Estudios

LA REPÚBLICA EN LAS URNAS

El despertar de la democracia en España

ROBERTO VILLA GARCÍA

LA REPÚBLICA EN LAS URNAS

El despertar de la democracia en España

Marcial Pons Historia
2011

La presente publicación se inscribe en el Proyecto de Investigación «Cultura política y violencia en la Segunda República española (1931-1936)», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de I+D+I (Ref. HAR2009-11492/HIST).

© Roberto Villa García

© Marcial Pons, Ediciones de Historia, S. A.

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Diseño de la cubierta:

Manuel Estrada. Diseño Gráfico

«Preciso es reconocer que hay un vicio en el cuerpo electoral… ¿Consiste este vicio en que la Nación española sea radicalmente incapaz para el gobierno representativo? No: la Nación española es altiva; si de algo peca, es de sobrado independiente, y ha dado pruebas… al tener bastante independencia para derrotar a un gobierno; no: los españoles tienen tantas condiciones como el que más para el self gobernement [sic] y pueden muy bien ser regidos por el sistema representativo».

Manuel Alonso Martínez, Diario de Sesiones de la Cortes (1880).

ÍNDICE

ABREVIATURAS

AGRADECIMIENTOS

PREFACIO

CAPÍTULO 1.   LA AMARGA HERENCIA DEL FRACASO

CAPÍTULO 2.   COMPETENCIA Y MOVILIZACIÓN EN LAS ELECCIONES ESPAÑOLAS

Las primeras elecciones en España

Elecciones abiertas y desarrollo de las organizaciones de partido

Medio siglo de elecciones administrativas

La resurrección del cuerpo electoral

CAPÍTULO 3.   NUEVOS TIEMPOS, VIEJAS FORMAS

El miedo al voto de la mujer

La reforma de 1933

Sin socialistas no hay Gobierno

Las elecciones en la Gaceta

CAPÍTULO 4.   CANDIDATURAS Y CANDIDATOS

Impedimentos legales

La selección de candidatos

Las candidaturas en presencia

Elecciones competidas

CAPÍTULO 5.   LA LUCHA POR EL VOTO

Los métodos de captación

Los mensajes electorales

Si la legalidad no nos sirve

¡Votad a la República!

La República para todos los españoles

¡Votad contra el marxismo!

CAPÍTULO 6.   TRABAS Y JUEGO SUCIO

Católicos y anarquistas

La intervención gubernamental

La violencia en la campaña

Sondeos sin encuestas

CAPÍTULO 7.   ESPAÑA A LAS URNAS

La jornada electoral

Una movilización sin precedentes

¿Un triunfo conservador?

CAPÍTULO 8.   LAS CLAVES DEL RESULTADO

Sindicalismo y orientación del voto

El sufragio femenino

La herencia de 1923

Campo y ciudad

CAPÍTULO 9.   SABER GANAR, SABER PERDER

La unión del centro-derecha

Vísperas revolucionarias

¿Un intento de golpe de Estado?

CAPÍTULO 10.   FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Un consenso efímero

La división se ahonda

La interferencia del partidismo

Las nuevas Cortes

CONCLUSIONES

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ANEXO.   RESULTADOS ELECTORALES DE 1933

Primera vuelta

Segunda vuelta

ABREVIATURAS

ACD | Archivo del Congreso de los Diputados
ACR | Acción Catalana Republicana
A. Rural | Acción Rural
Agr. | Agrario
ADP | Archivo de la Diputación Provincial de Granada
AHN | Archivo Histórico Nacional
ANV | Acción Nacionalista Vasca
AP | Acción Popular
AR | Acción Republicana
ASR | Agrupación al Servicio de la República
BIBP | Boletín de Información Bibliográfica y Parlamentaria de España y del extranjero
BOC | Bloque Obrero y Campesino
CEDA | Confederación Española de Derechas Autónomas
CGTU | Confederación General del Trabajo Unitaria
CNT | Confederación Nacional del Trabajo
CT | Comunión Tradicionalista
DRV | Derecha Regional Valenciana
DSC | Diario de Sesiones de las Cortes
EIF | Extrema Izquierda Federal
ERC | Ezquerra Republicana de Cataluña
FAI | Federación Anarquista Ibérica
FETT | Federación Española de Trabajadores de la Tierra
IRA | Izquierda Radical-Andaluza
IRS | Izquierda Radical-Socialista
JAP | Juventud de Acción Popular
JEREC | Juventudes de Esquerra Republicana-Estat Català
MRP | Movimiento Republicano Popular (Mouvement Républicain Populaire)
PCE | Partido Comunista de España
PF | Partido Federal («pimargallianos»)
PG | Partido Galleguista
PNE | Partido Nacionalista Español
PNRE | Partido Nacionalista Republicano de Esquerra
PNV | Partido Nacionalista Vasco
PRC | Partido Republicano Conservador
PRDF | Partido Republicano Democrático Federal («barrioberistas»)
PRF | Partido Republicano Federal («franchystas»)
PRG | Partido Republicano Gallego
PRLD | Partido Republicano Liberal-Demócrata
PRP | Partido Republicano Progresista
PRR | Partido Republicano Radical
PRRS | Partido Republicano Radical-Socialista
PRSI | Partido Republicano Radical-Socialista Independiente
PSOE | Partido Socialista Obrero Español
PURA | Partido de Unión Republicana Autonomista
RE | Renovación Española
SFIO | Sección Francesa de la Internacional Obrera
SPD | Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
SRI | Partido Social-Revolucionario Ibérico
TYRE | Tradicionalistas y Renovación Española
UDC | Unión Democrática de Cataluña
UGT | Unión General de Trabajadores
USC | Unión Socialista de Cataluña

AGRADECIMIENTOS

Quiero consignar, ahora que este trabajo ve la luz, las deudas de gratitud que he adquirido durante su elaboración. La primera de ellas con Juan Gay Armenteros, Manuel Titos y Cristina Viñes, quienes contribuyeron poderosamente a mi formación como historiador en la Universidad de Granada. Bajo la dirección de Cristina Viñes comencé a bosquejar este trabajo y, aunque no pude culminarlo a su lado, para mí será siempre un modelo de buen hacer historiográfico, digno de imitar. La segunda de ellas, muy grande, con Stanley Payne, del que he aprendido mucho de lo que conozco sobre la Segunda República española y que comenzó a guiar mis primeras hipótesis de investigación. Su amistad constituye, para cualquier historiador joven, un premio en sí misma. La tercera de ellas, con los miembros del tribunal que leyeron pacientemente este trabajo cuando lo presenté como tesis con el triple de páginas, que hicieron observaciones inteligentes y que le dieron generosamente la calificación de «sobresaliente cum laude»: Carmen Iglesias, Fernando Suárez, Fernando del Rey y Luis Arranz.

En particular quiero agradecer a Luis Arranz las horas de agradable y fructífera conversación que me han servido, entre otras cosas, para apreciar el valor de la historia política y descubrir los entresijos de los sistemas representativos. A Fernando del Rey debo estímulos de rigurosidad, prudencia y empatía que han mejorado muchísimo el documento original. De Fernando Suárez, que ha mostrado siempre confianza en mis aptitudes, he recibido tanta ayuda que difícilmente podré devolvérsela en el futuro. Carmen Iglesias valoró mi trabajo con la inteligencia que le caracteriza.

Pero la deuda más importante la tengo con quien lo dirigió y le confirió dosis impagables de calidad. Me refiero a Manuel Álvarez Tardío, con quien tengo la satisfacción de haber cimentado no ya una relación profesional, sino una gran amistad que ha devenido esencial para hacer mucho más fácil mi adaptación a la universidad. Mi formación como historiador ha estado vinculada a él desde que llegué de Granada y, por eso, este trabajo no hubiera sido posible nunca sin su aliento y su apoyo.

Por diversas razones personales, pero también por lo mucho que sus escritos han influido positivamente en este libro, deseo agradecer su ayuda a Octavio Ruiz Manjón y Carlos Dardé. Tampoco quiero dejar de consignar mi agradecimiento a las instituciones que me ayudaron económicamente a culminar la tarea, sobre todo el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y el Congreso de los Diputados.

No obstante, la deuda fundamental la he contraído con mi familia, que son lo mejor de mi vida. Siempre conté con el apoyo de mis padres, Avelino y Mari Carmen, para hacer realidad el sueño de convertirme en historiador, a sabiendas de las dificultades que reviste la tarea. Mi padre, además, leyó pacientemente el manuscrito y me hizo sugerencias de interés que he recogido íntegramente. Mi hermana, María José, siempre estuvo ahí, incluso para ayudarme con la árida base de datos electoral. Vicente lleva tantos años a nuestro lado que para mí se ha convertido ya en otro hermano. Este libro está especialmente dedicado a José García, mi abuelo Pepe. Su envidiable memoria y su tremenda perspicacia me han permitido revivir, a través de horas de apasionante conversación, uno de los períodos más trágicos y sugestivos de nuestra historia. Y, por último, a Jose, a quien debo sus innumerables muestras de cariño y aliento, que han permitido dar cima a esta investigación. Todos ellos son mi sostén emocional y los que dan sentido a todo mi trabajo.

PREFACIO

La historia es la ciencia que explica el presente, con la particularidad de que lo hace a través del pasado. Aun dedicándose a la época más remota, cuando el historiador analiza a los seres humanos, las sociedades y sus modos de organización, nos muestra una multiplicidad de aspectos que, entrelazados, han ayudado a conformar nuestra realidad diaria. Desde luego, esto es más visible cuando el historiador estudia fenómenos que cronológicamente se hallan más cercanos a nuestro tiempo.

Esto ocurre con la democracia republicana de los años treinta en España. Para bien o para mal, como modelo o «contramodelo», constituye uno de los fundamentos históricos más evidentes de nuestra democracia actual. A pesar de que el estallido de la Guerra Civil ha condicionado el enfoque del análisis de la Segunda República hasta el punto que parece acentuar una especie de «excepcionalismo» o «fracaso» español, lo cierto es que, en general, la Europa de «entreguerras» no fue un contexto propicio para el desarrollo y la expansión de las democracias. De hecho, el cúmulo de experiencias anteriores, incluidas las negativas, determinó directamente el diseño de las nuevas democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el estudio de las transiciones del liberalismo a la democracia de masas, con su corolario de transformaciones en la movilización política, y de las luchas sociales que llevaron aparejadas, es trascendental para la comprensión de los sistemas democráticos que rigen el continente europeo a comienzos del siglo XXI.

En esa línea, este libro pretende ser una reflexión sobre cómo se ha articulado en el presente la democracia española sobre la base de la experiencia acumulada en el pasado. En efecto, el sistema democrático actual, el entramado institucional que lo sustenta y el «catálogo» de costumbres y comportamientos de los agentes políticos son el producto de la transformación evolutiva del viejo régimen representativo liberal que se consolidó en España a partir de 1834. Por desgracia, esta «evolución», a trompicones durante el XIX, ha sido menos lineal y directa en el siglo XX porque fue abortada en 1923 y, después, definitivamente en 1936. Como el objeto de estudio de este libro son las elecciones, podría argüirse que éstas no agotan la cuestión de cómo se construye una democracia a lo largo del tiempo. Pero a tal afirmación puede responderse con facilidad. El reparto del poder apelando a todos los sujetos que poseen plenamente los derechos políticos (que en democracia son, hoy, los ciudadanos de ambos sexos mayores de edad) constituye una condición sin la cual no se entiende, no existe, la democracia. Las elecciones están ineludiblemente unidas a otra de las condiciones básicas: la previa garantía de una serie de derechos y libertades que, entre otras cosas, facilitan la difusión de ideas, la libre presentación de candidatos y la competencia política (libertades de expresión, imprenta y reunión, y derecho de asociación). De modo que, para evitar confusiones con los comicios de regímenes autoritarios o totalitarios, en democracia sólo hay, como titulaba felizmente Mackenzie uno de sus célebres libros, «elecciones libres».

En consecuencia, no puede ser casualidad que hayamos de retrotraernos a la Segunda República para buscar el antecedente de la democracia actual. Hoy es algo común considerar el lustro anterior a la Guerra Civil como el primer período democrático de nuestra historia. Por ello, su importancia es tal que merece un tratamiento autónomo del conflicto bélico, al que la República de 1931-1936 parece íntimamente vinculada. En parte con razón, porque la guerra fue consecuencia directa de lo ocurrido durante la etapa inmediatamente anterior. Pero en parte sin ella, porque la República no tenía por qué desembocar necesariamente en la guerra. Si lo hizo, fue por causas muy determinadas que precisamente justifican ese tratamiento aparte.

