Desde la valentía y la reflexión, Rosa Díez convierte La demolición en un alegato contra la indiferencia y en una apelación a favor de la resistencia y de la acción en defensa de lo común. Nos da todos los datos que demuestran la gran traición de Pedro Sánchez a la democracia española y sus consecuencias para el futuro de los españoles.

Este libro es una llamada de alarma dirigida a todos los ciudadanos. Porque mientras debatimos sobre el número real de muertos, el número de parados, el número de nuevos contagiados por el virus o el puesto que ocupa España en el “ranking” de los países que peor han gestionado la Covid-19, Sánchez está demoliendo la democracia y nos está robando nuestros derechos ciudadanos.

Rosa Díez

La demolición

La gran traición de Sánchez a la democracia

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Titivillus 16.01.2024

Título: La demolición

Rosa Díez, 2021

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Para mis nietos, Luca y Galder, mis queridos niños.

Con el deseo de que este libro contribuya

a que podáis crecer y vivir en un país libre,

la mejor herencia que os podemos dejar.

Agradecimientos

Gracias por estar siempre a mi lado. Tú sabes cuánto te quiero.

La democracia no es el silencio, es la claridad con la que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos.

ENRIQUE MÚGICA HERZOG

PRÓLOGO

Este libro es una llamada de alarma dirigida a todos los ciudadanos. Mientras los españoles debatimos sobre el número real de muertos, el número de parados, el número de nuevos contagiados por el virus Covid-19, el puesto que ocupa España en el ranking de los países que peor han gestionado la pandemia de la Covid-19, Pedro Sánchez está demoliendo la democracia y nos está robando nuestros derechos de ciudadanía.

Y por eso de que «la democracia no es el silencio», ojalá este libro pueda convertirse también en un alegato contra la indiferencia y en una apelación a favor de la resistencia y de la acción en defensa de lo común.

Los lectores encontrarán en estas páginas una relación fidedigna y verificable de los hechos acaecidos en España desde que Sánchez decidió traicionar a la democracia y sobre las consecuencias que tienen sus actos para la vida y el futuro de los españoles. Dado que el objetivo principal del trabajo que tienen en sus manos va más allá de desenmascarar al impostor, se impone que analicemos cómo hemos llegado hasta aquí y que repasemos la historia de una saga de socialistas que, borrachos de ambición y cargados de un resentimiento alimentado por su mediocridad, han traicionado los valores democráticos y han tirado por la borda la historia más decente de su propio partido.

Pero hasta aquí no hemos llegado por casualidad ni como consecuencia de una catástrofe de la naturaleza. Antes de que José Luis Rodríguez Zapatero se hiciera con las riendas del PSOE ya resultaba patente que España necesitaba abordar de forma urgente reformas estructurales, imprescindibles para adaptarse con éxito a un mundo abierto y en constante transformación. Pero los gobiernos que le precedieron —ayunos de sentido de Estado y de ambición de país y acomodados en el turnismo PSOE/PP, en el que la cómoda alternancia sustituía a la democrática alternativa—, desperdiciaron un clima político proclive y unos años claves para anticiparse a las necesidades y demandas de la nueva sociedad; y así se fue creando el caldo de cultivo para que Zapatero pusiera en marcha su estrategia de desmantelamiento del Estado y Sánchez la rematara.

Y mientras los dos grandes partidos esperaban su turno para dirigir el Gobierno de la Nación se fueron organizando los reinos de taifas a nivel autonómico. Y en ese proceso comenzaron a dejar de ser efectivos algunos de los artículos más sagrados de nuestra Constitución, aquellos que proclaman los derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.

Y mientras los ciudadanos nos descuidábamos… empezaron a robarnos la democracia.

1

El inicio de la traición. Año 2000:

José Luis Rodríguez Zapatero es elegido secretario general del PSOE

La democracia tiene al menos un mérito, y es que un miembro del Parlamento no puede ser más incompetente que aquellos que le han votado.

ELBERT HUBBARD

La España que importa, la que proclama derechos iguales para todos los españoles, se puso en riesgo desde el mismo momento en el que Zapatero llegó a la Secretaría General del PSOE y decidió impugnar el sistema del 78 e impulsar una «segunda Transición». José Luis Rodríguez Zapatero fue un secretario general accidental que ganó el congreso del PSOE como consecuencia del pacto contra Bono y que se selló in extremis entre los emisarios/delegados de Felipe González y Alfonso Guerra, pues ellos dos ya llevaban años sin hablarse.

Desde ese mismo momento, y a pesar de que José María Aznar gobernaba en España, la obsesión de Zapatero fue establecer diferencias con sus predecesores socialistas Felipe González y Joaquín Almunia.

Lo primero que hizo desde la sede federal del PSOE fue elaborar y difundir la teoría de que los principios y valores que nos permitieron hacer la Transición y construir la democracia se habían quedado obsoletos. Por lo tanto, era preciso impulsar una segunda Transición en la que los protagonistas habrían de ser quienes no habían querido participar en la primera, esto es, los nacionalistas.

Desde el primer día que estuvo al frente del PSOE Zapatero mostró su profundo desprecio por todo aquello que él —«los de mi generación», solía decir— no había protagonizado. Su adanismo le llevó a cuestionar el proceso de reconciliación nacional, lo mejor que habíamos hecho en la historia reciente de España; su frivolidad le llevó a diseñar una estrategia para fomentar el nacimiento de un partido de ultraderecha que llegara a tener representación institucional —al modo de Mitterrand, años atrás en Francia, que impulsó bajo cuerda a Jean Marie Le Pen— para fragmentar el centro derecha (aglutinado en torno al PP) y posibilitar que el PSOE tuviera cómodas mayorías durante largo tiempo. Como ven la estrategia de utilizar las instituciones y los poderes del Estado para romper la unión entre españoles y liquidar a la oposición no es una idea original de Sánchez, aunque no se le puede negar empeño en reforzarla y llevarla a cabo.

Mientras Zapatero estuvo en la oposición, se dedicó a trabajar a las bases del partido y a los prescriptores de opinión cercanos al Partido Socialista para convencerles de que era necesario «superar» la Transición. En esa etapa España vio cómo renacía la perversión del lenguaje, un fenómeno que no ha dejado de prosperar desde entonces.

A la tarea de romper los pactos de Estado en todas las cuestiones de interés general se le empezó a llamar «agrandar el consenso»; a reconocer a ETA como interlocutor e iniciar con ella una negociación sobre cuestiones políticas fue calificado como «dar una oportunidad a la paz»; a poner a la Fiscalía al servicio de los delincuentes se le denominó «manchar las togas con el polvo del camino»; a cambiar la Constitución por la puerta de atrás lo llamaron «estatutos de segunda generación»…

Cuando Zapatero se convirtió en presidente accidental —ganando tras la matanza del 11 de marzo de 2004 unas elecciones a las que llegaba como claro perdedor— se trasladó a La Moncloa la sede de la política para deslegitimar la Transición e implementar la ruptura con los principios y valores del sistema del 78.

Y mientras la clase económica, mediática y sindical le reía las gracias al presidente del cambio tranquilo, este fue rompiendo todos los acuerdos de Estado que habían hecho progresar a España. Y mientras los barones del Partido Socialista se las prometían muy felices tras un resultado electoral inesperado y calculaban los réditos que obtendrían a nivel local o autonómico, Zapatero cavaba una zanja entre españoles y resucitaba la idea de las dos Españas.

Fue durante su primera legislatura cuando Zapatero comenzó a traicionar el espíritu de la Constitución y a burlar la soberanía nacional al impulsar nuevos estatutos de autonomía que tenían cuerpo de estatuto, pero alma de Constitución, y que fueron, de facto, reformas de la carta magna que se llevaron a cabo sustrayendo la decisión al conjunto de los españoles. Recuerden la promesa de Zapatero de «respetar el Estatuto que salga de Cataluña», un compromiso expreso de robar la soberanía al Parlamento nacional.

El PSOE de aquellos años fue el que alimentó el victimismo de los nacionalistas frente a la exigencia de respetar y aplicar la ley en todos los rincones de España; y fue un miembro del PSOE —nada menos que José Montilla, el socialista que entonces presidía la Generalidad de Cataluña— quien encabezó una manifestación en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto. Fue Zapatero quien prometió elaborar leyes orgánicas para «superar» los artículos del estatuto que habían sido declarados inconstitucionales.

Zapatero plantó la semilla del golpe contra la democracia que años después se dio desde Cataluña, si bien Sánchez se ha revelado desde el primer momento como un alumno aventajado en el arte de cultivar la cizaña.

En el debate de investidura de 2005 Zapatero anunció su decisión de iniciar un proceso de negociación con ETA, al que llamó «proceso de paz» (otro ejemplo de perversión del lenguaje), para que «el fin de ETA» se produjera como consecuencia de un «final dialogado» entre la democracia y el terror. Esa proclamación en sede parlamentaria constituyó una afrenta a la democracia y rompió el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito entre el PSOE y el Partido Popular en diciembre del año 2000.

A partir de ese momento (si bien, y como después se ha confirmado, los socialistas ya llevaban tiempo negociando con la banda terrorista) ETA dejó de ser para el PSOE una organización terrorista a la que el Estado de Derecho tiene la obligación de derrotar y adquirió oficialmente la consideración de interlocutor político con el que el gobierno debía negociar en términos de igualdad. Así empezaron los socialistas a robarnos la democracia.

Para satisfacer las pretensiones de ETA y continuando con su estrategia de legitimación de la organización terrorista, en 2006 Zapatero llevó al Parlamento Europeo el debate sobre su negociación con la banda, lo que provocó una votación en la que el Parlamento se partió por la mitad ante el regocijo de los testaferros de los terroristas, que, invitados por el PSOE, observaron el espectáculo desde la tribuna. Los socialistas dieron en Bruselas el primer paso oficial para que ETA lograra su ansiado objetivo de «internacionalizar el conflicto».

De aquellos polvos (la primera gran victoria política de ETA servida en bandeja por el PSOE) vendrían los lodos. En octubre de 2011 y auspiciados por el Gobierno de España y por el Gobierno del País Vasco, llegaría a Euskadi un grupo de personajes que se ganaban la vida haciendo de «mediadores»; como si las víctimas y sus verdugos fueran contendientes homologables; como si el déficit que sufrimos en Euskadi desde que se aprobó la Constitución hubiera sido la falta de paz y no la ausencia de libertad provocada por la existencia de ETA, la única secuela viva del franquismo.

La sangre de los centenares de víctimas inocentes regó el camino en el que los socialistas dejaron de considerar a ETA un enemigo de la democracia y la convirtieron en un interlocutor del Gobierno de España. Esa «conferencia de paz» (otra perversión del lenguaje) organizada por Zapatero en sus últimos meses como presidente del Gobierno para escenificar un empate entre democracia y totalitarismo (como si tal supuesto fuera éticamente aceptable o la historia de la humanidad no hubiera demostrado que tal aspiración conduce indefectiblemente al fracaso) fue un paso más en la estrategia de deslegitimación de nuestra democracia. Aunque la demostración más sangrante —nunca mejor dicho— de que el PSOE estaba traicionando la democracia se produjo cuando el 30 de diciembre de 2006 ETA explotó un coche bomba en Barajas, causando dos víctimas mortales, y Zapatero, que estaba en plena negociación con la banda terrorista, lo calificó como un «accidente». Y siguió negociando.

Zapatero traicionó los principios democráticos más elementales cambiando la Constitución por la puerta de atrás, rompiendo todos los pactos de Estado y colocando a un fiscal general del Estado que se convirtió en el abogado defensor de los terroristas (para no olvidar las palabras de Conde Pumpido proponiendo a los jueces que se apuntaran al «tiempo nuevo» y mancharan sus togas «con el polvo del camino»). También rompió el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, acabando con el consenso de la Transición y cavando una zanja para dividir a los españoles.

Y si pudo hacer todo eso fue porque no hubo una respuesta democrática que se lo impidiera. Una sociedad que se respete a sí misma no hubiera consentido que siguieran al frente de las instituciones unos tipos que renunciaron a defender los valores democráticos más elementales; el silencio de la sociedad hizo más daño a nuestra democracia que la traición del Partido Socialista.

Hasta la llegada de Sánchez al Gobierno de España lo más grave para la salud democrática de nuestro país ocurrió durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, pues en esos cuatro años se perpetró la voladura de todos los puentes, la ruptura de todos los lazos entre españoles. Y eso ocurrió sin que apenas nadie cuestionara —ni desde la política, ni desde los sectores económicos más influyentes, ni desde los medios de comunicación— las decisiones estratégicas del jefe del Ejecutivo.

Fue entre el año 2004 y el año 2008 cuando se escribió la historia más negra de esta época presidencialista, del culto al personaje. Tiene baraka, se decía, como si los atentados del 11-M que habían provocado que ganara las elecciones fueran una cuestión de buena suerte.

Fue en esa época cuando el PSOE puso los cimientos para que años más tarde un impostor como Pedro Sánchez pudiera hacerse con las riendas del Partido Socialista y de España.

En esos años el PSOE comenzó a promover leyes que tenían como objetivo fundamental romper cualquier tipo de consenso con quienes representaban la mitad ideológica y sociológica de la sociedad española. Esa fue la época en la que el Partido Socialista comenzó a trabar complicidades con los partidos políticos que no creen en España como Nación y cuestionan el sistema democrático del 78.

Fue en esa época cuando se comenzó a teorizar el todo vale o el como sea para conseguir ganar una votación. Fue Zapatero quien promovió el Pacto del Tinell en 2003, un acuerdo que se mantiene tácitamente y que impulsó una nueva política de bloques para «superar» los acuerdos transversales entre demócratas que hicieron posible nuestra Transición.

Esa fue la herencia que recogió Sánchez: un Partido Socialista sectarizado y envenenado de odio hacia «la derecha» española (la única opción con quien compite a nivel nacional) y preparado para justificar que se traspasaran todas las líneas rojas para conseguir el poder. Del todo vale o el como sea de Zapatero Sánchez ha llegado al con quien sea. Aunque sean los enemigos jurados de la democracia.

La cuesta abajo para nuestro país comenzó durante la primera legislatura de Zapatero. Fue en esa etapa cuando tiramos a la basura la mayor parte de lo logrado desde la muerte de Franco. Nos perdimos el respeto entre españoles y nos empezaron a perder el respeto como país. Ahí empezó el Partido Socialista a negar el valor de la Transición, de la Constitución, del reencuentro entre españoles, de lo que nos unió para transitar de forma ejemplar desde la dictadura a la democracia. Y hoy seguimos pagando las consecuencias de esa traición a la comunidad democrática que supuso el inicio de la liquidación de la incipiente ciudadanía española.

Nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante iluminado y sin escrúpulos; pero las democracias serias tienen contrapoderes que actúan en defensa del interés general si los responsables de defender los valores comunes pierden la cabeza. Imagínense que llega a la Jefatura del Estado en Francia un tipo dispuesto a romper con los valores del republicanismo; o que alcanza la Jefatura del Gobierno de Alemania alguien que pretende romper con la cultura política del federalismo corresponsable y leal con el Estado… Ni con mayorías absolutas en las Cámaras le hubieran dejado hacerlo.

Solo en las democracias débiles se siguen considerando meritorios la piratería y el aventurerismo. Para ejemplo, Pedro Sánchez, glosado a diestra y siniestra por su capacidad para engañar a todos.

Solo en un país que carezca de una sociedad vertebrada es posible que quienes mandan sin presentarse a las elecciones, jubilados de lujo o nuevas y rutilantes estrellas, periodistas u opinadores, permanezcan mudos ante tanta locura. Es verdad que mientras Zapatero rompía todo lo construido desde la Transición los silentes o aduladores ingresaban jugosos dividendos; y que una buena parte de todos esos protagonistas mudos sabían que vivíamos en una burbuja política que iba a estallar más bien pronto que tarde. Pero nada de eso les importó mientras no llegó a afectarles a su cuenta de resultados o a la cuantía del bonus con el que pensaban retirarse.

Es desolador recordar que Zapatero no perdió las elecciones por su traición a los principios democráticos —que protagonizó de forma voluntaria—, sino por una crisis económica internacional que no supo enfrentar.

A la vista de lo que ocurre hoy en España se puede afirmar que Sánchez es un alumno aventajado de Zapatero y que los españoles no hemos aprendido la lección. Nos descuidamos… y pasó.

A LA TAREA DE ROMPER LOS PACTOS DE ESTADO EN TODAS LAS CUESTIONES DE INTERÉS GENERAL SE LE EMPEZÓ A LLAMAR «AGRANDAR EL CONSENSO».

UNA SOCIEDAD QUE SE RESPETE A SÍ MISMA NO HUBIERA CONSENTIDO QUE SIGUIERAN AL FRENTE DE LAS INSTITUCIONES UNOS TIPOS QUE RENUNCIARON A DEFENDER LOS VALORES DEMOCRÁTICOS MÁS ELEMENTALES.

DEL TODO VALE O EL COMO SEA DE ZAPATERO, SÁNCHEZ HA LLEGADO AL CON QUIEN SEA. AUNQUE SEAN LOS ENEMIGOS JURADOS DE LA DEMOCRACIA.

2

El PSOE elige como guía los once principios de la propaganda de Goebbels

El populismo es la democracia de los ignorantes. A veces sirve para sublevarse contra problemas reales, pero no para solucionarlos. El populismo busca revancha, pero no reforma.

FERNANDO SAVATER

La decadencia de la socialdemocracia y la ausencia de ideas y de un proyecto para la sociedad del siglo XXI no es ajena a lo que le ha pasado al Partido Socialista Obrero Español. Hace muchos años que los socialdemócratas han perdido el rumbo y la iniciativa política y que están al margen de los debates importantes. Ya ni se recuerda cuándo plantearon un debate con propuestas solventes e innovadoras para enfrentarnos a los retos de esta sociedad abierta que está llena de riesgos, pero también de oportunidades.

El declive de la socialdemocracia transcurre en paralelo con el surgimiento y reforzamiento de los populismos de ambas orillas ideológicas, de los discursos xenófobos, del miedo a lo desconocido, de la añoranza de las viejas fronteras, del temor a las nuevas tecnologías, al futuro incierto.

La vieja socialdemocracia no ha sabido comprender los retos de la nueva sociedad, y mucho menos anticiparse a sus problemas. Mientras todo cambiaba en su entorno, ellos optaron por el inmovilismo y por mantener las viejas recetas. Y cuando surgieron nuevas corrientes políticas que cuestionaban el statu quo, lejos de rearmarse se asustaron y optaron por hacer seguidismo de aquellos que progresaban electoralmente apelando a los sentimientos más primarios y recuperando el viejo discurso del nacionalismo más rancio y peligroso. Lo hemos visto antes en Alemania, en el Reino Unido, en Francia…

Se suele decir que a España todo llega tarde, pero termina llegando. Aunque, para ser justos, en algunas cosas somos adelantados: el PSOE fue pionero en apostar por un candidato cuyo único mérito era ser joven y un perfecto desconocido, un dirigente telegénico que pudiera poner rostro al tiempo nuevo de la política evanescente. Aunque Alfonso Guerra dijera que «el odio a la derecha no puede ser el programa del PSOE», ese fue el leitmotiv de los ocho años de gobierno de Zapatero.

Y esa ha sido la herencia que ha recogido y cultivado Sánchez llegando a superar todos los límites y a traspasar todas las líneas rojas imaginables.

El proceso de selección negativa de su propio partido propició que llegara al Gobierno de España un tipo sin escrúpulos, un mentiroso patológico, capaz de traicionar lo más sagrado para conseguir y mantener el poder. Un tipo que comenzó a aplicar de manera inmediata los principios de la propaganda de Goebbels, empezando por los números dos y cuatro, el del método de contagio y el principio de la exageración y la desfiguración:

Principio 2. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada.

Principio 4. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

El «trifachito», «las derechas», «la foto de Colón», son algunos de los ejemplos que ilustran los principios ideológicos sobre los que cabalga el caudillo Sánchez. Unos principios propagandísticos que, aplicados milimétricamente y extendidos por todas sus terminales mediáticas y de poder, han conseguido que las mentiras parezcan verdades y las verdades mero humo.

Y que sus traiciones a la democracia parezcan decisiones «progresistas».

El año 2019 marcó un punto de inflexión en la historia del Partido Socialista Obrero Español; fue el año en el que el PSOE, sin ningún tipo de disimulo, abandonó lo mejor de su tradición democrática para abrazarse a los mitos más rancios y casposos del nacionalismo identitario.

La traición a la democracia perpetrada por Sánchez no se deriva del acuerdo alcanzado para formar gobierno y mantenerse en él. Si la degradación democrática de Zapatero consistió en lavar la historia de ETA, la de Sánchez se concreta en su decisión de blanquear la historia del golpismo sedicioso y del supremacismo catalán y vasco y de convertir en interlocutores privilegiados del Gobierno de la Nación a una banda de facinerosos, corruptos y delincuentes que han sido condenados por el más alto Tribunal del Estado y por los más graves delitos que caben contra la Nación democrática: organizar un golpe de Estado y esquilmar las arcas públicas para lograrlo.

Sedición y malversación, traición y latrocinio. Esos son los títulos que adornan al Gobierno de España.

La apuesta del PSOE por pervertir la democracia se desveló cuando Pedro Sánchez pactó el futuro de Navarra con Bildu, el partido que representa y defiende la historia de ETA, y se confirmó cuando Sánchez decidió negociar el futuro Gobierno de España con el delincuente en jefe de los golpistas, condenado y encarcelado por delitos de sedición y malversación. El golpe contra la democracia prosiguió cuando Sánchez inició negociaciones con el supremacista Torra, representante en España del prófugo de la Justicia Puigdemont, y decidió seguir negociando el futuro de España a pesar de que los golpistas reiteraran su voluntad de reincidir en los delitos.

