesia de la política de la dictadura.

Este movimiento manifiesta sus discrepancias con la política del general Franco en problemas importantes, como la censura, la exigencia de justicia social, la crítica de las formas fascistas del Estado y la defensa de ciertas libertades de tipo democrático. Algunos de sus representantes han defendido la posición integradora que, como ya hemos dicho, mantienen también los liberales.

La ideología de la democracia cristiana es opuesta a la ideología del comunismo. Pero en los artículos publicados por monseñor Zacarías de Vizcarra en Ecclesia y en algunas actitudes de jerarquías o católicos destacados hay un tono conciliante, civil, al hablar del Partido Comunista, que contrasta con los llamamientos a nuestro exterminio físico hechos por otros católicos en otros períodos. En dichos artículos no se plantea la lucha en el terreno de la guerra civil, sino en el terreno ideológico. Nosotros pensamos igualmente que la discusión, la polémica, la lucha de ideas, y no la violencia física, son las formas que deben utilizarse para dirimir las diferencias políticas e ideológicas.

La cristalización de un partido democratacristiano en España es un hecho que está produciéndose. Los comunistas y la democracia cristiana en otros países han colaborado en la lucha contra el fascismo e incluso han participado juntos en diferentes gobiernos, conviven dentro de la democracia parlamentaria. España no tiene por qué ser una excepción.

Al mismo tiempo que tras la ruptura del llamado «Movimiento Nacional» se perfilan estas nuevas formaciones, se producen significativos cambios dentro de las organizaciones políticas y de masas de la dictadura.

Falange ha perdido la mayoría de sus miembros y se halla descompuesta y dividida en diversos grupos, enfrentados violentamente entre sí. Su fracción más activa e importante toma posición contra el dictador, al que acusa de haber traicionado los principios falangistas, entregándose en manos de las fuerzas capitalistas y reaccionarias. Y esa actitud se expresa a través de una activa campaña de hojas y octavillas en las que se preconiza la necesidad de una «nueva revolución».

Cambios muy importantes se producen en el seno de los sindicatos verticales y de las hermandades. Pese a la actitud de ciertos altos jerarcas franquistas, que actúan de freno, la presión de los trabajadores y la actitud de toda una serie de enlaces, de miembros de las secciones sociales y de no pocos funcionarios sindicales, ha conducido al sector obrero de dichos sindicatos a tomar en los congresos de trabajadores acuerdos en franca oposición con la política del régimen, y que corresponden a los intereses de clase de los trabajadores.

Las hermandades agrarias se están transformando, de instrumentos de dominación sobre las masas campesinas, en organizaciones de resistencia contra la política catastrófica de la dictadura en el campo, organizaciones que utilizan los campesinos para defender sus intereses amenazados.

Es decir, que las organizaciones sociales y políticas en que se sustentaba el franquismo, bajo la presión del desarrollo social, van modificando su carácter y contenido. Naturalmente, se trata de un proceso iniciado, cuyo desenlace depende de la actividad de las masas. Pero ya puede afirmarse que lo que antes era un régimen político social que contaba con el amplio apoyo de las clases dominantes, hoy está quedando reducido a una dictadura ejercida personalmente por el general Franco y su camarilla.

Esta dictadura se sostiene hoy sobre el ejército y demás fuerzas armadas. Pero la ruptura de la unidad política del movimiento, la evolución de los sectores que lo integraron, afecta también a las fuerzas armadas, que no se hallan al margen de la sociedad. Una parte importante de los mandos del ejército se encuentra en desacuerdo con la política exterior y económica de la dictadura. La situación material de los militares que no poseen medios de fortuna o puestos en los Consejos de Administración —y son la mayoría— está muy por debajo de su papel y sus funciones. Por todo eso, Franco ya no cuenta con el respeto y el apoyo incondicional de los mandos del ejército.

Al dictador le será cada vez más difícil continuar sirviéndose del ejército y restantes fuerzas armadas como instrumento coercitivo contra los partidos y grupos que se le oponen, buscando solución a los angustiosos problemas de España.

Las corrientes de reconciliación nacional encuentran y encontrarán sin duda, cada vez más, el apoyo de mandos del ejército que pondrán el patriotismo y el sentido del interés nacional por encima de un malentendido compañerismo.

Todas estas razones dan motivos para suponer que, llegado el momento de un acuerdo político entre las fuerzas de izquierda y de derecha, el ejército y otras fuerzas armadas podrían retirar su apoyo a la dictadura y abrir cauce a la manifestación de la voluntad nacional. De este modo, prestarían un gran servicio a la patria, haciendo posible el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.

Esta perspectiva de cambios pacíficos, de la supresión de la dictadura del general Franco, sin guerra civil, hubiera sido inimaginable años atrás, cuando aún no se había producido la ruptura del llamado «Movimiento Nacional», el enfrentamiento entre sí de los diferentes núcleos que lo componían y la aparición de nuevas formaciones políticas. Entonces, el enorme aparato militar y represivo se mantenía al lado de Franco. La labor de nuestro partido en ese período estaba centrada en la propaganda de la política de unión nacional y en activar el movimiento de masas capaz de hacer madurar las condiciones para que esa política encarnase en la vida.

Y esa actividad del partido ha dado frutos importantes. La conciencia de la necesidad de la reconciliación nacional ha hecho enormes progresos. En nuestro país se han producido ya acciones de masas y actos políticos importantes que encierran un comienzo de realización de la unidad de los españoles.

Las luchas intelectuales y estudiantiles, que tanta resonancia han tenido, son movimientos en los que han coincidido hombres de los más diversos horizontes.

En ciertos casos, los llamados «falangistas de izquierda», «católicos», «democristianos», «liberales» y «comunistas» hemos hecho ya ensayos de colaboración sobre bases de un contenido democrático. Y aunque esos ensayos hayan tenido hasta ahora un carácter limitado, la experiencia, para unos y para otros, ha sido positiva. Se ha puesto de manifiesto que el hecho de haber luchado hace veinte años en campos opuestos no era un obstáculo infranqueable para marchar unidos.

¿Qué son las huelgas, manifestaciones y protestas de la clase obrera sino acciones realizadas sobre la base de la más amplia unidad? Las reivindicaciones fundamentales aprobadas por los congresos de los trabajadores en 1955 son producto de la acción común de los obreros de las más diversas tendencias. En ella han participado, dentro de los sindicatos verticales, desde comunistas, socialistas y cenetistas, hasta elementos de tendencia liberal, católica e incluso falangista.

En las recientes huelgas de Navarra, Guipúzcoa, Barcelona, Álava y Vizcaya han actuado juntos comunistas, socialistas, católicos, tradicionalistas y nacionalistas vascos.

Es decir, hoy podemos hablar de la reconciliación de los españoles, de un amplio entendimiento o frente nacional, no como de una línea para el futuro, sino como de algo que empieza a brotar, pleno de vida y que madurará.

Fuerzas sobre las que durante años pesó una propaganda insidiosa, calumniando a los comunistas y presentándolos como una fuerza extraña a los intereses nacionales, nos van conociendo, se dan cuenta de que sus opiniones sobre el Partido Comunista deben ser revisadas; de que el Partido Comunista es una poderosa fuerza nacional enraizada en las masas; que nada de lo que es humano y auténticamente nacional es ajeno a los comunistas; que tenemos puntos de vista realistas y constructivos sobre los problemas nacionales; que poseemos un Programa y una política coherente en consonancia con la situación nacional, y que es posible la colaboración con los comunistas.

Las acciones de masas y los actos políticos diversos llevados a cabo conjuntamente, la fuerza alcanzada por el deseo de realizar la reconciliación nacional han conducido ya, aun bajo la dictadura del general Franco, a arrancar concesiones favorables al desarrollo del movimiento nacional y democrático.

Esa presión múltiple, cada vez más poderosa, ha obligado al gobierno en los últimos años a poner en libertad a miles de presos, a autorizar la vuelta al país (si bien con restricciones) a los exiliados que no se destacaron por sus actividades políticas. Le ha obligado a atenuar la represión y a observar una actitud defensiva frente a las posiciones, cada vez más importantes, que los adversarios del régimen van ganando en las organizaciones legales. El gobierno ha tenido que ceder, bajo la presión reivindicativa de la clase obrera y de otras clases sociales; ante las exigencias de la burguesía de establecer los primeros cambios comerciales con países del Este; en el problema de Marruecos y en otras cuestiones. Ha tenido que restablecer el Primero de Mayo como Fiesta del Trabajo.

El incremento de la acción de las masas y el acuerdo entre diversas fuerzas de oposición pueden crear, incluso antes de que la dictadura del general Franco desaparezca, condiciones más favorables para una solución democrática a los problemas de España.

Los comunistas estamos dispuestos a establecer los acuerdos, pactos, alianzas y compromisos necesarios, para lograr reivindicaciones parciales, políticas o económicas, de sentido democrático, en cualquier sector de la vida nacional, incluso con fuerzas que no se plantean aún luchar por la abolición de la dictadura, y que por el momento sólo propugnan demandas de carácter parcial. Los comunistas estamos dispuestos a apoyar todo lo que represente un paso adelante en el mejoramiento de la situación del pueblo y a marchar con cuantos vayan por ese camino, aunque discrepemos en otros aspectos.

La perspectiva del cambio pacífico, de la supresión de la dictadura sin guerra civil, presupone un cierto período durante el cual las fuerzas de izquierda y de derecha, al mismo tiempo que actúan contra la política de la dictadura en diferentes terrenos, van reagrupando sus fuerzas, relacionándose entre sí, al principio con objetivos parciales, mientras no maduren las condiciones para realizar acuerdos sobre objetivos más amplios.

En ese período nos encontramos ya. El objetivo de terminar con la dictadura del general Franco no debe impedir luchar por toda reivindicación económica y política, aunque parezca pequeña; y los comunistas apoyaremos la lucha de todas las clases y grupos sociales contra las arbitrariedades de la dictadura.

La utilización de las posibilidades legales adquiere hoy una significación y una importancia práctica mayores. Porque esas posibilidades son mucho más amplias que hace unos años, pese a que no ha cambiado la letra de las leyes. Lo que ha cambiado es la disposición, la mentalidad, las opiniones de las gentes. Y hoy en cualquier entidad social u organización se encuentran hombres discrepantes de la dictadura que están dispuestos a dar ciertos pasos. En un momento en que el régimen se desmorona, la más mínima posibilidad legal se amplía y puede facilitar acciones de considerable repercusión política.

La frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal, con arreglo a las leyes franquistas, se desdibuja. Es legal el derecho de petición; no lo son las manifestaciones en la calle. Pero entre el ejercicio del primero por los estudiantes y el paso a las manifestaciones públicas no hay ninguna muralla china, y lo uno sigue a lo otro.

Son legales los acuerdos de los congresos de los trabajadores, pero la huelga no lo es. Mas, tras los acuerdos y la actitud del gobierno, respondiendo con medidas que nada resuelven a lo que piden los obreros, vienen las huelgas de Navarra, Guipúzcoa, Vitoria, Barcelona y Vizcaya. Es decir, el movimiento democrático de masas va incrementándose y, partiendo de iniciativas que tienen una base legal, se desarrolla, rompe los marcos restrictivos de la legalidad fascista y alcanza un grado mucho más elevado, sin que la dictadura pueda impedirlo.

Aumentarán las posibilidades de acción en defensa de sus opiniones e intereses para cada una de las fuerzas que discrepan de la dictadura, si en las fábricas, en los sindicatos y hermandades, en las organizaciones profesionales y económicas, en las universidades y centros docentes, en todos los lugares donde sea posible, liberales, democristianos, católicos, monárquicos, falangistas disidentes, republicanos, socialistas, cenetistas y comunistas, nos entendemos para plantear y defender juntos aquello que interese en cada momento.

Acuerdos parciales para obtener reivindicaciones políticas o económicas, desarrollarán el clima de reconciliación nacional y crearán la base para un acuerdo político de todas las fuerzas que se oponen a la dictadura o discrepan de ella, entendimiento que conducirá a la democratización de España.

Los comunistas estamos sinceramente dispuestos a marchar por ese camino. Ello significa que nosotros no tratamos de imponer a nadie nuestra política y nuestras soluciones, por la fuerza y la violencia.

Pero no es suficiente que la clase obrera y su partido tengan esa disposición de ánimo. Es preciso que otras fuerzas y formaciones procedan del mismo modo.

Ningún partido político cuenta hoy con el apoyo de la mayoría de los españoles. La vida impone una política de coaliciones de fuerzas políticas sobre la base de programas mínimos comunes. La vida impone encontrar un terreno en el que podamos convivir y donde cada uno pueda propugnar libremente sus ideas y soluciones. Y ese terreno, en esta situación concreta, no puede ser otro que la democracia parlamentaria. Para alcanzar ese terreno debemos entendernos todas las fuerzas que discrepamos de la dictadura franquista.

El entendimiento entre las diversas fuerzas de izquierda y de derecha es la condición para que los cambios hacia la democracia se produzcan pacíficamente. Pero el entendimiento no depende sólo de nosotros ni de las fuerzas de carácter popular. Depende en mucho de la comprensión de las formaciones políticas que surgen de entre las fuerzas que, hace veinte años, estuvieron en el campo adverso.

Si estas formaciones no comprendieran la presente oportunidad histórica de evitar sufrimientos y dolores al país, la posibilidad de un cambio pacífico podría frustrarse. Y entonces, el camino hacia la liquidación de la dictadura y hacia la democracia sería el de la violencia. Si la clase obrera, las masas populares y las fuerzas democráticas se vieran forzadas a marchar por el camino de la violencia revolucionaria, la responsabilidad recaería íntegramente sobre las clases dominantes, que demostrarían así no haber aprendido nada en la experiencia de estos veinte años.

Porque el triunfo de la democracia en España es ineluctable. Y el interés no sólo de las masas, sino de la burguesía nacional es que los cambios políticos en España se produzcan sin violencia.

Al propugnar el restablecimiento de las libertades y la supresión de la dictadura por vía pacífica, los comunistas lo hacemos para evitar nuevos sufrimientos al pueblo, nuevos quebrantos al país.

Uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional es, en unos, el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron; en los otros, el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades.

Es notoriamente perjudicial para España mantener esta situación; es absurdo contemplar pasivamente cómo se agravan y enconan los problemas nacionales, sin tratar de impedirlo, por temor a la clase obrera y al pueblo.

El Partido Comunista representa sin duda a la parte del pueblo que más ha sufrido en estos veinte años, a la clase obrera, los jornaleros agrícolas, los campesinos pobres, la intelectualidad avanzada. Si de hacer el capítulo de agravios y duelos se tratase, nadie lo tendría mayor que el nuestro.

La miseria, la pobreza y la represión han hecho estragos en las clases y capas sociales que representamos. La dictadura del general Franco se ha ensañado ferozmente con nosotros.

Pero el odio y la venganza no son los sentimientos que determinan nuestra política; no lo fueron nunca, pese a que la propaganda del dictador ha esparcido esa idea falsa sobre nosotros. Los comunistas sabemos sobreponemos a los sentimientos personales e inspirarnos en los intereses superiores del pueblo y de la Patria. El odio y la venganza no deben ser tampoco los sentimientos que inspiren a otras fuerzas democráticas y a las masas populares.

Nosotros entendemos que la mejor justicia para todos los que han caído y sufrido por la libertad consiste, precisamente, en que la libertad se restablezca en España. La idea de que cualquier cambio podría acarrear la repetición por parte de las fuerzas democráticas, contra sus adversarios, de las atrocidades que Franco ha cometido contra ellas, es falsa e infundada. Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad.

¿Cómo interpretamos los comunistas estos conceptos? Cuando nosotros hablamos de paz civil, de reconciliación de los españoles, no nos referimos a un estado idílico, irreal en España o en cualquier otro país capitalista, en el que desaparezca la lucha de clases en sus diversas manifestaciones: económica, política e ideológica. Mientras exista el capitalismo, tal cosa no es posible.

Ofrecer eso sería un engaño grosero, una negación de la realidad a la que nadie podría dar crédito.

La interpretación que damos los comunistas al concepto de paz civil, de reconciliación de los españoles, parte del principio de que la democracia que se restablezca en España no puede ser exclusivamente para las fuerzas de izquierda o para las de derecha. Ambas han de tener cabida dentro de esa democracia. La norma de conducta debe ser, para unos y otros, el respeto a la legalidad democrática; el compromiso de no recurrir a la guerra civil ni a las violencias físicas, para dirimir las diferencias político-sociales; el respeto a la voluntad popular expresada regularmente en elecciones libres.

Dentro del respeto a la legalidad democrática, la más amplia libertad a cada clase y capa social para la defensa de sus intereses; a cada partido para la propaganda de sus doctrinas. El mayor respeto para las creencias religiosas de cada cual, así como para aquellos que no profesen ninguna.

CAPÍTULO II

La guerra la perdió el pueblo

(Del libro Después de Franco ¿qué?, publicado en 1965.)

Palabras de introducción

La experiencia de un cuarto de siglo largo ha venido a confirmar que el desenlace de la guerra que en los años 1936-1939 ensangrentó nuestro país, causando un millón de muertos y enormes pérdidas materiales, ha sido nefasto para España.

¿Quién ganó y quién perdió aquella guerra?

En apariencia la perdimos los republicanos y la ganaron los que entonces se llamaban «nacionales».

De hecho, la perdió España, su pueblo; los derrotados estaban en uno y otro de los dos campos contendientes.

Y la ganó exclusivamente una minoría de grandes financieros y terratenientes, una oligarquía ávida de preservar sus privilegios, y unos cientos o unos miles de altos jerarcas que se han enriquecido malversando los fondos públicos.

Los que combatimos en las filas republicanas fuimos perseguidos, exterminados o arrojados fuera de la patria. Pero de la inmensa mayoría de los que lucharon en el ejército de Franco ¿qué se ha hecho?

¿Cuántos de ellos reconocen hoy su victoria en un régimen que ha traicionado las promesas que les hizo?

¿Cuántos han tenido que abandonar en el curso de estos años las tierras que trabajaron durante generaciones sus antepasados? ¿Cuántos han sido arruinados y han sufrido en su carne o en la de sus hijos los dolores del éxodo y de la emigración?

¿Cuántos han visto marchitarse sus ilusiones juveniles? ¿Qué ganó España con aquella victoria?

¿Qué ganó el catolicismo con aquella cruzada?

Los españoles comprueban hoy que el triunfo de Franco fue una derrota para España, derrota que retrasó y frenó el desarrollo económico, cultural y social del país, que causó grandes perjuicios a su prestigio y su influencia en el mundo.

Las nuevas generaciones, que no hicieron la guerra, se niegan justamente a asumir la responsabilidad de la situación creada al país con su desenlace. Se niegan a continuar ese mismo rumbo y someten a una crítica implacable los mitos que han tratado de inculcarles desde la cuna.

Nosotros, los que luchamos para impedir esto, para impedir el triunfo de la oligarquía financiera y terrateniente, el triunfo de la reacción fascista, encontramos en esa negación la justificación y la continuación de nuestro combate.

Pero hoy, esa satisfacción, legítima tras tantos años de persecución y de vicisitudes, no es lo esencial. Ni siquiera aludiríamos a ella si no hubiera todavía gentes que no han aprendido nada y que, pensando que los altos cargos, las sabrosas remuneraciones del Estado y los negocios ilícitos son una especie de «derecho de conquista» vitalicio, hablan de volver a utilizar la «dialéctica de los puños y las pistolas» para conservarlos.

¡Hoy no se trata de resucitar la guerra ni de preparar la revancha!

Hoy lo esencial es liberar a España del régimen reaccionario y fascista, del imperio de la oligarquía monopolista y terrateniente, de los que se aprovecharon de la guerra.

Hoy lo esencial es agrupar todas las fuerzas populares y patrióticas, indistintamente del campo en que lucharon en 1936-1939, indistintamente de en qué bando estuvieron sus padres, para poner España a la hora y al ritmo del mundo.

Las dos infanterías tenemos una necesidad y un objetivo: poner fin a la dictadura e instaurar la libertad, terminar con las brutales injusticias y desigualdades sociales, con el dominio de los que se han enriquecido fabulosamente a costa de la vida de un millón de españoles.

Éste ha sido y es el fin de nuestra política de reconciliación nacional. Ése es el noble y elevado propósito que persigue nuestro partido.

Y porque ésa es nuestra orientación, porque hay que acabar con la discriminación entre vencedores y vencidos, porque no se trata de volver la tortilla y de invertir los términos, sino de forjar una democracia para todos los españoles que, independientemente del pasado, acepten construir en común dentro de la diversidad y del juego de las diferentes opciones político-sociales la España del mañana es por lo que el Partido Comunista ha reivindicado como la primera condición de un cambio efectivo la amnistía.

Amnistía para los presos y exiliados: amnistía para los dos campos. Si mañana se estableciera en España un gobierno democrático, en el que nosotros contásemos con alguna influencia, la primera medida que propondríamos, aunque las puertas de las cárceles y de las fronteras estuvieran ya abiertas para nosotros, sería una amnistía que proclamase que nadie, cualquiera que fuese su significación, podría ser perseguido por hechos de guerra o por actividades políticas posteriores.

Los que todavía insisten en que la amnistía es volver a 1936, a la Guerra Civil, o quieren perpetuar el espíritu triunfalista, emanado de ésta, o, simplemente, no comprenden que la amnistía es precisamente el punto de partida para un régimen de convivencia cívica. Importa proclamar, ya de entrada, que cuando nosotros hablamos de la necesidad de una solución política que rompa con el régimen actual, cuando afirmamos que lo que venga no debe ser ni la continuación de lo actual, ni la vuelta al pasado, decimos esto último, conscientes de que no es posible hacer tabla rasa de veinticinco años de historia; de que no es posible negar una serie de situaciones de hecho, de cambios operados en estos años; de que, a despecho del mismo régimen político que combatimos, ha habido en cierto aspecto adelantos que no se trata de poner patas arriba, sino que habrá que desarrollar y elevar a un nivel superior. Esto no es ninguna absolución para el régimen franquista; es la constatación de que las leyes objetivas del progreso social son tan fuertes, que en una u otra medida también se abren paso incluso bajo un sistema retrógrado y reaccionario.

Hoy lo que España necesita, es democracia, diálogo. Pero un diálogo auténtico, en el que suenen todas las voces, en el que intervengan todos los que tienen cosas que decir. Un diálogo sin índice y sin censura.

CAPÍTULO III

Anverso y reverso de la llamada «liberalización» del Opus

(Del libro Después de Franco ¿qué?, publicado en 1965.)

El período transcurrido desde el VI Congreso hasta el día de hoy se ha caracterizado por un desarrollo del movimiento de unidad y lucha de las masas, desconocido anteriormente; por una articulación creciente de la acción de la clase obrera, los estudiantes y los intelectuales; por el avance hacia una definición común de los objetivos mínimos inmediatos de la oposición. Se ha acelerado la maduración de la conciencia política de las masas y en las huelgas y manifestaciones, decenas de miles de españoles han saltado de la pasividad a la lucha política.

Como consecuencia, hemos entrado en la fase de liquidación de las formas fascistas de gobierno ligadas a la persona del general Franco, liquidación que, por el momento, se realiza lentamente, paso a paso, dada la resistencia de los grupos sociales dominantes a desprenderse del instrumento que durante más de cinco lustros les permitió ejercer totalitariamente su dominación.

Presionados por la descomposición y el descrédito crecientes de dicho instrumento y a la vez empeñados en conservarlo y mantenerlo mientras puedan, la tendencia que parece afirmarse en los grupos dominantes es la de despojar a la dictadura de sus rasgos fascistas más ultrajantes e intentar darle el aspecto formal de un poder fuerte, que sacrifica a la autoridad para acelerar el desarrollo económico, para sacar al país del atraso; el aspecto de un régimen neocapitalista adaptado a un país que no está maduro para la democracia política y que necesita una especie de despotismo ilustrado de un gobierno severo pero paternalista para un pueblo menor de edad. Los resultados de esta evolución del régimen, más superficial que de fondo, han sido no esa apariencia de gobierno ilustrado y paternalista, sino la de una dictadura del tipo de Horty, anterior a los regímenes fascistas. Esto es lo que ha dado de sí, hasta el momento, la «europeización» del régimen español, sus ensayos de liberalizarse y de adaptarse a las exigencias de los tiempos.

Esta evolución, forzada por la lucha de las masas y por las necesidades del desarrollo nacional —en un mundo que se transforma a ojos vistas—, se realiza en medio de tensiones y de desgarramientos entre los diversos grupos que usufructúan el poder, y de una profunda crisis de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. En realidad se trata de un momento inicial en la marcha hacia la liquidación de toda forma de dictadura totalitaria de la oligarquía financiera y terrateniente, hacia el hundimiento del régimen impuesto a España por la violencia hace veintiséis años.

Los grupos y personas que permanecen aferrados al pasado del régimen, que niegan la necesidad de cambios en la organización del Estado; los que, resumiendo, podríamos calificar de ultras, están cada día más aislados y son cada vez menos. Ellos mismos se hallan divididos y conciben de distinto modo el pasado que querrían hacer perdurar, pues mientras una serie de viejos generales se refieren a una dictadura militar implacable, de palo y tentetieso, los burócratas falangistas se lo imaginan como una restauración de los mitos fascistas del nacionalsindicalismo y de los desfiles triunfales y arrolladores de camisas azules y boinas rojas. Una valoración objetiva de las posibilidades de estos grupos y personas lleva a la conclusión de que si no han sido desplazados totalmente del poder lo deben a la persona de Franco que les sostiene, aunque ya no pueda darles satisfacción y que se mantiene ella misma, porque los grupos oligárquicos que comprenden la inevitabilidad de cambios la necesitan para utilizarla como un regulador del ritmo y la dimensión de éstos.

De esta manera, Franco está colocado todavía en una postura de árbitro entre los que tiran hacia atrás, hacia las formas pasadas del régimen y los que empujan, aunque débilmente, hacia una evolución en el sentido de lo que se ha venido llamando la «liberalización». Un árbitro que es, a la vez, un obstáculo enorme a cualquier cambio. Es verdad que la postura del Caudillo es más incómoda ahora de lo que fue en años anteriores, cuando de lo que se trataba era de arbitrar querellas sobre la repartición del poder, que no afectaban en lo esencial a la orientación fascista y terrorista del régimen, con la que se acomodaban alegremente todos ellos. Ahora las querellas por la repartición del poder encierran una contradicción de importancia sobre la orientación política. Ahora, el desplazamiento de los ultras sería su liquidación, y la apertura de un rumbo político que podría acarrear en definitiva la eliminación de todo el sistema.

Afirmar esto, por nuestra parte, es reconocer que la «liberalización» en las circunstancias presentes, aunque su objetivo esencial sea hacer abortar las transformaciones democráticas que maduran en la entraña de la sociedad española, podría no ser una mera maniobra demagógica. Tampoco es una orientación puramente económica hacia la asociación con los grandes conjuntos económicos europeos.

Cierto que cuando los ministros del Opus Dei patrocinaron las leves medidas de liberalización de la economía, tomadas en concordancia con el Plan de Estabilización, su propósito no iba más allá. En el terreno político, los ministros del Opus Dei no tenían nada de liberales. Trataban de suplantar a Falange, pero sin ningún propósito de abrir el camino hacia cambios políticos de importancia. El reaccionarismo de los ministros opusdeístas es tan conocido como su devoradora sed de poder.

Pero ellos mismos eran empujados por corrientes económicas que difícilmente podían circular en el cuadro de las estructuras españolas actuales, y queriéndolo, o involuntariamente, aceleraban dichas corrientes. La naturaleza de éstas es clara. La economía española, dependiente por fuertes lazos de la europea, se siente aspirada y, al mismo tiempo, embestida, por el torbellino de los movimientos de integración, de concentración monopolista a escala internacional producidos en. Europa. Aspirada, porque la fuerza de atracción de los gigantes monopolistas que están apoderándose de Europa es casi irresistible para ella; embestida, porque esa fuerza quebranta y pone en crisis las endebles estructuras de la industria y la agricultura españolas. Esta verdadera tormenta económica ha coincidido con la recomposición y la activación de las fuerzas obreras y democráticas y, objetivamente, la ha favorecido. Y es este último factor el que ha revelado la imposibilidad de una real liberalización en el marco de las superestructuras políticas actuales.

Sin embargo, cuando con Fraga Iribarne como heraldo, tras las grandes huelgas de la primavera de 1962, se anuncia la política de liberalización, lo que se intenta es una maniobra demagógica destinada, sobre todo, a impedir la unidad de lucha de las fuerzas obreras y la alianza entre éstas, los intelectuales y las capas medias, que empieza a perfilarse. El objetivo es sembrar ilusiones que impidan el encuentro de las fuerzas revolucionarias y reformistas en una acción común contra el régimen, y salir al paso de la decepción y del desencanto de los sectores conservadores sin hacer ninguna modificación real en el contenido de aquél.

Así, la «liberalización» de Fraga se queda en referencias, en esbozos, en aperturas puramente verbales, ni siquiera en medias medidas. El proyecto de nueva Ley de Prensa, del que se habla una vez más, se ha diferido durante años, pues incluso sin su promulgación, los tímidos ensayos de abrir la mano —caso de Cuadernos para el diálogo—, de tantear el terreno, conducen a poner en discusión las esencias del régimen que es lo que se trata de evitar. La suavización, tan alardeada, de la censura no pasa de levantar ciertas restricciones sobre la representación de los conflictos amorosos en la pantalla o en el libro; pero los escritores, los dramaturgos y los directores de cine se encuentran tan imposibilitados como antes, si no más, para plantear ningún problema de fondo. La edición emigra.

La reforma de los sindicatos verticales, con la que se pretendía principalmente dar satisfacción a la Iglesia, y atribuirles mayor representatividad naufraga en el congreso sindical junto con su autor. La reforma de las instituciones no sale del terreno de las alusiones sibilinas y de los guiños de ojo. El «diálogo» entre gobernantes y gobernados continúa siendo un monólogo de los primeros y, en la medida en que los gobernados consiguen filtrar débilmente su voz por las rendijas de la censura, un diálogo de sordos.

Pero la politización creciente de las masas y el nuevo impulso tomado por su lucha desde la primavera de 1962, favorecidos objetivamente por las corrientes económicas que presionan sobre las estructuras anquilosadas, desmantelan la demagogia liberalizante de Fraga y sus comparsas y fuerzan la implantación de hecho, sin leyes de gobierno, sin medidas ministeriales, de modificaciones políticas que, aun estando en entredicho mientras no sean consolidadas por cambios más fundamentales, representan ya una evolución importante. Tanto más importante cuanto que revelan que frente al poder franquista se está incorporando y poniendo en pie un nuevo poder, aún no legal, expuesto a vaivenes y accidentes, pero en una línea ascendente: el poder de las fuerzas democráticas, el poder de las masas populares.

Las conquistas democráticas de este período

Digamos brevemente en qué consisten esas modificaciones políticas impuestas por el naciente poder real que se enfrenta al poder dictatorial constituido.

En primer lugar, las huelgas del 62 y la cadena impresionante de huelgas y manifestaciones obreras que, de una u otra forma, no han cesado y de las que el número monográfico de Nuestra Bandera de marzo-abril da un cuadro impresionante, han echado por tierra el bloqueo de los salarios y los porcentajes de aumento de éstos trabajosamente articulados por los autores del Plan de Desarrollo. Midiendo en millones de horas perdidas y en número de huelguistas y manifestantes, la estadística de estas acciones mostraría que España, a pesar de su régimen fascista, es uno de los países capitalistas donde la lucha de clases ha tenido en estos tres años un desarrollo más extraordinario. En líneas generales, la clase obrera se recuperó del retroceso salarial que supuso el Plan de Estabilización y en muchos casos lo superó de forma importante. Los obreros del campo participaron activamente en la lucha y también obtuvieron aumentos de salarios.

Las consecuencias políticas de estas acciones, incluso de aquellas que formalmente sólo tenían un objetivo económico, son considerables. La oligarquía y el gobierno tuvieron que ceder ante la fuerza del movimiento obrero y la solidaridad popular con él, diversamente manifestada. Pero estas concesiones ponían y ponen en tela de juicio a cada paso la política económica del régimen y de la oligarquía y, por consiguiente, su estabilidad. El documento de la Secretaría General del Movimiento —ya citado— afirma que «el régimen depende, en gran parte, de dos factores fundamentales: la vida... del general Franco y... el éxito del Plan de Desarrollo». Ullastres ha dicho sin ambages en Valencia que la lucha de las masas y otras peripecias del crecimiento económico amenazan con yugular el Plan de Desarrollo. El Marqués de Deleitosa, ante los accionistas del Banco Exterior de Crédito, ha dado la voz de alarma contra las alzas de salarios. López Rodó, Comisario del Plan, defiende su criatura asegurando que todavía es muy pronto para afirmar que ha fracasado. Sin embargo, el auge provocado principalmente por el turismo y las remesas de los emigrantes oculta mal el incumplimiento de la mayor parte de las previsiones del Plan. Y en cierta parte —sólo en cierta parte— ese incumplimiento proviene de la negativa de los trabajadores a aceptar que el desarrollo se haga a costa de ellos. La incertidumbre y la confusión dominan sobre las perspectivas optimistas de los propagandistas del régimen en materia económica. Las fallas del Plan de Desarrollo mellan el nuevo instrumento de lucha ideológica y política de la dictadura.

En segundo lugar, la fuerza de las masas ha impuesto el surgimiento de nuevas estructuras de organización del movimiento obrero, independientes, unitarias y de clase. Los sindicatos verticales, como era perfectamente previsible, han mostrado su incapacidad para transformarse y volverse representativos. Pero la reforma que éstos no han realizado la reemplazan los trabajadores con las Comisiones Obreras que van implantándose como las formas peculiares del nuevo movimiento obrero. Esto no es legal, mas, paso a paso, va conquistando un estatuto de facto. Empresas y autoridades se ven obligadas a dialogar y negociar con las Comisiones Obreras que están demostrando ser un órgano eficaz de lucha de los trabajadores. Los éxitos logrados en estos años van asociados al crecimiento de estas formas de unidad y de organización. Es de prever que las Comisiones Obreras se extenderán y abrazarán, en un plazo más o menos corto, a toda la clase obrera. Y que su ejemplo servirá de estímulo —así ha sucedido ya entre los estudiantes— para que entre otras capas de la población, y en primer lugar los campesinos, proliferen órganos semejantes de unidad y acción.

La implantación de las Comisiones y el desplazamiento de los sindicatos oficiales, que están perdiendo todo poder coactivo sobre las masas y dejando de jugar el papel que desempeñaban en el marco de las estructuras políticas fascistas, constituye ya una modificación profunda de la situación en el país.

En tercer lugar, el otro cambio es la imposición de la huelga como un hecho corriente, si no como un derecho legalizado. A lo largo de los últimos años, los trabajadores han acudido a la huelga, rompiendo todas las prohibiciones fascistas. En esta situación el ministro de Trabajo de Franco, bajo el acoso de los representantes obreros de diversos países socialistas y capitalistas, declaró recientemente ante la Oficina Internacional del Trabajo que el régimen iba a autorizar la huelga económica. De hecho lo único que hay hasta ahora, al respecto, es una proposición que atenúa el artículo del Código que asimilaba cualquier huelga a un delito de rebelión, aunque sigue dejando al arbitrio de las autoridades esta calificación. No es todavía, ni mucho menos, el reconocimiento real del derecho de huelga, ni una garantía jurídica para los trabajadores. Pero en el fondo muestra la impotencia del franquismo y confirma que la generalización del uso de la huelga es otra de las modificaciones profundas de la situación. Junto a la huelga se van imponiendo también, de facto, la manifestación y las asambleas de obreros o representantes suyos. Éstas son también, unidas a la huelga, dos conquistas de gran trascendencia.

En cuarto lugar, tenemos la desintegración del SEU, otra de las estructuras políticas fascistas y su reemplazo por un movimiento libre y unitario de los estudiantes, creado desde abajo, con sus asambleas, sus comisiones democráticas a todos los niveles, que prepara para el próximo curso el Congreso Nacional Democrático de Estudiantes. Lo que ha sucedido con el SEU prefigura la suerte que espera, quizá no tardando mucho, a los sindicatos verticales.

Y en quinto lugar vienen las modificaciones introducidas en el sistema represivo al suprimir el Tribunal Militar de Eymar, órgano típico del terrorismo fascista, y al obtener el cumplimiento del plazo de setenta y dos horas, como límite para las detenciones preventivas, cuando antes los detenidos pasaban semanas y meses sometidos a las más bárbaras torturas en los calabozos policíacos. En este orden, aunque no sea posible descartar coletazos brutales típicamente fascistas, dado el peso que todavía conservan los ultras, la represión actual en España, pese a sus excesos, a su arbitrariedad, al espíritu de guerra civil que la anima, ya no puede ser asimilada exactamente al terror fascista, tal como se ejerció en España en otros momentos.

Cierto que éstas no son las únicas conquistas del movimiento de masas en este período; pero las enumeramos porque son aquellas que representan un comienzo de cambio, impuesto por la lucha, que afecta a las mismas estructuras políticas del régimen.

Creo innecesario enunciar aquí la cadena de luchas que ha conducido a estos cambios, entre las que descuellan las huelgas y grandes manifestaciones obreras de Asturias, Euskadi, Madrid, Cataluña, Andalucía, Levante y otras zonas; las amplias y combativas manifestaciones estudiantiles; la lucha de los presos políticos en Burgos, Madrid y otras prisiones; las protestas y manifestaciones de mujeres, todavía limitadas; las peticiones públicas de obreros, intelectuales y estudiantes y otras numerosas formas de protesta y lucha que están en el ánimo de todos.

Es decir, en este período, la liberalización desde arriba ha sido una mera demagogia que no se ha traducido en hechos. Pero la recomposición del poder de las masas ha impuesto de hecho, y desde abajo, modificaciones que tienen un alcance estructural. La lucha democrática ha conseguido mucho más de lo que las promesas demagógicas de liberalización prometían. Quienes no comprendan que la lucha de masas, desde abajo, es la que ha conquistado e impuesto estas modificaciones al régimen, no entienden una palabra de cuanto está sucediendo en España.

Cierto que, en tanto subsista el régimen, esas conquistas no estarán consolidadas y que sólo el crecimiento de la lucha de las masas las irá afianzando y ampliando.

En el curso de las acciones que han conducido a lo que podemos considerar éxitos iniciales importantes del movimiento de masas, se ha producido un acercamiento entre los militantes de las diferentes corrientes de oposición más activos y ligados a las masas. La acción común entre los obreros en las empresas e industrias, la lucha en los medios universitarios e intelectuales ha acercado, unos a otros, a los militantes católicos, socialistas, sindicalistas, demócratas y comunistas, que han establecido lazos cordiales de unidad, colaboración y respeto mutuos. Muchas gentes que antes estaban más o menos impregnadas de prejuicios anticomunistas han realizado el para ellos descubrimiento del militante comunista, y han comprobado sus características de lealtad, solidaridad, desinterés y abnegación en la lucha. Del movimiento de masas mismo ha comenzado a surgir una voluntad general de completar los primeros pasos unitarios con otros más decisivos por arriba, con un acuerdo político general que coordine la acción de todas las fuerzas y todas las capas y clases sociales que se oponen a la dictadura. Expresión de esta tendencia es, por ejemplo, el documento de los 1.160, firmado por obreros e intelectuales provenientes de todos los horizontes políticos.

A lo largo de este período la oposición antifranquista ha experimentado modificaciones importantes. Ya no se circunscribe, por un lado, a algunos grupos de personalidades más o menos brillantes, pero desligadas de las masas, y, por otro, a las organizaciones del Partido Comunista. Hoy, la oposición democrática representa una gran fuerza de masas, afirma, en diversos terrenos, su poder, que se expresa por medio de acciones unidas y peticiones colectivas. Es una fuerza real y en poco tiempo podría transformarse en una fuerza incontenible.

Los límites de la liberalización

Ante esta realidad, la liberalización como maniobra demagógica ha entrado en barrena, y Fraga Iribarne ha acabado de desacreditarse como portavoz de esa tentativa. Mas, como volver atrás es sumamente difícil, si no imposible; y como frente al crecimiento de las fuerzas democráticas, el inmovilismo franquista no es una solución, una serie de hombres ligados a la oligarquía —que por sus cargos han estado más en contacto con la realidad exterior y poseen relaciones políticas y de negocios con los medios del capitalismo y las finanzas internacionales— parecen haber llegado a la conclusión de que la liberalización debe dejar de ser simple demagogia para tratar de entrar en el terreno de los hechos, a fin de intentar que la disolución de la dictadura franquista no entrañe la disolución de las feudalidades monopolistas y de los intereses latifundistas agrarios; que esa disolución se realice conservando al máximo las actuales estructuras sociales.

La orientación de dichos hombres consiste en engarzar la suerte de las clases dominantes españolas a la del capital monopolista europeo; su perspectiva es la asociación —y en el futuro, la integración— con el Mercado Común. En política interior, la concesión escalonada de ciertas libertades de expresión y asociación que permitan a los que hoy son grupos de presión del régimen, sin raíz en las masas, el intento de transformarse en partidos políticos, abriendo un cierto margen de actividad a los núcleos de oposición cuya política no amenace los fundamentos del actual orden social. Los ritmos de este proceso, lo más lentos posibles. Las instituciones que le pongan broche, la monarquía preferentemente; y en caso de imposibilidad, una república de tipo presidencialista, muy semejante a lo que podría ser la monarquía.

Todas las fuerzas efectivas de este grupo tienen su asiento en el régimen actual. Posturas como las de Emilio Romero prefiguran la evolución posible de los burócratas del régimen, si una situación de ese género se concretase. Cierto número de políticos, tecnócratas y funcionarios consideran que, a breve plazo, ésa es la única solución y la preparan. Su argumento de fuerza es la agudeza de los problemas económicos y la vitalidad que van tomando el movimiento democrático y la lucha de las masas.

No es que ese grupo liberalizante tenga ideas claras sobre cómo resolver los problemas económicos actuales sin trastornar a fondo las estructuras del país. Pero su cálculo, en principio, es de lo más simple: el régimen, en sus formas actuales, es un obstáculo para obtener ventajas en los organismos y mercados europeos; un obstáculo para lograr créditos y capitales en las condiciones particularmente favorables que ellos pretenden. Hace falta europeizarlo, darle una coloración liberal; a partir de ese momento vendrá la comprensión internacional y con ella el maná. Y con el maná se apaciguarán las agudas contradicciones sociales, se elevará el nivel de vida, se creará una capa de gente acomodada en la ciudad y el campo y se conjurará la amenaza de transformaciones revolucionarias democráticas. España tendrá acceso a la sociedad industrial, a la sociedad de la abundancia.

En el peor de los casos, ese grupo liberalizante piensa que, siguiendo el camino que él propugna, en un régimen de las características citadas, con dar paso a la parte de la oposición antifranquista cuyos puntos de vista sobre el desarrollo coinciden con los suyos, se podrán evitar males mayores y levantar una frontera, un horizonte, como se dice ahora, más allá del cual no haya posibilidad de avanzar.

En el fondo, esta audacia política de un sector de la oligarquía viene con veinte años de retraso. Si en 1944, cuando la derrota del Eje estaba asegurada, la oligarquía financiera se hubiera desembarazado de la jefatura de Franco y de los grupos fascistas y hubiera realizado cambios institucionales, insertándose en la órbita de las potencias capitalistas partícipes de la victoria antihitleriana, muchas gentes, sufriendo de las heridas de la guerra y de la represión, hubieran recibido ese cambio como un alivio. Las fuerzas revolucionarias y democráticas se hallaban entonces muy maltrechas. Con menos obstáculos y mayores posibilidades, la oligarquía habría podido integrarse así en la expansión capitalista europea de la posguerra, habría disfrutado del Plan Marshall y de otros, que contribuyeron a la recomposición del capitalismo europeo. Como institución, la monarquía quizá perdiese entonces la ocasión única de transformarse en el baluarte de las clases dominantes bajo las apariencias de un régimen de reconciliación y de paz civil.

Lo que quizá en aquel momento tenía posibilidades importantes, intentan ensayarlo veinte años después. Si lo hacen, ya no será, como podía haberlo sido entonces, una muestra de iniciativa política y de capacidad de maniobra, sino de que la descomposición de las clases dominantes y de las instituciones y órganos en que se sostiene el régimen es todavía mucho más grave de lo que desde fuera parece.

El grupo liberalizante parecía abrigar esperanzas en que la apertura de la crisis ministerial, que se arrastraba sin solución desde largo tiempo, diera ocasión a los cambios por él propugnados. Pero en la primera decena de julio los españoles se han enterado, de la noche a la mañana, de que el Caudillo había reorganizado su gobierno y que unos desconocidos —desconocidos para la inmensa mayoría— habían sustituido a los ministros económicos y al de Justicia. Al mismo tiempo se publicaba una pomposa declaración por el que los periódicos han denominado «nuevo gobierno». La primera conclusión que cabe extraer es que las esperanzas —si realmente las tenían— de los liberalizantes han sido defraudadas. El inmovilismo sigue siendo la regla sagrada del régimen y de la oligarquía.

