A la memoria de todos los que lucharon y murieron en las dos guerras por un mundo justo e igualitario

PRÓLOGO

Cuando Ronald Fraser propuso a Crítica la publicación de este libro, parecía claro que se trataba de una especie de despedida de su larga dedicación a la historia de España, en un nuevo volumen donde se proponía, no sólo recuperar trabajos importantes que habían tenido hasta entonces una difusión muy limitada, sino también formular una visión de conjunto sobre la labor de investigación a la que había dedicado más de cuarenta años de su vida, desde que, tras su primer viaje a Mijas, empeñado en la inútil empresa de exorcizar su pasado, había acabado descubriendo el mundo que le rodeaba en la persona de Manuel Cortés, el alcalde socialista que había vivido treinta años escondido.

Lo que no pensábamos, en cambio, es que este libro fuese a ser su última obra, como tal vez debía sospechar el propio Fraser cuando decidió incluir en él «La forja de un historiador a pesar suyo», una especie de autobiografía intelectual en la que sintetiza la forma en que se desarrolló su labor de «devolver a la vida a los españoles olvidados del pasado». Esa autobiografía deja al margen, como era propio de su discreción, las circunstancias de su vida personal, desde su nacimiento en Hamburgo en 1930 —de padre escocés empleado en una compañía de transporte marítimo y de madre norteamericana, cuya fortuna permitió adquirir la casa de Burghfield en la que se instalaron al regresar a Gran Bretaña en 1933—, pasando por la vaciedad de una infancia con escasos alicientes familiares, por su aproximación a la izquierda o la experiencia de la New Left Review, hasta, finalmente, la paz de sus últimos veinticinco años en Valencia, al lado de Aurora Bosch.

Mi primer contacto serio con la obra de Fraser se produjo en 1979, al publicarse Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española, que se editó simultáneamente en español y en inglés —esto explica que la edición norteamericana de Pantheon Books llevase un texto mío de elogio en la contracubierta, en que trataba de señalar el libro como el inicio de una nueva historia social de la guerra—.

Me preocupaba que la traducción literal del título que Fraser había dado a su libro, Blood of Spain, lo hiciera aparecer entre nosotros como un producto más del folclore de pandereta, tan habitual en aquellos tiempos, y me pasé largas horas buscando una alternativa en la poesía de la guerra civil española, hasta dar con un poema de Luis Cernuda —«1936», incluido en Desolación de la quimera— en que el poeta evocaba el día de 1961 en que, durante una conferencia, coincidió con un viejo combatiente estadounidense de la Brigada Lincoln:

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros
cuando asqueados de la bajeza humana,
cuando iracundos de la dureza humana:
este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

Que el editor, Gonzalo Pontón, aceptase mi propuesta —no sin temor, como me confesaría— permitió que el libro apareciera en España con un título tan largo y extraño. Sin embargo, conocedor de lo que suelen ser los egos de los personajillos del mundo académico, no dejaba de inquietarme la reacción del autor. Cuando, poco después, conocí personalmente a Ronald, descubrí que no tenía nada que ver con ese tipo de personajes, sino que se trataba de un ser humano afable, modesto y cordial. Una sensación que he conservado después, en cada ocasión en que he tenido la oportunidad de reencontrarme con él.

Lo que su libro sobre la guerra civil, significó en unos momentos en que los textos de referencia eran el de Hugh Thomas —con su método de repartir «palo a la burra negra y palo a la burra blanca»— y el mucho más equilibrado de Gabriel Jackson, resulta difícil de valorar hoy, cuando las investigaciones sobre la represión y sobre el sufrimiento colectivo han avanzado considerablemente. Por mi parte he de confesar que Fraser me abrió los ojos a una nueva manera de ver los acontecimientos de aquellos años, más allá de las actuaciones de los políticos y los dirigentes militares. Y pienso que, como él mismo nos dice, aunque las nuevas investigaciones hayan realizado importantes aportaciones al conocimiento de lo sucedido, «las experiencias vitales de los supervivientes siguen siendo un testimonio histórico inalterable», lo que asegura un valor perdurable a un libro que pudo recoger experiencias vividas que de otro modo se hubieran perdido.

Hay que señalar, además, que la obra fue igualmente apreciada en el mundo anglosajón, donde, Eve Drobot, dijo, por ejemplo, que «no solo ha conseguido un asombroso hito en el terreno de la investigación, sino que ha creado una sorprendente crónica en tres dimensiones de unos seres humanos en conflicto».

Fraser, que había acabado viendo con desconfianza la historia oral, «una etiqueta engañosa, pues sugiere que se trata de una categoría historiográfica a la par con la historia “económica” o “política” en lugar de lo que realmente es: la creación de nuevas fuentes para promover la investigación histórica», se propuso entonces una tarea mucho más difícil, la de repetir el empeño de construir una «historia desde abajo», semejante a la que había realizado en el caso de la guerra civil española, pero enfrentándose a un tema mucho más complejo y distante, donde no había testimonios vivos a quienes interrogar, como era el de la llamada «guerra de la Independencia» (1808-1814).

«¿Podía acaso perseguir aún la meta de escribir “historia desde abajo”, el tema recurrente de mis libros según me parecía viéndolos en retrospectiva, y lograr ese mismo fin con fuentes documentales? Sabía que sería un reto, pero un reto que me entusiasmaba. Sin embargo, esta vez me excedí.»

La tarea, que no tenía modelos anteriores en los que inspirarse, resultaría extremadamente difícil. No existían, o por lo menos no eran fáciles de encontrar, los materiales en que esperaba basarse: «¿Dónde estaban las cartas que, según había imaginado, los soldados reclutados enviaban a sus seres queridos?... ¿Dónde estaban los diarios, o incluso los fragmentos, que había esperado desenterrar? ¿Dónde estaban las memorias populares acerca de este conflicto trascendental?».

Al cabo de «casi seis años de investigación en los archivos de Madrid, Barcelona, Simancas y Londres no estaba seguro de tener algo más que fragmentos para escribir el libro» que se proponía y llegó a desesperar «por no saber si viviría lo suficiente para ver el libro terminado». Tuvo que inventar métodos nuevos para articular la inmensa masa de datos y personajes que había reunido, con el fin de crear la estructura de una auténtica «historia social» del conflicto, que le permitiese ver desde abajo esa compleja combinación de levantamiento patriótico y guerra civil.

La maldita guerra de España iba a acabar resultando una auténtica obra maestra que, apartándose de los modelos académicos al uso, demostraba la capacidad de Ronald Fraser para convertir un amplio trabajo de investigación en un panorama general de un país en una época de grandes sufrimientos colectivos y de grandes transformaciones sociales. El suyo es un libro que va a tener que consultar en el futuro cualquiera que desee profundizar en la historia de esos años. Por ello resultaba lógico que concluyese su autobiografía de «historiador a pesar suyo» afirmando que «con La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814, siento que he completado un ciclo y agradecido a los muchos amigos españoles que me han apoyado a lo largo de los años de la forma que mejor sé hacerlo: devolviendo a la vida hoy a los españoles olvidados del pasado».

Este último libro que hoy se presenta, que recoge la parte de su legado intelectual que él mismo escogió para culminar su labor de historiador, es una espléndida muestra de lo mucho que la obra de Ronald Fraser nos ha aportado para ayudarnos a una mejor comprensión de la sociedad española en los tiempos de sus mayores crisis.

Josep Fontana

Parte 1

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Fetichismos de nuestra cultura, los aniversarios históricos se acumulan uno tras otro, dando lugar a congresos, libros y conferencias que vuelven a visitar los hitos del pasado para ponerlos al día de la historiografía actual. Saltamos los siglos: desde el bicentenario del comienzo de la guerra de la Independencia en 1808, al septuagésimo quinto aniversario del comienzo de la guerra civil en 1936, se pasa sin parpadear. Varios de los ensayos y conferencias que componen este libro (cuya procedencia consta en los «Agradecimientos») corresponden a estas efemérides, que incluyen el septuagésimo aniversario del final de esta última guerra; otros, son originales.¹ En el corto lapso de tiempo entre los aniversarios, por ser contrapuestos de una manera insólita, las semblanzas y contrastes entre las dos guerras más emblemáticas de la historia moderna española resaltan de una manera sorprendente.

No es, ni mucho menos, que la historia se repita, sino que el pasado pesa sobre el presente, condicionándolo tanto en su formación socioeconómica como en la ideológica. Queda claro que la sociedad española que se enfrenta a la guerra civil tiene muy poco en común con la que se enfrentara a la de la independencia, ya que las condiciones sociopolíticas bajo el Antiguo Régimen eran muy distintas² a las de la recién estrenada República de la década de 1930. Sin embargo, en algunas esferas socioeconómicas e ideológicas —por ejemplo, la importancia del agro, la religión— se observaban herencias del pasado, al igual que la relación del poder en algunas zonas rurales de España entre las clases dominadas y las dominantes —ya fueran unos cuantos señores feudales o una oligarquía de terratenientes que poseían la tierra— no había variado tanto como se hubiera esperado. Lo que sí había cambiado es que, con el paso del siglo, surgieron, gracias a los movimientos de masas, organizaciones políticas y sindicales que intentaban arrebatarles ese poder e incluso participar en la gobernación del país. La ausencia de la política de masas, y por tanto de la ideología de clase, constituye la diferencia sociopolítica más notable entre la primera y la segunda contienda.³

Sin embargo, debido a las guerras por las que la Revolución Francesa se defendía contra sus enemigos, las masas se encontraron con un papel nuevo. A diferencia de las guerras dinásticas o estatales de los ejércitos regulares del Antiguo Régimen, en las que la población, exceptuando la obligación de surtir reclutas, se quedaba al margen, la guerra revolucionaria la llamó insistentemente a defender la patrie y sus conquistas sociales. De repente la guerra adoptó un nuevo cariz, de lucha de un pueblo contra otro, y por tanto, de odio a la población enemiga. Era un eslabón nuevo que unía al pueblo defensor contra el agresor.

A partir de la primera guerra española en contra de la Revolución Francesa (la guerra de la Convención, 1793-1795), la Iglesia española ingenió un lema en sentido opuesto, contrarrevolucionario, para combatir aquel lema de la revolución de «fraternité, égalité et liberté». «Religión, rey y patria» unía hábilmente los tres elementos significativos para todo español: la religión, por ser los españoles «los elegidos de Dios» para la defensa de la única y verdadera fe católica; el rey, por ser pastor secular de su grey, sin cuya justicia benevolente el pueblo se sentía «huérfano»; y la patria, en la que cada español, por pobre que fuera, tenía algún interés material que defender. De hecho, el lema incitaba a la defensa del statu quo sociopolítico —la monarquía absoluta, los órdenes sociales establecidos, las jerarquías existentes— y fue adoptado por doquier al comienzo de la guerra de la Independencia.

La ideología de los partidos y organizaciones de la guerra civil —si no sus errores políticos— nos son, setenta y cinco años después, aún relativamente reconocibles y no tenemos que desentrañarla. A notar sólo que la política de masas facilitó tanto las formaciones de derechas (la Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA y la Falange) como las de izquierdas.

La guerra de la Independencia se ganó en parte por la intervención militar-financiera inglesa; la guerra civil se perdió por la política inglesa (y francesa) de no intervención, negando armas a las fuerzas gubernamentales españolas para su legítima defensa. Con ayuda militar se ganó una guerra y sin ella se perdió la otra, podría decirse —si tal conclusión no evidenciara una simpleza determinista—. Hasta la fecha, la historia demuestra que cómo se ganan y pierden las guerras no depende exclusivamente de lo armamentístico sino, entre otros muchos factores, de una estrategia militar adecuada a las circunstancias en las que se desarrolla la contienda. Un ejército mal armado y entrenado como el gubernamental no podía permitirse las tácticas de un enemigo mejor entrenado y pertrechado —gracias a la ayuda nazi-fascista—, si quería tener alguna posibilidad de ganar la guerra. Al perseguir la táctica enemiga de grandes batallas campales, sólo se podía esperar que ganara —o por lo menos, que no perdiera— el ejército más fuerte, costando al débil la pérdida de cantidades de armamento escaso y caro, y vidas humanas que, sin victorias, desmoralizaban a la retaguardia,

¿Cómo gana el débil ante el fuerte? Actualmente, ¿quién lo sabría mejor que los palestinos, que llevan décadas enfrentados a la potencia de Israel, apoyada, si no sostenida, por el poder financiero, armamentístico y diplomático de Estados Unidos? Por medio de una metáfora llamativa, un oficial de Fatah expresó recientemente cómo enfocaba la cuestión: «Si quieres vencer a Mike Tyson no le invites a subir al ring, invítale a una partida de ajedrez».⁴ Sin embargo, esta pregunta estratégica de cómo ganar no parece que se les ocurriera en la zona republicana, probablemente por la simple razón de que desde el comienzo de la guerra hasta otoño de 1937 y la pérdida de todo el norte, los gubernamentales parecían tener, al contrario de los sublevados, la mayor parte de las bazas materiales para la victoria: la industria, cuatro de las principales capitales y sus poblaciones, la ingente reserva de oro del Banco de España y una extensión territorial amplia.⁵ A partir de finales de 1937, sí se empezó a pensar que la guerra podría perderse, pero no se pensó en cambiar de táctica militar. Las batallas de Teruel y del Ebro siguieron la pauta de las anteriores de Brunete y Belchite: un éxito inicial para sorprender al enemigo seguido de batallas campales en las que el Ejército Popular, tarde o temprano, tuvo que batirse en retirada. El ejército franquista no sólo era más fuerte sino que disfrutaba de una movilidad mucho mayor —gracias a la gasolina y los camiones que facilitaron a Franco la petrolera Texaco y la Ford estadounidenses, que le permitía reforzar rápidamente cualquier frente amenazado—. Mientras tanto, la única política de guerra gubernamental consistía en intentar demostrar a los ingleses y franceses que su zona seguía luchando con tesón con la esperanza de que Londres finalmente entendiera que el fascismo lo amenazaba al igual que a la República y permitiera el envío de armamento para resistir hasta enlazar la contienda con la inminente guerra europea. La esperanza no se cumplió; Londres prefería la política contemporizadora para aplazar cuanto pudiera el comienzo de la guerra europea antifascista.

Si se adopta el postulado —por cierto, mayoritario entre los historiadores de la contienda— de que el factor determinante de la guerra fue la intervención/no intervención, entonces habría que aceptar que nada más empezar la contienda —o como mucho dos meses después—⁶ los gubernamentales la tenían perdida debido a la intervención de las potencias fascistas en favor de los sublevados y la decisión de las democracias de no intervenir en la guerra, denegando por tanto a la República la ayuda armamentística para defenderse como mandaba la ley internacional. Desde el comienzo, pues, si se quería evitar una guerra civil devastadora, el corolario hubiera sido pactar con los sublevados —si no rendirse a ellos—, ya que resistirlos sería un empeño vano o se parecería mucho a un arrebato pasional ingenuo del pueblo llano, al igual que el que inició la guerra de la Independencia.⁷ Sin embargo, ni en uno ni en otro caso, el pueblo iba a someterse a un régimen militar que amenazaba sus intereses vitales; y ya que el golpe de estado de los sublevados había fracasado en derrumbar el régimen republicano a falta de no haber podido unir en su contra a todo el ejército y fuerzas de seguridad, la guerra civil se hizo inevitable.

¿Qué habría que hacer entonces en el campo gubernamental? Expuesto esquemáticamente: en primer lugar, no esperar lo inesperable de Londres y París; segundo, asumir como hecho inevitable que tuviera que combatir en condiciones de inferioridad, tanto armamentística como de organización militar; tercero, preguntarse qué podría hacerse en la zona gubernamental que no se estaba haciendo, política y militarmente, para compensar aquella inferioridad; cuarto, cuestionar la validez —dentro de una estrategia política amplia para desgastar el ejército enemigo— de la táctica militar de ofensivas frontales y batallas campales; quinto, recordar que el uso dilatorio del tiempo servía más al débil que al fuerte, y por tanto la defensa bien planteada podía desgastar tanto o más que una ofensiva en toda regla; sexto, percatarse de que la defensa de una línea fortificada —tal como la XYZ que resistió impávida al avance enemigo sobre Valencia en 1938— era más fácil para soldados mal entrenados que emprender movimientos ofensivos en campo abierto; séptimo, no olvidar la importancia de la retaguardia enemiga para desmoralizarla con incursiones rápidas e inesperadas por fuerzas capacitadas sin intención de ocupar territorio; octavo, evitar, en cuanto se pudiera, combates que le hicieran perder hombres y armas: por tanto, retiradas tan rápidas como las incursiones; noveno, recordar la importancia de la moral de la propia retaguardia ya que la guerra puede perderse por ella; décimo, extender el hostigamiento del enemigo en el tiempo y el espacio hasta el máximo; en condiciones de inferioridad que no permitan ganar rápidamente la contienda, asegurarse por todos los medios posibles que no la gane el enemigo. El tiempo ganado puede traducirse en una guerra ganada.

Hay que reconocer que la dificultad de cambiar de táctica militar fue grande. Aun asumiendo la improbabilidad de recibir ayuda británica o francesa, y a sabiendas de que las fuerzas bajo su mando eran más bien un esbozo de ejército que una realidad, el general Vicente Rojo, jefe del estado mayor del Ejército Popular, no propuso ningún cambio táctico fundamental. Los asesores militares soviéticos, en vísperas de las purgas en 1937 de Stalin de gran parte de la oficialidad soviética, incluyendo al mariscal Mijail Tujachevski, brillante e innovador estratega militar, no facilitaron una desviación de la ortodoxia militar pura y dura de batallas campales. Y como la URSS era el único país que vendía armas a los gubernamentales, era complicado desoír a los asesores, por discretos que fueran.

Sin embargo, hubo una excepción: en una carta de diciembre de 1936 a Largo Caballero, entonces presidente del Consejo de Ministros, Stalin le insistió en que no olvidara la importancia de fomentar la guerrilla en la retaguardia enemiga, consejo, por lo tanto, que los asesores soviéticos asumieron. No obstante, mandos políticos y militares se opusieron a desarrollar esta forma de lucha por los que se habían echado al monte tras la conquista por los sublevados de Andalucía y Extremadura —lo que, por cierto, crearía problemas de abastecimiento para mantenerla en condiciones de luchar por la represión fortísima por los insurrectos y sus afines contra los izquierdistas tanto agrícolas como industriales, y también la movilidad del enemigo por vías de comunicación relativamente buenas—, y se inclinaron más bien por la constitución de otro tipo de guerrillas bajo mando militar que operaban desde bases en la zona gubernamental y que sólo atacaron la retaguardia enemiga de modo intermitente. Finalmente, en febrero de 1938 se creó el XIV.º Cuerpo de Ejército que contaba con unos tres mil guerrilleros, en su mayoría de afiliación comunista, que efectuaban exploraciones, sabotajes y golpes de mano, a la vez que recogían informaciones. Ni los mandos militares ni los líderes políticos tenían gran interés en crear un verdadero ejército guerrillero, así que el cuerpo no llegó a adquirir la importancia necesaria para llevar a cabo acciones de hostigamiento capaz de inquietar seriamente a la retaguardia adversaria.⁸ De todas maneras, la guerrilla de por sí no podía ganar la guerra si no se la incorporaba a una estrategia militar más amplia que incluyera otras tácticas tanto ofensivas como defensivas.⁹

No obstante, el mayor escollo para los cambios de táctica militar fue de orden político. ¿Cómo conciliar posturas que iban de un revolucionarismo «utópico» que vislumbraba la propiedad comunal y el autogobierno del comunismo libertario, con el comunista estalinista que proponía como revolución una república democrática parlamentaria «avanzada» con su estado central en la que la propiedad de la mediana y pequeña burguesía antifascista fuera garantizada? En momentos de gran crisis, como los de la defensa de Madrid en 1936, todos se dieron cuenta de que existía una lucha a muerte que había que ganar. Durruti murió en la defensa de Madrid como tantos militantes de a pie del Partido Comunista Español. Las opciones revolucionarias «utópicas» o «avanzadas» se fundieron en una finalidad superior, la de ganar. Pero lejos de Madrid, la prepotencia de unos y el antagonismo de otros negó el entendimiento mínimo necesario para ganar la guerra, en vez de bañar en sangre los desencuentros «revolucionarios» —como por desgracia ocurrió en más de una ocasión...

Es curioso constatar que en las condiciones aún más duras de la guerra contra Napoleón —en las que reclutas rasos casi sin entrenamiento, mal pertrechados hasta el extremo de tener a menudo que combatir descalzos, y a falta de caballería fiable— tuvieron igualmente que enfrentarse a un enemigo fortísimo en batallas campales en campo abierto y sufrir descalabros aún peores. (La batalla de Bailén se ganó casi exclusivamente gracias a fuerzas mercenarias, ya que el general Castaños no se fiaba de los reclutas apenas entrenados.) La oficialidad, en su mayoría perteneciente a la nobleza, fue igualmente incapaz de concebir una táctica militar distinta, y la única que surgió —la guerrilla— ¹⁰ fue más bien una táctica militar popular, la cual atraía a muchos «dispersos» (eufemismo de desertores) de las desbandadas masivas tras las derrotas de las batallas campales.

Aunque causara estragos tanto mortales como en la moral del enemigo y llegara a sumar más de sesenta mil efectivos en distintas partidas por los años 1811 y 1812, no más que en la guerra civil, la guerrilla no sería capaz de ganar la guerra napoleónica. Y esto por razones distintas a las de la guerra civil; bajo el Antiguo Régimen, para que una monarquía europea reconociera su derrota y capitulara, su ejército tenía que haber sufrido un descalabro, si no dos, en batallas campales; tal fue, por ejemplo, la de Jena en 1806 con la victoria aplastante de Napoleón frente al ejército prusiano y la subyugación del reino de Prusia, o la de Wagram tres años después que resultó en la capitulación de Austria; victorias militares que una guerrilla no sería capaz de conseguir.

Al poco de empezar la guerra de la Independencia, reparos similares a los de algunos líderes republicanos en 1936, de sumir al país en una guerra fratricida cuyas consecuencias serían impredecibles, se expresaron por algunas juntas recién creadas tras los levantamientos populares antinapoleónicos. A pesar del mito de la «espontaneidad» del pueblo patriótico, en el que se sigue creyendo hasta hoy, las insurrecciones fueron inducidas, incluso en algunos lugares «subvencionadas» con dinero contante y sonante, por pequeños grupos de fernandinos locales, que se quedaron luego con el poder de las juntas que ellos habían creado.¹¹ Los reparos de la Junta de Sevilla fueron especialmente esclarecedores; sólo dos días después del levantamiento sevillano, la junta lanzó una extensa proclama en la que se repetían las ya acostumbradas acusaciones de perfidia napoleónica, cuando de repente proseguía: «En España no hay revolución. Tampoco declaramos guerra a nadie, sólo pretendemos defender lo que hay más sagrado contra el que (Napoleón), con pretexto de alianza y amistad nos lo arrebató, y de quien debemos temer que sin pelear nos despoje de leyes, de Monarcas y de Religión...».

La estrategia que se ocultaba tras la lógica en cierto modo difusa de esta declaración era en realidad bastante simple. Al no declarar la guerra, al afirmar que no se había producido ninguna revolución, no proporcionaba a Napoleón motivo alguno para intervenir en los asuntos de España y evitar así una guerra. Para los que, con razón, pudieran dudar de la posibilidad de derrotar a la potencia militar francesa en el campo de batalla (que fueron probablemente la mayoría de los vocales de la junta), esta política tenía sentido. Contenía además la amenaza velada de tener que pelear si Napoleón no entraba en razón.

Tanto en una como en otra guerra, las circunstancias muy pronto no dejaron resquicio alguno para cualquier intento de evitar una contienda catastrófica que, en ambos casos, costaron decenas de miles de muertos, la destrucción de gran parte de los medios de producción, tanto industriales como agrícolas, unos efectos demográficos claramente negativos y un retraso económico-político de una década como mínimo. Sin poder cambiar nada del destino inmediato, en eso los previsores al comienzo de ambas contiendas no se equivocaron.

Valencia, enero de 2012

Capítulo 1

LA FORJA DE UN HISTORIADOR A PESAR SUYO

El camino de tierra serpenteaba ascendiendo entre terrazas de olivos y trigo. Los agaves de color verde grisáceo bordeaban el camino. Arriba, en la cabecera de las ramblas secas en las que florecían las adelfas, escondido en los pliegues de la montaña, estaba el pueblo. El sol alumbraba con un calor mineral que vaciaba el cielo de color y aplanaba la tierra.

El viejo taxi daba tumbos y se mecía intentado esquivar los baches e iba dejando a su paso una nube de polvo suspendida en el aire inmóvil. En el silencio la tierra parecía haberse tragado todo movimiento hasta que, al doblar un recodo, una corriente plateada apareció en un canal al lado del camino, el agua caía sobre una terraza para fluir a través de los surcos dispuestos de forma geométrica, oscureciendo la tierra bajo las hojas verdes del maíz. Una mujer y un niño salieron corriendo de una casa blanca en dirección a la terraza donde había un hombre de pie, cambiando el curso del agua; los tres miraron el taxi pasar.

Una curva en el camino dejó a la vista el pueblo, una delgada línea blanca grabada en la ladera gris bajo los pinos y los eucaliptus. A medida que el taxi avanzaba con paso lento, el pueblo se dividió en dos líneas de casas bajas, rectangulares, con las paredes de cal resecas por el sol. Enfrente del pueblo, sobresalía de la tierra un promontorio en el que se alzaba una iglesia en forma de fortaleza con una torre cuadrada. Cuando el taxi alcanzó las primeras casas, me volví para echar un vistazo al Mediterráneo, que centelleaba abajo, tan calmado como el estanque de un molino, y entonces la vista fue sustituida por una estrecha calle adoquinada que se retorcía de acuerdo con los dictados de la tierra o los albañiles que habían construido las casas adosadas, que aquí y allí se abrían a patios que brillaban con buganvilias y geranios. Vestidas de negro, las mujeres se asomaban a los umbrales para ver el taxi pasar hasta que éste llegó a una ampliación en la que se cruzaban tres calles, una de las cuales descendía a una plaza de tierra pisada, bordeada de acacias y con una fuente pública en un extremo, donde las mujeres se reunían para llenar sus cántaros de barro. Había llegado...

Era la primavera de 1957, el año, como aprendería más tarde, en que la producción agrícola española alcanzó de nuevo los niveles anteriores a la guerra civil. En Mijas, el empobrecido pueblo andaluz en el que me había detenido, nada indicaba que se hubiera recuperado de la guerra que había terminado dieciocho años antes. En las pequeñas terrazas el trigo cultivado era tan escaso que los tallos individuales destacaban desde la distancia; en la plaza del pueblo los hombres impávidos esperaban un día de trabajo que nunca llegaba, mientras que en el camino de tierra que subía desde la costa otros avanzaban con rapidez, cargados con cestas de pescado que sujetaban a su frente, para vocear su mercancía por las calles del pueblo. En la tarde, los hombres que regresaban de la sierra se doblaban en dos bajo el peso de la maleza destinada al horno del único panadero y al remolque de leña y carbón vegetal que, con rugidos humeantes, alimentaba un viejo Packard abarrotado hasta el techo, la única comunicación con Málaga distinta del asno y los propios pies. La visión de un coche «auténtico» levantando el polvo a su paso mientras subía por el camino sacó a los lugareños de sus casas para mirar con asombro a quien estaba a punto de arribar; en la tarde, también, el correo llegaba desde la costa en el burro del cartero y debía recogerse en su salón. Sobre todo esto, sobre las casas blancas que desde la distancia parecían un cuadro cubista, sobre la vasta extensión del mar que centelleaba en el calor, el sol se cernía implacable; en la noche seguía haciendo tanto calor que dormí sin mantas sobre un catre de hierro bajo el ferrotipo de un Jesús aureolado que estaba clavado en la pared...

Como comienzo de una carrera literaria era insuperable. A medianoche, echado en mi catre, oía a los niños jugar a rayuela en la calle bajo la ventana; y al amanecer me despertaba el golpeteo seco y rítmico de los cascos de los asnos sobre los adoquines. Una de las dos habitaciones que alquilé sobre el bar era una buhardilla con revoque de adobe y vigas de gruesos tallos de agave que tenía una única ventana, sin vidrio, a nivel del suelo; allí, en ese claroscuro fresco en el que el sol nunca penetraba, me dispuse a escribir sobre una mesa tambaleante.

Debía todo esto a la prematura muerte de mi madre el año anterior debido a un problema cardíaco (que en la actualidad sin duda podría tratarse, pero no entonces) y la promesa de una pequeña herencia que me permitiría mantenerme por un par de años viviendo en algún lugar barato. Me gustaba imaginar que ella se habría sentido complacida viéndome lanzado en esta nueva aventura sobre la que alguna que otra vez le había referido mis fantasías y que, según recuerdo, ella nunca había desalentado por lo que era: un sueño. De haber sabido que su realización sería a costa de su muerte habría guardado silencio...

Huir al Mediterráneo y a un mundo de novelista fue mi respuesta inicial a un problema personal con el que había lidiado durante años: cómo escribir acerca de mi pasado. A primera vista, eso no debería parecer particularmente problemático; sentarse cada mañana a la misma hora y en el mismo escritorio, poner la pluma sobre el papel y seguir adelante, como más o menos dijo Flaubert. Durante los años que pasé en el pueblo intentando recrear mi pasado en la ficción, no fue el tedio de la receta lo que me frustraba sino la imposibilidad de hallar una forma de poner en el papel el sentido íntimo de nulidad que mi infancia inglesa me había dejado.

Tenía veintisiete años, mi educación era precaria, me sentía inseguro de mí mismo e insatisfecho con un trabajo como periodista que me parecía un pobre sustituto de la literatura. Lo que me faltaba en personalidad y cultura, lo compensaba con persistencia, la única virtud que era capaz de discernir en mí. Pero la persistencia no era una cura para el vacío que me drenaba por dentro y que sólo conseguía llenar momentáneamente escribiendo al respecto. A medida que las páginas se acumulaban, advertí que estaba intentando destruir el mundo que odiaba desde la infancia para crear, en la ficción, uno más válido que lo reemplazara. Un mundo en el que pudiera sentirme a gusto en mi pellejo. Pero el odio no era en mi caso una buena forma de empezar. Reducía la distancia necesaria para recrear el pasado y yo carecía de la imaginación necesaria para crear otro. Podía hacerse, lo sabía: Saul Bellow lo había conseguido en su primera novela, Hombre en suspenso, y, en un registro diferente, lo había hecho Italo Svevo en La conciencia de Zeno. Pero pronto resultó evidente que carecía de la habilidad del primero y del mordaz sentido del humor del segundo. Entre tanto, me contentaba con la ilusión de que para los lugareños era un ser anónimo, sin un pasado identificable que me llamara a aceptar un rol social en el que había fracasado rotundamente.

Cuando mi cuota diaria de páginas estaba terminada, caminaba por el campo. No hablaba español y no sabía prácticamente nada del país más allá de lo que había leído en Al sur de Granada de Gerald Brenan, que era, aparte de la baratura y el sol, lo que me había llevado a España. En mis paseos, con frecuencia me echaba bajo un olivo y leía un libro para favorecer mi educación. Una tarde, leyendo las Conversaciones con Goethe de Eckermann, me topé con una frase fascinante: «Estaba caminando por la calle disfrazado», le contaba el gran maestro a su interlocutor sin, según recuerdo, ofrecerle ninguna explicación. De regreso en mi buhardilla, escribí la frase en una hoja de papel y la clavé encima de mi mesa de trabajo: eso es lo que soy, un hombre disfrazado.

Después de un año, descarté todo lo que había escrito («Un hombre vacío», lo había titulado) y empecé de nuevo. Estaba cerca de la desesperación, pero poco dispuesto a admitirlo, cuando, una tarde al volver de un paseo por el campo, un hombre me abordó en la plaza. Era inconfundible que se trataba de un extranjero, pero no podía adivinar de dónde era. De estatura media y muy delgado, tenía un pelo negro que empezaba a retroceder, una nariz prominente y unos ojos oscuros y penetrantes que enmarcaban sus gafas. Me preguntó, en un inglés cuyo acento no pude ubicar, si podía ayudarle a encontrar algún lugar en el cual guardar la motocicleta en la que acababa de llegar de París. Por casualidad, no era una solicitud complicada. Hacía poco había dejado mis dos habitaciones para mudarme a una pequeña casa del pueblo que gozaba del indescriptible privilegio de tener una ducha y un inodoro y que, además, contaba con un diminuto cubículo al nivel de la calle, justo lo bastante amplio para una motocicleta. El hombre se presentó como Gerard Horst y, mientras tomamos una copa, me contó que era periodista del nuevo semanario francés L’Express. Estaba de vacaciones recorriendo Andalucía. Probablemente en respuesta a algo que dije murmuró de forma tímida que acababa de publicar en París un libro acerca de su problemático pasado. De repente caí en la cuenta.

—No es usted el autor de Le Traître, ¿verdad? —dije.

—Sí —respondió.

—¡Qué coincidencia! Leí una reseña fascinante de J. G. Weightman en The Observer no hace mucho. Lleva una introducción de Sartre..., pero no recordaba que el nombre del autor fuera el suyo.

No, André Gorz era el pseudónimo que había elegido para impedir que su madre se enterara de que él era el autor y se ofendiera.

—Es una persona difícil —murmuró.

Ese encuentro casual fue el comienzo de una amistad que duró un cuarto de siglo. Fue algo más que una amistad, pues me guió por el enrarecido mundo de la intelligentsia de izquierdas parisina como un hermano mayor (era seis años mayor que yo). Existe una descabellada historia según la cual me convirtió de la noche a la mañana al marxismo: se trata de un mito ya que, fiel en ello a mi clase, me resistía a todo lo que tuviera un olorcillo a comunismo. Pero estaba muy abierto al existencialismo sartreano pues, para eludir mi problema original, muy pronto había optado por leer principalmente literatura francesa (unos años como corresponsal en Bruselas afinaron el francés que había estudiado durante el año que estuve en la Universidad de Ginebra apenas terminó la guerra) con el fin, creía, de crearme una personalidad característicamente no inglesa. De modo que había leído la mayoría de las novelas de Sartre y Beauvoir y estaba liberándome de forma gradual de una temprana dependencia de Gide; sin embargo, Le Traître, que Gerard me envió a su regreso a París, fue una experiencia abrumadora. Aquí estaba un escritor, un exiliado austríaco medio judío, que usaba su escritura para analizar la sensación de un no ser anulador que dominaba su vida con el propósito de sepultarla y crearse un nuevo presente para sí mismo. Como el lector comprenderá, el libro cayó como maná en mis manos y lo traté con la reverencia debida a las intervenciones divinas. Ése fue mi primer error; el segundo, que intenté imitarlo.

Hay pocas cosas más cómicamente autoengañosas que el celo del neófito. Durante una década, luché con una forma autobiográfica para lograr la imitación que deseaba, incapaz de tener en cuenta que carecía del intelecto de Gerard y las herramientas filosóficas que él había afilado a lo largo de los años en su exégesis de L’Être et le néant de Sartre, esas mil quinientas páginas inéditas sobre las que reflexiona al comienzo de Le Traître. En docenas de cartas y con paciencia indecible, Gerard respondió mis preguntas acerca del existencialismo y el marxismo, venció el desagrado que me producía el comunismo y, cuando se lo solicité, me ofreció comentarios útiles sobre mis intentos sin nunca enfrentarme con la verdad, a saber, que la tarea me superaba. Durante todos esos años se mantuvo convencido de que mi escritura debía servirme de forma exclusiva para ampliar la búsqueda en la que me había embarcado, y en ese sentido la comprendía plenamente. Al final, fui yo quien traicionó su fe al orientarme hacia la historia española, algo que le pareció una evasión deliberada de mi verdadera tarea. No obstante, íntimamente siempre supe que sólo estaba posponiendo el momento inevitable en que volvería a ella.

Entre tanto, regresé abatido a Inglaterra: con razón o no, atribuía mi fracaso original a otros o a circunstancias sociales que estaban más allá de mi control, pero este último fracaso era exclusivamente mío. Me había engañado; caí en una depresión que no lograba quitarme de encima. Consciente de mi estado, Gerard me escribió para decir que quizá sería provechoso que contactara con la New Left Review, acababa de leer el último número con interés y sentía que lo mismo me ocurriría a mí. Por coincidencia, un amigo ghanés de mi época de periodista había mencionado que en una ocasión había conocido a Perry Anderson, el nuevo director de la publicación, así que una mañana salimos rumbo a sus oficinas en la calle Carlisle, en el Soho londinense, pero antes nos detuvimos a tomar un café en una cafetería cercana. Apenas nos habíamos sentado cuando mi amigo me dio con el codo. « Ése es él», dijo. Antes de que la persona que me señalaba desapareciera por la puerta, sólo tuve tiempo de echarle un rápido vistazo: era un hombre joven con el pelo color arena, vestido con corbata y cargado con un montón de papeles. «Creo que mejor me voy a casa», dije. «No estoy para tanto.»

Cuando finalmente reuní la mínima energía necesaria, le escribí una breve carta diciendo que era amigo de André Gorz y que si había algo que pudiera hacer, tenía tiempo libre. A cambio me nombraron gerente sin sueldo (difícilmente había dinero suficiente para publicar la revista y menos aún para pagar salarios) y de inmediato me hallé armado con una anticuada máquina manual para imprimir rótulos de suscripción y llevando pilas de revistas a la oficina de correos para ponerles sellos. El trabajo no me importaba particularmente, pero estar de vuelta en el mundo activo me puso de nuevo en marcha; y leí con admiración el ensayo sobre Gran Bretaña recién publicado por Perry, «Los orígenes de la crisis actual», que explicaba las raíces aristocráticas del país del que yo era un súbdito renuente.

Éste no es el lugar para comentar mi vinculación con la New Left Review, pero sí he de hacer algunas observaciones relevantes para el tema que nos ocupa. Como era de esperar, desde el comienzo aprecié su rechazo del provincianismo inglés y su apertura a los pensadores marxistas continentales; admiraba las habilidades intelectuales de los jóvenes directores, y en especial de Perry, su erudición formada en la universidad y su dominio de un universo izquierdista que, a pesar de la ayuda de Gerard, seguía resultándome en gran medida desconocido; envidiaba la forma en que parecían estar mentalmente capacitados para quitarse las cadenas de la sociedad en la que vivían al tiempo que, con algunas excepciones notables, disfrutaban materialmente de sus privilegios (para entonces yo hacía esto último, pero no lo primero); y respetaba el sentido práctico de Perry en la gran atención que prestaba a la excelencia del diseño, la impresión, la edición y corrección cuidadosa de los textos para asegurarse de que la revista estuviera a la altura de las publicaciones capitalistas. Nada de descuidos de aficionado, por tanto: estábamos en el serio negocio de difundir una selección del pensamiento marxista en un país que históricamente se había demostrado por lo general impermeable a él. Y con su conocimiento y talento formidables, logró que intelectuales marxistas prestigiosos (Isaac Deutscher me viene de inmediato a la cabeza) publicaran en las páginas de la revista. Estaba contento de formar parte de esa empresa, y fue muchísimo lo que aprendí; el materialismo histórico me proporcionó por fin un entendimiento del mundo, pero no me hacía ilusiones de convertirme en un marxista o cualquier otro tipo de intelectual. Las ideas en general seguían flotando en una nebulosa por encima de mi cabeza, mientras que yo estaba enzarzado en lo concreto, el negocio de vivir. Sin ningún libro publicado, sentía que era mala fe considerarme «escritor», pero eso es lo que era, significara lo que significara.

Por tanto, no es sorprendente que fuera un libro el que me abrió una nueva posibilidad de alcanzar mi meta. Los hijos de Sánchez, del antropólogo estadounidense Oscar Lewis, era una «historia oral» de una familia pobre de Ciudad de México cuya vida se presentaba a través de las experiencias polifónicas de los hijos. Poco tiempo después, tuve la fortuna de conocer al autor. Sólo le hice una pregunta: ¿piensa en su libro como un trabajo de antropología o como literatura? Lewis pensó un momento: «Literatura, supongo». Mi corazón dio un vuelco. ¡Así que uno podía recrear un pasado, convertirse en un hombre literario, gracias a otros! Fue entonces cuando compré uno de esos nuevos magnetófonos de casete y empecé a grabar las memorias de los sirvientes (por casualidad me había enterado de que dos de ellos estaban vivos) que habían trabajado en la casa solariega en la que me crié desde los tres hasta los catorce años o, para ser más exactos, desde 1933 hasta el final de la segunda guerra mundial. Ésa fue mi primera incursión en lo que terminaría llamándose «historia oral», una etiqueta engañosa, pues sugiere que se trata de una categoría historiográfica a la par con la historia «económica» o «política» en lugar de lo que realmente es: la creación de nuevas fuentes para promover la investigación histórica.

En ese momento, sin embargo, no creo haberme dado cuenta de ello; si lo pienso bien, creo que era en exceso ingenuo. Empecé a hacerlo no para crear nuevas fuentes históricas, sino para intentar resolver el problema personal con el que había luchado desde que me fui a Mijas para escribir. A través de los criados, pensaba, podía por fin capturar el pasado, no ya concentrándome en mi subjetividad sino en las suyas, las cuales, colectivamente, me proporcionarían un foco objetivo sobre mi infancia. E igual de gratificante era el hecho de que las experiencias de los criados de una casa solariega de los Home Counties en los años de entreguerras, personas que de otro modo hubieran dejado escasa huella de su vida laboral, eran por sí mismas tanto o más valiosas.

Una vez más, las páginas se acumularon, esta vez con transcripciones que, cuando las revisé, me parecieron deshilvanadas, inconexas, fragmentarias, en resumen, ilegibles, como siempre resulta a primera vista el registro literal, sin puntuar, de una conversación. En mi recuerdo, oía sus voces, cada una distinta, sus entonaciones rurales, el énfasis que ponían en sus palabras o frases, la picardía e ironía con la que se expresaban, todo lo cual se desvanecía en la transcripción mecanografiada. No obstante, en sus voces recordadas, advertía que había descrito de forma detallada sus rutinas laborales, sus preocupaciones y miedos (eran los años de la Gran Depresión), sus pequeños placeres y las tremendas desigualdades de una sociedad dominada por la división de clases; incluso me habían proporcionado una confirmación significativa de mi infancia marcada por la obligación, la pasividad y la soledad, la dificultad de los cuidados maternales, de modo que podía, ahora sí, escribir con cierta convicción acerca de lo que la familia y la formación social en sentido amplio habían hecho de mí. Con todo, sabía casi de forma instintiva que algo faltaba, algo que entonces sólo identificaba en términos narrativos: aunque sus experiencias laborales ciertamente tenían una unidad de tiempo y lugar suficiente para enmarcar sus relatos, éstos no tenían un eje principal (un «protagonista», según me decía) alrededor del cual girar distinto de una casa enmudecida. Para hacer que esa casa hablara, entendí, se necesitaba una imaginación más grande que la que yo poseía.

Una vez más el azar acudió en mi rescate. Una mañana, todavía desconcertado por el problema narrativo, leí en la portada de The Times que el último alcalde socialista de Mijas, el pueblo en el que había vivido durante mi abortada época de escritor de novelas, había reaparecido de repente, por primera vez desde la guerra civil, después de haberse ocultado durante treinta años en su casa. Para poner fin a su larga reclusión, Manuel Cortés había aprovechado la reciente amnistía decretada por Franco para todos los sobrevivientes que hubieran peleado en el bando republicano. Cortés se había escondido inicialmente para escapar de una muerte segura a manos de los franquistas la noche que regresó al pueblo al final de la guerra, y desde entonces se había mantenido oculto. Barbero de oficio y socialista desde hacía mucho tiempo, había sido elegido como alcalde de Mijas apenas unos meses antes de que se produjera el levantamiento militar para derrocar la República en 1936, decía el periódico. Esa noche el noticiario de la BBC informó que la prensa mundial había acudido al pueblo para entrevistarle.

No tardé mucho tiempo en tomar un par de decisiones: obtener su consentimiento para trabajar juntos en una historia oral de su vida (y no sólo de su tiempo escondido) y aplazar mi regreso a Mijas hasta que el alboroto de la prensa hubiera acabado. Eso fue lo que hice, y de la colaboración con Manuel, su esposa Juliana y su hija María, resultó un libro titulado Escondido, que me lanzó a un nuevo rumbo y, gracias de nuevo al azar, a una nueva e importante amistad. Para entrevistar a Manuel, realicé muchísimas lecturas sobre la guerra civil; uno de los libros que leí en esa época fue El laberinto español de Gerald Brenan, sobre los orígenes del conflicto, una obra que encontré provechosa, pero, de algún modo, laberíntica en sí misma.

Durante mucho tiempo había sabido que Brenan vivía en un pueblo cerca del aeropuerto de Málaga. Ocasionalmente me llegaban rumores sobre él, pero se trataba de un autor demasiado grande para que un escritor inédito como yo intentara buscarle. En ocasiones me preguntaba si el relato de su primer viaje a España en Al sur de Granada me había influido inconscientemente: la elección de un pueblo aislado en la montaña en el cual escribir y compensar la precaria educación privada que, con una generación de distancia, habíamos compartido; dos cuasi exiliados viviendo solos en nuestros escondites andaluces e intentando forjarnos una nueva vida cada uno. Pero la comparación terminaba allí. Brenan fue miembro del grupo de Bloomsbury, tenía amigos como Virginia Woolf y Lytton Strachey, había peleado en la primera guerra mundial; a diferencia de mí, había vivido, había escrito una historia clásica, era famoso... La idea de parecer deseoso de compartir el protagonismo de otra persona me disgustaba profundamente y me mantenía, y me mantuvo, alejado hasta que finalmente me hube probado yo mismo en letra impresa.

Ese momento llegó con la publicación de Escondido. Entretanto, oí decir, no recuerdo a quién, que Brenan se había mudado de la casa en la que vivía desde antes de la guerra civil a Alhaurín, al otro lado de la montaña desde Mijas. Tomé un juego de pruebas que me sobraba y partí en su busca; sólo tuve que preguntarle a unos cuantos lugareños dónde vivía «el inglés» para que me indicaran cuál era su casa, una construcción nueva al final de una rambla seca. No había nadie. Escribí una breve nota y la dejé, con las pruebas, junto a la puerta de la cocina.

Un par de días después encontré un telegrama en mi correo. En un papel amarillento que parecía descolorido por el sol, escrito con pluma, decía: «Por favor venga para el té el jueves a las cuatro. Brenan». Hacía un calor abrasador, típico de agosto, cuando tomé el camino de tierra rumbo a Alhaurín en mi Lambretta, una adquisición reciente, y cuando llegué a su casa, mi camisa estaba empapada de sudor y cubierta de polvo. Mientras apagaba el motor, vi salir por la puerta principal a Brenan, al que reconocí de inmediato gracias a sus fotos. «Muy amable por haber venido», dijo y me estrechó la mano con firmeza. «Adelante, por favor.» Su inglés de clase alta meridional tenía un tono melodioso, o una entonación melodiosa, quizá. Con cortesía me condujo por la puerta y, señalando una silla preparada junto a la chimenea, donde ardía un vivo fuego, dijo: «Nos sentamos junto a la chimenea, ¿le parece?». Desconcertado, con gotas de sudor aún en el rostro, le di las gracias y tomé asiento, deseando (pero no osando) sacar un pañuelo para secarme la frente. Algo estaba mal, pero ¿qué era? Brenan parecía sano y bastante feliz, no alguien que necesitara un calor extraordinario. «Confío en que tomará té indio, por desgracia aquí no podemos conseguir ningún otro», continuó imperturbable desde el otro lado de la chimenea. Su cara bronceada hacía resaltar sus penetrantes ojos azules. Siendo educado, repliqué que el té sin duda sería refrescante, con la esperanza de que así fuera. Brenan se levantó y se asomó por una puerta interior. «Lynda», llamó con suavidad, «tomaremos el té cuando estés lista.» Casi de inmediato, una mujer joven, con el pelo negro que le caía sobre los hombros, llegó portando una bandeja con una tetera, tazas y galletas. Me puse de pie. «Ésta es Lynda, mi musa, si puedo llamarla así...» «Gerald, sabes que es una exageración», respondió ella con una sonrisa. Puso la bandeja sobre una mesa y nos saludamos estrechando las manos. Era una mujer atractiva, eso era indudable. Sirvió el té y, al volver a sentarnos, me dijo: «Gerald me estuvo contando de su interesantísimo libro...». Acto seguido, Brenan empezó a hablar acerca de Manuel, sobre cuya salida de su escondite había leído en la prensa local. «Una historia extraordinaria que usted ha sabido contar sumamente bien. Por supuesto, la que llevó la peor parte fue en realidad la esposa, que tuvo que enfrentarse al mundo hostil del pueblo.» Y así estuvimos conversando, satisfecho por mi parte de saber que el libro le había gustado. Después de una hora, cuando me levanté para irme, tanto Brenan como Lynda me invitaron a volver la semana siguiente. «Pero venga a cenar, cuando es más fresco», añadió ella.

La semana siguiente, mientras comíamos huevos fritos con jamón, su cena habitual, me contaron lo que había ocurrido. Cuando recibieron mi nota original, Gerald llamó a algunos amigos que tenía en la costa para averiguar quién podía ser ese escritor con mi nombre; ninguno tenía la más remota idea, hasta que a uno se le ocurrió que debía de ser sir Ronald Fraser, un diplomático y novelista que para entonces estaría rondando los noventa años. Pensando que su inesperado visitante era un hombre frágil que necesitaría calor, Gerald había decidido encender el fuego... Los tres nos reímos a carcajadas con ello, y ése fue el comienzo de mi amistad con Gerald.

Escondido recibió algunas buenas reseñas a ambos lados del Atlántico, la más destacada de las cuales fue una de Arthur Miller, se tradujo a varias lenguas, entre ellas el japonés, y me lanzó a una nueva carrera. Mi editor estadounidense, André Schiffrin, de Pantheon Books, y varios editores europeos se reunieron en Formentera y acordaron conjuntamente encargar una serie de historias orales de pueblos. André me informó del plan y señaló, despectivo, que con Franco sería imposible realizarlo en España. Mordí el anzuelo en el acto; ésa era la clase de desafío que me gustaba. En una mañana, escribí un esbozo de una página sobre la gente que entrevistaría en Mijas y cómo estructuraría el libro como una historia del pueblo desde finales del siglo XIX, cuando se lo conocía como «la Pequeña Habana» por la relativa riqueza que le reportaban sus viñedos de uva moscatel, hasta la gran riqueza que había traído el turismo contemporáneo a comienzos de la década de 1970. Entre ambos momentos, no había habido otra cosa que pobreza, guerra, hambre y penalidades.

El libro sobre Mijas se publicó en inglés en 1973. El siguiente desafío se lo debo a un amigo, Alistair Reid, corresponsal del New Yorker y traductor de Neruda, quien una noche, mientras nos tomábamos una copa en Londres, dejó caer la idea de una historia oral de la guerra civil española. El proyecto me llamó la atención de inmediato. De una familia en peligro a los sufrimientos de un pueblo, escribir sobre una nación dividida por la crueldad de un conflicto civil parecía una progresión natural. Aunque se cuidó de nunca decirlo, creo que Schiffrin quedó bastante impresionado por el hecho de que hubiera conseguido lo «imposible» en Mijas y me ofreció un adelanto considerable para financiar una historia oral de la guerra civil española. En junio de 1973 partí hacía Córdoba para empezar la investigación.

Elegí Córdoba por la sencilla razón de que era buen amigo de Carlos Castilla del Pino, que se había ofrecido a ayudarme a encontrar supervivientes locales de la guerra civil para entrevistar. Varios años antes, el deseo de conocer más de España de lo que me permitía la perspectiva estrecha de un pueblo andaluz me condujo a Córdoba, donde conocí a un artista al que un amigo me había recomendado. En alguna parte había leído sobre dos psiquiatras de izquierdas que había en la ciudad y, con insistencia de periodista, acosé al pobre artista para que me hablara de ellos. Finalmente, me llevó a la grande y cómoda casa de Carlos en las afueras de la ciudad, donde tuvimos una animada conversación acerca de Ronald Laing, en esa época un famoso psiquiatra británico cuyo libro sobre la esquizofrenia yo había leído. Después, yo leería el primer libro de Carlos sobre la depresión, basado en su trabajo clínico, que me impresionó de forma profunda y que contenía un buen número de casos rurales que me interesaban en especial. A partir de entonces seguimos siendo amigos y él y Enca, su esposa en esa época, me visitaron en Mijas y Londres en varias ocasiones. Al comienzo de mi investigación Carlos y Enca me proporcionaron una base acogedora y el lujo de una piscina en el calor del verano cordobés.

Asimismo, tuve la inmensa fortuna de que Juan Martínez Alier, a quien conocía de sus días en el St Anthoy’s College de la Universidad de Oxford, cuando Raymond Carr era el rector, volara desde Barcelona para presentarme a un anarcosindicalista de Castro del Río que había sobrevivido a la guerra así como a la familia extensa de éste, a la que había conocido mientras investigaba para su tesis, una obra impresionante también, que más tarde se publicaría con el título La estabilidad del latifundismo. Pasamos varios días recorriendo el campo cordobés donde localizó a muchos otros supervivientes a los que había conocido y a los que yo más tarde entrevistaría.

Ése fue el comienzo de una peregrinación de dos años por España durante la cual grabé a más de trescientas personas que habían participado en la contienda en uno u otro bando. Fue una experiencia extraña y estimulante. Extraña porque, fuera de las entrevistas, yo era mudo: no hablaba con nadie acerca de las experiencias de esos supervivientes por temor a que la policía franquista, que, daba por sentado, sabía a qué me dedicaba, me impidiera continuar con la investigación. Para salvaguardar mis cintas se las enviaba, mes a mes, a Gerard en París. Y al mismo tiempo era estimulante revivir de forma indirecta un período de la historia tan dramático, aun cuando con frecuencia eso se traducía en sueños dolorosos en las noches. Encerrado en mi silencio, las voces de los testigos resonaban sin parar en mi cabeza y me seguirían acompañando muchos años después. Con frecuencia he pensado que fue una suerte haberme dedicado a la historia oral en España, un país oral en el que la gente acoge con agrado el interés de un historiador extranjero en sus experiencias vitales y está encantada de hablar al respecto; en otros países, incluido el mío, eso probablemente no sería tan fácil.

El libro, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, que tardé tres años en escribir, ha estado publicándose durante los últimos treinta años; y aunque es evidente que el bienvenido acceso a las fuentes documentales desde la transición ha producido abundantes historias nuevas de la guerra, las experiencias vitales de los supervivientes siguen siendo un testimonio histórico inalterable de ese aciago conflicto.

Los libros trajeron consigo una pizca de reconocimiento que, la mayor parte del tiempo, llenaba el vacío íntimo que sentía. No siempre, sin embargo, y no de forma suficiente. Sin otro proyecto entre manos, caí de nuevo en una depresión y, a diferencia de la vez anterior, busqué ayuda médica y terminé con una recomendación para ver a un terapeuta. Y súbitamente vi un inesperado rayo de luz en medio de la desolación; acaso, pensé, podía utilizar el tratamiento analítico no sólo para aliviar la depresión sino como un medio para explorar mi pasado desde una nueva perspectiva. Las viejas grabaciones de una década atrás me habían proporcionado, según pensaba entonces, el ser que el mundo de la casa solariega había hecho de mí. Pero ¿qué podía decir del otro lado de la ecuación, el ser que yo había hecho de mí mismo sobre la base de eso que habían hecho de mí? ¿No era eso lo que Le Traître había estado diciéndome mientras yo, tozudo, pretendía ignorarlo? Era fatalismo que pensara solamente en que éramos seres «hechos» por el mundo cuando también, desde niños, habíamos participado también en esa construcción. No en iguales términos, es cierto, pero sí en elecciones que eran, no obstante, fundamentales...

Estos pensamientos no curaron la depresión, por supuesto, pero me dieron la energía necesaria para pedir una cita con el analista. Él consideró que mi depresión no era tan profunda como para requerir terapia, pero ahora yo me había puesto en un camino que estaba resuelto a seguir. Con todos sus altibajos habituales, el análisis me costó varios años más. En más de una ocasión P., el analista, me reprochó por pensar en lo que estaba ocurriendo en su consultorio del sótano en lugar de permitirme entrar en contacto con mis sentimientos. El pensamiento no conducía a la asociación libre; pensar en escribir la experiencia era ponerle un tapón a los sentimientos. Sin duda tenía razón, pero yo hacía caso omiso de sus reproches. Como dije antes, la persistencia es uno de mis únicos rasgos redimibles.

Finalmente, cuando ambos acordamos que no podíamos ir más lejos, terminé el análisis. ¿Sentía que había llegado al «fondo de las cosas»? Cuando le manifesté mis dudas, P. replicó que la pregunta estaba mal planteada. Los complejos no tenían «fondo», la meta era hacer conscientes los sentimientos reprimidos de la infancia que, en situaciones adultas, impelían repeticiones ciegas de esas respuestas tempranas de modo que, armado con esa comprensión nueva, uno pudiera tomar por fin decisiones nuevas. Eso, al menos, fue lo que entendí. Y estaba en lo cierto: la pregunta estaba mal planteada porque lo que yo quería decir era otra cosa. Me parecía que el análisis, al girar de forma interminable alrededor de los sentimientos de un niño de cinco años, excluía la posibilidad de que existiera un complejo incluso anterior, una respuesta «primitiva», que contribuía a la posterior sensación de nulidad. Ése era el «fondo» al que me refería. Pero no, él no estuvo de acuerdo. ¿No había yo dicho que mis libros habían llenado el vacío? Sí, pero de manera insuficiente, repliqué, de lo contrario no estaría echado en su diván.

Entretanto, los cuadernos en los que, de forma tan literal como me fue posible, registré cada sesión con P. se habían apilado junto a las transcripciones. Pasé un mes indexando unos y otras para ayudarme a encontrar una dirección. Luego, con una determinación renovada, me senté frente a la máquina de escribir. No sabía qué iba a escribir. Estaba acostumbrado a descubrir lo que quería decir sólo en el proceso de la escritura, un procedimiento desordenado apropiado para una mente desordenada. Pero sabía con certeza una cosa: debía evitar a toda costa la trampa de la imitación y la contemplación de mi ombligo y permitirme una excepción única, provechosa, a saber, el libro debía girar alrededor de la búsqueda de un pasado infantil, lo que me proporcionaría el hilo narrativo del que antes carecía. Para encontrar la distancia necesaria, aparecería en la narración sólo como una voz más en una búsqueda polifónica.

Titulé el libro En busca de un pasado,¹ y no de «el» pasado, para indicar la naturaleza tentativa, por no decir dudosa, de cualquier intento de reconstruir el pasado y, en especial, el propio. En verdad, la cuestión reside en la incertidumbre del «yo» que emerge de la ciénaga del pasado. Algunos críticos ingleses perspicaces señalaron que mi autoría era «evasiva», «escurridiza». Tenían razón, soy escurridizo incluso para mí mismo y siempre lo he sido, pues, como en el pasado, sigo sin saber quién soy en realidad; y ahora que he superado los ochenta años, supongo que nunca lo sabré. Soy un aspirante a novelista que, a falta de mejor alternativa, se convirtió en un historiador de España, eso lo reconozco; en cuanto al resto, me niego a ser clasificado como un espécimen en la colección de un entomólogo. En resumen, hice virtud de un defecto original, lo que, imagino, es lo mejor que muchos podemos hacer.

En busca de un pasado, finalista del premio J. R. Ackerly de autobiografía en 1985, fue, con una excepción, el último libro que escribí usando la historia oral.² Estaba empezando a sentir la necesidad de liberarme de las constricciones de un método que, pese a lo útil que me había sido, limitaba la historia a la vida de los supervivientes. ¿Podía acaso perseguir aún la meta de escribir «historia desde abajo», el tema recurrente de mis libros según me parecía viéndolos en retrospectiva, y lograr ese mismo fin con fuentes documentales? Sabía que sería un reto, pero un reto que me entusiasmaba. Sin embargo, esta vez me excedí. El problema, del que tenía conciencia antes de empezar, de que las fuentes sobre las clases populares en la guerra de la Independencia española casi con certeza serían en su mayoría obra de un reducido estrato de la élite letrada suponía, como pronto lo averigüé, la menor de mis dificultades. Incluso eran escasos los documentos de la élite que podían consultarse; sólo los relativamente pocos documentos de los tribunales me permitían asomarme a las actitudes y creencias de las clases populares durante la guerra. Gracias a dos becas de investigación británicas pude contratar cierto número de investigadores locales para que escarbaran en los archivos municipales, una labor que con unas pocas excepciones notables resultó más decepcionante de lo que esperaba. ¿Dónde estaban las cartas que, según había imaginado, los soldados reclutados enviaban a sus seres queridos, incluso si hubieran sido escritas en su nombre por los pocos que estaban alfabetizados? ¿Dónde estaban los diarios, o incluso los fragmentos, que había esperado desenterrar? ¿Dónde estaban las memorias populares acerca de este conflicto trascendental? Cierto, por cada centenar de folios manuscritos de la élite que había en los archivos, uno con suerte podía servir. Después de casi seis años de investigación en los archivos de Madrid, Barcelona, Simancas y Londres no estaba seguro de tener algo más que fragmentos para escribir el libro que me proponía. Para entonces el dinero estaba agotándose y sólo pude mantener a un único investigador al que, era consciente, sería un desperdicio gastar buscando material de archivo inexistente. Tenía que encontrar otra cosa. Pensé que, combinados trozo a trozo de forma diferente, quizá los fragmentos individuales produjeran algo semejante a un todo coherente. Necesitaba una base de datos. Empecé a construir una rudimentaria, en papel, con los participantes conocidos en el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Poco a poco, empezó a emerger un perfil ocupacional y, con él, agrupamientos por edad y género, lugares de origen, muertos y heridos. También se perfilaba la composición social de los reclutas del ejército y de las guerrillas, la represión llevada a cabo en las zonas ocupadas por los franceses y los principales «pecados» de la población civil según los catalogaban los tribunales regionales de la Inquisición. Finalmente, se me ocurrió que las estadísticas anuales de nacimientos, muertes y bodas podían ser una fuente fructífera. Las personas pocas veces eligen cuándo se mueren, pero pueden elegir cuándo se casan y (aunque los demógrafos tiendan a negarlo) cuándo tienen hijos. Reunir las estadísticas mensuales de fuentes de toda España fue una tarea enorme que retrasó la terminación del libro, que llevaba seis años escribiendo, pero, en mi opinión, ello me proporcionó información significativa acerca del sufrimiento y las decisiones humanas que la población tomó en diferentes regiones a lo largo de la guerra. No obstante, desesperado por no saber si viviría lo suficiente para ver el libro terminado, con frecuencia llegué a pensar que daría un brazo y una pierna por tener unos cuantos supervivientes que entrevistar.

Con La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia, 1808-1814 (Crítica, Barcelona, 2006), siento que he completado un ciclo y agradecido a los muchos amigos españoles que me han apoyado a lo largo de los años de la forma que mejor sé hacerlo: devolviendo a la vida hoy a los españoles olvidados del pasado.

Capítulo 2

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA A LA LUZ DE LA GUERRA CIVIL, 1936-1939. SEMBLANZAS Y CONTRASTES

¿Qué duda cabe que tanto la guerra de la Independencia como la Guerra civil constituyen sendos cambios paradigmáticos en la historia contemporánea de España, abriendo el camino a la instauración de nuevas configuraciones del estado y de la práctica política? La ruptura del Antiguo Régimen en el primer caso, y la de una democracia incipiente por el franquismo en el otro.

Por esta razón, tal vez, se encuentran muchos parecidos entre ellas, empezando por un hecho común significativo: ambas tenían lugar en tiempos de revoluciones internacionales —la francesa, la rusa— que impactaban sobremanera en las guerras españolas. En la primera, la de la Independencia, se luchaba contra el heredero directo de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte; y en la segunda, el heredero directo de la revolución soviética, Josif Stalin, ayudaba al bando gubernamental. Pero en ambas, muchos de los patriotas de 1808, y luego los leales al gobierno legítimo durante la guerra civil, impugnaban el renombre público del que gozaban sendos líderes tanto en sus propias naciones como en no pocos países extranjeros, en donde a Napoleón se le consideraba la personificación de los valores de la Ilustración y de la Revolución, y a Stalin —tras Lenin— como la encarnación del espíritu revolucionario del proletariado ruso.

Sin embargo, en España los patriotas representaban a Napoleón como un traidor de los principios revolucionarios, como un conquistador colonial a cuyas fuerzas militares había que echar, cueste lo que cueste, de la patria que subrepticiamente habían invadido. Algo parecido pasaba con Stalin en el bando gubernamental durante la guerra civil: muchos republicanos, socialistas y anarcosindicalistas llegaban a ver en su prestigio y en la ayuda soviética un instrumento de provecho para el Partido Comunista español que amenazaba con dominar a los demás y con influir excesivamente en la política de la resistencia gubernamental a las fuerzas insurrectas. En esta perspectiva, Stalin —tanto como Napoleón— fue considerado un dictador traicionero de los principios de la revolución rusa, ya que liquidó a los bolcheviques viejos en las grandes purgas, que coincidieron con la guerra civil española, para imponer su diktat tanto nacional como internacionalmente.

íntimamente relacionada con las épocas revolucionarias fue la internacionalización casi inmediata de ambas guerras, puesto que tanto la una como la otra se insertaban en conflictos más amplios y trascendentales: la lucha entre Francia e Inglaterra por la hegemonía mundial en una, y la lucha entre el comunismo y el fascismo con igual finalidad en la otra. Así fue que el principal poder antinapoleónico, Inglaterra, aprovechó la resistencia española, ya que le había traído un aliado inesperado en su conflicto solitario contra Francia, mientras la resistencia popular al comienzo de la guerra civil animaba a los demócratas antifascistas de Europa, que vislumbraban la inevitabilidad de una segunda guerra mundial, contra las fuerzas fascistas de Alemania e Italia. No obstante, la revolución anticapitalista española, la más importante en Europa tras la soviética, asustaba al capitalismo internacional que preveía la pérdida de sus intereses materiales en España, un temor que a la larga sería más decisivo que el apoyo de los demócratas antifascistas.

Repasaremos luego otras semejanzas internacionales. Por el momento, para hacer más accesible lo que sigue, me ceñiré a un orden cronológico.

Señalemos primero que ambas guerras empezaron con la agresión de militares adiestrados —franceses o españoles— contra un pueblo indefenso para derrocar al gobierno legítimo. De hecho, ambas comenzaron como golpes de estado y ambas esperaban un éxito rápido. Pero los dos fracasaron en su intentona, en 1808 por el levantamiento popular, en 1936 porque una parte del ejército y las fuerzas de seguridad no secundaron el golpe y lucharon al lado de militantes de izquierdas para aplastar la sublevación en la mayoría de las capitales. Si no hubiera sido por estas circunstancias no habría habido guerra alguna.

La resistencia popular tenía desde el principio aspectos revolucionarios. A pesar del mito que pervive en la memoria histórica española de que las insurrecciones de la plebe urbana de 1808 fueran espontáneas y unánimes, de hecho se originaron por la agitación de los partidarios de Fernando VII, a quien Napoleón había destronado y tenía secuestrado en Francia para colocar a su hermano, José, en el trono. Estos grupúsculos fernandinos, de gente culta en su mayoría y de un espectro político amplio, desde absolutistas a futuros liberales, tenían en el blanco tanto a su propio gobierno como a Napoleón, ya que al primero lo acusaban de una pasividad cómplice, traicionera, con los invasores franceses que les habían privado de su rey legítimo. Estaban decididos a montar una insurrección popular para restaurar al rey en su trono y, al estilo del Antiguo Régimen, no regateaban ninguna modalidad para conseguirlo. Sin un plan general previo, cada grupúsculo actuaba por su cuenta para levantar al pueblo en su capital de provincia. Incluso pagaron a la plebe para controlarla mejor durante la sublevación, mientras los fernandinos de Oviedo y Valencia tenían a su disposición milicias armadas a sueldo. Sin embargo, no hay que atribuir la insurrección sólo al soborno. Las clases pobres estaban sufriendo estrecheces graves por una inflación galopante y se pusieron gustosas a derrocar en primer lugar su propio gobierno, al que achacaban —y más concretamente al favorito real, Manuel Godoy— todos los males del país y no haber ofrecido resistencia alguna a la invasión napoleónica.

Mientras que los levantamientos no tuvieron que enfrentarse al ejército español, que se mantuvo pasivo o se sumó al pueblo, el caso fue muy distinto en 1936. En durísimas batallas callejeras, militantes de los partidos y sindicatos obreros como muchos de la clase media republicana, apoyando a, y apoyado por, fuerzas de seguridad y militares leales, triunfaron sobre los insurrectos en la mayoría de las capitales, salvo Sevilla y Zaragoza. Sin embargo, no pasó igual en el campo, especialmente en las zonas latifundistas y entre el campesinado católico de Madrid para arriba. España se quedó dividida entre la urbana industrial y el mundo rural.

Como en la guerra anterior, se echó la culpa al gobierno, dicho de Frente Popular, de haber permitido pasivamente a los militares lanzar su intentona de golpe de estado sin conjurarla a tiempo. Con las armas arrebatadas a los militares, los militantes obreros se lanzaron a la ofensiva en medio de una convulsión revolucionaria que estalló enseguida en la retaguardia. En ambas contiendas, el resultado inmediato era el mismo: el gobierno central se encontró desprovisto de medios de control y, a efectos prácticos, se esfumó, dejando un vacío de poder que se colmó de un sinfín de comités locales o, en el caso de la guerra de la Independencia, de juntas autónomas. Igualmente en las dos guerras, el pueblo resistente, aunque sabía lo que no quería, no sabía bien lo que sí quería, una situación que daba lugar a actitudes y acciones contradictorias y contraproducentes, entre las que hay que señalar la represión en la retaguardia de enemigos reales o supuestos. Más allá de esta lamentable coincidencia, las comparaciones no nos sirven, ya que la revolución proletaria de 1936 no puede cotejarse con la revolución antinapoleónica, dado que al pueblo llano, una vez cumplido su papel de fuerza de choque callejera, no se le permitió participar en el nuevo poder revolucionario plasmado por las juntas. La diferencia entre 1808 y 1936 se explica en parte por ser aquello anterior a la moderna política de masas y por no haber habido un caldo revolucionario previo.

No obstante, tanto los comités obreros como las juntas pronto revelaron una lacra idéntica: un marcado localismo que les impedía organizar a nivel central el esfuerzo de la guerra. Tardaron ambos unos tres meses en reconocer el efecto perjudicial de tanta dispersión del poder y en encontrar la solución de gobiernos centrales: la Junta Suprema o Central, en la que la mayoría de las juntas regionales estaban representadas por dos vocales cada una; y en el caso de la guerra civil, un gobierno presidido por Largo Caballero, secretario general de la UGT, en el que estaban representados casi todos los partidos políticos y sindicatos leales al régimen legal, con la excepción inicial de la CNT anarcosindicalista que, por su ideología apolítica, se negaba a unirse a ellos, aunque agrupaba a la mitad de la clase obrera organizada.

El ímpetu de la formación del gobierno de Caballero vino dado, en parte, por el fracaso de las milicias apenas entrenadas que cada partido y sindicato organizó por su cuenta, sin contar con los demás en la lucha contra el ejército de África, que había podido llegar a Sevilla a bordo de los aviones que Hitler, rápidamente imitado por Mussolini, le envió de inmediato a Franco. Aguerrida en múltiples combates coloniales, esta fuerza era la única española en pie de guerra. Las milicias no podían con ella en su avance impetuoso hacia Madrid. Si no se quería perder la guerra, un poder central y un ejército formado con mando único se presentaron como una necesidad ineluctable.

Pronto en la guerra napoleónica se verificarán los mismos defectos de las milicias patriotas que, con una honrosa excepción, la de la victoria de El Bruc, fracasaron frente a la tropa imperial aunque, al contrario de lo que creía el pueblo, ésta al principio no era La Grande Armée, sino reclutas franceses, conscriptos italianos, mercenarios suizos y un sinfín de tropa de otras naciones dominadas u ocupadas por Napoleón. Entre paréntesis, observemos que la victoria de Bailén la debían los patriotas no a las milicias sino a la tropa regular o mercenaria del Antiguo Régimen.

Ya que hemos comentado la pronta ayuda fascista a los insurgentes militares en julio de 1936, apuntamos que, en 1808, Inglaterra inmediatamente envió cantidades de ayuda monetaria y armamentística a los patriotas y luego mandó a Portugal un ejército peninsular que, a la larga, fue mayoritariamente responsable de la derrota napoleónica en España. Sin embargo, las coincidencias entre las dos guerras acaban allí. A pesar de sus estrecheces, los patriotas no tuvieron que lidiar con la no intervención tal como impuso, en contra de la ley internacional, la pérfida Albión a los gubernamentales en la guerra civil, privándolos de la ayuda de las potencias democráticas que necesitaban para ganar la contienda. Mejor tarde que nunca, la URSS envió material bélico, consejeros militares y —a través del Komintern— las primeras brigadas internacionales que llegaron justo a tiempo para apoyar a los madrileños en la defensa de la capital. Pero al tener los gubernamentales que depender únicamente de la ayuda soviética, intermitente y cara, se encontraron durante la guerra condicionados —para no decir hipotecados— a una opción comunista, lo que desilusionó a las otras fuerzas políticas y condujo a la desunión de la resistencia antifascista, y finalmente, a la derrota. Mientras en la guerra de la Independencia la ayuda de Inglaterra fue primordial para ganar la contienda, en la guerra civil su veto a ayudar a la joven democracia republicana fue nefasto. Con métodos dictatoriales, Franco impuso no una unidad fáctica, sino ideológica a sus huestes en aras de ganar la guerra.

Ambos conflictos fueron —o llegaron a considerarse por los que participaron en ellos— tanto guerras políticas, religiosas, sociales, clasistas y revolucionarias, como de liberación nacional, de rechazo a la injerencia extranjera y, por cierto, guerras civiles. En ambas se luchaba tanto para salvaguardar las supuestas esencias eternas españolas, los valores y tradiciones sacrosantos como para fraguar o consolidar regímenes que abrirían nuevas perspectivas políticas al pueblo.

Se observará en las dos una constante: la marcada influencia religiosa. Los patriotas luchaban, según su lema, por la religión, el rey y la patria. Se llegó a declarar la contienda una guerra santa. La mayor parte del clero —pero no todo, por cierto— se unió a los patriotas, y muchos clérigos lucharon en la guerrilla. En tiempos de apuro, como en los primeros nueve meses de 1809, la Junta Suprema mandó celebrar ocho ceremonias religiosas en Sevilla para implorar al Dios de los Ejércitos por el éxito de las armas patriotas.

Sin embargo, el fervor religioso no llegó al extremo del bando insurrecto durante la guerra civil que, muy pronto, denominó a su lucha una cruzada en la que lo «espiritual» está «del lado de los sublevados» por haber salido «a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente ... de la religión», como declaró la Carta colectiva del episcopado español, de 1 de julio de 1937. Tanto en una guerra como en la otra, la religión fue el aglutinante de clases sociales y posturas políticas distintas alrededor del objetivo común de vencer al enemigo, al que se tildaba de sacrílego. En ambas contiendas, la religión parecía sobrecargada de significados: en defensa irreducible de la única y verdadera fe, la intransigencia e intolerancia asumía el carácter de santidad y, al formar parte integral del sistema político, se permitía lanzar anatemas de herejía a todos los que querían reformarlo.

En ambas guerras la ideología llegó a anatemizar al enemigo, a deshumanizarlo. Para explicar este fenómeno, hay que tener en cuenta que la Revolución Francesa introdujo un nuevo tipo de guerra al involucrar a la población entera en la defensa —y por tanto en el destino— de la patria, a diferencia de la guerra del Antiguo Régimen en la que se luchaba de estado a estado, por razones dinásticas y territoriales sin contar con la población más que para proveer reclutas para reforzar los ejércitos regulares. La pasión y el odio popular hacia el pueblo enemigo no entraban en la cuenta. Sin embargo, en la guerra moderna, por encima del estado, un pueblo luchaba contra otro, españoles contra franceses y viceversa, y el anatema contra la población enemiga se hizo corriente para fines propagandísticos cuya finalidad consistía en conseguir la movilización continua y constante de su propia población a base del odio a la que tenía enfrente.

Así, durante la guerra de la Independencia la propaganda patriota representaba al enemigo francés como maligno, cruel, herético, violador de monjas, asesino de curas y niños, y su emperador —cito textualmente— «un anfibio entre hombre y fiera; un tirano cubierto de crímenes; el Anticristo; el aborto de un islote; un monstruo vomitado por el infierno...» y un largo etcétera. Las citas, además, no proceden de cualquier panfletista sino de la pluma de dos de los más ilustres eruditos de la época, Isidoro Antillón y Antoni Capmany que defendían la causa patriótica.

Para conseguir el máximo efecto, la propaganda del odio precisa representar al enemigo bajo una luz sin matices que no permite ni una sola excepción: el enemigo es maligno por naturaleza. En consecuencia, puede considerarse lícita cualquier modalidad de combatirlo. El odio de los patriotas, por ejemplo, llegó al extremo de mandar oficialmente que sus fuerzas armadas atacaran los hospitales enemigos, con el fin implícito de matar a cuantos soldados inválidos se encontraran en ellos. Era una guerra recíproca sin tregua ni piedad humana, como testimonian los Desastres de la guerra de Goya.

