La Historia crítica de los partidos políticos argentinos, sin duda una de las obras más importantes de Rodolfo Puiggros, vio la luz en 1956. Una década más tarde su autor la reelaboró en profundidad, convirtiéndola en una verdadera historia política y social de la Argentina, no en tanto repertorio completo de acontecimientos, sino en su calidad de minucioso análisis de los factores esenciales de la plasmación del país contemporáneo y de los momentos clave de ese proceso. En dicha oportunidad, las cinco partes constitutivas de la Historia crítica, que la presente edición recoge en tres tomos, aparecieron como volúmenes independientes.

En la primera parte de este volumen, Puiggrós estudia el movimiento independentista y bucea en sus limitaciones, pasa revista a los años de la llamada organización nacional y desmonta los mecanismos de funcionamiento de la Argentina oligárquica finisecular. La segunda parte está consagrada al yrigoyenismo, en su doble carácter de producto de la modernización capitalista y de movimiento popular de reacción contra las formas que esa modernización asumía.

Los dos volúmenes siguientes, que aparecerán poco más adelante, incluyen las tres partes restantes de la Historia crítica: «Las izquierdas y el problema nacional», «La democracia fraudulenta» y «El peronismo: sus causas».

Rodolfo Puiggrós

Historia crítica de los partidos políticos argentinos
(I)

Biblioteca argentina de historia y política - 021

ePub r1.1

et.al 20.04.2019

Rodolfo Puiggrós, 1956

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r2.1

INTRODUCCIÓN

El utilitarismo deforma la realidad

Hay en los círculos dirigentes latinoamericanos desvinculados de los respectivos pueblos la marcada tendencia a tratar los fenómenos sociales de nuestros países en función exclusiva del influjo que ejercen sobre ellos las causas externas y subordinar a éstas (subjetivamente, fuera de la realidad objetiva) la totalidad o la parte decisiva de las causas internas. No conciben el paso de nuestras sociedades por sí mismas de lo inferior a lo superior, como autodesarrollo que absorbe y supera los múltiples influjos del mundo exterior. Las condenan a ser eternas colas, comunidades pasivas. El positivismo al uso de sociólogos y economistas no deja concebir para el futuro más que la repetición del pasado colonial.

Es corriente oír afirmar axiomáticamente a las gentes de esos círculos: somos reflejo de Europa o de los Estados Unidos, y al entrar en el terreno de la profecía, en el que yacen por no comprender o para eludir el porvenir, ponen la esperanza en una nueva guerra mundial (cada día menos probable), en restauraciones de la situación internacional (cada día menos favorable para las minorías económicas y políticas) o en causas salvadoras que desde el exterior determinen el mantenimiento sine die de nuestra condición de factorías de imperios (cada día más desintegrados).

Quienes así piensan se declararan realistas y prácticos. Lo son, en efecto, si por realismo y práctica se entiende no ver más allá de lo inmediato, juzgar eterno el presente y negarse a admitir que Nuestra América está en plena germinación. A corto plazo ese realismo práctico, a la manera del pensamiento del hombre que contempla la vida desde atrás del mostrador, revela ser lo opuesto de lo que aparenta, pues la realidad siempre se transforma (no existe una realidad fija) y la práctica fracasa (deja de corresponder a la mutable realidad) si gira dentro del mezquino círculo de las necesidades pasajeras. Personas de capacidad práctica en la gestión de sus intereses privados resultan sin idoneidad en el manejo de los intereses públicos. Exhiben como títulos habilitantes para gobernar a sus conciudadanos sus trayectorias de financistas, comisionistas, especuladores, agentes de consorcios, abogados de empresas; pero al proyectar sus exitosas experiencias personales a las funciones del Estado actúan al servicio de los poderes economicofinancieros a los que deben sus fortunas o sus carreras. Carentes de realismo social y de sentido práctico en el enfoque de los problemas populares (la vida para ellos es un negocio), cubren con el desprecio de la teoría su total ignorancia de la ciencia política.

El utilitarismo que envenena las conciencias pretende que la sociedad sea una gran empresa administrada con estricto criterio contable y guiada por la moral de la mayor ganancia a la que se sacrifique cualquier otra consideración. De ese modo, la emancipación y el bienestar de los trabajadores, el desarrollo de la revolución técnico-industrial —con la finalidad de crear una economía de abundancia para toda la colectividad y no para una minoría privilegiada— y el orgullo patriótico que ambiciona plena soberanía del suelo natal quedan subordinados a un concepto abstracto e interesado del bien público que para conservar las apariencias exige sacrificios al pueblo, a la vez que hipoteca y humilla al país ante los poderosos del momento. El utilitarista resuelve las cuestiones cotidianas en provecho propio, pero cuando se le deja avanzar hasta ocupar posiciones de gobierno muestra su ineptitud para dar soluciones generales y prueba que en las alturas, lejos del mundillo de los negocios, pierde contacto con la realidad y vive de ilusiones. Su egoísta experiencia individual lo inhibe para entender los problemas sociales.

La historia convertida en metafísica

La infección ideológica introducida por la propaganda imperialista provoca en la mentalidad colonial de los intelectuales y políticos liberales de los países que no han alcanzado su independencia económica, o no han completado su proceso de autodeterminación nacional, una visión deformada de la realidad social que coloca en un polo a las grandes potencias como activas trasmisoras de civilización y en el polo opuesto a los pueblos atrasados como pasivos receptores de esa misma civilización. Ese cuadro abstracto de relaciones estáticas entre aquéllas y éstos permanece estereotipado de tal modo en la conciencia de los mencionados intelectuales y políticos que les resulta imposible dejar de concebir a los distintos países (grandes y pequeños, fuertes y débiles) de acuerdo al criterio aplicado por los teólogos medievales a la clasificación de las especies de la naturaleza: todas hijas de un acto creador que de una vez para siempre las hizo como son, con eternas características fijas.

A los políticos que se valen de la historia y de la economía como muletillas para justificar militancias ajenas o contrarias al devenir nacional, les vienen de perilla las tesis de los economistas e historiadores que ocultan o subestiman la función determinante de las causas internas en el desarrollo de la sociedad. Entre el economista que propone contraer empréstitos o buscar gravosas e incontroladas inversiones en el extranjero con el objeto de remediar dudosas: crisis,[1] el político que espera alcanzar el poder mediante la ayuda de alguna gran potencia y el historiador que reduce el pasado de su país a una serie de hechos cronologados formalmente con los hechos mundiales, hay diferencias de profesión y no de calidad. Todos ellos poseen la mala conciencia que en las colonias, dependencias y factorías marca con su deleznable sello a las clases sociales enajenadas a las ideas y los intereses del imperialismo extranjero.

Esa sutil y a menudo invisible penetración ideológica se prestigia atribuyéndose el papel representativo de la cultura cristianoccidental universalizada, o de una seudociencia basada en la razón empírica del positivismo, y del poderío económico-político-militar del grupo de naciones que se consideran a sí mismas con rango rector y derecho a mandar o a orientar a las demás. Aquí también el realismo práctico, encerrado en lo inmediato, se estrella contra una realidad en continuo cambio, pues la tendencia hacia lo universal ha dejado de ser patrimonio de la cultura cristianoccidental en la última de sus metamorfosis y la relación de fuerzas entre los países mayores y menores se modifica día a día a favor de lo nuevo engendrado en los segundos y en perjuicio de lo que en los primeros (por brillo momentáneo que conserve) concluye su desarrollo, se estanca y agoniza.

Es inevitable, por ley de todo crecimiento, que lo nuevo se consolide en oposición dialéctica a lo viejo (asimilándolo y negándolo para superarlo) o que se frustre si se subordina mecánicamente a él. Ni lo viejo quiere ser viejo, ni lo nuevo quiere renunciar a ser nuevo. Lo nuevo nace y se desarrolla en función de sus causas internas, es decir de las contradicciones que laten en la esencia de las cosas vivas y determinan sus cambios intrínsecos. En una época de incomparable fluidez como la nuestra, en la que salen a la luz y se entrechocan antagonismos subyacentes durante toda la historia, los cambios decisivos no se registran en términos de siglos, sino de años y hasta de meses y días.

No es que las causas externas dejen de tener influencia, a veces primordial, en el nacer y desarrollarse de la sociedad. El error consiste en colocarlas en el lugar correspondiente a las causas internas, en diluir éstas al no presentar más que aquéllas, en no ver que las causas externas actúan sobre un fondo o base ya creado por las causas internas. Las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas en la medida que estas últimas se lo permiten.

Al explicar el origen y el desenvolvimiento de las sociedades latinoamericanas como resultados de relaciones puramente externas, la historia se convierte en metafísica y se supone la existencia de poderes sobrenaturales que actúan desde afuera a partir del día de la aparición del conquistador español por estas tierras. La pretendida acción determinante de tales poderes sobrenaturales da lugar a tan diversas cuan absurdas teorías. Es algo así como la rehabilitación de la doctrina aristotélica del primer motor inmóvil o principio externo creador de todos los seres y cosas.

Una interpretación teológica

Según una antigua escuela teológica de reciente resurrección, nuestros países están encadenados para la eternidad al sentido misional que la católica España imprimió al descubrimiento de América, con todas las consecuencias que ese nexo inicial trajo aparejadas. Como a bordo de las tres carabelas de la expedición descubridora no viajó ningún sacerdote y semejante lapsus no solamente sería una excepción a las costumbres navieras de la época y probaría que la Iglesia no comulgaba con el proyecto colombino, sino también dejaría bastante mal parada a la escuela teológica, los epígonos de ésta cargan sobre la espalda del avaro navegante la responsabilidad de haberse dejado dominar por una sórdida pasión de lucro y olvidado los fines sobrenaturales de su audaz tentativa de ir al encuentro de tierras cuya existencia negaban los doctores de la Iglesia. Pero, siempre según los mismos autores, la falta se reparó en la segunda expedición y desde entonces los misioneros moldearon definitivamente el alma de Nuestra América.[2] Nuestros países serían hijos de la fe en Cristo, como las polis griegas creían serlo del favor de los dioses olímpicos. El mito y no una causa interna estaría al comienzo de la existencia de nuestras sociedades. Tendríamos entonces que renunciar a explicar nuestros orígenes y aceptarlos como acto de fe en el hijo de María. El fideísmo ocuparía el lugar de la ciencia.

Sin embargo, no deben desecharse las causas extraeconómicas en la determinación de los elementos formativos de las sociedades latinoamericanas. Sería erróneo desconocer el papel de la religión en la conquista (especialmente en el sometimiento y la asimilación del indígena por el colonizador español y en la organización social del coloniaje), tan erróneo como suponer que la religión lo hizo todo o fue la causa de las causas. Pero la religión no se explica por sí misma y es, por consiguiente, una causa subordinada. La notoria preocupación de los Reyes Católicos y sus sucesores por salvar las almas de los nativos de América corría pareja con la no menos notoria preocupación por acrecentar, a costa de ellos, los tesoros de las reales armas,[3] no obstante lo cual no hubieran podido emprender la llamada conquista espiritual sin asegurarse la conquista material, por más ayunos y otras abstinencias que practicaran los fieles a Cristo.

Sin la actividad proselitista de los misioneros no se hubiera completado la conquista de América, pues la religión era la superestructura de dogmas y supersticiones inseparable del orden social que se expandió al continente descubierto por Colón; pero si subordinamos las causas materiales a las morales en el estudio del conjunto de un proceso caeremos en la metafísica y en el fideísmo y renunciaremos a encontrar las leyes objetivas del desarrollo histórico.

España y América

Adivinamos la primera objeción: «La conquista de América es una causa externa y nadie puede negarle influencia determinante en el desarrollo posterior de nuestro continente, ni que fue la base y punto de partida de las sociedades de Nuevo Mundo».

Un escritor contemporáneo expresa tal idea de la siguiente manera rotunda:

«Somos la continuación de España en América y la patria empieza con la conquista. A esa empresa de tres siglos debemos el ser. La guerra posterior por la independencia —larga, cruenta y gloriosa— fue un episodio incidental: guerra civil, si la hubo, lo cual no implica desmerecerla, sino clasificarla técnicamente, y que debía terminar con una reconciliación definitiva, porque con España no hay frontera».[4]

Para este autor, la conquista española sería la causa única tanto de nuestro nacimiento cuanto de nuestro desarrollo como nación, a tal punto que se lamenta de la interferencia de otras causas (externas e internas) que al desviar a aquélla del impulso original, nos sumergieron en el «drama de un destino frustrado».

Hace un siglo, Juan Bautista Alberdi coincidía, haciendo antiespañolismo con el españolismo retroactivo a ultranza del historiador que acabamos de mencionar, al decir:

«Lo que llamamos América independiente no es más que la Europa establecida en América; y nuestra revolución no es otra cosa que la desmembración de un poder europeo en dos mitades, que hoy se manejan por sí mismas».[5]

Viene al caso recordar el ejemplo clásico de la antigua Grecia que, con su collar de colonias distribuidas por las islas y costas mediterráneas de tres continentes, da la idea de un poder que se dividía sin perder el conjunto su unidad de religión y, en cierta medida, de cultura. Pero tanto para el conocimiento de Grecia como para el de Nuestra América no es menester reflexionar sobre lo que hay de común entre las partes del poder desmembrado, pues el todo se presenta de inmediato a la conciencia sin exigir mayor esfuerzo mental y sin arrojar luz acerca de las leyes de un desarrollo divergente en lo particular. No sucede lo mismo con las partes que tienden a separarse (aunque en Grecia, bajo el apremio de defenderse de la agresión del persa, sellaron más tarde una tenue unidad a un nivel más elevado) y, por lo tanto, a avanzar por caminos propios e inéditos dentro de un orden social determinado por el origen común y en la lucha por pasar a un orden social superior.

Lo particular de la evolución histórica de nuestros países se inició cuando la conquista se trocó en colonización y comenzaron a actuar con autonomía las causas internas de desarrollo, esto es mucho antes de la ruptura de su dependencia política del poder metropolitano. El repudio sin atenuantes de cuanto trascendiera a indígena e ibérico en la formación de nuestras sociedades quitó objetividad al pensamiento de Alberdi y transfirió a tardías causas politicoideológicas la función generatriz correspondiente a primitivas causas economicosociales. En los orígenes de las sociedades de Nuestra América están las comunidades precolombinas y la sociedad española del siglo XVI, pero no para reproducirse mecánicamente, sino para engendrar vida social autónoma, con leyes propias de desarrollo. La historia de México es la más clara y contundente demostración de esta tesis; los criollos revolucionarios no se insurreccionaron allí contra el poder peninsular como meros españoles de América, sino esencialmente como continuadores del pasado precolombino y dueños legítimos de una soberanía usurpada por la conquista cortesiana; y los criollos contrarrevolucionarios que propiciaron la independencia, a la vez que defendieron la intangibilidad de la sociedad colonial, se declararon representantes de esta sociedad tal como existía.

Barbarie y racismo

Domingo Faustino Sarmiento quiso sepultar bajo el dicterio de «barbarie» a las causas internas, como si nuevas causas externas pudieran introducirse con prescindencia de la acción determinante de la sociedad preestablecida. El «gaucho de la república de las letras» (así lo clasificó Menéndez y Pelayo) se dio por meta hacer tabla rasa de la Argentina gauchiespañola, pero la realidad historicosocial le obligó a aceptar un pasado que únicamente se supera partiendo de él mismo. En Facundo se debate entre la manera de ser de nuestro pueblo y la manera que quería que fuera para elevarlo a la altura de los pueblos más civilizados. Su impaciencia le hacía desear el aniquilamiento de la vieja Argentina colonial y su sentido de la realidad le imponía el reconocimiento de que

«un caudillo que encabeza un gran movimiento social, no es más que el espejo en que se reflejan, en dimensiones colocales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia».[6]

Esa contradicción, que nunca logró resolver, imprimió extraordinaria movilidad a su pensamiento y febril actividad a su vida política.

La sociología racista (mezcla del utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, importado por los ingleses junto con sus mercaderías y capitales, con las doctrinas racistas de Chamberlain y Gobineau) difundió el más absoluto desprecio de las causas internas y todo lo redujo a una subalterna acusación de impotencia de la cruza de español, negro e indio comparada a la pureza, la inteligencia y la capacidad de trabajo de los anglosajones y germanos. No se ha escrito una falsificación tan burda de nuestros orígenes sociales como Nuestra América de Carlos Octavio Bunge, obra seudocientífica en la que se sustituyen las causas materiales de nuestra inferioridad por pretendidas taras psicológicas inmanentes a los iberoindoamericanos.[7]

José Ingenieros comparte, con escasas reservas, tales ideas. Escribe:

«Sarmiento —en Conflicto y armonías de las razas en América— encaró con agudeza este problema; Bunge sigue rumbos semejantes, aunque fácilmente se adivina que no había leído Conflicto. En nuestra población hispanoamericana reconoce el producto de tres grupos étnicos que accidentalmente convergieron a su constitución. Mientras los ingleses tuvieron en Norte América hembras anglosajonas, conservando pura su psicología al conservar la pureza de su sangre, los españoles se cruzaron con mujeres indígenas, combinando sus taras psicológicas con las de la raza inferior conquistada; ésa sería la diferencia fundamental en la colonización de ambas Américas. Los yanquis son europeos puros; los hispanoamericanos están mestizados con indígenas y africanos, guardando en la zona templada la apariencia de europeos por simple preponderancia de la raza más fuerte».[8]

En Los precursores se complace en destacar también la interpretación racista de Sarmiento[9] y en Sociología argentina afirma concretamente que

«la formación de la nacionalidad argentina es en su origen un simple episodio de la lucha de razas»,[10] y en La formación de una raza argentina[11] anuncia el «advenimiento de una raza blanca argentina […] que pronto nos permitirá borrar el estigma de inferioridad con que han marcado siempre los europeos a los sudamericanos».

La evolución de las ideas argentinas —obra de despedida en la que Ingenieros se propuso exponer ampliamente su pensamiento maduro sobre el proceso histórico nacional— se caracteriza por el desprecio in globo de las causas de nuestros orígenes sociales a las que aplica los más duros adjetivos y por la concepción de nuestra historia como reflejo de la historia europea, cayendo en la concepción metafísica de los historiadores y sociólogos que manejan las causas externas como si fueran demiurgos o fuerzas sobrenaturales capaces, por sí mismos, de determinar el curso de las sociedades latinoamericanas con prescindencia de lo que éstas son y de sus tendencias al autodesarrollo.

Hace una mezcolanza de causas internas y externas, pero en última instancia su eclecticismo se pronuncia por la última moda imperante en el Viejo Mundo. Aplica la teoría de los factores,[12] muy en uso entre los sociólogos burgueses de la escuela positivista, según la cual la raza, la moral, la política, la economía, etc., ejercen una acción equivalente en el desarrollo social y de este modo las causas económicas se esfuman o pasan a desempeñar un papel subalterno. Los altibajos de la historia argentina vendrían a ser el reflejo empequeñecido y tardío, casi una caricatura, de la lucha entre reacción y revolución en Europa. La obra de Ingenieros carece de una filosofía coherente y en ella se cosecha marxismo y positivismo, metafísica y realismo ingenuo, irracionalismo nietzcheano y cientificismo, humanismo y racismo, admiración a la revolución proletaria y apología emersoniana del gran hombre, materialismo e idealismo, sin dar una interpretación clara y verdadera de las causas internas de nuestro desarrollo social. Sólo queda en pie como afirmación axiomática que «el atraso de estas desventuradas comarcas» proviene de la conquista española.[13]

El diletantismo de Ingenieros

Podrían llenarse volúmenes con citas de obras que dan a la conquista española de América el valor de causa única determinante con acción prolongada a lo largo de los siglos, pero por numerosas y prestigiosas que sean tales fuentes dan una idea falsa de nuestra evolución histórica y responden a un complejo colonial de inferioridad que trata de compensarse con la exaltación de la democracia anglosajona y la justificación del dominio económico y la preponderancia ideológica del imperialismo anglosajón sobre nuestros países.

En el caso particular de Ingenieros induce a error el entusiasmo de los panegiristas que lo presentan como campeón del antimperialismo de comienzos de siglo. No puede negarse al autor de Las fuerzas morales sus méritos de denunciante de los objetivos imperiales de Estados Unidos y de promotor de la autodeterminación de nuestros países, si bien nunca entendió el carácter dependiente y deformado que el imperialismo británico impuso a la estructura socioeconómica de la Argentina, ni que la industrialización y el proteccionismo aduanero constituyen dos puntos imprescindibles y esenciales de toda plataforma práctica de emancipación nacional. Decía al referirse al período 1880-1900:

«Toda política favorable a los intereses del capitalismo naciente (que es una pequeña minoría) ha sido un proteccionismo de especulación sobre la economía del trabajo social, pues las verdaderas fuentes de riquezas son la agricultura y la ganadería».[14]

No podía exponerse con mayor precisión el pensamiento de los terratenientes ganaderos y de los comerciantes importadores para quienes la protección de la industria nacional (el capitalismo naciente) siempre fue una desviación de lo que consideran el destino único de nuestra economía semicolonial de abastecimientos al imperialismo. Durante los últimos cien años la política económica de esos sectores se ha centrado en la oposición a que la renta nacional y, en general, las acumulaciones internas de capital se inviertan en la industria. Se prefiere dilapidarlas, mediante el acrecentamiento del parasitismo privado y estatal, o depositarlas en bancos extranjeros,[15] antes de tolerar un armónico e integral autodesarrollo económico que destruya privilegios derivados del atraso y de la dependencia del país.

Un insistente discípulo de Ingenieros nos brinda, proponiéndose lo contrario, la clave para ubicar a su maestro. Dice:

«Pero este sentimiento de Ingenieros (el sentimiento de reivindicación social y de acción antimperialista) en el orden de los fenómenos politicosociales se conjugaba con el mismo sentimiento que en el orden de los fenómenos ideologicofilosóficos le inspiró su lucha pertinaz en defensa de la ciencia positiva contra los avances del irracionalismo».[16]

Es deslizarse por una peligrosa pendiente que conduce a la vereda opuesta al marxismo aceptar a libro cerrado la «ciencia positiva» de Ingenieros nada más que por haber sido dique de contención de las corrientes irracionalistas. Pasando por alto la elevada dosis de irracionalismo que hay en la obra del autor de El hombre mediocre y limitando nuestro juicio a la relación causal entre su «sentimiento» en lo politicosocial y su «sentimiento» en lo ideologicofilosófico, no cabe la menor duda acerca de su empleo del método sociológico del positivismo en el estudio de nuestros problemas y del nexo existente entre tal empleo y su desconocimiento de la subordinación que el imperialismo británico impuso a la economía argentina.

No es posible ser, a la vez, discípulo de Ingenieros y de Marx. Ingenieros, que no entendió al marxismo, se adscribió al positivismo (a la sociología que en Inglaterra con Spencer y en Francia con Comte se fundó como ciencia independiente) de igual modo que en 1820 Rivadavia se hizo adepto del utilitarismo de Jeremías Bentham[17]. Claro está que, como lo hemos anotado, su positivismo no era muy ortodoxo, pues estaba mechado de voluntarismo y otras corrientes que incluía dentro de su concepción de la cultura en abstracto, sin determinar su contenido. A los jóvenes les enseñaba a sublimar su individualidad en pos de un ideal no especificado y a fuerza de repudiar subjetivamente la mediocridad les hacía creer que eran genios sin dejar de ser mediocres. Como positivista, ya que sus epígonos lo circunscriben a esta escuela, pregonaba el gobierno de los superiores sobre los inferiores (esto es, la ideología del imperialismo que en alguna oportunidad también expuso en relación a la hegemonía de la Argentina sobre el resto de América Latina) y daba por fundamento de la sociedad no a las relaciones económicas sino a las relaciones naturales, lo que le permitía evitar una crítica a fondo del sistema capitalista y apasionarse por el socialismo y la Revolución Rusa sin comprometerse con la concepción del mundo que el proletariado trae en su conciencia.

El diletantismo de Ingenieros, cuyos estragos se hacen sentir tanto dentro como fuera de las fronteras de nuestro país, no conciliaba con la interpretación del desarrollo en función de sus causas internas. El título de su libro fundamental lo define: La evolución de las ideas argentinas, al compás de las ideas europeas, no la evolución de la sociedad argentina al impulso de sus propias contradicciones. Tiene, pues, explicación que él también viviera obseso por la conquista española, a la que le atribuía que no hubiéramos seguido la ruta de las naciones más civilizadas. Esa actitud idealista, que trastrueca lo necesario en contingente y no contempla nuestros orígenes como algo irreversible y punto de partida imborrable de nuestro desarrollo histórico, desembocó en la apología de la cultura occidental, es decir, de la cultura de la burguesía más avanzada, no importa los brochazos de socialismo y obrerismo que no consiguen disimularla.

El esquema histórico de Ricardo Rojas

El esquema histórico de Ricardo Rojas, muy de moda hace algunos años, embarulla la percepción del proceso objetivo al reducirlo a la abstracta antítesis de indianismo y exotismo:

«primero los indios precolombinos vencidos por los conquistadores españoles vencidos por los inmigrantes europeos; y tendremos, por fin, a los mercaderes inmigrados vencidos por los artistas autóctonos, o sea el exotismo nuevamente vencido por el indianismo».[18]

Sin embargo, el autor de Eurindia intuye, aunque en base al juego de factores esotéricos (fuerzas telúricas, raza, psicología, espíritu o no se sabe qué efluvios misteriosos), la interacción de causa interna y causa externa:

«asimilación de la civilización exótica por la tradición indiana […] en América el proceso de “antes” y “después” se entrecruza con las mareas sociales de “aquí” y de “allá”, o sea, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, en una especie de ritmo intercontinental».

O al referirse a la mentalidad colonial de descollantes intelectuales:

«Mas he aquí, que al cabo de tres generaciones llamadas libres, advertimos que nuestros maestros, por necesidad pragmática o por fatalidad del ideario colonial redivivo, nos han impuesto nuevos dogmas exóticos. Hemos abolido una metrópoli para sustituirla por varias. Removido el obstáculo de España, se buscaron otros modelos: Echeverría dijo: Francia; Alberdi dijo: Inglaterra; Sarmiento dijo: Estados Unidos; otros dijeron: Grecia, Rusia, Alemania […] Acaso todo ello ha tenido su justificación en las necesidades de aquel tiempo. Hoy no la tiene. La necesidad nueva consiste, no en vestir prestadas formas de Europa, sino en asimilar las esencias de la cultura universal, sin someternos a modelos exóticos por el solo hecho de serlo, y antes, por el contrario, buscando en la propia vida americana las normas que convienen a nuestra capacidad creadora».

La teoría de los factores, extraída del repertorio positivista, obnublece el pensamiento de Ricardo Rojas y da en Eurindia la primacía a las relaciones ideales sobre las materiales, quedando encubiertas las verdaderas causas del origen y el desarrollo de nuestra sociedad. Como historiador idealista de la cultura se abstiene de investigar las contradicciones en las causas materiales internas. Prefiere recurrir a factores míticos (influencias espirituales, númenes, dioses, etc.) o secundarios (razas, geografía, psicología, etc.). De todos modos, y aunque invierte la realidad, su planteo en abstracto de la interacción de causas internas y externas contiene no despreciables elementos dialécticos: por ejemplo, cuando menciona, en la cita anterior, la asimilación de

«las esencias de la cultura universal […] buscando en la propia vida americana las normas que convienen a nuestra capacidad creadora».

Ricardo Rojas se remonta a Grecia al pesquisar las fuentes de nuestra cultura y hay en sus reflexiones más de un acierto dialéctico entre la mucha hojarasca casi ocultista. El tema es peligroso. La referencia a los griegos nunca falta en los historiadores idealistas en relación al problema de las causas. Hablan de Grecia como de un milagro, cuyo origen material no puede demostrarse, pues habría nacido de la nada o de una creación misteriosa. Como forjó arquetipos en política, arte y filosofía que tienen vigencia a través de los regímenes sociales que se han sucedido, como en nuestros lenguajes empleamos palabras de procedencia helénica, como las grandes líneas divergentes del pensamiento (la dialéctica heraclítea y el fijismo del ser parmenídeo, el materialismo democríteo y el idealismo platónico) se iniciaron en las polis jónicas, resultaría que toda nuestra cultura es hija del milagro helénico.

El existencialista alemán Karl Jaspers amplía tal fundamentación mítica del origen de nuestra cultura y la radica entre los años 800 a 200 antes de Cristo, en lo que llama tiempo-axial o tiempo-eje, pues en él

«tuvo lugar la cimentación espiritual de la humanidad de la cual se nutre ésta hasta hoy, y es notable que lo tuvo simultánea e independientemente en China, India, Persia, Palestina y Grecia».[19]

La aparición de Zaratustra en Persia, Gautama-Buda en India, Confucio en China, los profetas entre los judíos, el rey Numa en Roma y los primeros filósofos jónicos, dóricos y eleatas en Grecia, le hace pensar a Jaspers que durante el tiempo-axial una causa única sobrenatural alumbró el camino hacia el futuro de la humanidad.

Los adverbios de modo simultánea e independientemente cubren una transgresión a la verdad histórica en la filosofía teísta jasperiana. El florecimiento de la cultura griega fue posterior al de las culturas de China, Egipto, India, Persia y Palestina. La idea de yuxtaposición (simultaneidad e independencia) de esas culturas es notoriamente falsa. No hubo tal paralelismo. La escuela de Jaspers (y a ella le dedicamos estos párrafos por su influencia en filósofos e historiadores decadentes de la Argentina) reivindica los valores irracionales del mundo prehelénico y niega jerarquía al racionalismo del pensamiento griego al compararlo con aquéllos.[20] Si bien es cierto que la filosofía se erigió desde Tales hasta Aristóteles sobre un trasfondo histórico de miles de años de elaboración previa fuera de Grecia, no es menos cierto que dicha filosofía incorporó valores inéditos hasta entonces a la conciencia y a la existencia del hombre. Lo mismo puede decirse de la técnica y de la política cultivadas en la Hélade.

Nos alejaríamos del plan de este libro si entráramos a buscar las causas internas del milagro griego, es decir las causas que hicieron que Grecia, y no otra sociedad del mundo antiguo, asimilara, expurgara, desenvolviera e incorporara a una unidad superior lo que aprendió en Egipto, Palestina, Fenicia, Babilonia, India y China. Pues Grecia fue maestra de Occidente después de ser discípula de Oriente, pero no una maestra pasiva, simple trasmisora de conocimientos anteriores, sino la creadora de la filosofía y de la ciencia, la descubridora del materialismo y de la dialéctica en la naturaleza objetiva de las cosas. Y su milagro deja de serlo si se comprende que se acercó a las añejas culturas orientales con una base receptiva formada en el curso de siglos de desarrollo de condiciones materiales internas, con la conciencia preparada para encontrar el meollo racional en lo que hasta entonces sólo era mito y leyenda.

Grecia —una sociedad atrasada que se elevó por encima de las más adelantadas y dio a la humanidad una nueva síntesis de milenaria trascendencia— es el ejemplo clásico de la relación que se entabla entre causas externas e internas, de la interdependencia entre ellas, del lugar que a cada una le corresponde y de la creación que alumbra cuando las causas internas absorben y digieren causas externas inicialmente superiores.

Ricardo Rojas no incurre en las transgresiones históricas de Jaspers, pero tanto en relación a Grecia cuanto a Nuestra América plantea la relación cronológica entre las culturas en forma abstracta, dando la primacía a los factores míticos y legendarios. De ahí que sus análisis aporten tan poco a la reflexión del lector y desvíen su atención hacia una vacía retórica.

Relación entre las causas

El estudio de la relación entre los dos tipos de causas (internas y externas) tiene particular importancia para entender el desarrollo histórico de la Argentina, país que, desde su origen, sufre poderosas influencias externas que aún no ha logrado absorber y superar. Para no cometer de entrada un error que invalide el juicio sobre lo universal y lo particular, lo pasado y lo presente de nuestra sociedad, hay que delimitar la causa interna desde que apareció.

Tenemos, en primer lugar, que la conquista española dejó de ser, al consumarse, causa externa para trastrocarse, con la colonización, en parte fecundante de la causa interna de desarrollo de nuestros países. Ni siquiera los tres siglos de dominio español autorizan a pensar, pese a las limitaciones y deformaciones introducidas por la dependencia administrativa de España, que la causa externa (ese dominio) fue la determinante y no la causa interna que apareció al nacer la sociedad colonial y se renovó a través de las contradicciones del propio desarrollo.

Observemos, además, que la ruptura del nexo que unía a las colonias americanas con España (la independencia política) tuvo lugar cuando la causa externa no pudo continuar actuando sobre América por intermedio de las causas internas, esto es cuando la política y el sistema economicofinanciero hispánicos se hicieron totalmente incompatibles con las necesidades de desarrollo de la política y del sistema economicofinanciero del Nuevo Mundo. Este antagonismo irreductible fue entrevisto por los ministros iluministas de Carlos III.[21]

Digamos, por último, que si Gran Bretaña comenzó a ejercer, desde comienzos del siglo pasado, una influencia creciente en la economía y en la política de la Argentina, lo pudo hacer por encontrar, en el orden interno de ésta, la base favorable preparada para que fuese posible su penetración.

Una sola causa externa quedó definitivamente incorporada al acervo común de nuestros países: la conquista colonizadora española al trocarse en causa interna del futuro desarrollo. Las otras (desde las revoluciones burguesas hasta las revoluciones proletarias) influyeron notablemente, modificaron el rumbo inicial y determinaron condiciones nuevas en el proceso, sin ser digeridas por las causas internas y sin transformarse en sustancia propia de las sociedades de Nuestra América. Éstas quedaron rezagadas, lo que no es prueba de negatividad más que dentro del período histórico vivido hasta ahora, pues el desarrollo tardío abre perspectivas para un salto cualitativo (una nueva síntesis) que le está vedado a las sociedades satisfechas que ya lo dieron antes a un nivel inferior y sufren las consecuencias de tal precocidad.

Inglaterra en Nuestra América

De Inglaterra partieron las causas externas principales que en la época del capitalismo condicionaron, en variada medida, la marcha de los distintos tipos de sociedades e impulsaron decididamente la formación del mercado mundial. Sus dos revoluciones (la política de mediados del siglo XVII y la industrial del siglo siguiente) culminaron un largo y agitado proceso de guerras intestinas, salpicado de conspiraciones, golpes de Estado, asesinatos, piraterías, expropiaciones, robos de los bienes públicos y anticipos geniales del porvenir.

Inglaterra (el país europeo más convulsionado, anarquizado y depravado de la Edad Media) avanzó a través del caos hacia el nuevo orden que habría de tener trascendencia imperial. Las virtudes y los vicios se mezclaban de manera monstruosa, y si a los hijos de Eduardo IV se los encerró en la torre de Londres para evitar que los asesinaran sus rivales (no obstante lo cual su protector, Ricardo de Gloucester, los mandó asesinar y les birló el trono), o si Enrique VIII escribía una obra para refutar las proposiciones de Lutero,[22] merecía del papa el título de defensor de la fe (que ostenta todavía hoy Isabel II), rompía con el catolicismo y fundaba la Iglesia de Inglaterra, a la vez que enviaba al cadalso con igual desenfreno a sus mujeres y a sus consejeros, también brillaron talentos que figuran entre los más altos de la humanidad (Thomas More, William Shakespeare, Francis Bacon, John Milton, John Locke). Lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo sublime y lo rastrero al extremo alternaban en esa lucha de clases que condujo a la claudicación de la nobleza ante la burguesía y a un sólido y utilitario compromiso entre ambas.

Los ingleses vivieron el siglo que precedió a la revolución de 1642 sometidos a un régimen de terror que hizo víctimas a los hombres más ilustres, como Thomas More y John Fischer, o vigilados por una red tan rigurosa de espías que Erasmo pudo decir que en Inglaterra

«un escorpión está oculto debajo de cada piedra».

1. El régimen de terror no cambió de forma con aquella revolución, pero sí de contenido, pues el rey Carlos I sufrió en persona sus consecuencias en el patíbulo. El nuevo orden que la burguesía necesitaba para enriquecerse y asombrar al mundo con las maravillas de su genio se estructuró y estabilizó cuando el severo proteccionismo del Acta de Navegación de Cromwell, que dio a Inglaterra la hegemonía del comercio exterior y desplazó de los mares a la flota mercante holandesa, se sumaron al habeas corpus y el Bill de Derechos, aceptados por la restaurada y aburguesada monarquía e impuestos por un Parlamento identificado con las exigencias de desarrollo de la manufactura y el comercio en plena eclosión. Tal entrelazamiento de las libertades burguesas en el orden interno (combinado con la cruel explotación del proletariado naciente) y las estrictas condiciones del nacionalismo y del proteccionismo en la política exterior prepararon los días gloriosos del Rule Britannia, iniciados a mediados del siglo XVIII con la revolución tecnicoindustrial que por medio de las máquinas multiplicó la capacidad productiva y estampó en la civilización el sello de los artículos made in England.

Esos grandes cambios no repercutieron en Nuestra América de inmediato, aunque sí lenta y firmemente al iniciarse el siglo XIX. Las mercaderías que los ingleses descargaban en las costas coloniales, con permiso o de contrabando, abrieron las primeras brechas, pero la ideología y las intenciones políticas de los secuaces de la Reforma tropezaron con irreductibles resistencias entre los devotos de la Santa Madre Iglesia. Las doctrinas de los filósofos y economistas ingleses eran desconocidas, salvo en aislados e intrascendentes casos individuales. No puede afirmarse, sin embargo, que la penetración de una potencia capitalista en las zonas coloniales y dependientes sea completa, mientras a la penetración económica no se añade la ideológica. La burguesía inglesa comenzó a hacer pesar el magisterio de las ideas en la intelectualidad argentina después de la Revolución de Mayo y no por intermedio de sus grandes pensadores, sino a través de un subproducto de su liberalismo: la escuela utilitarista que elevó el amor numi a la categoría de causa absoluta de la presencia del hombre sobre el planeta.

Las revoluciones europeas en los siglos XVII y XIX

Al comienzo las ideas de la revolución francesa alcanzaron una universalidad que la revolución inglesa solamente tuvo en el orden de las mercaderías. Por haberse consolidado en Francia la monarquía absoluta, el caos que precedió en Inglaterra al triunfo de la burguesía permaneció más tiempo frenado, pero el estallido tardío otorgó mayor rotundidad a la definición ideológica. Los libros de Voltaire, Rousseau, Montesquieu y los enciclopedistas bogaron hasta nuestras playas y deslumhraron a los descontentos criollos de los escasos círculos intelectuales. No hay que disminuir ni exagerar su importancia.

Las consecuencias de la revolución francesa variaron notablemente, según el grado de percepción y asimilación de las distintas sociedades. Los alemanes, los austríacos y los italianos se sintieron intensamente conmovidos por la Convention Nationale y las hazañas napoleónicas. Pueblos que, como escribía románticamente Stendhal, se aburrían desde hacía cien años, se inflamaron de heroísmo y espíritu de combate. También esos históricos acontecimientos agitaron a la colonia del Río de la Plata, sin que ello signifique que nuestra Revolución de Mayo haya sido calco o simple eco de la francesa. Pudo ésta ser una de las causas externas que condicionaron los cambios en nuestra ruta histórica (junto con la revolución industrial inglesa, la independencia de Estados Unidos y la guerra española de liberación) por encontrar aquí una base receptiva apropiada. En aquellas sociedades sin tal base receptiva, sin tal conexión de su autodesarrollo con la causa externa, la revolución francesa pasó de largo y no rozó ni la epidermis. Su influencia estuvo determinada, pues, por el grado de receptividad de la base interna de cada zona social del planeta.

Lo mismo puede decirse de las revoluciones europeas de 1830 y 1848, de la Comuna de París y de otros cambios externos que repercutieron en el mundo en variada medida. La interpenetración de las ideas filosóficas, de las corrientes políticas y de los movimientos sociales es constante; su forma y su contenido se modifican sin cesar. Muchas veces la causa externa no repercute más que en círculos intelectuales, en grupos aislados, en algunas personas, sin originar cambios sociales. Da la impresión, en esos casos, de tener enorme resonancia, pero en realidad sólo deja una estela que pronto desaparece.

Los historiadores idealistas de la cultura explican los acontecimientos en función de las ideas, como si éstas tuvieran vida y poder propios, independientes de las condiciones materiales de la sociedad, y se generan por sí mismas. Dicen: las ideas gobiernan al mundo, afirmación que puede admitirse como cierta si se aclara que las ideas son producidas por la sociedad, a la que no gobiernan arbitrariamente, sino de manera condicionada por las causas socioeconómicas internas. Esto no significa que tenga razón el determinismo económico y que deban proscribirse las causas extraeconómicas del estudio del pasado y del presente de la humanidad. El materialismo dialéctico (y su aplicación a la sociedad: el materialismo histórico) no es el determinismo económico que le atribuyen desde la cátedra y el libro ignorantes profesores. El determinismo del materialismo dialéctico abarca el conjunto de los fenómenos en sus conexiones recíprocas y en su mutuo condicionamiento. Es lo que Lenin expresó en sus comentarios a Feuerbach:

«La necesidad es inseparable de lo universal».[23]

Circunscribir el determinismo al ámbito de los fenómenos económicos, mientras se deja al espíritu flotar en las aguas turbias del irracionalismo, es propio de una seudociencia, por lo general buena servidora de la opresión imperialista, que expone una noción metafísica, parcial y, por lo tanto, falsa de los procesos sociales, seudociencia que, en resumidas cuentas, se da de narices con la realidad. Pues declarar que únicamente las ideas gobiernan al mundo es tan equivocado como declarar que sólo la economía lo gobierna. El materialismo dialéctico ahonda el conocimiento de las causas en su universalidad, pero establece entre ellas una graduación o jerarquía, que Marx explica en su célebre prólogo a la Critica de la economía política:

«Mi investigación me condujo a pensar que las relaciones jurídicas y las formas políticas no pueden ser comprendidas por sí mismas, ni pueden tampoco explicarse por el seudo desarrollo general del espíritu humano. Esas relaciones y esas formas toman sus raíces en las condiciones de la vida material, cuyo conjunto constituye lo que Hegel llama, con los ingleses y los franceses del siglo XVII, la sociedad civil (…) No es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino su existencia social lo que determina su conciencia».

Este trascendental descubrimiento del autor de El capital echa por tierra la malintencionada clasificación del marxismo como una de las tantas variedades del realismo filosófico, del realismo en su sentido contemporáneo (tan distinto del medieval),[24] de teoría de los factores, todos de igual categoría y de idéntica importancia causal. El pensamiento transcripto no deja la menor duda acerca del carácter dialéctico del nexo que hace de las condiciones de la vida material las raíces de las relaciones jurídicas y las formas políticas (habría que añadir la cultura y las restantes expresiones superestructurales) de la sociedad. Pero los detractores y deformadores de Marx atacan por el lado opuesto cuando se ven acorralados por la evidencia de su mistificación: lo acusan de no considerar más que las condiciones de la vida material y de dar por inexistente, despreciable o inoperante todo lo que está fuera del campo económico. También esta falsa atribución es desmentida por el pensamiento transcripto y, en general, por las obras completas de Marx y Engels.

Aplicada la tesis marxista citada al análisis de las exteriorizaciones de las revoluciones europeas de 1789,1830, 1848 y 1871 en nuestros países resulta que el grado de influencia ideológica ejercida por aquéllas estuvo en relación directa con la capacidad respectiva de éstos, o sea con el nivel de desarrollo de sus condiciones de vida material. La causa externa (las revoluciones europeas) y la causa interna (el autodesarrollo de nuestras sociedades) coincidieron, por lo menos en algún punto, para que se produjera el enlace entre ellas. De no existir en Nuestra América gérmenes revolucionarios latentes en potencia, como dirían Aristóteles y los tomistas, el pensamiento revolucionario europeo no hubiera sido elemento desencadenante y orientador de los cambios sociales que experimentaron las ex colonias hispánicas durante el siglo pasado.

La «revolución exportada»

Nadie se atrevería a negar las consecuencias que tuvieron para todos los países las dos guerras mundiales del presente siglo. La de 1914-1918 fue causa externa de acontecimientos tan dispares como la Revolución Rusa, la República de Weimar, la eclosión de movimientos de liberación nacional, la nueva relación de fuerzas entre las potencias imperialistas, el advenimiento del fascismo y del nazismo y otros cambios de distinta importancia, cuyo carácter y cuya magnitud no estuvieron determinados por esa causa externa, sino por sus causas internas. Poco cuesta comprender por qué las exteriorizaciones de la contienda se hicieron sentir de modo tan diferente en la Rusia de los zares, con el bolchevismo en su seno y una aguda lucha de clases, y en la Argentina, con el gobierno popular de Yrigoyen y la lucha de clases desviada de objetivos revolucionarios por la gravitación del socialismo reformista y del anarquismo.

No hubo antes en la historia acontecimiento comparable a la revolución rusa de octubre de 1917, tanto por su repercusión inmediata cuanto por la magnitud de los cambios sociales que con ella se inician. Esta revolución, la primera alumbrada por una conciencia dialéctica, es objeto de interpretaciones metafísicas, no solamente por sus enemigos, sino también por marxistas dogmáticos que se declaran, con más pasión que convicción, sus más fieles y consecuentes epígonos en tierras americanas y la idealizan, traduciendo a fórmulas rígidas las tesis revolucionarias y borrando subjetivamente las contradicciones inherentes al socialismo, al comunismo y a los pasos intermedios. Sin embargo, para la revolución rusa vale lo que hemos dicho sobre causa interna y causa externa, base y condición, autodesarrollo e influencia exterior.

La teoría de la revolución exportada, esto es del triunfo del socialismo o del comunismo por vía de órdenes o coacciones provenientes del exterior, pertenece a la concepción metafísica de la causalidad y atribuye a la URSS el poder milagroso de imponer cambios revolucionarios en el resto del mundo con prescindencia de las causas internas de desarrollo o utilizándolas como agentes de la causa exterior. Los cambios hacia el socialismo y el comunismo vendrían, según tal teoría, con la expansión soviética, por lo que para ser auténtico revolucionario se requeriría como única condición fidelidad a la URSS. Esta cómoda actitud fideísta deja en libertad y otorga impunidad para cualquier combinación en perjuicio de la clase obrera, del pueblo y del país y, como no acepta otra revolución que la importada, se opone a la revolución verdadera, a la que gestan los antagonismos sociales internos.

Los anticomunistas coinciden con los comunistas fideístas en la apreciación de la revolución exportada. Aquéllos niegan que el socialismo y el comunismo sean frutos de las causas internas y declaran que basta para sofocarlos poner vallas a la expansión ideológica, política y económica soviética (ahora agregan china, cubana, africana y euroriental) y colocarse bajo la protección de las armas atómicas de los Estados Unidos, como cabeza de la guerra santa en defensa del tradicional sistema capitalista. Estos (los dogmáticos, los sectarios, los formalistas) desprecian las causas internas o las encaran de manera dogmática y superficial. Los primeros hablan del oro de Moscú, de las consignas de Moscú; los segundos todo lo esperan de Moscú, como si la causa externa, convertida en fuerza sobrenatural, pudiese obrar por sí misma. Resulta así confirmado un viejo adagio: los extremos se tocan.

Las sectas políticas

Es característico de la política de nuestro país desde hace muchos años la concepción general de los problemas nacionales desde el punto de vista de lo que en filosofía se conoce como idealismo objetivo, o sea considerar lo singular (la sociedad argentina) nada más que un reflejo de lo universal (el orden social de las grandes potencias). Para los liberales del siglo pasado (Rivadavia, Alberdi, Sarmiento) y del presente el capitalismo corresponde a lo universal divino y único de los tomistas (aunque se declaren ateos o antiescolásticos), o a la idea absoluta de Hegel, creando y dominando la pluralidad de las sociedades (aunque desconozcan al filósofo germano).[25]

El culto de tal universalidad flotando por encima del mundo se manifiesta en los países que no poseen una ideología propia, esto es que dependen de una ideología extraña a su autodesarrollo, importada y adaptada a ellos por las potencias dominantes. Pues, lo decimos una vez más, el imperialismo no se consolida mientras a la penetración económica no añade la penetración ideológica.

La interpretación idealista de lo universal ha constituido desde su nacimiento la modalidad esencial de los intelectuales y dirigentes socialistas y comunistas de la Argentina, salvo excepciones aisladas que todavía no se proyectan en un gran movimiento de masas. Esos dirigentes e intelectuales conciben al socialismo y al comunismo como universales que, tarde o temprano, obligarán al país a entrar por su camino y no como frutos inevitables del desarrollo de lo singular de nuestra sociedad. Repudian lo singular por contradictorio e impuro y adoran lo universal por exento de contradicciones e inmaculadamente abstracto.[26]

La razón principal de la cristalización de los partidos Socialista y Comunista de la Argentina en el estado de secta radica en que nunca fueron capaces de asociar las causas externas con las causas internas, ni hacer que las causas externas fueran absorbidas por las causas internas, ni que el socialismo se realizara partiendo de las condiciones materiales del desarrollo social argentino, ni entrar en los grandes movimientos de masas como causas internas para conducirlos hacia la liberación nacional y la emancipación social. Podrá argüirse, como justificativo de dicha incapacidad, o imposibilidad, que no se dieron las condiciones materiales que permitieran enlazar la causa mundial del socialismo con el desarrollo social argentino, pero tal autodefensa no debilita la exactitud del juicio crítico, menos aún cuando, al agudizarse las contradicciones inherentes a la sociedad argentina y ser evidente la inminencia de profundas transformaciones sociales, siguen actuando con el desconocimiento de siempre de las causas internas de desarrollo. Habría que creer en el milagro para suponer que mentalidades formadas en años y años de errores capitalizados a interés compuesto, sin una autocrítica seria y sin una rectificación a fondo de la concepción de los problemas politicosociales, o sea sin compenetrarse del pensamiento dialéctico materialista, puedan cambiar de la noche a la mañana.

Los acontecimientos que se suceden en Nuestra América con extraordinaria rapidez, a partir de la toma del poder por el castrismo en Cuba, indican que el camino de la revolución no se inicia por los partidos comunista y socialista tradicionales o por las sectas trotskistas de avinagrados retóricos de la política.

Doble función de las causas externas

Las causas externas pueden tanto favorecer como impedir el desarrollo de las causas internas y una misma causa externa puede trocarse de favorable en desfavorable, al modificar su relación con la causa interna o ser superada por otra causa externa. La colonización española del siglo XVI, que dio origen a las sociedades hispanoamericanas, se metamorfoseó, como hemos visto, en causa interna del desarrollo de ellas, pero la administración española obstaculizó tal desarrollo y se hizo intolerable en las antiguas colonias.

El capital puede impulsar o frenar el progreso de los países donde inmigra. No depende de él mismo cumplir una función de desarrollo o de estancamiento, de acumulación o de succión. Su esencia es la ganancia y no le cuadra un juicio moral. En algunos casos promueve el crecimiento de fuerzas capitalistas competidoras; el capitalismo norteamericano le jugó una mala pasada al capitalismo británico, del que en gran medida fue en un comienzo su vástago. En la mayoría de los casos desencadena fuerzas sociales que se le oponen y terminan por anularlo; éste es el proceso que viven actualmente los países sometidos hasta ahora a la tutela imperialista. El capital inglés, colocado por encima del bien y del mal, que tanto contribuyó al rápido y gigantesco adelanto de los Estados Unidos como potencia independiente e imperialista, impulsó, deformó y adaptó a sus necesidades el autodesarrollo de la Argentina.

Tampoco cabe afirmar que todo convenio con un trust extranjero sea perjudicial; hay que averiguar para juzgarlo sí el gobierno que lo firma está respaldado por el pueblo y tiene una firme posición de independencia nacional; hay que averiguar también si el capital a invertir no desplazará y arrojará al campo del parasitismo al capital indígena y si su inversión se traducirá en incremento de las acumulaciones internas de capital, en un más elevado nivel técnico y en aumento del patrimonio y de la renta nacionales. Así se explica que los monopolios imperialistas se esfuercen, a través de sus técnicos y de sus aparatos de propaganda, en presentar en estado catastrófico a las economías de países que se les resisten y en desprestigiar a los gobiernos populares, mientras sostienen a los gobiernos formalmente democráticos que legalizan su saqueo de las riquezas y su explotación de las masas trabajadoras.

Si el capitalismo en su cruda fase imperialista no encuentra ubicación entre las causas externas del progreso de los países económicamente rezagados y en el mundo entero representa el parasitismo y el ahogamiento de las infinitas posibilidades de avance de los pueblos, también el nazifascismo queda incurso en tal juicio por ser una expresión del imperialismo capitalista. Nadie que esté en sus cabales cree ya que el régimen del extinto eje hitlerista-mussoliniano-nipón haya sido factor de desarrollo en los países que saqueó, ensangrentó y oprimió. El capitalismo agonizante no puede mirar la realidad de frente y vive de ilusiones, como el enfermo irremediablemente condenado a morir se engaña a sí mismo y pone toda su confianza en una milagrosa cura que espera de un nuevo remedio o de una imposible reacción de su organismo. El inglés John Maynard Keynes, el economista más representativo de este acto final del orden burgués, ha sido llamado el médico del capitalismo, título merecido si como médico se entiende a quien lucha por postergar la muerte inevitable.

Tal apelar a la ilusión para no ver la realidad de la agonía del capitalismo aparece en las distintas formas que en filosofía, política y economía asume la concepción irracionalista del universo y sus problemas, en la negación de la objetividad de la materia y de las leyes de la historia, en la reducción de la naturaleza y de la sociedad a un caos de factores imponderables e incognoscibles y en el considerar que solamente es verdadero lo que es útil, o sea lo que produce ganancias.

La «reacción exportada»

No podía encontrar el nazifascismo base de masas en nuestro país (ni en el resto de América Latina, ni en la zona de las colonias y dependencias) por ser lo opuesto a todo desarrollo independiente. Solamente consiguió reunir minúsculos grupos impopulares que pretendieron transformar en causa interna lo que era, en su esencia, incompatible con la autodeterminación económica y la soberanía política nacionales. Pues la fidelidad a la Patria no aceptó ni acepta ninguna forma de imperialismo, sea nazifascista o sea democrático.

Surgió entonces una variante de la teoría de la revolución exportada que en apariencia, nada más que en apariencia, era su antítesis: la teoría de la reacción exportada. Si la URSS exportaba revolución proletaria, Alemania hitlerista exportaba reacción nazifascista. Nuestro país quedaba librado a la suerte de la importación, tanto en lo económico cuanto en lo político, lo social y lo ideológico. El puerto se erigía en categoría histórica y filosófica. Izquierdas y derechas se confundieron en un abrazo que hizo desaparecer sus diferencias y las asoció en la defensa de las importaciones responsables de la inferioridad, la deformación y el estrangulamiento de nuestro desarrollo nacional: las importaciones de democracia burguesa anglosajona.

Dentro de tal cuadro típicamente colonial desaparecía (o se suspendía, según la peregrina idea de los marxistas) la nación y sus apremiantes problemas, la cuestión nacional argentina. Pero como ésta no puede anularse, ni siquiera suspenderse, por decisión subjetiva, los problemas nacionales no solamente sobrevivieron a pesar de sus enterradores, sino que se agravaron durante la Segunda Guerra Mundial como resultado del incremento de las fuerzas productivas (la disminución de las importaciones de artículos de las potencias en conflicto no se compensaba, por supuesto, con el aumento de las importaciones de propaganda política) comprimidas por la trasnochada superestructura juridicopolítica, correspondiente a una noción individualista de la economía y de la propiedad de los tiempos del capitalismo de libre concurrencia.

La eclosión del movimiento de masas, motorizado por la creciente combatividad de la clase obrera, puso en evidencia bien pronto la existencia de un hirviente problema nacional y la falsedad de los esquemas abstractos con que se intentaba ocultarlo. Los liberales y sus seguidores seudomarxistas declararon que ese movimiento no era fruto de la sociedad, sino un producto de importación enviado por Adolf Hitler desde el Viejo Mundo. Y descubrieron que Perón en la Argentina, Villarroel en Bolivia y así sucesivamente, oficiaban de puentes de la reacción exportada a nuestras playas.

Socialistas y comunistas se unieron a conservadores, radicales y demócratas progresistas, y católicos a masones, israelitas y ateos, en la tentativa de detener a la causa interna que se manifestaba vigorosamente en la Argentina en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial. En lugar de estudiar las leyes del proceso social argentino para establecer los orígenes de los cambios políticos impuestos por el movimiento de masas, los seudomarxistas trasladaron mecánicamente el conflicto internacional al ámbito nacional y tildaron de nazifascismo a una auténtica explosión de las ansias emancipadoras de nuestro pueblo. Más papistas que el Papa, mientras Stalin se ponía de acuerdo con Roosevelt y Churchill en los lincamientos de la política mundial, pero llevando cada uno agua a su propio molino, ellos se ponían de acuerdo con embajadores, altos funcionarios del imperialismo y dirigentes políticos liberales para llevar agua a los molinos de éstos, sobre la base del abandono de la lucha por la liberación nacional. Hicieron de una causa externa (el nazifascismo) la causa interna, mentalmente, al margen de la realidad, y así la causa interna verdadera, la causa del pueblo en busca de su emancipación, se apartó de ellos, y ellos se apartaron de tal causa, para colocarse en la vereda de enfrente, junto a los poderes imperialistas externos y a sus servidores internos que desplegaban una gran maniobra táctica con el objeto de cerrar el camino de desarrollo de la sociedad argentina. Por cuenta de los servicios informativos y de espionaje de los Estados Unidos corrió la tarea de inflar la importancia de las llamadas fuerzas democráticas y presentar como extraño al país al gran movimiento de masas que se inició en 1945.

Peronismo y antiperonismo

Durante muchos años, en periódicos, libros, informes y conferencias, los voceros del comunismo de la Argentina explicaron que en los países coloniales y dependientes (incluyendo a nuestro país en esta última categoría) no podía progresar el fascismo por no existir en ellos capital financiero imperialista propio, pues según la clásica definición de Jorge Dimitrof, el fascismo era

«la instauración de la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital financiero, con el objeto de poder aplicar medidas extraordinarias de explotación contra los trabajadores, de preparar la guerra imperialista de rapiña, de atacar a la URSS, de esclavizar y repartirse China y, a base de todo esto, impedir la revolución».[27]

Al llegar el momento de aplicar la teoría a la práctica aquellos seudomarxistas arrojaron por la borda dicha tesis y calificaron de fascistas a los movimientos de liberación nacional que afloraban en el país. El divorcio entre las palabras y los hechos es característico del oportunismo, pero el oportunismo es característico de la política liberal argentina. Los políticos e intelectuales liberales, congelados en el pensamiento de sus congéneres de hace un siglo, no poseen una ideología única, ni varias ideologías repartidas; poseen un bazar ideológico del cual sacan la ideología que les conviene en cada recodo del camino. Los dirigentes socialistas y comunistas se han adaptado con el tiempo a ese sistema de selección ideológica oportunista, a punto tal que en su literatura de los últimos años, desaparecido hasta el último atisbo de pensamiento materialista dialéctico, pueden cosecharse abundantes residuos de distintas corrientes filosóficas y políticas de la burguesía.

Quienes, aparentemente, debían preparar y orientar los grandes cambios sociales de este siglo en nuestro país aceptan, en la realidad de la vida, una superestructura politicojurídica putrefacta que frena las tendencias naturales al desarrollo de la estructura socioeconómica y conserva por la violencia estatal las actuales relaciones entre las clases. No pueden zafarse de lo que llaman política de unidad, política iniciada como táctica y convertida con el andar de los años en objetivo principal, al abandonar la lucha por el poder, pues esos dirigentes no se proponen la destrucción del Estado del coloniaje y la creación de un Estado nacional y popular que abra el camino hacia el socialismo, ni siquiera capitanear a las masas populares para el logro de las grandes transformaciones sociales reclamadas en sus programas partidarios. Quieren la unidad con partidos y fuerzas del pasado, a los que hipotecan su independencia en las horas cruciales.

La unidad por la unidad en sí es uno de los mitos de nuestra época y corresponde a una concepción idealista y fljista, incompatible con el materialismo dialéctico. Desde la antigüedad existe esa oposición entre dos filosofías. La unidad al principio y al fin de todas las cosas de Parménides y de los idealistas objetivos griegos estaba en oposición con la dialéctica de Heráclito de Efeso, y la unidad de los teólogos medievales, negadores de la movilidad del pensamiento y de las formas sociales reaparece hoy entre los predicadores de la unidad por la unidad misma. Recogen lo negativo de Hegel, aquello que Marx refutó: la formulación de la Idea absoluta, de la unidad por la unidad en sí. Marx y Engels criticaron sin reservas todas las tendencias que, en nombre de la falsa unidad, predicaban la conciliación con las teorías y prácticas contrarrevolucionarias introducidas en el movimiento obrero revolucionario. Lenin luchó contra la unidad con los revisionistas de la Segunda Internacional. De respetar tal unidad, el camino de la Revolución de Octubre no se hubiera abierto ni para Rusia ni para el mundo obrero.

Al renunciar a la unidad superior, a la unidad revolucionaria, los falsos marxistas se resignan a ser minorías y a arrastrar una mediocre existencia burocrática a la espera de la ayuda exterior para alcanzar el poder o de que estalle un movimiento revolucionario al que puedan acoplarse; agitan, entretanto, reivindicaciones tan alejadas de los objetivos y tareas de la clase obrera y tan propios de la decadente democracia burguesa como la representación proporcional, los gabinetes de coalición, la política multipartidaria, etcétera.

Derrotado militarmente, desenmascarado ideológicamente como lo más reaccionario y antipopular, el nazifascismo pertenecía al pasado y a lo externo. Sin embargo, las llamadas fuerzas democráticas insistieron en presentarlo como causa interna de los cambios económicos, políticos y sociales de la Argentina durante el decenio 1945-1955, cambios a los cuales, por atribuirles tal origen, les negaban todo carácter popular, progresista y emancipador. El empecinamiento en convertir una causa externa muerta en una causa interna viva se explica por la necesidad de las fuerzas sociales de la vieja Argentina satélite del imperialismo de defenderse de la irrupción de las fuerzas sociales de la nueva Argentina que lucha por su autodesarrollo. No podían atacar abiertamente los representantes del pasado a lo que nacía y por eso recurrieron a la gran mentira, a la falsificación de las leyes del desarrollo social argentino; en vez de partir de las causas internas inventaron la subsistencia de una causa externa muerta, la causa vencida en Europa y extranjera en Nuestra América.

La restauración de 1955

El decenio 1945-1955 vio a la Argentina dividida en dos partes, las cuales, no obstante sus definidos contornos, se interpenetraron: el movimiento de liberación nacional sufrió sin cesar la influencia del liberalismo proimperialista, bajo cuya bandera la oligarquía terrateniente e importadora, carente de fuerza política de importancia, agrupó de hecho a todos los partidos del pasado. La persistencia de esa influencia durante toda la trayectoria del peronismo o justicialismo se explica por el origen paternal de éste, o sea porque el movimiento de masas fue condicionado y encauzado por la autoridad omnipersonal del conductor o de la pareja conductora, colocada aparentemente por encima de la ideología, de la doctrina y del programa, y en realidad con una ideología, una doctrina y un programa cuyo sentido nacional, impuesto por las tendencias de la sociedad argentina a un desarrollo autónomo, era neutralizado por los compromisos y vacilaciones gubernamentales frente al enemigo inescrupuloso y artero, antipopular y sin orgullo patrio. El empleo de los resortes intactos del viejo Estado (subsistentes aún después de la reforma constitucional de 1949, de las cuantiosas e importantes nacionalizaciones de antiguas empresas imperialistas, de la política de solidaridad social y de algunas expropiaciones inconexas y limitaciones de los privilegios de la oligarquía terrateniente-mercantil) implicaba una hipoteca con el pasado (con el imperialismo, con la oligarquía, con la burguesía intermediaria, con las antiguas relaciones de propiedad y dominio) que Juan y Eva Perón solamente hubieran roto obligados por el impulso de un poderoso movimiento revolucionario desencadenado de abajo hacia arriba, por las masas contra ese Estado liberalburgués que desde su nacimiento está instrumentado para favorecer la penetración imperialista y proteger una democracia formal como garantía de que la Argentina seguirá siendo satélite de las potencias dominantes del capitalismo.

El Estado justicialista, respetuoso de lo fundamental y determinante de la legalidad que heredó, frenaba el cumplimiento de las acciones revolucionarias independientes a que tendía el movimiento de masas y creaba un equilibrio inestable y transitorio entre la burguesía y la clase obrera sin perspectiva histórica, correspondiente a una etapa de transición. Los derechos sociales y las conquistas gremiales que otorgó a los obreros de la industria y el agro fomentaron en ellos la ilusión de que podían esperar de Perón, por la sola virtud de sus condiciones de jefe carismático, el gran cambio revolucionario a que aspiraban, esto es a la desaparición de la vieja factoría del imperialismo apuntalada por una oligarquía de terratenientes e importadores y el alumbramiento de una Argentina del pueblo orientada hacia la autodeterminación nacional. Pero, entretanto, la base de sustentación del Estado justicialista, la unidad policlasista sellada a fines de 1945, se iba deteriorando por la infiltración del enemigo y por la política oscilante del extremismo infantil al apaciguamiento practicado por Perón durante su segunda presidencia, política cuyas consecuencias dividieron al bloque peronista y alentaron a opositores que se consideraron definitivamente perdidos, mientras el golpe militar no les sacó las castañas del fuego.

El Estado justicialista concedió a la clase obrera una intervención en el manejo de los asuntos públicos que, aunque carecía de antecedentes en el país, estaba condicionada por el mantenimiento de las posiciones dominantes de la burguesía nacional, por el temor a ir demasiado lejos en el cercenamiento de los privilegios de los rentistas parasitarios y de los monopolios expoliadores. Tironeado desde los dos extremos, sin decidirse a enfrentar a las clases dominantes, ni a desafiar a las potencias imperialistas medíante una acción que sustrajera a la Argentina de su dependencia decadente y deprimente del llamado mundo libre y la arrojara a la lucha por sus caminos propios de desarrollo, navegó entre dos aguas, y como falso sucedáneo de una política revolucionaria empleó para calmar al enemigo y conformar al amigo el recurso corruptor de repartir gangas y prebendas, medio seguro de apagar la combatividad del partidario y de estimular la oposición del adversario.

En la vereda de enfrente, el antiperonismo nunca salió de los marcos del liberalismo burgués de la arcaica Constitución de 1853, cuya vigencia reclamaba para retornar a la hipócrita legalidad de otros tiempos. Repudió a la Constitución justicialista de 1949 con el falaz pretexto de que era totalitaria, si bien saltaba a la vista del más lego que las reformas que la diferenciaban de su predecesora se orientaban a imprimir al sistema jurídico argentino un contenido social. En el nuevo preámbulo se introducía el compromiso de promover la cultura nacional y se ratificaba

«la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana»,

y en el texto se agregaban los capítulos III y IV, el primero destinado a garantizar constitucionalmente los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, el segundo referente a la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. El capital monopolista extranjero, la oligarquía terrateniente y la gran burguesía especuladora eligieron la anulación de esos dos capítulos, en particular del artículo 40 que reproducimos a continuación para vergüenza de los representantes de los diversos partidos que contribuyeron con su presencia en la convención de 1957 a eliminarlo de la carta de 1853 restaurada por esa asamblea fraudulenta:

«La organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto, dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.

»Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.

»Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.

»El precio de la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido».

Esta importante herramienta jurídica de autodeterminación nacional, cuya aplicación desesperaba a los abogados de los monopolios extranjeros, fue el principal blanco de los ataques de los opositores al gobierno peronista. Dentro de la maniobra táctica, dirigida desde el exterior para lograr su exclusión de la carta constitucional, ocupaba un lugar subordinado a ese objetivo central la agitación promovida por los antiperonistas en torno del problema religioso y de los proyectos de contratos de petróleo. Entretanto los partidos Comunista y Socialista, renunciando a toda línea política independiente, cumplían su papel distrayendo a la opinión pública con el planteo de reformas electorales e institucionales de tipo tan reaccionario como la representación proporcional y el gobierno de coalición, metas ideales de los ideólogos del liberalismo colonialista en procura siempre de un régimen de democracia formal que excluya la posibilidad de la formación de un gobierno nacional homogéneo, centralizado y fuerte, con amplia base popular unida.

Todos los partidos, incluso el oficialista, minado por la corrupción y dirigido por una burocracia acomodaticia, se complicaron en la restauración de setiembre de 1955, con la cual la causa interna de desarrollo pareció eclipsarse bajo la orgía de las palabras clásicas del liberalismo: libertad, democracia, legalidad, constitucionalidad. Los consultores y asesores del gobierno militar nacido del golpe de fuerza hicieron del pueblo una entelequia y de la democracia una abstracción, por lo que se creyeron con derecho a violar las libertades del auténtico pueblo en nombre de un pueblo fantasma y a burlarse de las exigencias de las masas invocando una democracia sofisticada y vacía. El mismo enfoque metafísico emplearon en el análisis de los problemas económicos, y con una soberbia respaldada por el poder del dinero y los recursos de la propaganda imperialista pretendieron que la sociedad argentina no fuera lo que era, sino lo que ellos deseaban que fuera, para cumplir las órdenes de sus mandantes. Esos sedicentes practicistas y realistas inventaron una crisis que atribuyeron a la política de nacionalizaciones, industrialización y justicia social, crisis mediante la cual trataron de justificar el retorno a la archisuperada doctrina de la libre empresa (sin vigencia en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países imperialistas que la usan para exportarla a sus zonas de dominio), la destrucción de lo que había de economía nacional y social y el ataque a las conquistas de las masas trabajadoras. Tales fueron los requisitos con que pusieron en funcionamiento, con el mayor vigor la causa externa, la causa del imperialismo conectada con los sectores sociales parasitarios internos que buscan fuera de las fronteras nacionales los apoyos para no desaparecer a breve plazo.

Hacia grandes cambios sociales

De la experiencia histórica de todos los tiempos se infiere que las causas internas determinan los procesos sociales y que para comprender el desarrollo de nuestro país debe comenzarse por estudiarlas y conocerlas, sin dejarse embaucar por las sutiles y variadas maniobras de los epígonos y pregoneros del imperialismo capitalista moribundo que exhiben causas externas con el propósito de ocultar o desfigurar el carácter de los movimientos de liberación nacional y emancipación social. Los acontecimientos vividos por los argentinos en los últimos tiempos, dan la medida de la capacidad de maniobras de los defensores del parasitismo y el privilegio, pero también ilustran acerca de la constante disminución de esa capacidad de maniobras frente a las nuevas fuerzas sociales que luchan por la conquista del poder y la instauración de un gobierno popular.

La duplicidad inmanente del grupo político que se instaló en la Casa Rosada el 1.º de mayo de 1958 puso en evidencia esa doble faceta del liberalismo colonialista: nunca en el país los candidatos se declararon, antes de los comicios, tan fieles y decididos propulsores de las causas internas de desarrollo y nunca tampoco esos mismos candidatos, una vez en el gobierno, se mostraron tan fieles y decididos abogados de los consorcios imperialistas, de los terratenientes parasitarios y de la burguesía intermediaria, esto es, de la arcaica estructura socioeconómica y su correspondiente superestructura jurídico política. La hipocresía es el vicio de las clases sociales que no pueden mirar la verdad de frente por carecer de porvenir. Arturo Frondizi (típico representante de esos grupos de izquierdistas, educados en el neoliberalismo disfrazado de marxismo suministrado por las sectas) resultó ser el hombre indispensable para emplear el último recurso que les queda a los imperialistas y oligarcas: atraer a las masas populares con el anzuelo del programa reclamado por ellas y trabajar al mismo tiempo por el cumplimiento del programa de sumisión, explotación y entrega exigido por los amos del llamado mundo libre. Cuando dejó de ser útil a estos últimos fue arrojado del poder sin pena ni gloria, pero la teoría de las inversiones extranjeras como factor-eje de la reactivización económica de la Argentina sigue inspirando al equipo frondizista y a los elencos gubernamentales que lo reemplazaron, cualquiera sean las maniobras a que recurran para evitar un enfrentamiento con las masas trabajadoras. La idea de que el pueblo argentino no puede progresar por su propio esfuerzo, o de que su esfuerzo debe subordinarse a un programa de inversiones extranjeras, domina en los altos mandos de las fuerzas armadas, en los funcionarios públicos y en los círculos dirigentes de los partidos políticos.

Hay consenso general en la necesidad del más amplio movimiento nacional popular para que la Argentina salga de la crisis que abarca todas las actividades de su vida como comunidad, pero ese movimiento debe apuntar a la destrucción de los factores que provocan la crisis y debe contar con la garantía, dentro de él, de una vanguardia política independiente de la clase obrera. De no ser así, se convierte con facilidad en instrumento de los intereses de la oligarquía terrateniente y comercial y de los monopolios extranjeros que se oponen a todo cambio de estructura.

Nadie posee la virtud sobrenatural de excluir a las causas externas del desarrollo de la sociedad, pues ellas actúan objetiva y necesariamente desde afuera, quiéranlo o no los hombres, por intermedio de las causas internas. Hemos pasado revista a las distintas relaciones que se establecen entre unas y otras causas, cuando ayudan al desarrollo y cuando lo desvían y frenan. Queda por señalar el empleo falso o malintencionado que se hace a menudo de las causas externas con el fin de desfigurar a las causas internas en dos sentidos:

a) fraguando una relación inexistente entre causa externa y causa interna (entre el fascismo y el yrigoyenismo, entre el nazifascismo y el justicialismo); y

b) aislando la causa interna de la liberación nacional y la emancipación social de la causa externa de la libertad y del desarrollo de la humanidad.

Es evidente que no se puede ser revolucionario en el orden nacional y contrarrevolucionario en el orden internacional. Cuando falta la unidad de la política internacional con la política nacional la reacción está de parabienes. La unidad debe existir en la teoría y en la práctica, y de la teoría con la práctica. Ni la revolución ni la reacción se importan, pero toda causa interna justa, popular, emancipadora y avanzada va al encuentro de la causa externa del mismo carácter. La causa de la liberación de todos los pueblos y la causa de la emancipación del proletariado argentino se funde con la causa de la emancipación del proletariado mundial. No hay otra posibilidad de avanzar hacia la unión de la humanidad en una sola familia. El internacionalismo abstracto, como idea flotante por encima de los pueblos y de las clases, es el internacionalismo imposible de los reaccionarios.

En las páginas que siguen se analiza el desarrollo de la sociedad argentina a través de sus contradicciones internas, no como proceso intelectual, sino en función de una realidad cambiante que desemboca en las grandes y trascendentales transformaciones que se preparan en medio de la descomposición del viejo orden en agonía. Aspiramos a proporcionar al lector las premisas de un programa nacional de cambios sociales, dictado por las contradicciones del proceso concreto, programa que a comienzos de la segunda mitad del siglo XX tiene que inspirarse (para no caer en la mezquindad de lo inmediato) en la ambición del hombre que conquista los espacios, arranca a la naturaleza sus íntimos secretos y descubre las leyes objetivas rectoras de la comunidad en que vive.

México, enero de 1965.

PRIMERA PARTE
PUEBLO Y OLIGARQUÍA

CAPÍTULO 1
DE LA SOBERANÍA POLÍTICA SIN ORGANIZACIÓN NACIONAL

La España que conquistó el Nuevo Mundo no estaba en condiciones de crear una comunidad en desarrollo entre ella y sus colonias, ni entre sus colonias mismas.[1] Para conservar sus dominios trasoceánicos empleó desde el principio, a falta de intereses económicos profundos y sólidos, la violencia de su aparato burocraticomilitar, cuya invalidez se probó cuando al iniciarse el siglo pasado las colonias, aisladas entre sí, se esforzaron en establecer por separado distintas comunidades de intereses con los grandes centros de maduración de la revolución técnico-industrial capitalista. Después de su nacimiento como partes del imperio español, las colonias no volvieron a encontrarse y coincidir hasta el estallido de su lucha por independizarse de la estancada metrópoli. Pero si de allí no pasó la coincidencia externa mientras fueron colonias y, ya naciones, prosiguieron actuando durante decenas de años como si poco o nada tuviesen de común, no puede decirse lo mismo de sus cambios internos, a pesar de las diferencias de desarrollo entre ellas, notables en muchos casos: una ley general proveniente de su propio origen las mantuvo a la zaga de la humanidad, a nivel de los países dependientes de las más avanzadas potencias capitalistas, y una ley general las une por primera vez y las impele a quebrar esta dependencia, a superar las deficiencias originarias y a ir más allá del sistema social al que están actualmente subordinadas.

La primera contradicción global (la contradicción entre la dependencia administrativa de las colonias con España y sus necesarias vinculaciones vitales con el mercado capitalista mundial en formación fuera de España) hizo crisis en violento antagonismo al comenzar el siglo XIX, cuando la península fue invadida por Napoleón, se eclipsó por un tiempo la monarquía borbónica y desaparecieron las razones historicojurídicas de sometimiento de las colonias al viejo imperio desquiciado.[2]

Ese antagonismo se resolvió, en la Argentina, en dos etapas:

a) Con la destrucción del monopolio mercantil español (Mariano Moreno dio en la Representación de los Hacendados los fundamentos economicopolíticos de la muerte de un monopolio que ya no podía sostenerse ante la irrupción del comercio británico y el progreso alcanzado por las fuerzas productivas de la ganadería en las regiones adyacentes al Río de la Plata), a la par que con el desconocimiento de los derechos de España a gobernar al Nuevo Mundo (Juan José Castelli dio en el Cabildo del 22 de mayo de 1810 los fundamentos jurídicos del gobierno propio, al afirmar que, de acuerdo a la doctrina sustentada por los revolucionarios españoles de aquella época, la caducidad de la monarquía borbónica y la ocupación de la península por el ejército francés, promovían de hecho el traspaso de la soberanía de las colonias al pueblo, como origen de toda autoridad).[3]

b) Con la guerra de la Independencia, empresa continental que decidió en los campos de batalla el destino de América hispana. Si la mayor gloria del general San Martín fue perfeccionar y llevar a la práctica el plan concebido por los patriotas de 1810 hasta culminar la lucha por la independencia política, las acciones locales de los caudillos, a la cabeza de los levantamientos espontáneos de las masas, hicieron fracasar los intentos de restauración monárquica y de retorno del poder español.

España (su monopolio mercantil, su administración, sus leyes de Indias, su pensamiento) dejó de ser causa externa con bases internas para actuar en nuestro continente. Bajo la influencia de las revoluciones burguesas de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, y en nombre de la soberanía popular en abstracto, se desencadenó la lucha por la independencia política hispanoamericana. Tuvo por móvil predominante organizar naciones independientes, en las condiciones del ascenso del capitalismo en escala mundial, para transformarlas en un sentido capitalista. Los patriotas no buscaron modelos en Inglaterra, los Estados Unidos y Francia por mero prurito de imitar o por un menguado sentimiento de inferioridad, sino porque esas naciones representaban entonces las tendencias generales y las etapas obligadas del desarrollo histórico de la humanidad, tendencias y etapas que no podían ser soslayadas ni combatidas sin mantener a nuestros países a la zaga del desarrollo histórico, sin eternizar su atraso, su miseria y su ignorancia.

La independencia política de la Argentina y de las restantes colonias hispanoamericanas solamente era concebible dentro de los marcos del capitalismo ascendente en escala mundial, dentro de los marcos de la historia y no fuera de la historia. El autodesarrollo puro, al margen de toda influencia de lo que nacía en la humanidad, no hubiera llevado a nuestros países a la independencia política, ni hubiera creado las premisas de un destino propio. No importa que los patriotas no tuvieran conciencia del carácter histórico (pasajero, relativo) del orden social que eligieron por modelo y lo creyeran absoluto, eterno. Importa establecer, en cambio, que se sentían irresistiblemente atraídos por las ideas, las normas jurídicas, los modos de producción, el intercambio, la técnica y, en general, la tabla de valores del capitalismo que ostentaba entonces las galas de su pujante juventud.

¿Hasta qué punto tal atractivo intelectual se tradujo en cambios en la estructura social? Es evidente que la causa externa (el capitalismo progresista) conquistó a pequeños círculos y tropezó con fuertes resistencias de las amplias bases internas. La expansión del mercado mundial capitalista, a través del comercio y la navegación, destruía los añejos modos precapitalistas de producción e intercambio de la sociedad argentina, pero su reemplazo por otros, más avanzados, no dependía de la causa externa, sino que debía ser el resultado del desarrollo de las causas internas.

Inglaterra tuvo una doble influencia externa en los cambios economicosociales de la primera mitad del siglo pasado en nuestro país: por una parte, sus mercaderías baratas, abundantes y de superior calidad desalojaron las antiguas producciones domésticas y artesanales, y, por la otra, su demanda de alimentos y materias primas estimuló las actividades ganaderas en la zona bonaerense. El comercio inglés fue resistido por las clases sociales representativas de los antiguos modos precapitalistas de producción y apoyado por los ganaderos y comerciantes que se enriquecían con él. Como causa externa actuó a través del sector social que se atribuía la soberanía política y la conducción intelectual del país. El resto de la sociedad era hostil a la causa externa (el capital inglés) y a su base interna (los ganaderos y comerciantes bonaerenses). He ahí la razón de las guerras civiles, del antagonismo entre las provincias y Buenos Aires, del conflicto entre unitarios y federales, de la desorganización nacional.

En Bernardino Rivadavia se hizo palpable la distancia que separaba a los proyectistas de ensayos a la inglesa o a la francesa de la realidad material del país. La causa externa no encontraba el medio de actuar positivamente por intermedio de amplias bases internas. El capitalismo europeo no conseguía realizarse en la débil y atrasada estructura de la sociedad argentina. Durante los veinte años posteriores a la Revolución de Mayo, la intelectualidad se esforzó inútilmente en encajar la causa externa, la causa del capitalismo progresista, en la causa interna, el autodesarrollo nacional. Rivadavia y los caudillos fueron los dos polos del antagonismo.

Rivadavia no consiguió con el empréstito inglés, con la ley de enfiteusis, con sus constituciones e instituciones y con sus grandes proyectos, conectar su política con la política de los caudillos provinciales que vivían y representaban el grado de desarrollo socioeconómico de aquel entonces. Pretendía crear, de la noche a la mañana, un pueblo semejante a los pueblos de Europa Occidental (vistos superficialmente, a través del cristal de las instituciones políticas y de las conquistas de la burguesía). No pudo lograrlo ni por la persuasión ni por la fuerza. No tenía otro apoyo económico y político que los intereses comerciales concentrados en el puerto de Buenos Aires, muy pobre apoyo para imponerse a un pueblo que siempre tuvo un intenso sentimiento de autodeterminación. Le faltó esa maravillosa unidad de pensamiento y acción, de planteo político y reconocimiento del papel revolucionario de las masas que durante seis meses memorables dominó la actividad genial de Mariano Moreno. Fue derrotado por Juan Manuel de Rosas, expresión del autodesarrollo de la parte del país (la provincia de Buenos Aires) directamente conectada a los intereses económicos de Gran Bretaña: la ganadería en función del comercio exterior.

Rivadavia concibió la soberanía política de la nación en el papel. Creía que las leyes lo arreglarían todo.

Rosas concibió la soberanía política en la preponderancia de los intereses de la única provincia (la de Buenos Aires) y de la única clase social (los terratenientes bonaerenses) que podían conectarse con los intereses expansionistas del taller del mundo y de la dueña de los mares. El resto de las provincias y el resto de las clases sociales fueron tratadas como menores de edad, en cuyo nombre el gobernador bonaerense ejercía la representación de todo el país ante las naciones extranjeras y, de hecho, el poder administrativo en el orden interno.

Echeverría y Alberdi comprendieron, con la claridad que faltó a la mayoría de los intelectuales de la época, que Rosas se adueñó del poder por expresar la única posibilidad de orden en la convulsa sociedad postrevolucionaria, pero que en 1850 había sido superado por nuevas fuerzas sociales generadas durante su gobierno. Ni la realidad social es fija y permanece eternamente igual a sí misma, ni los gobernantes son inmutables estatuas. Para reflejar a la primera y a los segundos en una imagen fotográfica (y no a través de los cambios de una película cinematográfica) hay que abandonar la historia viva y entrar en la historia muerta, hay que pasar de lo concreto a lo abstracto, de lo objetivo a lo subjetivo. La actualización del conflicto entre rosistas y antirrosistas, al margen de los problemas de la Argentina de 1965 (actualización que Echeverría y Alberdi criticaron hace más de un siglo por considerarla obstáculo para la organización y el progreso nacionales), no sólo envuelve un anacronismo, pues se traduce también en una táctica artificialmente divisionista, cuya finalidad no es otra que distraer a las masas populares de sus luchas candentes y apremiantes.

Rosas creó las condiciones internas de su propia negación, al promover el desarrollo de los intereses localistas de una sola provincia y de un solo puerto, en perjuicio de toda la nación y de la expansión del capital extranjero por el conjunto del país. La causa externa (el capital extranjero al iniciar su metamorfosis en imperialista) pretendía como presa una Argentina integrada y organizada. Los conflictos con Francia e Inglaterra (tras los cuales se dirimía también el conflicto entre los comerciantes ingleses adictos y asociados a Rosas y los comerciantes ingleses y franceses que exigían «libre comercio» y «libre navegabilidad de los ríos interiores») fueron los prolegómenos de Caseros y de la organización nacional sobre bases de dependencia económica.

El desenlace victorioso de la guerra por la independencia política (1810-1823) no había resuelto en la Argentina, ni en el resto de Hispanoamérica, el problema de la organización nacional; por el contrario, lo complicó al sacar de quicio a los elementos que componían la sociedad colonial. La formación de Estados políticamente (o jurídicamente) independientes, como resultado del desmembramiento del imperio español, se verificó sin que las bases socioeconómicas internas estuviesen maduras para consolidar la unidad nacional efectiva de una o varias comunidades. La división social del trabajo, las comunicaciones, las acumulaciones de capital y la técnica eran a tal grado incipientes que no lograban unir a las diversas regiones argentinas en un todo sólido y armonioso. La separación económica y el aislamiento político entre países que tenían origen común, hablaban el mismo idioma, ocupaban territorios contiguos y poseían similar psicología, obedecían al carácter precapitalista dominante de las formas de producción e intercambio heredados del coloniaje. La falta de intereses económicos comunes explica la división de América española en diversas naciones y también las guerras civiles que precedieron a la organización separada de cada nación. A diferencia de Europa Occidental, donde las naciones se organizaron como Estados independientes al pasar del feudalismo al capitalismo; de Europa Oriental, donde en el mismo período y con el predominio todavía del feudalismo se crearon Estados multinacionales (los imperios ruso y austro-húngaro); y de los Estados Unidos, que nacieron a la vida independiente a la vez que se organizaban como nación en el proceso ascencional del capitalismo, la aparición de Estados políticamente independientes en Iberoamérica no coincidió con la organización nacional, ni contó con bases para el autodesarrollo capitalista,

Al desaparecer el monopolio mercantil español y orientarse el comercio argentino hacia el mercado inglés, fracasaron sucesivos intentos de organización nacional y se desencadenaron nuevas contradicciones en el orden interno, cuya superación dependía de la unidad interna de intereses que solamente podía ser la consecuencia del desarrollo capitalista. La soberanía política conquistada en los campos de batalla necesitaba el respaldo de la organización nacional para no disolverse en la anarquía, pero a su vez la organización nacional resultaba imposible sin crear intereses comunes entre las diversas regiones y sectores sociales. Desde la independencia política hasta la organización nacional se extendió un agitado período de luchas civiles, dividiéndose los argentinos en unitarios y federales. Cada uno proponía la organización del país a su manera. Los unitarios representaban a la burguesía comercial de la ciudad de Buenos Aires, con su red de agentes y comerciantes minoristas del interior, y tenían el apoyo de los jefes de los ejércitos de línea que quedaron después de la guerra de la Independencia y se deshicieron después de la guerra con el Brasil, en lucha infructuosa contra las montoneras. Adherían a los federales los caudillos de provincia, dueños de vidas y haciendas, defensores de los intereses de los ganaderos, agricultores y artesanos, jefes naturales de las masas en la guerra de montoneras contra las pretensiones hegemónicas y monopolistas de los comerciantes de Buenos Aires y su puerto único.

Los esfuerzos del comercio de Buenos Aires por subordinar las distintas regiones del antiguo Virreinato del Río de la Plata y constituir la nación bajo el cetro del puerto único datan del momento en que se derrumbó el monopolio mercantil español, pero desde el comienzo tropezaron con la resistencia del interior. El Paraguay dio el primer grito de desobediencia y puso en circulación la idea del federalismo. Le siguieron la Banda Oriental y luego las provincias argentinas hasta formarse varias repúblicas independientes.

Con excepción del Paraguay (que se introvirtió y aisló en un orgulloso intento de autodesarrollo absoluto) y de la Banda Oriental (cuya salida propia por su amplia costa al vasto océano la independizaba del puerto argentino), las provincias no podían subsistir abandonadas a sus propias fuerzas y necesitaban como del oxígeno del comercio que solamente podían realizar a través de Buenos Aires, pero a la vez la dictadura económica del puerto único las condenaba a la deformación y a la miseria, por más que se la sirvieran adornada de constituciones unitarias, instrumentos de una minoría oligárquica que aspiraba a gobernar «por el pueblo, sin el pueblo y a pesar del pueblo», según palabras de Esteban Echeverría (Dogma Socialista, Universidad de La Plata, 1940, pág. 94). Los caudillos, al frente de las masas, resistieron en las provincias los planes hegemónicos de la burguesía comercial portería. Hasta hoy los ideólogos del liberalismo burgués no se lo perdonan.

El autor de Las dos políticas[4] coincidiendo con Juan Bautista Alberdi, descubrió la razón de ser de los caudillos en la confiscación de las riquezas provinciales por los comerciantes porteños, representados por el partido unitario. Ya antes, Echeverría hacía notar que este partido carecía de base de masas y era «antipático por sus arranques soberbios de exclusivismos y supremacía», mientras que el partido federal «se apoya en las masas populares y es la expresión genuina de sus instintos». Echeverría comprendió que la organización nacional era imposible sin aceptar «la civilización europea», pero que debíamos entrar en ella con espíritu crítico y propósitos de superarla, sin encandilarnos como los unitarios que todo lo esperaban del Viejo Mundo y sacrificaban los intereses sociales a los principios abstractos (op. cit. págs. 370 y 409). Intuyó que la organización y el desarrollo de la sociedad argentina dependían de causas internas y no de la mera acción principista o económica de causas externas.

Por su complicidad con los intervencionistas anglo-franceses, por su aristocrático desprecio de la «chusma», por su desamor a lo nacional, los unitarios de 1850 se desprestigiaron tanto como sus sucesores de 1945. Rosas supo sacar provecho de ese desprestigio y tildó de «salvajes unitarios» también a opositores que no eran responsables de los errores y traiciones del partido unitario, ni se solidarizaban con sus ideas y sus hombres. Pero el sistema rosista, que en nombre del federalismo suplantó al inoperante gobierno unitario, violaba los pactos federales y defraudaba las aspiraciones federalistas de las provincias. Rosas mantuvo a éstas desunidas entre sí y combatió cualquier tentativa de alianza o acuerdo de todas o algunas de ellas, pues su política se orientó en todo momento a someterlas a la tutela del gobierno bonaerense, dueño del puerto único y usufructuario de hecho de las relaciones exteriores por cuenta de las provincias tratadas como incapaces. El sistema rosista llegó a ser incompatible con la necesidad imperiosa de las provincias de participar en la distribución de las rentas aduaneras, de establecer entre sí vínculos económicos y de unirse solidariamente en una organización nacional.