El nombramiento de los nuevos ministros, cuya edad oscila en torno al medio siglo, es presentado en la declaración como la llegada de la juventud a los más altos puestos de gobierno. Pero resulta que este «rejuvenecimiento», no muy sensible en lo físico, se esfuma totalmente en lo político. López Rodó, que pasa de la categoría de Comisario del Plan a la de ministro sin cartera, no ve cambiada sensiblemente su situación, salvo en el hecho de que tendrá acceso a las deliberaciones ministeriales. Después de la comprobada inoperancia de su plan, no tiene nada de extraño que Franco no se haya decidido a instalarle como «dictador» de la economía. De todas maneras, a través de él, el Opus Dei mantiene su presencia en el gobierno.

También es un portavoz de esa secta religioso-financiera el nuevo ministro de Hacienda, Juan José Espinosa. Hasta su promoción había sido uno de los principales colaboradores del anterior ministro desde el puesto de Director General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, y antes, como jefe del gabinete técnico del Ministerio de Hacienda. Salvo algo imprevisto, no cabe esperar que su nombramiento modifique la orientación seguida por Navarro Rubio.

García Moncó, que sucede a Ullastres, antiguo requeté, había sido sacado por éste en 1957 del Banco de Bilbao, donde era un alto funcionario, para hacerle su subsecretario. En 1960 abandonó la subsecretaría y volvió de nuevo al Banco en calidad de director. Es también un opusdeísta. Tampoco aquí se advierte ningún síntoma de cambio real, si no es que los intereses del Banco de Bilbao van a encontrarse, quizá, mejor servidos que anteriormente.

Ambrona, abogado del Estado, gran terrateniente extremeño, es el encargado de transformar y perfeccionar las estructuras agrarias, en sustitución de Cánovas.

Silva, nuevo ministro de Obras Públicas, parece tener también un parentesco político con el Opus. Y el nuevo ministro de Justicia, Oriol y Urquijo, como su nombre indica, es un tradicionalista de vieja cepa y un representante directo de la oligarquía financiera.

De hecho, la composición política del gobierno permanece sin cambios. El Opus Dei no pierde posiciones, quizá gane algunas, pues la dirección del Banco de España, atribuida a Navarro Rubio, bien vale una cartera. Lo único que sucede es que Navarro Rubio, Ullastres y Cánovas, que se habían hecho profundamente impopulares y antipáticos no sólo al pueblo, sino a amplios sectores financieros y terratenientes, dejan paso a personas mucho más grises, pero no menos seguras para la reacción oligárquica. En cuanto a las carteras políticas fundamentales siguen en mano de los mismos individuos que venían ocupándolas.

Es decir, Franco ha optado por dejar las cosas como estaban, por no dar ningún paso que suponga alteración del inmovilismo. Sin duda ha pensado que abrir el camino al grupo liberalizante, por mucha prudencia y circunspección con que se hiciese, en la situación política creada tras las grandes acciones de masa del último año, podía sonar a un «sálvese quien pueda», acelerando la desbandada y poniendo en marcha un mecanismo de cambio difícil de detener.

Por eso, la declaración del nuevo gobierno, llena de promesas de solución a todos los problemas nacionales, no ha sido tomada en serio por nadie. Pocas veces las palabras han estado más lejos de los hechos, y bien sabido es que el régimen no ha sido nunca parco en promesas. No obstante, una particularidad digna de ser subrayada es que los temas que toca la declaración son, en efecto, los que un gobierno de signo democrático debería abordar y tratar de resolver hoy. Si está claro que el nuevo gobierno no lo hará, también lo está que incluso Franco y sus amigos no pueden negar que esos temas, esos problemas, exigen solución, lo que de su parte es un reconocimiento expreso de las profundas corrientes nacionales en favor de un cambio. Quizá los dos puntos que haya que tomar más en serio, más al pie de la letra, en la declaración, sean, primero, la voluntad de seguir utilizando los ejércitos de Tierra, Mar y Aire —cuya unidad se invoca— como guardianes de la paz de España, es decir, como gendarmes del orden franquista; y segundo, la decisión de mantenerse firme, como hasta ahora ante las exigencias y maquinaciones subversivas del exterior, fórmula con que se denomina en España toda manifestación de inconformismo u oposición.

Franco no se ha decidido a correr el albur de una solución liberalizante a la crisis que, independientemente de los propósitos finales de sus patrocinadores, hubiera podido aportar ciertos aspectos nuevos. Y esto, porque aun siendo en el fondo esta fórmula una tentativa continuista, sobre la que pocos se habrían llamado a engaño, las aperturas a que se habría visto obligada podían crear condiciones para la ampliación y el desarrollo del movimiento democrático de masas. Las grietas con ella abiertas habrían sido transformadas por la lucha de masas en amplias puertas. Gil Robles tiene razón al decir en el documento ya citado: «Influir desde dentro, para provocar y determinar una evolución, ha podido ser un deseo inspirado en elevados móviles. La experiencia ha mostrado, sin embargo, que esa táctica de infiltración no ha dado sus frutos. El régimen es —y no puede menos de ser— monolítico. El día que admitiera un solo cambio sustancial... se vendría al suelo.»

Las exigencias de una política unitaria

Una de las cuestiones que merecen de nuestra parte la mayor atención es la obligatoriedad de respetar y tener en cuenta las opiniones de nuestros aliados en el movimiento de masas. Debemos comprender, en toda su dimensión, lo que significa una política de unidad. No podemos considerarnos solos ni únicos. Junto a nosotros marchan aliados que tienen sus propias ideas, sus concepciones y criterios sobre las iniciativas que en cada momento deben tomarse. Y no podemos violentar a esos aliados, no podemos imponerles nuestros criterios. Es sabido que no pocas veces estos aliados reflejan (en contraste con nuestra resolución y nuestra disposición de lucha, ligada a nuestro carácter de partido proletario de vanguardia) las vacilaciones y las dudas de otras capas que no tienen la misma homogeneidad ni la misma consecuencia. En ciertos casos, las posiciones de nuestros aliados católicos, por ejemplo, son un eco de las presiones tendentes a frenar y a paralizar la lucha, ejercidas por altas jerarquías de la Iglesia. Con problemas de este género hay que contar cuando se emprende cualquier acción unitaria. Mas contar con ellos es lo contrario de hacer tabla rasa; es esforzarse por comprender las causas que influyen a los aliados cuando dudan y vacilan y por encontrar un método de razonamiento persuasivo y convincente que ayude a disipar de una manera cordial y amistosa las dudas, las vacilaciones o a hacer saltar los frenos impuestos desde fuera. En esta tarea, la inteligencia, la comprensión, el espíritu fraternal unitario son elementos imprescindibles.

Cierto que los comunistas debemos apoyarnos siempre en las masas para superar las resistencias que en un momento dado pueden perjudicar seriamente sus intereses. Pero esa constante de nuestro trabajo no debe estar exenta de tacto y de delicadeza. El método de dirigirse directamente a las masas hay que hacerlo corresponder con el esfuerzo paciente de persuasión y de convencimiento cerca de los dirigentes. A veces hay que saber sacrificar iniciativas que pueden tener cierta importancia y utilidad inmediatas, sin ser decisivas, y que a la larga, si se realizan apelando a la imposición, malogran posibilidades de acción más importantes, crean roces y heridas peligrosas para el futuro de la unidad.

CAPÍTULO IV

Estado de las diversas corrientes políticas en la España de 1965

(Del libro Después de Franco ¿qué?, publicado en 1965.)

Situación de los grupos y partidos políticos

Al hablar de la crisis del régimen y de la nueva importancia que toma el movimiento de oposición es forzoso referirse al estado de los grupos y partidos políticos. Como en otros países, cuando un régimen político-social se halla en descomposición y cuando otro nuevo llama a las puertas, la proliferación de grupos, grupúsculos, capillas y sectas es uno de los fenómenos característicos de esta coyuntura en España. Intentar precisar el contenido social, los rasgos particulares de cada uno de esos numerosos agrupamientos y sus perspectivas no ofrece interés político verdadero. Muchos de ellos son, o fragmentos del sistema que se disuelve, o embriones que no sobrepasarán jamás la categoría de tales. Tienen un carácter verdaderamente ocasional.

Es evidente que del Movimiento Nacional —que, como dice Garrigues, apenas ha tenido vida real alguna— no queda más que el nombre. Sin embargo, en España existe una derecha reaccionaria tradicional, acostumbrada a identificar arbitrariamente sus privilegios y hegemonía con el interés nacional, ferozmente antidemocrática, que se recluta en los círculos financieros y terratenientes, en ciertos medios católicos integristas, en algunos sectores del ejército y de la alta burocracia. Esa derecha se moviliza cuando sobreviene cualquier acontecimiento que entraña peligro para sus privilegios seculares. Pero no cabe duda de que su influencia de masas, sus posibilidades, van quedando más reducidas, y que en su mismo seno se cruzan divisiones profundas. En esa derecha hay que situar a los carlistas, que todavía poseen cierta influencia de masas en alguna provincia, difícil de medir. Ellos son al parecer quienes en Cataluña formaron los grupos de porristas que, con la protección policíaca, atacaron la manifestación realizada en defensa del abad de Montserrat. Se hallan indispuestos con Franco por la inclinación que éste manifiesta hacia la rama alfonsina, pero decididos a mantener el orden social vigente, con todas sus injusticias.

En esa derecha se sitúan también la mayor parte de los fieles a don Juan, que desaparecieron como partido —o partidos— hace muchos años y no han conseguido poner en pie nuevas formas de reagrupamiento, salvo los lazos caciquiles o de nobleza que entran en juego cuando hay que acudir a bodas, bautizos y otras conmemoraciones reales. Muchos de éstos profesan una inquina personal al Caudillo y su familia de advenedizos, le critican por no haber restaurado ya el trono y asegurado la continuidad de sus privilegios, pero se acomodan al régimen existente para evitar lo peor.

También tiene su puesto en esa zona del país la secta del Opus Dei, aunque no algunos de sus elementos jóvenes que se inclinan a fórmulas políticas liberales. Pero el Opus Dei se avendría perfectamente con otras formas de gobierno reaccionario, con tal de salvar sus posiciones privilegiadas.

Franco es hoy la cabeza de esta derecha tradicional, en tanto no tienen otra. Mas no puede decirse que el entusiasmo reine. La situación precaria del régimen, el envejecimiento del Caudillo, la incertidumbre económica, tienen a la derecha reaccionaria tradicional en ascuas.

Un neoderechismo va simultáneamente, perfilándose. Es el de los elementos liberalizantes a que me he referido anteriormente. Por el momento, la derecha tradicional les considera con desconfianza e inquietud. ¿Adónde la arrastrarían el europeísmo y el tímido liberalismo neoderechista? ¿No desembocará —a pesar de sus promotores— en un régimen de sufragio universal y libertades políticas? ¿El neoderechismo terminará siendo bastante sólido como para que la derecha tradicional se instale en él?

Y al hablar de este neoderechismo podrían citarse nombres, de tales o cuales financieros, aristócratas, altos funcionarios, abogados, publicistas; pero es imposible, hoy por hoy, hablar de grupos organizados, ni siquiera de programas políticos comunes. Es más bien un estado de ánimo, un talante nacido del fracaso de la dictadura y de la derecha tradicional, de la necesidad de intentar algo para que la disolución de la dictadura no sea la de los grupos sociales dominantes.

La Falange, que en otro tiempo prestó sus lemas al régimen, se halla reducida a una burocracia estatal, una parte de la cual se confunde con la derecha tradicional, mientras otra se aproxima al neoderechismo. Por otro lado, el sector más joven del falangismo está colocado en posiciones declaratoriamente antifranquistas, en las que las nostalgias fascistas se entremezclan con actitudes reivindicativas y vagamente democráticas.

En todo caso, el estado de estas fuerzas en desarticulación, con sus contradicciones, ya no es un asiento sólido para Franco. Si un día fallasen la disciplina y el apoyo pasivo del ejército, se vendría todo a tierra. De que ese día puede llegar son más o menos conscientes todos ellos.

En relación con los partidos de la oposición cabe hacer una apreciación de carácter general: el ritmo de su estructuración y de su actividad no corresponde todavía con el que lleva el movimiento democrático de masas a cuyo desarrollo me he referido.

De los partidos tradicionales, una parte, los partidos republicanos, han desaparecido prácticamente. Sólo quedan algunos restos en la emigración. Ello no porque España sea monárquica, sino porque la represión los ha disuelto y porque, careciendo de dinamismo y juventud, se han quedado rezagados en relación con el desarrollo histórico. Sus figuras más atrayentes han desaparecido. De otra parte, las instituciones de la República de 1931, se han desvitalizado al no ser capaces de actuar como un fermento de la resistencia dentro del país ni como un factor unitario en la emigración. Hoy sería pertinente examinar si realmente es útil mantenerlas. Nosotros creemos que mantenerlas no es ya conveniente. No aportan nada concreto a la acción de las fuerzas democráticas y pueden dar la impresión de que se trata de reemplazar la dictadura por el mismo sistema que ésta subvirtió. Dar fin a las instituciones exiliadas no significaría renegar de la República, de la nueva República democrática, que España necesita. Pero ayudaría a fundir la oposición tradicional y la nueva oposición y sería la negación de toda veleidad de retorno puro y simple al pasado, al mismo tiempo que el rechazo de las pretensiones continuistas de los beneficiarios del régimen actual.

A su vez, el Partido Socialista sufre una crisis grave que se prolonga años y años y cuya solución es aún incierta. El grueso de su actividad política, como tal partido, se desenvuelve en la emigración y en las esferas del movimiento socialdemócrata internacional. En el interior del país ha logrado reagrupar algunas de sus fuerzas en Vizcaya y Asturias; pero, en otras provincias, un reducido número de veteranos se hacen la ilusión de conservar la «llama sagrada» acudiendo regularmente a ciertas peñas de café, en las que cualquiera sabe poder encontrar a los socialistas, que de vez en cuando reciben y comentan algún número del órgano de su partido o escriben a Toulouse cuando la Ejecutiva les pide el respaldo de una carta. Por lo demás, su acción se reduce a esperar su hora.

En algunos centros han surgido nuevos hombres —abogados, profesores, universitarios, en su mayor parte— que se declaran socialistas y que tienen contactos y relaciones entre sí y en algunos casos, pasando por encima de Toulouse, con personalidades y organizaciones socialistas del extranjero. Parece que esos grupos, más algunos veteranos cansados de esperar su hora y desilusionados de la política de la Comisión Ejecutiva, tienden, no sin vacilaciones y reticencias, a agruparse en torno al profesor Tierno Galván, que ha afirmado en un período reciente sus convicciones socialistas. Sin embargo, el profesor Tierno tropieza en su actividad con el recelo que despierta en esos militantes tradicionales su reciente pasado de dirigente de Unión Española. Y sobre todo con el bloqueo que le hace la Comisión Ejecutiva de Toulouse, alarmada por los orígenes del profesor y, quizá todavía más, por la eventualidad de que en torno a éste llegue a cuajar una dirección del interior rival de la emigrada y llamada a reemplazarla.

Mientras lo que subsiste de fuerza tradicional está más o menos controlado por la Comisión Ejecutiva, los que hasta ahora tienden a agruparse en torno al profesor son, sobre todo, los nuevos elementos universitarios sobre los que irradia su prestigio intelectual.

En el terreno intelectual y universitario, estos nuevos socialistas desenvuelven una actividad. En cambio, entre el movimiento obrero, los socialistas, como tal partido, realizan escasa labor; en muchos sitios son desconocidos. Allí donde aparecen, lo hacen generalmente tras la sigla de la Alianza Sindical, que designa el acuerdo realizado en la emigración entre los dirigentes socialistas de Toulouse y las organizaciones cenetistas en el exilio. Pero, dada la debilidad de los socialistas en el nuevo movimiento obrero y la virtual inexistencia de los cenetistas como tal organización en el interior, el papel efectivo de la Alianza Sindical —salvo en Vizcaya, donde se presenta como ASE y donde los Solidarios Vascos le prestan cierta vitalidad; salvo en Cataluña, donde se denomina «ASO» y de hecho está sostenida por militantes católicos que participan en ella— no corresponde al esfuerzo de cierta prensa occidental por popularizarla y levantar su prestigio ni a las inyecciones económicas que le vienen de la CIOSL.

Aun así, los Solidarios Vascos acaban de protestar en su órgano Landeya del uso abusivo hecho por los socialistas de la sigla de ASE en ocasión del Primero de Mayo, revelando que para esa fecha ASE llevaba sin reunirse siete meses. Y la ASO de Cataluña niega toda autoridad a la Alianza Sindical de la emigración patrocinada por el Partido Socialista.

En realidad, el panorama que ofrece a la hora actual el PSOE no es para entusiasmar. Vale decir que su situación no ha variado mucho en los últimos años. Eso es lo más sorprendente si se tiene en cuenta el crecimiento del movimiento de masas, obrero y democrático, sobre todo a partir de 1962. ¿Cómo se explica que el PSOE no haya extraído de él en mayor medida nuevas energías y no se haya dinamizado en consecuencia? La causa principal habrá que buscarla, como siempre, en la política de la dirección instalada en Toulouse, que sigue manteniendo una línea anticomunista e imaginando el futuro como un retorno al pasado. Es decir, como la restauración del PSOE en las posiciones que tenía en 1930, sin querer tomar conciencia de los cambios y sin ánimos para idear una política nueva ligada a las realidades actuales.

Los comunistas consideramos la crisis del Partido Socialista sin ninguna satisfacción. Pensamos que esa crisis debilita la lucha democrática. Un Partido Socialista unido, con una política de izquierda, unitaria, podría desempeñar un papel más positivo del que desempeña hoy el PSOE. Nuestra orientación, a despecho de los injustificados ataques de que somos objeto a menudo y de la cerrazón de sus dirigentes, sigue siendo buscar el contacto, mantener el diálogo y realizar cuanto sea posible en común con los camaradas socialistas. Hay que decir que en el interior, en no pocos casos, llegamos a trabajar de acuerdo en determinados sectores y mantenemos cordiales relaciones. Pensamos que aunque por el momento no aparezcan posibilidades concretas de un acuerdo con el PSOE, en conjunto, debemos utilizar todas las posibilidades reales de colaboración con los núcleos y con las personas del Partido Socialista dispuestos a ello, en la confianza de que el desarrollo del movimiento de masas terminará haciendo posible lo que todavía hoy es difícil.

Nuestra actitud ante las corrientes democratacristianas

En el conjunto de la orientación de la Iglesia española, a raíz del Concilio, se han producido modificaciones de importancia. Éstas podrían resumirse en que la Iglesia ha dejado de identificarse con el régimen que, privado así de uno de sus pilares fundamentales, cojea. En este aspecto la actitud de la Iglesia tiene una influencia nacional, actuando sobre diversos sectores con diferente efecto e intensidad. Por un lado, ha contribuido a quebrantar la adhesión al régimen de ciertos sectores conservadores, impulsando las tendencias de liberalización; por otro lado ha facilitado el paso a una oposición más activa de núcleos populares y universitarios. Además, ha posibilitado la maduración de las condiciones para el diálogo y la unidad entre creyentes y no creyentes, entre católicos y comunistas. Cierto que la actitud de una parte de las altas jerarquías, marcadas por el pasado, la resistencia integrista al aggiornamento, hacen más lento este proceso y la arribada a sus lógicas conclusiones, aunque no puedan evitarlos. La política del Partido Comunista de España ha venido a facilitar la evolución católica, en cuanto la reconciliación nacional y el reconocimiento del peso católico en nuestro país nos han llevado, ya antes del Concilio, a propugnar y realizar el diálogo y la unidad en los niveles en que encontramos posibilidad de hacerlo.

En nuestra orientación, la actitud hacia la Iglesia, que más adelante comentaré, no es una cuestión de táctica, es una actitud que corresponde a toda nuestra estrategia, a toda nuestra concepción de la marcha hacia el socialismo. Con todo, al tratar de los cambios habidos en la Iglesia, tras el Concilio, midiendo cabalmente su importancia, hay que guardarse de creer que la Iglesia, en su conjunto, ha pasado a posiciones democráticas. Se trata de una lucha compleja y difícil iniciada por el Papa Juan por poner la Iglesia al día. El contenido de esa lucha no es exclusivamente político. Cualquier simplificación de la cuestión, cualquier interpretación precipitada de síntomas y rasgos prometedores podría llevarnos a duras desilusiones. En todo caso, el interés de España reside en que las corrientes nuevas se desarrollen en la Iglesia y triunfen plenamente. Como consecuencia de los cambios en la posición de la Iglesia, las fuerzas que están comenzando a tomar importancia son las que se conocen con el nombre genérico de «democracia cristiana». Pero aquí, más que de un partido articulado ya, por el momento debe hablarse de grupos y movimientos que, aun sometidos a la influencia coordinadora de las jerarquías, presentan particularidades distintas, tendencias y posiciones a veces opuestas.

Hay un sector de talante juvenil y renovador, animado por las enseñanzas del Papa Juan, en oposición a las tendencias integristas, deseoso de una renovación del catolicismo español, de un efectivo aggiornamento, de una toma de posición no sólo contra el régimen, sino contra las injusticias de la sociedad capitalista, sector que ha iniciado una fase de diálogo y colaboración con los comunistas. Este movimiento tiene una importancia considerable incluso si no es mayoritario. En él están comprendidos un número importante de sacerdotes y otro mayor aún de seglares. Sin pretender identificarlos entre sí totalmente, ni decir que representan un pensamiento homogéneo, destacan de él sacerdotes como dom Escarré, abad de Montserrat, valeroso contradictor de la dictadura, desterrado por ésta en Italia; como el padre vasco Alberto Gabicagogeascoa, condenado a prisión por haber denunciado las torturas policíacas; como Mosén Dalmau, juzgado por el Tribunal de Orden Público en Madrid, colaborador destacado de Serra d’Or; o José María González Ruiz, que ha escrito los artículos más inteligentes y claros sobre el diálogo con los marxistas. Estos y otros que no es el caso citar, entre los que se encuentran colaboradores de las revistas de los jesuitas Razón y Fe y Ábside, podrían ser considerados, con sus matices y sus diferencias, dentro de esta corriente católica, democrática y progresista.

Entre los seglares actúan inteligentemente, con entusiasmo y sinceridad, muchos católicos que están dando una contribución positiva a la organización de la lucha de masas, obrera, universitaria e intelectual.

Sabemos que a estos hombres les inspira la preocupación de levantar el prestigio de la Iglesia y del catolicismo español. Y ello no nos extraña ni contraría porque, en lo que conocemos de ellos, a través de sus escritos y sus actos, cuando no del contacto, del diálogo directo o por persona interpuesta, estamos convencidos de que, en su conjunto, se sienten animados de una voluntad sincera de defender, con las creencias que les son propias, el interés del pueblo y de los desheredados.

A alguien podrá resultar extraño este reconocimiento nuestro. El órgano de Fraga Iribarne cree ver en él una maniobra de los comunistas para «desollar la oveja católica». Una especie de diabólica conjura. No sabemos si tales patrañas amedrentarán a algún católico. Pero, en cualquier caso, nosotros no somos tan ingenuos como para no saber que, si el diálogo y la colaboración con los católicos por objetivos democráticos, sociales y de paz puede convenirnos desde el momento en que facilita la lucha del pueblo contra el franquismo y las injusticias sociales, de ese diálogo y esa colaboración se benefician tanto, si no más que nosotros, los católicos y la Iglesia, que a través de ellos puede presentarse ante el pueblo no como la Iglesia de la cual ha escrito Ábside, revista de los jesuitas: «Ni nuestra moral, ni nuestra Iglesia, ni nuestro Dios valen para los obreros», sino como otra cosa más próxima y fraternal para los que sufren.

Si pretendiésemos desollar la oveja católica no seríamos más que unos imbéciles y quizá los mayores perdedores en el asunto.

Sin circunloquios, directamente, para que nadie se llame a engaño sobre nuestros propósitos, diremos que, Iglesia por Iglesia, preferimos tratar con la «Iglesia de los pobres», de que hablaba el Papa Juan, antes que con la «Iglesia de la cruzada», la Iglesia de los capitalistas y los terratenientes, los caciques rurales y las autoridades oficiales, ornamento y baluarte de todos los poderes reaccionarios, con la cual toparon Don Quijote y Sancho y con la que han topado hasta ahora todos los Quijotes y Sanchos que en España han sido...

Con la Iglesia de los pobres, con un catolicismo democrático y progresista, tendríamos que mantener discusiones ideológicas porfiadas. Pero, por lo menos, estaríamos seguros de poder coexistir, de no enfrentarnos en nuevas y penosas guerras civiles; estaríamos seguros de no vernos amenazados por exterminaciones y cruzadas.

Con esa Iglesia y ese catolicismo se abriría la posibilidad de marchar hacia la democracia y hacia el socialismo sin que los intereses bastardos que se oponen a la liberación del pueblo puedan cubrir su feroz egoísmo con el símbolo de la cruz.

Por primera vez en la historia de España surge la posibilidad de una orientación católica en esa dirección renovadora, coincidiendo con corrientes que se han puesto en movimiento en la Iglesia universal. Los avatares y las vicisitudes que aguardan a esa orientación como consecuencia de las resistencias integristas son difíciles de prever. Sabemos que dentro de la Iglesia misma, y concretamente de la española, esas resistencias son aún muy poderosas. Pues bien, nosotros aceptamos el envite, jugamos el juego, con sus riesgos y sus ventajas. En el terreno ideológico no nos asusta la confrontación abierta y dialogante. Al fin y al cabo, la vida, la práctica, las conquistas científicas y sociales de los hombres darán razón de todos los errores. Nosotros poseemos confianza plena en la justeza de nuestra concepción científica del mundo. Y por otra parte, en el terreno del progreso político, social y material, en el terreno de la libertad, España sólo puede ganar si marchamos por esta vía de colaboración entre católicos y marxistas.

Sí; lo hemos dicho y lo repetimos: si esta posibilidad no cuaja, no será porque falle nuestra actitud abierta y positiva hacia ella.

Este movimiento juvenil y renovador a que nos venimos refiriendo es el ala activa y dinámica de esa corriente democristiana. Con ella trabajamos y estamos dispuestos a ir más allá, hasta el socialismo, leal y sinceramente, con fines que son claros y que no tienen nada de diabólicos.

Recientemente, en una reunión, se ha creado la Unión Demócrata Cristiana. Los sectores renovadores han logrado que de ella salga un programa democrático en el que hay aspectos antimonopolistas y antifeudales que se aproximan a las concepciones mantenidas por nosotros, y del que se descarta toda discriminación anticomunista. Esta reunión y el programa son un paso que podría tener consecuencias positivas para la oposición. Sin embargo, aunque el programa ha circulado profusamente en los medios políticos, aún no ha sido, que sepamos, publicado oficialmente. En este hecho es difícil no ver las presiones y las influencias de otros sectores que se amparan en la misma denominación genérica democratacristiana, pero que tienen posiciones muy distintas.

Entre éstos hay grupos que, aun marcando una orientación evolucionista, se sitúan en el interior del régimen como, por ejemplo, el de los que forman núcleo en torno a Ya y la Editorial Católica. La responsabilidad política de estos titulados democratacristianos en la prolongación de la dictadura no pueden atenuarla ciertos editoriales en los que se transparenta una actitud crítica e incluso profética sobre las perspectivas que aguardan al régimen y a los grupos sociales que lo sostienen. Es cierto que la Unión Demócrata Cristiana representa una ruptura con este grupo, a pesar de reconocerse de una común familia confesional.

Un fenómeno curioso es el del profesor Ruiz Giménez. Su colaboración con los organizadores del congreso universitario de escritores jóvenes, que en realidad era un amplio movimiento democrático estudiantil, le costó salir en 1956 del Ministerio de Educación Nacional, coincidiendo también con la destitución del rector de la universidad de Madrid, doctor Pedro Laín. Desde entonces, la evolución del profesor Ruiz Giménez hacia posiciones democráticas ha seguido un curso lento pero claro. Su defensa del diálogo, su participación como abogado en el proceso contra el camarada Sandoval y otros comunistas, su preocupación por los presos políticos, su labor al frente de Cuadernos para el diálogo, dan de él la imagen de un hombre profundamente sincero en sus convicciones, de espíritu abierto, culto e inteligente, aunque limitado todavía por ciertas ilusiones que han frenado su ruptura abierta y radical con lo actual y que le constriñen a no llevar hasta el fin lógico las consecuencias de su posición.

Cuadernos para el diálogo se ha afirmado, bajo su dirección, como una de las raras publicaciones legales en las que hay ideas democráticas y un intento verdaderamente dialogante. Algunos de sus números, en este sentido, son una verdadera proeza sobre la censura que sólo se explican por el respaldo católico. Desgraciadamente, las limitaciones actuales hacen que Cuadernos para el diálogo haya alcanzado un techo que es difícil sobrepasar ya, mientras la situación no cambie; en tanto que la necesidad de decir más, de hablar todavía más claro y alto, se hace sentir cada día más imperiosamente.

En la Unión Demócrata Cristiana participa el grupo del profesor Giménez Fernández. A éste hay que reconocerle una actitud consecuente, de rompimiento con el franquismo, y una indudable honestidad política. Sin embargo, no careciendo de carácter y de coraje personal, se reprocha al profesor Giménez Fernández no haber desplegado hasta aquí toda la actividad política que podía esperarse de él, a fin de aportar al movimiento de lucha más dinamismo y mayor contribución de las fuerzas bajo su influencia.

Incidentalmente, quiero aludir al curioso fenómeno que se da en una serie de profesores con vocación e ideas políticas, dispuestos a participar en la política futura y en los que sin embargo hay una seria resistencia a lanzarse resueltamente a lo que pudiéramos llamar el «activismo político de la oposición», a lanzarse de lleno en la lucha. ¿A qué se debe esto? ¿Tienen ideas y les falta temperamento? ¿Tienen temor al pueblo? En todo caso, no son, plenamente, hombres de acción, en el sentido político del término. Se trata de un rasgo común con bastantes de los hombres políticos de ideas liberales y democráticas que ha tenido, en el pasado, España. Eran intelectuales, poseían ideas claras y generosas. Pero había en ellos como una cierta reserva aristocrática hacia el pueblo; y no eran hombres de acción. Mas el político tiene que ser un hombre de acción. Los políticos reaccionarios, ellos, sí lo han sido. Así, mientras que los liberales demócratas se quedaban siempre a medio camino entre las ideas y los hechos, ante la resistencia de la sociedad constituida; mientras temían marchar con el pueblo y unir resueltamente su destino a éste, los reaccionarios, pobres de ideas, han sido, sin embargo, largos en la acción. Es una constatación que sirve también hoy, no sólo para ciertos democratascristianos, sino para personalidades de otras tendencias.

Otro de los grupos de la democracia cristiana es el de Gil Robles. La personalidad de éste es sobradamente conocida. Su posición frente al régimen, y accidentalista en cuanto a las formas de gobierno, también. Pero su coloración derechista resulta asimismo demasiado evidente. En los últimos meses, en un documento político debido a su pluma, al lado de opiniones que caracterizan al régimen y favorables al diálogo, con las que coincidimos, se preconiza, prácticamente, la pasividad frente al franquismo, que, según él, debería morir de «muerte natural». Esta posición es difícilmente comprensible. Pues la muerte natural para un régimen político de opresión y de dictadura fascista no es su extinción paulatina, sino su liquidación por medio de la acción combativa, pacífica o violenta, de las fuerzas que se le oponen.

Todavía hay otros matices y otras posiciones que podrían denominarse de «democracia cristiana» dando a este término un carácter muy amplio y diverso. El nacionalismo vasco, en su sector tradicional, puede ser situado en ese marco, aunque su sector más joven, cuya influencia aumenta, ya no pueda ser encerrado en él. Algunos grupos catalanes también podrían emplazarse bajo la misma denominación.

¿Llegarán a cuajar todos esos grupos y tendencias en un solo partido democratacristiano o a agruparse en una confederación de partidos? Sin duda, la Iglesia española y los representantes de la Internacional Demócrata Cristiana, ligados con sus correligionarios españoles, trabajan con ese fin. Sin pretender inmiscuirnos en los asuntos internos de los democratacristianos, la gran heterogeneidad de los grupos en presencia nos lleva a dudar de las posibilidades de una disciplina única para todos ellos; y en caso de realizarse la unificación, tememos que las fuerzas nuevas, renovadoras, mejor preparadas para adquirir una influencia de masas, terminen disolviéndose y decolorándose bajo la fuerte presión derechista a que sería sometido un partido único o una confederación que recordaría demasiado la histórica Confederación Española de Derechas Autónomas.

Un partido o una confederación de carácter confesional, agrupando todas las tendencias democratacristianas, podría devenir rápidamente la organización del neoderechismo español y un instrumento de la oligarquía financiera y terrateniente. Los elementos renovadores y demócratas del catolicismo se encuentran quizá en un período crucial, en el que, negándose a confundirse con la derecha, podrían hacer jugar a la UDC un papel progresista en la política española.

Hacia un acuerdo de las fuerzas democráticas

No me detendré demasiado en los avatares de algunos grupos liberales que surgieron en 1956 y que a lo largo de estos años no han hecho progresos visibles. Tampoco me referiré en detalle a otros grupos progresistas como el PLP o ETA, que han agrupado en sus filas a militantes valiosos, y cuya perspectiva es, por el momento, difícil de trazar.

Del cuadro de los grupos políticos no comunistas destaca, pues, como la fuerza más considerable, la constituida por las diversas corrientes democristianas. Con ellas, como con todos los grupos de oposición, los comunistas estamos dispuestos a concertarnos en cualquier momento para dar, aunque no sea más que un paso adelante y, en cuanto sea posible, para establecer un régimen de libertades políticas.

CAPÍTULO V

El programa firmado por 565 intelectuales

(Del libro Nuevos enfoques a problemas de hoy, publicado en 1967.)

Introducción

A las pocas semanas de un referéndum que había colmado de euforia al general Franco y a sus incondicionales, España ha conocido las acciones de masas más poderosas y combativas de los últimos veintiocho años, promovidas por obreros y estudiantes, con el apoyo moral de amplios sectores nacionales. La situación política y económica se ha vuelto más crítica. El futuro se presenta ante las clases dominantes más incierto cada día.

Parece que la pretendida política de liberalización del régimen ha llegado al punto de agotamiento. Los ultras y los elementos burocráticos de la Secretaría General de Falange consideran que no es posible ir más allá sin rebasar la cota de alarma. Intentan poner en juego, de nuevo, los tribunales militares. Fustigan al Tribunal de Orden Público para que acentúe la severidad de sus sentencias y extienda su actividad represiva. Excitan el celo de la Policía, castigando a los agentes del orden que no ponen bastante empeño en la represión. Amenazan con volver a las andadas, a los tiempos del terror fascista. Elaboran nuevas leyes represivas, como si no contaran ya con un arsenal fabuloso de ellas.

Los ultras ya no se enfrentan exclusivamente con la oposición obrera: embisten también contra el llamado «sector evolucionista» del régimen que se desmarca de ellos y comienza a actuar con cierta autonomía. Contra este sector va dirigida, precisamente, la reforma del Código Penal que reduce a nada la Ley de Prensa, amenazando con serias penas de prisión a los colaboradores de la que hasta hace poco llamábamos genéricamente «prensa franquista»; la recogida de periódicos como ABC y el semanario Actualidad Española y el proceso contra Madrid. El proyecto de ley para la elección de procuradores por el tercio de cabezas de familia y el de Ley Orgánica del Movimiento, que confirman la situación de Falange como partido único fascista, entrañan un endurecimiento ultrancista, tanto frente a la oposición como frente a las reivindicaciones evolucionistas. La falange burocrática es convertida formalmente en una institución de Estado, cuando oposición y evolucionistas coinciden —en el fondo— en reclamar su extinción.

De este modo el intento de retorno a la mano dura comporta una novedad importante: el régimen comienza a devorarse a sí mismo. Los golpes no se dirigen sólo contra la oposición clásica, ni contra la nueva oposición cuajada en los últimos diez años; van también contra los grupos emplazados en su propio recinto, que persisten en demandar una cierta apertura, más a tenor con las corrientes actuales del capitalismo europeo y que consideran cada vez más nocivas para sus propios intereses las actuales estructuras fascistas.

Y todo esto sucede en el momento en que España parece marchar hacia una crisis económica que puede ser seria; cuando el fracaso de la política económica seguida por el régimen es más patente; mientras en Europa avanza la recesión, y la perspectiva inmediata se torna más oscura.

En tales condiciones la continuación de la dictadura, la supremacía de los elementos ultras y burocráticos, su nefasta política y sus tentativas de acentuar la represión van a conducir —están conduciendo ya— seguramente, a una agravación de las tensiones político-sociales, a una exacerbación de la lucha de clases, en todos los terrenos.

¿Cuál es la causa de que los ultras se muestren tan alarmados y piensen que no pueden ceder más terreno sin que el actual tinglado político se venga a tierra?

En esencia, de lo que se trata es de que el equilibrio de fuerzas está a punto de romperse; de que las posiciones de los elementos ultras y burocráticos se encuentran tan debilitadas que un retroceso más puede determinar su definitivo desplazamiento.

Y conste que no me refiero a un peligro inminente para la dictadura de las fuerzas conservadoras de la oligarquía financiera y terrateniente, aunque en definitiva también esté en juego la suerte de esa dictadura. Me refiero, más precisamente, a un peligro inminente para el predominio de los ultras y los burócratas dentro del actual sistema.

La cuestión consiste, por un lado, en que el movimiento obrero y democrático de masas ha alcanzado ya un grado de unidad, organización y combatividad que, sin ser todavía el que hace falta para imponer un cambio político radical, es ya suficiente para crear una situación en que la existencia y la actividad de ese movimiento y la supremacía de los ultras en el poder son difícilmente compatibles.

Por otro lado, la lucha del equipo ultra y burocrático por conservar la hegemonía dentro de la combinación gobernante, ya no corresponde plenamente a los intereses de la gran burguesía ni tiene —como tenía en otros momentos— el consenso más o menos caluroso, pero real al fin, de las masas de la burguesía media. La índole de los problemas económicos y políticos actuales y el agotamiento de las formas fascistas roen la base de apoyo de ultras y burócratas que, de garantía del orden social se transforman en obstáculo, en objeto de la condenación general de la sociedad.

Hoy, la eliminación de ultras y burócratas de los puestos clave que poseen en la política española sería una satisfacción general para la mayor parte de las capas sociales del país y un indudable paso adelante.

En estas condiciones ¿conseguirán los ultras desplegar las fuerzas suficientes para imponer una marcha atrás, para restablecer el silencio y la calma letales de los peores tiempos del régimen, para enterrar nuevamente a la oposición en las catacumbas y amordazar a los evolucionistas? Si no lo consiguen, su desplazamiento será inevitable e incluso más rápido de lo que puede parecer a simple vista.

La desventaja en esta pugna no está de nuestro lado, del lado de la oposición obrera y democrática, a pesar de que sus principales adversarios dominan el gobierno y ella actúa desde la calle, sin derechos reconocidos. Los que están en posición más débil son los ultras que para batir a la oposición tienen que arremeter también, en las circunstancias actuales, contra sus propios aliados, contra elementos muy importantes de su propio sistema de poder. De ahí que la lucha de los ultras contra la oposición se mezcle y se confunda a veces con la lucha contra los evolucionistas; y que la respuesta de éstos a los ultras converja en ciertos casos con los ataques de la oposición.

La situación es, en el fondo, mucho más favorable para la oposición que en cualquier momento anterior; pero a la vez es crítica y compleja como no lo ha sido antes.

El movimiento democrático de masas necesita elevar su unidad, organización y combatividad para pesar aún más decisivamente con su propia fuerza sobre los acontecimientos. Debe mantenerse a toda costa en la superficie y no aceptar el retorno a las profundidades de la clandestinidad.

Mas para lograrlo tiene que mostrar también gran agilidad a fin de utilizar hasta la más pequeña de las contradicciones entre los grupos dominantes y acelerar el aislamiento de ultras y burócratas. Uno de sus objetivos inmediatos debe ser contribuir a la eliminación de éstos de sus posiciones dominantes, claro está que sin comprometerse con ninguna solución cuya finalidad no sea inequívocamente democrática.

Ultras y burócratas pretenden seguir presentándose como la garantía de la paz civil; hay que demostrar que constituyen, por el contrario, el obstáculo más serio a la solución del desorden económico y político en que se adentra cada día más España.

Ultras y burócratas agitan ciertas realizaciones económicas habidas en los últimos años, dando a entender que si ellos desaparecen dichas realizaciones se vendrán a tierra. Lo cierto es que éstas son una consecuencia de factores ajenos a ellos, y que se mantendrán y serán desarrolladas a un nivel mucho más elevado, precisamente si se pone fin al continuismo, es decir, a la supremacía de los que constituyen un freno y un elemento retardatario del desarrollo nacional.

Ultras y burócratas representan el obstáculo esencial al establecimiento de un clima nuevo de civismo, de diálogo abierto, de libertad. Cuando tratan de hacer creer que con su obstinación y su reaccionarismo están salvando a España de la revolución comunista —ahora ya no les es posible esgrimir la amenaza de invasión soviética— mienten como bellacos.

Nadie —y menos que nadie el Partido Comunista— piensa en hacer hoy la revolución comunista en España. La disyuntiva que se ofrece al país es: dictadura reaccionaria y fascista, o democracia.

En el momento actual, los comunistas, la clase obrera, las fuerzas renovadoras de la sociedad no reclaman más que una cosa: libertades democráticas para todos.

Los comunistas estamos dispuestos a cooperar, aun sin participar en él, con cualquier gobierno que aplique lealmente, sin reticencias, el programa expuesto por 565 intelectuales españoles de diversas tendencias, en el documento de fecha 31 de enero de 1967, a saber:

Libertad de todos los detenidos y su readmisión —así como la de todos los represaliados— en sus centros de trabajo o estudio.

Elevación de salarios y escala móvil de los mismos.

Libertad sindical y derecho de huelga.

Libertades de reunión y de expresión.

Libertades políticas.

Amnistía general para presos y exiliados políticos.

Ésta es la verdad y no las fábulas ultras sobre el peligro comunista.

CAPÍTULO VI

La resistencia de estudiantes, intelectuales y artistas

(Del libro Nuevos enfoques a problemas de hoy, publicado en 1967.)

Los problemas del movimiento estudiantil e intelectual

Al mismo tiempo que el nuevo movimiento obrero, la lucha de los estudiantes por sus derechos, por la reforma de la universidad y por la democracia, ha experimentado un poderoso desarrollo. Los últimos datos a ella concernientes son bien conocidos. Destaca por su trascendencia la reunión nacional de Valencia, en presencia de representantes del Sindicato Democrático, ya en funcionamiento en Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Valencia, y de los organismos elegidos por los estudiantes en el marco de las asociaciones profesionales de Madrid, Granada, Murcia, Navarra, Oviedo, Santiago de Compostela, Málaga, Valladolid, Zaragoza y Salamanca. Los de Sevilla y La Laguna no asistieron por causas de fuerza mayor.

Esta reunión tenía lugar después de fracasar el llamado «Congreso nacional de estudiantes», convocado por el dirigente gubernamental Ortega Escós, congreso al que, pese al nombre atractivo con que se le había bautizado, no acudieron siquiera las asociaciones oficiales.

El acuerdo entre los sindicatos democráticos y las organizaciones estudiantiles que todavía permanecen formalmente en el marco oficial, sobre la base del cual se convocó la reunión de Valencia, consistía en tres puntos:

Rechazar toda estructura impuesta.

Creación de estructuras autónomas por los propios estudiantes.

Voluntad de coordinación a escala nacional mediante un congreso de estudiantes.

A pesar de no estar permitida por las autoridades y de las sucesivas violaciones del fuero universitario llevadas a cabo por la Policía para impedirla, así como del arresto de numerosos delegados, la reunión nacional de Valencia deliberó durante tres días. Hubo universidades que, al conocer la detención de sus delegados, enviaron otros en sustitución de los arrestados. La Universidad Pontificia de Salamanca hizo llegar a los suyos en plena represión.

Fueron elaboradas ponencias, que ahora se discuten en todas las universidades españolas, en las que se afirma la orientación hacia un congreso constitutivo del Sindicato Democrático, se propugna la reforma democrática de la universidad y la integración del estudiante y de la universidad en los problemas de nuestra sociedad y de nuestro tiempo.

La masa de los estudiantes valencianos, durante los tres días de la reunión nacional, la protegió con sus manifestaciones y su activa movilización. Una asamblea de clausura, a la que asistieron más de tres mil estudiantes, aclamó las decisiones tomadas.