Lo de menos es que Sánchez alcance algún tipo de acuerdo concreto en esa mesa compuesta por sediciosos, supremacistas y prófugos; como explicaré con más detalle en las páginas siguientes, el daño para el sistema democrático se deriva del hecho mismo de negociar fuera del Parlamento los asuntos políticos que afectan a la estructura de España. El acto antisistema que Sánchez y el PSOE ya han cometido es actuar contra la soberanía nacional.

Sánchez está convirtiendo a España en la anomalía de Europa. Imaginen lo que pensarán nuestros socios comunitarios cuando Sánchez vaya a pedirles solidaridad activa mientras preside un gobierno en coalición con el partido que representa en Europa el régimen de Maduro y con defensores a ultranza del régimen comunista soviético; y que consigue sus mayorías parlamentarias con el apoyo de unos tipos condenados por los delitos más graves que se pueden cometer contra la democracia, desde los sangrientos hasta el golpismo institucional.

¿Cómo vamos a pedir a Europa comprensión y apoyo para derrotar a los sediciosos y golpistas? ¿Cómo vamos a pedir a Europa que nos entreguen a los prófugos si el partido socialista al que pertenece el ministro europeo de Exteriores ha pactado con ellos la mayoría en la que se sustenta el Gobierno de España? ¿Cómo no nos van a considerar una anomalía en el seno de la Unión Europea?

Por eso digo que se repite la historia: Zapatero salvó a ETA cuando ya estaba derrotada y Sánchez salió al rescate de los enemigos de la democracia cuando los delincuentes, los separatistas, los supremacistas, los independentistas, estaban empezando a ser derrotados; cuando la Justicia había actuado ya; cuando la sociedad catalana ya se había movilizado y cuando el apoyo al independentismo caía en cada una de las encuestas de opinión. Y a cambio de un puñado de votos para conseguir y mantener el poder les ofreció modificar el Código Penal para que sus delitos, los que amenazan con volver a cometer, dejaran de ser perseguibles por la Justicia.

En la senda emprendida por los socialistas para traicionar la democracia, Sánchez lo aborda todo. Recuerden aquel bochornoso informe de la Abogacía del Estado solicitando que Oriol Junqueras, un delincuente juzgado y condenado en firme, pudiera tomar posesión y acudir a los plenos del Parlamento Europeo. El informe era el precio impuesto por los golpistas para facilitar el voto a Sánchez. Y Sánchez se convirtió en un traidor homologable a sus socios de legislatura desde el mismo momento en el que ordenó la elaboración de ese informe, convertido en Europa en el nuevo argumentario de prófugos y sediciosos contra la democracia española. El hecho de que no fuera a tener efectos jurídicos resultaba irrelevante, pues los tenía políticos y eso es lo único que les importa a quienes quieren desprestigiar la democracia española para conseguir romper la Nación.

Eso es lo que ya ha entregado Sánchez a los enemigos de nuestra democracia; y eso es lo que verdaderamente importa a la hora de juzgar al personaje. Ahora está por ver hasta qué punto esa inflexión del socialismo español consigue destruir la España democrática y constitucional de la que disfrutamos desde que superamos la dictadura y recuperamos la democracia. Lo que sí es un hecho es que el PSOE ha dejado de ser un partido útil para defender los valores constitucionales.

Así nos está robando Sánchez la democracia.

HAN CONSEGUIDO QUE LAS MENTIRAS PAREZCAN VERDADES Y LAS VERDADES MERO HUMO.

Y QUE SUS TRAICIONES A LA DEMOCRACIA PAREZCAN DECISIONES «PROGRESISTAS».

SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN, TRAICIÓN Y LATROCINIO. ESOS SON LOS TÍTULOS QUE ADORNAN AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

3

Sánchez ha traicionado a la Nación democrática

Cuando griten «¡Viva el progreso!»,pregunta siempre, ¿el progreso de qué?

STANISLAW JERZY LEC

Ciertamente que sin el antecedente de Zapatero Sánchez nunca hubiera tenido la oportunidad de convertirse en el liquidador de nuestra democracia. Aunque debemos atribuirle el mérito de haber demostrado que, en lo que de él dependa, «todo lo que puede empeorar, empeora».

Si queremos frenar la demolición y evitar que nos sucedan generaciones que hayan perdido la oportunidad de vivir en un país plenamente democrático, debemos analizar con cuidado por qué estos dos golfos han podido conseguir que una Transición modélica haya devenido, en apenas treinta años, en una crisis institucional tan profunda.

Si bien ya nadie duda de que la crisis económica y financiera internacional de 2008 fue consecuencia de que se relajaran los mecanismos de control sobre el riesgo (es lo que tienen los economistas, que todo lo explican perfectamente… una vez que ya ha ocurrido la catástrofe), de igual modo el origen de nuestra crisis política se encuentra en que se relajaron los mecanismos de control sobre la democracia y se rompieron los vínculos con los que se estaba constituyendo nuestra ciudadanía.

Si la estrategia de la ruptura pudo triunfar fue porque en España ha faltado pedagogía democrática. Los españoles fuimos capaces de transitar de la dictadura a la democracia, de conformar instituciones democráticas e impulsar leyes homologables con las de los países más avanzados de nuestro entorno… pero no hemos sabido construir una ciudadanía capaz de vertebrar la Nación moderna. Nuestra Nación no tiene ciudadanos que la defiendan porque nadie nos ha educado en valores democráticos básicos, tales como que la defensa de la ciudadanía es el proyecto político más digno, el único que merece la pena.

Nadie ha transmitido a las jóvenes generaciones que para proteger la democracia es preciso defender una integración social cimentada en compartir los mismos derechos al margen de la parte de la Nación en la que se viva o se haya nacido, al margen de la etnia, de la religión o de la tradición cultural; en suma, que las nuevas generaciones no han sido educadas en los valores de la ciudadanía.

El abandono de la defensa de lo común y la ausencia de un discurso nacional por parte de los dos partidos que históricamente se han alternado en el poder hizo posible que en España pudiera triunfar el proyecto de ruptura de la convivencia entre españoles promovido por dos presidentes socialistas, Zapatero y Sánchez, que por estrategia rompieron con la tradición socialdemócrata y comenzaron a defender la pluralidad por encima de la igualdad de derechos y a contraponer la diversidad cultural frente a la unidad de la Nación.

Una sociedad es débil cuando no cuenta con una ciudadanía vertebradora capaz de exigir respeto a los derechos de todos y cada uno de los que la componen. La unidad de la Nación es un elemento imprescindible para garantizar la igualdad entre españoles; por eso es una falacia contraponer diversidad frente a unidad o pluralidad frente a igualdad. No se me ocurre nada más progresista y radicalmente democrático que la cerrada defensa de la igualdad entre ciudadanos; ni hay nada más reaccionario que defender que la pertenencia prime sobre la participación política y que la identidad se imponga sobre la igualdad. Pues bien, esos son los postulados de la pareja tóxica Sánchez/Iglesias y de los socios de ese gobierno y a eso lo llaman «pacto de progreso».

Aprendimos en la Transición que el triunfo de la tercera España dependía de que las dos primeras se entendieran y que para conseguirlo era preciso buscar el acuerdo entre españoles sin señalar vencedores y vencidos. Y en los duros años del plomo, del silencio cómplice del nacionalismo institucional y de la cobardía de otros muchos, también aprendimos que no todos los proyectos políticos son respetables, que todos aquellos que para triunfar requieran eliminar al adversario o situarse fuera de la ley son ilegítimos.

Por eso hemos visto con horror cómo Sánchez ha traicionado la democracia cuestionando el pacto de la Transición y eligiendo para formar gobierno y establecer alianzas a formaciones políticas que ni ahora ni a lo largo de su historia han hecho ascos a cualquier método para eliminar al adversario o para conseguir sus objetivos saltándose las leyes en vigor.

Cuando para que triunfe una idea en una comunidad política ha de prescindirse del respeto a las reglas del juego, es la idea misma la que no merece ser ni respetada ni contrapuesta como una más en el juego democrático. Si para conseguir o mantenerse en el poder un político elige aliarse con gente que no respeta las reglas del juego democrático, es el político mismo el que no merece ser respetado. Eso es lo que ha hecho Sánchez.

Nunca pensé que iba a ver a un presidente elegido democráticamente tejer alianzas de gobierno con los «hijos de las tinieblas», menos aún cuando gracias al sacrificio, al compromiso, a la persistencia y al valor de muchísimos españoles la democracia había ganado la batalla al totalitarismo.

Nunca pensé que iba a ver silente al Partido Socialista Obrero Español, poco sospechoso de compartir históricamente métodos u objetivos con ETA, mientras su máximo dirigente se apresta alborozado a blanquear la historia de terror de ETA; o que iban a callar cuando la vicepresidenta Carmen Calvo defendía su alianza con los testaferros de ETA para gobernar Navarra con el «argumento» de que «el adversario natural del PSOE son las derechas»; o que iban a tragar cuando Pedro Sánchez eligió reeditar sus pactos con los golpistas catalanes al grito de que ERC es «la izquierda histórica».

Sánchez ha convertido al PSOE en un aliado de los involucionistas que quieren liquidar el sistema del 78. Por eso la situación de emergencia nacional por la que atraviesa España puede derivar en una crisis de confianza en el sistema democrático.

Es preciso dar la batalla en todos los frentes —social, cultural, ideológico— para defender a España de este gobierno cuya acción está rompiendo los vínculos de ciudadanía y cuyo presidente propone construir «patrias» pequeñas liquidando la lealtad entre conciudadanos españoles. Porque esa es la consecuencia de las reiteradas proclamas de Sánchez de que en la Constitución Española cabe la «nación catalana» (y todas las naciones que necesite para conseguir mantenerse en el poder).

Para proteger la democracia de los actos de un gobierno presidido por un tipo que arrancó su discurso de investidura proclamando que «la ley no lo es todo» es preciso defender la ciudadanía, los vínculos de lealtad, la igualdad efectiva de todos los españoles.

Para proteger la democracia debemos defender la inmutabilidad de los artículos de nuestra Constitución que proclaman que la soberanía reside en el pueblo español, que todos los españoles somos iguales ante la ley, que los titulares de los derechos somos los ciudadanos y no las tribus o el territorio.

Para proteger la democracia de un tipo como Sánchez debemos defender a los ciudadanos españoles, lo que nos obliga a establecer unos límites infranqueables en la acción política y a denunciar a aquellos que los traspasen, porque nada ni nadie, ni la historia milenaria, ni la lengua, ni los supuestos derechos históricos ni este caudillo moderno que fantasea con un poder ilimitado y cree merecer un estatus superior están por encima de los derechos de los ciudadanos.

Quienes más riesgos asumen por la ruptura de la cohesión entre ciudadanos, entre territorios y entre generaciones son las clases sociales más desfavorecidas, pues ellas son quienes más necesitan un Estado que les garantice el ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de igualdad.

Son los ciudadanos más débiles quienes están pagando las consecuencias de las decisiones de un gobierno irresponsable que se pliega por conveniencia electoral y por estrategia rupturista a quienes imponen barreras en nombre de «su» patria y quieren convertir a una parte de sus conciudadanos en extranjeros en su propia tierra.

Sánchez aprovecha nuestras debilidades; lo suyo no es ignorancia, es estrategia. Lo de Sánchez no es descuido, es traición. Por eso reivindicar la Nación española se ha convertido en un acto de legítima defensa.

EL ORIGEN DE NUESTRA CRISIS POLÍTICA SE ENCUENTRA EN QUE SE RELAJARON LOS MECANISMOS DE CONTROL SOBRE LA DEMOCRACIA Y SE ROMPIERON LOS VÍNCULOS CON LOS QUE SE ESTABA CONSTITUYENDO NUESTRA CIUDADANÍA.

LA UNIDAD DE LA NACIÓN ES UN ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE ESPAÑOLES.

4

Pervertir el lenguaje para degradar la democracia

Las mentiras resultan a menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón, que la realidad, porque quien miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia espera y desea oír.

HANNAH ARENDT

La perversión del lenguaje es una vieja estrategia de los líderes totalitarios. «Llamar a las cosas por los nombres que no son» (Pilar Ruiz, Andoain) es una forma de mentira que resulta muy común en el lenguaje político y que el caudillo Sánchez cultiva siguiendo las instrucciones de Iván Redondo, que, recordando las prácticas de Goebbels, le dicta el principio de propaganda que corresponde difundir en cada momento.

En realidad, teniendo medios y no teniendo escrúpulos el método es sencillo: hay que demonizar una idea o un concepto y exaltar el que se considera contrario. Una vez definido ese objetivo el político goebbeliano adjudicará el adjetivo positivo a cualquier tipo de tropelía que realice y estigmatizará cualquier decisión que tomen aquellos que están fuera de su secta. Y así, pervirtiendo el lenguaje, pervertirán las instituciones y la democracia. He aquí algunos ejemplos:

Es una perversión llamar «gobierno de progreso» al que surge de una coalición formada con los defensores de las dictaduras más sanguinarias del mundo —las actuales, como Irán o Venezuela, y las pasadas, como la soviética— y que está apoyado por filoetarras y golpistas.

Es una perversión llamar «progresistas» a personajes de la calaña de Otegi, Junqueras o Torra. Si Sánchez se encuentra cómodo en su compañía es porque tiene un desarrollo moral muy similar al suyo: carece de la más mínima empatía hacia los demás, no tiene remordimientos, la moral y las normas éticas le son indiferentes y toma las decisiones atendiendo únicamente a sus necesidades. Pero eso no les convierte, ni a él ni a sus socios, en progresistas.

Es una perversión denominar «progresistas» las decisiones tomadas por Sánchez para reforzar las políticas y a los individuos que trabajan por el deterioro de la convivencia entre españoles. Es una perversión considerar «progresistas» las políticas que están conduciendo a la desigualdad entre españoles y que son el peaje que paga Sánchez para que se impongan como nueva norma de convivencia las exigencias de golpistas y proetarras.

Es una perversión llamar «nueva normalidad» al intento de mantener vivo el modelo presidencialista que Sánchez instauró durante los más de noventa días que duró el primer estado de alarma. «La nueva normalidad» se ha convertido en la versión sanchista del «España es diferente» con que Franco justificaba la restricción de libertades que sufríamos los españoles. Como España era diferente, la sociedad española no tenía por qué ser plural, ni los españoles podíamos aspirar a ser tratados como iguales porque no todos éramos buenos españoles; como España era diferente, no necesitábamos instituciones independientes del poder político; como España era diferente los españoles no podíamos aspirar a viajar al extranjero sin limitaciones, a leer o escribir lo que quisiéramos sin temor a ser denunciados o censurados, a reunirnos sin limitación de número y sin pedir permiso… Transmutar la España democrática que nos dimos con la Constitución del 78 en una España «diferente» es el sueño húmedo de Pedro Sánchez; y a eso lo llama progresista.

Es una perversión llamar «restricción de la movilidad nocturna» al toque de queda impuesto por Sánchez dentro de un nuevo estado de alarma que pretende extender durante seis meses para mantener suspendida la Constitución y todos los derechos que en ella se proclaman.

Es una perversión llamar «errores» a los delitos juzgados y sentenciados que ha cometido Junqueras; y es una perversión considerar al terrorista Otegi un socio político de primer nivel y poner bajo su mando el Gobierno de Navarra.

Es una perversión llamar «memoria histórica» al intento de reescribir la historia moderna de España para que las nuevas generaciones ignoren que viven en democracia gracias a la generosidad y altura de miras de sus mayores, que fueron capaces de sellar un pacto entre hermanos para que no se repitiera la historia y para que las nuevas generaciones pudieran vivir en una sociedad libre y democrática.

Es una perversión llamar ley de «memoria democrática» a una norma cuyo objetivo es, según la vicepresidenta Carmen Calvo, «homologar» nuestra democracia. ¿Acaso no vivimos en una democracia homologada con el resto de países europeos? ¿Qué país representa el modelo democrático alternativo que defiende Sánchez y con el que pretende «homologar» a España? ¿Venezuela? ¿Irán?

Como nos ha enseñado la historia, pervertir el lenguaje es el primer paso para pervertir las instituciones y a partir de ahí pervertir la democracia. Todo está inventado y Sánchez se limita a seguir los principios goebbelianos de la propaganda, de forma que las mentiras, convenientemente repetidas, acaben por convertirse en verdad. Como advirtió Klemperer, cuando Hitler hablaba del pueblo se refería a una parte de los ciudadanos; llamaba conflictos a los desacuerdos y difamaciones a la crítica política. Sánchez no hace sino adaptar a nuestro tiempo y a nuestro país la vieja táctica de la propaganda nazi: si se refiere a los españoles, deja fuera a la legítima oposición; a la negativa a avalar sus políticas le llama confrontación; los juicios negativos sobre sus actos son calificados como bulos; a los acuerdos con los enemigos de la democracia les llama «pacto de progreso»; quienes se manifiestan en contra de sus políticas son señalados como fascistas o ultras… Y así todo.

Como escuché decir a Fernando Savater en Andoain: «La ultraderecha en España son los partidos nacionalistas y los independentistas. Llamar a eso “progresista” es un insulto a los verdaderos progresistas que fueron asesinados por defender la libertad y la igualdad».

Así, pervirtiendo el lenguaje, persigue Sánchez pervertir la democracia.

TRANSMUTAR LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA QUE NOS DIMOS CON LA CONSTITUCIÓN DEL 78 EN UNA ESPAÑA «DIFERENTE» ES EL SUEÑO HÚMEDO DE PEDRO SÁNCHEZ; Y A ESO LO LLAMA PROGRESISTA.

5

Sánchez nos está robando la ciudadanía

Por eso no vamos a entrar en consideraciones… es la autodeterminación misma la que rechazamos.

FERNANDO BUESA (15 DE FEBRERO DE 1990)

Cuando Fernando Buesa pronunció esas palabras en el Parlamento Vasco durante un debate sobre la autodeterminación nadie podía imaginar siquiera que treinta años más tarde un socialista iba a nombrar vicepresidente del Gobierno de España al líder de un partido que sostiene que la autodeterminación es un derecho de los catalanes, de los vascos y del resto de regiones que, a conveniencia electoral, serán consideradas naciones dentro de la Nación. Para que el derecho de autodeterminación sea efectivo y una parte de los españoles puedan decidir el futuro de toda España se ha constituido la «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» que acordaron entre el PSOE y ERC. También en este caso lo peor de la historia se repite y Sánchez ha entregado a los golpistas catalanes la herramienta para destruir la soberanía nacional que en el pasado era exigida por los terroristas vascos.

Ningún Gobierno de España se atrevió nunca a rubricar en papel oficial y con el escudo de España el atraco a los principios democráticos que supuso el comunicado conjunto entre el gobierno de Sánchez y el de Torra y que se hizo público tras la primera reunión de la «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» que se celebró el 26 de febrero de 2020. Creo que es importante que en este libro quede constancia expresa del texto:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Comunicado conjunto

Hoy, 26 de febrero de 2020, se ha constituido la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político, que ha estado liderada por el presidente del Gobietno de España, D. Pedro Sánchez, y el president de la Genralitat, D. Quim Torra. Los integrantes son: por el Gobierno de España, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Salvador Illa y Manuel Castells; y por el Govern de Catalunya, Pere Aragonès, Alfred Bosch, Jordi Puigneró, Elsa Artadi, Marta Vilalta, Josep María Jové y Josep Rius.

Esta primera reunión ha servido para sentar las bases de diálogo abordando algunos aspectos metodológicos, y para constar la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política. En este sentido, ambas delegaciones coinciden en que la mesa de gobiernos es un instrumento para vehicular una solución y, por ello, se han emplazado a continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo.

Las dos delegaciones valoran positivamente esta primera reunión celebrada en el Complejo de La Moncloa.

Los acuerdos alcanzados son los siguientes:

La mesa se reunirá mensualmente.

Las reuniones se celebrarán alternativamente en Madrid y Barcelona, en las sedes oficiales de los gobiernos que se acuerden.

Los presidentes y vicepresidentes habilitan a partir de este momento un grupo de trabajo integrado por una delegación por cada parte.

Los presidentes y vicepresidentes se incorporarán a la mesa cuando sea necesario ratificar acuerdos políticos, salvo que alguna de las partes decida otra composición.

Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica.

En cualquier democracia de nuestro entorno, en el supuesto de que sus gobernantes hubieran perpetrado tamaño ataque al orden constitucional, un comunicado de esas características hubiera provocado una inmediata reacción civil en defensa de la democracia.

Ninguna sociedad democrática hubiera consentido el atraco a la democracia que representa que el gobierno de su país proclame que va a iniciar fuera del Parlamento un proceso de «diálogo y negociación» sobre los derechos de ciudadanía de todos los españoles.

Toda sociedad democrática se hubiera rebelado contra la calificación de «conflicto político» al golpe perpetrado desde Cataluña, pues eso significa que el gobierno asume la filosofía de los golpistas, una vieja fórmula totalitaria que equipara a los demócratas con sus enemigos.

Cualquier sociedad democrática hubiera considerado que su gobierno está incurriendo en un acto de complicidad con los delincuentes al proclamar que suscribirá acuerdos «en el marco de la seguridad jurídica» con unos tipos juzgados y condenados por dar un golpe contra la democracia.

El «diálogo bilateral», «la seguridad jurídica» o el «reconocimiento del conflicto político» sin citar expresamente la Constitución son conceptos antidemocráticos y son además frases textuales que ETA ha utilizado a lo largo de la historia exigiendo la rendición de la democracia para dejar de matar. Ningún Gobierno de España se atrevió a poner su sello y su rúbrica a tal atrocidad hasta que llegó Sánchez, el gran impostor. Y lo hizo contando con «el escandaloso silencio de las buenas personas».