Como la guerra fue un conflicto fundamentalmente político, entre esas causas desempeña un papel esencial la articulación y el desenvolvimiento de la democracia republicana. Así lo debieron ver los que, durante la transición, se encargaron del diseño de la Constitución de 1978. Porque el régimen actual se intentó concebir como un hijuelo de los sistemas parlamentarios anteriores sin las deformidades de sus antecesores. En otras palabras, la democracia que nos rige se forjó a partir de la experiencia republicana pero, en lo posible, «vuelta del revés», tomada como «contramodelo» en un intento de exorcizar los augurios de un nuevo enfrentamiento entre españoles. Esto puede constatarse de muchísimas formas, pero se ve de manera clarísima en la cuestión electoral. En la actualidad se ha «constitucionalizado» una serie de aspectos (la circunscripción provincial o el régimen proporcional) como parte de un «consenso» que evita que las leyes electorales, las reglas por donde discurre la competencia por el poder, no lo sean a conveniencia de un determinado partido. Se ha institucionalizado, además, la representación proporcional en el Congreso de los Diputados para dificultar el retorno al «sistema mayoritario», ese que primaba al vencedor concediéndole más escaños de los que reflejaba su fuerza real y que aplastaba a los vencidos arrebatándoselos a ellos. Se ha hecho lo mismo, en fin, con la circunscripción provincial, para evitar variaciones frecuentes en la división electoral del territorio a beneficio de la formación política que, en un momento determinado, controla las Cámaras. Por el contrario, ambos fenómenos ocurrieron bajo la Segunda República, precisamente porque la Constitución de 1931 apenas pergeñó unos pocos principios que inspirasen el régimen electoral. De hecho, sólo mentaba las condiciones básicas que debían poseer electores y elegibles.

Pero en lo que a las elecciones respecta, la Segunda República no puede considerarse sencillamente como «contramodelo». En este sentido, los comicios del 19 de noviembre de 1933 (y su segunda vuelta del 3 de diciembre) no han sido elegidos de forma casual. Constituyen las primeras elecciones «democráticas» en el sentido pleno de la palabra, en cuanto que pueden asimilarse, a grandes rasgos, con las que se celebran hoy día. Por primera vez votó la mujer en unas elecciones generales y el sufragio terminó así de «universalizarse». Además, la mayoría de los que tuvieron la fortuna de vivir las primeras elecciones de la transición en 1977 y su secuela de actos públicos, fachadas empapeladas con carteles donde aparecían candidatos y lemas, el reparto de folletos y candidaturas, su lanzamiento a mansalva desde vehículos que recorrían las calles, el estruendo de las megafonías que anunciaban mítines, repetían consignas y peticiones del voto sazonadas con los himnos de los partidos… estaban asistiendo a un espectáculo que nunca habían visto en España tras cuarenta años de franquismo. Sin embargo, los más viejos sí que recordaban haberlo presenciado, hace mucho tiempo, antes del trauma de la guerra.

Y es que, en materia de proselitismo, las elecciones de la transición no partieron de la nada. Aparte de las experiencias procedentes de las campañas electorales foráneas, la mayoría de las tácticas que se desarrollaron para captar el voto ya habían aparecido, de forma también masiva, en los años treinta. En este sentido, fueron las elecciones de noviembre de 1933 las que inauguraron en España los «comicios de masas», en los que se movilizó un número de electores nunca antes visto en la historia del país pero, también, una cifra de propagandistas verdaderamente increíble. Las viejas elecciones de la Restauración, encorsetadas en la estrechez del distrito uninominal, habían dado paso a un fenómeno nuevo, que bien hubiera podido venir antes de no ser por la Dictadura de Primo de Rivera. Por otra parte, el mantenimiento del pluripartidismo republicano y la reorganización de las derechas en diversas formaciones hicieron crecer la competencia de candidatos hasta tal punto que, también por vez primera en España, no quedó circunscripción sin lucha electoral ni pueblo pequeño en el que se dejó de requerir el voto de sus habitantes.

Si las elecciones de 1933 inauguraron la «democracia de masas» en España mucho antes de que ésta retornara en los setenta, su estudio resulta además fundamental por otros dos aspectos. El primero es que fue la primera consulta popular celebrada simultáneamente en todo el país tras aprobarse la Constitución de 1931. Si en la transición se decidió refrendar la actual Carta Magna que hoy rige el 6 de diciembre de 1978 y, acto seguido, disolver las Cortes y que una Cámara ordinaria se encargase de elaborar las leyes de desarrollo; en la Segunda República, las cosas marcharon por otro camino. Entonces se consideró que, al estar las Constituyentes de 1931 legitimadas por el voto popular, no hacía falta una nueva consulta al electorado para ratificar la Constitución. No se hizo aun cuando un sector de la Cámara, las minorías católicas y conservadoras, había abandonado sus escaños acusando de intransigencia y sectarismo a los grupos republicanos de la mayoría y al PSOE. Más aún, estos últimos consideraron que las leyes de desarrollo no podían realizarse en modo alguno contrariando el «espíritu» de la Constitución, imbuido de sus propios principios, y decidieron prolongar la vida de las Cortes. La legislación que la desarrolló (religiosa, económica, de orden público…) se consideró tan estrechamente vinculada a ésta que, cuando se creó el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales, se aprobó una disposición en la que no se le permitía revisar su «constitucionalidad». De modo que, invalidadas las vías legislativa, judicial y popular para que los que no comulgaban con la nueva Constitución pudiesen expresar su rechazo, unas elecciones ordinarias a Cortes como las de noviembre de 1933 acabaron convirtiéndose, en la práctica, en un plebiscito entre los que defendían la «República de izquierdas» y los que deseaban la reforma de la ley fundamental desde presupuestos liberales o conservadores.

Pero las elecciones de 1933 significaron mucho más. Resultaron la prueba de fuego de la solidez de la democracia republicana al plantear en toda su crudeza el problema de la alternancia. La República se había concebido como un régimen en el que habrían de sentirse cómodos los distintos partidos republicanos y el socialista, que a fin de cuentas eran los que la habían traído y los que representaban, tras los comicios de junio de 1931, a la mayoría del país. Pero, ¿qué ocurría si el régimen no había sido lo suficientemente inclusivo, hasta el punto de que pudieran ganar las elecciones los que se negaban a aceptar la República tal y como estaba? ¿Cómo combinarían socialistas y republicanos el respeto a la «voluntad nacional» con el prurito de la «defensa de la República» frente a sus «enemigos»? De hecho, la alternancia fue tan difícil que el proceso no se hizo efectivo hasta que en octubre de 1934 entraron en el gobierno varios ministros de los partidos conservadores, los mismos que habían vencido en las urnas… un año antes. La consecuencia inmediata fue la «huelga revolucionaria» promovida por los partidos obreros, la ruptura con las instituciones de los republicanos de izquierda y la proclamación de la República Catalana por la Esquerra.

Aparte, si los comicios de 1933 constituyeron, por vez primera en nuestra historia, una expresión ostensible de la «democracia de masas», esto no ocurrió por generación espontánea. Sorprendentemente se ha popularizado la percepción de que el sistema parlamentario ha sido aquí excepcional cuando pasó todo lo contrario. A pesar de sus problemas de articulación y de no ajustarse todavía a una lógica democrática, España fue, de los grandes países de la Europa continental, el que hasta 1936 disfrutó más años de régimen representativo liberal. Precisamente por eso, las elecciones no eran un fenómeno desconocido para los españoles de los treinta, pues, descontando los siete años de la Dictadura «primorriverista», ellos las habían podido presenciar, del mismo modo que sus padres y abuelos. Si en 1933 se movilizaron de forma mucho más intensiva y extensiva, si la propaganda tomó carácter masivo, si se atisbaron fórmulas modernas de financiación de la campaña, si se redujo drásticamente la falsificación y la corrupción electoral (fenómenos comunes antaño), también es cierto que los comicios anteriores, sobre todo los celebrados entre 1910 y 1931, ya marcaron una serie de pautas que profetizaban la llegada de la democracia de masas. La competencia entre partidos, el proselitismo, la progresiva reducción del fraude… no comenzaron con la República, sino que más bien eclosionaron y adquirieron parcialmente perfiles modernos durante este período. De ahí que resulte necesario, para explicar los comicios de masas (los de la República, pero también los de hoy día), comprender a qué parámetros responde nuestra «tradición electoral».

Este libro quiere cubrir un vacío respecto de los estudios anteriores. Se diferencia de ellos en que es una historia política y, por tanto, trata de explicar las elecciones como un fenómeno vinculado estrictamente al contexto político y a sus protagonistas. Los que se hicieron hace muchos años (Tusell, Irwin), aunque no dejan de ser valiosos, respondían más a los modelos de «sociología electoral» en boga durante los años sesenta y setenta. Esta sociología explicaba el sentido del voto atendiendo al contexto social, económico y cultural, aunque, como reconocería el malogrado Javier Tusell en 1991, el valor analítico de tales correlaciones acabó siendo muy relativo y sus resultados poco seguros. Exceptuando los excelentes estudios regionales de Manuel Requena, en España no se han analizado las elecciones desde la perspectiva de la nueva historia política. En ésta pretende inscribirse el libro que el lector tiene en sus manos.

Evidentemente, cambiar la perspectiva de análisis modifica las preguntas que se plantean en una investigación histórica. La primera y fundamental que estas páginas tratan de responder es en qué condiciones nace la democracia de masas en España. Es decir, ¿quiénes son los agentes de esa movilización y quién es el principal beneficiario? ¿Cuáles son las normas que regulan la competencia entre candidatos? ¿Cómo (y no sólo qué) votaban los españoles de entonces? ¿de qué modo les espolearon discursos y programas políticos y cuáles de ellos tuvieron mayor repercusión? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a la movilización? Pero también contestan una serie de cuestiones particulares que continúan aún sin tener una respuesta clara, por lo menos a escala nacional: ¿de qué modo pesaron en 1933 las tradiciones de falsificación e intervención fraudulenta del gobierno? La competencia entre partidos, ¿se hizo de forma civilizada o menudeó la violencia? ¿Cuál fue la influencia de los anarquistas de la CNT en los índices de participación y el reparto del voto? ¿Fue el sufragio de la mujer decisivo en los resultados electorales? ¿Triunfaron realmente las derechas o se atribuyeron una victoria que, en términos absolutos, no era real? ¿Fue la movilización conservadora un fenómeno exclusivamente rural o incidió en los resultados de las ciudades? ¿Modificaron los resultados el mapa político heredado de épocas anteriores? Y algo fundamental, ¿cómo reaccionaron los partidos y sindicatos de izquierda ante los resultados? ¿Hubo, como se ha dicho, intentonas de «golpe de Estado»? ¿Cómo se fraguó el entendimiento entre el Partido Radical (que había votado la Constitución) y la derecha posibilista (que pretendía revisarla)? Por tanto, ¿de qué manera se gestó la alternancia y se abrió el período de gobiernos del centroderecha? El lector encontrará aquí respuestas a todas estas preguntas. Espero además que esta investigación le ayude a comprender, a través de la incipiente democracia republicana, las razones que han llevado a encauzar el conflicto político de una forma muy diferente en la España actual.

CAPÍTULO 1

LA AMARGA HERENCIA DEL FRACASO

Las elecciones en España constituyen, quizás, el aspecto de la vida política contemporánea que ha suscitado un número mayor de apreciaciones negativas, hasta el punto que han servido para constatar el fracaso del régimen representativo liberal. La denuncia «costista» del caciquismo ha tenido un éxito enorme. Los comicios aún suelen ser despachados como procesos fraudulentos en los que los electores no tenían una participación real. De este modo, los Parlamentos resultantes sólo podían ser tachados de ilegítimos y poco (o nada) representativos.

Esta descalificación global no es ajena a las teorías que interpretaron la historia contemporánea de España como la de una modernización fallida, como dos siglos de frustraciones y fiascos que afectaron a todos los ámbitos: economía, sociedad, cultura y, por supuesto, política. Esta teoría fue herencia del pesimismo desbordado, no pocas veces más estético que racional, que una parte de los intelectuales pusieron de moda a partir de 1873, pero que se convirtió casi en un dogma tras el «desastre» de 1898 y, posteriormente, tras la crisis del sistema restauracionista¹. Ese pesimismo, que los «regeneracionistas» de 1898 y los «rupturistas» de 1914 creían fundamentar en hechos, se tradujo en una negación de casi todo cuanto constituía la sociedad en la que vivían y la asunción, como alternativa, de modelos extranjeros que si bien constataban el atraso en que España se hallaba, también eran idealizados hasta el punto de no permitir una comparación seria. Su influencia ha sido enorme a la hora de determinar si valía la pena estudiar las elecciones en España dada su falta de virtualidad para determinar el reparto del poder político.