En medio de tantas barbaridades, es curioso constatar que entre soldados rasos británicos y franceses en la península existía un entendimiento que sólo se puede calificar de respeto profesional mutuo que les permitía cierta fraternización, por ejemplo el bañarse juntos en un río bajo protocolos acordados y respetados por ambos bandos: acercarse al agua desprovistos de armas y sin intenciones agresivas para disfrutar de un descanso refrescante antes de empuñar otra vez el fusil. Que yo sepa, no hay casos parecidos entre españoles y franceses, lo que tiene una explicación sencilla. Ni británicos ni franceses luchaban por defender su propio país.

En comparación con la visión patriótica del enemigo francés, su opinión de los afrancesados, los españoles que se unieron al régimen bonapartista, fue menos virulenta al principio aunque igualmente deshumanizadora al final. En el lenguaje de los patriotas, aquéllos empezaron por ser «malos españoles» al denegar la justicia de la causa santa y al ponerse de parte del enemigo. Se les tomaba por renegados de la patria, del bien común de todo español. Sin embargo, poco a poco, esta opinión se endurecía: los afrancesados dejaron de ser malos españoles para quedarse destituidos del derecho de ser español, un derecho que sólo merecían los patriotas. Se les desnacionalizaba y, por tanto, se les deshumanizaba al quitarles el derecho de pertenecer a la colectividad de sus semejantes. Ya no se les tomaba por renegados sino por parias de la patria.

Mucho menos descalificador de sus compatriotas del otro bando fueron los propios afrancesados que al máximo denigraban a los patriotas por «la terca estupidez de los unos, el interés mal entendido de los otros, y la criminal apatía de los más» por defender «las clases privilegiadas ... que hoy hacen perecer a los infelices paisanos, haciéndoles creer que toman las armas en defensa de la Religión y del Rey anterior, cuando realmente sólo se las ponen en las manos para seguir abusando hasta hacer la última víctima».

El mayor rencor lo guardaban los afrancesados para sus supuestos liberadores y aliados militares franceses, cuyos «excesos, y exorbitantes contribuciones» aumentaban «el inmenso cúmulo de sacrificios que todos los pueblos están sufriendo...», como escribió un intendente afrancesado a su ministro. Y por esta razón, añadió, «el nuevo régimen no ha conquistado los corazones», un afeamiento que se repetía una y otra vez por ciertas autoridades afrancesadas quienes entendían que sin convencer al pueblo no iban a vencerlo.

La guerra de la Independencia fue también una guerra civil, más bien ideológica y política que armada, por faltar una fuerza militar propia a los afrancesados. Pero como suele ocurrir en las guerras civiles, fue también un conflicto en el seno de cada bando entre posturas políticas y visiones distintas de la sociedad que debería surgir de la victoria militar. Así fue que los patriotas se enzarzaron en conflictos entre liberales que abogaban por la soberanía nacional y una monarquía constitucional, y sus contrincantes que defendían la sociedad española constituida por el trono y el altar de sus antepasados. Las descalificaciones de unos y otros fueron muy virulentas, tanto o más que las del enemigo común. En los ataques de los antiliberales se notaba una xenofobia marcada —ya que arremetieron contra la influencia de los diabólicos filósofos franceses, la Ilustración y la Revolución Francesa en las ideas y la actuación de los liberales—. Llegaron incluso a decir que España no estaría contenta hasta que la Inquisición limpiase el país de los filósofos «de la misma manera que lo había limpiado de los judíos». Los liberales contraatacaron, llamando «serviles» a sus contrarios en una imputación a su condición deshonrosa si no infame. Y al obispo absolutista de Orense, vocal de la regencia patriota, le expulsaron de España por no merecer el nombre de español al negarse a jurar la Constitución si no le respetaban más tarde el derecho de exigir ciertas revisiones, y amenazaron con el mismo destino a cualquiera que le imitara.

La guerra civil de 1936 a 1939 fue aún más propensa a anatemas esencialistas del enemigo, a quien los militares insurrectos llamaban indistintamente «rojos» y presentaban como la «anti-España», por antonomasia anticlerical, antimonárquica, antimilitarista, y antipatriótica; un enemigo al mismo tiempo partidario del «separatismo» catalán y, por tanto, opuesto a la unidad de la nación, e incluso, en contra de cualquier valor sacrosanto de la España eterna que los insurrectos presumían encarnar en su cruzada para salvar la patria del comunismo. Dieron un toque fascista a su propaganda al tachar al enemigo de formar parte de una supuesta conspiración judeomasónica para dominar el mundo, mientras aprovechaban la revolución proletaria en el bando gubernamental, la ayuda soviética y las brigadas internacionales para fulminar, al igual que los patriotas de la guerra napoleónica, la dominación extranjera —comunista en este caso— que amenazaba el orden social respetado por todo buen español. Los leales también utilizaron la guerra de la Independencia para descalificar a los franquistas por su uso de tropas fascistas alemanas e italianas y de mercenarios marroquíes —por tanto islamistas al servicio de una «cruzada» católica— frente al gobierno legítimo de la República, cuya defensa popular se invocaba en términos de la guerra anterior.

Sin embargo, en la larga y dura posguerra, lo novedoso de la propaganda franquista fue el aprovecharse de la guerra de la Independencia para intentar forjar un nuevo concepto de la nación, con la finalidad de enterrar para siempre el anterior estilo liberal del siglo XIX. Al usar el medio idóneo del siglo XX, el cine, se proponía una visión mitificada de la resistencia heroica popular contra el invasor extranjero —en aquellos años la amenaza soviética— y la forma de combatirla. Agustina de Aragón, entre otros muchos protagonistas, encarnaba los valores españoles que querían ensalzar: fidelidad a las tradiciones, a la religión, a la unidad de la nación —como catalana, Agustina les servía bien— y a la autoridad del caudillo que se había levantado en el momento oportuno para salvar a la patria.

Mientras en la guerra de la Independencia, las descalificaciones entre españoles en general se limitaron a lo verbal, en la guerra civil el bien y el mal se dirimió en la retaguardia no por la dialéctica sino con frecuencia por la bala asesina. En el bando insurrecto dominó el concepto que sólo con extirpar del cuerpo político, como un tumor maligno, la anti-España, podría curarse la nación: miles de infelices de las clases medias y trabajadoras pagaron con la vida, durante y después de la guerra, ante un pelotón de ejecución por tal cirugía asesina. Al inicio de la contienda, entre algunos extremistas del bando gubernamental predominaba también una idea del enemigo irremediablemente malo —por ser católico, derechista, explotador de los obreros o por pura venganza— que justificara su asesinato. El lenguaje de aquéllos —«pasearle a uno»— delataba su origen en la cultura del gangsterismo norteamericano, pero la deshumanización de las víctimas, puesto que llegó incluso a los asesinados, fue muy española: «besugos» se llamaban los cadáveres a causa de lo parecido de las bocas entreabiertas. Fueron miles de víctimas también, aunque menos que los del otro bando, que perecieron de mala manera.

Al igual que en la guerra de la Independencia, la guerra civil fue también un conflicto en el seno de cada bando entre ideas políticas distintas. Franco atajó la polémica en su zona con mano militar; los gubernamentales no podían resolver las discrepancias de la misma manera. Se llegó a las manos más de una vez entre fuerzas anarcosindicalistas, poumistas, socialistas y comunistas —durante los sucesos de mayo, 1937, en las calles barcelonesas y, por último, en 1939 en las calles madrileñas—. Las descalificaciones de unos y otros fueron brutales, incluso asesinas; tal fue el caso de Andreu Nin, líder del anti-estalinista POUM, a quién se acusaba de espía de Franco. Años después se supo que el responsable del asesinato había sido la policía secreta soviética, la temible GPU, más interesada en liquidar a los enemigos de Stalin en España que en proseguir la lucha contra los insurrectos.

Para acabar, les ofrezco un par de comparaciones finales. En la guerra de la Independencia, un proyecto de democracia liberal incipiente que surge en medio de la contienda gracias a la Constitución de Cádiz, queda truncado al final de la guerra por un golpe de estado absolutista, el de Fernando VII, seguido por la represión contra los liberales. En la guerra civil, una democracia apenas consolidada —la Segunda República—, es derrotada por una insurrección militar, lo que lleva a la instauración de la dictadura franquista y a una represión mil veces peor que la anterior. Pero los vericuetos de la historia son interminables. Muy a la larga, la ruptura del Antiguo Régimen que representó la guerra de la Independencia llevó a la democracia de la Segunda República. Por segunda vez, las fuerzas reacias se sublevaron y, a costa de una guerra fratricida, la hundieron por cuarenta años más. Hoy somos privilegiados al saber que esta historia tormentosa ha llegado otra vez a su punto de partida.

La última comparación es más sombría. La pérdida de vidas de ambas guerras fue muy grande. Calculando tanto los que no nacieron debido a la contienda como los que murieron, se puede calcular que la guerra de la Independencia costó a España entre 215.000 y 375.000 vidas, o sea entre el 2,4 por 100 y el 4,2 por 100 de la población de 1808. Como aproximación a la pérdida total, podemos tomar el promedio de la horquilla: el 3,3 por 100 de la población, o sea, unas 295,000 vidas. Los tres años de la guerra civil costaron entre no nacidos y muertos, unas 740.000 vidas, el 3 por 100 de la población al comienzo del conflicto. En ambos casos, hubo una sangría muy fuerte que no se superó hasta pasada una generación, si no más.

Parte 2

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Capítulo 3

EL ANTIGUO RÉGIMEN ESPAÑOL EN VÍSPERAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Desde un primer momento, el orden social del Antiguo Régimen condicionó de forma profunda e inevitable el prolongado conflicto que más tarde se conocería como la guerra de la Independencia española (1808-1814); de hecho, la guerra señaló la primera ruptura política con ese orden. Por consiguiente, un repaso general de la sociedad prebélica puede ayudarnos a comprender el conflicto y los problemas que involucró.

ABSOLUTISMO, CENTRALISMO Y DISPERSIÓN DEL PODER

Como sus predecesores, Carlos IV era rey por derecho divino pero no, como dejaban en claro los preámbulos de sus decretos, rey de España: era soberano de los reinos de Castilla, León, Aragón, Valencia, Navarra, conde de Barcelona, señor de Vizcaya, Molina y un largo etcétera. En otras palabras: los setenta y cinco años de centralismo borbónico que culminaron en el absolutismo reformista de su padre, Carlos III, no habían conseguido forjar un reino español legalmente unificado. El mapa de España era un palimpsesto de reinos, principados y provincias, muchos de ellos con islas a la deriva en territorios ajenos, entre los que existían diferencias considerables (en cuestiones tan elementales como los pesos y las medidas o las palabras para referirse al dinero, por no hablar de las leyes, las costumbres y el idioma).¹ Es posible ver en este palimpsesto cartográfico una metáfora del solapamiento de funciones y poderes del Antiguo Régimen.

Como en todo Antiguo Régimen, la figura del rey reunía los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Estos poderes podían delegarse en un único individuo o en un órgano colegiado sin distinguir de forma precisa las distintas funciones. De este modo, la confusión geopolítica se repetía en el solapamiento de las funciones administrativas, judiciales y políticas de las principales instituciones y cargos oficiales del estado. Siendo el órgano más elevado del gobierno central, el Consejo de Castilla, además de ser un cuerpo consultivo, poseía poderes ejecutivos, legislativos y judiciales.

En el nivel regional o provincial, esta imbricación de poderes se reproducía en las funciones del capitán general, cuyo poder era tanto civil como militar. Jefe supremo del ejército de su región (aunque no necesariamente era quien dirigía a las tropas en tiempos de guerra), el capitán general también presidía la audiencia en el principal órgano regional del poder civil, el Real Acuerdo. Siendo a la vez un tribunal de justicia y un consejo administrativo político, las tareas de la audiencia iban desde el mantenimiento del orden público y el abastecimiento de alimentos hasta la provisión de alojamiento para los reclutas y los soldados, mientras que el intendente, un funcionario civil nombrado por el rey, tenía un poder paralelo al del capitán general: este funcionario controlaba todo lo relacionado con el tesoro y las finanzas locales, pero también era responsable de un amplio abanico de cuestiones judiciales, fiscales, políticas y económicas, estas últimas en especial en relación a los asuntos militares.

El solapamiento de poderes, un legado del feudalismo medieval, servía para mantener el orden social. La función del poder judicial en los asuntos del gobierno, por ejemplo, creó «un formidable instrumento al servicio del poder político»,² en otras palabras, del orden social dominante: la Iglesia, la nobleza y el estado. Al igual que en siglos anteriores, esta unidad de poderes parecía algo bastante natural en el siglo XVIII, y era su división, consecuencia de las revoluciones americana y francesa, lo que se consideraba una construcción enormemente artificial.³

Sin embargo, el solapamiento de poderes también bloqueaba las aspiraciones centralizadoras del estado. Para la corona, una cosa era promulgar leyes y otra lograr que esas leyes se aplicaran. Cuando iban en contra de los intereses de las oligarquías locales se las saboteaba sin hacer ruido. A pesar de los intendentes y los corregidores locales nombrados por el gobierno central, la monarquía carecía en las regiones de una maquinaria administrativa adecuada que los respaldara, y para que sus órdenes se cumplieran dependía de los poderes locales. El resultado fue «la dispersión del poder en una multiplicidad de jerarquías, cada cual relativamente autónoma en relación con la corona, aunque subordinada a ella como poder supremo».⁴

Al solapamiento de poderes se sumaba una clara demarcación legal del orden social. La organización de la sociedad por estamentos, cada uno de los cuales tenía sus propias leyes, implicaba una jerarquía y unos límites bien definidos. Con excepción del clero, donde había elección, cada quien nacía en un estamento preexistente. En la vida real la situación era aún más compleja: para el siglo XVIII, pertenecer a un estamento era con frecuencia más una cuestión jurídica que funcional, como demostraba la situación de la nobleza llana (véase infra).

Dentro de la estructura social había también algún movimiento. Para finales del siglo XVIII, existía una nobleza de servicio, creada por los monarcas para recompensar los servicios especiales prestados a sus personas o al estado. Más abajo en la escala social, la expansión económica de mediados de siglo había creado un estrato de nuevos ricos: comerciantes coloniales, arrendadores de derechos dominicales, asentistas, arrendadores de tierras, comerciantes de grano y labradores, algunos de los cuales se habían convertido en miembros de las oligarquías locales. Y, lo que fue todavía más importante para la revolución política que estalló en 1808, los principios básicos de la ideología del liberalismo económico habían evolucionado en algunos sectores importantes de las clases ilustradas.

Hasta la primera década del siglo XIX, estos movimientos sociales internos no constituyeron una amenaza inmediata para el Antiguo Régimen, pues en esta sociedad organizada jerárquicamente la nobleza y la Iglesia tenían una función dominante. La Iglesia era la más importante de las dos. Los españoles habitaban una de las unidades políticas más antiguas de Europa, una que había mantenido sus fronteras casi idénticas desde principios del siglo XVI; si tenían una identidad colectiva, ésta se fundaba en el hecho de que compartían la misma religión. «todo el discurso legitimador del Antiguo Régimen y los ojos vigilantes de instituciones como la Inquisición habían dejado un legado católico en apariencia imborrable.»⁵ Junto a la lealtad hacia la corona, esta identidad religiosa, la idea de ser defensores de la fe verdadera, «el pueblo elegido por Dios» y «la reserva espiritual de Occidente»,⁶ era sin duda el cimiento nacional más importante de una sociedad que, en general, tendía más a recordar su patrimonio cultural que a esperar un futuro innovador. Más allá de estas dos lealtades nacionales, el sentido de pertenencia a algo más que una comunidad local, o a lo sumo a una región, era escaso o inexistente en el nivel popular, un hecho que difícilmente resulta sorprendente dadas las deficientes comunicaciones y la falta de educación.

La monarquía absoluta descansaba no sólo en los cimientos engranados de la nobleza y la Iglesia, sino también, y de forma más amplia, en la aceptación de su función de liderazgo en la sociedad. El status (del individuo como miembro de una colectividad reconocida) y la stasis (de la formación social) eran dos características esenciales de esta sociedad patrimonial. Paradójicamente, la debilidad del absolutismo, sus insuficientes niveles de centralización y la ausencia de una burocracia capaz de sortear los poderes provinciales y las lealtades locales, terminaría proporcionándole al país una de sus mayores fortalezas a la hora de combatir contra Napoleón.

LA IGLESIA

Siendo la única institución realmente nacional, la Iglesia hacía cuanto podía para garantizar que todos los españoles aceptaran el lugar que les correspondía en el orden jerárquico: tanto en la educación de los jóvenes como en los sermones y las admoniciones privadas, subrayaba la obligación de someterse y obedecer a la autoridad y mandaba que cada individuo cumpliera con «las obligaciones que correspondían a su estamento y ocupación». En el nivel ideológico, la Iglesia controlaba la expresión de las ideas y la conducta personal y social, una función en la que la Inquisición, como guardiana de la ortodoxia y la moralidad y como censora eclesiástica, estaba profundamente involucrada: el secretismo del Santo Oficio y su capacidad para destruir las vidas de las personas (si no literalmente, sí desde un punto de vista moral y financiero) crearon «una psicología del miedo omnipresente» que dotaba a la Inquisición de un poder especial.⁷ Otro factor que contribuía a la capacidad de control de la Iglesia era su gestión de la caridad pública a través de la administración de fundaciones benéficas. El clero estaba en una posición privilegiada para realizar estas tareas debido a que no había nada ni nadie que le disputara su liderazgo en la sociedad, y en tiempos de calamidad su predominio era infalible. «En los años de crisis —de sequía, granizo, heladas, plagas— o la salvación de la misma vida en tiempos de escasez de subsistencias y epidemia, se acude a la Iglesia y se trata de buscar en sus ritos la defensa de los intereses materiales en peligro.»⁸

La Iglesia era un estado dentro del estado, la institución más rica de la monarquía, con su propio sistema judicial y fiscal, este último, por lo general, más eficaz que el del mismo estado. Se calcula que su renta anual total, a mediados del siglo XVIII, ascendía a algo más de cuatrocientos cincuenta millones de reales o una quinta parte del producto interior bruto. Sus tierras en el reino de Castilla⁹ producían una cuarta parte de todos los alimentos, recibía cerca de tres cuartas partes de todos los intereses de los censos y casi la mitad de los pagos de derechos dominicales, diezmos y arrendamientos de tierras y propiedades urbanas; era una Iglesia urbana que vivía de la tierra, en la que había invertido de forma considerable en el siglo XVIII a precios que podía permitirse con facilidad pero que resultaban demasiado elevados para los campesinos normales y corrientes: los clérigos eran muy conscientes de la rentabilidad de la tierra en una época de inflación de los precios agrícolas.¹⁰ El peso económico de la Iglesia en el reino de Castilla «recaía sobre la población con implacable uniformidad».¹¹ Sin embargo, como organización territorial no era más uniforme que la monarquía misma, un palimpsesto de acreción histórica: Madrid, capital de un imperio mundial y con una población de casi doscientos mil habitantes, no tenía estatus episcopal ni catedral, mientras que un municipio como Sigüenza, con apenas cuatro mil habitantes, era una de las diócesis más ricas de España. El resultado de las desiguales divisiones diocesanas era una institución multiforme y una distribución dispar de la riqueza eclesiástica: mientras que los prelados recibían el 70 por 100 de los diezmos, los párrocos, que eran los leales recaudadores de la Iglesia, recibían un 11 por 100 para su sustento y el mantenimiento de sus iglesias.¹² Muchos sacerdotes de las zonas rurales eran tan pobres que a menudo tenían que recurrir a la ayuda de sus feligreses.

A diferencia de la Francia del siglo XVIII, la Iglesia no era un dominio exclusivo de la alta nobleza. Los altos cargos eclesiásticos tendían a estar ocupados por plebeyos con educación universitaria o hidalgos (muchos de los cuales eran prelados de mentalidad reformista) igual que ocurría en la administración real; y en sus niveles inferiores constituía una vía de ascenso social para los hijos de las clases trabajadoras. Aunque en 1787 el clero lo conformaban poco menos de ciento treinta y cuatro mil individuos o, aproximadamente, un 1,3 por 100 de la población total, de los sesenta mil sacerdotes ordenados sólo alrededor de una cuarta parte de ellos se desempeñaba como párroco o coadjutor. Esto dejaba sin asistencia espiritual a más de dos mil de las diecinueve mil parroquias del país.

En términos de nivel intelectual y espiritual, los clérigos seculares iban desde los que prácticamente carecían de educación hasta los ilustrados. El vicario de Ciudad Real señaló que en su distrito era posible encontrar «sacerdotes tan idiotas e ignorantes que entender el canon de la misa constituía todo un triunfo para ellos». En las aisladas vicarías andaluzas de Huéscar y Cazorla había curas que vivían con sus amantes, que jugaban y cazaban y que estaban involucrados en actividades de contrabando, mientras que otros se negaban a ponerse la indumentaria eclesiástica cuando llevaban a cabo sus labores sacerdotales.¹³

Por otro lado, estaban aquellos que se sentían «identificados con los intereses de sus feligreses» y eran «defensores de los pobres contra los poderosos y los señores». Tal era sin duda el caso de algunos párrocos andaluces que contribuyeron a liderar la batalla legal de sus consejos municipales contra la usurpación de las tierras locales por parte de los señores.¹⁴

Además del clero secular, las órdenes religiosas tenían casi cuarenta mil monjes, frailes y novicios en dos mil casas; y un poco más de veinticuatro mil monjas y novicias en un millar de conventos. En su mayoría, las órdenes masculinas eran mendicantes (los monjes representaban apenas una décima parte de los miembros de las órdenes); y dado que los centros urbanos eran el lugar en el que resultaba más fácil recoger limosnas, los frailes se concentraban en los pueblos y ciudades, al igual que el clero secular.¹⁵ En Sevilla las órdenes religiosas superaban en número al clero secular, y por sí solas proporcionaban mil seiscientos miembros a las grandes procesiones religiosas.¹⁶

Como el secular, el clero regular presentaba toda una gama que iba desde «la ignorancia y la superstición» a la espiritualidad y la erudición. Una élite bien educada ocupaba los altos cargos y dirigía a una gran masa de frailes cuyas «cualidades intelectuales y compromiso religioso dejaban mucho que desear».¹⁷ El estado de algunos conventos de frailes y de monjas era tal que dejaban bastante más que algo que desear, como informó el visitador enviado por la diócesis a inspeccionar a los dominicos de Villanueva de los Infantes, un pequeño municipio de La Mancha:

Los conventos de Monjas y frailes de Santo Domingo ... se mezclan diariamente con deshonesto trato de que han resultado ya dos niños de tan pésimos coitos ... He tomado la parte de ver por mí salir las Monjas de noche, y dirigirse al Convento de los Frailes, y a estos entrar de día en la clausura de aquellas con tanto escándalo.¹⁸

Pese al comportamiento indisciplinado de una minoría de sus representantes, la mayoría de los frailes y párrocos gozaba del respeto de las clases inferiores. Un gran número de ellos provenía de los mismos estratos sociales; y si bien sus prácticas religiosas no satisfacían las exigencias más elevadas de la Iglesia, lo mismo podía decirse de la mayoría de su rebaño: «La masa de los fieles presentaba un rasgo común, la ignorancia, y una evidente superficialidad de sus conocimientos teológicos, defecto que propiciaba la fácil caída en prácticas supersticiosas alejadas de una recta religiosidad».¹⁹

En su decisión de controlar todos los aspectos de la sociedad, incluido el estamento eclesiástico, el absolutismo borbónico había conseguido arrebatar a un papado ineficaz el derecho a nombrar a los obispos españoles, con lo que se garantizó el nombramiento de un buen número de clérigos ilustrados. Éstos, por lo general, eran partidarios de una mayor intervención de la corona en los asuntos de la Iglesia con el fin de conseguir las reformas que creían necesarias, pues sólo el estado tenía la autoridad para hacer frente tanto a Roma como a costumbres religiosas profundamente arraigadas en España. Para finales de la década de 1780, estos reformistas ilustrados y sus simpatizantes laicos se oponían a las órdenes religiosas, la Inquisición y la autoridad temporal del papa sobre la Iglesia española. Creían en una religión personal, más íntima, en «el conocimiento de la verdad religiosa y la práctica de una liturgia sencilla».²⁰ Y veían con igual hostilidad las devociones supersticiosas del pueblo y las extravagancias del culto oficial. Uno de sus primeros y mayores logros fue sin duda conseguir que la Inquisición aceptara que la Biblia se leyera en la lengua vernácula, pese a la fuerte oposición de los miembros ultramontanos del clero.

La Inquisición era un estado dentro del estado eclesiástico, pero también un poder dentro del estado temporal. No obstante, bajo Carlos III, era un poder en decadencia. Después de enviar al exilio a un inquisidor general por obedecer a Roma antes que a la corona, Carlos III nombró en el cargo a un obispo ilustrado. En 1782, este último reconoció que el miedo que inspiraba la censura de la Inquisición, ahora regulada por el estado, estaba «casi extinto». Con todo, esto no impidió que la Inquisición prohibiera prácticamente todo el pensamiento ilustrado extranjero, de Montesquieu a Rousseau, de Voltaire a Diderot, de Adam Smith (La riqueza de las naciones) al Robinson Crusoe de Defoe. Sin embargo, el hecho de que la Inquisición proscribiera a estos autores no impidió que los ilustrados locales obtuvieran sus obras de forma clandestina y las leyeran en su lengua original. Lo que sí hizo fue impedir su traducción y publicación en España.²¹

Pese a esto, la estructura del Santo Oficio, es decir, los tribunales permanentes en las distintas regiones, los inquisidores, las prisiones, los familiares (los informantes laicos y la fuerza policial de la institución), se mantuvo en pie. Es posible sostener que la Inquisición, con su larga historia, tenía una capacidad de represión mayor y más centralizada que el mismo estado. Y, como en el pasado, siempre era posible recurrir a ella para la defensa del estado.

El papel central que el gobierno otorgó al Santo Oficio durante el pánico de la Revolución Francesa reforzó la amenaza que pendía sobre las cabezas de los españoles, y en todos los niveles de la sociedad fueron muchos (desde ministros del gobierno hasta párrocos desconocidos) los que padecieron las atenciones que otros ya habían conocido recientemente. En 1797, al ser acusado por el tribunal de Valladolid de poseer obras prohibidas, Juan Antonio Posse, un joven cura de una aldea remota en las montañas de León, se creyó condenado en el acto: «al instante me contemplé perdido». Antes de ponerse en camino, escondió con gran dificultad bajo unas rocas al borde de la carretera las obras de Pedro tamburini (según su testimonio, el «más terrible contrario» de la Inquisición) y se llevó consigo sólo una disertación relativamente inofensiva del profesor italiano, cuyo catolicismo ilustrado era el norte de los reformistas católicos españoles.

No ignoraba la conducta de este Santo [sic] tribunal ni la de sus satélites, que, animados por la más furibunda superstición, perseguían sin comedimiento, por palabras indiscretas o por otras frioleras, sin examen ni formalidad.

El inspector del tribunal, que al parecer no sabía de tamburini, exigió que le mostrara las obras prohibidas. Posse le dio la disertación. El inspector miró la cubierta, leyó sus órdenes y le dijo al cura que iba a confiscar el libro. «Muy contento de verme libre de las garras de este esbirro por este sacrificio, me salí.»²²

Posse, el hijo de un minifundista gallego, tuvo suerte; aunque otras cárceles le esperaban en épocas posteriores de su vida, no conocería el interior de ninguna prisión inquisitorial.

El movimiento reformista eclesiástico tuvo dos importantes consecuencias. La más significativa fue que los reformistas creían que las fuerzas que se oponían al cambio eran demasiado fuertes para que pudieran ser superadas sin la intervención del estado. Esto desalentó la confianza de los reformistas dentro de la Iglesia y fomentó una dependencia demasiado dispuesta de la legislación estatal. La intervención del estado en los asuntos internos de la Iglesia llevó a los adversarios de la reforma eclesiástica a culpar a éste (o, mejor, a su estructura política) en momentos cruciales del diseño de una nueva monarquía constitucional durante la guerra. La oposición a la reforma de la Iglesia (y en especial, pero no exclusivamente, a la abolición de la Inquisición) reforzó la resistencia del clero al cambio político.

La segunda consecuencia fue que muchos estudiantes universitarios que participarían en la guerra como adultos conocieron el movimiento reformista, y lo abrazaron, en particular en la Universidad de Salamanca, donde después de una larga resistencia, finalmente se había conseguido modernizar el currículo. Las trayectorias de muchos de estos reformistas se cruzarían durante el conflicto, pues algunos se mantuvieron leales a la causa patriota y otros sirvieron al régimen bonapartista. El conflicto dividió de forma trágica a los ilustrados, jóvenes y viejos, en la medida en que escindió la gobernación de España en lo que, de hecho, se convirtió en una guerra civil ideológica dentro de la guerra napoleónica.

LA NOBLEZA Y EL SISTEMA FEUDAL

Con una importante excepción, la del cuerpo de oficiales del ejército (véase infra), los Borbones españoles excluyeron a la aristocracia de cualquier función dominante en los asuntos del estado. A diferencia de lo ocurrido en Francia, para finales del siglo XVIII, la vieja nobleza española había perdido la mayor parte de su influencia política, que había ido a parar a manos de plebeyos e hidalgos.²³ No obstante, la alta nobleza era la vértebra esencial y el ápice del orden social. Sólo por su estatus, la aristocracia disfrutaba de honor, dignidad y estimación. «Ser noble sigue siendo la secreta ambición de todo español.»²⁴

De acuerdo con el censo de Godoy, no siempre fiable, en 1797, la «nobleza» estaba formada por apenas algo más de cuatrocientos mil individuos; pero de éstos sólo 1.323 tenían título. El resto eran hidalgos, los hijos o descendientes de quienes aseguraban poseer nobleza. Dado que toda la población masculina de origen vasco de Vizcaya y Guipúzcoa pretendía gozar de hidalguía, sólo en estas dos provincias ya había más de cien mil hidalgos;²⁵ y, por razones históricas, una proporción bastante grande del resto vivía también en otras regiones septentrionales, donde su forma de vida era con frecuencia prácticamente imposible de distinguir de la de las clases laboriosas. Sin embargo, por debajo de Madrid, el número de hidalgos caía abruptamente y éstos tendían a poseer tierras y tener un estatus social más elevado.

El hecho de que fuera posible encontrar hidalgos de toda condición no implica que fueran un grupo social insignificante. Por el contrario, los hidalgos educados de nivel medio y superior constituían un estrato importante de la sociedad española, e incluso, podría sostenerse, el más importante. Eran una nobleza trabajadora y por su mismo número, en especial en el norte del país, formaban una cantera de aspirantes potenciales para toda una serie de cargos y profesiones. De sus filas provenían funcionarios de alto rango del gobierno, prelados, comerciantes, banqueros, abogados, escritores y prácticamente todos los oficiales del ejército y la armada, pues la hidalguía era una condición para el ingreso a las escuelas militares. En las regiones, sus miembros más ricos, que por lo general eran terratenientes de tamaño medio, a menudo con un mayorazgo casi siempre pertenecían a la élite local. En Galicia, por ejemplo, aunque relativamente pocos en número, los hidalgos eran la élite.

Con todo, los miembros de la nobleza titulada, en especial los aproximadamente treinta grandes de España, eran los mayores terratenientes y constituían los señores principales. Gracias a matrimonios estratégicos y herencias fortuitas, los magnates se habían convertido en una nobleza nacional, interrelacionada, con dominios en diferentes partes del país. Pero incluso así, este grupo cerrado de aristócratas carecía de una verdadera coherencia política, y el único deseo de algunos de sus miembros era volver a tener una función decisiva en el gobierno del país.

Nunca ha podido calcularse de forma satisfactoria cuánta tierra poseía la nobleza titulada,²⁶ y hay una razón para ello: el predominio de los señores dependía no sólo de sus propias tierras sino también, en igual medida, de una estructura feudal para extraer excedentes de quienes labraban la tierra que ellos no poseían. Se trata de otro caso más de solapamiento de derechos; el sistema recibía el nombre de señorial, y las tierras y municipios rurales sobre los que se ejercía formaban el señorío.

En su mayoría, la difusión del sistema fue consecuencia de la bancarrota de los Austrias que para recaudar dinero vendieron sus derechos jurisdiccionales sobre propiedades de la corona; éstos abarcaban el ejercicio de la justicia (incluida la aplicación ocasional de la pena capital) y la administración local bajo prerrogativa real de nombrar magistrados y consejos municipales en los dominios de la corona. Aparte de esos derechos, la monarquía también vendió sus derechos feudales y arriendos, que podían incluir una parte de los impuestos de la corona (y una porción de los diezmos, algo que no era infrecuente), sus derechos para imponer tributos y peajes y para ejercer privilegios feudales monopolísticos sobre los molinos, las panaderías, las herrerías e incluso los burdeles, y por supuesto sus derechos de caza. Pero los monarcas no vendieron la tierra en sí.

Aunque por razones históricas bien diferenciadas algunos señoríos, en particular en Andalucía y Cataluña, incluían la propiedad de la tierra, la enorme mayoría sólo tenía carácter jurisdiccional. La nobleza titulada ocupó la mayor parte de estos señoríos, pero la Iglesia, los monasterios y las órdenes militares también tuvieron los suyos y se beneficiaron de ellos. En España en su conjunto los señoríos de estos diferentes tipos superaban en número los dominios de la corona.²⁷

Se calcula que para finales del siglo XVIII más de una cuarta parte de la población española y más del 65 por 100 de la tierra cultivada estaban sometidos al dominio señorial secular y eclesiástico.²⁸ Otro cálculo sostiene que nueve décimas partes de todo el trigo que llegaba al mercado, que en tiempos normales surtía de pan a la población urbana, provenía de los derechos señoriales, los arriendos y los diezmos que la nobleza y la Iglesia extraían en especie a quienes trabajaban la tierra.²⁹

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la creciente beligerancia de los municipios que desafiaban los derechos legales de los señores se tradujo en una serie de pleitos jurídicos que podían prolongarse por generaciones, como de hecho ocurrió, y tuvieron un costo considerable para los señores. Aunque por lo general los municipios y pueblos perdieron estos pleitos al final, la propiedad inmodificable se convirtió en un asunto importante para la nobleza. Durante la guerra contra Napoleón, fue en no menor medida este interés material el que mantuvo a la mayoría de los nobles (así como a otros aspirantes a terratenientes) alineada con los reformistas patriotas, que querían crear un mercado libre de tierras. Los nobles más conscientes estaban dispuestos a cambiar unos derechos señoriales constantemente cuestionados por una propiedad más rentable y menos problemática; y eso fue lo que consiguieron cuando, con ciertas condiciones, las Cortes de Cádiz convirtieron a los señores en terratenientes por completo.

Con muy raras excepciones, los grandes no invertían en nuevos métodos de cultivo para incrementar la productividad agrícola en sus propiedades. El dinero se destinaba a gastos suntuarios, en especial el mantenimiento de enormes cantidades de criados, o en el mejor de los casos (y si los duques de Medinaceli y del Infantado eran representativos) en la reorganización y centralización de la administración de sus propiedades para hacerlas más eficaces y garantizar que se beneficiarían del aumento progresivo de los precios agrícolas.³⁰

El progreso agrícola del reino de Castilla se vio bloqueado aún más por el uso por parte de la nobleza (la Iglesia tenía su propia variante, las manos muertas) del artificio legal del vínculo para impedir que sus tierras y propiedades fueran dilapidadas por herederos endeudados. El vínculo secular, el mayorazgo, era indivisible, inalienable, exento de asumir deudas, y solía ser herencia exclusiva del hijo mayor.³¹ Mucho más importante desde el punto de vista de la agricultura era que, legalmente, el vínculo no podía arrendarse por períodos prolongados, lo que hacía que el mejoramiento de la tierra careciera de interés para el arrendatario. Y dado que tampoco podía venderse, el mayorazgo resultó una institución especialmente mortificante en el cambio de siglo, una época hambrienta de tierra, y por lo general se lo criticaba por fomentar un pobre cultivo de las propiedades. Para Floridablanca, el reformista secretario de Estado, el vínculo era un «seminario de ociosidad».³²

Cada municipio tenía además grandes extensiones de tierras comunales que, de entrada, no podían venderse. Los cálculos sobre la cantidad total de la tierra inalienable van desde la mitad de todo el territorio español (del que sólo un 40 por 100 era cultivable) hasta un 60 por 100 de las tierras productivas.³³

Para terminar, es necesario señalar una última cuestión acerca de la tenencia de la tierra. La cuestión de quién poseía la tierra no siempre era tan relevante como la de quién la controlaba y se beneficiaba de ella. Una de las razones para ello era, una vez más, el solapamiento de derechos: la titulación de la tierra y su uso hereditario podían recaer en individuos distintos u órganos corporativos. En una amplia franja de la España septentrional que se extendía desde Galicia y partes de Castilla la Vieja, a través del País Vasco, Navarra y Aragón, y hasta partes de Cataluña, eran comunes diferentes formas de arrendamientos hereditarios, y el resultado de ello era que los arrendatarios se sentían «propietarios» de la tierra que trabajaban. Durante la guerra, la idea de estar protegiendo su propia «propiedad» fue un factor importante que fomentó la resistencia popular, y en especial las guerrillas.

EL EJÉRCITO: DOMINIO DE LOS NOBLES

[El ejército tiene] un cuerpo de oficiales generales sobrado para mandar todos los ejércitos del mundo; y que si a proporción tuviera soldados, pudiera conquistar todas las regiones del Universo; una multitud de regimientos, que aunque faltos de gente, están aguerridos en las fatigas militares de rizarse el cabello, blanquear con harina el uniforme, arreglar los pasos al compás de las contradanzas; gastar pólvora en salvas en las praderas, y servir a la opresión de sus mismos conciudadanos (León de Arroyal, Oración apologética en defensa del estado floreciente de España, 1793, papel conocido como Pan y toros).³⁴

Arroyal, el crítico más acerbo del Antiguo Régimen español en la última década del siglo XVIII, se queda corto en su ironía: la situación del ejército era aún más crítica de lo que advertía. Muchos de sus defectos eran el resultado de decisiones sociales y políticas que, no habiendo sido corregidas, siguieron lastrándolo al comienzo de la guerra contra Napoleón. El ejército (junto con la armada) absorbía el 70 por 100 del presupuesto real,³⁵ y una de las funestas medidas de los primeros Borbones fue convertir el cuerpo de oficiales en dominio de los nobles, cuyo apoyo necesitaban; de esta forma, se devolvió a la nobleza su estatus feudal original como «espada» del reino. Este proceso se intensificó a tal punto durante la última parte del siglo XVIII que el cuerpo se convirtió en «una institución de exclusivo carácter nobiliario, cerrada sobre sí misma, e infranqueable para todo aquel individuo ajeno al estamento noble», una típica pirámide social feudal: en la base, la soldadesca, formada por los plebeyos más inferiores; un estrato medio de oficiales hidalgos; y una cima de nobles con título que dominaban las principales posiciones de mando.³⁶

Dado que el estatus social contaba más que el profesionalismo y el valor personal y que los ascensos se otorgaban por antigüedad y, normalmente, con lentitud, la edad media del cuerpo de oficiales era alta: sesenta y un años para los coroneles, cincuenta y nueve para los capitanes y cincuenta y ocho para los tenientes.³⁷ Éstos no eran precisamente oficiales innovadores; y con apenas unas cuantas excepciones destacadas, no estaban bien adiestrados en el arte de la guerra.

La segunda innovación borbónica fue convertir a los oficiales en funcionarios políticos todopoderosos, la autoridad civil y militar suprema de las regiones y provincias. Casi de forma inevitable, los niveles más altos del cuerpo de oficiales fueron «politizándose» a medida que las distintas facciones de la corte los reclutaban para que las respaldaran en sus luchas de poder. Como los ascensos eran la forma usual de recompensar ese respaldo, el ejército terminó teniendo un exceso de altos mandos: uno por cada veinte hombres, el doble que el ejército prusiano. (Sólo la Francia prerrevolucionaria superaba esta proporción con un oficial por cada dieciséis hombres.)³⁸ En los cuatro años transcurridos desde el comienzo de la guerra de España contra la Revolución Francesa (1793-1795), Manuel Godoy, el ministro favorito de la corona, aumentó el número de generales en casi un 60 por 100, uno por cada doscientos noventa de los demás rangos o dos generales por batallón de infantería.³⁹

Los reformistas de finales del siglo XVIII, más preocupados por el estado del tesoro que por el estamento militar, cuyo poder político habían terminado además temiendo, agravaron los problemas. No habían planeado un ejército para combatir en la España peninsular. El principal enemigo, Gran Bretaña, era una potencia naval, no terrestre; la vecina Francia, con su gran ejército, era un aliado; Portugal no constituía ninguna amenaza militar. La función del ejército regular español era, se pensaba, defender las colonias in situ o apoyar a la armada, que era la prioridad número uno. Los treinta mil efectivos de las milicias se consideraban suficientes para la defensa de la España metropolitana.⁴⁰

Dotar de efectivos un ejército permanente al menor costo para el tesoro era otro problema. Los voluntarios y las levas periódicas de vagabundos, mendigos y similares, a los que se capturaba en las principales ciudades y se condenaba a prestar servicio, se revelaron insuficientes. El servicio militar obligatorio para uno de cada cinco varones aptos, decretado en 1770, era en extremo impopular y, por lo general, no consiguió elevar el estándar de los reclutas, pues quienes corrían el riesgo de ser seleccionados al azar se «ausentaban» de sus pueblos o, en caso de ser elegidos, podían pagar para que otro prestara servicio en su lugar; en cualquier caso, eran los campesinos más pobres y menos aptos a los que terminaba reclutándose. La escasez de efectivos era constante.⁴¹ Como era de esperar, la proporción de militares respecto de la población civil estaba por debajo de la media europea y era significativamente menor que la de Prusia, Austria e incluso Rusia.⁴²

La vida de un soldado era dura en extremo: sometido a una disciplina severa, mal pagado (cuando se le pagaba), siempre hambriento debido a lo exiguo de las raciones, vestido con uniformes andrajosos que se deshacían antes del tiempo asignado; a nadie extrañaba que, como escribió un inspector de infantería a comienzos de 1802, muchos reclutas desertaran,⁴³ o cometieran delitos o actos de indisciplina «por la premeditada idea de creer mejorada su suerte en un Presidio».⁴⁴

Al intentar mantener un ejército permanente más grande de lo que los recursos económicos de España podían equipar y sostener de forma adecuada, la calidad de las fuerzas armadas decayó gravemente en el último cuarto del siglo XVIII.⁴⁵ Más allá del bajo nivel de formación técnica de los oficiales y los problemas de reclutamiento estaba la profunda contradicción de un ejército profesional cuya cadena de mando se organizaba de acuerdo con criterios sociales feudales sin relación alguna con las funciones que debía cumplir.⁴⁶

Un efecto secundario, pero muy importante, de la política militar ilustrada, con sus énfasis en las colonias y la armada, por un lado, y la reducción de costes, por otro, fue la reducción del papel de la caballería: sólo se valoraban los dragones, a los que en España todavía se consideraba infantería montada y, por ende, con capacidad para luchar a pie.⁴⁷ Los patriotas españoles fueron a la guerra contra Napoleón con una caballería en extremo insuficiente; carecían en especial del tipo de caballería ligera que Napoleón solía emplear como avanzada de sus ejércitos, y la falta de una caballería pesada bien adiestrada en más de una ocasión convirtió su desventaja en derrotas asombrosas a manos de los generales de Napoleón.

En tiempos de guerra, no había un estado mayor que planeara las campañas, pese a que éste ya existía en Francia desde 1763;⁴⁸ y el ejército no contaba con transportes de material propios sino que tenía que alquilar (o requisar) a la población civil las mulas, carretas y conductores que necesitaba (y siempre que los encontrara, pues todos eran escasos). En resumen, antes de que una unidad del ejército pudiera moverse se necesitaba un tiempo considerable para resolver problemas administrativos y logísticos.

La guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria reveló estos defectos. La derrota del ejército, su humillación, causó una crisis de identidad entre los oficiales que, por un lado, admiraban al ejército francés, en el que algunos se habían entrenado y junto al que otros había luchado como aliados, y, por otro, odiaban con intensidad los ideales revolucionarios que ahora lo inspiraban. La visión del mundo que daban por sentada dio un vuelco: los aliados del pasado, los franceses, eran los enemigos actuales; y el antiguo enemigo, Gran Bretaña, era ahora un aliado.⁴⁹ En 1808 tuvieron que volver a enfrentarse a esos cambios fundamentales y desorientadores. Dada esta situación, el cuerpo de oficiales español en general «atravesó el ciclo de las guerras napoleónicas sin acertar a inscribirse ni en la nueva estrategia de masas ni en la táctica guerrillera. [Estaba] preparado para unos supuestos muy diferentes de los que de hecho hubo de vivir».⁵⁰

Con una oficialidad semejante, difícilmente sorprende que tantísimos de los nuevos reclutas que con entusiasmo se alistaron para luchar contra Napoleón desertaran u optaran por combatir por su cuenta como guerrilleros.

LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y LA LIBERALIZACIÓN

Resueltos a reformar España y devolverla a una posición de poder en el mundo, los Borbones necesitaban fortalecer el estado y defender su imperio colonial. Con este fin, nombraron a burócratas ilustrados que intentaron poner en práctica en el gobierno las lecciones de la «razón» aprendidas de Francia y otros lugares. Fue así como, desde mediados de siglo, muchas de las principales figuras de la Ilustración española ocuparon altos cargos como funcionarios del estado.⁵¹ Las preguntas que plantearon acerca de la mejor forma de desarrollar el país y sobre los derechos del individuo continuaron resonando a lo largo de toda la era napoleónica.

Una de las cuestiones que se plantearon estos reformadores sigue siendo familiar en la actualidad. ¿Hasta qué punto debe el estado regular las vidas y actividades de sus súbditos para favorecer su «felicidad» (o su bienestar) y el progreso económico del país? En las décadas de 1760 y 1770, los primeros reformistas de Carlos III, representados por Campomanes, el fiscal del Consejo de Castilla, no tenían dudas al respecto: creían que podían (de hecho, que debían) usar la monarquía absoluta para reformar el estado absolutista sin socavar sus bases. Una serie de reformas graduales se pusieron en práctica para liberar a España de «estorbos» para el progreso. Con todo, el pensamiento que las inspiraba favorecía más el «productivismo» estatal que una apertura generalizada a la «libre empresa». La cuestión era usar ciertos mecanismos del mercado para beneficio del estado y, lo que era importantísimo, del tesoro. No obstante, las reformas no surtieron el efecto deseado.⁵²

En un lapso de veinte años, la estrategia inicial fue cuestionada radicalmente por algunos de los miembros de la segunda «generación» de pensadores ilustrados, en particular, y de forma destacada, por Gaspar Melchor de Jovellanos. Bajo la influencia de Locke y Adam Smith, entre otros, Jovellanos creía que «el primer objeto de las leyes sociales» debía ser siempre «proteger el interés individual», pues éste era el estímulo del progreso y la fuente de la riqueza nacional. Al negar los intereses particulares y confiar en leyes y regulaciones, los reformistas anteriores habían puesto el arado delante de los bueyes. Todo ciudadano debía ser «independiente y libre en sus acciones, en cuanto éstas no desdigan de la ley» y, de la misma forma, «será igual a los ojos de la ley y tendrá igual derecho a gozar de la sombra de su protección».⁵³ Llevar estas ideas a sus conclusiones lógicas se convertiría en uno de los objetivos ideológicos de los progresistas durante la guerra. Sin embargo, Jovellanos, un admirador de la monarquía constitucional inglesa, mezcló reforma y tradicionalismo monárquico;⁵⁴ y es posible sostener que, con esa mezcla, representó mejor el sentimiento del pueblo durante la guerra que la tercera generación de ilustrados, cuyos progresistas creían en una ruptura política con el pasado, pues, desde su punto de vista, el absolutismo era el mayor obstáculo para el avance de España.

Esta última generación llegó a la mayoría de edad política con la Revolución Francesa y la entronización de Carlos IV en España; «almas inquietas» como el poeta Manuel Quintana y el clérigo librepensador José Marchena (que más tarde se enfrentarían entre sí como tempranos «ideólogos» en uno y otro bando de la guerra napoleónica) debían mucho a sus predecesores inmediatos. Como hijo de la Ilustración, Quintana era perfectamente consciente de su deuda con los grandes pensadores franceses. Pero, como muchos otros, se negaba a abrazar a Francia en razón de ello: España tenía su propio gran pasado que, en cuestiones políticas y civiles, reafirmaría «el lugar que la naturaleza ha asignado a nuestro carácter y circunstancias».

Quintana, y otros miembros de su generación, adoptaron el compromiso social de la producción literaria de sus mayores y radicalizaron su pensamiento: desde su punto de vista, el país estaba subyugado por un ministro «despótico», partidario del absolutismo, el favorito de la corona Godoy, que había reducido la patria a un «simulacro yerto»;⁵⁵ asimismo, tradujeron la liberalización económica de sus mayores en libertad, tanto nacional como individual, de la opresión «tiránica»; y se impusieron la tarea literaria de despertar a la población educada.⁵⁶

Los progresistas creían que «la libertad del pueblo, el bien de la patria, es la primera ley».⁵⁷ Pero también que era el pueblo mismo el que debía poner en práctica y cumplir esa ley, la única garantía de que la «voluntad general» prevalecería. Creían que España necesitaba una constitución que garantizara las libertades individuales (en particular la libertad de la censura de la Inquisición) y pusiera fin al uso arbitrario del poder por parte del estado absolutista. La «voluntad general» halló su conclusión definitiva durante la guerra en la adopción de la soberanía nacional por parte de los primeros liberales de la era política moderna.

PLEBEYOS RICOS

Los comerciantes mayoristas, que eran apenas poco más de seis mil, una cantidad minúscula en comparación con sus equivalentes contemporáneos en Gran Bretaña o Francia, estaban entre los plebeyos más ricos; y, junto a los de Madrid, los grandes comerciantes coloniales de los puertos del Atlántico y el Mediterráneo eran los más ricos de todos. Antes de las guerras napoleónicas, el monopolio español del comercio con las colonias había sido enormemente rentable; y estos comerciantes no tenían cuestionamientos serios contra el Antiguo Régimen. El grupo más grande de ellos se encontraba en Cádiz, donde el 10 por 100 más rico tenía fortunas de más de quince millones de reales.⁵⁸ Los comerciantes madrileños eran probablemente los segundos más ricos del país, aunque allí sólo el 5 por 100 poseía activos por más de diez millones de reales.⁵⁹ No obstante, muchos comerciantes más pequeños, como los de Valencia, habían conseguido acumular fortunas de setecientos mil reales (una cifra que un jornalero del sector de la construcción sólo habría podido ganar trabajando trescientos cincuenta años de forma ininterrumpida y sin gastar un real) en poco más de una generación, y en algunos casos con apenas algún capital inicial.⁶⁰

Los comerciantes más ricos de Cádiz y Sevilla no estaban interesados en invertir en empresas manufactureras. La «atonía» con la que usaban su capital señalaba «una mentalidad de cortos vuelos, bajo nivel de inquietudes y débil dinamismo social. No parecen encontrarse en el sector comercial analizado los revolucionarios burgueses de otros ámbitos».⁶¹ Fueran conscientes de ello o no (y todo indica que no lo eran), su negativa a invertir en empresas industriales era una defensa del Antiguo Régimen, pues eludía el riesgo de crear nuevas fuerzas sociales productivas que podían entrar en contradicción con el orden existente.⁶² Y así, una vez habían hecho fortuna, tendían a solicitar al rey que los ennobleciera: la riqueza conseguida mediante el propio esfuerzo era insuficiente. Los comerciantes compartían los supuestos del resto de la sociedad: el ennoblecimiento significaba estatus social.⁶³

El dominio del comercio colonial favoreció a las regiones marítimas, lo que produjo, con excepción de Madrid, un desarrollo desigual en relación con el interior. Sin embargo, este desequilibrio adquirió una importancia estratégica durante la guerra: hasta que los franceses redujeron con lentitud la mayoría de los puertos, el capital de los comerciantes ayudó a mantener a flote la resistencia armada y, aunque protestaran con frecuencia por las sumas de dinero que las autoridades patriotas les exigían, respaldaron el esfuerzo bélico con la esperanza de que el conflicto terminara pronto y pudieran reanudar sus actividades comerciales con las colonias. Además eran conscientes de que una victoria bonapartista acabaría con el control monopolístico del comercio, que quedaría abierto a las casas rivales francesas. Su objetivo, por tanto, era la estabilidad política, la paz y unas buenas condiciones comerciales en una España reformada e independiente de alianzas que inevitablemente conducían a la guerra. En Cádiz, asediada pero nunca conquistada, los comerciantes no sólo dirigieron las finanzas del gobierno patriota sino que aprovecharon su riqueza para obtener influencia política durante la larga estancia del gobierno en la ciudad.

A comienzos de siglo, en Cataluña, Valencia y el País Vasco, algunos comerciantes habían dado pasos hacia una protoindustrialización y organizado sistemas basados en la producción externa por encargo. La producción de seda en Valencia, hierro en Vizcaya y lana en Cataluña estaba organizada de este modo. Pero la introducción del algodón abrió nuevos mercados domésticos al reemplazar los tejidos de lana, que eran más costosos, en especial para los campesinos que en la segunda parte del siglo estaban teniendo que gastar una mayor parte de sus ya exiguos ingresos en alimentos; y fueron los comerciantes catalanes los que supieron aprovechar la demanda, poniendo a Cataluña en el camino de la industrialización.⁶⁴ Para finales del siglo XVIII, es posible que las tres mil fábricas de algodón catalanas emplearan hasta cien mil trabajadores.⁶⁵ De particular importancia social fue el hecho de que las mujeres, y los niños, se convirtieron en trabajadores industriales junto a los hombres. El derecho de las mujeres a trabajar como hilanderas y en todos los demás oficios compatibles con «el decoro y la fuerza física de su sexo» se reconoció y extendió a toda España en 1784.

PLEBEYOS POBRES: LAS CLASES TRABAJADORAS URBANAS

Tres cuartas partes de las clases bajas urbanas eran pobres, y en tiempos de crisis económica o agrícola, la pobreza (cuando no la indigencia absoluta) se extendía a la mitad de la población española.⁶⁶ Desde mediados de la década de 1780, los salarios o ingresos de los trabajadores urbanos quedaron muy por detrás de la inflación: entre 1786 y 1800 la paga de unos trabajadores de la construcción madrileños aumentó aproximadamente en una quinta parte; mientras que, en el mismo período, el precio del pan, el ingrediente básico de la dieta de las clases pobres, se multiplicó por más de dos. A finales de siglo el jornalero soltero a duras penas podía mantenerse por encima del nivel de la pobreza absoluta; y todavía más perjudicados resultaron los trabajadores casados con dos hijos.⁶⁷ El único lugar en el que los salarios aumentaron aproximadamente al ritmo de la inflación fue en Barcelona, donde el crecimiento de la manufactura del algodón superó el de la población.

Los pobres vivían hacinados en barrios dentro de las viejas murallas de las ciudades. El hecho de que la población urbana se duplicara como consecuencia de la afluencia de trabajadores del campo desposeídos, y nuevos proletarios en el caso de Barcelona, no se tradujo en un incremento de viviendas en los centros urbanos: sencillamente el doble de personas vivían ahora apretadas en las mismas viviendas que había a principios de siglo. En Madrid, treinta y tres personas vivían en cada casa por término medio, una cifra más elevada que la de París después de las guerras napoleónicas. La mayoría de los pobres se alojaban en calles estrechas y apestosas a las que no llegaba la luz del sol, en una única habitación del sótano o el ático, mal ventilada e iluminada, sin servicios sanitarios, calefacción u hogares. Se cocinaba en un rincón, sobre una hoguera construida encima de ladrillos, y el humo llenaba la habitación en la que toda la familia dormía; en los sótanos las aguas residuales a menudo corrían por el suelo, lo que creaba una atmósfera de una fetidez insoportable. Los desperdicios, orines y excrementos se arrojaban a la calle.⁶⁸ Madrid tenía fama de ser una de las capitales más sucias de Europa.

ARTESANOS, OFICIALES Y APRENDICES

Entre los trabajadores pobres, el peso específico de los voluntarios y reclutas artesanos a comienzos de la guerra guardaba cierta similitud con la importancia que tuvieron en las revoluciones estadounidense y francesa. Sin embargo, en el Antiguo Régimen español, se los trataba como parias, al igual que a todos los trabajadores manuales. Debido a la convicción desmedida que tenían los españoles de que el trabajo manual, con excepción del realizado en el campo, era una condición humana degradada y degradante (una creencia tan omnipresente que la compartía incluso la mayoría de los trabajadores manuales urbanos), los artesanos adoptaron una serie de estratagemas para aliviar su denigrante situación.

En su origen, el desprecio social de los oficios «deshonrosos» no tenía nada peculiarmente español: era un fenómeno común a la mayoría de la Europa medieval. La singularidad española residía en que esta resaca feudal continuaba siendo muy intensa a finales del siglo XVIII. Dado que sus privilegios y rentas provenían de la tierra, la nobleza no podía permitirse «deshonrar» el trabajo de los campesinos: al trabajador rural se le mantenía en su lugar aceptando su condición de «paleto». Pero para garantizar que los trabajadores manuales de los centros urbanos se mantuvieran en «su» lugar, la cultura dominante optó sencillamente por invalidar sus ocupaciones en una cadena de exclusividades despectivas que recorría toda la sociedad.

Este prejuicio estaba tan arraigado que en 1783 los reformistas ilustrados del gobierno se vieron en la necesidad de derogar todas las leyes y medidas relativas a los oficios «innobles». (Se hizo una excepción para los toreros profesionales y los verdugos pues estas ocupaciones implicaban una «corrupción del corazón».)⁶⁹ Pero se necesitaba más que un decreto para cambiar las actitudes sociales.

Los artesanos aceptaban su invalidación como una parte del orden natural, dentro del cual se esforzaban por ascender un poco en honor, dignidad y estimación pública. La mayoría de los maestros de Madrid, por ejemplo, poseían espadas ceremoniales de plata y vestían levitas y chalecos de estilo militar cuando aparecían en público. Un maestro tenía un uniforme militar completo (pero inventado). Para que se lo respetara, el estatus tenía que ser visible en público: de ahí la importancia de los símbolos externos. Un viajero francés señaló a comienzos de la década de 1770 que no era inusual ver a «un sencillo obrero cincuentón que lleva un traje de tafetán rosa o azul celeste».⁷⁰

Pero esta imitación del vestido de sus «mejores» no era nada en comparación con el remedo por parte de los artesanos de la exclusividad de la cultura noble. Privados de respeto social, los artesanos excluían a su vez a aquellos que, en su opinión, «deshonraban» su oficio. En los siglos XVI y XVII, las regulaciones de los gremios prohibían principalmente la participación de las «malas razas»: negros, mulatos, moros, gitanos y judíos. Pero en el siglo XVIII, los gremios impusieron a sus miembros la exigencia de demostrar su «limpieza de sangre». Esto implicaba presentar pruebas legalmente aceptables de que sus antepasados recientes no habían sido judíos o musulmanes conversos al catolicismo, un requisito que imitaba los exigidos para acceder a los primeros niveles de la nobleza.

Carecer de honor era carecer de estatus; y carecer de estatus era carecer de posición social. La diferenciación individual tenía escasa importancia: como vasallo de Su Majestad, el individuo no era el origen de la sociedad civil, no tenía iguales derechos y deberes, y la noción de conciencia subjetiva, que el romanticismo español sólo desarrollaría plenamente a partir de mediado el siglo XIX, tenía poco valor. El artesano individual tenía un lugar en la sociedad sólo como miembro de una corporación o gremio reconocido socialmente y dotado de ciertos privilegios (menores) aceptados por la tradición, como un lugar en las ceremonias públicas y las procesiones religiosas, la mitad de las veces en competencia con otros oficios. Si el gremio era incapaz de conseguir un reconocimiento semejante, la exclusión social se convertía en un temor real para sus miembros. Un buen número de las disputas por cuestiones de estatus terminaba en los tribunales. Un herrador, por ejemplo, entabló un pleito contra un sastre para impedir que el hijo de este último se casara con su nieta, pues el oficio del sastre era inferior al suyo.⁷¹

Los artesanos veían en la multiplicación de los gremios una forma de protegerse de la denigración social. A través de ellos, los maestros regulaban la producción, calidad y venta directa al público; el hecho de que hubiera zapateros pero no zapaterías ilustra su control del consumo. Una de las ventajas menos obvias de los gremios fue que lograron garantizar que los diferenciales de renta de sus miembros se mantuvieran en niveles tolerables. Sus ingresos podían ser bajos, y rara vez eran suficientes para crear un ahorro significativo, pero los gremios garantizaban que si bien ningún individuo podía hacerse particularmente rico, «pocos pudieron sumirse en la pobreza sin remisión social».⁷² Y los artesanos españoles no olvidaban que además de la Revolución Francesa, muchos otros países habían abolido los gremios.⁷³

El empobrecimiento igualitario (el estándar impuesto por los gremios) impedía la acumulación de capital y las inversiones en avances tecnológicos que los maestros hubieran podido contemplar (por lo general no lo hacían). Además, la Iglesia se oponía de forma resuelta a la búsqueda del éxito económico, algo que consideraba «soberbia» y contrario a la caridad cristiana, pues distanciaba al alma de Dios para ponerla al servicio de bienes mundanos transitorios.

A pesar de estas medidas defensivas, en los sectores más dinámicos, como las manufacturas de seda y algodón, una gran cantidad de maestros ya se habían proletarizado y trabajaban como asalariados para otros maestros o para los comerciantes. Y la mayoría de los que no lo habían hecho trabajaba sola, sin oficiales ni aprendices, por lo que tampoco estaban en condiciones de aumentar su producción más allá de un nivel elemental.⁷⁴

En el país, los textiles, el calzado y la sastrería ocupaban a cerca de la mitad de todos los artesanos. Su debilidad productiva, ya patente antes de la guerra, resultó doblemente evidente desde el estallido del conflicto, cuando el gran número de artesanos que se alistaron como voluntarios dejó a los restantes sin medios para proporcionar a los ejércitos españoles uniformes y zapatos en cantidades suficientes. Los oficiales al mando informaban constantemente de que los soldados patriotas iban descalzos y harapientos.

La familia, la sede de la producción y la reproducción, era la piedra angular del maestro. Como recordaba muchos años después José Coroleu, el hijo de un artesano de Barcelona:

Era una sociedad sencilla, laboriosa, frugal, apegada a sus tradiciones con verdadero fanatismo y habituada a considerar la familia como una tribu cuyo patriarca era venerado sin que nadie advirtiese sus defectos y obedecido sin que nadie discutiese sus mandatos ... No recuerdo que jamás me haya reprendido mi padre con aspereza, y, sin embargo, yo le temblaba.⁷⁵

Si los artesanos de Madrid eran alguna guía (y no hay razón para suponer que no lo fueran), los artesanos urbanos tenían más probabilidades de estar alfabetizados que los campesinos. En el nivel más bajo de los gremios, la mitad de los miembros madrileños podía escribir su nombre, y en la mayoría de los gremios de la capital el porcentaje ascendía desde el 60 por 100 hasta, incluso, el 90 por 100. Pero esta alfabetización (si de verdad podían hacer algo más que firmar), era consecuencia de las necesidades de su ocupación más que de un deseo de educarse.⁷⁶ Los artesanos poseían pocos libros y, en su mayoría, los que se han identificado eran obras de carácter religioso. Exhibiendo la misma veneración por los santos que los campesinos, era usual que poseyeran una o más imágenes, grabados baratos o estatuas de santos en sus tiendas y hogares. La costumbre de enterrarse con los hábitos de una orden religiosa era tan común entre ellos como entre los campesinos.⁷⁷

La situación de los aprendices y los oficiales, normalmente muy diferente de la de los maestros, era peor. «Ningún novicio en la religión más austera y penitente se puede comparar con su rigor», escribió el famoso dramaturgo Nicolás Fernández de Moratín en un informe de 1777.⁷⁸ Los maestros no se preocupaban por la limpieza de sus aprendices, les daban sólo un saco viejo para dormir en un rincón del taller y con frecuencia «no les enseñan nada, sino lo que ellos aprenden de ver»; además se negaban a darles un sitio en su mesa y les daban palizas. Uno de los forajidos más famosos del período, Francisco Esteban, prefirió convertirse en asaltante de caminos antes que seguir aguantando los golpes de su maestro.⁷⁹

Resulta significativo que las complejas ordenanzas de los gremios rara vez se refieran a las condiciones de trabajo de los aprendices y los oficiales. Se permitía a los maestros usar a los aprendices como mano de obra barata hasta por diez años (incluso a pesar de que el período de aprendizaje formalmente sólo duraba de cuatro a seis años), pues los gremios establecían que la edad mínima para completar el aprendizaje era de veinte años; y que se les pagara con alojamiento, comida y vestido. Y a menos que fuera hijo de un maestro, era improbable que el aprendiz pudiera llegar a algo más que oficial.

El número acentuadamente bajo de estos últimos tuvo un efecto significativo. Los gremios españoles carecían de la acusada diferencia y rivalidad entre maestro y trabajador que distinguía a los franceses; las asociaciones clandestinas y las huelgas de oficiales eran algo desconocido en España. Pero ellos y los aprendices eran grupos imprevisibles, y probablemente se involucraron más que los maestros en los disturbios callejeros y levantamientos contra los franceses de 1808.

CAMPESINOS: VIDA Y SUSTENTO

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la existencia de los campesinos se tornó mucho más severa de lo que había sido en la primera, un período de relativa prosperidad. Para la época en que Carlos IV llegó al trono en 1789, casi todos los campesinos que en su adolescencia habían sobrevivido a la difteria, la escarlatina y, probablemente, la viruela para alcanzar a cumplir los veinticinco años habrían para entonces sobrevivido también a dos crisis de subsistencia; ocho años de precios del pan elevados; dos años de una crisis de mortalidad infantil, que en algunas regiones estuvo acompañada por hambrunas; y una epidemia de malaria (17861787) que sólo en 1786 había afectado a ochocientas setenta y cinco mil personas, de las que setenta y siete mil murieron. Y ése, además, fue un mal año para las cosechas.⁸⁰

Francisco Cabarrús, un financiero notable, vio a los campesinos muriéndose de hambre y malaria en La Mancha.

He visto entonces centenares de sus infelices moradores en el instante inmediato a las cosechas correr de lugar en lugar ... el padre y la madre cubiertos de andrajos, lívidos, con todos los síntomas de la miseria, de la enfermedad y de la muerte, y los hijos enteramente desnudos y extenuados. Muchos conseguían venir a morir en los hospitales; otros expiraban en el camino. Y me parece que estoy viendo todavía uno de estos infelices muerto al pie de un árbol, inmediato a la casa en que me hallaba. La fuerza de la enfermedad y del hambre había acallado en la madre y los hijos los gritos de la sangre: rodeaban el cadáver yerto de su marido y padre sin lágrimas y sin ninguna de aquellas expresiones dolorosas que alivian el propio sentimiento; su actitud, su silencio anunciaban la calma horrible de la desesperación.⁸¹

La muerte siempre era inminente: tanto para los campesinos como para las clases bajas urbanas. La esperanza de vida al nacer para todos los españoles era apenas de 26,8 años (27,3 para los varones y 26,3 para las mujeres), dos años menos que en Francia y casi diez años menos que en Inglaterra,⁸² y aunque las posibilidades de vivir más tiempo aumentaban después de la adolescencia, también se reducían después de los cuarenta; un trabajador rural que llegara a los cincuenta años podía considerarse viejo.⁸³ Los padres de las zonas rurales (y los de los centros urbanos) podían esperar que la mitad de sus hijos murieran antes de cumplir los quince años. La mortalidad infantil explicaba cerca de un 50 por 100 de todas las muertes.⁸⁴

La pobreza y la desnutrición, si no el hambre pura, eran en gran medida los responsables de que los campesinos sucumbieran a las enfermedades letales. En la segunda mitad del siglo, el número de minifundistas y pequeños arrendatarios que se vieron obligados a dejar sus tierras aumentó de forma marcada (Castilla la Vieja perdió cerca de un tercio de sus pequeños productores; Castilla la Nueva, un quinto) y la cantidad de jornaleros sin tierra y la pobreza creció en consecuencia.⁸⁵ Para el cambio de siglo poco menos de la mitad de los casi un millón setecientos mil españoles que vivían trabajando la tierra eran jornaleros sin tierra; un 30 por 100 más eran arrendatarios y un 20 por 100, propietarios (muchos de los cuales eran minifundistas que, sin duda, a duras penas ganaban para sustentarse).

Aunque aproximadamente un tercio de todos los campesinos no tenían más de veinticinco años, la juventud, por razones comprensibles, no era precisamente una época alegre. En la mayoría de las poblaciones rurales, incluso en los días de fiesta importantes, reinaba en las calles «un triste silencio», según observó Jovellanos:

Si algunas personas salen de sus casas, no parece sino que el tedio y la ociosidad las echan de ellas, y las arrastran al ejido, al humilladero, a la plaza o al pórtico de la iglesia, donde embozados en sus capas, o al arrimo de alguna esquina, o sentados, o vagando acá y acullá, sin objeto ni propósito determinado, pasan tristemente las horas y las tardes enteras sin espaciarse ni divertirse. Y si a esto se añade la aridez e inmundicia de los lugares, la pobreza y desaliño de sus vecinos, el aire triste y silencioso, la pereza y falta de unión y movimiento que se nota en todas partes, ¿quién será el que no se sorprenda y entristezca a vista de tan raro fenómeno?⁸⁶

Este «triste silencio» no era otra cosa que un anticipo de «la calma horrible de la desesperación» que podía, en cualquier momento, abatir al campesino.

La mayoría de las familias campesinas tenía no más de dos o tres hijos.⁸⁷ Aunque la esterilidad por lo general sólo afectaba al 10 por 100 de las parejas casadas, muchas familias pobres no podían sostener más hijos; como en la Inglaterra de la época, el infanticidio no era infrecuente.⁸⁸ Y tampoco los hijos ilegítimos, que eran entre un 7 y un 10 por 100 de todos los nacimientos rurales, si bien la proporción parece haberse reducido en la década de 1790.⁸⁹ Los campesinos trabajaban muchas horas pero pocos días. Esto quiere decir que trabajaban de sol a sol cuando trabajaban, pero que las fiestas religiosas interrumpían con frecuencia el año laboral. El no trabajar (la «ociosidad» a ojos de los ilustrados) era consustancial a la vida de los campesinos; trabajaban sólo porque tenían que hacerlo.⁹⁰ «Trabajar era ser pobre.» Este hecho tenía expresión en el lenguaje mismo. Los trabajadores se llamaban a sí mismos «pobres» no sólo por su pobreza económica, sino porque la pobreza y el trabajo eran considerados una y la misma cosa: se trabajaba por necesidad, no por alguna otra razón.⁹¹

Este período también fue testigo del auge de un nuevo tipo de gran labrador, en ocasiones un campesino nuevo rico, pero con más frecuencia un forastero acaudalado, con los medios para arrendar grandes haciendas en bloque a los terratenientes nobles o la Iglesia. Mediante el subarriendo de las peores tierras a pequeños campesinos, estos nuevos agricultores pudieron a menudo explotar las mejores tierras de la hacienda casi sin tener que pagar por ello. Sin embargo, estos nuevos arrendatarios (comerciantes de grano, contratistas del gobierno, abogados o, incluso, los mismos administradores de los nobles) no hicieron una revolución agrícola; en lugar de ello, lo que intentaron hacer fue obtener beneficios dentro del sistema existente. Cuando convenía a sus fines, podían hacer causa común con los campesinos contra un señor noble o eclesiástico, cuyos «antiguos» derechos y prerrogativas oprimían a los aldeanos y esquilmaban una porción de los beneficios de los grandes arrendatarios. Pero, en general, los intereses de los nuevos agricultores y los de los campesinos estaban en contravía. Los primeros querían comprar tierra y explotarla; eran partidarios de una liberalización que pusiera en el mercado la tierra de los vínculos, esa tierra que entonces estaba en las «manos muertas» de la Iglesia y los nobles. Los campesinos, en cambio, aunque en ocasiones manifestaran su rabia por el hecho de que la Iglesia y la nobleza no destinaran sus tierras a un mejor uso, eran muy conscientes de que las medidas liberalizadoras no les reportarían ningún beneficio: el resultado de las medidas gubernamentales que abolieron el control de los precios con el fin de estimular el desarrollo del sector agrario habían sido unos precios del pan más altos, unos contratos de arrendamiento más caros y unos jornales más bajos.⁹² Aunque los campesinos no cuestionaran en particular el sistema de tenencia de la tierra, sí podían lamentar, e incluso resentir, el hecho de no poseer la tierra que trabajaban, pero no por ello sostenían que debiera ser suya. Poseer la tierra no necesariamente les garantizaría un sustento. Un campesino vivía mejor o peor dependiendo de la extensión de la tierra que podía trabajar estando seguro de su permanencia en ella.

«Apáticos», «ignorantes», «conservadores», «supersticiosos»... Éstos eran los estereotipos que la cultura hegemónica imponía habitualmente a los campesinos; pero en la práctica se desmentían de muchas formas. Semejantes etiquetas son incapaces de explicar, por ejemplo, la cantidad enorme de quejas y peticiones legales que los campesinos presentaron a una u otra autoridad acerca del aumento de los arriendos; los desahucios; las pretensiones de los nobles y los grandes arrendatarios sobre las tierras comunales de los pueblos; los comerciantes de grano que aumentaron los precios tres y cuatro veces tras la liberalización de los precios; las críticas a la Iglesia como gran terrateniente (dos pequeños pueblos en Burgos y León se negaron a pagar cualquier dinero o alquiler que recordara a los campesinos su «condición miserable de esclavos de la Iglesia»).⁹³ Muchos otros negaron derechos «medievales» a la nobleza, incluso a pesar de que las cantidades eran irrisorias; y, con más seriedad, empezaron a incumplir el pago de los diezmos.⁹⁴

Dadas las nuevas condiciones a las que debían hacer frente, lo que caracterizaba a los campesinos no era la «apatía» sino el exceso de paciencia. Su fe en que al final se haría justicia casi siempre se vio decepcionada; de cuando en cuando, se les arrojaban unas cuantas migajas, pero poco más, en especial cuando su adversario era un terrateniente de la nobleza. Como anotó un escribiente granadino, «los poderosos siempre ganan en los pleitos por desahucio».⁹⁵

Pero, además, era una paciencia teñida de miedo: miedo al fracaso de la cosecha y el hambre; miedo a perder su contrato de arrendamiento por falta de un par de bueyes o mulas, un arado o semillas; miedo a ser desahuciado. Como explicaba un pequeño arrendatario de Salamanca, el miedo era una de las causas de la baja producción agrícola:

la infelicidad y el miedo que el trabajador siente al saber que transcurridos los cuatro años del contrato su trabajo empleado en abonar y limpiar la tierra iba a encarecer el nuevo contrato al que sólo un poderoso u otro labrador acomodado podía tener acceso.⁹⁶

También tenían miedo de la Iglesia, que como gran terrateniente, podía dar o negar a los campesinos tierras para arrendar; que desde el púlpito podía amenazarlos con el fuego eterno del infierno; y que, en caso de que ello resultara insuficiente, podía condenarlos (a través de la Inquisición) por desviarse de la ortodoxia religiosa... Y temían igualmente a muchas otras cosas, naturales y sobrenaturales: las tormentas eléctricas, las serpientes, la sangre menstrual, los fantasmas...

De la cuna a la tumba, los campesinos vivían en un mundo permeado por la Iglesia: el bautismo les aseguraba la vida eterna; el nombre que recibían, extraído del santoral, les proporcionaba protección celestial a cambio de rendir homenaje y veneración al santo epónimo. «La Virgen en sus múltiples advocaciones locales y los santos eran para el campesino personajes próximos, realmente presentes y poco menos que omnipotentes, intercesores a los que tanto se les ofrecía una misa como un lacón y a los que convenía tener bien dispuestos para cualquier apuro cotidiano.»⁹⁷

Los pocos campesinos jóvenes que aprendían a leer,⁹⁸ lo hacían con pliegos de cordel llenos de sucesos milagrosos y relatos seculares estructurados como catecismos o sermones y con una moraleja religiosa al final. La doctrina católica se aprendía de memoria en casa con catecismos arcaicos. La mayoría de las familias campesinas rezaban el rosario todas las noches antes de comer y en la mesa bendecían el pan; las imágenes pequeñas de los santos venerados en la localidad eran muy comunes y podían conseguirse por un módico precio.