La traición a la democracia y la humillación a todos los españoles se consumó con la celebración de esa primera reunión que surgió del acuerdo entre Sánchez y ERC (ese «histórico partido de izquierdas», que diría la vicepresidenta Carmen Calvo para referirse a quienes organizaron y dieron un golpe contra la democracia) para crear la «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Porque una mesa de esas características no es un instrumento de diálogo propio de los sistemas democráticos y parlamentarios, sino un complemento legitimador de las acciones de los sediciosos que tiene como objetivo conseguir la autodeterminación y la ruptura de la unidad de la Nación española.

La formulación misma de la mesa supone que el Gobierno de España reconoce al gobierno de una región de España la capacidad para negociar el futuro de todos los españoles, negando al conjunto de los ciudadanos el derecho a intervenir en las decisiones comunes.

Ese «derecho a decidir» que Sánchez ha decidido negociar con los independentistas nos pertenece a los ciudadanos, que lo somos del Estado español y no de uno de sus territorios. Un derecho a decidir que los españoles ejercemos desde que vivimos en democracia, porque en él se basa nuestra ciudadanía, y que está sometido a las leyes que son el resultado de nuestras decisiones colectivas y se aprueban en el Parlamento de la Nación. No se aprueban en ninguna mesa de diálogo o negociación extraparlamentaria.

Como acertadamente señala el filósofo Ramón Rodríguez en un trabajo sobre la identidad, «el resultado inevitable al que tiende la política nacionalista de la identidad es a introducir diferencias en el nivel básico de la ciudadanía, haciendo que la identidad actúe como un filtro de la condición ciudadana, que establece requisitos y aporta beneficios en virtud de la pertenencia a ella».

Los sediciosos saben que por la vía electoral, con elecciones libres y democráticas, nunca podrán desarrollar su proyecto ultranacionalista; y Sánchez también lo sabe. Por eso ha aceptado una mesa que legitima la trayectoria golpista de quienes la impusieron para apoyar la investidura del candidato del PSOE, que desborda el sistema democrático y que nos acerca al objetivo totalitario de quienes gobiernan en Cataluña contra la mitad de los catalanes y frente a todos los españoles.

La mesa no solo es inútil para resolver los problemas propios de una democracia sino que es un síntoma evidente de que la sociedad que la tolera no respeta la democracia y está dispuesta a aceptar lo que otros decidan por ella. Y es un ejemplo palmario de que Sánchez y su gobierno han dado por liquidado el sistema del 78, por amortizadas las instituciones y por suspendido el artículo 1.2 de la Constitución, que proclama: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

El Parlamento es la institución representativa de la voluntad ciudadana, que está legitimada por los votos y ejerce sus labores conforme a la ley. Los miembros del Parlamento están sujetos a obligaciones: a representar a la ciudadanía conforme al mandato recibido de sus votantes mediante el compromiso electoral y el voto; a respetar el marco legal y a seguir sus procedimientos, las normas que ordenan la discusión en el Parlamento. Ningún país democrático admitiría debatir el cambio de su estatus jurídico-político en una instancia extraparlamentaria.

Las leyes se pueden cambiar, pero ha de hacerse dentro del Parlamento y con sujeción al procedimiento que las citadas leyes prevén para su reforma. Esta es la naturaleza de la democracia: nadie puede tomar decisiones propias del Parlamento sin formar parte del mismo y sin deliberar en público, explicando sus razones y replicando a las del contrario.

Las mesas de negociación y diálogo sobre cuestiones esenciales tales como el modelo de país solo tienen razón de ser en procesos de transición y para cubrir provisionalmente el vacío de instituciones democráticas, en etapas preconstitucionales. Constituir ese tipo de mesas en un régimen democrático supone, de facto, la declaración de suspensión de las instituciones democráticas.

Como expresión concreta de la pulsión de Pedro Sánchez para liquidar el sistema democrático y sus instituciones hemos de interpretar las palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando en debate parlamentario proclamó que en España «junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente».

El problema de la identidad es la democracia. Por eso Sánchez ha puesto en marcha un instrumento nacionalista que supone el fraccionamiento de la ciudadanía y su sustitución por la identidad. ¿Se puede perpetrar atraco mayor contra la democracia? La legitimidad democrática exige no solo que el objetivo político sea legítimo sino que los métodos empleados para conseguirlo lo sean también; estamos ante un claro ejemplo de ilegitimidad de ejercicio del gobierno de Pedro Sánchez.

Así nos roban los derechos de ciudadanía, así traiciona Sánchez la democracia.

TODA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA SE HUBIERA REBELADO CONTRA LA CALIFICACIÓN DE «CONFLICTO POLÍTICO» AL GOLPE PERPETRADO DESDE CATALUÑA.

NINGÚN PAÍS DEMOCRÁTICO ADMITIRÍA DEBATIR EL CAMBIO DE SU ESTATUS JURÍDICO-POLÍTICO EN UNA INSTANCIA EXTRAPARLAMENTARIA.

6

Sánchez se alía con los herederos de ETA, enemigos mortales de la democracia

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas.

ALBERT CAMUS

El efecto legitimador para los enemigos jurados de la democracia que ha supuesto la alianza de Sánchez con los testaferros de ETA liderados por Otegi ha quedado reflejado en el resultado de las elecciones autonómicas vascas celebradas en julio de 2020, justo nada más finalizar el confinamiento decretado por el primer estado de alarma.

Bildu logró un triunfo inapelable. El partido heredero y prescriptor de ETA fue el único que creció en número de votos y en número de escaños. El PNV ganó tres escaños y el PSE uno, pero ambos bajaron en número de votos. Bildu obtuvo 225.179 votos y 18 diputados en 2016 y cuatro años más tarde los herederos de ETA obtuvieron 249.580 votos y 21 escaños, el 27,86 por ciento de los votos emitidos. Mientras que el partido de Sánchez, liderado en el País Vasco por Idoia Mendía, esa señora que presume de celebrar la comida de Navidad con el terrorista Otegi, apenas alcanzó la mitad de los apoyos, el 13,65 por ciento.

La conclusión no puede ser más desoladora para cualquier demócrata: en cuatro años ha crecido en términos absolutos el número de vascos que han premiado al partido de Otegi por los homenajes a los asesinos de ETA, por sus insultos a las víctimas, por el desprecio a las libertades, por el acoso a los constitucionalistas, por su decidida apuesta por la ruptura del marco constitucional y de la convivencia, por parasitar Navarra y sus instituciones y por su orgullosa reivindicación de la historia de terror de ETA.

Pero Otegi y los suyos no hubieran conseguido ese éxito sin la complicidad de Sánchez; el «mérito» de sumar vascos a la causa de los criminales y del terror está directamente relacionado con la voluntad de Pedro Sánchez de lavar la historia de ETA y de todos sus prescriptores, legitimando socialmente sus objetivos y justificando sus acciones, lo que siempre ha sido el instrumento más peligroso de todo totalitarismo. Desde el mismo momento en que Sánchez buscó el apoyo del partido de Otegi para ganar la moción de censura, pasó de combatir la legitimación social de los herederos de ETA y de los defensores de la historia de la banda terrorista a alimentar al monstruo de forma sistemática y cuidadosa.

No ha sido un error; ha sido una estrategia. No ha sido un descuido; ha sido una traición.

Pero la decisión de Sánchez de romper los límites éticos, traspasar las líneas rojas y pactar con los herederos orgullosos de los terroristas como si fueran una fuerza política democrática no es únicamente una apuesta estratégica que se corresponde con su idea sobre lo que es la Nación española, «una nación es un sentimiento que tiene muchísima gente…», que diría en el debate entre candidatos del PSOE en 2017. La decisión de Sánchez tiene un mayor alcance y consecuencias mucho más graves, pues él eligió como compañeros de viaje a los testaferros de ETA porque, como explicaba en párrafos anteriores, con ellos se siente cómodo.

Los bilduetarras ya han demostrado que no tienen prejuicios, ni empatía, ni escrúpulos, ni propósito de la enmienda; por eso Sánchez, cuya personalidad se caracteriza entre otros aspectos por adoptar estrategias cuyo único fin es obtener beneficio personal, se siente tan cómodo con esa alianza macabra; por eso no dudó en traspasar una histórica línea roja del PSOE y entregó a Otegi las llaves del Gobierno de Navarra. Sánchez duerme tranquilo porque sus socios son muy como él.

A esa misma lógica entre maquiavélica y narcisista responden sus pactos parlamentarios para conseguir que la marca de ETA apoyara la coalición tóxica con Iglesias; los continuos piropos a Otegi y a los suyos (son «una formación de izquierdas», Carmen Calvo dixit); el blanqueamiento de su historia y por tanto de la de ETA; los almuerzos de Navidad con luz y taquígrafos entre la líder del PSE y Otegi; los pactos en plena crisis de la Covid-19 (el PSOE firmó con Bildu la derogación de la reforma laboral para conseguir su abstención en la prórroga del estado de alarma); el manifiesto suscrito en el Parlamento con Bildu «en defensa de la democracia y los derechos humanos», en el que para oponerse a una moción de censura presentada contra él, el PSOE redefine su modelo democrático y proclama a los bilduetarras como ejemplo de defensores de los derechos humanos; el trato deferente que les brinda en todos los debates parlamentarios mientras insulta a la oposición democrática; la negociación preferente de los presupuestos; el pésame a Bildu por un terrorista que se suicidó en la cárcel…

Y ahí están los resultados de tanto esfuerzo por legitimar la marca de ETA en las instituciones democráticas. Por eso hemos de extraer las conclusiones correctas.

Bildu no ha crecido como consecuencia del hundimiento de Podemos en el País Vasco, sino porque el impostor que vive en La Moncloa ha alimentado al monstruo.

El monstruo ha crecido porque Sánchez lo ha situado como un referente «de izquierdas» homologable con cualquier otro partido político de tradición democrática.

El monstruo ha crecido porque Sánchez lo necesita para liquidar el sistema del 78 y para consumar esa segunda Transición que inició Zapatero y en la que los referentes son los nacionalistas y los separatistas, tanto los que tienen manchadas las manos de sangre como los que se han limitado a recoger las nueces.

El monstruo ha crecido porque Sánchez les ha brindado legitimación social para que puedan justificar todos sus crímenes.

¿Puede existir traición mayor a la democracia?

Se equivocaría quien pensara que Sánchez se disgustó porque los votos de Podemos en el País Vasco (que perdió la mitad en términos absolutos y el 6,81 por ciento, justo lo que ganó Bildu) no hayan pasado directamente al PSOE. Sánchez necesita a Bildu como coartada; él nunca ha pretendido moderar a Otegi, a Junqueras o a Torra, de la misma manera que nunca pretendió moderar a Iglesias con la coalición, sino radicalizar al Gobierno de España.

Él estimula con sus cesiones las esperanzas de victoria de quienes pretenden derrocar el orden constitucional porque su opción vital es alimentar los extremos y favorecer el crecimiento de las fuerzas radicales y antisistema para aparentar que ocupa el centro de esa cosa que llaman «las izquierdas». Por eso Sánchez celebra el retroceso de la moderación y el constitucionalismo en el País Vasco: porque representa el éxito de su apuesta por romper la unidad y la cohesión entre españoles. Y por eso mismo se empeña en legitimar a los sucesores de ETA: porque ha de blanquearse a sí mismo por haberlos elegido como socios.

Así se traicionan los valores democráticos, así nos roba Sánchez la democracia.

BILDU NO HA CRECIDO COMO CONSECUENCIA DEL HUNDIMIENTO DE PODEMOS EN EL PAÍS VASCO, SINO PORQUE EL IMPOSTOR QUE VIVE EN LA MONCLOA HA ALIMENTADO AL MONSTRUO.

SÁNCHEZ NECESITA A BILDU COMO COARTADA; ÉL NUNCA HA PRETENDIDO MODERAR A OTEGI, A JUNQUERAS O A TORRA, DE LA MISMA MANERA QUE NUNCA PRETENDIÓ MODERAR A IGLESIAS CON LA COALICIÓN, SINO RADICALIZAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.

7

Sánchez convierte a España en la anomalía de Europa

El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre de su división —como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar más temprano que tarde—, trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en nuestra América.

HUGO CHÁVEZ (DICIEMBRE DE 2009)

Si analizamos los hechos encontraremos que las similitudes entre la forma de actuar del Gobierno de España y el de cualquier país gobernado por un sátrapa —pongamos que hablo de Venezuela— son evidentes para cualquiera que no pertenezca a la secta o no viva o aspire a vivir financiado por ella.

La primera gran similitud es que ambos países están gobernados por unos tipos sin escrúpulos que han sabido utilizar las leyes democráticas para hacerse con el poder y lo han usado desde el primer momento para destruir el sistema desde dentro.

Todos sabemos cómo llegó Chávez al poder en Venezuela y cómo lo utilizó inmediata y sistemáticamente para cambiar las normas democráticas y apalancarse en él. Y todos recordamos cómo llegó Sánchez a presidir por primera vez el Gobierno de España: burlando el sentido de la moción de censura, que en nuestro ordenamiento jurídico es positiva, para organizar un pacto en negativo con populistas, proetarras y golpistas; y mintiendo sobre su intención de convocar elecciones de forma inmediata.

Eso, sin tener en cuenta que Sánchez «justificó» su censura apoyándose en un párrafo de una sentencia escrito por un juez «amigo» a quien la Audiencia Nacional recusó posteriormente con un serio reproche respecto del párrafo en cuestión: «Se deduce con claridad la toma de postura de este magistrado respecto de varias de las cuestiones relevantes, que no eran objeto estrictamente de enjuiciamiento».

La segunda vez Sánchez llegó a la presidencia tras sellar un gobierno de coalición con Iglesias tan solo veinticuatro horas después de cerrarse las urnas y tras haber rechazado esa posibilidad de forma rotunda durante toda la campaña electoral, en la que pedía el voto comprometiéndose a no pactar con Podemos, «para poder dormir tranquilo».

Cabalgando sobre la mentira Pedro Sánchez ha formado para España un gobierno de coalición social/comunista/bolivariano que provoca desconfianza y genera incertidumbre no solo entre los españoles, que lo sufrimos cada día, sino en la Unión Europea, que lo considera una anomalía y cuyo Parlamento aprobó en septiembre de 2019 una declaración en la que homologaba al comunismo con el nazismo y lo declaraba responsable de la muerte de millones de europeos.

El Parlamento Europeo establece en su resolución de septiembre de 2019 que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y «condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunistas, nazi y otros regímenes totalitarios».

Pues bien: Europa y sus instituciones observan cómo en España los defensores de esos criminales forman parte del gobierno porque han sido elegidos por Pedro Sánchez como socios. Un ejemplo más de que tanto en la Venezuela de Chávez/Maduro como en la España de Sánchez todo vale para conseguir el poder.

Otra similitud entre el sanchismo y el chavismo la encontramos en las decisiones que ambos gobernantes han ido tomando para controlar las instituciones del Estado. Véanse las injerencias de Chávez/Maduro/Sánchez en la Fiscalía, en la Justicia y sobre los funcionarios y servidores del Estado en general. Tanto en Venezuela como en España el gobierno persigue a los profesionales independientes y trata de destruir su prestigio cuando no consiguen doblegarles.

La tercera similitud es la estrategia política desarrollada por los gobernantes de ambos países con el objetivo de liquidar a la oposición democrática y enfrentar a los ciudadanos. Sánchez considera que los buenos españoles son únicamente quienes apoyan su gobierno sostenido por bolivarianos, proetarras y golpistas; aquellos que se oponen y critican sus políticas son malos españoles o directamente fachas. Al otro lado del océano pasa igual: quienes denuncian al chavismo por sus ataques a la democracia y por la sistemática vulneración de derechos humanos son tildados de enemigos de Venezuela y/o sicarios de los yanquis.

Todo gobernante totalitario que quiera imponerse en un país democrático sabe que ha de lidiar con la Justicia, uno de los pilares básicos del Estado. Por eso tanto el chavismo como el sanchismo persiguen y tratan de eliminar a los jueces independientes. Maduro les persigue, encarcela o destituye directamente; Sánchez, que delegó inicialmente esa competencia en sus socios, los golpistas catalanes (acuérdense de las campañas de Torra y los suyos contra el juez Llarena) se ha hecho con las riendas y utiliza con total desparpajo a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General del Estado para perseguir, presionar e intentar desacreditar a los jueces que investigan presuntos delitos cometidos por miembros del ejecutivo y de los partidos que lo sustentan.

Nunca —quizá con la salvedad de Conde Pumpido— tuvieron los grandes delincuentes españoles mejor abogado defensor que Dolores Delgado, la fiscal general del Estado. En eso también se parece el Gobierno de España al Gobierno de Venezuela: en su desprecio por las reglas y las instituciones democráticas que constituyen el entramado constitucional del Estado. Y es que Maduro y Sánchez tienen un objetivo común: liquidar la separación de poderes para implantar con total impunidad el despotismo gubernamental.

La corrupción es el síntoma más evidente de una democracia de baja calidad. En Venezuela la corrupción institucional y el chavismo se retroalimentan. En España el régimen bolivariano/sanchista —que utilizó el macguffin de luchar contra la corrupción para justificar la forma en la que se apropió del poder— se corrompe y se protege. Sánchez no podía consentir que quienes investigaron la corrupción que afectaba al PP siguieran haciéndolo de forma profesional y autónoma y llegaran al corazón de la corrupción que afecta al PSOE y a sus socios. Por eso una de las primeras decisiones que tomó cuando llegó a Interior el otrora Grande y ahora simplemente Marlaska fue dejar sin fondos a la UCO para inmediatamente cesar a su máximo responsable.

Quienes llegaron al Gobierno de España al grito de hay que acabar con la corrupción no solo la practican y la amparan (no hay más que ver los sumarios abiertos contra miembros del gobierno que la Fiscalía trata de tapar), sino que dictan leyes habilitantes para saltarse la Constitución (como han hecho en los decretos del estado de alarma o con la pretendida reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y conviven en amor y compañía con los mayores corruptos, pues no hay corrupción mayor que el terrorismo y el golpismo, enemigos mortales de la democracia.

Las relaciones de connivencia entre el régimen de Maduro y el de Sánchez van mucho más allá de los aspectos generales. En cualquier país democrático de nuestro entorno el ministro Ábalos hubiera tenido que dimitir tras ser pillado recibiendo en el Aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, una de las 25 personas del régimen de Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado en los últimos años con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de pisar el espacio Schengen. La vicepresidenta de Maduro, que bajo el manto protector de un ministro del gobierno introdujo en España cuarenta maletas con contenido y destino desconocido, fue incluida en esa lista europea en el año 2018, por ser «responsable de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela». Pues bien, Sánchez no solo no ha cesado al ministro, sino que le otorgó mucho más poder cuando se decretó el primer estado de alarma. Y el ministro que dejó entrar en España a la narcotraficante y su cargamento sigue siendo el mismo que se niega a poner controles en Barajas para evitar que entre el virus y se extienda por toda España.

Otro objetivo que persigue todo sistema totalitario que quiera aparentar ser una democracia es reescribir la historia. Lo intentó Chávez en Venezuela para tapar sus mentiras, sus abusos, su incompetencia, su persecución a los demócratas… Sánchez se empeña en blanquear la historia de ETA y de los golpistas catalanes porque ha de justificar el pacto antinatura del secretario general de un partido democrático con los enemigos de la democracia. Sánchez y Maduro, con un fuerte aparato de propaganda institucional, reescriben la historia para ocultar la verdad y mantener el poder.

Otro apartado a considerar son los medios de comunicación, un aliado imprescindible para mantener el engaño y pervertir la realidad. En el mundo actual lo que no sale en la televisión no existe; por eso el desembarco en la televisión pública ha sido el principal objetivo de Iglesias. Sánchez le ha dejado ese espacio a Podemos de la misma manera que tradicionalmente el PNV dejaba la televisión pública en manos del entramado batasuno. Y mientras tanto los suyos se ocupan de que el resto de las televisiones y la prensa concertada estén a su servicio y se limiten a suministrar la propaganda que les llega desde Moncloa.

Recuerden que en el «todo vale» Sánchez ha llegado a utilizar hasta el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para intentar cercenar la libertad de prensa y para desacreditar y perseguir a los periodistas y medios libres que aún quedan en España. Pero de eso hablamos en detalle en páginas siguientes.

A la situación actual de Venezuela y España se ha llegado tras un proceso continuo de deterioro democrático que pilló desprevenidos a la inmensa mayoría de los ciudadanos y que contó con la aquiescencia, el apoyo o el silencio de quienes tenían el poder —mediático, político y/o económico— para poder frenarlo al inicio. También en eso se parecen ambas situaciones, pues la mayoría de españoles aún prefieren no enfrentarse a la realidad mientras Sánchez emplea todo su poder para demoler el sistema del 78 e implantar un modelo de democracia tutelada con el que sustituir la democracia plena que nos dimos con la Constitución.

Sánchez está convirtiendo a España en una anomalía en la Europa democrática, está destruyendo nuestro prestigio como país y nos está robando la democracia.

TODO GOBERNANTE TOTALITARIO QUE QUIERA IMPONERSE EN UN PAÍS DEMOCRÁTICO SABE QUE HA DE LIDIAR CON LA JUSTICIA, UNO DE LOS PILARES BÁSICOS DEL ESTADO. POR ESO TANTO EL CHAVISMO COMO EL SANCHISMO PERSIGUEN Y TRATAN DE ELIMINAR A LOS JUECES INDEPENDIENTES.