En la pizarra del aula de árabe, donde penetró la Policía para poner fin a la reunión, los versos de Miguel Hernández: «Echa la aldaba, carcelero. Ata duro a ese hombre. No le atarás el alma», expresaban gráficamente el estado de ánimo de la juventud universitaria española.

Allí mismo, a fin de arrancar la libertad de los representantes encarcelados, los reunidos decidieron convocar una huelga nacional estudiantil. Nunca se había conocido en la historia de los movimientos escolares otro tan general y combativo. En Valencia hubo huelga general de todos los centros —incluidos peritos agrícolas, Comercio, Bellas Artes y la Escuela Oficial de Turismo— desde el 2 al 6 de febrero; la mayor parte del profesorado la apoyó. En Barcelona se proclamó la huelga general desde el mismo día 31, con manifestaciones los días 31, 2 y 7. En Bilbao se decidió la huelga para el día 7, sumándose por vez primera la Escuela de Peritos Industriales; hubo manifestaciones y choques con la fuerza pública. En Granada, huelga general los días 7 y 8. En Málaga, huelga y manifestaciones el día 3. En Sevilla, huelga en varias facultades los días 6, 7 y 8. En Salamanca, huelga general los días 6 y 7; el 7 se encerraron en la Universidad Pontificia doscientos estudiantes como protesta por las detenciones.

En Madrid, donde la universidad se hallaba clausurada por las autoridades a partir de las luchas del 27 de enero y siguientes, se declararon en huelga las escuelas técnicas.

El Consejo de Distrito de Navarra se solidarizó con la reunión de Valencia y exigió la libertad de los detenidos. Lo mismo hizo Oviedo.

En Valladolid hubo huelga general los días 6 y 7, y en Zaragoza los días 3 y 4. En Santiago, la huelga fue el día 4. En Murcia hubo huelga el 7 en las Facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía.

Ante esta extraordinaria acción, que coincidía con las manifestaciones y huelgas obreras de Madrid, Barcelona, Sevilla, Tarrasa, Vizcaya, Guipúzcoa y otros puntos, el gobierno se vio obligado a ceder y el 6 de febrero era puesto en libertad el último de los estudiantes que quedaba detenido en Valencia.

Los resultados de la reunión nacional de Valencia son que, de hecho, en España existe ya un único Sindicato Democrático de estudiantes, en diversas fases de organización. El Consejo del Distrito Universitario de Madrid ha decidido ya su ruptura con las AP¹ y la elaboración de los estatutos para convertirse en Sindicato Democrático. Las AP oficiales impuestas arbitrariamente por el gobierno son un cadáver.

Ha causado profunda indignación la brutalidad empleada por el régimen contra los estudiantes; aun tomando las precauciones de rigor, muchos diarios han criticado esa conducta. También es objeto de duras críticas el comportamiento del rector de la Universidad de Barcelona, García Valdecasas, que actúa no como un profesor español, sino como un gauleiter² nazi contra los estudiantes.

La contraofensiva del gobierno frente al movimiento estudiantil se desenvuelve en el terreno represivo y en el político. Ya no se trata tanto de imponer la autoridad desvanecida de Ortega Escós y de la dirección oficial de las AP, como de intentar dividir a los estudiantes.

Las autoridades y los grupos reaccionarios parten del hecho real de que, aun identificados con los objetivos del movimiento democrático, el conjunto de los estudiantes no poseen, como es lógico y natural, el mismo grado de conciencia ni la misma disposición de lucha. Y buscan abrir una fisura a fin de aislar del conjunto a la vanguardia democrática, para golpearla más fácilmente.

Era de esperar que el adversario acudiese a estos medios: ahora lo importante para el movimiento estudiantil es contrarrestar inteligentemente esas maniobras, mantener la unidad del conjunto de los estudiantes, impedir que la fisura se produzca.

Ello aconseja, por un lado, continuar y desarrollar la lucha, sin ceder a las tentativas de intimidación; por otro, rechazar las iniciativas de tipo izquierdista, sin eco en la gran masa estudiantil, que facilitan las maniobras del adversario.

La fuerza del movimiento estudiantil consiste en su unidad, en el carácter abierto y democrático de sus actividades, en su resuelta voluntad de sobreponerse a los límites estrechos de la legalidad actual, sin por ello sumergirse en la clandestinidad. La fuerza de masas de dicho movimiento y la crisis del régimen permiten esta compleja y elevada táctica. Cualquier deslizamiento hacia métodos de clandestinidad, en perjuicio de las formas democráticas y extralegales abiertas, conquistadas ya, redundaría en el debilitamiento de la lucha estudiantil.

Cierto que en España los grupos políticos todavía tienen que moverse en la clandestinidad, tanto en los ambientes universitarios, como en los ambientes obreros, campesinos e intelectuales. Pero una cosa son los grupos políticos y otra el movimiento democrático profesional de los estudiantes, que ha conquistado, de facto, el derecho a actuar públicamente.

Teniendo en cuenta esto, cabe reflexionar sobre la utilidad que pueden ofrecer, ya a estas alturas, ciertas formas de agrupamiento profesional clandestino, útiles en otros períodos, pero de dudosa eficacia hoy, puesto que en el terreno de la acción puramente política existen los partidos, y en el terreno de la acción profesional funciona ya, en diversas fases de evolución, el Sindicato Democrático estudiantil, que actúa abiertamente y está interesado en seguir actuando así.

Parece que todo lo que pueda discutirse y decidirse hoy en grupos clandestinos, semiprofesionales, semipolíticos es, precisamente, lo que corresponde discutir y decidir a los órganos estudiantiles elegidos, que lo hacen abiertamente. ¿Por qué esconderse y mantener una zona de clandestinidad, en un terreno donde se puede salir, y se sale ya, a la luz del día? En determinadas condiciones la persistencia de tal zona de clandestinidad facilita las medidas represivas y puede conducir a una parte de la vanguardia estudiantil a aislarse de la gran masa, a girar en el vacío, a tomar iniciativas y resoluciones que no tienen suficientemente en cuenta la realidad.

Es éste un problema en el que todos los que nos interesamos por la lucha democrática y antifranquista tenemos derecho a emitir una opinión, aunque sean los interesados los únicos llamados a resolverlo en un sentido u otro.

Lo importante, me parece, es no ofrecer flancos débiles, u ofrecer el menor número posible, al contraataque de las autoridades, a las tentativas de escindir el movimiento estudiantil.

Hoy es visible que, en su conjunto, el movimiento estudiantil ha aprendido a autodirigirse con gran inteligencia, combinando la mayor firmeza y combatividad con la flexibilidad imprescindible en cualquier movimiento de masa, para replegarse pasajeramente o pasar al ataque, según las condiciones. Los dirigentes de ese movimiento saben dosificar la energía y la exaltación con la prudencia política, cuando es necesario, sin dejarse ir de la exaltación a la depresión en los períodos en que, tras un gran esfuerzo, se hace necesario recuperar alientos y acumular energías.

En la actualidad, el movimiento estudiantil democrático es plenamente consciente, sobre todo en sus sectores más activos, de las coincidencias fundamentales que existen entre su lucha y la del nuevo movimiento obrero, así como con la de otros sectores sociales del país lesionados por la política del régimen. La necesidad de coordinar la acción de estudiantes y obreros; la de estudiantes y profesores, intelectuales y artistas; y la de unos y otros con la acción de las masas del campo y de las capas medias, no ofrece dudas. Tampoco las ofrece el hecho de que la marcha hacia esta coordinación, cada vez más efectiva y consciente, tiene que hacerse manteniendo en lo fundamental la unidad de cada uno de dichos movimientos, atrayéndoles paso a paso a esa colaboración, avanzando audazmente cuando existen condiciones favorables, pero sabiendo también aminorar el ritmo cuando pueden suscitarse incomprensiones en sectores menos desarrollados políticamente.

En definitiva, el hecho digno de destacar es que la universidad española, a pesar de sus vicios clasistas, que los mismos estudiantes y muchos profesores denuncian generosa e inteligentemente, ha sido transformada por éstos en una ciudadela de la conciencia nacional democrática, en un baluarte de progreso en el seno de la sociedad española. Sin ninguna intención de halago, es de justicia reconocer el gran mérito de los estudiantes y de su firme voluntad de renovación, en este resultado.

Y al de los estudiantes, se une el mérito de los intelectuales y artistas españoles. El desarrollo del movimiento intelectual democrático está cuajado de actos de gran coraje cívico y valiosas experiencias. Sin remontarnos más atrás, recordemos cuando en 1962 los intelectuales denunciaron briosamente las torturas infligidas a los militantes obreros asturianos, contribuyendo a imponer cierta suavización de los métodos represivos. Posteriormente, los intelectuales han denunciado con gran energía la agresión yanqui contra el heroico pueblo del Vietnam y han participado de manera activa en todas las acciones de masa contra esa guerra injusta.

Todos tenemos presente el homenaje a Machado, en Baeza, al que acudieron intelectuales y artistas desde todos los rincones del país, afrontando las cargas de la fuerza pública, las multas y la prisión.

En las últimas semanas, los intelectuales españoles manifestaron su apoyo a las acciones obreras y estudiantiles, no sólo con la presencia personal de muchos de ellos en las manifestaciones, sino con un documento de solidaridad dirigido al gobierno, que la prensa no ha publicado y al que ya nos hemos referido en la introducción a estas páginas.

Sus seis puntos recogen las aspiraciones fundamentales del país en el momento actual. Son como una especie de programa mínimo que podrían avalar cuantos se pronuncian por la cancelación de la Guerra Civil y la creación de un clima democrático. El documento estaba firmado por 565 intelectuales, de diversas tendencias, encabezados por personalidades como Aranguren, Aguilar Navarro, Alfonso Sastre, Ridruejo, Juan Fuster, Bardem, Eduardo Cierco, Pedro Altares, López Salinas, Jiménez de Parga, Ángel María de Lera y otros.

Los intelectuales actúan, en este caso, también como un espejo de la conciencia nacional. Les emplaza a esto su propia situación dentro de la sociedad, ante un poder que, habiendo perdido todo apoyo en ellos, les mantiene en régimen de prisión atenuada. Pues éste es el estado de los profesores que no poseen libertad de cátedra, y que cuando esbozan el menor gesto de inconformismo son abruptamente expulsados de la universidad; prisión atenuada, el estado de los escritores, cineastas, autores de teatro y periodistas, obligados a callar o a expresar sus opiniones por medio de símbolos cabalísticos, que sólo llegan a una minoría de iniciados y que impiden su comunicación con el gran público y el pleno florecimiento de sus talentos. Si a los artistas plásticos en el terreno de la creación es más difícil amordazarles, se bloquean sus obras, se les cierra el mercado, obligándoles a emigrar o a vivir debatiéndose con ingentes dificultades materiales.

Esta situación conduce a intelectuales y artistas no sólo a identificarse con las fuerzas renovadoras de la sociedad, sino a organizarse ellos mismos para una acción específica por la libertad, por la creación de condiciones materiales y sicológicas favorables a su labor, contra la censura y el oscurantismo.

Entre la intelectualidad de las profesiones liberales se producen también fenómenos de gran significación, como la acción de los médicos de los hospitales contra la increíble situación económica en que se les mantiene; la protesta de la profesión contra la nueva reglamentación de inspiración policíaca que se pretende dar a los colegios médicos; la creación de un movimiento organizado de médicos jóvenes, etcétera, etcétera.

Es digno de subrayarse, por su especificidad y su mérito, el ejemplo de numerosos abogados agrupados en torno a los bufetes laborales, destinados a asesorar y a defender a los trabajadores en sus litigios con las empresas capitalistas.

Reviste particular valor el acercamiento, que ya se produce en muchas empresas, entre ingenieros, técnicos y obreros y la participación creciente de los cuadros, que comienzan a darse formas de organización democráticas, en el movimiento de las Comisiones Obreras.

Entre los maestros se inicia una actividad en favor de la democratización del Sindicato Español del Magisterio. Ha tenido gran eco la proposición presentada en ese sentido, con más de cien firmas, en una asamblea de enlaces habida en Barcelona. Algunos periódicos se han hecho eco de ella y cientos de maestros de toda España comienzan a manifestar su adhesión. Si hay una profesión preterida, necesitada de organizarse y defenderse, es el magisterio. En sus manos está la ingente tarea de educar a la infancia y, sin embargo, se les paga y se les trata como si fuese una categoría a extinguir. Si los maestros toman conciencia de su fuerza, que consiste no sólo en su número, sino en su influencia entre el pueblo, con el que viven estrechamente mezclados, pueden lograr rápidamente cambios favorables de su situación.

Ciertos sectores profesionales quizá no acaban de encontrar una vía eficaz para defender sus derechos porque no se deciden a salir de lo que los jerarcas y los periodistas del movimiento llaman los «cauces normales». Resulta que esos cauces o no existen, o están completamente cegados. Los sindicatos oficiales y los organismos del mismo género son totalmente inútiles sin la creación de formas paralelas de contacto, de coordinación y en definitiva de organización, que permitan realizar una presión efectiva sobre las autoridades. Sin estas formas paralelas de acción, todo lo que se intenta dentro de las organizaciones oficiales termina durmiendo en los cajones de una burocracia-tapón cuya finalidad es precisamente actuar de amortiguador de toda iniciativa justa. Si los obreros, los estudiantes y los médicos —pongamos por ejemplo— han logrado algunas de sus reivindicaciones es precisamente gracias al empleo de esas formas paralelas; debemos esforzarnos por que su experiencia sea asimilada y aprovechada por otros sectores sociales.

CAPÍTULO VII

El plan del Opus. La división de las clases dominantes

(Del libro Nuevos enfoques a problemas de hoy, publicado en 1967.)

Las clases dominantes ante el vencimiento de un plazo ineludible

El crecimiento de la lucha y la organización de las masas se apoyan en causas objetivas, fundamentales. Son esas mismas causas, esos factores, los que han conducido también a la división del gobierno, de los grupos del movimiento, de las clases dominantes del país; una división que se ahonda y que hace que ultras y burócratas de la Secretaría General se vean cada día más aislados y enfrentados con el país.

En sus postrimerías, el régimen franquista se encuentra ante el vencimiento de deuda que las reaccionarias clases dominantes españolas tienen con un acreedor implacable: el progreso histórico. Durante decenios, casi podría decirse que siglos, esas clases dominantes han vivido prosternadas ante sus defectos, adorándoles y entonándoles himnos, como si fueran virtudes. Su reaccionarismo era una especie de bendición del cielo; un privilegio otorgado por decisión divina, que había preservado a España de los horrores del enciclopedismo y de las sacudidas de la revolución industrial. «¡Que inventen los demás!», era el lema de quienes preferían ir a rastras de los tiempos, antes de arriesgar el más mínimo trastorno de un orden instaurado desde siglos y para siempre. La ciencia y la técnica eran cosa demoníaca; lo que había que cultivar era la mística. ¡Unas clases dominantes que en pleno siglo xx pensaban en una España de monjes y guerreros, como en tiempos de las cruzadas!

Esas clases estaban archisatisfechas de haber frustrado la revolución burguesa, cuando en 1931 se encontraron, de la noche a la mañana, con una República democrática que trataba de recuperar el retraso histórico del país. Pero ese régimen, que vino sin hacer caer ni una sola cabeza, que no se atrevió a tocar la propiedad latifundista, que respetó los privilegios del capital financiero y dejó intacto, en lo esencial, el aparato del antiguo Estado, fue rechazado desde el primer día por las clases poseedoras, que al año de su instauración realizaron el primer levantamiento militar contra él. Y que entre éste y el segundo, que originó la Guerra Civil y abrió camino a la dictadura franquista, intentaron la sustitución de la democracia por un fascismo clerical, tipo Dollfuss.

La República del 31 contenía la posibilidad de un desarrollo democrático burgués, de una incorporación del ritmo de desarrollo de España al de Occidente. Pero el reaccionarismo de las clases dominantes frustró esta posibilidad, agudizó todas las contradicciones y condujo a la Guerra Civil.

El resultado de ésta fue la victoria completa de la oligarquía financiera, flanqueada por la aristocracia latifundista. La anulación de todas las libertades democráticas. La contrarreforma agraria. El tranquilo y cómodo tran-tran de los negocios fáciles amparados en el Estado, protegidos por una policía todopoderosa y garantizados por el exterminio, no ya de la oposición, sino del más tímido inconformismo. El aislamiento internacional y la protección tras elevadas barreras arancelarias de una economía sin otro fin que asegurar beneficios fáciles a una minoría parasitaria, con mentalidad semicapitalista, semiterrateniente, sin ninguna preocupación de desarrollo, dado que la clase obrera derrotada tenía que resignarse a trabajar por un trozo de pan.

Fueron años en que la apología, la exaltación del atraso llegaron a los extremos más inauditos. Se resucitó y puso en circulación la ideología medieval. Franco era la reencarnación de los Reyes Católicos. Muchas de las cosas escritas y dichas en aquel período parecerían ahora, a sus propios autores, delirios manicomiales.

El resultado fue que en torno a España, que permanecía atada al pasado por el rudo calabrote dictatorial, el mundo se ponía a avanzar aceleradamente; el socialismo y la descolonización impulsaban a un ritmo endiablado la segunda revolución técnica y científica. El desarrollo inusitado de las fuerzas productivas en el mundo y en Europa, las tendencias a la división internacional del trabajo, inherentes a este desarrollo, la poderosa presión de las grandes empresas monopolistas a la búsqueda de mercados, vinieron a romper la calma chicha de la autarquía franquista.

En 1959, con el Plan de Estabilización, bajo la inspiración del Opus Dei, el régimen intentó una maniobra de adaptación. Se habló de liberalización, de desarrollo, de planificación. Una coyuntura excepcionalmente favorable hizo que el auge europeo se reflejase en España con el crecimiento del turismo y la exportación de mano de obra. Esto y la salida de la crisis y de la estabilización, determinó un aumento importante del ritmo de crecimiento económico. Fue suficiente para que los ideólogos opusdeístas y ciertos epígonos gritaran ¡Hosanna! y creyeran —o fingieran creer— resueltos todos los problemas. Los que antes glorificaban el atraso comenzaron, sin transición, a loar la «sociedad industrial» que nos entraba por las puertas gracias al genio de Franco; cambiaron de hombro el fusil, para continuar defendiendo lo mismo que antes, invocando ahora el progreso neocapitalista en vez del fascismo. Dejamos de ser, en poco tiempo, un país de monjes y guerreros para situarnos en los umbrales de una alegre y confiada sociedad de la abundancia.

Sin embargo, a la mitad del flamante plan de desarrollo, el régimen ha tenido que acudir a una serie de medidas de estabilización. Todo el artificio del tan alabado desarrollo ha quedado al aire. España se halla abocada a una crisis económica.

Los economistas coinciden cada vez más en reconocer que si ha habido crecimiento no se ha producido desarrollo, es decir, no ha habido cambios cualitativos esenciales en las estructuras económicas. La imagen de que nosotros hemos ido al trote, mientras los otros países galopaban, se confirma y resulta que con relación a Europa y al mundo seguimos retrasándonos.

El crecimiento económico se ha realizado, a diferencia del de otros países europeos, no tanto en la industria —ni mucho menos en la agricultura— como en el llamado «sector terciario de los servicios», sobre todo en los ligados al turismo. La relativa modernización del equipo y de la organización de la producción no ha roto los límites autárquicos: está orientada exclusivamente hacia el mercado interior. No podemos competir con la producción extranjera, e incluso nuestras exportaciones agrícolas tradicionales, que parecían aseguradas e inconmovibles, sufren los embates de una peligrosa competencia. Los propios mercados interiores se conservan a fuerza de elevar las barreras aduaneras, de cerrar con candado las fronteras.

La economía española se mueve en un círculo vicioso, cerrado, al que en las condiciones actuales, sin cambios sociopolíticos muy profundos, es difícil encontrar una salida.

Ahora es cuando ese acreedor implacable al que nos referimos, el progreso histórico, pone a las clases dominantes españolas ante las consecuencias de su reaccionarismo, su estrechez y su orgulloso atraso. Ahora es cuando las clases dominantes chocan con las consecuencias de haber ahogado la revolución burguesa, de haber hundido la República del 31, de haber provocado la Guerra Civil y sostenido la dictadura fascista durante tantos años.

El retraso que esa conducta ha causado al desarrollo económico de España no se recupera con paños calientes, con superficiales medidas de coyuntura, con frases europeístas, con discursos, proyectos o planes en el papel.

Y ahora es imposible levantar una muralla en torno a las fronteras e imponer una férrea dictadura sobre las clases trabajadoras.

Ahora hay que participar en la división internacional del trabajo y, o nos preparamos para ello, o la técnica, los capitales y las empresas extranjeras sumergirán y arrollarán a los nuestros.

Nos encontramos con el fenómeno siguiente: que la contradicción en primer plano entre los intereses del pueblo —clase obrera, campesinos, intelectuales y capas medias— y la oligarquía monopolista terrateniente con sus características específicas, españolas, se refleja como en un espejo en el desfase entre el desarrollo económico español y el desarrollo económico europeo y mundial. Que este desfase acentúa la urgencia de cambios sociopolíticos. Que España tiene que terminar en esta época —en la segunda mitad del siglo XX, es decir, en condiciones históricas distintas— la revolución que empezó varias veces y que fue interrumpida otras tantas por el reaccionarismo de las clases dominantes. Ése es el plazo implacable cuyo vencimiento no puede retrasarse, a no ser que España —lo que es inconcebible— renuncie a sí misma.

Tal situación es una de las causas objetivas de la descomposición del régimen y de la profunda división de las clases dominantes.

Éstas se plantean: ¿por dónde salir? Y no encuentran solución fácil. Tomemos el caso del Mercado Común. Durante cierto tiempo hubo mucho ruido en torno a la entrada en el Mercado Común. Parecía que ahí estaba la solución a los problemas de la oligarquía. Encuestas, estudios, conferencias parecían probarlo. Los ministros del Opus cifraban sus esperanzas en esa solución. Mas las primeras y tímidas medidas de liberalización echaron un jarro de agua fría sobre los industriales españoles. Cada uno de éstos pedía liberalización para los demás, protección para sí. Desde entonces, las tentativas de adhesión al Mercado Común tomaron el aspecto más de una exigencia de prestigio político para el régimen que de una solución real a los problemas económicos. La petición de entrada fue elaborada sin consultar a los círculos económicos. Éstos han mostrado varias veces su inquietud y sus reservas ante la posibilidad de un acuerdo que levante la protección a zonas económicas que no podrían resistir sin ella. Ahora mismo, ante la eventualidad de un acuerdo comercial con el Mercado Común, el periódico 3 E se pregunta:

¿Se han analizado objetiva y rigurosamente las repercusiones, sin prescindir de las negativas, que el posible acuerdo, tanto si es preferencial o no, llevará consigo? ¿Se han contrastado las conclusiones de nuestros expertos con lo que opinan nuestros industriales y agricultores en su conjunto? ¿Pueden hoy los organismos responsables y competentes en la materia concretar en cifras y en resultados, no meramente teóricos y de principio, el impacto que el tan comentado «acuerdo preferencial» disparará sobre nuestra concreta realidad económica?

Por lo menos deben estar fijadas unas condiciones sustanciales, mínimas, sin las cuales suponemos que no estaremos dispuestos a conectar y someternos a la mecánica legal del Mercado Común.

La realidad es que en los círculos económicos reina una desconfianza general hacia la posibilidad de que el Mercado Común tome acuerdos que tengan un efecto favorable sobre la economía española y una desconfianza concreta en la capacidad del gobierno para negociarlos.

El fondo de la cuestión no es otro que el atraso, la falta de competitividad de nuestra industria. Si es cierto que no poseemos una industria capaz de competir, también lo es que poseemos una que la competición puede arruinar.

Se ha hablado y se habla de un sector «dinámico» del capitalismo español, que aportaría un espíritu nuevo, neocapitalista, en ruptura con el capitalismo tradicional. Descollaría en ese sector dinámico la industria del automóvil que incrementó la producción de coches de turismo en un 66,4 % durante 1966. Pero las características de este sector capitalista no tienen nada, en realidad, de dinámicas. Los coches de turismo españoles no son exportables. Los precios lo impiden. La dispersión de esta industria, cada una de cuyas empresas es en realidad filial de alguno de los grandes monopolios internacionales, la incapacita para ser rentable. Su dinamismo se detiene cuando las necesidades del mercado interior están cubiertas. A pesar del incremento de producción aludido, en 1966 se fabricaron cincuenta mil coches menos de los previstos en el plan de desarrollo y se matricularon varios miles menos de los fabricados, lo que quiere decir que hay ya, aunque pequeña, cierta superproducción.

El gran problema económico de España es ir colocando su industria en condiciones de competir en el mercado mundial. Pero la experiencia, a partir de 1959, en el período de mayor auge, confirma que esto es imposible sin profundos cambios, en las estructuras socioeconómicas y por tanto, en el régimen político. Las estructuras socioeconómicas mantenidas por nuestras reaccionarias clases dominantes permitían ir tirando, acantonadas en la autarquía, en tiempos pasados; hoy no es posible continuar igual.

Para colmo, a los problemas estructurales viene a añadirse hoy una coyuntura de recesión económica, que amenaza convertirse en una seria crisis de superproducción.

En estas condiciones, la incertidumbre, la inquietud por el presente y por el porvenir, caracterizan el estado de ánimo de la gran burguesía. Los dirigentes del Banco de Siero, que organizaban la fuga de capitales al extranjero, no son más que un síntoma de esta inquietud y un espejo del patriotismo de la oligarquía financiera. La división que se manifiesta en el terreno político en las disputas entre ultras y evolucionistas, en el alejamiento cada vez más declarado de parte de éstos con respecto al régimen, en la ayuda de ciertos grupos financieros a la oposición de derecha, es consecuencia de esta falta de perspectivas en cuanto a la solución de los problemas de fondo de la economía española.

Cada grupo capitalista tira de la manta hacia sí, busca soluciones provisionales para sus dificultades particulares a costa de los demás, y en primer término, de las masas trabajadoras.

Un rasgo característico de esta situación es que ningún grupo político de la burguesía, ni los que están en el gobierno ni los que se encuentran en la oposición, han sido capaces de elaborar una política económica de largo alcance con soluciones claras. Los grupos del gobierno se contentan con ir tirando, a base de medidas superficiales, coyunturalistas, sobre las que ellos mismos no logran ponerse de acuerdo. Los grupos de la oposición se limitan a referirse vagamente al europeísmo. Y no es porque no haya en España gentes capaces de estudiar los problemas económicos; las hay con capacidad que no tiene nada que envidiar a la de los técnicos extranjeros. No es casual, ni consecuencia de nuestra mejor organización y preparación, que los comunistas, junto con un grupo de especialistas progresistas de diversas tendencias, hayamos sido los únicos hasta este momento en elaborar una política que aborda y propone soluciones concretas a los problemas económicos. Ello se debe esencialmente al hecho de que hoy aparecen con más claridad las posibilidades reales de una política democrática, avanzada, antimonopolista y antifeudal que las de una política inspirada en el mantenimiento de las actuales estructuras oligárquicas.

En realidad, desde el verano de 1956, y todavía más acentuadamente desde el Plan de Estabilización de 1959, en España asistimos a una tentativa oligárquica de eludir las transformaciones democráticas que el retardo histórico presenta ya como inaplazables, tratando de abrir camino a un desarrollo neocapitalista, copiando miméticamente los pasos dados por otros países capitalistas en un nivel distinto de desarrollo.

Esta tentativa ha estado rodeada de circunstancias mucho más favorables de las que podían soñar en 1959 los tecnócratas del Opus: el boom del turismo, las remesas de los emigrantes, el maná de los dólares fáciles.

Y, sin embargo, ni esas condiciones favorables ni los ritmos de crecimiento sumamente altos de estos años han conseguido lo que ciertos economistas llaman el «despegue», el desarrollo «automático» y «autosostenido». Seguimos inmersos en la autarquía y la inflación.

La viabilidad de un desarrollo neocapitalista no sólo no se ha confirmado, sino que ofrece tantas o más dudas que hace diez años.

Frente a ella la opción por un desarrollo democrático, antifeudal y antimonopolista se presenta rodeada de un prestigio y de probabilidades cada vez mayores. Aunque para transformar esas probabilidades en realidades siga en pie la cuestión previa del cambio de régimen.

CAPÍTULO VIII

Por un nuevo clima en las relaciones político-sociales. Por una nueva relación entre la izquierda y la Iglesia

(Del libro Nuevos enfoques a problemas de hoy, publicado en 1967.)

Superación de los sectarismos y de los clichés del pasado

Quizá esta voluntad de alcanzar un nuevo clima en las relaciones político-sociales esté hoy más extendida de lo que a simple vista parece. ¿Por qué ensimismarse en el pasado, por qué encadenarse a él, cuando tantos fenómenos nuevos, tantas posibilidades de futuro se ofrecen a nuestra atención y a nuestra actividad?

Cierto que el logro de ese nuevo clima exige la superación de tenaces sectarismos, de rutinarias formas de pensar, de arraigados reflejos condicionados ante corrientes ideológicas y políticas. Para crear ese nuevo clima, para introducirlo en la vida española, hay que captar todo lo que ha cambiado, lo que está cambiando y lo que inevitablemente va a cambiar.

Hay que colocarse en una actitud de curiosidad, de búsqueda, saliendo de los caminos trillados.

Hay que voltear las ideas hechas, la noción de que si antes las cosas sucedieron de una manera es imposible que ahora sucedan de otra. Se impone rejuvenecer y actualizar las posturas al nivel de los problemas, las necesidades y las tareas de hoy.

Los comunistas nos esforzamos por lograrlo. Consideramos que la política de reconciliación nacional, nuestro nuevo enfoque del problema católico, del papel y la autonomía de los movimientos de masas; nuestra disposición al diálogo, incluso con sectores que se hallan muy lejos de nuestras convicciones; la superación de todo espíritu de revancha y nuestra voluntad de lograr un determinado grado de entendimiento nacional en torno a la consecución y mantenimiento de las libertades políticas, son demostración de que actuamos sinceramente por un nuevo clima en las relaciones político-sociales del país. En esta dirección marchamos sincronizados con la mentalidad predominante hoy en las grandes masas y, particularmente, en las nuevas generaciones.

El libro Cartas del pueblo español publicado por el señor Gil Robles y un grupo de amigos políticos del ex líder cedista, podría representar una aportación positiva a esta renovación del ambiente político. Aunque contiene ideas muy contradictorias que disminuyen el alcance de ciertas de las soluciones avanzadas en él, dicho libro refleja una evolución considerable en algunas personalidades de la derecha. El señor Gil Robles y sus amigos se pronuncian por la democracia, el pluripartidismo, una Asamblea Constituyente, las autonomías regionales; por un sindicato obrero unitario y una reforma agraria cuya finalidad fundamental... debe ser el disfrute de la tierra por los hombres que la trabajan. En el libro se afirma: «Todo indica que nos acercamos a uno de los períodos críticos de nuestra historia, en el que habrán de someterse a completa revisión muchos principios e instituciones que nuestro egoísmo ha elevado a la categoría de dogmas.» «La alternativa —dice Gil Robles— es clara: o transformación radical por vía evolutiva o revolución violenta.» La evolución de las posiciones del señor Gil Robles es considerable, hasta el punto de que si en 1934, la fuerza derechista que él acaudillaba hubiese tenido las posiciones defendidas hoy por él no hubiera habido movimiento revolucionario en octubre de ese año, ni sublevación fascista en julio del 36; la República del 31 se habría mantenido y consolidado. Aunque todo lo que se dice ahora hubiera sido mucho más convincente de haber estado precedido por un enfoque autocrítico del pasado, los términos de Cartas del pueblo español aportan a la polémica política un son más a tono con los tiempos que vivimos.

Un esfuerzo muy serio debe ser hecho por cada uno de los sectores que desempeñan, o están llamados a desempeñar un papel en el desarrollo nacional, pues aún hay muchos sectarismos, muchos prejuicios que extirpar en diversos campos si se quiere alcanzar ese nuevo clima.

Más adelante nos referiremos al grosero sectarismo integrista que sigue dividiendo a los españoles en lobos y corderos, según estén en contra o a favor del orden político-social existente.

Pero existen también sectarismos, prejuicios rutinarios, anteojeras que estrechan la visión en otros sectores. Aunque el anticomunismo virulento, irracional, reaccionario ha perdido en España mucho terreno, todavía persisten sus influencias en el comportamiento de gentes que se consideran demócratas y progresistas.

Hoy, ese tipo de sectarismo anticomunista resulta —sean o no conscientes de ello quienes lo practican— una perniciosa contribución al mantenimiento de las formas políticas fruto de la Guerra Civil. Además puede ser la amenaza más seria para el futuro desenvolvimiento democrático y pacífico de España.

Ese tipo de anticomunismo existe, por ejemplo, en algunos dirigentes emigrados del PSOE y esteriliza muchas de sus actividades, pesando como losa de plomo sobre el propio crecimiento de su partido.

Ha habido, sin duda, errores y faltas de nuestro lado —y del de ellos— en nuestras relaciones pasadas. Puede que fuese de cierta utilidad un examen retrospectivo, crítico y autocrítico de una parte y de otra. A condición de que tuviera la finalidad de desbrozar el terreno para establecer un clima nuevo de comprensión y colaboración. Mas ese examen crítico y autocrítico del pasado, proyectado hacia el porvenir, no podría ser, de ninguna manera, el proceso unilateral y arbitrario que se nos hace frecuentemente en las publicaciones y discursos de los dirigentes emigrados del PSOE —proceso al que nosotros respondemos, en general, con el silencio para no envenenar más las cosas— que nadie puede tomar en serio y que no reporta ningún beneficio político a nuestros arbitrarios jueces.

Porque, en definitiva, ¿cómo pueden cohonestarse las denuncias de nuestra pretendida voluntad de absorción, de monopolio, de dictadura, si cuando más fuerza hemos tenido, cuando las tentaciones de ese género podían haber sido más incitantes para nosotros —durante la guerra—, quienes han estado a la cabeza del gobierno han sido, precisamente, los socialistas, gozando de nuestro apoyo?

Mientras los socialistas tenían la presidencia del gobierno, los Ministerios de Defensa, de Aviación y Marina, de Gobernación, de Estado, de Hacienda, de Justicia —es decir, todos los ministerios de más poder— nosotros ocupábamos solamente el de Agricultura, y alternativamente, el de Trabajo o Instrucción Pública.

Jamás hemos utilizado nuestra fuerza —pese a ser ésta real y efectiva— para reclamar más puestos en el gobierno. Nunca hemos intentado capitalizar la ayuda soviética —la única real que tuvo la República— para presentar reclamaciones de ese género. E incluso si tuvimos dos carteras fue accediendo a las exigencias del PSOE, y no porque nosotros las pidiéramos ni condicionáramos a la participación ministerial nuestro apoyo y nuestra aportación a la lucha.

Hay que plantearse los problemas del presente y del porvenir. Si se quiere poner término a la dictadura franquista e instaurar la democracia, si se desea marchar hacia el socialismo, ¿cómo puede compatibilizarse eso y el anticomunismo virulento y cerril?

La política española está comenzando a tomar un viraje, un nuevo punto de partida. Debemos desechar los clichés del pasado y centrarnos en la nueva perspectiva. Ésta tiene dos batientes.

El primero, que se abre sobre el paso de la dictadura a la democracia. Para transponerlo, sin reproducir una situación de violencia, hace falta un contrato mínimo entre el más amplio reparto de fuerzas, que consagre la aceptación de dirimir las querellas políticas en el marco de instituciones auténticamente democráticas. Nadie debe ser excluido a priori del derecho a participar en la vida pública dentro de ese marco. Se autoexcluirá únicamente a quien no lo acepte, a quien se aferre a la dictadura e intente prolongarla a toda costa. En ese cuadro debe respetarse el derecho de todos los grupos, los fuertes y los débiles. Los de izquierda y los de derecha. Es evidente que para llegar a tal resultado se impone desechar los lemas de Guerra Civil, los esquemas dominantes durante estos años. Hay que reconocer el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes.

El segundo batiente de la nueva perspectiva abre paso hacia la culminación y el desarrollo de ese sistema de libertades políticas con la realización de la democracia económica, mediante la reducción de los privilegios y finalmente la supresión de la oligarquía financiera y terrateniente. La marcha democrática y pacífica hacia este régimen requerirá el concurso de todas las fuerzas progresistas que, unidas, sentarán así los jalones de la futura sociedad socialista.

Los comunistas no disimulamos nuestra voluntad de ir al socialismo, aunque su realización no sea para mañana.

Nunca aceptaríamos un compromiso que pretendiera atarnos al régimen social presente; el consenso, el compromiso que nosotros estamos dispuestos a establecer y mantener se refiere al respeto y a la defensa de las libertades democráticas; de ninguna manera al sistema social capitalista.

Veamos cuál es nuestra actitud hacia algunos problemas, de los más importantes para la creación de ese nuevo clima en las relaciones político-sociales de nuestro país.

Un nuevo enfoque de las relaciones entre las fuerzas progresistas, la Iglesia y el catolicismo

Tradición integrista y tradición anticlerical. Uno de los más candentes, para toda la izquierda, es el problema de la Iglesia y del movimiento católico. Aquí las tradiciones están vivas y se resisten a ceder. Hay toda una historia negra detrás. Desde que la nobleza y la Iglesia se unieron para expulsar a los árabes y realizar la reconquista, el catolicismo ha sido un instrumento de la política de Estado. Primero con la aristocracia feudal, y más tarde, cuando esa clase y la burguesía hicieron el compromiso, la Iglesia ha contribuido decisivamente a estrangular todas las empresas renovadoras. La enfeudación de la Iglesia al Estado reaccionario continúa hasta el día de hoy; después del Concilio Vaticano II, Franco sigue reservándose el privilegio de designación de los obispos, y éstos —salvo una minoría que tiene nuestro respeto— carecen de toda independencia real frente al poder temporal fascista.

Así, históricamente, las fuerzas democráticas han topado siempre con la Iglesia, cuando han tratado de desplazar del poder a las fuerzas reaccionarias. Y la Iglesia y las huestes por ellas influidas han formado las fuerzas de choque de la reacción.

Unas veces se quemaba a los herejes, otras ardían conventos e iglesias.

Tradicionalmente, la reacción clerical ha lanzado las más fulminantes anatemas contra liberales, progresistas y masones, y modernamente contra socialistas y comunistas. A la inversa, las fuerzas progresistas han cargado contra el oscurantismo clerical, desviando a veces su atención de adversarios de más entidad y peligro.

El último de estos trágicos choques fue la Guerra Civil de 1936-1939. Los obispos, con excepción de monseñor Múgica y monseñor Vidal y Barraquer, vasco uno y catalán el otro, levantaron al clero y a las masas católicas contra la República, apoyando a Franco. En carta colectiva tristemente célebre se bautizaba la guerra de los ricos contra los pobres como «cruzada en defensa de la cristiandad contra el comunismo». Los obispos saludaban en aquellos tiempos, levantando el brazo a la manera fascista y se retrataban en esta postura para la prensa. Con excepción del clero y los creyentes vascos y de algunas personalidades de otros puntos de España, la Iglesia y el movimiento católico estuvieron, en peso, al lado del fascismo.

Ello explica el anticlericalismo del campo republicano y las manifestaciones extremas que tomó en muchos casos.

Posteriormente, el régimen y la Iglesia han continuado largos años mezclados, confundidos. La reacción contra este compromiso ha sido tan profunda que ha penetrado y se ha extendido en el propio mundo católico, en proporciones nunca conocidas en España. Ha ido creciendo un anticlericalismo católico. En los movimientos obreros y juveniles católicos se inició lo que puede considerarse, hasta cierto punto, como una revuelta contra el integrismo y la confabulación con el régimen. También en el clero, en el joven y en sectores del clero ya maduro. Incluso en algunas jerarquías. La acción de Juan XXIII, la encíclica Pacem in terris, luego el Concilio Vaticano vinieron a dar confianza y ánimo a este sector renovador. La alta jerarquía de la Iglesia española se vio forzada a esbozar algunos gestos de reserva hacia el régimen, pero sin hacer ningún cambio profundo en su orientación fundamental. Ésta es la hora en que esa jerarquía todavía no ha tenido el gesto de pronunciarse ante el país por una medida tan elemental, incluso desde un punto de vista puramente cristiano, como la amnistía. Hay obispos que siguen actuando de comparsas de Franco en las fantasmales Cortes de procuradores. Cuando el gobierno reduce a nada el proyecto de libertad religiosa, inspirado tímidamente en los acuerdos del Concilio Vaticano, las jerarquías le respaldan con su silencio. El famoso Esquema XIII³ ha pasado para ellas como si jamás hubiese sido aprobado. Si la Policía golpea a los sacerdotes que acuden a dar testimonio de lo que en ese esquema se defiende, la alta jerarquía les abandona y prácticamente les reprueba. Por último, ante el recrudecimiento de la represión contra las fuerzas democráticas, la alta jerarquía no sólo aprueba con su silencio, sino que colabora, haciendo su propia represión contra los militantes de Acción Católica, consiliarios y clero conciliar. La destitución de los redactores de Signo por la asamblea episcopal es uno de los episodios más escandalosos de dicha represión.

Frente a tal conducta ¿cuál ha sido la de los comunistas? Claro que hemos criticado la política de las jerarquías reaccionarias. ¿Cómo hubiéramos podido abstenernos de ello? Sin embargo, paralelamente, hemos hecho cuanto humanamente hemos podido para ayudar a nuestro pueblo a superar los viejos sectarismos, para terminar con el foso cavado, no por nosotros, entre creyentes y democracia. Cuando monseñor Guerra Campos hizo en el Concilio un discurso, con el cual no cuadra mucho, que digamos, su conducta posterior, lo publicamos en una de nuestras revistas y lo comentamos favorablemente. Se trataba de un obispo, de una alta jerarquía. Nuestra actitud ante ese discurso prueba que nuestra intención no es enfrentar a los católicos con sus jerarquías. Que lo que deseamos, como muchos seglares y sacerdotes, es una evolución de las posiciones de la jerarquía, a tono con el aggiornamento. Podíamos haber tomado otra posición, podíamos haber aprovechado la responsabilización de la Iglesia con el franquismo para arremeter contra toda ella. ¿Quién nos lo hubiera reprochado? Hubiéramos continuado la línea tradicional de la izquierda contra el reaccionarismo de la Iglesia. Ni Ecclesia, ni los periódicos de la Editorial Católica que preside con su autoridad monseñor Herrera, nos hubiesen atacado más de lo que nos atacan ahora.

Pero nuestro interés no está en ayudar a los integristas católicos, a los reaccionarios que confunden el altar y el trono de Franco, a mantener indefinidamente la Iglesia como un instrumento de la reacción. Y si hubiéramos atacado a la Iglesia en conjunto, habríamos hecho el juego a los integristas. ¡Sí, éstos preferirían que los comunistas y la izquierda enarboláramos el viejo anticlericalismo; preferirían que llamásemos a quemar iglesias y conventos, a fin de volver a confundir fácilmente reacción y religión, contrarrevolución y cruzada! Son mucho más cristeros que cristianos.

Cuando propugnamos la comprensión y la hermandad entre comunistas y católicos para hacer más habitable este valle de lágrimas; cuando saludamos las posiciones democráticas de ciertas jerarquías, sacerdotes o seglares y proclamamos la lealtad de los militantes católicos, obreros, estudiantes e intelectuales; cuando enfocamos con un criterio positivo el aggiornamento y afirmamos nuestra voluntad de respetar el sentimiento católico y la actividad de la Iglesia en su marco específico; cuando nos empeñamos en superar las violencias y los conflictos del pasado, los integristas nos responden con la fábula infantil del lobo y el cordero, ellos que han sido tantas veces lobos contra el pueblo y que son lobos contra sus propios correligionarios desde el instante en que éstos no aceptan la orientación reaccionaria y la confusión entre Iglesia y dictadura.

Quién hace más daño a la Iglesia y al catolicismo español, ¿los que propugnamos una actitud de respeto hacia ellos, o las jerarquías que se obstinan en volver la espalda al presente y al futuro y sueñan con resucitar los tiempos de la España martillo de herejes?