El principal instrumento de educación religiosa y control de una población que aún era en su mayoría analfabeta tenía por fuerza que ser oral. Este implemento era el sermón, que no era la exhortación piadosa semanal dirigida a los creyentes que la palabra sugiere, sino una intervención directa en la vida campesina, pues para la Iglesia todos los aspectos de la vida civil habían de valorarse de inmediato de acuerdo con los estándares religiosos. Sagrado era por tanto el poder del monarca mientras realizara la voluntad de Dios, sagradas eran las clases sociales establecidas por Él y sagrada era la creencia en la religión verdadera y quienes la predicaban.⁹⁹ Como ha comentado un historiador especialista en la materia, leer los sermones del siglo XVIII produce la impresión de «retroceder al mundo medieval».¹⁰⁰

Pero en igual medida que la doctrina católica, lo sobrenatural se inmiscuía constantemente en la vida de los campesinos, para bien o para mal, de ahí que necesitaran mecanismos tanto para interceder ante esas fuerzas como para protegerse de ellas, pues los campesinos tenían pocas defensas objetivas contras las enfermedades naturales. Sus prácticas religiosas eran un intento de dominar la naturaleza, lidiar con las amenazas de un mundo impredecible en el que abundaban los motivos repentinos de miedo y espanto, y garantizar su salvación personal e, incluso, la de su parroquia.¹⁰¹ Difícilmente resulta sorprendente que los campesinos tuvieran una visión dualista de lo sobrenatural en la que

Dios y el demonio [luchaban] con sus cortes, sus ejércitos, sus vasallos y sus batallas constantes, visibles e invisibles. En conformidad con esta sacralización, no hay espacio, ni momento, ni actividad del talante que sea, ni persona ni colectividad, libres del acoso o exentos de la protección de lo sobrenatural. No cabe la autonomía de lo terreno, y poco importan los agentes físicos o naturales en una existencia subordinada al más allá.¹⁰²

Pese a su difusión, la idea de que los campesinos se caracterizaban por una piedad profunda es un mito:¹⁰³ era posible despertar en ellos un súbito acceso de fervor religioso, en especial con los sermones de los frailes más furibundos, diseñados precisamente para lograr ese efecto; pero una vez el predicador se había marchado, el fervor se desvanecía casi con igual rapidez para dar paso a la necesidad de hacer frente a los rigores de la vida cotidiana. Podía animárselos, como de hecho se los animó, a pelear por Dios, el rey y la patria; pero una vez se toparon en la guerra contra Napoleón con las realidades de la vida militar y la ineptitud general de sus nobles comandantes, el fervor con el que se habían alistado como voluntarios para luchar por la causa se desvaneció. La pasión y la piedad religiosa no iban más lejos.

Los campesinos en general eran modestos, pacientes, temerosos de Dios (aunque también muy dados a jurar y maldecir), trabajaban por necesidad, para ganar un sustento magro, estaban «ociosos» tanto como podían estarlo, y no era fácil incitarlos a la acción. Si el levantamiento contra Napoleón hubiera dependido de ellos, más que de los plebeyos urbanos, es posible que éste nunca hubiera tenido lugar. Pero, igualmente, nunca habría triunfado sin la participación de los campesinos.

Capítulo 4

LA MUJER Y LA JUSTICIA BAJO EL ANTIGUO RÉGIMEN: EL ESTUPRO Y LAS MUJERES DE CLASE POPULAR

Confundir el estupro con la violación era —y sigue siendo— un error bastante común debido a la semejanza aparente entre los dos delitos. Por lo tanto, es preciso explicar de entrada que se diferencian por el uso o no de la violencia. Propiamente dicho, el estupro consistía en el engaño para conseguir el coito con una virgen o viuda¹ mientras la violación suponía el uso de la violencia para imponer el acto sexual contra la voluntad de la víctima. «Ni en su definición jurídica ni en la comisión práctica del delito, la violencia no formaba un rasgo inherente al estupro, incluso cuando de hecho ésa ocurría, puesto que la violencia representaba para la justicia sólo un eventual factor agravante del estupro.»² O sea, aunque hubiese uso de violencia en el estupro, ésta no se consideraba judicialmente como el factor determinante, lo que permitió —creando más confusión entre los delitos— encausar casos de violación notorios bajo el código de estupro. Luego veremos las razones de la falta judicial para distinguir nítidamente entre los dos delitos.

Sin embargo, como delito, lo que marcaba imborrablemente el estupro era la honra de la víctima burlada por la seducción, entendida ésta no como embeleso sino embaucamiento del estuprador por engaño astuto o persuasión al mal. En la gran mayoría de los casos, el engaño consistía en la promesa de casarse con la joven; y los juicios por estupro solían derivar de la querella interpuesta por la víctima por no haber cumplido el inculpado con la palabra dada. Estos dos elementos no variaban: la seducción engañosa y la necesidad de la querellante de acreditar su honestidad por medio de testigos para obtener la reparación de su honor. La punibilidad del acto residía en

la presunción de que la mujer honesta había de propender naturalmente a conservar su estado de virginidad, cuya pérdida, fuera del matrimonio, sólo resultaba admisible bajo las armas de la persuasión y del engaño. La desfloración constituía el cuerpo del delito, la rotura, física, tangible pero también simbólica (y no menos sensible) de una pureza que traspasaba el ámbito individual, pues a la honra de la doncella se vinculaba el honor de sus progenitores. La estrecha unión entre honra femenina y honor familiar, convertía la virginidad en sí en un bien merecedor de tutela, al tiempo que en garantía de una paz social fundada en el orden de la familia.³

Así, se juzgaba no sólo el crimen en sí, sino el honor u honestidad de la víctima y el engaño concreto que había usado el inculpado.

Una primera conclusión a la que se llega de los juicios por estupro es su aspecto social: en su gran mayoría, las querellantes eran de las clases populares y, en una proporción elevada, los inculpados, muy particularmente en las zonas rurales, lo eran también. Evidentemente, las clases privilegiadas tenían sus propias formas amorosas.⁴ Además, según datos de Valencia de la primera mitad del siglo XVIII, la mayoría de las demandantes tenía menos de veinticinco años, edad legal de mayoría, y una proporción menos de veinte. Entre los acusados, se dividían casi por mitades entre mayores y menores de veinticinco años.⁵ Más allá de las prácticas sexuales de los jóvenes, los pleitos dan otra perspectiva sobre aspectos sociales de las clases laboriosas, ya que, al enjuiciarse, el crimen de estupro retrataba lo que la sociedad del momento concebía como correcto en el comportamiento sexual y social. Además, parece que las causas por estupro aumentaron en la segunda mitad del siglo XVIII: F. Tomás y Valiente contabilizó cuarenta y cuatro causas vistas por la Sala de Alcaldes de Madrid en el solo año de 1796.⁶

LAS ALIANZAS MATRIMONIALES

Durante mucho tiempo se ha creído que las alianzas matrimoniales basadas en intereses patrimoniales fueron un asunto sólo de las clases acomodadas, que las clases populares se casaban esencialmente por pulsiones sexuales o su resultado —el embarazo de la joven—, y que los cálculos de los padres de la persona a quien con más provecho podía casar a un hijo o a una hija no entraban en juego. Por los casos de estupro, queda claro que no fue así; el honor tanto individual como familiar desempeñaba un papel, mientras diferencias de la relativa riqueza, de propiedad aunque fuera escasa, regían como tácticas de reproducción social igual que en las clases altas.

Un ejemplo, citado por el profesor Catalá Sanz, sirve para ilustrar lo dicho. Mariana Sellés, soltera de veinte años, de Altea, interpuso un juicio por estupro contra Ignacio Lloret, hijo de veintidós años de un labrador rico de L’Alqueria de la Comtessa tras quedarse embarazada. Durante un año, cuando viajaba a Altea para negocios de su padre, Lloret cortejaba a Mariana, según la denunciante, antes de empezar la relación carnal. «Tanto ella como sus padres se aferraron con convicción inquebrantable a la idea de que Lloret había prometido casarse con ella, una promesa que se había sellado con el precio de la virginidad.» Por su parte, Lloret aducía la desigualdad socioeconómica entre ellos para justificar su oposición al casamiento, diciendo, incluso, «no quiero que lo sepa mi padre porque mi padre quiere que me case con una mujer rica, que traiga buena dote». Para salir indemne de la situación, Lloret llegó a un acuerdo con Mariana, cuyo contenido se desconoce, pero sin duda no distaba en su forma de las sentencias que los jueces dictaban en casos de negarse a casar el acusado con su víctima: una cantidad de dinero suficiente para permitirle a la joven casarse «bien».⁷

Para las clases populares, según M.ª Dolores Madrid, la virginidad constituía «el único patrimonio, pues al no poder ofrecer una dote cuantiosa la castidad de la doncella se convertía entonces en la única virtud que podía ofrecer al futuro marido ... Las mujeres y en general la sociedad consideraban [la castidad y la virginidad] como virtudes, un fin en sí mismo, aunque en realidad únicamente estaban considerando su valor de mercado».⁸

Sin ser casta, la mujer podía continuar en el mercado matrimonial sólo si era capaz de pagar una dote importante, considerada ésta también como «arma precisa para inducir a la celebración de un matrimonio ventajoso».⁹ O sea, cuando era preciso en cuestiones matrimoniales, el dinero trascendía todas las virtudes, menos la de casarse. Sin embargo, para conseguir la dote, le estuprada tenía que acreditar su honra, su honestidad, ante el juez que no le daba crédito al efecto ni apenas a su familia. En un informe de 18 de marzo de 1796, a requerimiento del rey, que versaba sobre la práctica observada en las causas de estupro, el presidente y oidores de la chancillería de Valladolid dictaron que la naturaleza del delito había sido tal, que «ha ofendido a un tiempo el honor individual y las costumbres públicas, por lo que no ha podido ser separado de las reglas y fórmulas criminales de sustanciación de cualquier otro delito. El juez no ha podido proceder de oficio, sino por queja y acusación». Sin embargo, continúa el informe, los jueces habían cedido «nimia y culpablemente» en muchas ocasiones a la declaración de la querellante, cuando «se debería desconfiar de las declaraciones de la ofendida», y tener en cuenta que «el delito lo ha sido más bien contra las costumbres que un agravio privado y personal ... graduando sólo en último lugar los daños de la mujer como parte que como cómplice».¹⁰

Como delito contra las costumbres más que un agravio personal, la palabra de la víctima no contaba. Sólo servían testigos del vecindario para responder por ella y por la honra de su familia. En una mímesis de la nobleza, el honor se consideraba entre los plebeyos un precioso valor social.

HONRA, HONOR Y RECATO

¿En qué consistía, pues, la honra? Dice Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, «honor vale lo mismo que honra», con lo que el Diccionario de la Real Academia¹¹ coincide, añadiendo que tanto la honra como el honor requieren «recato», «honestidad» y «buena opinión de los demás por la virtud y el mérito». Por otra parte, el recato, según el mismo diccionario, significa «encubrir u ocultar algo que no se quiere que se vea o se sepa» —en contradicción aparente con la honestidad entendida en el sentido normal actual—. Sin embargo, tenemos que acomodarnos al significado bajo el Antiguo Régimen, cuando «honestidad», aplicada especialmente a las mujeres, significaba «decente, con cuidado de no excitar el instinto sexual o herir el pudor de otros». No en balde Cervantes hizo observar a don Quijote:

La buena mujer no alcanza la fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y las libertades públicas que las maldades secretas.¹²

El sentido de honor, pues, habría que enfocarlo dentro de una sociedad estamental en donde

la desigualdad es irreversible, las calidades innatas, hereditarias, y la jerarquía humana así definida coincide con la jerarquía social ... Cada estamento tenía su propia calidad por comportamientos honorables impuestos por la opinión colectiva, cada estamento, pues, debía conformarse con el modelo de conducta socialmente aprobado, esto y no otra cosa era tener honor ... Así la palabra honor designaba a veces un modelo de comportamiento que estuviera acorde con la posición social de cada uno y al mismo tiempo la calidad que le corresponde respecto a dicho modelo ... entendido el honor como un factor de integración social.¹³

El qué dirán, pues, era una pieza clave para las mujeres, la conciencia colectiva que suplantaba la conciencia individual del mal: «Lo que realmente dañaba era aquello que no se sabía recatar, es decir esconder. Lo que se escondía bien era como si no existiera...». En los procesos por estupro, «son los testimonios de los vecinos los que destacarían virtudes y tachas, los que certificarán o corroborarán la fama de la mujer. Y la fama se centraba en el recato... Mujeres encastilladas en la decencia, en la defensa de su virginidad y su honor, eran las protagonistas de los procesos»;¹⁴ sólo de mujeres honradas y honestas cabía hablar de estupro.

Apenas hay expediente que omita la palabra honra, honor u honestidad en relación con la embaucada: «Para reivindicación de mi onor perdido»; «quitó quanto pudo el onor de la suplicante»; «la quitó su onrra dandole para este fin mano y palabra de casamiento delante de Dios, sin papel ni testigo alguno...» son algunas de las expresiones de uso.¹⁵ En otros expedientes se encuentran distintas formas de expresar el honor de la querellante: «y aunque solicitó torpemente a mi parte vajo palabra de sponsales, nunca quiso condescender a sus lascivos deseos, pero se le admitió la palabra sponsalicia reprometiéndole igualmente mi parte se casaría con el»...¹⁶

CASARSE O QUEDARSE «UN CERO»

Para la mayoría de las jóvenes, no cabía duda de que obtener promesa de matrimonio

constituía el elemento central de sus vidas. Esta unión suponía una liberación, un ingreso en la edad adulta y una forma de emancipación de la autoridad paterna. Aunque, en realidad, no era otra cosa que el paso de la dependencia y autoridad del padre a la del marido. Aun así, algunas mujeres estaban dispuestas a cualquier cosa para conseguirlo, llegando incluso a acceder a relaciones íntimas antes del matrimonio.¹⁷

Sin poder casarse, le quedaba a la mujer sólo un destino: el convento o la soltería de por vida. Como afirmaba Josefa Amar y Borbón, escritora ilustrada,

la soltería es un cero que comúnmente sirve de embarazo hasta en su misma casa, y para sí es una situación miserable, pues aun cuando se halle en edad en que prudentemente puede valerse de su libertad sin perjuicio de sus costumbres, la opinión pública, que es más poderosa que todas las razones, la mira siempre como a una persona a quien no le está bien hacer lo que a las casadas y a las viudas...¹⁸

Para evitar tal ignominia, como evidencian los procesos, una joven tenía razón suficiente de guardar celosamente su virginidad o, al contrario, de sacrificarla por una promesa de matrimonio.

AMOR INADMISIBLE

Por la educación que recibían en el arte de callar, del disimulo y la sobriedad, no aparecía claro que el amor fuese el elemento central de la relación que se juzgaba. Teniendo en cuenta el prolongado tiempo transcurrido entre la pubertad y el matrimonio —unos diez años más o menos— no era de sorprender que algunos jóvenes usaran una serie de tácticas para vencer la resistencia de las jóvenes y obtener favores carnales rápida y fácilmente por el uso del engaño, especialmente la promesa matrimonial. Aunque el amor no fuera una palabra que apareciese con frecuencia en los procesos, no cabe duda de que una relación sentimental existía en bastantes casos; por ejemplo, en el caso de Francisca Rodríguez, de Alba de torres, una trabajadora embarazada de veintitrés años, cuando manifestó que el novio-estuprador «era su vida y el centro de toda su existencia», a la cual el fiscal de la chancillería de Valladolid la recriminaba por una expresión inconveniente en una mujer soltera.¹⁹ La reacción del fiscal no fue más que un reflejo de lo que la buena sociedad del siglo de la Ilustración consideraba la conducta educada: los sentimientos íntimos no se exteriorizaban en el discurso imperante, y por lo tanto los historiadores tienen que buscarlos no en las palabras, sino más bien en las actuaciones: las «fugas», por ejemplo, o los estupros cometidos con la finalidad de obligar a padres renuentes a consentir al matrimonio de la pareja.

FUGARSE DE LA PATRIA POTESTAD

Las fugas para liberarse de la patria potestad fueron más corrientes de lo que se cree. M. Ortega López contabilizó en la segunda mitad del siglo XVIII sesenta y cinco casos sólo en los fondos de la chancillería de Valladolid y subraya que en algunos casos, mientras que no mediasen relaciones carnales previas, los clérigos podían ayudar a la pareja para asegurar que una situación de excepcionalidad acabara en el rito sacramental. Tal fue el caso de Ana Pérez, una joven costurera, que se presentó en 1761 ante el vicariato de Ávila explicando que se había fugado de Arévalo por la imposición paterna de casarse con un convecino de cuarenta y ocho años. Iba acompañada por su novio real, con el que quería casarse, y ambos pedían protección eclesial, protección que les dio el vicario cuya mediación ante los padres de Ana permitió la boda de la pareja en un tiempo muy corto de un mes tras su huida. «Con frecuencia las jóvenes utilizaron en estos casos a su favor la indefensión de su sexo —la “fragilidad humana” como se solía decir— para forzar a intervenir a su favor a los responsables religiosos, convencidas que éste era el mejor salvoconducto para que su honor no saliese mal parado.»²⁰

Una fuga sin intervención clerical, como la de Pascuala González, de veinte años, vecina de Peñas de San Pedro en el suroeste de Albacete, mostraba la insumisión incoercible de algunas jóvenes de las clases populares, una insumisión muy contraria al modelo de joven pasiva y silenciosa que se propugnaba en la época. Pascuala y Pedro Sánchez Ortega, de veinticuatro años, de la villa de Ayna, tenían tratado de contraer esponsales, pero cuando el novio y su padre fueron a la heredad de la novia para solicitar el consentimiento paterno los padres se lo denegaron, afirmando que no les gustaba tal matrimonio.

Con efecto el que declara (Pedro Sánchez) se pasó en casa de una hermana casada de dicha Pascuala que vive en dicha heredad aunque en casa aparte de su padre y envió a llamarla y en la presencia de la hermana se hablaron y se dieron palabra y mano de casamiento, y le dijo dicha Pascuala que ella quería ir a Ayna porque no le estorbasen el que se casara, que ella se saldría aquella noche. Y que la aguardasen en el camino a poco de la casa y con efecto lo hicieron ... y a poco vino dicha Pascuala y se fueron juntos a Ayna y ella se fue a casa de dicho Pedro con ánimo de vivir y permanecer en dicha villa de Ayna.²¹

Al igual que la fuga, había casos de estupro con la misma intencionalidad. El 30 de abril de 1736, María, soltera de veinte años y vecina de Valencia, se presentó en la Sala del Crimen de la Audiencia para querellarse contra su pretendiente, Agustín, de diecinueve, alegando que bajo palabra de casamiento, éste la estupró. No era más que un ardid, dado que los padres de ambos se negaron a convenir en el casamiento y, para lograrlo, Agustín la persuadió de que tuviesen actos carnales, después de lo cual le había quitado la virginidad. Sin embargo, Agustín se negaba luego a cumplir su promesa y María no tenía más recurso que denunciarle. Una vez que el engranaje judicial se puso en marcha, se encarceló a Agustín, quien se apresuró a reconocer su culpa y estar dispuesto a «cumplir con su obligación» de contraer matrimonio. «En menos de veinticuatro horas los novios se salieron con la suya.»²²

De vez en cuando, la fuga insumisa tendría una finalidad contraria al matrimonio y a favor de la seductora fascinación. A los quince días de casarse en 1810, en plena guerra de la Independencia, Juan Rodríguez y Manuela Martínez, ambos de la localidad toledana de Magán, y esperando el recién casado que su esposa «se conduciría como mujer honorada y fiel a su marido [la dicha] se fugó, y en más de un día no se sabia su paradero». Pronto, no obstante, se enteró por los vecinos que el que cooperó en la fuga era Francisco Guerra, platero del pueblo, y que los dos

actualmente se sostienen trato ilícito ... en casa de mi padre político donde ella existe, dando por ello bastante que murmurar a los vecinos. Aunque en este tiempo se la ha requerido muchas veces por mí mismo y por diferentes personas conocidas que se restituye a mi casa y compañía, y deje la referida amistad, prometiéndola olvidar todo, perdonarla y no dejarla sola en casa jamás sino vivir en paz y buena armonía, nada he podido conseguir, antes bien obcecada cada día más sigue viviendo y pernoctando con él, de lo que resultó el día anterior que llamándola amigablemente de la casa del dicho Guerra para que se viniera conmigo, no quiso acceder a ello, antes él me sacó una arma, amenazándome con ella, y para evitar el riesgo que corría mi vida, tuve que marcharme...

Entonces fue cuando se decidió recurrir a la justicia —su escrito iba dirigido al ministro de Justicia del gobierno bonapartista— para lograr contener los excesos de su mujer y asegurar su tranquilidad, solicitando que, tras tomar los correspondientes informes del alcalde mayor y vecinos, se expidiese «la carta orden para que, como castigo, se la recluya en un encierro, asegurándola los alimentos necesarios». La contestación del Ministerio fue breve: “«Use de su derecho».²³

EL AMOR ADMISIBLE

¿Estuvieron las fugas tal vez influidas por la mayor libertad amorosa apreciable en la literatura sentimental del siglo XVIII, la literatura rousseauniana y las comedias de Fernández de Moratín, como propone Ortega López?²⁴ ¿O en el caso de Manuela Martínez, igualmente por la condición bélica? Son hipótesis que, desgraciadamente, no podemos comprobar. Pero no olvidemos que el amor estaba también presente en el discurso eclesiástico, aunque sus connotaciones diferían en gran medida de las que la sociedad pudiera tener. De hecho, la Iglesia considera el amor humano como una manifestación del amor divino, atribuyendo un carácter negativo al amor-pasión por su poder de distracción sobre la razón. «Estamos ante una construcción cultural del amor en el que se refuerza la subordinación de las mujeres al quedar relegadas al plano de la domesticidad y una sexualidad pasiva y negativa.»²⁵

CIRCUNSTANCIAS Y DENUNCIAS DEL ESTUPRO

Los estupros (sin violencia) solían empezar con el galanteo que duraba meses, si no años, antes de la comisión del delito. Como era de esperar, los dos jóvenes eran casi siempre del mismo lugar o de otro cercano, e incluso vecinos, familiares o personas conocidas que entraban con toda normalidad en casa de los padres de la joven.

En los casos valencianos, y no hay razón para suponer que en otros lugares fuera diferente, el tiempo entre la primera cópula y la denuncia, solía ser de entre cinco meses y un año, lo que nos hace preguntar el porqué de la demora por parte de las víctimas. Como dice el profesor Catalá Sanz, «el miedo a poner en entredicho el honor personal y familiar, haciendo pública la pérdida de la virginidad»,²⁶ podría llevar a muchas de entre ellas a esperar durante meses, si no años, que los pretendientes, con quienes seguían teniendo trato y relación carnal, hicieran honor a su promesa de casamiento —esperanza vana, cuyo resarcimiento se intentaba conseguir por la denuncia y el proceso judicial—. Por otra parte, si el estupro resultaba en el embarazo de la querellante, cosa bastante frecuente, a los cinco meses ya no había forma de ocultar la relación ilícita y se iniciaba el pleito, habitualmente emprendido por el padre como repositorio del honor familiar.

El proceso no era nada fácil para la querellante. En primer lugar, como hemos observado, los jueces no solían dar crédito a su testimonio, en particular a todo lo referido a su honor: sólo se tomaban en cuenta los testimonios de vecinos, de tutores o del padre, por lo que éstos tendían a cargar las tintas a favor del honor de la querellante para potenciar al máximo esta clave de la defensa. «Se le ha educado con toda christianidad procurando el que siempre haya vivido y viva con la honestidad y recato que corresponde a su estado y porque bajo esta misma opinión ha sido tenida y reputada públicamente por doncella honesta ... sin que de verdad se pueda asegurar lo contrario.»²⁷ Lo que unos defendían, para otros constituía su mejor lanza de ataque. Los procuradores, como los mismos acusados, tenían interés en difamar a las jóvenes, que se habían dejado seducir por una promesa vana, e intentaban presentarlas como frívolas e inmorales, «mujer pública», «mundana» o de «vida licenciosa y desenvuelta» para desacreditarlas.²⁸ Los inculpados tampoco quedaban a la zaga: «no la halló doncella», «no opuso especial resistencia», «ha sido mujer común que ha tenido otros tropiezos», o «se la ha visto en varias ocasiones hablando con varios hombres estando junto a él, en la plaza mayor y en otros parajes, lo que no le pareció bien al que depone ... mediante ser según tiene entendido una mujer soltera».²⁹

Mientras la honra de la mujer estaba atacada por razón de su sexo, a diferencia de la del varón, la transgresión de éste nunca llegaba a vulnerar de la misma manera el honor varonil. Como mucho, su transgresión era considerada como «una falta moral de fuero interno»; incluso, comenta Madrid Cruz, parecía como si el concepto de la «honra masculina» descansara en esta época en la supuesta debilidad de la mujer, «la fragilidad mujeril» y en la sumisión a la potestad paterna o marital.³⁰ En resumen, la doble moralidad.

CÓPULA, MATRIMONIO Y COSTUMBRE PRENUPCIAL

En algunos pleitos se instaba a la querellante a declarar si «anteriormente había tenido relaciones carnales con otros sujetos», o con el presunto estuprador, o se le reprochaba que su comportamiento y actitud no fueran los propios de una mujer honrada. Porque en el momento de valorar el hecho «los jueces no lo hacían basándose en el acto delictivo en sí mismo, sino en el comportamiento femenino y el contenido concreto del engaño».³¹ Aunque podía ser contraproducente para la reputación de la querellante, algunas confesaban ante los jueces el número de veces que habían tenido relaciones carnales con su estuprador después de perder la virginidad, presentándolas como una consecuencia inevitable. «Así, Tomasa Sellés declara que, luego de estuprarla, Silvestre Salelles siguió conociéndola siempre que tenía ocasión, “hasta unas dieciséis veces con poca diferencia”. Por su lado, María Benito expone que, “de las muchas ocasiones que se lo solicitó después de desflorarla, tuvo acto carnal con Joaquín Garrigós en nueve de ellas entre junio de 1734 y el domingo de Carnaval de 1735”. Otras menos minuciosas simplemente afirmaban que siguieron teniendo sexo con su estuprador “en repetidas ocasiones y con frecuencia”.»³²

La frecuencia de las relaciones carnales entre los jóvenes y la naturalidad con la que en muchas ocasiones se habla de ellas, nos sugiere una sociedad probablemente más libre y desinhibida en el terreno sexual fuera del matrimonio de lo que, desde una perspectiva más contemporánea, se pudiera pensar.³³

Esta opinión parece sustanciada por historiadores de la Inquisición que han encontrado a unas jóvenes campesinas «que gozan desinhibidamente de los placeres de la carne desconociendo lo pecaminoso de su conducta».³⁴ Igualmente, las memorias del cura gallego, Juan Antonio Posse, de origen campesino, nos cuentan que «la lascivia más impúdica [existía] en todas las clases y aun desde la más tierna edad».³⁵

A su regreso a su país natal tras muchos años ejerciendo de cura de varios pueblos leoneses encontró que pocos cambios habían habido al respecto. En la carretera a La Coruña,

hallamos por el camino gentes de todas clases, especialmente mujeres y mozas que iban con comestibles para La Coruña, cantando muy alegres y desenvueltas, como si no llevasen nada sobre la cabeza. Luego que hallaban un regato cualquiera, regazaban las faldas y enaguas sin gran necesidad. Al pasar por la gran ribera de Valdayo hay un regacho de muy poco agua, y que va extendida. Antes se regazaron algunas jóvenes, para pasarle sin mojarse, de un modo muy indecente a mis ojos, y quise corregirlas de su impudencia. Pero en este particular, las costumbres de Galicia no admiten una fácil reforma. Descargaron todas sobre mí una nube de desvergüenzas, que quedé asombrado de su libertad: unas decían que a los siete años ya no era virgen; otras, otras cosas que no refiero por inmodestas e impudentes; pero todas, a cuál más, decían las suyas.³⁶

Más allá de estas evidencias anecdóticas, los datos ofrecidos por Molina Gómez de que dos tercios de los expedientes de dispensa matrimonial consultados por ella indicaban que había habido trato carnal antes del matrimonio corroboran la conclusión de que la estrategia repetida una y otra vez en las causas por estupro de la (engañosa) promesa matrimonial seguida por el coito reflejaba un «comportamiento prenupcial habitual» de las clases bajas a lo largo del siglo XVIII.

LAS PRUEBAS DEL ESTUPRO

Era necesario, explica la profesora Madrid Cruz, el reconocimiento y «la declaración jurada de dos matronas ... honestas, prudentes y de probidad conocida, que han de dar razón de aquello que adviertan». De hecho, el dar razón consistía en una mera constatación visual, «pues ni siquiera los tratados médicos de la época tenían seguridad de cuáles eran las pruebas necesarias para demostrar la pérdida de la virginidad».³⁷ La mayoría de los expedientes sólo evidenciaba la consumación del acto: «Está abierta de sus partes y quitada su virginidad» o «usada de varón, violando la virginidad de dicha menor». Sólo uno de los expedientes datado entre 1819 y 1821 y estudiado por Madrid Cruz muestra un reconocimiento exhaustivo y concluyente: A Francisca Gamero, «soltera de diecinueve años, bien constituida ... han hallado inflamadas las partes pudendas externas, lacerada la entrada de la vagina [con] una inflamación que demostraba la violencia que habían sufrido ... señales de haber sido desflorada [hace] poco tiempo y que no se hallaba en estado de poder andar».³⁸ Era un caso evidente de estupro violento —incluso un posible rapto— pero en general, comenta la profesora Madrid Cruz, llama la atención el excesivo celo en los reconocimientos a pesar de ser difícil, si no imposible, certificar con certeza la desfloración, y que sólo puede explicarse por considerar la vulneración por engaño un atentado a «la doncella, a su castidad». Sin embargo, señales «menores» de resistencia —rasguños, morados, heridas, contusiones, voces y gritos pidiendo auxilio, etc.— «pasan desapercibidos entre las constantes referencias a la honra y el engaño de la promesa matrimonial», que de hecho forman para los jueces el meollo del delito.³⁹ A lo mucho, la violencia se consideraba un «factor agravante» sin, por cierto, tomar en consideración los daños psicológicos de la víctima.

EL SEXO MODERNO: UN INVENTO DEL SIGLO XVIII

Antes de la «revolución científica» del siglo de la Ilustración, la concepción del cuerpo y de la sexualidad se diferenciaba —por lo menos hasta bien entrado el siglo XVIII e incluso el siglo siguiente entre las clases populares— de la que tenemos hoy. «Desde la Grecia clásica, los europeos creían que mujeres y hombres compartían un solo cuerpo y un solo sexo, es decir, que ambos pertenecían a un único e idéntico sexo dividido en dos géneros.»⁴⁰ Los órganos genitales de ambos se consideraban idénticos. Al pene y testículos exteriores correspondían la vagina, útero y ovarios invertidos e internos. La única diferencia entre los géneros consistía en la noción de que el varón representaba la perfección del cuerpo mientras que el de la mujer no llegaba más allá de un estado inacabado, provisional y perfectible «correspondiendo por tanto a un paradigma patriarcal en cuanto a la condición de la mujer». Estos aparatos de reproducción no tenían una estabilidad fija. «En cualquier momento y bajo múltiples circunstancias los genitales de la mujer podían “exteriorizarse”, culminando de este modo lo que la gestación no había terminado de modular.»

Los procesos penales están repletos de mujeres transmutadas en hombres perplejos y hasta en honrados padres de familia. La amplitud de miras de la mentalidad colectiva de los europeos juzgó dignos de examen, aunque «naturales», muchos otros estadios morfosexuales ... mujeres masculinas o viragos, hermafroditas, hombres afeminados, varones lactantes e, incluso, hombres menstruantes.⁴¹

Ya que había un solo sexo, era lógico pensar que la mujer tuviera esperma y, según la teoría de Galeno, que la procreación necesitaba la mezcla simultánea de los espermas masculino y femenino. La mujer no podía concebir si no eyaculaba, y difícilmente podría eyacular si no alcanzaba un orgasmo. «Las mujeres “frías”, menos propensas que las “ardientes” a la retención de “semilla” debían ser estimuladas mediante alimentos o medicamentos caloríficos o a través del frotamiento de los genitales.» Aristóteles, sin embargo, discrepaba: «La mujer podía concebir sin eyaculación, por lo tanto hombre y mujer no cooperaban en pie de igualdad en la reproducción humana, sino que el varón aportaba el principio activo mientras el papel de la hembra quedaba reducido al suministro de una mera materia órgano-telúrica donde la simiente podía germinar».⁴² No obstante, la teoría galénica sobre la igualdad en la reproducción humana «elevó el estatus sexual de la mujer, amparando también su legítimo, su imprescriptible derecho al orgasmo».⁴³

Haremos bien en tener en cuenta el paradigma clásico predominante hasta su sustitución por la bisexualidad biológica actual. Como apuntó Thomas Laqueur, «el sexo tal y como lo conocemos fue inventado en el siglo XVIII»;⁴⁴ sin embargo, la «revolución científica» tampoco desplazó de golpe el modelo de sexo único que a niveles populares se mantuvo vivo mucho más allá del siglo de la Ilustración.⁴⁵ tendremos ocasión luego de referirnos a este modelo de larga duración.

VIOLACIONES JUZGADAS COMO ESTUPROS

Los casos de violación forzada, a los que no corresponden ni galanteo ni embaucamiento (a pesar de figurar como delitos de estupro), formaron una de cada seis causas juzgadas por la Audiencia de Valencia.⁴⁶ En una de ellas, Tomás Baldó, labrador de Jijona, de cuarenta años, al quedar a cargo de una masía en Alicante, violó dos veces a Manuela Sirvent, que residía y trabajaba allí, la segunda vez tras una gran nevada que aisló la propiedad. Cuando Manuela resistió, Baldó le dijo que «aquello» lo hacían todos, que no era pecado y que él «tenía la habilidad para conocer carnalmente a las mujeres sin dejarlas preñadas». Se equivocó, y el embarazo de la joven precipitó los sucesos. La madre de Manuela, al enterarse de que era Baldó, amigo íntimo de la familia, el responsable del embarazo, se fue a «quitarle los ojos por la maldad que había ejecutado con su hija y para que buscase el medio para taparlo, que el mundo no lo supiese», exigiéndole a procurarse un abortivo, aun a riesgo de ser ella procesada por aborto. El padre de Manuela, Lorenzo, fue más directo: cogió la escopeta y se fue a por Baldó, «de quien tenía tanta confianza como si fuese su padre y más, que el dicho era hombre para darle honra y no para quitarle», encomendando a su hijo mayor el cuido de sus hermanos, porque «más valía que se perdiese uno que todos». Para evitar males mayores, la autoridad ordenó el inmediato ingreso en prisión de Baldó y el arresto de Lorenzo y sus hijos y parientes cercanos, lo que dio paso al proceso por estupro de aquél. Condenado Baldó, éste llegó un año después a una concordia por la que se le obligaba al pago de los derechos de entrada y profesión de Manuela en un convento a seis leguas de Jijona y de diez libras anuales por los alimentos para la criatura nacida de su violación.⁴⁷

SIRVIENTAS EN PELIGRO

Muchos pleitos demuestran que las jóvenes que servían y vivían en casas particulares —cosa corriente entre las de extracción popular, especialmente del campo, para reunir un poco de dinero a la espera de casarse—⁴⁸ estaban a riesgo de violación por los dueños, sus hijos, o los otros sirvientes y empleados de las mismas. María Ferrer, criada de veinte años, fue violada en su propia cama por el hijo de su amo una noche de verano y forzada unas cuantas veces más; desesperada por el desprecio de los padres de su violador cuando se enteraron de lo ocurrido, se tiró al río Júcar de donde fue rescatada in extremis por un pescador que la devolvió a casa, donde no se le permitía entrar. Sólo para hacerla callar para que no despertase a las demás personas en la casa, el hijo le dio promesa de matrimonio que no tenía intención alguna de cumplir, incluso se fugó antes de dictarle auto de prisión la Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia que luego le condenó en rebeldía a pagar doscientas libras de su herencia para dote de María y a cuatro años de destierro de Alzira. Cuando al año fue detenido en Sueca, fingía no haberse enterado de la sentencia y alegaba —cosa más que dudosa— que sus padres habían llegado a un acuerdo económico con la familia de María.⁴⁹

MEJOR PLEITEAR POR ESTUPRO QUE POR VIOLACIÓN

Sin hablar de las miserias personales causadas por la violación a estas jóvenes, sus casos ilustran varios aspectos de la «dimensión trágica que podía adquirir la dependencia socio-laboral de las mujeres jóvenes», y sirven para explicar por qué muchas preferían acusar a sus violadores de estupro y no de violación. Por una parte, el estupro era una figura legal bien definida, al contrario de la violación, y por otra, la ignominia de las víctimas y la degradación que sentían ellas y sus familias, temerosas de que «las miradas se concentraran en la lujuria más que en la violencia», eran mucho mayores que en los casos de seducción.⁵⁰ La violación pertenecía originariamente al universo no de los delitos violentos sino más bien y ante todo al de la lujuria. La ley secular no hacía más que «respaldar con su fuerza la ley divina»⁵¹ en delitos como el adulterio, incesto, estupro, bigamia o sodomía, y lo mismo se puede decir de la violación. Por lo tanto, las violadas tenían interés en ocultar los hechos por «la sensación de envilecimiento» que «sentían y en ocasiones igualmente sus familias, pues no sólo constituía un atentado contra el honor de la mujer sino una vergüenza, una mancilla difícil de superar ante la colectividad».⁵² Buena prueba de ello era la actuación de la madre de Manuela Sirvent, intentando hacer abortar a su hija aun a riesgo de ser procesada por ello, para salir al paso de la sospecha de concupiscencia y de prevenir la deshonra de que el pueblo se enterase del vilipendio sufrido por su familia.

Por otra parte, los procesos por estupro muestran que el concepto imperante en ellos era la seducción, el engaño y el honor —la virginidad de la mujer—, de tal manera que los jueces no tuviesen en cuenta la violencia en las sentencias y las mujeres, ante esta situación, y preocupadas en restituir en lo posible lo «perdido», tramitasen sus querellas en forma de estupro y no de violación. Entre otras cosas, lo «perdido» se extendería no sólo al honor sino al resarcimiento que podría permitir a la víctima «casarse bien». (Aunque en el caso de Manuela, o por elección de sus padres o por las voces de violación que corrían en el pueblo, o por ambas a la vez, se prefirió alejarla del lugar para hacer de ella una esposa de Cristo.)

Es preciso recordar que fueron procuradores los responsables de las formulaciones procesales en la mayoría de los pleitos, y aquéllos sabrían lo que favorecería a sus clientes ante el juez. Así podría ser ventajoso que la víctima «olvidara» la violación para conseguir una compensación rápida por estupro según la ley.⁵³ En casos de violación, que solían figurar en las causas como «forzamiento».

el acento recae fundamentalmente en los gestos, el cuerpo, la vergüenza, la moralidad, todas ellas nociones más cercanas al mundo de la concupiscencia que al de la falta, considerada esta última más importante que el daño físico infringido a la víctima ... No se aluden al miedo, la defensa por parte de la mujer. Sólo la fama, honestidad, una reputación intachable tiene un valor extraordinario.⁵⁴

LA «IMPOSIBILIDAD» DE VIOLAR

En este sentido, se entiende que la violación, de la que normalmente no habría testigos, podría mancillar a la violada de la misma cizaña lujuriosa del violador. ¿Habría instigado la mujer por su propia concupiscencia la cópula forzada? «No es muy difícil que una mujer sagaz se valga de la seducción o de otros artificios para quejarse de haber sido violada», escribió J. Marcos Gutiérrez en 1828.⁵⁵ Hemos precisado que los golpes, arañazos, heridas o contusiones que hubiesen tenido las víctimas por la violencia y crueldad de sus victimarios no se comentan en las declaraciones, ni siquiera en los informes periciales. Los términos, violación, violador, tampoco suelen figurar para describir el acto; incluso un proceso madrileño celebrado en 1829, cuya violada tenía sólo quince años, consideraba el suceso como «actos de impureza con violencia y ultraje» o como «tropelía».⁵⁶

Además, aún estaba vigente al principio del siglo XIX cierta creencia de que era casi imposible, si no hubiese desproporción en la edad, la fuerza o el uso de estupefacientes, que un solo hombre pudiese violar a una mujer, pues ella «tiene más medios para oponerse á la violación que el hombre para vencer la resistencia que se le opone».⁵⁷ Afirmaciones de este género aparecen, según la profesora Madrid Cruz, en los filósofos de la Ilustración: Montesquieu, Rousseau, Diderot consideraban que la resistencia de la mujer era suficiente para detener el acto frente a un hombre solo, lo que «conduce inexorablemente a desconfiar de las palabras de las mujeres, negando su condición de sujeto de estos delitos». En efecto, no se creía a la mujer.⁵⁸

LA DEPENDENCIA DE LA MUJER

Esta limitación, institucionalizada en el caso de la Inquisición, en cuyos tribunales el testimonio de una mujer valía menos que el del varón,⁵⁹ fue sólo una de las muchas, tanto pública como privada, que afectaba a la mujer del siglo XVIII en la sociedad estamental. Tenía restringido el acceso a cargos públicos, no gozaba de su condición de primogénita si tuviese hermanos varones, y vivía bajo la tutela paterna o marital. Además se la encargaba de custodiar el honor familiar, aunque recibía poca protección en el caso de violencia personal, y sólo se la tenía en cuenta con respecto a los intereses generales de su familia y no a los suyos individuales.

Una mujer no tenía entidad alguna salvo por su relación con un hombre. Era «hija de» o «esposa de». No existía mayor control sobre las conductas femeninas que «haciéndolas depositarias de honras para implicar a los varones en esta defensa del ordenamiento».⁶⁰ El binomio mujer-honra es una constante en ese período ... La fama del marido se podía ver afectada negativamente por las conductas de su mujer, hijas o hermanas. Al padre o esposo correspondía guardar la honra de la mujer o hija que constituye un reflejo de su misma honra, por lo que una ofensa a ésta empaña la suya. Son comunes declaraciones de padres o vecinos [en los pleitos por estupro] acerca de la honorabilidad de toda la familia como defensa ante un ataque. Éste, aunque se produce de forma individual, afecta a una colectividad, el universo familiar, quienes en la mayoría de los casos se definían como «gente muy limpia de toda mala raza, pero muy pobres...».⁶¹

VIOLACIÓN DE ADOLESCENTES

La mayoría de las estupradas y/o violadas no había alcanzado la mayoria de edad legal de veinticinco años, y en algunos casos eran aún adolescentes. Tal fue la violación en Yébenes de una joven de catorce años, María Moreno, víctima premeditada de su tía segunda, Venancia Castro, y de un tendero de lienzos, Josef, de mote «el Fraile». Una tarde de abril de 1801, Venancia, llevando su niño pequeño, hizo subir detrás de ella a la cámara de su casa a María, con el pretexto de que ésta llevara un cántaro de agua a por el que su tía anteriormente la había enviado. Las seguía Josef, que acababa de llegar. Mientras subían, nadie dijo ni una palabra.

En cuanto habían llegados todos, según la querella interpuesta luego por el padre de María, ésta soltó el cántaro y Venancia al niño, y Josef tapó una tronera o ventana con un pellejo. Inmediatamente, la tía y Josef se abalanzaron sobre María «con sumo ímpetu y violencia y asiéndola él fuertemente de los brazos la tendió en el suelo y levantó los guardapieses». Entre tanto, Venancia «la puso un pañuelo suyo azul en la boca para que no pudiera dar voces y la abrió y sujetó en gran manera las piernas, de modo que puesta en esta forma la desfloró y disfruto dicho Josef a toda su satisfacción sin que la pobre inocente pudiese evitarlo de modo alguno, mayormente habiéndose quedado mortal, luego que se vio insultada en un sitio como aquél y por una tía tan próxima e inmediata, habiéndola hecho después los mismos varias amenazas y entre ellas que le habían de matar o echar a San Fernando», si decía lo que «estos dos, con total abandono del santo temor de Dios, en menosprecio de sus conciencias y de la real jurisdicción...» habían conspirado a cometer.

Luego, para minimizar y ocultar su delito, Josef propaló en el pueblo y a diferentes personas que María «era mujer de malísima nota y que se entregaba a cualquier hombre por dinero», cuando en realidad la niña era «de buena conducta y suma honestidad y recogimiento». Josef incluso pidió a un miembro de la ronda volante que se empeñara en que María y su familia no le llevaran a juicio por lo que se le daría algún dinero.

Tras el reconocimiento obligado de María y la verificación de la desfloración por una matrona de Yébenes, llamada a examinar a su hija por la madre, quien fue la que descubrió la violación, el procurador de la familia pidió que se expidiera la requisitoria formal al alcalde del pueblo «para que con todo sigilo e inmediatamente ponga preso a el prenotado Josef y a la dicha Venancia Castro, y les embargue todos sus bienes y los deposite en persona segura a disposición de este tribunal». Y en cuanto los testigos hayan hecho las declaraciones correspondientes, que «se remita a estos dos reos con la correspondiente custodia y seguridad a la Cárcel real de esta ciudad». Desgraciadamente, no consta el castigo que se impuso a los dos implicados.

Como colofón a esta horrenda historia de traición familiar y violación, el procurador hacía constar que los padres de María eran «pobres de solemnidad, sin bienes ni rentas más que su personal trabajo y corto jornal» y que si no les defendiera a seguir esta causa sin cobrarles derechos, «quedarán impunes unos tan abominables y atroces excesos».⁶²

VIOLENCIA BAJO EL ANTIGUO RÉGIMEN

La violación de niñas, incluso de las de edades mucho menores que la de María, lleva al profesor Pérez García a comentar que, en su grado más elevado de gravedad,

se asimilasen el estupro y la violación con el tabú cultural del rapto y no con la vulneración de un determinado patrón civil o religioso de convivencia sexual ... Sólo el honor mancillado, la integridad de la casa deshonrada, el capital reproductivo devaluado parecían tener verdadera importancia...⁶³

Rebatiendo tanto la idea de que la violación y el estupro eran un mecanismo funcional de disciplina social bajo el Antiguo Régimen como la de que la posesión brutal del cuerpo femenino fuera una manifestación de una cierta marginalidad social, resulta evidente, dice Pérez García, que «la violencia sexual no era sino una faceta de la violencia cotidiana y difusa que impregnaba todos los recodos de la vida social del Antiguo Régimen: un artefacto cultural, en suma, no un fenómeno natural». Además, en cuanto al estupro, si no a la violación, «todo el tejido social en su conjunto estaba en gran medida, predispuesto a su aceptación».⁶⁴

En los casos de niñas violadas, muy especialmente, la defensa de los acusados, valiéndose del paradigma monosexual, solía insistir en argumentos como la «impudicia» natural de la mujer, en la «provocación» erótica, en la naturalidad de sus pulsiones sexuales, en el consentimiento, la igualdad física y en la capacidad de resistencia de la mujer, «tópicos todos que de poco les hubieran servido frente al testimonio horrorizado de las niñas».⁶⁵

HASTA EL CURA...

Aunque se juzgara como estupro, la frontera entre este delito y la violación podría ser estrecha como demuestra un pleito de 1760 citado por Molina Gómez. Antonia Hortera, estado doncella, dio a luz en Bogarra a un niño de padre desconocido que «causó en el pueblo público escándalo». La justicia local se puso en marcha para encontrar al autor y «poder proceder al condigno castigo con quienes resultasen culpables». El escándalo fue aún mayor cuando Antonia aseguró que el padre no era otro que Felipe Cuerda, sacerdote del pueblo, y que ambos mantenían «trato ilícito» desde hace más de un año. La acusación de la joven rezaba:

Estando en cama con unas terciarias y su tío Don José de Ortega, en las Aldeas de Vegallera y Cañada del Provencio a decirles misa y recoger la limosna que le daban, y sola en su casa, entró dicho Felipe Cuerda, y quiso entrarse en la cama con ella: no lo consintió, pero tuvo tocamientos malos y manoseándole todo su cuerpo, y fundamentalmente le daba besos. A los ocho días volvió dicho Felipe Cuerda a procurar con [ella] según su pretensión, y resistiéndose la que declara, la dijo dicho Felipe después, que tengo fornicadas tantas mujeres, como tienen tejas estos tejados, no me ha sucedido con ninguna lo que contigo, y endose muy enojado; sin embargo volvió otra día, y agarrándola fuertemente la echó sobre la cama.

El revuelo del pueblo al ver a un clérigo imputado se mostraba en el gran número de testigos que le defendieron «por ser persona de tan noble calidad», aunque las declaraciones indicaban que Felipe Cuerda visitaba la casa de Antonia con más frecuencia de lo habitual. «Como es de esperar —comenta la autora— no es posible conocer cómo se resolvió este caso, lo que sí está claro es que el párroco aprovechó su superioridad para solicitar y satisfacer su sexualidad con una hija de confesión. Los magistrados, por otra parte, procuraban echar tierra sobre este tipo de asuntos, impidiendo de este modo la formación de escándalos que no favorecieran la perpetuación de aquel sistema de privilegio.»⁶⁶

CÓMO GANAR O PERDER UNA CAUSA POR ESTUPRO

Si hemos citado hasta ahora pleitos por estupro sin o con violencia en los que las querellantes ganaron el juicio, tiene su interés reseñar un par de ellos en los que fueron denegadas ante los tribunales, demostrando una vez más la imprescindible necesidad de probar el honor y honestidad de la mujer. En el primero, la Audiencia de Valencia decretó no haber lugar a la querella, «probablemente porque la descripción de los juegos sexuales con su pretendiente que la viuda María Serra, brindó a los jueces: “Y todas las noches [Blas Valero] la acompañaba a su casa y la besaba y le pasaba las manos por los pechos y quería conocerla”, obró en perjuicio de su reputación y crédito». En el segundo, el acusado convenció al tribunal de que la relación carnal que había tenido con Josefa Minguet era cierta, «pero venal, por ser Josefa mujer de acreditada mala vida», y fue absuelto.

En suma, ambas querellantes fracasaron en el empeño esencial y prioritario de probar su honestidad y moralidad ... No obstante, pese a la imagen de escasa credibilidad en la palabra de la mujer que estos casos proyectan, se ha de reparar en el hecho de que en 15 de los 17 juicios [en Valencia] con desenlace conocido (cerca del 90 por 100 de las causas) las denunciantes consiguieron casarse con sus victimarios o ser dotadas voluntariamente por éstos o por orden de los jueces, de lo que se desprende que las querellas por estupro fueron un instrumento eficaz para el logro del cumplimiento de la palabra, la reparación del honor y/o el resarcimiento económico.⁶⁷

LA FUERZA DE LA PALABRA

Aunque las tasas de éxito de las querellantes no fuesen tan elevadas ante otros tribunales, bastantes recibieron dotes para que les valiese la pena pleitear; si no, dejarse embaucar por un engaño bastante común no se explicaría. Sin embargo, había también otra razón más profunda, más tradicional que operaba entre las jóvenes plebeyas en la materia. En una sociedad de cultura oral, especialmente la rural, las promesas eran tan importantes como cualquier documento notarial. Antes del concilio de Trento, «la promesa de matrimonio o palabra de futuro se convertía en motivo suficiente para establecer unas relaciones íntimas. Éste, como hemos podido comprobar, todavía seguía presente en la sociedad rural del siglo XVIII en el suroeste de Albacete».⁶⁸

La práctica de entender como matrimonio válido el desposorio, seguido de cópula, era igualmente extendida entre las clases populares de muchas otras regiones⁶⁹ en el setecientos, e incluso los tribunales eclesiásticos de Granada y Córdoba hasta hacía poco habían considerado los esponsales un «contrato vinculante»; y eso a pesar de que la Iglesia tridentina formalizara los ritos de matrimonio, en un intento de acabar con la práctica e, igualmente, la de que una mujer desvirgada podría restaurar su honor por el hecho de casarse.⁷⁰ Esta última práctica también quedaba vigente en el XVIII, incluso en las sentencias judiciales, ya que, como hemos visto, éstas impusieron con frecuencia la pena de casar al imputado con la víctima o, en su lugar, una condena económica a fin de encontrar la querellante un futuro marido y así recuperar su honor.⁷¹

Para la Iglesia el orden sexual dependía del matrimonio, que era el «antídoto» contra la concupiscencia y desorden moral. Para el estado, el matrimonio era la base del orden social y de la prosperidad, y la familia constituía una escuela de virtudes cívicas y el mecanismo privilegiado de disciplina social.⁷² Así, ambas instituciones tenían sus distintas razones para apoyar la santidad del matrimonio.

LA LEGISLACIÓN CANÓNICA

No fue la legislación civil, o las Partidas,⁷³ sino la legislación canónica que fallaba en contra de quien «sedujere (entendido como engañara con astucia o persuadiera al mal) a mujer soltera» la que regía en los procesos de estupro en el siglo XVIII, y la pena, igualmente del Derecho canónico, se conocía como «no casándose». Tanto al casarse como al pagar una dote, el énfasis en el casamiento no fue casual porque la Iglesia buscaba un fin concreto:

la constitución de una moral que reconociese como únicamente lícitas aquellas conductas sexuales que se producían en el seno del matrimonio ... Por una parte, casarse como único medio de salvaguardar la honra, la vileza cometida, y por otra, en que el matrimonio era imposible, dotar a la mujer para que vuelva a entrar en el mercado matrimonial sin lastre o rémora que la apease de la sociedad.⁷⁴

A esta pena alternativa se añadía la de encarcelamiento, pues trataba de «forzar al estuprador a que se casara con la mujer doncella que había estuprado».⁷⁵ Hasta la cédula de 1796,⁷⁶ al comienzo mismo del proceso, se ponía al acusado en prisión, en parte para impedir la fuga, en parte para hacerle concentrarse en el problema que había causado. Además de la pena dictada, el juez, le podía castigar al destierro o presidio durante unos años y al pago de una posible multa. Si el culpable era humilde, estaba casado o pobre, entonces sí se le imponía la pena civil, los azotes y el destierro.⁷⁷

¿PECADO O DELITO?

Se ha observado cierto «paralelismo» entre el pecado y el delito de estupro,⁷⁸ igual que de otros que se podrían subsumir bajo el título de «lujuria». Incluso se ha llegado a decir que la estuprada no cometía delito pero sí incidía en pecado, en falta de moral, por tener una relación sexual fuera del matrimonio. Lo que no queda claro es la relación precisa entre pecado y delito. Es una cuestión enrevesada y disputada por los historiadores entre la tesis sostenida por Bartolomé Clavero, para quien —muy escuetamente— «delito es pecado y pecado es delito» y la de Pablo Pérez García, por ejemplo, quien acepta que «lo pecaminoso y lo delictivo se hallaban bastante próximos», pero niega que «la moral, la ley penal y el código de valores vigente fuesen idénticos». Desgraciadamente, el jurado histórico aún no ha dictado su sentencia sobre la materia; y perseguirla más allá necesitaría extendernos a delitos/pecados de otra índole, notablemente la sodomía, que son ajenos al tema del estupro.

Sin embargo, Clavero nos pone un ejemplo, citado incluso en un pie de página por Pérez García, de la imbricación de delito y pecado que sirve para demostrar lo difícil que era desentrañar el uno del otro: el caso de una viuda fornicatrix, viuda que fornica, a partir de cuya conducta se generaliza bastante una regla: Praesumitur idem fecisse marito vivente, o sea, se presume que lo mismo hacía en vida del marido. Dejando aparte las consecuencias —como la pérdida de derechos sucesorios o familiares—, se centra el interés por los presupuestos de este régimen «verdaderamente penal»:

Su fundamento es la idea de pecado, o más bien de la pecadora. Tratándose por definición de un acto consciente y deliberado, su misma comisión califica a un alma, procediendo tal presunción de anterior conducta. La viuda fornicadora puede reputarse, como si el marido viviese, adúltera, con todos sus efectos jurídicos de los que no bastaban para librarle la misma confesión y remisión de su pecado. Bien al contrario, con sistemas de penitencia pública, el mismo sacramento podía iniciar el juego de todo el mecanismo represor ... Hay intimidación, esta forma de compulsión que cuenta con la conciencia al sólo efecto de su eficacia.⁷⁹

Ambos historiadores, además, coinciden en que la Contrarreforma pugnaba por reforzar el vínculo entre religión y derecho, y que, por un «puritanismo sexual», aumentó la «curva represiva de los delitos contra la moral y la honestidad» de la actividad judicial.⁸⁰

Es llamativo que incluso en el Siglo de las Luces, el estado —o mejor dicho la monarquía— y sus autoridades municipales persiguieran activamente delitos sexuales que eran igualmente pecados de lujuria, como el adulterio o prácticas sexuales heterodoxas que se cometían en la intimidad del matrimonio, entrando a deshoras en casas particulares de los pueblos tras alguna denuncia o sospecha para llevar a cabo sus averiguaciones bajo el pretexto de «escándalo público». Las esferas del delito y del pecado no parecían diferenciadas a estos niveles, ni tampoco la injerencia del estado en la moralidad sexual de los súbditos; y eso porque el orden matrimonial constituía tanto para la Iglesia como para el estado la base del orden social.⁸¹

De todos modos, resulta curioso —¿o no?— que en el siglo XVIII el estupro se juzgue no por el Derecho civil, tal y como lo enjuicia las Partidas que formalmente aún seguían vigentes hasta bien entrado el siglo XIX —según la condición del estuprador, si el delito era probado, por las Partidas el culpable honrado perdía la mitad de sus bienes y el hombre vil era azotado públicamente y desterrado en alguna isla por cinco años—, sino como delito del Derecho canónico con las penas correspondientes. Este derecho había desarrollado una teoría de la punición, en caso que mediase seducción, basado sobre todo en el resarcimiento, esto es, la condena a casarse o dotar, planteamiento que acabó prevaleciendo en la interpretación del Derecho común y en la legislación de muchos países. Así ocurrió en la España borbónica, en contra de las Partidas, cuyas penas se consideraban inaplicables por la mayoría de los juristas.⁸²

Acabemos con la opinión de Madrid Cruz, que nos devuelve al debate de la relación entre delito y pecado. Según ella, para la Iglesia, las transgresiones sexuales mantenían «una consideración anclada en su pertenencia no al universo de la falta, sino, antes bien, al de la lujuria y el pecado». El traspaso al Derecho civil del delito canónico de estupro hace «innegable la integración de la Iglesia, sociedad civil y los jueces en la tramitación de los procesos». Los expedientes estudiados por la profesora

denotan o esbozan concepciones muy específicas sobre el matrimonio y la persecución de prácticas que no aspirasen a este estado, así como que el placer y el deseo continuaban siendo en España pecado. Es lo que se ha denominado la defensa del «amor institucionalizado».⁸³

CONCLUSIONES

En cuanto las causas por estupro nos facilitan una perspectiva sobre los patrones de conducta de las jóvenes de clase laboriosa en el siglo XVIII, y su condición femenina, la que en algunos aspectos compartían con las mujeres de otras clases, podríamos resumirlos en unas pocas palabras:

A falta de una buena dote, el único patrimonio de la joven consistía en la virginidad, la cual tenía un valor precioso en el mercado matrimonial.

Al contrario de lo que se creía, las alianzas matrimoniales, al igual que las de las clases acomodadas, se arreglaban por intereses patrimoniales que fuesen materiales, familiares o particulares como táctica de reproducción social.

El matrimonio, como única forma de escapar de la patria potestad y del ninguneo de la soltería, sin embargo dejaba a la esposa bajo la potestad del marido, por lo cual la mujer dependía siempre de un hombre.

Aunque el amor no aparece con frecuencia en las causas por estupro, las fugas mostraban la insumisión indomable hacía la patria potestad de algunas jóvenes de las clases populares, una insumisión muy contraria al modelo de joven pasiva y silenciosa que se propugnaba en la época.

Para casarse bien, la virginidad tenía que ir acompañada por una conducta recatada que pareciera honesta en su entorno. Que la fuese o no, el recato tendría que encubrir u ocultar lo que no quería que se viera o se supiera. Por lo tanto, la conciencia colectiva —el qué dirán— suplantaba la conciencia individual.

O virgen recatada, honesta, o mujer licenciosa, «mundana»: la dicotomía patriarcal la elevaba o la degradaba según las circunstancias. Sin embargo, ni la palabra de una ni la de otra valía ante la justicia lo que valía la del varón.

En una mímesis de la nobleza, el honor de la joven de clase baja y a través de ella el de la familia, se consideraba un valor supremo: «honesto pero pobre», se decía.

Sin embargo, en un aspecto las jóvenes plebeyas aventajaban a las acomodadas: debido a la costumbre pretridentina de tomar como vinculante la palabra de esponsales, ellas podrían permitirse entablar una relación íntima sin esperar el matrimonio religioso. Hay indicios de que las relaciones sexuales prenupciales eran bastante comunes entre los jóvenes de las clases populares.

Y si, por la razón que fuese, el varón no cumplía con su palabra de matrimonio, la joven, en cuanto tuviese el aval de honradez de sus convecinos, tenía el recurso de encausarle por estupro para obligarle a casarse con ella o resarcirle de una buena dote para casarse con otro. Por la importancia dada al matrimonio en el siglo XVIII, parece que en muchas causas la joven solía salirse con la suya.

El matrimonio, tanto para el estado como para la Iglesia, se consideraba el fundamento social y moral de la sociedad hasta el extremo de que el estupro se juzgaba más bien por el Derecho canónico que por el Derecho civil (las Partidas). Este «paralelismo» entre estado e Iglesia en defensa del matrimonio hacía que las autoridades del estado cumpliesen la función de «policía moral» contra cualquier atentado a la «normalidad» sexual, incluso dentro del matrimonio, bajo pretexto de causar «escándalo público».

Así era como el placer y el deseo continuaban siendo en España pecado. Es lo que se ha denominado la defensa del «amor institucionalizado».

La violencia endémica bajo el Antiguo Régimen se manifestaba en la frecuencia de la violación de las menores, incluso adolescentes. Aunque la mayoría de estos delitos se juzgaba como estupros, por ser éste una figura legal mejor definida que la violación, la violencia que sufrían las víctimas, tanto física como psicológica, figuraba en el juicio sólo como un factor «agravante».

Muchos pleitos demuestran que las jóvenes que servían y vivían en casas particulares —cosa corriente entre las de extracción popular, especialmente del campo, para reunir un poco de dinero a la espera de casarse— estaban en riesgo de violación por los dueños, sus hijos, o los otros sirvientes y empleados de las mismas. Para más sufrimiento de la víctima, los jueces, siguiendo el ejemplo de algunos ilustrados filósofos franceses, dudaban de que en condiciones normales una mujer pudiera ser violada.

A fin de cuentas, el destino de las mujeres de clase popular era el de ser consideradas «o bien como seres reproductores, o bien como objetos de placer o de deseo, o bien anatemizar su capacidad intelectual o moral para coincidir en negarles toda identidad propia», concluye M. Ortega López.⁸⁴

Aunque la Ilustración aportó cambios en algunos de los estereotipos patriarcales para las mujeres de la élite, en cuanto a las de clases bajas, los ilustrados estaban de acuerdo en que «la formación de las mujeres del pueblo debe servirles como entrenamiento para el trabajo y para que reconozcan y acepten el puesto que les corresponde en la jerarquía social ... de “sujetos dóciles y útiles”». A diferencia de las escuelas masculinas de «primeras letras», las de las niñas ... se limitaban a procurar «la buena educación de jóvenes en los rudimentos de la Fe Católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes, y en las labores propias de su sexo». Así de claro lo constaba una Real Cédula de 11 de mayo de 1783.⁸⁵

Capítulo 5

LOS LEVANTAMIENTOS DE 1808

Tanto en la guerra como en el amor, la pasión no suele ser buena consejera. Un pueblo indefenso que en un arrebato pasional se levanta para echar de su patria al ejército más poderoso de Europa puede parecer tachado de irracionalidad. Con razón así lo creía Napoleón y no pocos de la élite española en 1808. Constituida por el odio y el miedo, la pasión fue una «descarga irregular de tensiones de los más diversos orígenes», como dice Ricardo García Cárcel,¹ al culminar en un sentir negativo, pues si no se sabía positivamente lo que se quería, sí que se sabía lo que no se quería: la ocupación militar de España por una potencia extranjera, ser gobernado por otro rey que no fuera el suyo. Una pasión que años antes, cuando era el general más joven de la Francia revolucionaria, el mismo Napoleón entendía perfectamente: cualquier intento, dijo, de dominar España o al pueblo español por la fuerza militar llevaría inevitablemente a una insurrección popular, un aviso que el desmedido orgullo imperial en 1808 le hizo olvidar.² Un pueblo con una identidad colectiva forjada durante siglos no se sometería sin más a un emperador, por poderoso que fuera, y menos aún a un aliado que alevosamente quiso hacerse con su país.

Mi propósito es tratar de desentrañar algunas de estas tensiones y la descarga que originaron los levantamientos entre la última semana de mayo y los primeros días de junio.

En primer lugar, hay que destacar que cada uno de los levantamientos fue un caso sui generis, sin interconexiones entre sí. O sea, no hubo un plan general ni siquiera, en la mayoría de los casos, noticias de las otras insurrecciones. Dejando aparte el caso distinto de Cataluña, que abordaremos más adelante, ¿cómo entonces explicar que en ocho ciudades de provincia a considerable distancia unas de otras —Cartagena, La Coruña, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Badajoz, Oviedo y Sevilla— los levantamientos, si no coincidieron, se escalonaron durante quince días?

Es de observar que ninguna insurrección tuvo lugar antes del 23 de mayo, día en que la Gazeta de Madrid, anunciando oficialmente la renuncia al trono de los Borbones, llegó a muchas de estas capitales. Hasta aquella fecha, las clases populares urbanas esperaban un arreglo entre España y su aliado francés, esperaban que tras el secuestro del nuevo y joven rey, Fernando VII, Napoleón le devolviera al trono español e incluso le prometiera una esposa de la familia imperial. El periódico del 20 de mayo disipó por completo estas ilusiones. Napoleón se había hecho con el trono y, por lo tanto, con España. La ocupación francesa se había consumado.

Esta certeza aumentó la incertidumbre popular. En una sociedad tradicional, donde todo aparecía regulado desde arriba por leyes y decretos, tradiciones y costumbres, la incertidumbre política y la confusión que la acompañaba era causa de desestabilización social. Más que nada, las clases populares temían un futuro incierto, sin su monarca y su religión, un mundo que anduviese al revés y que les perjudicase. «El no saber a qué atenerse para una población que siempre tuvo explicaciones para todo significaba una división de pareceres, y por tanto, una ruptura del monolítico sistema mental y de actuación del Antiguo Régimen.»³ Este fenómeno lo observó con agudeza el nuevo embajador bonapartista, La Forest: «El pueblo ignorante que mediados de mayo no pudo soportar la incertidumbre se ha arrojado ahora en masa a la oposición...», escribió meses después.⁴

Tres semanas habían pasado desde el 2 de mayo madrileño, por lo tanto, éste no pudo ser la chispa inmediata que encendió el estallido general, aunque la noticia de la represión francesa que la acompañó sensibilizó los ánimos. Esto fue muy notable en Oviedo, donde la llegada de la noticia de las ejecuciones francesas precipitó el 9 de mayo una fuerte conmoción popular que costó mucho controlar a las élites. Aún no había sonado la hora.

En estos veintitantos días antes de estallar la conflagración nacional, las autoridades nombradas por el anterior régimen de Godoy hicieron todo lo posible para calmar los ánimos e impedir un levantamiento que consideraban una locura y que había que evitar a toda costa. ¿Qué más daba, argumentaba el intendente de Valencia, quién fuera rey? Los Borbones se habían «perdido por sus rivalidades familiares y los españoles no debían perderse por ellos».⁵

Ante los partidarios de Fernando VII estos argumentos pecaban de traición al nuevo rey que Napoleón había obligado a renunciar al trono y tenía secuestrado en Francia. Al contrario de las autoridades godoyistas, harían todo lo posible para que se levantaran sus capitales o ciudades de provincia a favor de su rey y de la religión y, como objetivo inmediato, suplantarlas. En este sentido, los levantamientos serán bicéfalos: por un lado, una continuación de las confrontaciones entre los fernandinos y Godoy que habían culminado, pero no acabado desde el punto de vista ideológico, en el motín de Aranjuez tan sólo dos meses antes; y, por otro, una sublevación contra la ocupación napoleónica del país.

Durante esas semanas, la tensión popular fue azuzada por pequeños grupos de fernandinos —en su mayoría, personas de carrera, o sea, de cierta élite social— y de un abanico muy variado de tendencias políticas. En la preguerra casi lo único que les unía era el odio al régimen de Godoy, al que tildaban de «despótico». Cuando justo antes de la guerra cayó Godoy en el motín de Aranjuez —obra de cierta nobleza fernandina— y subió al trono Fernando VII, ellos —los fernandinos— esperaban del nuevo rey reformas para acabar con el despotismo. Una vez que Napoleón demostró ser aún más despótico, obligando a Fernando VII a renunciar al trono y dejarlo a su hermano José Bonaparte, se traspasó el odio de los fernandinos al emperador, que ya había invadido España.

Los fernandinos aprovechaban el tiempo para asegurarse de que podían provocar y controlar la deseada rebelión para evitar que se convirtiese en un estallido popular peligroso e ingobernable. Nada les asustaba más a las gentes de orden del Antiguo Régimen que la posibilidad de que un levantamiento se les fuera de las manos y se convirtiera en una temible anarquía. Y lo consiguieron mejor o peor según el lugar.

Es preciso señalar que los principales levantamientos fueron de origen eminentemente urbano, a excepción de Cataluña, y la mayoría tuvo lugar en la periferia del país, o sea, que ningún lugar se hallaba ocupado por las fuerzas francesas; por consiguiente, ningún foco tuvo que hacer frente al ejército napoleónico de forma inmediata, como ocurrió en Madrid el 2 de mayo. Si hubiera tenido que hacerlo, los resultados habrían sido seguramente similares a los obtenidos en la capital.

Los fernandinos usaron todas las modalidades del motín organizado del Antiguo Régimen, incluso con algunas innovaciones, como milicias pagadas en Oviedo y Valencia.⁶ Durante estos veintitantos días, agitadores fernandinos incitaban a las clases bajas, exponiéndoles las iniquidades de Napoleón y explotando los temores religiosos, monárquicos y existenciales de aquéllas; y, por último, pero no por eso menos importante, se expandía el rumor de que los franceses llevaban en su equipaje militar miles de esposas y grilletes para conducir a los jóvenes españoles presos al norte para luchar en el ejército napoleónico. Ante la plebe, el rumor tuvo un efecto fortísimo. Además, aparte de las milicias a jornal, en Sevilla, Valencia y La Coruña —casos documentados—, se repartía dinero liberalmente entre la plebe, tanto para incitarla a sublevarse, como para controlarla una vez sublevada.⁷ En aquellos tiempos, los motines no se conseguían sin pagar nada a cambio...

Sin embargo, no cabe pensar que las clases populares eran títeres de los fernandinos o suponer que tan sólo el soborno les movía a actuar. En realidad, el dinero les proporcionaba los medios, es decir, la subsistencia diaria para actuar libremente. Tenían sus propias y múltiples razones para levantarse, algunas estructurales, como ya se ha indicado: un mundo estructurado en torno a dos constantes, monarquía e Iglesia. Pero otras coyunturales, como fueron las malas condiciones económicas, especialmente para los artesanos, que llevaban ya varios años generando un amplio malestar debido a la inflación galopante, una bajada de los sueldos en la España interior y un fuerte declive del comercio colonial que se atribuía a la alianza con Francia en las guerras napoleónicas por la política exterior de Godoy. Así, los fernandinos labraban una tierra abonada y no les era nada difícil hacer traspasar a Napoleón el odio popular a Godoy, ya que el objetivo de los fernandinos, como he dicho, era tanto derrocar a las autoridades godoyistas, como rechazar al emperador. Las clases populares que formaron las tropas callejeras de los fernandinos tenían sus propias razones para prestarse a este papel.

Que las insurrecciones tuvieron lugar en unas ciudades y no en otras tan sólo puede explicarse por el decidido plan de los fernandinos locales y por el grado previo de agitación. Donde había guarniciones de cierta importancia —el caso de Cartagena, La Coruña, Badajoz, Sevilla y Valladolid— la actitud del ejército, de apoyo activo o de meticulosa pasividad, fue primordial. Con la excepción parcial de Valladolid, en ningún foco principal tuvo el levantamiento que chocar con la hostilidad activa militar.

La planificación más ejemplar la tuvieron los ovetenses, donde los fernandinos, entre los que figuraban el juez mayor de Oviedo, dos funcionarios del gobierno, el proveedor de la fábrica de armas, el jefe del servicio postal de la localidad, un comisario de artillería, un oficial militar, dos canónigos catedralicios y una serie de individuos particulares, pero sólo un noble con título, organizaron el golpe para la noche del martes 24 de mayo. Este grupo formaba «un verdadero comité revolucionario», en palabras del historiador asturiano Francisco Carantoña, especialista en la guerra de la Independencia en el principado.⁸ tras dos semanas de conmociones urbanas que los fernandinos sosegaron en todo lo posible, éstos enviaron a tres de sus miembros al campo en busca de apoyo. El mundo rural sería más fácil de controlar que el urbano. A cada individuo dispuesto a participar en el levantamiento le ofrecieron cuatro reales al día. La fecha fue elegida adrede para evitar tener que escoger diputados al congreso constitucional que Napoleón había convocado en Bayona.

Los conspiradores reunieron a cuatro mil labriegos, quienes podían armarse en la fábrica de armas gracias a la complicidad del comisario de artillería y algunos oficiales militares; y una columna se dirigió hacia las dependencias del nuevo comandante militar nombrado por el mariscal Murat (duque de Berg), lugarteniente de Napoleón en Madrid. Su líder fernandino, disfrazado de labrador, entregó al comandante una carta del juez mayor que, en nombre del pueblo, le conminaba a convocar en el plazo de una hora una junta compuesta por los individuos cuyos nombres figuraban en la carta. Al ver la plaza alborotada de hombres armados, la discreción venció al valor y el comandante aceptó. Casi simultáneamente dos hombres embozados pedían al sacristán las llaves de la catedral, cuyas campanas comenzaron a tocar a medianoche, acompañadas de las de todas las iglesias, convocando a la población a unirse al levantamiento. Se reunieron en la plaza principal y prorrumpieron en gritos de «¡Viva el rey!» y «¡Muera Murat!». Así funcionó como un reloj el levantamiento ovetense, y así nació la Suprema Junta de Gobierno de Asturias.

No todos fueron tan bien planeados, ni salieron tan airosos. Lo podemos contrastar, por ejemplo, con el caso de Badajoz, donde los conspiradores fernandinos tenían planeado un levantamiento para el 3 o el 4 de junio, pero los sucesos del día de San Fernando, el 30 de mayo, les cogieron por sorpresa. La mañana de aquel día, el estandarte real no ondeaba ni se oyeron las salvas de cañón tradicionales, hechos que en muchas otras partes la plebe tomó como señal de que las autoridades locales obedecían a Murat en Madrid. Además, corrían rumores que luego se verificaron de que unos días antes la ciudad de Sevilla se había levantado. Una multitud se congregó exigiendo que la festividad se celebrase según la costumbre y el capitán general nombrado por Godoy, conde de la torre del Fresno, salió al balcón para notificarle que estaba dando órdenes al efecto. Apenas se había retirado, estalló un cañón acompañado de un enorme griterío. Una muchedumbre rabiosa reprendió a los artilleros por no haber disparado una salva, y una mujer, María Cambrero, arrebató una mecha a uno de ellos y disparó un cañón, ante lo cual los artilleros siguieron el ejemplo.⁹

Entre tanto, se oían voces iracundas que increpaban a torre del Fresno por no haber hecho pública la noticia de Sevilla ni haber manifestado su apoyo a la misma. Gritando: «¡Muerte a los traidores!», «¡Larga vida a nuestro rey Fernando VII!», la multitud se detuvo a las puertas del cuartel de caballería e instó a los soldados y oficiales a unirse a ella. Cuando los oficiales se negaron, los sublevados hicieron caso omiso de los centinelas y atropellaron a los oficiales. Acto seguido, soldados de diversas graduaciones se unieron a ellos y todos se dirigieron a la plaza Real donde un juez eclesiástico y concejal, Blázquez Prieto, intentaba pacificarlos. «Los hombres estaban alborotados, pero las mujeres no parecían menos que furias infernales», escribió luego.

Al poco tiempo se supo que un correo francés acababa de llegar a la ciudad. Motivo que propició un nuevo rumor: el capitán general estaba preparando la entrega de Badajoz a las fuerzas militares francesas que ocupaban Portugal a poca distancia al otro lado de la frontera. El populacho invadió la residencia del capitán general mientras él huía por una puerta secreta. La multitud siguió sus pasos. En el último momento, Torre del Fresno apeló en vano a sus sentimientos patrióticos. Apenas hubo terminado de hablar, fue atravesado por la espalda con la duela con punta de hierro de un soldado. La muchedumbre arrastró su cuerpo por las calles y lo arrojó frente a la puerta de sus dependencias. El asesinato puso fin al levantamiento de Badajoz. Aquella noche se formó una junta en la que los dos tercios de sus miembros eran oficiales del ejército.

Escenas como las de Badajoz fueron lo que los fernandinos querían evitar para no dar pretexto a las autoridades godoyistas a intervenir; y de inmediato tuvieron éxito: la mayoría de los pocos asesinatos tuvieron lugar después de los levantamientos. Las precauciones fernandinas se evidenciaron en Valencia, donde los tres hermanos Bertrán de Lis fueron los principales conspiradores y tenían una milicia privada a su disposición. Dos hortelanos, que seguramente formaban parte de aquella fuerza, levantaron a la población y, gracias a dispensarles dinero, controlaron después a los sublevados para impedir cualquier delito.¹⁰

Los propios fernandinos fueron los que primero propagaron el mito del levantamiento espontáneo popular. A éstos no les convenía políticamente que se extendiera la noticia de su papel directo, incluso de conspiradores, en las sublevaciones. Su anhelado control del poder aún no estaba asegurado. Los poderes fácticos, mayoritariamente nombrados por Godoy, podían contraatacarles, especialmente si los levantamientos les parecían a aquéllos un movimiento partidista tanto —o más— en contra suyo como en contra de Napoleón. Tampoco sabían si sus propias regiones iban a secundar el golpe, sin hablar de las demás. Podían necesitar a las antiguas autoridades para convalidar su poder. Y a nivel personal, en aquellos tiempos, el hecho de conspirar estaba socialmente mal visto. Por lo tanto, los fernandinos tenían razones suficientes para esconderse detrás de la plebe levantisca, a la que prestaron el honor patriótico, por la forzada ausencia de su rey, de haber hecho valer la soberanía del pueblo, la cual entregó a las nuevas juntas que enseguida se crearon, y en las que la plebe apenas tenía representación.