QUIENES LLEGARON AL GOBIERNO DE ESPAÑA AL GRITO DE HAY QUE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN NO SOLO LA PRACTICAN Y LA AMPARAN SINO QUE DICTAN LEYES HABILITANTES PARA SALTARSE LA CONSTITUCIÓN Y CONVIVEN EN AMOR Y COMPAÑÍA CON LOS MAYORES CORRUPTOS, PUES NO HAY CORRUPCIÓN MAYOR QUE EL TERRORISMO Y EL GOLPISMO, ENEMIGOS MORTALES DE LA DEMOCRACIA.

EN EL MUNDO ACTUAL LO QUE NO SALE EN LA TELEVISIÓN NO EXISTE; POR ESO EL DESEMBARCO EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA HA SIDO EL PRINCIPAL OBJETIVO DE IGLESIAS.

8

La Fiscalía del Estado se convierte en el despacho de abogados al servicio del gobierno

Cuando cometo alguna tropelía siempre encuentro algún idiota dispuesto a justificarla en derecho.

FEDERICO II EL GRANDE

Como explicaba en el capítulo anterior, Sánchez está llevando a cabo un experimento para conseguir que los españoles nos acostumbremos a vivir en una democracia tutelada, en la que los derechos de los ciudadanos dejan de ser universales, indivisibles e innegociables y pasan a ser graciables, adjudicados de forma parcial, temporal y aleatoria por la superioridad, o sea, por «mi persona», como se calificaba a sí mismo en una de las múltiples apariciones en su Aló Presidente.

Para conseguir ese objetivo que atenta contra los principios democráticos más elementales, Sánchez necesita algo más que el despliegue de propaganda que parece inspirada en el método goebbeliano y que es llevado a cabo por sus centenares de asesores a las órdenes de Iván Redondo.

Para que su estrategia tenga éxito a corto plazo ha de desarrollarse coincidiendo con el periodo que tiene asegurado en el gobierno y en el que arrasa la pandemia y se hunde la economía, el caldo de cultivo idóneo para el enraizamiento de todo totalitarismo.

Sánchez necesita amordazar todos los poderes del Estado, necesita parasitar todas las instituciones, necesita acabar con el más mínimo atisbo de separación de poderes. Por eso el único acuerdo que busca con el Partido Popular es la renovación de los titulares de los órganos de la Justicia; Sánchez necesita asegurarse de que los magistrados que hayan de pronunciarse en el futuro sobre sus presuntos delitos tengan asegurado su puesto durante unos cuantos años y vayan resolviendo a conveniencia de quien los nombró.

El primer paso para dirigir y tutelar la estrategia judicial, para protegerse a sí mismo y a su gobierno de las consecuencias de sus corrupciones políticas y económicas ha sido poner al frente de la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado, más conocida en los ambientes como «Lola la de Villarejo». Y también lo ha hecho para evitar asumir responsabilidades, no solo políticas, sino también penales o civiles por su gestión durante la pandemia de la Covid-19, que ha costado la vida a miles de españoles y ha arruinado el país probablemente por más de una generación.

Nombrar fiscal general del Estado a una diputada del PSOE que acaba de ser ministra de Justicia de su gobierno, cargo en el que tuvo el honroso mérito de ser reprobada por tres veces en el año 2018, dos en el Congreso y una en el Senado, nos permite visualizar la soberbia y la prepotencia con la que actúa el presidente del Gobierno de España, su desprecio a las instituciones y su nulo respeto por la independencia de los órganos de la Justicia.

Que la fiscal general del Estado no cumple con los requisitos de idoneidad ni de imparcialidad que deben regir dicho cargo es algo que no le ha pasado «desapercibido» ni siquiera al Consejo General del Poder Judicial. En un acto sin precedentes, en el que se rompió la unanimidad que viene siendo tradicional en este tipo de informes, el Consejo excluyó del dictamen preceptivo el concepto «idoneidad».

En vez de utilizar la fórmula habitual para el plácet: «La verificación del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesto», liquidó el trámite previsto en el artículo 124.4 de la Constitución con esta escueta sentencia: «A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada».

El hecho tampoco ha pasado desapercibido a las instituciones europeas, que en su informe de septiembre de 2020 sobre el estado de la democracia en los países miembros mostró su preocupación por el nombramiento: «El Consejo de Europa ha subrayado que es crucial para la confianza pública que la incoación de una acción judicial sea, y parezca, imparcial, objetiva y exenta de toda influencia indebida, en especial de naturaleza política».

El episodio de la elección de un fiscal a la medida del interés del gobierno es muy coherente con la forma de actuar de Pedro Sánchez; es más, se ha convertido en una tradición del PSOE desde que Zapatero nombró fiscal general del Estado a Cándido Conde Pumpido. La parasitación de las instituciones y la burda utilización de los instrumentos del Estado para servirse de ellos es una constante en la historia de Sánchez desde que tenemos conocimiento de su trayectoria pública.

Tras intentar amañar el resultado de la votación en un Comité Federal del PSOE en el que le estaban recusando (le pillaron con las urnas tras una cortina y a sus mandaos metiendo votos en ellas), tras pervertir el modelo de moción de censura previsto en la Constitución y engañar a todos los españoles sobre sus intenciones de convocar elecciones de manera inmediata, tras negar que pactaría un gobierno con Podemos y afirmar que nunca dependería de los votos de proetarras y golpistas… no se puede decir que no estuviéramos avisados de que Sánchez haría cualquier cosa para garantizarse el ejercicio despótico de su poder.

Entra dentro de la lógica de un personaje que pacta las leyes con golpistas y proetarras y gobierna en coalición con asalariados de dictadores que considere normal parasitar las instituciones y poner al frente de ellas a personas que trabajen al servicio de «mi persona». No debe extrañarnos que Dolores Delgado se haya puesto a trabajar para proteger a Sánchez desde el minuto uno en que tomó posesión de su cargo al frente de la Fiscalía. Delgado, la elegida, es esa exfiscal que iba de cacería con Garzón, un juez condenado a once años de inhabilitación por prevaricación, y con Villarejo, un policía que está en la cárcel acusado de graves delitos de blanqueo y organización criminal y al que la entonces fiscal felicitaba y auguraba éxito por organizar una red de trata de blancas.

El resumen de los primeros meses desde que Dolores Delgado asumió el mandato de Sánchez no puede ser más desolador en términos democráticos. Su estreno fue recurrir la apertura de la investigación del 8-M que afectaba al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco. Esa decisión denota por sí misma el sometimiento de la elegida al interés personal y partidario de Pedro Sánchez.

El celo con el que la fiscal general del Estado actuó para desactivar las denuncias contra la autorización de un evento que provocó una auténtica explosión de la pandemia en toda España, entra en contradicción flagrante con el artículo 124.1 de la Constitución, que determina el papel constitucional y las obligaciones de la Fiscalía:

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas por otros órganos, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

Y ya metida en faena, para descrédito de la institución y escándalo de muchos fiscales, la Fiscalía dirigida por la elegida emitió un informe de 300 folios en el que pedía que se rechazasen todas las querellas presentadas contra el gobierno por la gestión de una pandemia que ha provocado decenas de miles de muertos (más de 50.000 según todos los informes de instituciones oficiales a las que el gobierno no ha podido acallar), miles de familias destruidas, centenares de miles de españoles que engrosan la lista de nuevos parados, el hundimiento de la economía, la destrucción de una parte muy importante del tejido empresarial, el descrédito de España como país, el hundimiento de la marca España como destino turístico o de nuevas inversiones económicas…

La elegida ha convertido en papel mojado el artículo de la Constitución que recoge las obligaciones del Ministerio Fiscal, particularmente el párrafo que le encomienda «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público». Pero no contenta con ello eligió un bochornoso tono laudatorio para calificar la gestión del gobierno de Sánchez antes de pedir el archivo de todas las denuncias y querellas, sin tomarse el trabajo de discriminar entre la diversidad de argumentos en los que se basan los centenares de demandas interpuestas.

Dolores Delgado ha querido dejar claro en ese ignominioso informe que ella ha llegado a la Fiscalía para proteger a los presuntos delincuentes siempre que estén en el gobierno o sean parte de la secta. Ella, como su jefe, no necesita simular imparcialidad, no está ahí para eso, sino para todo lo contrario: que se note quién manda.

Sánchez podía haber designado a otros muchos fiscales que hubieran cumplido sus órdenes sin rechistar; pero eligió a Dolores Delgado porque este nombramiento le permite exhibir su poder. Ocurre lo mismo con todas las decisiones que toma: cuanto más escandalosas nos parezcan, desde pactar con delincuentes a dictar leyes para protegerlos, más muestra su poder. Un poder que sabe que enraíza más fácilmente en la miseria y el hastío de la sociedad, en la debilidad del adversario y en la degradación de la democracia. Y en eso está.

Esa misma táctica, dentro de la estrategia para convertir el escándalo en mensaje político y provocar el desistimiento social y político, es la utilizada por la Fiscalía al elaborar un informe exculpando al ministro Ábalos por la compra de mascarillas y otro material sanitario defectuoso durante las semanas más duras del confinamiento. Ocurrió cuando los hospitales estaban saturados, cuando los sanitarios se «protegían» con bolsas de basura, cuando el gobierno de Sánchez compraba respiradores y material sanitario defectuoso a través de empresas que no tenían experiencia ni capacidad para hacerse con el material adecuado, pero que estaban regidas por los amigos del ministro o de alguien cercano al régimen.

Impedir que se investigue la gestión durante la pandemia de un ministro que permitió entrar en suelo español a una individua que tiene prohibida la entrada en suelo europeo es una provocación más con la que la elegida cumple el mandato de Sánchez: que se note quién manda.

El representante de Maduro en Europa, el asalariado del régimen chavista, al que la ONU ha considerado responsable de crímenes de lesa humanidad, también está bajo el manto protector de Dolores Delgado. Por eso y porque también resulta escandaloso, no olvidemos que lo que importa es el mensaje, el pervertido Ministerio Público se ha adherido a las tesis de Podemos y ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que limite la causa abierta sobre la irregularidad de sus cuentas, rechazando que haya base para indagar en prácticamente todas las presuntas ilegalidades denunciadas ante el juez por el excoordinador legal del partido de Pablo Iglesias.

Si el juez aceptara el criterio de la Fiscalía, que en un alarde de complicidad con el presunto delincuente decidió calificar como «rumores» las denuncias del exgerente de Podemos, la causa quedaría limitada a lo que es inevitable, las irregularidades ya detectadas en el Tribunal de Cuentas por los pagos realizados a Neurona. Se trata de la consultora chavista de Podemos, expulsada por Bankinter de entre sus clientes por la sospecha de blanqueo y por las denuncias de sobresueldos calificados por el antiguo gerente como irregulares, opacos y corruptos.

La «caja B» del partido de Iglesias; el clonado del disco duro del ordenador de Marta Flor, sito en la sede de Podemos, la adjudicación «amañada» de la sede de Villaespesa y el bloqueo de la licitación de la gestoría del partido para favorecer la cooperativa de Mayoral ni siquiera serían investigados por la Justicia.

Dentro de esa misma estrategia que busca provocar la confrontación entre españoles se enmarca la decisión de Dolores Delgado de poner a la Fiscalía al servicio de la causa sectaria de la «memoria histórica» y permitir que una jueza argentina pueda juzgar a Martín Villa, ministro del Interior entre los años 1976 y 1978.

Naturalmente que Sánchez y su mandante la fiscal no pretenden que se juzgue al exministro del Interior; su único objetivo es condenar a «la derecha» para liquidar cualquier oposición que pueda ser alternativa al gobierno. Y todo eso mientras el gobierno refuerza sus alianzas con los testaferros de ETA y los diputados del PSOE votan en contra de que el Parlamento Europeo elabore un informe sobre las causas de que haya más de 352 crímenes de ETA que aún no han sido juzgados.

Provocar es el mensaje; destruir el sistema del 78 y afianzar su poder sobre la ruinas de España es el objetivo.

SÁNCHEZ NECESITA AMORDAZAR TODOS LOS PODERES DEL ESTADO, NECESITA PARASITAR TODAS LAS INSTITUCIONES, NECESITA ACABAR CON EL MÁS MÍNIMO ATISBO DE SEPARACIÓN DE PODERES.

LE PILLARON CON LAS URNAS TRAS UNA CORTINA Y A SUS MANDAOS METIENDO VOTOS EN ELLAS.

SÁNCHEZ PODÍA HABER DESIGNADO A OTROS MUCHOS FISCALES, PERO ELIGIÓ A DOLORES DELGADO PORQUE ESTE NOMBRAMIENTO LE PERMITE EXHIBIR SU PODER.

PROVOCAR ES EL MENSAJE; DESTRUIR EL SISTEMA DEL 78 Y AFIANZAR SU PODER SOBRE LA RUINAS DE ESPAÑA ES EL OBJETIVO.

9

Sánchez organiza un golpe de mano contra la separación de poderes

Esto quiero y así lo mando

Valga por razón mi voluntad.

JUVENAL

La separación de poderes es la esencia misma del sistema democrático. Ciertamente que la solución de los problemas que aquejan a la Justicia española requiere de medidas en varios ámbitos, empezando por la dotación de medios materiales y humanos, por la atribución del principio de responsabilidad a todos los agentes del sistema y a todos los niveles, por una revisión al reparto competencial… Pero librar al Consejo General del Poder Judicial de la servidumbre partidaria es la asignatura pendiente de nuestra democracia.

Sánchez, como buen narcisista, solo adopta estrategias que favorezcan sus intereses y por eso nunca ha contemplado tomar medidas para limpiar ese borrón, aunque su hemeroteca esté llena de falsas promesas al respecto. Por eso su máxima preocupación desde que llegó a Moncloa ha sido colonizar todas las instituciones para «liberar a los poderes del Estado», que diría Hugo Chávez. Ese es el objetivo estratégico del golpe de mano contra la Justicia que está ejecutando: «Liberarse» del «lastre» que representa la separación de poderes, una herencia de la Constitución del 78 que le resulta una incomodidad para ejercer su poder. Por eso, como cualquier líder totalitario y despótico, Sánchez ha puesto en marcha una estrategia judicial y jurídica para doblegar a sus integrantes y controlar todos sus órganos.

Para «superar» la separación de poderes puso al frente de la Fiscalía General del Estado a una testaferra que llevara a cabo la estrategia judicial y al frente del Ministerio de Justicia a otro ejecutor para que definiera y gestionara la estrategia jurídica que le permitiera lograr su objetivo de liberación.

Dentro de esa estrategia se enmarca la intervención del ministro de Justicia en sede parlamentaria en junio de 2020, cuando proclamó que en España se ha iniciado un proceso constituyente: «Estábamos —dijo— recomponiéndonos y nos entra una nueva crisis donde nuestro modelo social se rompe, una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos pero que realmente lo que determina es una crisis constituyente». E insistió: «Hay un debate constituyente abierto».

Como en la España de Sánchez los escándalos se suceden a toda velocidad, cuando estás asimilando uno ya se ha producido el siguiente (principio de renovación de Goebbels: «Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones»).

Las palabras del ministro y su significado derogatorio del orden constitucional no tuvieron mayor repercusión.

Un proceso constituyente no es la reforma de un texto constitucional vigente que puede llevarse a cabo según los mecanismos previstos en la ley. Un proceso constituyente implica elaborar una Constitución desde cero, pues es el proceso fundacional de un Estado democrático en el que se crea una nueva Constitución según la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. En España ese proceso se produjo en 1978.

Para iniciar un proceso constituyente se deberían convocar y celebrar unas elecciones constituyentes de las que saldría una asamblea constituyente que redactaría una nueva Constitución, que debería ser sometida a referéndum de todos los españoles. Si el texto fuera ratificado, se convocarían elecciones generales basadas en la nueva Constitución.

Esto ya lo sabe el jurista que dirige el Ministerio de Justicia. Sus palabras no son un error de expresión, como no fue un descuido que el mismo ministro anunciara motu proprio en el Parlamento y tras el pésame que Sánchez brindó a ETA mientras negociaban los presupuestos con los bilduetarras, que el gobierno iba a poner inmediatamente en marcha el procedimiento para indultar a los golpistas.

Tampoco fue un desliz del ministro reiterar la intención del gobierno de modificar el Código Penal justo en la dirección contraria a la comprometida por Sánchez durante la campaña electoral, para rebajar la categoría de los delitos contra el orden constitucional, amnistiar de facto a los golpistas y, de paso, a ellos mismos, cómplices imprescindibles del jaque a la democracia que sigue en marcha, y ya no solo desde las instituciones autonómicas de Cataluña. El ministro de Justicia se limita a cumplir el papel asignado: definir la estrategia jurídica para liquidar el sistema del 78.

Todas las reformas emprendidas por Sánchez tienen como último objetivo protegerse a sí mismo ante la acción de la Justicia. En esa clave hemos de contemplar la reforma del Código Penal.

Sánchez no solo pretende amnistiar socialmente a los condenados por el golpe, que es otra manera de blanquearse políticamente él, que es presidente gracias a su apoyo; su objetivo prioritario es conseguir la impunidad penal de los miembros del gobierno que favorecen la repetición del mismo. Fue la complicidad de Sánchez y los suyos la que permitió que Junqueras, el jefe de la banda (según las conclusiones de la Fiscalía del Supremo durante el juicio por los delitos que se cometieron el 1-O) se presentarse en el Congreso de los Diputados el día de la constitución de la Cámara y se acercara a él, presidente en funciones en ese momento, y le espetara «tenemos que hablar», a lo que un genuflexo Sánchez respondió: «Lo vemos».

Fue la complicidad de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, la que remitió al Supremo una decisión que ella debía y podía tomar: sacar de la lista de comparecientes ante el rey al otro Sánchez, Jordi, un diputado en prisión preventiva al que su grupo Junts per Catalunya designó para representarle en la ronda de consultas. Nuevamente fue el Supremo quien tuvo que resolver el entuerto y evitar una nueva fotografía de la vergüenza entre el jefe del Estado y un presunto delincuente juzgado por graves delitos contra la democracia.

Y tuvo que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) quien defendiera el buen nombre de la democracia española al confirmar que la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno en que se pretendía proclamar la República de Cataluña era legal y «necesaria en una sociedad democrática» para «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades ajenas». Y añadió que con esa suspensión se trataba de proteger a «los parlamentarios en minoría» en el Parlamento catalán «ante posibles abusos de la mayoría».

Tuvo que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el que rechazara la demanda de Fraile, un preso terrorista, que aducía en su reclamación «vulneración de su derecho a la vida familiar» y reclamaba «un tribunal justo». Lo cual no ha impedido que Marlaska siga acercando a las cárceles vascas a presos sanguinarios que ni se han arrepentido de sus crímenes ni han colaborado con la Justicia para esclarecer los más de 350 crímenes de ETA aún sin juzgar.

Fue la Fiscalía del Supremo, contra el criterio del gobierno, la que defendió a la democracia del golpe que se produjo el día 1 de octubre de 2017. Fue Sánchez quien destituyó al jefe de la Abogacía del Estado cuando se negó a modificar las conclusiones para el juicio contra los golpistas.

El de momento penúltimo golpe de mano contra el orden constitucional perpetrado por Sánchez es la presentación de una iniciativa legislativa para burlar la Constitución cambiando los requisitos que esta establece para elegir al máximo órgano de gobierno de los jueces, lo que constituye un factor de corrupción del Estado de Derecho.

Han sido numerosas las reacciones políticas y profesionales (tanto en España como en la Unión Europea) ante esta nueva tropelía; entre ellas cabe señalar el artículo publicado Manuel Aragón Reyes, excatedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, que tituló «La Constitución no lo permite». Así es; hagamos un somero repaso de lo que está en juego si esta ley ve la luz. Porque hay que juzgar las intenciones de Sánchez, no solo la conclusión final; y hay que dejarlo por escrito, para que no pueda destruir las pruebas de su intento de instaurar en España un sistema totalitario y sin controles democráticos.

El artículo 122.3 de la Constitución señala que…

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros… doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos en los que establezca la Ley Orgánica…cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

El primer Consejo General del Poder Judicial que se constituyó tras aprobarse la Constitución lo hizo con base en la Ley 1/1980 aprobada durante la presidencia de Adolfo Suárez, que llevó a una ley orgánica el espíritu y la letra de la Constitución:

Los vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo (…) mediante voto personal, igual, directo y secreto.

Desde que la mayoría absoluta del PSOE promovió y aprobó en 1985 una Ley Orgánica del Poder Judicial en la que el Parlamento elegía también a los doce integrantes designados por jueces y magistrados, España se convirtió en una anomalía europea en esta materia. La contrarreforma «progresista» —cuando Alfonso Guerra proclamó aquello de que Montesquieu había muerto— liquidó la garantía constitucional que recogía la Ley Orgánica 1980, pues el hecho de que no hubiera participación de ningún político a la hora de designar a la mayoría de vocales del órgano de gobierno de los jueces garantizaba la independencia del Poder Judicial desde el primero hasta el último de sus órganos.

En Europa no pasó desapercibida esa legislación y desde ese momento sus llamadas de atención han sido continuas. En un informe publicado en julio de 2013 el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción) puso de manifiesto que «las estructuras de gobierno del poder judicial en España no se perciben como imparciales e independientes», lo cual «tiene un impacto inmediato y negativo en la previsión de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país». Y en otro informe publicado en 2019 señala que «seis años después, la situación es la misma» y el organismo dependiente del Consejo de Europa se lamenta de que las autoridades españolas hayan incumplido obstinadamente todas las recomendaciones de que «las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial».