Nosotros hemos declarado ya hace tiempo que no estamos dispuestos a aceptar la provocación del sector integrista de la jerarquía. No iremos al terreno del sectarismo y la violencia, no atizaremos ninguna hoguera. Ha surgido un movimiento renovador dentro de la Iglesia que trata naturalmente de revitalizarla, pero a la vez de darle un nuevo espíritu, de liberarla de la dominación y de la utilización instrumental que han hecho de ella las clases dominantes; de superar la tentación constantiniana; de marchar por la senda del aggiornamento y del progreso. Ese movimiento tropieza con dificultades, con fuertes resistencias. Pese a su considerable importancia es minoritario dentro de la Iglesia, aunque quizá no en el mundo católico. Sigue un camino de zarzas y espinas que se parece en ciertos aspectos al que seguimos los comunistas en la lucha por la libertad. Pues bien, nosotros definimos nuestra posición hacia la Iglesia y el catolicismo español tomando preferentemente como referencia ese movimiento, al que pertenece el porvenir, y no los ultras integristas que están, como el franquismo, condenados por la historia. Es una opción que a ciertas mentalidades tradicionales de la izquierda puede parecer arriesgada y peligrosa. ¿Y si los ultras aplastan a los progresistas? —se nos objeta—. Si los ultras aplastan a los progresistas, ello podrá suponer la prolongación de una causa de tensiones suplementaria en la sociedad española, pero los perdedores, en definitiva, no seremos nosotros, será la Iglesia misma, que habrá aplastado las únicas fuerzas que, al renovarla, pueden prolongar y mantener su influencia en amplios sectores populares.

¡Hay que desapasionar, hay que liberar la lucha política en España de interferencias religiosas! Ésa es una de las condiciones para crear ese nuevo clima político-social que propugnamos y que necesita España.

Sobre la pretendida Iglesia del silencio. Los integristas —y en ciertos casos no sólo ellos, sino otros católicos mal informados— nos reprochan a veces la situación de lo que se llama —cada día menos, es verdad— la «Iglesia del silencio». Podría replicárseles que el ejemplo más acabado de Iglesia del silencio —del silencio ante la opresión, la injusticia y el abuso de los poderosos— es la que representan la mayoría de nuestros obispos. Pero no nos negamos a abordar serena y objetivamente la cuestión, sobre todo de cara a los católicos que honestamente tienen dudas y que nos dicen: «Estamos de acuerdo con vosotros cuando habláis de convivencia, respeto mutuo y colaboración, pero ¿qué sucede en los países comunistas?»

En alguno de los países donde gobiernan los comunistas sucede aproximadamente lo que podría suceder en España en la hipótesis de que triunfase una revolución socialista en presencia de una Iglesia dirigida por obispos franquistas como los actuales, con una mentalidad semifeudal y semicapitalista, considerando el socialismo como una sociedad diabólica a la que hay que fulminar y aniquilar en nombre de la fe.

Es indudable que la coexistencia entre una Iglesia integrista y el socialismo es un problema arduo y difícil. Ésa es la causa principal de muchos de los conflictos que surgen entre la Iglesia y el Estado en algunos de los países socialistas, donde la Iglesia, por esa orientación, se transforma en el instrumento principal de los grupos sociales que aspiran a la restauración capitalista.

La Iglesia húngara y sus jerarquías heredadas de los tiempos de la dictadura hortysta, y encabezadas por el cardenal Mindszenty, eran precisamente un ejemplo de Iglesia integrista, defensora de las viejas formas sociales. Igual podríamos decir de la Iglesia polaca de Wiszinsky, que en el Concilio Vaticano II estuvo, como buena parte de las jerarquías españolas, en las filas de la minoría integrista.

Pese a esas posiciones, la Iglesia funciona en dichos países con libertad y goza de subvenciones por parte del Estado. Los conflictos con éste tienden a resolverse, y ya habrían sido definitivamente superados, si no fuera por las incursiones reaccionarias que a veces se permiten en el terreno político algunos de sus dignatarios.

La cuestión reside en saber si la Iglesia puede o no dejar de identificarse como tal Institución con el sistema capitalista. Tras el Papa Juan y el Concilio Vaticano II se ha iniciado una orientación que puede ir en ese sentido. Ahí está el quid para una coexistencia entre el Estado socialista y la Iglesia católica o cualquier otra Iglesia. La coexistencia, e incluso la colaboración —en el caso de la guerra contra el hitlerismo y la lucha por la paz— del Estado soviético y la Iglesia ortodoxa son un ejemplo positivo, demostrativo de que ello es posible.

Examinando críticamente la experiencia de las relaciones entre Estado e Iglesia en los países socialistas, no cabe duda de que también los comunistas podemos sacar lecciones y experiencias provechosas para nuestra conducta actual y futura hacia la Iglesia.

Los comunistas tomamos en cuenta ahora para elaborar nuestra posición las nuevas perspectivas abiertas por Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Queremos partir de ellas, más que de las luchas del pasado y de los residuos pasionales que esas luchas han dejado. Dichas perspectivas apuntan la posibilidad de una alianza de comunistas, socialistas, cristianos y otras fuerzas para la defensa de la paz; la posibilidad de que la Iglesia no se interponga colectivamente en el camino hacia el progreso y el socialismo. Hoy se habla de los otros curas refiriéndose a los portadores de las nuevas tendencias conciliares. En este sentido podríamos hablar de la otra Iglesia; de la que se expresa, como lo ha hecho el publicista católico Enrique Miret Magdalena en estos términos: «Debíamos meditar también ante la realidad socialista en el mundo de hoy, como ha hecho el benedictino Sebastián Moore, confesando que constituye el primer intento efectivo, desde el sistema feudal, de constituir una sociedad humana completa y la facilidad que encontramos en condenar este intento partiendo de principios teológicos, debería ser para nosotros una señal de peligro.»

A ningún católico debería ofender que hablemos de otra Iglesia. Por ello entendemos no sólo otra postura social no enfeudada a la sociedad dividida en clases explotadoras y explotadas, sino una actitud menos primitiva, más conciliar, en la propaganda religiosa. Las formas con que, en ciertos momentos, la Iglesia ha tratado de arrancar a las masas de la influencia revolucionaria, apelando a milagrerías, exorcismos y manifestaciones espectaculares dirigidas a suscitar más que el sentimiento religioso, la superstición y el primitivismo, no ayudan a hacer progresar las relaciones entre movimientos históricos, que uno desde bases político-sociales, y otro desde bases religiosas, se proponen ir más allá de la sociedad capitalista.

Del mismo modo, los comunistas debemos evitar incurrir en las formas también primitivas que la propaganda ateísta ha podido tomar en algunos momentos, olvidando la profunda observación hecha por Engels: «No se acaba con una religión que ha sometido al imperio romano y que ha dominado durante mil ochocientos años la parte mayor, y en mucho, de la humanidad civilizada, limitándose a declarar que es un tejido de absurdos fabricado por impostores.»

En definitiva, lo que quiero afirmar es que no es una fatalidad inevitable que en España se repitan, entre la democracia —y en el futuro entre el socialismo— y la Iglesia, ni los conflictos que ha habido en el pasado, ni los que pueden surgir todavía hoy en ciertos países socialistas. La experiencia debe y puede servirnos a unos y a otros. Mas para ello hay que aplicarse, de una parte y de otra, a modificar el clima en que se han desenvuelto y aún se desenvuelven las relaciones mutuas. Eso es lo que nosotros en nuestro terreno, y las tendencias católicas conciliares en el suyo, nos esforzamos por hacer en España. Para nosotros, desde nuestro ángulo, es fundamental acertar con un nuevo enfoque del problema de las relaciones con la Iglesia y el mundo católico. Para ellos se plantea el mismo problema, desde el suyo.

En este orden de cuestiones, nosotros consideramos con toda simpatía la ruptura del aislamiento tradicional entre los países socialistas y el Vaticano. Que hombres de Estado, comunistas, como el camarada Podgorny, se entrevisten con el Papa; que Cuba mantenga relaciones normales con el Vaticano; que Yugoslavia las reanude, nos parecen pasos positivos, que no significan ninguna renuncia ideológica, pero que entran en el cuadro de ese nuevo enfoque más actual, realista y favorable a los intereses humanos, de las relaciones entre socialismo e Iglesia.

No subestimamos las dificultades que todavía se alzan en esa dirección; pero las dificultades no deben llevarnos a renunciar. Tenemos que registrar, e incluso contribuir a afirmar, una serie de hechos nuevos que deben entrar en línea de cuenta a la hora de definir nuestra actitud.

Las corrientes de renovación teológica cobran nueva fuerza. El Dios simplificado y primitivo del catecismo, el Dios de la resignación en la tierra y de las bienandanzas en el cielo, presentado durante siglos por la Iglesia, no podía satisfacer a los creyentes de una época en que el hombre va al cosmos y puede realizar lo que antes se consideraba milagro, con su trabajo y con su ciencia; en una época en que los medios fabulosos de comunicación, aun fragmentaria y mistificadamente, contribuyen a llevar el conocimiento y la cultura a las amplias masas. Toda una serie de esquemas dogmáticos que mantenían la buena conciencia de los católicos poderosos y la resignación de los católicos pobres se han venido al suelo.

Según las decisiones del Concilio Vaticano II, el capitalismo y la sociedad dividida en clases explotadas y explotadoras han dejado de ser considerados por la Iglesia como el orden natural inmutable, contra el que es pecado alzarse.

Yo no sé si todo el mundo se percata de lo que significan esos cambios para España. Pero quizá sea suficiente, para aproximarse a su valoración exacta, decir que si se hubieran dado antes de 1936, el putsch militar de Franco no se habría producido, o, en todo caso, no se habría transformado jamás en guerra civil. Y si, jugando con las hipótesis, un Concilio semejante al Vaticano II hubiera tenido lugar contemporáneamente a la gran Revolución francesa, en España no hubiera habido quemas de conventos. Todo esto, naturalmente, pertenece al dominio de lo especulativo, pero sirve para presentar de una manera más gráfica la significación que los cambios habidos en la Iglesia pueden tener para España.

Al abrirnos hacia el movimiento católico nosotros no nos separamos de nuestra posición de clase: nos mantenemos en ella. No hace falta recordar que en el pasado, cuando las condiciones no eran las mismas y el movimiento católico, en lo fundamental, se identificaba con la reacción, ya el Partido Comunista, desde su actitud marxista-leninista, combatía el anticlericalismo pequeñoburgués, que consideraba el súmmum de las medidas revolucionarias la disolución de la Compañía de Jesús, mientras dejaba incólume el poderío del capital financiero, la aristocracia latifundista y el viejo aparato del Estado.

En su trabajo La posición del partido obrero ante la religión Lenin recordaba que:

[...] Engels condenó más de una vez los intentos de los que querían ser «más izquierdistas» o «más revolucionarios» que los socialdemócratas e introducir en el programa del partido obrero el reconocimiento del ateísmo en un sentido que significaba la declaración de guerra a la religión.⁴

Mas hoy el problema se plantea en un terreno diferente, mucho más claro: entre comunistas y católicos comienza a desvanecerse —y deseamos que se desvanezca totalmente, para lo que es también muy importante nuestra posición de apertura— la barrera que representaba la religión, manipulada como un instrumento de las clases dominantes frente a toda política revolucionaria. Concebida y utilizada así, la religión era un arma potente de división de las clases trabajadoras; convertía a una parte de éstas en la reserva de masas del capital financiero y los latifundistas. La política de unidad de las clases trabajadoras se detenía en la década de 1930, bien que contra nuestra voluntad, en esa barrera. Hoy, no sólo nosotros, sino los católicos conciliares luchan por allanarla. ¿Cómo no vamos a apreciar en toda su importancia este hecho, que puede ser fundamental para abrir un camino seguro hacia la democracia y el socialismo?

Y no hay en eso ningún oportunismo de nuestra parte, puesto que cuando nos dirigimos a las masas católicas no ocultamos, igual que cuando nos dirigimos a los trabajadores o intelectuales de otras tendencias, que queremos marchar con ellos hacia la democracia, hacia la revolución antimonopolista y antifeudal, hacia el socialismo.

La unión del pueblo, la alianza de las fuerzas del Trabajo y de la Cultura, no puede hacerse en España excluyendo a los trabajadores y a los intelectuales católicos.

De lo dicho se deduce que nosotros concebimos para la colaboración de católicos, comunistas y otras fuerzas democráticas un terreno preferencial: el social y el político, es decir, el plan de las realizaciones prácticas a que se refería en su encíclica Juan XXIII. Claro que esa colaboración no será posible con todos los católicos, sino con aquellos que se sitúan en una orientación democrática o progresista. Muchos —si no todos, casi todos— de los miembros de la oligarquía financiera y terrateniente se proclaman católicos. Y sin embargo no existe ninguna posibilidad de colaboración entre ellas, como tal clase, y nosotros. Pero en nuestra misma situación están miles de católicos, incluidos hoy no pocos sacerdotes, que podrán coincidir a las horas de misa en la iglesia con aquéllos, sin que esa coincidencia pueda repetirse de ningún modo en el terreno político-social.

En ese sentido no ocultamos que lo que importa, en primer término, es que la religión no divida al pueblo —utilizando una expresión que tiene la preferencia de algunas jerarquías— entre lobos hambrientos y reivindicativos, y corderos mansos y resignados. La respuesta de Ecclesia a mis declaraciones a Le Figaro y a l’Unità se inspira precisamente en la voluntad de seguir utilizando la religión como un medio de dividir al pueblo. Yo no creo que a la masa católica le agrade hoy seguir siendo tratada como un rebaño necesitado de pastores, al que hay que defender de los lobos. Esos símiles podían ser comprensibles en épocas en que el pastoreo era una de las ocupaciones más corrientes y remuneradoras; en la nuestra rebotan contra el concepto de democracia y la tendencia natural de las masas trabajadoras a ocupar el lugar dirigente que les corresponde en la sociedad. Se comprende que al régimen franquista le interese que católicos y comunistas no se encuentren y no actúen juntos. Pero no entendemos qué interés puede tener en lo mismo la Iglesia, en tanto que institución intemporal.

Quizá a los redactores de Ecclesia les interese saber que también en la izquierda hay ultrancistas, que hablan aproximadamente como ellos y que cuando los comunistas hacemos una política de apertura hacia los católicos, nos advierten: «Cuidado, no seáis ingenuos, que los hombres de sotana son lobos; ahora se visten con la piel de cordero, pero en cuanto tengan ocasión os devorarán.»

Y si los ultras católicos se refieren a las quemas de conventos, a las persecuciones religiosas, nuestros sectarios no están cortos de argumentos y de razones; al contrario, les sobran. Sin necesidad de remontarse a las hogueras de la Inquisición, recuerdan que en su pueblo, en 1936, los fascistas escondían las armas en la iglesia y tiraban desde los campanarios con ametralladoras; evocan a los curas montaraces que se echaron al campo contra la República, con el fusil en la mano; a los que presidieron las ejecuciones de millares de antifascistas; a los que con el crucifijo rompían los dientes a los moribundos que no aceptaban confesarse; no han olvidado los conventos convertidos en cárceles, los largos años de represión con la complicidad de la Iglesia; la carta colectiva del Episcopado en junio de 1937, la colaboración de Iglesia y fascismo... ¡Y tantas otras cosas!

Nosotros tampoco hemos olvidado estos hechos, desgraciadamente muy serios. Ahora bien, nosotros, y los representantes del catolicismo español, tenemos que plantearnos seriamente el problema: para nuestras relaciones de hoy y de mañana, ¿es que vamos a tomar como punto de partida ese pasado, es que vamos a continuar esa tradición? ¿Vamos a retornar a las cruzadas y a las quemas de conventos?

Los comunistas nos resistimos a volver a ese pasado. En la Iglesia y en el campo católico fuerzas considerables, aunque sean muy minoritarias entre la alta jerarquía, piensan lo mismo. Las corrientes que impulsan el Concilio Vaticano II van en ese sentido. Y éstos son fenómenos venturosos para España.

La colaboración de católicos y comunistas en el terreno social y político, que comienza a ser una realidad pese a todas esas ridículas fábulas de lobos y corderos, ha contribuido decisivamente a iniciar el proceso de superación de los antagonismos históricos entre Iglesia y democracia. Las relaciones humanas y la solidaridad de clase entre comunistas y católicos han derribado muchas barreras. Nosotros deseamos ardiente y sinceramente mantenernos en ese terreno y abrir desde él la nueva etapa histórica que se anuncia en España. Por nuestra parte, insisto, no se trata de un ardid de guerra; ni de una posición táctica, sino de una orientación que yo llamaré «estratégica» para indicar toda su profundidad e importancia.

Dos Iglesias. Los comunistas no creemos en la inmutabilidad de nada. Todo cambia. La historia española nos ha mostrado muy frecuentemente a la Iglesia ligada, si no encabezando, todas las causas reaccionarias. Los que he llamado «sectarios de la izquierda» piensan que esto continuará sucediendo así por los siglos de los siglos, cuando menos, en tanto exista la religión. El traumatismo histórico sigue afectándoles profundamente. Sin embargo el cristianismo no ha revestido siempre las mismas formas ni ha jugado el mismo papel. Engels lo explica:

La historia del cristianismo primitivo ofrece curiosos puntos de contacto con el movimiento obrero moderno. Cómo éste, el cristianismo en sus orígenes era el movimiento de los oprimidos; al principio surgió como la religión de los esclavos y de los libertos, de los pobres y de los hombres privados de derechos, de los pueblos subyugados o dispersos por Roma. Ambos, lo mismo el cristianismo que el socialismo obrero predican una liberación próxima de la servidumbre y la miseria; el cristianismo traspone esta liberación en el más allá, en una vida tras la muerte, en el cielo; el socialismo la sitúa en este mundo, en una transformación de la sociedad. Ambos son perseguidos y acosados, sus adherentes proscritos y sometidos a leyes de excepción.

[...] Ya en la Edad Media el paralelismo de los dos fenómenos se impone cuando las primeras sublevaciones de los campesinos oprimidos y particularmente las de los plebeyos de las ciudades. Esas sublevaciones, como todos los movimientos de masas del Medioevo portaban necesariamente una máscara religiosa; se presentaban como restauraciones del cristianismo primitivo, tras una degeneración creciente [...] Esto apareció de manera grandiosa en la organización de los taboristas de Bohemia, bajo Juan Zizka... pero ese rasgo persiste a través de toda la Edad Media, desapareciendo poco a poco después de la guerra de los campesinos en Alemania para reaparecer entre los obreros comunistas después de 1830. Los comunistas revolucionarios franceses, lo mismo que Weitling y sus adherentes, se proclamaban partidarios del cristianismo primitivo...

El constantinismo hizo del cristianismo instrumento de un Estado opresor, e inició la conservatización de este movimiento, pero como explica Engels muchas empresas revolucionarias posteriores tomaron todavía las fórmulas del cristianismo primitivo.

En la época actual, la exacerbación de las contradicciones entre el imperialismo capitalista decadente y el socialismo en ascenso lleva al seno de la Iglesia y del movimiento católico la lucha de clases. Los trabajadores católicos no aceptan ya la resignación; muchos intelectuales católicos les comprenden y apoyan. La lucha de clases empieza a ser considerada como un fenómeno natural, inherente a la sociedad actual. De una manera comprensible, los sectores oprimidos de la sociedad que siguen a la Iglesia se vuelven hacia el cristianismo profético y rebelde de los primeros tiempos y extraen de él una parte de las razones que les ayudan a armonizar las viejas creencias y las nuevas posiciones de lucha.

Refiriéndose a esta situación, el reputado teólogo don José María González Ruiz ha escrito:

A pesar de la indudable preponderancia de la tendencia constantiniana en el catolicismo español, ha brotado, desde lo más profundo de nuestra realidad religiosa, una tendencia profética muy fuerte. La irrupción ruidosa de la tendencia profética ha puesto de relieve un hecho, a la vez angustioso y rico de esperanzas, que resulta inútil ocultar: dentro del catolicismo español hay dos Iglesias.

Según el padre González Ruiz, lo que divide a las dos Iglesias es:

[...] una posición básica ante el hecho social, económico y político. La Iglesia establecida se adhiere a la realidad social y económica del país, limitándose a predicar la salvación individual, mientras que la Iglesia conciliar considera que debe denunciar vigorosamente la situación, que estima, por su estructura, inmoral.

En realidad, el padre González Ruiz empalma en este juicio con la idea del Papa Juan sobre la Iglesia de los pobres; está en una onda semejante a monseñor Edelby, obispo de Damasco, cuando defendiendo las nuevas ideas conciliares declara que «la teología no puede ser el privilegio de una clase de la Iglesia».

Hay que decir que en el actual movimiento católico español, en su amplio sector progresista, las reminiscencias del espíritu profético y reivindicativo del viejo cristianismo se manifiestan en una concreta condena de la propiedad capitalista. Así, por ejemplo, la AST, de inspiración católica, proclama que «la plena promoción humana del trabajador es incompatible con el concepto de propiedad capitalista» y propugna la:

Propiedad social, que termine con el régimen de asalariado y que corresponderá a todos aquellos bienes que puedan dar como resultado una explotación por parte de sus propietarios sobre la comunidad.

Propiedad privada de todos aquellos bienes de uso y consumo necesarios para el normal desenvolvimiento de cada persona y de cada familia.

Y eso es lo que permite que los comunistas podamos hablar de nuestros hermanos católicos —sin referirnos, naturalmente, a los banqueros y a los grandes empresarios que se dicen católicos— como hemos hablado y hablamos de nuestros hermanos socialistas, no pensando, al decir esto, ni en Noske, ni en Scheidemann ni Tanner. En esos católicos no hay ni resignación, ni mansedumbre; la religión que ellos profesan ya no es exactamente aquella que Marx llamaba «el opio de los pueblos».

CAPÍTULO IX

La conquista de zonas de libertad y el papel de los líderes en los movimientos de masas

(Del libro Libertad y socialismo, publicado en 1971.)

Quiero subrayar la importancia que tuvo en 1956 nuestro planteamiento sobre la reconciliación nacional, que ha sido el punto de partida fundamental para el desarrollo de la lucha de clases, la aparición del nuevo movimiento obrero, de los distintos destacamentos del movimiento de masas, y la creación paulatina de las condiciones para una convergencia general contra la dictadura. La política de reconciliación nacional era el paso indispensable para superar los esquemas político-ideológicos, heredados de la guerra, que impedían la amplia unidad del pueblo. Se trataba de salir de la alternativa entre vencidos y vencedores, de las estériles concepciones revanchistas. Era el reconocimiento de una realidad: que al lado del franquismo, pasiva o activamente, consciente o inconscientemente, por diversas razones, había estado una parte del pueblo. Y que esta parte del pueblo —campesinos, capas medias e incluso obreros atrasados— habían perdido la guerra igual que nosotros, aunque figuraran en el ejército vencedor, porque los únicos beneficiarios de la victoria habían sido la oligarquía financiera y terrateniente y los nuevos ricos falangistas. En esas condiciones la división entre los que combatieron del lado republicano y del lado franquista, división que las fuerzas oligárquicas se empeñaban en perpetuar, perdía su significación. Volvía a reaparecer, por debajo de la ficción, la división real entre las clases explotadas y la oligarquía explotadora; y sólo la unión de las dos infanterías y de las nuevas generaciones que no habían hecho la guerra, pero que sufrían de sus resultados, podía permitir plantear la lucha de clases y la lucha democrática en el amplio terreno que iba a facilitar su desarrollo y su fortalecimiento.

A despecho de ciertas críticas izquierdizantes, la política de reconciliación nacional no sólo no abrió el camino a la conciliación de clases, sino que fue uno de los golpes más decisivos precisamente a la política de conciliación de clases que el franquismo pretendía realizar, apoyándose en los residuos mentales y sicológicos de la Guerra Civil y en la ideología fascista. La política de reconciliación nacional, de reconciliación del pueblo contra la oligarquía y su dictadura, abrió el camino al desenvolvimiento amplio de la lucha de clases, a una nueva diferenciación de las fuerzas realmente en oposición y en lucha en el país.

Con esa política nuestro partido demostró brillantemente su dominio del método dialéctico, su capacidad revolucionaria.

No es casual que a partir de ese momento —1956— la lucha obrera haya ido creciendo en proporciones considerables; que haya surgido y se haya desarrollado un movimiento cada vez más potente de la juventud estudiantil; que se haya abierto dentro de la Iglesia un proceso de diferenciación entre los integristas y las fuerzas de progreso; que hayamos comenzado a penetrar más profundamente en el campo.

Esa política creó las condiciones para que nuestro partido iniciara el proceso lento y complicado, pero tenazmente seguido, que hemos llamado «de salida a la superficie».

Salida a la superficie. Las zonas de libertad

Parece ser, según hemos leído en ciertos «papeles», que algunos de los que apoyaron y participaron en esta política de salir a la superficie la condenan ahora calificándola incluso de aventurera. Le atribuyen —¡hay que ver a qué extremos lleva la pasión desbordada!— ser causa de la represión del régimen. Es decir, un poco más y justifican la represión. Olvidan que cuando no estábamos en condiciones de salir a la superficie, ni de proponérnoslo siquiera, la represión franquista era todavía mucho más feroz; que no había detenciones ni procesos que no se saldasen con fusilamientos, cadenas perpetuas y torturas prolongadas meses y meses. Niegan un hecho real: que la represión ha ido retrocediendo, ablandándose precisamente a medida que el partido y el movimiento de masas han ido saliendo a la superficie. Pase todavía que piensen así algunos jóvenes izquierdistas que han nacido a la lucha ahora, que no han conocido la represión franquista en todo su apogeo, que sólo saben de esa represión en sus formas de hoy, y que creen que el modo de eludirla es la ultraclandestinidad. Pero que hablen así los que han conocido ambas etapas, la de ayer y la de hoy, no se explica de ninguna manera.

Cierto que la salida hacia la superficie representaba un riesgo deliberado. Significaba salir desde las catacumbas —es decir, del trabajo de pequeños círculos ultraclandestinos, de la distribución reducidísima de la propaganda, entre una ínfima minoría de iniciados; de la acción de militantes heroicos ocultos— a una actividad de masas, cada vez más abierta. Significaba ir descubriendo nuestras baterías; promoviendo militantes que se tenían que ir dando a conocer en el movimiento de masas, ir levantando la cabeza, con el riesgo, naturalmente, de ser golpeados.

Pero la práctica demostró rápidamente cuán justa era la aseveración de que la mejor defensa de los militantes frente a la represión es el movimiento de masas. Vimos enseguida cuán distinta era la situación de un militante arrestado en el curso de un movimiento de masas, arropado y sostenido por éstas, de la situación de los militantes de los anteriores grupos ultraclandestinos, aislados de las masas, cuando caían en manos de la Policía.

Esta orientación a salir a la superficie, ¿qué la ha determinado? Las mismas necesidades de la lucha y las condiciones objetivas que han ido creándose. Mientras la confrontación entre el régimen y las fuerzas democráticas se desarrollaba en un terreno alejado de las masas, como un combate entre un aparato de Estado fuerte y brutal y unos grupos audaces y casi invisibles de combatientes revolucionarios, ni podía concretarse la posibilidad de un cambio, ni el pueblo podía creer en su viabilidad.

Era necesario crear las condiciones para que el dilema entre democracia y franquismo apareciese con posibilidades de resolverse a favor de ésta. Hubo un momento, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en que la unidad de las fuerzas republicanas en la emigración, la existencia —aunque efímera— de un gobierno unitario en el exilio, junto con la lucha guerrillera dentro del país, plasmaban una alternativa democrática concreta al franquismo.

Muy pronto esta solución se esfumó. Y se hizo evidente que la alternativa democrática tenía que cuajar en el país mismo, tenía que materializarse y erguirse concretamente en España, frente al régimen, disputándole el terreno a éste.

Se trataba de ir conquistando, en el país mismo, zonas de libertad, bases de la lucha democrática. Las posibilidades para conquistar estas zonas o bases con la lucha armada no existían; lo habíamos comprobado prácticamente en años de lucha guerrillera. Era necesaria otra táctica, que podía dar resultados semejantes: la lucha revolucionaria de masas.

Los progresos hechos en este orden han sido lentos, pero seguros. Si observamos la zona de libertad conquistada por el movimiento obrero comprobaremos que ya es impresionante. De la huelga, delito de sedición según la ley, hemos pasado a la huelga como práctica corriente.

De la prohibición absoluta de toda reunión, de toda asamblea, a la imposición de asambleas y reuniones ya con frecuencia, en empresas, sindicatos, iglesias.

De la manifestación juzgada como delito de sedición, a la manifestación como práctica corriente de lucha.

De los sindicatos verticales corporativos como única organización sindical autorizada por la ley, pero inoperante, a las Comisiones Obreras como movimiento de los trabajadores articulado independiente, ilegalizadas por sentencia de los tribunales, pero impuestas por la práctica.

La zona de libertad así conquistada, impuesta en la lucha, por la clase obrera, es muy extensa si se mira atrás, a años aún no tan lejanos.

En el terreno de la lucha estudiantil, los cambios han sido también enormes. Del SEU fascista se ha pasado al movimiento estudiantil actual, con sus asambleas, sus paros, sus periódicos murales, sus manifestaciones.

Ahora en el campo comienza a desarrollarse un progreso semejante. Igual sucede con el movimiento de mujeres y los movimientos profesionales. La misma oposición burguesa se manifiesta también abiertamente en la superficie, a despecho de la legislación del régimen.

Los que habéis salido a otros países habréis tenido ocasión de comprobar que muchas veces nuestros amigos extranjeros no comprenden muy bien la situación de España. ¿Cómo es posible, preguntan, que, bajo la dictadura franquista se realicen luchas, se empleen formas democráticas en el movimiento de masas, semejantes en un todo a las que están legalizadas en los países de democracia? ¿Cómo es posible que los movimientos de masas envíen sus delegaciones a las conferencias internacionales como podrían hacerlo los de países democráticos?

Algunos observadores extranjeros explican esta situación como el efecto de una política de liberalización del mismo régimen franquista; e incluso los representantes de ése en las negociaciones internacionales tratan de apuntarse este tanto para disipar las reservas internacionales que rodean a la dictadura, indicando que ésta se halla en trance de evolucionar.

No es verdad que el franquismo se liberalice. Lo que presenciamos son los resultados de la orientación a salir a la superficie. Es decir, de crear, en la realidad, frente a las instituciones y a la realidad franquista, que subsisten formalmente tal como eran, zonas de libertad en las que la batalla contra el régimen se plantea desde un terreno sólido y concreto. En cierto modo se trata de levantar, frente al poder de Estado franquista, bases que pudiéramos llamar «de poder» y «de lucha democrática»; de extender y desarrollar estas zonas comiéndole el terreno al régimen. Hasta la experiencia española podía pensarse que frente a un poder fascista, apoyado en un aparato policíaco-militar, esas bases sólo podían lograrse por la lucha militar, liberando zonas geográficas. La experiencia española ha mostrado que esas bases también pueden crearse en determinadas circunstancias por medio de la lucha política revolucionaria de masas. Para el éxito de esta estrategia no basta la combatividad revolucionaria del partido y de las masas; tan indispensable como esa combatividad es una política muy audaz y abierta; que ablande ideológica y políticamente al adversario, que fomente las contradicciones en su seno; capaz de encontrar aliados que antes podían ser insospechados y de neutralizar, día tras día, la mayor cantidad de resistencias posibles. Nuestra combatividad no hubiera servido de mucho, con una política estrecha, dogmática, hecha a base de clichés.

Cierto que ninguna de esas zonas de libertad son conquistas definitivas; que unas y otras pueden ser puestas en entredicho. En un momento dado, las conquistas logradas en una empresa, en una localidad, en una rama profesional, o en una universidad, pueden perderse momentáneamente como consecuencia de la represión policial y patronal. Pero si una de esas zonas desaparece en un lugar, reaparece luego en otro, antes paralizado. En conjunto las zonas de libertad se van extendiendo y ampliando. Ahí están Granada y Yecla, y el metro de Madrid afirmándolo. La táctica de la lucha revolucionaria de masas en esta situación tiene mucha semejanza con la táctica de lucha guerrillera.

A medida que las zonas de libertad se van extendiendo en la geografía político-social del país, la situación del régimen se torna más apurada. Las masas comprueban en su práctica que es posible vivir de otra forma, que ellas pueden jugar un papel social y político activo, que el franquismo les niega. Cunde el ejemplo. Las fuerzas del régimen se sienten acosadas; una parte de ellas comprende que no pueden seguir gobernando de la misma forma y se distancian del poder. El régimen se presenta cada vez más débil, más impotente para oponerse a este proceso.

Esto no tiene nada de común con una liberalización; es una brecha abierta desde abajo, en lucha tenaz, rompiendo las resistencias. Si se tratase de una liberalización desde arriba el régimen se adelantaría a los acontecimientos legalizando ciertas formas de acción, tratando de asimilar lo logrado por las masas. Pero vemos que no sucede nada de eso. Las instituciones siguen siendo formalmente las mismas instituciones fascistas; los principios siguen siendo también idénticos principios fascistas. Las leyes fascistas no se modifican. Este proceso de conquista de la democracia es una lucha desde abajo, contra el poder. En ese proceso de lucha, la clase obrera está en vanguardia, de manera indiscutible; pero con ella marchan cada vez más resueltamente los campesinos y las fuerzas de la cultura; ahora vienen a convergir también importantes fuerzas burguesas.

Todo este proceso no es una sucesión casual de acontecimientos; es el fruto de una estrategia política consciente, determinada. Ahí aparece, nítidamente, el papel dirigente del partido. Aunque en ese proceso intervengan también otras fuerzas y su contribución sea considerable, y aunque esas fuerzas sean cada vez más conscientes del mecanismo político-social en el que se integran, el mérito de la concepción, desde el principio; el mérito de la apertura de esa vía, en una situación muy distinta a la de hoy, en que todo comienza a estar claro, una situación en la que muchos no veían salida posible; el mérito de la iniciativa corresponde a la capacidad de nuestro partido para aplicar a la situación histórica concreta el método marxista-leninista. Por eso, junto al movimiento de masas, junto a otras fuerzas políticas, emerge a la superficie en esta situación, con una personalidad y una fuerza imposibles de negar, fracasados todos los intentos de aislarle y lanzarle al ostracismo, el Partido Comunista de España.

¿Acaso ha aparecido, en el campo revolucionario, una estrategia que pueda enfrentarse seriamente a la nuestra? No, ninguna. No hay ningún grupo político que proponga seriamente hoy cambiar, por ejemplo, la estrategia basada en la lucha revolucionaria de masas, por una estrategia de lucha armada. Si existieran un mínimo de condiciones objetivas para ésta no sólo habría grupos para proponerla, sino para realizarla. No los hay. A lo sumo, en algunos «papeles» izquierdistas se habla de la lucha armada como de una perspectiva lejana. Pero ¿y ahora? Para el futuro, nosotros no negamos que en uno u otro momento esa forma de lucha llegue a ser necesaria. Pero por el momento lo esencial es tener claridad sobre las tareas de lucha actuales. Y nosotros decimos y repetimos que hoy, a través de la lucha revolucionaria de masas, del establecimiento de alianzas y convergencias, hay que ir ampliando las zonas de libertad, haciendo recular al adversario, creando las condiciones para la ofensiva decisiva contra la dictadura, para la huelga general y la huelga nacional.

La única estrategia que de verdad se opone hoy a la que nosotros preconizamos, es una estrategia reformista, aunque se encubra con frases revolucionarias; es la renuncia a la lucha revolucionaria abierta de masas, la renuncia a salir a la superficie a disputar el terreno frente a frente al enemigo, el retorno a la ultraclandestinidad; en definitiva, la vieja concepción reformista de realizar primero una labor de concienciación, de educación, a través de «papeles», seminarios y otras formas académicas, para poder más tarde —¿cuándo?— empezar la lucha.

Esa concepción es cien por cien reformista porque significa abandonar todas las posiciones conquistadas por el movimiento de masas para volver a las catacumbas; dejar el terreno libre al adversario.

El franquismo se frotaría las manos de gusto si esta concepción prosperase. En el mejor de los casos, esa táctica equivaldría simplemente al abandono de la iniciativa política por parte de la clase obrera, al paso de la dirección de la lucha democrática a manos de la burguesía.

Tales posiciones pueden, ciertamente, encubrirse con las más retumbantes frases revolucionarias; pero no pasan de ser puro reformismo, se disfracen como se disfracen.

Nosotros hemos estado en las catacumbas; hemos hecho prácticamente solos la guerrilla. Pero era otra época, la época en que se fusilaba simplemente por militar en una organización clandestina del partido. A través de un camino de lucha y sacrificio, el partido y las fuerzas antifranquistas han superado esa situación.

¿Significa eso que nos opongamos a los seminarios, a la agitación y propaganda escrita y hablada? No, puesto que nuestro partido es el que más seminarios y cursos realiza, y el que más propaganda escrita publica y difunde. Pero nuestro partido tiene en cuenta el principio leninista de que las masas y los revolucionarios se educan particularmente en la misma lucha; que las otras son formas complementarias. La conciencia revolucionaria de las masas y los líderes revolucionarios no crecen en el invernadero de los seminarios, de las élites aisladas; crecen en la acción. Y la práctica de nuestro país lo ha confirmado una vez más.

La táctica escogida para salir a la superficie ha exigido la combinación ágil de las posibilidades legales y de las formas extralegales; la existencia de una vanguardia, cada vez más numerosa, dispuesta a aceptar los riesgos del combate. La concepción leninista de la vanguardia no tiene nada que ver con las ideas elitistas de ciertos pequeños grupos aislados. La idea de la élite entraña el menosprecio, la separación de las masas, la subestimación de su papel. La concepción de vanguardia dimana del papel determinante de las masas, de la necesidad de ser parte de éstas, de mantener el contacto más estrecho con ellas, de saber dar a veces un paso atrás para poder dar dos pasos adelante.

La necesidad de líderes

Nunca como en esta situación las masas y la vanguardia han necesitado líderes, dirigentes probados, estables, capaces de orientar el movimiento y de garantizar su continuidad. El enemigo de clase lo sabe bien y por eso reprime a los líderes, los encarcela, los licencia del trabajo, les persigue sañudamente. ¿Cuántos cientos, si no miles de dirigentes del movimiento de masas, a uno u otro nivel, han sido arrestados o licenciados de sus empresas, expulsados de sus universidades, a fin de ponerles fuera de combate? Si se hiciera la cuenta de estos casos, desde 1962, por ejemplo, la cifra sería enorme y ella nos explicaría las dificultades que, en uno u otro momento, han encontrado en su desarrollo las Comisiones Obreras y otros destacamentos del movimiento de masas.

Por eso resulta absurdo e incomprensible escuchar en ciertos casos críticas contra el liderismo o el burocratismo en la dirección de los actuales movimientos de masas.

Los que tales críticas hacen no tienen idea de lo que es el mal del liderismo o del burocratismo. Ese mal puede darse en los movimientos legales y sobre todo en los movimientos que están en el poder, cuando la posición de líder puede reportar un estatuto social privilegiado para quien la ejerce. Por su parte, el burocratismo necesita también para proliferar unas estructuras políticas, económicas y sociales determinadas. Pero ¿cuáles son hoy los privilegios de los líderes? El despido, el expediente, la prisión. Con estos privilegios sólo están dispuestos a ser líderes, con todas las consecuencias, los hombres más abnegados, firmes y valerosos. Los mejores, en todos los sentidos. En estas épocas los carreristas, los ambiciosos no suelen venir a las filas del movimiento revolucionario; buscan su carrera en otros campos o permanecen achantados esperando tiempos mejores.

No hay peligro tampoco de que se forme una capa de burócratas en un partido o un movimiento ilegal. Ciertas gentes que hablan hoy de burocracia de nuestro partido o no saben lo que ese término quiere decir, o son malvados. Es verdad que en el partido hay funcionarios retribuidos, revolucionarios profesionales. Pero los militantes del partido que perciben hoy un salario de éste, ganarían el doble haciendo su oficio de obreros calificados, técnicos o profesionales. Aceptar hoy un puesto de revolucionario profesional significa un verdadero sacrificio, en el orden económico, y como privilegios y preeminencias la cárcel, largas condenas y torturas o la emigración.

La selección de los cuadros y los dirigentes en condiciones como las nuestras ofrece las mayores garantías de desinterés, abnegación, combatividad y entrega completa a la causa.

Cuando hay errores en el trabajo de uno u otro órgano en un momento determinado, cuando hay camaradas que no saben ligarse acertadamente a las masas, que carecen de receptividad, de iniciativa y amplitud de criterio; cuando hay dogmatismo, sectarismo u oportunismo, llamémosle así, por su nombre, sin aplicarle adjetivaciones que como las de liderismo y burocratismo son una transposición mimética, injustificada, de términos que no tienen nada que ver con nuestra situación y problemas reales.

Hoy, el partido y el movimiento de masas necesitan decenas, centenares de líderes, con autoridad, prestigio e influencia, totalmente entregados a la lucha, capaces de renunciar a todo interés personal. ¡No caigamos en la bobada de confundir la condena de lo que se ha llamado «culto a la personalidad», fenómeno mucho más profundo y complejo, con la actitud anárquica y demoledora contra todo principio real de organización! Sin organización, sin dirigentes, no hay partido ni movimiento de masas. Defender a los dirigentes frente a la represión policíaca y patronal, frente a las calumnias del enemigo, es una necesidad vital. Lenin, criticando el extremismo de izquierda que oponía líderes y masas artificialmente, decía que esto es un absurdo ridículo y una imbecilidad. «Lo más divertido —añadía— es que, de hecho, en el lugar de los antiguos jefes que se atenían a las ideas comunes sobre las cosas simples se destacan (encubriéndolo con la consigna de “abajo los jefes”) jefes nuevos que dicen tonterías y disparates que escapan a todo calificativo.»

En las condiciones de nuestra lucha, ni siquiera surgen jefes nuevos que digan tonterías; surgen aspirantes a jefes que esperan, para ejercer su jefatura, que la tormenta escampe, la represión cese y el papel de jefe no tenga tantos sinsabores: «Camaradas, hemos escogido deliberadamente la estrategia y la táctica que nos están permitiendo emerger a la superficie. El camino ha sido espinoso y difícil. Pero que ése ha sido el camino que lleva hacia la victoria de la democracia en nuestro país nadie podría negarlo hoy seriamente.»

CAPÍTULO X

La justeza de la estrategia del PCE. Cambios positivos de la Iglesia y un sector del capitalismo. Las triquiñuelas de los ultras y burócratas para alargar la agonía del régimen

(Del libro Hacia el posfranquismo, publicado en 1974.)

En España, en esta fase se agota un régimen de dictadura fascista, un sistema político. Y se agota, por un lado, como consecuencia de la lucha de las masas, de la clase obrera, los campesinos, los profesionales, los estudiantes; y por otro, a causa del desarrollo de nuevas estructuras capitalistas, que se han corporizado bajo su manto y con su apoyo, pero que necesitan, para continuar su progresión, un juego político social menos cerrado, menos rígido que el actual. Prueba de esto: los sindicatos y la legislación laboral del régimen son un obstáculo; lo hemos visto cuando os hablaba de las relaciones con los sectores capitalistas. El régimen es incapaz de resolver el problema de la universidad, que interesa al pueblo, pero que desde otro ángulo interesa también a las clases dominantes. Las instituciones y los mecanismos políticos han perdido toda credibilidad, el régimen es incapaz de asegurar la paz, el orden que fueron los grandes leitmotivs para justificar su persistencia.

Los que han negado viabilidad a la línea del pacto para la libertad olvidan siempre este segundo factor que interviene en la crisis del régimen: las contradicciones entre éste y las nuevas estructuras capitalistas. Su criterio es lo menos dialéctico, lo menos marxista que imaginarse pueda: «Como dichas estructuras han crecido bajo este régimen, con su protección, dicen, no pueden entrar en conflicto con él.» O en otras palabras: «Si los capitalistas han hecho y hacen grandes beneficios bajo este régimen, ¿qué interés tendrían en deshacerse de él?»

La respuesta a esta objeción podría también darse en términos muy simples: el interés de hacer beneficios todavía mayores. El interés de desarrollar y fortalecer aún más las estructuras económicas capitalistas.

Pues debe estar claro que el paso de la dictadura a un régimen de libertades políticas no significa automáticamente la liquidación del beneficio capitalista, ni del sistema social capitalista. Y en un régimen de libertades, incluso con una relativa elevación del nivel de vida de los trabajadores, los grandes capitalistas pueden hacer beneficios mayores y acelerar el proceso de concentración de la propiedad, en su provecho, naturalmente.

Siempre hemos dicho que para nosotros las libertades son la apertura de un proceso de profundización de la democracia, de su aplicación al terreno económico y social, de la marcha hacia el socialismo; una plataforma que nos permitirá ligarnos a las masas de todos los descontentos de la explotación del capital monopolista, y en primer lugar a la clase obrera, para unirla y organizarla a fin de ir a la transformación radical de la sociedad.

Pero esto no será automático; requerirá una amplia batalla de clase, en la que confiamos, a fin de cuentas, lograr el triunfo, sin que éste nos esté garantizado por el simple hecho de obtener las libertades sino por nuestra capacidad para saber utilizarlas revolucionariamente.

En esta batalla el capitalismo tiene sus propias bazas; seríamos necios si no tuviéramos conciencia de ello, si creyéramos que con la caída de la dictadura va a quedar desarmado. En España hay bases americanas; en España el ejército —y en general el aparato del Estado— incluso aunque ahora facilitase el tránsito a un sistema de libertades, son instituciones burguesas. El capitalismo tiene además recursos económicos, políticos e ideológicos considerables. Se va a defender. Y promoverá hombres y formaciones políticas decididos a hacerlo en el nuevo terreno.