La importancia de estos ocho focos residía en que influyeron contundentemente en la extensión de los levantamientos y, en breve, en conseguir ayuda monetaria y armamentística de Inglaterra. Sin estos movimientos es dudoso que el mundo rural se hubiera sublevado, consiguiendo a fin de cuentas la sublevación más precisa, pues sin ella la sublevación urbana habría quedado aislada y desarticulada. A mediados de junio, las principales insurrecciones se habían extendido por toda España, a excepción de las zonas directamente ocupadas por los franceses: el País Vasco, Navarra y la Rioja, con una larga lengua de territorio que se extendía hacia el sur a través de Burgos y Madrid hasta el río tajo. En Cataluña, únicamente Barcelona, ocupada, no se levantó.

A falta del liderazgo de la capital, la insurrección catalana se diferenció del resto desde el principio por tener una dispersión territorial mayor que en cualquier otro lugar. A finales de mayo y en la primera semana de junio se puede decir que la región catalana se sublevó. A consecuencia de esto, Cataluña fue entre las primeras en España en crear una junta regional que trataba de superar la dispersión de los poderes locales, incorporándolos en una organización central.

Pero también existían otras diferencias significativas. Las clases trabajadoras, organizadas a través de sus gremios, desempeñaron un papel más activo que en otros lugares a la hora de incitar o modular la insurrección, recordando su papel tradicional en los asuntos cívicos antes de la Nueva Planta, abriendo un espacio político a esta clase en una serie de juntas locales. Igualmente, la existencia del sometent, la autodefensa tradicional de los pueblos, que se había resucitado durante la anterior guerra contra la Revolución Francesa, la de la Convención (1793-1795), dio a la plebe un arma inmediata que no tenían sus homólogos en el resto de España y que usaron en Cataluña no sólo para vencer al enemigo —la conocida victoria del Bruc, etc.— sino para intentar conseguir sus reivindicaciones antifeudales. No menos que en el resto de regiones, el odio popular hacia las autoridades era profundo, pero abarcaba también a los recaudadores de tributos señoriales, los diezmadores, usureros, escribanos y otros que extorsionaban directamente a la población. Por estas razones, el levantamiento catalán tuvo un carácter más popular que el resto de levantamientos del país.

Parece paradójico que Cataluña estuviera dispuesta a defender la monarquía borbónica española, ya que desde hacía un siglo ésta la había privado de sus preciados derechos de autogobierno. Pero así fue. Los catalanes no sólo lucharon contra Napoleón, sino que su resistencia fue mayor, más encarnizada y con mayor coste de vidas y propiedades que en casi ninguna otra región de España. Por cierto, no cabe la menor duda de que en 1808 y durante toda la guerra, los habitantes del principado se sintieron ante todo catalanes, como se vería en más de una ocasión en el curso de la contienda, pero eso no impedía su alineación con el resto de pueblos españoles en contra del invasor francés. A nivel personal primitivo, y por tanto decisivo frente a la expoliación extranjera, la defensa de sus familias, casas, tierras y pueblos, esta lucha no llevaba nombre español o catalán. Pero a un nivel más abstracto, había habido por aquellas fechas un cambio fundamental en las relaciones entre Cataluña y el estado monárquico español a causa de la guerra de la Convención.

Las lecciones de los llamamientos que la Revolución Francesa dirigía a toda su población para que se uniese en «la défense de la patrie» fueron rápidamente aprendidas por los contrarrevolucionarios religiosos españoles, quienes no tardaron en devolvérselas. Desde su punto de vista, que tenía rostro de Jano, la patrie, con sus connotaciones revolucionarias para los franceses, se convirtió para los españoles en la patria contrarrevolucionaria, cuyo viejo orden, su monarquía y religión, sus leyes, costumbres y tradiciones, había que defender. La Iglesia española estaba bien preparada para esta especie de giro ideológico e inventó el lema tripartito, la religión, el rey y la patria, para contrastar al francés de liberté, égalité et fraternité.

Al luchar contra la amenaza revolucionaria en su país, la élite catalana hizo suyo el lema y los postulados que conllevaba, rechazando los cantos de sirena franceses de independencia y viéndose forzada a causa de la debilidad del estado español a organizar y financiar su propia guerra. La Guerra Gran fue el principio de la «integración irreversible» de Cataluña en el estado español, según Lluís Roura, historiador catalán de aquella contienda.¹¹ Pues esto ocurrió sólo quince años antes de que tanto España como Cataluña tuvieran que enfrentarse otra vez en 1808 a las consecuencias de la Revolución Francesa; no tiene que sorprender, por tanto, que los catalanes lucharan contra Napoleón al igual que el resto de españoles.

Aunque la guerra antinapoleónica fuera, al decir de Pierre Vilar, el momento álgido de la nueva relación española-catalana,¹² el cambio fundamental no se traducía necesariamente en cambios conceptuales populares: los mismos estereotipos denigrantes de unos y otros seguían en uso común, dando lugar a que superficialmente no pareciera haber sufrido cambio alguno. Sin embargo, esta falta a nivel popular no representaba la conciencia de las clases dominantes y sus representantes, los cuales en las distintas juntas fueron en general tan respetuosos con el viejo orden social, político y religioso como sus homólogos en el resto del país. Y no sin razón, ya que el edificio jerárquico catalán —sistema señorial, preeminencia de la Iglesia, etc.— descansaba en los mismos principios que en el resto de España y, por lo tanto, las clases dominantes no tuvieron dificultad alguna en identificar sus intereses generales con los que se estaban defendiendo en el resto del país. La Junta Suprema catalana siempre manifestó una firme lealtad a la causa común, como si esperara borrar incluso las faltas y delitos de los catalanes de otros tiempos.

Los levantamientos españoles fueron apoyados por insurrecciones similares en Portugal e influyeron en ellos. La Junta gallega envió emisarios a los regimientos del ejército español que, al lado del francés, ocupaba Portugal bajo el tratado de Fontainebleau, pidiéndoles que desertaran y se uniesen a la insurrección de Galicia. Así lo hicieron el 6 de junio. En los diez días siguientes las provincias portuguesas se rebelaron y el general Junot, comandante francés y gobernador de Portugal, se encontró en Lisboa rodeado por un país en plena insurrección.

La insurrección española ¿era acaso otra Vendée contrarrevolucionaria? En parte sí. La defensa del rey y de la religión era común, así como la fuerte participación artesanal en ambos casos. No obstante, las diferencias eran mayores que las similitudes. En contraste con la movilización campesina de 1793-1796 en una parte de la Francia occidental,¹³ la insurrección española fue urbana en sus orígenes y nacional en su finalidad. Aunque ambos levantamientos iban dirigidos contra los «usurpadores» de la monarquía absolutista, la reacción francesa fue contra su propia revolución, mientras que la española lo hacía contra un favorito real y su administración, que había iniciado un proceso de indefinición y tolerancia con la invasión de un aliado y el secuestro de su rey, a cuya entronización había contribuido el propio pueblo en el motín de Aranjuez; y en mayor grado aún en contra del invasor de su país. Más bien, a mi juicio, se podría calificar la pasión desplegada por las capas urbanas desposeídas como una reacción a la fría y desapasionada racionalidad de los reformistas ilustrados que intentaron controlarles en aras del estado. En otras palabras, la insurrección sería la victoria barroca del pueblo llano sobre la Ilustración, algunos de cuyos insignes personajes cosieron sus colores al asta bonapartista.

Al contrario del urbano, el mundo rural no se levantó de inmediato, poniendo de manifiesto una vez más que la insurrección ni fue espontánea, ni unánime. A excepción de los pueblos situados en la línea directa del avance del ejército imperial, los demás dormitaron hasta que fueron instigados por mensajeros de la capital provincial o regional y recibieron la orden de formar juntas, o bien hasta que se enteraron de la insurrección de la capital. Esto en sí no resulta sorprendente, ya que el levantamiento de un único pueblo no tenía demasiado sentido, ni siquiera para el más fervoroso fernandino.

A pesar de la ira, el desafío y el deseo de venganza de la población urbana, la insurrección habría acabado aislada y desarticulada y los franceses la habrían aplastado con toda certeza, si la población rural no se hubiese unido, transformándola en un levantamiento nacional. Este factor hizo físicamente imposible que los invasores ocupasen militarmente el país entero: podían controlar las principales capitales, pero no a la vez todas y cada una de las 6.500 ciudades, pueblos y aldeas diseminados por el territorio español.

La participación del mundo rural fue, por lo tanto, un elemento primordial de la lucha patriótica. En efecto, constituyendo la mayoría de la población, fue el campesinado el que soportó las luchas más duras, las peores exacciones, intimidaciones y terrores para obtener el elemento esencial que sólo ellos podían proporcionar: los víveres. Ya que el ejército francés estaba obligado a vivir de la tierra, según la máxima napoleónica de que «la guerra debe sustentarse de la guerra», el control de comestibles, tanto de los soldados como de sus caballos, se convirtió en uno de los elementos estratégicos de la guerra y gran parte de la posterior lucha patriótica de guerrillas giraría en torno a este factor.

Pero al mismo tiempo podemos preguntarnos si el mundo rural se habría levantado de no ser por el ejemplo que le dio la apasionada reacción urbana. Creo, por mi parte, que se puede dudar de ello.

Al fin y al cabo, la pasión, la descarga de tensiones, llevó a una guerra larga y cruenta que, probablemente, nadie habría previsto ni siquiera deseado... Llevó a la pérdida de hasta 375.000 vidas españolas (el 4 por 100 de la población), entre los muertos y los que no nacieron a causa de la contienda,¹⁴ y a la destrucción productiva de gran parte del país. Condujo, eso sí, a una victoria militar, debido en parte a la pérfida Albión, y al comienzo de la ruptura política del Antiguo Régimen; pero igualmente a la pérdida de las colonias americanas, a la restauración del absolutismo y al fracaso de la proyectada monarquía constitucional liberal. España lo pagó caro: una década como mínimo de atraso político, económico y demográfico.

Capítulo 6

EL PUEBLO EN ARMAS

La resistencia sin desmayo que protagonizó el pueblo español frente a la invasión de su patria por parte de Napoleón constituye un caso único de las guerras napoleónicas. Con una duración de seis años y en un país aún orgulloso de su tradición como monarquía católica desde tiempos inmemoriales y defensora de la fe verdadera, este sangriento conflicto no tuvo parangón en ningún otro país ocupado o derrotado por los franceses. ¿Por qué los españoles combatieron durante tanto tiempo, mientras que en el resto de Europa la resistencia popular a las invasiones napoleónicas de sus naciones fundamentalmente católicas (como Nápoles, Sicilia o el Tirol) fue simplemente un problema regional menor y subsanable? Incluso en Rusia, la nieve y las enfermedades influyeron más decisivamente en el desastre de la campaña de Napoleón en 1812 que las batallas campales o la resistencia popular a las que se enfrentaron sus ejércitos. Por una vez puede decirse que el consabido eslogan «Spain is different» («España es diferente») demostró ser cierto.

Pero ¿por qué fue diferente? Para empezar, en contraste con otras élites políticas europeas e incluso con la mayor parte de sus poblaciones, que aceptaron las reformas modernizadoras de Napoleón, en general en España no hubo tal aceptación, sobre todo entre las clases populares. En todo el espectro de la resistencia, desde los partidarios del absolutismo borbónico hasta los «liberales» (a quienes, por supuesto, no se denominaba así en el momento de estallar la guerra), se produjo una fuerte reacción, por un lado, frente a la traicionera estratagema de Napoleón para invadir a su aliada, España, y por otro, frente al derrocamiento de su joven rey Borbón, recién llegado al trono, en favor de José Bonaparte, su propio hermano. Esto se apartaba de la política que llevó a cabo en otros países a los que derrotó, como Austria, Prusia y Rusia, donde el emperador nunca llegó a destronar a la dinastía gobernante. Parecía, por tanto, haber elegido un destino especialmente cruel para el país que había sido aliado de Francia durante los últimos doce años.

Desde la época de los Reyes Católicos, los españoles poseían cierto sentido de identidad colectiva, vertebrado por la monarquía católica y enormemente reforzado por la hegemonía que mantuvo este país durante 150 años sobre Europa occidental, financiada en gran parte con la plata procedente de su nuevo imperio del otro lado del Atlántico. En el siglo XVIII, esta identidad común era comparable (aunque diferente) a la de franceses y británicos. Las tres eran viejas naciones-estado, de hecho, las más antiguas de Europa occidental; sin embargo, España y los españoles tenían otro elemento a su favor: eran el pueblo elegido por Dios para mantener viva y en todo su apogeo la única y verdadera fe católica, apostólica y romana en un mundo cada vez más hostil, y ahí estaban la Iglesia y la Inquisición para asegurarse de que la empresa no fracasara. Así pues, durante la guerra de España contra la Revolución Francesa (la guerra contra la Convención, 1793-1795), la Iglesia fue capaz de adoptar el llamamiento de la revolución a los franceses para defender la patrie y convertirlo en una convocatoria a favor de la patria contrarrevolucionaria, cuyas leyes, costumbres, tradiciones (el antiguo orden de España), monarquía y religión debían defenderse a toda costa. Tampoco fue por casualidad que el lema «religión, rey y patria», que los clérigos antirrevolucionarios acuñaron en 1793 para movilizar a la población española contra la revolución, resurgiera con fuerza al inicio de la guerra contra Bonaparte. Mediante la combinación de tres aspectos significativos para todas las clases sociales, como la religión, denominador común de todos los españoles asociado al monarca, pastor secular y benevolente de su rebaño, y la patria o comunidad de la que todos los individuos se sentían miembros y en la que, aunque escasos, todos tenían intereses materiales que defender, este triple lema se convirtió, para la Iglesia, en una unidad trinitaria capaz de reforzar la identidad colectiva preexistente en el marco de una ideología contrarrevolucionaria.

Fue esta identidad común reforzada lo que Napoleón pasó por alto en sus planes para controlar el destino de España.¹ Sin embargo, ni el emperador ni la monarquía española esperaban que se produjera un conflicto armado entre los dos aliados, y ambos compartían una misma visión de lo que habría de suceder necesariamente en caso de producirse dicho enfrentamiento: España sucumbiría inevitablemente ante la superioridad de Napoleón. Y así debería y podría haber sido si no fuera porque el pueblo español se levantó en defensa de su patria, porque nuevos organismos patrióticos asumieron el poder de los antiguos gobernantes y porque Gran Bretaña, deseosa de aprovechar la contienda contra Napoleón que se desarrollaba en el flanco sur de Francia, acudió en su ayuda. De esta resistencia surgió una revolución política que abrió una profunda fisura, aunque sin destruirlo, en el antiguo orden de España bajo el principio de la soberanía popular y augurando el acceso de la población (masculina) a la escena política. Fue el primer paso de España hacia la era moderna.

Los actos individuales de agresión contra los soldados franceses comenzaron casi desde el momento en que las tropas imperiales pusieron el pie en España. El más significativo de ellos fue quizá uno de los menos conocidos: mientras que los correos y ayudantes de campo de Napoleón atravesaban indemnes a caballo otros países beligerantes u ocupados, en España la población local los apresaba, les confiscaba las alforjas, los mensajes y los caballos y asesinaba o encarcelaba a los jinetes para pedir recompensa por ellos. Al inicio de la guerra existían pocas diferencias entre los que serían futuros guerrilleros y los bandoleros corrientes, situación en la que algunos permanecieron durante la totalidad del conflicto.

No todo el rechazo popular y el temor a la presencia de los militares franceses en suelo español dieron lugar a actos agresivos; algunas reacciones fueron a un tiempo personales y generalizadas. Por ejemplo, en Guipúzcoa, donde seguía vivo el recuerdo de los estragos causados durante la guerra contra la Convención, el número de concepciones² descendió súbitamente durante los tres primeros meses de 1808, y en las dos Castillas descendió bruscamente el número de matrimonios desde marzo,³ ambos signos inequívocos de las dudas que asaltaban a la población sobre el futuro inmediato. Acostumbrados a una sociedad tradicional en la que todo parecía estar regulado desde arriba (leyes, decretos y costumbres), la incertidumbre política fue un factor enormemente desestabilizador. Introdujo confusión en la mentalidad popular, marcó diferencias de opinión y, por ende, una ruptura con el sistema mental y el comportamiento monolíticos del Antiguo Régimen, que parecía tener respuestas y leyes para cada ocasión.

Durante las casi seis semanas que transcurrieron desde que el mariscal Murat pisó (y de hecho ocupó) Madrid el 23 de marzo con un gran contingente de tropas hasta el alzamiento del Dos de Mayo, las calles de la capital fueron escenario de una guerra no declarada a punta de puñal cuyas víctimas fueron las tropas francesas. Cuántos fueron asesinados o murieron como consecuencia de sus heridas es algo que queda abierto a la interpretación de los confusos registros de los hospitales. Sus heridas y asesinatos no se produjeron como respuesta a acciones violentas similares realizadas por los franceses (a pesar de que el 26 de abril unos oficiales franceses ebrios asesinaron a un pacífico comerciante), sino que esa violencia surgía más bien de la rabia y la desesperación populares ante la salida de Madrid de Fernando VII, al que Napoleón engañó para reunirse con el nuevo y joven rey primero en Burgos y posteriormente en Bayona. Un historiador francés calcula que de los 174 soldados napoleónicos que murieron en el Hospital General de Madrid entre el 23 de marzo y el 1 de mayo, la mayoría fue víctima de intento de asesinato. Un historiador español, Emilio de Diego, cifra su número en, al menos, 42 soldados ingresados en el hospital sólo durante la segunda quincena de abril con heridas en algunos casos mortales.⁴

Los más temidos por los franceses y más hábiles con el acero eran los chisperos, artesanos y trabajadores de los barrios obreros, «el pueblo legítimo (hombres y mujeres) de Madrid», según las pomposas palabras de un alto funcionario español de la época, José de Arango: «Y aunque esta gente hería más con las sales picantes de sus dichos que con sus navajas embotadas de picar tabaco del Brasil, Murat los temía...».⁵

Temeroso o no (que es lo más probable), Murat se preparó para sofocar a la canaille en caso de que se sublevaran contra la ocupación francesa. Dispuesta a mostrarse ofendida ante cualquier interferencia en sus costumbres locales, la población se sentía irritada por la falta de respeto de los soldados franceses hacia las mujeres españolas: el 18 de abril, un soldado francés fue asesinado y varios de sus compañeros resultaron heridos en el Puente de Toledo por intentar besar a una madrileña.⁶ La irreverencia religiosa de las tropas (no se quitaban el sombrero o la gorra al entrar en las iglesias entre música militar y redoble de tambores) y las demostraciones de poder de que hacían gala en sus frecuentes desfiles militares, fueron, como posteriormente recordaba un joven madrileño, Ramón de Mesonero Romanos, factores aún más irritantes.⁷ Sin embargo, lo que más enfurecía a los lugareños era la negativa por parte de Murat a reconocer a Fernando como rey y sus permanentes intentos de liberar a Manuel Godoy de la prisión a la que el antiguo favorito real y virtual jefe del estado había sido confinado tras ser derrocado recientemente en el motín de Aranjuez. Mediante rumores (voces vagas), habladurías, propaganda y libelos antifranceses, los partidarios de Fernando mantuvieron la agitación popular justo por debajo del punto de ebullición con el fin de no dar a Napoleón un pretexto para secuestrar a su rey, pero a un nivel suficientemente alto como para advertir al emperador de que Fernando contaba con un amplio respaldo popular y que no se perdonaría nada que no fuera la ratificación del derecho de Fernando al trono por parte de Napoleón.

El lunes 2 de mayo, se produjo en Madrid un hecho ya habitual desde el motín de Aranjuez y que en breve se repetiría con frecuencia en otros lugares durante los levantamientos contra Napoleón: el pueblo tuvo la sensación de perder el último vínculo que le quedaba con su rey. Como una cadena de movilizaciones, en todos estos levantamientos circulaba el temor, sólidamente arraigado en la conciencia popular, de vivir sin su soberano de costumbre. Un mundo sin monarca y sin religión era un mundo al revés, sin cohesión ni coherencia, un mundo de incertidumbre en el que cada persona quedaría huérfana, abandonada a su suerte, y en el que los obreros más pobres llevarían la peor parte. En Aranjuez habían sido los planes de salida del que entonces era su rey, Carlos IV, lo que había despertado el temor de sus habitantes, circunstancia hábilmente aprovechada por la nobleza contraria a Godoy. El desencadenante de los sucesos del Dos de Mayo en Madrid fue la huida forzosa a Francia del último heredero directo al trono de Fernando que quedaba en España; además, durante ese mismo mes llegó la noticia definitiva de la pérdida de la corona española en favor de Napoleón, lo que despertó las iras populares y la simpatía hacia los pequeños grupos de partidarios de Fernando para sublevarse y declarar abiertamente la guerra a los franceses. Es más: si la salida del rey de Aranjuez había sido un ultraje por parte de Godoy, los otros dos acontecimientos habían sido urdidos por el emperador francés para conquistar y someter a España. El encendido odio que sentía el pueblo hacia Godoy se trasladó en ese momento hacia Napoleón, o, más inmediatamente, a su lugarteniente general en España: Murat.

Esta serie de abandonos protagonizados por su rey formaba parte de un entramado de temores, pasiones, inquietudes, resentimientos y esperanzas al que recientemente se había añadido un nuevo factor: el conocimiento, después del motín de Aranjuez, de que humildes campesinos y ciudadanos podían, mediante una acción colectiva, influir definitivamente sobre los asuntos de estado hasta el punto de destituir al hombre más poderoso de España.

El resultado del levantamiento de Madrid estaba escrito. El equilibrio de fuerzas se inclinaba demasiado hacia la derrota. Aunque en las calles se les unieran miembros de otros estratos sociales, las clases populares fueron, junto con los militares españoles, los principales protagonistas. Ninguno de los alzamientos subsiguientes se produjó en una ciudad ocupada ni tenía que enfrentarse de inmediato al poder militar francés, de lo contrario, el resultado habría sido casi con seguridad el mismo que en Madrid.

El levantamiento del Dos de Mayo marcó el inicio de la guerra que se avecinaba, pero no fue la chispa que encendió al país. De hecho, sería más preciso decir que fue el posterior incumplimiento de la palabra de Murat al reprimir violentamente a los participantes en el alzamiento lo que causó un mayor impacto entre las clases populares urbanas en todas partes, muchos de cuyos miembros tenían parientes en la capital. tres semanas transcurrieron entre la revuelta de Madrid y el inicio de los ocho levantamientos⁸ que se produjeron en capitales de provincia o en ciudades importantes. Resulta significativo que ninguno comenzara antes de que se recibiera la Gaceta de Madrid donde se anunciaba la renuncia oficial de los Borbones al trono español urdida por Napoleón en Bayona.

Para comprender cómo y por qué tuvieron lugar estas sublevaciones debemos primeramente dejar a un lado el mito, aún hoy frecuente, de que surgieron por la labor espontánea del pueblo que, gracias a su patriotismo innato, salvó al país de un opresor extranjero. De hecho, los levantamientos populares espontáneos en el sentido estricto del término a lo largo de la historia habían sido sumamente raros, y el de 1808 no era la excepción. Grupúsculos de partidarios de Fernando, generalmente de las clases cultas, que gozaban de cierta posición social (a los cuales algunos testigos calificaban de «patricios»), organizaron y, en la medida de sus posibilidades, controlaron los acontecimientos en esas ocho poblaciones, pero sin que existiera coordinación o planificación alguna entre ellos. Las tendencias políticas de los fernandinos eran muy diversas, y antes de desencadenarse la guerra lo único que les unía era el odio a Godoy y a su «despótico» régimen, como lo denominaban.

Tras la caída de Godoy durante la conmoción de Aranjuez⁹ y la subida al trono de Fernando VII, los partidarios de este último depositaron todas sus esperanzas en la aplicación de reformas que acabaran con el despotismo. Sin embargo, cuando Napoleón demostró ser el más déspota, secuestrando a su rey y situando a su propio hermano en el trono español, las iras de los fernandinos se desviaron hacia el emperador, que, además, había invadido el país mediante traiciones.

Los fernandinos (que, por ejemplo en Oviedo, formaron un «verdadero comité revolucionario») emplearon todos los métodos conocidos en el Antiguo Régimen para organizar disturbios, con algunas innovaciones para sublevar a las clases populares. Se distribuía alegremente dinero entre los plebeyos; agitadores de origen popular les enardecían relatando las maldades de Napoleón; la propaganda antifrancesa sacaba partido a sus temores religiosos, monárquicos y existenciales; por último, no hay que olvidar que se les decía que los franceses traían en sus trenes de abastecimiento miles de grilletes para apresar a los jóvenes españoles y llevarlos a que lucharan por Napoleón en el norte.¹⁰ Entre las principales innovaciones de estos alzamientos estaba la formación de milicias que, en los casos de Valencia y Oviedo, recibían armas y salarios de algunos particulares.

Dicho esto, las clases populares, y especialmente los artesanos, afectados por la mala situación económica y la inflación galopante que atribuían a Godoy y a la alianza con Francia durante las guerras napoleónicas, tenían motivos suficientes para prepararse para un levantamiento. Por tanto, los fernandinos disponían de terreno abonado para sus actividades, y no resultó difícil desviar hacia el emperador el odio popular que hasta entonces sentían por Godoy. Así, estas clases trabajadoras, que se convirtieron en las tropas de choque de los insurrectos, tenían sus motivos para desempeñar el papel que se les había asignado, especialmente si se tiene en cuenta que el objetivo inmediato de los fernandinos era derrocar a las autoridades partidarias de Godoy que se habían alineado con el cambio de soberano establecido por Napoleón.

Tras los levantamientos, los fernandinos, temiendo que se les identificara públicamente como conspiradores contra los godoyistas, que aún sostenían las riendas del poder administrativo local, crearon rápidamente juntas locales para gobernar en nombre de un pueblo que, según insistían, se había levantado espontáneamente bajo el lema «religión, rey y patria». Los fernandinos sostenían durante la ausencia forzosa de su rey que el pueblo, sublevado, había reafirmado su soberanía, que amablemente había cedido a las nuevas juntas, y pronto éstas se declararon a sí mismas soberanas. Ningún patriota, fuese cual fuese su signo político, negaría desde entonces que España debía su salvación al levantamiento espontáneo del pueblo frente a la contemporización y las dudas de las clases instruidas.

Por tanto, las principales juntas fueron consecuencia de los levantamientos, pero no emanaron directamente de ellos. Quiere esto decir que, por lo general, no surgieron ni (aún menos) representaron a los insurrectos que había en las calles, y si mostraron cualquier gesto en esta dirección fue sólo de forma tangencial y minoritaria. Esta separación entre alzamiento y junta vino dada por las propias insurrecciones, en las que el pueblo había cedido el liderazgo de su movimiento a sus superiores sociales fernandinos, o bien estos últimos trataron por todos los medios posibles de controlar la sublevación desde el principio.

Resulta significativo que el mundo rural no participara en las insurrecciones hasta que no se le ordenó hacerlo desde las juntas urbanas recientemente formadas. Si las sublevaciones hubieran dependido exclusivamente del campesinado, nunca se habrían producido; por otra parte, si los habitantes de los pueblos no hubieran participado, las sublevaciones urbanas habrían quedado aisladas y vulnerables a la represión francesa. La insurrección conjunta, urbana y rural, en la que cada vez adquirió una mayor importancia el campo, pues para los franceses resultaba más sencillo ocupar una ciudad que controlar campos dispersos, dificultó aún más la tarea de los invasores.

El primer gran alistamiento ordenado en otoño de 1808 por la recién creada Junta Suprema, el nuevo gobierno central patriota, puso de manifiesto que el fervor popular por luchar contra los franceses era auténtico. Los posibles reclutas solicitaron con mucha menor frecuencia de lo habitual exenciones por motivos de salud o para atender a sus padres ancianos en comparación con lo sucedido en las últimas levas anteriores a la guerra. De acuerdo con los tres reclutamientos iniciados en distintos puntos del país (la latifundista Andalucía, la manufacturera Cataluña y el puerto levantino de Alicante), la composición de los nuevos ejércitos consistía en una mezcla casi a partes iguales de artesanos y campesinos en los pueblos, y de artesanos y trabajadores de servicios en las grandes ciudades. Sin embargo, fuera cual fuese su profesión o empleo, la mayoría de los voluntarios tenía entre dieciséis y veinticinco años de edad, y el grueso de ellos aún no había cumplido los veinte. La juventud trabajadora había decidido luchar en masa contra Napoleón.

Este entusiasmo patriótico, que proporcionó suficientes reclutas y voluntarios como para compensar no sólo la falta de hombres en numerosos regimientos, sino también para disponer de un excedente de voluntarios para crear otros nuevos, no volvería a repetirse. Aunque las primeras victorias de los patriotas en el campo de batalla (El Bruc, Bailén, el primer sitio de Zaragoza) mantuvieron inicialmente alta la moral, las importantes derrotas que se sucedieron durante la ofensiva de Napoleón en el otoño de 1808 resquebrajaron para siempre el exceso de confianza que habían mostrado al principio. Empezaba la verdadera guerra de coraje, destructiva y en apariencia interminable: después de la más grave derrota de los españoles, que tuvo lugar en Ocaña el 19 de noviembre de 1809 (con diez mil muertos y heridos y veinte mil prisioneros) y que abrió el paso a la conquista de Andalucía por los franceses a principios de 1810, los patriotas españoles jamás consiguieron volver a reunir un ejército de cien mil hombres. Muchos españoles de las zonas ocupadas llegaron, sin duda, a la conclusión de que los franceses habían venido para quedarse y de que el seguir oponiendo resistencia no conseguiría más que poner su vida en peligro o empeorar su situación. Sin embargo, una minoría significativa de la población se mantuvo firme. En ausencia de importantes ejércitos de patriotas y con un gobierno ineficaz confinado en Cádiz, las pequeñas, pero sonadas victorias de la guerrilla lograron elevar la moral de la población y el deseo de resistir. Muchos de los primeros líderes guerrilleros fueron suboficiales veteranos de la guerra contra la Convención que se echaron al monte, y cuyos éxitos en acciones modestas les sirvieron para incrementar el número de sus seguidores. Durante los primeros años podría decirse que la guerrilla era el brazo auxiliar del ejército, pero ni siquiera su mejor golpe podría compararse con la victoria conseguida en una batalla. Los patriotas, sin embargo, habían perdido todas las batallas campales excepto la primera. Con cada nueva derrota, los soldados (y los oficiales) se desbandaban huyendo del enemigo, para así, supuestamente, seguir vivos y volver a combatir al otro día. Muchos de los que se mostraban dispuestos a seguir en la lucha se unieron a alguna guerrilla para desertar del ejército y escapar de unos oficiales de quienes desconfiaban (principalmente, nobles del Antiguo Régimen), de las constantes derrotas en el campo de batalla, de la dura disciplina militar, de la jerarquía de mando y de la falta de suministros, en especial de alimentos.

Para la mentalidad popular de finales de 1810, la resistencia armada se había encarnado firmemente en las guerrillas. Habían rechazado las grandes batallas y las tácticas militares de guerra habituales y adoptaron una forma de combate que les proporcionaba honores militares y rango de oficiales. Para ellos, renunciar a la lucha significaba una deshonra para la causa y para el lugar específico que ocupaban en ella. Sabían que, sin ellos, se desmoronaría la resistencia de la retaguardia. La guerrilla cristalizó el deseo de resistir que predominaba en el mundo rural. Era la única forma de combate que tenían a su alcance los débiles contra los fuertes. Los guerrilleros eran familiares y amigos de los aldeanos. Estaban habituados a luchar de forma ordenada. Cuando la guerrilla fracasaba, el espíritu y el empuje de la retaguardia se venían abajo.

Uno de los principales fines de la guerrilla era mantener viva la resistencia, y para ello uno de los medios más habituales era la lucha por los suministros de alimento. La cita de Napoleón «la guerra se alimenta de la guerra» significaba que sus tropas no tenían otra alternativa que vivir del campo, y sus incursiones en busca de provisiones, en las que generalmente se apropiaban de los rebaños y los silos de grano de todo un pueblo, llegaron a inspirar un gran temor. Los habitantes huían siempre que podían. Así, en la pequeña aldea catalana de Brafim tuvieron que huir al menos en 18 ocasiones a refugiarse en las colinas debido a las incursiones enemigas que se produjeron durante la guerra. Los franceses recaudaron durante el conflicto tanto en Navarra como en Aragón ciento cincuenta millones de reales en alimentos, forraje e impuestos, lo que en el caso de Navarra supuso el equivalente a dos años de toda la producción agrícola, comercial e industrial de la región anterior a la guerra.¹¹ Otras zonas fueron golpeadas con igual dureza. Cuando la guerrilla lograba proteger al mundo rural aunque sólo fuera de una pequeña parte de esta depredación imperial, levantaba los ánimos para mantenerse firme ante el enemigo.

Como hemos visto, las causas de la resistencia popular variaban en función del momento y de los objetivos perseguidos, pero si hubiera que elegir un único factor que en general la desencadenara durante la guerra, serían las exacciones de impuestos establecidas por el ejército francés, que, como un recordatorio constante de la opresión enemiga, movilizaron a los españoles para luchar por su libertad.

Capítulo 7

LA GUERRILLA

Como vanguardia armada de la resistencia popular al intento de Napoleón de someter a España durante la guerra de la Independencia, la guerrilla ha sido objeto de muchos mitos. El primero de ellos es el relativo al origen de «guerrilla» como término y como táctica de combate. Aunque a menudo se ha creído que por su nombre español la guerrilla fue una innovación española, que surgió del conflicto napoleónico, esto es históricamente inexacto. Desde mediados del siglo XVIII, los ejércitos regulares cada vez más profesionalizados, sobre los que el absolutismo basaba su poder, dedicaron mayor atención que en el pasado al principio de movilidad. Pequeños grupos militares reconocían e investigaban las líneas enemigas, capturando prisioneros para obtener información acerca de las fuerzas de sus adversarios, de sus movimientos, del suministro de alimentos y de sus planes de batalla. Cuando combatían en su propio país, los aldeanos del lugar actuaban como guías e informadores. Este tipo de guerra que los franceses llamaron «la petite guerre» o «guerra pequeña» fue adoptado como estrategia militar generalizada por los ejércitos del Antiguo Régimen. Se tradujeron al español un gran número de tratados sobre este tema, sobre todo franceses, y se utilizó en sus títulos y en las traducciones el equivalente literal español de «guerra pequeña», «guerrilla». Esta connotación militar definía el significado principal de la palabra española al estallar la guerra napoleónica.

El tipo de guerra irregular tiene una larga tradición histórica como la única forma posible de lucha del débil contra el fuerte, pero la guerrilla como estrategia civil de resistencia armada era totalmente novedosa, tan novedosa, por cierto, que en las proclamaciones iniciales de la Junta Suprema, jamás aparece la palabra guerrilla o guerrilleros, llamándose las formaciones de combatientes civiles «partidas» o «cuadrillas». Del mismo modo que no se utilizó esta palabra en sus recientes precedentes: los movimientos antirrevolucionarios de la Vendée y la Chouanerie de 17931801; la insurrección de Calabria de 1799 y por supuesto tampoco en la guerra española contra la Convención francesa (1793-1795). Durante este último conflicto se trataba de aldeanos del suroeste francés que se lanzaban al combate irregular cuando veían amenazados sus hogares y sus tierras por las tropas regulares españolas. En tiempos de la Revolución Francesa, cuando a una población decidida a resistir le fallaban sus propios ejércitos o no tenía ninguno, apenas le quedaba otra opción que la de luchar con el único medio a su alcance: una «guerra pequeña». Lo que distinguió a la guerrilla española en la guerra de la Independencia no fue su originalidad, sino su extensión social y geográfica. Era la primera vez que la guerrilla se convertía en una forma de resistencia extendida a toda una nación y para los patriotas en un derecho legítimo a la autodefensa.

¿Quiénes eran esos individuos que se echaban al monte y qué les motivaba a luchar? Obviamente cada caso era diferente, pero pueden hacerse algunas generalizaciones. En primer lugar la autodefensa se había asumido ya como un derecho propio bajo el Antiguo Régimen. En los difíciles años de finales del siglo XVIII, los campesinos habían tenido que defenderse a sí mismos, a sus hogares y sus cultivos de una proliferación de bandidos, contrabandistas, salteadores de caminos, ladrones y rateros. Como resultado, muchos aldeanos estaban entrenados en el uso de armas de fuego. En zonas costeras y fronterizas contrabandistas organizados frecuentemente en grandes bandas armadas estaban siempre dispuestos a combatir con los recaudadores de impuestos al tiempo que fuerzas de voluntarios civiles organizadas por el gobierno trataban de sofocarlos. Como resultado de esta contienda un gran número de habitantes de municipios y aldeas había adquirido experiencia de lucha en bandas pequeñas autoorganizadas o en «regimientos» de tipo militar aprobados oficialmente e hicieron buen uso de esta experiencia en la lucha antinapoleónica.

Así pues, la autodefensa constituía una de las condiciones previas a la resistencia popular armada, otra era la situación del ejército al comienzo de la guerra. Una de las experiencias fatídicas puestas en práctica por los primeros Borbones, que necesitaban el apoyo de la nobleza, fue la de convertir al cuerpo de oficiales en su propia guardia, en un coto cerrado, reinstaurando a la nobleza en su antiguo estatus feudal como la «espada» de la realeza. Este proceso se desarrolló de forma tan considerable en los últimos años del siglo XVIII, que el cuerpo de oficiales llegó a caracterizarse por ser exclusivamente noble y el ejército se convirtió en una típica pirámide social exclusivamente feudal: en su base la soldadesca formada por lo más bajo del pueblo llano, una capa media de oficiales hidalgos y en la cúspide la nobleza con título que dominaba los puestos superiores. El estatus social contaba mucho más que la profesionalidad y, después de una serie de derrotas aplastantes de los patriotas en las batallas campales del otoño y del invierno de 1808, aquellos que se habían «dispersado» (eufemismo que se aplicaba a los que habían huido), pero que estaban todavía decididos a luchar iban a encontrar en la guerrilla una solución, no como una nueva estrategia militar, sino como alternativa al hecho de ser arrojados sin preparación en medio de una batalla abierta a una casi segura derrota por unos oficiales de los que ya no se fiaban y que a su vez desconfiaban de ellos. En una partida bien organizada podían aspirar a una paga diaria generalmente superior a la del ejército, a una parte del botín capturado, a una cantidad de comida satisfactoria y a la ausencia de la dura disciplina militar.

Así pues, los «dispersos» eran muy numerosos, quizá tantos como la mitad de los guerrilleros. Pero esta categoría no nos informa acerca del estatus social de los guerrilleros definido por su trabajo en la situación prebélica. Usando la base de datos del autor, encontramos que de 751 guerrilleros,¹ el 26,3 por 100 provenía de clases trabajadoras y el 20,9 por 100 de clases privilegiadas (no manuales). Pero al convertirse en líderes de la guerrilla, estos porcentajes prácticamente se invertían: las clases trabajadoras proporcionaban el 20,7 por 100 y las privilegiadas el 28,5 por 100 (de los que un 12 por 100 eran clérigos). Basándose en su papel de liderazgo, se decía a menudo, incluso entonces, que los clérigos componían el grueso de los guerrilleros, cuando en realidad solamente constituían el 8 por 100 del número total,² mientras que agricultores de una y otra clase trabajadora abarcaban proporcionalmente el doble de ese porcentaje. Militares en servicio activo o que se habían retirado en 1808 les seguían en número de guerrilleros (5,4 por 100), muchos de ellos oficiales que habían tomado parte en los dos sitios de Zaragoza y habían escapado de los franceses después de la rendición de la ciudad a comienzos de 1809. A continuación, a cierta distancia, venían funcionarios (2,5 por 100), profesionales, en su mayoría abogados y médicos en menor número (1,3 por 100).

Aunque no muy numerosas, había en la guerrilla un puñado de mujeres; de las nueve registradas (1,2 por 100 del total), al menos dos recibieron reconocimiento oficial por su valor. Pero muchas otras, aun sin estar encuadradas en la guerrilla, desarrollaron tareas igualmente importantes como espías o correos, o ayudando a los soldados que escapaban de las columnas de prisioneros de guerra.

Entre esta mayoría de clase trabajadora resulta notoria la ausencia en las filas de la guerrilla de los jornaleros temporeros sin tierra, que a principios del siglo XIX formaban poco menos que la mitad de la población campesina de España. Este hecho revela la última, pero no menos importante condición previa de la guerrilla, que en gran medida afectó de forma importante a su localización geográfica. En lugar del campesinado sin tierra, fueron los pequeños agricultores (labradores) los que se levantaron en número superior al de todas las demás clases trabajadoras, tanto entre la tropa de guerrilleros como de entre los líderes. A lo largo de la amplia franja que, desde las fronteras de Galicia se dirige hacia el este siguiendo la costa cantábrica, internándose en zonas de Castilla la Vieja y continuando a través del norte de Navarra y Aragón hacia Cataluña, el pequeño campesinado y/o los renteros con contratos de arrendamiento duraderos y muchas veces hereditarios, gozaban de derechos de propiedad o de propiedad virtual sobre el uso de la tierra (dominio útil). Fue en estas regiones, donde la proporción de este tipo de campesinos era relativamente alta y en consecuencia baja la de jornaleros, en las que la guerrilla tuvo de forma más relevante sus raíces, especialmente cuando coincidía con zonas de fronteras accidentadas tanto terrestres como marítimas, donde los lugareños estaban acostumbrados a defenderse, ya fuese dentro de la ley, ya fuese como contrabandistas proscritos y bandidos, pero por encima de todo, con el objetivo de defender³ «sus» tierras y cosechas. Esto explica también por qué la mayoría de las grandes fuerzas de guerrilleros tuvo su origen al norte de la línea que traza el Duero.

Hasta comienzos de 1808 los correos y ayudantes de campo de Napoleón en sus misiones por Europa galopaban en solitario a sus anchas y sin trabas a través de territorio enemigo. En España, para sorpresa de los franceses, los habitantes les tendían emboscadas, se apoderaban de sus caballos y alforjas, los mataban o los hacían prisioneros y entregaban el botín a la autoridad patriótica en espera de una gran recompensa: una onza de oro, por ejemplo, era lo que un pastor recibía de la Junta de Ciudad Rodrigo por matar a un correo y traer su caballos y correspondencia. La línea divisoria entre salteador de caminos y partisano patriota era muy tenue en el comienzo y para algunos así se mantuvo hasta el final.

La primera interceptación de correo napoleónico que consta en los archivos tuvo lugar en febrero de 1808.⁴ Dos meses antes Juan Martín, humilde agricultor de Fuentecén, un pueblo a orillas del Duero en la provincia de Burgos, y antiguo cabo en la guerra de la Convención, acompañado por dos compañeros comenzó sus salidas para capturar correos franceses en la carretera de Burgos a Madrid, práctica que le llevó a convertirse en el líder más conocido tanto entre los patriotas como entre los bonapartistas y a tener mando sobre varios miles de hombres. «El Empecinado», como se le ha conocido siempre,⁵ pronto reunió un grupo de doce hombres que incluía a tres hermanos suyos. A caballo capturó gran número de caballos para su grupo en una operación en la provincia de Segovia. Él y sus hombres vagaban por Castilla la Vieja cooperando con los ejércitos, cuando podían. Tomó parte en las primeras batallas y en derrotas sangrientas en su región y en Salamanca, cuando sir John Moore estaba allí esperando en otoño sin saber muy bien si avanzar o retroceder. Mientras tanto atacó la guarnición francesa de Roa, un pueblo en su territorio natal. Le acompañaba otro líder de la guerrilla destinado a convertirse en famoso: el cura del pueblo, Jerónimo Merino, pero los pusieron en fuga. Poco después capturó un tesoro oculto de botín francés. Más hombres se unieron a su grupo: en diciembre su banda llegaba a los treinta hombres. Volvió a su territorio natal y tendió una emboscada a cuarenta dragones que participaban en una expedición para conseguir víveres: todos murieron. Su siguiente objetivo fue una pequeña compañía de gendarmes a los que hizo prisioneros y los envió a Valencia. El fatídico destino de sus primeros prisioneros franceses le había enseñado una lección. Los había enviado, custodiados por la mitad de su grupo para asegurar su seguridad, al pueblecito más próximo; allí sus habitantes los habían asesinado, presumiblemente sin que la guardia hubiese movido un dedo para protegerlos.⁶ La venganza era normalmente la contraseña de la resistencia popular. Las normas de la guerra sólo contaban para aquellos cuya profesión era la guerra convencional.

Un número de líderes guerrilleros había compartido la experiencia formativa del Empecinado en la lucha contra la Revolución Francesa en la guerra de la Convención, cuando tras el éxito inicial el ejército español casi fue derrotado. Durante el desarrollo del conflicto estos avezados soldados habían visto a los somatenes catalanes y a civiles vascos y navarros continuar la campaña con una táctica irregular en apoyo del ejército español. Al ser sus territorios invadidos por los revolucionarios franceses y presenciar el efecto desmoralizador que esta táctica tenía sobre el enemigo, dio un ejemplo que estos veteranos del rango más bajo —incluyendo a «Charro» (Julián Sánchez ), Miguel Sarasa y Jerónimo Saornil— no iban a olvidar. Espoz y Mina, todavía no un veterano, había sufrido los duros efectos de la guerra, al invadir los revolucionarios su Navarra natal.

Sin embargo, los motivos para formar parte o unirse a la guerrilla se explicaban en la inmensa mayoría de las narraciones de la España decimonónica como resultado de la violencia personal que la soldadesca enemiga infligía a los individuos o a sus familiares, especialmente a la población femenina. Sin negar la veracidad de algunos de estos relatos, parece que la ubicuidad de esta explicación, que constituía la categoría más amplia de todas (20 por 100), puede atribuirse a la hiperexaltada imaginación de los autores románticos, en contraposición al lema «por la religión, la patria y el rey», ciertamente bien conocido en los inicios de la guerra y que constituye solamente el 1 por 100 de las explicaciones que se dan como motivos individuales para unirse a la guerrilla.

En distintas ocasiones del conflicto se contabilizan unos trescientos cincuenta grupos que se habían formado en diferentes zonas del país. Aproximadamente uno de cada cuatro de ellos se había organizado en 1808. Por supuesto que no todas las partidas existieron a la vez, ni tampoco todas ellas duraron todo el conflicto, pero todas comenzaron como pequeños grupos locales de unos pocos individuos reunidos en torno a un líder al que, como al jefe de un clan, le debían lealtad y respeto. El destino de la cuadrilla y su crecimiento definitivo o su desintegración y desaparición dependían casi enteramente del éxito del jefe en el campo de batalla, de la captura de botín, de armas y sobre todo de caballos. Aunque en general los rangos inferiores proporcionaban menos jefes que los de clase social superior, fue de los primeros de donde salieron los grandes líderes de la guerrilla: Espoz y Mina, un pequeño agricultor; Francisco Longa (maestro herrero); «el Empecinado» (Juan Martín), pequeño agricultor; «el Charro» (Julián Sánchez), pequeño agricultor; «el Pastor» (Gaspar de Jáuregui), pastor; «el Cura» (Jerónimo Merino), cura de aldea... Sus cuadrillas llegaron a contar con varios miles de soldados y sus jefes, cuyos éxitos militares y la confusión que creaban en el ejército enemigo se hicieron legendarios, demostraron un conocimiento instintivo de la guerra irregular y del liderazgo de sus hombres. Mostraron una agilidad y un talento táctico que tendría que haber avergonzado a la jerarquía militar noble y la mayoría de ellos fue promovida por el gobierno patriótico al rango de brigadier como mínimo.

Entre 1811 y 1812, en el punto culminante de la actividad guerrillera, la base de datos del autor sugiere (la escasez de cifras exactas hace imposible una mayor exactitud) que la guerrilla había crecido hasta cincuenta y cinco mil y sesenta mil hombres, un número⁷ realmente considerable sobre todo si se tiene en cuenta que ninguno de los ejércitos patrióticos que quedaban en la época excedía de los setenta mil hombres. Un fenómeno se había hecho patente para entonces: el éxito de la guerrilla se traducía en la formación de partidas cada vez mayores, con un promedio de tres mil hombres en cada una de las dieciséis grandes partidas, la mayoría en el norte, que constituían el 85 por 100 del total de las fuerzas guerrilleras. Es más, cinco de estos grupos que comprendían treinta y tres mil hombres a pie y a caballo acabaron enrolados por el gobierno patriótico como el séptimo ejército y actuaban en las fronteras desde Galicia a los Pirineos.⁸

Las autoridades querían animar a la resistencia popular, pero al mismo tiempo la temían. De principio a fin los gobiernos patrióticos (sucesivamente Juntas Provinciales, Junta Suprema y Regencia) sentían miedo ante la idea de que su poder «soberano», de cuyo ejercicio se había excluido a las clases inferiores, pudiese ir a parar a manos del pueblo armado y que el orden social se trastocase desde sus cimientos. La Suprema, apenas llegó a Sevilla en diciembre, tras huir de Aranjuez ante el avance de Napoleón, lanzó su primer decreto (28 de diciembre de 1808) creando y regulando a los combatientes civiles a los que consideraba como un nuevo tipo de milicia voluntaria para «introducir terror y consternación en sus exercitos». Sin privarlas totalmente de iniciativa propia, la Junta colocó a estas formaciones recientemente autorizadas bajo el mando firme y regular del ejército, dando a los líderes civiles y a sus subordinados rango y paga militares, excluyendo como milicianos a todos los soldados enrolados. Esto quería decir que no permitía alistarse a los desertores. La nueva milicia voluntaria constituía una forma expeditiva y barata de extender la resistencia sin coste para un tesoro patriótico prácticamente en bancarrota y se les daba un considerable incentivo al permitir que estos nuevos milicianos «se enriqueciesen honradamente con el botín enemigo e inmortalizasen sus nombres con acciones dignas de fama eterna». Pero el decreto se extendió durante la ofensiva de Napoleón de 1808, un momento tan desastroso para la causa que éste no llegó a conocerse en extensas zonas de lo que quedaba de la zona patriótica.

Sin embargo, el número de combatientes civiles y el peligro de ser fusilados como bandidos armados fuera de control por las tropas imperiales había aumentado tanto en los meses siguientes que la noción de «legalizar» a las guerrillas como milicias reconocidas, aunque no uniformadas, encontró apoyo en la Suprema. Bajo un nuevo decreto se convertirían en corsarios terrestres en los mismos términos legales aplicados a los corsarios marítimos.⁹ El decreto del 17 de abril de 1809 se justificaba porque «habiendo conseguido Napoleón por las artes mas baxas y viles apoderarse des sus principales fortalezas u cautivar á su Rey ¿no es bien claro que es preciso que sean Paisanos los que se reúnan ahora para combatir a sus huestes? A repeler la fuerza con la fuerza, y el arte con el arte; y que conoce(n) bien que en las lides deben usarse armas iguales...».¹⁰

Este decreto «militarizó» a las guerrillas sólo como pretexto para protegerlas. No sugería nuevas medidas para colocarlas bajo control militar o político más firme. La Suprema envió un documento a los mandos del ejército francés informándoles de las justas y poderosas razones para darles patente de corsario terrestre.

La regencia, que en 1810 sucedió a la Junta Suprema como gobierno de la España patriótica, adoptó en 1812 una serie de regulaciones para colocar bajo supervisión militar más directa a la creciente fuerza guerrillera, tras haber incorporado algunas de las partidas grandes —en número y liderazgo— al ejército regular.¹¹

Vicente Alcalá Galiano, el tesorero real y responsable de la política de la Suprema de legalizar a los partisanos como combatientes oficialmente autorizados bajo el invento de «corsarios terrestres», escribió que la idea le había venido de los cosacos del Vístula y de los corsarios marítimos de Napoleón para reforzar el bloqueo continental.¹²

Aunque la guerra de guerrillas tenía ciertamente precedentes españoles, hubo otro mito, extendido en su mayoría por los escritores del siglo XIX, de que esta forma de lucha se adaptaba mejor al temperamento español, anárquico e individualista. Más bien, la guerrilla corresponde a una serie de situaciones objetivas apremiantes: las continuas y aplastantes derrotas de los ejércitos regulares patrióticos en campo abierto; el estado de la milicia y el deseo de continuar la lucha en mejores condiciones de muchos conscriptos y regulares que habían estado en el ejército. Esto explica por qué la guerrilla se convirtió en una respuesta popular ampliamente extendida en la guerra napoleónica.

Las partidas de guerrilleros se distinguían al principio por sus constantes y continuos ataques al enemigo, en cualquier lugar donde lo encontrasen sin ceñirse a consideraciones territoriales estrictas. Mientras que en sus orígenes, sus bases de reclutamiento y perspectivas generales estaban casi siempre condicionadas por el territorio, su objetivo no era, por lo menos en lo inmediato, recuperar el territorio propio, sino el de usarlo para impedir que el enemigo se apoderase de él o se moviera por él sin oposición y sin coste alguno, un control espacial descentralizado en el que la guerrilla pasaba por y a través del país sin ocupar parte alguna de él. Aunque semejante movilidad era excepcional en los dos años (1810-1811) de su existencia, la partida de Miguel Díaz, la partida volante de Fernando VII como se llamaba a sí misma, tomó parte en combates por toda España al sur de Madrid, desde cerca de la frontera portuguesa al oeste hasta las fronteras valencianas y aragonesas al este. Formada por unos ciento cuarenta jinetes y con el máximo de hombres a pie, no era más que una de las numerosas partidas ordinarias. Su área de acción que comenzaba al sur de La Mancha se extendía sobre unos quinientos kilómetros de oeste a este, abarcando una zona de mil quinientos kilómetros cuadrados.¹³

El conocimiento del terreno más que su posesión constituía la clave del éxito de la guerrilla. La accidentada y a menudo desértica topografía española adquirió una nueva importancia y relevancia en este tipo de guerra. El coronel Schépeler, agregado militar prusiano en Londres que luchó junto a los aliados, la consideraba ideal para las guerrillas civiles.

Las montañas son duras y estériles, pero fáciles de escalar para los ágiles españoles que encuentran refugio en ellas. Hay en el interior inmensas llanuras cortadas por valles, pero no tan profundos como para aislar una parte del país de otra u ofrecer a un ejército regular puntos de ventaja sobre la guerrilla. Y aunque las montañas y las llanuras están atravesadas por innumerables corrientes, se pueden cruzar a voluntad como pasa con los ríos más anchos, especialmente en verano. Este terreno es verdaderamente adecuado para la guerrilla en todos sus sentidos.¹⁴

La tarea que la guerrilla se había encomendado a sí misma consistía en una permanente e incesante «pequeña guerra» de erosión y de desgaste del enemigo, de mantener a sus tropas en alerta continua y con miedo a un ataque por sorpresa. Era una lucha continua en el tiempo y en el espacio. Continuaba irremisiblemente día tras día, año tras año: no había, como en los ejércitos regulares, «campañas de estación» con interludios entre ellas, ni diferencia entre el día y la noche. El espacio era un lugar para marchas forzadas por caminos poco conocidos o secretos. «No tengo un momento de descanso», anota «el Charro» (Julián Sánchez), sin una queja tras cuarenta y ocho horas de movimiento y acción constantes.¹⁵

La guerrilla no luchaba por la gran victoria que impediría al enemigo tomar su país, sino por el pequeño y tangible triunfo que podía obtenerse en los eslabones más débiles de las columnas enemigas, sus vanguardias y retaguardias, por capturar suministros de alimento, ganado, armas y municiones, caballos, carros, bienes y hacer prisioneros a oficiales de alto rango. Los guerrilleros tendían a atacar solamente cuando sobrepasaban en número a sus enemigos inmediatos y había una buena posibilidad de victoria: además de movilidad y sorpresa, ellos tomaban la iniciativa de cuándo y dónde atacar. Por ejemplo, las guerrillas navarras, iban al combate con un solo cartucho. Aparte de la escasez de munición, el tiempo empleado en recargar el mosquete haría perder a la guerrilla la ventaja del factor sorpresa. Ésta fue la causa de la táctica del navarro Espoz y Mina: un solo disparo al principio de la emboscada y a continuación la lucha cuerpo a cuerpo con acero afilado: bayonetas, dagas, lanzas, barras con puntas de acero agudas y afiladas y en ocasiones una espada capturada, una forma de lucha al estilo campesino que causaba a un enemigo no familiarizado con el combate cuerpo a cuerpo más bajas que a sus atacantes: «tenemos que ganar con rapidez y con pocas bajas», explicaba Espoz y Mina.¹⁶

La guerrilla tenía mejores cosas que hacer que intentar defender posiciones estáticas. Cuando el enemigo ocupaba y colocaba guarniciones en villas y aldeas, esta dispersión de fuerzas constituía uno de los objetivos de la guerrilla: el mando francés se quedaba con menos hombres que lanzar contra los ejércitos principales o con los que perseguir a las guerrillas. Cuando el enemigo continuaba su marcha sin dejar atrás una guarnición no ganaba un punto de apoyo adicional en el campo. Cuando se encontraba cogido entre cualquiera de estas dos opciones tan poco provechosas quemaba los pueblos y más reclutas engrosaban las filas de la guerrilla. Cualquier cosa que el enemigo hiciese se convertía en una ventaja para la guerrilla.

Los guerrilleros se armaban y conseguían monturas principalmente a costa del enemigo. Movilidad, rapidez y sorpresa constituían su fuerza de ataque seguido de retirada y dispersión. Un corazón de león, un estómago de mosca y las patas de una liebre, ésta era la imagen que tenían de sí mismos. Su velocidad en la huida, dispersándose en varias direcciones era tan importante como su sorpresa en el ataque. Ésta era la verdadera razón por la que un considerable número de guerrilleros —como mínimo la mitad, si no más, de las partidas pequeñas, como recomendaba la Junta— iba a caballo, y la infantería se les unía para saltar a la grupa de los caballos en caso de necesidad. Pero era duro conseguir caballos y muchos guerrilleros sólo tenían sillas de confección muy burda y estribos de madera y en el mejor de los casos se trataba de jamelgos. El Empecinado se empeñó en conseguir que sus jinetes llevasen consigo un par de herraduras de repuesto.¹⁷ La práctica general consistía en que un guerrillero capturase una montura al enemigo o se asegurase una por medios lícitos o ilícitos, se quedase con ella y se uniese a la «caballería» de la partida. Pese a todo, la proporción de jinetes y de a pie en la guerrilla no excedía de uno a seis, en 1811. Los más de nueve mil guerrilleros a caballo llegaron a ser el equivalente de la caballería ligera de Napoleón, de la que lamentablemente carecía el ejército patriótico. Además de sus incesantes ataques de desgaste, la guerrilla era «los ojos» del ejército, su escrutinio penetraba hasta bien adentro de la retaguardia del enemigo para conseguir información de sus movimientos. Ésta era realmente una de sus principales funciones que llegaron a apreciar incluso los críticos de su ineficacia militar como Wellington y la mayoría del alto mando patriótico.

Las guerrillas también necesitaban sus propios «ojos». Algunos, como el estudiante universitario Javier Mina, en Navarra; el cura Jerónimo Merino, que combatía alrededor de Burgos, y «el Chaleco» (Francisco Abad Moreno), en La Mancha recibieron ayuda considerable de sus redes de espías organizadas por patriotas en sus zonas de operaciones, que les proporcionaban información acerca de la fuerza del enemigo y sus movimientos y a veces «dirigían» sus acciones. La efectividad guerrillera y el prestigio de su líder dependían para su éxito de una inteligencia fiable pues el confiar en tácticas al azar o en la suerte rara vez tenía éxito.

Aunque la media de edad¹⁸ era de 25,9 años (el guerrillero más joven registrado tenía diez años y el mayor sesenta), eran los de edad comprendida entre los dieciséis y los veinticinco años los que predominaban, al igual que en el enrolamiento masivo de voluntarios en el ejército a comienzos de la guerra, formando dos tercios del total. (Los de dieciséis a veinte años por sí solos formaban el 45 por 100.) La media general subía mucho más debido a la mayor edad (cerca de treinta de media) de las clases privilegiadas.

Hablando, pues, de un modo general los guerrilleros de las clases trabajadoras eran considerablemente más jóvenes que sus homólogos de clase alta, lo que reforzaba el papel dirigente de los últimos. Dado que la esperanza de vida al nacer para todos los varones españoles no superaba los 27,3 años,¹⁹ y que la mitad de la población tenía veinticinco años o menos (pero sólo el 25 por 100 vivía hasta cumplir más de cuarenta años), no hay que asombrarse de encontrar a la juventud a la vanguardia de los contingentes guerrilleros de las clases trabajadoras.

Uno de los golpes de efecto más espectaculares de la guerrilla en la guerra era el resultado de su resistencia y velocidad en la marcha. La infantería francesa se había entrenado con Napoleón en la marcha rápida, pero como informó Gen Reille al tomar el mando de Navarra, las guerrillas marchaban el doble de rápido.²⁰ Francisco Espoz y Mina, un pequeño agricultor que había reformado la partida de su pariente estudiante después de que este último hubiese sido capturado por los franceses en la primavera de 1810, había creado en un año una fuerza de cuatro mil guerrilleros a pesar de un largo período de acoso y persecución por parte de las fuerzas francesas, que no sólo lo habían echado de Navarra, sino que le habían infligido una dura derrota cuando él y sus hombres intentaban volver de Castilla. Desmoralizados, los guerrilleros se habían vuelto a su tierra natal. Muy poco después una exitosa emboscada en el paso de Carrascal, posición favorita de la guerrilla, a un tren de municiones francés protegido por treinta gendarmes, proporcionó a los guerrilleros las armas y municiones que tan desesperadamente necesitaban. La retirada de algunas de las tropas extraordinarias francesas destinadas por Napoleón a reforzar el intento de Masséna de echar de Portugal a Wellington, que Reille había detenido en la región como fuerza de contrainsurgencia, les proporcionaron tiempo para reagruparse, rehacerse y descansar.

Volver a imponer disciplina era otro asunto. Espoz y Mina ordenó que todos sus hombres se cortasen el pelo, como los reclutas del ejército regular; el pelo largo trenzado o recogido detrás de las orejas era una señal de independencia que en el ejército se permitía solamente a los oficiales. A pesar del miedo de sus subalternos a que los hombres se amotinasen ante la humillación de tener que cortarse el pelo, convirtió el acontecimiento en una obra maestra de exhibición de autoridad igualitaria al sentarse delante de todos ellos y raparse el pelo.²¹

Las guerrillas, como los ejércitos, tenían su cuota correspondiente de bellacos, villanos, alborotadores y marginados como confesaba Espoz y Mina.

No se hace usted idea de la clase de gente que tengo. Me encuentro en la triste situación de contar la continuidad de mi existencia minuto a minuto. Tengo que disparar varios cartuchos de repente para que me teman, y, cuando estoy solo, veo ante mis ojos una mano levantada y un puñal a punto de atravesarme el corazón.²²

Viniendo de un líder guerrillero del que se decía que le tenían más miedo en su Navarra natal del que le tenían los propios franceses, esto resultaba una osadía. Como lo describía un coronel español al que Mina rescató en un ataque sorpresa a una columna de prisioneros de guerra que se dirigía a Francia:

Mina es un hombre normal, ligeramente rubio, de buena constitución, de unos cinco pies y una pulgada de alto, de pocas palabras, pero directo. Tiene entre 28 y 30 años, si no más. No le gustan las mujeres y no permitiría a ninguna formar parte de su división. No duerme más de dos horas cada noche y siempre con sus pistolas listas en el cinto. Las pocas noches en que va a un pueblo permanece encerrado en su cuarto. Llama mucho la atención, pero es muy reservado.²³

Después de raparse, a los soldados de Mina se les entregaron nuevos uniformes: chaquetas y pantalones marrones, grandes sombreros negros y alpargatas de esparto, que iban a convertirse en el uniforme normalizado de la división Navarra, como Mina llamaba a sus fuerzas. Al uniformar a sus hombres, no se diferenciaban mucho de la mayoría de los líderes guerrilleros, ya que uno de los primeros objetivos que querían alcanzar era el de reemplazar con uniformes normalizados las prendas del equipamiento militar que sus hombres una vez capturadas al enemigo se colocaban sobre su ropa de campesinos, como shakos, sombreros cónicos o cilíndricos con visera y una pluma. Por una sencilla razón: los líderes querían que tanto las autoridades patrióticas como el enemigo considerasen a las guerrillas destacamentos militares oficiales y en consecuencia pedían a las autoridades patrióticas que les garantizasen rango militar y recibir una paga y asistencia. En cuanto al enemigo, querían que aplicase a aquellos de sus hombres a los que hiciesen prisioneros los mismos derechos que a cualquier soldado del ejército regular y no los considerasen como lo que eran frecuentemente, bandoleros y carne de horca.

Los comandantes que lideraban la guerrilla no eran la clase de hombres que rechazaban la autoridad o la disciplina per se; en efecto, intentaban imponer mayor disciplina a sus fuerzas en aras de una mayor eficacia en el combate, valiéndose de los soldados «dispersos» para que instruyesen a sus hombres y oficiales y para liderarlos cuando su número fuese demasiado grande para el control de un solo líder. Daban a sus partidas nombres con resonancias militares: los exploradores de Castilla, los certeros tiradores de Cantabria y, en la medida en que podían, organizaban sus partidas del mismo modo que las filas militares en compañías, batallones, regimientos y divisiones. Pero existía un factor que les impediría convertirse en una estructura totalmente militarizada: la lealtad de los guerrilleros a un líder carismático. Cuando, como le ocurrió a Mina, un líder caía herido, sus hombres se sentían sin jefe y caían en una inactividad generalizada.

La inclinación militar de los líderes no encontraba en general reciprocidad en los oficiales. Objetaban que la guerrilla iba en detrimento del ejército regular, porque reclutaba a los jóvenes, protegía a los desertores, animaba a la indisciplina y desmoralizaba a la retaguardia ocupada al enemigo con sus incursiones y exacciones en las aldeas. Algunos de estos argumentos no eran más que ideas preconcebidas. Las guerrillas que actuaban alrededor de Valladolid acogieron a soldados dispersos y a desertores que no habían regresado a sus regimientos y a los que como castigo se les «había marcado la frente con la letra “D” y se les había dicho que si en tres días no se presentaban al ejército o partida más próximos serían declarados traidores, serían fusilados y sus padres, hermanos y familiares más cercanos perderían todas sus propiedades y serían marcados con la letra “T”».²⁴

Las críticas de los militares a la guerrilla pasaban por alto el hecho de que la enorme deserción y dispersión de los ejércitos regulares patrióticos había comenzado a finales de 1808, justo cuando la guerrilla estaba empezando a formarse y era el resultado de un rechazo a servir en un ejército en el que eran las clases privilegiadas (la mayoría de los oficiales) las que conseguían de un modo u otro librarse de plantar cara al enemigo y en el que al recluta ordinario no le quedaba más remedio que huir en la derrota. Igualmente ignoraban las desigualdades sociales que causaba el servicio militar obligatorio. Se estaba planteando abiertamente la cuestión de si los soldados dispersos tenían que haber vuelto voluntariamente o sin fuerte coacción a un ejército bajo mandos en los que no confiaban y que a su vez desconfiaban de ellos. Las constantes quejas a las autoridades sobre «bandidos dispersos» constituyen un indicio de que se convertían en proscritos, como lo hacía la mayoría, o en jornaleros agrícolas a los que los oligarcas locales estaban dispuestos a proteger para asegurar que se hiciese el trabajo necesario en tiempos de escasez.

Algunos líderes guerrilleros adoptaron al principio una actitud autoritaria hacia la población local, lo que no resultaba especialmente sorprendente en una sociedad en la que los ilustrados, el estado, y la Iglesia antes de la guerra habían ordenado a las capas más bajas obedecer todas sus instrucciones acerca de casi cualquier aspecto de su vida pública y privada. Pero llevado al extremo este autoritarismo de la guerrilla no se aceptó más que como admisión real de un fracaso. Incapaces de ganar apoyo popular por sus victorias sobre los franceses, sus coacciones forzadas sobre los lugareños, a los que se negaban a defender de la extorsión imperial, los aislaron y marginaron, del mismo modo que alejaron de la lucha a los aldeanos. Estas partidas tendían a durar poco, sus jefes eran traicionados o capturados y a veces fusilados por aquellos otros líderes de la guerrilla que al compartir los mismos orígenes sociales que los aldeanos, entendían perfectamente sus motivos para levantarse en armas. Era esta clase de líder el que impedía que la retaguardia aceptase la ocupación como una realidad inevitable.

Dos elementos eran necesarios para conseguirlo. La amenaza constante a las vidas de los colaboradores, o incluso a las de aquellos que se refugiaban en la «neutralidad». Las fuerzas imperiales eran demasiado débiles para poder proteger a todos aquellos que estuviesen o pudiesen estar dispuestos a colaborar; las guerrillas sólo tenían la fuerza necesaria para matar uno a uno a algunos de ellos, pero el ejemplo era suficiente. ¿Quién podía saber dónde atacarían de nuevo? La segunda condición requería victorias sobre las fuerzas de ocupación, por pequeñas que fueran, especialmente en sus expediciones de abastecimiento. Las noticias de los éxitos se extendían rápidamente. Sin estos triunfos los aldeanos se ofendían por las imposiciones de la guerrilla, sabiendo muy bien que todavía tenían que seguir enfrentándose a las exigencias del enemigo.

Después de otro invierno de renovada contrainsurgencia francesa, Mina se vio obligado a dispersar sus cuatro batallones de mil hombres cada uno por lugares seguros del noroeste montañoso de Navarra y los Pirineos orientales, con alguna excepción ocasional para dar un golpe de mano. No fue hasta mayo de 1811 cuando la acción francesa contra la sublevación aflojó el ritmo y Mina pudo reunir una vez más a sus cuatro batallones. El momento coincidió con la noticia que le envió el líder del quinto batallón alavés²⁵ de que un convoy francés de unos cien carros con franceses heridos y enfermos, con más de mil prisioneros de guerra españoles e ingleses y con el botín del mariscal Masséna, fruto de su abortada ofensiva portuguesa, iba a salir de Vitoria con destino a Francia el 25 de mayo. El propio mariscal formaba parte del convoy. Solamente la escolta contaba con mil seiscientos cincuenta soldados de tropa.

Mina no dudó. Había muy poco tiempo. Sabía que la columna tenía que atravesar el puerto de Arlabán en la frontera entre Álava y Guipúzcoa. Dirigió a sus cuatro mil hombres a Arlabán a marchas forzadas por 85 kilómetros sobre terreno abrupto en dos días y una noche. En cuanto la columna estuvo bien situada en el puerto, Mina empleó sus tácticas habituales: una descarga inicial de una ronda de mosquete por hombre y luego una carga de bayoneta.

Mataron a 140 hombres de la escolta e hicieron prisioneros a 160. Los demás huyeron por donde habían venido. Liberaron²⁶ a casi todos los mil prisioneros y capturaron setenta carros, con un contenido en efectivos y en dinero por valor de cuatro millones de reales. Se capturaron además cantidades de pólvora y municiones de lo que las guerrillas siempre andaban escasas. Masséna que se había quedado retrasado en Vitoria fue avisado del ataque por la escolta en fuga. Los guerrilleros «se han retirado cargados de oro y baúles llenos de valiosos vestidos», escribió Mine.²⁷ Era la mayor victoria guerrillera hasta la fecha.

Aproximadamente uno de cada seis guerrilleros luchaba en regiones que no eran la suya. Y de éstos uno de cada cinco lo hacía en más de otras dos regiones: los cántabros y los navarros eran los más activos en este frente, especialmente en Aragón, Asturias, las dos Castillas (sobre todo la Vieja), el País Vasco y Extremadura. Los cántabros al mando del general de brigada Porlier, a cuyo grado lo había promovido la Suprema y el más conocido de los líderes militares de la guerrilla, defendían tres frentes: el vasco al este, el asturiano al oeste y el castellano al sur. En Navarra el mayor peligro venía de Aragón al que Espoz y Mina estaba decidido a controlar.

Estas «transferencias» regionales no formaban parte de un plan táctico más amplio, sino que respondían a las exigencias del conflicto o a aquellas de los individuos implicados. Reforzaban la verdad acentuada al principio de que las guerrillas defendían en primera instancia, no sus propiedades y tierras, sino el derecho de paso por su propio país.

Personas que antes apenas se habían alejado del perímetro de sus aldeas natales se vieron lanzadas de repente a territorios desconocidos que formaban parte de un país amenazado por las mismas fuerzas hostiles que aquellas a las que se habían enfrentado en casa. Se encontraron coexistiendo con otros enfrentados a las mismas necesidades familiares de ganarse la vida en un suelo ingrato, veían cultivos desconocidos para ellos: patatas y maíz en el norte desconocidos para los del sur, y arroz y cítricos para los del norte en el sur; oían lenguas y dialectos desconocidos y variedades regionales de pesas y medidas diferentes de aquellas a las que estaban acostumbrados, pero en todas partes se enfrentaban al mismo enemigo, al herético invasor que confiscaba el ganado y las cosechas de los lugareños, saqueaba sus casas y profanaba sus iglesias. Cuanto más avanzaban más se daban cuenta de que todo era lo mismo.

Esta nueva movilidad, que no era exclusivamente un asunto de la guerrilla, el servicio militar también la proporcionaba, reforzaba la antigua conciencia de que España, pese a toda su diversidad, era un país, una nación y de que solamente la unión de sus diferentes partes podía alcanzar sus objetivos presentes.

El peso específico de hombres a los que las amplias partidas habían logrado organizar estaba llegando a alcanzar una masa crítica que inevitablemente cambió sus objetivos y perspectivas. Estaban empezando a dejar de perseguir un control espacial descentralizador, para convertirse en algo así como un movimiento popular de liberación territorial.

Masa crítica que, por otra parte, no era una mera cuestión de números. De igual, si no mayor, importancia era la experiencia en la lucha. Tras años de combate cuerpo a cuerpo los guerrilleros eran veteranos endurecidos en la batalla que ya no se asustaban de las tropas francesas, a las que habían matado, capturado o puesto en fuga en tantas ocasiones. Como escribió, tras sufrir una fuerte derrota a manos de Espoz y Mina, un experimentado general francés de la contrainsurgencia, que dirigía a los «Infernales», como les llamaban los franceses por sus notorias tácticas antiguerrilla:

Le confieso a Su Excelencia con toda sinceridad que los bandidos de este reino (Navarra) merecen el nombre de soldados veteranos. Pueden competir con lo mejor de nuestros ejércitos, ya que las continuas batallas y victorias les han hecho perdernos el miedo.

General Soulier al mariscal Suchet, febrero de 1812²⁸

La disminución en ochenta mil hombres de las tropas de España durante la campaña de Rusia de Napoleón²⁹ redujo la presión militar francesa sobre las guerrillas y abrió un espacio para un nuevo sentido de conquista territorial. Esto lo expresaba mejor el bloqueo de Espoz y Mina a Pamplona, la capital de Navarra. Decretado en diciembre de 1811 el bloqueo se puso en marcha en serio en los primeros meses de 1812. Su objetivo era el de aislar a la capital y a su guarnición francesa del resto de la región. Se colocaron mojones vigilados durante las 24 horas del día en todas las carreteras principales con acceso a la ciudad a una distancia de unos 1,5 kilómetros de las murallas. No se permitía a nadie llevar dinero, comida o mercancía hacia la capital más allá de esos mojones. A sus habitantes se les permitía abandonar la ciudad para vivir con la guerrilla, pero no volver. Los que se quedaban en Pamplona fueron declarados enemigos durante todo el tiempo que duró la guerra.

«Los destacamentos de voluntarios que custodian el límite dispararán a cualquiera que vean aproximarse sin órdenes o comunicación y ya sea herido o no el trasgresor será colgado de un árbol inmediatamente», decía el artículo 10 del decreto de bloqueo de Mina.³⁰ Esto en un año en el que los alimentos estaban empezando a escasear significaba una durísima privación para la población de Pamplona y una privación también para los pequeños agricultores que vendían sus productos en los mercados de la capital, pero constituía un inteligente movimiento territorial. Demostraba de forma palpable a la población que se les exigía beligerancia total por parte de una guerrilla que ostentaba el mando tanto civil como militar.

Anteriormente, en otro golpe de efecto genial, Mina se había apoderado de los puestos aduaneros navarros y había detraído los impuestos: tres millones de reales al año, según estimó, incluyendo una contribución mensual de cien onzas de oro de los puestos aduaneros franceses de Irún por permitir a las mercancías francesas pasar la frontera, hacia el movimiento guerrillero, para pagar los salarios de sus hombres, comprar armas y municiones, uniformes y otros elementos de equipamiento. Aunque contaba con los medios necesarios para imponer contribuciones forzosas a las poblaciones que no se habían mostrado incondicionales de la causa y había obligado a los lugareños a proporcionar comida a sus hombres, usaba el dinero de las aduanas para evitar el tener que imponer tasas monetarias a la masa de población rural. Con el fin de conseguir el apoyo de los aragoneses a su guerrilla, Mina declaró que iba a poner fin a las excesivas tasas francesas, confiscaciones y saqueos.³¹

A comienzos de febrero de 1812, la armada británica proporcionó a Mina dos cañones de doce libras y dos de cuatro libras en un desembarco en el golfo de Vizcaya. Durante una semana la guerrilla llevó a cuestas, arrastró y empujó por caminos de montaña y senderos las valiosas piezas de artillería hasta territorio ocupado por el enemigo con la división extendida cubriendo los flancos hasta una considerable profundidad, para impedir un ataque francés por sorpresa. Cuando alcanzaron su objetivo —Tafalla, una de las ciudades navarras mejor fortificadas por los franceses—, los cañones de doce libras no tardaron en abrir en el castillo una brecha que, tras un asalto fallido de la guerrilla, resultó ser lo suficientemente amenazadora como para inducir a la guarnición imperial a rendirse al día siguiente.³²

Gen Reille, que en ese mismo año había dedicado todos sus esfuerzos a perseguir a Mina y a imponer una política represiva en Navarra tomó buena nota de la importancia de este aviso. Hasta tal punto resultaba alarmante para los franceses la observación de Reille que la columna que Napoleón había organizado como arma principal contra la insurgencia estaba perdiendo su eficacia en el combate. Hasta entonces las columnas imperiales inferiores en número habían sido capaces de entablar combate y poner en fuga a las bandas de partisanos. Pero la experiencia bélica de estos últimos estaba empezando a mostrarse y estaban derrotando a columnas francesas cada vez mayores, muchas de las cuales estaban formadas por reclutas inexpertos o tropa poco familiarizada con el terreno. Mientras no hubiese más tropas disponibles, observaba Reille, la inferioridad imperial sólo podía compensarse con unidades de caballería y artillería, que naturalmente eran imposibles de desplegar en un terreno tan abrupto.³³

Los objetivos de la guerrilla se resumían en cuatro puntos:

1. Mantener a raya, agotar y desmoralizar a las tropas del enemigo, que de lo contrario habrían sido usadas contra sus ejércitos (o los de sus aliados).