Los doctrinarios y políticos posteriores a Caseros (Alberdi, Sarmiento, Urquiza, Mitre) estaban convencidos de que el autodesarrollo absoluto era imposible y que la Argentina no podía alcanzar, por sí misma, su organización y su unidad como nación. De las débiles y atrasadas bases internas no esperaban cambios a corto plazo en la estructura social, sin el concurso de una poderosa inyección de brazos y capitales extranjeros. Y, aunque no faltó quien lo deseara, resultaba pura utopía pensar que los capitales y brazos ingresaran en una tierra de nadie, en una comarca sin pasado social. De ahí que la clave de la política aplicada por los organizadores de la Argentina postrosista tuvo que ser necesariamente lograr que esa introducción de «vida civilizada» se efectuara por intermedio de las bases sociales internas pre-existentes, dando a éstas nuevo rumbo y estableciendo una soberanía política formal (jurídica) sostenida por una organización nacional precaria (sin conducción economicofinanciera independiente) que otorgaron garantías de enriquecimiento al trabajo y al capital importados.

CAPÍTULO 2
DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL SIN INDEPENDENCIA ECONÓMICA

La fosilización de la sociedad española metropolitana en los modos de producción, el régimen de propiedad y las relaciones de clases del siglo XVI (en contraste con los cambios revolucionarios que marcaron durante la misma época el paso de la sociedad inglesa del feudalismo al capitalismo), determinó el viraje natural de la economía originariamente exportadora del litoral rioplatense hacia el mercado en expansión de Gran Bretaña. Por fuertes que fueran las resistencias de todo tipo a quebrar los moldes sociales y el género de vida impuestos por la colonización hispánica, nada podía detener la tendencia de los ganaderos, comerciantes e intelectuales liberales bonaerenses a buscar en las relaciones con los ingleses la conquista de un nivel más elevado de existencia material y cultural. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña compartió con Francia la misión de difundir por el mundo los principios y prácticas de la burguesía progresista, pero mientras la segunda lo hizo a través del ejemplo de sus revoluciones y del atractivo de su arte y de su literatura, aquélla estableció conexiones profundas con las bases económicas y las estructuras políticas de los países de escaso desarrollo.

En nuestro país, la trabazón del capitalismo inglés con las fuerzas sociales internas no se efectuó de golpe, ni por el uso de la fuerza. Recordemos que los argentinos rechazamos, en el curso de la primera mitad del siglo pasado, dos agresiones inglesas, una francesa y una anglofrancesa. Para que la causa externa pudiera actuar por intermedio de la causa interna era menester que una y otra llegaran a un punto de coincidencia. Ni el capitalismo inglés era el mismo en 1860 que en 1810, ni la sociedad argentina se había conservado inmóvil durante ese tiempo. A la evolución del primero hacia nuevos métodos de penetración economicofinanciera (sociedades anónimas, ferrocarriles, bancos, concentración del comercio exterior) acompañó la evolución de la segunda hacia un tipo de organización nacional que posibilitaba las inversiones inglesas. Al principio nuestro país no era más que un buen mercado de compraventa, que atraía a los comerciantes de Albión y, por añadidura, un lugar propicio para que Baring Brothers cometieran sus grandes estafas con el nombre de empréstitos. Pero con la aparición de los ferrocarriles y de la navegación a vapor y la metamorfosis del capitalismo de libre concurrencia en capitalismo monopolista, las ambiciones de Gran Bretaña se agigantaron y su política se orientó a incorporar totalmente a los países del Plata a su imperio económico.[1]

Europa era para la intelectualidad liberal argentina de mediados del siglo pasado una promesa de capitales, técnica y mano de obra, promesa cuya materialización exigía la existencia de condiciones apropiadas de orden jurídico, organización constitucional, unidad nacional y paz social. Con ese objetivo se elaboró y sancionó la Constitución de 1853, calificada por su principal inspirador de programa de una Nueva Argentina, esto es, de molde o forma que, como las ideas de Platón, se anticipaba a la realidad de las cosas y debía llenarse del contenido para dar existencia a la nación concebida intelectualmente.

Sin el derrumbe del sistema rosista, un año antes, hubiera sido imposible proyectar y llevar a la práctica un ordenamiento jurídico que abriera las puertas del país al trabajo y al capital extranjeros. La batalla de Caseros no fue más que el hecho culminante y circunstancial de un proceso impulsado por la presión del expansionista capitalismo europeo, por la necesidad de ampliar el mercado exterior sentida por las fuerzas productivas litorales y por la lucha de una intelectualidad progresista, ubicada por encima de unitarios y federales que comprendió que sin contar con los caudillos y las masas como auténtica realidad social no avanzaría el país.

Con la caída de Rosas quedaron restablecidos de hecho los pactos federales entre las provincias. En Caseros triunfó el federalismo, no el unitarismo. La Constitución de 1853 reconoció en su preámbulo que aquellos viejos pactos eran su antecedente natural; a nadie se le hubiera ocurrido la torpeza de invocar las desdichadas constituciones que los unitarios tradujeron del inglés. Pero en Buenos Aires no tardaron en levantar cabeza tradicionales intereses localistas que no aceptaban la menor renuncia a las pretensiones hegemónicas de la oligarquía mercantil del puerto único. Los unitarios (enemigos a ultranza de Rosas) volvieron del exilio dispuestos a defender el monopolio oligárquico del puerto, de las rentas y del gobierno, ni más ni menos como lo había hecho durante un cuarto de siglo el gobernante depuesto, en su condición de terrateniente ganadero. Esos políticos minoritarios, que llegaban con el estigma de su desprecio a las masas nativas y con la imborrable tara de su alianza con los intervencionistas anglofranceses, de inmediato trataron de evitar la consolidación de los pactos federales sellados entre las provincias en largos años de lucha, pactos cuya vigencia anulaba los privilegios de Buenos Aires. Lograron expulsar de la capital al general Urquiza, jefe de las fuerzas federales que vencieron a Rosas, y provocar la división de la Argentina en dos Estados (Buenos Aires y la Confederación) para que las provincias no participaran en el manejo de las rentas, de la moneda y de las relaciones exteriores.

Así se explica que los delegados de los caudillos federales de las distintas provincias sancionaran en Santa Fe la Constitución de 1853, sin la presencia de representantes de Buenos Aires. Esa Carta Magna tenía más de programa que de estatuto constitucional, si entendemos que este último, por lo general, consagra un orden social preexistente y expresa el grado de desarrollo alcanzado por un país. Juan Bautista Alberdi, su inspirador, le asignó el carácter de programa: decía que las constituciones

«deben propender a organizar y constituir los grandes medios prácticos de sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra […] Hay constituciones de transición y creación, y constituciones definitivas y de conservación. Las que hoy pide la América del Sud son de la primera especie, son de tiempos excepcionales».[1bis]

No obstante esta explícita declaración del autor de Bases, acerca del contenido programático y transitorio que se le dio a la Carta de 1853, los liberales de nuestros días sostienen que las ideas de aquel lejano pasado no han sido superadas.[2]

La Constitución de 1853 se elaboró con vistas a conciliar dos tendencias hasta entonces contradictorias de la realidad social argentina: a) la voluntad tantas veces expresada por las provincias de organizar al país bajo el sistema federal; y b) la aspiración generalizada de crear condiciones internas de legalidad y paz que atrajeran a los trabajadores y capitales europeos. Su preámbulo aclaraba, como acabamos de ver, que los representantes del pueblo de la Nación Argentina se reunían en Congreso Constituyente «en cumplimiento de pactos preexistentes», esto es de los pactos federales (Pacto Litoral, Tratado Cuadrilátero, Acuerdo de Pilar, etc.), violados tanto por los unitarios como por Rosas. Ninguno de los constituyentes recordó las constituciones unitarias de 1819 y 1826, de las cuales Alberdi decía que eran antecedentes que de buena fe debían abandonarse, pues no pasaban de simples imitaciones carentes de originalidad, o sea de estudio y observación de la sociedad argentina.[3] A la vez que legalizaba una realidad tan genuina de la historia, de las costumbres y de las aspiraciones de la sociedad argentina, como lo era el federalismo —en realidad que no pudo ser destruida ni por los gobiernos unitarios ni por el sistema rosista—, la Constitución de 1853 ofrecía un programa de inmediata realización al asegurar las premisas jurídicas y políticas del desarrollo capitalista del país, de su incorporación al mercado mundial y de su elevación al grado de progreso conquistado por el régimen de la burguesía. Alberdi comprendió que su lema gobernar es poblar necesitaba el contrapeso del federalismo de los caudillos para no caer en un imposible europeísmo a ultranza, o sea en las torpes imitaciones y exclusiones practicadas por los unitarios. Defendió esa idea con energía e inteligencia extraordinarias en sus polémicas con Sarmiento y Mitre. Le decía al primero:

«Si porque es incapaz de orden constitucional una parte de nuestro país queremos anonadarla, mañana diréis que es mejor abandonarla toda y traer en su lugar poblaciones de fuera acostumbradas a vivir en orden y libertad. Tal principio los llevará por la lógica a suprimir toda la nación argentina hispano colonial, incapaz de república, y a suplantarla de un golpe por una nación argentina anglo-republicana, la única que estará exenta de caudillaje. Ése será el único medio de dar principio por la libertad perfecta; pero si queréis constituir vuestra ex colonia hispano-argentina, es decir, esa patria que tenéis y no otra, tenéis que dar principio por la libertad imperfecta, como el hombre, como el pueblo debe ejercerla, y no aspirar a la libertad que tienen los republicanos de Norte América, sino para cuando nuestros pueblos valgan en riqueza, en cultura, en progreso, lo que valen los pueblos y los hombres de Nueva York, de Boston, de Filadelfia, etcétera.»[4]

Pensaba Alberdi que al poblar, cultivar las tierras, expandir la industria y los transportes, difundir la instrucción y acercar la Argentina a las naciones más adelantadas de Europa, desaparecerían los localismos y las razones de ser del caudillismo; pero, al mismo tiempo, señalaba la necesidad de partir, para llegar a ese resultado, de las condiciones existentes, caracterizadas por el predominio de los caudillos sobre las masas. Por eso apoyó al caudillo Urquiza en su lucha contra Buenos Aires, de acuerdo a la táctica preconizada años antes por Echeverría, en el sentido de conquistar a los caudillos para un programa progresista que introdujera la civilización en la Argentina. Al pasar de la doctrina a la política práctica, el autor de Bases olvidaba haber dicho que «América independiente no es más que la Europa establecida en América» y aceptaba la existencia de causas internas determinantes imborrables, a las cuales debían someterse las causas externas para no fracasar. Su posición tenía un sentido dialéctico, es decir realista y práctico, del que carecía la de sus opositores. Comprendió la imposibilidad de negar el pasado sin asimilarlo.

Dos concepciones políticosociales se disputaban, en consecuencia, la orientación futura del país. Una de ellas proponía el exterminio sin contemplaciones de los caudillos. Quería una Argentina totalmente nueva, una Argentina anglosajona. Sus sostenes se avergonzaban de su origen español, mestizo o mulato. Se adelantaban a quienes, más tarde, oficiarían de abogados mercenarios, políticos mercenarios y técnicos mercenarios de Inglaterra o Estados Unidos. La otra concepción partía del reconocimiento de la realidad social argentina, como base de cualquier cambio progresista mediante la introducción de inmigrantes y el aporte del capital extranjero. Coincidían una y otra en el objetivo: la organización nacional dentro del orden capitalista. Pero la desigualdad de desarrollo entre la Argentina y las naciones portadoras de civilización condenaba a aquélla a un largo período de dependencia económica, política y cultural.

La Constitución de 1853 dejó sin resolver la cuestión de la capital de la República. Fue evidente que los representantes de las provincias no se atrevieron a designar una capital distinta de Buenos Aires ni se decidieron a entregar de nuevo a Buenos Aires los destinos de todo el país. Durante los ocho años siguientes, las dos partes de la Argentina (Buenos Aires y la Confederación) no pelearon en los campos de batalla para mantenerse separadas, sino para imponer cada una distinta fórmula de unidad nacional. Detrás de la pretensión absolutista de la oligarquía liberal porteña estaba la concepción politicosocial que hemos mencionado en primer término, el viejo programa unitario de unir y civilizar la nación a palos. A este programa que amenazaba con absorber o liquidar las formas socioeconómicas del interior y someterlo políticamente, los confederales oponían la reivindicación tradicional de la coparticipación de todas las provincias no solamente en el gobierno central, sino también en la administración y el reparto de las rentas del puerto único. Pero causas geográficas, históricas y sociales seguían haciendo de la ex capital del virreinato la llave económica y política del país, y el gobierno confederal de Paraná-Rosario fue finalínente vencido más que por la suerte variable de las armas (Cepeda y Pavón), por la asfixia económica y la anarquía política.

Al desaparecer el gobierno confederal, los dirigentes bonaerenses aceptaron y juraron la Constitución de 1853, previa reforma del pacto federal con el objeto de conservar todavía los privilegios del puerto único.

La organización político-constitucional del país (1862 a 1880) coincidió con el creciente interés de Inglaterra y Francia por las comarcas platenses, interés estimulado por:

a) las garantías que la Constitución de 1853 y el gobierno nacional daban a las inversiones del capital extranjero; y

b) los primeros pasos del capitalismo hacia su etapa imperialista con el desarrollo del capital financiero y de los monopolios.

La causa externa comenzaba a tener bases internas para actuar sobre el conjunto de la sociedad argentina, pero para introducirse plenamente debía no sólo vencer la resistencia de las formas socioeconómicas precapitalistas, sino también paralizar o desviar las tendencias hacia el autodesarrollo capitalista que se concretaban en ferrocarriles, manufacturas y otras empresas de origen argentino. En consecuencia, la penetración del capital extranjero presionaba en dos sentidos: a través del exterminio (en ocasiones físico) de los caudillos que no se dejaban someter o corromper, y llevando a la quiebra o adquiriendo las empresas criollas competitivas de aquella penetración. Esta última táctica de desbroce del camino de entrada del imperialismo fue aplicada, por primera vez, por el gobierno del general Bartolomé Mitre, al decretar la conversión del papel moneda (26 pesos papel por peso fuerte metálico) con el objeto de salvar al país y satisfacer las exigencias de las compañías extranjeras, en base a la venta del Ferrocarril del Oeste a los ingleses, a un empréstito exterior de 4 millones de pesos fuertes y remate de tierras públicas.

Dentro de la estrategia en el Plata del imperialismo naciente, elaborada en Londres con fría premeditación, no podía escapar la necesidad de extirpar el foco de autonomismo, enclavado entre Argentina y Brasil, incitante permanente a la rebeldía de los caudillos contra los poderes centrales, que había crecido en el Paraguay desde los tiempos coloniales. La guerra de la Triple Alianza (1865-1868) fue una de las primeras manifestaciones en el área mundial de la política agresiva del imperialismo capitalista,[5] que puso a prueba el sometimiento de tres gobiernos al obligarlos a aniquilar a un cuarto rebelde. John Bull abatió la Patria de los López por manos ajenas.[6]

Sin embargo, a pesar del poder que fueron adquiriendo los intereses imperialistas extranjeros, nunca la causa interna dejó de ser determinante. Los capitalistas británicos siguieron penetrando por intermedio de sus aliados tradicionales: el comercio centralizado en el puerto de Buenos Aires y los terratenientes bonaerenses (únicos productores de artículos de exportación). Ni aquél ni éstos aceptaban de buena gana el pacto federal y el equilibrio de poder entre las provincias.

Al federalizarse su ciudad (1880) como capital de todas las provincias argentinas, la oligarquía porteña se independizó, en cierta medida, de los intereses dominantes en la provincia de Buenos Aires y se alió a grupos oligárquicos de terratenientes de todo el país, algunos de ellos vinculados a la promoción de industrias derivadas de la agricultura (ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy; bodegueros de Mendoza y San Juan; obrajeros y yerbateros del noroeste). De ese modo, la oligarquía porteña, sin abandonar la exclusividad en la importación de mercaderías extranjeras, se dedicó a introducir capitales y colocar empréstitos, mientras que la metamorfosis de los terratenientes daba origen a un nuevo tipo de caudillos: civilizados, explotadores del trabajo asalariado, complacientes con el capital extranjero que los enriquecía. Avellaneda y Roca (1874-1886), los dos provincianos, representaron en la presidencia de la República ese doble proceso. En las postrimerías del gobierno del primero se aprobaron las primeras leyes y disposiciones perfeccionistas de las mencionadas industrias locales y de la agricultura, como complemento de una política de estímulo de las inversiones extranjeras en los transportes, obras públicas y empréstitos.[7]

Sería equivocado suponer que la estructura socioeconómica de la Argentina se adaptó pasivamente a la penetración del capital imperialista extranjero. Desde hace muchos años, el infantilismo izquierdista difunde la idea de que nuestro país perdió entonces su personalidad y se transformó en colonia o factoría de Gran Bretaña, y lo mismo opinan los rosistas sobre la Argentina posterior a Caseros. Un planteamiento tan mecánico hace desaparecer la permanente contradicción entre la causa interna y la causa externa, entre el autodesarrollo nacional y la penetración imperialista. Oculta que siempre la causa externa debió actuar por intermedio de la causa interna, y que al acentuarse la penetración y la deformación de la estructura socioeconómica por la acción del imperialismo, también se acentúa la respuesta nacionalista, las tendencias al autodesarrollo. Oculta que la opresión imperialista provoca, como antítesis, la lucha por la liberación nacional. La epopeya de la Reconquista y la Defensa de Buenos Aires de 1806-1807 se repite en el país en nuevas condiciones y a más alto nivel.[8]

La estructura socioeconómica de la Argentina fue relativamente deformada por el imperialismo extranjero, sin destruir el autodesarrollo nacional, fomentándolo por un lado y desviándolo por el otro lado. Los ferrocarriles (que tan a menudo se dan como ejemplo típico de la adaptación de nuestra economía agropecuaria a las necesidades de alimentos y materias primas de Inglaterra) trajeron la aparición del proletariado del riel, el cultivo de la alfalfa y el mestizaje del ganado para la exportación, la extensión de la agricultura y de los cercos de alambre, el progreso de la industria liviana, el crecimiento urbano, la división social del trabajo y el acercamiento entre las provincias para consolidar la unidad nacional exportadora e importadora con el mercado mundial, a través de la flota mercante inglesa.

La nación se organizó como dependencia económica de Gran Bretaña, pero esa dependencia económica desencadenó, como antítesis, fuerzas sociales nacional-liberadoras. El imperialismo creó en la Argentina sus sepultureros y se niega a sí mismo cuanto más se afirma. Insistimos en señalar tal contradicción objetiva para no incurrir en el error de la izquierda seudomarxista y de la derecha seudonacionalista que desconocen la existencia real fuera de cualquier secta, de una conciencia social de los intereses nacionales y de la necesidad de luchar por emanciparlos del imperialismo. Pues si para los seudomarxistas lo nacional (la causa interna) no es más que el reflejo de lo internacional (la causa externa) y esperan que los cambios dentro del país sean las consecuencias de los cambios en el mundo, los seudonacionalistas asimilan lo nacional a lo reaccionario y así se divorcian del desarrollo social argentino hasta entrar en un callejón sin salida y claudicar ante el imperialismo, como en el caso ya clásico de Chiang Kai-Shek en China. Unos y otros abandonan el campo a los liberales y falsos demócratas, abanderados de la causa del imperialismo, en nombre de la defensa de las libertades de los explotadores y opresores a punto de naufragar ante el avance impetuoso de las libertades de las grandes masas populares.

Solamente cuando el marxismo y el nacionalismo coinciden (cuando el primero hace de la causa interna la base de los cambios sociales y el segundo comprende que la causa mundial de la liberación nacional de los pueblos y de la emancipación social del proletariado es la condición de nuestro propio desarrollo nacional), la victoria es inevitable.

CAPÍTULO 3
DE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA SIN JUSTICIA SOCIAL

Al desaparecer España como su causa externa, el desarrollo social argentino tendió a dar vida a una nación soberana, independiente y democrática dentro de los marcos del sistema capitalista, tendencia que de hecho la subordinaba a la nación rectora, Inglaterra, convertida en nueva causa externa. Tal contradicción entre la independencia nacional y la dependencia de Inglaterra aparece en el pensamiento político de los hombres más representativos (Belgrano y Moreno en la primera etapa; Echeverría, Alberdi, Sarmiento y otros posteriormente) y se expresa también en la acción de los principales jefes militares de la guerra de la Independencia.

La nación no podía nacer por decreto, ni por la mera influencia de las leyes, como lo intentaron los próceres unitarios, cuyos herederos creen todavía en las fórmulas jurídicas generales sin contenido social o en el milagroso poder de las libertades abstractas. Tampoco podía nacer del estancamiento de la arcaica estructura socioeconómica, pues ella dividía y aislaba al país, lo que condujo a un punto muerto al sistema rosista hasta precipitar su derrumbe. Tenía que nacer del desarrollo cuantitativo y cualitativo de las fuerzas productivas y de los medios de comunicación, cuya promoción inmediata exigía una intensa influencia del capital extranjero. Pero la gran desigualdad de desarrollo entre la economía argentina y la economía capitalista mundial no dejaba alcanzar de golpe o a corto plazo el objetivo buscado. De ahí que el capitalismo se arrastrara en la Argentina, durante la primera mitad del siglo pasado, como capitalismo de factoría, como apéndice comercial de Inglaterra. Las mercaderías inglesas que inundaron el país a partir de 1809 destruyeron los modos de producción y las relaciones de clase heredades de la colonia, y facilitaron indirectamente la acumulación de los primeros capitales nacionales en las esferas del comercio y de la ganadería. El capitalismo se inició en la Argentina estrechamente condicionado por una causa externa: el capitalismo inglés.

No es casual que mientras en Inglaterra los veinte años transcurridos entre 1846 y 1866 hayan sido los de máxima aceleración de las acumulaciones capitalistas internas y de máximas tendencias expansivas del capital hacia el exterior,[1] en la Argentina se produjeran durante el mismo período la descomposición del sistema rosista, la batalla de Caseros, la Constitución de 1853 y los comienzos de la organización nacional. En momentos en que los obreros ingleses se morían de hambre y frío con mujeres e hijos, según denunciaba Gladstone en la Cámara de los Comunes, millones de libras esterlinas, fruto del trabajo inglés, se invertían en empréstitos, ferrocarriles y obras públicas en Rusia, España, Italia, Asia y América. Que los obreros ingleses sufrieran privaciones para que los burgueses ingleses pudieran exportar capitales carecía de importancia a los ojos de quienes aspiraban a organizar a la Argentina como nación capitalista moderna. Era menester idealizar a Inglaterra y ocultar cuidadosamente sus miserias domésticas con el objeto de idealizar también el porvenir que se le ofrecía a la Argentina.

El derrumbe del sistema rosista demostró que el tipo pastoril y comercial del capitalismo naciente en la Argentina no podía avanzar más allá de ciertos límites. El desarrollo de las fuerzas productivas se tornó incompatible con la estructura sociopolítica existente.

El gran impulso que introdujo de lleno a la Argentina en el orden capitalista provino de la colonización capitalista, esto es de la introducción de brazos y capitales en vasta escala, de la apropiación del suelo por una clase de terratenientes y de la aparición de la clase de los capitalistas nacionales y de su opuesta, la clase de los asalariados o proletarios.

La colonización capitalista comenzó después de 1860. El capital extranjero (el inglés y, en menor escala, el francés y el alemán) irrumpió en el país a tal ritmo que antes de terminar el siglo puso en movimiento poderosas fuerzas productivas (ganadería, agricultura e industria liviana), provocó notables desviaciones del autodesarrollo nacional y marcó las dos líneas del futuro argentino:

a) la línea que lo aprisiona dentro de la esfera de dependencia de causas externas (el imperialismo) por intermedio de causas internas (las clases que viven del imperialismo y representan modos de producción cada día más parasitarios); y

b) la línea que lo conduce al autodesarrollo de causas internas (las clases sociales que se afirman y progresan con la expansión del capitalismo nacional: la burguesía y el proletariado) en oposición a los monopolios extranjeros y sin excluir la influencia de causas externas (inversiones del capital extranjero, intercambio comercial, etc.), condicionadas a aquel autodesarrollo.

La primera política tuvo su luna de miel en el período 1860 a 1890. En ninguna otra región de América Latina las inversiones del capital extranjero fueron tan rápidas y cuantiosas. Una amplia y sostenida propaganda hizo conocer en Europa la fertilidad del suelo argentino, las generosas garantías que la Constitución de 1853 aseguraba al extranjero y las excelencias de una oligarquía gobernante librepensadora en religión, librecambista en economía, legalista hasta cuando conservaba el poder por el fraude. Decenas de sociedades anónimas se constituyeron en Londres, París y Berlín con el objeto de explotar en la Argentina ferrocarriles, tranvías, bancos, puertos, aguas corrientes, obras sanitarias, gas, electricidad, seguros, colonias, estancias, frigoríficos, teléfonos, telégrafos, etc. Pronto un vasto sistema de comunicaciones unió al país con Europa. Esas inversiones alentaron a centenares de inmigrantes italianos, españoles y, en menor proporción, de otras nacionalidades a abandonar la miseria de sus viejos hogares, cruzar el océano, instalarse para siempre en el ubérrimo litoral argentino y extenderse paulatinamente hasta las provincias más lejanas, aportando a su nueva patria su fuerza de trabajo y su ambición de bienestar y riqueza, ayudados en los primeros pasos por aportes de capitalistas particulares o del Estado.

Del documentado libro de Louis Guilaine[2] extraemos las cifras que nos permiten completar el siguiente cuadro comparativo de los cambios cuantitativos experimentados por la Argentina en solamente una década:

| 1878 | 1889
Habitantes: | 2 millones. | Más de 4 millones.
Inmigración anual: | 40000. | 250000.
Tierras cultivadas: | 300000 ha | 2500000 ha
Producción: | 80 millones de francos en cereales y 350 millones de francos en ganado. | 300 millones de francos en cereales y 580 millones de francos en ganado.
Exportación: | Menos de 20 000 toneladas de granos. | Alrededor de 700000 toneladas de granos.
Navegación: | 1700000 toneladas. | 9200000 toneladas.
Comercio exterior: | 400 millones de francos. | 1200 millones de francos.
Ferrocarriles: | 1950 km | 7700 km
Poder crediticio: | Menos de 10 bancos con un capital de 250 millones de francos. | 50 bancos con un capital dé 2100 millones
Deuda pública: | 400 millones de francos. | 785 millones de francos.

Durante la primera mitad del siglo pasado, mientras el capitalismo seguía en su etapa inicial de libre concurrencia, los comerciantes e industriales ingleses importaron por Buenos Aires millones de libras esterlinas en tejidos y ferreterías, cuya competencia arruinó a las provincias argentinas y quitó fuentes de recursos a los artesanos y a las unidades familiares productoras. Después de 1860, al entrar el capitalismo en su etapa imperialista, la penetración inglesa cambió de aspecto: sociedades anónimas, convertidas pronto en trusts y monopolios con muchas ramificaciones, esto es el capital financiero en marcha, construyeron en la Argentina ferrocarriles, fábricas y talleres, fundaron centros industriales y comerciales e implantaron la técnica más avanzada de la época, promoviendo el fortalecimiento de los elementos antitéticos que habrían de enfrentar y vencer a la opresión imperialista: la clase de los proletarios, la conciencia de los intereses nacionales, el movimiento de liberación. La causa externa modificó las bases internas, pero las fuerzas sociales que desencadenó se volvieron contra ella y determinaron, a un nivel superior, el surgimiento de un proceso objetivo de autodeterminación económica y política nacional.

Entre todas las inversiones inglesas la ferroviaria fue por mucho la más importante, no sólo en cantidad (monto de los capitales), sino también en calidad (adaptación de la economía argentina a las demandas de alimentos y materias primas de Gran Bretaña, formación de una economía de dependencia). Los empresarios ingleses extendieron su red ferroviaria por el mundo entero y atraparon con ella a la Argentina, adueñándose del primer ferrocarril construido anteriormente por un grupo de comerciantes de Buenos Aires. Los ferrocarriles eran prolongaciones terrestres de la flota mercante inglesa, la cual actuaba como apéndice de la gran industria mecanizada, cuyos productos distribuía por el mundo, a la vez que como medio de transporte a las Islas Británicas de materias primas y alimentos de los cinco continentes. Los empresarios y estadistas ingleses no calculaban los beneficios que aportaban los ferrocarriles por las ganancias proporcionadas por su explotación en sí; los consideraban instrumentos de su sistema económico imperialista y, por lo tanto, aunque su funcionamiento fuera deficitario (si se prescinde de las subvenciones, exenciones de impuestos, compensaciones, favoritismos y privilegios que obtuvieron de los gobiernos argentinos, como en general de los gobiernos de los países coloniales y dependientes), tenían principalmente en vista el enorme dinamismo que imprimieron a su comercio exterior, la fuerza expansiva que inyectaron a su industria y el poder político y financiero que pusieron en sus manos.

Cuando al terminar el siglo los ingleses instalaron sus frigoríficos (apropiándose del primer establecimiento de esta naturaleza, también de origen argentino), se cerró el proceso que colocaba a nuestro país dentro de la órbita imperial. A los frigoríficos precedió el mestizaje del ganado criollo y el refinamiento de las razas bovinas, ovinas y porcinas, iniciado con ejemplares de una larga selección y productores de la carne que exigía el consumidor inglés.

Inglaterra materializó el viejo sueño de sus políticos y diplomáticos: hacer de la Argentina su carnicería y su granero. Lo proyectaron un siglo antes; lo llevaron a la práctica al entrar en la era imperialista.

La relación entre la causa externa representada por el imperialismo inglés y las bases internas se afirmó con el enriquecimiento de un grupo de familias latifundistas, poseedoras de estancias en el litoral argentino, que se hicieron económica y políticamente poderosas gracias al ferrocarril inglés, al frigorífico inglés y al industrial inglés, copartícipes con ellas de la explotación del trabajo nacional. Tal grupo de familias formó la oligarquía argentina del presente siglo.[3] En los extensos alfalfares bonaerenses los grandes invernadores se dedicaron a engordar novillos que compraban a los criadores de ganado en campos más alejados y vendían a las empresas anglo-yanquis industrializadoras.

Las bases internas sufrieron una aguda deformación y se acentuó el desequilibrio entre las regiones y los sectores sociales, mientras dominaba el cuadro político la combinación de intereses entre el imperialismo inglés y la oligarquía vacuna. La burguesía importadora, dependiente de la industria inglesa, defendía la continuidad de tal estado de cosas y hallaba eco en el persistente librecambismo de La Prensa y La Nación, y en la propaganda de políticos conservadores, radicales y socialistas. Una cáfila de abogados y funcionarios mercenarios (introducidos en las esferas oficiales, desde la Casa Rosada hasta la Suprema Corte de Justicia) siempre tenía a mano argumentos legales para justificar el acogotamiento de la Argentina por el imperialismo inglés.

El ferrocarril y la mecanización estimularon el rápido progreso de dos industrias regionales: la azucarera en Tucumán y la vitivinícola en Mendoza y San Juan. Con la llegada de la primera instalación mecánica de hierro para los ingenios (fabricada en Liverpool) y del primer ferrocarril (ambos en 1876), la industria azucarera cobró en Tucumán rápido desenvolvimiento; y con la importación de cepas francesas y la inauguración de la vía férrea en 1881, la industria vitivinícola recibió en Mendoza un gran impulso.[4] No tardaron en formarse oligarquías regionales que monopolizaron la producción y el comercio de azúcar y del vino, asociadas al capital imperialista a través de inversiones financieras y préstamos bancarios. Tales oligarquías subvencionaban a los partidos locales y, junto con la oligarquía vacuna, dependían de la banca y de las empresas británicas. El federalismo (latente en las tradiciones, en las costumbres y en los particularismos socioeconómicos provinciales) no era más que letra muerta de la Constitución de 1853; los presidentes y los partidos oficiales impusieron de hecho el unitarismo. Los ideólogos y políticos liberales solamente concebían una Argentina agropecuaria, subordinada a los monopolios extranjeros en materia de transportes, comercio exterior, empréstitos, bancos, energía y gran industria.

La segunda política surgió como reacción de las causas internas, en busca de caminos independientes, frente a la influencia deformadora del imperialismo. Al construir ferrocarriles, instalar frigoríficos, introducir máquinas, trasplantar la técnica europea y financiar empresas, el capital extranjero tenía que movilizar fuerzas productivas nacionales, es decir poner en marcha una contradicción irreductible que con el tiempo se haría antagónica y crearía condiciones objetivas revolucionarias. El aspecto fundamental de tal contradicción se dio en la medida que el capital extranjero para obtener superganancias dé la explotación del trabajo nacional arrancó de la vida pastoril o de la pequeña producción artesanal y casera a los hijos del país para metamorfosearlos en proletarios, o empleó directamente la fuerza de trabajo del obrero inmigrante.[5]

Pues la gran corriente inmigratoria que afluyó al país a fines del siglo pasado y comienzos del presente no vio cumplirse en todos los casos la ambición de bienestar y riqueza que la animó a dejar el Viejo Mundo. Unos inmigrantes colonizaron la zona agrícola, radicándose como arrendatarios o pequeños y medianos propietarios, de los cuales no faltaron los que escalaron posiciones hasta integrar las filas de la oligarquía terrateniente. Otros inmigrantes se quedaron en las principales ciudades, como obreros o artesanos, pero solamente una minoría se aburguesó al dedicarse al comercio o participar en la creación de la industria nacional.

Sería equivocado suponer que el primer ferrocarril y el primer frigorífico fueron las únicas empresas originariamente nacionales posteriores a 1853. La lucha entre el capital nacional y el capital imperialista se manifestó en una esfera más amplia. El carácter dependiente que adquirió la economía del país al ser introducida en la órbita del imperialismo inglés acentuaba, y no excluía, las tendencias al autodesarrollo del capitalismo nacional, a pesar de su debilidad y de sus claudicaciones frente al poderoso capitalismo imperialista. Ésta es la interpretación objetiva, dialéctica, del proceso histórico argentino del último siglo. Basta recordar la nómina de bancos, compañías de seguros, empresas de colonización, fábricas y centros comerciales que aparecieron entre 1860 y 1900 con capital nacional (incluido el de los inmigrantes que, en pequeña proporción, lo trajeron del exterior, y, en gran parte, lo acumularon en el país, donde se radicaron para siempre) para corroborar esa afirmación.

El grado de concentración y amplitud del capital bancario es índice tanto de la importancia de la penetración del capital financiero imperialista cuanto del desarrollo del capitalismo nacional. En los bancos se movilizan los cuantiosos intereses del capital extranjero y se depositan los ahorros de los productores directos. En 1900 había en la Argentina tres categorías de bancos:

A) Bancos dependientes del capital extranjero:

Londres y Río de la Plata, fundado en 1862, con directorio en Londres, un capital suscripto de 1 millón y medio de libras esterlinas y 20 por ciento de dividendo.[6]

Londres y Brasil, fundado en 1862, con directorio en Londres, un capital suscripto de 1 millón y medio de libras esterlinas y 14 por ciento de dividendo.

Británico de América del Sur, fundado en 1863, con directorio en Londres, con un capital suscripto de 1 millón de libras esterlinas y 6 por ciento de dividendo.

Anglo-Argentino, fundado en 1889, con directorio en Londres, un capital suscripto de 450 000 libras esterlinas y 5 por ciento de dividendo en 1893-1899.

Tarapacá and London Bank Limited, fundado en 1888 para el comercio con Chile y el sur argentino (Puerto Gallegos), con directorio en Londres, un capital suscripto de 500 000 libras esterlinas y 5 por ciento de dividendo.

Alemán Transatlántico, fundado en 1893, con directorio en Berlín, un capital realizado de 12 800 000 marcos y 8 por ciento de dividendo.

B) Bancos financiados mediante el aporte de los inmigrantes (agricultores, comerciantes e industriales), con directorio y sede central en Buenos Aires:

Español del Río de la Plata, fundado en 1886, con capital realizado de 6 millones de pesos y utilidades de 443 260,18 pesos durante el primer semestre de 1900.

Francés del Río de la Plata, fundado en 1886, con un capital suscripto y realizado de 2 millones de pesos oro sellado y 8^ por ciento de dividendo.

Italia y Río de la Plata, fundado en 1872, con un capital realizado de 5 millones de pesos oro sellado y un dividendo de 6 pesos oro por acción de 100 pesos oro.

Nuevo Banco Italiano, fundado en 1887, con un capital de 3 millones de pesos y 11 por ciento de dividendo.

Popular Italiano, fundado en 1898, con un capital ilimitado, realizándose 181 000 pesos y distribuyendo una ganancia de 1122,92 pesos.

C) Bancos nacionales:

Nación Argentina, fundado en 1891, con un capital autorizado por la ley N.º 2841 de 50 millones de pesos e integrado en su mayor parte por el gobierno; directorio designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Hipotecario Nacional, fundado en 1886, con una emisión de cédulas nacionales de 124 225 400 pesos papel y 20 millones de pesos oro.

Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, fundado en 1871, con una emisión de cédulas provinciales de 150 015 729 pesos papel.

El Ahorro Mutuo (Bola de Nieve), fundado en febrero de 1899, con un capital autorizado de 200 000 pesos.

Bahía Blanca, fundado en 1899, con un capital realizado de 446 800 pesos, sede en Bahía Blanca y un dividendo del 5 por ciento repartido en 1898.

Del Comercio, fundado en 1884, con un capital realizado de 4 834 000 pesos y una utilidad de 278 012,29 pesos en el ejercicio 1898-1899.

Compañía Nacional de Ahorros, fundada en agosto de 1899, con un capital autorizado de 500 000 pesos.

Sociedad de Crédito Territorial de Santa Fe, fundada en 1886, con un capital suscripto de 17 881 620 pesos y utilidades líquidas de 193490,73 pesos en 1899.

Hipotecario de la Capital, fundado en 1899, con un capital suscripto de 5 millones de pesos oro del cual se había realizado el 40 por ciento en 1900.

El Hogar Argentino, fundado en 1899, con un capital nominal suscripto de 6 millones de pesos y 2500 depositantes.

Popular Argentino, fundado en 1887, con un capital suscripto de 2 287 900 pesos y un dividendo total en doce años del 91 por ciento, esto es 7,59 por ciento al año, término medio.

El cuadro precedente da una idea clara de la distribución de las acumulaciones de capital, de los ahorros, de las fuentes crediticias y del movimiento de fondos entre el capital nacional y el capital extranjero, al iniciarse el siglo actual. Hay que contar también los siguientes bancos en liquidación (en algunos casos por quiebra, en otros al ser absorbidos por otros bancos): Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, Agrícola Comercial del Río de la Plata, Colonizador Nacional, Comercial de La Plata, Constructor de La Plata, Industrial y Constructor, Nuevo Banco Inglés del Río de la Plata y Sud Americano; así como las sociedades inglesas hipotecarias en funcionamiento: New Zealand and River Plate Land Mortgage Company Limited, River Plate Trust Loan and Agency Company Limited y River Plate and General Investment Trust Company Limited, las tres con sede en Londres.

Otros índices importantes son, siempre para 1900:

Compañías de seguros: 20 argentinas, 20 inglesas, 2 norteamericanas, 1 francesa, 1 alemana, 1 neozelandesa y 1 brasileña.

Empresas ferroviarias: 21 inglesas incluida la del Oeste Santafesino, fundada por Carlos Casado y transferida a Baring Brothers.

Tranvías: 8 líneas extranjeras, 2 argentinas (el Rosarino del Norte y la Rural a Vapor de Rafaela).

Electricidad: 2 argentinas, 2 inglesas, 1 alemana y 1 norteamericana.

Gas: 4 argentinas, 3 inglesas y norteamericana.[7]

No disponemos de datos suficientes como para completar el cuadro con la distribución de las plantas industriales de acuerdo a la nacionalidad del capital, pero puede afirmarse, en términos generales, que el empleo de motores a vapor y de máquinas herramientas traídas de Europa, a partir de 1870, estimuló la ampliación del taller artesano, y en consecuencia, el desarrollo de la manufactura nacional.

No está de más insistir en la existencia de una contradicción entre el capital nacional y el capital extranjero, por cuanto se suele ignorarla (no aceptando ninguna oposición entre el autodesarrollo capitalista del país y la penetración de los monopolios imperialistas, y presentando a la burguesía argentina como parte de una burguesía mundial sin contradicciones internas), o subestimar la fuerza propia del capital nacional. De tal deformación de la realidad resultan exageraciones tan peligrosas y de consecuencias tan nefastas para la lucha revolucionaria como las de caracterizar a todo partido burgués o pequeño burgués con el sambenito de agencia del imperialismo, a todo cambio de gobierno de maniobra del imperialismo y a todo acto político no santificado con la participación de los puros (pureza que en múltiples ocasiones se ha exhibido a manera de justificativo de trágicos pecados de claudicación) de inspirado por el imperialismo, sin tener en cuenta la incidencia de las causas internas.

Entre el capital nacional y el capital extranjero siempre hubo relaciones mutuas de acción y reacción, coincidencia y oposición, cuyas alternativas se reflejan en la política. Por ignorarlas o negarlas, los izquierdistas y seudomarxistas son incapaces de orientarse en el maremagnum de los acontecimientos y manifiestan una consecuencia ya crónica en viejos errores.

Los teóricos del capitalismo a ultranza, esto es de un capitalismo eterno no perturbado en su incesante e infinito progreso por factores de desintegración interna, ni amenazado por el paso al socialismo, esos teóricos (ubicados en la vereda de enfrente de los izquierdistas y seudomarxistas) se sienten atraídos por el camino alemán o el camino norteamericano de desarrollo capitalista y, sin tener en cuenta los cambios históricos y las diferencias de los procesos sociales, los dan como ejemplo a seguir por la Argentina. Hace más de un siglo, Estados Unidos y Alemania iniciaron, en efecto, sus respectivos caminos propios de marcha hacia el capitalismo. Sus burguesías no afrontaban entonces un problema de liberación nacional, puesto que no existía ningún imperialismo que las oprimiera desde el exterior; su problema era de unidad nacional, de proteccionismo aduanero, de fomento industrial, de ampliación de las fuentes de producción y consumo en el campo y de consolidación de un mercado interno de creciente poder adquisitivo. La «Unión de Comerciantes y Manufactureros» de toda Alemania proclamó en 1819 el sistema alemán con la misma intención afirmativa de una burguesía en marcha hacia la industrialización que en 1827 lo hiciera la famosa Convención de Harrisburg (Estados Unidos) al promover el sistema norteamericano. En ambas oportunidades fue el economista alemán Friedrich List (1789-1846) —importa subrayar el hecho—, con largos años de residencia en Estados Unidos, donde propagó la misma doctrina que en su patria, quien se esforzó en unir económica y políticamente a cada una de las burguesías (la alemana y la norteamericana) tras las banderas del proteccionismo aduanero y de la creación de una poderosa industria propia. List sufrió las críticas e intrigas de «los agentes de las firmas inglesas», que, armados de las teorías de «Adam Smith y Compañía», le opusieron los principios individualistas y cosmopolitas del librecambio que el capital inglés usaba para consumo externo y no se aplicaba a sí mismo. Al fin, creyendo fracasadas sus ideas, se suicidó, pero sus ideas triunfaron en Alemania y Estados Unidos, pues los caminos de desarrollo de las dos burguesías fueron los entrevistos por él.[8]

De acuerdo a la concepción de List, España y América Latina estaban destinadas a intercambiar sus metales y materias primas por las manufacturas norteamericanas, de lo que resultaría que el atraso de nuestros pueblos («todavía faltos de instrucción, indolentes y no acostumbrados a los refinamientos», según decía) contribuiría a la grandeza y el poderío de Estados Unidos. El autor de El sistema nacional de economía política tiene todavía hoy discípulos entre ciertos nacionalistas reaccionarios latinoamericanos, a contramano de la historia, que se hacen la ilusión de que la Argentina (y el resto de América Latina) seguirán los caminos trillados del capitalismo. List fue un visionario del capitalismo: ellos son unos utopistas que pretenden que retroceda la rueda de la historia.[9]

Dentro de los marcos del sistema capitalista en su etapa imperialista de descomposición, tanto la conquista de la independencia económica cuanto el autodesarrollo de las naciones dependientes y coloniales son absolutamente imposibles. El análisis de las contradicciones del proceso social argentino lo demuestra. Completaremos la independencia económica nacional y desencadenaremos un autodesarrollo sin frenos ni deformaciones al avanzar más allá del capitalismo, con la clase obrera en el poder; pero la línea que conduce a esa meta no es la de una política exclusivamente obrera u obrerista, aunque la clase obrera sea la dirigente. Es una línea que compromete a todos los sectores sociales (clase obrera, pequeña burguesía, burguesía nacional) para los cuales emancipar al país del imperialismo se convierte en cuestión de vida o muerte. Es una línea que combina la lucha antimperialista concreta (o sea la construcción de una economía nacional independiente) con la lucha por el socialismo. No es un postulado teórico ni un recurso político, sino que obedece a las ineludibles causas objetivas internas del desarrollo histórico argentino.

CAPÍTULO 4
DEL ESTADO EN LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

El Estado aparece en la historia al alcanzar la sociedad determinado grado de desarrollo y ser insolubles, por sí mismas, sus contradicciones internas. Es, por lo tanto, un producto de la sociedad que se vuelve hacia ella, como aparente mediador entre las clases antagónicas, pero que en los hechos sirve a los poseedores de los medios de producción para conservar y aumentar su poder sobre las masas trabajadoras. Esta teoría del Estado, descubierta por el marxismo y expuesta principalmente por Engels y Lenin, destruyó las teorías idealistas, destinadas a ocultar el carácter coercitivo de la organización estatal y a presentar solamente una abstracción jurídica o ente extraño a las contradicciones internas de la sociedad. El Estado puede ser burgués o proletario, de transición, de equilibrio pasajero entre las clases, siempre consecuencia y reflejo de la sociedad, y siempre actuando sobre ella, por ser tal su razón de existencia. No es posible, por consiguiente, definir el contenido y las formas de un Estado sin partir del análisis de la sociedad a que pertenece. Quedaría incompleta la anterior calificación general del Estado de no tener en cuenta (en particular con referencia a naciones como las nuestras que se independizaron políticamente durante el siglo XIX en el curso de la expansión del capitalismo desde Europa) la intervención de causas externas ideológicas, políticas y económicas en la gestación de formas de poder aptas para facilitar la entrada y el dominio del capital extranjero y para desviar, en nombre de la civilización, las tendencias hacia el autodesarrollo. De las dos características que Leibniz (Caesarimus Furstenerius) atribuía al Estado («imponer su voluntad hacia dentro y, sobre todo, hacia fuera»), prevaleció en nuestros países la primera en perjuicio de la segunda, de modo que en ellos nació para «imponer su voluntad hacia dentro […] desde fuera». Fue la transposición de los modelos que la intelectualidad liberal copió de Estados Unidos, Inglaterra y Francia y legalizó aquí a la fuerza; pero por alejado que el Estado ideal estuviera de las condiciones materiales de las sociedades en que se imponía debían existir en éstas gérmenes preexistentes, locales e incapaces de desarrollarse de golpe por sí mismos que permitieran a las construcciones mentales de los intelectuales ser algo más que simples proyectos importados sin vigencia real. El Estado ideal pudo adaptarse (por superficialmente que lo hiciera) a la estructura social derivada de la colonización española, porque despertó e impulsó las tendencias hacia la democracia burguesa latentes en una parte de la sociedad. Sin embargo, la contradicción entre las formas del poder estatal civilizador (introducidas con el propósito de transformar a nuestros países dentro de los módulos capitalistas) y las sociedades latinoamericanas que las padecieron (por no haberlas engendrado, sino recibido de fuera), se prolonga hasta hoy como una de las causas de las crisis políticas crónicas.

¿Qué tipo de Estado se instituyó, pues, en la Argentina de 1862? Hemos dicho que la programática Carta de 1853 tenía por objeto organizar una sociedad distinta de la precedente, de acuerdo a los modelos idealizados ofrecidos por las sociedades más adelantadas del siglo. Una vez sellada la unidad política nacional, el Estado argentino de 1862 se dio como función aplicar ese programa para apresurar la transformación del país hacia las metas indicadas por los constituyentes de Santa Fe y, con mayor insistencia y amplitud, por los doctrinarios que los precedieron y sucedieron (Echeverría, Alberdi, Sarmiento).

¿Era el Estado de 1862 el reflejo de la sociedad argentina o nada más que el instrumento político del programa de edificación de una sociedad nueva? ¿Era el resultado del desarrollo de causas internas o una idea a concretarse?

Cae de maduro que un Estado abstracto, pura idea, no hubiera sido más que un Estado en el papel. La Carta Magna se concibió como programa, pero resultaba impracticable un Estado que no reflejara necesariamente las relaciones existentes entre las clases de la sociedad establecida. Si se vivía como declaraba Alberdi, «la República posible en marcha hacia la República verdadera», la Constitución podía ser la proyección ideal hacia el mañana de la «República verdadera», mientras que el Estado debía adaptarse a la estructura concreta de la sociedad. De la transacción entre tal Constitución programática y tal Estado real provenía la «República posible», la República aceptada a regañadientes y con carácter provisorio por los liberales enamorados de las democracias burguesas occidentales.

La Carta de 1853 era, por consiguiente, la meta que los legisladores y estadistas de la organización nacional señalaron al Estado que en 1862 se consolidaba al término de medio siglo de guerras civiles. Esa meta no se conquistaría directamente, a través de un progreso ininterrumpido, como soñaron los organizadores. Los gobiernos posteriores a 1862 hicieron caso omiso de la Constitución programática cada vez que se vieron obligados a afrontar los problemas concretos de una realidad social incompatible con el programa trazado a priori. Las causas internas prevalecieron en todos los casos en que los principios y leyes, inspirados en causas externas, no encontraban dentro del país sus bases de aplicación.

¿Tenía el Estado de 1862 el carácter representativo que le asignaba la Carta de 1853?

Todo Estado es representativo, hasta el más autocrático, hasta el más unipersonal, pues no existe el Estado en sí. Todo Estado representa algo fuera de sí mismo, en la sociedad que lo mantiene. En tal sentido general, el Estado argentino de 1862 era representativo, aunque su representatividad genuina se redujera a los círculos oligárquicos que dominaban la República en nombre de una abstracta soberanía popular. El presidente se elegía en las estrechas cumbres áulicas con el visto bueno de los representantes extranjeros y la confirmación de farsas comiciales en las que se exhibían todas las formas de la corrupción, de la violencia y del fraude. Pero aun como mito y engaño, apariencia sin contenido, la abstracta soberanía popular preparaba la auténtica soberanía popular al rebelarse el pueblo contra la burla de que era víctima y darle a la democracia un contenido.

¿Tenía el Estado de 1862 el carácter federal que también le asignaba la Carta de 1853?

El federalismo estaba en las tradiciones, en la idiosincrasia y en la economía de la sociedad argentina, pero el Estado de 1862 trató de imponer el unitarismo, mediante la persuasión, la corrupción y la violencia. Para civilizar al país ahogó a los bárbaros caudillos provinciales o los conquistó con prebendas burocráticas y negociados. Como no podía destruir al federalismo, lo sumergió bajo la ola de riquezas que derramaba desde Buenos Aires el cuerno de la abundancia o lo postergó al someter a las provincias a su control financiero e impositivo.

¿Tenían vigencia los derechos del hombre consagrados por la Carta de 1853?

El Estado de 1862 no clausuraba diarios, ni prohibía conferencias, ni declaraba ilegales a los partidos políticos, pero la inmensa mayoría de los argentinos carecía de diarios, de oradores y de partidos políticos que la representaran. Sus rebeldías se inmortalizaron en el Martín Fierro que, como el Quijote, develó miserias y grandezas de la naturaleza humana, sin ofrecer a los oprimidos remedios inmediatos. Arriba estaban los brazos abiertos para recibir a todos los hombres y los capitales del mundo; abajo estaban el cepo, el calabozo, los fortines, los atropellos y los robos de tierras. El criollo no tenía cónsul como el extranjero, pero tampoco tenía juez, ni legislador, ni ministro, ni presidente que recordara su existencia.

El Estado de 1862 se dio por norma ofrecer las mayores facilidades a las inversiones del capital extranjero, aun sacrificando el progreso de la industria nacional, cuyo fomento consideraba superfluo. Por intermedio del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de la Nación Argentina orientaba hacia el agro las inversiones del capital nacional acumulado. La tarifa aduanera (protectora de la producción agrícologanadera y de tres industrias derivadas de ella: azúcar, vino y harina) era librecambista a ultranza en lo referente a artículos manufacturados. Los fabricantes (igual que los hacendados del 1800 que «frecuentaban los zaguanes de los comerciantes poderosos» para que les comprasen casi por piedad los «frutos de la tierra») hacían antesalas como postulantes en el Congreso, en los ministerios y en las reparticiones públicas en procura de protección o de crédito difícilmente obtenibles. El comercio importador, los consignatarios, los exportadores de frutos del país, los ganaderos y los poderosos intereses imperialistas torpedeaban cualquier protección a la industria naciente.

Tanto el capital extranjero como la desvalida industria nacional promovieron el crecimiento cuantitativo de la clase obrera. De los 433 375 habitantes de Buenos Aires en 1887, el 10 por ciento (42 321) eran obreros que trabajaban en 10 349 talleres y fábricas, sin contar a los ferroviarios.[1] Desde el comienzo esos obreros sintieron la necesidad de unirse y organizarse para enfrentar a una explotación absolutamente libre de trabas legales (salarios de hambre, jornadas interminables, falta de descanso semanal, condiciones antihigiénicas de trabajo, despidos arbitrarios, ninguna compensación por accidentes, desconocimiento de todo tipo de jubilaciones, de seguros y de retiros, etc.). Aparecieron las primeras sociedades de resistencia y estallaron las primeras huelgas.[2] Las rebeldías de los obreros no se inmortalizaron en poemas como las de los viejos gauchos; buscaron en la vida el camino de la liberación.

La caudalosa corriente inmigratoria trajo a la Argentina las ideas marxistas. Fueron sus portadores los militantes de la Asociación Internacional de Trabajadores que entre 1870 y 1872 fundaron una sesión en nuestro país, de acuerdo a las directivas del Consejo de Londres presidido por Carlos Marx.[3] La sección se dividió en tres sectores (francés, italiano y español), bajo la dirección de un Comité Federal de dos delegados por sector. Tres años más tarde, coincidiendo con la constitución del Club Industrial (convertido posteriormente en la Unión Industrial Argentina) como órgano patronal, el gobierno detenía y acusaba de asociación ilícita a los dirigentes de la Sección Argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores.[4] Presidía los destinos de la República el doctor Nicolás Avellaneda, y como la República posible comenzaba a ser la República verdadera el espíritu de la Carta de 1853 se sometía a la prueba de los hechos. ¿Tendría el Estado con la Internacional de Trabajadores igual tolerancia que con la Internacional de Capitalistas?

En el dictamen del fiscal de la causa figuraban los propósitos de la Sección Argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores:

«combatir la funesta Asociación Internacional de los parásitos, es decir, la clase que vive y goza del fruto de la tierra y de la industria, a expensas de aquellos que trabajan y sudan».

Los asociados se obligaban a

«rechazar todo gobierno que no sea emanación de los trabajadores; que siendo el trabajador, el productor de todo lo que es útil y necesario para la existencia y bienestar de la humanidad, debe tener el derecho de dictar las leyes que rijan a la sociedad universal».

Para ser miembro se requería

«la calidad de obrero o presentar pruebas de sus virtudes cívicas o sociales, excluyendo a los que viven del agiotaje, a los que pertenecen a una orden religiosa y a los que explotan casas de juego o de prostitución»,

y los aceptados como miembros debían

«promover la unión y el bienestar de la clase obrera; propagar las doctrinas socialistas; combatir la tiranía; rechazar toda clase de gobierno que no emane de los trabajadores; y rechazar, por último, el egoísmo, la avaricia, el agiotaje, el libertinaje y la prostitución […] Era deber de los socios sacrificarse por la emancipación social de un pueblo o de una fracción de pueblo que quiere sacudir el yugo de una tiranía cualquiera, sea mercantil, religiosa o real».

El juez Hudson, seguramente sorprendido por la novedad de la doctrina e impresionado por los elevados propósitos que profesaban, dictó sentencia absolutoria de los once ciudadanos fundadores de la Sección Argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores. El escepticismo filosófico y el sensualismo político de la llamada generación del 80 no se alarmaban por la prédica que sonaba a utopía en nuestro medio poco más que rural. Pero los patrones no participaron de esa indiferencia ante la aparición de las ideas marxistas, ni tampoco los anarquistas que enviaron desde Montevideo a un delegado con la misión de paralizar las actividades de los autoritarios.

Las polémicas entre anarquistas y marxistas se difundieron en periódicos de cortos recursos, efímera existencia y apasionado combate.[5] Los anarquistas esgrimían los conocidos argumentos de Proudhon y Bakunin acerca de la desaparición del Estado, mientras los marxistas hacían filigranas para explicar una doctrina de la que tenían vagas nociones. Unos y otros competían en atraer a sus respectivas ideas a los explotados y oprimidos, sin diferenciar a los obreros de los artesanos, ni destacar el papel revolucionario del proletariado como clase. Tampoco se preocupaban de estudiar y conocer el medio social en que desenvolvían su acción; ni se interesaban por la historia, la economía y la política del país, a no ser para despreciarlas y aplicarles, como los liberales, el calificativo de barbarie. Confiaban en la bondad y en la justicia inmanentes de sus doctrinas y en su validez universal.

No obstante sus limitaciones teóricas, los anarquistas y marxistas de los albores del movimiento obrero argentino pusieron los cimientos de la organización y dirigieron los primeros combates. Su influencia no trascendía de los círculos de inmigrantes a las masas de sufridos proletarios y empobrecidos campesinos criollos. Tampoco la dorada intelectualidad liberal se interesaba por sus exóticas teorías, en las que veía subproductos deleznables de la impecable civilización occidental. El Estado no se daba por enterado de la presencia en Buenos Aires y Rosario de unos cuantos agitadores que predicaban su fe en francés, alemán, italiano, catalán o castellano peninsular, y se agrupaban en pequeñas sectas de fanáticos. Ellos, a su vez, se sentían ajenos al Estado argentino, desarraigados de las tradiciones, de las costumbres y de las preocupaciones de los habitantes del país, e imbuidos de una idea de la revolución social que se hacía pura forma lejos de sus tierras natales.

Es cierto que las revoluciones de 1830 y 1848 impresionaron profundamente en otras épocas a la juventud intelectual argentina,[6] pero las generaciones intelectuales posteriores dejaron de pensar en los socialistas utópicos, en el Manifiesto de Considérant o en las sublevaciones proletarias, y si lo hacían era para señalar los peligros de que el Nuevo Mundo sufriera las mismas anormalidades que las sociedades europeas.

El programa liberalburgués de 1853 excluía toda tendencia a la socialización. La conquista de la ganancia era la ley suprema y el común denominador de los derechos y libertades del individuo. El Estado tenía por misión asegurar a los inversores extranjeros los más altos beneficios y a los terratenientes la más rápida valorización de sus propiedades. Le estaba vedado intervenir en la esfera sagrada y secreta de los negocios de empresas y particulares, a no ser para asegurarles su protección; los gobernantes, los políticos y los funcionarios participaban en los directorios de las compañías extranjeras, actuaban como sus abogados y gestores, o se hacían millonarios con la multiplicación del valor de la tierra.

En los años de la organización nacional aparecen dos problemas que se han agravado con el tiempo. Uno es el divorcio entre la política estatal y las necesidades reales de la sociedad, pues hasta hoy predominan en el gobierno las ideas de ese liberalismo finisecular que se da por meta la más absoluta libre concurrencia empresaria y la inversión anárquica de las acumulaciones de capital en busca de la mayor ganancia individual. Otro es el divorcio entre la intelectualidad (incluidos los dirigentes políticos) y las masas trabajadoras.

CAPÍTULO 5
DE LAS CAUSAS INTERNAS DE LA REVOLUCIÓN DEL 90

El desarrollo social argentino poco tiene de clásico, si entendemos por clásico su correspondencia absoluta con un esquema general inducido del análisis empírico del desarrollo social de los países europeos. El esquema resulta de la abstracción de la línea directriz de ese desarrollo, pero quien se queda en el esquema, sin aplicarlo luego a la contradictoria realidad y pretende que así tiene todo solucionado, termina siempre aislado de la vida y divorciado del pueblo. Hay que pasar de lo concreto a lo abstracto para volver después de lo abstracto a lo concreto. Al pasar de lo concreto a lo abstracto se eliminan las particularidades y se establece la línea general del desarrollo social en un país o en una época. Al pasar de lo abstracto a lo concreto se descubren nuevas particularidades y se establece la nueva línea general del desarrollo social de otro país o de otra época. Para la lógica dialéctica el proceso del conocimiento parte de lo concreto y vuelve a lo concreto. Para la lógica formal (empleada entre nosotros por los seudomarxistas) el conocimiento parte de lo abstracto o de lo concreto, pero se detiene y agota en lo abstracto sin volver a lo concreto. Por ejemplo; los seudomarxistas aplicaron en 1945 en la Argentina la línea de la política internacional de la URSS, sin preocuparse de analizar la lucha de clases y las contradicciones internas del país.

Marx estudió el nacimiento del capitalismo en el seno del feudalismo en la sociedad inglesa y definió el camino clásico del paso del feudalismo al capitalismo; hacer de tal generalización un esquema que debe cumplirse inexorablemente en todos los países y en todas las épocas solamente cabe en mentalidades dogmáticas, incapaces de pensar en concreto e ignorantes de la riqueza de matices de la vida social. El descubrimiento de Marx inauguró el estudio científico del paso del feudalismo al capitalismo, del nacimiento y del desarrollo del capitalismo, así como del nacimiento del socialismo, quedando a cargo de los marxistas descubrir el proceso concreto de esos cambios en las circunstancias particulares de cada medio historicosocial.

Es indudable (sin negar la mínima influencia condicionante de las causas externas) que en Inglaterra y Francia, dos naciones de desarrollo clásico, el nacimiento del capitalismo se presentó como el resultado del impulso de las causas internas, del autodesarrollo.

Es indudable (sin negar las causas internas como bases de los cambios) que en la Argentina, como en los países de origen colonial, el nacimiento del capitalismo se presenta como el resultado de una gran influencia de las causas externas. En nuestro libro De la Colonia a la Revolución hemos demostrado que el autodesarrollo de la sociedad colonial estuvo condicionado por causas externas, sin que las causas internas dejaran de ser determinantes.

Las marcadas diferencias que separan el proceso social inglés o el francés del argentino no niegan que en todos los casos las causas internas sean la base y las causas externas la condición de los cambios, pues tal es la ley de la vida; pero enseñan que la relación entre causas externas e internas varía en cada distinto proceso social y en cada etapa de cada proceso. El estudio de tal relación en el proceso real del desarrollo socioeconómico argentino es de suma importancia y de imprescindible necesidad para desterrar el dogmatismo y el sectarismo que imperan como amos absolutos desde hace muchos años en los círculos de nuestro país falsamente titulados marxistas. Al establecer entre causas internas y externas una relación que no corresponde a la realidad (sobre todo cuando la mentalidad colonial disfrazada de muy revolucionaria concibe a la Argentina como simple juguete de fuerzas imperialistas extranjeras y le desconoce capacidad propia de desarrollo en el pasado, en el presente y hasta el día y la hora de una revolución de tipo milagroso) se fomenta el salto continuo del extremismo al oportunismo (del todo o nada a la unidad a cualquier precio), en el cual se han educado millares de magníficos cuadros políticos y sindicales para aislarse pronto de las masas trabajadoras y condenarse a vivir en la impotencia de la torre de marfil.

Crear el marxismo sobre los hechos de la historia y de la realidad argentinas o, lo que es igual, analizar los hechos de la historia y de la realidad argentinas a la luz de la interpretación dialéctica materialista del mundo, es particularmente indispensable para el período posterior a 1890, cuando se consolidan y enfrentan las clases sociales protagonistas de la lucha final entre capitalismo y socialismo. Comenzaremos, pues, por la revolución de ese año, cuya trascendencia proviene del nuevo curso politicosocial que parte de ella.

Una avasalladora prosperidad (promovida durante treinta años por la incorporación de centenares de miles de inmigrantes al trabajo nacional, las inversiones del capital extranjero, la valorización de las tierras y la vinculación del país al mercado mundial) dominaba el panorama argentino en 1890.[1] La Argentina es «o mais grande phenomeno da raça latina no seculo XIX», escribía el portugués Ramalho Ortigáo en 1887, luego de su viaje por Sud América,[2] y la misma impresión traducían los libros y artículos periodísticos que sobre nuestro país se publicaban en Europa. Eran años de especulaciones, de negociados y de despilfarro sin igual.[3]

El ingreso de la Argentina al sistema capitalista mundial, por los caminos confluentes de las inversiones extranjeras y de las rápidas transformaciones internas, fue favorecido por la inexistencia en las llanuras del litoral de estructuras socioeconómicas precapitalistas importantes que le opusieran sólida resistencia. Por una parte, inmensas zonas desiertas o semidesiertas de insuperable fecundidad y, por otra parte, manchones de economía ganadera de mercado provenientes de los lejanos orígenes coloniales, ofrecían al inmigrante y al capital oportunidades de enriquecimiento que en otros países, como México, les eran negadas o regateadas por la superposición de la conquista española a comunidades indígenas de profundo arraigo a la tierra. Mientras la colonización capitalista se dilataba en la Argentina, igual que en los Estados Unidos, desde el litoral hasta el interior sin tropezar con mayores obstáculos sociales, en México y en otras partes de América Latina la frenaban las culturas antiquísimas y las formaciones socioeconómicas de autoabastecimiento cristalizadas durante el coloniaje.

Los cauces impuestos a la colonización capitalista por el régimen de propiedad de la tierra preexistente o inexistente determinaron el carácter específico del problema agrario de cada país de América Latina. En México, por ejemplo, las leyes de Reforma de la época de Benito Juárez acabaron con el latifundio eclasiástico y se propusieron la proliferación de la pequeña propiedad agrícola individual típicamente burguesa, pero en los siguientes treinta y cinco años de gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) se restableció el latifundismo sobre la base de grandes terratenientes aliados a los inversionistas extranjeros, lo que planteó de nuevo a los revolucionarios de 1917 una reforma agraria que hasta hoy oscila entre la concepción individualista y la concepción socialista del derecho de propiedad. Distinto fue el caso de la Argentina. La libertad con que en ella se aplicó la colonización capitalista hizo ocioso el enfoque de una reforma agraria burguesa y creó las premisas de la socialización de la tierra. Sin embargo, los impenitentes habitantes de la luna de las sectas seudomarxistas siguen reclamando la implantación de un régimen de propiedad territorial democraticoburguesa que existe desde hace rato, pues extraen conclusiones de los análisis hechos de Rusia zarista, de la antigua China, de México o de cualquier país, con excepción de la Argentina. En su obcecación dan como imprescindible dividir la tierra antes de socializarla, crear pequeños propietarios para crear después granjas colectivas o estatales, esto es poner los mayores obstáculos al paso al socialismo en el agro.

Nadie que conozca algo de nuestra historia se atrevería a negar que en 1890 existía ya en lo fundamental del litoral argentino (estancias y chacras) el régimen capitalista: la tierra producía renta (absoluta y relativa) y había adquirido valor mercantil especulativo y gran movilidad, al traspasarse corrientemente de mano en mano. La precocidad que su desarrollo en función del mercado exterior comprador dio a la economía agropecuaria marcó con su sello al conjunto de la economía nacional. Exportar los productos de la tierra y adquirir en el extranjero todo lo demás, sacrificar las posibilidades de industrialización (siempre calificada de improvisada, prematura o irrealizable)[4] para mantener los elevados rendimientos de la agricultura y de la ganadería y gastarlos improductivamente o reinvertirlos para ampliar el ciclo agropecuario, identificar el bienestar y el progreso del país con la creciente demanda y los altos precios de carnes y granos, han sido desde entonces el norte sagrado de la política de los economistas utilitaristas, de los sociólogos positivistas y de los estadistas presentistas. Una Argentina especializada en alimentar al mundo, opulenta y pródiga cliente de las fábricas europeas, era el ideal de los grandes estancieros asociados de antiguo a los importadores e inversores británicos.

En el litoral argentino no existió, salvo algunas quintas, la propiedad rural de subsistencia, esto es de producción destinada en su totalidad, o en lo esencial, al consumo de los ocupantes de la tierra demarcada y poseída. No hubo fincas de autoabastecimiento, como las que constituían la base económica del interior del país (particularmente en la época colonial) y de los restantes países latinoamericanos (la hacienda mexicana, por ejemplo) en las cuales toda la actividad se orientaba a producir la mayor variedad de artículos dentro de los confines de la misma propiedad y para su propio consumo. Las estancias y chacras que en 1890 proliferaban en las llanuras bonaerenses y santafesinas (con tendencia expansiva hacia La Pampa, Entre Ríos y sur de Córdoba) se dedicaban a abastecer al mercado exterior y al mercado interior. Los estancieros (por apegados que se sintieran a las tradiciones patriarcales en su trato con los peones) y los chacareros (inmigrantes e hijos de inmigrantes obsesionados por la ambición de hacer la América) eran inversores de capital y productores de mercaderías, a tal grado que no representaban una excepción los que compraban en el pueblo (además de muebles, ropas, herramientas, vino, aceite, etc.) harina, verdura y hasta en ocasiones carne. Sin el rápido aumento de la demanda del mercado exterior no se hubiera elevado con tal velocidad la producción en masa de carnes y cereales, pues el mercado interior crecía entonces con relativa lentitud y estaba muy por debajo de las posibilidades de absorber tan colosales cantidades de alimentos.

El Estado nacional, contagiado de esa fiebre de riqueza fácil y especulativa, hizo de la Argentina el paraíso de los inversores extranjeros. Los capitales que ingresaban al país desde el exterior tenían de antemano garantizados altos porcentajes de ganancias. No corrían el menor riesgo. Pudieron los ingleses construir los ferrocarriles con la certeza anticipada de extraer millones de pesos, cualquiera fuese el resultado del balance de la explotación de los servicios, pues sus empresas recibieron en la Argentina la más alta subvención que se conoce en el mundo: casi el doble por kilómetro que en Chile y casi cuatro veces más que en México, países en los cuales, por la configuración montañosa del territorio, el costo de las vías férreas resultaba muy superior al de las tendidas en las llanuras argentinas.[5] Pero no solamente las compañías ferroviarias gozaron de ese trato privilegiado; la misma norma se aplicaba, con mayor o menor generosidad, para estimular al capital extranjero en general. Existía entonces, bajo el reinado sin rival de la libra esterlina y la regularización y la distribución de los préstamos por el Banco de Inglaterra, un movimiento internacional de capitales prácticamente sin restricciones. Las garantías de alto interés que ofrecía el Estado y las exuberancias del suelo argentino que comenzaba a explotarse atrajeron pronto a voluminosos capitales extranjeros.

El capitalismo no solamente se importó (o se trasplantó, de acuerdo a lo previsto por los ideólogos de 1853) en la Argentina; también creció dentro de ella, en la medida que se modificaban las anteriores relaciones entre las clases y se desarrollaban los gérmenes latentes en la sociedad preestablecida. Del complejo de causas internas y externas que impulsaba hacia adelante la economía nacional surgía algo más que el granero y la carnicería del Imperio Británico, surgía con bases propias el capitalismo industrial y agropecuario en conexión y en oposición, al mismo tiempo, con el capital extranjero, pues ni podía independizarse totalmente de él (por ser, en parte, su complemento, y por necesitar de su aporte en máquinas, técnicas, prácticas administrativas y hasta inversiones, además de la comunidad de intereses frente a las exigencias de la clase obrera), ni tampoco condenarse a desaparecer bajo la competencia del importador o del inversor imperialista. La relación dialéctica (identidad y oposición) de la burguesía nacional con el imperialismo extranjero explica los altibajos más destacados de nuestra historia política del presente siglo y corresponde a un proceso real tan oscurecido por el izquierdismo que no ve más que identidad entre ambos opuestos como por el oportunismo que no ve más que oposición entre ambos idénticos.

A las contradicciones inherentes al sistema capitalista que trajo éste al florecer en la Argentina (entre la producción social y la apropiación individual, entre la burguesía y el proletariado, entre los industriales y los terratenientes, entre los terratenientes y los arrendatarios, en los explotadores agropecuarios [estancieros y chacareros] y los peones asalariados) se agregaba, pues, la contradicción principal, desde el punto de vista de la nación y la dependencia creada por las inversiones imperialistas en empréstitos, transportes, bancos, comercio exterior y obras públicas.

Con la crisis económica de 1890 salieron a luz esas contradicciones de la sociedad argentina e imprimieron a aquélla el carácter peculiar que tuvo dentro de la crisis cíclica que ese mismo año sacudió a todo el sistema capitalista. Crisis de progreso la llamaron los economistas burgueses no sin razón en tanto el capitalismo ascendente progresaba entonces a través de esas cíclicas sangrías. Estalló en Australia, en la India, en el Cabo, en Canadá, en Chile, en las demás colonias y dependencias del poderoso imperialismo inglés de la era victoriana; la firma Baring Brothers (los mayores prestamistas, inversores y promotores de empresas ferroviarias del mundo) se declaró en quiebra. Pero la crisis argentina fue, según Tugan-Baranowski, el episodio sobresaliente de esa crisis general, lo que evidencia el ímpetu de la expansión capitalista y el contenido intensamente especulativo que se le dio en nuestro país. Otras crisis anteriores (1873-1876, 1880) marcaron la entrada de la Argentina por la puerta grande del capitalismo; la de 1890 las superó y trajo consecuencias políticas más profundas.

El decenio de prosperidad sin antecedentes que la precedió y preparó (orgía de millonarios compartida por inversores extranjeros, terratenientes, especuladores, políticos y grandes burócratas) culminó y se canceló con el unicato del presidente Juárez Celman, personaje de singular mentalidad utilitarista cuyos favoritos poco menos que divinizaron al atribuirle dotes casi sobrenaturales de generador de riquezas. Uno de ellos, el más allegado y su candidato a la sucesión presidencial, proclamó como cínico principio moral de la honestidad política: «Hacer un buen negocio en la juventud para conservarse honrado el resto de la vida», y fiel al precepto ganó una fortuna con la compra de los postes del telégrafo de Buenos Aires a Córdoba.

Como en todas las crisis del capitalismo también en ésa el Estado y las clases dominantes se empeñaron, al presentarse los primeros síntomas, en cargar sus consecuencias sobre las masas trabajadoras, traspasándoles la totalidad de los sacrificios. Pronto, continuas emisiones de papel moneda provocaron la desvalorización del dinero circulante y la caída del poder adquisitivo de los salarios y sueldos. La clase obrera dio el grito de alarma. En 1888, los ferroviarios de los talleres de Sola, en las inmediaciones de la Estación Constitución (Buenos Aires), se declararon en huelga para obtener el pago de los salarios en oro, y aunque el movimiento fracasó, después de disolver los bomberos a balazos un mitin de la Plaza Herrera (con el saldo de decenas de heridos y ciento sesenta presos), al año siguiente volvieron a la carga y la empresa del Ferrocarril del Sud accedió a la mencionada reivindicación.

Algo nuevo nacía en la Argentina como resultado de los cambios en sus bases internas. Los movimientos reivindicatorios de la clase obrera se sucedieron y ampliaron.[6] El chovinismo fariseo del patriciado, tan unido a los inversores extranjeros, culpaba al alud inmigratorio de los conflictos sociales y de la difusión de ideas extremistas, vieja triquiñuela destinada a ocultar la explotación del obrero y a transferir al ámbito platónico de las ideas el origen, por cierto bien material, del descontento de las masas trabajadoras. No faltaron, antes y después, alegres ideólogos que anunciaron el advenimiento en el Nuevo Mundo de una sociedad sin las contradicciones internas de la sociedad europea, una especie de democracia burguesa purificada por el cruce del océano, como la alabada por Alexis de Tocqueville. Pero ya que la expansión del capitalismo promovía naturalmente el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la clase obrera como su propia negación, y ya que el enriquecimiento de los inversores y propietarios era imposible sin el alud inmigratorio y la explotación del trabajo ajeno, había que idealizar a la democracia burguesa y ocultar sus lacras, darle categoría de democracia en sí, de la única democracia, y marcar a las víctimas del capitalismo con el estigma de enemigos de esa democracia por antonomasia.

El Estado debió afrontar problemas no previstos por los idealizadores de la democracia liberal-burguesa. Lo hizo abandonando su despreciativa indiferencia de los primeros tiempos e interviniendo enérgicamente en el aplastamiento de las huelgas y en el castigo de los obreros rebeldes. Si en la década del 70 perdonó a los soñadores de la Sección Argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores, después de la del 80 no podía tolerar que el descontento se concretara en la lucha por mayores salarios, menos horas de trabajo y mejores condiciones de vida. El amplio espíritu liberal de la Carta de 1853 (tan exaltado para atraer inmigrantes y capitales) tuvo hábiles exegetas que lo hicieron coincidir con las disposiciones policiales, las represiones del Poder Ejecutivo y los desmanes de los patrones.

Al mismo tiempo que las huelgas obreras, aunque desconectados de ellas, se iniciaron los movimientos de los colonos de la zona agrícola desde Esperanza (Santa Fe), llamada madre de colonias. Los agricultores reclamaban el pago de los cereales con oro y querían estar representados en la administración de los municipios y en la justicia de paz comunal. Eran extranjeros y se organizaron en clubes por nacionalidad de origen, pero aspiraban a integrarse en la sociedad argentina, como lo prueba la naturaleza de sus reivindicaciones.[7] Debían defenderse de los antiguos terratenientes, cuyas propiedades adquirían de golpe precios fabulosos gracias a la colonización y al ferrocarril, de la voracidad de las empresas colonizadoras y de los especuladores que en Buenos Aires se enriquecían a su costa con la compraventa de millares de hectáreas.

Nacía también algo nuevo con los movimientos campesinos que no habían previsto los organizadores de la República. No bastaba traer colonos y facilitarles tierras, semillas, herramientas y créditos. La civilización avanzaba por caminos complicados. La riqueza difícil incorporaba al inmigrante a la industria y a la chacra; la riqueza fácil movía los hilos de la especulación y de los negociados. Muchos colonos se enriquecieron y fundaron dinastías de terratenientes; muchos más no lograron quebrar el régimen de monopolio de la tierra y siguieron tan parias como en Europa. La riqueza social se acrecentaba con el trabajo social, pero su apropiación por una minoría de terratenientes y especuladores condenaba a la miseria a quienes aportaban ese trabajo social.

El colono se sentía identificado para siempre con la patria de adopción. Había quemado sus naves después de cruzar el océano. Había desbrozado la tierra y sembrado alfalfa y cereales. Había malvendido su cosecha al especulador. Había sufrido los años de sequías y vacas flacas. Había enriquecido al almacenero de ramos generales, gringo como él, pero más vivo que él. Había engendrado hijos argentinos. Razón tenía en reclamar la parte en la vida política que al otro gringo, al que traía capital y no trabajo, se le concedía generosamente.

Las distintas causas mencionadas de descontento encontraron su denominador común cuando el vertiginoso encarecimiento de la vida desembocó en una crisis económica que afectó al conjunto de la sociedad. La orientación esencialmente especulativa (inspirada en la más fiel y consecuente aplicación de los principios del individualismo económico y del liberalismo político),[8] que se había impreso a la conducción del Estado y a la marcha hacia el progreso, convirtió en antagonismo las contradicciones inherentes al régimen establecido. No podía prolongarse mucho tiempo un tipo de relaciones económicas que en un extremo provocaba la ruina de los agricultores (cosechas pagadas con dinero depreciado) y la miseria de los trabajadores (descenso continuo del valor real de los salarios y sueldos), y en el otro extremo inflaba e inflaba los precios de los bienes de consumo. La Argentina entró entonces en el círculo vicioso de la pobreza que crea más pobreza y de la riqueza que crea más riqueza. Es cierto que las crecientes diferencias entre los salarios, los sueldos y los precios pagados al productor directo por una parte, y los precios de venta de los alimentos y materias primas al mercado exterior o al consumidor nacional, por otra parte, dejaban grandes márgenes de ganancias a los intermediarios, y que esa danza de millones de pesos en pleno reinado de la libre concurrencia se reflejaba en la valorización de las tierras y de los títulos y acciones, y creaba en la minoría de favorecidos de la fortuna la ilusión de una prosperidad sin fin; pero el agravamiento de las contradicciones internas del sistema conducía inexorablemente a una crisis, cuya inminencia escapó, hasta el instante del estallido, a la optimista conciencia de lo inmediato de los políticos y sociólogos positivistas. Cuando el descontento se extendió a todo el pueblo, los defensores del orden vigente buscaron fuera de la objetividad de los hechos la explicación de lo que sucedía y la descubrieron idealmente en la demagogia de los ambiciosos y en la prédica violenta de los anarquistas. La desnuda y cruel realidad vivida desde años antes por los trabajadores, se impuso repentinamente a los nuevos ricos que perdían sus fortunas en los histéricos cónclaves bursátiles y se pegaban un tiro o huían al extranjero.

El intérprete de la rebeldía reprimida de las masas populares debía ser la contrafigura del político sensual y utilitarista: Leandro Alem, abogado, bohemio y soñador, «bravo hasta la temeridad y desinteresado hasta la miseria»,[9] con más devoción a las musas que talento práctico.

La incipiente burguesía manufacturera, los colonos, la clase obrera, la pequeña burguesía urbana, la peonada que comenzaba a emanciparse de la fascinación de los caudillos-terratenientes e incluso sectores terratenientes no comprometidos con los círculos oligárquicoimperialistas, se vieron representados por el movimiento revolucionario de 1890, al que azuzaron el clero y los dirigentes católicos (tanto ultramontanos como liberales) por enemistad con el gobierno del ateo y masón Juárez Celman, responsable de la ley del matrimonio civil (12 de noviembre de 1889) que siguió a la de la enseñanza laica (18 de julio de 1883) dictada por el gobierno de su pariente y antecesor, el general Julio A. Roca.

La revolución fracasó como operación política y militar. Después de pasar revista a las causas que la motivaron parece absurda esta conclusión. La relación de fuerzas era indudablemente favorable a los revolucionarios. Desde un extremo a otro de la República se deseaba un cambio en la conducción político-administrativa del Estado. El clero y la mayoría de las fuerzas armadas apoyaban tal cambio. Escasa resistencia podía ofrecer el grupo desprestigiado, desmoralizado y aislado que ocupaba la Casa de Gobierno. Hasta los poderosos intereses extranjeros dejaron de sostenerlo. Sin embargo, la revolución no alcanzó sus objetivos y sus dirigentes, derrotados, se mantuvieron tan opositores como antes. Es necesario investigar, pues, fuera de los factores enumerados, las causas determinantes del desenlace desafortunado de un movimiento insurreccional que tenía las cartas de triunfo en la mano. Lo haremos más adelante, no sin analizar previamente otros elementos de juicio de la totalidad del proceso.

CAPÍTULO 6
TAMBIÉN LOS PARTIDOS NACEN, VIVEN Y MUEREN

Todavía se divulgan desde la cátedra, la prensa y el libro distintos mitos acerca del origen de los partidos políticos, y aunque nadie se atrevería a atribuirlo a los dioses, se suele sustituir a éstos por personalidades idealizadas con poder tan sobrenatural como el que los antiguos descubrían en Teseo, Rómulo y demás fundadores de ciudades. De esta manera se oculta el proceso social previo que produjo al partido y se niega la constante interacción objetiva-subjetiva del partido con la sociedad. El partido se convierte, mediante tal inversión, en una cosa en sí o en la idea-forma platónica generadora de los hechos; sus fanáticos amenazan a los críticos con la vieja sentencia inquisitorial adaptada a las circunstancias: El partido siempre tiene razón

La historia de los partidos es apenas un momento en la historia de los Estados. Ninguno de los hoy existentes en el mundo se formó antes del siglo XIX.[1] No debe confundirse al partido con la secta, si bien hay sectas que se transforman en partidos, y partidos que perduran más allá de su muerte en forma de sectas, como hay sectas que vegetan mucho tiempo nada más que como sectas. Puede crearse una secta al margen del proceso social, pero ningún hombre, por genial que sea, podrá crear un partido sin raíces en la sociedad. Nada impide que usted, yo o el vecino fundemos una secta: en América Latina las hay por decenas, recuerdos de pasadas militancias, esperanzas en imposibles resurrecciones.

Así como Hegel veía en el Estado la realización final de la idea absoluta en la historia, los pensadores políticos de las diversas corrientes liberales solamente conciben a la democracia absoluta (en su encuentro final consigo misma y en su plena realización) dentro de un régimen multipartidario, y el desarrollo lógico de ese razonamiento abstracto concluye y se enquista al arribar a la última e insuperable meta: la representación proporcional que atomiza el poder y da libre acceso a él a un número ilimitado de agrupaciones formalmente representativas o simplemente autorrepresentativas. Tal enfoque idealista de la relación entre política y sociedad nos proporciona una notable prueba de cómo el camino trazado desde un principio falso (la idealización del partido como algo que vale por sí mismo) desemboca en una construcción política artificialmente democrática, en una seudodemocracia de partidos sin vitalidad popular, esto es en la antítesis de la democracia como gobierno del pueblo. El grado de democracia de un país no se mide por el número de partidos, ni siquiera por la existencia de partidos. Éstos nacen, cuando son auténticamente representativos, de necesidades sociales, pero pueden también ser o llegar a ser instrumentos represivos en manos de oligarquías para impedir, en nombre de la democracia, la satisfacción de las necesidades sociales. En la Argentina, se pregona la representación proporcional como sumo exponente de la democracia al solo efecto de evitar la conquista del poder por las masas trabajadoras.

De lo que antecede se deduce que la historia de los partidos políticos argentinos forma un capítulo de la historia general del país en un doble sentido: porque nacen y mueren y la sociedad matriz es anterior y posterior a ellos, y porque la política no se explica por sí misma, sino en función de causas socioeconómicas más profundas que se manifiestan a través de las alternativas de la lucha de clases.

Los partidos característicos del orden capitalista aparecieron en la Argentina después de la Revolución del 90. En su creación intervino el complejo de causas internas y externas a que ya nos hemos referido. Nacieron unos bajo la presión de las nuevas clases sociales que querían incorporarse a la vida política y conquistar el poder (o, por lo menos, participar del poder); nacieron otros como autodefensa de las viejas clases sociales para reprimir o canalizar las luchas de las masas populares y conservar un dominio que no podían más sostener por los antiguos métodos de sujeción directa. Pero unos y otros buscaron modelos y antecedentes en las democracias burguesas occidentales o en el movimiento socialista internacional para darse una ideología, un programa y un tipo de organización. Esta combinación de tendencias propias al autodesarrollo nacional con la autoridad del pensamiento y de las formas políticas extranjeras correspondía a la condición semicolonial del país, a cuya influencia no se sustrajo ninguno de los partidos políticos.

No faltaban antecedentes de agrupamientos políticos en el pasado argentino, pero esos antecedentes se diluyeron con los grandes cambios sociales que en el 90, con prescindencia del resultado inmediato de la revolución, promovieron un salto cualitativo en la política nacional. Sin embargo; el análisis de tales antecedentes se hace necesario para explicar el origen histórico de las fuerzas que intervinieron en el conflicto de aquel año.

1. Las dos concepciones de la organización nacional que dividieron a los miembros del primer gobierno patrio en saavedristas y morenistas reflejaban antiguas tendencias latentes en la Colonia que al manifestarse y generalizarse, después de 1810, adquirieron las formas del conflicto entre dos campos antagónicos: unitarios y federales.

La hegemonía comercial de Buenos Aires se elevó a monopolio políticoconómico con la fundación en 1776 del virreinato del Río de la Plata. Desde entonces las regiones del interior se vieron obligadas a asumir una actitud defensiva frente a la absorbente política de la ciudad capital, actitud que se extendió y fortaleció cuando la libertad de comercio (Representación de los Hacendados, decreto de Cisneros, leyes de los gobiernos patrios) y el centralismo político (proyecto de coronación de Saavedra, planes monárquicos, presidencialismo de Rivadavia) las colocaron en situación de inferioridad, de dependencia y de anarquía económica. La oposición de las provincias del extinguido virreinato al despotismo ilustrado y mercantil de Buenos Aires (iniciada por el Paraguay y la Banda Oriental y extendida a todo el interior) resulta desfigurada si se la examina a través de las tesis superficiales e interesadas de los ideólogos liberal-burgueses que la reducen a la mera resistencia de las muchedumbres bárbaras a ser civilizadas por las minorías selectas. Esas tesis son utilizadas hasta hoy por los políticos de izquierda, centro y derecha agrupados, por encima de sus discrepancias circunstanciales, en la imposición del estilo y de las formas de las democracias burguesas anglosajonas. Los análisis históricos de los codovillistas se inspiran en la tesis de Tocqueville y no en el marxismo al tomar partido del lado de los unitarios y en contra de los montoneros.

El antagonismo político entre unitarios y federales tuvo su causa primera en la contradicción económica entre Buenos Aires (comercial y ganadero, importador y exportador) y las provincias (enclaustradas en modos de producción para el propio consumo); y su causa final en la división de la sociedad argentina en dos partes: una minoritaria que quería implantar, de golpe y por cualquier medio, la civilización capitalista europea, y otra mayoritaria que defendía el autodesarrollo de las antiguas condiciones de existencia. Aquélla (una vez abandonados por ilusorios los proyectos monárquicos de la primera hora) se erigió en campeona de una democracia culta, liberal, a la moda inglesa, francesa y norteamericana vista a la distancia, pero tropezaba con un pueblo que carecía de experiencia histórica, de la acumulación de ciencia y técnica, y de las conquistas revolucionarias del francés, del inglés y del norteamericano. Esta (una vez que el país se comunicó con Europa) no permaneció insensible a las ideas y a las formas de vida que se introducían del extranjero, pero a cambio del desarraigo total del pasado no se le ofrecían más que el desamparo y la miseria.

El centralismo de los unitarios concluía en una fórmula abstracta, sin contenido social. El particularismo de los federales se traducía en una fórmula concreta, con contenido social. Pero ni los primeros ni los segundos abrían, por separado, una perspectiva de desarrollo acorde al desarrollo mundial. La nación debía superar la contradicción para no quedar atascada.

2. Los unitarios fueron política y militarmente vencidos por los caudillos federales, pero el unitarismo resucitó bajo nuevas formas con la política del federal Juan Manuel de Rosas. Éste no superó la contradicción principal de nuestra historia: la prolongó sobre otras bases.

Rosas conquistó el gobierno y lo conservó durante un cuarto de siglo porque combinó: a) el poder central unificado con la posición dominante del sector de las fuerzas productivas internas orientado al abastecimiento del mercado internacional (la ganadería bonaerense) y en condiciones de sustentar un orden socioeconómico (la estancia); y b) la apariencia de un Estado nacional con una política de activa y práctica intervención en los conflictos entre los caudillos provinciales, azuzando a unos contra otros y evitando que el proyecto de una organización federal cristalizara a través de un Congreso General Constituyente.

Atacó y desmoralizó, al mismo tiempo, a los políticos unitarios y a los caudillos federales. Nada ayudó tanto a su doble juego como las agresiones francesa y anglofrancesa, pues quedó en evidencia la complicidad de los exiliados unitarios con las potencias extranjeras interventoras, y los caudillos se sintieron comprometidos a sostener un gobierno centralizado que defendiera a la nación. Pero ni aun así superó una contradicción que estaba en la objetividad del proceso social y en la desigualdad de desarrollo entre la Argentina y los países capitalistas avanzados. Por el contrario, la contradicción se agudizó al extremo, se hizo antagónica: los caudillos volvieron sus tacuaras contra Rosas y una nueva generación de intelectuales abandonó las ilusiones de los proceres unitarios y se asoció a las masas y las lanzas.

