El último volumen de la Historia crítica de los partidos políticos argentinos tiene como centro el período que va desde el golpe de Estado que derribó al gobierno de Hipólito Yrigoyen basta el ascenso del movimiento peronista. Era intención del autor continuar la obra con el estudio de los dos primeros gobiernos de Perón y del proceso que condujo a su derrocamiento, pero dicho propósito no llegó a concretarse, de modo que la misma se cierra con el examen de los acontecimientos que remataron en la jornada del 17 de octubre de 1945. Las categorías analíticas que Puiggrós había trazado en las anteriores secciones de esta Historia critica son puestas al servicio de la explicación de las nuevas alternativas del proceso social argentino: el intento de restauración del orden conservador y la crisis del tradicional modelo liberal, los cambios en el marco económico y la penetración del capital monopolista, la oposición parlamentaria durante la década del treinta y sus insuficiencias, las limitaciones teóricas y políticas de los partidos de izquierda, las nuevas orientaciones de la clase trabajadora y la reconstitución del movimiento popular en torno al eje peronista.

Rodolfo Puiggrós

Historia crítica de los partidos políticos argentinos
(III)

Biblioteca argentina de historia y política - 025

ePub r1.1

et.al 20.04.2019

Rodolfo Puiggrós, 1956

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

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CUARTA PARTE
LA DEMOCRACIA FRAUDULENTA

CAPÍTULO 25
LA ÉPOCA EUROPEÍSTICA

Después de Aristóteles (384-322 a. C.) y de la derrota de los atenienses y tebanos por los macedonios en la batalla de Queronea (388 a. C.), la cultura griega se volvió herencia y como tal se extendió por el mundo sin agregar nada a sí misma en lo que de esencial le dieron sus creadores. Comenzó una época intermedia, llamada helenística o del hellenismus por el historiador alemán Johann Gustav Droysen (1808-1884), que duró hasta el amanecer del orden cristiano feudal.[1] Lo nuevo, lo que se incorporó a aquella herencia y la expurgó de sus costados naturalistas y materialistas para generar la síntesis del pensamiento teológico medieval, vino de afuera de la cultura griega, del fideísmo judío que al cristianizarse se hizo antijudío y reivindicó la igualdad espiritual de los hombres, hijos de un solo acto de creación divina y no divididos por naturaleza en esclavos y amos, como querían los filósofos de la Hélade.

Al denominar europeística a la época actual de Occidente (capitalista y socialista) estamos lejos de establecer una igualdad o comparación mecánica, puramente formal, con lo que fue la época helenística de los siglos (IV a. C.-VI d. C. aproximadamente, según nuestra tesis) de tránsito de la sociedad esclavista grecorromana al orden cristiano-feudal. Tan privada está de validez científica la teoría spengleriana del eterno retorno de los ciclos históricos como la concepción de Arnold J. Toynbee de un relativismo también retornista de la historia. Citamos, en particular, a los autores de La decadencia de Occidente y Estudio de la historia por tratarse de dos eximios y muy representativos pensadores de la época europeística que valorizan al pasado como un todo completo y miran al futuro con escepticismo. Son escribanos que redactan el testamento de la historia. Superiores en extremo grado, por cierto, a los «hechólogos» o buscadores de «datos» al por mayor que venden al menudeo, como si bastara amontonar ladrillos para construir un edificio, Spengler y Toynbee se sienten atrapados y angustiados por una civilización que prosigue sus colosales conquistas en el campo de las ciencias físiconaturales, pero que no puede dar de sí misma un ser superior al hombre histórico que conocemos. Están alienados a la europeística y es ésa precisamente la alienación que nosotros, los de la periferia, debemos negar dialécticamente para realizarnos más allá de la herencia humana que hemos recibido.

Una conciencia más lúcida de la época europeística hallamos en el economista Keynes y en el filósofo Sartre.

La inglesa es de todas las burguesías la primera que comprendió que su reinado termina sobre la tierra, sin duda por haber sido también la primera que generó la revolución económica y técnica del capitalismo desde una concepción individualista y empiroracionalista totalizante. No es casual que Francis Bacon y Adam Smith fueran ingleses y que Karl Marx pensara principalmente en Inglaterra al escribir en Londres El capital. Tampoco lo es que los economistas y políticos más expresivos de Inglaterra contemporánea justifiquen y vean con resignación el desgranarse del Imperio, reconozcan la decadencia nacional y todo lo esperen de una nueva y no descubierta misión para su patria.

Al anunciar en 1926 el final del laissez-faire, John Maynard Keynes anunciaba no solamente el final del liberalismo económico y político, sino también la muerte del Imperio y el término de la misión civilizadora burguesa que Inglaterra había cumplido en los tres últimos siglos. Pero resignación no significó para él cruzarse de brazos. Amaba tan al extremo y estaba tan alienado a las tradiciones del individualismo liberal de la burguesía inglesa que fuera de ellas, como los filósofos griegos fuera de la esclavitud, no concebía más que la caída de la civilización, el triunfo de una nueva barbarie. Su problema, el problema que lo laceró de un extremo a otro de su vida, era encontrar los medios y formas de salvar lo que pudiera salvarse y prolongar al máximo la vigencia de esa civilización desahuciada. Por eso permanecía inmerso en el presente, y no por falta de imaginación, sino por tenerla muy despierta, repudiaba los cálculos a largo plazo. Le angustiaba comprobar que «la provisión de aristócratas liberales se extingue» y que al ocupar las vacantes los hombres de negocios norteamericanos se aceleraba la marcha hacia la catástrofe del capitalismo. Conoció al presidente Wilson en la conferencia de Versailles y lo calificó del «mayor fraude de la tierra».[2]

Abandonó el laissez-faire a su pesar y sin entusiasmo, únicamente porque comprendió que ya no funcionaba. Aceptó y aconsejó, a disgusto, cierta intervención del Estado en la economía, al solo efecto de «ayudar a la iniciativa privada». Como sabía que el retorno ideal a la vieja Inglaterra del liberalismo económico era irrealizable —y, por otra parte, que en el pasado el laissez-faire de la iniciativa privada burguesa siempre contó con la ayuda del Estado capitalista— se conformó con una dosificada economía mixta y heteróclita, pues si la antigua nación imperial no tiene fuerzas para conservar o recuperar sus laureles, tampoco las tiene para un cambio revolucionario. A la obra teórica y práctica de Keynes puede aplicarse lo que dijo John Strachey de los primeros volúmenes de Estudio de la historia de Toynbee: «Un ensayo sobre la desesperación, mitigada tan sólo por los consuelos de la religión».[3] Pero ¿acaso no corresponde el mismo juicio a El fin del Imperio, El capitalismo contemporáneo y los restantes últimos libros del ex ministro laborista? ¿No ven todos ellos a Inglaterra como un «nido de cisnes en un inmenso estanque»,[4] cisnes que agonizan en el atardecer de la época europeística?

También entró en crisis la razón del yo pensante cartesiano, la seguridad de que toda verdad y toda certeza objetiva descansan en la facultad humana de pensar, como única condición de la existencia. La obra de Jean-Paul Sartre es un sostenido esfuerzo intelectual encaminado a revitalizar esa filosofía típica del individualismo burgués, en una época en la cual el pensamiento solitario del yo, o de infinitos yo aislados, naufraga en el escepticismo o salta, al llegar al límite de sus posibilidades a la actividad exclusivamente práctica. El ateo Sartre admite que

«todo está permitido si Dios no existe, y por consiguiente, el hombre está solo y abandonado, puesto que no encuentra, ni en sí ni fuera de sí, una posibilidad a que agarrarse».[5]

Convierte, de tal modo, la desalienación de Dios en un vacío que sólo acierta a llenar de nuevo introduciendo a Dios. No logra salir de la cárcel existencial del yo (sustancia o cosa pensante) de Descartes y, en última instancia, hace de la naturaleza (sustancia o cosa extensa) la materia a la cual el hombre le impone su pensamiento dialéctico y de la cual, por sí misma y a través de la experiencia, no puede inducir leyes generales. De ahí sus vacilaciones y sus dudas, su fe y su desconfianza en el marxismo, su estar y no estar con el existencialismo, sus oscilaciones entre una dialéctica universal y una dialéctica del sujeto pensante ajena a la naturaleza, su querer y no querer la violencia, su desencuentro con Dios y su añoranza de Dios, su búsqueda de los caminos del futuro en los pueblos jóvenes y en las clases sociales no alienadas (o superficialmente alienadas) al racionalismo, al empirismo y al pragmatismo europeísticos y su defensa de la tradición occidental, su desgarramiento en presencia del mundo burgués que se derrumba. Se niega a ser simple heredero, pero su época le condena a ser nada más que el usufructuario de una herencia. La sociedad de consumidores lo ahoga y él, cuya máxima ambición es transformar al mundo, tiene que reducirse a interpretarlo.

La generación de Sartre vivió la más trágica de las experiencias, peor que la muerte física, porque era la muerte de la esperanza. Las derechas le decían que preferían la derrota de Francia a conservar el aborrecido régimen democrático;[6] las izquierdas, enfermas de elefantiasis progresiva, le ofrecieron el paraíso creado al instante por una única revolución mundial, y después la reivindicación de la democracia putrefacta de la IV República. Maltrecha, castigada, humillada por la ocupación nazi y por una liberación que con todo su inmenso heroísmo le dejó el sabor amargo de haber sido la secuencia de la victoria de los nuevos centros del poder mundial, esa generación tampoco se sintió atraída y entusiasmada por el avatar del nacionalismo francés, que —si bien restituyó la economía, se deshizo del fardo costoso e irracional de Indochina y Argelia, y proyectó hacia el exterior la imagen de una nación soberana e independiente— mantiene intactas las estructuras sociales arcaicas bajo las leves pinceladas del neocapitalismo.

Sartre no podía formar escuela y no la formó. Si hay sartristas son admiradores incondicionales del maestro, no discípulos que lo superen desde él mismo. Unos comprenden que «la violencia es la partera de la historia» y no esperan ningún alumbramiento en el mundo europeístico; van en su busca en el otro mundo complejo y ardiente, donde florecen las guerrillas y la visión del futuro no se diluye en los libros, pues se concreta en la conquista del poder por las masas trabajadoras. Otros se sienten perdidos para siempre y recurren a cualquier receta alucinógena (filosófica, literaria o de las otras) para evadirse de la realidad.

«Sartre —escribe el joven filósofo Pierre Trotignon— desemboca en la violencia; nosotros partimos de ella. Con gran honestidad escribió en 1962: “Ustedes ven, yo también, que no puedo desprenderme de la ilusión subjetiva. Yo también digo: todo está perdido, a menos que…” y él agrega: “¿Curémonos? Si…” Hay que ir más lejos hoy: sabemos que no nos curaremos. El cáncer que devoró la libertad arruinando la perspectiva de Sartre al hacer desaparecer su objeto, nos lleva a la muerte… Hoy en día la sociedad occidental en su conjunto se pudre incluido el proletariado”.[7]

«Incluido el proletariado». Esta afirmación es de una gravedad y de una importancia extremas. Pocas dudas hay de que la perspectiva de la evolución pacífica hacia el socialismo, en la visión pasatista de Eduard Bernstein, ha ganado a los actuales partidos comunistas europeos, y las pocas dudas no se disipan invocando tesis generales de Marx, Engels y Lenin acerca del papel del partido en la revolución, cuando es la auténtica vanguardia revolucionaria del proletariado. Se trata de una comprobación empírica que lleva a la conclusión de que, como sucedió en la II Internacional, una vez un partido en esa vía de evolución pacífica (legal, parlamentaria, democráticoburguesa) sus reservas revolucionarias se van agotando rápidamente y sin posibilidad de recuperación. Después de la Revolución Rusa se formaron en el occidente europeo, y en el resto del mundo, partidos comunistas que se proponían la conquista revolucionaria del poder, bajo el estímulo del leninismo y de la Tercera Internacional, es decir de una solidaridad internacional compacta y total, pero el contenido de esa solidaridad se fue desgastando hasta convertirse en una permanente adecuación al ritmo de la política exterior soviética. Partidos gigantes, como los de Italia y Francia, cambiaron su objetivo inicial de la conquista revolucionaria del poder por aquello que hasta la víspera más habían atacado en los partidos reformistas de la II Internacional: el electoralismo y el parlamentarismo en sí, a los que adoptaron como bases y puntos de partida hacia el socialismo. Pero Trotignon no se refiere, en particular a la «podredumbre» reformista de los partidos comunistas, pues de limitarla a ellos siempre quedaría la esperanza de un renacimiento de la teoría y de la práctica revolucionarias por otras vías. Trotignon incluye al proletariado de la sociedad occidental en lo que se «pudre», vale decir que el viraje hacia el reformismo de los partidos comunistas sería la consecuencia y no la causa de la inercia del movimiento obrero. Y así arribamos a la pregunta obligada: ¿está el proletariado de la edad europeística occidental definitivamente perdido para la revolución y el socialismo? Una respuesta afirmativa contrariaría la tesis esencial del marxismoleninismo sobre la homogeneidad del proletariado mundial en su calidad de clase revolucionaria. Como, en rigor científico-dialéctico, corresponde inducir la conciencia del proletariado inmerso en la edad europeística del análisis de su situación particular concreta y no del uso oportunista-idealista del marxismoleninismo para cubrir los firuletes teóricos y tácticos, quedan dos posibilidades:

que el proletariado occidental sea absorbido por el europeísmo (su aburguesamiento o una estabilización de las clases al nivel medio, según la hipótesis de Bernstein, la cual, en definitiva, tendría que ser compartida por todos los que, tanto en el capitalismo como en el socialismo, entran en el proceso de la evolución y de la coexistencia pacíficas), o

que el proletariado occidental salga del europeísmo no por sí mismo, sino a remolque de la acción revolucionaria del proletariado de las zonas atrasadas del planeta.

Obsérvese que, tanto en uno como en otro caso, se descarta una tercera posibilidad: la de que el proletariado de la época y de las regiones europeísticas retome, por sí mismo, la senda revolucionaria.

Lenin descubrió, en su tiempo, que la homogeneidad revolucionaria del proletariado de las potencias capitalistas no era tan absoluta como se suponía, pues las superganancias del imperialismo permitían instaurar una «aristocracia obrera» por naturaleza evolucionista y pacifista, enemiga de los cambios revolucionarios. Esa «aristocracia obrera» ha persistido y se ha desarrollado en los sindicatos y en los partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista con sus funcionarios bien rentados (que invocan el Qué hacer de Lenin para justificar, en condiciones que no son las del zarismo, la vida cómoda de jubilados de una revolución que no hicieron) y convertidos a la evolución y a la coexistencia pacíficas. No se ha desarrollado esa «aristocracia obrera» sólo en función de las superganancias del imperialismo pues en las últimas décadas se han desgranado los imperios, sino también, y sobre todo, de la mayor productividad y de los éxitos de las luchas obreras por obtener una participación creciente en el ingreso nacional. Esto quiere decir que los partidos comunistas terminaron por darle la razón a Eduard Bernstein, su enemigo jurado de tiempos que ya no recuerdan, cuando aseguraba que el socialismo debía concretarse a la conquista de reivindicaciones inmediatas y renunciar a la revolución, lo que significa colocarse en la posición hedonista del consumidor (inclusive del obrero como consumidor y no como productor de riquezas) y olvidarse de una nueva sociedad y de un hombre superior. Tal es la filosofía de la decadencia, en la etapa europeística. Quien se concentra en el consumo no piensa en el futuro, pues el futuro siempre se conquista con el dolor-placer del sacrificio. De ahí que la crisis de la actitud del hombre actual frente a la sociedad y a la vida no se circunscriba al régimen capitalista, sino que se extienda a aquellos sectores donde la civilización científica y tecnocrática se coloca a sí misma como objetivo y desprecia los valores que implican la superación de la especie humana.

Es un lugar común de las críticas al marxismo-leninismo destacar que la experiencia histórica de este siglo desmintió la ley, enunciada por Marx y reconocida por Lenin, de la pauperización creciente de la clase obrera a medida que se desarrolla en el otro polo social la acumulación capitalista. Los profesionales del dogmatismo no favorecen al marxismoleninismo al pretender demostrar lo contrario, o sea que esa ley se cumple por la sola razón que Marx fue su autor y no se equivocó jamás. Basta usar los ojos para ver que, principalmente en los países del área europeística, la mayoría de los obreros vive en condiciones incomparablemente mejores que hace un siglo, además de tener acceso a bienes y servicios sociales antes desconocidos. Pero Marx mismo se anticipó a aquellas críticas, y también a la deleznable defensa del fanatismo que siempre acompaña a la ignorancia. Escribió en El capital sobre este tema:

«Y finalmente, cuanto más crecen la miseria dentro de la clase obrera y el ejército industrial de reserva, más crece también el pauperismo oficial. Tal es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista. Una ley que, como todas las demás, se ve modificada en su ^aplicación por una serie de circunstancias que no interesa analizar aquí».[8]

La «serie de circunstancias» que ya en tiempos de Marx comenzaba a modificar la tendencia del capitalismo a la pauperización creciente, y que él constató, ha ido pesando día a día más en el sentido de acrecentar los ingresos y elevar la situación social de los trabajadores urbanos y rurales de los países europeísticos. Librado a sí mismo, en pleno reinado del laissez-faire, el capitalismo habría cumplido la ley de la pauperización creciente del proletariado, pero las luchas de éste por el mejoramiento de sus condiciones de existencia, a través de sindicatos y partidos, fueron las «circunstancias» que lo salvaron de caer en los extremos de una pobreza generalizada.

Lenin previó que la «serie de circunstancias» tendría efectos contradictorios en la clase obrera. Por un lado, le aseguraba mayor parte en la distribución de los ingresos; y, por el otro lado, apagaba su conciencia revolucionaria, la hacía conformista y cerraba el paso al socialismo. Por eso combatió con tanta energía al reformismo y al economismo tradeunionista.

En las zonas periféricas, donde la época europeística se proyectó desde arriba mediante la penetración del imperialismo, el cual no logró asimilar a aquéllas en profundidad a su propio modo de vida, la situación es distinta. Señala Gunnar Myrdal:

«Más de las dos terceras partes de la población del mundo tío soviético vive en países en donde el ingreso real por persona es tan sólo una pequeña fracción del de los países desarrollados, y de hecho es bastante inferior al que ya habrían alcanzado estos últimos antes de que comenzaran a desarrollarse rápidamente hace un siglo o más […] En las últimas décadas las desigualdades entre los países desarrollados y los subdesarrollados han ido en aumento […] En los países pobres individualmente considerados, no ha tenido lugar el proceso tendiente a la igualdad que experimentan actualmente los países ricos. La mayoría de los países más pobres han conservado las mismas desigualdades entre individuos, clases sociales y regiones que han existido siempre, y en muchos de ellos continúan aumentando esas desigualdades […] La pobreza se transforma en su propia causa».

Y cita el siguiente apotegma de San Mateo:

«Porque al que tiene se le dará y abundará; pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará».[9]

Myrdal, ex secretario de la ONU en Europa, y el bíblico San Mateo coinciden con la versión marxista de la ley de la pauperización creciente. En los países donde esta ley se manifiesta con mayor evidencia, la «serie de circunstancias» se da en grado embrionario, o no se da en absoluto, de tal modo que no queda otra salida que la destrucción del orden establecido. ¿Puede extrañar que en esos países el reformismo —y sus corolarios: la evolución y la coexistencia pacificas— goce de escasas simpatías y, en cambio, madure la conciencia revolucionaria? La insistencia de las izquierdas reformistas en uniformar a la humanidad, bajo los patrones de la época europeística, tropieza en esos países con resistencias invencibles a la contaminación de los virus de la decadencia.

Otro tema de controversia, cuyo análisis contribuye a esclarecer el carácter de la actual etapa histórica, es el de la crisis general del capitalismo. También aquí los críticos del marxismo-leninismo niegan que los hechos confirmen la existencia de tal crisis.

La idea se acuñó en los años que siguieron a la Revolución Rusa, después de la primera guerra interimperialista. Se le dio, al principio, un sentido catastrófico que correspondía a la creencia en la revolución mundial a corto plazo. El capitalismo se despedazaría minado por sus antagonismos internos, y los obreros y campesinos conquistarían todo el poder para los soviets. Esta consigna cubrió el planeta.[10] Un ciego determinismo empujaría a la burguesía al precipicio, mientras la conciencia y la lucha del proletariado de todos los países, aliado a los campesinos y dirigido por su vanguardia comunista, instauraría el nuevo orden social. Pronto, como en el caso de la pauperización creciente, una «serie de circunstancias» modificó el cuadro previsto.

Ante todo, la burguesía, en particular la de las potencias imperiales, defraudó a quienes esperaban que fuera juguete de un ciego determinismo. Durante el período 1918-1929 consiguió estabilizar sus posiciones deterioradas por la ola de revoluciones, a comenzar por la triunfante en Rusia, de las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. La década del 20 se inició con el descenso de la marea revolucionaria en Europa Occidental. La breve e intensa crisis de los años 1920-1921 no afectó el poder de la burguesía. Con la toma del poder por el fascismo en Italia (1922) y las derrotas de las insurrecciones en Alemania y Bulgaria (1923) se demostró que el derrumbe del capitalismo no estaba al alcance de la mano, como se pensaba poco antes. Los Estados Unidos se convirtieron en la más importante potencia capitalista[11] y en la mayoría de los países occidentales los gobiernos, incluidos los reformistas, exigieron sacrificios a los trabajadores (más horas de trabajo, disminución de los jornales, alto costo de la vida), sin tropezar con grandes resistencias. A partir de 1924-1925, la producción capitalista, en especial la industrial, superó progresivamente los niveles anteriores a la guerra de 1914. Este período fue calificado por la Internacional Comunista de estabilización relativa del capitalismo o segundo período, al que seguiría un tercero que sería el definitivo, es decir el de la revolución mundial.

Y, en efecto, el segundo período terminó cuando un repentino e imprevisto ataque al corazón paralizó el 24 de octubre de 1929 a la Bolsa de Nueva York (30 mil millones de dólares en valores se esfumaron, millares de empresas quebraron, la industria norteamericana redujo de golpe a la mitad su producción). Era la más grave crisis del capitalismo.[12] Empezó con la superproducción de artículos industriales y se combinó, hasta hacerse total, con la superproducción agraria crónica que se arrastraba desde 1920.

La crisis cíclica de 1929 puso a prueba, con su profundidad y amplitud, la tesis marxista-leninista que hacía partir de 1918 el curso de la crisis general del capitalismo, no en el sentido de discutir su existencia (puesto que, como lo recordamos en páginas anteriores, los cerebros más caracterizados de la burguesía creían vivir la decadencia o el fin del mundo a que pertenecían), sino en el de establecer si la crisis general desembocaba en la revolución socialista unlversalizada o, por el contrario, el capitalismo se iría desgastando y estancando en una larga decrepitud. Esta disyuntiva en la apreciación del proceso futuro era materia de polémicas en la Internacional Comunista: unos despreciaban «el espejismo de la revolución mundial» y otros confiaban en que el tercer período sería «el último de la era capitalista».[13] La construcción del socialismo en un solo país y el fortalecimiento de la potencialidad de la Unión Soviética relegaron al olvido esas preocupaciones, no sin antes acallar, por vía autoritaria, a las voces díscolas.

El capitalismo encontró en sí mismo las fuerzas de recuperación después del crash de 1929. Redujo drásticamente la producción de la Sección I —producción de medios de producción— y destruyó cantidades fabulosas de materias primas y alimentos.[14] Consiguió aumentar la cuota de plusvalía, mediante el acrecentamiento de la productividad (innovaciones científicotécnicas, racionalización del trabajo), los bajos salarios y la reducción de los precios de las materias primas. La quiebra de numerosas empresas favoreció la concentración monopólica. El bajo interés de los créditos oficiales y privados reanimó las ramas de la industria liviana, en particular a la de construcción de viviendas. Estas medidas recuperadoras no evitaron que los dogmas liberales del individualismo económico perdieran prestigio y valor, mientras la planificación soviética, inmune a la crisis, se desarrollaba sólidamente como conquista de la inteligencia del hombre sobre las fuerzas ciegas del mercado. La necesidad impuso un viraje en la visión económica de los hombres de negocios y políticos burgueses, antes confiados en que las crisis siempre tendrían solución dejando libradas las fuerzas productivas a su propia espontaneidad, y después —aleccionados y muy impactados por la gran depresión de 1929— decididos a emplear una medicina preventiva que se anticipara a evitar futuras crisis. Empresarios y gobernantes comenzaron a recurrir a los consejos de los expertos en economía, incluidos los teóricos, y las ciencias económicas abandonaron los refugios más o menos académicos para introducirse en los despachos de los hombres prácticos. Así como la intervención de un factor subjetivo (las luchas del movimiento obrero organizado) modificó la tendencia del capitalismo a la pauperización creciente del proletariado, la intervención de otro factor subjetivo (los controles del mercado y de la coyuntura, la intervención del Estado, el regulamiento de los cambios y créditos, etc.) atenuó los efectos de las depresiones en el período de la crisis general del capitalismo y aseguró a éste muchos años de estabilización. El capital siguió concentrándose y centralizándose en gigantescos oligopolios, pero los empresarios no recuperaron el optimismo que les hacía decir en vísperas del viernes negro de octubre de 1929: Prosperity is just around the corner.[15] Y aunque la prosperidad volvió, no se sintieron seguros como antes. En adelante, les serían indispensables los consuelos y remedios de los economistas, los cuales abandonaron la tradición de meros investigadores del sistema, que les legaron sus clásicos, para consagrarse a descubrir paliativos al cáncer que lo carcome. ¿Hay prueba subjetiva más evidente de la crisis general del capitalismo, es decir de su enfermedad crónica, que la literatura de las distintas escuelas de economistas de los últimos cuarenta años, especie de medicina social colocada bajo el lema de «Sálvese lo que se pueda»? Desde la década funesta de 1930 ha ido progresando una actitud de estima y requerimiento de consejos y servicios del empresario al economista, en reemplazo de la anterior de desconocimiento, cuando no de desprecio, típica del hombre de negocios respecto al intelectual. Ya no responde aquél a éste —salvo que viva fuera de época o tenga una mentalidad rudimentaria— lo que el comerciante Legendre a la pregunta del ministro Colbert: «Que faut-il faire pour vous aider? —Nous laisser-faire».[16] Si el capitalismo encontró en sí mismo las fuerzas de recuperación después del crash de 1929, como acabamos de indicar, sus más talentosos apologistas comprendieron que en el futuro esas fuerzas debían ser reguladas por una autoridad (Estado o instituciones especializadas) para no ser conducido a la autodestrucción. Y la regulación significa la agonía para un sistema cuya esencia es el individualismo económico, pero había que elegir entre la agonía y la muerte. La nostalgia del laissez-faire no restaura el laissez-faire, como la nostalgia de los nobles rusos expatriados no restituye el trono de los zares.

La crisis general y crónica del capitalismo se manifiesta en la pérdida de vitalidad revolucionaria de las sociedades que pertenecen por su edad histórica a la época europeística. Los marxistas creyeron en el pasado que la revolución social se expandiría uniformemente por la totalidad del planeta y que el socialismo nacería de las entrañas del capitalismo como Minerva completamente armada de la cabeza de Júpiter. La experiencia posterior a la Revolución Rusa enseña lo contrario: en las naciones donde el capitalismo se desarrolló hasta pasar a las etapas imperialista y posimperialista (por desgranamiento de los imperios) la sociedad se hace leucémica, mientras que en los pueblos atrasados (precapitalistas o de escaso y débil capitalismo propio) que asimilan críticamente la cultura de la época europeística, maduran con rapidez las condiciones del salto al socialismo. En Europa Occidental, tal vez con excepción de España, el reformismo sustituyó a la revolución: en Europa Oriental la revolución se convirtió al reformismo. En Asia, África y América Latina, en general, no hay alternativa fuera de la violencia revolucionaria.

No hemos hecho una afirmación en el aire, ni una mera presunción teórica. Son demasiado evidentes y constantes los signos del agotamiento del pathos revolucionario en la zona (capitalista y socialista) de la época europeística como para que se los niegue por no coincidir con una idea idealista (no inducida de la experiencia) de la revolución uniforme y de la clase obrera idéntica en los pueblos viejos y en los pueblos jóvenes. Han desaparecido allí las concepciones y los partidos revolucionarios, no por una pleamar provisoria que mañana será sustituida por una nueva creciente de las aguas, sino por tal extenuación del sistema que ya no puede dar a luz a su contrario, la sociedad del hombre integrado a un nivel superior. Y, al revés, las comunidades externas al área europeística, que se relacionan con ella para superar la herencia, viven progresivamente momentos de ebullición y trastrueque de los valores clásicos que preceden a los cambios más trascendentes de la historia.

Existen, sin embargo, diferencias sustanciales entre las sociedades afroasiáticas, de un lado, y las latinoamericanas, del otro, diferencias cuyo análisis no es el menor mérito del libro A Revolução brasileira del historiador paulista Caio Prado Junior.[17] Los orígenes distintos de esos dos órdenes de sociedades hacen que también sean distintas sus relaciones con el Occidente europeístico.

Cuando el europeo llegó a África y Asia, primero como comerciante y luego como colonizador e inversor imperialista, tropezó con comunidades centenaria o milenariamente establecidas (modos de producción anteriores al capitalismo y, en la mayoría de los casos, al feudalismo y al esclavismo; sistemas tribales con vínculos de consanguinidad y familias poligámicas; creencias animistas, totémicas y fetichistas, polidemonismo, politeísmo; diversidad de idiomas, costumbres y organizaciones políticas), mientras que en nuestro continente, con excepción de marginadas comunidades precolombinas de México y el Incanato, la colonización europea reprodujo a Europa a los niveles de España y Portugal de los siglos XVI y XVII (con las modificaciones impuestas por factores propios del Nuevo Mundo, entre ellos los físicos) en el primer ciclo, y en los cien años recientes, el nuevo ciclo colonizador hizo de nuestros países reservas de materias primas y campos de capitalización de la técnica y de las formas organizativas más avanzadas del capitalismo para usufructo de los centros imperiales. América Latina encajó dentro del sistema de la época europeística, pero como la mayor negación dentro del mismo sistema, a diferencia de las sociedades afroasiáticas que lo niegan desde afuera.

Claro está que debajo de esa caracterización general deductiva hay pronunciados matices particulares. Entre la Argentina nacida de Europa, que comienza a emanciparse de la patria potestad y a considerar a la época europeística no como el germinar eterno de una cultura única, sino como herencia a recibir con beneficio de inventario, y las comunidades agrarias andinas que ni siquiera se integraron plenamente a la sociedad del primer ciclo colonizador, median grandes distancias en el tiempo histórico. Tales distancias, por grandes que sean, en un mundo que se precipita al siglo XXI con velocidad en los cambios sociales jamás imaginada, pueden borrarse a corto plazo, e inclusive invertirse la relación entre atraso y adelanto. No olvidemos que si bien es verdad que «las desigualdades entre los países desarrollados y los subdesarrollados han ido en aumento», como dice Myrdal, y que «la pobreza se transforma en su propia causa»,[18] el proceso de empeoramiento de las condiciones de existencia de pueblos y clases sociales tiene un límite más allá del cual la revolución se convierte en necesidad ineludible y el proceso se invierte. Por el contrario, merced a una política de ayuda y coexistencia pacífica planificada pueden aliviarse ciertas desigualdades parciales sin suprimir la desigualdad in toto y prolongándola indefinidamente en un estado de coma socioeconómico y de putrefacción de las instituciones políticas obsoletas. Éste es el resultado, inducido de la experiencia reciente y no de una dogmática tonta, del traslado a nuestros países del esquema europeístico de la evolución pacífica hacia el socialismo a través de reformas acumulativas. No lo aplican, por supuesto, los partidos comunistas, pues carecen de poder, pero lo predican en sus programas y lo defienden allí donde ocupan bancas parlamentarias. La política de ayuda y reformas parciales que no comprometan, y que tiendan a solidificar las viejas estructuras socioeconómicas, está en América Latina a cargo del gobierno y de instituciones de los Estados Unidos, y tiene sus epígonos en políticos, economistas y sociólogos locales, muchos de ellos provenientes de las izquierdas o educados en sus concepciones reformistas. No se advierte ninguna razón que en el futuro impida una amplitud tal de la coexistencia pacífica que permita la colaboración de los comunistas soviéticos y prosoviéticos (como desde hace tiempo la brindan, sin escrúpulos ni reservas, los socialistas democráticos) en los planes de ayuda de los Estados Unidos. ¿No la profetizaron veinte años atrás, en el norte y en el sur de América, Earl Browder y Victorio Codovilla? Una vez aceptada la coexistencia pacífica como finalidad en sí, al cabo de vacilaciones y arrepentimientos, no es posible volver a posiciones revolucionarias. La conciencia busca excusas y se autoengaña; termina por convencerse de que son virtudes lo que antes creyó pecados y viceversa. Cae en un yoísmo servil, caldo de cultivo de la mediocridad personal y de la comunidad de hormiguitas prácticas y medrosas, capaces de dar la vida en defensa del grupo jerárquico que las enajena, pero sin coraje revolucionario abierto en la idea y la acción. El materialismo dialéctico, el marxismo-leninismo, se hacen decorativos, oraciones en lengua muerta que se repiten como actos de fe.

Es un hecho definitivamente histórico que los partidos y grupos de la izquierda reformista de la Argentina, con sus diversos matices, nunca se convirtieron en movimientos de masas. Esperar que se conviertan en el futuro pertenece al reino de lo milagroso. Están condenados a una lenta agonía dentro de la envoltura de la época europeística en que nacieron. Ya festejan sus cumpleaños con añoranzas de jubilados y resignación de ancianos. No es un problema crítico de hombres, es decir de dirigentes, el que determina esa larga esterilidad política, porque los hombres aparecen en este caso como instrumentos dóciles y maleables de un aparato organizativo externamente condicionado, del que son arrojados a la menor señal de rebeldía. Es la organización misma, con su ideología disfrazada de marxismo y sus miembros entumecidos en pequeñas tareas financieras y en el reparto de una literatura soporífera completamente indigerible por las gentes del pueblo e insoportable para una inteligencia despierta, lo que yace sin la más remota posibilidad de recuperación.

Una de las pruebas, no la menos significativa, de que las masas trabajadoras argentinas no comulgan con el reformismo decadente de la época europeística —ni aun cuando ese reformismo se ocultó bajo delirantes frases de un izquierdismo hueco, huérfano de contenido popularmente argentino— es que el socialismo y el comunismo, en las versiones que se les vienen ofreciendo de larga data, no las convencieron, ni las educaron, ni las orientaron. Peor todavía: cada vez que se movilizaron desde su intrínseca espontaneidad, las calumniaron y repudiaron. En los casos, bastante numerosos, de aperturas hacia el pueblo de grupos desprendidos, o expulsados, de las izquierdas tradicionales (socialistas, comunistas, trotskistas), los rebeldes no se curaron de su vicio, ingénito de creerse superiores a la muchedumbre plebeya y predestinados a mandarla. Tal actitud anticipada de jefes no consentidos los desgasta moralmente y así se explica que terminen por rendirse al régimen con armas y bagajes o guarden las apariencias de dirigentes tronando desde solitarias, o casi solitarias, torres de marfil.

Varias generaciones de obreros, estudiantes e intelectuales izquierdistas argentinos se alucinaron con la imagen de la sociedad socialista o comunista, tal como surgía de la idealización, a lo lejos y desde afuera, de situaciones y experiencias con raíces historicosociales distintas de las de nuestro país. Dióse el hecho singular, astucia de la cultura europeística, de que ésta penetró en aquellos sectores por canales que aparentemente la negaban al negar al capitalismo, es decir por mediación de las ideologías y partidos de izquierda. Esto no significa, entiéndase bien, que debimos encerrarnos en nosotros mismos (como, entre otros, parecen creerlo algunos rosistas que levantan una bandera de restauración de la Argentina anterior a 1852 y hacen mentalmente tabla rasa de lo que sucedió después), en una actitud de introversión que no solamente no garantizaba nuestra autonomía nacional (ideológica, política, económica), sino que la hubiera hecho mucho más vulnerable a las influencias externas que superaremos en tanto las asimilemos críticamente. Las izquierdas carecieron siempre del menor espíritu crítico de los distintos modelos —cuya perfección encomiaban y no permitían poner en duda— que trajeron de los centros de la zona europeística, y, en cambio, reservaron sus críticas, por lo general acerbas, a los movimientos y condiciones generados por la naturaleza específica del proceso social argentino (montoneras, caudillos, yrigoyenismo, peronismo). Tal inversión del enfoque, o de la relación causa-efecto, coloca lo interno (barbarie) en función de lo externo (civilización), mata toda posibilidad de asimilación crítica de éste por aquél y margina de la vida a quienes la practican.

La inversión idealista, de linaje platónico, que preside como una constante nuestra historia política abarca a todo el liberalismo y no exclusivamente a las izquierdas. Y aunque el liberalismo (como política, filosofía, y, según Croce, religión) es por esencia individualista, el de los organizadores de la Argentina posterior a Caseros fue planificador de una nación que sólo existía en la mente de unos cuantos intelectuales enajenados a la imagen sublimada de la democracia capitalista anglosajona. No se horroricen los que ven nada más que la superficie de las cosas y se dejan envolver en las palabras. No hubo en la construcción de 1853, en el «gobernar es poblar» alberdiano, ni asomo de libre juego de fuerzas individuales y sociales, ningún laissez-faire. Hubo el proyecto racional, copiado del modelo de república burguesa de la sociedad industrial y trasladado al suelo argentino en oposición a la realidad socioeconómica, política e ideológica preexistente, derivada de la conquista colonizadora hispánica, con la intención declarada de destruirla y crear otra a imagen y semejanza de aquel modelo. Se proyectaba un país total por extensión de Europa a estas tierras; no una suma desordenada de individuos librados a su propia iniciativa. Las leyes y el Estado tuvieron como objetivo determinante encuadrar a la sociedad argentina dentro del modelo arrancando de raíz lo antiguo heredado e incorporando lo nuevo importado por la segunda colonización.

Suplantar la viva y, por lo tanto, contradictoria realidad historicosocial argentina por el geométrico esquema platónico de la colonización capitalista implicaba ahogar la barbarie nativa, sepultar bajo la inmensa mole de la civilización europeística a las montoneras y los caudillos. En esta tarea se dieron cita todos los agrupamientos políticos, pues todos nacieron de un único proceso colonizador que contrapuso la civilización a la barbarie. De haberse cumplido en plenitud el proyecto alberdiano-sarmientista, a estas horas los partidos tendrían la mansa autenticidad que les otorgaría una Argentina incorporada de lleno a la época europeística, pero basta abrir los ojos para comprobar que si son mansos poco o nada tienen de auténticos.

En la invocación de las montoneras y de sus hombres representativos hay algo mucho más trascendente que la añoranza histórica. Es la búsqueda de bases y puntos de partida para la superación del inmediato y putrefacto pasado, el de la colonización capitalista que sobrevive en la estructura socioeconómica existente y en la conciencia gobernante. Es la negación de la negación que conduce a la síntesis emancipadora. Porque el nuevo orden social de la Argentina del inminente mañana, de la humanidad superada y no imitada o repetida, saldrá de las semillas ocultas y todavía fértiles de nuestra barbarie elemental al florecer en una totalidad ecuménica asimilada que quedará atrás y dejará para siempre de ser modelo asimilable.

Entre 1930 y 1943, la «década infame» —así marcada con estigma imborrable por José Luis Torres—, la Argentina comenzó a despertar de la hipnosis a que fue sometida durante tres cuartos de siglo, por la ilusión en la eternidad de un progreso y de una riqueza colectiva e individual que se debían a medios externos y artificiales. Si en la década infame se acentúan al extremo las presiones de una minoría cipaya ansiosa de completar la colonización del país y hacer de él una pieza totalmente engarzada en la civilización europeística, también en ella aparece la negación del coloniaje —el despertar de la hipnosis— que desde entonces irá avanzando como torrente al que se le oponen obstáculos que lo detienen, que vence y que terminará por arrollar. El análisis de esa contradicción básica es el tema de esta parte de la Historia crítica de los partidos políticos argentinos.

CAPÍTULO 26
BANCARROTA DE LA DEMOCRACIA POSTIZA

Todavía hoy, casi cuatro décadas después, señorea en la política argentina la mentalidad traumatizada por la toma militar del poder el 6 de setiembre de 1930. Aludimos a la política argentina en su significado lato, como totalidad que comprende, además de los políticos profesionales, a personas con preocupaciones políticas, incluidos los militares. A partir de entonces, esa mentalidad siente que hay un gran vacío en el régimen institucional de nuestro país, y teme y se opone a que sea llenado con la sustancia de la democracia que golpea insistentemente desde abajo, en los movimientos populares a veces activos y siempre latentes, aun cuando aparecen dispersos y apagados por derrotas transitorias. Quiere volver al pasado, a la democracia postiza que cultivó con soberbia actitud pedagógica durante los tres cuartos de siglo de la colonización capitalista y que fue desbaratada por la aparición —que no esperaba, ni menos deseaba— de la plebe yrigoyenista en la escena política. Pero a cada restauración de la democracia postiza le sigue una conmoción mayor que la anterior y una conciencia más madura de la otra democracia, de la auténtica, de la que rechaza modelos extraños y se busca a sí misma en las ambiciones de poder de las masas trabajadoras.

Esa mentalidad política traumatizada ha tejido, en torno al golpe del 6 de setiembre de 1930, dos sofismas que oscurecen la interpretación historicosocial de la caída del presidente Yrigoyen. Uno de ellos lo presenta como hecho exclusiva o fundamentalmente militar: el ejército derrocó y sustituyó al gobierno civil. La responsabilidad del primer paréntesis de nuestra historia constitucional, a contar de la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868), recaería por entero en las Fuerzas Armadas. Debido a la intrusión del general Uriburu en la Casa Rosada, la Argentina habría quebrado su trayectoria democraticoliberal e ingresado a una era de inestabilidad política. Tal es la imagen difundida de nuestra realidad posterior a 1930. Y también el pensamiento que yace en la conciencia atribulada y nostálgica de los políticos y de la intelligentsia de la derecha, el centro y la izquierda tradicionales.

Aquella imagen destaca engañosamente la oposición relativa, formal y episódica entre el régimen civilista de los partidos y las Fuerzas Armadas, y hace desaparecer la principal y no superada contradicción, la existente entre ese régimen, dominado por la mentalidad liberal-individualista, y la conciencia democrática totalizadora que madura en el pueblo. Desde que esta conciencia comenzó a expresarse en movimientos políticos de masas, al margen de esquemas importados por el modelismo partidista, los políticos e intelectuales con tal mentalidad tejen y destejen la tela de Penélope de la República planeada en 1853 y ya obsoleta, a la espera de un Ulises que les llega con uniforme de general y al que le exigen una fidelidad inmerecida. Así sucedió con la fácil e incruenta acción militar del 6 de setiembre de 1930, mera causa eficiente inmediata del derrumbe del primer gobierno nacido de un amplio pronunciamiento popular, detrás de la cual estaba, como causa determinante de fondo, el desenfrenado ataque de los partidos que apresuró el desgaste y aisló a ese gobierno y anarquizó política y moralmente al movimiento de masas que lo respaldaba. Es solamente en apariencia paradójico, pues eh realidad revela la contradicción política básica del momento, que en 1930 el ejército haya interrumpido —con la solidaridad y la instigación directas o de hecho de los partidos— la «normalidad constitucional» en nombre de la «normalidad constitucional», en peligro de eclipsarse por las presiones que desde abajo se ejercían sobre el gobierno yrigoyenista, surgido de esa «normalidad constitucional», pero también del voto mayoritario del pueblo. Carece de validez el argumento de que esas presiones, libradas a su espontaneidad, conducían al caos social, pues era misión y deber de los dirigentes encauzarlas, como no lo hizo el yrigoyenismo por falta de perspectivas y pérdida de autoridad, y no reprimirlas, como lo hicieron los partidos por medio del ejército.

Mencionamos a los partidos globalmente. Claro está que al general Uriburu lo asesoró un pequeño grupo de nacionalistas aristocráticos y que sólo le acompañaron personalmente en la conspiración algunos políticos conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes, pero si lo que importa son las consecuencias objetivas de las actitudes, no las intenciones irrealizables o una visión política extraña al proceso historicosocial concreto, tan culpables de la caída de Yrigoyen fueron los protagonistas inmediatos del golpe, como quienes desdibujaron la figura del gran caudillo y no ofrecieron en cambio más que sus envanecidas y mediocres estampas de transmisores de modelos y programas calcados y desprovistos de vigencia nacional y popular. Ni la idealizada república anglosajona, ni un socialismo al estilo británico o anglosajón, ni los soviets poseían la autenticidad de lo que brota con la salvaje espontaneidad de lo propio y de lo nuevo.

El general Uriburu tuvo conciencia del condicionamiento político que le llevó al poder. Hizo circular en una oportunidad la expresión «chivo emisario», y si no se refería a sí mismo, lo fue en efecto como instrumento de una conspiración antiyrigoyenista mucho más amplia que la tramada por las logias militares. El origen más remoto de esa conspiración se remonta a la política del acuerdo propiciada por los conservadores a partir de 1890, con el objetivo táctico de descomponer al movimiento popular que se agrupaba alrededor del radicalismo de Alem e Yrigoyen. Consistía no solamente en la coincidencia o alianza de partidos antiyrigoyenistas en los comicios o en el Congreso, sino también en una labor permanente de penetración dentro del movimiento popular para dividirlo. El contubernio adquirió características de franca conspiración en las postrimerías de la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), cuando parecía inevitable el ascenso de Yrigoyen por segunda vez al gobierno.[1]

La división de la Unión Cívica Radical en yrigoyenistas y alvearistas, y la organización aparte de esta última ala en 1924 como radicalismo antipersonalista, fue un triunfo del acuerdo o contubernio, o sea de los conservadores. Lo fue también la escisión del Partido Socialista y el nacimiento en 1927 del Partido Socialista Independiente. Conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes conspiraron juntos contra Yrigoyen antes de 1930 y marcharon unidos en la conducción del gobierno que, después del corto interregno del general Uriburu, actualizó y amplió la incorporación de la economía y las finanzas argentinas a las nuevas exigencias del ya decrépito imperialismo británico.

Toda forma de antiyrigoyenismo llevaba agua al molino de las minorías selectas y favorecía al coloniaje, por ser el yrigoyenismo, triunfante o vencido, en el poder o en el llano, la única base nacional de masas de las primeras tres décadas del siglo XX, con la cual podía operarse el viraje hacia la integración y la independencia económicas, el gobierno popular y las reformas estructurales. De hecho, pues, el democratismo liberal burgués y pequeño burgués de los demócratas progresistas y socialistas, y los soviets de obreros y campesinos de los comunistas, enfilados en su heterogénea totalidad a arrancar el yrigoyenismo del corazón del pueblo, coadyuvaron a la táctica conspirativa que dio sus frutos el 6 de setiembre de 1930.

Hay una vieja totalidad de los partidos incrustados en la democracia postiza —y, por lo tanto, opuestos a los movimientos que nacen de la actividad de las masas populares— que dio sentido en el pasado al contubernio manejado por los conservadores y se prolonga en las invitaciones a la unidad en defensa del régimen constitucional, de la que son campeones los comunistas. Coinciden todos ellos en el lema «Mayo-Caseros» y en la evocación de Alberdi y Sarmiento con espíritu restaurador, no a fin de superarlos. No miran, ni quieren mirar hacia el mañana (no pueden mirar debido a su irremediable condicionamiento histórico), y los de la izquierda sacrificaron hace rato los objetivos revolucionarios a la táctica antiyrigoyenista primero, antiperonista después y antipopular siempre hasta convertir la táctica en objetivo en sí. Pero el vacío no puede llenarse con los escombros de un régimen mil veces negado por el pueblo. Todos arrimaron leña al fuego que consumió al yrigoyenismo. Ninguno ofreció la solución nacional-emancipadora que esperaban las masas trabajadoras desguarnecidas de caudillos. El pronunciamiento uriburista de 1930 fue el resultado del nihilismo de los opositores a Yrigoyen, no una antítesis entre gobierno civil e institución militar.

Un testimonio tan directo y digno de fe como el de Lisandro de la Torre podría, a primera vista, probar lo contrario de lo que venimos diciendo.[2] Revela lo siguiente el líder demócrata progresista:

«El 26 de agosto de 1930 me visitó en mi casa el general Uriburu y me invitó a entrar en una revolución que preparaba con el fin de deponer al presidente Yrigoyen, reformar la Constitución, reemplazar el Congreso por una entidad gremial y derogar la ley Sáenz Peña.

»Campo de Mayo saldría a la cabeza; contaba a su juicio con una división, vendría sobre la capital; ocuparía el Arsenal y terminaría el movimiento sin derramar una gota de sangre. Me ofreció una cartera en el futuro gabinete.

»Los que están en la creencia de que proyectaba la organización de un gobierno provisional civil, como el que se instaló el 6 de setiembre, están equivocados. Proyectaba la implantación de una “dictadura” y asumiría el título de dictador. La revolución sería exclusivamente militar, dirigida exclusivamente por él, sin participación del general Justo ni de los partidos conservadores. Los civiles serían simples colaboradores de la dictadura militar”.

Tales eran las intenciones del general Uriburu, de la logia militar que lo secundaba y de sus amigos nacionalistas adoctrinadores, intenciones que respondían tanto a la realidad del proceso historicosocial argentino y tenían tantas posibilidades de aplicarse como las que, desde el otro extremo, agitaban los comunistas, con la República de los Soviets.

Al día siguiente del golpe militar, el nuevo ministro del Interior, el conservador Matías Sánchez Sorondo, pondría las cosas en su lugar. Dijo frente a la Plaza de Mayo:

«Os hablo en nombre del gobierno, en esta casa desde cuyos balcones no resonó desde hace larguísimos años la voz de los depositarios del poder. Y os digo: Hemos jurado observar y hacer observar fielmente la Constitución, por Dios y los Santos Evangelios. Ratificamos y explicamos ante vosotros este juramento. Empeñamos nuestra palabra y nuestras vidas para conseguir que la República vuelva a su estabilidad institucional. Ninguno de nuestros actos se apartará de este sagrado objetivo. Devolveremos al nuevo Congreso, intacto, el patrimonio institucional y legal de la Nación. Y después de haber instalado el gobierno futuro, que el pueblo elija en la plenitud de sus atribuciones, no habrá ni podrá haber para nosotros mejor recompensa que la de observar desde nuestro retiro cómo se desenvuelve en paz y eficacia, para grandeza de la Nación».[3]

De ser objetivamente cierta la antinomia gobierno civil-ejército, el 6 de setiembre de 1930 se hubieran cumplido los proyectos que el general Uriburu expuso al doctor Lisandro de la Torre. Pero esa antinomia no existía. Pronto quedó en evidencia que la logia militar uriburista, ubicada dentro de las Fuerzas Armadas en las mejores condiciones logísticas para dirigir y hacer triunfar la toma del poder, no disponía dentro ni fuera de las Fuerzas Armadas de apoyos importantes que le permitieran apartarse de la vuelta a la Constitución de 1853 y al régimen de los partidos.

Otra logia militar, la general San Martín, que fundó el coronel Luis J. García y conspiraba desde hacía varios años bajo la inspiración del general Agustín P. Justo, defendía la línea tradicional del liberalismo de no intromisión del ejército en el gobierno, salvo como medida excepcional y transitoria con el fin de restaurar el orden que consideraba subvertido por el yrigoyenismo. Esta Logia formaba parte del contubernio, y aunque en 1926 se disolvió como asociación, sus miembros permanecieron unidos y prepararon la restauración de 1932.[4]

Justo dejó que el uriburismo diera el golpe y se desprestigiara. A la espera de su hora, hilvanó pacientemente los compromisos de la Concordancia —entre conservadores (que cambiaron su denominación por la de demócratas nacionales), radicales antipersonalistas y socialistas independientes—, aseguró la prescindencia política del ejército y ganó la confianza de los centros imperialistas de poder, siempre interesados en el retorno de la Argentina a la «legalidad democrática». El general-ingeniero tenía buen olfato político y dos circunstancias convalidaron sus planes:

El fracaso de la dictadura militar y, por lo tanto, el inevitable restablecimiento del régimen constitucional.

La victoria del yrigoyenismo, con la fórmula Pueyrredón-Guido, a sólo siete meses del golpe setembrino, en la prueba electoral del 5 de abril de 1931 en la provincia de Buenos Aires, convocada por Uriburu bajo la insistente presión de los partidos que daban por muerto y enterrado al movimiento popular que seguía fiel al anciano caudillo, a la sazón preso en la isla Martín García.

Comprendió Justo que el ejército, no podía gobernar sin la colaboración de los partidos y que los partidos no podían participar del poder sin la ayuda del ejército. Los partidos estaban desprovistos de fuerzas propias aun unidos en un solo frente, como para vencer en comicios libres al movimiento yrigoyenista; mientras que la dictadura militar carecía de bases en la sociedad civil, pues si las mayorías populares no la toleraban, la oligarquía terrateniente-intermediaria y los centros extranjeros de poder la condenaban al aislamiento y reclamaban la «normalidad constitucional».

Para superar esas contradicciones y conquistar el gobierno por la vía legal que le exigían los factores reales de poder, el justismo envolvió sus actos en una ilegalidad total. Y la legalización de esa ilegalidad requería, como primer paso, poner fuera de combate al movimiento de masas latente en el yrigoyenismo. Pero le hubiera sido imposible lograrlo unilateralmente, esto es sin la existencia en el yrigoyenismo de dirigentes que se prestaran al juego y se resignaran a la derrota y la muerte política, antes de permitir que se desencadenara y extendiera la lucha por el gobierno popular. En Marcelo T. de Alvear, cabeza del antiyrigoyenismo en los años anteriores, encontró su ex ministro Justo la persona hecha a medida para que, convertido en cabeza del yrigoyenismo, redujera la oposición al fraude electoral a un lamento al aire y sirviera a los planes de apaciguamiento complementarios de la política colonizadora de la década infame.

Alvear había declarado en París, al enterarse de la toma del poder por Uriburu:

«Yrigoyen ha jugado con el país. Socavó su propia estatua y deshizo al Partido Radical lo que explica que los enemigos más encarnizados del jefe inepto, sean los verdaderos radicales».[5]

Y agregó:

«Los personalistas [léase yrigoyenistas] son como la hiedra parasitaria: partido el árbol por un rayo, la planta se seca y muere […]. Los argentinos deben tener eterna gratitud a los hombres que en un momento dado se jugaron para ponerse al frente de la reacción y producir lo que era un anhelo general y casi unánime».[6]

A instancias de los radicales antiyrigoyenistas,[7] don Marcelo regresó a Buenos Aires y fue recibido en el puerto por el general Justo y un edecán de su viejo amigo, el general Uriburu, a quien visitó horas después en la Casa Rosada para reiterarle, según las crónicas de la época, su «eterna gratitud» por haber sacado de la presidencia al «jefe inepto». Sus correligionarios se le habían adelantado con los manifiestos del 21 de agosto y del 25 de setiembre de 1930, el primero de los cuales (firmado por seis senadores y todos los diputados del radicalismo antiyrigoyenista) enjuiciaba con extrema dureza al gobierno de Yrigoyen, mientras el segundo (suscrito por Gallo, Crotto, Mosca, Guido y otros golpistas pronto arrepentidos) cantaba loas al general Uriburu.

Habían quedado a la deriva las masas yrigoyenistas, cuya fidelidad al octogenario preso de la isla Martín García desmiente el segundo de los sofismas, el de que Hipólito Yrigoyen fue vencido el 6 de setiembre de 1930. En la larga y amplia perspectiva histórica del proceso ascendente de la causa del pueblo, con sus ciclos de avances y retrocesos, los reveses de esa causa preparan su victoria final definitiva. El polifacético frente contubernista pretendió dar por muerto o inexistente ese determinismo, que no reside sólo en los hechos, sino también en la voluntad de poder y autodeterminación de las masas populares argentinas. Y presentó al derrocamiento de Yrigoyen como prueba indiscutible y para siempre del fracaso del proyecto nacional y popular que la figura idealizada del caudillo llevaba implícito. Desde entonces chantajeó al país, al ponerlo ante el dilema de aceptar al pueblo como categoría jurídica abstracta, regulada por los principios de la democracia representativa liberal-burguesa, o caer en los extremos de la anarquía o del fascismo.

La palabra PUEBLO estaba inscripta en todos los bandos. Decía el manifiesto del general Uriburu, redactado por Leopoldo Lugones:

«Respondiendo al clamor del PUEBLO y con el patriótico apoyo del Ejército y de la Armada hemos asumido el gobierno de la Nación».

Clamaba Sánchez Sorondo, desde los balcones de la Casa Rosada:

«Yrigoyen, enjuiciado por la opinión y expulsado por la Asamblea del PUEBLO […]. EL PUEBLO, sacudido, despertado, devuelto a sí mismo, recobradas las viejas virtudes del civismo argentino».

Todos hablaban en nombre del pueblo: conservadores, radicales antipersonalistas, demócratas progresistas, socialistas, socialistas independientes, comunistas.

Declaraba Lisandro de la Torre, después de romper con Uriburu, en su discurso del Teatro Coliseo del 13 de setiembre de 1931:

«Nosotros venimos, en verdad a salvar la Revolución [del 6 de setiembre], porque somos los intérpretes de su ESPÍRITU POPULAR. Venimos a encauzarla, arrancando a las urnas un veredicto consagratorio de la voluntad de renovación que latió en los corazones argentinos el 6 de setiembre. ¡Hasta en el corazón de los vencidos, no todos insensibles al espantoso caos en que yacía la Nación! Venimos a recoger una bandera abandonada por error por el gobierno de la revolución, hecha suya por el pueblo y a su sombra a restablecer la concordia y la fraternidad desaparecidas de la vida nacional. Queremos realizar la obra que el pueblo esperó el 6 de setiembre».[8]

La invocación al PUEBLO era tan falsa si se entiende por tal a la totalidad de la población, que en su mayoría seguía siendo yrigoyenista, como si, con mayor exactitud, se circunscribía a las clases sociales que con su trabajo y su inteligencia impulsaban el proceso que desemboca en la quiebra de las cadenas del coloniaje y en el parto de una nación económicamente independiente que supere el antagonismo interno entre explotadores y explotados.

Los políticos antiyrigoyenistas se hacían la ilusión de que el golpe setembrino y la vejez del caudillo depuesto dejaban una herencia vacante que les pertenecía: las masas populares mayoritarias que votaron a Yrigoyen. Y para desyrigoyenizarlas y atraérselas, pues no bastaba el hecho físico del derrocamiento del gobierno maldito para eliminar automáticamente su fijación política, las abrumaron con una propaganda total que no consentía el menor resquicio abierto a la defensa. Ninguna calumnia le ahorraron a Yrigoyen. La gran prensa liberal se complació en agradecer la tolerancia suicida que siempre mostró hacia ella volcando en sus columnas la maledicencia y el rencor que destilaban los círculos de la desplazada aristocracia.[9] Denunciaba su propia moral al dar del caudillo la imagen de un ladrón y de un corruptor. Decía Matías Sánchez Sorondo, ministro del Interior del uriburismo:

«Una horda, un hampa, había acampado en las esferas oficiales y plantado en ellas sus tiendas de mercaderes, comprando y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la Patria».[10]

Lanzaba la tremenda filípica el portavoz de un gobierno integrado en su casi totalidad por directores, concesionarios y abogados de los consorcios imperia-44 listas del petróleo. Lo eran el presidente, el vicepresidente, el secretario general de la presidencia y cinco de los ocho ministros.[11] Pero esa tarde ominosa del 8 de setiembre, el doctor Sánchez Sorondo traducía, en verdad, el odio al plebeyismo yrigoyenista de círculos mucho más amplios que el minúsculo grupo adueñado del poder. ¿No pensaban acaso lo mismo los conservadores, los antipersonalistas, los socialistas independientes, los demócratas progresistas, los socialistas, la juventud universitaria y los comunistas?[12] La dictadura militar no tardó en condenar a estos últimos a la ilegalidad y reprimirlos mediante la Sección Especial.

La misma totalidad de partidos, centros estudiantiles, diarios e intelectuales que, por encima de sus profundas divergencias visibles, coincidieron de hecho en la oposición al yrigoyenismo, volvió a manifestar la unanimidad objetiva de un conjunto internamente tan heterogéneo al resistir el proyecto corporativista del general Uriburu. La razón de la insistencia en el proyecto y las dificultades con que tropezaba su ejecución surgen claramente del manifiesto uriburista del 1.º de octubre.[13] Sus puntos básicos eran:

Los partidos políticos presionaban para que se convocase a elecciones y se volviera cuanto antes al régimen de la Constitución.

Los partidos políticos que se opusieron al yrigoyenismo contribuyeron eficazmente a crear el ambiente revolucionario, pero no sellaron «ningún compromiso que los vinculase a los ejecutores de la Revolución, como no fuera la seguridad de que éstos respetarían en su acción de gobierno la Constitución y las leyes; de que mantendrían, en materia electoral, absoluta prescindencia, y de que se someterían, en todos los casos, a la voluntad nacional, manifestada por medio de sus legítimos representantes».

El gobierno provisional estaba obligado a consultar a «toda la opinión de la República» y no sólo al sector representado por los partidos.

El gobierno provisional respetaba la Constitución y las leyes fundamentales, pero no las consideraba «perfectas ni tangibles».

El gobierno provisional creía que la Constitución debía ser reformada y que «los males que ha extirpado la Revolución» no se reproducirían «cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etcétera», pues entonces «la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra».

Pero será el Congreso elegido por la ley Sáenz Peña vigente quien declarará la necesidad y extensión de la reforma de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 30 de la Constitución Nacional” y «el Gobierno Provisional acatará todas las resoluciones del Congreso porque lo considerará el depositario de la soberanía nacional».

El documento impresiona por la cándida incongruencia de sus proposiciones. Si el gobierno provisional llamaba a elecciones, de acuerdo con la ley Sáenz Peña y respetando a los partidos políticos existentes, el Congreso elegido por tal procedimiento nunca decidiría votar reformas que significaran la liquidación del régimen que sustentaba a aquellos partidos y a este Congreso. Y si, en cambio, resolvía que a las elecciones concurriera «toda la opinión de la República», es decir los partidos y los sectores clasistas corporativizados, o estos últimos únicamente, la reforma quedaba impuesta de facto por adelantado y el futuro Congreso, hijo de ella, no tendría inconveniente en ratificarla. Pero la segunda variante era tan descabellada como la primera, pues implicaba el desconocimiento de la Constitución y de las leyes fundamentales vigentes que el gobierno provisional había jurado respetar, cosa impracticable sin la prolongación de la dictadura militar o sin el apoyo de una gran corriente de la opinión pública. Ambas posibilidades estaban fuera de todo cálculo.

La victoria del yrigoyenismo bonaerense en las elecciones del 5 de abril de 1931 dio el tiro de gracia al proyecto corporativista. El Ejército y la Marina exigieron la renuncia del ministro Sánchez Sorondo, al que responsabilizaban del desastre por haber propiciado el proyecto. Con la renaciente pujanza del yrigoyenismo se robustecían indirectamente las posiciones políticas y la influencia en las Fuerzas Armadas del general Justo. De la Torre describió así ese momento:

«El general Uriburu perdió desde entonces el control del proceso político, que pasó a manos del general Justo. Su interés y su pasión lo habían llevado a contrariar esa candidatura incubada en los círculos que le eran más desafectos y apoyada en los militares que escapaban a su influencia. Había declarado que la vetaba, y sin embargo, al sentirse en el vacío después de haberle sido impuesta la separación de Sánchez Sorondo, entregó la totalidad de los resortes oficiales a los gestdres de esa candidatura, a cuyo servicio ilimitado el nuevo ministro del Interior [Octavio S. Pico] puso las doce intervenciones.

»El general Uriburu cree que el país no se ha apercibido de la realidad de su cautiverio, porque el estado de sitio tuvo amordazada a la prensa, pero está en error.

»A ratos parecía reaccionar, por lo menos verbalmente, y sus carceleros entraban en la tentación de deponerlo, creyendo la empresa sencilla».[14]

Dos levantamientos militares yrigoyenistas completaban, aunque vencidos, el cuadro del aislamiento a que progresivamente había sido reducido Uriburu: el de la noche del 31 de diciembre de 1930 de los suboficiales de la guarnición de Córdoba, con ramificaciones en Rosario, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy; y el de los sargentos, cabos y tropa de febrero de 1931, bajo el mando del general Toranzo.

La presión de las fuerzas armadas y de los dirigentes políticos, orquestada por el general Justo, obligó a Uriburu, no obstante el vetado triunfo yrigoyenista del 5 de abril, a convocar el 8 del mismo mes a elecciones de gobiernos provinciales y legisladores nacionales, pero no quiso ampliarlas a las de presidente de la República. A fines de mayo estuvo a punto de estallar una sublevación en todo el territorio nacional, con centro en Córdoba, que se proponía el traspaso del poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al solo efecto de que convocara a elecciones presidenciales. Justo, el organizador, la hizo abortar por temor a que los yrigoyenistas, cuya participación era inevitable, tomaran la dirección.

Para mantenerse en sus trece, cercado como estaba por la amplia maniobra de envolvimiento que desde la sombra dirigía Justo, Uriburu recurrió al expediente de crear su propia fuerza paramilitar, como enlace entre los cada día menos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas que le respondían y confiaban en su proyecto corporativista. El decreto del 20 de mayo de 1931 de constitución de la Legión Cívica Argentina coincidió con los preparativos de la sublevación justista que acabamos de mencionar y estaba destinado a oponerle esa fuerza de choque. La integraban miembros de la ex Legión de Mayo, que funcionó desde el 21 de agosto hasta las postrimerías de 1930 y como «milicia ciudadana» cooperó estrechamente en el golpe uriburista. Ésta era, a su vez, la prolongación de la Liga Republicana, fundada a mediados de 1929 por Rodolfo Irazusta, Roberto de Laferrére y otros ideólogos del uriburismo que pasaron de la teoría a la práctica.

El decreto del 20 de mayo asignaba a la Legión Cívica Argentina el

«carácter de asociación de hombres patriotas que moral y materialmente están dispuestos a cooperar en la reconstrucción institucional del país»,

y disponía que los adherentes concurrieran los domingos y feriados a los cuarteles y otros establecimientos militares a recibir instrucción en el uso de armas y en las prácticas de combate. Con motivo de los festejos del 25 de mayo, el general Uriburu los arengó y les dijo:

«Legionarios: como jefe de la revolución soy vuestro jefe».

Y en el discurso que pronunció el 7 de julio en el banquete de las Fuerzas Armadas expresó con evidente exageración:

«Una considerable fuerza cooperadora del Ejército se está formando en toda la República. Es ella hija y sostenedora de la Revolución, que actuará decisiva y patrióticamente para cumplir su programa. La Legión Cívica, que tanto ha alarmado a los demagogos, es fuerza apolítica y de orden, es columna popular instruida y disciplinada por oficiales, que constituye una reserva de emergencia, ya que por razones de economía financiera no es posible el llamamiento anual de las reservas de la ley».[15]

La Legión Cívica nunca pasó de un grupo de voluntarios que aspiraba a repetir la experiencia de los «camisas negras» del fascismo italiano y no contó con el menor calor popular. Como Uriburu partía de la certeza de que el 6 de setiembre

«fuimos seguidos por el pueblo en masa, sin distinciones partidarias, porque interpretábamos su voluntad»,[16]

era consecuente al suponer que de inmediato la Legión Cívica arrastraría al «pueblo en masa» a la lucha contra los enemigos del gobierno provisional y de su proyecto corporativista. Pero no fue así. La soledad le obligó a claudicar.

El 20 de julio, trece días después de aquel discurso, los yrigoyenistas, encabezados por el teniente coronel Gregorio Pomar, se insurreccionaban en Corrientes, Chaco, Entre Ríos y otros lugares de la República. Su programa, como el del frustrado levantamiento anterior, se limitaba al llamado a elecciones generales bajo el gobierno de emergencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El general Justo estaba comprometido con el movimiento, pero en vísperas de su estallido ordenó a sus partidarios que se retiraran, pues había logrado su objetivo: utilizarlo como amenaza para obtener de Uriburu la promesa de que el 8 de noviembre habría elecciones, incluida la de presidente. Días más tarde anunciaba su candidatura.

Mientras Uriburu se desinflaba y Justo urdía en cuarteles y reuniones partidistas sus intrigas y maniobras políticas, el entusiasmo setembrino del doctor Alvear se había rápidamente diluido para trasmutarse en apasionada devoción por el «jefe inepto». Había, en verdad, dos herencias vacantes: la del gobierno provisional a la deriva y la del yrigoyenismo con su caudillo agotado. Podían reducirse a una sola, a condición de que surgiera del yrigoyenismo el nuevo jefe que lo llevara a la victoria. Esa ambición impulsó a Alvear a saltar, en un abrir y cerrar de ojos, de líder del radicalismo antiyrigoyenista a máximo dirigente del radicalismo yrigoyenista.

Justo y Alvear no cabían en el mismo escenario. Alvear regresó de Europa con aspiraciones de heredero del 6 de setiembre, pero pronto comprobó que Justo se le había adelantado. Por el camino del antiyrigoyenista que venía transitando desde hacía varios años no llegaría al poder. Sería, a lo sumo, un colaborador de su ex ministro. Eligió entonces el camino de Canossa y poco le costó conseguir que el indulgente preso de Martín García le levantara la excomunión.

Los historiadores yrigoyenistas del yrigoyenismo tocan a la ligera el tema de las preferencias, o debilidades, de Yrigoyen por Alvear. Las reducen a una predilección afectiva, a una excepción a la independencia que el gran caudillo siempre demostró en la selección de los hombres, independencia que cuando se reveló en el nombramiento de desconocidas y humildes personas para integrar su primer gabinete, llenó de rencor a los mismos doctores que acompañaron al doctor Alvear en la segunda presidencia radical y participaron, junto a los conservadores, en la preparación del golpe setembrino.

Había entre Yrigoyen y Alvear considerables discrepancias políticas. Las tendencias hacia el nacionalismo económico y el gobierno popular del primero contrastaban con el liberalismo económico y el gobierno de círculo de su aristócrata sucesor. Yrigoyen defendió con inquebrantable firmeza la neutralidad y la autodeterminación de la Argentina ante el mundo; Alvear propició la participación de nuestro país en la guerra de 1914 del lado de los aliados y se mostró siempre complaciente con los consorcios imperialistas extranjeros.

Alvear siempre dependió políticamente de Yrigoyen. Éste apadrinó el encumbramiento de aquél en dos decisivas coyunturas de la vida nacional, no obstante haber recibido de su ahijado, después de la primera, la clásica «patada histórica». Cada vez que se rebeló contra Hipólito, Marcelo perdió su capital político. Sus relaciones mutuas siguieron estas alternativas:

Alvear fue presidente en 1922 gracias a la «media palabra» de Yrigoyen.

La conspiración antiyrigoyenista se inició en el seno del gobierno de Alvear (1922-1928); su ministro de Guerra, el general Agustín P. Justo, inspiró a la logia militar precursora del levantamiento de 1930.

En las elecciones del 1.º de abril de 1928, el presidente Alvear patrocinó el binomio Melo-Gallo en oposición a la fórmula Yrigoyen-Beiró, que resultó triunfante por 800 000 votos contra 400 000.

¿Cómo se explica, pues, que al cabo de casi diez años de declarado enemigo del yrigoyenismo, Alvear asumiera el liderato del yrigoyenismo con el espaldarazo del propio Yrigoyen? ¿Cuál fue la causa de esa reivindicación casi póstuma del contubernio?

Esa inconsecuencia descubre en Yrigoyen el contenido de clase de su política. Descubre las vacilaciones que lo llevaron a aceptar la ley Sáenz Peña en 1912 y el poder condicionado en 1916, tras lo cual intransigencia e insurrección se convirtieron en palabras vacías; que le hicieron respetar, en nombre de un concepto formal de la democracia, a la oligarquía abroquelada en el Congreso, en las situaciones provinciales, en la administración pública, en sectores de las Fuerzas Armadas, en los grandes diarios; que lo convirtieron en instrumento de esa oligarquía en los momentos críticos (Semana Trágica, la Patagonia, Chaco); y que malograron las tendencias hacia una dictadura popular que acelerara el proceso de emancipación nacional y distribución social de la riqueza.

Había descubierto el poder creador y emancipador de las masas populares, pero lo temía y no vaciló en reprimirlo cuando excedió los límites de la legalidad establecida. Elevó a la función pública a hombres de abajo, a condición de que se amoldaran a la tabla de valores de la sociedad heredada. Cuando Sánchez Sorondo decía en el Senado:

«Fue necesario hacer la revolución de setiembre para evitar que el yrigoyenismo, con su política, llevase al país a la revolución social»,

hería de rebote a Yrigoyen, que sólo admitía cambios cuantitativos dentro del orden liberal-burgués y que en cada ocasión que el movimiento de masas desbordaba esos límites se sentía identificado con ese orden.

Al aceptar la «fusión del City»[17] con Alvear y su grupo desprendido del radicalismo antiyrigoyenista, los yrigoyenistas sufrieron un revés más grave que el del 6 de setiembre de 1930. El golpe de Uriburu les quitó el gobierno, pero la incorporación del alvearismo al Comité Nacional los envolvió en el juego de la oligarquía y el imperialismo. Alvear era la renuncia a la intransigencia y a la insurrección, el contubernio latente entre los radicales.

Tanto los conservadores como el general Justo podían alegrarse de la «fusión del City». Los conservadores, «cuyo desinterés se documenta en la vida»,[18] habían alcanzado los objetivos que se propusieron al constituir la Federación Nacional Democrática:

Obligar al general Uriburu a abandonar su proyecto corporativista y la reforma constitucional.

Obtener la convocatoria a elecciones generales.

Anular al yrigoyenismo como factor electoral.

Tener en el general Justo el candidato a presidente que necesitaban.[19]

Como el apelativo conservadores era mala palabra electoral, se lo cambiaron por el de demócratas nacionales para tranquilizar la conciencia de sus socios de la Concordancia: los socialistas independientes y los radicales antipersonalistas que Alvear dejó en la estacada. Y siempre en busca de revoluciones gramaticales hablaron del «viraje hacia la izquierda» por medio del «fraude patriótico».

Un año después del golpe setembrino, el yrigoyenismo designaba candidato a la presidencia de la República, con el perdón del «jefe inepto», a Marcelo T. de Alvear. Los yrigoyenistas que tenían frescos en la memoria los recuerdos de los recientes ataques del nuevo jefe al siempre presente caudillo, su amistad con Justo y sus visitas a Uriburu, no pudieron impedir la decisión incubada en las altas esferas del Comité Nacional del City Hotel.

La fórmula Alvear-Güemes, elegida el 28 de setiembre por la Convención Nacional del radicalismo reorganizado, fue vetada el 6 de octubre por decreto del gobierno provisional. Alegaba la dictadura militar, con hipócrita escrúpulo legalista, que la Constitución veda el ejercicio de la primera magistratura por la misma persona durante dos períodos consecutivos. Suprimía así la trunca presidencia de Yrigoyen y se suprimía a ella misma. Los constitucionalistas del gobierno de facto, no previsto por la Constitución, dictaminaban que don Marcelo debía refrenar sus ambiciones hasta más allá del año 1934. También aducían que los ciudadanos Alvear y Güemes estaban inhabilitados para figurar como candidatos a presidente y vicepresidente de la República,

«ya que han sido elementos principales del sistema que destruyó la revolución del 6 de setiembre»,

acusación que podía aplicarse a Justo y demás antipersonalistas y que pasaba por alto la jefatura virtual del antipersonalismo ejercida por Alvear durante el segundo gobierno de Yrigoyen. Recordaba igualmente que por acuerdo del 24 de julio se había resuelto eliminar de las listas de candidatos a funciones de gobierno a las personas consideradas

«autores, cómplices o encubridores del abortado motín de Corrientes [20 del mismo mes]»,

y como tal Alvear estaba, desde aquella ocasión, exiliado en el Brasil.

La Mesa Directiva de la Convención Nacional del radicalismo resolvió que la fórmula fuese Alvear-Güemes o ninguna otra, y el 27 de octubre declaró la abstención absoluta para los comicios del 8 de octubre. Rechazó la propuesta de algunos afiliados de que se la reemplazara por Gallo-Saguier o viceversa para hacerla aceptable por el gobierno provisional.

Como la abstención se asemejaba a la no resistencia y no apadrinaba la lucha insurreccional, resultaba a fin de cuentas lo mejor que podía desear el general Justo en su avance incruento y seudolegalista hacia el poder.

«El radicalismo, el organismo que Yrigoyen había creado en cuarenta años de paciente elaboración —escribe Scalabrini Ortiz—, ya no era una vía de expresión de los anhelos del pueblo: era un instrumento más de la oligarquía, es decir, un eco de la voluntad extranjera de sojuzgamiento y expoliación».[20]

La abstención absoluta se convirtió, bajo la conducción alvearista, en un cómodo medio de lavarse las manos o de tolerar con el silencio, la inoperancia o la complicidad, la entrega de la economía nacional, los negociados, las persecuciones a la clase obrera y la burla a la voluntad popular.

Pero los conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes, agrupados bajo el pabellón de Justo en la Concordancia, no eran los únicos en alegrarse y saberse beneficiados por la abstención radical. También los demócratas progresistas y socialistas creían que con la renuncia del radicalismo al combate electoral había llegado para ellos la hora largamente esperada de gobernar a la República, para ellos, que se enorgullecían como los otros de ser responsables y herederos del 6 de setiembre. La alianza demócrata progresista-socialista proclamó el 31 de agosto de 1931 la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, a la que volcarían sus votos los sectores independientes de la burguesía nacional, amplias capas de la pequeña burguesía urbana y rural y gran parte de la clase obrera.

Cegado por su antiyrigoyenismo el doctor Lisandro de la Torre daba al golpe del 6 de setiembre un carácter popular que no tuvo y se ubicaba fuera del cauce histórico nacional al pretender que la continuidad del proceso democrático argentino exigía la erradicación del movimiento yrigoyenista. Negaba la posibilidad de su superación crítica, pues lo veía como el renacimiento de la barbarie en oposición a la época europeística a la que estaba enajenado, o como un tumor que debíamos extirpar si queríamos incorporamos al eterno progreso en línea recta ascendente. Coincidía con los conservadores al comparar el 6 se setiembre con Mayo y Caseros. Los socialistas pensaban lo mismo.

Enrique Dickmann, alma mater de la Alianza, decía en sus años posteriores de arrepentimiento que los dirigentes socialistas y demócratas progresistas atribuían el golpe de Uriburu a

«los errores, los vicios, las corruptelas, los sensualismos, los desquicios y trasgresiones y las violaciones constitucionales»,

desconociendo el papel histórico del yrigoyenismo.[21] Atacaban, a la vez, la «corrupta demagogia yrigoyenista» y el «ominoso gobierno de la oligarquía», pero se ubicaban en la línea demoliberal de la oligarquía que arrancaba de 1880. Eran cómplices objetivos del contubernio y disputaban a la Concordancia la herencia que la abstención radical, declarada por la intromisión alvearista, había dejado vacante.

La abstención radical y la concurrencia aliancista, tácticas evidentemente antagónicas entre sí, dividían y desorientaban a la oposición y dejaban amplio campo de maniobras al justismo. La Alianza —«conjunción de fuerzas de izquierda», según su declaración política— se proyectaba desde un punto de partida falso. Invocaba la representación del pueblo —«somos dos partidos de carácter eminentemente popular», se lee en aquel documento—, pero aprobaba y se solidarizaba con el golpe oligárquico-imperialista del 6 de setiembre y aceptaba la lucha en el terreno a que la llevaba el justismo, sabiendo de antemano que iba a la derrota. Lo confiesa Lisandro de la Torre con un nihilismo político al que no absuelve «el mérito del desinterés».[22]

Aunque condenaron el veto de la fórmula radical y la anulación de los comicios del 5 de abril, los partidos de la Alianza imprimieron a su campaña electoral un sesgo ambiguo, oscilante entre la preocupación de no malquistarse con los radicales para obtener sus votos y los arraigados prejuicios antiyrigoyenistas que provocaban la antipatía de la masa ciudadana afecta al gran caudillo. Tanto en los editoriales de La Vanguardia como en los discursos políticos, el candidato aliancista a la vicepresidencia, Nicolás Repetto, se especializó en los ataques al radicalismo, como «residuo» de la despreciada «política criolla», y sugería la participación en el gobierno de

«una clase conservadora políticamente educada y evolucionada como la inglesa».

Era su meta aplicar a la Argentina

«el brillante ejemplo de educación política que los conservadores ingleses dan ahora al mundo acatando la legitimidad y colaborando en el parlamento con el gobierno laborista. Este hecho —agregaba— asombra en un país de política aún semibárbara como es el nuestro, donde se oye decir corrientemente que si triunfa tal o cual partido, el gobierno no le entregará el poder».[23]

Difícil será encontrar en la vasta literatura política de nuestro país una expresión tan clara, sintética y significativa de la conciencia colonial de izquierda y de su enajenación a la época de la decadencia europeística. Al fraude que preparaba a ojos vistas el justismo dominante en el gobierno, el dirigente socialista oponía el modelo ideal del bipartidismo inglés y no la movilización de las masas «semibárbaras» que tanto temía y vilipendiaba.

En otro editorial, el doctor Repetto exaltaba la consigna amenazante enunciada por el príncipe de Gales, al inaugurar en Buenos Aires la Exposición de la Industria Británica: comprar a quien nos compra. A la inversa, le parecía aberrante la idea de bastarse a sí mismo. Decía que era

«una inexactitud y una herejía, porque Inglaterra no piensa en bastarse a sí misma, ni piensa tampoco semejante disparate ningún país medianamente civilizado».[24]

El doctor De la Torre, su compañero de fórmula, compartía esa concepción liberal, contraria al nacionalismo económico, olvidando que años antes había criticado duramente la política librecambista y antindustrialista propiciada por Juan B. Justo.[25] En su discurso programático, el candidato aliancista a la presidencia asumió la defensa del consumidor y se opuso al aumento directo o indirecto de los derechos de aduana con los mismos argumentos socialistas que el doctor Justo había usado al polemizar con él. No imaginaba que pronto, desde su escaño de senador, volvería a esgrimir, con brillo ejemplar, el proteccionismo de las fuerzas productivas nacionales al denunciar la entrega de la economía patria consumada por el gobierno del otro Justo, el general.

Descartado el radicalismo por propia decisión, los comicios del 8 de noviembre de 1931 se redujeron al enfrentamiento de dos coaliciones: la Concordancia y la Alianza. Andaban muchos cabos sueltos en la Argentina. Como símbolo inerme de las mayorías ciudadanas excluidas del poder y del voto auténtico, permanecía preso y enfermo en la isla Martín García el anciano conductor de la lucha de la Causa del pueblo contra el Régimen de la oligarquía. Si los dirigentes del Comité Nacional del radicalismo carecían de la ideología y de la audacia indispensable para imprimir al movimiento de masas un sentido nacional revolucionario, los intelectuales y políticos aliancistas se sentían colocados por encima de la muchedumbre «semibárbara».

Nada esperaban, y así lo confesaron, los escépticos dirigentes de la Alianza de un aparato electoral apañado para la gran estafa, a partir del momento en que el gobierno provisional no vaciló en anular los comicios del 5 de abril que revelaron la inclinación yrigoyenista de la mayoría de los electores,[26] y luego, con el fin de darse tiempo y preparar el fraude del 8 de noviembre, suspendió las elecciones convocadas en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Córdoba para el 19 de abril y el 24 de mayo. Además, por el mencionado acuerdo del 24 de julio quedaba a discreción del Poder Ejecutivo la eliminación de las listas electorales con nombres de personas que hubieran actuado en el gobierno yrigoyenista o participado en sublevaciones contra el régimen de facto. Sin embargo, esas medidas no causaban tanta alarma a los dirigentes de la Alianza, pues en verdad los favorecían, como estas otras que describe Lisandro de la Torre:

«En la Casa de Gobierno, precisamente, se llevaban a cabo las transformaciones famosas de las juntas electorales de las provincias, a fin de entregar a los oficialismos los presidentes de comido, elementos esenciales del fraude. Se sacaba de su despacho con la policía a jueces inamovibles, se jubilaba aceleradamente a quienes no querían jubilarse, y se ascendía a quienes no querían ascender, a fin de producir vacantes en las juntas, y todo eso llevaba la firma del ex presidente provisional».[27]

El fraude organizado a la perfección por el grupo cívico-militar que asaltó el poder con el pretexto de restablecer la legalidad democrática que decía violada por el yrigoyenismo, no se aplicó al yrigoyenismo, autocolocado fuera de combate, sino a partidos que venían denunciando a éste, desde años antes, como el reverso del modelo de la democracia anglosajona. Vencidos en «la trampa del cuarto oscuro», no les quedaba a los aliancistas enemigos de toda solución violenta, otra alternativa que aceptar la francochada legalidad que habían contribuido a crear con su presencia en los comicios y que les aseguraba una nutrida representación en el Congreso.[28] Serían los fiscales del gobierno justista, los fiscales sin jueces que condenaran, denunciantes desde la anacrónica visión de 1853 y de 1880, no forjadores de una nueva Argentina. Porque la democracia postiza impuesta desde arriba por la planificación jurídico-institucional que siguió a Caseros, en la que ellos estaban insertos, nació de la represión de la democracia verdadera, de la democracia que balbuceaba en el yrigoyenismo y, pese a sus reveses pasajeros, encerraba en sí misma todo el porvenir del pueblo argentino.[29]

CAPÍTULO 27
EN TIEMPOS DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

Los dirigentes sempiternos del Partido Comunista todavía conservaban en 1930 el fuego revolucionario que los llevó a renunciar a las tentaciones de la opulenta Argentina de la colonización capitalista.[1] País extraño era para ellos el nuestro. No entendían, ni les pertenecía, ni les interesaba su historia. Y veían en el presente nacional una totalidad oprobiosa de la que se rescataría al proletariado al conquistar el poder e imponer su dictadura, en base a la alianza con el campesinado y dirigido por ellos, los comunistas, constituidos por propia decisión y ab ovo en su vanguardia ideológica, política y organizadora. Querían hacer la revolución a la manera rusa y bajo la vigilante mirada de Moscú. Todo lo copiaban. El papel carbónico les transmitía los encendidos informes y tesis de la Internacional Comunista o Tercera Internacional.[2] Por pertenecer a ella, se consideraban, aquí y en todas partes, los conductores de hecho y derecho de la revolución socialista mundial. Se fabricaron una ilegalidad subjetiva, adelantándose a la ilegalidad de verdad que les impuso la dictadura uriburista y que nunca pudieron vencer por sí mismos, debido a que vivían marginados de las contradicciones internas de la sociedad argentina. Se enajenaron a una dogmática mecanicista y simplona, antípoda de la dialéctica, y al intentar en el 45 curarse de ella con la psicoterapia de la Unión Democrática, representaron a la perfección el papel de colas de la oligarquía conservadora y de los centros imperialistas.

Desde 1918 venían siendo adoctrinados por instructores internacionales en la idea mesiánica de la uniforme revolución socialista mundial a corto plazo. Esta idea se fundaba en la tesis de que el sistema capitalista marchaba rápida e inevitablemente a la destrucción, socavado por sus insuperables antagonismos internos (condiciones objetivas) y por la acción cada vez más combativa de las grandes masas capitaneadas por la clase obrera y su partido de vanguardia (condiciones subjetivas), doble proceso acelerado por la existencia de la Unión Soviética y sus primeros éxitos en la construcción del socialismo en un solo país. La crisis general de 1929-1932, la más profunda, amplia y devastadora del capitalismo, puso a prueba esa tesis y demostró en la práctica la inexistencia de condiciones objetivas y subjetivas maduras para la revolución socialista mundial inmediata. En lugar del avance triunfal del socialismo, fuera de la Unión Soviética, se dieron en 1933, al final de la crisis, dos hechos muy significativos: la recuperación de la economía norteamericana mediante el New Deal del presidente Roosevelt y el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania. La idea de la revolución socialista mundial a corto plazo, y no como resultado de un largo y complejo proceso, era categóricamente desmentida por la realidad. Pero los hombres que en Rusia habían tomado el poder alucinados por esa impaciente esperanza, y ellos que en el resto del mundo también se abrazaron a ella y creyeron, más positivistas que dialécticos, que la victoria de los soviets se repetiría en cadena y del mismo modo en todos los países, insistieron en la lucha por la «revolución permanente» y predicaron en el desierto, o sustituyeron la autocrítica por la autoridad y la discusión por la fe, en nombre de la infalible sabiduría que le atribuyeron a Stalin y que otorgaba a sus fíeles impunidad para incurrir en errores de gravísimas consecuencias. La autoridad fijista, antidialéctica por esencia, de los stalinistas de ayer, antistalinistas de hoy, no podía hacerse valer en nuestro país, felizmente, por medio de los expeditivos procedimientos de las purgas de Moscú, ya que no disponían del aparato del Estado. Recurrieron entonces al método en el que son maestros inigualables: rodear al rebelde de una tupida nube de calumnias que lo aísle como leproso y lo dibuje como provocador, espía o policía. El más elemental sentido común indica que los individuos de la catadura incriminada no caen en la torpeza de mostrar la pata de la sota y se preocupan en todo momento de cubrir su miseria moral con el rostro hipócrita de una ortodoxia absoluta.

A partir de 1930 —o, con mayor amplitud, de la gran crisis del capitalismo—, se desarrollaron a extremos monstruosos las tendencias latentes en el stalinismo a consolidar en la Unión Soviética —y como reflejo en todos los partidos de la Internacional Comunista— direcciones exclusivamente autoritarias, acompasadas a una línea general acatada a ojos cerrados. Al degenerar el centralismo democrático en una jerarquía de tipo militar y dejar de elaborarse la teoría política a través de la discusión colectiva interna y de la polémica con el adversario, e imponerse como norma a priori e indiscutible el principio de autoridad, el marxismo-leninismo se endureció y esterilizó hasta condenarse en una dogmática enajenante que sus fieles aplicaban a todos los tiempos y circunstancias.

Entre la Unión Soviética y el resto del mundo mediaba la nada pequeña diferencia de que con la Revolución de 1917 se habían creado en aquélla las condiciones del despegue hacia la construcción del socialismo, mientras que en los otros países el salto revolucionario era todavía un objetivo a alcanzar. Y aunque los congresos de la Internacional Comunista apreciaron tan fundamental diferencia y sus tesis la tuvieron en cuenta, los partidos comunistas terminaron por orientar su política nacional en función de la política exterior de la Unión Soviética y por forzar abstractamente la coincidencia de esta política con el proceso revolucionario interno de cada país.[3] Prescindieron de lo particular, y al sólo admitir lo universal sostuvieron que no existía «excepcionalidad» en la marcha hacia el socialismo, pues el camino era único y al apartarse de él se pasaba al campo contrarrevolucionario. Apresuró la conversión de los partidos comunistas en gemelos una serie de acontecimientos de abrumadora magnitud, determinados por la amenaza de guerra contra la Unión Soviética y la necesidad de organizar un frente mundial que enfrentara al nazi-fascismo. En el documento de 1943 que anunciaba su disolución, la Internacional Comunista señalaba las consecuencias funestas de tal uniformidad e invitaba a cada partido comunista a encontrar su propio camino revolucionario, pero los dirigentes con la conciencia adaptada al modelo de la Revolución Rusa y su posterior trayectoria no superaron su condicionamiento. Después de la desaparición de la Internacional Comunista se sintieron más dependientes de Moscú que antes. Y si comenzaron a interesarse por la historia y los hechos de su propio país, lo hicieron no por haber llegado por sí mismos al convencimiento de que debían arraigarse en lo nacional, sino por un viraje en la línea dictada en Moscú y con los extravíos que analizaremos más adelante.

La Unión Soviética había iniciado con los planes quinquenales la segunda revolución técnico-industrial de la historia, la cual, en contraste con la primera (iniciada en Inglaterra en el siglo XVIII, en base a la economía y a la propiedad privadas del capitalismo), partía de la economía y de la propiedad socializadas. El stalinismo se hizo despótico y presentó al Estado soviético como una totalidad final, como la realización suprema de los modos y relaciones de producción socialista, y rechazó sus cambios internos por perjudiciales a la causa del socialismo y del comunismo, impelido por la necesidad ineludible de industrializar a la Unión Soviética, bajo la consigna de «alcanzar y superar a los Estados Unidos». Industrializar significaba en la atrasada Rusia crear desde la raíz, esto es a partir y en forma prioritaria de la producción de medios de producción, un sistema económico abierto al progreso incesante de la ciencia y de la técnica. Y tan gigantesca tarea sólo era realizable mediante la imposición por la fuerza del Estado de tremendos sacrificios al pueblo, en lo referente al abastecimiento de los medios de consumo. Tanto en la primera (la capitalista) como en la segunda (la socialista) de las revoluciones industriales, el Sector I (producción de medios de producción) nació y se expandió durante la etapa inicial gracias a la abstinencia y al ahorro exigidos al Sector II (producción de medios de consumo). Aunque con objetivos opuestos —la primera la máxima ganancia del capitalista, la segunda el bienestar social y la economía de abundancia al alcance de todos—, el Sector II recogió, en ambos casos, los frutos de las privaciones y postergaciones que se le impusieron para levantar y desarrollar el Sector I. La producción de medios de producción carece de sentido si no concurre a multiplicar y mejorar, con menor empleo relativo de fuerza de trabajo, la producción de medios de consumo.

De las consideraciones precedentes se desprende la siguiente contradicción: mientras que el Estado soviético se coagulaba en formas absolutas y daba exteriormente la idea de una totalidad final y perfecta, la industrialización requería un proceso abierto, de cambios continuos, de incesante superación. Desde el punto de vista de la construcción del socialismo en un solo país, aquella inmovilidad de la estructura estatal bajo la dictadura dogmática del stalinismo era la condición previa y básica de la movilidad así encauzada del proceso técnico-industrial. El cultivo de las ciencias físico-matemáticas y de la naturaleza y su aplicación a la industria y a la técnica, orientados hacia los objetivos del socialismo, en los que tanto descuella la Unión Soviética, y la enajenación masiva de los obreros y campesinos al mismo esfuerzo colectivo, no parecían compatibles, en un país atrasado y que había cruzado los umbrales de la revolución social, con un Estado en permanente flujo o sometido a la presión de distintas tendencias. Stalin, y no Trotski o Bujarin, interpretó la objetividad de esa contradicción. Amordazó o liquidó a quienes llevaban al plano de las polémicas teóricas el planteo de la «revolución permanente» o del aflojamiento de la dictadura del proletariado rumbo a la desaparición del Estado, y exaltó, estimuló y premió a los científicos y técnicos concentrados en la construcción del socialismo y nada dispuestos a distraerse y malograrse con dudas acerca de la infalibilidad de la dogmática ideológica-política suministrada por el Kremlin. Sacrificó las proyecciones universales del pensamiento dialéctico, en aras de la construcción del socialismo en su país. La revolución socialista mundial se postergó sine die, no por obra de Stalin, que no poseía las dotes sobrenaturales que por afirmación le atribuían los stalinistas y por negación los trotskistas, sino porque la humanidad no había madurado totalmente para ella. Antes Moscú la esperaba a corto plazo; ahora le suprimió la fecha. El remanso de la historia fue acumulando en los partidos comunistas en general, siempre con excepción del Chino en aquel período, una mediación tras otra entre la revolución específica de cada país y el punto de partida de dependencia de la política de Moscú. Tales mediaciones se convirtieron en sucesivos objetivos en sí hasta desembocar en la coexistencia pacífica, la cual los compromete al extremo de no admitir retroactividad al planteo inicial de la revolución socialista mundial que hoy sería anacrónico, ni tampoco su paso a la nueva concepción revolucionaria que transita por innumerables caminos y fuera de los designios de Moscú.

Por ese tobogán se deslizaron los dirigentes comunistas de la Argentina, desde su posición primitiva de fanáticos de la revolución socialista mundial hasta concluir en paladines del retorno a las instituciones liberales. En el interludio 1930-1935 prepararon el salto de la consigna de los soviets y el gobierno obrero-campesino a los llamados a la unidad antifascista y el gobierno de amplia coalición democrática, del desprecio global de nuestra historia a la ubicación en la línea liberal de la oligarquía. El análisis de la política del Partido Comunista durante ese quinquenio es indispensable, por consiguiente, para descubrir las causas generadoras del papel que protagonizó en la oposición al movimiento nacional y popular posterior a 1945.

Retomemos, pues, el hilo del recuento abandonado en vísperas del golpe uriburista.[4] Decía entonces el grupo capitaneado por Codovilla:

«El gobierno Yrigoyen es el gobierno de la reacción capitalista, como lo demuestra su política represiva, reaccionaria, fascistizante, contra el proletariado en lucha, contra el cual [utiliza] cada vez más los métodos terroristas».[5]

También calificaba de «nacionalfascistas» a los gobiernos latinoamericanos, sin perdonar al de México, y atacaba sin discriminación a cuanto líder levantaban los movimientos populares. Pero la inestabilidad social que se propagó por el continente en los años 1929-1932, de la gran crisis, reveló la torpeza de esos juicios nihilistas y la falta de eco en las masas obreras y campesinas de la delirante agit-prop de los partidos comunistas, cuyo desconocimiento de la realidad circundante los aislaba en diminutos ghettos de iniciados en una dogmática esotérica, que no convenció ni atrajo a las mayorías de explotados a quienes intentaban adoctrinar. Vivían en un mundo que no les reconocía los entorchados de vanguardias revolucionarias que ostentaban por pertenecer a la Internacional Comunista. Reaccionaron frente a los golpes de Estado en cadena de aquella época, de los que fueron las víctimas propiciatorias, repitiendo sus vituperios al fascismo que, ante sus ojos no capacitados para ver otra cosa, moría y resucitaba en todas partes, bajo múltiples formas.

Si cubrían su ignorancia de la historia y de los hechos de la realidad latinoamericana, y en particular de la Argentina, con una sofisticada opción entre fascismo y soviet en el plano del gobierno, no menos descabellada era su interpretación de la política de las potencias imperialistas —Gran Bretaña y los Estados Unidos— en nuestro continente. Carecía del menor fundamento empírico la tesis de que esas dos metrópolis preferían, como norma, los gobiernos «fascistas», «nacionalfascistas» o «de tipo fascista» —fantasmas que recorrían América Latina, a juzgar por los documentos del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista—[6] o las dictaduras militares o civiles. Desde antes de nuestra independencia, la diplomacia y el espionaje británicos se orientaron a fomentar en el Plata la organización de democracias liberal-burguesas, a imagen y semejanza de la propia.[7] Más tarde, la Constitución de 1853, el Estado que legalizó y la democracia postiza que introdujo corresponderían, como anillo al dedo, a la metamorfosis de la Argentina en satélite agropecuario del mercado inglés. La oligarquía, proinglesa de nacimiento, siempre fue tan antidictatorial y admiradora del Parlamento de Westminster como los socialistas. Al final de la etapa, en 1930, el gobierno y la prensa de Londres no se congratularon excesivamente de la caída de Yrigoyen —caudillo que en la ola de un movimiento nacional y popular ponía en peligro el modelo demoliberal británico—, porque detrás del acontecimiento veían asomar, en tren de penetración económica, financiera y diplomática en la Argentina, la patibularia figura del Tío Sam.

Tampoco es exacto que la política norteamericana en sus múltiples expresiones al sur del río Grande —desde el big stick hasta la corrupción y la mano suave— sistematice la provocación de golpes de Estado contra gobiernos constitucionales y el sostén de dictaduras. La guía, de manera principalísima, el interés de los inversores que buscan en América Latina seguridad para sus capitales y ganancias, y saben que no basta para conseguirla el respaldo diplomático y militar de las autoridades de Washington, pues requiere también la garantía de gobiernos respetuosos del fair play de la moral burguesa. La democracia representativa parlamentaria, con mayor o menor dosis de cesarismo presidencial, llena esta condición mejor que el más obsecuente régimen de facto, al que muchas veces, sin embargo, los Estados Unidos reconocieron y apoyaron con el fin de derrocar a gobiernos nacionalistas-populares o de impedir la toma del poder por movimientos del mismo carácter. Invadieron sus marines nuestros países cada vez que corrieron peligro los dólares de sus empresas por ausencia o debilidad de gobiernos demoliberales. Auspiciaron dictaduras en América Central, en el Caribe y en América del Sur como el «mal menor», allí donde la democracia parlamentaria anglosajona no tenía bases-sociales. Apuntalaron en Nicaragua veinte años de despotismo, porque Anastasio Somoza, un marine fundador y jefe de la guardia nacional, se convirtió en el hombre del «destino manifiesto», después de asesinar al guerrillero César Augusto Sandino, caudillo del movimiento agrario y antimperialista. Preferían en Cuba un Prío Socarrás o un Grau San Martín a un Batista, y la preferencia les hizo pisar el palito cuando creyeron que Fidel Castro se batía por la restauración de la legalidad demoliberal. Y sin alejarnos, ¿no desplegaron en la Argentina de 1945-1946 todas sus poderosas influencias a favor de la Unión Democrática con el propósito de aniquilar al movimiento nacionalista de masas que representaba el coronel Perón? Eran los días de oro de los hermanos Ghioldi, reunidos de nuevo alrededor de la apología que hizo el mayor de ellos, Rodolfo, de

«la línea de buena vecindad retomada ahora por el secretario Byrnes y ratificada con tanto calor por Mr. Braden».[8]

Pero en 1930 las circunstancias obligaban al Departamento de Estado a suscribir la caída de Yrigoyen y a otorgar un salvoconducto a la dictadura del general Uriburu.

La prensa capitalista de la época filtraba opiniones de una claridad inobjetable. Decía el New York Evening Post, diario fundado en 1801 por Alexander Hamilton:

«En los círculos oficiales de Washington se afirma que las revoluciones en la América del Sur probablemente beneficiarán a los Estados Unidos, pues tendrán como consecuencia la vuelta al poder de los elementos conservadores».[9]

El Sunday Referee publicaba un artículo de Leonard W. Matters, parlamentario inglés, que culpaba a los Estados Unidos de la agitación política en América del Sur y afirmaba que

«la penetración económica de la Unión en los países latinoamericanos es la causa de que se pierda la confianza del pueblo en los gobiernos de esas naciones».

Il Corriere, diario católico italiano, se preguntaba si el derrocamiento de Yrigoyen significaría la entrada triunfal en la Argentina de los banqueros yanquis y aseguraba que los gobiernos nacidos de los últimos golpes de Estado en América Latina «sirven la política de Washington», mientras Yrigoyen tuvo hacia los Estados Unidos una política de «feroz independencia». Seguía así:

«La política imperialista de los Estados Unidos ha obtenido un nuevo éxito: era necesario que se libraran del único gobernante de América del Sur que no estaba dispuesto a someterse. Desaparece del escenario político, por lo menos momentáneamente, la única nación que estaba en condiciones de ponerse a la cabeza de las repúblicas latinoamericanas para contrarrestar las ambiciones de hegemonía de los Estados Unidos».

De Nueva York se trasmitían cables del siguiente tenor:

«Yrigoyen no ha sido amigo entusiasta de los Estados Unidos. Se mostró contrario a la doctrina de Monroe, rechazó el Pacto Kellogg y volvió la espalda a los proyectos panamericanos […]. No cabe duda que para la República Argentina la revolución es el mejor acontecimiento que ha ocurrido en el país desde hace una década. El gobierno ha vuelto a manos de elementos sólidos y responsables, en favor de quienes han actuado los jefes militares».

La prensa norteamericana acusaba a Yrigoyen de negarse a

«observar las reglas de cortesía diplomática hacia los Estados Unidos»,

de no aceptar en las conferencias panamericanas de Washington y La Habana los puntos de vista del Departamento de Estado, de imponer una política propia. A esos tremendos pecados se sumaba la descomposición interna de la democracia parlamentaria a la inglesa, que los diarios de Londres atribuían a «una tragedia personal de decaimiento físico» del presidente depuesto.

Las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos habían sido muy tirantes durante las postrimerías del gobierno de Yrigoyen, el cual no llenó la vacante de embajador en Washington en represalia por la tarifa arancelaria norteamericana que perjudicaba las exportaciones argentinas. Se daba por seguro, además, que el gobierno de Buenos Aires, de seguir Yrigoyen en el poder, no renovaría el empréstito de cincuenta millones de dólares, a corto plazo, concedido por la Chatham Phoenix.

Al hacerse cargo de la presidencia provisional de la República, el general Uriburu se comprometió a designar de inmediato embajadores en Washington y en la Unión Panamericana, como paso previo a la signatura de un acuerdo sobre aranceles y a la contratación de un empréstito que cubriera el vencimiento de cincuenta millones de dólares. Personalidades representativas del imperio norteamericano —el ex secretario de Estado Frank B. Kellog, el senador William Borah, el presidente de la compañía Swift, el periodista William Wills Davies— saludaron con entusiasmo el advenimiento del gobierno de facto, y las autoridades de Washington se apresuraron a reconocerlo, sin tener en cuenta el principio de la política exterior norteamericana de no mantener relaciones con los gobiernos de origen no constitucional. Informaba The Sun:

«Los capitales norteamericanos que han plantado fuertes jalones en la Argentina están naturalmente interesados en el desarrollo de la actual situación. El presidente Yrigoyen no parecía dispuesto a llenar la embajada vacante en los Estados Unidos, mientras que el general Uriburu ha declarado que su gobierno la nombrará. Por eso los banqueros norteamericanos, británicos y argentinos convinieron en ofrecer fondos al gobierno provisional para cubrir sus necesidades inmediatas, atestiguando su confianza en la estabilidad del nuevo gobierno».