2. Despojar al enemigo de suministros de alimentos, especialmente en el caso de las tropas imperiales que vivían de lo que producía el campo.

3. Proporcionar inteligencia militar a los mandos aliados.

4. Mantener viva la moral de resistencia de la población en los momentos más duros.

En general, la guerrilla patriótica alcanzaba bastante bien estos objetivos. Su mera presencia amenazadora retenía una proporción tan grande de las trescientas mil tropas imperiales que Napoleón se veía forzado a dedicar a la ocupación de España (el tercer regimiento del Vístula al completo había tenido que ser desplegado en noviembre de 1809 únicamente para proteger al servicio francés de correo militar), que las tropas que podían haberse usado contra el ejército angloportugués estaban entretenidas en mantener ocupada a España y en defender las líneas imperiales de comunicación.

La batalla por los alimentos, casi con toda seguridad la lucha guerrillera más importante, proseguía sin descanso. Las fuerzas francesas requisaban grandes cantidades de comida y de dinero. Solamente de Navarra se llevaron ciento cincuenta millones de reales en alimentos, forraje e impuestos monetarios, el equivalente al doble de la media de producción anual agraria, comercial e industrial de la región. Al principio la guerrilla no tenía la suficiente fuerza como para impedir estas masivas exacciones, pero a medida que fueron creciendo sus fuerzas, fue infligiendo cada vez mayor daño al enemigo, a sus columnas de abastecimiento, e impedía a los franceses alimentar adecuadamente a sus tropas. La ratio de enfermedades entre estas últimas alcanzó el 20 por 100 y fue la más alta que el ejército imperial sufrió en sus campañas europeas. Al negarle la comida al enemigo, la guerrilla minaba la moral de las tropas imperiales, ya bastante baja por la constante lucha contra un enemigo que les obligaba a hacer largas y agotadoras marchas a través de terrenos inhóspitos, sólo para descubrir que sus adversarios se habían desvanecido en el aire.

Mantener la moral en la retaguardia implicaba a menudo controlar a las autoridades locales que estaban expuestas a caer en la tentación de enriquecerse a costa de todos los demás. Un ejemplo de la crueldad con que los guerrilleros podían actuar lo proporciona la partida del Charro en la zona de Salamanca, a la que se acusaba de exigir suministros exorbitantes. «Allí buscan a las Justicias para exigirles raciones y cantidades arbitrarias, aún sin dar pretexto alguno que pueda hacer menos sensible en alguna manera su apronto: y si no les da todo lo que piden, amarran a las Justicias a qualquier árbol en las plazas ... y les dan cincuenta o más palos hasta que consiguen lo que desean, o satisfacen al menos al malvado designio de hacer el daño sólo para hacerlo.»³⁴ todas estas torturas como cubrir de pez, emplumar, cortar narices, marcar las frentes, constituían la parte negativa de un conflicto fratricida sin remordimiento alguno, que tuvo lugar en los intersticios de la guerra para expulsar a los franceses.

Unas quince partidas actuaban en los alrededores de Madrid en un momento u otro, siendo la más grande e importante la del Empecinado, que llegó a contar con tres mil hombres y que formalmente caía bajo la égida de la Junta de Guadalajara. La siguiente en importancia era la creada por Juan Palarea, conocido como «el Médico» en reconocimiento a su profesión, y que servía como base de un regimiento de caballería que había recibido el nombre de Usares (sic) de Iberia. Aunque su territorio era formalmente la provincia de Toledo, a la que había sido comisionado por la Junta Suprema como comandante de los corsarios terrestres, él, como la mayoría de los jefes de la guerrilla, operaba sobre una zona mucho más amplia que la oficialmente asignada. Las restantes, acerca de las cuales hay pocos detalles disponibles, eran sin duda pequeñas partidas de unos cien hombres más o menos.

Desde 1810 este último avanzaba cada vez más cerca de la capital de España. El régimen bonapartista recibía con frecuencia informes de funcionarios del patrimonio real y de los talleres de lana de Guadalajara acerca de las dificultades que las guerrillas ocasionaban en San Fernando, Torrejón, Alcalá de Henares y Aranjuez y de sus actividades en los pueblos de la sierra. En la primavera de 1811, noventa guerrilleros de la partida de Tomasillo³⁵ llegaron a Añover del tajo, donde el rey José había distribuido entre la población terrenos de realengo y exigieron de los beneficiarios 35 reales por cada fanega de terreno de secano que estuviesen cultivando. Los guerrilleros iban acompañados por un comisionado de guerra patriótico que leía en voz alta a los campesinos una proclama. «Estas tierras pertenecían a S. M. Fernando VII, cuyos derechos se violaban y el verdadero gobierno de España y las Indias había autorizado una comisión, que se extendía a cuatro otros pueblos, para exigir dinero de aquellos que ilegalmente trabajan las tierras de S. M.», rezaba la proclama. Estos campesinos incapaces de pagar fueron obligados a entregar sus caballos de tiro y algunos fueron arrestados hasta que encontrasen el dinero. Los guerrilleros se quedaron en el pueblo casi hasta el anochecer, porque algunos lugareños, que habían entregado sus caballos, no habían pagado todavía. Antes de irse definitivamente, los guerrilleros devolvieron los caballos a sus propietarios diciéndoles que volverían «sin falta» muy pronto para cobrar el dinero que les debían. Las Cortes del Reino reunidas en Cádiz decidirían qué tendría que hacerse con las cosechas después de la recolección. En total recogieron 5.500 reales por los que dejaron un recibo antes de cruzar a la orilla sur del tajo.³⁶

Hay dudas acerca de si los trescientos hombres que entraron en Aravaca a las once de la noche a finales de mayo de 1811 y bajo amenaza de usar la fuerza requisaron a varios vecinos la suma de tres mil reales, estaban también bajo las órdenes de la autoridad patriótica. Sin embargo, tras amenazar con volver, marcharon hacia Pozuelo de Alarcón según informó el juez de paz de Aravaca al Ministerio de la Policía bonapartista el veintiocho de mayo.³⁷

En los alrededores de Madrid una de las bandas más activas era la del «Abuelo» (Fermín González), del que hay informes de que entre 1811 y 1812 había dirigido ataques a Leganés, Carabanchel de Arriba y de Abajo, con la ayuda, a veces, de la partida de Fernando Garrido. Como la mayoría de los jefes de partida, Fermín demostraba su odio contra los españoles que colaboraban, como el que demostró cuando capturó a dos individuos de Griñón que llevaban un mensaje de Pedro de Mora y Lomas, prefecto de Madrid, a Fuenlabrada y Humanes. Acusándolos de ser espías al servicio de los franceses, los guerrilleros les dieron una paliza, los ataron, les cortaron una oreja a cada uno y los abandonaron a la entrada del pueblo para que les dijesen a los franceses que «allí os espera Fermín». El prefecto se quejó al ministro de la Policía de que este caso, al igual que muchos otros similares, «imposibilitan cada día más la comunicación y por consequente el servicio», como muestran los archivos bonapartistas.

A principios de abril de 1812 el Ministerio de la Policía de Madrid creía que «el Abuelo» había entrado en la capital disfrazado de vaquero, acompañado por dos civiles con el propósito de comprar caballos. El ministro ordenó a todos sus jefes de policía que buscasen al líder guerrillero, pero sin éxito. Se ordenó entonces a la policía secreta que controlase toda venta de caballos, especialmente a los extraños, en la sospecha de que pudiesen estar comprándolos para los guerrilleros. Pero tampoco esto llevó a ninguna parte. Poco después de este incidente la policía secreta informó de que «el Abuelo» había arrestado a un criminal conocido como «el Loco», a su hijo y a la «Tía Rosellana» en Cubas y aunque el informe no hacía comentarios sobre el hecho, era una acción digna de los mejores líderes de la guerrilla que no dudaban en entregar a los criminales a la justicia bonapartista para recibir su merecido castigo. Por fin los franceses capturaron a Fermín y lo fusilaron.

Madrid ostentaba una curiosa distinción, la de haber proporcionado a la resistencia al único actor que se convirtió en líder de la guerrilla, Antonio Pedrazuela, y la de que éste se convirtiese en un criminal que fue ejecutado por las autoridades patrióticas durante la guerra. Otro madrileño, Antonio Piloti que presumía de haber sido el dueño de una armería en la capital antes de la guerra y de haber armado a muchos de los que combatieron a los franceses el 2 de mayo, también organizó una partida y también él resultó ser un bandido que fue condenado a ocho años de presidio después de la guerra, habiendo cumplido su condena en la prisión de Sevilla.

Entre otros líderes guerrilleros que lucharon alrededor de Madrid destacaron «el Chacharro», «el Lobito» (Benito Cuerva), Fernando Garrido, «Guerra» (Francisco Morales), «Chambergo» (Manuel Pastraña) y Luis Gutiérrez. (Aquellos cuyos nombres no están entre paréntesis están registrados solamente por sus pseudónimos.)

Uno de los grandes momentos de Madrid tuvo lugar tras la victoria de Wellington en julio de 1812 en la batalla de Arapiles. Fue una victoria decisiva, ya que abrió el acceso a Madrid. José huyó a Valencia buscando un lugar seguro. El 12 de agosto las fuerzas guerrilleras del Empecinado, «el Chaleco» (Francisco Abad) y «el Médico» (Juan Paralea) encabezaron las fuerzas angloportuguesas al entrar en Madrid y fueron recibidas por la multitud que llenaba las calles y con el sonido de las campanas de todas las iglesias. El Empecinado era el verdadero héroe del día y sus guerrilleros fueron recibidos con los entusiásticos hurras de los habitantes, que solamente unos meses antes habían estado a punto de morir de inanición.³⁸

Antes, las partidas guerrilleras se habían hecho lo suficientemente importantes como para mostrarse abiertamente detrás de los muros de la ciudad, lo que había producido el deleite de gran parte de la población. La policía secreta informaba:

El pueblo (sigue) exasperado por el hambre y la miseria que reynan. A pesar de esto, los espíritus están exaltados y se oyen conversaciones muy sediciosas ... En todos los corrillos formados tanto por el pueblo bajo como por gentes decentes no se habla sino de victorias alcanzadas por los enemigos (de Francia) ... En el mercado de granos, hubo ayer poco trigo...

Capítulo 8

EL PATRIOTISMO POPULAR

A principios del siglo XIX poco se podía diferenciar aún el patriotismo, heredado de la Antigüedad, del nacionalismo moderno, que en varios países europeos encontró sus orígenes en las guerras napoleónicas. A costa de simplificar mucho, el patriotismo significaba «amor a la patria» con el fin de obrar por el bienestar de todos sus habitantes, mientras el nacionalismo encarnaba «orgullo y defensa de la raza o etnia, de su lengua, su cultura, de su historia», aunque ésta fuera en gran parte inventada o mítica. La Ilustración primero y luego la Revolución Francesa actualizaron la significación de patria (y por tanto, de patriotismo) acorde a las ideas sociopolíticas coetáneas. Para que hubiera una auténtica patria que mereciera ser objeto de amor, los habitantes tendrían que ser ciudadanos, libres de ejercer su derecho a la soberanía popular y, como individuos, iguales tanto ante la ley como ante las oportunidades de mejorar su situación social. Si no se cumplían estos requisitos, en palabras de Manuel José Quintana, haciéndose eco de Rousseau, no habría patria, sino sólo un país.

Es evidente que una monarquía absolutista, tal como la española de entonces, en la que el país se consideraba el señorío del monarca y los habitantes sus vasallos, no podía ser una patria, según las normas que acabo de citar. Así fue como cuando España luchó en contra de la Revolución Francesa por primera vez en la guerra de la Convención (1793-1795), para animar a sus habitantes, se ingenió otra forma de hacer patria. Las lecciones de los llamamientos que la Revolución Francesa dirigía a toda su población para que se uniese en «la défense de la patrie» fueron gustosamente aprendidas por los religiosos españoles, quienes no tardaron en devolvérselas. Desde su punto de vista, la patrie, con sus connotaciones revolucionarias para los franceses, se convirtió para los españoles en la patria contrarrevolucionaria cuyo Viejo Orden, su monarquía y religión, sus leyes, costumbres y tradiciones, había que defender. La Iglesia española estaba bien preparada para esta especie de giro ideológico e inventó el lema tripartito, la religión, el rey y la patria para contrastar al francés de liberté, egalité et fraternité.

Al principio de la guerra de la Independencia, el lema español resurgió aún con más fuerza, convirtiéndose de tripartito en trinitario sagrado, por fusionar los tres elementos que toda clase de español podía bien entender: la religión, el denominador común de todo español como miembro del pueblo elegido de Dios para defender la única y verdadera fe católica; la monarquía, como pastor benévolo de su grey; y la patria, o comunidad a —y en— la que todo individuo pertenecía y tendría, por escaso que fuese, algún interés material que defender. Además, cada uno de los vocablos traía consigo un bagaje de nociones y sentimientos asociados, y según el énfasis que se los quería dar, uno u otro vocablo podía priorizarse. No era de sorprender, pues, que el lema hiciera fortuna, sirviendo para fortalecer, dentro de una ideología contrarrevolucionaria la identidad colectiva española que se había ido forjando desde los Reyes Católicos y la larga hegemonía europea que les siguió.

El patriotismo, desde luego, no se inventó con estas dos guerras en contra de Francia sino que las precedía, como ponen de manifiesto, por ejemplo, las Sociedades Económicas de Amigos del País, a las que se referían en muchas ocasiones como sociedades «patrióticas» que se extendieron por España desde sus orígenes en el País Vasco a partir de mediados del siglo XVIII. Aunque los beneficios del patriotismo de aquéllas podían de vez en cuando beneficiar a las clases laboriosas, especialmente las rurales, y cumplir así con el objetivo de ampliar el bienestar general, es dudoso que a estas mismas clases les preocupara mucho el patriotismo como tal porque se trataba de un concepto de las clases cultas españolas. La guerra de la Independencia contra un invasor extranjero lo cambió todo, y el significado de patria y patriótico se extendió en varias direcciones nuevas. El amor a la patria descendió desde las alturas de la élite culta a los luchadores del pueblo llano, y a medida que el conflicto se fue extendiendo a todas las regiones de España, la patria fue ampliándose en el crédito popular desde la lealtad local o regional a todo el país. Por último, se suponía que los nuevos patriotas experimentaban una devoción personal tan ardiente por la patria que estaban dispuestos a sacrificar gustosos la vida en su defensa. Es ésta la suposición que tendremos que cuestionar.

Creer, por ejemplo, que el patriotismo popular se expresaba únicamente en defensa de la religión, el rey y la patria menoscabaría la capacidad de las clases populares de formar una opinión propia sobre lo que el patriotismo debía significar, aunque ésta se deduzca más bien de las actitudes y prácticas existenciales durante la guerra que por expresiones escritas o verbales.

Así, es preciso desentrañar algunas de aquellas prácticas tanto del trabajo y del servicio militar obligatorio como de la forma en la que las clases acomodadas —las de provincias especialmente— entendían el patriotismo, para aclarar lo que la opinión popular quería expresar.

La pista de estas prácticas arrancó en un archivo valenciano donde encontré por casualidad un libro que historiaba las plazas de toros de la ciudad. Como el tema no me interesaba le eché sólo un vistazo rápido. Sin embargo, allí encontré una historia curiosa: cuando los franceses atacaron Valencia por primera vez en 1808, los defensores necesitaban las maderas de la plaza que se acababa de construir para fortalecer las anticuadas puertas y murallas de la ciudad. Pero el gremio de carpinteros se negó a desmontarla. Finalmente el pueblo tomó cartas en el asunto, tiró abajo la plaza y llevó las vigas adonde hacían falta para impedir el paso al enemigo.

Una anécdota, según suponía yo entonces, de un pundonor gremial exagerado en tales circunstancias. ¿De verdad prefería el gremio que entrara el enemigo en Valencia antes que destrozar el objeto de su orgullo? Me parecía muy raro que fuera así, pero en aquel momento no se me ofrecía otra explicación.

Pasé un año en varios archivos en busca de cualquier documentación que pudiera arrojar luz, por mínima que fuera, sobre el pueblo llano durante la guerra, cuando en el Archivo Histórico de Madrid, en un legajo de Gracia y Justicia de los papeles de la Junta Suprema patriota, encontré un informe policial escueto sobre las fortificaciones que se levantaban a principios de 1809 en Sevilla. «Ha notado alguno de los Alcaldes que se mantenía considerable número de Vecinos tendidos hasta que pasaba alguna que podía reprehenderlos, en cuyo caso aparentaban trabajar, y luego volvían a su antigua posición diciendo “quietos muchachos, quietos...”.» Anoté lo que parecía ser una huelga de brazos caídos, pero no apareció ningún otro informe policial para confirmarlo; sin embargo, en otros legajos dedicados a Sevilla, corroboraba que los trabajos de fortificación avanzaban de forma visiblemente lenta «por falta de manos» porque los obreros no se presentaban.

A todo investigador le encanta encontrar fuentes que contradicen o desconfirman la historia consagrada, la historia unívoca. No por espíritu de contradicción, sino por demostrar que ninguna sociedad, ningún período de la historia, está exento de antinomias, o sea, contradicciones entre dos conclusiones de igual valor. Empezaba a intuir que no toda defensa ciudadana durante la guerra cuadraba con el heroísmo de los sitios de Zaragoza o Gerona... Pero hasta conseguir como mínimo tres casos parecidos de distintas regiones de España, no me permitía confirmar o generalizar lo que podía o no ser una trayectoria distinta.

Se necesita paciencia para probar suerte. Tenía repasado unos dos mil documentos, pero sólo unos cuantos de interés para elaborar una historia social de la resistencia popular, cuando encontré, no una ciudad sino un pueblecito de los montes de Toledo, de nombre Villarta, que los imperiales se disponían a atacar. El primer día, los aldeanos salieron a cavar una trinchera para defender el puente que atravesaba el Guadiana; al segundo día, para desesperación de un oficial patriota, tan sólo aparecieron unos pocos que le dijeron «con todo descaro» que no querían hacer el trabajo. ¿Y por qué no? Porque pedían el jornal y el teniente de la jurisdicción no tenía facultades...

Tras este pequeño descubrimiento me surgió de improviso una serie de problemas parecidos durante los trabajos de fortificación en ciudades como Badajoz, Cádiz, Medellín, y otra vez Sevilla. El caso de Medellín me llamó la atención. A pesar de la amenaza real de un ataque francés tras la victoria imperial del mismo lugar en la primavera de 1809, los trabajadores no acudieron masivamente a la llamada del gobernador militar de reforzar las murallas. Disgustado, éste tuvo que amenazarlos con una multa, y aun así no tuvo el éxito deseado. La misma situación en Cádiz se resolvió sólo tras ofrecer a los trabajadores un jornal igual a lo que recibían para las faenas normales.

Así, por fin, se establecieron unos fundamentos parciales de una realidad social de la guerra: los trabajadores de Madrid para abajo no iban a trabajar en las fortificaciones sin cobrar. ¿Qué quería decir esto del patriotismo popular? A primera vista, que tal sentimiento no existía en el corazón colectivo del pueblo llano en aquella amplia zona. ¿No había descrito Jovellanos que el «miserable e indiferente» jornalero andaluz no tenía «espíritu de patria»? Pues ahora se comprobaba.

¿O tal vez no? Lo existencial no se entiende fuera del contexto del medio social y del momento histórico en los que se desarrollan el individuo o clases de individuos. Por ejemplo, al principio del siglo XIX, en la Andalucía latifundista los jornaleros formaron el 80 por 100 de la población agraria de la región con jornales tan ínfimos —cuando se les daba trabajo— que en los años de escasez se les obligaba a emigrar a las ciudades para sobrevivir (con suerte) de la caridad o morir. Salvo la vida propia y la de sus familiares no tenían nada que perder, nada que proteger. Fuera cual fuese el régimen que ostentase el poder, ellos tendrían que trabajar para ganarse el jornal. También había otro factor: la gran mayoría no había aún sufrido, como había ocurrido con los madrileños, aragoneses y catalanes, los estragos directos de la ocupación militar imperial, las requisas de víveres y otras desgracias que les habrían puesto en guardia ante lo que se les avecinaba.

Sin embargo, no hacía aún nueve meses que estos mismos trabajadores, que ahora se negaban a sacrificar un día de salario en algo tan fundamental como la defensa de sus pueblos y ciudades natales, habían secundado o participado con entusiasmo en el levantamiento popular contra la invasión napoleónica, y se habían ofrecido en masa al ejército patriota para luchar por su rey, su religión y su patria.

Pero el contexto incluía igualmente a otras clases más acomodadas cuyo concepto de patriotismo se entrecruzaba con el de las pobres. Este concepto y su práctica estaban bien documentados en los papeles de la Junta Suprema por las muchísimas quejas de toda la zona patriota en torno al alistamiento militar, las cuales habían incluso provocado a la Junta crear en cada provincia juntas de agravios para indagar los abusos. Informó un párroco de Puebla de Guzmán que «las justicias, o los caciques ... (y) sus intrigas por libertar (tal vez sin el más justo fundamento) a los hijos de estos caciques, los de sus aliados y parciales, tienen a este pueblo en la más viva fermentación ... El pecado original de los pueblos (se) reduce a tres puntos: quién ha de mandar, quién ha de robar más y quién ha de pagar menos».

Desde los levantamientos originarios de 1808 en contra de Napoleón, se había ordenado que los alistamientos se hicieran sin distinción de clase o estatus entre los hombres de dieciséis a cuarenta y cinco años. Era un principio de igualdad que a los pocos meses los pudientes traicionaron, mientras a los pobres se los enviaban sin entrenamiento a un ejército ineficientemente dirigido por oficiales de la nobleza, lo cual en un año desde finales de 1808 acumuló un largo rosario de derrotas con sus correspondientes bajas enormes. Como formaba la mayoría del ejército, el pueblo llano inevitablemente era la principal víctima de las derrotas que habían minado el entusiasmo y la moral popular del principio de la guerra. La mala gestión de la contienda por parte de la Junta Suprema había conducido a una desilusión generalizada respecto a esta nueva forma de gobierno, la cual llevó a otra lacra patriótica: la deserción.

Del color que fueran, todos los ejércitos europeos de entonces padecían la deserción; la novedad patriota consistía en que el mayor ejército reclutado en España hasta la fecha sufriese elevados índices del fenómeno. Por cierto, el reclutamiento era impopular en todas partes. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores pobres españoles parecía dispuesta a aceptarlo como una necesidad ineludible en tiempos de guerra. Pero una gran minoría lo rechazaba, aunque era lo bastante amplia para que la Junta Suprema declarase, con una ironía inconsciente, que hacía que pareciese que el pueblo estaba siendo obligado a alistarse en el ejército patriota contra su voluntad.

Los papeles de la Junta Suprema de 1809 estaban repletos de quejas de las autoridades, y cartas denunciando los engaños que se empleaban para esquivar el servicio militar. Algunos se mutilaban el dedo con el que habían de apretar el gatillo, otros huían. La Junta de Écija informó disgustada a mediados de 1809 que una «porción considerable de mozos» se habían refugiado en las islas del Guadalquivir y sólo una respetable fuerza armada podría reunir estos hombres. Había muchos en Andalucía y Extremadura que se refugiaron en hospitales militares, presumiblemente en connivencia con los cuidadores; los cirujanos asesoraban a los potenciales reclutas acerca de las enfermedades que podían simular e incluso les daban «cáusticas para que se hagan llagas». En Galicia, cientos si no miles huyeron a la vecina Portugal y en Cataluña escapaban al norte de Valencia o, si contaban con los medios para ello, a las Indias. Como en principio los casados eran los últimos en ser llamados a filas, los matrimonios aumentaron sobremanera, igual que los novicios, ya que los religiosos se eximían.

La deserción del propio ejército regular era también importante, muy especialmente en Cataluña por la repugnancia popular a servir en él; se estima que una media de quinientos catalanes desertó cada mes, la mayoría de ellos nuevos reclutas. Bajo el eufemismo de «disperso» se escondía otra deserción muy común: los soldados que, tras una derrota en batalla campal, huían y luego no regresaban a sus regimientos, porque se volvían a casa, o se habían sumado a una guerrilla, o porque se habían hecho bandoleros. Entre estas dos últimas opciones había un trasvase frecuente en uno u otro sentido.

La documentación de la Junta Suprema dejaba bien claro que ésta defendía todos los derechos y privilegios del Antiguo Régimen: las prerrogativas señoriales y de la Iglesia sobre la tierra, los privilegios sociales y la subordinación de las clases trabajadoras. Si, a pesar de la resistencia de bastantes vocales de la Junta, se convocaran finalmente las Cortes, éstas sí podrían aportar reformas; pero la mayoría de ellas, como el pueblo llano ya sabía por experiencias pasadas, podían ser tanto perjudiciales como beneficiosas para él. Más que arengas y exhortaciones, el nuevo gobierno juntero no le ofrecía ventaja material alguna para defender la causa patriótica.

Ya que la Junta Suprema lo explicó públicamente más de una vez, los pobres sabrían que los propietarios, los adinerados, eran los que más tenían que defender en esa guerra y que éstos, por tanto, debían soltar más dinero para costear los gastos del conflicto. No parecían cumplir, si no ¿por qué los repetidos llamamientos de las autoridades para que lo hicieran? Igual que la Iglesia a la que la Suprema pidió toda la plata labrada y las joyas que no se necesitaban para el culto con la garantía de devolvérselas tras la victoria. Pero el patriotismo de la Iglesia no llegaba al extremo de confiar en la Junta patriótica, ni en la devolución del tesoro. Así pues, los sacrificios populares bélicos que se exigían en nombre de la religión no se vieron correspondidos por la Iglesia en el único aspecto material en el que su contribución habría decantado la balanza a favor de los patriotas, cuya hacienda siempre iba corta de dinero. Al contrario, en esa guerra religiosa, una ingente cantidad de tesoro eclesiástico permaneció encerrada no sólo en las iglesias, monasterios y conventos, sino diseminadas por las parroquias de todo el país.

Este contexto general de un patriotismo poco acorde con la idea recibida hacía más comprensible la actitud de aquellos trabajadores que se negaron a fortificar sus pueblos y ciudades sin que les pagaran el jornal. No habrían visto que los privilegiados comprometiesen sus medios, su riqueza, ni sus hijos en la lucha contra el enemigo común. Tampoco habrían visto que éstos sacrificaran una sola comida suya ni de sus familias en aras del patriotismo. ¿Para qué, entonces, irían a renunciar al jornal que era su único sustento y el de sus familias?

Sin embargo, el razonamiento «materialista», si se puede llamar así a una necesidad vital, no parecía explicar adecuadamente el proceso reflexivo y quizá reivindicativo de aquellos trabajadores. La historia, como se sabe, es en gran parte una construcción del historiador que propone una interpretación a partir de una realidad afinada y de una comprensión lo más profunda posible del período en cuestión. Así, a un primer nivel, se podía interpretar la postura de los trabajadores como una forma de presión para recibir el salario que creían justo, al igual que los jornaleros de Carmona y otros pueblos sevillanos hicieron poco después del levantamiento patriótico al negarse a salir al campo para recoger la cosecha, aprovechándose de la guerra, de la repentina escasez de mano de obra y de la mejor cosecha de trigo del nuevo siglo.

No obstante, parecía destacable que las quejas motivadas por la actuación de los pudientes de eximir a sus hijos de alistarse en el ejército tenían una clara reivindicación de «justicia». Las protestas de los agraviados argumentaban que, en justicia, la ley debía ser única e igual para todos. En la disidencia de los trabajadores que no acudían a las fortificaciones, se vislumbraba una actitud parecida, además de un desafío respecto a sus «superiores». ¿Con qué derecho patriótico presuponían éstos que las clases bajas, que no tenían propiedad alguna por defender, debían sacrificarse junto con sus hijos para defenderles a ellos y sus bienes? A unos acomodados patriotas que estaban defendiendo esencialmente sus propios intereses a expensas de los de las clases bajas. Como padres, los pobres ya habían consagrado sus hijos a la patria —más no se les podía pedir— en uno tras otro desastre militar, mientras que los patriotas pudientes utilizaban el poder para mantener a sus hijos lejos de los frentes. ¿Por qué demostrar un celo patriótico que sus superiores no manifestaban? Y si aún persistían en pedirlo, ¿por qué no amenazar en última instancia a los acomodados patriotas con permitir sin más preocupación que los franceses tomasen las ciudades y se apoderaran de sus propiedades?

A este estado de la cuestión había llegado cuando, de forma imprevista, encontré dos documentos más, uno de un motín extremeño y el otro el único documento en el que se oía directamente la voz obrera tratando de los problemas del patriotismo, por cierto no la voz de los jornaleros sureños sino de los artesanos del pueblo y puerto de Viveiro, en la gallega costa norteña.

En noviembre de 1808 se congregó en la plaza principal de Don Benito, una ciudad de unos diez mil habitantes, una multitud de cargueros, jornaleros y artesanos para proceder al alistamiento militar ordenado por la recién formada Junta Suprema en toda la zona patriota para crear la fuerza del ejército. De repente se alzaron unos gritos: «¡Que baian a la guerra los ricos que son los que tien(en) a que perder i labran las dehesas!». A continuación, según un testigo presencial, la multitud se amotinó, se sacaron navajas y puñales, y el juez e individuos del ayuntamiento, temiendo por sus vidas, huyeron con precipitación. Luego los jornaleros invadieron las dehesas y empezaron a arar y roturarlas tumultuosamente, amenazando con quitarle la vida a cualquiera que se les opusiera, una amenaza que repitieron al nuevo corregidor en la plaza pública.

El interés del motín residía en la protesta manifestada contra los ricos —probablemente por las mismas razones de favoritismo que las de muchos otros pueblos a raíz de los alistamientos—, añadido a la reivindicación explícita de que los pobres no tenían que defender a los ricos arrendatarios que aprovechaban las dehesas a expensas suyas. Y para hacer justicia, ocuparon y labraron la tierra. Era una protesta muy extrema por aquel entonces.

En el documento gallego, quince firmantes, muchos si no todos artesanos, protestaban igualmente de que «los Poderosos, y los Hombres de influjo» estaban exentos de servir en la defensa de la localidad cuando debían ser ellos precisamente los más acérrimos defensores del pueblo, y si no estaban dispuestos o no podían asumir semejante tarea, tenían los medios económicos para contribuir a ella. No siendo así, proseguían los firmantes, la defensa recaía en los más débiles, «echando todo el peso en los endebles hombres que sólo viven por su industria y trabajo». En todos los sitios se habían organizado defensas locales en nombre «de la religión, de la patria y de la libertad» para aliviar el peso que ahogaba a aquellos «que gimen bajo la opresión de trabajo como para evitar la muerte. Por lo mismo ninguno se debe eximir de lo que en justicia está obligado».

La sustitución de la palabra «libertad» por «rey» en el consagrado lema tripartito llama la atención. ¿Qué significaba? Como indicación, se puede observar que, aislado por tierra, Viveiro era un puerto donde muchos barcos extranjeros hacían escala, por lo tanto estaba mejor relacionado con el mundo exterior que, por ejemplo, la cerrada sociedad rural del interior de Galicia. Parecían los artesanos firmantes haber asimilado algo de la Ilustración francesa y de las primeras fases de su revolución. Además, Viveiro y su entorno era realengo, o sea, señorío real, y no eclesiástico o de la hidalguía como tantos otros en Galicia: cosa que le daba una cierta independencia y puede haber añadido otro significado a la sustitución de libertad por rey.

Por otra parte, recordemos que, al principio de la guerra, una de las condiciones impuestas por el pueblo llano a las autoridades había sido la de que el alistamiento militar se haría sin distinción de clase o estatus. Los trabajadores esperaban que los ricos y poderosos colaborasen del mismo modo al esfuerzo bélico y, si éstos no podían servir en el ejército, que contribuyesen a la guerra con sus medios económicos. Las clases trabajadoras habían sido defraudadas, como señalaron los de Viveiro en su protesta. Haciéndose eco de otras reivindicaciones que ya hemos oído, dijeron que no había habido la justicia obligada.

Recientemente, continuaban los firmantes, la situación había empeorado con la formación de una guardia independiente local con todos aquellos que tenían experiencia militar, dejando a las escuadras desprovistas, y sin nadie capaz de entrenarlas. Y para colmo, ya exigieron que ellas formasen la primera línea de defensa del pueblo en la que los trabajadores sin entrenamiento estarían expuestos a la muerte y desolación en los peligrosos puestos avanzados.

Entre líneas se leía no sólo el rechazo del papel de carne de cañón, sino el de las exigencias «patrióticas» de sus superiores sociales que se anteponían a las de la vida y muerte de los pobres. ¿Por qué éstos iban a exponerse al peligro de la muerte violenta para defender a los acomodados que no contribuían a la defensa de todos? ¿Para qué defender a una patria de la que de hecho estaban excluidos? Estos artesanos rechazaban tajantemente una visión interesada del patriotismo para proponer en su lugar una exigencia patriótica más altruista: igualdad de sacrificio de todos en el esfuerzo de ganar la guerra.

Como se puede apreciar, se trataba de una idea sencilla, nada del otro mundo, nada revolucionario: igualdad, —pero no social, ni por supuesto de haber nacido todos iguales; ni siquiera la igualdad de reivindicar la meritocracia que les ofrecería el liberalismo gaditano, o sea, la oportunidad de ascender en la vida gracias a los méritos personales. ¡No! El pueblo llano pedía sólo una igualdad, la del sacrificio de todos: que a los caciques y poderosos no les permitieran salvar a sus hijos de la muerte en el frente contra el enemigo común; que a los ricos les obligaran a dispensar su dinero por la causa común; y en última instancia, que no se cargara sobre los «endebles hombres que sólo viven por su industria y trabajo» el peso mayor de la guerra: el de morir y sufrir. Huelga decir que las clases populares no consiguieron su objetivo; para los próceres patriotas, los pobres que formaban la mayoría de los ejércitos, seguían siendo «carne de cañón», una expresión que lo resume todo.

Capítulo 9

LA OCUPACIÓN FRANCESA POR UN TESTIGO PRESENCIAL

Por la cantidad de diarios y memorias escritos durante la guerra de la Independencia, resulta evidente que los que la vivieron sintieron que presenciaban, con razón, una época histórica sobre la que personalmente querían testimoniar, tanto para sus coetáneos como para sus compatriotas futuros. No se equivocaron. Experimentaron una época trascendental —incluso más de lo que muchos de los cronistas se daban cuenta en el momento— porque vino a representar un cambio paradigmático de la historia de España: una línea divisoria entre el pasado, el del Antiguo Régimen, y la modernidad política.

Nada de esto era previsible cuando empezó en 1808 la invasión por Napoleón de su aliado España; ni el emperador ni la corte de Madrid creyeron que podría darse una guerra larga y cruenta porque, tras vencer a media Europa, aquél no dudaba en poder hacerse fácilmente con España, ni la corte creía que el absolutismo reinante pudiera resistir la embestida. Sin embargo, sólo veinte años antes, cuando era el general más joven del ejército revolucionario, Bonaparte anotó que cualquier invasión militar de España estaba destinada a precipitar un levantamiento popular en contra del invasor... una lección que, siendo emperador, se olvidó con un gran coste para él. Para más agravio, valiéndose de toda clase de artimañas, destituyó al nuevo rey, Fernando VII, para poner en el trono a su hermano, José Bonaparte. La reacción inevitable no tardó en producirse; en las últimas semanas de mayo y la primera de junio se sublevaron una tras otra ocho capitales de provincia —Oviedo, La Coruña, Badajoz, Sevilla, Cartagena, Valencia, Zaragoza y Valladolid— sin coordinación entre ellas, ni siquiera con conocimiento de los levantamientos en las demás. A primera vista —y así lo consideró tanto Napoleón como la mayor parte de la clase política española— sublevarse, sin apenas ejército, en contra de la potencia europea dominante era un reto quijotesco: valiente e ineluctable, sin duda, pero condenado al fracaso, al igual que la sublevación momentánea del Dos de Mayo madrileño.

No obstante, esta opinión se convirtió en obsoleta en cuanto el mundo rural, que al principio se quedó pasivo, se adhirió, a instancias de sus capitales provinciales, a las sublevaciones. Mientras un ejército enemigo, por poderoso que fuera, podría con suerte dominar las ciudades —como fueron, entre otros, los casos de Madrid, Barcelona y Valladolid— no podía subyugar simultáneamente los miles de pueblos, aldeas y caseríos dispersos por el país. La resistencia popular rural, aunque ni mayoritaria ni inquebrantable, fue a fin de cuentas decisiva para que España no se rindiera al enemigo durante la guerra.

Presenciar esta lucha titánica desde la perspectiva de una ciudad ocupada durante la mayor parte de la contienda —en este caso concreto, Valladolid— es algo parecido a mirar por un telescopio al revés: los detalles de la vida cotidiana local acaparan la vista mientras los acontecimientos nacionales se ven lejanos, incluso borrosos. Sin embargo, cuando el testigo es privilegiado y concienzudo, como era el autor de este diario, don Francisco Gallardo y Moreno, procurador de la chancillería de Valladolid, nos facilita una imagen insustituible del día a día, tanto de la ocupación imperial como de la resistencia creciente de la guerrilla acercándose a las mismas puertas de la ciudad.

Por razones obvias, Gallardo era muy precavido del peligro que corría si le identificaban como autor del diario; no le puso su nombre ni indicó de manera alguna su ocupación ni sus predilecciones políticas: en octubre de 1809 el comisario de policía de Valladolid, Manuel García Pardo, denunció a tres oidores de la Sala de lo Civil y dos abogados de la chancillería por ser «hombres verdaderamente perjudiciales á la patria ... anglómanos [que] son verdaderos apóstoles de la insurrección...» y los oidores fueron deportados a Francia.¹

El diario se publicó primero como «folletín» en La Crónica Mercantil de Valladolid en 1886 y luego como libro independiente, bajo el título Noticia de casos particulares ocurridos en la ciudad de Valladolid, año 1808 y siguientes. La Guerra de la Independencia, editado y prologado por Juan Ortega Rubio, catedrático de Historia de España en la Universidad de Valladolid y luego en la Central de Madrid. Tras una investigación laboriosa, fue éste quien identificó al autor y su ocupación. Como apuntó el historiador en el prólogo, el diario está escrito con «mala letra, carece de forma literaria y de estilo, de puntuación y ortografía y los nombres propios franceses se escriben como se pronuncian [en español]». Estos defectos son más aparentes que reales, ya que indican que el cronista no era literato que adornara el texto de frases bien sonantes o artilugios literarios; lo que le interesa son los hechos de cada día. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la versión que tenemos entre manos ha sido editada, y anotada, por el historiador —si no, sería prácticamente ilegible hoy día— y que el mismo cronista parece en algunas instancias haber seguido la práctica, muy común entonces, de hacer apuntes diarios que luego transcribiría con todos los detalles.

Hay varios diarios publicados de personas que vivieron en ciudades ocupadas durante la guerra,² incluso dos más de Valladolid: los de don Hilarión Sancho (Diario de Valladolid) y don Demetrio Martínez (con el mismo título); aquél empieza en 1807 y continúa hasta 1840, y éste comienza en 1810 y sigue hasta mediados de los años 1830, demostrando que eran —o se hicieron— aficionados del género. Sin embargo, ni el uno ni el otro se extendieron a la amplitud detallada de la guerra de Gallardo, lo que hace de su diario un verdadero compendio de los acontecimientos vallisoletanos de la época bélica.

Ortega y Rubio envió el diario a la Real Academia de Historia cuyo director encargó a José Gómez de Arteche, insigne historiador militar de la guerra de la Independencia, que informara a la Academia de su valor. En su informe, éste hizo algunas apreciaciones que merecen citarse. Tras anotar que los datos del diario «no entrañan el origen, marcha y consecuencias de los importantísimos [acontecimientos] que tuvieron lugar en nuestra patria ni aun en la vieja y gloriosa tierra a que el autor contrae su trabajo», añade:

No era afrancesado el Sr. Gallardo, pero sí hombre temeroso de que, descubierto su escrito, pudieran conocerse las ideas, patrióticas sin duda, que abrigaba ... Pero lo que sí puede asegurarse es que, sobre todo, era cristiano viejo y fervoroso, según se extiende y parece deleitarse en la descripción de las procesiones que se celebraron en Valladolid durante aquella época calamitosa...

Extraña la cita por el énfasis que pone en la religiosidad, dado que a la mayoría de los cronistas coetáneos les encantaba relatar las procesiones religiosas, el reparto por orden de aparición, el recorrido exacto por las calles, etc. Una procesión religiosa formaba parte no sólo del «teatro público» sino que obedecía a reglas estrictas de aparición según la jerarquía social de la ciudad; cualquier cambio se notaba enseguida. A Gallardo lo que le molestaba era que no hubiera ocasión de que salieran todas las procesiones religiosas que se celebraban en Valladolid en tiempos de paz.

Ya que estamos con el tema de la religión, merece comentario un personaje que, por decirlo así, «flota» sobre el diario, y a quien Gallardo menciona constantemente, pero sin más comentarios, por sus frecuentes salidas a las puertas de la ciudad para saludar tanto a mariscales imperiales y autoridades josefinas, como a sus homólogos británicos y españoles: el señor obispo de Valladolid. De entrada, el mutismo del cronista nos hace sospechar que tenía algo que silenciar de este prelado: en efecto, su pasado de colaboracionista del nuevo régimen bonapartista y el quedarse en zona ocupada cuando otros tantos obispos huyeron a la de los «patriotas».³ En el mes de julio de 1808, varias semanas después del levantamiento antinapoleónico vallisoletano y su derrota por los imperiales en Cabezón,⁴ el obispo, que lamentaba que el levantamiento no le brindase la oportunidad de presionar a favor del rey José, publicó una pastoral:

JesuChristo no se constituyó Juez en competencias seculares ... Servir a Dios y no obedecer al Rey, amar al próximo, y ofender a un solo hombre, son actos contrarios, producciones de un entendimiento mal formado. No debe, pues, dudarse que los que sirvan a Dios, y amen al próximo, serán hombres fieles, y obedientes a su Rey ... El pueblo por sí solo, sirviéndose del tumulto, de su impetuosidad y de su fuerza, no impone esta ley...⁵

Al adoptar una postura de «dad al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios», el obispo no fue el único prelado en contemporizar con el nuevo régimen, siendo el caso más destacado en la zona ocupada el inquisidor general y arzobispo de Zaragoza, Ramón de Arce, abiertamente afrancesado. Muchos de ellos justificaban su decisión por querer quedarse para cuidar de sus feligreses en estos tiempos difíciles, para escándalo de los patriotas.⁶

Gómez Arteche pisaba tierra más firme con sus críticas militares del diario cuyos errores, por cierto, abundan, muy especialmente de la batalla de Rioseco que sucedió en un solo día, el 14 de julio de 1808, y no durante cinco días como apunta Gallardo, y terminó, como dice Arteche,

con la dispersión del ejército español, que tuvo 363 muertos, 420 heridos, 68 contusos, 158 prisioneros y 2.171 extraviados, y con el saqueo de aquella población, los asesinatos y violaciones más ultrajantes, cometidos en sus moradores por los franceses, que sólo tuvieron 70 muertos y 300 heridos. Pues, el señor Gallardo supone que en [el combate] ascendieron las bajas de los franceses a la de 6.000 muertos y 400 heridos, desproporción inconcebible, quedando las de los españoles reducidas a la de 2.500 muertos y 400 heridos. Ya quiere el Sr. Ortega poner correctivo a tamaño error; pero en la mismo nota en que lo consigna lo comete todavía no pequeño y emite opiniones que hacen suponer un juicio no muy exacto de aquella fatal jornada.

La crítica tanto de Gallardo como de Ortega era acertada. Pero con la salvedad de nombrar a Ortega «el laborioso correspondiente» de la Real Academia de Historia y «merecido de aplausos por haber dado a conocer el diario», Gómez Arteche no dice que aquél era historiador solvente, de origen murciano, pero muy vinculado a Valladolid, que escribió Investigaciones acerca de la Historia de Valladolid, publicado en 1887, el mismo año que el diario, y más tarde una Historia de España en ocho volúmenes y la Historia de la regencia de María Cristina Habsbourg-Lorena en cinco tomos. Por lo tanto, estamos ante un historiador de cierto prestigio en la etapa de la Restauración. Incluso, como verá el lector, Ortega puso pies de página a muchos de los datos ofrecidos por Gallardo indicando lo exagerado que eran sus cifras de sucesos militares, de los que tenía conocimiento sólo gracias a confidentes patrióticos o fuentes francesas.

Gómez Arteche señala que la estancia de Napoleón en Valladolid a principios de 1809 «ofrece al Sr. Gallardo ocasión para dar interés a su escrito; y aunque muy sucinto éste, lo tiene como refiriéndose a personalidad tan conspicua, la más importante en el glorioso drama de una guerra que inició la ruina del coloso, que acababa de ver en Erfurt, puede decirse que a sus pies, a la mayor parte de los soberanos de Europa». El comentario no es exagerado; sin embargo, para los historiadores contemporáneos que suelen interesarse en otros aspectos históricos más que en las grandes personalidades —y, como el que escribe estas líneas, en las personas de estratos sociales bajos que no suelen figurar en la historiografía consagrada—, el diario ofrece muchos datos de sumo interés: la caridad de los vallisoletanos por los prisioneros de guerra españoles que pasaban con frecuencia por la ciudad en su larga marcha hacia los campos franceses tras las derrotas estrepitosas de los ejércitos patrióticos; las idas y venidas constantes de la tropa imperial; el precio del pan y otros comestibles, casi siempre en acenso, consignado con precisión por Gallardo; la hambruna de 1812 cuando los pobres comían de los vertederos de basura; las exacciones continuas y elevadísimas impuestas por el ocupante a los moradores de la ciudad y el arresto de los que no pudieron pagar; los meses de tiempo malo, de lluvias extraordinarias, de frío, de granizo y tormentas; la lenta pero ineluctable aparición de la guerrilla; y las ejecuciones de guerrilleros condenados a garrote vil por la Junta Criminal de Valladolid compuesta por jueces españoles... Éstos son entre otros los datos que importan actualmente tanto a historiadores como al lector interesado en la historia de Valladolid y su entorno durante la guerra.

El diario empieza con la noticia recibida en Valladolid, el 24 de marzo de 1808, de la entrada y proclamación en Madrid del recién estrenado soberano, Fernando VII, y continúa con la reacción popular vallisoletana en contra del exprivado de Carlos IV, Manuel Godoy, Príncipe de la Paz. La descripción de las manifestaciones celebrando la caída de Godoy son muy gráficas; no obstante era un momento curioso de comenzar un diario, dado que los acontecimientos que lo precedían eran aún más trascendentales. ¿Sería que el cronista no se daba cuenta de ellos o era que sólo lo que pasaba en Valladolid le despertó la curiosidad suficiente para empezar a anotarlos? No se sabrá nunca; el hecho es que fue el motín de Aranjuez del 17 de marzo, instigado por la nobleza fernandina, el que derrocó a Godoy y motivó la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando, mientras que el ejército imperial invadía España y tomaba —por engaño— varias fortalezas españolas, incluidas las de Pamplona y Montjuic. Justo antes de entrar Fernando en Madrid, el ejército imperial, bajo mando del duque de Berg, el mariscal Joachim Murat, cuñado de Napoleón, le adelantó por veinticuatro horas a marchas forzadas de Castilla la Vieja; así comenzó la ocupación de la capital de España. De todo esto no nos dice nada Gallardo; para el cronista, eran las escenas locales las que le impresionaron:

Otra mayor porción de gentes acudieron al real palacio donde está el carro triunfal en que se sacó el retrato de Godoy por las calles cuando fue elevado al almirantazgo, le cogieron, y tirado de las gentes, fue conducido con mucho escarnio e ignominia, hasta la Plaza mayor, y por el tránsito le tiraban muchas piedras, tronchos de pelladas de barro, pusieron dentro de él un bacín grande con porquería, y a los dos lados dos galopines descamisados, sucios y tiznados, con escobajos en las manos que rociaban a menudo dicho retrato, presidiendo uno de a caballo que decía ¡viva el rey y muera el traidor!

Tres noches hubo de iluminaciones con muchos tiros de escopeta.

Los artesanos en los tres días hicieron varias diversiones de mojigangas soldadescas y otras muy gustosas; sacando el busto del nuevo rey, sin haber habido la menor quimera; y el último día hubo misa solemne en la iglesia Catedral en acción de gracias...

Lo que nadie sabía entonces era el papel importantísimo que iban a desempeñar los artesanos en el curso de la guerra que sólo vislumbraban los más perspicaces. Los artesanos formarían gran parte de los ejércitos patrióticos iniciales en contra de Napoleón; sin embargo, en aquel momento se vengaban de Godoy, a quien achacaban la culpa de la desastrosa situación económica que les afligía. (Además, el pueblo llano le culpaba injustamente de todos los males, tanto naturales como humanos, que afectaban al país.)

El 6 de abril entró en Valladolid don Carlos, hermano de Fernando, rumbo a Tolosa a recibir a Napoleón para confirmarle en el trono. No dice Gallardo, porque probablemente lo ignoraba, que el emperador engañó a Fernando; de hecho no tenía la más mínima intención de salir de Bayona donde había establecido su cuartel general. Fernando y sus consejeros cayeron en la trampa y siguieron hacia Bayona; nada más cruzar el Bidasoa el séquito real, don Carlos, que lo había adelantado, avisó a su hermano de que Napoleón no aceptaría que reinasen los Borbones en España, y así, estando ya en Francia, Fernando fue presa fácil del emperador. Este peligro lo había previsto el populacho de Vitoria que intentó impedirle, cortando los tirantes de su coche, seguir hacía Francia ya que aquél era más precavido que los propios consejeros fernandinos.

Sin ruptura de continuidad, el diario da un salto al 21 de mayo —lo que debe ser una errata tipográfica o del cronista, porque la fecha tiene que ser el 31— sin comentario alguno del Dos de Mayo madrileño, como si no hubiera existido. De todas formas, en el 31 del mes empezó el levantamiento vallisoletano, el último de los ocho ya citados. Aquel día

a las tres de la tarde una porción de personas de todas clases pasaron a la Plaza mayor y frente del Consistorio empezaron a vocear diciendo ¡viva Fernando VII! ¡Mueran los traidores de la Patria! Pedían se hiciese alistamiento general forzoso, sin distinción de personas para defenderla, y entregasen todas las armas, que se les nombrase un jefe o cabeza a quien obedecer...

Desde la plaza se dirigieron unas cuatro mil personas a la habitación de don Gregorio Cuesta, recién nombrado por Fernando VII capitán general de Castilla la Vieja, y le hicieron las mismas peticiones. Cuesta mandó entregar los pocos franceses que había en Valladolid y apropiarse de los 250 fusiles que había dejado el ejército imperial en su marcha hacia Portugal el otoño anterior.⁷ Alarmados los vallisoletanos, pusieron guardias en las puertas reales, apresaron carros de algodón y armas que iban a Madrid sin los permisos requeridos, detuvieron a varias personas que consideraron sospechosas, impidieron que saliese nadie no siendo conocido y cogieron las postas para entregarlas al ayuntamiento.

Como afirma Gallardo, al día siguiente

muchos hombres armados con una multitud de gentes de toda clase pidieron a su Excelencia [Cuesta] mandase hacer el alistamiento, concediéndoles y nombrándoles cabeza o jefe: [éste] convino sólo en que fuese voluntario, y que los que se alistasen, se retirasen a sus casas o cuarteles, ofreciendo señalar y darles jefe. No accedió el populacho a lo primero por creer se les engañaba y dilataban las providencias, y se alteraban...

A continuación fueron al tribunal de la Inquisición y pidieron el estandarte de la fe, lo sacaron y, llevado por tres sacerdotes, lo pasaron por las calles céntricas, gritando «¡Viva la fe, la religión, el rey Fernando y la patria!». Después hicieron tocar a rebato las campanas de la catedral y de muchas iglesias antes de colocar el estandarte y el retrato de Fernando VII, adornado con colgaduras y velas, en el balcón principal del ayuntamiento donde estuvieron todo el día y parte de la noche. Varios sacerdotes y religiosos les habían acompañado.

Enseguida, según nuestro cronista, salió de su casa Cuesta, acompañado de oficiales militares, ministros y muchas gentes para ir al consistorio, donde el capitán general publicó un bando para el alistamiento forzoso que se ejecutó inmediatamente. Pero el día siguiente, 2 de junio, «sospechando el pueblo que no se daban por el General y Ayuntamiento providencias eficaces para la conducción de armas y municiones, se volvió a conmover ... El público pidió se proclamase a Fernando VII por rey de España y sus Indias, el Ayuntamiento convino en ello y así se ejecutó por su alférez mayor, señor marqués de Revilla...».

En su relato, Gallardo se muestra parco en la verdad, ya que Cuesta, quien se había demostrado opuesto a un levantamiento desde tiempo atrás, aún resistía a las demandas del pueblo aquel 2 de junio, publicando un edicto en el que pidió tranquilidad y que todo el mundo regresase a su casa. Sospechosas las gentes, para hacerle comprender lo que querían, anotó otro cronista vallisoletano, «levantaron la horca en medio de la Plaza mayor, presenciado por las autoridades, y se oyó la voz general que tildaban de traidores a todos, amenazando que serían víctimas de su furor si no se daba un testimonio de la actividad que pedían, supuesto que veían se les estaba entreteniendo con engaños para hacerlo todo ilusorio».⁸

Aquella horca surtió el efecto deseado. Cuesta cedió. Es inconcebible que Gallardo no la viera o por lo menos no le llegara noticia de un hecho tan destacable, ya que el cronista coetáneo, Hilarión Sancho, lo comenta y, contrastado con otras fuentes documentales, los historiadores de la guerra de la Independencia lo han aceptado. Será quizá que el respeto de Gallardo para las autoridades constituidas fue más fuerte en él que la verdad.

La política de Cuesta, reflejada en el edicto del 2 de junio, había sido consistente durante los diez días anteriores al levantamiento. El 21 de mayo, publicó un bando en el que mandó «mantener principalmente la tranquilidad de [los] pueblos, como el bien más importante en las actuales circunstancias», e invitó a los ciudadanos a «guardar la quietud y la prudencia».⁹ Ocho días más tarde, en una carta al ayuntamiento de León, que caía bajo la jurisdicción de la capitanía general de Castilla la Vieja, expuso su adhesión a la voluntad de las «Personas Reales» de renunciar al trono español en favor de la «Suprema Junta que nos gobierna en nombre del Emperador de los Franceses, por el derecho que les han traspasado aquellas renuncias, bajo el pacto de nuestra independencia, sin desmembración» (de España). Esto, seguía, era en aras de los intereses de la nación, consciente como era de que «todos los españoles sensatos y amantes de su patria» compartían su punto de vista.

Mas como entre el vulgo hay muchos, que no razonan, quiero suponer que por desgracia seducidos por hombres malévolos, y revoltosos ... se dejasen arrastrar ciegamente a una insurrección ... ¿Quién nos dirigiría? ... ¿No consideran, que sus mismos caudillos, se habrían de disputar el mando supremo, y ocasionar una guerra civil...?¹⁰

Incluso, el 2 de junio, en otra carta a la recién estrenada Junta de León, escribió:

En virtud de lo informado por dos de sus comisionados acerca de la conmoción popular acaecida en aquella ciudad ... no pudiendo resistir en aquellas circunstancias al torrente del público, parecía conveniente ceder a su fuerza, adoptando medidas y providencias para dirigir su impulso, permitiendo su alistamiento y armamento, coordinando los alistados, y por medio de la disciplina militar contener y dirigir su entusiasmo hacia el mejor orden posible, según se estaba practicando en Valladolid hacía tres días.¹¹

La actuación de Cuesta en contra del levantamiento en aquel momento no era ni peor ni mejor que la de la mayoría de las viejas autoridades, especialmente las nombradas por Godoy: cautela extremada por temor al emperador, a la «anarquía» que representaría el populacho armado en la calle, temor incluso a precipitar una guerra civil. La táctica de un alistamiento general para contener, por la «disciplina militar», el entusiasmo popular y encausarlo al «mejor orden posible» era usada con frecuencia en estos momentos turbulentos con la única diferencia de no explicitarla tan claramente como Cuesta. Mientras cuatro capitanes generales fueron asesinados por el pueblo por resistir —o por su dudosa adhesión— a los distintos levantamientos, Cuesta tuvo la suerte de salvar la vida gracias a que comprendió a tiempo el significado de la horca que se había levantado. Aun así, en la zona bajo su mando, no permitió la formación de juntas de gobierno como se crearon en las otras regiones tras las sublevaciones, sino sólo juntas restringidas al armamento y defensa.

Gallardo ofrece la impresión de que el levantamiento vallisoletano, como todos los demás, fuese espontáneo, tal y como ha seguido creyéndose, ya que se los imputa al patriotismo innato del pueblo llano al contrario de la mayoría de la clase política. Éste es uno de los mitos mayores de la guerra de la Independencia, aunque algunos historiadores españoles y extranjeros vayan poco a poco desmontándolo. El hecho es que pequeños grupos de fernandinos, aprovechando el descontento de las clases laboriosas por una inflación galopante, incitaron —y en no pocos casos documentados, sobornándolas— a sublevarse tanto en contra de las autoridades godoyistas como en contra de Napoleón. El exprivado y sus adictos habían sido desde hacía tiempo el blanco mayor de los fernandinos, y aunque Godoy estaba exiliado en Francia, al lado de sus queridos exmonarcas, Carlos IV y María Luisa, sus adalides seguían en el poder en gran parte de las regiones sublevadas, en donde habían abogado abiertamente en contra de los levantamientos. «¿Qué más importancia da que el rey fuera José, Pedro o Francisco?», argumentaban, ya que «los Borbones son babosos, ellos se han perdido por sus rivalidades familiares y no hemos de perder por ellos».¹² Ante los partidarios de Fernando VII estos argumentos pecaban de traición al nuevo rey que Napoleón había obligado a renunciar al trono y tenía secuestrado en Francia. Al contrario de las autoridades godoyistas, los fernandinos harían todo lo posible para que se levantaran sus capitales o ciudades de provincia a favor de su rey y de la religión y, como objetivo inmediato, suplantarlas. En este sentido, los levantamientos serán bicéfalos: por un lado una continuación de las confrontaciones entre los fernandinos y Godoy que habían culminado, pero no acabado desde el punto de vista ideológico, en el motín de Aranjuez tan sólo dos meses antes; y por otro, una sublevación contra la ocupación napoleónica del país.

Es de observar que ninguna insurrección tuvo lugar antes del 23 de mayo, día en que la Gaceta de Madrid, anunciando oficialmente la renuncia al trono de los Borbones, llegó a muchas de estas capitales, incluida Valladolid. La tensión se desató. Hasta aquella fecha, las clases populares urbanas esperaban un arreglo entre España y su aliado francés, esperaban que Napoleón devolviera a Fernando al trono español e incluso le prometiera una esposa de la familia imperial. El periódico del 23 de mayo disipó por completo estas ilusiones. Napoleón se había hecho con el trono, en el que puso a su hermano mayor, José Bonaparte. La ocupación francesa se había consumado.

Esta certeza aumentó la incertidumbre popular. En una sociedad tradicional, donde todo aparecía regulado desde arriba por leyes y decretos, tradiciones y costumbres, la incertidumbre política y la confusión que la acompañaba eran causa de desestabilización social. Más que nada, las clases populares temían un futuro incierto, sin su monarca y su religión, un mundo que anduviera al revés y que les perjudicase. El no saber a qué atenerse para una población que siempre tuvo explicaciones para todo significaba una división de pareceres, y por tanto una ruptura del monolítico sistema mental y de actuación del Antiguo Régimen. Este fenómeno lo observó con agudeza el nuevo embajador bonapartista, conde de La Forest: «El pueblo ignorante que a mediados de mayo no pudo soportar la incertidumbre se ha arrojado ahora en masa a la oposición...», escribió meses después.¹³

Como en las demás ciudades que se levantaron en la última semana de mayo y la primera de junio,¹⁴ fueron sin duda los fernandinos los que orquestaban la sublevación vallisoletana, aunque resulta difícil ponerles nombres y apellidos por razones que se explicarán. Como observa con tino Jorge Sánchez Fernández, historiador vallisoletano y especialista en la época, el ayuntamiento parece haber sido «el foco de la conspiración», brindando a los sublevados su balcón principal para poner la bandera de la Santa Fe y el retrato de Fernando, y en donde «reinaba el marqués de Revilla ... nudo del partido fernandino local en explícita oposición a Godoy desde 1806 ... de familia de rancio abolengo, gesto distintivo del clan fernandino y alférez mayor de la ciudad desde 1797...»¹⁵. Además Cuesta se dirigió al consistorio para comunicar la aceptación definitiva de las reivindicaciones callejeras; y sería inconcebible que los regidores permitiesen levantar la horca sin su visto bueno. Aun así, según el cronista Hilarión Sancho, el «motor principal» del levantamiento fueron los guardias de corps que se hallaban en Valladolid de vuelta de Bayona donde habían escoltado a Fernando.¹⁶

Gallardo facilita, por cierto sólo en una entrada del diario del 19 de noviembre de 1810, un nombre fernandino más: Pedro García, conocido por «Perín», un carnicero que tenía a su cargo varios abastos de carnes de la ciudad quien «se hallaba con muchas facultades». Fue uno de «los que más sobresalieron a favor de la patria y nación cuando principiaron las turbulencias en esta ciudad el año de 1808»; luego en la toma de Ciudad Rodrigo fue hecho prisionero por los franceses, «y cuando partían para Francia, huyó y se pasó a incorporarse en la partida de [Tomás] Príncipe» y más tarde en el ejército del marqués de la Romana.¹⁷ No debe extrañar su cargo de proveedor del ayuntamiento; los tres hermanos Bertrán de Lis, proveedores de granos del ayuntamiento de Valencia, estuvieron entre los principales conspiradores fernandinos del levantamiento en la capital levantina por sus relaciones estrechas con el consistorio local.

Pero un velo tupido esconde los nombres de los demás fernandinos vallisoletanos. Había varias razones que lo explican, ya que pasó lo mismo en varios otros focos. Como escribe Sánchez Fernández, el hecho de que la conspiración fuera exitosa obvió que se investigara a fondo como habría pasado probablemente con un levantamiento fracasado; e incluso, cuando la Sala del Crimen de la chancillería nombró a un escribano suyo para hacer algunas averiguaciones, no tardó en despertar sospechas y fue encarcelado; el 12 de junio de 1808, cuando en la ciudad se supo de la derrota de Cuesta en Cabezón, fue asesinado por los que le guardaban «por traidor, porque dejándole en vida sería el origen del castigo de muchas gentes de la revolución, delatándoles a los franceses» cuya entrada en Valladolid se esperaba de un momento a otro.¹⁸

Sin embargo, había otras razones imperiosas para no revelar los nombres de los conspiradores fernandinos, si no en Valladolid,¹⁹ sí en los otros focos no amenazados por una ocupación francesa inmediata. A aquéllos no les convenía políticamente que se extendiera la noticia de su papel directo, incluso de conspiradores, en las sublevaciones. Su anhelado control del poder aún no estaba asegurado. Los poderes fácticos, mayoritariamente nombrados por Godoy, podían contraatacarles, especialmente si los levantamientos les parecían a aquéllos un movimiento partidista tanto —o más— en contra suyo como en contra de Napoleón. Tampoco sabían si sus propias regiones iban a secundar el golpe, sin hablar de las demás regiones. Podían necesitar a las autoridades antiguas para convalidar su poder. Y a nivel personal, en aquellos tiempos, el hecho de conspirar estaba socialmente mal visto. Por lo tanto, los fernandinos tenían razones de sobra para esconderse detrás de la plebe levantisca, a la que prestaron el honor patriótico, por la forzada ausencia de su rey, de haber hecho valer la soberanía del pueblo, la cual entregó a las nuevas juntas de gobierno que enseguida se crearon, y en las que la plebe apenas tenía representación. O sea, fueron los propios fernandinos los que primero propagaron el mito del levantamiento espontáneo popular.

La importancia de las sublevaciones en las ocho capitales residía en que ellas influyeron contundentemente en la extensión de los levantamientos y muy pronto en conseguir ayuda monetaria y armamentística de Inglaterra. Sin las sublevaciones urbanas es dudoso que el mundo rural se hubiera levantado —a fin de cuentas la sublevación más precisa porque sin ella la urbana habría quedado aislada y desarticulada—. A mediados de junio, las principales insurrecciones se habían extendido por toda España, a excepción de las zonas directamente ocupadas por los franceses: el País Vasco, Navarra y La Rioja, con una larga lengua de territorio que se extendía hacia el sur a través de Burgos y Madrid hasta el tajo. En Cataluña, únicamente Barcelona, ocupada, no se levantó.

Napoleón siempre elegía y defendía cuidadosamente sus líneas de comunicaciones y, habiendo establecido su base de operaciones militares en el suroeste de Francia, su línea más importante recorría la principal vía española desde la frontera en diagonal hacia el sur y al oeste hasta Burgos y Valladolid, que a su vez proporcionaban ambas una ruta directa hacia el sur en dirección a Madrid, y continuaban desde Valladolid pasando por Salamanca y Ciudad Rodrigo hasta la frontera portuguesa. No fue una casualidad que las dos mayores victorias de Wellington en suelo español se produjesen a lo largo de esta diagonal, en Salamanca (Arapiles) y Vitoria. De lo dicho resulta evidente la importancia estratégica de Valladolid en los planes de Napoleón para dominar España.

Al principio de la guerra, Valladolid tenía unos 21.000 habitantes, muy lejos de los 45.000 que se le atribuyen en su época de esplendor de dos siglos antes. En 1813, la cifra había bajado a 16.250 debido a la desarticulación económica, la explotación desmedida de los recursos, la emigración, la exclaustración del clero regular, el caos global humano y material entrañado por la guerra y la ocupación francesa. La población bélica cayó a un nivel sólo conocido en algunas décadas del siglo XVII.²⁰

Desde una perspectiva racional, Cuesta tenía cierta razón al argumentar que «guardar la quietud y la prudencia» era más sensato en aquellos momentos que arriesgarse, en un arrebato pasional constituido por el odio y el miedo, a un levantamiento, ya que «entre el vulgo hay muchos que no razonan». Como señala Ricardo Garda Cárcel,²¹ los levantamientos constituían una «descarga irregular de tensiones de los más diversos orígenes», y culminaron en un sentir negativo: si no se sabía positivamente lo que se quería, sí que se sabía lo que no se quería: la ocupación militar de España por una potencia extranjera, ser gobernado por otro rey que el suyo, o tener otra religión que la suya.

Sin embargo, hay otro razonamiento igualmente convincente: ¿qué pueblo, con una larga historia y un sentido de identidad colectiva tan arraigada como la española, iba a permitir que una fuerza militar extranjera y, por si fuera poco, un aliado, le invadiera, se hiciera con el trono y amenazara la religión? Ciertamente, ni Francia ni Inglaterra, cuyos sentidos de identidad eran igual de fuertes que los de España. Por irracional que parezca, un levantamiento fue inevitable.

A fin de cuentas, fue el mismo Cuesta quien se demostró irracional —al mando de sus pocas tropas regulares y una mezcolanza de tres mil paisanos entusiastas pero indisciplinados y mal armados— al dar batalla el 12 de junio al ejército francés en Cabezón, a unos diez kilómetros de Valladolid, en la carretera a Palencia. Puso a sus «tropas» de espaldas al Pisuerga en vez de utilizar el río como protección natural, con el resultado previsible: ante la embestida enemiga y la desbandada inevitable, Cuesta perdió el grueso de su fuerza, muchos de los que se ahogaron en el intento de huir de la batalla campal. ¿Fue por vengarse de la canalla por haberle obligado a levantarse? Contestó el conde de Toreno en su magnífica historia de la guerra:

No faltó quien atribuyese su extraña conducta a la traición o despique por haberle forzado a comprometerse en la insurrección. Otras batallas posteriores, en que, exponiendo mucho su persona, anduvo igualmente desacertado en las disposiciones, probaron que no obraba de mala fe, sino con poco conocimiento de la estrategia.²²

Una crítica que se podía hacer a la mayoría de los generales patriotas durante la guerra. Cabezón fue la primera derrota patriótica de la contienda, al mismo tiempo que fuerzas regulares y paisanos consiguieron victorias en El Bruc, La Mancha, Valencia y sobre todo en la defensa de Zaragoza. Sin embargo, Cuesta salvó la vida y se refugió en Benavente, de donde salió en julio para enfrentarse con el enemigo en Rioseco donde, una vez más, demostró lo acertado del comentario de Toreno.

Se ve ya el efecto propagandístico bélico: Gallardo da la victoria en Cabezón a los españoles, con grandes pérdidas de los franceses, aunque escribe que la misma tarde de la batalla, el general Merle, a la cabeza del ejército imperial, entró en Valladolid tras haberle enviado un oficio el obispo, rogándole entrase de paz, lo que el general aceptó. Empieza enseguida un fenómeno que se repetirá infinitas veces en ciudades y pueblos en toda la extensión patriótica durante la guerra:

Las gentes al mediodía, y antes de verificarse la entrada, abandonaron muchos sus casas, también varios conventos de frailes y monjas, pero los que así lo hicieron libraron peor, pues se las franquearon ... robando hasta los vasos sagrados y derramando las divinas formas ... El día 15 hizo el francés se presentasen a él los curas párrocos y prelados de las comunidades, o sus tenientes, y otros particulares, y no haciéndolo se los buscase; así se ejecutó, reteniendo como cincuenta eclesiásticos que condujeron a Burgos con el ejército y artillería que salió aceleradamente en toda la noche del mismo día, de forma que al siguiente 16 no había francés en esta ciudad, pues se llevaron hasta los enfermos.

La ocupación permanente de Valladolid aún tardará varios meses, hasta principios de 1809. Entre tanto, el mariscal Bessières, jefe imperial de Burgos, indultó a los prisioneros vallisoletanos de la batalla y a los eclesiásticos tras amonestarlos, y les mandó volver a sus casas y conventos. Por cierto, en otra constante de la contienda, pidió a la ciudad un millón y medio de reales y quince mil fanegas de cebada por encima de las más de doscientas mil que ya se habían entregado; y mandó que se jurase y proclamase por rey de España y sus Indias a José Napoleón I, lo que hicieron el 27 de junio el obispo, los ministros de la chancillería, los regidores y prelados.

Con la victoria de Bailén el 19 de julio de 1808, repentinamente se volvieron las tornas; con pánico desmesurado, el rey José, a pocos días de entrar en Madrid, cometió el primer error de su reinado, al retirarse con toda la tropa imperial al Ebro, línea defensiva donde proponía escudarse de los ejércitos andaluces y levantinos que equivocadamente suponía que pronto iban a llegar a la capital. El emperador no vaciló, planeando con pulso y tiempo mesurado, su venganza por aquella humillación en Andalucía, recogiendo la Grande Armée veterana y sus mejores mariscales y generales en la raya de Francia, para lanzar la segunda y «definitiva» invasión bajo su propio liderazgo; ésta empezó el 4 de noviembre de 1808, y el éxito fue estrepitoso: el ejército gallego derrotado en Espinosa de los Monteros, el extremeño en Gamonal, el centro-aragonés en Tudela. El 4 de diciembre, Madrid capituló y Napoleón, instalado en el palacio del duque del Infantado en Chamartín, proclamó, días después, una serie de reformas para «regenerar España». A golpe de pluma, abolió todos los derechos feudales, incluyendo las jurisdicciones señoriales, acabó con la Inquisición, redujo el número de comunidades religiosas en dos tercios, destinando sus propiedades a financiar un incremento de los salarios de curas seglares, y eliminó las aduanas internas.

El emperador habría seguido el avance hacia el sur, ocupando casi seguro Sevilla, donde la recién estrenada Junta Central, el nuevo gobierno patriota, acababa de refugiarse, si no fuese por la casualidad del avance simultáneo en Salamanca de un ejército británico, bajo el mando de sir John Moore, que venía de Portugal, donde había reemplazado a sir Arthur Wellesley, luego duque de Wellington, quien, entre otros generales ingleses, había desalojado a las fuerzas imperiales de ocupación; el plan de Moore era cortarle a Napoleón las comunicaciones a la altura de Valladolid. Inmediatamente, el emperador reorientó su campaña para asestar un golpe decisivo a su mayor enemigo, Inglaterra; perseguido primero por Napoleón y luego por el mariscal Soult, Moore se batió en retirada a La Coruña, donde murió en batalla el 16 de enero de 1809, antes de embarcar la tropa a Inglaterra. La intervención fortuita de las fuerzas británicas salvó de momento a Andalucía, si no a Valladolid, donde los imperiales volvieron el 13 de noviembre de 1808, precipitando otra huida masiva, como anotó Gallardo:

Ver a frailes y monjas, los más de a pie, en tiempo que estaba lloviendo, mujeres y niños y demás familias, causaba la mayor lástima y compasión, pudiéndose asegurar que los habitantes de Valladolid jamás padecieron tales pesadumbres, penas, ni atragantos.

Entre tanto, se esperaba de un momento a otro a Napoleón cuando surgió el primer acto de resistencia urbana. El 26 de diciembre, los operarios estaban aderezando un templete o tabladillo frente al palacio, destinado originariamente para la visita de Fernando VII, la cual nunca tuvo lugar, cuando nos cuenta el cronista que

se presentaron dos hombres enmascarados con armas de fuego y blancas, se subieron al tablado, preguntaron para quién se hacía aquello, y respondió uno de los operarios que para el Emperador Napoleón, les mandaron bajar con amenazas, y los enmascarados quitaron las colgaduras y las arrojaron al suelo, diciendo que aquello solo se debía hacer por Fernando VII, y, en efecto, no se volvieron a poner y se quitó el templete el 30 de diciembre.

Por fin, el emperador entró en Valladolid el 6 de enero de 1809, de regreso de Astorga donde había dejado la persecución del general Moore en manos de Soult, y quedó en la ciudad una semana. Según Gallardo, se iluminó el ayuntamiento y la fachada de palacio, y hubo repique de campanas, «aunque no general», que se repitió las dos noches siguientes. Dos diputados elegidos por todos los decanos y números con las feligresías fueron, por orden de Napoleón, a jurar fidelidad al emperador y al rey José

y darle gracias por haber librado a los vecinos de esta ciudad del saqueo e incendio a que las ocurrencias anteriores eran acreedores ... Se pusieron en prisión a los religiosos de San Pablo, y confiscaron los bienes, alhajas y rentas del convento ... [Napoleón] publicó y fijó edicto llamando por el último término de ocho días a los ministros del tribunal de Chancillería para que dentro de ellos viniesen a servir sus plazas, apercibidos que de no hacerlo se proveerían en letrados. También se mandó que los vecinos que dejaron sus casas ocho días anteriores al 13 de noviembre en que entraron las tropas francesas, se restituyesen a ellas en el término de veinte días, bajo la pena de ser confiscados sus bienes y rentas.

El día anterior a la marcha de Napoleón, se ahorcaron en la plaza Mayor cuatro hombres, dos vecinos por haber matado a tres soldados franceses, y dos forasteros; al pie de la horca el emperador indultó a otro vallisoletano por varios delitos. El día 14 a las siete de la mañana salió Napoleón hacia París para nunca más pisar suelo español. Cuatro días después se abrió el tribunal de la chancillería con sólo cuatro ministros.

Cuando entraron en abril de 1809 en Valladolid unos ciento ochenta prisioneros de guerra españoles cogidos en Ciudad Rodrigo y camino a Francia, los vallisoletanos hicieron gala de la caridad:

Les dieron bastantes socorros, en especial la gente artesana; salieron el día siguiente a las ocho de la mañana, quedando algunos enfermos en la cárcel de la Chancillería donde fueron alojados y lo mismo los oficiales que venían con ellos.

El 14 de agosto de 1809, Gallardo apuntó que el comisionado regio anunció la inminente llegada de Napoleón a la cabeza de cien mil soldados, aviso repetido dos veces más en los días siguientes por altas autoridades del nuevo régimen. Pero el emperador nunca apareció; ya que el cronista no lo explica, el lector se preguntará qué le pasó. La noticia no era en balde; el propio Napoleón iba a asumir la jefatura de un ejército nuevo, denominado de Portugal, para echar a Wellington del país vecino, pero en el último momento su divorcio de Josephine, que no le había dado el heredero deseado, y su matrimonio con la archiduquesa María Luisa de Austria, le distrajo del proyecto militar; nombró, en su lugar, al mariscal Masséna, uno de sus más fiables y competentes mandos militares, cuya ofensiva, a fin de cuentas, fracasó ante las fortificaciones de torres Vedras que Wellington había cuidadosamente construido alrededor de Lisboa el año anterior.

