Índice

Portada

Prefacio

1. Soñamos un país e hicimos un partido: así nació UPyD

2. Hacer posible lo que es necesario

3. Nuestro diagnóstico sobre la España de 2007

4. Rompiendo tabúes: en contra de los privilegios fisca- les del País Vasco y Navarra

5. Comienza la conspiración en Cataluña

6. El TC legaliza Bildu y ETA declara el fin de la acti- vidad armada

7. Así se hunde la economía; así se entierran los dere- chos sociales; así nos cambiaron la Constitución

8. Entramos en el Parlamento Vasco, el Parlamento Europeo y la Asamblea de Madrid

9. Guerra sin cuartel a la corrupción

10. Nueva vuelta de tuerca en la lucha contra la corrupción

11. El avance de la pulsión secesionista y sediciosa del nacionalismo catalán

12. La democracia española, en quiebra

13. La abdicación de Juan Carlos I

14. «Os aplastaremos como a una nuez»

15. Y decidieron crear un complemento político para mantener el statu quo

16. La apertura del mapa político: el establishment se alarma

17. De cómo minar un proyecto político y destruir una reputación personal

18. Guerra de guerrillas dentro de UPyD

19. La «negociación» con Ciudadanos: el perfecto MacGuffin

20. Éxito en Andalucía de la «operación complemento»

21. Elecciones autonómicas y municipales: la profecía autocumplida

22. Un portavoz llamado Andrés Herzog

23. Las elecciones dejan a UPyD fuera del Congreso

24. Dios salve a los guerreros que son fieles a su pueblo

Nota

Créditos

PREFACIO

Escribo esta introducción a modo de advertencia sobre la autora del libro. Dice Stanisław Jerzy Lec que lo que somos depende de la genética, pero en qué nos convertiremos depende de la política. Bajo esa premisa quiero presentarme ante ustedes. Porque mi origen me explica y quizá pueda explicar en cierto modo lo que he hecho y cómo he actuado.

Mis padres eran castellanos: Heraclio de Burgos, María de Santander. Ambos eran republicanos y miembros de las Juventudes Socialistas. Se casaron en un juzgado cuando estaba a punto de estallar la Guerra Civil y mi padre fue al frente inmediatamente. Cuando cayó Santander, lo detuvieron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Estuvo en un campo de concentración esperando que vinieran, pero se libró de aquellas dramáticas «sacas». Y finalizada la guerra lo trajeron a una cárcel de Bilbao, Larrinaga, donde le revisaron la pena. Mi madre le siguió y encontró trabajo en una fábrica de sacos de yute que había en Sodupe; y allí le esperó hasta que salió de prisión, casi siete años después.

Y en ese mismo pueblo nací yo el 27 de mayo de 1952, en una casa situada al lado del río y de las vías del tren. Éramos una familia muy humilde y hasta que cumplí los diez años vivimos todos juntos (mis padres, la abuela materna, mis dos hermanos mayores y yo) de alquiler en dos habitaciones «con derecho a cocina», como se decía entonces.

Mi madre era una mujer inteligente, optimista, generosa. Era una persona esencialmente buena. Mi padre era un hombre culto, lector infatigable, exigente, justo. Mis padres, María y Heraclio, son el referente de mi vida; todo lo positivo que pueda haber en mí se lo debo a ellos.

Tuve una infancia muy feliz, en la que me sentía querida y protegida. Era la pequeña y única niña de tres hermanos. Los mayores, Iñaki y Carlos, me llevaban nueve y siete años respectivamente. Jugaba con muñecas y leía cuentos de hadas a la vez que devoraba los tebeos de El Capitán Trueno o El Guerrero del Antifaz de mis hermanos. Vivíamos con lo justo; pero mi madre se las ingeniaba para que mis muñecas de cartón tuvieran los vestidos más bonitos que podía imaginar porque ella me los cosía por las noches con cada retal que le sobraba de los encargos que hacía para afuera. Fui a un colegio de monjas desde los tres años (la escuela pública, a la que habían ido mis hermanos, tenía goteras, y yo estudié siempre con beca); mi madre me contaba, ya de mayor, que la monja le decía que yo era una niña muy «orgullosa», que no quería ir a clase porque «no sabía leer»... Mis padres eran ateos; y aunque no me lo explicaron cuando era pequeña, yo veía que eran los únicos que no iban a misa, ni llevaban flores «a la Virgen»... Eran aquellos años en los que la vida social en los pueblos giraba alrededor de la misa de los domingos. Y ellos no formaban parte del colectivo; así que yo me propuse «integrarlos» siendo la primera de la clase; y al final de curso, en el cine parroquial, ellos se sentaban con el resto de los padres y yo los miraba y los veía sonreír cuando recogía mi diploma.

En casa se hablaba mucho de política. Recuerdo una escena que se repetía casi cada tarde en la que mis dos hermanos mayores y yo escuchábamos a mi padre explicarnos cosas de la guerra, de la República, de mi abuelo paterno (un maestro republicano y juez de paz que murió en la cárcel mientras él estaba en el frente, «de pena», decía mi padre...), del miedo que pasaron tras la salida de la cárcel, de los amigos perdidos... Recuerdo a mi madre, sentada en un banco de madera, que levantaba la vista entre puntada y puntada e intervenía de vez en cuando en la conversación. Mi madre nos repetía siempre: hijos, no sois más que nadie, pero tampoco sois menos que nadie; no esperéis que nadie venga a buscaros, salid a buscar vuestro camino; sed curiosos; leed; seréis lo que queráis ser, sed buenos... En casa nos enseñaron a pensar, a superarnos, nos enseñaron a luchar, a no dar las batallas por perdidas. En casa no aprendimos a odiar: mis padres me enseñaron a soñar con la democracia. Y nos animaron a trabajar para que no se repitiera en nosotros lo que ellos habían vivido.

En ese ambiente, de forma natural y como quien aprende a andar, nació mi pasión por la política. Por eso hacer política y vivir en democracia, vivir sin miedo, terminaron siendo para mí una misma cosa, una única aspiración. Y así ha sido toda mi vida.

Siguiendo con la premisa de Lec, diría que soy una vasca típica: mestiza. Soy una vasca hija de castellanos que fueron expulsados de su tierra y desposeídos de todo lo que tenían por un dictador; una vasca nacida, criada y curtida en Euskadi contra otra dictadura, la de ETA, que también quería expulsarnos de nuestra tierra a quienes no nos doblegábamos.

La genética y la política me han hecho lo que soy; sobre la genética no tuve influencia; sobre la política sí. Fue mi opción enfrentarme al nacionalismo obligatorio y al terrorismo; fue mi opción no claudicar, no irme de Euskadi cuando me mandaron una bomba a casa; fue mi opción que no se repitiera en mí la historia de mis padres y que una dictadura no me expulsara de esta tierra vasca que también es mi tierra. Fue mi opción militar en el Partido Socialista (PSOE) en unos años en los que las listas electorales de los partidos constitucionalistas se hacían con los que se dejaban; fue mi opción dejar el PSOE y el acta de eurodiputada cuando consideré que ese partido ya no defendía los valores y los principios por los que yo había luchado toda la vida. Fue mi opción formar parte de un grupo de aventureros cuerdos y fundar un nuevo partido político para regenerar la democracia, reivindicar el patriotismo constitucional y defender la igualdad entre españoles. Y aquí estoy, rindiendo cuentas de esos ocho años de rebelión magenta.

Lo que somos determina lo que hacemos y también cómo lo hacemos; estas líneas pretenden enmarcar, que no justificar, mi contexto vital. Me suelen decir que mi «problema» es que soy vasca, que no sé decir «sí» cuando quiero decir «no» y que eso es muy malo en la política; que me falta «sutileza», que no se puede ir tan de frente, que eso a veces es contraproducente para conseguir el objetivo que se persigue, que la línea recta no es siempre el camino más corto... Seguro que tienen razón; pero yo, que he procurado hacer siempre lo correcto, lamentablemente no sé hacer las cosas mejor. Así que pido a los lectores que conozcan, juzguen y valoren todas las cosas buenas que ha hecho UPyD; y que, en la medida que las personas marcan las organizaciones de las que forman parte, reserven y me adjudiquen cualquier duda o insatisfacción que les pudiera quedar cuando acaben este libro.

Y a todos los escuderos, a todos los Sanchos con los que he compartido este viaje, gracias por ser tan buenos compañeros.

1

SOÑAMOS UN PAÍS E HICIMOS UN PARTIDO: ASÍ NACIÓ UPYD

La aventura podrá ser loca, pero el aventurero,

para llevarla a cabo, ha de ser cuerdo.

G. K. CHESTERTON

Era el año 2007 y en España gobernaba un feliz Partido Socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Para entender la situación en la que se encuentra la España de hoy hemos de remontarnos a lo que ocurrió en el primer mandato de la era Zapatero. Porque lo peor pasó mientras la clase económica, mediática, sindical y política del país le reía las gracias al presidente del «cambio tranquilo». Lo peor pasó mientras los barones del Partido Socialista se las prometían felices y el jefe de filas hacía trizas todo el legado de la Transición.

Lo primero que hizo Zapatero cuando llegó al Gobierno fue poner en cuestión y quebrar todos los consensos que constituyeron la clave de la Transición y el asentamiento de la democracia en España. Lo peor pasó sin que apenas nadie levantara la voz mientras Zapatero (el presidente de la sonrisa permanente que presumía de tener baraka) proponía leyes para romper todo acuerdo construido con el compromiso de no volver a enfrentarnos entre españoles. El modelo territorial del Estado, la política de alianzas europea y la política antiterrorista dejaron de ser cuestiones de Estado para pasar a ser consideradas estrategias ideológicas y de partido. Fue una época en la que los pactos se trabaron entre los que no creen en España como nación y quien ostentaba la titularidad del Gobierno de España. Fue la época en la que se puso en valor el «todo vale» o el «como sea» para ganar en las Cortes una votación que volviera a evidenciar la imagen dolorosa de las dos Españas.

En esa primera legislatura de Zapatero fue cuando nos perdimos (y nos perdieron) el respeto. Entonces empezó la verdadera cuesta abajo de nuestro país. Fue durante ese tiempo cuando tiramos a la basura la mayor parte de lo logrado tras la muerte de Franco; fue entonces cuando se empezó a negar el valor de la Transición, la Constitución, el reencuentro, lo que nos une a los españoles. Nada de lo verdaderamente importante quedó en pie en ese periodo en el que se legisló para buscar la diferencia con el pretexto de subir al tren a unos pocos a costa de expulsar a la mayoría de los que viajábamos juntos.

Empeñado en negar al padre, Zapatero buscó nuevos socios en Europa (eje con Francia frente al eje Alemania y Reino Unido) y nuevos socios en España. Y a la vez y de forma inédita, el modelo territorial del Estado empezó a reformularse de común acuerdo con partidos políticos que ni siquiera creen en el Estado español (partidos nacionalistas que defienden que su territorio es una nación y por tanto tiene derecho a un Estado propio); y el pacto en el que se asentaba la política antiterrorista y que tan positivos resultados había producido para derrotar a ETA se revisó para buscar el acuerdo en esa materia con quienes durante toda la democracia consideraron que los terroristas, aunque «no tienen razón», sí que «tienen sus razones».

Mientras se rompían todos los consensos políticos que nos habían permitido transitar desde la dictadura a la democracia y se metía al país en una aventura de incierto desenlace (nuevos Estatutos de Autonomía, con cuerpo de estatuto pero alma de Constitución, y una estrategia antiterrorista cuyo «éxito» dependía de la decisión de los propios terroristas, que llevaban la iniciativa política), España se había adentrado en una profunda crisis económica que apenas nadie se atrevía aún a señalar.

Cierto que ya entonces se publicaban algunos informes de expertos y estudios académicos en los que se señalaba la debilidad de nuestra economía y los riesgos crecientes de la burbuja de la construcción en la que se había basado el crecimiento de nuestro país en los últimos años. Pero la España política se desenvolvía al margen de esas alarmas. Nuestros gobernantes (y por supuesto los sindicatos, la patronal y el principal partido de la oposición) seguían comportándose como si aquí no pasara nada. Y Zapatero continuaba alardeando de una economía en la Champions y proclamaba por el mundo la solidez de nuestro sistema económico y, ¡ojo!, la ejemplaridad de nuestro sistema financiero.

Lo que ha ocurrido después en España no ha sido sino la consecuencia lógica de todo lo que se hizo en esa legislatura para romper la convivencia entre españoles y nuestra fuerza como sociedad y como país. Es verdad que la crisis económica que estalló con toda su crudeza en la segunda legislatura de Zapatero fue la que hizo perder las elecciones a ese gobernante perplejo; pero la catástrofe ya estaba entre nosotros cuando las cifras económicas aún arrojaban saldo positivo.

Como señalamos cuando se creó UPyD, la crisis económica no era lo peor que ocurría en España. Nuestro hecho diferencial, lo que ha fallado en nuestro país y lo que está en una profunda crisis ha sido y es la política. La gran traición de Zapatero a la democracia que le hizo presidente fue que por adanismo, por jugar a ser el «estadista» que protagonizara la segunda Transición, liquidó la incipiente comunidad política española. Cierto es que pudo hacerlo porque España es una democracia imberbe, sin cuajo suficiente, con una débil vertebración civil, sin memoria democrática, demasiado joven para organizarse ante los poderosos. Una sociedad que vivía por encima de sus posibilidades y prefería creer a los cuentistas que a quienes alertaban sobre las graves consecuencias de romper nuestra comunidad democrática.

Mientras Zapatero seguía abriendo una vía de agua en nuestro entramado institucional, crecía la desigualdad entre españoles y se aceleraba la ruptura de los vínculos entre territorios y generaciones. El debate sobre los derechos de los gallegos, los vascos, los aragoneses, los andaluces, los madrileños... ocupaba todo el espacio y todo el discurso político. La apelación a la diversidad se había convertido en un valor absoluto y la reivindicación de la unidad en igualdad entre españoles era considerada sospechosa. Así llegó el momento en el que ya apenas nadie hablaba de España, de lo común; y el reforzamiento de la incipiente ciudadanía española, que apenas había tenido una oportunidad en nuestra joven democracia, parecía haber pasado a mejor vida.

Lo que ocurrió en España durante esa primera legislatura de Zapatero al frente del Gobierno hubiera resultado imposible en cualquier democracia del mundo, en cualquier país serio de nuestro entorno. Ningún país está a salvo de que llegue al poder un gobernante iluminado, un salvador. Pero las democracias serias tienen contrapoderes que actúan y protegen el interés general si los responsables de defender los valores comunes, ya sea desde el Gobierno y/o desde la oposición, pierden la cabeza. Piensen en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos... E imagínense que llega al Gobierno un tipo dispuesto a romper unilateralmente la tradición republicana, la unión entre alemanes, el atlantismo, los principios de la Constitución norteamericana... Ni con mayorías absolutas en las cámaras hubiera podido hacerlo; porque detrás de todos esos nombres propios hay ciudadanía, hay sentido de país, hay ambición de futuro.

Fue en ese momento, cuando lo peor estaba pasando aunque nadie escribiera sobre ello, cuando volvía a aparecer el discurso de las dos Españas que tanto habíamos luchado por enterrar, cuando un pequeño grupo de ciudadanos, casi todos vascos y que nos habíamos conocido trabajando en el colectivo cívico ¡Basta Ya!, tomamos la decisión de crear un partido político con el objetivo de defender el Estado y regenerar la democracia. Un partido que supusiera una alternativa política real al viejo bipartidismo que, tras treinta años de democracia, se había mostrado agotado e incapaz de afrontar los retos y las exigencias de la nueva sociedad.

En realidad fundamos el partido siguiendo la misma lógica con la que fundamos ¡Basta Ya!: llegamos a la conclusión de que no quedaba otro remedio. Cuando se constituyó ¡Basta Ya! existían en Euskadi varias asociaciones de víctimas y grupos pacifistas que se oponían a ETA. Los demócratas españoles salíamos a la calle —por fin y tras años de silencio— cada vez que ETA perpetraba un asesinato y nos manifestábamos semanalmente exigiendo la libertad de los secuestrados por los terroristas. Los demócratas vascos habíamos aprendido a llorar juntos, habíamos identificado al enemigo, se había roto el silencio. Pero aún nadie se había atrevido a reivindicar en positivo lo que nos unía. Por eso nació ¡Basta Ya!: para defender en las calles de Euskadi la libertad y la democracia; para decir alto y claro que el terrorismo era el culpable, pero que la comprensión política del nacionalismo institucional hacia ese mundo totalitario y cruel, la distinción permanente que hacían entre los fines de los terroristas y los medios que utilizaban, los había convertido en cómplices.

También nos llamaron locos a los fundadores de ¡Basta Ya! Locos por querer sacar a la gente a las calles de Euskadi al margen de la tutela de los partidos políticos; locos por convocar a los ciudadanos tras una pancarta en la que ponía «Constitución y Estatuto»; locos por llamar a los ciudadanos de toda España a concentrarse en el País Vasco en defensa de la democracia y de sus leyes; locos por querer demostrar que los ciudadanos podíamos caminar juntos al margen de nuestras respectivas ideologías para sentirnos mayoría, para reír unidos los que ya habíamos aprendido a llorar juntos en las calles vascas.

No hicimos caso a los profetas del fracaso y de la vieja política que nos advertían sobre lo imposible de esa aventura; y tuvimos éxito en nuestro empeño. Y cientos de miles de españoles se sintieron convocados y representados por aquel movimiento cívico que salió a la calle sin complejos, consciente de que el único riesgo que asumíamos era ganar. Y ganamos el espacio político de las calles vascas reservado hasta la fecha para funerales o para las algaradas de los violentos y sus cómplices. Quienes pusimos en marcha ¡Basta Ya! lo hicimos porque y cuando llegamos a la conclusión de que había que hacerlo. Y a partir de ese momento nada volvió a ser igual en la política vasca y en la batalla contra el terrorismo.

Esa misma forma de pensar y actuar nos llevó a fundar Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Todas las personas que pusimos en marcha este partido teníamos una ocupación, teníamos nuestras familias, nuestros amigos, nuestra vida...Todos llevábamos tiempo preocupados por lo que sucedía en España, por la ruptura de la vertebración social, económica y política y por la incapacidad de los partidos viejos de enfrentarse a esos problemas. Tomamos la decisión de formar este partido político porque llegamos a la conclusión de que en España hacía falta que alguien defendiera el Estado, porque ni el PP ni el PSOE eran ya capaces de hacerlo.

Y es que el Partido Socialista dejó de ser un partido nacional que vertebrara España a través de sus instituciones desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió el liderazgo. Su apuesta estratégica por la ruptura de lo común, de los grandes pactos de Estado que habían sido los instrumentos fundamentales para hacer la Transición y para construir la democracia adquirió tintes de riesgo cuando el PSOE ganó las elecciones en 2004 y promovió institucionalmente esa cultura de ruptura, de borrón y cuenta nueva. Y el Partido Popular, lejos de constituirse en alternativa política y liderar la defensa del Estado, cayó en la misma deriva; probablemente lo hicieron por una apuesta táctica, cargada de complejos ideológicos y de hipotecas territoriales; y para ganar las elecciones de la misma manera que lo había hecho Zapatero, rompiendo los consensos básicos de la Transición. Pero eso es lo de menos; porque la suma de esa táctica y esa estrategia (las del PP y PSOE) confirmaron la necesidad de un partido como el nuestro.

O sea que fundamos UPyD porque no nos quedó otro remedio. Porque en España hacía falta un partido político que defendiera en la plaza pública y en las instituciones políticas los valores comunes; un partido político que rompiera tabúes, que se rebelara contra el inmovilismo y el statu quo; que hiciera propuestas para regenerar la democracia, para devolver a los ciudadanos la confianza en la política y en los partidos políticos. Un partido político que defendiera sin complejos la idea de España y el patriotismo constitucional, que no es otra cosas, que la defensa de lo común frente a quienes hacen negocio enfatizando lo que nos diferencia. Un partido político inequívocamente nacional, laico, progresista y transversal, libre de hipotecas y de tutelas y con autonomía para defender lo que nos une como ciudadanos españoles.

Nacimos para desideologizar la defensa de lo obvio. Pensamos un país más libre y más justo, un país en el que fuera posible hacer otra política y hacer política de otra manera. Pensamos en un partido político que defendiera el Estado, o sea, la igualdad entre españoles. Pensamos ese país y ese partido... Y fundamos UPyD.

Los acontecimientos vividos en España desde que tomamos la decisión de fundar UPyD y nuestra peripecia política y vital no hacen sino confirmar la necesidad de que entrara en la escena pública una fuerza política como la nuestra; un partido que se atreviera a cuestionar y romper esa dinámica perversa a que nos tenían condenados las dos grandes formaciones políticas españolas, el Partido Socialista y el Partido Popular, cuya única obsesión era —y es— mantener el statu quo para que no cambie nada y para que el uno y el otro (o los bloques que los sustituyan temporalmente) tengan garantizada su alternancia sucesiva en el poder.

De eso va este libro: de cómo ha cambiado la historia de España en estos últimos ocho años y de cómo este pequeño partido político ha sido promotor y actor principal de ese cambio. Fernando Savater lo concretó a la semana de nuestro nacimiento ante un grupo de corresponsales extranjeros que se extrañaban de que un filósofo y unos cuantos «aventureros» tuvieran la osadía de poner en marcha un partido político nacional: «Es como en la película Tiempos modernos, de Charles Chaplin. De un camión se cae un trapo rojo colgado en una viga; él baja de la acera, lo recoge y, alzándolo, se pone a caminar por el centro de la calzada... Y de una calle adyacente sale una multitud que grita ¡Libertad! Y siguen a aquel hombre que porta un trapo rojo a modo de bandera...». A veces es suficiente alzar una bandera para encontrar un ejército dispuesto a luchar por lo que ella representa. UPyD nació para levantar esa bandera de regeneración democrática y cambio político que España necesita.

2

HACER POSIBLE LO QUE ES NECESARIO

Muchos que se adelantaron a su tiempo tuvieron

que esperar en sitios poco cómodos.

STANISŁAW JERZY LEC

El 29 de septiembre de 2007, en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo de Madrid, Fernando Savater y yo misma, acompañados por Mario Vargas Llosa y Albert Boadella, presentamos en sociedad al nuevo partido. Lo hicimos ante unas quinientas personas que habían sido convocadas a través de internet y ante un reducido grupo de periodistas, muchos menos de los que habían cubierto unos meses atrás la rueda de prensa en la que anuncié mi baja en el Partido Socialista y la entrega de mi acta de eurodiputada.

Aún recuerdo la emoción de aquella presentación, que fue posible gracias al trabajo de los voluntarios; recuerdo el escenario, austero como todo lo nuestro, con el color magenta apareciendo por primera vez en la escena política y las banderas española y europea, marcando desde el primer momento que nuestro partido reivindicaría el patriotismo constitucional y mostraría sus símbolos con normalidad.

Recuerdo haber citado el poema de Kavafis, su viaje a Ítaca y lo que eso representa. Y recuerdo haber reivindicado, por vez primera en un acto de UPyD, el respeto y el honor para los guerreros que son fieles a su pueblo.

Era el año 2007, y ya en ese acto defendimos la reforma de la Constitución española para reforzar la igualdad de todos los ciudadanos. Era el año 2007, y ya entonces explicamos que regenerar la democracia era el objetivo y el compromiso de nuestro partido, que nuestros padres habían construido la democracia y a las nuevas generaciones y a los nuevos partidos les correspondía la tarea de regenerarla. Era el año 2007, y ya entonces explicamos que había que acabar con los privilegios, que la educación y la sanidad debían ser competencia del Estado para garantizar la igualdad entre los españoles, que la justicia en España no era independiente porque los partidos políticos nombraban a sus delegados en el Consejo General del Poder Judicial... Era el año 2007, y ya entonces explicamos que el Estado debía utilizar todos los instrumentos a su disposición —ni uno más pero ni uno menos— para evitar que se pusieran urnas en la calle y se celebrara un referéndum ilegal (entonces era el del País Vasco, el famoso Plan Ibarretxe). Era el año 2007, y ya entonces denunciamos que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pactado entre Mas y Zapatero, era una reforma encubierta de la Constitución.

Recuerdo a Fernando Savater hablando de valores y de principios, haciendo pedagogía democrática. Y a Mario Vargas Llosa, alertando de los peligros del nacionalismo disgregador, de las virtudes del liberalismo político, del valor de la libertad. Yo lo recuerdo porque para todos nosotros fue un día inolvidable; y porque hay vídeos del acto. Pero no porque sea fácil encontrarlo en la hemeroteca, ya que a pesar de lo novedoso del hecho (el primer partido político nacional que nacía en España en muchos años) y a pesar de sus protagonistas (dos personalidades tan señaladas como Fernando Savater y Mario Vargas Llosa), ningún periódico nacional encontró un hueco en su portada para señalar el evento. Vamos, que lo del apagón mediático que hemos denunciado durante la pasada campaña electoral ha sido una constante en la vida de UPyD. Suerte que, por intuición supongo, grabábamos nuestros vídeos y los subíamos desde el primer día a YouTube; si no fuera por esos documentos históricos nos podría pasar como en el juicio contra Tejero: que si no hubiera habido periodistas contándolo desde dentro alguien podría haber creído que el golpe nunca existió.

Tampoco olvidaré lo felices que salimos a la calle cuando finalizó el acto; lo habíamos conseguido, nos habíamos puesto de largo ante los españoles, habíamos expuesto nuestras ideas y ahora solo quedaba trabajar para defenderlas y para que llegaran a todos los rincones de España. Y nos pusimos a ello.

Pocos meses después de nuestro nacimiento se convocaron elecciones generales para el 9 de marzo de 2008. Y para dar a la gente la oportunidad de elegir a una nueva formación política comprometida con la regeneración de la democracia y con la reforma del Estado, decidimos presentar candidaturas al Congreso y al Senado en toda España. Todo aquel que prescribía opinión y que nos dedicó algún espacio consideró una locura tamaña osadía. Y ya entonces empezaron a darnos instrucciones: nos «explicaron» que en España no había espacio para otra formación política nacional; que sin medios económicos y/o mediáticos que nos respaldaran no teníamos nada que hacer; que mejor no nos presentáramos para no «quitar votos» a uno u otro (PP y PSOE, por supuesto; a quien no debíamos quitárselos dependía del «color» ideológico del prescriptor de opinión...). Nos instaron a que, en todo caso, hiciéramos acuerdos con uno u otro de los partidos llamados a alternarse eternamente en el poder. Como digo, unos nos acusaban de ser los responsables de que Zapatero volviera a ganar las elecciones, pues le «quitábamos» votos al PP; y otros de haber nacido para «quitar votos» al PSOE y facilitar así el triunfo del PP...

Alguno de mis antiguos compañeros del PSOE me pidió que reconsiderara nuestra decisión, que había gente que votaba esas siglas precisamente por lo que algunos de nosotros representábamos; vamos, que siguiéramos siendo su coartada. El PP también se movió para ver si podían frenarnos aun antes de nacer. Y Carmen Martínez de Castro, que entonces era la responsable de prensa de Mariano Rajoy, me llamó en nombre de su jefe para decirme que estaba muy preocupado ante el anuncio de que íbamos a formar un nuevo partido y que quería verme. Así que quedamos a comer, los dos solos, en un reservado de un céntrico restaurante de Madrid. Rajoy me explicó su opinión de que nuestro nacimiento como partido dividiría el voto constitucionalista y eso sería un desastre, pues volvería a dar la mayoría a Zapatero. Yo le expliqué todas nuestras razones para seguir adelante con nuestra decisión y recuerdo que le dije que era bueno que existiera en España otro partido que defendiera el Estado. Y a la vista de que sus argumentos sobre España y el constitucionalismo no me hacían mella, Rajoy me soltó la frase que, al parecer, suele funcionar: «Rosa, ¿qué quieres? Dime, lo que quieras, todo está abierto... lo que quieras». Y le dije que lo que queríamos era hacer un partido para defender la tercera España, que pensábamos que eso era lo que el país necesitaba y que estábamos seguros de que eso iba a ser muy bueno para todos, incluso para ellos. Y nos despedimos amigablemente. Carmen me llamó esa misma tarde noche para decirme que su jefe se había quedado muy, muy preocupado.

Bueno, como se ve, unos y otros siempre han querido darnos «consejos» que nunca habíamos pedido... Pero somos gente que aprendimos a decir NO en el lugar más complicado de España; y por eso tampoco en ese momento hicimos caso a nadie, registramos el partido y presentamos candidaturas en todas las circunscripciones de España.

Para hacer la primera campaña y dado que ninguna institución financiera nos prestó ni un solo euro —y eso que no aspirábamos a que nos condonaran los préstamos, como hacían con otros partidos políticos, que teníamos el compromiso y la intención de devolverlo...—, emitimos bonos reembolsables cuyo valor nominal oscilaba entre los cincuenta y los quinientos euros; y gracias a ellos obtuvimos cerca de 400.000 euros con los que pudimos afrontar la mayor parte de los gastos de la campaña en toda España. Recuerdo la gente que llegaba a comprar bonos a nuestra única sede en la calle Orense de Madrid; recuerdo a dos chavales con mochilas, preguntando si podían comprar uno de cincuenta euros a medias... A un señor mayor, declarado votante de otro partido, que compró un bono porque, dijo: «No soporto que no puedan ustedes presentarse a las elecciones». Por cierto, los portadores de los bonos recuperaron el dinero que nos prestaron un año después, tal y como nos habíamos comprometido a hacer si obteníamos representación parlamentaria. En un país en el que los partidos «ofrecen» dinero durante la campaña, pagan autobuses y bocadillos, pagan a jóvenes para que hagan de figurantes en los mítines... nosotros pedíamos dinero a la gente para poder presentarnos a las elecciones, y la gente nos lo dio, demostrando así que hay otra España, otra sociedad, otra forma de hacer política. Que lo único que necesitamos en este país es la oportunidad para poder demostrarlo.

Hacer las listas para Congreso y Senado no fue tarea fácil. Acabábamos de nacer y no teníamos estructura física en ningún lugar de España (nuestra sede en España era un piso alquilado en Madrid, de setenta metros cuadrados, la única hasta principios de 2009). La mayor parte de los afiliados ni siquiera nos conocíamos entre nosotros, no en vano fuimos el primer partido político que nació y empezó a trabajar en la red. Así que no nos quedó otro remedio que concedernos mutuamente un voto de confianza y dar la oportunidad de representar el proyecto en sus circunscripciones a todo aquel que se quiso postular.

En la sede de la calle Orense se formó un grupo de voluntarios que lo hacían todo: responder al teléfono, atender consultas, vender los bonos, elaborar el programa, hacer propuestas de organización, aconsejar a quienes llamaban desde las provincias, organizar la campaña electoral... Allí te encontrabas trabajando cotidianamente con un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un grupo de jóvenes estudiantes, abogados, notarios, un ingeniero que hacía la web a las cinco de la mañana, antes de ir a trabajar; una procuradora que contestaba al teléfono y abría la puerta, un pequeño empresario del sector informático que nos hacía las fotos de campaña a los candidatos, un guionista de cine que organizaba los mítines... Política con mayúsculas y en estado puro.

Allí se acercaban todo tipo de gentes para pedir información o para ofrecerse a trabajar como voluntarios. O para afiliarse. Recuerdo un día que subió un joven con uniforme de militar, suboficial creo, y dijo que quería afiliarse. El chico que en ese momento estaba atendiendo teléfono, puerta, consultas... le preguntó si sabía que los militares no podían afiliarse a partidos políticos. Él nos preguntó si nosotros se lo íbamos a decir a alguien. Y claro, se afilió.

Siempre estuvimos convencidos de que lo que es necesario termina siendo posible; que para eso está la política. Y que «imposible» para nosotros significa que tarda un poco más en llegar. Y una mañana del mes de febrero presentamos en un acto público en Madrid a nuestros más de cuatrocientos candidatos. Y explicamos que nos presentábamos en toda España porque queríamos, porque podíamos, porque hacía falta, porque valía la pena. Recuerdo a Fernando Savater diciendo aquello de: «Dicen que no obtendremos ni cuatrocientos votos: aquí tienen ustedes a más de cuatrocientos candidatos de UPyD...». Y lanzamos nuestra primera campaña con un lema y un cartel que define bien lo que somos y lo que queremos. El lema: «Lo que nos une». El cartel: el carnet de identidad que nos reconoce a todos como ciudadanos de un país llamado España.

Y empezamos a recorrer las plazas y las calles de España haciendo pedagogía democrática, proclamando la necesidad de defender la nación española como instrumento imprescindible para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles y explicando que defender los principios y valores democráticos, los derechos de ciudadanía, nunca ha de estar sometido a la ideología partidaria. Nos reivindicamos como constitucionalistas, lo que significa exigir, a la vez, que se cumpla la Constitución en los territorios en los que se vulnera y se trata de forma desigual a los ciudadanos no nacionalistas y que se cambie para hacer efectivos aquellos artículos que proclaman la libertad, la igualdad, la cohesión, la separación de poderes y la protección efectiva de todos los ciudadanos ante una justicia independiente.

Desde el primer momento hicimos los mítines dando la voz a los ciudadanos; cuando terminábamos nuestra exposición se abría un turno de palabra y los asistentes tomaban el micrófono y expresaban lo que querían. Los testimonios públicos de las personas que asistían a nuestros actos eran impresionantes: «Ha dicho usted todo lo que yo ni sabía que pensaba»; «Gracias... Nos han devuelto ustedes la esperanza»; «Muchas gracias por ayudarnos a recuperar la confianza en la política»; «Por favor, no os rindáis nunca»; «Nunca había venido a un mitin, me ha traído mi hijo. Estoy feliz...». Como explicaba una vez Álvaro Pombo, en UPyD no hacíamos mítines, dábamos conversación. Fue algo innovador, cercano, auténtico. La mayor parte de los actos, aunque era invierno, los celebrábamos en la calle, subidos en una tarima algo más grande que un cajón. No había dinero para pagar muchos salones cerrados... Hicimos de la necesidad virtud, y fue algo verdaderamente impresionante.

3

NUESTRO DIAGNÓSTICO SOBRE LA ESPAÑA DE 2007

En realidad no me preocupa que me copien mis ideas;

lo que me preocupa es que ellos no las tengan.

NIKOLA TESLA

Nuestro partido se anticipó en el diagnóstico sobre los problemas de España y acertó con las medidas que había que tomar para hacerles frente. Baste con repasar someramente el diagnóstico y las propuestas que introdujimos en nuestro primer programa electoral.

Partimos de un supuesto revolucionario: que los ciudadanos no nacen siendo ya de izquierdas o de derechas ni con el carnet de ningún partido en los pañales. A riesgo de escandalizar a los timoratos, consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y de elegir en consecuencia, de acuerdo con las ofertas de los partidos y su experiencia de la situación histórica que vivimos. Nunca creímos que nadie esté obligado a votar siempre lo mismo o a resignarse a las opciones políticas vigentes, cuando ya le han decepcionado anteriormente.

Ser considerados de izquierdas o de derechas no nos parece el centro del problema, aunque nos apiadamos cordialmente de quien carece de mejores argumentos para descalificar al adversario. En realidad, ni la izquierda ni la derecha son ideas platónicas, invulnerables al paso del tiempo y a los cambios sociales. Cuando hablamos de izquierda o derecha no estamos refiriéndonos a la Guerra Civil, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Revolución rusa o francesa... sino a los muy concretos partidos que se ponen esa etiqueta en el día de hoy. Y resulta evidente que ha habido notables transformaciones: por ejemplo, ayer la izquierda y la derecha parecían representar clases o niveles económicos, pero hoy abundan los multimillonarios estruendosamente izquierdistas (sobre todo en medios de comunicación o artísticos) y asalariados modestos que son belicosamente derechistas. Nosotros no tenemos reparo en declarar que si ser de izquierdas ahora es apoyar en España las exigencias nacionalistas o separatistas, la asimetría regional o el diálogo político con los terroristas, y en política exterior tener como referentes a Fidel Castro o Chávez... entonces somos de derechas. Y que si pertenecer a la derecha exige considerar la homosexualidad una enfermedad (y el matrimonio entre personas del mismo sexo una indecente aberración), un delito el aborto o la experimentación genética con fines curativos, y tener a los padres por exclusivos responsables de la formación ética de sus hijos aun en cuestiones cívicas, o a considerar inalterable la distribución de la renta y resignarse ante la pobreza de millones de niños, hombre y mujeres... pues entonces no habrá más remedio que ser de izquierdas.

Para evitar este falso dilema, nosotros preferimos hablar de progresismo en vez de izquierda o derecha. Ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Y ni los actuales partidos de izquierdas ni los de derechas tienen el monopolio del progresismo, aunque ambas tradiciones políticas han contribuido a él. A nosotros nos gustaría ser capaces de aprovechar los elementos positivos de unos y de otros, pero sin tener que cargar con sus prejuicios y resabios reaccionarios, que existen en los dos campos. No decimos que los partidos actuales lo hagan todo mal; solo señalamos que ninguno lo hace tan bien como para que debamos renunciar a buscar alguna alternativa mejor. Ser progresista, además, significa creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad: a algunos no les interesa la política más que como medio para defenderse del Estado, pero nosotros queremos lograr por medio de la política un Estado que nos defienda mejor a todos. Los ciudadanos no podemos excluirnos de la vida política, ni refugiarnos cuando no nos gustan las leyes o las decisiones gubernamentales en la abstención o en la renuncia a exigir el respeto a nuestros derechos y libertades. Porque, queramos o no, sí que es en nuestro nombre como se legisla o se gobierna: luego no hay más remedio que implicarse para que nuestras ideas tengan voz y estén lo mejor representadas que sea posible. Por eso emprendimos esta aventura y recabamos el apoyo de nuestros conciudadanos.

La base de la ciudadanía democrática es la igualdad en libertad: iguales leyes para todos y todos iguales ante las leyes. Este objetivo exige, como es lógico, la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. Pues bien, creemos que esa igualdad está hoy amenazada en España, fundamentalmente por culpa de los excesos de un modelo territorial sometido a constante desbordamiento por las pretensiones nacionalistas.

Tales exigencias en perpetuo crescendo han contagiado en gran medida al resto de los grupos políticos dentro de cada comunidad autónoma. El separatismo —al menos retórico— es contagioso y los no nacionalistas se apresuran a mostrarse aparentemente tan identitarios como los demás, por miedo a perder los votos de una mayoría que no entiende ya la defensa de lo suyo más que como un desafío a lo de todos. En consecuencia, las atribuciones del Estado se desdibujan y cuando trata de imponer su autoridad parece que atropella los santos derechos regionales. En las escuelas se subrayan todas las diferencias como fundamentales y eternas, mientras se muestra lo común que nos une como algo impuesto y transitorio. Lo propio es siempre víctima de lo común, lo que no pertenece a nuestra demarcación no existe o es una amenaza. La bienintencionada descentralización autonómica se ha convertido en licencia para fabricar algo así como virtuales miniestados regidos por burocracias arrogantes, quisquillosas... e inamovibles.

Esta peligrosa deriva se muestra especialmente dañina en lo tocante al uso y aprendizaje de la lengua española. Un Estado de derecho necesita una lengua común, cuyo empleo no solo es elección personal sino ante todo instrumento político para la realización dialéctica de la propia democracia. Todas las lenguas de nuestra nación son respetables y dignas de fomento, pero la castellana es además imprescindible como vehículo de entendimiento general y debate de las cuestiones que atañen a toda la comunidad. La enseñanza pública tiene que considerarla así y no como una más entre otras, cuando no como un molesto accesorio que solo se llega a ofrecer a los estudiantes tras muchos y difíciles requerimientos. Por supuesto, los que más padecen del arrinconamiento docente del castellano son los económicamente menos favorecidos y los inmigrantes, es decir, los que necesitan la lengua para integrarse laboral y socialmente en el marco estatal más amplio posible y no tienen recursos para acudir a escuelas privadas en las que recibirán docencia en la lengua que mejor les convenga.

Nosotros estamos, naturalmente, por la España plural de los ciudadanos iguales y distintos, pero no por la España asimétrica de los territorios enfrentados, radicalmente contraria al principio democrático de igualdad. No queremos un Estado de derecho uniforme ni mucho menos uniformado, pero sí desde luego unitario y descentralizado. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una insigne majadería política, de la que viven unos cuantos iluminados y numerosos mangantes de la política local. Creemos que en España se está reeditando el viejo caciquismo, es decir, que dueños cuasifeudales de cada región hacen y deshacen en su territorio halagando el narcisismo localista y comprando luego la benevolencia gubernamental a base de apoyos hábilmente negociados en el Parlamento estatal. Por ello uno de nuestros objetivos es conseguir un peso suficiente en el Parlamento español como para poder contribuir a formar alternativas de Gobierno libres de hipotecas nacionalistas.