¿Vale la pena, entonces, dirán algunos revolucionarios con muchas erres, luchar por las libertades, si no van a traer aparejado automáticamente un cambio social?

Parece increíble que sea necesario contestar a esta pregunta en un país fascista.

¿No vale la pena que el Partido Comunista salga de una ilegalidad casi permanente y pueda realizar su labor a banderas desplegadas?

¿No vale la pena que las Comisiones Obreras y otros grupos obreros salgan de la clandestinidad, actúen abiertamente y agrupen a la clase obrera en una Confederación de trabajadores, de clase, independiente y unitaria?

¿No vale la pena que los campesinos tengan el derecho a crear sus organizaciones propias, a reunirse y a manifestarse libremente para defender sus derechos y su dignidad de hombres y ciudadanos, frente a la explotación de los monopolios, a la política hostil del poder y a la corrupción burocrática que les ahoga hoy?

¿No vale la pena que la lucha por una universidad y un sistema de enseñanza moderno, democrático, que interesa a estudiantes, profesores y al pueblo entero pueda desenvolverse plenamente, en condiciones de libertad?

¿No vale la pena que las luchas de barriada y locales por la urbanización, la enseñanza, la asistencia médica, la vivienda, la ecología, la calidad de la vida, en una palabra, puedan ser realizadas sin la amenaza de caer bajo la acusación de subversión?

¿No vale la pena acabar con la censura de prensa, libros, cine, teatro, para que el pueblo tenga la posibilidad de conocer la verdad y los creadores de dar la medida plena de su talento y sus capacidades superando las frustraciones a que se ven condenados hoy?

Esas libertades serán de por sí una gran conquista. Y, de todas maneras, sólo alcanzándolas conseguiremos que las grandes masas tomen conciencia de sus limitaciones reales y de la necesidad de superarlas llevando la democracia a sus últimas consecuencias, al socialismo.

Por un gobierno provisional de amplia coalición que sea a la vez un gobierno de reconciliación nacional

Es necesario que el partido tenga una gran claridad sobre el carácter de la situación, las tareas que se desprenden y el orden de prioridades en la selección de objetivos.

Somos el partido del socialismo, del comunismo, de la toma del poder por la clase obrera y sus aliados históricos. En este sentido educamos a nuestros militantes, a los trabajadores, a la juventud revolucionaria. El proyecto de manifiesto-programa que nuestras organizaciones están debatiendo expone cumplidamente cuál es nuestra misión, nuestra perspectiva.

Pero es necesario saber distinguir entre la labor de educación, entre la propaganda comunista de carácter general, y los objetivos concretos correspondientes a cada fase, a cada etapa de la lucha. Cuanto más claros, más precisos estén esos objetivos, más seguro será nuestro caminar hacia el futuro socialista. Debemos ser capaces de disipar toda confusión entre uno y otro.

Y hoy es menester comprender que el objetivo inmediato, de cuya realización depende todo el devenir, es un régimen de libertades políticas democráticas. No es el socialismo, ni la democracia popular, ni siquiera un gobierno de izquierda. Es la liquidación de la dictadura, un gobierno provisional de amplia coalición democrática, que dicte la amnistía, restablezca las libertades políticas y sindicales y convoque elecciones libres a una Asamblea Constituyente.

Ese gobierno, insisto, no será ni socialista, ni de democracia popular, ni de izquierda; no debemos tener temor en decirlo. Ese gobierno ha de ser, en cierto modo, un gobierno de reconciliación nacional. En él podrán encontrarse los que hasta ayer fueron adversarios, hombres de derecha y hombres de izquierda, dispuestos a liquidar los residuos de la Guerra Civil y a presidir una consulta en la que todos los españoles puedan elegir los candidatos merecedores de su confianza para elaborar una Constitución democrática.

Ése es hoy el objetivo inmediato, concreto de nuestro partido; el objetivo que proponemos a la clase obrera, a las masas populares, a la nación entera:

¿Es posible hoy ese acuerdo, esa convergencia tan amplia? Es posible y, además, necesario.

Si estuviéramos en la Francia actual, o en el Chile de 1970, o en Italia, o en cualquier otro país de libertades democráticas, dicho objetivo carecería de sentido, no sería revolucionario ni realista.

Pero estamos en España, un país de régimen fascista, cosa que algunos compatriotas olvidan con frecuencia. Lo olvidan aquellos juristas instalados en la situación que organizan coloquios elitistas sobre la defensa de la intimidad, como si España fuese un país democrático, como si el problema número uno no fuese precisamente el de que las opiniones políticas y sociales que no coinciden con el grupo dictatorial, salgan del círculo de la intimidad, y puedan exponerse abiertamente. Y lo olvidan también aquellos grupos que se proponen como objetivo inmediato la democracia popular o el socialismo, subestimando la importancia de las libertades políticas y no comprendiendo la necesidad de conquistarlas para poder plantearse realmente fines más elevados.

La convergencia entre las fuerzas obreras y populares y sectores del capitalismo es posible, como hemos dicho, porque en esta fase se trata fundamentalmente de cambiar el régimen político, que en sus formas actuales es un obstáculo para unos y otros. Éste es un dato básico.

Otro dato es la influencia y la fuerza real del Partido Comunista. En sus declaraciones a un periódico francés, un dirigente del grupo Bandera Roja hacía este reconocimiento:

El Partido Comunista tiene tres bazas principales. Siendo el único de los partidos vencidos de la Guerra Civil de 1936-1939 que, desde el día siguiente de la derrota, ha reanudado su trabajo en el interior de España, posee una larga tradición de lucha. Su aparato es potente y sus militantes numerosos; si fuese legal podría presentarse como una fuerza igual a la del Partido Comunista Francés, e incluso a la del Partido Comunista Italiano. Su línea unitaria y democrática le permite, en fin, reagrupar y hacer converger sobre sus posiciones un gran número de fuerzas y de movimientos antifranquistas.

Tratándose del juicio de un grupo que, en otros aspectos, critica frecuentemente a nuestro partido, cobra más valor el reconocimiento de esas tres bazas. Pero ¿qué significa un partido de esas características, en un país donde en general los partidos políticos están en estado larvario, a consecuencia del sistema fascista y en el momento en que éste llega a su ocaso? Significa, en el momento actual, una fuerza que supera a la de cualquier otro partido político y que aparece ante el país, por su organización, guardando todas las distancias, en un plano de preeminencia comparable al de instituciones como la Iglesia y el ejército, o los grupos económicos capitalistas; es decir, como uno de los polos efectivos en torno a los cuales gravita la solución de los problemas actuales.

En el momento en que el sistema político fascista hace crisis, el Partido Comunista (por sus tradiciones de combatividad y resistencia, por su organización centralizada y eficaz, por sus raíces en la clase obrera y su influencia entre la juventud, por sus principios y su política) es una de las más sólidas realidades de la sociedad española.

Mañana, en las condiciones de la libertad política, podrá haber partidos multiclasistas que alcancen una fuerza electoral mayor que la nuestra. Es una posibilidad que teóricamente no cabe descartar. Pero en las circunstancias presentes, por las razones expuestas, el Partido Comunista polariza como ninguno la opinión popular democrática y antifranquista.

Y la realidad es que, para pasar de un régimen de dictadura a un régimen de libertades, la burguesía no puede evitar un compromiso con las fuerzas populares, con quien las representa más caracterizadamente. Incluso para forjar sus propios instrumentos políticos adaptados a un sistema de libertades, la burguesía necesita ese compromiso.

En 1930, la monarquía agonizaba, el partido obrero que concretaba ese papel de polarizador era el PSOE. Y hubo el pacto de San Sebastián. Pero ésta es ya otra época.

Los intentos de repetir esa alianza durante el franquismo no han faltado; pero ya no hacía el peso. Entretanto había habido la guerra, los años de resistencia. Y por un proceso histórico concreto, ese lugar lo ocupaba en la sociedad española el Partido Comunista.

Cierto, a pesar de nuestro papel en la guerra, ese lugar podíamos haberlo perdido. No nos está asignado por ningún designio mecánico y fatal. Todo dependía y depende de nuestra línea política. Lo decisivo ha sido nuestra política de impulsión del movimiento obrero unitario de lucha, nuestra capacidad para descubrir las formas más aptas al desarrollo de ese movimiento y para rodearlo del movimiento creciente de otras clases y capas sociales, los campesinos, los profesionales, los estudiantes; otros sectores medios; las barriadas, etcétera.

No es que nosotros seamos los únicos artífices de ese movimiento de masas que en los últimos tiempos estamos viendo crecer; no tratamos de atribuirnos méritos que no son exclusivamente nuestros. Pero el origen, la concepción que no sin lucha ha predominado en ese auge, los cuadros que han desempeñado un papel más decisivo en él, la mano que lo ha guiado más consecuente y certeramente, ¿a quién pertenece sino al Partido Comunista?

Ha sido nuestra línea política la que, superando el sectarismo anticlerical de la izquierda española, ha precedido y propugnado la necesaria colaboración entre los comunistas, las fuerzas democráticas y los cristianos. Antes de que la Iglesia hiciera su Concilio Vaticano II —¡años antes!— nosotros habíamos hecho ya el nuestro. Y eso en el ambiente ideológico español, condicionado por una historia reciente y pesada, cargada de conflictos, representaba una auténtica revolución en las ideas.

Fue nuestro partido quien, analizando la realidad concreta de España, resumió en una fórmula que no tenía antecedentes en el vocabulario marxista leninista —la reconciliación nacional— el camino para superar la división abierta entre las fuerzas del pueblo por la guerra, y promover una nueva correlación favorable a la democracia.

Los comunistas iniciamos la acción para poner en pie una alternativa democrática, que en Cataluña ha cuajado en la Asamblea y en otras zonas del país va adquiriendo, paso a paso, consistencia y realidad.

Nuestro partido ha elaborado una línea de trabajo en el ejército, y de acercamiento del pueblo y el ejército, partiendo no de experiencias y situaciones foráneas, ni de concepciones inmovilistas ligadas al pasado, sino de la situación concreta actual y de las tareas democráticas concretas y actuales.

Hemos sido nosotros quienes hemos dicho que en el contexto mundial de hoy la posibilidad de acabar con la dictadura podrá convertirse en realidad no sólo con una alianza del proletariado y las capas medias, sino a la vez por una convergencia entre estas fuerzas y la parte dinámica del capitalismo para la cual son ya una traba las estructuras fascistas; es decir, quienes hemos formulado la política de pacto para la libertad.

Paralelamente, el Partido Comunista de España, en la tradición internacionalista que siempre le ha caracterizado, se ha esforzado por abordar los cambios habidos en el movimiento obrero y comunista mundial, en el movimiento antiimperialista —como consecuencia de la existencia de catorce estados socialistas, del proceso de descolonización, del reforzamiento de la coexistencia pacífica y de los nuevos problemas surgidos de esta situación— con un enfoque nuevo, unitario, inspirado en el marxismo leninismo, a la vez que afirmaba su independencia y su carácter de partido nacional, en forma indubitable.

Cada uno de estos pasos ha sido impugnado desde posiciones verbalmente izquierdistas —por no hablar de las derechistas— y ha requerido, en el interior mismo de nuestras filas, una lucha ideológica y política viva y empeñada contra el sectarismo, el dogmatismo y el seguidismo, en unos casos; contra el liberalismo pequeñoburgués en otros. Esa lucha ha costado a veces desgarraduras, conflictos; ha habido camaradas incapaces de seguir el movimiento por incomprensión o por cansancio. Pero cada uno de esos pasos ha sido compensado por avances y éxitos ciertos, por una consolidación de nuestra influencia y nuestro papel, por una afirmación creciente de nuestro peso real en la política del país. Esos pasos han sido fundamentales, aunque, de momento, nos hayan creado problemas. Pero ¿cómo puede haber avances sin problemas? ¿Cómo puede haber progreso sin lucha?

Yo diría que el mérito fundamental de nuestro partido en estos años de franquismo, sobre todo a partir de 1956, ha sido el de avanzar en el dominio de la realidad española, de la problemática concreta de este período. Y a partir de ahí, el haber elaborado una política que engarzando con la tradición del Frente Popular y la guerra, pero no remedándola, no prolongándola con la aplicación de esquemas superados, sino innovando y afrontando creadoramente las situaciones nuevas, nos ha ayudado no ya a conservar la posición preeminente que logramos en el 36-39 en el movimiento obrero y popular, sino a reforzarla y consolidarla. ¡Podíamos haberla perdido! Otros partidos que en la resistencia contra el hitlerismo y en la liberación de su país consiguieron desempeñar un papel político importante la perdieron después. Lo mismo hubiera podido sucedernos a nosotros si no hubiéramos sido capaces de elaborar una línea justa, partiendo del análisis de la realidad concreta.

Lo decisivo es que en cada momento el partido se ha fijado objetivos que respondían a la situación; objetivos unificadores, democráticos, realistas, capaces de hacerse carne en las masas. Que el partido ni ha cedido ante el enemigo, ni ha hecho concesiones a la demagogia, a la impaciencia, a la frase revolucionaria.

Eso sigue siendo decisivo hoy también: que en el umbral del posfranquismo no perdamos la brújula. Que aparezcan para nosotros con toda claridad los objetivos democráticos y unitarios a cubrir en este momento. Que todo el partido se bata por ellos inteligentemente, resueltamente. Que no confundamos las fases, las etapas. Que descartemos toda tentación izquierdista. Que hagamos política. Política revolucionaria, que consiste hoy en no dejar perder la oportunidad de lograr la libertad por buscar la democracia popular o el socialismo cuando no existen aún condiciones dadas para ello.

Debemos hablar así claramente al partido, para que marche sobre sus pies en vez de andar de cabeza, para que consolide su posición en la vida política del país, que es tanto como consolidar la posición de la clase obrera, del conjunto de las fuerzas portadoras de la revolución socialista.

Las resistencias al pacto para la libertad y las posibilidades de maniobra del régimen

Cuando afirmamos la necesidad y las posibilidades reales del pacto para la libertad no ignoramos que existen fuerzas poderosas que se oponen a él.

En primer lugar se oponen los ultras. Su peso en la vida político-social ha disminuido mucho, si lo comparamos con el de hace algunos años. Pero siguen teniendo, junto con los elementos de la Falange, burocrática, una influencia preponderante en la Policía; algo menos en la magistratura y apoyo a ciertos niveles, en las Fuerzas Armadas. Poseen aún algunas posiciones residuales en la jerarquía de la Iglesia. No se puede subestimar la posibilidad de que el miedo al caos, en uno u otro momento, pueda llevar hacia ellos a elementos conservadores no específicamente ultras. Pero las posibilidades ultras disminuirán todavía más si el movimiento democrático de masas avanza en su ofensiva y si la opción planteada hoy al país —dictadura fascista o democracia— aparece sin confusión.

Se opone también al pacto para la libertad lo que se conoce como la «clase política del régimen». ¡Curiosa fauna! Son ellos solos los que ocupan la delantera de la escena. ¡Hay que verlos qué buen diente tienen, con qué voracidad muerden en el presupuesto y las prebendas y qué tarascadas se dan entre ellos mismos! Los veteranos, los que se sentaron en el banquete en 1939 y aún sobreviven han cedido, en parte, su lugar a los cachorros del Frente de Juventudes o a los tecnócratas de la nueva ola y parecen como boas, aletargadas por una interminable digestión, que ha hecho de muchos de ellos —abogados sin pleitos, licenciados de favor— hombres enormemente ricos. Si no, que lo diga Girón. Pero desde su rincón, en el Consejo Nacional o en las Cortes, velan con un ojo abierto por la intangibilidad de los privilegios adquiridos, que con fácil eufemismo han bautizado de «principios fundamentales del movimiento».

Sobre los menos veteranos y los jóvenes recae cotidianamente el espectáculo político. Son ellos los que ponen en escena la comedia de la apertura. Ellos los que bordan discursos y artículos sobre el asociacionismo, la reforma de la administración local, del reglamento de las Cortes; sobre el montaje de los mecanismos «democráticos» que pueden posibilitar la sucesión. Ellos los que empiezan ya a hablar más del Príncipe que de Franco. En su boca los términos de «democracia» y hasta de «socialdemocracia» son usuales. Todo ello sin romper el cordón umbilical —la Falange o el movimiento, la sublevación y la Guerra Civil.

Cuando hablan de asociaciones, ¿en qué piensan? ¿En legalizar las fuerzas reales que existen en el país? Hay que decir que muchos de ellos piensan, ante todo, en ganar tiempo, en retrasar el vencimiento de los plazos que la historia puede presentar en uno u otro momento, en distraer al país de las realidades. Pero de una manera general, los más audaces están pensando en asociaciones que cada una contenga a una de las familias del movimiento. Éste es ahora una nebulosa inconcreta que alimenta a un sector burocrático pero que no une a nadie. Los falangistas están dispersos en varios grupos; podrían transformarse en dos asociaciones, una más tradicional que recabaría la vieja doctrina y otra más moderna que jugaría a la socialdemocracia. Los de la Editorial Católica pondrían en escena un remedo de asociación democratacristiana. Por su parte, los franquistas del Opus protagonizarían algún grupo teñido de liberalismo y de europeísmo. Los que desertaron del carlismo al juanismo franquista tratarían de pasar por el nuevo requeté. Aún podría salir alguna otra asociación del cajón de sastre del movimiento e incluso de entre los falsos ingenuos que piden apertura. Tendríamos así un sucedáneo de pluralismo. Todo ello, con Juan Carlos por montera. ¿Quién habría de negarles entonces —como suelen decir ellos mismos— el acceso a Europa y su inclusión entre las democracias occidentales?

Y así, ¡a empezar una vida nueva, sin sobresaltos, sin sorpresas, siempre en familia, unidos en torno a los principios del movimiento, como acostumbran a denominar al pesebre común! Incluso para dar mayor latitud al juego político, para ir más lejos en la liberalización podrían cambiar el nombre de movimiento nacional cargado de resonancias fascistas, por uno más pragmático, mucho más liberal y hasta más tecnocrático, el de comedero nacional.

¿Cómo es posible que nosotros tratemos en broma lo que ellos se proponen en serio? ¿Acaso no estamos subestimando las posibilidades de maniobra del régimen?

Éste es un reproche que se nos hace a veces. Y en verdad que, si nosotros hemos subestimado en más de una ocasión las posibilidades de pervivencia del régimen, no creo que subestimemos las de maniobra. Toda la capacidad de maniobra del régimen se ha resumido en prometer y no dar y en pegar duro. El régimen ha demostrado así que puede aguantar mucho, más de lo que creíamos. Pero que tiene pánico a la más mínima modificación de sus estructuras; que sabe que en cuanto éstas comiencen a desenjaretarse por algún lado, puede ser el principio del fin.

Ha habido quienes supervalorando las posibilidades de maniobra llegaron a pensar que con Arias Navarro ya estaba el centrismo en el poder. También les impresionó el tono del discurso en las Cortes. Sin embargo, en el término de pocas semanas quedó claro lo que representaba el aperturismo de Arias.

Imaginemos que mañana se crean las asociaciones, esas asociaciones a que me he referido. ¿Cree nadie que las fuerzas de oposición van a tener acceso a esas formas de actividad legal?

Las primeras semanas, los primeros meses, el país podría distraerse con las nuevas denominaciones; pero hará falta muy poco tiempo para que se percatara de que son siempre los mismos, que persiguen lo mismo y que el juego democrático se reduce al mismo juego de salón, y que transcurre en los mismos salones.

Si el movimiento se ha desvitalizado es porque los grupos que lo formaron han perdido toda substancia popular y no son las asociaciones la fuente de Juvencia que se la va a devolver.

Sin añadirle prácticamente nada, esas asociaciones podrían, en cambio, acelerar su descomposición, pues la lucha por las prebendas, por los cargos, por el poder entre unos grupos y otros les incitaría a un lujo de enfrentamientos que el régimen no puede ya permitirse.

Por eso, a la vez que no tenemos ninguna confianza en ese género de aperturas, con este régimen, tampoco las tememos. A tal punto que no comprendemos la inquietud de algunas gentes que piensan que cualquier apertura puede perjudicar a las fuerzas obreras y democráticas, aislarlas, debilitarlas. Que por esas aperturas el centrismo va a seducir a una parte de la oposición democrática y va a consolidar al régimen.

Cualquiera que vea las cosas desde lejos podría pensar que lo que dice la clase política sobre la apertura es igual a todo lo que escribe la prensa o a lo que expresan ciertos políticos más o menos marginales u oposicionistas. Sí, es verdad que a veces se emplean, por cautela, las mismas palabras. Pero con frecuencia el significado que cada uno les da es muy distinto. Muchos hablan de abrir, convencidos de que en cuanto se abra la más mínima ventana, la corriente va a abrir el resto, ventanas y puertas.

Nosotros tenemos confianza en el pueblo español y en el auge irreversible de las corrientes democráticas y estimamos que cualquier apertura, por mínima que sea, reforzará en definitiva a la oposición y a las fuerzas más consecuentes de ésta, porque agrietará más al régimen y demostrará que el problema no es de aperturas, sino de rupturas.

Socialmente, tanto los ultras, como la clase política, representan ante todo los intereses de la burocracia franquista que aún tiene fuertes ramificaciones en el aparato de Estado; y los intereses de los sectores más especulativos, más aventureros de la burguesía, que hacen sus negocios apoyándose en la corrupción del sistema y cubriéndose con la sombra que, la falta de libertad y de representación, echa sobre sus manipulaciones.

La importancia de tales intereses no es de subestimar; pero precisamente la crisis y sus consecuencias pueden contribuir a reducirlos, a aislarlos y a batirlos.

Al mismo tiempo, conviene añadir que el centrismo de la clase política del régimen no es más que un falso centrismo. Póngase los adornos que quiera, es simplemente puro franquismo.

Desde el año 65, cuando nuestro Comité Central comenzó a analizar las corrientes evolucionistas y a discernir la posibilidad de que una parte derivara hacia la oposición, hasta el día de hoy, ha pasado mucha agua bajo los puentes. Estos evolucionistas que ahora juegan la comedia de las asociaciones son precisamente los que no han evolucionado, los que están donde estaban. Si dan la apariencia de una evolución, es para salvaguardar mejor el inmovilismo. Ya advertíamos en el VIII Congreso que la actitud de la clase política no es la expresión del centrismo, sino su caricatura.

Sin embargo, es necesario aportar alguna modificación al juicio que en el VIII Congreso hacíamos sobre el centrismo, juicio correcto en aquel momento, pero sometido a las alteraciones que una situación en movimiento, en permanente fluencia, requiere.

Sobre el centrismo, dadas sus características entonces, decíamos:

El centrismo, tal como se va definiendo, es una concepción del desarrollo político que consiste en utilizar el declive de Franco y el mecanismo sucesorio montado por éste, no para prolongar el poder de los ultras —como es la intención del Caudillo y desde luego de su eminencia gris, Carrero Blanco—, sino para establecer un sucedáneo de sistema representativo, con la legalización de algunas asociaciones políticas llevadas de la mano, algún remedo de libertad sindical, una vaga liberalización de las actuales Cortes y del Consejo Nacional y algún otro aditamento del mismo corte, coronado todo por la instauración de la monarquía juancarlista.

Refiriéndonos a las vacilaciones de algunas personalidades de la oposición de derecha —como por ejemplo Motrico— ante el fenómeno centrista y a una actitud bastante extendida entonces en la izquierda, como reacción frente a esas vacilaciones, añadíamos:

Observando estas vacilaciones hay quien da ya por hecho los propósitos centristas de impedir el pacto para la libertad, quien dice que la perspectiva neocapitalista ha derrotado ya a la perspectiva democrática, quien da por seguro el aislamiento de las fuerzas obreras y populares.

Esta actitud pesimista se guía más por la apariencia de los fenómenos que por su fondo.

La evolución en el centrismo

Si tuviéramos que comentar hoy el análisis de entonces habríamos de decir que las posiciones de un sector del centrismo ya no son exactamente las mismas, han avanzado políticamente y han avanzado, precisamente, en dirección del pacto para la libertad. Los pesimistas, los que daban por seguro el aislamiento de las fuerzas obreras, se han equivocado, una vez más.

¿Dónde podríamos situar las posiciones de la alta jerarquía de la Iglesia? Es cierto que la Iglesia no es un partido político, no hace programas políticos. Pero por su ubicación en la sociedad, aunque haya algunos obispos en posiciones de izquierda, la alta jerarquía está todavía más cerca de los medios capitalistas que de la clase obrera. Su evolución refleja aproximadamente la de ciertos medios capitalistas. Y hay que reconocer que la Iglesia se ha acercado seriamente a las posiciones de la alternativa democrática; que la toma de posición por la reconciliación de los españoles, por las libertades de asociación, reunión, expresión, por las libertades nacionales y por la amnistía; el enfrentamiento con el régimen en torno al problema nacional va mucho más allá de lo que era característico de las posiciones centristas según aparecían en el momento del VIII Congreso.

En los contactos con los medios capitalistas a que me refería anteriormente hemos comprobado que éstos no tienen ya ninguna confianza en las asociaciones, que reconocen la necesidad de partidos políticos y que la idea que ha ganado un terreno muy grande es la de que la realidad y el derecho a la legalidad del Partido Comunista es incuestionable. Cierto que en parte de estos medios todavía no se renuncia a Juan Carlos, aunque se le acepta en tanto sea capaz de enterrar la sucesión y de realizar una ruptura con el pasado dictatorial. A la vez, hay entre ellos quienes, como hemos visto, piensan que el padre puede hacer esa ruptura y presidir el paso de la dictadura a la democracia.

Lo más importante es el reconocimiento del Partido Comunista por estos sectores centristas, como un interlocutor con el que hablan, en cierto modo, considerándole el representante más calificado de la izquierda y, desde luego, de la clase obrera.

Por consiguiente puede hablarse de un desplazamiento indudable de sectores centristas hacia las posiciones del pacto para la libertad.

La dialéctica interna de esta nueva relación entre el partido y dichas fuerzas puede acelerar su evolución hacia actitudes en las que siendo su preocupación esencial salvaguardar el sistema social, acepten más decididamente la necesidad de liquidar el régimen político.

Y si el movimiento de masas sigue en aumento, si la unidad de las fuerzas democráticas en torno a la alternativa sigue progresando, si nosotros situamos cada vez con más claridad los objetivos de esta fase, ese desplazamiento se acentuará y cuajará en la convergencia que propugnamos.

En realidad, en el fenómeno centrista cada vez se distingue más, por un lado, lo que hemos definido como su caricatura, la actitud de la clase política que busca salvarse como tal, haciendo girar todo en torno al mantenimiento de los principios e instituciones del franquismo, y de otro lado las posiciones de los círculos capitalistas que van aceptando —no fácilmente, desde luego— que para dejar a salvo el sistema social hay que sacrificar los principios, las instituciones y hasta la clase política del régimen; hay que aceptar las libertades democráticas; hay que reconocer la existencia del Partido Comunista.

Estas posiciones empiezan a traslucirse en la prensa. Cierto que muchas veces confusamente alteradas y mezcladas con elogios de circunstancias al gobierno, con insustanciales saludos al aperturismo. Pero leyendo entre líneas se advierte en muchos casos una exigencia de democracia cada vez más apremiante. En la prensa van abriéndose también brechas, lo que es más significativo si se tiene en cuenta que se trata de una prensa orientada en gran parte desde el poder y severamente controlada.

La preparación del pacto para la libertad obliga a los dirigentes del partido, a diversos niveles, a dar pruebas de iniciativa y de audacia en la toma de contacto con los más amplios sectores. No siempre es fácil ni agradable. Pero hay que hacerlo. El pacto para la libertad no es un matrimonio por amor sino un acuerdo de circunstancias y de conveniencias. Lo importante es que sepamos lo que queremos, que tengamos confianza en nosotros mismos, en la firmeza y la capacidad revolucionaria de nuestro partido, en las masas.

La cosa es, en última instancia, bien simple:

Si el cambio político se produce en nuestro país con nuestra presencia entre las fuerzas que lo encabezan, habrá libertades democráticas y la clase obrera, con los comunistas al frente, se situará en línea de partida, de cara a las etapas que posteriormente habremos de recorrer.

Si los cambios se producen sin una participación del partido, no será la democracia y el partido quedará en una fuerza marginal, secundaria, sin el peso necesario para participar en el segundo round; es más, en el futuro próximo no habrá segundo round porque el primero, el de las libertades políticas, continuará sin ventilarse.

En realidad, en esa empresa nos jugamos el ser un gran partido, con vocación dirigente, capaz de situar a la clase obrera en el eje del devenir político nacional, o ser un partido marginal, estrecho, propagandístico, condenado a soñar años y años con una catástrofe mundial que haga sonar la hora H, en que el poder caiga en nuestras manos como una fruta madura. Pero con el riesgo de que esa hora H no suene jamás, o si suena, sea la hora del holocausto humano.

Hoy, en nuestro país, se puede parecer más oportunista, precisamente para ser más revolucionarios, para no perder las oportunidades de hacer de la clase obrera la clase dirigente de la nación, y se puede parecer más revolucionarios, para ser de hecho más oportunistas, más impotentes a la hora de disputar a la burguesía ese papel dirigente. Nosotros optamos por lo primero. La vida dirá quién tiene razón. Pero es una cuestión en la que hay que decidirse sin equívocos.

CAPÍTULO XI

La concepción marxista del Estado y la crítica del Estado Soviético

(Del libro Eurocomunismo y Estado, escrito en 1976. Este libro fue un ensayo destinado a explicar la vía democrática al socialismo, que provocó un amplio debate internacional.)

De todas formas en la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Marx descubre ya con gran claridad el contenido real del Estado:

En pocas palabras todo el contenido del derecho y del Estado, con pequeñas diferencias, es casi el mismo en América del Norte que en Prusia. Allá la República es una simple forma del Estado, como entre nosotros lo es la monarquía.

En La cuestión judía, insistiendo sobre la esencia del Estado, escribe:

El límite de la emancipación política se manifiesta inmediatamente en el hecho de que el Estado puede liberarse de un límite sin que el hombre se libere realmente de él y que el Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre.

Y en 1844, Marx y Engels en La sagrada familia afirman que el Estado democrático moderno:

[...] Se basa en la esclavitud emancipada, en la sociedad burguesa, la sociedad de la industria, de la competencia general, de los intereses privados que persiguen libremente sus fines, de la anarquía, de la individualidad natural y espiritual enajenada de sí misma.

Pero es seguramente en el Manifiesto comunista (1848) donde por primera vez se expresa de manera más terminante la idea básica del marxismo de que el Estado —todo Estado— es el instrumento de la dominación de una clase sobre otra; de que, para transformar la sociedad, el proletariado tiene que conquistar el poder del Estado, y de que éste desaparece, se extingue como consecuencia de la emancipación de los trabajadores y, con ella, de la desaparición de las clases.

El primer paso de la revolución obrera es la «elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia» —dice el Manifiesto—. Esto naturalmente no podía cumplirse al principio más que por una violación... del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción.

Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra.

El Manifiesto comunista resume ya la esencia de la teoría marxista sobre el Estado, la que, en grandes rasgos, sigue siendo válida hoy para los comunistas y para todos los socialistas que quieran transformar realmente la actual sociedad capitalista, por medios democráticos.

El Estado, incluso en los países democráticos, es en última esencia un instrumento de la hegemonía de una clase, del papel dominante de una clase, en la sociedad. Hasta en los países donde hay más libertades, el Estado es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra.

La experiencia del fascismo —y nosotros los españoles lo hemos sufrido largo tiempo en nuestra propia carne— muestra el aspecto más extremo, más intolerable, más repulsivo de un Estado. En el fascismo, la arbitrariedad no tiene límites; el crimen, la tortura, la destrucción física del oponente, la anulación de todo papel activo de las clases y grupos sociales que no son estrictamente los dominantes, la corrupción y el latrocinio, el desprecio a la cultura y su envilecimiento, la ausencia de toda regla ética y moral, son las leyes imperantes en la vida corriente. El fascismo es la forma más odiosa de la dominación de clase del capital monopolista.

Con la Revolución de Octubre en la URSS fue destruido un tipo de Estado; pero en su lugar ha surgido un Estado mucho más perfeccionado, es decir, mucho más potente, más organizado, con poderosos instrumentos de control que hablando en nombre de la sociedad se encuentra situado también por encima de ella.

Lenin, desarrollando siempre el mismo tema, escribía:

Pero aquí —en el Estado proletario— el órgano represor es ya la mayoría de la población y no una minoría, como había sido siempre, lo mismo bajo la esclavitud y la servidumbre que bajo la esclavitud asalariada. ¡Y desde el momento en que es la mayoría del pueblo la que reprime por sí misma a sus opresores no es ya necesaria una fuerza especial de represión!⁵

Y sin embargo el nuevo Estado surgido de la revolución se ve forzado a crear una fuerza especial de represión. Y bajo Stalin esa fuerza termina controlándolo todo: la sociedad, el resto del aparato del Estado incluido el ejército, el partido, e incluso extiende su brazo a los estados de democracia popular donde prosigue la represión organizando los monstruosos procesos de fines de los años cuarenta y comienzo de los cincuenta.

Lenin hablaba también de la burocracia y el ejército permanente que son «un parásito adherido al cuerpo de la sociedad burguesa, un parásito engendrado por las contradicciones internas que desgarran a esta sociedad, pero precisamente un parásito que tapona los poros vitales».

Sin embargo, el Estado creado por la Revolución de Octubre tuvo que organizar una burocracia y un ejército permanente; dio a esa burocracia privilegios que superaban el simple salario de un obrero y la hizo prácticamente tan inamovible como pueden serlo los funcionarios de un Estado capitalista.

Más tarde, Lenin mismo escribió las críticas más acerbas contra esa burocracia y contra los peligros de la burocratización.

Es decir, el Estado proletario ideal que Lenin había imaginado como un Estado en que el proletariado armado, la milicia popular, los funcionarios considerados como simples contables pagados como obreros, revocables, iban a reemplazar a la burocracia, al ejército permanente, y a los órganos especiales de represión, tras más de cincuenta años de poder, no se vislumbra aún por parte alguna. En su lugar ha crecido un poderoso aparato de Estado por encima de la sociedad, que es todo menos el Estado barato con que Lenin soñaba.

Si todos los estados son instrumentos de dominación de una clase sobre otra y en la URSS no hay clases antagónicas, no existe objetivamente la necesidad de reprimir a otras clases, ¿a quién domina ese Estado?

La Revolución de Octubre ha producido un Estado que no es evidentemente un Estado burgués, pero que tampoco es todavía el proletariado organizado como clase dominante, no es todavía una auténtica democracia obrera.

En el interior de ese Estado ha crecido y ha actuado el fenómeno estalinista, con una serie de rasgos formales similares a los de las dictaduras fascistas. Subrayo lo de los rasgos formales porque la esencia del régimen social soviético era y es radicalmente opuesta a la del fascismo, y esto no es sólo una apreciación teórica sino una verdad contrastada con la sangre de los pueblos de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Y la esencia revolucionaria del régimen social soviético se ha afirmado reiteradamente en la solidaridad con los pueblos que han luchado contra el fascismo y el imperialismo.

Por mucho tiempo, con la fórmula del culto a la personalidad hemos atribuido esos fenómenos a las características personales de Stalin y es cierto que las características personales de Stalin han pesado seriamente en esta cuestión. Los marxistas no negamos el papel de las personalidades en la historia. Pero ¿por qué una personalidad de las características de Stalin, no obstante haber sido denunciadas éstas por Lenin, logró imponerse? Es verdad que Stalin supo jugar con una habilidad suprema las contradicciones existentes entre los diversos grupos formados en el equipo dirigente del Partido Comunista de la URSS, sentar plaza de unificador e ir deshaciéndose de unos y de otros, de todos aquellos que podían interferir en su ascensión. Pero hay que preguntarse si el sentido práctico de Stalin no estaba más en consonancia con el tipo de Estado que se estaba formando en la realidad, con lo que Togliatti llamó el «sistema», con las realidades objetivas que le rodeaban, que sus opositores, sobre todo a partir del momento en que la enfermedad reduce las posibilidades de acción de Lenin y precipita su prematura muerte.

Es evidente que el fenómeno estaliniano, que ha sido una forma de totalitarismo, abundantemente utilizado por la propaganda capitalista, ha debilitado la fiabilidad democrática de los partidos comunistas entre una parte de la población de nuestros países.

La denuncia hecha por Jruschov de los horrores estalinistas quebranta momentáneamente todo el sistema montado por Stalin tanto en la URSS como en los países socialistas del Este. Sobrevienen acontecimientos como los de Hungría y Polonia en los que se forma espontánea y tácitamente un heterogéneo «frente nacional» contra el sistema estaliniano de dominación. Mientras en Polonia hay una oposición comunista a ese sistema capaz de enderezar la situación, en Hungría no sucede lo propio. Son las tropas soviéticas las que restablecen el orden: nuevo golpe para el prestigio internacional del comunismo, que repercute también sobre nuestros partidos.

Hay unos años en que Jruschov personifica un espíritu nuevo de apertura en la URSS hacia el exterior, de mayor libertad en el interior, que coinciden con éxitos como el lanzamiento del primer sputnik, la subida al cosmos de Gagarin, nuevos aires en la literatura y el cine soviéticos, depuración y mayor control de los órganos especiales de represión, una especie de primavera.

Un período que se traduce en una elevación del prestigio internacional de la URSS. Pero ese período termina pronto. Una especie de golpe de palacio depone a Jruschov, descubriendo sus errores cuando todos creíamos que había, por fin, una dirección colectiva corresponsable de lo bueno y de lo malo. Cierto que todavía bajo la dirección de Jruschov habían surgido los conflictos con China, tratados por aquél —a la luz de cuanto ha ido conociéndose— con indudable ligereza y torpeza, con métodos que arrojaban un tufo pasablemente estaliniano.

En realidad, una de las causas de la caída de Jruschov reside quizá en su incapacidad para transformar el aparato de Estado creado bajo Stalin, el sistema de poder político a que había aludido Togliatti, que acabó triturándole.

Ese sistema no se ha transformado, no se ha democratizado e incluso ha mantenido muchos de sus aspectos de coerción en las relaciones con los estados socialistas del Este, como fue puesto brutalmente de relieve con la ocupación militar de Checoslovaquia.

Han desaparecido las represiones masivas y aniquiladoras de tiempos de Stalin. Jruschov, depuesto, ha muerto en la cama en su casa. Ha sido un progreso, manchado por formas de opresión y de represión en ciertos campos —desde luego en el de la cultura—. Pero aún no nos hallamos ante un Estado que pueda considerarse una democracia obrera.

Esto afecta a la credibilidad de nuestro partido más, muchísimo más, que si en la URSS existiera realmente la dictadura del proletariado. Si las democracias burguesas tienen mucho de formal, también lo tiene la democracia obrera alcanzada hasta aquí por los comunistas.

Decir esto puede ser considerado por algunos camaradas que se resisten a confesar la verdad como un crimen de leso internacionalismo.

Pero hoy en el movimiento obrero y comunista, en el movimiento progresista, estas cuestiones se plantean más o menos abiertamente, según los casos y no por «la influencia de la propaganda burguesa» como suelen decir los conformistas, sino porque la evidencia de las realidades se impone.

Y ¿cómo vamos a ser los comunistas, que nos consideramos a justo título una fuerza de vanguardia, los últimos en admitir esa evidencia, en enfrentarnos con la realidad?

Hacerlo es además la única forma de prestar servicio a la causa del socialismo tanto en los países que han suprimido la propiedad capitalista como en los que la mantienen.

Ese tipo de Estado que ha surgido en la Unión Soviética, que no es ya un Estado capitalista puesto que no defiende la propiedad privada, que no es tampoco el Estado que imaginaba Lenin —los trabajadores ejerciendo directamente el poder— ¿cómo situarlo en una concepción marxista del Estado? Lenin hablaba de que el Estado en la primera fase del socialismo guardaría muchos de los contenidos del derecho burgués. Pero el Estado del que estamos tratando ha superado en ese orden las previsiones de Lenin. Ha guardado no sólo contenidos de derecho burgués, sino que ha llegado a deformaciones y degeneraciones que en otros tiempos sólo podíamos imaginar en estados imperialistas.

E insisto en que, al mismo tiempo, en una serie de problemas mundiales, ese Estado ha servido la política progresista propia del régimen social soviético.

Se trata de dos rasgos contradictorios, que no se excluyen, y no es posible tener en cuenta uno solo si quiere hacerse un análisis objetivo.

Todo ello plantea una serie de problemas de teoría y práctica política que interesa abordar y elucidar a todos los partidarios del socialismo, y en primer lugar a los camaradas soviéticos, con rigor y coraje. Resulta que el problema del Estado sigue siendo el gran problema no sólo antes, sino después de suprimir la propiedad privada.

¿Qué tipo de Estado?

En relación con el fondo de la cuestión no me considero en condiciones de dar una respuesta satisfactoria. Pero mi intención es apuntar una serie de datos para una reflexión más general, más avanzada sobre el tema.

Los maestros del marxismo hablaron de dos fases en la edificación del comunismo: la primera, la fase socialista, que resumieron en una fórmula clásica, a cada cual según su trabajo; la segunda, la fase del comunismo, es decir, a cada cual según sus necesidades.

A la primera correspondía la creación del Estado proletario, que representaría la más amplia democracia para los trabajadores. La segunda fase, el comunismo, vería la extinción del Estado, que iría a parar, según frase de Engels, al museo de antigüedades con la rueca y el hacha de bronce.

Pero en la práctica las cosas han demostrado ser mucho más complicadas. Y lo grave es que a una práctica mucho más compleja seguimos aplicando los mismos esquemas teóricos, con lo que el reflejo ideológico se distancia de la realidad y entra en contradicción con ella. El alejamiento entre la ideología y la realidad confiere a aquélla un carácter alienante, mistificador, propio de las relaciones entre ideología y práctica en la sociedad burguesa. El trabajador manual o intelectual, que aún no ha logrado recibir según su trabajo; que vive en condiciones difíciles; que es víctima de estructuras burocráticas; que está alejado de todas las decisiones sociales importantes, que, de una forma u otra, le vienen impuestas por el binomio Estado-Partido, que para él resume la potencia, el poder decisorio; ese trabajador que no ha salido todavía de la alienación no puede sentir que su vida se desenvuelve ya en el socialismo, aunque no le exploten capitalistas privados. Cuando le dan como justificación los esquemas ideológicos formados en un momento en que era imposible otra cosa que una generalización profética, no le satisfacen y puede comenzar a dudar del socialismo. Aún resulta peor si se le dice que ha comenzado la edificación del comunismo. Entonces se desahoga con chistes, de circulación tan corriente en algunos países socialistas, y cae incluso en la subestimación de los progresos reales, indudables, que ha logrado la sociedad en que vive, y que no pasando de ser eso, sustanciales progresos, se le presentan como socialismo evolucionado y hasta comunismo.

Solzhenitsin, que hoy recorre el mundo bajo las apariencias de uno de aquellos popes, medio profetas místicos medio granujas, que siglos atrás se lanzaban por los caminos de Rusia a anunciar el fin del género humano, el Apocalipsis, aterrorizando a los paisanos crédulos y retrasados y viviendo de ese menester; ese hombre, al lado del cual Pedro I parecería un peligroso revolucionario, puede ser la expresión extrema de la decepción y la desesperanza llevada hasta el odio más irrefrenable, producidos por el desfase entre el sueño y la realidad.

Pero la existencia de sujetos como el citado escritor hace temer que la ausencia o la insuficiencia de una crítica marxista de la realidad —porque el sistema estatal no le ofrece cauces abiertos— termine llevando a engrosar una oposición antisocialista, que arroje la criatura con el agua sucia, e impida o dificulte gravemente el crecimiento de las fuerzas capaces de modificar en sentido socialista la situación.

Hay que volver a la complejidad de ésta y a su contradicción con los esquemas simples.

En los establecidos por Marx y Engels no se tenían en cuenta, además de las dos fases citadas —socialismo y comunismo—, otra en que el poder del Estado creado por la revolución tuviera que acometer la realización de la acumulación capitalista originaria, indispensable para montar la moderna producción. Es decir, no se contaba con que el nuevo Estado se viese obligado a cumplir, antes que todo, una tarea típicamente capitalista, que no podía llevarse a cabo en un período corto y cuyo contenido no variaba fundamentalmente porque se la bautizase con el nombre de «acumulación socialista». Ya es sabido los sufrimientos que bajo el capitalismo provocó la acumulación originaria que, como Marx explica, significó la expropiación de los productores directos, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo propio; la explotación increíble del trabajo de niños y mujeres; el hacinamiento de millones de familias en los centros fabriles en condiciones infrahumanas; el saqueo de los pueblos coloniales...