Echeverría y Alberdi comprendieron que no se uniría y organizaría la República para incorporarla definitivamente a la civilización capitalista sin la participación efectiva y aceptada de los caudillos, pero tal presupuesto hubiera caído en el vado de no descubrir los caudillos las ventajas de poner las particularidades provinciales a disposición de un plan nacional de grandes cambios progresistas.

3. Después de la batalla de Caseros, el sistema rosista fue reemplazado provisoriamente por la confederación de gobernadores, y los representantes de éstos, respaldados por el caudillo entrerriano Urquiza, elaboraron y sancionaron la Carta de 1853 con la abstención de Buenos Aires que no envió delegados al Congreso Constituyente de Santa Fe. Una antigua aspiración de los caudillos (estampada en el Pacto Litoral, el Tratado Cuadrilátero y otros convenios interprovinciales) quedaba consagrada con la aprobación del nuevo orden constitucional.

La renaciente oposición de Buenos Aires a una política que trasladaba el eje de la República al interior del país (de donde habían surgido las fuerzas que derrocaron a Rosas) coincidió con la restauración del desaparecido partido unitario, cuyos integrantes, de vuelta del destierro, tomaron el nombre de liberales y reconquistaron el control del puerto único para instrumentarlo como llave económica de la política nacional.

Por primera vez la contradicción principal de la historia argentina del siglo XIX se proyectó concretamente durante casi una década (1853-1862) en la línea divisoria de dos Estados contrapuestos: Buenos Aires y la Confederación. Esta ruptura tajante de la unidad, este planteo de la división sin velos ni contemplaciones, esta máxima separación de las dos partes de la totalidad, creó las condiciones del establecimiento de una unidad más alta y sólida, de una unidad permanente en base a la aplicación de una política de acelerados cambios socioeconómicos. Las desventajas prácticas que trajo de inmediato a ambos Estados su mutuo aislamiento probó las ventajas prácticas de formar un solo Estado y los impulsó a buscarse y, finalmente, encontrarse.

4. Los liberales no podían avanzar hacia la unidad nacional sin abandonar la gastada bandera intransigente de los unitarios. Su ala moderada, con Bartolomé Mitre a la cabeza, se rebautizó con el nombre de nacionalista (los cocidos) y se esforzó en hallar fórmulas de transacción con los gobernadores provinciales, al cabo de años de guerra infructuosa entre Buenos Aires y la Confederación; pero el ala extremista, acaudillada por Adolfo Alsina, predicaba el exterminio de los caudillos federales y se encastillaba en una posición de intransigencia absoluta frente a las provincias, rebautizándose con el nombre de autonomista (los crudos). Esta división de los liberales tuvo por causa la nueva situación creada en 1862, al unirse los dos Estados y ceder provisoriamente la provincia de Buenos Aires a la Nación la ciudad de Buenos Aires como capital federal.

Los nacionalistas mitristas marcharon hacia la unidad nacional sobre la base de la hegemonía de los intereses mercantiles del puerto único. Los autonomistas alsinistas les opusieron la defensa de los derechos de la provincia de Buenos Aires a disponer del puerto único como su propiedad incompartible y a hacer valer la superioridad que le daba la tenencia de un ferrocarril de capital argentino, de un banco emisor, de una campaña que producía artículos de exportación (tasajo y cueros) y contribuciones al fisco, y de una tradición de gobierno de las relaciones exteriores. Adolfo Alsina contaba con los únicos electores organizados de la República: los obreros y empleados del Ferrocarril del Oeste y los funcionarios de la administración provincial.

La dialéctica interna del proceso social, tal como venimos siguiéndolo, hizo que las líneas políticas de nacionalistas y autonomistas se cruzaran y se dirigiera finalmente cada una hacia el objetivo que en un comienzo se había asignado la otra. Mitre, el antes enemigo de la Constituyente santafesina, se convirtió en abanderado de la Carta de 1853 con las reformas de 1860; su presidencia tuvo por norte unir al país de acuerdo al ideal rivadaviano: conservar los privilegios de la burguesía comercial porteña y abrir las puertas de la República al capital extranjero. Alsina, el que pidiera la horca para los caudillos, se alió a los caudillos para impedir la féderalización de la ciudad de Buenos Aires.

Al finalizar la presidencia de Mitre (1862-1868), Adolfo Alsina prohijó la candidatura de Urquiza a la primera magistratura y se reservó para sí el segundo término de la fórmula, tal vez con la intención de neutralizar al caudillo entrerriano y facilitar la victoria de Domingo Faustino Sarmiento. El Partido Autonomista salió de los límites de la provincia de Buenos Aires y se transformó en Partido Autonomista Nacional. El sectario Alsina, unitario de la primera hora como su padre, recogió e hizo suyo el trapo rojo de los caudillos que tantas veces había despreciado. Con él se inició un nuevo tipo de caudillismo. Su evolución política nos ofrece un sobresaliente ejemplo de los cambios que en los hombres y en los partidos originan los cambios objetivos del proceso social.[2]

5. Las presidencias de Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda (1874-1880) fueron el resultado de la conciliación de nacionalistas y autonomistas, conciliación basada en acuerdos de emergencia del gobierno nacional con el gobierno bonaerense acerca del puerto único y de la sede del gobierno central. Era evidente, sin embargo, el predominio de los autonomistas de Alsina por ser la fuerza política más importante y mejor organizada del país, con la cual debía contarse para conquistar la presidencia y gobernar; y era evidente, también, el debilitamiento de los nacionalistas de Mitre que fracasaron dos veces en sus tentativas insurreccionales (1874 y 1880) y no consiguieron hacer olvidar su responsabilidad por la antipopular guerra de exterminio que desencadenaron contra el Paraguay.

Partido de la burguesía terrateniente bonaerense, el autonomismo agrupaba igualmente a lajuventud pequeñoburguesa, ansiosa de transformaciones democráticas que sacaran al país de su atraso social y político. Pronto se diseñaron en sus filas dos tendencias marcadas: la de Alsina, a volver a su origen, esto es a la conciliación y al gobierno en común con los nacionalistas (Club Libertad); la intransigente, a no transar con los nacionalistas y reclamar la pureza del sufragio, la autonomía de los municipios, la abolición del servicio de frontera y el reparto de tierras entre los pobres para evitar su acaparamiento por los latifundistas (Club 25 de Mayo). Una parte de los afiliados a la segunda tendencia fundaron en 1872 el Club Electoral con el programa que acabamos de enunciar, y en las elecciones de marzo y diciembre de 1877 se presentaron con el rótulo de Partido Republicano; Sarmiento los apoyó por preferir a Del Valle que es libro y no a Cambaceres que es saladero. Ganaron las de marzo a senadores provinciales, pero los conciliadores les birlaron las de diciembre a la gobernación bonaerense. Entre una y otra fecha, la conciliación se había adueñado de la política de la República. Alsina quería ser presidente.

El 7 de octubre, autonomistas y nacionalistas manifestaron juntos por las calles de Buenos Aires, y, como prenda de amistad, Alsina felicitó a Mitre por el éxito de su política y le devolvió, frente a la estatua de Belgrano, los despachos de general que le quitaran en 1875, después de ser vencido en La Verde, desterrado (el tribunal militar pidió la pena de muerte) e indultado por el presidente Avellaneda.

El 18 del mismo mes, Alsina declaró a la juventud nacionalista que

«entre los dos partidos no había barreras, sino divergencias de detalle o cuestiones de vanidad que han desaparecido»,

y concluía su exhortación con un ¡Viva el partido nacionalista!

6. Leandro Alem repudió la conciliación y se separó de Alsina. La muerte de éste, el 29 de diciembre, modificó de inmediato el panorama político y extinguió el acuerdo entre los dos partidos. Quedaba abierto el camino para un nuevo tipo de intransigencia de la que Alem sería su abanderado.

Un objetivo absorbió las preocupaciones de Alsina durante los últimos meses de su vida y a él subordinó los principios y la táctica de su política: ascender a la presidencia de la República. Lo hubiera alcanzado sin duda, pues su popularidad quedó demostrada por la muchedumbre, la mayor que hasta entonces se concentró en Buenos Aires, que asistió a su entierro.

Desaparecido inesperadamente el hombre eje de la política de conciliación, el que aportó a ella el prestigio conquistado anteriormente en años de lucha contra la preponderancia del gobierno central, e inmaduro el pueblo para gestar o adherirse a una nueva intransigencia que debía necesariamente superar a la antigua y ya se vislumbraba en el retraimiento de Alem, quedó el campo libre para la subida al poder del general Julio A. Roca, hombre del interior, no complicado en las intrigas de los círculos porteños, que preparaba con paciencia y astucia su salto de jefe de fronteras a la más alta magistratura nacional. Había sido colaborador y ejecutor de los planes de Alsina en la campaña al desierto y podía pretender que la opinión pública lo reconociera como su sucesor. Las 20 000 leguas que terminaba de arrebatar a los indios le otorgaban títulos que supo valorizar ante los terratenientes y comerciantes criollos y los inversores extranjeros. Pero no podía llegar a la meta ambiciosa sin adueñarse de la única fuerza política sobreviviente: el Partido Autonomista Nacional (PAN), cuya dirección había pasado a las manos de Sarmiento, quien se disponía a llevar adelante un programa destinado a

«promover sus industrias (las de la Nación) que la emanciparon del dominio económico del extranjero, arrancándola además de la postración en que ha caído».

El país, aún no restablecido de la crisis económica de 1873-1876, comenzaba a sentir los primeros síntomas de la de 1880.

Sarmiento no era conciliador ni por convicción ni por temperamento. Con Del Valle y Alem intentó organizar una fuerza nacional que lo ungiera por segunda vez presidente de la República. Su llamado no tuvo eco en los caudillos que tan duramente castigara con la palabra, la pluma y la acción. En vano el presidente Avellaneda le entregó la gran palanca del ministerio del Interior. En vano Del Valle lo propuso como candidato de transacción. En vano Alem fundó el Club de la Paz. Había pasado la época de Sarmiento. Era la hora de la Liga de Gobernadores que el autor de Facundo denunciaría acremente en el Senado, la Liga de Gobernadores que liquidó los restos de los viejos partidos, niveló la política nacional y dio libertad al general Roca para aplicar sin compromisos el programa de los grandes terratenientes y del capital extranjero.

7. Descartado Sarmiento y asegurado el apoyo de la Liga de Gobernadores, a Roca solamente le restaba dar el golpe de gracia tanto a los nacionalistas mitristas como a los autonomistas bonaerenses reagrupados por el gobernador Carlos Tejedor. En la lucha entre estas dos fuerzas se prolongaba el antiguo conflicto de la Nación (encarnada, a la manera unitaria, en la ciudad capital) y la provincia de Buenos Aires, en torno de la posesión de la Gran Aldea. Pero cuando en 1880 el presidente Avellaneda, de acuerdo con Roca, federalizó la capital, dicha lucha perdió sentido. La ciudad de Buenos Aires dejaba de ser de la provincia del mismo nombre y de sí misma, y se traspasaba a todas las provincias erigidas por primera vez en pilares de la Nación.

Quedaba resuelta la contradicción principal que la sociedad argentina venía arrastrando desde antes de 1810, y al superarla, al dejarla atrás en la historia, se elevaron al primer plano otras contradicciones que Leandro Alem percibió.

Autonomistas bonaerenses y nacionalistas mitristas depusieron sus rivalidades y se unieron para enfrentar las ambiciones del provinciano Roca, quien se valió de la federalización de la ciudad de Buenos Aires para imponer, según pronóstico de Alem,

«un gobierno fuerte que al fin concluya por absorber a toda la fuerza de los pueblos y de los ciudadanos de la República»,

pues con la federalización

«la suerte de la República Argentina quedará ligada a la voluntad y a las pasiones del jefe del ejecutivo nacional».

Fue inútil que el gobernador Tejedor armara y movilizara a los guardias nacionales de la provincia, que Mitre firmara una alianza ofensiva y defensiva contra la política neutral de Avellaneda, que Sarmiento desafiara a la Liga de Gobernadores con las manos llenas de verdades, que dos fracciones del partido republicano levantaran las candidaturas de Bernardo de Irigoyen y Domingo Faustino Sarmiento. Roca triunfó y, con la capital en su poder, concilió y se unió en un haz a los grandes terratenientes bonaerenses y a los caudillos del interior. La liga (oligárquica, liberal, formalmente legalista) amplió y consolidó la alianza con el capital extranjero, iniciada durante la presidencia de Mitre.[3] Sus dirigentes creían, como Nicolás Avellaneda, que

«el capital extranjero, y no el trabajo nacional, es el propulsor de nuestro progreso».

Paz y administración fue el lema de Roca, el lema que colmaba las aspiraciones del capital extranjero y de las oligarquías del país.[4] La paz política reinó durante su presidencia (1880-1886), al cabo de treinta años de apasionadas luchas facciosas. Las dos fuerzas que polarizaban la superada contradicción (nacionalistas de Mitre y autonomistas de Tejedor) se descompusieron ante el empuje del partido único dirigido por Roca desde la Casa de Gobierno. Era el partido de los gobernadores hábilmente manejados como piezas de ajedrez por el jefe de Estado.

8. ¿Puede admitirse hoy, visto globalmente el proceso social argentino, que

«Roca fue la realización de Alberdi»,

como afirma Octavio Amadeo, que

«1880 es el arco de triunfo de la política argentina. Lo es sobre todo para Roca»,

como subraya Mariano de Vedía, o que Roca

«era el gobernante argentino que más se había acercado a la aplicación de los preceptos de Alberdi», como añade Juan Agustín García?[5]

Existe un testimonio del propio Alberdi. Al enterarse de la designación de Roca escribió que

«ni buscado con antorcha eléctrica en la mitad del día pudo acertar mejor Avellaneda con el candidato que la grande y nueva situación reclama».[6]

El análisis de lo sustancial del pensamiento del autor de Bases provee elementos demostrativos de la relación entre ese pensamiento y la política practicada por Roca.

Hemos recordado en páginas anteriores, al referirnos a su polémica con Sarmiento, que Alberdi exigía para que su lema gobernar es poblar tuviese efectividad, y no fuera un utópico europeísmo a ultranza, la participación activa de los caudillos en el cumplimiento de un programa de cambios progresistas. Dio el ejemplo al adherirse a la política de Urquiza frente a Buenos Aires y al calificar de crimen la guerra contra el Paraguay. Rechazaba la pretensión de destruir a los caudillos no por razones morales, sino porque los caudillos eran el producto de una realidad social indestructible. Creía que la paz social y el orden político, sin los cuales sería imposible el desarrollo capitalista del país, demandaban la integración a la nueva sociedad, no la eliminación de los caudillos. Tal proceso de integración había avanzado tanto en 1880 que por primera vez desde nuestros orígenes ascendía al gobierno nacional un presidente elevado por la Liga de Gobernadores, esto es por los caudillos provinciales. Visto este hecho desde el pasado significaba la materialización de un arraigado anhelo de las masas y las lanzas que más de una vez derrotaron a la oligarquía porteña y penetraron en su ciudad, sin lograr como tributo más que la firma de pactos desconocidos al día siguiente. Tenía motivos Alberdi, pues, para saludar con alborozo a un presidente que debía su nombramiento a la superación de la contradicción que hasta entonces dividía a la sociedad argentina. Pero visto ese mismo hecho desde la segunda mitad del siglo XX adquiere perspectivas muy diferentes que son indispensables para entender el desenvolvimiento de la política argentina con posterioridad a 1880.

Alberdi, el más agudo investigador de la sociedad en que nació, tuvo ante el capitalismo una actitud apologética, apenas nublada por algunas dudas en sus últimos años. Descubrió las contradicciones internas de su país y, al idealizar a Estados Unidos, Inglaterra y Francia, no podía descubrir las contradicciones internas de las naciones capitalistas que propuso de modelos. Creyó que la República Argentina consolidada en 1880 entraba definitivamente por los caminos generales de desarrollo de las sociedades que estaban entonces a la vanguardia de la humanidad. Con el arco de triunfo de 1880 se agotó su extraordinaria capacidad creadora, pues le fue vedado prever que la expansión capitalista, al pasar de la libre concurrencia a los monopolios, adquiría en las zonas atrasadas del planeta formas imperialistas y fijaría límites a las infinitas posibilidades de progreso que en sus hipótesis liberalburguesas deseaba con tanta pasión para la Argentina. Vio el estímulo, no el freno. Vio en el capitalismo la realización final y los únicos cauces de avance de la humanidad civilizada, no los antagonismos insuperables, que socavaban el sistema.

La nueva situación estaba en efecto, cabalmente representada por Roca, cuyo ascenso a la presidencia era el resultado de la república consolidada con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pero la nueva situación no cancelaba las contradicciones internas de la sociedad argentina: originaba otras en reemplazo de las desaparecidas. Al escapársele el contenido contradictorio de la nueva situación, el Alberdi reformista de 1853 se convirtió en el Alberdi conservador de 1880.

9. La absorción del poder por la oligarquía que vendrá a dirigirlo todo, prevista por Alem, satisfacía la exigencia de paz y administración de los comerciantes extranjeros.[7] Por primera vez gobernaba al país una oligarquía no meramente porteña (como la unitaria), ni meramente bonaerense (como la rosista), sino nacional (en el sentido geográfico de la palabra).

Tal concentración del poder en manos de una nueva oligarquía creó un tipo de Estado centralizado con aspectos generales semejantes al mexicano de los tiempos del porfirato (1876 a 1911). A través del uno y del otro gobernaban los grandes terratenientes (estancieros argentinos, hacendados mexicanos), aliados a los inversores extranjeros, si bien el argentino poseía una base de sustentación más amplia (más democrática), pues dependía también de sectores no terratenientes que habían madurado políticamente en las luchas de años anteriores.

Ambos se inspiraban en los mismos principios: financiación del desarrollo económico del país y de las obras públicas por el capital extranjero, absoluta libertad de empresa, individualismo ilimitado y, en lo referente a las inversiones y ganancias de los particulares, completa prescindencia del Estado, a no ser para protegerlas y estimularlas. Debajo de esas semejanzas en las formas político-jurídicas y en la ideología dominante (determinadas por la común influencia del capital extranjero) existían profundas diferencias en los modos de producción, en las estructuras socioeconómicas y en las relacio nes entre las clases. Mientras en México resurgía el problema agrario a medida que se acentuaba el despojo colosal de las masas rurales y el traspaso de sus propiedades, mediante el robo y la violencia, a compañías extranjeras y grandes hacendados; la Argentina disponía de inmensas extensiones de fértil y llana tierra libre en condiciones de recibir a centenares de miles de familias inmigrantes, y (aunque no quedaron excluidos el despojo y la acumulación latifundista) la abundancia de tierra arable y la rápida expansión del capitalismo en el campo no plantearon un grave problema agrario de urgente solución.

Las diferencias de las causas internas se reflejaron en los divergentes procesos politicosociales de los dos países: en México el porfirismo se dilató, y dio lugar a la acumulación de fuerzas revolucionarias, hasta el estallido de 1910 con su intenso contenido agrario y su enérgica expresión combativa del descontento popular; en la Argentina las contradicciones internas del régimen no llegaron a ser antagónicas como en México y los cambios que se produjeron en el curso de esos años (hasta la asunción del poder por Yrigoyen en 1916) no fueron el resultado de acciones revolucionarias de masas (la Revolución del 90 no tuvo tal carácter), ni destruyeron la organización estatal consolidada en 1880, ni modificaron la superestructura político-jurídica de la Constitución de 1853.

La oposición apenas se manifestó, durante la presidencia de Roca en un débil intento de reorganizar el viejo Partido Autonomista emprendido por Leandro N, Alem, Aristóbulo Del Valle, Hipólito Yrigoyen y otros políticos. Roca impidió que levantara cabeza cualquier fuerza política. Le ayudó la ola de prosperidad que siguió a la crisis de 1880. Fácil le fue elegir al término de su mandato para que le sucediera en el gobierno a uno de los tres candidatos presentados por el oficialismo: su concuñado Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba, cuya mediocridad acolchaban, al decir de Paul Groussac, asiduo visitante de su casa,

«amables condiciones privadas y prendas domésticas»

y era

«el producto directo del nepotismo».

10. Para detener los avances del poder ejecutivo nacional hacia el absolutismo (unicato) y alentados por la proximidad de la renovación presidencial aparecieron en las postrimerías del gobierno de Roca los primeros brotes opositores. En el Frente de Partidos Unidos se agruparon el antiguo Partido Nacionalista de Mitre, la Asociación Católica[8] y las dos fracciones desprendidas del Partido Autonomista Nacional, la de Dardo Rocha y la de Bernardo de Irigoyen, descontentas por la digitación oficial de la candidatura de Juárez Celman. La presencia de Alem, Hipólito Yrigoyen y Aristóbulo Del Valle daba a ese frente la base popular de que carecían el gobierno y los otros dirigentes políticos.

Los sectores de terratenientes vinculados al mercado interno y no comprometidos con el capital extranjero se adhirieron a una oposición que despertaba a la vida política a los colonos agricultores, a los fabricantes, a la pequeña burguesía urbana y a los núcleos dispersos de la clase obrera. Ni por la composición de clase ni por los objetivos puede decirse que en 1886 se entabló la lucha entre las dos fracciones de los terratenientes.[9] Era el primer reflejo en la política de una nueva contradicción social que se expresaba en el choque de dos fuerzas: a) las oligarquías terratenientes congregadas en torno del programa roquista de inversiones del capital extranjero; y b) los sectores nacionales, incluidos sectores de terratenientes, que reclamaban la reforma de las prácticas electorales, la efectividad de las normas constitucionales, el saneamiento del Estado y la defensa de la producción y del trabajo esquilmados por las empresas imperialistas, las oligarquías terratenientes y las bandas de especuladores.

Es inexacto que el liberalismo haya sido la característica diferencial de la oligarquía roqui-juarista. De la sanción de las leyes de enseñanza laica y matrimonio civil, de su conflicto con la Iglesia y de la preponderancia entre sus dirigentes de elementos masones se infiere con evidencia su liberalismo, pero no que tuviese la exclusividad de él o que le diese una fisonomía distinta a la de sus también liberales opositores. No la separaban de éstos sus ideas liberales en religión, filosofía, política y economía, pues dichas ideas dominaban en todas las mentes, con raras excepciones. Los católicos más destacados profesaban el liberalismo; uno de ellos, José Manuel Estrada, bisnieto de virreyes y campeón de rancias tradiciones argentinas, declaraba ser demócrata liberal.

El caso de México, por lo demás, no se presentó en la Argentina. Allí, la Iglesia poseía de la mitad a las tres cuartas partes de todas las tierras y capitales del país, cuando Benito Juárez desamortizó tan inmensas propiedades, mediante sus históricas leyes de Reforma. Aquí, durante el siglo XIX, la Iglesia no representó gran cosa como terrateniente y capitalista, y no opuso resistencias a la inmigración de gente de otras religiones o ateas, ni desató campañas contra ellas; su descontento por el matrimonio civil y la enseñanza laica no tuvo eco más allá de los círculos cerradamente ultramontanos.

Reivindicar a la oligarquía roqui-juarista por una pretendida acción anticlerical consecuente es una exageración, cuyo propósito parece ser ocultar que practicó la política de los grandes terratenientes y del capital extranjero. Era escéptica en cuanto a las ideas y tolerante en cuanto a las doctrinas; únicamente el máximo eclecticismo cuadraba a gobiernos que cumplían la norma alberdiana de atraer inmigrantes y capitales.[10] Juárez Celman decía la verdad cuando declaraba:

«Roca y yo realizamos la prédica inspirada del autor de las Bases»,

en cuanto no vacilaron en sacrificar cualquier principio o dogma en nombre del gobernar es poblar y de las inversiones extranjeras.

Los oligarcas no se conducían con la misma generosidad al descender desde las alturas de la gran política a las minucias de la administración de sus estancias, del trato a los enganchados de las fronteras y de la represión de las primeras luchas del movimiento obrero.

11. El aparato montado por Roca impuso a Juárez Celman por medio de comicios en los que no se ahorraron ninguna de las formas del fraude y de la violencia.

El nuevo presidente tuvo el mérito histórico de llevar hasta las últimas consecuencias la política iniciada por su concuñado.

«Juárez Celman surge en la historia argentina como el teórico y el práctico de la entrega del país a los banqueros europeos. Durante su gobierno se decidió el predominio de capital extranjero en la economía y en la política argentina. Fue el presidente que sentó la teoría y la práctica de la entrega de los servicios públicos al capital privado».[11]

El unicato juarista (el unicato lo llamaba el pueblo) resolvió en perjuicio del autodesarrollo nacional el dilema que se perfilaba en el proceso social argentino. En los años que siguieron a 1853 los hombres públicos y los capitalistas del país se preocuparon, en general, de construir una economía propia dentro de los marcos del liberalismo burgués. Ningún temor ensombrecía entonces el optimismo con que sé solicitaba el aporte del capital extranjero a la gran tarea programada. Liberalismo y nacionalismo eran sinónimos. Pero en la rivalidad que no tardó en manifestarse entre el capital nacional y el capital extranjero el nacional llevaba todas las de perder. Así surgió, creció y se extendió en las esferas gubernamentales una mala conciencia de lo nacional, una conciencia que al medir el bienestar y el progreso con la vara individualista de las ganancias de las minorías parasitarias y de los inversores extranjeros se transformó en conciencia antinacional, y con su mentado escepticismo filosófico cubrió su escepticismo acerca de las posibilidades y de las aptitudes de la Argentina para ser una nación económicamente independiente. Juárez Celman, el virtuoso ciudadano tantas veces ensalzado por Nicolás Repetto y sus discípulos,[12] encarnó como ningún otro al político que había dejado de confiar en la capacidad creadora de sus compatriotas y pensaba y actuaba en función de las riquezas que nos arrojaban como mendrugos los civilizadores europeos.

Poco podían hacer para impedir la invasión imperialista aquellos heroicos industriales de la época inicial que se veían obligados a fabricar clandestinamente sus artículos y violar leyes y ordenanzas protectoras del producto extranjero. La patriótica demanda de Estanislao Zeballos en 1879 de que se expropiaran los ferrocarriles ingleses y se los incorporara a la red nacional cayó en el vacío.[13]

Juárez Celman asumió el gobierno con la misión de arrasar al capitalismo nacional. W. Parish, miembro de una antigua familia de agentes ingleses destacados en la Argentina, lo saludaba con estas palabras:

«Dios quiera que el actual presidente doctor Juárez Celman cumpla su misión y siga en el mismo camino de paz e industria, y que su gobierno, como depositario de la confianza de todos, continúe prestando su apoyo a las empresas extranjeras y a los capitalistas que han puesto fe en su administración».[14]

A los tres meses de su iniciación presidencial, Juárez Celman vendía a los ingleses el Ferrocarril Andino (que unía a Villa María, en la provincia de Córdoba, con San Luis, Mendoza y San Juan) e informaba al Congreso que la operación respondía

«a la doctrina que la administración actual profesa».

Después les vendió el Ferrocarril Central Norte y siguió con las obras públicas, pues sustentaba la teoría de que

«el monopolio del Estado es no sólo ilegítimo sino mucho menos tolerable que el monopolio particular por el hecho de no haber recursos contra él».

La desenfrenada entrega de los ferrocarriles provocó la reacción de los militares más conscientes, pero Juárez Celman les respondió con cínica impavidez:

«En cuanto a las razones de estrategia, la misma experiencia decide también en contra de la explotación por el Estado, atribuyéndose las deficiencias del servicio en caso de guerra, no a las empresas privadas de ferrocarriles, cuya conducta ha merecido siempre elogios, sino a la falta de organización de los ejércitos, que daba por resultado el que no fueran debidamente utilizadas la disciplina y actividad de la administración de las vías férreas no dependientes del gobierno».

En otras palabras: la defensa nacional debía supeditarse a la disciplina y actividad de las empresas inglesas de ferrocarriles.

Dos años después de ascender a la presidencia, Juárez Celman comunicaba al Congreso el cumplimiento de su programa:

«Las obras públicas que se hallaban en manos del gobierno han sido entregadas, con evidentes ventajas, a la industria privada [léase capital extranjero] en cumplimiento de vuestras leyes, de mis promesas y de mis esperanzas. Los ferrocarriles Central Norte y Andino han sido enajenados; la sección construida de la prolongación del primero ha sido arrendada y se halla adjudicada la explotación de las obras de salubridad a uno de los exponentes que se presentó en condiciones excepcionalmente ventajosas».

Los funcionarios, abogados y estancieros del círculo áulico se enriquecían con los millones de pesos que los ingleses entregaban a cambio de los transportes y servicios públicos.

Desde 1860 a 1890 nacieron y murieron varios partidos. La oligarquía roqui-juarista aspiraba a imponer en su lugar el régimen del unicato, pero conservando las apariencias democráticas tan preferidas siempre por los encargados de legalizar los saqueos del patrimonio nacional. El inversor extranjero depositaba en la objetividad permanente de las leyes de un gobierno constitucional la confianza que no le merecían los actos arbitrarios de una dictadura. Unicamente obligada por circunstancias extraordinarias, la tradicional política inglesa en el Plata se alió o sostuvo a poderes de facto, ya que éstos no ofrecían a los inversionistas garantías más allá del instante de ser derrocados. Dijo alguna vez un cónsul de Su Graciosa Majestad:

«Los presidentes pasan y las leyes quedan».

El proceso interno que conducía al juarismo al unicato, como último refugio de su impopular política, carecía de ambiente y respaldo para culminar en una dictadura abierta. Era inevitable, por consiguiente, que de los círculos opositores que se ensanchaban por momentos surgieran partidos y dirigentes orientados a canalizar el general descontento.

CAPÍTULO 7
DE COMO LA OLIGARQUÍA SE ADAPTA A LAS CIRCUNSTANCIAS

Entre 1860 y 1890 se constituyó en la Argentina una oligarquía que hemos calificado geográficamente de nacional para dejar establecido que la componían no solamente los terratenientes ganaderos de la provincia de Buenos Aires, sino también los grupos clasistas dominantes en las demás provincias. 1880 fue el arco de triunfo (el acmé) de esa oligarquía pues entonces se superó, al federalizarse la ciudad de Buenos Aires, la contradicción que dividía a la sociedad argentina en federales y unitarios, contradicción sobreviviente hasta entonces no obstante haber desaparecido ambos tiempo antes como fuerzas políticas definidas. El federalismo se realizó en forma oligárquica y la asociación de las oligarquías cristalizó en un gobierno típicamente unitario.

Una de las características sobresalientes de la oligarquía argentina ha sido su flexibilidad política, su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas a la espera de mejores oportunidades. Prefirió siempre la legalidad formal y la democracia artificial a la dictadura abierta, lo mismo que sus amigos y socios, los inversionistas ingleses. No se conoce ningún caso en que haya propiciado la solución de un gobierno de facto, salvo en situaciones extremas, como cuando elevó al general Uriburu para derrocar a Hipólito Yrigoyen (a quien acusaba de marchar hacia la dictadura de la chusma), pero pronto lo reemplazó por el gobierno seudolegal y demócrata fraudulento del general Justo.

El unicato juarista fue la mayor de las experiencias de la oligarquía. Le mostró los peligros de exagerar su poder político, de ignorar al país al no verlo más que como factoría de inversionistas y terratenientes, de quebrar el equilibrio a través del cual su poder se conservaba. A Juárez Celman se le fue la mano. Tanta autoridad concentró en su persona para servir al capital extranjero que se aisló de la sociedad y puso a todo el país en su contra. Hasta el Estado desaparecía y únicamente quedaba él, el único, con su concepción anarquista de una sociedad de empresarios en busca de la máxima ganancia. La sociedad real le respondió con un poderoso despertar del sentimiento nacional.

En las filas raleadas del viejo Partido Nacionalista, en los sectores políticos del catolicismo y dentro del partido único que regenteaba Juárez Celman tomó cuerpo una oposición agresiva que interpretaba el descontento general del pueblo por el desbarajuste administrativo, los grandes negociados y la venta de los ferrocarriles y obras públicas. Desde las bancas del Congreso se hicieron oír las voces acusatorias de Aristóbulo Del Valle, Pedro Goyena, Gil y otros legisladores.[1] En el llano, interpretando la indignación en ascenso de las masas, sé irguió la figura romántica de Leandro N. Alem para reunir, en un solo haz, a las gentes que se mantenían fieles a la enseña no arriada del autonomismo popular con las nuevas fuerzas que surgían del desarrollo capitalista.

Varias chispas incendiaron la hoguera revolucionaria. Anotemos previamente una iniciación significativa.

Tres meses antes del estallido revolucionario algunos millares de obreros conmemoraron en el Prado Español, por primera vez en la Argentina, el Primero de Mayo, declarado Día del Trabajo por el Congreso Socialista Internacional de París en julio de 1889. El mitin tenía, además, dos objetivos: elevar al Poder Legislativo un petitorio de sanción de leyes protectoras del trabajador y fundar una federación obrera. También se resolvió sacar a luz un periódico, cuya dirección se confió al ingeniero G. A. Lallemant, inteligencia concreta y teórico superior a su medio social.

El primer número de El Obrero, defensor de los intereses de la clase proletaria y órgano de la Federación Obrera, apareció el 12 de diciembre de 1890. Su director, discípulo de Marx y Engels, inició en la Argentina el estudio de la realidad nacional a la luz del socialismo científico. En contraste con la prédica confusa, exaltada e idealista de los anarquistas (estimulada por el viaje a Buenos Aires de Enrico Malatesta en 1885), El Obrero se esforzó en descubrir las particularidades del proceso social argentino en función de las luchas emancipadoras de la clase obrera. El editorial del primer número es una notable pieza teórica y política que no ha envejecido. Hoy lo leemos con emoción, sin dejar de compararlo con los engendros que sirven los deformadores del marxismo.

Destacaba Lallemant con ceñida frase la aparición de la clase obrera, el propósito de organizaría como partido político y los dos teoremas fundamentales del socialismo científico: la concepción materialista de la historia y la revelación del misterio de la producción capitalista por medio de la plusvalía. Hacía un breve análisis del proceso social argentino, consideraba el influjo de la inmigración y de las inversiones del capital extranjero, y afirmaba que

«la lucha de la clase proletaria por el mejoramiento de su situación económica es inseparable de la participación que como clase tiene que tomar en la política del país».

El notable documento, con que nació el marxismo en la Argentina, reconocía:

el materialismo histórico, como filosofía del marxismo;

la plusvalía o supervalía, como eje y explicación del régimen capitalista y de la explotación del proletariado por la burguesía; y

el desarrollo del capitalismo en la Argentina a través de una etapa democráticoburguesa, como paso histórico necesario al desenvolvimiento del proletariado en sus luchas por el socialismo.

El editorialista consideraba a la Revolución del 90, ocurrida cinco meses antes, un episodio de la lucha de la burguesía argentina por el poder, dentro de un proceso singularizado por la interferencia del capitalismo internacional. En uno de los pasajes que más estimula la reflexión decía:

«El capital (extranjero) se ha sabido valer de la oligarquía del caudillaje para sentar sus reales en el país, e ínter este último bien remunerado se portó obediente y dócilmente, ambos marcharon de acuerdo. Pero resultó que la oligarquía caudillera, abusando más y más del poder del Estado para garantir a sus propios miembros de las consecuencias de la ley sobre libre concurrencia que determina las relaciones de los capitales individuales entre sí, infringió arbitrariamente las leyes capitalistas, o sea, de la sociedad democrático-burguesa, convirtiéndose el unicato incondicional en un absolutismo insufrible y absurdo. Entonces el capital internacional le echó el guante al caudillaje y estalló la guerra».

La primera frase confirmaba las previsiones de Alberdi: la introducción del capital extranjero solamente fue posible con el consentimiento de los caudillos a él asociados. Nada perturbó tales relaciones entre la causa externa y las causas internas, mientras la oligarquía del caudillaje […] bien remunerado se portó obediente y dócilmente, pero cuando la oligarquía caudillera (segunda frase) abusó más y más del poder del Estado en beneficio de sus propios miembros (especulaciones, negociados, robos de los dineros públicos) e infringió arbitrariamente las leyes capitalistas, o sea de la sociedad democrático-burguesa (el orden, la moral de convivencia de una sociedad de inversores de capital y productores de mercaderías), hasta convertir el unicato incondicional en un absolutismo insufrible y absurdo (hasta que el Estado juarista dejó de ser una garantía tanto para los inversores cuanto para la paz interna, esto es se diluyó en un no Estado, en el capricho y el sensualismo de una persona y su estrecho círculo autocrático), entonces (tercera frase) el capital internacional le echó el guante al caudillaje y estalló la guerra.

Lallemant intuyó el problema nacional argentino de aquella época, pero corresponde aclarar tres corolarios de sus tesis.

No exhibió el carácter depredador del capital extranjero, ni comprendió que desviaba de su cursó natural al desarrollo socioeconómico argentino.

No marcó las contradicciones entre la burguesía nacional manufacturera y la burguesía extranjera imperialista y dio por supuesta la libre concurrencia como cualidad inmanente de toda burguesía en toda época.

No obstante destacar los vínculos del capital extranjero con la oligarquía o nuevo caudillaje político, veía en la ruptura de esos vínculos la causa inmediata de la Revolución del 90. No fue así. El capital extranjero echó el guante (desafió, atacó) al unicato juarista y no a la oligarquía que siguió siendo su aliada y su base interna de penetración, y la oligarquía también echó el guante al gobierno que ella misma había engendrado.

La oposición final, cuando todo el pueblo estaba en contra y el levantamiento era inevitable, del capital extranjero y de la oligarquía a su propio gobierno, a su hechura política, explica el fracaso de la Revolución del 90 y el triunfo posterior de la táctica de la conciliación de los partidos.

Después de traspasar al capital extranjero los ferrocarriles, los puertos y casi todos los servicios públicos, Juárez Celman se disponía a entregarle 24 000 leguas de tierra en la Patagonia y las obras de salubridad, cuando se desencadenó la tormenta revolucionaria. He aquí sus palabras justificativas:

«La Patagonia es la gran reserva argentina. ¡Hay que poblarla! ¡Hay que argentinizarla! El poderío de la Argentina hay que fundarlo en la Patagonia. Dicen que dilapido la tierra pública, que la doy al dominio de capitalistas extranjeros: sirvo al país en la medida de mis capacidades […] A mí me disputan en la prensa las concesiones de tierras que autorizo. Pellegrini mismo acaba de escribirme desde París que la venta de 24 000 leguas sería instaurar una nueva Irlanda en la Argentina. Pero ¿no es mejor que esas tierras las explote el enérgico sajón y no sigan bajo la incuria del tehuelche?»

Su intención era, pues, desargentinizar la Patagonia de tehuelches para argentinizarla con irlandeses.

No solamente el vicepresidente Pellegrini, sino hasta el padrino político de Juárez Celman, el general Roca, se alarmó del giro que tomaban las concesiones al capital extranjero apoyadas por él mismo hasta la víspera. Resulta significativo que desde Europa, en contacto con los centros inversionistas escribiera:

«Ese proyecto de venta de las obras de salubridad ha sido, también, desgraciado y se ha arrojado a los opositores una buena presa para clavar su diente lleno de ponzoña. Yo aconsejé en contra, pero no me hicieron caso. Si a pesar de todo eso el proyecto se convierte en ley, será una ley contraria a los intereses públicos en el sentido de la mayoría de la opinión de la capital, tan esquilmada por las compañías de gas y otros servicios. A estar a las teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil, y deberíamos poner bandera de remate a la Aduana, al Correo, al Teléfono, a los Puertos, a las oficinas de Rentas y a todo lo que constituye el ejercicio y los deberes del poder».

Por intermedio de Roca y Pellegrini la oligarquía repudiaba al hijo pródigo que no había sabido conservar el justo medio y nada lo detenía ya en su insensata carrera al precipicio. En Juárez Celman la oligarquía encontró la víctima propiciatoria que la salvó de la ira de todo el país.

La medida se colmó con el anuncio de la venta de las obras de salubridad y de la entrega al extranjero de las tierras patagónicas mientras la desenfrenada inflación originaba una insoportable carestía de la vida. Una cadena de movimientos parciales dejaron al único en solitaria compañía con sus incondicionales, la brillante y escéptica intelectualidad del 80: Paul Groussac, Lucas Ayarragaray, Osvaldo Magnasco, Fray Mocho, Marcos Avellaneda, Osvaldo Pinero.

Para hacer frente a las huelgas (ferroviarias, cocheros, personal de los hoteles, etc.), el gobierno abrió un registro de todos los trabajadores de las empresas públicas y privadas, pero el descontento general no se curaba con controles ni medidas de fuerza y los conductores de la oligarquía comprendieron que más les convenía tratar de canalizar y encabezar la creciente oposición que jugarse por la causa perdida del unicato. El general Roca se incorporó abiertamente a la conspiración contra su cuñado y organizó el levantamiento del ejército y de la marina con dos objetivos: para derrocar al gobierno y para reprimir cualquier exceso del movimiento popular. Con flexible talento político urdió el plan de restablecimiento de la autoridad de la oligarquía, mediante un nuevo equilibrio de los factores dislocados y en pugna, desde que Juárez Celman no le hizo caso y el país fue arrastrado por la crisis económica.

Si tenemos presente la amplitud adquirida por el descontento y la naturaleza de la maniobra táctica de la oligarquía que aislaba al único y a sus más íntimos ámigos, no resultará extraño que al revisar la nómina de los concurrentes al mitin de la juventud opositora del 1.º de setiembre de 1889 en el Jardín Florida, veamos confundidos a grandes terratenientes con industriales y pequeño-burgueses, a ex unitarios con ex federales, a alsinistas con mitristas e irigoyenistas (de don Bernardo). El 13 de abril de 1890, al ensancharse la Unión Cívica de la Juventud con la fundación, en la asamblea del Frontón de Buenos Aires, de la Unión Cívica, se hizo más notable la heterogeneidad del movimiento.[2] Desde el comienzo se evidenció la puja por conquistar la hegemonía entre los diversos sectores sociales de esa unidad política.

«El problema de la hegemonía de la pequeña burguesía o de la burguesía terrateniente era en última instancia la piedra de toque de las desaveniencias entre los jóvenes y los prohombres».[3]

La competencia se reflejó en el ejército y la marina, arrastrados por la marca revolucionaria con pocas excepciones de jefes fíeles hasta el fin al unicato[4]

El proletariado era el convidado de piedra en las contiendas políticas: se aislaba en sus sociedades de resistencia y clubes de extranjeros con su infantil desconfianza para quienes no pertenecieran a su clase, desconfianza que los conductores del movimiento le devolvían al considerarlo solamente una posible fuerza de reserva en la lucha contra el gobierno, pero sin dejarlo exceder los límites de la posición que ocupaba en la sociedad.

El programa de la Unión Cívica estaba destinado a satisfacer a todos los sectores comprometidos: moral administrativa, sufragio libre, autonomía provincial, régimen municipal, defensa nacional. Pronto, sin embargo, se perfilaron dos tendencias en el interior de la amplia unidad: la de Bartolomé Mitre (garantía de orden para la oligarquía y los inversionistas extranjeros) y la de Leandro N. Alem (esperanza de la juventud burguesa y pequeño burguesa en una transformación democrática que le diera acceso a las funciones públicas). Como no se le escapaba que el sufragio libre abría las puertas de los municipios, de los gobiernos provinciales y hasta del gobierno nacional a la segunda tendencia, la oligarquía completó su maniobra táctica al reunir sus cuadros dispersos por ambiciones personales y formar un frente al margen de la Unión Cívica. Mitre, Campos y otros dirigentes del ala oligárquica de la Unión Cívica dispuestos a impedir la victoria de Alem, se entendieron con Roca y Pellegrini interesados en lo mismo, pues aspiraban a sacar del gobierno a la oveja descarriada y retener ellos el poder.

El pacto entre los dos sectores que dividían a la oligarquía desde antes de 1880 pudo decidir la salida de la crisis política debido a las vacilaciones y debilidades de la conducción burguesa y pequeño burguesa. El ala revolucionaria de Alem fue incapaz de elaborar y aplicar un plan de acción, no obstante contar con el respaldo de la mayoría de la opinión pública. Dejó el mando militar en manos del general Campos, uno de los maquinadores de la maniobra táctica oligárquica, quien más tarde confesaría:

«Mi actitud en favor del acuerdo, es consecuencia lógica de la que asumí en la Revolución de Julio».[5]

Los actos heroicos y desesperados del coronel Espina y del mayor Day, los esfuerzos de Hipólito Yrigoyen y otros dirigentes por desatar la combatividad de las masas, se malograron por la ineptitud del comando político y la confabulación con el enemigo del comando militar. La revolución estaba condenada de antemano. Tuvo origen popular, pero Roca, Pellegrini y Mitre la desviaron finalmente hacia los designios de la oligarquía: convertir a Juárez Celman en cabeza de turco del descontento general, derrocarlo y salvar el poder para la camarilla que asegurara las posiciones de los grandes terratenientes y del capital extranjero.

En contraste con la inconsecuente e inestable conducción burguesa y pequeño burguesa, los oligarcas dieron pruebas de firmeza, sagacidad y sangre fría en la defensa de su poder. Vencieron a la revolución con ardides y no con las armas. Introdujeron en las filas de la Unión Cívica su caballo de Troya y las paralizaron, confundieron y desarticularon. En lo sucesivo emplearían la misma táctica para entorpecer la auténtica democratización de la sociedad argentina.

La renuncia de Juárez Celman pudo haber sido el triunfo del pueblo, pero fue el triunfo de la oligarquía. Hubo solución constitucional y no revolucionaria. Así lo declaró el vicepresidente Pellegrini al asumir la primera magistratura. La calificó en sus explicaciones al Congreso de

«una solución constitucional operada en el seno del partido dominante»,

que tuvo

«como causa inmediata un movimiento revolucionario que había sacudido al país entero»,

doble origen (revolucionario como causa primera y constitucional como causa final) que le imponía el deber de tratar

«de que las nuevas tendencias buscaran su desenvolvimiento pacífico en toda la Nación, sin anarquía ni violencia y respetando la legalidad existente».[6]

El arco de triunfo del 80 se adornaba con los laureles del 90.

El nuevo gabinete reflejaba los cambios en el seno del partido dominante. Roca, ministro del interior, era el hombre para el puesto, el dispensador de favores. De su galera de felpa saldrían los gobernadores, senadores y diputados como los conejos de la galera de cartón del prestidigitador. Lo acompañaban dos mitristas, Eduardo Costa y José María Gutiérrez; al anciano historiador Vicente Fidel López, adherente de la Unión Cívica, se le reservaba la más difícil de las tareas: poner en orden las finanzas en bancarrota. Con la ayuda de los gringos agricultores y de los gringos prestamistas, el gringo Pellegrini capeó la tormenta. Envió a Inglaterra al doctor Victorino de la Plaza, cuya pétrea fisonomía coya se combinaba con una típica educación anglosajona. Luego explicó:

«El doctor de la Plaza presentó los documentos y dijo que la República Argentina estaba dispuesta a hacer todo lo que se le exigiera para mantener su crédito, momentáneamente afectado por una situación extraordinaria».

Los 75 millones de pesos que el gobierno recibió de la banca Morgan y Cía., destinados en parte a cubrir los 50 millones adeudados a Baring Brothers,

«significaron toda una intervención de esa firma extranjera en el régimen interno de nuestro gobierno y de nuestra patria»,

según la insospechable opinión del financista José Antonio Therry. El Banco de la Nación Argentina y la Caja de Conversión fueron los frutos del arreglo con la banca extranjera.

A los seis meses de la revolución (el 15 de enero de 1891) se reunía en Rosario, con delegados de las provincias, la convención de la Unión Cívica. Por primera vez se efectuaba en el país una asamblea de esa naturaleza, índice de que comenzaban a disolverse los tradicionales vínculos de dependencia entre los caudillos y las masas para crear entre éstas y sus nuevos dirigentes un tipo más democrático de relaciones. Pero dentro de la Unión Cívica no se habían deslindado todavía las posiciones antagónicas. Triunfaron los partidarios del compromiso con la oligarquía y se eligió a Bartolomé Mitre candidato a la presidencia de la República.

La candidatura le cayó a Mitre como brasa en las manos. Equivalía, por amigos que tuviera en las filas de la Unión Cívica, a levantar la bandera que él mismo contribuyó a arriar en las jornadas de julio de 1890. Lo primero que hizo al regresar de Europa (18 de marzo de 1891), fue visitar al ministro Roca y concertar, a espaldas de sus electores de la convención, un acuerdo que suprimía la contienda electoral y giraba su candidatura presidencial a la posibilidad de un apoyo conjunto del gobierno y de los dirigentes de la Unión Cívica. De inmediato Roca, remitió el siguiente telegrama a los gobernadores de las provincias:

«En una conferencia celebrada con el general Mitre hemos convenido en la necesidad de suprimir la lucha electoral para la presidencia futura, porque ello arrastraría al país, dada su situación actual, a la ruina, al descrédito y a gravísimas complicaciones cuyo alcance es imposible medir. Hemos resuelto poner todos nuestros esfuerzos al servicio de esa idea patriótica, promoviendo en toda la República un movimiento de opinión tendiente a hacerla efectiva, sobre la base de un franco y leal acuerdo que constituya un gobierno nacional sin exclusiones para nadie ni propósitos partidistas. En nombre de los sentimientos que han presidido a esta aspiración elevada del patriotismo, espero que usted y todos los amigos de esa provincia me acompañen y ayuden a realizarla, llevando así a cabo un gran acto público, honroso para nuestro partido y de inmensa trascendencia para el país, que tanto necesita la unión de todos sus hijos para salir de la postración en que se encuentra y volver nuevamente al camino de su prosperidad y de sus grandes destinos».

Por el desprecio de la capacidad de discernimiento de la gente ajena a la élite social, por la soberbia aristocrática, por el tono elevado y por el cinismo con que endosa a otros las propias fallas, es este documento una notable síntesis de la idiosincrasia de la oligarquía argentina. En el futuro se conduciría como si dichas palabras de Roca fueran su guía de conducta, su norma política en un país del que nunca obtuvo voluntaria adhesión. ¿Cómo podía dudarse de que la postración del país provenía de la desenfrenada entrega de la economía nacional al capital extranjero y de la locura especulativa con tierras y acciones a costa de la baja remuneración del trabajo de los obreros y campesinos, cuya responsabilidad recaía en la política del partido dominante, orientado por Roca hasta que dejó a su cuñado en la estacada? Sin embargo, el telegrama alertaba a los gobernantes acerca de los peligros de dejar librado el futuro del país a la lucha electoral, esto es a la segura victoria de la Unión Cívica, pues lo arrastraría a la ruina, al descrédito y a gravísimas complicaciones cuyo alcance es imposible medir. Cargaba las tintas sobre lo que sería un gobierno de la Unión Cívica, sin partir de ninguna experiencia como fundamento de semejante juicio denigratorio de un movimiento que nació para poner remedio al desbarajuste económico provocado por quienes lo censuraban. Pero el fondo del problema no era la capacidad o la incapacidad para administrar el país; era la lucha de clases entre la vieja oligarquía y la nueva burguesía en términos de dominio del Estado. El acuerdo Roca-Mitre tenía por objeto conservar el poder para la oligarquía e impedir que conquistaran el gobierno las fuerzas políticas nacientes.

El general Mitre confesaba sin ambages su incredulidad en la aptitud electoral del pueblo, es decir en la idoneidad para ocupar puestos públicos de los hombres designados por el pueblo, pero como no podía considerarse más que un sobreviviente de aquella oligarquía porteña con ambiciones nacionales desplazada en 1880 y como no gozaba de las simpatías de los círculos áulicos del partido oficial, su condición de político marginado lo obligaba a buscar a través del compromiso entre los partidos lo que no podía conquistar por sí mismo. En una carta a Bernardo de Irigoyen decía:

«Es por esto que, al aceptar mi candidatura, eliminé esa posibilidad ideal y me coloqué en los dos extremos: o solución nacional por el común acuerdo de los partidos, o en caso de imposición oficial, la lucha en reivindicación del sufragio popular. Alcanzado lo primero, lo segundo no tenía razón de ser. La lucha está suprimida de hecho».[7]

Lo esencial, para Roca y para Mitre, era suprimir la lucha electoral, impedir la movilización del pueblo y clausurar el acceso a las funciones públicas de las nuevas fuerzas de la burguesía y de la pequeña burguesía. ¿Por qué renunció Mitre a ser el candidato de la Unión Cívica en oposición al gobierno y prefirió intentar ser el candidato del gobierno apoyado por la Unión Cívica? La primera posibilidad le daba mayores seguridades que la segunda de ascender a la presidencia, pero solamente por medio del temido sufragio popular, del misterioso más allá cuyo alcance es imposible medir. Mitre no quería un cambio que ampliara la base democrática del Estado con la irrupción de nuevos sectores sociales. En 1874 y en 1880 pudo arrojarse a la conquista del gobierno por la fuerza sin que la acción pasara de una competencia entre oligarcas; en 1891 el candidato de la Unión Cívica tenía necesariamente que remover capas de la sociedad y elevar de ellas a ciudadanos qué no comulgaban con la oligarquía. Mitre optó por sacrificarse a su clase. Inútil sacrificio pues Roca hacía rato que lo había superado, al punto que el autor de la Historia de San Martín terminó por no contar para nada en la disyuntiva Roca o la Unión Cívica.

La oligarquía cultivaba la filosofía del equilibrio, de la armonía social bajo su batuta. Premiaba generosamente a los opositores que saltaban el cerco y los inmolaba sin misericordia cuando no sabían enriquecerse sin guardar las formas. Ella, la gran corruptora, practicaba la estricta moral farisea: defender como ley suprema el máximo de renta para los terratenientes y los mayores dividendos para el capital extranjero. Se creía predestinada a gobernar y despreciaba a los políticos que no salían de sus filas o que no la aceptaban como clase gobernante. Tenía una habilidad perfecta para desprestigiar, enlodar, ridiculizar e inferiorizar a los dirigentes y a los partidos que surgían de la chusma, pero respetaba a los que reconocían la primacía de su cultura y eran capaces de razonar sobre las conveniencias de los cambios dentro de una legalidad que no lesionara ningún interés creado. Por eso siempre hizo tan buenas migas con los socialistas. Tal era la oligarquía que sobrevivió a la Revolución del 90 y siguió actuando, durante muchos años, desde el poder o desde el llano.

Después de iniciar el socialista Nicolás Repetto la reivindicación de la oligarquía roqui-juarista por el monumento de previsión, de progreso y también de liberalismo de su obra legislativa, Jorge Abelardo Ramos hizo estallar en su Revolución y contrarrevolución en la Argentina[8] la bomba de su tan incondicional cuan infundada apología del general Julio A. Roca. Ramos convierte literariamente al conquistador del desierto en un nacionalista democrático que peleó contra la oligarquía y fue traicionado por su cuñado Juárez Celman que sustituyó ese nacionalismo roquista por un liberalismo económico ruinoso que debía resultarfunesto para el futuro argentino. Roca sería, según el mencionado autor, el continuador de los caudillos provinciales en lucha intransigente contra la oligarquía porteña, mientras Juárez Celman pactó con ésta, no obstante lo cual también defiende al cuñado, lo libera de toda responsabilidad por la crisis económica que le atribuyen los diletantes, y califica de contrarrevolución a la del 90.

La original tesis de Ramos, cuyo contenido liberal y conservador salta a la vista, no solamente es mecanicista y superficial, sino que está reñida con la más elemental y evidente verdad histórica. Nos limitamos a señalar:

Que los gobernadores de provincias representados y congregados por Roca no eran los herederos de los caudillos que en el pasado se opusieron con las armas en la mano a la hegemonía económica y política de la burguesía comercial porteña. Ramos pasa por alto el proceso de amansamiento de los jefes naturales de las masas provinciales, proceso iniciado por los dictatoriales porteños y por Rosas, continuando por Mitre y completado por Roca, que hizo de aquéllos dóciles instrumentos y usufructuarios socios de la oligarquía de Buenos Aires.

Que no hay un solo acto de la política de Roca en sus dos presidencias que lo aparte del más puro liberalismo económico y del aliento y la protección de los inversores extranjeros.

Que con la conquista del desierto, obra de Roca, terminó en la Argentina la existencia de tierra libre y se perfeccionó la renta absoluta, condiciones imprescindibles tanto para consolidar a la oligarquía terrateniente cuanto para garantizar las inversiones del capital extranjero.

Que calificar de contrarrevolución al 90 es negar el papel de las masas en nuestra historia y afirmar el de las minorías selectas cipayas.

Al criticar la intención de Ramos de épater le bourgeois fijamos cuatro características de una oligarquía que hasta hoy sigue pesando en la política argentina.

CAPÍTULO 8
LAS DOS TÁCTICAS DE LA POLÍTICA NACIONAL

El acuerdo o compromiso fue la táctica elegida por la oligarquía al comprobar que nuevas fuerzas sociales emergían y aspiraban a la conquista del poder. No las atacó de frente, salvo cuando se vio obligada a responder a la violencia con la violencia. Prefirió emplear maniobras de envolvimiento, desgastar y descomponer al enemigo, seducir con honores y prebendas a los opositores inteligentes, desacreditar a los ignorantes que se le resistían. No era una clase social estática, enquistada. El ritmo de desarrollo de la economía argentina entre 1880 y la primera guerra mundial, el mayor de América Latina y uno de los más altos del mundo, permitía ampliar en determinada medida la distribución de la renta nacional y de los ingresos de los servidores del capital extranjero a sectores que se incorporaban a la oligarquía. Su crecimiento cuantitativo se debía principalmente a factores exógenos: colonos convertidos en terratenientes, hijos de inmigrantes ascendidos a generales, abogados de origen burgués o pequeño burgués conectados con las emprésas extranjeras e intelectuales tan positivistas en su liberalismo filosófico como en sus ambiciones de riquezas y mando coronaban sus carreras al aristocratizar sus apellidos en la nómina de socios del Jockey Club o del Círculo de Armas.

Pero las posibilidades expansivas de la oligarquía por vía asimilativa eran relativas y no absolutas. Tenían un límite. Dependían no solamente del mantenimiento del ritmo de desarrollo de la economía nacional, sino también de la continuidad del tipo de relaciones entre las clases sociales existentes en la época de su apogeo. En realidad, nunca superaron, por ser objetivamente imposible, la oposición de las fuerzas socioeconómicas emergentes del trabajo y de las inversiones nacionales a la penetración imperialista del capital extranjero, penetración en la que la oligarquía encontraba su principal apoyo y su razón de ser.

Esa oposición, promotora del levantamiento de 1890, respondió a la táctica del acuerdo o compromiso (y a la política de la seducción, de la captación y de la fagocitación) con la táctica de la intransigencia. Aspectos esenciales de las causas de las divisiones y uniones de partidos de los últimos setenta años se hacen comprensibles si penetramos en la intención psicológica de esta táctica de origen autodefensivo frente a la de la oligarquía. Los dirigentes radicales la han empleado, por lo general, más que como afirmación de su propia lucha como condenación moral de la claudicación ante las tentaciones ofrecidas por el adversario, lo que explica el uso tan frecuente por ellos de la palabra sacrificarse para exaltar un deber de lealtad a sus principios que aceptan con conciencia desdichada y no con alegre satisfacción.

En el pensamiento de Leandro N. Alem la intransigencia se erigía en dogma de la lucha por el establecimiento de una democracia liberal burguesa. Decía en el Manifiesto del 16 de abril de 1891:

«No aceptaremos compromisos de ningún género que importen la continuación del régimen funesto de que han sido víctimas los hombres independientes de toda la República. Y mientras haya un solo punto de la Nación donde los argentinos sufran vejámenes a sus personas y obstrucción a sus derechos, cumpliremos un deber de patriotismo y un deber de lealtad para con nuestros amigos, manteniéndonos en actitud de lucha y trabajando en todos los movimientos para que se restablezcan las buenas prácticas republicanas, al reorganizarse el gobierno federal y el de los Estados».

Insistía en el Manifiesto del 2 de julio del mismo año:

«La Unión Cívica Radical no se ha propuesto la elevación de un hombre al poder, sino cambiar el régimen imperante. La conciliación con el oficialismo serviría para mantener y consolidar lo que se propuso destruir la Unión Cívica con el aplauso del país entero».

Ya no era la Unión Cívica la que se dirigía al pueblo. Era la Unión Cívica Radical, cuyo nuevo atributo la diferenciaba de la Unión Cívica Nacional, integrada por los partidarios del acuerdo con la oligarquía. Sin tal deslinde de posiciones principistas y tácticas, el movimiento popular orientado por Alem no podía darse por objetivo cambiar el régimen imperante. Las experiencias de la Revolución del 90 y de la tortuosa maniobra del general Mitre destinada a llevar agua al molino del enemigo, no dejaban la menor duda acerca de la necesidad de adoptar una táctica intransigente.

La intransigencia, cristalizada orgánicamente con la fundación de la Unión Cívica Radical, hizo fracasar el plan urdido por Roca y Mitre; el primero renunció al ministerio y el segundo a su candidatura presidencial. De nada valía el acuerdo por arriba si se le retiraba el sostén popular que Mitre había girado, a pesar de su desaire, a quienes lo propusieron en la convención rosarina del 15 de enero de 1891.

La oligarquía se encontró ante el siguiente dilema: intentar un nuevo acuerdo a través de otros hombres o imponer su continuismo mediante el fraude electoral. El modernista Roque Sáenz Peña llenaba las condiciones para atraer por lo menos al sector culto de los radicales; su personalidad independiente se destacaba por su pensamiento favorable al sufragio efectivo. El presidente Pellegrini, los alsinistas o autonomistas y los juaristas levantaron su nombre para la primera magistratura.

Roca comprendió que el triunfo de Roque Sáenz Peña traería su desplazamiento de la política nacional, y con su astucia de zorro convenció a Pellegrini y a Mitre que propiciaran, como candidato de transacción para evitar la división del oficialismo, a una persona ante la cual aquél se vería obligado a renunciar a la lucha: su padre, el doctor Luis Sáenz Peña. En el mismo sentido, no sabemos si alentado por Roca o coincidiendo con él, los dirigentes de la Unión Católica se entrevistaron con algunos prominentes católicos de la Unión Cívica Radical y del autonomismo para oponer a la candidatura brillante y peligrosa del hijo la candidatura mediocre, tranquila y conservadora del padre.

Aunque en la convención del 15 de agosto de 1891 la Unión Cívica Radical proclamó la fórmula Bernardo de Irigoyen-Juan M. Garro, sabía que la oligarquía estaba dispuesta a ganar las elecciones por cualquier medio. Decía Alem:

«No se trata de evitar la lucha entre dos partidos organizados. Se quiere evitar la lucha del partido popular con los gobernadores de las provincias, manejados por el presidente de la República».[1]

Para el 3 de abril de 1892, la Unión Cívica Radical había preparado grandes mítines en las principales ciudades del país, pero el día antes el presidente Pellegrini decretó el estado de sitio y el 10 de abril se impuso la candidatura de Luis Sáenz Peña en comicios viciados por un fraude escandaloso y con el radicalismo proscripto.

Al radicalismo no le quedaba otra alternativa qué la insurreccional. Hipólito Yrigoyen dirigió en la provincia de Buenos Aires el estallido revolucionario del 30 de julio de 1893. Roca rodeó al presidente Luis Sáenz Peña y reconstruyó al partido de las oligarquías provinciales. Con esa ayuda y con Pellegrini y el ministro Manuel Quintana a cargo de la represión, se aplastó el levantamiento y se desterraron a sus dirigentes, pero no se consiguió calmar el descontento en progreso por toda la república.

Había entre el radicalismo y el gobierno una doble relación permanente de acercamiento y repulsa. La contradicción se explica por la afluencia, o las ambiciones de afluir, en las huestes de la oligarquía de sectores de origen no oligárquico, y por la oposición cerrada de las amplias masas populares, en particular del litoral, a una oligarquía que obstaculizaba el avance de la democracia y de la autodeterminación nacional. Comenzaban a despuntar los primeros brotes de un nacionalismo popular, antioligárquico, incompatible con el liberalismo positivista y, por lo tanto, con las caducas formas de un nacionalismo verbal y congruente con la penetración del capital imperialista extranjero. Ese nacionalismo popular era intransigente y al cerrársele los caminos legales, no encontraba otra ruta a la conquista del poder que la revolucionaria.

Las tendencias al acuerdo reaparecían en ambos contrincantes antes de cada elección y después de cada fraude, pero se malograban por la presión creciente de las masas populares. Luis Sáenz Peña intentó una vez abortada la insurrección del 30 de julio de 1893 y con el fin de pacificar al país, independizarse de Roca y tender un puente al radicalismo mediante la incorporación de Aristóbulo Del Valle a su ministerio. Roca no le permitió que fuera tan lejos y movilizó su trenza de gobernadores. Así, entre conspiraciones radicales y zancadillas oligárquicas, el anciano presidente tambaleó y presentó su renuncia indeclinable. Su sucesor constitucional, José Evaristo Uriburu (1895-1898), empedró el camino hacia el poder para que lo recorriera por segunda vez el general Roca (1898-1904).

El 1.º de julio de 1896, sin fuerzas para vencer a la montaña y perdida la fe en el porvenir de la causa, Alem se suicidaba. Carecía de las aptitudes del jefe revolucionario y de la perspectiva del político que aguarda. Su carácter era el espejo de la clase social a que pertenecía: a sus arranques de arrebatada pasión esperanzada seguían decaimientos totales que lo anulaban. Elevó la intransigencia a la categoría de principio ético de un idealismo individualista en contraposición al sensualismo imperante en las costumbres políticas argentinas. Predicaba la línea recta, el se rompe pero no se dobla, mientras la oligarquía engolosinaba a los dirigentes radicales con sus cantos de sirena. Apeló a los sentimientos y quiso construir su partido sobre los vulnerables pilares de la fe que a él mismo lo abandonó a último momento. Tan representativo fue de la pequeña burguesía insatisfecha y de la burguesía nacional aherrojada y atraída, al mismo tiempo, por la oligarquía, que al idealizarlo el pueblo lo convirtió en la contrafigura de aquéllas, en lo que querían dejar de ser al aspirar a salir de su propia clase, en una afirmación de los derechos y libertades de la democracia nacional desconocidos por el Estado oligárquico-imperialista.

Siguió a su muerte una nueva división del radicalismo debida a las mismas causas que motivaron las anteriores y motivarían las posteriores. Los acuerdistas o bernardistas (de Bernardo de Irigoyen) se separaron de: los intransigentes.

Desde su cuartel general de la provincia de Buenos Aires comenzó a dirigir con mano firme e inmensa paciencia la reorganización de la Unión Cívica Radical el enigmático sobrino de Alem. Hipólito Yrigoyen era la antítesis psicológica del oligarca: retraído (nunca habló en público), sentencioso (hilvanaba apotegmas en sus pláticas), esotérico (cubría sus actos del mayor secreto e impregnaba su política de un peculiar ocultismo), seductor (no por promesas materiales, sino por su fe contagiosa en la emancipación del pueblo) y desinteresado (vivió de la renta de un campo que no se preocupó de mejorar). En contraste con los gobernantes y jefes políticos que aspiraban a ser réplicas de prototipos europeos o norteamericanos, él a nadie imitaba; su espontánea originalidad, fruto de la relación específica de su yo con el medio, atraía a las masas y provocaba los calificativos de cursi, arrabalero y otros intencionadamente despectivos con que la oligarquía marcaba las diferencias existentes entre su culteranismo extranjerizante y el inconfundible modo de hablar y actuar del peludo. El socialista Carlos Sánchez Viamonte interpreta en El último caudillo la actitud de los intelectuales cosmopolitas respecto a Yrigoyen, al señalar el abismo que separaba el régimen (oligárquico) de la causa (yrigoyenista) y pronunciarse a favor del primero por razones de cultura. Dice:

«La causa es, ante todo, mal gusto. La separación de las aguas se evidencia desde el pináculo del triunfo. Desde él fluye el mal gusto con geográfica elocuencia y naturalidad. La causa no lo cree así. Ella experimenta la fruición de su propio mal gusto y lo paladea con emocionado deleite».

He ahí una excelente síntesis en aristocrático estilo de la opinión que la causa merecía a los señores. Yrigoyen y la causa eran lo mismo. En el juicio transcripto se descubre el desdén que los porteros políglotas y ceremoniosos de los grandes hoteles manifiestan hacia los desafortunados mortales que circulan por la calle.

Ese mal gusto, tantas veces imputado a Yrigoyen en las tribunas y tertulias del esnobismo político, es el modo de ser de las muchedumbres argentinas contempladas desde el pináculo de las soberbias metrópolis imperiales. Es su expresión en el arte y la política espontáneos del pueblo. Es el genio nacional que despierta en la plebe. Es una nueva cultura en germen comparada con culturas en decadencia. Es el yrigoyenismo, el peronismo y otros brotes transitorios de la conciencia política de las masas en permanente autodesarrollo. Los supercivilizados izquierdistas, derechistas o centristas (supercivilizados no por profundidad de cultura, sino por naturaleza refleja formada mediante el roce con la mediocridad de los medios imperialistas) piensan y se emocionan como metecos, y sienten repulsa por el poder popular auténtico. Por eso no acertaron a comprender el contenido histórico y las raíces populares de la causa yrigoyenista y se unieron para defenderse de ella como de una calamidad nacional. Carecían de la educación imprescindible (pues se educaron en el desprecio de la barbarie nativa y en la enajenación a la civilización importada) para interpretar con un mínimo de objetividad la tendencia innata de las multitudes argentinas a integrarse en formas políticas que las representen tal como son y a erigirse en fundamentos de un Estado nacional y popular. No encontraron casillero donde introducir un movimiento de masas que invalidaba sus esquemas teóricos y, refugiándose en la pura subjetividad, lo declararon anormal, insólito, fuera del proceso social idealmente concebido por ellos, algo así como una enfermedad del país que los políticos cultos tenían el deber de curar, y, treinta años después, cuando les llegaran de Europa las etiquetas, lo tildaron de avatar criollo del fascismo italiano o del bolchevismo ruso, según se lo mirara desde la izquierda o desde la derecha.

En torno de Yrigoyen se congregó, a partir del tránsito de un siglo a otro, la juventud burguesa y pequeño burguesa que aspiraba a ocupar un lugar en la política y en la función pública, y agitaba el programa de la Unión Cívica Radical: moral administrativa, sufragio libre, autonomía provincial, régimen municipal, defensa nacional. Ese contenido de clase, que orientó la política radical en su marcha hacia el poder, tenía el respaldo de una ancha base de masas en el proletariado urbano y rural, que prefería seguir al caudillo con sus promesas de reivindicaciones sociales abstractas y no aceptaba la disciplina de partidos inspirados en una concepción racionalista y liberal de la política, cuya misión pedagógica tropezaba con obstáculos similares, si bien en otro nivel, a los que inhibieron tres cuartos de siglo antes a los unitarios para cumplir su programa de incorporar in globo la población argentina a la cultura europea.

SEGUNDA PARTE
EL YRIGOYENISMO

CAPÍTULO 9
LIMITES DE LA TÁCTICA INSURRECCIONAL YRIGOYENISTA

Los socialistas iniciaron sus actividades en la Argentina con severo estilo de críticos nihilistas del conjunto de fuerzas preexistentes de la que llamaron, con intención peyorativa, política criolla, sin dar importancia al contenido de clase de cada una de esas fuerzas ni a las contradicciones entre ellas, pues las consideraban partes de una totalidad inferior, atrasada, bárbara. Excluían del cuadro general a la generación del 80, cuya cultura admiraban y aspiraban a continuar, y en las coyunturas críticas se sintieron tan solidarios con la oligarquía ilustrada como extraños a los caudillos y a las masas radicales. Contemplaban a la Argentina desde afuera, desde Europa. Su concepción liberal positivista del progreso sin pausa en línea recta, y no a través de las contradicciones internas de la sociedad, y de un tipo abstracto de hombre emergente no de la lucha de clases, sino de la evolución de la cultura occidental, denotaba gran afinidad con el idealismo progresista de la oligarquía ilustrada. Eran, pues, consecuentes con su filosofía política cuando denunciaban la táctica insurreccional del radicalismo como prueba del atraso de nuestras costumbres cívicas y cuando se oponían a la revolución del 4 de febrero de 1905, dirigida por Yrigoyen, sofocada por el gobierno y seguida del estado de sitio, deportaciones, prisiones y mordazas a la prensa.

En la controversia que a principios de siglo sostuvo con el doctor Juan B. Justo, el socialista italiano Enrique Ferri emitió el siguiente juicio:

«Los radicales argentinos forman un partido del… mundo de la luna. Tienen un programa negativo (la abstención de la lucha política) y uno positivo (la revolución… con relativo militarismo) y por eso falta aquí un partido radical positivo como existe en Francia (Clemenceau) y en Italia (Sacchi). Los socialistas argentinos cumplen la función específica de este partido radical que falta».

Justo le replicó:

«Para un observador imparcial y sobrio de juicio, este país ofrece el cuadro singular de una sociedad moderna, íntimamente vinculada al mercado universal, y cuya vida política está en manos de partidos políticos sin equivalentes ni afines en la política de ningún otro país moderno. Agrupaciones efímeras, sin programa ni principios, ni más objetivo que el triunfo personal del momento, los partidos de la política criolla, pasada la frontera, carecen de sentido».[1]

Si la pedante definición de Ferri era propia de un socialista… del mundo de la luna, la respuesta de Justo correspondía a una mentalidad extranjerizada que nunca encaró seria y profundamente el análisis de la historia y de los hechos de la realidad nacional. Ambas opiniones prescindían del punto de partida para la ubicación correcta de los partidos políticos: las causas histórico-sociales específicas que determinan su nacimiento y aseguran su continuidad. El desprecio de esas causas y la búsqueda pasada la frontera de partidos equivalentes o afines con vistas a establecer un juicio de valor de los nuestros y darles prototipos a los que ajustarse para salir de la inferior política criolla, explican la falta de arraigo en las masas populares del Partido Socialista, su des vinculación del proceso social argentino y, finalmente, su coincidencia, en los momentos críticos, con la reacción oligárquico-imperialista.

¿Fue el radicalismo una agrupación efímera, sin programa ni principios, ni más objetivo que el triunfo personal del momento? ¿Tenía que aparecer necesariamente en la Argentina para promover el desarrollo democrático-burgués un partido radical como el de Clemenceau o el de Sacchi?

Puntualicemos, ante todo, las dos alternativas que se les ofrecían a los ideólogos socialistas para civilizar a la política criolla:

La tesis subjetivista, o sea la elección en el gran muestrario internacional, de acuerdo a una tabla de valores morales absolutos, de los mejores programas, doctrinas y estructuras partidarios. Nicolás Repetto declaró, más de una vez, su deseo de que la Argentina tuviese un partido conservador y un partido laborista similares a los de Inglaterra;

La tesis determinista de las formas políticas, es decir del tránsito de la política argentina, a través del juego de partidos, hacia la democracia burguesa occidental o al esquema abstracto de lo que debía ser una democracia burguesa. En la literatura socialista de nuestro país abundan los elogios de las prácticas democráticas anglosajonas y de los partidos socialdemócratas europeos, metas de la labor pedagógica de los discípulos de Juan B. Justo.

El radicalismo argentino (su estructura un tanto inorgánica de movimiento más que de partido en el sentido clásico, su táctica peculiar y su fideísmo doctrinario) rechazaba patrones extraños y no compaginaba ni con la tesis subjetivista ni con la tesis determinista de los socialistas. Es verdad que nació de la Revolución del 90, como expresión política de la democracia burguesa en una sociedad dominada por una oligarquía terrateniente-mercantil asociada al capital extranjero, que tuvo las debilidades y vacilaciones de la burguesía de un país oprimido por el imperialismo y mostró desde el gobierno su contenido de clase al reprimir con puño de hierro las luchas del proletariado; pero el atractivo que ejercía sobre las masas provenía de la profunda necesidad sentida por ellas de una acción que emancipara y elevara al conjunto nacional o, en otras palabras, de la certidumbre, más intuitiva que razonada, de que el mejoramiento, la liberación y el desarrollo de cada clase de la sociedad se conquistarían cuando toda la sociedad destruyera las relaciones de dependencia que la enajenaban a la oligarquía terrateniente-mercantil. Hipólito Yrigoyen lo comprendió así y declaró en el Manifiesto de 1905:

«La UCR no es un partido en el concepto militante. Es una conjunción de fuerzas emergentes de la opinión nacional».

Este movimiento policlasista no carecía de principios, como decía Juan B. Justo; solamente que sus principios correspondían a su naturaleza de conjunción de fuerzas nacionales.

Los socialistas se enorgullecen de ser los fundadores del primer partido principista y programático de la Argentina. La verdad es, sin embargo, que esos dos atributos definitorios y delimitativos de todas las fuerzas políticas no faltaron en las que vieron la luz en nuestro país en los primeros tiempos, y aun cuando no revelaban aparentemente más objetivo que el triunfo personal del momento, el análisis descubre causas de índole socioeconómica en la formación de las distintas facciones y en la lucha entre ellas. En la investigación del caudillaje, el liberalismo positivista nunca fue más allá de los aspectos externos subjetivos estampados en personalidades díscolas, de costumbres atrasadas y de escasa o nula cultura; hoy ningún estudioso serio se atrevería a poner en duda la influencia determinante de causas objetivas de origen social en la eclosión de las montoneras, y sería imposible desconocer las diferencias principistas y programáticas bien delineadas que separaban a unitarios y federales.

En 1878, el Partido Autonomista Nacional, a la sazón bajo la transitoria jefatura de Sarmiento, se dio un programa en forma de documento afirmativo del autodesarrollo nacional, pues el país

«necesita promover sus industrias que Jo emanciparán del dominio económico del extranjero, arrancándolo, además, de la postración en que ha caído».

Los autonomistas, en cuyas filas militaban entonces Alem y Del Valle, reclamaban en beneficio de la campaña la implantación del régimen municipal y consejos escolares, garantías para sus habitantes oprimidos por funcionarios despóticos, anulación del servicio de frontera y abolición de los aumentos de tarifas y fletes ferroviarios impuestos por las compañías extranjeras. Eran las reivindicaciones más sentidas en los medios rurales. Las defendió con gran energía el autor de Martín Fierro desde la legislatura y las columnas del periodismo, pero sin compartir las ideas de Alem y Del Valle acerca del capital extranjero. Decía José Hernández:

«Soy oposicionista a las obras públicas practicadas por el gobierno y prefiero que se favorezcan las empresas particulares, porque creo que el empleo de los capitales particulares puede llevar a la provincia al adelanto y al progreso y porque creo que la intervención del gobierno en las obras públicas tiende a matar la iniciativa privada».[2]

Era la teoría de la libre empresa, cuya, aplicación a ultranza condujo al descalabro del 90. No le faltaban motivos a Hernández para desconfiar de un Estado cuya incapacidad para proteger al hijo de la tierra denunció en su inmortal poema, pero no vio que al quitarle responsabilidad directa en la construcción y la administración de las obras públicas lo transformaba en dócil instrumento de los inversores extranjeros.

Queda al descubierto, por lo tanto, la ligereza de un intérprete idealista de nuestra historia que llamaba; desde su altura, a los partidos de la política criolla

«agrupaciones efímeras, sin programa ni principios, ni más objetivo que el triunfo personal del momento».

En el radicalismo confluyeron y se superaron dentro de una nueva unidad las tendencias políticas democraticoburguesas anteriores al 90, mientras la oligarquía se enquistaba en el Estado y sus adeptos recibían el nombre de conservadores. La convención radical de noviembre de 1892 aprobó una Declaración de Principios y una Carta Orgánica. La primera ratificaba los principios enunciados en el mitin del Jardín Florida y en los manifiestos posteriores, esto es, la denuncia de la violación de las leyes fundamentales, de la subversión institucional y de la supresión de la voluntad ciudadana, e invitaba a la lucha

«para hacer preponderar las libertades públicas y los principios de su programa».

La segunda tenía por objeto darse organización permanente como partido de principios, en base a las convenciones y a los comités nacionales y provinciales.[3]

Al iniciar la Unión Cívica Radical en febrero de 1904 una nueva etapa, con la reunión de su Comité Nacional y la ya notable influencia orientadora de Hipólito Yrigoyen, concretó sus objetivos tácticos en la conquista del poder mediante la intransigencia frente a la oligarquía y la abstención en las contiendas electorales. La abstención era la aplicación práctica de la intransigencia, pues concurrir a comicios fraudulentos y decididos de antemano equivalía a legalizar la autoridad ilegal de la oligarquía o claudicar ante las maniobras tan comunes del oficialismo de abrir sus listas de candidatos a los radicales para dividirlos y separarlos de su tronco fundamental. Pero esa táctica (o programa negativo, según la definición de Ferri) suponía, anunciaba y preparaba la insurrección armada (o programa positivo, en los términos del socialista italiano), y el levantamiento del 4 de febrero de 1905 la sometió a la prueba de los hechos.

El levantamiento fracasó. Los oligarcas se apresuraron a pregonar que las sucesivas derrotas de la política insurreccional del radicalismo (1890, 1893, 1905) demostraban su imposibilidad de alcanzar el gobierno por ese medio. Algunos dirigentes radicales se dejaron convencer por el argumento y fueron sensibles a la invitación a entrar en acuerdos. Los socialistas y demás partidarios de la evolución pacífica civilizadora vieron en el estallido de 1905 un índice de atraso político y se congratularon de su malogro.

Las opiniones de conservadores y socialistas dejaban en pie un hecho real ineludible: la persistencia de la táctica intransigente e insurreccional del radicalismo (o, más ajustadamente, del yrigoyenismo), cuya razón de ser residía en la situación contradictoria en que estaba colocado el movimiento ascendente de las masas hacia la democracia en relación a sus tendencias a la toma del poder. Si el radicalismo aceptaba el camino del comicio se prestaba a legalizar la estafa electoral y la situación del movimiento de masas no cambiaba. Si el radicalismo aceptaba el acuerdo con la oligarquía se convertía en instrumento de ésta para contener el avance de la revolución democrática y tampoco la situación del movimiento de masas cambiaba. Carlos Pellegrini declaró con entera franqueza en el Congreso:

«El acuerdo fue la fórmula tendiente a suprimir el voto popular y a alejar al pueblo del ejercicio tranquilo de sus derechos».[4]

Mal argumento es el de que los socialistas ganaron elecciones y obtuvieron bancas parlamentarias durante el imperio del régimen fraudulento de la oligarquía. También los radicales podrían haber conquistado victorias parciales en comicios regulados por el gobierno, pero tras ellos se agitaban las mayorías populares que impulsaban al derrocamiento de la oligarquía y a la instauración de un Estado con ancha base democrática. La participación en los actos electorales equivalía a un acuerdo tácito con los dueños del poder político. Las diferencias entre conservadores y socialistas en cuanto a las metas finales y a la legislación social, no debilitaban su coincidencia en la defensa de la evolución pacífica y de la elevación de la conciencia política ciudadana mediante métodos educativos. Unos y otros decían que las masas populares argentinas no estaban maduras para el ejercicio de la democracia.

Quedaba en pie otro hecho real ineludible: el fracaso de las conspiraciones radicales. El radicalismo no triunfó por acción violenta, pero sin largos años de intransigencia y sin el empleo de una táctica insurreccional que desbarataba los planes de evolución pacífica de la oligarquía, tampoco hubiera triunfado por el comicio. El país habría tenido en tal caso un radicalismo tan minoritario como el socialismo, compeliendo a las masas populares a buscar otros conductores.

Visto el problema desde ese ángulo podría pensarse que Yrigoyen se abroqueló en la intransigencia y se dedicó a organizar levantamientos armados al solo efecto de chantajear al régimen oligárquico, debilitar su autoridad y, en definitiva, obligarlo a ceder el gobierno por vía pacífica. Esta tesis parece irrefutable si consideramos el desenlace del proceso político que elevó al radicalismo al poder. Es, sin embargo, demasiado simplista. No tiene en cuenta el carácter de las contradicciones entre los dos frentes en que se dividía el país.

La insurrección obedecía a una necesidad real y legítima de los sectores sociales que aspiraban a la democratización del Estado, sin postergarla para las calendas griegas a la espera de la madurez de la conciencia política de las masas populares. De no ser así, ni la oligarquía la hubiese temido ni Yrigoyen la hubiese instrumentado. Derechos que se niegan son derechos que se reclaman. La represión nunca se aplica a un pueblo inerte. Pero la oposición dinámica al Estado oligárquico no se manifestaba espontáneamente por sí misma o de una manera arbitraria. Requería una dirección encauzadora y orientadora. Un logos que gobernara a su pathos. Una autoridad que no podía ser la de los herederos metamorfoseados en oligarcas de los viejos caudillos, ni tampoco la de los intelectuales socialistas desconectados del nivel de conciencia general de la clase obrera.

De la unidad del nuevo tipo de caudillo surgido del contradictorio proceso social posterior a Caseros (jalonado de los saltos del 62, del 80 y del 90), con las clases sociales desarrolladas en el curso del mismo proceso, nació el poder político de Yrigoyen. No fue la réplica de los viejos caudillos, el avatar del extinguido caudillaje. Fue la superación del pasado, y el alcance puramente democraticoburgués de tal superación explica el fracaso de los insurrectos. Veamos por qué.

Si el país estaba colocado en los cauces de la democracia burguesa (y lo estaba verdaderamente, a pesar de la sobrevivencia de algunas formas socioeconómicas precapitalistas), la antítesis radicalismo-oligarquía (causa-régimen) no planteaba la ruptura revolucionaria entre dos etapas históricas, sino simplemente la eliminación de los obstáculos que impedían el avance dentro de la etapa democraticoburguesa. Recordemos que la oligarquía gobernante formada alrededor de 1880, para cumplir en lo fundamental el programa de Alberdi (poblar, atraer el capital extranjero), se propuso el desarrollo capitalista de la Argentina a su manera, esto es, estimulando la producción agropecuaria de tipo mercantil y ofreciendo elevadas tasas de ganancias, garantías y subvenciones a los inversionistas extranjeros. Solamente de una sofisticada idea de la realidad argentina, resultado del vicio de aplicar esquemas que se inducen de las características de la penetración del capital imperialista en otros países (de Asia, Africa y América Latina), se infiere que tal penetración se apoyó en el nuestro en atrasadas estructuras socioeconómicas preexistentes. El análisis del proceso real a partir de 1862 indica lo contrario: se aceleró en todo el país la destrucción de las arcaicas formas productivas de autoabastecimiento (economía doméstica, artesanado) y se Aceleró mucho más la expansión en la pampa húmeda de la agricultura y la ganadería capitalistas orientadas a la venta de cereales y carnes al mercado exterior.

Ni Roca, ni Pellegrini, ni Mitre, ni Juárez Celman, ni los gobernadores provinciales, ni los grandes terratenientes, ni los militares deseaban una Argentina feudal o semifeudal. La obsesión del progreso enajenaba a las clases dominantes y las resistencias a los cambios fueron irrisorias en una comunidad que esperaba de la colonización capitalista la opulencia y la civilización occidental. El avance de la democracia burguesa tuvo de peculiar en la Argentina que, por efectuarse bajo la dependencia del inversionismo extranjero asociado a la oligarquía terrateniente-mercantil, se desvió de sus cauces en doble sentido: en lo económico, al embolsar las empresas imperialistas, los grandes terratenientes, los importadores, exportadores y especuladores la parte del león deja renta nacional, y en lo político, al excluir a amplias capas del pueblo de los comicios y de las funciones públicas y obstruir la democratización de la sociedad. Para conservar aquellos privilegios económicos se imponían estas limitaciones políticas.

Yrigoyen llamó el régimen a dicho complejo de intereses económico-políticos y le opuso la causa. Señaló así la contradicción entre la minoría gobernante y la mayoría popular, contradicción que no afectaba los principios de la democracia burguesa, sino su aplicación efectiva y su expansión, y, por lo tanto, podía superarse dentro del orden establecido, al ampliarse la base popular del Estado y ocupar el gobierno el radicalismo. Su actividad insurreccional se encaminaba a modificar la relación entre la oligarquía y el pueblo en función del poder político; nada se descubre en ella que autorice a suponer la intención de reformar la estructura socioeconómica existente.

La contradicción se agravaba en la medida que el régimen insistía en cerrar a la causa el camino del gobierno. La agitación popular se tornaba en general agresiva. Quedaba en evidencia la ineficacia de las gastadas maniobras del acuerdo. Aunque razones de fondo (falta de objetivos revolucionarios, vacilaciones de los dirigentes burgueses y pequeño-burgueses, expectativa de los medios rurales y desconfianza del proletariado por una conducción no comprometida en la defensa de sus intereses de clase), y no por razones circunstanciales, impedían que se canalizara el descontento de las masas y determinaban el aborto de las insurrecciones, Yrigoyen atrajo a una parte ponderable de la oficialidad de las fuerzas armadas, y una acción militar triunfante, por escaso apoyo popular que tuviese en sus preparativos y en sus comienzos, podía movilizar a multitudes no decididas a secundar los inseguros planes del caudillo (y no convocadas por éste a un levantamiento a fondo), pero sí resueltas a abandonar sus reticencias tras la caída del poder de la oligarquía.

Si, por un lado, la oposición al régimen era extensa, por otro lado los dirigentes radicales temían tanto como el gobierno que la combatividad traspasara determinados límites. La causa nunca superó esta contradicción interna; ella explica sus bajas y sus ascensos en el favor de las masas.

La intranquilidad social, unida a las simpatías que ganaba la causa en los medios militares y en las esferas de la administración pública, aislaba a los círculos oligárquicos. Éstos y el capital extranjero deseaban la continuidad de la legalidad iniciada en 1862. Su lema seguía siendo Paz y Administración en su propio beneficio. El radicalismo no les amenazaba sus intereses fundamentales. Al contrario: la participación se tornaba indispensable para asegurar la paz y la administración. Tan maduras estaban las condiciones objetivas y subjetivas para ese cambio en las bases políticas del Estado, que un movimiento vencido tantas veces cuantas empuñó las armas obtuvo de su enemigo tradicional las garantías legales para suplantarlo en el poder.

CAPÍTULO 10
LA DECADENCIA DEL LIBERALISMO OLIGÁRQUICO

A la oligarquía dominante en la sociedad argentina, antes y después del 90, se le suelen adjudicar dos atributos heterogéneos, sin precisar si la dividían en dos grupos distintos (opuestos o complementarios) o si definían dos caras del mismo grupo: oligarquía política y oligarquía terrateniente. La primera liberal, culta, civilizadora, cosmopolita, déspota ilustrada, de mentalidad demócrata burguesa. La segunda tradicionalista, ganadera, rastacuera, enajenada a la penetración imperialista británica. Da pábulo a tal dicotomía la batalladora vida de Sarmiento cuyo individualismo liberal, progresista y positivista se resolvía contra los caudillos terratenientes y proponía su exterminio. La oposición entre ambos grupos aparece en superficiales análisis de algunos autores que invocan al marxismo: admiran a la brillante generación del 80 y repudian a los terratenientes ganaderos que consolidaron su dominio por la misma época.

Tal oposición no existió. Sarmiento dejó de ser después de su presidencia (1868-1874) factor determinante de la política nacional, pero sus ideas de progreso material (a lo Spencer, con quien se declaraba identificado) alentaron al individualismo oligárquico a confundir el interés público con su ilimitada apetencia privada de riquezas. El cónclave intelectual que gobernó a partir de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, sin duda la élite del pensamiento de la República, se inspiró en la variante utilitaria del liberalismo,[1] y si escribió libros y difundió cultura con borrosos matices nacionales, también dejó a sus herederos las mejores estancias y los mayores paquetes de acciones de empresas extranjeras que cosecharon los hijos del país. La inteligencia sirvió para los bufetes de abogados, desde las columnas de la prensa, desde las cátedras universitarias y desde las funciones públicas a la política inversionista y labró así su propio enriquecimiento. No hubo dos oligarquías: una sola minoría poseía la tierra, administraba el Estado y dictaba la cultura.