Pero la igualdad de los ciudadanos tiene también otras amenazas. Un Estado democrático tiene que ser laico, es decir, neutral ante todas las creencias religiosas respetuosas con los derechos humanos y con nuestro sistema jurídico, y también ante la creencia de los que no creen en religión alguna. El laicismo no es una postura antirreligiosa ni irreligiosa (hay laicistas muy creyentes) sino opuesta solamente a la manipulación teocrática de las instituciones públicas. El Estado laico reconoce la fe religiosa como un derecho de cada cual —sometido únicamente a las leyes civiles pero no como un deber de nadie y mucho menos de los poderes públicos en tanto legislan, educan o financian diversas actividades culturales—. La manifestación pública de las religiones es perfectamente lícita pero debe efectuarse siempre a título privado, no como obligación colectiva o institucional. Por tanto es evidente que en la escuela pública no deberían darse cursos de ninguna religión, lo mismo que tampoco deberían ofrecerse lecciones de ateísmo. Nosotros, en pos de la igualdad de todos los creyentes y no creyentes, quisiéramos alcanzar un Estado realmente laico, en el que ninguna religión perdiera sus derechos pero desapareciesen los privilegios actuales de ciertas confesiones, que en ocasiones convierten el interés general en rehén de creencias particulares. De la misma manera, quisiéramos un Estado también laico en materia identitaria, donde las instituciones no presionen ilícitamente a los ciudadanos para que se integren contra su voluntad en determinado modelo de identidad, supuestamente cultural o lingüística pero normalmente nacionalista.

Por supuesto, la desigualdad entre los ciudadanos tiene también a veces causas económicas. Nosotros creemos que toda riqueza es social y se debe en último término a la sociedad, aunque provenga de la iniciativa individual que lícitamente se beneficia de ella. La mejor forma de redistribuir la riqueza socialmente acumulada son unos efectivos y accesibles servicios públicos para atender cuestiones básicas: educación, sanidad, comunicaciones, transporte, asistencia social a niños, minusválidos y ancianos, pensiones, etc. Unos servicios que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, mediante la concurrencia de los sectores público y privado, adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado.

Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía. Y, por otra parte, la redistribución de la riqueza requiere que el sistema fiscal mejore su control sobre todas las fuentes de renta y no penalice, como ocurre actualmente, a los trabajadores asalariados mientras privilegia a los perceptores de rentas del capital. El refuerzo de los servicios públicos y la seguridad social —no permitiendo que se deterioren por dejadez intencionada para fomentar luego su privatización— ha de ser una de las prioridades de nuestro partido.

En resumen: que nace un nuevo partido para garantizar la unidad institucional y la coordinación tanto legal como fiscal del Estado de derecho, así como su rigurosa laicidad y optimización de servicios públicos, a fin de posibilitar la real igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus libertades democráticas.

Estos compromisos que definen a UPyD se plasmaron en 2008 en nuestro primer programa electoral. Algunas de nuestras propuestas principales desarrollaban la reforma de la Constitución, centrada en tres ámbitos principales: el cierre del modelo territorial mediante la atribución al Estado de un conjunto de competencias fundamentales (por ejemplo educación y fiscalidad, además de las que tiene actualmente) que no deben ser delegadas; igualdad básica de competencias para todas las comunidades autónomas y desaparición de la referencia a los «derechos históricos» y de la disposición transitoria cuarta relativa a la eventual fusión de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, y el respeto a la división de poderes, en especial reforzando la autonomía del poder judicial respecto al ejecutivo (revisión del papel del fiscal general, por ejemplo) y el legislativo, consolidando la unidad del sistema judicial en todo el país y evitando su despiece en sistemas autonómicos independientes.

También, y para hacer efectiva la laicidad del Estado, introdujimos en ese primer programa electoral el compromiso de revisar los actuales acuerdos concordatarios con la Santa Sede y con las demás confesiones religiosas.

Propusimos la reforma de la ley electoral para corregir la desproporcionada representación de los grandes partidos revisando el sistema de circunscripciones electorales y acabar con la excesiva preponderancia de los partidos nacionalistas, a los que se concede en la práctica un poder de arbitraje que da origen a la extensión de lo que hemos llamado «nacionalismo obligatorio», así como de sus imitaciones regionalistas.

Propusimos promover cuantas medidas políticas aumenten y refuercen la calidad de la educación pública laica y de la investigación científica y se opongan a la difusión del fanatismo y de la ignorancia, incluyendo la introducción de asignaturas concebidas para enseñar los principios éticos y políticos comunes a todos los españoles con independencia de su lengua materna, lugar de residencia o creencias religiosas e ideológicas. En este sentido, reclamaremos el escrupuloso cumplimiento del derecho a la escolarización en la lengua materna, atacado y negado en varias comunidades autónomas, y nos opondremos a toda medida de discriminación política y social basada en supuestos lingüísticos considerados normalizadores por el nacionalismo, defendiendo en cambio la normalidad de la prevalencia de la lengua común sobre la particular, que si bien debe ser reconocida, protegida legalmente y empleada por la Administración para garantizar el bilingüismo donde este exista realmente, de ningún modo debe imponerse a los ciudadanos como requisito indispensable para ejercer cualquier empleo público o tener un negocio privado.

En un momento en el que nadie mencionaba siquiera el concepto «regeneración democrática», nuestro programa incorporó medidas de regeneración democrática para vincular más estrechamente a los representantes políticos con sus representados —examinando la posibilidad de introducir un sistema electoral con listas abiertas, la elección directa de los cargos personales principales como presidencias de gobiernos (nacional y autonómicos) o alcaldías, la limitación de mandatos—, e introducir incompatibilidades más rigurosas entre el ejercicio de cargos públicos y negocios privados.

Planteamos nuevas medidas para combatir el terrorismo que pongan el énfasis en la derrota de ETA y de las demás organizaciones terroristas, combatiendo sus acciones violentas, persiguiendo su financiación e impidiendo su justificación política e ideológica. Y por primera vez un partido político en España se atrevió a defender que el terrorismo debe ser considerado un crimen contra la humanidad, de manera que los delitos terroristas sean imprescriptibles y sujetos a jurisdicción universal.

Propusimos medidas económicas y sociales que, respetando la estabilidad macroeconómica, promuevan el desarrollo y la competitividad de la economía española, corrigiendo las desigualdades regionales. El Estado ha de mejorar la educación, formación y seguridad de los trabajadores, propiciar por medio de las infraestructuras la integración del mercado interior, favorecer la investigación y la innovación en las empresas, y garantizar la libertad económica y el ejercicio de la competencia.

Nuestro programa incorporó propuestas de política internacional, medioambientales, sociales, sanitarias, educativas, de protección a la infancia, a los mayores... En todas ellas innovamos; con todas ellas hicimos un auténtico programa de Gobierno propio de un país avanzado como la España que queremos.

Ninguno de los grandes partidos nacionales —menos aún los nacionalistas— defienden propuestas equivalentes a las nuestras. Su firmeza contra el nacionalismo obligatorio resulta discutible, pues ninguno ha dejado de hacer concesiones que atacan la igualdad de la ciudadanía española en materia lingüística, educativa, fiscal o de servicios públicos. Tampoco ninguno propone la reforma de la Constitución, que, lógicamente, necesita adaptarse a las nuevas condiciones políticas del país y a un mundo en permanente cambio. Ni propugnan una reforma de la legislación electoral que quizá perjudicase sus expectativas, a pesar de que mejoraría la democracia al conseguir una representación más proporcionada de las corrientes sociales existentes, combatiendo el auge de la abstención y de la aversión a la política. Ninguno insiste en profundizar el laicismo del Estado para hacer frente al auge del fundamentalismo religioso, a las intromisiones exageradas del clero en la enseñanza pública y a la multiplicación de políticas identitarias que pretenden dictar los sentimientos de pertenencia y comunidad. Ninguno, finalmente, está interesado en proponer reformas que revitalicen la democracia mermando el poder de los aparatos de los partidos en beneficio de una deliberación pública y abierta, más allá de la alienación sectaria y del dogmatismo carente de ideas.

Con este programa y con estos compromisos nos propusimos entrar en el Congreso de los Diputados en una legislatura que nacía y terminaba con dos fechas claves para entender la historia de España: la guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz. Ambas supusieron la reivindicación de la nación y de la ciudadanía; en la primera fecha, el pueblo llano peleó unido por la independencia de España frente a la desidia de los poderosos; en la segunda, unos revolucionarios que se llamaron a sí mismos liberales se organizaron para sustituir su condición de súbditos del clero y la nobleza por la condición de ciudadanos.

Hoy, ocho años después de aquellas nuestras primeras elecciones, fuera ya del Parlamento por decisión de los ciudadanos, he de decir con orgullo que todas esas cuestiones que entonces planteamos, y que merecieron el desprecio general de los medios de comunicación y de todo politólogo que se preciara, están hoy incorporadas en la agenda política española. Como resulta fácil de comprobar, fuimos unos anticipados a nuestro tiempo; y también por eso nos llamaron locos.

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ROMPIENDO TABÚES [...]:

EN CONTRA DE LOS PRIVILEGIOS FISCALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

IX LEGISLATURA, 2008-2011

La civilización es la victoria

de la persistencia sobre la fuerza.

PLATÓN

Aquel 9 de marzo de 2008, contra todo pronóstico, 306.079 españoles eligieron la papeleta de UPyD y la introdujeron en la urna. Fue un milagro; laico, pero milagro. Porque la inmensísima mayoría de los electores ni se enteró de que nos presentábamos a las elecciones. Sin apenas cobertura en los medios de comunicación ni dinero para enviar propaganda a los domicilios, internet y nuestra presencia en la calle (hicimos prácticamente toda la campaña subidos sobre una pequeña plataforma, muchas veces solo con un megáfono y dando la palabra a los ciudadanos que se paraban a escucharnos asombrados) fueron nuestras únicas herramientas para llegar a la gente. Y con esos 306.079 votos de toda España obtuve el acta de diputada por Madrid, circunscripción en la que 131.242 madrileños optaron por nosotros.

En España no se cumple el artículo 123 de la Constitución que proclama el derecho de todos los españoles a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. La ley electoral vulnera claramente ese precepto: los dos partidos viejos y los partidos nacionalistas salen al campo con ventaja. El PSOE obtuvo 11.289.335 votos que se convirtieron en 169 diputados, o sea que cada escaño le costó 66.800 votos; y los 10.278.010 votos que obtuvo el PP se convirtieron en 154 diputados, o sea que cada uno le salió a 66.740. Al PNV cada escaño le salió a 51.013 votos (con 306.079 obtuvo seis); y Nafarroa Bai, con 62.398 votos tuvo un escaño.

Queda claro que no se cumple el derecho pasivo a ser elegido en igualdad de condiciones: la ley electoral prima a los dos grandes partidos nacionales y a los partidos nacionalistas. Pero, lo que es más grave, tampoco se cumple el derecho activo que tenemos todos los ciudadanos —al margen de nuestra condición o lugar de residencia— a elegir en igualdad de condiciones: según a quién vote al elegir a sus representantes cuenta por uno o por seis. Votar UPyD vale uno; votar PP, PSOE, Nafarroa Bai, PNV.... vale seis.

Así pues no es casual que nuestra primera iniciativa parlamentaria fuera la reforma de la ley electoral. Porque mientras no exista una ley electoral justa, que garantice igualdad de trato a partidos y ciudadanos, democracia se escribe con minúscula. El PP y el PSOE, junto con todos los partidos nacionalistas, rechazaron la propuesta. Esa vez y en todas las demás ocasiones que hemos suscitado el debate en el Congreso de los Diputados. Los argumentos del PP y del PSOE son intercambiables; de hecho, lo mismo me decía Zapatero y el PSOE en aquella nuestra primera legislatura que Rajoy y el PP en la que acaba de finalizar: «Con esta ley nos ha ido muy bien». Sí, a ellos les ha ido muy bien; pero no hay nada que desincentive más el voto y la participación de los ciudadanos que el conocimiento previo de que el voto que se va a emitir está devaluado. Cuánta gente nos habrá dicho a lo largo de estos años: «Yo ya les votaría, pero como aquí no hay ninguna posibilidad de que salgan...». Una ley electoral justa es un requisito imprescindible para devolver a los ciudadanos el control sobre la política y los partidos políticos y, por tanto, el control sobre las instituciones. Precisamente en eso consiste regenerar la democracia.

Es curioso que esa justa reivindicación de cambiar la ley electoral que está en nuestro programa desde que nacimos y que hemos defendido varias veces —obteniendo el rechazo de todos los grupos y la casi completa ignorancia de los medios de comunicación— tanto en el Parlamento vasco como en la Asamblea de Madrid y, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, haya merecido interés y apoyo en las redes (nada menos que una petición de Change.org)... ¡justo el día después de las elecciones que expulsaron a UPyD del Parlamento nacional, el 20-D de 2015!

En esa primera legislatura rompimos todos los tabúes, no solo con nuestras propuestas sino también con nuestra actitud en el Parlamento. La primera sorpresa para aquellos empeñados en encasillarnos dentro de las palabras mágicas «izquierda» o «derecha» se produjo por la forma de aplicar nuestro manifiesto y programa electoral: no consideramos a priori que ninguna propuesta fuera buena o mala por venir de uno u otro grupo político de la Cámara. Para sorpresa general (políticos y medios de comunicación escribían al respecto) rompimos la vieja dinámica de un Parlamento que no parece tal pues todo el mundo llega con el voto cerrado, nadie escucha a nadie y aquello parece cualquier cosa menos un lugar en el que se parlamenta. Los desconcertó completamente el hecho de que demostráramos en la práctica que en España es posible hacer política sin ningún tipo de fundamentalismo.

Rompimos los tabúes —hicimos otra política y demostramos que se puede hacer política de otra manera— y tuvimos la osadía y el descaro de hablar en público de todos aquellos asuntos que los poderes establecidos están acostumbrados a abordar y resolver en una sobremesa o en un despacho. Y obligamos a todos los partidos políticos a debatir y a votar sobre todas las cuestiones que el PP y el PSOE trataban y pasteleaban en privado tanto entre ellos como con los nacionalistas y con los poderes económicos.

En esa nuestra primera legislatura se abrió el debate público sobre la despolitización de los órganos de gestión de las cajas de ahorros, la eliminación de los privilegios fiscales de Navarra y el País Vasco, la recuperación por parte del Estado de la competencia de educación y sanidad, la despolitización del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos de la justicia, el fin de los privilegios de los políticos, la supresión de las diputaciones provinciales, la eliminación del mailing electoral, la reforma del Código Penal para perseguir la corrupción política... Sobre todas esas cuestiones, con una sola diputada en el Congreso, obligamos a los grupos a retratarse. Provocamos mucha unanimidad en aquella primera legislatura. Las fotos del panel de votación son históricas: todo lleno de lucecitas rojas y una sola luz verde defendiendo la libertad, la igualdad, la regeneración democrática, el fin de los privilegios: la de UPyD.

También las anécdotas de esa época merecen ser recordadas. Era muy habitual que finalizado el debate coincidiéramos en la cafetería del hemiciclo. Y siempre ocurría lo mismo: los diputados me daban en privado la razón que me habían quitado —y con qué formas a veces...— en público. Si yo acababa de defender, por ejemplo, que el Estado debía recuperar la competencia en materia educativa porque era la única manera de garantizar la igualdad efectiva de todos los españoles, diputados de distintos grupos (salvo nacionalistas) se acercaban a decirme que tenía toda la razón, pero que era imposible... que yo podía defenderlo porque «vosotros no tenéis autonomías...». Yo siempre les hacía bromas: «Ah, ¿pero vosotros tenéis autonomías? ¿Dónde las habéis comprado, qué día salió la subasta que no me he dado cuenta?». Claro que sabía lo que me querían decir: vosotros no tenéis reyezuelos territoriales, que son los que nos permiten mantener el poder, y por eso podéis defender estas cosas con autonomía...

Y así con todo: con los privilegios fiscales, con la ley electoral, con la regeneración democrática, con la lucha contra la corrupción... En privado: «qué razón tienes»; en público: demagogos, populistas, de extrema derecha, de extrema izquierda... Hasta de «extremo centro» me llamaron un día.

Al inicio de la IX legislatura los populares me miraban con simpatía porque creían que les «quitábamos» votos a los socialistas; pero pronto quedó claro que con nuestras propuestas y denuncias los desenmascarábamos a todos. Así que las descalificaciones comenzaron a llegar de todas partes. Pero ningún intento de amoldarnos al discurso de lo políticamente correcto nos arrugó ni nos hizo mella. Y defendimos por primera vez en el Congreso de los Diputados la supresión de los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra, demostrando con datos que es un sistema privilegiado que no puede extenderse al conjunto de los españoles sin que quiebre el Estado y, por tanto, imposible de ser considerado un derecho, ni colectivo ni histórico, para nadie. Reivindicamos para España y en esa materia el mismo discurso que se hace para Europa: igualdad fiscal. Reclamamos para todas las comunidades autónomas una financiación justa que permita hacer efectivos en condiciones de igualdad los derechos sustanciales de todos los ciudadanos; un sistema que, obviamente, no pasa por extender o incorporar privilegios sino por suprimirlos allá donde existan.

No solo no nos hicieron caso sino que aprobaron una nueva ley de financiación autonómica que, además de preservar las peculiaridades vasca y navarra, no sirvió para resolver ninguno de los problemas de financiación que tenían las comunidades autónomas de régimen común y que profundizó la desigualdad entre ellas. Todo porque, como siempre, chapucearon el texto con los nacionalistas catalanes para ver si con ese «caramelo» de sobrefinanciación calmaban al tigre. Y el tigre hizo lo que suele: utilizar la yerba para purgarse; y hecha la digestión volvió a sacar las uñas.

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COMIENZA LA CONSPIRACIÓN EN CATALUÑA

IX LEGISLATURA, 2008-2011

Amo demasiado a mi país para ser nacionalista.

ALBERT CAMUS

La segunda legislatura de Zapatero y primera de UPyD estuvo plagada de acontecimientos políticos que en buena medida determinarían el devenir de España en las siguientes generaciones. Quizá el hecho más notable fue que durante esa legislatura se concretó la conspiración para la sedición que se había iniciado durante el primer mandato de Zapatero como presidente del Gobierno de España.

Para explicar los males que España sufre hoy hay que recordar que lo peor pasó mientras la clase económica, mediática, sindical y política del país le reían las gracias al presidente del «cambio tranquilo».

Como ocurre con las grandes tragedias políticas todo comenzó con un hecho que parecía una tontería propia de aquel presidente que presumía de ser un hombre feliz al que acompañaba la suerte. Fue durante un mitin celebrado en Barcelona, el 13 de noviembre de 2003, cuando Zapatero (que aún no había ganado las elecciones) se comprometió ante Pasqual Maragall (candidato del PSC/PSOE en las elecciones autonómicas) a votar «la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán» y a «apoyar y respetar el autogobierno y la identidad catalanas». Chirrió que el secretario general de un partido hasta entonces nacional renunciara expresamente a respetar el orden constitucional y a todas sus instituciones; pero pasó desapercibido que, por primera vez y de forma solemne, el PSOE abrazara el símbolo nacionalista por excelencia: la identidad. A partir de ahí la bola comenzó a rodar.

El PSC, con Maragall al frente y gracias a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), desalojó de la presidencia del Gobierno de Cataluña a Convergencia y Unió a pesar de que ese partido había ganado las elecciones autonómicas. Y apadrinados por un PSOE liderado por un irresponsable Zapatero que estaba empecinado en llevar a cabo una segunda Transición que rompiera todos los consensos de la Constitución del 78, inició los trabajos de lo que llamarían «estatuto de segunda generación», que no era otra cosa que una reforma encubierta de la Constitución.

Los trabajos comenzaron el 9 de febrero de 2004 y el 30 de septiembre de 2005 se aprobó el texto en el Parlamento de Cataluña con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA y el rechazo del PP. El 2 de noviembre de 2005 comenzó su tramitación en el Congreso de los Diputados. Es interesante recordar que el PP presentó recurso al Tribunal Constitucional (TC) por el hecho de que se tramitara como una reforma estatutaria lo que consideraban, de facto, una reforma de la Constitución. El TC no admitió a trámite el recurso.

Tras la aprobación del polémico texto se alzaron muchas voces alertando sobre el riesgo de quiebra constitucional que suponía que saliera adelante en las Cortes, dado el compromiso adquirido por Zapatero cuando aún no era presidente. Tampoco resultaban tranquilizadoras sus declaraciones posteriores, como cuando proclamó en el Senado, el 17 de noviembre de 2004, que «la nación es un concepto discutible y discutido». Estando en esas Zapatero llamó a Mas a la Moncloa y el 21 de enero de 2006 celebraron una reunión secreta en la que alcanzaron un acuerdo «global» que preveía incorporar el término «nación» en el preámbulo del Estatuto y definir a Cataluña como «nacionalidad» en el articulado. Además, pactaron la creación de una Agencia Tributaria propia y la cesión a Cataluña del 50% de los impuestos. Esa reunión con el líder de la oposición en el Parlamento de Cataluña se produjo no solo a instancias de Zapatero sino sin el conocimiento previo del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y en un momento en el que el PSC habían dado ya por perdida la tramitación satisfactoria del Estatuto en el Congreso y estaban reflexionando sobre cómo salir del entuerto.

Tras esa reunión en la que Zapatero desborda a Maragall (e incluso al propio Mas, que confesaría más tarde que ni se lo esperaba ni se lo podía creer), el texto completo del Estatuto es aprobado en el Congreso de los Diputados en el pleno el 30 de marzo de 2006 por 189 votos a favor y 154 en contra. Alfonso Guerra diría entonces que lo habían «cepillado y peinado» antes de votarlo; pero lo cierto es que lo «lavaron» malamente y salió un texto con cuerpo de estatuto pero alma de Constitución.

Un día después de que el Estatuto recibiera luz verde de las Cortes tras pasar por el Senado, el 11 de mayo de 2006, el tripartito entra en crisis y Maragall destituye a los consejeros de ERC (que habían pedido el voto en contra del texto) y convoca elecciones anticipadas «antes de fin de año».

El 18 de junio de 2006 el Estatuto se sometió a referéndum en Cataluña y uno de cada dos catalanes ni siquiera fue a votarlo; esas eran las demandas de más autogobierno para «encajar» Cataluña en España por las que tanto desvelo mostró Zapatero. Quedó demostrado claramente que no eran los ciudadanos catalanes los que querían cambiar el texto que regulaba su autogobierno sino que eran los políticos catalanes los que pugnaban por reforzar su estatus y su poder. Donde no existía un problema político sino la lógica pluralidad política de una sociedad democrática, el adanismo de Zapatero y la irresponsabilidad de todo su partido —el PSOE y el PSC— abrieron la fisura por la que se ha colado la quiebra y la ruptura social que hoy estamos sufriendo.

El Partido Popular recurrió el Estatuto ante el TC el 31 de julio de 2006. Y cuatro años menos un mes más tarde, el 28 de junio de 2010, el TC dictó sentencia al respecto por seis votos a favor y cuatro en contra. La sentencia declaró inconstitucionales 14 artículos —algunos de ellos referidos a la creación de un poder judicial catalán—, «interpretó» otros veinticuatro y avaló el resto. Pero una sentencia sobre los fundamentos constitucionales de una ley no es una cuestión al peso, como algunos quisieron interpretar; la resolución del TC dice expresamente que: «La Constitución no conoce otra [nación] que la nación española», dejando claro que se puede hablar de nación como una «realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa», pero que «la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional». O sea, la nación que importa es aquella que tiene un Estado que nos reconoce los derechos de ciudadanía. Y esa nación se llama y es España.

Tras la sentencia del TC se hablaría mucho de lo «anormal» de que se dicte sentencia tras haber sido sometido el texto a referéndum. Por eso me parece importante intercalar aquí una información sobre nuestra actividad en esa materia durante esos turbulentos años. Cuando UPyD llegó al Congreso de los Diputados hacía ya dos años que el recurso ante el TC dormía el sueño de los justos. La fisura abierta años atrás no paraba de ensancharse, como si nadie fuera consciente de que si no la sellábamos urgentemente seríamos engullidos por ella. Por contra, los discursos de descalificación preventiva de lo que pudiera decir el TC no hacían sino multiplicarse. Estar esperando —años— una sentencia del TC tras una votación en referéndum era una locura. Y por eso en mayo de 2008 registramos una proposición de ley para que se recuperara el recurso previo de inconstitucionalidad (derogado por Zapatero) a fin de que el TC se pronunciara sobre su constitucionalidad antes de que los ciudadanos votaran en referéndum un Estatuto. Yo era entonces la única diputada de UPyD y apenas si teníamos cupo para intervenir y defender propuestas dentro del Grupo Mixto. Así que esta se debatió y se votó en mayo de 2011, siendo rechazada con los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural y todos los nacionalistas.

No sé si Zapatero pasará a la historia de España por sus negociaciones con ETA o por haber negado reiteradamente la crisis o por sus recortes sociales de 2010 o por constitucionalizar el pago de la deuda a costa de los derechos básicos de todos los ciudadanos. Pero merecería ser recordado también como el máximo responsable de la fractura social, territorial y política que se produjo entre los ciudadanos en Cataluña y entre los nacionalistas catalanes y el resto de los españoles. Porque ese Estatuto que se aprobó en la IX legislatura y fue recurrido, con razón, ante el Tribunal Constitucional supuso un cambio de la Constitución perpetrado por la puerta de atrás con la dolosa complicidad de un gobernante pusilánime que merece pasar a la historia como el verdadero artífice de la voladura de España como Estado-nación. Porque el texto gestado por Zapatero (cual vientre de alquiler de nacionalistas irredentos, socialistas acomplejados y filonacionalistas e independentistas varios) a la voz de «haremos lo que decidan los catalanes...» fue el prolegómeno del golpe de Estado que años más tarde protagonizaría Artur Mas.

Tal y como era previsible, la escalada contra el orden constitucional no paró tras la sentencia del TC. Los gobernantes catalanes (José Montilla, del PSC, era entonces presidente de la Generalitat) anunciaron que buscarían fórmulas «legales» para no ejecutar la sentencia. Y además el Gobierno de Cataluña convocó una manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional con el lema «Somos una nación, nosotros decidimos».

Ante el hecho insólito de un gobernante que llama a los ciudadanos a manifestarse contra una sentencia de obligatorio cumplimiento (el presidente del Gobierno autonómico es además el representante ordinario del Estado en esa comunidad) la reacción del Gobierno de España se limitó a una declaración de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega: «El Gobierno quiere expresar su respeto a que políticos y ciudadanos catalanes se manifiesten». Dijo lamentar también la «campaña de confrontación» promovida por el PP. La manifestación contra la sentencia del TC se celebra el 10 de julio de 2010 y está encabezada por Montilla y su Gobierno. Participaron en ella decenas de miles de ciudadanos y, como era previsible dado que estaba convocada para refutar la sentencia del más Alto Tribunal, devino en un acto tumultuoso (Montilla hubo de escapar protegido por la policía) contra el orden constitucional. Así los lemas más coreados fueron el de «Independencia» y «No queremos la sentencia, queremos la independencia». En una gran pancarta se podía leer: «Nos roban 60 euros al día. Independencia = Necesidad». También había pancartas que decían «TC, tribunal franquista» o «Catalonia, next state of Europe».

Cuatro días después de esa manifestación, el 14 de julio de 2010, se celebró en el Congreso de los Diputados el debate sobre el estado de la nación. Y Zapatero no defraudó y en los primeros minutos de su intervención se refirió a la sentencia del TC, a las «ansias de más autogobierno y reconocimiento de su propia identidad catalana» de los ciudadanos catalanes (recuerden: ni siquiera uno de cada dos votó el Estatuto) y proclamó que: «Muchos hubiéramos preferido que en este periodo» (desde que se aprobó cuatro años antes) «el Estatut no se hubiera visto envuelto en la incertidumbre provocada por una impugnación ante el Tribunal Constitucional que lo cuestionaba globalmente y de raíz. Sin duda muchos hubiéramos preferido que todos los grupos políticos participaran en el gran acuerdo que se fraguó en 2006». Como ven, lo que le preocupaba a Zapatero no es que una parte de la ley que él avaló y gestó fuera inconstitucional sino que alguien se hubiera dado cuenta. Y siguió: «Por ello, valoro la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales, no por razones de fondo sino del tipo de norma apto para regularlos, puedan ser abordados, como indica el propio tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente y lo haré en dialogo con la Generalitat de Catalunya». Traducido: ya buscaremos fórmulas para saltarnos la sentencia.

Naturalmente que estas palabras —que a nuestro partido y a cualquier constitucionalista sensato nos produjeron una honda preocupación— no dejaron satisfecho al insigne «hombre de Estado», el nacionalista «bueno», Josep Antoni Duran i Lleida, que en su intervención soltó perlas como las siguientes: «¿Cómo se puede sostener que el autogobierno o la autonomía catalana emanan de la Constitución? ¿Cómo puede ignorarse que antes de la Constitución se restituyó la institución de la Generalitat de Cataluña, presidida en el exilio por Josep Tarradellas?». Y le siguieron llamando hombre de Estado...

A ese alegato de Duran contestó un compungido e «incomprendido» Zapatero: «Era muy poco pensable que un Estatuto ratificado en referéndum fuese recurrido por uno de los grupos políticos que tiene facultad constitucional para hacerlo. [...] Por tanto, entiendo el sentimiento de incertidumbre que haya podido generar a los ciudadanos de Cataluña que han votado un referéndum y que luego ven que el Tribunal Constitucional [...] puede evaluarlo. Pueden decir: si lo hemos votado, ¿por qué ahora un tribunal —aunque es verdad que es el máximo intérprete de la Constitución— entra a enjuiciarlo? No es esto algo extraordinario en los ordenamientos constitucionales; conviene recordar que no es extraordinario en nuestro país, pero es cierto que produce una situación en la que hay que tener una especial sensibilidad y capacidad pedagógica sobre lo que representa ese hecho».

Zapatero obvió recordar que esa «situación» se produce por dos motivos: primero porque el Estatuto fue recurrido (y el recurrente tenía razón pues había artículos inconstitucionales); y segundo porque él mismo, Zapatero, derogó la ley que regulaba el recurso previo de inconstitucionalidad y que de haber estado en vigor hubiera evitado este doble desatino. O sea que Zapatero nos explicó que la maleza estaba seca y soplaba un fuerte viento en vez de recordar que él derramó la gasolina y encendió la cerilla.

Pero el presidente pirómano fue más allá. Y recordó a Duran que él, Zapatero, al citar a Artur Mas en la Moncloa, fue el verdadero artífice del Estatuto inconstitucional. Y se comprometió en sede parlamentaria a «superarlo» a través de nuevas leyes, por ejemplo en lo relativo a la sentencia del TC en relación a la justicia o sobre la lengua común y su sometimiento a la «propia». De aquellos polvos vienen estos lodos...

Mi intervención en ese debate se produjo al día siguiente y tras varios turnos de discursos nacionalistas (CiU, PNV, ERC, BNG, CC...) hube de empezar por advertir que iba a hablar de España. Tras todo un día hablando de los problemas de los nacionalistas catalanes hube de recordar, por ejemplo, que tras años de crisis, mientras miles de ciudadanos perdían su empleo, el Gobierno se negaba a reconocer la dimensión de la crisis y a tomar medidas estructurales y seguía despilfarrando el dinero de todos los españoles con decisiones populistas y regresivas. Fuimos la única fuerza política que puso el acento sobre el hecho diferencial de la crisis española, que era una crisis política e institucional, no solo ni principalmente económica.

Usted ha tirado por la borda todo el esfuerzo de vertebración y consenso que supuso la Transición y lo ha hecho porque decidió protagonizar una segunda Transición, pactando un nuevo modelo territorial del Estado con partidos políticos que no creen en el Estado porque creen que cada comunidad autónoma es una nación y, por tanto, merecedora de un Estado. Lo más grave es que usted adoptó esa estrategia para negar a sus mayores —adanismo, se llama eso— y para garantizar las mayorías que le permitan gobernar sin un solo pacto de Estado.

Le hice ver el espectáculo que estaban protagonizando los socialistas cuando el representante ordinario del Estado en Cataluña, que era del mismo partido que gobernaba España, convoca una manifestación contra el fallo del TC y él mismo dijo en su intervención que le gustaría que nadie hubiera recurrido el Estatuto, lo que, tras la sentencia, es lo mismo que afirmar que preferirá aplicar una ley inconstitucional. Le pregunté si se podía imaginar a Obama o a Merkel avalando al gobernador de un Estado que llamara a desobedecer una sentencia de las máximas instancias constitucionales de sus países. Y le pedí que nos dijera si animaría a las empresas españolas a invertir en países cuyos gobernantes promueven el desacato a las leyes.

Presidente, la unidad de la nación española es el instrumento imprescindible para garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley. No le estoy hablando de sentimientos, sino de instrumentos políticos para garantizar los derechos fundamentales que proclama nuestra Constitución de 1978.

Lo que está en quiebra en España es la política. Usted ha puesto tanto empeño en dividirnos y en destacar lo que nos diferencia a los vascos de los catalanes, a los catalanes de los madrileños, a los madrileños de los gallegos y a los gallegos de los andaluces, que si su estrategia tuviera éxito liquidaría la comunidad política española. Solo quiero recordarle que cuando Ibarretxe pretendió algo semejante a lo que su Gobierno propugna para Cataluña —sí, semejante, porque usted separó ayer mismo aquí́ lo que significa nación política de nación jurídica—, en esta misma Cámara se le dijo que una parte del pueblo español no puede decidir sobre la unidad territorial y política de la nación constitucional de la que forma parte, que es la única nación democrática. Ahora son ustedes, los socialistas, los que encabezan una manifestación para romper el orden constitucional. Sí, porque eso es lo que significa lo que usted proclamó ayer mismo otra vez en esta Cámara: que desarrollará por otras vías los artículos inconstitucionales del Estatuto. Pura corrupción política de las instituciones se llama eso.

Presidente, usted debiera saber que la democracia tiene leyes; leyes que establecen los límites que nadie se puede saltar, ni los ciudadanos ni el Gobierno. Usted debiera saber, presidente, que sin ley constitucional no hay democracia. Por eso insisto en que es la hora de emprender las reformas necesarias para construir la España del siglo XXI, una España en la que se imponga la defensa del interés general, en la que se ponga fin a las ineficiencias y a las duplicidades, en la que el Gobierno del Estado recupere la fuerza suficiente para garantizar los servicios esenciales y la igualdad de todos los españoles. Mario Onaindia publicó en el año 2001 un artículo que tituló provocativamente «La Constitución es sagrada». Sostenía Mario que había que interpretar el término «sagrado» en el sentido antiguo y laico, el mismo que aplicaba aquel gobernante romano que defendía que las leyes reguladoras de lo fundamental para la convivencia entre seres humanos debieran estar protegidas por una suerte de pacto de inviolabilidad. Desde esa perspectiva, presidente, hay pocos valores democráticos que puedan considerarse sagrados, pero algunos de ellos —como el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la igualdad ante la ley— son derechos sagrados, de esos inviolables.

La respuesta de Zapatero fue que la responsabilidad del Gobierno es intentar encauzar, integrar y favorecer la convivencia de todas las visiones o de todos los sentimientos. Sobran comentarios; porque no hay nada que hacer cuando a un gobernante hay que explicarle que la política no está para proteger sentimientos sino para garantizar derechos.

Transcurría el año 2010 y todo lo dicho en aquel debate que planteamos cuando yo estaba sola en el Congreso es hoy de una enorme actualidad; y de la lectura de este diario de sesiones se puede extraer al menos una conclusión: siempre fuimos un partido con un alto sentido de Estado y unos adelantados a su tiempo. Unos patriotas irreductibles. Pero nadie nos hizo caso tampoco entonces.

En septiembre de ese mismo año 2010, mientras se incrementaba la tensión secesionista y los socialistas seguían dándole de comer al tigre a ver si lo aplacaban, hice una pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, llamándola a cumplir y hacer cumplir la sentencia del TC en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y recordándole que dichas sentencias son definitivas, vinculantes y obligatorias para todos los poderes del Estado.

La vicepresidenta me recordó que el criterio del Gobierno era actuar con arreglo a los mecanismos de nuestro Estado de derecho y atender a la pluralidad de nuestra realidad española y a los legítimos anhelos de autogobierno de los catalanes. Ya ven: «atender a la pluralidad y a los anhelos».

Le pedí que actuaran e instaran a la Fiscalía a intervenir siempre que el Gobierno de Cataluña tomara decisiones —como estaba haciendo— contrarias a la sentencia. Y le recordé que si no lo hacían, serían corresponsables del desacato que ya se estaba llevando a cabo en Cataluña. Como ven, Artur Mas tuvo maestros socialistas.

Y por primera vez pedimos que se estudiara la posibilidad de activar el artículo 155 de nuestra Constitución, un artículo pensado para proteger a los ciudadanos de los desmanes de unos gobernantes despóticos. Y fue en agosto de 2010 cuando publiqué en El Mundo un artículo titulado «El pase foral de Zapatero: acato pero no cumplo», que recogía una parte de estas reflexiones:

Si algo ha demostrado este presidente es su capacidad para mimetizarse en el ambiente: ¿que va a Rodiezmo?, pañuelo rojo al cuello; ¿que va con sus juventudes?, kufiya palestina; ¿que va con los banqueros que llevan tirantes?, traje gris marengo y sonrisa cómplice; ¿que va a Marruecos?, foto con el rey y el mapa que incluye el Sáhara Occidental entre los territorios del reino alauí; ¿que se gobierna con nacionalistas?, más identitario que ellos.

No sorprende, por tanto, que lleve a la práctica con total desparpajo uno de los hallazgos más arcaicos del nacionalismo vasco: el pase foral. O sea, acato pero no cumplo. No sorprende tampoco la celeridad con la que el presidente se ha sometido a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes, incluidos los de su propio partido, para cumplir lo que les prometió en el debate sobre el estado de la nación: que promulgaría todas las leyes orgánicas que fueran necesarias para vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional.

Tampoco sorprende que vaya más lejos que lo aconsejado por los defensores del pase foral. Para Zapatero no es suficiente con acatar pero no cumplir: él irá más lejos y promulgará leyes que burlen la sentencia. Cumplirá lo que le pronostiqué (con murmullos de desaprobación desde la bancada socialista) en mi réplica durante el debate mencionado: «Como la ley prohíbe robar, vamos a hacerlo sin que nos pillen».

Zapatero se saltó a la torera todo pacto que le impusiera normas de comportamiento transparentes; se burló de forma permanente de la separación de poderes; incumplió todos los acuerdos suscritos con empresarios, sindicatos, partidos políticos...; traicionó el pacto suscrito con los ciudadanos a través de su programa electoral, despreciando la idea misma de que la democracia es un pacto y el voto no es nunca un cheque en blanco. Y, remedando a su ídolo Romanones («Haga usted las leyes que ya haré yo los reglamentos»), se aprestó a burlar la sentencia del Tribunal Constitucional. A eso que hizo al frente del Gobierno se le llama, simple y llanamente, corromper políticamente las instituciones. Y es que la corrupción no consiste solo en robar dinero: quien degenera la democracia nos roba algo mucho más sagrado y más difícil de recuperar.

Pasamos toda nuestra primera legislatura llamando a la reacción en defensa de la democracia y preguntándonos en alto qué más debía ocurrir para que los que nos daban lecciones cada día de lo que tenemos que hacer los políticos, los que quieren marcar los tiempos y las pautas, los que levantan el teléfono para llamar a gobernantes extranjeros levantaran la cabeza y alzaran la voz. Denunciábamos que no quedaba mucho tiempo para reaccionar y que si imperaba el cálculo partidario y económico por encima del patriotismo constitucional pronto no habría ni sobras que repartirse.

Nadie, ni desde la política institucional ni desde los despachos de lo alto de la torre —esos en los que años más tarde se diseñaría la segunda operación Roca—, nos hizo caso tampoco entonces. Todos estaban cómodamente haciendo caja o esperando a heredar. Así las cosas, es fácil comprender por qué en España ha triunfado el nacionalismo disgregador, por qué las cosas han llegado tan lejos y por qué han ido tan mal. Ha faltado pedagogía democrática; ha faltado autoestima; ha faltado valor; ha faltado cultura política; ha habido tan pocos dirigentes con sentido de Estado, ha habido tanto cálculo pequeño, tanta mediocridad, tan poco patriotismo, que aún hoy —con lo que está pasando y ya nos ha pasado— hay quien confunde ciudadanos con nativos. Solo así se explica el triunfo de las instituciones dirigidas por nacionalistas que han sido capaces de liderar y llevar a cabo un proyecto de conversión social al nacionalismo.

Si algo debiéramos de haber aprendido de la historia de la humanidad es que el nacionalismo, ya sea periférico o estatal (piensen en los elementos que provocaron las dos grandes guerras europeas primero y finalmente mundiales), es tan insaciable como pueblerino e insolidario. Pero, como decía Cánovas, España es un país que no tiene aprecio por sí mismo. Y no lo tiene, aún hoy, porque las élites no creen en él y no proponen a la sociedad un modelo que le interese.

Por eso ante el reto secesionista y sedicioso no ha habido un discurso colectivo —ni político, ni económico, ni social— que se enfrente radicalmente al de quienes quieren deportar a medio país. Nos falta concepción de país y somos cautivos de una especie de memez colectiva en la que hay quien piensa que uno puede sentirse bien como gallego, catalán, andaluz o madrileño y que no pasa nada porque desaparezca la ciudadanía española. El nacionalismo ha actuado en España a sus anchas, aprovechando la debilidad de nuestra democracia y el hecho de que una gran mayoría de los españoles ni conoce ni aprecia los elementos simbólicos de la España constitucional. El nacionalismo disgregador se ha aprovechado de que en la España constitucional no haya habido líderes capaces de reivindicar, con hechos y no solo con palabras, la defensa de la comunidad política y democrática. Bueno, sí que hay un partido con esa vocación de patriotismo constitucional y con ese compromiso de defender lo que nos une; pero quienes mandan en España han hecho todo lo posible —y hasta lo que parecía imposible— por taparnos la voz y minar nuestras opciones políticas.