De todas maneras, desde la estancia breve de Napoleón en Valladolid, la ciudad quedó ocupada militarmente, nombrado al mando el 15 de marzo el general François Christophe Kellerman, vencedor de los prusianos en la batalla de Valmy en agosto de 1792, que salvó a la joven República francesa. En 1809, este experimentado administrador militar tenía ya setenta y cuatro años. Permanecerá como gobernador militar de Valladolid hasta febrero de 1810, cuando fue nombrado jefe de la Alta España (Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Santander, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, Valladolid, Toro, Zamora, León, Salamanca, Ávila, con sede en Valladolid), encargado «de todo el gobierno civil y administración de justicia, policía y hacienda»²³ de la nueva región septentrional creada por Napoleón, al mismo tiempo que segregó del gobierno josefino las regiones al norte del Ebro para ponerlas bajo mando militar a las órdenes directas de París. En abril de 1811, Kellerman fue sustituido por el mariscal Bessières en la jefatura del distrito del recién creado ejército del norte.

Desde el principio de la guerra surgieron dos fenómenos que no parecían relacionados, aunque de hecho lo eran: las exacciones francesas de dinero y cosechas del campesinado y la aparición de la guerrilla. El ejército napoleónico tenía que vivir de la tierra ocupada, por tanto no tenía más remedio que expoliar a los campesinos para abastecerse, incluso de los fondos necesarios para subsistir. Empezó la resistencia rural, pero no de todos los que trabajaban la tierra, ya que los jornaleros solían brillar por su ausencia en los rangos guerrilleros, lo que puede explicarse porque no tenían ni cosechas, ni animales, ni dinero que perder en las razzias imperiales. Los que formaron la mayor parte de la base guerrillera eran los pequeños propietarios, arrendatarios y usufructuarios del dominio útil, en bastantes casos hereditario, los que, por tanto, consideraban la propiedad como si fuese suya.

El amplio espectro de esta clase de labradores se extendía principalmente en el norte, desde Galicia por la costa cantábrica, incluyendo partes de Castilla la Vieja, y continuaba hasta el País Vasco, después se adentraba hacia el norte de Navarra, y pasando por Aragón, alcanzaba su punto culminante en Cataluña. Fue en estas regiones donde surgió la mayor y duradera resistencia en forma de guerrilla. Se trataba también de zonas fronterizas, por tierra o por mar, de terreno accidentado, con una población acostumbrada a defenderse, bien como súbditos respetuosos con la ley o como contrabandistas y bandidos proscritos, pero sobre todo con «sus» tierras y cosechas que defender. La diferencia sociogeográfica entre las tierras fronterizas o del interior explicaba en gran parte por qué la guerra irregular se centró principalmente en la periferia del país mientras que las mayores batallas del ejército regular se libraron en las llanuras del centro de la Península. También explicaba por qué la mayoría de las partidas más grandes, de hasta tres mil hombres cada una, se originaban al norte de una línea trazada a lo largo del Duero.

«No tardaron en surgir en tierras vallisoletanas actos de violencia contra el invasor. El 7 de junio de 1809, ahorcaron en Valladolid a tres vecinos de Sardón de Duero por asesinar a un francés. Dos semanas después salieron de la ciudad «como 500 de infantería y 80 de caballería a perseguir cuadrillas de gentes armadas que andaban por las inmediaciones, interceptando correos y cometiendo asesinatos en los franceses», aunque no dice Gallardo si las medidas expeditivas tuvieron éxito o no.

Uno de los primeros en echarse al monte en 1808 fue Juan Martín, pequeño propietario de Fuentecén, un pueblo del Duero de la provincia de Burgos, aunque nacido en Castrillo de Duero, por donde fluía un arroyo ennegrecido por el lodo del lugar o «pecino» como lo denominaban. Por consiguiente, todos los habitantes de la localidad compartían el apodo de «el Empecinado», bajo cuyo nombre Martín se hizo el guerrillero más conocido de la guerra, que llegó a capitanear hasta tres mil hombres. La derrota estrepitosa de los ejércitos patriotas por la segunda invasión de Napoleón aumentó considerablemente el número de los que se echaron al monte y de los «dispersos», como se llamaba a los que huyeron tras las derrotas para no volver a sus regimientos, prefiriendo proseguir la lucha por otra forma que en batallas campales —bajo mando de generales incompetentes, en las que los reclutas bisoños no podían dar guerra al enemigo— y uniéndose a una partida en la que las condiciones de lucha eran mejores, si no haciéndose bandidos o regresando a casa. Nada más refugiarse en Sevilla en diciembre de 1808, la Junta Central promulgó su primer decreto sobre la creación y regulación de los combatientes civiles irregulares, considerándolos un «nuevo tipo» de milicia voluntaria para «introducir el terror y la consternación en sus ejércitos [del enemigo]». Sin privarles del todo de su propia iniciativa, la Junta colocó a estas formaciones recién autorizadas bajo el firme mando del ejército regular, dando a los líderes civiles y a sus subordinados rango y paga militar. La nueva milicia era un modo barato y expeditivo de extender la resistencia sin apenas coste para el tesoro patriótico prácticamente en bancarrota: asimismo se la dotó de un suculento incentivo permitiendo que estas nuevas milicias «se enriqueciesen honradamente con el botín enemigo» e «inmortalizasen sus nombres con acciones dignas de fama eterna». Pero el momento en que el decreto se hizo público, durante la ofensiva de Napoleón, fue tan desastroso para los patriotas que no llegó a conocerse en muchas y extensas zonas patrióticas. Por ello la mayoría de las partidas que se formaron en 1808 y la primera parte de 1809 no fueron oficialmente autorizadas. Ni en el decreto ni en el siguiente de 1809 se empleaba el término guerrilla (o guerrillero) denominándose las formaciones partidas o cuadrillas.²⁴

El segundo decreto de la Junta Central del 17 de abril 1809 tuvo más impacto, ya que surgió a raíz de la idea de «legalizar» a las partidas como milicias reconocidas, aunque no uniformadas, bajo el nombre de «corsarios terrestres» con las mismas condiciones legales que se aplicaban a los corsarios marítimos.²⁵ El designio del decreto era impedir que el ejército imperial tomase como «bandidos» a los guerrilleros y los ejecutase como tal; poco o nulo efecto tuvo el decreto ni para los franceses ni para los tribunales Extraordinarios del Crimen, o Juntas Criminales, y sus jueces españoles que seguían condenando a muerte a los guerrilleros.

Estos tribunales —el de Valladolid se estableció el 24 de mayo de 1809, según Gallardo, que le da el título de «Junta de Vigilancia»— eran el instrumento de represión judicial del régimen josefino y durante sus cuatro años de existencia a partir de 1809 (dos años y medio en Andalucía que fue tomada al principio de 1810 y evacuada en verano de 1812) en las zonas ocupadas juzgaron a más de dos mil acusados, de los que cerca de cuatrocientos fueron condenados a muerte.²⁶ Por cierto, la mayoría de los condenados no fueron guerrilleros sino salteadores de caminos, ladrones y otros de esta índole, aunque con frecuencia era difícil distinguir a unos de otros. Los tribunales tenían dos orígenes muy distintos: uno vasco y otro francés. En 1799, la élite vasca estaba tan preocupada por el aumento de la criminalidad rural en su país, que aprobó una ley especial para juzgar a los bandidos y ladrones; ésta concedía a la fiscalía treinta días para demostrar la culpabilidad y después no se admitía apelación ni recurso alguno antes de aplicar la pena de muerte a todos los mayores de dieciséis años. Poco después de iniciar la guerra, se resucitó esta ley para juzgar a los primeros guerrilleros vascos y por el considerable aumento de bandidos, ladrones, etc. El segundo origen provenía de los complots de franceses republicanos y monárquicos contra Napoleón en 1803. El futuro emperador instauró unos tribunales sumarísimos de crimen en Francia para juzgar a traidores y asesinos, atracadores a mano armada, incendiarios, vagabundos y delincuentes reincidentes. Las sentencias se ejecutaban inmediatamente y sin posibilidad alguna de apelación.

Con estos antecedentes, el gobierno josefino decretó el 16 de febrero de 1809 y el 19 de abril de 1810 (que refundó el decreto del año anterior y lo hizo extensivo al total de la zona ocupada) las bases de las Juntas Criminales y especificaba los delitos, que incluían:

Espionaje y correspondencia a favor de los insurgentes, recluta, sedición, rebelión e inobediencia y cualquier otra conspiración contra nuestro Gobierno ... asesinato, robo en camino o con fuerza armada ... uso de rejón o puñal y de armas de fuego, sin permiso de la autoridad competente.²⁷

El régimen bonapartista, al igual que el ejército francés, no distinguía entre bandidos —«bergantes» (de brigand). como se los denominaban— y guerrilleros; teniendo en cuenta sólo a aquellos que fueron oficialmente identificados como tales, aproximadamente el 25 por 100 de los condenados a muerte eran indiscutiblemente guerrilleros. De todos los tribunales, el de Madrid fue el más sanguinario, condenando a la pena capital a cien acusados por diversas actividades, entre ellas la de resistencia al enemigo, en sus cuatro años de existencia; 1809 fue el año más duro. El tribunal de Valladolid fue el segundo en severidad con setenta y una condenas a muerte, más de la mitad de ellas en 1810.²⁸ Aparte de las condenas de los tribunales, el ejército imperial juntaba consejos de guerra sumarísimos para juzgar a guerrilleros, ejecutándolos por un pelotón de fusilamiento, mientras los tribunales ahorcaron primero, y luego ejecutaron por garrote vil, a los condenados. Gallardo da constancia día a día de las ejecuciones en la plaza Mayor y el Campo Grande, igual que su coetáneo, Martínez Martel y Abadía, sucinta y lacónicamente, en 1811.²⁹

Doscientas sesenta y ocho mujeres comparecieron ante los tribunales para ser juzgadas por distintos delitos, casi el 60 por 100 en el tribunal de Madrid. En Valladolid sólo fueron juzgadas nueve mujeres, cinco de ellas por «inteligencia con bergantes»; dos fueron sentenciadas a reclusión sin especificar el tiempo y dos fueron absueltas. La última fue la sensacional Rosa Aguado, espía de Tomás Príncipe, jefe de la partida del Borbón, y amante del general Kellerman, gobernador militar de la ciudad. No se sabe si era espía antes de amante o sólo después, pero al ser detenida en una redada en 1811, declaró sin ambages que su prisión en la cárcel de la chancillería por un tiempo indefinido se debía a «los servicios singulares que había hecho y hacía a los buenos y verdaderos españoles, amantes de la patria, contra el Gobierno Intruso francés».³⁰

El 18 de agosto de 1809, comenta Gallardo que Kellerman pasó un oficio al obispo para que no permitiesen a los prelados de conventos y párrocos predicar sermones sin haberlos aprobado él porque «inclinaban a los oyentes en algún modo a sostener el odio generalmente adquirido contra los franceses»; en este texto hay un borrón de tinta bajo el cual Ortega Rubio pudo leer: «Su compañera, según se decía, no era de buena conducta». ¿Era Rosa u otra? Podría ser ella, pues dos años antes de su detención se rumoreaba algo; sin embargo cabe preguntarse si Gallardo añadió la nota borrada después de la detención de Rosa. De todas maneras, el cronista evidentemente consideró la ironía demasiado peligrosa para dejarla a la vista.

En abril de 1811, el ministro de Justicia remitió al rey José un informe en el que señaló el mérito del tribunal vallisoletano que «ha desempeñado las obligaciones de su instituto con particular celo y actividad».³¹ Más loa no podía brindarle.

Sin embargo, la guerrilla de Castilla la Vieja aumentaba en número y audacia. El 2 de julio de 1809, comenta Gallardo, se dio parte en Valladolid «de haber hecho prisionero las cuadrillas de españoles al General Franceschi y su acompañamiento francés, entre Zamora y toro». El general era el comandante de caballería ligera más brillante de Napoleón; viajaba en carruaje con despachos del mariscal Soult para el rey José en Madrid cuando, al pasar por Zamora, la partida del fraile vasco, Juan Mendieta, «el Capuchino», asaltó la diligencia y, tras una lucha, se apoderó del general.³² Era un golpe espectacular, el primer general imperial en caer en manos de la guerrilla. Poco tiempo después, la misma partida hizo prisionero a poca distancia de Valladolid a un destacamento francés mandado por un edecán del general Kellerman.³³

El 12 de octubre de 1809, el cronista anota por primera vez las precauciones militares que se tomaron en Valladolid aquel día a raíz de las incursiones guerrilleras:

Día de nuestra Virgen del Pilar, se pusieron centinelas de vista en el campanario de la torre de la Catedral y en la de San Benito el Real; dio motivo a ello y a la formación de patrullas por dentro y fuera de la ciudad el haberse levantado muchas compañías de cuadrillas de paisanos españoles, especialmente una con el título de Empecinado, que armados acometían a los franceses que hallaban, les cogían prisioneros, y aun mataban y robaban; esto fue muy común en la Castilla y Rioja, como el interceptar correos y postas, de forma que las cartas que se recibían eran pocas y muy atrasadas.

La experiencia vallisoletana igualaba a la de muchas otras ciudades ocupadas, ya que el auge de la guerrilla iba subiendo con creces en 1809 para llegar a su apogeo en 1811 y 1812, años en los que llegó a las puertas de la ciudad, sin no obstante amenazar seriamente con tomarla.³⁴ La retirada por Napoleón para la campaña rusa de 1812 de unos veintisiete mil soldados de España y el no reemplazo de otros cincuenta mil heridos o enfermos redujo el ejército imperial en la Península de 310.000 a 230.000 hombres, aliviando a la guerrilla el peso de la represión imperial.

Sin embargo, en aquellos dos años de 1811-1812, los vallisoletanos tuvieron que padecer un comisario de policía, Antonio Nogués, «hombre sanguinario ... inmoral, ignorante y de un carácter violento, irreflexible» que, al amparo de las autoridades militares, actuaba con absoluta arbitrariedad, incurriendo en violencias y abusos denunciados por la Junta Criminal.³⁵ Prometía indultos a los acusados para arrancar de su boca delitos que no existían o no cometieron, golpeaba y maltrataba a quienes no declaraban lo deseado, hasta el punto de «inspirar la desconfianza y el terror, y provocar a la emigración y el brigandaje».³⁶ Ya cuando era corregidor de Aranda del Duero en 1809, fue amenazado de muerte por los guerrilleros, y luego exonerado del puesto como «el hombre menos a propósito para ocupar dicho destino».³⁷ Su gran éxito vallisoletano fue la captura e interrogatorio del guerrillero Vitoriano Díez, alias «Chagarito», de Castronuevo, en diciembre de 1811, con dos guerrilleros más. Apresados en Arroyo, Díez «se vino abajo ante los usos persuasivos de Nogués —entre ellos el de haberle ofrecido libertarle la vida»— y aquél

cometió la debilidad de delatar a muchos vecinos de esta ciudad y de los lugares por los que le habían suministrado ... los otros dos procedieron con el honor de no hacer delación ninguna,

dice Gallardo, quien apunta que «Chagarito» y los otros dos —uno de ellos, de Valladolid, era espía de Nogués, aunque esto no lo dice el cronista— fueron ejecutados por garrote vil. La Junta Criminal absolvió a todos los que Díez nombró como sus colaboradores.

Bajo el reino nefasto de Nogués que, siguiendo la práctica de un comisario de policía anterior, pagaba las denuncias, la ciudad se sumergió «en un clima de chivatazos y perpetua sospecha, que incluso resultaba contraproducente para la misma actividad policial, pues una de sus derivaciones podía ser la falsa acusación».³⁸

Ya en 1809 la actuación de los mandos militares que se inmiscuían constantemente en los asuntos privativos de las autoridades civiles, entre muchos otros, los judiciales, había privado a Valladolid de su verdugo. Lo cuenta Gallardo el 4 de julio del mismo año:

Cuando el verdugo, Juan Lozano, acabó de ahorcar al español ... fue llamado por el Mayor de la plaza francés, y preguntándole que dónde se hallaba el hijo que tenía dicho verdugo, y respondiéndole este que ausente y sin saber de su paradero, le dijo el Mayor que si dentro de veinticuatro horas no le presentaba, haría se le ahorcase como al que acaba de ahorcar, el verdugo respondió que para cumplir se le diese licencia de salir del pueblo a buscarle; se le concedió con pasaporte, salió al día siguiente, llevó a oculto los efectos de su casa, a su mujer y otro hijo pequeño y no volvió a parecer. Con este motivo y no haber verdugo, se intentó hiciese de tal cualquiera de los reos de gravedad que hubiesen en las cárceles; se estuvo con algunos ofreciéndoles perdón y libertad, y ninguno quiso condescender; se intentó lo mismo con algunos pregoneros y también se excusaron, hasta siendo ya las doce de dicho día cinco se ofreció un francés por cuarenta pesetas [160 reales], un pantalón de lienzo y una chaqueta; subió a la horca, pero no sabía ahorcar; dio una muerte al reo muy inhumana.

A varias de las Juntas Criminales les faltó el verdugo que se ausentó o pedía cantidades elevadas para seguir ejerciendo el oficio; quedó evidente que a algunos de ellos les era engorroso tener que ejecutar a los patriotas. (Más tarde el gobierno josefino cambió la horca por el garrote vil, por ser más «humano».)

Tras la batalla de talavera, a finales de julio de 1809, el gobierno «intruso» suprimió los monasterios y conventos en la zona ocupada, confiscó sus bienes y propiedades, y mandó que los religiosos se fuesen a residir a sus pueblos de origen. El efecto fue más bien negativo para el nuevo régimen porque, no pudiendo pagarles los seis reales diarios estipulados, perdió un cierto control que había tenido mientras los frailes estaban congregados en sus conventos; a consecuencia de la supresión y la falta de medios para vivir, los más jóvenes y revoltosos se echaron al monte en busca de una partida. Los más beneficiados de la supresión del clero regular en Valladolid capital fueron comerciantes y miembros de los gremios que pudieron comprar diversos locales sacados al mercado. En la provincia, las haciendas de los conventos fueron subastadas en lotes, en régimen de arrendamiento por una media de cinco años, arrendadas por pequeños arrendatarios, «pudiendo deducirse que no contribuye a la expansión de la propiedad campesina, aunque sí a un aumento de la tierra en cultivo y del disfrute por el cultivador».³⁹

Con la sustitución, en abril de 1811, de Kellerman por el mariscal Bessières, duque de Istria, en la jefatura del distrito del ejército del norte, empezó un nuevo intento de pacificación de la región allende el Duero que se explicaba en gran parte por la crecida fuerza numérica de la guerrilla. Por aquel año había dieciséis grandes partidas de una media de tres mil hombres cada una,⁴⁰ la mayor parte al norte del Duero (incluyendo Navarra), que tenían en jaque al ejército del norte. Treinta y tres mil guerrilleros de las partidas de Espoz y Mina, Francisco Longa, Gaspar Jáuregui («el Pastor»), Jerónimo Merino («el Cura») y de los brigadieres Juan Díaz Porlier («el Marquesito») y Mariano Renovales, fueron incorporados por la regencia en el séptimo ejército que operaba desde los confines de Galicia oriental hasta la frontera francesa. El peligro de la resistencia armada popular, no sólo por las bajas causadas —tanto o más mortífera para los imperiales fue la enfermedad— sino por la batalla vital por los víveres en la que la guerrilla luchaba para quitárselos a los ejércitos franceses, hizo aconsejable al mando imperial una nueva estrategia pacificadora que tuvo su efecto en lo que concierne a Valladolid.⁴¹ Bessières, al igual que su colega, el mariscal Augéreau, en Cataluña, intentó ganarse la neutralidad, al menos, de las autoridades locales y del clero y hacer que su ascendiente sobre la comunidad jugara a favor de la pacificación. «Este objetivo político, propagandístico, punitivo y ejemplarizante se combinó en las ejecuciones e indultos de guerrilleros»,⁴² además de ofrecer cien mil reales a cualquier persona que presentase muerto o vivo a los comandantes o jefes de las cuadrillas, según Gallardo. De febrero a marzo de 1811, Bessières indultó a una decena de guerrilleros de partidas vallisoletanas, capturados por los franceses y condenados por la Junta Criminal, aunque sin perdonar a los jefes. Así, Felipe Zarzuelo, Atanasio Rodríguez («el Manco») y el teniente coronel José Rodríguez Valdés («el Cocinero») fueron capturados y ejecutados en 1811 y sus partidas desarticuladas. Dice el cronista que el 6 de marzo, el indulto de los primeros siete guerrilleros, tras pasar la noche en capilla,

causó bastante conmoción de alegría en el pueblo, y los párrocos y otras personas de carácter pasaron a darle gracias ... La misma Junta [Criminal] en 10 del dicho mes fijó edictos publicando la benignidad del Mariscal, exhortando a todos a la tranquilidad, y convocando a los insurgentes y bergantes a que se presentasen para ser perdonados, hablando especialmente con los predicadores y culpándoles de no predicar acerca de esto.

Sin embargo, tanto a Bessières como a Augéreau, le salió poco provechosa la campaña de pacificación: la resistencia armada estaba ya demasiado arraigada para dejarse influenciar por lo que, en efecto, no eran más que fines propagandísticos.

También en 1811, el rey José entró por primera vez, el 27 de abril, en Valladolid. Tras las ceremonias habituales para tal visita real, aunque «sin que se advirtiese en la entrada vivas ni aclamaciones ningunas», apunta Gallardo, el rey arengó en su residencia a las autoridades que habían acudido a saludarle, manifestando que

iba a Francia por su familia, que volvería dentro de dos meses, pero que sería si el Emperador su hermano salía garante de la tranquilidad de España, pues que no siendo así, no quería reinar.

Ésta era una versión edulcorada de la áspera realidad. Por entonces, las relaciones de José con Napoleón estaban tan tensas que éste apenas comunicaba directamente con aquél, dejando este cometido a su jefe del estado mayor, el mariscal Berthier. La crisis entre los hermanos radicaba en la decisión del emperador del año anterior de segregar las regiones al norte del Ebro y el distrito del ejército del norte, que incluía Valladolid,⁴³ del gobierno josefino y ponerlas bajo el mando militar directo de París. El rey protestó a Napoleón, y envió varios emisarios a París, sin resultado alguno. El emperador alegaba que el elevado gasto de mantener el ejército imperial en España y el incumplimiento del gobierno josefino de recaudar fondos suficientes para pagarlo justificaba la decisión. Además, aducía, José se mantenía en el trono sólo gracias al ejército francés. Con franqueza brutal, Napoleón escribió en noviembre de 1810:

El Rey de España sería muy poca cosa si no fuese el hermano del emperador y general de sus ejércitos. Sería tan poca cosa que una simple ciudad de cuatro mil almas sería más fuerte que todos sus partidarios que pudiera tener en España. Incluso su guardia es francesa. Ni un solo oficial español de renombre ha derramado su sangre por el Rey.⁴⁴

Claramente, Napoleón subestimaba el número de partidarios de José para que la ironía resultara más efectiva. De todos modos, José aprovechó el nacimiento del heredero de su hermano para ir a París con el pretexto del bautizo. Estaba dispuesto, eso sí, a dejar el trono si no recibiese satisfacción. «Mi presencia aquí es hoy en día completamente inútil», escribió al emperador.⁴⁵ Al saber que venía, Napoleón le prohibió salir de España pero la carta le llegó cuando ya estaba en Francia.

El rey José salió de Valladolid a las seis de la mañana del día siguiente de su llegada, «sin que la ciudad ni ningún cuerpo le despidiese», dice Gallardo. En París, tras una larga y acalorada discusión sobre los asuntos relativos a España, José logró obtener algunas concesiones. Napoleón le concedió quinientos mil francos hasta el 1 de julio, y otro millón al mes hasta el final de año. (El 16 de junio de 1812, anotó el cronista, llegó a Valladolid «el Gran tesoro que tiempos hacía esperaban de Francia los franceses, quienes decían traer muchos millones de francos. Vinieron de escolta tres o cuatro mil hombres...».) Unas concesiones igualmente importantes consistían en la entrega a Madrid de la cuarta parte de los impuestos recaudados por los ejércitos en las regiones segregadas, y que el ejército del centro en el futuro estaría bajo mando directo de José.

El año 1812 vio a Valladolid sufrir la hambruna que afligía en particular a Madrid, Andalucía y Cataluña. En abril de 1811, anotó Gallardo, el precio de un pan de dos libras y media, poco más de un kilo, valía de ocho y medio a nueve reales y medio; la libra de carnero diez y medio a casi doce; y el cántaro de vino de la ciudad a cuarenta y cinco reales. En abril de 1812, el mismo pan había subido a diez y once reales; la libra de carnero a poco más de doce; y «las legumbres y verduras a precios muy subidos». Un mes más tarde (13 de mayo), «por cosa nunca oída ni vista en este país, aunque de corta consideración, se nota que con motivo de la escasez y suma carestía del pan, las gentes en general dieron en comer muchos piñones en casca...», y todo eso a pesar de que «el año fue abundante». «A principios de junio y últimos del anterior, se vendía el pan a doce, trece y catorce reales; una libra de galleta a trece y catorce reales, y andaba escaso porque todo se recogía para los hospitales, por no haber surtido en los almacenes, ni aun para las tropas.»

Entre tanto, el precio de una carga de trigo llegó a «precios que mientras que hay mundo acaso no se habrían conocido en Castilla, ni en todo el Reino, siendo más de admirar el estar próxima la cosecha y ser de las mayores que ha podido presentarse».

Con esta carestía y la de los demás artículos indispensables a la precisa subsistencia era general la miseria y necesidad: por todas partes pobres cadavéricos más parecidos difuntos que vivientes, sin que los cortos socorros de algunas personas piadosas bastasen a su alivio: se les veía comer por las calles trochos de cardo, berza, lechuga y porretas de cebolla, tomándolo de los muladares por no hallar otra cosa, y cuando aun los animales no lo querían, de que resultaba enfermar y morir muchos.

A principios de julio el pan siguió a trece o catorce reales. Las raciones de la tropa imperial se cortaron «por la mitad y aun menos, de que resultaba la enfermedad de muchos soldados y su muerte». La práctica de los labradores acomodados de acaparar sus cosechas a la espera de precios mejores, lo que solía profundizar las crisis de subsistencias, no parece haber sido en este caso la causa principal de la escasez. Gallardo la explica: «en estos días las partidas de guerrillas interceptaban los caminos y pasos para la ciudad, sin permitir entrase pan ni comestible alguno». Era «la guerra de víveres» llevada a cabo por la guerrilla para privar a las fuerzas enemigas de alimentos, causándoles bajas por enfermedad —la tasa de morbilidad entre el ejército napoleónico en España era la más elevada de todas sus tropas en Europa—. En Valladolid, aumentaron los hospitalizados y enfermos, nos cuenta el cronista, habiendo a mediados de julio como tres mil, de los que murieron cada día hasta diez personas. Tuvieron los vallisoletanos que sufrir lo que hoy se llamaría los «daños colaterales» de la lucha por el abastecimiento. El 22 de julio de 1812 apareció a la vista la guerrilla en dos columnas, una de infantería de mil hombres y la otra de cuatrocientos hombres de caballería y se acercaron a las puertas del Puente Mayor y Tudela.

Se tocó la generala ... se recogió toda la tropa que había que compondría dos mil hombres, se sacaron cuatro cañones, y hubo de parte a parte un fuego muy vivo y continuo, las balas entraban en la ciudad y la acción fue de las más tenaces y reñidas. Los franceses se retiraron a ella con pérdida de unos ciento sesenta hombres ... Fue grande el miedo que causó a los franceses, empleados y emigrados, pues como otros creían hubiesen entrado las partidas en esta ciudad.

El 29 de julio, de improviso, empezó a salir toda la tropa francesa, jefes y empleados franceses con los muchos emigrados españoles que había en la ciudad, jueces de la Junta Criminal, jefes de oficinas «y otros de su partido». A las cinco y media de la mañana siguiente entró por la puerta de Santa Clara una partida montada de cuatrocientos hombres al mando del teniente coronel Benito Marquínez.⁴⁶ «Se les recibió con gusto del pueblo sin alboroto ni confusión», comenta el cronista. Al poco, entró el duque de Wellington con sólo su guardia.

La guerra había otra vez vuelto las tornas. El 22 de julio Wellington derrotó al mariscal Auguste Marmont en Arapiles, hiriendo al mismo mariscal y causando fuertes bajas a su ejército. La victoria abrió al ejército aliado el camino a Madrid y Valladolid. Merece la pena señalar que durante dos años y medio —desde diciembre de 1809 hasta junio de 1812—, Wellington no se había adentrado en el interior español, luchando sólo en la frontera hispanolusitana; durante este tiempo, por la inferioridad de los ejércitos patriotas para combatir al enemigo en condiciones, el peso de mantener la resistencia antinapoleónica había caído sobre la guerrilla. Sin ella, la voluntad de la retaguardia de seguir la lucha habría desfallecido más que probablemente.

La entrada en Valladolid de fuerzas patriotas solucionó casi de inmediato el problema de la escasez alimenticia; a partir del uno de agosto, el pan bajó a cinco reales el mejor y a cuatro y tres reales el mediano, según Gallardo. No obstante la severidad de la crisis vallisoletana, no tuvo ésta comparación con la de Madrid, en donde, sólo en el mes de mayo de 1812, murieron dos mil adultos.⁴⁷

Sin embargo, el alivio de Valladolid duró poco. Wellington entró en Madrid el 12 de agosto —poco después de que el rey José y un número largo de afrancesados salieran hacia Valencia que el mariscal Suchet había tomado a principios de año. Dos días después, según cuenta el cronista, corrió la voz, de que

los franceses estaban cerca de Valladolid ... se conmovió el vecindario en sumo grado ... cerraron los comercios las gentes corrían precipitadas; se juntó el Ayuntamiento, el Sr. Obispo, Regente de Chancillería y otros, salieron por las calles y aconsejaban la tranquilidad. En el mismo día y hora de las cinco y seis de su tarde entraron por las puertas de Santa Clara y Tudela como cuatro mil franceses, de ocho cientos a mil de caballería y lo restante de infantería.

El general Clausel, jefe de la fuerza imperial, aseguró no causar a los habitantes daño alguno; sin embargo se apropió de todo el ganado vacuno y lanar, pidió veinticuatro mil raciones de pan, carne y vino «que en el todo no pudieron darse», e intervino los hornos y granos que pudo, «motivo porque en muchas casas quedaron sin pan». El precio de éste volvió a subir a seis, siete y aún ocho reales. «Ningún surtido venía de los pueblos inmediatos por haberles abandonado los vecinos y saqueado la tropa sus casas, talado y cogido mieses, granos y legumbres.» Además, el ejército aliado más allá del Duero, impedía entrar víveres en la ciudad.

Repentinamente, los imperiales salieron otra vez de Valladolid y entró el 7 de septiembre de nuevo Wellington, que dio orden para que al día siguiente se publicase la Constitución aprobada por las Cortes Constituyentes de Cádiz seis meses antes. Se celebró el acto con todo el esplendor acostumbrado: colgaduras en los balcones del ayuntamiento, con el retrato de Fernando VII, procesión por las calles, y al día siguiente, Te Deum en la catedral. En la noche del 9 de septiembre

se empezaron a hacer varias prisiones por el Alcalde mayor y de orden del gobierno, de personas sospechosas e infieles a la patria, y pusieron guardias de paisanos a las puertas reales para reconocer a los que entrasen y saliesen, e informarse de su conducta.

Por la mañana del mismo día, salió Wellington para, dos semanas después, iniciar el sitio de Burgos: la guarnición imperial de dos mil soldados rechazó la embestida durante un mes. Amenazada la retaguardia aliada por los ejércitos que, haciendo evacuar Andalucía, agrupó José en el levante, Wellington levantó el asedio y se batió una vez más en retirada a la frontera portuguesa. Con el ejército aliado emigraron muchas familias vallisoletanas; el 29 de octubre, volvieron a entrar las fuerzas imperiales y con ellas los que habían emigrado dos meses antes. Un par de semanas después se impuso al vecindario una multa de seiscientos mil reales «por suponer se había conducido mal con los franceses a su última retirada», apuntó Gallardo.

Tras la retirada de Wellington, José regresó a Madrid; Valladolid estaba otra vez en manos de los imperiales, y el ejército británico-luso estaba allende la frontera portuguesa: lo único definitivo que consiguió la campaña aliada de cinco meses en el interior español fue la retirada del mariscal Soult de Andalucía y, por consiguiente, la liberación de Cádiz del sitio francés. Aún había que esperar a 1813 para una victoria definitiva.

Mientras tanto, en diciembre y los dos primeros meses de 1813, el pan y el carnero subieron otra vez al nivel de los precios de hambruna. «En todo este tiempo», dice el cronista, «por los franceses se fueron demoliendo los conventos de frailes y muchas casas y edificios de particulares, para aprovecharse de las maderas», siguiendo una práctica que también servía para despejar el terreno en defensa de la ciudad. El 23 de marzo, entró en Valladolid el rey José en lo que iba a ser su última estancia; a la vista de una nueva ofensiva aliada, Napoleón, recién llegado a París de la desastrosa retirada de Moscú, ordenó a su hermano dejar Madrid y establecer su cuartel general en Valladolid. Sería, en efecto, por poco tiempo. Comenta Gallardo:

El Rey salía de paseo las más de las tardes, pero en sitios retirados y de particular con dos o tres personas de acompañamiento, sin presentarse en público ... [y luego] se echó al agua una lancha o barco dispuesto para recreo del Rey.

El presentimiento del final de la aventura napoleónica en España parecía acompañar al rey «intruso», tal y como le llamaban los patriotas, cuando no por apodos más hirientes («José botella», entre otros, porque se decía que era gran bebedor). No obstante era hombre culto, demasiado débil, por cierto, para ser rey de los españoles —así opinaba el emperador quien, sin embargo, le envidiaba a su hermano su mayor cultura y éxito con las mujeres— en aquella coyuntura difícil, en la que hizo todo lo posible por ganarse el afecto de sus súbditos, tarea ingrata debida a la postura dominadora del ejército imperial.

El 1 de junio empezó el comienzo del final con la salida de Valladolid a Vitoria de «un convoy y equipajes que cubría el camino desde esta ciudad hasta Cigales, y aun más de otras dos leguas» de «doce mil personas emigradas» de toda España, seguido al día siguiente por José. El día 4 los imperiales evacuaron enteramente la ciudad; dos días después entró el general Castaños, jefe de las fuerzas patriotas. La larga ocupación de Valladolid finalizó.

El 21 de junio de 1813, bajo mando de Wellington, a quien las Cortes de Cádiz habían nombrado jefe de las fuerzas españolas, el ejército aliado, en el que luchaban con brío fuerzas guerrilleras ya plenamente militarizadas, ganó la victoria aplastante de Vitoria; José huyó a Francia para nunca más regresar a España. Era el final del régimen josefino, pero no de la guerra en España que continuó once meses más, primero con duras batallas en el País Vasco y el Pirineo navarro y luego, sin ellas, en Cataluña, rendida sólo Barcelona el 28 de mayo de 1814.

Mientras, en agosto de 1813, se celebraron en Valladolid elecciones tanto a las Cortes extraordinarias, que seguirían en Cádiz hasta septiembre, y a las ordinarias⁴⁸ que iban a reunirse en Madrid. En muchas provincias el voto fue claramente manipulado por los oligarcas locales, y cuando las Cortes se reunieron finalmente en enero de 1814, en la capital, los liberales, sin tener la menor intención de renunciar al poder, se encontraron con que habían perdido una porción considerable de diputados.

Una profunda incertidumbre se cernía sobre la nueva asamblea. Un mes antes de reunirse, Napoleón firmó con Fernando VII el tratado de Valençay, que permitía a éste regresar a España bajo ciertas condiciones: que firmara una alianza contra Gran Bretaña y, como contrapartida por la retirada de las tropas francesas de España, Gran Bretaña tendría que hacer lo mismo; y que los afrancesados habrían de recuperar sus posiciones y su anterior estatus social. Fernando, que durante su forzado exilio en Valençay, no había hecho otra cosa que tratar de congraciarse con Napoleón (mientras su tío hacía calceta y arrancaba las imágenes que consideraba obscenas o irreverentes de los libros de la extensa biblioteca de Talleyrand en cuyo palacio pasaron la guerra), envió un emisario a Madrid para sondear a la regencia. La respuesta fue tajante: en enero de 1811, las Cortes habían decretado que no reconocerían ningún tratado firmado en suelo extranjero por el rey cautivo. La maniobra de Napoleón era demasiado evidente. Tras su derrota por los aliados en Leipzig en octubre de 1813, estaba dispuesto a retirar a su ejército de España para preparar una última batalla en Francia; por eso quería acabar con la amenaza británica en su frontera suroccidental. Al mismo tiempo trataba de romper la alianza angloespañola.

El 2 de febrero de 1814, las Cortes, en las que los liberales tenían todavía una gran mayoría, para imponer condiciones al regreso del rey, aprobaron un decreto que declaraba que Fernando no sería considerado libre hasta que hubiera prestado juramento a la Constitución, que le sería entregada nada más llegar a la frontera española. Por otro lado, no se permitiría la entrada a España de ningún extranjero, de ninguna fuerza armada ni de ningún afrancesado. Además, el decreto ordenó a Fernando seguir un itinerario estricto desde la frontera hasta Madrid.

El 22 de marzo, Fernando cruzó la frontera por Cataluña, parte de cuyo territorio estaba todavía ocupado por los imperiales. Cuenta el cronista que se recibió el 1 de abril la noticia en Valladolid

con la mayor alegría: hubo muchos cohetes, escopetazos y repique general de campanas, y el día siguiente te Deum en la Iglesia Catedral; se tendió la tropa de caballería desde la casa del Sr. Gobernador hasta dicha Iglesia, y en el atrio de ésta la de infantería, que hizo salvas.

Haciendo caso omiso del itinerario especificado por las Cortes —seguir por la costa hasta Valencia y desde allí a Madrid—, Fernando se fue a Zaragoza donde se quedó cinco días. La calurosa acogida que le dispensaban en todas partes le llevó a manifestar su independencia. Por fin, el 16 de abril, entró en Valencia donde presenció extraordinarias escenas de regocijo popular. Sus partidarios, ultraabsolutistas, entre ellos el general Francisco Javier Elio, capitán general de Valencia, habían estado conspirando desde antes de su llegada para instarle a recuperar su poder absoluto, del que la Constitución de 1812 le privaba. El 4 de mayo Fernando protagonizó el golpe de estado, aboliendo la Constitución y todos los decretos de las Cortes; todo aquel que proclamase obediencia a ésta y a sus disposiciones sería acusado de lesa majestad y podría ser condenado a muerte.

Gallardo no explicitó de esta manera la restauración del absolutismo. Para él, Fernando era de «mucha prudencia, cristiandad y religión», lo que hace suponer que el cronista era más bien de inclinación absolutista. En Valladolid,

el jueves 12 de mayo, a las seis de la tarde, una porción de paisanos pasaron al Consistorio, se apoderaron de la guardia, subieron a la sala de Ayuntamiento y dijeron iban a quitar la tabla o rótulo que en el balcón principal estaba puesta y decía: «Plaza de la Constitución». En efecto, sin fuerza ni resistencia formal, la quitaron y echaron a tierra, arrastraron e hicieron pedazos, con un ejemplar impreso de la Constitución que después quemaron en la Plaza y sitio donde se fija el suplicio, y sus fragmentos los llevaron al río. Colocaron en dicho balcón el retrato del amado y deseado Rey D. Fernando VII con muchas vivas y aplausos: hubo repique general de campanas, y por la noche iluminación.

Esta escena se repetía por doquier en España. Enseguida se quitaron los alcaldes constitucionales y regidores vallisoletanos y pusieron los antiguos. Después pasó algo más insólito: los que habían arrastrado el rótulo fueron a la cárcel de la chancillería donde estaba preso José Vinuesa, antiguo presidente de la Junta Criminal —que el mes anterior había sido condenado a muerte por la Sala del Crimen de la chancillería—, «le sacaron de la cama y condujeron en hombros a la Plaza, le metieron en el Consistorio, y queriéndole dar muerte, se suspendió a ruegos del Sr. Obispo y otras personas de carácter». Por consiguiente, se mandó revisar la sentencia; los ministros de la chancillería estuvieron reunidos cinco horas antes de confirmarla. A las tres de la mañana, se sacó del consistorio al octogenario, y se le puso en capilla. En contra de la opinión de los jueces, el pueblo insistió en que fuese sacado al suplicio aquel mismo día, lo que se verificó por garrote vil por la tarde en el Campo Grande.

Mientras tanto, en Madrid se disolvieron las Cortes y se detuvieron a los liberales destacados, arrestos que prosiguieron en provincias. Fernando, «el Deseado», entró en la capital y recibió una entusiasta acogida. La restauración del rey a su trono fue celebrada en Valladolid con toda pompa y solemnidad:

Se sacó el retrato del Rey en un carro triunfal bien adornado, tirado por ocho mozos vestidos a la romana y de unos cordones doce cosecheros de vino, a costa de cuyo gremio se hizo ... acompañaron individuos de todas corporaciones, eclesiásticas y seculares y militares ... las casas y ventanas estaban adornadas de vistosas colgaduras, danzantes y gigantones bailando, varios fuegos artificiales y todo con ostentación, las vivas y aclamaciones continuos y generales, y tanto que de puro gozo y alegría con resonar el nombre de Fernando enternecía y saltaban las lágrimas.

Los seis primeros años del nuevo reinado fueron acompañados de una feroz represión reaccionaria; fueron restaurados la Inquisición, los consejos de Estado prebélicos y los ayuntamientos en manos de las viejas oligarquías, y abolida la libertad de imprenta. El clero regular recuperó sus monasterios, conventos y propiedades, y los señores seguirían cobrando las prestaciones feudales como en el pasado. Así acabó el primer intento de inaugurar la nueva modernidad política de España.

GLOSARIO

ALFÉREZ MAYOR: El que alzaba el pendón real en las aclamaciones de los reyes.

COMISIONADO REGIO: Como representante del rey josefino, la máxima autoridad civil regional.

CORTADOR: Carnicero.

INTENDENTE: Máximo jefe económico y administrativo regional nombrado por el gobierno.

REAL ACUERDO: La máxima autoridad regional civil-militar compuesta por el capitán general y los ministros de la audiencia o chancillería.

VOTO DE SANTIAGO: Compromiso supuestamente adquirido por los cristianos por la intervención del apóstol Santiago en su victoria contra los musulmanes en la mítica batalla de Clavijo. El voto consistía originariamente en un diezmo de cereal —por encima de los demás diezmos y primicias que cobraba la Iglesia— cuyo beneficiario sería el arzobispado de Santiago; el voto fue institucionalizado en 1643 por Felipe IV como ofrenda nacional, y abolido por las Cortes de Cádiz en 1812.

MONEDAS

CUARTO: Equivalente a 4 maravedíes.

MARAVEDÍES: 34 maravedíes equivalían a un real de vellón (rv).

REAL: El real de vellón (rv) era la especie unitaria de España; originariamente una moneda de aleación de plata y cobre, a principios del siglo XIX sólo de cobre.

MEDIDAS

CAHÍZ: Medida de capacidad que equivalía en Castilla a 12 fanegas, o sea, 666 litros actuales.

CELEMÍN: Medida de capacidad que equivalía en Castilla a 4,625 litros actuales.

FANEGA: Medida de capacidad, equivalente en Castilla a 12 celemines o 55,5 litros actuales.

LIBRA: Medida de peso, que equivalía en Castilla a 460 gramos actuales.

Parte 3

LA GUERRA CIVIL

Capítulo 10

CÓMO LA REPÚBLICA PERDIÓ LA GUERRA¹

La creencia de que la guerra civil española puede ser reducida en esencia a una lucha entre democracia y fascismo, o entre fascismo y comunismo, recibe un saludable correctivo ya en la segunda página de la excelente historia de España de la década de 1930 realizada por Julián Casanova. Aunque a escala internacional puede ser considerado como uno más de los conflictos de décadas de «guerra civil europea» que finalizaron en 1945, el autor insiste correctamente en que la guerra española, iniciada por un golpe militar contra el gobierno democráticamente elegido, fue una guerra de muchas guerras, algunas de ellas con largas historias: una guerra para resolver profundos conflictos sociales, precipitada desde la compleja química del primer régimen verdaderamente democrático de la historia de España; una guerra de lucha de clases; una guerra de religión, entre el oscurantismo y la modernización; una guerra ideológica acerca de los conceptos de nación y patria; una guerra entre creencias políticas antagonistas, librada «en un contexto internacional que había quedado desequilibrado por la crisis de las democracias y la arremetida del comunismo y del fascismo». Como observa Casanova, la suerte de España no fue muy diferente a la de más de la mitad de las veintiocho democracias parlamentarias o cuasi parlamentarias que existían en los años de entreguerras, y que a principios de 1939 habían sucumbido a regímenes dictatoriales.

En 1930 España era todavía un país predominantemente agrario, aunque la clase obrera industrial había doblado su tamaño desde el cambio de siglo, debido en gran parte a las ventajas económicas que proporcionó la neutralidad de España en la primera guerra mundial y al boom de la década de 1920. Pero el país estaba marcado por un desarrollo socioeconómico extremadamente desigual. La industria estaba confinada casi exclusivamente en el norte y noreste, en el País Vasco y en Cataluña; en el sur, unos cuantos miles de propietarios poseían los dos tercios de las tierras, mientras que 750.000 jornaleros sin tierra se ganaban la vida a duras penas viviendo de salarios de hambre. Estas grandes fincas del sur del país contrastaban a su vez con los pequeños agricultores del norte y noroeste, que trabajaban parcelas demasiado pequeñas para proporcionar algo más que los medios de subsistencia. Una clase obrera combativa estaba repartida entre anarquistas y socialistas, dividida por la cuestión del estado y de la participación del movimiento obrero en la política. Ambos, junto al republicanismo, fueron productos de la segunda mitad del siglo XIX, precediendo el anarquismo al socialismo. El primero era especialmente fuerte entre los trabajadores industriales de Barcelona, donde la anarcosindicalista CNT (Confederación Nacional del trabajo) afirmaba tener cuatrocientos mil militantes en 1931, y entre el proletariado rural andaluz en el otro extremo geográfico. Incluso el nivel cultural era una muestra del desigual desarrollo del país: por un lado, un índice de analfabetismo cercano al 50 por 100 de la población de más de diez años; por otro, un grupo de deslumbrantes poetas, novelistas y dramaturgos que conducían al país a un renacimiento literario.

La República fue proclamada prácticamente sin derramamiento de sangre el 14 de abril de 1931, dos días después de que la monarquía se desplomara de la noche a la mañana como resultado de las victorias republicanas en las principales ciudades en las elecciones municipales. El rey pagó el precio de haber apoyado a la dictadura militar del general Primo de Rivera, desde 1923 —cuando bajo el encantamiento de la revolución bolchevique, las movilizaciones de la clase obrera industrial y agraria asustaron a las clases dominantes de la monarquía— hasta su colapso en 1930. Las elecciones habían sido concebidas como un sondeo para examinar el sentimiento público sobre el regreso al anterior régimen parlamentario manipulado por la monarquía; para sorpresa general, el vendaval que se desató se llevó por delante al rey y al orden pseudodemocrático. Los sentimientos populares antimonárquicos habían sido movilizados al máximo por un «comité revolucionario» creado por toda la gama de dirigentes de partidos republicanos, reunidos en San Sebastián el verano anterior, al que después de una vacilación inicial se había unido el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La sumaria ejecución de dos oficiales de rango medio, que se habían alzado en armas, sin duda contribuyó a aumentar los sentimientos antimonárquicos. No obstante, la República llegó, por así decirlo, de la nada, sin luchas de masas y sin que se hubiera formado una sólida base republicana; desconcertadas, no sabiendo qué tocar, algunas bandas de música de pueblos y ciudades arrancaron con la «Marseillaise» en la celebración del advenimiento de la República.

Los cinco años de existencia de la República previos a la guerra se dividen de manera natural en tres períodos: el bienio republicano-socialista de 1931-1933 que promulgó reformas radicales; un segundo bienio de gobierno centroderecha y contrarreforma, de 1933-1935; y el período final, cinco meses de exclusivo gobierno de la izquierda republicana que duró hasta el levantamiento militar de mediados de julio de 1936. Es mérito de Casanova estudiar la República con detalle —ocupa una tercera parte del libro— en vez de tratarla simplemente como un preámbulo de la guerra civil, al mismo tiempo que no pierde de vista acontecimientos comparables acaecidos en otras potencias europeas del período de entreguerras. Casanova señala que nada en los orígenes de la República presagiaba su fatal desenlace, ya que el criterio necesario para la estabilidad, «el que una amplia mayoría de la población aceptara, o por lo menos tolerara, una democracia introducida con tanta rapidez», parecía cumplirse inicialmente, ya fuera sostenido por la esperanza o aturdido por el remolino de acontecimientos. Las Cortes Constituyentes, que tras las elecciones generales de junio de 1931 tenían una aplastante mayoría republicana, no manifestaron una radicalización de la vida política española; no había fascistas, ni comunistas, ni anarcosindicalistas. Sin embargo, la derecha no republicana era una oposición tan minúscula, que poco o nada podía hacer a la hora de elaborar la Constitución, todavía menos para representar «las opiniones de grandes sectores de la sociedad española», que poseían, Casanova insiste, «un fuerte poder económico, social y cultural». Siguiendo una tradición que se remonta a la primera Constitución moderna española de 1812, la coalición elaboró una Constitución que en vez de proporcionar un campo de juego parlamentario neutral para la pacífica contienda por el poder, era «una carta programática de lo que los republicanos, ya en el poder, creían necesario para modernizar España».

Junto al genuino sufragio universal y a un gabinete responsable ante un Parlamento unicameral, llegaron las reformas religiosas «marcadamente anticlericales» de la Constitución: libertad de religión; separación de la Iglesia y el estado; fin de las escuelas dirigidas por la Iglesia y secularización de toda la educación; abolición de los estipendios del estado para los curas; disolución de los jesuitas y la introducción del matrimonio, el divorcio y el entierro civil. Algunas de estas medidas eran controvertidas incluso para algunos republicanos: el primer ministro y el ministro del Interior, ambos católicos practicantes, emitieron un voto negativo y dimitieron de inmediato. Como señala Casanova, la lucha entre el clericalismo y el anticlericalismo «fue más intensa en España que en cualquier otro país europeo de la época».

En la década de 1930, la manifestación pública del anticlericalismo español y de la violencia popular que en no pocas ocasiones lo acompañó ya se remontaban a casi un siglo. Se trataba, por una parte, de un fenómeno sociocultural irreducible a una causalidad simplista, aunque sus raíces sin duda se encontraban profundamente ancladas en el pasado: en el poder económico e ideológico de la Iglesia durante el Ancien Régime y en su infatigable defensa de la verdadera fe, cuando ella —o más correctamente, la Inquisición— elevó la intolerancia y la intransigencia a los altares de la santidad. Por otra, el aspecto político del anticlericalismo español se puede datar con más precisión porque coincide con las revoluciones liberales de principios del siglo XIX, que intentaban desechar todos los vestigios del Viejo Orden, y con ellos especialmente el poder del clero sobre la sociedad. La primera masacre de clérigos y las primeras quemas de iglesias se produjeron en Madrid en 1835, provocadas por los rumores de que los frailes habían desatado una epidemia de cólera envenenando el agua potable. Un siglo más tarde, la Iglesia todavía no había aceptado la modernización y la secularización; estaba acostumbrada a educar a los hijos de los privilegiados y a ignorar los de las clases populares; a proporcionar asistencia a los desfavorecidos dóciles; a fomentar sindicatos amarillos y alinearse con los patronos en contra de los obreros «rebeldes», y a ofrecer a los pobres consuelo para la próxima vida, ya que no para ésta. La clase obrera, cada vez más organizada sindicalmente, se enfrentaba a la Iglesia con la enemistad reservada para el enemigo de clase, mientras que los profesionales de las clases medias progresistas —esencialmente metropolitanas— la contemplaban como un poder hostil para la modernización del país y esperaban una legislación que la sometiera. Unos y otros pasaron por alto el hecho de que las clases dominantes habían patrocinado durante siglos una religión compartida como medio de imponer su hegemonía ideológica, y no era probable que renunciaran a ella fácilmente. De esta manera, como señala Casanova, había tres Españas: una extremadamente católica, antisocialista y respetuosa de la ley, otra moderadamente católica, y una tercera marcadamente anticlerical, una España «con mayor presencia del catolicismo en el norte que en el sur, entre los propietarios de tierras que entre los desposeídos, entre las mujeres que entre los hombres ...».

Además, pronto se hizo evidente que la política religiosa de la coalición iba a proporcionar un terreno fértil para que la oposición reclutara y reagrupara fuerzas en su defensa de la religión, del orden público, de la propiedad y de la familia, como así sucedió con la formación del partido de masas católico, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Las medidas religiosas —pocas de las cuales llegaron a imponerse porque la coalición se desplomó antes de que entraran en vigor— tuvieron a pesar de todo un dramático impacto sobre los devotos católicos, ya alarmados antes de que la República hubiera cumplido un mes de vida por el estallido de incendios anticlericales en respuesta a una insignificante provocación de las juventudes monárquicas. Como señala adecuadamente el autor, los fundadores de la República nunca se tomaron suficientemente en serio la reacción católica; la quema de iglesias en Madrid y Málaga, que el gobierno no detuvo con suficiente celeridad, quedó vívidamente impresa en la mente de los católicos.

La «amplia coalición estabilizadora», que para Casanova era esencial para la consolidación de la República, recibió un duro golpe seis meses después de la proclamación del régimen, cuando Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, el mayor y más antiguo de los partidos republicanos, se desplazó hacia la derecha y se pasó a la oposición; otro golpe traidor fue la negativa pública de la CEDA a reconocer su lealtad a la República; y por último se produjo un prematuro levantamiento militar en Sevilla en 1932, aunque fue fácilmente abortado. A esto hay que añadir el desgaste provocado por la «gimnasia revolucionaria» de los anarquistas: tres insurrecciones en dos años que fueron reprimidas por el gobierno.

El único éxito indudable de la coalición fue su programa de construcción de escuelas para reemplazar los centros de la Iglesia y para reducir el elevado índice de analfabetismo: en 1934 se habían construido más de 10.000 escuelas. Sin embargo, otras medidas, especialmente una reforma agraria infradotada y la reforma militar de Manuel Azaña, tuvieron mucho menos éxito. No se hizo ningún progreso para paliar el desempleo, que alcanzó su nivel más alto en 1933, el peor año de la Gran Depresión en España; se concedió la autonomía a Cataluña, pero no al País Vasco; y lo más grave de todo, después de dos años en el poder, la coalición se rompió. Esto abrió el camino para la rotunda victoria de la CEDA en las elecciones generales de noviembre de 1933, con el Partido Radical en segunda posición. La CEDA inicialmente prestó apoyo parlamentario al gobierno de Lerroux, aunque José María Gil Robles, un astuto abogado y dirigente de la CEDA, pronto hizo pública su estrategia. Primero colaborar con el nuevo gobierno, después participar en él, y por último apoderarse del mismo con la intención de revisar la Constitución. Si esto resultaba imposible, habría que encontrar «otros medios», evidentemente extraparlamentarios y no democráticos. Mientras tanto, el gobierno encabezado por los radicales, bajo presión de la CEDA, revirtió la reforma religiosa, consiguió la práctica paralización de la reforma agraria, y rebajó los salarios agrícolas en lo que la izquierda llamó el «bienio negro».

En medio de una creciente polarización, el Partido Socialista comenzaba a hablar de una insurrección armada contra cualquier participación de la CEDA en el gobierno, rompiendo con su posición anterior a favor de la legalidad republicana y de la democracia parlamentaria como medio pacífico para alcanzar el socialismo. Los acontecimientos registrados en el ámbito doméstico —las diatribas de Gil Robles en contra de la democracia y a favor de un «concepto totalitario del estado», la aparición de la todavía minúscula Falange, así como las inclinaciones fascistas del movimiento juvenil de la CEDA— y la evolución del panorama internacional —el ascenso de Hitler al poder y el aplastamiento de los socialistas austríacos a manos del canciller Dollfuss— despertaron en la izquierda la alarma sobre el fascismo nacional e internacional. En octubre de 1934 tres miembros de la CEDA se unieron al gobierno y entonces comenzó la poco preparada insurrección socialista, que arraigó brevemente en Cataluña y con más fuerza en Asturias, donde una coalición de socialistas, anarcosindicalistas y militantes comunistas resistió durante dos semanas en un intento genuino de revolución social. Por primera vez en .un siglo también se desató el anticlericalismo de manera criminal: fueron asesinados treinta y cuatro curas, seminaristas y frailes y se incendió o reventó un gran número de iglesias. A instancias del general Franco, se recurrió a unidades de la Legión y de tropas marroquíes (los Regulares), así corno a quince mil soldados y tres mil efectivos de la paramilitar Guardia Civil para reprimir el levantamiento, lo cual hicieron con extrema brutalidad, realizando ejecuciones sumarias bajo la ley marcial. El coste final fue de alrededor de mil cien muertos, dos mil heridos e incontables insurrectos encarcelados, además de trescientas bajas entre las tropas militares y paramilitares del otro bando.

Casanova destaca que el «octubre rojo» no fue la batalla de inicio de la guerra civil, como algunas veces se afirma, o el final de la coexistencia constitucional. Tan sólo dieciséis meses después se celebraron elecciones generales dentro del proceso republicano-democrático legal, aunque la CEDA se despojó de cualquier intención de estabilizar a la República. En mayo de 1935, Gil Robles —entonces ministro de la Guerra en un gobierno dominado por la CEDA— nombró al general Franco jefe del estado mayor, y reforzó los elementos derechistas de los escalones superiores del ejército; todos ellos desempeñarían un papel significativo en el levantamiento militar de 1936.

En febrero de 1936 se celebraron las elecciones generales. La izquierda estableció una amplia alianza en el Frente Popular, formado por los partidos republicanos de izquierda, el PSOE, la organización de las juventudes socialistas y el bloque sindical, Unión General de trabajadores (UGT), el Partido Comunista de España (PCE) y los disidentes comunistas agrupados en el recientemente formado POUM. La derecha, por otro lado, estaba más dividida que en 1933. El electorado otorgó al Frente Popular la victoria por un pequeño margen; pero la negativa de Largo Caballero, secretario general de la UGT, a volver a la coalición del primer bienio en la que había sido ministro de trabajo, llevó a que solamente los partidos republicanos de izquierda estuvieran presentes en el gobierno que encabezó Manuel Azaña. Cuando este último fue elevado a la presidencia de la República en mayo y trató de restaurar la coalición republicano-socialista con Indalecio Prieto,; líder socialista vasco cuya facción «centrista» controlaba el comité nacional del PSOE, Largo Caballero amenazó con romper el pacto del Frente Popular. En lugar de Prieto, Santiago Casares, republicano de izquierda, fue nombrado jefe de gobierno y ministro de la Guerra.

A menudo se acusa a la «debilidad de su gobierno» del fracaso para frustrar la conspiración militar, pero Casanova mantiene que esto es subestimar el claro cisma que se había producido en el PSOE y que impedía cualquier esperanza de fortalecer el gobierno. Considera al propio Prieto como parcialmente culpable: no solamente había estado activamente implicado en el levantamiento de Asturias, sino que se había embarcado en el proceso de reemplazar a Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, sin haber asegurado su alternativa política para encabezar el gobierno. El propio Alcalá Zamora había tenido su propia aportación a la desestabilización de la República «entrometiéndose excesivamente» en el proceso democrático: primero intentando infructuosamente destituir a Azaña con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Congregaciones Religiosas en mayo de 1933, para lograrlo cuatro meses después, el día siguiente en que Azaña obtenía la confianza de las Cortes, para nombrar jefe de gobierno a Lerroux. A partir de entonces, Alcalá Zamora impidió el acceso de Gil Robles a la jefatura del gobierno durante el segundo bienio; finalmente, utilizando los mecanismos del poder presidencial, formó un partido centrista para presentarse a las elecciones de febrero de 1936, que cosechó un rotundo fracaso electoral. Pero su sustitución por Azaña no supuso el éxito que este último esperaba, ya que debilitó al gobierno republicano de izquierda, muy necesitado de sus personales habilidades políticas como jefe de gobierno en el momento de máximo peligro para la democracia española.

Consternada por su inesperada derrota electoral, la CEDA dio un significativo giro hacia el autoritarismo. Casanova dice que «todo el mundo entendió el mensaje», la necesidad de «abandonar las urnas y tomar las armas». Mientras tanto, el movimiento juvenil del partido estaba desertando en masa hacia la Falange, cuyos miembros se dedicaron a una desestabilizadora violencia callejera en Madrid —que se sumaba al incremento diario de la violencia verbal— con intentos de asesinato de personalidades destacadas y choques armados, a lo que las juventudes socialistas, inclinadas a crear milicias, respondieron de la misma manera. Rebatiendo la afirmación de Stanley Payne de que las huelgas en las zonas dominadas por la CNT estaban en su apogeo histórico, Casanova sostiene adecuadamente que en los principales bastiones sindicales de Barcelona, Zaragoza y Sevilla, la CNT estaba relativamente inactiva. Más bien fue la masiva invasión de tierras en Badajoz, dirigida por los socialistas, y que se apropió de una extensión de tierra siete veces mayor que la conseguida en toda la reforma agraria anterior, lo que asustó a las clases dominantes y les llevó a pensar que el gobierno había perdido el control de la situación.

Inmediatamente después de la victoria electoral del Frente Popular, los oficiales de derechas del ejército comenzaron a conspirar activamente. El gobierno alejó a muchos de ellos de Madrid: envió al general Franco a Canarias y al general Mola, el clandestino «director» del planeado alzamiento, a Pamplona. El 25 de mayo Mola lanzó la primera «instrucción confidencial» para los conspiradores en la que proclamaba la necesidad de la represión violenta para asegurar el triunfo del golpe. Los militares rebeldes lo tomaron al pie de la letra. El asesinato a primeras horas de la mañana del 13 de julio de José Calvo Sotelo, en aquel momento el líder más destacado de la derecha —realizado por fuerzas de seguridad en venganza por el asesinato de uno de sus miembros en los días anteriores—, finalmente empujó a los militares indecisos. Aunque el gobierno no había tomado parte en el asesinato de Calvo Sotelo, fue ampliamente culpabilizado por los conservadores, que el 17 de julio se unirían a la sublevación militar que había comenzado en Marruecos y que en los tres días siguientes se extendía a la Península.

La confianza en una veloz victoria de los sublevados se disipó rápidamente cuando la insurrección en las principales ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, fue aplastada en las calles por una combinación de fuerzas de seguridad leales y de militantes políticos y sindicales. Donde esta combinación no se produjo, o donde las fuerzas de seguridad se unieron a los sublevados, el alzamiento tuvo un éxito inmediato, como sucedió en Sevilla y Zaragoza. El hecho de que menos de la mitad del ejército y de las fuerzas de seguridad se unieran a la insurrección fue la principal razón para que el golpe fracasara en su objetivo principal y se transformara en una guerra civil. El alzamiento fracturó la República pero no la derribó: el núcleo del campesinado católico en el norte, excepto la costa cantábrica, cayó en poder de los rebeldes; lo mismo sucedió en el sur con la Andalucía latifundista y parte de Extremadura. La República mantuvo cinco de las principales ciudades españolas, el grueso de su industria y las masivas reservas de oro del Banco de España; los militares sólo se habían apoderado de una gran parte de los graneros del país. Parecía que la República debía ganar la guerra.

El que no lo hiciera es la cuestión que subyace en los cinco capítulos que Casanova dedica específicamente a la guerra. Pero antes reconstruye la escena de los primeros días del conflicto. El error inicial del nuevo gobierno, que seguía siendo totalmente republicano, fue ordenar la desmovilización del ejército con la esperanza de reducir los recursos humanos de los sublevados; en vez de ello, esto condujo a la desbandada de sus propios soldados, muchos de los cuales se unieron a las milicias que los sindicatos y militantes políticos antimilitaristas estaban creando en lugar de un ejército. No obstante, el gobierno ordenó armar al pueblo, aunque ya muchos se habían apoderado de armas en los cuarteles y depósitos donde habían derrotado a los militares. Una fragmentada revolución desde abajo, que desembocó en una multitud de comités que dirigían los asuntos locales, debilitó al estado y le privó de su último poder coercitivo, la fuerza armada, después de lo cual expiró. En persecución del enemigo, la revolución marchó sobre su inanimado cuerpo sin detenerse a insuflarle nueva vida. Por parte de los sublevados, el general Franco, que había volado desde Canarias, tomó el mando en Marruecos e hizo un llamamiento de ayuda a Alemania e Italia. Ambos países rápidamente contestaron enviando aviones de transporte para trasladar hasta Sevilla al único ejército profesional español, el ejército de África. Una columna formada por legionarios y tropas marroquíes empezó a avanzar rápidamente hacia el norte en dirección a Madrid.

El primer capítulo específico sobre la guerra nos sumerge en el horror de los asesinatos en la retaguardia de ambos bandos. Los primeros en ser fusilados fueron los oficiales del ejército, ya fuera por haberse negado a sublevarse —bajo la ley marcial los sublevados arrogantemente calificaron a los oficiales leales a la República de «rebeldes»— o, en el otro bando, como traidores por haberlo hecho. Tras ellos, para el bando de los sublevados llegó el turno de dirigentes republicanos, líderes y miembros de la CNT y de la UGT, militantes de partidos de izquierda, conocidos defensores del Frente Popular, masones, maestros republicanos, funcionarios civiles, profesionales e intelectuales. Todas «las ratas», toda «la escoria roja», tenía que ser «quirúrgicamente eliminada» para salvar la patria y la «civilización cristiana» y para asegurar la pacificación de la retaguardia, lo que provocó la muerte de cerca de cien mil personas, según las meticulosas investigaciones realizadas en los últimos años. Por su parte, los republicanos eliminaron a unas 55.000 personas, de las cuales 6.832 fueron miembros regulares o seculares del clero y 280 mujeres de órdenes religiosas. A continuación vinieron aquellos considerados los «opresores» del pueblo: católicos destacados, dirigentes y militantes de partidos de derechas, propietarios de empresas y patronos y pistoleros de sindicatos amarillos.

El autor, un experto en la materia, dice que la represión utilizó en ambas zonas el mismo idioma deshumanizador, la necesidad de «higiene pública» para limpiar, al país de su enemigo. Con la excepción de la masacre organizada de aproximadamente dos mil prisioneros políticos durante la defensa de Madrid, la más numerosa en ambos bandos, el peor aluvión de asesinatos en tiempo de guerra en ambas zonas se produjo en los tres primeros meses. Incluso así, hubo una diferencia significativa: muchas voces, que no se escucharon en el bando sublevado, sí se levantaron en la zona republicana en contra de las matanzas; a principios de septiembre un nuevo gobierno dirigido por Largo Caballero empezó a crear una apariencia de orden público que lentamente pusiera fin a los asesinatos. Pero no con suficiente rapidez. Las noticias de la violencia anticlerical que incluía el desenterramiento de féretros de monjas, la extendida quema de iglesias y la profanación de objetos religiosos, se difundió por todo el mundo creando una imagen extremadamente negativa de la zona republicana. En el lado rebelde, con alguna excepción ocasional, una férrea censura mantuvo los asesinatos fuera de las noticias. La Iglesia, que pronto santificaría la guerra de los sublevados como una «cruzada religiosa», cerró los ojos, aunque cientos de miembros del clero fueron testigos de la represión, llevada a cabo no sólo por los militares, sino por falangistas y ciudadanos católicos conservadores normalmente respetuosos con la ley.

El lector acaba con considerable alivio las páginas de estos horribles acontecimientos y se dirige hacia la situación internacional, cuyos perfiles son bien conocidos; la completa «farsa» de la no intervención, como la califica Casanova, celosamente promovida por una Gran Bretaña en las garras de la contemporización, y por el Frente Popular francés, de quien partió la idea, y que no fue respetada con el mismo celo por las potencias fascistas que apoyaban a Franco. En un momento de extendido rearme europeo, «ningún país mostró interés por detener la guerra española».

Sin la ayuda fascista, la mayor parte proporcionada a crédito, los sublevados no hubieran podido continuar la guerra durante mucho tiempo, menos aún ganarla. Aparte de la Legión Cóndor, Alemania e Italia proporcionaron en conjunto decenas de miles de soldados (principalmente italianos), cerca de mil seiscientos aviones, miles de vehículos blindados y cientos de piezas de artillería. Igualmente importantes fueron los 3,5 millones de toneladas de combustible proporcionadas a crédito por Texaco y Shell —el doble de la cantidad importada por la República— sin las cuales el ejército de Franco no hubiera podido maniobrar tan rápidamente como lo hizo. Stalin, que no quería provocar a Francia y a Gran Bretaña, porque todavía buscaba una alianza antifascista con ellas, se mantuvo inicialmente al margen, pero la descarada intervención nazi y fascista le alarmó cada vez más. Asegurándose de que todas las potencias europeas fueran conscientes de que la ayuda soviética para la República no pretendía hacer progresar la revolución, en octubre de 1936 llegó a Madrid la primera remesa de armas soviéticas —junto al primer contingente de las Brigadas Internacionales— justo a tiempo para ayudar a impedir la caída de la capital. En total, la Unión Soviética envió setecientos aviones militares y cuatrocientos vehículos blindados, además de dos mil pilotos, ingenieros, consejeros militares y miembros de la NKVD, la policía secreta. El número total de brigadistas que pelearon en uno u otro momento fue de treinta y cinco mil, pero nunca hubo más de veinte mil en el campo de batalla.

Casanova dice que «la República se gastó tanto dinero en perder la guerra corno los franquistas en ganarla»: alrededor de seiscientos millones de dólares (de 1939) cada uno. El esfuerzo bélico de la República no hubiera podido mantenerse demasiado sin las reservas de oro del Banco de España, entre las mayores del mundo y valoradas en 805 millones de dólares. Hacia la Unión Soviética se embarcó oro por valor de 518 millones que se gastó en armas y suministros. El Banco de Francia también se hizo con oro por valor de 195 millones de dólares. Sin embargo, la igualdad de gastos de ambas partes es engañosa. Franco recibió no sólo más armas, sino de una calidad incalculablemente mayor; la República, incapaz de obtener legalmente armamento de las democracias, se vio obligada a menudo a utilizar intermediarios y traficantes. Aparte de las constantes estafas, el autor dice que «la mala calidad del armamento y los sobornos le costaron al gobierno quizá cien millones de dólares». El dinero prácticamente se agotó en agosto de 1938, y la Unión Soviética proporcionó un crédito de sesenta millones de dólares para permitir que la Republica continuara la guerra.

El 4 de septiembre de 1936, con las milicias revolucionarias incapaces de contener el avance sobre Madrid del ejército de África, Largo Caballero se convirtió en jefe del gobierno y ministro de Defensa, y su gabinete incluyó a dos ministros del Partido Comunista, siendo el primer gobierno de Europa occidental en hacerlo. Las principales tareas del gobierno fueron supervisar la reconstrucción del estado, la militarización de las milicias, la contención de la revolución —y con ella el fin de la violencia en la retaguardia— y la centralización del poder. El gobierno, al que en poco tiempo se unieron dos ministros anarquistas, avanzó en todos los frentes menos en uno: el éxito militar. Ni siquiera puede reclamar la exitosa defensa de Madrid, ya que salió en secreto de la capital —abandonándola a su suerte a ojos del pueblo— en vísperas de la ofensiva de Franco. La caída de Málaga, con una caótica defensa de las milicias frente a fuerzas italianas y españolas en febrero de 1937, abrió una caja de Pandora política que fue precintada de nuevo —sellando en el proceso la suerte de Largo Caballero— con el derramamiento de sangre en las calles de Barcelona cuando militantes anarquistas y del POUM pelearon en defensa de la revolución contra las fuerzas socialistas y comunistas, que defendían un compromiso exclusivo con la guerra.

Diez meses antes, al comienzo del conflicto, el movimiento anarquista se había dado cuenta de que no era el momento de la revolución, sólo importaba la derrota del enemigo. Pero la insurrección militar precipitó la misma revolución que había intentado prevenir y ante el consiguiente vacío de poder no hubo nada que detuviera su propagación. Las fábricas y empresas fueron colectivizadas o puestas bajo el control de los obreros, mientras que más de la mitad de las 5.700.000 hectáreas de tierra cultivable expropiadas en agosto de 1938 eran trabajadas legalmente por colectivos de la CNT y la UGT. Pero bajo el fermento revolucionario se libraba una lucha por el poder y por el control de las escasas armas. Ése fue el verdadero significado de la lucha en Barcelona; la creciente influencia del Partido Comunista en el ejército y en la vida política y el aumento de sus militantes debido principalmente a la ayuda soviética. La intervención directa del gobierno finalmente detuvo la pelea en las calles y poco después acabó la revolución.

El beneficiario inmediato de la crisis fue Juan Negrín, un fisiólogo socialista de cuarenta y cinco años, poliglota y experto reconocido en asuntos financieros —como ministro de Hacienda organizó el envío de oro a Moscú— a quien el presidente Azaña nombró jefe del gobierno para poner fin a la indisciplina y «desorganización» en la retaguardia, especialmente en Cataluña y Aragón. El gobierno tomó las riendas del orden público en Cataluña, disolvió el Consejo de Aragón dominado por los anarquistas y envió la división comunista de Enrique Líster para romper las colectividades rurales aragonesas. Más fácil de despachar, el POUM —«provocadores trotskistas» y «espías fascistas», como proclamaba el Partido Comunista— fue declarado fuera de la ley, sus milicias desmanteladas y su líder, Andreu Nin, uno de los antiguos secretarios de Trotski, «desapareció»; de hecho fue secuestrado y asesinado por el NKVD. El asunto profundizó aún más la desconfianza entre los comunistas y el resto de las organizaciones políticas, especialmente anarquistas y socialistas de izquierda, y también dejó claro los graves problemas que estaban produciendo en la República las disputas políticas internas, siendo un considerable escollo para ganar la guerra. En el otro lado del frente no había semejante problema: Franco, para entonces cabeza del así llamado estado nacional, aplastó la disidencia de raíz, uniendo por la fuerza a falangistas y carlistas, las únicas organizaciones políticas civiles autorizadas.

En palabras del autor, la política de guerra de Negrín fue «un desesperado intento para introducir una alternativa democrática y disciplinada [a la revolución] que ocasionara un cambio en la política británica y francesa». En pocas palabras, seguir luchando hasta que Gran Bretaña y Francia suspendieran su agobiante política de no intervención, o si eso fracasaba, vincular la guerra española a la cada vez más inminente guerra europea. En octubre de 1937 todo el norte republicano, con la industria pesada del País Vasco, había caído en manos del enemigo, inclinando el equilibrio del poder a favor de Franco. La breve reconquista republicana de Teruel en el amargo invierno de 1937-1938, y su nueva pérdida, condujo inmediatamente a que Franco recuperara la ofensiva en Aragón, que cayó en sólo tres semanas, asegurando un punto de apoyo en el oeste de Cataluña. A mediados de abril de 1938 su ejército alcanzó el Mediterráneo en Vinaroz, dividiendo en dos a la República. A partir de marzo de 1937, y después de sus repetidos fracasos para tomar Madrid, la estrategia de Franco fue librar una guerra de desgaste, una «ocupación sistemática del territorio acompañada por una necesaria operación de limpieza» —claro eufemismo para la represión— que el generalísimo declaró «preferible a una rápida derrota de los ejércitos del enemigo que dejaría el país infestado de adversarios».

En la primavera y principios de verano de 1938, cuando su ofensiva diplomática fracasó en alcanzar un acuerdo negociado para el fin de la guerra, Negrín lanzó su última apuesta militar: la ofensiva del Ebro, que empezó en las últimas semanas de julio de 1938. Su objetivo, de acuerdo con Casanova, no era derrotar al enemigo, una tarea imposible, sino negociar desde una posición de fuerza una «rendición algo menos que incondicional» abriendo .un corredor en territorio enemigo para aliviar Valencia y restaurar la comunicación directa entre las dos zonas republicanas. De una forma más dramática, la ofensiva del Ebro siguió inicialmente el modelo de las anteriores batallas más importantes de la República: Brunete, Belchite, Teruel. En primer lugar, el ataque, un atrevido paso del Ebro por la noche, que tomó al enemigo por sorpresa, seguido por un corto avance antes de ser detenidos por- los refuerzos que Franco envió rápidamente al frente. Sin embargo, esta vez las tropas republicanas —la mayoría dirigida por los comunistas— recibieron la orden de resistir en sus posiciones, así se mantuvieron durante casi cuatro meses, expuestas al fuego de la artillería y a los ataques de la infantería, hasta que los supervivientes recibieran a mediados de noviembre la orden de retirada, cruzando de nuevo el Ebro. No se ganó otra cosa que tiempo a costa de .un gran sacrificio: sesenta mil soldados curtidos en la lucha entre muertos y heridos y una considerable pérdida de material de guerra. Incluso el tiempo corría en contra de la República. A finales de septiembre, el pacto de Munich que firmaban Gran Bretaña y Francia ponía a Checoslovaquia —la única democracia que quedaba en el centro y el este de Europa— en manos de Hitler, evidenciando sin el menor asomo de duda la continua negativa de las democracias para ayudar a la República española. Entre las Navidades y el 4 de febrero se perdió Cataluña; Barcelona cayó sin resistencia en medio de un masivo éxodo de civiles a Francia.