Aunque por esos años comenzaban los funerales del Imperio británico y se elevaba la estrella de los Estados Unidos, los políticos de Londres no se llamaron a engaño en cuanto al destino que esperaba al proyecto uriburista. La exportación agropecuaria argentina dependía, casi exclusivamente, del mercado inglés, y tenía escaso acceso al mercado norteamericano, cuya producción agrícolo-ganadera le era competitiva. Siempre hubo este obstáculo insalvable en los términos del intercambio argentino-norteamericano, agravado por la política arancelaria proteccionista de los Estados Unidos que Yrigoyen atacó enérgicamente. No había posibilidad de cubrir el déficit que el comercio entre los dos países arrojaba en contra del nuestro, en tanto nos abasteciéramos de máquinas y automóviles norteamericanos, y el gran mercado del norte sólo se interesara por una mínima parte de nuestra producción exportable. La Argentina estaba obligada para cubrir ese déficit a recurrir a empréstitos externos, al traslado de divisas obtenidas de las ventas a Gran Bretaña y otros países o a las reservas de oro de la Caja de Conversión. El mercado inglés seguía siendo el común denominador de nuestro comercio exterior. Además, Gran Bretaña había envuelto a la Argentina, durante la colonización capitalista, en la telaraña de sus ferrocarriles y de su sistema bancario, completando así una dependencia que se haría aún más estricta al suceder en el gobierno el justismo al uriburismo.

El modus vivendi angloargentino no toleraba la intromisión de los Estados Unidos. Uriburu incurrió en dos errores que lo volcaron en la claudicación total. Su acercamiento a los consorcios petroleros norteamericanos despertó de inmediato no solamente la resistencia del auténtico nacionalismo argentino, sino también la oposición de Gran Bretaña que nunca admitió que nuestro país llegara al «autoabastecimiento» de combustibles por la vía de las concesiones a la Standard Oil. El proyecto corporativista era una aventura sin la menor posibilidad de concretarse por voluntad de una dictadura —destruyendo desde arriba el orden demoliberal representado por los partidos políticos y fundamento de la colonización capitalista—, pero, en cambio, fue agitado críticamente para anular la solidaridad inicial de los Estados Unidos con el uriburismo. Justo y su equipo se beneficiaron con esos dos errores que aislaron al gobierno provisional y le obligaron a aceptar la salida electoral.

Las contradicciones de la política argentina que acabamos de exponer aparecían completamente dislocadas en las tesis del Partido Comunista, sujeto siempre al acatamiento ciego de una línea internacional, a la que, a la manera platónica, intentaba adaptar las particularidades de nuestro proceso histórico. Su copiosa literatura de la época ofrece una visión que desconcertaría, como una junta de espiritistas, de no relacionarla con su hábito incurable de conceptuar conceptos extraídos del repertorio soviético e inferir, por este método, la existencia de una realidad que sólo existe en su conciencia. Pintaba el siguiente panorama politicosocial:

Un gobierno «fascista», o «fascistizante», el de Hipólito Yrigoyen, había sido derribado por un golpe «fascista», el de José F. Uriburu. Se diferenciaban en que detrás del primero estaba el imperialismo inglés, mientras que al segundo lo sostenía el imperialismo norteamericano.

El cambio del 6 de setiembre de 1930 hubiera quedado reducido en los informes y tesis a un aspecto de la competencia interimperialista, a no ser que debido al terror y los fusilamientos, como los de Pedro Izcazatti en Mendoza y el anarquista Severino Di Giovanni en Buenos Aires, la ilegalización del comunismo y la fundación de la Sección Especial para reprimirlo, las detenciones de millares de ciudadanos y los confinamientos en el penal de Ushuaia, y el aplastamiento de las huelgas, se hizo evidente que algo se había perdido con el salto de uno a otro «fascismo». Los sucesos postsetembrinos demostraron que no era cuerdo suponer que la «feudal-burguesía» argentina, clase social inventada por el Partido Comunista, jugara a dos puntas con el «fascismo» y coqueteara con los dos imperialismos. La realidad, como la verdad, nunca deja de tomarse el desquite. Había que descubrir el origen de los «errores», lo que equivalía, según la metodología de las «purgas» (de lo subjetivo a lo objetivo), a encontrar un culpable. De cabeza de turco ofició entonces un inmigrante italiano, personaje de la picaresca de nuestro siglo, tan extraño a la idiosincrasia del pueblo argentino como a toda tarea intelectual seria, burócrata típico que venía actuando sucesivamente desde 1912 en las filas de los partidos Socialista, Socialista Internacional y Comunista. Victo-rió Codovilla se salvó por un pelo de ser expulsado. No pudo evitar el acto de contrición ante la Comintern, ni un mea culpa con el adobo necesario para darla a publicidad.

La Comintern lo sacó de la Argentina en setiembre de 1930, coincidiendo con el golpe uriburista y para permitir que

«la autocrítica pueda desenvolverse amplia y libremente en el Partido».

Días antes había dicho, en una asamblea destinada a analizar los errores que mantenían al partido marginado del movimiento de masas, que

«si la línea del partido había fallado eso se debía más que a su falta de precisión sobre los problemas nacionales, al hecho de que la dirección del partido no había sabido aplicarla, y por consiguiente la cuestión radicaba en su aplicación, teniendo en cuenta los cambios sobrevenidos en la situación del país».[10]

Esta maligna autodefensa —trataba de salvar su responsabilidad como autor de la línea política y de endilgar el fracaso a quienes tenían la misión de aplicarla— lo colocó al borde de la expulsión, la que no se hizo efectiva gracias a misteriosas influencias que emanaban de Moscú. Desde entonces, y son muchos treinta y ocho años en nuestra época, tal ha sido su comportamiento habitual ante los fracasos constantes y en cadena del Partido Comunista, sin una sola victoria reparadora. Aprendió en 1930 que el arte para conservarse a la cabeza de un aparato burocrático, sobre todo cuando este aparato carece de sensibilidad receptiva de la problemática nacional y popular, consiste en subjetivizar en otros, salvando el propio pellejo, la línea falsa (al extremo de poder ser reaccionaria o contrarrevolucionaria) consubstancial del aparato y condicionante del pensamiento y la actividad del conjunto y de cada uno de sus miembros. De este modo, la secta jerárquica se eterniza en función de la permanencia en la cúspide de un pequeño grupo autoritario inconmovible que la usufructúa, mientras debajo millares de afiliados entran ilusionados con la revolución social y salen desengañados por la dogmática impotente que se les impone, o se los expulsa a la menor insinuación de duda sobre la infalibilidad del grupo dirigente, o del dirigente máximo, y su línea política, que sólo se renueva para saltar de un error a otro, porque sus propios fundamentos son falsos de origen y surgieron de afuera, y en oposición al desarrollo de los movimientos nacionales y populares.

El diálogo epistolar entre Codovilla y sus rivales de las direcciones del Partido Comunista de la Argentina y del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, se desenvolvió al nivel de gentes comprometidas en hacer de nuestro país el campo de experimentación de una línea política que venía elaborada del extranjero. Los segundos acusaban al primero de haber

«luchado contra el reajuste de la organización y resistido enérgicamente la proletarización».

Codovilla respondió con una «declaración explicativa» que el Plenum del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina consideró «satisfactoria», aunque «escasamente autocrítica», señalando «algunas fallas» en un «comentario público». Veamos cuáles eran los puntos «satisfactorios» o de coincidencia.

Codovilla admitía

«como justa toda la crítica hecha a la dirección del partido [por el SS de la IC] de cuya política tengo una responsabilidad directa y la crítica que se me ha hecho personalmente referente a los errores cometidos antes y durante el golpe de Estado [del 6 de setiembre de 1930], por nuestra falta de perspectiva ante la profundidad del mismo, que era visible para todos, y por la incapacidad demostrada en movilizar a las masas trabajadoras, arrancarlas de la influencia de los grupos demagógicos de la burguesía —instrumentos del imperialismo— y llevarlas a la lucha como fuerzas independientes en defensa de sus propios intereses de clase.

»Reconozco también que esa falta de perspectiva no era casual. Ello provenía de la falta de análisis concreto de la situación política del país y de nuestra despreocupación de las luchas entabladas entre los diversos burgueses y terratenientes —instrumentos de uno y otro imperialismo— por el poder, lo que ha determinado la pasividad del partido, que no comprendió la situación y, por consiguiente, no tomó una intervención enérgica y directa en esas luchas para arrancar a las masas trabajadoras de esos grupos burgueses.

»Mi error fue no comprender que esos cambios eran tales —estábamos en vísperas del golpe de Estado— que exigían un viraje profundo en la línea y los métodos de trabajo del partido con vistas a una movilización rápida de las masas trabajadoras para luchar contra la reacción, por sus reivindicaciones inmediatas y Por una solución propia de la crisis existente en el país».[11]

Había dado un paso adelante en la autocrítica. Apremiado en Moscú por los dirigentes de la Comintern reconocía que los errores no residían en la «aplicación» de la línea política, como sostuvo al principio, sino en la línea política misma. Pero la nueva línea política, la que el «comentario público» del Comité Central consideró «satisfactoria» y aceptó sin observación, apenas se diferenciaba de la anterior y era tan aberrante como ella. Reproducía, con escasas variantes, el cuadro que dimos más arriba:

«Los diversos grupos burgueses y terratenientes» actuaban de «instrumentos de uno u otro imperialismo».

«Los grupos demagógicos de la burguesía» (esto es, el yrigoyenismo) también servían de «instrumentos del imperialismo».

¿Cuál había sido el error del Partido Comunista? No movilizar rápidamente «a las masas trabajadoras para luchar contra la reacción [integrada por la totalidad de esos grupos, los demagógicos o yrigoyenistas y los no demagógicos o conservadores, antipersonalistas, demócratas progresistas, socialistas independientes], por sus reivindicaciones inmediatas y por una solución propia de la crisis existente en el país». Si el error era éste, Codovilla no se había equivocado al apreciarlo así, pues «movilizar a las masas» significaba «aplicar» una línea política y, como salta a la vista, la línea política que el Comité Central (y el SS de la IC) cuestionó primero y la que aceptó después se parecían como dos gotas de agua.

Aparentemente, pues, las cosas seguían como antes: una línea política que aislaba al Partido Comunista en la oposición a la totalidad de los otros partidos y una imposibilidad absoluta de que desencadenara el movimiento de masas y se colocara a su vanguardia. Pero el Partido Comunista tenía que mostrar su existencia de alguna manera y sus dirigentes estaban obligados a hacer méritos ante la Comintern que los sustentaba. Eligieron entonces lo único al alcance de su mano, algo distinto del repudiado atentado individual de los anarquistas y que, a la vez, supliera la falta de vínculos afectivos con las masas: la movilización de los activistas y simpatizantes en acciones públicas (en las calles de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades o en locales cerrados), acciones que inflaban la importancia del Partido Comunista y que se presentaban en los informes como pruebas de la conquista de las masas. Era, por otra parte, una costumbre que se conserva hasta hoy, ponderar los éxitos alcanzados en la conquista de nuevos afiliados (contando, por supuesto, únicamente a los que entraban y no a los que se iban), jactancia cuya falsedad se pone al descubierto con el raquitismo y la orfandad de la organización partidaria al cumplir su primer cincuentenario.

El continuo flujo y reflujo de afiliados ofrece a la investigación un interesante fenómeno psicológico. La militancia traía renunciamientos, riesgos, inmolaciones que muchas veces llegaban al heroísmo y la pérdida de la vida. Hambres, torturas y prisiones eran los premios que esperaban al activista, cuya abnegación el partido reconocía y exaltaba en la medida que se ajustaba a la línea política impuesta autoritariamente por la dirección, conforme a las tesis bien o mal aplicadas de la Internacional Comunista, pero desconocía y despreciaba si a esa abnegación no acompañaban la ciega obediencia al grupo dirigente y la aceptación a libro cerrado de la justeza de su línea política. Y, sin embargo, volvían a recorrer el camino de los excomulgados que se iban despedidos con cajas destempladas, los neófitos que ingresaban con la conciencia iluminada por la fe en la revolución socialista mundial. Para conservar la benevolencia de los amos del aparato se requería incorporarse a la categoría de funcionario del partido o mantenerse en la condición a latere de simpatizante-cotizante.

Los años que siguieron al golpe setembrino fueron muy duros para los militantes comunistas, pero el aberrante bagaje teórico-político con que los abrumaba la dirección hizo que su siembra de sangre sólo diera mezquinos frutos. Codovilla reconoció, quince años después, que

«los resultados políticos de ese período de lucha no estuvieron en relación con los enormes sacrificios realizados por nuestros afiliados»,

y, a renglón seguido, hacía introducir por alguno de sus aduladores esta impúdica información:

«En este tiempo el camarada Codovilla se hallaba ausente del país, cooperando fraternalmente en otros frentes de lucha, por la democracia y contra el fascismo».[12]

Como había dejado en el país, no obstante su poco heroica partida, herederos que lo restaurarían en el trono al cabo de una década de olvido y remisión de culpas, vale la pena —para la pequeña historia y con el fin de señalar la recurrencia en 1943-1955 de los mismos factores desviacionistas de lo nacional y popular que actuaron en tiempos de Yrigoyen— documentar lo que pensaba, antes y después del 6 de setiembre de 1930, uno de los más notorios y tenaces opositores al movimiento de masas.

Pensaba antes:

«Nuestra perspectiva —de la cual yo soy uno de los principales responsables— era de que, a pesar de las amenazas de la oposición, el golpe de Estado no tendría lugar, por cuanto el yrigoyenismo, en cuyo seno se desarrollaban elementos de fascistización, estaba en condiciones de reforzar dictatorialmente el aparato de opresión estatal, concentrar a su alrededor a la mayoría de las fuerzas de la burguesía y de los terratenientes y luego de obligar a la oposición a capitular, concentraría la lucha —continuando su política de nacionalización— contra el movimiento obrero y campesino para descargar sobre estas capas sociales las consecuencias de la crisis. De allí que hayamos concentrado toda nuestra actividad contra el yrigoyenismo —en la medida que hemos desarrollado una actividad— sin comprender el carácter político del golpe de Estado que se estaba preparando».[13]

El párrafo transcripto configura un típico método de tomar el rábano por las hojas que hizo escuela en los círculos izquierdistas. Presenta al único movimiento de masas existente con anterioridad a 1930 —el yrigoyenismo— en oposición absoluta a un indeterminado «movimiento obrero y campesino» (existente en la visión escolástica que los comunistas tenían de la sociedad argentina) contra el cual «concentraba la lucha» para descargar sobre él «las consecuencias de la crisis». A Yrigoyen lo convertían en instrumento de «la mayoría de las fuerzas de la burguesía y de los terratenientes», inmerso en un proceso de «fascistización», en tren de implantar una dictadura reaccionaria, después de «obligar a la oposición a capitular». Del galimatías se saca en limpio que si «la mayoría de las fuerzas de la burguesía y de los terratenientes» rodeaba a Yrigoyen, la oposición se integraba con la minoría de esas fuerzas (¿la burguesía y los terratenientes «democráticos y progresistas», que quince años después Codovilla ubicaría en la vereda de enfrente del peronismo?) más «el movimiento obrero y campesino». Y como prueba suplementaria de la tendencia a la «fascistización» del yrigoyenismo, Codovilla ofrecía la misma que agitó en 1945-1955 para trasmutar el peronismo en «naziperonismo»: la insistencia en la «política de nacionalización».

En base a ese análisis que todo lo ponía patas arriba, el Partido Comunista concentró su «actividad contra el yrigoyenismo» y vivía en Babia en cuanto al «carácter político del golpe de Estado que se estaba preparando», disociación de ideas que repitió en 1943, 1945, 1955, 1958, 1966 y «así de seguido» hasta el juicio final.

Pensaba después…

«Esta perspectiva equivocada [la documentada en el párrafo anterior] era debida al hecho de que no se tenían en cuenta suficientemente los contrastes internos de los diversos grupos de la burguesía y de los terratenientes, en lucha por el poder, y de la subestimación del apoyo dado por el imperialismo yanqui a la oposición del gobierno de Yrigoyen. Por otra parte no se tenía en cuenta que los imperialistas, la burguesía y los terratenientes, frente a la agravación de la crisis económica del país, que al hacer sentir sus efectos sobre las masas trabajadoras de las ciudades y del campo, las ponía en movimiento, necesitaban detener a ese movimiento mediante métodos fascistas de gobierno que el yrigoyenismo —dado sus luchas internas y su descomposición política— no estaba en condiciones de aplicar consecuentemente.

»En fin, que a causa de esa incomprensión de la inminencia del golpe de Estado, no se hizo un trabajo serio entre las masas para sacudir su «apoliticismo”, resultado de las prédicas anarquistas y anarco-sindicalistas que las mantenían indiferentes frente a la situación, considerando que “todos los gobiernos son iguales”, sin tener en cuenta que las fuerzas que se aprestaban a tomar el poder —utilizando para el objeto a los militares y escudándose tras la demagogia de algunos grupos pequeñoburgueses— lo hacían para acelerar el proceso de fascistización del Estado”.

Era, por cierto, «escasamente autocrítica» la «declaración explícita». Codovilla no rectificaba su caracterización del yrigoyenismo como partido reaccionario. Se limitaba a precisar que «no estaba en condiciones de aplicar consecuentemente […] métodos fascistas de gobierno […] dado sus luchas internas y su descomposición política», pero entre el yrigoyenismo y el uriburismo no admitía otra diferencia que la incapacidad del primero de emplear los «métodos fascistas» que pudo aplicar el segundo. No dijo que los comunistas debían haber respaldado a Yrigoyen —en vez de concentrar toda su actividad contra él— sumergiéndose en las masas y tratando de movilizarlas para impedir el golpe de Estado. No dijo tampoco que a través de esa ayuda leal al yrigoyenismo, el partido hubiera trabajado en serio por independizar a la clase obrera de influencias extrañas a sus intereses y perspectivas, y conquistado así sólidas y permanentes posiciones populares, aun en el caso de no lograr detener el golpe setembrino. No lo podía decir, porque la aceptación del yrigoyenismo como movimiento democrático de masas estaba en abierta pugna con su tesis dislocada que lo disfrazaba de gobierno «feudal-burgués» reaccionario, pre, pro o parafascista, al servicio del imperialismo.

El «comentario político» del Comité Central aprobó esos extravagantes puntos de vista de Codovilla. Siguió abominando a Yrigoyen hasta que, muerto el gran caudillo, creyó oportuno beatificarlo. En cambio, criticó los párrafos de la «declaración explícita» en los que su autor se embarulla, al intentar descubrir los vínculos de los radicales con el imperialismo inglés y de los conservadores con el imperialismo norteamericano. Antes había dicho lo contrario: que Yrigoyen era proyanqui y que los conservadores hacían la política de los ingleses. Pero el golpe setembrino despedía un fuerte olor a petróleo de la Standard Oil y el esquema discriminative de Codovilla saltaba a pedazos. Tenía que reconstruirlo, porque la dirección comunista había sido educada en la oquedad de los esquemas y sin ellos se sentía privada de objetivo enajenante. Imaginó entonces una relación móvil, tan vacía como la rígida: los ingleses ampararon ora a los radicales ora a los conservadores, y al revés los norteamericanos, de acuerdo con sus conveniencias circunstanciales. La política argentina quedaba circunscripta a un reflejo mecánico de la competencia interimperialista frente a la cual el pueblo argentino oficiaba de pelota de fútbol que se pateaba hacia uno u otro arco, y así seguiría siéndolo hasta que resolviera reconocer al Partido Comunista como su insustituible vanguardia revolucionaria.

La línea política, anterior y posterior al golpe uriburista, aislaba a la totalidad de la burguesía y de los terratenientes del resto de la sociedad, al no ver en ellos más que apéndices de los imperialismos extranjeros; y aislaba igualmente a la clase obrera del resto de la sociedad, al desarraigarla de la historia y de las contradicciones existentes dentro del país y proyectarla al plano uniforme de un internacionalismo platónico. La Nación Argentina no existía en el esquema del Partido Comunista, esquema que tenía efectos disgregadores en la coyuntura histórica del paso de la colonización capitalista a la integración nacional. Los polacos, rusos, italianos, alemanes y otros europeos que formaban el grueso del partido eran organizados en ghettos que los apartaban de lo nacional hecho tabú.[14] Un partido con tales modalidades teóricas y prácticas estaba condenado no sólo al raquitismo, sino también a protagonizar el papel de agente diversionista de los grandes movimientos de masas.

El ostracismo de Codovilla dio a su rival, Rodolfo Ghioldi, la oportunidad de rectificar la conducción partidaria en base a la experiencia de los fracasos de los años anteriores. Una serie de escritos, algunos publicados en la revista Soviet que dirigía, ilustran con penosa elocuencia el avatar del mismo pensamiento dogmático y quimérico de siempre. Inauguró la serie con un folleto titulado Marx y la Alianza Demócrata-Socialista,[15] en el que atacaba por igual a las dos coaliciones políticas —la Alianza y la Concordancia— que se disputaron el poder en las elecciones del 8 de noviembre de 1931 y al radicalismo en la abstención y la ilegalidad.

Ghioldi se proponía demostrar que la alianza de los socialistas con los demócratas progresistas contra el uriburismo y el justismo, nada tenía que ver con la alianza del proletariado con la burguesía —«mientras ésta actúe revolucionariamente»— preconizada por Marx y Engels, al final del Manifiesto Comunista. Iniciaba su alegato con la siguiente «cuestión previa»:

«¿Era revolucionaria la burguesía en la época del Manifiesto Comunista? Contestamos: sí, en esa época tenía capacidades revolucionarias. Hoy no, hoy es directamente contrarrevolucionaria».[16]

La «cuestión previa» encierra dos tergiversaciones del marxismo.

Primera: Marx y Engels nunca dijeron que, en general, la burguesía de su época fuera revolucionaria. Afirmaron que

«la burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario, [pero que] las armas con que la burguesía derribó al feudalismo se vuelven ahora contra ella […] la vida de la burguesía se ha hecho incompatible con la sociedad».[17]

Las revoluciones de 1830, 1848 y 1871 (Comuna de París) fueron antiburguesas. De ser cierta la tesis de Ghioldi esas revoluciones tuvieron objetivos contrarrevolucionarios, pues atacaban a una clase revolucionaria, cosa que el más elemental sentido común se niega a admitir. Pero el dogmatismo bendice hasta la demencia.

Segunda: Marx y Engels dijeron que en aquellos países donde sobrevivía el feudalismo, los comunistas debían luchar «al lado de la burguesía» para llevar a su término la revolución burguesa y daban como ejemplo a Alemania.[18] Más tarde, en la época del imperialismo, Lenin y Stalin llegaron a la conclusión de que

«en una determinada etapa de su desarrollo, la burguesía nacional de los países coloniales puede apoyar el movimiento revolucionario en su país contra el imperialismo exterior».[19]

Ghioldi, entonces tan devoto de Stalin como de Marx, Engels y Lenin, no comprendía el papel de la burguesía en la época de la libre concurrencia capitalista, ni en la época del imperialismo. Su desconocimiento de la dialéctica y de la historia lo enredaba de tal modo que declaraba «revolucionaria» a la burguesía europea del siglo XIX combatida por revoluciones con creciente participación de la clase obrera y «contrarrevolucionaria» a la burguesía de los países coloniales y dependientes enfrentados, en su totalidad nacional durante el siglo XX, al imperialismo extranjero. La creencia que la burguesía era la misma en todas partes (en Inglaterra y la Argentina, en los Estados Unidos y Brasil, en Francia y Argelia) provenía del primitivismo de las sectas. Ghioldi coincidía con los trotskistas a los que con tanta ferocidad atacaba. Solamente aceptaba una diferencia entre las burguesías: las imperialistas mandaban y las otras les servían. Decía del radicalismo:

«El radicalismo realiza una política burguesa intergiversable, como lo prueba la experiencia de sus gobiernos nacionales y provinciales, política de protección de los latifundistas y de supeditación al imperialismo. La composición más bien pequeño burguesa de su partido, no le impide realizar esa política tanto como una composición análoga no le impidió a Mussolini practicar la política de los grandes industriales y de los grandes agrarios, tanto como la composición obrera del partido laborista no le impidió realizar una política imperialista o como la composición obrera de la socialdemocracia alemana no impidió a Ebert, Scheidemann y Cía. asesinar a Luxemburgo y Liebkneckt, atar al proletariado a la burguesía alemana. La burguesía nacional argentina, ligada por millones de vínculos a los terratenientes, une su suerte a éstos, bajo la dirección imperialista, para someter a las grandes masas. La burguesía nacional es contrarrevolucionaria, se erige en centinela de la propiedad inmobiliaria; una revolución agraria no puede realizarse, en este período de revolución proletaria mundial, de levantamientos de los pueblos coloniales y semicoloniales, de incubación de guerras imperialistas y guerras antisoviéticas, de realización victoriosa del Plan Quinquenal, sino por el esfuerzo mismo de las grandes masas laboriosas bajo la dirección del proletariado, y contra la burguesía, no solamente contra los terratenientes. Más todavía: no hay revolución agraria sin aplastamiento del imperialismo. Así, esta tarea revolucionaria —y es lo específico de nuestra situación— puede verificarse exclusivamente bajo la dirección de la clase obrera. La burguesía nacional pasó ya al campo de la contrarrevolución. Las grandes experiencias de China y de México lo demuestran, y ninguna charlatanería es posible después de ello».[20]

«Ninguna charlatanería es posible después de ello». Así es: los comunistas chinos comprendieron y aprovecharon al máximo las posibilidades antimperialistas de la burguesía nacional, mientras los comunistas mexicanos, en la senda oscilante del extremo sectarismo al extremo oportunismo, al margen del proceso histórico de la revolución de su país, se multiplican cada año en una sucesión de sectas que se pierden en el vacío.

Y decía de los demócratas progresistas con quienes diez años después estrecharía íntimos lazos en su oposición al peronismo:

«¿El partido burgués demócrata progresista quiere una “revolución agraria”? ¿Quiere la liberación nacional respecto al imperialismo, que oprime a las grandes masas trabajadoras? ¿Quiere la liquidación de los grandes restos del feudalismo, el aplastamiento de la “propiedad inmobiliaria feudal”? ¿Quiere la revolución, que “hoy y aquí” no puede ser otra que la revolución agraria y antimperialista? ¿Se propone el partido demócrata progresista la “destrucción violenta de todo orden social tradicional”?

»Nada de ello. Todo lo opuesto, precisamente. Como los jefes socialistas, nada contra el imperialismo; como los jefes socialistas, nada de confiscación revolucionaria sin indemnización de los terratenientes; como los jefes socialistas, ultra-pálidas reformitas en cuanto al campo, y tendientes sólo a facilitar el acceso a la tierra de los campesinos adinerados.

»Entre la burguesía del Partido Demócrata Progresista y la burguesía del 48 [en Francia] que tenía presente el Manifiesto Comunista [sic], hay exactamente la diferencia que va entre la burguesía contrarrevolucionaria y la burguesía revolucionaria. Es la distancia de Poincaré a Robespierre.

»Los jefes socialistas se alían con la burguesía contrarrevolucionaria: es su derecho, sin duda. ¡Pero que dejen tranquilos a Marx y Engels, que no intenten hacer del Manifiesto Comunista un taparrabos de la opresión burguesa!»[21]

Estamos de acuerdo en que los jefes socialistas «dejen tranquilos a Marx y Engels», pero sería saludable que también Ghioldi los dejara tranquilos, después de vapulearlos durante tantos años. No transcurrió mucho tiempo sin que, como siempre, la realidad le diera un palmo de narices: Lisandro de la Torre, líder del partido demócrata progresista, partido burgués y «contrarrevolucionario», iniciaba en el Senado su resonante investigación del comercio de carnes y conmovía al pueblo argentino con su denuncia de la expoliación imperialista. El autor del folleto pagó también con el ostracismo ésta y otras planchas.

Como negaba toda capacidad antimperialista a la burguesía nacional y, por lo tanto, cualquier posibilidad de una alianza de ella con el proletariado, resumía la política argentina en la existencia de dos bloques: uno (radicales, más socialistas, más demócratas progresistas, más otros grupos de menor cuantía) entregado al imperialismo inglés, y otro (uriburistas, demócratas nacionales, grupos fascistas, Legión Cívica Argentina, «elementos dirigentes del Partido Demócrata Progresista que desempeñaron una función dirigente en los primeros meses de la dictadura militar-fascista, radicales antipersonalistas, etcétera») dependiente del imperialismo norteamericano.[22] Pronto la realidad volvió a dejarlo en la estacada, pues integrantes del segundo bloque hicieron, con el gobierno del general Justo, la política de Gran Bretaña.

En aislar a la clase obrera y lanzarla como escuadrón de tanques a que embistiera al resto de la sociedad, se concretaba la línea política, derivada del utópico esquema que Rodolfo Ghioldi aplicaba desde la dirección del Partido Comunista. Decía:

«Los terratenientes y la burguesía nacional tienen, sin duda, algunas contradicciones con el imperialismo; pero esas contradicciones pasan a un plano muy secundario en relación al antagonismo fundamental y básico que separa en un campo a los imperialistas, terratenientes y burgueses contra las masas laboriosas del otro campo. Ésa es la cosa fundamental. Eso es lo que da la base de la alianza de los terratenientes y burgueses argentinos con el imperialismo bajo la hegemonía de los imperialistas. Las grandes masas trabajadoras del país no pueden desembarazarse de la opresión terrateniente e imperialista sin vencer igualmente a la burguesía nacional. Es eso, asimismo, lo que explica que los bloques políticos argentinos, inspirados por esa línea política, sean a la vez una expresión directa y sensible de la política de los imperialistas en el país».[23]

Negaba, pues, que la contradicción fundamental fuera la existencia entre el autodesarrollo nacional y la deformadora y paralizante injerencia del imperialismo extranjero. Creía que la contradicción fundamental se daba entre la clase obrera (a la vanguardia de las masas trabajadoras) y el imperialismo (a la cabeza de los terratenientes y de la burguesía). Igualaba a todos los bloques burgueses y declaraba la guerra santa a ellos y al imperialismo, todos juntos. No descubría ninguna diferencia entre la Alianza, la Concordancia y el radicalismo. Ignoraba que, a partir de la organización nacional, la historia política argentina registra luchas entre sectores de la burguesía por la conquista del poder, cuya raíz es la contradicción entre el nacionalismo económico y político y el sometimiento de la República a los intereses de una oligarquía con su destino agroimportador unido a la penetración imperialista. La economía agropecuaria de la Pampa húmeda nació y se desarrolló en función del mercado externo, mientras que la industria nació y se desarrolló en función del mercado interno. Aquélla, exógena, exigía el librecambismo y el libreempresismo a ultranza; ésta, endógena, reclamaba la protección estatal para defenderse de las importaciones y sustituirlas. Desde las postrimerías del siglo pasado tuvo expresión política en los partidos y en la conducción del Estado la oposición entre los intereses agropecuarios y los industriales, que hasta hoy no se han complementado e integrado mediante la planificación global de la economía argentina.

Pero la idea de nación no cabía en las preocupaciones de Ghioldi. Escribía:

«En Argentina tenemos la opresión de los terratenientes, de los burgueses, de los imperialistas; defender aquí la patria es defender a los terratenientes, a los burgueses, a los imperialistas».[24]

Confundía patria con nación y no veía en esta última una categoría histórica, sino un obstáculo absoluto que debía destruirse para edificar a los soviets sobre las ruinas. Tampoco concebía la antinomia entre liberalismo y nacionalismo, existente tanto en la economía como en la política y resultado de la contradicción interna fundamental de la sociedad argentina. Homogeneizaba y despreciaba globalmente al pasado y al presente de nuestro país. Como distribuía garrotazos a troche y moche, sin dejar títere con cabeza, a veces acertaba al blanco, por ejemplo, cuando escribía:

«Ingenieros, de tan difundida cuanto nociva influencia ha trazado muchos de sus falsos esquemas sobre la base alberdiana […]. La burguesía, la pequeño-burguesía, el Partido Socialista, la intelectualidad, buscan de paralizar al proletariado amarrándolo a la ideología alberdiana».[25]

¡Quién iba a decir que años después se orientaría de acuerdo con los «falsos esquemas» de la «ideología alberdiana» y su discípulo Agosti publicaría un encendido panegírico del «ciudadano de la juventud»! El izquierdismo delirante siempre sorprende con esos saltos de un polo al otro. En el verano de su militancia se burlaba de «la llamada tradición de Mayo que nadie define claramente», del «grande temor de Echeverría a la masa», de «San Martín, Rivadavia, Belgrano y tantos otros», de Alberdi al que calificaba de

«el hombre que la reacción y el socialfascismo adelantan en la cruzada antimarxista, el vocero de los caudillos feudales litoralenses y del capital extranjero».[26]

Ahora glorifica, con el mismo frenesí que en aquella época la atacaba, a la «línea Mayo-Caseros», interpretada desde el punto de vista liberal.

Pero es al tratar el período rosista donde su concepción de la historia argentina adquiere los mayores relieves esquizofrénicos. Decía que los caudillos montoneros

«eran verdaderos señores feudales sin títulos nobiliarios. Si los proyectos de San Martín, Rivadavia, etcétera, en vista de una monarquía hubiesen hecho camino favorable tendríamos al conde Cipriano en lugar del paternal ño Cipriano; pero en cualquier caso sería siempre el gran estanciero dueño de vidas y haciendas».[27]

La manía de los paralelos históricos, que lo persigue toda la vida (¿no acaba de comparar al teniente general Onganía con el canciller austríaco Dollfuss, asesinado en 1934?), resultado de la aplicación a la realidad argentina de conceptos y modelos universales o extranjeros, se traducía en el invento de un pasado nacional solo existente en su fantasía. Al asegurar que Artigas, Estanislao López, Quiroga, los Reinafé eran

«los caudillos feudales de la época»,

de una época en la que la sociedad colonial se descomponía y de esa descomposición surgían las montoneras y sus caudillos, y agregar que estos últimos querían

«acorazar a la clase dominante contra los excesos y peligros de una probable revuelta campesina [sic]»[28]

invertía totalmente la relación entre los caudillos y las montoneras, pues hasta Sarmiento y el general Paz reconocían que se trataba de una verdadera revuelta de la «ínfima clase», de «los pobres», de los «gauchos», de «la gente sin empleo» contra la «clase pudiente». Y hacía desaparecer en su mente la contradicción entre Rosas y los caudillos provinciales, entre el puerto monopólico de Buenos Aires y los intereses del interior.

Veamos lo que pensaba en 1930-1931 el futuro paladín de la Unión Democrática:

«La democracia no es lo opuesto al fascismo. Son dos formas de un mismo hecho sustancial […]. Hacer creer a las masas trabajadoras que democracia es lo opuesto al fascismo, es engañarlas, es atarlas a la dictadura capitalista, es someterlas al proceso de fascistización. Crear ilusiones democráticas es ocultar la realidad de la dictadura capitalista con ropaje democrático, es desarmar a las masas en la lucha contra la fascistización […] en la época actual, la democracia como reivindicación es uno de los caminos de la fascistización».[29]

Consideraba que si Yrigoyen había implantado una «dictadura fascista», «Uriburu instauró su dictadura militar fascista» y en 1931 se preparaba

«un engaño de esa misma especie pero esta vez en provecho de los radicales y con el apoyo de la alianza demócrata-socialista».[30]

Fascismo a diestra y siniestra, arriba y abajo. La obsesión del fenómeno mussoliniano encerraba a Ghioldi en una cárcel. Lo sacó de su encierro la Internacional Comunista, al proponer el «frente popular» con las «fuerzas democráticas» que hasta ese momento él identificaba con el fascismo (tal vez por obediencia a algún funcionario internacional, cuya obsecación le costó la cabeza), el Pacto de Munich, el Pacto Stalin-Hitler y, por último, la Segunda Guerra Mundial que se definió como contienda entre democracia y fascismo, es decir entre las «dos formas de un mismo hecho sustancial», entre lo idéntico desdoblado de la retórica ghioldista.

Los radicales no instauraron ninguna «dictadura fascista», sino que se mordieron los codos durante treinta años en procura de un gobierno demoliberal. Los demócratas progresistas, en vez de solidarizarse con los radicales en la «construcción del fascismo», integraron la fórmula senatorial Julio Noble - Rodolfo Ghioldi en las elecciones de 1946 en oposición a la del «naziperonismo». Si la profecía es un don que los dioses otorgan a sus elegidos, nuestro hombre no pertenece a la corte celestial. Cien años de marxismo no le impedían, en la década del treinta pensar como el anarquista Bakunin y arrojarse como toro embravecido contra todo lo existente. No aceptaba ninguna mediación (luego aceptaría todas y se fijaría para siempre en la liberal). Nada de contacto con la burguesía tan globalmente «democrática» como «fascista». Nada de impuras «ilusiones democráticas». Derrocamiento del «poder burgués-terrateniente» e instauración del «poder popular de los obreros y de los campesinos». Y, para terminar, las consignas:

«¡Abajo la alianza con la burguesía! ¡Viva el frente único proletario!»[31]

Vista la situación argentina desde el exterior, bajo los rayos ópticos que emitía la linterna de Ghioldi, podía suponerse que en el país, dominado por un poderoso Partido Comunista, estaba a punto de estallar la revolución social. Pero la revolución no es el fruto de consignas que, por estruendosas que sean, no interpretan las ambiciones de las masas populares. Las que en China, por ejemplo, tenían contenido vital, en la Argentina eran vacías, hojas muertas que el viento de la Internacional traía de playas lejanas.

Los militantes llenaban las cárceles y daban la vida por el partido, mientras Ghioldi les cerraba el camino de las masas. Veía soviets por todos lados: en el Chaco, en la Patagonia, en Bolivia, en Chile. Vivía aluciado como aquellos aventureros de los primeros tiempos de la conquista que imaginaban reinos fabulosos en los más ignotos lugares de América. Cerraba su folleto con este tremebundo desafío:

«El fantasma de la revolución popular de los obreros y de los campesinos roba la tranquilidad a los opresores».

Quien no veneraba como verdad ese desenfreno verbal ultraizquierdista caía bajo la condena de trotskista. Su guillotina cortó en efigie las cabezas de Pendón, Marianetti, Coca, Perkins, Fiorini, Unamuno y otras personas cuya afinidad con el autor de La revolución traicionada era pura novela. Su demencia sectaria le hacía decir en la página 25 que los trotskistas creían que en la Argentina podía haber un gobierno fascista y líneas más abajo que

«no ven el enérgico proceso de fascistización del radicalismo».[32]

Tal inseguridad en las ideas, tal intemperancia en las críticas provenían de su adecuación permanente a una línea política mundial a la que sacrificaba todas las particularidades nacionales por «burguesas». Lo inflaban los entorchados que Moscú otorgaba sin otra condición que la fidelidad.

Insertos en el sectarismo ghioldista, la I Conferencia Nacional del Partido Comunista, realizada en Rosario en mayo de 1931 (nueve meses después del golpe uriburista), y el Plenum posterior, apreciaron al radicalismo

«como nuestro enemigo principal».[33]

La II Conferencia Nacional, reunida en La Plata a principios de 1934, orientó la mayor parte de sus resoluciones a atacar al radicalismo:

«Hay que arrancar a la masa de la influencia radical desenmascaramiento despiadado del radicalismo […] combatiendo al radicalismo, en general, hay que acentuar la lucha contra el programa de izquierda, y mostrar su contenido contrarrevolucionario confesado […] las nucleaciones “izquierdistas” en el seno del radicalismo, así como la izquierda socialista, deben ser desenmascaradas consecuentemente, arrancando a los obreros de su influencia”.

Y daba como consigna fundamental:

«Poder Soviético, Gobierno Obrero y Campesino».[34]

Hipólito Yrigoyen moría el 3 de julio de 1933. Un importante concurso popular acompañó sus despojos por las calles de Buenos Aires. Los humildes lo lloraban como a un padre; la oligarquía lo injuriaba hasta en la tumba. Rodolfo Ghioldi, en el editorial que le dedicó, volvía a declarar la guerra santa al radicalismo. Decía:

«La revolución antilatifundista y antimperialista se realizará no con el aporte radical, sino a pesar del radicalismo»,

y comparaba a éste con el nacionalsocialismo alemán.[35]

A fines del año 1933 se preparaba un congreso partidario que no llegó a realizarse.[36] Ghioldi eligió como tema, en las discusiones previas, nada menos que la cuestión nacional. Antes de abordarlo se abasteció de ideas en el libro de Stalin, El marxismo y el problema nacional, puesto que lo cita. Luego procedió a transfundir la Rusia zarista de 1912 a la República Argentina de 1933 con los pasmosos resultados que veremos a continuación.

Asómbrese el lector: el problema nacional argentino consistía para Ghioldi en «la lucha por el derecho capital de las nacionalidades indígenas a la separación» en «las tendencias autonomistas impulsadas, como en Salta, por los imperialistas o como en Entre Ríos, por los intereses propios de los ganaderos y andes propietarios», en la situación de los chacareros «de las diversas regiones italianas con sus diferentes lenguas», en considerar «mucho más concretamente» el estado de «las colonias de cierta zona de la provincia de Entre Ríos».

Ghioldi empleó para elaborar su informe un curioso método de sustitución de la nomenclatura geográfica y étnica del libro de Stalin por pretendidas equivalencias argentinas distribuidas al voleo. Donde leyó Cáucaso tradujo Salta, en el lugar de Ucrania colocó a Entre Ríos, metamorfoseó a los mingrelios, abjasianos y adzharianos en tobas, araucanos y guaraníes, hizo un Bund de las colonias judías entrerrianas y disfrazó de georgianos a los inocentes colonos piamonteses de la provincia de Santa Fe y los genoveses de la Boca del Riachuelo. Siguió leyendo y descubrió que Stalin se refería a las nacionalidades oprimidas por el Estado zarista, pero la pequeña diferencia no le amilanó. Le bastó cambiar una palabra y escribir:

«sujeción violenta de nacionalidades oprimidas en los marcos del Estado argentino».

Y como Stalin mencionaba

«la autonomía nacional hasta la completa separación»

(cosa que no ocurrió, ni tenía por qué ocurrir, en los marcos del Estado soviético), recomendaba el copista

«la autonomía nacional hasta la completa separación»,

a Salta, Entre Ríos, los indios, los chacareros italianos, los judíos.[37]

Veríamos levantarse de sus tumbas a los viejos caudillos regionales, reivindicados ahora no sólo por algún valiente criollo de Salta o Entre Ríos, sino también por los «gauchos judíos» y por los piamonteses de chambergo y bombachas, que toman mate y pialan potros. Tendríamos de nuevo la división nacional y una magnífica guerra civil. Por suerte para el país, las divagaciones de Ghioldi, lectura obligada de los afiliados, no pasaban del puro macaneo.

Al constatar que los militantes comunistas estaban dispuestos a afrontar hasta el último sacrificio por el partido, nos sentiríamos inclinados a creer, como el abate Jerónimo Coignard, que «los hombres se hacen matar fácilmente por palabras que carecen de sentido», si no supiéramos que su heroísmo obedecía a un impulso interior, del más elevado nivel moral, dirigido hacia la emancipación de los explotados y oprimidos. Pero ¿existían en la Argentina de los años treinta condiciones objetivamente revolucionarias o, por el contrario, a la falta de ellas debía atribuirse la incoherencia ideológica y enanismo de los dirigentes comunistas?

De nuestra investigación de los últimos cuarenta años de la vida argentina extraemos la tesis de que esta etapa, aún no superada, se caracteriza por la existencia de condiciones objetivamente prerrevolucionarias, determinadas por la contradicción entre, por una parte, la superestructura institucional (heredada de la planificación colonizadora de 1853 y correspondiente a la concepción demoliberal individualista de la economía, de la propiedad y de la libertad) y, por otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas y la creciente y cada vez más amplia presión del movimiento nacional y popular de masas en oposición a aquella superestructura. La existencia de condiciones objetivamente prerrevolucionarias no significa que sea fácil, inminente y seguro el salto revolucionario, pero tampoco lo contrario. Un país puede mantenerse en tal estado muchos años y luego dar el salto revolucionario o aletargarse y perder esas condiciones. Hace falta la intervención de la ideología y de la actividad revolucionarias para que el salto se produzca, ideología que sólo es revolucionaria cuando se aplica a la interpretación de lo particular y lo específico del proceso social para ascender a lo general dentro del mismo y volver luego a lo particular, a través de la actividad práctica.

Al no percibir la contradicción básica y las condiciones objetivamente prerrevolucionarias que creaba, el Partido Comunista se colocó fuera de la problemática argentina. Su ideología no podía ser revolucionaria desde el momento que, antes de aplicarse con la intención siempre frustrada de transformar a nuestra sociedad, se forjaba una imagen falsa de ella, pues desechaba —o desfiguraba— lo que tenía de particular y específico y lo reemplazaba por esquemas o modelos de un «marxismo-leninismo» petrificado en citas de Marx, Engels, Lenin y Stalin o de documentos internacionales, que empleaba sin tener en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. Su actividad, conducida por esa ideología, no se extendía más allá de pequeños nucleamientos que no traspasaban la barrera que los aislaba de las grandes masas populares y obtenían los únicos éxitos de cierta importancia pública con la agitación de banderas internacionales (el Primero de Mayo, el aniversario de la Revolución Rusa, la República Española, el antifascismo). Una vez abandonada, al terminar la década, la consigna metafísica de los soviets, se integró a la totalidad conservadora de las izquierdas, cuyas diversas ramas (sonalistas, comunistas, trotskistas) criticaban, denunciaban y atacaban al imperialismo y al capitalismo, pero sin ofrecer soluciones prácticamente revolucionarias e iban a parar en «la defensa de la Constitución de 1853 frente a la reacción y el fascismo» o en la adopción de una actitud pedantesca de mentores de un movimiento de masas que no les pertenecía, que no se dignaban reconocer y al que, sin embargo, pretendían dirigir desde afuera.

CAPÍTULO 28
EL PACTO ROCA

Al agotarse las posibilidades de continuar la colonización capitalista, que caracterizó el período de funcionamiento formal de las instituciones republicanas (1862-1930), entraron en crisis las dos columnas aparentemente más sólidas de ese período: en el orden interno, la democracia postiza, a la que ya nos hemos referido, y en el orden externo, el centenario vínculo con Gran Bretaña, que analizaremos ahora. Eran dos aspectos de la misma crisis, pues la democracia paternalista, que la oligarquía agroexportadora manejaba desde el gobierno o detrás del gobierno, constituía la condición interna de nuestra dependencia de las inversiones y del mercado ingleses, y, a la inversa, Gran Bretaña necesitaba las garantías de la legalidad demoliberal, encauzada por la oligarquía agroexportadora, para resguardar sus intereses en y su intercambio con la Argentina.

El status de las relaciones angloargentinas tenía más de un siglo de vigencia. Por iniciativa del canciller George Canning, el gabinete inglés dispuso, en julio de 1824, que el cónsul general en Buenos Aires, Woodbine Parish, acreditado dos meses antes, gestionara la conclusión de un tratado de comercio con nuestro país, que dicho diplomático firmó en la capital bonaerense el 2 de febrero de 1825, mientras Bernardino Rivadavia, ex ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, hacía lo propio en Londres. El tratado implicaba el reconocimiento de hecho de la independencia argentina y se ubicaba en el contexto de una serie de medidas adoptadas por Canning con el fin de promover la penetración comercial y la influencia ideológica y política de Gran Bretaña en América del Sur.[1] Su texto, elaborado en Londres y aprobado por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, traducía la plena ortodoxia del pensamiento del liberalismo integral, el liberalismo de los economistas clásicos (Adam Smith, David Ricardo) y utilitaristas (Jeremy Bentham), que en la línea ascendente de la revolución industrial, orientó la expansión capitalista de Gran Bretaña. Tenía por eje «la recíproca libertad de comercio» y el respeto absoluto de los derechos de propiedad y herencia y de las libertades individuales, con la mínima intervención del Estado, reducido al papel de mero guardián de esos derechos y libertades.[2] Se inspiraba en el laissez faire fisiocrático, recogido y desarrollado por los economistas clásicos y utilitaristas ingleses, y aplicado luego con fervor sectario por la escuela de Manchester (Richard Cobden, John Bright).

Cien años después, los cambios en Gran Bretaña y en la Argentina, y en las relaciones reales entre ambos países, hacían del tratado de 1825 un documento vacío y anacrónico.

Desde fines del siglo XIX, y con ritmo acelerado a partir de la guerra de 1914, Gran Bretaña se alejó de la ortodoxia del liberalismo integral y del laissez faire. Y aunque el liberalismo, en términos generales, siguió impregnando la totalidad de la política inglesa, el Partido Liberal —heredado del whig—, que expresaba en su integridad clásica aquella doctrina, perdió el ascendiente que tenía sobre la opinión pública en la época de oro del capitalismo de libreconcurrencia; su lugar, en el rotativo sistema bipartidista, fue ocupado por el Partido Laborista, versión inglesa del socialismo evolucionista que nació en oposición al capitalismo liberal, pero que en la marcha pacífica y legal hacia el poder aceptó la concepción de los derechos y libertades de ésta, a cambio de la integración de los sindicatos al orden existente y de un, intervencionismo estatal administrado con prudencia.

El neoliberalismo surgió de la conversión del laborismo (del socialismo en otros países) al liberalismo, dentro de un marco de concesiones mutuas que limaron las asperezas entre laboristas y conservadores y les aseguraron una convivencia política que el buen británico presume eterna como su monarquía. Keynes percibió el «fin del laissez faire» y del liberalismo, pero fiel a éste hasta la muerte, procedió al revés de los laboristas: intentó acercar el liberalismo al laborismo. En febrero de 1926 pronunció un discurso en Manchester pidiendo el entendimiento entre los dos partidos para que los electores británicos «se libraran del inerte régimen conservador».[3] Siempre fue pesimista a largo plazo y buscó paliativos a males inmediatos. Sabía que el liberalismo y el laissez faire, cuyo destino estaba unido a la revolución industrial y a la formación del Imperio británico, eran en 1930 incompatibles con la conservación del Imperio y la defensa de una economía metropolitana anémica. La falta de condiciones para los cambios revolucionarios y la imposibilidad de volver al pasado marcaban la decadencia europeística de Gran Bretaña. Con más de un millón de desocupados permanentes, el pronunciado descenso de su capacidad de consumo y la declinación de las tres ramas industriales más importantes (hierro y acero, textil y carbón), que perdieron para siempre gran parte de sus mercados exteriores debido a la industrialización de otras naciones, recibió el impacto de la gran crisis mundial.[4]

El vuelco espectacular de votos de los obreros y de la clase media hacia los laboristas en las elecciones generales de 1929 evidenció el descontento de la mayoría popular por la política conservadora. Ramsay MacDonald asumió por segunda vez la jefatura de un gabinete laborista el 5 de junio de ese año con el compromiso de desviar hacia los terratenientes y la burguesía el grueso de las cargas impositivas, abolir las tarifas proteccionistas mínimas subsistentes dentro del régimen de libre cambio, mantener el nivel de salarios y aumentar los socorros a los desocupados, tareas abrumadoras que no pudo cumplir. La crisis general aumentó los déficit del presupuesto y de la balanza de pagos y privó al gobierno de los recursos necesarios para afrontar el grave problema social.[5] MacDonald impotente, con su ministerio y su partido divididos, se vio obligado a renunciar, pero llamado de nuevo por el rey, pues los conservadores no se manifestaban dispuestos a asumir la responsabilidad del gobierno en tales circunstancias, formó un gabinete de coalición nacional con liberales, conservadores y laboristas, en el cual estos últimos sólo retuvieron tres carteras. De inmediato aumentó los impuestos y decretó economías. El 21 de setiembre de 1931 suspendió el patrón oro —Londres era entonces el único mercado libre de oro de Europa— con el objeto de parar la hemorragia de las reservas del Banco de Inglaterra.

El viraje político, retorno a la política conservadora por un gobierno que encabezada el líder laborista, hizo indispensable consultar al país, y si bien en las elecciones generales de octubre de 1931 los laboristas sufrieron un descalabro, los triunfantes conservadores prefirieron que MacDonald continuara al frente del gabinete de coalición nacional y se echara encima la impopularidad de medidas opuestas al programa de su partido.

Dos actos del gobierno de MacDonald, vinculados entre sí, afectaron especialmente las tradicionales relaciones angloargentinas: la definitiva constitución de la Comunidad Británica de Naciones, mediante el Estatuto de Westminster, y el abandono del librecambio por el proteccionismo, con la sanción de la ley de Impuestos a la Importación.

El «Estatuto de Westminster», elaborado por la conferencia imperial de 1930 y aprobado por el Parlamento británico en noviembre de 1931, definía a los dominios como

«comunidades autónomas en el interior del Imperio británico, nada subordinadas entre sí en cuanto a sus asuntos internos o externos, bien que unidas por una común fidelidad a la Corona y libremente asociadas en tanto miembros de la Comunidad Británica de las Naciones».[6]

La ley de Impuestos a la Importación de febrero de 1932 fijaba un gravamen general ad valorem del 10 por ciento a las importaciones (salvo a la mayor parte de las materias primas de insumo industrial), exceptuando a las de los dominios. Además, se concedieron fuertes subsidios a los productores nacionales que competían con las importaciones extranjeras, en particular a los agricultores.

El sistema de protección y preferencias que la ley de Impuestos a la Importación y demás medidas subsidiarias otorgaban a los intercambios con los dominios, y la autonomía política que les concedía el Estatuto de Westminster, se combinaban para crear un nuevo tipo de unidad económica plurinacional, que amenazaba con la exclusión del mercado inglés a los países ajenos a la Comunidad Británica de Naciones. Se tendía así a la planificación del comercio exterior británico reclamada por Keynes desde años antes, pero el abandono del laissez faire en los intercambios con el resto del mundo implicaba el repliegue de Gran Bretaña en su tradicional política económica expansiva, pues únicamente los dominios, colocados en situación privilegiada, podían entrar en aquella planificación destinada a salvar a Gran Bretaña de la crisis y al Imperio del derrumbe.

Los resultados de la combinación de la autonomía política de los dominios con el proteccionismo imperial se concretaron en la conferencia de agosto de 1932, celebrada en Ottawa con la participación del Reino Unido, Canadá, Eire, Terranova, Australia, Nueva Zelandia, África del Sur, India, Rhodesia del Sur y Birmania, bajo el lema home producers first, empire producers second and foreign producers last. Estableció un régimen discriminatorio en base a las importaciones de carnes a Gran Bretaña del año 1.º de julio de 1931 - 30 de junio de 1932, en el cual las de Australia y Nueva Zelandia fueron máximas y las de Argentina y Uruguay mínimas. Las cuotas de congelado vacuno y ovino de aquellos dos dominios no debían superar las del año índice, mientras que las de los países del Plata se reducían en un 35 por ciento durante 18 meses. La cuota argentina de chilled beef se mantenía igual, por cuanto los dominios no podían competir con ella.

La oligarquía agroexportadora de la Argentina creyó que se le venía el mundo abajo, al enterarse de la amenaza que pendía sobre más del 90 por ciento de nuestras exportaciones de carnes. No concebía el régimen económico del país fuera del eje agropecuario y de la órbita del mercado británico. A la intranquilidad de esos años por el descenso continuo de las exportaciones y de los precios de las carnes enfriadas y congeladas, se sumaban para provocar pánico las resoluciones de Ottawa. Hubo ganaderos, abogados y profesores universitarios que derramaron lágrimas por la expulsión de los ingleses del Río de la Plata en 1806-1807, pues la victoria de nuestro pueblo había cerrado al país las puertas del Imperio británico. Los más impacientes de esos «patriotas» pedían que, sin pérdida de tiempo, se solicitara el ingreso a la Comunidad Británica de Naciones.

Tal vez los políticos británicos sacaron de la experiencia de sus negociaciones con el gobierno argentino de 1933 la convicción de que el Imperio, bajo los vínculos formales de la Comunidad Británica de Naciones, había dejado de ser para Londres un buen negocio. Gran Bretaña obtuvo ese año de nuestro país condiciones para su comercio y sus inversiones que les regateaban o negaban sus dominios, a los que, sin embargo, acababa de concederles autonomía y trato preferencial. Y esa conquista le llegaba casi de regalo, en la senectud imperial, cuando ya no podía exigir y entraba a la hora de solicitar. No midieron con espíritu realista el gobierno del general Justo y sus consejeros la débil posición de Gran Bretaña en esos momentos, ni las ventajas que podían y debían sacar de ella. Seguían embelesados con la imagen victoriana de los isleños que nos trajeron el ganado de raza y la alfalfa, el alambrado y los ferrocarriles, la democracia representativa parlamentaria y el liberalismo integral de sus economistas clásicos. Escapaba a su visión de conjunto que la grandeza serena y segura del Rule, Britannia tenía cimientos tan frágiles como su dependencia de las fuentes extranjeras de abastecimientos de alimentos y materias primas, y de los mercados extranjeros para colocar sus productos industriales. La nación que transformó en fuerza su debilidad y creó el mercado mundial capitalista estaba encadenada a las condiciones inestables de ese mercado.

Suponer, por otra parte, que los acuerdos de Ottawa traerían la sustitución en el mercado consumidor inglés de las carnes argentinas por las de Australia o de algún otro dominio era desconocer la situación privilegiada de la ganadería de nuestro país por sus bajos costos y la abundancia de reses de la más alta calidad. Gran Bretaña había preparado a la Pampa húmeda, con escaso respeto del laissez faire, para hacer de ella su inmensa granja, y su empirismo comercial no le permitía renunciar a una relación tan ventajosa en homenaje a los privilegios acordados a los dominios.

No hubo nunca, en realidad, un laissez faire absoluto en las relaciones anglo-argentinas. La política imperial de Gran Bretaña encerraba en sí, desde sus comienzos, la contradicción de imponer el liberalismo integral por el medio que el liberalismo integral más repudiaba: la intervención pacífica o armada del Estado inglés en defensa de los intereses expansivos de su comercio privado primero y de sus monopolios después. Conservamos el recuerdo de tres agresiones inglesas y de la protección dispensada por el gobierno de Su Majestad a los prestamistas y a las empresas ferroviarias y frigoríficas. En materia de carnes, el Estado inglés impuso en 1911 las Conferencias de Fletes, con el fin de repartir las cuotas de exportación e impedir el monopolio absoluto de los frigoríficos norteamericanos, y en cuanto al petróleo, aplaudió la fundación de YPF, como valla de contención de la Standard Oil y modo de regular el abastecimiento nacional, dejando un déficit que cubrían las importaciones británicas.

Si es cierto que Gran Bretaña nunca pensó en sacrificar sus compras a la Argentina en aras de las preferencias imperiales —por la razón que dimos y por los 600 millones de libras esterlinas que tenía invertidas en nuestro país—, no cabe duda que desde 1925 el gobierno de Su Majestad practicaba una política de chantaje. Ese año publicó, y difundió con significativa amplitud en los medios ganaderos, comerciales y políticos de Buenos Aires, un folleto sobre las carnes que señalaba la conveniencia de sustituir las argentinas por las de Australia, Nueva Zelandia y Brasil, países donde acababan de instalarse nuevas plantas frigoríficas. En julio de 1926, el Parlamento de Londres aprobó una cláusula del Financial Bill que las excluía con el argumento, esgrimido y olvidado de tanto en tanto, de estar contaminadas de aftosa, pero, a pesar de la alharaca, siguieron ocupando el primer lugar en las importaciones inglesas.[7]

El diputado yrigoyenista Víctor Juan Guillot dio, en los debates de la Cámara de Diputados de agosto de 1928, una explicación clara y precisa de la razón y de la eficacia de ese chantaje. Dijo:

«Me refiero a este hecho, a que la producción ganadera argentina está asentada sobre la base fragilísima del mercado consumidor único, es decir, el mercado inglés como consumidor exclusivo de carnes argentinas.

»Naturalmente, cuando empleo ese término único, no niego algo perfectamente conocido, esto es las exportaciones de menor cuantía hechas hacia diversos mercados europeos y aun americanos. Pero no empleo mal ese término, único, porque saben muy bien los señores diputados que la absorción de la mayor producción argentina se hace precisamente por el mercado consumidor del Reino Unido. Estamos sometidos, entonces, a esta condición extraordinaria. Vivimos subordinados al mercado único, al mercado inglés, y de ahí provienen todos los trastornos que periódicamente se dejan sentir en nuestra producción ganadera.

»Por esa razón, debido a la existencia de ese mercado único, cuando una voz resuena en el Reino Unido contra la exportación argentina, tiembla toda la economía nacional, y puedo agregar algo más, de tal manera está ligada la prosperidad de la ganadería con el bienestar de los habitantes del país. Cuando en Inglaterra toman medidas contra la importación argentina, esas medidas ciernen una amenaza sobre los sueldos de los empleados y sobre los salarios de los obreros argentinos, es decir, suspenden un peligro sobre el bienestar popular.

»La campaña emprendida en el Reino Unido contra las carnes argentinas obedece a circunstancias y factores económicos enteramente extraños a la aftosa. Esos factores podrían enumerarse así: exigencia de los criadores ingleses desalojados por la carne refrigerada; segundo, las constancias siempre crecientes de los dominios que se han acentuado a partir de la tercera conferencia imperial británica, que marcan una interesante evolución en el criterio económico inglés, el cual va pasando del libre cambio a la protección, entendiendo como protección, la adopción de una serie de medidas de preferencia para los productores de los dominios del Imperio británico, y estos productores domínales han influido poderosamente en las resoluciones de esta tercera conferencia imperial británica por una razón evidente, porque en virtud de la distancia que los separa de los mercados de consumo del Reino Unido, no pueden importar el chilled que es el elemento preferido de los consumidores ingleses».

El chilled beef, tipo de carne preferida por los ingleses, sólo es apto para el consumo hasta cuarenta días después de faenar la res. Sumado el tiempo que permanece en la Argentina y el viaje a Gran Bretaña, al abastecedor inglés le queda una semana para venderlo en buenas condiciones. Australia y Nueva Zelandia, a una distancia de Gran Bretaña de más del doble de la Argentina, no podían hacer llegar el chilled beef a tiempo al consumidor británico y presionaban para que se prohibiera su importación, dejando únicamente la del congelado y la conserva. Pero las preferencias del paladar doméstico se sobrepusieron a las preferencias imperiales y, sin saberlo, protegieron el laissez faire de los ganaderos argentinos.

Seguía diciendo el diputado Guillot:

«Aparte de los enumerados, hay un tercer factor concurrente: elemento que acaso permanece a la expectativa, pero más bien mira con simpatía esta campaña pensando extraer de ella ventajas para los propios intereses. Me refiero a los industriales ingleses que se ven gradualmente eliminados de la plaza argentina por los competidores norteamericanos.

»Hay otro factor que a mi juicio también debe ser señalado, aunque no todas las opiniones coincidan al respecto. Me refiero a las compañías cuyo interés ha dejado de coincidir con las conveniencias argentinas».

Con respecto al temor de que Gran Bretaña abandonase la importación de carnes argentinas, manifestó el legislador yrigoyenista:

«La contestación resulta fácil de dar: en primer lugar a ningún gobierno le resulta favorecer el encarecimiento de la vida, dando preferencias a carnes que llegan de mayor distancia, que pagan más altos fletes, y que al ser objeto de tarifas diferenciales a su favor vendrían a realizar un arbitraje muy conveniente a sus intereses y adverso para los consumidores del mercado del Reino Unido. Y luego por otra razón que debemos tener muy en cuenta, y que tal vez es una de las barreras que nos está defendiendo contra los esfuerzos de los dominios ante el gobierno de la Gran Bretaña: me refiero a la cuantiosa inversión de capitales británicos en nuestro país, cuyo monto oscila entre 600 y 700 millones de libras esterlinas, según memorias publicadas por los bancos, los que producen una renta de 400 a 500 millones de pesos anuales, que van de la República Argentina a Inglaterra, y permiten saldar favorablemente para dicho país el balance de cuentas con la República Argentina».

Durante el debate, el diputado socialista independiente Federico Pinedo expuso la misma tesis librecambista que, en las sesiones de 1922, había desarrollado quien seguía siendo su maestro, al margen de la escisión del partido y de la rebeldía a su autoridad tradicional, el ya extinto doctor Juan B. Justo: pidió que se levantaran las barreras a la importación de artículos manufacturados británicos, en nombre del interés del consumidor argentino.

Por esa época, postrimerías de la presidencia de Alvear, el bloque parlamentario yrigoyenista defendía el nacionalismo económico en materia de carnes y petróleo, esto es en dos renglones decisivos de nuestro autodesarrollo, en oposición al grupo parlamentario alvearista que, con el viejo argumento del liberalismo integral, acusaba al Estado de «mal administrador» y rechazaba su intervención en la economía, por contraria al principio constitucional de libertad de industria, comercio y trabajo. El nacionalismo económico aplicado a las carnes y al petróleo, en tanto se diera como meta el monopolio estatal de los frigoríficos y el fortalecimiento de YPF, amenaza principal y directamente a los intereses empresarios de los Estados Unidos, pues las cuatro compañías frigoríficas norteamericanas totalizaron en 1927 casi el 70 por ciento de los embarques de carnes, quedando el 20 por ciento a las inglesas y el 10 por ciento a las argentinas;[8] y la protección de nuestro petróleo de las ambiciones de la norteamericana Standard Oil estaba tanto dentro de las necesidades del autodesarrollo económico nacional y de la afirmación de nuestra soberanía, como de las conveniencias de Gran Bretaña de mantener su cuota de importación de combustible. Esta coincidencia relativa del nacionalismo económico argentino con la posición de competencia del imperialismo británico frente a la penetración de los consorcios norteamericanos, no autoriza a inferir mecánicamente que los yrigoyenistas estaban con los ingleses (el discurso del diputado Guillot documenta lo contrario), pero sí a pensar que Yrigoyen dispuso, al asumir por segunda vez la presidencia en 1928, de un amplio margen de maniobras para impulsar al nacionalismo económico.

El gobierno británico comprendió que el gobierno yrigoyenista avanzaba por ese camino, y tratando de asegurarse de antemano posiciones de privilegio, tuvo la iniciativa de enviar a Buenos Aires una misión presidida por uno de sus más destacados diplomáticos, el vizconde D’Abernon, embajador en Berlín. No hubo tiempo de concretar el nuevo tipo de relaciones de Estado a Estado que establecía el convenio que se firmó, porque el golpe setembrino le salió al paso y lo declaró nulo.

Insistió Londres en su ofensiva diplomática inaugurando en Buenos Aires una Exposición de Industrias Británicas y destacando al príncipe de Gales para que asistiera al acto oficial. «Comprar a quien nos compra», dijo con clara intención el futuro duque de Windsor. «Comprar a quien nos venda más barato», replicó el general Uriburu. Y todo se presentaba tan complicado que al defender el presidente de facto los intereses del consumidor argentino, concordaba nada menos que con los socialistas de ambos colores que lo denunciaban como dictador, y al erigirse el hijo del rey de Inglaterra en protector de los industriales ingleses, interpretaba las esperanzas de la oligarquía agroexportadora argentina. Esta oligarquía estaba, por supuesto, con el príncipe de Gales y no con el general Uriburu y apresuró el traspaso del poder al gobierno constitucional del general Justo.

Con la promesa del «retorno a la normalidad», que había sido su bandera en la campaña electoral, inició el general Justo su gobierno. ¿Qué significaba el «retorno a la normalidad»? ¿La vuelta a los tiempos de Alvear, Sáenz Peña y Roca, mirando hacia atrás? No era posible. Los tiempos habían cambiado, aunque los hombres de la superestructura siguieran creyendo en los dogmas del individualismo económico y político de 1853, y pensaran que nada podíamos hacer con independencia de la cultura europeística que nos formó y a la que tendríamos que apelar siempre para no retroceder a la barbarie. Pero la fuerza de las circunstancias los obligó a adaptar esa conciencia colonial a las contradicciones de un país que salía de la etapa intermedia de la colonización capitalista y buscaba su propio camino. Ahí estaban los socialistas independientes, fieles al espíritu pragmático del viejo tronco del que se habían separado, dispuestos a transmitir al gobierno del general Justo las enseñanzas aprendidas del maestro Juan B. Justo. Y los conservadores, rebautizados demócratas nacionales, convencidos de que solos no irían a ninguna parte, por lo que recurrieron a una simbiosis que comenzó con los socialistas independientes y no se detuvo hasta asociarse con los comunistas en el antiperonismo.

«Retorno a la normalidad» quería decir encontrar a la crisis económica y política una salida que restableciera, sobre nuevas bases, el poder de la oligarquía agroexportadora proinglesa. A la democracia postiza sucedió la democracia fraudulenta. Aquélla imitaba a Inglaterra; ésta estafaba al pueblo argentino. La posibilidad de negociar con los ingleses desde posiciones populares de fuerza había desaparecido con la caída de Yrigoyen. El equipo del general Justo, a la inversa, depositó su confianza en el que fuera otrora el mayor centro del poder mundial, la decadente Inglaterra. Le espantaba la «bancarrota total» del agro con los novillos a precios inferiores a los de veinte años antes y las vacas a cinco pesos, los cereales y el lino cotizándose a menos del costo, y las exportaciones bajando de 771 millones de pesos oro en 1923 a 556 millones en 1932.[9] Y la hemorragia del metal precioso de las reservas de la Caja de Conversión: 650 millones de pesos oro en 1928 reducidos a 260 millones en 1932. Y en igual período la desvalorización de la riqueza nacional de 8 mil millones de pesos a 4800.

De Londres, no del trabajo y de la capacidad creadora de un pueblo al que engañaba en las urnas, esperaba la tabla de salvación. En los 300 000 desocupados que se agrupaban en las improvisadas villas de lata, madera y cartón de Puerto Nuevo y de los arrabales de Buenos Aires y Rosario y se alimentaban en las ollas populares del país de la abundancia, descubría la latente revolución social que todavía predicaban los anarquistas o la «bolchevización» de las masas que anunciaba con volcánico pathos el periódico comunista Bandera Roja. Londres no sería condescendiente, mientras no se erradicara ese espectáculo que quitaba el sueño a la oligarquía.

Al llamado a la conciliación nacional con que el general Justo inauguró su gobierno, le respondió una potente ola de huelgas. Sin intervenir la Federación Agraria Argentina, ni los partidos políticos, los agricultores arrendatarios declararon la huelga en la asamblea de «Las Rosas». Levantaban conocidas y siempre nuevas banderas reivindicatorías: precios mínimos para los cereales y el lino, rebaja de los arrendamientos y de los fletes ferroviarios, anulación de los contratos leoninos, créditos, libertad para vender la cosecha, etcétera. El presidente Justo y su ministro de Agricultura, Antonio De Tomaso, amenazaron con emplear el ejército para aplastar el movimiento y obligar a los agricultores a trabajar. También lo condenó el socialista Nicolás Repetto en un reportaje publicado en el diario Córdoba y reproducido en La Vanguardia.

«Supóngase que dentro de poco, a causa de una guerra o de otro suceso, subiera el trigo tres o cuatro pesos, ¿en qué responsabilidad habrían incurrido los que hubiesen lanzado a los agricultores a la huelga?»,[10]

decía refiriéndose a la posibilidad de la extensión de la guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, a otros países y a la valorización que traería para los productos argentinos.

La huelga terminó después que un congreso de la Federación Agraria Argentina dio a conocer la promesa del gobierno de aceptar algunas de las reivindicaciones. Fracasó así el plan del ministro De Tomaso de reducir el área sembrada mediante el desalojo, pero las tarifas ferroviarias no se reajustaron (el Pacto Roca estaba en trámite y el gobierno no quería malograrlo), el reajuste de los arrendamientos no pasó del papeleo burocrático y la moratoria hipotecaria sólo favoreció a los terratenientes y a los agricultores propietarios.[11] No se tuvieron en cuenta las reivindicaciones de los obreros rurales.[12]

Pocas semanas duró el «promisor brote de legalidad». Pronto el justismo desastó la represión de los conflictos obreros que se multiplicaban: tranviarios, empleados de comercio, telefónicos, frigoríficos de Avellaneda, calzado, madereros, petroleros de Comodoro Rivadavia, etcétera. Fraguó procesos por «asociación ilícita» a los choferes, lavadores de autos y panaderos. Reglamentó el derecho de reunión. Clausuró diarios y periódicos. Declaró ilegales al Partido Comunista, al Socorro Rojo Internacional y a otras organizaciones de izquierda.

Los justistas, asimilados a la conciencia colonial de la oligarquía agroexportadora, atribuyeron el malestar social al deterioro del intercambio con Gran Bretaña, es decir a una causa externa, a la cual subordinaron, mentalmente, la totalidad de la problemática argentina. Si ésa era la falla que desordenaba al sistema, el remedio no podía ser otro que la readaptación de nuestra economía a las nuevas exigencias de los políticos británicos, que tenían en las manos las cartas de triunfo de los acuerdos proteccionistas de Ottawa. Con el espíritu predispuesto a la claudicación emprendió viaje a Londres la embajada encabezada por el vicepresidente de la República, Julio A. Roca, y asesorada por los hombres de paja del imperialismo inglés, Guillermo Leguizamón y Raúl Prebisch. Iba a la capital del imperio con tan débil respaldo que no faltó personaje de la corte de St. James que le hiciera notar que la iniciativa corría por cuenta y riesgo del gobierno de Buenos Aires. Era una embajada postulante e impaciente que todo lo esperaba de la buena voluntad de los funcionarios de la Corona.

Entre banquete y banquete los negociadores del gobierno justista aceptaron uno tras otro los puntos del convenio que los representantes británicos elaboraban esgrimiendo siempre, como argumento limitativo, las cláusulas proteccionistas de los acuerdos de Ottawa. El tono de los discursos adelantaba el contenido del Pacto. Dijo el doctor Roca:

«La Argentina es, por su interdependencia económica, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido».

Subrayó sir Guillermo Leguizamón (el título de sir le había sido acordado por la corte de St. James, en homenaje a los servicios prestados como alto funcionario de los ferrocarriles ingleses):

«La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de Su Graciosa Majestad»,

y agradeció:

«los 800 millones de libras esterlinas que Inglaterra ha invertido en la Argentina».[13]

Un legislador inglés fue directamente al grano y expresó en la Cámara de los Comunes que, siendo de hecho la Argentina colonia de Gran Bretaña, le convenía incorporarse al Imperio.

De la Convención y el Protocolo firmados en Londres el 1.º de mayo de 1933 por el doctor Julio A. Roca y sir Walter Runciman puede afirmarse que, si la primera colmó las ambiciones del pequeño y poderoso grupo de invernadores argentinos, el segundo puso los fundamentos del reacondicionamiento de la economía nacional al sistema de abastecimientos e inversiones que Gran Bretaña planificó después de Ottawa y para salir de la crisis. Era el tiro de gracia al desgastado laissez faire que nunca funcionó íntegramente en las relaciones angloargentinas.

El artículo 1.º de la Convención establecía que

«el gobierno del Reino Unido, reconociendo plenamente la importancia de la carne vacuna enfriada chilled beef en la vida económica de la República Argentina, no impondrá ninguna restricción a las importaciones en el Reino Unido de carne vacuna procedente de la Argentina, en cualquier trimestre del año, que reduzca las importaciones a una cantidad inferior a la importada en el trimestre correspondiente del año terminado el 30 de junio de 1932, a menos y tan sólo cuando a juicio del gobierno argentino e intercambiando con éste toda información pertinente, ello fuera necesario para asegurar un nivel remunerativo de precios en el mercado del Reino Unido; tal restricción no será mantenida si resultara que las importaciones así excluidas fueran reemplazadas por aumentos de las importaciones en el Reino Unido de otras clases de carne (siempre que no se trate de embarques experimentales de carne vacuna enfriada de otras partes de la Comunidad Británica de Naciones) que vinieran a neutralizar el efecto deseado sobre los precios».

De lo transcripto se infiere:

Que el acuerdo partía del «reconocimiento» por Gran Bretaña de la «importancia» que la exportación de chilled beef tenía para la Argentina, y pasaba por alto que el chilled beef era artículo de primera necesidad de las clases altas y medias de Gran Bretaña, y que la Argentina no tenía rival como productor en calidad, cantidad, precio y flete. El planteo unilateral de la relación productor-consumidor colocaba al gobierno británico en condiciones ventajosas para negociar y lo presentaba como benefactor que en cualquier momento podía desinteresarse por el chilled beef argentino. El comprador-consumidor empleaba la picardía comercial de que carecía el vendedor-productor.

Que las importaciones de chilled beef argentino en el Reino Unido se estabilizaban al nivel del trimestre que sirvió de base a los tratados de Ottawa, o sea que la Argentina se incorporaba a remolque de los planes económicos imperiales, sin haberlos discutido ni participado en su elaboración.

Que el gobierno británico se reservaba el derecho, previa consulta al gobierno argentino, de reducir las importaciones con el objeto de «asegurar un nivel remunerativo de precios en el mercado del Reino Unido». Esta cláusula protegía a los ganaderos de Gran Bretaña y de los dominios —que producían a más altos costos que los de nuestro país— de un aumento de oferta de carne argentina a precios bajos.

Que si bien esa restricción no se mantendría en el caso de ser reemplazado el chilled beef por otras clases de carnes (congeladas y conservas, tipos que Australia y Nueva Zelandia producían en condiciones competitivas con la Argentina), cuyas importaciones aumentaran, se mantendría si entrara chilled beef con carácter de «experimental» proveniente de «otras partes de la Comunidad británica».

La segunda parte del artículo 1.º de la Convención contemplaba la posibilidad de reducir la importación de chilled beef argentino en Gran Bretaña en un porcentaje mayor del 10 por ciento del volumen de lo importado en el año 1.º de julio 1931 - 30 de junio 1932, lo que sería posible si

«las importaciones de carne vacuna enfriada (excluidos los razonables embarques de carácter experimental) o de carne congelada en el Reino Unido, procedentes de todos los países exportadores de carne que forman parte de la Comunidad Británica de Naciones, sean reducidas también en un porcentaje igual al porcentaje de reducción de la carne vacuna enfriada argentina por debajo del noventa por ciento de la cantidad importada en el trimestre Correspondiente del año terminado el 30 de junio de 1932».

A continuación se fijaban los límites de las restricciones de acuerdo a lo especificado en el convenio celebrado el 20 de agosto de 1932, entre el Reino Unido y Australia, esto es uno de los pactos de Ottawa.

I Del análisis del artículo 1.º resulta claro que Gran Bretaña no podía prescindir de las carnes argentinas, pero negoció desde posiciones de fuerza y logró obtener el control de las importaciones y de los precios e incorporar el comercio angloargentino al sistema de los pactos de Ottawa, dejando una puerta abierta al aumento de las importaciones de carnes de los dominios. En el caso de colocar Australia y Nueva Zelandia sus carnes en el mercado inglés en competencia con las argentinas, el gobierno británico no imponía ninguna restricción y, a la inversa, imponía restricciones a las carnes argentinas en el caso de que desplazaran a las procedentes de los dominios. La Convención era proteccionista para Gran Bretaña y librecambista para la Argentina.

El artículo 2.º de la Convención trataba el funcionamiento del sistema de control de cambios, que el gobierno argentino había creado poco antes con el objeto de adaptar el comercio exterior del país a los planes británicos. También Gran Bretaña, no la Argentina, decidía el destino de las libras esterlinas obtenidas de la venta de carne. Establecía el inciso 1.º:

«Siempre que en la República Argentina funcione un sistema de control de cambios, las condiciones bajo las cuales se efectuará, en cualquier año, la disponibilidad de divisas extranjeras serán tales que para satisfacer la demanda para remesas corrientes de la Argentina al Reino Unido, se destine la suma total de cambio en libras esterlinas proveniente de la venta de productos argentinos en el Reino Unido, después del servicio de la deuda pública externa argentina (nacional, provincial y municipal) pagadera en países que no sean el Reino Unido».

Sólo faltaba que Gran Bretaña no dejara a la Argentina divisas ni para pagar los servicios de su deuda pública externa, pero dentro de esa suma global en libras esterlinas se apartaba, previa la mencionada deducción, el equivalente a 12 millones de pesos papel destinados a cubrir los servicios de las deudas argentinas a países que no eran Gran Bretaña pendientes al 1.º de mayo de 1933.

Gran Bretaña compraba entonces la parte del león de las exportaciones agropecuarias argentinas y, sin embargo, siempre figuraba como acreedora de nuestro país. La Convención del Pacto Roca regulaba esa relación entre exportaciones y deudas, pero en la trastienda, en una especie de refugio del aparente laissez faire, las inversiones inglesas en la Argentina (ferrocarriles, puertos, frigoríficos, etcétera) se favorecían tradicionalmente por una política antinacional, que eternizaba nuestra condición de deudores. Decía en tal sentido el Protocolo que siguió a la Convención:

«El Gobierno Argentino, valorando los beneficios de la colaboración del capital británico en las empresas de servicios públicos y otras, ya sean nacionales, municipales o privadas, que funcionan en la República Argentina, y consecuente en ello con su tradicional política de amistad, se propone dispensar a tales empresas, dentro de la órbita de su acción constitucional, un tratamiento benévolo que tienda a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a tales empresas».

Esta cláusula convalidaba lo que había sido, sin excepción, norma en el trato dispensado por el Estado argentino a las empresas británicas: garantías de ganancias mínimas, subsidios, exenciones de impuestos, franquicias aduaneras y, a los ferrocarriles, donaciones de miles de leguas de tierra. El capital británico nunca corrió en la Argentina la aventura del laissez faire. Vino una vez que los libreempresistas y librecambistas argentinos le aseguraron, por medio del Estado, protección absoluta a sus inversiones y elevadas tasas de beneficios. Porque entre nosotros la libre empresa, el librecambio y el antiestatismo siempre se han combinado en una política de privilegios a las inversiones extranjeras. El compromiso implícito en el Protocolo obligó al gobierno justista a una «nacionalización» sui generis del libre sistema bancario y cambiarlo (Banco Central, Instituto Movilizador, control de cambios) y del transporte (Corporación de Transportes), que en verdad resultó ser su centralización por el Estado para incorporarlo al status de las relaciones angloargentinas establecidas por el Pacto Roca, dentro del cual figuraban también concesiones tan escandalosas como las que se otorgaron al monopolio de la electricidad.

Para cumplir con los requisitos del nuevo status an-gloargentino, el gobierno justista nombró una comisión integrada por representantes de tres poderosos consorcios financieros anglosajones —Baring Brothers, Leng Roberts y Morgan—[14] con el objeto de que elaboraran, junto a abogados y técnicos del país adscriptos a las empresas británicas, el nuevo régimen bancario y monetario, y encomendó la supervisión del proyecto a sir Otto Niemeyer, funcionario del Banco de Inglaterra que dos años antes había dirigido la reforma bancaria en Australia y era director de la fábrica Vickers de armamentos y buques de guerra, a la cual, de paso, se le encargó la construcción del acorazado La Argentina.[15] La comisión y su supervisor aconsejaron que se fundara un Banco Central, con carácter privado o autónomo, para que asumiera el control de la moneda, de los créditos, de la industria, del comercio interior y del intercambio externo. Así nació el Banco Central de la República Argentina, con privilegios que ni en la India habían obtenido los ingleses.[16] A su lado se creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, cuya misión se contrajo a salvar de la ruina a grandes terratenientes entrampados y a empresas en liquidación y a impulsar el proceso de concentración monopólica del capital extranjero.[17]

Con la mala conciencia de dócil instrumento de los manejos de Londres, el justismo tomó precauciones para que las leyes de creación del Banco Central y del Instituto Movilizador, y las complementarias de reorganización de los Bancos de la Nación e Hipotecario Nacional y la de Bancos, se aprobaran sin ruido en la calle y sin polémica en el Congreso. Amordazó a los diarios con la concesión de cambios preferencia-les para importar papel. Convocó a ambas Cámaras a sesiones extraordinarias, pero no mencionó los proyectos que tenía en carpeta.[18] Logró que el 2 de enero de 1935 el doctor Marcelo T. de Alvear levantara la abstención del radicalismo. El 18 del mismo mes entraban en el Senado los proyectos que se aprobaron al día siguiente. Las leyes 12 155 y 12 160 concretaron la readaptación de la economía nacional al plan inglés fraguada en Londres por los diplomáticos del Pacto Roca.

La defensa del privilegio se manifestó también en la política justista con las Juntas de la Producción (vino, carnes, granos, leche, algodón y yerba mate),[19] que favorecieron el proceso de concentración monopólica, a costo de la quiebra de empresas y de la destrucción de riquezas. En Mendoza se derramó vino en las acequias, se arrancaron cepas, se abandonaron viñedos y se enterró uva en los camellones, mientras Giol, Arizu y El Globo, apuntalados por Leng Roberts y la Junta Reguladora, se adueñaban del mercado;[20] en Tucumán los cañeros y los pequeños ingenios cargaban con las deudas de las grandes empresas;[21] y en el mercado interno de la carne los frigoríficos anglonorteamericanos practicaban el dumping, a través de cadenas de carnicerías con las cuales no podían competir las de los abastecedores y comerciantes del país. La unificación de los impuestos internos, establecida por la ley 12 139, se empleó para regular la economía en provecho de los monopolios.[22]

Este sometimiento compulsivo de la economía argentina al diktat de los banqueros y empresarios ingleses ni siquiera tuvo el atenuante de haber favorecido a la ganadería del litoral. Solamente se benefició el pequeño grupo de invernadores asociado a los frigoríficos anglonorteamericanos, el cual, por otra parte, y como veremos enseguida, fue subvencionado por el Estado. Y la perspectiva del desarrollo de una industria frigorífica nacional, tan reclamada por la mayoría de los ganaderos, era condenada por el artículo 3.º del Protocolo al determinar que:

«en caso que el gobierno argentino, o los ganaderos argentinos, bajo la acción de una ley especial, tuvieran la propiedad, control o administración de empresas que no persiguen primordialmente fines de beneficio privado [sic], sino una mejor regulación del mercado, con el propósito de asegurar un razonable beneficio al ganadero, el gobierno del Reino Unido está dispuesto a permitir a importadores autorizados a importar carne proveniente de tales empresas, hasta el 15 por ciento de la cantidad total importada de la Argentina al Reino Unido (tal porcentaje debe incluir las importaciones actualmente permitidas del Frigorífico Gualeguaychú y del Frigorífico Municipal de Buenos Aires), sobreentendiéndose que dichos embarques serán colocados eficientemente en el mercado por las vías normales, teniendo en cuenta la necesidad de la coordinación del comercio con el Reino Unido, y toda autorización concedida por el gobierno del Reino Unido bajo las disposiciones del presente párrafo, será acordada en tal inteligencia».

El artículo legalizaba el reparto de las cuotas de exportación al mínimo nivel para la de los frigoríficos argentinos. Al iniciarse el reparto, en la Conferencia de Fletes de 1911, nuestra cuota se fijó en el 18,50 por ciento y ya era inferior a la que teníamos a fines del siglo pasado. Fue descendiendo hasta el 10 por ciento en la Conferencia de Fletes de 1927 y la cubrían el Frigorífico Gualeguaychú y el Frigorífico Municipal de Buenos Aires, de modo que al elevarla al 15 por ciento apenas quedaba un 5 por ciento de limosna para las empresas argentinas que no persiguieran «fines de beneficio propio», es decir para las cooperativas. Si esta limitación no configuraba el más crudo intervencionismo del Estado inglés en la economía argentina que lo diga el mundillo obsoleto de liberales que intrigan en contra de la intervención del Estado argentino en defensa y para el desarrollo de la economía nacional.

Los negociadores no innovaron en cuanto a las importaciones inglesas a la Argentina. Les bastó confirmar el régimen existente desde muchos años atrás. Por el artículo 6.º del Protocolo, el gobierno argentino se comprometía a

«mantener libres de derechos el carbón y todas las otras mercaderías que actualmente se importan en la Argentina libres de derechos»

y volver a las tasas y aforos de 1930 para las mercaderías sometidas a derechos aduaneros.

Por los artículos 8.º y 9.º, el gobierno del Reino Unido se obligaba a no imponer nuevos gravámenes ni aumentar los existentes para la carne, el jamón, el trigo, el lino, el maíz y el extracto de quebracho importados de la Argentina, y a no establecer límites cuantitativos a las importaciones de trigo, lino, afrecho y afrechillo, rebacillo, lana en bruto, premier jus, sebo sin refinar, cerdas, tripas y extracto de quebracho.

Tanto en la Convención (art. 3.º) como en el Protocolo (art. 10.º) se hacían referencias a un Convenio Suplementario que debía redactar una Comisión Especial del gobierno argentino, con participación de representantes del gobierno británico. Dicho Convenio Suplementario se firmó en Buenos Aires el 26 de setiembre de 1933 y acordaba franquicias a los artículos ingleses que se importaran a la Argentina (carbón de piedra, coque, combustible manufacturado, whisky, etcétera). Y el Protocolo que lo acompañaba resolvía

«mantener la situación actual de los mercados argentinos del carbón, coque y combustible manufacturado del Reino Unido».

El Pacto Roca, o Roca-Runciman, tenía tres años de duración y junto con él se firmó el «Convenio Roca cuatro por ciento, ley 11 693», empréstito de 13 526 400 libras, al cambio de 12,63 pesos la libra, de 20 años de duración y sin rescate anticipado, mediante el cual se enviaron a Gran Bretaña, con intereses a cargo de nuestro país, las utilidades acumuladas de los ferrocarriles y demás empresas británicas.

Nada tan demostrativo de la extorsión sobre la economía argentina implicada en el Pacto Roca como el subsidio que el gobierno justista otorgó a los ganaderos para compensar la baja cotización del ganado y poder colocar las carnes en el mercado de Smithfield a precios de competencia. El subsidio fue en 1937 de 30 millones de pesos. Una sola firma recibió un millón y medio. La mano visible, demasiado visible, del imperialismo inglés se burlaba del libre juego de las leyes de la oferta y la demanda, y hacía pagar caro a la Argentina la creencia de sus economistas en el quimérico liberalismo integral de Adam Smith.

El Pacto tuvo vacilantes y comprometidos defensores, pero nadie, ni siquiera los responsables de su calamitoso trámite, se atrevió a elogiarlo. Roca admitió, al hablar en un banquete el 4 de junio de 1933, que incluía una serie de concesiones a Gran Bretaña, porque

«había que satisfacer las demandas británicas tanto en lo que respecta a la regulación de los cambios como en las rebajas solicitadas a nuestras tarifas».

El presidente Justo se burló de quienes esperaban

«medidas de efectos maravillosos que sólo existen en la fantasía»,

e informó que, pese a las criticas, el ministro De Tomaso iría a los Estados Unidos a firmar un acuerdo semejante. Pero el ministro declaró el 4 de mayo a La Nación que

«el Tratado no nos complace en todas nuestras demandas iniciales».

Hasta el presidente de la Sociedad Rural Argentina se quejó del raquítico 15 por ciento reservado a los embarques de los frigoríficos argentinos.

En los medios ganaderos se presionaba sobre el gobierno para que negociara con Francia y los Estados Unidos tratados que salvaran al país de su dependencia absoluta de Gran Bretaña. Los alentaba un informe del Consejo Nacional del Comercio Exterior de los Estados Unidos acerca de las posibilidades norteamericanas de comprar a la Argentina carne ovina, tripas para embutidos, lanas, cueros, lino, manteca, etcétera, y la promesa del presidente Roosevelt de mejorar las relaciones comerciales entre ambas naciones. Todo quedó en la nada.

La Convención y el Protocolo del Pacto Roca tuvieron rápido trámite en el Congreso.[23] Fueron discutidos en las sesiones del 7 y 18 de junio de 1933 en la Cámara de Diputados y del 27 y 28 de julio siguientes en el Senado. La mayoría oficialista (demócratas nacionales, radicales antipersonalistas y socialistas independientes) los aprobó y sancionó la ley 11 693.

El diputado socialista Nicolás Repetto impugnó la cláusula 1.a del Protocolo que hemos reproducido. Dijo:

«¿Qué significa esta cláusula? ¿Significa que no hemos prestado hasta ahora o hemos dejado de prestar la debida y legítima protección a los intereses ligados a las empresas inglesas? ¿O significa que nos disponemos a dar al capital de estas empresas un trato diferencial? Lo primero sería inexacto y hasta humillante. No podemos ceder a las presiones determinadas por intereses coaligados que a veces encuentran expresión en formas completamente indiscretas y hasta humillantes como lo registra el párrafo final de un telegrama de Londres aparecido en el diario La Nación del 12 de junio corriente que dice: “El duque de Atholl, que es presidente de la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, ha conversado muchas veces con los miembros de la misión Roca, abogando por la pronta solución del problema del tráfico en Buenos Aires y manifiesta su creencia de que, como un resultado de la convención contiene cláusulas —la del trato benévolo— que le dan derecho a pensar en ese sentido”».

Apuntaba la crítica del legislador socialista a uno de los aspectos más inicuos de los acuerdos de Londres y a la existencia de cláusulas secretas que no tardaron en ponerse en evidencia, como la entrega del monopolio del transporte argentino al consorcio inglés y al prorrateo, las contribuciones y los descuentos aplicados a los obreros ferroviarios, temas de otro capítulo de este libro.

Respondió el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Saavedra Lamas, con estas palabras que no requieren comentario:

«Hay un deber de protección a todos esos capitales que debe considerarse por ejemplo en materia de empresas de transporte. La segunda edad en que está la industria del transporte en el mundo entre el camión y ante el ómnibus lo he visto resolverse en Estados Unidos en una visita a Nueva York por un sistema de coordinación de las distintas entidades de tráfico que no va a traducirse en una logrería particular de las empresas, consentida por el gobierno. Es simplemente el amparo que nuestra gran Constitución, que es más amplia que la americana, ha ofrecido a todos los capitales del mundo; y en este caso no hay por qué no ratificar dicho amparo con Inglaterra, y más aún, tenemos el deber de declararlo y prestarlo a Inglaterra en cada caso. ¿Por qué? Por lo que es muy humano; porque los hombres con sus roces recíprocos en las actividades del comercio y de la industria, crean la confianza mutua según sus procedimientos y se forma la predilección y el privilegio asentados en la experiencia».

Insistió Lisandro de la Torre en el Senado en la crítica de la Cláusula 1.ª del Protocolo. Dijo:

«Considero un error haber introducido en este convenio la cláusula primera del protocolo que sin necesidad, y desde luego sin compensación, alude a los capitales británicos en la Argentina. Sus términos ambiguos hacen parecer que no condujeran en el hecho a nada; pero cumplida esa cláusula honradamente, como habría de cumplirla el gobierno argentino, significará la consolidación del régimen de tarifas ferroviarias que sofoca en estos momentos la producción nacional; y puede dar lugar también esta cláusula a que mañana las empresas ferroviarias británicas reclamen el apoyo del gobierno argentino en contra de la política caminera que ha sancionado el Congreso».

Se refería el doctor de la Torre a la ley de Vialidad, destinada a fomentar la red caminera y el tráfico automotor, mal vista por las empresas inglesas, pues traía la competencia al monopolio ferroviario.

El ministro Saavedra Lamas hizo en la Cámara de Diputados esta confesión de impotencia:

«Estamos en una dolorosa dependencia de los mercados exteriores. No hemos creado y fomentado, no hemos vigorizado ni estructurado la República para tener el equilibrio de nuestro gran mercado de producción. Y esto debe decirse en el ambiente serio y de estudio de esta Cámara, sin mengua en modo alguno de-nuestra altivez. Tenemos dos premisas para un estudio serio y circunspecto de esta materia. Recordemos esa excelencia de nuestra situación geográfica en los efectos que ha producido. Vamos buscando la mejor manera de servir al país y oyendo las opiniones divergentes para comprobar si uno no se equivoca en la interpretación del interés y vemos los factores que se mueven en este gran problema. El capital británico sigue irrumpiendo copiosamente en nuestra tierra. Prevalecemos sobre Australia, prevalecemos sobre Canadá; tenemos la mejor distancia; aumentamos más que ellos nuestro stock ganadero; tenemos la excelencia del menor costo de producción de nuestro trigo. Tuvimos una superioridad y el capital británico llegó a cifras fabulosas, 500 millones de libras esterlinas; según mister Runciman, en la última discusión de la Cámara de los Comunes, 600 millones. He ahí el factor del problema, del cual derívase la importancia de los capitales bloqueados y la del control de cambios».

Las cláusulas relativas al cambio y pagos fueron desmenuzadas así por el diputado socialista José Luis Pena:

«Las consecuencias de este convenio están a la vista. En virtud de este tratado hemos entregado todos los resortes de la economía nacional al contralor del capital extranjero. Por de pronto el gobierno de la Nación ha cargado con la obligación de reintegrar las utilidades de los ferrocarriles y de otras compañías de servicios públicos extranjeros, devolviéndolas con intereses en virtud del llamado empréstito inglés. La falta de giros para las remesas de dinero al exterior era, desde luego, la evidencia de que se habían hecho ganancias extorsivas por aplicación de tarifas incompatibles con el estado actual de la economía argentina. Y así los señores diputados podrán ver las cifras que voy a dar del empréstito inglés, cuáles eran las empresas que habían acumulado en el país argentino las utilidades que pesaban en el mercado de cambios sin poder girar. El empréstito inglés fue por 13 millones de libras. El 70 por ciento fue destinado para pagar utilidades de los ferrocarriles Central Argentino, Pacífico, Oeste, Midland, Ferrocarriles de Petróleo, Ferrocarril de Entre Ríos, Noreste Argentino, Aguas Corrientes de Bahía Blanca, Obras Sanitarias de Santa Fe, Compañía Comercial de Rosario, Compañía de Gas, Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires y Compañía de Aguas Corrientes de la Provincia de Buenos Aires, Compañía Anglo-Argentina. En una palabra, 9 273 000 libras esterlinas fueron aplicadas a este concepto. El gobierno fue obligado a emitir este empréstito cuya amortización se extiende por el plazo de veinte años para facilitar la repatriación de las utilidades acumuladas por esas empresas».

No obstante la magnitud de las exportaciones a Gran Bretaña, la Argentina contraía empréstitos en Londres con el fin de expatriar las cuantiosas utilidades que dejaban las altas tarifas de las empresas británicas de servicios públicos. Los ingleses cobrarán intereses por recibir ganancias. El Estado imperialista inglés acorralaba a nuestro país, reducía su capitalización y entorpecía su autodesarrollo. En la superestructura, periodistas y literatos de conciencia servil cantaban loas a Albión, alma mater de la civilizada Argentina.

El senador de la Torre se hizo eco del temor de los industriales por las franquicias acordadas a la importación de artículos ingleses. Expresó:

«Hay pánico entre los propulsores de la mayor parte de las industrias argentinas, sobre todo de los fabricantes de artículos que también se fabrican en la Gran Bretaña, y se dice, no sé con qué fundamento, que se van a reducir los derechos de los artículos suntuarios, como las sedas, como las aguas colonias, como los dulces ingleses, como el whisky».

Abandonaba el gobierno justista el liberalismo integral cuando se trataba de defender las inversiones y utilidades de las empresas extranjeras, pero invocaba a la Constitución para no apartarse de él en todo lo referente a la problemática nacional y popular. Mientras creaba una serie de instituciones en respaldo de los consorcios imperialistas, sostenía la doctrina de la prescindencia del Estado respecto a la legislación del trabajo y a la explotación y la comercialización del petróleo. Eran los «tiempos de la República», como con latina añoranza los bautizó uno de los maquiavélicos teorizadores del neoliberalismo. No imaginaba una República distinta.

CAPÍTULO 29
EL DEBATE DE LAS CARNES

Desde la crisis de 1922-1923, el debate de las carnes se prolongó sin interrupción hasta alcanzar el punto culminante diez años después, al presentar el problema una nueva faz con la firma del Pacto Roca. Durante ese lapso, los egresados positivistas de la Facultad de Ciencias Económicas, entre los cuales se destacaba Raúl Prebisch, asesor de la Sociedad Rural Argentina, realizaron importantes estudios estadísticos y analíticos del proceso que comenzaba en la estancia y remataba en el mercado de Smithfield. Y los ganaderos marginados del círculo áulico de la Sociedad Rural Argentina comprendieron que les era imposible defenderse sin renunciar a su individualismo y organizarse. Con esta doble intervención de lo subjetivo —por la inteligencia y por la acción— quedaban bastante mal parados el respeto a la espontaneidad de las leyes del mercado y otras monsergas declamatorias del liberalismo.

Dos tendencias, muy poco ortodoxas, dividieron a los ganaderos: unos reclamaban la intervención del Estado (sin atreverse a hablar de plena nacionalización) en defensa y estímulo de la ganadería; otros querían participar directamente en la industria y el comercio de la carne (frigoríficos propios, cooperativas, etcétera). Si había ganaderos que se sentían tan ingleses como los casimires de sus trajes, los había también que publicaban libros de denuncia de las tropelías del imperialismo británico.

Ambas tendencias apelaban al Estado, desde opuestos puntos de vista. Los invernadores privilegiados para que resguardara las situaciones creadas del status angloargentino. Los criadores no acomodados a ese status para que lo quebrara y protegiera el desarrollo de una industria frigorífica nacional.

La primera manifestación pública de los ganaderos que aspiraban a participar, activa y directamente, en la industria y el comercio de carnes apareció en el Congreso de Ganaderos del Río de la Plata, reunido en Buenos Aires en abril de 1926, con la concurrencia de numerosas sociedades rurales. Entre los proyectos que se presentaron se destacó el de la Caja Nacional de Defensa Agropecuaria, ente autárquico cuya administración debía confiarse a representantes de la Sociedad Rural Argentina, las sociedades rurales del interior, la Cámara Gremial de Cereales, las cooperativas agrícolas y los bancos oficiales y particulares. Los recursos de la Caja provendrían de un impuesto del 1½ por ciento a los productos de exportación al ser embarcados y de la contribución forzosa de los ganaderos con un gravamen a las ventas de hacienda. La Caja tendría por objeto defender y expandir las actividades rurales, y abaratar y desarrollar el mercado interno, a través de usinas frigoríficas regionales. El proyecto, que murió al nacer, contemplaba la intervención del Estado como poder amalgamador de los ganaderos, tan reacios a la cooperación aun bajo normas capitalistas. También se propuso al Congreso constituir «una cooperativa forzosa de ganaderos» y que los ganaderos fuesen «dueños de la industria de la carne, como lo son de campos y ganados».

La tendencia a la intervención del Estado desde la posición de los grandes invernadores, sin movilizar al grueso de los ganaderos para una empresa propia de industrialización y comercialización, se hizo patente en la nota redactada por el asesor Prebisch y elevada por la Sociedad Rural Argentina al ministro de Agricultura el 5 de diciembre de 1927. Solicitaba el cumplimiento de la ley 11 226, de Control del Comercio de Carnes,[1] pero no por intermedio del Ministerio de Agricultura, como establecía el texto de esta última, sino mediante una Junta Autónoma, igual al Board of Grain Commission, de Canadá. La Junta Autónoma, manejada por los grandes ganaderos que meses antes se habían adueñado de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina (encabezados por dos futuros ministros de Agricultura del gobierno justista: el ingeniero Luis Duhau y el doctor Miguel Angel Cárcano), desplazando al grupo «demagógico» del ingeniero Pagés, se haría cargo del control de la industria y el comercio de la carne.

Obsérvese la diferencia entre los dos proyectos. El del Congreso de Ganaderos del Río de la Plata solicitaba la intervención del Estado a los efectos de obligar a los ganaderos a asociarse y construir frigoríficos, mientras que el de la Sociedad Rural Argentina, después de expresar

«la inconveniencia de que el Estado se inmiscuya directamente en la gestión económica de las empresas»,

pedía la intervención del Estado en apoyo de una Junta Autónoma que de hecho sería el instrumento de los grandes ganaderos.

De acuerdo a la línea trazada en la mencionada nota, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina resolvió por mayoría, en su reunión del 30 de octubre de 1931, aconsejar al gobierno la aplicación del artículo 11 de la ley de Control del Comercio de Carnes, sobre inspección de libros, correspondencia, etcétera, de los frigoríficos. El 3 de noviembre, el presidente de la entidad, doctor Horacio N. Bruzone, informó que se había traducido

«la reglamentación del board del comercio de carnes de Nueva Zelandia, que por la afinidad del problema argentino con lo que ha provocado en Nueva Zelandia la constitución de esa oficina de control hace seis años, considera conveniente que en copia se remita a todos los señores directores para que en una próxima reunión puedan cambiarse ideas sobre el particular […] para poder coordinar juicio sobre la aplicación en nuestro país de la reglamentación neocelandesa».

En las reuniones del 10, 17 y 24 del mismo mes se insistió en la necesidad de que los ganaderos (de la Sociedad Rural Argentina) conocieran el quantum de la oferta y los precios de venta reales, por medio de la aplicación estricta del artículo 11 de la ley de Control de Comercio de Carnes. En la segunda de esas reuniones se aprobó la constitución, bajo la presidencia de la Sociedad Rural Argentina, de una junta internacional o frente único de los ganaderos de Argentina, Brasil y Uruguay con el objeto de encarar soluciones conjuntas al problema de la carne. En la del 24 se consideró el despacho de la Subcomisión de Ganadería que proponía se invitara a los gerentes de los frigoríficos a una conversación «amigable» sobre la falta de compra de novillos pesados, la congestión de la oferta y la baja de los precios. Por votación de la mayoría se resolvió diferir la invitación, dada su «dudosa eficacia».

En la reunión del 1.º de diciembre se volvió a hablar de la conveniencia de adaptar a nuestro país las disposiciones principales del board de Nueva Zelandia y en la del 14 se resolvió elevar al presidente Uriburu un memorial que proponía:

«1) Creación por decreto del Poder Ejecutivo de una Comisión Nacional de Control del Comercio de Carnes, constituida por ocho miembros, de los cuales cinco representarían a los ganaderos designados a propuesta de la Sociedad Rural Argentina, y tres designados por el Ministerio de Agricultura de la Nación. La Comisión así formada se ocuparía de estudiar y proponer reformas a las leyes 11 226 de Contralor del Comercio de Carnes y 11 228 de Venta del ganado al peso vivo, creando una Junta Autónoma semejante a los boards de Canadá y Nueva Zelandia.

»2) Realización del Centro Ganadero Anual, previsto por la ley 11 563, por medio de la Dirección General de Economía Rural y Estadística, con intervención de la Comisión Nacional de Contralor del Comercio de Carnes».

Junto con el memorial se aprobó un plan de seis puntos:

Información sobre ofertas de hacienda, precios de venta, rendimientos de carnes y subproductos, etcétera.

Identificación y clasificación oficial de las carnes para llegar a la clasificación del ganado y contralor de las ventas con las compras.

Propaganda interna y externa.

Consumo interno de carne: estudio de la intervención directa del productor en el mercado interno, que vendría a ser así el laboratorio de experimentación para las medidas a aplicarse más adelante al comercio exterior (clasificación, propaganda, negociación directa, etcétera).

Modificación de la legislación vigente sobre venta de ganado, a fin de poner al alcance del ganadero varias formas de negociación a su elección, entre ellas: venta al peso vivo, venta al peso muerto, venta al bulto en el establecimiento, consignación para la venta por su cuenta una vez faenado.