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EL TC LEGALIZA BILDU Y ETA DECLARA EL FIN DE LA ACTIVIDAD ARMADA

IX LEGISLATURA, 2008-2011

Solo hay una contradicción mayor que la de negar la democracia a los antidemócratas: aceptar que estos acaben democráticamente con aquella.

JORGE WAGENSBERG

El día 6 de mayo de 2011, al filo de la media noche y minutos antes de que se iniciara la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, el Tribunal Constitucional —por seis votos a cinco— revocó la sentencia del Tribunal Supremo y legalizó los estatutos de Bildu, permitiéndole que concurriera a las elecciones como si fuera una formación política más. A esas alturas estaba bastante «cantado» lo que iba a ocurrir. Los dirigentes del PSOE ya nos habían «advertido» en privado que lo que tiró el Supremo lo iba a levantar el Constitucional. Y Rubalcaba me lo dijo el 4 de marzo de 2010 en un despacho que habilitaron en el Palacio de Zurbano cuando montaron aquel sarao para aparentar un acuerdo anticrisis: que lo iban a pasar. No en vano tenían mayoría de magistrados cooptados por su partido y que llegado el momento votaron disciplinadamente, sin que ni uno solo de los nombrados por el PSOE ejerciera ningún tipo de voto de conciencia; o sin que su conciencia se sintiera siquiera aludida por el hecho de que los testaferros de ETA fueran a ocupar asientos en las instituciones democráticas. Y qué decir del trabajo de Cándido Conde-Pumpido, ese fiscal general del Estado que pasará a la historia por habernos brindado algunos de los días más tristes y bochornosos de nuestra vida al oírle defender, desde su alta magistratura, que para negociar políticamente con ETA había que dejar que las togas se mancharan con el polvo del camino...

Todo apuntaba negro desde que el conglomerado de ETA presentó su nueva marca y los valedores del enjuague empezaron a defender unos estatutos que ni siquiera se habían registrado. Por eso tampoco nos sorprendió que quienes se aprestaron a velar armas para servir de coartada a los enemigos de la democracia se apresuraran a pedirnos generosidad y amplitud de miras a quienes seguíamos defendiendo los valores y los principios irrenunciables para derrotar a ETA y deslegitimar su historia.

Una vez más nuestro partido se quedó políticamente solo recordando que tras la sentencia del Supremo de 2003 que ilegalizó Batasuna y todas sus marcas ninguna de ellas podría ser legalizada en tanto España siguiera siendo un Estado democrático y de derecho. Y que esa sentencia era tan contundente que, como escribió un columnista vasco, solo podría ser superada por los edictos de la antigua Roma, aquellos en los que se ordenaba matar a todos los esclavos y animales del condenado, destruir su casa y echar sal en el solar para que no pudiera crecer en él ni la hierba.

Los portavoces de lo políticamente correcto (o sea, todos los partidos políticos, las asociaciones empresariales, la inmensa mayoría de los medios de comunicación...) contraargumentaban diciendo que cuanto se escribió en la sentencia sobre las condiciones para «legalizar Batasuna» o cualquiera de sus marcas, lo que quería decir es que era necesario que los votantes de esa formación política tuvieran un cauce legal para expresar su voto (?). Qué entusiasmo tan peligroso y tan fútil. ¿Acaso alguien se atrevería a proponer que sería bueno legalizar un partido que defienda la pederastia porque hay muchas personas que «simpatizan» con esa práctica atroz?

La Ley de Partidos entonces en vigor establecía que «se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el registro que continúe o suceda la actividad de un partido ilegal disuelto». Y estaba claro que el nuevo partido —llamado primero Sortu— era continuación de la marca Batasuna. Sus dirigentes, algunos de ellos con causas penales abiertas, tuvieron buen cuidado de que eso quedara claro, aunque luego utilizaran testaferros para que ocuparan los cargos orgánicos. Estando clara la continuidad de la nueva marca respecto de las anteriores (los mismos que nos pedían «generosidad» lo confirmaban al hacerlo), ¿para qué seguirse haciendo preguntas sobre la legalidad de los estatutos que presentaron si ya habían decidido qué hacer?

No hubo un debate jurídico, ni siquiera un debate democrático. Lo que se consumó en aquellos largos y vergonzosos meses fue la consecuencia de las negociaciones políticas entre Zapatero y ETA. Como más tarde se vería, el caramelo de las instituciones era lo que el Estado de derecho ofreció a los terroristas para que siguieran tutelando la democracia, en este caso desde dentro de las instituciones. Con las pistolas en el cajón, pero sin renunciar a ellas.

Ese fue uno de los momentos en los que sentimos con más fuerza que resultábamos muy molestos para el establishment. Porque aunque gobernaba Zapatero y el PP «protestó» la legalización de la nueva marca de ETA, el Partido Popular abrazó meses más tarde el escenario de la tregua como si se tratara de la disolución de la banda terrorista; y ahí se puso de manifiesto que también el PP estaba en la trama del posibilismo frente a ETA. El viejo latiguillo de «algo habrá que darles» que tanto escuchamos cuando ETA mataba casi cada semana y al que se opusieron/nos opusimos quienes eran/éramos más vulnerables, se iba a cumplir cuando ETA estaba más débil que nunca gracias al esfuerzo y el sacrificio de quienes expusieron sus vidas para defender las libertades y nunca estuvieron dispuestos a rendirse ante el terror.

Incomodó mucho a los que habían decidido pasar página —o sea, a todos— la oposición de nuestro partido a llamar a las cosas por los nombres que no son, nuestra exigencia de que se cumplieran todos y cada uno de los requisitos del pacto antiterrorista y de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para legalizar a un partido político que sabíamos era continuación del entramado de ETA.

El hecho de que UPyD haya sido siempre un partido autónomo nos ha permitido actuar políticamente con toda libertad, sin hacer cálculos electorales ni pedir permiso a nadie a la hora de presentar o defender cualquier iniciativa. Esa vieja trampa de «no romper el consenso» nunca ha ido con nosotros. Porque lo que descubrimos cuando llegamos al Congreso es que los consensos entre los viejos partidos estaban construidos en base a tabúes, a cuestiones sobre las que no se podía hablar en la tribuna. «Esas cosas se discuten en los despachos», nos decían siempre que sacábamos asuntos «molestos», ya fuera la financiación de los partidos políticos, la devolución de competencias en materia educativa, los sobresueldos, la corrupción en las cajas de ahorros, la independencia de la justicia... O el pasteleo con ETA, una vez visto (por el PP) que la firmeza contra ETA no era electoralmente rentable. Tras la terrible claudicación de Zapatero ante ETA en la VIII legislatura, y dado que el PSOE volvió a ganar las elecciones, el PP cambió de estrategia. Pareciera como si al no haber tenido rédito electoral su firme oposición a la negociación política con ETA emprendida por Zapatero decidieran poner en sordina ese asunto. Y eso fue lo que hicieron en la siguiente legislatura.

En esta España de débil democracia, a no debatir en público de los asuntos importantes se lo llama «consenso». En el país que queremos construir, en la España que queremos, el consenso se construye a partir de propuestas políticas y de debate alrededor de ellas. Por eso, conscientes de lo que se estaba tramando a espaldas de todos los españoles (las semanas anteriores a la legalización de la marca proetarra el PSOE y el Gobierno habían abierto un debate sobre el significado de la palabra «derrota» e incluso sobre la idoneidad de que el final de ETA no exigiera vencedores y vencidos), el 25 de noviembre de 2010, unos meses antes de la dramática legalización de Bildu, UPyD presentó una interpelación urgente al Gobierno en la que le exigíamos una posición clara y firme respecto de la incompatibilidad entre la democracia y el proyecto político de ETA.

Me contestó Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior. Le expliqué la necesidad de que se estableciera con claridad qué entendemos los demócratas por derrotar a ETA. Le recordé que la «izquierda abertzale» no es un ente distinto de ETA ni ETA tiene previsto disolverse; y que a lo largo de la historia de la humanidad ningún movimiento totalitario se ha convertido a la democracia: todos han desaparecido tras ser derrotados con los instrumentos que tiene el Estado de derecho para preservar las libertades y la democracia. Le expresé nuestra fundada preocupación por su optimismo voluntarista que parecía llevar al PSOE y al Gobierno, según sus propias declaraciones, a conformarse con un gesto de Batasuna-ETA para acogerlos en nuestro seno como si fueran un partido democrático más. Le recordé que mientras sus marcas no condenen a ETA y a toda su historia de terror, por muy rotundo que el gesto fuera, solo sería un gesto. Le pedí que proclamara en la sede en la que reside la soberanía nacional que ningún partido político que defienda objetivos no democráticos podrá colarse en las instituciones democráticas.

Pérez Rubalcaba me explicó que el Gobierno llevaba a cabo una estrategia «integral» contra ETA. Me recordó que Batasuna fue ilegalizada porque los tribunales entendieron con pruebas suficientes —todos los tribunales, el Supremo y el Constitucional— que era una parte de ETA. Y que si Batasuna quería volver a ser legal tenía que dejar de ser una parte de ETA y que eso se puede alcanzar a través de dos mecanismos: uno, que ETA desaparezca —desaparecería el problema en términos jurídicos—, u otro, que la ilegalizada Batasuna rompiera fehacientemente con ETA. Y también me recordó —qué sarcasmo, teniendo la justicia más politizada del mundo— que «la ilegalización de un partido en nuestro país no la hace ni esta Cámara ni el Gobierno, la hacen los jueces».

Mi respuesta fue que decir que «Batasuna ya sabía lo que tiene que hacer para volver a ser legal» era un contrafuero porque Batasuna no podía volver a ser legal, salvo que la aceptáramos como un partido político, algo que nunca fue, tal y como se encargaron de sentenciar los tribunales de justicia españoles y europeos. Le dije que aparentar que cuando Batasuna entró en las instituciones era un partido democrático y después se convirtió al terrorismo era falsear la verdad, puesto que siempre formó parte del entramado y del conglomerado de ETA aunque nos costara poder probarlo ante los tribunales de justicia. Por tanto, «volver a ser legal» es un contrasentido, porque nunca podrá volver a ser legal quien nunca fue legal.

Le pedí que mandáramos un mensaje claro al mundo de ETA, que no consistía en que hagan unos estatutos que nos puedan engañar otra vez. Que si querían sentarse entre nosotros tenían previamente que condenar no solo los atentados de ETA sino toda su historia porque es incompatible con el sistema democrático. Y le expliqué que la derrota no puede ser otra que la deslegitimación radical de la historia de ETA, la negación absoluta del mito. Y que la derrota de ETA supone, según recomendación del Parlamento Europeo en 2005, el reconocimiento de las víctimas como referente simbólico de la democracia. Y añadí: «La derrota es un relato en el que todos los terroristas son culpables y todas las víctimas son inocentes, en el que nadie asimila a los terroristas, lleven o no pistolas —con el sector político de la sociedad democrática—, en el que nadie confunde paz con libertad, en el que nadie confunde final dialogado con derrota». Michael Walzer escribió: «La verdadera liberación solo puede alcanzarse mediante una política que movilice a las víctimas de la brutalidad y apunte cuidadosamente a quienes la causan o mediante una política que renuncie a la esperanza de victoria y dominación, y busque deliberadamente una solución intermedia».

Y Rubalcaba volvió a decirme que la unidad entre demócratas era lo más importante... Estaban molestos e incómodos, sí. Pero a la semana siguiente la Cámara hubo de votar una moción que presentamos como consecuencia de esa interpelación y que instaba al Gobierno entre otras cosas a que:

Continúe aplicando la legislación y la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar cualquier tipo de vía para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional. A tal efecto, el Gobierno tendrá dispuestos los medios necesarios para aplicar de forma inmediata las reformas legales que están en tramitación en el Parlamento y que tienen la finalidad mencionada.

Vele para que, en aplicación de la legislación y de la jurisprudencia mencionadas, especialmente de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009 y de 7 de diciembre de 2010, no entren en las instituciones democráticas partidos políticos o formaciones que sustenten un proyecto político incompatible con el convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Vigile, a través de todos los instrumentos del Estado de derecho, la aplicación estricta de la jurisprudencia mencionada, especialmente en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones y federaciones de partidos y agrupaciones de electores, para concurrir a las elecciones al amparo de la Constitución española, del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del resto de la legislación aplicable. Teniendo siempre presente la resolución número 80 de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009 que dice expresamente que «Los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones. Es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión».

UPyD tenía un solo diputado, yo misma. Pero la mayoría de la Cámara (PSOE y PP) tuvo que votar esta resolución que ellos nunca quisieron llevar. Este es un ejemplo más de nuestra coherencia a la hora de defender causas que consideramos justas aunque no fueran «políticamente correctas». Al final de la legislatura percibimos que nuestra persistencia en esta materia resultaba muy incómoda para gente nada sospechosa de estar cerca de los emisarios del terror. Porque nuestras verdades en voz alta incomodaban a toda esa buena gente dispuesta a creerse cualquier burda mentira siempre que se la envuelvan en el celofán de la buena noticia. Incluso vimos gente muy curtida en estos dramas que había extraído conclusiones morales de lo que supone vivir bajo la amenaza permanente de ETA, pero les faltaba el valor para extraer conclusiones políticas. No nos hicieron caso cuando advertimos que la legalización de Bildu era el primer paso de un plan tramado y pactado entre el PSOE y ETA y con conocimiento del PP en el que se renunciaba a exigir a ETA su disolución y que esa era la concesión política. Nadie nos creyó (o prefirieron no creernos) cuando anunciamos que ese paso iniciaría el proceso de lavado de la imagen de ETA. Y hoy víctimas y verdugos se entremezclan en la historia que se está reescribiendo como si ambos fueran igualmente culpables.

En octubre de 2011, vendría la declaración de ETA de «cese definitivo de la actividad armada». Como recordarán, esa declaración fue acogida con enorme algarabía general; Rajoy se sumó el primero a proclamar que ya estaba todo hecho y que ETA ya estaba derrotada. Solo UPyD (y algunas asociaciones de víctimas) rompió el consenso general. Solo nosotros recordamos que la derrota de ETA requiere el reconocimiento del daño causado, de colaboración con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes aún pendientes, la petición de perdón a las víctimas... Tampoco entonces nos hicieron caso, sino que Gobierno y oposición, PSOE y PP, aflojaron y rebajaron las exigencias a los terroristas. Y hoy los testaferros de ETA están en las instituciones sin haber condenado nunca el terrorismo. Y reescriben la historia de nuestra lucha democrática y reparten las culpas y hablan de sufrimiento común. Víctimas y victimarios, verdugos y víctimas, empiezan a ser considerados parte del «conflicto». Los demócratas habíamos ganado la batalla policial y en esos años se percibió que estábamos empezando a perder la batalla política. Como acertadamente señaló Josu Puelles, hermano de Eduardo Puelles, un ertzaina asesinado por ETA, «la legalización de Bildu representa una paz negativa, una paz basada en el olvido». Pero como el discurso de firmeza democrática ya no daba rédito electoral, nos volvimos a quedar políticamente solos. Más de una vez me ha venido a la memoria aquella frase de Churchill, cuando el Gobierno francés decidió colaborar con los nazis: «Estamos solos. Por mi parte encuentro la situación extremadamente estimulante». Hay quien me recuerda que Churchill perdió las elecciones; yo prefiero no olvidar que ganó la guerra; y que gracias a su determinación, a su sentido de Estado y a su profunda repugnancia por el totalitarismo Europa es hoy una democracia.

¿Podíamos haber levantado esta bandera de reivindicación de memoria, dignidad y justicia sin molestar tanto a los «buenos» y sin perder eficacia para la causa? Quizá; pero no supimos hacerlo de otra manera.

7

ASÍ SE HUNDE LA ECONOMÍA; ASÍ SE ENTIERRAN LOS DERECHOS SOCIALES; ASÍ NOS CAMBIARON LA CONSTITUCIÓN

IX LEGISLATURA, 2008-2011

No nos sublevamos contra la sociedad.

Nos sublevamos contra una sociedad.

FERNANDO SAVATER

El día 12 de mayo de 2010 se celebró un pleno extraordinario tras la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En unos pocos minutos, tras seis años de mandato y tras haberse negado durante más de dos años a pronunciar siquiera la palabra «crisis», el sonriente Zapatero, ese presidente que presumía de tener baraka para convencer a propios y extraños de la bondad de la más extravagante de sus ocurrencias, anunció el mayor paquete de recortes sociales de nuestra democracia: la reducción de un 5% del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones del año 2011 y el recorte del gasto para dependencia, entre otros.

La inconsciencia de un presidente que creyó que con ETA se acababa negociando políticamente y que la crisis se superaba negando su existencia acabó por pasarnos factura a todos. Zapatero, que hasta la víspera de ese 12 de mayo enfatizaba que su Gobierno sacaría a España de la crisis sin un solo recorte, hubo de plegarse ante la realidad (y ante Obama, y ante Merkel, y ante el primer ministro chino...) y compareció ante el Congreso de los Diputados para explicar las malas noticias.

Las consecuencias de que los gobernantes no actúen a tiempo siempre las pagan los más débiles. Así, a los recortes antes mencionados se sumaron la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial; la revisión del precio de los medicamentos; la supresión para nuevos solicitantes de la retroactividad del pago por dependencia o la reducción de la ayuda al desarrollo. Todo para «ahorrar» 5.000 millones más en ese ejercicio y 10.000 millones en 2011. Unas decisiones que podían haberse evitado si Zapatero se hubiera enfrentado a la crisis en tiempo y forma, si hubiera decidido recortar las estructuras superfluas y afrontar el despilfarro en vez de vivir en la burbuja para acabar recortando los derechos básicos y las prestaciones sociales imprescindibles.

La convalidación del real decreto que suponía unos recortes de servicios públicos sin precedentes, salió adelante el 27 de mayo de 2010 por un voto de diferencia (169 votos a favor/168 votos en contra) gracias a la abstención de CiU, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro. UPyD votó en contra y pedimos, en solitario, elecciones anticipadas.

Y un año y cuatro meses después, tras los recortes de derechos económicos y sociales, llegaron los recortes de derechos políticos: el día 2 de septiembre de 2011 el Partido Socialista y el Partido Popular perpetraron un ataque sin precedentes a la democracia. Durante un pleno extraordinario celebrado en ese día sentenciaron una reforma de la Constitución —pactada entre ambos con nocturnidad y alevosía— que consistía en cambiar el artículo 135 de la Carta Magna para garantizar a nuestros socios europeos que España pagaría la deuda aunque no tuviéramos dinero ni para pagar las pensiones, la educación o la sanidad. Advertimos al Grupo PPSOE que lo que estaban haciendo, además de una decisión regresiva, inmoral e injusta para con los ciudadanos, era un acto de expropiación de la Constitución y de la propia democracia porque nos hurtaban a todos los grupos y a todos los españoles el derecho a la participación política. Les dije que, efectivamente, había que reformar la Constitución, pero que había que hacerlo para protegerla de ellos.

Solicité desde la tribuna la firma de 35 diputados para reclamar amparo ante el TC, 35 ciudadanos dispuestos a votar en conciencia en vez de seguir la disciplina de su partido. Y mirando particularmente a la bancada de los socialistas me pregunté en alto si no habría en la Cámara siquiera 35 ciudadanos dispuestos a seguir la doctrina de un hombre de derecho leonés, Gumersindo de Azcárate, que decía que las leyes deben ser ciegamente obedecidas y libremente discutidas. Me pregunté si habiendo tantos diputados socialistas que decían en privado estar en contra no mostrarían hacia sí mismos el respeto debido y recordarían que los diputados nacionales no nos debemos a otra obediencia que la de respetar la soberanía nacional.

Expliqué en ese pleno que las reformas han de hacerse desde la autonomía y la reflexión, y no desde la imposición y la improvisación. Y que reformar la Constitución requiere luz y taquígrafos. Desde ambas bancadas se me dijo que era «peligroso» someter a referéndum esta reforma. Claro, la democracia es lo que tiene: que requiere debate público y votación. Las dictaduras son mucho más sencillas y más previsibles: habla uno y todos los demás obedecen.

El entonces portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, dijo que lo que estaban perpetrando «despejaba la incertidumbre». Y ciertamente así era: a la hora de la verdad, PPSOE la misma cosa son.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que «reformar la Constitución es aplicar la Constitución». Y se quedó tan ancha. Hube de recordarle que lo que estaban haciendo devaluaba la Carta Magna y era una enorme chapuza jurídica y política y un atropello democrático.

Como digo, apelé al libre albedrío de los diputados, a su autonomía personal, a su obligación de responder ante los ciudadanos como diputados nacionales y no de partido. No lo conseguí; allí estaba sentado quien luego dirigiría el PSOE, Pedro Sánchez, que se limitó a votar tranquilamente lo que su grupo y su Gobierno le ordenaron. Y se confirmó el atropello y se despejó toda incertidumbre: cuando se trata de optar entre más democracia y democracia de más calidad o impulsar instrumentos que garanticen el statu quo y la alternancia en el poder, el Partido Socialista y el Partido Popular son como la VISA y la Master Card: distinto color pero una misma utilidad: sacar dinero.

Pero desde mayo de 2008, fecha en la que UPyD entró en el Congreso de los Diputados, hasta que se celebraron esos dos plenos que he reseñado y en los que se perpetraron los mayores recortes de derechos sociales y políticos de nuestra democracia, en España se habían producido otros muchos y graves acontecimientos: nuestra economía atravesaba una profundísima crisis, el paro crecía vertiginosamente hasta alcanzar las cotas de los peores momentos de nuestra historia, las instituciones no daban respuesta a los problemas de la gente y crecía peligrosamente la separación entre los ciudadanos, la política y sus instituciones.

El barco llamado España se hundía lastrado por la triple crisis —política, económica y social— y cada vez era más notable la ruptura de la cohesión entre generaciones y entre territorios. Y Zapatero seguía negando la existencia misma de la crisis económica y mantenía una mayoría parlamentaria agónica a costa de ir aprobando leyes y presupuestos una vez con los nacionalistas vascos y canarios, otra con los nacionalistas catalanes, otra con un popurrí en el que incluía a los diputados de Izquierda Unida, otra con el PP —como para cambiar la Constitución...

En España tuvimos la desgracia de que coincidieran el peor Gobierno y la peor oposición cuando más falta nos hacían políticos de altura. Mientras eso ocurría nuestro partido proponía iniciativas políticas concretas en todos los ámbitos del debate. Actuábamos sin autolimitarnos por la circunstancia de que solo teníamos un parlamentario en el Congreso de los Diputados y representábamos, a través de nuestras iniciativas, una verdadera alternativa política. He recordado nuestra posición y nuestras propuestas en relación con la ruptura de la cohesión y el inicio de la sedición en Cataluña o con la falacia del fin de ETA o en relación con el golpe democrático que supuso la reforma de la Constitución o proponiendo el fin de los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra. Pero también fuimos muy activos en materia de propuestas económicas y nuestro partido presentó enmienda de totalidad y propuesta alternativa a las tres leyes de Presupuestos que aprobamos en esa legislatura.

En el primer debate presupuestario, el 21 de octubre de 2008, ya diagnosticamos que era imprescindible reducir la estructura del Estado, eliminar lo superfluo para atender a lo fundamental. Calificamos los Presupuestos Generales del Estado como residuales e inútiles para enfrentarse a los verdaderos problemas de España y para garantizar la igualdad real entre españoles, habida cuenta que la inmensa mayoría de las cifras económicas que en ellos se reflejaban eran meros apuntes contables ya que se transferían de forma inmediata a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Eso sin tener en cuenta que Zapatero nos había remitido unos presupuestos propios del «mundo de Yupi», los que haría un irresponsable padre o madre de familia que habiendo sufrido un gran quebranto económico siguiera manteniendo la casa de la sierra, el segundo vehículo para el hijo mayor, las vacaciones de invierno en la nieve, las vacaciones de verano en la playa, un viaje con los niños pequeños al extranjero... pero se le olvidara presupuestar los fondos para la educación de sus hijos o para cuidar a los abuelos.

Advertimos ya en ese debate que había que corregir los desequilibrios de financiación autonómica derivados de un mal sistema común y del mantenimiento de los privilegios del País Vasco y Navarra; y llamamos la atención sobre uno de los principales problemas de España: la necesidad de un modelo educativo común y de una financiación adecuada para garantizar sostenibilidad y calidad en el sistema.

El último presupuesto que sacó adelante el Gobierno de Zapatero, para el ejercicio 2011, fue el de la vergüenza y la claudicación; fueron los presupuestos de la excepción vasca y del tutelaje internacional. La excepción vasca porque el pacto que hizo Zapatero con el Partido Nacionalista Vasco se concretó en que, como no había más dinero que entregar, el Gobierno socialista cedió soberanía al nacionalismo vasco. La excepción vasca consistió en que Zapatero acordó con el PNV que la transferencia de las políticas activas de empleo se hiciera con el cálculo del cupo, lo cual es una chapuza ya que suponía entregar con criterios territoriales unos fondos que, por definición, corresponden a criterios personales. La excepción vasca fue que se transfiriera al País Vasco el 6,24% del presupuesto de todo el paro español para pagar al 2,36% de los parados españoles, que son los vascos. La excepción vasca fue que con los 472 millones de euros anuales transferidos para que Zapatero se mantuviera un año más en la Moncloa (el alquiler de vivienda más caro de la historia) los parados vascos dispondrían de 4.298 euros cada uno para fomentar su recolocación, mientras la media de fondos del resto de los parados españoles para los mismos fines es de 1.668 euros.

Una vez más, un partido nacionalista que contaba con un poco más de 300.000 votos, sobrerrepresentado gracias a un injusto sistema electoral, tomó decisiones que afectan a 46 millones de ciudadanos. Un sistema electoral injusto que ni el PSOE ni el PP han querido nunca cambiar precisamente porque gracias a él pueden pagar a los nacionalistas para que, alternativamente, los mantengan en el poder.

Ni que decir tiene que en ese debate que se produjo en octubre de 2010 nos quedamos nuevamente solos al hacer esa denuncia: al nacionalismo, ni tocarlo. También nos quedamos solos denunciando que los presupuestos eran las cuentas de un Estado residual que continuaba avanzando en su propio desmantelamiento para alimentar un caos autonómico insostenible, tanto desde el punto de vista económico como político, y al exigir al Gobierno que utilizara los instrumentos constitucionales que tenía a su disposición para evitar el gasto duplicado y superfluo.

Participamos muy activamente en los tres debates sobre el estado de la nación que convocó Zapatero durante esa legislatura, aunque de las diez propuestas de resolución que defendimos solo se aprobó la relativa a la sostenibilidad de la Seguridad Social. En 2009 nos rechazaron una sobre educación y otra sobre la unidad del mercado nacional. En 2010 nos rechazaron las que presentamos sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, sobre la reducción del gasto superfluo y sobre la lucha contra el fraude. Y en 2011 rechazaron las que presentamos sobre la seguridad de los concejales en el País Vasco, y otra sobre la fusión de municipios y eliminación de diputaciones. Imagínense ustedes cuánto hubieran cambiado las cosas en España si no hubieran despreciado nuestras propuestas, si nos hubieran empezado a hacer caso. Por cierto, una pregunta antes de seguir adelante: ustedes, quienes me están leyendo, ¿recuerdan haber tenido noticia de que existía en España un partido político que defendía estas cosas mientras se estaba hundiendo nuestro país?

Algunos periodistas solían decirnos en aquella época que no sabían cuáles eran nuestras propuestas económicas. Eran los mismos que no escribían ni contaban nada sobre todas y cada una de las cuestiones que defendíamos en el Congreso o que explicábamos en ruedas de prensa. Pero cuando aún ningún político en activo hablaba de la triple crisis de España (política, económica y social) UPyD sometió a votación una resolución que instaba al Gobierno a enfrentarnos a ella. Y a pesar de tener un solo diputado, el 9 de junio de 2009 conseguimos 339 votos a favor y ninguno en contra del siguiente texto:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, de inmediato y de acuerdo a la resolución adoptada tras el debate sobre el estado de la nación, un consenso por el empleo, la protección social y la economía productiva, en el que participen los agentes políticos, económicos, sociales y las comunidades autónomas. Dicho acuerdo deberá proponer, a partir de un diagnóstico común, las reformas necesarias de nuestro sistema productivo para superar los graves problemas de desempleo, endeudamiento y falta de competitividad de la economía española. Este acuerdo tendrá como objetivo favorecer la competitividad, el empleo de calidad y el reequilibrio de la distribución de la renta y la riqueza.

A la vista está que el Gobierno de Zapatero hizo caso omiso de ese acuerdo plenario.

En diciembre de 2009 exigimos al Gobierno la despolitización urgente de los órganos de dirección de las cajas de ahorros y sometimos a votación una moción exigiendo que partidos, sindicatos y patronales dejaran de meter la mano en las cajas.

Durante ese debate todos los portavoces de los grupos nos dijeron de todo, empezando por la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, que afirmó que el sistema financiero español gozaba de una excelente salud. Y eso en un momento en el que las cajas (que representaban el 50% del sistema financiero) estaban en un febril proceso de fusiones tras haberse descubierto que era imposible mantener sus chanchullos. Los partidos políticos se habían convertido en los únicos representantes y definidores de las estrategias de las cajas y a la vez que se recortaban los créditos a familias y empresas salían a la luz créditos multimillonarios y escandalosos a empresarios afines. Solo por recordar dos datos del momento me viene a la mente el escándalo del aeropuerto de Ciudad Real o el agujero que se descubrió en la Caja de Castilla-La Mancha: 20 empresarios le debían 3.000 millones de euros. El Gobierno insistió en que nuestro sistema financiero era la envidia del mundo; y los nacionalistas en que era una cuestión competencial... Y rechazaron nuestra propuesta por 339 votos en contra y dos a favor (el mío y el del entonces ministro y ahora comisario europeo Miguel Arias Cañete, que se equivocó). Y el sistema se siguió hundiendo.

Imagínense cuántos miles de millones en rescates se hubiera ahorrado España si hubieran aceptado nuestro diagnóstico y las medidas que ya entonces proponíamos. Pero una vez más nos quedamos solos; y ninguno de esos editorialistas que después se preguntaban sobre nuestras propuestas económicas nos hizo el menor caso.

Durante esa IX legislatura y con una sola diputada nuestro partido fue la alternativa política real del Grupo PPSOE y llevó a la Cámara propuestas legislativas para reformar la ley electoral, el sistema de elección y composición del Consejo General del Poder Judicial, para despolitizar la gestión y los órganos de dirección de las cajas de ahorro, para preservar la naturaleza social de las cajas de ahorros, para acabar con los privilegios de los partidos políticos y sindicatos, para reinstaurar el recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía, para reformar el Código Penal introduciendo medidas de lucha contra la corrupción, para que el Estado recupere las competencias en materia educativa, para reconocer al profesorado como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa... Les estoy hablando de los años 2008, 2009, 2010, 2011... Eran años broncos entre el PP y el PSOE. Pero fíjense: en todas estas cuestiones que les he señalado, ambos se ponían de acuerdo para votar en contra sin hablarse. Mantener el statu quo, no tocarles los privilegios, mantener el control partidario de los órganos reguladores, los diecisiete sistemas educativos... los unía más que cualquier otra cosa. Por eso en esa IX legislatura en la que yo estaba sola en la Cámara logré varias unanimidades: todos en contra. Todos votaban siempre en contra de la independencia de los órganos de las cajas; todos en contra de luchar contra la corrupción; todos en contra de cambiar la ley electoral para que el voto de cada ciudadano tuviera el mismo valor a la hora de elegir a sus representantes; todos en contra de sacar la mano de los órganos de la justicia... Fíjense que muchas de esas propuestas han sido incorporadas ahora en los programas —o el discurso de los fines de semana— de todos los partidos políticos. De los que han estado siempre y nunca han hecho nada en esa materia —PP, PSOE, IU— y de los que acaban de llegar. Pero piensen, sobre todo, lo que se hubiera ahorrado España —en términos democráticos, de competitividad de país, económicos, sociales, de vertebración...— si esas medidas se hubieran adoptado cuando UPyD las propuso.

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ENTRAMOS EN EL PARLAMENTO VASCO, EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA ASAMBLEA DE MADRID

IX LEGISLATURA, 2008-2011

No eres tan impotente. Aunque fueras como una piedra de campo recuerda que la avalancha cambia de dirección a causa de una sola piedra.

CZESŁAW MIŁOSZ

En el año 2009 se celebraron elecciones europeas y autonómicas en el País Vasco. Y en ambos comicios obtuvimos un diputado. Después llegaron las elecciones autonómicas y municipales de 2011 en toda España; y UPyD pasó de cero a 154 concejales obtenidos en 94 municipios, incluyendo seis capitales de provincia, entre ellas la capital de España, Madrid, en la que obtuvimos cinco concejales. En esas elecciones logramos también ocho diputados autonómicos en la Asamblea de Madrid.

Fue a partir de ese momento cuando pudimos demostrar en la práctica lo que significa ser un partido coherente y nacional: hacer la misma política en todos y cada uno de los rincones de España, en todas y en cada una de las instituciones en las que estuviéramos presentes. Con nuestro trabajo demostramos también lo que significa ser un partido profundamente institucional y radicalmente transformador. Nuestros cargos autonómicos y locales renunciaron a los coches oficiales; propusieron rebajarse los salarios; propusieron la eliminación de entes superfluos de los que podían haber formado parte llevándose sustanciosas dietas; renunciaron a estar en los consejos de las televisiones autonómicas; denunciaron la falta de transparencia en los entes autonómicos y locales; se negaron a apoyar cualquier lista en la que hubiera un imputado por corrupción política...

Hoy sé que ese fue el momento en el que los que están acostumbrados a elegir presidentes sin presentarse a las elecciones se dieron cuenta de que podíamos ser un problema. Y los partidos viejos y el establishment se removieron incómodos en sus sillas. UPyD no tenía poder, pero estaba demostrando que podía amargarles la vida. Nuestra presencia en las instituciones, nuestras denuncias, nuestro comportamiento impecable, podía obligarlos a iniciar cambios que no habían previsto y para los que no estaban preparados. Con nosotros dentro de los ayuntamientos y asambleas autonómicas se cumplía el viejo dicho: una pulga no puede hacer descarrilar un tren, pero puede llenar de ronchones al maquinista.

Y llegó el momento en el que nuestras virtudes políticas se transformaron en «errores» electorales. Nos «perdonaban» nuestro radicalismo democrático en el País Vasco (allí ya se sabe que todo es distinto, está lo del terrorismo, lo del nacionalismo...); e incluso podían sobrellevar nuestra batalla de radicalidad regeneradora en el Congreso de los Diputados pues la consideraban testimonial. Si nos hubiéramos adaptado al paisaje cuando llegamos a las instituciones locales y autonómicas; si nos hubiéramos contentado con sacarles los colores en el Parlamento nacional (mientras no nos necesitaran para formar Gobierno, mientras no cambiara el clima nacional y mientras no se hundiera el bipartidismo, mal que bien podían soportarlo), las cosas hubieran sido de otra manera. Si nos hubiéramos comportado como los demás grupos políticos manteniendo los coches oficiales en los ayuntamientos, manteniendo sueldos por encima de los ministros o el propio presidente del Gobierno; si hubiéramos protegido la opacidad con la que funcionaban todos ellos —patronales, partidos políticos, sindicatos— desde que llegó la democracia; si nos hubiéramos integrado en los consejos de todas las sociedades públicas inútiles, si nos hubiéramos integrado en los consejos de las televisiones públicas; si no hubiéramos pedido la supresión de los órganos superfluos en los que concejales, diputados autonómicos y otros cargos de los partidos, sindicatos y asociaciones empresariales se llevaban sustanciosas dietas; si no hubiéramos renunciado a parte del sueldo poniéndoles así en evidencia... todo hubiera sido diferente. Para España y también para UPyD. ¿Podíamos haber provocado esos cambios radicales sin ponerles en evidencia? Quizá, pero no se me ocurre cómo hacerlo sin predicar con el ejemplo.

Mientras el comportamiento de UPyD y de sus cargos era una referencia de regeneración democrática —aunque apenas nada se destacaba de nuestro ingente trabajo por modernizar España—, el barómetro del CIS comenzó a reflejar que un porcentaje creciente de españoles consideraba que la corrupción era uno de los principales problemas de nuestro país; y la mayoría de los españoles situaban a nuestro partido en el centro ideológico del mapa político, en el mismo lugar que se colocaban ellos mismos; y se constató que UPyD obtenía apoyo electoral de forma transversal, muy similar en zonas tradicionalmente «de izquierdas» con el de aquellas que generalmente habían votado opciones conservadoras, PP, UCD o CDS; también comenzó a aparecer que los jóvenes eran quienes mejor nos valoraban, así como que nuestra opción se consolidaba entre los ciudadanos que vivían en las áreas urbanas y las personas con título medio o superior. Y mi nombre empezó a aparecer en las encuestas como la líder política mejor valorada por los españoles. Y todos, no solo Zapatero y los suyos, empezaron a sentir un punto de preocupación además de la molestia por nuestro descaro al señalarles su desnudez.

En tiempos de clientelismo, de política corta, de amiguismo, de opacidad, de promesas electorales incumplidas... la coherencia, la independencia y el sentido de Estado es una actitud revolucionaria. Mucho más revolucionaria que la de aquellos que se proclaman antisistema o «nuevos», pero que funcionan desde el primer día con todos los vicios del viejo sistema de partidos.

Por cierto: en aquellos años de cambios profundos en la sociedad española, cuando se estaba gestando la pluralidad que ahora se plasma en las instituciones, este discurso y estas propuestas de regeneración democrática y de ruptura con las viejas formas de hacer política solo se practicaba desde UPyD, aunque todos los agentes políticos actuales, salvo Podemos, estaban en las instituciones. Allí estaban el PSOE, el PP, IU, CiU, PNV, Ciudadanos... Sí, Ciudadanos llevaba desde el 2007 en el Parlamento de Cataluña, comunidad esta en la que se producían todos los escándalos que he venido señalando: opacidad, ley electoral injusta, corrupción, privilegios, recortes sociales... Ciudadanos estaba allí pero en todos estos campos era un partido inédito, sin estrenar. Por eso los que se sientan en los despachos de lo alto de la torre pensaron en ellos cuando decidieron que había que sacar un conejo blanco de la chistera para organizar el pasteleo en Cataluña sin que pareciera que estaban pagando el chantaje a los nacionalistas. Y más tarde, cuando decidieron apostar por un partido —y un líder— que apuntalara el bipartidismo y sustituyera o complementara a uno de los dos, volvieron a pensar en Ciudadanos y Albert Rivera. Al fin y al cabo ya habían hecho una parte de la inversión, como luego explicaré, y era lógico rentabilizarla.

Insisto: durante esos procelosos años para España, Ciudadanos ya estaba en las instituciones catalanas. Incluso se presentó a las elecciones generales en 2008, aunque no obtuvo representación. Y también se presentó a las elecciones europeas en 2009, en coalición con un partido xenófobo y antieuropeo, Libertas; y tampoco obtuvo representación, aunque sí algún millón de euros de origen para mí desconocido. Pero como no molestaban a ninguno de los intocables, nadie se lo echó en cara cuando decidieron presentarles como «nuevos». No, ni eran ni son nuevos. Como dijo Fernando Savater en la apertura de campaña de las autonómicas de 2015: «A veces los que parecen nuevos no son nuevos; y los nuevos no son buenos».

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GUERRA SIN CUARTEL A LA CORRUPCIÓN

X LEGISLATURA, 2011-2015

Es tan corrupto que pagaría por venderse.

GUSTAVE FLAUBERT

En esta legislatura, con grupo parlamentario propio y presencia en más de noventa ayuntamientos, en el Parlamento vasco y en la Asamblea de Madrid, declaramos, en forma y fondo, la guerra sin cuartel a la corrupción y a los corruptos. No solo planteamos iniciativas legislativas en todas las instituciones, sino que nos empeñamos en que se recuperaran para la política algunas viejas palabras: honor, vergüenza, honestidad...; y dimos la batalla de forma coordinada en todos los frentes y en todas las instituciones. Propusimos reformas legales y predicamos con el ejemplo en todas las instituciones en las que estábamos presentes; e hicimos pedagogía democrática al suprimir, por ejemplo, los privilegios fiscales que suponía no cotizar una parte de los emolumentos o adaptando a la norma general el tiempo de cotización de los diputados para tener derecho a una pensión.

Cuando nacimos nadie sabía siquiera qué queríamos decir cuando hablábamos de regeneración democrática e incluso había gente —alguna muy cercana— que nos decía que con el paro que había en España lo que había que hacer era centrarse en propuestas económicas. Pero nosotros nos empeñamos en demostrar que sin una democracia de calidad y libre de corrupción no hay instituciones que funcionen; y que es imposible superar la crisis y acabar con el paro si las instituciones no funcionan bien.