El ideal de esa minoría era la coexistencia de todas las ideas y la vigencia de todas las libertades que no hicieran peligrar su posición en la economía y en el gobierno. Difícil será encontrar en el mundo un país donde el liberalismo haya florecido en un suelo tan desbrozado de otras creencias como en las regiones del Plata. No lo estorbaban ni la tradición absolutista europea, ni las limitaciones de las sectas religiosas de los Estados Unidos, ni los enconos de la Iglesia contra la masonería de México y otras partes de América Latina. Aquí el liberalismo encontró tierra fértil como la semilla en la pampa; hasta en el período de eclipse, Juan Manuel de Rosas escogió al italiano Pedro de Angelis, exiliado de Europa por su militancia en logias masónicas y en la Nueva Italia, para que respondiera, como liberal, a las críticas de Esteban Echeverría.

Pero si la oligarquía profesaba el liberalismo, no todo el liberalismo se despositaba en la oligarquía. No era la ideología de ella exclusivamente; la sobrepasaba y le otorgaba una gran fuerza inhibitoria en la lucha contra sus adversarios políticos y contra las nuevas clases sociales, también liberales y, por lo tanto, coincidentes en lo sustancial de la concepción del Estado y de la sociedad. Con excepción de los pequeños círculos marxistas de escasa influencia y confusa interpretación de su doctrina, no se planteaban, en la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, conflictos ideológicos de fondo que perturbaran el imperio del liberalismo.

El catolicismo contribuyó a la tranquila omnipresencia de la ideología liberal. La interrupción de relaciones del Estado con la Iglesia, motivada por la conducta indiscreta del nuncio papal y las leyes de matrimonio civil y enseñanza laica, no afectó la homogeneidad general de ideas que permitía convivir en la política a agnósticos con creyentes, a escépticos con espiritualistas, a materialistas con idealistas, a positivistas con teólogos. En el Viejo Mundo se había atemperado la intransigencia de la Iglesia frente al liberalismo y éste aceptaba a aquélla como fuerza de orden, de paz social y de distracción de la plebe de sus desvaríos anarquistas y socialistas. Oradores y escritores argentinos, militantes de la fe (Estrada, Frías, Goyena, Achával Rodríguez), cuya palabra tenía resonancia en los ambientes católicos del estudiantado, subrayaban al definirse el adjetivo liberal y, con variable énfasis, aclaraban sus diferencias con el catolicismo clerical o simplemente clericalismo.

El liberalismo siempre pretendió ser sinónimo de democracia, de la democracia por excelencia y la única posible, el compendio de las libertades del hombre, la conquista de la libertad misma, la senda abierta al término de la historia para el progreso infinito en línea recta ascendente. Benedetto Croce lo llamó la religión de la libertad, pero reconoce (aunque no delimita el alcance de la libertad liberal y la postula absoluta, perfecta o, al menos, el ideal de la humanidad) su antítesis con la democracia.[2] Del análisis histórico del autor italiano se infiere (implícito entre sus reticencias) que el liberalismo nació para reprimir, aplacar y encauzar la ola plebeya que se levantó furiosa y ciegamente con las revoluciones antifeudales de la burguesía, y luego, para subsistir en el siglo XX enfrenta a la nueva ola, ya no ciega, del proletariado en lucha por la democracia integral. Quiere decir que la libertad absoluta e infinita del liberalismo en la esfera del puro idealismo se torna relativa y finita en el campo material de la historia. Esa relatividad y esa finitud son las de la clase social cuya existencia transcurre entre el feudalismo y el socialismo. La definición croceana sería perfecta si se le añadiera un atributo: la religión de la libertad de la burguesía.

La antítesis liberalismo-democracia resulta palpable del análisis del proceso social argentino, pues si el liberalismo fue el triunfo de la civilización sobre la barbarie y dio las formas estructurales, las normasjurídicas y la filosofía política de la organización nacional, también cavó trincheras y construyó murallas para obstruir el avance de la libertad y de la democracia de las clases sociales explotadas que se desarrollaban con la expansión capitalista. Pero, se argüirá, esa doble tarea (civilizadora y represiva) del liberalismo fue cumplida en la Argentina posterior a Caseros por la oligarquía (minoría gobernante, terrateniente, cipaya y culta) y solamente en escala secundaria por la débil burguesía nacional: por lo tanto, si el liberalismo es la religión de la libertad de la burguesía, la oligarquía era una burguesía y cualquier discriminación entre ellas resulta artificial o formal. A la objeción respondemos:

la unidad ideológica (el liberalismo) contenía en sí, sin superarla, la contradicción oligarquía-burguesía, y ni aun cuando ésta se agravó en la lucha del régimen con la causa aquélla se quebró, lo que explica, si tenemos en cuenta el contenido de clase del liberalismo, los éxitos de la política del acuerdo y el ascenso del radicalismo al poder por vía pacífica y legal, así como sus vacilaciones y claudicaciones una vez en el gobierno hasta ser derrocado por una conspiración oligárquica;

la oligarquía argentina, cuyo acmé fiamos en el 80 y cuya decadencia se prolonga hasta hoy, nunca fue feudal, falsa adjetivación que durante muchos años oscureció la interpretación de nuestra historia y contribuyó a desorientar a los movimientos de liberación nacional y a las luchas de la clase obrera; y

si la oligarquía argentina se componía de terratenientes capitalistas y agentes del capital extranjero estrechamente entrelazados en la aplicación de una política de desarrollo capitalista del país como apéndice del imperialismo en general, y del Imperio Británico en particular, es evidente que debía ser necesariamente liberal (entre otras razones, porque la expansión imperialista anglosajona y francesa se hizo bajo el signo del liberalismo) y, al mismo tiempo, entrar en contradicción con la burguesía nacional (industrialista, proteccionista,[3] interesada principalmente en la expansión del mercado interno), no en la esfera ideológica, sino en la lucha por el poder y por la conducción económica de la República.

La vieja y manoseada tesis de que, en todos los casos y por determinismo histórico, la penetración imperialista se opera por intermedio de los terratenientes feudales a los cuales se asocia, se deshace en la Argentina apenas se analiza con alguna profundidad y realismo su proceso social. El carácter mercantil que tuvo desde sus comienzos la producción ganadera del litoral argentino configurada en la estancia (creada no para la subsistencia de sus pobladores sino para la venta al mercado exterior) evolucionó a fines del siglo pasado hasta completar todos los requisitos de una explotación capitalista (inversiones, ciclo acumulativo, rentas absoluta y relativa, peones asalariados, fácil movilidad de la propiedad, etc.), sin duda más completa que en zonas de Europa Occidental avanzadas en el capitalismo, donde hasta el presente siglo subsisten formas socioeconómicas feudales.

Esta modalidad específica argentina (del litoral rioplatense para ser más exactos) del nacimiento y desarrollo de una estructura productiva sobre la tierra virgen destinada a abastecer al mercado mundial capitalista, explica que la oligarquía terrateniente por ella sustentada se asimilara fácil y rápidamente a la mentalidad de la burguesía dominadora de la potencia imperial. Si no es fortuito que una parte no despreciable de la literatura inglesa del siglo pasado haya sido dedicada a ensalzar las bellezas naturales y las costumbres típicas de los países del Plata, tampoco lo es que la oligarquía argentina fuese liberal… a la inglesa.

Ganaríamos muy poco en nuestra investigación, sin embargo, de limitarnos a ver en los oligarcas argentinos a simples remedos de prototipos liberales extranjeros, pues por más que se esforzaran en conciliar el determinismo del medio social en que desenvolvían su acción con las enseñanzas impartidas por sus socios imperiales, aquel determinismo tenía sus leyes a las cuales no podía sustraerse. Dirigían al país y tramaban sus combinaciones políticas en los tibios ambientes Victorianos de clubes muy ingleses y en acuerdos con diplomáticos e inversores británicos, pero no faltaron entre éstos ni los que se hicieron estancieros ni los que descubrieron en las costumbres de los aristócratas argentinos un encanto que los acriolló para el resto de sus días.

Importa puntualizar, en consecuencia, lo peculiar del liberalismo oligárquico argentino o, si se quiere, las formas particulares que adquirió el liberalismo a través de nuestra oligarquía. Fue su característica sobresaliente la ausencia de todo trascendentalismo (religioso, filosófico, político y hasta económico), de toda preocupación ajena a una concepción inmanentista, utilitaria y sensual de la vida. Su finalidad intrascendente se concretaba en el goce inmediato de las riquezas, del poder y de la cultura. Era la filosofía de una clase envejecida prematuramente que gobernaba a un país joven, de una clase que alcanzó su acmé de golpe y también de golpe entró en decadencia. Sobre la arena movediza de una sociedad en rápidos cambios, ni siquiera pudo seguir el ejemplo del aristócrata Heráclito y reflejar el fluir de las cosas, pues el efesio tuvo antes que renunciar a la realeza y al sacerdocio. Para sobrevivir arrojó el lastre de los principios hasta no quedarle más que el oportunismo. Decía el general Roca:

«Sólo la mediocridad puede ser inmutable en sus ideas […] En política se hace lo que se puede y no lo que se quiere».

Personajes hedonistas sin escrúpulos, como Benito Villanueva y Marcelino Ugarte, aspirantes durante años a la presidencia de la República, que despreciaban a los idealistas y a los doctrinarios, representaban con la misma autenticidad a la oligarquía que el gringo Ganghi (famoso comprador de libretas cívicas para revenderlas al candidato mejor postor), pintoresco mercachifle de la democracia al menudeo, incapaz de disculpar su malevaje con la corajuda rebeldía de Juan Moreira, punto bravo de Adolfo Alsina.

Los oligarcas se recriminaban entre sí el haber hecho de la doctrina de Alberdi su programa de enriquecimiento personal. El doctor José C. Paz desafiaba al general Roca, en violenta carta abierta publicada en La Prensa, a que explicara el origen de su fortuna; mientras el general Roca quebraba lanzas con su viejo amigo Pellegrini para capear el temporal desatado por una unificación de impuestos destinada a enajenar las aduanas y las rentas a capitalistas extranjeros.

La evolución política de Pellegrini patentiza la ductilidad oportunista de la oligarquía. El hombre fuerte, la gran muñeca, padre con Roca de la fórmula del acuerdo, había sostenido en su juventud que

«la protección del gobierno es necesaria para el desarrollo de la industria en la República Argentina»,

y dijo en el Congreso al defender las leyes aduaneras que

«todo país debe aspirar a dar desarrollo a su industria nacional; ella es la base de su riqueza, de su poder y de su prosperidad; y para conseguirlo debe alentar su establecimiento, allanando en cuanto sea posible las dificultades que se opongan a él».

Coincidía con la declaración de principios del Partido Autonomista (1878), con las mencionadas opiniones de Sarmiento, Del Valle y Alem y con las ideas expuestas por el doctor Vicente Fidel López en la Revista del Río de la Plata (1872):

«Somos dependencia del comercio extranjero y de las comisiones que lo agitan: nuestra producción, es decir, nuestra materia prima, que es lo único que la constituye, depende necesariamente de la demanda de los mercados extranjeros. Ellos nos fijan la línea a que puede llegar. Ellos nos tienen bajo su tutela despótica».

Más tarde, ya hombre de gobierno, Pellegrini olvidó sus ideas juveniles y se convirtió en el campeón del librecambio y de las inversiones extranjeras. Estaba en el apogeo de su influencia política, cuando Roca (1901), que le debía el segundo ascenso a la presidencia (1898), le encomendó gestionar en Europa la unificación a largo plazo de la deuda pública argentina. La operación fue el mayor triunfo y la mayor derrota de la gran muñeca. Triunfó al conseguir la aceptación de la propuesta por la banca europea, pero sufrió un tremendo descalabro político al desencadenar una violenta oposición popular a una medida cuyo resultado sería la entrega de las aduanas y de las rentas a los capitalistas europeos.

Si en el 90 el presiden te Juárez Celman vio sumarse a la oposición a Roca, Pellegrini, Mitre y a otros personajes de su misma política entreguista, en 1901 Pellegrini pagó las culpas de la oligarquía, y sus amigos lo abandonaban, mientras una multitud enfurecida apedreaba su casa. Mitre repudió la unificación de la deuda y el presidente Roca retiró del Congreso su malhadado proyecto. Un anónimo autor de la época escribía:

«Roca mudó en veinticuatro horas sus ideas sobre la unificación de la deuda […] Pellegrini ha practicado y repudiado la política del acuerdo, como atacó y defendió después la conversión de la deuda. Ambos son avaros y no la comparten de buena gana con nadie».[4]

En 1885, durante su primera presidencia, Roca envió a Pellegrini a Europa con una misión ante Baring Brothers semejante a la de 1901 y aprobó un arreglo también semejante. Durante los tres dinámicos lustros intermedios, de intensa experiencia política, la oligarquía había perdido su autoridad sobre una opinión pública que en Buenos Aires estaba alerta para evitar que prosiguiera la colonización imperialista del país con las consecuencias sufridas bajo el juarismo.

El partido oficialista se dividió: una parte siguió a Roca (en buenas relaciones con Mitre) y el resto acompañó a Pellegrini, quien, en busca de las aguas del Jordán, tendió un puente a sus máximos acusadores, los radicales.

Entonces Pellegrini conmovió a la República, al retornar al proteccionismo de su juventud y propiciar la implantación del sufragio efectivo. Desde su banca de senador arrojó, en enero de 1902, tremendas invectivas contra el general Roca; le acusaba de

«la reforma de algunas partidas de la tarifa de avalúos, al solo efecto de arruinar ciertas fábricas, obligarlas a cerrar sus puertas y poner en la calle a tres o cuatro mil obreros, y todo para favorecer a algunos importadores de mercaderías extranjeras».

En la época de su despreocupado cinismo político había dicho que los comicios libres eran lirismos, igual que otras pamplinas por el estilo. De regreso de Europa, y después de su desengaño con los viejos amigos, definió al régimen institucional argentino como una simulación y una falsedad. Declaraba:

«El voto electoral no es sólo el más grande de nuestros derechos, sino el más sagrado de nuestros deberes. Es el voto lo único que levanta y dignifica al ciudadano y que hace grande y respetable al pueblo».

Escribía en la carta pública sobre la revolución radical del 4 de febrero de 1905:

«Es notorio que he hecho norma inflexible de toda mi carrera política condenar y combatir las revoluciones como medio de modificar o mejorar nuestros hábitos políticos, y que he condenado especialmente la del 4 de febrero último; pero si soy radical en este principio, él no impide reconocer que se coloca a los ciudadanos en una situación desesperada si por una parte se les priva de todos sus derechos y se les cierra todos los recursos legales, y por otra se les prohíbe el último y supremo recurso de la fuerza, y comprendo que situaciones como la existente en la provincia de Buenos Aires, o la que acaba de crearse en la provincia de Santa Fe, son capaces de hacer vacilar hasta convicciones tan profundamente arraigadas como la mía».

Pellegrini hacía otro acto de contrición. Un paso más y se dedicaba a conspirar contra la oligarquía, junto a los radicales. Decía entristecido a uno de sus amigos:

«Quisiera borrar veinticinco años de mi vida»,

y al solicitar en el Congreso la amnistía para los revolucionarios de 1905, preguntaba a sus correligionarios con amargura:

«¿Y quién nos perdonará a nosotros? […] Sólo habrá ley de olvido, sólo habrá ley de paz […] el día que todos los argentinos tengamos iguales derechos, el día que no se les coloque en la dolorosa alternativa de renunciar a su calidad de ciudadanos o de apelar a las armas para reivindicar sus derechos despojados».[5]

Ninguno de los prohombres de la oligarquía se pronunció tan categóricamente a favor de la libertad electoral (lo que equivalía a abrir las puertas del poder al radicalismo) como Carlos Pellegrini en 1906. Ninguno comprendió con tanta lucidez lo transitorio de una Argentina regida por el liberalismo del patriciado. Ninguno tampoco se sobrepuso en igual medida al estrecho sensualismo intrascendente de su clase para avizorar el porvenir, al punto de proponer la organización de sociedades mixtas de patrones y obreros con iguales riesgos y ganancias, quimera que revelaba, sin embargo, su preocupación por impulsar el progreso industrial y su inquietud por solucionar los conflictos obreros.

La táctica del acuerdo obedecía a algo más que la intención de la oligarquía de quebrar al radicalismo; respondía también a su tendencia a integrar en una gran fuerza política, bajo su comando, a los grandes terratenientes, la burguesía intermediaria, la burguesía agropecuaria y la burguesía industrial. Esta táctica había sido conducida hasta sus últimas derivaciones prácticas por el presidente Luis Sáenz Peña, quien, en 1894, encargó al radical Aristóbulo Del Valle la formación de su gabinete, por consejo de Pellegrini. Pero la experiencia no dejaba dudas acerca de lo inestable de tal unidad, incapaz de anular sus contradicciones internas y, por consiguiente, de vencer a la renovada intransigencia. Al amanecer del siglo XX, Pellegrini decidió abandonar el acuerdismo, que no evitaba a su clase ser llevada a un callejón sin salida, ni neutralizaba a la Unión Cívica Radical. Ideó una nueva táctica, cuya aplicación por el presidente Roque Sáenz Peña más tarde crearía los prerrequisitos del ascenso del radicalismo al poder. Consistía, traducida a una fórmula militar, en retirarse con el máximo de fuerzas intactas y dejar campo libre al adversario para que se desgastara. La fundamentó con las siguientes palabras:

«Al radicalismo ya no lo destruye nadie: es un temperamento, más que un partido político; para destruirlo, anularlo por completo y para siempre, no hay sino un medio: entregarle toda la República para que gobiernen: en el gobierno, se hundirán; ninguno de sus programas sabrán cumplirlos; cometerán peores errores que los que criticaron».

De la jactanciosa declaración de Pellegrini se desprende que los orejudos[6] llegaron a la convicción de que sus privilegios no correrían peligro con Yrigoyen en el gobierno. Renunciaban al ejercicio del poder por imposibilidad de dominar la fuerza expansiva de la democracia, pero no eran suicidas como para renunciar a las fuentes del poder. La contradicción entre el régimen y la causa no tenía carácter antagónico y ambos opuestos podían coexistir en la política nacional a condición de alternarse en el usufructo del Estado. Pellegrini repetía un lugar común de la literatura oligárquica de la época: los radicales fracasarían por carecer de condiciones de gobernantes, juicio peyorativo que traía implícita la afirmación de que ellos, los de la minoría selecta, retornarían al poder, pues solamente ellos poseían la idoneidad requerida para ejercerlo. Indestructibles en la oposición, los radicales se hundirían a sí mismos en el gobierno y entonces sonaría la hora gloriosa de los conservadores.

La retirada táctica de la oligarquía tornaba superflua la intransigencia radical o, por lo menos, conseguía que se proyectara contra un frente blando y se hiciera vacía, verbal, lírica. De hecho, intentaba el paso al sistema clásico del liberalismo burgués, el sistema de los dos grandes partidos, empleado en las naciones capitalistas occidentales para canalizar los movimientos de masas y desviarlos de objetivos revolucionarios.[7] La creciente combatividad de la clase obrera, aunada a la influencia de las ideas avanzadas, fue el agente externo a la antítesis régimen-causa que más contribuyó a reducirla a los términos de una convivencia legal y pacífica.

Las huelgas se sucedían, pese a las represiones policiales y al estado de sitio. La expansión del sindicalismo obrero y los atentados terroristas alarmaban a los oligarcas, cuya mentalidad no transigía con la búsqueda de explicaciones profundas y se auto-satisfacía con atribuir el ascendiente del anarquismo a la introducción de doctrinas extremistas por peligrosos e indeseables agitadores extranjeros. Dos leyes represivas (la 4144 o de residencia, sancionada en 1902 para expulsar del país a esos agitadores, y la 7029 o de defensa social, aprobada en 1910) agravaron la situación. En contraste con la intelectualidad del 80, surgían políticos, científicos, escritores y artistas que se solidarizaban con el descontento y combativo proletariado de las grandes concentraciones urbanas, y si bien no lo abastecían de una teoría revolucionaria, pues no superaron, en lo sustancial, las concepciones del liberalismo, contribuían a acelerar la decadencia ideológica de la oligarquía.

La presión de las corrientes democráticas emergentes de las masas populares descomponían por dentro al gobierno oligárquico. Roca terminó su segunda presidencia anulado como factor político del propio oficialismo, y éste, sin un partido orgánico que lo respaldara, se fraccionó, mientras el radicalismo multiplicaba su potencia bajo la conducción centralizada de un caudillo de hondo arraigo en el pueblo. Fue necesario reunir con carácter ad hoc una comisión de notables, respaldada por los gobernadores, para imponer en la primera magistratura al más descollante abogado de los inversores británicos, el doctor Manuel Quintana (1904-1906), quien encomendó de inmediato a su hijo la fundación de la Unión Electoral, artificial agrupamiento burocrático destinado a defender al presidente de las intrigas de sus correligionarios.

Yrigoyen contemplaba con hierática inmutabilidad las querellas orejudas. Ya no conspiraba. ¿Para qué? El enemigo se desbandaba y no retrocedía en orden como quería Pellegrini. Éste y Roque Sáenz Peña encabezaron, dentro del oficialismo, una coalición opositora que triunfó en los comicios de la Capital Federal, horas antes de la muerte del presidente Quintana. Su reemplazante, José Figueroa Alcorta (1906-1910), consultó a Yrigoyen en dos oportunidades (1907 y 1908) y requirió su apoyo político. El caudillo le contestó con su fórmula invariable: no hay otra solución a la crisis institucional argentina que el libre ejercicio de la soberanía popular.

También Pellegrini murió en 1906, pero sus ideas triunfaron en los medios oficiales. Su fracción impuso en 1910 la candidatura presidencial de Roque Sáenz Peña, el progresista neutralizado por Roca en 1892 y el hombre-puente indicado para practicar la incruenta operación de ofrecer a los radicales garantías de respeto a la voluntad de la mayoría. Una camarilla oligárquica convencida de que era inevitable poner fin al fraude electoral, elevó por el fraude electoral a Roque Sáenz Peña a la primera magistratura de la República. El nuevo presidente pidió a Yrigoyen que el radicalismo integrara su ministerio. La respuesta fue la de siempre: abra las urnas al pueblo. Era la intransigencia legalizada, singular combinación de amenaza y mano tendida que aflojaba los resortes morales de la oligarquía.

Roque Sáenz Peña confiaba que los radicales detuvieran el avance del sindicalismo y del anarquismo o cargaran con las responsabilidades del fracaso. La idea de los dos partidos, turnándose en el gobierno, había ganado a los inversores extranjeros y al sector más lúcido de la oligarquía. Si uno de los partidos estaba gastado y sin opinión pública no les quedaba más recurso que apelar al otro. El plan de largo alcance de Carlos Pellegrini era el único practicable. ¿O acaso una escapatoria democrática no lograría calmar la efervescencia de los levantamientos campesinos (grito de Alcorta) y de las exigencias obreras, a los cuales no se les oponía hasta entonces más que la violencia represiva del Estado? Si fracasaban los radicales, ¿no se purificarían los conservadores de viejas y olvidadas culpas, y de reservas pasarían a ser pilares del orden? El pensamiento liberal jamás salió de la alternativa, cuando la amplió con la incorporación de nuevos partidos (demócrata progresista, socialista, etc.) al elenco de los elegidos.

Tras veinte años de intransigencia radical, la oligarquía quebrada dio a la República la ley general de elecciones o ley Sáenz Peña, inspirada en la idea de establecer una democracia a la europea, mediante la consagración práctica de los dos principios agitados por la causa: Constitución y Sufragio Libre.

Al socaire de esta ley, los radicales ingresaron en gran número a la Cámara de Diputados, ocuparon cargos electivos en el orden nacional, las provincias y los municipios, y triunfaron en los comicios a gobernador de Santa Fe. El Partido Socialista obtuvo en las elecciones del 7 de abril de 1912, en la Capital Federal, dos diputados (Palacios y Justo, con 35 000 y 23 000 votos, respectivamente); en 1913, 48 000 votos (los radicales 30 000), ingresando Repetto y Bravo a la Cámara de Diputados, y Del Valle Iberlucea (42 000 votos) al Senado; en 1914 triunfó de nuevo (42 000 votos) con seis diputados (solamente tres los radicales); en 1916, 55 161 votos; en 1920, 86 420; en 1924, 101 516; en 1930, 123 621, y en 1931 (con abstención radical) 319 430 en todo el país.[8]

Con la entrada de los socialistas al Congreso se inició la legislación social en la Argentina, inaugurada por Alfredo L. Palacios con las leyes del impuesto a la herencia para allegar fondos destinados a la educación popular, de descanso dominical, de reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños, etc. En el Senado se atrincheró la oligarquía (los delegados de los gobernadores de la insepulta trenza roquista) a la espera de mejores tiempos.

El sector oligárquico antimodernista se alarmó por los rápidos cambios que generaba la libertad del sufragio y opuso a la política de mano tendida y puertas abiertas de Roque Sáenz Peña una intransigencia conservadora. Su actividad se centró en evitar, por cualquier medio, el triunfo del radicalismo en los próximos comicios presidenciales, pues lo temía como sentencia de muerte de su poder político. Con mejor conocimiento de la realidad social del país que sus correligionarios modernistas, los conservadores intransigentes no creían en la posibilidad del equilibrio a la europea o a la yanqui entre dos grandes partidos y veían levantarse detrás de las insignias radicales al fantasma del movimiento de grandes masas. Comprendían que su plan contrario al sufragio libre solamente serla factible si conseguían desalojar a Sáenz Peña de la primera magistratura. Confiaban en la fidelidad al régimen del vicepresidente Victorino de la Plaza y en su contribución para que

«el país vuelva a tomar con paso firme la senda de su grandeza y prosperidad»,

según decía el senador Pedro A. Echagüe.

El plan apuntaba a obtener la renuncia del doctor Sáenz Peña y de todo su gabinete e integrar un nuevo gobierno con hombres adictos a la intransigencia en el fraude. El oligárquico Senado y los principales diarios pedían que la licencia acordada por enfermedad al presidente se convirtiera en alejamiento definitivo del poder. Rogelio Araya, diputado radical, decía del complot:

«Me siento obligado a denunciar al país esta confabulación que hacen los hombres del antiguo régimen para desplazar al que significa un peligro para ellos, pero que representa todavía una esperanza de las aspiraciones populares. Saludo al primer magistrado de la República en desgracia, con tanta más simpatía cuanto más grandes e injustos son los ataques que se llevan contra él. He de votar porque se le conceda la licencia indeterminada que necesita. No son los momentos mejores aquéllos en que el alto funcionario se encuentra en cama, los que deben utilizarse para fraguar conspiraciones, palaciegas y deshacerse del presidente de la República por la intriga o la traición. ¡Reclamo para el presidente de la República —yo, su adversario y crítico de todos los momentos— el respeto que se le debe, no solamente como ciudadano ilustre, sino también como el representante más alto del pueblo argentino!»

El diputado socialista Alfredo L. Palacios agregaba:

«Quiero significar mi protesta contra un viejo régimen que se insinúa y revolotea, como ave agorera, alrededor del lecho de un enfermo»,

Roque Sáenz Peña falleció en 1914. Ya antes su influencia en el gobierno había sido anulada. Victorino de la Plaza se rodeó de ministros antimodernistas; el Senado y los diarios serios le ayudaron a desprenderse de los colaboradores del presidente enfermo. Pero una vez cumplida la primera etapa del plan reaccionario, el nuevo presidente se encontró en el aire: los senadores, los gobernadores y la gran prensa no interpretaban a la masa exigente de la opinión pública. En su mensaje al Congreso del 20 de mayo de 1916 lamentaba la desaparición de los antiguos partidos (nacionalistas y autonomistas) y señalaba los peligros del progreso de los partidos extremos (radicalismo y socialismo), a la vez que rechazaba

«la injerencia de la acción oficial en la dirección de la política electoral».

Tan profundo abismo se había abierto entre el país y la oligarquía gobernante que De la Plaza debía someter su política a las imposiciones de un movimiento popular cuya peligrosidad le alarmaba.

Después del triunfo de socialistas y radicales en los comicios de 1914, la oligarquía comprendió que la ley Sáenz Peña sellaba su ruina política. Escribe Carlos Ibarguren:

«El radicalismo ganó la mayoría en varias provincias y la minoría en la Capital. El triunfo de los socialistas en la Capital, donde se redujo su actuación, causó un verdadero pánico en los círculos conservadores. Los senadores que formaban la vieja guardia del régimen, reuniéronse privadamente en la antesala de la Cámara para deliberar del peligro que significaba ese triunfo. Asistió a la reunión, solidarizándose con sus colegas y adversarios políticos, el único senador radical, señor José Camilo Crotto. Se temía que el extraordinario acrecentamiento de votos socialistas en la Capital influyera poderosamente en las masas populares de las provincias. Que el capital extranjero se retraería ante el peligro de extremistas que pudieran traer consigo una evolución revolucionaria contra las instituciones y la tradición de la nacionalidad»[9]

Los oligarcas, y el único senador radical, resolvieron propiciar la revisión de la ley Sáenz Peña, introduciendo en ella el voto calificado y la exclusión de los extranjeros nacionalizados de la vida cívica. Los gobernadores provinciales y los grandes diarios eran fuerzas de poder. No tuvieron más remedio que unir sus fracciones dispersas y afrontar por primera vez el veredicto popular. El escrutinio del 20 de junio de 1916 dio los siguientes guarismos de la elección presidencial:

Partido | Votos | % | Electores | %
Unión Cívica Radical | 339 332 | 48,64 | 152 | 51,00
Partidos Conservadores | 153 406 | 21,90 | 104 | 34,90
Partido Demócrata Progresista | 123 637 | 17,72 | 20 | 6,71
Partido Socialista | 52 895 | 7,69 | 14 | 4,70
Radical Disidente | 28 267 | 4,05 | 8 | 2,69
Totales | 697 537 | 100,00 | 298 | 100,00

Con los sufragios de casi la mitad de los votantes y con algo más de la mitad de los electores, Hipólito Yrigoyen culminaba su lucha intransigente de un cuarto de siglo. No tenía, sin embargo, a toda la opinión consigo. Los orejudos capitalizarían al máximo ese 21,90 por ciento obtenido, en gran parte, mediante la máquina del fraude que funcionó a la perfección en algunos distritos.

CAPÍTULO 11
EL YRIGOYENISMO EN EL ESTADO LIBERAL

El 12 de octubre de 1916 una exaltada muchedumbre acompañó a Hipólito Yrigoyen desde el Palacio Legislativo hasta la Casa Rosada, a lo largo de la avenida de Mayo. Por momentos el caudillo radical parecía ser arrebatado y conducido en andas por sus partidarios. La victoria electoral del 2 de abril significaba menos que esa explosión pública del sentimiento de las masas populares. Había en la consagración espontánea una promesa de lucha por objetivos colocados más allá de los límites del Estado liberal, que faltaba en la disciplina racional de los comicios y en el tibio programa abstracto del radicalismo. Para el logos de los oligarcas quedaban demostradas la inmadurez cívica del populacho y la insensatez de haber alejado del gobierno a las minorías selectas. Para el logos de los socialistas quedaban demostradas la política de adulación de los bajos instintos del pueblo instrumentada por el radicalismo y la necesidad de educar al soberano en el ejercicio de la verdadera democracia. Unos y otros coincidían en calificar a Yrigoyen de demagogo y en augurar tristes días a la República.

El ideal democrático del liberalismo de derecha y de izquierda no compadecía con esa forma tumultuaria de manifestar la adhesión a un caudillo. En las notas periodísticas del día siguiente se actualizó, con significativa unanimidad, el recuerdo de aquellas montoneras que un siglo antes se introducían con sus caballerías en la urbe y obligaban a las excesivamente medrosas familias pudientes a refugiarse tras los cerrojos y rejas de sus casas. El símil se usó muchas veces hasta que murió Yrigoyen.

La exhibición del pathos popular siempre repugnó al liberalismo. Nada teme tanto. Su ideal democrático se satisface con un equilibrio resultante de la dosificación en cantidad y calidad de las fuerzas sociales de un orden cerrado a toda movilización de masas sustraídas a la conducción de los demócratas diplomados. El socialista y el conservador medían nuestra barbarie política por los 339 332 votos demagógicos a favor de Yrigoyen y se asociaban al desprecio que los observadores anglosajones ponían al llamarnos South America. Aquél confiaba en la multiplicación de sus 52 895 votos para civilizar a los argentinos; éste pensaba que sus 153 406 votos, sin esperanza de multiplicación, hacían imprescindible el fraude patriótico.

Los diarios serios interpretaron la indignación de los sectores cultos (de la oposición y del radicalismo) al enterarse de los nombres de los ocho ministros nombrados por el peludo. Decían: ¿Quiénes son? Unos ilustres desconocidos. Moscas blancas eran los apellidos de relumbrón incorporados al nuevo elenco de funcionarios, conjunto de maestros de provincia, abogados sin cartel, médicos de barrio, empleados, hijos de obreros.

Yrigoyen respondía a sus críticos con una de sus sentencias de sabor délfico:

«No es mi gobierno de orden común»

pero los prohombres radicales a la espera del reconocimiento de sus cualidades personales y de su fidelidad a la causa no entendían esas cosas del Peludo, se sentían defraudados, se alejaban del despacho presidencial y comenzaban a refunfuñar quejas como justificativo previo a su conversión en adversarios.

Alem había previsto que sin un gobierno fuerte no se destruiría a la oligarquía. En la Legislatura de Buenos Aires, al discutirse la federalización, señaló las diferencias entre un gobierno fuerte de tipo oligárquico y un gobierno fuerte republicano democrático.[1]

Más tarde sostuvo como punto esencial del programa revolucionario del radicalismo

«el derrocamiento de todos los gobernadores y de todas las situaciones».[2]

Es difícil saber si en el pensamiento de Yrigoyen figuraba, al asumir la presidencia, cumplir con tal mandato de su tío, pero sí pueden inferirse las razones que le impidieron renovar totalmente las autoridades del país. Fueron:

El temor de un golpe de Estado de la oligarquía.

La resistencia de los radicales elegidos para cargos nacionales y provinciales antes de 1916 o en los comicios de ese año, cuyas situaciones creadas los hacían conformistas y enemigos de los cambios bruscos.

Los escrúpulos constitucionales que nunca venció, que sus correligionarios intelectuales avivaron y que la prensa y los diarios opositores agitaron a cada momento.

Redujo la renovación de sus más íntimos colaboradores. Inició la presidencia con la Cámara de Diputados desafecta en las dos terceras partes y el Senado erigido en fortaleza de la oligarquía. Los dirigentes radicales decepcionados en sus ambiciones personales encontraron los medios de introducir sus intrigas y de conservar sus influencias en las altas esferas gubernamentales, mientras frecuentaban con creciente asiduidad los círculos opositores. El liberalismo se confundió con la democracia y paralizó a la democracia. La oligarquía y los inversores extranjeros fomentaron esa confusión que obstruía el avance de la revolución democrática, sin el cual tampoco avanza la emancipación económica.

El sabotaje a Yrigoyen se extendió por los tres poderes del Estado y por la administración pública. Ondas de difamación y de burla se difundían desde los clubes aristocráticos a las columnas de la prensa, a los escenarios teatrales, a las tertulias caseras, a la calle. Sus censores le culpaban de una corrupción que ellos eran los más interesados en estimular y los más ávidos en aprovechar. No le perdonaban que se rodeara de gentes de humilde extracción. Su autoridad sufrió, sin duda, irremediable deterioro al no destruir de entrada las bases políticas de la oligarquía. El frente blando por ésta opuesto desde el amanecer del siglo le envolvía, le apretaba, le anulaba. Solamente podía confiar en la adhesión de las capas populares que lo endiosaban. El imperialismo extranjero lo respetó y lo utilizó por saber que ningún otro político gozaba de su ascendiente para contener el desarrollo del movimiento de masas, y se volvió contra él cuando ese ascendiente se menoscabó por la acción de factores que analizaremos más adelante.

Los efectos de esa campaña de la derecha fueron permanentes y erosivos, porque además de no tropezar con serias respuestas de un gobierno popular pero respetuoso de los dogmas liberales, se combinó con los ataques dirigidos desde la izquierda. Yrigoyen fue colocado entre dos fuegos. Descargaban sus baterías contra él, por el flanco derecho las fracciones de la oligarquía más los desprendimientos del tronco radical que formaron el antipersonalismo, y por el flanco izquierdo los socialistas, anarquistas y comunistas. Los de un lado le aplicaban calificativos inversos a los que le adosaban los del lado opuesto. Todos veían en Yrigoyen su antítesis. El Partido Socialista Internacional lo llamó conservador clerical,[3] sectaria definición que mantuvo al separarse del Partido Socialista y trasmitió al Partido Comunista que originó. Ex postfacto hubo un arrepentimiento casi general de las izquierdas,[4] pero aunque después del niño muerto María tape el pozo, el historiador debe atenerse a la verdad por la verdad en sí y también para desentrañar la causa de la reincidencia de las izquierdas, en otras circunstancias, con la misma ceguedad y con el mismo desprecio de los movimientos nacionales de contenido popular seguidos del mismo tardío e inconsecuente arrepentimiento.

Del sincronismo de las violentas agitaciones desatadas contra Yrigoyen por la izquierda y por la derecha suele extraerse la conclusión abstracta de que el radicalismo yrigoyenista era una fuerza del centro. El esquema liberal, vacío de contenido de clase, no va más lejos, pero con esa división tripartita de la sociedad argentina no adelantamos nada en nuestra pesquisa, pues siempre quedan por averiguar los motivos determinantes de la atracción ejercida por el yrigoyenismo en amplias capas nacionales (compuestas de obreros urbanos y rurales, agricultores, ganaderos, pequeño-burgueses e industriales) y las razones que tuvieron para combatir a ese movimiento heterogéneo tanto los conservadores cuanto los anarquistas, socialistas y comunistas. Decir, y entonces era un lugar común en el lenguaje de los opositores, que Yrigoyen debía la popularidad a su demagogia (y, repitiendo a los griegos, que todo demagogo termina en tirano), y que sus escrupulosos adversarios no conquistaban el favor del populacho por no rebajarse a halagarlo, aunque no pasa de un hipócrita y falso juicio moral, nos acerca a la verdad al reconocer la existencia de un vínculo efectivo entre el caudillo radical y las masas, vínculo que faltó a los antiyrigoyenistas no por resquemores de conciencia, sino por no reflejar ni interpretar a los sectores fundamentales del pueblo argentino.

La primera condición para comprender al yrigoyenismo es ubicarlo en el proceso histórico nacional, como resultado, parte inherente e impulso trascendente de él, rechazando el punto de vista de la mentalidad colonial que lo separa de sus causas internas concretas y le aplica la tabla internacional de valores del liberalismo. Sin embargo, esa conciencia colonial existe y actúa, razón por la cual hay que tener en cuenta la influencia de los agentes externos, que a ella generan, sobre el proceso histórico nacional y las contradicciones provocadas por tal influencia. Partiremos, pues, de la siguiente premisa:

De la contradicción entre liberalismo y democracia se deduce la contradicción entre Estado liberal y movimiento de masas, es decir, la contradicción entre, por una parte, el Estado liberal concebido por los legisladores del 53 y consolidado por la oligarquía del 80 y, por otra parte, el yrigoyenismo que, como movimiento de masas, surgió desde abajo con independencia del Estado liberal creado desde arriba.

La antítesis puede formularse también así:

El yrigoyenismo, en la medida que era determinado por un movimiento de masas (contenido), chocaba con un Estado liberal (forma) que no le correspondía ni por su origen, ni por su estructura, ni por su finalidad.

Pero el yrigoyenismo no se reducía a un movimiento de masas, y aunque éste influyera, presionara y hasta cierto grado determinara a aquél, separaban a ambos diferencias cualitativas específicas. El yrigoyenismo poseía un comando político que respetaba la legalidad y al Estado liberales en la práctica del gobierno. Por lo tanto, la contradicción que acabamos de enunciar se daba también dentro del propio yrigoyenismo. Al renunciar a la intransigencia revolucionaria y aceptar la solución pacífica transaccional ofrecida por la oligarquía, al no proceder al derrocamiento de todos los gobernadores y de todas las situaciones, Yrigoyen entró en un camino que le haría imposible superar esa contradicción y que iría a parar en lo que no se atrevió, no pudo o no quiso realizar con los oligarcas y éstos ejecutaron con él sin el menor escrúpulo legal: su derrocamiento por la violencia. Con el triunfo de la ficción democrática del liberalismo se frustró el desarrollo de la revolución democrática del pueblo. Poco antes de morir, el caudillo radical resumió la amarga experiencia de sus debilidades en cinco palabras de esperanza:

«Hay que empezar de nuevo».

La segunda vez no podía empezarse de la misma manera que la primera sin terminar también en el descalabro.

Alberdi no sospechó al escribir Bases que el Estado liberal sería al concretarse un obstáculo al progreso democrático. Identificaba al liberalismo con la democracia y a las libertades liberales con las libertades en general, de acuerdo al criterio de la burguesía revolucionaria. Creía que las libertades de comercio, palabra, pensamiento, reunión y trabajo, concebidas desde el punto de vista del individuo y no de la sociedad, abrían los cauces positivos a la implantación de la auténtica democracia. Sus modelos eran las democracias anglosajonas con sus promesas de infinito progreso e infinito avance hacia la libertad absoluta. Acertó, sin duda, en cuanto esa profesión de fe liberal estampada en las leyes que la garantizaban atrajo a inmigrantes e inversionistas, en busca de riquezas bajo la protección asegurada de sus derechos individuales a hacerse libremente ricos; inmigrantes e inversionistas que no hubieran ingresado al país sin esa condición previa. La oligarquía del 80 aplicó al pie de la letra la doctrina alberdiana; fue liberal hasta la médula.

La situación cambió cuando la política liberal comenzó a dar sus frutos. Su libertad no hizo ricos a todos los inmigrantes, ni siquiera regaló bienestar a la mayoría de ellos. El esquema clásico de la sociedad capitalista se reprodujo en la masa extranjera asimilada por el país: terratenientes, burgueses, pequeño-burgueses, proletarios. Los que quedaron en los escalones inferiores de la jerarquía no se cruzaron de brazos: lucharon por elevarse y por conquistar su libertad de un modo distinto, del modo opuesto al previsto por Alberdi. Lucharon no individualmente por el predominio del más voraz en el reino de la libre concurrencia. Lucharon en común, solidarios, organizados, por objetivos sociales. Formaron una masa indiferenciada con los hijos de varias generaciones del país.

Los sindicatos y las huelgas violaban la legalidad liberal; el Estado liberal los prohibió y reprimió en nombre de una de las libertades más pregonadas por la burguesía revolucionaria, la libertad que suprimió las opresivas corporaciones de oficio del régimen feudal: la libertad individual de trabajo. También prohibió y reprimió la libertad de pensamiento, la libertad de palabra y la libertad de reunión cuando emanaban de la misma conciencia colectiva de los intereses de clase. Decretó la inexistencia de las clases, pues solamente reconocía una sociedad de individuos iguales ante la ley con prescindencia de sus desigualdades sociales: el obrero-individuo, el burgués-individuo, el campesino-individuo, el terrateniente-individuo. Ilegalizó las libertades colectivas para defender las libertades que le son inmanentes, las libertades individuales abstractas.

Pero las clases sociales existen aunque no lo quieran los idealistas liberales, y si los sindicatos obreros se desarrollaron al margen de la ley y a pesar de la represión, los clubes, bolsas, sociedades rurales, sociedades anónimas, corporaciones financieras y empresas imperialistas florecieron bajo la protección de la ley y para exigir la represión de sus opuestos. Para el liberalismo había hijos y entenados. A los entenados los trataba como a delincuentes.

Los cambios que la política liberal promovió en el país se volvieron contra el liberalismo. Aquellas masas nativas que se opusieron al liberalismo de los unitarios y se separaron de los caudillos al convertirse éstos en liberales, encontraron nuevos motivos de lucha contra el liberalismo cuando, confundidas con las masas de origen inmigratorio, la expansión capitalista las dividió en clases y las enfrentó a la oligarquía liberal de grandes terratenientes, intermediarios y agentes del imperialismo extranjero.

Tampoco sospechó Alberdi al escribir Bases que en la Argentina no se repetiría el proceso evolutivo de las democracias burguesas anglosajonas. Creyó que con inmigrantes, capitales y cultura tendríamos La democracia en América de Alexis de Tocqueville instalada en todo el continente. Su idea del progreso infinito en línea recta ascendente le impedía ver las contradicciones de un desarrollo desigual del capitalismo en el mundo. Enajenado por las maravillosas conquistas técnicas y científicas de la burguesía, se le escapaba no solamente la presencia revolucionaria del proletariado en lucha por un orden social superior, sino también cualquier posibilidad futura de que el capitalismo de las naciones más adelantadas llegara a ser lo contrario de lo que él esperaba que fuera para siempre, esto es, que de varita mágica generadora de riquezas se metamorfoseara en agente externo de expoliación y atraso de las economías latinoamericanas.

Setenta años después, lo que Alberdi no sospechó estaba a la vista. Yrigoyen tenía que gobernar, con los instrumentos heredados de un Estado liberal, a una sociedad en la cual las formas típicas de la lucha de clases del capitalismo se daban en un autodesarrollo nacional (económico, político, cultural) deformado por la acción exógena de los monopolios imperialistas, acompañado de la complementaria presión política y de la correspondiente influencia ideológica. Repetimos: con los instrumentos heredados de un Estado liberal debía gobernar a una sociedad que había cambiado desde que se le dio ese Estado. Al respetar al Estado que recibió de sus antecesores se ató de pies y manos; aunque lo hubiera querido, no podría en adelante atacar a fondo a los agentes externos e internos que impedían el avance de la democracia del pueblo y el desenvolvimiento independiente de las múltiples energías de la nación. Su trayectoria desde el llano hasta el poder, jalonada de compromisos que afectaron el cumplimiento de la reparación integral enunciada como eje del programa principista del radicalismo, lo colocó en situación de aceptar como norma de gobierno el apotegma oportunista del general Roca:

«En política se hace lo que se puede y no lo que se quiere».

Su acción reparadora se contrajo, en consecuencia, a intentar hacer del Estado el mediador en los crecientes conflictos entre las clases y en los problemas derivados de las contradicciones entre el autodesarrollo nacional y las exigencias del imperialismo extranjero.[5] Tal intervención en el juego de intereses privados excedió, más de una vez, los límites de prescindencia postulados por el liberalismo puro, pero estaba en la corriente neoliberal predominante en las democracias burguesas occidentales, en tren de reparar las deficiencias de una filosofía política inadecuada al capitalismo decadente.

En varios documentos dejó estampada Yrigoyen su idea de la armonía entre las clases. Decía en su Mensaje al Congreso del 31 de agosto de 1920:

«Tras grandes esfuerzos, el país ha conseguido establecer su vida constitucional en todos los órdenes de la actividad democrática; pero le falta fijar las bases primordiales de su constitución social. Ésta no se alcanzará mientras los gobiernos no se compenetren de su esencial deber de propulsar los medios para que la justicia discierna sus beneficios a todos los rangos sociales, tal como los sentimientos humanitarios imponen a la civilización. La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política: entraña a la vez la posibilidad para todos para poder alcanzar un mínimum de bienestar siquiera. Si esta posibilidad no existe, debemos reconocer que la situación por que se atraviesa puede llegar a ser desesperante y que ha de evitarse como una sagrada imposición de bien público, fijando una mejor y más justa distribución, siquiera a lo que se refiere a lo más indispensable para poder vivir modesta y honestamente, sí, pero tranquilos, sanos y vigorosos […]. El gobierno, inspirado en esos ideales, ampara todas las clases, porque el poder del Estado es un factor esencial de justicia y cuida de todos los intereses, buscando en el bienestar común la seguridad de cada uno; corrige la desigualdad en la órbita de sus facultades, proponiendo leyes como aconsejando soluciones, pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas persisten en prevalecer sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad de todos».

La cuestión social asomaba por primera vez en el pensamiento de un presidente argentino. Los izquierdistas no vieron más que demagogia en el paternalismo con que Yrigoyen encaraba la lucha de clases; los oligarcas se limitaron a mofarse de las extravagancias de su estilo.

Con motivo de una huelga ferroviaria, y mientras se discutía la ley de jubilaciones 11 829, delegados de la Bolsa de Comercio y de la Unión Industrial visitaron a Yrigoyen para pedirle, además de la no sanción de la ley, la represión de la huelga y el empleo de soldados y marinos en el manejo de los trenes.

«Debe aplicarse la fuerza para solucionar este conflicto»,

le dijeron.

«Entonces el presidente Yrigoyen, mirándolos pensativa y hondamente, les dijo estas frases que resonaron por largo tiempo en los oídos de muchos de los que las escucharon: ¿Es ésta la solución que ustedes traen al Gobierno que ha surgido de la entraña misma de la democracia, después de 30 años de predominio y de privilegio? Entiendan, señores, que los privilegios han concluido en el país y que de hoy en adelante las fuerzas armadas de la Nación no se moverán sino en defensa de su honor y de su integridad; no irá el gobierno, a destruir por la fuerza esta huelga que significa la reclamación de dolores inescuchados. Cuando ustedes me hablaban de que enflaquecían los toros en la Exposición Rural (por falta de forrajes y la imposibilidad de transportarlos) yo pensaba en la vida de los señaleros, obligados a permanecer 24, 36 horas (ése era el régimen del trabajo ferroviario entonces), manejando los semáforos para que los que viajan, para que las familias puedan llegar tranquilas y sin peligros a los hogares felices; pensaba en la vida, en el régimen de trabajo de los camareros, de los conductores de trenes, a quienes ustedes me aconsejan que sustituya por las fuerzas del Ejército, obligados a peregrinar a través de las dilatadas llanuras, en viajes de 50 horas, sin descanso, sin hogar».

En la misma audiencia Yrigoyen declaró que

«no era enemigo en forma alguna de las clases adineradas, de las clases productoras, de las fuerzas sociales que ellos [sus visitantes] representaban».[6]

Acuciado por la combatividad del movimiento obrero contribuyó a elevar las condiciones de vida del proletariado (descanso dominical obligatorio, jornadas de 8 horas en los ferrocarriles, escalafón de salarios y ascensos en todas las empresas ferroviarias, proyectos de leyes de contrato colectivo de trabajo, inembargabilidad de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones menores de cien pesos, vivienda obrera, jubilaciones de ferroviarios, portuarios, tranviarios y bancarios, etc.), pero su pretendido equilibrio entre las clases, sueño de un idealista pequeño-burgués, se quebró bajo la presión de los intereses dominantes en la sociedad y con la incomprensión sectaria de los izquierdistas del todo o nada, Espartacos de una revolución al margen de la historia.

El comunismo concreto, en marcha victoriosa en el extinguido imperio de los zares, no el fantasma del comunismo de los aquelarres imaginados por los señores absolutistas de la Santa Alianza, decidió a Yrigoyen a desencadenar en los años 1919 a 1921 una campaña de terror contra la clase obrera y los campesinos arrendatarios. Lo veía extenderse por la Argentina al calor de las luchas de masas en ascenso. Sus causas se le escapaban; sus finalidades se le aparecían teñidas del poder de hombres demoníacos inclinados a provocar el Apocalipsis. El creyente en los misterios y evocaciones espiritistas recibía ante la Revolución Rusa el impacto de una fuerza sobrenatural que amenazaba las ideas, los sentimientos y los dogmas de la única sociedad que consideraba humana.

La Revolución Rusa apasionó y movilizó a las masas trabajadoras y a la intelectualidad avanzada y, por efecto contrario, espantó a las clases dominantes y las lanzó a sangrientas cruzadas represivas. En cada huelga por aumentos de salarios la prensa seria señalaba la mano oculta de agitadores extranjeros, de maximalistas pagos por Moscú. Para reprimir los movimientos de masas y evitar una revolución social como la de Rusia se fundaron la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica Argentina, organizaciones de provocadores y rompehuelgas que se bautizaron durante la Semana Trágica de enero de 1919 matando rusos, los cuales eran desprevenidos inmigrantes judíos de distintos países de Europa, tan preocupados de hacer la América como sus congéneres cristianos y ateos.

El gobierno yrigoyenista, embarcado en esa campaña de miedo y odio, aplastó sin contemplaciones la huelga de los obreros de los talleres de Vasena, reprimió violentamente las luchas de los agricultores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, ahogó en sangre los grandes movimientos proletarios de los Ferrocarriles del Estado, de la Patagonia y de La Forestal.[7] Fue el instrumento del imperialismo, de la oligarquía y de la burguesía (en su totalidad) para inmunizar al país, mediante el terror, del contagio de la revolución social.

Yrigoyen ofreció a los oligarcas las flores marchitas de las libertades del liberalismo salvadas por él de ser tronchadas por la guadaña de la democracia proletaria. La luna de miel duró lo que el miedo. Pronto volvió el caudillo a encontrarse como intruso en el Estado liberal y a descubrir de nuevo que sin el contrapeso de las gentes humildes sería fácilmente derribado por una minoría rica, experimentada y sin escrúpulos.

CAPÍTULO 12
YRIGOYENISMO E IZQUIERDISMO

La palabra liberalismo se ha empleado en los capítulos anteriores con su significado más general y comprensivo. Para mayor claridad de la exposición se ha prescindido de sus múltiples variantes y se ha centrado el análisis en sus tres características esenciales:

es la ideología por excelencia de la burguesía y, con mayor genuinidad, de la burguesía en lucha contra el feudalismo y en etapa ascendente;

proclama como ideal inmanente a la naturaleza humana la libertad absoluta de la voluntad del individuo en un régimen también absoluto de libre competencia; y

cree en el progreso como marcha continua en línea recta hacia el infinito.

El liberalismo, así entendido, se introdujo en Europa y Estados Unidos en el pensamiento de las clases dominantes de América Latina durante el siglo pasado. Fue la antítesis de la escolástica, antítesis circunscripta a la esfera ideológica.

Los pensadores liberales hacen idealmente de la contradicción escolástica-liberalismo una contradicción absoluta, una contradicción de la totalidad y de la profundidad del proceso histórico social latinoamericano. Es falso. Ni durante la época del coloniaje español consiguió la escolástica configurar a nuestras sociedades de acuerdo al modelo cristiano feudal, ni durante los tiempos que llevan nuestros países de formalmente independientes sus masas de pobladores se adaptaron a las construcciones jurídicas liberales. Escolásticos y liberales gravitaron como agentes externos sobre un desarrollo social que aún no ha encontrado su propia ideología y, por lo tanto, no es autodesarrollo.

Si únicamente en la mentalidad de los más esclarecidos paladines de la Independencia estaba presente la oposición del liberalismo a la escolástica,[1] sus sucesores liberales orientaron sus preocupaciones a moldear la conciencia de sus compatriotas según el paradigma liberal esbozado con el fin de hacerlos aptos para servir a los ideales de la burguesía. Educar para la libertad, declaraba el argentino Echeverría. Eduquemos al pueblo en la teoría de la individualidad, aconsejaba el chileno Bilbao.

No obstante sus esfuerzos por conquistar la independencia ideológica (el joven Alberdi buscaba una filosofía nacional), la intelectualidad latinoamericana del siglo pasado permaneció enajenada al pensamiento liberal. Del contraste entre aquella voluntad de independencia (o de originalidad) y este determinismo enajenante (resultado de la notable desigualdad de desarrollo entre las democracias burguesas occidentales y las ex colonias ibéricas) se derivaron su eclecticismo y su persistente adaptación a la última moda europea. Examinemos la evolución mental de los más destacados pensadores argentinos (o de cualquier otro país latinoamericano) de aquella centuria (Echeverría, Alberdi, Sarmiento) y aun de la actual (Justo, Ingenieros), y comprobaremos que, sin renunciar a la religión liberal, adoptan las ideas prevalecientes en Francia o Inglaterra.

Tal dependencia del pensamiento burgués dominante en el mundo se prolongó en los intelectuales que abrazaron el socialismo e hicieron de éste el perfeccionamiento y no la negación del liberalismo, pues si bien rechazaban la menor complicidad con la primera de sus características (ideología burguesa) se consideraban los auténticos (de una autenticidad que daban por inexistente en la burguesía) abanderados de las otras dos (la libertad absoluta de la voluntad individual y el progreso infinito en línea recta). Aparecieron en la Argentina como continuadores formales y no dialécticos de los liberales, esto es, como más liberales o mejor liberales que los anteriores, como superliberales. Enfocaron por primera vez en el país la cuestión social y la lucha de clases, pero desde una concepción idealista (con su reverso de practicismo puro) que desviaba las soluciones al callejón sin salida del mejoramiento colectivo y del perfeccionamiento individual dentro de los marcos de la democracia burguesa, a la cual le quitaron in mente el atributo de burguesa y la elevaron al grado abstracto de democracia en general.

Como dedicaremos al socialismo otros capítulos de este libro, nos limitaremos por ahora a remarcar que, siendo una prolongación perfeccionada (perfeccionar no es superar) del liberalismo, también juzgaba al proceso social argentino en función de paradigmas extranjeros y no del pasado nacional. Toda la llamada con espíritu clásico izquierda, y no solamente el socialismo, tuvo desde su nacimiento igual actitud frente a la nación y al pueblo, tanto en la Argentina cuanto en el resto de América Latina. La dominó (con una totalidad que no se descubre en los liberales de principios del siglo pasado) la conciencia colonial, el complejo de inferioridad de aquellos intelectuales y políticos de los países coloniales y dependientes que no creen en las posibilidades de desarrollo de las particularidades de sus pueblos, que comparan su barbarie con la civilización y reemplazan la lucha por la emancipación nacional por la imitación servil de o la subordinación a las democracias más adelantadas. Una concepción abstracta del internacionalismo proletario (metamorfoseado en cosmopolitismo, en desarraigo del suelo natal, en posturas de ciudadanos del mundo… de la luna) estimulaba y justificaba tal desprecio de la realidad historico-social del país o en su enfoque en base a paralelos con las naciones de Europa Occidental y Estados Unidos.

Los izquierdistas atacaron al yrigoyenismo por considerarlo el avatar de la barbarie argentina, la prueba de que el caudillismo no había muerto, la lacra de la denostada política criolla. No tuvieron en cuenta la lucha de clases ni los objetivos del socialismo al juzgarlo como movimiento de masas. Lo contemplaban desdeñosamente, con superioridad de maestros, desde sus púlpitos de predicadores de la cultura occidental in globo. La literatura izquierdista de la época suministra superabundantes muestras de ese repudio del proceso social concreto y de las violentas críticas a Yrigoyen no por sus contemporizaciones con la legalidad liberal, sino por lo que tenía de representativo de las tendencias antiliberales del pueblo argentino. No faltaban entre los dirigentes radicales, de modo particular del sector universitario, quienes acusaban a Yrigoyen por sus transgresiones de los principios liberales. Jorge Walter Perkins interpretaba la oposición de las izquierdas y de la oligarquía al decir, en un difundido opúsculo, que el caudillo radical era un monstruo porque rompió con la tradición liberal de los presidentes argentinos.[2] Años más tarde invocó la doctrina liberal de Yrigoyen para emitir el mismo juicio peyorativo del peronismo. Sería injusto, sin embargo, culpar únicamente a Perkins de lo que fue en los dirigentes políticos del año 30 una proclive actitud generalizada a defender los dogmas liberales en contra de la democracia de masas, actitud seguida del arrepentimiento para incurrir posteriormente en igual censura reaccionaria del tumultuoso ascenso democrático.

A primera vista, las denuncias por los izquierdistas del antiliberalismo de Yrigoyen no compadecen con las severas críticas que aquéllos hicieron a éste, cuando cargó sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de las sangrientas represiones de las huelgas obreras y de las agitaciones campesinas. En esas oportunidades, el caudillo radical actuó en defensa de los principios y de la legalidad del liberalismo. Cualquier liberal, en cualquier parte del mundo, hubiera procedido de la misma manera, aun en el caso de ser ese liberal un socialista. Es innecesario recurrir para demostrarlo a los numerosos ejemplos extranjeros de gobiernos socialistas que aplicaron mano dura a las huelgas y otros estallidos de masas; basta recordar la complicidad de los socialistas argentinos con los encarcelamientos y matanzas de 1956 y las burlas de Américo Ghioldi a la leche de la clemencia.

¿Cómo se explica, pues, que los izquierdistas nunca perdonaron a Yrigoyen los episodios de la Semana Trágica, de la Patagonia, de La Forestal, de los Ferrocarriles del Estado y de la zona agrícola? ¿No acabamos de decir que lejos de infringir las normas liberales usó de la máxima violencia del Estado en resguardo de ellas? Sin embargo, con excepción de los anarquistas, para los cuales el desencadenamiento de los movimientos de masas preparaba el salto revolucionario a la sociedad sin clases y sin Estado, y de los comunistas que por aquel entonces se daban por objetivo inmediato la implantación de la dictadura del proletariado por medio de los soviets, los demás izquierdistas carecían de razones doctrinarias para censurar a un gobierno empeñado en asegurar el imperio de la ley liberal.

Tal aparente inconsecuencia de los socialistas tiene su explicación práctica en el propósito perseguido por ellos en todo momento de socavar el poder político de Yrigoyen, aunque para lograrlo favorecieran, como en efecto sucedió, los designios de la oligarquía. Quienes nunca se apartaron en su ya larga trayectoria partidaria de la idea de la evolución pacífica hacia el socialismo a través de la educación, de la legislación y de la cooperación y, en consecuencia, se opusieron a los cambios sociales por la acción violenta de las masas, solamente podían respaldar huelgas revolucionarias en la medida que contribuyeran a deteriorar o derrocar al gobierno yrigoyenista, sin entrar en sus cálculos que fuera de la oligarquía ningún sector político estaba en condiciones de capitalizar el debilitamiento o la caída del presidente radical.

Ante la situación contradictoria en que se había colocado Yrigoyen correspondía orientar la lucha de las masas de modo de aislarlo de la oligarquía y del imperialismo y no de arrojarlo en brazos de ellos, pero para idear y aplicar tal táctica hubiera sido necesaria una madurez política y teórica que no poseían los jefes izquierdistas y los dirigentes sindicales de entonces. Su sectarismo y su incomprensión del proceso social dieron por resultado inmediato el descenso de los movimientos obreros y campesinos y el decrecimiento del prestigio popular de Yrigoyen, que era lo que más deseaban los oligarcas conservadores y las empresas extranjeras.

No se puede elaborar una política justa partiendo de una posición teórica falsa. A la pregunta ¿qué es el yrigoyenismo?, respondían los socialistas:

«Una de las tantas facciones de la política criolla, reaccionaria como todas ellas, expresiones del atraso social argentino»,

y los anarquistas:

«El Partido Radical siguió a los conservadores, cometiendo sus mismos errores, en el caso más despilfarrador del trabajo nacional. La explotación no varió. Se aliaron bien pronto con los mismos de su clase; los conservadores de sangre y siempre. No había distingo fundamental con el régimen; las formas encerraban el mismo contenido. Prontamente la creencia de las muchedumbres se desvaneció y el partido demagógico transformóse en conservador, siguiendo la tradición y trayectoria de los partidos que desalojara y cuyo espíritu heredó. Semana Trágica. Santa Cruz»,[3]

y el Partido Socialista Internacional en el informe que envió en 1919 a la Internacional Socialista y a todos los partidos socialistas del mundo:

«Ahora bien: todas las fracciones políticas en que se subdivide la burguesía argentina son por igual conservadoras; carecen de programa; en el poder se limitan a defender los intereses de los terratenientes e industriales y repartir entre los correligionarios las numerosas prebendas de un inflado presupuesto, Este estado de cosas tiene harto al pueblo argentino, Hasta la fecha no existe un partido intermedio radical burgués, tendencia hacia la cual parece inclinarse un fuerte núcleo de opinión, El Partido Socialista pregonó siempre que desempeñaba una doble función: de partido radical y de partido socialista, a un mismo tiempo»,[4]

En esta última caracterización se descubre la misma tesis mecanicista, expuesta en páginas anteriores, del socialista italiano Enrique Ferri: carecen de programa («tienen un programa negativo»), no existe un partido intermedio radical burgués («falta aquí un partido radical positivo»), el Partido Socialista en doble función: de partido radical y de partido socialista («los socialistas argentinos cumplen la función específica de este partido radical que falta»).

La lectura de la prensa izquierdista de la época (salvo la de algunos sectores de anarquistas puros en pos de la revolución universal y de la desaparición inmediata de gobiernos, clases e injusticias) deja la impresión de que la lucha por el socialismo sería imposible sin antes reconstruir en la Argentina una sociedad capitalista a imagen y semejanza de la de Francia, Inglaterra o Italia para tener la oportunidad de lidiar con una burguesía civilizada y no atrasada como la nuestra. Los izquierdistas soñaban con tener por adversarios a un Clemenceau, a un Lloyd George, a un Orlando, y no a un Peludo lleno de mañas que hablaba en difícil. Ellos mismos se consideraban por encima del medio social en que les tocaba actuar;[5] sus discursos y escritos estaban salpicados de referencias ejemplares a los hechos y pensamientos de los socialistas ingleses, franceses, alemanes y escandinavos; y explicaban la historia argentina (Justo, Ingenieros y otros) con el criterio del europeo que estudia la vida de un pueblo extraeuropeo en función de los problemas del Viejo Mundo.

De lo aquí expuesto se colige que les sobraban razones doctrinarias a los socialistas, igual que a todos los liberales, para atacar la política de neutralidad sostenida inflexiblemente por Yrigoyen durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y exigir la entrada de la Argentina en la contienda junto a los imperialismos aliados. Francia, Inglaterra y Estados Unidos encarnaban el ideal liberal de continuidad del progreso en línea recta hacia el infinito, Alemania militarista y estatista amenazaba a ese ideal, su victoria traería la interrupción de la marcha rectilínea de la humanidad en dirección al progreso y la libertad, Más a fondo no podía ir el análisis liberal de las causas y de los objetivos de la guerra entre los dos bloques imperialistas. Ponía la justicia del lado de las potencias que defendían sus inmensos dominios coloniales y semicoloniales, y no del lado del imperialismo advenedizo y hambriento de mercados y colonias, que pretendía obligar a Inglaterra a renunciar a su supremacía mundial y hacer del continente europeo el trampolín para la conquista de Africa, Asia y América, Trasladaba al orden mundial la disyuntiva que la orientaba dentro del país: civilización o barbarie. Todo lo que no era liberal era bárbaro. No admitía más que una opción: aliadófilo o germanófilo; sospechaba en todo argentinófilo un partidario de los alemanes.

Durante la primera mitad de la guerra nada alteró la neutralidad del país. Ni la captura por los ingleses del barco de bandera nacional Presidente Mitre, ni la comunicación del gobierno de Su Majestad a la cancillería argentina de que haría lo mismo con cualquier nave que se apartara de su carrera habitual en la costa, conmovieron al presidente Victorino de la Plaza, cuya admiración por el Imperio Británico se había consolidado en sus largos años de ministro en Londres. El Foreign Office tenía el mayor interés en que la Argentina se mantuviera al margen de la contienda; su aporte militar no podía ser importante, mientras que su contribución como fuente de abastecimientos se conceptuaba tan decisiva que en 1915 los aliados enviaron al Plata una misión permanente con el objeto de adquirir la totalidad de la producción ganadera exportable de la Argentina y del Uruguay. La industria frigorífica anglo-yanqui ganó sumas fabulosas, aumentó sus capitales, inauguró nuevas fábricas y amplió las existentes, construyó barcos y vagones apropiados e instaló grandes depósitos en los puertos de Europa y América. Los ganaderos argentinos y uruguayos vivieron años de enriquecimiento sin precedentes.

Tal función reservada a las naciones platenses requería para su seguro cumplimiento, tanto poner a cubierto las exportaciones alimenticias del peligro que correrían si se echaban encima a Alemania de enemigo, cuanto evitar que se desviara o debilitara la tarea específica de proveer a los ejércitos aliados. Declaraban los representantes anglo-franceses:

«No puede la Argentina ayudar mejor al triunfo de la civilización que dedicando su trabajo pacífico a producir carnes y cereales para nuestros soldados».

La situación cambió en 1917. Alemania arreció sus ataques submarinos al comercio de los países no comprometidos en la contienda. La neutralidad no los resguardaba. Los Estados Unidos le declararon la guerra el 6 de abril. El comando aliado comprendió que la prescindencia argentina en las operaciones bélicas ya no protegía los convoyes de abastecimientos y presionó sobre el gobierno de Yrigoyen para obtener una participación en las hostilidades contra Alemania, que le permitiera organizar el comercio platense como parte de su estrategia general.

A los factores económicos que movieron a los sectores aliadófilos (hasta entonces conformes con la neutralidad o, por lo menos, no activos en contra de ella) a demandar la entrada de la Argentina en la guerra interimperialista se sumó en 1917-1918 otro de contenido más vital: defender el orden social capitalista de la amenaza de subversión por el despertar revolucionario de las masas. Poner barreras de seguridad para evitar que se extendiera la Revolución Rusa o que aparecieran focos revolucionarios en otras partes pronto fueron las principales preocupaciones de los estadistas de las potencias imperiales. Comprometer y atar estrechamente a todos los países grandes y pequeños, soberanos y coloniales, independientes y dependientes no sólo para el esfuerzo final de la guerra, sino también para la reconstrucción después del viejo orden, se convirtió en finalidad de los gobiernos aliados cuando se quebraba la unidad externa del capitalismo, y nacía de la revolución la contradicción entre el nuevo sistema social y el antiguo régimen capitalista. Estaban en juego los intereses mundiales de la burguesía, los principios y la tabla de valores del liberalismo.

Unicamente cinco naciones iberoamericanas se mantuvieron neutrales: Argentina, Paraguay, El Salvador, Venezuela y México, esta última a la sazón en plena efervescencia revolucionaria. Yrigoyen decía que la desesperación que dominaba a los aliadófilos, desde los conservadores a los socialistas, para obligarlo a abandonar la neutralidad procedía

«de que en lo íntimo está el espíritu de dependencia rendido de antemano para sujeción a intereses o bien por una idea de inferioridad, fruto de una política sin fe ni principios. Todo pueblo, todo grupo de pueblos hermanos tiene la obligación de guardar la paz. Sólo es dable quebrantarla para su independencia».[6]

No era aliadófilo ni germanófilo; pudo defender la neutralidad argentina de la tremenda presión de los círculos belicistas gracias al gran respaldo popular a favor de la paz.[7] Obtuvo una victoria diplomática al lograr del gobierno alemán satisfacción y reparación por el hundimiento de tres barcos argentinos, además de la firma de un acuerdo secreto por el cual aquél se comprometía a respetar a los barcos de nuestro país y éste a no violar la prohibición de navegar por la zona de guerra;[8] pero también abrió a Francia y Gran Bretaña un crédito de 40 millones de libras esterlinas para que compraran productos agropecuarios y recibió con todos los honores a la flota de Estados Unidos y a la misión británica presidida por sir Maurice de Bunsen.[9]

Otros actos del gobierno de Yrigoyen confirman la independencia de su política exterior.

El pedido a la Asamblea de la Liga de las Naciones en 1920 de admisión de Alemania y de igualdad en la dirección del organismo de todos los países participantes. La Argentina se retiró de la Liga al rechazarse esa propuesta.

La no ratificación del tratado del ABC (Argentina, Brasil y Chile), mecanismo fraguado por Estados Unidos para instrumentar la política del sur del continente, cuya verdadera finalidad se evidenció en su nefasta intervención en el conflicto que el gobierno de Washington tuvo con México y en la fracasada conferencia de Niagara Falls.

Apoyo irrestricto al Uruguay para el caso de ser invadido su territorio por alemanes del sur del Brasil.

Alejamiento del panamericanismo sustentado por la Casa Blanca y negativa a firmar en 1928 el pacto Kellogg.

El liberalismo combatió esa política. Conservadores, radicales antiyrigoyenistas y socialistas coincidían en afirmar que Yrigoyen

«en el fondo era germanófilo y dictatorial».[10]

La neutralidad (junto con la denuncia del carácter interimperialista de la guerra y una activa posición antiimperialista y antiguerrera) también fue defendida por el desprendimiento del Partido Socialista que fundó el Partido Socialista Internacional, pero desvinculándola por completo de la política de Yrigoyen, pues calificaba a éste de un conservador más al servicio de Inglaterra, aunque mediante una táctica distinta a la reclamada por los otros conservadores igualmente al servicio de Inglaterra.

Yrigoyen resultaba así germanófilo para unos y aliadofilo para otros. Lo arrancaban imaginativamente de sus raíces nacionales y lo proyectaban como juguete al conflicto internacional. Ellos mismos se denunciaban al serles inconcebible que un presidente argentino fuera argentinófilo.

Yrigoyen demostró en la política exterior la firmeza que le faltó en la conducción interna. En aquélla contó con el apoyo de un movimiento policlasista de oposición al imperialismo; en ésta tuvo que optar en la lucha de clases y eligió el camino del liberalismo burgués. Los izquierdistas no lo comprendieron, pues miraban al país con ojos extranjeros y se lamentaban de que la Argentina no fuese igual a las naciones democrático-burguesas más adelantadas para poder ellos ser las réplicas de sus congéneres y maestros de fama mundial.

CAPÍTULO 13
UBICACIÓN HISTÓRICA DEL YRIGOYENISMO

El desarrollo del yrigoyenismo[1] como movimiento de masas canceló la concepción abstracta de la unidad nacional prevaleciente durante el período organizativo de la República. La oligarquía gobernante desde 1862 hasta 1916 se dio a la tarea de edificar un solo Estado para todo el territorio argentino por medio de las leyes, las instituciones, el partido único de los gobernadores, la centralización del poder en la Capital Federal, la política inmigratoria e inversionista, los bancos y la educación del pueblo en los dogmas del liberalismo. Para Alberdi y Sarmiento la nación debía construirse a la manera del arquitecto que traslada a la realidad el plan elaborado por su mente o del idealismo socrático-platónico que no veía en el Estado más que la obra de la inteligencia del hombre. A cumplir tal misión se creía destinada la oligarquía con su paternalismo ilustrado. No entraba en sus cálculos la germinación a corto plazo en la materia viva de la sociedad de los elementos populares que, a su concepción de la unidad nacional como creación de la minoría culta, le opusieron la unidad nacional en sí, como movimiento de masas que infundiera al Estado la sustancia democrática que le faltaba. Yrigoyen interpretó e instrumentó este movimiento latente y se diferenció de los políticos liberales que lo llamaban demagogo, volviendo en efecto, según ellos le acusaban, al caudillismo, pero no, como decían, al caudillismo del siglo anterior de imposible resurrección, pues no en vano la sociedad argentina había sido civilizada desde arriba y desde afuera, y su composición interna tenía ya estampada la marca de la colonización capitalista.

Yrigoyen no fue el último caudillo, sino el nuevo caudillo, el caudillo de la democracia naciente en la Argentina, del primer estallido de las reivindicaciones reprimidas de las masas populares. Con el yrigoyenismo se inició la política popular y, en consecuencia, auténticamente nacional,[2] a diferencia de la política oligárquica para la cual bastaba que el Estado, la unidad nacional y la democracia existieran como formas jurídico-políticas instrumentadas en provecho de minorías parasitarias de rentistas terratenientes, especuladores, intermediarios y accionistas extranjeros. Sin embargo, la política yrigoyenista, respetuosa de la Argentina modelada por la colonización capitalista, no clausuró la etapa precedente y dejó abiertas las entradas a las viejas y nuevas corrientes liberales, que si bien nunca tuvieron mayor ascendiente sobre las amplias capas del pueblo, orientaban la conducción política y económica del país. Esta contradicción entre las tendencias antiliberales de las masas yrigoyenistas y la estructura liberal del Estado hacía pensar a Carlos Pellegrini que Yrigoyen se hundiría en el gobierno.

El yrigoyenismo intentó darse una doctrina propia, pero la Argentina carecía de tradición filosófica, ya que no podía calificarse de tal el complejo ecléctico de teorías recibidas del Viejo Mundo. En el pasado, y en función de los cambios políticos de mayor alcance, se entrevió la necesidad de arbitrar un sistema ideológico o concepción general del mundo que justificara, integrara y vitalizara esos cambios. Lo que dijeron los más profundos pensadores argentinos (Moreno, Echeverría, Alberdi) no pasó de buenos deseos, de esperanzas en alguien que lo realizara. El atraso social se manifestaba también en el encandilamiento ante la filosofía dominante en Europa.

Yrigoyen apeló a una confusa espiritualización, a una especie de recogimiento místico que lo evadía de las maneras corrientes de expresarse y provocaba el desprecio y la burla de los intelectuales a la última moda. Sus biógrafos no aciertan a descubrir relación alguna entre su extravagante filosofía y su actividad política. A lo sumo destacan el contagio que denota del idealismo objetivo alemán, a través del sincretismo de Carlos Cristian Federico Krause (1781-1832), en quien la concepción hegeliana del Estado como realización de la idea amortiguaba su absolutismo al conciliarse con la alianza universal de la humanidad en una comunidad pacífica de naciones.[3]

Menéndez y Pelayo,[4] y cuantos le siguen en sus críticas, solamente juzgan a Krause por su prosa estrafalaria y un tanto enigmática, sin detenerse a reflexionar en las causas del atractivo que ejercía sobre entusiastas adeptos fuera de Alemania y, ante todo, en España. Algo encontraban en sus ideas los republicanos españoles de la revolución de 1868 que les hacía abrazarlas con fanatismo. Más que el expositor de un sistema (el racionalismo armónico) formado de retazos de las distintas escuelas de la filosofía clásica alemana (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), veían en él el propagandista de una mística nacional, de una espiritualización de la política y de un inmanentismo del Estado como fin último que satisfacían las necesidades doctrinarias de los conspiradores antimonárquicos.

Tal vez haya sido el erudito italiano Pedro Scalabrini[5] el introductor en el Plata de las ideas de Krause acerca del Estado nacional-universal; en su libro Derecho Público Argentino (publicado en 1875) y en sus lecciones de la Escuela Normal de Paraná no ocultaba su devoción por el humanitarismo del filósofo alemán. De todos modos, el krausismo no parece haber dejado rastros en la generación del 80, demasiado ocupada en la conquista del progreso material y en oponer al individualismo absoluto a cualquier forma de endiosamiento o espiritualización del Estado, y aunque por su nacimiento pertenecía a esa generación, Yrigoyen era su antítesis a juzgar por algunos rasgos definidos de su carácter y de su pensamiento. Tan es así que sus contemporáneos intelectuales siempre lo despreciaron olímpicamente y la adhesión que obtuvo en su ancianidad, cuando era plebiscitado por el pueblo, de los jóvenes escritores martinfierristas duró menos que su gobierno zapado y abatido por la oligarquía.

Sin exagerar la comparación al punto de considerarlo un mero repetidor de Krause es evidente que Yrigoyen trató de rescatar la política argentina de su sumersión en el utilitarismo, haciendo de ella una especie de religión al servicio de la humanidad, a partir de lo nacional. Su asimilación del idealismo objetivo germano, tanto en la exposición cuanto en la estructura del pensamiento, fue más de forma que de contenido; se contrajo a tomar de él lo que necesitaba para afianzarse como caudillo de un movimiento popular cuyo móvil era la moralización del Estado o, en el lenguaje filosófico de sus maestros, la realización de la norma o idea ética.

En Yrigoyen apuntó por primera vez en la Argentina un concepto de la libertad que se apartaba de las nociones corrientes del liberalismo, es decir de la libertad postulada en función del individuo abstracto, al margen de la sociedad, como ser total en una sola persona. Enseñaba que el radicalismo, en el cual veía a la patria definitivamente encarnada al término de largas luchas, ofrecía a los argentinos el único camino de liberación, y lo identificaba con el Estado al inyectar a éste el contenido moral absoluto, la realización de la moralidad misma, que le faltaba mientras gobernó la oligarquía. Esta filosofía política no podía tener en la práctica otra traducción que el Estado democrático popular fuerte, el Estado más apto para la expansión de la actividad política y sindical de la clase obrera y de las luchas por la emancipación nacional de todo el pueblo, el Estado que al violar las reglas del liberalismo clásico desataba el odio y la ira de los liberales, quienes se arrojaban como fieras contra el tirano y el demagogo Yrigoyen y le obligaban a retroceder, a hacer concesiones, a claudicar ante la anacrónica legalidad oligárquica.

Impotente para destruir el cerco dentro del cual lo encarcelaba el liberalismo de derecha, de izquierda y del centro, y al mismo tiempo obligado a diferenciarse del liberalismo para conservar su ascendiente sobre las masas, Yrigoyen se refugiaba en el esoterismo de una doctrina política espiritualizada. Escribe el historiador del radicalismo:

«No somos un simple partido; menos aún de izquierda, o de derecha, o de centro, como con mentalidad y lenguaje de copia e increíble desconocimiento de nuestra extraordinariamente afortunada realidad doctrinaria, hasta algunos radicales suelen pecar en el decir.

»No somos un simple partido, como no pudo serlo el gran ideal congregante que reunió a los patriotas que fundaron nuestra Nación y las naciones hermanas en la lucha por la Independencia. Somos una fuerza de la historia nacional y continental, que consiste en darle constitucionalidad a la Independencia, en constituirla; en dar a la Nación en su pueblo, bases firmes para su desarrollo auténtico; otro gran ideal, que no divide sino que une en el reclamo esencial.

»Más viva y exigente que nunca está presente la necesidad de ser un gran Movimiento que vuelve a las grandes bases espirituales y sentimentales de la nacionalidad, a sus verdaderos soportes humanos, sin mengua del interés despierto y capacitación en los aspectos concretos de la gran construcción o reconstrucción perentoria, conforme al estado del país y del mundo. Hay momentos en que se impone la prelación absoluta del plan fundamental para reconquistar o afirmar aquellas bases en la zona de profundidad en que se encuentren; entonces las formulaciones particulares y menores, así sean importantes, se repliegan sin desmedro. Callan estos intereses, volviéndonos todos hacia los de la Nación, para dar el primado a la unión civil intransigente en lucha por la Reparación, justamente llamada fundamental.

»Este gran propósito no puede distraerse en plataformas minúsculas, o en formulaciones exclusivamente materialistas, que son en el fondo escépticas; ni replegarse a las granjerias de un triunfo efímero, ni enredarse en las sinuosidades de la habilidad. Su programa es suma de programas. Y esto es cuanto quiere significarse cuando se dice que el radicalismo —cuando es el gran radicalismo— es una religión civil de la Nación, una fraternidad de profesos; un planteamiento anterior y superior a toda simple parcialidad.

»No advertirlo es caer en todos los errores de apreciación crítica o de conducta ciudadana en su seno».[6]

De atenernos a las palabras de del Mazo, el radicalismo —cuando es el gran radicalismo, lo que cabe interpretar como el fiel a la doctrina yrigoyenista— sería la nación misma, no un partido o una parte de ella. Configuraría una religión civil, una fraternidad de profesos, no una fuerza política.[7] Sustentaría una suma de programas, no un solo programa. Si a veces descendiera al reino terrenal pronto regresaría a la zona de profundidad, a la prelación absoluta del plan fundamental. Así definió la filosofía esoteria del radicalismo yrigoyenista el teórico de la intransigencia y de la reparación veinte años después del derrocamiento del viejo caudillo, como si nada hubiese cambiado desde entonces y los misteriosos efluvios de esa religión civil sumieran en el nirvana al pueblo argentino. Nada podría objetarse a del Mazo de haberse colocado en la actitud del historiador que dictamina sobre el pasado, pero al atribuir al radicalismo yrigoyenista una existencia infinita y una inmovilidad ahistórica cae en una retórica chabacána. Bastó que en 1958 se les abriera a rezagados discípulos de Yrigoyen las puertas del poder —no por la vía de la amplia y libre consulta popular, la única que hubiera consentido el extinto caudillo, sino por medio de combinaciones de trastienda— para que se revelara la carencia de principios subyacente en la zona de profundidad y las sinuosidades de un grupo pequeño-burgués enceguecido por las promesas de los inversores extranjeros y adormecido por los halagos de la corruptora oligarquía.

Con la herencia de Yrigoyen ha sucedido lo mismo que con la de muchos fundadores de movimientos políticos o sociales: aquellos que se proclaman sus más fieles depositarios no tardan en subvertirla o traicionarla, y la continuidad aparece por caminos imprevistos y de otro origen. La historia no se deja engañar por juramentos de amor y el pueblo solo cree en sus elegidos.

La popularidad de Yrigoyen fue inmensa, la mayor que se conoció en la Argentina antes del advenimiento a la política de Juan y Eva Perón. No puede atribuirse a su oratoria, pues nunca pronunció un discurso y su prosa nada tenía de popular. Ni a promesas de transformaciones del orden social existente que no formuló. Ni a la agitación de consignas de lucha que interpretaran necesidades vitales de las muchedumbres. El magnetismo de su personalidad se comprende, una vez aceptado lo que había de peculiar en su carácter, por simbolizar tanto el desengaño como la voluntad de vindicación de los hijos del país y de los hijos de inmigrantes que en la Argentina de la vertiginosa prosperidad entre los dos siglos quedaron excluidos de la participación en el poder político y en los privilegios económicos. La mayoría que en 1916 llevó a Yrigoyen al gobierno era de composición en alto grado heterogénea; abarcaba desde estamentos campesinos del más lejano interior que comenzaban a quebrar el yugo de los viejos caudillos hasta sectores de la nueva burguesía manufacturera de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades que reclamaban protección del Estado y se sentía el convidado de piedra en el banquete de la oligarquía vacuna y de la burguesía importadora librecambistas y antiindustrialistas; y la integraban también peones de estancia y chacra, chacareros, estancieros medios y algunos ricos, y una parte numerosa de los obreros industriales y de la pequeña burguesía urbana.

Nunca fue el yrigoyenismo la secta budista, la cofradía pitagórica o la orden monástica que imaginan los historiadores de la mesa de tres patas. Tenía por objetivo bien material congregar en un movimiento político el máximo de fuerzas sociales para aislar y derrocar a la oligarquía gobernante. Yrigoyen lo definió así al referirse a la táctica de la abstención:

«Un recogimiento absoluto y un total alejamiento de los poderes oficiales para dejar bien establecido, en el presente y en la Historia, y como demostración al mundo que nos mira, que la Nación no tenía ninguna comunicación con los gobiernos que, en una hora fatal, le arrebataron el ejercicio de su soberanía».

Anotemos que en la frase transcripta, igual que en otros de sus pensamientos, Yrigoyen no aludía a su radicalismo como un partido dentro del juego de la democracia liberal pluripartidista. Lo identificaba con la nación misma a través de la soberanía popular y en oposición a los gobiernos ilegítimos de la oligarquía, a los cuales, por consiguiente, colocaba fuera de la nación. ¿Influencia de la concepción idealista del Estado de Krause? ¿Indicios de totalitarismo o totalitarismo franco? Dejemos a los historiadores liberales que divaguen con esas especulaciones. En un político del realismo de Hipólito Yrigoyen, la idea de la fuerza o movimiento único surgido de la soberanía popular para reivindicar para sí la representación de la totalidad nacional, tenía que elaborarse a lo largo de la intensa experiencia de su vida de lucha. Pero la aceptación de la candidatura presidencial y la asunción del mando en 1916 no armonizaban con tal idea, desde el momento que el radicalismo —primero al concurrir a los comicios y luego, con mayor razón, en el gobierno— reconoció el régimen pluripartidista, es decir no ser él la nación misma o toda la nación. Yrigoyen, y algunos de sus más ortodoxos correligionarios, interpretaron el haber aceptado el poder en las condiciones preexistentes no como una claudicación, sino como un compromiso momentáneo, un alto en el camino para reanudar luego la marcha intransigente hacia el plan fundamental. La verdad es que todos los intentos que se hicieron desde entonces, con Yrigoyen y después de su muerte, para revitalizar en el radicalismo el gran frente nacional antioligárquico terminaron en el fracaso. Quedó como un partido entre otros partidos. Cuando en 1929-1930 el movimiento de masas impulsó al octogenario caudillo a avanzar hacia la meta que tanto acariciara en sus años gloriosos de opositor revolucionario, las derechas y las izquierdas coincidieron y lo trituraron.

Yrigoyen intuyó la necesidad histórica de unir en un solo movimiento a todo el pueblo para destruir el poder de la oligarquía y reemplazar la unidad nacional ficticia que ella fraguó por la unidad nacional auténtica nacida de la soberanía popular. Era, con todas sus limitaciones, una concepción antiliberal y se echó encima la oposición agresiva del liberalismo que impregnaba a los partidos, sin excluir al radicalismo. No obstante invocar a manera de programa la Constitución de 1853 también la contradecía, puesto que destruía lo esencial del régimen representativo de la democracia liberal al negar el pluripartidismo.

El yrigoyenismo se gestó como rebeldía de las clases sociales excluidas frente al régimen de minorías incompatible con la sociedad transformada por la colonización capitalista. Surgió de las contradicciones internas del orden social concebido en 1853 y moldeado por la colonización capitalista, e intentó establecer la armonía entre el Estaco y la soberanía popular. Su concepción del movimiento que uniera a la nación sobre la base del gobierno del pueblo (no de un frente o unión de partidos como más tarde lo formularan los comunistas) dejó de alarmar a la oligarquía tan pronto como Yrigoyen se avino a concurrir a la compulsa electoral. La soberanía popular se diluía en el sistema de múltiples partidos que resultaba ser el mayor obstáculo opuesto a cualquier plan de unir al pueblo en un movimiento nacional. En la necesidad de poner ese obstáculo al avance del yrigoyenismo estuvieron de acuerdo las derechas y las izquierdas, los conservadores y los socialistas.

Izquierdas y derechas competían en resucitar la vieja polémica entre civilización y barbarie. En el yrigoyenismo descubrían la barbarie de otros tiempos rediviva, pues al desarrollarse como movimiento de masas entraba en contradicción con el orden común, es decir, con la superestructura liberal (ideológica, constitucional, jurídica, política) que había organizado a la República. No se ubicaban en el proceso histórico nacional: los conservadores seguían aferrados a las tesis alberdianas de civilizar el país con trasplantes de capitales e inmigrantes europeos, y los socialistas, además de declararse también continuadores de Alberdi, se guiaban por la política del reformismo izquierdista del mundo occidental. Yrigoyen era para unos y otros una aberración o prueba de la inmadurez mental del pueblo argentino.

El yrigoyenismo no cristalizó en el movimiento nacional y popular concebido por su fundador, y cayó vencido por la coalición de los liberales, debido a causas inherentes a su propia naturaleza originaria del medio social que lo alentó y lo hundió. Las transformaciones promovidas por la colonización capitalista (inmigración, inversión de capitales, ferrocarriles, agricultura y ganadería, manufacturas, educación pública, sindicatos, partidos organizados, etc.) despertaron en la clase media y en sectores del proletariado ambiciones políticas que en el yrigoyenismo se reflejaron en doble sentido: por un lado, un recogimiento absoluto y un total alejamiento de los poderes oficiales, ateniéndonos a lo expuesto por Yrigoyen, y por el lado opuesto, al mismo, tiempo, el deseo de escalar posiciones y enriquecerse.

La tentación flotaba en el ambiente de una sociedad de nuevos ricos, en la cual era espectáculo cotidiano la metamorfosis en potentado de la noche a la mañana del inmigrante que desembarcó con una mano atrás y la otra adelante. Hasta el más desarrapado gringo golondrina, hasta el más exaltado tirabombas de los grupos ácratas, podía aspirar a la fortuna y no en pocos casos la encontró tan pronto como resolvió ahorrar y andar por el buen camino. La presencia del Vellocino de Oro tornaba superfluo el recogimiento absoluto.