Creación de un organismo que controle el comercio de carnes.

De los documentos y deliberaciones que anteceden surge con claridad que la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina se inclinaba en pro del establecimiento del control de la industria y el comercio de carnes, a través de un board o Junta Autónoma creado y apoyado por el Estado, pero en el cual dominara el mismo grupo de invernadores e invernadores-criadores que dirigía aquella sociedad. No deseaba la intervención absoluta del Estado, ni la protección y el estímulo del Estado a la totalidad de los ganaderos para que participaran directamente en la industria y el comercio de carnes, por medio de cooperativas y frigoríficos propios. Sus exigencias no iban más allá de la aplicación del artículo 11 de la ley de Control del Comercio de Carnes, o sea del cumplimiento por el gobierno de la obligación de inspeccionar los libros, la correspondencia y demás documentos de los frigoríficos, a los efectos de determinar sus costos y ganancias reales, y poner coto a las maniobras monopólicas entre ellos. Las empresas nunca permitieron ese tipo de inspección. Aducían que violaba el «secreto comercial» amparado por la Constitución.[2] Más adelante nos referiremos a los obstáculos que le opusieron a la investigación promovida por el senador Lisandro de la Torre.

Las sociedades rurales del interior, de reciente formación, no compartían, sino parcialmente, los proyectos y opiniones de la Sociedad Rural Argentina. En 1932 celebraron los cuatro congresos siguientes:

Fines de febrero. Congreso de Sociedades Rurales de Entre Ríos y Corrientes (Concordia). Elevó a los poderes públicos un proyecto de Asociación Cooperativa Nacional, entidad de los ganaderos con un capital a formarse mediante la contribución obligatoria por toda operación de venta de bovinos, ovinos y porcinos realizada en el país.

6/7 de marzo. Congreso de Sociedades Rurales de la Provincia de Buenos Aires (Tandil). Asistieron delegados de la Sociedad Rural Argentina. Resolvió:

adherirse al pedido de la Sociedad Rural Argentina del 14 de diciembre de 1931 sobre la proyectada Comisión Nacional de Contralor del Comercio de Carnes;

en lo referente a la organización interna, propiciar la creación de depósitos regionales en forma de cooperativas ganaderas para fomentar el consumo de carnes y facilitar su conservación, así como de los productos de granja […]; y colaborar en la compilación de datos;

en lo referente a la organización externa, propiciar la creación de un organismo nacional formado por un directorio integrado por ganaderos y representantes del gobierno que tendrían a su cargo la fiscalización e industrialización y colocación directa de nuestras carnes, adquiriendo o creando frigoríficos, contratando o adquiriendo bodegas necesarias, arrendando o creando depósitos frigoríficos en los países consumidores, organizando la distribución de las carnes o su venta al detalle, adquiriendo o estableciendo las carnicerías necesarias.

8 de mayo. Congreso de Sociedades Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Trenque Lauquen). Aprobó y dio sanción definitiva a las resoluciones del Congreso de Tandil.

4/11/18 de junio. Congreso de Sociedades Rurales y Productores de la Provincia de Buenos Aires (La Plata). Convocado por iniciativa del gobierno provincial. Declaró por unanimidad que «es un anhelo de los ganaderos la intervención por cuenta propia en el comercio exterior de nuestras carnes», hizo suyo el texto completo del proyecto del Congreso de Tandil sobre el organismo nacional de los ganaderos y resolvió «propiciar ante al Congreso Nacional y Legislaturas provinciales la creación de leyes para la formación del capital necesario para el funcionamiento de ese organismo nacional», capital que sería aportado por los ganaderos.

El lector habrá observado que si bien el Congreso de Tandil adhería al proyecto de la Sociedad Rural Argentina de creación de la Comisión Nacional de Contralor del Comercio de Carnes, planteaba también, como lo fundamental (y los Congresos de Trenque Lauquen y La Plata lo ratificaban) la constitución de un organismo nacional propio de los ganaderos de todo el país para encarar la industria y el comercio de la carne, lo que contradecía al pensamiento conservador, respetuoso de las «situaciones creadas», de la Sociedad Rural Argentina. Era un desafío al monopolio frigorífico, desafío cuya consistencia dependía de la intervención compulsiva del Estado —solicitada por las organizaciones ganaderas mayoritarias excluidas de los altos círculos rurales—, con el fin de obligar a los ganaderos mismos a contribuir a la capitalización de la industria y el comercio de la carne en manos argentinas. Tal convicción de los amplios medios ganaderos segundones no tuvo el menor eco en el gobierno y en los partidos políticos. El gobierno respondió con el Plan que reforzó el poder del monopolio frigorífico. Los partidos se solidarizaron con esa política gubernamental o la denunciaron como enemiga del interés nacional, pero sin buscar posiciones de fuerza para hacerla fracasar. Leemos en el número 85 de los Anales de la Sociedad Rural de Concordia esta exacta apreciación de la realidad:

«Las múltiples intentonas realizadas para obtener la primera cosa que necesitamos, o sea la unión, han resultado infructuosas. Cualquier persona que conozca ligeramente diversas regiones de nuestro país, la idiosincrasia de los ganaderos, las diferentes condiciones culturales, económicas y sociales de cada uno, la diversidad de aspectos que encierra el negocio y la variedad de negocios que hay dentro del negocio mismo, desde cría hasta poner lista la hacienda en fábricas o mercados, necesariamente tendrá que reconocer que si no es mediante una forma de coerción legal los ganaderos no lograremos unirnos nunca».

Nada era tan significativo de las contradicciones internas de la clase de los individualistas ganaderos como el llamado a la unidad y a la coerción legal por el Estado que partía de sus propias filas, y no del gobierno o de los partidos condicionados por el liberalismo antiestatista y la farisea invocación de un laissez faire que nadie respetaba en la práctica. Mientras las izquierdas delirantes polemizaban acerca de si la burguesía nacional era revolucionaria o contrarrevolucionaria y las izquierdas sesudas no toleraban ninguna transgresión de la legalidad liberal, de los ganaderos segundones y mayoritarios salía la propuesta de que el Estado impusiera coercitivamente el traslado de capital de la ganadería al desarrollo de una industria frigorífica nacional que desplazara a las empresas extranjeras. Se sentían incapaces de superar por sí mismos sus diferencias internas de clase, pero la necesidad los impulsaba a pedir la intervención estatal para que instrumentara un sistema que los obligara a invertir parte de sus ganancias en el rescate para el país de una de las piedras angulares de nuestra economía.

Treinta y cinco años después el problema se plantea en los mismos términos que en 1932 y la conspiración liberal sigue impidiendo la solución con el remanido argumento de que tal intromisión del Estado en la ganadería sería «fascismo», «corporativismo» o simplemente «totalitarismo». ¿No se dijo todo eso del IAPI peronista, menos ambicioso, por cierto, que el proyecto que estamos comentando? Habrá que esperar la audacia y la depuración de complejos liberales del Estado nacionalista popular revolucionario para que se restituya a nuestro patrimonio y se desarrolle con ahorro argentino una industria que hasta ahora aparece capitalizada con «ahorro extranjero» extraído de bolsillos argentinos.

La Sociedad Rural Argentina y los grandes diarios no atacaron de frente al proyecto «totalitario». Aquélla se solidarizó (sesión de la Comisión Directiva del 10 de mayo de 1932), tal vez por haberlo inspirado, con un artículo publicado en un matutino según el cual

«todo plan de defensa de la ganadería debe tener como base el consumo interno, más sencillo y que insume mayor cantidad de cabezas. Por el contrario, el comercio exterior de carnes está, desde hace tiempo, en manos de organizaciones casi diríamos perfectas; pertenece a capitales internacionales, cuyas vinculaciones con el extranjero los coloca en inmejorables condiciones para mantener, si fuese necesario, una lucha comercial ventajosa; y por último sin desconocer la importancia que tiene hoy para nuestro país, insume menor número de cabezas que nuestro consumo interno.

»El consumo interno debe ser, la base sobre la que los productores deben levantar los cimientos de la organización que les permita emprender con éxito la etapa más difícil, la del comercio exterior de carnes.

»Mientras ello no ocurra, la inseguridad será absoluta, y, por lo mismo, temeraria toda empresa que tienda o pretenda luchar con las organizaciones existentes».

El articulista proponía las siguientes soluciones, aprobadas luego por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina:

Abastecimiento de las carnes de consumo interno directamente por los productores.

Amplio control del comercio exterior, y, en su oportunidad, cuando el comercio interno se halle suficientemente organizado, intervención directa del productor en el referido comercio.

Propaganda y acción conjuntas con los países de producción similar en favor de un mayor consumo de carne.

Dentro de esa línea estaban la resolución de la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires de explotar el Frigorífico y Matadero de la Capital Federal en forma de sociedad mixta de los ganaderos y la Municipalidad —que aprobó por unanimidad la Comisión Directiva de la Sociedad Rural el 12 de abril—; y la creación el 24 de mayo por el Poder Ejecutivo de la reclamada Comisión Nacional de Carnes, la cual funcionó desde el comienzo como apéndice de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina.

Faltaba dar un paso para consumar la maniobra: la constitución del famoso board, al estilo australiano, canadiense y neocelandés. La Sociedad Rural Argentina redactó el proyecto con el nombre de Junta Nacional de Carnes y el Poder Ejecutivo lo remitió al Congreso, sin cambiarle una coma, el 22 de julio.

Los ganaderos del interior habían sido burlados. Querían organismos industriales y comerciales propios, frigoríficos y cooperativas que los independizaran del trust frigorífico y del pool de la exportación, y la Sociedad Rural Argentina imponía la Junta Nacional de Carnes, organismo mediatizador que haría respetar las «situaciones creadas» y dejaba en manos de las empresas extranjeras —«casi perfectas»— la industria de la carne, y del Estado inglés —el «viejo amigo»— el control del comercio exterior. Hasta el proyecto de explotación del Frigorífico y Matadero de la Capital Federal, bajo forma de sociedad mixta de los ganaderos y la Municipalidad, que la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina aprobó por unanimidad, como acabamos de ver (acta 1636), fue rechazado por la mayoría de esa misma Comisión Directiva en la sesión del 1.º de julio (acta 1648), alegando que

«no es practicable tanto más si se tiene en cuenta la idiosincrasia de nuestros hombres de campo que son los que deberán aportar su concurso pecuniario a esos propósitos».

Claro está que en la rectificación pesaba más la idiosincrasia de los frigoríficos extranjeros que la «idiosincrasia de nuestros hombres de campo». Los ganaderos del interior, «hombres de campo» sin duda, pedían la coerción legal y la intervención del Estado para reunir los capitales necesarios a la creación de frigoríficos y de un sistema propio de comercialización. Los ganaderos de la Sociedad Rural Argentina empleaban la coerción legal y la intervención del Estado con un objetivo inverso: mantener el viejo régimen y conquistar ellos, por medio de la Junta Nacional de Carnes, el control de la industria y el comercio del producto, no solamente para servir a sus intereses oligárquicos, sino también a los de las empresas a ellos asociados. En vez de frigorífico de los ganaderos y la Municipalidad, la Sociedad Rural Argentina logró que el proyecto se transformara en la constitución de un Frigorífico Nacional de la Capital Federal, administrado por la Municipalidad y la Junta Nacional de Carnes.

En el Congreso de Sociedades Rurales de Buenos Aires y La Pampa, celebrado el 31 de julio en Nueve de Julio, estalló la oposición a los planes de la Sociedad Rural Argentina. Los delegados exigieron que se cumplieran las resoluciones de los Congresos de Tandil, Trenque Lauquen y La Plata, y que se elevara al Parlamento un proyecto de fundación del organismo nacional de industrialización y comercialización de la carne por el que venían bregando. Sostenían que la proyectada Junta Nacional de Carnes debía tener la misión de luchar contra el trust frigorífico, de acuerdo a la ley 11 210, mientras que el organismo nacional que proponían tendría que ser completamente autónomo, independiente de esa Junta, de la Sociedad Rural Argentina y del gobierno. Denunciaban que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento excluía a los ganaderos genuinos, a los criadores, y asignaba, por el impuesto, títulos de propiedad del organismo a crearse únicamente a los invernadores. Comentó luego el periódico de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa esas discusiones con las siguientes palabras:

«De ello se ve que los entonces dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, que representa solamente una parte de la ganadería, la de los grandes invernadores, han estimado que el problema ganadero argentino es el de la colocación de los novillos pesados.

»De ahí que desconocieran las medidas a tomar para resolver el problema general, de ahí que sólo buscaran el control legal del Estado, que ejercerían sus socios, sobre las empresas frigoríficas compradoras de esos novillos, copiando, al efecto, la ley que ya regía desde hace siete años en Nueva Zelandia.

»De ahí también que, desconociendo el problema básico de nuestra ganadería, a tal punto de solicitar a los gerentes de los frigoríficos su consejo, aceptaran y propusieran cualquier iniciativa, aun ajena como la formación del frente uruguayo, brasileño y argentino».

El Pacto Roca acentuó las contradicciones entre los tres sectores en juego: los frigoríficos, la Sociedad Rural Argentina y los ganaderos del interior. No obstante existir, como lo hemos indicado, intereses comunes de los grandes invernadores y las empresas industrializadoras, también había competencia en cuanto al manejo de la totalidad del proceso ganadero. Los frigoríficos Swift, Armour, Anglo, La Blanca, Sansinena y Smithfield enviaron sendos memoriales a ambas Cámaras del Congreso Nacional, cuestionando la formación tanto de la Junta Nacional de Carnes como del organismo industrializador, la futura CAP (Corporación Argentina de Productores de Carnes). No admitían otro régimen que el establecido por el Pacto Roca. Decían en el memorial elevado a la Cámara de Diputados el 21 de junio de 1933 que no se habían presentado antes debido a

«la esperanza que habíamos cifrado de que podía aplazarse por algunos años la consideración de una ley de carácter tan avanzado [sic], ya que el Tratado de Comercio concertado tan hábilmente [sic] por el Excmo. señor vicepresidente de la Nación —doctor Julio A. Roca— y sus ilustres colaboradores [sic], con el Reino Unido de la Gran Bretaña, ponía a cubierto el interés nacional y el porvenir de la ganadería argentina, en forma conveniente y adecuada».

Después de señalar que las leyes 11 226, 11 227 y 11 228 sólo fue necesario aplicarlas «en su concepción estadística», es decir que probaron la inutilidad de querer controlar la industria y el comercio de la carne, agregaban:

«En los momentos actuales todos los esfuerzos deben concentrarse en dar efectividad a los tratados de reciprocidad y comercio, que se espera darán alivio a la penosa depresión y para cuya ejecución no se necesitan nuevas leyes».

Aseguraban que la intervención de la proyectada Junta podía «detener el progreso industrial» y que «la preponderancia del elemento ganadero podría engendrar serios temores sobre la imparcialidad de sus fallos». Solicitaban para

«los frigoríficos una representación numéricamente igual que a la de los ganaderos, a fin de conciliar los dos grandes intereses concurrentes».

Pedían, por último, que se hiciera un plebiscito entre los ganaderos a los efectos de establecer si estaban o no de acuerdo con el proyecto de creación de la Junta Nacional de Carnes y del Frigorífico Nacional y resumían su oposición en los siguientes puntos:

Que es innecesaria la nueva ley de carnes, pues el Tratado de Comercio con el Reino Unido de Gran Bretaña suple hoy todos los medios de defensa de nuestra industria madre.

Que los tratados de reciprocidad y comercio ofrecen el desiderátum.

Que por su importancia, la industria frigorífica, en su estado actual, es una positiva garantía y no requiere nueva legislación para su desenvolvimiento.

Que no es cierto que los precios del ganado aquí no guarden relación con los valores de venta en el extranjero.

Que la gestión del Ministerio de Agricultura ofrece las más amplias garantías y hace innecesaria la creación de la Junta Nacional de Carnes.

Quedos poderes extraordinarios que se piensa otorgar a la Junta Nacional de Carnes engendran pleitos para la estabilidad del comercio de exportación de carnes argentinas.

Que la tutela de la Junta Nacional de Carnes tendería a fijar normas rígidas que anularían la iniciativa privada, colocando a la industria argentina (es decir, a los frigoríficos norteamericanos e ingleses) en situación de inferioridad ante sus competidores en el extranjero.

Que es inconstitucional y atentatorio del derecho de propiedad convertir al ganadero en socio obligado de cualquier entidad.

Por la virtud crematística del estudio de abogados ortodoxamente liberales de la ciudad de Buenos Aires que redactó los memorándum, las empresas frigoríficas aparecían en la lid dispuestas, como don Quijote, a quebrar lanzas en defensa del derecho de propiedad y de las libertades de los pobres ganaderos amenazados por las leyes e instituciones que ellos mismos proyectaban con un espíritu que, si nos atenemos a lo que decían sus oficiosos protectores, debía ser en alto grado masoquista. Pero como la caridad comienza por casa, en el memorándum entregado al Senado insistían en esos puntos de vista y agregaban que la creación del Frigorífico Nacional tenía por objeto aprovechar el 11 por ciento del 15 por ciento que el Pacto Roca otorgaba a organizaciones de ganaderos para la exportación, cosa inadmisible porque

«es absurdo económico arrebatar a los frigoríficos particulares el 11 por ciento de su exportación para cederlo a otra nueva entidad, carente de la organización indispensable, y, elevando así, el costo de producción».

Se habían olvidado que en el otro memorándum decían que el Pacto Roca

«ponía a cubierto el interés nacional y el porvenir de la ganadería argentina».

Y su cinismo llegaba al extremo de preocuparse por «la salud del consumidor», que correría peligro con la carne del Frigorífico Nacional, y por el dinero de los ganaderos, pues

«resulta confiscatorio e injusto obligar a todos los productores a que contribuyan con hasta el 1½ por ciento de sus ventas para crear un Frigorífico Nacional que sólo podría atender a unos pocos».

Los proyectos de la Sociedad Rural Argentina eran atacados, pues, desde los dos polos: por las empresas frigoríficas que no querían saber nada de «nuevas leyes» y por los criadores del interior que deseaban autonomía y una organización que totalizara al gremio en la administración nacional de la industria y el comercio de la carne. Pero las empresas frigoríficas comprendieron, en resumidas cuentas, que no perderían mucho con avenirse a los proyectos de los grandes invernadores y resignarse a integrar en la Argentina el régimen de los boards ya imperante en los dominios británicos. No les quedaba otro remedio después que ambas Cámaras convirtieron el proyecto en la ley N.º 11 747. En los hechos, la creación de la Junta Nacional de Carnes respondía al mismo criterio general que dio nacimiento al Banco Central y a las Juntas Reguladoras de la Producción, criterio que traducía a la práctica el plan inglés de reacondicionamiento de la economía argentina a la dependencia imperial.

Hubo dos objeciones en el debate a bajísimo nivel de la Cámara de Diputados. Una, del diputado demócrata progresista Julio A. Noble, que impugnó cláusulas por incompatibles con el Pacto Roca. Otra, del diputado conservador José María Bustillo, que se hacía eco de los dos memorándum y pedía la exclusión del «frigorífico nacional que se va a fundar» de la Junta Nacional de Carnes y el aumento de los representantes de los frigoríficos extranjeros.

Tanto la Sociedad Rural Argentina como el Poder Ejecutivo afirmaron que la ley 11 747

«encuadra dentro de la letra y el espíritu del Convenio Anglo-argentino»,

y el presidente Justo declaró en su discurso del 30 de diciembre de 1936 que

«constituye una de las expresiones más genuinas de esta industria que tanto contribuye a la grandeza del país. Es el instrumento creado por el gobierno para defenderla y consolidarla, a fin de infundirle vida propia».

Los ganaderos del interior respondieron:

«Refirmamos, una vez más, que la Junta Nacional de Carnes no es nuestro organismo representativo»,

y pidieron en vano que la Corporación Argentina de Productores de Carnes, que comenzó a exportar el mísero 10,68 por ciento que quedaba de la cuota otorgada por el Pacto Roca, fuera administrada por todos los ganaderos y no únicamente por los oligarcas de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina.

La ley 11 747 llevaba agua al molino de las empresas frigoríficas y de los grandes invernadores. El artículo 1.º, por ejemplo, contenía una trampa evidente: en un párrafo incluía en la Junta Nacional de Carnes a miembros de una terna propuesta por

«los representantes de los frigoríficos particulares establecidos en el país»,

y otro párrafo declaraba

«impedimento para ser designado miembro de la Junta o seguir en el desempeño del cargo, tener relaciones directas con las empresas industrializadoras de carne o transportadoras, sujetas al régimen de la ley 11 226, como director, o profesional o empleado de las mismas o como consignatario o comisionista de hacienda. Este impedimento no regirá para los representantes de las empresas industrializadoras».

El diputado conservador Luis Duhau aclaró que los invernadores estarían representados en la Junta por ser «los hombres más capacitados», curioso método de selección del talento que confundía la aptitud para engordar novillos con la capacidad para administrar, con conciencia nacional, un ente público. Nadie se llamaba a engaño en cuanto a la «relación íntima» de los invernadores con las empresas frigoríficas, aunque no fuesen directores, profesionales o empleados de ellas o no actuasen como consignatarios o comisionistas de hacienda.

Las posiciones de fuerza en que estaban colocadas tas empresas frigoríficas no dependían exclusivamente de ellas mismas, sino también de su aceptación pasiva por la oligarquía ganadera y el gobierno justista. La conciencia imperialista no se concibe sin la conciencia colonial. No comprender esta relación entre una y otra es el error de quienes atacan al imperialismo en abstracto y no ven que su dominio resulta de la voluntad servil que lo busca y se le rinde. ¿Cómo erradicar esa oligárquica voluntad servil, sustentada por el privilegio compartido con el imperialismo, al precio del sacrificio del autodesarrollo económico nacional? Mediante la reforma agraria, respondían las izquierdas y pensaban en los cánones de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa: expropiar la tierra a los latifundistas y repartirla a los campesinos o nacionalizarla. Y la fórmula elaborada fuera de la realidad historicosocial argentina no se abría camino, ni siquiera en el campo, pues la abundancia y la movilidad de la propiedad de la tierra siguen siendo hasta hoy características de nuestro país, donde la explosión demográfica puede observarse en el tráfico de la ciudad de Buenos Aires, no en la inmensa pampa húmeda o en la desolada Patagonia.

La reforma agraria, proyectada en los términos de una morfología válida para todas las circunstancias, unificaba en contra a todos los terratenientes y no despertaba el espíritu de lucha en los obreros urbanos y rurales, ni en la clase media. Desde los comienzos de la colonización capitalista, y con mayor relieve en el Grito de Alcorta, las reivindicaciones de los chacareros se concentraron a la rebaja de los arrendamientos o a obtener la propiedad de la tierra como conquista individual y no a través de la reforma global del sistema. La ambigua política de la Federación Agraria Argentina y demás organizaciones de productores agrícolas, y el fracaso de las tentativas de las izquierdas de penetrar en los medios rurales, evidencian la inautenticidad, en las condiciones particulares de nuestro tiempo histórico, de la consigna reformista inspirada en el esquema clásico de las revoluciones burguesas o democraticoburguesas, como objetivo final de ellas o como paso hacia el socialismo.

El socialismo tiene entre nosotros puntos de partida distintos, aunque protesten los creyentes en la uniformidad universal de los procesos sociales y confundan el camino con la meta. Establecimos en su oportunidad[3] que los industriales proteccionistas (o el nacionalismo económico burgués), defensores del desarrollo independiente de la economía nacional y reaccionarios en los problemas sociales, hacían más, proponiéndose lo contrario, por crear las condiciones concretas del paso al socialismo, que los izquierdistas librecambistas y antindustrialistas que agitaban las reivindicaciones de los obreros como consumidores y decían luchar por el socialismo. Podemos establecer también que los criadores de ganado del sexenio justista, que pedían al Estado que volcara su poder a fin de impulsar por coerción legal el desarrollo de la industria y el comercio de la carne con capitales y bajo administración argentinos, y querían así superar la etapa de dependencia de un monopolio que deformaba el curso natural de nuestra economía, hacían más por el socialismo, sin sospecharlo, que los izquierdistas preocupados de insertar en el proceso historicosocial argentino consignas no extraídas de ese proceso.

Al proyectar la reforma agraria como expropiación y redistribución de la tierra, esto es en los términos de un cambio típicamente burgués del régimen de propiedad, las izquierdas no encontraban eco. Al proyectar los criadores de ganado la creación de una industria frigorífica nacional, con el impulso y la protección del Estado, también se ubican en la temática burguesa, pero con la diferencia que tenían puestos los pies sobre la tierra. Aquellos falsos «ideólogos de la clase obrera» vivían en el limbo, del que descendieron a mediados de la década del cuarenta para codearse con la oligarquía liberal de la Sociedad Rural Argentina y del Jockey Club, en oposición al renaciente nacionalismo económico. Estos sectores de la burguesía rural aspiraban a desencadenar fuerzas productivas nacionales comprimidas por el complejo oligárquico-imperialista, liberación que necesariamente habría elevado el nivel de lucha de la clase obrera por el poder económico y político.

Si admitimos que «es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir la realidad y la fuerza, la terrenalidad de su pensamiento», del análisis de las contradicciones del sexenio justista resulta que los industriales y los ganaderos del nacionalismo económico poseían un pensamiento «terrenal» transformador y emancipador de lo nacional del que carecían las izquierdas drogadas por esquemas o modelos extraños a las particularidades del proceso historicosocial argentino e incapaces, por eso mismo, de combinar la lucha de la clase obrera por la conquista del poder con su participación impulsora en las expresiones concretas del nacionalismo económico. Porque el nacionalismo económico naufraga sin clase obrera. Y la clase obrera sólo avanza hacia el poder a través del nacionalismo económico, y no del salto al vacío al que la invitaban las izquierdas.

A la presión de los criadores del interior sobre el gobierno en pro de la argentinización de la industria y el comercio de la carne, replicaban los invernadores y criadores-invernadores de la Sociedad Rural Argentina con las cifras recopiladas por su Oficina de Estadística para dar la impresión abrumadora de nuestra impotencia frente al bloque monopólico de los frigoríficos extranjeros. En vísperas de la sanción de la ley 11 747, estas empresas presentaban un alto grado de concentración capitalista. Las cuotas de faena y exportación fueron en 1931:

Frigoríficos | Chilled | Congelado | Ovinos
4 norteamericanos | 54,85% | 48,35% | 60,78%
3 ingleses | 36,12% | 43,11% | 30,23%
argentinos | 9,03% | 8,54% | 8,99%

Casi el 50 por ciento del chilled salió de las fábricas Swift y Anglo, empresas que encabezaban el monopolio, desde la compra del ganado en las estancias hasta la venta de la carne en los mercados de consumo, bajo el régimen de reparto de cuotas impuesto por la Conferencia de Fletes.

El ministro De Tomaso dijo, en su discurso de la Exposición Rural de Palermo del 4 de setiembre de 1932, las siguientes cifras que hemos reunido en un cuadro:

Meses | Precio por kilo vivo en las estancias | Precio por kilo vivo en Smithfield | Valor de la libra esterlina
Enero 1930 | $ 0,35 | $ 0,76 | $ 12
Marzo | $ 0,33 | $ 0,81 | $ 12,90
Julio | $ 0,33 | $ 0,83 | $ 13,44
Diciembre | $ 0,33 | $ 0,81 | $ 14,62
Enero 1931 | $ 0,31 | $ 0,845 |
Agosto | $ 0,30 | $ 0,93 |
Setiembre | $ 0,30 | $ 0,965 |
Abril 1932 | $ 0,22 | $ 0,81 | $ 14,73

A pesar de la devaluación del peso en relación a la libra, los productores argentinos recibían cada vez menos pesos por kilo vivo, y los vendedores del monopolio angloyanqui cobraban cada vez más libras en el mercado de Smithfield, pues la baja del precio de la carne en este mercado (en libras) era menor que la valorización de la libra. Tomemos, como ejemplo, los dos meses extremos:

Meses | Precio por kilo vivo en las estancias | Precio por kilo vivo en Smithfield | Diferencia en peniques por kilo vivo | Diferencia en pesos por kilo vivo
Enero 1930 | $ 0,35 | $ 0,76 | $ 0,41 | 82 p.
Abril 1932 | $ 0,22 | $ 0,81 | $ 0,59 | 96 p.
| − 37,11% | + 0,65% | + 44% | + 17%

En dos años y dos meses, el precio del ganado bajó en las estancias el 37,11 por ciento, mientras que las utilidades finales aumentaron el 17 por ciento. Las empresas se beneficiaron tanto al pagar más barato el ganado en las estancias como al cobrar libras más caras (en relación al peso argentino) por la carne vendida en el mercado de Smithfield, valorización del cambio que compensaba la baja del precio del producto, a favor del consumidor inglés, de 152 a 132 peniques por kilo vivo entre enero de 1930 y abril de 1932. Los ganaderos argentinos no privilegiados cargaron, pues, con el aumento de las utilidades de las empresas frigoríficas y con el descenso del precio en el mercado consumidor.

La mecánica del proceso estancia-Smithfield colocaba en el centro al monopolio frigorífico anglonorteamericano en una posición dominante que le permitía operar con un conocimiento, inaccesible al gobierno y a los ganaderos argentinos, de las fluctuaciones del mercado. Por una parte, el gobierno de Londres estaba sometido a dos presiones opuestas entre sí: la de los ganaderos de Gran Bretaña y los dominios, en contra de la importación de carnes argentinas, y la de las empresas frigoríficas anglonorteamericanas instaladas en nuestro país que defendían su colosal fuente de utilidades. Por otra parte, los gobernantes de Buenos Aires, imbuidos todavía de los principios del liberalismo económico que en la práctica habían arrojado por la borda sus maestros ingleses, no entraban en el juego como representantes de nuestra ganadería en su totalidad nacional, sino que se dejaban arrastrar por la combinación de intereses de los frigoríficos extranjeros y un pequeño grupo de invernadores y criadores-invernadores que aquéllos tenían la precaución de comprometer mediante precios de privilegio, remesas directas de los novillos a las fábricas sin revisión previa y participación en las empresas con el carácter de accionistas, directores o abogados.

Con la ingenua ambición del parvenu educado en los centros socialistas, el ministro De Tomaso pretendió aplicar la ley de Control del Comercio de Carnes e investigar las contabilidades de los frigoríficos. He aquí el resultado, según propia confesión:

«Las empresas industrializadoras acaban de comunicar al Ministerio que, a pesar de lo dispuesto en la ley 11 226, no están obligadas a dar algunas de esas informaciones. El Poder Ejecutivo aplicará las disposiciones de la ley, porque está convencido de que el control establecido por ella es constitucionalmente inatacable. Quedará a los frigoríficos abierta la vía judicial y serán los magistrados quienes dirán, serenamente, la última palabra».

Por esa época, no eran pocos los ciudadanos argentinos que habían ido a dar con sus huesos a cárceles no muy hospitalarias por defender el imperio de la Constitución y las leyes (cuestionables, pero formalmente vigentes), mientras las empresas frigoríficas se sentían lo bastante protegidas como para osar un desafío a las instituciones y a la legislación de nuestro país, que el ministro se limitó a remitir al juicio sereno de los jueces.

Agregaba De Tomaso:

«Aducen los frigoríficos que los precios de venta en Smithfield que he señalado, no han sido constantes y que ellos necesitan resarcirse durante algunas semanas de las pérdidas que experimentan en otras. Yo sólo puedo contestar que ignoramos la contabilidad de esos establecimientos, pero que de los balances publicados resulta que algunos de los más importantes han confesado ganancias, en relación al capital realizado, de 23,18 por ciento y han repartido a sus accionistas un dividendo del 20 por ciento. Esa ganancia está muy lejos de ser la que han alcanzado, en 1931, nuestros chacareros y nuestros productores de carnes».

Afirmaba luego que

«el control de la industrialización y el comercio de carnes es una fase, simplemente. El Poder Ejecutivo cree que los productores deben organizarse y prepararse para ir, cauta y racionalmente, interviniendo en otras».

Aludió a la propuesta de la Sociedad Rural Argentina de crear la Comisión Nacional de Carnes como paso previo a la creación de la Junta Nacional de Carnes, propuesta que el ministro encontró en su despacho al hacerse cargo de sus funciones el 20 de febrero de 1932. Se refirió a la transformación del Frigorífico Municipal en Frigorífico Nacional Mixto y a la necesidad de desarrollar el mercado interno de carnes, al mismo tiempo que mantener a toda costa los mercados externos y abrir otros. Finalmente recordó a los gobernantes de Gran Bretaña

«que aquí están invertidos de 500 a 600 millones de libras esterlinas en actividades estrechamente ligadas a la agricultura y a la ganadería; que la República Argentina está en condiciones de seguir proveyendo a Inglaterra, por razones de clima y suelo, de alimentos sanos, de alta calidad y en condiciones convenientes; que más del 50 por ciento de las importaciones inglesas a la Argentina entran libres de derechos; que su flota mercante es la que transporta una gran parte de lo que producimos y compramos y que, en materia de carnes, hemos refinado nuestros ganados con reproductores adquiridos casi exclusivamente a sus cabañeros y no se han omitido sacrificios para adaptarnos a las modalidades y gustos del consumidor británico. Todos esos intereses y los lazos morales indestructibles que unen a las dos naciones, no nos han hecho dudar nunca de que fueran cuales fueran los acuerdos a celebrarse con los dominios, los productores argentinos seguirían encontrando en aquel mercado la acogida que han sido objeto hasta ahora».

Este discurso del doctor De Tomaso dio las dos líneas complementarias sobre las cuales se encarrilaría en el futuro la problemática ganadera: los pactos con Gran Bretaña (a comenzar por el Roca el 1.º de mayo de 1933) y la ley de Carnes N.º 11 747 (sancionada el 7 de octubre del mismo año).

La ley de Carnes, ubicada dentro del sistema de compromisos del pacto anglo-argentino, contenía tres puntos principales:

intervención de los productores en la dirección y manejo de la industria de la carne;

formación del fondo de la defensa ganadera, y

creación del Frigorífico Nacional de la Capital.

El primer punto se cumplió con la constitución de la Junta Nacional de Carnes, pero dándole una interpretación unilateral que denunciaron los criadores del interior. Como hemos visto, la Sociedad Rural Argentina se esforzó, desde el comienzo de las discusiones, en conquistar el control de la industria y el comercio de carnes por medio de una junta o board. Los criadores del interior consiguieron, por el artículo 1.º de la ley 11 747, estar también ellos representados en la Junta Nacional de Carnes, haciendo fracasar el proyecto de la Sociedad Rural Argentina de que esa entidad estuviese formada exclusivamente por sus socios, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de su Comisión Directiva.

Pese a la ley, la Sociedad Rural Argentina hizo valer su influencia para apoderarse del comando de la Junta Nacional de Carnes y girarla como órgano representativo de la totalidad de los ganaderos, con la misión de dirigir la industria y el comercio de carnes, lo que originó la resistencia de los criadores del interior, que por la voz de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa protestaban:

«Reafirmamos, una vez más, que la Junta Nacional de Carnes no es nuestro órgano representativo […] El artículo 5.º, inciso n), de la ley número 11 747, atribuye a la Junta la función de “asesorar” al Poder Ejecutivo en todo lo relacionado con el comercio de carnes. Nunca la de dirigir […] Ganaderos todos nosotros, cuéstanos creer —y no lo creeríamos si no lo hubiéramos visto— que los ganaderos que dirigen la Junta Nacional de Carnes afirmen que una organización nuestra, privada, totalmente privada, aunque originada en una ley especial, constituida con nuestros dineros, sea una dependencia de la administración pública. El concepto nos produce estupor. El desconocimiento de las nociones más elementales del derecho administrativo nos causa pena».

La organización «totalmente privada» a que aludían era la Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP), cuyo nacimiento obedeció a las causas que exponemos en seguida.

El segundo punto de la ley de Carnes se relacionaba con la «formación del fondo de defensa ganadera», mediante un impuesto del 1 por ciento a los ganaderos sobre las ventas de ganado de consumo y exportación. La percepción del impuesto comenzó el 6 de junio de 1934, y el 29 de diciembre del mismo año —previa aprobación por el Poder Ejecutivo, el 30 de octubre, de los estatutos de la nueva entidad, redactados por la Junta Nacional de Carnes— se reunieron los representantes de los accionistas, es decir de «los ganaderos que hubieran realizado aportes en determinadas condiciones» según decía la misma Junta, dejando constituida la CAP, organismo que bajo la influencia de la Sociedad Rural Argentina no fue ni la sombra de lo dispuesto en el tercer punto de la ley 11 747: el Frigorífico Nacional.

Respecto al carácter de los aportes de los ganaderos y a la transformación de éstos en accionistas de la CAP, decía la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa:

«La única influencia que la Sociedad Rural Argentina tuvo fue defender que los aportes se acreditasen, en su totalidad, al invernador o intermediario; circunstancia ésta debidamente aprovechada por los mismos elementos de la Sociedad Rural Argentina, que dictaron los estatutos de la CAP, permitiendo, por la ilegal división de los accionistas en categorías según la importancia de sus aportes, que los organismos de los ganaderos estén manejados por una minoría estrechamente unida por la afinidad de los intereses de sus componentes, afines, a su vez, a los que han preocupado preferencialmente a los dirigentes de la lista blanca de la Sociedad Rural Argentina. El conflicto actual entre los ganaderos no es entonces reciente. No tiene por causa cuestiones personales entre los dirigentes. Hay separaciones hondas, muy hondas, anteriores a la sanción de la ley número 11 747. Refirmadas en una imprevisión de la ley: la forma de recaudar los aportes. Y en una ilegalidad: la división de los accionistas de la CAP en categorías».

Y remachaba la crítica con esta frase lapidaria:

«No es grato a los ganaderos del país comprobar que sus capitales son puestos por aquellas personas al servicio de los frigoríficos (los invernadores), que han formado el suyo sacrificando a los productores».

La tergiversación de la ley 11 747 y la burla de las aspiraciones de los criadores de ganado se manifestaron asimismo en otra maniobra de la Junta Nacional de Carnes, hechura de la Sociedad Rural Argentina.

El artículo 7.º de la ley era bien explícito al disponer la creación de

«una entidad que se denominará “Frigorífico Nacional de la Capital Federal”, constituida por la Municipalidad de la Capital Federal y la Junta Nacional de Carnes, en representación de los productores de ganado».

Es cierto que tal entidad no correspondía a la idea de un frigorífico nacional propio de los ganaderos, de existencia autónoma y con aportes obligatorios por coerción legal; pero ni aun así los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, que controlaban a la Junta Nacional de Carnes, la aceptaron. En la nota elevada por esta última al ministro de Agricultura, ingeniero Luis Duhau, con fecha 25 de julio de 1934, junto con el proyecto de Estatutos de la CAP, se decía:

«[…] la Junta ha procurado ser fiel intérprete del pensamiento del Poder Ejecutivo, de la Nación, al tratar de cumplir la ley. Tenía señalados en ella dos caminos: u organizaba los productores en forma integral para que simultáneamente entraran, o tuvieron la posibilidad de entrar a actuar en el comercio interno y externo de carnes, o realizaba la tercera idea, creando el Frigorífico Nacional de Carnes».

La «tercera idea», presentada en la nota en forma optativa, figuraba en los artículos 7.º al 16.º de la ley en forma imperativa. La Junta Nacional de Carnes la rechazaba y

«por unánime decisión la Junta consideró que lo primero era lo que preferentemente correspondía llevar a la práctica; y se fundó en que la ganadería es una, y que la solución que pueda darle beneficios, no podrá ser jamás la que contemple o resuelva problemas locales. De ahí que el organismo proyectado tienda a reunir a todos los ganaderos del país, en forma que las ventajas o desventajas propias de todo comercio sean aprovechadas o soportadas equitativamente también por todos. Y desde ese punto de vista, el Frigorífico Nacional de la Capital no sería hoy la solución más conveniente, por cuanto habría obligado a invertir fondos para una empresa industrializadora que no es, precisamente, lo primordial en nuestro concepto. Y no lo es, porque estudiados los frigoríficos existentes, se llega a la conclusión de que hay capacidad de faena en demasía para satisfacer las necesidades actuales del comercio de carnes. ¿Qué correspondía hacer entonces? Organizar a los productores de ganado en forma que pudieran actuar comercialmente a la espera de que la parte relacionada con la industrialización se resuelva de común acuerdo con las empresas dedicadas a ello que ya existen en el país. Y si hipotéticamente esto no ocurriera, entonces recién habría llegado el momento de construir frigoríficos. Pero entonces, también, serían los hechos que los obligarían a adoptar decisiones de fondo, por lo mismo que nos habrían demostrado la falta de solidaridad entre productores e industrializadores. No creemos que ello ocurra. Pero si desgraciadamente ocurriera, la institución comercial proyectada está facultada para adquirir o construir los frigoríficos que necesitare».

Los párrafos transcriptos no tienen desperdicio. Documentan la maniobra de los grandes invernadores y criadores-invernadores de la Sociedad Rural Argentina, que se apoderaron de la Junta Nacional de Carnes para defender la posición de los frigoríficos anglonorteamericanos, pero que, no atreviéndose a enfrentar a los otros ganaderos, recurrieron a dilaciones y a una filosófica invocación del determinismo de los hechos, con el objeto de evitar la construcción de frigoríficos nacionales. Vale la pena analizarlos en función de lo estipulado por el Pacto Roca y la ley de Carnes.

Según hemos visto, el Protocolo del Pacto Roca declaraba que el gobierno de Londres estaba dispuesto a permitir un raquítico 15 por ciento del total de la carne argentina importada en Gran Bretaña a empresas que no persiguieran fines de beneficio privado. Como los frigoríficos Gualeguaychú y Municipal de Buenos Aires, ya cubrían el 4 por ciento de esas importaciones, quedaba el 11 por ciento disponible.

Si bien el Estado inglés, al fijar esa cuota mínima a empresas que no fueran de lucro, anulaba las posibilidades de organizar empresas frigoríficas nacionales de carácter privado o estatales que buscaran la ganancia, ese 11 por ciento podía emplearse para un frigorífico de tipo especial, y así lo tuvo en cuenta la ley 11 747 al incluir el artículo 7.

La Junta Nacional de Carnes, más papista que el Papa, es decir en el papel de abogado de las empresas extranjeras, transgredió la ley 11 747 inmediatamente después de sancionada y le suprimió a la CAP la función industrializadora, dejándole únicamente la de intermediaria o compradora del mencionado 11 por ciento a los frigoríficos existentes para enviarlo a Gran Bretaña.

La Junta Nacional de Carnes se subordinó, al nacer y engendrar a la CAP, a las empresas frigoríficas extranjeras. Aseguraba que sería una desgracia que los argentinos nos viéramos obligados a adquirir o construir frigoríficos y que debía haber una neta división del trabajo entre ganaderos y frigoríficos, dejando estos últimos en manos de las empresas existentes y solidarizándose los primeros con ellas. Era la conciencia colonial agro-exportadora que encadenaba la totalidad de la economía argentina a los intereses de la pequeña minoría de invernadores privilegiados.

Los ganaderos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) acusaron a la Junta Nacional de Carnes de

«dictar medidas tendientes a favorecer a los vendedores directos de novillos a los frigoríficos, haciendo con éstos una política de acción solidaria que ha perjudicado a la gran masa de criadores».

Y con la oposición de «la gran masa de criadores» y el apoyo de la minoría de invernadores entrelazados con los frigoríficos extranjeros, los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña declararon que la CAP era

«la entidad constituida por ganaderos argentinos que no persiguen primordialmente fines de beneficio privado, prevista por el artículo 3.º del Protocolo Adicional del Pacto Runciman»,

entregándole el 11 por ciento de la cuota que el Poder Ejecutivo negaba a auténticas cooperativas. Los invernadores de chilled beef condenaban al país a hacer beneficencia con la industria de la carne.[4]

CAPÍTULO 30
IMPOTENCIA DEL PODER LEGISLATIVO

Cada vez que, en el último medio siglo, la ganadería entró en crisis (caída de los precios de los novillos, descenso de la demanda extranjera, amenaza de Gran Bretaña de proteger las exportaciones de los dominios o de rechazar las carnes argentinas con la falsa imputación de estar contaminadas de aftosa, etcétera), se agitó la idea, en los medios rurales y en el Congreso, de nacionalizar los frigoríficos existentes o de construir plantas industrializadoras nacionales. No duraba mucho tiempo el entusiasmo. Los criadores olvidaban sus planes de nacionalismo económico apenas se normalizaban los precios y ventas de sus haciendas, y los proyectos del Congreso se encarpetaban bajo la presión de los poderosos intereses de las empresas y los invernadores.

Ninguno de los ocho proyectos presentados a la Cámara de Diputados durante la crisis de 1921-1923 prosperó. Fueron los siguientes:

Del diputado radical yrigoyenista Romeo David Saccone, de expropiación parcial o total de los frigoríficos en caso de que sus ganancias superaran el 20 por ciento.

Del dirigente radical yrigoyenista Eudoro Vargas Gómez, de construcción de una cadena de frigoríficos estatales o del arrendamiento, compra o expropiación de los existentes por el Estado.

Del diputado conservador Matías Sánchez Sorondo, de constitución de una Compañía Nacional de Frigoríficos con capital mixto del gobierno y los particulares.

Del diputado conservador José Heriberto Martínez, de formación de una Comisión de Defensa de la Ganadería Argentina, con el fin de instalar cámaras de enfriamiento y conservación de carnes, o de expropiar por su justo valor las existentes, declarándolas de utilidad pública.

Del diputado socialista Juan B. Justo de un Trust Nacional de la Carne, pero manteniendo los dos o tres frigoríficos existentes más importantes como abastecedores.

Del diputado demócrata progresista Luciano F. Molinas, de instalación de una Compañía Frigorífica Nacional de capital mixto (30 por ciento del Estado y 70 por ciento de los particulares), que se haría cargo de los frigoríficos expropiados por el gobierno.

Del diputado demócrata progresista Lisandro de la Torre, de expropiación de los frigoríficos existentes, mediante una Asociación Nacional Cooperativa de Ganaderos o Sociedad Anónima Nacional que se haría cargo de ellos.

Del diputado radical Valentín Vergara, de facultar a una Asociación Cooperativa Nacional para construir o expropiar frigoríficos, saladeros, fábricas de conservas y extractos en los centros de mayor población.

Puede observarse la coincidencia de los proyectos en el planteo de la nacionalización, salvo los de Matías Sánchez Sorondo, que asociaba a los «particulares» (esto es, a las empresas) a la Compañía Nacional de Frigoríficos, y de Juan B. Justo, que conservaba la parte industrial en manos de los «dos o tres frigoríficos existentes más importantes» (norteamericanos e ingleses, por supuesto), desplazando la parte comercial a un Trust Nacional de la Carne.

Sólo se sancionó —ley N.º 11 205— un noveno proyecto, el enviado por el Poder Ejecutivo, que lo autorizaba a invertir hasta diez millones de pesos en la instalación de un frigorífico y depósitos distribuidores de carne en la Capital Federal. De inmediato, los ingleses ofrecieron en venta al gobierno argentino el frigorífico Anglo de Zárate, oferta que se transfirió al gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien lo adquirió por 1 500 000 de pesos oro ad referendum de la Legislatura, pero ésta lo rechazó al descubrirse que el Anglo pretendía traspasar al Estado nacional o provincial sus instalaciones obsoletas de Zárate, mientras construía en la Isla Maciel su gran planta industrializadora modelo.

Hasta la mínima ambición de la ley N.º 11 205 de construir un frigorífico nacional en la Capital Federal fue entorpecida por las empresas extranjeras y sus socios invernadores. El Poder Ejecutivo declaró desierto el concurso a que llamó para los planos y realizaciones técnicas, rechazó el plano presentado por el especialista por decreto y devolvió a la Municipalidad de Buenos Aires las 22 hectáreas que le había cedido con ese objeto. Roberto Guastavino se pregunta:

«¿No había un solo dibujante, un arquitecto, un ingeniero capaz de satisfacer al gobierno, o algo interfería para que nadie pudiese cumplir con los requisitos de la licitación?»[1]

Por último, la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires construyó, con sus propios fondos, el Matadero y Frigorífico Municipal Modelo. No era, sin embargo, el frigorífico nacional de la ley N.º 11 205. Ubicado en Liniers, lejos del puerto, mal podía atender la exportación de carnes. Redujo sus funciones al abastecimiento del mercado local.

Al tratar la Cámara de Diputados el problema del petróleo —en las postrimerías del gobierno de Alvear (1927-1928)— el legislador yrigoyenista Romeo David Saccone prometió:

«Empecemos con el petróleo, luego seguirán los frigoríficos y los ferrocarriles Hay que hacer política nacionalista, no intemacionalista».

Se refería a las nacionalizaciones. Pero nada de esto ocurrió.

La Sociedad Rural Argentina siempre se opuso a la construcción de frigoríficos nacionales y a la expropiación de los extranjeros. Decía en el documento ya citado de diciembre de 1927:

«No pensamos, tan siquiera, en la posibilidad de que el Estado, por construcción, compra o nacionalización de establecimientos frigoríficos se inmiscuya directamente en la gestión económica de las empresas».

En la discusión parlamentaria de 1928 todo giró en torno de la parte comercial; no se habló de la industria de la carne, ni de la nacionalización de frigoríficos.

El antiestatismo de la Sociedad Rural Argentina se limitaba a la defensa de la libre empresa (secreto comercial, trust industrial, control de los mercados) de los frigoríficos extranjeros. Cuando se trataba de abogar pro domo sua se le despertaba un interesado amor por la intervención paternalista del Estado. ¿No acabamos de ver que consiguió que el gobierno se desentendiera del cumplimiento de la ley N.º 11 205, y en vez de tener un frigorífico nacional de exportación, nos dio un frigorífico municipal de abastecimiento interno? También bajo los auspicios de la menospreciada «administración pública» violó la ley de Carnes, N.º 11 747, e hizo de la CAP nada más que, como se autodefinía en la Memoria de su Primer Ejercicio,

«una entidad comercial sui géneris. Es una institución de un carácter nuevo en el cuadro de la economía y la legislación argentinas. No tiene antecedentes en instituciones del pasado ni analogías en otras nacidas al mismo tiempo que ella. En resumen la Corporación Argentina de Productores de Carnes es una institución formada por el Estado, pero independiente de él; no es ni cooperativa ni sociedad anónima; es una sociedad comercial sui géneris, de participación obligatoria para todos los ganaderos, creada por el Estado bajo la acción de una ley especial, con objeto de cumplir una función de interés para la economía general».

Esta institución —que en 1935 tenía inscriptos a 72 611 ganaderos, divididos en categorías según su aporte y en abierta violación de la ley 11 747— aparecía en el papel como «independiente» del Estado que la creó, pero sólo lo era en tanto dependía de la Junta Nacional de Carnes y, a través de ella, de la Sociedad Rural Argentina. La maniobra se reprodujo exactamente al redactar y aprobar por decreto del 31 de mayo de 1937 los Estatutos del Mercado de Haciendas y Carnes, entidad que fue disuelta debido a las críticas que provocó su actuación a favor del trust frigorífico. De lo que antecede resulta que se empleó la coerción legal no con los objetivos que proponían los criadores del interior, sino para obligar a todos los ganaderos a aportar fondos que luego se endilgaron, como sustituto de la prometida cooperativa industrializadora, a «una entidad comercial sui géneris» que compraba la carne industrializada a ocho frigoríficos (Sansinena, Smithfield, Municipal de la Capital, Gualeguaychú, San Julián, Río Gallegos, Santa Cruz y Río Grande) y la destinaba a cubrir la miserable cuota, reducida al 10,68 por ciento, otorgada por Gran Bretaña a la Argentina en los términos del Pacto Roca.

El descontento de la mayoría de los ganaderos por la transgresión de las leyes se hizo patente en la lucha encabezada por la CARBAP, (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) frente a la actitud hostil de la Sociedad Rural Argentina, que se aisló de sus similares y administraba a su antojo la Junta Nacional de Carnes y las instituciones derivadas de ella. Un informe del Comité Mixto Investigador Angloargentino de la Industria Ganadera, creado en enero de 1935 en cumplimiento del artículo 2.º del Protocolo del Pacto Roca, llegaba a conclusiones que la CARBAP comentó así:

«El informe reconoce que en el proceso de preparación del ganado entran el productor y el invernador. [Aquí están los dos factores de la actual discordia: el invernador y el criador]. Ambos intereses deberían tener representación en la Junta Nacional de Carnes. El chilled lo adquieren los frigoríficos en las estancias; una mínima parte lo compran en Liniers y a menor precio que en las estancias. Existe una gran diferencia de precios entre los novillos de Liniers y los de estancias, no obstante entrar a Liniers apreciables cantidades de buen ganado chilled. Esta situación injusta es agravada por la Junta, que dificulta el desarrollo de las compras en Liniers y favorece las compras en las estancias. El grupo de estancias que provee de chilled a los frigoríficos es relativamente reducido».

Dentro del panorama que acabamos de proyectar, con la contradicción relevante entre dos sectores de ganaderos, uno de los cuales, el mayoritario y postergado, denunciaba al trust frigorífico y a sus cómplices, los señores del chilled beef, se ubica la intervención de Lisandro de la Torre en los debates del Senado de 1935.

Ya nos hemos referido a la personalidad política del líder demócrata progresista en otras páginas de esta obra.[2] Agregamos ahora que no era social ni intelectualmente ajeno al problema de las carnes. Desde su juventud vivió la oposición de la burguesía urbana y rural del litoral, formada por la colonización capitalista, a la oligarquía terrateniente que dirigía al país desde Buenos Aires. Se inició en la actividad pública en las filas del radicalismo de Alem y se alejó del radicalismo de Yrigoyen por «incompatibilidad con los que no piensan», según dijo con aristocrático desdén de intelectual. Entremezclado con la oligarquía dominante, a partir de su repudio a la intransigencia yrigoyenista y de su admisión de la política «paralela» o «del acuerdo» propiciada por el general Mitre, también habría de separarse de ella por negarse a encabezar una fuerza antirradical y decidirse a abrazar otro tipo de intransigencia: una frágil intransigencia doctrinaria.[3] Al buscar la superación en un partido nuevo, igualmente alejado de las «minorías selectas» y de la movilización tumultuaria del yrigoyenismo, canalizó las ambiciones políticas de la burguesía y de la pequeña burguesía santafesinas que querían ocupar un lugar destacado bajo el sol argentino. Este sector, liberal por naturaleza, podía admitir circunstancialmente un programa avanzado en su oposición a la oligarquía agro-exportadora y podía tornarse conservador una vez satisfecha su ambición de poder político. De la Torre se cerro todos los caminos hacia el gobierno, y su oposición intransigente sin sumersión en las masas populares, le colocó en una actitud crítica nihilista de los factores determinantes de la deformación y el estancamiento del desarrollo social argentino. Se quedó en la denuncia. Para ir más lejos, para ir al encuentro de las soluciones concretas a la problemática nacional, debía haberse despojado de sus prejuicios liberales, y como no tuvo fuerzas internas que le impulsaran a superar su condicionamiento al modelo de democracia representativa parlamentaria anglosajona y se resistía a ser un caudillo popular a lo argentino, se pegó un tiro.

El 4 de mayo de 1933, pocos días después de la firma del Pacto Roca, el entonces senador santafesino publicó en el diario Noticias Gráficas una breve y demoledora crítica de ese convenio. Señalaba la claudicación del gobierno justista ante el de Su Majestad británica y el carácter leonino de sus cláusulas. Agregaba:

«Pero lo más decepcionante del convenio respecto de las carnes, se encuentra en la cláusula 3.ª del protocolo adicional, donde el gobierno argentino se allana a una condición que el ministro de Agricultura, doctor De Tomaso, aseguró, reiteradas veces, que no se aceptaría en ningún caso: la condición de que el gobierno británico se reserva la distribución del 85 por ciento de la exportación de carne argentina al Reino Unido para entregarla a las empresas extranjeras, cuyos procedimientos extorsivos en nuestro país son suficientemente conocidos y que el gobierno argentino sólo dispondrá de un 15 por ciento para que los productores nacionales organicen la exportación directa.

»Esta piadosa generosidad del gobierno británico se encuentran sujeta todavía a una restricción fantástica, como es la de que las empresas argentinas que dispondrían de ese 15 por ciento “no deben perseguir primordialmente fines de beneficio privado, sino una mejor regulación del comercio”. En cambio, las empresas norteamericanas e inglesas coaligadas actualmente en la Conferencia de Fletes, no quedan inhibidas para perseguir primordialmente fines de beneficio privado.

»Las intenciones extorsivas del gobierno británico se advierten no sólo en esta protección desembozada de intereses particulares, que deberían serle extraños, sino en la innovación de establecer que el comercio de importación de carnes no es libre dentro de las limitaciones cuantitativas fijadas. Es una novedad desconcertante, contraria a la doctrina tradicional de Inglaterra y viene a herir alevosamente el interés argentino.

»El abandono del 85 por ciento de la cuota de exportación de carne chilled en manos de la Conferencia de Fletes es el golpe de gracia para la ganadería argentina».

No era algo tan terminante como «el golpe de gracia para la ganadería argentina», pero sí su anquilosamiento dentro de las condiciones de dependencia impuestas por el trust frigorífico, al que seguiría subordinada aun después de diversificar los mercados de consumo de carnes. La cláusula enjuiciada por de la Torre tenía por objeto malograr cualquier tentativa de industria frigorífica nacional.

En la sesión del 1.º de setiembre del año siguiente, el senador santafesino presentó y fundó dos proyectos sobre el comercio de carnes, el segundo de los cuales consistía en el nombramiento de una Comisión Investigadora.

La investigación duró más de seis meses, acicateada por el doctor de la Torre y entorpecida por los funcionarios del gobierno, los ministros, las empresas frigoríficas y los invernadores y criadores-invernadores de la Sociedad Rural Argentina, pero apoyada por los criadores del interior, los obreros de la carne y la opinión popular.

El primer obstáculo fue puesto por el Poder Ejecutivo, al sugerir a su bloque de la Cámara de Diputados el rechazo de un proyecto de ley reglamentaria de las Comisiones Investigadoras, y ya en funcionamiento la del Comercio de Carnes, no le proporcionó un solo dato, ni facilitó el viaje a Gran Bretaña de un delegado para que recogiera información directa sobre los precios en el mercado de Smithfield y otras modalidades del comercio de carnes. El doctor Raúl Prebisch, asesor de los ministros de Agricultura y Hacienda, organizó y dirigió la resistencia a la investigación, amparándose en el «respeto absoluto de las situaciones creadas», invocado por el ministro de Agricultura, ingeniero Duhau, en su discurso de la Exposición Rural de 1934 y esgrimido por el gobierno como justificativo de su defensa del secreto comercial de las empresas frigoríficas extranjeras.

Actuando en minoría dentro de la Comisión Investigadora, el doctor de la Torre hizo descubrimientos sensacionales acerca de la corrupción de la burocracia gubernamental. Denunciaba en la sesión del 21 de junio de 1935:

«La Dirección de Réditos no los fiscaliza [a los frigoríficos], y es tan visible su disposición a servirlos que ha llegado a admitirles compensaciones fraudulentas de pérdidas en el exterior con ganancias en el país.

»La Comisión Investigadora en minoría no se ufana por haber descubierto tal o cual defraudación, no hace mérito de que puedan recuperarse sumas ya evadidas, desde el año 1933, por el dinero que representa el reembolso, no obstante que, en este caso, podrían percibirse 4 000 000. Se limita a señalar un nuevo campo administrativo donde son también tratados los frigoríficos extranjeros con procedimientos de favor.

»Por la magnitud de sus ganancias, los frigoríficos cuentan entre los más fuertes contribuyentes, y no puede admitirse como un hecho natural que no sean fiscalizadas. La declaración en ese sentido del gerente de la repartición, señor Ernesto Malaccorto, a la Comisión Investigadora, contrasta con la notoria diligencia que pone dicha oficina en la fiscalización de contribuyentes mucho menos importantes. Los inspectores de réditos tienen asignado un radio por manzanas, y es frecuente oír quejarse a los contribuyentes de la insistencia con que los visitan. También aparece extraño en este caso que la fiscalización haya alcanzado a las empresas nacionales exportadoras de carne, Gualeguaychú y Grondona y Compañía, y no haya alcanzado a las grandes entidades del pool. Dentro de la lógica, cabría la suposición de que alguien hubiera dado instrucciones especiales en el sentido de no fiscalizar a las grandes compañías».

En vista de tamañas irregularidades, la Comisión Investigadora solicitó al Ministerio de Hacienda acceso a las Oficinas de Réditos, pero el doctor Pinedo se lo negó, alegando el secreto de las declaraciones juradas y amparándose en dictámenes que obtuvo del Procurador del Tesoro y del Procurador General de la Nación. Los investigadores no tuvieron más remedio que limitarse a interrogar a los altos funcionarios responsables de las anormalidades, pero éstos, bajo la inspiración del asesor Prebisch, que ejercía una verdadera superintendencia sobre las Direcciones de Réditos y Control de Cambios, se valieron de estratagemas, tales como la falta de información, la pérdida de memoria o el desconocimiento de lo que se les preguntaba, para eludir la respuesta. No obstante las dificultades, el senador de la Torre pudo denunciar:

«Se han cometido tres clases de infracciones, primero, la de las empresas que debiendo retener el impuesto no lo han retenido, en cuyo número se encuentra el Swift de La Plata; segundo la de los accionistas que debiendo pagar el impuesto que no retuvo la sociedad anónima productora del dividendo pagaron una suma menor, compensando quebrantos en unos casos falsos y en otros casos improcedentes, en cuyo número se encuentra la Compañía Financiera Swift Internacional, tenedora de acciones del Swift de La Plata, que no había pagado el impuesto; y tercero, la de las empresas que eluden el impuesto, simulando ser simples compañías o agencias transformadoras que transfieren a precios de costo sus productos a casas matrices del exterior, en cuyo caso se encuentra la compañía Anglo».

Lo más irritante para el sentimiento nacional —y perjudicial a la economía del país— era la discriminación que los funcionarios de Réditos hacían a favor de las empresas extranjeras y en perjuicio de las argentinas. Informaba el doctor de la Torre:

«La firma Grondona y Compañía con 45 000 pesos de capital, que exporta sólo el 0,67 por ciento de la cuota, ha pagado en 1934 por impuesto a los réditos 24 300 pesos; el Anglo, la más poderosa de las compañías extranjeras, pagó en el año 1933 sólo 3700 pesos.

»En el mismo semestre del año 1934 la misma compañía pagó 1800 pesos; mientras Grondona y Compañía pagó siete veces más impuestos a los réditos que el Anglo, y este último exporta cuarenta veces más carne».

Los funcionarios a las órdenes de los señores Pinedo y Prebisch colaboraban con el gobierno inglés y las empresas anglonorteamericanas en la tarea de descapitalizar a los frigoríficos argentinos. El Pacto Roca cerraba a éstos la exportación y la burocracia del país los sometía a una constante persecución financiera.

Con tales comprobaciones en una sola esfera, la de los réditos, fácil resulta colegir lo que sucedía en otras, como en la de los cambios. Decía el senador santafesino:

«Las violaciones de los decretos sobre negación del cambio, con el fin evidente de favorecer a determinados frigoríficos, sorprende en forma tal, que si no me apresurara a probarlo no se me creería.

»Si me limitara a afirmar que a favor de resoluciones clandestinas y de simples instrucciones verbales, en vez de requerirse a los frigoríficos del pool la entrega al tipo oficial de la totalidad del cambio producido por sus ventas, como se hace con los demás exportadores, se les ha admitido la entrega de una parte solamente y se les deja el resto (alrededor de un 25 por ciento de divisas) para que lo negocien en su provecho, no se me creería.

»Si dijera que de ese beneficio acordado a todas las empresas frigoríficas extranjeras ha sido excluido maliciosamente el Frigorífico Argentino Gualeguaychú, sin duda por no formar parte del monopolio, no se me creería.

»Si dijera que se aplica a la negociación del cambio el valor medio de 36,35 centavos el kilo de carne chilled, valor resultante del aforo aduanero del producto a bordo en los puertos argentinos en vez de aplicar el valor de venta en destino, con las deducciones conocidas, que fue en 1934, ajuicio de publicaciones oficiales del propio Ministerio de Agricultura y de la Junta Nacional de Carnes, de 63 centavos el kilo, no se me creería.

»Si dijera que la Dirección del Control de Cambios ha pretendido sorprender a la Comisión Investigadora con manifestaciones inexactas, y le ha querido hacer creer que el valor a bordo es el valor de venta, no se me creería, del mismo modo que si hubiera dicho sin probarlo lo que acabo de decir, que determinado frigorífico defrauda el impuesto a los réditos por sumas enormes y que la oficina respectiva no lo fiscaliza y que el ministro de Hacienda aprueba y se solidariza con la oficina, no se me habría creído.

»Sin embargo, todo, todo es verdad».

Al fraude en los cambios, se agregaban otras maniobras ilícitas, que favorecían a las empresas anglonorteamericanas en sumas fabulosas. Mencionaba de la Torre:

Supresión de impuestos. Como de acuerdo a la ley N.º 11 747 se aplicó a los ganaderos un impuesto del 1 por ciento sobre el valor bruto de sus ventas, el Poder Ejecutivo y su bloque parlamentario se apresuraron a eximir a los frigoríficos del impuesto de treinta centavos por cabeza de animal faenado bovino y porcino y diez centavos de ovino, que fijaba el artículo 19.º de la ley N.º 11 226, con el objeto de financiar el control del comercio de carnes. El Centro de Consignatarios denunció, en nota al Senado, «la injusticia de gravar a los productos argentinos para desgravar a los frigoríficos».

Paralización de las multas. El ingeniero Duhau dispuso, inmediatamente después de hacerse cargo del Ministerio de Agricultura, la paralización de los expedientes por falsas clasificaciones, y aunque la Suprema Corte falló rechazando la eximición que pedía el frigorífico Anglo, no volvieron a aplicarse nuevas multas y las empresas pudieron inmunemente pagar a los productores precios inferiores a los correspondientes a la calidad de sus animales. «Podría descubrirse el fraude controlando la graduación de las carnes en playa y la regraduación en cámara; pero nada de eso se hace. Corresponderían ambas inspecciones a la Junta Nacional de Carnes, pero no las practica y eso que gasta anualmente 800 000 en personal».

No aplicación de las leyes. La ley N.º 11 226, de Control del Comercio de Carnes, sancionada en 1923, no se había aplicado en los doce años siguientes, porque afectaba a los frigoríficos. Después del fallo de la Suprema Corte que la declaró constitucional, la Junta Nacional de Carnes no puso el menor empeño en averiguar los precios de costo y sus contadores no sabían una palabra al respecto. El gobierno no conocía otras estadísticas y datos que los que tenían interés en proporcionarle los frigoríficos, sin poder establecer si eran exactos o inexactos.

Funcionarios al servicio de los frigoríficos. Informaba el doctor de la Torre que «el personal del Ministerio de Agricultura siente una inclinación irresistible por la causa de los frigoríficos, lo que se relaciona con un hecho que nadie ignora: los funcionarios que cumplen con su deber en los casos de infracción de los frigoríficos, muy pronto se ven postergados y hasta pierden su carrera; los que votan como votó el señor Viacava en la Comisión Nacional de Carnes, reciben las más señaladas distinciones y son enviados a Europa a desempeñar los cargos más delicados. Los que suscriben informes complacientes para perjudicar a los frigoríficos argentinos, como Fernández Beyró, llegan al punto más culminante de la carrera administrativa: la jefatura de la Dirección de Ganadería».

Asimismo, la Junta Nacional de Carnes, integrada por amigos de los frigoríficos extranjeros, se reducía a ser una mera pantalla para toda suerte de favoritismos, transgresiones a las leyes y maniobras en provecho de los planes ingleses y de las empresas anglonorteamericanas. El gobierno justista daba el ejemplo, al proporcionar, por medio del Ministerio de Agricultura, estadísticas con inexactitudes que comprometían y dificultaban las tareas investigadoras.

Los frigoríficos extranjeros, protegidos por el Estado argentino, no tuvieron el menor empacho en desobedecer y obstaculizar a cara descubierta a la Comisión Investigadora, asesorados por técnicos, funcionarios y abogados del país, uno de los cuales, el doctor Ricardo Seeber, hizo en un escrito la apología del gerente del Anglo, de Mussolini, de Hitler y… de la caballerosidad de los ingleses. Denunciaba el doctor de la Torre:

«La Comisión se vio desobedecida especialmente por los frigoríficos Anglo, La Blanca y Wilson, y no pudo castigar su alzamiento; el arresto del gerente del Anglo y el secuestro de los papeles y libros embarcados clandestinamente en el vapor Norman Star hicieron creer que la Comisión tenía facultades suficientes y no era así. Al señor Tootell se le pudo arrestar hasta que entregara los libros y papeles cuya existencia había reconocido, aun cuando alegaba que los había mandado a Inglaterra: era una simple medida de compulsión, hasta que los entregara. Pero otros gerentes, aleccionados sutilmente por expertos abogados argentinos, alegaban haber destruido las planillas de costo y, en ese caso, arrestarlos hasta que las entregaran podía importar la exigencia de una condición de cumplimiento imposible.

»No se podía demostrar que las planillas estaban ocultas y no destruidas, aun cuando ésa fuera la verdad. La falta de la ley que la Cámara de Diputados aplazó, no permitía la aplicación siquiera de una multa».

Hasta algunos contadores, designados por la Comisión Investigadora para que estudiaran los libros y papeles de las empresas frigoríficas extranjeras, sirvieron a éstas con maniobras dilatorias y el oculta-miento de datos. Mientras Samuel Yasky y otros asesores contribuyeron patrióticamente al esclarecimiento de la verdad, el doctor de la Torre dejó constancia en el Libro de la Comisión

«de que los contadores, señores González Galé y Lascurain, no habían ahondado todo lo que correspondía en la explicación de las ganancias».

La parte pública del ataque a la Comisión Investigadora, en particular al doctor Lisandro de la Torre, corrió por cuenta de los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, que hicieron circular notas y manifiestos desaprobatorios de la investigación. Decía el senador santafecino:

«Además de la mayoría del directorio de la Sociedad Rural Argentina, han estado en contra de la investigación cierto número de ganaderos, y sobre todo de invernadores, tratados en condiciones preferentes por los frigoríficos. La investigación —a juicio de ellos— perturbaba el tranquilo desenvolvimiento de los negocios ganaderos y, como en realidad, no les importa a ellos que el país gane o pierda o que los frigoríficos ganen más o menos, sino que les importa lo que ellos ganan, toda conmoción les es molesta, sobre todo si la conmoción es desagradable al gobierno. Comparten invariablemente la opinión de todos los ministros de Agricultura, hasta cuando los ministros de Agricultura tienen opiniones contradictorias, como ha sucedido últimamente en la administración actual, con los ministros De Tomaso y Duhau. En el pabellón de Palermo aplaudieron con el mismo entusiasmo al doctor De Tomaso cuando hizo el proceso de los frigoríficos y al señor Duhau cuando proclamó “el respeto absoluto de las situaciones creadas”. El público los considera simples comerciantes que miran el negocio desde su punto de vista individual».

La Sociedad Rural Argentina saboteó la investigación y al cuestionario de la Comisión respondió con una nota evasiva de carilla y media.

«La Sociedad Rural Argentina —acusaba el doctor de la Torre-tenía un papel que desempeñar en el cumplimiento de la ley 11 747, que creó la Junta Nacional de Carnes y dispuso la organización de la Corporación de Productores. ¿Lo ha desempeñado? Doloroso es decir que no.

»Desde hace dos años la Sociedad Rural Argentina contempla con indiferencia olímpica, sino con complacencia, el fracaso de la ley 11 747 y consiente la esterilización de la cuota del 11 por ciento preparada por los que no quieren perturbar el monopolio frigorífico».

También probó el líder demócrata progresista que la CAP había traicionado la ley N.º 11 747. Recordó que por esta ley debía crearse un impuesto del 1 por ciento sobre las ventas de ganado de consumo y exportación, fondo destinado a la instalación de un frigorífico nacional, pero que en vez de este establecimiento, la CAP se constituyó en empresa intermediaria sui géneris, con el fin de negociar el 11 por ciento de las exportaciones que el gobierno inglés había acordado graciosamente a las entidades argentinas no lucrativas. Más todavía: la CAP ni siquiera aprovechaba ese 11 por ciento, que estuvo durante varios meses en manos del pool frigorífico. Luego el gobierno inglés lo redujo al 7 por ciento y finalmente el reparto quedó así: 4 por ciento a los frigoríficos del pool, 5 por ciento a una compañía británica y 2 por ciento a un frigorífico argentino que no era cooperativa de ganaderos.

La CAP no cumplía su cometido y durante dos años regaló íntegro el 11 por ciento a los frigoríficos del pool. Sin embargo, el diario La Nación, citado por de la Torre, informaba a sus lectores:

«En cinco meses la Corporación ha logrado organizar la compra, la faena, la industrialización del ganado, el transporte marítimo de los productos y su distribución y venta en el Reino Unido».

Las constancias de la investigación llevada adelante con tan singular energía por el doctor Lisandro de la Torre suministran la prueba acabada de la interacción existente entre la estructura de la economía ganadera, encauzada en lo determinante desde su origen al abastecimiento del mercado exterior, y la correspondiente superestructura política o, más ampliamente, cultural, que se expresaba en la conciencia de inferioridad o subordinación de estadistas, funcionarios, técnicos, abogados y periodistas. Y también la impotencia del Poder Legislativo para destruir las «situaciones creadas» y abrir nuevas perspectivas nacionales, Poder que la concepción de la democracia representativa liberal suponía el órgano regulador de la conducción del Estado y el único instrumento constitucional activo, a través del cual podía hacer valer sus derechos la oposición emergente de una sociedad que se sentía económicamente expoliada y políticamente engañada. De la Torre se alejó, con justificado desprecio, del «Senado de la decadencia». No dijo, ni podía decirlo sin negarse a sí mismo, que la decadencia del Senado era apenas el reflejo de la decadencia integral del liberalismo en la teoría y en la práctica.

De su extenso alegato en defensa de la ganadería argentina se extraen las siguientes conclusiones confirmatorias de lo que acabamos de expresar:

Los frigoríficos norteamericanos e ingleses instalados en la Argentina habían organizado un monopolio que abarcaba desde la compra de ganado en las estancias (o la recepción en las fábricas a precio fijo) hasta la venta de la carne en los mercados de consumo. Este monopolio obligó a capitular y absorbió a los frigoríficos argentinos (La Blanca, El Argentino, Compañía Sansinena de Carnes Congeladas), impedía el desarrollo de los existentes y no dejaba que aparecieran otros nuevos. Las rivalidades entre los grupos inglés y norteamericano se habían superado mediante la intervención del gobierno británico, que fijaba las cuotas de importación en el Reino Unido y firmó con el gobierno argentino el Pacto Roca, por el cual el 85 por ciento de las importaciones argentinas en el mercado inglés quedaba en manos de los frigoríficos anglonorteamericanos y el 15 por ciento restante no podía emplearse con fines lucrativos.

El monopolio frigorífico había logrado:

acaparar las bodegas de los barcos frigoríficos y distribuir los embarques entre seis empresas;

fijar los precios de compra del ganado, favoreciendo a un grupo selecto de invernadores y expoliando a la inmensa mayoría de los criadores;

ocultar los costos de producción mediante una contabilidad irregular y la negativa a exhibir libros y correspondencia;

defraudar al fisco, eludiendo el pago de réditos, maniobrando con los cambios y haciéndose perdonar multas;

corromper a los funcionarios y seleccionarlos de acuerdo al grado de obsecuencia al mpnopolio;

prohibir la constitución de compañías argentinas dedicadas a la industria y el comercio de carne;

avanzar a la conquista del mercado argentino de consumo;

imponer a los obreros bajos salarios y condiciones inadecuadas de trabajo, e

obtener enormes utilidades que compensaban las pérdidas sufridas en Australia, Nueva Zelandia y Brasil.

Protección del Estado argentino al monopolio frigorífico. Esta protección se consolidó con la firma del Pacto Roca y el «respeto a las situaciones creadas» ideado por el doctor Prebisch, slogan que el gobierno justista hizo suyo.

Una alta burocracia de funcionarios, asesores y técnicos compartía con abogados sin patria el triste privilegio de estar al servicio incondicional del monopolio frigorífico. El doctor Prebisch —que inició su carrera como director de estadística de la Sociedad Rural Argentina, la continuó en la asesoría de los gobiernos de Uriburu y Justo, estuvo siempre vinculado a las empresas frigoríficas y viajó a Londres con la misión Roca— comandaba la alta burocracia cipaya que hacía su fortuna personal y su carrera administrativa sirviendo a las empresas extranjeras y traicionando al país.

La instrumentación de las leyes 11 226 y 11 747 —y, por lo tanto, de la Junta Nacional de Carnes y de la CAP, hechuras de la Sociedad Rural Argentina— en provecho exclusivo del monopolio frigorífico y del grupo ganadero que le respondía. El control del comercio de carnes, establecido por la ley 11 226, fracaso debido a la corrupción de los funcionarios, a la negativa de las empresas a admitirlo y a la inercia del Estado, en hacerlo cumplir. La Junta Nacional de Carnes y la CAP, sometidas a la Sociedad Rural Argentina, se apartaron de los fines para los cuales fueron creadas. Decía de la Torre: «La ley 11 747, que ha dado lugar a la organización de la Corporación de Productores no puede dar resultados completos debido a la exigüidad de la cuota sobre la que recae. Hasta habría peligro, si no se establece el monopolio del Estado, de que las compañías combinadas, desaparecidas las cuotas, volvieran a las maniobras que usaron en los tiempos de El Argentino y La Blanca. La Corporación, surgida de la ley 11 747, está en manos del grupo de ganaderos adictos al ministro de Agricultura y a los frigoríficos, y no demuestra acción, ni eficacia. Se podría temer el fracaso de la ley 11 747 por mala aplicación y por insuficiencia de la cuota».

Cualquier ley o medida, por mejor intencionada que fuera, que se sancionara sin antes «torcerle el pescuezo al monopolio» sería contraproducente y favorecería al mismo monopolio. Hemos seguido, a través de estas páginas, el proceso que precedió a la sanción de las leyes de los años 1923 y 1933 y hemos comprobado cómo ellas tuvieron origen en un legítimo anhelo de los ganaderos de emanciparse de la opresión de los frigoríficos. Sin embargo, las instituciones creadas por esas leyes se convirtieron de inmediato en instrumentos del mismo monopolio para prolongar y acentuar su acción expoliadora de la economía del país.

La única solución efectiva de la crónica crisis ganadera estaba en la expropiación y nacionalización de los frigoríficos extranjeros, en la nacionalización del comercio exterior y en la organización de los productores de ganado en grandes cooperativas de venta e industrialización de la carne.

La ironía de la historia —o, si se quiere, la astucia de la razón que enamoraba a Hegel— le jugó a Lisandro de la Torre una mala pasada. Individualista por excelencia, liberal hasta la médula en economía y política, tenía que inclinarse por la fuerza de los hechos a admitir que no se concebía solución a la problemática ganadera sin nacionalizar por vía estatal la industria y el comercio de la carne. Pero, y este pero multiplicaba su fracaso como liberal, si el Estado justista, nacido de la entraña enferma del liberalismo, no podía ser el que rescatara para los argentinos su economía enajenada a los monopolios extranjeros, tampoco podía serlo cualquier otro Estado fiel a la línea demoliberal de 1853. Con la investigación de las carnes, Lisandro de la Torre enterró su propia doctrina demócrata progresista, la cual, en el caso hipotético de conquistar el poder, no le habría salvado de claudicar ante la oligarquía agroexportadora y los monopolios. Esto explica su obstinado rechazo de las tentadoras oportunidades de ser presidente de la República. No existía ya ninguna posibilidad de democracia y progreso dentro de los cánones del liberalismo que inspiraba su militancia política. Sólo un Estado totalitariamente popular podía disponer de la libertad, la independencia y el poder indispensables para emancipar la economía argentina nacionalizando sus sectores básicos.

De la Torre no alcanzó a formular, como corolario de la investigación, la solución de fondo como hemos expuesto en el punto 7. El debate se cerró bruscamente al retumbar en el recinto del Senado los balazos con que el palanqueado asesino Ramón Valdez Cora hirió de muerte al doctor Enzo Bordabehere, compañero de representación del líder demócrata progresista. Prebisch tenía derecho a vanagloriarse del triunfo de su consigna de «respeto absoluto a las situaciones creadas». Pinedo había pronosticado:

«¡Ya pagará esto el señor senador, punto por punto!»

La irrupción del sicario sacó al gobierno del atolladero. Su principal defensor, el ministro Pinedo, eludió los aspectos críticos de la problemática ganadera y se desvió a una menuda discriminación maniqueísta que hacía malos a los buenos y buenos a los malos. Sembró dudas acerca de la honestidad del doctor de la Torre y de sus colaboradores, en particular del contador Samuel Yasky, y presentó a los funcionarios gubernamentales como dechados de inteligencia, honradez y experiencia, todo adobado con disquisiciones intencionalmente confusas orientadas a dejar a salvo la responsabilidad del Poder Ejecutivo y a definir a las empresas extranjeras poco menos que como instituciones de bien público.

Cuatro años después la cuestión ganadera se reintrodujo tímidamente en el Congreso. La llevó al Senado el doctor Eguiguren y a la Cámara de Diputados los doctores Nicolás Repetto y Bernardino C. Horne, en relación al incumplimiento de la ley de Carnes y a la necesidad de su reforma. Repetto aseguró, en el curso de su interpelación al ministro de Agricultura en setiembre de 1939, que la ley era buena y solamente adolecía de «mala interpretación» y «algunas fallas de aplicación». Repitió viejos lamentos que no conmovían al muro del privilegio:

«Mientras una minoría de ganaderos, tal vez 700 u 800, grandes propietarios de chilled, obtiene de esta ley beneficios considerables, otra parte de ganaderos, la más grande, decenas de miles, no ha tenido oportunidad de gozar de sus beneficios con la misma amplitud. Esta orientación equivocada y un tanto parcial de la ley de carnes, ha determinado la división del gremio de ganaderos. Es un hecho lamentable y que debemos deplorar tanto más los que trabajamos en la articulación de aquella ley, los que le prestamos algún calor, aunque no le dimos nuestro voto, considerando que era ella un primer ensayo de organización de cooperativas de los productores».

Denunciaba más adelante el dirigente socialista:

«Todos los señores diputados saben que la Corporación Argentina de Productores ha tenido que retirarse casi del mercado interno porque le faltan recursos, porque le falta planta industrializadora y porque le faltan estímulos de arriba para acometer esta gran empresa.

»Es ahora cuando la Junta resta y niega recursos a la CAP, para ayudar indirectamente a los frigoríficos por medio del Mercado de Haciendas y Carnes, institución a la cual ha entregado cinco millones de pesos, con los cuales no ha sabido qué hacer y los tiene depositados en los bancos a un interés muy reducido».

En la sesión del 26 de setiembre, el diputado Romeo David Saccone informó que el día anterior

«el gobierno inglés retiró del puerto de Buenos Aires tres barcos: el Marquesa, el Coracero y el Royal Star, y el gobierno francés retiró anteayer el vapor Alsina, ordenándoles que salgan del puerto de Buenos Aires sin el cargamento de carnes que habían venido a buscar, para que carguen en Brasil, en el Uruguay, en Nueva Zelandia o en otros puertos. Es un momento sumamente delicado, y creo que la base de esta situación, de una gravedad inusitada, es la diferencia de precio que se quiere imponer al gobierno francés y al gobierno inglés. Respecto al gobierno inglés se discuten dos centavos y respecto al gobierno francés un centavo por kilo. La cuestión es que estamos en un trance sumamente peligroso. Lo doy como dato ilustrativo».

El gobierno inglés había ordenado el 23 del mismo mes que no salieran más barcos a cargar carne al Río de la Plata. No es difícil imaginar el efecto anestesiante de esas noticias sobre la sensibilidad rebelde de los criadores y el arma que dieron al grupo oligárquico para defender las «situaciones creadas» a favor de las seis empresas frigoríficas que monopolizaban el 85 por ciento de nuestras exportaciones de carnes a Gran Bretaña (Armour, Swift, Wilson, Smithfield, Sansinena y Unión Cold Storage).

Los ganaderos, aun los que poco tiempo antes bregaban por el nacionalismo económico, estaban anonadados por el temor a que la Segunda Guerra Mundial —iniciada el 1.º de ese mismo mes de setiembre de 1939, con la invasión de Polonia por las divisiones Panzer de Adolf Hitler— lejos de traer, como tantas veces se predijo y sucedió durante la Primera Guerra Mundial, el aumento de las exportaciones argentinas en volumen y precio, las paralizara, ya fuera por los inconvenientes del transporte (mucho mayores que en 1914-1918, debido al perfeccionamiento de la aviación y de los submarinos) o por la eventual conquista de Gran Bretaña por los nazis. La suspensión por el gobierno de Londres de los transportes de carne parecía confirmar el temor de los ganaderos y del diputado Saccone. Pero pronto los hechos demostraron lo contrario. Tal vez todo se redujo a una medida precaucional ante el estallido del conflicto bélico o a una típica maniobra británica para evitar que, en esa emergencia, los precios subieran en dos centavos por kilo y continuaran encareciéndose.

La protesta de Nicolás Repetto por el incumplimiento de la ley de Carnes era tardía. Los dos sectores ganaderos coincidieron en la defensa de la condición agroexportadora de la Argentina. Y si en política se sintieron tan apasionados campeones de la democracia anglosajona que no vacilaron en aliarse a los comunistas cuando la Unión Soviética entró en la contienda, en economía se opusieron tenazmente a que, a favor de la disminución de las importaciones de las naciones en guerra, se impulsara la industria en nuestro país.

Una significativa muestra de la conciencia colonial que se adueñó de los ganaderos en su conjunto, la dio la CARBAP. Antes había atacado a Federico Pinedo, ministro de Hacienda del presidente Justo y apologista del Pacto Roca y del monopolio frigorífico.

Ahora atacaba a Federico Pinedo, ministro de Hacienda del presidente Castillo y autor de un Plan de Reactivación Económica que contemplaba el fomento de la industria nacional. Expresaba en un documento de diciembre de 1940:

«Se dice en el informe [el Plan] que la industria nacional no conspira actualmente contra las exportaciones. Hacer esta afirmación es olvidarse de todo el daño que ha hecho a la producción rural con el cierre de mercados naturales como resultado de una política aduanera inconveniente impuesta desde el año 1932, a la que se le agregaba el adicional del 10 por ciento para saciar las arcas fiscales del Estado. Pretender, como dice el informe [el Plan], estabilizar industrias surgidas en un medio de soluciones de emergencia, es plantear un problema trágico para el futuro del país después de la guerra; es estimular una lucha que no la deseamos entre la industria y las fuentes básicas de la producción rural, pero si ello sucede, DEBEMOS DECLARAR QUE ESTAMOS RESUELTOS A DEFENDERNOS EN TODOS LOS TERRENOS, porque tenemos la completa seguridad que mientras una mayor población no absorba los considerables saldos exportables agropecuarios, conspira contra la tranquilidad social del país cualquier medida que no los contemple como fundamentales.

»Esto no quiere decir que los productores rurales estemos en contra de industrias naturales que absorbiendo nuestra producción primaria reduzcan los saldos exportables en estas últimas condiciones».

Era la declaración de guerra de los criadores de hacienda al desarrollo industrial, por más que se disfrazara de ambigua división en industrias naturales e industrias artificiales o de emergencia.

Naturales eran, para la CARBAP, las industrias vinculadas directamente a la ganadería y la agricultura, como frigoríficos, molinos harineros, curtiembres, aceiterías, bodegas, ingenios, etcétera, y artificiales o de emergencia las que competían con las importaciones extranjeras y creaban una base económica nacional, como textil, metalúrgica, química, etcétera, sin hablar ya de la siderurgia y la petroquímica.

Unía a los ganaderos, divididos entre sí en la lucha por ganancias y privilegios, la resistencia al paso de la Argentina de la etapa agro-importadora a la industrial. Tal resistencia conspiraba contra los mismos criadores, en el sentido de mantenerlos sine die a merced del trust de la carne y del plan inglés.[4]

Es axiomático que la división internacional en países industriales y países abastecedores de materias primas y alimentos trae necesariamente la explotación economicofinanciera de los segundos por los primeros. Y también es axiomático en el mundo contemporáneo que ningún país conquista su independencia total, mientras no posea una base propia de producción de medios de producción. Los ganaderos de 1940 tenían una idea muchísimo más modesta de la Patria Argentina: ni siquiera querían que nos autoabasteciéramos por completo de artículos de consumo, pues se negaban a que produjéramos algo más que carne y cereales.

De la Torre se había equivocado al esperar que el nacionalismo económico de los criadores de ganado pudiera por sí mismo —sin el empuje del dinamismo y la tenacidad hasta el fin de la clase obrera, emancipada de sus enajenaciones izquierdistas— ir más allá de meros escarceos para conquistar posiciones de privilegio. Lo perdió su insistencia en «jabonar negros para hacerlos blancos», como alguien le dijo con frase maligna.

CAPÍTULO 31
EL MONOPOLIO DEL TRANSPORTE

Las inversiones en ferrocarriles totalizaban, al firmarse el Pacto Roca, más de la mitad de las inversiones inglesas en nuestro país, pero su importancia no era meramente cuantitativa.[1] Había sido trazada la vasta red de caminos de hierro siguiendo el plan de hacer de la Argentina la granja de Gran Bretaña, sin considerar las necesidades del desarrollo económico integral y de la defensa nacional.[2] A la inversa que en Europa Occidental, donde su construcción agilizó, multiplicó y abarató los intercambios y comunicaciones entre zonas ya desarrolladas, entre nosotros fueron, en general, «de fomento», esto es, se anticiparon o acompañaron a la colonización, al nacimiento de pueblos y a la expansión de la ganadería y la agricultura capitalistas. No se adaptaron a una estructura agraria preexistente; modelaron o remodelaron la que requerían los objetivos del plan inglés. Aunque obtuvieron del Estado argentino garantías absolutas de un porcentaje básico de utilidades, su proyecto era más ambicioso que el reparto de dividendos a los accionistas y el pago de considerables remuneraciones a gerentes, técnicos y empleados que enviaban de la metrópoli. Contemplaban el acoplamiento de la economía argentina a la demanda inglesa de alimentos, a cambio de manufacturas, combustibles y bienes de capital. Mediante los ferrocarriles promovieron solamente las fuerzas productivas en condiciones de servir al mercado inglés con carnes y cereales, y aislaron y ahogaron aquellas otras en potencia (minería, petróleo) cuyo desarrollo no interesaba a la exportación a Gran Bretaña y que, a corto plazo, podían independizar al país de las importaciones inglesas. Si, como hemos señalado en otras oportunidades, los ferrocarriles ingleses prolongaban la flota mercante inglesa y ésta distribuía los productos de la industria inglesa, de regreso los barcos y trenes del mismo sistema conducían a la metrópoli los colosales excedentes alimenticios de nuestra Pampa húmeda. La oligarquía agroexportadora creyó perfecta y eterna la simbiosis angloargentina hasta que la crisis del Imperio puso al descubierto las consecuencias revolucionarias que traería a nuestro país la ruptura del vínculo siamés. Así se explica que nunca, ni en la luna de miel de 1880 y de 1890, se humillara ante las autoridades de Londres como a través del Pacto Roca.

Las empresas ferroviarias inglesas actuaban como Estado dentro del Estado: aumentaban tarifas, aguaban capitales, importaban materiales y artículos de consumo sin pagar derechos, destruían el tráfico marítimo y fluvial de cabotaje, asfixiaban la economía de amplias zonas. Cobraban los mayores fletes del mundo: 1,70 pesos por transportar un quintal de trigo 700 kilómetros, o sea más del 50 por ciento que en los Estados Unidos (1,08 pesos) y del doble que en Canadá (0,75 pesos).[3] De vez en cuando se quejaban, para obtener nuevos privilegios, de la imposibilidad de distribuir dividendos por las acciones ordinarias, pero ocultaban que el grueso de las utilidades se entregaba a los poseedores de debentures y otras obligaciones y que los sueldos de los altos funcionarios ingleses radicados en el país eran, en no pocos casos, mayores que los del presidente y los ministros de la Argentina, además del abultamiento de los gastos e inversiones en rubros a veces inventados.[4] Tanto en material como en prestación de servicios habían retrocedido en relación a 1914, a pesar del aumento de pasajeros y cargas, como lo demuestran las siguientes cifras oficiales:

I. Año | Locomotoras | Coches | Furgones | Vagones
1914 | 3277 | 2880 | 2543 | 73 632
1939 | 2907 | 2498 | 2547 | 63 116

II. Año | Pasajeros | Cargas en toneladas
1914 | 75 millones | 34 millones
1930 | 170 millones | 43 millones

En 1910, con 3150 coches transportaron todos los ferrocarriles 59 711 452 pasajeros; en 1938 en 2580 coches transportaron 163 920 000 pasajeros. Eran los más lentos del mundo. El rápido Buenos Aires-Rosario, modelo de velocidad, empleaba una hora más para recorrer 50 kilómetros menos que el expreso París-Nancy.

En 1930, el 60 por ciento de los 38 411 kilómetros de la red ferroviaria de la república se concentraba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es decir en la región agrícolo-ganadera, y de ese 60 por ciento las nueve décimas partes pertenecían a las empresas británicas y una fracción a las francesas. Las líneas del Estado estaban confinadas a las zonas marginales, con poco más de 8000 kilómetros. En 1940, la longitud total alcanzó a 42 640 kilómetros, aumento debido exclusivamente a las construcciones del Estado.

Si el ferrocarril-carbón había completado el dominio imperialista mundial de Gran Bretaña, el automotor-camino-petróleo marcaría su ocaso. Desde que se iniciaron en el propio territorio inglés, las empresas ferroviarias lograron la sanción de leyes y reglamentaciones que las protegieran del avance de nuevos medios de transporte. Así los vehículos de pasajeros a motor, que empezaron a explotarse comercialmente en 1833, y los coches a vapor posteriores, no progresaron debido a los prohibitivos derechos de peaje que se les aplicaban. Por ley de 1865 se fijó una velocidad máxima de 6,5 kilómetros por hora en el campo y 3 kilómetros en el radio urbano. Hasta 1896 estuvo en vigencia una ley que obligaba a anunciar el paso de todo coche a tracción mecánica, mediante un postillón a pie con bandera roja de día y farol rojo de noche. El vehículo debía andar, pues, a la velocidad normal de cualquier peatón de paseo con su familia.[5]

El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en los Estados Unidos coincidió con los primeros intentos de inventores alemanes y franceses de construir automotores. Por último, Gottlieb Daimler patentó en 1887 el motor de combustión interna, capaz de desarrollar grandes velocidades, y Rudolph Diesel inventó en 1894 un motor apropiado a los transportes pesados por carretera o rieles. Mientras tanto, el norteamericano George B. Selden, después de quince años de esfuerzo (1895), y sus compatriotas Charles E. y Frank Duryea (1892-1893) fabricaban los primeros automóviles.

Orgullosa del poder de su red ferroviaria, dentro y fuera del territorio nacional, Gran Bretaña recelaba del automotor. Tuvo que vencer muchas hostilidades, sobre todo de las empresas ferroviarias, Frederick R. Simms al fundar en 1897 el Automobile Club of Great Britain and Ireland, con el objeto de proteger a los automovilistas y oponerse a la legislación represiva del automovilismo. El Club, a su vez, organizó en 1901 una especie de sindicato, Motor Union, de propietarios y conductores de los nuevos vehículos. En enero de 1904, el Parlamento inglés aprobó una ley, la Motor Car Act, que prácticamente barría los automotores de los caminos de Gran Bretaña. Por la menor infracción, en particular por excesos de velocidad que hoy harían reír al más prudente de los choferes, se cobraban multas exorbitantes o se decomisaban los coches. Pero al fin triunfaron los pioneros y Gran Bretaña se decidió a fabricar automóviles de alta calidad y para un mercado restringido; su producción en 1912 fue apenas el 5 por ciento de la de los Estados Unidos, ascendiendo en 1938 al 18 por ciento.

La expansión del transporte automotor trajo a Gran Bretaña otra dificultad adicional: si su riqueza en carbón impulsó al ferrocarril, su falta de petróleo la obligó a importarlo del Medio Oriente y Venezuela. Al entrar a la era del petróleo perdió el poder que la llevó a la cumbre cuando el carbón reinaba sin rival. En cambio, le resultó fácil y conveniente aceptar la tracción eléctrica en el ámbito urbano y suburbano (tram, tramway, etcétera, de superficie o subterránea) en reemplazo de la tracción a caballo, pues lejos de competir con el ferrocarril, lo complementaba y también dependía del carbón. El tranvía eléctrico, exhibido en la Exposición Industrial de Berlín de 1897 por el ingeniero alemán Werner von Siemens, fue difundido a las principales ciudades de Asia, África y América Latina, por empresas inglesas.

Este paréntesis al análisis del problema del transporte en la Argentina era indispensable para descubrir las intenciones que se ocultaban detrás de las cláusulas secretas del Pacto Roca favorables al monopolio de las compañías británicas. Veamos ahora cómo se manifestó en nuestro país, a través de la injerencia de esas compañías, la defensa del arcaico sistema de ferrocarriles y tranvías frente al avance del automotor.

El descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, el 13 de diciembre de 1907, alarmó a tal extremo a los directorios londinenses de las empresas ferroviarias que enviaron a Buenos Aires emisarios con la orden de acaparar los yacimientos a cualquier precio. Podría pensarse que Gran Bretaña, carente de ese combustible, veía la oportunidad de poseerlo en un país donde gozaba de tradicional influencia. No era así. La Argentine Gulf Oil Sindicate Ltd. se fundó con capitales de accionistas de los ferrocarriles no para explotar a los yacimientos, sino para impedir que los explotara el Estado argentino o los consorcios norteamericanos. Llegó a disponer de 81 000 hectáreas de campos petrolíferos. Y pagaba mil libras mensuales a la compañía Golfo San Jorge para que respetara la virginidad de los pozos.

Gran Bretaña prefería reexportar a los países del Plata el petróleo del Medio Oriente y Venezuela, antes de extraer el de los yacimientos de la Argentina (que abarcan los dos tercios del subsuelo nacional), en beneficio de nuestro autoabastecimiento y de su propio abastecimiento. La primera revolución industrial, la de las máquinas de hilar y tejer, del vapor, de las vías férreas y del sistema de factorías, se había hecho conservadora. Agonizaba en los brazos de las empresas ferroviarias y tranviarias.

La telaraña del riel no evitó en la Argentina, sin embargo, la construcción de caminos (aunque fuera a distancia prudencial de las estaciones para no restar cargas a los ferrocarriles) y la expansión de los camiones, ómnibus y colectivos (hijos estos últimos de la iniciativa popular, como medio de resolver las dificultades de los transportes, provocadas por el estancamiento del sistema británico de locomoción). El complejo automotor-camino-petróleo quebraba el monopolio ferroviario inglés, creaba las bases de una infraestructura nacional de comunicaciones y desataba las rivalidades entre el imperialismo británico (dueño de ferrocarriles, tranvías y subterráneos) y el imperialismo norteamericano (proveedor de elementos al tráfico automotor). Nuestras compras a los Estados Unidos de automotores, máquinas y otros bienes de capital originaron dificultades cada vez más graves a los gobiernos argentinos, por falta de medios de pago o de exportaciones que compensaran esas compras. El paralelismo de las producciones agropecuarias de la Argentina y los Estados Unidos, y las medidas proteccionistas dictadas por Washington en perjuicio de nuestras carnes, no consentían una corriente exportadora importante.[6] En un régimen de libertad de cambios en el mercado mundial hubiéramos podido cubrir el déficit del intercambio con los Estados Unidos con divisas resultantes del comercio con otros países, pero como ese régimen no existía y el gobierno inglés declaró la inconvertibilidad de la libra, el dólar se erigió, a través de la trampa del gold-exchange standard, en el fetiche universal ante el cual el peso rindió tributo de servidumbre.

De una apreciación demasiado objetiva de las relaciones angloargentinas en la época justista podría inferirse que Argentina disponía de posiciones de fuerza frente a Gran Bretaña, pero esa apreciación no cuenta el condicionamiento subjetivo y los intereses creados por un imperialismo que modeló la corriente exportadora dominante en nuestra economía y poseía puntos de apoyo decisivos en los factores determinantes del poder. Los negociadores ingleses sabían sacar ventajas de la falta de confianza de nuestros gobernantes en la razón y la fuerza de la causa del propio país o de los compromisos directos o indirectos que los apocaban cuando debían defender los intereses que se les habían confiado.

En 1931, los directores, gerentes y abogados de las empresas ferroviarias británicas se quejaban en un extenso memorial de que

«para los camiones y ómnibus todas son franquicias, mientras que para los ferrocarriles todas son restricciones»,

y aseguraban que

«lo esencial es la coordinación»,

es decir, sin eufemismos, la absorción del transporte automotor privado de pasajeros (ómnibus y colectivos de propietarios particulares, sociedades y cooperativas de capital nacional) por el grupo monopólico inglés.

El gobierno justista se hacía eco de ese petitorio en su mensaje al Congreso del 17 de agosto de 1932. Decía que el transporte

«debe ser disciplinado, por así decir, de acuerdo con el principio de coordinación, que significa colaboración y armonía de los diversos medios que conducen al tráfico normal».

Acompañaba al mensaje el proyecto de ley de Coordinación Nacional de Transporte.[7]

John M. Eddy (director de los ferrocarriles del Sud, del Oeste y del Pacífico y del Banco de Londres y América del Sur) lamentaba que

«la situación de los ferrocarriles fuera de verdadera gravedad, pues han perdido el monopolio de los transportes. […] El 83 por ciento de la disminución de los pasajeros, decía, corresponde al tráfico suburbano, debido a la competencia sin precedentes de los ómnibus y colectivos».

Tenía razón. La Gran Aldea de 18 918 hectáreas había crecido y seguía creciendo más allá de sus límites urbanos hasta configurar el Gran Buenos Aires de 1932, con más de 3 millones de habitantes. Los marrones, casi amarillentos, tranvías del Anglo arrastraban la nostalgia de los uniformes remendados de sus motormen y guardas y de los bigotazos alicaídos de sus inspectores, mientras los verdosos Lacroze habían perdido el prestigio de sus timbres individuales al degenerar en cachivaches atacados del mal de San Vito. Y racimos humanos colgaban de los trenes que en las tres direcciones traían por la mañana y devolvían al atardecer a muchedumbres apelmazadas que a veces traducían en violencia su irritación. Tal era el eje de la «coordinación» que proponía mister Eddy.

Pero el pueblo argentino no opuso la inercia a la inercia del transporte inglés. En 1918 apareció el primer ómnibus a suplir deficiencias imperiales. Diez años después se inventó el colectivo. Las cifras hablan por sí mismas:[8]

Año | Cantidad de pasajeros transportados
| Tranvías | Omnibus | Subterráneos | Colectivos
1922 | 497 417 600 | 2 140 000 | 46 761 900 |
1928 | 576 526 800 | 214 721 000 | 64 862 000 | 1 500 000
1933 | 363 717 732 | 346 756 000 | 72 930 588 | 140 000 000
1937 | 379 326 000 | 430 960 000 | 101 297 000 | 325 000 000

Los ómnibus y colectivos, empresas nacionales que representaban solamente el 16,9 por ciento del total del capital invertido en el transporte urbano, condujeron en 1937 al 61,11 por ciento de los pasajeros. Es significativa la evolución de la cantidad de coches:

Año | Tranvías | Subtes | Omnibus | Colectivos
1932 | 3219 | 199 | 1731 | 1306
1938 | 2717 | — | 1961 | 3004

Debido a la concurrencia del automotor también declinó el número de pasajeros transportados por los ferrocarriles en las zonas suburbanas:

Año | Pasajeros
1930 | 290 016 991
1932 | 260 511 975

Al extenderse las líneas de ómnibus y colectivos al interior del país, los ferrocarriles perdieron, como señalaba Eddy, «el monopolio de los transportes». Este monopolio existía en la Capital Federal desde 1910, cuando la Compagnie Générale de Tranways de Buenos Aires —fundada en Bruselas en 1907 con capitales belgas, alemanes, franceses e ingleses—[9] compró seis compañías de tranvías independientes (La Belga-Argentina, Eléctricos de Buenos Aires, Buenos Aires y Belgrano, La Gran Nacional, La Nueva y La Capital) y las vendió al Anglo-Argentino (La Central, Ciudad de Buenos Aires y Metropolitana), empresa cuyo funcionamiento databa de 1887. La Comisión de Estudios designada en 1931 por el gobierno de Uriburu comprobó que, en la operación de compra-venta, la Compagnie Générale contabilizó a su favor una diferencia —superior al valor total— de 4 801 901 libras esterlinas (46 737 772,75 pesos a la cotización de entonces) que pagó por seis empresas. Podría inferirse que la compañía belga era una sociedad financiera constituida ad hoc para realizar el brillante negocio mencionado, si la fidelidad al secreto comercial no nos vedara el descenso a esas misteriosas profundidades. El Anglo-Argentino, ni corto ni perezoso, no se quedó atrás: en 1909, meses antes de la fusión, aguó su capital en una suma que la Comisión de Estudios estimó en 2 179 975 libras esterlinas (24 960 713,75 pesos siempre de aquella época), además de inaugurar la costumbre de hacer figurar en sus balances inversiones completamente ficticias.

El monopolio del Anglo-Argentino puso punto final a lo que quedaba de tracción a sangre y totalizó los servicios eléctricos de transporte en el radio urbano y en las zonas suburbanas. En 1913 construyó el primer subterráneo: la línea de Plaza Mayo a Primera Junta. Su desarrollo no se detuvo hasta 1922, año en el que condujo al 90 por ciento de los pasajeros y sus inversiones en tranvías y el subterráneo eran el 89,19 por ciento de las totales de los medios de transporte urbanos y suburbanos. A partir de entonces cayó en una abulia de la que sólo salía para pedir aumentos de las tarifas y oponerse a las mejoras de los obreros. Luis V. Sommi descubrió en 1939, al analizar el capital de la empresa, que en los diecisiete años transcurridos no había invertido ni uh centavo en nuevas líneas o en modernización del material rodante. Los coches se caían de viejos y no se reponía a los que se retiraban de servicio; algunas vías se levantaban por antieconómicas.