Durante esa legislatura se empezó a apreciar un cambio de percepción en la sociedad española; y una ciudadanía que sufría la crisis, a la que se le recortaban las prestaciones, los derechos y los salarios, que vivía sin expectativas, comenzó a expresar su exigencia de transparencia hacia los partidos políticos y hacia los políticos. En todas las encuestas y barómetros de estudio sociológico comenzó a aparecer la corrupción como una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos, muy cerca del paro y de la situación económica. Y en todas ellas UPyD aparecía nítidamente como el partido que más y mejor combatía la corrupción; incluso se reconocía que UPyD rompía esa lógica perversa que señalaba que «todos los partidos son iguales». Todas las encuestas nos daban subidas espectaculares en intención de voto hasta llegar a situarnos a diez puntos del PP cuando un año antes estábamos a cuarenta.

Durante la X legislatura nuestro grupo fue protagonista, y a veces impulsor en solitario, de y en todos los debates políticos: planteamos la reforma de la estructura territorial de España dentro de una ambiciosa propuesta de refundación del Estado, señalamos las reformas de regeneración democrática más estructurales y las más urgentes, y propusimos iniciativas para abordar todos y cada uno de los problemas de los ciudadanos, desde el empleo hasta la educación, pasando por las leyes de segunda oportunidad, la sanidad y los servicios sociales, las iniciativas de sostenibilidad medioambiental, la custodia compartida o la gestación subrogada.

Nunca nos preguntamos si algo de lo que planteábamos era o no rentable en términos electorales. Ciertamente pensábamos que si hacíamos las cosas bien los ciudadanos españoles nos lo reconocerían en las urnas, aunque no fuera más que en legítima defensa; pero, en todo caso, siempre hicimos las cosas que creíamos que había que hacer y de la mejor manera que sabíamos hacerlo.

Enseguida nos dimos cuenta de que señalar la corrupción institucionalizada nos convertía en enemigos de todos. El primer choque con Rajoy por esa cuestión se produjo en el debate de su investidura. Aún no era presidente y ya se puso conmigo como Zapatero en sus mejores tiempos. Y todo por denunciar desde la tribuna que la corrupción política era la mayor lacra de nuestra democracia y que en España estaba generalizada; y que mientras no la combatiéramos decididamente seguiría creciendo el desapego entre los ciudadanos y los políticos, lo que era muy malo para la democracia; y que mientras no acabáramos con la corrupción no podríamos superar ninguno de los problemas económicos y sociales que teníamos en nuestro país.

La aparición diaria de casos de corrupción política confirmaba que en España la corrupción es sistémica y se ha convertido en una plaga que ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado sin excepción. Era urgente e imprescindible adoptar medidas para prevenir, combatir y condenar la trama corrupta y a todos los que la organizan y se benefician de ella. Por eso durante la X legislatura nuestro grupo presentó infinidad de propuestas, entre las que quiero destacar las siguientes:

Supresión de los aforamientos políticos; reforma del Consejo General del Poder Judicial, cambiando el sistema de elección de sus miembros a fin de garantizar su independencia y para que deje de estar controlado por los partidos políticos; inclusión en el Código Penal de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos y enriquecimiento ilícito de cargos públicos; dotación extraordinaria de fondos a la Fiscalía Anticorrupción; dotación extraordinaria de fondos al servicio de inspección de la Agencia Tributaria; reforma de la ley electoral para que los imputados por delitos de corrupción política respecto de los que se haya formulado escrito de acusación no puedan formar ni integrar una lista electoral ni permanecer en sus puestos públicos; reforzamiento del Tribunal de Cuentas; prohibición de sobresueldos; reforma de la ley de partidos políticos para fortalecer su funcionamiento democrático; adaptación del catálogo de delitos del Código Penal susceptibles de ser cometidos por partidos políticos; desbloqueo de las listas al reformar el sistema electoral; modificación del régimen de indultos para limitar su aplicación y acabar con su arbitrariedad; eliminación de privilegios procesales de altos cargos; reforma de los reglamentos de Congreso y Senado para que sean transparentes; reformar el ámbito de los nombramientos de instituciones fundamentales del Estado para asegurar su independencia y profesionalización; mejora de la regulación de los conflictos de intereses para acabar con la «puerta giratoria»; reforma del régimen de transparencia de las fuerzas armadas y de la monarquía; regulación de la responsabilidad de los políticos por negligencia en la gestión de bienes públicos; protección por ley a los ciudadanos que denuncien posibles casos de corrupción y dotación de fondos extraordinarios a la Audiencia Nacional, en tanto que como tribunal deslocalizado puede especializarse en temas de corrupción política.

Como se ve, no dejamos tecla por tocar ni títere con cabeza en nuestro empeño de garantizar la independencia de las instituciones, acabar con los privilegios de los políticos y dotar de fondos a la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas para que cumplan con su objetivo de prevenir y combatir la corrupción política. Todos los adjetivos resultaban pocos para los partidos del establishment a la hora de descalificarnos cuando defendíamos nuestras propuestas: antipolíticos, demagogos, populistas... Todos se sentían concernidos cuando denunciábamos el amiguismo y los privilegios; todos los grupos se esforzaban en demostrarnos que no éramos bien vistos en la Cámara, que nos consideraban unos intrusos del sistema.

Éramos como ese niño inocente que grita: «¡El rey está desnudo!», y consigue que a partir de ese momento nadie sea capaz de mirar otra cosa que las carnes fofas del monarca... UPyD les puso en evidencia y nuestras denuncias les cortaron las alas para seguir utilizando arbitrariamente un poder minuciosamente atesorado gracias al pacto de alternancia con el que PP y PSOE —con la adhesión del resto de las fuerzas políticas y la connivencia de los poderes facticos— han pervertido lo que supuso la Transición democrática.

Solo a modo de ejemplo quiero recordar un debate que se produjo el 25 de septiembre de 2012 a propósito de nuestra proposición no de ley para la racionalización del régimen retributivo de los cargos políticos electivos. Nuestro objetivo era dotar a las instituciones y a sus cargos de una mayor transparencia a la vez que se superaba una etapa paternalista y elitista de la política, prestigiando y poniendo en valor el proceso democrático. El sistema retributivo de los cargos electos no es claro ni transparente y en España sigue sin haber relación ni prelación en sus salarios. Por eso proponíamos regular el sistema retributivo a nivel nacional de forma que este fuera objetivo, coherente y transparente y que en términos cuantitativos obedeciera a dos criterios: nadie debe ganar más que el presidente del Gobierno y los sueldos de los cargos electos se establecerán con un baremo en relación con los sueldos de la función pública.

Todos los grupos parlamentarios rechazaron la iniciativa. Pero merece especial mención la intervención del portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Sánchez Amor, que nos dijo, entre aplausos de su bancada, cosas como que «en el ADN político de UPyD está alimentar el tópico, cada vez más previsible, del discurso antipolítico»; o que le «parece más coherente la actitud de quienes protestan ahí fuera, en la calle, que la de quienes desde aquí dentro deslegitiman la política y las instituciones sin tener la coherencia de dejar el acta e irse a la otra acera, enfrente de este edificio». Quiero recordar que en ese momento estábamos rodeados por una concentración que gritaba: «No nos representan»; y mientras eso ocurría el portavoz del Grupo Socialista se dedicaba a insultar a quienes dábamos respuesta institucional a las legítimas pretensiones de control y transparencia de los ciudadanos.

«Populismo», «demagogia», «basura», «antipolítica»... son solo algunos de los epítetos que nos dedicaron. Me pareció entonces una reacción exagerada, porque al fin y al cabo el texto que sometimos a votación y el objetivo eran impecables. Pero se ve que estábamos tocando las cosas de comer, que no es solo ni siquiera principalmente el dinero: es el control del poder. Por eso el resultado de esa votación fue SÍ: 6 (UPyD más uno del PP que se equivocó); NO: 308 (PP, PSOE, CiU, Izquierda Plural, PNV, Mixto); ABS: 0. Como ven, provocamos una gran unanimidad: no podían soportar que un partido político demostrara que desde dentro de las instituciones se podían acometer cambios mucho más profundos que los que ellos estaban dispuestos a asumir. Por eso nos querían mandar a la calle, «a la otra acera», que diría el portavoz socialista. La vieja política es eso: si va de cambio, ya decidiremos nosotros (PPSOE más los que se sientan en los despachos de lo alto de la torre) los tiempos y los grados. Y decidiremos incluso, si fuera necesario, quién es el cambio.

Como es sabido, la mayor parte de esas iniciativas de regeneración democrática y cambio de modelo de Estado fueron rechazadas rotunda e insultantemente cuando las presentamos y defendimos. Pero nuestra persistencia —y la evolución de la sociedad, que se mostraba cada vez más exigente en esta materia— hizo que algunas de ellas se introdujeran, siquiera parcialmente, en reformas legales aprobadas a lo largo de la legislatura. Y los que siempre votaron en contra, los que nos insultaron por proponerlas, los que llevaban nueve años en el Parlamento de Cataluña sin decir ni pío en esa materia se han presentado a las elecciones de diciembre de 2015 llevando todas esas propuestas en sus programas. Ellos, que boicotearon las medidas y al partido que las defendía, prometen hacer ahora lo que UPyD ya ha hecho. Y parece que en España funcionan más las promesas que los hechos; pero el pueblo es soberano y debemos acatar sus decisiones. Ya lo dijo Fernando Savater el 5 de abril de 2013 en Oviedo: «Lo peor de los políticos es que se parecen mucho a quienes los han elegido».

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NUEVA VUELTA DE TUERCA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

X LEGISLATURA, 2011-2015

Todos somos iguales ante la ley,

pero no ante los encargados de aplicarla.

STANISŁAW JERZY LEC

¿Es el papel de un partido político iniciar acciones judiciales en asuntos como los abusos en las cajas de ahorros o la emisión de participaciones preferentes? La labor natural de un partido político es hacer política en las instituciones o en la calle. En una democracia de calidad, el Estado, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y otras instituciones como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España habrían liderado la lucha contra la impunidad promoviendo la investigación de hechos tan sospechosos y tan dañinos como los que acaecían en los consejos de administración de las cajas de ahorros y que se han puesto en evidencia durante estas dos últimas legislaturas, aunque llevaran produciéndose desde que se politizaron los órganos de gobierno de las cajas.

El lunes 7 de mayo de 2012, y tras una reunión de la que no se dio información oficial en el Ministerio de Economía entre el ministro Guindos y los presidentes de las principales entidades financieras españolas, se hizo pública la dimisión de Rodrigo Rato al frente de Bankia, pocos días después de que se hubiera conocido que Deloitte, auditora de la entidad, se negaba a avalar sus cuentas. Tras la repentina salida de Rato y la llegada del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ese mismo día 7 de mayo se acordó nacionalizar la entidad y poco después, el 25 de mayo, se aprobó la concesión de un rescate de nada menos que 19.000 millones de euros.

Tras esas noticias nuestro grupo parlamentario hizo gestiones en el Congreso para poner en marcha una comisión de investigación pero fue imposible encontrar otro grupo que apoyara la petición. Entonces Andrés Herzog, que era miembro de la dirección nacional de UPyD y secretario general del grupo parlamentario, propuso presentar una querella contra todos los responsables del escándalo Bankia y así lo acordamos en el Consejo de Dirección, ante el indisimulado escepticismo de algunos de sus miembros. Andrés Herzog redactó la querella entre el 25 de mayo y el 11 de junio. Para la elaboración de la querella, que ocupaba 106 folios, no contamos con ningún tipo de información privilegiada ni reservada, sino exclusivamente con la información contable pública (las sucesivas cuentas depositadas en el registro mercantil) y la información publicada por la CNMV sobre la evolución de la sociedad. O sea, el Gobierno, la Fiscalía, cualquier despacho de abogados, cualquier partido político... tenía acceso a la misma información que nos permitió presentar la querella ante la Audiencia Nacional. Pero al parecer solo UPyD tenía la firme voluntad de que se hiciera justicia y de que no hubiera impunidad para los corruptos. Solo UPyD demostró no tener miedo a la reacción de los poderosos. Y ciertamente que lo pagamos muy caro.

Así que el día 11 de junio del año 2012 interpusimos una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y contra todos los que formaban el consejo de administración de Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) —el «banco malo» de Bankia— cuando la citada entidad bancaria salió a bolsa, así como contra las propias entidades mencionadas por resultar civil y penalmente responsables de los hechos que en la querella se detallan, así como de otros que pudieran resultar acreditados durante la instrucción del procedimiento. Los delitos de que los acusábamos eran: estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Los medios de comunicación apenas nos prestaron atención cuando Andrés y yo nos presentamos en el registro de la Audiencia Nacional con los voluminosos escritos acusatorios contra algunas de las personas más poderosas de España. Supongo que creyeron que todo quedaría en nada, como era costumbre en España. ¿A santo de qué un partido político de solo cinco diputados iba a ser capaz de poner en un brete a los poderosos del país? ¿Dónde se habrá visto tamaña insolencia? Son los poderosos los que determinan cuando se tira a alguien a la cuneta, cuando hay que soltar lastre y cómo se hace... Pero esta osadía...

Ni nos prestaron atención ni se leyeron la querella. Pero el 4 de julio de 2012 el juez Fernando Andreu admitió íntegramente la querella y por los mismos presuntos delitos señalados en la misma por los querellantes, o sea, por UPyD. Y entonces sí que saltaron todas las alarmas. Y entonces sí que se leyeron la querella; y entonces sí que empezó a cerrarse el cerco alrededor de UPyD. Piensen que estamos hablando de julio del año 2012, cuando nadie reparaba en nuestro partido aunque yo fuera, una vez tras otra, la líder política mejor valorada. Nuestras iniciativas ocupaban espacios marginales en los medios de comunicación; nadie sabía lo que pensábamos de educación, de sanidad, de modelo territorial, de economía... porque nadie nos daba un espacio en el que explicar todas y cada una de las iniciativas que defendíamos desde las instituciones. A lo más había una idea de que éramos un partido «que defiende España» y que lucha contra la corrupción. Pero para el gran público que sigue la información y las noticias a través de los medios audiovisuales y prensa generalista apenas si existíamos.

Hubo un gran revuelo cuando saltó la noticia de que nuestra querella había sido admitida a trámite íntegramente y que todas esas personas tan poderosas se iban a sentar en el banquillo. Un revuelo que se mitigó todo lo posible en los siguientes días, mientras sonaban los teléfonos de todos los despachos de abogados de España. Piensen en la imagen de las primeras declaraciones de los imputados, empezando por Rodrigo Rato: una sala pequeña de la Audiencia Nacional, un abogado de la acusación, Andrés Herzog, el fiscal (casi siempre de parte de los imputados, poniendo pegas a las pruebas que solicitábamos) y los abogados de la defensa, dos o tres por cada uno de los treinta imputados. El juez tuvo que pedirles que solo entrara uno por imputado: no cabían en la sala.

¿Se imaginan si ese espectáculo hubiera tenido como protagonista a un partido «favorito» del régimen? Bueno, sé que es una pregunta retórica, porque un partido así nunca hubiera hecho tal cosa. Pero imagínense qué hubiera pasado en España si los poderosos, los que hacen negocios y nombran presidentes sin presentarse a las elecciones, hubieran visto con simpatía —o con mera neutralidad— a UPyD: hubiéramos abierto telediarios cada día. Y toda España hubiera sabido quién es UPyD y quién es Andrés Herzog.

Bueno, pues así las cosas, con la querella contra Bankia en marcha, haciendo amigos entre los que controlan el país, decidimos impulsar otra querella contra los responsables de haber organizado la estafa de las preferentes. Y la presentamos ante la Audiencia Nacional el 15 de abril de 2013.

Esta querella estaba dirigida contra Bankia, BFA, la antigua Caja de Ahorros de Valencia, la antigua Caja Madrid, Bancaja... y contra algunas personas jurídicas, entre otras el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura, y contra el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. O sea, como en la querella contra Bankia: contra todas las entidades y personas que eran responsables cuando se diseñó ese producto fraudulento que ha arruinado la vida y la hacienda a centenares de miles de nuestros conciudadanos.

La querella ocupaba 87 folios y, como la anterior, la escribió íntegramente Andrés Herzog. El día 10 de junio de 2013 el juez Andreu admitió la querella en todos sus términos, pero dejó fuera de la imputación a quienes fueron en su día los máximos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombrados ambos por el Gobierno de Zapatero.

Y nuevamente, quienes apenas se «enteraron» de que habíamos presentado la querella contra la estafa de las preferentes (ya entonces había luz de gas sobre UPyD, ya se habían conjurado en los despachos de lo alto de la torre y en los cenáculos palaciegos para lanzar la operación Movimiento Ciudadano), hubieron de dar cuenta de lo acaecido, aunque lo hicieron con la mayor discreción que pudieron. Pero los estafados por las preferentes, a los que se les había dicho que nunca recuperarían su dinero, recibieron la noticia con esperanza.

Para nosotros regenerar la democracia no es solo hacer buenos discursos, sino poner todos los medios a nuestro alcance para lograr que la justicia sea igual para todos y que, por encima de entidades financieras, el rescate alcance a los verdaderos perjudicados por la corrupción política, que no son otros que el conjunto de los ciudadanos. Pero cabe reconocer que todas las acciones judiciales que hemos llevado a cabo han supuesto una enorme sangría para nuestro partido, pues aunque la mayor parte del trabajo lo han realizado Andrés Herzog y otros compañeros del partido, hemos tenido que pagar procurador, notarios, fianzas (por la querella contra Bankia hubimos de depositar 20.000 euros), lo que en una estimación a la baja que hicimos a principios de 2015 arrojó la suma de 265.000 euros, una gran cantidad para un partido que en el año 2014 tuvo un presupuesto de 4,5 millones de euros.

El devenir del proceso contra Bankia, conjuntamente con el de sus piezas separadas, ya ha dado lugar a más de un centenar de imputados que han tenido que ir depositando fianzas para poder compensar una futura sentencia condenatoria. Aunque muchas de las fianzas que hemos solicitado nos han sido denegadas con informe en contra del fiscal; aunque pedimos prisión para Rato en diciembre de 2014 y retirada del pasaporte en abril de 2015 y nos fue rechazada en un auto en el que el propio juez Andreu nos acusaba de «afán de notoriedad» (finalmente otro juez la acordó en octubre de ese mismo año, 2015); aunque no sabemos cómo acabará todo, lo cierto es que el caso Rato no hubiera existido si no existiera el caso Bankia; y este no existiría si no hubiera existido UPyD y, particularmente, si no existiera Andrés Herzog.

Como decía, no es solo Bankia, aunque esta es la causa que más trabajo nos ha dado y en la que más dinero hemos invertido (casi 100.000 euros). También hemos actuado contra Caja Segovia (en esta el fiscal llegó a pedir la imputación de Andrés Herzog...), Caja Navarra, Banca Cívica, Caja de Burgos... Hemos impugnado nombramientos de órganos reguladores como el Consejo de Seguridad Nuclear y el reparto entre partidos del Consejo General del Poder Judicial; nos hemos personado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid; hemos planteado querellas por los cursos de formación en Andalucía...

También, ante la pasividad de la Fiscalía, presentamos una querella contra Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar el referéndum del 9 de septiembre de 2014, acusándole a él y a otros miembros de la Mesa del Parlamento autonómico del delito de desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones, entre otros.

UPyD presentó también durante esa legislatura sendas querellas contra Jordi Pujol y Marta Ferrusola en los juzgados de Barcelona y contra Jordi Pujol hijo y Oleguer Pujol ante la Audiencia Nacional.

Hemos denunciado al Gobierno vasco por pagar para que medios locales publicaran publicidad como si fueran noticias (la sentencia nos ha dado la razón); hemos impugnado las decisiones de la Mesa de la Asamblea de Madrid por censurar nuestras propuestas e impedir que se debatieran y el TC nos ha dado la razón con dos años de retraso, con la legislatura finalizada y con UPyD fuera de la institución.

En nombre de la decencia democrática y en defensa de los ciudadanos, UPyD ha librado desde que su nacimiento una cruzada en la calle, en las instituciones y ante los tribunales contra los excesos del sistema financiero, la corrupción en todas sus formas o la falta de independencia en las instituciones y órganos del Estado, esos órganos que los partidos turnistas —PP/PSOE más sus aliados nacionalistas e IU— se reparten por rigurosas cuotas, como si fueran los trozos de una tarta. Y lamentablemente lo hemos pagado muy caro. Se nos ha acusado de «buscar protagonismo» o de querer ganar en los tribunales a quienes no podemos vencer en las urnas. Pero nadie ha conseguido ni conseguirá que dejemos de defender, desde el lugar en que podamos o nos coloquen los ciudadanos, la causa que consideramos justa.

Nuestra presencia en los tribunales junto con nuestra tarea política en las instituciones y en la calle, que nunca hemos abandonado, ha supuesto un gran esfuerzo personal y político para un partido que todavía es pequeño. El esfuerzo se compensa no solo con la tranquilidad de conciencia de la tarea bien hecha sino también con el reconocimiento que nos transmitían diariamente miles de españoles al comprobar que gracias a UPyD pueden conservar la esperanza de que se haga justicia y, en última instancia, les devuelvan lo que les quitaron, a veces los ahorros de toda una vida.

Hay quien hoy me pregunta si nos arrepentimos al ver que toda esa batalla contra la corrupción no ha sido rentable desde el punto de vista electoral. Mi respuesta es, tajantemente, no, no me arrepiento. Porque esta batalla sí ha sido políticamente rentable para la democracia y para España, aunque Andrés Herzog se haya quedado fuera del Congreso de los Diputados. Es un buen ejemplo de que rara vez triunfan a la vez en la vida las ideas y las personas que las representan.

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EL AVANCE DE LA PULSIÓN SECESIONISTA [...] Y SEDICIOSA DEL NACIONALISMO CATALÁN

X LEGISLATURA, 2011-2015

Las fronteras no tienen nada de fascinante

y sí mucho de aterrador.

HERTA MÜLLER

La legislatura transcurre mientras el paro no deja de crecer; la precariedad en el empleo es cada vez mayor; los jóvenes mejor preparados de nuestra historia tienen que marcharse fuera de España por centenares de miles para buscar una oportunidad; la deuda crece e hipoteca nuestro futuro y el de nuestros hijos; los recortes sociales que se iniciaron en la etapa Zapatero siguen aumentando; los escándalos de corrupción que salpican al PP y al PSOE son portada cada día... En este caldo de cultivo, el secesionismo catalán acelera su campaña de ruptura mientras multiplican sus campañas de mentiras y su odio hacia España.

Subido en la ola del secesionismo, Artur Mas disuelve el Parlamento catalán y convoca elecciones autonómicas que se celebran el 25 de noviembre de 2012. Su sueño de mayoría absoluta para su plan soberanista se estrella contra las urnas: con la participación más alta de la democracia en unas elecciones autonómicas, CiU solo consigue 50 escaños (12 menos que en el año 2010) y Esquerra Republicana, con 21 diputados, se convierte en el triunfador de la jornada. Pero lejos de reflexionar sobre el batacazo electoral a que le ha conducido su estrategia, Mas forma Gobierno de coalición con los republicanos y prosigue la escalada de enfrentamiento y ruptura del orden constitucional y entre los propios catalanes.

El nacionalismo no es una ideología sino una religión. Por eso su apelación a los sentimientos es tan eficaz. No hay racionalidad ni argumentos en sus discursos porque la pertenencia a la tribu les une por encima de cualquier otra consideración. Todo nacionalismo que haya existido a lo largo de la historia se distingue por fomentar los instintos más básicos: el orgullo de ser diferente a «los otros» y el «nosotros» colectivo que es para ellos el depositario de los derechos. El individuo no es nadie si no forma parte de ese grupo dominante que convierte en enemigo a quien piensa diferente. Y con esa realidad fanatizada teníamos que enfrentarnos en España, por mucho que algunos quisieran minimizarlo.

A estas alturas de la legislatura la ruptura de España era un riesgo cierto, aunque la mayor parte de responsables políticos y económicos de nuestro país se empeñaran en negarlo. La neutralidad y la pereza, la incomparecencia o el ninguneo de una defensa activa de lo que nos une, de lo que tenemos en común los ciudadanos españoles al margen de la parte de España en la que vivamos, han sido los principales aliados del nacionalismo fanático y rupturista. Los partidarios de la segregación de Cataluña han inoculado con notable éxito en amplísimos sectores de la opinión pública (catalana en particular, recuerden el editorial conjunto de todos los medios de comunicación catalanes, la oligarquía —y la nobleza— del país puesta al servicio de la ruptura de España) una triple falacia: la nación española es una ficción impuesta por Franco; la secesión de una parte de España es cosa de «ellos», que tienen «derecho a decidir»; y el resto de los españoles lo único que tenemos que hacer es renunciar a nuestro derecho y aceptar sus decisiones «democráticamente».

Sé que es muy difícil que los argumentos triunfen frente a las apelaciones sentimentales. Pero mientras en Cataluña fue creciendo la pulsión secesionista y sediciosa, nadie con poder y medios para hacerlo se tomó el trabajo de explicar a los catalanes y al resto de los españoles el riesgo de la ruptura y la pérdida que para todos supondría. Es ridículo pensar que es posible romper sin coste alguno una comunidad unida por lazos culturales, económicos y sociales. La ruptura de España representaría un enorme trauma y, como escribía Fernando Savater en el prólogo del libro que publicó UPyD en 2014 titulado A favor de España, solo podría ser el resultado de haber ejercido una gran violencia simbólica, ética y emocional, la indispensable para convertir en «extranjero» (y a menudo en «traidor») a los vecinos, compañeros, amigos o miembros de la propia familia.

Donde triunfa el separatismo pierde la pluralidad. Porque el separatismo precisa de unanimidad (piensen en el editorial que antes mencionaba) y necesita de un enemigo externo para justificar esa libertad «colectiva» que invoca. O se está con «nosotros» que queremos «ser libres para decidir», o se está con el enemigo. O se está con la independencia o contra ella; o estás con el «nosotros» unánime o estás con el enemigo. Así de simple.

Pero no es solo que la ruptura sea mala para todos; no es únicamente que si España llegara a romperse lo que se habría roto es una comunidad nacional democrática; no es solo que todos seríamos mucho más pobres desde la perspectiva económica sino que también perderíamos libertades personales y civiles, se perdería la igualdad jurídica y de oportunidades, la dignidad colectiva y la pertenencia a una gran comunidad de iguales que es España y la Unión Europea. No es solo que todo eso únicamente serviría para «ganar» en enemigos, extranjería, exclusión y pobreza. Es que además todo eso se haría saltándose las leyes y rompiendo el orden constitucional; todo eso se pretende hacer, se está haciendo, ejerciendo una violencia simbólica que la historia nos ha enseñado que desgraciadamente y casi siempre precede a la violencia física. Porque ese es el camino que se ha recorrido en Cataluña frente a la desidia de unos y al silencio cómplice de muchos más. La disidencia ha sido acallada para excluir, acto seguido, al disidente. Se comienza imponiendo la inmersión lingüística obligatoria para los niños castellanohablantes y se acaba promoviendo el incumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales.

El 14 de mayo de 2014 presenté en el Congreso de los Diputados, junto al presidente de la institución, Jesús Posada, un libro, Como amigos, en el que el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, Alfred Bosch, explicaba sus vivencias en el Parlamento nacional. Durante mi intervención, como había hecho muchas veces desde la tribuna, volví a explicarle que su mayor problema conmigo no lo tenía por el hecho de ser independentista (nuestra Constitución, a diferencia de la mayoría de las del mundo, lo protege), sino por el hecho de que ellos estaban dispuestos a saltarse las leyes para conseguir sus objetivos. Le expliqué que si ponían las urnas vulnerando las leyes, mi partido defendería que la policía o la Guardia Civil las retirara. Le recordé que desde nuestro partido defenderíamos, una y otra vez hasta ganar, la recuperación del delito de convocatoria de referéndum. Le expliqué que los hermanos no pueden divorciarse; que yo misma no soporto a mucha gente que no es independentista y no por eso se me ocurre que debo echarla de mi país; que la democracia es incluyente, no quiere expulsar a nadie, ni siquiera a los que defienden otro modelo de país, como es el caso de los independentistas. Y que de triunfar su propuesta nos conduciría a una democracia de peor calidad.

Cuando terminó el debate mucha gente se acercó para decirme que si ese discurso se repitiera más veces, que si hubiéramos hecho más pedagogía democrática, las cosas hubieran ido de otra manera. Es verdad: el Estado ha estado ausente de Cataluña y de este debate. Ni el Gobierno, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista han querido enfrentarse políticamente a lo que estaba ocurriendo en Cataluña y a las consecuencias en términos de ruptura de la convivencia y restricciones de sus libertades que sufren los ciudadanos no nacionalistas. Los unos por complejo y los otros por complicidad (o quizá ambos por ambas cosas, en menor o mayor medida cada cual), han preferido mantener la vieja táctica política e intentar apaciguar al nacionalismo con nuevas concesiones, con nuevos privilegios. Pero la crisis económica y la debilidad de CiU, PSC y PP dificultaban una salida fácil, al estilo del pasado («Arturo, ¿cuánto cuesta esto?»). Por si eso fuera poco, Artur se había convertido en un remedo mejorado del iluminado Ibarretxe y además, tras las elecciones de 2012, había surgido otro protagonista con mucho peso e influencia —Oriol Junqueras, el llamado «historiador que se metió a político»— que de veras quería la independencia de Cataluña.

Fue en ese momento cuando la oligarquía catalana, liderada por una de las grandes empresas financieras originaria de esa comunidad autónoma, decidió lanzar en toda España la «operación Ciudadanos». Habida cuenta del peso decreciente del PSC y el PP en Cataluña y su enfrentamiento a nivel nacional, necesitaban un tercer partido que sustituyera a CiU para el trapicheo y les permitiera repetir la historia. Pero para que eso fuera factible ese partido debía estar en el Parlamento de Cataluña y debía entrar en el Parlamento nacional. Así que pusieron el dinero sobre la mesa y empezó el lanzamiento nacional de la marca naranja. Pero de eso hablaremos más tarde.

Como decía antes, en esta materia la legislatura estaba marcada por el éxito de penetración de las dos grandes mentiras del discurso nacionalista: «España nos roba» y España nos niega nuestro «derecho a decidir». Entretanto, el PP y el PSOE seguían sin enfrentarse políticamente al discurso rupturista y falaz: mientras el PP lo fiaba todo a la salida de la crisis («Cuando haya dinero, esto se arregla»), el PSOE seguía buscándose a sí mismo y cada día decía algo diferente al respecto, desde que hay que «querer» a los catalanes a que esto se arregla con un modelo «federal y asimétrico». Por su parte, el Congreso de los Diputados hacía como si el asunto no fuera con nosotros, como si la Cámara en la que reside la soberanía nacional no tuviera nada que decir ante los continuos pronunciamientos y desacatos del Parlamento de Cataluña.

En ese momento registramos una interpelación al Gobierno en relación al denominado «derecho a decidir». En el texto desmontamos la falacia de que en Cataluña se estuviera vulnerando un supuesto «derecho a decidir», y reafirmamos que no cabe bajo ningún concepto que una parte de España decida sobre la organización territorial de todo el Estado, pues tal cosa supondría trocear el cuerpo de la ciudadanía y redefinir el sujeto de la soberanía, lo que iría en contra de la propia Constitución.

Y el 29 de octubre defendimos en el pleno la moción. Y ante lo que los nacionalistas consideraron un ataque explicamos desde la tribuna del Congreso de los Diputados algo tan obvio como que defender la unidad de la nación española es defender la igualdad de todos los españoles, también de los catalanes, ante la ley. Que defender la integridad de la nación española es defender la integridad de derechos de todos los ciudadanos españoles, entre ellos los que viven en Cataluña; que nadie en nombre de ninguna raza, religión, grupo, cultura o historia puede parcelar esos derechos porque son los derechos de todos los ciudadanos. Que la integridad de derechos es lo que importa por encima del mapa, porque los territorios no tienen derechos.

El debate y la resolución tenían como objetivo restablecer la claridad ante tanta falacia y reafirmar la indivisibilidad de la nación y de los derechos de todos los ciudadanos. Y a pesar de la notable incomodidad de populares y socialistas, no les quedó otro remedio que votar a favor. Y con solo cinco diputados conseguimos que se aprobara, con 265 votos a favor, un texto que proclamaba que:

Bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión;

Ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la Constitución Española reconoce y garantiza a todos y cada uno de los españoles;

En un Estado social y democrático de derecho nadie está por encima de la ley y no puede permitirse trocear el cuerpo de la ciudadanía ni redefinir el sujeto de la soberanía nacional que no es otro que el pueblo español, único que puede ejercer, por los cauces legalmente establecidos, el «derecho a decidir» sobre la unidad de la nación y los derechos del conjunto de los ciudadanos;

Y que están vigentes los artículos 1.1 y 1.2 de la Constitución Española que dicen:

Artículo 1.1: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Artículo 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Pero desde las instituciones catalanas se siguió adelante con el desacato. Y a pesar de que el 7 de mayo de 2013 el Tribunal Constitucional acordó la suspensión de la resolución del Parlamento de Cataluña de 23 de enero de 2013 por la que se aprobó la «Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña», en la que el Alto Tribunal concluye que tal suspensión es necesaria «para evitar que durante la tramitación de la impugnación de su plan soberanista el Gobierno catalán siga impulsando, orientando y dirigiendo su acción política hacia la secesión, según la hoja de ruta señalada», la Generalitat continuó avanzando en su «hoja de ruta» y aprobó otra resolución en la que fijaba la fecha del 9-N de 2014 para la celebración del referéndum, impulsaba la elaboración de un censo, de un registro para que se inscriban los catalanes y creaba un órgano específico para llevar adelante la secesión llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, con su correspondiente habilitación presupuestaria.

Dado el silencio y la permisividad del Gobierno de la nación y de todos los sectores económicos, políticos y sociales (incluidos los partidos no nacionalistas —PSC, PP y Ciudadanos— que tienen presencia en el Parlamento de Cataluña y que se limitan a hacer críticas de oficio) ante esos gravísimos hechos que mostraban que el Parlamento y el Gobierno de Cataluña actuaban en clara rebeldía ante las sentencias de los tribunales y que se estaban montando estructuras de Estado en Cataluña con el dinero de todos los españoles, el 18 de febrero de 2014 presentamos una interpelación en la que exigimos al Gobierno que diera instrucciones a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía y que activara el artículo 155 de la Constitución a fin de remediar el abierto incumplimiento de la legalidad vigente y de restaurar el respeto al interés general. El debate de la moción se produjo el 25 de febrero de 2014. Y, una vez más, la incomodidad del PP y del PSOE (particularmente del PSOE, he de decirlo) fue más que patente. El portavoz del Grupo Socialista, Ignacio Sánchez Amor, llegó a acusarnos de echar gasolina al fuego con este tipo de interpelaciones y propuestas. Pero se vieron forzados a votar sobre un texto inapelable en el que el Congreso de los Diputados rechazó tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalitat de Cataluña y todas las resoluciones parlamentarias o gubernamentales que de esa declaración se iban derivando.

El resultado de la votación fue 272 votos a favor. Una vez más, un grupo de cinco diputados indómitos obligó al PPSOE a retratarse e ir más lejos de lo que querían en relación con la pulsión secesionista y sediciosa del nacionalismo catalán. Me consta que el asunto llegó a la mesa del presidente del Gobierno, cuando por parte del Partido Popular estaban buscando argumentos para hacer un frente común con el Partido Socialista y rechazarnos la propuesta: Mariano Rajoy me lo dijo en septiembre de ese mismo año en su despacho. Y tenemos constancia del cabreo monumental que pilló el Partido Socialista: terminada la votación, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces secretario general del PSOE, compareció en rueda de prensa acompañado por Albert Soler, el representante del PSC en la dirección del grupo parlamentario en el Congreso, y juró ante los medios de comunicación que nunca jamás volverían a votar ninguna resolución que UPyD presentara sobre Cataluña.

Visto desde fuera hasta yo puedo comprender el cabreo del establishment para con nosotros. Un partido que llega a las instituciones y no se pliega a las costumbres preestablecidas, que denuncia la opacidad y las corruptelas políticas imperantes y se empeña en cambiarlo todo desde dentro, respetando siempre las reglas del juego, es inaceptable para ellos; porque un partido así es verdaderamente revolucionario. Y es, como la revolución pacífica de las mujeres para alcanzar su igualdad, imposible de parar por las buenas. Treinta años de democracia y nunca nadie en el Congreso de los Diputados había forzado el brazo al PSOE y al PP a la vez para obligarlos a votar en defensa del interés general. Treinta años de democracia y llega este partido y lleva a la práctica lo que dijimos al nacer: que hemos venido para defender el Estado y para obligar al bipartidismo a comportarse. Treinta años de solaz, tan cómodos en la alternancia, y llegan estos aventureros cuerdos a criticar el bipartidismo, a querer cambiar la ley electoral que tantos años de felicidad les había dado, a decir que hay que acabar con los chiringuitos territoriales, con las diputaciones, con los privilegios...

Rompimos el consenso no escrito, el auténtico pacto de Estado que siempre ha existido entre los viejos partidos y los poderes económicos, que se basaba en que solo ellos y entre ellos decidían qué se hacía y cuándo; incluso, solo ellos y entre ellos decidían quién. La democracia para los poderosos es una formalidad; y las instituciones un instrumento a su servicio cuya apariencia han de conservar. Romper el tabú y subir a la tribuna a hablar de las cosas que importan, a calzón quitado y sin pactos previos, es algo común en los países que gozan de una democracia de calidad. Pero que UPyD llegara al Congreso de los Diputados y al resto de las instituciones autonómicas y locales y demostrara que se puede hacer política de otra manera y que nuestro partido no ha nacido para disputar el poder sino para discutir la esencia misma del poder era más de lo que podían asumir. El PP y el PSOE están cómodos echándose los trastos a la cabeza; luego ya suman con unos u otros para gobernar el tiempo que les toque; y, alternativamente, tienen gobiernos locales o autonómicos para compensar y mantener cuotas de poder. Pero lo nuestro les rompía los esquemas.

Nuestra actitud ante su cobardía —la de ambos— frente al secesionismo sedicioso catalán es una de las cosas que más nerviosos les puso. Por eso aceleró nuestra caída en desgracia. Quienes se sientan en los despachos de lo alto de la torre necesitan partidos dóciles, adaptables, dispuestos a ceder y acordar por el bien supremo: mantener el statu quo. Pero el desarrollo de esa parte queda para otro capítulo posterior ya anunciado.

En su estrategia de huida hacia delante, el Parlamento de Cataluña decidió tramitar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley solicitando la delegación de competencia para poder convocar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. El debate se celebró el 8 de abril de 2014, con la intervención de tres comisionados del Parlamento autonómico que presentaron la iniciativa.

Por supuesto que Artur Mas —que había recorrido 60.000 kilómetros en diecinueve meses, desde Moscú hasta Israel, llevando «la buena nueva» de la Cataluña independiente— no se dignó a comparecer. Quizá no sabía que existe un AVE y un puente aéreo que hemos pagado entre todos los españoles y que cómoda y subvencionadamente le hubiera acercado a Madrid para poder defender su propuesta en el Congreso... El debate resultó un poco estrambótico porque antes y durante el mismo sus promotores nos hicieron saber que dijéramos sí o dijéramos no ellos iban a celebrar un referéndum que ya estaba convocado unilateralmente, que ya tenía fecha (9-N), y cuyas preguntas ya estaban publicadas: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente?». O sea, que nos ofrecían un acuerdo de adhesión.

Mis primeras palabras en ese pleno fueron para explicar a los emisarios de Cataluña que su propuesta de levantar fronteras dentro de España era lo más parecido al discurso eurófobo que en esos días, previos a las elecciones europeas, estábamos escuchando. Y les hice notar sus propias contradicciones: Marta Rovira, de Esquerra Republicana, nos dijo que querían la delegación de competencia para proclamar la independencia; Jordi Turull, de Convergència i Unió, nos dijo que no querían la competencia para decidir sino para saber lo que piensan los catalanes, vamos, prácticamente para ahorrarse una encuesta; y Joan Herrera, de ICV, nos dijo que ellos querían votar pero era para votar en contra de las fronteras (?). O sea que escuchados los tres emisarios y en el supuesto de que el Congreso hubiera votado a favor, no sabríamos qué iban a hacer con la competencia que nos solicitaban. Menos mal que entre ellos estaban de acuerdo...

Rovira y Pérez Rubalcaba (fíjense, ¡qué cosa!) en la defensa y en la réplica respectivamente, nos hablaron de los sueños y de las identidades. Como si la política y la democracia estuvieran para amparar los sueños, que son tan libres como particulares.

Los emisarios dijeron que en Cataluña no había opresión; y tuve que explicarles que existe una opresión ejercida por el propio Gobierno de Cataluña y por todos los sectores independentistas contra todos aquellos ciudadanos de Cataluña que no se adaptan al discurso nacionalista dominante y quieren mantener su criterio político y su libre albedrío.

Alfred Bosch (ERC) vino a decir que lo importante era votar, que eso era lo democrático. Como si lo democrático no fuera también decidir sobre qué no se vota y dónde reside la competencia para votar una u otra cosa.