Hay que plantearse si el tipo de Estado que se ha desarrollado en la Unión Soviética, y muy particularmente el sistema dictatorial ligado al nombre de Stalin, con todos sus excesos, sus atropellos y arbitrariedades, no es precisamente la consecuencia de esta función que consiste en realizar la acumulación originaria, en desarrollar a toda costa la industria moderna. Es cierto que una fracción de la clase obrera y de la juventud —la más consciente— participó en esa labor aceptando sacrificios ingentes, movida por el entusiasmo revolucionario. De ese esfuerzo grandioso han surgido algunas de las mejores obras de la primera literatura y el cine soviéticos que han levantado olas de romanticismo revolucionario en todo el mundo y que han mantenido encendida la fe de millones de proletarios en la revolución rusa. Y esta zona de voluntad y energía revolucionaria ha persistido, pese a todo, en los tiempos de Stalin y es la causa, al lado de las grandes realizaciones materiales y culturales de este período, de que no sea justo verlo a través, solamente, de su reverso.

Porque el reverso consistía en que esa acumulación, ese esfuerzo ingente para desarrollar rápidamente la industria moderna en un país atrasado, exigía enormes e inacabables sacrificios de la población trabajadora y que amplios sectores de ésta no estaban en condiciones de aceptar. He aquí la falla que ha afectado a la alianza entre los obreros y los campesinos y que ha llevado ineluctablemente a poner en pie un tipo de Estado que no reprimía solamente a las antiguas clases dominantes, sino a la parte del pueblo —numerosa por cierto— que no aceptaba aquellos sacrificios y que objetivamente estaba disponible para ser movilizada contra el nuevo poder.

Los fenómenos de la burocratización nacen no sólo de la tradición del Estado zarista, sino de esta situación imprevista por los teóricos. Marx, Engels y el mismo Lenin habían imaginado la dictadura del proletariado como un poder en que la inmensa mayoría reprime a la ínfima minoría y en que la organización de una amplia democracia obrera es incluso la condición para ello. En la práctica las cosas no pasaron así. Una gran parte de la población fue pasiva y una zona muy importante hostil. La democracia obrera fue reduciéndose y el mismo proceso se produjo en el interior del partido donde la aspereza de las contradicciones en la sociedad repercutió en una agravación de las disputas fraccionales que, Lenin muerto, ya nadie podía dominar. Así se desarrolló una capa burocrática que fue absorbiendo las funciones de dirección, convencida de que ella era la depositaria de la misión social de la clase obrera, la personificación de la dictadura del proletariado, pero que insensiblemente fue echando raíces, poseyendo sus propios intereses, moviéndose con arreglo a mecanismos y leyes objetivas, propias y específicas.

En un discurso pronunciado en el I Congreso de los Consejos de Economía Nacional de toda Rusia, el 26 de mayo de 1918, Lenin había dicho:

No cerramos los ojos ante la realidad de que solos, con nuestras propias fuerzas, no podemos hacer íntegramente la revolución socialista en un solo país, incluso si este país fuera muchísimo menos atrasado que Rusia, incluso si viviéramos en condiciones más fáciles que después de cuatro años de una guerra inaudita, dolorosa, dura y ruinosa.

La misma idea es repetida en otros momentos y Stalin, muerto Lenin, reconoce durante un tiempo que es imposible construir el socialismo completo en un solo país, y que el socialismo completo sólo se realizará cuando la revolución triunfe también en otros países desarrollados.

¿Qué relación hay entre esta idea, abandonada después, en términos de ideología, para proclamar en el XVIII Congreso la victoria del socialismo en la URSS (lo que no obsta para que más tarde se liquide físicamente, por orden de Stalin, a la mayor parte de los delegados a dicho congreso y se celebren los tristemente célebres procesos), y las características del Estado construido en la URSS?

Ese Estado ya no sirve la propiedad capitalista que ha desaparecido en la URSS. En ese sentido la capa burocrática no puede ser considerada como una clase capitalista. Ella no posee propiedad privada y la parte de la plusvalía salida de las empresas soviéticas que se invierte en su mantenimiento, es seguramente inferior a la que cuesta mantener a la burocracia de cualquier país capitalista. Sin embargo, la capa burocrática, a sus diversos niveles, dispone de un poder político inmoderado.

CAPÍTULO XII

El Pleno del Comité Central de Roma

(28 de julio de 1976.)

De la clandestinidad a la legalidad

El CC del PCE hace su presentación pública en Roma porque el gobierno anterior le negó permiso para hacerlo en Madrid, como hubiera sido nuestro deseo y nuestro derecho.

Hemos estado en la clandestinidad cerca de cuarenta años. A partir de hoy salimos a la luz. Faltan aquí, sin embargo, algunos de nuestros camaradas más valiosos: Simón Sánchez Montero, Francisco Romero Marín, Santiago Álvarez, Lucio Lobato, José Luis Nieto, todavía en prisión, y Horacio Fernández Inguanzo, en libertad provisional bajo fianza después de muchos años de encierro. Para ellos nuestro saludo más fraternal. Esperamos que pronto estarán libres con nosotros, y todos juntos en España.

Hace doce días un funcionario franquista, Martínez Emperador, aun sin oponerse a nuestra legalización —cosa que cada vez es de peor gusto, incluso en esos medios— nos recriminaba porque, según él, cuando estemos legalizados seguiremos utilizando la clandestinidad, lo que nos proporcionará doble ventaja. No sé de dónde ha sacado esta idea Martínez Emperador. Esta reunión prueba precisamente lo contrario: todavía somos ilegales y pese a eso nos decidimos a abandonar la clandestinidad. Afrontamos la doble desventaja.

¿Por qué corremos el riesgo? Precisamente para mostrar al país, incluso a los más furiosos anticomunistas, nuestra voluntad de jugar a plena luz; de desenvolvernos según las reglas de la democracia, de someternos a la fiscalización de la opinión pública, como deben hacer, en condiciones de igualdad, todos los partidos democráticos.

La batalla de la democracia, de la que la legalización del PCE es hoy un componente esencial, como está viéndose en la práctica, hay que librarla ante la opinión pública y con su participación directa. Aunque somos conscientes de la audiencia de nuestro partido en amplios sectores populares, sabemos también que gran parte de la opinión pública no se identifica con nuestras ideas, que no votaría hoy por nuestros candidatos en unas hipotéticas elecciones; pero pide que el PCE tenga las mismas oportunidades que los otros partidos, igual que nosotros sostenemos el derecho de todas las familias ideológicas y políticas —incluso las que nos son más adversas— a gozar de los derechos democráticos sin excepciones.

La presencia aquí de representantes de los partidos de la oposición democrática, y de prestigiosas personalidades de signo análogo, que la camarada Dolores ha agradecido ya en términos calurosos, confirma lo que digo. Nadie hipoteca su independencia, su orientación de porvenir; nosotros tampoco. Pero hoy nos junta la misma voluntad de que en España haya derechos democráticos para todos.

Esta presencia nos llena de esperanza para el futuro. Significa, a nuestro juicio, que cualesquiera que sean las diferencias que nos separen en ese futuro, seremos capaces de dialogar, de entendernos, cuando el interés de nuestros pueblos esté en juego. Y que en todo caso dichas diferencias van a ventilarse cívica y democráticamente.

Acabamos de vivir la primera crisis de gobierno, después de Franco. Esa crisis es el fracaso del sedicente reformismo. A pesar de sus estrechas limitaciones y condicionamientos, el gobierno Suárez toma nota de esta realidad, cuando en su declaración programática casi reemplaza el término de la «reforma» por el de «transformación democrática». Según el diccionario, «transformar es convertir una cosa en otra». De eso se trata. De pasar de la dictadura a la democracia. Eso es lo que se propone Coordinación Democrática cuando propugna la ruptura.

La reforma era una quimera en la que se han quemado personalidades cuyo relieve no vamos a negar. A algunas de ellas las previnimos —quizá ahora lo recuerden— antes de que se embarcaran con destino al fracaso. No quisieron escucharnos. Según ellas no éramos realistas. Desgraciadamente para algunos políticos españoles, el realismo consiste en no ver más allá de sus narices, en tener una política con vistas a las semanas inmediatas, sin más perspectiva. Esa miopía puede llevar a transigencias y compromisos tan perniciosos como estúpidos, que luego pesan igual que plomo sobre el crédito de quienes los contraen.

No se podía reformar el franquismo con sus propias leyes, instituciones, personas. Las Cortes, el Consejo Nacional y el Consejo del Reino eran y son un obstáculo a apartar, lo mismo que las leyes fundamentales. Su contenido, estructuras y composición estaban concebidos para la dictadura. Por eso hemos dicho siempre que la ruptura democrática era una necesidad indispensable.

Ahora parecen darnos la razón órganos de prensa, como Ya, que en un editorial del 16 de ese mes reconoce que las Cortes son un obstáculo al cambio. En el mismo sentido se pronuncia en un artículo el grupo Tácito.

Y si es importante esta evolución es porque refleja un fenómeno que se produce en profundidad entre la opinión pública. En los primeros tiempos del gobierno Arias-Fraga, la opinión pública española, unida en la aspiración general a la democracia, se hallaba, sin embargo, dividida en dos corrientes principales: una vanguardia más consciente, numerosa, importante, que había hecho ya su opción por la ruptura democrática y lo mostraba en huelgas y manifestaciones que conmovieron al país; y otro amplio sector, menos avanzado, que, deseando la democracia, estaba aún bajo la influencia de las propagandas que presentaban la ruptura democrática como el equivalente al caos y a la Guerra Civil.

De hecho, este sector dio al principio una cierta base de masas al reformismo; tenía la ilusión de que el reformismo iría al cambio sin poner en riesgo la paz interna del país.

Pero, en pocos meses, todas esas ilusiones fueron desvaneciéndose. Dicho sector comprobó que la reforma equivalía a inmovilismo. Y ha comenzado a identificarse con aquella vanguardia democrática, más consciente, que desde el principio veía con mayor claridad. La acción política de dicha vanguardia, plasmada, de un lado, en la creciente presión de masas, y, de otro, en los progresos de la unidad en Coordinación Democrática y otras plataformas, ha ido ganando a la mayoría del país a la solución de la ruptura democrática. La voluntad de la oposición de llegar a un pacto con los poderes fácticos para realizar esa ruptura, sin traumas sociales, ha contribuido a realizar este acercamiento de las dos corrientes populares, ha dejado a los reformistas sin sostén popular importante.

¡Y ésa es la causa fundamental de la caída del gobierno Arias-Fraga!

Claro que en esa caída no han dejado de influir otros factores: una indicación de Kissinger, una gestión del Banesto, los manejos opusdeístas, la irritación del búnker, las prerrogativas del Rey. Superficialmente, estos factores han podido parecer determinantes. Pero en realidad son secundarios. En situaciones de cambio, irreversibles, suele suceder que a las fuerzas de conservación del pasado les salga el tiro por la culata. Algo así le pasó al mismo Banesto en 1930, cuando al buscar gobiernos que salvaran a la monarquía se encontró de bruces con la República.

Las extraordinarias manifestaciones por la amnistía, habidas en estos días por iniciativa de Coordinación Democrática, que no fueron autorizadas en Madrid y Barcelona porque las dos grandes ciudades del país hubieran sido Bilbao y Valencia, en mucho más grande, reflejan ya esta nueva correlación de fuerzas a nivel de opinión pública.

Y por eso, un gobierno que, en la intención de los más inmediatos promotores de la crisis, debía frenar el proceso de hundimiento del sistema y de la aceleración de la democracia —hubo gentes que enjuiciaron así la salida de Areilza y Garrigues—, un gobierno que debía dar marcha atrás, ha tenido que aprobar una declaración programática que en las primeras horas de la crisis muchos no hubieran imaginado.

Cierto que, hasta ahora, lo que hay en esa declaración son palabras, y que las palabras no pueden sustituir a los hechos. Pero en esas palabras hay ya concesiones de forma a la voluntad democrática del país que entrañan un compromiso que el gobierno de Suárez podía difícilmente eludir, si no es dimitiendo.

El gobierno —dice la declaración— expresa su convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático, basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo real.

Si estas palabras significan algo, si son más que un engañabobos, ello entrañaría prescindir de las Cortes y el Consejo Nacional —a los que no se hace alusión en el texto— y de los acuerdos restrictivos tomados recientemente por las primeras.

Porque las Cortes y el Consejo no son instrumentos de la soberanía popular, han sido exclusivamente creación e instrumento del poder dictatorial de Franco. La política de los anteriores ministros, llamados «reformistas», fracasó a causa de esas instituciones. Si este gobierno quiere hacer algo, por poco que sea, tendrá que pasar por encima de las leyes fundamentales y de las instituciones.

Ésta va a ser la piedra de toque de la credibilidad del programa de gobierno.

Si el gobierno aplica la Ley de Asociaciones y la reforma del Código en el espíritu de las Cortes, su declaración perderá toda credibilidad. Si, por el contrario, el gobierno, con espíritu pragmático, pone en el congelador la Ley de Asociaciones y permite que todos los partidos políticos —incluso los no democráticos, como son casi todos los que han pasado por la ventanilla— actúen libremente sin la humillación de acogerse a una ley antidemocrática, se podrá empezar a creer en su sinceridad.

En todo caso, ésta debería ser la primera cuestión a presentar por la oposición en un diálogo con el gobierno: dejar en el congelador la Ley de Asociaciones hasta que existan condiciones para elaborar otra que sea realmente democrática. Sólo así cobraría realidad el punto 3 de la declaración gubernamental.

El gobierno habla en ésta de diálogo con los grupos de la oposición. Si se trata de un verdadero diálogo, con el conjunto de la oposición, nuestra opinión es que ésta no debe negarse; Coordinación Democrática se ha pronunciado por la ruptura pactada. Pero si de lo que se trata es de entrevistas confidenciales, de ministros que hablan como los del gabinete anterior, sin más representación que la suya con interlocutores seleccionados por ellos mismos, para impresionarles con promesas y amenazas y tratar de atraerles a su campo, diremos que a eso no puede llamársele ni diálogo ni negociación, y que la oposición debería rechazarlo terminantemente.

La oposición tendría que dialogar responsablemente con el gobierno actual sobre las condiciones de una transformación democrática. Y en este orden de cosas hay una serie de puntos sobre los que la oposición no puede ceder ni perder la faz.

Ya he hecho mención del primero, referido a la Ley de Asociaciones. Los restantes deberían ser, a nuestro juicio, los siguientes:

2.° Constitución de un gobierno provisional, de reconciliación nacional, en el que estén representados todos los grupos de derecha, centro e izquierda acordes en restablecer la soberanía popular.

¿Por qué un gobierno provisional? Porque el gobierno que traiga las libertades no puede ser un gobierno más del sistema como los habidos hasta aquí, incluido el actual; debe poseer, provisionalmente, poderes extraordinarios, y declinará estos poderes ante las Cortes elegidas libremente por el pueblo, a las que responderá de su gestión. Por eso tiene que ser provisional, y no simplemente de coalición. Y no hay que darle vueltas, sólo un gobierno de esas características, no atado por leyes ni instituciones franquistas, podrá conducir a la transformación democrática del país.

3.° Apertura de un período constituyente, con la convocatoria de elecciones a una Asamblea que tendrá plenos poderes para elaborar la Constitución del país.

Una Constitución otorgada, aunque fuese mejor que la actual —para lo que no hace falta mucho— sería la negación de la soberanía popular, y el pueblo español nunca la consideraría suya; habría que imponérsela por la fuerza. La idea de un referéndum o plebiscito dando poderes al actual gobierno, para que sea él, o cualquier comisión que él designe, el que reforme las actuales leyes constitucionales, es simplemente incompatible con la devolución de la soberanía al pueblo. El referéndum está muy desacreditado; mas el único concebible sería aquel que consultase al pueblo, con todas las garantías democráticas, si está de acuerdo en que se convoquen elecciones a una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución.

Tampoco se trata de hacer simplemente elecciones a Cortes ordinarias. Unas Cortes ordinarias, sin poder constituyente, no resolverían nada. Esencialmente, todo seguiría igual. Y aunque se pudieran pronunciar en ellas algunos discursos de contenido democrático, la democracia y la paz civil no ganarían nada. Con unas Cortes de ese género, que no podrían resolver el problema de la transformación democrática, éste se plantearía en la calle en términos más dramáticos. Queriendo evitar traumas se provocarían traumas mucho mayores.

4.° Concesión de una amnistía general para todos los condenados por motivos políticos, sin exclusiones.

Nosotros hemos rechazado y rechazamos resueltamente el terrorismo. Pero no basta rechazarlo, hay que quitarle toda razón o pretexto. Y el mantenimiento de los autores de los llamados «delitos de terrorismo en prisión» daría motivos a la perduración de este tipo de acciones. La amnistía debe afectar, sin discriminaciones, a todos los delitos de motivación política, incluidos los que han sido reprochados al comandante Otero y a los demás militares condenados.

La derecha no debería olvidar que en España ha habido y hay un terrorismo ultra. Y aunque ahora sus autores gocen de la más escandalosa impunidad mañana podrían ser ellos los que necesitasen la amnistía. Porque esa impunidad terminará un día. La amnistía que se dé ahora debe alcanzar a unos y a otros, creando el terreno en que pueda asentarse la reconciliación nacional.

Yo quiero decir que la nota más positiva de la declaración gubernamental es haber incluido la noción de amnistía; pero que las limitaciones que esta proposición conlleva, no sólo no aplacarán las exigencias populares al respecto, sino que las promoverán más amplia y poderosamente.

5.° El gobierno provisional dispondrá de un plazo limitado de actuación. Por eso no puede proponerse resolver todos los problemas económicos y sociales planteados en el país, ni iniciar reformas que no respondan a su composición y que además no podrán ser terminadas en el plazo de que dispone. Su tarea esencial sería la de un comité electoral y garante de la libertad para todos.

No obstante, el gobierno provisional debería tomar e impulsar medidas de urgencia para reducir el paro, garantizando un subsidio a todos los que no tengan trabajo; medidas para elevar los salarios y las pensiones más bajas; y para asegurar a los productores del campo, particularmente a los más modestos, precios remuneradores por sus productos.

Paralelamente, las fuerzas participantes en el gobierno provisional tendrían que comprometerse, durante la actuación de éste, a mantener a un ritmo satisfactorio la actividad económica, a fin de evitar que ésta caiga en un marasmo que dificultaría el nacimiento del régimen de libertades; y a combatir eficazmente la inflación y la carestía de la vida, el fraude fiscal y la evasión de capitales.

6.° Se constituirán gobiernos autónomos en Cataluña, Euskadi y Galicia, sobre la base de los Estatutos de autonomía históricos, y se iniciaría un proceso de elaboración de estatutos de autonomía para los demás pueblos y regiones de España que los reclaman; lo que representaría el comienzo de una solución democrática de los hechos diferenciales que existen, como una realidad objetiva del país.

Esta orientación no iría contra la unidad de España como Estado, sino contra el centralismo burocrático y despótico, que es la mayor amenaza a la unidad.

Para negociar soluciones como las que acabo de enunciar, es para lo que, a nuestro juicio, la oposición unida debería aceptar abrir un diálogo con el gobierno actual.

Ya sabemos que este gobierno no se ha constituido con esos fines y no nos hacemos ilusiones en cuanto a él.

Pero parece claro que éste no es un gobierno homogéneo; en él existen contradicciones mayores de lo que a simple vista parece. Y en la vida política española todo está en movimiento; las gentes, y no siempre por puro oportunismo, modifican su manera de pensar de la noche a la mañana. ¿No reconocen hoy que las Cortes son impracticables los que, como Ya, defendían hasta ayer la reforma? ¿No ha hablado Silva de la posibilidad de que la ruptura se torne inevitable? ¿Acaso habla Suárez hoy como hace unos meses?

Todo está en movimiento. Y la fuerza de la oposición unida reside en que la sociedad se mueve en la dirección de las transformaciones democráticas propuestas por ella; incluso en el peor de los casos, en que el diálogo con el gobierno no condujese a nada, y a condición de que la oposición se mantenga unida y no acepte migajas ni limosnas, ganaríamos algo muy importante: cargarnos de razón ante los más amplios sectores del país, convencerles del carácter constructivo de nuestra política y conseguir su apoyo para vencer las resistencias que encontramos en el camino hacia la democracia.

Esto sólo ya sería un logro trascendental.

Y ante los que frente a esta perspectiva nos preguntan: «Bien, y a cambio de todo eso, ¿qué da la oposición?, ¿a qué se compromete?», debemos responderles con claridad: La oposición se compromete a mucho. Se compromete a garantizar que, por su parte, el cambio democrático se hará en la paz civil, sin revanchas ni venganzas.

A garantizar a todas las familias ideológicas y políticas la plena libertad democrática.

A asegurar el respeto a los derechos del hombre, en su más amplio aspecto, incluida la libertad de conciencia, de profesar o no una religión y el respeto a la Iglesia católica, a su libertad e independencia, así como a las otras Iglesias que existen en el país.

A garantizar que las instituciones sobre las que reposa la defensa de la soberanía e independencia nacional, es decir las Fuerzas Armadas, serán respetadas y fortalecidas para que ejerzan eficazmente sus fines propios.

A abrir las puertas de Europa a nuestro país; a mantener relaciones con todos los estados de la tierra, en condiciones favorables a nuestro desarrollo y nuestra libertad.

A destruir la leyenda negra sobre España y conseguir que ésta ocupe el puesto que merece en la comunidad universal de los pueblos.

Sí, la oposición democrática tiene mucho que ofrecer al país. No negocia, no actúa con las manos vacías.

Es un poder real y debe obrar con plena conciencia de ese poder porque no está tratando de satisfacer ambiciones mezquinas de hombres o grupos. Está tratando de levantar a España, de servir a España, y habla, justificadamente, en nombre de ella.

Para hacer frente a la grave situación económica

Un factor que confiere hoy gran poder a la oposición democrática, y muy particularmente a las fuerzas del trabajo y de la cultura, contra las tentativas sedicentemente reformistas, es la incapacidad del régimen para hacer frente a la grave situación económica.

Esta situación era calificada de dramática por uno de los empresarios más inteligentes y modernos del país, don Pedro Durán Farrell, durante la jornada sobre política empresarial y evolución democrática, celebrada hace días por un grupo importante de industriales y banqueros catalanes.

La evasión de capitales, que se efectúa lógicamente desde las esferas próximas al poder y sin que éste reaccione, ha alcanzado cotas muy elevadas, del orden de los ochocientos mil millones de pesetas. Paralelamente han caído en barrena las inversiones privadas. Caen también las cotizaciones en Bolsa a pesar de las inyecciones que aplica de tiempo en tiempo el Banco de España.

La balanza de pagos sigue siendo gravemente deficitaria y el endeudamiento exterior sobrepasa con mucho la reserva de divisas.

Se habían hecho muchas especulaciones con el viaje del Rey a Estados Unidos, seguido del de Villar Mir; mas no parece que vaya a reportar el maná en dólares del que tanto se habló, como un respiro momentáneo.

Crece de manera alarmante la inflación. Los cálculos más moderados la cifran en un probable 20 % para este año. Las consecuencias de ello para el nivel de vida de los trabajadores, los agricultores y las capas sociales más modestas son obvias. Los aumentos salariales logrados en algunas empresas se esfuman rápidamente ante el alza del coste de la vida.

El paro aumenta. Se cifra ya en muy cerca del millón de trabajadores, la gran mayoría de los cuales no recibe ningún subsidio.

Los agricultores españoles sufren las consecuencias de una política económica que ha sacrificado el campo a los intereses de los grupos monopolistas y de las fortunas especulativas. Mientras se fomentaban las importaciones de productos que una agricultura ayudada hubiera podido suministrar en condiciones económicas más favorables, el campo ha sido abandonado. Los agricultores y ganaderos figuran entre las víctimas directas del franquismo. Éste se aprovechó de las dificultades que, por su dispersión, encuentran los hombres del campo para organizarse y defenderse. Los herederos de Franco continúan la misma política. Hoy el campesino, agobiado por los impuestos, está vendiendo el fruto de su trabajo a precios no remuneradores, que no guardan relación alguna con el elevadísimo que paga el consumidor. En muchos casos, el hombre del campo ni siquiera encuentra mercados donde vender y tiene que destruir su cosecha. La paciencia de agricultores y ganaderos está llegando, justificadamente, al límite.

La consecuencia de esta situación es que el malestar cunde en el país, que la tensión social sube y que caminamos a un otoño caliente que puede prolongarse.

Porque todo esto acontece en medio de una crisis mundial cuyos signos de reanimación no parece que vayan a tener efectos duraderos y estables.

Frente a esta situación, el actual poder no puede ofrecer soluciones y esto lo sienten bien quienes bajo un punto de vista de clase podrían estar más interesados en su sostenimiento: banqueros e industriales.

Desde el gobierno, desde los medios empresariales, se reclama desaforadamente un pacto social; he aquí la panacea que han encontrado los grupos dominantes.

¿Qué pretenden con ese pacto social? Que los trabajadores sean quienes paguen los vidrios rotos. Ya se habla de planes gubernamentales para una nueva devaluación de la peseta y para otro Plan de Estabilización como el que hicieron a fines de los años cincuenta los tecnócratas del Opus Dei.

Pero los tiempos han cambiado, el contexto internacional es muy diferente y por otra parte los trabajadores han logrado un nivel de organización y de conciencia que no poseían en aquellos años. No quieren ni oír hablar de ese famoso pacto social. Y no están dispuestos a pagar los vidrios que otros han roto. Tampoco lo están otras capas sociales populares. Y por lo que se refiere al campo, las manifestaciones de los, agricultores en Tarragona, Zaragoza, Palencia, Lérida y otras zonas son bien expresivas.

Sin una transformación democrática, sin un gobierno en el que los trabajadores y esas capas se vean defendidos, no será posible comenzar a afrontar la solución de los problemas económicos que tiene el país.

El único pacto posible, para empezar, es aquel que conduzca al cambio político, a un gobierno provisional democrático de reconciliación nacional que presida las elecciones a Cortes Constituyentes.

Los sectores populares que sufren más de la crisis, y sin cuyo concurso no es posible resolver ésta, no otorgarán su confianza ni escucharán a ningún gobierno en el que no se sientan representados.

¡Que todo el mundo lo entienda bien: ésa es la única opción! ¡Y cuanto más se tarde en tomarla, peor!

En el momento presente ésa es una de las armas más potentes que posee la oposición democrática y debe utilizarla plenamente.

Es cierto que algunos locos piensan en un golpe de fuerza, en un Pinochet, como solución. Mas tal aventura tendría consecuencias terribles para los mismos intereses capitalistas a corto plazo. Si ahora es grande la inflación, entonces lo sería mucho mayor. Y el paro, el marasmo económico, el cierre de mercados.

A medio plazo las cosas serían aún más graves, pues el cambio democrático pacífico, posible y fácil hoy, podría tornarse imposible y dejar paso a un período de violencia.

No, la aventura golpista no es solución para nadie. Hay que pactar ahora el cambio democrático, el gobierno provisional, el período constituyente. ¡No hay otro camino, ni tiempo que perder!

Sobre el equipo dirigente del partido

Quiero decir unas palabras sobre el equipo dirigente del partido. A lo largo de los años de dictadura este equipo se ha visto privado de muchos de sus mejores hombres, caídos bajo la represión o desaparecidos por muerte natural. Sólo quiero citar entre ellos para no hacer demasiado larga la lista, el nombre de José Díaz, que fue nuestro secretario, general hasta 1942, y de quien todos los que le conocimos guardamos un recuerdo imperecedero. Quedamos muy pocos de los que hemos estado durante todo este período, con unas u otras responsabilidades, al frente del partido. El símbolo más destacado de esa continuidad es la camarada Dolores Ibárruri, que nos preside. No es necesario, que yo encomie lo que ella ha significado y significa para nosotros como guardián de la unidad del partido y propulsora de todos sus progresos.

El equipo dirigente se ha ido renovando permanentemente, poniéndose al día, con el concurso de los dirigentes nuevos que la misma lucha ha promocionado. Esta renovación se ha inspirado en el principio de introducir cada vez más la dirección en la realidad del país; de integrar a los camaradas que más se distinguían por su inteligencia y su firmeza y por su ligazón con las masas; de mejorar la actividad política, teórica y organizativa del partido; de asumir los problemas nuevos con una visión creadora y no dogmática.

También nos ha inspirado la voluntad de establecer una relación armónica entre las diversas generaciones, equilibrando su representación en el equipo dirigente.

A lo largo de casi cuarenta años es evidente que la gestión del equipo dirigente, en su diversa composición, no ha estado exenta de errores, que nosotros mismos, en lo esencial, hemos autocriticado en diversos momentos y nos hemos esforzado en corregir. Los aspectos más positivos de la gestión realizada podríamos resumirlos así, en vísperas del advenimiento de la democracia en España:

Haber mantenido en pie al partido durante todo este período —del que lo menos que puede decirse es que no ha sido fácil— dotándolo de estructuras organizativas relativamente sólidas, bien situado para la competición democrática.

Haber acrecentado su influencia y su ligazón con la clase obrera, los trabajadores en general y las fuerzas de la cultura.

Haber elaborado una política de unidad democrática y de reconciliación nacional, que ha dado ya frutos políticos importantes y ha impedido los intentos de aislamiento.

Haber conquistado la independencia del partido, su derecho a elaborar su propia vía y su modelo de socialismo, y haber ocupado una posición de primera línea en la acción para renovar al movimiento obrero y comunista.

Haber evitado los conflictos entre interior y emigración y las luchas generacionales que tantos problemas han creado a los demás partidos, siendo esencialmente un partido del interior y de la juventud.

Es evidente que estos logros no son sólo obra del equipo dirigente, sino del conjunto del partido al que corresponde el mérito esencial.

¿Cuál es el futuro de este equipo dirigente? Probablemente, seguir renovándose, poniéndose al día constantemente. En todo caso, quien decidirá será el partido. Las presiones externas para que uno u otro dirigente sea desplazado no encontrarán eco alguno en nuestras filas. A nuestros dirigentes los designa el partido.

El hecho de que en nuestro equipo al lado de las promociones jóvenes figuren algunos de los que se ha dado en llamar «dirigentes históricos» da un suplemento de experiencia política y de fortaleza a nuestra dirección, que otros partidos quisieran para sí.

Los marxistas no negamos el papel del individuo. Estamos muy contentos de que nuestro partido, a todos los niveles, cuente con líderes representativos.

Y cuantos más formemos, más fuertes seremos. Un colectivo revolucionario se compone de una teoría, una política, una organización, y de personalidades capaces de representarle y hacerle progresar. En el fondo, las presiones a que me refería reflejan intereses de clase ajenos a los trabajadores y quizá, quizá, una cierta envidia al numeroso conjunto de personalidades que el partido ha destacado sin necesidad de acudir a las técnicas de marketing político que ahora ponen en juego, precipitadamente, otros grupos.

Algunos de los que propugnan la prolongación de nuestra ilegalidad están pensando en ganar tiempo para ponerse en mejores condiciones de competición, utilizando aquellas técnicas.

CAPÍTULO XIII

Posición del PCE ante el Proyecto de Constitución presentado por la Ponencia. Actitud ante la forma de gobierno

(Discurso de Santiago Carrillo en la Comisión Constitucional, 4 de julio de 1978.)

Señoras y señores:

Creo que debemos comenzar elogiando el esfuerzo y la aplicación puestas por los miembros de la Ponencia en la elaboración del anteproyecto que hoy viene a consideración de la Comisión de asuntos constitucionales y libertades públicas.

Si bien es cierto que el proceso de dicha elaboración se ha prolongado y que estamos viviendo un tiempo demasiado largo en la ambigua situación, que consiste en que una transición democrática no haya hecho aún tabla rasa, jurídicamente, de las leyes fundamentales de la dictadura, no es menos cierto que la búsqueda de un texto de consenso entre fuerzas tan diversas política y socialmente hacía muy difícil abreviar el trámite.

A partir de ahora, del documento básico que se somete a nuestra consideración, importa reducir en lo posible los plazos del debate, para dotar lo más rápidamente posible al país de una Constitución.

El texto que comenzamos a examinar hoy seguramente no complace por entero a ninguno de los partidos reunidos aquí. No se trata de una Constitución de partido, ni de la izquierda o la derecha; hay sin duda en su articulado no pocas ambigüedades que se prestan a variadas interpretaciones, según quienes gobiernen. Sin embargo, se inscriben en él de forma inequívoca una serie de principios democráticos fundamentales que obtienen, de entrada, de parte de los diputados comunistas una actitud general favorable al documento.

Y, en primer término, aquel que juzgamos fundamental para que una Constitución lo sea auténticamente: la afirmación solemne que se hace en el primer artículo, «la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado».

¡Ni la gracia de Dios, ni la Providencia, ni ningún mandato del destino; la voluntad del pueblo es la única fuente legítima de todo poder y ante ella deben responder en definitiva todos los poderes del Estado!

A lo largo de la historia de nuestro país, prácticamente durante cerca de dos siglos, la confrontación se ha establecido entre quienes proclamaban que la soberanía nacional reside en el pueblo y entre quienes negaban de una u otra forma este principio.

Y ha sido una confrontación dramática y muchas veces sangrienta que ha frenado el progreso de España. Cuando hoy todos los partidos presentes en el Parlamento, con raíces históricas no sólo distintas, sino opuestas, proclamamos unánimes este principio, puede afirmarse que España ha alcanzado, aunque sea tardíamente, una cota histórica trascendental que todos debemos comprometernos a no ceder jamás, sean cualesquiera los ataques que pretendan desalojarnos de ella.

En cuanto concierne al Grupo Parlamentario Comunista y a los sectores que representa, nuestro compromiso es total: no haremos jamás nada que vaya contra el principio de la soberanía popular y nos opondremos resueltamente a todo lo que se le enfrente. Este compromiso lo adoptamos públicamente, con toda responsabilidad, ante la opinión pública española.

Al proclamar esta actitud, partimos del hecho de que somos un partido de los trabajadores, un partido marxista, revolucionario y democrático, que se propone transformar la sociedad capitalista dividida en clases e instaurar una sociedad socialista, sin explotadores ni explotados.

Pero nuestra concepción es que esa revolución social que las leyes del progreso imponen a la sociedad moderna interesa a la inmensa mayoría de los españoles, incluso si hoy no son conscientes de esa necesidad y si la comprensión generalizada de ésta toma todavía algún tiempo. Y ese cambio social al que aspiramos, no con espíritu excluyente y sectario, sino con voluntad de ir integrando en su consecución a todas las fuerzas político-sociales de progreso, no puede realizarse más que cuando la mayoría de las mujeres y hombres de este país lo deseen y lo lleven a cabo a través de una acción democrática y de la utilización del sufragio universal. Es decir, ese cambio no puede ser obtenido de otro modo que aplicando el principio de la soberanía popular, como un acto, o mejor, una serie de actos, emanados de la voluntad mayoritaria de los pueblos de España.

Por eso el proyecto transformador de los comunistas no entra ni entraría en contradicción con el principio afirmado en el artículo 1.º del proyecto constitucional. Y estimamos que una serie de otros artículos de éste, permiten a un gobierno progresista transformaciones de las estructuras económicas y sociales que hagan factible el cambio del modelo de sociedad. Ello no significa que el proyecto sea socialista o revolucionario, ni mucho menos. El proyecto está, todo él, condicionado por los rasgos del género de sociedad en que vivimos, que es una sociedad capitalista y tiende a reproducir el tipo de relaciones sociales existentes. En este sentido, el proyecto es sin duda de tendencia conservadora. ¿Cómo podía ser de otro modo en el contexto político-social en el que todavía nos desenvolvemos? Sin embargo, dentro de esa limitación, tiene el mérito de no cerrar las puertas a los cambios estructurales, de no declarar, en definitiva, inconstitucionales, los cambios sociales que mañana podría reclamar la soberanía popular.

Por eso nosotros no vemos en el proyecto de Constitución ningún obstáculo fundamental a la realización de nuestros ideales, y si esos obstáculos surgieran un día, oponiéndose a la realización de la voluntad popular, serían obstáculos caracterizadamente anticonstitucionales, ilegales por tanto, que habría que combatir apoyándose en la legalidad constitucional.

Ya en este debate general quiero exponer de forma precisa nuestra posición ante el problema de la forma de gobierno. Según el artículo 1.º del proyecto, «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria». Como todos ustedes saben, el Partido Comunista ha considerado siempre la República democrática como la forma más idónea de la democracia. Cuando en los años veinte la monarquía conculcó la Constitución de entonces y dio paso a la dictadura del General Primo de Rivera, los comunistas, que no habíamos hecho nunca de la forma política el objetivo esencial de nuestra lucha —orientada fundamentalmente a la emancipación social de los trabajadores—, llegamos a la conclusión, como otras fuerzas democráticas y nacionales, que al romper la monarquía el pacto constitucional no quedaba más opción que reemplazarla por la República y participamos en las acciones para lograrlo y, una vez instaurada la República como régimen constitucional, la defendimos con nuestra sangre, a pesar de que aquella República, también burguesa, nos reprimió duramente en más de una ocasión.

Más tarde, a medida que la guerra del 36-39 fue pasando a la categoría de acontecimiento histórico, trágico, pero, pasado ya, cuando la necesidad de rehacer el país y superar aquella tragedia nos condujo a pensar la política de reconciliación nacional, los comunistas explicamos públicamente que las diferencias sobre la forma de gobierno no debían ser obstáculo para esa reconciliación; que lo decisivo era obtener, con el consenso más amplio, un sistema de libertades democráticas, lo decisivo era la democracia, y que una vez instaurada ésta sería llegado el momento de decidir, sin dramas ni rupturas, la cuestión de la forma de gobierno.

En ésas estamos. Pero estamos a través de un proceso concreto en el que el cambio no se ha producido por una ruptura revolucionaria, hecha de golpe, como por ejemplo sucedió en Portugal, sino un proceso que se caracteriza por una serie de pasos que corresponden a una política de reconciliación. Previamente al comienzo del cambio, debo confesarlo con sinceridad, los comunistas abrigábamos no sólo reservas, sino una evidente hostilidad a la figura del jefe del Estado, que aparecía como la heredera de la pasada dictadura. Y no ocultamos en ningún momento esa hostilidad, diferenciando en esto nuestra posición de la de otras fuerzas de oposición que quizá mejor informadas, o más oportunistas, parecían no oponer ningún reparo a la monarquía y al papel de ésta.

Pero después, en el proceso de cambio, hemos ido viendo que el jefe del Estado ha sabido hacerse eco de las aspiraciones democráticas y ha asumido la concepción de una monarquía democrática y parlamentaria. La realidad es que el jefe del Estado ha sido una pieza decisiva en el difícil equilibrio político establecido en este país y lo sigue siendo. Él ha desempeñado el papel de bisagra entre el aparato del Estado, sobre cuyas características no necesito insistir, y las profundas aspiraciones democráticas de la sociedad civil. Si él no estuviera ahí —repito que teniendo en cuenta las características del cambio—, el aparato del Estado y la sociedad civil hubieran chocado, y la misma sociedad civil se habría dividido también, con consecuencias dramáticas para los pueblos de España.

Ésa es la realidad. A veces la realidad puede criticarse desde posiciones sedicentemente éticas y elitistas. La realidad no corresponde siempre al ideal imaginado. Esta actitud puede cuadrar al hombre aislado que no compromete otra cosa que su autoridad. Un partido político que se propone transformar la sociedad no puede prescindir de la realidad. Si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro, no obtendríamos la República, pero perderíamos la democracia.

Tal riesgo podría correrlo un grupo puramente testimonial que no se proponga hacer política, un partido serio y responsable, dispuesto a hacer avanzar el cambio democrático, a convertirse en una fuerza de gobierno, no puede lanzarse y lanzar al país en esa aventura.

Nosotros nos negamos incluso a hacer una finta con ese tema, a jugar a amagar y no dar; es demasiado serio y el pueblo sabe muy bien lo que somos unos y otros, lo que nos estamos jugando, para dejarse deslumbrar por jugadas demagógicas. Hay que darse cuenta de que en estas condiciones, si las instituciones de gobierno surgieran discutidas por la izquierda, aunque esto sólo se hiciese con un gesto para la galería, nosotros mismos estaríamos contribuyendo a inclinarlas y desplazarlas hacia la derecha, e incluso hacia la ultraderecha que avizora todos los errores de la izquierda para recuperar el terreno perdido.

Por esas razones, sucintamente expuestas, los comunistas, en aras de la democracia y de la paz civil, vamos a votar el artículo 1.º del proyecto constitucional tal como viene, y afirmamos que mientras la monarquía respete la Constitución y la soberanía popular, nosotros respetaremos la monarquía.

Al hacerlo no olvidamos la historia de la Institución, que en muchos casos fue nefasta para España. Abrimos un crédito de confianza a un hombre joven que da muestras de identificarse más con la España de hoy que con la del pasado. Y sobre todo reiteramos nuestra confianza en la voluntad del pueblo y en su capacidad de hacer respetar su soberanía en cualquier circunstancia.

Uno de los aspectos más importantes del cambio democrático, y a la par garantía de la profundidad de éste, es la conciencia y la responsabilidad con que los amplios sectores políticos-sociales del país están asumiendo el tema de las autonomías. La idea de la descentralización y la desconcentración de la Administración, del reconocimiento de la personalidad de las nacionalidades y regiones, con sus características propias políticas, económicas y culturales, es un gran avance hacia la transformación de España en un Estado moderno.

En ese sentido, hay que saludar los pasos preautonómicos hechos ya con una indudable voluntad de adelantar soluciones a problemas reales.

Pero tanto esos pasos como algunos aspectos del proyecto constitucional, cuya discusión comenzamos, reflejan todavía incomprensiones y recelos de una mentalidad tradicionalista, en el peor sentido, que no concibe la unidad de la patria más que como el aplastamiento de toda diversidad, como la gris uniformidad obtenida por el peso de un centralismo burocrático y autoritario.

No es cierto que las autonomías pongan en peligro la unidad de España, sino al contrario, son el único camino para lograr su fortalecimiento. Hay que comprender el sentido de la época en que vivimos y ésta se caracteriza —y no exclusivamente en España— por el hecho de que las diferencias existentes en el desarrollo económico, social y cultural entre nacionalidades y regiones de un mismo Estado, diferencias debidas al desenvolvimiento desigual e insolidario propiciado por el actual sistema social, vienen a superponerse sobre las diferencias de carácter histórico, a agravarlas y tenderlas más, siendo origen de crisis graves en algunos estados. No hay otro remedio para esos problemas que las autonomías, que ponen en manos de nacionalidades y regiones las cuestiones de su propio desarrollo y, al mismo tiempo, la solidaridad económica entre unas y otras, asegurada a través del Estado. Tratar de emplear soluciones de autoridad y de fuerza no conduce más que a acentuar las diferencias y conflictos, a marginar a nacionalidades y regiones enteras en una sociedad donde hay ya demasiado marginado y donde ello conduce a la desestabilización, a la revuelta, al caos.

Preocupados por los defectos que observamos en el proyecto, los comunistas propondremos algunas enmiendas tendentes a corregir las indeterminaciones y las discriminaciones —a veces, en contradicción flagrante con las mismas iniciativas preautonómicas— que observamos en el tema de las autonomías, conscientes de que así no sólo favorecemos el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, sino que estamos contribuyendo a hacer más sólida y profunda la unidad de España.

Otros de los aspectos del proyecto constitucional a los que nos proponemos aportar enmiendas y modificaciones son aquellos que se refieren al derecho de huelga, sindicación y al lock-out. Empezando por este último, si el proyecto se aprobara tal como está, resultaría que España sería uno de los raros países que reconocen a los empresarios el derecho a utilizar como arma de lucha contra los obreros el cierre de la empresa. Formalmente puede parecer que eso equipara en derechos a empresarios y trabajadores, en la medida en que a éstos se les reconoce el derecho de huelga, pero en la realidad no es así. En la realidad, el derecho a la huelga es una especie de reconocimiento y de compensación de algo y para algo que es obvio: la desigualdad existente entre el empresario y el trabajador. El trabajador no posee más bien que su fuerza de trabajo. El patrono posee los medios de producción. Si a este enorme privilegio se le añade el de poder declarar el lock-out, el patrono podrá imponer sus exigencias no sólo al trabajador, sino al propio Estado, prácticamente sin limitaciones. El asunto es tan grave y escandaloso que esperamos que los otros grupos políticos reflexionen sobre él y contribuyan a reparar los efectos negativos del proyecto tal como está. Tal como están redactados los artículos que se refieren al derecho de sindicación y de huelga, se prestan a las interpretaciones más arbitrarias, pues por ejemplo se excluye del derecho de sindicación o se limita éste para determinadas categorías de servidores del Estado, que quedan absolutamente indeterminadas. Nosotros consideramos indispensable concretar el derecho de sindicación de los funcionarios civiles del Estado.