El Tribunal Constitucional también intervino al respecto y en su sentencia 108/1986 declaró que la ley 6/85 se ajustaba a la Constitución, si bien advertía que la ley sería inconstitucional si la potestad que atribuían las Cámaras para elegir a los veinte vocales era utilizada para «mercadear» en la composición del órgano de gobierno de los jueces. Justo eso es lo que han hecho los políticos desde entonces, sin que al parecer nadie se haya percatado de que estaban actuando al margen de la Constitución y contraviniendo la sentencia del TC.

Sánchez ha decidido degradar una situación que ya era escandalosa, pues desde hace treinta y cinco años los partidos políticos colocan a sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces. Una vez convertidos en vocales comienzan a correr con los colores de su equipo, unos rojos, otros azules, un puntito de verde, un punto de morado… Lo cual no excluye que cambien de cuadra durante la carrera; es el caso de Fernando Grande Marlaska, que llegó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la camiseta del PP en noviembre de 2013 y se la cambió por una del PSOE en junio de 2018, cuando Sánchez le ofreció ser ministro.

El filibusterismo es otra seña de identidad de Sánchez. Por eso y para evitar controles democráticos ha mandado a los portavoces parlamentarios del PSOE y Podemos a registrar esa proposición de ley (que para tramitarse no necesita informes preceptivos del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, como ocurriría si el gobierno presentara un proyecto de ley). Con ella pretende liquidar la mayoría reforzada a la hora de elegir a los doce vocales jurídicos. Al sátrapa no le resulta suficiente que el CGPJ sea en la práctica una representación proporcional del Congreso de los Diputados; él pretende que el órgano de gobierno de los jueces sea en la práctica un ministerio más de su gobierno social comunista. Y a nadie se le oculta que, a cambio de los votos que necesita para que la iniciativa salga adelante, tendremos vocales que representen directamente a los proetarras, a los golpistas catalanes y a los nacionalistas de todo pelo y condición.

Lo que está haciendo Sánchez es un asalto en toda regla al gobierno de los jueces y desde ahí y por derivada a todos los órganos judiciales. Y además, en la medida que el CGPJ nombra dos magistrados del Tribunal Constitucional, trata de controlarlo para cambiar la Constitución sin necesidad de someterla a referéndum. Estamos ante un golpe de mano contra el orden constitucional, un golpe de mano incruento, como todos los que se llevan a cabo desde dentro de las instituciones, pero igualmente pervertidor del sistema constitucional y democrático.

Pero las ansias de Sánchez por burlar los controles democráticos no acaban ahí. Cuando escribo estas líneas acaba de decretar un nuevo estado de alarma, con declaración de toque de queda para toda España, que pretende mantener durante seis meses sin control parlamentario. La Constitución no permite una limitación de derechos fundamentales excepcional sin controles a la vez excepcionales: cada nueva limitación —siempre muy contenida en tiempo y ámbito— ha de conllevar un mayor control democrático. Si el ejecutivo se convierte en legislativo podremos decir que España ha dejado de ser una democracia. Si eso se produce no seremos una anomalía europea sino que nos situaremos fuera del espacio democrático de la Unión.

La Justicia en general y los jueces en particular se han convertido en España en la última trinchera de la democracia. Resulta altamente perturbador que en un país miembro de la Unión Europea los ciudadanos hayamos de apelar a los jueces para que nos protejan de los políticos que hemos elegido democráticamente. Sánchez se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional y para la democracia.

TODAS LAS REFORMAS EMPRENDIDAS POR SÁNCHEZ TIENEN COMO ÚLTIMO OBJETIVO PROTEGERSE A SÍ MISMO ANTE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.

EN ESA CLAVE HEMOS DE CONTEMPLAR LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.

A CAMBIO DE LOS VOTOS QUE NECESITA, TENDREMOS VOCALES QUE REPRESENTEN DIRECTAMENTE A LOS PROETARRAS, A LOS GOLPISTAS CATALANES Y A LOS NACIONALISTAS DE TODO PELO Y CONDICIÓN.

9

Sánchez conspira contra el Estado. Jaque al rey

El Estado soy yo.

LUIS XIV de Francia, el Rey Sol

Desde que Sánchez llegó al gobierno se han multiplicado los ataques contra la Jefatura del Estado y contra la figura que encarna la monarquía parlamentaria, si bien lo verdaderamente inquietante es que la mayor parte de las agresiones han tenido su origen en los partidos que apoyan al gobierno, cuando no directamente en el propio ejecutivo. Por eso no es casual que todas las arremetidas para provocar el desgaste de la Jefatura del Estado hayan provocado la misma respuesta por parte de Sánchez: el silencio cómplice, cuando no la «comprensión» o el amparo expreso bajo el manido recurso a la «libertad de expresión».

El colofón de la estrategia contra la Jefatura del Estado ha sido el veto del gobierno a la presencia del rey en la entrega de despachos de los nuevos jueces y que se celebró en Barcelona el pasado 25 de septiembre de 2020. Que el jefe del Gobierno prohíba al jefe del Estado presidir la entrega de despachos de la última promoción de jueces constituye un acto ignominioso e intolerable contra la institución. Que el gobierno se «justifique» alegando primero que la prohibición al rey de que realice el viaje a Cataluña obedece a razones de seguridad es, además de una falsedad, una cobardía. Que la segunda «versión» para vetar la presencia del rey en Cataluña la brinde el ministro de Justicia apelando a razones a favor de la «convivencia» es un insulto a todos los españoles y una vergüenza.

Digo que alegar razones de seguridad es una falsedad porque ni siquiera yo, que tengo una confianza más que limitada en las capacidades de Sánchez y los suyos, puedo creer que el Gobierno de la Nación sea incapaz de garantizar la seguridad del rey en una entrega de despachos a los jueces porque el acto se desarrolle en Cataluña. Porque si eso fuera cierto el gobierno debiera haber dimitido de manera inmediata —empezando por los ministros de Defensa y de Interior— para dejar paso a otro gabinete capaz de cumplir con su deber de garantizar la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos, incluido el jefe del Estado.

Es un insulto a todos los ciudadanos que el notario mayor del Reino apele a la «convivencia» para impedir que el rey vaya a Cataluña, porque tal afirmación significa que el gobierno ha elegido bando a la hora de decidir con quién quiere convivir y ha optado por convivir con quienes dieron un golpe contra la democracia. A esa gentuza con la que elige convivir Sánchez le estorba el rey, el jefe del Estado; les estorba porque representa el compromiso de la corona con la unidad y la permanencia de la Nación, instrumento imprescindible para garantizar la libertad y la igualdad.

Sánchez también sabe que para que sus planes involucionistas tengan éxito la Jefatura del Estado representa una dificultad. Por eso la batalla de acoso y derribo contra la institución que en nuestro ordenamiento constitucional representa de forma permanente la unidad de la Nación, más allá de la coyuntura o el color político del gobierno de turno, se ha organizado y se está librando desde el gobierno.

La declaración de guerra contra Felipe VI está en vigor desde el 3 de octubre de 2017, cuando el rey pronunció aquel discurso memorable en defensa de la democracia y la ley:

Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.

Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su estatuto de autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.

Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.

En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña.

Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su estatuto de autonomía.

Hoy quiero, además, transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes.

A los ciudadanos de Cataluña —a todos— quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley.

Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos.

Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.

Y al conjunto de los españoles, que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y, también, de esperanza.

Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña.

Termino ya estas palabras, dirigidas a todo el pueblo español, para subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y la concordia entre españoles, y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.

He querido recoger en estas páginas el discurso del rey entero porque es conveniente que esté al alcance de los ciudadanos que pretendan conocer y comprender el momento que vivimos, ese tiempo oscuro en el que desde un gobierno elegido por procedimientos democráticos se intenta destruir la democracia. Sánchez recuerda bien que la intervención del rey movilizó a la sociedad frente al golpe que se dio desde las instituciones de Cataluña; por eso ahora que es él quien promueve la demolición del sistema democrático trata de desprestigiar la figura de la monarquía e intenta acallar al rey Felipe VI.

El envite contra la democracia llevado a cabo por los sediciosos catalanes hizo que todos los españoles nos enteráramos de que los constituyentes previeron que un gobernante, aunque hubiera sido elegido democráticamente, podía volverse loco y olvidar cuál era su primera responsabilidad. Y descubrimos el artículo 155 de la Constitución Española:

Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Sin embargo, no creo que haya un artículo similar para proteger la democracia de un golpe perpetrado desde el Gobierno de la Nación. El artículo 155 sirve para actuar frente a las comunidades autónomas; pero ¿quién nos protege si quien no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España es el Gobierno de la Nación? Me temo que jurídicamente hay poco que hacer; en realidad nada salvo que algún órgano (por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial) planteara un conflicto entre órganos constitucionales frente al gobierno y ante el Tribunal Constitucional. Pero aun eso resulta dudoso. La batalla contra estos facinerosos que ocupan el Gobierno de España es política, y en ese terreno hemos de darla hasta ganar, tanto en España como en la Unión Europea.

Sánchez se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional y quienes no estamos dispuestos a vivir en una democracia tutelada hemos de ser conscientes de que el hecho de que Sánchez haya vetado la presencia del jefe del Estado en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona es un acto de una singular y enorme gravedad que pone en evidencia que Sánchez no se va a parar ante nada ni ante nadie para conseguir sus objetivos.

Sánchez sabe que la corona y el rey representan el firme compromiso con la Constitución y la democracia, con la unidad y la permanencia de España. Por eso la monarquía parlamentaria es una pieza a batir por Sánchez, ese impostor que ha demostrado estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para subvertir el orden constitucional y entrar en un proceso constituyente sin que los españoles nos hayamos pronunciado al respecto.

Siempre llega un momento en la vida en la que hay que implicarse, en el que no cabe comportarse como idiotés, ese vocablo que, como suele recordarnos Fernando Savater, utilizaban los antiguos griegos para señalar a quien no se metía en política y terminaba manipulado por todos. No estamos en un debate sobre el modelo de Estado, sobre la monarquía o la república. Hemos de elegir entre la Constitución o el caos, entre la democracia o el despotismo. Eso es lo que Sánchez ha puesto en juego.

QUE EL JEFE DEL GOBIERNO PROHÍBA AL JEFE DEL ESTADO PRESIDIR LA ENTREGA DE DESPACHOS DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN DE JUECES CONSTITUYE UN ACTO IGNOMINIOSO E INTOLERABLE CONTRA LA INSTITUCIÓN.

SÁNCHEZ TAMBIÉN SABE QUE PARA QUE SUS PLANES INVOLUCIONISTAS TENGAN ÉXITO LA JEFATURA DEL ESTADO REPRESENTA UNA DIFICULTAD.

¿QUIÉN NOS PROTEGE CUANDO QUIEN NO CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE LA CONSTITUCIÓN U OTRAS LEYES LE IMPONGAN O ACTUARE DE FORMA QUE ATENTE GRAVEMENTE AL INTERÉS GENERAL DE ESPAÑA ES EL GOBIERNO DE LA NACIÓN?

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Sánchez promueve leyes para que el adoctrinamiento sustituya a la educación

A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino que los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro.

G. K. CHESTERTON

La Educación, instrumento igualitario y cohesionador por excelencia, nunca ha sido la preocupación de los sucesivos gobiernos de España. Por eso en nuestro país nunca se ha pretendido un pacto en materia educativa que apostara de verdad por la calidad y el mantenimiento del sistema; en España lo que hemos tenido ha sido una serie de leyes educativas que se sucedían al ritmo que cambiaba el color ideológico del gobierno: ocho leyes en cuarenta años. En la ocasión en la que aparentemente se estuvo más cerca de lograr un pacto sobre la Educación, cuando Ángel Gabilondo fue ministro de Educación en el segundo gobierno de Zapatero, el documento presentado finalmente fue decepcionante, pues mantenía un modelo fracasado y se renunciaba a que el Estado recuperara las competencias en materia educativa, a pesar de que es un hecho probado que la pervivencia de diecisiete sistemas educativos (uno para cada chiringuito local, uno para cada reyezuelo autonómico) ha restado competitividad a nuestro sistema y ha colocado a los estudiantes españoles a la cola de Europa. Un fracaso del sistema que pagamos como país, pero que lo sufren especialmente las clases sociales más desfavorecidas, esos ciudadanos a los que el PSOE dedica sus mítines mientras hace leyes para dejarlos tirados en la cuneta.

Ningún gobierno de la democracia ha intentado lograr un pacto de Estado por la educación que inevitablemente debía incluir las medidas necesarias para garantizar un sistema educativo común, un sistema público de calidad y una enseñanza integradora. Al no plantear en primer lugar la recuperación de competencias, los sucesivos gobiernos han renunciado a detener el proceso de fragmentación con sus conocidas secuelas: la imposición lingüística, el adoctrinamiento nacionalista o localista y los obstáculos crecientes para la movilidad de profesores y alumnos.

Si esta ha sido la constante incluso durante lo que podríamos considerar los «mejores» años de nuestra democracia, es normal que la llegada del impostor a La Moncloa en coalición con comunistas y bolivarianos y con el apoyo de golpistas, proetarras y nacionalistas periféricos de todo pelo y condición, haya supuesto una nueva vuelta de tuerca en el proceso de destrucción de lo poco que queda del sistema educativo común.

Tuvo que llegar Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España para que nos enteráramos a través de su ministra de Educación de que «los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera», una afirmación insólita desde todo punto de vista, incluido el de quienes somos partidarios de la educación integral y de la escuela pública de calidad, una idea compatible con el hecho de valorar de forma positiva el papel de la educación concertada, el sistema que existe en España y que, hoy por hoy, es insustituible.

En la escuela se educa, no solo se forma. Y los padres tienen en la educación de sus hijos un papel muy importante, aunque no sea exclusivo. Establecido ese principio, la afirmación de la ministra es aberrante. ¿Cómo es eso de que los hijos no «pertenecen» de ninguna manera a los padres? ¿A quién pertenecen, según el gobierno de Sánchez? ¿Pertenecen al Estado, al gobierno de turno, a la ministra o ministro del ramo? ¿O pertenecen a la ministra de Igualdad, que ha colocado en altos cargos de su ministerio a personas que sostienen que «la heterosexualidad es una herramienta política y social que subordina a las mujeres a los hombres» o que el lesbianismo evita que los hombres «manipulen» a las mujeres?

Claro que nuestros hijos no nos pertenecen, porque no son una mercancía; pero tampoco son propiedad o mercancía del gobierno de turno. Es tremendo que nos veamos en la necesidad de proteger a los niños del fundamentalismo doctrinario que impregna el gobierno. Los hijos de hombres y mujeres que creen que la heterosexualidad es una perversión tienen derecho a ser educados sin que el gobierno les imponga su ideario alineador; los hijos de quienes desprecian la ciudadanía, consideran que los jueces son un peligro, se emocionan cuando ven a un policía apaleado, y se asocian con sediciosos, proetarras y defensores de dictaduras tienen derecho a ser educados en el respeto a los valores democráticos que nos dimos en la Constitución del 78. O sea, los hijos de quienes nos gobiernan tienen derecho a ser educados en los valores democráticos de la libertad y la igualdad que sus padres desprecian.

A lo largo de la historia de la humanidad toda pulsión totalitaria ha pretendido sustituir la educación en valores por la ideología. Sabemos de qué hablamos: «Buenos vascos», «buenos catalanes», «buenos alemanes»… En España la lengua ha jugado un papel fundamental dentro de la estrategia de ruptura de nuestra incipiente ciudadanía común. Se han tenido que rebelar los alumnos o sus padres para que nos enteráramos —siquiera tímidamente, pues la mayor parte de los medios de comunicación y la práctica totalidad de las televisiones están en poder del gobierno y lo han obviado— de lo que está ocurriendo en las escuelas catalanas y vascas. Los espías de la Plataforma de la Lengua —financiada por socialistas de la Diputación de Barcelona— «denunciaron» que el 65 por ciento de los alumnos en primaria y el 85 por ciento en secundaria utilizan el español para jugar o hablar entre ellos en el recreo. En el País Vasco ocurre algo similar: que, en cuanto pueden ejercer su libertad, los chavales hablan en su lengua materna; y que esta es mayoritariamente la lengua común, el castellano. Como acertadamente definió Jesús Cuadrado en una publicación reciente, «convertida la escuela en un campo de batalla, los patios se transforman en la zona verde, el espacio libre».

Pero los comisarios políticos de la lengua no se desaniman al comprobar el retroceso del uso del euskera y catalán en la zona verde; el hecho de que la lengua común se recupere en la relación entre iguales impulsa a los comisarios del régimen a tomar medidas de ingeniería social para utilizar la escuela como arma de guerra, sin renunciar a llevar más allá de la escuela la presión para modificar los hábitos lingüísticos.

Las familias no quieren una inmersión lingüística en catalán o vasco, pero los «expertos» al servicio de los respectivos gobiernos autonómicos no dejan de trabajar para que un porcentaje por encima del 50 por ciento que tienen la lengua común como lengua materna pasen a ser tratados como extranjeros en su propia tierra.

El trabajo para romper la comunidad de ciudadanos empezó hace décadas con la selección y promoción de profesores afines al régimen supremacista. Ahí están los datos: en Euskadi, el 70 por ciento de los profesores son euskaldunes, mientras que el 80 por ciento de los alumnos son castellanohablantes; en Cataluña, cuando la media de apoyo a la independencia no supera el 40 por ciento, en el colectivo de profesores supera el 60. Como han denunciado muchas voces desde el ámbito educativo —tras la presentación de la ley Celaá lo hizo el Foro de Profesores en una carta firmada por más de setecientos docentes—, resulta aberrante que se controlen las lenguas oficiales en las aulas porque ese hecho, además de conculcar derechos fundamentales de los niños, entre otros el derecho a utilizar su lengua materna, rompe con el uso de una lengua común, lo que significa romper con un elemento de cohesión y unión.

La pulsión totalitaria de Pedro Sánchez y sus cómplices llega hasta la universidad. El defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, ha amparado a los profesores y alumnos que denunciaron la utilización política de las universidades catalanas y ha dado traslado a los rectores de una resolución que, entre otras consideraciones, contenía el siguiente párrafo:

Como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica.

Cabe aclarar que el asunto llegó al defensor del Pueblo ante el incumplimiento de las autoridades universitarias de la sentencia del juzgado contencioso administrativo que condenaba a las entidades públicas catalanas por su posicionamiento al respecto. Y procede señalar que ese incumplimiento de las sentencias de los tribunales ha tenido en todo momento el amparo de los políticos de la secta, entre ellos el ministro Castells.

Y como con Sánchez todo lo que puede empeorar, empeora, desde que está al frente del gobierno no solo no se ha resuelto ninguno de los viejos problemas de la educación sino que sus ministros han impulsado leyes para que la educación en el odio y en la mentira esté amparada por la ley. Con la Ley de Educación, presentada por la ministra Celaá sin ningún tipo de consenso, ya ni se molestan en disimular, parecen empeñados en reeditar la etapa de la Formación del Espíritu Nacional, pues el modelo que impone limita las libertades de padres y profesores, desprecia la educación basada en el esfuerzo y socava los elementos comunes de la enseñanza.

Pero ahí no termina el adoctrinamiento; con la ley que han llamado de «memoria democrática», llevarán su doctrina ideológica al currículum de secundaria, bachillerato y formación del profesorado y la asignatura de manipulación ideológica será obligatoria. No cabe mayor voluntad de adoctrinamiento que hacer una ley para que la historia sea sustituida por la «memoria» y en la que pensar distinto sea considerado delito. Una «memoria» que además será «democrática» según la percepción que tiene de la democracia un gobierno formado por un partido que honra la memoria de Lenin y defiende la historia criminal del comunismo (homologado con el nazismo por el Parlamento Europeo), que defiende dictaduras como la de Venezuela (cuyo gobierno ha sido condenado por la ONU por crímenes de lesa humanidad), que está sustentado por quienes consideran que es legal dar un golpe de Estado y por quienes justifican los crímenes de ETA, más de 350 de ellos aún sin juzgar. Un modelo «democrático» que es el que defienden quienes reivindican la memoria de ETA y organizan homenajes a los terroristas, según se desprende del manifiesto que el PSOE firmó con Bildu en octubre de 2020 en sede parlamentaria. Ese es el modelo de democracia en el que quieren educar a los niños españoles.

La ministra encargada por el impostor de impulsar una ley que convierta en obligatorio en toda España el adoctrinamiento en el odio y la mentira, ese virus letal que tan graves consecuencias para la cohesión y la libertad ha tenido ya en el País Vasco y en Cataluña, es la misma que el 21 de abril de 2020 declaró en la televisión pública: «No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, en definitiva», sentando el principio de que lo que es negativo para el gobierno es falso (principio básico de todo régimen totalitario) y dando por abolida la libertad de expresión (un derecho básico en cualquier sistema democrático). La ministra no es de Podemos; su totalitarismo es marca PSOE.

Tenía que llegar Sánchez al Gobierno de España para que fuera «legal» que los reglamentos de los centros escolares estuvieran «por encima de los derechos individuales», como ha ocurrido en Ibiza, donde gobierna un miembro del Partido Socialista al que le parece que es «legal» suspender la aplicación del artículo 3 de la Constitución en los centros escolares.

Tenía que llegar Sánchez al gobierno para que la multitud de vulneraciones de derechos lingüísticos de menores, padres y profesores se extendiera por todas las comunidades autónomas en las que existen dos lenguas oficiales, siempre en detrimento de los ciudadanos cuya lengua materna es la común.

Tenía que llegar Sánchez para que todas las denuncias por abusos contra derechos fundamentales de los ciudadanos fueran archivadas o despreciadas, cuando no negadas en sede parlamentaria.