Para el que supiera leerlo el futuro ya estaba escrito. Medio muertos de frío y hambre en Madrid, alimentándose de cien gramos de pan y lentejas, las llamadas popularmente píldoras del doctor Negrín, acosados por una quinta columna y descorazonados pero no vencidos por las constantes derrotas del ejército, los verdaderos creyentes conservaban la fe; pero cada vez eran menos. Los republicanos no comunistas tenían miedo de una dictadura al estilo soviético si la guerra continuaba. Para culminar todas las disputas políticas anteriores, la guerra terminó como había empezado, con un golpe militar, dirigido por el coronel Casado, comandante del ejército del centro republicano de Madrid, contra el gobierno de Negrín a principios de marzo de 1939. Los militares habían perdido la fe en el reiterado llamamiento del jefe del gobierno para continuar la resistencia. El golpe se convirtió en una guerra civil en las calles de la capital entre tropas dirigidas por los comunistas que trataban de aplastar a Casado —quien pensaba que «entre oficiales» se podía negociar una rendición más favorable de la que podía lograr Negrín— y milicianos anarquistas que apoyaban el golpe, dejando en cinco días alrededor de dos mil muertos. Casado ganó la batalla, pero en vano. En su incesante determinación de erradicar al enemigo, Franco no ofreció otra cosa que la «rendición incondicional». Sólo un mes antes había promulgado una Ley de Responsabilidades Políticas, cuyos efectos, retroactivos hasta el levantamiento asturiano de 1934, se convirtieron en su principal norma represiva. El 28 de marzo, sin ninguna garantía de evitar la sangrienta represión que se avecinaba para los republicanos, el frente de Madrid izó la bandera blanca y las tropas de Franco desfilaron por la capital de la que nunca se habían podido apoderar. Cuatro días más tarde, «después de haber capturado y desarmado al ejército rojo», Franco proclamaba el fin de la guerra.

En un breve epílogo. Casanova analiza las razones de la derrota de la República, citando a numerosos autores españoles y extranjeros que unánimemente la achacan a la situación internacional, una opinión que Casanova comparte en general. El historiador británico especializado en grandes batallas, Anthony Beevor, también citado con cierta profusión, ofrece una lectura diferente: «la desastrosa dirección de la guerra» por parte del alto mando de la República y de sus «consejeros soviéticos», que optaron por ofensivas convencionales, generalmente por «razones de propaganda», en contra de un ejército mejor armado y entrenado, fue lo que «gradualmente destruyó el ejército y la resistencia de la República». Ésta es una perspectiva en general similar a la que algunos soldados comunistas y. excomunistas supervivientes y comisarios políticos me manifestaron, hace treinta años, sobre sus íntimos pensamientos en el transcurso de la guerra. Añadían dos errores adicionales: el que Negrín no renunciara mucho antes a toda esperanza respecto a las irresolutas democracias; y que el PCE no renunciara a su política sectaria respecto a la izquierda revolucionaria. Sin estas equivocaciones fundamentales, ellos pensaban, hubiera sido posible forjar una estrategia político-militar que respondiera a la pregunta: ¿qué podía hacer la República en condiciones desfavorables —qué fuerzas militares mal utilizadas había disponibles, qué compromisos políticos, qué sacrificios eran necesarios— para ganar la guerra? Vanas ilusiones rumiadas a posteriori, desde luego, pero el coste de la derrota fue ciertamente mayor que el de un innovador intento por evitar esa suerte.

El libro de Casanova debe situarse entre el mejor material escrito sobre la República y la guerra civil española disponible en lengua inglesa. Es el producto de una nueva generación de historiadores españoles que alcanzaron la mayoría de edad a comienzos de la transición hacia la democracia después de la muerte de Franco, a partir de la cual el número de obras en español sobre la década de 1930 creció exponencialmente. En su mayoría, son estudios regionales o locales, categorías que de ninguna manera hay que despreciar porque sin ellas no es posible ninguna nueva síntesis del período. Un ejemplo sobresaliente de un estudio regional es el recientemente publicado Atles de la guerra civil a Catalunya (2010), con más de cuatrocientos mapas detallando cada aspecto político y militar imaginable de la guerra en tierra, mar y aire, en el que durante cinco años ha trabajado un equipo de historiadores y cartógrafos bajo la dirección de Antoni Segura, Joan Villarroya y Víctor Hurtado de la Universidad de Barcelona, un proyecto generosamente financiado por la Generalitat de Cataluña.

En términos de «generaciones» de historiadores españoles, la nacida justamente después de la finalización de la guerra civil y que participó activamente en la transición, también ha producido un destacado trabajo sobre la República y la guerra. Santos Juliá, sobre todo con su biografía de Manuel Azaña; Ángel Viñas con su trilogía enormemente documentada —en especial con nuevo material procedente de los archivos rusos— sobre la República durante la guerra; y Julio Aróstegui con su larga dedicación a la década de 1930 en España, vienen de inmediato a la mente. La generación de Casanova, de la cual Enrique Moradiellos es otro ejemplo con su obra sobre la guerra y su ramificaciones internacionales, especialmente británicas, está bien preparada para trascender la estrecha perspectiva histórica de la península Ibérica —Casanova ha enseñado en dos universidades de Estados Unidos y tiene una cátedra en la Universidad de Zaragoza; Moradiellos ha sido profesor en la London University y es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura— y destaca por su disposición para mirar impasiblemente el reciente pasado español sin que éste pese sobre sus facultades críticas. Además lo hace con estilo y brío.

Capítulo 11

HISTORIA Y MEMORIA DE LOS VENCIDOS

Quisiera comenzar esa reflexión sobre historia y memoria de los vencidos, con una precisión sobre la «memoria histórica». En primer lugar, no puede existir «una memoria histórica», por el hecho de que la memoria es subjetiva, individual. Hay tantas memorias como hay supervivientes de la contienda. En segundo lugar, la memoria es selectiva, y en cuanto a datos objetivos lejanos en el tiempo, no siempre fiable. Y por último, la memoria de acontecimientos pasados se ajusta según la necesidad política, social o cultural del individuo en el presente. Dicho en otras palabras, el presente influye en el recuerdo del pasado.

Siendo subjetiva, lo mejor que nos puede ofrecer la memoria es, por una parte, las razones subjetivas de las acciones llevadas a cabo conscientemente para lograr determinados fines, ya sean políticos, sociales o culturales. Por otra, la experiencia subjetiva de los acontecimientos en los que el individuo participó directamente. Desde esta perspectiva, más pertinentes que los datos objetivos son las experiencias, las motivaciones y esperanzas de los —y las— que participaron en ellos, porque sin su participación activa es bien probable que los acontecimientos no hubieran ocurrido, o por lo menos no habrían pasado, de la misma manera. Por consiguiente, se trata de una historia rememorada —y hasta cierto punto remodelada según las necesidades del presente— que explora un campo sociopolítico aún abierto a la elección de distintas posibilidades y conductas, aunque éstas estén a su vez condicionadas por el campo cerrado del pasado. Dicho de otro modo, una historia no teleológica.

Mi propósito en este texto es ampliar esta «memoria histórica» a los dos problemas a los que actualmente se suele responsabilizar de la derrota gubernamental en la guerra: la revolución por una parte y la no intervención por otra.

Quisiera recordar que al comienzo de la guerra, que precipitó un golpe militar fracasado, por estar el ejército y las fuerzas de seguridad peninsulares divididos y por la resistencia de militantes sindicalistas en la calle, los gubernamentales reunían al 60 por 100 de la población, a las dos principales regiones industriales y mineras, al Banco de España con sus inmensas reservas de oro y todo el agro exportador. Los gubernamentales parecían tener todas las ventajas para ganar la guerra. ¿Por qué, entonces, la perdieron?

Con algunas excepciones honrosas, muchos buscan actualmente una explicación simple y aparentemente obvia: la no intervención de las democracias anglo-francesas privó al bando gubernamental de las armas necesarias para ganarla; y si ésta no fuera razón suficiente, la revolución social causó un caos tan grande que le privó de las bases económicas precisas para salir airoso. Reexaminar estos dos postulados, íntimamente ligados además, a la luz de las experiencias de los que vivieron la guerra hace setenta años no tiene desperdicio.

Los testimonios nos hacen constatar de inmediato que el discurso de las organizaciones y partidos no corresponde necesariamente con el discurso extraoficial de los militantes de base. Por ejemplo, tras haberse aplastado la insurrección en Barcelona, los dirigentes de la CNT catalana, mayor foco industrial del anarcosindicalismo español, no creyeron que el momento era oportuno para hacer la revolución social que habían predicado desde hacía años. Así lo entendió Andreu Capdevila, destacado cenetista y obrero textil, que había participado en el asalto del cuartel de artillería de Sant Andreu: «No nos habíamos echado a la calle para hacer la revolución, sino para defendernos, y para defender a la clase trabajadora. Pensábamos que harían falta otros diez años por lo menos para hacer la revolución social, detrás de la cual tenía que estar la totalidad del proletariado español». Mientras la CNT posponía la revolución para luchar con las demás fuerzas contra el enemigo común, debido a la militancia de base, en pocos días Barcelona se transformó en una ciudad revolucionaria prácticamente dirigida por la clase obrera. Al volver a sus fábricas, los militantes encontraron que en muchos casos los directivos habían desaparecido. Precisaba ponerlas en marcha cuanto antes, reuniendo asambleas generales de los operarios que eligieron comités para hacerse cargo de ellas.

A un joven carpintero libertario de dieciséis años, Eduardo Pons Prades, le parecía que ya era fácil alcanzar aquel paraíso terrenal del que tan a menudo le hablara su padre. «No era yo sólo, joven inexperto, quien así pensaba. Eran también los hombres, los militantes de la CNT que tanto habían luchado en la vida...»

Otro cenetista, Saturnino Carod, secretario de propaganda de la regional de Aragón, Rioja y Navarra y campesino aragonés de origen, al levantar una columna de voluntarios en Tortosa para reconquistar su país natal, confirmó el discurso oficial. «Les dije claramente a los voluntarios que nuestros objetivos eran derrotar al enemigo en campo abierto, aplastar la sublevación militar, luchar por la República... no hacer la revolución, que quede bien claro.» Poco después, por la fuerza armada de las columnas cenetistas catalanas que avanzaban a la reconquista de Zaragoza, se inició una colectivación rural a ultranza, en Aragón. «Yo no habría ido al frente de no haber sido para hacer la revolución», recordaba Josep Cercós, militante metalúrgico de las juventudes libertarias. «La fiebre revolucionaria era lo que nos empujaba...».

Estas contradicciones entre los dos discursos se podrían atribuir al cambio radical de los planteamientos de los dirigentes cenetistas. Sin embargo, el mismo fenómeno de discursos distintos se observó en el PCE. Para éste la tarea política fundamental era la de subordinar todo a la forja de una alianza con la pequeña y mediana burguesía española antifascista; en esto, el PCE seguía la política internacional de Stalin de conseguir el apoyo de las democracias parlamentarias anglo-francesas en contra del fascismo europeo.

A pesar de esta política no revolucionaria, nada más llegar a Barcelona Narciso Julián, ferroviario comunista madrileño, se quedó maravillado: «Era increíble, la prueba práctica de lo que uno conoce en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuando se echan a la calle. De pronto, todas tus dudas se esfuman, dudas sobre cómo hay que organizar a la clase obrera y las masas, sobre cómo pueden hacer la revolución en tanto no se hayan organizado».

De todos modos, tanto para los dirigentes como para los militantes conscientes, el cometido principal —incluso revolucionario— en aquellos primeros momentos era el de derrotar al enemigo. Se enrolaron en las milicias organizadas a toda prisa por los sindicatos y se echaron a los frentes que quedaban aún por definir. Al mes y medio, cuando las milicias que seguían sin mando único fallaban en su intento de parar el avance del ejército de África sobre Madrid, quedó patente el fracaso proletario de no haber creado un poder único para organizar y movilizar toda la energía popular para ganar la guerra. Si no se quería perder la guerra, urgía otro tipo de poder que el PCE había exigido desde el principio y que se plasmó en un gobierno de Frente Popular y la militarización de los milicianos para formar un ejército popular bajo mando único. A nivel internacional, el nuevo gobierno intentó tranquilizar a las democracias capitalistas inglesa y francesa —que habían acordado la no intervención— de que no existía amenaza revolucionaria en la España republicana. Un camuflaje que no engañó en absoluto a aquellas que veían una República vacilando entre una revolución proletaria y el restablecimiento de un orden más o menos capitalista.

Entre tanto, los militantes de base cenetistas y socialistas seguían su propio rumbo revolucionario en la retaguardia. En general, los comités locales en zonas agrícolas incautaron la tierra de los terratenientes e iniciaron una profunda revolución agraria que resultó al final en la creación de unas dos mil colectividades.

Se seguían las mismas pautas en la industria barcelonesa donde se colectivizaron no sólo las grandes industrias, sino los talleres y tiendas de las clases medias republicanas. Un error que costó caro, tanto a la revolución anarcosindicalista, como al esfuerzo de guerra catalán por crear en la retaguardia un enemigo innecesario e implacable.

Surge por tanto una pregunta inevitable: ¿sirvió la colectivización a la tarea revolucionaria primordial de ganar la guerra? En la industria, las estadísticas demuestran que no fue así: a los dieciocho meses de empezar la guerra, la producción catalana había bajado un 40 por 100 comparada con el promedio de los seis meses anteriores a la guerra. El declive fue aun más marcado en la maquinaría (el 58 por 100) y en productos de algodón (el 86 por 100). Incluso el paro subió un 20 por 100 por encima del promedio prebélico. Aunque tanto la CNT como la Generalitat de Cataluña intentaron poner cierto orden en la colectivización, ningún dato de los comentados indica que la revolución lograba las metas precisas para ganar la guerra.

Ahora bien, la historia nos ofrece la posibilidad de contrastar esta situación revolucionaria con otra de igual o más importancia industrial norevolucionaria. O sea, con la situación vasca, donde el predominio del PNV obvió toda revolución. Sin colectivizaciones, sin intervenciones obreras, la industria pesada vizcaína tenía que haber funcionado con cierta normalidad, afectada sólo por las condiciones bélicas y el aislamiento geográfico vasco del resto de la zona gubernamental. ¿Fue así? ¡No! «La trayectoria industrial vasca fue tan negativa como la catalana», en palabras del profesor Martín Aceña, especialista en la economía de la guerra civil. La producción de mineral de hierro se redujo en un 50 por 100, la minería en un 63 por 100; la siderurgia en un 87,5 por 100...

¿A qué se puede achacar el descenso de la producción industrial vasca? Según Martín Aceña, a dos hechos: el gobierno vasco no tomó medidas inmediatas para remediar la situación, y las que tomó fueron escasas y tardías. El segundo fue por la falta de «colaboración de la clase empresarial que no reaccionó ante los más que obvios descensos de producción». ¿Por qué no? A mi juicio por una razón evidente: los empresarios vascos entendieron muy bien cuál de los dos bandos iba a proteger mejor sus intereses capitalistas. La prueba: tras la conquista de Vizcaya por el bando rebelde en el verano de 1937, «la recuperación de la industria vasca fue espectacular» —las palabras no son mías sino las del mismo profesor—. No fue, por lo tanto, una fatalidad bélica lo determinante del descenso de la producción vasca, sino una opción de la clase industrial capitalista.

La falta de datos de producción fehacientes del agro hace difícil llegar a conclusiones tajantes sobre la revolución rural. Pero hay que tener en cuenta cuatro datos: 1. Sólo el 40 por 100 de las tierras cultivables en zona republicana fueron expropiadas, y de ellas sólo la mitad fueron colectivizadas. 2. De las 1.800 colectividades cuya afiliación sindical quedó registrada, el 50 por 100 fueron ugetistas en contra de un 41 por 100 de la CNT. El restante (9 por 100) fueron llevadas conjuntamente por las dos sindicales. 3. En la zona latifundista como la de Jaén y Ciudad Real, donde los propietarios huyeron en masa, las tierras no se hubieran cultivado sin la intervención sindical. 4. En el este de Aragón, donde la CNT colectivizó el 70 por 100 de la tierra, el agro era pobre y apenas se contabilizaba en el producto agrario nacional; en los campos ricos de Valencia y Cataluña la colectivización fue mucho más restringida.

Aparte de la oposición constante del PCE, el mayor problema de las colectividades fue trascender su diversidad local —y su localismo— y de coordinarlas en un esfuerzo común para ganar la guerra. Algo se hizo, pero llegó tarde. Con relación a esto, recordemos que entre el 30 y el 50 por 100 de la población, la mayoría de ella campesina, era analfabeta. Fue otro lastre que, por falta de preparación, tuvieron que soportar las colectividades. En resumen, tras un período inicial en el que no cabe duda de que la colectivización agraria contribuyó al caos económico en el bando gubernamental, sería problemático afirmar que a la larga fuera contraproducente al esfuerzo bélico, dado que, por el atraso agrícola español, los métodos de cultivo apenas cambiaron.

Aunque es innegable que la revolución industrial catalana no aportó todo lo que tenía que haber aportado al esfuerzo bélico, por los datos aquí resumidos me parece temerario alegar que la revolución social fuera una causa principal de la derrota, ya que además ésta fue virtualmente apagada por los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona.

¿Se puede decir lo mismo de la no intervención que dio rienda suelta a las potencias fascistas para ayudar a los rebeldes y privó al bando gubernamental de la ayuda de las democracias que le correspondía bajo la ley internacional? Sin negar que la política anglo-francesa fuera vergonzosa, pregunto: ¿aquella política fue decisiva? Si se hacía una guerra convencional a la par del enemigo, no cabía duda de que lo sería; y en algunos momentos crítica. Se entiende que, al sumar cantidades y calidades de armas, voluntarios, etc., facilitados a cada bando, se calcule que por las diferencias entre uno y otro se perdió inevitablemente la guerra. Pero esta lógica supone que las guerras civiles se ganan y se pierden sólo por el peso del armamento y el número de soldados. Es una lógica que ignora la máxima de Clausewitz de que la guerra —y más aún una guerra civil— es la continuación de la política por otros medios. Es ignorar históricamente cómo los bandos desprovistos y desguarnecidos han podido ganar guerras contra los militarmente más poderosos. Es ignorar, finalmente, la estrategia militar adecuada del bando desprivilegiado para ganar una guerra.

Aun así, el efecto más importante de la no intervención fue dejar rehén al bando gubernamental de la URSS, el único —aunque tardío— proveedor de armas y consejeros militares. La no intervención sirvió por lo tanto para abrir un espacio político-geográfico al estalinismo en Europa occidental, efecto indeseado de las democracias, Gran Bretaña en concreto, que en honor a la verdad temía más al comunismo anticapitalista que al fascismo, el cual, a pesar de ciertas reservas ideológicas, no proponía abolir el sistema capitalista.

Por cierto, las democracias no querían precipitar una segunda guerra mundial para la que no estaban preparadas; y aún menos por un país de segundo rango internacional en el que el bando gubernamental se balanceaba entre un régimen parlamentario y una revolución social que para ellas no era ni viable ni fiable.

Al principio sugerí que existía una relación entre la revolución y la falta de ayuda de las democracias parlamentarias. Creo que el nexo les habrá quedado ya bastante claro: al igual que los empresarios vascos que preferían dejar hundir sus empresas a apoyar el esfuerzo bélico gubernamental, el capitalismo internacional prefería perder a corto plazo sus intereses materiales en España para recuperarlos a largo plazo bajo el bando que mejor iba a defenderlos. Como ejemplo, les pongo un caso concreto de la intransigencia capitalista internacional.

Tras encontrar que los técnicos e ingenieros extranjeros habían desaparecido al estallar la guerra, los setecientos mineros de las minas de potasa de Sallent, regidas por una empresa franco-belga, la colectivizaron. La potasa era una importante fuente de exportaciones para Cataluña, y la colectividad no tardó en encontrar compradores en Asia.

«Sin embargo, en cuanto nuestros barcos mercantes llegaban a alta mar, eran apresados por las fuerzas del comité de no intervención y el cargamento era embargado por orden de sus propietarios originarios», recordó Juan Ferrer, administrador cenetista de las minas. «Llevamos el caso al tribunal Internacional de La Haya. Falló en contra nuestra, a principios de 1937 por una razón, sólo una: el decreto de colectivizaciones aprobado por el gobierno catalán era una ley regional y no nacional.» Antes de la vista de la causa, Ferrer y otros delegados acudieron a Juan Negrín, a la sazón ministro de Hacienda del gobierno del Frente Popular, que igualmente se negó a reconocer el decreto de colectivizaciones.

Tras el fallo contrario en La Haya, se decidió dirigirse a los propietarios de la concesión con sede en París. Lo importante para Ferrer era hacer que los mineros siguieran trabajando y, por medio de la exportación, conseguir las divisas extranjeras que tanta falta hacían para el esfuerzo bélico.

La propuesta que Ferrer llevó a París, acompañado por un representante de la Generalitat y dos delegados mineros, era sencilla: la compañía recobraría el control de las minas y las dirigiría como antes con sólo dos condiciones: seguiría existiendo el consejo de empresa y se aceptarían diversas mejoras en las condiciones de trabajo. «De hecho, lo que ofrecíamos era descolectivizar las minas y permitir que la compañía obtuviera y conservase sus beneficios igual que antes.» Se negaron rotundamente a escuchar la propuesta. Dijeron, literalmente, que preferían perder dos o tres o cuatro años de la producción española, ya que tarde o temprano recobrarían el control. «Ustedes serán barridos y las minas volverán a ser nuestras.»

Por cierto, hubo que cerrar las minas —una semana de producción bastaba para satisfacer la demanda interior— y la Generalitat envió los mineros a construir carreteras. Durante el resto de la guerra no se extrajo ni un gramo de potasa.

Este caso no fue único, ni mucho menos: otras exportaciones del bando gubernamental fueron igualmente embargadas nada más llegar a su destino. El boicot a la zona republicana por parte del capital internacional y la preferencia que éste demostró por el bando rebelde quedaron plasmados en el llamativo suministro a crédito de petróleo a Franco por la compañía norteamericana Texaco. Sin el apoyo económico y material del capital extranjero además de la ayuda incondicional italo-alemana-portuguesa es dudoso que los insurrectos hubieran superado en el primer año de guerra su falta de recursos financieros, industriales y armamentísticos.

Al mismo tiempo, la superioridad inicial en recursos industriales y económicos de la zona gubernamental iba perdiéndose. Se encontraba en condiciones de inferioridad económica internacional e hipotecadas sus reservas de oro a la URSS para la compra de armas a un precio además exorbitante. En estas condiciones, ¿qué medios les quedaban a las fuerzas gubernamentales para ganar la guerra?

Era la pregunta que muchos militantes comunistas de base se hacían sotto voce, desafiando el discurso oficial del PCE cuyo poder creció a la par de sus afiliados a raíz de su dedicación a la guerra, el impacto de la ayuda militar soviética y una defensa a ultranza de las clases medias antirrevolucionarias: la guerra tenía prioridad absoluta sobre la revolución que sólo podía conseguirse tras la victoria.

«Luchando y muriendo, a veces pensábamos: “todo esto... ¿y para qué? ¿Era para volver a lo de antes? Si así era, no valía la pena luchar por ello...”.» Así se expresó Timoteo Ruiz, de origen campesino afiliado al PCE, que llegó a oficial de la división de choque mandada por el comunista Enrique Líster.

Al PCE y a los gobiernos del Frente Popular, no les cabía la menor duda del requisito primordial para ganar la guerra: un ejército popular bien disciplinado bajo mando militar central que adoptara estrategias de guerra parecidas a las del enemigo. Grandes batallas campales que sólo en contadas ocasiones ganó el ejército popular.

Paulino García, estudiante, fue uno de los primeros comisarios políticos del 5.º regimiento comunista formado al principio de la guerra. Para él, ya que existía la no intervención, «tendríamos que habernos preguntado qué podíamos hacer nosotros, qué posibilidades habíamos dejado de aprovechar, qué era lo que no habíamos hecho...». En primer lugar, era evidente la necesidad de movilizar la energía popular en un esfuerzo unido que a su vez necesitaba que el pueblo trabajador pudiera ver que sus sacrificios conducirían adonde él quería llegar. Dicho con otras palabras, esto significaba que había que profundizar la revolución para ganar la guerra. Pero por su «obediencia ciega» a la Unión Soviética, el PCE falló en su misión de alcanzar la unidad requerida y, al contrario, «envenenó sus relaciones con la CNT en la que se encontraban los sectores más combativos y revolucionarios de la clase obrera. Pasar por alto el mayor potencial humano que un partido revolucionario podía esperar fue un error de consecuencias incalculables».

Es interesante constatar que el general Vicente Rojo, jefe del estado mayor del Ejército Popular, compartía la primera premisa: que no se podía contar con la ayuda de las democracias y había que seguir «pensando en valernos de nuestros propios recursos para continuar la lucha». Pero como buen militar, católico y monárquico que era, no vislumbraba otros recursos que los tradicionales que tenía a mano.

Vuelvo al testimonio de Timoteo Ruiz: «Ésta no era una guerra tradicional, sino una guerra político-popular. De no habernos dejado convencer de que los países democráticos nos ayudarían, no hubiéramos tenido que avergonzarnos de la revolución, fingir que la República prebélica seguía en pie. Al contrario, nos habríamos apoyado exclusivamente en nuestros propios esfuerzos para desarrollar formas distintas de lucha. La contienda se habría convertido en una guerra popular, revolucionaria e irregular, en vez de batallas encarnizadas. ¿Cómo era posible que un país que en el pasado se había aprovechado de la guerrilla a tan buen efecto, no la hubiese organizado de forma coordinada y coherente en la retaguardia enemiga? Una guerra irregular, con el ímpetu revolucionario popular, habría reducido considerablemente la eficacia de la ayuda que alemanes e italianos prestaban a Franco».

Pero no se hizo, a su juicio, porque el gobierno lo componían elementos burgueses que siempre albergaron la esperanza de que Inglaterra y Francia intervinieran para asegurar la victoria y devolverles en bandeja la República burguesa. Aquellos elementos, opinaba, temían más al poder en aumento del PCE que al enemigo.

Que la guerra civil no fue una guerra tradicional, nos lo evidencia las cifras impresionantes de la represión en cada bando. Treinta y ocho mil muertos en el bando gubernamental —que rondarán en la cuenta final los cincuenta mil, según estimación del profesor Reig tapia; ciento veinte mil que pueden llegar hasta ciento cincuenta mil por la represión franquista durante la guerra y posguerra. Para los rebeldes y luego para el régimen dictatorial victorioso se trataba claramente de una guerra de exterminio del enemigo político, de la anti-España, como decían; en la zona gubernamental —muy particularmente en los primeros meses de la guerra— se trataba de vengarse del enemigo social e ideológico, ya fuera de clase, de religión, o de política adversa. Como en todas las guerras civiles, la española trataba del destino político de la nación, aunque desde el comienzo de ésta sólo se sabía en ambos bandos a quiénes aniquilar y muy pocos sabían qué habían de construir, qué poder político habían de constituir, ni qué forma de gobierno les convenía erigir.

Al abogar por la guerra irregular, Ruiz no quiso negar la importancia de fuerzas militares entrenadas y disciplinadas, ni creía que la guerrilla por sí sola podría ganar la guerra. Lo que faltaba, en su opinión, era una guerra de desgaste, hostigamiento y erosión del enemigo tanto en los frentes como en la retaguardia. Alargar la guerra en el tiempo y extenderla en el espacio; emplearse en una lucha de movimiento en vez de una guerra de posición; causar el máximo daño al enemigo y a su retaguardia con el mínimo de pérdidas de materiales escasos; aprovecharse de la mentalidad militar enemiga de batallas campales y evitarlas para anular su superioridad armamentista; asolar la retaguardia enemiga para privarla de una moral triunfal, asentada no sólo en las victorias militares, sino en tener el pan diario suficiente... Tal había sido siempre la estrategia militar de los desfavorecidos.

Quizá era demasiado esperar de la alta oficialidad militar gubernamental, dominada por unos gobiernos y un partido —el PCE— que no vislumbraban más allá de una guerra tradicional. De todos modos hay que reconocer que no hay ninguna garantía histórica que una estrategia de guerra revolucionaria se hubiera saldado con una victoria gubernamental. Pero lo llamativo es que no se les ocurriera que, al emplear la misma estrategia militar de batallas encarnizadas, con menos recursos que el enemigo, era casi inevitable que ganara el más fuerte.

Es curioso constatar que el mismo Togliatti, el máximo representante del Komintern en España, reconoció al poco de acabar la guerra que unos de los errores mayores en la conducta de la contienda había sido el de menospreciar la lucha en la retaguardia enemiga. Escribió Togliatti en un informe oficial que el gobierno, igual que el PCE, se olvidó que había una masa de campesinos y obreros en la zona nacional entre los que, si se hubiera emprendido una labor política adecuada, se habrían podido crear las condiciones apropiadas para debilitar decisivamente la moral en la retaguardia enemiga y ayudado a la creación de una guerrilla.

De inmediato, llama la atención que un destacado comunista no tomara en cuenta el impacto de la represión en la retaguardia enemiga que diezmó las masas campesinas y obreras de izquierdas, sembrando el terror. Era una quimera esperar gran resistencia de ellas.

Sin embargo, la crítica de Togliatti tenía un sentido no explicitado en el informe y que un par de datos de la zona rebelde tienden a comprobar. La moral triunfalista en la retaguardia franquista tenía sus puntos vulnerables: hasta 1938 el mismo Franco no se fiaba de los reclutas de su propia zona para emplearlos en las batallas principales; y por las memorias recogidas, cada avance militar gubernamental en el territorio rebelde causó un pánico profundo a los moradores civiles partidarios del bando nacional. Acercarles a los horrores de la guerra habría sido atacar a lo que constituye una condición imprescindible de la victoria en una guerra civil: la moral de resistencia de la retaguardia. A falta de eso, y por desgracia para los vencidos, fue la retaguardia suya la primera en desmoronarse, lo que creó las condiciones para la rendición tras otra guerra civil —madrileña esta vez— dentro de la guerra civil.

Capítulo 12

LA JUVENTUD DE UN REBELDE Y SOCIALISTA ANDALUZ

El comienzo de mi carrera de historiador está ligado a Mijas y al que fuera su alcalde al estallar la guerra civil, Manuel Cortés. En este año que conmemora el centenario de su nacimiento, quiero centrarme en la juventud de Manuel, menos conocida que su «calvario de escondido», sobre el que el Ayuntamiento de Mijas ha erigido un Museo. No debemos consignarle exclusivamente a un objeto histórico de museo. Hay que entenderle como un hombre que vivió, luchó y combatió por la justicia social, por un mundo mejor. Por esa razón, su empeño desde joven en emanciparse para luego contribuir a emancipar a los mijeños trabajadores, muy particularmente del campo, me parece ejemplar.

Manuel Cortés nació en uno de los peores años de sequía del siglo pasado, 1905. Hace cien años en Mijas, donde la mayoría de sus cinco mil habitantes vivía del campo, la sequía era una catástrofe. Los ochocientos jornaleros estaban casi muertos de hambre. Para paliar los efectos del paro, se hizo la carretera de Mijas a Fuengirola.

Un estrago aún peor había afligido al pueblo en los años anteriores al nacer Manuel. La filoxera, una plaga de la vid, había destruido prácticamente todos los viñedos tanto de Mijas como de la provincia. Hasta entonces, el pueblo se llamaba la Pequeña Habana por la riqueza de sus viñedos de uva moscatel, cuyas pasas se exportaban principalmente a Inglaterra y a Estados Unidos. Pero tras este desastre, decía un informe oficial de finales de siglo, Mijas «padece actualmente una crisis terrible...».

Como se entenderá, el año en que nació Manuel era todo menos prometedor. Era el benjamín de la familia y el único que se quedó en Mijas. Sus tres hermanos mayores emigraron a Brasil en 1911, el año de la primera oleada masiva del siglo XX de emigrantes mijeños a Suramérica. Su enfermizo padre tenía una finquita que no daba para comer a la familia, y muchas veces tuvo que trabajar de jornalero. Su madre murió cuando tenía siete meses, y jamás pudo enterarse de qué enfermedad padecía. La mujer de un barbero del pueblo se ofreció al padre para cuidarle. A los cinco meses el padre murió también, y así fue como Manuel se convirtió en hijo adoptivo del barbero, Fernando, y de su mujer. Ésta había tenido doce hijos y todos murieron a los pocos meses de nacer.

A los cinco años Manuel enfermó de viruela y si no fuera por su madre adoptiva —o, como decía él, su madre sin más—, si no fuera por ella, se muere. Como el médico —«que más que un médico era un curandero», decía Manuel— no sabía qué medicina darle de su botiquín —entonces no existía ni siquiera farmacia en el pueblo—, su madre tuvo la valentía de lavarle la cara, la restregó muy fuerte y le arrancó todas las costras para que le saliera el pus... Así le salvó la vida...

Cuando tenía seis años Manuel ingresó en la escuela de los mayores, gracias a la amistad que tenía su padre, el barbero, con el maestro que iba todos los días a afeitarse, pero no tenía dinero para pagarle. «Pobre como un maestro de escuela», se decía. Su padre, Fernando, que nunca había pisado la escuela, no quería que a Manuel le pasara igual; y como el maestro se ofrecía —en contrapartida, se supone, por el afeitado gratis— el chiquillo empezó bajo su tutela y no en la escuela de los chicos que le correspondía.

En estos años se puede calcular que, como mínimo, la mitad de los niños del pueblo estaba sin escolarizar porque sus padres les ponían a guardar el cerdo, o las cabras, en cuanto tenían la edad de ir a la escuela. Así, Manuel tuvo la suerte de tener un padre comprensivo que durante las vacaciones le ponía un maestro particular.

Aunque don José, el maestro, le miraba bastante bien por la amistad con su padre, fue en la escuela cuando Manuel sintió por primera vez la injusticia. El maestro, como observaba el joven, «se preocupaba sólo de los hijos de los señoritos. A los pobres les dejaba atrás, aunque entre ellos había muchos que valían cien veces más que aquéllos. Esto clamaba al cielo, la injusticia, y me ponía muy rebelde...».

No obstante, a Manuel le encantaba la escuela y aprendió a leer con facilidad: le cayeron muchos libros en sus manos. Uno, que siempre recordaba, era una novela de unos bandoleros, Los siete niños de Écija. Como le gustó tanto, formó con siete chiquillos de entre ocho y diez años una partida de bandoleros con sus escopetas y machetes —de juguete, claro está—. Él era el capitán. Durante la feria mandaba cuál de los puestos de dulces y de avellanas sus «hombres» tenían que robar. Él se quedaba en la retaguardia, a la vera de la iglesia, a vigilar las operaciones.

Otras anécdotas de su juventud y adolescencia ponen de manifiesto aspectos de su persona y de su postura política de adulto. Cuando tenía doce años, presenció una escena que nunca se le olvidó. Los esbirros del cacique del pueblo, que llevaban escopetas, trajeron a Mijas a un pequeño propietario en una bestia, medio muerto de la paliza que le habían dado, y con las manos atadas con una soga, para que lo vieran todos y se aterrorizaran. Dijeron que no había pagado la contribución del ayuntamiento e iban a embargarle su propiedad —la yunta de vacas, que era lo único que tenía, que era su vida—. El hombre se resistió para defender lo suyo, y le pegaron a muerte. «¿Qué podía hacer el pueblo contra el terror que ejercía el cacique?» Manuel sacó la conclusión: «Nada, porque los que trabajan la tierra (o los pobres del pueblo que tienen que vivir de sacar leña o esparto de la sierra) no están organizados...».

Otro ejemplo del desprecio por el pueblo que expresaba un cacique mijeño durante la juventud de Manuel, aquél no dejaba que nadie estuviera en la plaza cuando se hallaba él. A cualquiera que viniera le gritaba «¡vete a tu casa!». Sólo él y su camarilla podían estar, y nadie se atrevía a ir a la plaza, y mucho menos a entrar en el bar donde estaban.

Muy pocas personas protestaban —y sólo privadamente— de estas arbitrariedades porque había mucho miedo. «Era por la pobreza y la incultura de la gente que eso pasaba», decía Manuel. «Y también por la forma de criar los padres a los hijos, que les inculcaban un respeto al señor, como si fuera un dios o un semidiós. Lo que tenían que haberles dicho era qué era este señor, era un hombre como ellos, que había tenido la suerte de tener más dinero, nada más. Pero así era el sistema patriarcal.»

A los quince años, cuando llevaba ya dos trabajando de barbero con su padre, algunos condiscípulos suyos a quienes el maestro de la escuela no había atendido, le pidieron que les diera clases particulares. Tuvo hasta veinte alumnos; a cada uno le cobraba tres pesetas al mes. Pero no era tanto el dinero lo que le importaba, sino que «en lo que mi inteligencia y mis conocimientos alcanzaban, yo deshacía un poco la injusticia que había sentido y había visto en la escuela».

La última anécdota de esta época de la juventud y adolescencia de Manuel a destacar —antes de hacer unas reflexiones sobre su significado— es la siguiente. Parece mentira hoy en día, con la pasión que se siente por el fútbol, que, hasta cumplir Manuel los dieciocho o veinte años, no jugaba al fútbol aquí o por lo menos no se formó un equipo. En cuanto se constituyó, él eligió ser árbitro «porque eso me gustaba más que jugar».

Estas anécdotas desentrañan algunos de los elementos del carácter humano y político posterior de Manuel. Desde muy joven, le vemos como organizador y capitán, pero no participante directo, de los robos de su partida de bandoleros. Se sabe ya más culto, más capaz, que la mayoría de los niños de su edad. En la escuela se rebela contra la discriminación social del maestro al no atender a los escolares pobres. Es su primera experiencia de la injusticia. Con doce años presencia una escena brutal debida a la represión caciquil. Era una injusticia aún peor de la que había experimentado en la escuela. Rechaza un sistema político —el monárquico en este caso— que permite tal brutalidad; de hecho, rechaza en el mismo momento la brutalidad en sí. Por el camino de la violencia no se encuentra el mundo mejor y justo que empieza a anhelar.

De adolescente, por experiencia propia, Manuel llega ya a la conclusión de que «la pobreza, el analfabetismo y el caciquismo» eran las mayores lacras que había que eliminar para conseguir este nuevo mundo.

De la pobreza y del caciquismo el joven no tenía soluciones inmediatas. Pero con las clases que daba a sus condiscípulos ponía su granito de arena para solucionar el problema del analfabetismo. No obstante, con una modestia y sentido de la realidad, siempre reconocía los límites de su cultura: «en lo que mi inteligencia y mis conocimientos alcanzaban», me decía muchas veces. A pesar de sus reparos personales, la necesidad de educar a los desfavorecidos llega para él a equivaler a la concienciación política socialista. La única posibilidad de que la clase obrera, los trabajadores pobres pudieran hacer una revolución socialista y democrática residía en que tuvieran la cultura suficiente. Estaba convencido de esta necesidad ya desde muy joven.

Finalmente, su elección de ser el árbitro del equipo de fútbol y no jugador me parece significativa. Por cierto, no tenía una complexión muy fuerte, lo que pudiera haberle influenciado; pero creo que fue por otro aspecto de su carácter: era un moderador nato. Esto no obvió que tuviera sus propios ideales, más bien al contrario: los tenía tan firmes que no le costaba ser imparcial, justo. Se imponía no por el genio, ni por el griterío, sino por la fuerza tranquila de sus argumentos sólidos y convincentes. Lo sé por experiencia propia. Y su esposa, Juliana, y su hija María, también lo experimentaron. No intentó nunca imponerles sus ideas políticas, ni incluso su poca afición por la religión: era asunto de ellas si querían o no ir a la iglesia.

En resumen, como podemos constatar, Manuel combinaba una disposición natural de rebelde con la de organizador y moderador. Era también modesto —demasiado modesto, creo— sobre los límites de sus propios conocimientos. Un hombre paciente y cauto —aunque nunca lo suficiente cauto para Juliana que, inevitablemente, tenía que ser aún más cauta— porque si no, no habría aguantado tantos años escondido.

Sin embargo, su próximo paso de joven puede extrañarnos. En vez de liberarse de la mili como hijo único de un padre a quien mantenía, se fue al servicio. Por cierto, no pensaba nunca quedarse de barbero toda la vida y optó por la carrera militar. Pero pronto ésta le decepciona. «Era ese respeto ciego a la autoridad lo que a mí no me entraba; eso no he podido yo resistirlo nunca, ni aquí ni en el ejército.» La rebeldía se le imponía una vez más. Tras servir un año pudo salir y volver al pueblo.

Era el año 1928. La dictadura de Primo de Rivera duraba aún, pero parecía más endeble, y los socialistas que habían estado en el PSOE y la UGT antes de que se los clausuraran se atrevían a hablar en la tienda del barbero. La mayoría era del campo: colonos, arrendatarios, medianeros, aparceros, pequeños propietarios..., los cuales solían ser socialistas moderados, seguidores de Pablo Iglesias, el fundador del partido. A Manuel, a sus veintitrés años, le gustaba oírles hablar de sus problemas. «Enseguida empecé a ver los sacrificios y el trabajo que tenían que hacer por la tierra, a todas horas del día y de la noche, que no podían decir nunca “ahora se acabó”. Más trabajaban incluso que el jornalero, y que yo en la tienda, y es que allí echábamos horas.»

Por lo que había visto en el ejército y bajo la dictadura de Primo de Rivera, las ideas de estos socialistas le convencieron: «ideas sencillas, porque no tenían cultura para otra cosa, pero lo que decían que hacía falta justicia social, pues me hacía pensar. Luego yo me pensé las cosas solo, en lo que alcanzaba mi inteligencia, porque sabía más que ellos, aunque experiencia práctica tenían ellos más».

Nada más persuadirse de que el sindicato socialista y el PSOE eran la única salida a los problemas sociales mijeños, Manuel, con sus dotes organizativas, se pone a resucitar clandestinamente la UGT y al Partido Socialista. «Nos reuníamos de noche en mi casa, a veces éramos hasta cuarenta o cincuenta. Cuando cayó la dictadura en 1930 y se permitía los partidos políticos, se organizaron de forma legal. En pocos días ya había quinientos o seiscientos afiliados a la organización sindical. Los primeros en afiliarse fueron los jornaleros... Con esa gente no había que hacer propaganda ninguna. Pero los colonos, los medianeros y los pequeños propietarios habían estado siempre más influidos por el cacique, y eran muy conservadores. Yo machaqué sobre ellos, los convencí poco a poco, y al final hice una organización con ellos casi tan fuerte como la de los jornaleros.»

Al año siguiente, en abril de 1931, cayó la monarquía y se proclamó la Segunda República. «¡Figúrese! La monarquía que trajo tantos males a la nación —mucho atraso, mucho analfabetismo, el caciquismo...— acabó tan normalmente, sin sangre. Por eso todo el mundo estaba en los bares y en la calle —menos el cacique y su camarilla, claro— para celebrar, como se hacen esas cosas, con el jolgorio, el beber, gritando “¡Viva la República!”.» Sin más se echó al cacique. La mayoría, socialista, quiso que Manuel fuera alcalde. Él rehusó el cargo. Tenía veintiséis años y se creyó demasiado joven para responsabilizarse de un cargo tan importante. Dijo a uno de los viejos socialistas: «Usted es conocido y tiene personalidad, es mejor que sea usted acalde». Manuel entró simplemente en el ayuntamiento de concejal. Como siempre en él, la ambición política personal no le conmovía. Su perspectiva socialista a largo plazo requería en aquel momento que se dedicara a reforzar la organización sindical y el partido local dado que a nivel nacional el PSOE formaba parte del nuevo gobierno en coalición con los republicanos.

Dos de las reformas que la nueva República se había comprometido a introducir le ilusionaban sobremanera a Manuel. La reforma agraria y la extensión de la escolarización. Por lo que respecta a la primera, él y una mayoría de los trabajadores de la tierra —de Madrid para abajo— se quedaron defraudados. Por lo de la segunda, la ampliación de la enseñanza, el nuevo gobierno cumplió con su cometido.

Muy pronto Manuel entendió las razones del fracaso de la reforma agraria. «El gobierno la dotó de muy pocos fondos para pagar las indemnizaciones de la tierra que se expropiaba. Se necesitaba diez veces más. Pero sin dinero bastante ¿qué se iba a hacer?»

En contra de la política del PSOE, que abogaba por la colectivización de las tierras expropiadas, Manuel, por su conocimiento profundo del campo mijeño, le parecía mejor darles individualmente la tierra a los que no tenían nada, y a los que tenían poca, darles más. Su mayor ilusión era formar una cooperativa agrícola para que los del campo no dependieran directamente del dominio del terrateniente, y que sus productos no tuvieran que ir a parar a manos de los ricos.

Entre tanto, Manuel tenía perspectivas políticas a más largo plazo de la reforma agraria, como me explicó: «Una vez que todos tenían tierra suficiente, estarían más satisfechos, y se crearía una democracia —la primera entre los que trabajaban la tierra—, pero una democracia evolutiva, no revolucionaria».

No hay que creer por este último comentario que, por toda su moderación, Manuel fuera antirrevolucionario. Vio muy claro en el primer bienio, que la República controlaba los resortes políticos del país, pero no los económicos. «El poder político sin el poder económico no es nada», decía. A su juicio, sólo una revolución socialista pero democrática por encima de todo podría acabar con la dominación de los poderes fácticos de la economía. Pero para hacer tal revolución aún faltaba a la clase trabajadora, no la voluntad, sino la cultura necesaria.

Al contrario de lo poco que se hizo por la reforma agraria, mucho se hizo en toda España por extender la enseñanza. En el corto tiempo de 1931 a 1933, antes de subir las derechas al poder en las elecciones de este último año, se crearon en el pueblo cinco escuelas donde antes había sólo dos. Y en el campo, donde más falta hacía, hicieron varias más. Se cambiaron los manuales escolares por otros que, en opinión de Manuel, eran más avanzados. No se enseñaba la religión, como se hacía cuando él era estudiante. Los padres que querían que sus hijos la aprendieran, los mandaban al cura porque era cuestión de la Iglesia.

La separación del estado y de la Iglesia —o sea, que el estado se declaró secular—, las nuevas leyes del matrimonio y el divorcio civil, y la secularización de los cementerios fueron las otras reformas que más importaban a Manuel. Aprovechando la nueva ley, se casó por lo civil en 1935.

Se puede decir que la juventud de Manuel acaba con el primer bienio republicano en 1933. No la juventud política, sino juventud en el sentido estricto de la edad porque ya tenía veintiocho años. Pero creo que faltaría a mi cometido si no indicara brevemente cómo lo que había aprendido políticamente lo puso en práctica en los meses, muy críticos, de antes y al principio de la guerra civil.

Doy un salto al año 1936. El Frente Popular —una coalición de republicanos y partidos de izquierda— ganó las elecciones. Por voto unánime del pleno consistorial, Manuel fue elegido alcalde. Tenía ya pensadas dos mejoras para el pueblo: gestionar una carretera de aquí a Benalmádena para acortar el trayecto a Málaga, y traer el teléfono a Mijas. Manuel decide ir a Madrid —el primer alcalde mijeño en emprenderlo— y hablar personalmente con un diputado por Málaga, bien situado en el nuevo gobierno, con el cual le unía cierta amistad. Éste le consigue la carretera enseguida. El director general de telefónica le asegura el teléfono, pendiente de la entrega de dos mil pesetas. «Yo me vine más contento que unas Pascuas... ¡Cómo iba a saber —ni yo ni nadie— que todo iba a ser para nada, que dentro de poco más de tres meses iba a estallar la guerra civil!»

Al regreso de Madrid, Manuel se encuentra con entre cincuenta y sesenta personas de derechas encarceladas. Nada más enterarse del asesinato en Madrid por dos falangistas de un oficial republicano del ejército y la explosión de una bomba —que no hizo gran daño— debajo de la tribuna presidencial durante el desfile en el aniversario de la proclamación de la República, los trabajadores habían formado patrullas para detenerlos. Manuel se enfada: «¡Qué locura! No se puede detener a la gente sólo porque son de derechas». Y da órdenes de soltarlos.

Este episodio hay que enfocarlo en su justo término. Cuando los jornaleros iban a buscar trabajo, los dueños, aun teniendo faenas que hacer, les decían: «Que os dé de comer la República». Preferían dejar perder el cultivo que dar una hora de trabajo a los jornaleros, explicaba Manuel. La situación se empeoraba a tal punto, que él mismo de vez en cuando tuvo que faltar a la ley. «Usted les da trabajo a estos hombres, si no le meto en la cárcel.» Otras veces el sindicato mandaba jornaleros a hacer las labores que se negaba a hacer el dueño, y le obligaba a pagar los jornales. «Sólo con el miedo se podía conseguir algo», me decía. «Es que la burguesía aquí era intransigente. Reaccionaria, tradicionalista, con un miedo atroz al proletariado. Hablando de un socialista parecía que hablaban del demonio. No se daban cuenta de que estaban llevando a los obreros a soluciones violentas...»

Día a día el conflicto se intensificaba y el ambiente se enrarecía —aunque menos que en las zonas latifundistas—. Manuel tenía que estar siempre alerta. El 1 de mayo supo por la fuerza de su carácter evitar lo que podría haber sido un desastre. El gobierno prohibió todas las manifestaciones que no tuviesen garantías, por parte de los alcaldes, de celebrarse con orden. Por falta de teléfono, la noticia le llegó a Manuel tan sólo la noche anterior, igual que al sargento de la Guardia Civil. Era demasiado tarde para garantizar o suspender la manifestación, la primera desde el triunfo electoral del Frente Popular.

Desde temprano del día siguiente, los del campo, animados por la ocasión, empezaban a llegar a la plaza. Allí encontraron al sargento y seis números de la Guardia Civil que los sacaron a la fuerza de la plaza. Una comisión fue corriendo a casa de Manuel para decírselo. «Con quinientos o mil que nos juntamos, y sólo siete de ellos, los vamos a triturar.»

Recordó enseguida Manuel —como se acordaban muchos otros— dos tragedias de principios de la República. En Castilblanco, después de abrir fuego la Guardia Civil sobre algunos manifestantes del campo, éstos mataron a tres guardias con lo que tenían a mano. En Arnedo, los civiles mataron a seis manifestantes, cuatro de ellos mujeres.

Manuel se apresuró a ir a la plaza. Dijo al sargento: «¿Usted está loco? ¡Váyase al cuartel! Usted tiene sus órdenes y yo también. Manifestación no va a haber porque no hay permiso, pero por eso no hay que pegar a las personas ni maltratarlas. ¡Parece mentira que sea usted capaz de coger el fusil contra estas gentes! ¡Vuelvan al cuartel!». Y al personal que había en la plaza le dijo: «Váyanse a los bares o a la Casa del Pueblo o adonde quieran, pero se dispersan, porque manifestación no hay». Si Manuel no hubiera tenido la serenidad que le caracterizaba, Mijas aquel día podría haber entrado en la historia trágica de la República.

Por la noche del 17 de julio, el pueblo se entera por la radio de Ceuta que se han levantado los militares españoles en Marruecos. Al día siguiente se da la noticia de que la sublevación se ha extendido a la Península. Manuel pasa todo el día en el ayuntamiento para impedir que los más exaltados cometan excesos.

En muy pocos días el poder efectivo del gobierno pasa a los sindicatos, que han emprendido la resistencia. Se forman comités populares por doquier para luchar contra la sublevación militar. Manuel se niega a pertenecer al comité mijeño. «Yo veía lo que podía pasar si se achuchaban los más exaltados —en la UGT había un grupo de cincuenta o más—. Querían calentar al comité para coger a todos los que pensaban que eran de derechas, hacer registros a cada momento, meter a la gente en la cárcel, “por la revolución”.»

Pronto empiezan a llegar al pueblo refugiados de las zonas tomadas por el ejército sublevado. Aquéllos cuentan la represión militar, los fusilamientos de socialistas y republicanos. La gente de aquí se enfurece, echa mano de la primera persona que les parece sospechosa y la amenaza con quitarle la vida. Manuel tampoco se libra de las amenazas. «tú tienes amistad con ellos, tú eres otro de ellos encubierto.» Manuel les contesta: «Yo soy más revolucionario que ustedes y más firme en mis ideas porque yo he sido socialista y militante una porción de años, desde que era niño. Y ustedes acaban de hacerse revolucionarios».

A Manuel le costaba mucho relatar los asesinatos que las patrullas anarquistas de otros pueblos vecinos cometieron aquí. Tras uno de ellos decide quedarse todas las noches en el ayuntamiento para impedirles hacer más fechorías. No tardaron mucho en intentarlo de nuevo, como preveía Manuel. Una patrulla de Alhaurín llega de noche, con una lista de catorce «puercos fascistas» que iban a llevar.

«Me quedé mirando a estos anarquistas: “Aquí vosotros no vais a fusilar a nadie. Os doy diez minutos para que os vayáis del pueblo... Si queréis matar fascistas iros a las trincheras, allí es donde se matan fascistas cara a cara, unos con otros. Ya podéis marcharos...”», les dijo Manuel. «Y se fueron volando y no volvieron más.»

Con la modestia que le caracterizaba, Manuel no comentó que la valentia de enfrentarse con la patrulla en defensa de estos hombres le hubiera podido costar la vida. Se limitó a decir: «Catorce personas salvadas. Y entre ellas el hombre que, porque me tenía rencor, fue mi enemigo más grande cuando me estaban buscando después de la guerra. Y no sólo él, sino otros dos o tres que iban en la lista...».

Pero ni siquiera Manuel pudo impedir que exaltados del pueblo matasen al cacique de cuando la dictadura de Primo de Rivera —al cacique anterior ya lo habían asesinado unos anarquistas forasteros—. Una muchedumbre asalta la casa de aquél en la plaza de abajo y queman sus haberes. Enseguida suben a la parroquia, la saquean y queman los objetos religiosos, entre ellos el archivo de la parroquia. «Eso fue una barbaridad, pero es que el pueblo entero se volvió loco, y cualquiera que hubiera intentado oponerse lo atropellan.» Al día siguiente Manuel publica un bando enérgico, para darles miedo, ordenando que todo el que tuviera objetos de culto los entregara en el ayuntamiento. Varios cientos de cosas —entre ellas cálices de oro y ropas de los santos— aparecen, y Manuel las guarda en el ayuntamiento donde los sublevados las encuentran cuando toman el pueblo.

A finales de enero de 1937 el ejército insurrecto —o los nacionales como llegaron a nombrarse— lanzaron una ofensiva contra Málaga. Bastante antes, Manuel se había enterado de que el gobierno republicano no iba a enviar fuerzas para defender Málaga. El interés personal exigía que él con su esposa y su recién nacida hija huyera cuanto antes a la zona republicana de Almería. Quería seguir defendiendo la República. Sin embargo, a pesar de los ruegos de su esposa, se niega a irse hasta el último momento. Le decía a Juliana: «Comprende que tengo una responsabilidad para el pueblo como alcalde». Cuando finalmente se decide era ya tan tarde que tuvo que dejar a su mujer y a su niña en una finca cerca de Málaga para poder escapar a pie a Almería para luchar luego en el ejército republicano.

Aquí acaban las primeras peripecias de la vida de Manuel. Pero quisiera concluir con una observación personal. De todas las personas de las que he tenido el privilegio de conocer, Manuel era una de las más excepcionales. Su fe en el socialismo democrático era inquebrantable; su lucha para mejorar el mundo, de la más admirable. Su respeto para preservar la vida de los adversarios de derechas —que fueran ricos terratenientes o no— demuestra una sensibilidad hacia la vida humana que no siempre era tan común entonces. Sus conocimientos de la historia y política contemporáneas, tanto española como internacional, eran insuperables. Hombre decidido pero modesto en cuanto a su propia persona; pausado, honesto, sin demagogia... Conocerle ha sido para mí un honor, como ha sido el intento de evocar la semblanza de este socialista y rebelde desde sus primeros años.

Capítulo 13

LA TRAGEDIA FINAL DE UNA GUERRA PERDIDA

Quisiera en este texto descender a la microhistoria del final de la guerra, a las experiencias de como vivieron en carne y hueso aquel drama algunos participantes. Gentes normales y corrientes —a pesar de que, en realidad, tales personas no existen—, que lucharon en el bando gubernamental desde el principio de la contienda. Por último, para contrarrestar estas vivencias, me detendré en la odisea de un superviviente del bando opuesto.

Empiezo entonces no por el comienzo sino por el fin de la guerra, cuando varios de los testigos se encontraban confinados en el hacinado puerto de Alicante a la espera de barcos que los pondrían a salvo del enemigo franquista. Entre los quince mil hombres, mujeres y niños apiñados en los muelles estaban, en grupos distintos y sin conocerse, Saturnino Carod, antiguo jornalero aragonés de la CNT; Narciso Julián, ferroviario comunista madrileño; Tomás Mora, ayudante de farmacia y socialista madrileño que venía en aquel momento del frente de Extremadura; Carmen Caamaño, archivera madrileña que se afilió al PCE durante la guerra; y finalmente un tal José Mera, en la preguerra profesor de colegio afiliado a la UGT, y también de Madrid.

En cuanto cayó la capital el martes 28 de marzo de 1939, empezó una huida masiva de Madrid hacia Valencia, aún en manos de los gubernamentales, lo que, entre paréntesis, explica la preponderancia de madrileños entre nuestros personajes. En Valencia, en medio de un caos indescriptible, y al igual que miles de refugiados de todas partes de la zona gubernamental, nuestros testigos recibían una sola palabra de esperanza: Alicante. Allí esperaba un barco, la última posibilidad de escapar.

El miércoles por la mañana, o sea el día siguiente, cuando llegaron los primeros refugiados al puerto alicantino, lo encontraron vacío. Carmen Caamaño, con su hijo recién nacido apretado contra su cuerpo, había conseguido llegar a Alicante dos días antes y el capitán de un mercante inglés le había prometido llevarla. Pero al bajar la pasarela, de pronto aparecieron veinte o más personas que también insistieron en subir a bordo. El capitán les dijo que se fueran, que sólo embarcaría ella. Los otros se negaron, y el capitán dio orden de retirar la pasarela y zarpar. Desconsolada, Carmen se quedó un tiempo en el muelle, viendo cómo el mercante se alejaba, y luego se marchó a buscar refugio para su niño y ella en la ciudad. Por lo tanto no se dio cuenta de la llegada de otro buque el martes —tal vez el buque de salvación tan comentado en Valencia—, que zarpó el miércoles al amanecer llevando solamente un puñado de pasajeros. Sin duda, el capitán temía que miles de refugiados presos de angustia tratasen de subir a bordo, decididos a no ser abandonados a la suerte que les esperaba en tierra.

A pesar de todos los esfuerzos que se hacían para mantener alta la moral, los refugiados que seguían llegando aquel miércoles, al no ver ningún barco, comenzaron a desesperarse. La deserción de la flota gubernamental en los días anteriores había sido un duro golpe. Durante la noche del miércoles al jueves, los refugiados vieron aproximarse dos barcos, separados uno del otro por varias horas. Los ánimos crecieron de pronto. Pero al acercase al puerto habían parado máquinas de repente y, tras virar en redondo, se habían alejado de modo inexplicable.

«Después de la derrota, ahora nos traicionan», pensaba Carmen, que había regresado al puerto; ella estaba segura de que ésta era otra traición de los ingleses y franceses. «Creo que no sería capaz de vivir aquello otra vez. Ver cómo llegaban los buques y luego se alejaban. Una persona no puede soportar tantas emociones.»

Con los ojos fijos en el horizonte, buscando el más leve rastro de un barco, Saturnino Carod, comisario político de la XXV.ª división anarcosindicalista, se imaginaba la terrible escena que tendría lugar si al fin llegara algún buque. Se habían formado comisiones representantes de todos los partidos y organizaciones; se había hablado y hablado con los cónsules locales, especialmente el francés, que les aseguraba que la armada francesa estaba en camino para ayudarles, se habían confeccionado listas y más listas de aquellos cuya vida corría peligro a causa de su pasado político. Cada organización tenía su cuota, que serían las primeras a las que llevarían los buques franceses. El militante cenetista aragonés, que había formado una de las primeras columnas que intentaron retomar Zaragoza de los sublevados al principio de la guerra, estaba en la lista. Pero esto no significaría nada si llegaba un barco, pensó. Estallaría una batalla sangrienta —en su mayoría, los refugiados iban armados, eran militares como él— porque todo el mundo estaba decidido a embarcar. «Esperemos que no lleguen los buques», se dijo a sí mismo, incapaz de apartar los ojos del horizonte con la esperanza de divisar algún barco.

El hombre que permanecía a su lado con un pitillo en la boca, de repente se degolló y cayó al suelo. Casi en el mismo instante, del otro lado del puerto, le llegó la noticia de que un conocido acababa de pegarse un tiro. El suicidio se extendió como una epidemia. Cada vez que se volvía para mirar a algunas personas que corrían, era porque alguien acababa de tirarse al mar. Un hombre se encaramó a una farola y empezó a chillar incoherencias sobre los peligros que les esperaban. Al terminar de gritar, se lanzó desde arriba y se mató al chocar contra el suelo. «Por todas partes veías caras de desesperación. Las mujeres lloraban, los niños se agarraban a las manos de sus madres. Varios hombres parecían al borde de la locura...»

Al igual que Carod, Tomás Mora, ayudante de farmacia en la preguerra y en la actualidad comisario jefe del ejército de Extremadura por el PSOE, pensó que si llegaba algún buque no saldrían vivos. Todo terminaría en una carnicería. Consideró suicidarse. «Pero entonces me acordé de mi madre, mi esposa y mis hijos y pensé: “que me vean morir antes que eso”...»

Al día siguiente, cuando despertó vio que a su lado uno de sus comisarios yacía en un charco de sangre. Era pianista de profesión, y había vuelto de América del Sur para luchar. Durante la noche se había abierto las venas de las muñecas. «Puedo soportar las trincheras —le había dicho más de una vez—, pero no la cárcel o los campos de concentración.»

En medio de tantos horrores, Carmen Caamaño vio a su alrededor a campesinos impávidos que comían de lo que sacaban de sus grandes cestos, impasiblemente, sin ofrecer nada a nadie. Llevaba ella más de un día sin comer, como la mayoría de los refugiados. «Pero el terror —dijo— de no saber lo que iba a suceder era aún más fuerte que el hambre. Nadie les pidió nada, y mucho menos intentó nadie quitarles la comida.»

Empezaron a circular rumores de que el coronel Casado y su séquito, a los que se había visto salir de Valencia en una caravana de coches el miércoles, habían resultado muertos durante el viaje a Alicante. La verdad era bien distinta: no se habían dirigido hacía Alicante sino a Gandía, donde un buque de guerra británico debía recoger a unos prisioneros de guerra italianos aquel mismo día para canjearlos por un número de prisioneros ingleses en Palma de Mallorca. Tras largas negociaciones, Casado y su estado mayor embarcaron y el buque zarpó.

Unas horas antes, Narciso Julián, antiguo ferroviario y por entonces comandante comunista de una brigada blindada, y otros militares comunistas habían llegado a Gandía. Aún no había arribado ningún buque de guerra, y un oficial británico les insistió en que los barcos aguardaban en Alicante. Hacia allí se pusieron en marcha. Tampoco había buques en Alicante.

Era una locura, una trampa quedarse en el puerto, pensó Julián. Había que escapar mientras fuera posible. Cada vez eran más frecuentes los rumores de que los italianos estaban cerca. Uno de sus hombres, que era mecánico, trataba de habilitar un barco pesquero para hacerse a la mar. Los motores de las numerosas embarcaciones de pescadores atracadas en el muelle habían sido inutilizados antes de la llegada de los refugiados. Apresuradamente, Julián y otros oficiales seleccionaron a los hombres del cuerpo blindado que escaparían. Como no estaba seguro de si el motor funcionaría, el mecánico lo puso en marcha. ¡Funcionaba! Al oírse el ruido del motor los refugiados, como un solo hombre, se arrojaron de cabeza hacia el barco, que inmediatamente zozobró y se fue a pique. Nadie se ahogó, pero no hubo forma de salvar la embarcación.

Julián y sus hombres recurrieron entonces a la idea que llevaban desde el principio: llenar las mochilas con cuanto tenían a mano y, provistos de armas cortas, encaminarse hacia las montañas. Si les resultaba imposible permanecer en ellas, tratarían de llegar a los Pirineos y a Francia. Se pusieran en camino. Pero ya era demasiado tarde. Apenas llegaron a la carretera, se vieron rodeados por tropas italianas que les hicieron prisioneros.

Durante todo aquel jueves las fuerzas italianas fueron tomando posiciones sin entrar en el puerto. Al día siguiente, el general Gambara, que mandaba la tropa italiana, dijo a los representantes de los refugiados que, en interés de todos, lo mejor era que pudieran marcharse aquel mismo día. Pero los capitanes de un crucero francés y de dos buques mercantes que se preparaban para entrar en el puerto exigieron que, antes de embarcar, los refugiados entregasen todas las armas. Tras muchas discusiones las armas fueron amontonadas, arrojadas al mar o escondidas. Tres buques fueron avistados patrullando a poca distancia de la costa; finalmente, empezaron a dirigirse al puerto. La esperanza renació. Cuando el buque que navegaba en cabeza estuvo cerca, los refugiados vieron que no se trataba de un buque francés sino de un minador franquista, que pronto desplegó una enorme bandera roja y gualda. De la cubierta, llena de soldados, llegaba el sonido de un himno nacional. No tardó en correr de boca en boca la orden dada por el militar que mandaba el minero: «Dentro de media hora tenemos que estar fuera del puerto». Era el fin de dos días de esperanza y desánimo. Los refugiados empezaron a tirar al mar las armas amontonadas, los objetos de valor, las maletas. El agua se tiñó de rojo primero y después de amarillo al hundirse las cajas de azafrán que algunos llevaban para subsidiar el exilio. Los refugiados comenzaron a abandonar el puerto entre dos filas de soldados nacionalistas. Eran tantos que al caer la noche aún no habían salido todos. Saturnino Carod y otros destacados militantes anarcosindicalistas de Aragón se quedaron. Dos de ellos propusieron el suicidio. Carod replicó que no era una solución. «No voy a negarle al enemigo el gusto de fusilarme. Si debo morir, que sea a sus manos. Pero mientras esté vivo, haré cuanto pueda por escaparme. Nuestro deber es seguir luchando...»

Tal como si el escenario del puerto le hubiese hecho imaginar un final distinto de la guerra, Carod pensó que era una suerte no haberla ganado. La lucha entre las fuerzas conflictivas del bando gubernamental habría sido tan salvaje, que al final todos hubieran perecido. La derrota, aun teniendo en cuenta las privaciones y sufrimientos que sin duda les esperaban a manos de los vencedores, era preferible al conflicto interno que la victoria hubiese desencadenado inevitablemente. Llevaba demasiado tiempo vigilando que no le pegaran una puñalada por la espalda... Recordaba la lucha callejera en Barcelona de mayo de 1937, cuando los cenetistas intentaron defender su revolución contra los comunistas del PSUC; la incursión del comandante comunista, Enrique Lister (Líster), y su XI.ª división en Aragón para acabar con el último feudo anarcosindicalista y con las colectividades; evocó que sólo hacía un par de semanas, comunistas y anarcosindicalistas se pegaban tiros en las calles madrileñas. Al recordarlo, de repente se le representó una escena de la ofensiva gubernamental de Teruel, en la que una brigada de su división recibió orden de volver a primera línea. La división había quedado muy maltrecha en la ofensiva y estaba sin equipo ni armas. Pero el comandante García Vivancos, antiguo compañero de Durruti, insistió en que se obedeciera la orden.

Caía una fuerte nevada. En camiones descubiertos, Carod llegó con la CXVIII.ª brigada al lugar indicado. Entró en el puesto de mando, donde encontró a un grupo de hombres sentado alrededor de una estufa. Le ofrecieron café. Empezaron a hablar. «No tardó mucho tiempo —recordaba— en salir el eterno tema de la unidad entre el Partido Comunista y la CNT.» El anarcosindicalista les contestó que el asunto debía tratarse directamente por los jefes de las dos organizaciones... En aquel momento, nada le importaba más que sus hombres helándose fuera y las armas que, según las órdenes, la brigada encontraría allí. Se impacientaba por la demora, cuando uno de los hombres se metió la mano en el bolsillo y sacó un carné del Partido Comunista.

«Coge esto o la brigada no recibirá ninguna de las armas que ves allí.» En un cobertizo vio que había armas suficientes para equipar a sus hombres. «Entre ellas —recordó— había ametralladoras Maxim, cosa que nosotros nunca habíamos tenido.» «Haré que los hombres bajen de los camiones y recojan las armas.» «Eso será sólo cuando aceptes el carné del partido», contestó el otro. Carod le increpó. «Entonces uno de ellos me rodeó los hombros con el brazo y dijo: “Cálmate, Carod, no hace falta ponerte así. Los camaradas no te han planteado la cuestión correctamente. Vosotros los españoles sois todos iguales. No te preocupes, que todo se arreglará”.» Reconoció al hombre: era Ercoli. «Hasta más tarde no supe cuál era su verdadero nombre»: Togliatti, el líder comunista italiano y máximo representante del Komintern en España.

Sin dejarse convencer, Carod salió rabioso de la estancia y mandó a sus hombres dirigirse al cuartel general de otro cuerpo del ejército, cuyo teniente coronel le avisó de un depósito de armas cerca de allí. «Aún no había terminado de decírmelo cuando llegó una señal del frente. Dando un puñetazo sobre la mesa, el coronel exclamó: “¡todo el depósito acaba de ser capturado por el enemigo!”. La contraofensiva franquista había comenzado.»

Dieciséis meses habían pasado desde la batalla de Teruel en la que el comisario del ejército, Tomás Mora, confinado como Carod en el puerto de Alicante, había participado también. El socialista madrileño compartía con el anarcosindicalista el temor a lo que pasaría si llegase un buque, pero no se aventuraba a especular un final victorioso de la guerra porque la había dado por perdida desde la caída del País Vasco, dos años antes. La no intervención había sido desastrosa, tanto por la falta de apoyo de las democracias como por haber resultado en una dependencia gubernamental de la URSS. «Aprovechando el prestigio de la ayuda soviética —ayuda bien pagada, como dijo Prieto— el PCE había crecido sobremanera en afiliados, y los comunistas —según Mora— ofrecían mandos militares a cambio de entrar en el partido.» Sin embargo, lo que más se resentía eran las divisiones dentro del PSOE, a las que achacaba incluso el estallido de la guerra. Si Prieto se hubiera hecho cargo del gobierno del Frente Popular tras las elecciones de febrero de 1936, Mora creía que la sublevación militar con toda probabilidad no hubiese prosperado. Pero Largo Caballero se lo había impedido a Prieto y cuando, ya comenzada la guerra, Caballero fue nombrado presidente del gobierno, su gestión había resultado desastrosa, y la de su sucesor en el puesto, Juan Negrín, aún peor porque se había demostrado ser instrumento del Partido Comunista. «No sé si Negrín estaría convencido de que los comunistas eran la única fuerza real en el esfuerzo bélico, pero sí que se hallaba bajo la influencia de los comunistas.» Recordó que el propio Prieto no había estado a la altura de los acontecimientos por creer que la guerra se había perdido nada más intervenir Alemania e Italia, y que no tuviera esperanza alguna de alcanzar la victoria. «Era contraproducente —pensó— tener un ministro de Defensa pesimista que no creía más que en la paz...» Por cierto, los líderes socialistas no habían dado la talla...

A Narciso Julián, como a otros del Partido Comunista, no le acometían tales dudas. La derrota, por amarga que fuera, sería de corta duración. Unos años, el tiempo que durase la segunda guerra mundial que no tardaría en estallar, porque estaba convencido de que «en el fondo, el país todavía era republicano y demócrata». A pesar del lastre de la no intervención para los gubernamentales, las democracias parlamentarias de Inglaterra y Francia tendrían finalmente que reaccionar contra la amenaza fascista, y el recién establecido fascismo español no resistiría la embestida. La democracia española resurgiría. «La democracia, sí —pensaba— porque la revolución socialista no entraba en nuestro programa. De haberlo hecho habríamos cambiado la fase histórica. Además, si nos hubiésemos declarado a favor del socialismo, ¿qué habrían hecho los países democráticos? Le habrían dejado las manos aún más libres al fascismo...»

Cautivo ya de los italianos y caminando hacia un campo de almendros por la carretera de San Juan, Julián se consolaba con la idea de que «la lucha por la democracia y por el socialismo estaba íntimamente relacionada. Como dijo Lenin, no había una muralla china entre los dos. Con increíble rapidez durante la guerra, se alcanzaban conquistas democráticas que la República no había podido llevar a cabo en la preguerra. No todas ellas estaban orientadas hacia el esfuerzo bélico ya que muchas se hicieron con una visión más amplia de las perspectivas futuras. Por ejemplo, la primera reforma agraria real, más de cinco millones de hectáreas distribuidas, las principales industrias y los bancos bajo el control de los trabajadores —un control que, por cierto, iba a veces demasiado lejos—, la oligarquía barrida... Seguíamos luchando por el socialismo, pero no creíamos, como creían los anarquistas, que todo se pudiera conseguir de un solo golpe».

En cuanto Carod salió en medio de los últimos refugiados del puerto, dos de sus compañeros, a los que no había podido convencer de seguir luchando, se pegaron un tiro en la cabeza. «tal vez —pensaba rumbo al campo de almendros— fuéramos unos soñadores, unos utópicos en querer hacer nuestra revolución. Pero recordemos que hasta el liberalismo fue una utopía antes de hacerse realidad, y entonces lo que pareció una utopía fue el socialismo. Algún día, estábamos convencidos, la utopía nuestra, quizá la más utópica de todas, se haría realidad, porque, si no, el hombre no será nunca feliz.»

La columna de refugiados prisioneros avanzaba por la carretera cuando se cruzó con un carro de basura que avanzaba en dirección contraria. Lo conducía una mujer gorda y sucia. Al pasar junto a ellos, la mujer, con sus rodetes de grasa temblándole, les grito: «¡Asesinos! ¡Rojos!». La mujer —observó un republicano— habría podido ser una de aquellas que hace cien años, al regresar Fernando VII, el último rey absolutista, lo habían recibido con el grito de «¡Vivan las cadenas!».

Los prisioneros fueron segregados e internados en el campo de almendros. A las pocas horas empezaron a coger los frutos tiernos y las hojas de los árboles para comérselos. Luego les tocó el turno a los retoños, e incluso a la corteza. Después los cautivos recibieron la orden de tender alambre de espino alrededor del campo. Mientras construían su propia prisión, a varios centenares de kilómetros al norte, Franco firmaba el parte del final de la guerra. En las prisiones y campos de concentración los sufrimientos de los vencidos no hacían más que empezar.

Desde el campo de los almendros, los presos fueron trasladados al campo de concentración de Albatera, pensado para alojar a unos centenares en vez de los diez mil prisioneros que fueron recluidos en él. El saneamiento y el alojamiento apenas existían; la comida y el agua escaseaban. De todas las regiones de España llegaban falangistas, policías, civiles e incluso sacerdotes en busca de algún prisionero determinado. De los que se llevaron al principio muchos no llegaron jamás a sus pueblos o ciudades natales. Narciso Julián y tres compañeros cavaron un agujero debajo de su tienda, donde se escondían cuando llegaban los grupos en busca de gente. Tras cuatro meses, un compañero, al que habían dado una paliza, confesó que estaba en el campo, y Julián tuvo que entregarse a un hombre que había llegado en su busca. Sin embargo, para entonces ya habían terminado los asesinatos no autorizados de prisioneros y Julián fue encarcelado en la prisión madrileña de Porlier, donde, en compañía de otros dieciséis hombres, fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo que duró exactamente once minutos. Tras ser sentenciado a muerte, Julián pasó un año y diecisiete meses aguardando la ejecución. Cada noche mandaban formar a los reclusos. «A veces —recordaba Julián— el funcionario de prisiones sólo leía el nombre de pila y hacía una pausa que duraba varios minutos. Todos los que se llamaban así pasaban una verdadera agonía hasta que leía el primer apellido. Éste podía ser corriente y, por lo tanto, varios reclusos pasaban otra agonía. Hasta que finalmente leía el segundo apellido...» A Julián le fue conmutada la pena por treinta años de cárcel. Cumplió siete y fue puesto en libertad. Seis años más tarde, en 1952, fue detenido por actividades comunistas, sometido dos veces a consejo de guerra y condenado a veinte años, de los que cumplió dieciocho.

Fiel a su palabra, Saturnino Carod se fugó tras una breve estancia en el campo, unos de los pocos que lo consiguieron. Pasó muchas noches caminando por las montañas hasta poder ponerse en contacto con su esposa, que le ayudó a pasar la frontera francesa. En Francia volvieron a internarlo en un campo de refugiados. Cuando le soltaron, regresó clandestinamente a España para reorganizar la CNT. Fue detenido, sometido a dos consejos de guerra y condenado a muerte. La pena le fue conmutada por treinta años, de los que sirvió dieciocho, y salió definitivamente de la cárcel en 1960.

El antiguo maestro de escuela en Madrid, José Mera, que respondió a la llamada de su sindicato de la UGT en noviembre de 1936 para acudir —sin arma o uniforme— a la defensa de Madrid, fue juzgado por un consejo de guerra sumarísimo en Alicante por «auxilio a la rebelión», que era la acusación de rutina. Ironía suprema, porque los que se habían rebelado contra el gobierno legítimo eran los militares que ahora condenaban por «auxilio a la rebelión» a los que lo habían defendido. El fiscal pidió para él doce años de cárcel, el defensor, al que nunca había visto antes —cosa que también formaba parte de estos consejos de guerra— pidió que la pena le fuese reducida a seis años. El tribunal le condenó a veinte años. «Por lo menos, yo tuve suerte — recordó— porque no me formularon una acusación como a un republicano conocido mío, catedrático de Historia y derechista, a quien, además de las acusaciones de rigor, le hicieron la de “intelectualidad”.»