Fueron también incluidas en la «coordinación del transporte» de la ciudad de Buenos Aires las otras compañías menores siguientes:

Lacroze Hnos. & Cía. Fundada en 1886 con capitales argentinos y absorbida en 1906 por inversores ingleses. Estaba prácticamente en quiebra, con su material rodante tan deteriorado que corría peligro la vida de los pasajeros. De golpe rejuveneció. Con créditos de la General Investement Corporation of Jersey City de los Estados Unidos y la ayuda del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, del Crédito Industrial y Comercial Argentino (cuyo socio principal era el general Justo) y de la firma inglesa Bracht & Cía., construyó el subterráneo de Leandro N. Alem a Federico Lacroze. La operación, con el infaltable aguamiento del capital, resultó un negociado de decenas de millones de pesos.

CHADOPYF. Empresa hispanoalemana, o mejor dicho de la Siemens-Schuker con testaferros españoles. Se constituyó para explotar dos líneas subterráneas (Retiro-Constitución y Diagonal Norte-Pacífico) que construyeron filiales de aquella compañía alemana: GEOPE y Green Buffynies.

Buenos Aires Town and Dock, Tranway’s Company. Esta línea que prestaba servicios en el puerto de Buenos Aires se había vendido antes a un precio que, según la denuncia de Lisandro de la Torre al Senado

«no alcanzó para pagar las deudas y los accionistas no recibieron un centavo».

La compró el Anglo y la hizo figurar con un capital de 10 064 242,09 pesos en las cuentas que presentó al nacer la Corporación de Transportes.

Tranvía Eléctrico del Sur. De capital inglés.

Ferrocarril Terminal. También de capital inglés.

Sommi calcula que del capital de 432 668 605,04 pesos que daban los balances de las seis compañías, 179 097 053,16 pesos eran ficticios, diferencia que reducía el capital real a 253 571 551,88 pesos, y cree haberse quedado corto, porque la CHADOPYF abultó sus inversiones en medida bastante mayor que la comprobada. No tardó en confirmarse el acierto de su intuición: en el reajuste que se hizo durante la presidencia de Ortiz la suma se redujo a 309 millones de pesos, y luego la Comisión de Control, nombrada en 1943 por el gobierno militar, la condensó en 170 millones de pesos, es decir que el capital había sido multiplicado por lo menos dos veces y media.

De acuerdo a la misma fuente, el capital de los ómnibus se fijó en 59 117 895,86 pesos, en parte aguado para favorecer a tres empresas en manos del Anglo (La Satia, La Central y La Metropol) y a otras que aceptaron comprar acciones de la Corporación. A los 7000 dueños de colectivos se les reconoció un capital de 31 121 617,31 pesos, o sea del 5,95 por ciento del total, aunque transportaban el 26,26 por ciento de los pasajeros.

Las empresas británicas tendieron todas sus redes en 1932 con el fin de recuperar el perdido monopolio del transporte ferroviario y urbano, pero como les era absolutamente imposible conseguirlo en el pregonado fair play de la libre empresa, se valieron del gobierno justista para que les asegurara la expropiación masiva y el traspaso a ellas de los medios de transporte nacionales que les hacían la competencia, y les reconociera un capital escandalosamente inflado. Fue un negro proceso de presiones, influencias, negociados y corruptelas. He aquí el telegrama que el embajador argentino en Londres envió a nuestra cancillería un mes antes de abandonar el general Uriburu la presidencia de la República:

«Londres, enero 7 de 1932. A S. E. el señor ministro de Relaciones Exteriores, Buenos Aires, N.º 3. El duque de Atholl me pide que solicite en su nombre respetuosamente del presidente de la República, la interposición de sus buenos oficios para la solución urgente asunto Anglo-Argentino, con la Municipalidad de la Capital, del que el señor Presidente tiene conocimiento. El duque de Atholl expresa asunto debe solucionarse antes que entre en funciones el nuevo Concejo Deliberante. Entiende que el gobierno británico está interesado en la solución satisfactoria del asunto. Malbrán. Es copia.

»Y Ghia. Bs. As., enero de 1932. Comuníquese al Ministerio del Interior. A. Bioy. (Hay un sello)».[10]

Pedidos insolentes, con veladas amenazas del mismo tenor del transcripto, se repitieron hasta lograr introducir la cláusula del Protocolo adjunto al Pacto Roca que hemos citado en el capítulo 27. El informe del ejercicio 1932-1933 de la Compañía General de Tranvías de Buenos Aires, poseedora de la mayoría de las acciones ordinarias del Anglo, es revelador a ese respecto. Dice:

«En el intervalo, la Compañía ha tratado de obtener por lo menos medidas provisorias que impidieran el desarrollo de los factores perjudiciales a su actividad. La presencia en Europa de la misión argentina, dirigida por el doctor Julio A. Roca, vicepresidente de la República, se la aprovechó tanto por la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina Ltda., como por nuestra sociedad, para llamar la atención de las autoridades superiores del país sobre la situación grave de las empresas».

La Compañía obtuvo primero que el gobierno justista aceptara el proyecto de Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires que convenía a sus intereses monopólicos y después que no lo presentara al Concejo Deliberante de la Capital Federal, como correspondía, sino al Congreso Nacional, donde el Poder Ejecutivo pudo disponer de los votos estrictos para su aprobación, gracias al quorum que facilitaron con su presencia en el recinto de la Cámara los diputados opositores (socialistas, demócratas progresistas y radicales disidentes), y a que el doctor José Arce, diputado conservador, viajó en avión desde Chile al solo efecto de decidir con su voto afirmativo la suerte favorable del monopolio.[11] De este modo, por un pelo de ventaja, el gobierno justista logró, en 1936 y 1937, la sanción de las leyes 12 311 y 12 346, que creaban la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes.

El plan inglés, hilvanado en Londres durante las tramitaciones del Pacto Roca, apuntaba al monopolio total de los medios de transporte del país, so pretexto de establecer una «coordinación» entre ellos, que violaba los más elementales principios de la libre empresa. Era indudable entonces, como ahora, que la coordinación de los transportes, en base a un nuevo diseño de la infraestructura nacional dentro de la planificación global de la economía, constituía un imperativo del desarrollo de la Argentina, cuyo estancamiento obedece, entre otras causas, a la vetustez de su sistema de comunicaciones, que fue concebido, en lo fundamental y de mayor peso específico, para una factoría agroimportadora y no para una nación integrada y en pleno despegue a la siderurgia, a la petroquímica y a la producción de medios de producción, como cimientos de una economía propia y de abundancia. La «coordinación» inglesa era la antítesis de la coordinación que la Argentina necesitaba. Conservaba y remachaba una infraestructura que estrangulaba la eclosión y máxima diversificación de las fuerzas productivas nacionales e impedía el progreso armónico y solidario de todas las regiones del país. Transfería a las empresas inglesas el abastecimiento de automotores, carrocerías, cámaras, cubiertas y lubricantes que se importaban de otras procedencias y también que habían dado origen a pequeños, medianos y hasta importantes talleres nacionales, en particular de carrocerías. Aseguraba a los exportadores ingleses de un petróleo que no producía Gran Bretaña una mayor cuota de venta a la Argentina.

El plan era demasiado ambicioso para Gran Bretaña y al extremo expoliador para la Argentina. Superaba los límites de lo posible en la tradicional relación de dependencia. Pedía un precio impagable a cambio de un cupo de exportación del chilled beef, el cual, por otra parte, no tenía competidores. Pero tampoco, y esto colmaba el absurdo de la prospectiva del plan, la que fuera el «taller del mundo» podía cobrar ese precio, pues sus fábricas no estaban en condiciones de satisfacer la demanda de la monumental «coordinación de transportes» proyectada en la Argentina. Habría tenido que reducir su función a la de intermediaria entre la industria automotriz de otras naciones, en primer término la de los Estados Unidos, y las necesidades argentinas, es decir a ampliar a la totalidad del transporte lo que venía haciendo parcialmente con el petróleo. Difícil resulta suponer que los negociadores ingleses no fueran conscientes de la impracticabilidad de su plan monopólico. Su clásico empirismo no compadece con las aventuras quijotescas. ¿Qué se proponían, entonces? La evolución posterior de los términos de las relaciones anglo-argentinas evidencia que buscaban colocarse en las mejores posiciones para vender al Estado argentino un sistema de transportes que el viejo imperialismo estaba incapacitado de renovar. Querían sacar la soga del cuello de empresas sin porvenir, y de paso cerrar el ciclo de explotación con un gigantesco aguamiento del valor de sus bienes que no tendrían otro comprador que el Estado argentino y con la liquidación en masa de los competidores independientes, cuya pujanza debilitaba sus posibilidades de maniobras en el negociado de despedida, cosa que hicieron en todas las colonias y dependencias emancipadas durante el período que John Strachey llama del «desimperialismo inglés».

Antes y después de su sanción, la ley 12 311 fue enérgicamente resistida por los colectiveros con el amplio y activo apoyo de la clase obrera y la solidaridad de la mayoría del pueblo. Sin embargo, con excepción de FORJA, del Partido Comunista, de la izquierda socialista, de algunos sectores del nacionalismo y de las resonantes intervenciones parlamentarias de Lisandro de la Torre, los partidos políticos rubricaron con su voto o el silencio su complicidad con el plan inglés.[12]

Fueron expropiadas las tres cuartas partes de los colectivos mediante intervención judicial; los dueños de la cuarta parte restante vendieron antes sus coches con destino a otros usos o huyeron al interior y eludieron la acción de los Tribunales. Una vez consumado el atropello, el mastodonte capitaleño comenzó a funcionar con mayor torpeza que cuando se llamaba Anglo. Los servicios empeoraron, y después de tanta bulla, la Corporación entró en coma y sus directores volvieron a implorar la ayuda del Estado argentino para que la salvara de la quiebra. Éste fue el presente griego que recibió el 4 de junio de 1943 el nuevo gobierno militar. Por sendos decretos del 1.º y el 13 de julio de ese año (números 1626 y 2414), con las firmas del presidente Ramírez y del ministro Gilbert, se suspendió

«toda tramitación concerniente a nuevas incautaciones de vehículos automotores “colectivos” y “ómnibus” por la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires.

»Considerando: Que la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires no está en aptitud de desempeñar los servicios públicos de transporte a que los vehículos referidos están actualmente aplicados, como lo demuestra el hecho de que no ha habilitado muchas de las líneas y vehículos de que se ha incautado, ello con gran daño de la población que por esa causa está privada de servicios de primera necesidad […] Que, por otra parte, la Corporación no está en aptitud financiera para abonar los vehículos de que se incauta, según resulta del hecho que no ha pagado numerosos coches de que se ha apoderado».

No se extendió el monopolio al interior del país, como lo preveía la ley 12 346 (5 de enero de 1937) que creó la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes, pero el objetivo de esa ley —contrarrestar los efectos de la ley 11 658, del año 1932, que establecía el Fondo Nacional de Vialidad, mediante impuestos a la nafta y los aceite lubricantes— se cumplió en parte: obstaculizar la construcción de caminos en competencia con los ferrocarriles. Es significativo que el número de unidades de automotores descendiera en la República de 435 822 en 1930 a 322 147 en 1933 y que la primera cifra recién se recuperara diez años después.

Las empresas inglesas obtuvieron, en definitiva, una victoria a lo Pirro. Con la «coordinación» monopólica sólo consiguieron proletarizar a los colectiveros y postergar la desaparición de los arcaicos tranvías. Con la oposición al camino y al automotor sellaron su propia ruina, porque paralizaron la expansión de los medios de transporte en general (incluidos los ferrocarriles) y el florecimiento de muchas zonas. Con el control de cambios, regulado de modo de atender exclusivamente las remesas a Gran Bretaña (salvo la suma eventual reservada al pago de deudas de distinta procedencia), dificultaron a la industria argentina el abastecimiento de bienes de capital que las fábricas inglesas no estaban en condiciones de proveer y que no podían adquirirse en otros países por falta de divisas. La decisión de conservar a la Argentina dentro de su ruedo no evitó que en algunos casos, como el de la Unión Telefónica, tuvieran que ceder posiciones a los consorcios norteamericanos.

Para «salvar de la ruina a las compañías inglesas», consigna que el vicepresidente Roca trajo de Londres junto con el Pacto, no bastaba servirles en bandeja de plata el proyecto de monopolio del transporte. Era menester una ofensiva contra los salarios obreros. Haber defendido el nivel de vida de los trabajadores del riel —como haber propuesto la reestructuración y la ampliación de los servicios de transportes sobre bases nacionales— fue el principal motivo del resentimiento de las empresas ferroviarias inglesas hacia Yrigoyen, con el cual, por otra parte, nunca hicieron buenas migas. Durante los dos gobiernos yrigoyenistas, los obreros ferroviarios obtuvieron en sus salarios aumentos de 55 a 100, 150 a 200 pesos y conquistaron la estabilidad mediante los escalafones. Dejaron de ser «obreros golondrinas».[13] Yrigoyen impuso a las empresas, por decreto del 17 de diciembre de 1929, la concesión de la licencia anual para el personal de talleres y almacenes, y por decreto de marzo de 1930 la obligación de entablar negociaciones con los obreros a los efectos de revisar los escalafones y establecer el salario mínimo, decreto que el gobierno uriburista sepultó en el olvido.

La Confederación General del Trabajo —que nació, como sabemos, durante la presidencia de Uriburu de la fusión de la USA sindicalista con la COA socialista— sirvió a las mil maravillas a los dos objetivos del plan inglés: monopolio del transporte y sacrificios a los obreros. Aunque por el acta del 27 de setiembre de 1930 se comprometía a ser

«independiente de todos los partidos políticos y agrupaciones ideológicas»,

y explicaba su existencia por la necesidad de defender a las organizaciones sindicales de los ataques de la dictadura y de la amenaza de implantación de un régimen corporativista, se oficializó al brindar en carta pública su adhesión a

«la obra de renovación administrativa del gobierno provisional» y a «su acción de justicia institucional y social»,

y aprobar

«la vigencia de la ley marcial para asegurar la tranquilidad pública».

Durante la era justista también apoyó al gobierno. No defendió a los obreros ferroviarios de la amenaza de 6000 cesantías, de los prorrateos y descuentos en los salarios, y de la represión interna desatada para malograr las luchas reivindicadoras. Mientras el personal del riel bregaba por el mantenimiento y la mejora de su nivel de vida, los dirigentes cegetistas Domenech, Tramonti y Cía. decían con máximo cinismo:

«Nuestro interés está perfectamente ligado al de las empresas».

Estaban en la trampa del plan inglés y del Pacto Roca, lo mismo que los directivos de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Una nota «confidencial» enviada a los gerentes por el presidente de la Comisión Asesora de los Ferrocarriles, el 9 de mayo de 1933, comienza así:

«Con motivo de la próxima celebración de los congresos anuales de las sociedades La Fraternidad y la Unión Ferroviaria y los resultados obtenidos en las gestiones realizadas a raíz de la última presentación de las empresas sobre economías en los sueldos y salarios, conceptuamos de interés una vista general de la situación obrera en los FFCC y nos permitimos ofrecer a Ud. los siguientes informes y consideraciones sobre el particular:

»En general, las relaciones de las empresas con las sociedades referidas, individual y colectivamente, se han desarrollado normalmente.

»En algunas empresas se produjeron conflictos locales, puramente seccionales, al levantarse el estado de sitio decretado por el gobierno provisional, pero esos movimientos no tuvieron mayor trascendencia. Posteriormente, y a raíz de los conocidos acontecimientos políticos del año pasado, el estado de sitio, que indudablemente es un obstáculo para demostraciones injustificadas de carácter extremista, fue decretado por el gobierno, manteniéndose en vigor hasta principios del mes actual».[14]

De las palabras transcriptas se infieren: a) las buenas relaciones de las empresas ferroviarias inglesas con los dirigentes de la CGT, de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria y b) la estrecha relación de las dos declaraciones del estado de sitio (la de Uriburu y la de Justo) con el aplastamiento de las luchas de los obreros del riel por sus reivindicaciones inmediatas.

La nota de los gerentes explicaba las gestiones realizadas ante el gobierno justista para «implantar economías» en los ferrocarriles. Decía que el personal de locomotoras «aceptó» contribuir con la disminución del 8,5 por ciento aproximadamente de sus salarios, mientras que el personal representado por la Unión Ferroviaria «aceptó» el sacrificio del 3,5 por ciento al 8 por ciento de sus ingresos y un variable prorrateo en el trabajo. Sin embargo, pese a la «espontaneidad» de esos «renunciamientos» hubo protestas y, según la misma nota, la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria se veía en figurillas para sostenerse.

En un memorándum titulado Las organizaciones gremiales en la Argentina, incluido en el mismo folleto y redactado por el Instituto de Estudios Económicos del Transporte (financiado por las empresas ferroviarias inglesas), se lee que la CGT, cuyo núcleo principal lo formaban los ferroviarios socialistas de la coa, se había diluido

«hasta adquirir un tinte acentuadamente colaboracionista, caracterizándose sus dirigentes por su espíritu predispuesto a aceptar las sugestiones hechas por el gobierno en materia de política social y aun sindical».

Después de explicar que los dirigentes,

«con la excusa de las circunstancias anormales por que atraviesa el país se instituyen en autoridades de hecho»,

añadía:

«La Comisión Directiva ha permanecido del lado de la acción gubernamental, apoyando las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia de salarios, del gremio de ferrocarriles, y las de su reglamentación del trabajo de los telefónicos y tranviarios, a pesar de haber sido resistidas, y en algunos casos violentamente repudiadas, por los afiliados a dichos sindicatos».[15]

Los dirigentes de la CGT carecían de poderes otorgados por la masa de afiliados y, como se negaban a convocar a un Congreso, actuaban a simple título de delegados de las dos centrales fusionadas (la USA y la COA). Su origen era, pues, tan fraudulento como el del gobierno justista.

En los años 1931 a 1933 las empresas ferroviarias dejaron cesantes a 9000 obreros. El personal de Buenos Aires Oeste denunciaba en un volante que las ganancias del ejercicio 1930-1931 superaban en un millón de pesos a las del anterior, y mientras los empleados argentinos percibían salarios de hambre, los oriundos de Gran Bretaña cobraban grandes sumas.

El gremio ferroviario se negaba a aceptar los «sacrificios» que se le imponían. Quería ir a la huelga. El país se poblaba de rumores y todos los días se anunciaban conspiraciones. Una formidable silbatina saludaba la presencia del general Justo en el Hipódromo. Sin embargo, el 1.º de setiembre de 1934 se comenzó a aplicar el prorrateo, las contribuciones y los descuentos. La Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria intervino las secciones Rosario (FCCA, actualmente Ferrocarril Nacional General Mitre) y Buenos Aires (FCO, actualmente Ferrocarril Nacional General Sarmiento) y pidió que las fuerzas armadas reprimieran el gran movimiento del ferrocarril Compañía General Buenos Aires, que escapaba a su control.

Las empresas respondieron a la lucha de los ferroviarios con mayores exigencias. En la reunión del 21 de setiembre de 1934 con los dirigentes sindicales propusieron

«transformar el prorrateo en rebaja efectiva y permanente».

Era una maniobra destinada a exagerar las pretensiones y preparar el arbitraje del presidente Justo, que se concretó en el Laudo del 23 de octubre del mismo año.

El artículo 3.º del Laudo decía para dorar la píldora a los obreros que

«no podrá haber utilidad distribuible a los accionistas, mientras no sea posible la devolución total de las retenciones de referencia».

Como las empresas negaban tener dividendos a distribuir, los obreros nunca volverían a ver los descuentos de sus salarios.

Los dirigentes de las dos centrales ferroviarias fundaban su solidaridad de esos años con el gobierno justista en dos razones:

«1) No introducir un factor de perturbación en las negociaciones que en aquellos momentos llevaba a efecto en la capital británica el Excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, doctor Julio A. Roca, que resultaran beneficiosas para todos y 2) A que el estado de conmoción que flota en el ambiente político del país por los acontecimientos conocidos no tenga un nuevo aporte por medio de un conflicto de consecuencias».

La resistencia al Laudo, y las huelgas de los obreros de la construcción y de la madera, provocaron una crisis en la CGT y la destitución del Comité Central Confederal, el 12 de diciembre de 1932, por los dirigentes de los principales sindicatos (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Empleados de Comercio, Unión Tranviarios, Unión Obreros Municipales y Trabajadores del Estado). A la semana siguiente el periódico de la CGT justificaba el cambio diciendo que

«se había perdido hasta la más elemental noción de respeto por quienes, representando a los verdaderos núcleos organizados de la Central Obrera, se veían hechos a un lado por la imposición de una minoría audaz, que no siendo nada de la CGT, disponía de todo, en virtud de contar en el seno del CC Confederal depuesto, con una mayoría de miembros que estaban muy lejos de ser la expresión de la realidad».

La situación de los obreros del riel no mejoró con el «golpe de estado» cegetista. El Instituto de Estudios Económicos del Transporte informaba a las empresas que Antonio Tramonti, dirigente de la Unión Ferroviaria,

«cuenta con resortes suficientes para provocar una escisión en los sindicatos ferroviarios a fin de lograr el debilitamiento de los que sigan a la nueva Comisión Directiva».[16]

Aunque Domenech y otros dirigentes de la CGT y de los sindicatos ferroviarios se lamentaron después de

«haber sido sorprendidos en su buena fe»,

los prorrateos y rebajas de salarios siguieron aplicándose. El estallido de la Segunda Guerra Mundial les proporcionó un nuevo argumento que expusieron en la taimada circular 27: «otros gremios están peores» y había llegado la hora de sacrificarse por la «causa democrática» de Gran Bretaña y sus aliados.

Así se llegó al año 1940. Las empresas ferroviarias no habían renunciado a su plan de monopolio del transporte de toda la República. Sabían que el tierno jugaba en su contra. Cada día se debilitaba su capacidad de negociación frente a un país que, a pesar de la política agro-importadora de sus gobiernos, desarrollaba fuerzas productivas que desbordaban el molde dentro del cual les pretendía comprimir la telaraña del riel diseñada a fines del siglo pasado para una factoría agrícologanadera. En el haber de la cuenta de la Argentina en el Banco de Inglaterra se acumulaban, año tras año, libras esterlinas que el gobierno de Su Majestad no podía pagar, pero que de alguna manera debía saldar al concluir la guerra. Apremiadas por la nada halagüeñas perspectivas de una paz que coronaría de laureles al viejo león inglés, pero que sería la extremaunción de su imperio colonial, las cuatro empresas ferroviarias inglesas —Sud, Central Argentino, Oeste y Pacífico— y sus líneas subsidiarias encomendaron al doctor Federico Pinedo, ex y futuro ministro de Hacienda, la redacción de un Plan de Nacionalización de los Ferrocarriles Particulares vinculado al Plan de Reactivación Económica, que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso.

El Plan proponía la formación, bajo tutela del Estado argentino, de una Corporación de Ferrocarriles o Nueva Corporación con las siguientes características:

Sería una sociedad anónima por acciones sin valor nominal determinado, que recibiría todos los bienes de las empresas británicas, a cambio de hacerse cargo del pasivo privilegiado de 131 496 598 libras esterlinas, entre obligaciones y capital garantizado y acciones preferidas.

El capital de las empresas que se incorporaba a la Nueva Corporación se calculaba en 240 279 284 libras esterlinas, o sea 3610 millones de pesos moneda nacional, al cambio de 15 pesos la libra.[17]

Las acciones de la Nueva Corporación se dividirían en dos clases: «A» que se adjudicarían a las antiguas empresas británicas en proporción al 70 por ciento del patrimonio de la entidad y «B» que se entregarían al Estado argentino en proporción al 30 por ciento de ese patrimonio. En la misma proporción se elegiría el directorio.

De las ganancias líquidas se separarían, en primer término, 36 millones de pesos anuales para distribuirse entre las empresas británicas en proporción a su tenencia de acciones «A» y luego 18 millones de pesos para el gobierno argentino.

El Estado argentino garantizaría a la Nueva Corporación un interés del 4 por ciento, más ½ de amortización acumulativa, sobre las 131 496 598 libras, convertidas en «debentures».

El Estado argentino renunciaba a todas las rebajas de tarifas a su favor, calculadas en 13 800 000 pesos.

El Estado argentino renunciaba a toda fiscalización efectiva de las actividades financieras.

Las ganancias dependerían de «la voluntad del Estado argentino» de conceder aumentos de tarifas y, como vemos en el punto 4, sólo obtendría parte de las ganancias una vez satisfecho el interés de las empresas.

Quedaba eliminada toda competencia.

No se decía una palabra sobre ajuste de tarifas.

A los 60 años las empresas ferroviarias pasarían a poder del Estado, mediante el rescate de las acciones por un fondo de amortización que se crearía con las ganancias.

El Plan no se nacionalizaba, en realidad, más que el pasivo privilegiado de las empresas. Al Estado argentino se le concedía un tercio de intervención minoritaria en el reparto de acciones y en el directorio, a cambio de poner el sello nacional y comprometer la garantía nacional al monopolio inglés de los ferrocarriles. No tuvo éxito este proyecto de nacionalización sui géneris, por el cual el doctor Pinedo confesó haber cobrado de honorarios 10 000 libras esterlinas.

De las propuestas de nacionalización o de sociedades mixtas, que en esa década las empresas inglesas de transporte hicieron al gobierno argentino, se infiere:

el debilitamiento de las posiciones de dichas empresas, debido a la competencia del transporte nacional y a las nuevas necesidades de una economía en proceso de diversificación; y

el agotamiento del antiguo sistema concesionario de los servicios públicos, en las condiciones del monopolio libreempresista integral.

Bajo la aparente fortaleza que engañaba a algunos escritores fervorosamente nacionalistas de la época, la decadencia del imperialismo inglés abarcaba la totalidad de sus intereses en la Argentina, entre ellos a ramas anexas del transporte ferroviario como los puertos y la navegación marítima y fluvial.

De las diez empresas extranjeras que en 1937-1939 poseían concesiones portuarias, siete eran compañías de ferrocarriles.[18] Las habían obtenido a fines del siglo XIX por 40 a 99 años o por tiempo indeterminado. Es conocida la frase despectiva, publicada en los diarios de 1928, del presidente de la más importante empresa inglesa de navegación:

«No se ocupe la Argentina del transporte. Ocúpese de producir materias primas, pues de lo otro, nos encargaremos con eficiencia nosotros».

Todos los proyectos de creación de la Flota Mercante del Estado —desdé el de Estanislao Zeballos en 1912 hasta los de Hipólito Yrigoyen— se malograron por las intrigas de las empresas británicas. La flota de Mihanovich, con sus 200 000 toneladas (el 80 por ciento del tonelaje del país), arrió sus banderas ante la City londinense.

Buenos Aires daba la impresión de ser la capital de un virreinato de los inversionistas europeos protegidos por el gobierno de Su Majestad británica. El virreinato contaba con fieles servidores. Manuel Quintana, Victorino de la Plaza, José Figueroa Alcorta y Roberto M. Ortiz ascendieron de abogados de los ferrocarriles a presidentes de la República.[19] Otros abogados de las empresas inglesas se ubicaron al frente y en altos cargos de los ministerios (de Obras Públicas y de Hacienda, principalmente), en el Poder Judicial, en el Congreso y en los gobiernos provinciales y territoriales. Daban color local en los directorios anglosajones de frigoríficos, ferrocarriles, bancos, compañías de seguros y otras empresas extranjeras, los apellidos de catedráticos, jurisconsultos, políticos e invernadores oriundos del país y devotos fanáticos de la «religión de la Libertad» con los ritos de la democracia representativa parlamentaria y polipartidista. Pero no todo era opacidad deprimente en la República sin patria del patriciado liberal. Profundas y vitales corrientes bullían abajo en busca de la salud popular y de la grandeza nacional que el régimen les negaba.

CAPÍTULO 32
LA INVASIÓN DE LOS MONOPOLIOS

Según cálculos de la revista Veritas, las inversiones del capital extranjero en la Argentina sumaban en 1938 alrededor de 800 millones de libras esterlinas —repartidas en 67 por ciento inglesas, 21 por ciento norteamericanas y 12 por ciento de otras procedencias—, que al cambio nominal de 11,45 pesos por libra esterlina equivalía a 9160 millones de pesos, o sea unos 700 pesos por habitante de la República. Era una de las relaciones más altas del mundo entre las inversiones extranjeras y el número de habitantes. Si comparamos esos 9160 millones de pesos con los 4313 millones del activo industrial del país, no incluido el transporte (Censo de 1935), y con los 6000 millones del activo del Estado, tendremos la expresión numérica de la cuota de nuestra dependencia economicofinanciera de los monopolios extranjeros, durante la cuarta década de este siglo.

El análisis por separado de cada rama de la invasión monopólica nos permitiría luego inducir un juicio sintético sobre ese período clave de la contemporaneidad argentina.

1. Petróleo

Poco después de la Primera Guerra Mundial cundió el pánico en los Estados Unidos acerca del porvenir de sus reservas de petróleo. Estimaciones empíricas, tal vez puro invento de la Standard Oil que instaba al gobierno a que prohibiera las exploraciones y explotaciones independientes, daban por seguro que no tardarían en agotarse las existencias norteamericanas del precioso combustible, con las consecuencias catastróficas para el país que eran de imaginar. Durante la presidencia de Calvin Coolidge (1923-1929) se aplicó, a través del Instituto Federal de Conservación del Petróleo, dirigido por los secretarios de Estado, Guerra, Marina y Comercio, una política que, por una parte, restringía los permisos de explotación de nuevos pozos y, por la otra, estimulaba las inversiones petroleras en el exterior. Como la ley de Conservación de Petróleo y Utilización de Hidrocarburos, la intervención de las autoridades para contener la producción, la obligación de cesar el trabajo veinticuatro horas a la semana y otras medidas no daban mayor resultado, los gobernadores de los estados de Texas y Oklahoma, principales productores de petróleo del país, ordenaron a las tropas ocupar los yacimientos y paralizar la explotación. El gobernador del primero de los estados mencionados, Y. R. S. Sterling, declaró el 17 de agosto de 1931 la ley marcial y otorgó plenos poderes al brigadier general J. F. Wolters para que clausurara todos los pozos.[1] Esa política se tradujo en las siguientes cifras:

Producción de petróleo de los Estados Unidos
(en millares de barriles)

1929 | 1 907 323
1930 | 898 011
1931 | 850 275
1932 | 785 305

No obstante el aumento del consumo en esos cuatro años, la producción interna descendió casi el 60 por ciento. Se estaba cumpliendo el plan monopólico de disminuir la extracción a alto costo de los Estados Unidos y aumentarla en los países a bajo costo. Exento de enajenantes prejuicios libreempresistas, el monopolio desterró de los dominios del petróleo, en el país modelo de la libreempresa, a los ingenuos que esperaban llegar a ser, por medio de ella, los nuevos Rockefeller.

A Gran Bretaña no le fue necesario inmolar, dentro de sus fronteras metropolitanas, los principios de su liberalismo clásico. Tenía en su territorio tan poco petróleo que en 1938 la producción interna apenas alcanzó a 100 toneladas.[2] Aplicó su heterodoxia, también clásica, a la conquista de yacimientos en otras latitudes y allí chocó y tuvo que pactar con los consorcios norteamericanos. Los rivales sellaron en 1928 el acuerdo Achnacarry entre la Standard Oil, la Anglo Persian y la Royal Dutch, que se renovó en 1930. El inglés Kessler, director de la Royal Dutch, dio en setiembre de 1931 las bases del

«acuerdo de conservación mundial, por el cual la producción total del mundo se reduzca a una cifra inferior al consumo, de suerte que uno pueda conservar sus reservas para el porvenir y achicar los stocks, con lo que mejorará el nivel de precios en forma considerable.

»La capacidad potencial de producción se mantendrá superior al consumo mundial y, en consecuencia, cada miembro de tal plan de conservación podrá darle fin en cualquier momento con sólo abrir los pozos».[3]

La previsión del porvenir se combinaba con las máximas utilidades inmediatas.

Merced a esa política, la Standard Oil de New Jersey, la Royal Dutch (Shell) y la Gulf Oil Company hicieron que Venezuela ocupara, a partir de 1928, el segundo lugar como país productor de petróleo en el mundo, lugar que conservó hasta ser desplazada en 1961 por la Unión Soviética; y esas y otras empresas penetraron en los ricos yacimientos del Medio Oriente, una vez que los directores ingleses de la D’Arcy Exploration Company convencieron a los gobiernos de la región del milagroso poder multiplicador de riquezas que tenía al aplicarse el principio muy liberal de open door.

La política petrolera imperialista que acabamos de resumir no se exteriorizó totalmente en nuestro país antes de 1930. Al apuro de las empresas ferroviarias británicas por paralizar la explotación de nuestros yacimientos, al enterarse del descubrimiento de 1907 en Comodoro Rivadavia, según vimos en el capítulo anterior, siguió un período durante el cual, si bien no se completó el autoabastecimiento nacional de petróleo, se pusieron barreras a la intrusión de la Standard Oil. Gran Bretaña optó por alentar las resistencias del Estado argentino a la penetración petrolera norteamericana, mientras en el transporte, en el comercio de carnes y en el sistema bancario se inclinaba por un capitalismo monopolista mixto con el Estado argentino oficiando de socio menor y protector de las empresas británicas, fórmula que trató de llevar a la práctica mediante el Pacto Roca. Pero su solidaridad tácita o expresa con el nacionalismo petrolero argentino no iba más allá de la impugnación de la Standard Oil y de ninguna manera se avenía a la idea de que conquistáramos el autoabastecimiento. Nuestra producción de petróleo no se regulaba por las posibilidades de aumentar la extracción hasta cubrir las necesidades crecientes del consumo interno; se regulaba de acuerdo al cupo de importaciones (reexportaciones de otros países) inglesas de ese combustible, al que se hacía corresponder un déficit equivalente del abastecimiento de fuentes nacionales.

En su mensaje al Congreso de 1911, el presidente Roque Sáenz Peña, que acababa de rechazar una propuesta de explotación de los yacimientos de Comodoro Rivadavia presentada por la Standard Oil, decía:

«El beneficio que para el país representa en cifras, la sustitución del combustible extranjero importado (carbón) por el combustible nacional (petróleo), está representado por lo que actualmente desembolsa el país para proveerse del primero. Las nuevas y legítimas exigencias de la economía social y financiera, no pueden detenerse por el solo peligro de la incapacidad del Estado para llenar sus fines, mientras no se demuestre antes la ineptitud de sus agentes para sacrificar su comodidad particular al interés común y para hacer efectiva la responsabilidad que compromete este olvido de su misión y de sus deberes».

Más de medio siglo después no se ha logrado la sustitución completa del combustible importado por el combustible nacional, ni aun dentro de la esfera del petróleo. La presión de los intereses agroimportadores ha impedido que desaparezca de la nómina de nuestras compras al extranjero un rubro que cubre en apreciable medida el pago de nuestras exportaciones de carnes y cereales.

No caben dudas de la relación existente en el pasado entre el déficit de los abastecimientos nacionales de combustible y la interferencia de las empresas ferroviarias inglesas. Éstas, por otra parte, se negaban a reemplazar el carbón que importaban de Gran Bretaña por el petróleo de los yacimientos argentinos, a pesar de las exitosas experiencias que se hicieron en 1908 con locomotoras del Ferrocarril del Sud, acondicionadas al efecto. Más tarde, cuando el desarrollo del transporte automotor y de la industria hizo indispensable el consumo en gran escala de petróleo y la producción de los yacimientos del país, metida en el cepo de la ecuación del coloniaje (carnes + cereales = combustibles), no cubría las necesidades internas, los ingleses agregaron a las importaciones de carbón de sus minas, las de petróleo de los pozos de Venezuela y Medio Oriente.

Raúl Scalabrini Ortiz observó que el ingeniero Luis A. Huergo, primer presidente de la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia —creada a iniciativa del ministro de Agricultura, doctor Eleodoro Lobos, por decreto del 24 de diciembre de 1910—, era tan enérgico crítico de la Standard Oil como apasionado admirador de los empresarios ingleses, con quienes había colaborado en la construcción de líneas férreas.[4]

YPF, el monopolio estatal fundado por decreto del presidente Yrigoyen del 3 de julio de 1922, nació de una doble inspiración: la del gobierno nacionalista popular y la del sector militar que profesaba el nacionalismo económico. El encuentro, aun a través de mediaciones y eventualidades, entre el nacionalismo popular y una corriente con autoridad dentro de las fuerzas armadas que luche por la autodeterminación económica nacional, siempre fue fecundo en creaciones de esa trascendencia. Quienes, desde las izquierdas, no veían más que una Argentina enajenada en su integridad funcional al imperialismo extranjero y, por lo tanto, un país de granítica conformación semicolonial o dependiente, al que habría que demoler para construir otro nuevo, extraían de la inercia de tal fotografía de una realidad dinámica, inercia no abonada por la experiencia ni ajustada a la dialéctica universal de las contradicciones, la tesis que de los gobiernos e instituciones militares que surgían de la estructura existente de la sociedad argentina no podía esperarse más que una política de absoluta obsecuencia hacia la oligarquía agroimportadora y los centros extranjeros de poder. Si Yrigoyen era un «fascista» al «servicio del imperialismo inglés o del imperialismo yanqui», al compás de la volubilidad de la caracterización siempre peyorativa, y las fuerzas armadas una totalidad reaccionaria sin remedio, YPF debía ser de la raza de sus padres. Como la sabiduría del tiempo probó lo contrario, resultó, a la inversa, que la nacionalización del petróleo y otras nacionalizaciones, vilipendiadas a su hora por las izquierdas delirantes, fueron la obra de corrientes emancipadoras que se manifestaron en las esferas gubernamentales y militares. Sin embargo, la limitación de su origen burgués, y su inmersión en una estructura general con el sello de dependencia de la economía agroimportadora, restaron energías a YPF para resistir al trabajo de zapa de los enemigos de nuestro autoabastecimiento de petróleo. La conformación semicolonial o dependiente de la Argentina era internamente contradictoria y no granítica, dinámica y no inerte, y en ella se generaban los nucleamientos antitéticos que tendían a sustituirla por la conformación independiente de un país en pleno despliegue de sus fuerzas productivas, pero esos nucleamientos, vástagos de aquellos sectores de la burguesía y la pequeña burguesía donde maduraba la conciencia nacional, fueron vencidos o claudicaron al no contar con la movilización masiva de una clase obrera dividida ideológica, política y organizativamente, y trastornada por influencias que la apartaban de los caminos reales y concretos de la revolución emancipadora argentina.

La ambivalencia de la actuación batalladora e insegura del general Enrique Mosconi como primer presidente de YPF (lo nombró el 17 de octubre de 1922 el doctor Tomás Le Bretón, ministro de Agricultura del presidente Alvear) ejemplifica el vigor del acondicionamiento ideológico, político y social al que son sometidos el funcionario, el gobernante y el militar por el medio en que actúan y del cual no pueden sustraerse sin el cambio revolucionario que lo destruya. Un político, que aceptó conscientemente ese acondicionamiento, después de haber estado formalmente en contra, para abrirse paso al poder a cualquier precio, el doctor Arturo Frondizi, describió con exactitud, antes de pasar él mismo por la experiencia presidencial, los zigzagueos de Mosconi.[5]

Mosconi asumió la conducción de YPF con la idea del nacionalismo integral en materia de petróleo. Modificó esa opinión en 1925 y propuso, en consonancia con el sistema de la Anglo Persian, la sociedad mixta del Estado con las empresas extranjeras. Volvió a su proyecto inicial en 1928-1930 al expresar que

«no queda otro camino a adoptar que el monopolio del Estado; pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio […] sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en lucha comercial las organizaciones del capital privado»,

y subrayaba que para defender a los yacimientos argentinos de las acechanzas de los consorcios extranjeros se requería

«una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados concordantes o no con los intereses colectivos, pero sobre todo hace falta un poder político capaz de contener todas las fuerzas opuestas».

Renunció Mosconi a la presidencia de YPF a los dos días del golpe militar que derrocó a Yrigoyen. Horas después el gobierno uriburista lo detenía e incomunicaba, junto a los generales Baldrich y Toranzo, y disponía que se investigara la contabilidad del ente fiscal en búsqueda de hipotéticas faltas en la aplicación del presupuesto. Recordemos que el presidente y el vicepresidente de la República, el secretario general de la presidencia y cinco ministros estaban vinculados a la Standard Oil.

Al circunscribir su nacionalismo (y su antiimperialismo) a la esfera específica de YPF, Mosconi perdía de vista que la economía orientada en lo determinante a la agroexportación subordinaba la totalidad del país al plan del imperio inversor y comprador-vendedor, y que la aplicación de ese plan era la causa de la deficiencia de la producción argentina de petróleo. Comprendió el peligro de ceder ante la presión de la Standard Oil, pero no percibió los alcances del Pacto Roca. Al contrario, en 1936 volvió a condescender —como mal menor debido a las dificultades que se oponían al monopolio estatal completo— con los partidarios del «monopolio mixto» y daba de ejemplo

«la reciente y discutida ley de la Coordinación del Transporte» que podría «constituir una base o un antecedente de lo que en materia de petróleo se debe hacer en defensa de los intereses nacionales».

La extensión al petróleo del sistema monopólico mixto impuesto al transporte por el Pacto Roca, es decir el ingreso de empresas inglesas a una sociedad con YPF habría mantenido o agravado el déficit de la producción petrolera nacional, pues ese déficit provenía, repetimos, no de la falta de yacimientos o de la incapacidad de YPF para explotarlos, sino de que Gran Bretaña no estaba dispuesta a renunciar a la cuota de importación de combustible (carbón, petróleo) con que pagaba las compras de carnes y cereales. En apariencia, adquiríamos petróleo extranjero, porque el nacional no alcanzaba a satisfacer la demanda del mercado interno; en realidad, producíamos menos de lo necesario, porque para conservar la ecuación agroimportadora Gran Bretaña nos vendía la diferencia. El «monopolio mixto», al que se sentía inclinado Mosconi en tiempos del Pacto Roca, equivalía a otorgar al imperialismo británico un control más directo y absoluto del que tenía sobre la explotación y el comercio de combustibles en el país.

Al segmentar el problema nacional argentino, que es uno sólo con múltiples ramificaciones, en compartimientos estancos (agrario, industrial, siderúrgico, transporte, combustible, comercio exterior, cultura, técnica, etc.), tan incomunicados como opuestos entre sí, se sale de la objetividad viva y se entra en una abstracta imagen muerta, y así se elude el enfoque de la solución revolucionaria de conjunto, únicamente en función de la cual tienen solución revolucionaria cada uno y la totalidad de los sectores en permanente interacción mutua. El rechazo o la falta de visión de la totalidad nacional esterilizó los esfuerzos mejor intencionados del radicalismo yrigoyenista. Esto se presenta claro al historiar su política petrolera.

En los debates parlamentarios de los años 1927-1928, ya mencionados, los legisladores yrigoyenistas defendieron la nacionalización del petróleo —y hablaron de extenderla a los frigoríficos, transportes, comercio exterior, etc.— en oposición a los conservadores, antipersonalistas o alvearistas y socialistas. Yrigoyen, a la sazón en abierta lucha contra el presidente Alvear, había reunido a los diputados de su bloque para exponerles la doctrina del monopolio estatal del petróleo, que en la sesión del 3 de agosto de 1927 el diputado Eduardo Giuffra sintetizó en el artículo único del siguiente proyecto de ley:

«a) las minas de petróleo son bienes privados de la Nación;

b) la exploración y explotación de tales bienes se hará exclusivamente por el Estado nacional en todo el territorio de la República;

c) se declaran de utilidad pública y serán expropiadas todas las fuentes de petróleo que hubiesen sido concedidas a particulares por el Estado nacional o los gobiernos de provincia;

d) corresponde al Estado nacional la explotación exclusiva de los transportes terrestres, marítimos y fluviales, destinados a la explotación del petróleo; y

e) el petróleo y sus derivados provenientes de la explotación nacional no podrán ser exportados».[5bis]

De la alarma que el proyecto produjo en los círculos agroimportadores se hizo intérprete el político conservador Matías Sánchez Sorondo al decir:

«No. El país no necesita defenderse de peligros imaginarios, pero necesita defenderse de peligros reales, como son estas leyes inconsultas, revolucionarias, anárquicas. Ayer fueron los alquileres, hoy es el petróleo, mañana será la propiedad rural, amenazada de ser redistribuida. En el fondo la guerra es a la estructura social y se comienza por el ataque de uno de sus fuertes baluartes: el derecho, de propiedad».

El futuro ministro uriburista tenía el mérito de la claridad. Desde su punto de vista conservador no parcializaba el problema, y en sus discursos y escritos de ese período, oteaba detrás del yrigoyenismo el acecho de una movilización revolucionaria de masas que ponía en peligro los cimientos de la economía y la propiedad privadas.

Más ambigua fue la defensa de la empresa privada que hicieron los socialistas. Expresó el diputado Nicolás Repetto, después de informar que su partido había tenido «el tino y la seriedad» de suprimir las nacionalizaciones en sus proyectos:

«Si este monopolio del petróleo (el estatal propuesto por los yrigoyenistas) se implantara de buena fe, si su manejo estuviera entregado exclusivamente a manos del gobierno, sería un monopolio a la criolla. Si cayéramos, sinceramente, en este monopolio, cometeríamos un funesto error, de consecuencias irreparables.

»Es entonces ahora el momento propicio para adoptar posturas antiestadounidenses, para asumir una “pose” concordante con ese movimiento de opinión que, más que opinión, es un sentimiento generoso, es un reflejo más que un acto frío y razonado. Y entonces se nos habla de monopolio; se nos dice que hay que monopolizar; que hay que adoptar los procedimientos más bárbaros, más reaccionarios, más brutales para repudiar la amenaza de este monstruo que se acerca.

»Sostengo que para desarrollar y perfeccionar al más alto grado la industria petrolífera argentina necesitamos la colaboración técnica y financiera de entidades distintas del Estado. Es una irrisión que se venga a hablar aquí de monopolio del petróleo por el Estado, en un Estado que tiene que pedir plata prestada hasta para pagar los monumentos públicos que se erigen en las plazas de sus grandes ciudades. Es una irrisión que se venga a hablar de esto cuando tenemos la experiencia elocuente de un país como Rusia, que después de haber adoptado, por razones que todos conocen, esta política del monopolio, ha tenido que dar máquina atrás, hecho que acaba de realizar hace poco, precisamente en combinación con este terrible trust que nosotros pretendemos ahuyentar con simples declaraciones de carácter doctrinal [sic].

»De manera que hay grandes escollos, grandes dificultades por resolver, y este monopolio a la criolla del petróleo argentino, que pretende también atribuirse el comercio de petróleo y de los derivados, sería una obra fantástica que podría conducirnos a las peores consecuencias [sic]. Podríamos llegar a ser, tal vez, un país sin nafta y sin kerosene, no obstante poseer mantos petrolíferos extensos y profundos en casi todo él territorio.

»En este asunto del monopolio la responsabilidad corresponde por entero al grupo yrigoyenista. Las otras opiniones son contribuciones ocasionales, adhesiones de circunstancias, determinadas posiblemente por el enorme número de sufragios de que dispone ese grupo del centro: pero la responsabilidad le corresponde a este grupo exclusivamente».

Tenía el jefe socialista una visión muy mezquina del futuro argentino. Su colega de bloque, el doctor Enrique Dickmann, pronunció palabras de las que años más tarde se arrepentiría:

«Estoy seguro que si el Congreso de la Nación aceptara el criterio monopolista, inferiría un grave daño al progreso industrial argentino y especialmente al progreso de la industria petrolera del país.

”El monopolio se va abandonando en todas partes por ineficaz, por inconducente, porque corrompe al Estado y el Estado corrompe al monopolio; son formas de explotación arcaicas, abandonadas, y lamento mucho que los señores diputados del centro hayan llegado tarde: recogen lo que en todas partes se abandona […].

”El monopolio yrigoyenista es una postura demagógica que es necesario denunciar”.

Uno de los diputados yrigoyenistas, el doctor Alcides Greca, citó a Marx y Engels en su respuesta a las críticas de los socialistas. Expresó:

«El célebre manifiesto de los dos fundadores del socialismo científico dice que «el proletariado usará de su supremacía política para arrancar, poco a poco, a la burguesía todos sus capitales, para centralizar en manos del Estado, es decir, del proletariado constituido en clase directora, los instrumentos de producción y para acrecentar con la mayor rapidez posible la masa disponible de las fuerzas productivas’.

”Se asemeja en algo a lo que nosotros hacemos: poner en manos del Estado uno de los factores de producción, el petróleo”.

Podrá argüirse, como lo hace Arturo Frondizi con no muy consecuente devoción por la ortodoxia, que el Estado argentino era capitalista y no proletario, pero aunque la comparación de Greca fuera traída de los cabellos, la tesis yrigoyenista del monopolio estatal tenía un contenido nacional revolucionario que contrasta con el liberalismo conservador y proimperialista de Nicolás Repetto.

Con los votos socialistas independientes, sumados a los yrigoyenistas, la Cámara de Diputados aprobó el monopolio estatal del petróleo. Luego el proyecto fue a morir al Senado, que nunca lo trató, y la Suprema Corte de Justicia lo declaró anticonstitucional.

La legalidad que aceptó Yrigoyen en 1912 con la ley Sáenz Peña, a la que accedió en 1916 al conquistar la presidencia por vía electoral y ante la que volvió a inclinarse en 1928 con el pronunciamiento de 800 000 votos, no toleraba el monopolio estatal del petróleo, ni ningún tipo de nacionalización. Yrigoyen, y no la oligarquía, cayó en la «trampa del cuarto oscuro». Sus victorias en las urnas lo encadenaron al juego de las «minorías selectas» del régimen liberal. Uriburu pudo decir el 6 de setiembre que se alzaba para terminar con el «vergonzoso yugo originado por la ley Sáenz Peña», porque Yrigoyen había claudicado frente a ese «yugo», que le impusieron los conservadores para hacerle desistir de sus planes revolucionarios. Al renunciar a la intransigencia insurreccional, el caudillo radical quedó a merced de la legalidad oligárquica contra la que había luchado y se abrazó a la Constitución de 1853, que la gran prensa y los partidos liberales invocaron para justificar su derrocamiento, mientras los uriburistas, a la inversa, la repudiaban por considerarla la causa del ascenso del yrigoyenismo.

Las nacionalizaciones prometidas por los legisladores yrigoyenistas en 1927 solamente eran yiables en el marco de una dictadura popular antioligárquica y antimperialista, pero los correligionarios del anciano caudillo no dieron muestras de vislumbrar hacia dónde los empujaban los acontecimientos. Parecían juguetes de un ciego determinismo, y aun después del colapso del 6 de setiembre, no reflexionaron seriamente acerca de la incompatibilidad del Estado liberal y de la estructura agroimportadora con el nacionalismo económico. Tal vez el conservador Matías Sánchez Sorondo haya sido el político que sospechó con mayor vivencia que la dialéctica del proceso social argentino, tal como se manifestaba en el movimiento de masas, conducía a esa dictadura, que él, por supuesto, aborrecía y estaba resuelto a impedir. Intentó oponerle, en salvaguardia de la economía y la propiedad privadas, la valla de un corporativismo que fracasó, porque no surgía de la realidad nacional, sino de una concepción académica modelada de acuerdo a pautas extranjeras y rechazada por la oligarquía agroexportadora, consciente por experiencia de que sus intereses y posiciones no tenían mejor defensa que la democracia representativa parlamentaria. Tan consustanciada estaba con está democracia que recurrió al fraude electoral para evitar que la sustituyera la dictadura democrática de masas. Y los partidos liberales, por temor a tal dictadura, se prestaron a ese juego, en el que resultaban burlados los menos comprometidos con el régimen.

El general Agustín P. Justo se perfiló como el hombre del destino de la ecuación agroimportadora a través de dos etapas: a) la del callejón sin salida en que entró el yrigoyenismo al carecer de la visión y de la audacia que lo libertaran de la cárcel liberal y lo arrojaran a la dictadura popular; y b) la del fracasado proyecto uriburista de combinar el régimen corporativo con el viraje hacia los Estados Unidos, en desmedro de Gran Bretaña. Desde su comienzo, el gobierno justista acató, con una determinación que no tuvo ningún gobierno anterior, el plan inglés. Esta subordinación quedó documentada tanto en el Pacto Roca y sus derivados, como en las actitudes de enfrentamiento a los Estados Unidos en las Conferencias Panamericanas y en la posición que adoptó con la guerra del Chaco y luego en el trámite de la paz.

Referente al petróleo, el gobierno del general Justo encontró al mercado capitalista mundial repartido por los acuerdos anglonorteamericanos que hemos mencionado,[6] acuerdos que no excluían la competencia entre los monopolios por ampliar sus zonas de dominio. Uno de los puntos de fricción era la Argentina. Malogrado el proyecto yrigoyenista de 1927-1928 de nacionalización integral de los yacimientos y de la explotación y la venta del producto, anuladas por el golpe uriburista las negociaciones iniciadas por Yrigoyen con la Unión Soviética para comprarlo y fracasado el intento de la Standard Oil de entrar con las banderas desplegadas en los pozos y reservas de la Argentina, el debate parlamentario se reabrió y duró ocho años (1932-1940), esto es toda la presidencia de Justo y el bienio de la de Ortiz.

Las opiniones sobre el régimen del petróleo se resumían en las siguientes tesis:

Nacionalización integral (exploración, explotación y comercialización) a cargo de YPF.

Nacionalización de los pozos y reservas, y libertad de las empresas privadas para intervenir en la parte comercial en un pie de igualdad con YPF.

Sociedades mixtas del Estado con las empresas privadas en todo el proceso.

Libre empresa integral.

La segunda tesis había comenzado a aplicarse de hecho antes de iniciarse el debate. El 18 de febrero de 1932, dos días antes de cesar en sus funciones y adelantándose a la oposición del Concejo Deliberante a constituirse, el intendente municipal de la Capital Federal, José Guerrico, autorizó a las empresas Energina (inglesa) y Wico (norteamericana) a instalar surtidores de nafta a menos de 400 metros de los de YPF. Alegaba que no podía aceptarse

«un monopolio del Estado que sería contrario al espíritu de nuestra legislación de fondo y a las conveniencias generales».[7]

El nuevo intendente, Rómulo S. Naón —que calificaba a YPF de «monopolio ilegal y perjudicial»— negó a particulares del país, por resolución del 2 de abril, permiso para instalar surtidores y, por resolución del 16 de junio, autorizó a la empresa Energina a seguir explotando los 35 que ya tenía. Pero el 28 del mismo mes, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza, propuesta por los socialistas, que dejaba sin efecto las resoluciones mencionadas y disponía el retorno a la situación anterior al 6 de setiembre de 1930, ordenanza que el intendente Naón vetó, al mismo tiempo que permitía a Energina y Wico la instalación de otros 46 surtidores.

En julio entraron a ambas Cámaras sendos proyectos sobre la ley Orgánica de YPF: el del ministro De Tomaso —de vuelta del monopolio estatal que apoyara en 1927— al Senado y el del legislador socialista José D. Castellanos a Diputados. Acompañaba al primero otro relativo al Régimen Jurídico del Petróleo.

Las dos tesis extremas —la de la nacionalización integral y la de la libre empresa integral— no prosperaron. Aquélla sólo contó, al tratarse el Régimen Legal del Petróleo, con la decidida aprobación del diputado radical antipersonalista Daniel Bosano Ansaldo —que reeditó el proyecto de 1927 del yrigoyenismo, no representado ahora en el Congreso debido a su abstención electoral— y la tibia adhesión del senador socialista Alfredo L. Palacios y del diputado socialista independiente Augusto Bunge, quien se había separado del bloque por disconformidad con su maridaje con el justismo. La otra tesis estaba tan desprestigiada que ni los más exaltados libreempresistas se atrevieron a formularla plenamente.

En la redacción de la ley Orgánica de YPF, aprobada el mismo año 1932 por el Congreso con el N.º 11 668, se le adjudicaba a la entidad fiscal el estudio, la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que el Estado poseía o adquiriera en el futuro, y la industrialización, el transporte y la venta de esos hidrocarburos y sus derivados directos e indirectos; pero se la colocaba, como lo subrayó el senador Sánchez Sorondo, en las mismas condiciones que a las empresas privadas, sobre las cuales no debía tener ninguna función de control o vigilancia.

Fuera de la casi unanimidad con que votaron ese texto, los legisladores discreparon en torno de la autorización a YPF para importar petróleo crudo y sus derivados y del nombramiento de directores obreros.

La cláusula que permitía a la entidad fiscal

«adquirir petróleo crudo y sus derivados, cuando las necesidades del mercado interno así lo requieran»,

introducida por el diputado demócrata progresista Julio A. Noble, dio motivo a una amplia discusión en la Cámara de Diputados y fue rechazada por el Senado. Uno de los más enérgicos impugnadores, el diputado socialista Nicolás Repetto, declaró que estaba dispuesto a impedir por todos los medios la sanción de esa ley, si no se corregía el error de conceder a YPF la facultad de comprar petróleo crudo y derivados, y agregaba que si dicha facultad la ejercía en el exterior, es decir si importaba petróleo, las consecuencias se agravarían, pues se corría peligro de que no solamente compañías dominadas por hombres influyentes se dedicaran a vender el producto a YPF, sino también que lo hiciera la Unión Soviética. Nada valió que el ingeniero Noble explicara que la cláusula había sido redactada por el general Mosconi con el propósito de ampliar las reservas de YPF, en caso de maniobras especulativas de las empresas monopólicas.

También se rechazó el agregado que establecía el nombramiento de un director que representara al personal. El diputado conservador Luis Duhau dejó estampada en el Diario de Sesiones (1932, vol. VI, 1039) esta necedad digna de figurar en la historia:

«Al establecer taxativamente que un director debe ser obrero, es evidente que se crea un privilegio, y yo… estoy en contra de los privilegios»,

menos, por supuesto, de los privilegios de los frigoríficos extranjeros y de los grandes invernadores, a quienes sirvió, con criterio muy poco igualitario, como presidente de la Sociedad Rural Argentina y ministro de Agricultura del Pacto Roca. El senador Al-berto Arancibia Rodríguez, émulo de su correligionario en el amor a la justicia distributiva, expresó:

«No se qué argumentos se habrán podido aducir para que se introduzca en este mecanismo esencialmente fiscal, una participación de gente que no tiene sino muy escaso interés en esta clase de explotación industrial por el Estado» (Senado, 1932, vol. II pág. 555)».

Ambos legisladores pertenecían a la agrupación política —máxima beneficiaría de la democracia fraudulenta— que con mayor tozudez venía oponiéndose al monopolio estatal del petróleo, en contraste con los obreros que desde los tiempos de Yrigoyen defendían a YPF como gran conquista del nacionalismo económico.

También en 1932 comenzó la discusión parlamentaria de otros dos proyectos: el ya mencionado, sobre Régimen Jurídico del Petróleo, del ministro De Tomaso, y el del senador conservador Carlos Serrey, en base a una interpelación al Poder Ejecutivo por haberse opuesto a los contratos firmados por el gobierno de Salta con Standard Oil. Los proyectos, pedidos de informes, interpelaciones y otras iniciativas se multiplicaron hasta 1935, año en el que se sancionó, con el número 12 161, el Régimen Jurídico del Petróleo.

Si con la ley 11 668 triunfó la segunda de las tesis, la de la libre comercialización del petróleo y sus derivados, con la ley 12 161 se impuso la tercera tesis, la de las sociedades mixtas. En la discusión del proyecto de esta última ley, conservadores y socialistas coincidieron en sus ataques al plan yrigoyenista de 1927-1928 de nacionalización integral. Dijeron:

«La nacionalización y el monopolio de este punto de vista [el del plan de Yrigoyen], es de programa estrictamente soviético». Alberto Arancibia Rodríguez, senador conservador (Senado, 1932, II, pág. 89).

«El proyecto yrigoyenista de 1927 era electoral y demagógico, porque la masa estaba ebria de nacionalismo petrolero». Nicolás Repetto, diputado socialista (Cámara de Diputados, V. pág 281). Los partidarios de la nacionalización o «demagogos del petróleo» estaban «subvencionados por los soviets». Víctor Cornejo Arias, diputado conservador (Cámara de Diputados, 1933, V, página 298).

La tesis yrigoyenista tuvo «aviesos propósitos anarquizantes». Ernesto M. Aráoz, diputado conservador (Cámara de Diputados, 1933, IV, pág. 257).

El senador conservador Carlos Serrey confesó que su bloque había practicado un «deliberado obstruccionismo», desde 1927 hasta la caída de Yrigoyen, para hacer fracasar la nacionalización del petróleo, aprobada por la Cámara de Diputados (Senado, 1932, II, pág. 115). La influencia de la Standard Oil se evidenció particularmente en las exposiciones de los legisladores conservadores del noroeste argentino (Serrey, Aráoz, Cornejo Arias y otros), enemigos acérrimos de la nacionalización. Ni el senador jujeño Benjamín Villafañe, cuyas campañas en pro de la industrialización y el nacionalismo económico tuvieron gran resonancia, se salvó del contagio del liberalismo petrolero. Llevado por su odio a Yrigoyen y al yrigoyenismo sostuvo, en nombre de la libertad constitucional de comercio que

«el Estado no puede ni debe ser rival ni competidor de las empresas privadas»

y condenó

«la absurda política restrictiva seguida por el gobierno [de Yrigoyen] —por apremiosa instigación patriotera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales— durante los ocho años transcurridos (1922-30, período correspondiente a la actuación del general Mosconi)». Senado, 1932, I. pág. 978.

Sin embargo, la cuarta tesis, o sea la de la libre empresa integral, no se reflejó en el Régimen Jurídico del Petróleo, sancionado por el Congreso en 1935. Era la del monopolio norteamericano y no podía tener curso por dos razones:

el gobierno justista había apostado al plan inglés y

los consorcios anglonorteamericanos habían llegado a un acuerdo en 1933, por el cual la Standard Oil cedía a la Royal Dutch el mercado de consumo de la Argentina y, a la inversa, la Royal Dutch cedía a la Standard Oil el mercado de consumo del Brasil. Paraguay y Uruguay se consideraban sucursales controladas desde la Argentina[8]

El acuerdo trajo de inmediato una guerra de precios con la finalidad de desorganizar los mercados internos, arruinar a los competidores independientes y provocar la intervención de los gobiernos a favor del reparto mencionado. Esta intervención se obtuvo mediante sendos decretos que crearon el Consejo Nacional del Petróleo en el Brasil, ANCAP en el Uruguay y el Tribunal Arbitral en la Argentina al que pronto nos referiremos.

El monopolio inglés nunca fue partidario de la nacionalización integral ni de la libre empresa integral, en la zona del Cono Sur que le correspondió por el arreglo. Sabía que por aquélla quedaría erradicado del mercado interno argentino y por ésta nuestros yacimientos caerían en poder del monopolio norteamericano. Prefería la sociedad mixta angloargentina, que en 1916 propuso a Hipólito Yrigoyen sin ningún éxito. El Régimen Jurídico del Petróleo formaba parte, en consecuencia, del plan inglés y se había concebido con el espíritu del Pacto Roca.

Con el fin de llevar a la práctica el nuevo régimen petrolero, el Poder Ejecutivo nombró una Comisión Especial de tres miembros —Eduardo J. Bullrich, secretario general de la presidencia, Horacio Morixe y Luis Rojas, secretario privado del presidente Justo—, la cual se refirió en su primera declaración pública a la

«ventaja de contrarrestar la perniciosa seducción del monopolio oficial»,

y confesó que

«el porvenir de YPF, como empresa industrial o repartición burocrática, no interesa mayormente a la Comisión Especial».[9]

La Comisión Especial propuso la creación del Consejo Nacional del Petróleo para que dirigiera tanto a YPF como a las empresas privadas. Salta a la vista que con ese superorganismo se extendía al petróleo el plan inglés, en funcionamiento a través del Banco Central y de la Coordinación de Transportes. Tan desplazada se sintió la Standard Oil que el 31 de diciembre de 1936 firmó un contrato con YPF de venta de todas sus instalaciones en el país, contrato que no se aplicó debido a los arreglos posteriores.

Al cabo de muchos tira y aflojas, YPF selló convenios con la Standard Oil, la Shell Mex y empresas subsidiarias, que establecían un régimen mixto de comercialización y distribución del petróleo, con un Tribunal Arbitral que vigilara su cumplimiento. Se limitaron las funciones comerciales de YPF pues sólo

«cuando había aumento de consumo podía colocar, toda su producción, es decir, excederse en la cuota que se le había impuesto»,

además de prohibirle la importación de petróleo crudo o nafta, salvo en casos excepcionales a determinarse.

Esos convenios aseguraron ganancias extraordinarias a los consorcios anglonorteamericanos y se mantuvieron en secreto durante dos años. La opinión pública argentina se enteró de ellos en 1938, por medio de publicaciones extranjeras.[10]

El decreto 86 639, redactado por la Comisión Especial y base de los convenios, respondía al plan inglés y a los acuerdos internacionales de las empresas anglonorteamericanas. Pocos funcionarios y técnicos del Estado se sustrajeron a la enajenación al espíritu del Pacto Roca. Ni algunos directores de YPF que en nota a la Comisión Especial, del 4 de junio de 1936, decían que

«no es modalidad del capital británico intervenir en la política de los países en que actúa [sic], pues es por el contrario respetuoso de la autonomía de los Estados amigos [sic], lo que excluye la posibilidad de connivencias con el grupo norteamericano [sic] para perjudicar, en este caso particular, a la República Argentina».

Tan vergonzantes eran los convenios que se constituyó un Comité Secreto de Control, cuya clandestinidad revelaba la intención de expulsar del mercado a Itaca, Lotero & Papini, Morales, Isaura y otras compañías argentinas que vendían nafta a menor precio que West India, Shell, Pan Am y Texaco.[11] El Comité Secreto de Control logró del Poder Ejecutivo el decreto 63 850 sobre marcas, colores y distintivos de los surtidores. De este modo, y con la complicidad de Impuestos Internos y de los inspectores, las empresas argentinas fueron sometidas a una implacable persecución con el resultado que Itaca se fundió y dejó cesantes a más de mil obreros y empleados, Morales emigró al Brasil y Lotero & Papini redujeron sus operaciones a cifras insignificantes.

La aplicación de los convenios revela los tres puntos básicos de la política petrolera inglesa que hemos subrayado:

Formar una sociedad mixta de hecho entre el Estado argentino y los consorcios extranjeros.

Respetar a YPF pero limitar su producción a fin de que no llegue a cubrir la demanda nacional.

Frenar la expansión de la Standard Oil.

Del éxito que tuvo el grupo petrolero inglés en este tercer punto dan clara prueba las siguientes cifras:

Cuadro A. Producción de petróleo de los dos grupos imperialistas en la Argentina
(en metros cúbicos)

Año
Grupo inglés
Grupo norteamericano

1937

999 163

332 443

1938

964 040

315 429

1939

1 034 335

297 335

1940

1 034 428

258 816

1941

1 045 964

226 483

1942

1 094 867

223 425

1943

1 109 629

201 815

La Segunda Guerra Mundial creó condiciones objetivas muy favorables al desarrollo de YPF. Bajó la importación y subió el consumo de combustibles (petróleo y derivados, carbón de piedra, leña y carbón de leña, gas natural, residuos vegetales y cereales), según lo consigna este cuadro:

Cuadro B. Consumo total de combustibles en toneladas de petróleo

Años
Producción Nacional
Importación
Total

Toneladas
% del total
Toneladas
% del total
Toneladas

1939

5 719 000

59

3 929 000

41

9 648 000

1940

6 140 000

65

3 344 000

35

9 482 000

1941

7 579 000

73

2 727 000

27

10 394 000

1942

6 351 000

86

1 599 000

14

10 880 000

Por el Cuadro A comprobamos que la producción del grupo inglés aumentó (mientras bajaba la de la Standard Oil); el cuadro B demuestra que la producción total (YPF más consorcios extranjeros) aumentó en proporción mucho mayor que la del grupo inglés, es decir que el mayor aumento correspondió a YPF como se ve a continuación:

Cuadro C. Producción Nacional de Petróleo[12]

Años | YPF | Empresas extranjeras | Total
| m³ | % | m³ | % | m³
1937 | 1 261 899 | 48,5 | 1 338 208 | 51,2 | 2 600 107
1938 | 1 430 599 | 52,7 | 1 284 224 | 47,3 | 2 714 823
1939 | 1 625 204 | 54,9 | 1 333 964 | 45,1 | 2 959 168
1940 | 1 983 252 | 60,5 | 1 293 244 | 39,5 | 3 276 496
1941 | 2 226 800 | 63,6 | 1 272 957 | 36,4 | 3 499 757
1942 | 2 445 586 | 64,9 | 1 322 961 | 35,1 | 3 768 547
1943 | 2 632 901 | 66,7 | 1 315 511 | 33,3 | 3 948 412

La situación creada al país por la Segunda Guerra Mundial en materia de combustibles se tradujo en:

la caída de las importaciones inglesas (petróleo y carbón);

el aumento de la producción de YPF;

el aumento de la producción del grupo inglés; y

la disminución de la producción de la Standard Oil.

Pero la guerra mundial trajo también, por falta de importaciones, un grave problema de carencia de combustibles a Uruguay, Paraguay y Brasil. Los Estados Unidos, que no podían darse el lujo de abastecernos en momentos de tanta necesidad para su máquina bélica, propusieron a la Argentina la constitución de una sociedad mixta —ahora eran los norteamericanos y no los ingleses quienes asupiciaban esa tesis— entre YPF y la Standard Oil que exportaría petróleo a los mencionados países vecinos. A ese fin las autoridades de Washington se comprometían a entregar al gobierno de Buenos Aires 36 000 toneladas de equipos, dos tercios destinados a YPF y el resto al monopolio norteamericano. El golpe militar del 4 de junio de 1943 frustró el proyecto e inició un período de conflictos en las relaciones argentino-norteamericanas.

Era, y es, imposible la solución del problema del petróleo, al margen de la solución de la totalidad del problema nacional. Ni la coyuntura propicia de la guerra mundial permitió a YPF zafarse de la trampa tendida por los grupos monopólicos. En 1938-1942, los yrigoyenistas, de nuevo en el Congreso, reiteraron su defensa de la nacionalización integral, acompañados de algunos antipersonalistas y de los socialistas —en particular del diputado Julio V. González— que abandonaron su tesis de 1927-1928 contraria a la nacionalización. Pero el problema del petróleo no tenía solución en el marco legislativo, ni siquiera en el más amplio de las instituciones existentes. No existía, ni existe, solución del problema del petróleo, como tampoco de la totalidad del problema nacional, desde los puntos de vista del liberalismo. La bifurcación de la conciencia de los yrigoyenistas, y no solamente de los yrigoyenistas, en nacionalista en lo económico y liberal en lo político, creaba una estéril contradicción, cuyos dos términos se excluían en la antítesis, y llevaba agua al molino del liberalismo integral de los conservadores, liberalismo integral cuya inautenticidad argentina se expresaba en la práctica de la democracia fraudulenta. El régimen prolongaba su agonía entre el fraude oficializado y la impotencia de los partidos para vencerlo por sí mismos.

2. Energía eléctrica

El 20 de junio de 1936 desembarcó en el puerto de Buenos Aires el señor Dannie Heinemann. Los periodistas allí destacados, en búsqueda de figuras espectaculares, no le dieron ninguna importancia y él quiso pasar inadvertido. Venía a cumplir una misión a la que no convenía la publicidad: lograr, por cualquier medio, la sanción de las leyes 12 311 y 12 346 de Coordinación de los Transportes y las ordenanzas 8026 y 8029 de Concesiones Eléctricas.

Heinemann era presidente de la Société Financiére de Transports et d’Entreprises Industrielles, más conocida por la sigla SOFINA, con sede en Bruselas. La SOFINA, o mejor dicho el grupo SOFINA-CHADE-SIDRO, constituía un formidable consorcio de capitales europeos con inversiones en Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Canadá, Turquía, Argelia, México, Brasil y Argentina. Formaban parte de sus directorios personajes del relieve internacional de Reginald Mac Kenna (presidente del Midland Bank, director del Banco de Inglaterra, ex canciller del Tesoro y ex primer lord del Almirantazgo), el conde Giuseppe Volpi (senador, miembro del Gran Consejo Fascista, ex ministro de Hacienda de Mussolini y presidente de la Compañía de Electricidad del Adriático), el duqúe de Alba (ex canciller de España y embajador de Franco en Londres), Francisco Cambó (ex ministro de la República Española), Schulthess (ex presidente de la Confederación Helvética y ministro de Economía Nacional de Suiza), Paul Van Zeeland (dos veces primer ministro de Bélgica), Hautain (gobernador general honorario del Banco Nacional de Bélgica) y Richard (ministro de Economía de Bélgica y brazo derecho de Dannie Heinemann). La nobleza de Bélgica, Gran Bretaña y España figuraba a través del vizconde Van Vyvere (ministro de Hacienda, Relaciones Exteriores y Agricultura de Bélgica entre 1912 y 1926), el conde Patoul, el barón Allard, el barón Cassel, el vizconde Swinton of Masham, lord Wigram, el vizconde Greenwood, el marqués Mariano de Foronda Vallarano (grande de España), la familia del marqués de Urquijo y otros marqueses, condes, vizcondes y duques asociados a la alta banca.[13]

Detrás del grupo SOFINA-CHADE-SIDRO, estaban los bancos más importantes de Europa Occidental, desde el Midland Bank de la democrática Inglaterra hasta el Deutsche Bank de la Alemania nazi. Y asomaba la cabeza del Tercer Reich en la aeg (filial de Krupp y de Berliner Handelsgesellechaft), donde Goering y Goebbels tenían colocados sus hombres de paja. Sus tentáculos se extendían al otro lado del Atlántico y se enroscaban con los de Morgan y la General Electric de los Estados Unidos y de los holdings canadienses, dependientes tanto de Wall Street como de la City.

Como las altas finanzas no tienen patria y acostumbran proteger sus deshonestas operaciones bajo el pabellón que les garantice la mayor impunidad, se comprende que el grupo SOFINA-CHADE-SIDRO haya recurrido al gobierno inglés para afianzar sus posiciones en la Argentina. Su influencia en la redacción de las cláusulas secretas del Pacto Roca se confirmó con la visita de Heinemann a Buenos Aires. Decía el doctor Jorge del Río en una brillante conferencia que pronunció en FORJA:

«La SOFINA se encuentra bajo la protección de una diplomacia fuerte y hábil, la diplomacia inglesa. Porque sus principales dirigentes se encuentran muy vinculados al Imperio y a sus conveniencias. La SOFINA tiene intereses directos en el tráfico de nuestra cosecha; por ello y por ser dueña, a la vez, de nuestros principales servicios públicos, no le es indiferente nuestra balanza comercial, el valor de nuestra moneda, ya que de todo esto defiende la facilidad para la exportación de sus enormes dividendos […]. Uno de los negocios más interesantes que hacen las finanzas extranjeras por medio de la SOFINA, con este fuerte sistema unificado de nuestros servicios públicos, es la venta de carbón, principalmente de carbón inglés, de las minas de la SOFINA, para las usinas de las empresas de electricidad y de la Compañía Primitiva de Gas. El negocio del carbón, que entra al país libre de derechos, se encuentra ligado al transporte de nuestra cosecha, hecho en buques extranjeros, que vuelven con carbón como lastre. La SOFINA tiene muy buenos negocios en común con Dreyfus y Bunge & Born».[14]

Informaba el doctor del Río que la Memoria de la SOFINA, correspondiente a 1935,

«carga muy fuerte contra el nacionalismo económico; se manifiesta partidaria de la libertad económica, es decir, pide manos libres para sus negocios internacionales», y que ese monopolio, dueño del sistema de servicios públicos más importante del país, podía paralizar la industria y el transporte de una vasta zona argentina y que su acción destruía nuestro régimen municipal y nuestro federalismo.

Después del análisis —necesariamente incompleto, pero no por eso menos ilustrativo— del poderío de la SOFINA, pocas dudas caben de que al plebeyo y burocrático señor Heinemann no le faltaba representatividad para ser el emisario que ablandó conciencias predispuestas a llevar a la práctica cláusulas secretas del Pacto Roca, tan deprimentes de la soberanía argentina como las relacionadas con el transporte y la energía eléctrica.

Antes de referirnos al éxito de las gestiones del presidente del gigantesco grupo monopólico, veamos qué empresas de servicios públicos poseía éste en nuestro país:

CHADE (Compañía Hispano-Americana de Electricidad), con sede primero en Madrid y luego en Zurich y Bruselas. Monopolizaba, junto con la Italo, los servicios eléctricos de la ciudad de Buenos Aires.[15] Cuando el gobierno justista eximió de impuestos a las sociedades anónimas extranjeras que se «argentinizaran», se hizo «intimar» por Ordenanza 7749 del Concejo Deliberante y cambió su sigla por CADE (Compañía Argentina de Electricidad).[16],

CITRA, creada por la CHADE al solo efecto de eludir la fiscalización de las autoridades argentinas sobre el capital y los gastos de explotación.

Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires con concesiones en el Gran Buenos Aires.

Compañía Primitiva de Gas de la Ciudad de Buenos Aires.

Compañía de Gas de La Plata.

Compañía Explotadora de Gas de Bernal.

Compañía Americana de Inmuebles y Créditos (generosa en los préstamos a personajes influyentes).

Sociedad de Electricidad de Rosario y sus subfiliales: Compañía Argentina de Luz y Tracción, y Compañía de Gas de Rosario.

Compañía General de Tranvías de Buenos Aires, de la que dependían: Compañía de Tranvías Anglo-Argentino, Compañía de Tranvías Limitada y CATITA.

El grupo SOFINA-CHACE poseía los servicios eléctricos y tranviarios de la zona de mayor consumo industrial y doméstico de fuerza motriz y de mayor tráfico urbano: el Gran Buenos Aires hasta La Plata, el Tigre y Luján, y Rosario con sus alrededores. Había cedido al consorcio norteamericano Electric Bond & Share el resto del país.

Electric Bond & Share —superholding (EBASCO) fundado en 1905 y controlado por los banqueros Morgan Brombright y la General Electric— suministraba energía eléctrica, en 1932, a 932 ciudades distribuidas en Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, India, México, Panamá, Venezuela, Alemania, Canadá, Francia, Italia y Japón. En la Argentina estaba representado por el subholding (ANSEC), con sede en Buenos Aires, que concentraba a cinco centrales: Compañía de Electricidad del Norte Argentino, Compañía de Electricidad del Sur Argentino, Compañía de Electricidad del Este Argentino, Compañía Central Argentina de Electricidad y Compañía de Electricidad de Los Andes, que abastecían a 172 localidades. La ANSEC había obtenido la personería jurídica en 1929 y las cinco filiales tenían el mismo directorio, desde que se fusionaron en ellas las 19 empresas básicas primitivas.[17]

Suministraban también energía eléctrica los siguientes consorcios extranjeros: Compañía Sudamericana de Servicios Públicos (SUDAM) —dependiente de un holding norteamericano—, Compañía Suizo-Argentina de Electricidad, Compañía Forestal Argentina y algún otro de menor importancia.

La parte auténticamente nacional de los servicios eléctricos estaba a cargo de 25 cooperativas, 15 usinas populares y 35 usinas nacionales y municipales, que totalizaban 80 centrales (algunas cooperativas poseían más de una) sobre 1180 instaladas en la República y apenas proporcionaban 30 000 kW de los 1 097 000 kW de potencia conjunta, es decir menos del 3 por ciento. El movimiento cooperativo de la electricidad había comenzado en 1929, como defensa de las poblaciones del interior frente al avance del trust ANSEC. En noviembre de 1938 se reunió el Primer Congreso de Cooperativas Eléctricas y Usinas Populares con la representación de 88 000 cooperativistas y un capital suscripto de 11 264 000 del cual se habían realizado 6 300 000 pesos. La insignificancia de esa base financiera se destaca al compararla con los 90 millones de pesos (de esa época), es decir casi 15 veces aquel capital, que los consorcios eléctricos extranjeros enviaban anualmente al exterior, en concepto de ganancias. Sin embargo, la expansión continua de las cooperativas y usinas pooulares a Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Paraná, Concordia, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y otros lugares, alarmaba tanto a ANSEC como a SOFINA que se valían de funcionarios venales para impedir su constitución o comprarlas a cualquier precio. Consiguieron así liquidar a la CLYFE y hubieran hecho lo mismo con la Cooperativa de Pergamino, de no haber evitado el manotazo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Los administradores europeos del grupo monopólico SOFINA-CHADE-SIDRO no se sentían muy seguros de sus inversiones en la Argentina, a pesar de las grandes utilidades que les producían. Querían aumentar los dividendos, prolongar las concesiones más allá de las fechas de vencimiento y; por añadidura, matizar la aburrida existencia de sus nobles socios con algún negociado extra de bulto. Su presidente-emisario sabía que en la mayoría opositora del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires encontraría el mayor obstáculo a sus planes porteños. El duque de Atholl, presidente del Anglo-Argentino, le transmitió al gobierno uriburista esa preocupación por medio del embajador argentino en Londres, según consta en el cable que reproducimos más arriba, y el gobierno justista se prestó a sacarle las castañas del fuego al grupo monopólico al enviar al Congreso Nacional, y no al Concejo Deliberante como correspondía, el proyecto de Coordinación de los Transportes de la capital de la República.

Pero mucha agua había corrido bajo los puentes del plácido Riachuelo en pocos meses. Los directores locales de la CHADE recibieron al señor Heinemann con el halagador presente de tres victorias que anunciaban la victoria final. Habían obtenido del gobierno justista:

la exoneración del pago de impuestos fiscales, mediante la simple prescindencia de la foránea «H» de la sigla, como hemos visto;

el perdón del reintegro de los 60 millones de pesos que la ahora CADE había cobrado de más a los consumidores (0,35 pesos en vez de 0,25 pesos el kilovat), con el pretexto de que el artículo 2.º del contrato de concesión, del 9 de diciembre de 1907, la autorizaba a «acogerse a los beneficios de las nuevas concesiones», y ahí estaba la CIAE, vulgarmente Italo, para servir a esas trapisondas, como a muchas otras;

la liberación de impuestos a las casas que se construyeran en el centro de la ciudad de Buenos Aires con garajes subterráneos para que la CADE edificara su palacio Volta, en la diagonal Norte, sin contribuir con un solo peso al fisco.

Faltaba dar el tiro de gracia a los anticadistas parapetados en el Concejo Deliberante. Su defenestración había sido resuelta un año antes no en Buenos Aires, sino en París, donde el jefe del radicalismo, el dos veces sucesor de Hipólito Yrigoyen, fue convencido de la «necesidad patriótica» de levantar la abstención de su partido, cosa que hizo el 2 de enero de 1935, y de aprobar la renovación de los contratos de la CADE por ser «una legítima exigencia de la opinión pública». El democrático Alvear era muy sensible a las solicitaciones populares.

A los contratos de concesiones eléctricas se les había fijado inicialmente una vigencia de 50 años. Por lo tanto, el de la CADE vencía el 31 de diciembre de 1957 y el de la CIAE caducaba el 31 de diciembre de 1962. Sin embargo, 21 años antes del término del contrato de la primera y 26 años antes de finalizar el de la segunda, el Concejo Deliberante votaba —en la sesión del 23 de diciembre de 1936, de acuerdo a dos proyectos presentados por los ediles radicales— las ordenanzas 8028 y 8029, que prorrogaban ambas concesiones hasta fines de 1972 y 1977 respectivamente, con prolongación mediante sociedad mixta con la Municipalidad hasta 1997 y 2002.

Además de la prórroga, esas ordenanzas acordaban la devolución íntegra a las dos empresas de los fondos de reversión y previsión —constituido, según el artículo 2.º de los primitivos contratos de concesión, con el 2 por ciento de las entradas—, que ascendían al 31 de diciembre de 1935 a 87 499 811,07 pesos de la CADE y 25 677 765 de la CIAE. Los fondos, depositados en el Banco de la Nación, o invertidos en títulos nacionales, debían pasar «íntegros a la Municipalidad», de acuerdo al mismo artículo. Las empresas hicieron un doble negocio: se quedaron con todas las instalaciones, violando la disposición del artículo 2.° que disponía su traspaso a la Municipalidad «sin remuneración alguna y en perfecto estado de conservación y de servicio», y recibieron el regalo de 113 177 576,07 pesos.

La Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires, constituida por decreto del 6 de agosto de 1943, del gobierno militar, decía en su Informe (1944, Buenos Aires, Talleres de la Penitenciaría Nacional) que no solamente la Municipalidad debía haber tomado posesión gratuita de las instalaciones y acreditarse esos millones al vencimiento de los contratos, sino que la CADE estaba obligada a devolver, el 31 de diciembre de 1942, 115 595 510,92 pesos por exceso de ganancias y la CIAE 82 651 803,67 pesos por igual concepto. Nobles y plebeyos accionistas de la SOFINA cortaron cupones extras y enviaron a los directores locales, con la firma de Heinemann, un cable (que los investigadores encontraron en los archivos de la empresa) con «calurosas felicitaciones» por «el trabajo magnífico» y «el golpe maestro».

También en los archivos monopólicos, la Comisión Investigadora descubrió documentos probatorios de que los proyectos de ordenanzas habían sido redactados por la CADE bajo la dirección de la SOFINA, lo mismo que los borradores de los discursos pronunciados por los ediles radicales en el Concejo Deliberante (en respuesta a la oposición de los socialistas y de José Penelón, de Concentración Obrera), tan burdos que en lugar del burgués tratamiento de «Señores Concejales» figuraba el noble título de «Sus Señorías».[18]

La CADE corrompió a oficialistas y radicales. Amenazó con dejar a Buenos Aires a oscuras y con sus fábricas y servicios públicos paralizados. Tres ministros estaban interesados en la operación: Carlos Saavedra Lamas, director de CITRA; Alberto Hueyo, vicepresidente de la CADE; y Federico Pinedo, asesor técnico y jurídico de la CADE. El único ministro que se opuso a las ordenanzas fue el de Hacienda, pero tenía el doctor Roberto M. Ortiz graves razones para hacerlo, pues, según la misma CADE,

«estaba influido por los rumores [?] que alegan que la compañía se ha comprometido a financiar la campaña electoral del doctor Alvear»,

quien sería rival de Ortiz en los comicios presidenciales del año siguiente. El abogado de los ferrocarriles se sintió de golpe —et pour cause— antimperialista. Eran los milagros de la democracia librempresista, tan auspiciada por la CADE que en su defensa nombraba a sus amigos catedráticos universitarios y no tardó en calmar los escrúpulos del doctor Ortiz.

A título de anécdota recordaremos que el ministro Pinedo ordenó a los concejales socialistas independientes que votaran la prórroga a libro cerrado, con el fin de que la CADE desbloqueara 40 millones de francos suizos del gobierno. La CADE se hizo cargo de los 40 millones, por intermedio de SER y SIDRO. Después de liquidar los títulos envió a Buenos Aires las divisas obtenidas. Ganó en la operación la bicoca de 25 millones de pesos.

Como en la fábula de Trilussa, demócratas nacionales, ambos bandos de radicales (yrigoyenistas y antipersonalistas) y socialistas independientes sellaron las paces en torno del bocado de cardenal que les ofreció Heinemann, cuyo espíritu conciliador se desplazaba del despacho del presidente Justo al departamento del doctor Alvear, intuyendo tal vez que la Unión Democrática era la fórmula más conveniente a los intereses monopólicos extranjeros. El Partido Comunista —en plena euforia del Frente Popular y ya encarpetado el llamado a la formación de soviets y del «gobierno obrero y campesino»— dio pronto su contribución a la causa de la unidad con la consigna El radicalismo al poder y Alvear a la presidencia.

En 1940, la Cámara de Diputados designó una Comisión Investigadora, presidida por el radical Emilio Ravignani e integrada con radicales yrigoyenistas y antipersonalistas y demócratas nacionales, que absolvió a la CADE de culpa y cargo. La gran prensa, que con sospechosa coincidencia había apoyado la prórroga de las concesiones, elogió el dictamen «ecuánime» de los investigadores.[19] La opinión nacional no se dejó engañar. El vocablo cadista o chadista se convirtió, en el lenguaje del pueblo, en sinónimo de ladrón público.

Uno de los primeros actos del gobierno surgido del golpe militar del 4 de junio de 1943 fue el nombramiento de otra Comisión Investigadora, presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde, que en su patriótico informe llegó a la siguiente conclusión:

«Que la CADE, como su antecesora la CHADE, resulta ser foco potente de explotación pública y de explotación social, política y administrativa, y hasta elemento perturbador de la función del Estado. En su afán de lucro y poderío, el gran consorcio internacional SOFINA, con su reconocida potencia y por intermedio de la CHADE, después, ha pervertido la conciencia de afamados profesionales, a los que el pueblo ha dispensado y/o dispensa inmerecido respeto y jerarquía; ha prostituido en su provecho a gran parte de la prensa de esta capital; ha contribuido a la corrupción de algunos partidos políticos; ha defraudado al Estado impunemente; ha mancillado los estrados de la justicia, paralizando juicios o haciendo dictar fallos injustos para beneficiar su nombre, intereses y situación; ha puesto a su servicio a poderes y funcionarios del Estado; ha atentado, en fin, hasta contra el ejercicio pleno de la soberanía.

»Que también la CIAE ha contribuido a prostituir en propio beneficio a partidos políticos y poderes del Estado, siendo por ello, no sólo foco de explotación pública, sino también de corrupción política y administrativa».

Con la carga a cuestas del negociado de la energía eléctrica, los radicales habían perdido autoridad para hablar al pueblo. No los redimía el replanteo en el Congreso de la nacionalización del petróleo. Sus invocaciones a la pureza del comicio caían en el vacío, después de haberse complicado el Comité Nacional en el juego sucio de la democracia fraudulenta.

3. Monopolios de origen interno

De «paraíso de las inversiones extranjeras» calificó a la Argentina en 1961 un banquero norteamericano. Quiso expresar así su entusiasmo por los contratos de petróleo que acababa de otorgar a empresas anglonorteamericanas el gobierno de Arturo Frondizi. La frase carecía de originalidad. Venían repitiéndola los ingleses desde que le echaron el ojo a la Pampa húmeda, como la fuente de alimentos que necesitaban para cubrir el déficit de la producción agropecuaria de las islas. La recordamos únicamente para preguntar si debe atribuírsele un sentido de elogio o de censura, desde el punto de vista argentino, es decir desde el punto de vista opuesto al del banquero norteamericano y del empresario inglés, quienes nunca dejarán de lamentarse de que China o Cuba no sean más los «paraísos» que fueron en tiempos de los mandarines o de Fulgencio Batista.

Para la generación del ochenta, educada en el credo liberal-utilitarista alberdiano, las inversiones extranjeras resultaban ser medida y tabla de valores del progreso argentino: traían la revolución técnica, incorporaban nuestra economía agroexportadora naciente al mercado mundial, promovían las acumulaciones capitalistas internas, nos europeizaban. Y el país las retribuía con generosas ganancias. La oligarquía terrateniente-mercantil que a su amparo se hizo opulenta, y los más amplios sectores de chacareros, intermediarios, profesionales, etcétera, que se enriquecieron, directa o indirectamente, con el rápido ascenso de la renta de la tierra y la valorización de los productos de la agricultura y la ganadería extensivas, veían en las utilidades que les aportaba esa inmensa trasfusión de capitales la prueba indiscutible de que las inversiones extranjeras eran la varita mágica, vaticinada por Alberdi, que convirtió a un pobre y atrasado territorio perdido en el extremo sur del continente americano en una floreciente y rica república con fisonomía europea. Creían haber llegado al non plus ultra. Más allá sólo concebían el progreso cuantitativo en la línea marcada por el impulso inicial: inversiones, exportaciones. Sus filósofos, economistas, historiadores y sociólogos, todos de la escuela positivista, halagaban su conformismo de nuevos ricos di-ciéndoles que si en el pasado la Argentina se había capitalizado y modernizado gracias al influjo de las inversiones extranjeras, la «ciencia», su seudociencia apologética del coloniaje, indicaba que ese influjo externo seguiría siendo el factor determinante de todavía mayor fortuna en el presente y durante muchos años. El salto cualitativo a un más allá superior, el paso de la factoría a la nación estaba fuera de sus preocupaciones y de sus deseos. O lo presentían horrorizados de que pudiera ser la economía y la propiedad sociales, la planificación que sometiera la ganancia individual al interés de todo el pueblo argentino.

Pero 1930 no era 1880 en la realidad de la sociedad argentina, aunque nada hubiese cambiado para la conciencia enajenada al prototipo liberal. El país que los legisladores-políticos de 1853-1880 quisieron construir a imagen y semejanza de este prototipo se negaba a aceptar que fuera su espejo. Un abismo definitivamente infranqueable separaba a instituciones jurídico-políticas, hijas del liberalismo diecinuevista y sobrevivientes a su necesidad histórica, de las fuerzas productivas cuyo desarrollo integral estrangulaban esas anacrónicas instituciones. El nacionalismo económico y político irrumpió entonces impulsado por esa contradicción y para oponerse al liberalismo, pero no podía ser más que una denuncia y una promesa mientras no se arraigara en el pueblo y no se propusiera la conquista revolucionaria del poder, con el fin de institucionalizar la economía y la propiedad sociales.

En el período de la colonización capitalista que se inició con el ordenamiento constitucional de la república, las inversiones extranjeras no encontraron competencia interna. Los conocidos ejemplos de los orígenes argentinos del primer ferrocarril que corrió por nuestras pampas y del primer frigorífico que reemplazó al viejo saladero rioplatense, no invalidan el hecho histórico esencial de que el ferrocarril y el frigorífico no nacieron por generación espontánea, o por casualidad en cualquier lugar y cualquier tiempo, sino que culminaron siglos de elaboración científico-técnica en la empirista Inglaterra de la revolución industrial. Se simplifica el problema al extremo de oscurecer las causas de nuestra dependencia colonial —y de caer en un lirismo antimperialista que aporta protestas y no soluciones—, cuando se reduce la invasión de los monopolios a una incidencia subjetiva, tan pueril como la voracidad de los inversores extranjeros que construyeron la red ferroviaria e instalaron los grandes frigoríficos. Por cierto que el hambre de riquezas de nuestros bisoños capitalistas no iba a la zaga del de sus veteranos colegas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Los segundos construyeron ferrocarriles y frigoríficos, y los explotaron en su beneficio, porque disponían de la técnica, los combustibles y la idoneidad administrativa especializada de que carecían los primeros. No fue un capital abstracto el que configuró la economía agro-importadora argentina en dependencia de los centros imperialistas. Fue el capital convertido en máquinas, rieles y demás medios de producción y transporte que la atrasada Argentina no estaba en condiciones de proveer. Debemos comenzar con el reconocimiento de tal deficiencia para dar bases sólidas y con perspectivas concretas a nuestra lucha por la emancipación económica nacional.

Las inversiones extranjeras —bajo su forma material de medios de producción (importados, en lo esencial) y de fuerza de trabajo (comprada en el país), y no de mero ingreso de capital líquido proveniente de Europa o de los Estados Unidos— tuvieron en la Argentina, como en todas las comarcas donde afluyeron, consecuencias que escapan a la estrecha lógica positivista: provocaron la aparición de anticuerpos. Al concretarse en ferrocarriles, frigoríficos, energía eléctrica, combustibles, etcétera, desarrollaron necesariamente fuerzas productivas nacionales que, de complementarias o anexas en el comienzo, se irían transformando, por la propia dialéctica inevitable del proceso, en bases de una economía integrada e independiente, o sea en la antítesis de la dominación monopólica imperialista. Hemos analizado en las páginas precedentes las contradicciones que fueron madurando, a medida que crecía la economía nacional, entre los frigoríficos anglonorteamericanos y los criadores de ganado, los ferrocarriles ingleses y el transporte automotor criollo, los monopolios extranjeros de la electricidad y las usinas y cooperativas del país. Esas contradicciones no se circunscribieron al plano objetivo de las relaciones de producción; también se manifestaron en el nuevo carácter que asumió la lucha de clases, muy particularmente de la clase obrera, cuyo progreso cuantitativo y cualitativo la erigió en el sector más dinámico y consecuente en el enfrentamiento a las empresas monopólicas imperialistas. Estas empresas habían contribuido, en grado muy superior que la burguesía nacional, a la formación masiva de la clase obrera como productora, es decir a la concentración de la fuerza social decisiva en los combates por la independencia económica y la socialización de los medios de producción.

Las reflexiones que acabamos de exponer nos llevan a la siguiente conclusión: los monopolios extranjeros ingresaron al país sin encontrar competidores internos, pero ya en la cuarta década de este siglo la progresiva concurrencia de las fuerzas productivas nacionales los obligaron a ensayar nuevos métodos de expoliación, a los que se prestó el Estado justista al firmar el Pacto Roca y avenirse a las sociedades mixtas.

Hasta ahora nos hemos referido a las empresas monopólicas de origen extranjero que exportaban utilidades superiores a las inversiones primitivas y, por lo general, no efectuaban nuevas inversiones, pues la ampliación del capital fijo y del capital variable se hacía capitalizando también utilidades. Esta capitalización, computada a lo largo de décadas, carece de significancia comparada con las sumas fabulosas que en concepto de rentas y ganancias se evaden del país año tras año. El 5 de septiembre de 1962 la Agencia France Presse distribuyó el siguiente cable por el mundo.

«Buenos Aires, 5 de septiembre (AFP). Cinco inspectores de la Dirección General Impositiva declararon ayer, con pruebas en la mano, que hay en los Estados Unidos 3500 millones de dólares de capitales argentinos y en Suiza 10 000 millones de dólares evadidos del país desde hace dos años. Los mismos funcionarios declararon que la evasión fiscal tolerada a las grandes empresas y facilitada por empleados que trabajan en combinación con apoderados de estas firmas, asciende a la suma de 400 millones de dólares por año. Según ellos, el fisco está recaudando, por culpa de la dirección actual, únicamente entre el 10 y el 15 por ciento del volumen a cobrar. Los denunciantes indicaron que es fácil apreciar la presencia de personal contratado que trabaja en convivencia con los profesionales de los estudios jurídicos que defienden a las grandes empresas. Afirmaron haber presentado denuncias al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Hacienda y también a las Fuerzas Armadas, sin que nunca se hayan tenido en cuenta sus revelaciones».

3500 millones en los Estados Unidos más 10 000 millones (solamente en dos años) en Suiza sumaban 13 500 millones de dólares, o sea 1 755 000 millones de pesos argentinos de aquella época o 4 725 000 millones también de pesos argentinos del momento en que escribimos estas líneas (diciembre de 1967). El lector se asombrará, de no estar curado de espanto, que la misma y otras agencias noticiosas informaban entonces que el ingeniero Alvaro Alsogaray, ministro libreempresista de tres gobiernos, hacía oídos sordos a la denuncia de los funcionarios de la Dirección General Impositiva y se trasladaba a los Estados Unidos y Europa a mendigar un empréstito de 500 millones de dólares, equivalente a la veintisieteava parte de la evasión de capitales comprobada. Pero el juego de ida y vuelta, en el que lo que se va multiplica a lo que entra, es el tributo que la Argentina rinde desde hace décadas a las libertades que amparan a minorías sin patria.

Participan de esa colosal evasión de capitales de la Argentina (la mayor del mundo en cifras relativas y absolutas), además de los terratenientes que cobran en otros países sus rentas y de los accionistas de empresas extranjeras que también reciben en el exterior los dividendos, monopolios de origen argentino que se convirtieron en trusts internacionales. Inmigrantes que se enriquecieron como capitalistas independientes en el comercio de exportación o en la industrialización de los productos primarios, progresaron en sus negocios hasta sobrepasar las posibilidades del mercado nacional de absorber nuevas inversiones en sus respectivas actividades, por lo que, al amparo de la legislación liberal, colocaron en el exterior sus utilidades excedentes y se incorporaron al campo operativo de las altas finanzas imperialistas. El caso del coya boliviano Simón Patiño, metamorfoseado de la noche a la mañana en rey del estaño, se repitió en la Argentina, aunque en forma menos espectacular. No pretendemos agotar la nómina al mencionar únicamente a dos monopolios de origen argentino proyectados al ámbito internacional.

Uno de ellos se engendró en la venta al exterior de los productos agrícolas.

Las 153 000 explotaciones que en la década del treinta se dedicaban a la agricultura estaban sometidas a la acción extorsiva de cuatro firmas exportadoras: Bunge & Born, Luis Dreyfus, La Plata Cereal y Luis de Ridder. Las dos últimas dependían de la primera y entre las cuatro se repartían las compras y los embarques, mediante un acuerdo similar al existente entre los frigoríficos. En 1936-1939 exportaron el 85 por ciento de los cereales y del lino, correspondiente el 15 por ciento restante a 33 firmas que giraban en la órbita de las grandes.[20]

El grupo monopólico fue anulando año tras año la libre concurrencia. De los 3900 cerealistas (con capitales de 50 000 a 200 000 pesos de entonces) radicados en 1920 en ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires no quedaban en 1930 más que 750, y estos sobrevivientes debían someterse a las condiciones impuestas por los exportadores. Los productores se quejaban de los procedimientos del monopolio que clasificaba el cereal a un tipo inferior al verdadero, hacía «quitas» con cualquier pretexto y se apoderaba de los sobrantes de los vagones. Pero su mayor negocio era el cambio de divisas. En 1932, año de crisis con 278 millones de pesos de quiebras (cifra tope junto con los 365 millones de 1931), Bunge & Born construyó numerosas casas de renta, entre ellas el monumental edificio Comega.

Dentro del grupo monopólico, Bunge & Born ocupaba una posición preponderante. Comerciaba más de la mitad de la producción argentina de cereales y lino. Sus 22 molinos, con una producción diaria de 2800 toneladas, abastecían a las tres cuartas partes del consumo harinero del país. Controlaba directamente más de cincuenta empresas y poseía 800 000 hectáreas de estancias e importantes industrias. Tenía tal poder político que designó gobernador del Chaco a uno de sus abogados e interventor-intendente de Rosario a otro.

La firma Bunge & Born fue fundada en Buenos Aires, en 1882, por dos inmigrantes radicados hacía largo tiempo en el país: Hugo Bunge (nacido en Inglaterra de padres prusianos; sucedió a su hermano Carlos Augusto como cónsul general y encargado de negocios de Prusia y de los Países Bajos en la Argentina, y también como socio de la casa bancaria Bunge, Bornefelt & Cía.) y Jorge Born (belga, muy joven emigró a nuestra tierra para dedicarse a la compraventa de cereales). Posiblemente Born aportó su experiencia en esos negocios y Bunge financió las actividades de la firma, cuyo comienzo coincidió con el arranque de la gran corriente exportadora de granos.

Pronto Bunge & Born se convirtió en un poderoso consorcio internacional. Sus intereses se asociaron a otros con sedes en ese gran centro inversor que era Bruselas, donde acudían capitales de toda Europa occidental. Incorporó allí a la empresa a un personaje de gran influencia en los círculos políticos y financieros, Henry Carton de Wiart, primer ministro por el Partido Católico y autor de novelas históricas, quien le abrió las puertas de la Corona para que participara, como agente de ella, en importantes operaciones en el Congo, con tanta eficacia que uno de sus empleados, el argentino Rossi, fue nombrado gobernador de esa colonia africana, motivo por el cual las autoridades de nuestro país lo procesaron y le quitaron la carta de ciudadanía, pues no había cumplido con el requisito de solicitarles antes permiso para ocupar dicho cargo.

Alfredo Hirsch, judeoalemán que vino a la Argentina a fines del siglo pasado, fue desde 1898 y durante varias décadas el cerebro de Bunge & Born, con el interregno de la Primera Guerra Mundial, pues los aliados lo pusieron en la «lista negra» y le obligaron a renunciar. Hizo, aparentemente, rancho aparte, con la eventual fundación de La Mercantil de Cereales hasta que pasó la tormenta y volvió a manejar el timón del monopolio. Este incidente no debilitó sus sólidas convicciones políticas, las que años más tarde tuvieron oportunidad de expresarse, con pública amplitud, al adherirse con firma y dinero a la Unión Democrática. Entre las hazañas que jalonaron su vida figura la de haber provocado una crisis de gobierno en Rumania, con el fin de lograr que ese país le vendiera a determinado precio su exportación de trigo.

José Luis Torres escribía en 1943:

«El monopolio de granos y cereales del país está representado por Bunge & Born, de quien es abogado consultor y apoderado, según se comprobara en forma fehaciente, el doctor Miguel J. Culaciati (ministro del Interior del presidente Castillo). Esta casa cerealista tiene sucursales en cada país de Europa, varias en Norteamérica, compañías filiales en Australia, China y Japón, agentes de negocios en Escandinavia, Sud África e Indochina, y oficinas extendidas a través de toda Suaamérica […]. Mientras los agricultores argentinos, para vivir mal, deben recibir una limosna anual extraída sobre el hambre de sus compatriotas, se ha levantado con su producción incesante uno de los más grandes trusts del mundo entero […]. Un prolijo estudio realizado en Norteamérica estima el capital así invertido por Bunge & Born en más de 60 millones de dólares. Cuando falleció Eduardo Bunge, hijo del fundador de la rama argentina, su fortuna fue estimada en 1500 millones de francos belgas. Pero para los agricultores argentinos no valen las cosechas».

Otro de los monopolios de origen argentino que se proyectaron al ámbito internacional era el de los Bemberg. Tuvo comienzos modestos: el despacho, y más tarde fábrica de cerveza que un inmigrante de Francfort instaló en Buenos Aires, siguiendo las huellas de sus compatriotas Juan Bühler y Emilio Bieckert. Como en el caso de la familia Morgan, no fue el fundador, sino su hijo, Otto Sebastián, el que creó el colosal imperio financiero. Hemos de juzgarlo a través de la documentada obra de José Luis Torres, en la que se reproduce esta apreciación de Paolo Zappa acerca de las causas del derrumbe de Francia al empezar la Segunda Guerra Mundial:

«Un banco particular de potencia no inferior al Neuflize, al Mallet y al Mirabaud, es el Bemberg, cuyo jefe, Otto Bemberg, es originario de la Argentina. Este realiza sus negocios más importantes con Sudamérica: Puerto de Rosario, Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano, Société Industrielle et Financiére pour l’Amérique du Sud, etc. En estos negocios está asociado con Schneider y de Wendel (fabricantes de cañones)».[21]

También Hamon, en su difundido libro Les maitres de la France, ubica a los Bemberg entre los principales personajes responsables de la corrupción política y administrativa que debilitó los cimientos morales de ese país en el período prebélico.