Los nacionalistas, con la connivencia del PP y del PSOE, quisieron hacer de ese debate un día histórico. A pesar de que en octubre de 2012 ya habíamos debatido sobre lo mismo a propuesta de Esquerra Republicana y lo habíamos liquidado en cinco minutos de intervención por grupo, porque era muy sencillo: no es posible transferir una competencia sin contenido material, como la capacidad para hacer un referéndum, por la vía del artículo 150.2; y por la vía del artículo 92, que sería el atinente, es imposible porque un referéndum sobre un tema esencial se tiene que celebrar en toda España y por ello no cabe la cesión o transferencia de competencia.

No fue un día histórico porque la propuesta era una chapuza y no podía salir adelante. Fue un engañabobos, un fraude más. Pero en vez de rebajar la expectativa ante un debate absurdo, la adornaron y ensalzaron para dorar la píldora a un nacionalismo que no acaban o no quieren entender que es insaciable. Por tres veces (dos por iniciativa de UPyD) la Cámara les había dicho no a su pretensión. La única aportación histórica que podía salir de ese debate hubiera sido que, una vez producida la votación, los promotores hubieran dicho: vale, hemos perdido la votación y a partir de ahora respetaremos las sentencias de los tribunales y cumpliremos y haremos cumplir las leyes.

Pero ni lo dijeron ni lo hicieron. Y la espiral secesionista y sediciosa siguió creciendo. Y el silencio de los responsables públicos y de los poderes políticos y económicos ha sido tan ominoso y torpe durante tanto tiempo que va a costar mucho superar la absurda idea que ha arraigado en España de que la aplicación de las leyes depende de lo que «vote la mayoría».

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LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA, EN QUIEBRA

X LEGISLATURA, 2011-2015

La medida del valor de un Gobierno no es el PIB, ni el equilibrio de la balanza internacional de pagos. El valor de un Gobierno está en lo que hace por su gente, la medida en que mejora su calidad de vida, la asistencia sanitaria... Eso es lo que hace grande una nación.

TOMMY DOUGLAS

La debilidad económica está vinculada a la debilidad política. Por eso el desastre político y económico que se produjo en la IX legislatura nos siguió pasando factura durante la X. Si a ese negativo punto de partida le sumamos la desidia del Gobierno de Rajoy a la hora de enfrentar las grandes reformas estructurales (políticas y económicas) que España necesitaba y la falta de consensos básicos en todas las áreas de la política, no es de extrañar que de lo único de que puedan presumir nuestros mediocres gobernantes es de que el barco no se hundió, aunque no presten atención al hecho de que dejó a millones de náufragos por el camino.

Durante el periodo 2007-2011 la pobreza casi se duplicó en España en comparación al nivel previo a la crisis y durante la X legislatura la desigualdad entre ciudadanos que viven en distintas comunidades autónomas no hizo sino crecer: según el índice de Gini, calculado por Eurostat, en España se da actualmente el mayor grado de desigualdad de los últimos diez años y con la mayor proporción de población en riesgo de exclusión. Entre 2011 y 2014 la brecha entre comunidades autónomas por PIB per cápita aumentó un 1%, y las comunidades con mayor nivel de gasto por habitante superan a las que menos gastan en más del 60%.

La deuda pública española, que se incrementó en un 41% en los últimos tres años, se ha utilizado fundamentalmente para rescatar comunidades autónomas, ayuntamientos y cajas de ahorros desgobernadas y arruinadas por el PPSOE. La inversión en educación se redujo en un 12% durante la legislatura y actualmente tenemos la plantilla de educadores más envejecida y peor pagada de nuestra historia democrática, mientras que el gasto total en sanidad cayó en solo tres años en un 9,3%, lo que tuvo como consecuencia una atención sanitaria de peor calidad y que se duplicaran las listas de espera.

La inversión pública se recortó en los últimos cinco años a menos de la mitad; y a pesar de la precarización del empleo en esa legislatura ni siquiera se ha conseguido recuperar el empleo destruido: según la Encuesta de Población Activa (EPA) el porcentaje de parados era del 21,28% en 2011 y en 2015 ascendía a 21,18%. Además, durante estos años se ha creado en España la figura del trabajador pobre, ya que un 12% de trabajadores con empleo se encuentran en situación de pobreza y hay 13,7 millones de españoles que viven con menos de 663 euros al mes. Y la tasa de paro de menores de 25 años subió más de dos puntos, hasta alcanzar el 53,3%.

Mientras todas esas cosas ocurrían en España nuestro grupo parlamentario ha hecho propuestas rigurosas, valientes e innovadoras. Propusimos una reforma laboral más profunda y a la vez más equilibrada que la que impuso el Gobierno, poniendo el foco en acabar con la precariedad y no en abaratar el despido. Por eso defendemos el contrato único de protección, un contrato indefinido que simplificaría el mapa contractual de España, con una indemnización creciente y con un fondo que el trabajador podría llevarse a otra empresa caso que decidiera cambiar, de forma que el trabajador no partiría de cero sino que se llevaría consigo ese fondo, o más bien el derecho a cobrarlo en caso de despido.

Propusimos una reforma fiscal integral que contempla que paguen más quienes no pagan lo que les correspondería para conseguir que los que siempre pagan, las rentas del trabajo, paguen un poco menos, que se reduzcan los costes de cotizaciones sociales y que se facilite la financiación a empresas, autónomos y particulares.

Frente al «optimismo» del Gobierno cuando Bruselas nos felicitaba, hemos explicado que para Bruselas lo único importante es que somos disciplinados. Pero no podemos ignorar la realidad: y es que España crece (cumple) a costa de un enorme déficit, es decir, a costa de pedir más dinero prestado, lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Crecer a cambio de pedir dinero, como todo el mundo comprenderá, no es lo mismo que crecer porque haya más riqueza. Pero, además, tan importante como que la economía crezca es que la distribución de la riqueza que pueda generar sea equitativa. El simple dato del crecimiento económico medido en base al Producto Interior Bruto no puede interpretarse ni como una señal inequívoca de salida de la crisis ni como indicador de que el crecimiento será sostenible. Esto es así porque la desigualdad no solo es socialmente injusta y compromete la cohesión social, sino porque también pone en riesgo la sostenibilidad del propio crecimiento económico.

Por eso, para hacer de la igualdad el eje de la política, nuestro grupo presentó a lo largo de esa legislatura numerosas iniciativas económicas y sociales, entre las que destacaría la de ampliar la Renta Activa de Inserción, la Ley de Segunda Oportunidad y la reforma de la formación profesional para garantizar su eficacia y eliminar el fraude, o la garantía de una pensión digna en aplicación del artículo 50 de nuestra Constitución.

Y capítulo aparte merece nuestra batalla —esta sí que en la más absoluta de las soledades— para suprimir el sistema fiscal privilegiado de Navarra y el País Vasco. Esta no es una cuestión ideológica sino un elemento clave para garantizar un modelo económico sostenible y justo para España. Solo un dato para acreditar el injusto reparto de la riqueza disponible entre españoles: la media de recursos no financieros por habitante de las comunidades autónomas del régimen común es de 2.763 euros; la media de las del régimen foral (Navarra y País Vasco) es de 4.829 euros. ¿Es sostenible, en términos de calidad democrática y de igualdad de todos los ciudadanos, un sistema así? Aunque cada vez que hemos propuesto acabar con estos privilegios todos los grupos parlamentarios se nos han echado encima (el ministro Cristóbal Montoro llegó a decirme un día que «los fueros son muy españoles»), lo cierto es que este sistema (incompatible además con el modelo que todos defendemos para Europa) provoca una enorme e inaceptable desigualdad entre los ciudadanos, únicos depositarios de derechos. Aunque quizá eso es lo que a criterio de algunos signifique ser «muy español». No lo creo; pero, en todo caso, esa es una «característica española» —como lo eran la Inquisición o la expulsión de los judíos— contra la que hay que dar la batalla hasta el final.

UPyD es el único partido que ha señalado que hay un problema de gasto, no solo de ingresos, y que por tanto la composición del recorte del gasto es crucial. Por eso defendemos denodadamente y en todas las instituciones a lo largo de esa legislatura que se recorten gastos superfluos, se eliminen órganos inútiles, se supriman las diputaciones, se fusionen los ayuntamientos... Estas propuestas económicas y sociales, radicales a la hora de revisar con toda libertad las estructuras obsoletas y las políticas que ya se han demostrado fracasadas, siempre fueron rechazadas por el PP y el PSOE. Así España mantiene el dudoso honor de ser el único país que no ha fusionado sus estructuras municipales después de la Segunda Guerra Mundial. Y para mantener ayuntamientos tan pequeños que resultan incapaces de prestar los servicios públicos requeridos se inventan otras estructuras complementarias en las que colocan a los excedentes de sus partidos, a los que no pudieron meter en las listas o no fueron elegidos; y, por supuesto, con esa justificación mantienen abiertas las diputaciones provinciales, modelo territorial diseñado hace más de doscientos años en la Constitución de Cádiz y que nos cuestan algo así como 6.000 millones de euros al año.

Estoy segura de que solo una inmensa minoría de los más informados que puedan estar leyendo este libro tenían ni la más remota idea de que nuestro grupo había defendido todas estas iniciativas económicas y sociales a lo largo de la pasada legislatura. Por eso durante la última campaña electoral me ha resultado curioso observar cómo algunos medios de comunicación destacaban como novedosas algunas de estas propuestas, eso sí, atribuyéndoselas a los partidos que las incorporaban como promesas en sus programas. Daba igual que esos mismos partidos las hubieran rechazado antes o que nunca se les hubiera ocurrido plantearlas. Pero seguro que eso también es culpa nuestra, por no habernos sabido «vender mejor». O quizá, como dice un amigo mío, es que en España solo hay dos tipos de prensa: prensa pública y prensa concertada. Y ya se sabe que el que paga manda; salvo en la pública, claro, que pagamos entre todos pero en la que solo manda el que gobierna.

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LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS I

X LEGISLATURA, 2011-2015

Hay que estar a la altura de los tiempos.

ORTEGA Y GASSET

Y en esas estamos cuando el día 2 de junio de 2014 el rey Juan Carlos I comunica al presidente del Gobierno su voluntad de abdicar. Y, más allá de la sorpresa o sobresalto, el primer problema que se nos plantea es que no se ha desarrollado el Título II de la Constitución en todo lo referente a la jefatura del Estado y hay una especie de vacío legal. Así que el día 3 de junio el Consejo de Ministros aprueba una ley orgánica «telegrama» para resolver el problema y que pudiera hacerse efectiva la voluntad expresada por el rey. El debate y votación se lleva a cabo el día 11 de junio en el Congreso y la ley es ratificada por el Senado el día 17 de junio de 2014.

Ese fue un momento especialmente interesante de la historia de España y en el que UPyD jugó el papel que le corresponde a un partido profundamente institucional y radicalmente democrático. Porque la democracia aparecía amenazado por todos los lados: por una parte IU y Podemos (fuera de las Cortes pero con gran presencia mediática y con diputados en el Parlamento Europeo) que proponían un referéndum para instaurar la República y de otro lado los nacionalistas de CiU y PNV que aprovecharon la coyuntura para plantear lo de siempre: «qué hay de lo nuestro». O sea, ambos bloques queriendo llevarnos a una confrontación que solo acarrearía más desigualdad y pérdida de derechos civiles.

Digo que fue un momento histórico porque en los más de dos siglos de historia constitucional de España no ha sido muy frecuente asistir con normalidad al relevo de la jefatura del Estado. Por eso desde UPyD quisimos resaltar durante el debate que lo que debíamos hacer era conquistar la normalidad y la estabilidad institucional. Y que debíamos aprovechar el momento histórico que nos había correspondido vivir para recuperar la idea de España como sueño colectivo y para salvar nuestra democracia de la corrupción que la corroe, del enjuague público-privado, de los que quieren romper la baraja antes de haber jugado todas las cartas, de populismos de radicalidad y de los salvapatrias de una y otra facción.

Frente a quienes pretendieron que la abdicación abriera una crisis constitucional que obligara a replantearse la institución —monarquía o república—, nosotros defendimos que lo que nos correspondía hacer era cumplir la Constitución porque la democracia real, sustantiva, material, no se puede entender al margen del funcionamiento reglado y normalizado de sus instituciones.

Explicamos que no tenía ningún sentido a estas alturas del siglo XXI plantearse el debate república versus monarquía en términos de mayor o menos democracia. La forma del Estado no es tan importante: lo que importa es la calidad democrática del sistema. En el terreno de los ideales políticos se puede aceptar que es mejor la república que la monarquía; pero lo importante en el terreno práctico es la ciudadanía democrática, no la forma institucional del régimen que la garantiza. Un republicanismo basado en principios identitarios, etnicistas, teocráticos o totalitarios (ejemplos hay en España) es peor para ser ciudadano que una monarquía parlamentaria y democrática. Y que si cumpliendo los pasos establecidos por la propia Constitución se instaurara en España una república, habría de hacerse con todas sus consecuencias, es decir, acabando con derechos y privilegios históricos, acabando con los reinos de taifas que siguen manteniendo poderes prepolíticos y preconstitucionales, estableciendo un laicismo inapelable, la unidad educativa igualitaria en el país, etc. Seguramente muchos de los que en esos días se proclamaban republicanos no compartirían buena parte de esas premisas, porque son los mismos que propugnan la fragmentación del Estado de derecho, posición de lo más antirrepublicana, por cierto.

España vivía ya entonces un momento muy delicado, pleno de desafíos pero también de oportunidades. Por eso en aquel histórico debate exigimos a quien sería el nuevo jefe del Estado, Felipe VI, que se pusiera del lado de quienes estábamos empeñados en regenerar la democracia, «sin más paños calientes ante quien manipula, estafa o miente; y sin más cesiones gratuitas ante el que nos amenaza o incumple las leyes». Le instamos a que la monarquía se sometiera a las máximas exigencias de transparencia de una sociedad moderna y democrática como ha de ser la España del siglo XXI. Y, finalmente, le pedimos que «entendiera su cargo como una dignidad llena de obligaciones y no de privilegios ni corruptelas ni para él ni para su familia ni para sus amigos de la corte».

La ley orgánica fue aprobada por 299 votos a favor, 19 votos en contra y 23 abstenciones. Y unos días más tarde España estrenó rey.

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«OS APLASTAREMOS COMO A UNA NUEZ»

¿Tiene enemigos? Bien, eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida.

WINSTON CHURCHILL

La suma de acontecimientos producidos durante los años 2008 a 2015 cambiaría para siempre el panorama político de España. Al cuestionamiento social del sistema bipartidista se sumaron los escándalos de corrupción protagonizados por todos los partidos que se repartían alternativamente el poder desde que en España había democracia y ninguna institución, incluida la Corona, quedó al margen de los escándalos que cada día abrían los informativos. Y en este clima de inestabilidad y de falta de liderazgo político la pulsión secesionista en Cataluña estalló con toda crudeza. La coincidencia temporal de la irresponsabilidad de Zapatero («apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán») con la grave crisis económica que asoló a España, llevó a Convergència i Unió —el partido que más ha esquilmado a los españoles a través de sus pactos alternativos con el PP y el PSOE— a echarse en brazos de los independentistas e iniciar el camino de la ruptura.

El victimismo nacionalista fue impregnando la sociedad catalana, ahormada por años de gobiernos nacionalistas, y se extendió virulentamente cuando el Partido Popular recurrió ante el TC el Estatuto de Cataluña (aprobado como se recordará con los votos del PSOE y los nacionalistas en la primera ocasión en que la reforma del modelo territorial del Estado se pactó entre un partido nacional y dos partidos que no creen en la nación española porque consideran que la parte de España por la que se presentan a las elecciones es una nación y debe, por tanto, tener su propio Estado) y adquirió proporciones incendiarias tras la sentencia del TC en 2010.

Al frente de esa manifestación de confrontación y ruptura se puso Artur Mas, ese hombre que aspira a pasar a la historia como un libertador y sin duda pasará como un gran farsante que fue capaz de destruir a la vez a su partido y a su país. La ambigua reacción del fiel y bien pagado comodín del PP y del PSOE, Duran i Lleida, dejó perplejos a quienes tenían la capacidad y los recursos para encarrilar la deriva en un primer momento. Mira que les dijimos que recordaran a Ibarretxe, que los iluminados no paran nunca salvo que alguien les pare. Mira que les explicamos que el problema no era ERC sino el nacionalismo llamado moderado, como el problema en Euskadi fue el PNV y no Batasuna cuando Ibarretxe se sacó de la chistera el plan secesionista. Mira que les explicamos que la única manera de parar la locura secesionista era que el Estado tuviera presencia en Cataluña, que se hiciera pedagogía, que se desmontaran las mentiras, que se garantizara el cumplimiento de la ley y de las sentencias de los tribunales... Pero ni por esas: los comisionistas del poder siguieron pensando que era cuestión de tiempo volver a meter al genio en la lámpara, que todo era una cuestión de dinero.

Los españoles hemos tenido casi siempre muy mala suerte con nuestros políticos: cuando más falta nos hacía la excelencia nos han «tocado» el peor Gobierno y la peor oposición a la vez. Zapatero, que era un desastre, tenía la enorme fortuna de tener a Rajoy como jefe de la oposición. Rajoy, ya se sabe, ha hecho de esperar a que escampe su principal virtud. Esperando a que otros se cansaran, consiguió hacerse con el liderazgo del PP y esa misma lógica la aplicó cuando dirigió la oposición: esperar a que le tocara el relevo y no molestarse mucho mientras tanto. Así que aunque le afeaba la conducta a Zapatero en cuestiones como la financiación autonómica o la reforma de las cajas de ahorros, lo más que hacía era abstenerse en la votación; y, por supuesto, seguir manteniendo el tinglado cuando llegó al Gobierno. Fíjense que recurrió —con razón— el Estatuto de Cataluña y a continuación plasmó en el de Valencia y apoyó en el de Andalucía una cláusula para hacer extensivo el mismo modelo a esas comunidades autónomas. Y se quedó tan ancho.

Los socialistas, con una imparable crisis de liderazgo desde que Zapatero perdió las elecciones en 2011, andaban buscándose a sí mismos y respondieron al reto secesionista catalán con la vieja receta de los viejos tiempos: la culpa la tiene el inmovilismo del PP, hay que encajar a Cataluña, hay que negociar, hay que respetar el referéndum, la sentencia del TC hay que interpretarla antes de aplicarla... Ya ni les cuento cuando «cantaban» a dúo, los del PSC y los del PSOE de Rubalcaba. O sea, todo munición para el nacionalismo irredento que se declaraba en rebeldía ante la ley.

Los populares creyeron una vez más que todo se arregla con dinero. Claro que en esta ocasión la caja estaba medio vacía y ya se había cedido demasiado en lo intangible, en lo simbólico, en lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Así que siguieron hablando por debajo con quien ya no tenía mando en plaza, con Duran i Lleida, el eterno «hombre de Estado». Es curioso, pero en esa materia el PP y el PSOE se parecen como dos gotas de agua: ambos, desde el Gobierno o desde la oposición, han aplicado siempre la misma estrategia frente a los excesos del nacionalismo: política de paños calientes mientras el espacio de convivencia se achicaba de forma alarmante para los ciudadanos no nacionalistas.

Pero no solo el PP y el PSOE mantenían la esperanza de lograr un arreglo con los nacionalistas al estilo de siempre, acordando el precio de la cesión. También desde los alfombrados salones de palacio se hacían gestiones en el mismo sentido. Me consta que el viejo rey y el entonces príncipe de Asturias mantenían continuos contactos con los nacionalistas llamados «moderados». En una reunión celebrada en palacio pocas semanas antes de la abdicación del rey Juan Carlos I, el príncipe Felipe me explicó sus múltiples contactos con personajes influyentes de Cataluña, de esos nacionalistas que él también llamaba «moderados». Me dijo que últimamente estaba viajando mucho a Cataluña, que mantenía la «normalidad» institucional y procuraba ver a Artur Mas dentro de esa normalidad; y que aprovechaba los viajes para transmitir y recibir mensajes de muchos catalanes nacionalistas «moderados» que, según él, no querían la ruptura con España.

Recuerdo haberle dicho en mi última entrevista con él antes de que accediera a la Corona que tuviera cuidado con no trasladar a sus interlocutores un mensaje equívoco, no fuera a ser que creyeran que la Casa Real también estaba dispuesta al mercadeo. Y me atreví a señalarle que sería bueno que en esos viajes viera y escuchara a «los otros catalanes», Sociedad Civil Catalana, por ejemplo. Y, sobre todo, que tuviera presente que la monarquía no tenía otro sentido que defender la unidad de la nación española y que si en algún momento dejaba de ser útil para eso simplemente no nos serviría para nada. Asintió y sonrió, aunque no sé lo que pensó. Cuando se lo conté a mis compañeros de la dirección coincidieron conmigo en que valía la pena haberme arriesgado a parecer impertinente, porque se supone que para eso te llaman, para que les digas lo que piensas. Yo también lo creo aún hoy.

En los primeros momentos de la implosión secesionista, la oligarquía catalana jugó un papel clave y enormemente irresponsable. Aunque es posible que en su comportamiento hubiera algo más que imprevisión o cálculo erróneo; yo diría que llegaron a la conclusión de que algo podían sacar azuzando el victimismo y exprimiendo al Estado; es como si pensaran que aunque la independencia política no era posible ni deseable, de esta jugada iban a conseguir mayores cuotas de poder para mandar en España a través de las finanzas catalanas. Tener una hacienda propia, unos tribunales de justicia propios, una agencia financiera, unos órganos propios de supervisión y control les iba a permitir cuestionar y dirigir las inversiones, las operaciones de negocios, las decisiones estratégicas... En suma, que la operación podía brindarles más influencia a las treinta familias que siempre han mandado en Cataluña. Nada más y nada menos que el cumplimiento del viejo sueño nacionalista: gestionar la independencia pagada por España.

Solo así se explica que la prensa «moderada» y la institucional, cuyos dueños coinciden con los citados en el párrafo anterior e incluso tienen títulos nobiliarios, acompañaran al monte al visionario Mas y, de forma insólita en un Estado democrático, hicieran un editorial conjunto sumándose al discurso y a las peticiones de los secesionistas.

Pero a pesar de los alarmantes signos externos nadie parecía tomarse en serio lo que estaba pasando en Cataluña. Quizá las poderosas familias catalanas pensaron que podrían parar la locura en cualquier momento; pero les pudo la avaricia y cuando quisieron echar el freno el tren tenía vida propia y el maquinista ya no les hacía caso.

Como hemos visto en capítulos anteriores, el nacionalismo catalán había implosionado y el discurso independentista se extendía mientras Artur Mas, ese hombre, se mostraba dispuesto a liderar la ruptura con España. La escalada verbal no parecía tener límite y la sociedad catalana estaba cada vez más tensionada. La mentira «España nos roba» y la falacia «Tenemos derecho a decidir» lo impregnaban todo y conseguían adeptos entre personas que cualquiera consideraría formadas e informadas. La otrora insignia del independentismo, la estelada, sustituyó en plazas y balcones a la senyera sin que los poderes públicos —ni catalanes ni nacionales— hicieran nada para restituir en su puesto a la bandera catalana, que es el símbolo de la Constitución y de la democracia y que representa a todos los ciudadanos. La violencia simbólica se abrió paso y la división entre conciudadanos no hacía sino crecer mientras los representantes del Estado, primero el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy después, seguían en Babia. Y el jefe del Estado ni estaba ni se le esperaba; es como si hubieran llegado a la conclusión de que bastante tenía con ir apagando sus fuegos familiares...

Desde nuestro partido y a través de nuestro grupo parlamentario pusimos en marcha toda una estrategia de pedagogía y radicalidad democrática; y decidimos escribir un libro, coordinado por Fernando Savater y Ramón Marcos Allo, para llenar el vacío. Frente a una estrategia claramente meditada y bien financiada, de fabricación de un potente discurso nacionalista, millones de españoles se encontraban huérfanos de planteamientos para defender algo tan sencillo como la idea de España, una realidad con más de quinientos años de historia que ha sido un proyecto exitoso y que sigue siendo la plataforma más segura y potente para navegar por las aguas turbulentas de un mundo globalizado, complejo e incierto.

El libro se publicó en la primavera de 2014 con el título de A favor de España. En él participaron expertos y académicos independientes junto a otros colaboradores habituales de UPyD, procedentes varios de ellos del País Vasco y Cataluña. Abordamos todas las facetas y analizamos todas las falacias y contradicciones que se encuentran en la estrategia secesionista, así como los costes directos e indirectos (económicos, sociales, políticos...) que el proceso secesionista tendría para todos los españoles, incluidos naturalmente los propios ciudadanos catalanes.

Nuestro libro no tuvo mucha difusión y los medios de comunicación apenas le hicieron caso. No era políticamente correcto llamar la atención sobre lo que estaba pasando ante el silencio cómplice de los actores económicos y políticos del país. Pero aunque nuestro discurso no resultaba eficaz para construir un relato alternativo al del nacionalismo y al del pasteleo, el relato de la verdad sí que incomodaba a quienes habían adoptado la estrategia del silencio y esperaban el momento de la componenda.

El sistema tolera y sabe convivir con los antisistema; pero no sabe qué hacer con un partido insider que resulta ser una mezcla explosiva de radicalismo e institucionalidad, imposible de asimilar por los defensores del statu quo, pues son conscientes de que si ese partido tiene éxito se les llevará por delante. Por eso a quienes han vivido toda la vida de la alternancia pactada y/o sobrevenida se les encendió la «alerta UPyD». «¿Qué se creen estos? Romper el bipartidismo, denunciar la corrupción, denunciar las cesiones a ETA, el control de la justicia, los privilegios fiscales... y ahora, ¿también quieren estropearnos el enjuague catalán y señalarnos a todos?» Y pusieron en marcha una estrategia para ningunearnos y, en última instancia y si fuera necesario, acabar con nosotros. «Dejadnos en paz», me decían en el Congreso diputados de todo signo y condición cuando les afeaba su cobardía en relación con el nacionalismo irredento catalán y con sus incumplimientos de las leyes y las sentencias de los tribunales. «Ya lo arreglaremos, pero hay que ser discretos, no lo estropeéis...», me insistían cuando llevábamos a la tribuna los debates a que en otros capítulos me he referido. Finalmente el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, me lo explicitó en su despacho. A principios de 2014. Cuando todo esto estaba ocurriendo, yo era la política nacional mejor valorada y las encuestas nos eran muy favorables. Le estaba recriminando que no fueran activos en Cataluña, que el Estado hubiera abandonado la batalla, que no se comportaran, por ejemplo, como el Gobierno del Reino Unido en relación con el referéndum de Escocia, que no obligaran a las instituciones catalanas a cumplir las sentencias de los tribunales y acatar las leyes... Y le dije que cuando UPyD fuera decisivo para construir mayorías íbamos a obligarles a cambiar todo lo que el bipartidismo rampante no había querido tocar. Entonces el ministro, en un rasgo de sinceridad muy propia de él (incontinencia verbal, lo llaman algunos), me espetó: «Rosa, no te engañes; si alguna vez ponéis en riesgo el statu quo nos pondremos de acuerdo y os aplastaremos como a una nuez». Y mientras me lo decía hizo el signo gráfico de cerrar la mano sobre un cascanueces...

Yo salí de su despacho y se lo conté, preocupada, a mis compañeros de la dirección del partido. Recuerdo que todos coincidimos en que nuestra férrea defensa de la unidad de España nos iba a traer tantos problemas con el PP como con el PSOE; como ocurrió en relación con el fin de ETA o como ocurría con nuestra lucha contra la corrupción: el sistema no podía soportar un partido insobornable, fiel a los principios y decidido a cambiar la política a fondo y de fondo. Pero, por soberbia o ingenuidad, nos creímos suficientemente fuertes para soportarlo y no nos dimos cuenta, yo la primera, de lo que se nos venía encima.

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Y DECIDIERON CREAR UN COMPLEMENTO [...] POLÍTICO PARA MANTENER EL STATU QUO

Aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos

por quienes no podían escuchar la música.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Y en estas estábamos cuando quienes mandan en España llegaron a la conclusión de que los casos de corrupción habían provocado un desgaste enorme en los dos partidos que han gobernado España alternativamente y que ese desgaste ponía en riesgo el statu quo que les ha permitido a ellos hacer negocios y mandar en el país sin presentarse a las elecciones. Las cosas habían ido tan lejos —se había rasgado el velo— que el control de daños se les fue de las manos y el viejo sistema de partidos se veía ya afectado gravemente por los casos de corrupción política que estallaban cada día. Si a eso le sumamos la crisis económica que asola España, los desequilibrios territoriales y la pulsión secesionista en Cataluña, la situación empezaba a resultar insostenible. La creciente exigencia de regeneración democrática por parte de la sociedad en su conjunto —algo inconcebible cuando nació UPyD y que nuestro partido puso en la agenda política desde el primer día— amenazaba con dar al traste con las sólidas mayorías alternativas que hemos conocido desde que hay democracia. Por si eso fuera poco, Convergència i Unió, el socio preferido de cualquier Gobierno en España, se había ido al monte con los secesionistas catalanes. El panorama resultaba tan complejo que quienes dirigen España desde los despachos de lo alto de la torre, representantes de las grandes empresas y de la banca se reunieron para evaluar los daños y redefinir la estrategia.

La primera opción que barajaron los señaladores de presidentes de Gobierno para enfrentar la crisis económica y la situación en Cataluña es una gran coalición entre el PP y el PSOE. Pero esa posibilidad se fue al traste por la debilidad del PSOE como consecuencia de sus luchas de liderazgo y de la irrupción de Podemos. Así que llegaron a la conclusión de que, lo mismo que antes vieron bien e incluso apoyaron el surgimiento de un partido (Podemos) que desgastara al PSOE y lo hiciera más sumiso —luego hablaremos de eso—, quizá había llegado la hora de lanzar un partido que complementara al PP y que estuviera dispuesto a hacer lo que fuera «pertinente» tanto para Cataluña como para España.

La situación catalana —con CiU en el monte y el PP y el PSOE en situación de extrema debilidad— es el argumento que se impone para tomar la decisión de impulsar un nuevo partido «moderado» a nivel nacional. Los del dinero —con una enorme influencia de la oligarquía y la banca catalana— siguen pensando que algo habrá que darles a los nacionalistas catalanes para que podamos tener la fiesta en paz durante otros diez o quince años. Y dado que PSC y PP no suman suficiente en Cataluña y que no son capaces de ponerse de acuerdo a nivel nacional, necesitan un tercer partido que se sume a la operación. Además, habrá que vender la «inevitable» cesión en el resto de España; y los debilitados PSOE y PP necesitan el complemento de alguien que no sea «sospechoso» de ser filonacionalista.

La operación ya había sido puesta en marcha a modo de ensayo un año antes, en 2013, cuando empezaron a temer que lo de CiU no tenía arreglo. La oligarquía catalana, que también se sienta en los despachos de lo alto de la torre de Madrid, convenció a sus correligionarios de que lo de Cataluña iba a requerir un enjuague más que económico. Y que para ello hacían falta más votos que los que sumaban un PP y un PSOE desplomados en Cataluña y con graves dificultades de entendimiento a nivel nacional. El tablero requería un tercer partido «nacional», con presencia en el Parlamento catalán y en el de España, que sustituyera a CiU y jugara su papel «histórico»: sacar ventajas para Cataluña a cambio de apoyar en Madrid al partido de turno y mantener el statu quo.

En el Parlamento de Cataluña estaba Ciutadans, un partido moderado, maleable, que nunca había generado problemas a nadie, ni siquiera a Artur Mas. Ninguna estridencia, buen tono y apariencia de partido nuevo, porque aunque llevaba desde el año 2006 en el Parlamento autonómico estaba políticamente inédito. Sin programa político conocido, sin perfil ideológico señalable (salvo que no eran nacionalistas), sin haberse metido nunca en ningún fregado complicado, sin haber puesto en brete jamás al establishment, con un líder joven que nunca dijo una palabra más alta que otra..., parecía una buena opción. Pero su problema es que no tenía presencia institucional fuera de Cataluña.

A los que se sientan en los despachos de lo alto de la torre les causaba buena impresión su único líder conocido, Albert Rivera. Pero todos ellos recordaban la operación Roca y sabían que no podían repetir el mismo error de lanzar a un catalán a «conquistar» España. Así que prepararon la operación con más tiempo, le abrieron los despachos alfombrados al flamante presidente de Ciutadans y empezaron a examinarle. Y les gustó lo que vieron: era un chico dúctil, sin prejuicios, con dotes dialécticas, telegénico... Y decidieron lanzar el experimento poniendo a su servicio todos los instrumentos precisos para dar a conocer fuera de Cataluña al «joven líder». Y así surgió la operación Movimiento Ciudadano por toda España.

Pero para que la campaña de lanzamiento de la nueva marca política nacional tuviera éxito era preciso eliminar del camino algún que otro escollo. UPyD podía representar una molestia, pues parecíamos ocupar el mismo espacio electoral, habíamos elaborado y desarrollado un discurso y unas propuestas políticas sólidas y centradas, teníamos equipos, éramos un partido profundamente institucional, «de orden», teníamos una presencia en el Parlamento nacional, en el Parlamento Europeo, en el de Madrid y en el del País Vasco, generábamos empatía, teníamos buenos resultados electorales y mejores expectativas entre la gente joven, entre los que nunca habían estado en política, entre los desencantados...

El lector puede preguntarse a estas alturas por qué los del dinero no eligieron a UPyD para la operación ya que, aunque no estuviéramos en el Parlamento autonómico de Cataluña, el acuerdo para Cataluña habría de gestarse a nivel nacional y ahí teníamos presencia y discurso. La respuesta es obvia: a nosotros nos habían testado y no habíamos aprobado: no éramos manejables. Nuestra idea de lo que había que hacer en España no pasaba por establecer más singularidades para Cataluña sino por acabar con las que ya existían en el País Vasco y Navarra. Con nosotros no podían contar para «buscar fórmulas imaginativas y encajar a Cataluña en España». Con nosotros no podían contar para mantener los privilegios de la clase política, los órganos de supervisión y de control intervenidos, la justicia controlada... Con nosotros no podían contar para echar tierra sobre los escándalos de corrupción cuando lo consideraran pertinente. Con nosotros no podían contar para hacer el enésimo enjuague con el nacionalismo, para que todo siguiera igual.

Además, nosotros habíamos sentado en el banquillo a la gente más poderosa de toda España: el caso Bankia existía gracias a que existía UPyD, el robo a los preferentistas había llegado a la Audiencia Nacional gracias a UPyD y la corrupción institucionalizada de España se había destapado sin misericordia gracias a UPyD. A quienes se sientan en los despachos de lo alto de la torre no les importaba ya a esas alturas el destino de Rodrigo Rato y del más de un centenar de personalidades de todos los colores políticos que estaban pasando por el banquillo de los acusados para responder al interrogatorio de Andrés Herzog; pero sí les importaba, y mucho, que un pequeño partido político hubiera puesto en jaque a la clase política y financiera de este país sin pedir permiso a nadie. La autonomía política de que hacía gala UPyD era un mal negocio para ellos.

Y optaron por Ciutadans (desde ese momento, Ciudadanos). Y en octubre de 2013 apoyaron, poniendo a su disposición todos los medios y recursos necesarios, el lanzamiento a nivel nacional de una plataforma llamada Movimiento Ciudadano. Y los dueños de los medios de comunicación —que son la misma media docena de personas que se sientan en los despachos de lo alto de la torre— convirtieron a un diputado autonómico en protagonista de todas las tertulias de todas las televisiones privadas de España. Y durante todo el periplo de «presentación» por España, que duró más de un año, ningún periodista de ningún medio le preguntó al joven líder qué pensaba o qué proponía sobre nada: ni de economía, ni de modelo de Estado, ni de educación, ni de sanidad... Nada.

El discurso que le escribieron a Rivera para esta campaña era muy sencillo; por una parte, debía trasladar la imagen de que era algo nuevo que nacía para «superar las siglas», porque «somos más que un partido», porque «somos un movimiento». Y nadie le llamaba la atención sobre su condición de presidente de un partido político. Por otra parte había de insistir en la idea de que él quería «sumar con UPyD», reforzando así la idea de que ambos partidos ocupan el mismo espacio político porque son lo mismo. Recuerden que en ese momento nuestro partido tiene ya atribuido un perfil regenerador, es un partido nacional, defiende sin complejos la idea de España, es limpio y transparente y ocupa un espacio central en la política nacional. Y yo sigo siendo la líder política nacional mejor valorada. Se trata pues de colocar a Ciudadanos en el espacio que se ensanchará cuando definitivamente se rompa la hegemonía del bipartidismo.

El guión se desarrolla según lo previsto y conforme se va afianzando su presencia mediática fuera de Cataluña Rivera comienza a repetir en todas sus múltiples intervenciones públicas, tertulia tras tertulia, que él quiere unirse con UPyD, que «él lo ha pedido seis veces... y que Rosa Díez siempre ha dicho no». El «buen chico» insiste en las bondades de esa unión, en que somos lo mismo, en que eso es lo que España necesita... Y la percepción va calando y llega un momento en que la primera pregunta a la que hemos de responder cada vez que conseguimos una entrevista en cualquier medio de comunicación es por qué no nos unimos con Ciudadanos. De nada sirve que intentemos explicar nuestras propuestas sobre la crisis, sobre el paro, sobre los desahucios, sobre los privilegios, los aforamientos...; de nada sirve que expliquemos lo que somos en base a lo que hacemos y no en base a la percepción que se tenga o se quiera construir sobre unos u otros. Todo está diseñado para orillarnos primero y echarnos del camino después, aunque entonces nosotros no lo percibiéramos en toda su crudeza. Y empieza a extenderse y calar la idea de que Ciudadanos y UPyD somos lo mismo y de que soy yo, Rosa Díez, quien no quiere ese acuerdo por razones «personalistas». Empieza la operación antipersona para destruir a UPyD.

El llamado Movimiento Ciudadano ocupa cada vez más portadas, columnas, tertulias... Los medios cuentan sus «progresos» dando por válida cualquier cifra de crecimiento que el joven líder suelte en un tuit; y se aprecia que lo que les sobra es dinero para moverse por toda España. Simultáneamente, Ciudadanos —o sea, los mismos pero con el nombre del partido— va cerrando acuerdos electorales con partidos locales de todo tipo y condición, en toda España. Y fruto de sus alianzas con partidos localistas y nacionalistas pasan a tener, sin mediar elecciones, más de doscientos concejales que se suman a la docena escasa que obtuvieron en las elecciones de 2011. Por supuesto que nadie da noticia de estos pactos propios del más viejo y casposo transfuguismo. Y esos partidos locales, contradictorios, localistas, regionalistas, que proclaman a su pueblo como el centro del mundo y para el que reclaman los mismos privilegios que cualquier partido nacionalista para su región (León comunidad autónoma propia, Jerez provincia andaluza propia, etc.), constituyen la base electoral con la que Ciudadanos se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Todo vale para el convento.

Y con esos mimbres —y una gran cantidad de medios de desconocida procedencia—, esta vez sí, Ciudadanos consigue lo que no logró cinco años antes cuando se presentaron a las elecciones al Parlamento Europeo en alianza con el partido xenófobo y antieuropeo Libertas —a pesar de que también entonces se embolsaron una ingente cantidad de euros, más de un millón según diversas declaraciones— y obtienen dos eurodiputados.

Y a la vez estalla con fuerza el fenómeno Podemos, cuya campaña fue protagonizada —en el mismo tiempo y casi en los mismos medios de comunicación— por un casi desconocido profesor universitario, Pablo Iglesias, que traducía a propuesta electoral el discurso del 15-M y hablaba en contra de «la casta política». Y la primera consecuencia de la irrupción de Podemos es que el PSOE se debilita demasiado y la primera opción, la gran coalición, ha de ser desechada. Es en ese momento, en junio de 2014, cuando al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, se le escapa en rueda de prensa la idea de crear «una especie de Podemos de derechas», porque «el Podemos que tenemos nos asusta un poco». Y los que se sientan en los despachos de lo alto de la torre ponen en marcha el plan B con sus dos opciones posibles: complemento o recambio para el PP.

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LA APERTURA DEL MAPA POLÍTICO [...]: EL ESTABLISHMENT SE ALARMA

Quien no se mueve no siente las cadenas.

ROSA LUXEMBURGO

Las elecciones europeas de 2014 nos muestran una foto que rompe la imagen tradicional: baja la suma PP/PSOE, cambia el tablero y aparecen nuevos jugadores que se disputan el espacio político y electoral. UPyD obtiene 1.015.994 votos, el 6,5%, y cuatro escaños (partíamos de un escaño, 451.866 votos, el 2,85%); y entran en el Parlamento Europeo Podemos con 1.245.948 votos, el 7,97%, y Ciudadanos con 495.114 votos, el 3,16%.

Esa imagen dispara todas las alarmas del bipartidismo y sus soportes. La primera reflexión en los despachos de lo alto de la torre fue que se les había ido la mano «con estos de Podemos». La idea «genial» de lanzar un partido a la izquierda del PSOE que conectara con las capas sociales emergentes y críticas y que recogiera electoralmente lo que supuso al 15-M (lo que IU no podía hacer por su vinculación comunista y su historia) parecía haber ido demasiado lejos. La fuerza mediática y social del fenómeno Iglesias/Podemos, que se subía a la ola de otros similares en el resto de Europa —unos de corte más a la derecha y otros más a la izquierda, pero que tenían en común el discurso populista y crítico hacia el poder establecido—, empezó a preocuparles. Cual monstruo de Frankenstein, la criatura había cobrado vida propia y amenazaba con birlarle la novia al inventor...