Si hay algo que pueda constatar esta influencia es el desequilibrio y disparidad de la producción historiográfica. Tanto es así que no abundan los estudios rigurosos que, en los últimos cuarenta años, hayan servido para desentrañar cómo se hacían las elecciones en España. Es cierto que existe una multiplicidad de trabajos, casi todos orientados a estudios locales o provinciales, pero estas monografías adolecen, en palabras de Dardé, de «una base teórica adecuada… no se plantean y, por tanto, no dan solución a los problemas básicos de la realidad política». Los estudios que se llevan realizando desde la década de los noventa sobre las elecciones en la Restauración, muy pocos generales y sí muchos de historia provincial o local, están abriendo resquicios de luz importantes que tienden a romper la penumbra gnoseológica, pero aún quedan pendientes cuestiones importantes. Comenzando, desde luego, por conocer con exactitud y cierta profundidad algo tan necesario como los resultados de todos los comicios, problema que ha mucho que resolvieron otros países de nuestro entorno².

No obstante, ¿cabe imputar a la historiografía descuido? Varias obras demuestran por su calidad y rigurosidad que no³. Las que no se citan porque desbordan el marco cronológico de esta investigación, esto es, los trabajos que sociólogos y politólogos realizan aún hoy sobre las elecciones que tuvieron lugar con posterioridad a 1975 refuerzan la negación. Entonces, ¿por qué a la altura de 2009 no se conocen con exactitud los resultados de las elecciones decimonónicas? ¿Por qué se carece de un banco de datos lo suficientemente amplio y riguroso sobre los comicios verificados durante el primer tercio de siglo XX hasta 1936? ¿Por qué se sabe muy poco de las campañas electorales? ¿Por qué se desconoce la adscripción política de una parte de los diputados que llegaron a las Cortes entre 1810 y 1936? ¿Por qué tampoco se tiene constancia de las distintas candidaturas que optaron a la representación del país? Las preguntas se agolpan sin solución de continuidad y las cuestiones aquí planteadas dan lugar a otras nuevas que no pueden contestarse sin admitir que nos continuamos moviendo en terreno resbaladizo.

Una de las primeras respuestas tiene que ver con el problema de las fuentes. Es verdad que, en ocasiones, la inexistencia, la escasez o la inadecuación de la documentación disponible (anuarios estadísticos, expedientes electorales…), motivadas en no pocos de los casos por la poca diligencia, y hasta falta de interés, de los gobiernos del momento de dar publicidad a los resultados, crea problemas bastante serios a la hora de establecer cifras y adscripciones. También es cierto que estas fuentes, cuando se hallan, contienen datos muchas veces fragmentarios y hasta contradictorios entre sí, sobre todo cuando se trata de fuentes indirectas como la prensa. Y también es exacta la apreciación de que, para lograr coronar una investigación sobre una consulta a escala nacional, hay que acudir a numerosos archivos provinciales y locales. Por tanto, la investigación sobre elecciones resulta no sólo difícil, por la complejidad que entraña, sino hasta larga, pesada e ingrata, por el tiempo que lleva la obtención de los datos y su posterior tratamiento, requisitos previos para elaborar el trabajo final.

Pero también son acertadas las observaciones, preñadas con gotas de crítica, que Linz, Montero y Ruiz realizaron no hace mucho en un nuevo estudio estadístico. En él describen el panorama general de investigación electoral destacando los pocos avances que se han hecho desde la obra general que publicó Martínez Cuadrado en 1969. «La historiografía española», arguyen, «ha trasladado su centro de gravedad a los niveles regionales, provinciales o locales. Estos estudios, sin embargo, han pretendido alcanzar objetivos dispares o se han realizado con tratamientos diferentes, lo que ha provocado una frecuente yuxtaposición, que no acumulación, de resultados. Incluso los estudios más recientes sobre las elecciones celebradas desde los años setenta del pasado siglo presentan problemas considerables», entre los que destacan «las diferencias que resultan de comparar unos mismos datos electorales». Aunque admiten la dificultad de la investigación por la escasez de fuentes en determinados casos, también objetan que existen otras que no han sido convenientemente explotadas como las que se hallan en el archivo de las Cortes. Claro que el trabajo resulta tan arduo que sólo se han utilizado para algunos estudios locales, provinciales y, muy pocas veces, regionales. Estos autores opinan que, a diferencia de otros países, se ha descuidado mucho los aspectos cuantitativos no sólo por la dificultad que entrañaba el tratamiento y cotejo de cifras, sino también por la «percepción de la escasa representatividad de las elecciones durante el siglo XIX y parte del XX»⁴.

Esta apreciación tradicional resulta quizás el factor más importante de todos: la percepción de que las elecciones, lejos de constituirse en España como la principal fuente de poder, en el medio de acceso del personal político a las instituciones representativas, no eran sino un triste episodio de trámite por el que un determinado gobierno legitimaba su existencia obteniendo de forma fraudulenta una mayoría parlamentaria adicta. En realidad, cargos públicos, funcionarios y caciques del lugar se constituían en agentes responsables del triunfo del partido gobernante. De modo que en España nunca hubo régimen representativo, no al menos hasta 1931, y eso nos diferenciaría radicalmente de otros países de nuestro entorno. Las culpas se las repartían los oligarcas monopolizadores de los medios de producción agrícolas, industriales y comerciales, los políticos profesionales y un pueblo aborregado e indiferente, «ese pueblo de eunucos» que diría Joaquín Costa⁵.

Los testimonios resultaban tan abrumadores que no puede extrañar que los historiadores percibieran el régimen representativo liberal, y en particular las elecciones, como mero artificio. En concreto sobre la cuestión electoral, uno de esos testimonios fue el de Práxedes Zancada, quien, en 1914, comenzaría su estudio sobre las elecciones en España de esta guisa: «Se ha dicho con razón que España, bajo la forma y apariencias de un Gobierno constitucional y parlamentario, es en realidad una nación sometida á un régimen oligárquico, dentro del que, los que ostentan la representación del país, los Diputados, no son verdaderos mandatarios de la opinión pública, ungidos con el óleo sagrado de la voluntad ciudadana, sino instrumentos dóciles del caciquismo imperante». Ilustraba sus críticas citando a Macías Picavea, para el que las Cortes eran un «sol pintado, navaja de Albacete que España lleva metida en el costado… inmundo Senado de la Roma decadente, dispuesta á honrarse con el caballo de Calígula»; y también a Joaquín Costa, quien las definía como «bolsa de contratación del Poder, Asamblea del siglo XV, donde la vigente feudalidad convive, poniendo en contacto á todos los feudatarios para el efecto de proveer al equitativo reparto y disfrute del país». «Dentro de tal falseamiento», sentenciaba de nuevo Práxedes Zancada, «todo se halla igualmente viciado y corrompido», y los partidos políticos eran comparables, en su organización y fines, con la «Mafia» siciliana⁶. Hay que puntualizar, no obstante, que el estudio de Zancada estaba muy lejos de perseguir una motivación científica. Al contrario, era un opúsculo contra la política electoral del gobierno Dato en 1914, de la que supuestamente el autor había sido un damnificado. En él trataba de demostrar que éste había sido el gabinete más intervencionista y sucio de la historia electoral española, y que continuaba la tradición inaugurada por los liberales moderados y los conservadores de Cánovas. Pero cuando trataba los comicios dirigidos por progresistas o liberales fusionistas de Sagasta, lo hacía en términos elogiosos, desechando sin ningún análisis las acusaciones vertidas contra ellos.

Un tratadista más célebre, Gumersindo Azcárate, se hizo eco de los datos recogidos por las embajadas británicas en distintos países europeos, para informar a sus lectores de que «los dos países en que la inmoralidad de electores y candidatos es mayor son Hungría y España; y los dos en que el poder ejecutivo interviene más de un modo ilegal y abusivo en las elecciones son Portugal y España», con lo que en la práctica España se encontraba a la cabeza de toda Europa en insinceridad electoral. «No tenemos sufragio», corroboró el constitucionalista Adolfo Posada, «más que de una manera nominal, en el papel». Para Azcárate, todo fallaba en España, electores y electos, pues los primeros hacían uso de la facultad de votar «como mejor cuadra a su arbitraria voluntad» sin tener en cuenta la justicia ni la conveniencia general, pues «pone la mira en su personal interés, o, cuando más, en el local, y eso por el influjo directo e inmediato que ha de tener en el suyo individual». En cuanto al diputado, lejos de actuar como un representante nacional, no era más que «el mandatario de un pueblo o de una provincia», consistiendo su interés en mirar por el de sus representados. Es así como, «unas veces por ignorancia, otras por mala voluntad», los aspirantes a diputado apelaban a todos los medios para ganar las elecciones, «desde el uso de recursos tan groseros como las comilonas y las francachelas, o tan criminales como el cohecho o el soborno, hasta el empleo de aquellos otros que sirven de aguijón al interés, al egoísmo, a la vanidad o al amor propio». Los partidos políticos lograban el triunfo electoral sólo por medio de «argucias y falsedades», y acciones tales como «el estorbar que voten los vivos y el hacer votar a los muertos, la evaporación de sufragios que se depositan en la urna y la aparición de otros que nunca entraron en ella, las actas en que constan cosas que no han pasado y no figuran otras que han sucedido» no resultan ser más que un catálogo de habilidades «dignas de premio».

En fin, en la lista de culpables no podían faltar los gobiernos, «cuando descienden del alto puesto de jueces de campo para mezclarse en la contienda electoral como litigantes interesados». Censuraba el contenido de las circulares de Gobernación como «repugnante hipocresía» porque «mientras el Poder Ejecutivo declara con gran solemnidad en la Gaceta que no se propone intervenir en la lucha sino para garantizar la libertad y la independencia de los electores, luego interviene, precisamente para todo lo contrario», para que las llamadas candidaturas ministeriales «que pervierten y corrompen por completo la organización política» triunfasen sobre el resto. Así pues, en su afán crítico, Azcárate también hubiera recusado las campañas electorales de hoy día, plenas de programas, ofrecimientos a los electores, mítines y banquetes, y también la actitud individualista de muchos candidatos y electores. Claro que criticaba con coherencia, porque don Gumersindo nunca hubo de cometer semejantes «bajezas» para acceder a las Cortes. Al contrario, pudo sentarse durante varias décadas en su escaño leonés, «encasillado» por liberales y conservadores⁷.

Pero esas diatribas no eran sólo fruto de gente con inquietudes intelectuales y desmedida capacidad crítica, sino que las corroboraban los políticos de la época en discursos y conferencias, en las Cortes o en la calle. De Castelar era aquella sentencia célebre de que «cada elección es una calamidad, cada comicio un mercado, cada elector un esclavo, cada ministro un sultán, cada candidato un fomentador de la pública inmoralidad, cada acta un padrón de escándalo y de ignominia». Uno de los líderes del republicanismo decimonónico, el marqués de Albayda, confirmaba esta versión ya en la época del sufragio censitario afirmando que «en España… no solo se limita el derecho de votar que debian tener cuatro millones de españoles á cien mil electores, sino que no se deja á este reducido número de electores que nombre libremente los diputados; y seduce, en términos, que van al Congreso los que quiere el gobierno existente al hacerse las elecciones, cualquiera que él sea». El político liberal-demócrata Cristino Martos señalaba el mismo mal:

«Parece que el cuerpo electoral vota, parece que se hacen Diputaciones y Ayuntamientos, y que se eligen Cortes, y que se realizan, en fin, todas las funciones de la vida constitucional; pero éstas no son sino meras apariencias: no es la opinión la que decide; no es el país el que vota, sois vosotros [los Ministros], que estáis detrás manejando los resortes de la máquina administrativa y electoral».

Joaquín Costa concluía reputando que en España no había «un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias. O dicho de otro modo: no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas… al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla»⁸. Como, a tenor de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, pueden encontrarse en la prensa abundantes testimonios de lo mismo, parece que la percepción negativa sobre las elecciones no carece de fundamento real.

Estos ejemplos contribuyen bien a explicar por qué una parte de la historiografía posterior a la Guerra Civil compartió una visión esencialmente negativa de las elecciones españolas que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Algunos historiadores, desengañados tras el trauma de 1936 y uncidos al carro del vencedor, lo hicieron para negar la representatividad del sistema liberal, pero también para resaltar la incapacidad del pueblo español, en términos poco menos que esencialistas, de convivir en democracia. A pesar de poseer orígenes ideológicos distintos, estos historiadores no hacían sino retomar el discurso de los intelectuales regeneracionistas. Evidentemente, sus tesis no eran desinteresadas, pues el liberalismo era considerado por ellos como una dislocación extranjerizante, y por tanto artificiosa, de los mecanismos de «representación» precontemporáneos y tradicionales de España, que eran los vindicados durante el franquismo. Esta visión negativa perduró también en quienes adoptaron el materialismo histórico. Centrados en resaltar el arcaísmo de la organización socioeconómica del país y la frustración de la «revolución burguesa», los acontecimientos y hechos concretos que narraba la vieja historia política, entre ellos las elecciones, no eran más que querellas de privilegiados que sólo a ellos importaban, intrigas de salón en el que las masas o «el pueblo» apenas si tenían participación. El uso del sufragio universal entre 1891 y 1923 no consistió más que en una farsa que legitimaba formalmente a la facción gobernante. A decir verdad, sólo interesaron, y tampoco demasiado, las elecciones del Sexenio Revolucionario y las de la Segunda República, en las que se presuponía una mayor participación de las clases preteridas y, sólo por ello, una mayor sinceridad del resultado⁹.