Otto Sebastián rehuía la publicidad de tipo personal. Sólo la admitía cosificada, es decir por mediación de los productos que lanzaba al mercado o de las sociedades cuyo anonimato salvaba su nombre de la indiscreción de ojos escrupulosos en demasía. Así, desde la sombra, pudo edificar su imperio cervecero y extenderlo a otras ramas hasta introducirlo en las altas finanzas internacionales. Por eso hasta su muerte, en 1932, pocos argentinos estaban enterados de la existencia del gran trust mundial de los Bemberg, árbol con muchas ramas que nació de la pequeña semilla arrojada por el ahorrativo cervecero inmigrante. Pero al desaparecer Otto Sebastián, la herencia traicionó los deseos de sus hijos de cumplir la voluntad paterna siempre preocupada de conservar el secreto de sus negocios y de no excederse en la ostentación de su fortuna. Otto Sebastián trasmitió a sus descendientes una aversión ilimitada hacia el Estado, sobre todo como cobrador de impuestos y fiscalizador de las actividades empresarias.

A fin de eludir el pago del impuesto sucesorio al Consejo Nacional de Educación, Otto Eduardo, hijo de Otto Sebastián, declaró en un escrito que sus padres habían trasladado su domicilio al extranjero en 1898 y liquidado entonces sus bienes y negocios en el país. Apenas les quedaban a los pobres herederos 658 313 pesos con 34 centavos depositados en el Crédito Industrial y Comercial Argentino.

La investigación emprendida a título de simple ciudadano por José Luis Torres dio resultados escandalosos. Quedó perfectamente documentado que los Bemberg poseían 37 sociedades anónimas, de las cuales dos —Brasserie Argentine Quilmes y Puerto de Rosario— se destacaban porque sus acciones eran las de más alta cotización en el mundo. Esas

«compañías, sociedades, entidades, consorcios, o como quiera llamárseles, fueron en su casi totalidad organizadas o constituidas dentro de la República Argentina con el objeto de crear o explotar industrias o bienes, o cosas, ubicadas en los límites de su propio territorio».

Fuera de la Argentina, en Francia, donde entroncaron con barones y condes por manages de convenance, los Bemberg estaban vinculados a las Deux Cents (las doscientas familias de abolengo rejuvenecido con sangre plebeya de los nouveau riches), a la Haute Banque (Rotschild, Lazard), al Comité de Forges y a múltiples empresas de distinta naturaleza. El fabricante de armamentos Eugéne Schneider (director de Le Creusot y miembro recién llegado de las Deux Cents) compartía con los Bemberg la concesión del puerto de Rosario, negociado que dio motivo a una enérgica acusación de dolo por el ministro de Obras Públicas, Salvador Oría, en la sesión del 4 de septiembre de 1942 de la Cámara de Diputados.

En un estudio del Instituto de Finanzas Argentinas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, publicado en folleto, se dan las pruebas de la estafa cometida por los Bemberg, apañados por el ministro Pinedo, al intervenir en 1935 en la conversión y unificación de la deuda pública interna y externa de la provincia de Buenos Aires. El país perdió 503 074 634,85 pesos de entonces y los Bemberg cobraron una comisión de 14 917 004,53 pesos también de entonces.

Protegidos por el Estado de la democracia fraudulenta y por políticos oficialistas y opositores, los Bemberg gozaban de completa impunidad para delinquir en perjuicio de la sociedad argentina, origen y víctima de su fortuna. Refiere José Luis Torres que en 1939 preparó con un senador un proyecto de investigación de los negocios del trust cervecero, pero que el ministro de Hacienda disuadió al legislador de seguir adelante,

«demostrándole la imposibilidad de lograr del Congreso ninguna medida tendiente a oponer limitaciones ni trabas a los negocios de Bemberg, pues éste es un fuerte y seguro contribuyente a la caja electoral de todos los partidos, y tiene un banco sin vencimientos a disposición de los hombres con alguna gravitación política en la República».

Y prosigue el autor de Los «Perduellis»:

«Este detalle me fue confirmado personalmente por el extinto diputado nacional David Romeo Saccone, ante testigos: —No pierda usted su tiempo— me dijo. —Yo mismo he vendido mis dietas por todo el período a Bemberg y después las he cobrado. Muchos han hecho lo mismo, pero no lo dicen».

David Romeo Saccone era, como recordará el lector, el diputado yrigoyenista que defendió en dos oportunidades la nacionalización del petróleo.

También menciona Torres lo ocurrido con la inflación de la deuda bonaerense que tantos millones dio a los Bemberg. El senador Benjamín Villafañe, encargado de llevar la denuncia al Congreso, retrocedió a último momento.

Los reyes de la cerveza no tenían prontuario, pero sí antecedentes que los habilitaron para figurar, muy pronto, entre los patrocinadores del gran encuentro de la Unión Democrática. Si en Francia estaban con la Troisième y luego con la Quatrième République, en la Argentina debían lógicamente defender a «los tiempos de la República» loados por Federico Pinedo. Amaban su libertad y odiaban la intervención del Estado. Sus temores de 1945, cuando aplaudieron a rabiar la Marcha de la Constitución y la Libertad, no tardaron en confirmarse al expropiar el peronismo sus bienes. Pero sus hombres de paja siguieron funcionando y al final la Revolución Libertadora y los gobiernos que de ella emanaron les recompensaron con creces los sacrificios sufridos por su fidelidad a la causa de la libreempresa monopólica.

CAPÍTULO 33
«EL RADICALISMO AL PODER Y ALVEAR A LA PRESIDENCIA»

Las convenciones radicales

Los militares golpistas de 1930 —detrás de los cuales estaban los liberales de todos los pelajes aguaitando el poder que no podían conquistar por sí mismos— voltearon a Yrigoyen por lo que tenía de bueno y no por lo que tenía de malo, por su popularidad y sus tendencias nacionalistas y no por sus concesiones a la reacción y sus prejuicios liberales-burgueses. Esta indecisión del caudillo de Balvanera, que se evidencia en su debilidad por Alvear, permitió que las empresas monopólicas extranjeras y sus abogados y asesores introdujeran la corrupción en las filas yrigoyenistas. Uriburu calificó al gobierno de Yrigoyen de «régimen político despótico y corrompido» y su ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, anunció que «los mejores hombres del país» se disponían, el 6 de setiembre, a hacer una limpieza general en las oficinas públicas. La labor de la Comisión Investigadora que se nombró, con la solemne promesa de los fariseos de restablecer la moral administrativa, halló amplio eco en la prensa grande y en los círculos antiyrigoyenistas. Pero poco o nada comprobó, porque no era otra cosa que el decorado de la gran farsa puesta en escena por los personajes más adictos a los intereses imperialistas y a la oligarquía agroexportadora. El general Justo llegó al gobierno con el poco glorioso antecedente de haber encubierto, como ministro de Guerra de la presidencia de Alvear, el negociado de los armamentos que tuvo por principales protagonistas al general José F. Belloni y al doctor Jonghi. Cuando más tarde, ya presidente, la representación socialista en el Senado prometió revelaciones sensacionales sobre aquella y otras defraudaciones en la compra de material militar, el debate se interrumpió misteriosamente con vivas a la Patria y al Ejército de los senadores Bravo y Palacios y un discreto mutis de la prensa seria.

El justismo en el gobierno y el alvearismo en la oposición formaban las dos caras de la misma medalla. Aquél no se entiende sin éste.

Bajo la conducción de Alvear, el radicalismo estuvo ausente en el debate de los grandes problemas de la época y no se interesó por la defensa de la independencia económica y la soberanía política de la República; no dijo, ni podía decir, por ser cómplice, una palabra respecto a los negociados de armamentos; no se opuso al Pacto Roca-Runciman; no denunció la enajenación del crédito, de las finanzas y de la moneda a las finanzas extranjeras, mediante la creación del Banco Central y del Instituto Movilizador; no hizo nada para impedir el control de la producción agropecuaria por las empresas monopólicas, a través de las Juntas Reguladoras; no combatió el monopolio del transporte; no defendió a YPF, como lo hizo Yrigoyen en contra de Alvear; no colaboró en la investigación de la industria y el comercio de carnes; y no atacó al Laudo Ferroviario del presidente Justo, ni apoyó las luchas obreras por mejores condiciones de existencia. En cambio, votó la prórroga de las concesiones eléctricas y se manchó así las manos con el dinero que concejales, legisladores y miembros del Comité Nacional recibieron de los delincuentes de la SOFINA.

Bajo la conducción de Alvear, el radicalismo se agrupaba alrededor de una sola bandera: comicios libres y puros. Pero ¿de qué valía oponerse al fraude y la violencia electorales en nombre de una abstracta democracia, cuya complicidad con la entrega y la estafa del patrimonio nacional revelaba lo que sería si llegaba a gobernar? A las masas yrigoyenistas nada podía importarles que se les permitiera votar, puesto que frente a la problemática del país, Alvear y Justo aparecían cortados por la misma tijera. Aquél reclamaba el poder para repetir lo que hacía éste. ¿Qué más daba Justo o Alvear? Uno gobernaba por el fraude; otro defraudaba al pueblo con su antifraude vacío de contenido social. El «cambalache» aunaba al oficialismo y a la oposición. Discépolo lo vio como una totalidad nacional, pero una totalidad a la que las masas populares, privadas de conductores revolucionarios, le oponían su inercia y su escepticismo políticos.

Carecía de trascendencia la cláusula introducida en la Carta Orgánica por la Convención Nacional de 1931 sobre

«la voluntad del radicalismo de realizar una democracia económica y social»,

o el voto directo, o el estado de asamblea del partido, o la organización sobre la base de los afiliados y no de las autoridades, si en la practica se convalidaba la política entreguista y antipopular del gobierno. Tampoco tenía consistencia la plataforma aprobada por esa Convención, mientras los dirigentes máximos se comprometían en los planes monopólicos.

La «reorganización de abajo para arriba», resuelta por la Convención Nacional del año siguiente (abril de 1932), se malogró por los manejos de arriba para abajo de la dirección alvearista, la que desaprobó el Memorial elevado por Hipólito Yrigoyen a la Suprema Corte de Justicia, el 22 de septiembre de 1932, con la denuncia de la actitud entreguista del alto tribunal en materia de petróleo. Tampoco podía tolerar que el viejo caudillo hiciera del levantamiento del teniente coronel Atilio Cattáneo este comentario:

«El fracaso de los movimientos efectuados a partir de 1930 se debe principalmente a la coparticipación en el plano directivo de elementos no radicales, aparte de las consecuencias que por dicha causa, de triunfar, habrían sobrevenido».[1]

No obstante los esfuerzos de la dirección alvearista por congraciarse con los centros imperialistas, el gobierno de Justo, consciente de su origen espurio, temía que esa dirección fuera sobrepasada por el movimiento de masas que empujó a Yrigoyen por los caminos del nacionalismo económico y el gobierno popular. Por eso presionaba sobre el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para que levantara la abstención y le prometió devolverle la plena legalidad, pero las autoridades alvearistas, aunque no ocultaban su disposición a avenirse al requerimiento y su oposición al desborde del movimiento de masas, no podían anular la tendencia abstencionista que tenía su principal trinchera en el Comité de la Capital y se impuso en la Convención Nacional del 27 de diciembre de 1933, celebrada en Santa Fe. Como la clausura de esta asamblea coincidió con levantamientos radicales en casi todo el país, Alvear y más de mil dirigentes fueron detenidos y deportados o conducidos a Martín García y Ushuaia. Para que no se los confundiera con los insurrectos, los presos de Martín García declararon:

«Trátase de un movimiento ajeno a las autoridades partidarias y ejecutado sin su orden, ni su conocimiento».

Las medidas represivas produjeron el efecto que buscaba el gobierno y deseaba el Comité Nacional de la UCR: fortalecer las corrientes antiabstencionistas o concurrencistas, al compás de la política de entrega de los comandos de la economía y las finanzas a los consorcios extranjeros. De la Convención Nacional de 1935 (iniciada en diciembre de 1934) salió derrotado el abstencionismo. Alvear levantó poco después la abstención e intervino el Comité de la Capital. Ricardo Rojas escribía indignado:

«Es el peor momento partidario que se ha podido elegir para sacar al radicalismo de la abstención».

No opinaban lo mismo los alvearistas, en el secreto de los proyectos que el gobierno de Justo tenía en carpeta para enviar al Congreso. Los concejales radicales recitarían al año siguiente los discursos preparados por los abogados de la SOFINA y aprobarían la escandalosa prórroga de los contratos eléctricos. Sir Guillermo Leguizamón, abogado y presidente de ferrocarriles ingleses y jefe de la quinta columna inglesa en la misión Roca, escribía a su «querido amigo» Alvear el 6 de octubre de 1936 desde el vapor Andalucía Star:

«Espero que en dos o tres meses más que usted permanezca alejado, se apreciará mejor por todos nuestros compatriotas, el inmenso servicio que usted nos ha prestado, organizando una fuerza opositora, animada de altos ideales y con una conciencia de las responsabilidades que comporta la función pública».

Más concreto no podía ser: la «fuerza opositora» servía a la política a dos puntas del gobierno de Su Majestad británica.

Los yrigoyenistas, derrotados en la Convención Nacional y expulsados del Comité de la Capital, se agruparon en torno de un manifiesto titulado Vocación revolucionaria del radicalismo. Decían:

«No ignoramos —pronto nadie ignorará— cuáles son las verdaderas causas de la nueva postura que adoptan los ancianos caballeros que quieren dirigir el pensamiento radical».

Denunciaban

«las vinculaciones y conveniencias existentes entre las empresas extranjeras expoliadoras del trabajo y la producción nacionales, por un lado, y conocidos ex miembros de gobiernos radicales, por el otro»

y

«a los agentes de empresas que se sientan en su seno [de la Convención Nacional] y que han intervenido en su convocatoria».

Afirmaban que

«de la misma masa de la “gente desconocida” de la Unión Cívica Radical, ya ha surgido la nueva mentalidad revolucionaria argentina, teniendo como primer postulado inequívoco de acción y de doctrina, la decisión de abolir todo privilegio, y de restablecer la independencia cultural y económica de la República, es decir, de restaurar la soberanía del pueblo, que es para lo que fue creada la Unión Cívica Radical».

En lucha abierta contra el comando proimperialista de Alvear, un grupo de radicales fieles a la mejor tradición yrigoyenista fundó FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). En la Asamblea del 29 de junio de 1935 aprobaba la siguiente declaración con el título de «Somos una Argentina colonial; queremos ser una Argentina libre»:

«La Asamblea Constituyente de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, considerando:

»1) Que el proceso histórico argentino en particular y el sudamericano en general, revelan la existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de la soberanía popular, para la realización de los fines emancipadores de la Revolución Americana, contra las oligarquías como agentes virreinales de los imperialismos políticos, económicos y culturales, que se oponen al total cumplimiento de los destinos de América.

»2) Que la Unión Cívica Radical ha sido, desde su origen, el instrumento continuador de esa lucha por el imperio de la soberanía popular y la realización de sus fines emancipadores.

»3) Que el actual recrudecimiento de los obstáculos puestos al ejercicio de la voluntad popular, corresponde a una mayor agravación de la realidad colonial, económica y cultural del país:

»Declara:

»1) Que la tarea de la nueva emancipación sólo puede realizarse por la acción de los pueblos.

»2) Que corresponde a la Unión Cívica Radical ser el instrumento de esa tarea, consumando hasta su totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito Yrigoyen.

»3) Que para ello es necesario, en el orden interno del partido dotarlo de un estatuto que, estableciendo el voto directo del afiliado cotizante, asegure la soberanía del pueblo radical, y en el orden externo, precisar las causas y los causantes del endeudamiento argentino al privilegio del monopolio extranjero, proponer las soluciones reivindicadoras y adoptar una táctica y un método de lucha adecuados a la naturaleza de los obstáculos que se oponen a la realización de los destinos nacionales.

»4) Que es imprescindible luchar dentro del partido para que éste recobre la línea de intransigencia y principismo que lo caracterizó desde sus orígenes, única forma de cumplir incorruptiblemente los ideales que le dieron vida y determinan su perduración histórica al servicio de la Nueva Argentina.

»Dentro de estos conceptos y con tales fines, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJA, abre sus puertas a todos los radicales, y particularmente a los jóvenes, que aspiren a intervenir en la construcción de la Argentina grande y libre soñada por Hipólito Yrigoyen.

»Por el radicalismo a la soberanía popular.

»Por la soberanía popular a la soberanía nacional.

»Por la soberanía nacional a la emancipación del pueblo argentino».

Dos meses después, el 2 de septiembre, FORJA ponía en circulación su primer manifiesto. Denunciaba la política colonizadora y reaccionaria del gobierno justista: el monopolio del transporte, el Banco Central, el Instituto Movilizador, las Juntas Reguladoras, el Pacto Roca, la unificación de los impuestos, el control de cambios, los convenios del petróleo, el negociado de los armamentos, el trust frigorífico, el cercenamiento de las libertades, la censura de las ideas, el asesinato de Enzo Bordabehere, la participación argentina en la Liga de las Naciones, la transferencia de la enseñanza a instituciones extranjeras, la amenaza a la neutralidad argentina en vísperas de una nueva guerra imperialista. Responsabilizaba al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical de complicidad con el justismo en la política de vender a la Patria. Decía:

«Hoy el radicalismo está sumido en la arrebatiña en que algunos de sus representantes subalternizan sus esfuerzos a la vez que procuran corromper a la juventud radical, sustituyendo en su mente todo ideal de redención nacional por la esperanza de enriquecimiento personal a cualquier precio».

Cinco años duró la actuación de FORJA, combatida por el gobierno, negada por la dirección radical y, cuándo no, acusada de «fascista» por los partidos Socialista y Comunista. Quedan como balance de su labor trabajos fundamentales de interpretación de la problemática argentina. No llegó a coincidir con la clase obrera, pero dejó constancia de las reservas potenciales de la burguesía y de la pequeña burguesía en una perspectiva de lucha por la emancipación nacional. Desapareció por no haber ido más allá de la denuncia intelectual de la expoliación oligárquico-imperialista, sin encontrar la fórmula práctica de movilización del nacionalismo popular revolucionario.

Con el sello de «izquierda radical» aparecieron otras agrupaciones en pugna con el alvearismo, entre las que se destacaron: Bloque Opositor y Movimiento Ordenador en la Capital Federal (este último editaba el periódico País Libre) y Fuerza Intransigente en Santa Fe.

La intensa actividad de las corrientes auténticamente yrigoyenistas dio sus frutos en la Convención nacional de 1937. Caracterizó a esta asamblea la ausencia de los dirigentes alvearistas en los debates y la participación de una combativa masa de delegados, que dio a las deliberaciones un tono antimperialista, nacionalista y popular. Pero, entre bastidores, los miembros del Comité Nacional, y en primer término Alvear, se esforzaron en conciliar las distintas tendencias internas con vistas a los comicios presidenciales del mismo año. La extensa plataforma, redactada por el doctor Leónidas Anastasi, proponía la reforma de la Constitución, la intervención del Estado en la economía, la creación de los ministerios de Salud Pública y Trabajo y Previsión, etcétera. Sin embargo, su eclecticismo se evidenciaba al proyectar, por una parte,

«la creación de un organismo superior de la economía nacional tendiente a asegurar especialmente el contralor de la producción y distribución de la riqueza, e integrado con representantes de todas las organizaciones interesadas en el proceso económico de la misma»,

e inclinarse, por otra parte, a la empresa mixta en el petróleo. Alvear intervino para imponer la sustitución de la cláusula que establecía

«la nacionalización y monopolio por el Estado de las fuentes de producción petrolíferas»

por

«nacionalización paulatina» y «empresas mixtas».

El espíritu nacionalista popular de la Convención fue traicionado por «los ancianos caballeros» digitados por la CADE, los ferrocarriles, los teléfonos, Bemberg y cuantas empresas monopólicas necesitaban que el radicalismo les garantizara la «legalidad» de sus negocios. Alvear les servía a las mil maravillas con sus invocaciones a la desvanecida figura de Leandro N. Alem o al tantas veces execrado Hipólito Yrigoyen.

Corría el último año del gobierno justista. El general-presidente le había prometido elecciones libres al doctor Alvear, como veremos más adelante. Antes pasaremos revista a la conducta de otras agrupaciones políticas.

Izquierdismo y sectarismo

Como antítesis de la democracia fraudulenta y entreguista, la década del treinta se caracterizó por las huelgas y movimientos populares, la formación de izquierdas en el radicalismo y el socialismo, el nacimiento de grupos e instituciones orientados hacia la emancipación económica nacional, el desarrollo de tendencias antiyanquis y antinglesas en las filas de las

Fuerzas Armadas. Eran brotes endémicos de una conciencia nacionalista popular, contradictorios en los enfoques de la problemática argentina y desconectados, o en franca lucha, entre sí.

Estas modalidades de la difusa oposición permitieron al general Justo cumplir sin mayores obstáculos su período presidencial. Ni las conspiraciones radicales, ni las críticas socialistas y demócratas progresistas, ni las campañas comunistas, consiguieron torcer el rumbo que el oficialismo imprimía a la política interna y externa.

Las corrientes izquierdistas que aparecieron entonces respondían al anhelo de la nueva generación de salir del dilema que le planteaba tener que optar entre conservadores y radicales. Jóvenes universitarios, en su mayoría, de origen pequeño burgués, burgués o aristocrático, repudiaban la política del pasado globalmente y esperaban encontrar los nuevos caminos en los partidos de izquierda. Tenían ideas muy confusas sobre el marxismo y sus contactos con los tradicionales dirigentes izquierdistas contribuyeron a confundírselas aún más.

El 13 de agosto de 1931, durante la dictadura uriburista, se fundó la Agrupación Ciudadana de Extensión Socialista, que poco después apoyó la Alianza Demócrata Socialista y publicó el periódico Polémica.[2] Los firmantes del acta inicial se consideraban

«constreñidos a salir en defensa de la democracia amenazada en las circunstancias por que atraviesa actualmente el país, y en el deber de intervenir en la vida cívica, para influir en la solución de los problemas nacionales»,

y se declaraban

«inspirados en los más nobles propósitos de contribuir a la elevación moral y material del pueblo explotado por las clases privilegiadas, por medio del perfeccionamiento de las instituciones democráticas y el imperio de la justicia social».

En el Manifiesto del 10 de septiembre siguiente decían que había

«llegado el momento de ensayar un tercer camino, que es para nosotros el único digno, un camino alejado de la puja primitiva del régimen y de la causa»,

y que

«para los círculos oligárquicos que manejaron nuestros asuntos antes de 1916, viendo en las masas populares nada más que una prolongación de sus haciendas, nunca debió constituir sorpresa el advenimiento impetuoso, desordenado, instintivo del radicalismo, por el cual asumía nuestro pueblo el legítimo derecho a regirse sin tutelas».

Aspiraban a que se

«extirpara para siempre nuestra política gaucha, hecha a base de concupiscencia, codicia e improvisación».

La ACES simpatizaba con la Revolución Rusa, pero no comprendía que la problemática argentina se centraba en la emancipación nacional del yugo imperialista. Defensora de la democracia representativa liberal, a la inglesa, rechazaba la intervención del Estado en la economía. Decía:

«Podemos afirmar que el Estado es mal industrial y comerciante».

En consecuencia, estaba en contra del monopolio estatal del petróleo y propiciaba, tanto para éste como para los bancos, las empresas mixtas, coincidiendo con el programa de la Alianza Demócrata-Socialista y con la posición de los socialistas y demócratas progresistas en el Congreso.[3] La ACES se disolvió y sus ex miembros se desparramaron por el radicalismo, el socialismo, el comunismo, la democracia progresista y el nacionalismo.

En setiembre de 1933, ya en tiempos del justismo, apareció el periódico Cauce, como «tribuna del pensamiento marxista» y «órgano de la izquierda socialista».[4] «Estamos con la URSS», decía y atacaba al socialismo revisionista, al que calificaba de «injerto burgués» y «apéndice del capitalismo». Declaraba:

«No tenemos fe en la democracia; confiamos en la revolución»,

y se daba por objetivos

«evitar todo intento regresivo de tipo fascista» y «la conquista del poder por la clase obrera».

Proponía la abstención electoral, pues

«el gobierno de Justo tiene interés en la concurrencia de los socialistas para restarles bancas a los radicales».

En relación con el origen de la izquierda que se formó dentro del Partido Socialista aparecieron dos libros que lo definen: La conquista del poder de Benito Marianetti (1932), apuntes del curso que dictó en la Casa del Pueblo, de Mendoza, y Doctrina y Táctica Socialista (Editorial Claridad), texto de las conferencias pronunciadas por Ernesto Giúdici en la Casa del Pueblo de Rosario y en el Centro de Villa Urquiza, en enero y febrero de 1933. Ambos libros se caracterizan por las críticas al reformismo socialdemócrata desde una posición intermedia del comunismo y la socialdemocracia. Escribía Giúdici (pág. 49):

«Lo que diferencia a un socialista revolucionario de un comunista intransigente es que mientras éste cree poder hacer la revolución al conjuro de veinte rígidas consignas, aquél no descuida el medio ni la época para la preparación y consolidación de la sociedad socialista. Los comunistas nos dan a veces la impresión de querer dar un salto a garrocha, sin garrocha; y los socialistas de muchas partes, el fenómeno inverso; tienen la garrocha y no dan el salto. Por eso en materia revolucionaria, ambos extremos son malos».

Ernesto Giúdici, gran inteligencia malograda por el codovillismo, sigue saltando de un lado al otro treinta y cinco años después, con garrocha o sin garrocha.

Benito Marianetti, sin «prescindir en absoluto de la táctica reformista», dedicaba particular atención al estudio de la lucha armada por el poder, pero desde que se enamoró de la Unión Democrática no quiere que le recuerden ese «pecado de juventud».

En ambos libros se reflejaba la influencia del sectarismo izquierdista impreso al Partido Comunista por los artículos y folletos de Rodolfo Ghioldi. Esta influencia aparecía en dos temas que el periódico Cauce tocaba a menudo: el repudio a la Alianza Demócrata-Socialista y los ataques a la burguesía nacional.

Cauce publicó en su número de enero de 1934 un «programa para una acción revolucionaria» y en su número del mes siguiente la autocrítica de ese programa, dictada bajo la presión de Ghioldi, en el momento que la mayoría dé la izquierda socialista estaba a punto de ingresar al Partido Comunista. El punto primero del programa planteaba: «Nacionalización del capital extranjero (bancos, transportes, subsuelo). Lucha antimperialista. Solidaridad americana». La antológica crítica ghioldista decía:

«Lo único a deducir es que el compañero autor del programa está influido de un ideario pequeñoburgués de solidaridad continental americana y quiere vincular orgánicamente nuestro movimiento socialista a otros similares de la América Latina, que tienen en sus programas la lucha antimperialista; no cabe duda que se refiere al APRA peruano. Se sobreestima la lucha antiimperialista dándole el carácter que se le da en este artículo [sic]. La lucha antimperialista no es sino un aspecto de la lucha contra las burguesías feudales [sic] de América Latina y no puede por consiguiente ser elevada a móvil casi único. Se incurre en el error de suponer que reviste mayor importancia la solidaridad entre las masas revolucionarias de los diferentes países latinoamericanos que la solidaridad entre éstas y las de los países europeos o norteamericanos [sic]. Esto proviene de la sobreestimación de los factores sentimentales: raciales, idiomáticos, históricos (lucha por la independencia), olvidando que motivos de orden económico nos vinculan estrechamente a los países europeos y a los Estados Unidos y que en cualquier movimiento revolucionario que tocara los intereses que estos países tienen establecidos en América es mucho más importante contar con la solidaridad de sus proletarios, que luchan contra las acciones de guerra, que con la solidaridad —que evidentemente también podrá sernos útil pero no en igual grado— del proletariado y campesinado de Latinoamérica».

La izquierda socialista salía de Guatemala y entraba en Guatepeor. Ghioldi la ahogaba en el pantano de la europeística. Le enseñaba a despreciar a América Latina y a negar la existencia del problema nacional argentino. Inventaba unas «burguesías feudales» que eran algo así como una cruza contranatura de gatos y perros. Siguiendo sus consejos, Cauce (N.º 5) declaraba:

«Defensa de la burguesía o apoyo a la revolución». «Se está con la burguesía o se está con la clase trabajadora». Todo revolucionarismo a medias es demagogia». «La derecha irá al fascismo y la izquierda a la clase trabajadora marxista y revolucionaria, empujadas ambas por los propios factores de la lucha social».

Ghioldi quería arrancar de cuajo a la izquierda no solamente del Partido Socialista, sino de toda posibilidad de afianzamiento en una posición concreta de lucha por la emancipación nacional. No se conformaba con castigar con tremendos uppercuts a los tambaleantes izquierdistas; trataba de triturarlos e introducirlos a pedazos en el Partido Comunista. Preguntaba:

«¿Cuál es la función de la «izquierda en la socialdemocracia? Prestigiar a la socialdemocracia, “restaurar” su virginidad perdida, hacerla simpática a los ojos de los obreros socialdemócratas que empiezan a indignarse contra la política de traición, retener dentro de sus cuadros a los obreros prestos a pasarse a las filas comunistas. El método de que se vale esa “izquierda” consiste en emplear (al estilo trotskista) grandes frases con invocaciones de Marx y Lenin, para recrear la fe perdida de los obreros en la socialdemocracia. Eso es en Europa y es también aquí. Se ha visto y repetidamente con los Fiorini, los Coca, los Unamuno y compañía. Y se ve con toda la claridad deseada en el caso Marianetti».[5]

En otro artículo, escrito en vísperas del Congreso de la Confederación Juvenil Socialista, Ghioldi insistía en que

«la izquierda aparece para hacer imposible a los obreros y particularmente a los obreros socialistas el acceso al camino revolucionario»,

e increpaba así al autor de La conquista del poder, delegado a ese Congreso:

«¿Tendrá todavía el señor Marianetti la desvergüenza de poner el Manifiesto Comunista a los pies de Graffigna?».[6]

Como Giúdici se quejó del tono violento que se empleaba contra él y sus compañeros, Ghioldi le respondió que era el único lenguaje que correspondía para

«marcar a fuego a la izquierda por sus posiciones teóricas y políticas, cuando la izquierda pasa al servicio directo de los latifundistas».[7]

Para cerrar el proceso de ablandamiento cerebral, Rodolfo Ghioldi les aplicaba a los socialistas de izquierda y a los comunistas, bajo la forma de crítica al Pacto Roca, una inyección de extremismo izquierdista que los dejaba turulatos. El Pacto Roca no era para él más que un aspecto de la lucha de los imperialismos inglés y yanqui por la colonización de la Argentina, verdad a medias que se convertía en mentira absoluta al prescindir de la contradicción básica entre la totalidad nacional y el imperialismo en general.[8] ¿Qué representaban los industriales que reclamaban protección del Estado, los empresarios de ómnibus y los colectiveros que luchaban contra el monopolio del transporte, los criadores de ganado que se oponían a los frigoríficos, las usinas y cooperativas populares en competencia con el trust de la electricidad, el nacionalismo económico que se manifestaba de múltiples maneras? Ghioldi decía que si un burgués, por ejemplo Lisandro de la Torre, criticaba el pacto firmado con Gran Bretaña era porque estaba entregado a los Estados Unidos, y si otro burgués, por ejemplo un yrigoyenista, denunciaba las concesiones de petróleo a la Standard Oil, no cabía dudas de que se había vendido a los ingleses. Con este pueril encasillamiento maniqueo adocenaba las cabezas de los afiliados. Escribía:

«Conservadores de toda denominación, radicales, socialistas, demócratas progresistas, concuerdan en la política de sumisión al imperialismo y al latifundismo; los diferencia la rivalidad entre los imperialistas; no se distinguen por contenido diverso frente al imperialismo en general».

Y despreciaba a los «numerosos críticos burgueses» (Lisandro de la Torre, la izquierda radical, etcétera) que únicamente se oponían a las cláusulas de la Convención y Protocolo directamente proinglesas y depresivas para los intereses argentinos, porque

«les molesta un Pacto Roca con Inglaterra, pero harían sonar todas las dianas de la literatura tropical para aplaudir un pacto de esa índole con los Estados Unidos, por ejemplo, con lo cual prueban qué menguados intereses les empuja a sus críticas».

La ausencia hasta del menor atisbo de pensamiento dialéctico, el desconocimiento de las contradicciones sociales y un subjetivismo esquizofrénico en la interpretación fantástica de la realidad argentina, campean en ese esquema, verdaderamente tropical, de Ghioldi. El Sansón de la revista Soviet descubría filisteos por todos lados: los intelectuales que se acercaban al partido, las izquierdas que se formaban dentro del socialismo y del radicalismo, los nucleamientos militares antimperialistas, los obreros que no se dejaban convencer por su disparatada línea divisionista y ultraizquierdista, y cuantos no aceptaban como verdades evangélicas sus delirios teóricos. Aplicaba el método pedagógico de los procesos de Moscú, pero sin fusilamientos.

La izquierda tuvo destacada actuación en el Cuarto Congreso de la Confederación Juvenil Socialista y en el Congreso Socialista de Santa Fe, celebrados ambos en la primera mitad de 1934. La dirección de la Casa del Pueblo hizo todo lo posible para malograr la acción de la izquierda: intervino centros, hizo fraude en las elecciones internas, amenazó con expulsiones. Nicolás Repetto viajó a Rosario antes del Congreso y declaró que

«Marx es cosa vieja y ha sido superado ya por hombres de nuestro partido»,

y calificó a la izquierda de

«grupito de gente que con un poco de charla pretende ubicarse en los puestos directivos o representativos».

Aprovechó la oportunidad para soltar la lengua en póstuma venganza contra dos de sus viejos odios: llamó «canalla y traidor» a José Ingenieros y «charlatán» a Del Valle Iberlucea.[9] Días antes había visitado al general Justo con el propósito de ofrecerle la colaboración del Partido Socialista.

Rodolfo Ghioldi comentó las deliberaciones y el resultado del Congreso Socialista de Santa Fe en un artículo de Soviet.[10] Del contexto se destaca su oposición a la defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.[11] Escribía:

«La cuestión de las Malvinas, que sobre ser una tentativa de ocultar tras una cortina de humo la devoción del Partido Socialista por los imperialistas, significó el pretexto para las más furiosas expresiones nacionalistas y la arena que mostrase la concordancia entre los ministros de la dictadura y los legisladores socialistas […]. Luego vendrá lo de las Malvinas: frente único chovinista y proimperialismo del gobierno y los jefes socialistas: Palacios y Saavedra Lamas».

Con ese desprecio trataba a una de las más queridas reivindicaciones de los argentinos.

Ghioldi reservó el grueso de su artillería pesada y liviana para pulverizar la actuación de la izquierda en el Congreso de Santa Fe. Bastarán algunos botonazos de muestra. Comenzaba así:

«Demos su parte a la izquierda socialista, y comencemos por el señor Marianetti, su figura más descollante en Santa Fe. En la tradición pública argentina, los casos de piratería política son harto frecuentes: así, el ejemplo del señor Marianetti no trae asombro a nadie. Inició su carrera —y nunca mejor colocada esta expresión— con un libro titulado La conquista del poder. Llegó al Congreso luego de haber aprobado con su autoridad izquierdista la conquista del poder… por los bodegueros sanjuaninos. Su situación en el Congreso resultaba por ende incómoda: desautorizado, comprometido, con el barro demócrata nacional sanjuanino hasta los ojos. Para jugar su papel izquierdista le era necesario hacer desaparecer, antes que nada, el episodio de San Juan. Para obtenerlo, podía contar en ese acto de prestidigitación con la benevolencia de los dirigentes del Partido Socialista y Marianetti hizo la operación con desenfado poco común».[12]

Por más que Marianetti hizo «lo que su conciencia “marxista” llamaba autocrítica», por más que se arrepintiera y se pronunciara contra todas las alianzas electorales, Ghioldi no lo perdonaba. «¿Qué quieren de mí?», podía exclamar como el personaje de la tragedia antigua. Querían de él la oveja que se dejara conducir al corral de la Unión Democrática. Y lo consiguieron.

Ghioldi trató a Giúdici con mayor suavidad. Dijo que buscaba «la regeneración del Partido Socialista» y que

«allí donde la eficacia de Repetto es nula, comienza la función de los izquierdistas».

En resumen: el Congreso Socialista de Santa Fe había sido, según Ghioldi, una especie de torneo en el que izquierda, derecha y centro se disputaron entre sí

«la colaboración ministerial con Justo y su bloque con los radicales».

Su exigencia era tajante e intransigente: disolución de la izquierda, aislamiento del Partido Socialista, ingreso en masa y con la cabeza gacha de los izquierdistas al Partido Comunista. Y el resultado está a la vista, a más de treinta años de distancia, en el grupo de burócratas fatigados que dejaron de crecer en la revolución social y no ofrecen a las nuevas generaciones ninguna esperanza.

Pasemos al radicalismo. También se había formado una izquierda en el partido de Yrigoyen. Dos de sus expresiones eran el periódico La Víspera y el libro Por el pan del pueblo de Julio R. Barcos. Decía este último:

«Cuando los argentinos de todos los credos políticos y de todas las sinagogas sociales adquieran plena conciencia del verdadero estado de servidumbre a que nos han reducido el dólar y la libra esterlina, es posible que acaben las estúpidas riñas banderizas y logremos poner a toda la nación en armas para movilizar a todas las fuerzas sociales (ganaderos, agricultores, clase media, proletariado y comerciantes), en un frente único, defensor de la argentinidad encadenada (pág. 46).

»¿Cuál es la gran fuerza que está en condiciones en la Argentina de realizar una empresa patriótica de esta magnitud? Sólo una enorme fuerza popular como la del radicalismo a quien se debe en lo político la libertad del sufragio y la democratización del Estado; en lo económico, la defensa de las riquezas del subsuelo; en lo social, la libertad de los sindicatos obreros, será capaz de coronar su obra revolucionaria por los métodos incruentos que han dado estabilidad y fuerza a la República española [sic] (págs. 61-62).

»De todo el conglomerado humano que habita el pueblo de nuestro país, ninguna fracción política, ningún sector revolucionario, ninguna fuerza militante obrera (todas ellas divididas y anarquizadas por disenciones doctrinarias), ninguna secta política o religiosa prometedora del paraíso mesiánico aquí en la tierra o allá en el cielo, tiene la homogeneidad espiritual de la masa nativa que constituye aquí la gran milicia civil del radicalismo» (pág. 62).

Claro está que el enfoque de Barcos y La Víspera era básicamente erróneo. Creer que el radicalismo totalizaba el «frente único» de la emancipación nacional y que fuera de él nada podía hacerse por sacar a la Argentina de su estado de servidumbre, equivalía a olvidar las causas que lo llevaron a la encrucijada mortal del 6 de septiembre y prescindir de su composición burguesa dominante que le hizo claudicar ante el alvearismo. El radicalismo había demostrado, y seguiría demostrándolo hasta la saciedad, que era incapaz, por su propia naturaleza de clase, de salir de la esfera del liberalismo e ingresar plenamente en la de la economía y propiedad sociales. Arrastraba, debido a su esclerosis ideológica, una crisis interna de la cual se recuperaría por circunstancias fortuitas, pero para prolongar su agonía. «La masa nativa que constituye aquí la gran milicia civil del radicalismo» no podía más ser guiada de acuerdo a las ideas y los métodos de Hipólito Yrigoyen. Al intentar imitarlos se demostraba caducidad. De la masa nativa indiferenciada surgía la clase obrera, con ambiciones de poder y reivindicaciones que no contemplaba la ambigua doctrina radical, ni entraban en las preocupaciones de sus dirigentes.

Pero del error sectario y del anacronismo ideológico de la izquierda radical, e incluso de su antisovietismo y de su anticomunismo, no debía inferirse que no representaba una tendencia importante hacia la emancipación nacional, como lo sostenía la revista Soviet en varios artículos.[13] Afirmaba:

«La posición de partido latifundistaburgués contrarrevolucionario del radicalismo y de su izquierda es inocultable […]. La política antiobrera, reaccionaria del radicalismo, que se levantó como celoso defensor de los intereses de las empresas, de la banca imperialista, de los terratenientes y de la burguesía […]. La actual “izquierda” radical juega un papel completamente contrarrevolucionario […]. Yrigoyen fue uno de los grandes hipotecadores de las riquezas del pueblo argentino al imperialismo […]. No hubo, no hay, ni habrá de parte del radicalismo ninguna lucha antimperialista […]. Lo que explica la oposición yrigoyenista a la Standard Oil y el cuento de la “nacionalización del petróleo” no es y no puede ser su contenido antimperialista, sino su condición de agente del imperialismo inglés […]. Ha sido, es y será el enajenador del país al imperialismo y el verdugo del pueblo al servicio del imperialismo […]. Hay que evitar que los obreros sean engañados por el audaz lenguaje antimperialista de La Víspera».

Un psicólogo diría que el lenguaje tan agresivo y apriorístico revelaba falta de seguridad en las ideas que se decía patrocinar o, lo que es lo mismo, que Rodolfo Ghioldi no se sumergía en la corriente revolucionaria que brotaba de la realidad social argentina, sino que, ubicado fuera de ella, necesitaba descargar su tremenda ambición de autoridad en forma sectaria para aparentar lo que no era. Pero esa autoridad que reclamaba y pretendía hacer valer injuriando a quienes no la reconocían, en particular a la gente de izquierda y a los comunistas que se le rebelaban, provenía pura y exclusivamente del espaldarazo de Moscú y no la había ganado dentro del país, ni podría ganarla con una conciencia extraña a la historia y a los hechos inmediatos de las luchas del pueblo argentino. Igual lenguaje agresivo y apriorístico, en base a premisas axiomáticas que no demostraba, empleó más tarde para decir todo lo contrario: exaltar a Alberdi, a Mitre, al oligarca Antonio Santamarina, al embajador Braden, al secretario de Estado Byrnes y a sus «pares» de la Constituyente de 1957. Sólo es fiel en sus odios a los caudillos, a Yrigoyen y a Perón.

Una pequeñísima e insignificante célula puede ser el germen del cáncer que destruya todo un organismo. Éste es el papel que cumplieron los dirigentes comunistas de la época a que nos estamos refiriendo: destruyeron las tendencias espontáneamente revolucionarias de las masas y malograron la combatividad y el heroísmo de los afiliados al partido. ¿Cómo fue esto posible? ¿A qué se debe que bajo la apariencia de ser los más revolucionarios, y sufriendo las más crueles represiones del gobierno justista, tanto contribuyeron a desviar las luchas de sus objetivos nacionales y populares? Es que un diminuto grupo, quizás menos de diez personas, se convirtió en explotador de la mediación entre la esperanza de millares de argentinos en la revolución socialista mundial y la Unión Soviética idealizada como punto de partida y modelo de esa revolución. La mediación se burocratizó, se encanalló y fue lo único permanente; los afiliados entraban y salían, porque se desilusionaban y porque convenía al grupo propietario disolver toda oposición interna. Y al fin quedaron siempre los mismos arriba y siempre distintos abajo.

Esa labor aniquiladora de todo germen interno de renovación social fue también instrumentada por el grupo dirigente a través de organizaciones paralelas o anexas al Partido Comunista. Una de esas organizaciones, la Liga Antimperialista —fundada en 1927, como Sección Argentina de la Liga Mundial Contra el Imperialismo, después del Congreso Antimperialista de Bruselas— se prestó dócilmente al juego nihilista.

Cuando a fines de 1932 algunos militantes del yrigoyenismo constituyeron el Instituto Popular de Cultura Política para «promover un acercamiento entre los intelectuales y los obreros», la Liga Antimperialista le salió al paso con el siguiente exabrupto:[14]

«Ya en vísperas de las elecciones presidenciales de 1928, muchos de los que figuran en el Instituto de marras propiciaron la candidatura de Yrigoyen, entendiendo con ello dar la definición política de los intelectuales jacobinos de 1918. La famosa nueva generación creía llegada la hora de decir su palabra monitora, y lo hacía oliendo los calcetines de un viejo y arrugado motinero, que ganó más galones en las matanzas de obreros que en las tomas de comisarías suburbanas. Hoy, estos elementos están, casi todos, en el campo de la burguesía, y la mayor parte, en el campo de la burguesía radical. Y son los de este sector iniciadores del Instituto. La cuenta es clara: el acercamiento entre intelectuales y obreros es, sencillamente, la tentativa de someter al proletariado a la intelectualidad y seudointelectualidad radical y, por su conducto, al radicalismo en general. Ésa es la triste y modesta misión de los llamados intelectuales “izquierdistas” del Instituto. En la medida en que ellos tienen un saber, lo ponen a la disposición de los potentados para detener el paso de la revolución».

Obsérvese el trato que le dispensaba a Yrigoyen —«un viejo y arrugado motinero», etcétera— en contraste con el respeto y la confianza que el Partido Comunista no tardaría en demostrarle a Alvear.

Pero la Liga Antimperialista, integrada por gentes más sensibles que los dirigentes comunistas a la problemática nacional, abandonó su rigidez sectaria inicial, y con motivo de la prisión del gerente del frigorífico Anglo, mister Tootell, ordenada por la Comisión Investigadora del Comercio de Carnes —a pedido de Lisandro de la Torre—, envió una nota al Senado pidiendo que se expulsara del país al empleado del monopolio y se nacionalizaran los frigoríficos. La reacción de los dirigentes comunistas —instantánea y, como siempre violenta— se concretó en una nota a la Liga Antimperialista, en la cual la acusaba de

«hacer consideraciones que nada tienen que ver con una verdadera posición revolucionaria frente al imperialismo y sus aliados interiores […]. Los dirigentes de la Liga muestran en tal documento no comprender que sólo luchando contra los contrarrevolucionarios del propio país, las masas laboriosas pueden asegurar su triunfo contra el imperialismo. Que librar al país del yugo imperialista significa, en primer término, destruir el poder de los terratenientes y de la burguesía argentina, hacer añicos el Estado feudalburgués que mantiene oprimidas a las masas laboriosas, único ejército de la lucha antimperialista. Por el contrario, los dirigentes de la Liga interpretan los razonamientos que se producen entre los explotadores nacionales y el imperialismo, al repartirse los frutos de la explotación de la masa laboriosa de la Argentina, como una verdadera lucha antimperialista. Y así dan patente de antimperialismo a los ganaderos, o por lo menos a su enorme mayoría, e idealizan como una verdadera lucha antimperialista contra el dominio de los frigoríficos, la actividad de la Comisión Investigadora del Senado de la Nación, ampliamente apoyada por esta cueva legislativa, antro uriburista de la reacción».[15]

Ésa era la opinión del grupo dirigente sobre el debate de las carnes promovido por Lisandro de la Torre. La técnica empleada para abusar de la buena fe del afiliado y del simpatizante consistía en colocarse en la posición absoluta extrema, puramente subjetiva, de que no existía, ni podía existir posibilidad de vencer al imperialismo sin que las masas trabajadoras hicieran añicos al Estado «feudalburgués». Al no admitir ninguna mediación en la marcha hacia ese objetivo (pues enfrente no veía más que una mancha negra sin contradicciones), al negar toda expresión de antimperialismo fuera del Partido Comunista —como sedicente vanguardia de masas que nunca dirigió, ni dirigirá jamás con esa política, o la política inversa, adoptada posteriormente, de abandonar la conquista del poder y empantanarse en las mediaciones, pero en las malas mediaciones, en las que lo aliaron al imperialismo y a la oligarquía— el grupo dirigente se aislaba del proceso concreto de emancipación nacional y arrastraba a ese aislamiento a sectores de la clase obrera, de la pequeña burguesía, del estudiantado y de la intelectualidad. Difundía una negatividad aniquiladora que inmovilizaba y esterilizaba; una negatividad nihilista, que es el polo opuesto a la negatividad como principio móvil y creador de lo nuevo de los auténticos revolucionarios.

Iba aún más lejos en sus ataques a la Liga Antimperialista. Enjuiciaba su «nacionalismo económico». He aquí textualmente lo que le decía:

«Esta errónea posición de la Liga tiene antecedentes. Con motivo de la Séptima Conferencia Panamericana, su Comité Local se pronunció por el proteccionismo aduanero. El reaccionario “nacionalismo económico” sostenido en el país por Alejandro E. Bunge y otros teóricos de extrema derecha; las teorías sobre “frente nacional antimperialista” por “encima de las clases” del aprismo y de sectores trotskistas; la posición de que primero hay que arreglar cuentas al imperialismo y después luchar recién contra la propia burguesía contrarrevolucionaria; todo ese arsenal ideológico de la contrarrevolución, desvía a los compañeros dirigentes de la Liga Antimperialista de las justas posiciones leninistas [sic] frente al imperialismo. Esto es tanto más serio, cuanto entre dichos dirigentes se cuentan militantes del partido, responsables de las posiciones de la Liga que comentamos» (El subrayado es nuestro R. P.).

Más adelante insistía en la crítica a

«las posiciones reaccionarias del “nacionalismo económico”, del proteccionismo aduanero, ya debidamente calificado por Marx y Engels».

No debe extrañar que —después de calificar de «justas posiciones leninistas» al más torpe extremismo— utilizara a Marx y Engels para arremeter en contra del nacionalismo económico y del proteccionismo aduanero. En un folleto muy difundido en aquella época —Protección y librecambio— los autores del Manifiesto Comunista se burlan de «los sofismas de los librecambistas» y explican el carácter relativo del proteccionismo y del librecambio y cuáles circunstancias corresponden al uno o al otro. En la Argentina propiciar el librecambio y oponerse al nacionalismo económico era defender la política tradicional de la oligarquía agroexportadora y del monopolio extranjero, en posición a los intereses de los empresarios nacionales y de los obreros. Era estar con el coloniaje.

Como remate de los ataques a la Liga, el grupo dirigente del Partido Comunista ordenaba:

«Los compañeros comunistas que forman parte de los órganos dirigentes de la Liga Antimperialista, deben propiciar una profunda revisión de las posiciones teóricas y políticas de la Liga, dando el ejemplo autocrítico. La Liga ha crecido numéricamente en los últimos tiempos y ha realizado una serie de trabajos importantes. Precisamente, en relación con todo esto, se refuerza la importancia de la orientación de la Liga, de su ideología».

La Liga Antimperialista había «crecido numéricamente» con «posiciones teóricas y políticas» calificadas de «falsas»; el Partido Comunista la enterró definitivamente al imponerle sus posiciones siempre «justas». Pero no sepultó solamente a la Liga, sino que mandó al crematorio al antimperialismo, de cuyo monopolio tanto se jactaba.

De Alvear a Ortiz

Las elecciones presidenciales del 5 de septiembre de 1937 tuvieron larga gestación. Descartada por todos los partidos políticos la conquista revolucionaria del poder —inclusive por el Partido Comunista que cambió los soviets por los votos, como lo comprobaremos enseguida— e incapaz cada partido aislado de vencer al aparato oficialista del fraude organizado a la perfección, comenzaron a establecerse contactos entre los dirigentes opositores con la mira de enfrentar en común al gobierno.

Dos años antes, el 29 de septiembre de 1935, el Poder Ejecutivo intervenía la provincia de Santa Fe y los demócratas progresistas entregaban el gobierno sin presentar resistencia.[16] Y también sin impedimentos se impuso la fórmula del justismo en las elecciones provinciales convocadas por la intervención. Era evidente que en los comicios nacionales de 1937 nada malograría el triunfo de los candidatos del presidente Justo.

«¿Qué hacer?», se preguntaban los opositores. Preparar una insurrección general estaba fuera de sus posibilidades y de su vocación legalista. Además los levantamientos yrigoyenistas habían terminado desastrosamente. Tampoco les era viable un golpe militar, no porque no lo desearan desde el fondo de su corazón, a pesar de sus remilgos antimilitaristas, sino porque para un golpe militar se necesitan militares y ellos no los tenían. «¿Qué hacer?». El pequeño Partido Comunista, poco conocido fuera de los círculos de izquierda y hasta entonces encerrado en un hosco sectarismo, les ofreció una receta: el Frente Popular reencarnado posteriormente en la Unión Democrática.

Para entender la historia política argentina de las tres últimas décadas —y dentro del período al acontecimiento que lo trasciende: el advenimiento del peronismo— es indispensable partir del viraje completo operado en la línea del Partido Comunista del país, como consecuencia de los cambios de 1935 en la orientación de la Internacional Comunista. Aquel viraje influyó intensamente en los otros partidos opositores, porque les proponía una salida del impasse en que estaban colocados.

La mudanza se inició con dos cartas que Rodolfo Ghioldi envió desde Moscú, donde su delirio sectario fue sometido a un poderoso electroshock ideológico.[17] En la primera hablaba del

«gran Frente Popular de combate a cuya creación vamos»,

pero insistía en la implantación de los soviets en «un futuro no remoto». En la segunda carta abandonaba la perspectiva de los soviets y proponía al Buró Político del Partido Comunista que lanzara la iniciativa de

«una concentración de las izquierdas, que abrace a todas las fuerzas y corrientes que quieran la lucha contra el fascismo, latifundismo, imperialismo».

Ghioldi estaba participando en las discusiones previas al VII y último Congreso de la Internacional Comunista que se reunió en Moscú a mediados de ese mismo año y que señaló como «la tarea más importante de los comunistas» en los países capitalistas la creación del Frente Popular Antifascista y en los países coloniales y semicoloniales el Frente Popular Antimperialista.

El resultado del gran viraje táctico se hizo sentir de inmediato en forma muy pronunciada. Lo trataron, para aplicarlo a la Argentina, el Pleno del Comité Central de marzo de 1935 y la III Conferencia Nacional de Avellaneda de octubre siguiente. En el movimiento obrero se tradujo en la disolución del Comité de Unidad Sindical Clasista, organismo que de unitario solamente tenía el nombre, y en la participación de los comunistas en la CGT y en los diversos sindicatos. No hubo huelga, ni movimiento de masas de esos años en los que los comunistas no se destacaran como organizadores y dirigentes. En las huelgas de la construcción probaron la eficacia de su línea sindical y pusieron los cimientos de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, tras la que se fundaron otras federaciones obreras nacionales no menos importantes. Impulsaron la multiplicación de los comités contra el monopolio del transporte en la zona del Gran Buenos Aires y la creación de la Federación de Líneas de Autos Colectivos. Encabezaron las luchas populares contra los monopolios (electricidad, agua corriente, etcétera) y las 200 Juntas de Defensa de la Producción, cuya consigna Por una Argentina libre de explotación imperialista y sus servidores movilizó a millares de chacareros y otros sectores de la burguesía rural en la oposición a los trusts exportadores que se llevaban a vil precio los productos agropecuarios. Constituyeron AIAPE (Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores) e inauguraron en barrios del Gran Buenos Aires y pueblos del interior decenas de bibliotecas y clubes juveniles. Fueron los animadores de la Ayuda a la República española.

Estos éxitos en el trabajo de masas no fueron capitalizados políticamente por el Partido Comunista. Al principio sus propuestas de Frente Popular Antimperialista tropezaron con vallas infranqueables en los otros partidos. Hubo un primer acercamiento con los demócratas progresistas, cuando los afiliados comunistas fueron los únicos en activar la resistencia a la intervención a la provincia de Santa Fe, y luego al rectificar la dirección partidaria el juicio peyorativo sobre Lisandro de la Torre e inclinarse ante su actitud antimperialista. Las acciones de masas y la defensa de los presos políticos asociaron a los comunistas con algunos radicales, socialistas y cegetistas. Por último, la máxima expresión frentista de la época fue el mitin del 1.º de Mayo de 1936, en el que hablaron José Domenech por la central obrera, Lisandro de la Torre por el Partido Demócrata Progresista, Mario Bravo por el Partido Socialista, Arturo Frondizi por la Unión Cívica Radical y Paulino González Alberdi por el Partido Comunista.

La gran ola antimonopólica que se levantó en toda la república se debía a las contradicciones objetivas de la problemática nacional y no, por supuesto, al viraje del Partido Comunista, pero este viraje —impuesto por Moscú y, por lo tanto, sin la autenticidad que le hubiese dado la superación autocrítica interna— lo sacó de su introversión sectaria y lo arrojó al movimiento de masas, sin estar preparado ideológica y políticamente para asumir la conducción revolucionaria de ellas, debido a que se encontraba completamente despistado en lo referente a la historia y a los hechos de la realidad Argentina. Podía obtener éxitos parciales y transitorios, pero estaba autoinhibido para avanzar por la ancha avenida hacia la conquista del poder. Esta deficiencia de nacimiento quedó una vez más en evidencia al llegar la hora de definirse en la renovación presidencial.

El lector que desconozca lo acontecido entonces pensará muy cuerdamente que si el pujante movimiento de masas tenía un contenido y una finalidad antimonopólicas y si el Partido Comunista practicaba la táctica del Frente Popular Antimperialista, su actitud ante la elección del sucesor del general Justo no podía ser otra que la de levantar la candidatura de un probado luchador antimperialista. Y al enterarse de que el candidato comunista fue nada menos que el doctor Alvear quedará tan sorprendido como si le dijeran que el Papa ha organizado un Frente Anticatólico.

El doctor Alvear sólo tenía una obsesión: que su ex ministro Justo le permitiera reemplazarlo en la presidencia de la República. Lo visitó en la Casa Rosada y salió con la promesa de elecciones limpias y entrega del poder al triunfador. ¿No le respaldaban acaso la CADE, los teléfonos, los ferrocarriles, los frigoríficos, Bunge & Born, Dreyfus, Bemberg y otros «sectores democráticos»? Por eso respondió con un rotundo No a la propuesta de Lisandro de la Torre de unir a los partidos opositores en procura de un gobierno radical y de una mayoría en ambas Cámaras. Pensaba que sus contactos con el senador santafesino, sin hablar ya de los comunistas, le restaban simpatías del presidente de la República y de los consorcios extranjeros. Prefirió cortarse solo y así se dio el caso de que, pese a sus declaraciones anticomunistas y a su rechazo de toda alianza o compromiso que no fuera con el gobierno, el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero lanzaron la consigna de

«El radicalismo al poder y Alvear a la presidencia».

Para que tuviera algún sentido ese apoyo a un hombre que no quería ser apoyado por ellos, que se resistía públicamente a aparecer en sociedad con cualquier corriente de izquierda, los dirigentes comunistas sustituyeron el Frente Popular Antimperialista por el Frente Popular Antifascista, e hicieron de Alvear el «campeón de la democracia en la lucha contra el fascismo». El llamamiento a favor de aquella consigna estaba redactado en estos términos:

«¡Por la defensa del comicio!

»¡Por la unidad de acción en defensa de la República Democrática!

»Queremos:

»El restablecimiento absoluto de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución.

»La amnistía general para todos los presos políticos.

»La defensa activa del régimen democrático, la disolución efectiva y el desarme de las ligas militarizadas y la depuración del aparato del Estado de los enemigos de las libertades democráticas.

»El mejoramiento de la situación de los obreros industriales y agrícolas, de los empleados, de los campesinos, del artesanado, del pequeño comercio y de los trabajadores intelectuales. Protección de la pequeña producción contra el capital monopolista.

»Una política exterior activa en defensa de la paz, por la seguridad colectiva, por la acción común de todos los países democráticos contra los agresores fascistas».[18]

Fuera de la ambigua referencia a la «protección de la pequeña producción contra el capital monopolista» que no comprometía en una lucha frontal por la extirpación de los monopolios, no había en el llamamiento nada que incitara al movimiento emancipador popular a proseguir sus acciones concretas de protesta por las leoninas concesiones a la CADE y a la Italo, las tarifas telefónicas y ferroviarias, el saqueo del trust frigorífico y la expoliación del grupo cerealista. Ocultaba la existencia en el país de una conciencia nacionalista popular que se manifestaba prácticamente en el enfrentamiento a las empresas monopólicas imperialistas. Tenía un efecto multiplicador que el Partido Comunista —pequeño nucleamiento político, pero con la fisonomía mundial de lo más avanzado y revolucionario— suspendiera o negara subjetivamente (porque en la realidad seguía actuando como la principal) la contradicción entre la totalidad nacional y el imperialismo extranjero, y pusiera en su lugar la oposición entre democracia y fascismo transferida desde el exterior. Este trasplante provocaba confusiones, de nefastas consecuencias, en el encasillamiento de las personas. Por ejemplo: el cadista Alvear era un «demócrata» y merecía ser presidente de la República, mientras que el antimperialista Scalabrini Ortiz debía ser condenado a los fuegos del infierno por «nazi». De este modo, el Partido Comunista se convirtió desde entonces en una bien surtida fábrica de argumentos «democráticos» para uso de los políticos liberales y de los abogados y directores de los consorcios monopólicos. Sería una imperdonable torpeza subestimar el alcance de su labor frenadora del movimiento de emancipación nacional que encubre con frases formalmente revolucionarias.

A ese tipo sui generis de Unión Democrática —tan sui generis que el aristocrático agente de las empresas extranjeras se negaba a aceptarla y a ser su candidato, y no obstante su protesta y su vergüenza, lo votaron las izquierdas—, el gobierno opuso la fórmula Ortiz-Castillo, de la cual dijo el Partido Comunista:

«La fórmula de Ortiz es la del imperialismo; un posible gobierno de Ortiz sería un gobierno de traición nacional. Ortiz-Castillo son aliados del fascismo y reciben su ayuda directa».[19]

El curriculum vitae de Roberto M. Ortiz era casi tan frondoso e importante como el de Marcelo T. de Alvear. Hasta que rivalizaron en esas elecciones, los había unido larga e íntima amistad. Ortiz, alvearista de la primera hora, fue ministro de Obras Públicas del presidente Alvear y uno de los primeros en proponer la candidatura presidencial de éste después del 6 de setiembre de 1930. La ruptura entre ambos se produjo —siendo Ortiz ministro de Hacienda del general Justo— al disputarse el apoyo de los monopolios extranjeros, pues lo consideraban decisivo para llegar al poder. Tan resultó así que la Cámara de Comercio Británica ofreció a Ortiz, días antes de darse a conocer su candidatura, un homenaje, y el presidente de la institución expresó, en nombre de las finanzas británicas, que vería con satisfacción que el antiguo abogado de los ferrocarriles ocupase la primera magistratura de la República.

Todo el mundo se enteró de la técnica empleada por el gobierno para robarle la victoria a la fórmula Alvear-Mosca: en las oficinas del Correo se violaron las urnas y los votos radicales fueron sustituidos por los oficialistas, casi a la vista del público.

«No fuimos derrotados; fuimos estafados», gimoteaban los radicales. Pero el fraude implicaba tanto una actitud delictuosa del gobierno como la impotencia del partido que se preciaba de ser mayoritario para hacer valer su fuerza numérica. Era una mayoría apática la que por costumbre o por no ofrecérsele nada mejor seguía a Alvear, una mayoría que con toda razón no peleaba, ni se preocupaba mucho porque se respetara un voto destinado a llevar a la presidencia a un personaje que igualaba al candidato oficial en representatividad de los intereses monopólicos extranjeros. Al hacer del voto un fetiche se sacrificaban los valores profundos, permanentes y fundamentales de la lucha por la soberanía política y la independencia económica del país. ¿Qué hubiera sucedido en el caso de ascender Alvear y no Ortiz a la presidencia de la República en 1938? Alvear, como lo hizo Ortiz, se hubiera pronunciado por la restauración de la libertad electoral en el orden interno y el antifascismo en lo internacional, pero desde el punto de vista de los monopolios «democráticos» (ferrocarriles, frigoríficos, CADE, Electric Bond & Share, Bemberg, Bunge & Born, Dreyfus, etcétera) y no de la emancipación nacional del pueblo argentino. Y en este juego estuvo toda la izquierda, singularizándose por su devoción a la «democracia» monopólica el Partido Comunista, mientras los trotskistas, coincidentes con los stalinistas en aquello de que «nunca nos equivocamos», seguían predicando una revolución mundial permanente y simultánea que pertenecía al reino de la pura fantasía.

Desde entonces y hasta el instante en que escribimos estas líneas —treinta años es mucho tiempo de inmovilidad— los delirantes y sectarios comunistas insisten en que todos los fracasos, a comenzar por el de la candidatura de Alvear y sin terminar con la caída de Illia, se deben a que no se concretó la Unión Democrática, porque los otros partidos, tan inválidos como ellos, no les llevaron el apunte. El día que se reconozca su infalibilidad todos nuestros problemas quedarán arreglados, pero ese día no llegará nunca y nuestros problemas se solucionarán por el camino de la revolución nacional de masas.

Ortiz presidente reemplazó al derrotado Alvear en las preferencias de las izquierdas, al convertirse en paladín de la pureza electoral. Entonces los beneficiarios del fraude le hicieron una zancadilla y lo defenestraron. Castillo ocupó su lugar y, al terminar en 1944 su período, hubiera designado a dedo y consagrado por el fraude electoral presidente de la República a uno de los más notorios oligarcas y epígonos de los monopolios extranjeros, Robustiano Patrón Costas, de no producirse el golpe militar del 4 de junio de 1943, de cuya negatividad surgió el movimiento nacionalista popular encarnado en el peronismo.

QUINTA PARTE
EL PERONISMO: SUS CAUSAS

CAPÍTULO 34
EL LÍDER Y LA SOCIEDAD

En la génesis del peronismo se advierten dos singularidades que dejaron su marca en toda la trayectoria del gran movimiento de masas. La primera es su aparente repentismo o falta de causas inmediatas visibles, como esos torrentes que brotan de las montañas y no se sabe de dónde provienen. Detrás del yrigoyenismo, cuando asumió el gobierno en 1916, había dos décadas y media de luchas. También los movimientos de masas de otros países que en el presente siglo conquistaron el poder fueron precedidos por períodos más o menos largos de gestación. A la inversa, los elementos ideológicos, políticos y sociales que integraron el peronismo se combinaron casi de golpe a partir de las postrimerías del año 1943. La segunda es que se produce dentro del orden establecido y por la conjunción de dos sectores sociales que se creían antípodas e incompatibles entre sí: el movimiento obrero y un nucleamiento nacionalista de las Fuerzas Armadas. Ambas singularidades tienen de común los signos exteriores de procesos que maduraban, en lo interno tanto de la clase obrera como de los medios castrenses, durante la época anterior, la de la década infame (1930-1943). Mientras la evolución real de la sociedad argentina se gestaba esotéricamente en despreciados inframundos, las expresiones públicas de la cultura y la política daban la imagen de una república que seguía siendo la misma de antes de 1930.

Los políticos y la intelligentsia, desconcertados por un fenómeno social que desbarataba sus planes y ambiciones del futuro, desfiguraron lo que sucedía y dijeron que se trataba de un pasajero renacimiento del caudillismo o de un trasplante del régimen imperante en Alemania e Italia que los ejércitos aliados no tardarían en derrumbar. Así, invirtieron la relación de causa a efecto, responsabilizaron del «cataclismo» a «la demagogia de un hombre perverso». Cargaron a Perón con la culpa de «la segunda tiranía».

Los argentinos hemos sido educados durante varias generaciones en el repudio a los caudillos. Todavía hoy se enseña, desde los primeros grados a la cátedra universitaria, que a nuestro país le aqueja una enfermedad recurrente y que no podemos considerarnos «civilizados» mientras no la erradiquemos para siempre, Es el caudillismo con sus cuatro avatares: montoneras, política criolla, chusma yrigoyenista y descamisados o cabecitas negras del peronismo. Los políticos y sociólogos deslumbrados por la decadente civilización europeística ven en esos avatares la exteriorización, bajo formas distintas, de la misma barbarie sustancial no extirpada. Sin embargo, entre los caudillos de la primera mitad del siglo pasado y el caudillo Perón media tanta distancia como entre las montoneras y los sindicatos, un tiempo histórico de cambios notables en la totalidad social. Los sindicatos nacieron de estos cambios. Se ha llamado a la montonera el «sindicato del gaucho», y a igual título podría decirse que el sindicato es la «montonera del obrero», sin que lo ingenioso de la comparación excluya su inexactitud. La idea de la conversión de la montonera en sindicato, del relevo de aquélla por éste a lo largo de un proceso historicosocial interno, prescinde de la colonización capitalista que al interpolarse en ese proceso aniquiló al gaucho y engendró al obrero.

Hay algo de común y algo de diverso en las cuatro eclosiones de «barbarie» que la «civilización» rió consiguió obliterar. De común la afirmación de lo nativo frente a lo extranjero. De diverso los escalones de una mayor asimilación de lo extranjero por lo nativo, a través de la cual lo nativo va elevándose por encima de las influencias externas condicionantes y marcha hacia una humanidad superior. Porque la civilización europeística no se expandió hasta arrancar de raíz la barbarie y borrar el pasado, como deseaba Sarmiento; ni prendió y cuajó de gajo, según las esperanzas de Alberdi. Propagó sus semillas en un medio social que al fecundarlas prepara el alumbramiento de una nueva civilización.

Sin duda la barbarie se civilizó al compás del desarrollo del modo capitalista de producción, de la industrialización y la tecnificación, de la iniciativa del empresario y del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la clase obrera; pero no para hacer de la Argentina el mero calco de las naciones pioneras del capitalismo. El impaciente autor de las Bases pretendía que a breve plazo nuestra sociedad se igualara a las idealizadas democracias anglosajonas, sin percibir que la colonización capitalista generaría contradicciones insuperables dentro del orden social que creaba. La primera de ellas, la más inmediata y total, provino de la desigualdad de desarrollo entre las potencias imperiales (primero Inglaterra, después los Estados Unidos) y el país argentino, y se tradujo en la oposición —de los sectores sociales comprometidos en el autodesarrollo nacional— al coloniaje y al satelismo, o sea a la subordinación a los centros mundiales del poder economicofinanciero. Esta oposición excede los límites de la competencia entre dos burguesías: una, la nuestra, llegó tarde y débil a la arena de la historia; otra, la imperialista, no está dispuesta a dejar que levante cabeza ninguna rival que no le esté sometida. La visión alberdiana del futuro argentino correspondía a la de la «burguesía progresista» que confía en el eterno desarrollo y expansión del capitalismo y lo identifica con el encuentro definitivo de la humanidad consigo misma. Le era ajena la certidumbre que si en los tiempos históricos el hombre ha tendido permanentemente a una sociedad igualitaria, desenajenada de los fetiches de la raza, la propiedad y el dinero, el capitalismo niega tal aspiración y, por consiguiente, es un régimen pasajero, de corto alcance, condenado a desaparecer. Faltó a Alberdi y Sarmiento la mirada cósmica de los fundadores de una nueva civilización. Estaban acomplejados por la gran distancia que separaba la barbarie indoamericana del progresismo de la revolución tecnicoindustrial anglosajona. Con conciencia colonial, sólo concebían la imitación del régimen de los colonizadores. No pensaron en un más allá. No imaginaron que de nuestra barbarie elemental brotara algo que digiriera y superara al capitalismo. Se dirá que les era imposible sustraerse al condicionamiento de su época y que entonces no se vislumbraba en la Argentina nada que trascendiera en la práctica al módulo anglosajón. Es cierto, pero estamos en la segunda mitad del siglo XX y todavía el pensamiento de Alberdi y Sarmiento inspira los pro y contra de la conducción del país.

Los hombres de la organización liberal de la República no fueron caudillos en el sentido de su reconocimiento por las masas como sus jefes naturales. Al contrario, consagraron sus energías a quebrar los vínculos de los caudillos con las masas, y como la categoría de dirigentes a la manera anglosajona era obstáculo insalvable para sustituir a los caudillos, apareció la democracia postiza que los socialistas castigaron con el epíteto de «política criolla». Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini y quienes pensaban como ellos sabían que la práctica del gobierno jurídicamente democrático (el único que convenía a los intereses de los inversores extranjeros y de la minoría poseedora del país) demandaba que las mayorías populares permanecieran pasivas, pues de movilizarse lo hubieran hecho contra ese tipo de gobierno, resucitando el caudillaje.

Los sociólogos de aquel tiempo opinaban, sin embargo, que la pasividad era congénita en las masas nativas y a ella imputaban el caudillaje. Escribía Carlos Octavio Bunge en 1903:

«En la pereza colectiva hallo la clave del caudillismo o caciquismo hispanoamericano, curioso fenómeno institucional.

»Entre indolentes, fácil le será descollar al más activo. Entonces la turba, compuesta de ciudadanos demasiado apáticos para pensar y moverse por sí mismos y echar sobre sus hombros la pesada carga de la responsabilidad de sus actos, delega con gusto su soberanía… ¿En quién? En el que mejor se impone por sus cualidades, y en el que ha sabido captarse mejor las simpatías de todos… ¿Es el más apto? Se presume; pero no basta ser el más apto: es preciso ser el más temido y querido…

»Por “derecho divino” el rey europeo es rey; el cacique manda por derecho humano. El uno se impone por la voluntad de Dios; el otro por voluntad de hombres sin voluntad…»[1]

El autor recurre a una suerte de apólogo con la intención propedéutica de dar la imagen del

«grotesco y sangriento laberinto que se llama la política criolla».[2]

La personifica, o animaliza, en una «pequeñísima mona» descubierta en la maleza y adoptada como hija por «tres pérfidas criollas» o «brujas», hermanas por parte de padre: la hispanoindia Pereza, la mulata Arrogancia y la zamba Tristeza.

Nos detenemos en la perversidad de este cuadro de pretenciosa «psicología social», porque el de Bunge, no era un juicio aislado; expresaba la actitud despectiva hacia las masas nativas de los políticos e intelectuales que descollaban en los años de la plena colonización capitalista y, además, nos suministra un valioso antecedente del comportamiento similar de la partidocracia de este siglo con respecto a la chusma yrigoyenista y a los cabecitas negras del peronismo.

Bunge vio al caudillo del 900, mediatizado e instrumentado por la oligarquía cipaya con el objeto de sofocar la combatividad de las masas y conservarlas inertes. Hizo de ese caudillo el caudillo por excelencia. Estaban fuera de su órbita el caudillo anterior, el de las montoneras, y el caudillo del futuro, el de las luchas contra la colonización capitalista. Atribuyó el caudillaje en general a la pasividad de las masas, cuando en verdad Artigas, Ramírez, López y demás caudillos de la primera hora revolucionaria se erigieron como tales sobre la ola de la actividad de poblaciones enteras. La indolencia colectiva que observaba en la superficie de la política de su época en la Argentina, y más aún en el resto de América Latina, no provenía de los maleficios de las tres brujas, de incurables taras psicológicas: dimanaba de la incompatibilidad de las masas con un régimen importado que no surgía de ellas mismas y que se proponía transformarlas por la violencia o aniquilarlas. Es un lugar común del positivismo sociológico presentar a las comunidades indígenas de nuestro continente en estado de congelamiento definitivo, indiferentes a los cambios del mundo. Sin embargo, ellas han dado los más ardientes ejemplos insurreccionales. Sus fracasos, y la resistencia pasiva que siguió, obedecieron a la falta de una conducción revolucionaria que las sacara de la disyuntiva entre un presente ominoso de explotación o el retorno al pasado.

Bunge preconizaba dos terapéuticas de la política criolla. Una, práctica, que curara la pereza: «europeizarnos por el trabajo». La otra, teórica, que terminara con las fórmulas hueras y enfáticas: «el estudio positivo de la historia, la política, la economía, la sociología». Al final quiso dorar la píldora a sus compatriotas y dijo que el pueblo argentino había aplicado, «más o menos imperfectamente», los remedios indicados y que así superrevolucionó

«la vieja política criolla hasta el punto de que pudiera presentarse como ejemplo a sus hermanos».[3]

«Europeizarnos por el trabajo» significaba alienar a las masas nativas a un determinado tipo de trabajo, el trabajo de la empresa capitalista, es decir metamorfosearlas en obreros asalariados. «Estudio positivo» equivalía al descarte de todo trascendentalismo y de toda particularidad, a transferir a «la historia, la política, la economía, la sociología» de Nuestra América (la South America tan maltratada por Agustín Alvarez), las leyes generales inducidas de la repetición de los datos de la experiencia europeística y dar así de nuestra realidad imágenes falseadas o nada más que caricaturas. La idiosincrasia, las costumbres, la psicología de los indoamericanos se distorsionaban al ser examinadas a través del cristal de una tabla de valores que idealizaba y magnificaba el modo de vida y la personalidad de los anglosajones. Los críticos positivistas procedían con zoroástrica inspiración selectiva al desterrar de Nuestra América a los espíritus buenos y de Inglaterra y los Estados Unidos a los espíritus malos. Todavía hoy superabundan los becados que recorren el continente con sus grabadores y máquinas fotográficas para descubrir verrugas sociales que luego amplifican y exhiben como nuestra manera de ser.

La miopía del positivismo le hizo a Bunge equivocarse también en su diagnóstico de la Argentina. Creyó, como casi todos los intelectuales y políticos de su época, que nuestro país había ingresado para siempre en un desarrollo democraticoburgués estable y continuo. Apareció, por supuesto, una piedra en el camino, la piedra del escándalo del régimen, pero los epígonos de Alberdi y Sarmiento no se hacían mala sangre ni le daban importancia; estaban convencidos que el radicalismo desmelenado de Hipólito Yrigoyen carecía de aptitudes para gobernar el país y desaparecería como la última montonera, como el último caudillo. Sin embargo, el yrigoyenismo poseía la legitimidad popular que faltaba a las instituciones del régimen, transportadas de otras latitudes, y a pesar de respetarlas y por respetarlas caer víctima de ese respeto, exteriorizaba el tercer avatar del impulso vital de las masas nativas, impulso que podía soterrarse provisoriamente, o mediatizarse en la trampa de la política criolla, pero nunca destruirse.

El período 1862-1930 permanece grabado en la conciencia liberalpositivista como la última Thule de las esperanzas argentinas. No les reconocen a éstas ni un antes ni un después. Dividen nuestra historia en:

un Antes que dejó de existir con la muerte heroica de los paraguayos en los fortines del Paso de Humaitá, Timbó, Tebicuarí, Angostura e Itasoro y el sacrificio del Chacho y Felipe Varela, un Antes aniquilado por la colonización capitalista sistematizada (ferrocarriles, empréstitos, inmigrantes, remingtons);

un Tiempo de la República, paraíso perdido de estabilidad y progreso que la conciencia liberalpositivista sueña con recuperar, apogeo de la política criolla (con el caudillo de viejo cuño domesticado y rebajado al papel de instrumento de la oligarquía gobernante para aquietar y dominar a las masas, específicamente a las rurales), cuerno de la abundancia de la minoría agroimportadora y de los inversores extranjeros, campo de experimentación de izquierdas a espaldas del pueblo argentino y alienadas a modelos revolucionarios o reformistas extraños a la historia y a la realidad inmediata del país; y

un Después que es el Ahora, de más de cuarenta años de frustrados ensayos de retomar el hilo de la estabilidad económica y política que se cortó en 1930 por haberse agotado las posibilidades de proseguir la colonización capitalista sistematizada y revelar el yrigoyenismo su impotencia para crear un nuevo orden totalizador de la revolución nacionalista popular.

Los diagnósticos de la crisis institucional argentina suelen fundarse en la comparación de la problemática politicoeconómica de dos períodos sucesivos —los dos últimos señalados—: el de estabilidad y progreso (1862-1930) y el de inestabilidad y estancamiento (1930 hasta hoy). La antítesis induce a quienes la conciben en términos absolutos y maniqueos a prescribir como única tabla de salvación el retorno al régimen liberal pleno (propiedad privada sin limitaciones, mercado libre, partidocracia) que, según aseguran, fue la causa eficiente de la prosperidad, la legalidad y la paz social atribuidas al período 1862-1930. En forma más o menos clara y comprometida, coinciden en la alienación al modelo liberal políticos, sociólogos y economistas de diversas corrientes de pensamiento, desde conservadores a comunistas. Los aúna la defensa de la Constitución de 1853 y el restablecimiento de la partidocracia. Y la alienación se mantiene porque no se le opone un pensamiento que la supere.

Podrá objetarse: ¿no existe acaso un pensamiento antiliberal?, ¿no ha habido en los últimos 40 años gobiernos que ensayaron la sustitución de las instituciones, implícitas en el liberalismo económico y político, creadas en 1853?, ¿no se moviliza ahora mismo gran parte de la clase obrera y de los estudiantes en repudio a la vuelta al pasado? Es obvia la respuesta afirmativa, pero con dos aclaraciones adicionales que fijan el contenido de ese antiliberalismo: por un lado, desemboca en reivindicaciones anacrónicas (la Argentina anterior a 1853) o de regímenes definitivamente condenados por la historia (nazismo, fascismo), y por otro lado, se queda en la mera antítesis, en el anti del liberalismo, sin ofrecer lo nuevo, la síntesis revolucionaria en un orden social superior. Este antiliberalismo no da solución a la crisis argentina, pues cuando no cae en la utopía de la retrospectividad, se traduce en un nihilismo exclusivamente destructor.

He ahí los dos polos de la política argentina contemporánea: reconstruir el liberalismo en agonía o negar el liberalismo desde la nada. Uno y otro dejan las cosas como están. A cada ruptura de la legalidad liberal sucede una corta etapa de tímido y vacilante antiliberalismo sin visión del futuro, cuyo fiasco prepara la restauración de aquella legalidad. Los gobiernos de los dos tipos giran y se reemplazan dentro de la misma rueda con igual ineficacia. ¿Cómo salir del eterno retorno que se prolonga sin solución de continuidad desde hace años y estrangula el proceso argentino de emancipación nacional y social? El empirismo histórico no ayuda a encontrar la respuesta adecuada al interrogante, ya que sólo documenta la reiteración cíclica del fenómeno, o la semejanza entre los fenómenos, y no indica la aparición de los gérmenes de lo nuevo que supere lo anterior. No es, por lo tanto, la experiencia del pasado más o menos remoto la que arrojará luz sobre el camino a seguir y la meta a alcanzar para que la Argentina salga del atolladero. Sin embargo, ni el presente ni el futuro pueden ser aprehendidos únicamente por sí mismos; tienen origen en el pasado, no como repetición mecánica, sino como absorción y negación. La concepción dialéctica del proceso historicosocial, no el vacuo criterio de la experiencia, nos descubrirá si la Argentina está sumida en una etapa de decadencia sin término visible o si ya maduran en ella las condiciones de los cambios revolucionarios. Pero así como la aparición del yrigoyenismo, fuera de las reglas del juego liberalpositivista, documentó la tendencia subyacente del pueblo argentino a salir del mencionado círculo vicioso, el análisis del peronismo —ubicado en el centro del Ahora todavía actual (1930-1971), entre la década infame y la restauración neoliberal de 1955— es indispensable para responder a las preguntas que acaban de formularse.

El liberalpositivismo no entendió, ni trató de entender, las contradicciones que bullían en la sociedad argentina y que engendraron al movimiento peronista. Se caracteriza por su incapacidad de concebir un país distinto del que nació de la colonización capitalista sistematizada. El realismo de que se jactan sus adeptos se fundamenta en la creencia en leyes eternas, que siempre producirían lo mismo, semejantes al día y la noche, la gravedad y otras constantes de la naturaleza, leyes a las que estaría sometida la sociedad argentina. Su signo sería la democracia partidocrática, elevada a la categoría de democracia por excelencia o única posible. Bastaría conocer aquellas leyes para descubrir el destino de nuestra sociedad. Tal concepción se complementa con el determinismo económico (que es eminentemente positivista y nada tiene de común con el marxismo) que empujaría a la Argentina como una fatalidad a no poder eludir su condición de satélite de las potencias dominantes —llámense capitalistas o socialistas— y con la subestimación del papel de la personalidad y de los valores morales e intelectuales. El hombre de negocios y, en la vereda de enfrente, el burócrata comunista justificarían así su jerarquía social como agentes de esa fatalidad. Una especie de predestinación calvinista guiaría sus pasos. La coincidencia de los aparentes extremos se expresa con mayor claridad todavía en la alergia del primero a todo liderato popular y en la crítica del segundo al culto de la personalidad, que en resumidas cuentas es en los hechos la oposición a la personalidad misma.

La inusitada e imprevista aparición del liderato de Perón tenía que desconcertar a mentalidades con el horizonte circunscripto a la imagen de una Argentina ya realizada que se repetiría y progresaría cuantitativamente dentro de un rígido régimen institucional y de un definitivo ordenamiento económico. ¿Qué era esto que de golpe desahuciaba a los partidos que vivían desde la caída de Hipólito Yrigoyen con la ilusión de recoger la herencia vacante e intentaron en vano una y otra vez, mediante combinaciones políticas y «frentes populares» («antimperialistas» o «antifascistas», según las circunstancias), agruparse y vencer la valla que les oponía el fraude gubernamental? Se decían representantes de la mayoría de los ciudadanos y quizás hubieran demostrado en comicios libres que lo eran, pero de una mayoría que votaba por obligación o costumbre, desilusionada e inerme para la lucha por el gobierno popular. El radicalismo evocaba los frescos recuerdos de los negociados; las izquierdas cantaban loas a los imperialistas anglosajones metamorfoseados en mansos corderos democráticos. ¿Podía esperarse que un nuevo Sáenz Peña «dejara al pueblo votar» y se repitiera la historia del ascenso del yrigoyenismo al poder por gracia de una minoría gobernante temerosa de la insurrección popular? Si se exceptuaban los levantamientos de núcleos yrigoyenistas pronto ahogados, que no habían contado con la aprobación de los dirigentes máximos del radicalismo, nada indicaba la existencia en los partidos de una tendencia insurreccional, a pesar de que durante la década infame las huelgas por motivos económicos se sucedieron y algunas alcanzaron extraordinaria magnitud.

En las elecciones del 8 de noviembre de 1931 y del 5 de septiembre de 1937 la oligarquía pudo estafar al pueblo con total impunidad. El presidente elegido en 1937, es decir, en comicios amañados por el gobierno del general Justo, entonó su mea culpa al instalarse al año siguiente en la Casa Rosada, y ensayó pasar a la historia como la reencarnación de Sáenz Peña que tanto aguardaban los dirigentes políticos opositores. La oligarquía castigó con su defenestración a Roberto Ortiz por sus intenciones de restablecer la pureza del sufragio. No salvó al abogado de las empresas británicas el entusiasmo que despertó en los opositores y la movilización que organizó a su favor el Partido Comunista.

A la caída de Ortiz (se retiró de la presidencia en , 1940, pero su renuncia recién fue aceptada por el Congreso el 27 de junio de 1942, días antes de su muerte) concurrieron las siguientes contradicciones que definen ese período de tránsito entre la década infame y el peronismo:

la actividad de los partidos orientada a la formación de un «frente democrático antifascista» reproducía el antagonismo de la segunda guerra mundial (imperialismos democráticos y URSS contra imperialismos nazifascistas) y no correspondía a la contradicción interna-externa principal de la sociedad argentina, contradicción que no se expresaba ni en ese «frente», ni en los nucleamientos a favor del eje Roma-Berlín-Tokio;

la contradicción principal se daba entre las causas internas y externas, entre el autodesarrollo económico, político y social del país y los monopolios y centros extranjeros de poder que deformaban y estrangulaban ese autodesarrollo, a través de la minoría agroimportadora con su secuela de políticos, abogados, economistas y sociólogos;

si bien en teoría no se diferenciaban los imperialismos democráticos de los nazifascistas en cuanto a sus objetivos de dominio del mundo, en la realidad específica de la Argentina los primeros (Gran Bretaña seguida de los Estados Unidos) detentaban las palancas decisivas del funcionamiento economicofinanciero del país (ferrocarriles, frigoríficos, bancos, seguros, comercio exterior, empréstitos);

al trasladar mecánicamente al país el antagonismo mundial se hacía desaparecer de la superficie la contradicción entre la Nación Argentina y los imperialismos anglosajones, pero no se la suprimía porque estaba incrustada en los hechos;

la lucha contra el nazifascismo se prestó a una colosal maniobra táctica consistente en la exhibición de las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio como los únicos imperialismos y en la desimperialización en el papel de los imperialismos democráticos;

la maniobra táctica tenía por objeto arraigar en la opinión pública la idea de que todo movimiento nacionalista emancipador y todo luchador por la independencia económica nacional traicionaban la causa de la democracia y quedaban calificados de nazi-fascistas, de lo que resultaba paradójicamente que los antimperialistas aparecían como imperialistas y los imperialistas como antimperialistas (de un lado el «nazi» Scalabrini Ortiz y del otro lado los «democráticos» directores de las empresas anglosajonas y los partidos Socialista y Comunista); y

las precedentes consideraciones explican que Roberto Ortiz (abogado de las empresas inglesas que la Cámara de Comercio Británica consagró presidente antes de ser elegido por el fraude) se convirtiera en campeón del «retorno al régimen democrático perfecto de la ley Sáenz Peña que se halla desvirtuado» y se congraciara con sus enemigos de la víspera, los opositores democráticos, mientras el oficialismo conservadorantipersonalista, ante el temor de que el poder se le escapara de las manos, urdió la zancadilla que desplazó y obligó a renunciar al presidente converso.

Al ser puesto Ortiz fuera de combate, los partidos opositores al gobierno de Ramón S. Castillo arreciaron los preparativos de la Unión Democrática: el Partido Comunista la aprobó en su X Congreso de noviembre de 1941, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical la aceptó a fines de 1942 y los Partidos Socialista y Demócrata Progresista estaban acordes en participar en ella. Tenía tres objetivos principales:

«Evitar el proceso de fascistización que se producía a través del gobierno de Castillo».

«Terminar con la neutralidad profascista del gobierno de Castillo frente a la guerra mundial».

«Unir las fuerzas democráticas para dar la batalla general a las del nazifascismo en las elecciones de 1943 y ganarla, a pesar del fraude».[4]

El punto de partida era una falsa identificación del gobierno de Castillo con el fascismo por el hecho de defender la neutralidad argentina y reprimir la actividad de los partidos opositores. Ese gobierno respetaba, en verdad, la legalidad constitucional con el mismo fariseísmo e igual apelación al fraude que los gobiernos conservadores de todos los tiempos y, lejos de impedir, alentó los tradicionales envíos de alimentos a Gran Bretaña. Es conocida, y a ella nos hemos remitido en otra oportunidad, la declaración del embajador inglés, sir David Victor Kelly, en el sentido de

«que nunca había creído en la estrecha relación con el nazismo europeo del gobierno militar argentino, y mucho menos de su predecesor, el gobierno conservador» [de Castillo].[5]

¡Cómo lo iba a creer si tenía pruebas contundentes de la contribución de la neutralidad argentina a la causa de los aliados en las dos guerras mundiales! Pero los políticos opositores no pecaban por sutileza de razonamiento y para simplificar las cosas imaginaron el fascismo de todo gobierno que no los complacía y como su antídoto a la Unión Democrática. De complemento surgió un curioso dispositivo clandestino tan extravagante como la teorización acerca de la vigencia del nazifascismo nacional: la organización de la resistencia a la manera de los maquis de Francia o de los antinazis de otras regiones de Europa ocupadas por las panzerdivisionen de Hitler.

Esa política giraba en la órbita de los acontecimientos mundiales. 1943 ha sido llamado «el año de las conferencias»: se inició en enero con la de Casablanca, seguida de las de Washington y Quebec —las tres entre Churchill y Roosevelt—, la de Moscú —que reunió a Molotov, Eden y Cordell Hull—, la del Cairo —con la presencia de Roosevelt, Churchill y Chiang Kaishek— y culminó en noviembre con la de Teherán que congregó a Churchill, Roosevelt y Stalin. También el año 1943 marcó el comienzo del derrumbe del frente nazifascista: victoria de las armas soviéticas en la batalla de Stalingrado, conquista del poder por Tito en Yugoslavia, intensificación de las luchas de los maquis franceses. Pero los progenitores de la Unión Democrática en la Argentina tomaron una vez más el rábano por las hojas y en vez de aprovechar la coyuntura internacional, como se hizo en países de Asia y África entonces y después, para desencadenar el movimiento nacionalista de masas que nos emancipara de los imperialismos anglosajones, estrecharon sus contactos y alianza con ellos y actuaron de oficiosos contenedores de las luchas antiimperialistas y de las huelgas y demandas económicas de los obreros que pudieran perjudicar el frente antifascista prolongado sine die. Unos vieron en los acuerdos anglonor-teamericanos-soviéticos la inauguración de una etapa permanente de desimperialización y coexistencia pacífica; otros sacaron ventajas de tal hipótesis para ponerse a los comunistas bajo el ala.

En los hechos menudos de la vida política la macrocósmica visión se minimizaba al tamaño del prorrateo de la Unión Democrática, con la mirada puesta en vencer al fraude y conquistar el poder en las elecciones de setiembre de 1943. De cumplirse esa esperanza era axiomática la vuelta de los radicales al gobierno, y en el caso de demostrar gratitud a los comunistas y recompensarlos con ministerios y otros cargos públicos, ¿podía dudarse de que no se adelantarían a lo que hizo en Chile el radical Gabriel González Videla, que agradeció a los comunistas su triunfo en los comicios de 1946 otorgándoles ministerios, los exoneró en abril de 1947 y dictó la ley de represión del comunismo en 1948? Tal vez por ignorancia, tal vez por los compromisos contraídos con los imperialistas, tal vez por Il dolce far niente burocrático, Victorio Codovilla impuso a los comunistas de Argentina y Chile esa política suicida.

El radicalismo no daba la menor garantía de nacionalismo económico y político. Había nucleamientos ubicados en la línea de emancipación nacional, pero los dirigentes máximos, los que lo orientaban y decidían, pertenecían a la tradición alvearista de acomodo con los consorcios extranjeros. No era éste un inconveniente para la constitución de la Unión Democrática, pues la izquierda comunista y socialista le exigía que fuera antifascista y no antiimperialista. Los ataques a las empresas monopólicas y las reivindicaciones de tipo nacional quedaban en el papel, en larguísimos programas que nadie leía, mientras las alianzas reales llevaban agua al molino opuesto.

Castillo se preparaba a repetir el fraude que en 1937 instaló a Ortiz y a él en la Casa Rosada. Patrocinaba la candidatura de Robustiano Patrón Costas, gran terrateniente y dueño de ingenios azucareros, estrechamente vinculado al capital financiero británico. El pretendiente a la presidencia tenía tanto de fascista como Winston Churchill. Representaba al patriciado liberal al que la ley Sáenz Peña arrebató el poder y luego con el fraude lo recuperó. Oponerle una Unión Democrática antifascista, de la cual los únicos beneficiados serían los radicales, era una de las tantas aberraciones de que está plagada la historia de las izquierdas.

A mediados de 1943 se le ofrecían al pueblo argentino dos alternativas igualmente destinadas a prolongar el coloniaje. Tanto daba el fraude como elecciones libres, no estando en juego lo decisivo de la problemática nacional. Bajo la falsa antinomia de fas-cismo-antifascismo se ocultaba la maniobra táctica de imposibilitar la lucha antimperialista. De todo ese baratillo no podía emerger ningún liderato.

El golpe militar del 4 de junio abrió de repente una nueva perspectiva. Organizado desde el ministerio de Guerra,[6] totalizó las variadas tendencias internas de las Fuerzas Armadas, las que miraban hacia adelante y las adversas a los cambios, las que patrocinaban la dictadura militar sin término y las que exigían el rápido retorno a la normalidad constitucional mediante elecciones libres, las nacionalistas y las liberales, las favorables a los aliados, las neutralistas y las pronazis.[7] El centro de las controversias políticas se desplazó a los cuarteles y logias de jefes y oficiales. A los partidos, desorientados y expectantes, no se les ocurrió otra cosa que pegarle al nuevo gobierno la etiqueta de «nazifascista» y despegársela a los conservadores y radicales antipersonalistas que habían acompañado al depuesto gobierno de Castillo y que al acercarse a la Unión Democrática (en formación) fueron premiados con el olvido de sus delitos electorales. El ambivalente engrudo del oportunismo fijaba el calificativo ideológico.

Se hacía de la política una tortuosa semántica ad usum Delphini, mientras las masas trabajadoras se guiaban por la realidad y permanecían pasivas ante los llamados de los dirigentes políticos y sindicales a movilizarse por algo confuso que no sentían ni comprendían y que las obligaba a sacrificar sus reivindicaciones inmediatas y la lucha por la emancipación nacional. El uso —y el abuso intencional— de palabras como fascismo, nazismo, totalitarismo, corporativismo y otras daba lugar a falsas identificaciones que entumecían el proceso revolucionario. No valdría la pena ocuparse de ese vicio de los políticos tradicionales si el lenguaje no fuese un instrumento que actúa sobre la realidad social para transformarla o para inmovilizarla. Pero como los fenómenos sociales no nacen de un mudo determinismo natural o cósmico, todo acto humano lleva el signo de la palabra. El verbo-acción diferencia al hombre de los restantes seres vivos y humaniza a la naturaleza.

Si de la indigencia ideológica y política de los partidos era imposible que se elevara la figura de un líder, tampoco los dirigentes inveterados y sin arraigo estaban dispuestos a permitir que se gestara un liderato fuera de sus filas. Podían tolerar la dictadura militar con la esperanza que fuera el interregno que desembocara en la convocatoria a elecciones, pero de ninguna manera que se rompiera el esquema de la partidocracia establecida y lo sustituyera un movimiento de masas totalizador. Tenían de la democracia el concepto mezquino de que únicamente se expresaba a través de su intervención y que al margen de ésta sólo quedaba el campo abierto al fantasma del nazifascismo que los perseguía detrás de toda eclosión de nacionalismo popular.

Con la aparición de Perón, el caudillo que parecía sepultado para siempre por la mediocridad liberal resucitaba y se modernizaba en el líder. Vino a llenar la oquedad de los partidos y a suplantar a dirigentes enajenados a una concepción colonial (de derecha, del centro y de izquierda) superada por las masas trabajadoras. Había que explicar de alguna manera la presencia casi repentina de ese advenedizo de la política. Pocos tuvieron el coraje de mirarse a sí mismos y reconocer que marchaban a contramano de la historia. Los más se abroquelaron en su infalibilidad y decidieron que el nuevo movimiento de masas y su líder reproducían al nazismo alemán o al fascismo italiano. No los juzgaban desde la historia y la realidad argentinas. Hicieron del líder una individualidad en sí, dominada por pasiones subalternas, y de las masas trabajadoras un rebaño dócil a los manejos del mefistofélico conductor.

El liderato nunca se reduce al acto de voluntad del líder, ni solamente a cualidades inherentes a su peculiar idiosincrasia. La ambición de poder o de gloria nada vale mientras no obtenga el reconocimiento de aquellos sobre quienes se proyecta; las aptitudes personales que implica el liderato permanecen en estado de latencia en tanto la sociedad o parte de ella no las descubra y las haga suyas. Esa ambición y esas aptitudes se realizan gracias a los otros. El liderato no es unilateral, ni arbitrario, pues lo genera la unidad y la mutua dependencia del líder con la masa popular que se reconoce en él y lo condiciona. Igual que al artista, al filósofo y al científico, la sociedad le otorga relieve y trascendencia. Es creado y creador. Al no existir creación en sí o creación de la nada, se queda a mitad de camino —y como los cautivos encadenados de la alegoría platónica, no ve más que la sombra de las cosas— quien divorcia al líder de las causas sociales que lo engendraron y desconoce que el liderato lo es en la medida de su reconocimiento por la sociedad o una clase o agrupamiento social, cuyos componentes individuales se solidarizan e identifican entre sí a través de la mediación de aquél.

Además, en ningún caso el reconocimiento del líder es universal, de toda la sociedad. Unos lo reconocen y otros lo desconocen. Es líder y antilíder al mismo tiempo. Tenemos que responder, pues, al siguiente interrogante: ¿quiénes hicieron a Perón líder en 1943-1945 y quiénes durante un cuarto de siglo le negaron el liderato? O dicho de otro modo: ¿qué hay detrás del peronismo y del antiperonismo?

CAPÍTULO 35
EL CASO PETER

A fines del año 1943, se produjo en el movimiento obrero de la Argentina el viraje de mayor trascendencia desde sus orígenes: un nuevo gremialismo nació de la problemática nacional, en conexión con un nucleamiento nacionalista de las Fuerzas Armadas y en reemplazo del viejo gremialismo formado durante el período de la colonización capitalista, bajo la influencia ideológica y organizativa de las izquierdas. El análisis objetivo de las causas y del alcance del viraje es indispensable para explicar la génesis del peronismo y, en general, las contradicciones internas de la etapa histórica que entonces se inició y prosigue hasta hoy.

De la corriente inmigratoria emergió, a partir de la sexta década del siglo pasado, el viejo gremialismo. La introducción masiva de mano de obra suscitó en la sociedad argentina tensiones dirigidas hacia dos extremos: el más crudo utilitarismo en la búsqueda sin límites de la riqueza por la riqueza misma y el sueño de levantar a orillas del Plata la comunidad igualitaria que anhelaban anarquistas y socialistas. De un lado, el chacarero, el almacenero, el intermediario, el simple especulador; del lado opuesto, el fundador de sindicatos y agrupaciones políticas o apolíticas reformistas o revolucionarias.

Fue fácil y rápida la simbiosis entre los hijos del país y los inmigrantes (simbiosis no meramente étnica, sino también, de la idiosincrasia, de los caracteres psíquicos, de los usos y costumbres, de los modos de producción, de la alienación al trabajo, de la actitud ante la vida inmediata) en el terreno de las relaciones socioeconómicas, a medida que se expandía la colonización capitalista. En cambio, la agremiación de los obreros y la propaganda del socialismo y el anarquismo, por iniciativa de grupos de europeos, tropezaron con la escasa receptividad de las masas nativas a las ideas de cambios sociales. Del abismo que separaba en un principio a los anarquistas y socialistas de la totalidad de los trabajadores argentinos, algo se cubrió con el proceso colonizador capitalista que homogeneizó a la población laboriosa, pero nunca se cubrió del todo o en grado que asegurara la conducción nacional de los segundos por los primeros.

Los ferrocarriles, frigoríficos y fábricas, al concentrar fuerza de trabajo de distintas procedencias, contribuyeron a borrar las disparidades entre obreros argentinos y extranjeros, en tanto los hijos de estos últimos se integraban a la comunidad nacional. Quedaba, empero, un vasto sector de trabajadores insensible, en general, a la influencia de los sindicatos y del anarquismo y del socialismo: el de los peones rurales de todo el país y los semicampesinos (o semiproletarios) y campesinos pobres de las provincias interiores. Su renuencia a incorporarse a las corrientes revolucionarias y reformistas, generadas dentro de la colonización capitalista como su antítesis, privaba a estas corrientes de arraigo en la historia, en los hechos inmediatos y en las soluciones de la problemática argentina. La contradicción cobró apremiante actualidad cuando, al clausurarse el gran caudal inmigratorio, la expansión industrial solamente pudo obtener fuerza de trabajo por migraciones internas, metamorfoseando en obreros a peones rurales y semiproletarios y campesinos pobres del lejano interior.

Sin esa reserva de mano de obra, las compañías extranjeras y los empresarios argentinos hubieran tenido serias dificultades para extender sus actividades y acrecentar o mantener su nivel de ganancias. El ingreso de parte de esa reserva al mercado de trabajo de los centros industriales disminuyó el margen permanente de desocupados y ejerció gran presión a favor del aumento de los salarios. Pero la atracción de las luces de la ciudad, aunque fueran contempladas desde la lobreguez de una Villa Miseria, tuvo un efecto contradictorio que escapaba al control de los patrones y del Estado: introdujo en el movimiento obrero y en la política un elemento insólito, cuya semibarbarie y no alienación a estructuras sindicales y políticas creadas sin su concurso y a imitación de modelos europeos, lo hacían poco asimilable en masa por esas estructuras, a las cuales, sin embargo, estaba obligado a adherirse en defensa del nuevo nivel de vida conquistado en el trabajo industrial. Con la conciencia virgen de ideologías y la avidez del consumidor y su infinito de hambre y miseria a cuestas, el «cabecita negra» se volvió explosivo cuando los dirigentes tradicionales de los gremios renunciaron a la lucha por las reivindicaciones económicas, en aras de la toma de posición junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Del trasiego de fuerza de trabajo del campo a la industria también emergieron obreros que ingresaron en las izquierdas. ¿Qué fue de ellos? La educación partidaria habilitó a algunos para transmutarse en florecientes empresarios, en aprovechados alumnos de las clases sobre plusvalía. Otros, con menos iniciativa, se adaptaron a las rentas burocráticas de cooperativas y campañas financieras. Y hay quienes viven del recuerdo de fugaces glorias que relatan en plazas y tertulias caseras con orgullo de jubilados de la revolución.

Existe el testimonio dramático, de conmovedora sinceridad, de la odisea de un «cabecita negra» que en la tercera década del siglo recorrió el camino que lo condujo a alienarse a la dogmática del Partido Comunista y, a la vez, lo elevó al liderato de uno de los gremios más combativos. Esta contradicción, que hizo crisis en 1943-1945, es de gráfica evidencia acerca de la suerte que le esperaba al dirigente generado y reconocido por las masas, cuando pasaba el Rubicón y se rendía ante las sectas de espaldas a la problemática nacional. De José Peter, ex dirigente del gremio de la carne, es el testimonio que se ha publicado bajo el título de Crónicas proletarias.[1]

En la amplia dedicatoria con que se inicia el libro, dedicatoria que en los aspectos políticos abarca a anarquistas, socialistas, comunistas y peronistas, Peter describe así su ingreso en el proletariado industrial:

«Muchos de nosotros, yo entre ellos, hemos llegado desde nuestras provincias, corridos por la miseria y desocupación, obligados a desparramarnos por otros campos, por otras estancias, y por cuanta empresa industrial fuera posible, en procura de una vida digna. Llegamos con mapas de cicatrices producidas por nuestras labores en el campo; así vinimos desde las chacras y los montes de Entre Ríos, desde los quebrachales y algodonales del Chaco, desde las selvas de Misiones, las estancias de Corrientes, desde las sedientas tierras de Santiago del Estero, y así desde todos los rincones de nuestro inmenso territorio patrio, trayendo en nuestras venas sangre de charrúa, de araucano, de guaraní, sangre de gringos campesinos y trabajadores, para mezclarla en los frigoríficos y así acrisolar la unidad proletaria para luchar por una vida mejor, lucha que adquiere indefectiblemente desde el principio mismo, tajante carácter antimperialista, contra ese imperialismo que constantemente está dispuesto a masacrar sin contemplación a los pueblos que luchan por su liberación, sin respetar distancia ni nacionalidad, sin considerar más nada que no sean sus propios intereses y apetitos».[2]

Ya en el tema autobiográfico, relata el autor la vida de aislamiento e ignorancia que sobrellevaban, a principios de siglo, los peones de chacra y estancia, que no leían diarios y se enteraban por casualidad y de manera superficial y deformada de los sucesos nacionales y mundiales, como la Semana Trágica de enero de 1919, las matanzas de la Patagonia y Gualeguaychú, las huelgas, la Revolución Rusa. Explica la necesidad que los impulsaba a buscar otros horizontes para no morir de hambre, necesidad que le obligó a él mismo, peón «semianalfabeto», a abandonar sus pagos entrerrianos y alejarse de sus parientes y amigos. Y luego recuerda el impacto que recibió, desde la ventanilla del traqueteado vagón de segunda, al descubrir en Zárate al frigorífico, monstruo que devoraba a millares de obreras y obreros. «Embrujado por el espectáculo», el Minotauro le atrajo con «fuerza irresistible» y merodeó durante algún tiempo por las chacras de los alrededores, en la juntada del maíz, a la espera del galardón que habría de consagrarlo obrero del frigorífico.