Tenía que llegar Sánchez para que lo que ha sido un instrumento utilizado por los nacionalistas para homogeneizar la sociedad desde la escuela (allá donde gobiernan los nacionalistas la escuela es nacionalista) se convirtiera en una herramienta más de confrontación política con la que dividir a los españoles.

El gobierno presidido por Sánchez pretende educar a los niños y formar a los profesores en una doctrina sectaria basada en el odio y en la mentira, de forma que lo que ya es una enfermedad crónica en el País Vasco y Cataluña se convierta en una pandemia que se extienda por toda España. ¿Puede existir mayor aberración?

Sánchez parece haber llegado a la conclusión de que tras lustros de educación en el odio y en la mentira la sociedad española está preparada para que se le aplique el Principio 10 de la propaganda de Goebbels, el principio de la transfusión: «Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología o un complejo de odio y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas».

En nuestra mano está hacerle ver que está en un error y que no le vamos a permitir que nos robe la ciudadanía.

LOS HIJOS DE QUIENES NOS GOBIERNAN TIENEN DERECHO A SER EDUCADOS EN LOS VALORES DEMOCRÁTICOS DE LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD QUE SUS PADRES DESPRECIAN.

CON LA LEY QUE HAN LLAMADO DE «MEMORIA DEMOCRÁTICA» LLEVARÁN SU DOCTRINA IDEOLÓGICA AL CURRÍCULUM DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Y LA ASIGNATURA DE MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA SERÁ OBLIGATORIA.

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El nepotismo y la falta de transparencia, señas de identidad de un gobierno despótico

Lo único que necesita el despotismo es el miedo. La virtud no le hace ninguna falta y el honor sería peligroso.

MONTESQUIEU

Un gobernante despótico es aquel que se comporta como si estuviera por encima de la ley. Sánchez ha dado sobradas muestras de pertenecer a ese tipo de gobernantes: para evitar el control democrático cerró el Parlamento durante el primer estado de alarma y quiere hacerlo nuevamente, esta vez durante seis meses. Cerró el Portal de Transparencia para que los ciudadanos nos viéramos privados del acceso a la información; alargó el primer estado de alarma sin atenerse a ningún criterio sanitario para mantener los poderes absolutos y decretó un segundo estado de alarma tras ocho meses de irresponsable desidia; y utilizó los decretos aprobados durante el periodo excepcional para regular cuestiones tan dispares como meter de tapadillo al vicepresidente Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o para suspender plazos para dictar indultos…

La gravísima situación de emergencia sanitaria sobrevenida en nuestro país por la negligencia del Gobierno de España a la hora de prevenir la extensión de la pandemia de la Covid-19 fue aprovechada por Sánchez para liberarse del control democrático y para gobernar con poderes cuasi absolutos en sucesivos estados de alarma que encadenó mercadeando en el Congreso de los Diputados con unos y otros, comprando votos a proetarras, nacionalistas, sediciosos y golpistas para mantener una situación excepcional.

Los once principios de la propaganda de Goebbels no son lo único que Sánchez ha copiado de la estrategia de los nazis. Carl Schmitt, uno de los teóricos más inteligentes del nazismo, señalaba que la mejor manera de destruir todas las normas era centrarse en la idea de la excepción. Si un político logra convencer a los ciudadanos de que las decisiones que toma se deben a que estamos atravesando por un momento excepcional nos encontraremos con millones de seres humanos que están dispuestos a sacrificar derechos y libertades a cambio de una falsa seguridad. En ese concepto de «excepcionalidad» basó Sánchez toda su estrategia para mantener el estado de alarma de forma artificiosa durante más de cien días, aprovechándose de la impericia de la oposición, del clientelismo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación y del temor de los ciudadanos a una epidemia ante la que se sentían totalmente desamparados.

Y aunque Sánchez ocultó las imágenes del drama, aunque apenas vimos féretros, aunque el gobierno no reconoció ni a la mitad de los muertos, aunque los informativos de las televisiones enseñaban preferentemente historias rosas, aunque lo que copaba la información audiovisual eran los aplausos desde los balcones, los gestos heroicos de policías, vecinos, sanitarios… la pertinaz realidad se coló en las casas de los españoles. Y todos sentimos el drama cerca, el miedo, la muerte, el dolor… El miedo fue el aliado de la excepcionalidad que Sánchez convirtió en una especie de emergencia permanente con la que nos mantuvo encerrados para gobernar de forma despótica y sin ningún tipo de control democrático. Una «emergencia» que sigue utilizando para decretar un nuevo estado de alarma, con toque de queda, que quiere prolongar durante seis meses.

Desde que Sánchez está al frente del ejecutivo, y particularmente a partir de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, la arbitrariedad en la toma de decisiones —expresamente prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución para el ejercicio de los poderes públicos— ha sido una constante. El nepotismo es el comportamiento normal para un déspota, porque quien cree estar por encima de la ley no encontrará motivo alguno para no rodearse de familiares y amigos en todas las esferas de poder.

Hay multitud de ejemplos que caracterizan el abuso de poder y la arbitrariedad con que actúa Sánchez. Uno de los hechos más descarados ha sido el uso y abuso del avión Falcon para viajes privados tales como bodas de amigos o festivales de música, como el de Benicàssim. A Sánchez hay que juzgarle por sus hechos y por sus nostalgias: el mismo tipo que desenterró a Franco para revivir el enfrentamiento entre españoles utiliza una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, para declarar materia clasificada lo que cuestan sus desplazamientos en el Falcon, las personas que le acompañan o el objetivo de los desplazamientos que realiza utilizando el avión del Grupo 45 del Ejército.

Pero esa manifestación de despotismo no es la más grave, aunque sirva para evidenciar la absoluta falta de vergüenza del personaje. Una de las actuaciones en las que mejor se aprecia la voluntad de Sánchez de devaluar el prestigio de las instituciones es su decisión de poblar la Administración de nombramientos hechos entre sus familiares y amigos, entre sus próximos sectarios e ideológicos. El mérito y la capacidad son un incordio para un tipo incapaz de leer —ya no de escribir— su propia tesis. Así que de la misma manera que su gobierno ha suprimido el esfuerzo y la capacitación —el conocimiento— del sistema educativo, ha desterrado el mérito y la capacidad para acceder a puestos de la Administración o de las empresas participadas.

Sánchez empezó por la familia y siguió con los amigos. Su esposa Begoña Sánchez pasó de estar en excedencia cuando Sánchez ganó la moción de censura a ser nombrada en 2018 directora del África Center, un centro de nueva creación dependiente de la Fundación IE, que recibe fondos públicos. Por supuesto, sus emolumentos también fueron declarados secreto de Estado.

Su hermano David Sánchez Castejón fue nombrado en 2017 coordinador de actividades de conservatorios musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, en un cargo de nueva creación (más de 45.000 euros al año) al que accedió, según dijo la propia institución, gracias a que la entrevista personal que le hicieron resultó ser «decisiva». En noviembre de 2019 la Diputación de Badajoz, en manos del PSOE, gastó una importante cantidad de recursos públicos poniendo en escena L’elisir d’amore para que el hermano de Sánchez «cumpliera su sueño» de dirigir una ópera. En septiembre de 2020 el mencionado hermano pequeño de Sánchez ha obtenido una excedencia de un año.

El presentado como su «mejor amigo», Juan Ignacio Carnicero, ha sido nombrado director general de Agenda Urbana y Arquitectura, dirección general de nueva creación (2020). Antes, en 2019, el Ministerio de Fomento le adjudicó a dedo un contrato de 18.000 euros de «consultoría para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de instituciones internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura». Del informe, que nunca fue utilizado, se pueden destacar dos aspectos: que es un copy paste de documentos de otros y que, hasta para copiarlo, cometió varias decenas de faltas de ortografía. No iba a ser menos que su jefe/amigo Sánchez…

El nombramiento de José Félix Tezanos, en junio de 2018, que pasó directamente desde la Ejecutiva del PSOE al CIS, es, por su relevancia pública, uno de los ejemplos de nepotismo sanchista más descarados, aunque la lista de los amigos del presidente extraídos directamente de la Ejecutiva del PSOE para ser colocados en cargos públicos es interminable.

El desembarco de los amigos del presidente en las empresas públicas dominadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sido otra constante. El déspota ha colocado a Susana Hernández (que fue senadora del PSOE) como presidenta de Sainsel, filial de la empresa pública Navantia; a Jordi Hereu, que tiene entre sus méritos haber sido alcalde socialista de Barcelona y haber estudiado marketing, le ha puesto al frente de Hispasat y le ha colocado en el consejo de Aena; a Juan Manuel Serrano Quintana, su jefe de Gabinete en la Ejecutiva del PSOE, le ha nombrado presidente de Correos.

Estos son solo algunos de los nombres propios. Pero la arbitrariedad con la que Sánchez ha ido colocando a fieles indocumentados en puestos clave de la Administración o de las empresas participadas ha sido la norma. Desde que Sánchez llegó al gobierno el Boletín Oficial del Estado ha publicado el nombramiento de más de trescientos altos cargos, a los que habría que añadir los que no se publican en el BOE, entre otros los presidentes de empresas del sector público como Correos o las empresas del SEPI, que tienen miles de empleados y facturan miles de millones de euros, y cuyas presidencias han sido ocupadas por individuos sin ningún tipo de experiencia empresarial y cuyo único mérito es ser amigos de Sánchez.

Más de la mitad de la Comisión Ejecutiva Federal ha desembarcado en la Administración; en cualquier democracia del mundo un gobierno que actuara de tal manera sería considerado un gobierno corrupto.

A este nepotismo descontrolado hay que añadir el desembarco de amigos del presidente y de sus círculos que se ha producido en puestos reservados por Ley para funcionarios. El artículo 2 de la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que «el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas». Y considera idóneos a quienes reúnen «honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar». El problema es que el mismo artículo dispone que la tarea de verificar la idoneidad le corresponde a quien lo nombra. O sea que es el Consejo de Ministros, el que nombra, quien verifica la idoneidad.

Ante esa anomalía solo quedan los tribunales de justicia, otra vez constituidos en el último escudo de la democracia malversada por Sánchez y su tropa.

Las denuncias por nepotismo y arbitrariedad ya han llegado a los tribunales. Un ejemplo es la denuncia de Fedeca, federación que engloba a las organizaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado, que ha sido admitida a trámite y en virtud de la cual el Tribunal Supremo va a realizar una investigación respecto al presunto abuso de los nombramientos «a dedo» por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los autoritarios necesitan funcionarios obedientes; la democracia necesita del compromiso profesional con las buenas prácticas de todos los servidores públicos, desde el cartero hasta el abogado del Estado, desde el juez del Supremo hasta el del juzgado del pueblo más remoto de España. Sánchez es consciente de que para que triunfe su objetivo de subvertir el Estado regido por el imperio de la ley requeriría de la complicidad de los jueces. Y aunque aplicar la ley en España empieza a parecer un acto propio de héroes, siguen existiendo muchos jueces honrados, dispuestos a mantener su ética profesional, fieles al juramento o promesa que hicieron cuando recibieron sus despachos y que están dispuestos a respetar y hacer cumplir el artículo 117 de la Constitución Española. Por eso Sánchez está obsesionado con controlar todos los órganos de la Justicia.

Otro paso de la estrategia para liquidar los contrapoderes democráticos y actuar con total impunidad ha sido la decisión de cerrar el Portal de Transparencia. El Consejo de Transparencia, órgano garante de que los ciudadanos reciban la información que por ley les corresponde, lleva meses exigiendo a Moncloa que deje de dar respuestas genéricas a las peticiones de información de los ciudadanos

Un ejemplo significativo de oscurantismo es que las peticiones en las que los ciudadanos se interesan por los expedientes de contratación de material sanitario comprado durante la pandemia han sido contestadas por el ministro de Sanidad remitiéndoles el enlace genérico del portal de contratación, lo que ha motivado una reclamación ciudadana y una respuesta del Consejo de Transparencia: «En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal, a la sede o a la página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta».

Y aunque la primera ola de la pandemia se nos antoje lejana, la oscuridad es total sobre la gestión del gobierno en los meses en los que el virus se extendió, desbocado y sin control, por toda España. El Consejo de Transparencia ha emitido sendos informes exigiendo al ejecutivo que entregue dicha información, requerimiento que ha sido desobedecido reiteradamente por el Ministerio de Sanidad, que lleva meses ocultando los protocolos que utilizó.

La malversación del Portal de Transparencia es una maniobra más del gobierno para vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y para ocultar sus tropelías.

Hay quien sostiene que la transparencia es una más de las víctimas del coronavirus. No, la transparencia, como la democracia, es una víctima de Sánchez, de su endiosamiento, de la alergia que le provoca el control democrático de sus actos.

MÁS DE LA MITAD DE LA COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL HA DESEMBARCADO EN LA ADMINISTRACIÓN; EN CUALQUIER DEMOCRACIA DEL MUNDO UN GOBIERNO QUE ACTUARA DE TAL MANERA SERÍA CONSIDERADO UN GOBIERNO CORRUPTO.

AUNQUE APLICAR LA LEY EN ESPAÑA EMPIEZA A PARECER UN ACTO PROPIO DE HÉROES, SIGUEN EXISTIENDO MUCHOS JUECES HONRADOS, DISPUESTOS A MANTENER SU ÉTICA PROFESIONAL.

LA MALVERSACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ES UNA MANIOBRA MÁS DEL GOBIERNO PARA VULNERAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y PARA OCULTAR SUS TROPELÍAS.

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Sánchez preside un gobierno sustentado sobre la mentira

El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él y por tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás.

FIODOR DOSTOIEVSKI

Toda corrupción tiene su origen en una mentira. Al reflexionar sobre las mentiras Hannah Arendt mostraba su confianza en la capacidad de las sociedades libres para desenmascarar al mentiroso y sobreponerse a las consecuencias de sus engaños: «En circunstancias normales, el mentiroso es derrotado por la realidad, para la que no hay sustituto; da igual lo grande que sea la trama de falsedades que esté dispuesto a ofrecer un mentiroso experimentado: nunca será lo bastante grande, aunque recurra a la ayuda de los ordenadores, como para encubrir la inmensidad de los hechos». La desgracia para nosotros es que en España no estamos en circunstancias normales; y, lo que es peor, que hay millones de españoles que parecen obstinados en dejarse engañar.

Como veíamos antes, Sánchez ha sustituido a Pericles por Goebbels, el mérito y la capacidad han sido suplantados por el amiguismo, la transparencia por la opacidad, la educación por el adoctrinamiento, la separación de poderes por el absolutismo, la pluralidad política por el partido único; la prensa libre por la concertada… En la España de Sánchez la mentira es la forma normal de conseguir y ejercer el poder.

La única ideología de Sánchez es Sánchez, y el sanchismo es su doctrina. De ahí que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida pública haya estado guiado por el interés personal. Esa es una de las claves para comprender por qué Sánchez se entiende tan bien con esos personajes que dan golpes de Estado mientras sostienen que la democracia está por delante de la ley. Sánchez y su doctrina han estado siempre por delante de su partido (convertido, según certera expresión de un viejo socialista, en «la empresa familiar de Pedro Sánchez») y, por supuesto, muy por delante del interés de los españoles en particular y de España en su conjunto. El PSOE y España son para Sánchez meros objetos que le permiten ejercer y disfrutar de su poder.

El presidente —«que soy yo», como gusta decir— no miente más porque no tiene más tiempo. Tampoco hay páginas suficientes en este libro para recoger las mentiras que Sánchez ha ido construyendo sobre su persona, sobre sus propósitos, sobre sus aliados, para conseguir sus objetivos. Me limitaré a señalar algunas de las que mejor reflejan la catadura moral y la falta de principios éticos del personaje.

Sánchez mintió cuando explicó por qué convocaba elecciones tras apalancarse en La Moncloa después de la moción del 1 de junio de 2018; mintió cuando afirmó que las convocaba porque se «resistía» a las pretensiones de los golpistas y los filoetarras.

Sánchez se vio obligado a convocar elecciones cuando, muy a su pesar, no pudo darles lo que le exigieron para seguir pagándole el alquiler de La Moncloa. A Sánchez le pasó con los golpistas lo mismo que a Zapatero con ETA: que no cedió más ante las pretensiones de la banda terrorista porque lo que le exigía —la soberanía nacional— no era suyo y por eso no se lo podía dar. Ambos farsantes se atribuyeron como un ejemplo de fortaleza lo que no fue sino una demostración de que ceder al chantaje es una debilidad que siempre conduce a la ruina.

Sánchez ha cedido al chantaje de los sediciosos en todas las ocasiones en las que encontró un subterfugio para hacerlo: calló y mantuvo su alianza mientras ellos atacaban el orden constitucional, proclamaban que la Constitución es antidemocrática y que las instituciones españolas son franquistas.

Calló y otorgó cuando sus socios vetaron la presencia del jefe del Estado en Cataluña, antes de tomar el relevo y vetarlo él mismo.

Abandonó a su suerte a los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña consintiendo que los gobernantes autonómicos, con cuyos votos llegó a La Moncloa, cerraran el Parlamento catalán, persiguieran a los constitucionalistas e incumplieran las sentencias de los tribunales en materias tan sensibles como la educación.

Ofreció indultos a los golpistas y constituyó una mesa de partidos paralela al Parlamento, llegando a aceptar el nombramiento de un relator (modelo ensayado por ETA), porque así se lo exigió Torra, ese supremacista al que no dejó de hacer carantoñas y concesiones ni siquiera después de ser inhabilitado.

Sánchez ha cedido en todo lo que ha podido sin incurrir en flagrante malversación de ley. Y si en algunos aspectos de carácter más político (como el relator, figura defendida por la vicepresidenta Carmen Calvo) no ha podido llevarse a término el acuerdo es porque la reacción social producida le ha impedido enmascararlo.

Mentir es su forma de ser; por eso Sánchez ha hecho de la mentira y el fraude su forma de gobernar. Él aplica una máxima sencilla: si he llegado a ser presidente cabalgando en una mentira, ¿por qué voy a cambiar de actitud? Nadie cambia de estrategia si le va bien con la que sigue…

Sánchez afirmó que la moción de censura era solo para echar a Rajoy y se comprometió a convocar elecciones inmediatamente; y se apalancó en el cargo hasta que no pudo más.

Sánchez mintió sobre su currículum, mintió sobre su tesis, mintió cuando afirmó que nunca utilizaría los votos de los independentistas para llegar al poder, mintió cuando aseguró que nunca pactaría con los herederos de ETA, mintió cuando afirmó que su gobierno sería cercano a la gente y ha batido todos los récords de sus antecesores en ruedas de prensa sin preguntas.

Mintió cuando afirmó que su gobierno sería austero y transparente y ha declarado secreto de Estado el presupuesto de sus viajes en el Falcon y el sueldo de su mujer, ha cerrado el Portal de Transparencia, ha multiplicado el número de asesores y cargos nombrados de entre sus amigos…

La utilización de la sede del gobierno como si fuera la sede de su partido llegó tan lejos que durante la campaña electoral de 2019 la Junta Electoral Central, en un acto sin precedentes, incoó expedientes y sancionó a Pedro Sánchez y a la entonces ministra Portavoz, Isabel Celaá, por uso «electoralista» de La Moncloa, vulnerando «el principio de neutralidad de los poderes públicos».

Sánchez enlaza una falacia tras otra con total falta de escrúpulos; desde Moncloa se ha atrevido a decir que ha «impulsado una televisión pública plural y ejemplar», él, que ha convertido TVE en un altavoz propagandístico del gobierno y deslegitimador de las instituciones del Estado. Sirva como ejemplo de instrumento antisistema la bochornosa concentración de entrevistas realizadas en la televisión pública a varios ministros defendiendo el veto al jefe del Estado, tales como Castells, el ministro socialista de Universidades, que no solo justificó el veto sino que consideró «una barbaridad y una intromisión» la sentencia del Supremo que inhabilita a Torra, su socio supremacista.

Es Sánchez quien tras pedir el voto comprometiéndose a endurecer el Código Penal para los delitos contra la orden constitucional, tras asegurar que convocaba elecciones porque con Podemos en el gobierno «no dormiría tranquilo», tras contar los votos y ver que sumaba mayoría con los enemigos de España… hizo un gobierno de coalición con Iglesias, proclamó que lo ocurrido en Cataluña era un problema político (con todos los antiguos gobernantes en la cárcel por delincuentes), rehabilitó a Torra y puso en marcha la maquinaria judicial para sacar de la cárcel a los golpistas y para que en el futuro salga penalmente gratis dar desde las instituciones un golpe a la democracia.

Sánchez, que hizo filibusterismo puro y duro para ganar la moción de censura promoviendo una coalición negativa para enmascarar su verdadera intención de trastocar la lógica democrática —se llega al poder tras ganar las elecciones y no para ganar las elecciones desde el poder— llama filibustera a la oposición si cumple con su papel y se niega a apoyar sus políticas y sus presupuestos cuando no comparte el contenido.

Sánchez aplica el principio de transposición de Goebbels: «Cargar contra el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan». El mismo principio propagandístico que utiliza cuando pide «unidad» o proclama que trabaja para conseguirla mientras impone sus decisiones y despliega toda su estrategia para revivir la vieja y letal idea de las dos Españas, romper todo aquello que nos une y conseguir así reinar sobre el caos y la miseria.