Intransigencia y claudicación en una sociedad que seguía ofreciendo fáciles oportunidades de conquistar la riqueza y la jerarquía se convirtieron en sístole y diástole del radicalismo. Luego vinieron los epígonos a pretender resucitar lo que estaba muerto. Ricardo Rojas quiso otorgarle eternidad nacional:

«Pues siempre hubo en nuestra historia un espontáneo sentimiento radical».[8]

Gabriel del Mazo descubrió en todo argentino un radical en acto o en potencia:

«Los jóvenes argentinos que, actuando en la vida pública, llegaron a considerarse adscriptos a unos u otros de los extremos dictatoriales importados, en general no son esencialmente tal cosa: son radicales que no han encontrado al Radicalismo, como tantos hombres, como tantas mujeres».[9]

Tenía razón Yrigoyen. Había que empezar de nuevo. Antes de hacerlo el azote de la larga crisis debía poner al desnudo las lacras y miserias de una sociedad que dejó de ser opulenta.

CAPÍTULO 14
EL PODER DE LOS GRANDES GANADEROS

Entre los años 1900 y 1929 —período que coincidió con la lucha intransigente por el poder, la transformación en movimiento de masas, el ascenso al gobierno y la decadencia del radicalismo yrigoyenista— la economía argentina marcó el mayor ritmo de crecimiento del mundo. Aunque tan intenso progreso material quedó circunscripto a no mucho más allá de la pampa húmeda o de los pastos tiernos, fertilísima llanura del litoral cruzada de ríos y arroyos de alrededor de 57 millones de hectáreas y con mil milímetros anuales de lluvias, la ola de opulencia parecía cubrir el atraso y la pobreza de gran parte del país. Fue allí, en el humus pampeano de las vacas y las mieses, donde se incubó el poder de los grandes ganaderos, cuya historia expondremos en sus rasgos generales.

En los años previos al desmoronamiento del régimen político rosista (1852) era visible la decadencia de la ganadería de viejo tipo que había sido su principal sostén socioeconómico (producción de tasajo, exportación a los mercados esclavistas de Brasil y Cuba, campos sin alambrar, saladeros, razas criollas, etc.). Junto con la introducción del alambrado, de las razas vacunas y ovinas inglesas y de la alfalfa, los campos bonaerenses y entrerrianos se poblaron de criadores de ovejas (vascos, irlandeses, escoceses), que poseían o arrendaban extensiones de 200 a 300 hectáreas. La lana pasó a ocupar, a partir de antes de la batalla de Caseros, el primer puesto en la producción y la exportación del país,[1] mientras que las de tasajo se redujeron a cifras mínimas.[2]

La cría de ovejas fue en la pampa húmeda, hasta que se organizó la nueva ganadería con la implantación de la industria frigorífica, la actividad que rendía mayores ganancias. Exigía escasa mano de obra y tenía mercados permanentes en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Sufrió por la paralización de la demanda que ocasionó la crisis mundial de 1890, pero pronto se repuso. Desplazó a los remanentes de la vieja ganadería criolla hacia zonas marginales y ocupó los mejores campos. Muchos pequeños y medianos ovejeros participaron en la fundación de la Unión Cívica Radical e intervinieron en las revoluciones de 1890 y 1893.

Con mayores dificultades tropezó la agricultura engendrada por la colonización capitalista. Los primeros inmigrantes pasaron por mil penurias antes de arraigarse. Los gobiernos y las empresas ferroviarias se esforzaron en alentar el cultivo de la tierra. Mediante las leyes proteccionistas de la década del 70 se consiguió reservar el mercado interno para la producción agrícola nacional. Anchas fajas de tierra a ambos lados dé las vías férreas se expropiaron para dedicarlas a la agricultura y se eximieron de impuestos los campos cultivados. También entre los fundadores de la Unión Cívica Radical y los revolucionarios de 1890 y 1893 figuraron colonos e hijos de colonos.

En 1890 se dio el salto a la etapa agrícolo-ganadera capitalista. La exportación agrícola (que en 1875 apenas alcanzaba al 0,3 por ciento de la exportación total y en 1880 al 1,4 por ciento) ascendió en 1891 al 28,3 por ciento.[3] El área sembrada se amplió de 580 000 hectáreas en 1872 a 2 459 120 en 1888, a 2 989 400 en 1890, a 4 835 620 en 1895, a 7 341 000 en 1901 y a 8 410 000 en 1902. La demanda creciente del mercado inglés, la construcción de ferrocarriles de fomento de la producción de granos con destino a su exportación por el puerto de Buenos Aires y la política colonizadora de los gobiernos estimularon a la corriente inmigratoria a multiplicar el número de chacras en la pampa húmeda.

Los capitales y la fuerza de trabajo inyectados en el campo argentino por la colonización capitalista dieron origen a nuevas clases sociales (terratenientes y arrendatarios capitalistas, obreros agrícolas, obreros del transporte, obreros de las manufacturas que elaboraban los productos agrícolo-ganaderos, etc.) y acrecentaron a cifras absolutas fabulosas la renta de la tierra, cuya parte del león embolsaron los antiguos y los nuevos grandes terratenientes por el derecho que les otorgaban los títulos de propiedad heredados, comprados o recibidos en pago de servicios.

La ganadería vacuna había quedado rezagada por los avances de la agricultura y la cría de ovejas. Los aumentos de la exportación de ganado en pie a Brasil y Cuba (72 973 cabezas en 1880-1884 y 340 046 en 1895-1899),[4] mientras casi desaparecía la exportación de tasajo y se clausuraban saladeros, no daban una base comercial firme y constante, como pronto se comprobó. Para que se invirtiera el proceso de desplazamiento de la ganadería vacuna se hacían indispensables tres requisitos: la demanda de Europa, el mestizaje de las razas y el empleo de métodos de conservación de las carnes. Estos tres requisitos se dieron, al cabo de varios años de esfuerzos y ensayos, en la última década del siglo pasado. Serían en el futuro los cimientos del poder de los grandes ganaderos de las estancias modernizadas y de las relaciones de intercambio anglo-argentinas de tan condicionantes reflejos en los acontecimientos políticos.

Las estancias y chacras, la ganadería y la agricultura, y las clases sociales modeladas por la colonización planificada integraron una estructura agraria típicamente capitalista. Antes de seguir adelante corresponde salir al paso de una torpe tergiversación de lo que es esa estructura.

Era habitual hasta no hace muchos años, en una literatura que de marxista sólo tenía el nombre, clasificar a la Argentina dentro de la categoría de país feudal, semifeudal, con resabios feudales o feudalburgués. Tal definición no había sido elaborada mediante el estudio de la historia y de la realidad del país. Provenía del traslado mecánico a nuestra sociedad de formas de producción y relaciones de clase existentes en Rusia zarista o en China prerrevolucionaria, o de una perezosa generalización de la economía rural de algunas regiones de América Latina.

De tal premisa se extraían conclusiones no menos alejadas de la verdad: estancia equivalía a feudo y estanciero era sinónimo de señor feudal (en lugar del estanciero don Juan, escribía un autor, bien podemos decir el conde Juan), en el campo predominaba la servidumbre (el gaucho legendario que no sobrevive fuera de la literatura, estaría sometido a la corvea y hasta a la ley de la pernada) y se hacía imperiosa una reforma agraria a la manera de la francesa del siglo XVIII, con la expropiación de fabulosos señores feudales y el reparto de sus tierras entre siervos fantasmas. La prédica política reformista o Revolucionaria inspirada en tan notoria deformación de la realidad no convencía ni a los obreros rurales, ni a los chacareros, porque presión demográfica de campesinos pobres, semejantes a los de la antigua China o de la antigua Rusia, no hubo en la pampa argentina y para encontrar minifundios era y es menester trasladarse a las zonas marginales.[5] En vano se buscarán rastros de antifeudalismo en la gran huelga agraria de 1912, el grito de Alcorta, en la zona cerealera más rica del país, movimiento prohijado por los colonos inmigrantes con el fin de participar en el colosal aumento de los ingresos de los grandes terratenientes y compartir con ellos la propiedad del suelo.

Por suerte va desapareciendo de la literatura política y económica argentina la equivocada apreciación a que acabamos de referirnos. La pampa argentina nunca conoció las unidades socioeconómicas de subsistencia o autoabastecimiento —y, por consiguiente, las relaciones de tipo feudal entre grandes propietarios y campesinos sometidos a la servidumbre—, características de otras partes en América Latina. La economía agraria se orientó desde su origen a la producción mercantil, principalmente para la exportación. En los comienzos del lejano siglo XVII aparecieron las vaquerías con el objeto de abastecer de cueros a los comerciantes extranjeros, y más tarde las estancias o criaderos de ganado que también se especializaron en la venta a los mercados exterior e interior de los productos vacunos.

A nadie que profundice nuestra historia se le ocurrirá asimilar el gaucho al siervo de la gleba medieval. No obstante las relaciones patriarcales existentes entre él y el caudillo de la época de las montoneras, cuando se defendía de la miseria a que lo condenaba la burguesía intermediaria porteña, nunca estuvo pegado a la tierra en el sentido clásico del feudalismo. Si era libre vivía del contrabando; si se conchababa cobraba un salario. Las leyes contra la vagancia del siglo XIX se dictaron para convertir al gaucho en peón asalariado, el cual en Martín Fierro dejó para la historia sus últimas rebeldías antes de desaparecer, alienado por la colonización capitalista, no por un inexistente feudalismo.

La estancia (igual que la chacra) es una unidad de producción capitalista; el estanciero pertenece a la clase de los terratenientes capitalistas, los arrendatarios son arrendatarios capitalistas y los obreros rurales, tanto si descienden de los románticos gauchos como si sus abuelos vieron la luz bajo el cielo de Génova, La Coruña o Sebastopol, forman parte del sistema capitalista de producción agraria. No faltará el turista que descubra en algún perdido rincón de las provincias pobres a un señor de horca y cuchillo que trate a sus puesteros y peones con despotismo medieval, pero esos casos excepcionales, que coleccionaría Ripley, también existen en la vieja Inglaterra, lo que no autoriza a pensar que el hacha de la revolución burguesa haya dejado allí sobrevivir el régimen feudal.

Tampoco debemos pasar por alto otras dos tesis izquierdistas falsas: la que presenta al arrendamiento como institución del feudalismo y la que considera feudo a toda gran propiedad terrateniente.

El arrendamiento, aun en los casos de pagarse no en dinero sino en especie, no imprime carácter feudal al régimen agrario.[6] Lo mismo sucede con el régimen de aparcería. En una economía mercantil tan desarrollada como la de la pampa argentina, cuya producción masiva se destina a la venta y se transforma en dinero, hasta formas que provienen de relaciones de clase precapitalistas, como los pagos del arrendamiento en trabajo o en especie, resultan ser variantes del capitalismo agrario dominante.[7]

Algunas tesis izquierdistas conceptúan feudal no esta o aquella forma de arrendamiento, sino el arrendamiento en sí. Como insistiremos en el tema al referirnos a los chacareros, nos limitamos a destacar que el arrendamiento, tal como lo explica Marx, corresponde a la economía agraria capitalista. Basta recorrer las estadísticas de Francia, los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales para comprobarlo. Casi el 40 por ciento de los campesinos franceses de la zona de los cereales son arrendatarios, y en los Estados Unidos, de acuerdo al informe de J. D. Blak, se pasó del 25,6 por ciento de unidades agrarias arrendadas en 1880 al 42,4 por ciento en 1930.

A nadie se le ocurriría resucitar en Francia, Gran Bretaña o los Estados Unidos los desvarios de aquellos utopistas pequeño-burgueses del siglo pasado que proponían crear una sociedad ideal cuyos miembros fuesen todos propietarios. Todavía hay en la Argentina izquierdistas que agitan esa solución, porque dan por sentada la existencia de un feudalismo agrario que debe destruirse por medio de la distribución de la tierra en propiedad entre los arrendatarios y obreros del campo. En un país con agricultura y ganadería capitalistas, y sin presión demográfica, tal reparto se reduciría a cambiar la propiedad de manos y dejar las cosas como antes. La reforma agraria así concebida no logra movilizar a las masas campesinas.

Examinemos la otra tesis errónea. ¿Es la gran propiedad de decenas o centenares de miles de hectáreas latifundio feudal por su tamaño y deja de serlo automáticamente al dividirse? Tendríamos que admitir entonces, de ser cierta tan pregonada tesis, que las diferencias entre los sistemas agrarios son de tipo cuantitativo y no cualitativo. Según Henri Pirenne, los feudos carolingios medían término medio cuatro mil hectáreas y los había de mil, de quinientas y de menos extensión; una estancia argentina puede abarcar cien mil hectáreas sin dejar de ser capitalista. No son las dimensiones de la unidad agraria, sino las formas de producción, las relaciones de clase y el carácter de su economía los que determinan si es feudal o capitalista.

De la colonización capitalista (precedida de los repartos de la época de Rosas y de las donaciones ocasionadas por la conquista del desierto) arrancó la extraordinaria movilidad del régimen de la propiedad de la tierra en la pampa argentina. Si bien los apellidos tradicionales de la vieja aristocracia ganadera siguieron brillando, se mezclaron, a lo largo de un constante proceso de compraventa de estancias y chacras, de división y concentración, de autoexplotación y arrendamiento de las unidades agrarias, con los nuevos apellidos de los inmigrantes y sus descendientes. Los comerciantes de ramos generales, los abogados, los médicos, los farmacéuticos y otras gentes que se enriquecían en los pueblos de campaña y también en las ciudades, invertían sus capitales en tierras, además de las sociedades anónimas que se formaban para explotar grandes extensiones y de los industriales y comerciantes que desplazaban al campo sus ganancias.

Cuando mencionamos a los grandes ganaderos no evocamos, pues, a una aristocracia tradicional con raíces en la Colonia o más acá todavía, en los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Nos referimos a una clase social cuyo poder económico y político emergió de la colonización capitalista y se afianzó al abrirse el mercado inglés a las exportaciones de carnes.

El enriquecimiento de los grandes ganaderos comenzó al implantarse la industria frigorífica[8] y, ante todo, al pasar de la congelación del ovino a la del bovino. Su impulso inicial de proporciones data de la guerra anglo-boer (1899-1902) con las remesas de carne congelada a Africa del Sur. El gobierno argentino dictó leyes que otorgaban privilegios a las compañías frigoríficas: exención de impuestos, subsidios, garantías al capital invertido, etcétera.[9]

Pronto la exportación de carne congelada se encauzó hacia el mercado inglés a causa de:

el abandono por Francia del interés que tuvo por la carne congelada argentina, al propiciar inicialmente la industria frigorífica;

la clausura de los puertos europeos al ganado en pie de la Argentina por considerarlo enfermo de fiebre aftosa;

la mestización del ganado de la pampa húmeda con razas importadas de Gran Bretaña;

la adaptación del consumidor británico a la carne congelada;

las inversiones de capitales británicos en la industria frigorífica;

el empleo por Gran Bretaña de una flota especial para el transporte de carne congelada que en 1900 contaba 40 unidades con una capacidad de bodegas de 7 millones de metros cúbicos;

el bajo costo de producción y transporte de la carne argentina por la baratura del ganado y de la mano de obra industrial, la menor distancia a Gran Bretaña (la mitad de la de Nueva Zelandia y Australia, los otros dos grandes países ganaderos) y la inexistencia de intermediarios que impidieran el monopolio;[10]

el traslado a la Argentina de los frigoríficos norteamericanos que en un comienzo abastecieron desde los Estados Unidos a Gran Bretaña; y

la protección de los gobiernos argentino y británico a las empresas frigoríficas y al intercambio entre ambos países.

Con el frigorífico apareció la tendencia a monopolizar la industria y el comercio de la carne congelada. Los primeros acuerdos de las empresas argentinas y británicas para imponer bajos precios al ganado se vieron momentáneamente desbaratados al traer las empresas norteamericanas la competencia de precios. Pero pronto se restablecería el monopolio como lo comprobaremos enseguida.

El traslado de los frigoríficos norteamericanos a la Argentina hizo que la exportación de cuartos bovinos de los Estados Unidos a Gran Bretaña descendiera de 1900000 en 1901 a cero en 1912, mientras subía la exportación argentina con igual destino de 24919 a 2200000.

Las empresas norteamericanas desarrollaron un procedimiento técnico introducido por las inglesas en 1900: el enfriado o refrigerado, en base al ganado de alta mestización (Shorthorn, Hereford, Aberdeen Angus). Este procedimiento originó una rápida discriminación entre dos sectores de ganaderos: los invernadores y grandes criadores invernadores que vendían la carne para el chilled (enfriado) y el resto de los criadores que producían reses para el congelado o las vendían a medio preparar a los invernadores.

El trust organizado por las empresas frigoríficas inglesas y norteamericanas, poco tiempo después de instaladas estas últimas, abarcaba desde las compras de ganado en la Argentina hasta las ventas de carne al consumidor británico y se ensambló con el pequeño grupo de ganaderos del chilled para ejercer una influencia económica, financiera y política poderosa. Las empresas norteamericanas, sometidas en los Estados Unidos a la ley anti-trust Shermann, contaron en la Argentina con la ayuda de los grandes ganaderos para monopolizar, de acuerdo con las inglesas, la industria y el comercio de la carne.

El trust tenía por objeto evitar una competencia ruinosa para las empresas inglesas, como se infiere de la distribución de las cuotas de exportación que hizo la primera Conferencia de Fletes a regir desde el 1.º de enero de 1912: 41,35 por ciento para las norteamericanas, 40,15 por ciento para las inglesas y 18,50 por ciento para las argentinas. A menos de cinco años de iniciadas sus actividades en el país, las empresas norteamericanas habían conquistado el primer puesto en las exportaciones. También las inglesas se dedicaron a preparar el chilled, pero a un costo superior al de las norteamericanas, y sin aprovechar todas las partes del animal (patas, pelo, intestinos, etc.), ni elaborar una serie de otros productos (jabón, queso, manteca, crema, helados, aceites vegetales comestibles, margarina vegetal, dulces, frutas, huevos, aves, bebidas, gelatinas, etc.). La empresa norteamericana era más completa y adelantada que la inglesa y amenazaba con excluir a ésta del mercado. De ahí que, si bien el reparto de los cupos de exportación les favorecía, a los frigoríficos norteamericanos no les convenía un acuerdo que detenía su expansión y daba a los ingleses un medio de estabilizar y controlar la producción y la exportación. Querían hacer valer sus mejores equipos y su técnica superior para aumentar su cuota sin tope alguno.

Empresas que en los Estados Unidos incurrían en las sanciones de la ley contra los trusts, en la Argentina se erigían en campeonas de la libertad de comercio. Al año de la primera Conferencia de Fletes rompieron el acuerdo y se dispusieron a arruinar a las inglesas, aun a costa de soportar déficits iniciales. El ministro inglés en Buenos Aires las acusó de pretender monopolizar el comercio de carnes y pidió la intervención del gobierno argentino, pero éste, presionado por los grandes ganaderos y la Sociedad Rural Argentina, invocó la libertad de comercio y la Constitución para lavarse las manos.

Las empresas norteamericanas prosiguieron su avance hasta que en 1915 las inglesas, amparadas en las necesidades de alimentos de los ejércitos aliados, convocaron una nueva Conferencia de Fletes que repartió así las cuotas de embarques: 58,5 por ciento a los frigoríficos norteamericanos, 29,64 por ciento a los ingleses y 11,86 por ciento a los argentinos. Estos últimos no faenaron en 1915-1919 más que el 5,7 por ciento del total y su producción descendió de 607 000 cuartos en 1905 a 60 000 en 1915.

Al comenzar la década de 1920 Gran Bretaña era prácticamente el mercado único de las exportaciones argentinas de carnes (el 90 por ciento del chilled que compraba procedía del Plata), pero los frigoríficos norteamericanos dominaban al pool que abarcaba todo el proceso.[11]

La división del proceso productivo en cría e invernada se acentuó con la introducción de la técnica del enfriado y el sistema de compras traído de los Estados Unidos por los frigoríficos norteamericanos. A partir de 1912, con el incremento de la producción del chilled, se dedicaron a invernada los extensos alfalfares del oeste bonaerense. Allí los grandes ganaderos preparaban sus novillos que tenían venta segura y precios de privilegio en las plantas frigoríficas. A veces, la hacienda que el invernador, en calidad de simple intermediario, adquiría al criador, ya estaba en condiciones de industrializarse de inmediato y se entregaba directamente a la empresa, la que se negaba a recibirla del criador por no pertenecer al grupo de los favoritos.[12] Por intermedio de los invernadores y grandes criadores invernadores —entre los cuales había dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, ministros, legisladores, magistrados, etc.—, las empresas frigoríficas ejercían la influencia política que mantenía y acrecentaba sus privilegios.

El área cubierta de alfalfa alcanzó el punto máximo en 1922, con 8 400 000 hectáreas (casi el doble de 1910), no igualado posteriormente, como resultado de la gran demanda de carne y de los altos precios del ganado durante la Primera Guerra Mundial y comienzos de la postguerra. La cantidad de cabezas vacunas subió de 26 millones en 1914 a 37 millones en 1922. Pero en 1921 los precios de la carne cayeron de golpe (la libra de carne limpia chilled bajó en el mercado de Liniers de 0,312 pesos en 1920, a 0,269 pesos en 1921, a 0,127 pesos en 1922 y a 0,182 pesos en 1923), mientras mejoraban las cotizaciones de los cereales. Muchos terratenientes arrendaron sus tierras de pastoreo para que fueran labradas. El área sembrada con cereales y lino ascendió de 13 452 815 hectáreas en 1919-1920 a 19 962 422 en 1930-1931 y el área alfalfada descendió de las 8 400 000 hectáreas mencionadas a 5 711 330 al final del período, reduciéndose la existencia de vacunos a 32 millones en 1930. Comenzó entonces a usarse el tractor en el campo. Los agricultores invertían sus ahorros, o se empeñaban con bancos y prestamistas, para adquirirlos, así como máquinas y otros instrumentos de trabajo. Las tierras de labranza se arrendaban a altos precios o se compraban a plazos por sumas elevadas.

La crisis agitó a los ganaderos. Los criadores acusaron a los invernadores y grandes criadores invernadores de complotarse con las empresas frigoríficas en perjuicio de la economía general del país. Por primera vez se hicieron investigaciones y estudios serios sobre la producción, la industrialización y el comercio de carnes. Quedó probada la existencia del pool y de la sorda lucha intermonopolista.

De nuevo la diplomacia británica hizo valer sus influencias para que el gobierno argentino interviniera en la industria de la carne. El diputado conservador Matías Sánchez Sorondo defendió esa idea en las sesiones de la Cámara de fines de 1922 y comienzos de 1923. Propuso el establecimiento de la Compañía Nacional de Frigoríficos con un aporte del Estado del 50 por ciento y hasta del 100 por ciento del capital. Dijo:

«He buscado el principio a que debiera obedecer la legislación administrativa y lo he encontrado en el concepto de la utilidad pública que reviste la industria frigorífica como transformadora y circuladora de nuestra riqueza ganadera, y de este concepto de la utilidad pública emana la legitimidad de la intervención del Estado, intervención que debe ejercitarse sobre ella como se ejercita con caracteres de concesión, control y vigilancia en la explotación de los ferrocarriles y en la explotación de las minas […]. El frigorífico no puede actuar independientemente, operar a capricho, establecerse cómo y cuándo quiere, vincularse con otros frigoríficos del país y del extranjero, sin permiso del Estado; el Estado debe actuar sobre ellos exactamente en la misma forma que actúa sobre otras empresas de utilidad pública […]; el Estado debe intervenir en el establecimiento, la organización, en las vinculaciones y en las ganancias de los frigoríficos y debe crearse una oficina como la del proyecto llamándola la de la producción pecuaria, que centralice la contabilidad de esta rama del comercio y sea algo así como una oficina de ajuste de los frigoríficos. Los derechos de intervención del Estado son evidentes, Inglaterra los ha ejercitado siempre; Australia los ha ejercitado hace pocos años».

Es significativo que la defensa de la intervención del Estado en la industria frigorífica haya partido del representante de una oligarquía librempresista por excelencia que siempre acusó al Estado de mal administrador y de perturbar el libre juego de las leyes del mercado.

Encontramos la explicación en las siguientes palabras pronunciadas por el doctor Sánchez Sorondo en la Comisión Especial de Asuntos Ganaderos de la Cámara de Diputados el 15 de enero de 1923 (versión taquigráfica):

«Aunque esto moleste nuestro orgullo nacional, si queremos defender la vida del país, tenemos que colocarnos en la situación de colonia inglesa en materia de carnes».

También dijo el presidente de la Comisión Especial que por medio de la Oficina de Ajuste de los Frigoríficos o Comisión Reguladora del Comercio de Carnes se quería

«crear un pool análogo al que hizo el gobierno inglés durante la guerra en salvaguardia del aprovisionamiento de carnes para su pueblo y para su ejército».

En resumen: Gran Bretaña pretendía asegurarse, a través de la intervención del Estado argentino, un control de la industria y del comercio de carnes que le permitiera ajustar las clavijas a los frigoríficos norteamericanos. Era la misma política que siguió con el petróleo, con los transportes, con los bancos y con el comercio exterior de nuestro país tan pronto como advirtió la infiltración de los intereses de Estados Unidos. Los criadores de ganado la aplaudieron, puesto que para ellos la causa de la crisis residía en la extorsión a que los sometían los frigoríficos.

El diputado socialista Juan B. Justo opuso al proyecto intervencionista de Sánchez Sorondo el interés del consumidor. Dijo:

«Los poderes públicos han estado siempre principalmente en manos de los estancieros. Son los estancieros los que han dado intendentes a la capital y senadores y diputados al Congreso y a eso se debe que todavía se traigan estos asuntos tan mal tratados y traídos y que son siempre los que más apasionan a estas asambleas legislativas argentinas. La cuestión de los trusts no se ha tocado en este país, sino cuando llegó a alarmar a los ganaderos y a los estancieros la posibilidad de poder recibir menor precio del que creían deber recibir por sus novillos. Jamás se ocupaban los gobiernos argentinos de los monopolios cuando éstos eran una amenaza para los simples consumidores […]».

Justo proponía la formación de un gigantesco trust nacional de la carne, cuyo capital se integraría en el 53 por ciento por el Estado y el 47 por ciento restante con los bienes de los ganaderos y frigoríficos (tierras, ganados, instalaciones, fábricas, etc.) al valor del momento.

Dos proyectos presentaron los demócratas progresistas: Luciano Molinas el traspaso del monopolio de la industria frigorífica a una de las empresas privadas existentes y Lisandro de la Torre la constitución de un trust de comercialización de la carne bajo el control del Estado. Este último diputado atribuyó la crisis ganadera al latifundio y al predominio de los grandes ganaderos en la política y en la economía. Expresó:

«Hay un monopolio de hecho que domina la exportación de nuestras carnes y despoja a los productores argentinos del fruto de su trabajo. No se le puede vencer porque tiene recursos pecuniarios ilimitados. Establezcamos entonces el monopolio del Estado. Muerto el perro se acabó la rabia».

El diputado yrigoyenista Guillot mencionó la desventaja que ocasionaba depender del mercado único inglés y de la inversión de 600 a 700 millones de libras esterlinas por el imperialismo británico, y se mostró partidario de

«abrir nuevos mercados a las carnes argentinas, de modo que no tengamos que vivir estrechamente subordinados a las oscilaciones de los precios y de los intereses ajenos y políticos del Reino Unido».

Los legisladores radicales —todavía no netamente divididos en yrigoyenistas y antiyrigoyenistas, pues se estaba a los comienzos del gobierno del presidente Marcelo T. de Alvear (1922 a 1928)— buscaron las medidas que menos afectaran las situaciones creadas.

Si se exceptúa a Lisandro de la Torre, que con las reticencias de su formación liberal no se atrevió a ir más allá, sin embargo, de un trust de comercialización de la carne bajo control del Estado, nadie sugirió la nacionalización de las empresas frigoríficas. De los debates salieron las leyes 11205, 11226 y 11228 (de creación de frigoríficos y depósitos de distribución de carnes, de inspección de frigoríficos y control del mercado de carnes, y de peso vivo) de alcance administrativo.

Ni el pool frigorífico ni los grandes ganaderos se debilitaron, pero se agudizaron las contradicciones entre las empresas inglesas y norteamericanas y entre los invernadores y criadores de ganado.[13]

CAPÍTULO 15
LOS CHACAREROS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los gobiernos de la década posterior a la batalla de Caseros (1852-1862) restablecieron la enfiteusis de Rivadavia y declararon nulas las ventas de campos legalizadas durante el régimen de Juan Manuel de Rosas. Utilizaron el reparto de tierras a que dio lugar la nueva enfiteusis como instrumento político para favorecer a sus amigos y quebrar o sobornar a sus enemigos, arbitrariedad compatible con el propósito de consolidar en todo el país, mediante el monopolio jurídico de la propiedad territorial por el Estado, el valor y la renta de la tierra,[1] antes circunscripta a algunas zonas. Pero bajo la apariencia de la nacionalización del suelo, los enfiteutas actuaron, desde el comienzo, en calidad de verdaderos terratenientes, y al otorgárseles los títulos de propiedad en 1862, por haber anulado la enfiteusis el primer gobierno de la República políticamente unida, no se hizo más que legalizar una situación de hecho.[2] Dentro de la línea de fortines, las tierras se vendieron o regalaron con una insistencia que se explica por el afán de los gobernantes de crear propietarios que promovieran el desarrollo social estimulados por el acicate de valorizarlas y obtener renta.

En la Argentina, la tierra fue propiedad del Estado su origen en la primera, o sea el haber sido cedida o vendida a particulares o compañías por el Estado. Las consecuencias eran las mismas si el Estado-propietario invocaba el título de heredero de la corona española o el texto de la ley enfitéutica.

Según algunos historiadores, la colonización argentina de la segunda mitad del siglo XIX tuvo de común con la colonización norteamericana de dos siglos antes que no tropezó con el obstáculo de sociedades preestablecidas, puesto que la escasa población nómade de indios y gauchos, fuera de las viejas estancias dispersas, no impedía que permaneciera virgen la mayor parte del territorio de la pampa húmeda. Existieron, sin embargo, marcadas diferencias entre ambas colonizaciones que es ilustrativo examinar.

Los colonos de América del Norte encontraron abundancia de tierras sin propietarios. La pasión de la propiedad de la tierra se satisfizo haciendo valer el derecho del primer ocupante. Los colonos de la Argentina encontraron las tierras con propietarios, aunque en la mayor parte no ocupadas. Antes de la colonización, y con mayor empeño en el curso de ella, las tierras fueron repartidas por el Estado entre gentes que no las querían para aplicarles su trabajo personal, sino para especular con la valorización y apoderarse de la renta creada por el trabajo de los inmigrantes con el concurso de los capitales invertidos en transportes, casas, instrumentos de producción, semillas, ganados, etcétera.

La abundancia de tierras sin propietarios retardó en las colonias norteamericanas de los siglos XVII y XVIII el desarrollo manufacturero y la formación de la clase obrera, ya que nadie aceptaba conchabarse por un salario, mientras se le ofreciera la oportunidad de convertirse en agricultor-propietario independiente.[3] Ese retardo tuvo efectos en alto grado favorables al futuro del capitalismo en los Estados Unidos. El trabajo de los colonos concentrado en el campo dio vida a un tipo de economía doméstico-rural: los inmigrantes labraban la tierra por sí mismos, construían sus casas, hilaban y tejían, elaboraban jabón y bujías, confeccionaban calzado y ropa, vendían los excedentes en el mercado. Al incluirse la manufactura en las tareas agrícolas se frenaba la expansión del capitalismo, pero al diversificarse la producción e incrementarse la acumulación y la inversión de los campesinos se pusieron los cimientos del desarrollo industrial del futuro. Cuando por apropiación directa de los particulares o la intervención del Estado (regalos de inmensas extensiones a compañías de especuladores, fijación de precios de compra-venta de los terrenos, etc.) no quedó más tierra libre, los inmigrantes que no podían convertirse en agricultores independientes se hicieron obreros (además del desplazamiento de los excedentes de mano de obra agrícola a la industrial), los empresarios centralizaron los medios de producción y compraron la fuerza de trabajo disponible, se formó un ejército de trabajadores de reserva que contuvo el alza de los salarios, la industria se separó de la agricultura, funcionó un gran mercado interno y el capitalismo maduró con una potencialidad no igualada en otro país.

La falta de tierras sin propietarios o tierras libres hizo que la colonización capitalista en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX se proyectara sobre un fondo de parasitismo especulador. A la ocupación de los campos por los agricultores inmigrantes, a la demanda de cereales y carnes por los mercados exteriores, a la construcción de ferrocarriles y, en fin, a la incorporación del trabajo y del capital a la tierra, se adelantó el reparto de ésta entre gentes que se enriquecieron con su valorización y al venderla o al arrendarla sustraían sumas enormes a la acumulación capitalista en el agro. Las leyes de favor dieron lugar al siguiente reparto:

«Ciento cincuenta y cuatro personas, que nunca colonizaron, recibieron porque sí, sin el menor justificativo, 2828317 hectáreas. De estas 154 personas, 70 eran militares de alta graduación (20 generales, 38 coroneles, 10 tenientes coroneles, 2 mayores) que obtuvieron hasta el año 1896 trescientas once leguas o sea ochocientas cuarenta mil hectáreas. Todo ello, aparte de las donaciones que les fueron hechas por la ley de premios militares del año 1885».[4]

Por esta ley, del 5 de setiembre de 1885, se premiaba a los militares que habían intervenido en la conquista de tierra adentro, la conquista del desierto por la expedición del general Roca (1879), con campos de magnitud así escalonada: a los herederos de Adolfo Alsina, 15 000 hectáreas; a cada jefe de frontera, 8000; a cada jefe de batallón o regimiento; 5000; a los sargentos mayores de batallón o regimiento y a los jefes de las planas mayores de fronteras, 4000; a los capitanes y ayudantes mayores de regimiento o batallón, 2500; a los tenientes primeros y segundos de batallón o regimiento, 2000; a los subtenientes, alféreces, abanderados, portaestandartes y todo oficial de las planas mayores de fronteras, 1500, y a las tropas bonos de cien hectáreas. Los bonos entregados a soldados y civiles se negociaron a 20 centavos la hectárea (a veces por una damajuana de vino o una compra en la pulpería) y fueron rápidamente acaparados por especuladores.

«Cuando estos aprovechados patriotas tuvieron reunida toda la cantidad de bonos que pudieron acaparar, se presentaron al gobierno redamando la ubicación. Y el gobierno, solícito, los autorizó a ubicarse donde mejor les pareciera. Hechas las mensuras correspondientes, resultó que el Estado se desprendía en favor de 541 personas de: 733 701 hectáreas en La Pampa, 2 507 870 en Río Negro, 114 570 en Neuquén, 1 218 269 en Chubut y 5100 en Tierra del Fuego, o sea un total de 4 579 510 hectáreas».[5]

Desde 1876 hasta 1893 se entregaron 41 787 000 hectáreas a las familias de abolengo, los favoritos del gobierno y los militares, en algunos casos gratuitamente y en otros a precios irrisorios.[6] Las compañías ferroviarias recibieron, por los contratos de concesión, grandes extensiones. Al Ferrocarril Central Argentino (Ferrocarril Nacional General Mitre a partir de su nacionalización) le tocaron 3 millones de hectáreas a ambos lados de las vías; fundó la Central Argentine Land Co. que dio dividendos del 112½ por ciento en el período 1881-1887 con acciones que subieron de una libra a 4 libras 10 chelines.

Oddone ilustra el fabuloso enriquecimiento de los terratenientes al comparar el precio de una hectárea de tierra de la provincia de Buenos Aires, vendida en 1836 al precio tope de 42 centavos, con el precio de la misma hectárea en 1927:213 pesos para campos, 656 pesos para chacras y 2383 pesos para quintas, o sea un término medio de 1840 pesos. «¡Un peso invertido en tierra en el año 1836, se convirtió en 4380 pesos en el año 1927!», dice.

José Boglich documenta, en un cuadro sobre Valorización de la tierra en la República Argentina,[7] el aumento del término medio del precio de la hectárea de 16,29 pesos en 1903 a 73,82 pesos en 1924. La valorización de la tierra dedicada a la agricultura fue mucho mayor que ese término medio: en Junín pasó de 8,24 pesos en 1886 a 550,29 pesos en 1929 y en Rosario de 9,14 pesos a 647,89 pesos en igual período.

El colono inmigrante estaba obligado a comprar o arrendar la tierra a un precio en suba a medida que avanzaban las actividades agropecuarias hasta alcanzar un límite, en el cual el proceso expansivo se detendría y se iniciaría el estancamiento y el retroceso de la agricultura y la ganadería.

Para apuntalar un régimen agrario que en pocas décadas agotó las posibilidades de crecimiento de las fuerzas productivas vino la hipoteca. La deuda hipotecaria total de la República Argentina (urbana y rural) era en 1905 de 1000 millones de pesos, en 1915 de 2 989 349 216 y en 1925 de 3 540 991 987. En 1899 se calculaba el hipotecamiento del suelo en un término medio de 12,86 pesos por hectárea, mientras que en 1924 alcanzaba a 60,13 pesos. La hipoteca favorecía, en general, al sector más rutinario y parasitario de los terratenientes e impedía el acceso a la propiedad de los productores directos. Sin embargo, como participación de bancos, ahorristas y prestamistas en la renta de la tierra, sólo representa una de las manifestaciones del parasitismo que carcome al campo argentino desde los comienzos de la colonización capitalista.

A diferencia de la colonización norteamericana de los siglos XVII y XVIII, cuyo carácter doméstico-rural hemos destacado la colonización argentina se orientó desde su origen hacia el mercado. Fue una colonización dirigida. El inmigrante no vino a realizar el sueño alberdiano de crear una economía diversificada de autoabastecimiento en granjas que le aseguraran, ante todo, el propio sustento; no vino a completar la siembra y la cosecha o la cría del ganado con la elaboración de sus productos en la misma tierra. Lo trajo la empresa colonizadora que le pagó el pasaje y le adelantó dinero para sus inversiones iniciales en casa, herramientas, semillas, etc., o viajó por su cuenta y el gobierno o los parientes le ayudaron en los primeros pasos, pero para convertirse de inmediato en productor de cereales y carnes destinadas a lejanos mercados. No tenía opción si quería hacer la América, como lo había ambicionado al abandonar la pobreza de su aldea italiana, española o rusa. Su destino de productor-vendedor estaba acondicionado por la incorporación de la economía argentina a la prosperidad que emanaba de la Inglaterra victoriana.[8] Hubiera dado pruebas de locura y sido el hazmerreír de todo el mundo de tener la ocurrencia de dedicarse a tejer e hilar, a hacer sus zapatos o fabricar su jabón y sus bujías. ¿Para qué perder el tiempo y las energías si como vendedor de una mercadería podía ser comprador de todos los valores de uso necesarios?

Así se explica el papel protagónico que ha tenido en la organización de la economía agraria argentina la burguesía intermediaria. Tiene vieja historia. Data de los albores de la Colonia. Pero con la colonización capitalista su poder se multiplicó y se extendió. La colonización misma fue en gran parte su obra. Financió el traslado y la radicación de los inmigrantes e instaló los primeros almacenes de ramos generales, institución típica del campo argentino que oficia de compradora de las cosechas, acopiadora, depositaría, prestamista, vendedora de toda clase de artículos y termina por adueñarse de las tierras. Forman la burguesía intermediaria exportadores, importadores, mayoristas, minoristas, consignatarios, comisionistas, cerealistas, rematadores, etc., que tienen por común denominador la oposición a ultranza al intervencionismo del Estado, al anti-industrialismo y la defensa de la política de las inversiones extranjeras.

De lo expuesto hasta aquí en este capítulo se infiere que sobre el destino de la masa de plusvalía creada por el trabajo incorporado a la tierra argentina en el curso de la colonización capitalista gravitaron tres factores que entorpecieron el proceso acumulativo y expansivo de la economía agraria:

La preexistencia de un régimen de propiedad privada (procedente de las ventas y donaciones del Estado en su condición de primitivo propietario) que se adelantó con fines especulativos al ingreso de la corriente inmigratoria a las tareas rurales, suprimió las tierras libres y sustrajo partes considerables de las ganancias agropecuarias a su reinversión en el campo mismo (gastos improductivos, rentas giradas al extranjero, intereses hipotecarios). Para el terrateniente engendrado por el favor de los gobiernos, cuyas estancias se valorizaron y comenzaron a darle renta en un abrir y cerrar de ojos gracias al trabajo ajeno, no regía la doctrina de la abstinencia, ni el apotegma teológico de Calvino que fuera el principio regulador de la colonización norteamericana:

«Debéis trabajar para ser ricos, no para poner vuestra riqueza al servicio de vuestra sensualidad y de vuestros pecados, sino para honrar con ella a Dios».

El gigantismo del capital comercial de la burguesía intermediaria, cuyas cuotas de ganancias aumentaban a costa de las ganancias agropecuarias por quedarse con diferencias considerables entre los precios de compra al productor directo y los de venta a los mercados, y entre los de importación y los de consumo, por especular con los altibajos de las cotizaciones debido al mejor conocimiento del mercado, por las compras a término y las ventas a plazo, por los préstamos hipotecarios y usurarios, por las comisiones y, en resumen, por sus relaciones con el capital extranjero y los grandes terratenientes y su participación privilegiada junto a ellos en el reparto de la renta nacional. Dentro de la burguesía intermediaria ubicamos a los arrendatarios principales, parásitos que no eran terratenientes ni chacareros, sino que subarrendaban a los segundos las tierras que arrendaban a los primeros, obteniendo grandes ganancias. En 1912 había en la zona cerealera arrendatarios principales que pagaban 7 a 14 pesos y cobraban 10 a 55 pesos por hectárea.

La orientación dominante de la economía agropecuaria hacia el mercado exterior, su amoldamiento a las demandas del consumidor extranjero, característica que le imprimió su peculiar sentido exógeno y su dependencia de los oligopolios comerciales, industriales y financieros internacionales. No podía tener base más aleatoria.

La pampa húmeda sería granero y dehesa de Gran Bretaña en tanto Gran Bretaña no descendiera del pináculo de gran potencia compradora. El sistema productivo generado por la colonización capitalista no sólo descansaba en el libre juego de las leyes económicas en general; depositaba además su confianza en la acción de esas leyes funcionando desde el mercado exterior. Las grandes demandas de alimentos y materias primas que mantuvieron elevados los precios internacionales de las exportaciones argentinas se interpretaron como factores permanentes de riqueza, no como el fenómeno coyuntural de una etapa de ascenso de las potencias del capitalismo industrial, y tanto se arraigó en los políticos e intelectuales de la época la fe en la eternidad de la opulencia que emanaba del comercio con Gran Bretaña, que a fines de la tercera década de este siglo, al invertirse la relación de los términos del intercambio (por un crecimiento mayor en el área mundial de la demanda de productos industriales que de la demanda de alimentos y materias primas y la consiguiente baja relativa del precio de estos últimos), el país carecía de los hombres ideológica, política y económicamente preparados para entender y afrontar la nueva situación.

Gran aumento de la producción con baja productividad fue el resultado —en una región de insuperables condiciones naturales y escasa densidad demográfica[9]— del fácil y rápido proceso de valorización de la tierra y crecimiento de la renta y la ganancia debido al impulso de las compras del mercado exterior. Al productor agrario en busca de fortuna a corto plazo le resultaba más conveniente invertir sus ganancias en nuevas tierras por compra o arriendo que en las tierras que ya explotaba. El terrateniente prefería por lo común dilapidar sus rentas a seguir el consejo de Adam Smith en La riqueza de las naciones y traspasar el excedente de sus ingresos sobre sus gastos al sector manufacturero o reinvertirlo en el agro para obtener mayor productividad.

Decidieron el encauzamiento de la producción agropecuaria hacia el mercado exterior, con las consecuencias que acabamos de exponer, las empresas fundadas por el capital extranjero (ferrocarriles, frigoríficos, compañías de navegación, firmas exportadoras e importadoras, etc.) y la política crediticia estatal y privada. Si se exceptúan los pioneros de la industria nacional, no se encaraba el desarrollo del mercado interno por medio de la diversificación de la producción y de la sustitución de importaciones. Sacrificar en lo más mínimo el comercio exterior era atentar contra los sagrados intereses agropecuarios a los que se identificaba con los intereses de todo el país.

Los mentados intereses agropecuarios no constituían un bloque homogéneo. Una parte de los inmigrantes había logrado incorporarse a la clase de los grandes y medianos terratenientes o enriquecerse en el comercio y la usura, mientras las ambiciones de la mayoría se veían frustradas por el monopolio de la tierra y el saqueo del capital comercial y las empresas extranjeras. No se entenderán las contradicciones suscitadas en el agro argentino por la colonización capitalista si se opone el conjunto de los inmigrantes a los terratenientes y a la burguesía intermediaria, trastrocando la lucha de clases inherente a la corriente inmigratoria tan pronto como se afincó en el país en una falsa antítesis de nativos y extranjeros. En la nómina de terratenientes, y grandes terratenientes, abundaron desde las postrimerías del siglo XIX apellidos de inmigrantes y casi la totalidad de la burguesía intermediaria del litoral se integró con la inmigración.

Es menestar prescindir de la idealización a que una frondosa literatura seudomarxista somete a las luchas agrarias de la pampa argentina y otorgarles su verdadero contenido historicosocial. Dentro del proceso de la colonización capitalista, a partir de sus comienzos, deben ubicarse esas luchas, pues el monopolio previo o contemporáneo a ellas de las tierras sería absurdo de no haber tenido por meta su valorización por el trabajo y el capital trasplantados de Europa.

Ya en la década del 1880-1890 se registraron movimientos de agricultores inmigrantes que reclamaban la rebaja de los arrendamientos, el acceso a la propiedad privada de la tierra y el pago de sus cosechas en oro (no en el peso desvalorizado por la maniobra inflacionista clásica de los exportadores), es decir que enderezaban su ofensiva contra los terratenientes y la burguesía intermediaria. Algunos autores izquierdistas pretenden insuflarles un espíritu de reforma agraria inconciliable con las ambiciones de la masa inmigratoria, por más que descubran en éste o aquél de sus líderes antecedentes revolucionarios europeos. No cuestionaban esos movimientos al régimen de propiedad y no cabe suponer que en un país con superabundancia de tierra virgen o inculta, escasa densidad demográfica y economía de mercado (no de subsistencia) fuera razonable pedir la limitación de la cantidad de hectáreas poseídas individualmente. Al querer pagar menores arrendamientos o que se les vendieran tierras a bajos precios y cobrar más por los cereales, los agricultores descontentos aspiraban a recorrer el mismo camino que condujo a la riqueza a quienes la alcanzaron por haber llegado primero, por un golpe de suerte o por ser astutos, audaces o precavidos. Es a todas luces claro que el chacarero no vivía al nivel del campesino pobre de las sociedades con superpoblación rural o economía estrangulada por relaciones de clase precapitalistas, sin otra salida a su permanente pauperización que el reparto de las tierras expropiadas a sus antiguos dueños y el salto a un nuevo régimen agrario. No atacaba a la propiedad, sino a los obstáculos que le impedían enriquecerse. En un sistema económico condicionado por la demanda del mercado exterior, sin mayores desplazamientos de capital del campo a la industria y alienado a la conquista del máximo lucro personal, predominaba el espíritu terrateniente en los agricultores en lucha por vencer los obstáculos que malograban sus sueños de hacer la América cuanto antes. La índole débil y provisional de su oposición a los terratenientes y a la burguesía intermediaria se reflejó en las líneas zigzagueantes de las organizaciones que fundaron y de los partidos políticos que contaron con su aporte.

El contenido de clase y los objetivos de las luchas campesinas en la pampa húmeda se desprenden con claridad del análisis del grito de Alcorta, la gran huelga agraria de 1912 que se extendió por el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires, el sureste de Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Allí en la amplia zona de los cereales, las contradicciones generadas por la colonización capitalista adquirieron la mayor intensidad. El monopolio del suelo (con arrendamientos variables entre el 38 y el 54 por ciento) y el pillaje del comercio estrangulaban las economías de los chacareros que no cesaban de inmigrar de Europa en busca de la tierra prometida.[10] La colosal succión de la plusvalía del trabajo agrícola por la renta y la ganancia enriquecían a terratenientes, mayoristas y empresas extranjeras que poco les interesaba reinvertir en la zona sus ingresos.

En 1911 se perdió la mayor parte de la cosecha. La exportación de maíz descendió a 2 766 597 pesos oro de los 60 260 804 de 1910 y el intercambio con el exterior, hasta entonces favorable, arrojó un déficit de 62 702 734 pesos oro. Después de un largo período de relativo bienestar era un duro contratiempo para el conjunto de la economía agraria que los chacareros sobrellevaron en tanto obedecía a una calamidad natural. Pero en 1912 la cosecha fue espléndida, el área sembrada aumentó en más de un millón de hectáreas y la balanza del comercio exterior dio un superávit de cerca de 100 millones de pesos oro. Los terratenientes, las firmas cerealistas exportadoras y el gobierno hicieron su agosto, mientras los chacareros, con la baja provocada en los precios de los cereales, no tenían motivos de regocijo.[11]

Nadie podía alegar la sequía, las escasas lluvias, el granizo o las plagas como causas de la descapitalización y el endeudamiento del chacarero. La generosidad con que ese año 1912 la naturaleza premió el trabajo agrícola no impidió que el productor se viera obligado a malvender los cereales al intermediario para pagar la renta al terrateniente y saldar la deuda contraída con el almacenero. Los arrendamientos habían subido del 15 por ciento de la cosecha líquida en 1903 al 18 y 20 por ciento en 1905 y al 35,40 y, en algunos casos, 54 por ciento en 1912, y al mismo ritmo se elevaron los precios de los artículos de consumo de la chacra (importados y nacionales).[12] Era obstruida la acumulación capitalista de los chacareros en tanto los terratenientes y la burguesía intermediaria rapiñaran los excedentes sobre el nivel de vida y anularan así las ganancias de aquéllos.

Los escasos ingresos de los chacareros afectaron al comercio local, los artesanos, médicos, farmacéuticos y, en general, a toda la actividad de una región cuya vitalidad económica dependía de la capacidad adquisitiva de bienes y servicios de los productores agrarios. Esta relación de intereses explica la rapidez con que se propagó el grito de Alcorta y la espontánea solidaridad de todos los sectores populares con los huelguistas. La influencia de las ideas socialistas y anarquistas, por conducto de algunos inmigrarles que las asimilaron en Europa o del Partido Socialista y de la Federación Obrera Regional Argentina, no suscitaron movilización muy amplia en un medio social compuesto de una inmensa mayoría de católicos de mentalidad conservadora. El aporte de los militantes y simpatizantes de esas corrientes ideológicas fue más de experiencia organizativa que de educación en doctrinas muy diluidas.[13]

Las primeras reuniones preparatorias de la huelga se realizaron en chacras y almacenes, pero el acto decisivo previo al grito de Alcorta fue la resolución conjunta de los curas párrocos de Alcorta, Máximo Paz, San José de la Esquina, Arteaga, Alvear y San Genaro —a iniciativa del primero, el padre Pascual Netri— de apoyar a los huelguistas y autorizar que se concentraran frente a las iglesias. Pascual Netri y su hermano José, cura párroco de Máximo Paz, concurrían a entrevistarse con los organizadores del movimiento en el almacén de ramos generales de Angel Bujarrabal.

La huelga se declaró el domingo 25 de junio de 1912 en una asamblea pública celebrada en la Sociedad Italiana de Alcorta. Fue propuesta por el chacarero Francisco Bulzani con estas palabras que dan la síntesis de la situación:

«No hemos podido pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado, pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza el dinero para pagarle al almacenero que nos viene surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así. Tenemos que ponerle punto final a tan triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo campesino que debemos evitar a cualquier precio. Los propietarios se muestran reacios a considerar nuestras reclamaciones y demandas. Los hemos invitado a la reunión que hemos realizado el 17 de este mes en este mismo lugar y, después de prometer que asistirían, no se les vio ni el polvo. Creen que lo que nosotros pedimos no se ajusta a la realidad. Pero si hoy sonríen por nuestra protesta, pueda que mañana se pongan serios cuando comprendan que la huelga es una realidad».

Tanto los dirigentes de la huelga como sus asesores —los dos sacerdotes Netri mencionados y su otro hermano, el doctor Francisco Netri, abogado de Rosario— se preocuparon de no llevar la lucha más allá de la exigencia de rebaja de los arrendamientos y libre contratación. Abajo los altos arrendamientos y Abajo los contratos esclavistas fueron las consignas del grito de Alcorta. El doctor Netri leyó a los asambleístas de la Sociedad Italiana, después de aconsejarles tacto, cultura y conciencia, el proyecto de contrato a proponer a los terratenientes que rebajaba los arrendamientos al 25 por ciento en parva y trilla y 6 por ciento de pastoreo, con libertad de trillar y desgranar, y duración no menor de cuatro años.[14]

Ni el cambio de régimen de propiedad, ni la redistribución de la tierra por medio de la reforma agraria, se consideraron en las reuniones previas al 25 de junio o en la asamblea de ese día. Los chacareros se rebelaron contra el sistema de los altos arrendamientos y la especulación que los terratenientes y la gran burguesía hacían con los frutos del trabajo agrícola.[15] No exigieron la supresión del arrendamiento, sino su rebaja y la libertad de comercio.

La violenta agitación del anarquismo tendiente a suprimir la propiedad y el Estado tanto como la prédica reformista del socialismo en pro de la división de los latifundios y el reparto de las tierras entre los productores directos[16] encontraron eco entre algunos chacareros en los momentos de máxima tensión de la lucha, pero en definitiva resbalaron sobre el conjunto de la masa campesina y no la desviaron de los dos limitados objetivos que acabamos de recordar. Vanos resultaron los esfuerzos de los dirigentes socialistas y anarquistas por obtener que los sindicatos obreros declararan un paro en solidaridad con los chacareros y nada autoriza a afirmar que existiera conexión entre el movimiento iniciado en Alcorta y la huelga ferroviaria de enero de 1912, salvo sus causas objetivas comunes en la crisis económica de 1911. Fuera de los obreros rurales y braceros de las máquinas desgranadoras, que por sus tareas estaban vinculados a la actividad de la chacra y respondieron al llamado de los dirigentes de la Federación Obrera Regional Argentina, el proletariado permaneció en actitud contemplativa sin entrar en la lucha. El gobierno, entonces en manos de la oligarquía conservadora liberal, atribuyó el conflicto a la infiltración de los agitadores profesionales para difundir el engaño de que los agricultores estaban absolutamente satisfechos con las condiciones de sus contratos respectivos y justificar los encarcelamientos, persecuciones y condenas de los dirigentes agrarios.

Al mes y medio de iniciado el movimiento, los terratenientes de Alcorta comenzaron a suscribir nuevos contratos con los chacareros, en base al proyecto aprobado en la Sociedad Italiana, fijando el arrendamiento en parva y troje en el 28 por ciento, en vez del 25 por ciento del proyecto, y aceptando, en general, el 6 por ciento de pastoreo y las restantes condiciones.

Los terratenientes tuvieron que ceder ante lo imponente de la fuerza movilizada por los chacareros y comprendieron que para no verse obligados a hacer nuevas concesiones y recuperar las posiciones perdidas debían desconocer los comités de huelga y demás organizaciones campesinas y tratar individualmente con los chacareros. La Sociedad Rural de Rosario resolvió, al mismo tiempo que llegar a acuerdos con los huelguistas,

«que se aconseje a los propietarios o arrendatarios de campos que se entiendan directamente con los colonos de sus campos, sin que tomen participación alguna elementos extraños».[17]

Los chacareros respondieron con la fundación de la Federación Agraria Argentina, en el Congreso Constituyente de Rosario del 15 de agosto de 1912, por iniciativa del doctor Francisco Netri.

Gobernaba la provincia de Santa Fe el primer gobierno radical elegido en la República. Era el resultado de la ley Sáenz Peña, cuya aplicación en los comicios santafesinos del 1.º de abril de 1912 hizo posible la libre emisión del voto. El origen popular y la amplia composición social del nuevo gobierno de la provincia, tanto como el ambiente favorable a los huelguistas predominante en la ciudad de Rosario,[18] aceleraron el triunfo de los chacareros.

La Comisión designada por el gobierno santafesino para que dictaminara sobre el conflicto aconsejó ponerse de parte de los colonos, porque está de su lado la razón y propuso las siguientes condiciones que resumimos:

libre discusión de los términos de los arrendamientos entre propietarios y colonos, o entre arrendatarios y colonos, allí donde existiera el subarriendo, sobre la base de una rebaja que fije como máximo el 30 por ciento en especie o su equivalente en dinero del arrendamiento de la mejor tierra;

pago por el propietario de la trilla y la bolsa de la parte de la cosecha que le corresponda;

ocho días de plazo al propietario para retirar su renta después de trillada, o de lo contrario liberación de responsabilidad al colono por los daños que sufra;

contratos de tres años como mínimo;

6 por ciento como mínimo de pastoreo cuando no haya alfalfa y arreglo particular cuando la haya;

liberación de gabelas por cría de lecheras, chanchos y gallinas en proporción a las necesidades de cada familia;

libertad de vender las cosechas a quien se quiera y cuando se quiera;

libertad de trillar con la máquina que se elija, previo aviso al propietario y siempre que éste no ofrezca otra igual que trabaje en las mismas condiciones;

libertad para transferir los arrendamientos a colonos trabajadores y honestos, sin pagar nada por la transferencia y sometiendo a un árbitro la decisión respecto a la competencia y moralidad del colono en el caso de que el propietario no quiera aceptarlo;

sometimiento a arbitraje en caso de controversia sobre si el cultivo ha sido hecho a uso y costumbre del buen labrador; y

principio y término para los arrendamientos, el 1.º de julio para los maiceros, con pago de un semestre al entrar en la tierra cuando se arriende en dinero, y pagos anuales de un semestre vencido y otro adelantado en los años sucesivos.

También sugirió la Comisión provincial que a los chacareros desprovistos de recursos se les otorgasen créditos, asesoría jurídica y subsistencia, y varias medidas de protección de la agricultura.

Tal fue el convenio que suscribieron, sin mayores modificaciones, los representantes de los chacareros y del gobierno santafesino. Analizado al margen de la realidad histórico-social, es decir desde una posición ideológica abstracta no sometida a la prueba de la práctica, carece de importancia, porque dejó intacto el régimen existente de propiedad. Pero los chacareros no se declararon en huelga para cambiar ese régimen y analizar la reforma agraria. Conviene no confundir los deseos de los anarquistas que propiciaban la anulación de la propiedad o de los socialistas que pedían la división de los latifundios con las aspiraciones concretas de los colonos arrendatarios.

Los chacareros sentían un respeto sagrado por el derecho de propiedad y en cada uno de ellos había un terrateniente en potencia. Sabían que la tierra tenía un precio y no estaban dispuestos a asaltarla, ni a recibirla de regalo. No registran las crónicas del movimiento de 1912 ocupaciones ni expropiaciones de campos. Sus objetivos eran las rebajas de los arrendamientos y, en general, de los costos (fletes, artículos de primera necesidad, máquinas agrícolas, madera, hierro, etc.), y el aumento de los precios de los cereales, o sea la máxima ganancia y, a través de ella, entrar libre y ampliamente en el proceso de acumulación del capital. En una economía agraria extensiva, mercantil y especuladora en alto grado, en la que los chacareros no buscaban la satisfacción directa de sus necesidades (como podía serlo en una economía natural o de autoabastecimiento), sino la ganancia con la venta de los productos agrícolas al transformarlos en mercaderías, la lucha entre arrendatarios y terratenientes giraba alrededor de la apropiación de la renta por los terratenientes que en la zona cerealera absorbía las ganancias de los chacareros y los descapitalizaba o no les permitía capitalizarse.[19] El acceso a la propiedad de la tierra se concebía como resultado de la compra o de la herencia y de ninguna manera de una operación revolucionaria o reformista que pusiera en tela de juicio el derecho de propiedad.

Enfocado el convenio a la luz del interés del chacarero en acumular capital cobra una perspectiva distinta que si lo comparamos con una deseable plataforma de reforma agraria en otras condiciones histórico-sociales. La rebaja de los arrendatamientos en un 8 a 24 por ciento (del 38 al 54 por ciento de antes al 30 por ciento máximo del convenio) significaba el traslado de la suma equivalente de dinero de los bolsillos del terrateniente a los del chacarero, con la diferencia de que lo que en aquél era renta a derrochar lejos del campo en éste era ganancia a reinvertirse en la tierra o a gastarse, por lo general, en la zona. El nivel de vida de la familia chacarera se elevó después de la huelga agraria: construyó mejores viviendas, se rodeó de algunas comodidades que antes desconocía, alargó el período escolar de sus hijos y, en casos raros, les costeó carreras universitarias. También aumentó el empleo de mano de obra asalariada acoplada al trabajo de la familia o en reemplazo de los miembros dedicados a otras tareas. Al asegurarse mayor independencia del arrendatario-productor en sus relaciones con el terrateniente-rentista se dibujaron con nitidez las líneas divisorias de las clases del capitalismo en el campo.

La Federación Agraria Argentina se fortaleció con la adhesión en masa de los chacareros y el comercio libre, o sea del sector de la burguesía intermediaria que abastece a la chacra, cuya prosperidad depende (igual que la de los médicos y farmacéuticos rurales y la de los abogados, sanatorios, consignatarios, etc., de las ciudades con clientela rural) de la prosperidad del chacarero. Las críticas a la organización agraria, por lo común muy violentas, de la Liga de Firmat, fundada por socialistas y anarcosindicalistas, no convencían a chacareros que, bajo la conducción del doctor Netri, ajustaban sus ambiciones a la conquista de la mayor ganancia mediante arrendamientos bajos y buenos precios para los cereales.[20]

El programa del Partido Socialista para el campo no era objetado por los chacareros. Sus cláusulas —como la abolición de los impuestos que gravaban la producción agropecuaria, la contribución directa y progresiva sobre la renta de la tierra, la indemnización por las mejoras introducidas por los arrendatarios, la expropiación de tierras para colonizarlas, etc.— se incorporaron al programa de la Federación Agraria Argentina. El doctor Juan B. Justo tuvo gran ascendiente intelectual sobre el doctor Netri y otros dirigentes y militantes agrarios, y hubo afiliados socialistas en puestos de responsabilidad de la Federación. Y, sin embargo, la influencia del Partido Socialista en el movimiento generado por el grito de Alcorta decayó hasta desaparecer. Durante la larga presidencia de Esteban Piacenza las polémicas entre La Tierra y La Vanguardia adquirieron una agresividad que llegaba al insulto.

El objetivo central a que tendía el programa del Partido Socialista para el campo aparece en estas expresiones de la biografía de Juan B. Justo escrita por el doctor Nicolás Repetto:

«Todo el sistema de política agraria propuesto y defendido por Justo descansaba sobre esta idea fundamental: para que nuestro país se pueble y civilice es necesario multiplicar al infinito las explotaciones rurales encomendadas al trabajo de una familia. Triunfar sobre el desierto dividiendo los numerosos y extensos latifundios que la inepcia y el espíritu de especulación mantienen en el país, para asentar en el campo tantas familias como sea posible en chacras estables y técnicamente dotadas. Estas ideas constituyeron para Justo, más que un problema, una verdadera obsesión a la cual dedicó sus mejores esfuerzos de estudioso, de político y de legislador».

Volvía Justo, en realidad, a la idea alberdiana de gobernar es poblar, en el sentido ya no de poner fin al desierto, sino de destruir las nuevas barreras que el latifundio oponía al trabajo y al espíritu de empresa. Su solución del problema agrario argentino consistía en dividir los latifundios y crear

«toda una nueva clase de propietarios, pero de propietarios productores, para quienes la tierra sea un medio de trabajo, más que una fuente de renta […]»[21]

Dicho con otras palabras: quería que el productor directo absorbiera la renta, que desapareciera el terrateniente que no explota su tierra, que propietario y productor se fusionaran en la misma categoría social. Comparte hasta hoy esta tesis, cuyo fondo es la eliminación del arrendamiento por parasitario, casi toda la izquierda del país. Pero ¿la comparten los productores arrendatarios? No parece haber tenido ni tener mayor eco en ellos. Del análisis del grito de Alcorta y de las ulteriores movilizaciones campesinas se infiere que la rebaja de los arrendamientos, la oposición a los desalojos, los términos de los contratos, la mejora de los precios de los productos primarios, etc., son aspiraciones más sentidas que la expropiación de los terratenientes (pacífica o violenta, con o sin indemnización) para crear una clase de propietarios productores que ocupe todo el campo argentino.

Dicha comprobación no indica, ni mucho menos, que los arrendatarios se conformen con serlo eternamente. Por el contrario, repetimos que en cada arrendatario hay un terrateniente en potencia. Pero media gran distancia entre el planteo de una reforma agraria que trastrueque los fundamentos del régimen vigente de propiedad y la ambición individual de ser algún día propietario. Una comunidad agraria integrada nada más que por productores directos, tal como la concebía Justo, impone necesariamente limitaciones al derecho burgués de propiedad y al suprimir al terrateniente mata el sueño más acariciado por el arrendatario. Ésta es la explicación de las resistencias con qué ha tropezado y tropieza la prédica de tal tipo de reforma agraria en el campo argentino.

Insistimos: en el campo argentino y no nos referimos al campo de cualquier otro país, ni a la reforma agraria en términos generales. Y en el campo argentino no existe presión demográfica sobre la gran propiedad territorial desocupada o semiocupada, como en otras partes del continente. Crear esa presión demográfica mediante la reiniciación de la corriente inmigratoria sería invitar a los pobres del mundo a que abandonen sus luchas por una sociedad justa y una economía de abundancia allí donde residen para venir a hacer la reforma agraria en la Argentina, no sabemos con qué ventajas para ellos y sus países, salvo que traigan de colonos a gentes descontentas de los cambios sociales, adversarias del socialismo y nada dispuestas, por consiguiente, a aceptar aquí lo que repudiaron en sus lugares de origen. Procedamos al revés: expropiemos primero los latifundios para entregar las tierras a quienes dentro y fuera de nuestras fronteras no las tienen y las reciban con la obligación de trabajarlas bajo un sistema de cooperativas cuya superioridad sobre el individualismo económico se pruebe en la práctica (mayor productividad, progreso técnico, bienestar general, desaparición de los desniveles sociales, etc.). Si deseamos llevar adelante esta política debemos luchar por el poder revolucionario de la clase obrera y no esperar de los chacareros (campesinos medios y ricos) que renuncien de antemano a la posibilidad de poseer más y más tierras. Porque, a diferencia de los países en los cuales un numeroso campesinado pobre carece de otro horizonte que el que le ofrecen la expropiación y el reparto de las propiedades de los terratenientes, en la Argentina el campesino que se empobrece se proletariza y cambia de clase al vender su fuerza de trabajo en la chacra, la estancia o la fábrica. Hay desocupación obrera, pero no campesinos condenados a morirse de hambre en su pedazo de tierra, y hasta en aquellas zonas donde por el minifundio o distintas causas la explotación del propio campo no le da para mantener a su familia, el éxodo durante una parte del año lo semiproletariza en ingenios, minas y obrajes. Éste es un índice del grado de funcionamiento de una economía capitalista.

Las relaciones de la Federación Agraria Argentina con los partidos denotan una versatilidad que no puede atribuirse a independencia, ni a apoliticismo. Los socialistas, desengañados después de la corta luna de miel, decían que los agrarios buscan amigos y protectores en los partidos de la política criolla, porque dieron sus votos a Yrigoyen en las elecciones de 1916, a cuatro años de la intervención del caudillo radical, por conducto del gobierno santafesino, a favor de la rebaja de los arrendamientos; pero cuando el gobierno de Yrigoyen reprimió la huelga de 1919, los chacareros pasaron a la oposición e hicieron buenas migas con los conservadores.[22]

Al año siguiente, el 12 de junio de 1920, la Federación Agraria Argentina firmaba un pacto de apoyo recíproco con la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Cinco años antes, en su IX Congreso, la FORA se había negado a reconocer a la organización de los agricultores por estos motivos:

«La falta de una producción agrícola intensiva no ha permitido el surgimiento de un proletariado rural compuesto por asalariados […]; los colonos o arrendatarios constituyen una clase de intermediarios entre terratenientes y proletarios y por el lugar que ocupan en la producción no es posible el amalgamamiento de sus organizaciones en la de los obreros de la industria […]».

En consecuencia el Congreso resolvió que

«la FORA, compuesta exclusivamente por obreros, no puede aceptar la organización de los agricultores, hasta tanto ésta no sea compuesta por asalariados, pero sus esfuerzos deben tender a la constitución de sindicatos obreros en todos aquellos centros rurales donde la existencia de un proletariado permita su desarrollo».

De las palabras transcriptas se desprende que la FORA comprendía con exactitud las diferencias de clase y la oposición de intereses entre los chacareros (arrendatarios capitalistas) y los obreros rurales, aunque subestimaba la existencia de estos últimos y los hechos la obligaron a admitirla al estallar en 1919-1920 movimientos proletarios en las chacras por aumento de salarios, disminución de las horas de trabajo, mejor trato y otras reivindicaciones.[23] Para los obreros rurales, los chacareros resultaban ser sus explotadores, y eran en realidad los que les imponían duras condiciones con el objeto de asegurarse la mayor ganancia posible, pero una parte de esa ganancia salía de la casa del chacarero en forma de renta e iba a enriquecer al ocioso terrateniente. El contacto establecido en Adolfo Alsina, zona del conflicto obrero y de altos arrendamientos, entre la Federación Agraria Argentina y la Sociedad de Oficios Varios, adherida a la FORA, se inició en el terreno de la lucha de los obreros rurales contra los chacareros y evolucionó hasta el acuerdo de ambas organizaciones en el común propósito de reducir, y para los anarquistas eliminar el pago de los arrendamientos.

Tal fue el origen del pacto de apoyo recíproco. El vocero oficial de la Federación Agraria Argentina, La Tierra, se congratuló de ver que

«los trabajadores de la tierra y los obreros industriales y del transporte de este país se dieran la mano con el máximo de sinceridad para poder, sin falsos sentimientos y sin prevenciones injustificadas, defender sus propios intereses afirmando la solidaridad común en la lucha social y evitando desagradables incidentes que han solido y suelen ocurrir entre jornaleros rurales y agricultores, incidentes que son de todos bien conocidos».

Por el pacto, la FORA reconocía a la FAA como la única central de los agricultores y la FAA a la FORA como única central de la clase obrera asalariada; ambas organizaciones se comprometían a luchar

«por libertar la tierra y todas las fuentes de producción y de cambio, anulando la arbitraria apropiación capitalista y de los terratenientes para ponerla a disposición de los trabajadores»,

cláusula inconcreta, de típica redacción anarquista, cuya realización se difería para un indeterminado mañana, pues

«los propósitos inmediatos de agricultores y obreros agrícolas asalariados no son idénticos».

La crisis de 1921 agitó las contradicciones entre las clases sociales del campo. De nuevo el precio de los arrendamientos fue el eje de los conflictos. Los agrarios, movilizados por la FAA, demandaron a los poderes públicos la sanción de una ley que ajustara el nivel y las condiciones de los contratos. Su petitorio tuvo amplia e inmediata acogida en la oposición, entonces embarcada en una campaña política de denuncias y críticas contra el gobierno de Yrigoyen. Conservadores, radicales antiyrigoyenistas y socialistas coincidieron con los principales diarios —La Prensa, La Nación y La Razón— en rodear la marcha de los chacareros sobre Buenos Aires de una entusiasta publicidad. Después del 27 de agosto por la avenida de Mayo organizado por la Federación Agraria Argentina, en el acto del Teatro Victoria hablaron el presidente de la entidad, Esteban Piacenza, los diputados socialistas Juan B. Justo, Nicolás Repetto y Enrique Dickmann, y el diputado radical antiyrigoyenista Juan Luis Ferrarotti, asesor legal de la central campesina. El 21 de setiembre la Ley Contractual Agraria era aprobada por el Congreso con ligeras modificaciones al proyecto inicial.[24]

En el ánimo del presidente Yrigoyen prevalecieron, en esas circunstancias, consideraciones políticas más que una apreciación serena de las necesidades del desarrollo nacional, y consideraciones políticas carentes de elasticidad tácticas que lejos de quebrar la maniobra de sus adversarios, al aislarlo de los agricultores, la alentaba y fortalecía. El caudillo radical se negó a recibir el mensaje de los chacareros y luego a promulgar la Ley Contractual Agraria, que entró en vigencia por prescripción constitucional. Puso por encima de las demandas de mayores ingresos por los productores agrarios, con sus consecuencias positivas para la economía general del país, el acatamiento a su persona y a su política por virtud de representar la soberanía popular en el Estado nacional, pero esta representatividad se tornaba abstracta y dejaba avanzar los planes de la minoría oligárquica si no se renovaba en la práctica de soluciones favorables a todo el pueblo. Y la elevación del nivel de ingresos de los agricultores arrendatarios interesaba tanto a éstos como a los sectores sociales que serían beneficiados por quedar dentro del radio económico de la chacra, ganancias que dejarían de ser absorbidas por la renta del terrateniente.

Yrigoyen resistió la sanción y la aplicación de la Ley Contractual Agraria por un ciego resentimiento político. La ley tardó en cumplirse. Prosiguieron los altos arrendamientos y los desalojos, los terratenientes obligaron a los arrendatarios a firmar contratos simulados y pretendieron endosarles el pago de 200 millones de pesos de servicios anuales de deudas hipotecarias. A los seis meses de aprobada la ley, la Federación Agraria Argentina difundió la consigna ¡Ni un peso más, ni un quintal más de arrendamiento! y amenazó con la huelga.

Yrigoyen no desestimó el problema agrario. En su mensaje al inaugurar las sesiones del Congreso en 1917 se refirió a la reorganización del Ministerio de Agricultura para ponerlo al servicio del agricultor. Decía:

«La escasez del colono propietario se hace sentir cada vez más, comprobándose que en una superficie de 83 600 000 hectáreas que forman la región especialmente agrícola no alcanza al 30 por ciento el número de explotaciones en manos de propietarios, confirmándose la ley económica: que cuando crece la gran propiedad en proporción aritmética, crece la emigración rural en proporción geométrica. La situación del colono no ha mejorado sustancialmente, a pesar de nuestro progreso agrícola, siendo múltiples las causas que determinan este estancamiento […]. La falta de crédito agrícola cómodo, ampliamente difundido por intercambio directo entre el banquero y el colono, contribuye igualmente a dificultar su acción. Este fracaso conduce fatalmente a la despoblación rural y a la formación de grandes propiedades aplicadas a otras industrias que no llenan las necesidades esencialmente agrícolas. El gobierno ha de propender a modificar esta situación, introduciendo reformas que ensanchen el medio, mejoren la situación del colono, acrecienten y fijen la población y combatan la actual tendencia al urbanismo».

Todos los proyectos encaminados al objetivo esbozado en ese mensaje fueron rechazados por el mismo Senado[25] que se mostró tan solícito en aprobar la Ley Contractual Agraria, cuando entraba a su término el primer gobierno de Yrigoyen y las fuerzas opositoras hacían del caudillo radical el blanco de sus ataques y se esforzaban en aislarlo del electorado.

El pacto de apoyo recíproco de la Federación Agraria Argentina con la Federación Obrera Argentina tuvo vida efímera y las nuevas relaciones de los agrarios con los socialistas se rompieron después de la sanción de la Ley Contractual Agraria.[26] Las simpatías de la FAA rumbearon por el lado del gobierno del doctor Marcelo T. de Alvear (1922-28), que se distanció progresivamente del yrigoyenismo y se acercó a las posiciones conservadoras para realizar, bajo formas legales, la política de la oligarquía anglofila.[27]

Yrigoyen se disponía a enmendar su error de la primera presidencia en vísperas del golpe militar que lo derribó. Proyectaba un plan de reajuste del problema agrario, junto con el plan energético (petróleo, electricidad, carbón), que comprendía varias reformas a la ley Contractual Agraria: supresión del límite de 300 hectáreas, ampliación a 5 años del plazo de arrendamiento, obligación del contrato por escrito, alfabetización.

La FAA olvidó pronto sus galanteos con socialistas y anarquistas. No ocultó su regocijo por la caída de Yrigoyen el 6 de setiembre de 1930. Confió en el general Uriburu. Fundó un Partido Agrario en 1931 para actuar en las elecciones provinciales, pero en las elecciones nacionales optó por la fórmula de la oligarquía anglófila, la de la Concordancia (Agustín P. Justo - Julio A. Roca), en oposición a los dos candidatos de la Alianza Demócrata Progresista Socialista, Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto, de pública actuación durante muchos años en defensa de los intereses de los agricultores arrendatarios.

Tan contradictoria actuación política delinea los avatares del alma del chacarero. No basta estar descontento para ser revolucionario, aunque el descontento induzca a admitir los cambios más radicales del orden establecido. Un año de buena cosecha despertó en muchos encrespados enemigos de la propiedad privada el dormido terrateniente conservador que llevaban adentro. La abundancia de tierra fue en esa época freno y esperanza cumplida de enriquecimiento. Sigue siendo freno y esperanza a realizar de la emancipación del pueblo argentino.

CAPÍTULO 16
EL DIFÍCIL AVANCE DE LA INDUSTRIA

La rápida apropiación de la tierra durante el proceso de la colonización capitalista se reflejó de la misma manera en el futuro ordenamiento social al realizarla particulares argentinos o de otras nacionalidades, empresas del país o extranjeras, o el Estado, En todos los casos se instituyó el monopolio del suelo, sin el cual hubiera sido imposible la existencia del capitalismo. Acabamos de comprobar que la falta de tierra libre obligó a los inmigrantes a pagar un precio o un arrendamiento, o a vender su fuerza de trabajo. Si Alberdi y Sarmiento confiaban en que el progreso social fuera promovido por numerosos propietarios productores, los gobiernos se vieron presionados por los importadores e inversores extranjeros para que cuanto antes se constituyera una clase de terratenientes que orientara la economía argentina hacia la producción de alimentos como base del intercambio exportador-importador. Para que la colonización capitalista se encarrilara hacia la multiplicación sin obstáculos de la cantidad de propietarios productores hubiese sido necesario centrarla en la ampliación continua del mercado interno, pero casi desde el comienzo se fijó como límite de la colonización capitalista en el campo la demanda del mercado exterior, lo que explica que el monopolio de la tierra actuara de freno a una excesiva inversión de capital y trabajo en la esfera agropecuaria o sea a una producción de cereales y carnes superior a la capacidad de compra del consumidor extranjero. Gobernar es poblar se contrajo en la práctica a traer de Europa inmigrantes, capitales y técnicas en función de una economía proveedora de Gran Bretaña. El monopolio temprano de la tierra puso los cimientos de la agricultura capitalista a la vez que la subordinó a la mano invisible del mercado exterior. Los grandes terratenientes se erigieron en custodios de un régimen económico regulado por factores exógenos.

Sin embargo, los factores exógenos no generaron las contradicciones específicas de la colonización capitalista en la Argentina, cuyo origen se descubre en las condiciones histórico-sociales existentes en el país. Durante el gobierno de Rosas, el monopolio de la tierra se confinó a ciertas zonas y se inmovilizó en formas atrasadas que no dejaban desarrollarse la producción moderna y en masa para las exportaciones, mientras la escasez de habitantes y el bajo nivel de la demanda impedían que se formara un gran mercado de consumo para las importaciones. Desde el exterior, el comercio anglo-francés, y desde el interior, los grupos sociales interesados en incorporar de lleno a la Argentina a la civilización capitalista, atacaron a Rosas porque la estructura socioeconómica y el régimen político vigentes no eran aptos para recibir torrentes de mercaderías, capitales y trabajadores. El error de los doctrinarios rosistas actuales reside en que sus críticas a la organización política liberal impuesta en 1853 (por lo general acertadas, cuando no caen en los infantiles tópicos restauradores) se extienden a la negación de la necesidad del salto cualitativo de aquella época, pues parten de la premisa utópica de que, dentro de las condiciones imperantes en el sistema rosista y sin pasar por su derrumbe, la Argentina podía haber avanzado hacia la agricultura y la industria capitalistas, por simple crecimiento cuantitativo. Pasan por alto la contradicción insuperable en el régimen rosista entre las antiguas formas de producción (vieja ganadería criolla, saladeros, agricultura de autoabastecimiento local, artesanado) y las fuerzas productivas en potencia que en la coyuntura del mercado mundial de entonces requerían para movilizarse el cambio de la organización política y el aporte de brazos, capitales y técnica. En Caseros se desmoronó un sistema definitivamente superado, pero se dieron las premisas de la construcción de otro, cuyas limitaciones (y contradicciones internas) condujeron a la Argentina al punto muerto de la actualidad.

Si nos atenemos a los hechos históricos, el monopolio de la tierra y las inversiones de capital extranjero (ferrocarriles, bancos, frigoríficos, usinas, etc.) deben considerarse en su doble función dialéctica de impulsos iniciales y de frenos al desarrollo económico nacional, tanto en la agricultura como en la industria. Porque también la falta de tierra libre fue la condición previa e indispensable del desarrollo de la industria, y al mismo tiempo opuso obstáculos a ese desarrollo. Desvió, por una parte, la corriente inmigratoria del campo a la ciudad[1] y estimuló la colocación de capitales en la manufactura, y limitó, por otra parte, el crecimiento del mercado interno de consumo hasta paralizarlo en un punto de saturación.

En la Argentina se hizo en unas cuantas décadas lo que en América del Norte tardó dos siglos: repartir todas las tierras y crear, al impedir la formación de nuevos propietarios, mano de obra disponible para la industria. Pero en esos dos siglos, correspondientes a los comienzos del capitalismo de libre concurrencia, las colonias norteamericanas organizaron una economía endógena con una producción muy diversificada y un vasto mercado interno, de tal modo que, al desaparecer la tierra libre, la industria (en sus orígenes desprendida de la agricultura debido a la destrucción de la economía doméstico-rural) encontró a su disposición los elementos que hicieron posible su extraordinario progreso posterior. Las cosas ocurrieron de otra manera en la Argentina de los comienzos del capitalismo monopolista en Gran Bretaña. Al completarse la apropiación de la tierra, sin la existencia de una economía agraria diversificada que tendiera al autodesarrollo nacional, el sistema productivo del capitalismo agropecuario de la pampa húmeda pasó a depender del mercado exterior, y la presión a favor de la industria de la mano de obra excedente y de los capitales disponibles tropezó con las resistencias de una estructura socioeconómica construida para producir exportaciones de alimentos a cambio de importaciones de artículos manufacturados.

Esta marcada disparidad de las consecuencias que tuvo sobre la industria el monopolio de la tierra en los Estados Unidos y la Argentina se expresó en dos políticas económicas esencialmente distintas. No obstante contar la incipiente industria norteamericana con las condiciones socioeconómicas internas para su desarrollo, los gobiernos la estimularon desde sus orígenes mediante una política de inflexible proteccionismo. El economista austríaco Joseph Schumpeter escribe:

«Lo primero y lo último que el pueblo norteamericano quería lograr cuando decidió jugarse todo por la independencia, era constituir un mundo por sí mismo, labrar su propio destino, librarse de las vicisitudes de Europa y, lo más importante, dejar de ser peón en el tablero de ajedrez de Inglaterra; y esto, en la esfera económica como en todas las demás, ha seguido siendo desde entonces la única verdad política exterior estadounidense […] El proteccionismo […] fue simplemente el complemento económico de su independencia política o de su voluntad de afianzar aquella independencia».[2]

Ninguna nación capitalista se ha industrializado sin ayuda estatal. Es suficiente conocer la historia de Gran Bretaña, Francia o Alemania para comprobarlo. Y la ayuda estatal se dio no solamente para proteger la industria del país de la competencia de sus similares extranjeras; fue imprescindible en los primeros pasos, cuando daba pérdida y el poder político precipitó el traspaso de capitales de la agricultura y del comercio a la manufactura. Adam Smith dice que el proteccionismo eleva los precios de los artículos industriales al principio, pero por medio de él la nación construye su base productiva del futuro y asegura su defensa.[3] En todos los casos, la génesis de la industria ha exigido sacrificios impuestos por el Estado y no ofrecidos voluntariamente. La tesis de la industria incipiente o de la industria artificial, esgrimida por los antiindustriales argentinos como prueba de la falta de condiciones para la industria nacional, es hija de la ignorancia al servicio de la conciencia nacional. No va más allá.

También en la Argentina al principio fue el proteccionismo. El Estado protegió la colonización capitalista. Ni los capitales ni los inmigrantes llegaron por decisión espontánea. Los gobiernos los atrajeron mediante una costosa propaganda, y si a los primeros les avalaron sus inversiones y les garantizaron un alto nivel de ganancias, a los segundos les proporcionaron pasajes, alojamientos, campos y créditos para comprar semillas y herramientas. Gran Bretaña financió indirectamente la colosal operación. Prestó 15 546 084 libras esterlinas a los gobiernos de Mitre y Sarmiento (entre 1863 y 1873), suma que se empleó en parte en cubrir los gastos de la guerra contra el Paraguay, la cual, por lo demás, tuvo por objeto pacificar y organizar este cono del continente para allanar el camino de penetración del capitalismo colonizador.

Los empréstitos ingleses valorizaron la incipiente producción agropecuaria a cambio del incremento de las importaciones también inglesas. Pero la crisis de 1873-1876 demostró que se había caído en un punto muerto y era imposible avanzar si el Estado no aplicaba al comercio exterior una política proteccionista. Apremiado por la urgencia de salvar al gobierno de la inminente bancarrota, el presidente Nicolás Avellaneda envió al Congreso un proyecto de aumento de los derechos de aduana, al que los diputados Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini le introdujeron algunas enmiendas destinadas a darle la base de protección de aquellas ramas de la economía en vías de desarrollo. La ley liberaba de derechos a máquinas, combustibles, alambres y otros artículos que entonces el país no producía, y gravaba con elevados aranceles a los cereales, harina, tejidos, ropa hecha y demás mercaderías de producción nacional. En realidad, la discriminación aduanera no hacía correr el peligro de la baja del volumen de las importaciones de manufacturas en un mercado de muy débil capacidad de autoabastecimiento industrial. Por el contrario, a mayor producción exportable de cereales, como fue su consecuencia inmediata, correspondía mayor poder de compra en el exterior de artículos manufacturados. Si se vendía más trigo y maíz se comprarían más máquinas, combustibles y alambres. Sin embargo, el comercio importador puso el grito en el cielo con el argumento de la suba de precios de los productos de primera necesidad que provocaría la tarifa aduanera. Desde entonces la defensa del interés inmediato del consumidor ha sido la bandera agitada por los librecambistas a ultranza.[4]

A partir de la aplicación de la ley proteccionista, la Argentina dejó de importar cereales de Chile y harina de los Estados Unidos, y pronto figuró entre los principales países exportadores de productos agrícolas del mundo. Carlos Pellegrini recordó el cambio promovido por la tarifa aduanera en su discurso de la Unión Industrial del 24 de mayo de 1897. Dijo:

«El pan de nuestras campañas era una golosina, no se conocía en el rancho del pobre y raras veces en la estancia del rico. Pues bien, se pusieron los derechos, se protegió la industria agrícola en el convencimiento de que era una de las industrias más indicadas para esta protección, y a los pocos años la situación había cambiado radicalmente y hoy día el pan del pobre, es decir, el trigo, que valía treinta pesos vale nueve, y el pan blanco se come hoy en el más pobre rancho de la República Argentina. Hemos conseguido no sólo abaratar el producto en la República, sino que hemos contribuido a mejorar la suerte de las clases menesterosas en el mundo entero, porque somos hoy un factor que contribuye a establecer el precio del trigo en todos los grandes mercados. De manera que esta protección tiene justamente por objeto explotar las condiciones naturales de nuestra tierra, prestando a las industrias nacientes aquella protección que les es indispensable para luchar con la inexperiencia, para luchar con la falta de capitales, con la falta de mercado, con esos cien inconvenientes que rodean una industria que nace para alcanzar en un porvenir más o menos cercano el gran desiderátum, que es ofrecer al consumidor un producto nacional a un precio más barato que el similar extranjero».

La política proteccionista de los gobiernos liberales no se redujo a la tarifa aduanera, ni a dar nacimiento a la agricultura de exportación.[5] Ninguna empresa extranjera de servicios públicos se instaló en el país sin asegurarse previamente la protección del Estado argentino. Los ferrocarriles ofrecen una muestra. También los frigoríficos. Fueron protegidos en función del fomento de la economía agropecuaria orientada a abastecer al mercado exterior. Pero con el tiempo la protección resultó superflua o se convirtió en una manera de subvencionar por el Estado el alto nivel de ganancias de ciertas compañías extranjeras (los frigoríficos, por ejemplo). Sin embargo, surgió lo que puede llamarse proteccionismo indirecto, es decir una política sistemática de oposición al desarrollo de ramas económicas competidoras del comercio importador. El librecambio se transformaba en una forma de protección cuando restaba ayuda a la industria para conservar los privilegios de la oligarquía ganadera y de la burguesía intermediaria.

La discriminatoria tarifa aduanera de 1875 favorecía, según hemos visto, a algunas manufacturas nacionales (gravando las importaciones de las similares) y al grueso de las importaciones (al liberarlas de derechos). Claro está que en aquella época, teniendo en cuenta el primitivo aparato de producción y el atraso técnico, el proteccionismo debía circunscribirse a propulsar las fuerzas productivas existentes o en germen; extenderlo, con fines fiscales o en busca de una ilusoria autarquía económica, a aquellas fuerzas productivas inexistentes o sin posibilidades inmediatas de desarrollo habría equivalido a matar la gallina de los huevos de oro. No puede decirse lo mismo de la política aduanera aplicada por los gobiernos cuando los intereses agropecuarios, nuestras industrias madres, hicieron relegar al olvido la concepción del proceso económico integral expuesta en las páginas de Bases por Juan Bautista Alberdi. Entonces el carácter discriminatorio de la tarifa aduanera apuntó a defender a los importadores en perjuicio de las industrias instaladas o en gestación. Fue abiertamente un proteccionismo agropecuario, colonialista y antiindustrialista.

La industria argentina tuvo doble origen. Avanzó por el camino clásico de la ampliación del taller del artesano o de la transformación del comerciante en empresario fabril,[6] y también partió del proceso productivo agrícolo-ganadero ampliado a manufacturas complementarias. Los establecimientos del primer origen (imprentas, carpinterías, materiales de construcción, confecciones de ropas, etc.) abastecían por lo común al mercado local y en casos excepcionales operaban más allá de la ciudad y su zona de influencia; los otros colocaban sus productos en el mercado nacional y exportaban o tendían a exportar. A esta segunda categoría pertenecían los saladeros, curtiembres, fábricas de calzado, graserias, cervecerías, aceiterías, ingenios y refinerías de azúcar, bodegas vinícolas, tejedurías y, más tarde, molinos harineros, frigoríficos, etc. La metalurgia elemental, iniciada en la década de 1880-1890 en Buenos Aires, Rosario y la región de las colonias (Esperanza), abastecía a la agricultura, a las manufacturas y a los ferrocarriles.[7] Aunque no se registraba como regla general el traslado de talleres y fábricas de Europa a la Argentina, los empresarios eran, en su mayoría, inmigrantes que en sus países natales habían sido obreros, artesanos o capitalistas.