En cuanto al derecho de huelga, se dice que no podrá atentar al mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. ¿De qué servicios se trata? ¿Cuáles son tan esenciales que no pueden ser afectados por la huelga? Es otro tema en el que nosotros propondremos enmiendas para evitar el riesgo de que, prácticamente, más de la mitad de los trabajadores de este país se vean privados del derecho de huelga por las interpretaciones arbitrarias que pueden darse al artículo, tal como hoy está redactado.

Nuestro propósito es también proponer enmiendas a los artículos que se refieren a la enseñanza. Precisaré brevemente nuestra posición general sobre el tema. Pensamos que la tendencia general debe ir en el sentido de lograr en el futuro una escuela pública, sostenida por el Estado, suficiente para acoger a todos los niños de este país, sin negar la posibilidad a quien quiera hacerlo a su cargo de abrir escuelas privadas. En esa escuela pública, la libertad de enseñanza debe traducirse, entre otras cosas, en que haya una clase y unas horas en que los niños cuyos padres lo reclamen puedan recibir enseñanza religiosa.

Por el momento nos encontramos ante una realidad: la escuela pública es totalmente insuficiente y, sin la contribución de la escuela privada, la desescolarización sería enorme. Eso impone la necesidad de una ayuda económica a la escuela privada. Pero esa ayuda debería estar limitada en el tiempo —no sé cuántos años— necesario para que la escuela pública sea suficiente. Tal como está redactada la Constitución, ese límite no existe.

También pensamos que temas como el divorcio, la abolición de la pena de muerte y el aborto deberían quedar resueltos en la Constitución, y en ese sentido presentamos enmiendas.

Por último, nos preocupa seriamente problemas como las relaciones gobierno-Parlamento, la composición del Congreso y Senado y la independencia del poder judicial.

En el proyecto constitucional se observa la obsesión provocada por estos meses de gobierno de minoría mayoritaria. Así, se introduce la llamada «moción de censura constructiva» que, para tener consecuencias, exige ya una mayoría favorable a un concreto nuevo jefe de gobierno. Y se adopta el criterio de que en caso de que el primer encargado por el jefe de Estado de formar gobierno no obtenga mayoría, el segundo que reciba este encargo pueda ser nombrado ya por una minoría mayoritaria.

Parece mentira que tras las experiencias negativas que estamos viviendo con un gobierno minoritario, subsista la voluntad de prolongar tal método.

En un régimen democrático y parlamentario, para gobernar normalmente, con autoridad, hacen falta gobiernos de mayoría. Si no, se cae en el peligro de la impotencia. Ello determinará, casi seguramente, que no podrá haber gobierno de un solo partido, que tendrán que formarse coaliciones gubernamentales, elaborarse programas de gobierno pactados. Parecía que incluso los más determinados partidarios del bipartidismo habían terminado por aceptar que éste fuese imperfecto. Pero el proyecto constitucional aún no ha tomado acta de este reconocimiento. Y si se aprobase tal como está, el peligro sería que se perpetuasen los gobiernos de minoría.

Además aquí se implica la responsabilidad del jefe del Estado, que tendría que seleccionar al segundo candidato, quien gobernaría en minoría, de hecho sin la confianza del Parlamento y con sólo la que le ha otorgado el Rey. De una manera o de otra, el jefe del Estado podría ser puesto directa o indirectamente en cuestión a cada paso. Que, en el actual momento de transición, el primer magistrado del país afronte posibilidades semejantes está perfectamente explicado. No sucedería lo mismo ya en una situación de normalidad constitucional. Por eso estimamos que en ese aspecto el proyecto debe ser enmendado de forma que institucionalice la necesidad de gobiernos de mayoría parlamentaria.

También debe ser explícita la Constitución en cuanto a la composición del Congreso y Senado, que no pueden quedar al capricho de la voluntad y las combinaciones de uno u otros gobiernos que ocasionalmente tengan el apoyo de una mayoría parlamentaria. La composición del Congreso y el Senado son materias de la Constitución y no pueden modificarse por cada mayoría que pase por el Parlamento. Del mismo modo, también debería fijar la Constitución los criterios rectores de la ley electoral.

En cuanto concierne al poder judicial, estimamos que su independencia, muy concretamente la del Ministerio Fiscal, se halla demasiado reducida en el proyecto. Por otra parte, se prohíbe a jueces y magistrados la sindicación y la pertenencia a partidos políticos. Esto no garantiza de ninguna manera la independencia de la Justicia, pues, con derecho o no a afiliarse, los funcionarios de la justicia seguirán teniendo ideas políticas. En cambio es una disminución de la libertad personal la que se les infiere y una duda sobre su rectitud para situar la aplicación de la ley por encima de sus opiniones políticas.

Éstas son, en líneas generales, nuestras observaciones al proyecto de Constitución que se nos presenta, y que aceptamos desde ahora como un paso positivo para el debate posterior. Ciertamente, desde una óptica puramente partidista, esas objeciones podrían ser mucho más numerosas, interminables. El proyecto tiene muchas lagunas y bastantes de sus artículos nosotros los redactaríamos diferentemente. Pero se trata de lograr una Constitución capaz de conseguir el consenso de la gran mayoría. Una Constitución que dure, que no sea fácilmente empujada por cualquier vendaval, como lo han sido otras en este país. Aunque no sea perfecta, que nos dé cobijo a todos y sea sólida. Quizá en los próximos años la práctica nos haga ver defectos que necesitan corrección en ella. Tiempo habrá para verificarlo y lo que sería menester es que los mecanismos de modificación resultaran menos rígidos en su funcionamiento que los que el proyecto propone. En todo caso, sin hacer vaticinios ni augurios, yo terminaría expresando nuestra aspiración a que esta Constitución, que va a consagrar la soberanía popular y a regular el ejercicio de la democracia española, viva muchos años.

Muchas gracias.

CAPÍTULO XIV

La gravedad de la crisis, la debilidad del gobierno reformista. Por un gobierno de concentración democrática

(Discurso pronunciado ante el Pleno del Congreso de los Diputados el 27 de julio 1978.)

Señor presidente, señoras y señores diputados:

Quiero empezar mi declaración en nombre del Grupo Parlamentario Comunista saludando el estilo civilizado y dialogante con que se ha iniciado esta nueva etapa política. Es un estilo a mantener, independientemente de las confrontaciones que tengan lugar entre quienes representamos ideales e intereses muy diversos.

La voluntad de superar los residuos pasionales e ideológicos de la Guerra Civil y de consolidar la democracia naciente está presente en ese estilo. Conformes con él y no obstante nuestros principios y tradiciones republicanas, nosotros hemos saludado cortésmente la presencia y el discurso liberal pronunciado el otro día en este recinto por el jefe del Estado.

Para los comunistas la cuestión esencial hoy no es monarquía o República; es democracia o dictadura, y estamos dispuestos, en este momento, a subordinar nuestras preferencias por la forma política de gobierno al logro del más amplio consenso para la consolidación de la democracia, si comprobamos que existen todas las garantías necesarias a este fin.

Nuestra voluntad resuelta es cooperar a la elaboración de una Constitución que dé cauce a todas las familias ideológicas y políticas sin exclusiones, a todas las fuerzas que actúan en la sociedad, una Constitución que afirme la primacía de la soberanía popular; que obligue a todos por igual, incluidos quienes están en el vértice de las instituciones del Estado, que salvaguarde los derechos humanos y garantice la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, reparando injusticias históricas escandalosas; una Constitución que resuelva auténticamente el problema de las libertades nacionales y regionales, indispensables para que España sea un Estado unido, sin centralismos opresores que generen tendencias centrífugas de separación y que pongan en peligro la unidad de los españoles, que, además de españoles, son vascos, catalanes, gallegos, castellanos, valencianos, aragoneses, asturianos, navarros, andaluces, canarios, etc. Sin que una calidad tenga que estar necesariamente en conflicto con las otras; una Constitución que garantice los derechos de los que trabajan y que no esté hecha con las miras fundamentales de perpetuar un régimen de desigualdad social; que se halle abierta a las transformaciones estructurales de carácter económico y social que la voluntad popular, expresada por el sufragio universal, reclame en uno u otro momento; una Constitución que establezca la mayoría de edad política a los dieciocho años.

En definitiva, estamos dispuestos a cooperar en la elaboración de una carta constitucional, que todos los españoles puedan considerar como propia. Esa carta tiene que salir de estas Cortes, que, por ese solo hecho adquieren la categoría de unas Cortes Constituyentes.

Simultáneamente, estas Cortes tienen otras tareas, entre las cuales aquellas que culminen el proceso de reconciliación de los españoles, como una amnistía para todos los delitos de intencionalidad política.

Bien sabemos que ciertos sectores pueden estar dolidos por acontecimientos recientes; también nosotros lo estamos por atentados que están en la memoria de todos.

Mas el resentimiento no es buen consejero a la hora de iniciar la andadura democrática.

Y, por otro lado, la amnistía confirmada hoy dará todo el poder moral necesario para aplicar la ley a cuantos en lo sucesivo, y a condición de que las libertades democráticas sean garantizadas para todos, maten, secuestren o roben en nombre de actitudes a las que ya no podrá atribuirse legítimamente una intencionalidad política.

Esa amnistía tiene que tener también una vertiente laboral y confirmar la readmisión en sus puestos de trabajo en las empresas o en los escalafones del Estado, con todos sus derechos, a cuantos fueron despedidos o depuestos por razones políticas o sindicales.

También debe aplicarse la amnistía a delitos establecidos en el Código Penal para la mujer, con evidente discriminación, y que han dejado de serlo en la mayoría de los países civilizados.

Por otra parte, en esta nueva etapa habrá que pensar y obrar seriamente, en una auténtica reforma democrática del Estado, que sigue siendo el Estado heredado del período dictatorial.

Pero hoy, sin duda, los problemas más acuciantes son aquellos que se derivan de la crisis económica que atraviesa el mundo capitalista y que en España adquieren una agudeza crítica a causa de las deformaciones y debilidad de las estructuras económicas heredadas del régimen anterior.

En primer lugar, hay que afirmar que de la crisis no es culpable la naciente democracia española; si algo podría aseverarse es, por el contrario, que la democracia española ha sido también, en parte, un resultado de la crisis, que el régimen dictatorial era incapaz de abordar y resolver.

Frente a las consecuencias de la crisis, los comunistas actuamos como representantes de las clases y capas sociales más dolorosamente afectadas: los obreros, los trabajadores del campo, los profesionales, las capas medias urbanas y agrarias. Nuestra responsabilidad de representantes de esos sectores se identifica con nuestro sentido de responsabilidad nacional que estamos dispuestos a asumir plenamente. El hecho de que las elecciones pasadas no hayamos obtenido, por causas políticas e históricas diversas, una votación correspondiente a nuestra fuerza e influencia real en el país, y que el sistema electoral haya reducido casi a la mitad el número de diputados que corresponderían a nuestros votos, no nos lleva a una actitud insolidaria, de renuncia a nuestras responsabilidades nacionales; no nos empuja a acantonarnos en una fácil oposición, en lo que podríamos llamar una política parlamentaria de «pimpampum».

Nos preocupa más España, la situación de nuestros trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo, de la economía nacional en definitiva, que la obtención de un número mayor o menor de votos en las próximas elecciones. Es decir, no jugamos a la catástrofe para sobreponernos a nuestros adversarios políticos.

La situación económica es seria y todos debemos hacerle frente con conciencia y responsabilidad. Cuantos queremos la democracia estamos embarcados en una misma nave; naufragaremos o llegaremos a puerto, pero todos correremos la misma suerte.

Por eso no podemos aplaudir el programa de medidas económicas elaborado por el gobierno y nos vemos forzados a formular serias reservas frente a él.

Las primeras consecuencias de ese plan son evidentes, están ahí y van a pagarlas los sectores más modestos del país.

Me refiero a los resultados de la devaluación. En los mismos medios gubernamentales se reconoce que ésta va a llevarnos a un alza del coste de la vida, alrededor del 22 %. Nosotros estamos convencidos que si de algo peca ese cálculo es de optimismo y de que el alza seguramente será aún mayor.

Los precios son como las cerezas.

Frente a esa alza de los precios, se prevén aumentos lineales de salarios, que van a poner a éstos muy por debajo y que reducirán gravemente el nivel de vida del conjunto de los trabajadores.

Queremos ser sinceros: ningún partido obrero y —estamos convencidos— ninguna organización sindical puede asumir la grave decisión de aceptar tales sacrificios en estas condiciones, ni siquiera con la promesa de la reforma fiscal, del impuesto sobre los patrimonios y otras medidas, que tienen un carácter positivo, pero que tardarán en dar sus resultados.

Es más, la falta de transparencia, de claridad en la presentación de estas medidas, que hace que la pequeña y mediana empresa, hoy en situación crítica, no vean en ellas garantías específicas que preserven sus intereses, puede agravar la crisis, y desde luego ofrece un amplio campo de agitación política y social a los sectores de grandes empresarios y financieros que, acostumbrados a no pagar impuestos, a disponer como suyos de los fondos estatales, a no sufrir ningún control, consideran casi como una revolución las reglas tributarias más elementales observadas en cualquier país capitalista.

Por ese lado hay que temer incluso una política de boicot que explote el descontento social y ponga en peligro los logros democráticos.

Es decir, independientemente de vuestras buenas intenciones, que yo no pongo en duda, señores del gobierno, vuestra política económica puede descontentar a todo el mundo y colocarnos en una situación inextricable.

Éste no es todavía el debate sobre los problemas económicos. Es la ocasión para una declaración política de carácter general, en la que queremos, sin embargo, esforzarnos en ir al fondo de las cosas, tanto unos como otros.

En este país ha habido la política de reforma que consistió en regular y controlar, desde arriba, los cambios democráticos para que éstos no fueran ni demasiado rápidos ni demasiado profundos. Hay que reconocer al equipo reformista, y particularmente al presidente Suárez, que, sin perjuicio de errores —y el tratamiento del problema vasco fue quizá el mayor, junto con la política de orden público—, el balance de su labor ha tenido éxitos, y uno de ellos, el más importante, que hayamos llegado a estas Cortes. Para ello ha sido igualmente decisiva la acción política de la oposición democrática, que ha combinado la presión y la negociación con gran sentido de responsabilidad.

Pero al existir estas Cortes, abiertas solemnemente por el jefe del Estado el día 22, la política de reforma se ha agotado.

Estamos en un período de transición, en el que hay que construir y consolidar las instituciones democráticas y elaborar y realizar un plan de recuperación y saneamiento de la economía nacional, y el método de gobierno, así como la composición de éste, ya no pueden ser los de la reforma.

No es posible que un gobierno monocolor, que además es minoritario en esta Cámara y en el país, lleve adelante, con éxito, una tarea tan compleja.

Aunque vuestro plan no tuviera los fallos que tiene, aunque fuese el mejor imaginable, un gobierno monocolor y minoritario, en el que es tan evidente la presencia de hombres relacionados con la alta finanza y el empresariado como la ausencia de representantes de los trabajadores, carece de autoridad política ante el país para exigirle el sacrificio y los esfuerzos imprescindibles a fin de superar esta situación. Ése es el problema de fondo que quizá podáis eludir en uno u otro momento, consiguiendo eventualmente votos de la izquierda o de la derecha, pero que terminará imponiéndose a vosotros mismos, como de hecho está planteado hoy ante el país.

Lo que haría falta hoy es un gobierno de concentración democrática nacional, capaz de presidir la elaboración de una Constitución que consolide las instituciones democráticas, de presidir los problemas que va a crear la concesión de las libertades nacionales y regionales, de llevar a cabo la reforma democrática del Estado, y especialmente de preparar y realizar un amplio plan de recuperación y saneamiento de la economía.

Ese plan tendría que abordar problemas como el de la energía, desarrollando y modernizando la industria de la minería, montando centrales térmicas a pie de mina, aprovechando al máximo los recursos hidráulicos y fomentando otros recursos, a fin de reducir seriamente las importaciones de petróleo.

Tendría que abordar asimismo el problema de la alimentación, modernizando la agricultura y la ganadería, lo que entraña reformas sociales que terminen con los latifundios improductivos o mal cultivados, expropiándolos mediante indemnización. Así se crearían nuevos puestos de trabajo en la parte subdesarrollada del país y se empezaría a dar solución racional al problema del paro, en zonas como Andalucía y Extremadura, donde, señores del gobierno y señores diputados, existen situaciones de hambre que no consienten demora, y que pueden originar conflictos graves, a pesar de la serenidad y paciencia de los que las sufren, serenidad y paciencia que tienen sus límites.

En ese mismo sector de la alimentación se halla el problema de la pesca, en el que está claro que España, país de pescadores, se ha quedado atrás con una flota desfasada, que hay que renovar en gran parte, y como consecuencia de la indefensión en que el anterior régimen, por su falta de prestigio internacional, ha dejado a la industria pesquera.

O resolvemos el problema de la energía y la alimentación, con estructuras modernas, democratizando los circuitos de comercialización y acercando las industrias de transformación a los orígenes, por cuanto compete a la agricultura, ganadería y pesca, o cada vez seremos más dependientes de las importaciones y nos encontraremos más endeudados.

Un plan de ese género tendría que ir unido al desarrollo de construcciones escolares y sanitarias —ligadas a un plan de reforma democrática de la educación y la sanidad y al desarrollo de la investigación—, edificación de viviendas —con medidas eficaces contra la especulación sobre el suelo— a la construcción de carreteras y, sobre todo, al desenvolvimiento y modernización de la red ferroviaria.

Tendría que ir unido, asimismo, al encauzamiento del crédito hacia el desarrollo de aquellas industrias para las que estamos más preparados y hacia la protección de la pequeña y mediana empresa.

Es decir, se trata de ir a una reforma de las estructuras económicas, saneándolas, modernizándolas y haciéndolas más justas desde el punto de vista social.

En esa perspectiva encontrarían justificación las medidas fiscales, la demanda de sacrificios a unos y otros y se podría crear un clima de confianza y de responsabilidad nacional, de entusiasmo frente a una tarea que no va a ser fácil y que demandará el esfuerzo de varios años.

Por lo que hace a la política exterior, los comunistas sostenemos la petición presentada por el gobierno en Bruselas para que comiencen las negociaciones que conducirán a España al ingreso en el MCE. En el transcurso de esas negociaciones consideramos muy importante la defensa de los intereses de la agricultura española, que se encuentra en una situación de marasmo y que ha sido la cenicienta durante estos años. Al mismo tiempo deberá prestarse gran atención a la defensa de los intereses y los derechos de la gran cantidad de trabajadores emigrados en Europa, que hoy están discriminados en relación con los de los países del MCE. Nos pronunciaremos también por una política de neutralidad, al margen de los bloques, que afirme la soberanía y la independencia de España.

Apoyaremos también todo cuanto signifique estrechamiento de las relaciones políticas, económicas y culturales con los países de Latinoamérica, así como con los países del Tercer Mundo.

Nos pronunciamos por una política de paz y cooperación en Europa y en el mundo, con todos los países, cualquiera que sea su régimen social.

Lamentamos que el gobierno español, en el período del señor Arias, haya hecho una opción, en el caso del Sáhara, no por la autodeterminación del pueblo saharaui, sino a favor del expansionismo marroquí. Nos pronunciamos por una revisión de esa política y por un mejoramiento de las relaciones con Argelia, que es ya hoy un partenaire importante en el terreno comercial y podría serlo mucho más —y aquí no olvidamos la incidencia que ello tendría en la solución de nuestros problemas energéticos— en una situación de crisis en la que tan esencial resulta lograr nuevos mercados.

¿Por qué planteamos los problemas así? ¿Por qué llamamos a una política de concentración nacional democrática? Porque estimamos que la situación de España es más crítica de lo que muchos creen. Y porque consideramos utópica la actitud de quienes piensan que aquí hay el espacio para una alternancia tranquila de dos grandes partidos, como en tiempos de Cánovas y Sagasta, o como puede acontecer hoy en Alemania Federal, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Interpretar los últimos resultados electorales, adquiridos en una coyuntura excepcional, como una situación estable, que se va a reproducir metódicamente, de modo que si fracasa el centro gobierne el PSOE o viceversa, es un sueño que puede conducir a un triste despertar.

Aquí es necesario que todos arrimemos el hombro para levantar el país. Pero que lo arrimemos no unos abajo y otros arriba, no los banqueros en el gobierno dirigiéndolo todo y los trabajadores fuera de él, sino reconociendo a estos últimos el derecho a un espacio de poder político que les ha sido sistemáticamente negado en este país. Y junto con el espacio de poder político los trabajadores necesitan un auténtico código de derechos, en el que se reconozcan la personalidad de sus organizaciones, sus libertades sindicales y que comience a llevar la democracia al seno mismo de las empresas.

Éstas son las ideas que quería exponer la minoría parlamentaria comunista, ante el Congreso y el país, al inicio de esta nueva andadura cuyo éxito nos importa vitalmente a todos los españoles.

Muchas gracias por su atención. [Aplausos.]

CAPÍTULO XV

Sobre el Orden Público y la debilidad del gobierno de UCD sin mayoría en las Cortes

(Discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 14 de setiembre de 1977.)

Señor presidente, señoras y señores diputados:

Nosotros no venimos aquí a hacer un proceso a las Fuerzas de Orden Público, como podría deducirse de algunas intervenciones que ha habido en la Cámara y del mismo discurso que el ministro del Interior hizo ayer. No venimos tampoco a intentar provocar una crisis de gobierno. Nuestra moción no es una moción de censura en el sentido corriente; es más la exposición de un voto, de un deseo, de una voluntad que creemos va al encuentro del interés de nuestro país.

Estamos discutiendo (y esta Cámara tiene pleno derecho a hacerlo) el incidente de que ha sido víctima nuestro compañero el señor Blanco y también —cómo no— el contorno político en que este incidente ha tenido lugar.

Ya ayer escuchamos un discurso del señor ministro del Interior, moderado en la forma (y subrayo en la forma), pero al final del cual no se sabía bien si el señor ministro del Interior había hecho la defensa de las Fuerzas de Orden Público (que nadie pone en cuestión), o si el señor ministro lo que hacía objetivamente, quizá al margen de su propia voluntad, era la defensa de los excesos de algunos miembros de la Fuerza Pública. Y yo echo de menos en las palabras del señor ministro algo que me hubiera parecido esencial en el momento en que este país tiene por primera vez, desde hace cuarenta años, unas Cortes, un Congreso y un Senado elegidos democráticamente. Un instrumento democrático este que todavía no ha asentado su autoridad, no solamente en el ejercicio de sus funciones, sino su autoridad moral como poder supremo de este país, y que necesita que el gobierno y el señor ministro del Interior contribuyan a fundamentar y a consolidar esa autoridad moral.

Ya he echado de menos en las palabras del señor ministro una defensa de la dignidad de esta Cámara y de algo que es esencial: la inmunidad de los parlamentarios, que no es un privilegio, que es el reconocimiento de que los parlamentarios son aquí la representación del pueblo, y de que por encima de la representación del pueblo no hay en este país ningún poder.

Yo quiero decir que el señor Blanco, aunque haya recibido un golpe más o menos fuerte en la región occipital, no es el único parlamentario de estas Cortes que ha sido objeto de befa y de escarnio. Mis noticias son que un parlamentario, un Senador de Unión de Centro Democrático, también ha sufrido un trato de befa, de mofa, por parte de ciertos agentes de la autoridad, aunque prudentemente, y quizá por solidaridad con el gobierno, se haya callado sobre ese caso.

Y es necesario que la autoridad de estas Cámaras, que la autoridad de este foro, salga robustecida de un debate de este género.

En su discurso, el señor ministro del Interior ha dicho algo con lo que yo estoy plenamente de acuerdo (no me cuesta reconocer que pueda estar de acuerdo con el señor ministro del Interior) y es que los componentes de las Fuerzas de Orden Público son hijos del pueblo, forman parte también del pueblo y, además, como él decía, no de las capas más privilegiadas del pueblo.

En efecto. Los componentes de las Fuerzas de Orden Pública son hombres surgidos de las capas más modestas de este país. Son hombres que han tomado ese camino no porque tuvieran vocación de esbirros, sino porque en este país no era fácil (y no es fácil, y hoy menos) para muchos trabajadores, encontrar un trabajo en la fábrica o en el campo. No han elegido en plena libertad su oficio. Han sido obligados por una situación social a serlo.

Sin embargo, señores diputados, es evidente que estos hombres, de extracción tan modesta como el más modesto de los diputados de esta Cámara, durante cuarenta años han sido utilizados para oprimir a esas capas y a esas clases sociales de las que provienen. Durante cuarenta años han sido utilizados para servir y defender a un régimen autocrático contra su pueblo, para defender a una minoría oligárquica y sus privilegios.

Y nosotros también conocemos a esos hombres de las Fuerzas de Orden Público, y sabemos el drama que para muchos de ellos representa desempeñar ese papel. Sabemos la violencia moral, la violencia interior que ellos han tenido que hacerse para aceptar el ser los instrumentos de la violencia de un poder dictatorial.

Muchos de mis compañeros han estado años en prisión, han estado en las comisarías en momentos de los más duros, y han podido comprobar ellos mismos cómo miembros de la Policía Armada, cuando salían de ciertas secciones especiales y las bajaban destrozados a los calabozos, tenían gestos humanos, solidarios, de hombres. No nos tenéis que enseñar a nosotros que las Fuerzas de Orden público están compuestas también por seres humanos. Yo mismo lo he visto hace no muchos meses, por fortuna por muy escaso período de tiempo, yo mismo he comprobado que muchos de esos hombres tienen un trato humano y respetuoso, aunque haya otros que no se caracterizan por eso mismo. Y nosotros mismos vemos ahora en nuestros locales, protegidos por la Policía Armada en algunos casos, el comportamiento profesional, serio, de los miembros de las Fuerzas de Orden Público.

Y el problema es que entre esas fuerzas mismas existe un gran disgusto porque, al fin y al cabo, muchas veces no saben lo que tienen que hacer, porque el gobierno no tiene siempre una política clara de orden público, lo que les crea situaciones y problemas morales que nosotros comprendemos.

Fuera ya del conjunto de las Fuerzas de Orden Público, lo que sí quiero decir al señor ministro del Interior es que en el aparato de Policía del Estado hay todavía estructuras, grupos de hombres que están ahí en esos grupos especiales no por su profesionalidad, sino por su adhesión al régimen anterior, y que son quienes, a veces, comprometen con su conducta el honor y el prestigio del conjunto de las Fuerzas de Orden Público. Y son esos hombres que están ahí en esos grupos especiales, y son algunos jefes que han llegado al cargo en que están por su adhesión al régimen pasado y por sus servicios (yo no quiero ahora abrir heridas por sus servicios —¡y qué servicios!— al régimen pasado) los que desacreditan y los que desprestigian al conjunto de los Cuerpos de Orden Público, y el señor ministro tendría que separarse de esos hombres si quiere de verdad defender el prestigio de las Fuerzas de Orden Público.

Hace falta una auténtica reforma democrática, que no sería, creo yo, tan difícil. Y esa reforma democrática debería incluir, entre otras cosas, el que las Fuerzas de Orden Público fueran sometidas a la jurisdicción civil dependiendo de ministerios civiles y no fuerzas militarizadas.

El señor ministro estaba ayer, aparentemente, muy satisfecho de su gestión. El señor ministro olvidaba que en esta transición pacífica que estamos haciendo de la dictadura a la democracia, bajo el pórtico de la reforma, ha habido en este país más muertos que en la revolución portuguesa, bastantes más muertos y bastantes más heridos. Y todo ello porque no ha habido una política de orden público acertada.

Yo quiero decir que los defectos no son de las Fuerzas de Orden Público, son de la política. ¿Por qué os resistís a hacer cruz y raya de una vez y a dar una amnistía para terminar con la mezcla que hay entre los procesados y los perseguidos por las acciones contra la dictadura y los que pueden ser procesados y perseguidos por acciones que ya no son contra la dictadura en el día de hoy? ¿Por qué no os decidís a hacer eso y habréis resuelto uno de los problemas más serios del orden público en este país? ¿Por qué no tomáis iniciativas para buscar una solución, aunque sea provisional, al problema vasco, y por qué dejáis que ese problema se envenene cada día más? ¿Por qué cuando tratáis de resolver el problema catalán de una manera provisional (está visto que es que no sabéis o no queréis hacer las cosas bien) lo hacéis de tal modo que mezcláis a los presidentes de Diputación nombrados por la dictadura con los elegidos por el pueblo? ¿Por qué negáis a los parlamentarios catalanes el papel que deberían desempeñar en esta situación en Cataluña, puesto que ellos son la expresión más reciente y más auténtica de la voluntad popular?

Si me equivoco en esto, señor Sánchez Terán, espero que informe aquí, a la Cámara, que los acuerdos establecen el papel de los parlamentarios sin duda de ningún género, y que los presidentes de Diputación no van a pertenecer al gobierno de la Generalitat. En ese caso rectificaré con gusto mis palabras. [Rumores.]

Quiero decir, señores del gobierno, que una política más inteligente y más audaz en este sentido nos permitiría a nosotros, permitiría a las fuerzas políticas del arco parlamentario, incluso a fuerzas que no están en este Parlamento, tomar una posición más enérgica contra los actos incívicos que a veces se producen en algunos lugares en este país, contra eso que pasa algunas veces en las Ramblas de Barcelona, contra los grupos marginados que atacan y golpean a los diputados elegidos por el pueblo. Eso nos permitiría a nosotros tomar con más fuerza, tomar con claridad la defensa de un orden público que sí sería democrático, pero que todavía no lo es.

Claro que éste es un debate político, y yo he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, que lo que nosotros proponemos no es una crisis. Ni siquiera proponemos que el señor Martín Villa se vaya [risas], porque si todo queda reducido a eso, aunque sería difícil encontrar alguien peor [risas], todavía es posible que en el centro haya un ministro del Interior peor que el señor Martín Villa. [Risas.]

Nosotros, cuando hemos presentado nuestra moción, no tratamos de provocar una crisis; tratamos de proponer, de sugerir, de hacer comprender la necesidad de lo que podría quedar limitado a un simple reajuste ministerial, señor presidente del Consejo de Ministros. No creemos que éste sea un momento en que podamos permitirnos el lujo de crisis.

A veces, esta Cámara tiene cierto aire surrealista. [Risas.] En algunas de las sesiones que hemos presenciado aquí, yo tenía netamente esa impresión, y cuando veo que se discute, que se polemiza y que se obra políticamente y como si estuviéramos ya en una democracia consolidada estilo Alemania Federal, Gran Bretaña, Francia u otra, pienso que, efectivamente, en todo ese juego político hay una enorme cantidad de surrealismo, y si el surrealismo en el arte puede ser una ventana de creación genial, en política el surrealismo suele terminar muy mal y muy dramáticamente.

El señor ministro decía que el pueblo quiere, ante todo, orden y autoridad. Es cierto que el señor ministro se entera de lo que quiere el pueblo por los informes de la Policía, que no son los mejores para enterarse de lo que quiere el pueblo. Orden democrático, señores, lo queremos todos aquí y todos sabéis que es necesario, pero lo que necesita el pueblo, además de orden democrático, e incluso para que haya orden democrático, es que en esta Cámara entremos de una vez a discutir los problemas reales y de fondo que están planteados ante nuestro país. Es muy grave que se haya pegado a un diputado, y esta Cámara tiene que condenarlo, pero es más grave que haya un millón y medio de españoles que no saben cómo van a dar de comer a sus hijos el día de mañana. Y es más grave que haya centenares de pequeños y medios empresarios que no tienen idea de si van a poder sobrepasar y salir con vida de la crisis económica. Y es más grave que haya infinidad de niños sin escuelas, que la sanidad en este país sea un desastre y que la Seguridad Social lo sea también.

Este tipo de problemas son los que deberíamos estar discutiendo y examinando ya. Me parece que la Comisión de Reglamento de esta Cámara debería encerrarse, aunque fuera en un convento incluso y no salir de él hasta que no viniese con un proyecto de reglamento que nos permita comenzar a trabajar en serio.

Y la Comisión de Constitución debería hacer exactamente lo mismo, para que tengamos lo más pronto posible un proyecto aquí.

Es decir, señor ministro, al pueblo lo que le preocupa no es tanto el orden como poder vivir, y tener seguridad en el mañana; y eso es lo que el poder debe esforzarse por resolver, y por resolver con energía. Hasta las Fuerzas de Orden Público, señor ministro, están interesadas en eso, porque también ellas tienen esos mismos problemas que tiene el pueblo, y quieren que se resuelvan.

Yo quiero decir que aquí se han pronunciado palabras graves, pero que tienen cierta correspondencia con la realidad. Empieza ya a preguntarse cierta gente qué hace el Parlamento, qué hacen las instituciones democráticas, para qué sirven. Algunos dicen que estamos peor que estábamos. No siempre ese juicio es espontáneo y objetivo; muchas veces es un juicio malintencionado políticamente. Claro que en este país estamos acostumbrados a que haya un poder por encima de todos, que es el que resuelve los problemas. Hay quien ha pensado que el Parlamento en cuarenta días podía desfacer los entuertos de cuarenta años, y eso no es posible. Pero, de todas maneras, es evidente que tenemos que comenzar a trabajar más seriamente. ¿Y qué hace falta para trabajar más seriamente? Señores, no es que la Presidencia de la Cámara funcione mal [risas]; no funciona mal. A veces, recibe ciertas presiones que la desequilibran un poco. [Risas.] El problema es que estamos fundando un nuevo sistema político en este país. Yo creo que todos somos conscientes de lo que supone fundar un nuevo sistema político, y que lo estamos fundando en una situación de crisis económica muy grave. Y claro, en esas circunstancias de excepción, lo que no es posible es que haya un gobierno minoritario en la Cámara y aún más minoritario en el país. Ningún período excepcional de este tipo ha sido resuelto históricamente por un gobierno minoritario. Podría resolverlo —si no se tratase de establecer la democracia— una dictadura; pero un gobierno parlamentario minoritario no puede fundar un nuevo sistema político, y menos en las condiciones de crisis que existen hoy en el país. Hace falta que ustedes lo comprendan. Y no sólo ustedes. Hace falta también que nuestros amigos del PSOE lo comprendan [risas], porque ustedes no tienen mayoría, pero el PSOE tampoco tiene mayoría. [Risas.] ¿Y cuál es el peligro, señores diputados? Nos estamos riendo todos, porque somos gente de buen humor, lo que es una cosa muy agradable; yo también me río; pero el peligro, señores del gobierno y señores diputados, es que un gobierno minoritario y un partido que es mayoritario de la oposición, pero que es minoritario también, terminen creyendo que estamos ya en una democracia de verdad. O bien que el gobierno, con el pretexto de que no es una democracia de verdad, nos diga «aunque seamos una minoría tenéis que tragar todo lo que os queramos dar», que es lo que pasa. Y, claro, nadie está dispuesto a aceptar esa situación que nos crea el gobierno.

En la noche de ayer comprobamos que en esta Cámara el gobierno no tiene mayoría. En la Junta de Portavoces el gobierno (y lo siento por mi querido amigo el señor Camuñas) quedó en minoría. Y si nos juntáramos todos, el gobierno sería derrotado hoy. Pero, repito, la cuestión es que no hay otra alternativa de partido a ese gobierno. Lo que no asegura la perdurabilidad del gobierno. No os hagáis ilusiones. [Risas.]

¿Y cuál es el peligro, señores? El peligro es que un gobierno y una oposición en esas condiciones van inevitablemente a la creación de un vacío de poder. Van inevitablemente a dar al país la sensación de impotencia. Y cuando una democracia, y más una democracia como ésta, a la que le faltan todavía tantas cosas, crea un vacío de poder, da la sensación de impotencia, el pueblo empieza a decir que no ha cambiado nada y se están creando las condiciones para que un salvador, sea quien sea, se presente como candidato a hacer la felicidad del país, sorprenda la buena fe del país y nos haga volver a aquello de lo que todavía estamos saliendo.

Se ha hablado, como sustitutorio del gobierno de concentración democrática nacional que nosotros hemos propuesto, de un programa pactado. Por lo que parece, por lo que yo he leído en la prensa, ciertas conversaciones sobre un programa pactado se han quedado en agua de borrajas. Y, probablemente, con lo que nos vamos a encontrar aquí es con un programa que es el nuestro, que es el de la izquierda, que va a traer el gobierno, y en eso el centro va a seguir quitándonos, por nuestra falta de iniciativa política y por nuestra incapacidad de asunción de las responsabilidades que tenemos en esta situación (y digo esto especialmente para nuestros compañeros socialistas), este gobierno va a confiscar nuestro programa otra vez más [risas], sin capacidad, naturalmente, para aplicarlo, y sin que el pueblo tenga confianza en él para aplicarlo, incluso si el gobierno tuviera la buena voluntad de aplicarlo, que yo no lo pongo en duda. [Risas.]

Es claro, y con esto doy fin a mi intervención, que la solución en esta Cámara y en este país es que todos arrimemos el hombro. Ahora bromeamos, nos reímos. Yo les invito a volvernos a ver dentro de unos meses, a ver quién bromea y quién ríe sobre estas cuestiones. Estas cuestiones son muy serias.

Y cuando os convenzáis de que el camino, el único camino es ése, lo único que yo deseo es que no sea demasiado tarde.

Nada más. Muchas gracias. [Aplausos.]

CAPÍTULO XVI

Defensa de los Pactos de la Moncloa en el Parlamento

(Discurso en el Congreso de los Diputados, el 27 de octubre de 1977.)

Señor presidente, señoras y señores diputados:

Al hablar en nombre del Grupo Parlamentario Comunista sobre el plan programático que ha presentado esta tarde el vicepresidente del gobierno para Asuntos Económicos, no quiero abusar de las palabras solemnes y altisonantes.

Yo creo que el hecho de que exista este pacto se valora por sí solo. Es un acto de responsabilidad nacional, de cara a la tarea de desarrollar y estabilizar la democracia y de sacar al país de una situación económica grave que podría devenir ruinosa; una situación que no ha creado la democracia; una situación que hemos heredado del régimen pasado.

Y quiero decir que este pacto no es un trágala ni una imposición del gobierno. El documento que todos los partidos hemos firmado libremente, en el que todos hemos estado de acuerdo, del que todos somos responsables y nadie puede desentenderse, en el que todos —y no unos ni otros— pueden reconocer ideas defendidas en sus programas electorales y concesiones hechas voluntariamente, ese documento es un documento de todos. Y no lo hemos hecho para salvar al gobierno de la Unión de Centro Democrático. [Risas.] Bien sabido es que nosotros pensamos que ése no es el mejor gobierno. Tampoco lo hemos hecho para afirmar el protagonismo de uno u otro partido. Y yo diría más: que por lo menos los comunistas no hemos firmado el pacto a medias. Lo hemos firmado entero. Lo asumimos y lo defenderemos ante el país y ante los sectores de la opinión pública que representamos con toda energía, sin reservas, sin vacilaciones. Porque ese pacto lo hemos hecho para salvar a la democracia y para salvar al país.

Se han expresado críticas en el sentido de que el pacto reduciría y limitaría los poderes del Parlamento y, por consiguiente, de la democracia. Ello no es cierto. En definitiva, quien va a discutir y aprobar las leyes por las que se va a ir a la aplicación de este programa es el Parlamento. En su momento todos podremos definir nuestra opinión y nuestro voto con los matices diferenciados que sean necesarios. Pero, además, en la Moncloa nos hemos reunido y hemos pactado los representantes más caracterizados de todos los grupos parlamentarios. Y hemos procedido, pienso yo, en nombre y representación de esos grupos parlamentarios.

Yo diría que lo que estaba representado en la Moncloa era precisamente el Parlamento. Y añadiría, insistiendo en una idea que he expuesto ya, que, al menos, los diputados comunistas se identifican con los acuerdos firmados en su nombre por su portavoz. Diría también que es ahora cuando el Parlamento está empezando a trabajar, en fin, seriamente, y a ser un Parlamento que puede merecer la confianza y la esperanza del país que le votó.

Este documento es, de hecho, un plan de austeridad, que pide sacrificios a todas las fuerzas sociales. Pero, por primera vez en este país, los sacrificios no recaerán exclusivamente sobre los trabajadores. Éste es un logro que permite precisamente a los partidos obreros como el nuestro suscribir sin reservas el Pacto de la Moncloa.

Debo añadir que esto no es lo que se conoce como «pacto social». Los pactos sociales se establecen generalmente entre los sindicatos, los patronos y los gobiernos. Quizá hubiera tentativas en un momento anterior de hacer este pacto social, pero fueron infructuosas. Éste es un pacto político y económico, elaborado por los partidos políticos, que luego está siendo sometido a la consideración de los sindicatos y los empresarios, pero en el que sobresale principalmente su carácter político. Ello quiere decir que los partidos políticos firmantes asumen las responsabilidad de este pacto ante los sectores sociales de los que son representantes: obreros, capas medias, grandes empresarios; que los partidos políticos tienen que explicar a unos y a otros las razones de ese pacto, tienen que disuadir, convencer, y no pueden, de ninguna manera, después de haber firmado, lavarse las manos sobre el pacto ante la opinión pública.

El Grupo Parlamentario Comunista asume su parte de responsabilidad y pondrá en obra todos los medios a su alcance para que los sectores de la clase obrera y de las fuerzas de la cultura que representa la asuman y contribuyan a su aplicación.

Sin ningún ánimo de protagonismo, yo quiero recordar que el 9 de agosto, en la Comisión de Economía y Hacienda, mi compañero Ramón Tamames, en representación de nuestro Grupo, ponía seis condiciones mínimas, y como testimonio está el Diario de Sesiones, para apoyar un acuerdo económico. Esas seis condiciones eran:

Primera. Hacer más progresivas las medidas fiscales proyectadas.

Segunda. Mantener el poder adquisitivo de los salarios, aumentar los más bajos y aumentar la mayor parte de las pensiones.

Tercera. Luchar de forma decidida contra el paro recurriendo a una importante ampliación de la inversión pública.

Cuarta. Prestar mayor atención a los problemas de la pequeña y mediana empresa.

Quinta. Atender con urgencia los problemas de la agricultura y del sector pesquero.

Sexta. Plantear un conjunto de reformas económicas para, en vez de un Plan de Estabilización, ir a un verdadero plan de saneamiento y recuperación de la economía española con transformaciones democráticas en el sector agrario, en la empresa pública, en la Seguridad Social, en el urbanismo, en los derechos de los trabajadores, en las relaciones dentro de la empresa, etcétera.

Consideramos que estos seis puntos en lo esencial están recogidos en los acuerdos de la Moncloa. Cierto que, en tanto que somos un partido de los trabajadores, hubiéramos preferido un alza del nivel de vida, del salario real de éstos, pero en una situación de crisis como la actual consideramos un logro de gran valor el mantenimiento del nivel de vida alcanzado hasta hoy.

No podemos olvidar que en circunstancias semejantes, en Inglaterra un gobierno, no de la UCD, sino laborista, mantuvo los salarios al nivel del 10 % mientras admitía el alza de la inflación alrededor de un nivel del 25 %. Es decir, admitió una pérdida del 15 % del valor real adquisitivo de los salarios. Y no olvidamos tampoco que el gobierno actual en sus primeras propuestas se orientaba a mantener un alza de salarios cinco puntos más bajo que el alza del coste de la vida.

Hemos defendido los intereses de los trabajadores no solamente los comunistas —yo no quiero apuntarme ese tanto— sino otras fuerzas políticas dentro del límite máximo que permitía la situación de crisis que vive el país.

También hemos obtenido un aumento de los fondos destinados al seguro de paro, aumento acrecentado, si no estoy mal informado, después en las conversaciones con sindicatos y empresarios, y una flexibilización y extensión del seguro de paro. Una política de creación de empleos que no resolverá el problema del paro, pero que lo mitigará, sobre todo el paro juvenil y el paro en las zonas más deprimidas económicamente.

Ahora es necesario que el gobierno con los sindicatos resuelva de una vez el problema de auténticas libertades sindicales, de la utilización de los bienes de la anterior Organización Sindical y del código de derechos y obligaciones de los trabajadores en la empresa.

Consideramos dos aspectos de los acuerdos de la Moncloa sumamente importantes. Me refiero a aquellos que conciernen a la reforma fiscal progresiva, gracias a la cual en este país van a empezar a pagar, por fin, los que tienen mucho; y aquellos que conciernen, en este mismo sentido, a la posibilidad de investigar los bienes de los particulares.

Quiero subrayar también las medidas de ayuda a la pequeña y mediana empresa que se contienen en el programa aprobado colectivamente.

No quiero tampoco dejar de señalar la importancia que tiene para quienes en la campaña electoral hemos clamado contra el abandono en que estaba la infancia en este país, la educación en este país, la creación de cuatrocientas mil plazas escolares de Enseñanza General Básica, de doscientas mil plazas preescolares y de cien mil del Bachillerato Unificado y Polivalente, todas ellas en la enseñanza pública. Esto fue reclamado por casi todos los partidos en la campaña, haciéndose eco de las ansias de cultura y de justicia de nuestro pueblo.