Que Podemos fue al inicio una operación impulsada por los mismos que luego patrocinarían a Rivera es algo que numerosos periodistas y prescriptores de opinión conocen a la perfección y mucho antes que yo, pero sobre lo que no quieren escribir o hablar porque, al fin y al cabo, quienes han sostenido e impulsado esas operaciones políticas son los mismos que les pagan a ellos el sueldo a fin de mes.

Para añadir luz a esta afirmación les contaré el contenido de una conversación que mantuvimos el 11 de marzo de 2015 (once días antes de las elecciones autonómicas en Andalucía) con los máximos responsables de un grupo financiero muy importante.

Yo había coincidido con el presidente del grupo en septiembre de 2014, durante la recogida del premio que nos otorgó El Nuevo Lunes tras la votación de 110 periodistas de distintos medios de comunicación que nos reconocieron como el partido más transparente de España. Allí hablamos brevemente y quedamos en vernos y charlar algún día.

La reunión se celebró sobre las 12.30 de la mañana, en uno de esos despachos situados estratégicamente en lo alto de la torre. Yo iba acompañada por Ramón Marcos Allo, entonces diputado y candidato autonómico en Madrid y miembro de la dirección nacional de UPyD, y a nuestro interlocutor le acompañaba uno de sus directores generales, hombre de su confianza y catalán, por más señas.

En la sala, acristalada y funcional, sin ningún tipo de personalización, nos sentamos alrededor de una mesa, Ramón y yo en el centro y flanqueados por ambos directivos bancarios.

Comenzó la conversación preguntándonos cómo nos iba. Yo les expliqué brevemente nuestra situación y las dificultades —económicas, de falta de crédito, de escasa presencia mediática— por las que estábamos atravesando y pasé a hablarles de lo que verdaderamente nos importaba y que había motivado por nuestra parte esa reunión: de los problemas del país en general y particularmente de Cataluña.

El máximo responsable de la entidad financiera intervino para exponernos cuál era la situación de su empresa y para contarnos que a pesar de la crisis les estaba yendo bien. Nos comentó que para ellos lo más importante era la estabilidad española y europea, ya que la buena marcha de su negocio dependía de ella. Nos recalcó, tras mi insistencia sobre la gravedad de la situación política en Cataluña, que ellos ya no eran una empresa catalana, que habían trasladado su domicilio social a Madrid y que para ellos era esencial el mercado español.

Insistió mucho en que la decisión que habían tomado era irrevocable y que su deseo era internacionalizarse y expandirse por Europa. Hablándonos de esto nos contó que negociaron con Mas el traslado de la sede a Madrid y que el propio presidente de la Generalitat estuvo de acuerdo con esa decisión. Con esto quise entender que si los políticos hubieran sabido negociar bien con Mas las cosas podían haber ido mejor. Vamos, que a su juicio seguía habiendo márgenes para el acuerdo...

En esa fase de la conversación yo volví a insistirles sobre nuestras propuestas sobre España, en la conveniencia de que hubiera un mercado interior sin barreras y verdaderamente común, en el dislate que suponía el sistema fiscal vasco y navarro, en los fallos por falta de control democrático y por el cúmulo de duplicidades que se producían en las comunidades autónomas y otras administraciones, en el horror de la corrupción y en la necesidad de reformar la Constitución, pero no para encajar a Cataluña sino para hacer funcional el Estado y garantizar la igualdad de los españoles. Les recalcamos que había sido UPyD quien por primera vez había diagnosticado esos problemas hacía años y que habíamos hecho propuestas de reforma para solucionarlos, algunas de las cuales eran en ese momento —y tras habernos sido rechazadas— el centro del debate político en España. También recalqué que nosotros no aceptaríamos que la solución del tema catalán fuera ceder a un pacto fiscal que diera nuevos privilegios a otra comunidad autónoma, porque rompería la igualdad y la solidaridad. Y que UPyD nunca estaría dispuesto a bendecir o a callar ante tal enjuague. Ramón Marcos mencionó en este punto que la Comunidad de Madrid podía ir detrás y que Ignacio González ya estaba pidiendo un trato especial.

Él cogió —aparentemente— el guante y nos dijo que para ellos lo más importante era la unidad de mercado y la unidad fiscal de España y que no debía haber ningún privilegio fiscal ni barreras interiores y que lo que debíamos conseguir era la unión fiscal europea. Que ir en la dirección contraria sería muy perjudicial para su empresa y para las principales empresas del país.

En ese punto de la conversación les preguntamos directamente si conocían los apoyos del IBEX 35 a Ciudadanos precisamente para favorecer ese enjuague, esos «márgenes» de los que él había hablado. Le recordé, a modo de ejemplo, la declaración del presidente del Banco Sabadell de junio de 2014. Nos dijo que él no sabía nada de eso, que ya iba a preguntar... Y en esas nos espetó que por qué no hablábamos con el PSOE y pactábamos con ellos (!?).

En un momento de la conversación «el jefe» se disculpó y salió de la sala para clausurar una reunión en otro de los despachos del edificio, precisamente con gente del IBEX, nos dijo, y que ya les iba a preguntar si ellos estaban apoyando a Ciudadanos...

A partir de entonces, solos los tres, el número dos empezó a hablar con mucha soltura y aparente confianza. Nos contó que esa misma mañana había estado en Moncloa con Soraya Sáenz de Santamaría y que habían estado hablando (se supone que en esa reunión había más gente) de la situación política, de Podemos y de Ciudadanos. Nos dijo, para nuestra sorpresa, que sería conveniente que fuéramos a hablar con ella porque podría haber puntos de coincidencia y que podría ayudarnos...

No sé exactamente cómo pero de esa conversación y de los tejemanejes que hacían, salió el tema de Podemos. Fue entonces cuando nos contó que la decisión de impulsar a Podemos se había tomado con el conocimiento y aquiescencia de Moncloa y que en la gestación había estado Soraya y que Rajoy había conocido siempre el asunto. La razón para tomar esa decisión —nos dijo— había sido intentar redirigir hacia una nueva opción el voto del descontento, el del 15-M, dividir el voto de la izquierda y, de paso, reducir el riesgo de que el PSOE se hiciera con una parte sustancial de esos votos. Nos contó que Pedro Arriola tuvo la idea y que pactó con un importante empresario catalán del sector audiovisual que se diera a Podemos bastante tiempo en televisión y un trato adecuado, en especial a su líder, Pablo Iglesias. Esta estrategia tuvo efecto en las elecciones europeas en las que Podemos logró un gran resultado; pero el éxito fue mayor del esperado —sobre todo por el arrastre posterior— y nuestro interlocutor nos reconoció que en ese momento Soraya Sáenz de Santamaría y el PP empezaron a preocuparse. Entonces desde Moncloa se pidió al mismo empresario que le quitara el apoyo a Pablo Iglesias y a Podemos. Pero él, empresario al fin y al cabo, les pidió tiempo para reducirles el apoyo y restringirles la cuota de pantalla, porque su presencia les estaba dando mucha audiencia en aquellos días y no querían que su inversión acabara siendo rentabilizada por la competencia. Así que quedaron en ir bajándoles los apoyos mediáticos poco a poco y en ir destapándoles «escándalos», también paulatinamente. (Cuando estábamos teniendo esa reunión ya se habían publicado los chanchullos fiscales de Juan Carlos Monedero y las «becas» de Íñigo Errejón.)

Siguiendo con la conversación nuestro interlocutor —realmente estaba muy locuaz— nos habló de Ciudadanos. Nos dijo que en la reunión de por la mañana (en Moncloa) habían estado hablando sobre ellos y nos volvió a insistir que fuéramos a ver a Soraya para que nos contara y nos ayudara. Fue en ese momento cuando se explayó sobre Rivera. Nos dijo que ese «chico», en La Caixa, era un abogado más entre un pool de más de 2.000 abogados; que además era alguien que llevaba muy poco tiempo contratado cuando lo dejó por la política, y que no destacaba por nada en ese pool (nos dio a entender que a su juicio no tenía mucha preparación); y que él creía que una persona con sus características no llegaría en una gran empresa financiera ni a jefe de departamento. Y mientras nos contaba todo eso nos insistía en que no nos uniéramos a Ciudadanos, que nosotros no éramos como ellos.

En esas volvió su jefe y él se calló. Y el boss nos dijo, nada más entrar, que había preguntado (se supone que a algunos de los presidentes del IBEX 35 con quienes había estado reunido en aquel rato) si ellos habían estado apoyando a Ciudadanos y que todos se lo habían negado... Yo me acordé de El Padrino: que parezca un accidente.

La conversación se prolongó un rato más hablando sobre la fiscalidad común, el mercado interior común, algo sobre la corrupción, el amiguismo en España, la falta de reforma de las administraciones, también sobre el Gobierno y sus «errores» en Cataluña... Y nos volvieron a preguntar por qué no pactábamos con el PSOE.

No sé muy bien si antes de nuestra llegada habían acordado entre ellos el reparto de papeles. Pero tanto a Ramón como a mí nos quedó claro que conocían perfectamente todo lo que estaba pasando y actuaron ante nosotros, sobre todo el jefe, con un cinismo mayúsculo.

También sabemos —los periodistas nos lo contaron hace años en privado— que las empresas catalanas han financiado directamente a Ciudadanos. Por eso cuando en 2015 Duran i Lleida rompió la coalición nacionalista y fue a pedir dinero para Unió, muchos empresarios catalanes que antes le habían ayudado le dijeron que ya estaban comprometidos con Ciudadanos y que habían colocado sus apuestas en el elegido para sustituirle en su tradicional función de «conseguidor» para Cataluña y «hombre de Estado» para España. O sea, en Rivera.

También sabemos de las portadas pagadas de los medios de comunicación dedicadas a Rivera antes de las elecciones andaluzas, municipales y generales de 2015. Aunque según parece no es tan extraordinario ese comportamiento, pues el actual presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le contó a Ramón Marcos en un previo a un debate en La Sexta con Ana Pastor (el 15 de mayo de 2015) cómo José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura, había pactado con el director de un muy importante diario de circulación nacional una entrevista suya a cambio de dinero, aunque en este caso el pago se hizo en publicidad institucional. Le dijo que pagaron por la portada unos 300.000 euros.

O sea, que esa reunión en uno de los despachos de lo alto de la torre nos permitió confirmar lo que ya sabíamos: que los muñidores de presidentes lanzaron en un momento dado a Podemos/Iglesias y que en esos días y para contrarrestar estaban promoviendo con todos los medios a su alcance a Ciudadanos/Rivera.

Asusta pensar que media docena de señores que no se presentan a las elecciones puedan decidir en un despacho quién será el presidente del Gobierno de España. Media docena de señores que hacen rayas en una cuartilla en blanco y diseñan la estrategia: primero, hay que debilitar al PSOE para que, llegado el caso, acceda a formar una gran coalición apoyando al PP. Era una apuesta complicada porque en España no hay experiencia en coaliciones entre los partidos que juegan a la alternancia; pero la crisis económica y la delicada situación en Cataluña les dio argumentos para forzar la situación a favor de la opción preferida de quienes se sientan en los despachos de lo alto de la torre, en los salones reales y en los despachos gubernamentales. Y creyeron que los escándalos de corrupción que sacudían a ambos partidos supondrían un acicate para forzar el acuerdo. «Entre bomberos, no pisarse la manguera.» Política de protección mutua, vamos.

Por eso y paralelamente a la apuesta por Podemos, cuando aún estaban en la primera opción, buscaron en el PSOE a alguien que estuviera dispuesto a liderar esa opción dentro de su partido. Y en los despachos de lo alto de la torre —y en los salones gubernamentales y reales— decidieron que, dado que Rubalcaba se iba, la persona más adecuada para esa operación era Susana Díaz. La apoyaron para Andalucía (hay que ver cómo maquillaron su perfil, cómo la presentaron como la nueva generación, el cambio, la mujer de Estado, el aire nuevo...obviando que su única experiencia era haber sido del aparato) y la animaron para que diera el paso de encabezar el PSOE y facilitar la operación Génova/Ferraz.

Todos los despachos, incluidos los reales, se abrieron para ella. Pero fracasaron en el primer intento y ella no dio la batalla para la secretaría general del PSOE, aunque inicialmente se reservó para la candidatura a la presidencia del Gobierno. Primer revés de la opción A, la gran coalición.

Pero lo que verdaderamente dio al traste con esa operación fue el resultado de Podemos en las europeas, su proyección posterior y el ascenso meteórico en las encuestas, unido al hecho de que su hermano político, Syriza, ganara las elecciones en Grecia. El PSOE quedó tan debilitado por los resultados que las posibilidades de una alianza con el PP, con Susana o sin ella, se convirtieron en imposibles. Y en los despachos de lo alto de la torre se alarmaron. Fue entonces cuando en esos mismos despachos, entre llamadas a Alemania y análisis de los resultados del IBEX 35 y la prima de riesgo, apostaron por reforzar la «operación complemento».

Aunque el PP aún no se había enterado, en esos despachos de los poderosos había ya voces que empezaban a preguntarse si no sería necesario dar un paso más en lo que en un principio se diseñó como un complemento para el PP para evitar que el voto de la derecha se quedara en casa tras los escándalos de corrupción, la subida de los impuestos, el mal Gobierno y el desencanto entre su propia gente. Inicialmente Ciudadanos estaba llamado a cumplir el doble objetivo de completar la mayoría para el enjuague catalán y recoger el voto conservador que corría el riesgo de quedarse en la abstención. Luego, calmados los ánimos, ya volverían las aguas a su cauce. Y si las cosas iban mal y el PP se hundía más de lo previsto, bien estaba tener listo un partido que pudiera, obedientemente, sustituirlo. Si en su día el Partido Popular sustituyó a Alianza Popular (con el paréntesis de UCD), ¿por qué no podía ser que al PP le sustituyera ahora, al menos por un tiempo, Ciudadanos? Los continuos casos de corrupción que seguían salpicando al PP, la ruptura en Cataluña (que seguía su proceso ante la bobalicona contemplación de Rajoy) y las malas relaciones que se habían enquistado entre el Gobierno y algunas de las empresas más poderosas contribuyeron a abonar esa hipótesis de trabajo. Y nuevamente, los poderosos que se sientan en los despachos de lo alto de la torre se sentaron ante el tablero a mover las fichas. Y lo prepararon todo para que el complemento pudiera, llegado el caso, convertirse en sustituto. Al fin y al cabo, lo importante para ellos era tener el tablero en sus manos y mover las fichas —o los peones— a voluntad.

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DE CÓMO MINAR UN PROYECTO [...] POLÍTICO Y DESTRUIR UNA REPUTACIÓN PERSONAL

A cada acción siempre se opone una reacción igual.

Tercera Ley de Newton

No hace falta que explique que quienes se reúnen en los despachos de lo alto de la torre no son un ente unívoco; ellos tienen sus más y sus menos y no siempre están de acuerdo en la táctica a aplicar aunque compartan la estrategia. Son una coalición de poderosos cuyos consejos/mandatos son en ocasiones contradictorios, lo que explica que se les fuera la mano con Podemos o que inflaran la burbuja de Ciudadanos hasta el extremo de que el resultado de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 produjera la mayor incertidumbre conocida en España desde que vivimos en democracia.

Pero estamos en las jugadas previas: Ciudadanos ya ha entrado en el Parlamento Europeo, tienen casi quinientos mil votos a nivel nacional y su marca y espacio se confunden adecuadamente con UPyD. Ya tienen sobre el tablero un partido nacional con presencia en el Parlamento de Cataluña dispuesto a sustituir a CiU para hacer el enjuague que sea menester. La percepción, hábilmente instalada, de que Ciudadanos es lo mismo que UPyD les ha dado votos en las elecciones europeas y ha frenado nuestras expectativas, pues aunque obtuvimos cuatro diputados y el mejor porcentaje de votos de nuestra historia —más que el de las elecciones generales de 2011 que nos permitió tener grupo parlamentario—, el hecho de que Podemos se situara por delante de nosotros y la propaganda mediática que se desató sobre el fenómeno Rivera trasladó a la opinión pública una imagen negativa sobre UPyD.

Una vez asentada en el imaginario colectivo la percepción de que UPyD y Ciudadanos son iguales, lo siguiente a trabajar es el voto «útil»: «Si son iguales, votemos a quien más posibilidades tenga.». La operación de acoso hacia nosotros se intensifica. Un Rivera entre triunfante y «humilde» explica por los platós que «juntos» hubiéramos derrotado a Podemos. Los hacedores de líderes y encuestas extrapolan los resultados de las europeas a las generales y todos «coinciden» en la necesidad de que nos juntemos para evitar el triunfo de Podemos.

A la vez en España se ha puesto de moda «lo nuevo», como en la época de Zapatero triunfó «el talante». Podemos tiene éxito, se dice, porque es nuevo; los ciudadanos están hartos de la vieja política y necesitan caras nuevas, partidos nuevos, gente nueva cuyo mérito principal consista en no ser conocido por nada, en no tener historia. Como el papel lo soporta todo, basta con hacer promesas atractivas mientras sonríes mirando a cámara.

Llegado ese momento puede haber quien se pregunte por qué la coalición de poderosos no se limitó a pasar de nosotros mientras multiplicaban el apoyo a Ciudadanos ahora que ya habían conseguido que rompieran la barrera catalana. La explicación es sencilla, de hecho nos la han brindado algunos de esos expertos que asesoran a las fortunas: mientras UPyD tenga presencia institucional seguirá perturbando la imagen hábilmente construida de que «el cambio» eran otros y tendrá instrumentos para seguir creando problemas por indomables e imprevisibles. Ciudadanos no necesita ya «nuestros» votos (tienen recursos de sobra para seguir copando portadas y entrevistas a Rivera y, tras el sobresalto de Podemos, empiezan a recibir ayuda de Alemania, incluso de la propia Unión Demócrata Cristiana) pero sí les vendría bien apoderarse del prestigio de nuestra marca. Y yo sigo siendo la líder política mejor valorada de España. Los hacedores de presidentes piensan que si nosotros seguimos en las instituciones locales, regionales o nacionales cuando ellos lleguen la comparación colocará a Ciudadanos ante su propia imagen, ante lo que son de verdad: un partido aupado artificialmente para apuntalar el establishment y mantener el statu quo. Su imagen de partido regenerador y nuevo no les durará ni un telediario y se disolverá como un azucarillo. Y, lo que es más importante: saben que mientras nosotros estemos en las instituciones —como ha ocurrido hasta ahora aun cuando nuestros votos no sean imprescindibles para hacer mayorías— nuestra mera presencia y nuestras denuncias impedirán que se lleve a cabo lo que han decidido hacer para Cataluña y para España. Y en ese momento se toman dos decisiones simultáneamente: destruir mi reputación y mover pieza dentro de UPyD.

Destruir una reputación para destruir un partido es algo tan viejo como la política misma. Y se pusieron a ello con tal ahínco que hay quien me dice, a toro pasado, que les recuerda el caso de Adolfo Suárez. Yo creo que no tiene comparación; entre otras cosas porque a Suárez le destruyeron mientras y porque gobernaba, porque tenía poder; conmigo se ensañaron mientras dirigía un pequeño partido que tenía tan solo cinco diputados en el Congreso, cuatro parlamentarios europeos, nueve diputados autonómicos y apenas doscientos concejales en toda España. Los calificativos que dedicaron a mi persona durante todo el año 2014 y hasta poco antes de las elecciones generales del 2015, todos los artículos que publicaban haciéndome un juicio personal, día tras día, merecería un capítulo tan extenso que daría al traste con el objetivo de este libro, que no es otro que contar la historia de España de estos ocho años a través de nuestra propia historia, la de UPyD.

No pretendo reivindicarme, ni lo haré. Baste decir que durante más de un año tuve que dejar de leer lo que se escribía sobre mí para mantener el ánimo y seguir trabajando en lo importante. Y debo confesar que durante los dos últimos años he procurado proteger a mi marido y a mis hijos y evitar, en lo posible, que leyeran lo que se escribía sobre mi persona. No siempre lo he conseguido. Lo he hecho lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido; pero no he podido evitar su sufrimiento. Ni he sabido evitar que se dañara a UPyD. Entonces pensé que, de la misma manera que yo sé quién soy —aunque a veces haya corrido el riesgo de sumirme en el pesar—, la gente, mi propia gente al menos, me juzgaría por todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Creí que pasado el vendaval (tampoco imaginé que iba a durar tanto ni iba a ser tan fuerte) se impondría la realidad; y que, con todos mis errores, se impondrían los hechos a los calificativos. Pero no pude, no supe evitar que toda esa porquería llegara cada día, cientos de días seguidos, a todos los rincones de España. Y que hiciera mella en el electorado; entre otras cosas porque nadie defendió mi honor (qué antiguo suena...) ni la verdad. Y, como no podía ser menos, también hizo mella entre los militantes de nuestro partido, hasta el extremo que algunos llegaron a creer que yo era el problema de UPyD en vez de un problema para los que querían acabar con la autonomía de UPyD.

Para comprender lo ocurrido conviene recordar que nuestro trabajo y nuestra actitud insobornable desde el mismo día que nacimos nos convirtió en esa pieza del puzle que no encaja y hay que quitar del tablero y sacarla de la partida. Como nosotros ni robamos ni engañamos nunca, no podían ni ahormarnos ni atacarnos por ahí. Tampoco podían criticar nuestro trabajo ni nuestras propuestas políticas, porque de hecho eran las que habían calado en la sociedad y todos los partidos se aprestaban a incorporarlas en su discurso y hasta en sus programas. Conmigo pasaba igual: llevo toda la vida asumiendo distintas responsabilidades públicas, desde la concejalía de un pueblo pequeño hasta el Congreso de los Diputados, pasando por un Gobierno autonómico, un Parlamento autonómico o el Parlamento Europeo, y tengo los bolsillos vacíos y las manos limpias. Así que, por fuerza, la campaña de destrucción había de ser, necesariamente, personal: «mandona», «dictadora», «lideresa», «soberbia», «mayor», «vividora de la política»... Había barra libre contra mí y nadie cuestionaba públicamente ni lo que se decía ni a quienes denostaban mi persona sin ningún tipo de fundamento ni limitación. Sirva como ejemplo para entender la degradación del ambiente este tuit publicado por el periodista Máximo Pradera el 24 de mayo de 2015, tras mi anuncio de que no me presentaría a la reelección en el congreso extraordinario de nuestro partido:

Max Pradera (@maxpradera)

¡Rosa no dimite! Es acojonante. Y se tendría que volar la tapa de los sesos en directo.

Máximo Pradera estuvo contratado por UPyD desde el día 1 de febrero hasta el día 22 de marzo de 2015, por un precio total de 10.500 euros, más el 21% de IVA, y en su calidad de asesor de imagen (corporativa y personal, mía) formó parte del equipo de campaña de las autonómicas de Andalucía, esas cuyos malos resultados abrirían la caja de los truenos en UPyD. Pradera llegó a UPyD de la mano de Irene Lozano, después fichada por Pedro Sánchez para «regenerar» el PSOE.

Otro protagonista cuya participación en la trama interna resultó imprescindible fue Luis de Velasco, un hombre cuya imagen de solvencia y seriedad había sido cultivada hasta el extremo por todos sus compañeros durante su paso por la Asamblea de Madrid. Cierto que él nunca dijo una palabra más alta que otra; pero nos trajo al partido a Nemesio Fernández Cuesta, un hombre que jugaría un papel clave en la campaña de las autonómicas andaluzas y posteriormente durante el congreso extraordinario de julio de 2015, apoyando a Irene Lozano frente a Andrés Herzog. Pero de eso hablaremos más tarde.

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GUERRA DE GUERRILLAS DENTRO DE UPYD

Querer ir contra corriente hace imposible

descubrir los engaños y es peligroso.

BALTASAR GRACIÁN,

El arte de la prudencia

En agosto de 2014, sin mediar ninguna comunicación previa, ni política ni personal al respecto, Francisco Sosa Wagner, nuestro cabeza de lista al Parlamento Europeo, publica un artículo en El Mundo en el que pide un acuerdo con Ciudadanos y en el que incorpora a su argumentario todas las descalificaciones y falacias contra mi persona y nuestro partido que habían sido difundidas por nuestros adversarios desde que decidieron sustituir a UPyD por Ciudadanos: «UPyD es un partido sin democracia interna, sin órganos representativos, sin equipos»; «UPyD es un partido que tiene la misma posición política que Ciudadanos, el mismo proyecto»; «UPyD es un partido sometido por el “hiperliderazgo” de Rosa Díez». En fin, que el artículo en cuestión recoge el catálogo completo de descalificaciones personales y calumnias políticas que se habían venido construyendo y difundiendo contra nosotros en los meses previos. Solo que ahora esas falacias eran expresadas por nuestro portavoz en el Parlamento Europeo, el «honorable» catedrático cuya imagen siempre habíamos tenido que cuidar internamente pues no contaba, precisamente, con demasiadas simpatías entre los afiliados. Piénsese que él llegó a las listas como independiente en las elecciones europeas de 2009; que se afilió años más tarde, porque yo se lo pedí, para que pudiera participar en las reuniones del Consejo Político (cosa por cierto que hizo en contadísimas ocasiones a lo largo de cinco años). Y que volvió a encabezar la lista de las europeas en 2014 también a petición mía, si bien me advirtió que él no pensaba dedicarse a «vender su candidatura», que lo tendríamos que hacer por él, que siempre se opuso a las primarias de UPyD («Yo no tengo por qué competir con cualquier mindundi...»).

Cuando su artículo vio la luz, quienes sostenían sus empresas gracias a los créditos o publicidad de los constructores de «el complemento» a que me he referido en capítulos anteriores se pusieron a glosar al autor y a su texto. Quienes nunca le dieron una portada a Sosa Wagner cuando era nuestro candidato, quienes nos pedían que interviniéramos otras personas en sus mítines porque «no hay manera de hacerle un corte o sacarle una declaración política», quienes se escandalizaron cuando empezó la campaña de europeas declarándose «cansado» y deseando que acabara, descubrieron en él al gran líder y al gran estadista; y se lanzaron a la campaña.

He dicho antes que el artículo de Sosa Wagner publicado en El Mundo el 19 de agosto me pilló de sorpresa. Y así fue; pero seguramente, por lo que ahora contaré, debí haber sospechado que algo se estaba tramando.

A finales de julio Sosa Wagner me envió a la sede de UPyD, en la madrileña calle Cedaceros, y por correo certificado, una carta en la que me expresaba su posición política y sus diferencias de criterio con el partido en relación con la elección de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. En esa misiva no hacía ni una sola mención a Ciudadanos o a la necesidad de cambiar de táctica o estrategia respecto de ellos. Tardé en contestar esa carta porque estaba fuera de Madrid y además porque se me cruzó con problemas familiares muy graves. Había decidido contestar por el mismo conducto utilizado por el remitente y estaba dándole vueltas sobre cómo recuperar esa confianza erosionada en cuanto empezara el curso político porque lo consideraba fundamental para todo el trabajo que UPyD tenía que hacer en el Parlamento Europeo y para ayudar a nuestro país a salir de la crisis. Y es que desde que se inició el nuevo mandato en el Parlamento Europeo habíamos tenido dificultades de entendimiento y diferencias de criterio político con Sosa Wagner. La principal discrepancia fue precisamente que nuestro partido decidió no apoyar a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea dado que ni su programa ni la forma en la que había sido elegido —al más viejo estilo de los viejos partidos, para ti el Parlamento (Socialistas), para mí la Comisión (Populares)— respondía a nuestras exigencias y a nuestros planteamientos durante la campaña electoral. Pero Sosa Wagner, junto con Fernando Maura, decidieron votarle. La segunda diferencia de criterio estribaba en la organización del grupo, en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas de los fondos percibidos por los europarlamentarios. Pero al margen de estos dos asuntos nunca tuvimos la más mínima diferencia respecto de qué hacer con Ciudadanos, jamás me planteó nada al respecto, salvo que cuando llegaron los dos diputados de Ciudadanos, Girauta y Nart, se pusieron «a sus órdenes»... y me insinuó que si formaban una especie de minisubgrupo español dentro de los liberales les darían más cargos. Le dijimos que uniones por cargos no era precisamente lo que nuestro partido predicaba, que si hubiera sido necesario sumar para sacar un buen acuerdo político a los Liberales lo hubiéramos hecho encantados; pero que después de haber conseguido el acuerdo político no tenía sentido ponernos a mercadear.

Y así, sin previo aviso, Sosa publicó el mencionado artículo. Un día antes (me enteré después) envió por correo electrónico la carta que a mí me remitió certificada a una serie de miembros de la dirección y diputados nacionales (curiosamente los que más tarde organizarían la ruptura interna y la guerra de guerrillas en UPyD): Nacho Prendes, Rodrigo Tena, Álvaro Anchuelo... La trama había llegado a nuestra propia cocina. Y, como después supimos, determinados medios de comunicación (El Mundo, por supuesto) conocían los pasos que se iban a dar, sus protagonistas, los tiempos...

La repercusión de ese artículo, nuestra respuesta (también los errores que cometimos al manejarlo), el debate que se abrió dentro de nosotros y que se reflejaba cada día y con fruición en todos los medios de comunicación, la reiteración de todos los tópicos descalificadores puestos ahora en la boca de quien era aún nuestro portavoz parlamentario en Bruselas, nos hizo un daño enorme. Con el ánimo de cerrar la sangría y clarificar la situación decidí convocar un Consejo Político Extraordinario (máximo órgano nacional entre congresos, compuesto por miembros de toda España elegidos por los afiliados) para debatir sobre la situación creada y someter a votación una resolución sobre la política de alianzas electorales con cualquier formación política.

Ese Consejo Político Extraordinario se celebró el día 6 de septiembre de 2014 y duró más de siete horas. Medio centenar largo de miembros del consejo intervinieron en el debate, en el que también Sosa Wagner utilizó su tiempo (más que yo, por cierto) para explicar su posición.

En mi intervención en el Consejo Político Extraordinario, me vi obligada a explicar que la confianza entre la dirección y Sosa Wagner se erosionó primero en la negociación con el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE) y luego en el voto a Juncker. Respecto a la negociación para incorporarnos en ALDE recordé que nuestro afán político de entrar en él era por España, no estaba en juego nuestra posición como grupo, la tranquilidad de nuestros diputados, o si obteníamos una vicepresidencia o una portavocía más o menos. Lo que estaba en juego era expulsar (o cercarles dentro de ALDE) a los nacionalistas. Y eso era un servicio a España. Por eso en la negociación para entrar en el grupo europeo desde la dirección nacional pusimos toda la carne en el asador para que saliera bien. Y ahí surgieron los primeros desencuentros políticos con Sosa, que veía el acuerdo más como un elemento para asegurarse una legislatura tranquila, cobijado en un gran grupo, que como otra cosa. Eso era tan así que durante la negociación y ante mi insistencia de que exigiéramos como condición para incorporarnos al grupo ALDE un pronunciamiento a favor de la unidad territorial de España, Sosa me llegó a escribir que si ALDE no aceptaba mi exigencia y no entrábamos en el grupo, él dimitiría. Ese fue el primer escollo político entre ambos, que felizmente superamos porque ALDE cedió.

El segundo desencuentro político se produjo cuando Sosa Wagner (y Maura, ya entonces en su órbita, aunque embozado) decidió votar a Juncker como presidente de la Comisión Europea. La dirección del partido había decidido no apoyar a Juncker porque estaba en juego salvaguardar la confianza de los votantes, porque habíamos hecho campaña criticando expresamente los enjuagues del bipartidismo y Juncker era el resultado de ellos. No se entendería decir una cosa en campaña y en la primera votación importante cambiar de criterio. Sin embargo, una vez elegido diputado, Sosa Wagner se olvidó de los compromisos adquiridos con los ciudadanos y no reconoció el derecho y el deber que asiste a la dirección del partido para adoptar una decisión al respecto. Sosa insistió en que la decisión del voto fuera solo suya y, en todo caso, vinculada por el acuerdo del Grupo Liberal, lo cual para nosotros era inasumible, pues él no era un diputado más, cuyo voto naturalmente es libre, sino nuestro portavoz en el Parlamento Europeo. ¿Qué hubieran pensado nuestros votantes si yo, en mi condición de portavoz parlamentaria, hubiera votado a favor de la investidura de Rajoy contraviniendo la decisión de la dirección del partido?

Hice notar también el daño que hacía al partido que nuestro portavoz en el Parlamento Europeo lo desacreditara públicamente apoyándose en prejuicios asentados en la opinión pública por rivales o enemigos de UPyD. Y que esa actitud, irresponsable, debilitaba nuestra tarea, la de todo el partido y particularmente la de todos los cargos públicos que dan cada día la cara en defensa de unas ideas.

A pesar de que el debate sobre la política de alianzas de UPyD estaba contaminado por la forma en que se había planteado, quisimos que la discusión tuviera lugar en el órgano que corresponde y por eso convoqué el Consejo Político Extraordinario: por respeto a los afiliados y a sus órganos. Una primera parte del debate versó sobre las formas, tan importantes en democracia. Sosa Wagner le quitaba importancia al hecho de haber planteado el debate de forma abrupta y pública, y llegó a decir en varias entrevistas que precedieron a la reunión del Consejo Político que «no hay que magnificar la trascendencia de ningún órgano», que no había que comparar el Consejo Político con «la voluntad general de Rousseau o el consejo de sabios de Platón...». Tuve que recordarle en esa reunión que el Consejo Político representa a todos los afiliados del partido, que lo que hay que hacer es respetar sus competencias sin devaluarlo, y que nadie forma parte del Consejo Político de UPyD por ser sabio, o rico, o joven, o influyente, o catedrático... Quienes lo conforman están en él porque los han elegido sus compañeros, esos que hacen campaña, los que reparten los folletos con las caras de los candidatos, los que montan los escenarios y los actos en los que hablamos, los que nos acompañan, los que nos animan cada día.

Desde UPyD denunciamos a otras fuerzas y/o dirigentes políticos que devalúan las decisiones de los tribunales o la propia Constitución cuando no les permiten hacer lo que quieren; y, por eso mismo, tampoco hemos de permitir que se devalúen nuestros propios órganos o nos dicten desde fuera nuestras resoluciones. Lo que exigimos a los demás, nos lo aplicamos nosotros: respeto a las normas, a los procedimientos... y, sobre todo, respeto a la verdad.

Las diferencias entre Sosa Wagner y la dirección habían tenido un fondo político, tal y como antes expliqué. Que él se envolviera ahora en la bandera de Ciudadanos y se subiera a la ola mediática que empujaba a ese partido, sus descalificaciones y el hecho de que enviara su «carta certificada» a una serie de dirigentes y cargos de UPyD me debiera haber hecho sospechar sobre el trasfondo de lo que estaba ocurriendo. Pero ¿cómo pensar que algunos de mis más directos colaboradores estaban ya en ese momento trabajando a dos bandas? Confieso mi error de percepción sobre la dimensión y el alcance de lo que estaba sucediendo ante nuestros ojos. Un error que me llevó a creer que podíamos encauzar la situación abriendo un debate político por los cauces estatutarios; no fui consciente de que no estábamos presentes en el lugar en el que en esos días se jugaba la partida.

Quiero destacar que la inmensa mayoría de las intervenciones que se produjeron en el Consejo Político coincidían en el grueso de la crítica: todas le reprochaban a Sosa Wagner las falsedades y calumnias sobre UPyD con las que adornaba su propuesta de acuerdo con Ciudadanos. Los miembros del Consejo Político se sentían, razonable y naturalmente, traicionados por un cargo electo en cuya campaña lo habían dado todo para conseguir que fuera diputado. Apenas si le reprocharon que nunca le hubieran escuchado defender ningún tipo de alianza o acuerdo con Ciudadanos; lo grave era que para hacer esa propuesta vertiera graves y falsas acusaciones contra nuestra organización. Le hicieron ver que era contradictorio que él —que nunca se quejó durante la campaña de primarias de otra cosa que del mismo hecho de tener que celebrarlas en vez de «que la dirección, que para eso la hemos elegido, designe al candidato»— utilizara un medio de comunicación para tildar al partido de «prácticas autoritarias». También le hicieron notar que su propia actuación mediática y parlamentaria ponía en evidencia esa falaz acusación.

Tras el largo e intenso debate en el que tomaron la palabra más de sesenta miembros del Consejo Político —a muchos de ellos yo no les había oído hablar nunca—, sometimos a votación del Consejo una propuesta de resolución sobre la política de alianzas de nuestro partido. Salió adelante con 110 votos a favor, 4 votos en contra y 3 abstenciones. No está nada mal para ser un partido «personalista» y sin «democracia interna»... Sobre todo teniendo en cuenta que los miembros del Consejo Político son elegidos cada cuatro años por los afiliados y no por la dirección del partido.

19

LA «NEGOCIACIÓN» CON CIUDADANOS [...]: EL PERFECTO MACGUFFIN[1]

El acuerdo del Consejo Político sobre nuestra política de alianzas contenía sustancialmente los siguientes principios y requisitos:

Resolver los problemas de España requiere de partidos políticos con democracia interna, transparencia y financiación limpia, pues sin esto cualquier plan de regeneración democrática que dependa de ellos nacerá muerto. Los ciudadanos quieren volver a creer en la política y para ello es imprescindible la ejemplaridad en la vida pública, que debe perseguir el interés general y no la satisfacción de ambiciones privadas. Es la defensa del interés general la que impone una política de transparencia y claridad y rechaza alianzas y coaliciones sin otro objetivo que sumar votos para obtener el mayor número posible de cargos públicos, por atractivo que fuera un plan así, de tener éxito, para aumentar el peso político de esa coalición.

Las alianzas preelectorales deberán establecerse únicamente con partidos de ámbito y proyecto político nacional y deberán potenciar un funcionamiento democrático y de calidad, lo que implica que solo serán posibles con partidos que practiquen:

•     La celebración sistemática de primarias para la elección de los cabezas de lista en todas las convocatorias electorales.

•     La elección de los distintos órganos de dirección del partido mediante voto directo y secreto de los afiliados.

•     La existencia de órganos internos autónomos de control de la actividad del partido, tanto en defensa de los afiliados y/o simpatizantes como para garantizar la democracia interna.

•     La exclusión de personas imputadas por delitos de corrupción, con juicio oral abierto, de las listas electorales, de cargos públicos en representación del partido y de su dirección.

•     Que cuenten con informes positivos de fiscalización económica por parte del Tribunal de Cuentas y tengan acreditados estándares mínimos en materia de transparencia.

•     Que defiendan una reforma del sistema electoral, tanto el nacional como los autonómicos, para que el voto de todos los ciudadanos valga igual con independencia del lugar de residencia.

•     Que defiendan la soberanía nacional y la unidad de España en una Europa federal.

•     Que defiendan la laicidad del Estado.

•     Que defiendan una reforma constitucional para alcanzar un sistema federal, simétrico, solidario y cooperativo.

•     Que defiendan la supresión de los «derechos históricos», así como de los regímenes fiscales privilegiados existentes o nuevos, estableciendo un régimen fiscal común, justo y equitativo.

•     Que defiendan el derecho efectivo a la libre elección de la educación en lengua materna oficial en todas las comunidades bilingües.

•     Que defiendan la independencia y profesionalidad de la justicia (CGPJ, TC, TS), y la de supervisores y reguladores como el Banco de España, la CNMV, la CNMC, el Tribunal de Cuentas, RTVE, medios públicos autonómicos y entes públicos de todos los ámbitos, rechazando el reparto partidista de dichos entes y organismos.

•     Que estén comprometidos en una lucha activa contra la corrupción.

En suma, que cualquier alianza preelectoral con otras fuerzas políticas ha de estar condicionada al pleno respeto de nuestro Manifiesto fundacional, de las resoluciones congresuales y de los estatutos de UPyD.

Ciudadanos declaró inmediatamente que cumplían «todas las condiciones» para hacer una alianza preelectoral con UPyD y nos pidió una cita para iniciar las negociaciones. Rivera y yo fijamos la fecha y unos días después se celebró la primera reunión. Pero tras tres reuniones entre ambas delegaciones (más allá de la primera con la foto), múltiples correos electrónicos fallidos y una opacidad completa y reiterada por su parte a la hora de responder a nuestras solicitudes de información, Rivera rompió públicamente las negociaciones con un tuit en el que decía que o había fusión entre ambos partidos o no había más que hablar. Y se oficializó el fin de unas conversaciones que por parte de Ciudadanos nunca tuvieron otro objetivo que generar confusión.