La industria argentina dio sus primeros pasos, cualquiera fuese su origen, con el aporte del trabajo nacional, en base a las acumulaciones capitalistas internas. El capital extranjero se interesó, en un principio, por las grandes ganancias, que prometía y pronto obtuvo de la venta de los productos agropecuarios al mercado exterior. Sus primeras inversiones importantes fueron en los ferrocarriles, trazados de acuerdo al plan inglés de hacer de la pampa argentina el granero y la dehesa de Gran Bretaña.[8] Alrededor de los ferrocarriles se expandió la colonización capitalista y con ella la tierra se valorizó y rentó. También las inversiones extranjeras en bancos y seguros se asociaban al avance de la economía agropecuaria.[9] Pero al terminar el siglo un nuevo ítem se agregó a la contabilidad de las exportaciones, el cual, a diferencia de los cereales, debía pasar por la fábrica antes de cruzar el Océano. Con las carnes congeladas, enfriadas y en conserva se iniciaron las inversiones extranjeras en una de las industrias más importantes instaladas en el país, la de los frigoríficos. Posteriormente se ampliaron aquéllas a otros sectores de la manufactura de los productos agrícolas y a la metalurgia, la química, etc., tema que abordaremos en otro capítulo. Por el momento queremos dejar establecido que el capital extranjero vino en busca de ganancias de una Argentina agropecuaria y exportadora-importadora, y la industria nacional nació y se desarrolló no sólo al margen de él, sino en abierta oposición.

Como el pensamiento económico británico orientó a los gobernantes argentinos desde 1880 a 1916 (y después, pero nos atenemos al período que estamos examinando) es ilustrativo conocer un juicio, que puede aplicarse a la Argentina, de quien sería el más representativo de los economistas anglosajones de este siglo. Censuraba Keynes en 1911 a

«la opinión corriente en la India, donde las clases educadas parecen desear con patriótico fervor la industrialización de su país».

Y añadía:

«A mi parecer, ese cambio no es deseable ni posible, al menos dentro de un futuro inmediato. Es una infortunada consecuencia de las relaciones de Inglaterra con la India, el que los habitantes de este último país vean en la industrialización él camino real que habrá de conducirlos a la prosperidad y que les permitirá ocupar una posición importante en el concierto de las naciones».[10]

En la Argentina de aquella época, ningún gobernante y ningún político, sin exceptuar a los socialistas, dudaba de la omnipotencia del imperialismo inglés.[11] La manía de nuestro destino agropecuario poco menos que eterno, con exclusión del desarrollo industrial por irrealizable, irracional o antieconómico, no fue solo la proyección en la mente de los intereses de los terratenientes y de la burguesía intermediaria, sino también el complejo generado por una conciencia colonial que negaba la posibilidad cercana o remota de igualar a la primera potencia de la época, es decir, la secuela de una colonización capitalista concentrada en el abastecimiento del mercado inglés. Con los mismos medios, el imperialismo provocaba en la opinión pública argentina efectos contrarios a los que describe así J. A. Hobson al referirse a las masas de Gran Bretaña en 1902:

«El imperialismo comienza apenas a percatarse de todos sus recursos y a convertir en un arte el manejo de las naciones: la gran dádiva de un derecho político, manejada por un pueblo cuya educación ha alcanzado la etapa de una capacidad, exenta de crítica, de leer la letra impresa, favorece inmensamente los designios de hábiles políticos negociantes que, al dominar la prensa, las escuelas y cuando es necesario, las iglesias, imponen el imperialismo a las masas, disfrazándolo atractivamente de patriotismo sensacionalista».[12]

La prensa, la escuela, la universidad, la oratoria política, la literatura y, en fin, todos los medios de influencia en la formación de una conciencia nacional se dirigían a exaltar la opulencia de la nueva República de las vacas y las mieses, y hubo sociólogos apresurados que creyeron descubrir en el poder económico de la nación agropecuaria los gérmenes del imperialismo argentino. José Ingenieros expresaba un pensamiento compartido por la mayoría de los intelectuales y políticos de su tiempo, al expresar que las verdaderas fuentes de riquezas son la agricultura y la ganadería y repudiar toda política favorable a los intereses del capitalismo naciente (industria).[13] Retrocedía a la doctrina de los fisiócratas y es muy probable que se considerara un buen intérprete de Karl Marx.

Esa oposición subjetiva entre la industria (capitalista) y el agro (feudal o cualquier otra cosa menos capitalista) ocultaba un hecho cuyo desconocimiento impedía entender al conjunto de la realidad argentina: el carácter capitalista de la colonización, y de la agricultura y la ganadería engendradas por ella. Al dar por inexistente la relación objetiva entre el agro y la industria como partes de la misma estructura socioeconómica, no se veía que la agricultura y la ganadería capitalistas tendían por su propia naturaleza a crear la industria, pero que, a la vez, se interponían factores extraños que las distanciaban y las oponían entre sí, provocando el estrangulamiento general del desarrollo capitalista del país. Y al debilitarse, desviarse o postergarse este desarrollo no maduraban las condiciones del paso al socialismo.

Eran obstáculos al adelanto de la industria:

La falta de capitales. Por las características peculiares de la colonización que hemos analizado en páginas anteriores, las más importantes acumulaciones de capital comenzaron en la esfera agropecuaria. Su reinversión en el campo ampliando el área cultivada o el número de cabezas de ganado pudo efectuarse sin otras limitaciones que el volumen de la demanda de productos agrícolo-ganaderos. Insistimos: el régimen de la propiedad debilitaba la capitalización de los productores directos, pero no regulaba la producción, la que se regía por las compras del consumidor y, ante todo, del mercado exterior. Mientras ascendió la curva de las exportaciones, las ganancias extraídas del trabajo agrícolo-ganadero volvían al campo (o a sus industrias auxiliares), una vez deducida la renta que en su mayor parte destinaban los terratenientes a gastos improductivos. El crédito bancario, la hipoteca y la política de los gobiernos favorecían este retorno del capital a la fuente agropecuaria de donde había brotado.

La abundancia de capitales que se ofrecían para inversiones agrícolo-ganaderas contrastaba con la falta de capitales disponibles con destino a la industria. Los fabricantes tropezaban con muchas dificultades para obtener préstamos del 12 por ciento en Buenos Aires y del 20 al 30 por ciento en el interior.[14] En los primeros tiempos de la organización nacional funcionó un banco en la provincia de Buenos Aires que incluía en sus propósitos

«alentar el comercio, extendiendo su esfera de acción sobre la industria excluida hasta entonces casi sistemáticamente del goce del crédito».[15]

De la corta actividad de esa institución decía en 1886 Manuel C. Chueco:[16]

«Todas las grandes fábricas que funcionan en la gran metrópoli argentina, las industrias más florecientes del país, se han levantado, han crecido porque hubo un tiempo en que el Banco de la Provincia de Buenos Aires prestaba sus capitales a hombres trabajadores […] en las únicas condiciones en que pueden ser aceptados como protección a la industria: a largos plazos y con módico interés».

También tuvieron vida efímera y difícil el Banco Industrial (1882), el Banco del Crédito Industrial (1883) y el Banco Industrial (1896); los gobiernos no los ayudaron y los ahorristas preferían invertir su dinero en préstamos a alto interés y con la garantía de la tierra.[17] Durante algunos cortos períodos, el Banco de la Nación Argentina, fundado en 1891, acordó pequeños créditos a los industriales bajo su sola garantía moral y como una excepción. La participación en la compra-venta de tierras o en la explotación de la ganadería y la agricultura tenía, por lo común, una finalidad especulativa, pero era más segura y rendía mayores ganancias que la participación en la industria.

La falta de medios de transporte. Cuando Alberdi escribió Bases, el ferrocarril estaba en su apogeo en Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Estados Unidos, y a la par que aceleraba el comercio y las comunicaciones, transmitía impulsos sin precedentes a la gran industria y a la concentración del capital.[18] Dentro de la concepción del futuro progreso nacional del pensador tucumano, las vías férreas figuraban como los instrumentos civilizadores y unificadores por excelencia. Esta esperanza era compartida por sus contemporáneos. Así se explica que en agosto de 1857, a los cuatro años de sancionada la Constitución y todavía dividido el país, se inaugurara el primer ferrocarril, el del Oeste, obra del espíritu de empresa de un grupo de terratenientes y comerciantes de la provincia de Buenos Aires. Este medio de transporte se construyó en una zona (Buenos Aires-Flores-Ramos Mejía-Moreno-Mercedes-Chivilcoy-Bragado) que para la época podía considerarse densa de población y de mucho tráfico mercantil. La prolongación de los rieles en sucesivas etapas (1857-1877) coincidió con el período previo al amoldamiento de la economía agropecuaria por la gran corriente exportadora de sus productos. Predominaba entonces la idea de fomentar y proteger a todas las actividades económicas sin discriminación.

Pero el ferrocarril era la síntesis de diversas ramas de la industria y de la técnica del capitalismo más avanzado de la segunda mitad del siglo XIX.[19] Los antiguos medios de transporte a tracción animal, invariables durante siglos, salían del taller del artesano en países sin industria moderna y con técnica rudimentaria. El ferrocarril combinaba los rieles con la máquina a vapor, la industria metalúrgica con la minas de carbón. Es pueril suponer, por consiguiente, que la heroica empresa del Ferrocarril Oeste tuviera perspectivas de ser el punto de partida de una red ferroviaria muy extensa en una Argentina sin capitales, sin industria y sin técnica. Desde que colocó el primer riel, importó la primera locomotora y quemó el primer kilo de carbón dependía de la industria y la minería de Gran Bretaña.[20]

Entre los proyectos sugeridos por Alberdi a Urquiza, mientras este último ocupaba la presidencia de la Confederación Argentina, figuraba la construcción de dos ferrocarriles interiores: de Rosario a Córdoba y el Trasandino. No se encontraron capitales para llevarlos a cabo, debido a la rivalidad de Buenos Aires y el desinterés de los únicos inversionistas posibles de entonces, los ingleses, por medios de comunicación y transporte que fomentaran una economía independiente de los intereses del Imperio Británico.

En 1863, durante la presidencia de Mitre, pudo ponerse la piedra fundamental de la gran red ferroviaria de la Argentina, porque esta red nació articulada con el sistema de abastecimiento y ventas de Gran Bretaña y en conexión con su flota mercante. Era la aplicación del lema alberdiano gobernar es poblar, pero para criar vacas y cosechar cereales con destino a una nación que desde un siglo antes acariciaba el plan de convertir a la pampa húmeda en su gran fuente de alimentos. El trazado de las líneas férreas —con centro en el puerto de Buenos Aires y desplegándose en abanico sobre la pampa húmeda— respondía a la idea de organizar una economía agropecuaria de exportación.[21]

El ferrocarril inglés acompañó o se anticipó en la Argentina a la colonización capitalista. La orientó. Distribuyó el capital y el trabajo de manera de valorizar las mejores tierras por la explotación extensiva en vasta escala. Pobló el desierto no arbitrariamente, no para levantar una economía integral de autoabastecimiento, sino para llenarlo de productores de carne y cereales, a la vez que compradores de manufacturas, alienados al mercado inglés.

Karl Marx saludó con mucho entusiasmo la construcción por los ingleses de ferrocarriles en la India como un aporte de extraordinaria importancia al futuro industrial del adormecido país asiático. Escribía en New York Daily Tribune el 25 de junio de 1853:[22]

«Sé que el poder de los propietarios textiles trata de dotar a la India con ferrocarriles sin otra finalidad que la de extraer con gastos menores el algodón y otras materias primas para sus industrias. Pero una vez que se ha introducido la maquinaria en los transportes de un país, que posee carbón y hierro, ya no se puede impedir que llegue a fabricarla. No se puede mantener una red de ferrocarriles en un país inmenso sin introducir todos aquellos procesos industriales necesarios para satisfacer las necesidades inmediatas y ordinarias del transporte ferroviario, de los cuales habrá de nacer la aplicación de la maquinaria a aquellas otras ramas de la industria que no están inmediatamente conectadas con los ferrocarriles. El sistema ferroviario, por tanto, llegará a ser en la India el verdadero precursor de la industria moderna […]. La industria moderna, proveniente del sistema ferroviario, habrá de disolver las hereditarias divisiones de trabajo en las que se fundan las castas indias, esos obstáculos decisivos que se oponen al progreso de la India y al poderío de este país».

A más de un siglo de distancia, la obra destructora de la vieja sociedad para abrir paso a la industria, que auguraba el ferrocarril, no se ha cumplido en la India al extremo de la revolución social que para Marx sería su consecuencia inevitable, según dice en el mismo artículo.[23] Pero, con prescindencia de los plazos y de la intensidad de los cambios, no cabe duda que en la India, igual que en todos los países precapitalistas donde se tendieron, las vías férreas trastornaron las antiguas formas de producción y pusieron premisas materiales del capitalismo.

También en la Argentina destruyeron y crearon. Destruyeron viejos medios de transporte, costumbres coloniales, economías domésticas. Crearon clase obrera, industrias auxiliares, centros urbanos. Sin embargo, lo que destruyeron y crearon cobra perspectiva histórica en tanto se presta atención a lo principal, a la economía agropecuaria que modelaron para servir al imperialismo británico. Al modelarla así, unilateral y dependiente, la supeditaron a un factor externo, ajeno a ella misma, que le aseguraba la opulencia inmediata a costa de la incertidumbre de un futuro no lejano.

El sistema ferroviario inglés no fue en la Argentina ni el precursor, ni el estímulo, ni el aliado de la industria. Esta última tropezó con obstáculos prácticamente insalvables en el trazado de las líneas, el régimen de tarifas y los privilegios acordados a los importadores. Clamaban los industriales en 1881:

«Suprímase esa rémora que se llama [Ferrocarril] Gran Central Argentino, exprópielo la Nación […] la llave de entrada a la casa está en manos extrañas. Así podremos luchar con la producción extranjera».

Denunciaba Estanislao Zeballos en la Cámara de Diputados en 1912:

«Hoy en la República Argentina los ferrocarriles son un cuarto poder del Estado. Son un cuarto poder, porque gozan de influencia administrativa y legislativa notoria. Estos monopolios ferroviarios empiezan a infiltrarse con suavidad, con maneras amables y con color del mejor servicio de la Nación. Sus gestores encuentran el modo de tener influencia decisiva en las Casas de Gobierno y en la sanción de leyes, más o menos favorables, y acaban en definitiva, por imponerse a los países».[24]

Contaba la Argentina al empezar este siglo con el sistema ferroviario de mayor kilometraje de América Latina, pero que ahogaba a las fuerzas productivas de la industria.[25]

La falta de mercado interno. Con escasa demanda por insuficiente población y bajos ingresos no podía formarse un mercado interno para la industria nacional. La Argentina estaba condenada a abastecerse de manufacturas importadas en tanto no se multiplicara el número de sus habitantes y se elevara el nivel general de vida. A superar esa contradicción de la vieja sociedad tendía la política aconsejada por Alberdi.

Desde la época de la Colonia, la importación de manufacturas extranjeras condicionó el volumen y el valor de las exportaciones agropecuarias (derivadas de la ganadería) del litoral argentino. Mariano Moreno analizó con claridad la relación funcional entre importaciones y exportaciones en La representación de los hacendados (1809). Durante el cuarto de siglo que siguió a la batalla de Caseros (1852-1877) la obsesión del progreso a corto plazo alentaba a los organizadores de la República a fomentar la agricultura, la ganadería, el comercio, los transportes y la industria sin discriminación. Querían que la Argentina recorriera el mismo camino de rápido desarrollo que los Estados Unidos. Pero el sesgo que tomó la colonización capitalista, la influencia modeladora de los ferrocarriles sobre la estructura socioeconómica y la concentración del proceso acumulativo e inversor del capital en un agro cuya creciente opulencia dependía de las exportaciones, relegaron a la industria a la categoría de Cenicienta de la economía nacional.

Las importaciones de manufacturas precedieron a la fundación de las primeras fábricas nacionales y arruinaron a la economía doméstica y al artesanado remanentes de la Colonia. De ahí que la industria argentina no tuviera necesidad de destruir relaciones precapitalistas para crear un mercado interno a sus productos, como sucedió en los países europeos; pero, en cambio, encontró un mercado interno dependiente del comercio exterior, encadenado a la producción de excedentes agrícolo-ganaderos exportables. Su problema consistía en sustituir a las importaciones y ampliar el mercado interno existente, y para lograrlo debía cambiar la orientación general de la economía del país de exógena en endógena.

La inmigración (3 300 000 personas desde 1857 a 1914 de saldo neto) más el crecimiento vegetativo, multiplicaron cuatro veces y media el número de habitantes entre 1869 y 1914. El ascenso de las exportaciones (que alcanzaron al 70 por ciento de la producción agropecuaria de la pampa húmeda y al 25 a 30 por ciento del producto bruto del país)[26] elevó en gran medida los ingresos de los productores directos y, por consiguiente, las rentas de los terratenientes, las ganancias de la burguesía intermediaria y la ocupación de la fuerza de trabajo. Dentro de los límites establecidos, de un lado, por la demanda del mercado exterior y, del otro lado, por el régimen de la propiedad privada de la tierra, se desarrollaron los dos factores (población e ingresos) que acabamos de mencionar como premisas en la formación del mercado interno de la industria, pero se desarrollaron en las condiciones de una economía que para mantener o aumentar el nivel de los ingresos debían mantener o aumentar el valor de las importaciones, es decir, no dejar que la industria nacional sustituyera a los artículos comprados al exterior. Esta contradicción del sistema engendrado por la colonización capitalista no evitaba, sin embargo, el avance dificultoso del sector fabril por los intersticios que conseguía abrir en la gruesa muralla del librecambio importador. La mayor capacidad adquisitiva originada por el ascenso de los ingresos se reflejaba, ante todo, en el aumento de las compras al mismo sector agropecuario y a los introductores de manufacturas extranjeras, y en menor magnitud en el crecimiento de la demanda de artículos de la industria nacional.

Las inversiones extranjeras (de 2500 millones de dólares actuales en 1900 y de 10 500 millones de dólares también actuales en 1913) se orientaron a los ferrocarriles (el 36 por ciento en 1913), frigoríficos, servicios públicos, bancos, comercio, ganadería y agricultura. Reforzaron la subordinación del mercado interno al mercado exterior, además de extraer del país plusvalía que oscilaba entre el 30 y el 50 por ciento del valor total de las exportaciones.

¿Cómo repercutía la desvalorización del peso en el sector de la industria nacional? Es sabido que la baja del valor del dinero aumenta la cuota de ganancia y la suba la disminuye. De esta ley general, algunos economistas infieren que la desvalorización del peso tuvo efectos favorables en el desarrollo industrial argentino de aquella época. Comprobemos si es verdad.

La desvalorización del peso aumentaba, sin duda alguna, las ganancias del sector exportador (productores agropecuarios, burguesía intermediaria). Crecían sus ingresos en pesos por las ventas fuera y dentro del país de carnes y cereales, y por las ventas en el mercado interno de artículos importados, porque los precios en oro se traducían en ambos casos en mayor cantidad de pesos argentinos. Los consumidores debían pagar más en moneda corriente tanto por los alimentos como por las importaciones. El valor real de los salarios, sueldos y demás entradas fijas descendía, pero también descendía al ritmo del peso el valor de las deudas.

La inflación se concretaba, al fin de cuentas, en una colosal transferencia de ingresos de los bolsillos de la masa consumidora a las arcas de la minoría de los terratenientes, productores agropecuarios, exportadores, importadores y deudores.

Si nos atenemos al funcionamiento del mecanismo de esa ley en una economía capitalista integrada, la burguesía industrial se apropia del aumento de la cuota de ganancias provocado por la desvalorización de la moneda, pues los precios suben en ascensor, mientras que los salarios trepan por las escaleras. Pero en la situación de la burguesía industrial argentina no de la actualidad, sino del tiempo de las vacas gordas, debemos considerar algunas interferencias atenuantes de esa ley general.

A la baja del peso seguía de inmediato la suba de los precios globales de los alimentos y de las importaciones. A veces los rumoras o informaciones adelantadas de la posible baja de aquél, traían la suba de éstos. No era tan automática la repercusión en fábricas que producían diversos artículos y a menudo los vendían directamente al público, y debían afrontar una retracción de la demanda de esos artículos, por el descenso de los ingresos reales de los consumidores, más aguda que la de alimentos e importaciones. El aumento de la cuota de ganancia iniciado en los sectores agropecuario e importador necesitaba tiempo para trasmitirse al sector industrial y tropezaba con resistencias aun antes de que el movimiento obrero organizado impusiera salarios mínimos y contratos colectivos.

Ciertos renglones de las importaciones —por ejemplo, los que abastecían al campo o los de artículos de lujo— acrecentaban sus ventas, a pesar de su encarecimiento, por la abundancia de dinero de terratenientes, productores agropecuarios y comerciantes. No cabe duda que también algunas industrias nacionales se beneficiaban, pero la industria del país en su conjunto sólo podía ensanchar su mercado interno si renunciaba a aumentos de su cuota de ganancia para competir con la extranjera y sustituir importaciones. Durante los cortos y raros períodos de valorización del peso, cuando los agropecuarios e importadores clamaban al cielo por la baja de sus ganancias, los fabricantes más inteligentes y previsores no perdieron la oportunidad de extender la venta de sus productos.

Con el derrumbe de los precios internacionales de los productos agropecuarios y el estancamiento de las exportaciones argentinas (a partir de 1929-1930), llegó la hora de la industria, lo que no significó, ni mucho menos, que desaparecieran los factores de estrangulamiento originados por la colonización capitalista. El problema del mercado interno se presenta desde entonces con otras características.

La falta de mano de obra calificada y técnicos. La economía agropecuaria de la pampa argentina que surgió de la colonización capitalista nació extrovertida, es decir, su producción se orientó principalmente a la venta del mercado exterior, porque el monopolio previo del suelo por una clase social puso un límite a la aplicación de la fuerza de trabajo a la tierra. En los Estados Unidos, el Homestead Act de 1862 abría nuevas oportunidades a la fuerza de trabajo de emplearse en tierras incultas dentro de una economía introvertida, orientada a la venta al mercado interno. Por esa misma época, la del comienzo de la corriente inmigratoria, ya se distribuía la fuerza de trabajo en la pampa argentina en función de un régimen cerrado por la valla de la preexistente propiedad territorial que tendía a producir para exportar. De no existir esa valla se hubiera ampliado y diversificado la producción agrícolo-ganadera con el necesario incremento de los pobladores y del mercado interno de consumo, dándose así las premisas materiales al desarrollo industrial.

De la contradicción entre una política que invitaba a todos los hombres del mundo a conquistar la prosperidad bajo el sol argentino y las limitaciones que oponía el régimen de apropiación de la tierra al empleo de la fuerza de trabajo, se derivaba:

que de los 3 300 000 extranjeros que se radicaron definitivamente en el país entre 1857 y 1914 apenas el 25 por ciento se incorporó a la agricultura pampeana; y

que hubo permanentemente mano de obra desocupada durante el período.[27]

¿Por qué la corriente inmigratoria continuó, a pesar de las dos circunstancias mencionadas?

Los inmigrantes europeos venían a la Argentina atraídos más que por la posesión de la tierra —a la que no tenían acceso libre, fácil e inmediato—, por la riqueza a corto plazo que prometían los altos precios de los cereales y el gran caudal de las exportaciones. Las cifras más altas de la entrada de inmigrantes coincidieron con la curva ascendente de la producción agrícola exportable. El porcentaje de 25 por ciento de incorporados al campo sobre el total de inmigrantes no fue uniforme en el período. Mientras prosiguió el proceso expansivo de la agricultura mercantil la cantidad de inmigrantes que engrosaba la población rural superó a ese promedio, pero descendió en la medida que los altos arrendamientos y la estabilidad de las relaciones de clase en los medios rurales, restaron oportunidades de enriquecimiento a los nuevos contingentes de extranjeros que ingresaban al país. De los 323 403 inmigrantes que desembarcaron en 1912 solamente el 20 por ciento (64 896) se inscribieron como agricultores y no todos echaron raíces en el campo.

La Argentina no era la tierra de promisión para los emigrantes obreros del Viejo Mundo. No podían seducirlos los míseros salarios de los talleres y pequeñas fábricas, sin el amparo de leyes sociales y sin la esperanza de rápida fortuna. Los que decidieron aventurarse a hacer la América se sentían estimulados por la ambición de igualar o superar a aquellos de sus compatriotas (campesinos pobres, proletarios agrícolas, artesanos) que se habían convertido en ricos chacareros o estancieros de la pampa húmeda por virtud de unas cuantas buenas cosechas. Apenas una minoría de los inmigrantes vio realizarse sus sueños, pero bastaba que el hijo de determinada aldea italiana o española diera el gran salto en la escala de la opulencia para que sus parientes y amigos le siguieran los pasos. El efecto de demostración, de que habla Duesenberry,[28] operaba en ellos a través de los pocos afortunados y no de los muchos que se integraron a la clase obrera y a la pequeña burguesía de la Argentina. Así se explica la persistencia de la corriente inmigratoria durante más de medio siglo.

Para Alberdi gobernar es poblar debía ser el trasplante a la Argentina de pedazos de civilización de los países más adelantados de Europa Occidental. Propiciaba la selección de los inmigrantes entre los campesinos y obreros de las regiones con agricultura moderna y gran industria. Su vaticinio no se cumplió, pues no se desvió hacia la Argentina el movimiento emigratorio que a mediados del siglo XIX partía principalmente de Gran Bretaña con rumbo a las colonias inglesas y los Estados Unidos.

A la Argentina vinieron campesinos, artesanos y obreros de las zonas más atrasadas del sur (y luego del noreste) de Europa, con excepción de reducidos grupos de suizos, alemanes y otras nacionalidades que no modificaron la idiosincrasia social del conjunto. Alrededor del 75 por ciento de esa masa inmigratoria se quedó en los centros urbanos a trabajar en servicios públicos, comercios, actividades domésticas, talleres y fábricas. Una parte mínima cambió de calidad de clase, al pasar con el tiempo, gracias a los ahorros y a la mayor capacidad o suerte en los negocios, a las filas de la burguesía intermediaria y de la burguesía industrial.[29]

No podía esperarse de inmigrantes que en su mayoría declaraban carecer de oficio determinado y que con frecuencia abandonaban una ocupación por otra, pues su ambición era enriquecerse cuanto antes a la sombra del ascenso de una economía en alto grado especulativa, al aporte de técnicos y obreros calificados a una industria en la infancia. Así se explica que el ofrecimiento de 30000 pasajes a obreros hábiles, formulado por el gobierno argentino a iniciativa de Estanislao Zeballos, cayera en el vacío el mismo año 1889 de crecido número de inmigrantes. El compromiso que significaba atar su destino a una industria raquítica, cuando trece años más tarde Carlos Pellegrini reclamaba en el Senado carne y pan baratos para el obrero, disuadía de viajar a gentes fascinadas por el ejemplo de quienes habían hecho fortuna en el campo o detrás de un mostrador. Hubo obreros calificados y técnicos que emprendieron la travesía con el ánimo dispuesto a consagrarse a su oficio y aplicar sus conocimientos. A esa minoría que se abrió camino venciendo muchas dificultades pertenecen los pioneros de la industria nacional.

La enseñanza que se impartía en los establecimientos oficiales revelaba despreocupación por formar obreros especializados, técnicos y profesionales de la industria. En realidad, la primera escuela práctica de mano de obra calificada en masa fue la empresa imperialista (ferrocarriles, frigoríficos), pero por una línea que deformaba y debilitaba el desarrollo de las fuerzas productivas del país.

La falta de materias primas y combustibles. Los 57 millones de hectáreas de la pampa húmeda se dedicaron, según se sabe, a la ganadería y a la agricultura extensivas para la exportación. En sus campos y ciudades se arraigó el 90 por ciento de la gente inmigrante, se invirtió casi la totalidad del capital extranjero, se concentró lo fundamental de las acumulaciones e inversiones del capital nacional, se trazaron las principales vías de comunicación y se constituyó un amplio mercado interno de consumo. La estructura socioeconómica subordinada al mercado exterior comprador y a las inversiones e importaciones extranjeras configuró en las clases dominantes (los terratenientes y la burguesía intermediaria) una conciencia o patriotismo colonial que se enorgullecía de lo que dicen de nosotros, nuestros amigos ingleses.

Para ese tipo de capitalismo agropecuario, la producción de materias primas para la industria resultaba antieconómica. El mercado exterior no las solicitaba y las fábricas nacionales eran tan insignificantes que no valía la pena hacer un mal negocio suministrándoselas en el país. Por lo demás, el subsuelo de la pampa húmeda estaba desprovisto de carbón, petróleo, hierro y demás minerales indispensables al desarrollo industrial, y como la pampa húmeda representaba para la conciencia colonial la Argentina por antonomasia, a toda la Argentina se le atribuían tamañas deficiencias. Tal fue el origen del paradójico calificativo de provincias pobres aplicado a las provincias de subsuelo con mayor riqueza potencial.[30] El opulento litoral se avergonzaba del atraso y la miseria en que yacían sus hermanas del lejano interior, cuando en verdad debía avergonzarse de alentar una frágil concepción unilateral del progreso que desnivelaba a la familia.

Gran Bretaña reguló durante todo el período la importación de combustibles y materias primas para la industria. Introdujo el carbón solamente con destino a sus ferrocarriles en un comienzo, pero midió con sumo cuidado sus abastecimientos de productos básicos a la industrialización nacional y se llevó del país el hierro viejo cada vez que había excedentes.

El descubrimiento en 1907 de petróleo en Comodoro Rivadavia tuvo la virtud de remover en la placidez agropecuaria de una Argentina satisfecha de su progreso acondicionado por las demandas del mercado inglés, la idea de las riquezas aptas para asegurar su desarrollo independiente e integral que se ocultan en las regiones alejadas de la pampa húmeda. Desde entonces la conciencia colonial, persistente en cerrarle las puertas a la gran industria, se esfuerza en afirmar que fuera de las vacas y las mieses, el resto debe ser usufructo del capital extranjero. Montañas de prejuicios e intereses creados hay que derribar en la lucha por poner sobre los cimientos lo que la colonización capitalista colocó sobre el tejado. La ilusión que hacía de la ganadería y la agricultura, por ser primarias e indispensables puntos de partida del proceso económico, el destino eterno de la Argentina, se desvaneció con la decadencia de Gran Bretaña, pero la crisis que ésta ocasionó se prolonga desde hace varias décadas y no admite otra solución que la ruptura de los diques de contención de la fuerza de trabajo levantados en el siglo pasado por el régimen de la propiedad territorial y el reordenamiento planificado de la totalidad de la economía, con los bienes y riquezas usurpados por los monopolios extranjeros rescatados por el pueblo argentino.

El lector ha advertido que los cinco obstáculos opuestos al despliegue de las fuerzas productivas en la industria no son naturales, necesarios, ajenos a la voluntad de los hombres. Muy al contrario; su mera mención evoca como causas determinantes la estructura socioeconómica y las relaciones de clase creadas en el curso de la colonización capitalista, la que estuvo encauzada y acondicionada por la preexistencia del monopolio de la propiedad territorial y el desvío de la producción agropecuaria hacia el abastecimiento del mercado exterior. Tal tipo de estructura socioeconómica pudo conservarse en equilibrio con las fuerzas productivas y confinarlas al sector agropecuario, en tanto funcionó el factor externo a que estaba sujeta. Cuándo este factor externo comenzó a deteriorarse, a la vez que el despliegue de las fuerzas productivas rebasó los moldes rígidos de la producción agrícolo-ganadera, toda la estructura entró en crisis.

La industria argentina no se presentó en la escena de la noche a la mañana. Su historia es una sucesión de altibajos. Después de unirse la República (1862), tuvo su cuarto de hora de prosperidad en Buenos Aires y Rosario, pero la liberación de derechos aduaneros incluida en los contratos de concesiones de ferrocarriles y obras públicas, no la dejó ir más lejos. Los fabricantes fundaron entonces para protegerse los bancos e instituciones gremiales que hemos mencionado anteriormente.

Las peripecias de la primera fábrica textil, instalada en 1873, ponen en evidencia el criterio antiindustrialista dominante. Carulla, socio principal de la empresa, luchó diez años

«frente a la hostilidad glacial del medio, expuesto a las burlas más grotescas, y no siempre bien intencionadas».[31]

Fue inaugurada por Sarmiento. Trabajaban 60 obreros, en su mayoría mujeres y niños. Abastecía de tela a 400 sastres. Cerró, por último, sus puertas, porque el gobierno se negó a comprarle paños para el ejército y no pudo resistir la competencia de los importadores ingleses.

La crisis de 1890 llevó a la quiebra a muchos pequeños y medianos fabricantes, y los sumó a la oposición al gobierno de Juárez Celman.[32] El sucesor de este último, Carlos Pellegrini, otorgó algunas ventajas arancelarias a la industria, pero el presidente Julio A. Roca las anuló con la conversión de 1899 y las concesiones librecambistas que hizo a Gran Bretaña. El nacionalismo económico que le atribuyen sus admiradores queda muy mal parado con las siguientes directivas de su mensaje de aquel año:

«El país debe esforzarse en mejorar en cantidad, calidad y precio, la producción que tiene fácil acceso a los mercados extranjeros, absteniéndose de proteger industrias efímeras de irremediable inferioridad, con menoscabo de nuestras grandes y verdaderas industrias —la ganadería y la agricultura—, tan susceptibles todavía de adquirir un inmenso desenvolvimiento».[33]

No obstante la ofensiva declarada contra ella por los gobiernos y su inferioridad de condiciones en la competencia con la industria extranjera, la industria nacional prosiguió la difícil lucha por afirmarse en el mercado interno. El censo de 1914 registró 40 000 fábricas con 365 000 obreros, 1700 millones de pesos de capital invertido y otros tantos de producción.[34]

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) impuso de hecho barreras protectoras de los artículos manufacturados en el país y favoreció el establecimiento de nuevas fábricas. Hubo un descenso general de las importaciones: las de Gran Bretaña del 34 por ciento al 19 por ciento del total, las de Francia del 9 por ciento a menos del 4 por ciento y las de Alemania del 17 por ciento a nada. El comercio exterior arrojó, durante los años de contienda, un saldo favorable de mil millones de pesos oro. Alejandro E. Bunge estimó el aumento de la producción manufacturada en el 50 por ciento, el del capital patrimonial en el 22,5 por ciento, el de la fuerza motriz en el 11 por ciento y el número de obreros en el 25 por ciento. Fue notable el incremento de la producción de textiles, forestales, petróleo, electricidad, máquinas, vehículos, canteras y minas. En cambio, las inversiones de capital extranjero mermaron de 6000 millones de pesos (44 pesos anuales por habitante) en los treinta años posteriores a 1914 a 800 millones de pesos (8 pesos anuales por habitante) en los doce años siguientes, o sea en el 82 por ciento.[35]

Hipólito Yrigoyen encontró a la República, al asumir el poder en 1916, desprovista de combustibles, maquinarias y materias primas industriales, pero en los comercios se ofrecían artículos de manufactura nacional en cantidad y calidad antes desconocidas, por lo común bajo falsas marcas inglesas o francesas para calmar los prejuicios del consumidor que creía en la superioridad de la producción extranjera. Algunos fabricantes acumularon importantes capitales durante la guerra europea, aunque no afluyeron a la industria los torrentes de dinero que el abastecimiento a los ejércitos aliados derramó en la agricultura, la ganadería y el comercio exportador.

El presidente radical comprendió que la oportunidad era propicia para que el Estado asumiera la defensa del interés nacional interviniendo en el transporte marítimo y en el comercio exterior. Pocos días después de hacerse cargo del gobierno envió al Congreso un proyecto de creación de la Marina Mercante Nacional, No fue aprobado. Igual resultado negativo obtuvo su propuesta del 16 de setiembre de 1918 de expropiación de buques de ultramar con matrícula nacional. Su amplio plan se redujo, por la hostilidad de la mayoría opositora, a formar una pequeña flota de 7 barcos de carga y 2 petroleros.

En su mensaje del 14 de enero de 1918 informó al Congreso que desde el año anterior el gobierno había resuelto intervenir en las ventas de cereales al extranjero y le solicitaba la aprobación de un convenio comercial con Gran Bretaña, Francia e Italia que fiaba precios mínimos al trigo y otros cereales, en base a los cuales aquellos países se comprometían a adquirir 2 500 000 toneladas para exportar antes del 1.º de noviembre de 1918. Era el primer paso hacia la nacionalización del comercio exterior. Las firmas exportadoras se alarmaron. La iniciativa privada movió poderosas influencias. Los exégetas de La Prensa y La Nación acusaron al presidente de violar las libertades constitucionales. Y el Congreso encarpetó el mensaje. Insistió Yrigoyen el 31 de marzo de 1919 y el convenio fue rechazado. Insistió por tercera vez y lo aprobó la Cámara de Diputados, pero el Senado se negó a firmar la ley.

La agresividad con que los líderes opositores y los grandes diarios, haciendo el juego a las clases dominantes del campo y a la burguesía intermediaria, atacaron los dos proyectos de Hipólito Yrigoyen, muestra el profundo arraigo de la conciencia colonial en los círculos que se preciaban de ser los orientadores de la opinión pública. La Argentina, indefensa, no pudo sacar ventajas para el futuro de la situación privilegiada que le creaba la guerra mundial, porque los sicofantes del coloniaje medían la riqueza y el bienestar inmediatos nada más que por los ingresos del sector agropecuario y de los intermediarios.

Esas gentes que eternamente exhibían como modelos a los países más adelantados, se negaban a que se imitara a Gran Bretaña y Francia que, apremiadas por las necesidades bélicas, arrojaron por la borda más de medio siglo de laissez faire y decidieron hacer intervenir al Estado en la economía. Es cierto que la Argentina no participaba en la guerra, pero no era inmune a sus consecuencias y así se llegaba al absurdo de negarle el Congreso al gobierno de Yrigoyen el derecho de negociar de Estado a Estado con las comisiones de compras destacadas en el Plata por los gobiernos aliados, lo que colocaba a éstas en mejor posición al tratar con las firmas exportadoras y dio margen a los negociados que se hicieron con las cosechas.

El agrícola Canadá, dominio inglés y país beligerante en 1914-1918, supo aprovechar la contienda para desarrollar todos los sectores de su economía capitalista. Al firmarse la paz tenía una base industrial consolidada.[36] Y no hablemos de los Estados Unidos que de la grave depresión de 1914 saltaron al más alto nivel del capitalismo.[37] Tanto el uno como los otros tuvieron el realismo político y la conciencia de los propios intereses necesarios para olvidar los dogmas liberales y recurrir a la intervención del Estado.

Las consecuencias de la imprevisión no se hicieron esperar en la Argentina. Bastó que se iniciara el restablecimiento de la industria europea en 1920 para que la industria nacional sintiera el impacto y muchas de sus ramas desaparecieran. Industrias artificiales que no merecen vivir, decían los agropecuaristas, considerando axiomático que es artificial toda industria que compita con las importaciones. Pero la imprevisión, hija del carácter dependiente que dominaba en la estructura socioeconómica, hizo a ésta en alto grado vulnerable a los cambios en Europa. Según cálculos del ingeniero Alejandro E. Bunge, los cultivos, la producción agrícola, la cantidad de vacunos y lanares, las exportaciones, los implementos industriales, los transportes, las líneas ferroviarias y la inmigración representaban en conjunto en 1926 el 40 por ciento menos que en 1908 y, a la inversa, había aumentado la importación, incluida la de artículos alimenticios que antes no se importaban o se importaban en pequeñas cuotas (arroz, tomates, aceite, yerba, etcétera).[38]

De esa época data el contraste público de dos líneas de política de desarrollo económico nacional. Las analizaremos en el pensamiento de los dos expositores extremos: el Partido Socialista y la Unión Industrial Argentina.

¿Qué proponían los socialistas? Lo expresaron en el «Programa de Acción Socialista Internacional presentado por el grupo parlamentario socialista al Congreso Socialista Extraordinario celebrado en Bahía Blanca en enero de 1921 y aprobado por éste».[39] El programa, redactado por el doctor Juan B. Justo, criticaba a Jean Jaures por haber dicho que el proteccionismo conviene al Partido Socialista y a la ceguera socialista internacional, que también aconsejaba el proteccionismo para la Argentina. Su tesis era:

«La abolición gradual y progresiva de los derechos de aduana como obligación de los legisladores y gobernantes socialistas, y la libertad de importar y exportar, aun cuando el Estado haga el comercio exterior en la máxima escala, y como el mejor control de las operaciones del Estado, siempre que existe en actividad el capital privado […]. En el programa de acción que proyectamos figura una cláusula de profundo sentido, aunque de difícil aplicación: la preferencia a los productos del trabajo de más alto nivel de vida».

El doctor Justo era librecambista por la misma razón que Gran Bretaña era proteccionista: la defensa de la industria inglesa. ¿No pedía el diputado laborista inglés Víctor Fisher, fundador y secretario general de la British Workers League (Liga de Trabajadores Británicos), la protección de las mercaderías inglesas frente a la importación de mercaderías extranjeras producidas por el sweated system (bajos salarios y largas jornadas) o por industrias subvencionadas?[40]

Justo coincidía totalmente con Fisher, si nos atenemos al profundo sentido de las palabras más que a las palabras mismas. Justo reclamaba para la Argentina la preferencia a los productos del trabajo extranjero de más alto nivel de vida. ¿Empleaba preferencia como eufemismo para esquivar el tabú protección? Poseía los conocimientos de economía política necesarios para saber que ningún consumidor racional del mundo terráqueo se dejaría persuadir con el siguiente argumento: «Prefiera pagar más caro por una mercadería inglesa que por la misma mercadería argentina, pues de esta manera usted subvenciona el más alto nivel de vida del obrero inglés en relación al argentino». El imaginario consumidor le respondería con ese sentido común de Sancho Panza que tanto admiraba Justo: «De seguir su consejo ayudaré, sin duda alguna, al obrero inglés, y… al industrial inglés, pero presiento que mandaré a la quiebra al industrial argentino y mataré de hambre al obrero argentino, y esto no se justifica con el internacionalismo socialista».

La tesis Justo-Fisher apuntaba a destruir la industrialización de los países poco desarrollados. El proteccionismo inglés se complementaba con el librecambismo argentino. Esta unidad de contrarios explica que Gran Bretaña (y Francia, Alemania y los Estados Unidos) practique tradicionalmente el proteccionismo de fronteras para adentro y el librecambismo de fronteras para afuera.

Esa tesis fue expuesta también por el doctor Nicolás Repetto en la Conferencia Socialista de La Habana de 1916 al proponer la fórmula del librecambio integral y por el mismo doctor Justo en la Conferencia de Berna de 1919 con los siguientes argumentos:

«Y ésta es la peor forma de nacionalismo. El proteccionismo aduanero crea dentro de cada país, entre los capitalistas y obreros de cada rama de la producción, la peor solidaridad de clases, su solidaridad contra los capitalistas y obreros de la misma rama de la producción de otros países y contra los consumidores del propio país, que son en su mayor parte trabajadores».[41]

Como Justo confesaba

«haber encontrado ricas fuentes de información fuera de las palabras de aquel gran maestro [Marx]»,

nos parece que, si bien es indudablemente saludable beber conocimientos en esas fuentes, en el caso olvidó un rico pensamiento del autor de El capital:

«El desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es la tarea histórica y el privilegio del capital. Es precisamente por este medio como inconscientemente crea los requisitos materiales de un modo de producción más alto».

Lo que quiere decir que al negar protección a la industria nacional no solamente se conspiraba contra el desarrollo capitalista de la Argentina, sino también se impedía la creación de los requisitos materiales del socialismo.

A través de la coincidencia con la política imperialista británica, los socialistas coincidían con las clases dominantes del campo argentino. Ellas sí preferían de todo corazón comprar artículos importados, pero no para favorecer el trabajo de más alto nivel de vida, cuya suerte nada les importaba. Lo preferían para favorecerse a sí mismas, pues el lema comprar a quien nos compra soldaba con sólidas rentas y ganancias sus intereses con los de la industria y el comercio exportador de Gran Bretaña.

Justo y sus discípulos empleaban en sus campañas políticas un argumento más efectista y directo a favor del librecambio: la defensa del nivel de vida del consumidor argentino. ¿Cómo conciliaban esta defensa con la preferencia a los productos del trabajo extranjero de más alto nivel de vida? ¿Luchaban por mantener altos niveles de vida de los obreros ingleses o de los consumidores argentinos? Puesto que del mismo cuero salen todos los tientos debía haber algún sector sacrificado en la redistribución de la masa de plusvalía en beneficio del ama de casa argentina y del proletariado inglés. Y ese mártir o héroe inmolado no sería el industrial extranjero, sino el fabricante nacional. Lisandro de la Torre puntualizó con absoluta claridad esta falla del librecambio de los socialistas. Decía en su polémica con Justo:

«Así, por ejemplo, el móvil real que persigue el doctor Justo con las exoneraciones de derechos aduaneros, no es tanto que el obrero pague unos centavos menos por el par de medias de algodón, cuanto arruinar a todos los tejedores nacionales. Sin embargo, muertas las industrias mal podrían haber altos salarios. La contradicción salta a la vista».[42]

La defensa del nivel de vida del consumidor quedaba reducida a una vulgar demagogia, si no se la ubicaba en la perspectiva de un desarrollo de la industria nacional protegido, alentado y en buena medida financiado por el Estado.

¿Qué proponían los industriales? Lo expresa su vocero más caracterizado, el ingeniero Alejandro E. Bunge:

«Toda política de fomento de la producción nacional que indirectamente tienda a contener las importaciones tiene la virtud de poner en activo movimiento a las organizaciones de “defensa comercial” de los importadores, a las Cámaras de Comercio extranjeras y hasta a los funcionarios diplomáticos y consulares. Lo acabamos de ver en lo que se refiere a disposiciones de equidad elemental tomadas por el Ministerio de Agricultura respecto a la fabricación de aceites comestibles. Se invocan en tales casos argumentos tutelares de policía, en “defensa del consumidor argentino”. Ejercen estas instituciones algo así como una tutela sobre el consumidor del país y sobre la Administración Nacional o pretenden ejercerla. Esos respetables intereses comerciales de las instituciones que compran, acreditan y distribuyen artículos extranjeros no se afectan cuando deben comprar, acreditar y distribuir, en sustitución, los similares nacionales. Es tiempo de que esas poderosas organizaciones comerciales principien a ocuparse en comerciar con la producción nacional.

»Ha llegado para la República Argentina la hora de su nacionalismo económico. La política y las normas de acción de tal nacionalismo nos habrán de conducir a la autonomía económica. Habrán de hacer posible y real que el país oriente su producción y su comercio interno y externo de acuerdo con sus intereses y con los destinos que le están deparados.

»Debemos convencernos, señores, que ésta es la última generación de importadores y estancieros. En la próxima generación, la de nuestros hijos, el predominio será de los granjeros y de los industriales. De los hombres de la gran industria, de la industria media, de los artesanos, de los obreros manuales. De los hombres de las granjas señoriales, de las granjas burguesas o medianas, de las granjas pequeñas de familia, que han de multiplicarse tanto como se multiplican hoy los pequeños talleres de artesanos. El nivel general de vida y la capacidad de producción se levantan rápidamente en la Argentina y no se puede manejar ya al pueblo vendiéndole cuentas de vidrios de colores por valor de varios cientos de millones de pesos oro al año ni guiándolo con capataces políticos, como a peones de estancia sin molinos. Nuestros diez millones de habitantes no quieren ya recibir innecesarias fruslerías en cambio de cueros y lana, quieren producir inteligentemente todo lo que necesitan, quieren dictar su comercio, quieren explotar con sabiduría y coraje las inmensas riquezas de cada una de las regiones de esta heredad argentina. No quieren que su patria siga siendo un país jornalero al servicio de otras naciones; el pueblo de esta joven República ha aprendido y trabajado ya lo bastante para establecerse por cuenta propia en su heredad nacional».[43]

No había ni asomo de socialismo en el porvenir que el ingeniero Bunge auguraba a la Argentina. Reclamaba para ella un desarrollo capitalista independiente. Su proteccionismo, el de los industriales, ofrecía un gran blanco a la crítica: era enemigo del movimiento obrero y se oponía a las leyes sociales. En los manifiestos, volantes y mitines de los sindicatos de aquella época, la Unión Industrial, y a veces el ingeniero Bunge, aparecían en el papel del lobo feroz de la reacción capitalista. La Unión Industrial representaba a los patrones en las huelgas y otros conflictos gremiales.

El cotejo de las actitudes antitéticas de socialistas e industriales revela una contradicción interna de la sociedad argentina: los defensores del desarrollo independiente de la economía nacional eran reaccionarios en los problemas sociales y los partidarios de la libre introducción de mercaderías y capitales extranjeros se erigían en portaestandartes de las reivindicaciones obreras.[44] Y de tal contradicción se derivaba esta obra: al bregar por la ampliación y la independencia de la base capitalista del país, los industriales hacían por crear los requisitos materiales del paso al socialismo, lo que los socialistas entorpecían al movilizar a los obreros contra la industrialización. Unos y otros podían ser instrumentos inconscientes de la historia hasta cierto límite. Tarde o temprano de la contradicción agravada al máximo surgiría la conciencia superadora que con visión del conjunto combinara el avance sin pausa de la industria por caminos propios con la conquista del poder por la clase obrera.[45]

CAPÍTULO 17
LA CLASE OBRERA ARGENTINA BUSCA SU UNIDAD

Al comenzar la colonización capitalista, el proletariado distribuido por la amplia pampa húmeda aportaba su fuerza de trabajo a una estructura social con economía mercantil-monetaria dominante en la ganadería y algunas débiles manufacturas en el ámbito urbano.[1] La desigualdad de desarrollo entre el litoral —o con mayor exactitud, la provincia de Buenos Aires— y el interior (norte y centro del país) explica las guerras civiles y el largo señorío del bonaerense Rosas sobre las provincias. Juan Manuel de Rosas mejoró y multiplicó las estancias, como fuentes de producción ganadera destinada al mercado, y disciplinó a las masas rurales al convertir a los gauchos en peones asalariados, entretanto el interior no salía del círculo vicioso de la reproducción de sus propias condiciones de existencia, con su estructura socioeconómica deteriorada por las importaciones que recibía por conducto del puerto de Buenos Aires.

La desigualdad de desarrollo entre las dos partes de la Argentina generó un movimiento de osmosis en la población: éxodo de mano de obra del interior hacia el litoral es un fenómeno que se prolonga, con mayor o menor frecuencia e intensidad, desde principios del siglo pasado hasta hoy. El efecto de demostración —a que hemos aludido al establecer los motivos que atraían al inmigrante— operaba también sobre gente de provincias, seducidas por el superior nivel de existencia de Buenos Aires y su campaña. Entre 1800 y 1869, la tasa del crecimiento anual de la población fue del 1,9 por ciento en el interior y del 3,5 por ciento en la provincia de Buenos Aires (incluida la capital), extraordinaria diferencia que no puede atribuirse al incremento vegetativo ni a la incipiente inmigración de los últimos años del período, sino a las migraciones internas. El avecinamiento de los arribeños influyó en el aumento de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y su campaña (de 1 habitante por 500 hectáreas en 1800 a 1 habitante por 100 hectáreas en 1869).

La reserva de fuerza de trabajo (o desocupación invisible) que existía en el interior debido a su estancamiento excedía la demanda de fuerza de trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero con la colonización capitalista la pampa húmeda necesitó mano de obra proletaria en cantidades crecientes y con aptitudes e inclinaciones que, en ciertos sectores, no les ofrecían los inmigrantes. El progreso de la producción ganadera (nuevas estancias y mayor productividad de las existentes, arreos, etc.) y la instalación de los frigoríficos hicieron indispensables obreros especializados en las tareas rurales, hijos del país que la región pampeana no alcanzaba a proporcionar en la magnitud requerida. Asimismo en la agricultura, a la inmigración golondrina, que permanecía nada más que para levantar la cosecha y luego regresaba a sus lugares de origen, se agregó la migración golondrina de correntinos, norsantafesinos, chaqueños, santiagueños, salteños y jujeños que acudían a las chacras del sur solamente para conchabarse durante los meses de cosecha.

De lo antedicho se infiere que el gran desarrollo del capitalismo en la pampa húmeda, a partir del último cuarto del siglo pasado (la superficie sembrada de forrajes y granos subió de 340000 hectáreas en 1875 a 20 millones en 1913 y a 25 millones en 1929), originó una demanda cada año mayor de fuerza de trabajo y que para satisfacer esa demanda no alcanzaba el mero crecimiento vegetativo del proletariado rural, sino que se incorporaron a este último contingentes de mano de obra que provenían en parte del interior del país y en parte de la inmigración.

El numeroso proletariado rural así formado en la región pampeana no contó con organizaciones gremiales propias durante el período que estamos estudiando. Hicieron sus primeras experiencias de lucha social en las sociedades de gremios varios fundadas por los anarquistas. Ni siquiera los obreros de los frigoríficos tuvieron hasta avanzado el presente siglo sus sindicatos de clase.

Los vínculos de los estratos de ese proletariado —emergente en lo fundamental de los antiguos pobladores y distribuido en las actividades agropecuarias e industriales auxiliares o conexas de ellas— con la sociedad en su conjunto y con el Estado se establecieron por medio de los caudillos políticos y de los partidos orientados a la conquista y a la conservación del poder. Hipólito Yrigoyen fue el primer caudillo que movilizó como electores a los obreros rurales y los ayudó a superar las limitaciones, corruptelas, violencias y fraudes de la época.

Al comenzar la colonización capitalista también existía en Buenos Aires, y con menor amplitud en ciudades del interior, un proletariado que se diferenciaba claramente del antiguo artesanado. En 1857, a mitad del tiempo entre la caída de Rosas y la unidad nacional, un sector de este proletariado, el de los tipógrafos, que por la índole de su trabajo poseía conocimientos generales y del movimiento gremial europeo superiores a los de la mayoría de los obreros porteños, fundó el primer sindicato en la Argentina del que se tiene noticia, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Sus propósitos eran

«propender al adelanto del arte tipográfico, prestar socorro a los miembros que se enfermasen o imposibilitasen para el trabajo, proteger a los que necesiten auxilio justo, conseguir que los operarios sean siempre bien remunerados, en proporción de sus aptitudes y conocimientos, de modo que les garanta sus existencias».[2]

Los tipógrafos intervinieron activamente en las luchas políticas de aquellos años de guerra entre Buenos Aires y la Confederación, de encuentros entre nacionalistas y autonomistas.[3]

No hay datos de otros gremios que se hayan creado en las dos décadas siguientes a esa aislada eclosión de la tendencia innata de la clase obrera a organizarse. Escasa influencia inmediata tuvieron en el conjunto del proletariado la filial de la Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en Buenos Aires por inmigrantes (1870 o 1872), y las polémicas de marxistas y bakuninistas, que hemos mencionado en el primer tomo de esta obra. Algunos extranjeros traían las ideas revolucionarias de Europa, confiando en que la virgen América era tierra más propicia para llevarlas a la práctica, pero la inmensa mayoría venía en busca del bienestar individual en una sociedad de fácil enriquecimiento.[4] La población de la ciudad de Buenos Aires llegó a ser en 1887 más extranjera (220 621 habitantes, o sea el 52 por ciento) que argentina (209 224 habitantes, o sea el 48 por ciento). A medida que esa población se integraba en la estructura capitalista, que las contradicciones internas de ésta mataban las ilusiones en el Vellocino de Oro y que la necesidad enfrentaba a los explotados con los explotadores, caían los velos que cubrían la lucha de clases y surgían de la realidad los sindicatos y huelgas.

La apropiación individual de los frutos del trabajo social encerraba a la sociedad remodelada por la colonización en el círculo de las contradicciones del régimen capitalista: abundaba la tierra inculta y no había tierra libre, ríos de oro desparramaban la opulencia de las exportaciones y los salarios no cubrían las necesidades del obrero, los gobiernos pedían sin cesar mano de obra a Europa y existía desocupación.

La falta de mano de obra se hizo sentir con gravedad cuando se proyectó la construcción de ferrocarriles. Era una tarea que exigía gran división del trabajo. Desde el desmonte y la colocación de travesaños y vías hasta el personal técnico, administrativo y comercial, una gama de especialidades desconocidas en el país obligaba a preparar o a traer del extranjero obreros, técnicos y administradores. En Europa Oriental y Asia las compañías inglesas resolvieron el problema combinando en el trabajo a cierto número de obreros ingleses con personal nativo,[5] pero en la Argentina este último escaseaba, particularmente, el de un determinado nivel de instrucción y experiencia, porque lo absorbían las actividades agropecuarias.

Los gobiernos, acuciados por las empresas ferroviarias, desplegaron un vasto plan de propaganda y enviaron a Europa emisarios con el fin de atraer a la República a los obreros indispensables para construir y mantener el funcionamiento de las vías férreas. Firmaban contratos por los que se comprometían a pagar los gastos desde el lugar de procedencia hasta el sitio de trabajo y garantizaban el salario adecuado.[6] A pesar de las facilidades ofrecidas respondió a la invitación una cantidad inferior a la necesaria y la Comisaría General de Inmigración se veía en dificultades para atender a los pedidos de las empresas.[7] Una vez en el país, muchos contratados desertaban y se hacían chacareros o iban a las ciudades en busca de fortuna, tentados por la buena suerte de algunos de sus compatriotas. Hubo, por ejemplo, fugas colectivas de peones durante la construcción de los ferrocarriles Central Norte y Andino.

Las autoridades argentinas se esforzaban en estimular la inmigración de trabajadores de las zonas desarrolladas de Europa como

«los territorios de Bélgica, Francia, Alemania, del norte de Cataluña, de las provincias vascongadas, de la Lombardía y del Piamonte».

De las penurias que sufrieron, en una época de prosperidad de las actividades agropecuarias en la pampa húmeda, dio un cuadro Il Corriere Mercantile de Génova, el 31 de marzo de 1883, al denunciar que

«los operarios europeos, empleados en los ferrocarriles de Tucumán y Salta, a causa de las aguas estancadas, que ocupan una inmensa región, han sido atacados por fiebres perniciosas: tifoidea, etcétera. Han debido abandonar los trabajos y caminar cientos de leguas, desprovistos de todo en busca de suerte menos dolorosa […] No se les paga con regularidad, son escasos los víveres y de mala calidad».

El periódico incitaba a los obreros italianos a rechazar contratos de trabajo

«a ejecutarse en sitios cuyo clima no conocen y donde el valor relativo de los salarios y las dificultades que surgen de mil maneras les impiden contar con una ganancia cierta y remuneradora».[8]

Costó varios años formar, con hijos del país e inmigrantes, el heterogéneo personal de las empresas ferroviarias. Fue el primer sector de masas de la clase obrera argentina que, por las características dispersas a la vez que centralizadas de su trabajo, organizó huelgas que se extendieron por el interior, y también el primero que fundó —en 1887— La Fraternidad de maquinistas y fogoneros de locomotoras, un sindicato que abarcaba a obreros de toda la República.

El análisis de la década anterior a la Revolución del 90 es de gran importancia no solamente porque entonces aparecieron los gérmenes del movimiento obrero argentino, sino también porque en ella se manifestaron, con sus rasgos iniciales, las contradicciones internas del desarrollo capitalista del país. Fue la época del ajuste de los diversos elementos (fuerza de trabajo, capital, ferrocarriles, técnica) que la colonización iba trayendo a la Argentina, y ese ajuste se lograba mediante la producción agropecuaria y las exportaciones a todo vapor. Parecía realizarse el sueño que Alberdi y Sarmiento no imaginaron que pudiera terminar en pesadilla, porque ellos creían, como liberales, en el progreso en línea recta ascendente hasta el infinito y no cruzaba sus mentes la posibilidad de interrupción o caída de ese proceso por la acción de las fuerzas antagónicas generadas en su seno.

Cuando la prosperidad alegraba las estancias y chacras de la pampa húmeda, y a su amparo se enriquecían la burguesía intermediaria y los especuladores de la ciudad, los tipógrafos porteños hicieron de pájaros agoreros al declarar, en setiembre de 1878, la primera huelga registrada en la Argentina.[9] El periódico El Nacional, de Dalmacio Vélez Sarsfield, documentó el 14 de setiembre la sorpresa de la intelectualidad gobernante por ese estallido de socialismo, pues el socialismo es una necedad en América.

El extraordinario movimiento comercial de esos años ocasionó la escasez de dinero circulante y nuevas emisiones que depreciaron al peso, elevaron los ingresos de los productores directos, exportadores, importadores e intermediarios, desvalorizaron las deudas y rebajaron la capacidad adquisitiva de salarios y sueldos. La respuesta del sector directamente afectado por el colosal traspaso de ingresos, los obreros asalariados, se expresó en una ola de huelgas (20 en 1882-1888 y 18 en 1889) y en la organización de decenas de sociedades de resistencia y sindicatos.[10]

A inmigrantes pertenecían la mayoría de los talleres y fábricas, e inmigrantes (italianos, españoles, franceses, alemanes) eran, en alto porcentaje, los obreros que intervenían en las luchas reivindicativas y se afiliaban a los gremios. La industria pudo levantarse con empresarios y obreros extranjeros, porque, como hemos dicho, todo el desarrollo económico nacional había sido acondicionado y desviado de sus cauces naturales por el monopolio de la tierra.

En el movimiento sindical organizado al calor de las luchas por mejoras económicas cobró relieve desde el principio la tendencia a la unidad de la clase obrera. A veces esa unidad se reducía a invocar los vínculos internacionales de un gremio o el sentido y los objetivos internacionales del movimiento obrero, pero la necesidad impulsaba al acercamiento concreto de los obreros del mismo gremio y de todos los obreros frente a los patrones y al Estado. De ahí que pronto se tratara de proyectar las luchas por mejoras económicas al plano político (o apolítico, que era la manera de hacer política de los anarquistas), o sea, de conducir a la clase obrera al cumplimiento de su papel histórico de enterradora del capitalismo y constructora de un nuevo orden social. En el islote de industrialización, ocupado por abrumadora mayoría de obreros y empresarios extranjeros y rodeado de un mundo agropecuario, se reprodujo la misma toma de contacto que en la Europa de los marxistas y bakuninistas con el proletariado organizado. Y la palabra islote no se emplea en el caso como simple metáfora: los grupos que actuaban iluminados por la idea de implantar la justicia social, aquí, con un sentido universal, prescindían de la existencia del país real (de las particularidades de su historia, su economía, su idiosincrasia, su cultura) o la reemplazaban por un platónico esquema que no le correspondía. La difusión de las ideas socialistas (desde el Club Vorwärts, fundado por inmigrantes alemanes en 1882) y anarquistas (a través del Círculo Internacional, establecido en 1888) educaba a obreros y estudiantes en los principios generales de esas doctrinas, pero los desarraigaba de la realidad nacional, los extranjerizaba. No les infundía una conciencia revolucionaria del orden existente en la sociedad en que vivían; les inoculaba la negación absoluta de esa sociedad, una negación antidialéctica, sin puntos de apoyo para construir una sociedad superior. Los transmisores de las ideologías revolucionarias o reformistas europeas no encontraban en la Argentina las bases materiales de esas ideologías, y como no podían crearlas artificialmente, su labor tuvo que concentrarse en la educación doctrinaria de la clase obrera. Sustituían la transformación revolucionaria o la reforma de las condiciones reales de la sociedad existente a su alrededor por la transformación revolucionaria o la reforma de las conciencias. Esta contradicción fundamental, que no excluía progresos en el orden organizativo del proletariado, deformó en sus orígenes al movimiento sindical y los partidos obreros.

Bajo el signo del internacionalismo proletario se celebró en Buenos Aires por primera vez en 1890 el primero de Mayo.[11] En junio del mismo año varias sociedades obreras convocaron a un Congreso Constituyente de la Federación de Trabajadores de la República o Federación de Trabajadores de la Región Argentina, iniciativa que la revolución del 26 de julio obligó a postergar hasta enero de 1891. Esta primera central obrera se propuso:

«la unión de los obreros de esta región para defender sus intereses morales y materiales, y practicar la solidaridad con los hermanos de todas las regiones en lucha contra el capital y sus monopolizadores […] la organización de todos los trabajadores en secciones de oficio y sociedades puramente obreras […] la solidaridad en todos los casos en que se presente la lucha por los intereses obreros […] la propaganda e instrucción por medio de la prensa, bibliotecas, conferencias, folletos».[12]

En diciembre de 1890 apareció el periódico El Obrero, órgano oficial de la Federación. Su director, el ingeniero G. A. Lallemant, comprendió con su gran talento la médula de la contradicción que acabamos de señalar. Decía en el editorial que

«ésta era del régimen burgués puro importa un gran progreso»,

con lo que reconocía la necesidad de impulsar el desarrollo capitalista de la Argentina. Agregaba a continuación:

«Con la era de la administración pura burguesa, los capitalistas tratarán de hacer subir más la proporción de la plusvalía relativa, de aumentar el grado de explotación del trabajo, tanto más como el país tiene que pagar enormes deudas en el exterior, que solamente pueden satisfacerse por los valores de la producción […] De allí resulta que la lucha de la clase proletaria por el mejoramiento de su situación económica es inseparable de la participación enérgica que como clase tiene que tomar en la política del país. Son estas consideraciones las que servirán de base para nuestra actitud de campeones de los intereses de la clase obrera».

En las breves palabras transcriptas, Lallemant dejaba planteado el eje de los problemas de la clase obrera argentina hasta la actualidad: la combinación de sus luchas por reivindicaciones inmediatas con la participación activa en la política del país.

No tan concretas fueron las deliberaciones del Primer Congreso de la Federación de Trabajadores de la Región Argentina. Resolvió

«escribir sobre sus banderas el lema revolucionario del sistema de salarios basado en la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción»,

declaración que podía interpretarse como deseo, pero que no correspondía a las necesidades prácticas de las luchas obreras, ni a los cambios posibles en la Argentina de entonces.

Dos corrientes de ideas se enfrentaron:

los socialistas querían convertir la Federación en un partido político con

«un programa análogo al de los partidos obreros de Europa y demás países que van a la cabeza del movimiento obrero, tomando en consideración el programa del Congreso Internacional Obrero de París y el estado de desarrollo de la cuestión social en esta parte de América», y

los anarquistas proponían que la Federación se concretara

«al mejoramiento económico del obrero», al margen de «las estériles y engañadoras agitaciones políticas».

Claro está que los socialistas, al pretender que el organismo sindical cumpliera la función del inexistente partido obrero dividían al proletariado (en su gran mayoría anarquista, sin partido o de los partidos del régimen imperante) y que los anarquistas, al insistir en que la clase obrera no debía intervenir en política, la anulaban para su tarea histórica de enterradora del capitalismo y constructora del socialismo, pero los anarquistas se colocaban, en cuanto se referían a la cuestión sindical, con los pies sobre la tierra.

Augusto Khun, socialista alemán de relevante participación en el Congreso, aclaró que los mencionados partidos obreros de Europa no eran otros que las Trade Unions inglesas. Aun así, la posición socialista adolecía de graves fallas, pues las Trade Unions no se preocupaban de la posesión del poder político por la clase obrera, como deseaba Khun para la Federación, y el Partido Laborista Independiente de Gran Bretaña se constituyó en 1893 fuera de ellas y con el aporte de un pequeño número de obreros politizados.

La ventaja de los anarquistas consistía en que sus sociedades cosmopolitas, de resistencia y de oficios varios estaban al nivel de la espontaneidad de las luchas obreras de entonces y no establecían diferencias entre el obrero y el artesano.[13] Esto explica el ascendiente que adquirieron en un proletariado que, como observaba Lallemant, acababa de desprenderse de la masa no poseedora.

Después de su Segundo Congreso (1.º de octubre de 1892), se disolvió la primera Federación.[14] Una segunda, constituida en 1894, duró hasta fines de 1895.[15] No se superó el abismo entre los socialistas, que dominaban la dirección de la central obrera, y los anarquistas, que tenían en sus manos los gremios. Sebastián Marotta subraya, además, que debido a la crisis económica de esos años

«grandes contingentes obreros, buen número de los cuales actúan a modo de levadura en las organizaciones, huyen de la Argentina, dirigiéndose especialmente al Brasil, país que atravesaba por un período de extraordinaria prosperidad. Tal fenómeno repercute sensiblemente en la vida de los endebles sindicatos, cuyos cuadros dirigentes quedan poco menos que desmantelados».[16]

Esta oportuna acotación denota no sólo el grado de desarraigo del país de esos dirigentes, sino también que los atrajo a América el móvil del pronto y fácil enriquecimiento. No pocos lo lograron, lo que destaca aún más la firmeza ideológica de los menos que no abandonaron su puesto de lucha.

El 8 de junio de 1896 los socialistas intentaron por tercera vez organizar la Federación. Fueron más cautos y aceptaron imprimirle a la central obrera un carácter exclusivamente sindical. Los estatutos aprobados limitaban sus funciones a

«recabar de los podares públicos leyes que favorezcan los intereses del trabajo, como la jornada de ocho horas, fijación de un salario mínimo, igualdad del salario para los obreros de uno y otro sexo, etcétera»,

y agregaban que la Federación

«no defiende principios económicos determinados, no pertenece a ningún partido, no profesa ninguna religión, y no conoce distinciones de raza o nacionalidad. Sus miembros son libres personalmente de defender y propagar las opiniones que consideren más acertadas independientemente de las de la organización».

Tan expresa declaración de apoliticismo no evitó que la Federación desapareciera en las postrimerías de 1897. La mayoría de los gremios se desafilió, después que la Sociedad Constructora de Carruajes acusó a los dirigentes de llevar agua al molino de los socialistas. El anarquista G. Inglan Lafarga la remató al propiciar

«como final de esta lucha del trabajo contra el capital la huelga universal, a la que quizás ya se habría llegado si el maldito afán de politiquear, saturado esta vez de cierto perfume obrero, no se hubiera interpuesto […]».[17]

La cuestión social era al concluir el siglo tema de preocupación para el gobierno y de alarma para los grandes diarios. Trataban de cargar la responsabilidad de las huelgas sobre las espaldas de agitadores extranjeros que crean conflictos ajenos al medio argentino, pero la disminución de los embarques al exterior, la paralización de obras, el cierre o el descenso de la actividad de talleres y fábricas, y los peones de regreso de la cosecha de maíz hacían subir a 40000 el número de desocupados. Había que arbitrar algún remedio a una enfermedad que se estaba convirtiendo en crónica. Al diario La Prensa se le ocurrió proponer que a los obreros sin trabajo se les aplicara el mismo castigo que a los desertores del ejército: su confinamiento en el Chaco. Tuvo que pedir auxilio a la policía para evitar el asalto de sus oficinas de la calle Moreno por enfurecidos manifestantes.

La constitución de la central obrera seguía tropezando con la insistencia de los socialistas en inculcarle sus ideas y la rebeldía de los anarquistas que, en defensa de la plena libertad de la persona humana, no aceptaban organizarse. Pero la tendencia a la unidad del proletariado, presente en cada sociedad de resistencia y en cada huelga, se fortalecía a medida que cobraba intensidad la lucha de clases. Bajo la presión de los afiliados a los gremios, los anarquistas atemperaron su individualismo. Produjo bastante efecto en ellos la prédica del tipógrafo catalán Antonio Pellicer Paraire, cuya fórmula del Acratismo-Libre Pacto-Solidaridad se desdoblaba en la organización en el terreno económico y la absoluta libertad del individuo en el campo revolucionario.

Al cabo de varios tanteos e iniciativas fracasados, el 25 de mayo de 1901 se constituyó en el local de la Societá Ligure de Buenos Aires la Federación Obrera Argentina (FOA). Socialistas y anarquistas llegaron al siguiente acuerdo:

«Considerando que el congreso obrero gremial reunido en este momento se compone de sociedades de resistencia, o por mejor decir de colectividades obreras organizadas para la lucha económica presente, y teniendo en cuenta que en el seno de estas colectividades caben todas las tendencias políticas y sociales, el Congreso declara que no tiene compromisos de ninguna clase con el Partido Socialista ni con el Anarquismo ni con partido político alguno, y que su organización, desarrollo y esfera de acción es completamente independiente y autónoma, y que la organización de este Congreso es pura y exclusivamente de lucha, de resistencia».

En el curso del debate del Congreso aparecieron las divergencias entre los dos sectores. La intervención del anarquista italiano Pietro Gori contribuyó a apaciguar los ánimos de sus compañeros más extremistas, los que en su afán de hacer tabla rasa del Estado, al capitalismo y toda forma de coacción sobre la libertad del individuo, se opusieron al arbitraje en los conflictos gremiales y a la legislación del trabajo, pues

«los obreros deben esperar todo de su conciencia y unión, rechazando el recurrir a los poderes públicos para obtener cualquier mejora»

según decía G. Inglan Lafarga. Por último se aprobó un amplio programa de reivindicaciones y

«la huelga general como base suprema de la lucha económica entre el capital y el trabajo».[18]

El acuerdo anarquista-socialista, más formal que efectivo, se mantuvo hasta el Segundo Congreso de la FOA, inaugurado en el salón Vorwärts el 19 de abril de 1902. Los anarquistas contaban con la mayoría de los delegados. La minoría socialista aprovechó la discrepancia acerca de la validez de una credencial para retirar del congreso a sus 34 delegados, representantes de 19 organizaciones, las cuales, en reunión del 18 de mayo, resolvieron desafiliarse de la FOA y crear el Comité de Propaganda Gremial.

Con la sola presencia de los anarquistas, el Segundo Congreso de la FOA aprobó un programa que ampliaba las reivindicaciones incluidas en el del Primero y se pronunció en contra de la participación en el acto socialista del 1.º de Mayo, de las sociedades católicas de obreros, de las cooperativas de producción (admitiendo las de consumo) y del militarismo. De este último decían en una resolución:

«Considerando que el militarismo es contrario a los intereses de la humanidad, hace votos (el congreso) para que se haga la mayor propaganda posible en contra de tan bárbaro sistema, a fin de que el mayor número de jóvenes reclutas vayan a parar a la frontera antes de vestir la odiosa librea del asesino asalariado y legal».

Con posterioridad se creó, de acuerdo a esa tesis, el fondo del soldado con el fin de ayudar a los desertores y socorrer a los soldados castigados por su propaganda antimilitarista.

Ese año 1902 las huelgas alcanzaron por el número, la amplitud y la intensidad un nivel desconocido hasta entonces. Entre todas ellas se destacó la huelga general iniciada por los obreros de la Refinería Argentina de Azúcar de Rosario y extendida a los estibadores de esta ciudad y de San Nicolás, Villa Constitución, San Pedro y Ramallo, con la solidaridad de los gremios de la zona cerealera y de otros lugares de la República. También fue importante el Congreso de Obreros Agrícolas, celebrado en Pergamino el 31 de agosto. Participaron organizaciones de la localidad y de San Nicolás, Baradero, Campana, Alsina, Peyrano, La Plata y Rosario. El programa de reivindicaciones que aprobó da una idea cabal de la explotación a que era sometido el proletariado rural en la región agropecuaria más rica del país. Exigía:

Una jornada en lo sucesivo de sol a sol para los obreros de las trilladoras, pues se los hacía trabajar en horas nocturnas sin aumento de salarios.[19]

Descanso de media hora para el desayuno (a base de asado, queso, o salame y mate cocido o café), de dos horas para el almuerzo (sopa, puchero y queso) y de media hora para el mate.

Salario mínimo de 3,50 pesos para los plancheros, horquilleros, costureros, engrasadores, coleros y foguistas y de 3,50 pesos y 4 pesos para los de las trilladoras.

Recipiente con agua fresca y limpia en las máquinas, lona que resguarde de la lluvia.

Obligación del capitalista de prestar primeros auxilios a los obreros accidentados y de trasladarlos a los lugares de asistencia médica.

Eliminación del trabajo por tanto.

Reemplazo de la ración de alcohol por agua de cebada inglesa, de limón o mate cocido a discreción. Reglamentación del trabajo en las chacras y del movimiento de bolsas en las estaciones.[20]

No obstante lesionar las demandas enumeradas los intereses de los chacareros (propietarios o arrendatarios que embolsaban la plusvalía del trabajo agrícola), el congreso de Pergamino protestó por los impuestos que gravaban las máquinas trilladoras y desgranadoras, en perjuicio del pequeño agricultor y sin afectar al grande.

Muy significativa es la actitud del congreso —orientado, sin duda, por dirigentes de capacidad y visión gremial poco comunes, cuyos nombres lamentamos desconocer— en las discrepancias socialistas-anarquistas. Resolvió:

«En vista de existir dos federaciones obreras —Federación Obrera Argentina y Comité de Propaganda Gremial—, el Congreso deplora la división y se abstiene de aconsejar el ingreso de los centros adheridos a ninguna de esas federaciones, mientras no hayan unido sus fuerzas y constituido una sola federación».

El impulso que habían cobrado en el tránsito entre los dos siglos el movimiento sindical y las luchas obreras desconcertaba a políticos, que conservaban su fidelidad al dogma alberdiano gobernar es poblar. Carlos Pellegrini vislumbraba en uno de los chispazos de su inteligencia proyectada al provenir argentino:

«Las huelgas y todas sus consecuencias sólo pueden no existir allí donde no exista una gran población industrial, un gran movimiento de capital y trabajo que provoque las profundas divergencias que hoy buscan conmover y modificar los fundamentos mismos del orden social y económico del mundo»,

pero la oligarquía liberal gobernante, que creía en el ininterrumpido progreso agropecuario por la virtud mágica del capital y del trabajo provenientes del extranjero, se enredó en su concepción colonialista de los problemas argentinos y terminó por creer también que el extranjero traía, junto con el progreso unilateral y subordinado que ella deseaba, la negación de ese progreso. Era inevitable que la colonización capitalista generara las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Para la limitada mentalidad oligárquica estas contradicciones emanaban de la inmigración y no de causas internas, y se suprimirían mediante una política maniquea que dividiera a los extranjeros en buenos y malos, buenos los que venían a enriquecerse y malos los que pretendían transformar la sociedad. Tal fue la inspiración de la Ley de Residencia o 4144, proyectada por el senador Miguel Cané y sancionada por el Congreso el 23 de noviembre de 1902. El Poder Ejecutivo quedaba autorizado a expulsar del territorio de la nación en el término de tres días a

«todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público».

Al día siguiente, el presidente de la República, general Julio A. Roca, solicitó con urgencia del Congreso y obtuvo de inmediato la sanción del estado de sitio. La respuesta no se hizo esperar tampoco: la huelga iniciada por los obreros de las barracas y del Mercado Central de Frutos se transformó en huelga general.

Los anarquistas encabezaron el movimiento. Fueron ellos las primeras víctimas de la ley 4144 y del estado de sitio. El Partido Socialista y el Comité de Propaganda Gremial se opusieron a la huelga general por considerar que servía de

«pretexto a la rapaz oligarquía gubernativa para crearse el arma de una ley monstruosa que le permitiera deshacerse con toda facilidad de cuantos propagandistas obreros que molestaban sus abultadas ganancias y fáciles digestiones […]»,

y calificaban a los anarquistas de

«tenebrosos propagandistas de la violencia, incapacitados para la noción de la realidad».

El gobierno apeló al ejército y aplastó la huelga. Un testigo refiere:

«[…] los barrios obreros han sido convertidos en cuarteles. Regimientos de caballería y batallones de infantería, sable en mano y fusil al hombro, ocuparon plazas y calles. Centros obreros y socialistas han sido clausurados. Periódicos suprimidos. Gran cantidad de anarquistas violentamente arrojados del país, El cuartel de bomberos se llenó de presos. Y así reinó la paz en Buenos Aires».[21]

Como la huelga general puso a prueba las dos posiciones tácticas que se agitaban en el movimiento sindical, los acontecimientos de noviembre de 1902 tuvieron por efecto inmediato acentuar las polémicas entre las corrientes en pugna. Los socialistas recriminaban a los anarquistas el haber conducido a la clase obrera a la derrota; los anarquistas decían que los socialistas habían claudicado ante el gobierno y los patrones. Empeñados en rechazar

«en absoluto la huelga general toda vez que sea intentada con fines de violencia y revuelta»

y aceptándola como

«un medio de lucha eficaz cuando sea declarada contando con una previa organización que ofrezca probabilidades de triunfo» y pueda «ser útil en cuestiones que afecten directamente al pueblo trabajador y como acto de resistencia y de protesta»,

los socialistas no querían ser arrastrados a nuevas situaciones de violencia que escaparan a su control. Seguían los pasos del reformismo de la Segunda Internacional y creían en la evolución pacífica hacia el socialismo mediante la conquista de bancas parlamentarias, la legislación social y la educación del pueblo. Les era indispensable para cumplir esas tareas orientar al movimiento obrero de acuerdo-a sus principios y métodos tácticos. Sus reiterados intentos de valerse de la FOA habían fracasado por la resistencia de las sociedades anarquistas, que reflejaban la espontaneidad de las acciones de masas. Después de la huelga general —y de la sanción de la ley 4144 y el estado de sitio— necesitaban diferenciarse de los anarquistas, ante los obreros y ante los poderes públicos, con el fin de no comprometer ni malograr una línea política que no podía llevarse a la práctica fuera de la legalidad. Tal fue el propósito que les inspiró la convocatoria del congreso del 7, 8 y 15 de marzo de 1903 en el salón Vorwärts, del cual nació la Unión General de Trabajadores (UGT).

El movimiento sindical quedó dividido en dos centrales: la UGT socialista y la FOA anarquista. Los sindicatos que no se plegaban ni a una ni a otra participaban, sin embargo, junto a gremios de ambas tendencias en los conflictos generales. No existía, desde las posiciones de la clase obrera en su conjunto, una muralla infranqueable entre la FOA y la UGT. Los vaivenes de las luchas generaban una oscilación constante de la táctica anarquista a la reformista y viceversa, porque la huelga general como objetivo en sí y sin atender a la presencia de circunstancias objetivas favorables y de una organización adecuada, precipitaba a la clase obrera a la derrota y la desmoralización, mientras que el oportunismo legalista significaba la combatividad inmediata con la promesa de cambios lejanos a través de lentas conquistas.

La FOA acentuó en su Tercer Congreso de junio de 1903 su carácter extremista. Declaró que

«no elevará jamás petición alguna a los poderes públicos», los movimientos parciales son «precursores del estallido general, en cuya acción intervendrán los medios revolucionarios», y «las cooperativas, tanto de producción como de consumo, son perjudiciales a las clases trabajadoras, porque enervan el espíritu de rebeldía, fomentando el espíritu de ambición».

El Segundo Congreso de la UGT del 23 al 26 de abril de 1904 fue, en aspectos importantes, la contrapartida del Tercero de la FOA, como lo comprueban las siguientes resoluciones:

«Las cooperativas de producción y consumo son motivo de preferente atención por parte de la UGT, a fin de que se establezcan en breve.

»El Congreso de la UGT […] invita a los federados a que ejerzan los derechos políticos.

»El Congreso aprueba el arbitraje y aconseja este temperamento entre patronos y obreros».

Por otra de las mociones aprobadas se reconoció

«la necesidad de que la Junta Ejecutiva (de la UGT) y todas las sociedades adheridas promuevan una seria agitación en los países europeos por medio de asociaciones similares para impedir en lo posible que se embarquen para este país nuevos proletarios, librándolos así de la explotación que ejercen los comerciantes y capitalistas de este país, donde no existen leyes protectoras para el obrero, y el trabajo es un factor de depreciación».

Era la condena del gobernar es poblar planteada con estrecho criterio colonial, no en función de la crítica al régimen capitalista. A nadie se le ocurrirá pensar que millares de obreros y campesinos emigraban todos los años de Europa a la Argentina en busca de leyes protectoras y de niveles de trabajo que no modificaran su condición de explotados. Huían de Italia y España acosados por la miseria y la desocupación y con la esperanza de metamorfosearse en terratenientes y capitalistas. No les importaban los bajos salarios y la gente sin trabajo, porque ellos venían a tentar la fortuna apostando a las buenas cosechas o acumulando ganancias e intereses en jornadas que no respetaban ni el alba ni el anochecer en los despachos abarrotados de los almacenes.

El llamado de la UGT a impedir que se embarquen para este país nuevos proletarios respondía a una pregunta que se formulaban los obreros: ¿Cómo era posible que llegaran sin cesar multitudes de inmigrantes seducidos por el señuelo de la riqueza, mientras los salarios no cubrían las necesidades de la familia proletaria y los desocupados deambulaban por los muelles sin encontrar barcos que los devolvieran a las comarcas de donde partieron ilusionados? ¿No se contradecía el diario La Prensa al aconsejar al gobierno, en su editorial, que continuara la política inmigratoria, y al pedir al mismo gobierno, en la nota de policía, que remitiera al Chaco a los sin trabajo, poco menos que como presidiarios?

Esta contradicción del gobernar es poblar era la contradicción del capitalismo que uno de los grandes economistas de la burguesía, David Ricardo, sintetizó así:

«La misma causa que hace que aumente la renta neta de un país puede engendrar simultáneamente, de otra parte, un exceso de población y empeorar la situación del obrero».[22]

La inmigración crecía en la Argentina en mayor grado que la demanda de fuerza de trabajo, pero el excedente de mano de obra permitía mantener bajos los salarios y elevadas las rentas y ganancias. Los industriales —oprimidos por el librecambio y la hostilidad de una política centrada en el fomento de las exportaciones agropecuarias— se beneficiaban de la existencia de mano de obra sobrante que depreciaba los salarios, y los chacareros y estancieros disponían de una gran reserva de mano de obra barata, permanente o intermitente, a la que recurrir en cualquier momento.[23] A mayores ingresos por las exportaciones correspondía mayor inmigración; el aumento de la inmigración acrecentaba el número de desocupados. El sistema generado por la colonización capitalista funcionaba de tal modo que atraía y rechazaba mano de obra. Daba trabajo y negaba trabajo para defender el alto nivel de la cuota de plusvalía. El editorial y la nota de policía del diario La Prensa integraban la unidad de contrarios de la política inmigratoria. Al atribuir a la inmigración y no al capitalismo los males de la sociedad argentina, los socialistas de la UGT recordaban a los luddistas ingleses que destruían las máquinas porque veían en ellas las causas de la desocupación y la miseria.

En su cuarto congreso (30 de julio a 2 de agosto de 1904), la FOA cambió de nombre por el de FORA (Federación Obrera Regional Argentina), alegando que la Argentina era una región de un mundo sin fronteras, como quedó asentado en la siguiente claúsula del Pacto de Solidaridad que se aprobó en esa Asamblea:

«Nuestra organización, puramente económica, es distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos burgueses y políticos obreros, puesto que así como ellos se organizan para la conquista del poder político, nosotros nos organizamos para que los Estados políticos y jurídicos actualmente existentes, queden reducidos a funciones puramente económicas, estableciéndose en su lugar una libre federación de libres asociaciones de productores libres».

Insistió el Cuarto Congreso en reconocer en las huelgas escuelas de rebeldía y preámbulos de la huelga general y en ponerse de acuerdo con todas las ligas antimilitaristas del mundo

«para provocar un desbande general de las filas del militarismo de todo el orbe en beneficio de la clase trabajadora» y en «procurar todos los medios posibles a aquellos soldados que quieran desertar de las filas del militarismo».

Algunos delegados propusieron un acercamiento con los radicales, que en esos días celebraban los preparativos del estallido revolucionario del 4 de febrero de 1905, pero la mayoría resolvió:

«La Federación Obrera Argentina debe abstenerse de intervenir hasta tanto no pueda realizar por su cuenta la revolución».

El congreso rechazó el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, presentado por el ministro del Interior, Joaquín V. González, que consagraba varias demandas obreras (jornada de ocho horas, reglamentación del trabajo nocturno, descanso dominical, indemnización por accidentes de trabajo, reglamentación del trabajo de las mujeres y prohibición del de los niños) y fijaba normas al funcionamiento de los sindicatos. Decía la declaración aprobada:

«que el proyecto de ley nacional del trabajo sólo ofrecerá a los capitalistas, por cuanto ellos podrán eludir las responsabilidades que se les asignan y los obreros tendrán que cumplirlas fielmente;

»porque el proyecto de ley del trabajo es un descarado ardid tendido a los trabajadores para destruir su actual organización y procesar y encarcelar más fácilmente a los obreros conscientes;

»que no estando de ningún modo dispuestos a dejarnos arrebatar nuestros más elementales derechos, haremos una agitación en toda la República para combatir la ley nacional del trabajo, llegando, si es preciso, a la huelga general».

También el Partido Socialista y la UGT se opusieron enérgicamente al proyecto de Ley Nacional del Trabajo, cuyo origen y alcances eran evidentes. El gobierno sentía la amenaza de las huelgas que se extendían por todo el país y crecían en eficacia y fuerza combativa, e intentaba conjurarla accediendo a las demandas más agitadas por las masas, al mismo tiempo que se daba un instrumento para reprimir las luchas gremiales y poner fuera de la ley a los sindicatos.

«Odiosa restricción a la organización obrera», la llamaba el doctor Juan B. Justo. Decía Aquiles S. Lorenzo:

«El ministro le ofrece (al movimiento sindical) la sanción de las mejoras más importantes y urgentes, pero le reclama por una migaja un mundo: ¡Que en adelante se ate de pies y manos, que no se mueva, que no grite! Y le pone un esbirro en cada puerta».

Entretanto, las huelgas sucedían a las huelgas y el gobierno declaró una vez el estado de sitio en 1904 y dos veces en 1905. Las acciones conjuntas de socialistas y anarquistas se multiplicaban, y el 1.º de mayo de 1905, al que la agresión del cuerpo de bomberos puso un sello trágico, se celebró en común por la FORA, la UGT y el Partido Socialista.

La pujanza del movimiento obrero de aquellos años dio alas dentro del socialismo a una tendencia que tuvo actuación descollante en el Tercer Congreso de la UGT, celebrado del 12 al 18 de agosto de 1905. Nos referimos a la sindicalista, cuyos expositores seguían las enseñanzas del francés Georges Sorel y de los italianos Antonio Labriola y Francesco Merlino. Sorel, en un principio socialista y devoto de Karl Marx, se apartó del pensamiento de su maestro hasta derivar en la concepción que explicaba así en L’Avenir socialiste des syndicats:

«El proletariado debe ponerse a trabajar, desde este momento, para liberarse de toda dirección que no sea interna a él mismo. Mediante el movimiento y la acción debe conseguir la capacidad jurídica y política. La primera norma de su conducta debe ser mantenerse exclusivamente como clase obrera, es decir, excluir a los intelectuales, cuya dirección tendría por resultado restaurar las jerarquías y dividir a la masa de los trabajadores. La función de los intelectuales es la de auxiliares […] Para resumir todo mi pensamiento en una fórmula, diré que todo el futuro del socialismo estriba en el desarrollo autónomo de los sindicatos».

Participaba de la filosofía del élan vital de Henri Bergson, en boga entonces en Francia, y la traducía en la apelación a la violencia creadora del proletariado, que por medio de la huelga general derrocaría por completo al orden capitalista.

Antonio Labriola, cuyas ideas influyeron mucho en Sorel, encabezaba en el Partido Socialista Italiano un sector que se oponía al reformismo parlamentario y predicaba la acción directa de los sindicatos, coincidiendo con el anarquista Francesco Merlino, también admirado por Sorel y autor de dos obras de alguna difusión en los medios socialistas de la Argentina: En pro y en contra del socialismo y La utopía colectiva.

Los sindicalistas abogaron en el Tercer Congreso de la UGT por el Pacto de Solidaridad con la FORA. Declaraban:

«Entre socialistas y anarquistas existe un ideal común: la liberación económica de los trabajadores.

»La FORA es una fuerza; por lo tanto no debe ser desdeñada.

»No todos los adherentes a la FORA son anarquistas ni socialistas los de la UGT.

»La reciente huelga declarada por la FORA y apoyada por la UGT y el Partido Socialista hubiera sido más fructífera de haber existido un pacto previo entre ambas centrales obreras».