Mera había sido advertido de antemano de cómo irían las cosas. Durante la guerra había ayudado a proteger a un médico de extrema derecha y a la esposa de éste. A cambio de su ayuda, el médico le había prometido protegerle cuanto le fuera posible si alguna vez se presentaba la ocasión. Cuando así fue, la pareja se negó a ayudarle. Para consolarle, el médico le dijo: «No se preocupe, que a su esposa no pueden fusilarla hasta que su hijo haya cumplido un año».

Para acabar, contrapongo la experiencia, quijotesca tal vez, de un sobreviviente del otro bando. Al estallar la guerra, Juan Crespo era estudiante universitario monárquico, aunque de simpatías falangistas. Al principio de la guerra, tras ir dos veces de voluntario al frente y abandonarlo, se fue por tercera vez en poco más de un mes para unirse a un batallón de voluntarios monárquicos. Detrás dejaba a un tío asesinado, el doctor Casto Prieto, alcalde de Salamanca, eminente catedrático de la universidad y diputado de Izquierda Republicana; otro tío encarcelado por ser pariente del anterior y otro tío más, éste de la CEDA, escondido en la choza de un carbonero... «Era una guerra civil —recordaba Crespo—; el frente era una línea sinuosa que separaba al amigo del amigo, al hermano del hermano, que atravesaba más de una casa, e incluso más de un dormitorio. En mi familia había carlistas, monárquicos, liberales y republicanos. Hice cuanto pude para aliviar el sufrimiento de mis parientes del otro bando, pero seguía luchando por mis ideales: poner fin al caos que había provocado la República, restaurar la ley y el orden, la autoridad y el espíritu nacional. La única cosa por la que no estaba combatiendo era la Iglesia. Luchaba al lado de Franco sin creer en Dios...»

Se hizo alférez provisional y luego teniente al mando de irregulares marroquíes, tropas de choque, y fue herido tres veces en nueve meses. Al final de la guerra se encontraba en un hospital militar. Estaba desilusionado, la nueva España que había esperado ver nacer no iba a materializarse. El recuerdo de la suerte que habían corrido sus tíos no se le borró en el curso de la guerra. «Para que la justicia triunfase —creía—, nosotros necesitábamos demostrar que éramos mejores que los rojos, cuyas atrocidades llenaban las páginas de nuestros periódicos. ¿Por qué entonces habían asesinado a mi tío, que no hizo más que defender sus ideales, que no había hecho daño a nadie? ¿Cómo podíamos hacer una España mejor si nos comportábamos exactamente igual que los del otro bando?»

Un año más tarde, hallándose en Madrid para el último examen médico con el fin de ingresar en el Cuerpo de Mutilados del Ejército, lo que le aseguraría una pensión cómoda de por vida, se encontró en un café con un limpiabotas de una sola pierna. Mientras lustraba los zapatos, éste le dijo: «Bien, teniente, veo que fue herido en la pierna. Yo perdí la mía en una batalla de tanques en esta zona». «Y qué compensación recibe por la herida?», preguntó Crespo. «Ninguna», contestó el republicano; «a los que luchamos en este bando no nos dan nada de nada...»

Asqueado, Crespo no se presentó al examen médico y nunca fue admitido en el Cuerpo de Mutilados. El resto de la vida lo pasó en la pobreza. «¿Qué otra cosa podía hacer yo? Si el régimen iba a excomulgar a media España por haber luchado en el bando opuesto, ¿cómo llegaríamos jamás a curar nuestras heridas?»

Capítulo 14

LA POLÍTICA COMO VIDA DIARIA: LA HISTORIA ORAL Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

En su Arguments within English Marxism,¹ Perry Anderson ha descrito tres áreas cualitativamente diferentes de la acción consciente humana, o actividad, dirigida a un objeto —que puede ser el estudio de la investigación histórico-racional—. Éstas son: 1.º Objetivos «privados» que están «inscritos dentro de las existentes relaciones sociales y típicamente los reproducen: «cultivo de una parcela, práctica de una técnica, mantenimiento de la casa, matrimonio, etc.». 2.º Objetivos «públicos», luchas políticas, conflictos militares, expediciones comerciales, creaciones culturales, las cuales en «su aplastante mayoría no han pretendido transformar las relaciones sociales como tales...», pero han sido marcadas por la búsqueda de objetivos locales dentro de un orden aceptado que los ha enmarcado. Y 3.º Objetivos colectivos que forman parte de un «programa consciente dirigido a crear o remodelar las estructuras sociales enteras» (véase movimientos sociales revolucionarios).

La historia oral, por lo general, ha tenido que ver más con la primera que con las otras dos categorías. Se ha sugerido, no sin razón, que la política, definida como «objetivos públicos», en la segunda de estas categorías, constituye un tema difícil para la historia oral ya que ella afecta al individuo de un modo diferente que las formas personales (categoría 1.ª), las cuales en consecuencia son vividas y recordadas más profundamente.²

Este argumento, creo, se ha propuesto a partir de la experiencia de las avanzadas democracias parlamentarias en los últimos cincuenta años o así, en los que, con algunas excepciones —Francia: las huelgas del Frente Popular en 1936, la resistencia antifascista francesa durante la segunda guerra mundial, el movimiento estudiantil en mayo de 1968—, el movimiento político ha caído dentro de la segunda categoría de experiencia. «Programas conscientes dirigidos a remodelar completamente las estructuras sociales», desde luego, han existido; pero no se han materializado como objetivos colectivos que amenacen seriamente el estado democrático.

Con importantes excepciones —como por ejemplo el movimiento para el desarme nuclear (CND)—, el compromiso político personal (el cual viene a significar como mínimo el reconocimiento individual de la necesidad de unirse en una causa común con otros) para reformar o modificar las relaciones existentes de las fuerzas sociales en pos de objetivos políticos compartidos, se experimenta generalmente de un modo menos intenso que la vida diaria en las democracias avanzadas. Si algunas veces tal movimiento ha estado socialmente extendido, ha tendido a ser con interrupciones temporales o de menor duración, o se ha vivido sobre largos períodos, pero por uno o más pequeños estratos que en otras formaciones sociales. Los objetivos públicos, de gran importancia para los implicados, son perseguidos; pero por definición son limitados, segregados por «espacios» de otro, y generalmente más inmediato, orden de vida diaria, cuya tónica es conformada por las relaciones socioeconómicas prevalecientes (y «aceptadas»). Cuando la política se ha reducido a depositar un voto cada ciertos años, entonces, a fortiori, su impacto en la vida diaria queda más reducido.

Esta categoría de experiencia, en la cual la política se vive discontinuamente, presenta dificultades para la historia oral. No es lo que la gente «ordinaria» —y con esto quiero decir la históricamente inarticulada, esos que hacen y sufren la historia sin que sus voces sean oídas en la historiografía tradicional— recuerda como una parte intrínseca de sus vidas, no es lo que puedan informarnos con igual autenticidad que sus vidas diarias. La memoria, no sólo de la experiencia política individual sino del contexto en el cual ha tenido lugar, se ha reducido. Las experiencias pasadas, que han tenido poca o ninguna proyección en el presente, son «irrelevantes» porque las situaciones en las cuales podrían haber sido llevada a cabo, no se encuentran en el presente, suelen ser olvidadas. La discontinuidad de la experiencia, excepto en dramáticas circunstancias, ciertamente favorece el olvido.

Antes de que despreciemos esta categoría de historia política oral, debemos mirar a un área que descansa en su límite extremo: el área formada a partir de cuando el régimen político que expresa el enmarcado orden de las relaciones sociales entra en crisis. El antiguo régimen se desmorona, uno nuevo intenta consolidarse. Sin ser todavía una amenaza seria al modo social dominante, la fragilidad del nuevo régimen puede resultar en una aceptación sólo parcial de su legitimidad. Tanto las clases dominantes como las dominadas perciben que el nuevo régimen puede no satisfacer sus intereses. Estamos en un área límite entre las categorías 2.ª y 3.ª; los acontecimientos pueden conducir a la categoría 3.ª si la aceptación/negación del régimen nuevo conduce a poner en riesgo el orden social que lo sustenta e igualmente la consolidación del régimen dependerá en gran medida de si pueda o no contener esta amenaza. De todos modos, el compromiso político estará pendiente de la larga carrera hacia la dirección (cerca o lejos de la categoría 3.ª) que este incierto equilibrio finalmente toma.

Éste fue el caso de España en los años treinta. Los cinco años de la República, que fue un intento de resolver la larga crisis de la duradera clase dominante sin trastornar las relaciones sociales fundamentales ni el sistema capitalista dominante, despertó grandes esperanzas, seguidas por una gran desilusión entre el proletariado urbano y rural, con la posibilidad de consolidar un nuevo y verdadero régimen democrático. Entre las clases dominantes, especialmente la burguesía rural, había un extendido miedo de que si el régimen se consolidaba les privaría de una gran parte de su propiedad. La cuestión de la tierra, la religión, la autonomía catalana, la educación, llegaron a ser problemas políticos ya que afectaban a la vida diaria, como desde luego fue la depresión económica mundial y el paro. El estado era relativamente débil, la clase media apenas existía, ni las clases dominantes ni las dominadas estaban totalmente integradas en la democracia parlamentaria, a la cual sus organizaciones políticas apenas podían controlar.

Había una notable, si no simultánea, radicalización de las posiciones políticas ya fuera en la izquierda o la derecha, en parte por el resultado de la creciente politización como consecuencia del aumento de la inestabilidad del equilibrio político. Si no había avance, sólo podía haber retroceso, en cualquiera de los dos bandos que se estuviera. El futuro estaba en juego, y no era abstracto e impersonal.

No quiero exagerar el grado de compromiso político; pero de que estaba realmente extendido pocas dudas podían quedar. Pocas, si acaso ninguna, de las trescientas personas que entrevisté para mi libro Recuérdalo tú y recuérdalo a otros pudieron darme alguna evidencia de cómo la situación política afectó sus vidas. Ello podría expresarse a través de las aspiraciones, miedos, etc., lo cual posicionó opciones fundamentales: las cosas debían cambiar, no se debían permitir que las cosas cambiaran, las cosas estaban cambiando incontroladamente.

La guerra civil resultó de la ruptura, ocasionada en primer lugar por el fallido golpe de estado militar debido a que una parte del ejército no apoyó la insurreción, del tenue equilibrio de las clases. Como el historiador británico Victor Kiernan ha señalado muy bien, la guerra civil constituye un término medio entre revolución y alzamiento/insurrección. En el comienzo de una guerra civil (distinto a revolución) no hay una fuerza hegemónica y un plan en cualquiera de los dos bandos, pero especialmente en el bando progresista: «el programa sólo emerge en el curso del conflicto».² Hacía frente a los combatientes no sólo la política del enemigo en el campo de batalla, sino la lucha por la hegemonía política en su propio bando. La guerra civil, podría decirse, tuvo dos guerras políticas, en cada una de las cuales el futuro de las relaciones socioeconómicas estaba en juego. Era imposible para los españoles en ambos bandos, ya sea por elección o por circunstancias de fuerza mayor, evadirse creyendo en otras opciones políticas fundamentales.³

A través de la guerra, y de la propaganda concomitante, la política llegó a estar imbricada en la vida diaria. Para grandes sectores del bando republicano, pero no para todos, no había duda de que su lucha significaba la remodelación de la estructura social entera del estado español. Y aun los que luchaban para retener la democracia parlamentaria tenían pocas dudas de que en muy significantes aspectos, inicialmente al menos, tendría que ser diferente de la República de preguerra.

A primera vista el bando franquista apareció muy diferente. Aquí la contrarrevolución intentaba restaurar los valores «eternos» y la unidad de España, y bajo este bando, el sistema capitalista no estuvo amenazado por la revolución proletaria. Un paso atrás hacia un pasado autoritario fue justificado ideológicamente como un movimiento hacia un nuevo futuro. Esta dualidad de objetivos era a su pesar, su fuerza. Una nueva sociedad, un nuevo estado —teñido con una retórica fascista y con su consiguiente parafernalia— aparecían en el futuro. En el nivel ideológico la contrarrevolución no estaba totalmente desprovista de experiencia «revolucionaria», aparentaba la remodelación de las estructuras sociales. Y así, aunque parodiaba la tercera categoría, yo diría que la contrarrevolución puede también proveer un área para la historia política oral.

La victoria de Franco consagró la determinación de las clases triunfantes de «abolir» la política —especialmente la política de la clase trabajadora— de una vez por todas. El resultado fue, inevitablemente, la vuelta de las represalias: grandes áreas de la vida diaria, las cuales en una democracia parlamentaria aparecerían fuera de la política, fueron «politizadas», justificando el régimen su existencia por la «paz social» por la cual la clase trabajadora (y cualquier otro opositor) pagó con una dura represión. La huelga era un acto de desafío al régimen. Desde mi punto de vista también el intento de abolir la política sirvió para «congelar» las memorias del pasado cuando la política y la vida diaria no eran dos categorías de experiencia separadas.

Por estas razones la guerra civil española presentaba un terreno ideal para la historia política oral. Pero había una adicional e importante razón: la existencia de una amplia, aunque inadecuada, historiografía. En consecuencia era innecesario establecer hechos generales, fechas, cronología, etc., a través de la evidencia oral, la cual en su lugar se podía concentrar en la experiencia individual. Varios hechos específicos frecuentemente repetidos, o situaciones que la historiografía ignoraba o desfiguraba eran un subproducto afortunado. Pero no tengo duda alguna de que sin esta abundante historiografía, hubiera sido muy difícil hacer historia política oral a esta escala.

En este punto sería provechoso hacer unas observaciones sobre las entrevistas políticas en el contexto que he trazado. En primer lugar, la política puede ser tratada como vida diaria, actividad personal. Las cuestiones que no llegan directamente de la experiencia vivida casi inevitablemente conducen a disquisiciones políticas estereotipadas. En mi caso, yo quería saber por encima de todo lo que mis entrevistados habían hecho, y las circunstancias, las razones de haberlo hecho. La acción revelaba mejor (aunque algunas veces contradictoriamente) la respuesta política del entrevistado en una situación concreta, y de este modo mostraba la textura subjetiva (política) de los hechos.

Secundariamente, la memoria. Era notable que los entrevistados que habían tomado parte de forma activa en las luchas, y que se habían identificado con ellas, eran los que solían tener una memoria más profunda. En una considerable extensión, la memoria política parecía depender del grado en que los participantes sentían que habían tenido un protagonismo personal en el resultado de los acontecimientos; por el contrario, se sentían pasivamente alejados de los acontecimientos en los que no pudieron tomar parte.

La memoria estaba sujeta a significativos silencios, muchos de los cuales a mediados de los años setenta, cuando se hicieron las entrevistas, podrían ser atribuidos a «olvidos» de asuntos política y socialmente inaceptables en aquel entonces: pocos falangistas admitían un pasado fascista; ninguno de los dos bandos admitió haber matado a alguien, cosa increíble en una guerra que duró casi tres años; nadie en el bando victorioso dijo haber luchado por defender el capitalismo; y todavía, una vez que los objetivos ideológicos fueron descubiertos, el orden capitalista fue obviamente la mayor victoria de la guerra.

Este último punto indica una importante potencialidad de la historia política oral: la posibilidad de descubrir subconscientes motivaciones que permanecen bajo la actividad consciente dirigida al objetivo. Vamos a imaginar que a los supervivientes de la guerra civil inglesa en el siglo XVII los pudiéramos hacer hablar. Cuestionándolos cuidadosamente (de una manera que los documentos no pueden ser cuestionados), ¿no nos proporcionarías las claves para juzgar las motivaciones de los que se levantaron en armas? ¿Qué papel jugó la religión, o el naciente capitalismo —o ambos conjuntamente— en el conflicto? Estas motivaciones subconscientes requieren una interpretación cuidadosa y no deben ser hechas a expensas de los objetivos conscientes, pero sí como otra e importante dimensión de la actividad total individual.

La tercera y última, la necesidad del entrevistador de oír atentamente, incluso impávidamente, las experiencias del entrevistado, que pueden ser política o humanamente desagradables. Y más: la necesidad de comprender la experiencia como la vivió el entrevistado, lo que implica situarla en su contexto histórico. Respeto por (lo que no significa aprobación) la experiencia del entrevistado, lo que salvaguarda en parte contra la posterior distorsión o trivialización de la evidencia.

Concluiré considerando dos problemas metodológicos, los cuales, para mí, son fundamentales al usar fuentes orales para la historia política. El primero, común a toda la historiografía, es el desarrollo de los instrumentos conceptuales adecuados. El segundo, común a todo lo que desafortunadamente se ha llegado a llamar «historia oral», como si fuera un departamento distinto de la historia al igual que la económica o social, es que las fuentes primarias, a cuyo parto asistimos en la entrevista, son una construcción del presente, no coetánea de la época histórica que se está investigando. Son relatos subjetivos de cómo se recuerdan actualmente los acontecimientos pasados. Como todos sabemos, la memoria puede ser traicionera y en cuanto a datos objetivos no es del todo fiable. ¿Para qué pueden servir entonces? Una cita de Pierre Vilar, gran historiador francés, nos orientará sobre esto. La historiografía, dice, consiste en «la explicación de la interacción de hechos materiales y de las mentes humanas situada en el tiempo y el espacio».

Las fuentes orales nos facilitan el acceso a las mentes humanas —siempre y cuando atendamos a lo que la memoria puede aportar: una perspectiva sobre el papel de la subjetividad—. Desde esta perspectiva, más pertinentes que los eventos en sí son las motivaciones y esperanzas de los y las que participaron en ellos, porque sin su participación activa es bien probable que los sucesos no hubieran ocurrido, o por lo menos no habrían pasado de la misma manera. Dicho de otra forma, siendo subjetiva, la fuente sirve para informarnos de la praxis: las razones subjetivas de las acciones llevadas a cabo conscientemente para lograr determinados fines; una praxis que sostiene o desafía —y que a menudo sostiene a la vez que desafía— las estructuras sociales existentes, y que puede considerarse, por lo tanto, como uno de los fundamentos del proceso histórico.

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REVISTAS

Revista Historia Militar.

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ARCHIVOS

AHN, Archivo Histórico Nacional.

AGS, Archivo General de Simancas.

AGP, Archivo General de Palacio.

PRO, Public Record Office, Kew.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a las siguientes entidades y revistas su amabilidad en permitirme reeditar algunos ensayos y conferencias que se pronunciaron o se publicaron primero en ellas.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, 1808-1814

Historia, Antropología y Fuentes Orales, n.º 42 (2009), 3.ª época, Barcelona: «La guerra de la Independencia a la luz de la guerra civil. Semblanzas y contrastes».

Universidad de Alicante y Casa de Velázquez, Madrid, La guerra de Napoleón en España. Reacciones, imágenes, consecuencias, (ed.) Emilio La Parra López, Alicante, 2010: «Los levantamientos de 1808».

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales: catálogo de la exposición España 1808-1814. La nación en armas, Madrid, 2008: «La movilización popular», aquí reproducido bajo el título «El pueblo en armas».

Ayuntamiento de Madrid: catálogo de la exposición Madrid 1808, ciudad y protagonistas, Conde Duque, 2008: «La guerrilla».

Biblioteca Nacional de España: conferencia pronunciada en 2008, en un ciclo de conferencias de la BNE sobre la guerra de la Independencia: «El patriotismo popular en la guerra de la Independencia».

Universitat de València, Centre Internacional de Gandia, Conferencia pronunciada en el Coloquio «1808 Guerra, Revolución, Constitución», con el título: «El concepto popular del patriotismo en la Guerra de Independencia», publicado en Encarna García Monerris y Carmen García Monerris, eds., Guerra, Revolución, Constitución, Valencia, P.U.V., 2012.

Obra Social Caja Duero: «Introducción» al diario de D. Francisco Gallardo y Moreno, Noticia de casos particulares ocurridos en la ciudad de Valladolid, año de 1808 y siguientes, ed. facsímil de D. Juan Ortega y Rubio, Obra Social Caja Duero, Salamanca, 2009, reeditada aquí bajo el título «La ocupación francesa por un testigo presencial».

GUERRA CIVIL, 1936-1939

New Left Review, n.º 68, enero-febrero, Londres, 2011: reseña de The Spanish Republic and Civil War, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, por Julián Casanova, versión traducida del libro República y guerra civil, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007, por el mismo autor. La reseña reproducida aquí se reedita bajo el título «Cómo la República perdió la guerra».

Universitat de València, conferencia inaugural pronunciada en el congreso internacional València, capital cultural de la República (1936-1937), (eds. Manuel Aznar Soler, Josep L. Barona, Javier Navarro Navarro), Universitat de València, 2008: «Historia y memoria de los vencidos».

Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Mijas, Málaga: conferencia pronunciada para la conmemoración en 2005 del centenario del nacimiento de Manuel Cortés Quero, último alcalde socialista de Mijas, Málaga, antes de la guerra civil, y después de la contienda escondido treinta años en su casa: «La juventud de un rebelde y socialista andaluz».

Universitat de València: conferencia pronunciada en las jornadas internacionales La oscuridad al final del túnel para conmemorar el septuagésimo aniversario en 2009 del final de la guerra civil: «La tragedia final de una guerra perdida».

Universitat de València, Estudis d’Història Contemporània del País Valencià, n.º 7, 1987: «La política como vida diaria. La historia oral y la guerra civil española».

Notas

1. Entre ellos el ensayo titulado «La mujer y la justicia bajo el Antiguo Régimen: el estupro y las mujeres de clase popular» que responde a dos finalidades: la de acercarnos —en un momento especialmente dramático para ellas— a las jóvenes de las clases trabajadoras y, en cuanto iniciaron un juicio por estupro, constatar cómo el proceso retrataba lo que la sociedad del siglo XVIII concebía como correcto en el comportamiento social-sexual.

2. Véase el capítulo 3, «El Antiguo Régimen español en vísperas de la guerra de la independencia», pp. 47-76.

3. Para otras diferencias al igual que otros parecidos, véase el capítulo 2, , «La guerra de la Independencia a la luz de la guerra civil. Semblanzas y contrastes», pp. 35-47.

4. «If you want to beat Mike Tyson, you don’t invite him into the ring, you invite him to the chessboard», Husam Zomlot, subdirector del departamento de Relaciones Exteriores de Fatah, citado por Shatz, Londres, 14 de julio de 2011.

5. Sin embargo, el agregado militar estadounidense en Madrid, coronel Stephen O. Fuqua, en un informe oficial a Washington fechado el 10 de agosto de 1936, dudaba que la superioridad gubernamental fuera tan clara. Por un lado, el fracaso gubernamental en derrotar a los rebeldes en Guadarrama y las sierras y en avanzar hacia Zaragoza; y por el otro, el éxito de los rebeldes en trasladar las tropas de Marruecos a la Península y de abrir un corredor de Sevilla a Cáceres, enlazando las zonas rebeldes del norte y del sur, eran las razones en las que fundaba sus dudas. Coincidía con el gobierno en que la principal ventaja republicana consistía en sus reservas de oro para comprar armas, pero la política de no intervención —en discusión en aquel momento— podía aún «darle jaque mate» al gobierno al no venderle arma alguna. (Agradezco a la profesora Aurora Bosch haberme facilitado esta información.)

6. Manuel Azaña, presidente de la República, fue tal vez el único que opinó en septiembre de 1936 que la tenía perdida por la intervención/no intervención.

7. De hecho, algunos políticos republicanos como Martínez Barrio, líder de Unión Republicana, e incluso Azaña, se inclinaron por una solución que evitara el desastre de una guerra civil. En la tarde del 18 de julio, Azaña encargó a Martínez Barrio que formara un nuevo gobierno de concentración republicana, y éste intentó en vano llegar a un acuerdo con el general Mola, jefe de la insurrección. Nada más circular rumores de un pacto con los sublevados, partidos de izquierdas y sindicatos tomaron las calles de Madrid obligando a Martínez Barrio a renunciar al intento al amanecer del día siguiente.

8. Togliatti, líder comunista italiano y máximo representante del Komintern en España durante la guerra, en un informe a su organización al final de la guerra, criticó a las fuerzas españolas gubernamentales por no haber intentado levantar a las masas campesinas en la retaguardia enemiga. El hecho de que no se diera cuanta de la represión, que hacía casi imposible tal levantamiento, nos demuestra que la información objetiva faltaba a los más altos niveles de la lucha gubernamental.

9. Véase el capítulo 11, «Historia y memoria de los vencidos», pp. 215-225, donde se abordan otros aspectos del mismo problema; y el capítulo 10, «Cómo la República perdió la guerra», donde se trata brevemente, al final del tema, de la estrategia militar errónea según Anthony Beevor, historiador militar británico.

10. Sobre la resistencia armada, véanse los capítulos 6 y 7 «El pueblo en armas» y «La guerrilla», pp. 117-126 y 127-149, respectivamente.

11. Véase el capítulo 5, «Los levantamientos de 1808», pp. 105-115.

1. In Search of a Past. La edición original, publicada por Verso, apareció en Londres en 1984, y la misma editorial lanzó una nueva edición en 2010. La traducción española la publicó la editorial Alfonso el Magnánimo, en Valencia, en 1988, con el título En busca de su pasado.

2. La excepción fue 1968. A Student Generation in Revolt, una historia oral comparativa de los movimientos estudiantiles de la década de 1960 en Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Italia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1. A pesar de esta confusión territorial, común al feudalismo europeo, las treinta y una provincias en las que Floridablanca, el secretario de Estado de Carlos III, dividió España en 1785 se habían convertido para finales del siglo XVIII en las principales unidades administrativas y fiscales, aunque eso no implica en absoluto que gozaran de aceptación popular como definiciones del lugar de origen o residencia.

2. González Alonso, 1988, Madrid, p. 378.

3. Artola, 1989, Madrid, p. 80.

4. Ruiz torres, 1988, p. 42.

5. Álvarez Junco, 1996, pp. 89-106.

6. Aguilar Piñal, 1989, vol. 2, pp. 57-71.

7. Callahan, 1984, p. 32.

8. Anes, 1976, pp. 80-81.

9. Las dos Castillas, Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia.

10. En comparación, en la Francia prerrevolucionaria la Iglesia tenía entre un 6 y un 10 por 100 de la tierra. (Vovelle, 1981, Barcelona, p. 12.)

11. Callahan, 1984, pp. 39-41, y Pierre Vilar, «Estructures de la societat espanyola cap al 1750. Algunes lliçons del cadastre d’Ensenada», Recerques, I, Barcelona, 1970, p. 46, citado en Fontana, 1978, pp. 58-59; Anes, 1976, pp. 71-72; Herr, 1958, p. 89.

12. Esteban Canales, «Diezmos y revolución burguesa en España», en García Sanz y Garrabou (eds.), 1985 (1), pp. 245-274; Fontana, 1978, pp. 234-242.

13. Leandro Higueruela del Pino, El clero de Toledo desde 1800 a 1823, Madrid, 1979, pp. 54 y 72, citado en Callahan, 1984, pp. 16-17.

14. Anes, 1976, p. 77; para Andalucía, véase Bernal, 1979, pp. 65-66.

15. A diferencia de los conventos de frailes, muchos monasterios se encontraban en el campo y ejercían un señorío eclesiástico sobre las poblaciones circundantes. Al parecer, su reputación como opresores era con frecuencia peor que la de los señores seculares.

16. Callahan, 1984, p. 21.

17. Ibid., 1984, p. 24.

18. Informe del visitador diocesano Juan Álvarez Lorenzana al cardenal Borbón, 10 de agosto de 1803, en Rodríguez López-Brea, 1996, p. 48.

19. Álvarez Santaló, 1988-1989 (1), pp. 578-579.

20. Callahan, 1984, p. 71.

21. Moral Sandoval, Introducción, 1989, pp. xiv-xvi, para detalles sobre las publicaciones; Herr, 1958, pp. 357-358, para el caso de Adam Smith; Defourneaux, 1963, para un estudio general sobre los libros franceses prohibidos.

22. A Posse le había denunciado un colega con el que había hablado con franqueza en contra del Santo Oficio por haber prohibido las obras de tamburini (Posse, 1984, p. 69).

23. Domínguez Ortiz, 1976, p. 40.

24. Domínguez Ortiz, 1991, p. 7.

25. Mientras que en Inglaterra, los hijos de un noble eran plebeyos desde un punto de vista legal, en España y Francia eran legalmente nobles. La «hidalguía universal» que reclamaban los vascos se fundaba en la idea de que, no habiendo sido conquistados por los musulmanes, todos los vascos de nacimiento podían remontar su ascendencia hasta las casas nobles vascas sin verse «contaminados» con «sangre» musulmana o judía.

26. Para una comparación aproximada, en 1790 la nobleza inglesa la conformaban unos ciento treinta y cinco individuos (excluidos los baronets, pero incluidos los pares) de una población total de alrededor de nueve millones, y éstos poseían entre un 70 y un 75 por 100 de la tierra. La aristocracia francesa, con un total de quizá doscientos treinta mil individuos (algo menos del 1 por 100 de una población de veintiocho millones), poseía no más del 30 por 100 de la tierra.

27. En comparación con los 11.921 pertenecientes a la corona, según el censo de 1797 había 8.681 señoríos seculares, 2.591 pertenecientes a la Iglesia, 1.325 pertenecientes a los monasterios y 712 pertenecientes a las órdenes militares. Las mayores concentraciones de señoríos estaban en las dos Castillas, Galicia, Extremadura, el oeste de Andalucía y Valencia. (Anes, 1976, p. 58.)

28. Palacio Atard, Madrid, 1952, p. 23.

29. Anes, 1976, p. 254.

30. Windler-Dirisio, 1995, y Carrasco Martínez, 1995, sobre Medinaceli e Infantado respectivamente.

31. El equivalente al mayorazgo existía en Francia, Italia e Inglaterra. En este último, el strict settlement, fue uno de los factores que contribuyeron al surgimiento de las grandes haciendas inglesas. En el reino de Castilla, donde la costumbre eran las herencias divisibles, el efecto del mayorazgo solía ser la creación del derecho de primogenitura para los varones.

32. Anes, 1976, p. 124. En Castilla la Vieja, por ejemplo, la desposesión de los minifundistas y arrendatarios en favor de los vínculos de la nobleza y la Iglesia en el siglo XVIII, con el consecuente incremento monetario o su equivalente a la cosecha de los arriendos y los impuestos para los arrendatarios restantes, los contratos de arrendamiento cortos y la creciente presión fiscal del estado, se cobraba un porcentaje mayor del excedente que en el siglo XVI, pero dejó la producción agrícola algo por debajo de los niveles alcanzados durante su expansión en la segunda mitad de ese mismo siglo. A finales del siglo XIX, sin apenas avances tecnológicos en el sector agrario en relación a la centuria anterior, la producción agrícola de Castilla la Vieja se mantuvo por encima del aumento de la población. (Alberto Marcos Martín, «El mundo rural castellano del siglo XVIII a la luz de algunos estudios recientes», en AA. VV., Coloquio internacional Carlos III y su siglo, Universidad Complutense, Madrid, 1990, vol. 1, pp. 981-996.)

33. García Sanz, 1985, « Introducción», p. 21.

34. Veáse Elorza (ed.), 1971, p. 18.

35. Para el período 1793-1797, véase Cepeda Gómez, 1986, p. 159.

36. Los pocos plebeyos que lograban ascender rara vez llegaban más allá del grado de teniente; al cambiar el siglo, menos del 5 por 100 de los capitanes eran personas que no pertenecían a la nobleza, y no había ningún teniente coronel (o cualquier grado superior) de origen plebeyo.

37. Esdaile, 1988, p. 22.

38. Roura i Aulinas, 1993, pp. 157-158, para las proporciones; Cepeda Gómez, 1986, pp. 157, 178 y 187, para la politización de los oficiales.

39. Cepeda Gómez, 1986, tabla: «Personal del ejército entre los años 1788 y 1817», p. 160.

40. Floridablanca, «Instrucción reservada...», citado en Cepeda Gómez, 1986, pp. 153 y ss.

41. Después de 1784, hubo un déficit anual de 17.500 hombres para un ejército permanente de 59.000, lo que significaba que sólo seis de los cuarenta y nueve regimientos lograban reunir los dos batallones establecidos por la norma militar; y fue necesario disolver varios regimientos de mercenarios extranjeros por falta de voluntarios. (Esdaile, 1998, p. 14.) Además, por regla general, los números del ejército en el papel nunca coincidían con la cantidad de efectivos realmente preparados para el combate.

42. La proporción española era 1:160; la de Prusia, 1:29; la de Austria, 1:96; y la de Rusia, 1:120. (Roura i Aulinas, 1993, p. 157.)

43. Entre 1797 y 1801, la tasa de deserción en los regimientos de infantería españoles aumentó del 5 por 100 del total de efectivos de la infantería a más del 9 por 100. Los desertores superaron las bajas mortales en el mismo período en un 13 por 100. (Andújar Castillo, 1991, pp. 93, y tabla 1, p. 94.)

44. Teniente general Franciso Javier de Negrete, «Estado en que se hallaba la Ynfantería Española en fines del año 1801 y principios del de 1802 ... por el Ynspector de dicha arma... », citado en Andújar Castillo, 1991, p. 94.

45. R. Salas Larrazabal, «Los ejércitos reales en 1808», Madrid, 1983, p. 432, citado en Enrique Martínez Ruiz, «La presión de las guerras revolucionarias sobre el ejército español», AA. VV., 1991, p. 97.

46. Andújar Castillo, 1991, pp. 59-60.

47. Desde mediados del siglo XVIII, la cría de caballos se había desatendido en España debido a la adopción de la mula como principal animal de tracción y transporte, usado incluso por la nobleza y los ricos en sus carruajes

48. Sobre todos estos problemas administrativos, véase Esdaile, 1988, pp. 3-4.

49. Cepeda Gómez, 1986, p. 165, explora esta crisis de identidad.

50. Miguel Alonso Baquer, citado en Cepeda Gómez, 1986, p. 165.

51. Esto no quiere decir que la Ilustración española no tuviera su propia trayectoria y diferencias «generacionales». Estaban aquellos nacidos alrededor de 1720, en particular Floridablanca y Campomanes, que formaron la generación de políticos reformistas de Carlos III; aquellos nacidos hacia mediados de siglo, hombres como Gaspar Melchor de Jovellanos, a quien normalmente se considera el mayor representante de la Ilustración española; y, por último, los nacidos alrededor de 1770, como Manuel Quintana, el reverendo José María Blanco y el clérigo librepensador José Marchena, para nombrar sólo unos cuantos de los que participaron en la guerra napoleónica en un bando o en el otro y que representaron el cambio, no sólo del siglo XVIII al XIX, sino de «una España a otra». (Domínguez Ortiz, 1984, p. 477.)

52. Estas reformas incluyeron abolir la intervención estatal o municipal a la hora de fijar el precio del grano (lo que acabó con la costumbre de subsidiar el pan de los últimos tres siglos) y en la determinación de los salarios y los contratos de alquiler. Igual, si no más significativa, fue la propuesta de alquilar anualmente parcelas de tierra municipal a los campesinos sin tierras que tuvieran una cantidad suficiente de animales de tiro para labrarlas, una propuesta que, por lo general, las oligarquías locales consiguieron eludir.

53. Varela, 1988, p. 230.

54. Jovellanos, por ejemplo, fue en gran medida quien fomentó el mito de que las «leyes fundamentales» de la España medieval habían sido las garantes de las libertades tradiciones del país y la «voluntad general» a través del poder que los tres estados compartían con el rey en las Cortes. Lo que se necesitaba para garantizar de nuevo esas libertades era, en su opinión, volver a esas leyes que el absolutismo había destripado.

55. «Simulacro yerto» fueron sus palabras en A Juan de Padilla, 1797, obra que no se atrevió a publicar hasta 1808 «porque el temor causado por la opresión no lo permitió».

56. Un patriota avant la lettre, Quintana empleó su poesía y teatro para fines ideológicos y políticos como ningún otro poeta español de este período. Su oda A Juan de Padilla, el líder de la revuelta de los comuneros castellanos del siglo XVI contra Carlos I, el primer monarca de la casa de Austria en el trono español, fue un himno a las virtudes de la patria y una denuncia indignada del «yugo infame» que entonces oprimía a «un pueblo fuerte y generosos»; y su siguiente obra, el drama Pelayo, sobre el monarca visigodo del siglo VIII que inició la prolongada reconquista de España de manos de los musulmanes, recordaba a su público lector una patria gloriosa, que rechazaba la dominación extranjera, los monarcas impuestos y el absolutismo.

57. La frase es del reverendo Josef Blanco y proviene de su informe a la Comisión de Literatos del Real Instituto Militar Pestalozziano, 1807.

58. La fortuna media de una muestra de treinta y un nobles sevillanos (ninguno de ellos de las grandes casas, por supuesto, y sin tener en cuenta sus vínculos) era de un millón de reales. [Véase Álvarez Santaló, 1988-1989 (2), pp. 252-254.]

59. Cruz, 1996, pp. 45-47

60. Franch, 1986, p. 283.

61. Álvarez Santaló, 1988-1989 (2), vol. 7, p. 254.

62. Alberto Marcos Martín, 1996, p. 29.

63. El ennoblecimiento no necesariamente significaba que entraran a formar parte de la nobleza titulada; lo más usual era que ascendieran a los escalafones inferiores de la nobleza: hidalgo, ciudadano honrado, caballero.

64. La industrialización catalana fue producto de un complejo social y agrícola particular en el que grandes labradores habían obtenido de sus señores derechos prácticamente perpetuos para usar la tierra, por lo general más de la que por sí mismos podían cultivar, introdujeron la agricultura intensiva en la mejor tierra y dedicaron a la aparcería la tierra menos fértil de las laderas o el monte, que trabajaban labriegos sin tierra, pequeños campesinos y artesanos rurales, por lo general para cultivar la vid. Gran parte del vino producido era de baja calidad, pero se destilaba en licores que pronto encontraron un mercado en las colonias y el extranjero. Aunque los señores se llevaban parte de los beneficios, la agricultura intensiva de los grandes labradores y su explotación del proletariado rural y los minifundistas generó una riqueza que, «en las manos de una pequeña nobleza, que no despreciaba la especulación rentable, y de una burguesía emprendedora», se convertiría en un capital invertido «en las actividades más diversas desde muy temprano». (Fontana, 1988, p. 90.)

65. Molas, 1985, p. 245.

66. El empobrecimiento aumentó por lo general en la Europa preindustrial a finales del siglo XVIII; se ha calculado que entre un 40 y un 50 por 100 de la población se encontraban en el nivel de subsistencia mínimo. (Catherine Lis y Hugo Soly, Poverty and Capitalism in Pre-industrial Europe, Hassocks, Sussex, 1971, p. 139, citado por Sherwood, 1988, p. 61. Para el caso de España, véase Pedro Carasa Soto, «La asistencia social en el siglo XVIII español. Estado de la cuestión», en AA. VV., Coloquio internacional Carlos III y su siglo, Universidad Complutense, Madrid, 1990, vol. 1, p. 432.)

67. Soubeyroux, 1980, pp. 55 y ss.

68. Ibid., 1980, p. 106.

69. Guillamón Álvarez, 1981, p. 127.

70. J. F. Peyron, Nuevo Viaje en España en 1772-1773, en García Mercadal, Madrid, 1962, vol. III, p. 879.

71. Moral Roncal, 1998, p. 149, y Anes, 1976, p. 135.

72. Díez Rodríguez, 1990, p. 45.

73. Toscana en 1770; Francia (brevemente) en 1776 y, de forma definitiva en 1791; Suiza en 1776; Austria en 1786; Gran Bretaña en 1800, mediante la Combination Act (si bien el gremio de los tejedores de calcetines se había abolido en 1753).

74. En el nivel nacional, había poco menos de doscientos ochenta mil maestros artesanos y manufactureros, según el censo de 1797, que agrupaba ambas categorías; constituían, por tanto, el 2,7 por 100 de la población. Incluso así superaban por dos a uno a los oficiales (noventa y un mil) y los aprendices (29.754) combinados, lo que indica que, en una elevada proporción, los maestros trabajaban solos.

75. Coroleu, Barcelona, 1946, pp. 35-36.

76. Estas cifras provienen de las minutas firmadas de las reuniones del gremio estudiadas por Moral Roncal, 1998, p. 93. En los encuentros de los sastres, los fabricantes de velas de cera, los curtidores, los fabricantes de pelucas y peluqueros tejedores de esparto y constructores de carruajes entre el 90 y el 100 por 100 de los miembros del gremio firmaba. Los detalles sobre los libros provienen del mismo autor, p. 98.

77. Díez Rodríguez, 1990, p. 121, n. 21.

78. El informe estaba dirigido a la Real Sociedad Económica Matritense, a la que el gobierno había encomendado la tarea de reformar los gremios de la capital.

79. Citado en Moral Roncal, 1998, pp. 138-139.

80. Pérez Moreda, 1980, p. 228.

81. Cabarrús, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública, escrito en 1792 para Jovellanos, enviado tres años más tarde a Godoy y publicado bajo el régimen bonapartista en Vitoria en 1808. Citado en Sarrailh, 1985, p. 25.

82. Las cifras españolas son de Massimo Livi-Bacci, citado en Pérez Moreda, 1980, p. 144; para las cifras francesas, véase Pérez Moreda, ibid., p. 145, n. 28; las cifras inglesas provienen de E. A. Wrigley y R. S. Schofield (eds.), The Population History of England 1541-1871: A Reconstruction, Cambridge, 1989, figura 7.8, p. 235.

83. Aunque casi un tercio de la población nacional tenía veinticinco años o menos, sólo un 28 por 100 vivía para cumplir más de cuarenta años, y sólo algo más del 15 por 100 para superar los cincuenta. El grupo formado por quienes tenían entre veintiséis y cuarenta años, un 22 por 100 de la población, conformaba el resto, según el censo de 1797.

84. Pérez Moreda, 1980, pp. 156-159. La proletarización de los minifundistas y arrendatarios en el siglo XVIII no fue un fenómeno exclusivamente español. Se ha calculado que en Francia la proporción de jornaleros en la población rural aumentó del 12 por 100 a comienzos del siglo XVIII al 33 por 100 en 1789. (Catherine Lis y Hugo Soly, Poverty and Capitalism in Pre-industrial Europe, 1971, p. 139, citado en Sherwood, 1998, p. 61.)

85. Para el caso de Castilla la Vieja, véase Alberto Marcos Martín, «El mundo rural castellano del siglo XVIII a la luz de algunos estudios recientes», en AA. VV., Coloquio internacional Carlos III y su siglo, Universidad Complutense, Madrid, 1990, vol. 1, pp. 981-996. Para Castilla la Nueva, véase María Dolores Marcos González, «Castilla la Nueva y Extremadura», en Miguel Artola (ed.), La España del Antiguo Régimen, Salamanca, 1971.

86. Jovellanos, Memoria sobre los espectáculos, BAE, vol. XLVI, p. 494b, citado en Sarrailh, 1985, p. 30.

87. En Morón de la Frontera, un municipio agrícola grande en Andalucía, las familias más pudientes tenían una media de entre 2,5 y 3 hijos. En el fondo de la escala social se encontraban los jornaleros, pastores y arrieros que tenían, por término medio, entre 2,25 y 2,5 hijos. (Cálculos del autor a partir del Padrón vecindario, 1803, Archivo municipal, Morón de la Frontera, legajo 369.)

88. Pérez Moreda, 1980, p. 174.

89. Ibid. La tasa entre quienes tenían entre dieciséis y veintidós años en Morón de la Frontera era un modesto 4,2 por 100 en comparación con la media del municipio, 10,6 por 100. Aunque de forma menos marcada, un descenso de la media general en el mismo grupo de edad se observa en Igualada, Cataluña.

90. Los jornaleros sin tierra trabajaban (cuando podían encontrar empleo) por término medio, y dependiendo de la región, unos ciento veinte días al año, o un día de cada tres. Con un salario máximo de cuatro reales diarios, aunque lo usual era que ganaran apenas dos o tres, sus ingresos reales cayeron a medida que la inflación aumentó en la década de 1790.

91. Andrés-Gallego, 1991, p. 138.

92. Sobre estas medidas de liberalización véase la nota al pie de la p. 58.

93. Ortega, 1993, p. 42.

94. Dado que este impuesto del 10 por 100 grosso modo se gravaba sobre la producción agrícola, sin tener en cuenta los costes de sembrar y cuidar la cosecha, su costo real para los campesinos, como porcentaje de su excedente, podía ser equivalente a un tercio o incluso más; y al no permitir deducciones por mejoras, desincentivaba la inversión en el aumento de la producción agrícola. La injusticia era evidente para los campesinos, que veían cuán poco del total recibían sus propios párrocos en comparación con los prelados que se quedaban con el 70 por 100. Sin embargo, la negativa a pagar el diezmo era un ataque contra estos últimos y no fue una protesta anticlerical o contra la religión. (Carlos Rodríguez López-Brea, «La crisis del Antiguo Régimen en el Arzobispado de Toledo. El impago de diezmos (1800-1820)», en AA. VV., 1994 (2), vol. 2, pp. 285-293.)

95. Ibid., p. 18.

96. Ibid., p. 84.

97. Saavedra, 1994, p. 330.

98. Cada vez más campesinos jóvenes aprendieron a leer y escribir gracias a que el gobierno extendió la educación básica a los municipios rurales. Al comienzo de la guerra contra Napoleón, la gran mayoría de aquellos que podían escribir su nombre para alistarse en los distritos de Morón de la Frontera en Andalucía e Igualada en Cataluña tenía entre dieciséis y veinticinco años.

99. Aguilar Piñal, 1989, vol. 2, pp. 57-71.

100. Ibid., vol. 2, p. 70.

101. Saavedra, 1994, pp. 331-332.

102. Egido, 1990, p. 774.

103. El mito lo propagó la Iglesia en el siglo XIX en un intento de contener la pérdida de parte de su antigua influencia apelando a los campesinos y las mujeres urbanas que no habían experimentado aún la oleada de descreencia religiosa. (Saavedra, 1994, p. 347.)

1. Antonio Pérez y López, autor del Teatro de la legislación universal de España e Indias (1791-1798), lo entendía como «el acto carnal o ilícito con una mujer viuda que vive honestamente o con una soltera honrada en el que interviene seducción, pero sin fuerza». Citado por Madrid Cruz (2002), pp. 125-126.

2. Jorge Antonio Catalá Sanz, «Bajo la fe y palabra de casamiento. Los procesos por estupro en la Valencia de la primera mitad del siglo XVIII», en Franch Benavent y Benítez Sánchez-Blanco (eds.), 2008, Valencia, pp. 811-829.

3. Ibid., p. 811.

4. Véase Martín Gaite, Barcelona, 1997.

5. Catalá Sanz, op.cit., p. 821.

6. F. Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta, siglos XVI-XVIII, Madrid, 1962, p. 350, citado por Madrid Cruz, op. cit., p. 144.

7. Catalá Sanz, op. cit., pp. 11 y 13.

8. Madrid Cruz, op. cit., pp. 18 y 34.

9. Ibid., p. 34.

10. Anuario de Historia del Derecho Español, n.º LXIX, enero 1999, Vida forense española (siglos XVIII-XIX), «Informe sobre las causas de estupro (t. II, pp. 141-160), consultado en http://vlex.com/vid/vida-forense-siglos xviii-xix.

11. Vigésima primera edición, 1992.

12. Vida del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Obras completas, Madrid, 1974, T. II, parte 2.ª , cap. XXII, p. 662, citado por Madrid Cruz, op. cit., p. 7. Más cerca de nuestros tiempos, la misma autora cita igualmente las palabras de Ortega y Gasset, al considerar que la virtud tomaba en España un carácter espectacular, de tal manera que obligaba al virtuoso a atender en demasía a su virtud, no en sí misma, sino reflejada en el alma del pueblo.

13. Guillamón Álvarez, Madrid, 1981, pp. V, XV y VII. No entro aquí en el tema del pensamiento ilustrado que considerará el trabajo útil como primera cualidad por no ser directamente relevante al contenido de este artículo.

14. Madrid Cruz, op. cit., pp. 5 y 35.

15. Ibid., pp. 131 y 137.

16. Ibid., p. 137.

17. Ibid., p. 8.

18. J. Amar y Borbón, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid, 1790, p. 265, citado por Bolufer, Valencia, 1998.

19. Citado por M. Ortega López, «Protagonistas anónimas del siglo XVIII», en Pérez Cantó y Postigo Castellanos (eds.), Madrid, 2000, p. 226.

20. Ibid., pp. 228 y 229. Si el tribunal del vicariato suponía o conocía la existencia de una posible cohabitación entre la pareja solicitante, las intervenciones clericales eran condenatorias y severas, aclara la misma autora.

21. Citado por Molina Gómez, 2008, http://nuevomundo.revues.org/30556, p. 7, párr. 28.

22. Catalá Sanz, op. cit., p. 827

23. Archivo General de Simancas, Papeles del Gobierno Intruso, Gracia y Justicia, legajo 1106, s.n., Toledo, 10 de octubre de 1810.

24. Ortega López, op. cit., pp. 226-227.

25. Molina Gómez, op. cit., p. 8, párr. 30.

26. Catalá Sanz, op. cit., p. 825.

27. Madrid Cruz, op. cit., p. 131.

28. Ibid., p. 131.

29. Citados por Molina Gómez, op. cit., p. 11, párr. 44, y Madrid Cruz, op. cit., p. 131.

30. Madrid Cruz, op. cit., p. 120.

31. Ibid., p. 131.

32. Catalá Sanz, op. cit., pp. 824-825, fn. 56.

33. Molina Gómez, op. cit., p. 12, párr. 51. Más allá de los pleitos por estupro, la autora ha desglosado 205 expedientes de dispensa matrimonial del siglo XVIII en la Sierra del Segura albacetense en los que el 20 por 100 declaran abiertamente haberse conocido carnalmente antes del matrimonio, y en un 46 por 100 hay sospechas de trato ilícito, o sea, en dos tercios del total de dispensas. (Molina Gómez, op. cit., pp. 4-5, párrs. 12-15.). Estas cifras corresponden al casi 50 por 100 de los solteros franceses de los siglos XVI a XVIII que habrían mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio. (Pablo Pérez García, «La criminalización de la sexualidad en la España Moderna», en Fortea, Gelabert y Mantecón (eds.), Santander, 2002, p. 386, citando a J. L. Flandrin, «Hombre y mujer en el lecho conyugal», en La moral sexual en Occidente. Evolución de las actitudes y comportamientos, Barcelona, 1984, pp. 312-337.)

34. Pérez García, op. cit., p. 356.

35. Memorias del cura liberal don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la Constitución de 1812, ed. Richard Herr, Madrid, 1984, p. 20.

36. Ibid., p. 135.

37. Ibid., p. 139.

38. Ibid., p. 139.

39. Ibid., p. 139.

40. Véase Pérez García, op. cit., pp. 359-360, e igualmente Thomas Laqueur, La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Madrid, 1994, pp. 176-194.

41. Pérez García, op. cit., pp. 360-361.

42. Ibid., p. 358.

43. Ibid., p, 358.

44. Laqueur, op. cit., p. 257.

45. En textos como Los secretos de las mujeres del Pseudo Alberto Magno o las Obras maestras de Aristóteles y El arte del amor conyugal de Nicholas Venette, citados por Pérez García, op. cit., p. 359, fn. 18.

46. Catalá Sanz, op. cit., p. 817.

47. Ibid., p. 819.

48. Véase también J. Gracia Cárcamo, «Una aproximación a las actitudes de las criadas jóvenes sobre la sexualidad y el matrimonio a través de las querellas por estupro en Vizcaya (siglos XVIII-XIX)», en Ängela Rodríguez Sánchez y Antonio Peñafiell Ramón (eds.), Familia y mentalidades, Murcia, 1997, pp. 93-104.

49. Catalá Sanz, op. cit., p. 819.

50. Ibid., p. 819 para estas citas.

51. F. Tomás y Valiente, El derecho penal, op. cit., p. 200, citado por Madrid Cruz, op. cit., p. 150.

52. Madrid Cruz, op. cit., p. 149.

53. Ibid., p. 154.

54. Madrid Cruz, op. cit., pp. 150 y 151.

55. Práctica criminal de España, Madrid, 1828, pp. 164-165, citado por Madrid Cruz, op. cit., p. 152.

56. Madrid Cruz, op. cit., pp. 152-153.

57. Ibid., pp. 164-165.

58. Por cierto, no fue sólo el caso en España. En Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, el Justice of the Peace, de Richard Burn, guía habitual de los magistrados ingleses, dando un buen ejemplo de la vigencia del paradigma de Galeno, establecía el siguiente principio: «El embarazo debería aceptarse como prueba de aquiescencia, puesto que el miedo, el terror y la aversión que acompañan a una verdadera violación impid(en) la aparición del orgasmo, haciendo así altamente improbable la concepción». T. Laqueur, op. cit., pp. 278-279, citado por Pérez García, op. cit., p. 389.

59. Aurelia Martín Casares, «Género, trabajo y marginación: estereotipos explorados desde la antropología histórica», en Castilla y Oliver (coords.), Madrid, 2006, p. 182.

60. La frase es de J. Sánchez Lora, Mujer, convento y formas de religiosidad barroca, Madrid, 1988, p. 61, citada por Madrid Cruz, op. cit., p. 127.

61. Madrid Cruz, op. cit., pp. 127-128.

62. La querella en Sánchez González, Toledo, 2006, pp. 131-133,

63. Pérez García, op. cit., p. 389.

64. Ibid., pp. 386-387.

65. Ibid., p. 388.

66. Molina Gómez, op. cit., p. 11, párr. 46. Además hay que recordar que el clero tenía su propio fuero legal.

67. Catalá Sanz, op. cit., p. 829 para estas citas.

68. Molina Gómez, op. cit., p. 5, párr. 18, y p. 10, párr. 39.

69. Véase, por ejemplo, García Cárcamo, op. cit., p. 95 en el caso de Vizcaya.

70. Catalá Sanz, op. cit., pp. 812-813.

71. En el caso valenciano, siete de las quince víctimas consiguieron casarse con el estuprador —tal vez bajo la amenaza de encarcelamiento si el imputado no se casara— y ocho recibieron reparación económica. Catalá Sanz, op. cit., pp. 827 y 829.

72. Pérez García, op. cit., p. 380.

73. Para el reino de Castilla, las Partidas 4.2.5. declaraban: «Consentimiento sólo con voluntad de casar faze matrimonio entre varón y muger...», con lo cual ninguna otra ceremonia era necesaria para la validez de las nupcias: ni testigos, ni celebración en la iglesia, ni bendiciones sacerdotales. Estos matrimonios, denominados clandestinos o a iuras, resultaban jurídicamente válidos y, como tales, vinculaban a las partes en conciencia, aunque en el fuero externo —canónico y civil, sólo obligaban en la medida en que pudieran probarse—. Enrique Gacto, «El delito de bigamia y la Inquisición española», en Tomás y Valiente, Clavero et al., Madrid, 1990, p.128.

74. Pérez García, op. cit., p. 142

75. Tomás y Valiente, El derecho penal..., op. cit., p. 362, citado por Madrid Cruz, pp. 142-143.

76. A raíz del informe de la chancillería de Valladolid de 1796 sobre el estupro (véase p. 4), una Cédula Real del mismo año anuló, bajo ciertas condiciones que incluían haber entregado finanzas suficientes, el ingreso en prisión antes del juicio. Anuario de Historia del Derecho Español, «Informe...», op. cit., T. ll, pp. 141-160.

77. Madrid Cruz, op. cit., pp. 143-144

78. Ibid., p. 133

79. Pérez García, op. cit., p. 366.

80. Ibid., p. 366.

81. Pérez García, op. cit., p. 380.

82. Catalá Sanz, op. cit., p. 815.

83. Madrid Cruz, op. cit., p. 156.

84. Ortega López, op. cit., p. 219.

85. Bolufer, op. cit., p. 127.

1. García Cárcel, 2007, Madrid, p. 108.

2. Englund, 2004, Cambridge, p. 343.

3. De Juana y Castro, 1990-1991, Ourense, p. 76.

4. Grandmaison, 1905-1913, París, pp. 97-98.

5. Archivo Histórico Nacional, Xavier Aspiroz a la junta de agricultura y comercio de Valencia a mediados de mayo, 1808, Estado, Junta Suprema, legajo 451, folio 174.

6. Fraser, 2006, Barcelona, pp. 128-129 para el caso valenciano y p. 133 para el ovetense.

7. Fraser, 2006, Barcelona, p. 141 para el caso sevillano; Archivo Histórico Nacional, Memorial de Francisco Lluesma y Vicente Rausell a la Junta de Valencia, 20 de septiembre, 1808, Estado, Junta Suprema, legajo 83N, folios 232-233, para el caso valenciano; y Barreiro, Galicia Historia, tomo VII, p. 67 para el caso coruñés.

8. Carantoña, 1984, Oviedo, p. 76.

9. Gómez Villafranca, Extremadura en la guerra de la Independencia, apéndices, citado en Fraser, 2006, Barcelona, pp. 145-148 para este y siguientes datos de Badajoz.

10. Archivo Histórico Nacional, Memorial de Francisco Lluesma..., folios 232-233.

11. Roura, 1993, Barcelona, p. 244.

12. Vilar, 1982, Barcelona, p. 196.

13. Tilly, 1964, 1976, Cambridge, pp. 322-330.

14. Fraser, La maldita guerra..., apéndice 5, pp. 813-821.

1. A los veinticinco años de edad, ya como general (lo que le convirtió en el oficial más joven de su rango en el ejército revolucionario francés), Bonaparte había percibido la resistencia popular española durante la guerra contra la Convención. Advirtió sobre el hecho de que un conflicto territorial en España sería imposible de ganar debido al levantamiento nacional que desencadenaría. Sin embargo, década y media después, y a su pesar, el emperador olvidó la perspicacia demostrada en su juventud. (Englund, Cambridge [Massachusetts], 2004, p. 343.)

2. Nacimientos de niños bautizados cantados desde nueve meses atrás. (Autor, Base de datos Demography: Regional Births, 1800-1817.)

3. Autor, Base de datos Demography: Regional Births, 1800-1817.

4. Véase Claude Martin, José Napoleón I, Rey intruso de España, Madrid, 1969, p. 98, cit. por Marengo, 1989, París, p. 29, nota al pie 38, y Emilio de Diego, «Madrid: de Fontainebleau al Dos de Mayo», en L. M. Enciso Recio (ed.), 1992, Madrid, p. 252.

5. Anónimo (José de Arengo), Madrid

6. Lovett, 1965, Nueva York, p. 135.

7. Ramón de Mesonero Romanos, 1967, Madrid, p. 34.

8. Por levantamiento se entiende no sólo disturbios callejeros, sino la subsiguiente formación de una junta para asumir el poder local o regional. Los ocho focos principales, aparte de Cataluña, estuvieron en Oviedo, La Coruña, Badajoz, Sevilla, Cartagena, Valencia, Zaragoza y Valladolid.

9. Los eventos de Aranjuez también estuvieron organizados por los fernandinos, pero por aquellos que pertenecían a la nobleza con título, casi totalmente ausente de los procesos de planificación y control de las ocho insurrecciones principales posteriores.

10. Tan difundido y pertinaz fue este rumor que, incluso antes de poner el pie en su nuevo reino, José Bonaparte negó oficialmente que se fuera a obligar a los españoles a alistarse en los ejércitos del emperador. No obstante, ciertas organizaciones patriotas, como la Junta Suprema, mantuvieron un clima de inquietud mediante su propaganda en torno a este rumor, que, durante los dos primeros años de la guerra, probablemente influyó más que cualquier otra cosa para mantener viva la causa patriótica en las zonas ocupadas.

11. Acerca de Navarra, véase De la torre, 1991, Madrid, p. 91; sobre Aragón, véase Jean-Louis Reynaud, 1992, París, p. 88.

1. Para detalles completos de esa base de datos y los resultados que se derivan de ella, véase Fraser, 2006, Apéndice 4, pp. 793-812.

2. Debido en gran parte a la formación de cruzadas religiosas, las partidas se componían exclusivamente por clérigos o estaban lideradas por ellos. La abolición bonapartista de las órdenes religiosas de la zona tras la batalla de talavera de 1809 también empujó a unirse a la guerrilla a muchos de los monjes y frailes más audaces, de modo que no resulta sorprendente la proporción de líderes del bajo clero en el movimiento.

3. La guerrilla andaluza empezó tras la ocupación francesa en 1808 en las mismas condiciones geoeconómicas que en el norte: en minifundios y territorios montañosos fronterizos de Ronda y Málaga, conocidos por sus actividades de contrabando, y en Las Alpujarras, Granada, aunque posteriormente se extendió a lo largo y ancho de la región. La Mancha aportó muchos grupos, pero nunca alcanzaron el tamaño de los del norte del Duero.

4. AHN, Estado, legajo 3100/1296.

5. Martín nació en Castrillo de Duero, por donde pasaba una corriente ennegrecida por el barro local o «pecina» como se le llamaba. Por ello, todos sus habitantes compartían este mote en la vecindad.

6. Casinillo, 1995, p. 62.

7. Gómez Arteche en su inmensa historia de la guerra (vol. 11, p. 125) estimaba un total de cincuenta mil, incluyendo a Cataluña y Galicia, que no figuran en los cálculos arriba mencionados. Aún es más, otras 56 cuadrillas aparecen registradas en la base de datos del autor, pero de ninguna de éstas consta el número de hombres en ninguno de los años de la guerra. Con toda seguridad se trataba de pequeñas cuadrillas, ya que normalmente no se anotaba el número de hombres. En caso de ser así, si adjudicamos a estas pequeñas partidas una media de 84,9 hombres en 1811, habría que añadir otros 4.754 guerrilleros alcanzando un total de 60.285.

8. Éstas eran las divisiones guerrilleras de Porlier («el Marquesito»), Longa, Espoz y Mina, Merino («el Cura») y Renovales con la brigada guipuzcoana de Jáuregui («el Pastor»).

9. Éstos necesitaban una patente real o gubernamental; sin ella se les habría considerado piratas y se les habría condenado a muerte automáticamente.

10. AHN, Estado, legajo 11/12: «Instrucción que su Magestad se ha dignado aprobar para el corso terrestre...». Sevilla, 17 de abril de 1809.

11. Horta Rodríguez, «Legislación guerrillera en la España invadida (1808-1814)», Revue Internationale d’Histoire Militaire, n.° 56, Madrid, 1984, pp. 157-194.

12. AHN, Estado, legajo 51A/6, Alcalá Galiano a Martín de Garay, secretario de la Junta General Suprema, Sevilla, 10 de abril de 1809.

13. Horta Rodríguez, «Aportación a la historia del guerrillero Don Miguel Díaz», Revista Historia Militar, n.° 23, 1967, Madrid, pp. 31-75.

14. Schépeler lo contrastaba con «un terreno demasiado dividido en trozos» que no era apropiado para un guerrilla duradera, ya que el enemigo podría ocupar unos cuantos puntos ventajosos para obstaculizarla y ponerla en dificultades; un terreno así habría sido más apropiado «para la guerra que llevaban a cabo las grupos del ejército regular» (Schépeler, 1829, vol. 1, p. 75, fn. 2).

15. Horta Rodríguez, «Prólogo a un guerrillero, el sargento Sánchez», Revista Historia Militar, n.° 34, 1973, Madrid, p. 46.

16. Citado en Sánchez Fernández, 1997, p. 18.

17. AGS, Papeles del Gobierno Intruso, Gracia y Justicia, legajo 1145, documentos capturados al comandante Eraso, subordinado de el Empecinado, Guadalajara, 1811 n.d.

18. Basada en el 10 por 100 de aquellos cuya edad se había registrado.

19. Cifras de Massimo Livi-Bacci en Vicente Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX, Madrid, 1980, p. 144.

20. Tone, 1994, pp. 102-103.

21. Ibid., 1994, pp. 116-117.

22. Citado por Aymes, 1990, p. 58.

23. Coronel Lorenzo Ximénez, Breve noticia del célebre partidario el Coronel Don Francisco Espoz y Mina..., 1811, Cádiz. Citado por Moliner Prada, 2004, p. 56. Ximénez había sido un prisionero de guerra que los franceses llevaban a Francia, cuando Espoz y Mina atacó la columna el 25 de mayo de 1811 y lo liberó junto con otros.

24. Anon (atribuido a Francisco Gallardo y Merino), 1886-1989, pp. 256-257.

25. Este batallón alavés formaba parte formalmente de la división Navarra de Mina, pero rara vez luchaba al lado de las otras cuatro.

26. Los 58 prisioneros británicos, en lugar de aprovechar la oportunidad de escapar, recuperaron los mosquetes franceses y dispararon contra la guerrilla, informa el general imperial Cafarelli. (Tone, 1994, p. 120, fn. 39.)

27. PRO, F0/72/116/36v-37, ibid., pp. 116-147 y ss. Este último era el propio balance de Mina enviado al general-brigadier Walker del «Campo del Honor» de Navarra en junio de 1811 y traducido al inglés. También Tone, 1994, p. 131.

28. Carta interceptada citada en Tone, 1994, p. 131.

29. En mayo de 1812 los franceses tenían 230.000 tropas en España. Seis meses antes la cifra había sido de 310.000. De hecho, Napoleón solamente retiró los 27.000 hombres de la Guardia Joven y de los regimientos polacos para su campaña de Rusia; el déficit restante de 50.000 hombres que no fueron reemplazados se había debido a la lucha y a las enfermedades. (Glover, 1974, p. 190 y nota al pie.)

30. Espoz y Mina, Memorias, Madrid, 1851-1852/1962, vol. 1, p. 86.

31. Alexander, 1984, p. 196.

32. Tone, 1994, pp. 141-142.

33. Alexander, 1984, p. 125.

34. Pérez Delgado, 2002, 186.

35. Desgraciadamente la base de datos no habla del tamaño de su banda, de sus orígenes ni si Tomasillo era su nombre auténtico o su nombre de guerra.

36. AGP, Gobierno intruso, C.75/11, Añover del tajo, 3 de abril de 1811.

37. Este informe y todos los siguientes del Ministerio de la Policía y de la Policía secreta son de AGS, Papeles del Gobierno intruso, Gracia y Justicia, legajos 1145-1151, documentos sin numerar.

38. Mesonero Romanos, 1967, p. 43.

1. Archivo General de Simancas (AGS), Gracia y Justicia, Papeles del Gobierno Intruso, legajo 1147 s.n., por la denuncia de García Pardo del 6 de octubre, 1809; el decreto real de deportación, que incluye a otro oidor más de la chancillería, del 17 del mismo mes, ibid., legajo 1145 s.n.

2. Por ejemplo, Libro de noticias de Salamanca que empieza a rejir el año 1796, de Joaquín Zaonero, edición crítica de Ricardo Robledo, Salamanca, 1998; Barcelona cautiva, o sea diario exacto de lo ocurrido en la misma ciudad mientras la oprimieron los franceses, del reverendo Raymundo Ferrer, Barcelona, 1815 y ss., 4 tomos; o el dietario, Noticias sobre la Ciudad de Toro (1756-1870) recogidas por la familia Sánchez-Arcilla, ed. de Luis Fernando Delgado Rodríguez e Hilarión Pascual Gete, Toro, 1989.

3. Uso el término porque así se autodenominaban, sin perjuicio de que los afrancesados se consideraban tan patriotas como aquéllos.

4. Véase Fraser, 2009, p. 19.

5. AGS, op. cit., legajo 1184, s.n., pastoral del obispo, Vicente Soto y Valcarce, sin fecha, y carta a Sebastián Pinuela, a la sazón ministro de Justicia del gobierno josefino, Valladolid, 13 de julio de 1808.

6. Para una discusión más pormenorizada del obispo vallisoletano durante la guerra, y cómo, en efecto, colaboraba con el régimen josefino, mientras se quejaba de los mandos militares imperiales, véase Sánchez Fernández, 2002, Valladolid, capítulo 6.1.

7. Por el tratado de Fontainebleau de 1807, España concedió a Napoleón el derecho de mandar una fuerza expedicionaria a través del país para invadir Portugal y obligarlo a respetar el sistema continental imperial —en efecto, un bloqueo económico de Gran Bretaña—. España acordó participar en la invasión que culminó con la fuga a Brasil de la regencia portuguesa y la ocupación hispanofrancesa de Portugal. Una cláusula secreta del tratado permitía a Napoleón, bajo acuerdo previo español, enviar refuerzos a su ejército en Portugal; el emperador se aprovechó de aquélla —aunque sin permiso previo español— para enviar cien mil tropas a España en el primer trimestre de 1808.

8. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, legajo 5512/21; Hilarión Sancho, Diario de Valladolid, 1886/1989, p. 22; Miguel Artola, 1968, Madrid, p. 54.

9. AHN, Estado, legajo 68D/162, Valladolid, 21 de mayo, 1808.

10. AHN, Estado, legajo 64/20 y 64/170, Valladolid, 29 de mayo, 1808. La «Suprema Junta» a que se refiere la carta era de hecho la Junta de gobierno dejada por Fernando en Madrid cuando comenzó su peregrinación hacia el norte para reunirse con Napoleón. Tras despachar a Bayona a don Antonio, tío de Fernando y primer presidente de la Junta, Murat se hizo con la presidencia de la misma.

11. AHN, Estado, legajo 64/38, p. 29, carta de Cuesta a la Junta de León, s.l., Valladolid, 2 de junio de 1808, en consulta original del consejo de guerra sobre la prisión de Valdés y Quintanilla. Expediente n.º 3.

12. AHN, Estado, legajo 451/142, 144, 174, 180, 185, Sevilla, marzo de 1809 a enero de 1810, para el caso ejemplar de Xavier Aspiroz, intendente de Valencia y destacado godoyista, en una reunión pocos días antes del levantamiento valenciano de los líderes electos de la Huerta. Luego, en marzo de 1809, Aspiroz fue exonerado de su cargo e investigado en Sevilla a causa de su «conducta patriótica» por un juez nombrado por la Junta Central. Éste se negó a tomar en consideración las acciones de Aspiroz anteriores al levantamiento, puesto que «vacilaron, no sin graves fundamentos, todas las autoridades, y cuyas opiniones en aquellos angustiados momentos, no se ha tratado de examinar...». Para exasperación de la Junta, el juez le declaró no culpable de todos los demás cargos, por lo que la Central ordenó a tres jueces que le interrogasen. Éstos recomendaron que fuera suspendido de su cargo de intendente hasta el término de las vistas.

13. Correspondance du Comte de la Forest, ambassadeur de France en Espagne, 1808- 1813, tomo 1, p. 145.

14. Sancho, op. cit., pp. 22-23.

15. Sánchez Fernández, 2002, Valladolid, pp. 47 y 55-56.

16. Véase el capítulo 5, sobre los levantamientos.

17. Gallardo, diario, entrada del 19 de noviembre de 1810.

18. Sancho, op. cit., entrada del 12 de junio de 1808.

19. Aunque parezca que los franceses se enteraron de ellos, ya que, según Gallardo, el mariscal imperial Bessières perdonó «a los que decían eran cabezas de motín» sin ponerles sus nombres. Entrada del 27 de junio de 1808.

20. Sánchez Fernández, op. cit., pp. 155-158.

21. R. García Cárcel, 2007, Madrid, p. 108.

22. Toreno, Madrid, p. 90.

23. AGS, op. cit., legajo 1096, s.n., decreto del mariscal Bessières, del 8 de febrero de 1810.

24. El nombre guerrilla era una traducción literal del francés petite guerre, como fue denominada por los militares franceses una nueva forma de lucha en la que pequeños grupos de soldados reconocían e investigaban las líneas del enemigo, procurándose prisioneros para obtener información sobre la fuerza enemiga, etc. Por ser estrictamente cosa militar, se supone que el término no parecía apto para las nuevas milicias civiles, aunque poco a poco iba imponiéndose en el curso de la guerra.

25. Éstos requerían una autorización real o gubernamental; sin ella serían considerados piratas e inmediatamente condenados a muerte. Para el decreto, AHN, Estado, legajo 11A/12, «Instrucción que su Majestad [la Junta Central] se ha dignado aprobar para el corsario terrestre...», Sevilla, 17 de abril, 1809.

26. Los datos proceden de una base de datos del autor hecha para su libro, La maldita guerra de España, pp. 688 y ss.

27. AGS, op. cit., legajos 1082 y 1106, s.n., respectivamente para los dos decretos reales.

28. Como en las descripciones escuetas de las condenas no siempre se constató que la sentencia se llevase a cabo, van incluidos en las cifras todos aquellos que fueron condenados a muerte, a menos que fuesen oficialmente indultados.

29. Véase Fraser, op. cit., pp. 689-690 citando a Demetrio Martínez Martel y Abadía, Diario de Valladolid, 1887.

30. Sánchez Fernández, op. cit., p. 150.

31. AGS, op. cit., legajo 1084, s.n.

32. Franceschi murió siendo prisionero de guerra. Ortega Rubio pone a Mendieta como Julián de Delica, que era su nombre religioso. El apodo guerrillero de «el Capuchino» era en honor de la orden religiosa a la que pertenecía.

33. Lo interesante de la derrota en enero de 1810 en San Pedro de la Tarce, y la detención de diecinueve miembros de la partida del «Capuchino», reside en que los militares franceses apuntaron meticulosamente —al contrario de los españoles— los oficios de la mayoría de los diecinueve miembros capturados, sin contar a Mendieta. Seis eran pequeños labradores o usufructuarios del dominio útil; tres pastores, un hortelano, un cortador, dos barberos, un remendón, un fraile y cuatro sin oficio especificado. De entre ellos, diez eran «dispersos» o desertores como ponían los franceses, dos de ellos de Andalucía y uno de Madrid. AGS, op. cit., legajo 1086 s.n., 5 de febrero de 1810. Siete de ellos fueron ejecutados en Valladolid, los otros en sus respectivos pueblos «para que sirva de escarmiento». Mendieta no fue ejecutado, sino enviado prisionero a Francia. Antes, comenta Gallardo el 21 de enero de 1810, «se le puso cuarto en casa del General Kellerman, quien le dio buen tratamiento...».

34. Véase, a escala nacional, Fraser, op. cit., capítulo 24, «Cifras de las guerrillas», y Apéndice 4, «La guerrilla»; para la guerrilla vallisoletana, Sánchez Fernández, op. cit., capítulo 2.5, y del mismo autor, La guerrilla vallisoletana, 1808-1814, Valladolid, 1997.

35. AGS, op. cit., legajo 1151 s.n., Valladolid, 17 de junio de 1812.

36. Sánchez Fernández, op. cit., pp. 147-148.

37. AGS, op. cit., legajo 1156 s.n., Burgos, 12 de febrero de 1809.

38. Sánchez Fernández, op. cit., p. 150.

39. Sánchez Fernández, op. cit., p. 198.

40. Fraser, op. cit, Apéndice 4, La Guerrilla, tabla 4.3, p. 795.

41. Aunque ninguna de las grandes partidas combatían en las inmediaciones de Valladolid, dos de las más importantes partidas medianas —de hasta mil hombres— mandadas por Tomás Príncipe y Jerónimo Saornil, luchaban en el contorno de la ciudad. Saornil, de Pozal de Gallinas, veterano de la primera contienda contra la Revolución Francesa, la guerra de la Convención (1793-1795), uno de los prestigiosos jefes de partida, y labrador —igualmente base social importantísima de los guerrilleros—, estaba en la cárcel de Valladolid al principio de la guerra, y se escapó para echarse al monte. Príncipe era vecino de Valladolid y cabo militar retirado. Las partidas más bien pequeñas de hasta 250 hombres, mandadas por Felipe Zarzuelo y Félix Fuentes, éste también labrador —ejecutado en 1810— y ambos de Nava del Rey, y el teniente coronel José Rodríguez Valdés («el Cocinero») entre muchas otras (véase Sánchez Fernández, op. cit., p. 128), fueron de las que operaban en la provincia.

42. Las palabras son de Sánchez Fernández, op. cit., p. 90.

43. Véase la página 33 de Fraser, 2009, Valladolid.

44. Napoleón al conde de La Forest, su embajador en Madrid, 7 de noviembre de 1810.

45. Mémoires et Correspondance Politique et Militaire du Roi Josef..., París, 1854, tomo 7, p. 493.

46. Murió en combate a principios de septiembre del mismo año.

47. El número de muertes en Madrid durante los diez meses transcurridos entre septiembre de 1811 y julio de 1812 se ha estimado en veinte mil. A la luz de las cifras de la policía secreta josefina para el mes de mayo de 1812, este valor resulta exagerado, ya que está basado en uno de los peores meses de la hambruna, suponiendo que todos los demás meses fueron igualmente mortíferos.

48. Sólo de uno de los cuatro diputados se sabe a ciencia cierta su filiación política: Tomás Moyano, oriundo de Serrada, y doctor en leyes por la Universidad de Valladolid, era realista. Sánchez Fernández, op. cit., p. 117.

1. Julián Casanova, 2007, Barcelona. Esta reseña se publicó en New dept Review, n.º 67, 2011.

1. Mi libro sobre la experiencia de Cortés y su familia fue reeditado bajo el título Escondido. El calvario de Manuel Cortés.

1. History Workshop Journal, n.º 8, editorial, otoño de 1979.

2. New Left Review, n.º 120, marzo-abril de 1980.

3. Encontré sólo una persona que permaneció distante, maldiciendo a ambos bandos. A mi pesar, me hubiera gustado encontrar más.

Las dos guerras de España

Ronald Fraser

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