Por tanto, con estas descripciones y reflexiones de los políticos, periodistas e intelectuales coetáneos, sazonadas con la visión negativa que, sobre las elecciones españolas, legaron historiadores tradicionalistas y marxistas, no puede resultar extraño que los estudios electorales no hayan sido tan abundantes como en otras partes, que exista un desequilibrio entre los que se ocupan de la Segunda República y el resto, que se limiten en no pocas ocasiones a exposiciones de datos sin más profundizaciones, y que la primera cuestión que planee sobre éstos gire en torno a si las elecciones habían sido fraudulentas o no.

No obstante, en la década de los noventa se afianzó otra manera de analizarlas a partir del cuestionamiento e, incluso, abandono gradual de algunas de esas premisas. Esto fue de una importancia capital para la recuperación de la, hasta entonces, vieja y denostada historia política, que volvió a ocupar un plano central dentro del objeto de estudio de la historiografía española. De todas formas, no conviene dejarse aprisionar por las fechas. Ya en los sesenta y setenta, José Varela Ortega y Javier Tusell pusieron de manifiesto que el comportamiento electoral de los distritos y circunscripciones no solía ser tan uniforme como se había pensado y que la intervención gubernamental y la participación de los caciques, encauzadas a través del encasillado, era un proceso de negociación complejo que tendía a conjugar en muchas demarcaciones los intereses electorales del Ministerio de la Gobernación con los de las fuerzas políticas provinciales. Sobre el fraude electoral, Varela diferenció este fenómeno del de corrupción y matizó además que, contra lo que parecía desprenderse de otros estudios, se falsificaba en efecto la elección pero no la opinión pública, puesto que ésta no existía. Tusell abordó la investigación de varias elecciones correlacionando el comportamiento electoral con otras variables sociales y económicas, inaugurando así los estudios de sociología electoral. Por último, el estudio de Martínez Cuadrado, a pesar de que aplicaba análisis de la ciencia política a unas elecciones que nada tenían que ver con las actuales, resultó igualmente valioso por la recuperación de las investigaciones cuantitativas, del tratamiento mínimo del tema de la propaganda y por atribuir a los resultados finales otras causalidades distintas del simple fraude, como los niveles comparativos de participación y abstención, y los de competencia entre candidaturas¹⁰.

Ha sido en los noventa cuando este tipo de interpretaciones ha sido más perceptible y ha tenido mayor eco, gracias el abandono del determinismo que en cierto modo imponía también la sociología electoral. Las elecciones españolas, sobre todo las anteriores a 1931, dejaron de ocupar un lugar marginal y se destacó su importancia para entender el complejo funcionamiento de la política decimonónica y, por extensión, del primer tercio de siglo XX. Si bien se sigue admitiendo que, a diferencia de los comicios actuales, los resultados de los verificados entre 1810 y 1923 no fueron expresión de la voluntad del electorado, se han destacado otras facetas que pueden justificar su estudio. Para Dardé:

«Las leyes electorales son uno de los elementos que definen básicamente un sistema político: indican el modelo de representación que se persigue, los grupos e intereses sociales que se trata de integrar, la articulación del territorio; nos dicen mucho, por tanto, de la lógica del sistema y de los conceptos de ciudadano y de nación en que se sustenta. El desarrollo de los procesos electorales, por otra parte, es una de las mejores ocasiones de que disponemos para apreciar la verdadera naturaleza de los sistemas políticos en la práctica: cómo se plantean las relaciones sociales entre representantes y representados, cuál es el verdadero poder del Estado a lo largo y ancho del país, qué cultura política predomina y cómo evoluciona».

En este sentido, Tusell señaló, sobre las elecciones de la Restauración, que «lejos de ser un epifenómeno del sistema político, carentes por completo de interés… testimonian la complicada relación entre unos intereses clientelistas locales y el poder central». Desde una perspectiva comparada con Hispanoamérica, Malamud ha destacado la potencialidad del sistema representativo liberal, y sobre todo de la práctica electoral, para modificar las costumbres políticas y allanar el camino a la democracia. Es evidente que no existe un consenso historiográfico sobre esta última aseveración, pero sí sobre la rehabilitación del estudio de las elecciones españolas teniendo en cuenta la pluralidad de perspectivas de análisis presentes en el panorama historiográfico¹¹.

Además, los estudios de los últimos años han matizado la falsificación de las elecciones verificadas entre 1810 y 1923. El aprecio por la literatura extranjera para realizar estudios comparados ha puesto de manifiesto la existencia en otros países de fenómenos de corrupción y fraude junto a una progresiva evolución hacia mayores niveles de representatividad y emancipación del cuerpo electoral, tendencia de la que España también participó. Es por lo que las elecciones de nuestro país constituyen hoy un fenómeno histórico complejo, muy lejos de las percepciones simplificadoras que las consideraban un expediente del Ministerio de la Gobernación y su Corte de caciques. Una realidad en la que existen muchas más continuidades entre las últimas elecciones de la Restauración y las primeras de la Segunda República, y en el que el caso español, pese a sus especificidades, converge con Occidente dentro del complejo proceso de construcción de una democracia liberal, aunque aquí éste se interrumpiese abruptamente en 1923. De la misma forma, muchos artículos y monografías han contribuido a definir y explicar el «caciquismo», desligándolo de visiones «feudales», matizando su relación con los episodios de fraude y corrupción electoral, y enmarcándolo dentro del fenómeno más amplio del patronazgo político, con diversas facetas en la relación patrón-cliente, que estaba generalizado por todos los países europeos y americanos. Y todo ello sin perder de vista las diferencias y especificidades propias del comportamiento electoral español.

Tiene razón Santos Juliá al concluir que la recreación histórica del pasado «cambia a medida que se transforma la experiencia del presente». Precisamente por ello, se ha pasado de la visión idealizada de la democracia que se tenía en los sesenta y setenta, especialmente intensa por su ausencia durante décadas, a otra más realista tras más de treinta años de vigencia en España. «La constatación de la pervivencia o aparición», apunta con acierto Forner, «bajo nuevas formas, de fenómenos de oligarquización política, clientelismo de partido, distanciamiento entre representantes/representados y apatía electoral, ha propiciado una visión más indulgente del pasado, ayudando a diferenciar lo sustancial —la existencia de un régimen liberal con potencialidades democráticas— de aquellas otras circunstancias estructurales y/o subjetivas que marcaron su rumbo, y que son las que, en definitiva, presentan un auténtico interés historiográfico». En definitiva, los trabajos que han aparecido en los últimos veinte años están contribuyendo, sin duda, a salvar el atraso relativo que España muestra en estos estudios respecto a otros países pero, como subrayan Linz, Montero y Ruiz, las lagunas históricas en esta cuestión son todavía muy grandes como para afirmar que esta brecha hoy se haya cerrado¹².

¹ Vid. JULIÁ (1996) y LAMO DE ESPINOSA (2001).

² Cita de DARDÉ (1996: 91-92). Los ejemplos son abundantes: Estados Unidos, en COX (1972), SCAMMON (1976), GLASHAN (1979) y THOMAS (1987), y en colecciones como la Congressional Quaterly’s Guide to US elections; Gran Bretaña, en CRAIG (1969 y 1974); Bélgica, en DE SMET y EVALENKO (1956), MOYNE (1970), SIMON-RORIVE (1977) y DE SMET, EVALENKO y FRAEYS (1958); Italia, en BALLINI (1988), etcétera.

³ Ejemplos: MARTÍNEZ CUADRADO (1969), TUSELL (1969, 1970a, 1971, 1976 y 1982), DARDÉ (1996, 2003b y 2003d), REQUENA (1991 y 1993), VARELA ORTEGA (1997, 2001a y 2001b), FORNER et alii (1990 y 1997), TOMÁS (1968 y 1977), IRWIN (1991), CASES (1977 y 1983-1984), MATEOS (1995) o CHÁVARRI (1988).

⁴ Citas, en LINZ, MONTERO y RUIZ (2005: 1029, 1049 y 1053-1054).

⁵ COSTA (1998: 37).

⁶ ZANCADA (1914: 5-7).

⁷ Citas, en AZCÁRATE (1931: 74-77, 79, 84-85 y 88) y GONZÁLEZ-POSADA (s. a.: 9). Encasillado de Azcárate, en VARELA ORTEGA (2001a: 490-491).

⁸ Castelar, en MESTRE (1977: 46). ORENSE (2006: 61). Martos y Costa, en COSTA (1998: 72-73 y 92).

⁹ Un ejemplo acabado, en BOFARULL (1945). La artificiosidad y el fracaso del liberalismo español, en FERNÁNDEZ ALMAGRO (1943) y SÁNCHEZ AGESTA (1978). De todas formas, el primero cambió pronto de parecer y barrió de sus volúmenes de historia política los tópicos acerca del parlamentarismo y los comicios españoles. Desde el marxismo, VILAR (2004), HERR (1977) y TUÑÓN (1974).

¹⁰ VARELA ORTEGA (2001a), TUSELL (1971, 1976 y 1982) y MARTÍNEZ CUADRADO (1969).

¹¹ Citas, en DARDÉ (2003a: 141), TUSELL (1991: 27) y MALAMUD (2000: 7).

¹² Citas, en JULIÁ (1996: 21), FORNER (1997: 243-4), y LINZ, MONTERO y RUIZ (2005: 1049).

CAPÍTULO 2

COMPETENCIA Y MOVILIZACIÓN EN LAS ELECCIONES ESPAÑOLAS

Durante mucho tiempo se ha aceptado una vinculación causaefecto entre la estructura económica (subdesarrollo) y social (ruralización, analfabetismo) y el comportamiento electoral. Pero hoy se sabe que, en un mismo contexto socioeconómico, tuvieron lugar comicios de distinto tipo y resultados variados. Además, ya se conoce que disfunciones como la desmovilización, el fraude y la corrupción no han venido tan ligadas a las diversas formas de «caciquismo». El patronazgo político no impidió en general a la mayoría de los países evolucionar desde el liberalismo decimonónico hacia formas democráticas y a la «política de masas». Cronológicamente, tampoco estas disfunciones finalizan súbitamente en España tras la proclamación de la República. Ni siquiera en 1977, aunque sea una percepción extendida la de que bastaron unas elecciones generales para que el español desarrollase, tras cuarenta años de franquismo, una innata capacidad para la democracia. Aunque la legislación y los hábitos se hayan modificado considerablemente, la herencia del pasado parece seguir pesando más de lo que suele considerarse en la práctica electoral actual¹.

Los defectos del «modelo español» de elecciones se debieron, más que nada, a factores exclusivamente políticos. El primero era, sin duda, la concentración del poder en una administración que dependía en exclusiva de un poder ejecutivo nombrado a su libre arbitrio por la Corona, y la consiguiente instrumentalización del aparato estatal en beneficio de los intereses del partido gobernante. En el aspecto puramente electoral, esto se traducía en que la facción en el poder utilizaba cuanto podía los resortes administrativos para triunfar en los comicios. El segundo obedeció a la desmovilización general del cuerpo electoral que, a lo largo de décadas, participó de forma minoritaria, predominando actitudes de indiferencia y desinterés. Y el tercero tuvo que ver con cierta «anemia» de políticos, esto es, con la falta de organizaciones de partido dignas de tal nombre, de un número suficiente de candidatos para asegurar la lucha y, por tanto, de competencia electoral real².

Con todo, esta explicación general presenta algunas lagunas pues las fuentes indican que las cosas no siempre fueron así, y que alguna de estas causalidades no incidieron en buena parte de los procesos electorales de la misma forma que las otras. Por ello, resulta necesario complementarla con un bosquejo breve de los comicios verificados en España para saber a qué parámetros respondía nuestra tradición electoral y, por tanto, cuáles fueron las modificaciones que trajeron consigo los comicios de 1933. En este sentido, proponemos una clasificación cuyo desglose responde, precisamente, a la mayor o menor incidencia de los factores antes expuestos:

a) 1810-1836: Elecciones de concurrencia limitada y mínima intervención gubernamental.

b) 1836-1846: Elecciones de concurrencia libre, lucha efectiva y moderada intervención gubernamental.

c) 1850-1901: Elecciones de concurrencia libre, lucha limitada e intervención gubernamental intensa.

d) 1903-1931: Elecciones de concurrencia libre, lucha limitada pero efectiva y moderada intervención gubernamental.