El Pacto de Solidaridad fue aprobado por 5631 votos a favor, 488 en contra y 420 abstenciones.

A fines de ese mismo mes de agosto se reunió el Quinto Congreso de la FORA. Participaron 41 sindicatos, cinco federaciones locales (de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Chacabuco y San Fernando) y las federaciones de Obreros de Calzado y de Construcciones. Trató la nota de la UGT de invitación a suscribir el Pacto de Solidaridad y lo rechazó por reconocer

«inútil, ineficaz y contraproducente todo pacto solidario escrito con la UGT» y considerar que «la solidaridad no se decreta: es inherente a la especie».

El Quinto Congreso afilió a la FORA a

«los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico».

Con la doble intransigencia se frustraban los propósitos de los sindicalistas de

«fusionar la UGT y la FORA en un solo y poderoso organismo de clase».[24]

El Sexto Congreso de la FORA (19 a 23 de diciembre de 1906 en Rosario) y el Cuarto Congreso de la UGT (22 a 26 de diciembre de 1906 en Buenos Aires) tuvieron lugar en un ambiente caldeado de huelgas,[25] precursoras de la huelga general de enero de 1907, en la cual la FORA Y la UGT actuaron de acuerdo, después de resolver ambas en los mencionados Congresos convocar al de Unificación de las Organizaciones Obreras, que se realizó en el teatro Verdi de Buenos Aires del 28 de marzo al 1.º de abril de 1907.

Los sindicalistas, expulsados meses antes del Partido Socialista, y el socialista chileno Luis Recabarren fueron los más activos gestores del Congreso de Unificación de las Organizaciones Obreras y se esforzaron en orientarlo de acuerdo al espíritu de la Carta de Amiens, votada en 1906 por la CGT de Francia, que proclamaba la independencia absoluta del movimiento obrero de toda ideología, el desprecio a los intelectuales y parlamentarios, el odio a las patrias (los proletarios no tienen patria), el malthusianismo para reducir la desocupación, la lucha de clases y como principio la huelga general.

Asistieron al Congreso delegados de 152 de las 182 organizaciones adheridas. La discusión se centró en la siguiente propuesta del representante socialista Jacinto Oddone:

«Las sociedades gremiales de la República Argentina, reunidas en congreso, después de haber aceptado el principio de la unificación de las fuerzas obreras, declaran constituida la Confederación General del Trabajo».

Desde la apertura del debate los anarquistas se opusieron. Su periódico, La Protesta, les aconsejaba marchemos solos y añadía:

«El obrero no es la única víctima de la sociedad actual; los capitalistas, los archimillonarios, son también víctimas de la actual organización. La tiranía del Estado pesa igual sobre ricos y pobres. El ejército y la patria son igualmente contrarios a los intereses de los hambrientos y de los hartos».

El Congreso terminó sin pena ni gloria con el retiro de los socialistas y la abstención de los sindicalistas.

Ambas centrales perdieron adherentes debido al fracaso de la unificación. Pero valió a los anarquistas encabezar el movimiento de los ocupantes de conventillos por la rebaja de alquileres. El Séptimo Congreso de la FORA, reunido en La Plata y Buenos Aires los días 15 a 17 de diciembre de 1907, repitió los tópicos conocidos ante una escasa concurrencia y con apenas 28 sindicatos y 3 federaciones representados. Y la huelga general del 13 y 14 de enero de 1908 contra la ley 4144, el estado de sitio y las deportaciones no tuvo mayor resonancia. El número de huelgas descendió ese año a 118 y 11 561 participantes en comparación con 231 y 169 017 participantes en 1907.[26]

Los trágicos sucesos del Primero de Mayo de 1909 sacaron a la clase obrera de su letargo. Ese día el escuadrón policial agredió a mansalva al mitin organizado por la FORA en la Plaza Lorea. Hubo ocho muertos y ciento cinco heridos. Al día siguiente, la FORA, la UGT y los sindicatos autónomos, con la adhesión del Partido Socialista, declararon la huelga general. Durante la semana del 3 al 8 alrededor de 300 000 obreros dejaron de trabajar. Reanudaron sus actividades el lunes 10, después que el presidente José Figueroa Alcorta aceptó las tres condiciones impuestas por el Comité de Huelga: la abolición del Código Municipal de Penas, la libertad de los huelguistas presos y la reapertura de los locales de los sindicatos.

La triunfal huelga de la semana de mayo estrechó los lazos de solidaridad entre las distintas tendencias del movimiento obrero. Fue su efecto inmediato el Congreso de Fusión del 25 y 26 de setiembre de 1909, del cual surgió la nueva central que englobaba a la UGT y a la FORA: la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA). Faltaba la ratificación de los gremios para que se concretara la unidad anhelada durante tantos años por el proletariado. Los sindicatos ugetistas y la mayoría de los autónomos la aceptaron, pero el periódico La Protesta y la asamblea de delegados de los sindicatos foristas consideraron que la CORA estaba de más, pues la unidad debía establecerse dentro de la FORA, una vez que todos los gremios adhirieran a un Pacto de Solidaridad elaborado por esta última. A fines de 1909 la UGT había desaparecido, los socialistas y sindicalistas integraban la CORA y los anarquistas de la FORA se mantenían en sus trece.

1909 se caracterizó, sin embargo, por la movilización de las masas populares de las más importantes ciudades argentinas en actos de solidaridad internacional. La FORA, la UGT y los sindicatos autónomos actuaron juntos en el Comité de Agitación en defensa de los trabajadores españoles, que se negaban a ser embarcados para combatir en la inicua guerra de Marruecos y levantaban barricadas en las calles de Barcelona, Madrid y San Sebastián. Y la protesta por el fusilamiento de Francisco Ferrer se expresó en la huelga general del 16 y 17 de octubre.

También se unieron anarquistas, socialistas y sindicalistas para hacer frente a la ola de terror que desató el gobierno (clausura de La Vanguardia y La Protesta, empastelamientos de imprentas, detenciones en masa, deportaciones, estado de sitio) en represalia de la muerte del jefe de policía Ramón Falcón por la bomba que arrojó el anarquista Simón Radowitzky, en desagravio de las víctimas del primero de mayo.

Las acciones conjuntas no hicieron mella en la intransigencia de la FORA. En su Octavo Congreso del 23 al 25 de abril de 1910 insistió en proclamarse la central única e invitó a adherirse a

«las sociedades de resistencia de toda la República que acepten unánimemente el pacto de solidaridad y la forma de organización de la FORA».

Volvió a enunciar su fidelidad al comunismo anárquico, teoría y práctica que proyectaba al continente por virtud de una nonata Federación Obrera Sudamericana.

Un alto en esta brevísima historia del movimiento obrero argentino se hace necesario. Tres décadas de incesante expansión de los sindicatos y de crecimiento de las huelgas en cantidad y fuerza combativa merecen un análisis de conjunto. 1907 fue, al mismo tiempo, el año de mayor número de huelgas (231) y de huelguistas (169017) por reivindicaciones económicas en la Capital Federal y del más elevado coeficiente de capitalización del país, es decir que la parte del producto bruto destinada a la acumulación capitalista alcanzó las cifras máximas del período (57,8 por ciento sobre un promedio del 32 por ciento en veinte años, según la CEPAL.

Si relacionamos el constante aumento de la capitalización y el constante ascenso de las luchas obreras por reivindicaciones económicas podemos inferir que el factor determinante de la movilización gremial era obtener para el proletariado, una mayor participación en el ingreso nacional. Para que esta conclusión fuese teóricamente inobjetable tendríamos que suponer en la clase obrera un nivel de vida fijo y una tendencia a mejorarlo a costa de los ingresos de otros sectores. Pero la relación entre los salarios y el ingreso nacional no se presentaba en términos tan estáticos. Las desvalorizaciones del peso, que capitalizaban a las clases dominantes en el campo y a la burguesía intermediaria, no beneficiaban en la misma medida a la burguesía industrial y, en cambio, rebajaban la capacidad adquisitiva de los salarios obreros. En la opulenta Argentina del Centenario había desocupación y hambre.

En un extremo, las clases dominantes en el campo y la burguesía intermediaria se esforzaban en acrecentar sus ingresos (rentas y ganancias) aumentando la ya elevada cuota de plusvalía mediante maniobras inflacionistas con la moneda; en el otro extremo, el proletariado luchaba por conservar el valor de sus salarios; y en el medio, la burguesía industrial quería un nuevo reparto de los ingresos que acelerara el lento y difícil proceso de su capitalización e intensificar en su beneficio la plusvalía producida por la fuerza de trabajo. De estas premisas se deduce:

Que la capitalización se concentraba en su mayor porcentaje en las clases dominantes del campo y en la burguesía intermediaria.

Que las luchas económicas del proletariado tenían un carácter defensivo de su nivel de vida, y

Que esas luchas encerraban una contradicción que escapaba a los dirigentes sindicales de las distintas tendencias: el enemigo de clase directo, que en busca de la máxima ganancia trataba de obtener la mayor plusvalía del empleo de la fuerza de trabajo, era la burguesía industrial, pero el enemigo de clase principal, e indirecto, permanecía al margen de los conflictos entre patronos y obreros, aunque recogía la parte del león de la plusvalía del trabajo nacional y debilitaba la capitalización de la industria. La contradicción estaba latente también en los menos frecuentes conflictos del disperso y casi desorganizado proletariado rural con los capitalistas agrarios (chacareros y propietarios productores), conflictos que sólo rozaban tangencialmente a los terratenientes rentistas y a los grandes comerciantes.

Todas las clases sociales que embolsaban la plusvalía en forma de ganancia (burguesía industrial, burguesía intermediaria, chacareros, ganaderos) o de renta (terratenientes) instaban a los poderes públicos a no dejar que disminuyera el caudal de inmigrantes. Medían el progreso por el número de extranjeros que ingresaban cada año, porque los nuevos aportes de fuerza de trabajo mantenían bajos los salarios y un margen de desocupados, requisitos para conservar y aumentar la cuota de plusvalía. Eran ellas, y no los agitadores extranjeros o las ideas extremistas, las progenitoras de las huelgas e instaban a los mismos poderes públicos a expulsar a los inmigrantes indeseables. El Segundo Congreso de la UGT proponía, como hemos indicado, impedir la inmigración para romper el círculo vicioso, lo que equivalía a cerrar los grifos de la fuente de plusvalía del capitalismo en la Argentina.

En la conciencia de los dirigentes anarquistas y socialistas el contenido económico de las causas inmediatas de las huelgas se diluía en objetivos finales de tipo revolucionario o reformista de toda la sociedad. Como ignoraban los hechos de la historia y de la realidad del país, o los interpretaban torcidamente y sin penetrar en sus contradicciones específicas, esos objetivos, recogidos del movimiento anarquista y socialista internacional, no correspondían a las posibilidades y tendencias emancipadoras de las masas populares argentinas. No se diferenciaban, en lo que se refiere a su raigambre en el proceso de conjunto de la sociedad argentina, el extremismo apolítico de los anarquistas y el oportunismo político de los socialistas. Esto explica que ganaran huelgas parciales y conquistaran importantes reivindicaciones obreras, que fueran los creadores del movimiento sindical de la República, pero que las masas populares los hicieran a un lado cuando ellas lucharon por el desarrollo de la democracia, es decir, por conquistar el poder en el Estado, requisito indispensable al logro de todo cambio reformista o revolucionario.

Los socialistas y anarquistas ni soñaron que oponerse entonces al avance del capitalismo en la Argentina era oponerse a la maduración de las premisas materiales del socialismo. Porque la práctica del gobernar es poblar trajo la colonización capitalista y un capitalismo agropecuario torcido y dependiente, pero también trajo clase obrera, sindicatos, doctrinas reformistas y revolucionarias, y a ellos mismos que no supieron combinar la combatividad que emergía de las necesidades de las masas explotadas con el desarrollo del poder de estas masas. Cuando llegó la hora de la definición, la mayoría de los obreros olvidó los congresos de la UGT, de la FORA y de la CORA, y votó por Hipólito Yrigoyen.

1910 fue el año del máximo desencuentro. Desde meses antes, el gobierno preparaba la celebración con gran pompa del centenario de la Revolución de Mayo La oligarquía de terratenientes y comerciantes quería presentar ante el mundo una Argentina pacífica y progresista, enriquecida por el trabajo del campo. En agudo contraste con el resto de América Latina, la legalidad constitucional no había sido interrumpida ni por asonadas ni por revoluciones, a partir de 1862. El más grave de los episodios, el del 90, no desvió de los cauces institucionales. No se recordaba la aurora del gobierno popular en el pensamiento de Moreno y Castelli; se festejaba medio siglo de orden y ascendente opulencia de la República agropecuaria y exportadora.

De golpe, una noticia explosiva quebró el alborozo de los círculos oficiales en tensa espera de los altos representantes de todos los Estados: el Consejo de Delegados de la CORA declaró la huelga general para el 18 de mayo, una semana antes del día de la conmemoración. Exigía la derogación de la ley 4144 y la libertad de los presos sociales.

«La única libertad que podemos hacer en las fiestas centenarias —declaraba un manifiesto— es que ellas sean el motivo para que se consagre la conquista de una libertad. ¡Será así que la libertad se conmemorará con la conquista de más libertad!»

Los anarquistas y la FORA se adhirieron a la huelga general; el Partido Socialista y el periódico La Vanguardia se opusieron.

La respuesta del gobierno y de la reacción fue inmediata. No se conformaron con dictar el estado de sitio. Bandas armadas de niños bien, con su acompañamiento de legisladores, militares, policías, sirvientes y empleados, sumieron en el terror a la ciudad de Buenos Aires los días 13 a 16 de mayo. Incendiaron los locales de La Protesta y La Batalla y destrozaron el de La Vanguardia. Asaltaron sindicatos. Saquearon comercios judíos. Violaron mujeres. Hicieron autos de fe con los libros anarquistas y socialistas. En más de medio millar se estimó el número de militantes gremiales presos o deportados.

En vista de tales sucesos, la huelga programada para el 18 se adelantó, por decisión espontánea de algunos gremios, al 16. Pero la reacción logró su objetivo: la combatividad de los obreros decayó en los días siguientes y el 23 la CORA dispuso la vuelta al trabajo. El gobierno no sólo mantuvo el estado de sitio; el 27 de junio hizo sancionar por el Congreso la Ley de Defensa Social, N.º 7029, dando como pretexto la explosión de una bomba la noche anterior en el Teatro Colón, que colocó la policía y atribuyó al anarquista Romanoff.

Por más de dos años las direcciones sindicales quedaron desmanteladas. Esta circunstancia se reflejó en el debilitamiento de las luchas por objetivos de carácter general: contra las leyes de residencia y seguridad social y las deportaciones, por la libertad de los presos gremiales. En cambio, las huelgas económicas parciales en defensa de la jornada de ocho horas y de los salarios prosiguieron (112 con 27992 huelguistas en 1911, 99 con 8992 huelguistas en 1912, 95 con 23698 huelguistas en 1913, 64 con 14 137 huelguistas en 1914), y la presión de los movimientos por reivindicaciones inmediatas se expresó en la suba del valor de la jornada de trabajo de 4,17 pesos en 1910 a 4,50 y 5 pesos en 1911.

De nuevo se intentó unir a las dos centrales en el Congreso de Fusión, realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1912 por iniciativa de la Confederación Sudamericana de Picapedreros. Los anarquistas y La Protesta lo sabotearon. Llamaban hermafroditas a los partidarios de la unidad e invocaban los derechos de la FORA a ser la única central por

«haber hecho la historia del proletariado de esos países sudamericanos».

La crisis económica de 1913-14 volvió a suscitar la contradicción entre la entrada de inmigrantes y el incremento de los desocupados. Desde el comienzo del siglo, el área sembrada se había triplicado (6 millones de hectáreas en 1900 y 20 millones de hectáreas en 1913), las inversiones extranjeras se habían cuadriplicado (de 2500 millones a 10 500 millones de dólares), la extensión de las vías férreas se había duplicado (16 600 a 33 500 kilómetros) y las tasas de crecimiento anual habían sido del 4,2 por ciento en población, 5,5 por ciento en producto bruto total y 1,3 por ciento en producto per capita. Era un país en pujante progreso, al decir de los políticos y diarios oligárquicos. Las estadísticas no los desmentían. Pero era un país con economía en considerable medida orientada a la especulación y muy vulnerable a los cambios externos. La prosperidad de los años anteriores desembocó en el extraordinario dinamismo de los negocios de compra-venta de tierras emprendidos por terratenientes e intermediarios. Su epílogo fue la crisis, cuyos efectos se hicieron sentir en el receptor más sensible: la clase obrera.

El número de desocupados en la ciudad de Buenos Aires se estimó en 80 000 por el gobierno y en más de 100 000 por las organizaciones sindicales. Aumentó de 1913 a 1914 tanto en el proletariado urbano como en el rural. La inmigración hispano-italiana se retrajo. Los salarios conservaban su valor nominal en los sectores obreros organizados; en aquellos que carecían de defensa sindical sufrieron considerables mermas, con particular relieve en los agrícolas. Algunos talleres y fábricas de Buenos Aires ofrecían jornales de 2 pesos, es decir, de menos de la mitad del promedio.

Alarmadas las autoridades por las huelgas, algunas de las cuales —por ejemplo, las de los canteristas de Balcarce— adquirían gran violencia y se generalizaban, recurrieron al homeopático remedio de inyectar al país nuevas dosis de inmigrantes. Trajeron de Asia Menor mano de obra barata y la distribuyeron en los lugares donde los conflictos eran más agudos.

Tres ensayos de unificación del movimiento obrero en una sola central habían fracasado: en 1907, 1909 y 1912. Los anarquistas y su vocero, La Protesta, impugnaron las tentativas por considerar que su doctrina era la auténticamente revolucionaria y la unidad sindical ya existía en la madre FORA. Por cuarta vez la CORA, muy debilitada después de los sucesos del Centenario, propuso la integración en su Primer Congreso, efectuado los días 27 y 28 de junio de 1914, conocido con el nombre de Congreso de Concentración. Nombró, con tal propósito, un Comité de Relaciones que sugirió la disolución de la CORA y el ingreso de sus sindicatos a la FORA, de acuerdo al Pacto de Solidaridad aprobado por esta última en su IV Congreso. El consejo fue aceptado al reanudarse el Congreso de Concentración el 26 de setiembre del mismo año. La CORA informó a sus sindicatos de la terminación

«de las luchas fratricidas que laceraron el alma de todos los trabajadores conscientes y durante trece años malograron las mejores energías del proletariado»,

y los exhortaba a adherirse

«a la única institución proletaria existente en el país (la FORA)».

Con el triunfo de la unidad se recompensaba la constante presión de la masa obrera, a través de sus sindicatos. La arrogante censura de La Vanguardia a la CORA por haber declarado su disolución y su llamado a los gremios inteligentes para que no la acataran, y la acre campaña de La Protesta en contra de la supuesta unidad obrera dan testimonio irrefutable de quienes provocaban la división.

En el salón Vorwäerst se reunió, del 1.º al 4 de abril de 1915, el Noveno Congreso de la FORA para tratar lo resuelto por la CORA. La mayoría lo aprobó, en base a la siguiente declaración:

«La FORA es una institución eminentemente obrera, organizada por grupos comunes de oficios, pero cuyos componentes pertenecen a las más variadas tendencias ideológicas y doctrinarias, que para mantenerse en sólida cohesión necesitan la más amplia libertad de pensamiento, aunque es imprescindible que sus acciones se encuadren dentro de la orientación revolucionaria de la lucha de clases, de la acción directa y con absoluta prescindencia de los grupos y partidos que militan fuera de las organizaciones de trabajadores agremiados. Por lo tanto, la FORA no se pronuncia oficialmente partidaria ni aconseja la adopción de sistemas filosóficos ni ideologías determinadas, cuya propaganda, de acuerdo con la autonomía del individuo en el sindicato, de éste en las federaciones locales, y de éstas en la regional, no está vedada ni puede ser coartada en nombre de ningún principio de restricción, sino que por el contrario deberá permitirse la más amplia y tolerante discusión de temas científicos, filosóficos e ideológicos en homenaje a los diferentes modos de pensar de los obreros federados y a fin de mantener la unidad orgánica de los mismos y evitar, de este modo, las susceptibilidades y enconos que resultarían en perjuicio de la FORA, sí ésta aceptara o adoptara determinada ideología».

La minoría, estimulada por la prédica de La Protesta, desconoció la resolución transcripta y constituyó otra FORA, la que se denominaría en adelante del Quinto Congreso por su fidelidad al comunismo anárquico, en oposición a la del Noveno Congreso.

El Noveno Congreso forista fijó su posición en los siguientes problemas:

La guerra mundial. Condenó al militarismo y dispuso responder con la huelga general si la Argentina entraba en la contienda

Proteccionismo o librecambio. Repudió el proteccionismo a la industria, porque

«sólo puede sustentarse a expensas de las clases consumidoras, encareciendo el precio real de las mercaderías».

Los trusts. También los condenó desde el punto de vista del interés del consumidor y señaló el aumento de los salarios como un medio excelente de enfrentarlos.

La inmigración. Denunció la propaganda artificial y mentida del gobierno y propuso

«suscitar la desconfianza de los obreros extranjeros en cuanto a los ofrecimientos especiales que se hacen para trasladarlos a este país, y recomendarles que sólo acepten su inmigración por intermedio de las organizaciones obreras que deben informarles al respecto».

Cuestión agraria. En el capítulo VII hemos mencionado su rechazo de la afiliación a la central obrera de los agricultores por no ser asalariados.

Organización. Recomendó organizar a los obreros por federaciones de oficio e industria.

No obstante las objeciones que merecen algunas de esas tesis, por ejemplo, el antiproteccionismo, el conjunto de las aprobadas certifica un evidente progreso del movimiento sindical en la búsqueda del camino práctico de emancipación del proletariado.

La curva de las huelgas económicas registró un visible ascenso en ese período: 65 con 12 077 huelguistas en 1915, 80 con 24 321 en 1916, 138 con 136 062 en 1917, 196 con 133 042 en 1918, 367 con 308 967 en 1919 y 206 en 134 015 en 1920. El Décimo Congreso de la FORA, reunido del 29 al 31 de diciembre de 1918, reflejó el desarrollo de la movilización de la clase obrera. Participaron 127 organizaciones y se aprobó por aclamación un saludo de solidaridad al proletariado revolucionario europeo, en particular al de

«Rusia y Alemania por los heroicos esfuerzos que realiza para dar cima a los anhelos que constituyen el nervio de la actividad creadora del proletariado universal: libertar el trabajo y suprimir la explotación del hombre por el hombre, condición primordial para la instauración del régimen de productores libres e iguales».

Durante los casi cuatro años comprendidos entre el Noveno y Décimo congresos foristas (de abril de 1915 a diciembre de 1918), correspondientes a la Primera Guerra Mundial y al gobierno de Hipólito Yrigoyen, los movimientos huelguísticos por reivindicaciones inmediatas adquirieron una nueva calidad al destacarse las luchas de grandes sectores de masas. Hasta entonces los conflictos se habían circunscripto principalmente a obreros de fábricas y talleres diseminados en múltiples sindicatos. Al proceso de concentración capitalista de los transportes y de las industrias de transformación de las materias primarias, iniciado en el siglo anterior e impulsado por las inversiones extranjeras, aún no se les oponían con amplitud y combatividad la organización y las huelgas de decenas de miles de asalariados del mismo sector de trabajo. El retardo se compensó cuando en aquel cuadrienio entraron en escena a desempeñar el primer papel los obreros de los ferrocarriles, puertos y frigoríficos.

Desde junio de 1917 hasta febrero de 1918 hubo 15 huelgas ferroviarias, una de ellas general, dirigidas por la Federación Obrera Ferrocarrilera, fundada el 5 de enero de 1912; numerosos paros portuarios conducidos por la Federación Obrera Marítima; y los movimientos reivindicatorios de los frigoríficos, que si bien no contaban aún con un sindicato propio fueron guiados por la FORA y fortalecidos con la solidaridad de marítimos y ferroviarios.

En el curso del cuadrienio, el partido gobernante (la Unión Cívica Radical), y en particular el presidente Yrigoyen, fueron acusados por la oposición de favorecer a los huelguistas o de confabularse con ellos. Aportaban de prueba el memorable triunfo de la huelga ferroviaria del 24 de setiembre al 17 de octubre de 1917, la cual, según la Historia de la Fraternidad,

«dio origen al reconocimiento tácito por las empresas de nuestra organización que hasta antes de la huelga era tratada sin ningún respeto ni consideración, no obstante ser persona jurídica».

El presidente Yrigoyen, cuya contribución a esa victoria le achacaban los adversarios, decía en 1918 en el Mensaje al Congreso que

«ese movimiento de reivindicación obrera […] se justificaba por sus causas determinantes y fue impuesto por el encarecimiento de la vida y por las condiciones precarias en que se desenvolvía el trabajo del personal ferroviario debido al poco empeño de las empresas».

Los socialistas defendieron en el Congreso el derecho de los obreros y empleados ferroviarios a organizarse y declararse en huelga, y se opusieron al artículo 11 de la ley de jubilaciones ferroviarias, elaborada por el gobierno yrigoyenista, porque

«incapacitaba a los obreros para la huelga mediante el castigo a los huelguistas con la pérdida del empleo, de los beneficios de la jubilación y de los descuentos de sus salarios».

Sin embargo, días antes del estallido de la huelga ferroviaria de abril-mayo de 1918, el doctor Juan B. Justo adoptó una actitud que desmentía las posiciones mencionadas. En la conferencia que pronunció en el Centro Socialista de Liniers el 14 de abril imputó a la política demagógica del gobierno en los conflictos ferroviarios, el caudal de votos obtenidos por el radicalismo en las elecciones nacionales, y añadió:

«El Partido (Socialista) no ha condenado con suficiente claridad y energía la complacencia con que el gobierno ha visto extenderse y repetirse las huelgas ferroviarias, la simulada debilidad que las ha hecho destructivas y sangrientas, la insidia con que ha introducido la división entre las organizaciones ferroviarias […] nunca hemos podido creer que las huelgas pasaran a ser una costumbre. Los ferrocarriles son el más indispensable de los servicios públicos para el trabajo y la vida del pueblo obrero, en general. Una huelga ferroviaria no es una simple cuestión de gremio, sino un conflicto que afecta a la masa trabajadora entera, la cual debe ser consultada directa o indirectamente a su respecto. (El gobierno) ha querido sembrar la confusión entre los trabajadores para manejarlos mejor por medio de sus amigos antisocialistas y de sus aliados anarquistas».

Recordó, por último, que el ministro de Obras Públicas, Pablo Torello, le había admitido en una plática que los anarquistas eran amigos del gobierno y elementos del partido radical.

El secretario interino de la Federación Obrera Ferrocarrilera, Bautista V. Mansilla, respondió después de levantado el paro a esos ataques dirigidos contra quienes los socialistas llamaban despectivamente sindicoradicales o anarcoradicales. Recordó que desde 1913, cuando se rechazó la intervención del doctor Justo en la huelga general de Rosario, el líder socialista

«mantenía la superchería de que todos los movimientos obreros del país, parciales o generales, obedecían a una política anárquico-liberal». Un «sociólogo tan ponderado cae en ridículo cuando sostiene que las huelgas ferroviarias resultan del juego de supuestas fuerzas distintas y contradictorias. El más grande de los movimientos ferroviarios producidos en Sudamérica, por no decir del mundo, no habría tenido así ninguna causa económica ni trascendencia moral sobre la clase obrera del país».[27]

La oposición de los socialistas a los movimientos obreros que ellos no controlaban o no conseguían capitalizar a su favor tenía origen en su errónea y sectaria concepción del problema nacional, que les hacía considerar al yrigoyenismo el enemigo principal y no los conservadores, y a un mezquino espíritu de partido que las masas castigaban dejándolos solos.

Había un motivo táctico, con prescindencia de los aspectos sociales del sindicalismo y de las huelgas, que por sí mismo debía haber obligado a los socialistas a apoyar decididamente el acercamiento tácito o expreso del gobierno y los gremios: la amenaza continua de un golpe reaccionario que pesaba sobre el presidente Yrigoyen. Pero esa necesidad táctica no penetraba en inteligencias narcisistas que a la postre se deslizaban hasta colaborar, objetiva o subjetivamente, en la preparación del clima golpista. No encajaba en su esquema de la vida nacional un Yrigoyen embanderado a la causa del pueblo. Esperaban y deseaban que el presidente se desenmascarara para tranquilidad de sus conciencias y confirmar su estimación del radicalismo como partido reaccionario de la política criolla. La oportunidad no tardó en presentárseles.

1919 registró el viraje brusco y agresivo del gobierno yrigoyenista hacia la represión del movimiento obrero que hemos examinado en el capítulo III. Fueron varias sus causas. La presión de los sectores más reaccionarios de la oligarquía y la presión de los sectores más combativos del proletariado obligaban a definirse al presidente paternalista, que idealizaba al Estado y lo imaginaba por encima de las clases sociales. Resistió la presión reaccionaria durante los dos primeros años de su gobierno. Los conservadores le hacían responsable de las huelgas obreras y de las exigencias de los chacareros, acabamos de ver que los socialistas repudiaban sus entendimientos con los gremios. Pero en 1918 se acumularon elementos explosivos que estallarían al año siguiente. Aparecieron organizaciones de provocadores, rompehuelgas y predicadores de la guerra santa contra el proletariado (la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica Argentina), instigadas por los estancieros, el alto comercio, la industria, el capital extranjero y las jerarquías eclesiásticas, con la misión de enfrentar a la ola popular que avanzaba impelida por el ejemplo de la Revolución Rusa y de los movimientos emancipadores en expansión por gran parte del mundo de postguerra, a la vez que por las luchas económicas de los gremios.[28]

Ante el dilema, el presidente que había dejado intacto al Estado que aceptó con todas sus limitaciones, el caudillo de una pequeña burguesía que ambicionaba el poder, pero dentro del orden social establecido, cedió a la presión reaccionaria y se convirtió en su instrumento, su chivo emisario, su símbolo. La chispa encendida por los obreros metalúrgicos en los talleres Vasena propagó el incendio de la Semana Trágica (6 al 13 de enero de 1919) que dejó como prenda de la reacción centenares de muertos y heridos, pero también un baldón sobre Yrigoyen que el proletariado argentino nunca olvidó y la reacción se lo recordó con hipócrita saña.

La huelga metalúrgica triunfó. Con intervención del ministro del Interior, la empresa Vasena suscribió un convenio con los obreros que acordaba a éstos la jornada de ocho horas, aumentos del 20 al 100 por ciento de los jornales, abolición del trabajo a destajo y compromiso de no tomar represalias con los huelguistas. Otros conflictos (marítimos, mercantiles, gráficos, ebanistas, etc.) se prolongaron y, en general, concluyeron con conquistas para los obreros. Pero la policía, la Asociación del Trabajo y los patrones introducían provocadores en los gremios y talleres, cuya labor se facilitaba por la manía de los anarquistas más exaltados, incrustados en la FORA del Quinto Congreso, de declarar huelgas sin término hasta que los obreros se cansaban y volvían al trabajo desilusionados.[29]

La madre FORA, la sindical del Noveno Congreso, aprendió a emplear la huelga general con cautela y puso el acento en las luchas por reivindicaciones inmediatas. Pudo así penetrar en dominios cerrados hasta entonces a las organizaciones obreras: los yerbatales de Misiones, los obrajes del Chaco, los ingenios y minas de Salta y Jujuy, Cuyo, la Patagonia. Alarmada la reacción por el poder que adquiría la central de los gremios hizo presentar a la Cámara de Diputados, por intermedio de la Comisión de Legislación, un proyecto de estatuto que el pueblo calificó de ley mordaza, el cual apuntaba a destruir la FORA, crear un sindicalismo oficial con discriminaciones entre argentinos y extranjeros, y malograr la solidaridad entre los gremios. El proyecto no prosperó gracias a la gran movilización que culminó en el mitin del 10 de agosto de 1919 en la Plaza del Congreso, al que concurrieron 150 000 personas y representantes de más de 700 sindicatos, mitin convocado por el Congreso Extraordinario de la FORA del 28-29 de junio del mismo año.

En octubre de 1920 se reunió un Congreso Extraordinario de la FORA con asistencia de partidarios del Quinto y del Noveno Congresos. La presencia de delegados de 276 sindicatos atestigua el progreso de la central si se recuerda que al Noveno Congreso sólo se hicieron presentes 66 sindicatos. Absorbieron el debate la unidad de los dos sectores foristas y los nuevos planteos de los comunistas que proponían que la FORA se desafiliara de la Internacional Sindical de Amsterdam para adherirse a la Internacional Sindical Roja de Moscú. Estos temas se transfirieron al Undécimo y último Congreso de la FORA, que tuvo lugar en La Plata en febrero de 1921 y resolvió, a su vez, convocar a un Congreso de Unidad para evitar el inminente parcelamiento de la central que conducía al choque ideológico y político en los momentos del apogeo de medio siglo de ardua lucha gremial.

Al Congreso de Unidad de marzo de 1922 no concurrieron los quintistas, pues se anticiparon a dar por terminados los intentos de fusión y denunciaron como agentes de Moscú a los foristas del Noveno Congreso, que en esa asamblea se unieron a los comunistas para fundar la Unión Sindical Argentina (USA). La carta orgánica de la nueva central afirmaba que

«la única vanguardia revolucionaria del proletariado argentino la constituyen los aguerridos sindicatos que integran la USA, haciendo suya la tesis TODO EL PODER A LOS SINDICATOS, para el caso de una efectiva revolución, como la única ley que encuadra a la tradición revolucionaria sindical del país».

Esta tesis contrariaba la posición de los comunistas, en cuanto para éstos la única vanguardia revolucionaria del proletariado argentino era su propio partido; expresaba la doctrina clásica del anarcosindicalismo.

El gobierno de Yrigoyen terminaba. Después de la Semana Trágica no restableció sus vínculos con el movimiento obrero. Las matanzas de la Patagonia y del Chaco santafesino consumadas por el ejército lo enajenaron aún más a la política de la oligarquía conservadora. También el movimiento obrero entró en bajamar. El número de huelgas descendió a 86 con 139 751 participantes en 1921 y a 116 con apenas 41 737 en 1922. No existía la madre FORA. La reemplazaba la USA, saboteada por quintistas y socialistas. Su Primer Congreso, del 16 al 20 de abril de 1924, ya durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, declaró la huelga general contra la ley de jubilaciones 11289, porque exigía a los obreros un aporte del 5 por ciento. Tan desacertada fue la conducción que el Comité Central tuvo que renunciar.

Entretanto, los socialistas ganaban gran influencia en el gremio ferroviario y con su apoyo fundaban en febrero de 1926 la Confederación Obrera Argentina (COA), que se adhirió a la Federación Internacional Sindical de Amsterdam. La preponderancia del socialismo reformista sobre el anarquismo y el anarcosindicalismo en la dirección del movimiento sindical se acentuó en esos años, mientras los comunistas se esforzaban en convocar un Congreso para formar una nueva central única. Durante el período de relativa prosperidad que precedió a la crisis de 1929-1930 las huelgas siguieron decayendo: 93 con 19 190 participantes en 1923, 77 con 27 000 en 1924,89 con 39 142 en 1925,67 con 15 880 en 1926, 58 con 38 236 en 1927 y 135 con 28 170 en 1928.[30]

La USA iba rápidamente a su disgregación: expulsó a la Federación Obrera Textil y al Sindicato de Mozos y Anexos, en cuyas direcciones predominaban los comunistas, y renunciaron la Federación Gráfica Bonaerense y la Federación de Empleados de Comercio.

En el Congreso efectuado el 12 de agosto de 1928, la FORA quintista se aferró a ideas superadas por el movimiento obrero argentino: el comunismo anárquico, la organización por oficios y no por industrias.

Los comunistas crearon el Comité de Unidad Sindical Clasista, en base a las fracciones que tenían en gremios de diversas tendencias, particularmente en el de los madereros y el de la carne.

El golpe militar del 6 de setiembre de 1930, que derribó al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, encontró a los sindicatos divididos y desorientados. Tanto la COA como la USA se pronunciaron por la prescindencia frente a los acontecimientos políticos. Ambas centrales decidieron por conducto de sus respectivas direcciones, sin la consulta de congresos, disolverse y constituir una nueva central. Así nació el 27 de setiembre de ese año la Confederación General del Trabajo (CGT).

«independiente de todos los partidos políticos y agrupaciones ideológicas».

Su móvil inmediato era resguardar las organizaciones gremiales de los zarpazos de la dictadura del general Uriburu, que había anunciado sus propósitos de implantar un sistema corporativo.

CAPÍTULO 18
EL CONTUBERNIO

El yrigoyenismo apareció en el apogeo de la colonización capitalista y se extinguió cuando el ciclo de la colonización capitalista concluía.[1] Esta coincidencia revela la relación de causa a efecto entre la segunda y el primero, relación dialéctica, no mecánica, pues el yrigoyenismo tuvo origen en los cambios sociales generados por la colonización capitalista, pero se convirtió en movimiento de masas como afirmación política del pueblo en busca de su destino nacional. Fue efecto y también en grado relativo, antítesis de la colonización capitalista. Surgió de las condiciones materiales creadas por ella y expresó las tendencias de la sociedad remodelada a integrarse con los nuevos elementos (hombres y capitales) que ella aportó.

La vida del yrigoyenismo transcurrió en la segunda parte del largo período de normalidad constitucional comprendido entre 1862 y 1930.[2] En la primera parte (1862-1890) se configuraron las clases sociales peculiares del sistema capitalista, cuya evolución hemos analizado en los cuatro capítulos precedentes: los terratenientes, los chacareros y la burguesía intermediaria enajenados al intercambio con el exterior, mientras que el porvenir de la burguesía industrial y del proletariado descansaba en el desarrollo del mercado interno. De esta contradicción objetiva, originada por el proceso colonizador capitalista, no tenían conciencia ni los intelectuales, ni los políticos, ni los sindicalistas. Reinaba una mentalidad de inmigrantes desdeñosa de lo que no fuera la reproducción de las sociedades más adelantadas de la época y ciega a las particularidades que iba adquiriendo una Argentina transformada por la acción de factores exógenos.

La crisis de 1890 dividió al período de legalidad constitucional en dos partes inconfundibles. Hubo antes dos crisis —la de 1873-1876 y la de 1880— que Alberdi atribuyó a las mismas causas que las europeas. Escribía en sus obras póstumas:

«Las crisis económicas han aparecido en Sud América desde la revolución inaugural de su régimen moderno, y de resultas de ella. Cada progreso de la revolución, ha dado lugar a un período de gran prosperidad económica. Y cada uno de estos períodos de prosperidad comercial e industrial, fue seguido de una crisis, más o menos profunda y duradera, de carácter crónico».[3]

La definición alberdiana es incuestionable si se la aplica a las crisis cíclicas del capitalismo en términos generales. No explica, sin embargo, lo específico de las crisis iniciadas en la Argentina en la colonización capitalista y en la época del paso del capitalismo mundial de la libre concurrencia al monopolio. Dice que la de 1873-1876 tuvo por origen los empréstitos o los abusos de crédito. No cabe duda que los grandes préstamos ingleses de la década anterior, cuando aún no se había desatado la corriente exportadora, provocaron la inflación y la crisis, pero en 1880, y con mayor motivo en 1890, la causa fue justamente la especulación sin freno (en tierras, moneda, cereales) y el endeudamiento externo que provocaba una economía lanzada a la exportación. La superproducción agropecuaria (y el exceso de medios de pagos, el abultamiento del valor de la tierra, la actividad enfermiza de las transacciones comerciales, el aumento de los servicios de la deuda pública, etc.) se manifestó en el momento que, debido a la crisis cíclica mundial del capitalismo, cayó el valor de las exportaciones y la demanda del imponderable mercado exterior no aumentó en la misma medida que la oferta nacional.

Llamar crisis de crecimiento a la argentina del 90 es una verdad de Perogrullo, pues todas las crisis cíclicas del capitalismo en el orden mundial durante el siglo pasado fueron de crecimiento. Era una ley interna del capitalismo avanzar a través de crisis. Importa al investigador, en cambio, determinar la orientación seguida por la economía argentina en los años de su máximo desarrollo, es decir, entre la superada crisis del 90 y el ascenso al poder de Hipólito Yrigoyen en 1916, lapso en el cual se duplicaron los habitantes y los establecimientos industriales, se duplicó la fuerza motriz, se triplicó la superficie sembrada y aumentó dos veces y media el valor de la producción.

En ese cuarto de siglo la colonización capitalista rindió sus frutos de oro y desencadenó las contradicciones que traía en sus entrañas. A la luz de tales contradicciones, como legítimo hijo de ellas, cobra todo su significado el radicalismo yrigoyenista. Para abarcarlas en su integridad debemos ampliar el análisis de la crisis del 90 y no reducirlo a la economía, porque también comprometió a la política y a la ideología.

Los cambios sociales operados con posterioridad a 1862 excluían la posibilidad de una revolución, en cuanto ésta implica tansformaciones de la estructura socioeconómica. Fueron cambios cuantitativos creadores de la estructura previamente concebida. Maduraron las clases que hemos enumerado dentro de las condiciones objetivas imperantes, sin que, fuera de pequeños grupos anarquistas y socialistas, emergieran tendencias ponderables a abandonar o superar los carriles de la democracia burguesa que prometía la Constitución de 1853.

La oligarquía terrateniente y la burguesía intermediaria no se contrajeron en las vísperas del 90 a concentrar en sus manos la propiedad territorial y el capital circulante, y a traspasar a empresas extranjeras los servicios públicos y bienes del Estado; centralizaron paralelamente el poder político al extremo de endiosar al presidente Juárez Celman. El liberalismo se exageró hasta desembocar en el libertinaje. Al quebrarse el equilibrio que sostuvo a los gobiernos durante tres décadas, quedó al descubierto la insuficiencia de la base política del Estado y se impuso la necesidad de hacer partícipes de la democracia burguesa a las nuevas clases y a los sectores sociales que se emancipaban de la tutela de los viejos caudillos. El 90 significó la ampliación (el ajuste, la mayor realización) de la democracia burguesa argentina en su larga trayectoria evolutiva, no la revolución democrático burguesa por antonomasia. La causaron los cambios cuantitativos generados por la colonización capitalista.

Sus efectos se escalonaron en el curso del cuarto de siglo siguiente. Los representantes más clarividentes de la oligarquía (Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña) comprendieron que para la supervivencia de su clase era ineludible dar acceso a la democracia burguesa a los sectores populares que lo reclamaban. Esta convicción los indujo después del 90, y con mayor énfasis cuando empezó a funcionar la Unión Cívica Radical conducida por Yrigoyen, a buscar por medio de la política del acuerdo un entendimiento que les permitiera captar a las nuevas fuerzas sociales y conservar su hegemonía sobre ellas.

Yrigoyen le estampó a la política del acuerdo, política que la oligarquía renovó con variable éxito por más de medio siglo, el mote de contubernio (del latín contubernium, alianza o liga vituperable, según el diccionario de la Academia). Contubernio era lo contrario de intransigencia. Los políticos quedaron divididos en intransigentes y contubernistas.

Lisandro de la Torre encabezó la primera escisión importante de la Unión Cívica Radical provocada por el acuerdo.[4] En la Convención del 5 de setiembre de 1897 se separó de las filas radicales, a pesar de triunfar su tesis por 65 votos contra 21, debido a la intransigencia de Yrigoyen y para aceptar la gran política de coalición propuesta por el general Mitre.[5] Fundó en 1908 la Liga del Sur con un programa que incluía el traslado a Rosario de la capital de la provincia de Santa Fe, las autonomías municipales y reformas a las instituciones; en 1914 esa organización se disolvió en el Partido Demócrata Progresista, junto con fragmentarios partidos conservadores provinciales, menos el de Buenos Aires y el Partido Provincial de Santiago del Estero. Diría más tarde de la Torre a modo de justificativo:

«Yo representaba en él la tendencia popular».

¿Qué lo movió durante toda su vida a mantener una obstinada aversión al radicalismo yrigoyenista? Muchas veces alegó razones morales. Declaró en el Congreso en 1912:

«El único cambio que se nota hasta hoy en las provincias que pasan a ser gobernadas por el Partido Radical se limita a un cambio de personas; porque las viejas corruptelas, lejos de desaparecer, se arraigan como en Santa Fe».

Los socialistas pensaban también que nada había cambiado en el país con el advenimiento del yrigoyenismo. Lo incluían en la vilipendiada política criolla.

Hasta el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, la oligarquía conservadora halagó a de la Torre y estimó que era el político con mayores aptitudes para apagar la estrella del caudillo radical, pero nunca logró enredarlo en sus maniobras antiyrigoyenistas.[6] Instó encumbrarlo en 1916 y 1930. En la primera oportunidad los demócratas progesistas optaron por presentarse solos a los comicios presidenciales; sus votos (123 637) sumados a los conservadores (153 406) no alcanzaron a los radicales (339 332). La segunda vez Lisandro de la Torre rechazó la candidatura a la presidencia que le ofreció el general Uriburu.

El líder demócrata progresista no superó el antagonismo entre el régimen y la causa. Era un reformista liberal que luchaba por el perfeccionamiento de las instituciones de la democracia burguesa. Del régimen lo separaba su repudio a las prácticas dolosas de la oligarquía y su concepción de la soberanía popular ejercida por ciudadanos de todas las clases sociales, a partir del municipio o comuna, para él célula y garantía de la auténtica democracia. Descongeniaba con la causa por repulsión intelectual a lo que el radicalismo tenía de inconsciente turbulencia de las masas seducidas por el magnetismo de un caudillo, por lo que tenía de irracional la relación entre Yrigoyen y el pueblo.

Su partido no se desarrolló como fuerza política independiente más allá de la oposición parlamentaria, de las administraciones comunales y del inestable y transitorio gobierno de la provincia de Santa Fe, derrumbado por la intervención de la oligarquía resurrecta. Cuando en inolvidables denuncias de la expoliación del patrimonio y el trabajo de los argentinos por los monopolios extranjeros su nombre cobró las mayores resonancias nacionales, la crisis del liberalismo, anacrónico al confrontarlo con los cambios históricos del mundo y estéril para el porvenir del país, le arrojó al suicidio.

Lisandro de la Torre nació en Rosario al nacer Rosario por segunda vez. La villa de posta de carretas y atracadero de lanchones quintuplicó sus habitantes en veinticinco años (desde 1869 a 1895) y se metamorfoseó en la capital de hecho de los chacareros. El futuro líder demócrata progresista creció con el crecimiento de su ciudad, mientras ésta se llenaba de exportadores, importadores, bancos, mayoristas, consignatarios, corredores, comisionistas, prestamistas, chacareros enriquecidos, obreros, industriales, médicos, abogados, escribanos, etc., cuya existencia giraba en torno de la exuberante producción cerealera que salía al exterior. Colonos de distintas nacionalidades confluían a Rosario desde localidades del sur y centro de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sureste de Córdoba y depositaban allí sus quejas y denuncias de una sociedad que los acogía como creadores de riquezas y rehusaba reconocerles derechos políticos.

En pueblos con abrumadora mayoría de extranjeros, fundados en muchos casos durante la colonización capitalista, resultaba contradictorio de la pregonada democracia institucional prometida que sus habitantes carecieran de poder administrativo de los intereses comunes. Tal limitación se suplía (en parte y provocando continuos conflictos con los jueces de paz designados por los gobiernos provinciales o por los terratenientes nativos) por conducto de sociedades o clubes organizados por las colectividades de inmigrantes, en general de italianos, que conservaban así los vínculos del idioma, las costumbres y las tradiciones de sus respectivas comarcas de origen.[7]

A esa inhibición de derechos político-administrativos se añadían los atropellos de los terratenientes, la voracidad de los mayoristas y luego de los trusts, y las trampas de los especuladores. Rosario era el espejo de la ancha cintura de colonias y los inmigrantes buscaban en los bufetes de sus abogados el paño de lágrimas de sus sinsabores. Por tal motivo, desde el comienzo de la colonización se sintió en esta ciudad el apremio de establecer el régimen municipal y la justicia de paz electiva, reivindicaciones reclamadas primero por los autonomistas y republicanos y después incorporadas al programa inicial de la Unión Cívica Radical, en cumplimiento del artículo 5.º de la Constitución de 1853.

Lisandro de la Torre interpretaba una necesidad más sentida en la zona colonizada de la pampa húmeda que en cualquier otro lugar de la República, al dedicar su tesis doctoral de 1888 a El régimen municipal e insistir sobre el tema con el proyecto que presentó al Congreso en 1912, como diputado santafesino por la Liga del Sur. También a inspiración suya se lo incluyó en la Constitución de la Provincia de Santa Fe de 1921, vetada por el gobernador radical Mosca.

La idea del gobierno municipal —del self-government que tanto admiró durante su viaje a Estados Unidos en 1901— era el fundamento de la concepción de la democracia de Lisandro de la Torre. Sin duda leyó en su juventud De la démocratie en Amérique, el libro que sedujo a Echeverría, Alberdi, Sarmiento y varias generaciones de latinoamericanos. Y recordaba las sentencias de Alexis de Tocqueville:

«La comuna parece salir directamente de las manos de Dios […] en la comuna es donde reside la fuerza de los pueblos libres […] en la comuna, como en cualquier otra parte, el pueblo es la fuente de los poderes sociales, pero en ninguna ejerce su poder con más intensidad».[8]

No incurría en el anacronismo de asimilar la comuna moderna, burguesa, hija del capitalismo, a las comunas españolas o a los cabildos de la época colonial.[9] Tocqueville descubría en el movimiento comunal de los Estados Unidos la tendencia hacia la verdadera y única democracia, a través de la nivelación de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. No imaginaba que las contradicciones internas del capitalismo desembocaban, con el inmenso despliegue de las fuerzas productivas, en la cultura de la pobreza del siglo XX, marcada para siempre por el estigma de 40 ó 50 millones de gentes en la miseria, millones de desocupados, un problema racial insoluble dentro de esos marcos y la ambición devoradora de dominar al mundo.[10]

Lisandro de la Torre compartía las ilusiones de Tocqueville. Su filosofía política del aburguesamiento democrático progresivo hasta integrarse una sociedad nivelada económicamente explica la energía con que se opuso no sólo en su madurez intelectual, sino también en sus años mozos, a la concentración de la propiedad en latifundios y del comercio y la industria en trusts. Y explica asimismo que al término de sus largas luchas fuera a dar a un callejón sin salida, al pretender resistir o vencer al monopolio con el inservible instrumento de aquella filosofía.

Su concepción del aburguesamiento democrático progresivo lo acercaba a y lo diferenciaba de los socialistas, imbuidos de la doctrina de la socialización democrática progresiva predicada por Eduardo Bernstein. Coincidían en la perspectiva de la evolución democrática progresiva, pero de la Torre nunca se avino a reemplazar su individualismo liberal burgués por el socialismo liberal de los discípulos de Juan B. Justo. Sin embargo, demostró su superioridad sobre éstos al comprender la esencia imperialista de los monopolios, a menudo caracterizados por los juristas como formas previas de socialización.

El análisis precedente nos ayuda a descifrar las causas de la aversión de Lisandro de la Torre al radicalismo yrigoyenista desde su ruptura en 1897. La ampliación de la base de la democracia burguesa y la valorización del gobierno comunal no escapaban, por supuesto, a la filosofía política de Hipólito Yrigoyen. Más aún: la Argentina le debe importantes adelantos en los dos sentidos. Pero los subordinaba a un conocimiento y a un aprecio de la psicología del pueblo que el líder demócrata progresista no poseía y desdeñaba poseer.

La definición del yrigoyenismo como efecto objetivo de los cambios operados en la sociedad argentina remodelada por la colonización capitalista quedaría incompleta, pues puntualiza el origen común de los distintos partidos, si no agregamos que Yrigoyen se distinguió entre los líderes políticos de su época por interpretar también los cambios psicológicos y las tendencias más generales de su pueblo. Los adversarios ridiculizaban sus inclinaciones a la política de arrabal y hubo un periódico conservador, La Fronda, dedicado año tras año nada más que a burlarse del compadrito de Balvanera y de la gente de su contorno reclutada en conventillos y tugurios. Su técnica anarquista de atraerse a lo que sus enemigos llamaban la chusma o el populacho podía entrar en la gastada categoría aristotélica de demagogia —expresión peyorativa que desde los griegos siempre ha significado el juicio moral que a las clases dominantes merece el caudillo que sabe ganarse la confianza de la plebe—, pero despertó pasiones y movilizó energía indiferentes a la oratoria apodíctica de los doctrinarios. El intelectual de la Torre reputaba esos métodos indignos del modelo de político que había imaginado; admitirlos equivalía para él rebajar el contenido de la democracia.

Al dividir a los partidos y fracciones de partidos en dos bloques antitéticos de acuerdistas (o contubernistas) e intransigentes, Yrigoyen conseguía con suma astucia erigirse en árbitro de la política. Aplicaba a todos los antiyrigoyenistas la misma marca y levantaba una barrera defensiva de sus propios partidarios. Los orejudos le devolvían la maniobra procurando descomponer su base. Decía uno de ellos:

«Nosotros, los viejos conservadores, no nos haremos radicales, salvo, es claro, excepciones; pero los menos arraigados de nuestro partido y particularmente cierta morralla que nunca falta, sí se hará; y entonces […] le aguarán el espíritu al vino y el radicalismo perderá esa fuerza proveniente de los hombres probados, particularmente de los probados de su época heroica; se aquietará y se infiltrará de espíritu conservador; y eso será el triunfo nuestro […]».[11]

No los detenían remilgos ideológicos para alcanzar ese objetivo. Todos los antiyrigoyenistas, o simplemente no yrigoyenistas, eran buenos en tanto se trataba de batir al enemigo principal. Además de los clásicos procedimientos de corrupción política, se esforzaba en el Congreso y en la propaganda partidaria en comprometer a los opositores a la causa en combinaciones o bloques contra ella. Claro está que los otros estaban a la recíproca y a veces los orejudos no eran los atrayentes sino los atraídos, pero ellos salían a la postre beneficiados.

El desconocimiento del problema nacional hacía al Partido Socialista proclive a concordar con los conservadores en el enfrentamiento del yrigoyenismo. Por lo común se mostraba más cerca de aquéllos que de éste. Aquéllos guardaban en la alta política por lo menos las formas de la cultura democrática, mientras que las heterodoxas prácticas del Peludo soliviantaban a los mesurados discípulos del doctor Justo.

Motivos puramente electoralistas los pusieron en la Cámara de Diputados en 1912, al discutirse la primera elección nacional realizada bajo la ley Sáenz Peña, del lado de los conservadores y en contra de los radicales.[12] Del mismo lado estuvieron al atacar el neutralismo del presidente Yrigoyen durante la Primera Guerra Mundial. Y de raíces internas brotó la escisión de 1927 de los jóvenes legisladores y dirigentes más brillantes, la esperanza del Partido, que constituyeron el Partido Socialista Independiente para competir con el yrigoyenismo y ganaron las elecciones de 1928 en la Capital Federal, participaron en el golpe militar del 6 de setiembre de 1930 y pasaron a la historia como los cerebros de la oligarquía anglofila durante el gobierno del general Justo. El partido los educó para ese salto. Sin ir a los extremos, ¿no hizo profesión de fe contubernista el doctor Nicolás Repetto, depositario de la herencia de Juan B. Justo, al proclamar días antes de aquel golpe, en la sesión de la Cámara de Diputados del 28 de agosto, su admiración a la sensatez, la previsión y el sano patriotismo de la política del acuerdo propiciada por el general Mitre cuarenta años antes?

El radicalismo antipersonalista o antipersonalismo fue la máxima realización del contubernio. Su origen se remonta a la ruptura entre la jefatura del gobierno y el liderazgo del partido, reunidos en la misma persona mientras Yrigoyen ocupó la presidencia. Conservadores, demócratas progresistas y socialistas le habían acusado insistentemente de gobernar como caudillo radical y no como presidente de todos los argentinos. Aseguraban que la democracia se subvertía al no separarse el gobierno del partido. Este argumento inspiró muchos editoriales de La Prensa, La Nación y La Vanguardia.

La elección de Marcelo T. de Alvear para el período presidencial 1922-1928 trajo de hecho tal separación. ¿Por qué Yrigoyen impuso de sucesor a un oligarca de boina blanca?[13] En realidad, nada podía evitar que la separación se produjera desde el momento que el presidente no era reelegible dos mandatos sucesivos y la posición de Yrigoyen a la cabeza de la Unión Cívica Radical no dependía de cláusulas constitucionales, sino de la adhesión natural de la masa partidaria. Aunque hubo yrigoyenistas que lo instaban a reformar la Constitución o prescindir de ella y continuar en la presidencia, no se decidió a dar ese peligroso paso que hubiera provocado la inmediata intervención militar sin fuerzas organizadas que oponerle. Además, el germen de la división estaba latente dentro de la Unión Cívica Radical y el vuelco hacia la reacción de los años 1919 a 1922 había debilitado la base operativa del viejo caudillo. En su cálculo electoral predominó la idea de desbaratar las maniobras contubernistas presentando de candidato a un oligarca de boina blanca. No escapaba a su sagacidad y a su conocimiento de los hombres que Alvear no resistiría a la tentación de alzarse con el santo y la limosna, pero también sabía que cuanto hiciera para destronarlo del radicalismo estaba destinado al fracaso.

Alvear se definió al nombrar sus ministros: solamente tres radicales y de los cinco restantes dos provenían del juarismo.[14] Escribe del Mazo:

«El hecho es que el nuevo presidente había elegido prolijamente para sus principales colaboradores no tanto a sus amigos como a hombres que en general malquerían a Hipólito Yrigoyen, unos abiertamente, otros emboscadamente; algunos desde los tiempos ele Alem, cuando la intransigencia de Yrigoyen los incomodó. Por otra parte, nada menos que el ministro de guerra había sido elegido por el doctor Alvear, sin conocerlo personalmente, por recomendación de otro de los ministros, que en París había convencido al futuro presidente que ése era el hombre que necesitaba. En cuando al de marina (almirante Domecq García), había estado al frente de una organización de las que podrían llamarse profascistas, durante la “semana de enero” de 1919. El tiempo dirá cuánto debía sufrir el país por estos graves errores […]. Poco a poco el presidente Alvear concentró alrededor de él la esperanza de quienes siempre se opusieron a Yrigoyen en el seno de la Unión Cívica Radical; de los reaccionarios de los partidos conservadores, a quienes al fin parecía abrírseles una perspectiva de retorno, y de los reaccionarios de toda índole siempre resentidos por la creciente significación social del radicalismo […]. Día a día, la casa de gobierno fue quedando más vacía, sin obreros, ni estudiantes, ni gente llana, como había sido la característica del período anterior, presentando la fría tranquilidad de un gobierno formalista, sin calor de pueblo».[15]

Alvear nos ha traicionado, gritaban los yrigoyenistas. Aunque las noticias del levantamiento no pasaron de rumores que circulaban por todo el país, el general Agustín P. Justo se inició en el Ministerio de Guerra acuartelando las tropas.

Los grandes diarios expresaron tanta complacencia como los dirigentes conservadores, demócratas progresistas y socialistas al comprobar que el nuevo presidente separaba el gobierno del partido. Era un eufemismo que no ocultaba las verdaderas intenciones: aislar a Yrigoyen del gobierno. ¿Acaso los oligarcas no habían gobernado con los oligarcas? ¿Gobernarían al margen de sus partidarios los demócratas progresistas y los socialistas de ofrecérseles la oportunidad? Pronto la sota mostró la pata. El Senado se dividió en yrigoyenistas (personalistas o peludistas para sus adversarios) y antipersonalistas (antiyrigoyenistas o simplemente alvearistas). Y en 1923-24, el presidente Alvear gobernaba ya con un partido propio, el Radical Antipersonalista, cuyos miembros reemplazaban a los yrigoyenistas en los cargos públicos.[16]

Tres medidas configuraron la política del doctor Alvear en materia social: la mutilación de la autonomía universitaria conquistada por el movimiento reformista de 1918, el veto a la ley 11 278 que reglamentaba el trabajo en los yerbales y la derogación de la ley general de jubilaciones 11 289. Esta última ley dio motivo a la huelga general por la anulación del aporte obrero del 5 por ciento dispuesta por la Unión Sindical Argentina, a que nos hemos referido en el capítulo anterior; huelga de difícil explicación si se tiene en cuenta que los patronos estaban interesados en que la ley no se sancionara y los obreros y empleados resultaban los únicos favorecidos.[17] El gobierno de Alvear evolucionó a medida que se alejaba del tronco radical hasta coincidir con los conservadores en los problemas fundamentales. Al comienzo adoptó algunas providencias con el fin de proteger a la industria nacional amenazada por las restablecidas exportaciones europeas de la postguerra (aumentó el 60 por ciento de los aforos aduaneros, suprimió los permisos de exportación de metales, prohibió la libre exportación de acero viejo, fijó altos derechos de importación al aceite comestible, obligó a identificar la procedencia de las mercaderías con el sello Industria Argentina, etc.), pero luego rebajó los derechos de importación de tejidos, yerba mate y otros productos, y proyectó la supresión de derechos de entrada a los artículos de la construcción y de los derechos aduaneros adicionales.[18]

El número de diputados radicales que saltaron el cerco y pasaron del yrigoyenismo al antipersonalismo (7 sobre 72 en 1924, 10 sobre 69 en 1925, 16 sobre 60-61 en 1926-27, 11 sobre 92 en 1928-29 y 4 sobre 98 en 1930) no le aseguraba al gobierno alvearista la mayoría parlamentaria, razón por la cual apeló a acuerdos con otros bloques. Este tipo de parlamentarismo a la francesa, en el que los yrigoyenistas hacían el papel de la bete noire todavía se recuerda con nostalgia en los medios políticos inmovilizados dentro del marco de la democracia burguesa polipartidista.

El sexenio 1922-28 colmó las aspiraciones de los liberales de diversas tendencias (conservadores, antipersonalistas, demócratas progresistas, socialistas) a un régimen de legalidad constitucional y equilibrio político, de benevolencia con el capital extranjero y mano enguantada en los conflictos sociales, de administración ordenada. Veían en el gobierno de aurea mediocritas del doctor Alvear la realización de las esperanzas de los organizadores del 53 y el modelo a imitar.

Circunstancias independientes de la gestión gubernamental determinaron la estabilidad económica, social y política del sexenio alvearista. La espiral del capitalismo recorría entonces una de sus etapas de mayor prosperidad antes de caer en la gran crisis mundial de 1929. Durante los años 1925-29 las exportaciones agropecuarias argentinas marcaron las cifras máximas y el más alto poder de compra, y se registraron las mayores inversiones en el campo. La producción exportada de la Pampa húmeda alcanzó la cima (70 por ciento frente al 55 por ciento en 1900 y el 30 por ciento en 1962). Tanto el capital existente y el producto bruto por habitante como el ingreso y el producto brutos crecieron sin cesar. El ascenso de las exportaciones trajo —con la euforia de los círculos agropecuaristas de terratenientes, chacareros e intermediarios— el viraje del gobierno hacia el librecambio que acabamos de mencionar y las protestas de los industriales expresadas en escritos y conferencias de Alejandro E. Bunge y Luis Colombo.

Alvear discrepaba con Yrigoyen en política internacional desde la guerra de 1914. Era aliadófilo, como correspondía serlo a un auténtico liberal para quien Francia encarnaba las mejores tradiciones y la cultura de la burguesía, y respetaba en Gran Bretaña el sostén del poder económico de las clases dominantes de la Argentina. Después de la paz de Versalles, y en calidad de ministro en París y delegado ante la Liga de las Naciones, se rehusó a acatar las directivas del presidente Yrigoyen.

Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos alegaban que como potencias beligerantes victoriosas poseían derechos que no podían compartir con las naciones neutrales. Este criterio hacía de la Liga desde su origen el instrumento de los imperialismos vencedores para asegurarse el nuevo reparto del mundo y el dominio de las colonias y países dependientes. El presidente Yrigoyen le opuso el principio de igualdad y autodeterminación de los pueblos. Afirmaba que la Liga debía ser de las Naciones y no de Naciones, y telegrafió a Alvear:

«Tratándose de una Liga que ha de establecer la paz futura de todas las naciones, no cabe distingos entre beligerantes y neutrales».

Pero Alvear no compartía esta opinión, y debió trasladarse a Ginebra el ministro de Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón, para exponer el pensamiento yrigoyenista y, al ser rechazado, anunciar el 4 de diciembre de 1920 el retiro de Argentina de la Liga de las Naciones.

El presidente Alvear modificó la política exterior de su antecesor en el gobierno. La Argentina volvió a ingresar a la entidad mundial y actuó en las reuniones internacionales y continentales a la zaga de las potencias anglosajonas.

De esa época data el comienzo del movimiento antiimperialista de sectores populares del país. Lo orientaron organizaciones como la Alianza Continental, la Liga Antiimperialista y la Unión Latinoamericana con la adhesión de sindicatos, centros estudiantiles y, en mayor relieve, el Partido Comunista.

El antiimperialismo tenía un carácter eminentemente antinorteamericano. Era la respuesta nacional a la penetración financiera, política y militar de los Estados Unidos en América Latina. Escribe G. H. Stuart:

«La Primera Guerra Mundial dio a los Estados Unidos una maravillosa oportunidad para apoderarse de las posiciones durante mucho tiempo en manos de Gran Bretaña como la nación que más comerciaba con las repúblicas sudamericanas y no fuimos lerdos en aprovechar la ocasión. Entre 1913 y 1920 el comercio de los Estados Unidos con América Latina registró un aumento de alrededor del 400 por ciento».[19]

En un informe de la Americana Corporation se lee:

«Al comienzo de la guerra no operaba ningún banco norteamericano en Sud América. Pero a principios de 1921, 50 bancos norteamericanos tenían sucursales en Sud América, con igual número de sucursales en el área del Caribe. Los Estados Unidos comenzaron a hacer préstamos. Mientras en 1913 ni un solo barco norteamericano llegó a Buenos Aires, en 1919 visitaron la Argentina 335 barcos norteamericanos con una carga de 822 609 toneladas. En 1913 el comercio entre los Estados Unidos y América Latina sumó 743 millones de dólares. En 1919 creció a 3000 millones de dólares».[20]

Hubo treinta intervenciones militares de los Estados Unidos en América latina durante el primer cuarto de siglo. Haití, la República Dominicana, Guatemala y Cuba fueron ocupadas por tropas norteamericanas. Los marines desembarcaron en Nicaragua en 1926 para apuntalar al gobierno reaccionario de Chamorro; cinco años los combatió en la selva el héroe popular César Augusto Sandino hasta caer en una celada y ser asesinado por orden de los guardianes de los inversores norteamericanos.[21]

Los Estados Unidos le arrebataron el cetro a Europa Occidental y se convirtieron en la primera potencia capitalista del mundo. Por medio del Plan Dawes, del Plan Young y de otros instrumentos financieros ejercieron una influencia dominante en la Liga dé las Naciones.

Tal metamorfosis de la democracia en América en la política del garrote explica el aspecto antiyanqui que tuvieron las primeras luchas antimperialistas en la Argentina. También fundamenta su sentido de solidaridad latinoamericana. La movilización era de apoyo a Sandino, de denuncia de los atropellos de la Standard Oil y otros trusts norteamericanos, de protesta por los atentados a la soberanía de México. Sólo en forma marginal y sin mucha energía se planteaba el antimperialismo en función del desarrollo argentino oprimido y deformado por Gran Bretaña. Por eso podían suscribirse a la agitación antiyanqui gentes que no hubieran movido un dedo, o se hubieran opuesto, de encarrilarse la lucha hacia la nacionalización de transportes, bancos, comercio exterior, seguros y demás pertenencias del imperialismo inglés. Y no es exceso de suspicacia suponer que Gran Bretaña se complacía de los malos ratos que le hacían pasar al rival que con tanta avidez se arrojaba sobre América Latina.

Cuando al presidente Alvear se le sugirió que el gobierno nacional fijara su actitud en la contienda del nicaragüense Sandino con los intervencionistas norteamericanos, respondió:

«Es un problema ajeno a nuestros intereses».

Con la misma inspiración su canciller, el doctor Angel Gallardo, opinó que el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética era peligroso.

Durante el sexenio alvearista la competencia entre Gran Bretaña y los Estados Unidos dentro de la Argentina se perfiló con una intensidad que no había tenido en el pasado.

Las inversiones del capital extranjero aumentaron de poco más de 5000 millones en 1910 a 70.00 millones de pesos en 1927,[22] si bien a un ritmo menor: el promedio anual fue de 850 millones en 1910-1914 y de 400 millones de dólares en 1900-1930.[23] A partir de 1930 la proporción del crecimiento de las norteamericanas superó a la de las restantes; subieron de 95 millones ese año a 550 millones en 1924 y a 1150 millones de pesos en 1927, distribuidas así: 863 millones, empréstitos; 190 millones, frigoríficos; 30 millones, petróleo, y 65 millones, otras empresas. En 1927 las inglesas sumaban 4700 millones de pesos: 2800 millones, ferrocarriles; 90 millones, empréstitos, y 1000 millones, otras empresas; pero, a pesar de su magnitud, carecían del peso específico de antes de la Primera Guerra Mundial.[24]

También en las importaciones fue sensible el debilitamiento de la posición privilegiada de Gran Bretaña: bajaron del 34 por ciento del total en 1914 al 17,6 por ciento en 1929, mientras que las de Estados Unidos ascendieron este último año al 25 por ciento y las de Alemania al 11,5 por ciento.

La rivalidad anglo-norteamericana se destacó en el abastecimiento de combustibles. Hasta la Primera Guerra Mundial Gran Bretaña proveía a la Argentina de la totalidad del carbón necesario al funcionamiento de los ferrocarriles, a la producción de energía eléctrica y a los usos industriales domésticos. Desde principios de siglo los intentos de emancipar al país de esa servidumbre se estrellaron frente a la obstinación británica. Ni un paso se ha adelantado en la construcción del dique-usina de Salto Grande en el río Uruguay proyectado hace más de cinco décadas, ni en el aprovechamiento del caudal de los numerosos ríos, si se exceptúan algunas obras hidráulicas en la provincia de Córdoba. En 1920-1930 el rápido incremento del tráfico automotor y la relativa modernización de la industria colocaron en primer plano el problema del petróleo.

Gran Bretaña comprendió desde el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia que no podría evitar el empleo en escala creciente de ese sustituto del carbón, lo que trastornaría la ecuación clásica de su intercambio con la Argentina. Con tal motivo, poco tiempo después de aquel hallazgo, accionistas y directores de los ferrocarriles británicos fundaron la Argentina Gulf Oil Sindicate Co., que llegó a disponer de 81 000 hectáreas de campos petrolíferos, mientras el gobierno argentino creaba el 24 de diciembre de 1910, la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, cuyo primer presidente, el ingeniero Luis A. Huergo, mostraba tanta animosidad contra la Standard Oil como admiración por los capitalistas ingleses. Decía:

«Los actos de la compañía Standard Oil son juzgados en todas partes como actos de piratas, usurarios, despiadados, capitaneados por un ex sacristán, que empezó por llevar la ruina y la desolación a millares de familias de sus propios conciudadanos que, como el pulpo, ha extendido sus tentáculos a todas partes […]».

Y agregaba de una compañía inglesa:

«Esta firma de particulares, caballeros ingleses, es realmente un socio activo del gobierno del país».[25]

En la tercera década del siglo la competencia entre la Standard Oil (norteamericana) y la Royal Dutch-Shell (inglesa), que en México y otros lugares databa de 1900, se desató con gran agresividad en el cono sur del continente. La Standard Oil poseía en 1926 extensas concesiones en el Chaco Boreal del lado boliviano, pero estaba bloqueada por la Royal Dutch-Shell, que por medio del Paraguay, y bajo presión argentina, le cerraba la salida del petróleo por puertos brasileños, pues hacia occidente, por la cordillera de los Andes, era impracticable. Esta guerra fría tuvo su epílogo en la guerra del Chaco.

Con la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 1922, el presidente Yrigoyen quiso sustraer el petróleo argentino a la lucha antimperialista y reservarlo para la nación. Gran Bretaña y Estados Unidos han tenido a partir de entonces distinta actitud frente a YPF, derivada de las diferencias en los términos del intercambio.

A Gran Bretaña le era vital cubrir sus compras de carnes y cereales principalmente con ventas de combustibles. Nada perturbó el equilibrio de la balanza del intercambio angloargentino mientras el carbón fue el único combustible, pero como el consumo nacional de este último bajaba y el de petróleo crecía año tras año (en 1930 registraron el 35,5 por ciento y el 49 por ciento, respectivamente), Gran Bretaña debía afrontar la doble amenaza del desarrollo de la producción de YPF y del abastecimiento del mercado interno por la Standard Oil. Así se comprende que los ingleses, aunque constituyeron la Argentine Gulf Oil Sindicate tan pronto como se descubrieron los yacimientos de Comodoro Rivadavia, no se preocuparan de organizar la extracción, en contraste con la política que siguieron en México, Venezuela, Perú, el Medio Oriente y otras regiones donde se convirtieron en productores de petróleo.[26] Si la Argentina se autoabastecía, por su propio esfuerzo o por intermedió de compañías extranjeras extractoras, su comercio con Gran Bretaña se desequilibraría y ésta se vería obligada a disminuir sus adquisiciones de carnes y cereales o a buscar otra forma de financiarlas. Cae de suyo que toda la economía agropecuaria exportadora argentina se hubiera trastornado en el caso de una baja importante de las compañías inglesas de sus productos. Por eso convenía tanto a Gran Bretaña como a los sectores agrícolo-ganaderos dominantes de la pampa húmeda que no se llegara al autoabastecimiento de petróleo. Tal es el origen del mito de que el subsuelo argentino carece de petróleo (no obstante saberse positivamente que lo contiene en sus dos terceras partes), mito que más tarde se repitió con el carbón, al ocultar sus yacimientos o afirmar que no posee las calorías requeridas para el uso industrial. Mediante el freno de la producción nacional de petróleo y carbón se supeditaba el avance de la industria a los límites establecidos por la importación de combustibles.

Los Estados Unidos vendían a la Argentina más de lo que la Argentina podía ofrecerles en compensación, por tener ambos países producciones paralelas de carnes y cereales (a 200 000 000 de dólares alcanzó el déficit del intercambio en perjuicio de la Argentina en 1920).[27] En otras regiones de América Latina introducían sus productos industriales y exportaban frutas, café, algodón, cacao, metales, etc., pero en la Argentina siempre tropezaron con el obstáculo de la falta de materias primarias que satisficieran su demanda. El petróleo les prometía, además de las grandes ganancias que aportaba su explotación, servir de valor de cambio de crecientes importaciones dé mercaderías norteamericanas.

Salta a la vista que si a Gran Bretaña le interesaba importar petróleo, los Estados Unidos ambicionaban explotar los yacimientos argentinos con el fin de proveer al mercado interno y exportar combustible y ganancias. Dicho con otras palabras: Gran Bretaña saldaba su déficit comercial con la Argentina vendiéndole petróleo y los Estados Unidos querían equilibrar la balanza de un intercambio que deseaban cada día mayor trasladando fuera de la Argentina los excedentes de petróleo producido por sus compañías.

Con prescindencia de otros renglones de artículos y bienes de capital importados e importables, el comercio de la Argentina con Gran Bretaña y los Estados Unidos se traducía en dos ecuaciones:

Carnes y cereales argentinos = combustibles ingleses.

Petróleo argentino = mercaderías y bienes de capital norteamericanos.

El funcionamiento de la primera correspondía a la concepción agropecuaria del desarrollo de la economía nacional:

«La Argentina debe su riqueza a la agricultura y la ganadería; apartarla de su camino natural para correr la aventura de fomentar industrias artificiales sería su ruina».

La segunda encandiló a algunos industrialistas, bien o mal intencionados, con la esperanza de emancipar la economía nacional de su dependencia de Gran Bretaña, resolver el problema del autoabastecimiento de combustible por la vía de las compañías norteamericanas e impulsar el progreso fabril. Basta disponer, sin embargo, de un mínimo conocimiento de los resultados de la práctica de esa ecuación en otros países para advertir que se traduce en la ruina de las industrias autóctonas por imposibilidad de competir con las importaciones norteamericanas o en una expansión industrial condicionada a las inversiones del capital financiero norteamericano.

La contradicción anglo-norteamericana se reflejaba sobre YPF de esta manera: los Estados Unidos se oponían a la nacionalización y movían los hilos diplomáticos y políticos para lograr la entrega de los yacimientos y reservas a empresas privadas, mientras que Gran Bretaña no tenía más remedio que tolerar a YPF como valla de contención de la Standard Oil, pero saboteando su progreso con el objeto de evitar que conquistara el autoabastecimiento nacional. Los norteamericanos querían, en resumidas cuentas, que YPF desapareciera y los ingleses preferían que fuera el guardián de las reservas petrolíferas argentinas sin explotarlas o con una explotación que dejara ancho margen para las importaciones.

Esta contradicción se puso de manifiesto en el debate sobre el petróleo que ocupó al Congreso al llegar a las postrimerías el gobierno del doctor Alvear (1927-1928). La vuelta al llano había depurado al yrigoyenismo de muchos de los yerros de su paso por el poder. Sus legisladores defendieron la tesis de la explotación exclusiva por el Estado y propusieron que expropiaran los yacimientos en manos de empresas particulares, en pugna con los antipersonalistas que se unieron a los conservadores para reeditar las críticas de los oligarcas de Juárez Celman al Estado mal administrador y plantear la formación de compañías mixtas de YPF con los trusts extranjeros.

Triunfó la tesis yrigoyenista con el respaldo de la tendencia nacionalista e industrialista del ejército que capitaneaban los generales Enrique Mosconi y Alonso Baldrich. En la ley de nacionalización del petróleo aprobada tuvo influencia el memorial que el general Baldrich dio a publicidad con los siguientes puntos:

nacionalización de todo el combustible;

monopolio estatal de la explotación;

control estatal de la exploración;

monopolio estatal del transporte del combustible;

autonomía de YPF; y

prohibición de transferir las concesiones.[28]

Inútiles tentativas hizo el gobierno de Alvear para torpedearla. El ministro Mihura declaró:

«Se repite con insistencia que el Estado no es buen administrador, y esta opinión es exacta».

Los legisladores yrigoyenistas decían:

«Empecemos por el petróleo, que luego seguirán los frigoríficos y los ferrocarriles».

Apuntalaba tal perspectiva la gran movilización de la opinión pública a través del periodismo, la Universidad y mítines y conferencias. La favorecía el golpe moral sufrido por el alvearismo y los militares allegados al contubernio gobernante con la denuncia del negociado de los armamentos.

El contubernio (conservador, antipersonalista, socialista independiente) se solidificó ante el peligro de la vuelta del yrigoyenismo al poder. Dentro del ejército se instituyó la Logia General San Martín, inspirada por el ministro de guerra, general Agustín P. Justo, y encaminada a

«la guerra sin cuartel a la política de Yrigoyen y separar de las filas de los militares simpatizantes yrigoyenistas».[29]

Preparaba, en realidad, el golpe militar en previsión del ascenso del movimiento de masas y para contener la política de nacionalismo económico.

En las esferas contubernistas se barajaban diversos proyectos destinados a evitar el triunfo seguro de Hipólito Yrigoyen en los comicios del 1.º de abril de 1928, entre ellos la anulación de la Ley Electoral Sáenz Peña y restricciones al voto (el voto público, el voto calificado). Con un año de anticipación a aquellos comicios, el oficialismo proclamó la fórmula Leopoldo Meló-Vicente Gallo, dos antipersonalistas que se presentaron a la contienda en nombre del Frente Unico de su partido con los conservadores. El presidente Alvear arrojó por la ventana el lema separación gobierno y partido que agitara contra Yrigoyen y se comprometió

«a poner toda su legítima influencia en favor del triunfo de la fórmula antipersonalista».

No se atrevió, sin embargo, a acceder al pedido de la Confederación de los Partidos de Derecha de intervenir a la provincia de Buenos Aires, entonces gobernada por el radical Vergara.

A la violencia, las amenazas y los fraudes que empleaba el contubernio para conservar el poder, Yrigoyen respondió con la orden de cesar la propaganda en todo el país. Un mes antes de los comicios los yrigoyenistas enmudecieron. Con las arcas vacías dejaron a sus adversarios que difundieran por la República la consigna Yrigoyen no será presidente, la que en boca de oligarcas y abogados de empresas extranjeras se transfiguraba en invitación al pueblo a votar por el endiosado líder.

El 1.º de abril de 1928, Yrigoyen obtuvo 838 583 sufragios contra 414 026 del Frente Unico contubernista, 64 985 socialistas, 14 173 demócratas progresistas y 7658 comunistas, y el 12 de octubre inauguraba su segunda presidencia. Ningún otro jefe de Estado argentino había despertado hasta ese momento tantas esperanzas y tan apasionada adhesión.[30] Las grandes masas populares —incluidas gentes que no le votaron, pero fueron galvanizadas por la resonante victoria— estaban dispuestas a arrimar el hombro a una política de nacionalismo económico y ampliación de las bases democráticas. Los sucesos que se acumularon en pendiente durante casi dos años y remataron con el golpe de militares y partidos del 6 de setiembre de 1930 se atribuyen a distintas causas.

Como causa externa objetiva se da la crisis cíclica general que estalló a fines de octubre de 1929 en los Estados Unidos y se extendió rápidamente por el mundo capitalista. No basta, sin embargo, estimar sus efectos con criterio abstracto, como si se tratara del contagio de una epidemia. Tampoco satisface la mera explicación de su influencia psicológica. Es necesario descubrir los conductos a través de los cuales repercutió en la Argentina.

La economía argentina dependía en grado mucho menor de los Estados Unidos que de Gran Bretaña. Por lo tanto, sin menospreciar su subordinación directa a monopolios y bancos norteamericanos, corresponde puntualizar la medida en que la crisis fue el resultado de la incrustación de la estructura socioeconómica argentina en el mercado imperial británico. Este enfoque nos conducirá a la comprobación de que trastornó principalmente los cimientos de la economía agropecuaria exportadora —construidos por la colonización capitalista a fines del siglo XIX— con tal profundidad que provocó en el país una crisis crónica (económica, política e ideológica), de la que no se ha repuesto para volver a los opulentos tiempos de las vacas gordas y las mieses ubérrimas, pues el desarrollo integral de las fuerzas productivas no tolera la envejecida estructura socioeconómica.

1929 señaló el límite de la expansión de la economía agropecuaria exportadora argentina. A partir de la Primera Guerra Mundial los precios de las exportaciones habían descendido año tras año en relación a los de las importaciones. Si suponemos para 1913 un equilibrio, es decir los números índices 100 para los primeros, los segundos y la relación entre ambos, resulta que la Argentina pagó a Gran Bretaña por las compras precios que aumentaron comparados con los precios que cobró por las ventas. En 1920 aquéllos ascendieron al 360 y éstos sólo al 286, bajando la relación de 100 en 1913 a 79. Después de un pequeño repunte que no alcanzó a 84 en las condiciones de comercio, sufrió una caída brusca en 1930 al 77 y en 1931 al 69.

Entre 1929 y 1932 el comercio mundial bajó el 61 por ciento. En cada mes del cuatrienio fue inferior al mes anterior. Las exportaciones argentinas descendieron en volumen físico y en precios desde alturas que no se han restablecido posteriormente. Su capacidad de compra se contrajo de 2000 millones de dólares promedio anual en 1925-1929 a 1200 millones en 1930-1934. El país perdió en su comercio exterior en el lapso intermedio 900 millones de dólares por año.[31]

El embotellamiento de la economía agropecuaria exportadora paralizó el desarrollo de las fuerzas productivas (ganadería y agricultura) orientadas por ellas. Para que esas fuerzas productivas entraran en contradicción con la antigua estructura socioeconómica agraria, y se hicieran indispensables los cambios revolucionarios en el campo, debían independizarse del mercado exterior y buscar su expansión hacia el mercado interno de consumo y el impulso a la industria. Y aunque estas dos condiciones se han dado por lenta evolución no maduraron hasta crear las premisas revolucionarias. Al cabo de siete lustros la economía agropecuaria sigue embotellada (con menos superficie sembrada y producción de cereales y menor cantidad de cabezas de ganado que en 1929-1930) y todavía vulnerable al volumen físico y a los precios de las exportaciones. Esto explica la larga crisis crónica del sistema generado por la colonización capitalista.

La consagración política del yrigoyenismo como el mayor movimiento de masas de la historia argentina precedente coincidió con la quiebra del sistema del que había surgido y al que la República debía setenta años de legalidad constitucional y ascendente opulencia.

Como causas internas subjetivas del trastrueque de setiembre de 1930 se mencionan la vejez de Yrigoyen, su incapacidad administrativa, la anarquía reinante en las filas de su partido. En realidad esas causas se reducen a una sola: la ineficacia de la ideología y de los métodos del yrigoyenismo para comprender y aportar soluciones a la crisis de la Argentina agropecuaria exportadora.

El radicalismo yrigoyenista nunca cuestionó teóricamente, ni como práctica, a la democracia burguesa. Actuó dentro de ella. Declaró su razón de ser a la soberanía popular estatuida por la Carta de 1853 y negada por los gobiernos del régimen. Sus evasiones de la legalidad constitucional, principal argumento en su contra esgrimido por la prensa y los partidos opositores, no pasaron de aspectos administrativos o de procedimientos. Yrigoyen marcha hacia la dictadura, increpaban; pero la verdad es que Yrigoyen en ningún momento intentó reformar la Constitución o modificar el contenido democrático burgués de las instituciones republicanas.

Sin embargo, el caudillo de una democracia en proceso integrador con los elementos dispares de la sociedad remodelada por la colonización capitalista, no se ajustaba a las formas clásicas del liberalismo político. Por eso hemos dicho que fue la antítesis de la intelectualidad gobernante del 80 y oponía al individualismo hedonista de ésta la idea moral del Estado-nación, del Estado representativo de la soberanía del pueblo.

Esta contradicción permanente de Yrigoyen entre el acatamiento a la democracia burguesa y las transgresiones a los principios liberales se explica si prescindimos, de una vez por todas, de la habitual identificación del liberalismo con la democracia. El liberalismo brotó de las revoluciones burguesas de Europa Occidental para reprimir los excesos democráticos de las masas y encuadrarlas dentro de una categoría abstracta que llamó pueblo, en tanto respetaba las normas políticas, las libertades individuales y la explotación económica de la burguesía, y populacho o plebe cuando se insubordinó y luchó por su propio poder, por sus libertades, por emanciparse de la opresión de las clases dominantes, por la completa democracia.

Recordemos que los antiyrigoyenistas (conservadores, antipersonalistas, demócratas progresistas, socialistas) aplicaban al pie de la letra esa nomenclatura liberal a la Argentina: pueblo eran sus respectivos partidarios y chusma o plebe las masas que seguían a Yrigoyen. En consecuencia, ellos configuraban al político, al estadista, mientras que el Peludo encarnaba la repudiable imagen del demagogo, que Aristóteles anatematizó como el tirano en acto o en potencia.

Yrigoyen no pecó por excesos democráticos, sino por su incapacidad, por sus limitaciones de clase, para concebir un nuevo ordenamiento social que emancipara al Estado de su enajenación al liberalismo. Pecó por demasiado respeto y no por falta de respeto a una legalidad que ya no correspondía a las tendencias del pueblo argentino. Sus ideas del Estado-nación, del partido-gobierno, quedaron en las medías tintas de su corta y agitada segunda presidencia. Pagó la indecisión, hija de su indigencia teórica de reformista burgués, con el debilitamiento inmediato del sostén popular.[32] Numerosos caudillos locales se le dieron vuelta. J. W. Perkins, yrigoyenista de la víspera e yrigoyenista de meses después, decía que el monstruo había sido matado en el cuarto oscuro.[33] Otro futuro yrigoyenista, el dirigente estudiantil Raúl Uranga, le ultrajó con el doble epíteto de caudillo bárbaro y senil.

Para conservar su dominio del suburbio, para no dejar que la calle fuera invadida por los estudiantes enardecidos contra su tiranía, el presidente abrió las puertas de los comités y arrojó a sus partidarios fanáticos del Klan Radical a la conquista de la ciudad por la violencia y la amenaza. Es la Mazorca; Yrigoyen imita a Rosas, vociferaban los liberales. Y el rosismo volvía a emplearse, como tantas otras veces, de escapatoria de la realidad, de anacrónica actualización de lo definitivamente superado para eludir las responsabilidades del futuro. Buenos Aires se cubrió de manifiestos, carteles y volantes falsificados por los antiyrigoyenistas que atribuían al presidente los mayores disparates.

Gran Bretaña y los Estados Unidos estaban de parabienes. La prensa anglonorteamericana comentaba los acontecimientos argentinos con una severidad que traslucía su despecho por el nacionalismo de Yrigoyen. Tenía clavada la espina del petróleo inaccesible a los monopolios. Por el acuerdo Achnacarry de 1928 la Argentina quedaba dentro de la órbita inglesa, lo que no implicaba la renuncia de la Standard Oil a sus ambiciones.

Yrigoyen concitaba el odio del imperialismo. Había reducido de 132 000 a 35 000 hectáreas las tierras en poder de las empresas petroleras, implantando la explotación estatal en Salta, impedido que las fuentes hidroeléctricas de la provincia de Córdoba se traspasaran a un sindicato norteamericano, hecho aprobar por la Cámara de Diputados un proyecto de régimen legal del petróleo (rechazado por el Senado y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia) y negado a las empresas de tranvías de la Capital Federal y del puerto de Rosario sus pretensiones en materia de tarifas y fletes.

El proyecto de convenio con la Unión Soviética rebasó la medida de la tolerancia de los monopolios anglonorteamericanos. Era similar al considerado en las discusiones con la misión inglesa D’Abernon. Por primera vez la Argentina hacía una negociación de esa índole de Estado a Estado. La empresa soviética Iuyamtorg, instalada en Buenos Aires, se comprometía a entregar 250 000 toneladas de petróleo, a cambio de cueros, lana, extracto de quebracho, ovejas y caseína.

Los contubernistas asieron el argumento del imperialismo: Yrigoyen era prisionero de agitadores soviéticos y anarquistas,[34] Ante las dos ramas del Congreso pidieron que se le sometiera ajuicio político.

¿Qué sentido tenía la despiadada y sin cuartel guerra contra el primer presidente designado por el voto popular, primer presidente también que levantó los intereses nacionales frente a los monopolios extranjeros? ¿Qué ofrecían los antiyrigoyenistas en lugar del gobierno despreciado y atacado con tanta violencia? Nada más que la defensa del equilibrio sociopolítico interno de una nación satélite de las potencias capitalistas dominantes.

Los liberales eran moribundos que se agitaban entre nostalgias de un pasado irreversible. Estaban enajenados a una idea fija: la República democrático-burguesa acoplada a un imperio que se desmoronaba. Ni el imperio podía recuperar la gloria victoriana, ni la República podía avanzar por rutas extrañas a su desarrollo independiente. Tampoco la democracia que reclamaban las masas encajaba en moldes de partidos que nacieron bajo el signo de la imitación para representar a clases sociales que terminaron por rebelarse contra los esquemas importados.

A la hora de la crisis los jefes políticos concertaron de hecho un contubernio que a todos comprometió al cargar sobre las espaldas del octogenario Yrigoyen la responsabilidad por el desmoronamiento de la superestructura ideológica y política tradicional, desmoronamiento que ellos no acertaban a interpretar a no ser para preocuparse de que la sociedad argentina yaciera largos años estrangulada por instituciones en esclerosis. Nicolás Repetto tuvo el triste privilegio de entonar en esos días la apología de los oligarcas del 90.