Nuestro partido dio cuenta pormenorizada de lo acaecido y publicamos en nuestra web un documento de 32 folios en el que explicábamos las circunstancias y los hechos más relevantes. Dimos cuenta de las importantes diferencias políticas —no solo ideológicas, sino de modelo de partido y de país— que existían entre ambas formaciones políticas. Destacamos la opacidad de Ciudadanos como uno de los elementos que más habían dificultado un posible acuerdo, dado que Ciudadanos se negó a darnos cualquier tipo de información sobre el alcance de los pactos que tenían con diversos partidos locales y regionalistas. Nosotros conocíamos a través de los medios de comunicación que su expansión nacional se había llevado a cabo mediante alianzas tan opacas y poco recomendables como el acuerdo con el que Ciudadanos se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo en 2009, y no queríamos contaminar a nuestro partido ni a nuestro país con operaciones de esas características. Conocíamos, por ejemplo, que durante la operación Púnica se detuvo a un alcalde (el de Serranillos) que era el número 22 de Ciudadanos en la lista de las últimas elecciones europeas, en las que, apoyados en esos pactos con partidos locales, obtuvieron dos eurodiputados. Además estaban constatados decenas de casos de transfuguismo, concejales que lograron sus escaños por un partido y que sin mediar nuevas elecciones lo eran ya entonces por Ciudadanos, una práctica antidemocrática que favorece la corrupción y que nuestro partido rechaza frontalmente.

Por otra parte Ciudadanos incumplió las tres normas que acordamos en la primera reunión pública: ser transparentes, no establecer una fecha límite ni un ámbito concreto para los acuerdos y no hacer las propuestas a través de los medios de comunicación. Pero cuando con la inestimable complicidad de los medios consiguieron que cuajara la imagen de que éramos intercambiables (si no lo fuéramos, no estaríamos reunidos, así de simple era el razonamiento), rompieron.

Por supuesto que nuestras explicaciones, nuestros datos, nuestros argumentos, nuestra transparencia no sirvieron de nada porque el titular estaba escrito de antemano: Rosa Díez frustra el acuerdo porque no quiere competir internamente con Rivera.

Ahora sabemos que fuimos a aquellas «negociaciones» vendidos. Y no solo porque estaban diseñadas dentro de una estrategia que no tenía otro objetivo que afianzar la idea de que UPyD y Ciudadanos eran lo mismo y utilizar esa «coincidencia» para llamar al voto «útil y nuevo» y lanzar a Rivera como líder del partido alternativo o complemento de los «viejos partidos». Fuimos a las reuniones vendidos porque dentro de UPyD teníamos caballos de Troya que desvelaban a Ciudadanos toda nuestra estrategia y les adelantaban todos los pasos que íbamos a dar. Les daré un solo dato a modo de ejemplo: hoy sabemos que en el mes de octubre de 2014, en plenas conversaciones entre ambas formaciones políticas, Rivera —utilizando como mediadores a varias personas de la estructura de Ciudadanos en Madrid, entre ellas a Miguel Gutiérrez Vivas, actualmente diputado nacional— le ofreció a Irene Lozano que encabezara su lista para la alcaldía de Madrid. Sí, a Irene Lozano, que era miembro de la comisión negociadora porque ella misma lo pidió, y se sentaba junto a mí en las reuniones mixtas y aparentaba ser la más virulenta defensora de la autonomía de UPyD. Por supuesto que la susodicha no nos dijo ni pío de ese ofrecimiento. Claro que hubiera sido difícil de explicar por qué (o a través de quién) Rivera había llegado a la conclusión de que, ya en aquel momento, Lozano era de fácil manejo. En este caso la imagen no es exactamente la de caballo de Troya, pero, en todo caso, estábamos más que vendidos.

Cerrado el capítulo de «negociación», en diciembre de 2014 la dirección de UPyD obtuvo el respaldo de más del 95% de los miembros del Consejo Político, que se reafirmó en la idea de mantener nuestra independencia y la coherencia y autonomía de nuestro proyecto político. Pero lo que se escribió, una vez más, es que Rosa Díez frustró el acuerdo.

Y así finalizó el año 2014. Es el año en el que Transparencia Internacional puntuó a UPyD con un 9 (solo tres partidos aprobaron; Ciudadanos obtuvo un 3) y solo nosotros obtuvimos un sobresaliente; es el año en el que la Fundación Compromiso y Transparencia nos puso la mejor nota; es el año en que más de cien periodistas de distintos medios de comunicación nos eligieron como el partido más transparente de España. Pero esa brillante gestión política —que nos sitúa en la vanguardia de la regeneración y de las propuestas innovadoras y positivas para España y que hoy todos nos reconocen— no consiguió imponerse a la percepción negativa sobre UPyD que cuidadosa y exitosamente habían conseguido instalar en la opinión pública.

20

ÉXITO EN ANDALUCÍA DE LA «OPERACIÓN COMPLEMENTO»

Vi cómo la historia se escribía no en términos de lo que había ocurrido sino en términos de lo que debería haber ocurrido según la conveniencia.

GEORGE ORWELL

Y entonces Susana Díaz decide disolver el Parlamento de Andalucía y convoca elecciones anticipadas para el 22 de marzo de 2015. Resulta interesante analizar cómo transcurrió la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas porque ahí se pusieron a prueba todas las tácticas contra UPyD (y a favor del complemento para el PPSOE) que volverían a tener éxito en las municipales y autonómicas de mayo: protagonismo universal de Rivera/Ciudadanos y llamada al voto útil «entre iguales». A las tertulias televisivas se sumaron enseguida los medios de comunicación escritos nacionales, que dedicaron portadas al ciudadano Rivera, convertido por mor de la proyección demoscópica convenientemente cocinada en un líder nacional. Recuerdo de aquella época una portada especialmente llamativa del ABC que generó no poco cabreo en los salones monclovitas por el apoyo a Rivera de algunos sectores económicos y conservadores; estos mismos que, tras las generales de diciembre de 2015, se quejaron de la «inestabilidad» generada en España (ellos llaman España a lo que ellos mismos representan). Pero en aquellos momentos no parecía importar a nadie ese despliegue propagandístico a favor del elegido, esa manipulación de las encuestas que hoy hipócritamente denuncian los mismos que las publicaban. Ni importaba que UPyD fuera excluida sistemáticamente de la información y de los debates ni que tuviéramos que recurrir a la Junta Electoral y librar toda una batalla de continuo desgaste simplemente para que se informara sobre nuestros actos electorales.

Conviene recordar que cuando se convocaron las elecciones autonómicas nadie conocía a Ciudadanos en Andalucía porque allí no existían como tal, y que sus listas se conformaron con candidatos procedentes en su inmensa mayoría de partidos localistas que defendían desde la independencia de Jerez a cualquier otra lindeza propia del nacionalismo más cutre.

Nuestro partido, que no había conseguido entrar en el Parlamento autonómico en las elecciones anteriores, había hecho desde fuera una gran y efectiva oposición. Estábamos personados como acusación y habíamos denunciado las tramas corruptas más importantes que afectaban a la Junta de Andalucía, tales como los falsos cursos de formación. Con nuestro candidato Martín de la Herrán al frente (abogado que llevaba particularmente los asuntos de corrupción, como Andrés Herzog lo hacía en el resto de España), nuestros afiliados habían salido durante meses a las calles de Andalucía para recabar las firmas de los ciudadanos y conseguir una reforma legal, por la vía de la iniciativa legislativa popular, para cambiar la injusta ley electoral. Iniciativa que con más de sesenta mil firmas fue presentada, defendida y rechazada con los votos del PP y del PSOE ante el pleno del Parlamento autonómico.

Es un hecho demostrable que Martín de la Herrán, nuestro candidato, es un joven abogado muy preparado que ha denunciado de forma implacable la corrupción y llevaba tres años haciendo propuestas políticas a pesar de estar fuera del Parlamento. Es un hecho que ganó de manera rotunda el único debate televisivo en el que se nos invitó a participar. Es un hecho demostrable que hicimos la campaña con 125.000 euros y una exigua cobertura mediática, mientras Rivera (Ciudadanos en Andalucía no era nada) ocupaba docenas de portadas y cabeceras en medios impresos y digitales nacionales, así como publirreportajes en todas las cadenas generalistas de radios y televisiones. Como es un hecho constatable que Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, era el líder de la asociación de comerciantes de Sanlúcar y llevaba ocho años sosteniendo con su partido local, Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CIS), al PSOE en la alcaldía, y ostentando el cargo de teniente de alcalde.

Pero nada de eso llegaba al gran público porque la campaña a favor del elegido, el partido que era «igual que UPyD» —aunque no había hecho nada—, produjo su efecto. Y la consecuencia fue la esperada: la gente votó al que tenía más posibilidades de entrar en el Parlamento. Luego vendría la constatación de que no éramos iguales; y saltarían los casos de corrupción de Ciudadanos en Andalucía, y los pasteleos con el PSOE, y el blanqueamiento de la corrupción de la Junta. Pero eso ya no tenía importancia: ellos estaban dentro y nosotros fuera. Objetivo cumplido.

Y nuevamente, como en agosto de 2014, alguien descolgó el teléfono y movió las fichas para que desde dentro de UPyD se acompañara la estrategia externa de descrédito hacia nuestro partido y hacia mi persona. Y el 23 de marzo de 2015, un día después de unas elecciones autonómicas y durante una reunión del Consejo de Dirección, varios miembros de UPyD desataron una crisis exigiendo un pacto con Ciudadanos o mi dimisión; y como perdieron la votación (secreta, en el propio Consejo de Dirección) dimitieron en bloque para provocar que cayera la dirección y forzar así la celebración de un congreso extraordinario. A nadie se le ocultaban ya en aquel momento las consecuencias que se derivarían de lograr su objetivo: con una gestora no hubiera sido posible hacer la mayor parte de las candidaturas autonómicas y municipales; o sea que si ganaban el pulso UPyD no podría concurrir a las elecciones convocadas para dos meses más tarde. No consiguieron provocar la dimisión de la mitad más uno, pero sí que el partido quedara gravemente dañado y que los malos resultados de UPyD en las elecciones autonómicas de Andalucía se leyeran en clave nacional. Y fue una puñalada mortal a las expectativas de decenas de candidatos municipales y autonómicos de UPyD que ya para entonces estaban elegidos en toda España.

Un apunte: en esa ocasión funcionó por vez primera un equipo de campaña «profesional», con personas contratadas ad hoc. La lectura «negativa» de los resultados de las europeas había impregnado nuestro partido y tomamos la decisión de hacer «cosas nuevas». Como se vio, nada de lo que nos ocurría tenía que ver con lo que nosotros, con mayor o menor fortuna, pudiéramos hacer. Salvo plegarnos, claro.

Tras estos hechos, tomé la decisión de convocar un Consejo Político Extraordinario en el que se analizó durante un largo e intenso debate la situación política creada por estas dimisiones, los resultados electorales y los cambios que debíamos abordar para enfrentarnos al futuro. Algunos intervinientes plantearon como solución aliarse con Ciudadanos y presentarse juntos a las próximas elecciones. Pero la inmensa mayoría de los miembros del Consejo Político defendieron la autonomía del partido y exigieron que los cambios que se hicieran respondieran a nuestra voluntad, que no debíamos actuar al dictado de nadie y que solo debíamos pensar en nuestro proyecto y no en colocarnos en la parrilla de salida. Muchos de los miembros del Consejo Político se preguntaron en alto qué había cambiado desde el Consejo Político de diciembre de 2014 en el que la propuesta de la dirección de no hacer un acuerdo preelectoral con Ciudadanos obtuvo el respaldo del 96% del Consejo para que ahora se volviera a reabrir la cuestión.

La pregunta era retórica y la respuesta sencilla: lo que había cambiado en esos pocos meses es que consiguieron destrozar desde fuera nuestra reputación —y buena parte de nuestra autoestima— y debilitarnos desde dentro con la inestimable ayuda de las dimisiones orquestadas y publicitadas de los miembros del Consejo de Dirección. Todo para servir a la estrategia de nuestros adversarios y de aquellos que desde dentro habían decidido romper UPyD y buscar acomodo en otras formaciones políticas con mejores expectativas electorales. Era tan obvio que habían decidido romper y rompernos que las intervenciones más críticas, empezando por la de Toni Cantó, fueron retransmitidas en redes en tiempo real y aplaudidas y jaleadas por los dos actores principales de la trama, Nacho Prendes e Irene Lozano. Hacer caer a la dirección y provocar una gestora era el objetivo; y aunque no lo consiguieron del todo, sí nos debilitaron lo suficiente como para obtener la compensación prevista: Prendes y Cantó son diputados de Ciudadanos e Irene Lozano (Ciudadanos no la quiso, conocía demasiado su «trabajo» en UPyD como para arriesgarse a que repitiera con ellos la misma historia) es diputada del PSOE.

Como dije antes, la dimisión de varios miembros del Consejo de Dirección para forzar una gestora dejó a nuestros candidatos a los pies de los caballos. Se trataba de intentar que no pudiéramos concurrir a las elecciones municipales y autonómicas en solitario, que no pudiéramos hacer las listas y forzar así un acuerdo con Ciudadanos para ir juntos en las candidaturas. Modelo CiU, decían... Intercalados, allá donde acordáramos. Se trataba de ser «relevantes», decían... Todo por la pasta, en suma; lo más viejo de la más vieja política. Por eso los inductores de la trama están ahora colocados.

Pero la respuesta interna fue ejemplar: la mayoría de los miembros de UPyD creemos que el éxito en política no es que triunfen las personas sino las ideas que defienden; y que la relevancia en política no es atesorar cargos sino demostrar capacidad para cambiar las cosas, por eso formamos UPyD. Y, a pesar del daño causado, en el Consejo Político celebrado el 28 de marzo de 2015 volvimos a reafirmar que los principios políticos están por delante del poder personal. Y una mayoría cualificada de dos tercios, en voto secreto, decidió que UPyD se presentaría a las elecciones autonómicas y municipales de forma autónoma, con nuestras siglas, con nuestros candidatos, con nuestros valores, con nuestros principios y con nuestra estrategia.

Quienes ya tenían escrito el titular del día siguiente, quienes orquestaron la estrategia de acoso y derribo, no lograron que cayera la dirección ni entregar el partido a Ciudadanos; pero sí consiguieron darle una dimensión nacional a un mal resultado autonómico e instalar en la opinión pública la imagen de ruptura y crisis en UPyD. Esa combinación resultó letal para nuestras posibilidades de tener un resultado decente en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015.

Pero para que la «operación complemento» con el elegido al frente esté lista para las generales no había suficiente con que Ciudadanos nos ganase electoralmente. UPyD tenía aún prestigio y, a pesar de la larga e inmisericorde campaña sobre mi «personalismo» y otras lindezas, yo seguía siendo la líder política española mejor valorada. Y a UPyD —según el único trabajo cualitativo que encargamos y pagamos antes de las elecciones autonómicas de Andalucía— se lo seguía considerando un partido nuevo. Por eso y para que la operación tenga éxito tenían que sacarnos del mapa institucional en toda España; necesitaban quedarse con nuestra imagen, con nuestro trabajo y con nuestros cuadros; o, si no al menos devaluarnos completamente.

Un compañero de UPyD, que fue candidato en las últimas elecciones autonómicas, me aportó hace unos meses un testimonio escrito muy esclarecedor de hasta dónde llegaba la trama. Un exdirectivo de una gran empresa pública estratégica en la región, nombrado en su día por el PP, había sido sustituido cuando su padrino político fue destinado a otros lares. Este prohombre se dirigió a nosotros a través de un familiar suyo que era por entonces miembro de la dirección nacional de UPyD y diputado autonómico en Madrid, Luis de Velasco, quien me trasladó la «propuesta de colaboración» de su familiar. Yo lo remití a los responsables regionales y durante los primeros contactos a nivel autonómico que se produjeron en enero de 2015 el citado ex alto cargo ejecutivo del PP mostró a mis compañeros de la región su disposición a colaborar con UPyD, a encabezar o ir en las candidaturas municipales y/o autonómicas. Y así quedaron, pendientes de hacerlo público en el momento oportuno, más cerca de las autonómicas y municipales de mayo. Entonces se celebraron las elecciones de Andalucía y UPyD no consiguió entrar en el Parlamento autonómico.

Bueno, pues el 27 de marzo, tras ese resultado y las dimisiones coordinadas de miembros del Consejo de Dirección de UPyD, entre las que se encontraba la de quien nos lo recomendó, se produjo este intercambio de mensajes entre nuestro interlocutor regional y el ex alto cargo que tan dispuesto estaba a colaborar con UPyD:

Ex alto cargo PP/familiar dimisionario UPyD: Mal. El resultado andaluz obliga a presentar dimisiones por mucho que duelan y puedan parecer injustas. Pero ese es el servicio de la democracia. Si UPyD no quiere desaparecer Rosa tiene que dejar el liderazgo y hay que pactar con Ciudadanos. Ellos tienen los votos y vosotros los cuadros. Después de mayo ya será tarde. Los dioses ciegan a los que quieren perder.

Interlocutor UPyD: Pactar con Ciudadanos no lo veo posible.

Ex/f: ¿Por parte de quién?

Interlocutor UPyD: Por parte de ellos.

Ex/f: Rivera estaría encantado de aprovechar los cuadros y las infraestructuras de UPyD. Pero naturalmente no quiere ni oír hablar de Rosa.

Interlocutor UPyD: ¿Eso es suposición o lo sabes de verdad?

Ex/f: Algo de verdad y mucho de intuición. Rivera sabe que si quiere ser presidente del Gobierno, que lo puede ser, no puede desde mayo a noviembre aparecer con tanto mindundi. Los cuadros los tiene en UPYD. Pero en cualquier caso no tenéis otra alternativa.

Interlocutor UPyD: ¿A nivel regional o nacional o ambos?

Ex/f: Ambos. Rivera no tiene otro objetivo que ser en noviembre presidente del Gobierno de España y eso los que mandan ya lo han decidido.

Interlocutor UPyD: ¿Quiénes mandan?

Ex/f: Los de siempre. Los del IBEX.

Interlocutor UPyD: Ya. Pues será difícil. ¿Cómo preservar la honestidad frente a estos molinos?

Ex/f: Difícil, si no imposible, empeño.

Hay más, pero con estos mensajes ya obtenemos una idea cabal de lo que se estaba entonces cociendo por las alturas. Como se ve a través de esta pequeña muestra, desde las élites económico-políticas ya se van propagando las ideas principales: el elegido es Rivera (el partido populista de derechas que necesita el IBEX, en palabras del presidente del Banco Sabadell); pero para que la operación —y el personaje— resulten creíbles es preciso rodearle de gente con algún currículum profesional y político. Y para que esa operación tenga éxito la que sobra es Rosa Díez.

Para quitarme de en medio necesitan destruir —más aún— mi reputación. Y refuerzan la campaña que pusieron en marcha cuando lanzaron el Movimiento Ciudadano y cuando se produjeron las conversaciones con Rivera. Y se ponen a trabajar de forma más profesional para que todos los atributos reales que habían sido la clave para que Rosa Díez fuera considerada por los ciudadanos como la líder mejor valorada (experiencia, coherencia política, valor, firmeza en los principios, compromiso por la unidad de España, defensa a ultranza de la igualdad y supresión de privilegios...) se transformen en una debilidad y un lastre para las expectativas de UPyD. Y así la firmeza de Rosa Díez a la hora de defender sus ideas se convierte en un signo de intransigencia; su liderazgo, en personalismo; tener experiencia se transforma en algo negativo; la capacidad para tomar decisiones se califica como propia de una «mandona»... Y los mismos que nunca prestaron atención a nuestras propuestas empiezan a publicar todo tipo de artículos retratándome como una persona incapaz de escuchar a nadie, que dirige dictatorialmente el partido, que solo piensa en sí misma y en su futuro personal, que llevará al partido a la ruina. Llevan años (yo diría que desde que nacimos) escribiendo sobre la crisis interna de UPyD, cuando no existía, y ahora tienen el campo abonado. Articulistas que jamás prestaron atención a nuestras propuestas dedicaron una columna tras otra a negar la existencia de equipos y liderazgos internos y compartidos; se empieza a decir que el partido se está pasando en bloque a Ciudadanos (han contado por miles los que se han ido, más de los que nunca estuvieron afiliados...); se multiplica por cien cada baja que se produce en UPyD; cada militante/candidato que se va del partido después de perder unas primarias o unas elecciones es entrevistado por los medios y todos repiten el mantra: «Rosa Díez es una dictadora que está destruyendo UPyD»; «En UPyD no hay democracia».

Fue inútil que explicáramos que no era cierto que se hubieran ido del partido los que se contaban por centenares o por miles; era inútil que explicáramos que la gestión del Consejo de Dirección había obtenido el respaldo de más del 96% del partido, que no era una decisión personal de Rosa Díez y ni siquiera solo de la dirección, pues la decisión de presentarnos autónomamente a las municipales y autonómicas había sido avalada por dos tercios del partido; era inútil que pusiéramos a disposición de todos los medios de comunicación todos los datos de los más de setecientos procesos de primarias que se han celebrado en nuestro partido, lo que demostraba que somos un partido abierto y democrático, el único que hace primarias sin avales para todos los cabeza de lista y para los órganos internos. Daba igual lo que hiciéramos o dijéramos porque el objetivo estaba escrito y el guión vendido.

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ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES [...]: LA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa.

ALBERT CAMUS

En ese clima de acoso y derribo contra UPyD y de encumbramiento mediático del elegido Rivera para apuntalar el bipartidismo y actuar, en todo caso, de complemento/recambio de Mariano Rajoy, se celebran las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Y a pesar del gran trabajo de todo el partido (el presupuesto de campaña para toda España fue de 100.000 euros, a los que pudimos incorporar otros 100.000 euros de aportaciones de los afiliados y simpatizantes), el resultado fue malísimo; y como consecuencia del mismo nos quedamos fuera de la Asamblea de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, del de Alicante, del de Granada, del de Murcia, del de Burgos... Y de otros muchos ayuntamientos en los que nuestros concejales habían hecho una meritoria y ejemplar tarea tanto de gestión como de regeneración democrática.

Quiero recordar que en esas elecciones presentamos más candidatos (más de nueve mil) y más candidaturas que en las del año 2011. Y eso a pesar de que a punto estuvimos de no poder presentarnos por la estrategia cruzada entre Ciudadanos y algunos dirigentes de nuestro partido, como por ejemplo, la trama organizada por Nacho Prendes en Asturias, que nombró/cedió como representante legal de Ciudadanos ante la Junta Electoral a su secretaria personal en el Parlamento asturiano, afiliada y candidata de UPyD, cargo de confianza del diputado autonómico de UPyD Nacho Prendes y candidato de UPyD electo en primarias para las autonómicas convocadas. Si no nos hubiéramos dado cuenta casualmente (porque otro representante legal de UPyD se pasó el último día por la Junta Electoral para recoger unos papeles y descubrió el pastel), no hubiéramos podido siquiera presentar nuestras propias candidaturas, pues el compromiso entre Prendes y Ciudadanos consistía en que, salvo que hubiera un acuerdo entre ambos partidos, se retirarían de nuestras candidaturas el último día y se presentarían en las listas de Ciudadanos, sin que tuviéramos la posibilidad de reaccionar.

Y es que el acuerdo del Consejo Político de UPyD celebrado el 28 de marzo de 2015 —presentarnos de forma autónoma en toda España— cogió por sorpresa a los promotores de la trama. Algunos dirigentes de nuestro partido, con Nacho Prendes, Irene Lozano y Toni Cantó a la cabeza, tenían prevista una reunión en Madrid para la misma tarde en la que se reunió el Consejo Político para celebrar una victoria que no obtuvieron. Y aunque el partido decidió seguir adelante de forma autónoma, ellos continuaron sus conversaciones con Ciudadanos para concurrir o bien con listas conjuntas (al margen de la resolución del partido) o para impedir que las pudiéramos presentar. Siguiendo el plan, dimitió Luis de Velasco al día siguiente del Consejo Político; y el Consejo Territorial de Aragón, por ejemplo, pidió, como el de Asturias liderado por Prendes, que no se cumpliera la resolución del Consejo Político y se hicieran listas conjuntas allá donde se pudiera. Todos esos acontecimientos eran titulares diarios en los medios de comunicación que nunca destacaron la trama, el desacato a las resoluciones de los órganos, la traición de dirigentes de UPyD que estaban ya a sueldo de Ciudadanos, el transfuguismo, el comportamiento corrupto de quienes lo practican y quienes lo promueven... Los medios, al servicio de la «operación complemento», destacaban la «crisis de UPyD». Y eso mermaba de forma mortal nuestras expectativas y hacía un daño irrevocable a nuestros candidatos.

A pesar de todo conseguimos presentarnos en toda España. Hicimos la campaña «a pelo», sin obtener ni un solo euro de crédito de ningún banco, gracias al esfuerzo personal y hasta económico de todos nuestros candidatos y simpatizantes. Nuestros candidatos, aun en lugares en los que teníamos concejales, eran excluidos de los titulares y tapados por los candidatos de partidos sin representación, como Ciudadanos y Podemos. Tuvimos que pasarnos la mayor parte de la campaña presentando reclamaciones ante la Junta Electoral, que nos reconocía el derecho a una compensación cuando ya habían pasado los debates. Hasta TVE organizó un debate en Madrid sin nuestros candidatos, dando preferencia a Ciudadanos y Podemos. Y luego, porque montamos un escándalo, nos dio una entrevista de ocho minutos. Pero ya se sabe: si no estás en el debate, no estás en la campaña y parece que no te presentas a las elecciones. Fue el experimento que con tanto éxito repetirían unos meses más tarde en la campaña de las generales.

La noche del 24 de mayo, tras conocer los resultados de las elecciones (no habíamos entrado en ningún nuevo Parlamento autonómico, habíamos quedado fuera de la Asamblea de Madrid y habíamos pasado de tener 152 concejales a 129), anuncié mi decisión de no presentarme a la dirección de UPyD en el congreso extraordinario que se celebraría en los próximos meses. Fue entonces cuando Máximo Pradera escribió aquello de que me tendría que volar la tapa de los sesos en directo.

Sabíamos que tanto batallar, tanto desenmascarar corruptos, no sale gratis (no solo económicamente). Hemos sido una especie de ejército luchando de corazón por aquello en lo que creemos y creyendo en aquello por lo que se lucha, portando el estandarte de la verdad, la ética y todos esos valores que parecen trasnochados en la política actual pero que nos hacen mejores, que nos hacen únicos, que hace que merezca la pena seguir adelante.

Sabíamos que nos habíamos ganado feroces enemigos y que tratarían de demostrar, de la forma que fuese, que éramos tan corruptos como ellos; y que cuando comprendieran que eso no era posible, tratarían de aniquilarnos. Pero preferimos seguir adelante, con nuestra verdad, con nuestro discurso, con nuestra forma de ser.

Yo nunca he creído en las conspiraciones, pero tampoco creo en las casualidades. Por eso me resulta inverosímil creer que alguien se sentara en un despacho para diseñar cómo acabar con UPyD. Sin embargo, también sé que un grupo de personas poderosas decidieron crear un partido con capacidad y disposición para apuntalar al bipartidismo y, llegado el caso, para ser un complemento o sustituto del PP o de Rajoy; y que pensaron que para que esa operación tuviera éxito en tiempo y forma UPyD resultaba ser un estorbo.

Y en base a la historia y a los datos que en este libro aporto —muchos de ellos, por cierto, me los han suministrado periodistas que nunca se atrevieron a publicar la información que tenían—, puedo plantearles algunas conjeturas, tales como que la oligarquía catalana y española estaba muy preocupada por la deriva secesionista catalana porque se dieron cuenta de que el PP y el PSC no tenían ninguna posibilidad de crecer y ser verdaderamente decisivos en Cataluña.

O que el experimento de Arriola con un gran grupo editorial y mediático para desgastar al PSOE aupando a Podemos en sus cadenas de televisión se les fue de las manos y, cuando creyeron que ponía en riesgo la estabilidad del país, se apresuraron a pergeñar una solución posibilista que les permitiera enfrentar ambos problemas, el español y el catalán, a la vez.

O que quizá UPyD fue sondeada previamente sobre una salida posibilista a la crisis catalana y dijo que no; porque es un hecho que para nosotros los derechos de los ciudadanos son indivisibles e iguales y nunca han de responder al territorio en que viven. Y si esa hipótesis fuera cierta, los hombres de negocios que se reúnen en los despachos de lo alto de la torre y se sienten estadistas habrían descubierto que una UPyD con cuarenta diputados nacionales, presente en toda España, podía representar más que una molesta incomodidad para sus intereses.

Tampoco creo que los periodistas, ni siquiera un porcentaje significativo de ellos, estén en los enjuagues. Al fin y al cabo no son los profesionales del periodismo quienes deciden lo que va a titular o abre portadas. A veces ni siquiera lo deciden los directores de los medios, sino los propietarios, que coincide que son los mismos hombres de negocios metidos a estadistas que desde lo alto de la torre deciden lanzar a unos y quitar a otros. Pero sí que me consta que hubo algún director de periódico completamente entregado a la causa. Les contaré una conversación que mantuve en los primeros días de marzo de 2015 con el director de un importante diario madrileño de circulación y conocida influencia nacionales. La reunión tuvo lugar en su despacho del periódico; yo estaba acompañada por Andrés Herzog y por nuestra responsable de prensa y él por dos personas de su equipo. La reunión se produjo a petición nuestra, pues yo no le conocía y quería trasladarle alguna reflexión sobre la forma en que su periódico hacía la cobertura y seguimiento de UPyD. Tras los intercambios de rigor —nuestro planteamiento, la constatación de que desde hacía meses ni siquiera teníamos un periodista asignado para cubrir nuestra tarea parlamentaria y nuestra actividad política, las dificultades de nuestros responsables de prensa para encontrar interlocutor, la invisibilidad a que ello nos abocaba...— y la respuesta amable y «sorprendida» del director, la petición de explicación a sus colaboradores, la manifestación de que eso lo iban a arreglar... llegó lo que podemos llamar la hora de la verdad. Y entonces nos preguntó por qué no pactábamos con Ciudadanos. Yo le expliqué someramente la cuestión y Andrés Herzog le dio todo lujo de detalles al respecto. Él insistió en que éramos «lo mismo», que cualquiera lo veía así... Me retó a que plasmara en un artículo los puntos que nos diferenciaban y «verás cómo al día siguiente te los desmontan». Le llamé la atención sobre el hecho de que estuviera tan seguro de que éramos lo mismo cuando, tal y como se puso de manifiesto por sus preguntas iniciales, no conocía ninguno de nuestros planteamientos en materia económica, social, educativa, de modelo de Estado (habíamos hablado de la reforma constitucional de UPyD, que él admitió desconocer completamente) y las propuestas de Ciudadanos eran en ese momento inexistentes. Me reiteró que lo importante era la percepción y que no había manera de que a eso le diéramos la vuelta. Y sin que lográramos entender a qué venía, me dijo que lo nuestro con Ciudadanos era como Sudán (!?). Y ante nuestra perplejidad declaró, tranquila y relajadamente, que la línea editorial de su diario apostaba por un pacto entre Ciudadanos y UPyD y que si yo quería un editorial y una portada positiva en ese diario, lo único que tenía que hacer era asumir y anunciar ese pacto.

Esa conversación se celebró días antes de las elecciones andaluzas y durante toda la campaña las entrevistas, encuestas cocinadas, publirreportajes y jabón a Rivera y Ciudadanos en su periódico fueron una constante. Una estrategia mediática de uno de los periódicos en papel de mayor tirada en España que se multiplicó hasta el infinito durante la campaña de las autonómicas y municipales que se celebraron dos meses más tarde. Por qué ese influyente diario tomó la decisión de inflar las expectativas de Ciudadanos y arropar a su líder Rivera es algo sobre lo que se puede especular; pero que lo hizo con encuestas encargadas ex profeso que corregía una vez entregadas por la empresa demoscópica si el resultado no le resultaba suficientemente satisfactorio, es un hecho. Que subió diez puntos a Ciudadanos de diciembre de 2014 a enero de 2015 (sin que mediara actuación política alguna que pudiera explicarlo), es un hecho. Que un día tras otro, desde las andaluzas a las municipales de mayo de 2015, publicitaba en portada cada ocurrencia de Rivera como si fuera el invento del siglo, es un hecho. Que ocultaban cada escándalo que se producía entre los recién elegidos diputados autonómicos de Ciudadanos en Andalucía para que llegaran «limpios» a las autonómicas y municipales de toda España, es un hecho. Que inflaron encuestas, ciudad por ciudad, comunidad por comunidad, en las que ni siquiera preguntaban por los candidatos de UPyD, para animar el voto a Ciudadanos, es un hecho. Sé que no es el único medio de comunicación que ha actuado así, inflando la burbuja y encargando encuestas a la carta para que se cumpliera la profecía. Pero en este caso tengo los datos y el reconocimiento del director de que si queríamos que se nos tratara con justicia, simplemente informando de nuestras propuestas, habíamos de pasar por la piedra y someternos a las decisiones de su periódico. Quizá el director del periódico se sintiera frustrado por no poder marcar la línea editorial y quisiera desquitarse marcando la estrategia política de UPyD. Pero, parafraseando a un compañero de la dirección, Paco González, si los políticos que usan su poder para hacer negocios nos repugnan y los hombres de negocios que usan su poder económico para hacer política nos aterran, ni les cuento lo que pienso de los periodistas que utilizan los medios en los que trabajan para presionar a los políticos. Estos son los hechos, así que sobran las especulaciones.

Los días posteriores a las elecciones municipales y autonómicas fueron muy amargos y dolorosos para mí. Miles de militantes magentas lo habían dado todo no solo durante la campaña sino durante los años en los que habían representado a sus conciudadanos en las instituciones locales y autonómicas; o durante esos cuatro años en los que, estando fuera de las instituciones, habían hecho más y mejor oposición que la realizada por otros partidos que tenían representación. Fue muy triste ver aquella noche la frustración reflejada en los rostros de los candidatos y simpatizantes que nos acompañaron en el hotel de Madrid en el que solíamos reunirnos para esperar los resultados. Pero he de decir que la gente que nunca pidió nada y la que siempre trabajó de forma altruista fue la que mejor reaccionó ante el golpe: les vi llorar, abrazarse y abrazarme sin un solo reproche. Les escuché decirme que no había que rendirse, que había que seguir adelante, que éramos necesarios, más que nunca, que había que intentarlo en las elecciones generales para seguir desde el Congreso siendo útiles a los españoles. Guardo decenas de testimonios escritos de los días posteriores que recogen un sentimiento de rebeldía y orgullo por lo que somos, por lo que hemos hecho. La inmensa mayoría de los remitentes son para mí personas desconocidas, algunas ni siquiera afiliadas, meros votantes que me animaban a seguir mientras fuéramos útiles para la gente y que me explicaban que se sentían orgullosos por haber optado a favor de sus convicciones, por haber sido coherentes con sus ideas al margen de los resultados electorales.

Cierto es que también hay posibilistas pragmáticos en UPyD, de esos que argumentan que para defender las ideas hay que estar dispuestos a renunciar a una parte de los principios en que se sustentan esas ideas. Y también es cierto que en esos días unos pocos de entre los nuestros volvieron a demostrar el polvo de que están hechos y pude percibir el cálculo y el júbilo indisimulable con que acogían los malos resultados. Cierto que esos pocos son, todos, de los poquísimos que siempre trabajaron cobrando, o como contratados por el partido o como cargos públicos una vez que consiguieron ir en las listas y obtener un acta.

Pero la inmensa mayoría de UPyD volvió a demostrar en esos días duros que no se afiliaron a este partido para obtener poder, y que el fin nunca justifica los medios. Me hicieron saber que no querían estar en un partido que ganase elecciones sino en uno del que se sintieran orgullosos por sus propuestas, las siguiese quien las siguiese. Y que si nuestro objetivo hubiera sido meramente electoral, no hubiéramos formado este partido, hubiéramos hecho lo que hacen los viejos y lo que hacen los que aparecen como nuevos: tejer una red clientelar, entrar en los juegos de poder de la justicia, de las televisiones, de los órganos de control... Y no habríamos pisado tantos callos ni habríamos intentado meter a Rato, a Pujol o a Mas en la cárcel.

No tengo sino agradecimiento para todos ellos, para toda esa familia magenta a cuyo lado he sufrido, crecido y disfrutado, a los que esa noche, como tantas, me volvieron a demostrar que un amigo es aquel que se queda contigo para luchar a tu lado. Esa noche triste, tanto como la noche de las elecciones de marzo en Andalucía, volví a descubrir lo mejor de los seres humanos, la grandeza de este grupo de personas que conformamos UPyD, hombres y mujeres, jóvenes y mayores que llegaron al partido ofreciéndose a trabajar, preguntando qué podían hacer; gente que nunca preguntó por lo suyo, que siempre trabajaron por y para los demás. Para mí ha sido un inmenso honor hacer el camino con todos ellos. A todos ellos les pido perdón por no haber sabido hacer mejor el trabajo que me encargaron de dirigir el partido. A todos ellos les rindo homenaje.

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UN PORTAVOZ LLAMADO ANDRÉS HERZOG

No vine solo por decirte (aunque también) que no volveré nunca, y que nunca podré olvidarte.

JOSÉ HIERRO

El día 11 de julio de 2015 se celebró en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el Tercer Congreso de UPyD, que en este caso fue un congreso extraordinario, y que tenía por objeto elegir nuevo portavoz y renovar el órgano de dirección del partido.

Los afiliados y simpatizantes inscritos pudieron elegir entre cuatro candidaturas, encabezadas respectivamente por Andrés Herzog, Irene Lozano, José Antonio Rueda y Julián Domínguez. Como viene siendo la norma desde que nacimos, la dirección del partido se eligió de forma directa por todos los afiliados, que pudieron votar en urnas que se pusieron al efecto en toda España y en el lugar en el que se celebraba el congreso en Madrid.

La campaña duró algo más de tres semanas y se desarrolló en buena parte a través de las redes, aunque los candidatos a portavoz celebraron un debate a cuatro en Madrid y además recorrieron toda España para hacer reuniones con los afiliados y simpatizantes. Fue una campaña muy respetuosa, con algunas e inevitables excepciones que reflejan la condición humana; por ejemplo, Irene Lozano calificó el congreso como «la fiesta de despedida de Rosa Díez» por el hecho de que la portavoz saliente fuera a tomar la palabra en el transcurso del mismo.

Pero los prolegómenos del congreso tuvieron protagonistas relevantes, que ni siquiera eran afiliados. Nemesio Fernández-Cuesta jugó un destacadísimo papel a la hora de conseguir apoyos para la candidatura de Irene Lozano. Les cuento.

Nemesio Fernández-Cuesta llegó a UPyD en octubre de 2014. Luis de Velasco, en aquel momento portavoz en la Asamblea de Madrid y miembro de la dirección nacional del partido, me lo presentó como «un viejo amigo» que quería «echar una mano». Me dijo que estaba a punto de jubilarse voluntariamente como alto directivo de Repsol tras no haber conseguido ser CEO del grupo (Isidre Fainé eligió a Josu Jon Imaz) y, sentado con Luis de Velasco en el sofá rojo de Ikea que había en mi despacho, se ofreció a colaborar en todo aquello en lo que él pudiera aportar algo al partido: relaciones institucionales, propuestas económicas, comunicación... Por supuesto que le dimos la bienvenida. Venía bien recomendado y aparentemente no tenía nada que ganar sumándose a una formación política pequeña, como la nuestra, y pusimos a su disposición todas las «tripas» de la organización. Llegó al partido (qué casualidad) justo cuando iniciábamos las fallidas conversaciones con Ciudadanos y estuvo desde el primer momento al tanto de todo lo concerniente a las mismas; a la luz de los acontecimientos que después hemos conocido, diría que estuvo mucho más al tanto que yo misma de lo que se cocía.

A finales de 2014 iniciamos un proceso de reestructuración del área de comunicación y campañas electorales y por primera vez en nuestra corta historia decidimos contratar profesionales para encarar las campañas del año 2015. Nemesio Fernández-Cuesta se incorporó al equipo de comunicación y electoral en un lugar preeminente: adjunto al responsable de campaña. Y como tal tuvo acceso a todos nuestros papeles, a toda nuestra estrategia, a toda nuestra táctica. También por vez primera encargamos un estudio cualitativo y otro cuantitativo sobre el partido, material sensible que él manejó desde el primer día. Con él formando parte de ese equipo de campaña (dirigiéndolo en muy buena medida, pues todos respetaban su experiencia empresarial), encaramos las elecciones autonómicas de Andalucía, esas cuyos resultados fueron utilizados por quienes querían que nos uniéramos a Ciudadanos para abrir la mayor crisis política en el seno de UPyD. En ese equipo de campaña, que se disolvió por razones económicas tras los malos resultados andaluces, participaba Irene Lozano y estaban contratadas un buen número de personas (como Máximo Pradera o Bernardo Navazo, responsable del call center) que ella misma había aportado al equipo o en cuya selección había cooperado activamente, como es el caso de Gustavo García Espejo, responsable de la estrategia de campaña. Nemesio Fernández-Cuesta nunca estuvo contratado por UPyD, nos limitamos a pagarle viajes y hotel.

Bien, pues este personaje que llegó y se introdujo desde el primer momento hasta el corazón de la cocina de UPyD (es mi responsabilidad, por supuesto) desempeñó también desde el primer momento un papel de correa de transmisión entre nuestro partido y los promotores del «elegido». Yo entonces ni lo sabía ni lo podía sospechar; él venía, como dije, de la mano de Luis de Velasco, en quien yo confiaba; y no tuve datos de su doble juego hasta su actuación tras la dimisión de Lozano. Pero para entonces ya conocía los entresijos, las tácticas, las estrategias, los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro partido. Y con todo ello jugó para intentar que ganara el congreso extraordinario quien había decidido entregar el partido a Ciudadanos.