Peter indaga las causas de la «atracción invencible» que sobre los peones rurales como él ejercían las grandes fábricas de la carne. No las encuentra, por supuesto, en las mastodónticas empresas anglonorteamericanas que mecanizaban y destrozaban la fuerza de trabajo. Se le revelan en la antítesis que crea la explotación en gran escala. Dice:

«más tarde llegué a comprender cabalmente cuál es la potencia de gravitación que tiene la masa del proletariado industrial. Pareciera que en ese influjo incontrarrestable estuviera impreso el sello de su inmenso poderío, capaz de arrasar con todos los obstáculos, con cualquier valla que se le oponga.[3]

»Percibíamos, en fin, el mensaje variado y multifacético de la gran empresa industrial, que era por cierto un lenguaje muy diferente al de las chacras, estancias y montes de Entre Ríos».[4]

Era una nueva conciencia que despertaba en el peón de campo al transformarse en obrero industrial, una nueva conciencia alumbrada por condiciones de vida y trabajo distintas de las que antes lo habían acunado y enajenado.[5] Intervenía también en la metamorfosis el factor ideológico que por su propia naturaleza tendía a materializarse en organización sindical y militancia política. El factor ideológico, con todas sus consecuencias prácticas, comenzó a funcionar merced a su transmisión por obreros extranjeros. Lo destaca Peter en los siguientes párrafos:

«Conocí en cámaras frías, así como también en las demás secciones, a muchos obreros extranjeros: polacos, rusos, alemanes, etc., que venían corridos por las secuelas de la guerra. Entre ellos los había que traían ricas experiencias sindicales, y es justicia consignar que en el inicio de la organización sindical de los frigoríficos, se contó siempre con el valioso aporte de estos trabajadores, quienes no sólo tropezaron con el desconocimiento del idioma sino también con un marcado menosprecio por parte de sectores de obreros criollos, por ejemplo de los que, como yo, veníamos del interior, carentes por completo de conocimientos sobre problemas sociales —como no fuese cargar sobre nuestras espaldas todas las consecuencias de un régimen de explotación brutal cuyos fundamentos se nos ocultaba celosamente—, sin definición clara aún de clase, con una mentalidad formada y moldeada de acuerdo al medio ambiente en que habíamos nacido y crecido. Fácil les resultaba, entonces, a las empresas engañarnos. Éstas desplegaban una descarada política de chovinismo. Una infame y nefasta muletilla que echaban a rodar por entonces, y que prendía en muchos espíritus, era de que “los rusos vienen a quitarles el trabajo y con ello el pan” (“rusos” se los llamaba a todos los obreros eslavos). De esta manera se empeñaban en dividir a los propios trabajadores a los que explotaban por igual sin diferencia de nacionalidad, y también lo hacían para desprestigiar y hacer nacer reservas y recelos hacia la Revolución Rusa.

»En cuanto a esa política de división y diferencias entre los obreros, se practicaba con gran fuerza para meter cuña entre los mismos trabajadores criollos. Se decía al respecto, por ejemplo, que los porteños eran mejores que los provincianos; se establecían supuestas diferencias entre correntinos y entrerrianos, entre tucumanos y santiagueños, y así de seguido con los nativos de distintas provincias. Existían además los obreros calificados, y a éstos se los hacía aparecer como “superiores” a los peones».[6]

Las empresas monopólicas anglonorteamericanas instigaban a la división de los obreros entre argentinos y extranjeros, y entre argentinos de distintas provincias, y además calificaban a un sector de obreros, que separaban del resto pagándoles mejores salarios y obligándoles a servirles sobre todo como rompehuelgas. Recurrían a tales ardides no sólo a los efectos de entorpecer la unidad de los obreros, sino también con el fin de crear incentivos al aumento de la productividad, el cual, en régimen capitalista, se traduce en mayor plusvalía para el empresario, en mayor explotación de la fuerza de trabajo. No entra en los cálculos libreempresistas el aumento de la productividad en beneficio del país y del propio obrero.

Hace justicia Peter a la labor cumplida por el Partido Comunista —al que se afilió en 1927, después de haber sido «un ferviente radical»— en el esclarecimiento de las maniobras divisionistas, lo mismo que en la organización de los obreros, en la elección de sus consignas reivindicatorías y en la conducción de sus luchas. Esa labor se inspiraba en la rica experiencia del movimiento revolucionario mundial de la época, en particular de la Revolución Rusa. Los resultados pronto se hicieron palpables en la amplitud y profundidad de la agitación de las bases proletarias. Sin embargo, Peter pasa por alto el análisis de las causas que desde el comienzo prepararon la pérdida de la influencia comunista. Su libro, exaltado panegírico de un período que terminó en 1945, no explica por qué ese período pertenece a la historia. Inmenso sería su aporte al presente y al futuro del movimiento obrero y a la revolución argentina si, con amplio espíritu autocrítico, indagara los motivos de la falta de continuidad de los dirigentes y de la influencia del Partido Comunista en los sindicatos, después de esa corta edad de oro.

Decimos que desde el comienzo de su apertura al movimiento sindical estaban dados en el Partido Comunista los requisitos de la política que habría de reducir al mínimo su autoridad sobre aquél. El hecho indiscutible de contar con una sólida y disciplinada estructura partidaria, con cuadros abnegados y combativos y con grandes recursos financieros acentúa la magnitud de una caída de la que no se ha repuesto, ni hace nada por reponerse.

Al pasar de la lucha por las reivindicaciones socioeconómicas, tanto obreras como populares, al enfoque político de la problemática nacional, los comunistas siempre dieron un salto en el vacío. No establecen conexión entre aquella lucha y este enfoque. No reconocen la interdependencia de ambos. Por lo general, su línea política sacrifica al movimiento de masas. Así se explica que sus éxitos en los sindicatos o en la agitación popular sean transitorios e intrascendentes, y que su táctica electoral o conspirativa sólo registre fracasos.

Peter es la imagen viva de esa contradicción. Con innecesaria modestia deja de ser autobiográfico al entrar a la breve crónica de la Federación Obrera de la Industria de la Carne (FOIC), constituida, en gran parte por obra suya, a principios de la década del treinta. Tal vez al hablar de sí mismo habría descubierto dos Peter o un Peter desgarrado en dos conciencias contrapuestas: uno, con los pies sobre la tierra, sumergido en la masa proletaria y recogiendo sus reivindicaciones para llevarlas al combate; otro, enajenado a los universales abstractos que le imponía el Partido Comunista en consonancia con la línea dictada por Moscú. Los obreros seguían y aclamaban a su líder en tanto la ardiente oratoria de éste los invitaba a luchar contra las empresas monopólicas extranjeras y por mejores condiciones de existencia, pero le daban la espalda, desconcertados como si les hablara en griego, cuando sucesivamente les pedía que formaran soviets, o apoyaran a un gobierno obrero y campesino, o bregara por la revolución democraticoburguesa (agraria y antimperialista), etapa previa a la revolución socialista, o más tarde viraba y hacía proselitismo a favor del candidato de los trusts imperialistas, Marcelo T. de Alvear, o del abogado de los ferrocarriles ingleses, Roberto M. Ortiz, o por fin pretendía enterrarlos en la Unión Democrática, junto con las tribus perdidas de la partidocracia liberal.

La aberración provenía de la creencia de que en política, y en las ciencias sociales en general, vale el criterio que se emplea en mecánica, es decir que la relación permanente y universal entre números o fuerzas también se da en los fenómenos de la sociedad humana, cualesquiera sean las circunstancias de tiempo y lugar. En el triunfo de los soviets en Rusia no se veía el resultado específico de la historia y de la realidad de ese país. Se lo idealizó como la forma única de la dictadura del proletariado, o el gobierno obrero y campesino, que debía extenderse a los cinco continentes para producir el socialismo internacional. Una vez que la práctica demostró lo quimérico del transvasamiento de los soviets de un país a otro, la secta enajenada a Moscú propició mediaciones tácticas, cada una de las cuales la alejaba más del socialismo, más de las masas trabajadoras, más de la realidad revolucionaria argentina. Primero fue la lucha por la «revolución democraticoburguesa», anacronismo que equivalía a importar naranjas en el Paraguay, pues la colonización capitalista se había consumado entre nosotros bajo el signo de la democracia burguesa liberal clásica, y replantearla como igual a la «revolución agraria y antimperialista» era provocar una tremenda confusión ideológica, política y organizativa. Después vinieron los frentes, alianzas y uniones con caracterizados personeros de los centros imperialistas del poder financiero y político, a efectos de enfrentar al nazifascismo, dentro del cual se englobaba, sin discriminación, a todos los movimientos nacionalistas revolucionarios populares. Las falsas identificaciones que mencionamos en el capítulo anterior, de nazifascismo con el nacionalismo popular revolucionario o, con lo opuesto, el conservadorismo liberal, del imperialismo anglosajón con el progresismo democrático, del régimen partidocrático con la democracia absoluta, las marchas y contramarchas en nombre de una infalibilidad desmentida de continuo, llegaron a ser un hábito en el modo de pensar y actuar de los comunistas y de los círculos bajo su influencia. Contagiaban su esterilidad, a menudo diversionista y suicida, frente a la problemática revolucionaria argentina.

El caso Peter no es único. Lo hemos elegido como representativo de una política de las izquierdas en los sindicatos y en el movimiento de masas que colocaba a sus afiliados ante la disyuntiva de divorciarse del pueblo o ser arrojados de las filas partidarias. Peter optó por la obediencia a la secta y nada le valieron para salvarse del olvido del proletariado sus luchas al frente de la FOIC y de la FOA, sus años de cárcel y miseria, las torturas que resistió con heroísmo.

Los dirigentes sindicales comunistas se esforzaban en conciliar la defensa de los intereses inmediatos de los obreros con la orientación partidaria, que no se elaboraba en base al reconocimiento de las contradicciones internas de la sociedad argentina y a las exigencias de soluciones revolucionarias a la problemática nacional, sino que seguía paso a paso los zigzag de la política exterior soviética y a ella pretendía subordinar las particularidades del proceso historicosocial del país. Esta actuación ambivalente se justificaba con la tesis dogmática de que los objetivos internacionales del primero y único Estado socialista de entonces coincidían, en todos los casos y circunstancias, con los intereses del proletariado mundial y, por lo tanto, también con los de la clase obrera argentina. Podía y no podía ser así.

Mientras la política exterior soviética fue de claro enfrentamiento al imperialismo en general y, como parte de ese enfrentamiento, de oposición decidida a los monopolios anglonorteamericanos, los dirigentes sindicales comunistas no se vieron envueltos en la ambigüedad de una línea intrínsecamente contradictoria, porque las reivindicaciones obreras y los movimientos populares se inscribían en el programa antimperialista de la III Internacional y de la URSS. Esto explica los progresos de la influencia de los comunistas en los sindicatos durante la década anterior a la Segunda Guerra Mundial. Aunque eran minoría, y no obtuvieron éxitos masivos en el reclutamiento de afiliados, se destacaron como organizadores de las federaciones por industria, cuyas direcciones ocuparon. Pero cuando la amenaza hitlerista que se cernía sobre el mundo se concretó en la conquista de un país tras otro y la URSS quebró el frente imperialista mundial mediante alianzas con las potencias anglosajonas —el pacto germanosoviético no pasó de una pausa táctica—, la situación se tornó contradictoria para los comunistas de los países cuyas palancas economicofinancieras dependían o estaban en poder de monopolios ingleses y norteamericanos.

¿Cómo superar la contradicción entre la alianza de la URSS, los Estados Unidos y Gran Bretaña y la apremiante lucha de los pueblos iberoamericanos contra los monopolios anglonorteamericanos por su emancipación nacional? Era imposible superarla. Había qtle tomar decisiones extremas dentro de la contradicción. Earl Browder, secretario general del Partido Comunista de los Estados Unidos, dio la pauta. Los otros partidos comunistas de América, desde México a la Argentina, repitieron textualmente sus tesis. Nacía la coexistencia pacífica, según la cual la alianza con la URSS desimperializaba a los Estados Unidos y Gran Bretaña y los convertía para el largo futuro en factores de progreso, democracia y liberación de nuestros países; y los pactos firmados entre las tres potencias no respondían únicamente a los imperativos estratégicos y tácticos de la guerra antifascista, sino que tendrían vigencia permanente y serían las bases de la construcción de un «mundo mejor» en los años y siglos venideros.

Peter guarda absoluto silencio acerca de esa ilusa confianza en la desimperialización de los Estados Unidos y Gran Bretaña que el partido de Codovilla con tanto calor abrazó y contagió a los partidos que con él compartieron la Unión Democrática. Tal vez su enajenación sectaria le impide percibir la relación entre una línea política a todas luces suicida y los sucesos de 1943-1945 que desbancaron a los comunistas de las direcciones sindicales. Reduce el cambio a un cuento de ogros que se comieron a los niños.

No vamos a insistir en la exégesis de la falsa identificación con el fascismo o el nazifascismo de todo gobierno que no acepte plenamente las reglas del juego liberal. Sería perder el tiempo exigirle al enanismo izquierdista mayor profundidad. Nos limitaremos a observar que a un cuarto de siglo de distancia, Peter sigue catalogando de «fascista» al «golpe militar» del 4 de junio de 1943.[7] No podría opinar de otra manera sin verse obligado a explicar su desplazamiento del movimiento sindical debido a la política antinacional, que desembocaba en la renuncia a las reivindicaciones obreras, a que lo condujo su acatamiento de las directivas codovillistas. El asalto al poder por el sediciente nazifascismo le ofrece el justificativo de la pérdida del liderato de los obreros de la carne, que ganara en duros años de lucha y sacrificio. Y siempre con el auxilio de una falsa identificación podría recordar que les había acontecido lo mismo a los dirigentes izquierdistas italianos y alemanes con el advenimiento de Mussolini e Hitler. Pero los errores ajenos no eximen de culpa por los propios errores.

Nadie discute el carácter exclusivamente militar del golpe del 4 de junio de 1943. Tampoco la existencia de una logia —Obra de Unificación del Ejército— que, como su nombre lo indica, se proponía unificar al Ejército, bajo del comando del GOU (Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Organizador y Unificador)[8], tema que abordaremos en otro capítulo. Pero como la tarea de «unificación del Ejército» presuponía a éste internamente heterogéneo, es decir que bajo la jerarquía externa homogénea chocaban opuestas posiciones frente a la problemática nacional, corresponde descubrir la base de la eventual unificación. Dos razones indican que el proyecto de implantar un Estado a imagen y semejanza del fascista, del nazi o del falangista carecía de viabilidad:

no se daban en el país las condiciones objetivas y subjetivas para que fuese posible reproducir por acción interna el régimen nazifascista, ni se vislumbraba la posibilidad inmediata de la invasión de América Latina por las potencias del eje, y

el sector pronazi, sin fuerza ni autoridad para imponerse a los restantes sectores, no unificaba al Ejército.

La unificación de las Fuerzas Armadas en torno del golpe del 4 de junio de 1943 se realizó persiguiendo un objetivo circunstancial, en el que coincidían hasta los jefes más allegados a la Casa Rosada: impedir que el presidente Castillo traspasara el gobierno, mediante el fraude, al oligarca proinglés Patrón Costas.[9] Pero ¿no era este objetivo el mismo que desde meses antes acercaba a los partidos políticos opositores, en busca de una Unión Democrática que malograra la maniobra fraudulenta del «fascista» Castillo? ¿A qué otro propósito obedecían las reuniones de radicales, comunistas, socialistas y demócratas progresistas que se sucedieron en la Casa Radical desde enero de 1943 hasta la víspera de la ocupación del poder por el Ejército?[10] Después se falsificó la historia usando una retorcida retórica: los políticos que el cambio dejó con un palmo de narices acusaron a los militares de haber apresurado el golpe al solo efecto de evitar la derrota de Patrón Costas por las «fuerzas democráticas unidas». Y no faltan resentidos que todo lo reducen a una intriga del presidente Castillo, resuelto a hacerse el hara-kiri antes de permitir el voto libre. Tales argumentos capciosos no justifican ni atenúan la incapacidad de los partidos de conquistar el poder por sí mismos, separados o juntos. Sería, por otra parte, absurdo suponer que los políticos, inermes frente al fraude y la violencia electorales en 1931 y 1937, no hubieran sido burlados de nuevo en 1943. Además, cuando posteriormente las mayorías populares tuvieron oportunidad de expresarse en comicios libres, los dejaron en la estacada, buscaron nuevos caminos y demostraron que no era necesario el fraude y la violencia para vencerlos.

Queda como hecho indiscutible que el Ejército frustró la candidatura oligárquica y fraudulenta. Ni la experiencia anterior, ni los sucesos del último cuarto de siglo, autorizan a creer en la posibilidad de la victoria de las «fuerzas democráticas unidas» en los nonatos comicios de 1943.

Hay otro argumento a considerar, el legalista, según el cual las Fuerzas Armadas faltaron a su deber específico al no adoptar alguna de estas dos actitudes:

esperar las elecciones y garantizar la libre emisión del voto y la pureza del escrutinio, o

llamar a elecciones inmediatamente después del golpe del 4 de junio, entregar el gobierno a los candidatos triunfantes y volver a los cuarteles.

El argumento tendría consistencia política y valor moral si la partidocracia, tal como se manifestaba entonces, ofreciera alguna seguridad de soluciones a la problemática del país, por lo menos en dos aspectos fundamentales: el desarrollo de las fuerzas productivas emancipándolas de los monopolios extranjeros y mayor participación de la clase obrera en el ingreso nacional y en la vida política. Del voto de una ciudadanía escéptica y cansada de los partidos tradicionales, y del ascenso al poder de políticos comprometidos con los centros imperialistas, no debían esperarse transformaciones sustanciales, pues, según dijimos y era evidente, la victoria de las «fuerzas democráticas unidas» habría consagrado un gobierno radical o un débil, heterogéneo y transitorio gobierno de coalición. El voto «libre», «libre» pero obligado a optar entre fórmulas maquinadas en pequeños círculos, no presentaba mejor cara que el fraude.

Al 4 de junio siguió un corto período de desconcierto y vacilaciones tanto en el gobierno militar como en los partidos. Los sondeos que se hicieron de una y otra parte para deslindar posiciones o intentar acuerdos, no progresaron. Pronto el gobierno militar, sin plan de acción y presa de la lucha fraccional, resolvió salir de la atonía distribuyendo palos a diestra y siniestra: clausuró sindicatos, detuvo dirigentes, llevó a los puestos públicos a personajes de mentalidad medieval que lo cubrieron de ridículo. Salió a la superficie un «nacionalismo» trasnochado, de grotesca solemnidad, que se agitaba estérilmente en un país que le era ajeno y no acertaba a gobernar. Los políticos diagnosticaron: fascismo.

El fraude había quedado atrás. Ahora estaba delante un gobierno militar que al ser calificado de «fascista» obligaba a los partidos a unirse con mayor amplitud que antes —los conservadores y antipersonalistas ¿el elenco de Castillo y Patrón Costas se sumaron a la partida— y a conspirar en pro de la toma del poder por la fuerza. Los «democráticos» se hicieron gol-pistas. Claro está que invocaban al pueblo, pero se trataba del mismo pueblo que en trece años no había movido un dedo en contra del fraude electoral, por desconfianza en los dirigentes políticos y carencia de un auténtico liderato. El reiterado planteo de que contaban con la mayoría de los ciudadanos, mayoría inhibida de pronunciarse debido primero al fraude y luego a la represión «militar-fascista», era una presunción que debía probarse en la práctica. De ser cierto que los apoyaba esa latente e inexpresada mayoría, ¿por qué fracasaron sus intentos de conquista del poder, reducidos al «mucho ruido y pocas nueces» de los golpes en el vacío?

En lo referente al movimiento obrero también la cabal interpretación de los cambios de esa época obliga a formular una pregunta: ¿por qué con tanta facilidad y en tan poco tiempo, casi de repente, los viejos dirigentes de los gremios fueron sustituidos por los cuadros bisoños del peronismo? Peter responde no con una explicación autocrítica, sino con una autodefensa que es la de todos los dirigentes izquierdistas entonces depuestos. Parte del a priori de que ellos y la masa del respectivo gremio constituían una unidad natural y deduce que esa unidad natural fue quebrada por la artera maniobra del «gobierno militar-fascista», mediante la atroz represión policial, el bandidaje de los matones y la demagogia del coronel Perón. Y se despreocupa por completo de indagar en lo interior del gremialismo tradicional la deficiencia que favoreció su fulminante bancarrota. Sigue pensando como en 1943-1945 que todo se redujo a que vinieron los sarracenos y los molieron a palos. Le está vedado el análisis de conjunto de las contradicciones del proceso de traspaso de los sindicatos al peronismo, pues arribaría a conclusiones incompatibles con su militancia en el Partido Comunista.

La clave de los cambios en el movimiento obrero durante esos años —cambios enigmáticos en tanto se los mira a través del cristal de la autodefensa sectaria— reside en el antagonismo entre la política de los partidos Socialista y Comunista y las demandas del proletariado de los sindicatos. Esos partidos habían abandonado la lucha antimperialista con el pretexto que el antifascismo imponía tal sacrificio o postergación. El planteo de la falsa opción antifascismo o antimperialismo y la renuncia al segundo, el partir de lo internacional a lo nacional y no a la inversa, tuvo consecuencias catastróficas para los dirigentes sindicales que permanecieron fieles a aquellos dos partidos.

Es verdad que en los programas, en la prensa y en, el agitprop partidarios se reclamaba el aumento de los salarios y se denunciaba la carestía de la vida, pero si las reivindicaciones económicas no se combinaban con la lucha contra los monopolios anglonorteamericanos, centros de las mayores concentraciones obreras, todo quedaba en el papel o en la «demagogia» que achacaban a Perón por comenzar a hacer lo que ellos habían dejado de hacer. Una vez en el tobogán de las «alianzas antifascistas» con directores y gerentes de los consorcios extranjeros y con empresarios argentinos, no podían dar marcha atrás y así llegaron al extremo de paralizar huelgas y otras acciones que perjudicaran a esos compromisos. ¿Cómo iba a ser compatible la movilización de las masas trabajadoras por sus reivindicaciones económicas con la participación (con firma y dinero) en el «frente antifascista» de grandes bonetes de SOFINA y CADE, como Francisco Cambó y Rafael Vehils, o de Gath y Chaves, los frigoríficos, ferrocarriles, bancos y otras empresas del capital imperialista?[11] Faltan esos episodios en el libro de Peter. ¿Se habrá preguntado si de sus prisiones y sacrificios de aquellos días no esperaban obtener, a fin de cuentas, altos dividendos los opresores del pueblo argentino?

En vano se buscará en los documentos socialistas y comunistas de la época una sola referencia a los monopolios extranjeros que exprimían y distorsionaban la economía argentina o a la desembozada actividad de los agentes y espías anglonorteamericanos. Desde el Segundo Congreso de la CGT (diciembre de 1942), con mayoría socialista y comunista, hasta la Conferencia Nacional de las Organizaciones Sindicales Independientes (diciembre de 1945), el antimperialismo brilló por su ausencia. La división de la CGT en N.º 1 y N.º 2, ocurrida poco antes del golpe militar del 4 de junio, nada tuvo que ver con la problemática de la emancipación económica nacional. Fue el resultado de la rivalidad entre comunistas, socialistas y sindicalistas por conquistar la dirección de la central obrera.

El abandono del antimperialismo, o su insegura postergación para cuando el nazifascismo hubiese sido derrotado, demuestra que las izquierdas interpretaban la lucha antimperialista como táctica o maniobra y no como necesidad vital para la expansión de las fuerzas productivas argentinas y para la madurez de la conciencia nacional del país. Al prescindir de él se colocaban en la vereda de enfrente y dejaron que resurgiera bajo las formas contradictorias que Alfredo López sintetiza muy bien en su libro La clase obrera:

«Los diversos núcleos que han proclamado su solidaridad con la revolución del 4 de junio —y que como tales actúan— se caracterizan, en primer término, por su extremismo nacionalista. Postulan por una política enérgica de recuperación nacional de las fuentes de riqueza y por consecuencia hacen fe de una posición antimperialista, con exaltación rigurosa de todo lo que consideran auténticamente nacional, hasta el extremo de hacer gala de primitivismo. Hay entre ellos incidencia de opinión católica, de pronunciado clericalismo, partidarios de la política social auspiciada por la encíclica Rerum Novarum, pero con visible disidencia con ésta en lo referente a la intervención del Estado en el manejo de la economía».[12]

Pero la «exaltación rigurosa» de lo que esos «diversos núcleos» consideraban «auténticamente nacional», por lo general en el plano abstracto de los símbolos, se diluía al esperar las soluciones del triunfo del nazi-fascismo en la guerra. El contenido marcadamente enemigo del movimiento obrero, al que identificaban con el internacionalismo socialista, comunista y anarquista, condenaba a la esterilidad a esas diversas y confusas expresiones de oposición a los monopolios y potencias imperiales anglosajonas, expresiones que se reducían a críticas y denuncias, sin traspasar la barrera entre la teoría y la práctica. Los primeros actos del gobierno militar se inspiraron en ese «nacionalismo», entre ellos la política represiva de las dos CGT y de sus sindicatos.

Perón descubrió entonces, desde su despacho de la Secretaría de Guerra, algo que no estaba en el pensamiento del gobierno militar, ni en las preocupaciones de los políticos:

Frente a la problemática nacional la masa obrera agremiada no se identificaba con sus dirigentes.

Los dirigentes sindicales se elevaban debido a su idoneidad en la defensa de las reivindicaciones económicas de sus compañeros. La militancia extrasindical en partidos de izquierda los educaba, disciplinaba y controlaba en el ejercicio de sus funciones, pero a la vez les imbuía de una falsa conciencia de la realidad del país. Que los dirigentes de la Carne, la Construcción, la Madera o Metalúrgicos fueran comunistas, los de Empleados de Comercio, Obreros Municipales o Trabajadores del Estado socialistas, y los de Ferroviarios, Tranviarios o Cerveceros sindicalistas, no significaba que militara en el comunismo, el socialismo o el sindicalismo la totalidad o la mayoría de los integrantes de esos gremios. Fracciones minoritarias, si bien activas y adoctrinadas, ganaban las asambleas y congresos, organizaban las huelgas y representaban al sindicato en las negociaciones con los patrones y el Estado.

Los partidos Socialista y Comunista imponían a sus adeptos en los sindicatos una línea política de abandono del antimperialismo, línea que se traducía en la práctica en la paralización de las luchas por las reivindicaciones obreras, en cuanto chocaran con los intereses de los monopolios extranjeros y empresarios argentinos, aliados a las izquierdas en el «frente democrático antifascista».

Los dirigentes sindicales comunistas y socialistas se vieron sometidos a dos presiones: la de las masas que reclamaban aumento de salarios, rebaja del costo de la vida y mejoras sociales, y la de sus partidos que los compelían a postergar esas reivindicaciones en homenaje a la «unión de los demócratas contra el gobierno fascista». Bajo la amplia y cosmopolita carpa de la «democracia», los jerarcas de las izquierdas recibían con todos los honores a los directores, gerentes y abogados de los monopolios extranjeros, mientras los obreros desconcertados permanecían ajenos a los contubernios que se maquinaban a sus espaldas y que pretendían girarlos como fuerza de choque de proyectadas insurrecciones.

En uno de sus primeros discursos, todavía con la pátina del viejo estilo nacionalista, Perón expresó:

«Deseamos también desterrar de los organismos gremiales a los extremistas, para nosotros de ideologías tan exóticas, y a representar un extremo como otro; porque es lo foráneo, a lo que nosotros, los argentinos, no hemos sentido ni inclinación y apego; y porque ellos, con su sedimento de odios ancestrales, nos traen sus problemas que no nos interesan ni nos atañen».[13]

No obstante esa declaración —destinada evidentemente a los militares, alarmados por la amenaza de una huelga general revolucionaria (agosto de 1943)—, inició sus contactos con dirigentes sindicales, en su gran mayoría comunistas y socialistas de la CGT N.º 2, con el propósito de evitar la huelga. Los comunistas le opusieron una irreductibilidad absoluta, pero algunos socialistas prolongaron el diálogo que culminó en la colaboración.

Los preparativos de la huelga general revolucionaria se centraban en el gremio de la carne, que ese mismo mes de agosto había paralizado los frigoríficos de Avellaneda en demanda de aumento de salarios, cumplimiento de las sesenta horas semanales de trabajo, igual salario por igual trabajo para la mujer, estricta aplicación de la ley 11 729, reincorporación del personal despedido, y estabilidad y efectividad en el trabajo. La extraordinaria expectativa que despertó el paro, tanto en el oficialismo como en la oposición, se debía no solamente a que movilizaba al gremio más combativo de entonces (las izquierdas esperaban que fuera la chispa del incendio que destruyera al «gobierno fascista»), sino también a la importancia de los frigoríficos en la economía agroexportadora y en las relaciones con Gran Bretaña. Si el general inglés Richardson pudo decir que «las carnes congeladas argentinas nos salvaron en la guerra de África del Sur (1899-1902)», también sus compatriotas valoraron la contribución de las importaciones de carnes argentinas durante la Primera Guerra Mundial y temían las graves consecuencias que traería su suspensión en plena Segunda Guerra Mundial. La embajada de Gran Bretaña tenía tanto interés como las empresas frigoríficas anglonorteamericanas en poner término al conflicto.

La chispa no hizo estallar el incendio que anhelaban los opositores. El resto de los gremios se mantuvo indiferente al plan de huelgas en cadena, salvo el de la Construcción que paró cuarenta y ocho horas exigiendo mayores salarios, libertad de los presos y reapertura de su local. Tampoco el de la Carne sirvió a los fines que concitaban tantas esperanzas en los políticos izquierdistas y sus amigos de la derecha y el centro: ganó la huelga, pero los laureles no fueron para Peter sino para Perón, quien inició así su meteórica carrera de líder popular.

Las últimas treinta páginas de Crónicas proletarias registran el dramático empeño de Peter de justificar de algún modo la línea política que originó su exclusión del movimiento sindical hace un cuarto de siglo. Niega que fue desplazado. Sucede que los partidos de la izquierda tradicional, huérfanos de dirigentes con arraigo en las masas, recurren a la ficción de atribuir a aquellos que lo tuvieron en el pasado que naufragó en 1943-1945, un liderato de vigencia hasta ahora. Vivir del recuerdo, mirar hacia atrás y no hacia adelante, suele ser la penitencia que se paga por no tener el coraje de hacer la autocrítica a tiempo y no sustraerse después al multiplicador de errores.

Sigamos ahora las alternativas de esa huelga que jubiló a Peter del movimiento obrero y fue el bautismo de Perón.

El 1.º de octubre los dirigentes del gremio de la Carne trasmitieron a Perón la exigencia de la libertad de Peter antes de discutir el conflicto.

El 2 de octubre un avión militar, enviado por Perón, trasladó a Peter de la cárcel de Neuquén a Buenos Aires.

Al día siguiente Peter fue recibido con indescriptible entusiasmo por seis mil obreros reunidos en el club Sportivo Dock Sur. Le hicieron recorrer en andas varias veces la cancha en medio de una lluvia de flores y de apasionados vítores.

Peter pidió y logró que se volviera al trabajo, pero no pudo evitar que en la resolución aprobada por aclamación se dijera que «el gobierno apoya nuestro movimiento» y que se levantaba la huelga «para facilitar la intervención del gobierno en la solución del conflicto».[14]

Los argumentos esgrimidos por Peter para invitar a la vuelta al trabajo reflejaban la línea política del Partido Comunista: los frigoríficos anglonorteamericanos contribuían al esfuerzo de las potencias aliadas en la guerra contra el nazifascismo y no debía malograrse ese esfuerzo con la paralización de los envíos de carnes. Pedía a los obreros sacrificios en momentos en que los frigoríficos ganaban sumas fabulosas.

En su despacho del Ministerio de Guerra, el coronel Perón conminó a las empresas a aceptar el pliego de reivindicaciones de los obreros y les anunció que su intransigencia obligaría al gobierno a intervenir los frigoríficos.

Al vencer Perón la resistencia de las empresas, Peter y los comunistas perdieron la dirección del gremio de la Carne. Lo demás es anécdota, aunque haya episodios dolorosos.

Días después, el 27 de octubre, Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que el 27 de noviembre se convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión. La fuente del poder estaba a su alcance. Repitió su política en los otros gremios con el mismo resultado. Los sindicatos autónomos reemplazaron a los sindicatos dirigidos por las fracciones comunistas, socialistas y sindicalistas.

El 12 de mayo de 1945 la decaída FOIC de Peter resolvió en un acto del cine Eden del Dock Sur disolverse y aconsejar a «todos sus adherentes y simpatizantes ingresar en los sindicatos autónomos de la Carne». Y el 1.º de setiembre de 1946 la CGT, ya peronista, aceptó la donación de los bienes de la FOIC que, «en nombre de la institución», hizo el compañero José Peter.

CAPÍTULO 36
PODER MILITAR Y PODER CIVIL

El general Uriburu no logró en 1930 imponer el gobierno exclusivamente militar que deseaba, ni crear una agrupación política propia que le permitiera prescindir de los partidos o disputarles el favor del electorado. Con la complicidad, o al menos la complacencia, de los opositores a Yrigoyen, el Ejército invalidó al poder civil ejercido por mandatarios libremente elegidos, pero al frustrarse el proyecto de sustituirlo por el poder militar, se vio condenado, durante una larga década, al deslucido papel de asistente de un poder civil de origen antipopular y orientación antinacional. De todos modos, aunque cayó en la trampa tendida por los truchimanes de la política, en sus manos estaba desenredar el nudo gordiano que él mismo había urdido con el derrocamiento de Yrigoyen, y no en las de los partidócratas atascados de liberalismo proimperialista. Los cálculos alegres de estos últimos acerca de su próxima victoria sobre el fraude, se basaban en contubernios entre dirigentes desprestigiados y carentes de una visión del futuro nacional que movilizara a las masas para la lucha revolucionaria, único medio de sacar al país del atolladero.

A diferencia del golpe de 1930, en la preparación del de 1943 no intervinieron civiles, ni se montó una agitprop en la prensa, la calle y la universidad que apuntara a la defenestración del presidente Castillo. Los políticos, ilusionados con la salida electoral, fueron sorprendidos por los acontecimientos del 4 de junio, mientras los generales se instalaban en la Casa Rosada en nombre de la institución militar e impulsados por la enérgica presión de los jefes y oficiales del GOU.

Encauzar definitivamente la fuerza armada bajo el poder civil había sido un objetivo básico de los organizadores de la república.

«La fuerza armada no puede deliberar; su rol es completamente pasivo»,[1]

rezaba el artículo 25 del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi. Significaba sepultar el caudillismo montonero y organizar el ejército nacional como instrumento del poder civil. Sería, según creencia del progresismo liberal, el triunfo de la razón sobre lo irracional, triunfo irreversible que colocaría a la Argentina a la altura de los países capitalistas pioneros, cuyos ejércitos estaban a las órdenes del civilismo de la democracia representativa burguesa.

La intrusión militar del 4 de junio de 1943 echaba por tierra, con mayor fundamento que la del 6 de setiembre de 1930, la seguridad en la solidez de las instituciones emanadas de la Constitución de 1853 y sugería el siguiente interrogante: ¿Era nada más que un interregno que desembocaría en el poder civil a la usanza antigua o probaba la decadencia del orden económico, político y social regido por aquellas instituciones? Los partidócratas, incluidos los de izquierda, se pronunciaron y siguen pronunciándose por la primera variante: todo se habría reducido a la interrupción pasajera del régimen constitucional por obra de militares ambiciosos, a quienes, por costumbre y sin análisis ni discriminación, califican de reaccionarios o fascistas. Este enjuiciamiento trivial confunde el golpe militar en sí con sus causas determinantes extramilitares. Atribuyen la culpa de lo acontecido a un peculiar modo de pensar y actuar, formado en la disciplina de los cuarteles y en el culto de la fuerza armada, que llaman peyorativamente «mentalidad castrense».

Dicha explicación es insuficiente, aun desde el punto de vista subjetivo, pues no tiene en cuenta la influencia ejercida sobre la «mentalidad castrense», durante la década infame, por oficiosos adoctrinadores civiles y eclesiásticos y algunas corrientes políticas. Los más asiduos entre los primeros eran los «nacionalistas» reaccionarios que transmitían a los oficiales una extravagante mezcla de nazifascismo, antimarxismo, cristianismo medieval y aristocratismo populista. Su desvarío no se detenía ni ante la idea de entronizar un monarca en la Argentina. Entre las segundas, el radicalismo yrigoyenista fue la que hizo mayor número de adeptos en las filas del Ejército. Pero esas influencias quedaban limitadas a su propio carácter doctrinario; su efectividad debía probarse en los hechos de la realidad nacional. No bastaba que un militar, o un grupo de militares, se sintiera con pasta de Hitler, Mussolini o Franco y soñara con implantar en nuestro país el régimen antiguo o contemporáneo extranjero que admiraba, para que tales ambiciones tuviesen la perspectiva de concretarse mediante la acción. No bastaba tampoco que la imagen de gran caudillo popular y nacional de Hipólito Yrigoyen, elevándose sobre la mediocridad y el liberalismo entreguista de la época, invitara a volver a su ejemplo. Estas deformaciones idealistas de la problemática argentina —que pretendían que la voluntad y la ideología al servicio de proyectos extraños al hoy y aquí fueran los demiurgos del país— perdían de vista lo particular del desarrollo revolucionario subyacente en gestación y desconocían las nuevas fuerzas sociales que lo reclamaban. Tanto el «nacionalismo» reaccionario como el radicalismo trasnochado, alejaban a la «mentalidad castrense», desde posiciones distintas, de toda concepción global de nuestra problemática y no le proporcionaban instrumentos idóneos para gobernar. Desprovisto de una coherente ideología emancipadora y creadora, que emergiera de la necesidad de superar las contradicciones internas del país argentino, el poder militar pronto quedó —después del 4 de junio de 1943 y otra vez después del 28 de junio de 1966— enajenado a un estrecho practicismo que dejaba intacto el pasado y no abría el nuevo panorama del futuro.

Si bien el golpe del 4 de junio de 1943 comprometió a las Fuerzas Armadas como institución y no fue obra exclusiva de una definida tendencia ideológica o política, una vez en el gobierno los militares debieron afrontar la rivalidad entre las tendencias latentes en sus cuadros y el reclamo de soluciones a la apremiante problemática del país. Como los esquemas ideológicos y políticos acreditados entonces en las Fuerzas Armadas no ofrecían un desenlace positivo a la crisis que se agravaba por momentos, el gobierno militar, amenazado por huelgas y conspiraciones internas y por sanciones y bloqueos de los centros mundiales de poder, no tuvo otro remedio que buscar el respaldo de los sectores populares que la partidocracia no acertaba a movilizar tras gastados y poco atrayentes slogans electorales. Resultaba así que a medida que arreciaba la oposición de los partidos con el fin de aislar y descomponer al gobierno «nazi», éste era colocado ante la alternativa de desgastarse en la inoperancia hasta transferir sin pena ni gloria la Casa Rosada a los civiles o tender un puente a los sindicatos obreros.

Del aleccionador proceso sociopolítico que siguió al golpe del 4 de junio, nada sacan en claro los análisis comparativos de acuerdo a «modelos» o «tipos» universalizados en abstracto, o las visiones fotográficas que exhiben a los acontecimientos inmóviles y desconectados entre sí y a los protagonistas tallados en piedra de una vez para siempre. A la lógica formal, con su principio de identidad (una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo), se la lleva el diablo cuando se intenta descifrar por medio de ella la contradicción del gobierno militar, el cual, por un lado, detenía en masa a dirigentes sindicales y políticos y entregaba los puestos claves a ultras del nazismo, el fascismo y el franquismo, y, por el lado opuesto, invitaba al diálogo a gremialistas y militantes de las izquierdas. Aquéllos, los ultras, lo desprestigiaban y anulaban; éstos, los izquierdistas, se aferraban a una dogmática internacional poseídos por un sentimiento de inferioridad frente a las soluciones prácticas de los problemas argentinos. Al gobierno militar le era imposible salir airosamente del pozo en que había caído si no encontraba sus propias bases sociales de sustentamiento. Así lo comprendieron el coronel Perón y unos pocos militares al avanzar por el camino de las reivindicaciones obreras, en medio de la confusión reinante en las Fuerzas Armadas.

La facilidad con que Perón, militar entonces desconocido y sin antecedentes gremiales, se convirtió de la noche a la mañana en líder de un movimiento tradicionalmente dirigido por comunistas, socialistas, anarquistas y sindicalistas tiene que llamar a la reflexión. Revela, por lo menos, la vulnerabilidad de las izquierdas ante los movimientos de masas. Los desplazados se justifican con una explicación infantil: apareció un demagogo que utilizó el aparato represivo del Estado para expulsar de los sindicatos a los antiguos dirigentes, a los que llaman «dirigentes naturales», y erigirse él en amo absoluto. Esta interpretación del origen del peronismo parte de la premisa que la clase obrera es susceptible de ser atraída, engañada y dominada por el primer aventurero que le salga al paso, premisa en la que creen a pie juntillas el señor Gainza Paz, la señora Victoria Ocampo, el poeta Jorge Luis Borges y la oligarquía agroexportadora. Menos sinceridad revelan al usar el mismo argumento los grupos que se autotitulan «vanguardias de la clase obrera», y cuando llega la hora de demostrarlo, traicionan a la clase obrera en defensa de la «democracia» oligárquica y proimperialista.

Las izquierdas fracasaron en sus reiterados intentos de movilizar a los obreros contra el para ellas advenedizo Perón, pues éste, desde el gobierno y desde el llano, les ganó todas las batallas. No les falta fundamento, sin embargo, a quienes atribuyen los éxitos del coronel de 1943-1945 a que despertó las pasiones de las masas, violando el orden racional que, según piensan, debe encuadrar los conflictos y luchas sociales. Es la exégesis conservadora del conocido principio de Hegel:

«Lo que es racional es real;

y lo que es real es racional»,[2]

que mereció el siguiente comentario de Friedrich Engels:

«No ha habido tesis filosófica sobre la que más haya pesado la gratitud de gobiernos miopes y la cólera de liberales, no menos cortos de vista, como sobre la famosa tesis de Hegel: “Todo lo real es racional, y todo lo racional es real”. ¿No era esto, palpablemente, la santificación de todo lo existente, la bendición filosófica dada al despotismo, al Estado policíaco, a la justicia de gabinete, a la censura? Así lo creían, en efecto, Federico Guillermo III y sus súbditos. Pero, para Hegel, no todo lo que existe, ni mucho menos, es real por el solo hecho de existir […]. Ahora bien; según Hegel, la realidad no es, ni mucho menos, un atributo inherente a una situación social o política dada en todas las circunstancias y en todos los tiempos. Por el contrario, la República romana era real, pero el Imperio romano que la desplazó también lo era. En 1789, la monarquía francesa se había hecho tan irreal, es decir, tan despojada de toda necesidad, tan irracional, que hubo de ser barrida por la gran Revolución, de la que Hegel habla siempre con el mayor entusiasmo. Como vemos, aquí lo irreal era la monarquía y lo real la Revolución. Y así, en el curso del desarrollo, todo lo que un día fue real se torna irreal, pierde su necesidad, su razón de ser, su carácter racional, y el puesto de lo real que agoniza es ocupado por una realidad nueva y vital; pacíficamente, si lo caduco es lo bastante razonable para resignarse a desaparecer sin lucha; por la fuerza, si se rebela contra esta necesidad. De este modo, la tesis de Hegel se torna, por la propia dialéctica hegeliana, en su reverso: todo lo que es real, dentro de los dominios de la historia humana, se convierte con el tiempo en irracional; lo es ya, de consiguiente, por su definición, lleva en sí de antemano el germen de lo irracional; y todo lo que es racional en la cabeza del hombre se halla destinado a ser un día real, por mucho que hoy choque todavía con la aparente realidad existente. La tesis de que todo lo real es racional se resuelve, siguiendo todas las reglas del método discursivo hegeliano, en esta otra: todo lo que existe merece perecer».[3]

La partidocracia se unió con el fin de paralizar el movimiento de masas —al que ella calificaba de irracional e irreal por escapar a su control— y en defensa de la única realidad racional que reconoce, la del orden liberal y del desarrollo de la sociedad argentina dentro de ese orden y no superándolo. Según sus legistas, ese orden descansa en dos pilares: el poder militar sometido al poder civil y el pueblo sujeto a las normas dictadas por ese mismo poder civil. El pronunciamiento militar y la rebelión popular pertenecerían a la esfera de lo irracional y, por lo tanto, de lo irreal, del «aventurerismo» como dicen los falsificadores del marxismo.

Antes de proceder al análisis significativo de esos dos pilares, corresponde establecer que el comentario de Engels deja en el aire el origen de lo racional. Si lo real «se convierte con el tiempo en irracional» y si lo racional «se halla destinado a ser un día real», también es cierto lo contrario, o sea que lo irreal se convierte en racional y lo irracional está destinado a ser un día real, dentro de determinadas condiciones del proceso histórico en ascenso. De no existir esta segunda parte del desarrollo dialéctico, la Razón sería anterior a la naturaleza y el equivalente platónico de Dios creador de todas las cosas.

a) «El poder militar debe estar sometido al poder civil».

Nos quedaremos a mitad del camino y obligados a explicar la explicación en tanto nos limitemos a fundamentar la obediencia del poder militar al poder civil en la autoridad de Alberdi, de la Constitución o de los principios de la democracia liberal burguesa. Las relaciones entre ambos poderes derivan de causas más profundas que las jurídicas o políticas, pues éstas no se comprenden por sí mismas, sino por la estructura clasista y el grado de desarrollo del régimen social.

El Ejército es una institución subordinada al poder civil en las sociedades estériles para los cambios revolucionarios inmediatos y que dejaron atrás el proceso de violencias que precedió y preparó el nacimiento de sus Estados nacionales, actualmente cristalizados en formas rígidas. A la inversa, en las sociedades donde se enfrentan la revolución y la contrarrevolución, el Ejército se divide y la lucha armada decide el desenlace, destruyendo o subordinando al poder civil existente y creando otro. Los golpes militares suelen ser preventivos o represivos de insurrecciones populares, pero cuando el movimiento de masas tiene pujanza y cuenta con dirigentes revolucionarios, el Ejército se descompone y una parte pasa a integrar las fuerzas transformadoras del orden social.[4]

El pasado de Gran Bretaña, el país más convulsionado de Occidente antes y el más flemático después de su glorius revolution; las batallas que dieron luz a las naciones burguesas; la guerra de la Independencia de los Estados Unidos, primera guerra de estilo moderno; la unificación política de Alemania como acto de origen militar; la fundación de los Estados socialistas y, en fin, todos los tránsitos cualitativos de la historia, certifican que la violencia autoritaria de las armas abre los nuevos caminos de la humanidad y sin su intervención ninguna ideología se impone, ningún orden social se cohesiona, ningún poder civil adviene y se conserva. Luego, cuando la sociedad se sedimenta y se repite a sí misma dentro de moldes que cree definitivos, el poder civil enjaula al Ejército y sólo lo liberta en casos de guerra exterior o de conmoción interna. Hemos excluido ex profeso de la mención a las revoluciones y guerras de la independencia de los países iberoamericanos, por cuanto no remataron en la estructuración de poderes civiles consolidados y el proceso de violencia está lejos de haber terminado. Los ejércitos que se organizaron en América ¿el sur del río Grande durante los últimos cien años, imitando modelos extranacionales (el alemán, el francés, el norteamericano, no el de la consumada Inglaterra, que carecía de prestigio), traen dentro desde su nacimiento la contradicción entre su representatividad del país total y su limitación ante los centros extranjeros del poder.

Tendríamos que proyectarnos a un mundo intemporal, sin historia, y negar el desarrollo desparejo de ¡as distintas sociedades que pueblan nuestro planeta, para ver en ella nada más que idénticas mayólicas con el mismo dibujo o adoptar un modelo o condenar todo lo que se aparte de él. La realidad desmiente esa visión estática y periférica que pone arbitrariamente el signo igual entre los países que nacieron de revoluciones y se hicieron conservadores de esas revoluciones, y aquéllos otros, la mayoría (incluida Iberoaméricá), para los que superar su retraso significa superar a los más avanzados, operación inconcebible e impracticable sin la violencia revolucionaria, sin la intervención autoritaria de las armas y las masas.

Los tipólogos norteamericanos y europeos que se ocupan de la problemática de Iberoamérica, y los iberoamericanos que siguen sus pasos, construyen en sus laboratorios uno o varios modelos, que no por casualidad son la idealización de las sociedades capitalistas adelantadas, y al cotejar con aquéllos a nuestros países, deducen que éstos pertenecen a la «patología social». El síntoma de la enfermedad iberoamericana que más los alarma es

«la aplicación desvergonzada del poder armado a la solución de Problemas cívicos».[5]

He aquí qué escriben Gino Germani y Kalman Silvert:

«La intromisión militar en la estructura del poder político siempre indica, por supuesto, al menos una relativa incapacidad de otras instituciones sociales para manejar eficazmente su poder, y a lo sumo un estado avanzado de descomposición institucional. Esto es, si se considera que las fuerzas armadas tienen un conjunto limitado y especializado de funciones, relacionadas sólo en el orden interno y la defensa externa, entonces una extensión de las actividades castrenses a otros dominios sociales implica generalmente un sistema social debilitado y enfermo, cualquiera que sea el país y aun cualesquiera que sean las condiciones culturales especiales del que se trate». (El subrayado es nuestro. R. P.)[6]

Lo único novedoso de la censura de los tipólogos a «la intromisión militar en la estructura del poder político» está en el estilo tecnológico que finge profundidad de pensamiento. No agregan nada Germani y Silvert a lo que vienen diciendo, desde el siglo pasado, los autores positivistas y liberales, y el análisis sociológico brilla por su ausencia, sustituido por la superficial e infundada «descripción taquigráfica» de una serie de etapas sucesivas.

La «descripción taquigráfica» de la Etapa 1 —Revoluciones y guerras por la independencia nacional— soslaya el papel protagónico de los militares. Todo se habría debido a que una

«élite criolla […] realizó las revoluciones y logró la independencia nacional con el apoyo de los estratos inferiores, incluidos los mestizos y hasta parte del grupo paria de los negros y los indios que formaron los ejércitos de las guerras de la Independencia. Los criollos recibían su inspiración principalmente del modelo norteamericano, la Revolución Francesa y el Iluminismo del siglo XVIII».[7]

Omiten decir los tipólogos que por seductores que fueran los modelos inspirantes, la «élite criolla» no hubiese podido realizar revoluciones y lograr la independencia sin la fuerza autoritaria de las armas. Cisneros fue subrogado del cargo de virrey y el Cabildo Abierto se convocó el 25 de mayo de 1810 cuando así lo decidieron los comandantes de la guarnición de Buenos Aires. Más tarde, Mariano Moreno comprendió que con sólo su J. J. Rousseau no iba a derrotar a los enemigos de la revolución, y así adoctrinó al pueblo desde las páginas de la Gaceta, con la misma fogosidad envió expediciones militares al interior, formó regimientos y prescribió la educación castrense de oficiales y cadetes. Los curas Hidalgo y Morelos se arremangaron las sotanas y empuñaron las armas en la guerra de masas que comenzó en México también en 1810. San Martín y Bolívar eran, por cierto, militares.

Claro está que en los casos mencionados y en la totalidad de la Etapa 1, las revoluciones y guerras de la Independencia tuvieron como causa impulsiva organizar naciones —o la Gran Nación Hispanoamericana— de acuerdo con los lineamientos del liberalismo burgués, con su repertorio de derechos y libertades individuales y su concepción de la democracia representativa, pero esos proyectos requerían para materializarse la fuerza de las armas y las masas. Por eso, las revoluciones y guerras de la Independencia tuvieron carácter militar y popular, doble atributo patente en sus ejércitos constituidos no mediante levas forzosas, sino sobre la base del reclutamiento de gentes, en su inmensa mayoría jóvenes, movidas por el entusiasmo y la combatividad que despertaba en todas partes la lucha desentumecedora y emancipadora de la larga modorra colonial.

La «descripción taquigráfica» de Germani y Silvert deja la imagen de una Etapa 1 con la batuta en manos de la «élite criolla» ilustrada, más o menos al corriente de las novedades del mundo, que promovió las revoluciones y guerras de la Independencia; seguida de una Etapa 2, en la cual el papel protagónico se transfirió a los caudillos y bandas armadas responsables de la anarquía y las guerras civiles; y al final las Etapas 3 a 6 con el siguiente colofón de remate:

«Los militares serán reducidos a sus cuarteles y a sus funciones profesionales sólo cuando los países latinoamerianos desarrollen estructuras de poder suficientemente complicadas y una sociedad suficientemente flexible e integrada; cuando las discontinuidades sociales y geográficas hayan sido gradualmente reducidas, y las masas aisladas o marginales incorporadas al cuerpo social; cuando los conflictos económicos y sociales hayan encontrado un modo de expresión institucionalizado dentro de un marco común de normas comparativas».[8]

Parece desprenderse de la redacción tecnológica del párrafo transcripto la idea que en la Argentina y demás países iberoamericanos «los militares serán reducidos a los cuarteles y a sus funciones específicas», cuando se pase del llamado «subdesarrollo» a un «desarrollo» modelo que los autores sólo especifican a través de la referencia indirecta a una sociedad geométrica, en la cual los militares y las masas participen como simples mecanismos institucionales sometidos a «estructuras de poder» que, muerta la revolución social, no podrían ser otras que las del capitalismo, es decir las impuestas por la propiedad privada y el dinero. Llevada al máximo esa racionalización, al institucionalizar «los conflictos económicos y sociales», incorporar «las masas aisladas y marginales al cuerpo nacional» y reducir los militares a los cuarteles, resultaría el equivalente capitalista de la utopía platónica, que subordinaba los militares al poder civil e institucionalizaba los esclavos en nombre de una verdad absoluta y eterna. Pero la idealización de la sociedad en un esquema de puro racionalismo, eliminando sus tensiones internas o encauzándolas mediante «normas comparativas», sueño de los reformistas burgueses y pequeñoburgueses, no pasa de una especulación intelectual con tantas probabilidades de llevarse a la práctica como la del filósofo de la Academia. Aun en los países «desarrollados», donde en lo inmediato el poder militar está sometido el poder civil, únicamente suponiendo que el régimen social imperante sea eterno, como no lo fue ningún régimen social anterior, podría arriesgarse la opinión de que la fuerza armada permanecerá para siempre, o a largo plazo, sujeta al actual poder civil.

Bajo la apariencia de una previsión científica del futuro de las sociedades iberoamericanas, los tipólogos incurren en el vicio positivista de presentar a los países «desarrollados» cómo el espejo en el cual los países «subdesarrollados» deben ver su propio porvenir. Si bien esto es relativamente cierto respecto al progreso de la industria, la técnica y las ciencias físico-matemáticas y naturales (relativamente, decimos, porque el «desarrollo» de los países «desarrollados» no marca la última meta de ese progreso, sino que es en el camino un mojón que pueden alcanzar y sobrepasar los países «subdesarrollados»), deja de serlo apenas nos internamos en la existencia social, la que no se reproduce siempre igual a sí misma en grandes ciclos y su evolución de lo inferior a lo superior no es hacia un tope definitivo, ni hacia los modelos que elaboran los tipólogos con los elementos que extraen e idealizan de las sociedades «desarrolladas» de nuestros días. Muy al contrario, la experiencia total de la historia enseña que ej ascenso hacia formas más elevadas de convivencia social y la superación del ser humano, no se efectúan de modo continuo, sino a través de saltos, de derrotas y victorias, de retrocesos y avances, de derrumbe de civilizaciones viejas y florecimiento de civilizaciones nuevas. Nada se salva de la destrucción; ahí tenemos las ruinas del hasta ayer soberbio y for ever and ever Imperio británico. Pero la creación no descansa un instante; sus semillas dan hoy siempre los primeros frutos en todas partes.

Una sociología, como la tipológica, que se inspira en la teoría platónica de las ideas (modelos) anteriores a las cosas, carece de aptitud para comprender la relación historicodialéctica entre el poder civil y el poder militar.[9] Sólo admite un modelo «sano y normal», el poder militar sometido al poder civil, en oposición a un antimodelo «patológico y anómalo», el poder civil subordinado al poder militar. Su error conceptual consiste en el maniqueísmo que plantea una opción de tipo intelectual —ajena al proceso social concreto y a sus contradicciones internas— entre modelos y antimodelos. En términos dialécticos, negar el modelo no significa estar a favor del antimodelo o viceversa, es decir ser militarista o civilista, antimilitarista o anticivilista; significa rechazar la teoría misma de los modelos por anticientífica, utópica, conservadora e inconciliable con la marcha de los países «subdesarrollados» por caminos propios hacia objetivos nuevos y superiores a los alcanzados hasta ahora por la sociedad histórica.

Se trata de determinar, en el caso específico de la Argentina, si en cualquier circunstancia toda «intromisión militar en la estructura del poder político» indica una grave dolencia, cuya cura requiere el retorno a la «normalidad» constitucional partidocrática, por medio de la terapéutica electoral. Este diagnóstico encierra dos equívocos.

Es inadmisible, en primer lugar, que el poder civil tenga que ser necesariamente el de la Constitución de 1853, redactada y sancionada por los representantes civiles de los caudillos, con el respaldo de las armas triunfantes en Monte Caseros. «La estructura del poder político» se creó entonces merced a la previa «intromisión militar», del mismo modo que la unidad política de la República se selló en la batalla de Pavón. Vino después la ilusión de que el poder civil estaba definitivamente consolidado. Los estallidos de violencia y las «intromisiones militares» se interpretaron como resabios del pasado. Germani y Silvert comprueban ahora, a más de un siglo de insistencia en esa esperanza, que poco o nada se ha adelantado, aunque con tipológico optimismo confían en que el «desarrollo» modelo hará que los militares se encierren, o los encierren, en los cuarteles para la eternidad. Sin embargo, en los últimos cuarenta años, lejos de disminuir, aumentó la frecuencia de los golpes y gobiernos militares, a la vez que los gobiernos surgidos electoral o fraudulentamente de los partidos perdieron autoridad y vigencia. Y esta tendencia se intensificará, sin duda, en tanto el poder civil que pretende maniatar al poder militar sea el del espíritu liberal de la Constitución de 1853.

Fracasaron todos los intentos encaminados a corregir vicios de una estructura política que es viciosa por naturaleza. El proyecto de condensar la política argentina en dos partidos, a imitación del modelo inglés, sedujo a conservadores y socialistas, como recurso para salir de la permanente minoridad y evitar eclosiones populares que violaran el equilibrio y el término medio de una democracia mediatizada y sin grandeza. También se barajó la idea de dos fuerzas, una conservadora y otra reformista de tipo radical, 379 que totalizaran —a la manera de los Estados Unidos y Colombia— el panorama político nacional y no dejaran resquicio por donde pudiera filtrarse el movimiento de masas. Desde hace más de un cuarto de siglo, por iniciativa del constante Partido Comunista, se busca remedio a la crisis del poder civil con la organización de acuerdos o frentes entre los partidos que el fraude o el golpe militar excluyen de las funciones públicas. La Unión Democrática, funesta experiencia de la que los comunistas siguen siendo sus más ardientes y casi únicos defensores y propulsores, fue la máxima concreción de esa táctica. Pero tanto el bipartidismo como el unionismo provocan en el pueblo anticuerpos que los rechazan, pues pretenden rehabilitar a dirigentes gastados en componendas con la oligarquía agroexportadora y en obsecuencias a los centros extranjeros de poder. Lo mismo sucede con la representación proporcional, droga inventada para salvar al leucémico poder civil liberal, la que, bajo la apariencia de la más democrática de las representaciones, atomizaría la voluntad popular y clausuraría todas las vías de la revolución nacional de masas.

Ni el poder civil ni el poder militar son abstracciones. Sostienen y, a la vez, son sostenidos por un concreto y particular régimen social con su correspondiente ordenamiento juridicopolítico. Cuando el régimen social entra en crisis y el ordenamiento jurídico-político se torna inoperante y anacrónico, las relaciones entre ambos poderes se perturban. Desde la caída de Yrigoyen, esta perturbación se manifiesta en la Argentina en forma cíclica: el poder militar derroca al poder civil, porque no resuelve las contradicciones básicas de la problemática nacional, pero tampoco el poder, militar las resuelve y por eso termina devolviendo el gobierno a los civiles, cuyo fracaso renueva el ciclo. El círculo vicioso se deben a que el poder civil (actuante o latente) está enajenado a un régimen constitucional-partidócrata, incompatible con la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas y las exigencias de una democracia directa de masas, y el poder militar no supera ese régimen.

La segunda falacia de la teoría tipológica está en la prioridad absoluta que otorga a la subordinación del poder militar al poder civil. Su defensa del profesionalismo militar lleva implícita la crítica a los jefes y oficiales que conspiraron con Yrigoyen y a los que después acompañaron a Perón en su lucha por el nacionalismo económico y el gobierno popular y, en cambio, sugiere el panegírico de los que permanecieron indiferentes en los cuarteles frente al fraude electoral y la política entreguista de la década infame, o los que apoyaron en nombre de la obediencia al poder civil. Por algo la tipología tuvo sus años de oro durante el reinado gorila y filogorila, que siguió al derrocamiento del peronismo. El asunto no consiste en dictaminar que los militares debe ser «reducidos a sus cuarteles» o adueñarse del gobierno, según las conveniencias del liberalismo partidócrata. Consiste en condenar y combatir a los militares que en los cuarteles o en el gobierno apuntalan el colonialismo y la usurpación de los derechos populares, y estimular, rodear y ayudar a los que, en una u otra circunstancia, se identifican con las masas y se suman a la revolución nacional emancipadora.

De la teoría tipológica se infiere otra consecuencia tanto o más nefasta que las anteriores: si la Argentina debe elegir como modelos a los países «desarrollados», sus Fuerzas Armadas tendrán que hacer otro tanto respecto a las Fuerzas Armadas de esos países. La dependencia económica se complementará así con la dependencia militar, de la que será su causa y su consecuencia. Morgan modelará nuestro sistema bancario, Rockefeller nuestros supermercados, la Standard Oil nuestros yacimientos de petróleo y el Pentágono nuestro Ejército.

También hay tipólogos izquierdistas, seudomarxistas, que décadas atrás pretendían que los soviets fueran el molde en que debía vaciarse la futura sociedad argentina; uno de ellos escribió un libro destinado a convencer a los militares argentinos que aceptaran como arquetipo al Ejército Rojo. Ideas tan ajenas a la realidad nacional sonaban a delirio y tuvieron que ser encarpetadas, sólo para reemplazarlas por otras siempre dentro de la teoría tipológica de izquierda. Tales son las torpes tentativas de justificar la entrega de nuestras riquezas con citas de Lenin correspondientes a otra situación histórica.

Los golpes militares de 1930 y 1943 coincidieron en la tendencia a apartarse inicialmente de los modelos liberales, pero se diferenciaron en que el primero desembocó en la restitución del poder al liberalismo agroexporador, mientras que dentro del segundo se generó un nucleamiento cívico-militar que ganó la voluntad de las masas trabajadoras, en oposición a la partidocracia existente, y se dio un programa de nacionalizaciones, planificación económica y justicia social, cuya ejecución fue limitada por la continuidad de la estructura politicosocial del pasado y, por último, frustrada en 1955 por la conspiración cívico-militar montada por el liberalismo y los centros imperialistas. Por consiguiente, las relaciones entre los poderes militar y civil dependen del lugar que ocupe cada uno de ellos en pro o en contra del nacionalismo económico, del lado de las masas trabajadoras o junto al liberalismo partidócrata, por un nuevo y superior orden social o por la defensa del coloniaje. Además, la composición ideológica de clase de las Fuerzas Armadas refleja —bajo la homogeneidad que imponen el servicio y la disciplina jerárquica— las contradicciones sociales, siendo frecuentes los virajes de orientación de los mandos (por ejemplo: nacionalistas en 1945 y liberales en noviembre de 1955) y la heterogeneidad e inestabilidad ideológica y política del civilismo, en su conjunto, hace indispensable renovar los análisis y descubrir las nuevas formas de expresión y sus matices de las corrientes nacionalistas y liberales.

Para ver claro en el presente y el futuro de la política de nuestro país tenemos que abarcar la totalidad de las causas complejas, con sus variables interrelaciones, que engendraron y dieron nacimiento al peronismo, y barrer los prejuicios y a prioris que la tipología ha introducido en el pensamiento argentino y que ocultan la realidad social y desvían de la lucha revolucionaria.

b) «El poder civil es el único representante del pueblo y la razón que encauza y suprime la irracionalidad de las masas».

Alberdi y Sarmiento aplicaron a la crítica de la Argentina de su época y del pasado los preceptos del Iluminismo —corriente de pensamiento que en Europa tuvo su máxima vigencia entre las dos grandes revoluciones burguesas: la inglesa de 1688 y la francesa de 1789—, según las cuales la Razón transformaría la existencia individual y social e inauguraría para la humanidad una era de progreso infinito sin restricciones. Identificaban lo racional con la «civilización» y lo irracional con la «barbarie». «Educar al soberano» significaba poner fin a la irracionalidad de caudillos y montoneras, introducir la Razón en la conciencia de las masas. «Gobernar es poblar» equivalía, en un sentido más amplio, a traer del Viejo Mundo, con los hábitos de trabajo del inmigrante y el capital del inversor, a la Diosa de un nuevo culto que los hombres de 1853 querían propagar por la Argentina.

A esa Diosa, que antes llamaban Razón, rebautizaron con el nombre de Ciencia. El positivismo, en su versión comteana, de tan intensa influencia durante el período de colonización capitalista de la Argentina (y contemporáneamente en Brasil y México), daba por superadas las etapas teológica (o ficticia) y metafísica (o abstracta) y anunciaba el ingreso en la definitiva, la científica o religión de la ciencia, con las series genéticas en el siguiente orden jerárquico: la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y, como síntesis y culminación, la sociología. No se limitaba al puro empirismo o a «la filosofía del pueblo»;[10] era una combinación de racionalismo y empirismo,[11] y, en última instancia, glorificaba el triunfo de la Razón a través de la Ciencia.

Con escasas excepciones, el positivismo ha inspirado las obras de los sociólogos argentinos de los últimos cien años, incluidos los seudomarxistas, y por intermedio de esos epígonos locales, educó a varias generaciones de intelectuales y políticos, que opusieron el racionalismo positivista —del cual la tipología es una de las variantes más vulgares— a la espontaneidad del movimiento de masas, confinado al reino de lo irracional. Vieron en las montoneras, en la chusma yrigoyenista y en los cabecitas negras del peronismo el renovado desafío de la plebe a la Diosa de la nueva era.

Es hora de averiguar —porque la crisis del racionalismo así lo demanda— si corresponde a la realidad empírica de la historia la concepción del progreso, o del desarrollo, en los términos del avance continuo de la racionalidad a costa de la irracionalidad. En el caso de ser cierta esta hipótesis, podríamos representarnos al hombre total mediante una esfera dividida en dos sectores desiguales y móviles —el racional y el irracional, Apolo y Dionisio—, cuyo límite de desplazamiento del segundo por el primero sería alcanzado cuando lo irracional desapareciera y lo racional ocupara toda la esfera. El hombre sin impulsos, racionalidad absoluta o pura conciencia estática, caería entonces en el reposo eterno. Sólo dejaría máquinas y muñecos automáticos funcionando hasta el fin de los siglos. La amenaza de esterilización de la especie humana correría pareja con la de su aniquilamiento por la guerra termonuclear. El racionalismo se trasmutaría en virus mortal, esto es en irracionalidad absoluta. Pero la realidad empírica niega el ejemplo abstracto de la esfera y el avance del racionalismo no anula al irracionalismo; a corto o largo plazo despierta en este último sus furias comprimidas. Así se da la contradicción de que la parte lúcida del ser humano se comporta como la parte ciega, y de la parte ciega surge la lucidez de una nueva racionalidad.

Antes de investigar cómo se manifiesta la antinomia racionalidad-irracionalidad en las relaciones del poder civil con el poder militar y con las masas, una digresión hacia el campo de la actualidad filosófica contribuirá a esclarecer los alcances prácticos de esa antinomia. Examinaremos la influyente opinión de un autor que, no obstante su gran aporte a las investigaciones dialécticas, expresa en uno de sus libros el punto de vista del racionalismo absoluto. Peca de antidialéctica por unilateral la tesis de Lukács sobre el irracionalismo, al que convierte

«en la corriente dominante de la filosofía burguesa […] en una simple forma de reacción (empleando aquí la palabra reacción en el doble sentido de lo secundario y lo retrógrado) al desarrollo dialéctico del pensamiento humano».[12]

Los extraordinarios y nunca vistos progresos de las ciencias positivas y de la técnica bajo el reinado de la burguesía, antes y ahora, desmienten esa tesis. El irracionalismo de la filosofía (y no solamente de la filosofía) burguesa es la respuesta al racionalismo que en todos los órdenes domina en la sociedad industrial, con una extensión y a un nivel desconocidos en las sociedades que la precedieron. Nunca hubo tampoco en el pasado conciencia tan clara de los elementos irracionales que desencadena la racionalidad extrema.

Lukács no podía haber elegido experiencia menos indicada en apoyo de su tesis que la de Alemania, patria de Kant y Hegel, Schopenhauer y Nietzsche, donde la contradicción entre lo racional y lo irracional se dio al máximo, dentro de los límites del capitalismo. Dice que

«la Alemania de los siglos XIX y XX es el país “clásico” del irracionalismo, el terreno propicio para que la filosofía irracionalista se desarrollara en sus formas más variadas y más extensas, razón por la cual el panorama de esta filosofía alemana encierra las mayores enseñanzas y debe estudiarse a la manera como Marx estudió el capitalismo en Inglaterra, para conocerlo en toda su extensión».[13]

Con igual fundamento puede afirmarse que Alemania es el país clásico del racionalismo, el país que asimiló y superó el racionalismo y el empirismo franco-inglés y creó la nueva síntesis con la dialéctica de Hegel, luego invertida y reelaborada por Marx en el materialismo dialéctico para identificarla con la cambiante realidad, totalizar la teoría y la práctica y superar el materialismo intuitivo e inactivo y el idealismo activo, pero sumido en la subjetividad.

Rebaja Lukács el significado inmanente y trascendente del materialismo dialéctico al declararlo sinónimo de racionalismo y antítesis de irracionalismo. Si el materialismo dialéctico es una cosmovisión, una teoría del conocimiento y una praxis universal no se explica que se excluya a lo irracional de su campo totalizador y se lo considere su opuesto, pues en tal caso no sería universal, ni totalizador; sería uno de los polos de la contradicción racionalismo (identificado unilateralmente con materialismo dialéctico) versus irracionalismo; sería la parte de un todo, algo particular y subordinado. ¿Subordinado a qué? Lukács no lo dice explícitamente, pero el contexto y el título mismo de su libro dejan latente la sospecha de que coloca por encima de todo a la Razón, con un énfasis que recuerda el Bien Supremo de Platón y la Idea Absoluta de Hegel, esto es el idealismo y no el materialismo dialéctico que con tanta insistencia confiesa profesar.

La burguesía es incapaz de resolver la contradicción entre racionalismo e irracionalismo. Tampoco la resuelven Lukács y sus seguidores. Olvidan que la tecnología y las ciencias activas recibieron de la burguesía su impulso inicial y que el triunfo histórico de la burguesía fue el triunfo de la Razón, mientras que el triunfo final del proletariado será la emancipación del hombre total, no escindido en racional e irracional.

En el epílogo de su libro, al tratar «el irracionalismo en la posguerra», Lukács dice que el Movimiento de la Paz es

«la defensa de la razón como movimiento de masas […] el primer gran levantamiento de las masas contra la locura de la sinrazón imperialista. Las masas, combatiendo por la razón, han proclamado en medio de la calle su derecho a influir activamente en la suerte del mundo. Y ya no renunciarán nunca a este derecho, al derecho a servirse de la razón en su propio interés y en interés de la humanidad, al derecho a vivir en un mundo racionalmente gobernado y no en medio del caos de la locura de la guerra»,[14]

e insiste en la oposición polar «entre la dialéctica materialista y el irracionalismo».

Las ideas del filósofo húngaro sugieren las siguientes objeciones:

«La defensa de la razón» (del orden racional) es, por lo menos desde los tiempos de Platón (Laques o del Valor), una actitud conservadora de las clases dominantes frente al «irracionalismo» de los de abajo (esclavos, siervos, proletarios: en la Argentina de 1945, los «cabecitas negras»). El improperio «democrático» de Sanmartino («aluvión zoológico») tiene antecedentes áristotélicos; según el Estagirita, los esclavos carecían de razón.

«La defensa de la razón como movimiento de masas» implica el encuadramiento del movimiento de masas en un determinado orden racional, su institucionalización, como quieren los tipólogos. Si admitimos que ese orden racional ya existe sobre la tierra —y se manifiesta, por ejemplo, en la Unión Soviética— incurriremos en la interpretación conservadora de la tesis de Hegel («lo que es racional es real» y viceversa) y cancelaremos (nada más que en nuestra fantasía por supuesto) toda posibilidad futura de cambio dialéctico.

Al definir al Movimiento de la Paz como «el primer levantamiento de las masas contra la locura de la sinrazón imperialista», Lukács no solamente olvida que la lucha antimperialista de las masas cuenta ya con una larga y gloriosa historia, sino que considera unidas por primera vez y para siempre a la razón y las masas y declara extinguida a la irracionalidad, lo que es pura utopía.

El Movimiento de la Paz, tal como lo vio Lukács en 1959, se redujo a un agrupamiento de intelectuales, presididos por el antidialéctico y cultor del racionalismo absoluto Bertrand Russell, agrupamiento que no movilizó grandes masas, según supone el filósofo húngaro, porque no apeló a su pathos y se convirtió en exponente de la política racionalista de coexistencia pacífica.

La lucha contra la guerra planteada en los términos de la oposición del racionalismo al irracionalismo se reduce al plano de la subjetividad más abstracta y prescinde de la revolución (guerra revolucionaria) anticapitalista que conduzca a la paz.[15]

Lukács es el filósofo de la inmovilidad pos revolucionaria (pos-Revolución Rusa) que no concibe algo distinto, un tipo más elevado de revolución, y permanece enajenado a la determinada revolución que le tocó vivir.

Lukács condena por irracional cuanto se aparte del modelo que acató con Stalin y volvió a acatar contra Stalin.

El autor de El asalto a la razón, no obstante haber iniciado su producción filosófica en las primeras décadas del presente siglo, es un pensador altamente representativo de una mente condicionada por la positividad de la Revolución ilusa y de la lucha antifascista. La defensa de la Unión Soviética ante las agresiones del imperialismo y del nazifascismo tuvo su expresión ideológica en la defensa de una Razón estática, no dialéctica pese a sus invocaciones a la dialéctica, que sublimó a Stalin hasta dotarlo de sabiduría absoluta y presentó a la sociedad generada por aquella revolución como la comunidad humana perfecta. Históricamente se justifica que, décadas atrás, la necesidad práctica haya obligado a inmovilizar la Razón y a aislar y atacar los fundamentos irracionales del nazismo, pero cuando se condena por irracional todo lo que, en otros lugares y épocas, diverge de esa determinada Razón y de su interés expansivo, entonces se suma al abandono de la dialéctica de la contradicción y del cambio, el repudio de los gérmenes y nuevos brotes revolucionarios que, según decía Lenin, al aparecer siempre son instintivos, inconscientes, espontáneos.[16]

Poseídos de esa razón para ellos absoluta y definitiva, transformando en necesario lo contingente, los comunistas prosoviéticos tildaron de contrarrevolucionarios —y, por consiguiente, de irracionales— a los nacientes movimientos de masas que escapaban a su control y no coincidían con la imagen racionalizada de la Revolución Rusa y su trayectoria. Vieron en el peronismo «el asalto a la Razón», en las masas peronistas la resurrecta irracionalidad de las montoneras que tanto despreciaban y en los militares el contagio de la locura hitlerista. Los hechos los constriñeron después a aceptar a regañadientes la Revolución Cubana y con muchas reservas y gran dosis de hipocresía los cambios ocurridos en la Argentina a partir de 1945, pero sin abandonar la costumbre de aplicar fulminantes condenas a las nuevas eclosiones populares.

Los liberales (instrumentados por el pequeño grupo de «marxistas» también liberales), fieles a la Razón de los iluministas —fría e inmóvil Diosa de la Unión Democrática—, lanzaron su reto, seguros de la victoria, a las masas y el poder militar, en los que veían una doble irracionalidad, y perdieron la batalla. No discernían la relatividad de los conceptos de racionalidad e irracionalidad, ni la relación dialéctica entre ellos, esto es que lo racional se convierte en irracional cuando deja de corresponder y se opone a la necesidad de cambios sociales y lo irracional deviene racional al expresar e impulsar esos cambios. El levantamiento instintivo de las montoneras se racionalizaba al levantar la bandera de la coparticipación de las provincias en el reparto de las rentas del puerto de Buenos Aires y en el gobierno del país; las construcciones políticas y los proyectos económicos de Rivadavia naufragaron en el irracionalismo al no tener bases en el país real. ¿Quién podría invocar la Razón en 1945: el peronismo o la Unión Democrática? El peronismo era algo confuso, espontáneo, instintivo, que no existía como fuerza política organizada, mientras que la Unión Democrática representaba la organicidad y la experiencia de los partidos políticos tradicionales. Y sin embargo —al margen del significado cuantitativo de las elecciones del 24 de febrero de 1946—, la Razón estaba con el movimiento que agitaba reivindicaciones nacionales y populares, y no con la partidocracia encanallada junto a la oligarquía agroexportadora y los centros extranjeros de poder.

El poder militar que suplantó al poder civil en 1943 se colocó, por carencia de unidad interna orientada a una perspectiva de cambios, ante la disyuntiva de devolver el poder a los partidos o cederlo al movimiento de masas y abrir paso al poder popular. Pudo mantener, durante el primer año y medio de su gestión, un inestable equilibrio entre el progresivo ascendiente de Perón en amplios sectores obreros, y los reclamos día a día más apremiantes de convocatoria a elecciones, acompañados de preparativos de golpes, de Estado, por parte de los partidos y algunos militares. Pero ya a comienzos de 1944 los dramáticos acontecimientos internacionales se sumaron a la necesidad de enfrentar la presión interna de la partidocracia para forzar la sustitución de Ramírez por Farrell en la presidencia (24 de febrero), después de la ruptura de relaciones con Berlín y Tokio (26 de enero) y seguida de la asunción por Perón de la cartera de Guerra (26 de febrero) y de la vicepresidencia de la República (7 de junio), así como de la disolución de los partidos políticos (31 de diciembre).

El 8 de mayo de 1945 la Unión Democrática en marcha festejaba como propia la victoria de los aliados y la proyectaba a su lucha contra el poder militar; el 4 de agosto concluía oficialmente la Segunda Guerra Mundial con el derrumbe del Japón, días después de haber arrojado los Estados Unidos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Ese desenlace se preveía desde comienzos del año y el gobierno de Farrell se adaptó a él: el 27 de marzo declaró la guerra al Eje nazifascista y a continuación firmó el acta de Chapultepec. Compelido por las exigencias de los Estados Unidos, secundados por Gran Bretaña, y la conjura de civiles y militares, al mando del general Spíndola, seguida de otra en la que participaron los generales Rawson y Osvaldo Martín, el poder militar dividido dio a conocer un Estatuto de los Partidos Políticos y anunció que convocaría a elecciones (31 de mayo).

Estas concesiones no conformaron a los opositores, pues ya entonces el centro de la crisis del poder militar y la pesadilla de los partidos estribaban en la autoridad sobre vastas capas populares conquistada por el secretario de Trabajo y Previsión. No les bastaba a aquéllos la promesa de elecciones; querían que el gobierno descalificara al gran adversario. Una vez más, con el fin de frustrar la maniobra envolvente que comprometía no solamente a los políticos, sino también a jefes de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del Estado, Perón apeló a los comunistas y les propuso la movilización conjunta de los obreros contra el golpe oligárquico-imperialista. Y de nuevo le respondieron con una rotunda negativa quienes eran precisamente los activistas por excelencia de ese golpe.

Con débiles sostenes en las Fuerzas Armadas y muy escasos en los medios políticos, sin otro apoyo seguro que los obreros que concurrían a la Secretaría de Trabajo, Perón fue conminado por el gobierno para que declarara, en documento oficial de fines de abril, que no aspiraba a ser presidente de la República y formulara el siguiente compromiso:

«Procuraré que sólo la voluntad nacional, expresada en elecciones libres, inobjetables, consagre gobernantes constitucionales del partido que obtenga mayoría en los comicios. Ninguna personalidad política deberá contar en caso alguno con el auspicio oficial, y la prescindencia del gobierno, en este aspecto, deberá ser absoluta por cuanto es menester terminar con el régimen de sucesiones facilitadas por la acción oficial».

Pero condicionó el traspaso del poder a los partidos a que garantizaran la continuidad de la trayectoria revolucionaria y las conquistas sociales. Subrayaba esta consigna:

«Lo creado por la revolución se consolidará».

El poder militar gobernante se deterioraba a ojos vistas; el poder civil potencial reclamaba para sí la representatividad del pueblo, a condición de que fuera excluido el intruso Perón. Era un dilema práctico que resolvería la actividad de las masas en los días de octubre.

CAPÍTULO 37
EL EJERCITO Y EL NACIONALISMO

El despertar nacionalista de las postrimerías de la segunda década de este siglo traía en sí mismo una contradicción insuperable: rechazaba «el espíritu de imitación europeo» (Manuel Carlés) y exaltaba «a la Patria amenazada por la extranjería» (Leopoldo Lugones), a la vez que su aliadofilia de la Primera Guerra Mundial proseguía con la búsqueda de modelos en Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Sus promotores integraron junto a los liberales la oposición a la neutralidad defendida por Yrigoyen; luego pasaron del repudio al «militarismo bárbaro» de Alemania[1] a la condena de «la barbarie de la revolución bolchevique» y de «las orgías sangrientas de México y Rusia».[2] En la Semana Trágica porteña de enero de 1919 vieron la prueba palpable de la catástrofe que sobrevendría en el caso de no reprimirse «la rebelión de las masas». El «nacionalismo» liberal de Carlés y el «nacionalismo» antiliberal de Lugones coincidían en la urgencia de salvaguardar al país del menor desvío del ordenamiento clasista de la civilización occidental. Gran Bretaña era para el primero nuestro permanente paradigma.[3] El segundo aspiraba a que nos convirtiéramos

«cada vez más [en] un país nacionalista y conservador, a semejanza de los Estados Unidos; y en consecuencia, próspero y optimista, desenfadado y audaz».[4]

Ambos depositaban su confianza en las Fuerzas Armadas, pero con distintos propósitos. Lugones extremó su antiliberalismo hasta propiciar un poder exclusivamente militar y la

«gloriosa tiranía en el individuo considerablemente superior»,[5]

el liberal (y radical) Carlés apelaba al Ejército para proteger el régimen constitucional. El autor de La Patria fuerte oponía la tiranía del hombre superior, personificada en el gran jefe militar, a la «tiranía de las masas», latente en la invasión del país por

«una masa extranjera disconforme y hostil que sirve en gran parte de elemento al electoralismo desenfrenado»,[6]

mientras que el presidente de la Liga Patriótica Argentina soñaba con una democracia manchesteriana respetuosa de Dios, acatada por masas sumisas a los poderes establecidos, que no tolerara en su seno a los «bandoleros extranjeros» culpables de que la república fuera

«el suburbio de ilotas y proxenetas de la Roma imperial».[7]

El «nacionalismo» liberal proinglés resultaba ser una variante extrema del liberalismo tradicional, sobre cuyas bases se organizó el país en el transcurso de la colonización capitalista. Su prédica se dirigía a la defensa del orden establecido, al que creía en peligro por la infiltración de las ideas anarquistas, socialistas y comunistas, a las cuales atacaba por extranjeras y disolventes del modo de vivir argentino. Conservaba el modelo de república de Alberdi y Sarmiento y quería preservarlo de cualquier contaminación de doctrinas o ideologías extrañas a él.[8] Tan clásicamente liberal era ese «nacionalismo» que Manuel Carlés denunciaba en sus discursos dominicales desde los atrios de las iglesias la intrusión de los monopolios norteamericanos, como parte de una gran maniobra conspirativa contra la Argentina florecida a la sombra del Imperio británico.[9] Colaborador del gobierno de Yrigoyen en las sangrientas jornadas de la Semana Trágica y en las matanzas de la Patagonia y el Chaco santafesino, el fundador de la Liga Patriótica Argentina expresaba el temor de las clases enriquecidas con la renta del suelo y las ganancias de la ganadería, la agricultura, la industria y el comercio, a que una insurrección obrera subvirtiera la legalidad constitucional, cuyo pacífico disfrute les garantizaba el status adquirido durante el anterior medio siglo. Los radicales, los demócratas progresistas y los conservadores veían con buenos ojos a una institución que colaboraba con las autoridades policiales en las redadas de gentes de izquierda y proveía de rompehuelgas para quebrar los conflictos gremiales, a la vez que se proponía encuadrar a la clase obrera dentro del orden establecido, como lo intentó en su Primer Congreso de Trabajadores del año 1920, al que asistieron políticos de las tres militancias mencionadas. Calificarla a posteriori de «fascista» es doblemente erróneo, pues nació antes que a Benito Mussolini se le ocurriera inventar los Fasci di Combattimento[10] y su finalidad era la defensa de la filosofía liberal imperante y las correspondientes estructuras socioeconómicas, o sea la inversa del programa antiliberal expuesto y aplicado por el Duce.

La Liga Patriótica Argentina realizó una amplia labor de adoctrinamiento entre los jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas —Manuel Carlés fue profesor de la Escuela Superior de Guerra—, con preferencia entre los yrigoyenistas. Consideraba a Yrigoyen y su partido representantes del orden establecido, a los que debía alertar y ayudar a salvarlos, y salvar a la república, de «la infiltración de agitadores extranjeros», que identificaba con el conjunto de las izquierdas. Con el tiempo, las izquierdas se integraron plenamente al liberalismo, y ese «nacionalismo» perdió su bandera, razón suficiente de la larga agonía que arrastra desde entonces la Liga Patriótica Argentina, que saltó al antiyrigoyenismo en 1940 y se adhirió a la Unión Democrática en 1945.[11] La marginó el acentuado carácter plebeyo de la segunda presidencia de Yrigoyen; de remate, el golpe uriburista desvaneció sus miopes previsiones legalistas. En la conspiración antiyrigoyenista, los liberales no estaban dispuestos a recoger la herencia de complicidad con los baños de sangre de 1919 y de 1920, y el nuevo «nacionalismo», el antiliberal, estaba al acecho del «nuevo orden», que paradójicamente esperaba como consecuencia de la ola contrarrevolucionaria desatada en el Viejo Mundo.

El nacionalismo de Leopoldo Lugones tuvo la virtud de borrar en el Ejército la ambivalente influencia del «nacionalismo» liberal y de marcar la oposición entre nacionalismo y liberalismo. Advierte Juan José Hernández Arregui que Lugones fue

«hombre clave de una época […], a quien ni los nacionalistas, ni los liberales, ni, la izquierda, por razones políticas sectarias tanto como por falta de sentido histórico crítico, han ubicado con precisión».[12]

Perderíamos el tiempo si intentáramos someter a una definición nominalmente racionalista a la persona y a la obra del autor de Odas seculares. Hernández Arregui lo interpreta mediante el análisis dialéctico de sus contradicciones. Da de él un cuadro de luces y sombras y descubre

«tras las antítesis casi increíbles del pensamiento lugoniano, [que] es el crepúsculo de la oligarquía tanto como el ascenso de las masas a una historia nacional, que Lugones cifró en la espada sin atinar a vincularla al pueblo».[13]

Lugones evolucionó desde una posición de «marxista intransigente» que lo alejó del partido de Juan B. Justo, a un chovinismo semejante al de la Liga Patriótica Argentina, en cuanto a la exigencia de expulsión del país de los extranjeros comprometidos en

«una conspiración internacional que busca desatar una guerra civil como prolegómeno a la revolución social».[14]

La coincidencia fue efímera. Después de las conferencias pronunciadas en 1923 en el teatro Coliseo bajo el patrocinio de la Liga Patriótica Argentina, Lugones se apartó de ese amasijo de liberalismo, catolicismo ultramontano, antisemitismo y xenofobia. Ese mismo año en que pedía, por «orden de la Patria», la deportación de los «extranjeros indeseables», aparecía una «nueva edición corregida» de sus Odas seculares, encendido panegírico de los colonos de todas las razas que poblaban la pampa húmeda, publicado por primera vez en 1910. Hemos elegido de la Oda a los ganados y las mieses estas estampas de los dos tipos de extranjeros que provocaban la mayor fobia a los «nacionalistas» de entonces, cultores por lo general de un hispanismo cerrado:

«Pasa por el camino el ruso Elías

Con su gabán eslavo y con sus botas,

En la yegua cebruna que ha vendido

Al cartero rural de la colonia.

Manso vecino que fielmente guarda

Su sábado y sus raras ceremonias,

Con sencillez sumisa que respetan

Porque es trabajador y a nadie estorba.

La fecundidad sana de su esfuerzo

Se ennoblece en la tierra bondadosa,

Que asegura a los pobres perseguidos

La retribución justa de sus obras.

Más allá viene el sirio buhonero,

Balanceando a la espalda su bicoca,

Al canto gutural de la sabida

“Cosa linda barata” que pregona.

Y cuando los dos hombres se saludan

Al cruzarse, conforme a la amistosa

Ley social del camino, en aquel acto

La dulce Patria nueva galardona,

La clientela de razas redimidas

Con la serena tarde que desposa,

Su grave amor de rústicos maridos,

Como una grande y rubia labradora».[15]

¿Se contradecía al cantar loas al colono-extranjero y simultáneamente, en su tercera conferencia del Coliseo, proponer el control de la inmigración? No pecaba, por cierto, de racista; al contrario, era más universal que Alberdi. El autor de Bases reclamaba «incentivos especiales y excepcionales» para atraer nada más que a gentes de «la Europa libre y civilizada», en concreto de Inglaterra y Alemania, y no admitía en cambio, el ingreso de las de «la Europa atrasada», Asia y África, que despreciaba tanto como al gaucho, al indio y al negro.[16] Lugones no incurrió en ese tipo de discriminaciones; le tocó vivir en una Argentina que, contrariando la prospectiva alberdiana, había recibido el aporte humano de «la Europa atrasada». Su xenofobia se concentraba en la aversión a las ideologías revolucionarias, que consideraba excrecencias y no exponentes de la cultura occidental.

Lugones se equivocó al suponer que el modo de vida argentino no generaba por sí mismo conflictos sociales. Los atribuía a factores exógenos que debían suprimirse, mediante la selección de los inmigrantes y el extrañamiento de los extremistas extranjeros que, según decía, los provocaban artificialmente.[17] Pensaba, como la oligarquía liberal, que bastaba esa expurgación para imposibilitar el afincamiento de las ideas revolucionarias en nuestro suelo. Desconocía que las relaciones de clase creadas por la transformación capitalista de la Argentina suscitaban las luchas contra el propio capitalismo, es decir, que dentro del proceso de la colonización, como su antítesis y no al margen de él, se producían los conflictos sociales y aparecían las tendencias hacia un orden social superior. El nacionalismo lugoniano se alimentaba de la ilusoria imagen de una patria inmune a las conmociones internas que se multiplicaban por el mundo. Esta alucinación provenía de dos impresiones superficiales de la problemática social argentina:

Comprobaba que las «ideas avanzadas» habían sido introducidas por «agitadores extranjeros», o por argentinos influenciados por ellos, y no advertía que al cumplirse el proyecto de Alberdi de «traer pedazos vivos de Europa», se desarrollaron internamente las contradicciones del capitalismo y sus tendencias tanto a los cambios sociales como al estancamiento en estructuras rígidas. Las «ideas avanzadas» no valían por sí mismas, ni se destruían expulsando a sus portadores; hubiera sido necesario paralizar la lucha de clases, a través de la cual se manifestaba la dinámica del sistema creado por la colonización. Sin embargo, admitir la posibilidad práctica de tal hipótesis equivalía a esperar que un milagro negara la naturaleza del capitalismo.

Comprobaba que las izquierdas no eran la antítesis nacional y total de la colonización capitalista, pues actuaban dentro de ella, como parte de la inmigración de hombres e ideas y que miraban a la Argentina desde el exterior, con un criterio cosmopolita que homogeneizaba global e idealmente a la humanidad y hacía tabla rasa de las desigualdades históricas. El nacionalismo lugoniano venía a ser así la impugnación del desprecio por los valores auténticamente argentinos que había percibido durante su paso por el Partido Socialista. ¿No se expresaba acaso esa impugnación también en las masas, hijas de la simbiosis de la inmigración con los nativos de la tierra, que sólo en pasajeras circunstancias locales y nunca en permanencia nacional siguieron a las izquierdas? Pero la comprobación de que los partidos llamados «obreros» se hubiesen colocado desde su origen al margen de la problemática nacional y del movimiento de masas, no autorizaba a pensar que aquella problemática pudiera prescindir de soluciones revolucionarias y que este movimiento estuviese dispuesto a acatar mansamente la tiranía de un «nacionalismo aristocrático». Había que encontrar el camino de las masas, a partir de una teoría revolucionaria que emergiera de la historia y de la realidad del país. A la luz de esta perspectiva, negar el izquierdismo cosmopolita se convierte en la base indispensable para desarrollar la conciencia nacional de las transformaciones sociales cualitativas que la Argentina requiere. La negación sin ninguna perspectiva de las soluciones revolucionarias y del movimiento de masas también marginó de la historia al «nacionalismo aristocrático». Pagó con el nihilismo y la soledad su miedo al pueblo.

Lugones, que tanto alababa el trabajo del criollo y del extranjero asimilado al país, no comprendió que en el yrigoyenismo se realizaba la primera síntesis política del uno y del otro. Lo maldijo. Vio en él la «chusma inmigrante», la resaca del «gallego» (español) y del «gringo» (italiano), del «ruso» (judío) y del «turco» (siriolibanés), a los que tanto respetaba mientras se mantuvieran ajenos al «electoralismo desenfrenado». El intelectual ahíto de cultura europeística traicionaba su vocación argentina. Inserto en la contradicción, tenía que buscar un equilibrio a su conciencia dividida y creyó encontrarlo en el anuncio de «la hora de la espada» y en la afirmación jerárquica del Ejército como «la última aristocracia», sin percibir que también en el Ejército el hijo del criollo se identificaba con el hijo del inmigrante, desde el general al soldado.

El nacionalismo no podía ser tradicional en un país que acababa de recibir a millones de inmigrantes, ni tampoco negarse a sí mismo en la disolutiva entrega a lo cosmopolita. Ésta fue la desesperación que condujo a Lugones al suicidio. Lo mató el no plegarse a lo elemental de un pueblo en formación. Le faltó espontaneidad. Su visión racionalista de la sociedad, antítesis de la del caudillo, 10 emparentaba con Sarmiento, Mitre y Roca, a quienes no regateaba elogios, y le hacía repulsivo el Pathos de los movimientos de masas que tenían por principal protagonista a la clase obrera. Pero, a diferencia de los próceres liberales del pasado, se negaba a reconocer las lecciones de la experiencia y por eso, pese a su menosprecio de los ideólogos, saltaba de una a otra construcción ideológica sin acertar a arraigarse en el proceso social concreto. Empujó al Ejército a voltear a Yrigoyen y le ofreció fórmulas que recogió del repertorio fascista, cuya inefectividad nacional corría pareja a la de las que, en sentido contrario, proponían las izquierdas. Tuvo discípulos de su oscilante ortodoxia, dentro de la línea de «salvar a la Argentina de la tiranía de las masas», los cuales dominados por un sentimiento de inferioridad, consecuencia de su filosofía ahistórica, traspasaban al Ejército la misión de oponerse al «ascenso de la plebe». El proyecto de Estado militar importaba la renuncia a la conquista del poder por sí mismos y su sumisión al jefe que los complaciera. La facilidad con que los-regresivos políticos liberales neutralizaron una y otra vez el influjo de los «nacionalistas aristocráticos» sobre sectores castrenses decisivos, prueba la inconsistencia de una sedicente «doctrina revolucionaria», elaborada con ideas ajenas a la realidad social argentina. Todos los intentos de constituir un «partido nacionalista» murieron casi al nacer.

El experimento uriburista decepcionó a sus inspiradores ideológicos. Esperaban del poder militar la mano de hierro que inmovilizara a las clases sociales en estamentos semejantes a los destruidos por las revoluciones burguesas. Al ateo Lugones lo deslumbró el Estado corporativo fascista; los «nacionalistas» católicos podían invocar la doctrina social de la Iglesia expuesta por León XIII en la encíclica Rerum Novarum (1891), que Pío XI ratificaría en Quadragesimo Anno (1930).

Los documentos papales censuraban al capitalismo por haber demolido a

«un orden social, no ciertamente perfecto en todas sus partes, pero sí relativamente conforme a la recta razón, habidas en cuenta las condiciones y necesidades de la época».[18]

Magnificaban al feudalismo con sus gremios de artesanos y su aparente armonía entre las clases sociales y fustigaban al individualismo económico de la burguesía, sin dejar de defender la propiedad privada por su correspondencia con «los preceptos de Dios y de la ley natural».[19] La encíclica Quadragesimo Anno alababa las corporaciones fascistas mussolinianas, como un «nobilísimo intento» de restaurar el orden antiguo. Opinaba de ese régimen:

«La huelga está prohibida. Si no se ponen de acuerdo las partes, interviene el juez. Basta un poco de reflexión para echar de ver las ventajas de una organización como ésta, aunque la hayamos descripto muy sumariamente: la colaboración pacífica de las clases, la represión de las organizaciones y de los intentos socialistas, y la intervención moderadora de una magistratura especial».[20]

Sin embargo, discrepaba del corporativismo fascista por constituir a los gremios obreros en «un cierto monopolio del Estado» y no en partes integrantes de la Iglesia, como en los gremios artesanales de la Edad Media. Para salvar el inconveniente asignaba a los miembros de la Acción Católica, educados con tal propósito, la tarea de adoctrinamiento de los obreros agremiados, difundiendo los principios y el apostolado del catolicismo, «bajo el magisterio y guía de la Iglesia».[21] Había en tal proyecto un anacronismo inactualizable, el de pretender que el obrero aceptara un tipo de organización teocrática artesanal muerta con la muerte del feudalismo.

En la Argentina (aunque los obreros fueran en gran parte creyentes —militantes o no— de la fe de Cristo), el sindicalismo católico no tuvo mayor fortuna, salvo con las empleadas que agremió monseñor Miguel De Andrea. Insertos en la lucha de clases por Ja propia naturaleza del capitalismo, los obreros ingresaban a los sindicatos para entablar esa lucha en el terreno económico, a través de huelgas y otras formas de acción directa. Ya nos hemos referido a la confusión a que daba lugar la ideología o la filiación política de los integrantes de los respectivos gremios. Los activistas que pertenecían al anarquismo, al socialismo o al comunismo ganaban las direcciones sindicales por la capacidad y la decisión puestas a prueba en los combates por mejoras económicas. Nunca pudieron impulsar a amplias masas proletarias a la conquista del poder político, ni desviarlas del yrigoyenismo primero y del peronismo después. Si la prédica atea de un «marxismo» y de un «marxismo-leninismo» dogmáticos provocaba efectos irritantes al reducirse a una esquemática chabacana y deformadora de la realidad nacional, la oposición a los conflictos sociales alejaba a los obreros —aun a los creyentes— de los sacerdotes y seglares del raquítico sindicalismo católico.

Los «nacionalistas aristocráticos», que se declaraban fieles hijos de la Iglesia, no comulgaban con un sindicalismo católico que, particularmente en la versión de monseñor De Andrea, estaba impregnado de las ideas del tradicional liberalismo argentino. Tenían que buscar una posición conciliante de su religiosidad con la estratificación rígida que deseaban para la sociedad argentina y creyeron encontrarla en la doctrina de la Action Française. Los sedujo su revalorización del logos griego, del orden romano y de las jerarquías medievales y su violenta condena de El estúpido siglo XIX, significativo título del libro publicado en 1922 por León Daudet.

El «nacionalismo integral» de la Action Française quería para Francia una monarquía pagana. Hacía de la política una religión, la divinizaba.[22] Pensaba usar a la Iglesia católica como un instrumento político. El lema de Maurras: «La política determina la moral», invertía la sentencia de Platón: «La moral determina la política», y negaba el dualismo de Machiavelo: «La política no se relaciona con la moral». La Silla Apostólica no podía silenciar su desaprobación de un movimiento que se proponía subordinarla a intereses políticos nacionales, y en el cual cinco de sus seis principales dirigentes eran ateos confesos.[23] Sin embargo, el decreto de 1914 del Santo Oficio condenándolo por exaltar la política sobre la religión, predicar un falso nacionalismo, negar la compatibilidad del catolicismo con cualquier régimen no monárquico y sustentar una concepción pagana del Estado, decreto aprobado por Pío X, se mantuvo en secreto hasta 1926, año en el que las relaciones de la Action Française y la Santa Sede se agravaron al extremo.[24]

En la Argentina, el contagio de las ideas del nacionalismo reaccionario francés y del fascismo italiano se redujo a pequeños círculos por intermedio de los cuales se introdujo en los cuadros de jefes y oficiales del Ejército.[25] Con su aquerenciamiento al hitlerismo y al franquismo completó posteriormente su evolución un «nacionalismo» que por su naturaleza «aristocrática», en el sentido de autoatribuirse vocación de patriciado y un destino jerárquico, vegetaba en la vereda de enfrente del movimiento de masas, y por sus ataques al liberalismo estructural y constitucional del país se estrellaba frente a los intereses concretos de la oligarquía dominante y de los imperialismos anglosajones.

Carentes de perspectivas dentro del proceso historicosocial argentino, los «nacionalistas» de un «nacionalismo» tan en pugna con su propia denominación se diluyeron en dos direcciones: unos, acentuaron hasta el desvarío la concepción metafísica y ahistórica de la existencia humana, enajenándose a modelos medievales de imposible restauración; otros, ensayaron el descenso a la realidad y esbozaron planes de nacionalizaciones (frigoríficos, comercio exterior, transportes, control de cambios) e industrialización (a partir de una siderurgia nacional). Fieles, sin embargo, a su desprecio al proletariado y a su temor a «la revolución social» estos últimos no encontraban las fuerzas internas capaces de llevar a la práctica, esos planes. Los inhibía para pensar en una dictadura militar el recuerdo aún fresco del fracaso del proyecto del general Uriburu y la situación del Ejército como sostén de la política proinglesa del general Justo. Buscaron entonces la salida por el lado de la sustitución de imperialismos: depositaron sus esperanzas en el triunfo de las armas del eje nazifascista en la Segunda Guerra Mundial. Cayeron de nuevo en el escapismo. Huían de la problemática argentina para confiar el destino del país al desenlace de la contienda entre las grandes potencias.

La manera abstracta y antipopular de tematizar nuestra cuestión nacional, y su desconocimiento de la teoría científica sobre el imperialismo capitalista en general, llevaba desde años antes a algunos «nacionalistas» a concebir la industrialización también en términos de sustitución de imperialismos: al inglés, culpable de nuestra condición de semicolonia agroimportadora, debería reemplazarlo el norteamericano, interesado en fomentar, según ellos, el desarrollo integral de la Argentina. Asimismo la orfandad teórica se manifestaba en una inconsecuencia tan patente como la que cometía Lugones, cuya defensa de las nacionalizaciones y la industrialización, no le impedía acordar su apoyo al gobierno del general Justo, por su política de inserción de los transportes, el comercio exterior y el sistema bancario en la planificación totalitaria-imperialista, impuesta por Gran Bretaña.

Era antigua la preocupación en las filas del Ejército por un programa de nacionalizaciones e industrialización que quebrara su dependencia, y la del país total, de las fuentes extranjeras de abastecimientos bélicos. La integración económica y política de la Nación sobre bases nacionales es el fundamento indispensable de su defensa. Fuera de ella, las Fuerzas Armadas carecen de autonomía y tienen que plegarse a los centros mundiales del poder, o sea a las potencias dominantes de la permanente revolución tecnicoindustrial. Pero el logro de ese supremo objetivo requiere algo más que una decisión puramente militar. Requiere la destrucción de las estructuras e infraestructuras socioeconómicas en las cuales se arraiga aquella dependencia, destrucción que exige un operativo que exceda el mero empleo de la fuerza por obra de la unidad revolucionaria de las masas, las armas y la ideología.[26] El «nacionalismo aristocrático» conspiró permanentemente contra esa unidad, como si impedirla fuera su razón de ser. Por un lado, se dedicó a aislar a los militares del movimiento obrero, al que presentaba bajo el disfraz de un conglomerado satánico de «enemigos de Dios y de la Patria»; por otro lado, les inculcaba el repudio de toda ideología, sin discriminación, y los adoctrinaba para que usaran las armas en respaldo de quiméricos proyectos reaccionarios. Por cierto que el izquierdismo, con una óptica opuesta, le hacía el juego, pues predicaba el internacionalismo in abstracto y propagaba modelos ideológicos y sociológicos extraídos de procesos historicosociales distintos del nuestro, con la pretensión de reducir a ellos la problemática nacional.