»Lo dramático de la situación es que las mentiras de Sánchez no solo pervierten la democracia y a las instituciones sino que cuestan vidas. Como se ha podido confirmar (más de cincuenta mil muertos después) Seguridad Nacional alertó a Sánchez al menos once veces entre enero y marzo de 2020 sobre la amenaza de la Covid. Dos meses y medio antes de que se decretara el estado de alarma, Sánchez tenía en sus manos once informes del Departamento de Seguridad Nacional (el primero de los que hemos conocido está fechado el 24 de enero) en los que se alertaba del riego creciente en España; el 27 de enero el coronavirus ya era, según el DSN, la mayor amenaza para la seguridad de España. Mientras Sánchez y su gobierno manejaban esos datos confidenciales el ministro Illa y el portavoz Simón negaban el riesgo: «Creemos que en España, como mucho, no habrá más de algún caso diagnosticado».

El 29 de febrero el Departamento de Seguridad Nacional advirtió en informe escrito al gobierno: «Se ha elevado a “muy alto” el riesgo de propagación e impacto a nivel mundial, ante el aumento de casos». El mismo día Fernando Simón anunció en comparecencia pública: «La cancelación de eventos no puede basarse en el miedo ni en los bulos. No hay razones objetivas para suspender las Fallas». Los informes del DSN eran considerados «bulos» por Sánchez y sus compañeros de gobierno, pues dificultaban el cumplimiento de la agenta propagandística y sectaria del gobierno.

El día 7 de marzo, a las 09.07 horas y bajo el epígrafe «Coronavirus Covid-19-Seguridad ante pandemias y epidemias», el Departamento de Seguridad Nacional afirmaba que «según el último balance oficial en España se han notificado 374 casos confirmados (cinco fallecidos)». Y avisaba de que «no se descarta que las cifras de fallecidos ascienda en las próximas horas». Y seguía: «El incremento de casos en las últimas horas ha sido mayor de lo habitual» y «los casos se concentran fundamentalmente en la Comunidad Autónoma de Madrid».

Es crucial recordar estos informes que el DSN, un centro que depende del gobierno, remitió al ejecutivo, pues demuestran que Sánchez conocía el peligro que corría la población si no se tomaban medidas y no solo permitió que se celebraran todas las concentraciones solicitadas (salvo una de orden religioso), sino que desde el ejecutivo estimularon la participación en los actos del 8-M, que en Madrid fueron presididos por la mitad del gobierno. Las mentiras de Sánchez y su gobierno han costado la ruina y la desesperanza a toda la sociedad y se han llevado por delante decenas de miles de vidas de españoles.

La dramática situación por la que atraviesa nuestro país no es producto de la torpeza o de la mala suerte, sino consecuencia directa de la estrategia desarrollada por un político sin escrúpulos que nunca ha cuestionado los métodos que utiliza para conseguir el poder, su único e irrenunciable objetivo. Sánchez miente siempre porque mentir le ha sido rentable hasta el momento y su religión solo prohíbe hacer algo que perjudique a Sánchez.

Ese hombre es Pedro Sánchez, el hombre que está emponzoñando nuestra convivencia y corrompiendo la democracia.

LA DESGRACIA PARA NOSOTROS ES QUE EN ESPAÑA NO ESTAMOS EN CIRCUNSTANCIAS NORMALES; Y, LO QUE ES PEOR, QUE HAY MILLONES DE ESPAÑOLES QUE PARECEN OBSTINADOS EN DEJARSE ENGAÑAR.

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Sánchez arremete contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa

Dominado el legislativo, aniquilado el judicial, derruida la oposición, al populista le resta anular a los medios de comunicación

JORGE ASÍS

Quien pretenda devaluar la democracia sabe que necesita enfrentarse a algunos problemas; por ejemplo que la libertad de expresión y de información son, junto con la libertad de cátedra, derechos fundamentales proclamados por nuestra Constitución. Por eso controlar el ejercicio de esas libertades se ha convertido en una obsesión del gobierno despótico con tintes totalitarios que preside Pedro Sánchez.

Las decisiones del gobierno demuestran que existe una hoja de ruta para derogar de facto estos derechos. No estamos ante una posición de máximos de Podemos, que propone nacionalizar los medios de comunicación, sino ante una estrategia de Sánchez destinada a doblegar a los periodistas y prescriptores de opinión libres y secuestrar la libertad de expresión de los profesionales y el derecho a la información de los ciudadanos.

Desde el primer decreto del estado de alarma el gobierno quiso imponer sobre los medios de comunicación una dinámica impropia de un país democrático. Una de las expresiones más obscenas de la voluntad de atentar contra la libertad de prensa fue el formato elegido para celebrar las ruedas de prensa en las que el gobierno «informaba» sobre la evolución de la pandemia. Durante los meses que duró el confinamiento Miguel Ángel Oliver, un periodista convertido en sicario al servicio de Sánchez, actuaba como «conductor» gubernamental de las ruedas de prensa tras someter a control y filtrado previo las preguntas de los medios que debían ser formuladas por anticipado para que, una vez filtradas, Oliver se las transmitiera a los comparecientes gubernamentales, que estaban convenientemente alertados sobre el contenido de las mismas.

La infame estrategia de los creadores de bulos gubernamentales, mucho más preocupados desde el minuto uno de la pandemia por controlar el relato que por frenar la propagación del virus, para sustituir información por propaganda llegó hasta el extremo de corregir en vivo las respuestas de los propios comparecientes cuando estas no satisfacían completamente al comisario político de Sánchez, devenido en secretario de Estado de Comunicación del gobierno.

Recuerden la rueda de prensa de 28 de marzo de 2020 en la que José Ángel González, director operativo de la Policía Nacional, informó que la policía había ordenado a su gente que se hiciera con equipos de protección desde hacía «dos o tres meses». Miguel Ángel Oliver le corrigió: «Semanas quiere decir, ¿no?». El mando de la policía ratificó sus palabras: «En los últimos meses», volvió a decir, lo que puso en evidencia que la «verdad oficial» de que el gobierno no actúo hasta después del 8-M porque no tenía ninguna información que alertase del peligro era una mentira más del gobierno y de sus propagandistas.

José Félix Tezanos, otro sicario que ha puesto Sánchez al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas y que utiliza las encuestas como arma de destrucción masiva de la verdad, introdujo en el Barómetro del CIS la siguiente pregunta: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

Esa pregunta generó una notable alarma entre los ciudadanos y llegó a provocar que Reporteros Sin Fronteras emitiera un comunicado en el que denunciaba al Gobierno de España por poner frenos a la libertad de prensa.

Resulta escandaloso que un organismo oficial se atreva a preguntar a los españoles si elegimos libertad de expresión o censura, dando a entender que el gobierno puede abolir derechos fundamentales amparados por nuestra Constitución. Lo verdaderamente preocupante es que esa falsa disyuntiva oculta no solo un ataque a la libertad de prensa sino un atentado contra los derechos de todos los ciudadanos a tener acceso a una información libre y plural.

Pronto quedó demostrado que esa pregunta tenía como objetivo preparar el terreno antes de dar el siguiente paso para imponer la censura previa tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Y así el 19 de abril de 2020, en una de las comparecencias diarias durante la pandemia, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, reconoció que entre las distintas misiones de la Benemérita se encontraba la de «minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno». Sánchez pudre todo lo que toca y la institución de la Guardia Civil no se iba a librar de su intento de manipularla para arruinar su prestigio.

La pregunta incluida en el sondeo del CIS estaba enmarcada también en una intensa campaña del gobierno «alertando» sobre la existencia de «bulos» que «infectaban» las redes y que daban una información «peligrosa» sobre el coronavirus. Es en ese contexto cuando Facebook tomó la decisión de controlar la difusión de determinados mensajes de WhatsApp, de tal manera que si te llega un mensaje considerado «peligroso» solo puedas enviarlo a uno de tus contactos y no a cinco como era hasta ese momento.

Ante las críticas por lo que se consideró una nueva intervención contra la libertad de expresión, el gobierno y sus propagandistas se apresuraron a proclamar que no existía tal censura, dado que, tal y como aseguran los expertos, la aplicación no «lee» el contenido del mensaje antes de limitar su difusión ni la limita en función del número de teléfono que lo recibe o envía. Pero la decisión de la plataforma sí supone una censura, porque Facebook adoptó esta nueva fórmula de comunicación entre usuarios tras una campaña gubernamental en la que se alertaba sobre el «peligro» de los «bulos» categorizándolo como un riesgo para la salud pública, hasta el extremo de que en sus comparecencias río semanales el presidente del Gobierno se mostraba mucho más preocupado por el «riesgo» que corría la población en general si no se paralizaba lo que él llamaba «bulos» que por el riesgo real que corríamos al no hacérsenos test ni tener mascarillas.

Lo que el gobierno consiguió fue que la aplicación introdujera un freno y unas limitaciones para compartir los mensajes que más interés despertaban en la población y que, en aquellos momentos de confinamiento y muerte, eran los mensajes críticos con el gobierno. Pervirtiendo la realidad para considerar «bulo» todo lo que fuera crítico y «peligroso», todo lo que el gobierno consideraba «bulo», fue como llegó la censura a esa red social. Y respiraron más tranquilos al ponernos la mordaza tras negarnos la mascarilla los creadores de bulos que nos han traído la ruina y la muerte: «Es como una gripe leve», «las mascarillas son contraproducentes», «apenas si habrá un infectado», «puedes salir a la calle aunque vengas de un foco de contagio si no tienes síntomas», «ya tenemos test…», «no tenemos aún test», «los test y el material de protección han de ser homologados, eso es muy importante», «nuestro material no lo está pero en seguida lo tendremos», «todos nuestros sanitarios tienen protección», «todos nuestros policías tienen equipos de protección», «apenas si habrá repercusiones económicas», «no habrá que cerrar comercios ni colegios», «mañana se cierra todo», «no lo podíamos prever», «fuimos los primeros en reaccionar».

La pareja tóxica Sánchez/Iglesias puso en marcha la estrategia para controlar los medios de comunicación desde el mismo momento en el que llegaron al gobierno y la reforzó a través de los sucesivos decretos aprobados durante el primer estado de alarma. Anunciado ya el segundo estado de alarma con el que el gobierno pretende suspender la Constitución durante más de seis meses sin someterse al control del Congreso de los Diputados, la mayoría PSOE/Podemos ha aprobado una iniciativa legislativa para implantar la censura.

Ellos, los odiadores institucionales, determinarán qué mensajes son de «odio»; ellos, quienes llevan por ley el odio y la mentira a la escuela, determinarán qué mensajes deben ser eliminados, a quiénes han de ponerle la mordaza, qué discursos deben ser censurados.

Todo forma parte del plan totalitario que aplica este gobierno para controlar cualquier atisbo de libertad que pueda desvelar sus sucias trampas, su ineficacia, su juego sucio y una gestión irresponsable de la pandemia que ha costado la vida a muchos miles de españoles y la ruina a todo el país.

Iglesias no ha conseguido llevar a término su sueño húmedo de nacionalizar los medios de comunicación pero se ha quedado con la Televisión Pública. Recuerden aquel acto en Pamplona en el que, interpelado sobre si elegiría educación o propaganda contestó que elegiría propaganda sin ninguna duda. Así ha ido avanzando en la estrategia de control de todos los medios de comunicación, tanto los públicos como los concertados que viven de las subvenciones públicas y que son la inmensa mayoría.

El Tribunal de Cuentas ya ha llamado la atención sobre el comportamiento sectario de Radio Televisión Española y ha señalado en su último informe que no se han explicado las razones en que se amparan los ceses de más de cincuenta profesionales y que el ente ha abusado de los contratos a dedo realizados sin rigor, publicidad ni valoración de mérito y capacidad.

Pero no nos despistemos a la hora de atribuir responsabilidades; no es Iglesias quien ha diseñado la estrategia para conseguir el control total sobre los medios, ni quien ha sustituido democracia por demoscopia, ni quien ha elegido propaganda en vez de política, ni quien ha situado al frente del equipo de propaganda a un adorador de Goebbels. Fue Pedro Sánchez quien cerró durante la pandemia el Portal de Transparencia para arrebatar a los ciudadanos el acceso a una fuente de información imprescindible para ejercer nuestros derechos y controlar la acción del gobierno; es la pulsión totalitaria de Pedro Sánchez la que ha convertido el ejercicio de la libertad de expresión en una actividad cuando menos incómoda.

Claro que ahora, a diferencia de la época en la que Goebbels puso en marcha el plan original que parece inspirarles, no pueden poner una pegatina en la puerta de tu casa si te expresas con libertad y de forma crítica sobre el gobierno; aunque tampoco lo necesitan para perseguir a los díscolos y arruinarles la vida. El gobierno de Sánchez tiene otros instrumentos para cerrarte la boca, para presionarte, para convertirte en invisible… La muerte civil y profesional existe y Sánchez aplica esa condena con asiduidad y sin complejos. Recuerden a todos los profesionales a los que ha cesado por negarse a mentir en nombre del gobierno y/o por negarse a cumplir órdenes ilegales. Y de ahí para abajo, todo. Aviso para navegantes, se llama la figura.

Pero la fijación del gobierno y sus actuaciones contra las libertades no han finalizado. El anteproyecto de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que constituye una de las principales medidas de la Agenda España Digital 2025 a cuyo frente está Pablo Iglesias, contempla que el Estado pueda asumir la gestión directa e intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas si hay riesgo para la seguridad pública, la seguridad nacional o el orden público.

Ojo al dato: se trata de que el gobierno pueda controlar no solo las calles, sino las comunicaciones, sin decretar el estado de alarma o de excepción, sino a través de una ley ordinaria. «Si hay riesgo», «de forma transitoria y excepcional», dice el anteproyecto.

¿Quién define el riesgo, la transitoriedad, la excepcionalidad? ¿El mismo gobierno que mintió y sigue mintiendo sobre los riesgos de la pandemia, sobre los instrumentos y medios para combatirla y hasta sobre el número de muertos?

Recuerdo una sentencia de Stanislaw Jerzy Lec: «No os dejéis imponer la libertad de expresión antes de la libertad de pensamiento». No permitamos que Sánchez nos arrebate los derechos de ciudadanía.

UNA DE LAS EXPRESIONES MÁS OBSCENAS DE LA VOLUNTAD DE ATENTAR CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA FUE EL FORMATO ELEGIDO PARA CELEBRAR LAS RUEDAS DE PRENSA EN LAS QUE EL GOBIERNO «INFORMABA» SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SE MOSTRABA MUCHO MÁS PREOCUPADO POR EL «RIESGO» QUE CORRÍA LA POBLACIÓN EN GENERAL SI NO SE PARALIZABA LO QUE ÉL LLAMABA «BULOS» QUE POR EL RIESGO REAL QUE CORRÍAMOS AL NO HACÉRSENOS TEST NI TENER MASCARILLAS.

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Y llegó el virus. Y Sánchez lo aprovechó para suspender los controles democráticos y reforzar su impunidad

Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios.

MAHATMA GANDHI

Quizá por eso de que en España parece cumplirse la Ley de Murphy y todo lo que puede empeorar, empeora, cuando Sánchez ya había formado gobierno con aquellos con los que juró no gobernar nunca llegó la pandemia de la Covid-19. Y hubo quien en ese momento pensó que la peor crisis sanitaria de la historia de varias generaciones de españoles obligaría a Sánchez a revisar su estrategia cesarista, rupturista y sectaria y que España, como el resto de países de nuestro entorno, se vertebraría en torno a un gran pacto nacional que expulsara de la política, al menos por un tiempo, todo tipo de frentismo.

Pero nada más lejos de las intenciones de un tipo cuyo proyecto personal solo progresa con la desgracia ajena y que jamás ha tomado una iniciativa pensando en el interés general.

Sánchez no podía dejar que una pandemia le distrajese de sus objetivos. Por eso a la estrategia desplegada en todos los frentes para destruir el sistema del 78 se sumó la estrategia mortal con la que Sánchez enfrentó la crisis sanitaria. Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó en enero sobre la gravedad de la pandemia, Sánchez mantuvo la misma táctica que le había servido para llegar al gobierno: ocultar el problema, difundir el bulo de que el virus era como una gripe, mantener la agenda sectaria e ideológica, insultar, desacreditar y llamar alarmistas a quienes le exigían que tomara medidas.

Y el virus se fue propagando entre nosotros sin que el gobierno tomara ni una sola decisión para prevenir y para proteger a los ciudadanos, empezando por las personas más vulnerables y por el personal sanitario.

Y cuando en España ya había miles de infectados y centenares de muertos por la Covid-19 el gobierno pasó de negarlo todo a decretar el estado de alarma y encerrarnos en casa. Y con la misma velocidad con la que se extendió la pandemia se propagó el miedo entre los ciudadanos, un temor que Sánchez aprovechó para restringir libertades con carácter general, para eludir su responsabilidad y para evitar el control parlamentario y democrático sobre decenas de decisiones que iba tomando y que nada tenían que ver con la crisis sanitaria. A España le iba muy mal; pero a Sánchez le iba bien.

Y mientras iba creciendo el número de parados, el número de familias que acudían a los comedores sociales, el número de trabajadores con un ERTE que no llegaban a cobrar, el número de parados que ni siquiera podían contactar con la Oficina de Empleo… se fue extendiendo por España la enfermedad y la muerte. Y en ese clima de incertidumbre y sometidos a la propaganda gubernamental muchos españoles olvidaron que fue Sánchez quien eligió encerrarnos en vez de protegernos; que fue Sánchez quien optó por el confinamiento general y la paralización de la economía en vez de hacer test masivos y separar únicamente a quienes estuvieran infectados por el virus.

Y en ese clima de absolutismo gubernamental llegamos al fin del primer estado de alarma. Y entonces Sánchez proclamó que gracias a él habíamos «vencido al virus» y nos mandó a la calle a disfrutar y a comprar, a olvidarnos de la pandemia, a vivir «la nueva normalidad».

Y el gobierno pasó de concentrar todo el poder a desentenderse por completo, como si la seguridad nacional no fuera con ellos. Y en aquello que era de su competencia (control de puertos y aeropuertos) decidió no hacer nada. Y en lo que debía actuar en coordinación con las comunidades autónomas decidió actuar arbitrariamente en función del color político de los gobiernos regionales. Y España volvió a subir al pódium de campeona de Europa en número de contagios y muertos.

Y cuando España ya había superado el millón de nuevos contagios en la llamada segunda ola, Sánchez recurrió otra vez al Aló Presidente para volver a mentirnos de forma descarada: que ningún país podía prever, que ahora estamos mejor «porque se hacen más test» (él, que se negó a hacer test en pleno confinamiento para mantener los poderes absolutos el máximo tiempo posible), que esto iba muy mal pero que lo podíamos volver a «contener» con «resistencia», «moral de victoria», «disciplina» y «espíritu de equipo». Y no anunció ni una sola medida; y les dijo a las autoridades autonómicas que si querían, que pidieran el estado de alarma. Como si la cosa no fuera con él, como si él estuviera al frente del Gobierno de España solo para desmantelar el sistema del 78 y no para proteger la seguridad nacional.

Y mientras Sánchez ponía cara de preocupado el aeropuerto de Barajas seguía siendo el único aeropuerto del mundo que funciona con los mismos controles de entrada que hace un año. Seguro que Iván Redondo le dijo que la cara de preocupado, el gesto, era muy importante y que repitiera el mantra «resistencia, espíritu de equipo, moral de victoria y disciplina», como si luchar contra la pandemia fuera un partido de tenis y no una lucha de país que requiere instrumentos, previsión, medidas concretas, liderazgo político, profesionales que deciden lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer.

Y cuarenta y ocho horas después, visita al Vaticano mediante, Sánchez declaró un nuevo estado de alarma que incorpora toque de queda en todo el territorio nacional y que pretende mantener durante, al menos, seis meses.

Como señalaba Roberto Blanco Valdés en un artículo publicado días después del anuncio de este nuevo golpe de mano contra la democracia perpetrado por Sánchez, ha llegado el momento en el que nos planteemos con rigor la relación existente entre el estado de alarma y los derechos, ya que para suspenderlos el artículo 55.1 de la Constitución exige declarar el estado de excepción o de sitio, nada dice del de alarma. O sea, si se suspenden derechos fundamentales (ahora como en el primer estado de alarma) debe declararse el estado de excepción. Y si solo se limitan ha de hacerse mediante leyes orgánicas que limitan o regulan el ejercicio de esos derechos.

Sánchez pretende, de la mano y con el apoyo de golpistas, proetarras, bolivarianos, comunistas y nacionalistas de todo tipo y condición, que el gobierno esté durante seis meses sin control parlamentario ni judicial. Sánchez pretende que durante seis meses el Congreso de los Diputados —sede de la soberanía nacional— sea sustituido por la Comisión Interterritorial, órgano consultivo en el que participan las comunidades autónomas.

Sánchez pretende suspender la democracia durante seis meses, porque esa es la consecuencia de suspender la separación de poderes, la Justicia y el Parlamento. Seis meses con las manos libres para que Sánchez actúe como un gobernante despótico y totalitario. Seis meses de democracia orgánica o dictablanda, en la que el ejecutivo se convertirá en legislativo y sus poderes serán absolutos. Seis meses en los que a las comunidades autónomas les corresponderá adoptar (no aplicar, adoptar) las decisiones para frenar la extensión de la pandemia y el avance del virus, y en los que el Gobierno se limitará a ser comentarista de la pandemia, con lo que se abandona el que debía ser el objetivo fundamental: unificar la respuesta nacional.

Sánchez se ha convertido en un peligro para la seguridad nacional y en un serio riesgo para la democracia.

CUANDO EN ESPAÑA YA HABÍA MILES DE INFECTADOS Y CENTENARES DE MUERTOS POR LA COVID-19 EL GOBIERNO PASÓ DE NEGARLO TODO A DECRETAR EL ESTADO DE ALARMA Y ENCERRARNOS EN CASA.