Nemesio Fernández-Cuesta, sin ser afiliado, estuvo al tanto de toda la conspiración interna que pretendía impedir que pudiéramos concurrir a las elecciones municipales y autonómicas. Y tuvo en el congreso el papel de «conseguidor». Él se entrevistaba con afiliados que habían anunciado que iban a presentar candidatura o que incluso la habían presentado o con afiliados indecisos a los que animaba a apoyar a Irene, a retirar sus candidaturas o a integrarse en la candidatura de Irene, según fuera el caso, garantizándoles que si ganaba Irene Lozano habría dinero y un plan de viabilidad económica para sostener el partido.

¿Por qué un hombre, jubilado de lujo de una gran empresa, que llega a una organización política pequeña y sin poder para «echar una mano» se convierte en el artífice y/o padrino de una determinada candidatura que tiene como único objetivo regalar el partido a Ciudadanos, el partido aupado por el IBEX 35? ¿Es casual que el mismo miembro de la dirección que dimitió para forzar una gestora y luego formó parte de la candidatura que quería entregar el partido a Rivera, trajera a UPyD, en las mismas fechas, a dos prohombres tan bien relacionados con las altas esferas de las grandes empresas españolas? La respuesta es obvia: nada ocurre por casualidad.

Por lo demás, el congreso se desarrolló de forma ejemplar. Más de trescientos afiliados y simpatizantes llenaban el aforo del salón del Círculo de Bellas Artes cuando Juan Luis Fabo, responsable de organización del partido, dio la bienvenida a todos los asistentes. Tomaron la palabra miembros de la sociedad civil que nos acompañaban y una treintena de afiliados que habían sido seleccionados por riguroso sorteo entre los que solicitaron intervenir.

Y yo intervine en nombre de la dirección saliente. Este fue mi discurso:

Subo a la tribuna, en esta mi última intervención como vuestra portavoz, con emoción y con orgullo. Es para mí un momento importante, muy importante. Empezaré por deciros lo que no voy a hacer: no voy a despedirme.

Lo que sí voy a hacer es daros las gracias. «Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado», dijo Jefferson. Pero hay sueños porque hay historia. Y vosotros sois los protagonistas; de mi historia y de nuestros sueños.

Tengo el inmenso orgullo de haber podido representaros, orgullo y agradecimiento por haber tenido vuestra confianza, vuestro respaldo, vuestro aliento. He compartido con vosotros estos siete años y medio largos; me lo habéis dado todo, me habéis hecho mejor persona. Vosotros, los afiliados, sois lo único imprescindible de UPyD. Gracias, porque sin vosotros nada hubiera sido posible.

¿Os acordáis cómo empezamos? En aquel pisito de soltero de la calle Orense, en el que todos compartíamos los despachos, en el que todos éramos voluntarios, desde el que abría la puerta, el que contestaba el teléfono o el que redactaba el programa electoral... Todos voluntarios.

Los voluntarios han sido claves en este partido, lo siguen siendo hoy. Con ellos, gracias a ellos, salíamos a la calle a recoger firmas, porque para presentarnos necesitábamos miles de firmas. ¿Os acordáis que no teníamos dinero, porque ningún banco nos prestaba, e hicimos bonos? No solo hicimos bonos para que nos prestaran los ciudadanos, que lo hicieron, sino que denunciamos en rueda de prensa que los bancos que no nos prestaban dinero a nosotros, que teníamos intención de devolverlo, les condonaban las deudas a los partidos del establishment, a los que arruinaban España... Empezamos bien...

Vosotros, los afiliados de UPyD, habéis demostrado que sois gente generosa, altruista, valiente. Gente extraordinaria.

Me habéis acompañado, me habéis ayudado, me habéis respondido, me habéis querido. Os he visto hacer campañas sin un euro, sabiendo que era casi seguro que no saldríais elegidos; no solo esta última, en las primeras, en las segundas generales... En la primera, todos moviéndonos con un único objetivo: poner un pie en el Congreso, entrar. Desde Galicia hasta Melilla, pasando por el País Vasco, o Cataluña. Solo eso buscabais: que UPyD, que yo entrara en el Congreso de los Diputados. No pensabais en vosotros, en vuestra acta, en vuestra circunscripción. Era el proyecto, era la gente a la que queríamos representar, era la emoción que sentíais que despertábamos, era la convicción de que éramos necesarios... «Lo que nos une», era el lema de nuestra primera campaña. Y el cartel, un carnet de identidad. Lo que nos une es la ciudadanía.

«Cada voto vale», dijimos después, en la campaña de generales de hace cuatro años... Sabíamos que en muchas circunscripciones no íbamos a entrar. Pero queríamos que el partido llegara al 5%, que tuviéramos grupo propio. Por eso en Murcia, en Salamanca, en Barcelona, en Cantabria, en Tenerife... hacíais campaña para los candidatos de Madrid con el mismo empeño que quienes la hacían aquí. No pensabais en vosotros; pensabais en la gente a la que queríamos representar.

Vosotros, los afiliados de base, las personas anónimas, esas a las que he visto en toda España, esas a las que no he visto nunca pero sé que salen a la calle a repartir folletos con las caras y los nombres de otros compañeros, sois lo mejor de este partido, lo mejor de este país.

No me voy a despedir. No se puede despedir una de sí misma. Y yo soy, ahora mismo, lo que vosotros habéis hecho de mí. Me quedo con un trocito de cada cosa que os he escuchado, de cada sonrisa, de cada lágrima que he compartido con vosotros. Sois grandes, sois extraordinarios. Si alguna vez os ofendí, en lo personal, de palabra o de obra, os pido perdón. Gracias por haberme elegido vuestra portavoz, vuestra primera portavoz, por haberme permitido representaros. Ese honor que me brindasteis no me lo podrá arrebatar nadie, nunca.

Lo segundo que quiero hacer es reivindicar nuestra historia porque es la vuestra y no debéis dejar que nadie os la arrebate, y mucho menos que os la reescriba.

Algunas cosas hemos hecho muy bien. Hicimos el mejor diagnóstico sobre los problemas de España: fuimos los primeros en describir y alertar sobre la crisis institucional, la crisis política, la separación entre ciudadanos y políticos.

Acertamos en el diagnóstico y en las recetas, y lo hemos defendido con honestidad y coherencia en la plaza pública y en las instituciones. No elegimos el camino corto, elegimos el camino bueno. Y defendimos nuestras propuestas sin concesiones, con autonomía, con libertad.

Hemos impregnado la historia y el cambio político en España. Hemos sido los protagonistas. Pero no porque fuéramos los primeros, que eso pasa pronto. Sino porque les obligamos a cambiar, a incorporar en la agenda política cuestiones en las que nunca creyeron, que nunca defendieron pero que ahora mismo no se atreven a obviar. No sé quién, creo que Katy [Gutiérrez], habló antes del feminismo. Pues es una cosa similar: la gran revolución del feminismo, el gran logro, es que quienes son aún machistas ya no se atreven a decirlo. Ese es el gran cambio que produjo su lucha, no solo las leyes, sino el cambio de mentalidad, lo más difícil de lograr. Pues eso mismo ha hecho UPyD con la historia de la democracia en España: impregnar de todas nuestras ideas toda la política de todas las formaciones, que, al menos en la teoría, están dispuestas a abordar todos los cambios a los que hasta hace nada se negaban.

Hemos hecho, sí, grandes cosas, cosas inauditas. Hemos demostrado que se puede formar un partido sin padrinos, con libertad. Hoy que todo está esponsorizado, la política y todo, nosotros demostramos que se puede hacer política sin espónsores, con autonomía política, con libertad.

Hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera. Que se puede hacer política pensando en los españoles en vez de pensar solo en el partido o en la próxima contienda electoral. Hemos demostrado en la práctica que nos creíamos aquello que hemos repetido: que no somos sino un instrumento al servicio de los ciudadanos.

¿Cómo no estar orgullosos de haber marcado la agenda política de España, de haber introducido en ella todas aquellas cuestiones que nos propusimos cuando fundamos este partido?

Que a nadie se le olvide: fuimos nosotros, vosotros, quienes iniciamos desde la tribuna del Congreso de los Diputados la lucha contra la corrupción política, el cambio del modelo de Estado. Quienes exigimos la radical independencia de la justicia, la eliminación de los aforamientos, la eliminación del gasto superfluo, la reforma de la ley electoral, la fusión de municipios... Todo lo que España necesitaba para salir de la triple crisis, política, económica y social.

Bien que nos lo hemos currado, bien que nos han zurrado por hacerlo. Pero ahí está: nadie se atreve ya a no incorporar todas esas demandas en sus programas. Porque hemos dado categoría política a lo que hasta que nosotros llegamos eran debates profesionales, académicos o ciudadanos. ¿Cómo no estar orgullosos?

No hemos tenido rédito electoral, pero sí éxito político. Hemos triunfado, sí, porque nuestras ideas han ido penetrando en la sociedad y han cambiado el paradigma político en España como nadie lo ha hecho desde que hay democracia. Hemos demostrado que tenemos sentido de Estado, porque hemos hecho política pensando en las próximas generaciones. Sentíos orgullosos, magentas, porque es vuestro mérito.

Lo dijimos desde que nacimos: no nos conformamos con cambiar el Gobierno; pensamos que se debía cambiar el régimen e, ingenuamente, creímos que se podía lograr en una generación. Pero no era posible hacerlo en tan corto tiempo, las resistencias eran demasiado fuertes. Aún así, hemos ganado la batalla política y hemos provocado la gran revolución: que incluso los que no están de acuerdo en abordar esas reformas ya no se atrevan a decirlo.

Y, además, no hemos perdido la esperanza: porque no nos conformamos con alcanzar el poder cuanto antes y mucho menos a cualquier precio. Somos singulares, somos diferentes, somos libres. Por eso hemos podido hacer todas estas cosas de las que nos podemos sentir muy orgullosos. Nosotros no tendremos que desviar la mirada cuando nuestros hijos o nuestros nietos nos pregunten qué hicimos cuando España vivió esta crisis política, de valores; nosotros levantaremos la vista, les miraremos a los ojos y les diremos: mantuvimos la integridad y libramos la batalla. Lo hicimos, y lo seguiremos haciendo, porque tenemos una gran ambición de país, porque queremos una España mejor para nuestros hijos, porque no nos resignamos a que el poder pase de mano, porque aspiramos a cambiar la esencia misma del poder. Lo hicimos y lo seguiremos haciendo porque nosotros somos UPyD.

Hoy que se ha citado tanto a Fernando Savater, quiero hacerlo yo también. Por cierto, un recuerdo especial a él que, aun viviendo una situación dolorosa y complicada, se acuerda de la familia magenta, algo que solo es propio de los hombres grandes como él.

Fernando Savater escribió un artículo que viene a cuento en un momento bien duro, en 2001, cuando todos se empeñaban en decirnos que los constitucionalistas, los de ¡Basta Ya!, habíamos perdido definitivamente la batalla y que teníamos que rendirnos a los partidos dominantes, porque aunque el constitucionalismo tuvo un excelente resultado no pudo llegar al Gobierno. Se titulaba «¡Viva el perder!».

Fernando repasa en ese artículo todos los éxitos del constitucionalismo, desde haber frenado el Plan Ibarretxe hasta haber conseguido que el PP y el PSOE firmaran el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Recuerda cómo por primera vez la gente salió a la calle unida y para sentirse mayoría, no solo para llorar tras un funeral. Recuerda que la sensación de fracaso se debió, sobre todo, a que en nuestras mentes había anidado la esperanza. Y nos animaba a seguir resistiendo. Dejadme que os lea su último párrafo: «Sentirse animado o desanimado ahora es ya cuestión de carácter. Comprendo muy bien a los que, ante el olor y el color de lo que han sacado a flote estas elecciones, sienten la tentación de tirar de la cadena y marcharse dignamente. Pero yo prefiero acordarme de aquel ácrata, “tipógrafo que fue de La Moderna” en el bello poema de Félix de Azúa, que gritó ante el pelotón de fusilamiento: “¡Viva el perder!”. Y permanezco junto a los que siguen jugando, aun sabiendo que hay tantas cartas marcadas. A los acomodaticios, a los resignados, a los amonestadores que todo lo adivinaron antes que nadie pero procuraron decirlo después, a quienes nos preguntan: “¿Habéis aprendido la lección? ¿Os arrepentís?”, les responderemos la palabra sagrada con la que empieza la libertad: “¡No! Claro que no”».

Nosotros también hemos aprendido a decir NO. Hemos dicho NO a la comodidad; y hemos dicho SÍ a la grandeza de todo lo que hemos hecho y de todo lo que podremos hacer siempre que mantengamos lo sustancial, lo que no es negociable: limpieza en los procedimientos y firmeza en los principios. Demostremos que somos dignos de la confianza que depositaron en nosotros los ciudadanos españoles que nos votaron, los que nos piden que sigamos adelante. Démosles, a ellos y a todos los que crean que este proyecto merece la pena, la oportunidad de volvernos a elegir.

Yo también quiero recordar aquí nuestro primer acto político. En aquella ocasión, en septiembre de 2007, os hablé por vez primera como vuestra portavoz. Y hablé de Kavafis y de Ítaca. Ahora que lo hago por última vez también quiero citar a Ítaca y a Kavafis. Aprendamos de cada etapa; disfrutemos cada una de las que hemos vivido. Recordemos los rostros de los amigos, de los ciudadanos que se nos acercan, de los que nos animan, de los que nos piden que sigamos...

Os dije que no me iba a despedir, y no lo haré. Aunque quiero citaros un poema de José Hierro, que me gusta mucho: «No vine solo por decirte (aunque también) / que no volveré nunca, y que nunca podré olvidarte». Yo nunca podré olvidaros.

Ítaca es el viaje, todo él merece la pena ser vivido. Y acabo con la frase con la que me siento más identificada, solo por detrás de la palabra LIBERTAD: Dios salve a los guerreros que son fieles a su pueblo.

Gracias... y adelante. Muchas gracias.

A eso de las seis de la tarde se proclamaron los resultados: con una participación del 47%, los afiliados y simpatizantes eligieron portavoz a Andrés Herzog, que obtuvo el respaldo del 43%. La candidatura de Irene Lozano obtuvo un 40%, la de José A. Rueda el 12% y la de José M. Domínguez el 3%. Andrés subió al estrado y pidió al resto de las candidaturas que le acompañaran arriba, recibiendo una gran ovación de todos los afiliados: «Juntos somos el 100%».

Y de allí salimos unidos y emocionados todos los que siempre creímos que UPyD nació para cambiar la esencia misma del poder, para regenerar la política y la democracia. Y por eso el 60% de los afiliados (ni la candidatura de Rueda ni la de Domínguez, que eran muy críticos con la dirección saliente, querían entregar el partido a Ciudadanos) eligieron el camino difícil. Y fue un orgullo confirmar la pasta de la que están hechos los magenta, que pudiendo optar entre el barco sin honra y la honra sin barco eligieron la honra, la coherencia, los valores y los principios. Y ganó UPyD.

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LAS ELECCIONES DEJAN A UPYD FUERA DEL CONGRESO

No se trata de saber si persiguiendo la justicia lograremos preservar la libertad. Se trata de saber que sin libertad no realizaremos nada y perderemos a la vez la justicia futura y la belleza antigua.

ALBERT CAMUS

La X legislatura finalizó con una última sesión los días 20 y 21 de octubre de 2015. Quiso el calendario legislativo y los cupos que se asignan a los grupos que en ambos días tuviéramos la oportunidad de defender iniciativas propias de UPyD. Acabamos la legislatura de la misma manera que transitamos durante estos ocho años por el Congreso de los Diputados: defendiendo derechos de los ciudadanos. En este caso, a través de una moción que garantizara a todos los españoles el derecho efectivo a elegir en libertad la utilización del castellano como lengua común española. Para elegir libremente la lengua oficial en la que se quieran relacionar con la Administración, rotular tu comercio, o educar a tus hijos... Y para optar a una plaza en la Administración o a un empleo público en condiciones de completa igualdad, sea cual sea tu lengua vehicular o materna.

Sé que es obvio, pero lo que ocurre en España —un país en el que se confunde la identidad cultural con la ciudadanía política, que es precisamente la base del nacionalismo— nos obliga a tener que defender lo obvio. Máxime cuando hay quien niega la existencia del problema y la vulneración de derechos que se produce en algunas comunidades autónomas en las que conviven dos lenguas oficiales; un problema que no lo tienen los ciudadanos, naturalmente, sino que lo han creado las élites gobernantes.

Por eso sometimos a votación una moción para defender el derecho de todos los españoles a utilizar la lengua común, que no es solo la lengua oficial de todas las administraciones públicas, sino que es la lengua nacional común, vínculo de nuestra común nacionalidad, como ha sentenciado el propio TC. La moción salió adelante con el apoyo del PP, el voto en contra de los nacionalistas y de la Izquierda Plural y la abstención del PSOE. Una vez más, cuatro diputados de UPyD (la quinta acababa de dimitir y ya estaba en las listas del PSOE) defendimos el interés general y conseguimos mayoría.

Y en la sesión de control del día 21 tuve la oportunidad de hacerle mi última pregunta al presidente del Gobierno. También en este caso las cosas se desarrollaron como venía siendo habitual con Rajoy: yo le pregunté si seguía afirmando que España cumpliría el objetivo de déficit (a esas alturas todo el mundo sabía que no lo iba a hacer) y él me dijo que sí lo iba a cumplir. Y entonces yo le reconocí que era fiel a sus principios, que empezó la legislatura mintiendo y la acababa mintiendo también. Y le puse algunos ejemplos: mintió sobre la corrupción, sobre la caja B de su partido, cuando dijo que el rescate de las cajas de ahorros no nos iba a costar ni un euro, sobre el poder adquisitivo de las pensiones, sobre la bajada de impuestos, sobre la factura de la luz, mintió cuando prometió que mientras fuera presidente no se celebraría la consulta en Cataluña, cuando dijo que no iba a dar ni un solo euro a la banca...

Y él se limitó a recomendarme que fuera «humilde» para que en mi «futura vida» me fuera mejor. Y, groseramente, se negó a contestarme y se sentó. O sea, también él acabó en su relación conmigo como con España: faltándome al respeto.

Con las elecciones convocadas, se inició la campaña más difícil que ha vivido UPyD. La hicimos, una vez más, sin un solo préstamo ni aval bancario, con la plantilla reducida al mínimo por un doloroso ERE que habíamos tenido que llevar a cabo tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo y en un clima mediático que variaba entre el ninguneo y la hostilidad. A pesar de la complicada situación —o quizá por eso, somos gente rara...— todo el partido se volcó más que nunca y pudimos presentar candidaturas en todas las circunscripciones, tanto para el Congreso como para el Senado. Y estrenamos algunos candidatos de lujo: Fernando Savater encabezó nuestra candidatura al Senado por Madrid, acompañado por Andrés Trapiello y Fernando Iwasaki.

Hicimos la campaña en la calle, subidos en pequeñas plataformas, con sencillos banners detrás. Dimos la palabra a los ciudadanos organizando cotidianamente un «La calle pregunta», sin luces, sin preguntas trucadas, sin público seleccionado. Nos recorrimos las calles y las plazas de toda España, todos los candidatos, todos los simpatizantes... La sede de la calle Cedaceros (la única que aún permanecía abierta) se llenó de voluntarios que trabajaban desde primera hora de la mañana plegando manualmente los pocos folletos que teníamos, ensobrando las candidaturas que habíamos conseguido imprimir para ir después a buzonearlas (por supuesto que no pudimos enviar ni un solo mailing a ningún domicilio de España), contestando al teléfono, organizando los apoderados para el día de las elecciones, acompañando a Andrés a los encuentros con la gente, a concentrarse ante Antena 3 para protestar por el bochornoso bloqueo...

Y a la vez teníamos que multiplicarnos presentando recursos ante la Junta Electoral para reclamar la presencia que legalmente nos correspondía en los debates y en los programas que estaban organizando las cadenas de televisión y algunos medios de comunicación escritos. Una vez más (no ha habido una sola campaña en la que no hayamos tenido que reclamar ante la Junta para que se cumpla la ley) se estaba vulnerando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y se nos dejaba fuera de los espacios a los que teníamos derecho a asistir; un derecho constitucional llamado fundamentalmente a permitir que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes políticos en igualdad de condiciones. La democracia no es votar, es elegir; pero para elegir hay que conocer. Y cuando se excluye del espacio público a un partido político los ciudadanos malamente pueden optar por él. La campaña del 20-D de 2015 es la más sucia y la más antidemocrática que yo recuerdo. Los grandes medios audiovisuales generalistas (Atresmedia y Mediaset) y El País decidieron hacer debates a cuatro (PP/PSOE/Podemos y Ciudadanos); y otros medios digitales y algunas radios siguieron el ejemplo. Pero no todo quedó ahí: como la consigna era que el partido (las elecciones) solo se jugaba entre cuatro, la información, las entrevistas a los candidatos, el seguimiento de la campaña, etc., también era a cuatro. Y en las encuestas que encargaban los distintos medios de comunicación, además del sesgo introducido por las propias preguntas y la cocina que seguía después, se aseguraban de que UPyD no estuviera presente y, simple y llanamente, los encuestadores no preguntaban ni por el partido ni por nuestro candidato, Andrés Herzog. Y TVE, la de todos, organizó varios debates a seis a la una menos cuarto de la madrugada y uno a dos, en prime time. Solo el último que celebró a seis, gracias a un recurso que nos aceptó in extremis la Junta Electoral Central, se vieron obligados a emitirlo a las diez de la noche.

Como digo, en esta última campaña electoral se vulneró el derecho fundamental de los ciudadanos a una información política completa y veraz y el derecho de los partidos a concurrir en igualdad de condiciones. Se violaron reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, resoluciones de la propia Junta Electoral, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... No hubo respeto al pluralismo político ni neutralidad informativa, elementos que son clave para determinar que los procesos electorales se celebran en libertad. Y todo ello se hizo con la complicidad activa de aquellos partidos políticos que no dejaban de hablar de regeneración y cambio. Una vergüenza.

Presentamos alrededor de diez recursos ante la Junta Electoral (compuesta por magistrados del Supremo y por vocales nombrados por los partidos políticos, no diré más) que fueron desestimados o aceptados parcialmente (nos daban la razón pero no obligaban a las cadenas a integrarnos en los debates) y las «compensaciones» que acordaron fueron insultantes. Solo a modo de ejemplo recojo los datos de una de las reclamaciones: durante la semana del 16 al 24 de noviembre, los tiempos en los informativos de TVE fueron los siguientes: PP – 17’23”; PSOE – 16’28”; IU – 3’39”; Podemos – 8’34”; Ciudadanos – 10’31”. UPyD, 28 segundos. Eso sin contar las entrevistas de 15 minutos a Rivera, 24 min. a Iglesias, 18 min. a Sánchez, que ya para entonces les había hecho la cadena pública. Qué más se puede decir.

Nuestro partido siempre ha defendido la pluralidad política y neutralidad informativa; siempre nos pareció correcto que las propuestas de partidos que aún no tienen representación sean recogidas por los medios, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer todas las opciones. Pero es inaceptable en términos democráticos que se excluya de los debates, de los medios y de las encuestas a un partido político que tenía 1.200.000 votos en las urnas. Es una perversión del sistema democrático que las encuestas sustituyan a las urnas; y eso es lo que se ha hecho en España: sustituir el voto emitido en una urna por la expectativa electoral cocinada en una encuesta. Y resulta hipócrita y escandaloso que, prácticamente al día siguiente de las elecciones, los mismos medios de comunicación que publicaban las encuestas infladas como una mala burbuja inmobiliaria, denuncien el sesgo de las mismas y la, según ellos, «trampa para elefantes» en la que cayeron los beneficiados por unas encuestas elaboradas y publicadas para orientar el voto y no para conocer lo que en ese momento pensaban los ciudadanos. ¿Cómo iba a tener UPyD y Andrés Herzog expectativa de voto en esas encuestas que iban dibujando, machaconamente, el mapa electoral si no preguntaban por el partido ni por el candidato? Y, tal y como estaba previsto, como no estábamos en la información que se daba sobre quienes competían con posibilidades de ser elegidos, hoy no estamos en el Congreso de los Diputados.

Lo que estoy contando es tan cierto que tras las elecciones he leído multitud de análisis y comentarios reconociéndolo; por cierto, casi todos ellos escritos por quienes callaron o estaban en el conocimiento, diseño o consentimiento de lo que estaba ocurriendo. Nosotros no podíamos hacer nada para evitar lo que pasó, salvo que se considere un error imperdonable el hecho mismo de presentarnos a las elecciones de forma libre y autónoma para dar a los ciudadanos la oportunidad de elegir a un partido que ha defendido con honestidad, rigor y coherencia todas las propuestas que llevamos en el programa electoral, los valores y los principios por los que hemos batallado desde que nacimos. Ya sé que hay quien considera que la política es un mero juego de poder y de oportunismo; y que hay que apuntarse al sol que más calienta, que hay que abandonar las batallas difíciles, que hay que doblegarse a los mandatos del poder. O que hay que estar por estar. Pero nosotros no hicimos un partido para ganar elecciones, sino para estar orgullosos de las propuestas que defendemos y para tener un cauce que nos permita ser útiles a los ciudadanos.

En las semanas previas a las elecciones todo el mundo nos reconocía la grandeza y calidad de nuestro trabajo institucional y político, entre ellos muchos periodistas y prescriptores de opinión que nunca nos dieron espacio para defender nuestras ideas, que solo hablaron de nosotros para lo marginal, para dar altavoz a quienes nos insultaban o nos descalificaban con burdas mentiras. Decían públicamente que éramos el partido más transparente, más limpio, los que más habíamos luchado contra la corrupción, quienes primero planteamos la batalla contra el asfixiante bipartidismo que convertía la democracia en España en mero turnismo, los que pusimos el acento en la necesidad de regenerar la democracia cuando nadie hablaba de ello... Pero siempre lo decían dándonos el pésame, con un «qué pena» por delante, para que al escuchante o al lector le quedara claro que ya nos habíamos muerto.

Nuestra campaña fue titánica para todos pero particularmente para Andrés Herzog que, entre un acto público y otro, aún tuvo que ponerse la toga para seguir defendiendo a los ciudadanos de los abusos del poder protagonizados por algún que otro mangante que ahora mismo duerme mucho más tranquilo.

Al día siguiente de las elecciones, mientras que se perfilaba la realineación de los partidos en los dos bloques clásicos y se daban los primeros pasos para reeditar un bipartidismo cutre pero a cuatro, Andrés Herzog hizo pública la decisión de la dirección de UPyD de retirarse de todas las causas judiciales en las que aún estábamos presentes, alrededor de una veintena, al entender que no contaba con el respaldo de los ciudadanos para luchar contra la corrupción. Las decisión se tomó no solo por una cuestión económica, que también; sino porque sin el apoyo expreso de los ciudadanos no es posible continuar adelante con los procesos judiciales contra Pujol, Rato, Mas, Miguel Blesa..., contra todos los poderosos y los mejores despachos de abogados que los defienden. Ni es posible seguir defendiendo ante los tribunales a las decenas de miles de preferentistas estafados por esos sinvergüenzas aupados al poder con el apoyo de los partidos políticos que hoy siguen en el Congreso de los Diputados mientras nosotros nos hemos quedado fuera. Nos presentamos a las elecciones del 20-D pidiendo a los ciudadanos que revalidaran su confianza en nosotros para que pudiéramos seguir trabajando desde todos los frentes en defensa del interés de España y de la gente que más necesita del Estado. Pero no hemos conseguido la confianza necesaria y el apoyo suficiente para seguir desarrollando nuestra tarea. UPyD no es una ONG ni un despacho de abogados. Somos un partido político, un instrumento al servicio de los ciudadanos. El inicio de esos procesos judiciales estaba justificado porque estábamos legitimados políticamente por el respaldo y por el voto de más de un millón de españoles, algo con lo que, a la vista de los resultados electorales, ya no contamos. Si los ciudadanos no nos apoyan suficientemente con sus votos no podremos seguir cumpliendo con nuestra obligación de controlar e impulsar la acción del Gobierno desde el Parlamento nacional; ni podremos seguir luchando ante los tribunales para que se haga justicia y para acabar con la corrupción política sustituyendo a la Fiscalía cuando esta no actúa. Los ciudadanos no han considerado necesario que UPyD siguiera librando todas esas batallas en defensa de las causas justas y solo nos queda acatar su sentencia y obrar en coherencia.

Pero acatar la sentencia y cumplir la resolución —en este caso de los ciudadanos que han hablado en las urnas— no significa que no podamos expresar un juicio sobre la misma. Yo no creo que se haya hecho justicia con el trabajo de nuestro partido y particularmente con la entrega y el compromiso cívico y democrático demostrado por Andrés Herzog. Y me parece que al dejar fuera del Congreso de los Diputados a personas que ya habían demostrado su honestidad, su rigor y su coherencia, a Andrés Herzog y el resto de los candidatos de UPyD, quienes más han perdido han sido los españoles.

Qué duda cabe de que este resultado del 20-D es consecuencia de ser lo que somos y cómo somos. Elegimos hacer cosas que nadie hace sin calcular la rentabilidad electoral; elegimos que nuestro partido no fuera un chiringuito más sino un instrumento al servicio de la gente; convertimos la lucha contra la corrupción en nuestra bandera cuando sabíamos que no iba a ser nada rentable desde un punto de vista electoral; elegimos no ser un partido flexible, maleable, dócil, uno más del sistema. Quizá fue un error creer que se podía hacer un partido para Dinamarca —exigiendo y exigiéndonos la misma transparencia y control público que se ejerce en un país en el que la democracia es de calidad—, en un país como España, en el que no se castiga la corrupción y se sigue votando a los corruptos. Hay quien me dice que para que un partido político insobornable, libre, transparente, limpio en los procedimientos y firme en los principios triunfe en nuestro país primero hay que cambiar a España. Es posible que eso sea cierto, pero esa es la tarea que acometimos desde el mismo momento de nuestro nacimiento: pensamos en el país que queremos para nuestros hijos e hicimos un partido político que se puso a trabajar para conseguirlo. Nuestra presencia y nuestra actitud indomable ha espoleado muchas conciencias, ha conseguido romper muchos tabúes y arrancar muchos velos cuidadosamente extendidos por el establishment desde que vivimos en democracia.

Hay partidos políticos que nunca serán tan molestos como lo somos nosotros, que nunca cometerán nuestros deslices, que saben dónde hay que poner las líneas rojas para importunar dentro de lo permitido. Pero esto es lo que somos, lo que libremente decidimos ser: progresistas, libres, transversales, laicos, independientes, españoles sin complejos. O sea, somos Unión, Progreso y Democracia. Estos son nuestros principios; y si no les gustan, no tenemos otros.

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DIOS SALVE A LOS GUERREROS QUE SON FIELES A SU PUEBLO

Nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje. Todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente lo mismo a través de los siglos.

HANNAH ARENDT

Este no es un libro de memorias, pero hago memoria. He escrito estas páginas con el objetivo de repasar la historia de España en estos últimos ocho años a través de la historia de UPyD, un partido que nació para ayudar a construir un país en el que todos fuéramos ciudadanos por entero y no españoles a medias. Me gustaría que este libro contribuyera a dar una respuesta veraz a quienes algún día puedan preguntarse qué hizo cada cual cuando en nuestro país se ponía en riesgo la unidad de España, garantía de nuestra igualdad de derechos como ciudadanos.

También he querido rendir cuentas a los españoles por el trabajo realizado en su nombre y con su confianza; y agradecer a todos los miembros de mi partido, a cuyo lado he caminado durante todos estos años, que hayan hecho posible que hoy podamos presentarnos con el honor intacto, limpios y orgullosos por haber servido a España.

Para entender lo que a Unión, Progreso y Democracia le ha ocurrido en los años 2014 y 2015 es preciso conocer lo que hemos ido haciendo durante los años precedentes. Eso ha marcado nuestro devenir de la misma manera que ha contribuido a conformar un determinado modelo de sociedad. Por eso en este último capítulo quiero dar mi respuesta a quienes aún hoy nos preguntan si estamos arrepentidos por haber llegado a esta situación «habiendo sido el partido que impulsó la ruptura del bipartidismo y la regeneración democrática en España». Lo diré hablando en primera persona del singular, pues ya no soy la portavoz del partido: no, no estoy arrepentida.

No me arrepiento por haber seguido librando la batalla contra la impunidad de ETA y por la ilegalización de sus testaferros cuando ya nadie quería oír hablar de esas cosas y nuestro discurso incomodaba al establishment.

No me arrepiento por haber señalado que la corrupción estaba generalizada e institucionalizada en España cuando los partidos políticos responsables de los Gürtel, de los ERE, de los 3%, de las noticias pagadas, de las cuentas en Andorra..., aún acariciaban la idea de cerrar un pacto para taparse mutuamente sus vergüenzas.

No me arrepiento de haber peleado sin descanso para que se reformara la ley electoral, poniéndolo incluso como condición para formar y/o apoyar gobiernos.

No me arrepiento de haber puesto el énfasis en la necesidad de acabar con el despilfarro y las duplicidades de las administraciones públicas, sabiendo que de eso comen muchos miles de personas que configuran la red clientelar de los partidos políticos viejos.

No me arrepiento de haber exigido que la educación, la sanidad y la justicia sean competencia del Estado, a pesar de saber que esa reivindicación chocaba frontalmente con los chiringuitos de poder regional y las baronías de los partidos viejos.

No me arrepiento de haber exigido que se eliminen los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra, lo que no solo nos enemistaba con los nacionalistas sino que ponía en riesgo la operación «acomodo» de Cataluña en la que están tanto el viejo como el nuevo bipartidismo.

No me arrepiento de haberlos forzado a votar, a unos u otros alternativamente, la ley de custodia compartida o la maternidad subrogada o el contrato indefinido con indemnización creciente o la financiación de fuentes de la Seguridad Social o la eliminación del límite de edad para cobrar la prestación por desempleo o que la lengua castellana fuera vehicular en la educación...

No me arrepiento de haber denunciado la politización de la justicia, de habernos opuesto frontalmente al reparto entre partidos de sus órganos, de habernos quedado solos en la defensa de su independencia. No me arrepiento a pesar de que quienes configuran los órganos politizados y quienes los han nombrado nos la tengan jurada por desvelar con crudeza que el rey está desnudo y que sin justicia independiente no hay democracia que merezca tal nombre.

No me arrepiento por haber forzado a votar a todos los grupos sobre la falacia del derecho a decidir o sobre el plan secesionista de Artur Mas, a pesar de que éramos conscientes de que cada vez que los obligábamos a retratarse poníamos en riesgo los enjuagues en los que están trabajando y nos excluíamos como posibles socios.

No me arrepiento por haber trabajado siempre sin calcular el rédito electoral demostrando que para nosotros la coherencia y la honestidad no son una estrategia.

Lo que puede considerarse nuestro máximo error electoral —mantener la autonomía del partido a trancas y barracas— representa para mí alguna de nuestras mejores virtudes políticas. Sé bien que en tiempos de clientelismo, de política corta, de amiguismo, de opacidad, de engaño, de promesas electorales incumplidas, la coherencia, la independencia y el sentido de Estado son actitudes revolucionarias. Mucho más revolucionarias que las de aquellos que se proclaman antisistema o «nuevos» pero muestran desde el primer día todos los vicios del viejo sistema de partidos.

Hemos sido fieles, en la práctica y en el espíritu, al artículo 6 de la Constitución: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y la manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Y al serlo hemos puesto en evidencia a quienes han tutelado el poder político en España: hasta que llegamos a las instituciones y empezamos a denunciar desde la tribuna pública los trapos sucios de la política, los privilegios, los sobresueldos y la corrupción generalizada todos esos trapos sucios se lavaban en los despachos.

No me arrepiento por haber hecho política con mayúsculas, mientras en España se rompía la incipiente comunidad política. No me arrepiento de haber contribuido a formar una sociedad más crítica y más exigente, aunque ello no nos haya dado resultados electorales. No me arrepiento por no haber sido fundamentalista, por haber huido de los frentes que amenazan con profundizar la ruina y acelerar la ruptura de nuestro país. No me arrepiento por haber defendido siempre el espíritu de la tercera España, que es la de la mayoría.

No me arrepiento por haber pedido que se pusieran en marcha todos los mecanismos constitucionales para evitar el golpe de Estado que se ha producido en Cataluña mientras los partidos viejos y los poderes económicos seguían con sus componendas y sus cálculos. Los países se desmoronan cuando falla la cohesión, que en democracia no se basa en el tribalismo o las emociones sino en el derecho y la ciudadanía. No me arrepiento por haber denunciado en solitario que lo que estaba ocurriendo en Cataluña iba a poner en riesgo la propia democracia española.

No me arrepiento por no haber mirado nunca para otro lado, por no habernos puesto de perfil. No me arrepiento por haber ido a los tribunales para que los delincuentes —ya sean económicos o políticos, ya delincan para robarnos el dinero o para hurtarnos los derechos— no logren salir impunes. No me arrepiento aunque cumplir con nuestra obligación de defender a los ciudadanos no nos haya dado ni un voto y nos haya granjeado muchos y poderosos enemigos.

Hay quien aun nos pregunta si no estamos decepcionados por haber provocado los cambios y que sean otros partidos quienes los rentabilicen; hay quien nos dice que para influir hay que ganar elecciones. Yo les contesto que en estos ocho años UPyD ha influido más en los cambios que hoy vive España que el PSOE y el PP juntos. Ellos han tenido muchos votos en los últimos treinta años, pero no han promovido ninguno de los cambios sociales en los que hoy está inmersa la sociedad española. La realidad es que quienes han atesorado mayorías de forma alternativa y los que aparecen ahora como nuevos han frenado o nunca han hecho nada para regenerar la democracia, para luchar contra la corrupción, para despolitizar los órganos de la justicia y de los organismos reguladores, para reformar la ley electoral, para defender el pluralismo político, para acabar con los aforamientos y los privilegios políticos. No, no me arrepiento de haber abierto esos debates durante estos ocho años y que ahora todos estén obligados a enfrentarse con ellos.

Siempre supimos que no era tarea fácil recorrer el camino que iniciamos a finales del año 2007. Pero, en realidad, a los promotores de UPyD que aparecen en la foto de cubierta siempre les ha ocurrido igual. Fueron excluidos del espacio público en su tierra por no ahormarse, por no adaptarse al paisaje; fueron considerados malos españoles cuando vivía Franco y malos vascos cuando se negaban a «normalizarse» con el discurso nacionalista. Y tampoco fueron muy bien vistos cuando se proclamaron constitucionalistas vascos.

Pero como nunca estuvimos dispuestos a callarnos, como nunca quisimos ganar una batalla con efectos retroactivos, como no estamos dispuestos a que se cumpla en nosotros y en España el poema de Celaya —«porque apenas si nos dejan / decir que somos quien somos [...] / Estamos tocando el fondo»—, fundamos este nuestro partido, Unión, Progreso y Democracia. E hicimos lo que había que hacer desde la convicción de que los españoles a los que representamos y a los que siempre hemos defendido se merecían un partido como este.

Si hubiéramos buscado el éxito social o la comodidad, no hubiéramos hecho este partido. Si nos hubiera importado encontrar acomodo a nuestros afiliados y amparar las legítimas aspiraciones de nuestros cargos más que responder a las necesidades de los españoles, no hubiéramos hecho este partido. Si nos interesara más el partido que el país, no seríamos de UPyD.

Gandhi escribió que la satisfacción no viene de los logros sino del esfuerzo y que el esfuerzo total es una victoria completa. UPyD nació para regenerar la democracia y para defender el Estado, y nadie puede negarnos que nos hemos esforzado al máximo para cumplir con nuestro compromiso. Nos sobran pues motivos para estar satisfechos al constatar que hemos librado una gran batalla política y que la hemos ganado.

La aventura parecía loca, pero nosotros siempre fuimos gente cuerda. Hemos dado siempre y en todo lugar lo mejor de nosotros mismos. Es hora de recordar a Kavafis, como en aquel día de septiembre de 2007 en el que presentamos a nuestro partido:

Ten siempre a Ítaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya,

en la isla, enriquecido de cuanto ganaste

en el camino sin aguardar

a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto,

con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Ítacas.

Sí, nuestro viaje, como la vida, es el camino. Lo que hemos dado y lo que hemos recibido en cada puerto nos ha cambiado y nos ha hecho mejores; y también ha provocado que cambiara la vida de cada lugar en el que hemos recalado. La historia de España ha pasado a través de nosotros y nosotros —como ocurre con las raíces de los árboles que impregnan con olores y sabores singulares las trufas que crecen entre ellas— hemos incorporado nuestro propio acento a la historia de España. Y eso ha sido bueno, y nadie podrá cambiarlo jamás.

Solo me queda repetir, para ayer, para hoy y para mañana: Dios salve a los guerreros que son fieles a su pueblo.

Nota

[1] Un MacGuffin, término acuñado por el cineasta Alfred Hitchcock, es una excusa argumental que hace que la trama de la película avance, pero que no tiene mayor relevancia de por sí.

Los aventureros cuerdos

Rosa Díez

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