En lo que respecta a la agricultura, los acuerdos de la Moncloa salen al paso de las necesidades más urgentes: Una ordenación de los cultivos a fin de hacer frente a las necesidades alimentarias del país y a las de la exportación, al objeto de conseguir el equilibrio de la balanza comercial agraria. Logro importante es que organizaciones y sindicatos agrarios participen en el establecimiento de esta ordenación de cultivos, así como, en su caso, las instituciones autonómicas. El compromiso de que antes del 30 de junio se presente un proyecto de ley de arrendamientos rústicos en el que se recoja el principio de accesión a la propiedad de la tierra de los arrendatarios que expresen su deseo de hacerlo, en el que se favorecerá la permanencia de los arrendatarios, estableciéndose criterios equitativos para la revisión periódica de la renta.

También consideramos un logro importante el impuesto especial a las tierras insuficientemente aprovechadas, cultivadas, que pueda actuar como un estímulo a la racionalización de los cultivos; el establecimiento de precios agrícolas, con participación de las organizaciones y sindicatos y la condición de que si los precios del campo están sometidos a control, también deben estarlo los precios de los productos que adquieren los campesinos. Se prevé, además, que el agricultor sea el beneficiario directo de las subvenciones a los productos agrarios, mientras hasta aquí los perceptores directos de las subvenciones de los productos agrarios eran las empresas monopolistas de transformación industrial, las desmotadoras, las azucareras, las empresas de piensos, etcétera.

Tiene también, a nuestro juicio, considerable valor el compromiso de presentar antes del 30 de junio una nueva Ley de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrarias, ajustándose al principio fundamental cooperativo conforme al cual cada cooperativista dispondrá de un voto; el estatuto especial para la explotación agraria familiar, el mejoramiento de la Seguridad Social Agraria, la democratización de las Cajas Rurales de Ahorro, que tendrán que publicar sus concesiones de crédito y dedicarlos preferentemente al sector agrario y medio rural; la introducción de los principios de cooperativismo en la comercialización de los productos del campo, buscando la desaparición de intermediarios innecesarios, que encarecen los precios.

En el sector de la pesca, las medidas acordadas, que no voy a enumerar para no ser demasiado extenso, nos parecen también positivas.

Junto a medidas económicas concretas, están las medidas de democratización de la gestión de los instrumentos financieros estatales, la empresa pública, la Seguridad Social, que disminuyen el peso oligárquico y burocrático y que son un comienzo de reforma estructural democrática de la economía. Nosotros consideramos que si esas reformas se aplican en el espíritu que se han discutido, son uno de los aspectos más importantes y progresivos de los acuerdos de la Moncloa.

Ni que decir tiene que prestaremos una mayor atención a los proyectos de ley y a los decretos que cristalicen su realización. Van a reducirse notablemente los gastos consuntivos del Estado, medida indispensable en un período de austeridad; pero yo planteé en la Moncloa, y creo que el señor vicepresidente para Asuntos Económicos fue comprensivo hacia lo que yo decía, la necesidad de algunas medidas que sirvan de ejemplo a los que están abajo, hechas por los que están arriba.

Yo no digo que los señores ministros ganen demasiado, ni siquiera sé el sueldo que tienen [risas]; pero creo que no estaría mal dar el ejemplo rebajando los sueldos de los señores ministros durante este período de emergencia nacional. [Risas.] Y creo que de la misma manera no estaría mal rebajar, en ese período, los sueldos de los altos funcionarios, y no sólo del gobierno, sino de las empresas públicas, que a veces son desorbitantes, y, al mismo tiempo, reducir los séquitos y los coches oficiales.

Probablemente esto no va a salvar la economía del país, pero va a ser un ejemplo plástico de que los sacrificios que se piden al país empiezan por hacerlos los que gobiernan y dirigen el país.

El proyecto de medidas políticas que acabamos de firmar esta tarde es un complemento, a mi juicio, muy importante de los acuerdos económicos y termina definiendo más claramente el carácter democrático de ellos. Quiero subrayar que la democracia no ha necesitado echar mano de ninguna ley especial de represión, y éste es un logro del que podemos estar orgullosos todos. Que no vamos a repetir aquí el ejemplo de los hombres de Harrelson, tan conocidos por nuestra televisión. [Risas.] Y ya que hablamos de televisión, yo creo que es extraordinariamente importante el acuerdo que hemos firmado hoy por el que se crea un Consejo provisional que va a controlar la televisión, elaborar su estatuto, y que creo que servirá para que la televisión deje de ser un instrumento privado, en primer lugar del gobierno, pero algunas veces ni siquiera del gobierno, sino de su director [risas]; porque yo diría que la televisión no ha ayudado nada, o casi nada, a presentar al país los acuerdos de la Moncloa. Me parece que por ahí se le escapa algún resorte al gobierno, que haría muy bien en recuperar. [Risas.]

Yo quiero decir que, sin leyes especiales de represión, lo que es evidente es que todos estamos comprometidos a erradicar del país la lacra del terrorismo; que todos vamos a sostener la acción de los jueces y de la fuerza pública dirigida por los jueces para poner fin al terrorismo; que el terrorismo no tiene ninguna justificación política o moral en las condiciones de un régimen de libertad y de democracia.

Lo que hoy vamos a aprobar, en sus líneas generales, es todavía un papel, un documento programático; desde luego, no una panacea milagrosa. Que pase de ser un papel a ser la realidad viva de este próximo período, una realidad que nos ayude a salir del bache en que el país se encuentra, depende del ritmo, depende de las buenas leyes y depende de la seriedad con que procedan las fuerzas políticas que han firmado el documento de la Moncloa, para lograr el asentimiento de la opinión pública y el apoyo de ella para la política que se propugna.

Cumpliendo este papel, nosotros desde la tribuna del Parlamento, desde otras tribunas en las empresas, en la calle, llamaremos a las fuerzas sobre las que poseemos influencia a que sostengan y apoyen la realización de este pacto que hemos convenido todos los partidos políticos.

Pero no sólo los trabajadores tienen que cumplir lo acordado en este pacto. Tienen que cumplirlo también los empresarios, los pudientes, los ricos, y tienen que asumirlo corriendo riesgos, invirtiendo y cumpliendo sus deberes hacia la sociedad. Porque la huelga de inversiones, señores, es mucho más grave y mucho más peligrosa para la sociedad que las huelgas obreras. Los riesgos y los sacrificios hay que arrostrarlos en común.

Nosotros hemos aceptado una serie de soluciones que no salen del marco capitalista y no necesitamos dar explicaciones teóricas marxistas de nuestra actitud. Porque el pueblo el 15 de junio no votó por el socialismo; votó simplemente por el cambio democrático. [Rumores.]

Pero, si se produjera una actitud insolidaria de las clases pudientes que hiciera fracasar las medidas económicas que aprobamos hoy, nosotros iríamos a nuestros electores con la conciencia muy tranquila a decirles: Ciudadanos, la insolidaridad de las fuerzas burguesas de este país para con la suerte de él nos da toda la autoridad para deciros hoy que no hay más solución a la crisis económica que la solución socialista, que la solución que propugnamos los partidos de tendencia socialista. [Rumores.]

Es un intento este de una política de solidaridad nacional para salvar a España y a la democracia.

Señores del gobierno, ante vosotros hay mucho trabajo por delante. También ante el Parlamento. Yo no puedo sustraerme al sentimiento de que este gobierno —e incluso con algunos de los retoques que se dice estos días vais a introducir en él— [risas] no es un gobierno suficiente para aplicar una política que, dígase lo que se diga, señores, es una política de concentración democrática, mientras que al gobierno le falta mucho para ser un gobierno de concentración democrática.

Pero, en fin, a pesar del escepticismo que nosotros sentimos hacia las posibilidades de este gobierno de cumplir y de asumir la tarea que vamos a aprobar hoy, os decimos que podréis contar con nuestro apoyo mientras apliquéis fielmente ese programa, como contaréis con nuestra oposición resuelta y con nuestra denuncia, si no lo cumplís.

Nosotros no jugamos al catastrofismo y a la demagogia. Nosotros no sentimos la necesidad de afirmar a cada paso que somos un partido que está a la izquierda [risas], porque siempre, siempre, nos acordamos de ese proverbio español tan sabio, que dice: «Dime de qué presumes y te diré de lo que careces.» [Risas y aplausos.]

Nosotros jugamos a una política democrática nacional y lo hacemos mirando a España, mirando al interés de sus pueblos, y confiamos en que todos los partidos y, en primer lugar, el gobierno, igual que han hecho en las conversaciones entre cuatro paredes de la Moncloa, tengan en sus miras la suerte de este país, que es el de todos y al que todos tenemos que ayudar en estos momentos cruciales.

Muchas gracias. [Aplausos.]

CAPÍTULO XVII

El golpe militar contra el Congreso

(Palabras del autor en el Congreso de los Diputados, tras el golpe de Tejero, el 25-2-1981.)

Señor presidente, señoras y señores diputados:

Querría empezar mis palabras de hoy asociándome al homenaje hecho aquí por el presidente del Congreso a Su Majestad el Rey. En las horas tensas que vivimos incomunicados en una sala de este Palacio, yo creo que todos los que estábamos allí éramos conscientes de que entre nosotros y la aventura que se había iniciado en este salón lo único que se interponía eficazmente en ese momento era el jefe del Estado. Por eso nuestro homenaje y nuestro reconocimiento del papel histórico que ha jugado en la defensa de la Constitución y de la democracia.

Al mismo tiempo, me asocio también de todo corazón al elogio a los medios de comunicación, que han prestado un alto servicio a la democracia, y quiero saludar al personal de esta casa que durante esas horas de incomunicación encontró la forma de manifestarnos su solidaridad y su apoyo. Esas horas nos han acercado mucho a todos; yo creo que han establecido una corriente humana que se había desvanecido anteriormente en esta Cámara. Esas horas han hecho comprender a millones de españoles quizá lo que no habían comprendido, el valor de las libertades democráticas, cuando vieron que podíamos perderlas por un golpe militar. Y en ese sentido, creo que lo único que tiene de positivo el intento de golpe militar es haber ayudado a elevar la conciencia ciudadana en este país.

Dicho esto, señor candidato, hoy todavía con más respeto que ayer, quiero manifestar que, de la misma manera que rechacé un símil estudiantil en su discurso, rechazo un símil profesional: el «decíamos ayer». Después de lo que aconteció aquí del lunes al martes, no podemos iniciar estas sesiones con el «decíamos ayer». Y desgraciadamente, y lo digo con todo sentimiento, porque también a nosotros nos hubiera gustado poder votar sí hoy a un gobierno que afirmase la solidez y la firmeza de la democracia, con todo respeto debo decirlo, que no solamente sus palabras han sido breves y dignas; creo que no dan garantías de seguridad a un país alarmado.

Y en ese orden de cosas, deseo saludar aquí el acto de responsabilidad de los compañeros del PSOE mostrándose dispuestos a asumir una parte de las responsabilidades ministeriales. Creo que ése es un acto de responsabilidad al que nosotros acompañamos diciendo que un gobierno así, con un programa elaborado de acuerdo con las fuerzas democráticas, un gobierno de ese género, tendría nuestro apoyo y estimamos sería la respuesta que esta Cámara debería de dar al intento de golpe de Estado.

Yo creo que a UCD le ha faltado agilidad para reaccionar ante los acontecimientos de estas horas como debería haber reaccionado. Es una opinión mía y de mi partido, tan respetable como la opinión de UCD, pero quiero esperar que en unas semanas las relaciones entre los partidos del arco constitucional que están en esta Cámara lleven a un gobierno sólido, que no dé la imagen de vacío de poder, imagen, señoras y señores, en la cual está también el origen de ese golpe de Estado.

Yo querría al hacer este augurio, este voto, esta llamada a la responsabilidad de la minoría mayoritaria de esta Cámara, yo querría —y verán ustedes que yo no me he levantado aquí a maldecir ni a utilizar adjetivos calificativos contra los que el otro día interrumpieron nuestra sesión porque me parece que todo eso sería simplemente pueril— decir también aquí que lo que eso plantea es que hacen falta medidas efectivas, serenas, ponderadas, responsables, pero efectivas para identificar con la democracia a los institutos que componen el Estado en este país. Y si este gobierno, a pesar de que no nos gusta, a pesar de que no creemos sea la respuesta necesaria a lo que ha sucedido en España, si este gobierno toma esas medidas, nosotros las apoyaremos.

Ayer se nos hacía a las fuerzas políticas una consideración muy respetable, que nosotros vamos a tener en cuenta. Ese proceso de acercamiento a las instituciones democráticas de otras instituciones del Estado tiene que hacerse con sentido de responsabilidad. Nosotros lo tendremos, pero lo tendremos sobre todo si el gobierno no nos fuerza con su inhibición a plantear aquí cosas que no deseamos volver a plantear. Hace falta que el país pueda adquirir la seguridad de que lo del lunes no se va a repetir. Y yo digo hoy, con toda responsabilidad, que el país no tiene esa seguridad; que no se puede decir que lo del lunes y el martes fue un episodio, porque es minimizar algo muy serio y muy grave que puede ser mucho más que un episodio. Por eso, nosotros, atentos a esa llamada a la responsabilidad que se nos hizo, declaramos nuestra voluntad de hacer todo lo que esté en nuestras manos, con el conjunto de las fuerzas del arco parlamentario, para dar a España la garantía de que no habrá nuevos golpes de Estado y que la democracia seguirá su camino adelante.

Muchas gracias, señoras y señores.

CAPÍTULO XVIII

Crítica del PCE a la política antiterrorista del gobierno del PSOE

(En noviembre de 1983, Felipe González expresó en el Congreso de los Diputados cuál iba a ser su política antiterrorista tras un acuerdo con Fraga. En el debate, el autor expuso la opinión del PCE en los siguientes términos que los acontecimientos posteriores vinieron a confirmar.)

Señor presidente, señoras y señores diputados,

Quiero empezar —voy a hablar telegráficamente— diciendo que comprendo e incluso comparto el tono dramático puesto en su discurso de hoy por el presidente del gobierno, porque el peligro del terrorismo evidentemente es muy grave y lo es más todavía porque nuestra democracia es aún frágil. Comprendemos el dramatismo y yo digo ya desde ahora que apoyaremos todas las medidas que estén dentro de la Constitución.

Pero nos ha sorprendido —debo decirlo con sinceridad— la declaración de la ineficacia de las medidas políticas tomadas hasta ahora: la amnistía, la Constitución, los Estatutos, la supresión de la pena de muerte. Porque hablar de la ineficacia de estas medidas, aparte de que no me parece correcto —y recuerdo los tiempos en que en el País Vasco salían unas decenas o unos centenares de comunistas solos a manifestarse contra el terrorismo, mientras que ahora salen centenares de miles—, decir que las medidas políticas son ineficaces es estar dando un argumento que la derecha puede utilizar muy fácilmente contra lo que constituyen las realizaciones de la democracia en este país. Con la misma razón —que no sería razón, sería sinrazón— podría decirse que lo que han fracasado son las medidas policiales, porque medidas policiales ha habido y nosotros las hemos votado —la Ley contra el terrorismo, la Ley de Defensa de la Democracia—; hemos escuchado montones de proclamaciones de ministros del Interior, de jefes de gobierno, y eso no ha servido para resolver el problema del terrorismo.

Nosotros consideramos que contra el terrorismo hacen falta medidas policiales, pero hacen falta también medidas políticas y, telegráficamente, yo quiero decir que contra el terrorismo, lo primero que hace falta es la existencia de un auténtico poder político autónomo vasco; contra el terrorismo, lo primero que hace falta es que los vascos unidos con su gobierno autónomo tomen la cabeza de la lucha antiterrorista en Euskadi, que esa lucha sea una lucha llevada por los vascos y dentro de Euskadi, en primer lugar. Para nosotros, ésa es una condición esencial para el éxito de la lucha antiterrorista.

Por eso no aprobamos la consulta de estas medidas con el jefe de la derecha y que no se haya consultado con el gobierno vasco, que era el primer punto de referencia que había que haber tomado en esta cuestión. Desde luego, con medidas pactadas con el señor Fraga estoy convencido de que en este país no se resolverá el problema del terrorismo. [Rumores.]

En cuanto a las medidas concretas que anuncia el gobierno, esperamos a conocerlas y, de antemano, decimos al jefe del Gobierno que todas aquellas que estén dentro de la Constitución, dentro de la ley, dentro del respeto a las libertades democráticas, tendrán nuestro apoyo. Pero nos inquieta también la afirmación de que no se va a dejar vivir tranquilos a los que amparen el terrorismo, porque ésa es una afirmación muy vaga. Si se considera que ciento cuarenta mil —creo— votantes de Herri Batasuna amparan el terrorismo, eso puede dar origen a una represión indiscriminada que aumente la base social del terrorismo en vez de disminuirla.

Por eso, yo quiero decir que nosotros tampoco estaríamos de acuerdo con medidas de ilegalización de partidos políticos. Que se condene, que se reprima con severidad a los cargos públicos, sean cuales sean, que atenten contra la Constitución, que atenten contra las leyes, que ofendan los símbolos de España, en eso estamos totalmente de acuerdo; pero las medidas de ilegalización lo que hacen es aumentar el número de partidos mártires, aumentar el apoyo popular en vez de tener eficacia.

Yo quiero terminar diciendo que de todas estas medidas nos preocupa que no haya habido ninguna alusión concreta de condena contra la guerra sucia; la guerra sucia sería un peligro que aumentaría todavía más el terrorismo.

Nos preocupa la medida tomada en la prisión de Herrera de la Mancha. Hace poco, la prensa hablaba de un teniente de la Policía Armada herido en un tumulto, en un disturbio habido en una prisión. Yo creo que el gobierno debe reflexionar seriamente sobre esta medida, porque la introducción de Fuerzas de Orden Público en el interior de la cárcel de Herrera de la Mancha puede traernos un día un drama que caiga como una losa de plomo sobre este gobierno, sobre esta Cámara y sobre la democracia en este país.

Comprendemos, insisto, la emoción, el tono, pero nos parece decisiva la serenidad y sobre todo la clarividencia política. Creemos que ya deberían haber comenzado las negociaciones prometidas aquí con las diversas fuerzas políticas sobre los problemas autonómicos, desgraciadamente aún no iniciadas. Queremos que se vea este problema del terrorismo, este gravísimo problema, desde todos los ángulos, y que se le apliquen medidas que sean realmente eficaces.

Pero de todas maneras, yo comparto una afirmación del presidente del gobierno: no esperemos resultados espectaculares y no hagamos responsables ni al gobierno ni al Ministerio del Interior si no hacen milagros. El problema del terrorismo en España se parece mucho más al problema del terrorismo en el Ulster que al problema de la banda Baader-Meinhoff e incluso que al problema de las Brigadas Rojas.

Debemos tener, de acuerdo con ustedes, energía y tenacidad, pero serenidad y sobre todo la comprensión de que detrás de esas bandas de criminales, de asesinos, que todos condenamos con la máxima energía y que merecen la más severa punición legal, hay también un problema político, y lo que tenemos que hacer es desarmar las bases sobre las cuales se asienta ese problema político.

Nada más y muchas gracias.

CAPÍTULO XIX

El marxismo y la izquierda

(Del libro La gran Transición, publicado en 1995.)

El marxismo ha sido la corriente ideológica y política más caudalosa de la izquierda y el motor más sólido de ésta desde fines del siglo XIX. Incluyo en ella no sólo al movimiento comunista, sino a los partidos socialistas y socialdemócratas, que también tienen su origen en Marx, y a otras corrientes claramente inspiradas en las ideas expuestas por éste. No fueron éstos, ciertamente, los únicos componentes de la izquierda; el anarquismo tuvo también considerable importancia. Otras corrientes, como el laicismo, el feminismo y los movimientos antiimperialistas deben considerarse igualmente parte constitutiva de lo que en general fue la izquierda.

Pero no creo que sea exagerado decir que el marxismo, de una u otra forma, impregnó profundamente el pensamiento progresista durante más de un siglo. El marxismo influyó hasta en sectores religiosos, cristianos y coránicos, que se pronunciaron por el socialismo.

Hoy lo que parece estar de moda es declarar terminantemente obsoleto el marxismo, proclamar la muerte de Marx y el triunfo de su antepasado Adam Smith y la libre empresa. Los que todavía reivindican global o parcialmente a Marx se arriesgan, en el mejor de los casos, al epíteto de anticuados.

En un libro reciente, Espectros de Marx, el filósofo francés Jacques Derrida, al que sería difícil calificar de marxista, escribe sin embargo:

En el momento en que un nuevo desorden mundial trata de instalar su neocapitalismo y su neoliberalismo, ninguna denegación consigue desembarazarse de todos los fantasmas de Marx.⁶

En efecto, pese a todas las proclamaciones funerarias, el de Marx resulta un cadáver muy molesto para quienes han firmado su defunción. Y como escribe Derrida, los adversarios inteligentes, si bien condenan a Marx, están pensando neutralizarlo diciendo:

[...] Marx, vean ustedes, fue pese a todo un filósofo como otro cualquiera, e incluso se puede decir, ahora que tantos marxistas se callan, un gran filósofo digno de figurar en los programas de agregación de los que estuvo demasiado tiempo proscrito. Él no pertenece a los comunistas, a los marxistas, a los partidos, debe figurar en nuestro gran canon de la filosofía política occidental.⁷

Entre los que condenan a Marx hay también quienes tiemblan, en palabras de Derrida:

[...] ante la hipótesis de que a favor de una de esas metamorfosis de las que Marx habló tanto («metamorfosis» fue durante toda su vida una de sus palabras favoritas) no tenga más el rostro bajo el cual se estaba acostumbrando a identificarle y a derrotarle. Puede ser que no se tenga miedo ya de los marxistas, pero hay todavía miedo a ciertos no marxistas que no han renunciado a la herencia de Marx, a los criptomarxistas, a los seudo o a los paramarxistas, que estarían preparados a tomar el relevo bajo trazos o comillas que los expertos angustiados del anticomunismo no están entrenados para desenmascarar.⁸

Este temor al que alude Derrida se justifica porque buena parte de la obra de Marx, incluido su método, sobrevive a los infortunios del comunismo en estos años y sigue teniendo un valor difícilmente negable. A lo largo de más de un siglo, el marxismo ha penetrado tan profundamente en la cultura social que muchos de quienes lo dan por muerto abrigan el temor de verlo resucitar o, más bien, reencarnar, sorpresivamente.

Y porque en los ensayos de restaurar el capitalismo en aquellos países que conocieron el socialismo real se está comprobando que la situación del pueblo, en su gran masa, ha empeorado; que los intentos de restauración han generado mafias sin entrañas, más corrupción, paro y hambre, sin hablar de otras calamidades como las guerras que asolan a algunos de ellos.

De cualquier modo, al enfocar los problemas que afrontamos en esta nueva época, la de la gran transición, al pensar en lo que debería ser una nueva izquierda, es indispensable leer o releer a Marx. Él ha hecho la crítica más certera de un sistema al que, a pesar de haber experimentado modificaciones notables, sigue siendo necesario transformar: el capitalismo.

Leer o releer a Marx es un trabajo considerable, pero necesario. Incluso la simple lectura del Manifiesto comunista, un llamamiento que escucharon y siguieron tantos millones de personas de las más diversas nacionalidades y razas, tiene resonancias a las que es difícil permanecer insensible, pese a que fue escrito hace siglo y medio, en un mundo distinto al de hoy.

La burguesía, escribía entonces Marx:

Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeñoburgués en las aguas heladas del cálculo egoísta.⁹

No se podrían describir más escueta y exactamente los rasgos de la sociedad de consumo en que estamos viviendo, en la que la fiebre del lucro, la adoración del becerro de oro, han llegado a extremos delirantes, infectando a veces a aquellos que parecían decididos a batallar por reglas morales estrictas y por liberar precisamente de esas lacras a la sociedad.

A la vez, Marx ha reconocido mejor que nadie las cualidades revolucionarias de la burguesía, originadas por su propia dinámica de búsqueda pertinaz del beneficio, cuando afirmaba que

[...] la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ellas todas las relaciones sociales..., una revolución continua en la producción, una incesante conmoción en todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores.¹⁰

Quizá algo que se puede reprochar al Marx político es el no tener suficientemente en cuenta lo que había descubierto y concluido el Marx científico; es decir, que los fallos que él apreciaba en el sistema y a los que atribuía su incapacidad para dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros anticipaban mucho sobre la realidad. En efecto, las crisis cíclicas, la superproducción, podían poner de manifiesto las contradicciones y la anarquía del sistema, pero no anulaban la capacidad de la burguesía de revolucionar la sociedad y de continuar afirmando su dominación. Y lo cierto es que hasta el día de hoy la burguesía ha seguido revolucionando incesantemente los medios de producción y sorprendiendo a los marxistas con su tremenda iniciativa en el terreno productivo y social.

Incluso los desafíos de la lucha de clases, la resistencia social de los trabajadores a la explotación, han sido, en definitiva, un estímulo para el capital, pues le han impulsado no a la rendición, sino a avanzar más audazmente. La revolución científico-técnica que estamos comenzando a vivir es una muestra de ello. En el terreno de la economía, la burguesía está logrando desencadenar un conjunto de fuerzas productivas que las sociedades anteriores no podían siquiera imaginar.

La idea central de Marx, que queda ya expuesta en su obra contra Bruno Bauer, La sagrada familia, de que el proletariado era la única clase de la sociedad que, como tal, estaba interesada en poner fin a la dominación capitalista y que la revolución que realizara este objetivo sería una revolución proletaria ha sido la única concebible lógicamente entonces y durante largo tiempo. Por eso resulta triste ver a tantos que, tiempos atrás, abrazaron esta idea, correspondiente entonces a su contemporaneidad, revisar sus concepciones no en función de una situación que ha cambiado profundamente —y que obliga a repensar política y hasta ideología— como si el enfoque objetivo de una nueva época debiera acompañarse de la apostasía y del arrepentimiento con relación a las grandes luchas pasadas por la emancipación humana; como si hubiese que hacerse perdonar por haber luchado contra un sistema injusto, participando de las ideas de Marx.

Pero Marx se equivocó al pensar que «el obrero moderno..., lejos de elevarse con el progreso de la industria, desciende siempre más y más por debajo de las condiciones de vida de su propia clase».¹¹

El trabajador de los países desarrollados, aunque sigue dependiendo de las fluctuaciones del mercado de trabajo y en ese sentido sufre el trato que recibe cualquier mercancía, ha experimentado cambios importantes en su situación social, ligados a la revolucionarización incesante de los medios de producción y a que el capitalismo descubrió a un proletariado —con el que Marx había contado poco— más fácil y susceptible de ser explotado: los pueblos atrasados del mundo colonial, en los que se resarció con creces de las concesiones que tuvo que hacer a los trabajadores del mundo desarrollado.

A causa de ello, en los países desarrollados el trabajador de hoy no es exactamente el proletario de Marx; ha accedido a ciertos niveles de propiedad, aunque no de medios de producción: el piso, el coche, los electrodomésticos... Ha conquistado derechos sociales: educación, sanidad, seguros, pensiones, ocio. Si va al paro tiene un subsidio; si es viejo, una jubilación. En definitiva, el trabajador actual, dentro de este sistema, tiene algo que conservar, aunque sus conquistas estén siempre expuestas a perderse en dependencia de la coyuntura económica y de su propia capacidad para defenderlas.

Tal situación influye en la conciencia del trabajador; éste, en las condiciones en que vive hoy, difícilmente puede plantearse la urgencia de derribar revolucionariamente el sistema para instaurar por la fuerza de las armas su propio poder. Se inclina más fácilmente a una política de reformas que eleven su bienestar. No pocos trabajadores a los que se pregunta por su posición de clase, aun siendo asalariados, responden que pertenecen a la clase media.

Lo que conceptuamos como conciencia de clase no existe realmente con la fuerza que caracterizaba en el pasado a la clase obrera industrial. El mundo del trabajo ha crecido y se ha ampliado mucho, a costa —cuando menos en la actualidad— de la percepción clara de su condición social.

Los partidos comunistas de los países desarrollados, diciendo inspirarse en el marxismo y en el leninismo, tuvieron que renunciar, como consecuencia de esta evolución en las condiciones materiales de vida de los trabajadores, a la conquista revolucionaria del poder; llegaron, pragmáticamente, al reformismo más o menos fuerte. ¿Cómo reprochárnoslo actuando en una sociedad como la que existe en los países desarrollados? Lo que sí se nos pudo reprochar, más en unos casos que en otros, fue la pereza para repensar algunos de los postulados del marxismo que habían perdido su virtualidad, para poner de acuerdo teoría y práctica.

La verdad es que lo que más ha diferenciado a los partidos comunistas de los países desarrollados de los partidos socialistas o socialdemócratas tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido su disponibilidad para apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y de sus sindicatos. Pero entendámonos bien: esas reivindicaciones no tenían por qué ser en todo caso revolucionarias; muchas veces eran simplemente corporativistas y, en último extremo, reformistas.

De ahí que los partidos comunistas en Occidente hayan llegado a un punto en que chocaron con graves dificultades para diferenciarse claramente de los partidos socialistas o socialdemócratas, lo que no sucedía en la primera mitad de este siglo. Si en esa primera mitad del siglo pudo estar justificada la escisión entre partidarios de la revolución y de las reformas habría que preguntarse si sigue estándolo hoy.

En algunos países, entre ambos partidos, la diferencia que hoy aparece más claramente es la mayor resistencia de los partidos comunistas a las prácticas de corrupción, un sentido ético de la política más elevado, virtudes también atribuibles a una cultura de oposición. Pero ¿acaso ésta es una diferencia suficiente para explicar la existencia de dos partidos? ¿Refleja realmente una diferencia de ideología?

Sin subvalorar las cuestiones de ética y moral política, un juicio objetivo no puede ignorar que en los países desarrollados de Occidente los comunistas hemos tenido muy raras ocasiones de estar en el poder, mientras la socialdemocracia lo ha ocupado muchas veces y bastantes años. Y en general la corrupción de los partidos se ha desarrollado durante la ocupación del poder. De ella no se salvó, por ejemplo, el Partido Comunista de la Unión Soviética, tras largo tiempo de estar al frente del Estado.

En realidad, la corrupción se explica por la ausencia de participación crítica de las masas en la vida de las instituciones democráticas y de los partidos, ya que tal participación es lo que puede forzar la transparencia del ejercicio del gobierno y de la dirección.

Y sobre todo la corrupción es producto del capitalismo moderno, sistema en el que nos movemos. Un intelectual y a la vez consejero y directivo de empresas francesas y multinacionales, Alain Minc, describe de modo insuperable en su reciente libro La nueva Edad Media, el alcance de la corrupción del sistema:

En todos los estados es grande la tentación de convertir a la clase política en el chivo expiatorio, como si ella fuera la gran culpable o la única responsable. ¡Hipocresía colectiva! Las comisiones y el tráfico de influencias están envenenando el conjunto de la vida social. ¿Qué empresario está seguro de que todos los miembros de su departamento de compras son honrados? ¿Qué observador de la vida económica puede garantizar que la firma de los grandes contratos se realiza siempre según la estricta legalidad? ¿Qué concesionario de cualquier servicio público estaría dispuesto a certificar, el día del Juicio Final, que su empresa no ha manipulado decenas de millones de dinero negro? ¿Qué especialista de la publicidad se atrevería a afirmar que la compra de espacios publicitarios es una actividad transparente y sin contrapartidas? ¿Qué agente financiero puede certificar que nunca se ha tropezado con transacciones que le hayan parecido raras o deshonestas? ¿Qué constructor inmobiliario puede asegurar que nunca ha enviado maletines con dinero negro o que no tiene cuentas secretas en Suiza? ¿Qué especialista fiscal afirmaría no haber consagrado una parte de su tiempo a gestionar sutiles compensaciones entre tal y cual país? ¿Qué alto funcionario, en contacto con el opaco mundo del armamento, afirmaría no haber visto y oído algo sospechoso?¹²

El valor del testimonio transcrito es mayor, puesto que quien lo ha autorizado con su firma no es ningún bolchevique, sino un hombre del sistema.

Volviendo a Marx, lo que éste no alcanzó a ver en toda su dimensión, aun reconociendo la capacidad transformadora de la burguesía, fue que, en los países desarrollados, podía lograr interesar a sus trabajadores, a sus proletarios en la explotación de los pueblos «bárbaros» o «semibárbaros», como él denominaba convencionalmente a los países de Asia, África y en parte América Latina. Tampoco podía prever que la presión del movimiento obrero organizado en Occidente —y la repercusión de la revolución rusa— llegasen a arrancar al sistema tantas conquistas importantes, que su contenido diera al capitalismo en esta zona niveles de justicia social inimaginables, en su tiempo, en un sistema que no fuera el socialismo. Estas condiciones, en vez de desarrollar la conciencia revolucionaria, radical de los trabajadores, o al menos de una gran parte de éstos, la difuminaron.

Sin embargo, la obra filosófica de Marx, aunque haya quienes se obstinen en ignorarla, sigue conservando un gran valor. Su idea de que la filosofía no puede limitarse a explicar el mundo, sino que debe servir para transformarlo, dejando de ser un reducto académico, monopolio de unas cuantas mentes privilegiadas, para llegar a las masas que la convertirán en una fuerza, sigue siendo esencial. Es una cuestión pendiente.

Y la crítica del capitalismo realizada por Marx en El capital, aunque la época haya cambiado, contiene puntos de partida esenciales para desarrollar la crítica del sistema en su estado actual. La tesis de la concentración del capital se ha confirmado hasta extremos quizá entonces difíciles de imaginar, con las multinacionales; la tesis de la concentración del poder político, correspondiente a la concentración del capital, es bien visible en la Europa y el mundo de hoy. Aunque los estados nacionales hayan perdido poderes en favor de fórmulas federales, lo cierto es que la concentración de poderes políticos reales a nivel internacional, en organismos como la Unión Europea, la OTAN, el FMI, el Banco Mundial y otros, es cada día mayor.

La búsqueda de la plusvalía, del mayor beneficio sigue siendo el motor del desarrollo, en este sistema que llamamos equívocamente «de libre mercado». Y para lograrlo, la clase dominante, sus políticos e ideólogos, no vacilan en hacer retroceder sensiblemente las condiciones de existencia del mundo del trabajo.

La tesis de la depauperación relativa y absoluta está también confirmada por la realidad. Fenómenos de depauperación se registran abundantemente incluso en los países de Occidente, donde el número de personas que viven bajo el nivel de pobreza alcanza bastantes millones; en el mundo pobre la depauperación llega a cifras astronómicas y la televisión nos la presenta frecuentemente.

E incluso la incapacidad y la impotencia del sistema capitalista para dominar las consecuencias de los problemas que crea, si ya no son tan evidentes en los países de Occidente (cuando menos de momento) y no provocan en ellos consecuencias revolucionarias, son en cambio nítidamente visibles a nivel mundial, donde surgen situaciones francamente explosivas.

Si es cierto que, bajo el capitalismo, en Occidente los trabajadores de hoy ya no son los proletarios de Marx, en cambio la división en clases, a escala mundial, entre pueblos ricos y pueblos proletarios puede llegar a provocar estallidos más destructivos que las contradicciones a escala nacional.

A estas alturas lo que parece necesario repensar en Marx es la noción de clase revolucionaria y la asociación esquemática de la idea socialista con el papel revolucionario de dicha clase. Como puede comprobarse, el desarrollo del capitalismo en los países avanzados ha debilitado, puesto en cuestión, la rotundidad simple de ese planteamiento. Pero, en tal caso, ¿dónde está la fuerza social transformadora destinada a cambiar la sociedad, algo que para los marxistas ha sido siempre como el punto de apoyo de Arquímedes? En nuestro desconcierto de hoy ¿no gravita especialmente la sensación de que hemos perdido ese punto de apoyo que nos daba la seguridad del triunfo? ¿Que no podemos confiar ya, casi ciegamente, en que el proletariado consciente se liberará de la explotación y con ello liberará a toda la sociedad?

Buscando en estas circunstancias, según una noción muy asentada entre los marxistas, al agente de la revolución, podría caerse en la tentación de concluir que este papel van a asumirlo los pueblos pobres, proletarizados por el capitalismo occidental. En realidad quienes hoy no tienen más que sus cadenas que perder son esos pueblos. Y puede pensarse que ellos, cada vez más, van a tener un protagonismo en los conflictos de un mundo que soporta difícilmente la injusta distribución de los recursos.

Ahora bien, si Occidente prosigue una política inspirada en el beneficio capitalista privado y en la explotación de otros pueblos, el posible levantamiento de éstos ¿sería una revolución o simplemente una guerra? Y una guerra ¿liberaría a toda la sociedad, o llevaría sobre todo a una vuelta de la tortilla y a poner a los hasta hoy dominadores en el papel de dominados, y viceversa, reproduciendo de alguna manera el tipo de sociedad capitalista?

En el fondo el problema que se plantea es que el socialismo ha dejado de ser únicamente la aspiración de una clase oprimida que ambiciona manumitirse, para entrar en la categoría de necesidad histórica, frente al peligro de una recaída en la barbarie pura y simple, a cuyo umbral nos conducen movimientos como la llamada «revolución conservadora» y el abismo que separa hoy al mundo pobre del rico.

En tales circunstancias, lo que importa no es tanto llamar al interés de una clase, como al despertar de la conciencia de los pueblos afectados, pueblos ricos y pueblos pobres, de su masa y de sus élites, para que asuman esa necesidad histórica.

Repensar la noción de clase en Marx, en mi idea, nos llevaría a la conclusión de que la coincidencia del mundo del trabajo y las fuerzas de la ciencia y de la cultura, un conjunto que no se circunscribe a una clase, es lo que podría encabezar una revolución que sobre todo para empezar deberá tener mucho de cultural; tal coincidencia no depende de ningún determinismo histórico, sino de la voluntad inteligente de uno y otro sector. En sustancia, el materialismo histórico atribuye a los progresos de la ciencia en el crecimiento de los medios de producción y a las luchas sociales, el avance humano hacia metas más elevadas. ¿No estamos llegando a un punto en que ambos sectores, conscientes de su papel determinante en el progreso, deberían aunar sus esfuerzos? ¿No era precisamente Karl Marx quien en respuesta a su amigo Arnold Ruge, que desesperaba de encontrar apoyo en los liberales alemanes de la Gaceta Renana, preconizaba ya entonces la alianza de los trabajadores y los intelectuales? Un bloque así podría conectar con las fuerzas progresistas del mundo pobre y asegurar la supremacía del socialismo sobre la barbarie.

Hace unos años yo pensaba que una guerra mundial, tras haberse descubierto el arma nuclear y con el equilibrio entre dos bloques, era imposible. Del mismo modo estimaba que pensar en una revolución violenta contra las clases dominantes en Occidente no era realista.

Hoy ya no estoy tan seguro: con los focos de guerra que existen en varios lugares del globo, de cuyo estallido no son inocentes potencias extranjeras; con la guerra económica que estamos viviendo ya, y el aumento de los presupuestos militares —Estados Unidos acaba de anunciar uno muy importante—, ¿quién garantiza que no puede desencadenarse una guerra en un mundo en que el racismo, la xenofobia y la violencia crecen alarmantemente?

En cuanto a la posibilidad de movimientos colectivos de violencia, de alzamientos y revoluciones en los países desarrollados, si la revolución científico-técnica va lanzando implacablemente al paro y la marginación a segmentos cada vez mayores de la población —sobre todo a los jóvenes—, ¿podría descartarse tranquilamente si no hay un profundo cambio social en el que el principio de la solidaridad se sobreponga al del beneficio privado y se transforme el sentido y la finalidad del trabajo humano?

Y lo que desde luego me parece más difícil de evitar, a la larga, es el enfrentamiento violento de los pueblos pobres con los ricos, si en éstos —es decir en Occidente— no predomina una política que contribuya a colmar el foso entre unos y otros y a lograr una distribución más justa de las riquezas mundiales. Si Occidente no contribuye decididamente a superar la pobreza en el resto del mundo, éste vendrá a Occidente huyendo de la pobreza. Y no siempre como inmigrante; algún día podría venir como guerrero.

En definitiva, la contradicción entre «proletarios» y «burgueses» —para usar el lenguaje convencional— nos trae la presencia de Marx y de sus concepciones a la actualidad, aunque algunos de los supuestos en que éstas se habían cimentado hayan cambiado; aunque esa contradicción se manifieste más agudamente en el terreno mundial que en el interior de los países desarrollados.

Lo que esto significa es claro: aquellos que pensaron que la caída del socialismo real abría una nueva época de paz, tanto a escala internacional como en el interior de cada país —la paz social—, en definitiva el fin de los conflictos —el fin de la historia—, se equivocaron. La concepción marxista del materialismo histórico, por el contrario, se ha confirmado una vez más. El impetuoso desarrollo de los medios de producción y las contradicciones de clase siguen estando en la base del transcurrir de la historia. Y la caída del socialismo real no ha resuelto los problemas reales del capitalismo; al contrario. Como apunta agudamente Alain Minc:

En estos momentos queda al descubierto el secreto mejor guardado de Occidente: su increíble fragilidad.¹³

La victoria de Occidente sobre el comunismo, en lugar de apuntalar su estabilidad la ha desestabilizado. Hoy nos damos cuenta, en efecto, que el comunismo funcionaba, para nosotros, como un imán: estructuraba tanto sus propias fuerzas como las de sus adversarios. Jamás un chivo expiatorio ha cumplido tan admirablemente con su papel. ¿Quién habría admitido, hace diez años, que el comunismo garantizaba el equilibrio de nuestras sociedades y que sin él corrían el peligro de perder el norte?... Acostumbrados a nuestro combate pacífico con la Unión Soviética, no nos dimos cuenta de que se había convertido en la espina dorsal de Occidente y que si la espina dorsal desaparecía todo lo demás iba a perder su cohesión.¹⁴

En definitiva, el entierro de Marx parece, por lo menos, prematuro. Sus equivocaciones no desmienten la importancia que su obra ha tenido en el avance del pensamiento humano.

Marx se inspiró probablemente no sólo en la experiencia de la Comuna de París, sino también en la dictadura jacobina para hablar de una «dictadura del proletariado», como período de transición entre el capitalismo y el socialismo. Sin embargo, las experiencias que conocemos hoy hacen pensar que la transición puede desarrollarse en otras formas, más largas en el tiempo y más complejas.

Lo cierto es que los cambios sobrevenidos en el sistema capitalista de los países desarrollados, que han creado lo que denominamos «Estado de bienestar», en el que el ser humano comienza a ser considerado —por el hecho de serlo— como un sujeto con derechos específicos, indican que sin superar el sistema capitalista todavía, se ha producido el comienzo de una transición que va dejando atrás bastantes de las características más dolorosas de la condición trabajadora denunciadas por Marx.

De este cambio se deduce que la transición entre el capitalismo y el socialismo puede ser, en efecto, mucho más larga y compleja de lo que pensaban Marx y Engels. Y ello no lo indica sólo la experiencia de los países capitalistas desarrollados; también la de la URSS lo confirma. A estas alturas de la historia quizá habría que considerar dicha transición como un largo período de cambios sociales y como una prolongada revolución cultural, en la que pueden producirse avances y retrocesos, mientras no cambie profunda y definitivamente el sistema de propiedad y, más aún, mientras los pueblos no tengan plena conciencia de la prioridad del interés colectivo sobre el privado, de que la democracia es cosa muy diferente a la simple libertad de empresa.

En cualquier caso, releer a Marx es necesario para articular una propuesta válida de la nueva izquierda. No en balde la obra de Marx hunde sus raíces en la filosofía alemana —sobre todo en Hegel—, en los socialistas utópicos —Saint-Simon, Fourier, Owen— y en el socialismo francés; es decir, en algo que fue decisivo en el pasado para el movimiento de izquierda.

Notas

1.  Asociaciones Profesionales.

2.  «Gauleiter» era el nombre que se daba en el Partido Nazi al líder del partido de una rama regional. Sólo respondían ante Hitler y eran parte del llamado «Cuerpo de Líderes del NSDAP». Joseph Goebbels fue Gauleiter de Berlín desde 1929 hasta 1945.

3.  El Esquema XIII, también conocido como «Esquema de Zúrich», una vez desarrollado, fue aprobado con el nombre de Constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.

4.  Lenin: Marx, Engels y el marxismo, p. 254.

5.  Lenin, El Estado y la Revolución.

6.  Jacques Derrida, Espectros de Marx, Édition Galilée, París. p. 69.

7.  Ibídem, p. 61.

8.  Ibídem, p. 88.

9.  Marx y Engels, Manifiesto comunista, p. 36.

10.  Ibídem, p. 37.

11.  Ibídem, p. 48.

12.  Alain Minc, Ob. cit., pp. 94 y 95.

13.  Ibídem, p. 175.

14.  Ibídem, pp. 185 y 186.

La difícil reconciliación de los españoles

Santiago Carrillo Solares

ISBN edición en papel: 978-84-08-09918-5

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