Cree el profesor Roger Bastide que en América Latina el Ejército

«sólo desempeña un papel en el progreso económico y social a condición que posea ideologías que le lleguen desde afuera, de los cambios de la estructura social que son independientes del Ejército».[27]

Esta dicotomía antidialéctica, aplicada en sus análisis por muchos izquierdistas, adolece de una falla fundamental: la de suponer que «los cambios de la estructura social» se harán con el Ejército en calidad de espectador y que las ideologías se introducirán en él a posteriori de aquellos cambios. Por lo demás, tanto la idea de una insurrección popular que ataque frontalmente y destruya al Ejército, como la esperanza de cambios estructurales que se impongan sin el empleo de la fuerza, pertenecen al reino de la fantasía.

No tiene en cuenta el profesor Bastide que los militares son sometidos a un continuo bombardeo ideológico y político, el cual, cuando es reaccionario, produce un efecto anestesiante que los divorcia de las masas y los arroja al campo de la contrarrevolución. Las Fuerzas Armadas, por su propia naturaleza, no generan ideologías, pero las necesitan. Les vienen de afuera.[28] Si prevalecen las dominantes en el Estado están obligadas a la obediencia al gobierno de turno, en virtud del «profesionalismo» y del «apoliticismo». A la inversa, el influjo del «nacionalismo aristocrático» las arrastra al golpe militar y al proyecto cesarista. La tercera posibilidad, la de que entre sectores militares y las masas se establezca una relación de mutuo reconocimiento, bajo la inspiración de una ideología y de un programa de cambios estructurales revolucionarios, ha sido siempre descartada, sin reflexión ni fundamento, por los seudomarxistas. Para éstos, las Fuerzas Armadas constituyen una totalidad reaccionaria, carente de contradicciones internas, que sirve a un Estado dependiente del imperialismo extranjero, y que cuando se rebela contra ese Estado lo hace con fines cesaristas (nazismo, fascismo, falangismo), movilizada por el «nacionalismo aristocrático».

En general la política de los diversos partidos y grupos de izquierda respecto a las Fuerzas Armadas ha oscilado de la táctica de la insurrección antimilitarista con resultado absolutamente negativo, a la exigencia de que los militares permanezcan en los cuarteles y acaten el orden liberal establecido por la Carta Magna. Hubo una excepción muy significativa: el apoyo de los partidos liberales, incluidas las izquierdas, a los militares golpistas, también liberales, en oposición al movimiento desencadenado por la coincidencia de los militares industrialistas y nacionalistas con las masas populares. De esta coincidencia nació el peronismo. Su origen resulta ininteligible si se olvida la intervención militar, pero fuera de la intervención militar tampoco se explica su caída del gobierno.

En las Fuerzas Armadas se anudan las dos perspectivas de la Argentina: la golpista, que no destruye al viejo Estado —con su acondicionamiento a las clases parasitarias y a los centros extranjeros del poder—, por lo cual, en definitiva, ahonda el sometimiento y la crisis; y la revolucionaria, sólo auténtica y practicable a través del despegue de las masas trabajadoras hacia la construcción de una nueva sociedad, la de la superación moral e intelectual de la especie humana en un hábitat económico de abundancia y justa distribución de las riquezas. Al terminar el siglo XX, el indispensable cambio de la estructura socioeconómica ~el salto cualitativo de la economía y la propiedad privadas a la economía y la propiedad sociales— satisface sólo en parte los requisitos de una revolución. Por eso nuestra revolución cobrará su significado total al instaurar el poder obrero y edificar el socialismo no como fines en sí, sino como conquistas externas de una humanidad que tiene por objetivo su propio perfeccionamiento.

Dentro de la segunda prospectiva, la única trascendente, la suma masas más armas (en sentido amplio: militar y paramilitar) deja incompleta la ecuación que esclarezca la causa eficiente del peronismo y fije la estrategia revolucionaria a emplearse en las circunstancias actuales. Falta el tercer elemento, la maltratada ideología.

¿Se descubre una ideología —o aparecen rudimentos ideológicos— en la gestación y la trayectoria del peronismo? Dos respuestas suelen darse a la pregunta: que el peronismo es puro dogmatismo[29] o que en su seno coexisten múltiples ideologías yuxtapuestas. Ambas opiniones concuerdan al denunciar la ausencia de un eje ideológico preciso. De ser así, el peronismo se definiría como la burda enajenación de gentes sin conciencia a un astuto «demagogo» que les ofreció panem et circenses. Tal es el dictamen de las distintas capillas reaccionarias, aunadas en el ataque a los movimientos populares por violar éstos las reglas clásicas del liberalismo.

Como a menudo se emplean con igual significado los términos ideología y teoría se impone una aclaración semántica. La ideología es un conjunto coherente de ideas que nace de la práctica para convertirse en instrumento de representación y defensa de determinados intereses (clasistas, gremiales, nacionales, internacionales o de otra índole). Aun cuando la ideología aparente ser exclusivamente especulativa tiene su fundamento en la realidad humana, en la vida y la historia del hombre en sociedad, como productor y consumidor de ideas. En cambio, la teoría emerge en el plano científico como totalidad de un modo de interpretar al mundo o, unida a la práctica, de transformarlo. Tampoco existe una teoría cuya causa primera sea teórica y no empírica: es una abstracción de la realidad social que se forma, a través de mediaciones ideológicas, para expresar las tendencias generales de la sociedad (revolucionarias, conservadoras o reaccionarias). La ideología implica una problemática. La teoría es la respuesta (la solución propuesta) a esa problemática.

Sometida a la prueba de la práctica y a la vez orientando a la práctica, la teoría revolucionaria parte de y se apoya en los intereses y luchas de la clase revolucionaria, de la clase obrera, pero no para encerrarse sectariamente en su círculo ideológico, sino para proyectarse al conjunto de la sociedad y organizar su transformación total, a través de una fuerza política que represente a la clase obrera en sus relaciones con las otras clases y con el Estado. Del mismo modo que «sin teoría revolucionaria, no puede haber tampoco movimiento revolucionario» (Lenin), sin movimiento revolucionario, no puede haber tampoco teoría revolucionaria. La teoría revolucionaria no crea al movimiento revolucionario; del movimiento revolucionario no nace la teoría revolucionaria. Ambas, la teoría y el movimiento revolucionarios, tienden a encontrarse, pues aislados no se realizan.[30]

Las izquierdas de la Argentina fueron incapaces de suministrar la teoría revolucionaria, cuya esencia, el método dialéctico, no supieron aplicar al análisis de las contradicciones sociales, de la lucha de clases y de las condiciones revolucionarias del país. Aceptaron del marxismo, o del marxismo-leninismo, lo que tiene de contingente y particular (las tesis correspondientes a determinados países y épocas, sin verificar su vigencia en nuestra realidad nacional), y desconocieron lo que tiene de necesario y universal (el método y la concepción del mundo). Divulgaron ideologías trasplantadas de situaciones ajenas a la nuestra y que no encajaron en ella. Su carácter revolucionario no dependía de que fueran revolucionarias en otros lugares y circunstancias históricas, sino de que expresaran las tendencias revolucionarias de la sociedad argentina. Esfumado el espejismo de la revolución mundial simultánea o escalonada y repitiendo el mismo modelo original, mantienen las izquierdas el prejuicio de que los países que hicieron su revolución siguen abasteciendo al mundo de teoría revolucionaria. No es así. En la etapa posrevolucionaria, la teoría revolucionaria cede su lugar a una ideología conservadora de los cambios y conquistas revolucionarias.[31] Esta ideología, trasladada a países que no han vivido su revolución, o que están en la etapa prerrevolucionaria, provoca una gran confusión ideológica y política con efectos anestesiantes sobre las masas.

En los países capitalistas avanzados (Europa Occidental, los Estados Unidos), la ideología nacionalista se proyecta hacia el exterior bajo la forma de imperialismo y neoimperialismo (económico, político, cultural); en los países subordinados a los monopolios extranjeros y a los centros mundiales de poder, la ideología nacionalista se desarrolla en la lucha contra todas las expresiones del imperialismo expoliador y opresor. Por eso, fijar como punto de partida de la revolución argentina a universales abstractos, concebir los cambios y factores internacionales como causas determinantes y no condiciones coadyuvantes de dicha revolución lleva infaliblemente a un callejón sin salida o, lo que es peor, a coincidir con el imperialismo extranjero en la oposición al nacionalismo popular revolucionario.

Las tareas revolucionarias de la clase obrera y del resto del pueblo argentino comienzan dentro del ámbito nacional. Una funesta y reiterada experiencia demuestra que, al desviarlas de ese terreno concreto de lucha por las transformaciones sociales y supeditarlas a los vaivenes de la política mundial, se traiciona a la revolución argentina. Mal podemos resolver los problemas de la humanidad, si no encaramos la solución teoricopráctica de los nuestros; aunque, por lo común, la subrogación de lo argentino por lo ecuménico no es tan ambiciosa y proviene del sentimiento .de inferioridad que se traduce en conciencia colonial.[32]

A la luz de las precedentes discriminaciones conceptuales, el peronismo revela haber nacido con una ideología nacionalista sin teoría revolucionaria, carencia ésta que deja a aquélla a merced de las influencias diversionistas distorsionantes y entumecedoras de la ideología liberal, incluido el «marxismo» liberal. Recogió una herencia de esterilidad teórica. Su recelo de la «teoría revolucionaria» corriente se justificaba pues por «teoría revolucionaria» se entendía una concepción tipológica que volcaba lo internacional en lo nacional que no veía lo universal en lo particular de la» sociedad argentina, sino que, por el contrario, pretendía sustituir las particularidades autóctonas por particularidades extrañas. Era natural que semejante «teoría revolucionaria» no cuajara en la práctica y fuese rechazada por las masas populares. Pero si las izquierdas oponían como verdadera y única a una «teoría revolucionaria» sofisticada, los peronistas y nacionalistas caían en el extremo opuesto y negaban la teoría en general, a la que muchos de ellos consideraban, en todos los casos, innecesaria y perniciosa.

El nacionalismo popular peronista quedó circunscripto a una ideología con tres principios (soberanía política, independencia económica, justicia social), cuya vigencia requería conquistas en el orden gremial y nacional, conquistas que permanecieron inconexas entre sí y sujetas a los embates de la reacción por no estar insertas en una concepción global de las soluciones revolucionarias. Esa ideología ateórica se contrajo en el movimiento obrero a responder a la problemática económica inmediata y tuvo restringido y superficial eco en las Fuerzas Armadas. No quebró el cerco del liberalismo, el cual siguió prevaleciendo en el Estado aun después de la ecléctica reforma constitucional de 1949.

Sería infundado imputar al peronismo la responsabilidad de la debilidad teórica que refleja y que es la del país. Se trata de un déficit cultural cualitativo, no por falta de acumulación de cultura, sino por la tradicional idolatría de nuestros intelectuales, en general, al positivismo o al eclecticismo que obstruyen la génesis de una teoría de la revolución argentina. Incumbe a los intelectuales revolucionarios la tarea de crear esa teoría que, repetimos, para ser revolucionaria debe emanar de la historia y de la realidad del país y obtener el reconocimiento de las masas. Cuando los intelectuales de izquierda reprochan al peronismo —como antes lo hicieron al yrigoyenismo— la carencia de teoría revolucionaria, se están acusando a sí mismos, pues elaborarla era su misión y no la de movimientos políticos o gremiales, o de las Fuerzas Armadas.

En la trascendental obra cumplida por FORJA y por escritores tan notables como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arregui, Jorge del Río y otros, se comprueba una laxitud teórica, que si bien no disminuye la importancia de su aporte a «la formación de la conciencia nacional», lo deja incompleto. Oímos retumbar los gritos de los inspectores de la revolución: «A FORJA y los mencionados autores les estaba vedado producir una teoría revolucionaria, porque expresaban el, pensamiento de la burguesía». Claro está que esos críticos dan por sobrentendido que ellos sí poseen la teoría revolucionaria y expresan el pensamiento del proletariado. Lástima grande que a su «teoría» le faltan los requisitos indispensables para ser «revolucionaria»: ni brota de la historia y de la realidad del país, ni es reconocida por las masas, ni emplea la metodología dialéctica. De esto se infiere que la mentada representatividad del proletariado sólo existe en la fantasía narcisista de dichos censores. Los ideólogos «burgueses» arriba citados reivindican la tradición de las montoneras y del yrigoyenismo. Los ideólogos de un «proletariado» que los ignora escriben libros «marxistas-leninistas», donde plagian a Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López en sus apologías de los unitarios y de los liberales y en sus denuestos a los caudillos y las masas.

Hoy vale más que hace ciento veinte años la siguiente observación de Marx y Engels:

«Lo mismo que en otro tiempo una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días una parte de la burguesía se pasa al proletariado, principalmente aquella parte de los ideólogos burgueses elevados a la inteligencia teórica del conjunto del movimiento histórico».

Los forjistas no se elevaron «a la inteligencia teórica del conjunto del movimiento histórico». Tampoco comprendieron el papel revolucionario del proletariado y lo indispensable de su hegemonía para triunfar en la guerra de emancipación nacional. En cambio, denunciaron todas las formas del imperialismo (el «democrático» y el nazifascista) y el cipayismo del gobierno y de los partidos, defendiendo la soberanía argentina, durante la década infame, con una energía que contrastaba con la blandura y los zigzags oportunistas de las izquierdas.

FORJA nació del corazón del yrigoyenismo con la finalidad de rescatarlo de la degradante jefatura alvearista, oligárquica y entregadora. No se realizó a sí misma, pero su pequeña y calificada fuerza despertó muchas conciencias a la lucha por una Argentina que superara la enajenación al coloniaje. A través de su ascendiente doctrinario en las Fuerzas Armadas contribuyó a la formación de la ideología peronista.

El origen del liderato de Perón es inseparable de su condición de militar. En la coyuntura de 1943-1945, con el despertar del movimiento de masas al cabo de tres lustros de anemia política, los dirigentes de la partidocracia, enredados en contubernios de trastienda, no ofrecían ninguna seguridad de cumplimiento de sus fríos programas. Era necesario hacer para ganar la confianza popular. Y hacer requería posiciones de fuerza, con las que no contaba ningún partido, ni la unión de todos los partidos. Las conquistó Perón desde la subsecretaría de Guerra primero y desde la secretaría de Trabajo y Previsión luego, precisamente cuando el gobierno militar se sentía desorientado y buscaba apoyos en la sociedad civil. De las complejas contradicciones de un proceso politicosocial, que escapaban a la conciencia de sus más directos protagonistas, del oficialismo y de la oposición, emergió la figura del coronel que tendría por muchos años las llaves del destino argentino. No llegaba al encuentro con las masas provisto de la teoría revolucionaria. El «nacionalismo» aristocrático venía sembrando en las Fuerzas Armadas la repulsa de todo pensamiento renovador. Los forjistas elaboraron una ideología antimperialista, sin respuestas teóricas ni salidas prácticas. Las izquierdas, a la rastra del positivismo liberal cubrían con una fraseología «revolucionaria» su ausencia del país real. Sin embargo, el líder surgido de las filas del Ejército no podía salvar, con su aguda intuición política y su sensibilidad popular, la falta de la teoría revolucionaria. Esta limitación haría que, a pesar de disponer, como ningún otro político en la historia argentina, del apasionado sostén de la mayoría del proletariado, lo derrocara la confabulación liberal, instrumentada por la oligarquía y el imperialismo.

CAPÍTULO 38
DEL 4 DE JUNIO AL 17 DE OCTUBRE

A la consagración del liderato del coronel Perón por el levantamiento obrero del 17 de octubre de 1945 contribuyeron tanto los peronistas como los antiperonistas. El reconocimiento del liderato por los primeros carecería de sentido sin su desconocimiento por los segundos, y viceversa. Es obvia la significación dialéctica del dicho popular No hay pro sin contra, pues resulta impensable e irrealizable una ortodoxia sin heterodoxia, una fe sin herejía y aun el pensamiento adogmático se despliega como antítesis del dogma. Del mismo modo que en la figura terráquea un polo presume el opuesto; en las parejas de contrarios, que integran la humana capacidad de traducir la realidad en conceptos, no existe lo uno sin lo otro.

Descartamos, en consecuencia, el análisis de aquella jornada de explosión popular y de sus casas inmediatas desde un punto de vista no científico, es decir unilateral, sea en pro o en contra. Lo haremos partiendo de la totalidad concreta de la política argentina, política escindida, desde el golpe militar del 4 de junio de 1943, en dos partes. Un cuarto de siglo después, esas dos partes no se han reconciliado, ni se reconciliarán nunca, ya que expresan la contradicción fundamental de nuestra sociedad (autodesarrollo o coloniaje, nacionalismo o liberalismo, democracia directa de masas o democracia fraudulenta de minorías), que únicamente se superará mediante la supresión del segundo de los términos con el triunfo revolucionario de la clase obrera, abanderada de la lucha nacional emancipadora y de su indispensable complemento: la economía y la propiedad sociales.

La apreciación general de los sucesos de esa época revela estructuras rígidas en los partidos, ideas pasatistas en los políticos enajenados al liberalismo y notable fluidez en los ambientes castrenses y gremiales.

Ortiz y Castillo

Durante el sexenio justista (1932-1938), el yrigoyenismo se desgastó y desacreditó en una oposición estéril, incapaz de recuperar por sí mismo el poder perdido. Sus rebeliones fueron fácilmente sofocadas; en los comicios sólo se contaban los votos de sus partidarios en la medida que sirvieran de comparsas a los introducidos clandestinamente en las urnas por los funcionarios del gobierno. La bandera del extinto caudillo de Balvanera parecía arriada para siempre. Sus epígonos invocaban a su favor una mayoría en potencia, pero que estaba excluida de representatividad auténtica y que no se sentía dispuesta a pelear por el poder.

Tampoco el justismo tenía porvenir. El «fraude patriótico» no podía ser eterno. Descomponía la administración pública. Provocaba inestabilidad social. Extendía la corrupción a las Fuerzas Armadas; hubo jefes degradados y encarcelados por robos y un caso de espionaje. Sin embargo, a pesar del divorcio del gobierno y el pueblo y de la anarquía institucional, el general Justo hizo valer su autoridad militar para subordinar las Fuerzas Armadas al fraudulento poder civil y completó así su período en la Casa Rosada, a la sombra de la imperial Inglaterra. En cambio su sucesor, el doctor Roberto M. Ortiz, otro laureado por la Cámara de Comercio Británica, pronto se vio desbordado por los conflictos internos de las Fuerzas Armadas y las divisiones en su propio gobierno.

Los dos campos antagónicos —democracia o fascismo en el orden internacional, voto libre o fraude en la política interna— se entrecruzaban dentro del país. El aliadófilo y fraudulento Ortiz se encontró, al asumir el poder el 20 de febrero de 1938, ante la imperativa necesidad de optar y no podía hacerlo sin correr el riesgo de quedar solo, al perder el apoyo de quienes lo habían elevado a la primera magistratura.

Los espectaculares avances de la blitzkrieg hitleriana, la claudicación de las potencias occidentales en Munich y el estallido de la Segunda Guerra Mundial con nuevas victorias del Eje en todos los frentes, alentaron las tendencias neutralistas y pronazis en las Fuerzas Armadas de la Argentina. Los militares que participaban de ellas y sus amigos «nacionalistas» se ilusionaron con la esperanza de que la derrota de los imperialistas anglosajones por los nazifascistas traería la emancipación de la Argentina del coloniaje. Así se explica su rompimiento con el aliadófilo Justo, su resistencia al aliadófilo Ortiz y su impugnación de la candidatura del aliadófilo Patrón Costas patrocinada por el vacilante Castillo. No advertían que sin lucha independiente del pueblo argentino por su emancipación nacional, el triunfo del Eje en la guerra y en el mundo hubiera traído el reemplazo de un imperialismo por otro. Mientras tanto la otra corriente, la aliadófila de las Fuerzas Armadas, se fraccionaba en fieles al fraude justista y partidarios de la pureza electoral.

Colocado entre el justismo, que querría continuar gobernando y le imponía condiciones, y los militares nacionalistas, enemigos de la partidocracia y defensores de la neutralidad en la política internacional, el presidente Ortiz intentó zafarse de las presiones de aquél y de éstos. Tendió un puente al radicalismo, entonces dirigido por Alvear (de quien fuera correligionario, ministro y, en las elecciones de 1937, rival),[1] y prometió restablecer la pureza del sufragio. Las intervenciones a las provincias de Catamarca y Buenos Aires, que derrocaron a gobiernos conservadores y anularon los resultados de comicios fraudulentos, así como sus declaraciones a favor de los aliados, le trajeron las simpatías de radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas. La gran prensa alabó sus pasos hacia la «normalidad constitucional». Pero la consigna «elecciones libres» era abstracta —sobre todo manejada por un conocido abogado de las empresas británicas—, mientras que la inactualidad de los partidos tenía un significado concreto que se revelaba en la inercia de las masas respecto a ellos. Ya enfermo y con licencia, el presidente arrepentido no aceptó el ofrecimiento que le hicieron algunos generales de dar un golpe de palacio para hacer a un lado al vicepresidente Castillo y recobrar la plenitud del poder. No se sentía con energía física, ni contaba con fuerzas políticas (no obstante la solidaridad de la mayoría del Congreso y de los mencionados partidos), como para decidirse por tan arriesgada acción.

Ramón S. Castillo, vicepresidente en ejercicio de la presidencia, y después de la renuncia y muerte de Ortiz, presidente efectivo, practicó el continuismo del fraude. Tuvo algunos éxitos: los conservadores ganaron a los radicales las elecciones de la provincia de Buenos Aires de diciembre de 1941, por más de 100 000 votos y, al año siguiente, los socialistas obtenían en la Capital Federal 141 968 sufragios contra 124 328 de los radicales. Los comicios de las provincias, también en 1942, dieron el siguiente número de diputados al Congreso Nacional: cuarenta conservadores (Concordancia), veintitrés radicales y doce socialistas.

El desplazamiento definitivo de Ortiz no significó, de inmediato, manos libres para Castillo, debido a la gravitación de la personalidad política del ex presidente Justo, quien le impuso como ministros al general Tonazzi (Guerra), Roca (Relaciones Exteriores), Culaciati (Interior) y Pinedo (Hacienda). Aseguraba, con estos funcionarios, la prolongación del fraude y de la política proimperialista de la década infame. Sin embargo, la puja entre Justo y Castillo por el comando político no tardó en manifestarse e hizo crisis en enero de 1941, al renunciar a sus carteras Federico Pinedo y Julio A. Roca.

La situación política interna, en los meses anteriores al golpe militar del 4 de junio de 1943, pasó por las siguientes alternativas:

Castillo no tenía otra posibilidad que el fraude para seguir gobernando e imponer su sucesor. Pero el general Justo y sectores del conservadorismo (Rodolfo Moreno) y del antipersonalismo recorrieron el mismo camino de Damasco que el ex presidente Ortiz y se unieron a la oposición en el reclamo del «retorno a la democracia».

Las fuerzas opositoras (con excepción de un núcleo radical cordobés que era abstencionista y neutralista por fidelidad al pensamiento de Yrigoyen) marchaban hacia la unidad con el doble objetivo de incorporar a la Argentina al frente antifascista mundial y asegurar en el futuro la libertad del voto.

Castillo se esforzó en ganar la confianza y la adhesión del Ejército. En Córdoba, después de las maniobras del 9 de noviembre de 1941, y en significativos banquetes posteriores, recordó la frase de Carlos Pellegrini:

«La palabra del soldado tiene algo de sagrado y faltar a ella es algo más que perjurio».

Con igual intención mantuvo la política de neutralidad y a través de su canciller, Enrique Ruiz Guiñazú, hizo fracasar en la Conferencia de Río de Janeiro de 1942 la propuesta norteamericana de ruptura colectiva de relaciones de los países iberoamericanos con las potencias del Eje. Adoptó asimismo algunas medidas de positivo valor, como la nacionalización del puerto de Rosario y la creación de la Flota Mercante del Estado.

El reemplazo en el Ministerio de Guerra del justista general Tonazzi por el general Pedro Pablo Ramírez fue una tentativa de Castillo de tranquilizar al Ejército, que si bien aún no se había unificado con propósitos golpistas, presionaba sobre el presidente.

La muerte del general Justo, en enero de 1943, significó, en el orden político, la pérdida del principal dirigente de los aliadófilos, y en el orden militar, el fortalecimiento de las corrientes neutralistas, así como de las nazis.

Castillo quedó ubicado entre dos fuegos. Los militares le exigían el mantenimiento de la neutralidad, mientras los conservadores y antipersonalistas que lo acompañaban coincidían con la casi totalidad de los partidos opositores —unos y otros bajo la influencia de los imperialistas anglosajones— en la oposición aliadófila y rupturista.

Los opositores (salvo el mencionado grupo radical) se preparaban para participar en las elecciones de ese año con absoluto olvido de la existencia de las Fuerzas Armadas. Confiaban de nuevo en que el caudal de votos de los partidos unidos arrollaría al fraude e inmovilizaría a los militares. Castillo, en cambio, sentía la presencia activa de éstos y para complacerlos adoptaba medidas represivas contra los opositores, tales como prohibir sus reuniones y encarcelar a los comunistas Codovilla, Ghioldi y Real, gestores de la Unión Democrática en la Casa Radical.

Se ha dicho que Castillo, consciente de su situación insostenible, nada hizo por impedir, y hasta estimuló, el golpe militar. La verdad es que dio el paso destinado a provocarlo, al insistir en su padrinazgo de la fórmula fraudulenta y rupturista Patrón Costas-Iriondo, vetada por los mandos del Ejército y la Marina, que la Convención del Partido Demócrata Nacional (Conservador) hubiera proclamado el 4 de junio, de no producirse ese día la toma del poder por las Fuerzas Armadas.

El 4 de junio

Los fines inmediatos del golpe militar están fuera de discusión: malograr la candidatura oligárquico-imperialista de Patrón Costas, defender la neutralidad y purificar la administración pública. No sucede lo mismo en cuanto a los fines mediatos. En la literatura argentina y extranjera sobre el tema abundan las referencias a un plan orientado a convertir a nuestro país en trampolín de la conquista del continente por Adolf Hitler. No se aportan pruebas documénteles de dicho plan; se lo infiere del análisis no empírico del período, seleccionando y uniendo las partes, como en un rompecabezas, para formar la imagen de una realidad previamente dibujada en el papel. Entre los numerosos juicios así hilvanados sobre la Argentina preperonista y peronista, se destacan los de William Z. Foster, cuyo libro es una síntesis de opiniones y datos recogidos de los informes y otros escritos del Partido Comunista de la Argentina y de los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.[2] Escribe Foster:

«Los dirigentes capitalistas reaccionarios de la Argentina, de mentalidad fascista, sellaron un convenio con Hitler y Mussolini, y la Argentina se convirtió, durante los años de la preguerra, en la principal base en su campaña de proyectada conquista de América Latina».[3]

Hemos subrayado «durante los años de la preguerra», es decir entre el ascenso al poder por Hitler (1933) y el estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939). ¿Quiénes eran, en esa época, «los dirigentes capitalistas reaccionarios de la Argentina, de mentalidad fascista», que se pusieron de acuerdo con Hitler y Mussolini para apoderarse del continente? El autor norteamericano nos ofrece una respuesta no exenta de humorismo. Serían

«la nueva burguesía industrial y la vieja clase terrateniente que se han relacionado estrechamente a través de matrimonios y de inversiones cruzadas en tierras e industrias».

Y agrega:

«Particularmente después que llegó al poder en 1944 [sic] el coronel Juan Domingo Perón, ese extraordinario fortalecimiento de la burguesía comenzó a desarrollar sus ambiciones imperialistas».

Si nos atenemos a la cronología, el pacto nazifascista se habría sellado en tiempos de Justo o de Ortiz, vale decir de gobiernos claramente representativos de los intereses asociados al Imperio británico. Hasta ahora sólo conocíamos la existencia del Pacto Roca-Runciman, pero la revelación de Foster convencerá al lector incauto que el vapuleado documento no pasó de una broma del espiritual vicepresidente Roca, pues la entrega del país no se habría consumado a favor de Gran Bretaña, sino de Alemania e Italia.

Le era necesario a Foster tipificar la base social interna del nazifascismo y de sus apetencias continentales. La descubrió en «la vieja clase terrateniente», la misma clase, por cierto —acunada por Gran Bretaña y devota del imperialismo inglés—, cuyos hombres representativos aparecieron en las tribunas y conciliábulos de la Unión Democrática; y en «la nueva burguesía industrial», emparentada marital y financieramente con aquélla, que mal podía «desarrollar sus ambiciones imperialistas» sin antes hacerse fuerte en su propia casa, invadida por los monopolios anglosajones. A Foster le informaron falsamente los codovillistas y el Departamento de Estado. Por eso desconoció que «los capitalistas reaccionarios de la Argentina» tienen mentalidad tercamente libreempresista anglosajona, la cual no es menos reaccionaria que la nazi-fascista.

Si aceptamos que detrás del pronunciamiento triunfante del 4 de junio no sé movían los intereses imperialistas anglosajones, lo que es del consenso de todo el mundo, tendremos que descartar también la 428 participación en él de las clases dominantes —los agroimportadores dependientes de aquellos intereses—, como lo evidencia su alineamiento inmediato en la oposición al gobierno militar. Los seudomarxistas hacen coro a los liberales cuando acusan de nazifascista al golpe, sin explicar su contenido de clase y divorciándolo de las contradicciones sociales. Parecería que para ellos los militares fueran extraños seres caídos de Marte, utilizados en 1943 por Adolf Hitler con la intención de adueñarse de América.

Desprovisto de jactancias seudomarxistas, haciendo marxismo sin saberlo, o sin decirlo, Rogelio García Lupo ha trazado un retrato fiel del militar argentino. Escribe:

«El comportamiento político de los militares argentinos no logra ser comprendido. Resulta difícil entender cómo un ejército compuesto por los hijos de la pequeña burguesía puede apuntalar con las armas la política económica de los ganaderos y latifundistas, sobre todo cuando los resultados de esta política se vuelven contra los militares que la sostienen.

»Nueve de cada diez jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas proceden de la pequeña burguesía. En un país donde no puede hablarse de clanes militares y donde hasta resulta original un militar cuyo padre o abuelo también lo fue, no es exagerado afirmar que en el noventa por ciento de los casos la causa del ingreso a las instituciones militares es el deseo de ascender socialmente y asegurarse cierto standing de vida. En el Ejército Argentino, pues, no se encuentran formas nacionales de los “junkers” prusianos, que se hacían hombres de armas para defender sus tierras. Por un Federico de Alzaga, por ejemplo, existe un centenar de oficiales que son hijos o nietos de inmigrantes, con recursos económicos medios y ansiedad por obtener consideración social.

»La clase dirigente argentina, la oligarquía, juzgó siempre despectivamente a los hombres de armas. Cuando uno de los suyos se incorporaba a la milicia, el gesto se consideraba una boutade de joven rico y aburrido; precisamente, al ejército iban a parar los “muchachos mal de familia bien”, sin que a nadie inquietara este fenómeno.

»La oligarquía, que después de la caída de Rosas se hizo liberal y asumió la ideología de los unitarios triunfantes, calificó a la milicia como una organización parasitaria y al clero como una antigüedad que no merecía atención. Consiguientemente, la oligarquía sustrajo a sus hijos de los cuarteles y los seminarios, y los envió a la facultad de abogacía, para que los más inteligentes aprendieran a servir al capital extranjero (primero al británico y más tarde al que lo sucediera— en la hegemonía mundial), mientras los más toscos continuaban explotando las enormes estancias de sus padres.

»Este cuadro sin sobresaltos se estuvo agrietando sin parar a partir de 1920, cuando comienza la industrialización del país, pero la oligarquía no lo advirtió a tiempo. En 1943, el gobierno ultraderechista de Ramón Castillo fue derribado y aparecieron en la superficie dos o tres docenas de jefes y oficiales con apellidos deliciosamente anónimos. Ramírez, Farrell, Perón, Masson, Pertiné, González, Zavalla, la clase media de las provincias, los perseverantes oficiales que procedían del asilo de huérfanos militares, los hijos de los abnegados sargentos que habían introducido a sus vástagos en el Colegio Militar, afloraron de un solo golpe y conquistaron el poder. La oligarquía reaccionó como al día siguiente de Caseros: el barrio Norte desfiló ante el Círculo Militar, reclamando a gritos que los— militares regresaran a los cuarteles, y la sátira más hiriente se puso en marcha contra los hombres de armas. Los desaires públicos llegaron al extremo de que, por temporadas, los militares se negaran a salir de paseo con uniforme para impedir las provocaciones o, por el contrario, tomaran la iniciativa de ellas y se lucieran por grupos en las calles.

»Durante cuatro o cinco años la oligarquía vituperó a los militares, mientras buscaba afanosamente a algunos de ellos que tuvieran sus mismos intereses. Puede concluirse que entonces no los halló y que, en buena medida, ello fue porque no había militares perjudicados por la política industrialista de Perón, sino más bien al contrario. El petróleo y el acero se convierten en empresas que el Estado fomenta y que los militares promueven desde organismos autónomos».[4]

El Ejército pequeñoburgués, que la oligarquía agroimportadora despreciaba y las izquierdas ubicaban siempre del lado de la reacción, secundó aparentemente a los sucesivos gobiernos de la década infame, en la política de entrega de los controles económico-financieros del país a los, monopolios extranjeros. Decimos aparentemente, porque si a ese juicio peyorativo se lo da como real y absoluto, se parcializa la caracterización de las Fuerzas Armadas, se ignoran sus contradicciones internas y no se explica la rebelión neutralista, nacionalista e industrialista de 1943.

Veamos las dos caras de la medalla. Una la conocemos: la del coloniaje, con centro en el Pacto Roca-Runciman y la figura de un general-presidente. De la otra se habló poco: la silenciosa labor de industrialización del país llevada a cabo por el Ejército, venciendo las resistencias internas y el sabotaje de los intereses extranjeros.

Data de antiguo la preocupación del Ejército por desarrollar la metalurgia, sobre todo la siderurgia, en función de la defensa y de la independencia económica nacionales. Carentes de esa base, los dispositivos logísticos quedaban subordinados a los abastecimientos del exterior. Pero la ecuación del coloniaje (agroexportación = importaciones máximas) obstaculizaba por todos los medios a su alcance el logro de tal objetivo. Un técnico extranjero, contratado en 1925 por el gobierno de Alvear, opinó así:

«La ausencia de la materia prima imposibilita el establecimiento de tal empresa [la fabricación de acero] sobre una base económica. No se conocen en el país ni mineral de hierro, ni carbón para coque, ni es razonable esperar que se encuentre en la Argentina, en cantidades adecuadas para mantener una empresa».[5]

En vano los geólogos argentinos independientes desmintieron con pruebas definitivas y terminantes a sus bien remunerados colegas europeos y norteamericanos. No se les hacía caso o se recibían sus estudios con burlas y desprecios. Uno de los más calificados de ellos, Luciano Catalano, allegado a los militares y siempre defraudado por los políticos, llegaba a las siguientes conclusiones:

«En un proceso de instalación y diversificación industrial metalúrgica de franco progreso y certero arraigo y porvenir, se halla nuestro país, aunque no haya todavía resuelto definitivamente el primer elemento de su evolución, que es, sin duda alguna, la obtención de materia prima metalúrgica procedente de sus Altos Hornos. Hierro para láminas, lingotes para fundición, aceros y mezclas o aleaciones para los distintos tipos de necesidades metalúrgicas, aún no somos productores y debemos acudir a la importación o utilización de residuos (hierro viejo).

»La utilización de nuestros recursos en materias primas para atender una progresiva industria metalúrgica del hierro, plomo, estaño, cinc y cobre, como productos primordiales de la gran industria mecánica y posiblemente más adelante de metalurgia del aluminio, no han sido tomados con toda seriedad y conocimientos, utilizándose únicamente algunas de las fuentes y en otros casos únicamente los residuos industriales de material viejo (hierro, cobre, cinc, aluminio)».

Con respecto a las posibilidades de la metalurgia argentina expresaba Catalano:

«La independencia real de un país está en su completa liberación económica. Esto no es posible si no se ha estructurado su plantel de total industrialización de todos sus recursos y de todas sus necesidades, llevándolos al más completo desarrollo y a la mayor altura y eficiencia técnica de las actividades productivas. Esto es posible en todos los casos y en todas las circunstancias.

»En consecuencia, la exploración de los yacimientos de hierro de nuestro país, en todos sus aspectos, hasta completarla a una industria siderúrgica que puede proporcionarnos todos los elementos y maquinofacturas necesarios a los pueblos modernos, es una obligación de Estado y una obligación de país civilizado. De esa manera responderemos a una eventualidad de escasez de hierro para las necesidades del país, como ya se siente y es alarmante para otros países y también responderíamos a un mayor poderío y defensa nacional».[6]

Estas opiniones de un gran geólogo argentino se publicaron a mediados de 1939. Hasta dos años antes solamente existía en el país una pequeña, vieja y deficiente fábrica de aceros, los Talleres Vulcano, fundados en 1896 por Juan Pinoges, cuya producción en 1937 no alcanzaba a 10 000 toneladas en lingotes. Otra fábrica, de mayor importancia y gran rendimiento técnico y económico, la de Pedro Vassena, fue comprada en 1923 por capitalistas norteamericanos y clausurada al año siguiente.

El 7 de julio de 1937 fue una fecha señera en la industrialización argentina. Ese día se inauguró, con su primera colada, la Fábrica Militar de Aceros, instalada a orillas del Riachuelo, en Valentín Alsina. Tuvo desde el comienzo serias dificultades, cuya causa se atribuyó a «la acción sutil de altos intereses foráneos», en particular a «la dirección técnica de un extranjero especialista».[7] Pero el éxito obtenido finalmente y la clausura de las importaciones durante el período bélico estimularon la fundación de siete fábricas particulares, de modo que la producción de acero en lingotes se elevó en 1943 a 130 000 toneladas.

El establecimiento de otras fábricas militares metalúrgicas, además de la Planta Siderúrgica de Palpalá y de la Explotación Minera de Zapla —y la coordinación del conjunto por medio de la Dirección General de Fabricaciones Militares (ley N.º 12 709, del 9 de octubre de 1941)—, fueron los antecedentes del Plan Siderúrgico Argentino, aprobado durante el gobierno peronista.

La conciencia industrialista que maduró en las Fuerzas Armadas tiene origen profesional. En la guerra de nuestra época, guerra total, el potencial material militar depende del potencial material del conjunto del país. Requiere la movilización de todos los recursos nacionales. La sociedad agropecuaria, por rica que sea, está indefensa en el mundo de la sociedad industrial. Y la carrera armamentista entre los países de América Latina es artificiosa en tanto se basa en las compras de materiales a Europa o a los Estados Unidos, y no en el autodesarrollo económico de cada uno de ellos. Los países al entrar en guerra quedarían a merced de los proveedores extranjeros, o sea del apoyo de las potencias industriales a uno, a otro o a ninguno de los beligerantes. En este último caso la guerra terminaría por falta de recursos, salvo que se convirtiera en guerra revolucionaria.

Así como resulta inconcebible la defensa nacional sin la industrialización, ambas son inseparables del rescate de manos foráneas de los comandos economicofinancieros, lo que implica el cambio de la estructura socioeconómica del país y la reorientación general de su política interna. Con prescindencia del militar burócrata —interesado en «hacer carrera» y proclive a trocar su condición de soldado por la presidencia o el directorio de empresas privadas, aunque sean extranjeras—, el auténtico profesionalismo en las Fuerzas Armadas despierta la conciencia industrialista y nacionalista, conciencia rebelde que entra en contradicción con la conciencia colonial agroimportadora. De aquella conciencia rebelde nació el GOU en el Ejército pequeñoburgués.

El GOU

Se asigna al GOU un origen incierto: que fue concebido por el teniente coronel Perón al regresar de Italia en 1941 y sentirse impactado por la estafa cometida en la Dirección General de Material del Ejército,[8] que se fundó en Mendoza en 1942,[9] que empezó a funcionar a principios de 1943,[10] que Perón no intervino en su creación.[11] Trataremos de reconstruir la génesis del GOU con ayuda de nuestra memoria y de los recuerdos de algunas de las personas que compartieron las inquietudes militares en los años previos al 4 de junio de 1943.[12]

Con el GOU (Grupo Obra Unificación, Grupo de Oficiales Unidos o ¡Gobierno! ¡Orden! ¡Unidad!) culminó, dentro del Ejército, una década de polémicas, proyectos de reformas constitucionales y planes conspirad vos. La frustración de las rebeliones yrigoyenistas y la indecisión de los golpes nacionalistas no amainaron too cientos de fronda que soplaban en las filas militares. A veces la línea divisoria entre ambos grupos de conspiradores parecía invisible al asociarse unos y otros en los preparativos de la toma del poder, pero las diferencias surgían en la actitud respecto a las masas populares.

El primer antecedente directo del GOU que conocemos data de los últimos tiempos de la presidencia de Justo. Partió del yrigoyenismo. Tuvo por eje a una familia de militares de esa ideología: los coroneles Aníbal, Miguel Angel y Juan Carlos Montes, quienes convocaban a reuniones en la farmacia de otro de los hermanos, Tulio, ubicada en la Capital Federal (esquina de las calles Tucumán y Uruguay), a la que los asistentes bautizaron con el simbólico de «la jabonería de Vieytes». Perón concurrió a esas juntas, antes y después de su estada en Italia. Al incorporarse luego a las tropas de montaña de Mendoza, se puso en contacto con Juan Carlos Montes, Farrell y otros jefes de ideas afines allí destacados, mientras Miguel Angel actuaba en Tucumán, creándose así diversos nucleamientos militares que convergirían en el nacimiento del GOU.

A las causas de fondo que motivaron los agrupamientos fracciónales en el Ejército bajo la banderas del nacionalismo económico y la industrialización, se sumaron otras más inmediatas y directas que afectaban al orden social y a la disciplina de las Fuerzas Armadas: el fraude y la corrupción.

La corrupción se extendía a toda la actividad pública y justificaba el descreimiento del pueblo en la partidocracia y su desconfianza de las Fuerzas Armadas. Al comienzo de la presidencia del general Justo, se le puso sordina a la revelación que hizo el senador Mario Bravo del negociado de los armamentos —ocurrido mientras el jefe de Estado era ministro de Guerra del doctor Alvear—, pero el castigo del general que cargó con la culpa completa no satisfizo y dejó un saldo de resentimiento en las filas castrenses.[13] Tres años después, los radicales olvidaron sus diferencias con los conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes para sellar con ellos una delictuosa unidad en el Concejo Deliberante al votar las ordenanzas 8028 y 8029, doblemente escandalosas porque beneficiaban ilícitamente a la CADE ya la Italo, y porque los concejales que las aprobaron habían sido comprados por el trust de la electricidad. En agosto de 1940, le tocó el turno al Congreso Nacional con «el negociado de las tierras del Palomar», que comprometió a varios diputados del radicalismo, uno de los cuales se suicidó. Y sobre llovido mojado, al año siguiente se descubría en la Dirección General de Material del Ejército el peculado de un jefe de alta jerarquía.

La reacción de los militares frente a la inmoralidad política y administrativa fue la elemental del miembro de una familia que se decide a poner orden y restablecer la honradez en el hogar desquiciado por la indisciplina y el vicio. No iban más allá los móviles de los pronunciamientos que prepararon y no consumaron los generales Juan Bautista Molina y Benjamín Menéndez.

También el GOU empezó como movimiento interno del Ejército destinado a salvarlo de la corrupción que invadía al Estado. Por eso respetó la jerarquía militar y el 4 de junio llevó al poder a los mandos naturales. La selección que condujo a designar un comando de veinte jefes —el grupo inicial— se hizo con el compromiso de la prescindencia política de todos ellos.[14] Quedaba excluida la influencia del yrigoyenismo, del nacionalismo o de cualquier otra corriente política o ideológica extramilitar. Este punto de partida explica la libertad de que dispuso Perón, dentro del heterogéneo y desorientado gobierno posterior al 4 de junio, para ir al encuentro del movimiento obrero.

Perón describe así los primeros pasos:

«Nuestra revolución comenzó en el Ejército […] Porque nuestro Ejército como el de todas las naciones modernas, pertenece al pueblo, y por eso había que evitar que la descomposición del pueblo [sic] arrastrara al Ejército ya en demasía influido por ella.

»En el orden moral dicha descomposición se había presentado, en forma lamentable, en ciertos jefes de alta graduación que debieron ser condenados a prisión o degradados, y, a su vez, estos pocos arrastraron a otros jefes que, de una forma o de otra, se les plegaron. El caso de un jefe que fuera condenado a presidio por alta traición demuestra que la descomposición moral es evidente.

»Las instituciones, como los Estados, se descomponen, como el pescado, comenzando por la cabeza, y tanto había influido ello en nuestro Ejército, que, lamentable es confesarlo, teníamos un contingente de 30 000 hombres con cuarteles casi inhabitables, con buenos cuadros de oficiales, pero sin estructura eficiente. Era, asimismo, evidente la desorganización imperante en el orden material.

»Esa descomposición solamente era reflejo de la de la Nación misma, que también estaba en la cabeza, y por ello nuestra acción se encaminó de inmediato a considerar cuál era y cuál debiera ser la estructura misma de todos los poderes del Estado.

»Antes del 4 de junio, y cuando el golpe de Estado era inminente, se buscaba salvar las instituciones con un paliativo o por Convenios políticos, a los que comúnmente llamamos acomodos. En nuestro caso, ello pudo evitarse porque, en previsión de ese peligro, habíamos constituido un organismo serio, injustamente difamado: el famoso GOU. El GOU era necesario para que la revolución no se desviara, como la del 6 de setiembre.

»Conviene recordar que las revoluciones las inician los idealistas con entusiasmo, con abnegación, desprendimiento y heroísmo, y las aprovechan los egoístas y los nadadores en río revuelto.

»El GOU hizo que se cumpliera el programa de la revolución, imponiéndole una norma de conducta y un contenido económico, social y jurídico».[15]

En realidad, el GOU reiteraba el propósito expuesto por la Junta Militar del 6 de setiembre de 1930, en «la proclama a los camaradas del Ejército y de la Armada»:

«Queremos el cambio, no de los hombres, sino del sistema que arrastra al país a su ruina, y que representan en su falta de ideales, y en su complicidad pasiva con todos los delitos cometidos, lo mismo quienes detentan hoy el poder, como los que estarían llamados a sustituirlos».

En ambos casos se pecaba de lo mismo: falta de claridad en cuanto al nuevo sistema que reemplazaría al antiguo y desconocido de las fuerzas sociales que debían promover el cambio. Por vía exclusivamente militar no se podía avanzar más allá del orden establecido, cualesquiera fuesen las intenciones de los jefes. Al Ejército pequeñoburgués le era imposible sustraerse, por sí mismo, al condicionamiento que imponían la oligarquía agroexportadora y los monopolios extranjeros a la estructura socioeconómica argentina. Sólo existía un medio de «cambiar el sistema»: la irrupción de la clase obrera en el poder político. Pero entre la clase obrera y el Ejército se levantaba una cortina de granito, cortina que la partidocracia, las clases dominantes y los imperialismos tenían interés en mantener, fomentando los prejuicios antiobreros de los militares y antimilitares de los obreros.

El Ejército parecía condenado a repetir la desastrosa experiencia de 1930. Acostumbrados sus jefes y oficiales a pensar en términos geopolíticos, creían al pueblo un factor maleable, del que podían disponer en función de sus planes de industrialización, nacionalizaciones y expansión continental. La concepción geopolítica, que ha sido atribuida al GOU, pertenecía al Ejército, y no por contagio del hitlerismo, sino por corresponder a la doctrina de la guerra abrazada por las potencias capitalistas. García Lupo sale al paso de la simplificación histórica que presenta al GOU como una logia de seguidores de Adolf Hitler. Afirma:

«[…] dentro del GOU [había] jefes que no ocultaban su repugnancia por el nacionalsocialismo […] El GOU no fue una logia nazi, como se dice».[16]

Es común identificar la geopolítica con el nazifascismo, y si bien las ideas del sueco Rudolf Kjellen y de los alemanes Friedrich Ratzel y Karl Haushofer, difundidas antes de la Primera Guerra Mundial, tuvieron gran influencia en la preparación de la contienda de 1939-1945 por Alemania, Italia y Japón, fueron también asimiladas por los Estados Mayores de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, cuyos planes y mapas de campaña eran elaborados por geopolíticos. ¿Y acaso, no estaba implícita en la doctrina del «destino manifiesto» con la cual, a partir de 1845, los norteamericanos pretendían justificar derechos del pueblo elegido por Dios para apoderarse de las Américas?[17]

La doctrina geopolítica, aparte de su unilateralidad y del escaso valor científico de sus conclusiones, no correspondía a la tradición ni a las necesidades argentinas. Su principal slogan (lebensraum —espacio vital— expresión alemana adoptada por otros idiomas) contradecía el espíritu de nuestras guerras de la Independencia y de nuestra política internacional. Preparaba a las Fuerzas Armadas del país para una guerra imaginaria, con medios insuficientes y una organización inadecuada a sus objetivos. Al dar la prioridad a una política de expansión más allá de nuestras fronteras, se olvidaba que todavía tenemos que conquistar espacio vital dentro de nuestras fronteras y resolver la problemática emergente de una estructura socioeconómica arcaica y de la dependencia de los centros extranjeros del poder financiero y político. La eficiencia de las Fuerzas Armadas no surge de ellas mismas; es función del nivel material y cultural del país, de su autodesarrollo económico, de su soberanía política y del grado de participación de las masas trabajadoras en el gobierno y en la solución de los problemas nacionales. Si en el GOU, y en algunos de los discursos iniciales de Perón, se reflejaron tendencias geopolíticas orientadas a programar la hegemonía argentina en esta parte del continente, la realidad obligó al gobierno militar a concentrar su atención en las cuestiones internas vitales y básicas y a comprender que las masas trabajadoras no eran un factor maleable, pero sí indispensable para sostener a un gobierno amenazado por conspiraciones internas y bloqueos externos, por lo cual debía aplicar una política que las movilizara a su favor.

Al sumergirse el gobierno militar en las contradicciones de la sociedad civil, el GOU perdió su razón de ser y se deshizo. Antes de desaparecer intentó infructuosamente consolidarse por medio de las Nuevas Bases.

El gobierno militar

El cambio de gobierno se realizó en dos tiempos: el 4 de junio ocupó la presidencia un general aliadófilo y rupturista, Arturo Rawson, que despertó simpatías y esperanzas en los partidos, y que a las veinticuatro horas era sustituido por otro general, el neutralista Pedro Pablo Ramírez, «jefe natural del Ejército» y hasta un día antes ministro de Guerra del presidente Castillo. La legalidad castrense rigió en el tránsito. Con Rawson la salida podía haber sido extramilitar, electoral, respetuosa de la partidocracia. Con «el jefe natural del Ejército» la salida quedaba librada a la capacidad de los militares de encontrar el camino de las masas.

Parece paradójico que en el efímero gobierno del aliadófilo Rawson figuraran tres ministros cuestionados por ser simpatizantes del Eje nazifascista —el general Domingo Martínez (Relaciones Exteriores y Culto) y los doctores José María Rosa (Hacienda) y Horacio Calderón (Instrucción Pública y Justicia)—, mientras que el único civil que integraba el gabinete del neutralista Ramírez —Jorge Santamarina (Hacienda)— perteneciera a una familia de terratenientes afecta a la causa de los aliados. La contradicción evidencia que en ambos casos se hicieron concesiones. En el primero al Ejército, pero con el sacrificio de sus mandos naturales, y en el segundo a los intereses agroimportadores e imperialistas, pero conservando la institución militar el control del gobierno. El de Hacienda era un ministerio clave, y al entregarlo a Santamarina seguramente se trató de tranquilizar a los ganaderos y a las potencias anglosajonas, cuya presión suele arreciar en los momentos de cambios.

A las Nuevas Bases del GOU se les asigna una importancia que no tienen, si se las juzga por sus consecuencia prácticas. Fueron redactadas después del 4 de junio, con el fin de adaptar la Obra de Unificación del Ejército a la nueva situación. Miembros del GOU habían sido colocados en posiciones estratégicas del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía. Las Nuevas Bases establecían:

«Muchas de las causas han desaparecido y con ellas sus respectivos efectos. No se trata, como antes, de una situación interna caótica que era menester corregir, sino de mantener un nuevo sistema llegado para purificar y restaurar los valores morales y las buenas costumbres.

»La unión de todos los camaradas del Ejército se impone ahora para respaldar moral y materialmente la obra del Ejército mismo, para mancomunar los esfuerzos y asegurar al gobierno militar la absoluta tranquilidad y completa estabilidad necesarias para realizar su obra.

»El GOU sigue, pues, su labor sobre la base de sus ya numerosos enrolados de todos los grados y todos los destinos; seguro y convencido de que, como ha preparado el clima y organizado la unificación de los cuadros hasta ahora, tiene por delante una gran tarea a realizar: obtener la unificación de propósitos, la absoluta unidad de acción, una real y verdadera camaradería de los oficiales del Ejército y la purificación moral de los cuadros».

Sus objetivos, en síntesis, eran:

«La defensa del Ejército, contra todos sus enemigos internos y externos […].

»Inculcar una única doctrina y animar al cuerpo de una absoluta unidad de acción […].

»Una absoluta prescindencia política (del Ejército) fuera del mismo […].

»Anhelamos ver en manos del ministro de Guerra los destinos del Ejército, por ser para nosotros el órgano técnico natural y legal para dirigirlo. Estamos en absoluto sometidos a sus designios (que deben ser los nuestros)».[18]

Luego de fijar el plan de acción, la organización y el funcionamiento y el enrolamiento, el documento señalaba las siguientes obligaciones del enrolado en la Obra: la defensa del Ejército, la defensa del servicio, la defensa del mando, la defensa de los cuadros, la defensa contra la política y la defensa contra el comunismo. Y al final insistía en reconocer como único jefe «al jefe natural del Ejército», el cual, si no pudiera ejercer por cualquier circunstancia el comando, sería sustituido por «el que designemos nosotros».

Las Nuevas Bases del GOU constituían, pues, el estatuto de un Estado militar, proyecto absolutamente utópico. Su pura subjetividad salta a la vista. Parecía un solipsismo de los cuarteles. Si por nuevo sistema entendía «purificar y restaurar los valores morales y las buenas costumbres», debemos recordar que ni el estricto Estado militar de los lacedemonios fue inmune a la corrupción y que los cohechos y libertinajes de sus funcionarios, así como la primacía de los intereses oligárquicos, impresionaron hasta al imperturbable Aristóteles. Porque el Ejército es siempre un reflejo de la sociedad —no viceversa—, y aunque puede influir sobre la sociedad, lo hace bajo condiciones dictadas por fuerzas inherentes a ella.

La idea de hacer del Ejército la institución modeladora de la sociedad tuvo origen, sin duda, en la prédica de un restauracionismo medieval, disfrazado de «nacionalismo», que pretendía borrar cinco siglos de historia y retrotraer a nuestro país y a la humanidad a la época en que no existían las naciones y la teología era ama omnímoda de las conciencias y de las existencias. Respondía a la doctrina imperante en la España franquista, que hacía descansar la defensa «de lo que aún permanece en pie del orden cristiano» en la Iglesia católica, «institución de origen divino», y en el Ejército, «institución de origen humano». El sentido común se resiste a creer que espectros del pasado, muchos de los cuales desempeñaron, en los meses posteriores al 4 de junio, altos cargos en la magistratura, en la docencia, en los gobiernos provinciales y en la administración nacional, llegaran a tener tanto predicamento en la milicia y lograran, en 1944, introducir en el magisterio «el saber teológico y metafísico».

De hecho, favorecían al liberalismo los ataques (y su grotesca identificación con el marxismo) que se le hacían desde anacrónicos puntos de vista teológico-feudales, pues al oponerle el imposible retorno a modos de vivir y de pensar extinguidos para siempre, le otorgaban la actualidad de que carecía. Los funcionarios militares y civiles enajenados a tan extravagante doctrina se aislaban de la realidad social y daban a la partidocracia armas para conservar su precaria base política. Las Nuevas Bases no contenían ninguna referencia a la problemática nacional. La unidad y la disciplina corrían peligro de relajarse en las Fuerzas Armadas por obra precisamente de quienes las prédica-batí en abstracto, como si fuesen imperativos morales subjetivos y no dependieran de la aptitud de los militares para impulsar la emancipación y el desarrollo de la sociedad argentina.

La esquizofrenia reaccionaria de algunos funcionarios dio el argumento a la partidocracia para calificar de «nazifascista» al gobierno militar. En la práctica, las Nuevas Bases y las aberrantes ideas de esos funcionarios provocaron un antagonismo insuperable entre la frágil superestructura impuesta desde arriba y la exigente realidad social. El gobierno militar tenía que descender del cielo a la tierra si quería sobrevivir, por eso el GOU archivó las Nuevas Bases, y los generales y coroneles de la Casa Rosada, nada dispuestos al suicidio, hicieron oídos sordos a los cantos metafísicos de sus consejeros de la víspera y fueron al encuentro del movimiento obrero. La necesidad los obligó a dar ese viraje que invertía su orientación inicial.

Para enfrentar la amenaza de una huelga general revolucionaria[19] —detrás de la cual se advertía el proyecto de la oligarquía y del imperialismo, secundado por los partidos, de derrocar al gobierno militar—, el 30 de setiembre de 1943 el general Farrell (vicepresidente y ministro de Guerra), el coronel Perón (subsecretario del Ministerio de Guerra) y los coroneles Mercante y González, se reunieron, en el despacho del segundo, con 70 dirigentes sindicales, incluidos comunistas y socialistas, y les solicitaron su apoyo, a cambio de la defensa de las reivindicaciones obreras. Este primer contacto de miembros del gobierno militar con representantes de los gremios no tuvo resultados prácticos inmediatos, debido a las reticencias y desconfianzas mutuas. Significó, en cambio, la pérdida de influencia del «nacionalismo teológico y metafísico» (por lo menos en un sector militar) y el comienzo de una política que habría de culminar con la eclosión del movimiento peronista. Uno de los «ideólogos» más contumaces de ese «nacionalismo», con treinta años de frustrados intentos de adoctrinamiento de los cuadros de las Fuerzas Armadas, vuelca en las siguientes palabras su resentimiento por las consecuencias mediatas de aquel primer contacto:

«En cuanto al sindicalismo oficial de la década peronista —1945-1955—, corresponde señalar que la vasta obra social y la movilización íntegra del proletariado argentino, revistieron un carácter netamente marxista, clasista y subversivo. Despilfarro, inflación, nivelación e improductividad, como consecuencia necesaria de la aplicación de las consignas marxistas en la lucha de clases: “trabajar cada vez menos y ganar cada vez más”; “todo trabajo es trabajo humano igual”; “aplicación al agro y a la navegación del sistema de trabajo de la fábrica”».[20]

Este caso extremo del disparate revela una curiosa polaridad de opiniones: hasta hoy, los «nacionalistas teológicos y metafísicos» acusan al peronismo de «marxista», mientras que los liberales (comprendidos los izquierdistas) lo tildan de «nazifascista». Contraria contrariis curantur, como en la medicina clásica, porque las dos opiniones se anulan entre sí y hacen inútil optar entre ellas. Al pensamiento científico corresponde descubrir las causas sociales del peronismo, al margen de cualquier encasillamiento apriorístico.

A la reunión del 30 de setiembre siguieron hechos que hemos mencionado en el capítulo 35: intervención de Perón en la huelga de los frigoríficos a favor de las reivindicaciones obreras, nombramiento de Perón como presidente del Departamento Nacional del Trabajo y creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión con Perón como secretario y con rango de ministro.

Durante los últimos meses de 1943, la relación de fuerzas dentro del gobierno experimentó un notable cambio. La rivalidad entre el nucleamiento militar que encabezaba Perón (y no decimos GOU, porque al terminar el año éste había dejado prácticamente de funcionar) y los «nacionalistas» aristocráticos, se iba convirtiendo en incompatibilidad. Mario Amadeo recordaría más tarde:

«dentro del simplismo de sus esquemas, nosotros éramos (para los militares) “teóricos inútiles e intelectuales” sin sentido práctico».[21]

Es cierto que había unanimidad en el repudio de los partidos políticos —cuya disolución fue resuelta por decreto del 31 de diciembre de 1943—, pero las discrepancias se agrandaban en lo fundamental y el presidente Ramírez se esforzó en evitar, a duras penas y durante corto tiempo, la ruptura abierta, mediante una política ambivalente de concesiones a unos y a otros. Por una parte, dejó en libertad a Perón y sus colaboradores para que actuaran en los medios obreros y, por la otra, entregó la enseñanza a católicos ultrarreaccionarios, apocalípticos predicadores del exterminio de judíos, masones y marxistas, con el nombramiento como ministro de Justicia e Instrucción Pública de Gustavo Martínez Zuviría, presidente del Consejo Nacional de Educación de José Ignacio Olmedo e interventores de las universidades de Buenos Aires y el Litoral de Tomás D. Casares y Jordán Bruno Genta, respectivamente. También declaró obligatoria la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Ni el gobierno ni la oposición imaginaron que, al asumir la secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón recibía las llaves del futuro político del país. Los enemigos militares y civiles que tenía en las esferas oficiales creían que su ambición fracasaría en ese «puesto burocrático», pues no podría resolver los complicados problemas sociales; los políticos se burlaban del «advenedizo», cuya, «demagogia» se estrellaría frente «al espíritu democrático de nuestro pueblo».

La imagen de una Argentina clerical y fascista recorrió el mundo —difundida a la par por las agencias noticiosas norteamericanas y los aparatos de las izquierdas—, mientras las masas trabajadoras se agrupaban en torno de un nuevo liderato.

Viraje del movimiento obrero

En octubre de 1943 se publicó, con extraordinario despliegue publicitario, un manifiesto titulado Democracia efectiva y solidaridad americana. Lo avalaban 150 firmas de políticos y dirigentes sindicales. Entre las de los socialistas figuraba la de Angel Borlenghi, secretario general de la Federación de Empleados de Comercio. Reclamaba el documento la vuelta a «la normalidad constitucional» y la ruptura de relaciones con el Eje nazifascista.

En diciembre del mismo año (los días 15, 16, 17 y 18) se reunió, en el local de la Unión Tranviarios, el Segundo Congreso Ordinario de la CGT. Fue elegido presidente, por 117 713 votos de los comunistas y socialistas, el socialista Angel Borlenghi. El congreso resolvió:[22]

«Condenar la intromisión de personas extrañas al movimiento obrero para la solución de los conflictos entre capital y trabajo».

Las condenas recaían en dos personas que políticamente nada tenían en común: el coronel Juan Perón y monseñor Miguel De Andrea. Sobre la del primero no hubo discrepancias, pero a la del segundo se opusieron los comunistas que alegaron

«la intervención favorable de monseñor De Andrea en el conflicto de la Federación Obrera Nacional de la Construcción y de los Metalúrgicos».

«Solicitar la ruptura de relaciones con el Eje, a fin de encauzar al país a tomar posición definitiva en la lucha contra los bárbaros nazifascistas».

«Apoyar y participar activamente en la Unión Democrática, a fin de restituir el juego regular de nuestra institución de gobierno».

«Intensificar la campaña contra la carestía de la vida, a fin de interesar a los poderes públicos de ese grave azote para la economía del pueblo trabajador».

El comentarista de La Vanguardia Alfredo Fidanza destacó la «obra práctica» del congreso, pero formuló la siguiente crítica:

«En lo que se refiere a la unidad de la clase obrera, si no deponen su actitud de predominio y alzamiento de toda norma orgánica sindical los elementos comunistas, éstos la llevan a la división, y sobre ellos caerá la culpa de tan grave hecho.

»Así lo hicieron al terminar la guerra pasada en varios países hoy dominados por la reacción nazifascista, dividieron al movimiento sindical y dieron paso a los enemigos de los trabajadores».

La recriminación era a todas luces injusta. Los comunistas no solamente tuvieron la iniciativa de la Unión Democrática, sino que actuaron siempre como sus más decididos campeones. Tan compenetrados estaban de esa política unitaria que en febrero de 1944, dos meses después del Congreso de la CGT, protagonizaron una entrevista de trascendencia. Tres representantes de su partido: —Florindo Moretti (encargado sindical y miembro del Comité Ejecutivo), Rubén Iscaro y René Stordeur (secretario de la Federación Gráfica Bonaerense)— se reunieron con Angel Borlenghi y José M. Argaña (ambos de la Federación Empleados de Comercio y socialistas ya disidentes). Moretti definió enérgicamente la posición del Partido Comunista: unidad contra «la dictadura militar-fascista», abandono de la lucha por las reivindicaciones inmediatas y de los conflictos parciales que distraían fuerzas y perjudicaban la formación de la Unión Democrática, huelga general e insurrección para derrocar al gobierno. Borlenghi, el plebiscitado presidente del Congreso de la CGT de diciembre, también fue rotundo. Respondió:

«Con éste o con cualquier otro gobierno, no estoy dispuesto a abandonar la lucha por las reivindicaciones inmediatas».

En el ínterin, Perón se había comprometido a conseguir la ley de jubilaciones de los empleados de comercio, vieja aspiración de este gremio. El ingreso a la Unión Democrática equivalía para Borlenghi a no recoger los laureles de tan sentida conquista y autoeliminarse como dirigente. Por eso lo rechazó y puso fin a su luna de miel con los comunistas. Días más tarde, René Stordeur y otros gráficos enviaban al partido de Codovilla la renuncia colectiva a su afiliación.

¿Cómo se explica el rápido ascendiente que adquirió Perón y la igualmente rápida pérdida de influencia de los comunistas y socialistas en el movimiento obrero durante el año 1944? Los comunistas responden: a la «demagogia» y su complemento, la «represión» ejercidas por Perón que disponía, a través de la Secretaría de Trabajo, del «aparato del Estado clerical-militar-fascista». Esta interpretación supone a la clase obrera elemento inerme y maleable que puede ser seducido, con facilidad, por el primer «demagogo» que le salga al paso —plebe halagada por el tirano, según la descripción de Aristóteles—, o por el panera et circenses de la sátira de Juvenal dirigida a los romanos de la decadencia. Pero que los obreros desecharan de golpe la conducción comunista y socialista en los gremios y reconocieran el liderato de un militar sin antecedentes sindicales, no se justifica con alusiones a los desarrapados de Atenas y Roma. Ni la incorporación masiva a los sindicatos de centenares de miles de obreros antes sin agremiación —sólo en la Unión Obrera Metalúrgica se pasó de 1500 afiliados en 1943 a 80 000 en 1944 y a 200 000 diez años después— se entiende como el mero efecto de la «demagogia».

El análisis comparativo de las conductas de las izquierdas y del peronismo nos ilustrará acerca de las causas del fenómeno de transvasamiento que se introdujo en el movimiento obrero, a partir de la fundación de la Secretaría de Trabajo.

Su tradicional enajenación a las democracias anglosajonas y su defensa de la república liberal tenían que conducir naturalmente a los socialistas a sacrificar las reivindicaciones inmediatas de los obreros, en aras de la lucha contra el Eje nazifascista, del cual, según ellos, el gobierno militar argentino era un simple apéndice o reflejo. Los comunistas, en cambio, elaboraron una teoría completa en respaldo de una política coincidente, en el fondo, con la de los socialistas; la teoría de la revolución pacífica, expuesta por Victorio Codovilla, ya en 1942, en un informe al Comité Ejecutivo del Partido. Consistía, en síntesis, en admitir el paso del capitalismo al socialismo sin revolución violenta, dando como ejemplos a Gran Bretaña y los Estados Unidos, países donde, de acuerdo con Codovilla, las masas tomaban paulatinamente el poder y se acercaban al socialismo. En el orden internacional, la teoría preveía que el cerco del capitalismo a la Unión Soviética se trastrocaría en el cerco de la Unión Soviética al capitalismo y daría la posibilidad de imponer el socialismo sin violencias, por el camino de la colaboración de clases. La vieja muralla ideológica que separaba a comunistas y socialistas se vino abajo y sólo quedó la competencia por la hegemonía política.

Esa competencia se manifestó en dos organizaciones paralelas y clandestinas creadas en 1943 para preparar el derrocamiento, no pacífico por cierto, del gobierno militar: Patria Libre y Asociación de Mayo. La primera congregaba a comunistas, conservadores y algunas personalidades independientes; dominaban la segunda los socialistas. Varios editoriales de Himno Nacional, periódico de Patria Libre, fueron escritos por Mr. Griffits, de la embajada de los Estados Unidos, en cuya sede se imprimieron algunos números.

La táctica insurreccional prescripta por los comunistas y socialista^ requería la impugnación de toda lucha parcial, con el objeto de no dispersar fuerzas y concentrar la actividad en los preparativos de la huelga general revolucionaria. Dejaba así a Perón manos libres en la esfera de las reivindicaciones inmediatas y proyectaba una huelga general con cada día menos base obrera. Los dirigentes sindicales comunistas fueron colocados ante una dramática disyuntiva: fidelidad a las directivas de su partido y, como resultado inmediato, pérdida de su autoridad sobre las masas (Peter, Chiaranti, Girardi y otros), o ruptura con el partido y seguir al frente de los sindicatos. La segunda actitud permitió a Stordeur y sus compañeros permanecer en la dirección de los gráficos y elevar el número de afiliados del 85 por ciento en 1943 al 98 por ciento en 1945 de los obreros del gremio, sin abandonar su independencia del peronismo.

La huelga general revolucionaria debía estallar el 31 de octubre de 1944. Fue anunciada con bombos y platillos en todo el continente por las agencias noticiosas norteamericanas. Intervinieron en su organización los comunistas y conservadores de Patria Libre. Los activos comunistas prometieron la participación masiva de la clase obrera; los opulentos conservadores corrieron con los gastos. El resultado podía preverse. América Latina, desde México a Chile, se conmovió ese 31 de octubre por los titulares de los diarios que informaban sobre las acciones revolucionarias que hacían tambalear al gobierno «clerical-militar-fascista» de Buenos Aires. Los únicos desaprensivos resultaron ser los porteños, que ese día trabajaron como de costumbre. Pararon unas cuantas obras y algunos talleres menores. El transporte —que debía paralizarse por completo— funcionó normalmente. He aquí la explicación que dio el Partido Comunista:

«El gobierno movilizó todas las fuerzas para impedir el éxito de la huelga y sofocarla. Buenos Aires y los principales centros fueron ocupados militarmente desde la víspera de la huelga. A causa de ello y de ciertas fallas de organización de parte del comité de huelga, si bien la inmensa mayoría de los obreros manifestaron su voluntad de participar en la huelga, no pudieron hacerlo. Por eso la huelga fue parcial. Con todo, demostró a la dictadura que no podía continuar impunemente con sus medidas de represión del movimiento obrero y progresista».[23]

Nunca se dio una explicación tan necia del fracaso de una huelga: que los obreros no dejaron de trabajar debido a que el gobierno movilizó todas sus fuerzas. Quiere decir que el éxito dependía de la pasividad del aparato represivo estatal y no de la combatividad de los obreros. La conclusión sería que una lucha triunfa solamente cuando el enemigo la deja triunfar y que la culpa del papelón del 31 de octubre la tuvo el gobierno por no haberse cruzado de brazos.

Veamos cuáles fueron las causas de algo que no puede llamarse derrota, porque no hubo pelea.

La huelga se preparó en función del objetivo exclusivamente político del derrocamiento del gobierno, sin ofrecer soluciones ni perspectivas al movimiento obrero.

Ese objetivo era el de la oligarquía agroimportadora y los imperialistas anglosajones.

El abandono de las reivindicaciones inmediatas de los obreros, lejos de unir a éstos con los patrones, dejaba a los patrones (y a los comunistas y socialistas) en la estacada.

Con la experiencia del 31 de octubre quedó claro que, a los diez meses de funcionamiento de la Secretaría de Trabajo, los obreros estaban con Perón y los conservadores y agentes del imperialismo conspiraban junto con el Partido Comunista.[24] Como si no bastara esa contundente prueba de la distribución de fuerzas, el 4 de diciembre siguiente Angel Borlenghi reunió frente a la Secretaría de Trabajo a una multitud —que entonces se calculó en 200 000 personas— en homenaje a Perón por el decreto sobre jubilaciones. Fue el primer acto peronista de masas y también la primera vez que Perón habló ante tan numeroso concurso de trabajadores.

El año 1944 terminó con dos acontecimientos significativos. Uno de ellos, la huelga de YPF repitió la de los frigoríficos del año anterior, comentada en el capítulo 35. Comenzó bajo la dirección de los comunistas, que querían transformarla en huelga revolucionaria contra el gobierno militar, y desembocó en el triunfo del 14 de diciembre, merced a la intervención del doctor Juan Atilio Bramuglia —ex socialista, ex asesor de la Unión Ferroviaria y entonces director de previsión Social— que obligó a la empresa estatal a aceptar las reivindicaciones obreras. Los catorce comunistas que la dirigieron, detenidos al principio y luego liberados, rompieron con el partido.

El otro acontecimiento ocupó amplio espacio en la prensa de la época. Lo protagonizó Patria Libre. Varios militantes comunistas se apoderaron de un avión en el aeropuerto de Seis de Setiembre, con el propósito de arrojar panfletos antigubernamentales sobre el desfile del Día del Reservista (10 de diciembre). Fueron apresados antes que el avión despegara. En el sumario judicial figura el conservador Antonio Santa-marina como instigador y financista del frustrado proyecto.

Las huelgas estudiantiles del verano 1943-1944 constituyeron las únicas exteriorizaciones combativas de la oposición al peronismo. En los aspectos generales, los diversos «movimientos de resistencia» —así llamados porque imitaban a los maquis de Francia e, igual que ellos, actuaban en la clandestinidad— no se pusieron de acuerdo en la formación de una Junta Cívico-Militar, que encabezara la toma del poder. Como el derrocamiento del gobierno era empresa irrealizable por los civiles solos, más apremiante se hacía para los conspiradores, a medida que los obreros se acercaban a Perón, la necesidad de dividir a las Fuerzas Armadas y ganar la confianza de los militares. Recién en la segunda mitad de 1945 consiguieron atraer a algunos jefes e impulsarlos a dar el golpe palaciego de principios de octubre.

Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión en momentos en que el ascenso del costo de la vida superaba los aumentos de los salarios reales[25] y que los comunistas y socialistas, comprometidos en los preparativos insurreccionales, entorpecían las luchas parciales por reivindicaciones inmediatas que no condujeran a la huelga general revolucionaria o que perjudicaran sus relaciones con las empresas también embarcadas en la conspiración. Las izquierdas le brindaron, pues, al flamante secretario, amplio campo para desplegar lo que ellas llamaban «demagogia». Recogió banderas arriadas e hizo de las reivindicaciones inmediatas la palanca de su liderato.

Inició sus tareas con la medida «demagógica» que él mismo explicó después:

«Cuando llegué a la Secretaría de Trabajo, el primer pedido que recibí de los obreros fue la derogación de un decreto del año 1943, en el que se establecía para las asociaciones gremiales un régimen de tipo totalitario. El primer decreto que firmé en esta Secretaría fue la derogación de ese reglamento».[26]

Empezó inspirando confianza a los obreros, de acuerdo con el objetivo que expuso en su discurso de la Bolsa de Comercio del 25 de agosto de 1944:

«Pero este caso [la huelga general revolucionaria que se preparaba en agosto de 1943] pudo posponerse por una semana, lo que nos dio la posibilidad de accionar en forma directa sobre otros sindicatos que no estaban de acuerdo, sino por presión, porque sabemos bien que los dirigentes rojos trabajan a las masas, no sólo por persuasión sino más bien por intimidación. En estas condiciones nos fue posible tomar el panorama obrero y elevarlo, pero indudablemente, el Departamento de Trabajo demostró en esa oportunidad no ser el organismo necesario para actuar, porque los obreros no querían ir al Departamento de Trabajo en esa época, que había perdido delante de ellos, todo su prestigio como organismo estatal, ya que en la solución de sus propios problemas, ellos no encontraron nunca el apoyo decidido y eficaz que tenía la obligación de prestar a los trabajadores. Por eso, con un organismo desprestigiado, no solamente se perjudica a la clase trabajadora sino que él es germen del levantamiento de la masa, que en ninguna parte se encuentra escuchada, comprendida y favorecida. Eso me dio la idea de formar un verdadero organismo estatal con prestigio, obtenido a base de buena fe, de leal cooperación y colaboración, de apoyo humano y justo a la clase obrera, para que respetado y consolidado su prestigio en las masas obreras, pudiera ser un organismo que encauzara el movimiento sindical argentino en una dirección: lo organizase e hiciese de esta masa anárquica una masa organizada, que procediese racionalmente, de acuerdo con las directivas del Estado. Ésa fue la finalidad, que como piedra fundamental, sirvió para levantar sobre ella la Secretaría de Trabajo y Previsión».

Enfrentó «como aficionado» —así lo confesó— a los viejos y experimentados dirigentes izquierdistas. Destruyó, en realidad, al Departamento Nacional del Trabajo, desprestigiado no solamente por el carácter patronal que le imprimieron los gobiernos fraudulentos, sino también por la torpe actuación del coronel (R) Carlos M. Giani, representante del gobierno militar. La Secretaría de Trabajo y Previsión nació sin antecedentes. Los comunistas, incapaces de reconocer la derrota fulminante que sufrieron, dan la siguiente versión del origen de esa Secretaría:

«Ante el continuo ascenso de la combatividad de las masas, el gobierno dictatorial-fascista se fue dando cuenta que las medidas represivas no eran suficientes para impedir las luchas de los obreros y de las masas populares por sus reivindicaciones economicosociales y por el régimen democrático; por eso, en diciembre de 1943, a instancias del coronel. Perón, creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, utilizando así, como método de gobierno, la represión y la demagogia social».[27]

Sin duda, la frase que hemos subrayado del discurso de Perón: —«de acuerdo con las directivas del Estado»— denuncia el proyecto de crear un sindicalismo estatal, proyecto que para los comunistas se llevó a la práctica porque desprecian la dinámica propia del movimiento de masas. Pero en éste caso el movimiento de masas, lejos de aparecer como pasivo receptor de «las directivas del Estado», accionó sobre el Estado y sobre el mismo Perón, se impuso en octubre de 1945, sostuvo a Perón en la presidencia y, si bien no evitó su caída del gobierno, se mantuvo irreductible a «las directivas del Estado» gorila y a los manejos de las desprestigiadas izquierdas. Por lo demás, obsérvese la contradicción explícita entre el plan teórico formulado en la Bolsa de Comercio para someter a los sindicatos «a las directivas del Estado» y la medida práctica que anuló un «régimen de tipo totalitario». A las izquierdas les importaba demostrar que Perón hablaba como un «nazi», pero los obreros se guiaron por los hechos.

También práctica fue la consigna que presidió la primera etapa de la Secretaría de Trabajo y Previsión: cumplir las leyes obreras, leyes que, en lo sustancial, eran obra de los legisladores socialistas, pero que no se aplicaban o se aplicaban a medias. A los discípulos de Juan B. Justo les resultaba intolerable que un coronel recién llegado a la problemática social impusiera y vigilara la estricta observancia de la jornada de ocho horas, de la ley de accidentes de trabajo, del pago de horas extras, de las reglamentaciones sanitarias en talleres y fábricas. Hasta las lejanas Salta y Jujuy, en cuyos ingenios y minas cualquier tentativa de organización sindical era castigada con la expulsión y, a veces, la muerte, hasta los quebrachales del Chaco y los yerbales misioneros donde se compraba y vendía la vida del mensú, llegaron los inspectores y se instalaron las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

La serie de decretos-leyes que enumeramos a continuación extendieron y consolidaron el liderato de Perón en la clase obrera:

N.º 23 852, dé Asociaciones Profesionales. Fundado en proyectos de legisladores socialistas y elaborado sobre la base de una amplia discusión del doctor Bramuglia y sus colaboradores con los dirigentes sindicales. Cae de maduro que las izquierdas, y el resto de ja partidocracia, no perdieron la oportunidad de atacarlo por «intervencionista» y «nazi». El doctor Luis B. Cerrutti Costa ha demostrado, con argumentos irrefutables, la falsedad de esas imputaciones. Cita, al efecto, el artículo 42 de dicho decreto que establece:

«En ningún caso el Estado podrá intervenir en la dirección o administración de una sociedad profesional, tenga ésta o no personalidad gremial».

Y hace la siguiente reflexión:

«El Estado, que puede intervenir una provincia o una entidad autárquica, de acuerdo a este ley no puede intervenir un sindicato»

Molestaba particularmente a los dirigentes comunistas y socialistas que el decreto otorgara la personería gremial al sindicato mayoritario de cada gremio, cláusula que regularizaba la discusión de los convenios y la vigilancia y el cumplimiento de las leyes laborales, evitando la proliferación de los sindicatos de una misma rama y las maniobras patronales tendientes a crear sindicatos fantasmas. Al perder la dirección de los gremios, a las izquierdas no les quedaba otra alternativa que aceptar la hegemonía de los peronistas o fundar sindicatos paralelos que hicieran valer su minoridad, en nombre de la «independencia sindical». Esta última posibilidad las aislaba de las masas, mientras la primera las obligaba a hacer participar a sus cuadros obreros en las actividades gremiales de un movimiento que combatían y querían eliminar en el orden político. Los socialistas se inclinaron Por la «independencia», después que centenares de sus cuadros se convirtieron al peronismo; los comunistas optaron por la «participación», lo que no impidió que se disgregara su base sindical.

N.º 28 164, el Estatuto del Peón de Campo. Desde el Bando del gobernador intendente de la provincia de Buenos Aires, don Manuel Luis de Oliden, del 30 de agosto de 1815, que condenaba a «todo individuo de la campaña» a servir a un patrón,[28] no se había legislado sobre ese sector de los trabajadores. El Estado peronista era la antítesis del Bando de Oliden y superior a los proyectos socialistas. Traía algo más que sueldo mínimo, alimentación adecuada, habitación sana y decente, descanso dominical, seguridad e higiene, atención médica, vacaciones e indemnización por despido, pues destruía el paternalismo del estanciero —la antigua jerarquía de clases en la campaña— y el peón recibía, además de un instrumento legal de defensa de sus derechos, la garantía de la Secretaría de Trabajo y Previsión de que serían respetados.

N.º 31 665, de Jubilaciones. Veintidós años antes, el 4 de agosto de 1922, el presidente Yrigoyen envió al Congreso un proyecto de ley que extendía las jubilaciones —entonces limitadas a los trabajadores ferroviarios, tranviarios, telefónicos, telegrafistas, del gas, de la electricidad y de la radiotelegrafía— a los empleados de comercio y el personal de la industria. El proyecto tuvo un curso tortuoso. Comunistas y socialistas lo objetaron; aquéllos porque «frenaba la combatividad de la clase obrera y mataba su espíritu revolucionario», éstos porque «sus bases estaban mal estudiadas». De todos modos, el Congreso lo convirtió en ley el 22 de noviembre de 1923, pero el gobierno de Alvear se valió de triquiñuelas legales para suspender sus efectos y en 1925 la derogó, alegando que el país no podía afrontar el déficit de 3000 millones de pesos que ocasionaría la ampliación de las jubilaciones.

Con el decreto peronista de 1944, el régimen jubilatorio se extendió prácticamente a todos los trabajadores argentinos.

N.º 33 302, el Instituto de Remuneraciones. Este instituto no llegó a funcionar. En cambio, se llevaron a la práctica otras cláusulas del decreto ley: el aguinaldo, las vacaciones pagas, el pago hasta seis meses durante enfermedad, indemnización por despido y fallecimiento, y un aumento general de salarios.

N.º 32 347, Tribunales de Trabajo. Al fijar las reglas de procedimiento y agilitar los trámites, el fuero laboral asegura el cumplimiento de las leyes obreras.

Desde el nacimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el ascenso de Perón a la presidencia de la República, es decir en poco más de dos años, se agregaron a los cinco decretos leyes mencionados otras medidas importantes, como descanso semanal y aguinaldo para el servicio doméstico, vacaciones e indemnización para los trabajadores a domicilio, prevención de los accidentes de trabajo y habilitación de numerosos balnearios y colonias de vacaciones destinadas a las familias obreras.

Con respecto a la actividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión, nos remitimos al siguiente balance de fuente insospechable, teniendo en cuenta su parcialidad antiperonista:

«En la Capital Federal, en el año 1944, se firmaron 26 convenios con intervención de las asociaciones patronales y 142 con intervención de las asociaciones obreras, que contienen en total 280 disposiciones especiales sobre salarios y 28 de carácter general; 105 disposiciones normativas relativas a vacaciones pagas; 86 referentes a despido y suspensiones y 69 a duración de trabajo, horarios y descansos, siguiendo en orden decreciente, 39 para condiciones generales del trabajo y accidentes. En 1945, se firmaron también en la Capital Federal 23 convenios colectivos con intervención de asociaciones patronales y 184 con intervención de asociaciones obreras, que contienen 187 disposiciones normales referentes a mejoras especiales de salarios y 23 mejoras de carácter general sobre salarios; 104 relativas a vacaciones pagas; 91 relacionadas con despido y suspensiones; 63 relacionadas con la duración del trabajo, horarios y descansos y 65 disposiciones referentes a condiciones generales del trabajo.

»En el resto del país los convenios colectivos firmados en 1944 fueron 101 con intervención de entidades patronales y 279 con intervenciones de entidades obreras, conteniendo 352 disposiciones normativas referentes a aumentos especiales de salarios y 153 normas relacionadas con aumentos generales; 136 referentes a despido y suspensiones; relacionadas con el goce de vacaciones pagas; 285 sobre duración del trabajo, horarios y descansos y 179 relacionadas con condiciones generales del trabajo. En 1945 se celebraron 36 convenios con participación patronal y 121 con intervención de las asociaciones obreras, que contenían 142 disposiciones normativas, relacionadas con aumentos especiales de salarios y 44 mejoras de salarios de carácter general; 63 sobre vacaciones; 27 referentes a despido y suspensiones; 113 a duración de trabajo, horarios y descansos y 116 sobre condiciones generales del trabajo.

»En diez meses la Secretaría de Trabajo y Previsión incorporó mediante decretos a 2 millones de personas en los beneficios del régimen jubilatorio y creó desde los Tribunales del Trabajo hasta el Estatuto del Peón».[29]

El recuento parece haber dejado en el espíritu cartesiano del doctor Fayt la sospecha de que

«era incuestionable que las mejoras sociales eran producto de la participación obrera, que esas mejoras beneficiaban a la clase obrera y que la oposición de las fuerzas patronales a esas mejoras y beneficios sirvió para definir a favor de Perón la adhesión de la mayoría de los dirigentes. Éstos, a partir de entonces, obraron convencidos de que al defender a Perón y a la Secretaría de Trabajo defendían verdaderamente los intereses de la clase trabajadora».[30]

Pero el autor de La naturaleza del peronismo no puede con su genio socialista y descubre «el carácter corporativista» de esa política social,

«en correspondencia formal con los esquemas del fascismo que reclama la armonía entre las clases e impone el estrangulamiento de la agitación social, [etapa] que culminó con el llamado a la cooperación inmediata formulado por Perón a los grupos patronales en ocasión de su discurso en la Bolsa de Comercio el 25 de agosto de 1944».

Y continúa:

«Los partidos políticos democráticos no se equivocaron respecto del carácter fascista que tuvo durante su primera etapa el gobierno revolucionario, ni sobre los propósitos manifiestos de la política social de Perón. Pero no comprendieron ni adaptaron su táctica al cambio de frente del gobierno revolucionario a partir de 1945. Ese error fue trágico cuando en conjunción de fuerzas aparecieron ante los ojos de la mayoría de los trabajadores aliados con las fuerzas de la tradicional oligarquía argentina y los intereses de las fuerzas patronales».[31]

Olvida Fayt que la Secretaría de Trabajo abrió sus puertas en diciembre de 1943, nueve meses antes del discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, o sea cuando la presión obrera ya funcionaba a todo vapor y se iba concretando en la serie de decretos leyes y convenios colectivos. Por desgracia, los izquierdistas no se guían por la tesis de Marx:

«Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir la realidad y la fuerza, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o la irrealidad dé un pensamiento aislado de la práctica es un problema puramente escolástico».

Y para juzgar al peronismo recurren a abstractas identificaciones con el nazifascismo; cuando en verdad la trayectoria de Perón de 1943 a 1946 es un ejemplo vivo de la evolución de un pensamiento modelado por la práctica.

Perón y los comunistas

Nunca el Partido Comunista se vio tan favorecido por las circunstancias internacionales y nacionales como en el período 1943-1945, en el que, a pesar de esas circunstancias, perdió prestigio político y autoridad moral ante las masas trabajadoras y sus dirigentes fueron desalojados de los sindicatos.

El reflujo de los ejércitos hitlerianos se inició en julio de 1943 —después de su espectacular derrota de febrero en la batalla de Stalingrado—, cuando las fuerzas soviéticas pasaron a la ofensiva y destruyeron la saliente de Kursk. En noviembre, Stalin, Roosevelt y Churchill se pusieron de acuerdo, en la conferencia de Teherán, sobre los planes para ganar la guerra y asegurar la paz.

1944 fue el año de las grandes victorias soviéticas y del comienzo de la iniciativa de las armas norteamericanas en el Pacífico. En enero, se rompía el cerco de Leningrado; en febrero y marzo, el mariscal Konev se lanzaba sobre el Dnieper y se abría camino hacia Rumania; en abril era libertada Odesa; en junio, Finlandia abandonó la lucha; en setiembre, los soviéticos cruzaron el Vístula y los alemanes se alejaban de Estonia y Letonia; en octubre, los soviéticos entraban en Hungría y Checoslovaquia. Entre tanto, los norteamericanos ganaban una batalla tras otra en el Pacífico y destruían el poder de la flota japonesa. En junio Roma se rindió a los aliados y el 26 de agosto se liberaba París.

El 2 de mayo de 1945 cayó Berlín; el 6 de agosto siguiente los norteamericanos arrojaron la bomba atómica sobre Hiroshima y tres días después sobre Nagasaki. La guerra había terminado con la capitulación del Eje nazifascista.

La marcha de la guerra tuvo intensa repercusión en la política argentina. Los partidócratas trasladaron al ámbito nacional el cuadro de relación de fuerzas del conflicto mundial. Trazaron primero el esquema: «demócratas» de un lado, «nazifascistas» del otro. Después ubicaron a los personajes en el tablado. Habían caído las murallas que antes separaban a los «demócratas». El «demócrata» Santamarina y el «demócrata» Codovilla emulaban la recién florecida amistad de Stalin con Churchill y Roosevelt. En nombre de la «democracia», los socialistas perdonaban a los comunistas y éstos a aquéllos viejos agravios. Radicales y demócratas progresistas juraban juntos por las barbas de Alem y Lisandro de la Torre. Todos tenían un enemigo común: el «nazifascista» Perón, el Hitler de la Argentina, al que se proponían voltear como los aliados voltearon al Hitler de Alemania.

Perón, como es sabido, había iniciado en 1943 sus contactos sindicales, tendiendo puentes a socialistas y comunistas, y aunque consiguió atraerse afiliados, las direcciones partidarias se mantuvieron irreductibles a cualquier acuerdo y se entregaron de lleno a la labor conspirativa. El gobierno militar respondió con la represión.

1945 encontró al Partido Comunista en la ilegalidad —situación que se prolongaba desde 1930—, con su prensa prohibida, centenares de presos en Neuquén, Martín García, Villa Devoto y otros lugares, y sus principales dirigentes en el exilio, Codovilla en Chile y Rodolfo Ghioldi en el Uruguay. Pero el 4 de enero de ese año, los diarios del país y del exterior reprodujeron sensacionales declaraciones del ministro del Interior, contralmirante Teisaire. Dijo éste a unos periodistas chilenos que el Partido Comunista sería legal en cuanto se sancionara el Estatuto de los Partidos Políticos, y que dejaría de perseguirse a la militancia comunista. La dirección del Partido Comunista calificó las palabras ministeriales de «falsas y demagógicas».

A continuación se sucedieron los siguientes hechos:

10 de abril. Notta visitó, en representación del Partido Comunista, al ministro Teisaire con el fin de solicitarle garantías para la reaparición del diario La Hora. El ministro las concedió y expresó:

«Ya que usted es comunista puede ayudarnos en nuestras gestiones para entrar en relaciones con la Unión Soviética».

Días después se publicó, basado en esas garantías, el periódico El Patriota, violentamente antigubernamental.

27 de abril. Se descubrió una conspiración cívico-militar. Fueron detenidos y procesados el general Espíndola, varios coroneles y algunos afiliados al Partido Comunista. El golpe había sido preparado por conservadores, comunistas y militares, bajo los auspicios de la embajada de los Estados Unidos.

El mismo día, a Pedro Chiaranti, dirigente de los obreros de la construcción (uno de los pocos gremios que todavía no se había peronizado) y del Partido Comunista, lo conducían de la isla Martín García a la presencia de Perón. Éste, después de ponerlo en libertad, le preguntó cuáles eran las exigencias de la Federación Obrera Nacional de la Construcción. Chiaranti respondió:

«Libertad de los presos, apertura de los locales clausurados de los sindicatos, pliego de condiciones a la patronal que contemple aumentos de salarios en todas las categorías».

Perón se comprometió a satisfacer los tres puntos y encomendó al coronel Mercante la tarea de colaborar con Chiaranti en la aplicación del acuerdo.

11 de mayo. Fue detenido de nuevo Pedro Chiaranti en una reunión del grupo Patria Libre. ¿Qué había sucedido? Después de la entrevista del 27 de abril con Perón, la dirección comunista desautorizó a Chiaranti y le obligó a romper sus relaciones con el coronel Mercante. El Patriota proseguía su campaña contra la «dictadura militar-clerical-fascista» e invitaba a los partidos a constituir la Unión Democrática.

15 de mayo. La policía allanó las oficinas de El Patriota y detuvo a varios redactores, sin clausurar al periódico que siguió apareciendo legalmente. Turbios motivos provocaron el procedimiento policial, destinado a impedir la publicación del discurso que Luís Carlos Prestes pronunciara, días después de salir de la cárcel, en el estadio Vasco de Gama de Río de Janeiro. El dirigente comunista brasileño destacaba el nacionalismo y el antimperialismo de Perón y contradecía las tesis antiperonistas de sus camaradas de la Argentina. Un miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, A. Gantoni, visitó la redacción de El Patriota y exigió, en forma airada, que no se imprimiera el discurso de Prestes, porque

«no está de acuerdo con nuestra línea y se opone al camarada Codovilla»

No hubo necesidad de parar las máquinas: la policía secuestró el material y apresó al dueño de la imprenta. El Patriota no pudo dar a conocer en los números siguientes la cuestionada opinión.

Del episodio se infiere el vacilante antiperonismo de algunos redactores de El Patriota y la infiltración antiperonista en la policía.

30 de junio. Vera Pichel y el autor de este libro obtuvieron de Teisaire, al que visitaron en la Casa Rosada, la promesa de libertad de los presos comunistas.

30 de julio. El gobierno militar pidió una entrevista al Partido Comunista. Ese día José Katz y el autor de este libro visitaron a Teisaire, autorizados por el Comité Ejecutivo, pero «sin comprometer ninguna opinión». Teisaire expresó:

«Los he llamado para decirles que el gobierno está amenazado por un golpe dirigido desde el exterior, en el que participan los partidos políticos de aquí. Queremos llegar a un acuerdo con el Partido Comunista para aplastar ese golpe».

Ante la extrañeza de sus interlocutores por el pedido, pues las cárceles estaban llenas de presos comunistas, Teisaire aclaró:

«No quedará un solo preso. Estamos dispuestos a discutir con los comunistas las soluciones nacionales».

17 de julio. El Comité Ejecutivo del Partido Comunista rechazó la propuesta del gobierno. Declaró el secretario general, Gerónimo Arnedo Alvarez:

«No queremos migajas, ni ser víctimas de chantajes. Derrocaremos a la dictadura clerical-militar-fascista».

18 de julio. José Katz comunicó al coronel Perón el fracaso de las negociaciones. El secretario de Trabajo y Previsión comentó:

«Nunca creí que los comunistas volaran tan bajo».

19 de julio. No quedaban comunistas presos.

20 de julio. El autor de este libro entregó al ministro Teisaire una nota en la que el Comité Ejecutivo del Partido Comunista solicitaba la legalidad, al mismo tiempo que la autorización para abrir locales. El ministro respondió que la legalidad ya había sido resuelta y que el gobierno la daría a conocer mediante un comunicado de prensa. Agregó:

«La única dificultad es un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la época del presidente Justo, pero lo pasaremos por alto».

21 de julio. Juan José Real recibió del ministro Teisaire plenas garantías de que Codovilla y Ghioldi podían regresar libremente al país.

31 de julio. Las radios transmitieron el comunicado, reproducido al día siguiente por la prensa, que legalizaba al Partido Comunista.

1.º de agosto. El apoderado del Partido Comunista, Ernesto Giúdice, se entrevistó con Teisaire para convenir los trámites de la legalización.

5 de agosto. El radical J. Hortensio Quijano reemplazó al contraalmirante Teisaire como ministro del Interior.

6 de agosto. Se levantó el estado de sitio, vigente desde 1941.

25 de agosto. Regresaron los exiliados en Montevideo.

¿A qué graves motivos se debía la premura del gobierno militar en congraciarse con los comunistas? Algunos hechos, complementarios de los que acabamos de enumerar, nos acercarán a la respuesta.

Perón y Braden

El 27 de marzo, a menos de tres meses del anuncio de Teisaire a los periodistas chilenos de que se legalizaría el Partido Comunista, el gobierno argentino declaró la guerra al Eje e inició la represión de las actividades nazis. Con esta actitud se habilitó para firmar, el 4 de abril, el Acta de Chapultepec, aprobada en la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y la Paz, realizada en México entre el 21 de febrero y el 18 de marzo del mismo año, y a la cual nuestro país no fue invitado. Los «nacionalistas» aristocráticos consideraron que el gobierno había claudicado y muchos de ellos renunciaron a sus puestos públicos. Uno de ellos, alto funcionario en Tucumán, hizo poner las banderas argentinas a media asta en demostración de duelo por el agravio a la independencia nacional. Otro, interventor en la universidad de esa provincia, clausuró las facultades por una semana.

Coincidió la declaración de guerra al Eje y la firma del Acta de Chapultepec con la presencia en Buenos Aires de la misión Warren, integrada por políticos, economistas y militares y enviada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. El acuerdo entre la misión Warren y el gobierno argentino fue prácticamente completo. Resulta significativo, por su conducta de antes y después, que el Partido Comunista —a la vez que tildara la declaración de guerra y la firma del Acta de meras maniobras del gobierno «nazi» para ocultar sus verdaderas intenciones— atacara aquel acuerdo y Rodolfo Ghioldi publicara tremendo# artículos contra la «warrenada».

Pero el 12 de abril moría Roosevelt y quedaba en la nada lo tratado con la misión Warren, cuyos miembros presentaron la renuncia. Perón interpretó el cambio como el resultado de la lucha entre dos grupos financieros: Morgenthau y Morgan.[32] Con la llegada en mayo del nuevo embajador de los Estados Unidos, Spruille Braden, las fuerzas que conspiraban para derribar al gobierno militar iniciaron una ofensiva a fondo.

¿Quién era Braden, el hombre que mereció ardientes elogios de los dirigentes comunistas de la Argentina y que Rodolfo Ghioldi puso por las nubes? Una vez más recurriremos al valiente y documentado libro de Rogelio García Lupo. A él le debemos el siguiente curriculum vitae del personaje:

«Desde su nacimiento, Braden ha sido empleado de los Rockefeller, a cuyos intereses también sirvió su padre, ingeniero de minas que actuó como prestanombre de las dos mayores empresas de Rockefeller en Latinoamérica, la Anaconda Copper Mining Co., en Chile, y la Standard Oil, en Bolivia. Spruille Braden siguió los pasos de su padre, pero escaló posiciones de mayor relieve social: fue encargado de representar los intereses de Rockefeller en Latinoamérica en el nivel político, desde cargos diplomáticos, y por ello abandonó la gestión directa de los negocios comerciales.

»La vida de Spruille Braden es en realidad difícil de creer. Su paso por la diplomacia ha cosechado un número inigualable de agravios contra los Estados Unidos en los países adonde precisamente han ocurrido después las mayores explosiones de sentimientos antinorteamericanos. Las minas de cobre, donde los trabajadores de Chile sufren peores condiciones de vida, simbólicamente, llevan el nombre de Braden. La guerra boliviano-paraguaya se desató a causa de una disputa por territorios petrolíferos que habían sido adquiridos por Braden y al pie del tratado de paz de Montevideo, que puso a resguardo los intereses de la Standard Oil en el Chaco, también está el nombre de Braden. Braden encabezó la campaña contra el gobierno de México, a causa de la nacionalización del petróleo y es el mismo quien interfiere en la política de Colombia hasta ahora cuando su hijo, Spruille Braden Jr., representa los negocios de Rockefeller a través del grupo financiero IBEC. Braden irritó a los cubanos siendo embajador en La Habana con una descarada intervención para obtener la baja del precio del azúcar. En sólo cinco meses que permaneció en Buenos Aires, Braden logró convertirse en el emblema de la lucha nacional contra los Estados Unidos y cuando fue retirado de la diplomacia activa continuó provocando a los latinoamericanos. Dirigió personalmente la campaña continental contra los gobiernos de Arévalo y Arbenz en Guatemala, desprestigió cuanto pudo al régimen nacionalista de Bolivia y denigró internacionalmente a Velasco Ibarra y a Vargas.

»La actuación de Braden contra los latinoamericanos ha estado orientada de dos modos radicalmente opuestos en la superficie, pero con la misma invariable intención. En los dos casos la política personal de Braden ha coincidido con la sostenida por la casa Rockefeller. Braden es, sin duda, un empleado fiel. Estos audaces saltos en la táctica han desconcertado a más de uno. Pero lo cierto es que aunque Braden combatió a Perón y a Villarroel acusándolos de fascistas y años más tarde a Castro y Arbenz en nombre del fascismo, los intereses de Rockefeller siguen siendo los mismos. Braden, simplemente, ha corrido su ubicación aprovechando la inexpugnable solidez de su cara y para seguir los desplazamientos de su jefe, Nelson Rockefeller. Inmediatamente después que éste abrió con sus propios cuernos las puertas a la campaña contra la Alianza para el Progreso, Braden las atravesó y golosamente se lanzó sobre ella.

»Spruille Braden fue enemigo de Roosevelt hasta 1932, cuando la casa Rockefeller jugó astutamente a una parte de sus hombres en favor de los demócratas; entonces, como diplomático del equipo de Roosevelt, buscó el apoyo de los sectores liberales e izquierdistas, dentro y fuera de los Estados Unidos. Pero a partir de 1946 y particularmente desde la iniciación de la guerra fría, Braden volvió a virar otra vez hacia posiciones de extrema derecha, hasta ubicarse en los últimos tiempos al frente de la John Birch Society, la secta ultrarreaccionaria financiada por un grupo de millonarios norteamericanos. Esta sociedad ha acusado al general Eisenhower de comunista, y se la considera el altoparlante civil de los planes políticos del Pentágono y de los monopolios de los Estados Unidos. Es cuando menos sugestivo que el mismo Braden, investigado por comisiones parlamentarias de su país a causa de las actividades comunistas de sus hombres de confianza hace unos años[33] (y que intervino personalmente en el acercamiento de los comunistas argentinos a la Unión Democrática, en 1946, y en la oposición de los comunistas bolivianos a Villarroel y Paz Estenssoro), partícipe en la primera fila de un clan cerrado que ha sospechado de comunistas aun a los hombres más conservadores de la Unión».[34]

Prosigue García Lupo el relato de las andanzas de Braden por el mundo y menciona la amistad sugestiva del ex embajador con Alberto Gainza Paz, Raúl Lamuraglia, Francisco Manrique, Eduardo Augusto García y Manuel Ordóñez. Pero las líneas que hemos reproducido bastan y sobran para ubicarlo.

Puede afirmarse que la disyuntiva Braden o Perón se planteó de hecho el mismo día que el primero se instaló en la embajada de los Estados Unidos de la capital argentina. Ese día las relaciones entre Buenos Aires y Washington parecían estar en camino de rápida normalización. El gobierno militar ya había declarado la guerra al Eje y firmado el Acta de Chapeltepee. Además, casi todos los «nacionalistas» pronazis estaban marginados, por renuncia o destitución, de los puestos públicos que antes ocupaban, y en la Universidad se aplicaba una nueva política que, poco tiempo después, el coronel Perón documentaría ante los estudiantes con las siguientes palabras:

«La cátedra, no siempre era ocupada por los más capaces de vuestros maestros, y muchas de las conquistas que habían logrado en las cruentas luchas de la Reforma Universitaria, se desvirtuaban frente a los habilidosos manejos de ciertos grupos, que primero bregaban por su hegemonía dentro de los claustros, para después oponerse a sus antagonistas vencidos, en una permanente pugna de desplazamiento. Intervinimos por ello la universidad, y los resentidos del proceso anterior, como los lastimados por vuestras propias conquistas, confundiendo la medida de gobierno, creyeron que marcaba la hora de sus revanchas y enfáticamente se lanzaron al ataque de las posiciones tratando mañosamente de conformar una universidad intransigentemente medieval, comenzando por cambiar las figuras rectoras de la Patria, que ya habían recibido el espaldarazo simbólico de la historia.

»A su vez, tuvimos que desplazarlos a ellos, y después de distintas medidas de gobierno que no siempre pueden ser explicadas en su verdadera naturaleza e intención, devolvimos la autonomía a la universidad, mediante elecciones absolutamente libres, presididas por jueces intachables […].

»Reconocimos también, con jerarquía de autenticidad, algunos de vuestros superiores organismos gremiales estudiantiles, a pesar de haberse éstos conformado al margen de comicios que garantizaran una verdadera y auténtica representación».[35]

La alusión al desplazamiento de los «nacionalistas» reaccionarios de la universidad era bien clara. Para completar el viraje político, el presidente Farrell anunció el 6 de julio que a fin de año se convocaría a elecciones generales y comprometió su palabra y la de las Fuerzas Armadas de que serían «libres y garantidas».