A esta clasificación cabría añadirle un apartado e) que se extendería básicamente desde 1933 hasta la actualidad (sin incluir, por supuesto, los referenda y las elecciones corporativas del franquismo) en la que las elecciones se caracterizarían, en general, por una concurrencia libre, una lucha a todas luces efectiva y real entre los partidos, y un nivel de intervención gubernamental decreciente. Hay que ser conscientes de las posibles simplificaciones que acarrean las clasificaciones, pues en un mismo apartado, las elecciones podían diferir hasta variar, aunque sólo en parte, los parámetros expuestos. Pero, en este caso, pueden contribuir a delinear y clarificar nuestro proceso de modernización electoral.

Las primeras elecciones en España

Al margen de la convocatoria de Cortes de 1789, que se hizo bajo los usos y costumbres del Antiguo Régimen, los comicios que se engloban en esta primera etapa fueron los realizados conforme a la Instrucción y Decretos electorales de 1810 y, posteriormente, al articulado de la Constitución de 1812 y del Estatuto Real: siete elecciones en total. Podría alegarse el riesgo de agrupar elecciones que se verificaron en contextos tan diferentes y con legislaciones disímiles. No obstante, estudiadas de cerca, se observa una serie de continuidades innegables, pues no hubo en la práctica rupturas abruptas en la sustitución de una legislación electoral por otra.

La Instrucción y los Decretos electorales de 1810, inspirados en parte en la ley francesa de 1792, sí que rompieron decisivamente con las tradiciones electivas del Antiguo Régimen y marcaron pautas que perduran hasta la actualidad. El voto dejó de considerarse un privilegio vinculado a una representación estamental y corporativa para vincularse a la figura individual del «ciudadano-vecino», esto es, a todos los varones mayores de veinticinco años avecindados en cualquier localidad del país. El derecho de poseer representación en las Cortes pasó de ser monopolizado por unas decenas de ciudades a extenderse a todo el territorio nacional, dividido en 32 circunscripciones provinciales. Las restricciones para ser elegido diputado se equipararon a las enunciadas para ser elector, una nivelación verdaderamente revolucionaria respecto al «régimen electoral» de 1789. Esta igualación radical se completó con la reunión en un solo cuerpo de las Cortes, obviando la antigua representación por estamentos, algo que no harían países como Suecia hasta 1865. Los artículos electorales de la Constitución gaditana profundizaron más la brecha abierta con el pasado: se redujo la restricción de edad para ser elector a los veintiún años y se introdujo la novedosa fórmula del voto secreto, que suponía el reconocimiento legal de la existencia de una conciencia política individual e independiente de los tradicionales hábitos deferenciales y corporativos. En Gran Bretaña esto no ocurriría hasta 1872, fecha en la que el sufragio dejó de ser emitido de forma oral y registrado en un poll-book ³.

No obstante, estos avances no avalan que el modelo gaditano representase una forma original de genuina democracia en contraposición con el doctrinarismo liberal que le sucedería. La desaparición de los brazos estamentales no estuvo motivada por un ánimo de excluir por completo a la nobleza o al clero de las Cortes. El establecimiento de una fórmula de voto extremadamente indirecta facilitaba lo contrario. En efecto, esa legislación estatuía un sistema de voto jerarquizado en tres niveles (juntas de parroquia, partido y provincia) que, en la práctica, suponía un espaldarazo a la ordenación social previamente existente y otorgaba una capacidad de influencia desmesurada a las notabilidades que controlaban las instituciones locales, pues ponía en sus manos el control de los mecanismos de elección, entre ellos el más importante: el censo electoral, ya que la ciudadanía política había quedado estrechamente vinculada a la vecindad. Por ello, aunque una elección en la Carta gaditana movilizaba electoralmente una masa de más de tres millones de electores, éstos actuaban sólo durante la primera fase del proceso. En realidad, el cuerpo electoral que elegía directamente a los diputados quedó reducido a unos 460 individuos⁴. Unida esta circunstancia a otras, como un período de elecciones realmente prolongado (tres meses) y el ceremonial establecido en la Constitución, este modelo todavía recordaba las elecciones del Antiguo Régimen.

La reforma de 1834 pretendió una simbiosis más intensa de lo antiguo y lo nuevo que el modelo gaditano. El sector moderado de los liberales aspiró, a través de unas Cortes bicamerales, a la fusión de la tradición política con las nuevas teorías de la representación del doctrinarismo liberal. Esto se aprecia aún más claramente en la normativa electoral del Decreto de mayo de 1834 para el Estamento de Procuradores. Al igual que en el Antiguo Régimen, eran electores los miembros de las corporaciones locales pero con dos importantes novedades: la primera, que el «privilegio» de ciudad con voto en Cortes se extendió a todos los municipios cabeza de partido del país; y, la segunda, que el derecho de voto se amplió a los mayores contribuyentes avecindados en la cabecera de partido, en número equivalente al de los regidores locales. No se abandonó el sistema de sufragio indirecto pero se redujo a sólo dos niveles: las juntas de partido y de provincia. No varió el sistema de elección respecto a Cádiz, pues regía el mayoritario a doble vuelta y el secreto del voto. Como el número de circunscripciones (49) se adaptó a la nueva división provincial de Javier de Burgos, y a pesar de la fuerte restricción por abajo del censo respecto a 1812, el cuerpo electoral que elegía directamente a los procuradores se duplicó, pasando de 460 a 950 individuos⁵. Otro elemento claro de modernización fue la reducción del tiempo de elección: los tres meses de 1812 quedaron en diez días.

Las siete elecciones verificadas en estos veinticinco años presentan dos características comunes: una competencia limitada y una casi nula intervención del gobierno central. La limitación de la competencia estaba íntimamente vinculada al sufragio indirecto. Aunque ambos no tienen por qué ser en principio contradictorios, el voto indirecto, tal y como se aplicó en España, no favoreció un grado apreciable de competencia en las elecciones. En el caso concreto de la legislación de 1810-1812 y de 1834, lejos de facilitar la lucha entre distintas opciones políticas en un mercado de voto (censo) abierto, éste forzaba consensos previos a nivel parroquial, municipal o comarcal a través de sucesivas delegaciones de voto que limitaban drásticamente no la oferta, sino la demanda política. Dejando a un lado la más restrictiva Instrucción de 1810 (que incluía formas arcaicas como la insaculación), en la Constitución de 1812 los vecinos miembros de una parroquia en la práctica no votaban sino que encomendaban su voto a un número restringido de compromisarios que, a su vez, volvían a delegarlo en uno o pocos electores de parroquia que, de nuevo, volvían a hacer lo propio en unos poquísimos electores de partido que, finalmente, elegían a los diputados. Sin duda, la oferta electoral podía ser variadísima, puesto que casi todo español mayor de veinticinco años podía ser electo diputado. Pero lo importante era que el reducidísimo mercado de voto, 460 individuos, necesariamente contraería el número de opciones políticas.

No resulta casual que las leyes de sufragio indirecto surgiesen en las sociedades en transición desde las formas políticas de la Edad Moderna al régimen representativo liberal. La cultura política precontemporánea era fundamentalmente organicista y corporativa, y creía aún en la armonía de una sociedad jerarquizada y legitimada por la continuidad histórica. A principios del siglo XIX, el «partido político» era algo peyorativo y respondía a un «espíritu de bandería» que un Parlamento serio debía evitar a toda costa. Por ello, el objetivo de los liberales españoles (e hispanoamericanos) no era institucionalizar el conflicto político permanente a través del reconocimiento de diferentes opciones políticas que competían por el poder. Al contrario, parecían ser conscientes de que la preservación de las actitudes deferenciales y el control del censo por las propias juntas de electores acabaría beneficiando la elección de los «representantes naturales» de la comunidad. Esto supuso, según Annino, «la transferencia en el nuevo marco constitucional de los patrones jerárquicos tradicionales de cada grupo social», por lo que no resulta extraño que entre los diputados gaditanos y de las Cortes posteriores hubiera tantos títulos nobiliarios, eclesiásticos, altos funcionarios y dignatarios de la Corona, y profesionales liberales de prestigio. El limitado número de electores y el bajísimo grado de competencia explican que Andrés Borrego las denominase significativamente closed elections. Como el sufragio indirecto fue abolido definitivamente en 1837, el modelo gaditano apenas tuvo efectos en los hábitos políticos españoles. Pero en los países donde perduró durante casi toda la centuria decimonónica, como México o Perú, pudo apreciarse mayor atraso en la formación de un espacio político nacional y de partidos de notables a esa escala ⁶.

En cuanto a la intervención del gobierno central, puede decirse que resultó mínima en este período. En ningún momento las legislaciones mentadas ponían en manos de la administración nacional parte alguna del proceso electoral. Eran los propios electores, constituidos en juntas, los que controlaban la confección del censo, las votaciones, el escrutinio y las reclamaciones. Las Cortes intervenían sólo para examinar la validez de los poderes y calidades de los diputados electos, aunque se reservaba la potestad de anular su elección. En la práctica, esto sancionó el control del proceso electoral por los notables de las comunidades locales sin que, en principio, ello significase que no se verificaran legalmente, como las que comenzaron en 1810. En cuanto a las anulaciones de actas en las primeras Cortes ordinarias, las de 1813, hay que buscar su explicación más en la fortísima rivalidad entre liberales y realistas que en una temprana aparición del fraude.

Las de 1820 fueron las primeras «elecciones revolucionarias», en las que concurrieron sobre todo liberales partidarios de la nueva situación política. En ellas, los tratadistas decimonónicos ya resaltaron balbuceos incipientes de asociacionismo político. Fueron los comicios de 1822 los primeros en los que el ejecutivo moderado trató de influir en las elecciones apoyando a personalidades afines frente a los candidatos «exaltados». En principio, hay que tener en cuenta que la intervención del gobierno para promover a sus amigos políticos, lejos de estar mal vista, se consideraba por aquella época como un hecho normal. «En un gobierno representativo», diría Constant, «es natural que un ministerio quiera influir en las elecciones», pues, aducirá Tayac, «del mismo modo que todos tienen derecho á atacar su política, también lo tiene él para defenderse». Ello no quiere decir que los liberales doctrinarios defendiesen las extralimitaciones legales del poder ejecutivo y el desconocimiento de los derechos de la oposición. Lo que se consideraba legítimo era el «influjo moral» que, en todos los países con régimen representativo, pero especialmente en España, acabaría degenerando en apoyo material. Con todo, haciendo abstracción de los deseos del gobierno en 1822, como éste no tenía arte ni parte en los comicios resulta difícil que pudiera hacer algo más que recomendar el voto. El triunfo electoral de la oposición «exaltada» lo corrobora. Las últimas elecciones que tendrían lugar con la legislación gaditana fueron las celebradas en octubre de 1836, con un gabinete progresista y tras el motín de los sargentos de La Granja. Fueron, al igual que las de 1820, la típica «elección revolucionaria», en la que la apropiación del ejecutivo mediante una acción ilegal retrajo casi por completo a la oposición⁷.

La intervención gubernamental pudo resultar algo mayor con la legislación de 1834, que rigió en los comicios de ese año y en los de febrero de 1836. El decreto de Martínez de la Rosa limitó la soberanía de las juntas de electores al nombrar como presidente de la junta de partido al regidor que presidiese el ayuntamiento cabeza de partido, y como presidente de la junta de provincia al gobernador civil. Aunque puede pensarse que el primer gobierno constitucional tras Fernando VII deseaba controlar en su beneficio la elección, lo cierto es que los regidores de los ayuntamientos no constituían garantía alguna, pues podían no pertenecer al cupo de sus amigos políticos. Por ello, a pesar del triunfo en las dos elecciones del «partido» en el gobierno, el «influjo moral» no parece que traspasara los límites de la recomendación, como demostraban las escasísimas denuncias de coacción o fraude en 1834. Cierto que éstas aumentaron en febrero de 1836, bajo un gabinete progresista, pero esta facción liberal cimentó su triunfo en la victoria que había logrado el año anterior en los comicios locales (pasando a controlar el voto de gran número de ediles) y, además, en la apropiación de la mayoría de las diputaciones provinciales tras el movimiento «juntista» de 1835. No fueron, todavía, comicios dirigidos desde el gobierno central⁸.