Precipitaron el golpe del 6 de setiembre tanto la parálisis que afectó finalmente a la administración yrigoyenista como la febril actividad de una oposición que, incapaz e inhabilitada para conquistar el poder por sí misma, fue a los cuarteles a mendigar a los militares que lo hicieran. Varios meses de nihilista agitación de conservadores, antipersonalistas, demócratas progresistas, socialistas y socialistas independientes, secundados por la Federación Universitaria Argentina y la gran prensa, prepararon el clima moral y político del paseo marcial que condujo al general Uriburu a la Casa Rosada. Ganaron la guerra psicológica, pero todos, incluidos los que se proclamaban antimilitaristas y denunciaron y combatieron a la dictadura, quedaron sometidos en adelante a una inapelable alternativa: el fraude electoral o la intervención del ejército.

Tres lustros tardó el pueblo argentino en recuperarse de la derrota. Dirigentes y partidos, restos arqueológicos de antes de 1930, reincidieron en el contubernio tantas veces cuantas la chusma levantó la cabeza.

RODOLFO PUIGGROS (Buenos Aires, 1906 - La Habana, 1980). Periodista, historiador y político. Además de las extensas publicaciones en materia de historia, sociología y filosofía, trabajó como redactor desde 1935 hasta 1955 en el diario Crítica, y en 1962 fue co-fundador del periódico El Día, manteniendo una columna permanente hasta 1977.

Fue docente y conferencista en las universidades de La Plata, Buenos Aires, El Salvador, Córdoba, Cuyo y Tucumán, en la Argentina y en la Sorbona (Francia), San Javier (Bolivia), San Marcos (Perú) y especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde formó numerosos discípulos y sus libros son actualmente bibliografía obligatoria en varias facultades.

Notas a la Introducción

[1] Queda para la historia, como modelo clásico, la crisis inventada por Raúl Prebisch en 1955, con el objeto de justificar el paso de una política de nacionalizaciones y economía de Estado a una política de libre empresa y entrega de la economía a los consorcios imperialistas, fraguando el fracaso de la primera y dando como remedio la segunda. <<

[2] Ver sobre el tema a Vicente D. Sierra, El sentido misional de la conquista de América, Ediciones Huarpes, Buenos Aires, MCMXLIV. Este autor incurre en gruesas inexactitudes en apoyo de sus caprichosas tesis. Dice que España «puede reivindicar la gloria de no haber surgido en sus entrañas una sola herejía filosófica o teológica» (pág. 22). No parece haber leído la Historia de los heterodoxos españoles del ultracatólico Menéndez y Pelayo, aunque la cita. Olvida que en España proliferaron el arrianismo, el maniqueísmo, el priscilianismo, el donatismo, el nestorianismo, el origenismo, el ithacianismo, el libelatismo, el predestinatismo, el acefalismo y otras heterodoxias menores, además de «la grande herejía de la Edad Media, desde el siglo XII al XV» (el averroísmo), originaria del suelo hispánico y combatida por Tomás de Aquino. Podría afirmarse que España fue el país católico en cuyas entrañas surgieron mayor número de herejías. <<

[3] No se cansaba el rey Fernando de exigir «diligencia y cuidado» en la extracción y el envío de oro de América. V. Ricardo del Arco, Fernando el Católico, Zaragoza, 1938, pág. 163. Un autor tan insospechable de herejía como Juan de Solórzano Pereira decía (Política indiana, 1. I, cap. XII, N.º 1): «A los Españoles movió la codicia, no la Religión a la conquista» y son conocidos los versos de Lope de Vega, «Con color de religión —van a buscar plata y oro— Del encubierto tesoro». <<

[4] Ernesto Palacio, Historia de la Argentina, Alpe, Bs. As., 1954, pág. 81. <<

[5] Juan Bautista Alberdi, Bases, Jackson, Bs. As., 1944, pág. 66. <<

[6] Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Rosso, Bs. As., 1938, pág. 38. V. también Las ciento y una, Conflicto y armonías de las razas en América, etcétera. <<

[7] Carlos Octavio Bunge, Nuestra América, Madrid, Espasa-Calpe, 1926. <<

[8] Ibídem, prólogo de Ingenieros, pág. 13. <<

[9] José Ingenieros, Los precursores, Editorial P. Ingenieros, Bs. As. <<

[10] José Ingenieros, Sociología argentina, Losada, Bs. As., 1946, págs. 31-32. <<

[11] Revista de Filosofía, Buenos Aires, 1915, I. <<

[12] Fue Lassalle el padre de la teoría de los factores al aplicarla al análisis de lo que es una Constitución. El escritor mexicano Antonio Caso (1883-1946) —de tanta influencia ideológica en la etapa revolucionaria de su país— sostenía que debían formar parte de la Constitución de México: el ejército, los acaudalados, el proletariado o sindicalismo obrero y la Iglesia Católica. Admitía un quinto factor: el poder de los Estados Unidos, pero afirmaba que no debía integrarse pues si así se hiciera México dejaría de ser país independiente. Antonio Caso: México. Apuntamientos de cultura patria. Imprenta Universitaria, México, 1943, pág. 9. En la Argentina resucitó la teoría de los factores para usarla con objetivos políticos inmediatos el grupo financiero-periodístico que desde la revista Qué sucedió, organizó e hizo triunfar la candidatura del doctor Arturo Frondizi, con la diferencia de que ese grupo no rechazaba, como Caso, a los Estados Unidos, sino que lo consideraba el factor de poder determinante y el fundamento de lo que llamó, una vez en el gobierno, plan de desarrollo, siendo en la práctica un plan de desarrollo deformado a costa del desarrollo natural y autónomo del país. <<

[13] José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas, Editorial Problemas, Bs. As., 4 tomos. Agustín Alvarez desarrolla, en su «ensayo de psicología política» —South America, Rosso, Bs. As., 1933— las ideas de los autores citados desde el punto de vista de la moral. <<

[14] José Ingenieros, Sociología, op. cit., pág. 63. <<

[15] El «Banco Interamericano de Desarrollo» cometió la indiscreción de informar en marzo de 1961 que había diez mil millones de dólares de capitalistas latinoamericanos depositados en bancos europeos y yanquis. Era sabido que las inversiones en América Latina no pasaban de nueve mil millones de dólares. Dejamos que el lector extraiga las necesarias conclusiones de esas cifras comparadas. <<

[16] Héctor P. Agosti, El mito liberal, Procyón, Bs. As., 1959, pág. 57. <<

[17] Ibídem, pág. 46. Agosti niega que Rivadavia fuese liberal, «no obstante sus recaídas en Bentham», lo que sería lo mismo que decir que la oveja no es lanuda no obstante tener lana. <<

[18] Eurindia, págs. 159-160. <<

[19] Karl Jaspers, Origen y meta de la historia, Madrid, Revista de Occidente, 1950, I, 8 y La filosofía, IX, 82. <<

[20] En Los orígenes de la filosofía (Costa-Amic, México, 1961) hemos criticado con la mayor extensión esas afirmaciones de Jaspers. <<

[21] Ver referencias a la correspondencia entre Aranda y Floridablanca en Modesto Lafuente: Historia general de España, Barcelona, 1889, t. XV, págs. 85 y siguientes. <<

[22] Escribió, o al menos firmó, una obra titulada Assertio septen sacramentorum contra Martinun Lutherum. Además conocía de memoria la Suma teológica de Tomás de Aquino. Este Barba Azul, tocador del laúd y la flauta, era, al fin de cuentas, un hombre de su época, al que no le faltaban inclinaciones al misticismo perfectamente compatibles con la glotonería. <<

[23] Lenin, Cahiers Philosophiques, París, Editions Sociales, 1955, pág. 64. <<

[24] El realismo del siglo XI sostenía (en oposición al nominalismo y rehabilitando la doctrina platónica de los universales) que las ideas o conceptos generales constituyen la única realidad. <<

[25] El análisis de lo particular (y de lo nacional) en función exclusiva de lo universal, sin ver las interconexiones de causa determinante y efectos determinados es propio del pensamiento idealista. Un ejemplo clásico de idealización de la historia lo da el enfoque de Arnold J. Toynbee en Estudio de la historia, Emecé, Buenos Aires, 1961, I, Introducción. <<

[26] Lenin decía en uno de sus primeros escritos de juventud: «El marxismo se funda sobre los hechos de la historia y de la realidad rusas». Le contenu íconomique du populisme et la critique q'en fait dans son libre M. Strouvé (1894), Oeuvres, tomo I (1893-1894), Editions Sociales, París, Editions en Langues Etrangeres, Moscú 1958, pág. 426. <<

[27] Resoluciones del VII Congreso de la Internacional Comunista, Buenos Aires, 1935, Ediciones Cauce, pág. 13. <<

Notas al Capítulo 1

[1] V. nuestro libro La España que conquistó al Nuevo Mundo, 2.ª edición, Siglo XX, Buenos Aires, 1965. <<

[2] El Estado español se declaró en quiebra en 1797; no pudo sostener su autonomía económica y política en el cuadro dominante de las rivalidades anglo-francesas. <<

[3] Esta doctrina fue sustentada, en general, por los criollos de toda Hispanoamérica. El Ayuntamiento de la ciudad de México se pronunció en términos semejantes a la tesis de Castelli. El licenciado Verdad, fray Melchor de Talamantes y otros prominentes mexicanos de la época coincidieron en la idea de que el pueblo «recobraba su soberanía». <<

[4] Prosas del autor de Martín Fierro (Las dos políticas), Futuro, Bs. As., 1944, pág. 18. Juan Bautista Alberdi: Carlas quillotanas, Bs. As., 1932, pág. 20. Las dos políticas se atribuyó a José Hernández, pero últimamente se ha probado que su autor fue Olegario Andrade. <<

Notas al Capítulo 2

[1] El paso al monopolio vino acompañado, entiéndase bien, de la aplicación desenfrenada, en la cúspide de la era victoriana, de una política de liberalismo y laissez faire necesaria a la expansión imperial inglesa.

El laborista John Strachey, inspirado en su afán de glorificar al imperialismo inglés, acusa a los gobiernos de América del Sur del siglo pasado de «fallar en los pagos» de los empréstitos, no obstante lo cual «no hubo nunca necesidad de llamar la flota», porque «aunque (esos gobiernos) no fuesen muy estables, ni eficaces en otros respectos, se prestaban bien, comparativamente a los intereses de los inversionistas». V. John Strachey, El fin del imperio, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962, págs. 134-135. La verdad es que Gran Bretaña se cobró con creces empréstitos que, por lo general, no entregó en su totalidad, valiéndose de diversas mañas y sobornando a los intermediarios. Esa idea de la «estafa» de que fueron víctimas los ingleses o del carácter «benefactor» de sus inversiones aparece en muchos escritores de esa nacionalidad. A. M. Samuel asegura que «las inversiones británicas del siglo XIX fueron regalos no préstamos». (Has Foreign Investment Paid?, en Economic Journal, 1930). A. E. Kahn (Investment Criteria in Development Programs, en Quarterly Journal of Economics, febrero 1951, pág. 61) habla de «las faltas posteriores de pago de los países favorecidos con las inversiones». En el mismo sentido se pronuncia Thomas Balog (The Dallar Crisis, Oxford, 1949, pág. 166). M. M. Knight (Morocco as a French Economic Ventura, New York, 1937, pág. 16) asegura que «el sistema básico de ferrocarriles, carreteras y puertos […] fue establecido como un verdadero regalo del contribuyente francés». Le faltó aclarar que ese «regalo» le era indispensable para obtener los enormes dividendos de sus inversiones generales, del mismo modo que los ingleses «regalaron» a la Argentina los ferrocarriles para exportar carne y cereales e introducir sus manufacturas. <<

[1bis] Juan Bautista Alberdi, Bases, Jackson, Buenos Aires, 1944, págs. 47-49. <<

[2] Coinciden en ese juicio, entre muchos otros, Rodolfo Ghioldi, mitrista declarado y confeso (conferencia pronunciada en el salón «Los dos chinos» de Mendoza y reproducida en Orientación del 9 de julio de 1947); y el también mitrista José P. Barreiro (conferencia pronunciada en el Museo Mitre y reproducida en La Nación del 19 de junio de 1946). <<

[3] Ibídem. Rodolfo Rivarola decía del Congreso: «No era, en realidad, el pueblo argentino o el pueblo único de la Confederación Argentina el que estaría representado en el Congreso, sino las entidades provinciales, según el pacto de sus gobernantes de hecho», Ensayos históricos, Buenos Aires, Coni, 1941, págs. 33-34. <<

[4] Juan B. Alberdi, Cartas quillotanas, Buenos Aires, 1932, págs. 28 a 30. <<

[5] Th. Vogelstein (cit. por Lenin: Oeuvres, lomo 22, Editions Sociales, 1960, págs. 218-219) sitúa el verdadero comienzo de los monopolios modernos en 1860-1870, cuando en Inglaterra llegó a su apogeo el capitalismo de libre concurrencia. Las guerras hispano-americana (1898) y anglo-boer (1899-1902) que Lenin (ibídem, pág. 313) vincula al imperialismo fueron treinta años posteriores a la de la Triple Alianza, cuyo carácter imperialista es evidente. <<

[6] Tres años antes del estallido de la guerra se fundaron los tres primeros bancos ingleses en Buenos Aires (Londres y Río de la Plata, Londres y Brasil, Británico de América del Sur). Hasta sus nombres indican su carácter imperialista. La ofensiva del capital financiero británico se extendió a toda América Latina. En 1894 se estableció en México el London Bank of México and South America Limited. <<

[7] Dice, refiriéndose a Australia, Douglas B. Copland (cit. Ragnar Nurkse: Problemas de formación de capital, FCE, 1960, pág. 301): «Todas las industrias primarias (con excepción de las industrias del pastoreo) fueron desarrolladas, en parte, como resultado de la acción del Estado y del apoyo organizado de ciertas clases […] El Estado vino a estimular la colonización construyendo ferrocarriles, suministrando riego y proporcionando capital a los colonizadores». <<

[8] En la mente de Alberdi no tenía cabida la idea de que la Argentina se convirtiera en colonia o dependencia de Inglaterra, idea que entusiasmó, antes y después de Alberdi, a algunos argentinos. Proponía la inmigración de trabajadores europeos y la inversión de capitales extranjeros como política de transición para crear, a través de un rápido e intenso despertar de las fuerzas productivas nacionales, la indispensable base de ahorro y capitalización interna. Aplicada en 1860-1890, impulsó el desarrollo capitalista del país, pero trasladada a mediados del presente siglo la doctrina de la necesidad de las inversiones extranjeras para lograr el aumento de la productividad, conspira contra el fomento y el empleo de la capitalización nacional, es decir, contra el aumento de la productividad que falsamente promete. Campeón de esta doctrina fue el doctor Raúl Prebisch. La expresó ampliamente en el trabajo titulado El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas (El Trimestre Económico, México, vol. XVI, número 3, julio-setiembre de 1949), publicado en inglés en 1950 por la ONU (The Economic Development of Latin America). <<

Notas al Capítulo 3

[1] «Ningún período de la sociedad moderna fue tan favorable al estudio de la acumulación capitalista como el de los últimos veinte años (1846-1866). Diríase que ella descubrió la rueda de la fortuna. Y entre todos los países Inglaterra nos brinda el ejemplo clásico, ocupa el primer lugar en el mercado mundial: sólo en ella la producción capitalista adquirió el máximo desarrollo; en ella, en fin, la introducción, después de 1846, del reino milenario de la libre concurrencia expulsó a la economía política vulgar de sus últimos reductos». K. Marx, El capital, lib. I y cap. XXIII, V. <<

[2] Luis Guilaine, La République Argentine, París, 1889, Librairie Imprimeries Réunies, págs. XXX a XXXIII. <<

[3] 1843 familias poseían en 1935 una superficie de 417870 kilómetros cuadrados, o sea más tierras que en Inglaterra, Bélgica y Holanda juntas. En los fundamentos de la Ley contra el latifundio (julio de 1942) el gobierno conservador bonaerense denunciaba que 221 propietarios tenían 593 inmuebles con una superficie de 4130021 hectáreas avaluadas en 683 787 900 pesos, y 51 sociedades (muchas de ellas extranjeras) poseían 153 inmuebles con 916035 hectáreas, avaluadas en 149738200 pesos. <<

[4] Desde 1876 a 1895 se instalaron en los ingenios tucumanos 589 motores con 10943 caballos de fuerza y la producción de azúcár pasó de 1200 toneladas en 1874 a 11000 en 1880 y a 151539 en 1901. La superficie cultivada de viña aumentó en Mendoza de 100 hectáreas en 1876 a 3500 en 1881 y a 38000 en 1909. <<

[5] Gunnar Myrdal (Solidaridad o desintegración, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962, pág. 35) puntualiza los efectos de los ferrocarriles en los países atrasados. «En los viejos países (y en los nuevos sin largo pasado nacional, R. P.) —dice—, la construcción de ferrocarriles, que pertenece a la primitiva fase de industrialización, provocó una verdadera conmoción mental en la población de aisladas comunidades rurales, cuándo las cuadrillas de trabajadores emprendieron su obra […]. Los ferrocarriles, las redes telefónicas y otras comunicaciones, junto con la construcción de escuelas y su mejoramiento, representaron poderosas fuerzas que alteraron la estratificación social y las comunidades locales. Un efectivo mercado de trabajo, más amplio que el local empezó a funcionar; y el comercio de menudeo transportó a todos lados una variedad de mercancías producidas en todo el país. Empezaron a fluir nuevas ideas y se iniciaron movimientos populares: en favor de la abstinencia alcohólica, del sindicalismo, del sufragio universal, de mayor libertad religiosa, de igualdad de derechos y oportunidades para la mujer, etc. Cada uno lleva el sello de la nueva etapa de libertad y de racionalismo social». <<

[6] The Bankers Magazine de Londres daba cifras distintas en una memoria de setiembre de 1862, redactada así: «Una empresa a la que se le dará el nombre de The London, Buenos Aires and River Plate Bank (Limited), con un capital de 500000 libras en 5000 acciones de 100 libras cada una y poder de aumento, ha sido anunciada». <<

[7] Anuario Pillado de 1900. <<

[8] Véase Joseph Dorfman, El pensamiento económico en la civilización norteamericana, Editorial Guarania, México, 1957, t. II, págs. 88 a 98. <<

[9] En realidad, F. List no abogaba por el proteccionismo como principio abstracto, sino como instrumento político de fomento del desarrollo capitalista nacional. Creía que el libre cambio podía, en su época, ser beneficioso «para Inglaterra y no para Alemania y los Estados Unidos. Stuart Mili llamaba, en Principles of Political Economy, «un aumento de las industrias infantiles» (infant industries) al proteccionismo de List. <<

Notas al Capítulo 4

[1] Esos obreros trabajaban en cervecerías, aserraderos, carpinterías mecánicas, curtiembres, imprentas, fábricas de cigarrillos, jabón, galletitas, carruajes, muebles, chocolate, calzado, fósforos, ladrillos, fideos, etc. V. Censo Nacional de 1914, VIII, 19. «Son los cientos de obreros que emplea Adrián Prat en la fábrica de tejidos de lana y en su tintorería; es Berisso en sus saladeros, Bieckert en la cervecería, Zamboni en talleres mecánicos y fundición, Durán con la fábrica de cigarrillos, Cerrano con la fábrica de cal, que abren paso al progreso industrial dando las condiciones para el surgimiento del proletariado». Faustino Jorge: La Asociación Internacional de Trabajadores en la Argentina, Revista Argumentos, diciembre 1938, N.º 2, págs. 170-174. Algunas de esas fábricas fueron absorbidas posteriormente por monopolios extranjeros, como la cervecería Bieckert adquirida por los ingleses en 1889 en 20 millones de francos. <<

[2] La primera sociedad de resistencia conocida fue la Unión Tipográfica (1878), que se fusionó con la Tipografía Bonaerense. Luego se fundaron: la Internacional de Carpinteros, Ebanistas y Anexos (1885), la de panaderos (1886), la de albañiles, la de sombrereros, la de tipógrafos alemanes (1890), La Fraternidad de maquinistas y foguistas (1877), etc. La primera huelga conocida fue la de tipógrafos (1878), que reclamaban la regularidad de una jornada que entonces concluía a la una de la madrugada. <<

[3] Faustino Jorge, Las primeras divisiones en el campo obrero y El primer proceso por asociación ilícita, en Nueva Revista, Nros. 1 y 2, de octubre y noviembre de 1934. <<

[4] Revista Masónica Americana, N.º 12, Año III, 31 julio de 1875, artículo de Victory y Suárez. Años antes llegaron al país inmigrantes que participaron en las revoluciones de 1848 en Francia, Italia y Alemania. Entre ellos se destacaron Amadeo Jacques y Alejo Peyret. Su influencia, importante en la educación, fue nula en las luchas sociales, pues se plegaron al orden imperante. <<

[5] «Los marxistas fueron no sólo quienes comenzaron las tareas organizativas sino también quienes dotaron a la clase obrera del primer periódico: El Trabajador, del cual aparecieron muy pocos números […]. A El Trabajador siguieron una serie de periódicos. En 1875 apareció Le Revolutionnaire, dirigido por S. Poureille; en 1879 La Vanguardia, dirigida por Eduardo Camaño; en este último año hace su aparición el primer órgano anarquista de que hay noticia, El Descamisado; en 1880 nace El Perseguido, también anarquista; en 1882, La Lucha Obrera, socialista; en 1883, Le Prolétaire, también socialista; en 1890, G. A. Lallemant saca El Obrero, de orientación marxista». V. artículo citado de Faustino Jorge. <<

[6] Dogma socialista y un estudio de Esteban Echeverría sobre la revolución francesa de 1830 dan una idea de esa influencia. «El doctor López (Vicente Fidel) recuerda, en una página autobiográfica, que nadie es capaz de imaginarse el sacudimiento moral que produjo en la juventud argentina la revolución francesa del año 1830». Carlos Ibarguren: La historia que he vivido, pág. 64. <<

Notas al Capítulo 5

[1] Desde 1853 a 1890 entraron en el país un millón y medio de inmigrantes, la población pasó de uno a tres millones de habitantes, las exportaciones subieron de 13 millones a más de 100 millones de pesos oro y el intercambio comercial de 35 millones a 243 millones de pesos oro. Infra, págs. 87-88. <<

[2] V. Louis Guillame, op. cit., pág. XXIV. <<

[3] En 1889 se autorizaron 39 concesiones para construir 12 000 kilómetros de vías férreas. Entre 1887 y 1890 se constituyeron 250 sociedades por acciones con un capital nominal de 764 millones de dólares. Las negociaciones en bienes raíces pasaron de 40 millones en 1886 a 300 millones en 1889. Las entradas del presupuesto nacional subieron de 19 594 306 pesos en 1880 a 73 150 856 pesos en 1890, los gastos de 26 919 295 pesos a 95 363 854 pesos y el déficit de 7 324 989 pesos a 22 212 998 pesos. La deuda externa nacional aumentó de 10 millones de libras esterlinas en 1870 a 50 millones en 1890. El tonelaje de los barcos que entraron al puerto de Buenos Aires aumentó de 644 570 en 1880 a 4 507 096 en 1890. <<

[4] La formación del capital para la industria no podía provenir más que del traspaso de ahorros de las actividades agropecuarias, pero los conservadores de diversos pelajes califican ese traspaso de despojo y a todo nacimiento industrial que no sea espontáneo lo llaman artificial. <<

[5] «Y a pesar de las imprudencias del principio, México había pagado un promedio por subvención de 8,935 pesos por kilómetro. La Argentina había subvenido sus vías con 31,396 pesos, y Chile con 17,135 pesos». Emilio Rabasa, La evolución histórica de México. Ediciones Frente Cultural, Biblioteca Nueva Cultura, México, pág. 167. <<

[6] Los tipógrafos se declararon en huelga en 1878 para conquistar la fijación de horarios de trabajo. En 1887 los zapateros fueron a un paro por mejores salarios; en 1888, poco antes que los de Sola, se declararon en huelga los ferroviarios del Central Argentino (Buenos Aires y Rosario) en protesta por la detención y los malos tratos que sufrió un maquinista. En 1889 estallaron 3 huelgas; en 1890, 4; en 1891, 2; en 1892, 2; en 1893, 3; en 1894, 9; en 1895, 19 y en 1896, 26. <<

[7] El periódico La Unión de Esperanza, fundado el 1.º de noviembre de 1891, registra la historia de esas luchas. La elección de los jueces de paz por los mismos colonos era una de las principales exigencias. Esos funcionarios (dueños de pulperías y prostíbulos) se enriquecían con las arbitrarias multas que aplicaban. El juez de Esperanza prohibía «la plantación de árboles, dando por razón que atraían los insectos». V. Las colonias de Santa Fe, Rosario, 1864, de Guillermo Perkins (en castellano e inglés). <<

[8] En ningún país tuvo tanta vigencia como en la Argentina el lema de la nonchalance de los fisiócratas: «Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-meme». <<

[9] Juan Balestra, El Noventa, 1935, Buenos Aires, pág. 77. <<

Notas al Capítulo 6

[1] «De hecho, los verdaderos partidos datan de apenas un siglo. En 1850, ningún país del mundo (con excepción de los Estados Unidos) conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos». Maurice Duverger, Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1957, pág. 13. <<

[2] He aquí la evolución política de Adolfo Alsina: secretario del general Paz en la guerra contra Rosas y Urquiza; jefe del movimiento del 11 de setiembre de 1852 de los unitarios para derrocara Urquiza; redactor del periódico antiurquicista Nueva Epoca; cabecilla de la logia Juan Juan que le encomendó (junto a Hornos y Rossi) el asesinato del caudillo entrerriano; creador de la pandilla (unitaria) en oposición al chupandino (federal); fundador del partido autonomista bonaerense; gestor de la candidatura presidencial de Urquiza; propulsor del acuerdo entre nacionales y autonomistas y de la conciliación de los partidos. V. Enrique Sánchez, Biografía del Dr. Adolfo Alsina, Buenos Aires, 1878, La Tribuna. <<

[3] La superioridad de Roca sobre Mitre radicaba en su mejor conocimiento del país. Sus años de jefe de frontera le permitieron tejer pacientemente la tela e interpretar los intereses de las oligarquías locales. Su correspondencia con Juárez Celman lo demuestra. <<

[4] Por la misma época, y con iguales propósitos de consolidación del frente interno para atraer al capital extranjero, Porfirio Díaz proclamó en México el lema Poca política y mucha administración. <<

[5] V. Federico Pinedo, En tiempos de la República, Editorial Mundo Forense, Buenos Aires, 1946, l, pág. 10. <<

[6] Juan Bautista Alberdi, La República Argentina consolidada en 1880, Buenos Aires, La Facultad, pág, 42. <<

[7] El senador Ibarzábal, defensor de la federalización de la ciudad de Buenos Aires en el Congreso, dijo que tal medida era reclamada por «las naciones del mundo que están en relación con la República Argentina» para dar garantías «a los grandes intereses mercantiles acumulados en aquella ciudad». Sarmiento declaró: «En América el embajador o el cónsul francés o inglés, hombres oscuros en la política de su país, se darán el gusto de tener un papel principal en nuestros negocios, de figurar en primera línea en los acontecimientos humanos». V. Revista de Derecho, Historia y Letras, LXXIV, 1923, pág. 175. <<

[8] Roca destituyó a José Manuel Estrada, dirigente de la Asociación Católica, del rectorado del Colegio Nacional. Durante los gobiernos de Roca y Juárez Celman se sancionaron las leyes de educación común, o enseñanza laica, y matrimonio civil. <<

[9] «Pero aunque la oposición tenía un tinte democrático y mayor aporte de la pequeña burguesía, en última instancia, la lucha estaba entablada entre dos fracciones de los terratenientes capitalistas». Luis V. Sommi, La Revolución del 90, Editorial Monteagudo, Buenos Aires, 1948, pág. 14. <<

[10] «Por temor a un cese inmigratorio que frenase la prosperidad material del país, se sacrificaron principios ligados afectiva y culturalmente a la tradición de la República». Agustín Rivero Astengo: Miguel Navarro Viola, Buenos Aires, 1947, Kraft, pág. 264. <<

[11] Luis V. Sommi, op. cit., pág. 19. <<

[12] Repetto elogió la legislación juarista en la sesión de la Cámara de Diputados del 28 de agosto de 1930, casi en vísperas del derrocamiento por la oligarquía del gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Dijo que «las leyes dictadas en la década 1880-1890 representaron una acción legislativa que me atrevo a calificar de fundamental. ¡Qué cosa extraordinaria! La época del régimen, del más crudo régimen político argentino, es aquélla en que esta legislatura nacional nos da un conjunto de leyes que son realmente un monumento de previsión, de progreso y también de liberalismo». Ponía en la misma bolsa a las leyes laicas (matrimonio civil, educación laica) y a las leyes entreguistas (transportes, obras públicas); las calificaba de «grandes leyes», de «leyes modelo», «dictadas por parlamentos inteligentes y capaces». También el más tarde radical yrigoyenista Ricardo Rojas llamó a esa época la «de mayor progreso que haya tenido la República». Discurso en el Jockey Club del 22 de junio de 1921. <<

[13] Eduardo Astesano (Historia de la independencia económica, El Ateneo, Buenos Aires, 1949, págs. 234235) hace notar que «las dos leyes sobre patentes de invención y marcas de fábricas y de comercio, dictadas en los años 1866 y 1876, respectivamente, respondieron a las necesidades de amparar los productos extranjeros, porque nuestras primeras industrias de competencia surgieron falsificando el producto importado, en la misma forma como la industria inglesa, cincuenta años antes, había destruido nuestra incipiente industria doméstica y artesanal falsificando nuestros ponchos, lomillos y coronas». <<

[14] Agustín Riberto Astengo, Juárez Celman, op. cit., pág. 436. <<

Notas al Capítulo 7

[1] Aristóbulo del Valle, que se había opuesto con Alem a la venta a los ingleses del Ferrocarril del Oeste, dijo que la «orientación argentina es que los ferrocarriles deben ser de la Nación» y que «el móvil de los concesionarios no es desarrollar nuestra industria, nuestro progreso y llevar la civilización al desierto. Tales móviles no se le pueden atribuir al más honrado de los empresarios. Ellos vienen a fomentar sus propias intereses».

«Se tira el tesoro por la ventana —agregaba— para satisfacer la codicia de los empresarios sórdidos que vienen a abusar de su influencia para enriquecerse en un día […]. Un país nuevo que llama así a los capitales extranjeros y prodiga la tierra pública sin discernimiento está amenazado de un serio y gravísimo peligro». Aristóbulo del Valle, La política económica argentina, Raigal, Buenos Aires, 1955. <<

[2] «Habían sido anteriormente (los miembros de la Unión Cívica) autonomistas, mitristas, alsinistas, rosistas, antirrosistas, radicales rochistas, yrigoyenistas, federales. Una antigua tradición de intolerancia y de odio, movía todo ese conglomerado». Mariano G. Bosch, Historia del Partido Radical. La U. C. R. 1891-1930, Buenos Aires, Edición del autor, 1931, pág. 6. <<

[3] Luis V. Sommi, op. cit., pág. 101. <<

[4] Siete cadetes que asistieron al mitin del Jardín Florida fueron expulsados del Colegio Militar. La Unión Cívica de la juventud abrió una colecta pública para costearles una carrera universitaria, a la que se opuso el doctor Juan B. Justo que ya entonces se inspiraba en ese criterio estrecho que se niega a comprobar las relaciones existentes entre las fuerzas armadas y la sociedad en uno u otro sentido. <<

[5] Carta del 26 de julio de 1891, publicada en El Argentino del 1.º de agosto del mismo año. El general Campos se refería al acuerdo con la oligarquía en oposición a la intransigencia que comenzaban a agitar Alem e Yrigoyen. <<

[6] José Bianco, La doctrina radical, Buenos Aires, Rosso, 1927, pág. 16. <<

[7] La Biblioteca, año I, N.º 7, diciembre 1896, pág. 616. Correspondencia confidencial entre Bernardo de lrigoyen y el general Mitre, 5 y 6 de junio de 1891. <<

[8] Jorge Abelardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina (El papel de las masas en nuestra historia), Amerindia, Buenos Aires, 1957. <<

Notas al Capítulo 8

[1] José Bianco, op. cit., pág. 33. <<

Notas al Capítulo 9

[1] El Partido Socialista en la República Argentina, Controversia E. Ferri-Juan B. Justo, Buenos Aires, La Vanguardia, 1915, págs. 8 y 12. <<

[2] Personalidad parlamentaria de José Hernández, I, 1947, La Plata, pág. 29. <<

[3] José Bianco, La doctrina radical, Buenos Aires, 1949, págs. 49, 50 y apéndice. <<

[4] Carlos Pellegrini, Escritos y discursos, pág. 263. <<

Notas al Capítulo 10

[1] Las obras de Jeremy Bentham, máximo expositor del utilitarismo inglés, fueron textos de estudio en la Universidad de Buenos Aires desde su fundación por Rivadavia hasta avanzado el siglo XX. Eran autoridades para los sociólogos, economistas y políticos argentinos y las citaban en abono de sus tesis. Juan Agustín García (Sobre nuestra incultura, Buenos Aires, 1922) achacaba a la influencia del positivista inglés Spencer todos nuestros males; en cambio lamentaba que no se hubiera seguido al positivista francés Comte, cuyo lema Orden y Progreso había hecho del Brasil un país admirable. Paul Groussac coincidía en esas preferencias por el francés y acusaba al spencerianismo de edificar la prosperidad nacional sobre arena. Al margen del error de atribuir a agentes ideológicos lo que obedecía a causas socioeconómicas, esas críticas enmarcan la tendencia dominante del pensamiento. <<

[2] Benedetto Croce, Historia de Europa en el siglo XIX, Ediciones Imán, Buenos Aires, 1950, caps. I y II. <<

[3] La política proteccionista, aunque atacada por las potencias imperiales cuando la aplican países coloniales y dependientes, no es incompatible con la vigencia en el orden interno de las normas liberales, como lo prueban Inglaterra, Francia y Estados Unidos con la consecuente protección de sus productores. <<

[4] A. B. C., La política argentina, Buenos Aires, 1904, Robles y Cía., pág. 46. <<

[5] Manuel Gálvez, Vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio, Buenos Aires, 1939, pág. 157 y siguientes. Paul Groussac, el gran amigo de Pellegrini, decía que éste «no llegó sino en su edad madura —a partir de su corta y tempestuosa presidencia— a la plenitud de la personalidad intelectual y moral». Páginas de Groussac, Buenos Aires, Rosso, pág. 262. V. Carlos Pellegrini, La Nación en marcha, Buenos Aires, Jackson, pág. 63. <<

[6] Orejudos (oligarcas o conservadores) era la generalización del apodo petiso orejudo aplicado a Marcelino Ugarte por los radicales en respuesta a peludistas derivado de peludo, así llamado Hipólito Yrigoyen por los conservadores. El petiso orejudo había sido un famoso criminal. <<

[7] Esa idea, muy anglosajona, de un sistema de dos partidos que se compensaran fue alentada también por los socialistas con la esperanza de ser uno de ambos cuando el radicalismo se desgastara. Creían en la necesidad de un partido de principios, el Socialista, para poner fin a las conspiraciones y a la intranquilidad política. <<

[8] En su primera presentación al comido (1896) el Partido Socialista obtuvo 134 votos; en 1898, 105; en 1900, 135; en 1902, 165; en 1904 (con Palacios de diputado), 1257; en 1906, 3495; en 1908 (marzo), 5100, y (octubre) 5078; y en 1910, 7010. El Partido Socialista Internacional criticaba en 1918 «la preocupación destacada del grupo dirigente del Partido Socialista al conservar la mayoría a toda costa, aún a expensas de las ideas socialistas». Historia del socialismo marxista. Origen del Partido Socialista Internacional, Buenos Aires, 1918, pág. 3. Los progresos en el orden electoral inspiraron a los dirigentes socialistas y al periódico La Vanguardia la actitud ambigua frente a las huelgas y a la unidad obrera que examinaremos en otro capítulo. <<

[9] Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires, Peuser, 1954. <<

Notas al Capítulo 11

[1] Antonio Salvadores, Alem y su profecía del 80, Buenos Aires, Raigal, 1950, págs. 84-85. <<

[2] Mariano G. Bosch, Historia del Partido Radical, Buenos Aires, 1931, pág. 25. <<

[3] Historia del socialismo marxista, op. cit., pág. 4. <<

[4] «¿Quién puede negar que Hipólito Yrigoyen fue un hombre representativo, en el sentido emersoniano, de una época y de un pueblo?», se preguntaba Enrique Dickmann en Recuerdos de un militante socialista, pág. 279, libro escrito muchos años después de haber sido uno de los principales críticos de Yrigoyen. <<

[5] Engels dice que, «excepcionaimente, hay períodos en que las clases en pugna se equilibran hasta tal punto que el poder del Estado adquiere momentáneamente, como aparente mediador, una cierta independencia respecto a ambas. Tal aconteció con la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, con el bonapartismo del primero y segundo imperio en Francia, y con Bismarck, en Alemania». Lenin añade, al comentar esa frase: «Y tal aconteció también con el gobierno de Kerenski, en la Rusia republicana, después del paso a las persecuciones del proletariado revolucionario, en un momento en que los Soviets, como consecuencia de hallarse dirigidos por demócratas pequeñoburgueses, eran ya impotentes y la burguesía no era todavía lo bastante fuerte para disolverlos pura y simplemente». V. I. Lenin. El Estado y la Revolución, Lautaro, Buenos Aires, 1946, págs. 3334. Posteriormente se dieron muchos casos de Estados como los señalados por Engels y Lenin. <<

[6] Estos recuerdos se incluyen en el discurso pronunciado en el Senado de la Nación por el doctor Ricardo Caballero el 20 de setiembre de 1925. <<

[7] La huelga de los talleres de Vasena comenzó en diciembre de 1918 y fue reprimida durante la Semana Trágica del mes siguiente. Los obreros pedían la jornada de ocho horas, aumento de jornales, gratificaciones por las horas de trabajo extras, readmisión de los huelguistas y que no se tomaran represalias, 2500 obreros lucharon heroicamente, pero el conflicto se amplió y contó con gran solidaridad popular. Según un testigo de los sucesos hubo 700 muertos, 4000 heridos y millares de presos. V. Mario Boratto (ex delegado general de los talleres Vasena), La huelga de los talleres Vasena, Buenos Aires, 1919, folleto.

La huelga agraria estalló en abril de 1919. Era una lucha contra los contratos leoninos de arrendamiento y la voracidad de los comerciantes. V. Nicolás Repetto, La huelga agraria. Una historia de atropellos, luchas y miserias, Buenos Aires, 1919.

La huelga de la Patagonia comenzó en algunas estancias con modestas reivindicaciones y se extendió luego a una amplia zona. Fue reprimida por el ejército, lo mismo que la de La Forestal, en el Chaco santafesino. V. Diego Abad de Santillán, La FORA, op. cit. <<

Notas al Capítulo 12

[1] En México, mientras el cura Hidalgo (el más celoso y notable industrial del país, según lo describe Justo Sierra) disertaba contra la escolástica y se sumaba al movimiento de ilustración, los mestizos peleaban por la independencia en nombre de la Virgen de Guadalupe en celestial contienda con la española Virgen de los Remedios. Es innegable también el fanatismo religioso de los montoneros argentinos (desconocedores de los silogismos de la escolástica), cuya bandera de lucha contra los liberales porteños fue en ocasiones Religión o Muerte. <<

[2] Jorge Walter Perkins: ¿Qué ha hecho crisis en la Argentina?, Buenos Aires, Rosso, 1931, págs. 65 y siguientes. <<

[3] Prólogo de Juan Lazarte a La FORA de D. A. de Santillán, op. cit., pág. 22. <<

[4] Historia del socialismo marxista, op. cit., pág. 4. <<

[5] En la campaña que precedió a los comicios del 5 de febrero de 1961 el doctor Nicolás Repetto declaró que el pueblo argentino no era digno de los candidatos del socialismo democrático: los señores Américo Ghioldi y Juan Antonio Solari. <<

[6] Gabriel del Mazo, El pensamiento escrito de Yrigoyen, Buenos Aires, 1946, pág. 24; Ricardo Mosquera, Yrigoyen y el mundo nuevo, Buenos Aires, Raigal, 1951, pág. 16. <<

[7] Es conocida la anécdota de la visita del embajador británico a Yrigoyen cuando este último asumió la presidencia en 1916 para recordarle la costumbre de los presidentes argentinos de consultar al gobierno de Londres al elegir sus ministros. «Es una costumbre que el señor embajador debe dar por terminada», le respondió Yrigoyen. <<

[8] P. A. Martin, Latin America and the War, Baltimore, 1925. <<

[9] Ricardo Rojas dice (Ensayo de crítica histórica sobre episodios de la vida internacional argentina, Buenos Aires, Raigal, 1951, pág. 141) que Yrigoyen «no fue neutralista, ni fue tampoco aislacionista». Poco cuesta probar que precisamente por no ser aislacionista mantuvo la neutralidad argentina. <<

[10] Enrique Dickmann, op. cit., págs. 279-280 <<

Notas al Capítulo 13

[1] Decimos yrigoyenismo para apuntalar lo peculiar del movimiento y no confundirlo con las distintas formas del radicalismo que lo desvirtuaron o se le opusieron. <<

[2] Ricardo Rojas (El radicalismo de mañana, Buenos Aires, Rosso, 1932, pág. 7) llamó a la Unión Cívica Radical «el único partido nacionalista de esencia popular con que cuenta la Nación». <<

[3] «¿De dónde procede la extraña literatura de Yrigoyen? Hay algo de la prosa krausista en su lenguaje. Los krausistas españoles, que escribían muy mal, empleaban los plurales abstractos que habían aprendido de su maestro. Igualmente empleaban vocablos absurdos y feos, como Salmerón, cuando habla de contrariedad de la pre-existencia, dando a la palabra contrariedad el sentido de lo que es contrario […]. El buen krausista, según Menéndez y Pelayo, debe olvidar la lengua de su país, y todas las demás lenguas y hablar otra peregrina y estrafalaria en que bárbaro sea todo, las palabras, el estilo, la construcción». Manuel Calvez, op. cit., págs. 170-171. <<

[4] M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Emecé, Buenos Aires, VII, págs. 238, 387, 394, 406 y 412. <<

[5] Víctor Mercante, El educacionalista Pedro Scalabrini, en Revista de Filosofía, V, Buenos Aires, 1917. <<

[6] Gabriel del Mazo, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y su doctrina, Raigal, Buenos Aires, 1951, págs. 15-16. <<

[7] Para Carlos Sánchez Viamonte (El último caudillo, Editorial Devenir, Buenos Aires, 1956, págs. 40 a 42), las «frases hechas» del radicalismo «caracterizan un cierto género de ocultismo político; algo de masonería y algo de carbonarismo». <<

[8] Ricardo Rojas, op. cit., pág. 65. <<

[9] Gabriel del Mazo, El radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922-1952), Raigal, Buenos Aires, 1955, pág. 7. <<

Notas al Capítulo 14

[1] La exportación de lana siguió la siguiente evolución: 16 936 605 librasen 1849-1850; 32 294 014 en 1859-1860; 144 877 792 en 1869-1870; 215 027 386 en 1879-1880; 261 084 348 en 1889-1890 y 522 828 674 en 1899-1900. En 1875 figuró con el 54,8 por ciento de las exportaciones y en 1880 con el 67,8 por ciento. En 1889, sobre una exportación total de 100 818 903 pesos oro correspondieron 56 709 774 a lana sucia (141 774 435 kilos). La lana iba destinada por orden de importancia en el volumen a Dunquerque, Amberes, Hamburgo, Bremen, Génova, Reino Unido, Estados Unidos, Burdeos, Havre, Marsella, Barcelona y Rotterdam. Dunquerque absorbía casi la mitad. V. The Argentina Year Book, 1902, Buenos Aires, editado por la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, págs. 137-138 y The Review of the River Plate del mismo año. En 1890, la Argentina era el país que poseía mayor número de cabezas ovinas en el mundo, superando a Australia, los Estados Unidos y Rusia europea. V. Gabriel Carrasco, La República Argentina, Buenos Aires, 1890, págs. 22-23. <<

[2] La guerra de Cuba, al impedir la exportación de azúcar de la isla, estimuló su producción en otros países del mundo (V. Karl Kautsky, La question agraire, París, Girard y Briére, 1900, págs. 406-407). De esa época data el gran impulso a la producción nacional del azúcar, por el cierre del mercado cubano que tampoco compraba a la Argentina tasajo. De una importación azucarera de 100 000 toneladas en 1886 se pasó a una superproducción de 10000 toneladas en 1894. V. Rodolfo Puiggrós, Libre empresa o nacionalización en la industria de la carne, Argumentos, Buenos Aires, 1957, pág. 15. <<

[3] La exportación de productos de la ganadería ocupaba el 70 al 80 por ciento del total en 1890 y 1891 principalmente por las grandes ventas de lanas al extranjero. <<

[4] La exportación de lana siguió ocupando en ese período el primer lugar del cuadro de las ventas al exterior. De acuerdo a las cifras que hemos dado en nota anterior fueron en 1900 el doble que en, 1890. El número de cabezas ovinas aumentó en el país de 66 706 099 en 1888 a 120 millones en 1901, a razón del 33 por ciento por año y pasó de 40 animales a 250 por kilómetro. V. The Argentine Year Book, 1903, pág. 173. Además de la lana se extraía el sebo que también se exportaba. <<

[5] La Comisión Agraria del Comité Central del Partido Comunista Argentino distribuye así las clases y grupos sociales en el campo, según los censos de 1947 y 1952: Obreros y empleados rurales, 1 031 846; campesinos pobres y medios, 496 419 familias; campesinos ricos, 67 914 familias y terratenientes, 16170 (incluidas familias de la oligarquía y grandes empresas y sociedades anónimas). V. La cuestión agraria y el movimiento de liberación nacional, artículo de José M, García, Praga, 1964, pág. 369. Es de observar que en la clasificación se mezclan los campesinos pobres y medios, y no se establece la cantidad de tierra que corresponde a cada categoría. Sin embargo, esos datos resultan imprescindibles para determinar si en la zona pampeana existen campesinos pobres. <<

[6] «La premisa de que se parte, dentro del régimen capitalista de producción, es, por tanto, ésta: los verdaderos agricultores son obreros asalariados, empleados por un capitalista, el arrendatario, el cual no ve en la agricultura más que un campo especial de explotación de su capital, de inversión de su capital en una rama especial de la producción. Este arrendatario capitalista paga al terrateniente, al propietario de la tierra explotada por él, en determinados plazos, por ejemplo, anualmente, una determinada suma de dinero contractualmente establecida (lo mismo que el prestamista del capital-dinero paga el interés estipulado) a cambio de la autorización que aquél le otorga de invertir su capital en este campo especial de producción». Karl Marx, El capital, III, págs. 576-577, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1959. <<

[7] Marx menciona «la renta en especie procedente de la economía natural de la Edad Media» que se acomoda «por entero a las condiciones del régimen capitalista de producción» y «se ha trasplantado a los tiempos modernos», ibídem, págs. 729-730. <<

[8] Rodolfo Puiggrós: Libre empresa o nacionalización en la carne, op. cit. Al ingeniero francés Charles Tellier primeros ensayos (1868 a 1877) de máquinas compresoras y cámaras frigoríficas. Publicó un libro titulado: Histoire d’une inventiau moderne: le frigorifique. <<

[9] El gobierno argentino abolió en 1887 los derechos de exportación de carne y el Congreso votó un subsidio de 550000 pesos para las exportaciones de ganado en pie, carnes y tasajo y las exposiciones rurales y ferias. Al año siguiente, se acordó por ley una garantía del 5 por ciento, hasta la suma de 8 millones de pesos, a las compañías exportadoras de carne. Las 100000 toneladas de congelado exportadas en 1901 representaron el 46 por ciento de las importaciones inglesas. Las exportaciones argentinas de ovinos congelados subieron de 1 768 206 en 1896 a 2 634 105 en 1901 y las de vacunos congelados de 7092 a 116 000; la exportación del ganado en pie descendió de 330 381 ovinos y 60 031 vacunos a cero, en igual período. <<

[10] Tres frigoríficos ingleses (River Plate Fresh Meat Co., Compañía Sansinema de Carnes Congeladas y Las Palmas Produce Co.) organizaron un monopolio para eliminar al frigorífico de Eugenio Terrason, el primero que se instaló en el país y envió a Gran Bretaña reses congeladas ovinas (1884). Este frigorífico, el San Luis, con sede en San Nicolás, fue comprado y clausurado por el monopolio, que estuvo así en condiciones de fijar un precio por novillo menor de 100 pesos. <<

[11] Las firmas Vestey Brothers (británica) y Fletcher y Webel (norteamericanas) acaparaban el mercado de carne de Gran Bretaña y estaban entrelazadas con los frigoríficos. <<

[12] El favoritismo se explica porque los frigoríficos necesitaban disponer de carne de alta calidad para elaborar el chilled y no todos los campos eran aptos para preparar por la invernada el tipo de vacuno que rindiera ese producto: «Los ganaderos argentinos estaban divididos en dos clases: aquellos que tenían entrada a los frigoríficos para vender sus haciendas y aquellos que no la tenían. Concretando podemos decir que los primeros eran invernadores y algunos criadores invernadores y los segundos casi todos los criadores…» Horacio V. Pereda, La ganadería argentina es una sola, Buenos Aires, 1939, pág. 80. En los años 1927-1929 la diferencia entre los precios pagados por los invernadores por novillos en remates y ferias y los precios pagados por los frigoríficos a los invernadores era de 80 pesos por cabeza término medio (éstos compraban a 60 y vendían a 140 pesos); con la invernada más que se duplicaba el capital. Ver discurso del doctor Nicolás Repetto en la Cámara de Diputados del 26 de setiembre de 1939. <<

[13] Cada año era mayor el porcentaje de exportación de carne de los frigoríficos norteamericanos. En 1927 les correspondió el 69,901 por ciento de las cuotas, mientras que el de los ingleses bajó al 20,009 por ciento y el de los argentinos al 10 por ciento. En 1926 había en la Argentina 8 frigoríficos norteamericanos, 5 ingleses y 5 argentinos. <<

Notas al Capítulo 15

[1] «El mero hecho de la propiedad jurídica sobre la tierra no procura renta alguna al terrateniente. Le da en cambio la potestad de sustraer su tierra a la explotación mientras las condiciones económicas no le permiten valorizarla de tal modo que le deje un remanente, bien porque se la dedique a la agricultura en sentido estricto, bien porque se la emplee para otros fines de producción, para la edificación, etc. El terrateniente no puede hacer que aumente ni disminuya la cantidad absoluta de este campo de inversión, pero sí está en sus que aumente o disminuya la cantidad de tierras que se mercado». Karl Marx, op. cit., III. pág. 702. <<

[2] Los antirrosistas de 1862 imitaron a Rosas, quien primer gobierno, declaró inexistente la ley de enfiteusis y convirtió en propietarios efectivos a los antiguos enfiteutas. <<

[3] En sus comentarios a la obra de E. G. Wakefield, American, Marx nos proporciona valiosas sugestiones tratamos. Ver El capital, I, VII, cap. XXV. <<

[4] Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente argentina Buenos Aires, 1936. <<

[5] Ibídem. <<

[6] Las tierras públicas se vendieron por las leyes números 817 (19 de octubre de 1876), 1265 (3 de noviembre de 1882), octubre de 1884), 2875 (21 de noviembre de 1891), 3053 de 1894), etcétera. Por la ley 817, el precio de venta fue en el Departamento de la Unión (Córdoba) de 18,57 pesos la hectárea pagadero en 10 mensualidades, y de 28,57 pesos sin casa y alambrado y 57 pesos con ambos en Concordia (Entre Ríos). Por la ley 1265, se remataron tierras en La Pampa a 4756,16 pesos la legua de 2500 hectáreas, en Santa Cruz a 4272,40 pesos, en Tierra del Fuego a 8340,81 pesos, en Neuquén a 2318,97 pesos y en Chubut a 1837,14 pesos, pagaderos en seis cuotas. Las tierras para agricultura se vendieron a 2,06 pesos la hectárea en el Chaco y Misiones y a 1,54 pesos en La Pampa y Patagonia. La ley 3053 autorizaba a Adolfo Grümbein a vender en Santa Cruz y Chubut a razón de 1000 pesos oro la legua kilométrica. V. Anuario Pillado, 1900, págs. 399-401. <<

[7] José Boglich, El problema agrario y la crisis actual, Buenos Aires, págs. 150 y siguientes. <<

[8] Desde 1867 a 1914 ingresaron a la Argentina 3 300 000 inmigrantes y entre 1869 y 1913 se invirtieron capitales extranjeros más de 10 000 millones de dólares actuales (1964). <<

[9] En la pampa húmeda se desconoce la desocupación disfrazada. Tan corriente en otras partes de América Latina (por ejemplo, en la antigua hacienda mexicana), porque la economía mercantil regula el empleo de la mano de obra. <<

[10] Dos años antes, en agosto de 1910, los chacareros de Macachín (La Pampa) se declararon en huelga por la rebaja de los arendatarios que alcanzaban hasta el 45 por ciento de la producción en bruto «sana, seca y limpia puesta en estación». También se oponían desalojos y los gravosos contratos. Se solidarizaron con ellos los maestros rurales y el pequeño comercio. <<

[11] El movimiento de cheques creció de 1764996929,84 pesos en 1911 a 6223569912,78 pesos en 1912 (tres veces y media), lo que da una idea de la reactivación comercial en contraste con el descenso del precio del maíz en chacra de 11,35 pesos a 4,65 pesos en julio de 1912. <<

[12] En un informe de la Sociedad Rural de Rosario de agosto de 1912, redactado por el doctor Lisandro de la Torre, se denunciaba a «los trusts que disfrazados de convenio han invadido el país monopolizando el comercio de los artículos de mayor demanda, tales como las maderas, hierro, máquinas agrícolas, etcétera, que tienen un precio uniforme en todas las casas del ramo…». <<

[13] «En Alcorta abundaban los colonos socialistas y anarquistas […] En cambio, en la provincia de Buenos Aires se centralizaron en el partido de Pergamino. De ahí que la Federación Obrera Regional Argentina realizó juntamente con el Partido Socialista una vasta campaña de agitación y reclutamiento, campaña que se inició en 1904». Angel Eugenio Bujarrabal, dueño de un almacén de ramos generales y lector de obras marxistas, fue el financista y uno de los principales gestores del movimiento. V. Plácido Grela, El grito de Alcorta. Historia de la rebelión campesina de 1912, Tierra Nueva, Rosario, 1958, págs. 45 y siguientes. <<

[14] «Hombre romántico, idealista y sincero patriota [el doctor Netri], creyó que bastaría la presencia de un letrado en una comisaría o un juzgado para terminar con la detención de los trabajadores de la tierra, y que un poco de ambiente que se les hiciera a los mismos trabajadores tocaría el patriotismo de los dueños de la tierra, para que accedieran a las demandas de los agricultores, que no podían ser más modestas, pues que se limitaban a una rebaja de los arrendamientos y a la libertad de comprar y vender». Federación Agraria Argentina: Apuntes de su historia (1912-1928), Rosario, 1928, pág. 7. «Lo que usted me dice de prohibir por ley toda cláusula restrictiva de la libertad del colono de disponer de su cosecha donde le convenga, me parece fundado», le escribía el doctor Juan B. Justo al doctor Netri el 30 de junio de 1912. <<

[15] «Estallada en Alcorta en 1912, la huelga se extendió rápidamente en toda la gran región cultivada. Tan absurdo había sido el sistema implantado por la posesión de la tierra, y tan voraz fue la especulación de los terratenientes que, en el país de mayor extensión en relación a sus habitantes, más fértil y de mejor clima, los agricultores se vieron reducidos a un estado de verdadera servidumbre. El derecho civil había desaparecido de la campiña; no había escuelas; la gente vivía endeudada y oprimida. La rebelión en todos los pechos desde años atrás de ahí que, al hacer explosión en Alcorta se extendiera rápidamente de uno a otro extremo de la región dedicada al cultivo de cereales y lino». Federación Agraria Argentina, op. cit., pág. 6. <<

[16] El Partido Socialista se dio un programa para el campo en su IV Congreso, realizado en La Plata, en 1901. Los socialistas participaron en la elaboración, discusión y sanción de leyes agrarias, como la N.º 11170. Defendieron el punto de vista pequeñoburgués antiindustrialista. El doctor Juan B. Justo publicó en el diario La Nación dos artículos (29 de julio y 5 de agosto de 1890), cuyos títulos ilustran acerca de su contenido: «¿Por qué los estancieros y agricultores deben ser librecambistas?» y «Los estancieros y agricultores deben ser librecambistas». Señalaba en ellos el peligro de fomentar la industria sobre la base de la protección del Estado. Tres corrientes han existido en el Partido Socialista en la cuestión agraria: la pequeña propiedad (Justo y Repetto), la enfiteusis (Palacios) y la socialización o colectivización. De esta última dice Luis Pan (Los socialistas y la cuestión agraria, La Vanguardia, 1949, folleto, pág. 27): «Es más bandera de lucha y campana de rebato que solución realizable en el hoy y aquí». Ver también Juan B. Justo, «El programa socialista en el campo», La Vanguardia, 1915; «Crisis ganadera o cuestión agraria», La Vanguardia, 1923; y Discursos y Escritos, El Ateneo, Buenos Aires, 1933. <<

[17] La Sociedad Rural de Rosario se refería a los arrendatarios que subarrendaban campos y hacían causa común con los terratenientes. <<

[18] Rosario era el centro urbano por excelencia (comercial, financiero, manufacturero) de la zona de los cereales. Su población creció con la colonización capitalista de 23 169 habitantes en 1869 a 50 914 en 1887 y a 100 518 en 1895. La Cámara Sindical de la Bolsa de Comercio de Rosario se pronunció decididamente a favor de los careros y de la rebaja de los arrendamientos a un máximo del 30 por ciento. El diario La Capital de esa ciudad defendió al movimiento huelguístico de los chacareros con tal exageración que descubrió en él «el principio latente del socialismo agrario de los antiguos romanos». <<

[19] «Los terratenientes se embolsan así como cosa suya el resultado de un desarrollo social logrado sin que ellos pongan nada de su parte: fuges consumere nati. Y esto constituye, al mismo tiempo, uno de los grandes obstáculos con que tropieza una agricultura racional, ya que el arrendatario rehúye todas las mejoras e inversiones de las que no espera poder reembolsarse íntegramente durante la vigencia de su contrato […]». Karl Marx, op. cit., III, pág. 578. <<

[20] El 5 de octubre de 1916 asesinaron al doctor Netri en una calle de Rosario. Lo reemplazó en la presidencia de la Federación Agraria Argentina un chacarero de la localidad de Moldes, Esteban Piacenza. <<

[21] Revista El pensamiento argentino, 1918, cit. Plácido Grela, op. cit., pág. 178. <<

[22] El diputado socialista Nicolás Repetto dijo al interpretar al ministro del Interior que «con la huelga agraria los poderes públicos han mostrado mucho menos consideración qué con las huelgas obreras» (3 de junio de 1919). <<

[23] Durante muchos años el grueso del proletariado rural estuvo, compuesto por inmigrantes golondrinas que venían de Europa nada más que para levantar la cosecha y luego regresaban, y peones del norte argentino que bajaban a la pampa húmeda también en época de cosecha. El crecimiento del número de obreros rurales fijos coincidió con cierta disolución de la familia chacarera trabajadora. <<

[24] La ley, aprobada con el N.º 11170, garantizaba a los agricultores arrendatarios con menos de 300 hectáreas: 1.º Derecho a prolongar cualquier contrato que hubieran celebrado por un tiempo menor hasta cuatro años más; 2.º Derecho a indemnización por mejoras; 3.º Derecho a retener como inembargables cierta cantidad de muebles, ropas, útiles, implementos agrícolas, animales de trabajo y semilla para la cosecha siguiente; 4.º Derecho a trillar, cortar o emparvar con cualquier máquina, empresa o persona, y de vender los productos y asegurar los cultivos a la persona o compañía que el arrendatario estime más conveniente; 5.º Vivir en una casa de ladrillos, con vidrios en las ventanas, frutales y forestales, un mínimo de tierra para huerta, frutal y ganado, y retiro de la semilla antes de pagar el arrendamiento. <<

[25] Durante el periodo legislativo del año 1917, la Cámara de Diputados estuvo compuesta de 45 radicales y 70 opositores (38 demócratas progresistas, 22 conservadores y 10 socialistas) y el Senado de 4 radicales, 1 socialista y 25 conservadores. Los proyectos de Yrigoyen rechazados fueron: Banco Agrícola (11 de diciembre de 1916), fomento agrícola, locación agrícola, colonización agrícolo-ganadera, cooperativas agrícolas, adquisición de arpillera, hilo y bolsas y juntas arbitrales de trabajo agrícola (2 y 4 de julio de 1919) y dos sobre tierra pública (3 y 24 de agosto de 1921). <<

[26] La FAA ratificó su ruptura con el Partido Socialista en el Congreso de Bahía Blanca. Antes hubo un conflicto en la redacción del periódico La Tierra por las ideas anticlericales de algunos redactores socialistas. <<

[27] La FAA aplaudió el laudo del presidente Alvear que consolidó artificialmente al pequeño productor cañero, creó los cañeros fantasmas que sólo figuraban en la contabilidad de los ingenios y enriqueció a las empresas industrializadoras. <<

Notas al Capítulo 16

[1] De acuerdo a las cifras que hemos dado en nota anterior un quinto de los inmigrantes de 1912 estaba integrado por agricultores. <<

[2] J. A. Schumpeter, Ensayos, editados por Richard V. Clemence, Cambridge, Massachusetts, 1951, págs. 164-165. <<

[3] Adam Smith: The Wealth of Nations, IV, II. <<

[4] La ley arancelaria uruguaya de 1875 era similar a la argentina y tuvo los mismos efectos en el desarrollo de las exportaciones agropecuarias. <<

[5] No existía incompatibilidad entre el liberalismo político y el proteccionismo económico. En Alemania «se estimaba como obvia verdad el que todo liberal debía ser proteccionista, y todo librecambista —lógicamente— un reaccionario». Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im 19 ten Jahrhundert, Leipzig, 1928, V, pág. 451, cit. Frederick Clairmonte, Liberalismo económico y subdesarrollo, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, pág. 79, nota 117. <<

[6] «Por lo que se refiere al régimen de producción, yernos que la manufactura, por ejemplo, apenas se distingue en sus orígenes de la industria gremial del artesanado más que por el número de obreros empleados al mismo tiempo y por el mismo capital, número que en la manufactura es mucho mayor. No se ha hecho más que ampliar el taller del maestro artesano. Por tanto, en un principio, la diferencia es meramente cuantitativa». Karl Marx, op. cit., I, pág. 25 <<

[7] Rosario tenía en 1886 una fundición de máquinas a vapor que fabricaba molinos y prensas tipográficas, una fundidor de tirantes de hierro para los rieles y techos ferroviario de balanzas, un taller de campanillas eléctricas que competía con las extranjeras, fábricas de ladrillos, baldosas y tejas, de muebles, aceite de maní, chocolate, cerveza, calzado, galletitas, etc. V. Eduardo Astesano: Origen y desarrollo comercial de Rosario, Rosario, 1946, págs. 45 a 47. En Buenos Aires se constituyó en 1889, con capitales nacionales, la Sociedad de Hierro y Acero de Liniers, y en Zárate se instaló, años antes, una fábrica de papel de los señores Escalade «que proveía a varios diarios de Buenos Aires». V. Louis Guilaine, La République Argentine, París, 1889, Librairie des Imprimeries Réunis, pág. 177 Según Ernest Van Bruyssel (La République Argentine, Bruselas, 1888, pág. 184) en Buenos Aires había 5 grandes fundiciones y se fabricaban máquinas agrícolas e hidráulicas. <<

[8] Lord Dalhousie decía que Inglaterra reclamaba «a grandes voces el algodón de la India» y por tal motivo necesitaba construir allí una red ferroviaria, de la que él fue el promotor. V. Sir W. W. Hunter, Marquis of Dalhousie, Londres, 1902, págs. 193-194. Podía haber afirmado lo mismo de la carne y de los cereales de la Argentina. <<

[9] «De ahí que los bancos modernos establecidos por los ingleses durante la segunda mitad del siglo XIX en la India, en Egipto, en Latinoamérica y en otras partes del mundo subdesarrollado, no se convirtieran en fuente de crédito industrial, sino en bolsas de compensación, en gran escala para el financiamiento mercantil, pujando sus tasas de interés con las de los usureros locales». Paul A. Baran, La economía política del crecimiento, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1954, pág. 221. <<

[10] Cit. Frederick Clairmonte, op. cit., pág. 151. <<

[11] «[…] podrían ofrecerse otros ejemplos en los que a la inversión en masa no la acompañó un dominio político tan completo. Vienen al caso los ejemplos de la inversión inglesa en la Argentina y, en menor gradó, en otras repúblicas de América del Sur. Se descubren de inmediato dos de las razones por las que Inglaterra nunca intentó anexarse partes de la América del Sur. En primer lugar […] haber obrado de tal manera habría sido entrar en conflicto directo con los Estados Unidos, que había arrojado sobre esos países la protección de la doctrina Monroe. En segundo lugar, las clases de gobiernos que existían en América del Sur, aunque no fuesen muy rentables, ni eficaces, en otros respectos, se prestaban bien, comparativamente, a los intereses de los inversionistas extranjeros […] No hubo nunca necesidad de llamar a la flota». John Strachey, El fin del imperio, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1962, págs. 134-135. <<

[12] J. A. Hobson, Imperialism, Londres, 1902, págs. 360-361. El profesor Cairncross (Home and Foreign Investment. 1870-1913, Cambridge, University Press) informa que Inglaterra invertía en 1913 en el exterior la mitad de todos sus ahorros nacionales y que los intereses de esas inversiones igualaron en 1914 a «todo su capital comercial y físico». En 1914 más del 40 por ciento de las inversiones extranjeras en el mundo eran inglesas (Naciones Unidas, International Capital Movements). <<

[13] En la introducción al primer tomo de esta obra hemos reproducido completo y comentado esta frase de la Sociología de Ingenieros. <<

[14] Adolfo Dorfman, Historia de la industria argentina, Escuela de Estudios Argentinos, Buenos Aires, 1942, págs. 55-56. <<

[15] V. Ricardo Napp, La República Argentina. <<

[16] Manuel C. Chueco, Los «pioneers» de la industria argentina. <<

[17] A gestiones del Club Industrial, el Centro Industrial y la Unión Industrial Argentina se debe la fundación de esos bancos. El Club Industrial se constituyó en 1877 por iniciativa de Carlos Pellegrini, Vicente Fidel López, Roque Sáenz Peña, Estanislao S. Zeballos, Nicasio Oroño y José Hernández, es decir, los defensores de las primeras leyes proteccionistas. Le siguieron el Centro Industrial en 1878 y la Unión Industrial Argentina en 1887. <<

[18] La primera línea ferroviaria inglesa (de Stockton a Darlington) se estableció en 1825. Los ferrocarriles comenzaron Francia en 1832-1833 y en Alemania en 1835. <<

[19] «Los ferrocarriles constituyen el balance de las ramas maestras de la industria capitalista, de la industria carbonífera) balance y los índices más evidentes del desarrollo del dial y de la civilización democrático-burguesa». V. Editions Sociales, París, Editions en Langues Etrangeres 1960, XXII, pág. 206. <<

[20] Los primeros ferrocarriles franceses y alemanes se construyeron con capital, locomotoras y demás materiales de Gran Bretaña. V. H. E. Friedlander y J. Oser, Historia económica de la Europa moderna, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1957, págs. 164 y siguientes. Pero Francia y Alemania, con sus industrias, sus minas de carbón y la resuelta protección del Estado, pronto ferrocarriles. <<

[21] La red ferroviaria (nacional y extranjera) aumentó de 10 kilómetros en 1857, a 6700 en 1887, a 16 600 en 1900, a 3 338 634 en 1930. <<

[22] Cit. S. F. Bloom, The World of Nations: A Study Implications in the Work of Karl Marx, Nueva York, 1941, pág. 53. <<

[23] «Inglaterra, cierto es, al causar una revolución social en la India, fue movida sólo por sus intereses más viles, y mostró harta estupidez en su manera de imponerlos. Pero esto es otra cuestión. Lo que me interesa aquí es: ¿puede la humanidad realizar su propio destino sin que se efectúe una revolución fundamental en el estado social de Asia? Si la respuesta es negativa, cualesquiera que hayan sido los crímenes de Inglaterra, este país fue el instrumento inconsciente de la historia para llevar a cabo esa revolución». Del artículo citado de Marx. <<

[24] El Industrial, artículo sobre Los ferrocarriles y la industria argentina. La Industria Argentina, N.º 77, 15 de setiembre de 1381. Revista de Derecho, Historia y Letras, setiembre-diciembre de 1915. El ex presidente Roberto Ortiz, abogado de los ferrocarriles, decía en 1928, cuando era ministro de Obras Públicas: «El gobierno no dispone de elementos suficientes para hacer el control de las tarifas y del capital. En los ferrocarriles hay una cantidad de funcionarios que pertenecieron al ministerio». <<

[25] El ingeniero Coni decía que «el flete ferroviario viene a constituir una verdadera aduana interior, que dificulta la circulación […] desempeña el mismo papel que (en la Colonia) la aduana seca de Córdoba». La minería fue sistemáticamente ahogada por falta de transporte o los altos fletes. <<

[26] CEPAL, El desarrollo económico de la Argentina, México, 1959. <<

[27] «Aún en las épocas de prosperidad, cuando las exportaciones estaban a altos niveles, como en 1913, los desocupados representaban una proporción importante de la fuerza de trabajo superior al 5 por ciento. En situaciones de emergencia, como la guerra de 1914 y los periodos de contracción económica, el desempleo podía elevarse a un 20 por ciento de la fuerza de trabajo». Aldo Ferrer, La economía argentina, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1963, pág. 136. <<

[28] James S. Duesenberry, Income, Saving and Theory of Consumer Behavior, Cambridge, Mass., 1949, págs. 27 y siguientes. <<

[29] Durante el período de la inmigración la proporción de la población urbana en la total aumentó del 28 por ciento en 1869 al 53 por ciento en 1914 y la de la población rural disminuyó en razón inversa. <<

[30] En 1800 vivían en el noroeste el 43 por ciento de los habitantes de toda la Argentina, proporción que se redujo al 12,6 por ciento en 1914. De acuerdo a los censos de 1869 y 1914, la población del interior creció entre ambos años de 889 000 a 2 470 000 habitantes y la del litoral de 847 000 a 5 416 000. <<

[31] Adolfo Dorfman, op. cit., cap. IV y págs. 68-69. <<

[32] A la Exposición Continental de 1882, los fabricantes argentinos presentaron una importante variedad de productos (ropas, caños de plomo y estaño, productos químicos y farmacéuticos, etcétera). <<

[33] Mabragaña, Mensajes, V, pág. 353. <<

[34] Como de la división de la cantidad de obreros por el número de fábricas resultan menos de diez obreros por fábrica, se infiere que se incluyeron en esta categoría a pequeños talleres con escasa mano de obra. El censo de 1887 calculaba en 2232 el número de fábricas y en 42 321 las personas ocupadas en 10 349 establecimientos (fábricas, talleres y comercios); el censo de 1895 daba 8439 establecimientos y 72 761 obreros. <<

[35] Los frigoríficos norteamericanos e ingleses instalaron nuevas plantas y ampliaron las existentes con la reinversión de las ganancias extraordinarias que tuvieron en 1914-1918. <<

[36] El consumo de carbón del Canadá aumentó de 33 334 940 toneladas en 1914 a 63 065 170 toneladas en 1929 y la producción de papel de 853 689 toneladas en 1917 a 3 197 149 toneladas en 1929. The Canada Year Book, 1933, págs. 373, 302. <<

[37] La flota mercante norteamericana creció de 1 066 000 toneladas en 1914 a 11 077 000 toneladas en 1917, descontando los barcos hundidos por los submarinos alemanes. <<

[38] La importación de tomates aumentó de 1908 a 1925 en el 62 por ciento en cantidad y en el 155 por ciento en precio. Numerosos comestibles se importaron, reemplazando el producto nacional y dejando sin trabajo a miles de obreros. V. A. E. Bunge, op. cit, II, pág. 10. <<

[39] Juan B. Justo, Internacionalismo y Patria, La Vanguardia, Buenos Aires, 1925, págs. 54 y siguientes. <<

[40] V. Alejandro E. Bunge, I, pág. 52, a quien pertenece la cita de Víctor Fisher. <<

[41] Juan B. Justo, op. cit., págs. 21-22. <<

[42] Lisandro de la Torre, Obras, Hemisferio, Buenos Aires, 1952,1, pág. 207. <<

[43] Alejandro E. Bunge, op. cit., I, pág. 33 y II, pág. 41. <<

[44] Repetto explica la ambigua posición de Justo frente a los monopolios extranjeros. Dice que el fundador del Partido Socialista denunció a los trusts y luego agrega: «Pero en lo más recio de la batalla cuando la ola demagógica había invadido el Parlamento y/el gobierno vociferaba contra el “trust extranjero”, Justo dio acabada prueba de su honestidad mental reconociendo que la tendencia capitalista a la centralización y al monopolio, como último resultado de la competencia, era universal e inevitable, y dando la bienvenida a la centralización siempre que fuera el triunfo en buena ley de una empresa dotada de una técnica más avanzada y de una organización superior». V. Prólogo de Nicolás Repetto al tomo XLIX de Grandes Escritores Argentinos, Ateneo, 1933, XXVII y XXVIII, y Juan B. Justo, El socialismo, Buenos Aires, 1945, folleto, pág. 39. Los monopolios extranjeros estaban de parabienes con una doctrina que ocultaba, tras razones técnicas y fié organización, que expoliaba al pueblo argentino. Justo según Repetto, prefería «la gestión privada de los negocios a su manejo por los gobiernos corrompidos a ineptos». La ineptitud y la corrupción de nuestros gobiernos populares siempre fue el gran argumento del imperialismo para impedir la emancipación económica nacional.

Los socialistas que pasaron al campo conservador —entre ellos Federico Pinedo— no tuvieron necesidad de modificar su opinión en materia económica; les bastó ser consecuentes con las enseñanzas de Juan B. Justo sobre librecambismo a ultranza. Pinedo, que nunca dejó de vanagloriarse de su condición de discípulo de Justo, dice que éste defendía a los capitales extranjeros, «consideración objetiva —agrega— tan distinta de la pueril declamación contra ese capital extranjero, que después hemos conocido como única receta salvadora en boca de ciertos emancipadores y “antiimperialistas”». V. En tiempos de la República, op. cit., I, pág. 17. <<

[45] En un estudio de seminario publicado por la Revista de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas (Universidad del Litoral, Rosario, 1939, N.º 1, pág. 193) se lee: «Nacionalismo económico. Este fenómeno de exaltación sentimental no tiene ningún fundamento económico y no hace más que exigir sacrificios considerables al pueblo produciendo patrias alejadas por odiosas rivalidades». Es la última joya de la literatura anarquista que hemos encontrado. <<

Notas al Capítulo 17

[1] Empleamos la palabra proletario en el sentido de obrero asalariado que produce y valoriza capital. El gaucho, dueño de la pampa en la que podía vivir a su antojo, no era proletario, pero se transformaba en tal al enajenar su fuerza de trabajo por un salario. <<

[2] Cit. Sebastián Marotta: El movimiento sindical argentino. Su génesis y desarrollo, Lacio, Buenos Aires, 1960, I, págs. 17 a 19. Marotta proporciona una detallada información sobre la época inicial del movimiento obrero. Reproduce una página de Roberto J. Payró, en la que califica a los tipógrafos de «la clase más independiente y levantisca que haya existido en nuestra capital». <<

[3] La Sociedad Tipográfica Bonaerense editó durante varios años unos Anales que circularon por América del Sur y España. <<

[4] Algunos historiadores exageran la importancia numérica de los militantes revolucionarios entre los inmigrantes. El historiador soviético V. Ermolaiev habla de «una inmensa ola de refugiados» que se establecieron en América del Sur, «después del sangriento aniquilamiento de la Comuna de París». V. Recherches internationales a la lumiere du marxisme (Amérique Latine), Les Editions de la Nouvelle Critique, París, 1962, N.º 32, pág. 68, artículo titulado Naissance du mouvement ouvrier. <<

[5] Karl Marx, op. cit., I, pág. 472. <<

[6] Sebastián Marotta (I, págs. 30-31) menciona los siguientes contratos: del Ferrocarril del Norte en 1881, por intermedio de la Comisaría de Inmigración, a 1500 obreros; del gobierno de Buenos Aires a 2000 obreros para, la construcción de la ciudad de La Plata; del gobierno nacional a 2000 obreros para la prolongación de los ferrocarriles, etcétera. <<

[7] «La Comisaría General de Inmigración no puede atender un pedido de 200 obreros para las obras del ferrocarril de Santa Fe Tiene pendientes solicitudes no satisfechas por más de 3000 operarios y muchos más […]». Ibídem, pág. 31. <<

[8] Ibídem, págs. 31-32. <<

[9] La antigua Sociedad Tipográfica Bonaerense, convertida en mutualidad, creó una organización ad hoc, la Unión Tipográfica, para dirigir la huelga. Esta última duró hasta 1897. <<

[10] Nos referimos aquí exclusivamente a los obreros, porque en otras páginas hemos mencionado las luchas de los chacareros por el pago de las cosechas en oro. <<

[11] Los nombres de las entidades adheridas denotan el carácter cosmopolita de la celebración: Club Vorwaerts, Sociedad Internacional de Carpinteros, Tipógrafos Alemanes, Sociedad Cosmopolita de Oficios Sombrereros, Obreros Alemanes de la Ciudad de Aires, Sociedad Figli del Vesuvio, Sociedad Escandinavian Buenos borden, Circolo Reppublicano F. Campanella, Sociedad de los Países Bajos, Unión Calabrese, Sociedad Italia Unita, Circolo Mandolinista Italiano, Círculo Republicano G. Mazzini, Confederación Obrera Sudamericana (Sección Argentina-La Plata), Sociedad Italiana Unione e Benevolenza (Esquina), Unione e Fratellanza (Lobos), Societáídi Muto Socorro y Socorso Italiana (Chivilcoy), Forza Unita (Pergamino), Sociedad Italiana (Capilla), Asamblea Internacional (Rosario), Círculo Socialista Internacional, Sociedad L’Ancora, Sociedad Italiana de Barracas, Sociedad Roma (Capilla), Centro Republicano Italiano, Alianza Republicana de Buenos Aires y Sociedad Cigarreros Unidos. <<

[12] V. Jacinto Oddone, Historia del socialismo argentino, Buenos Aires, 1934 y Gremialismo proletario argentino, Buenos Aires, 1949; Diego Abad de Santillán, La FORA, Buenos Aires, 1933, Editorial Nervio y El movimiento anarquista en la Argentina, Buenos Aires, 1930, Editorial Argonauta; Alfredo Fernández, El movimiento obrero en la Argentina, Buenos Aires, 1936; Julio Ferrarazo, La acción obrera, Buenos Aires, 1927; Enrique Dickmann, Historia del 1.º de mayo en la República Argentina (1890-1912), Buenos Aires, 1913. <<

[13] Recordemos, sin embargo, que el IX Congreso de (1915) declaró que ésta se componía exclusivamente por obreros y se negó a aceptar un pacto con los campesinos arrendatarios <<

[14] El Segundo Congreso aprobó el siguiente programa: 1.º Posesión del poder político por la clase obrera. 2.º Transformación de la propiedad privada o corporativa de los medios de producción en propiedad colectiva, social o común, o sea la socialización de los medios de producción. 3.° Organización de la sociedad sobre la base de una federación económica. 4.º Regularización internacional de la producción. 5.º Igualdad de todos ante los medios de desarrollo y de acción. 6.º Igualdad de todos en las ventajas. Defendía los derechos democráticos, la abolición de la deuda pública, la supresión del ejército permanente y el armamento del pueblo. <<

[15] Nadie respondió al llamado de once gremios a fortalecer la moribunda Federación. Había en la República 175000 obreros en 1895, de los cuales 73000 en la capital. Estallaron 19 huelgas con 22000 huelguistas y al año siguiente 26 con 26000 huelguistas. <<

[16] Sebastián Marotta, op. cit, I, pág. 86. <<

[17] La Protesta Humana, 1.º de octubre de 1897. <<

[18] El programa comprendía: jornada de ocho horas, abolición del trabajo a destajo, abolición del trabajo de menores de 13 años en los talleres industriales, abolición del trabajo nocturno, reglamentación del trabajo en talleres y fábricas, arbitraje en las divergencias entre obreros y patrones, institución del patrocinio, legislación sobre accidentes de trabajo, aumento de salarios, descanso dominical, supresión del pago con vales, cooperativas obreras, bolsa de trabajo, etc. Además se aprobó la organización de los obreros rurales y se resolvió fundar un periódico oficial: La Organización. <<

[19] En su Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, el ingeniero Bialet Massé escribía: «[…] aunque se dice que se hace (la jornada) de sol a sol, es falso, porque se aprovecha la luna, el alba o después de la puesta del sol para alargar la jornada. He visto con mis propios ojos salir al trabajo a las 4 de la mañana como regla general y no pocas veces a las 3.30 a. m. y dejar de trabajar a las 7.30 y hasta las 8 p. m., dando como descanso a la mañana el tiempo indispensable para tomar mate, al medio día una hora o cuanto más dos, de tal modo que la jornada mínima útil es de 13 a 14 horas». <<

[20] V. S. Marotta, op. cit., I, págs. 139-140. <<

[21] Enrique Dickmann, en La Internacional, N.º 1, mayo de 1904. <<

[22] David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, Londres, 1821, pág. 469, cit. K. Marx, op. cit., I, pág. 534, nota 14. <<

[23] Los chacareros suplían el empleo de mano de obra extraña (nativa o extranjera), por lo menos en las labores permanentes, por el trabajo de toda la familia, en general numerosa. También eran víctimas del exceso de inmigrantes que provocaba mayor demanda de tierra y, en consecuencia, el alza de los arrendamientos. Estaban colocados en una situación contradictoria, pues, por otra parte, les interesaba encontrar, principalmente en los meses de cosecha, fuerza de trabajo abundante y a bajo precio. <<

[24] Los sindicalistas fueron expulsados del Partido Socialista en 1906. El historiador socialista Jacinto Oddone dice de ellos (Gremialismo proletario argentino, cap. XXII) que tuvieron la «desgraciada virtud de perturbar el movimiento obrero y socialista» y usaban «idénticas maniobras que los anarquistas». <<

[25] Las huelgas siguieron esta evolución en la ciudad de Buenos Aires: 170 con 70 743 participantes en 1906. 231 con 169 017 en 1907, 118 con 11 561 en 1908, 138 con 4762 en 1909 y 298 con 18 806 en 1910, según las estadísticas oficiales. El Departamento Nacional del Trabajo calculaba que en 1907 el número de huelguistas era del 32 por mil de la población de la República y lo comparaba con la misma relación en Alemania y Gran Bretaña (3 por mil), Francia (4 por mil), Canadá (5 por mil) e Italia (13 por mil). <<

[26] La CEPAL estima que en 1907 el coeficiente de capitalización, es decir la parte del producto bruto que se acumuló, fue el más alto (57,8 por ciento) sobre un promedio del 32 por ciento en veinte años). <<

[27] La Organización Obrera, 1.º de mayo de 1918. <<

[28] Recordemos que en 1919 las huelgas (367) duplicaran las de 1918 (196), lo mismo que el número de huelguistas que pasó de 133 042 a 308 967. <<

[29] Tal fue el caso de la huelga tranviaria de 1919. Duró doce días y en la estación Barracas siete días más. Terminó con el despico de mil obreros, la destrucción del sindicato y la desmoralización de la masa. La empresa fundó después una sociedad, El Trole, con su periódico, El Metropolitano, a fin de evitar el progreso de nuevos movimientos. <<

[30] El gran número de participantes de 1924 debe atribuirse a que se incluye la huelga general contra la ley de jubilaciones. <<

Notas al Capítulo 18

[1] Nos referimos a la colonización capitalista en la Argentina y con el sentido dado de la introducción de capitales y mano de obra que generó una economía fundamentalmente agropecuaria-exportadora. <<

[2] Sólo una nación latinoamericana, Chile, superó a la Argentina en el lapso de la legalidad constitucional. Desde 1831 a 1924 no registró más que insurrecciones abortadas y la Revolución de 1891 que dio paso a la República parlamentaria. <<

[3] Juan Bautista Alberdi, Estudios económicos, 1895, Imprenta Europea, Buenos Aires, pág. 127. <<

[4] Descartamos la división de 1891, porque fue, en realidad, de la Unión Cívica y no de la Unión Cívica Radical y dio origen a esta última y a su opuesta, la Unión Cívica Nacional. <<

[5] Raúl Larra justifica esa actitud en su biografía idealista de Lisandro de la Torre (Claridad, Buenos Aires, págs. 86 y siguientes). Juan Lazarte (Lisandro de la Torre, reformador social americano, segunda edición, Buenos Aires, págs. 31, 32) escribe: «De la Torre cree, en los comienzos de su vida juvenil, que las reformas por él propugnadas se pueden realizar merced a cualquier fuerza y con las mismas oligarquías que gobernaron el país durante un siglo». <<

[6] Los conservadores confiaban en la posibilidad de derrotar al yrigoyenismo valiéndose del Partido Demócrata Progresista. «Tal era el error que inspiraba en los conservadores y vacunos el seguro triunfo de don Hipólito Yrigoyen», escribe Juan Lazarte, op. cit., pág. 149. <<

[7] En la provincia de Santa Fe había en 1898 sobre el total de la población 230701 argentinos y 109634 italianos. La proporción de extranjeros pasó allí del 10,4 por ciento en 1858 al 38,6 por ciento en 1887. <<

[8] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1957, págs. 55, 56 y 57. <<

[9] Lazarte, en la obra citada, Saúl Taborda, en la revista Facundo, y Alfredo L. Palacios en sus estudios históricos caen en esos erróneos paralelos. José Manuel Estrada subraya, en cambio, el carácter histórico, democrático o reaccionario, según las circunstancias, de la comuna (La política liberal bajo la tiranía de Rosas, Jackson, Buenos Aires, 1944, cap. XI). <<

[10] Michael Harrington, La cultura de la pobreza en los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, Colección Tiempo Presente, 1963. <<

[11] Carta del doctor Justiniano Posse al doctor Ernesto H. Celesia, cit. del Mazo, pág. 35. <<

[12] V. Joaquín Coca, El contubernio, Colección Claridad, Buenos Aires, pág. 6. <<

[13] Los radicales usaban de distintivos boinas blancas. Oligarcas de boinas blancas eran, pues, los oligarcas disfrazados de radicales. <<

[14] Partidarios de Juárez Celman, el presidente que la Revolución del 90 obligó a renunciar. <<

[15] Gabriel del Mazo, op. cit., págs. 21 a 24. <<

[16] Coca (op. cit., pág. 25) opina que la división en yrigoyenistas y antiyrigoyenistas o alvearistas fue «fomentada por los conservadores, ciertos socialistas y algún radical disidente». <<

[17] Decía el ingeniero Alejandro E. Bunge, vocero de los patronos, en el Primer Congreso Universitario Anual de La Plata (5 de noviembre de 1923) que «con ella (la ley N.º 11289) se crearían pronto dos millones de jubilados, haríamos un país de hombres con el castrado […], un pueblo de tímidos […], de hombres con las alas cortadas». También impugnaba la participación de los obreros y empleados en las ganancias. La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia del juez federal, doctor Clodomiro Zavalía, que la declaraba inconstitucional. <<

[18] La polémica de Pedro C. Molina con Yrigoyen en 1909, después de renunciar aquél a la Unión Cívica Radical, tuvo origen en la condena del librecambio por el periódico yrigoyenista La República. Yrigoyen prohibió en sus dos gobiernos la exportación de hierro. Alvear y Uriburu la restablecieron. V. Dagnino Pastore: Revista Servir, marzo-mayo de 1937. <<

[19] G. H. Stuart: Latin America and the United States, pag. 9, cit. William Z. Foster, Outline Political History of the Americas, International Publishers, Nueva York, 1951, pág. 369. <<

[20] Americana Corporation, Latin America, Nueva York, 1943, pág. 64. <<

[21] A. Curtis Wilgus, The Development of Hispanic America, pág. 553. <<

[22] Las cifras de 1910 pertenecen al primer inventario científico practicado en el país. Fue su autor Guillermo A. Schewenke y lo menciona el ingeniero Bunge; las de 1927 son de este último. El valor del peso corresponde a 1928-1929. Dice Bunge que «una de las principales causas directas de nuestra detención económica de 1908 a 1926 ha de atribuirse a la detención de la afluencia de capitales extranjeros sin suplirlos con la organización productiva de los propios», op. cit., pág. 133. <<

[23] Entre 1900 y 1914 las inversiones netas superaron en el 10 por ciento a las utilidades e intereses; y entre 1915 y 1929 aquéllas fueron un 55 por ciento menores que éstas. <<

[24] En 1889 las inversiones de Gran Bretaña en la Argentina representaron del 40 al 50 por ciento de todas sus inversiones en el exterior. <<

[25] V. Raúl Scalabrini Ortiz, El petróleo argentino, Cuadernos de FORJA, Buenos Aires, setiembre de 1938, Año II, págs. 4, 9. <<

[26] Porfirio Díaz otorgó en México a los ingleses a principios del siglo concesiones petroleras con la intención de neutralizar la ofensiva de las compañías norteamericanas. V. Alberto Ulloa Sotomayor, Derecho internacional Privado, Madrid, 1957, II, pág. 436. <<

[27] Desde la última década del siglo pasado, los Estados Unidos pusieron tarifas aduaneras prohibitivas a las importaciones agropecuarias argentinas. Primero se aplicaron a la lana sucia, luego se agregó la tarifa Fordney-McCumber aplicada a una serie de artículos también de exportación argentina. En 1927 el gobierno norteamericano dispuso el embargo de las carnes frescas con el pretexto de la fiebre aftosa y en realidad para proteger a sus ganaderos. V. Clarence H. Haring, Argentina y los Estados Unidos, Instituto Panamericano de Bibliografía y Documentación, México, 1942, págs. 34 y 35. <<

[28] Rogelio García Lupo: Historia de unas malas relaciones, Jorge Alvarez Editor, 1964, Buenos Aires, pág. 79. <<

[29] Juan V. Orona: «Una logia poco conocida y la revolución del 6 de setiembre», Revista de Historia, Buenos Aires, enero-marzo de 1958, N.º 3, pág. 73. <<

[30] «Y no sólo podía hablarse de plebiscito en el sentido que se da en nuestra jerga política a ese vocablo de origen clásico, al aplicarlo en los casos de triunfo muy pronunciado, sino en el de un pronunciamiento de la plebe, de la masa popular desheredada, que acompañó al caudillo con inequívoca decisión y que pudo sentirse representada por gran cantidad de los electos radicales». Federico Pinedo, En tiempos de la República, I, Buenos Aires, Mundo Forense, 1946, pág. 66. <<

[31] Las quiebras, concursos civiles y arreglos alcanzaron las cifras más altas desde 1914: 247 768 998,65 pesos en 1930; 358 285 457,88 pesos en 1931 y 323 896 883,68 pesos en 1932. <<

[32] Perdió por 82713 votos contra 109292 de los socialistas independientes y 83076 de los socialistas las elecciones del 2 de marzo de 1930 en la Capital Federal. El descenso de votos fue general en el país, en contraste con las elecciones de dos años antes. <<

[33] Jorge Walter Perkins, op. cit., pág. 68. <<

[34] Carlos Ibarguren, op. cit., pág. 369. <<