Quiere decir que Braden encontró al país en pleno proceso de «restauración democrática» tanto en el orden interno como en su posición internacional. ¿Por qué entonces comenzó a conspirar contra el gobierno desde el primer día? La respuesta la dieron los empresarios de la industria y el comercio de todo el país, en un manifiesto del 16 de junio, ampliamente publicitado: exigían al gobierno la rectificación de su política social y se oponían, sin rodeos, a las conquistas obtenidas por los obreros. El manifiesto tuvo la virtud de unir a todo el movimiento obrero argentino, incluidos sindicatos no peronistas, en torno de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Frente a ella se congregaron, el 12 de julio, 300 000 obreros que escucharon la palabra de Perón y levantaron como consignas: Por la participación activa y directa de los trabajadores en la solución de los problemas sociales, económicos y políticos del país; contra la reacción capitalista; contra la especulación y el alza de precios.

En las solicitadas de los sindicatos aparecidas en los diarios se denunciaba que el manifiesto había sido redactado por el agregado cultural de la embajada de los Estados Unidos, mister Griffit, y por el coronel Durand, sobrino y secretario de Braden y amigo de Codovilla de los tiempos de la guerra de España. Había motivos para creerlo, pues el punto de arranque de la movilización patronal contra el gobierno militar fue un banquete que le ofreció el Museo Social Argentino a Braden, quien se presentó como un auténtico virrey a recibir los homenajes de oligarcas, patrones, dirigentes políticos y algunos militares, entre ellos el general Arturo Rawson, jefe del golpe en gestación. El embajador de Gran Bretaña, David Victor Kelly, describe en su libro Los pocos que gobiernan la escena central: los comensales de pie gritaron al unísono ¡Viva Braden!

Codovilla disparaba a los comunistas desde Chile una orden tras otra: ningún trato con el «nazi antediluviano» Perón, apoyar a Braden, rodear a Braden, escuchar a Braden. Braden viajaba a Rosario y los comunistas le obsequiaban ramos de flores y un busto con su vera efigie de emperador romano. No le alcanzaba el tiempo al coronel Durand para atender a las delegaciones comunistas y socialistas que se sucedían en su despacho de la embajada; algunas le pedían consejos, pero otras, más decididas, ayuda financiera. Las integraban estudiantes, profesionales, damas de alto copete, burócratas de los partidos, empleados, es decir miembros de la clase media para arriba. Los obreros iban, en cambio, a la Secretaría de Trabajo y Previsión.

¿Podía lealmente admitirse que la disyuntiva «Braden o Perón» equivalía a «democracia o fascismo»? Saltaba a la vista que la división artificial en «democracia o fascismo» era la cortina de humo tras la cual se pretendía ocultar el agrupamiento —bajo la batuta del embajador Braden— de los representantes de la estancada Argentina agroimportadora y desatar la ofensiva contra el movimiento nacional y popular de masas. Los obreros no se dejaron engañar por los pastores políticos y comprendieron de inmediato el auténtico contenido de la disyuntiva. La práctica se los señalaba: «coloniaje o soberanía nacional», «poder oligárquico-imperial o poder popular», «libre empresa monopólica o planificación», «individualismo económico o justicia social».

A mediados del año 1945 los dos campos sociopolíticos antagónicos se encaminaban hacia un enfrentamiento del que parecía imposible excluir la violencia. La estrategia de unos y otros se centraba en un solo objetivo: atraer a sus respectivas filas a los militares y a los obreros, es decir a los integrantes de los dos factores de poder que emergían como los únicos efectivos, en medio de la hojarasca de la literatura partidista con sus falsas invocaciones a la «libertad» y a la «democracia».

Como el liderato de Perón se consolidaba y ampliaba día a día en el movimiento sindical, la reacción antiperonista —impotente por sí misma para destruir ese vínculo— recurrió a la mediación del Partido Comunista, con el fin de desviar a los obreros de la ruta por ellos elegida a partir de la creación de la Secretaría de Trabajo. Por su parte, el Partido Comunista atribuía la legalidad obtenida del gobierno al triunfo de una gran movilización de masas a su favor, movilización tan real como los desaforados gigantes que don Quijote confundía con molinos de viento. En realidad, el sacrificio de las reivindicaciones obreras, con el pretexto de unir fuerzas para derrocar a la «dictadura naziperonista», aislaba al partido de Codovilla de los obreros en la misma medida que lo consustanciaba con los círculos liberales proimperialistas, tradicionales enemigos de la clase obrera y del comunismo. Dejamos al lector que extraiga las conclusiones correspondientes de la conducta de una agrupación política, sedicente «vanguardia del proletariado», que se asocia a la extrema reacción, a los partidos y hombres que la sumieron en la ilegalidad y proyectaron contra ella una legislación represiva, y a la vez pregona la lucha armada, junto con esos aliados, contra el gobierno que la legaliza y le tiende la mano. Carece de importancia averiguar si mister Braden y los conservadores estaban verdaderamente convencidos de que el Partido Comunista podía sustraer al movimiento obrero del liderato de Perón e incorporarlo a la Unión Democrática. La necesidad les obligaba a aceptar con los ojos cerrados que los comunistas y socialistas no mentían ni exageraban al estimarse los legítimos representantes de la auténtica clase obrera, en contraste con el peronismo que sólo agrupaba al lumpenproletariat, al déclassé o, en la versión criolla, a la chusma que destilaban «las provincias más atrasadas del país». Este desprecio del nuevo proletariado —proletariado de un nivel social y cultural bastante superior al de los irlandeses que al proletarizarse con la revolución industrial inglesa estaban «en el grado más bajo posible de un país civilizado»—[36] convirtió a las izquierdas en pequeños bosques petrificados en medio de la exuberante naturaleza de la clase obrera revolucionaria.

¿Obedecieron también la legalidad acordada y el ofrecimiento de colaboración al Partido Comunista a un cálculo erróneo del gobierno Farrell-Perón acerca del poder de esa agrupación política? En lo inmediato, el fracaso de la huelga general y de otras acciones organizadas por el Partido Comunista y su evidente pérdida de influencia en el movimiento obrero no podían engañar a quienes abarcaban el conjunto del panorama social desde la Secretaría de Trabajo. No sucedía lo mismo en cuanto a la perspectiva que el gobierno veía con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Del discurso pronunciado por Perón en el Colegio Militar el 7 de agosto de 1945, quizás la mejor de sus piezas políticas, se desprende que esperaba cambios revolucionarios con la posguerra, cuya enunciación explica su mano tendida al Partido Comunista. Su error consistió en creer que el Partido Comunista lucharía por esos cambios revolucionarios. Les dijo a los militares:

«En 1914, para mí, comienza un nuevo ciclo histórico, que llamaremos de la Revolución Rusa. Comienza en 1914; triunfa en Rusia en 1917 y hace su epopeya en Europa en 1945, porque la guerra, señores, la han ganado los rusos. No la han ganado ni los ingleses ni los norteamericanos. La prueba de ello es que mientras Inglaterra y Estados Unidos ocupan militarmente algunas pequeñas regiones, Rusia ocupa políticamente todo el territorio europeo.

»Si esa Revolución Francesa, vencida y aherrojada en Europa, ha arrojado sobre el mundo un siglo de influencia, ¿cómo esta Revolución Rusa, triunfando y con su epopeya militar realizada, no va a arrojar sobre el mundo por lo menos otro siglo de influencia? La Revolución Francesa dio el producto de treinta años de lucha de Napoleón y allí se desangró.

»Los demás países sufrieron su influencia por evolución. Con la Revolución Rusa pasa lo mismo. Negar la influencia de la Revolución Rusa sería hacer como el avestruz: meter la cabeza debajo de la tierra y dejar el cuerpo afuera. Ellos realizaron la epopeya y la reacción violenta de la revolución allí; pero la influencia evolutiva la vamos a sufrir también nosotros. El hecho histórico es innegable. Y en los países que resistan a esa evolución se acumularán gradualmente fuerzas que provocarán después la revolución, con la destrucción de valores y la lucha inútil que se puede evitar con la evolución.

»La Revolución Rusa es un hecho consumado en el mundo. Hay que aceptar esta evolución. Si la Revolución Francesa terminó con el gobierno de las aristocracias, la Revolución Rusa termina con el gobierno de las burguesías.

»Empieza el gobierno de las masas populares. Es un hecho que el Ejército debe aceptar y colocarse dentro de la evolución. Eso es fatal. Si nosotros no hacemos la revolución pacífica, el pueblo hará la revolución violenta. Piensen en España, en Grecia y en todos los países por los que ha pasado la revolución.

Era colosalmente absurdo no sólo que el Partido Comunista se negara a unirse o a apoyar a quienes expresaba esas ideas, sino que los militares opuestos a ellas fueran captados por la Unión Democrática, o sea por un frente reaccionario antiobrero organizado nada menos que por los comunistas. Perón les decía a los militares que con la Revolución Rusa se había iniciado una nueva etapa de la historia, la etapa del fin de la burguesía y del comienzo del «gobierno de las masas populares», mientras los comunistas confiaban el porvenir de la humanidad a la colaboración de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y en el país se aliaban a Braden contra Perón.

Bloqueado por la totalidad de la partidocracia, por la «prensa libre», por la Sociedad Rural, por la Bolsa de Comercio y por las embajadas imperialistas, contando únicamente con el apoyo del movimiento obrero, Perón apelaba a sus compañeros de armas para que no se dejaran seducir por la sirena de la Unión Democrática. Refería a su auditorio del Colegio Militar:

«Si yo entregara el país, me dijo un señor [Braden] —en otras palabras muy elegantes, naturalmente, pero que en el fondo decían lo mismo—, en una semana sería el hombre más popular en ciertos países extranjeros. Yo le contesté: a ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero —y disculpen la expresión— llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país.

»Ésa es la cruda realidad que se nos presenta. Podemos solucionar todos los problemas, no tendríamos ningún problema más, pero tendríamos que entregar el país. Pero creo que no hay ningún argentino que pueda colocarse en esa situación. Por eso luchamos y seguiremos luchando contra el diablo si fuera necesario. Pero al país lo vamos a salvar o nos vamos a hundir con él, pero no lo vamos a entregar.

»Ésta es la famosa reacción en la que verán ustedes que están los señores que han entregado siempre al país. Están los grandes capitalistas, que han hecho sus negocios vendiendo al país, están los abogados que han servido a empresas extranjeras para escarnecer y vender al país; están algunos señores detrás de ciertos embajadores haciendo causa común con ellos para combatirnos a nosotros que somos los que estamos defendiendo al país; están los diarios pagados, en los que aparecen artículos de fondo, con las mismas palabras enviadas desde una embajada extranjera y frente a una página pagada por la misma embajada. Ésos son los diarios que nos combaten. ¡Mucho honor es ser combatidos por esos bandidos y traidores! Ésos son los que han organizado la reacción. Afortunadamente no había entrado todavía en las Fuerzas Ar modas, pero ya ha entrado en las Fuerzas Armadas y tenemos ahora la contrarrevolución en marcha, a la que debemos parar, haciendo lo que sea necesario hacer. Ésta es una carta que se juega una sola vez en la vida, pero no debemos olvidar que estamos escribiendo la historia de la Nación.

»Si hemos guerreado durante 20 años para conseguir la independencia política, no debemos ser menos que nuestros antepasados y debemos pelear otros 20 años, si fuera necesario, para obtener la independencia económica. Sin ella seremos siempre un país semicolonial.

También expuso Perón en esa oportunidad, por primera vez, el Programa de la Revolución Nacional con los siguientes puntos: nacionalización de los servicios públicos, previsión social, soberanía popular, reforma agraria y organización del trabajo.

«Es natural —comentó— que contra esas reformas se hayan levantado “las fuerzas vivas” que otros llaman “los vivos de las fuerzas”, expresión tanto o más acertada que la primera. ¿En qué consisten esas fuerzas vivas? En la Bolsa de Comercio, quinientos que viven traficando con lo que otros producen; en la Unión Industrial, doce señores que no han sido jamás industriales; y en los ganaderos, señores que, como bien sabemos, desde la primera reunión de ganaderos, vienen imponiendo al país una dictadura».[37]

Nadie se atreverá a calificar de «demagógico» a un discurso pronunciado a puertas cerradas en el Colegio Militar, discurso que por su tono revolucionario y su agresividad frente al imperialismo y a las «fuerzas vivas» alarmó a no pocos de los jefes y oficiales allí presentes. No contemporizaba. Era un desafío y como tal, lejos de relajar la oposición dentro de las Fuerzas Armadas, aceleró los preparativos golpistas. Colocado en la cresta del movimiento de masas en desarrollo, Perón se sintió con el respaldo suficiente como para proponer a sus camaradas un programa de cambios revolucionarios que debía escandalizar a la mentalidad conservadora de algunos de ellos. Fue un discurso destinado a deslindar posiciones. Arrojaba a los descontentos en los brazos del virrey Braden.

Las tres etapas

La tensión de esos días se proyectaba más allá de las fronteras nacionales. América Latina estaba pendiente de los sucesos de nuestro país. Braden cumplía su palabra de «hacer popular» a Perón. Sus colaboradores —norteamericanos y también argentinos— se ocupaban activamente de abastecer de notas y artículos a las agencias informativas, a través de los cuales se difundía por el mundo la imagen de un coronel hitleriano, rodeado del hampa de los bajos fondos sociales, verdugo de obreros, estudiantes, intelectuales, políticos y aristócratas, protector de criminales de guerra, enloquecido por la ambición de apoderarse de las naciones vecinas y crear el Imperio Argentino. Reclamaban, para expulsar de la Casa Rosada a tan peligroso personaje, la intervención de los Estados Unidos, o la intervención conjunta de los gobiernos latinoamericanos o, más tarde (en una solicitada que La Nación publicó el 8 de enero de 1946, con las firmas de conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas), la intervención de la ONU.

Codovilla y Braden se distribuyeron las tareas. El primero se dedicó a organizar, por intermedio de los partidos comunistas locales, una amplia campaña de denuncias de «la tiranía clerical-militar-fascista», con la intención declarada de aislar política y económicamente a la Argentina. En varios países se fundaron Comités de Ayuda al Pueblo Argentino. La bipolaridad de su composición resulta significativa. El de Santiago de Chile estuvo presidido por Gabriel González Videla —futuro presidente de la República y conocido personero de los intereses norteamericanos—, quien tenía a su lado al comunista Paulino González Alberdi. El de Montevideo fue puesto bajo la jefatura de Rodríguez Larreta —ex canciller condecorado por el Departamento de Estado—, con el asesoramiento del comunista Rodolfo Ghioldi. Este último pronunció en el. Círculo Italo-Uruguayo de Montevideo una conferencia que nos desconcertaría si no estuviéramos curados de espanto. He aquí sus párrafos sustanciales:

«Hay, pues, una gran masa de intereses materiales que nos vinculan, como latinoamericanos, al destino democrático angloamericano. Es interés de América Latina, el que las fricciones aludidas [las fricciones entre América Latina, por una parte y Estados Unidos e Inglaterra, por la otra] no se agraven para perjuicio suyo. Browder afirmaba, con mucha visión política, que dichas fricciones pueden atenuarse en sus expresiones bélicas y agresivas, dentro del cuadro general de las relaciones anglo-soviéticas-norteamericanas, las cuales serían, por sí mismas, un factor de tranquilidad latinoamericana».

Ni una palabra tiene desperdicio, como claudicación ante el «destino democrático angloamericano», el destino manifiesto de la gran potencia. Ghioldi, poco devoto al equilibrio helénico, saltó de un extremo al otro y amonestó a los «demócratas latinoamericanos» por quedarse cortos en la entrega a ese «destino». Les dijo:

«Lo que me parece curioso es que dirigentes latinoamericanos democráticos sean más parcos en sus esperanzas y exigencias, y hasta más modestos, que muchos capitalistas norteamericanos».

Luego eligió de blanco al socialista Nicolás Repetto, no para destrozarlo por sus amores alberdianos, como lo hizo años antes, sino porque el discípulo de Justo sólo veía «la perspectiva inglesa» y pasaba por alto la norteamericana. Encontraba, en cambio, mucho más amplio a Federico Pinedo, de quien decía:

«También llama la atención el libro de don Federico Pinedo, La Argentina en la vorágine. Ex ministro de Hacienda y futuro ministro en cualquier oportunidad [sic], el doctor Pinedo es una de las cabezas más despiertas del país. Sin quererlo, seguramente, refuta de hecho al doctor Repetto, pues su argumentación parte de que por mucho tiempo Inglaterra no podrá seguir comprando, y desde que Gran Bretaña era el destino de los envíos nacionales, urge hallar una solución. Esta solución cree hallarla en los Estados Unidos. De paso, la lectura del libro da la extraña impresión de que el doctor Pinedo recién ahora ha descubierto la magnitud social y económica de los Estados Unidos. Es alentador que un viejo campeón de las relaciones angloargentinas amplíen el horizonte, abandone la visión unilateral y advierta que es interés argentino buscar otras posibilidades».[38]

Admirable síntesis de la doctrina de la Unión Democrática. Ni los negociadores del Pacto Roca-Runciman se atrevieron a ir tan lejos.

El plan maquinado por Braden con los «demócratas» se dividía en tres etapas: primero, un acto el 1.° de setiembre en el Luna Park, convocado por el Partido Comunista; segundo, la Marcha de la Constitución y de la Libertad el 19 de setiembre; y tercero el golpe militar.

En el Luna Park volvió a hacer la pata ancha Rodolfo Ghioldi. Su definición fue terminante. Comenzó rindiendo homenaje a «los aliados políticos».

«Saludamos —dijo— la reorganización del Partido Conservador, operada en oposición a la dictadura, que sin desmedro de sus tradiciones sociales se apresta al abrazo de la unión nacional, y que en las horas sombrías del terror carcelario mantuvo, en la persona de don Antonio Santamarina, una envidiable conducta de dignidad civil».[39]

Si en el orden interno prometía el respeto a «las tradiciones sociales» de los conservadores, en las relaciones internacionales ofrecía la siguiente perspectiva:

«La conservación de la amistad con Gran Bretaña sin detrimento para el desarrollo nacional; mejorarla radicalmente con los Estados Unidos, partiendo de la línea de la “buena vecindad”, retomada ahora por el secretario Byrnes y ratificada con tanto calor por mister Braden».[40]

La Marcha de la Constitución y de la Libertad fue la apoteosis de la Unión Democrática, el fruto maduro que los oligarcas engolosinados esperaban recoger del trabajo de los comunistas.[41] El patriciado de todos los colores la encabezó: ilustres apellidos de la aristocracia vacuna, empresarios que maldecían la justicia social, el procerato partidocrático en pleno (conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas, comunistas) y, para darle el buen tono internacional que correspondía, funcionarios de las embajadas de los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Habiéndose cumplido las dos primeras etapas del plan con un éxito que superaba las más optimistas esperanzas, los «democráticos» consideraron en sazón las condiciones para pasar a la tercera: el golpe militar. Algunos jefes, impresionados por la Marcha de la Constitución y de la Libertad, se sintieron con vocación de «salvadores de la Patria» y se sumaron a los conspiradores. De contar con máquinas computadoras, éstas seguramente les habrían asegurado una victoria arrolladora. Estaban todos los partidos, más los dueños de las tierras, de la banca, del comercio y de sectores de la industria, más una parte de las Fuerzas Armadas, más los estudiantes, más famosos artistas y escritores, más la gran prensa, más los omnipotentes intereses imperialistas. Sólo faltaba en el cálculo positivista el elemento espectral que embarulla a las computadoras: la voluntad humana, en este caso la decisión de las masas trabajadoras. Pero la presencia de los partidos Comunista y Socialista llenaba el vacío real con una abstracción hueca. ¿Acaso no se autodeclaraban «vanguardias del proletariado»? El concepto de vanguardia implica la existencia de un núcleo dirigente que conduce al conjunto, o la parte principal, de una determinada clase o colectividad. Una «vanguardia» sin nada detrás, o seguida por fracciones burocratizadas e insensibles a la temática popular, tiene la vitalidad de una cabeza sin cuerpo. De todos modos, mister Braden, el señor Santamarina y los militares golpistas se despreocuparon de indagar la correspondencia entre la teoría y la práctica y buscaron la alianza con comunistas y socialistas, convencidos de que eran la auténtica «vanguardia» y podían movilizar a las masas obreras, dejando a Perón aislado en el palacio del ex Concejo Deliberante.

La gran maniobra tenía en Victorio Codovilla la llave maestra que cerraba y abría todas las puertas. Desconocido por las grandes masas, se movía en la media luz de los conciliábulos secretos, promovido por un activo círculo de aduladores que lo presentaban como el máximo delegado de Moscú en América Latina, recordaban su participación en la guerra civil española e idealizaban su pasado de fundador del Partido Comunista Argentino. En cierto modo manejó, desde Santiago de Chile, los hilos de la conspiración antiperonista. Gozaba de la confianza del presidente del país vecino, Juan Antonio Ríos, y de su sucesor, Gabriel González Videla.

El detonante golpe militar se preparaba para fines de setiembre. Con la seguridad de la victoria, Codovilla cruzó la cordillera de los Andes días antes. Sus acólitos dirían que «en Mendoza se le acogió con una grandiosa y cálida demostración popular»,[42] la cual, por cierto, no alcanzó las proporciones de la que recibió Napoleón al regresar de la isla de Elba y se redujo a una reunión social del patriciado mendocino en torno del hombre de quien esperaba su liberación de la exaltada «chusma» peronista. Pero el pronunciamiento abortó en Córdoba y sus jefes, los generales Arturo Rawson y Osvaldo B. Martín, fueron detenidos y llevados al acantonamiento de Campo de Mayo. Codovilla corrió la misma suerte y se le condujo a la Penitenciaría Nacional. El 9 de octubre Antonio Santamarina lo visitó y declaró a los periodistas a la salida del penal:

«Le he dicho a Codovilla que de un momento a otro ha de producirse el estallido que aguardamos. Estamos apurados por obtener su libertad, porque él puede orientarnos».[43]

En efecto, la noche anterior un grupo de alumnos de la Escuela Superior de Guerra había solicitado al comandante de la guarnición de Campo de Mayo, general de brigada Eduardo Jorge Avalos,[44] que el coronel Perón fuera separado de todos sus cargos. A la mañana siguiente hubo una junta de militares y marinos, la que designó una delegación ante el presidente Farrell para exigirle el encarcelamiento de Perón. Farrell y los coroneles Tauber y Mittelbach se trasladaron entonces a Campo de Mayo. Allí comprobaron que, de no producirse la exclusión de Perón del gobierno, el levantamiento militar sería inevitable e inmediato.[45] Horas después el impugnado coronel presentaba su renuncia como vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.

El 17 de octubre

La vicepresidencia de la República podía quedar vacante. Por lógica castrense la cartera de Guerra correspondía al militar que representaba jerárquicamente a las Fuerzas Armadas: el general Avalos, exgouista y esperanza de la Unión Democrática. Pero el liderato instituido durante el año y medio de existencia de la Secretaría de Trabajo y Previsión no tenía sustituto. Era irrenunciable por Perón, pues las masas que se lo habían conferido no estaban dispuestas a quitárselo, y al ratificar su fidelidad a él cuando perdió los atributos del poder, probaban irrefutablemente que las relaciones de mutuo reconocimiento entre ellas y el líder no tenían el carácter circunstancial o artificial que le imputaban los antiperonistas, ni se basaban en la utilización demagógica y represiva del aparato estatal. El mentado carisma de Perón se objetivaba en la práctica de una política social que en pocos meses había transformado y elevado al movimiento obrero argentino. La certeza de que los reaccionarios de la izquierda, de la derecha y del centro atacaban en Perón a su política social y querían destruir a ésta anulando a aquél, sacó de los hogares y fábricas a las familias proletarias y las lanzó a la calle en defensa de sus conquistas que identificaban con la persona del líder.

En los años 1943-1945 los gremios obreros experimentaron los más notables cambios cuantitativos y cualitativos de su historia. El número de afiliados a la CGT pasó de 80 000 a medio millón. Decenas de sindicatos se constituyeron en todo el territorio nacional, inclusive en las zonas donde hasta entonces se desconocía la organización obrera y se perseguía a muerte a quienes intentaban introducirla. Cerrutti Costa menciona a la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera), fundada el 8 de junio de 1944, que a los tres años contaba con 56 sindicatos filiales y más de 100 000 afiliados; también enumera a alrededor de medio centenar de los sindicatos más importantes que se formaron durante dicho período.[46]

En la perspectiva histórica cobra mayor trascendencia que el crecimiento cuantitativo de los gremios, la incorporación activa de éstos a la problemática nacional y la profunda remoción de cuadros que se produjo al asumir los cargos directivos obreros de la base, que se destacaban como delegados y eran promovidos por las comisiones internas de las fábricas.

Sería insensato suponer que las condiciones objetivas determinantes de esos cambios fueron la obra de Perón. Es inconcebible un ser humano con tales dotes sobrenaturales. El mérito de Perón reside en haber descubierto la existencia latente de esas condiciones objetivas, estimulándolas y encauzándolas, mientras las izquierdas se esforzaban en desviarlas hacia el campo de la reacción y del imperialismo. Unicamente reconociendo las causas sociales del peronismo adquiriremos el derecho a criticar su falta de una teoría revolucionaria, falta que explica su ineptitud para recuperar el poder después de haberlo perdido en 1955. Pero ¿algún partido, grupo o personalidad aislada elaboró en la década peronista la teoría revolucionaria que se enseñoreara de las masas? Esta crítica nos compromete hasta hoy a todos los argentinos. Tenemos que comenzar por conquistar la autenticidad, a través de la «potencia portentosa de lo negativo». Nos ahogan las ficciones: la ficción de la partidocracia, cadáver que aguarda, al margen de la historia, la revolución que lo entierre; la ficción de «teorías revolucionarias», catecismos que se transforman en letra muerta fuera del «hoy y aquí», dogmáticas que pretenden unirnos al carro de revoluciones ya hechas y, por lo tanto, conservadoras de sí mismas; la ficción de las libertades del liberalismo que planifica la explotación de las masas trabajadoras, la exclusión de las mayorías del poder político y la enajenación totalitaria del país a un desarrollo único, el de las potencias dominantes en el mundo, y la mayor ficción, la de que nuestro pueblo es pasivo e indiferente porque no sigue a los pastores de una «democracia» extraña a su historia y a su idiosincrasia.

Al enterarse de la defenestración de Perón los obreros se convocaron a sí mismos a lo largo y lo ancho del Gran Buenos Aires y se mantuvieron alertas en todo el país. El 10 de octubre por la tarde 50 000 trabajadores aclamaron a su líder frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión y escucharon de él las siguientes palabras de despedida:

«Si la Revolución se conformara con dar comicios libres, no habría realizado sino una gestión en favor de un partido político. Esto no pudo, no puede, ni podrá ser la finalidad exclusiva de la revolución. Eso es lo que querían algunos políticos para poder volver; pero la revolución encarna en sí las reformas fundamentales que se ha propuesto realizar en lo económico, en lo político y lo social. Esa trilogía representa las conquistas de esta revolución que está en marcha y cualesquiera sean los acontecimientos, no podrá ser desvirtuada en su contenido fundamental. La obra cumplida es de una consistencia tan firme que no cederá ante nada, y la aprecian no los que la denigran, sino los obreros que la sienten. Esta obra social que sólo los trabajadores aprecian en su verdadero valor, debe ser defendida por ellos en todos los terrenos. También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico y la participación en las ganancias. Les pido a todos que llevando en el corazón nuestra bandera de reivindicaciones piensen cada día de su vida que hemos de seguir luchando inquebrantablemente por esas conquistas que representan los objetivos que han de conducir a nuestra república a la cabeza de las naciones del mundo. Recuerden y mantengan grabado el lema: “de casa al trabajo y del trabajo a casa” y con eso venceremos. Para terminar, no voy a decirles adiós. Les voy a decir “hasta siempre”, porque desde hoy en adelante estaré entre ustedes, más cerca que nunca. Y lleven, finalmente, esta recomendación de la Secretaría de Trabajo y Previsión: únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra».

Les decía a los obreros que defendieran sus conquistas «en todos los terrenos», pero a la vez les inculcaba la consigna «de casa al trabajo y del trabajo a casa», es decir la confianza en que todo se solucionaría sin necesidad de recurrir a la participación revolucionaria de las masas. Esta ambigüedad de un pensamiento huérfano de teoría revolucionaria caracteriza la trayectoria política de Perón. Nunca se decidió a admitir en la práctica que las masas avanzaran más allá de los límites del factor de presión.

Con la exclusión de Perón, el gobierno quedó tan dividido y desconcertado como la central obrera. El destino del país estaba en la calle y no en la Casa Rosada, ni en los cuarteles, ni en los locales de los sindicatos. De la calle intentó apoderarse el 12 de octubre la aristocracia vacuna, que en alegre contubernio con comunistas y socialistas aceptaba la falaz «hegemonía del proletariado» que éstos le proponían, mientras en las fábricas los patrones se negaban a pagar los salarios del Día de la Raza y se burlaban de los obreros diciéndoles:

«¡Vayan a cobrárselo a Perón!»

La calle, o si se quiere la plebeyización de la aristocracia, se circunscribía a la plaza San Martín, donde se concentraron las familias del Barrio Norte a volcar su odio reprimido contra los «negros» y los «militares», a quienes hacían responsables del advenimiento de Perón. Desfiló el procerato de todos los partidos. Según las crónicas de la época, «delicadas manos femeninas» estamparon con «rouge» en las paredes del adjunto Círculo Militar inscripciones del siguiente calibre:

«Afuera los milicos».

«Les vamos a sacar las botas».

«Muera el tirano»,

mientras los activistas de las izquierdas colgaban de la reja de entrada un gran cartel que anunciaba:

«Se alquila».

Entretanto, con la carga del desvencijado poder a cuestas, el ministro Avalos iba de la Ceca a la Meca, corriendo de la Casa Rosada, donde el presidente Farrell quemaba sus cartuchos en defensa del prestigio del Ejército, a su despacho del Ministerio de Guerra a recibir a los miembros de la Junta de Coordinación Democrática (conservadores, radicales, demócratas progresistas, socialistas y comunistas), quienes le exigieron la aplicación de la consigna proclamada en la Plaza San Martín y recogida en la primera plana del periódico Orientación, órgano del Partido Comunista:

«El gobierno a la Suprema Corte».

La tarde del mismo día esa consigna —que pedía el gobierno para el tribunal que consideraba ilegal al comunista— fue sustituida por otra:

«Rendición incondicional y un gabinete presidido por el doctor Juan Alvarez».

El doctor Alvarez, procurador general de la Nación, había publicado en su juventud notables trabajos históricos. Hijo de un inmigrante español, que en Europa militara en la Primera Internacional, se le conocía en Rosario, en décadas anteriores, como el «juez rojo». Pero en 1945 no quería recordar esos «pecados» y vivía fuera de época, entre la devoción al liberalismo finisecular y el culto del espiritismo. Durante los tres días que duró la gestión que le encomendara el presidente Farrell hizo y deshizo varias veces la nómina de los integrantes del nonato gabinete, seleccionados siempre en función de su representatitivad de la aristocracia ganadera y de los consorcios extranjeros. Nadie quería montar el potro. El gobierno —manejado de hecho por dos ministros: el general Avalos (a cargo de los ministerios de Guerra, Interior y Hacienda) y el vicealmirante Vernengo Lima (con las carteras de Marina, Relaciones Exteriores y Justicia e Instrucción Pública)— estaba completamente desorientado y cedía a la presión de los partidos y de las embajadas imperialistas que tampoco le señalaban un camino seguro.

El miedo a las masas obreras se tradujo en el confinamiento de Perón en la isla Martín García. Era necesario contenerlas. A instancias de los conservadores, el general Avalos recurrió entonces a los consejos de un olvidado preso. Visitó a Victorio Codovilla en el Departamento de Policía y, antes de ponerlo en libertad, mantuvo con él una larga plática de la que sólo trascendió esta declaración a la prensa del jefe comunista:

«Hemos cometido un error en no haber apoyado antes a este gobierno. Temo que ya sea tarde».

Con «este gobierno» se refería al que representaba Avalos y el error consistía en haber desviado a la Suprema Corte o al doctor Alvarez la ilusa posibilidad de que le sacaran las castañas del fuego a la Unión Democrática. Era «tarde» no en tal circunstancia, sino desde el comienzo, desde 1943 frente a una situación objetiva que las izquierdas no comprendieron, o más atrás todavía, cuando las izquierdas nacieron con conciencia colonial.

¿Qué sucedía entretanto en la vereda de enfrente, en la calle verdadera festoneada de fábricas, de cafés y de inquilinatos? Allí se incubó la rebelión peronista del 17 de octubre.

Socialistas y comunistas habían logrado algunos éxitos burocráticos poco tiempo antes: en setiembre se desafiliaron de la CGT, acusándola de «colaboracionista», la Fraternidad, la Unión Obrera Textil, el Sindicato de la Industria del Calzado y la Confederación de Empleados de Comercio. Estas medidas, resueltas por los dirigentes sin consultar o digitando las asambleas de los gremios, tuvieron para ellos efectos contraproducentes, porque no fueron acatadas por la mayoría de las comisiones internas y de los delegados de fábricas y talleres. La unidad sobre la base del antiperonismo fracasó por completo, a tal punto que los obreros asistentes a un mitin convocado por el Comité de Unidad sé agruparon después frente a la Secretaría de Trabajo para aclamar a Perón como futuro presidente de la República.

También la dirección de la CGT vacilaba. Poco faltó para que se adhiriera a la Marcha de la Constitución y de la Libertad y el 16 de octubre aprobó la declaración de la huelga general revolucionaria para dos días después por el reducido margen de 21 votos contra 19. Pero el proletariado industrial del Gran Buenos Aires adelantó la hora y un día antes, el 17, abandonó sus tareas y se concentró en los lugares de las grandes citas históricas.

El proletariado que desencadenó la huelga general revolucionaria de los días 17 y 18 de octubre de 1945 actuó movido por dos imperativos, aparentemente antagónicos entre sí, provenientes de su propia naturaleza de clase, es decir que no le fueron impuestos por ninguna fuerza externa a él mismo: la espontaneidad y la autoconciencia. Su espontaneidad se reveló al no obedecer a ninguna orden de arriba —ni siquiera de Perón, que se había despedido de los obreros recomendándoles: «De casa al trabajo y del trabajo a casa»— y al obligar a los dirigentes de la CGT y de los sindicatos a plegarse al paro. Sin embargo, esa espontaneidad no era arbitraria, ni puramente instintiva, pues si la ofensiva oligárquico-imperialista provocó el estallido del pathos proletariado, también despertó en los huelguistas la autoconciencia de que ellos, y solamente ellos, podían evitar la pérdida de sus conquistas. De ahí que vivieran una jornada desenajenante, en la cual la gravedad de la lucha aparecía cubierta por el desborde dionisíaco de las pasiones reprimidas. A la diosa Razón de la burguesía repugnaba la violación de las normas sociales por la «chusma» de las «tolderías» de los suburbios instalada en la Plaza de Mayo. Y se espantó al comprobar que, así como ciento veinte años antes los montoneros fascinaban con su espontaneidad a la encuadrada tropa de los ejércitos de línea, el «malón» peronista atraía a soldados y vigilantes y hacía vacilar a oficiales y jefes.

En Evita se dio la síntesis de la espontaneidad y la autoconciencia. Fue la gran mediadora entre la masa y el líder. Hizo que se reconocieran mutuamente en la hora de la prueba vital. Su papel protagónico en la insurrección obrera aparece descripto en estas sencillas líneas:

«Me largué a la calle buscando a los amigos que podían hacer todavía alguna cosa por él.

»Fui así de puerta en puerta. En ese penoso e incesante caminar sentí arder en mi corazón la llama de su incendio, que quemaba ,mi absoluta pequeñez.

»Nunca me sentí —lo digo de verdad— tan pequeña, tan poca cosa como en aquellos días memorables.

»Anduve por todos los barrios de la ciudad. Desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi Patria.

»A medida que iba descendiendo desde los barrios orgullosos y ricos a los pobres y humildes las puertas se iban abriendo generosamente, con más cordialidad.

»Arriba conocí únicamente corazones fríos, calculadores, “prudentes”, corazones de “hombres comunes”, incapaces de pensar o de hacer algo extraordinario, corazones cuyo contacto me dio náuseas, asco y vergüenza.

»¡Esto fue lo peor de mi calvario por la gran ciudad! La cobardía de los hombres que pudieron hacer algo y no lo hicieron, lavándose las manos como Pilatos, me dolió más que los bárbaros puñetazos que me dieron cuando un grupo de cobardes me denunció gritando: ¡Ésa es Evita!

»Estos golpes, en cambio, me hicieron bien.

»Por cada golpe me parecía morir y sin embargo a cada golpe me sentía nacer. Algo rudo pero al mismo tiempo inefable fue aquel bautismo de dolor que me purificó de toda duda y de toda cobardía.

»¿Acaso no le había dicho a él: “Por muy lejos que haya que ir en el sacrificio no dejaré de estar a su lado hasta desfallecer”?

»Desde aquel día pienso que no debe ser muy difícil morir por una causa que se ama. O simplemente morir por amor».

Era el lenguaje de los pobres y no el estilo de los severos jueces de 1431, olvidados por la historia, predispuestos a descubrir en cada acto y en cada palabra de la Pucelle d’Orléans un crimen contra la Iglesia y el Estado. Enfermos de un racionalismo abstracto, insertos para siempre en la tabla de valores de la decadencia europeística, los políticos buscaban refugio en los brazos de la oligarquía ilustrada y del imperialismo civilizador para salvarse del aluvión plebeyo que venía de los extramuros y al que Evita abría los caminos del poder.

El levantamiento proletario tuvo la virtud, por contradicción, de valorizar aún más a las izquierdas ante los ojos de la reacción oligárquico-imperialista. Al releer, casi un cuarto de siglo después, la literatura socialista y comunista del tiempo comprendido entre el 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero de 1946 impresiona el desborde de resentimiento y odio contra el peronismo que destila cada línea. Toda ella estaba destinada a tergiversar la realidad social de ese momento: negaba que los obreros peronistas fueran obreros y los llamaba lumpen o directamente delincuentes, y aseguraba que la inmensa mayoría del pueblo argentino, con la clase obrera incluida, se alzaba en pie de guerra para extirpar el brote de «fascismo» engendrado por la «demagogia» del coronel. Como botón de muestra basta el siguiente manifiesto del 21 de octubre firmado por el Partido Comunista:

«HIGIENIZACIÓN DEMOCRÁTICA Y CLARIFICACIÓN POLÍTICA»

«El malón peronista —con protección oficial y asesoramiento policial— que azotó al país, ha provocado rápidamente —por su gravedad— la exteriorización del repudio popular de todos los sectores de la república en millares de protestas. Hoy la nación en su conjunto tiene clara conciencia del peligro que entraña el peronismo y de la urgencia de ponerle fin.

»Se plantea así para los militantes de nuestro partido una serie de tareas que, para mayor claridad, hemos agrupado en dos rangos: higienización democrática y clarificación política. Es decir, por un lado, barrer con el peronismo y todo aquello que de alguna manera sea su expresión; por el otro llevar adelante una campaña de esclarecimiento de los problemas nacionales, la forma de resolverlos y explicar ante las amplias masas de nuestro pueblo, más aún que lo hecho hasta hoy, lo que la demagogia peronista representa.

»En el primer orden, nuestros camaradas deben organizar y organizarse para la lucha contra el peronismo, hasta su aniquilamiento. Corresponde aquí también, señalar la gran tarea de limpiar las paredes y las calles de nuestras ciudades de las inmundas “pintadas” peronistas. Que no quede barrio o pueblo sin organizar las brigadas de higienización democrática.

»Nuestras mujeres se han ganado un lugar destacado en la lucha por la democracia. Es preciso organizar y encauzar su acción. Es necesario que también ellas organicen sus piquetes para visitar las casas de familia, los comercios, sindicatos, industrias, centros de estudio, etcétera, reclamando la acción coordinada y unánime contra el peronismo y sus hordas.

»PERÓN ES EL ENEMIGO NÚMERO UNO DEL PUEBLO ARGENTINO».

Toda la partidocracia se asoció en la prédica de esa campaña de exterminio del peronismo, azuzada desde Washington por Spruille Braden, a la sazón secretario asistente de Estado para los Asuntos Latinoamericanos. Carentes de sensibilidad popular y enceguecidos por la fobia sectaria, los antiperonistas no imaginaban que con su agresividad a las masas obreras sólo conseguían avivar en ellas el sentimiento nacionalista y la decisión de defender en todos los terrenos las conquistas sociales.

La liberación de Perón fue el triunfo de la autoconciencia político-social de la clase obrera, triunfo que por falta de la teoría revolucionaria cedió paso al compromiso de llevar la lucha al terreno electoral y asumir el poder dentro del juego de la partidocracia y del condicionamiento a la instituciones liberales. Sin embargo, los dirigentes de la Unión Democrática se equivocaron una vez más al creer que tenían asegurada la toma del poder después que el gobierno militar derogó el 30 de octubre el decreto de disolución de los partidos políticos y el 1.º de diciembre convocó a elecciones.

RODOLFO PUIGGROS (Buenos Aires, 1906 - La Habana, 1980). Periodista, historiador y político. Además de las extensas publicaciones en materia de historia, sociología y filosofía, trabajó como redactor desde 1935 hasta 1955 en el diario Crítica, y en 1962 fue co-fundador del periódico El Día, manteniendo una columna permanente hasta 1977.

Fue docente y conferencista en las universidades de La Plata, Buenos Aires, El Salvador, Córdoba, Cuyo y Tucumán, en la Argentina y en la Sorbona (Francia), San Javier (Bolivia), San Marcos (Perú) y especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde formó numerosos discípulos y sus libros son actualmente bibliografía obligatoria en varias facultades.

Notas al Capítulo 25

[1] No se nos escapa que en la concepción de Droysen el hellenismus corresponde a un período bastante menos extenso: desde la muerte de Alejandro El Grande (323 a. C.) hasta la incorporación de Egipto al Imperio romano (30 a. C.). Lo hace coincidir con la etapa de «imitación de los griegos» y de «fusión de lo griego con lo no griego». Creemos que es históricamente más exacto y claro prolongarlo hasta la integración de la herencia griega en una nueva unidad cultural, el cristianismo, saldo cualitativo que culminó y superó los cambios meramente cuantitativos de la conquista macedónica, del dominio romano y de la larga gestación de la totalidad cristiano-feudal. <<

[2] Carta a Duncan Grant, 14 mayo 1919. Cit. R. F. Harrod, La vida de John Maynard Keynes, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1958, pág. 291. En cuanto a la participación de Keynes, como delegado inglés en la Conferencia de Versailles, es interesante este juicio de Lenin: «Consideremos las deudas públicas. Sabemos que, de 1912 a 1920, las deudas de los grandes Estados europeos aumentaron siete veces. Acudo a una fuente económica muy importante: Keynes, diplomático inglés, autor del libro Las consecuencias económicas de la paz, que tomó parte, en nombre de su gobierno, en la conferencia de Versailles, que pudo observar de muy cerca, desde el punto de vista burgués, ha estudiado a fondo estas cuestiones, como economista, y llega a conclusiones más fuertes, más claras y más convincentes que todas las conclusiones de los críticos comunistas y revolucionarios, porque emanan de un burgués convencido, adversario decidido del bolchevismo, del que traza una imagen pequeño-burguesa enteramente desfigurada. Keynes ha llegado a esta conclusión: que Europa y el mundo entero son precipitados a la bancarrota por la paz de Versailles. Keynes admitió y lanzó su libro al rostro de su gobierno, diciendo: “¡Lo que hacéis es una locura!”» Discurso de Lenin en la 1.º sesión del II Congreso de la Internacional Comunista. Documentos del Progreso, 15 de noviembre de 1920. <<

[3] John Strachey, El fin del Imperio, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962, pág. 391. <<

[4] Shakespeare, Cimbelino, III, IV, cit. Strachey, op. cit., pág. 11. <<

[5] Jean-Paul Sartre, L’étre et le níant, París, 1943, pág. 36. <<

[6] «Una victoria de Francia democrática marcaría un inmenso retroceso para la civilización»; «Si la guerra no conduce a Francia al derrocamiento del régimen abyecto hay que capitular de inmediato»; «Sólo puedo desear una cosa: una guerra corta y desastrosa»; «Admiro a Hitler. El tendrá ante la historia el honor de haber liquidado la democracia» (Je suis partout, 28 de julio de 1944), cit. Julien Benda, La trahison des clercs, París, Editions Bernard Grasset, 1946 pág. 10, nota 2. <<

[7] Pierre Trotignon, Le dernier métaphysicien, en Sartre Aujourd’ huí, L’Arc, N.º 30, 4.o trimestre de 1966, págs. 27 a 32. <<

[8] Karl Marx, El capital, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1959, I, pág. 546. El subrayado pertenece a Marx. <<

[9] Gunnar Myrdal, Teoría económica y regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962, págs. 13, 16, 17, 23, 47 y 53. <<

[10] «¿Acaso Ares Pons no nos recordaba en uno de sus ensayos que los comunistas uruguayos en la década de 1920 pintaron toda la carretera a Colonia con la leyenda “Todo el poder a los soviets”, ante el inevitable estupor de nuestros peones de estancia?». José Pedro Barran, en Marcha, Montevideo, 11 de agosto de 1967. <<

[11] La producción de acero pasó en los Estados Unidos de 23 millones 500 000 toneladas en 1914 a 45 millones en 1917, y la de automóviles, en igual período, de 569 000 a 1 millón 874 000 unidades. <<

[12] La industria francesa descendió al nivel de 1911, la norteamericana al de 1905-1906, la inglesa al de 1897 y la alemana al 500 de 1896. En Inglaterra la fundición de hierro regresó al nivel de 1861 y la construcción naval al de 1843. <<

[13] Rodolfo Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, T. II, págs. 99 y 111. <<

[14] La producción de la Sección I descendió en 1932 en relación a 1929: el 72,4 por ciento en los Estados Unidos y el 65,6 por ciento en Alemania mientras que la Sección II, artículos de consumo, bajó un 24,1 por ciento y un 23,7 por ciento, respectivamente. En los Estados Unidos se ahogaron en los ríos, en 1933, 6,4 millones de cerdos y se destruyó más del 25 por ciento de los cultivos de algodón. <<

[15] «La prosperidad está a la vuelta de la esquina». <<

[16] «¿Qué debe hacerse para ayudarnos? —Dejarnos hacer». <<

[17] Caio Prado Jr., A Revolução Brasileira, Editóra Brasiliense, Sao Paulo, 1966, 2.ª edición. <<

[18] Supra, pág. 13. Hacemos la salvedad que no compartimos la división de los países en «desarrollados» y «subdesarrollados», ya que implica la preexistencia de un modelo absoluto de desarrollo, el de las potencias de primera fila (capitalistas y socialistas), al que se postula como objetivo a alcanzar por las sociedades atrasadas. Éste es un planteo ahistórico. Las sociedades atrasadas salen de su atraso superando y no igualando a las adelantadas. <<

Notas al Capítulo 26

[1] Ver en la segunda parte de esta obra —«El yrigoyenismo»— el capítulo 18, que trata con mayor amplitud el contubernio. <<

[2] Artículo publicado en La Razón de Buenos Aires, el .26 de febrero de 1932, con el título de Otra página de historia. <<

[3] Documentos iniciales de la revolución-1930. Publicación oficial del Gobierno Provisional de la Nación. <<

[4] Juan V. Orona, La Logia Militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen, Edición del autor, Buenos Aires, 1965, págs. 125-127. <<

[5] Declaración recogida por Edmundo Guibourg y publicada en el diario Crítica de Buenos Aires. <<

[6] J. Beresford Crawkes, 533 días de historia argentina, Buenos Aires, Imprenta Mercatali, 1932, pág. 307. <<

[7] El doctor Roberto M. Ortiz le dio cuenta a Alvear, en carta del 7 de noviembre de 1930, de los sucesos del 6 de setiembre y después de atacar al yrigoyenismo, lo invitó a regresar de París a la Argentina para hacerse cargo de la «reconstrucción nacional del radicalismo». Es importante este párrafo: «Conceptúo muy conveniente si usted decide su vuelta que lo haga previa una estada siquiera de diez días en los Estados Unidos, le haría bien a este país y a sus relaciones con la gran república, una visita sin gran anuncio ni expectativa, suscitaría una corriente de amistad cordial que repercutiría gradualmente entre nosotros sumando a su actuación pública un motivo más de gratitud y prestigio». Tenía amplio criterio político el abogado de los ferrocarriles británicos. Agradecemos al historiador José María Rosa el conocimiento de esa carta en su texto original. <<

[8] Lisandro de la Torre, Las dos campañas presidenciales (1916-1931), Colegio Libre de Estudios Superiores, Buenos Aires, 1931, pág. 158. <<

[9] El diario La Nación de Buenos Aires (4 de setiembre de 1930) acusaba al gobierno de Yrigoyen de haber sacado del Banco oficial 140 millones de pesos en forma ilegal. La investigación posterior probó que el gobierno no había cometido ninguna transgresión a la Carta Orgánica del Banco, cuyo balance dio ese año una utilidad de 68 millones de pesos. Un notorio antiyrigoyenista, el capitán de fragata José A. Oca Balda, escribió: «Reconozco en los hombres que desde el primer momento fueron fieles al gobierno depuesto por la Revolución y a los que componían el parlamento tan despectivamente acusado de genuflexis-mo, una capacidad superior a la mía que con toda ingenuidad he creído en las llamadas minorías selectas. Todo cuanto se ha dicho sobre ellos ha sido superado a extremos desoladores». El último Libertador, Avellaneda, 1942, pág. 35. <<

[10] Documentos iniciales de la revolución, 1930, op. cit. <<

[11] Gabriel del Mazo, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y su doctrina, Raigal, Buenos Aires, 1951, pág. 143. <<

[12] La Juventud Universitaria anunció, en un manifiesto del 1.º de setiembre, que «el desquicio institucional ha de acabar pronto». <<

[13] Reproducido por Juan V. Orona, La revolución del 6 de setiembre, edición del autor, Buenos Aires, 1966, págs. 212-214. <<

[14] Lisandro de la Torre, op. cit. <<

[15] La palabra del general Uriburu, Roldán, Buenos Aires, 1933. <<

[16] Ibidem. <<

[17] El doctor Alvear había establecido en el City Hotel de Buenos Aires su residencia y el cuartel general de sus operaciones políticas. Allí se unieron los yrigoyenistas y los antipersonalistas de Alvear. <<

[18] Manifiesto del Partido Conservador de enero de 1931 invitando a formar la Federación Nacional Democrática. <<

[19] Al renunciar Sánchez Sorondo al Ministerio del Interior, el equipo «democrático» desplazó al «corporativista» en el conserva-dorismo. <<

[20] Raúl Scalabrini Ortiz, Identidad de la línea histórica de Yrigoyen y Perón. Conferencia pronunciada en Mercedes (provincia de Buenos Aires) el 3 de julio de 1948 en memoria de Hipólito Yrigoyen y reproducida en la revista Hechos e ideas, setiembre de 1948. <<

[21] Enrique Dickmann, Recuerdos de un militante socialista, 1949, Buenos Aires, pág. 303 y siguientes. <<

[22] Otra página de historia, op. cit. <<

[23] La Vanguardia, 6 de abril de 1931. <<

[24] La Vanguardia, 17 de marzo de 1931. <<

[25] Lisandro de la Torre: Obras, Hemisferio, Buenos Aires, 1952, I, pág. 207. V. Rodolfo Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, op. cit., T. I, págs. 317-318. <<

[26] Los comicios del 5 de abril dieron el siguiente resultado: Unión Cívica Radical: 218 000 votos; Partido Conservador: 187 000; Partido Socialista: 41 000. <<

[27] Otra página de historia, op. cit. <<

[28] El escrutinio de las elecciones del 8 de noviembre de 1931 dio el siguiente resultado: Justo-Roca, 606 526 votos; De la To-rre-Repetto, 487 955. La Alianza triunfó en la Capital Federal por un margen de 39 988 votos. <<

[29] En enero de 1932, un mes antes de ascender al gobierno el general Justo, estalló en Entre Ríos una sublevación dirigida por los hermanos Kennedy, el coronel Pomar, el general Toranzo, el doctor Abalos y los hermanos Soler. <<

Notas al Capítulo 27

[1] Lectores de las dos primeras ediciones de esta obra, nos han hecho llegar sus críticas a «la sobreestimación del lugar que ocupa el Partido Comunista en la vida política argentina». Dicen que le damos excesiva e inmerecida importancia al dedicarle tanto espacio. Esas críticas se justificarían si únicamente viéramos una asociación que festeja su cincuentenario como una empresa cualquiera por el mero hecho de sobrevivir, pero con un déficit permanente en su balance político. Sin embargo, prescinden del motivo que nos decide a insistir en el análisis de la historia del Partido Comunista de la Argentina y en la investigación de las causas que hacen de él una secta inserta en el pasado liberal burgués. Nos referimos a la defraudación que unos cuantos fariseos, seudomonopolistas de la Revolución Rusa, cometen desde 1917 en perjuicio de lo mejor de una generación tras otra y su sabotaje a los movimientos legítimamente populares, anulando a gremialistas, políticos e intelectuales que podrían ser protagonistas de los cambios revolucionarios. Negar dialécticamente al Partido Comunista es condición indispensable de la revolución social argentina. Tal deber hay que cumplir, cualesquiera sean los chantajes morales y políticos a que recurran los Codovilla y Ghioldi para evitarlo. <<

[2] La Tercera Internacional o Internacional Comunista (Comintern) se fundó en Moscú en marzo de 1919 y se disolvió en mayo de 1943. De setiembre de 1947 a junio de 1948 funcionó el Cominform. <<

[3] Salvo el Partido Comunista de China que, a la inversa, encaró la defensa de la Unión Soviética en función del desarrollo de las particularidades del proceso revolucionario chino. No invalida el juicio de conjunto el hecho que en Europa Occidental y los Estados Unidos no existieran condiciones objetivamente revolucionarias, pues la transferencia de la causa externa al orden interno tenía siempre efectos anestesiantes. <<

[4] V, Rodolfo Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, op. cit., T. II, capítulos 20, 21 y 22. <<

[5] Ibidem, págs. 170-171. <<

[6] Reproducidos en los 56 números de La Correspondencia Sudamericana, revista quincenal del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista publicada en Buenos Aires desde el 15 de abril de 1926 hasta junio de 1930. <<

[7] Igual que en todos los países donde se extendió la Rule, Britannia, algunos tan diferentes entre sí como la India, Nueva Zelandia y Ghana. V. John Strachey, El fin del Imperio, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962, págs. 235-236 y 286-287. <<

[8] Rodolfo Ghioldi, Los comunistas al servicio de la Patria, Anteo, Buenos Aires, pág. 11. <<

[9] Las citas provienen de J. Beresford Crawkes, 533 días de historia argentina, Buenos Aires, Mercatali, págs. 112 y siguientes, y del material de nuestro archivo. <<

[10] Los documentos que citamos figuran en el Boletín Interno, editado por la Agit-Prop del Partido Comunista, Buenos Aires, 25 de marzo de 1932, año II, N.º XIII. Ninguno de ellos, ni el Boletín, aparecen citados en el Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina, libro que ya hemos desmenuzado en Las izquierdas y el problema nacional. El Boletín Interno se publicó para enterar al partido de los «errores de Codovilla». <<

[11] El subrayado es nuestro (R. P.). <<

[12] Esbozo, op. cit., págs. 74-75. <<

[13] Esta cita y la siguiente son extraídas de la «declaración explícita» de Codovilla. Obsérvese que la primera se refiere a lo que pensaba antes del 6 de setiembre de 1930, pero fue redactada después. El subrayado es nuestro (R. P.). <<

[14] Funcionaban en el Partido las Comisiones Idiomáticas que agrupaban por separado a los militantes de distintas nacionalidades. <<

[15] Rodolfo Ghioldi, Marx y la Alianza Demócrata-Socialista, fechado en Rosario en setiembre de 1930 y con pie de imprenta de la misma ciudad en 1931. No lo cita el Esbozo. <<

[16] Ibidem, págs. 28, 33 y 40. <<

[17] Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Editorial Problemas, Buenos Aires, 1940, págs. 68-70. <<

[18] Marx y Engels proponían en Francia la alianza de los comunistas con el «partido democrático-socialista contra la burguesía conservadora y radical». Distinguían contradicciones en los sectores de la burguesía que debían aprovecharse. <<

[19] Stalin, El marxismo y el problema nacional y colonial, Lautaro, Buenos Aires, 1946, pág. 286. <<

[20] El subrayado es nuestro (R. P.). <<

[21] Rodolfo Ghioldi, op. cit., pág. 7. <<

[22] Ibidem, pág. 11. <<

[23] Ibidem, pág. 11. <<

[24] Ibidem, pág. 9. <<

[25] Rodolfo Ghioldi, Juan B. Alberdi, en revista Soviet, 1.º de agosto de 1934, Buenos Aires, Año II, N.º 7, págs. 21 a 24. <<

[26] Ibidem, pág. 24. <<

[27] Rodolfo Ghioldi, Juan Manuel de Rosas, en revista Soviet, octubre de 1934, Buenos Aires, Año II, N.° 10, pág. 21. <<

[28] Ibidem, pág. 21. <<

[29] Rodolfo Ghioldi, Marx y la Alianza Demócrata-Socialista, op. cit., pág. 14. <<

[30] Ibidem, pág. 14. <<

[31] Ibidem, pág. 16. <<

[32] Rodolfo Ghioldi, Los trotskistas argentinos, en Soviet, Año I, N.º 3, setiembre de 1933 págs. 19 a 31. Antonio Bonicelli publicó en Clase Obrera, N.º 7, 24 de agosto de 1948, pág. 8, una crítica exhaustiva de ese artículo de Ghioldi. <<

[33] Boletín Interno, agosto 1932, Año II, N.º 14, pág. 2. <<

[34] Soviet, enero-febrero de 1934, Año II, números 1 y 2, págs. 28 y siguientes. <<

[35] Soviet, agosto de 1933, Año I, N.º 2, págs. 1 a 6. <<

[36] En los casi diez años transcurridos desde el VIII Congreso (noviembre de 1928) y el IX Congreso (enero de 1938), los afiliados se limitaban a aplicar las directivas del círculo áulico. <<

[37] Este originalísimo informe de Rodolfo Ghioldi, pieza única del desvarío teórico, se publicó en el Boletín Interno de octubre de 1933, Año III, N.º 18, págs. 6 a 10. También Paulino González Alberdi afirmaba que «la existencia de colonias judías, rusas, etcétera, explotadas por las empresas de colonización, pero que se mantienen como nacionalidad propia, con su idioma, sus costumbres, que se niegan a que sus hijos presten servicio militar, que exigen la designación de funcionarios de la misma nacionalidad, plantea la autodeterminación nacional», Soviet N.º 2, pág. 16. <<

Notas al Capítulo 28

[1] Canning retiró a Gran Bretaña de la Santa Alianza, previno al embajador Polignac que Londres se opondría a cualquier intento de Francia o de España (Fernando VII había sido restaurado en el trono por tropas francesas) de intervención en nuestro continente y se solidarizó con la doctrina Monroe, que en aquella época no configuraba una amenaza inmediata de los Estados Unidos hacia el Sur. Más tarde, apoyó el desembarco en Colonia de los treinta y tres orientales, sostuvo la candidatura de Rivadavia a la presidencia de la República y, por intermedio de lord Ponsonby, presionó para que la Convención Preliminar de Paz de Río de Janeiro admitiera la independencia de la República Oriental del Uruguay. <<

[2] Registro Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, 1880, II, págs. 83-86, N.º 1823. <<

[3] R. F. Harrod, op. cit., pág. 431. Keynes ocupó en la Cámara de los Lores un escaño del Partido Liberal del que era contribuyente. Dictó cursos en la Escuela Liberal de Verano y fue uno de sus fundadores y principales dirigentes. <<

[4] V. Rodolfo Puiggrós, Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne, Buenos Aires, Argumentos, 1957, págs. 104 y siguientes. La industria inglesa del hierro y el acero había quedado bastante retrasada en relación a la que se agrupaba en un poderoso cartel europeo (Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo). Las exportaciones inglesas de algodón al Extremo Oriente disminuyeron en el 91 por ciento entre 1913 y 1937. La producción inglesa de carbón era en 1929 inferior a la de 1913. <<

[5] En julio de 1931 se anunció un déficit del presupuesto de 120 millones de libras esterlinas. El comercio exterior dio también en 1931 un déficit de 408 millones de libras esterlinas. <<

[6] La expresión «Comunidad Británica de Naciones» (British Commonwealth of Nations) venía empleándose desde 1884, cuando lord Rosebery la mencionó durante su visita a Australia. En 1931, al organizarse por el «Estatuto de Westminster», comprendía al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, África del Sur, Estado Libre de Irlanda y Terranova. Posteriormente se le agregaron los otros dominios. <<

[7] Nuestras exportaciones de carnes a Gran Bretaña disminuyeron de 930 000 toneladas en 1927 a 611 000 en 1933, pero también bajaron, aunque en menor proporción, las importaciones inglesas de todas las procedencias. La Argentina siguió siendo el principal exportador con alrededor del 40 por ciento de las importaciones mundiales, a pesar de no recuperar la cifra máxima, la de 1 071 721 toneladas correspondientes a 1924. Los precios descendieron en mayor medida —el 53 por ciento entre 1926 y 1933— y el número de vacunos se redujo de 37 millones en 1922 a 32 millones en 1930 con un repunte de 33,2 millones en 1937. <<

[8] En un informe de la Sub-Comisión del Comercio Exterior de Carnes de la Sociedad Rural Argentina del año 1926 se decía que los frigoríficos norteamericanos preveían la inminencia de la apertura del mercado norteamericano para la importación de carnes. El presidente de la Sociedad Rural, ingeniero Luis Duhau, y su asesor, el doctor Raúl Prebisch viajaron en mayo de ese año a los Estados Unidos con el objeto de solicitar la eliminación de los aranceles a los productos argentinos. No tuvieron éxito en su misión. <<

[9] La Dirección de Economía Rural y Estadística estimaba el costo de producción del quintal de trigo en 7,20 pesos y su venta en 5,04 pesos; del lino 10,65 pesos y 9,14 pesos; y del maíz 4,90 pesos y 4,33 pesos, respectivamente. Las exportaciones de cereales y lino disminuyeron en un 28 por ciento en cantidad y en un 35,6 por ciento en valor, durante el primer semestre del año anterior. <<

[10] Cit. Paulino González Alberdi, «Hacia la Alianza Revolucionaria Obrero-Campesina», Soviet, Buenos Aires, setiembre 1933, N.º 3, pág. 7. <<

[11] Muchos terratenientes se vieron obligados a rebajar los arrendamientos para encontrar agricultores que les ocupasen los campos. <<

[12] Entre las reivindicaciones de los obreros figuraban la de no trabajar de «sol a sol» y la extensión de la ley de accidentes de trabajo, que sólo favorecía a los empleados en motores y máquinas. <<

[13] Con posterioridad, el doctor Prebisch se defendió de las críticas a su gestión en la misión Roca alegando que no hubo en ella la menor deshonestidad personal, lo que no modifica las consecuencias que divo para la economía argentina la firma del Pacto y las nuevas relaciones de dependencia que creó. <<

[14] Baring Brothers estaban vinculados a la Argentina desde el empréstito inglés de 1825; Leng Roberts representaron a Baring Brothers en casi todos los empréstitos ingleses a la Argentina; y Morgan significaba General Electric, United States Steel Corporation, International Harvester, etcétera. <<

[15] «No he tenido ni iniciativas ni contacto alguno con el señor Niemeyer», aclara el doctor Prebisch. V. Primera Plana, Buenos Aires, N.º 249, 3 al 9 de octubre de 1967, pág. 42. La insistencia en lavarse las manos es un mea culpa tácito del funcionario que tuvo tan relevante papel en la fundación del Banco Central. <<

[16] El Banco Central se organizó como sociedad anónima mixta. De los 14 miembros del directorio sólo 3 representaban al Estado, al Banco de la Nación y a los bancos provinciales. Los 11 restantes eran elegidos por los bancos particulares —argentinos y extranjeros—, lo que daba mayoría a los intereses extranjeros. El presidente, el vicepresidente y el gerente general no se nombraban sin el visto bueno de Londres. El doctor Manuel A. Fresco, presidente de la Cámara de Diputados, se enteró en la capital británica, antes de que se supiera en Buenos Aires, de la ley de creación del Banco Central y del nombramiento de Prebisch como gerente general. Se lo dijo un magnate de los ferrocarriles ingleses. V. José Luis Torres, La oligarquía maléfica, Buenos Aires, 1953, pág. 126. <<

[17] Los 702 millones de pesos deducidos de la baja del peso papel de 44 a 20,59 centavos oro fueron invertidos por el Instituto Movilizador en la compra de pagarés incobrables a su valor nominal. <<

[18] Niemeyer aconsejó que las leyes se aprobaran «en una sola operación y por sorpresa». Tenía experiencia de lo sucedido en otros países. <<

[19] Palme Dutt dice en Crisis of Britain and the British Empire (págs. 265-271) que «las juntas de producción del cacao, el algodón, los aceites y grasas, etcétera, que se han establecido, por ejemplo en Ghana, Nigeria y Uganda, están destinadas a impedir permanentemente que obtengan el precio completo de sus productos los productores de esos países». <<

[20] Las 1515 bodegas de Mendoza pertenecían en 1935 a 69 sociedades por acciones, 193 sociedades colectivas y 253 particulares, pero sobre los 100 millones de pesos de la inversión total, más de la tercera parte correspondía a 12 grandes bodegas. Estas últimas se sostenían desde 1929 gracias a un millonario crédito que les acordaba un grupo bancario (bancos de la Nación, Anglo Sudamericano, Alemán Transatlántico, Español del Río de la Plata, y Londres y América del Sur) para impedir su quiebra. La Junta Reguladora del Vino se hizo cargo del crédito y salvó las inversiones del capital financiero, pero sacrificó a un sector de bodegueros e impulsó el proceso de concentración capitalista. <<

[21] Un caso entre muchos: La Compañía Azucarera Tucumana debía al Banco Tornquist 40 millones de pesos, pero el Banco Tornquist debía al Banco de la Nación 60 millones de pesos. <<

[22] Los vitivinicultores del valle superior del Río Negro fueron agobiados por la ley con cinco veces más impuestos y algunas bodegas de Mendoza, como la de Tirasso, cayeron bajo el hacha del Instituto Movilizador. Informaba el gobernador de Catamarca el 12 de junio de 1937: «Andalgalá ve reducida a una séptima parte su área cultivada de vid. Su producción vinícola, que alcanzaba a los cuatro y medio millones de litros y su inmediata colocación en los mercados, se ve ahora casi lindando a su extinción. Pomán es donde la crisis y la desocupación tienen su máxima evidencia. Sus pobladores, dedicados en su totalidad al cultivo del suelo, son asimismo el ochenta por ciento vitivinicultores; atendían con sus productos al relativo bienestar de la economía local. Las últimas disposiciones nacionales referentes a la elaboración de vinos y alcoholes, tan contrarias a los intereses de los pequeños productores, han dado por tierra con la industria derivada de la vid, llevando el hambre a un 60 por ciento de la población. De más de 300 fábricas de vino y aguardiente de años atrás, no pasan de 20 las registradas oficialmente en la actualidad». Francisco J. Trianes, Desocupación, burocracia, prodigalidad, Ero, Buenos Aires, 1939, págs. 15-16. <<

[23] La investigación propuesta por Lisandro de la Torre fue posterior y ponía el acento en los aspectos internos del comercio de carnes. La tratamos más adelante. <<

Notas al Capítulo 29

[1] Esta ley fue sancionada por el Congreso el 28 de setiembre de 1923. El despacho de la Comisión Especial de Asuntos Ganaderos que la elaboró se titulaba «Intervención del Estado en las empresas frigoríficas». <<

[2] El Congreso de los Estados Unidos comprobó a fines del siglo pasado el trust del meat packing de Chicago contra el cual nada pudieron hacer las leyes antitrust Sherman y Clayton. También la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña y el Congreso de Francia tomaron medidas de represión de ese trust. <<

[3] R. Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, T. I, pág. 319. <<

[4] Para información bibliográfica y documental ver nuestro libro Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne, op. cit. <<

Notas al Capítulo 30

[1] Roberto Gustavino, La salud y el consumo de la carne, Editorial Ciencias, Buenos Aires, 1954. <<

[2] R. Puiggrós, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, op. cit., T. I, págs. 372 y siguientes. Véase además, en este volumen, el capítulo 26. <<

[3] «Mientras los radicales pretenden que el móvil de todas mis acciones es combatirlos en cualquier terreno y bajo cualquier bandera, los conservadores, de los que el Dr. Demaria es líder tan eminente, protestan de que no constituyera para mí suficiente atractivo organizar un partido “antirradical»». Obras, I, pág. 39. <<

[4] Muy digna de alabanza es la actividad de Carlos Grondona, fundador del frigorífico Gualeguaychú, que desde 1932 exportaba una insignificante cuota de carne y peleaba a brazo partido contra la conspiración del trust y de los invernadores. <<

Notas al Capítulo 31

[1] Según The South American Journal, las inversiones inglesas en la Argentina, en valores cotizables, alcanzaban entonces a:

Títulos de Estado | 60 000 000 | de libras
Ferrocarriles | 277 000 000 | »
Varios | 109 000 000 | »
TOTAL | 446 000 000 | »

Las tres compañías ferroviarias francesas, de menor importancia, se agruparon con las inglesas en un Railway Committee para actuar colectivamente en sus presentaciones al gobierno, fijación de fletes y salarios, etcétera, violando prohibiciones al respecto. <<

[2] Escribe el teniente coronel Julio Sanguinetti (Nuestro potencial económico industrial y la defensa nacional, Círculo Militar, Biblioteca del Oficial, Volumen 331, 1946, pág. 170): «En la Argentina todos los transportes se caracterizan por la centralización de sus redes terrestres, fluviales y aéreas hacia el gran centro político, social y económico que representa Buenos Aires, siendo muy frecuente la falta de interconexión transversal entre lugares importantes y próximos, lo que impide un desarrollo economicoindustrial descentralizado del interior del país, que es esencial para la guerra. En el mismo sentido, las zonas fronterizas, en general las más despobladas y de poco desarrollo económico, son las menos servidas durante la paz por los medios de transporte, los que en caso de conflictos, serán insuficientes para garantizar el movimiento de grandes masas de hombres y abastecimientos, en lugares donde muy probablemente se desarrollarán operaciones de guerra». También la diversidad de trochas —56 por ciento ancha, 8 por ciento media y 36 por ciento angosta en 1946— encarece y hace lentos los transportes debido a los trasbordos a que obliga. <<

[3] Le costó el ostracismo al doctor Osvaldo Magnasco, ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la segunda presidencia del general Roca, el haber denunciado que los ferrocarriles ingleses impedían la explotación del petróleo de Salta y Jujuy. «El ferrocarril inglés en la Argentina no es un negocio, es una extralimitación insolente debido a los grandes robos de las empresas», dijo al renunciar al ministério en 1901. <<

[4] El Ferrocarril Pacífico tenía un capital realizado de 61 110 000 pesos oro en acciones ordinarias y 51 502 500 pesos oro en preferidas, pero los debentures alcanzaban a 138 539 592 pesos oro. Las entradas brutas de las empresas fueron en 1915-1919 superiores a las rentas generales de la Nación. <<

[5] Encyclopaedia Britannica, 1966, T. 2, págs. 867 y 878; T. 8, pág. 428; T. 10, pág. 757 y T. 15, pág. 936. H. E. Friedlander y J. Oser, Historia económica de la Europa moderna, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1957, págs. 361-362. <<

[6] Las inversiones financieras de los Estados Unidos disminuyeron en 251 millones de dólares entre 1931 y 1939, pero sus importaciones en la Argentina aumentaron al punto de ocupar el primer lugar, seguidas en 1935 por las de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña logró detener la invasión del capital financiero norteamericano, no las importaciones de los Estados Unidos, a pesar que el gobierno justista creó el régimen de control de cambio, y recargó en un 20 por ciento al tipo oficial de cambio para las mercaderías que se introducían sin permiso previo, disposición destinada a favorecer al comercio inglés en perjuicio del norteamericano.

Sobre las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos son interesantes estas opiniones:

«Hasta el siglo XX, los Estados Unidos no encontraron ningún interés económico en la Argentina que compensase su situación alejada. Al principio con economías complementarias, luego se hicieron competidoras cuando la Argentina siguió pronto a los Estados Unidos en el desarrollo de la agricultura comercializada y la exportación en gran escala de carnes y cereales para Europa» (Arthur P. Whitaker, La Argentina y los Estados Unidos, Buenos Aires, 1956).

«Cuando los Estados Unidos se volvieron hacia la América Latina, en la década del 80, se vieron enfrentados a la Argentina, rica y pacífica, con estrechas vinculaciones con Europa, un gran sentido de su propio destino nacional y una conciencia latinoamericana que despertaba».

El cubano José Martí, en diez artículos que publicó a fines del siglo pasado en La Nación de Buenos Aires, se solidarizó con la actitud opositora de la Argentina en la primera Conferencia Panamericana.

En cambio, John Murray Forbes, cónsul de los Estados Unidos en Buenos Aires, escribía en 1824:

«Entre gentes tan extraviadas en la ignorancia y el sensualismo como los argentinos, no puede esperarse que la influencia moral de los Estados Unidos pueda ser comprendida o apreciada». <<

[7] Raúl Scalabrini Ortiz, Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino, Buenos Aires, 1946, Unión Revolucionaria; Política británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Reconquista. <<

[8] Luis V. Sommi, «Crítica al monopolio del transporte urbano», Revista Argumentos, mayo 1939, N.º 7, Buenos Aires. Es el mejor estudio que se ha publicado sobre este tema. <<

[9] «En la Compañía General de Tranvías de la Ciudad de Buenos Aires intervienen capitales belgas, alemanes, franceses e ingleses. El capital belga, según la primera distribución de acciones, desempeña el papel principal. No obstante, debemos tener en cuenta que muchas veces detrás de las empresas belgas actúa el capital inglés. Para comprender el dominio inglés en el Anglo-Argentino hay que tener presente que las nuevas inversiones hechas después de la formación de la C. G. de T. de la C. de Buenos Aires, se colocaron en Inglaterra. Por otra parte, también es bueno no olvidar que después de la guerra europea, como consecuencia de la derrota alemana, las potencias aliadas, en particular Inglaterra se apoderaron de muchos títulos alemanes». Luis V. Sommi, op. cit., pág. 45. <<

[10] Además del importante estudio de Luis V. Sommi hemos consultado: J. Montiel: El monopolio del transporte, Argumentos, Año I, N.º 3, enero 1939, págs. 199 a 210; Informe de la Comisión Especial creada por la ley 12 311, Diarios de Sesiones del Senado y del Concejo Deliberante, El transporte colectivo de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, por el ex concejal Rotta; y el libro del doctor Rafael Bielsa sobre Régimen jurídico de la ley 12 311. <<

[11] Aunque no estaba representada en el Congreso, la Unión Cívica Radical, bajo la dirección de Alvear, claudicó ante las empresas imperialistas. Olvidó el proyecto elaborado por el gobierno de Yrigoyen, casi en vísperas de su derrocamiento, de fomento de la construcción de caminos (15 000 kilómetros de caminos firmes por valor de 500 millones de pesos y una red de buenos caminos de tierra por valor también de 500 millones de pesos), de 10 a 15 000 kilómetros de ramales ferroviarios nacionales y de varias unidades de barcos de cabotaje y ultramar por valor de 400 millones de pesos. La Dirección General de Ferrocarriles decía en junio de 1930: «El transporte motorizado de pasajeros como de carga es la última y más nueva expresión de esta sentida necesidad de los pueblos de nuestros días. El empleo del transporte motorizado de carga produce beneficios de carácter general, muy especialmente en las faenas y el transporte de los productos rurales, los industriales, los granjeros, los agricultores, el correo, el ejército, etcétera». <<

[12] Los socialistas votaron en Rosario por la constitución de una empresa mixta de transportes. El socialista Andrés Justo dijo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires en 1932: «En caso de ser indispensable considerar nuevos convenios para la explotación de servicios públicos ya existentes, aquéllos tendrán la siguiente característica: explotación mixta aportando la comuna como capital el valor que se establezca por la concesión». La Unión Ferroviaria y La Fraternidad controladas por los socialistas, aprobaron el monopolio del transporte. <<

[13] Hugo de la Vía, El laudo ferroviario enemigo de la Nación, Problemas, Buenos Aires, 1941, págs. 50 y siguientes. <<

[14] Documentación interesante que debe conocer el proletariado argentino, folleto, 1936, editado por el «Comité Verdad Sindical». El subrayado es nuestro. <<

[15] Ibidem, págs. 15-16. <<

[16] Op. cit., pág. 19. <<

[17] La Dirección General de Ferrocarriles había reconocido para el ejercicio 1938-1939 un capital de 3000 millones de pesos a los ferrocarriles extranjeros. <<

[18] El Ferrocarril de Entre Ríos poseía Puerto Bajada Grande y Puerto Ibicuy, el Ferrocarril Central Argentino el Dock Sur del Puerto de Buenos Aires y los puertos de Villa Constitución y Zárate, el Ferrocarril Sur los puertos Galván e Ingeniero White. Las otras compañías eran: Compañías de Muelles y Depósitos del Puerto de La Plata, Compañía Puerto Comercial de Bahía Blanca (Puerto Arroyo Parejas) y Sociedad Puerto San Nicolás. <<

[19] Estanislao Zeballos denunció en el Congreso, en 1914, que Manuel Quintana defendió, antes de ser presidente de la República, al Banco de Londres y a su gerente en Rosario en contra del Estado argentino. El gerente había sido detenido por las autoridades rosarinas, después de comprobar serias irregularidades administrativas y transgresiones a las leyes del país. <<

Notas al Capítulo 32

[1] Louis de Miramon Pesteils, L’Industrie Petroliere aux Etats Unís, 1935, págs. 101 y siguientes. <<

[2] Encyclopaedia Britannica, op. cit., T. 10, pág. 755. <<

[3] Louis de Miramon Pesteils, op. cit., pág. 127. <<

[4] Raúl Scalabrini Ortiz, El petróleo argentino. Cuadernos de forja, Buenos Aires, setiembre 1938, Año II, N.º 4, pág. 9. Decía Huergo: «Los actos de la compañía Standard Oil son juzgados en todas partes como actos de piratas, usurarios, despiadados, capitaneados por un ex sacristán, que empezó por llevar la ruina y la desolación a millares de familias de sus propios conciudadanos y, como el pulpo, ha extendido sus tentáculos a todas partes». Refiriéndose a una empresa británica escribía: «Esta firma de particulares, caballeros ingleses, es realmente un socio activo del gobierno del país». Huergo trabajó en el Ferrocarril Pacífico, como constructor, entre otros ramales, del de Buenos Aires a Villa Mercedes (San Luis). <<

[5] Arturo Frondizi, Petróleo y política. Raigal, Buenos Aires, 1954, págs. 153 a 157 y 226 y siguientes. <<

[5bis] Ibidem, págs. 197 y siguientes. <<

[6] A los acuerdos de 1928 y 1930 siguieron el Heads of Agreement for Distribution del 15 de diciembre de 1932 y el Draft Memorandum of Principles de junio de 1934. <<

[7] Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1932, tomo V, pág. 640. <<

[8] Raúl Menéndez, «YPF y los trusts del petróleo», Revista Argumentos, setiembre de 1939, pág. 249. <<

[9] Arturo Frondizi, op. cit., pág. 356. <<

[10] Durante el período 1931-1942, el 70 por ciento del consumo nacional del petróleo estuvo fiscalizado por empresas extranjeras (el 48 por ciento correspondía al petróleo que extraían del país y el 22 por ciento al que importaban). Los consorcios imperialistas triplicaron su capital distribuido así: 40 por ciento la Standard Oil (10 empresas), 40 por ciento la Royal Dutch (10 empresas), 14 por ciento otras 15 empresas y 3 por ciento cuatro ferrocarriles. El capital de YPF no llegaba a 800 millones de pesos al final del período, pero la Standard Oil y la Royal Dutch totalizaron ganancias de 344 322 513 pesos entre 1937 y 1945, equivalentes a casi la mitad del capital acumulado por YPF en toda su existencia. <<

[11] Un alto funcionario de YPF denunció bajo el seudónimo de Raúl Menéndez, que el Comité Secreto de Control se reunía primero en el edificio de la Standard Oil y después en los hoteles City y Continental, «debido a los escrúpulos que tenían los funcionarios de YPF de que alguien que los conociera los viera entrar y salir del edificio de su “irreconciliable enemiga, exteriormente, la Standard Oil”», Ver revista Argumentos, op. cit., págs. 245 a 253. <<

[12] Arturo Frondizi, op. cit., págs. 368 y 396. Julio Sanguinetti, op. cit., capítulo V. <<

[13] Pierre Lenoir, «Los orígenes económicos de la guerra española», Argumentos, N.º 9, julio 1939, Buenos Aires, págs. 189 a 192; y en págs. 217 a 219 de ibidem, «Importancia financiera y relaciones políticas internacionales del grupo SOFINA-CHADE-SIDRO». <<

[14] Jorge del Río, El problema de la electricidad y el servicio público de gas, Cuadernos FORJA, Buenos Aires, octubre de 1938. <<

[15] La CHADE monopolizaba la fuerza motriz y los tranvías de Cataluña, el Levante y Andalucía en España y, asociada a SIDRO, los servicios eléctricos y tranvías de México, dando motivos a continuos conflictos con el gobierno del general Cárdenas. Con los holdings canadienses explotaba servicios eléctricos y de tranvías en Brasil. <<

[16] En Luxemburgo se «luxemburguisó» con la sigla SODEL horas después que el gran duque dictó un decreto similar al del gobierno justista. <<

[17] León Barsky, «El problema eléctrico de la República Argentina», revista Argumentos, N.º 2, diciembre 1938, págs. 117 y 129. Trae bibliografía. <<

[18] Juan Pablo Oliver, La CADE y la Revolución, Buenos Aires, 1945, folleto de 38 páginas. <<

[19] José Luis Torres, La oligarquía maléfica, (autopsia de un cadáver político), Buenos Aires, 1953, págs. 110-119. Mauro Herlitzka, presidente de la filial en la Argentina de la Electric Bond and Share Co., declaró a la Comisión Investigadora que había entregado dinero a los presidentes Alvear, Justo y Ortiz. V. José Luis Torres, La década infame, Patria, Buenos Aires, 1945, pág. 212. <<

[20] Roque Paz, «El grupo Bunge & Born en la economía nacional», revista Argumentos, números 4 y 6, febrero y abril de 1939; José Luis Torres, Los «perduellis», Buenos Aires, 1943. Talleres Padilla y Contreras. <<

[21] Ibidem, pág. 83. <<

Notas al Capítulo 33

[1] Gabriel del Mazo, El radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922-1952), Raigal, Buenos Aires, 1955, pág. 234. <<

[2] Firmaban el acta de fundación: Marcelo Aberastury, Julio Alfonsín, Gregorio Aráoz, Rodolfo Aráoz Alfaro, Alejandro Berraondo, Carlos E. Colautti, Faustino Jorge, Gilberto López Cabanillas, Mario V. Ponsio, Ricardo F. Rivas, Elias Rocca, Pedro E. Torres (hijo), Víctor S. Vinelli (hijo) y G. E. Wallace. Publicaron seis números del periódico Polémica, del 12 de setiembre al 23 de octubre de 1931. <<

[3] Polémica, Año I, N.º 3, 26 de setiembre de 1931, pág. 6. Fundaba su crítica a las nacionalizaciones en la autoridad de los reformistas Vandervelde y Otto Bauer. <<

[4] De Cauce se publicaron 8 números, entre setiembre de 1933 y mayo de 1934. <<

[5] Soviet, setiembre de 1933, Año I, N.º 3 pág. 29. <<

[6] Graffigna era un bodeguero cuyano. <<

[7] Soviet, marzo-abril de 1934, artículo titulado «A propósito de la izquierda socialista», págs. 12 a 15. <<

[8] Rodolfo Ghioldi: «Qué significa el Pacto Roca», en Soviet. Año I, N.º 1, 24 de junio de 1933, págs. 2 a 16. Reproducido en folleto por Editorial Sudam, Buenos Aires, 1933, 20 páginas. <<

[9] Cauce, 23 de mayo de 1934, pág. 5. <<

[10] Rodolfo Ghioldi, «El Partido Socialista y el Congreso de Santa Fe», en revista Soviet, 27 de junio de 1934, Año II, números 5 y 6, págs. 3 a 11. Ver también Rodolfo Ghioldi, Adónde va el Partido Socialista, Sudam, Buenos Aires, 1934, folleto. <<

[11] La oposición a la lucha por las Malvinas ha sido permanente en el codovillismo. Entre las razones que dio para expulsar a Juan José Real figuraba el apoyo de éste a ese «movimiento nacional-burgués». También repudió la «Operación Cóndor» de los jóvenes nacionalistas. <<

[12] En San Juan, los socialistas se habían unido a los demócratas nacionales para derrocar al gobierno de Cantoni. Marianetti, comisionado por la ce del ps, informó favorablemente a esa alianza. Tal es la razón de los ataques de Rodolfo Ghioldi a «la alianza entre los socialistas y los bodegueros», alianza qye él reproduciría en escala nacional años después. <<

[13] A. B., «Los radicales de izquierda», revista Soviet, octubre-noviembre de 1933, págs. 23 a 25; Alfredo Torres, «El radicalismo como fuerza reaccionaria en la lucha del pueblo por su liberación nacional del yugo del imperialismo». Ibidem, diciembre de 1933, págs. 19 a 21; y del mismo autor, «La lucha contra la reacción y nuestra posición frente al radicalismo», Ibidem, marzo-abril de 1934, págs. 16 a 19. <<

[14] Acción, órgano de la Liga Antimperialista, 15 de noviembre de 1932, Año IV, N.º 3, pág. 16. <<

[15] «La prisión de Tootell y la Liga Antimperialista», revista Soviet, enero de 1935, Año III, N.º 1. <<

[16] El senador Matías Sánchez Sorondo votó en contra de la intervención a la provincia de Santa Fe y gente de Uriburu se opuso al monopolio del transporte. <<

[17] La primera carta apareció, con el título de «Problemas y tareas actuales», en el número de febrero-marzo de 1935 de la revista Soviet, con la firma de R.; la segunda carta se publicó en el periódico Orientación de julio de 1935 con el título de «Sobre los problemas tácticos». <<

[18] Nuestra Revista, agosto de 1937, Año I, N.° 2, pág. 27. <<

[19] Nuestra Revista, agosto de 1937, Año I, N.º 2, págs. 1 a 3 y 28. <<

Notas al Capítulo 34

[1] Carlos Octavio Bunge, Nuestra América (Ensayo de psicología social), Espasa-Calpe, Madrid, 1956, séptima edición, págs. 239-241. <<

[2] Ibidem, págs. 235 y Siguientes. <<

[3] Ibidem, pág. 287. <<

[4] Esos objetivos se explicaron en tres folletos: La Unión Nacional, garantía de la victoria, de Gerónimo Arnedo Alvarez, Nuestras fuerzas y nuestras debilidades, de Juan José Real y Los comunistas en la defensa de la legalidad democrática, de Ernesto Giúdice. <<

[5] Rodolfo Puiggrós, El proletariado en la Revolución Industrial, segunda edición, Sudestada, Buenos Aires, 1968, pág. 120. <<

[6] El general Pedro Pablo Ramírez, titular de la cartera de Guerra de la presidencia de Castillo y futuro presidente del gobierno militar, no formaba parte del GOU, pero al enterarse de su existencia y de que preparaba la toma del poder, dejó actuar a los conspiradores instalados en sus propias oficinas. V. Juan V. Orona, La Logia Militar que derrocó a Castillo, Buenos Aires, 1966, pág. 51. <<

[7] Se objetará que los militares son, en su mayoría, conservadores y se desinteresan de problemas que puedan tornar azarosa su carrera. Esta observación no está reñida con el hecho que pequeños grupos activos consiguieran copar el mando de la institución. No debe confundirse la unanimidad jerárquica con la unanimidad ideológica. <<

Notas al Capítulo 35

[1] José Peter, Crónicas proletarias, Editorial Esfera, Buenos Aires, 1968. <<

[2] Ibidem, pág. 10. <<

[3] Ibidem, pág. 17. <<

[4] Ibidem, pág. 20. <<

[5] V. Rodolfo Puiggrós, Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne. Argumentos, Buenos Aires; 1957, págs. 152 a 161. <<

[6] José Peter, op. cit., págs. 27-28. <<

[7] Ibidem, pág. 205. <<

[8] Carlos S. Fayt, La naturaleza del peronismo. Viracocha, Buenos Aires, 1967, pág. 46; Juan V. Orona, La logia militar que derrocó a Castillo, Buenos Aires, 1966, capítulo III. <<

[9] «Y cuando Castillo cayó en 1943, el golpe apuntó, en verdad al candidato conservador Patrón Costas, bajo la inspiración del autoritario GOU», dice Carlos S. Fayt, op. cit., pág. 42. <<

[10] Estas reuniones están documentadas en el Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina, Editorial Anteo, Buenos Aires, 1947, capítulo VII, págs. 92 a 108. <<

[11] En el palacete de la avenida Alvear del ex ministro y financista español Francisco Cambó, cabeza de importantes monopolios internacionales, se refugiaron muchos izquierdistas perseguidos por el gobierno militar y se efectuaron reuniones de cuerpos directivos de los partidos opositores. <<

[12] Cit. Luis B. Cerruti Costa, El sindicalismo. Las masas y el poder, Trafac, Buenos Aires, 1957, pág. 130. <<

[13] Ibidem, pág. 134. <<

[14] La resolución, reproducida en el libro de Peter (págs. 206-207), establece también: «pasar a cuarto intermedio para considerar la respuesta de las empresas al gobierno y a la FOIC», es decir que daba como un hecho la solidaridad del gobierno con el gremio en el conflicto. <<

Notas al Capítulo 36

[1] Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Jackson, Buenos Aires, 1945, pág. 247. <<

[2] G. W. F. Hegel, Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Claridad, Buenos Aires, 1937, pág. 33. <<

[3] F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Problemas, Buenos Aires, 1941, págs. 10, 11 y 12. <<

[4] Recordamos estos hechos: el 50 por ciento del ejército zarista colaboró en la revolución de 1917, las guerrillas y el Ejército Popular de China se formaron dentro del Ejército de Chiang Kai-shek durante la guerra contra el Japón, a Fidel Castro se le sumaron regimientos enteros en el curso de su lucha por derrocar a Batista. Decía el alemán W. Liebknecht: «La revolución no se hace contra el Ejército ni sin el Ejército, sino con el Ejército». <<

[5] Gino Germani y Kalman Silvert, Estructura social e intervención militar en América Latina, en Torcuato S. Di Tella, Gino Germani, Jorge Graciarena y otros colaboradores, Argentina, sociedad, de masas, EUDEBA, Buenos Aires, 1966, pág. 228. <<

[6] Ibidem, pág. 228. <<

[7] Ibidem, pág. 230. <<

[8] Ibidem, pág. 247. <<

[9] Platón concibió su Estado ideal o perfecto en base a la selección de la experiencia de tres polis: Atenas, Siracusa y Esparta. Pero, más realista que nuestros tipólogos, reconoció en La República que el Estado modelo se alcanzarla en un ultramundo. Aristóteles, en cambio, no indujo un Estado ideal del estudio de 158 estados existentes; se limitó a describirlos y a descubrir el paso dialéctico de uno a otro sistema político. <<

[10] Julián Marías, Historia de la filosofía, Manuales de la Revista de Occidente, Madrid, 1963, pág. 342. <<

[11] Auguste Comte define al positivismo como «el uso combinado del razonamiento y la observación», en La Philosophic Positive, Flammarion, París, 1926, tomo I, pág. 21. <<

[12] Gyorgy Lukács, El asalto a la razón, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1959, págs. 3, 83 y 191. Hacemos la salvedad que Lukács escribió este libro después de haberle impuesto el Partido Comunista húngaro una severa autocrítica y de obligarlo, para salvar el pellejo, a «rendir homenaje filosófico al genio de Stalin». <<

[13] Ibidem, pág. 28. Como Lukács se refiere, en particular, al irracionalismo que preparó y caracterizó la época hitlerista, corresponde recordar que el Tercer Reich trató de realizar sus objetivos irracionales mediante la racionalización total y técnica del Estado y la sociedad. <<

[14] Ibidem, págs. 690-691. En Il giovane Hegel (Einaudi, Torino, 1960, págs. 751-752), obra que tanta luz arroja sobre la génesis del hegelianismo, Lukács presenta al gran filósofo alemán «como discípulo del Iluminismo» y no su superador dialéctico. <<

[15] Stalin se mostró, en su último libro, menos optimista que Lukács sobre la eficacia del Movimiento de la Paz. Observó que «no basta para suprimir la inevitabilidad de las guerras en general entre los países capitalistas» y que «en caso de éxito», podría «conjurar» o «aplazar» una «guerra concreta» y «mantener temporalmente una paz concreta». Problemas económicos del socialismo en la URSS, Editorial Fundamentos, págs. 26-27. <<

[16] V. L Lenin, Obras completas, Cartago, tomo V, ¿Qué hacer?, págs. 880 , siguientes, Buenos Aires, 1959. <<

Notas al Capítulo 37

[1] Leopoldo Lugones, Antología, Centurión, Buenos Aires, pág. 315. <<

[2] Ernesto Palacio, en La nueva República. «La necesidad de una agrupación política», N.º 39, 3 de noviembre de 1928. Cit. Marysa Navarro Gerassi, Los nacionalistas, Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1969, pág. 38. <<

[3] Rodolfo Puiggrós, El proletariado en la revolución nacional, Trafac, 1958, págs. 36-37, y Sudestada, Buenos Aires, 1968, págs. 49-50. <<

[4] La Nación, 1.º de mayo de 1927, pág. 8, en Marysa Navarro Gerassi, op. cit., pág. 44. <<

[5] Leopoldo Lugones, La hora de la espada, «El Hogar», Buenos Aires, 10 de abril de 1925, pág. 10, cit. Marysa Navarro Gerassi, op. cit., pág. 42. <<

[6] Leopoldo Lugones, Antología, op. cit., pág. 368. <<

[7] Rodolfo Puiggrós, op. cit., págs. 37 a 50. <<

[8] Prevenía Alberdi: «El socialismo europeo es el signo de un desequilibrio de cosas que tarde o temprano tendrá en este continente su rechazo violento, si nuestra previsión no emplea desde hoy los medios de que esa ley [de la población] se realice pacíficamente y en provecho de ambos mundos». Bases, op. cit., pág. 2. <<

[9] En 1909, los hermanos Manuel y Carlos Carlés presentaron al Congreso un proyecto de represión de los trusts norteamericanos e invocaban a «nuestros amigos los ingleses». <<

[10] Mussolini fundó en Milán los Fasci di Combattimento el 23 de marzo de 1919. La Liga Patriótica Argentina comenzó a funcionar un mes antes, el 19 de febrero de 1919. <<

[11] Joaquín S. de Anchorena, presidente de la patronal Asociación del Trabajo, reconocida también por Yrigoyen en 1918, pronunció un discurso incendiario en la Bolsa de Comercio, a fines de 1945, propiciando el lock out contra las conquistas obreras del peronismo. <<

[12] J. J. Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional (1930-1960), Ediciones Hachea, 1960, Buenos Aires, pág. 165. <<

[13] Ibidem, pág. 176. <<

[14] Leopoldo Lugones, Antología, op. cit., pág. 373. <<

[15] Leopoldo Lugones, Odas seculares, Editorial Babel, Buenos Aires, 1924, págs. 46 y 47. En la mismas Oda se refiere al encarecimiento de los arriendos y fletes, reclama la reforma del Código Rural para que exista «equidad pecuaria» y se solidariza con «la peonada regalona [que] habla de socialismo y hasta pide la jornada de ocho horas…». <<

[16] J. B. Alberdi, Bases y puntos de partida pata la organización política de la República Argentina, Barcelona, 1914, págs. 15 a 30. <<

[17] Alberdi pronosticaba, en cambio, que «hasta las inmigraciones de criminales, de ignorantes y de corrompidos» se transformarán y mejorarán gracias a la abundancia y el género de vida más conforme a los buenos instintos naturales del Nuevo Mundo. Ibidem, págs. 25 a 26. <<

[18] Encíclicas Políticas y Sociales de los Romanos Pontífices, Los Libros del Mirasol, Buenos Aires, 1961, pág. 327. <<

[19] Ibidem, pág. 326. <<

[20] Ibidem, pág. 326. <<

[21] Ibidem, pág. 326. <<

[22] «[…] la obra de Maurras hace de la pasión del hombre por fundar un Estado (o por fortificarlo), un objeto de adoración religiosa; es propiamente lo terrestre convertido en trascendental». Julien Benda, La trahison des cleros, París, Bernard Grasset, 1927, pág. 182, nota. Sin embargo, Charles Maurras, de gran influjo en el «nacionalismo aristocrático» de nuestro país, no excluía dentro de la arbitraria síntesis filosófico-política el cientificismo positivista. <<

[23] Diccionario Católico de Información Bíblica y Religiosa. Apéndice de La Sagrada Biblia, Edición Barsa, Chicago, Illinois, 1966, pág. 7. <<

[24] Pío XII perdonó a los miembros de la Action Fran^aise en 1939. Maurras y otros de ellos terminaron en el colaboracionismo con Hitler y en el apoyo al régimen de Vichy. <<

[25] La obra citada de J. J. Hernández Arregui proporciona un amplio análisis de las influencias extranjeras en el «nacionalismo aristocrático» de nuestro país. <<

[26] V. Rodolfo Puiggrós, Historia crítica, op. cit., t. II, págs. 174-175. <<

[27] Le role Extra-militaire de l’Armée dans le Tiers Monde. Entretiens de Dijon. Presses Universitaires de France, 1966, pág. 376. <<

[28] Las pruebas universales son superabundantes. Recordemos solamente para los tiempos contemporáneos la influencia de las ideas de Kant y Hegel en los creadores del Estado Mayor alemán y sus continuadores. Ya en 1790, en vida de Kant, figuraba en el plan de estudios de la Escuela Militar una materia dedicada a esa filosofía. V. Walter Goerlitz, El Estado Mayor alemán, AHR, Barcelona, 1954. Hoy, tanto los ejércitos de los países socialistas como de los capitalistas responden a las correspondientes ideologías de cada sistema. <<

[29] Pragmatismo como expresión del apotegma de los antiguos: Primum vivere, deide philosophari, que así se burlaban de los ideólogos. O, según William James, de la actitud de valorar únicamente «las últimas cosas, frutos, consecuencias, hechos». En el caso del peronismo sería el reconocimiento de la importancia práctica de las fuerzas de presión por encima de las ideologías, a las cuales se les otorgaría el carácter de instrumentos para lograr objetivos inmediatos. <<

[30] «No basta que el pensamiento impulse hacia la realización, la realidad debe ella misma acercarse al pensamiento». Karl Marx, Para la crítica de la Filosofía del Derecho, de Hegel. <<

[31] Es una afirmación empírica, inferida de las revoluciones triunfantes de este siglo. Está dentro de lo posible que en el futuro la revolución permanente excluya esos estrangulamientos del proceso general. <<

[32] «Sin la independencia y la unidad de cada nación es imposible realizar ni la unidad internacional del proletariado, ni la cooperación consciente de esas naciones hacia objetivos comunes», escribía en 1893 Friedrich Engels (Prefacio a la edición italiana del Manifiesto Comunista). <<

Notas al Capítulo 38

[1] Ortiz había sido concejal y diputado por la Unión Cívica Radical (1918-1924), ministro de Obras Públicas de Alvear (1925-1928) y ministro de Hacienda de Justo. Después del golpe militar de 1930 propició la candidatura presidencial de Alvear. V. Rodolfo Puiggrós, Historia crítica, op. cit., t. III, págs. 503-504, nota 7. <<

[2] William Z. Foster, Outline of Political History of the Americas, International Publishers, New York, 1951. Foster (1881-1961) fue varios años líder del Partido Comunista de los Estados Unidos. En la página 642 cita como fuente documental al Departamento de Estado. <<

[3] Ibidem, págs. 476-477. <<

[4] Rogelio García Lupo, La rebelión de los generales, JAMCANA, Buenos Aires, 1963, págs. 89 a 91. <<

[5] Cit. Coronel Eduardo A. Garimaldi, Industria siderúrgica argentina, antecedentes y comentarios. Su solución: el Plan Siderúrgico Argentino. Círculo Militar, Biblioteca del Oficial, Buenos Aires, 1947, pág. 16. <<

[6] Luciano R. Catalano, «El hierro en la Argentina», en revista Argumentos, Buenos Aires, julio de 1939, págs. 173 a 188. <<

[7] Coronel Eduardo A. Garimaldi, op. cit., págs. 30 y 33. Dice este autor: «Al Ministerio de Guerra debe la Nación la realidad de la industria siderúrgica». <<

[8] Juan V. Orona, op. cit., pág. 45, nota 4. <<

[9] Marysa Navarro Gerassi, op. cit., pág. 178. <<

[10] Juan V. Orona, op. cit., pág. 45, nota 4. <<

[11] Carlos S. Fayt, op. cit., pág. 46. <<

[12] Agradecemos, en particular, a Juan Carlos Vedoya, sobrino de los coroneles Montes, la amplia información que nos ha proporcionado sobre la materia. <<

[13] Aníbal Montes fue el denunciante del negociado de los armamentos, gesto que interrumpió su carrera militar. Fue quien facilitó a Mario Bravo las pruebas documentales que el senador socialista usó en su interpelación al general Rodríguez, ministro del presidente Justo. <<

[14] Los nombres de los veinte jefes aparecen en el libro del coronel Juan V. Orona, op. cit., pág. 43, nota 2. <<

[15] Juan Perón, Tres revoluciones militares, Escorpión, Buenos Aires, 1963, págs. 91-93. <<

[16] Rogelio García Lupo, op. cit., págs. 51 y 56. <<

[17] Algunos historiadores norteamericanos hacen partir la tradición del «destino manifiesto» del desembarco de los puritanos en la bahía de Massachusetts en 1630. Sus primeros teóricos fueron, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, el geógrafo Jedidiah Morse y el político Thomas Jefferson. La expresión «destino manifiesto», con sus connotaciones geopolíticas, apareció en un artículo de diciembre de 1845 del New York Morning News; su autor, O’Sullivan, defendía el derecho de los Estados Unidos a anexarse al mexicano estado de Texas. <<

[18] Todos los subrayados son nuestros. R. P. <<

[19] Ver capítulo 35. <<

[20] Jordán B. Genta, Guerra contrarrevolucionaria. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1965, pág. 235. <<

[21] Mario Amadeo, Ayer, hoy, mañana, Ediciones Gure, segunda edición, Buenos Aires, 1956, pág. 20. <<

[22] La Vanguardia del 31 de diciembre de 1943. LaHora del 17 al 19 de diciembre de 1943. <<

[23] Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina, Editorial Ateneo, Buenos Aires, pág. 112, nota 184. <<

[24] En febrero de 1962, casi veinte años después del suceso que comentamos y en una Mesa Redonda realizada en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la Argentina, a la que asistió el autor de este libro, un profesor centroamericano exhibió diarios de su país y de Chile de octubre y noviembre de 1944, con el fin de demostrar la victoria de la huelga y la impopularidad de Perón. Esta opinión es todavía moneda corriente en círculos izquierdistas latinoamericanos. <<

[25] Carlos S. Fayt, op. cit., pág. 94. <<

[26] Cit. Luis B. Cerrutti Costa, op. cit., pág. 145. <<

[27] Esbozo…, op. cit., pág. 114. <<

[28] Registro Oficial de la República Argentina, I, pág. 335, N.º 809. <<

[29] Carlos S. Fayt, op. cit., págs. 108-109. <<

[30] Ibidem, págs. 107-108. <<

[31] Ibidem, págs. 106-107. <<

[32] Juan Perón, op. cit., pág. 97. Henry Morgenthau Jr., íntimo amigo del presidente Roosevelt, fue secretario del Tesoro hasta poco después de la muerte de éste. Más que como representante de un «grupo financiero» se caracterizó por llevar a la práctica la política del New Deal. <<

[33] García Lupo se refiere, en nota de pie de página a renegados del Partido Comunista que pasaron al servicio de los Estados Unidos, como el peruano Eudocio Ravines, el chileno Marcos Chamudes y el argentino Silvano Santander. <<

[34] Rogelio García Lupo, op. cit., págs. 112-115. <<

[35] Coronel Juan Perón, Mensaje a la juventud estudiosa del país, discurso pronunciado el 28 de agosto de 1945 por LRA Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. <<

[36] Friedrich Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Editorial Futuro, Buenos Aires, 1946, pág. 97. <<

[37] El texto íntegro del discurso fue publicado por primera vez en el libro de Luis B. Cerrutti Costa, op. cit., págs. 148 a 157. <<

[38] Rodolfo Ghioldi, América Latina y la URSS, Editorial América, Montevideo, págs. 20-21, folleto. <<

[39] Antonio Santamarina fue detenido en diciembre de 1944 por haberse comprobado su participación en el secuestro de un avión. Ver información más amplia en supra. <<

[40] Rodolfo Ghioldi: Los comunistas al servicio de la Patria, Buenos Aires, 1945, págs. 5-19. <<

[41] Una dama de varios apellidos exclamaba ese día en la Confitería del Gas: «Cada día quiero más a los comunistas, porque gracias a ellos nos veremos libres de la chusma». <<

[42] Esbozo…, op. cit., pág. 119, nota 196. <<

[43] Crítica, 10 de octubre de 1945 y 26-27 de mayo de 1953. <<

[44] El general Avalos había sido uno de los cuatro coroneles que al producirse el golpe del 4 de junio de 1943 integraba la dirección del GOU, junto con Perón, Ramírez y Enrique González. <<

[45] La Vanguardia, 16 de octubre de 1945. <<

[46] Luis B. Cerrutti Costa, op. cit., págs. 174 y siguientes. <<