Elecciones abiertas y desarrollo de las organizaciones de partido

El tipo de elección cambió en 1836, cuando un gabinete Istúriz introdujo por primera vez el sufragio directo en España. La reforma concedía la franquicia electoral en cada provincia a una lista de mayores contribuyentes y a otra de capacidades (profesionales liberales y militares), y supuso una ampliación el cuerpo electoral a casi setenta mil efectivos. El Decreto de Istúriz reducía además los requisitos de edad y renta para poder ser electo diputado y entregaba a las diputaciones provinciales la confección y publicación del censo, escapando así del control, considerado malicioso, de las autoridades locales. En este aspecto, la normativa se adelantaba mucho a otras coetáneas: en Estados Unidos no hubo censos electorales oficiales en todos los Estados hasta las primeras décadas del siglo XX. Tan trascendental como la supresión del voto indirecto fue que el sufragio dejó de ser privilegio de los municipios cabeza de partido y de sus regidores, herencia de la etapa preliberal. En adelante, las diputaciones dividirían la provincia en varios distritos y elegirían, dentro de cada uno, el municipio en el que habría de instalarse la mesa, con lo que se consolidaba la representación individualizada de los electores. Se democratizó la selección de los miembros de la mesa, que serían elegidos de entre los votantes presentes a primera hora en el colegio, y se redujo el plazo de votación a tres días. Para el escrutinio, se conservó la circunscripción provincial y el tradicional sistema mayoritario a doble vuelta: los candidatos sólo salían elegidos en primera ronda si acumulaban más de la mitad de los sufragios emitidos, bastando una mayoría simple para ocupar el escaño en la segunda. Esta normativa amplió el mercado de voto, estimuló la competencia y acabó con las closed elections. En los primeros comicios en que rigió, los de julio de 1836, se observaron las primeras muestras abundantes de propaganda, sobre todo a través de la prensa (presentaciones ante la opinión y manifiestos políticos), y aparecieron extraoficialmente la figura del «candidato», las primeras «listas» de candidatos y las «asociaciones de electores», bosquejo de organizaciones de partido, que las sostenían y contribuían a la inspección del proceso electoral para cuidar de sus intereses ⁹.

Si bien es cierto que el gabinete Istúriz tampoco intervino en los comicios más allá del «influjo moral», la oposición denunció por vez primera las presiones a los funcionarios del Estado para que votasen a los candidatos afines al gobierno. Esto no era una novedad en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, donde aún tardaría decenios la puesta en marcha de administraciones neutras con funcionarios profesionales e inamovibles. En aquella época se consideraba normal que los agentes de la administración se seleccionasen por su identificación política con el gobierno y, aún más, aquéllos asumían como deber propio velar por los intereses de la facción en el poder. Así pues, los cargos públicos alimentaban el spoil system y servían para consolidar las máquinas de los partidos fidelizando a su personal. No obstante, en los años treinta del siglo XIX, el número de funcionarios de la administración central era pequeño y es dudoso que pudiera influir decisivamente en los resultados. De hecho, el recuento no fue discutido, aunque los sucesos de La Granja impidieron que se completase la elección¹⁰.

Los comicios con sufragio directo se impondrían con la Constitución y la Ley Electoral de 1837. Las grandes novedades radicaron en el establecimiento de un Senado mayoritariamente electivo y en una nueva ampliación del censo que se fundamentó en la reducción de los requisitos de renta y en una flexibilización de las condiciones económicas para ser elector inspirada en la Reform Act británica de 1832. Inicialmente, esto supuso el incremento del cuerpo electoral hasta los 270.000 efectivos, el más amplio de la Europa continental de entonces. Pero la elasticidad de las cláusulas legales permitió interpretaciones aún más generosas: siete años más tarde, el censo ascendió a 640.000. En todo lo demás, la Ley Electoral asumía el modelo de Istúriz y, para fomentar la participación y limitar fenómenos de gerrymandering en el trazado de los distritos de votación, prohibió a las diputaciones la subdivisión de la provincia en un número de distritos inferior al de partidos judiciales y extendió a cinco los días de votación. La ley facilitó que retornara, y aun se intensificara, la movilización del año anterior en los comicios de 1837.

La gran sorpresa fue la capacidad de organización que mostraron los moderados, que supuso un paso de gigante en el proceso de estructuración nacional (aún no permanente) de los partidos políticos. Aceptando las sugerencias de Andrés Borrego, la derecha liberal creó un comité central para coordinar la campaña electoral y numerosos comités locales para organizarla y fomentar la unidad de los candidatos afines, realizó una importante propaganda en prensa y hasta distribuyó las primeras papeletas de voto impresas. Frente a estos alardes, los progresistas gubernamentales confiaban en su sólido dominio del aparato administrativo y en la ampliación del sufragio para conseguir la victoria, y no siguieron el ejemplo de sus rivales. El resultado fue un triunfo en toda regla del activismo moderado¹¹.

Esta victoria marcó un hito en la, hasta entonces, corta historia electoral de España. Demostró que, en condiciones de libre concurrencia, un partido que desechase los viejos prejuicios sobre las campañas electorales y acudiese cohesionado y con una propaganda activa podía vencer al contrario aun cuando éste disfrutase del poder político. Más aún, esto representaba una rápida aclimatación de la política de partidos y una importancia creciente de éstos como vehículo de movilización del electorado en detrimento del candidato aislado, al que se le hacía complicado salir diputado de una circunscripción tan grande como la provincia por sus propias fuerzas. Que lo ocurrido en 1837 no fue un hecho aislado, lo prueba su repetición en las elecciones de 1839, ahora a favor de los progresistas y, en un contexto de creciente movilización e intensa propaganda, en 1840, con otro triunfo moderado ¹².

No obstante, los efectos de la competencia, en un país que aún no estaba acostumbrado a canalizarla normalmente, fueron contraproducentes. Las derrotas electorales del partido en el gobierno (1837 y 1839), constitucionalmente de nombramiento regio, y la rápida disolución de las Cortes para resolver el choque entre éste y una mayoría parlamentaria hostil, inauguraron una década de disputas entre el ejecutivo y el legislativo que tendría como fin aclarar quién controlaba a quién y que se resolvería, en los cincuenta, con la preeminencia del primero. Muy en relación con esto, 1840 abrió una pugna entre progresistas y moderados para determinar quién ostentaría el monopolio de la representación institucional y quién excluiría del poder al otro el máximo de tiempo posible. En ese año, un gobierno moderado arrebató a las diputaciones, en su mayoría controladas por los progresistas, la facultad de formar el censo electoral porque acusaba a sus rivales, en parte con razón, de hacerlo en función de sus intereses electorales. Pero la medida perdió toda justificación cuando el gobierno atribuyó esa labor a funcionarios dependientes directamente de él o a alcaldes políticamente adictos.

Las intransigencias de moderados y progresistas en la discusión de la Ley Municipal, campo en el que se dirimía otra disputa por el poder político, dio al traste con el funcionamiento normal de la Constitución de 1837. Las reformas de los moderados se vendrían abajo tras el pronunciamiento de Espartero, que abrió una etapa de gobiernos progresistas. Las elecciones ya no volverían a ser lo mismo. Aunque en ningún caso puede hablarse de que fueran fraudulentas, los niveles de concurrencia decrecieron. En 1841 los progresistas triunfaron gracias al retraimiento moderado, mientras que en 1844 los moderados harían lo propio sin la participación de los progresistas, contrarios radicalmente a los planes de reforma constitucional del gobierno e inseguros tras la supresión de la Milicia Nacional. Sólo los comicios de febrero de 1843, con la victoria de una coalición «antiesparterista» de progresistas y moderados, y hasta cierto punto los de septiembre del mismo año, que confirmaron abrumadoramente el resultado anterior, se asemejaron a los de años atrás¹³.

Como estaba previsto, la mayoría moderada de 1844 llevó adelante una reforma constitucional. Si en la Carta de 1845 el nuevo Senado mixtificaba los modelos de 1834 y 1837, y aumentó el cupo de miembros designados, fue la Ley Electoral de 1846 la que varió sustancialmente los criterios de representación que habían regido en la Cámara Baja durante una década. La normativa restringió significativamente el cuerpo electoral, pues elevó al doble la contribución directa que el potencial elector debía satisfacer a Hacienda y abolió las restantes categorías vigentes en la Ley de 1837, cuya maleabilidad había permitido en poco tiempo la multiplicación del electorado. El censo se redujo abruptamente de los 640.000 de 1844 a los 100.000 de 1846, la cifra más baja desde el decreto de Istúriz. También se rebajó la oferta potencial acreciendo, más acusadamente, los criterios de renta o pago de impuestos para los aspirantes a diputado. Si, de alguna forma, la norma de 1837 se había inspirado en la Reform Act, la de 1846 se acogía al modelo de la Ley Electoral francesa de 1831. Esta influencia era perceptible no sólo en la concepción restrictiva del mercado de voto o en la modificación de la circunscripción, pues la provincia dio paso al distrito uninominal a imagen de los arrondissements, sino también en la completa «estatalización» y «centralización» del proceso electoral, que quedó en manos del gobierno central y agentes subalternos. Así, la confección del censo pasaba a ser competencia exclusiva del gobernador civil, mientras que la mesa electoral debía estar presidida por el alcalde del municipio cabeza de distrito que, después de la Ley Municipal de 1845, era también de nombramiento gubernativo. Lo que no variaba era el sistema de atribución de escaños, mayoritario a doble vuelta, aunque, a consecuencia de la contracción del número de electores, los días de votación se redujeron de cinco a dos¹⁴.

A pesar de que las palancas que ofrecía esta ley serían utilizadas de forma torticera a partir de 1850, nada hacía presagiar a mediados de los cuarenta que habría de ser así. La centralización del proceso electoral fue, al contrario, una respuesta contra los abusos que los partidos que controlaban las diputaciones provinciales cometían a la hora de formar el censo (solía expurgarse de adversarios, privándoles del derecho de voto) o de instalar la mesa electoral (que se hacía en el municipio más favorable a sus intereses); o de las facciones que ganaban las mesas electorales, que fomentaban toda clase de argucias para garantizar la victoria de sus candidatos.

En las elecciones españolas anteriores a 1846, al igual que se ha constatado en otros países con una organización descentralizada de los comicios como Estados Unidos o Argentina, solía considerarse que el partido que controlara la mesa tenía media elección ganada¹⁵. El nuevo cuerpo electoral, de mejor posición económica y más culto (las dos cualidades que por entonces se consideraban garantía de independencia personal), no constituía a priori una ventaja para «fabricar elecciones» y la abolición de alguna de las categorías que permitían el voto en 1837 venía, en parte, justificada por el «engorde» artificioso del censo en función de los intereses del partido que controlase una diputación provincial. Más aún, tampoco los distritos uninominales tenían por qué suponer una ventaja para el partido en el gobierno. Al constituir unidades más pequeñas, la influencia de los notables locales o comarcales se intensificaba respecto a las autoridades provinciales (gobernador civil incluido). Además, el número de distritos electorales complicaba la tarea de controlar los comicios, pues no era lo mismo hacerlo en cincuenta elecciones distintas (una por provincia), que en un número siete u ocho veces mayor, como el que se estatuía en 1846.

En perspectiva comparada, la ley de los moderados tuvo la ventaja de consolidar un modelo de representación verdaderamente nacional. El poder central, y no los municipios o las diputaciones, sería el encargado de definir e interpretar la ciudadanía y sus derechos políticos, con un criterio claramente individualista, racional y uniforme, por tanto más equitativo. La norma de 1846 afirmó la tendencia a crear un solo espacio político e hizo posible sortear, con no poca fortuna, los conflictos territoriales y las tendencias centrífugas que amenazaron a otros países europeos y, sobre todo, americanos.

Pero tenía también graves inconvenientes respecto a su predecesora. La elección por distritos uninominales y la reducción del mercado de voto y de la oferta electoral frenaron en seco el proceso de organización y centralización de los partidos políticos, que había comenzado en 1836 y se había acelerado con la convocatoria continuada de comicios hasta 1844. A cambio, subsistieron durante mucho tiempo los comités y maquinarias locales independientes que se adaptaron mejor a las nuevas circunscripciones. Como en ese marco territorial las exigencias que traían consigo la competencia y la movilización solían ser menores, estos comités acabaron fosilizando los perfiles que habían adquirido en los años treinta y cuarenta del XIX: su estructuración mínima, su carácter no permanente y, ahora con mayor intensidad, su irresistible tendencia a la centrifugación. El nuevo procedimiento electoral reforzó además el personalismo en la vida política española en detrimento de su «ideologización», que subsistió subordinada a éste.