EN ESE CLIMA DE INCERTIDUMBRE Y SOMETIDOS A LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, MUCHOS ESPAÑOLES OLVIDARON QUE FUE SÁNCHEZ QUIEN ELIGIÓ ENCERRARNOS EN VEZ DE PROTEGERNOS.

SÁNCHEZ PRETENDE, DE LA MANO Y CON EL APOYO DE GOLPISTAS, PROETARRAS, BOLIVARIANOS, COMUNISTAS Y NACIONALISTAS DE TODO TIPO Y CONDICIÓN, QUE EL GOBIERNO ESTÉ DURANTE SEIS MESES SIN CONTROL PARLAMENTARIO NI JUDICIAL.

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La historia interminable

Quinta ley fundamental de la estupidez humana: «La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe». Corolario de esta ley: «El estúpido es más peligroso que el malvado».

CARLO M. CIPOLLA, Allegro ma non troppo

En solo quince días (la última semana de octubre y la primera de noviembre de 2020) Sánchez ha vuelto a arremeter con total prepotencia y falta de escrúpulos contra los pilares básicos de nuestra democracia.

El mes de octubre finalizó con la aprobación de un nuevo decreto para imponer el estado de alarma durante seis meses y sin control parlamentario quincenal. Esa maniobra antidemocrática fue sancionada por un Congreso de los Diputados que cada vez se parece más al de Venezuela: los socialistas, más los comunistas, más los proetarras, más los nacionalistas independentistas y de medio pelo, más los golpistas catalanes, más los bolivarianos chavistas, junto a un partido otrora liberal llamado Ciudadanos.

Fue una maniobra de Sánchez que anuló el control judicial y parlamentario sobre los actos del gobierno. Y en un acto que solo puede calificarse como un golpe de mano contra el Estado de Derecho, la Constitución fue suspendida durante seis meses y el gobierno presidido por la pareja tóxica Sánchez/Iglesias asumió todos los poderes.

Durante la imposición del primer estado de alarma, el exmagistrado del Constitucional Manuel Aragón denunció que se estaba «descuidando algo por completo fundamental como es el exacto cumplimiento de la Constitución» al utilizar la figura del estado de alarma para suspender el ejercicio de derechos fundamentales.

Durante la vigencia de este segundo estado de alarma el ejecutivo se ha convertido en legislativo y sus actos no serán controlados ni por los jueces ni por el Parlamento. En este nuevo golpe Sánchez ha añadido a la suspensión de derechos fundamentales como el de movimiento y reunión la suspensión de la vigencia de la Constitución durante seis meses. Y España se ha convertido de facto en un estado presidencialista, lo que resulta incompatible con la monarquía parlamentaria y atenta de manera flagrante contra nuestro ordenamiento constitucional que reserva el papel de representante de la Nación a las Cortes Generales y de representante del Estado al rey.

A partir de ahí, de la realidad de un gobierno que utiliza el BOE para dar un golpe de Estado, pues suspender la vigencia de la Constitución solo puede ser calificado de esa manera, debemos estar preparados para cualquier ataque contra las libertades. Toda tropelía es posible.

Por eso no es de extrañar que unos días después de suspenderse la vigencia de la Constitución conociéramos que el PSOE, Unidas Podemos y ERC (los dos partidos del gobierno y el partido que organizó desde Cataluña un golpe contra la democracia y cuyo presidente está condenado y en prisión por haber cometido los delitos más graves contra la democracia) hayan pactado una enmienda en la nueva Ley Orgánica de Educación en la que desaparece la consideración del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado.

Con la Constitución suspendida durante seis meses Sánchez se considera inmune a la acción de los tribunales de justicia; y con las cifras de muertos y contagiados diarios por la Covid-19, con el toque de queda implantado en toda España, con la imposibilidad de salir a la calle a manifestarse, con el miedo a que vuelva a producirse un confinamiento domiciliario… cree que está a salvo de la reacción de los ciudadanos a los que está robando sus derechos.

Quizá a quienes no viven en una comunidad autónoma bilingüe y regida por nacionalistas les pueda parecer que este nuevo atentado contra las libertades solo les afecta colateralmente. Gran error; cierto que los más afectados por este ataque contra las libertades serán los niños que vivan en esas comunidades y cuya lengua materna sea el castellano, pues el hecho de que el castellano no sea lengua vehicular tendrá como consecuencia que la estudiarán en peores condiciones que si de una lengua extranjera se tratara.

Los niños cuya lengua materna sea el castellano no estudiarán ningún contenido curricular en español, no aprenderán a leer o escribir en su lengua materna, no podrán hablar en español con sus profesores, no podrán utilizarlo en sus trabajos escolares… Y aunque esa situación ya se venía produciendo en las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas —allá donde gobiernan los nacionalistas la escuela es nacionalista— esas prácticas han sido declaradas ilegales por los tribunales de Justicia, aunque al estar amparadas por las autoridades autonómicas la mayor parte de las veces las sentencias no se han ejecutado y las reclamaciones han llegado ya a las instancias europeas. Lo que pretende Sánchez a través de esa enmienda del tripartito social/comunista/golpista es modificar la ley para proteger a los delincuentes legalizando la expulsión del castellano del sistema educativo español. Vamos, como con la reforma en marcha del Código Penal.

El ataque de Sánchez no va contra la lengua, las lenguas no pueden ser discriminadas porque las lenguas no tienen derechos, los derechos son de los ciudadanos. A ellos es a quienes Sánchez está discriminando, a quienes pretende robar, impunemente, sus derechos. Si se aprobara esta reforma dejaría de ser efectivo el artículo 3.1 de la Constitución.

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla. Artículo 3.1 de la Constitución Española.

No hay que hacer ninguna ley para proteger el español, sino que hay que impedir que estos facinerosos promuevan y aprueben con sus cómplices leyes que no son coherentes con los artículos de la Constitución, el citado 3.1 entre otros.

El castellano no es una lengua española más: es la lengua española oficial del Estado, es la lengua común de todos los ciudadanos españoles, sea cual sea la parte de España en la que vivan, estudien o trabajen, es la lengua que nos permite a todos participar de forma activa y en igualdad de condiciones en todos los asuntos de interés común. Es la lengua que hablan más de cuatrocientos millones de ciudadanos en todo el mundo, la segunda lengua más hablada del planeta Tierra, lo que la convierte, además, en un instrumento de competitividad para las personas y para el país, más importante si cabe para los ciudadanos con menor capacidad adquisitiva.

Nada hay nada más cohesionador y más igualitario que la educación; y una nación no se cohesiona con sentimientos o emociones, eso queda para las tribus. Por eso es tan importante señalar que lo que pretende lograr Sánchez suprimiendo el castellano como lengua vehicular en todo el Estado demuestra su pulsión totalitaria y su deseo de destruir la Nación española de ciudadanos libres e iguales que sanciona nuestra Constitución.

Y como no hay dos sin tres, en la misma semana en la que se suspendía la vigencia de la Constitución, se reforzaba el nepotismo y conocíamos que Sánchez había regalado a su señora Begoña Gómez la dirección de una cátedra. La Universidad Complutense de Madrid hizo público que la esposa de Pedro Sánchez ha presentado el proyecto y obtenido la financiación (supongo que siendo la mujer del presidente del Gobierno es fácil que La Caixa o Real Seguros se le pongan al teléfono) y que por eso va a codirigir una cátedra extraordinaria sin que la universidad haya considerado que el hecho de no ser catedrática, ni doctora, ni siquiera licenciada le imposibilite hacer una carrera académica.

Lo que si hay que reconocerle a este gobierno tan «progresista» es el amor por la familia y una particular pulsión por proteger a «sus mujeres». Si el vicepresidente nombra ministra a la suya no sería normal que su persona el presidente se contentara con tener a la suya únicamente de directora de una Fundación para África. En el gobierno de la pareja tóxica Sánchez/Iglesias, el nepotismo se administra en régimen de gananciales.

¿Es el comportamiento de Sánchez propio de un estúpido o de un malvado? Cipolla explica en su libro que tanto una sociedad en decadencia como una sociedad en ascenso se ven aquejadas por el mismo porcentaje de estúpidos. La diferencia es que en un país en ascenso el porcentaje insólitamente alto de individuos inteligentes procura tener controlada a la fracción constante de estúpidos, mientras que en un país en decadencia, aunque el porcentaje de individuos estúpidos sigue siendo el mismo, en el resto de la población se observa, sobre todo entre los individuos que están en el poder, una alarmante proliferación de malvados con un elevado porcentaje de estupidez. «Tal cambio en la composición de la población de los no estúpidos refuerza el poder destructivo de la constante de los estúpidos y conduce al país a la ruina».

Conclusión: no es incompatible ser malvado y estúpido a la vez; y no hay nada más peligroso que un estúpido con poder y sin escrúpulos.

Llega el momento en el que he de entregar este libro a la editorial. Pero soy consciente de que el relato sobre la demolición de la democracia emprendida por Sánchez es una historia que no acabará mientras este siga siendo presidente del Gobierno de España. Nada de lo que de verdad importa, ni los derechos de los ciudadanos, ni las instituciones, ni la unidad de la Nación, estará a salvo de la pulsión destructora de Pedro Sánchez.

EN UN ACTO QUE SOLO PUEDE CALIFICARSE COMO UN GOLPE DE MANO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO, LA CONSTITUCIÓN FUE SUSPENDIDA DURANTE SEIS MESES Y EL GOBIERNO PRESIDIDO POR LA PAREJA TÓXICA SÁNCHEZ/IGLESIAS ASUMIÓ TODOS LOS PODERES.

LOS NIÑOS CUYA LENGUA MATERNA SEA EL CASTELLANO NO ESTUDIARÁN NINGÚN CONTENIDO CURRICULAR EN ESPAÑOL, NO APRENDERÁN A LEER O ESCRIBIR EN SU LENGUA MATERNA, NO PODRÁN HABLAR EN ESPAÑOL CON SUS PROFESORES, NO PODRÁN UTILIZARLO EN SUS TRABAJOS ESCOLARES…

LO QUE PRETENDE LOGRAR SÁNCHEZ SUPRIMIENDO EL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR EN TODO EL ESTADO DEMUESTRA SU PULSIÓN TOTALITARIA Y SU DESEO DE DESTRUIR LA NACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADANOS LIBRES E IGUALES QUE SANCIONA NUESTRA CONSTITUCIÓN.

Epílogo

A favor de la democracia, a favor de España

En política, que a uno le engañen no es excusa.

LESZEK KOLAKOWSKI

Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden.

BLAS DE LEZO

Durante mucho tiempo tuve pegada en mi escritorio una cita de Ungaretti: «No se puede pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen». Eran tiempos en los que la batalla se libraba en nombre de lo sagrado, en nombre de la libertad. Eran tiempos en los que sabíamos que rendirse no era una opción; tiempos también, ¡ay!, en los que la inmensa mayoría de españoles estábamos seguros de que podíamos ganar definitivamente la batalla a la España negra que estábamos dejando atrás.

Si los ciudadanos teníamos entonces una sensación de invulnerabilidad ante las dificultades se debía en buena medida al hecho de que percibíamos en los responsables públicos del momento un compromiso prepolítico y supraideológico para unir a los españoles y poner en marcha las instituciones que nos permitirían hacer efectivos los derechos proclamados por nuestra Constitución.

Sánchez ha trocado aquella voluntad colectiva y expresa de enterrar las dos Españas por una estrategia, igualmente expresa, de romper la cohesión entre españoles. Afortunadamente hoy estamos más protegidos contra la tiranía porque nuestro país ya es miembro del club de los demócratas de Europa, ese espacio «especialmente proclive para la esperanza humana», como se define en el preámbulo de su no votada Constitución; pero nuestro gran déficit, nuestro lastre, es que quienes impulsan la demolición de la democracia han llegado al gobierno por métodos democráticos, lo que dificulta que los ciudadanos tomemos conciencia de la situación de alerta democrática por la que atravesamos.

Pues bien; frente a la voluntad expresa de Pedro Sánchez de volar el sistema del 78 solo cabe una voluntad igualmente expresa de los españoles de negarle nuestro consentimiento. No nos queda otro remedio que ejercer como ciudadanos para parar el golpe que un grupo de facinerosos, aliados con los tradicionales enemigos de la democracia, están perpetrando desde el Gobierno de España para destruir la Nación democrática que heredaron de sus padres.

No es la primera vez en nuestra reciente historia que los demócratas españoles hemos tenido que organizarnos para frenar a quienes pretendieron impedir que la sociedad española fuera plural y disfrutara de plenas libertades democráticas. No olvidemos que para obstruir nuestra voluntad de construir la democracia ETA asesinó a 857 ciudadanos inocentes, 46 de ellos en vida de Franco, 97 durante la Transición y 714 desde que se aprobó la Constitución; no olvidemos que contra esa misma gentuza hemos de luchar ahora, pues los prescriptores de ETA son los socios que Sánchez ha elegido para alcanzar y permanecer en el Gobierno de España.

Nunca como ahora estuvo tan amenazado el proyecto de vida en común que definimos en la Constitución del 78. Y mira que las hemos pasado mal, que hemos sufrido, que hemos sentido miedo hasta físico, que hemos sido perseguidos, que hemos visto cómo los enemigos de la democracia arrebataban la vida a centenares de inocentes, amigos, vecinos, compañeros de vida y de militancia democrática…

Mira que fue duro vivir los años del plomo, sufrir o conocer a personas que sufrían el acoso… Pero ni siquiera en aquellos años estuvo nuestra convivencia tan amenazada y nuestra democracia tan al borde del abismo, porque, a diferencia de lo que ocurre ahora, en aquellos dramáticos momentos en los que ETA asesinaba a inocentes y pretendía socializar el miedo, los demócratas españoles sabíamos que la línea que nos separaba no era ideológica, que a un lado estábamos todos los demócratas y al otro se situaban los enemigos de la democracia.

Pero con Sánchez se ha impuesto una pedagogía de odio al disidente (camuflada de falsa confrontación ideológica en la que impera la supremacía moral de la izquierda) que ha tenido como consecuencia la sustitución de esa línea democrática y profiláctica por una zanja para separar y enfrentar a los españoles.

Sánchez ya ha demostrado estar dispuesto a todo para conseguir su objetivo, lo que le ha llevado a convertirse en el Puigdemont del Gobierno de España. Al igual que sus socios golpistas catalanes, no necesita utilizar la fuerza bruta, las armas o la violencia física para demoler la democracia: él ya tiene el BOE para subvertir el orden constitucional.

Sánchez ha sacado conclusiones del golpe que dieron sus actuales socios; por eso, como no quiere terminar sus días huido de la Justicia como Puigdemont o en la cárcel como Junqueras, se apresura a reformar el Código Penal para rebajar el tipo y las penas por delitos contra la democracia cometidos desde las instituciones. Con el mismo objetivo, que no haya un tribunal independiente que pueda juzgarle, pretende pervertir la letra y el espíritu de la Constitución para controlar el Consejo General del Poder Judicial y garantizarse la mayoría gubernamental también en el Tribunal Constitucional. Si Sánchez consigue su objetivo de tener al Tribunal Constitucional sometido al gobierno, los referéndums de independencia serán declarados constitucionales si Sánchez necesita los votos de filoterroristas, golpistas o bolivarianos para permanecer en el poder; y la soberanía nacional dejará de residir en el pueblo español sin que todos los ciudadanos podamos pronunciarnos sobre la supresión de ese artículo clave de nuestra Constitución.

Hasta aquí el repaso de las tropelías cometidas por Sánchez y sobre las consecuencias que están teniendo en nuestras vidas y los efectos que tendrán para el futuro de nuestro país. Pero no sería edificante que nos limitáramos a señalar el problema y pusiéramos a continuación punto final. La historia de la España moderna es una historia de superación; baste con recordar que el milagro de la Transición española ha sido estudiado como modelo de éxito en todos los foros académicos y políticos del mundo; los españoles ya hemos demostrado que somos capaces de salir de las tinieblas, no estamos condenados a sufrir otro caudillo. Por eso quisiera que estas páginas sean no solo memoria —recordar es un deber— sino que puedan convertirse también en un alegato a favor de la ciudadanía, de la rebelión y de la resistencia.

Las personas decentes no podemos consentir que lo que ETA no logró asesinando contra la democracia a 857 de nuestros mejores conciudadanos, provocando el exilio de miles de demócratas vascos, el dolor de miles de familias cuyos seres queridos fueron asesinados por defender la democracia, decretando la muerte civil de decenas de miles de constitucionalistas vascos y navarros, lo logren ahora sus herederos gracias a la connivencia con una generación de socialistas borrachos de ambición y traidores a la mejor historia democrática de su propio partido.

Estamos inmersos en una crisis de Estado, pues las decisiones que ha venido tomando el ejecutivo para suplantar o anular la capacidad de actuación de las demás instituciones están produciendo una mutación del Estado, poniendo en riesgo su propia continuidad y allanando el camino para provocar la implosión del orden constitucional.

Son tiempos convulsos, tiempos difíciles que exigirán lo mejor de cada uno de nosotros. Sé que la tarea es colosal; pero debemos ser conscientes de que es mayor aún la dimensión de lo que perderá la Nación democrática, la España de ciudadanos libres e iguales que hemos construido, si no tenemos el valor de enfrentarnos al reto y actuar en consecuencia.

España es un país culto, serio, con ciudadanos mucho más inteligentes y capaces que su gobierno. Permitir que se rompa España sería una tragedia para la democracia porque conllevaría implantar la diversidad de derechos entre ciudadanos y destruir nuestro marco de convivencia. La España que queremos, la que heredamos de nuestros padres y queremos dejar en herencia a las nuevas generaciones, no puede acabar siendo la víctima de Sánchez. La España que surgió unida en el 78 no puede sobrevivir mirándose en el espejo de la miseria que Sánchez y su gobierno representan.

Ojalá este libro contribuya a que aflore la determinación colectiva de los demócratas españoles para librar la batalla a favor de España.

ESPAÑA ES UN PAÍS CULTO, SERIO, CON CIUDADANOS MUCHO MÁS INTELIGENTES Y CAPACES QUE SU GOBIERNO. PERMITIR QUE SE ROMPA ESPAÑA SERÍA UNA TRAGEDIA PARA LA DEMOCRACIA PORQUE CONLLEVARÍA IMPLANTAR LA DIVERSIDAD DE DERECHOS ENTRE CIUDADANOS Y DESTRUIR NUESTRO MARCO DE CONVIVENCIA.

ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ (Sodupe, Güeñes, Vizcaya, 27 de mayo de 1952) es una política española. Es cofundadora de Unión, Progreso y Democracia, partido político del que fue también líder y portavoz desde su creación hasta julio de 2015 y con el que fue diputada en el Congreso de los Diputados desde 2008 hasta 2016.

Hasta 2007 fue militante del Partido Socialista Obrero Español, partido con el que llegó a ser diputada foral de Vizcaya (1979-1983), apoderada y vicepresidenta de las Juntas Generales de Vizcaya (1983-1987), miembro de la ejecutiva del PSE-EE (1985-2000), parlamentaria del Parlamento Vasco (1987-1999), concejala de Güeñes (1987-1991), consejera del Gobierno Vasco (1991-1998), presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo (1999-2004) y eurodiputada (1999-2007).

Cuando era militante del PSOE, se autodefinía en exclusiva como socialdemócrata.​ Sin embargo, evolucionó hasta proclamarse tanto de la tradición socialdemócrata como de la tradición liberal y, consecuentemente, se definió a sí misma cuando era la portavoz de UPyD como una política social liberal que apoya la economía de libre mercado, las libertades individuales y el Estado del bienestar.​ Asimismo, Rosa Díez pasó de ser autonomista durante la mayor parte de su etapa socialista a defender el centralismo,​ siendo esta diferencia respecto a la forma de Estado junto con su rechazo a la política antiterrorista del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el motivo principal por el que abandonó el PSOE.​ Aunque afirmó ser republicana tanto en el PSOE como en UPyD,​ acabó proclamándose monárquica «en legítima defensa».​ Además, Rosa Díez se proclama partidaria de la laicidad entendida como el respeto a todas las creencias religiosas, a excepción del islam y cualquier otra religión que no sea respetuosa con el Estado de derecho.​ También, se declara constitucionalista, demócrata radical, europeísta, feminista, patriota española, progresista y reformista.

En mayo de 2015, Rosa Díez anunció que no se presentaría a la reelección como líder y portavoz de UPyD debido a los malos resultados en las elecciones autonómicas y municipales.​ Tras el congreso extraordinario de julio de 2015, el partido pasó a ser dirigido por Andrés Herzog, que en las generales de diciembre de 2015 cosechó los peores resultados de su historia. En enero de 2016 Rosa Díez dejó su escaño, y el 8 de febrero, con el partido dirigido por una gestora tras la dimisión de Herzog, se dio de baja del partido.

Tras las elecciones generales de España de abril de 2019, Rosa Díez apoyó una coalición electoral entre el PP, Ciudadanos y Vox en toda España porque «no hay nada más reaccionario que los bolivarianos, los supremacistas, los proetarras y quienes les apoyan o se apoyan en ellos para gobernar». Sin embargo, acabó retirando su apoyo al PP tras el cese de Cayetana Álvarez de Toledo.

Rosa Díez apoyó la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y criticó a los diputados del PP y Ciudadanos, a quienes acusó de no apoyar la moción de Vox únicamente «por razones de oportunidad» porque «no tienen argumentos para rebatir el fondo sobre el que se sustenta y sobran los motivos para reprobar a Pedro Sánchez y a todo su gobierno».

Ha escrito: Porque tengo hijos (2006), Merece la pena una vida dedicada a la política (2008), Es lo que hay (2011), Los aventureros cuerdos. Ocho años de rebelión magenta (2016) y La demolición. La gran traición de Sánchez a la democracia (2021).