Sin embargo, fue la intervención torticera de los gobiernos en los comicios la que canceló la tendencia que, desde 1836, había incentivado niveles crecientes de movilización y competencia. De hecho, a pesar de que la centralización se había concebido como vacuna contra las disfunciones antes mencionadas, su implantación sin una división y contrapeso de poderes efectivos hizo peor el remedio que la enfermedad. En un país como España, en que se apreciaba con bastante normalidad el «influjo moral» del gobierno en las elecciones y hasta con naturalidad la presión sobre unos funcionarios generalmente complacientes (a fuer de deudores) con el partido en el poder, resultaba cuestión de tiempo que unos resortes dispuestos para garantizar la pureza del sufragio fuesen utilizados con el fin de fabricar mayorías parlamentarias. Para esto sólo hacían falta dos requisitos: un período de inestabilidad gubernamental en íntima relación con unas Cortes abiertas y protestatarias (las de 1846-1850), y un grupo de políticos ambiciosos y poco escrupulosos (entre los que sobresaldría el conde de San Luis). Por si fuera poco, la tremenda conmoción de las revoluciones de 1848 convenció al sector más conservador del partido moderado de la necesidad de acabar con el conflicto político permanente concentrando más poder en el ejecutivo, del que habría que depender, para lograr la deseada unidad de acción (identificada con el prurito administrativista de la eficacia), el resto de las instituciones, incluidas las legislativas y judiciales.

En lo que tocaba a las elecciones, la «coordinación» del legislativo con las políticas del ejecutivo se consiguió con la intervención a mansalva del segundo para sentar en los escaños a diputados que se identificasen con el «espíritu público», que en realidad solía equipararse con el de la facción en el gobierno. Esto, además de dañar el proceso de estructuración de los partidos, visible desde 1837, e impedir su ajuste a las nuevas circunscripciones uninominales, acabó destruyendo la percepción de que para ganar una mayoría en las Cortes había que coordinarse, movilizar electores y desarrollar una propaganda intensa. Al contrario, como nada de eso bastaba para derrotar al partido en el poder, a los dirigentes de los partidos no les quedaba más vía de gobernar, o influir en el gobierno, que la llamada de la Corona o el pronunciamiento militar. El exclusivismo que, a partir de 1840, habían alimentado moderados y progresistas al no concebir aún la posibilidad de una alternancia pacífica basada en mecanismos objetivos (como lo eran las urnas y las mayorías parlamentarias), desembocó a partir de 1850 en una completa desnaturalización del régimen representativo cuyos efectos se harían notar durante décadas. Pero que esto no era imputable únicamente a la Ley Electoral moderada lo prueban los únicos comicios celebrados antes del «cataclismo» del 48, los de 1846. En ellos, el gobierno Istúriz en ningún caso fue más allá del «influjo moral» y la competencia aumentó notablemente en relación con las elecciones de septiembre de 1843 y las de 1844. Ganaron los moderados, sí, pero los progresistas lograron una estimable minoría y, aún más, la nueva mayoría no era en absoluto «gubernamental»: la primera votación parlamentaria para elegir presidente del Congreso hizo caer al gabinete que convocó las elecciones¹⁶.

Medio siglo de elecciones administrativas

Si bien la desorbitada intervención del poder ejecutivo fue la característica fundamental de todas las elecciones que tuvieron lugar entre 1850 y 1901, las veintinueve que se convocaron en este período se verificaron en circunstancias muy diferentes. Por otra parte, a pesar de los atropellos, las libertades que conllevaba la práctica del régimen constitucional siguieron, en general, vigentes por lo que la institucionalización del intervencionismo gubernamental no se dio de la noche a la mañana, sino que surgió de un proceso bastante complejo y con altibajos.

Se atribuye a Sartorius, ministro de la Gobernación del cuarto gabinete Narváez, el dudoso mérito de haber organizado con éxito las primeras elecciones administrativas en España, las de agosto de 1850. Los cronistas contemporáneos señalaron como novedosa la intervención directa del gobierno de diferentes formas. La primera, utilizando su influencia en los comités locales y provinciales del partido moderado para seleccionar candidatos adictos que asegurasen a la facción «narvaísta» en el poder la ansiada estabilidad. La segunda, haciendo uso de sus facultades para manipular el censo y excluir de él a los electores contrarios. Y la tercera, enviando comunicaciones a los alcaldes, a través de los gobernadores civiles, para que asegurasen el triunfo del candidato ministerial. Para ello, el gobierno cerró los ojos cuando sus agentes oficiales u oficiosos acudieron a la coacción, tirando de las facultades que la ley les concedía para la salvaguardia del orden, o a la falsificación directa de los resultados. «Por primera vez», apuntó Borrego, «la acción y el influjo directo del Gobierno habían luchado y sofocado la voluntad de los electores». No exageraba. Sartorius consiguió llevar al Congreso más de 300 diputados adictos en una Cámara de 349. Muchas personalidades moderadas y progresistas optaron por retirarse al considerar inútil acudir a la lucha. Con sorna se motejó como «Congreso de familia» a la nueva Cámara. Precisamente por eso, murió con el gobierno que la había «fabricado»¹⁷.

La situación se repitió, con mayor o menor brío, en los comicios que tuvieron lugar entre 1851 y 1863. Sólo los de 1854 se salieron de este esquema porque fueron convocados por los vencedores de la «Vicalvarada» y con la legislación (enmendada) de 1837, aunque su anormalidad la evidenció el retraimiento moderado. La prolongación durante más de una década de prácticas tan anómalas dio lugar a dos fenómenos hasta entonces desconocidos: el «cunerismo» y el «transformismo». Los diputados «cuneros» eran los que obtenían el escaño en los distritos donde carecían de algún vínculo (nacimiento, propiedad o amistades) que les concediese arraigo. En general, eran impuestos a los distritos por el gobierno, y de hecho eran calificados como diputados de Real Orden. Los «cuneros» representaban otra vuelta de tuerca más del ejecutivo en su presión sobre el cuerpo electoral pues, en anteriores ocasiones, se había limitado a apoyar a candidatos adictos pero con arraigo.

En cuanto al «transformismo», aunque no se convirtió en un fenómeno tan común como en Italia, sí que tuvo cierta presencia. Un político moderado como Luis María Pastor observó que, tras la caída de un gobierno, solían ser muchos los diputados que, habiendo llegado al Parlamento gracias a la situación anterior, se ponían sin rebozo al servicio de la nueva. No cabe duda de que la Unión Liberal aprovechó este caldo de cultivo para proveerse de personal político. Y es que, como apunta Dardé, buena parte de los notables españoles, sobre todo a nivel local, no sentía especial predilección por las etiquetas políticas, sino por el ejecutivo que fuera. Pese a todo, el «transformismo» no se constituyó en España en el basamento parlamentario principal de los gobiernos. Al contrario, éstos sintieron marcada preferencia por disolver las Cortes y «fabricarse» una mayoría propia, teniendo en cuenta las facilidades que concedía el uso discrecional de los resortes administrativos. Aparte, este fenómeno fue aquí de intensidad menor porque la política española no había llegado a desideologizarse del todo, quizás a cuenta de que los partidos habían sido incapaces de atisbar un marco legal común. Además, los cambios de «etiqueta» del personal político de una facción a otra podían explicarse también acudiendo a las profundas modificaciones que sufrirían los partidos españoles entre 1858 y 1881¹⁸.

Las elecciones administrativas acabaron de pulverizar los frágiles puentes que existían entre las distintas facciones liberales. En 1863, los progresistas decidieron retraerse de todos los comicios que se convocasen, y se decantaron definitivamente por conspirar y derribar el sistema. Por ello, los antiguos moderados puritanos que dominaban la Unión Liberal, dándose cuenta del peligro que corrían las instituciones, pusieron empeño en garantizar un mínimo de limpieza electoral que incitara a los progresistas a volver sobre su acuerdo. El ministro de la Gobernación del gabinete Mon, Cánovas del Castillo, patrocinó en 1864 una reforma de la Ley Municipal que acababa con los alcaldes de nombramiento gubernativo en las localidades con menos de 40.000 vecinos (la abrumadora mayoría), otra de la normativa electoral que apartó a los alcaldes de la presidencia de las mesas electorales, y promovió la primera Ley de procedimiento y sanción penal de delitos electorales, que establecía penas muy duras a los funcionarios y miembros de las mesas que se extralimitaran en sus funciones. Al año siguiente, O’Donnell apadrinó con éxito una nueva Ley Electoral que rebajaba los requisitos fiscales o de renta para votar y ser elegido, con lo que el cuerpo electoral aumentó hasta los 420.000 efectivos, y reintroducía la circunscripción provincial plurinominal, con unos novedosos distritos urbanos para las ciudades con más de 45.000 habitantes. Pero la conciliación fracasó por la actitud del ala mayoritaria de los progresistas. Estos últimos deseaban, simplemente, el poder que se les había negado durante lustros y la frustración de ese deseo les llevó, finalmente, a promover el derrocamiento de Isabel II y de su dinastía. Sus razones tenían, ya que el problema no sólo radicaba en que las elecciones fueran limpias y competitivas, sino también en encontrar mecanismos más objetivos de alternancia que las preferencias políticas de la Corona, esos que permitieran a los progresistas acceder al poder en pie de igualdad con sus adversarios¹⁹.

Con la revolución de 1868 comenzaba una etapa completamente nueva en la vida política española, que se tradujo en una renovación de las bases representativas del régimen constitucional. Las elecciones a Cortes constituyentes de enero de 1869, en una mutación sustancial del concepto de soberanía nacional, habrían de celebrarse mediante sufragio universal. El decreto emitido tres meses antes por el gobierno provisional extendió el sufragio activo y pasivo a todo varón español, con tal de que tuviese veinticinco años y estuviera en posesión de una cédula talonaria que acreditase su vecindad en algún municipio del país. Como la elaboración del censo electoral quedó vinculada a la del padrón municipal, el ayuntamiento sería el encargado de emitir y repartir dicha cédula. Se mantuvieron las circunscripciones provinciales de 1865 aunque éstas se dividieron en dos o en tres dependiendo del número de escaños asignados. La extensión del nuevo censo hizo que, por vez primera, en todos los ayuntamientos hubiera de constituirse al menos un colegio electoral. El presidente de la mesa volvió a ser designado por los electores, y se estableció una Junta escrutadora en los municipios cabeza de partido para hacer el recuento de los resultados de todas las secciones de la comarca y confirmar la verosimilitud de los resultados. Muchos de los preceptos de la Ley Penal de 1864 se incluyeron en el nuevo decreto.

Como la autonomía de los municipios respecto del gobierno había aumentado en virtud de otro decreto de octubre de 1868, la nueva legislación aminoraba sensiblemente las posibilidades de intervención del ejecutivo en las elecciones. El desarrollo de los comicios pareció confirmar que la era de las elecciones administrativas estaba acabando. El gobierno de coalición entre progresistas y Unión Liberal no dirigió los comicios y volvió a los límites del tradicional «influjo moral». La primera experiencia con el sufragio universal se desarrolló con bastante normalidad y alta participación. Como solía ocurrir en los primeros comicios tras una ruptura revolucionaria, el retraimiento del partido depuesto (los moderados) facilitó el éxito de la coalición triunfante en 1868. Pero en la oposición quedó la minoría republicana más numerosa hasta el momento²⁰.

No obstante, lo ocurrido en 1869 sería excepcional. Una nueva Ley Electoral sustituyó en 1870 al decreto provisional, aunque asumió sus líneas maestras. En general, la única variación de importancia que introdujo fue el retorno al distrito uninominal. Para evitar que arraigase el gerrymandering, se estableció que los nuevos distritos, diseñados en enero de 1871, sólo pudieran modificarse por una ley de Cortes. Pero las garantías legales fueron sorteadas por nuevas formas de intervención gubernamental ideadas por el ministro de la Gobernación de la época, Sagasta, y sus subalternos. Enfrentados en marzo de 1871 a una poderosa coalición «antiamadeísta» de moderados, republicanos y carlistas, el gobierno retornó a la presión a los funcionarios y a la suspensión parcial de las libertades de opinión e imprenta, e hicieron su aparición las compras de cédulas, las restricciones en su reparto a los adversarios políticos decretadas por los alcaldes amigos del gobierno, las presiones de muchedumbres monárquicas sobre las mesas en manos de republicanos o la detención de sacerdotes con cédulas de electores carlistas. Cierto que esas prácticas no fueron patrimonio de los partidos gubernamentales, aunque el dominio del aparato del Estado les dio a éstos mayores posibilidades de usarlas con provecho. En todo caso, los diputados «amadeístas» fueron mayoría en la nueva Cámara. Y lo peor fue que la intervención del gobierno volvió a aumentar considerablemente en las elecciones de abril y agosto de 1872, ahora en un contexto de dura pugna entre «zorrillistas» y «sagastinos» por hacerse con la primacía política.

En ambos comicios los partidos del gobierno también triunfaron, pero las consecuencias devinieron desastrosas para la estabilidad del nuevo régimen, hasta el punto que las tácticas abstencionistas e insurreccionales volvieron a hacerse presentes. La historia se repitió en los únicos comicios de la Primera República, los de mayo de 1873, pese a que se celebraron con un censo ampliado al rebajarse la edad de voto a los veintiún años. La vía electoral había entrado en barrena un lustro después de la «Gloriosa». En todo caso, no dejaba de ser ilustrativo que los que habían sido los grandes perjudicados por las elecciones administrativas en la oposición, progresistas y republicanos, repitieran el experimento desde el poder. Sin embargo, en un contexto político tan inestable como el de las décadas centrales del siglo XIX, la necesidad acuciante de una mayoría parlamentaria y de consolidar un partido en el que apoyarse mandaba, sin duda, sobre cualquier consideración de moralidad electoral. Comparado con la eficacia inmediata de los resortes administrativos, que facilitaba la sumisión de buena parte del cuerpo electoral a la autoridad gubernamental, el recurso a la opinión parecía haberse convertido en una inversión menos rentable e insegura²¹.

La Restauración retrasó el reloj a 1868, pues el problema político fundamental radicó de nuevo en la atracción de la mayoría del viejo progresismo para ensanchar las bases de una remozada Monarquía borbónica. Para ello, Cánovas del Castillo removió todos los obstáculos posibles y buscó una vía media entre el ordenamiento constitucional isabelino y el revolucionario. Su pragmatismo y eclecticismo, propios de la tradición liberal doctrinaria, también inspiraron la cuestión electoral. Así, la composición del Senado que consagraba la Constitución de 1876 constituyó una mixtificación de la elección censitaria de 1837 y 1869, con la designación regia y los senadores por derecho propio de 1834 y 1845. La complejidad que alcanzó la nueva la Cámara Alta parecía responder a la aspiración de dar cabida al máximo de intereses posible, y de combinar las distintas aportaciones de todos los grupos liberales²².

La Ley Electoral para diputados de 1878 siguió las mismas pautas eclécticas. La modificación más importante fue la supresión del sufragio universal de 1869. Resulta conocido que Cánovas y otros políticos liberal-conservadores desconfiaban de éste, pues lo consideraban un factor potencial de inestabilidad política al reforzar a los partidos antisistema (republicanos y carlistas). El problema era que el sufragio universal había sido aceptado ya por todos los progresistas y que la reintroducción del censitario podía echar abajo su integración. La solución fue fruto, una vez más, de la mixtificación. No habría sufragio universal pero Cánovas asumía como propia la vieja idea progresista de un censo de electores muy amplio. De hecho, el cuerpo electoral de 1879, con 850.000 efectivos, era el más grande de la historia del país con sufragio censitario. Además, de forma inversa a disposiciones anteriores, el ser elegible (sufragio pasivo) se universalizó, pues no se estableció requisito económico, académico o profesional alguno para presentarse a las elecciones.

En los demás aspectos, la Ley de 1878 también representó una vía media entre sus antecesoras de 1865 y 1870, y una intensificación de las garantías legales para los partidos de la oposición. El distrito uninominal, aceptado por todos los grupos liberales, continuó siendo la circunscripción de referencia en los mismos términos que en 1871, pero también se crearon varias circunscripciones urbanas e insulares plurinominales en las que se implantó por vez primera el voto restringido (el elector votaba un número inferior de candidatos que de escaños en juego) para facilitar el pluripartidismo en el Congreso. También con este fin, la ley dispuso un cupo de diez escaños a distribuir entre los candidatos que, no habiendo sido elegidos por ningún distrito o circunscripción, hubieran reunido un mínimo de diez mil votos en todo el país. La autonomía relativa que la Ley Municipal de 1877 concedía a las corporaciones locales se consideró garantía suficiente para otorgarles la confección del censo electoral y dejar la presidencia de las mesas en manos de los alcaldes (elegidos, a excepción de las grandes ciudades, por los concejales y no por el gobierno). Además, los restantes miembros de la mesa (interventores), designados por candidatos y electores, contrapesaban las posibles extralimitaciones de aquéllos. Para limitar la eficacia de la intervención del gobierno en los comicios, que solía darse con mayor intensidad en la segunda jornada de votación, la elección se redujo a un solo día que, para estimular la participación, habría de ser un domingo. Con esta medida, España se adelantaba a países como Gran Bretaña, que no la establecerían hasta 1918. Un juez de primera instancia presidiría el escrutinio oficial, que se haría el domingo siguiente en el municipio cabeza de distrito, y el catálogo de delitos tipificados en la Ley Penal de 1864 se completó con nuevas disposiciones contra la corrupción y el fraude²³.

Cánovas concibió esta ley como el primer paso para dar autenticidad al régimen representativo en España, desvirtuado por la intervención torticera de los gobiernos. «Es necesario», afirmó ante las Cortes, «dotar al cuerpo electoral de todas las condiciones necesarias para que sea juez supremo en los conflictos políticos, para que los resuelva con provecho del país, como debe tenerlas en el juego recto de las instituciones representativas, porque ésta es su misión…». Pero no bastaba la Ley Electoral, pues para el político conservador la clave estaba en movilizar y competir. Los diputados tenían «que luchar, que trabajar, que ir al país, que predicar, que discutir, que vencer, que ponerse en contacto con los electores», que arraigarse, en fin, en sus distritos y hacerse portavoces de sus intereses. Había detectado gran parte del problema al preguntarse con razón: «¿Cómo ha de haber electores si propiamente no hay candidatos? Mientras no haya verdaderos candidatos con todas las condiciones y con todos los trabajos de tales candidatos, ¿cómo y por qué ha de haber electores?». «No habrá sistema representativo en España…», sentenció, «mientras… no cerremos toda esperanza a los partidos contrarios de llegar al poder por otro medio que no sea el de las luchas electorales, y mientras no se les obligue a estos partidos a ir a trabajar, a luchar, a formarse y constituirse en el cuerpo electoral»²⁴.

Y, no obstante, pese a las exhortaciones de Cánovas y las nuevas garantías legales, daba la impresión de que los partidos, sobre todo el del gobierno, acabarían readaptando las formas de fraude y corrupción a los resquicios que la norma dejaba, y la violarían en los lugares donde pudieran asegurarse algún tipo de inmunidad judicial o la complicidad de los propios electores. Conocedores tan profundos de la política decimonónica española como Sagasta, Castelar o Alonso Martínez, que por entonces militaban en la oposición legal, pensaban de esa forma, como se desprende de la lectura de sus discursos parlamentarios, y por ello no confiaban en que, durante los primeros años de la Restauración, las elecciones pudieran constituirse en el mecanismo principal de la alternancia. Independientemente de que esta percepción pudiera ajustarse o no a la realidad, lo importante de ella era que los políticos de la época no consideraban las causalidades económicas o sociales (subdesarrollo, analfabetismo, ruralización) como las principales a la hora de diagnosticar los males del cuerpo electoral español (indiferencia, dependencia del gobierno), pues no habían constituido obstáculo para la movilización y la competencia cuarenta años antes.

Al contrario, había sido la intervención abusiva del partido en el poder la que había generado el «cunerismo», déficits en la concurrencia de candidatos y, en consecuencia, desmovilización y abstencionismo. Y esa intervención no se había afianzado al amparo de las disfunciones del electorado español de la época, sino al revés, justo cuando las elecciones eran más competidas, los partidos políticos estaban en proceso de estructuración y crecimiento, la participación electoral era relativamente alta y las campañas más apasionadas, es decir, cuando la movilización política estaba en aumento²⁵. En realidad, desde la década de los cincuenta, la facilidad de los gobiernos para intervenir impunemente en los comicios radicaba en la deficiente separación de poderes del Estado liberal español. Como nada, ni tan siquiera la administración de justicia, escapaba a la posible intervención o inspección de un Ministerio, las garantías que ofrecían las leyes electorales quedaban en papel mojado. La falta de un cuerpo electoral independiente tenía, por tanto, una causalidad de indudable origen político.

Lo peor es que las elecciones administrativas habían dejado de ser un modo de actuación particular de un partido, el moderado, para convertirse en una costumbre política de todas las formaciones políticas españolas. Por ello, cuando los políticos de la Restauración cuestionaban públicamente la existencia de un cuerpo electoral independiente en España, en realidad estaban afirmando que no habría partido en el gobierno que no intentase dirigir las elecciones para ganarlas, fabricar unas Cortes adictas y eternizarse en el poder. Esta fatal situación acabó siendo asumida por un político tan pragmático y consciente como Cánovas, sobre todo tras contemplar cómo las distintas medidas legales promulgadas entre 1864 y 1878 no habían logrado desarraigarlo, precisamente porque los partidos en el poder no estaban dispuestos a respetarlas si ello conllevaba su derrota. Lo único que cabía hacer, por tanto, era convertir el vicio en virtud y esperar que la estabilidad institucional, la consolidación de un régimen de libertades y, sobre todo, una alternancia frecuente en el gobierno de dos agrupaciones políticas distintas modificaran las costumbres electorales. La finalidad de los comicios en la Restauración quedó restringida, en un principio, a asegurar la «segunda confianza» de las Cortes para un gabinete nombrado previamente por el rey. Pero no cabe culpar a este régimen de un mal que se había desarrollado un cuarto de siglo antes del advenimiento de Alfonso XII.

Las elecciones «fundacionales» de 1876 marcaron la pauta de cómo serían los comicios a partir de entonces. Éstas se celebraron con sufragio universal, lo que hacía patente el reconocimiento de la legalidad de 1868 por los liberales conservadores, y respondieron también al modelo de elección intervenida desde el Ministerio de la Gobernación. No obstante, cabe identificar algún aspecto positivo en relación con los comicios isabelinos o los del Sexenio. La injerencia del ejecutivo no se orientó sólo a asegurar una mayoría al partido «canovista», sino también a dotar a la Cámara de un cupo de diputados a los partidos de oposición minimizando en lo posible el conflicto, esto es, «restringiendo y domesticando a los grupos políticos para impedir o negociar la presentación de candidatos o forzando la renuncia de quienes se aventuraban». La elección quedó en un trámite al presentarse un número de candidatos muy similar al número de puestos a cubrir. El resultado fue, en efecto, una mayoría abrumadora liberal-conservadora pero asimismo la presencia de todas las notabilidades de la oposición en las nuevas Cortes. Esta experiencia y las posteriores desembocarían en la institucionalización del «encasillado», esto es, la negociación, antes de la votación, del número de diputados que pertenecía a cada uno de los grupos. Como apuntó con acierto Tusell, «lo típico del encasillado bien hecho… era la inexistencia de lucha, no la imposición sobre el adversario»²⁶.

Otro efecto positivo fue la reducción del fraude y la corrupción respecto a los comicios anteriores. Durante no poco tiempo se ha considerado que las elecciones de la Restauración constituían la quintaesencia de la ilegalidad, que no valía la pena estudiar las corruptelas electorales porque los comicios eran, en sí mismos, fraudulentos. No obstante, algunos autores matizaron que los episodios de corrupción del sufragio o la intervención del gobierno contra un candidato de oposición, lejos de constituir la norma, eran absolutamente excepcionales. Lo general era que en la mayoría de los distritos no hubiera lucha, esto es, que un solo candidato concurriera y que los comicios se verificaran como un trámite sin importancia. En estos casos, las elecciones solían «escribirse». Esto suponía una forma de falsificación del sufragio, pero cabe cuestionarse si hubiera cambiado el resultado final de haberse escrutado los votosverdad obtenidos. Si antes de 1875 la falta de oposición electoral al gobierno estaba causada por la coacción más o menos violenta del partido en el poder con el ánimo manifiesto de desarticular a los de la oposición, después de ese año, aceptada la existencia del pluralismo, la intervención gubernamental estaba destinada a reflejarlo en la nueva Cámara a condición de que la oposición aceptase que el triunfo electoral pertenecía a la facción gobernante.

Por ello, si los episodios de corrupción no primaban porque lo verdaderamente importante era la restricción de la oferta electoral, la «falta de autenticidad» de los resultados electorales de la Restauración es cuanto menos matizable. Además, esa característica la compartía con los demás regímenes liberales parlamentarios del siglo XIX y parte del XX. En Gran Bretaña, hasta el último tercio del siglo XIX, las elecciones uncontested habían sido no la excepcionalidad sino la norma, y aún hasta la Primera Guerra Mundial hubo un número significativo de escaños que se otorgaban sin lucha real. En Bélgica, los distritos no competitivos fueron tan frecuentes que el partido católico monopolizó durante varias elecciones de la segunda mitad del siglo XIX la representación de provincias enteras (Anvers, Brabante, las dos Flandes o Limburgo), lo mismo que el liberal en otras (Hainaut, Lieja o Luxemburgo belga). En Estados Unidos esto ocurría no sólo en los comicios legislativos federales o estatales, sino también en las elecciones a gobernador y en circunscripciones del tamaño de un país europeo, como eran los Estados sureños (Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Mississipi y Carolina del Sur) y hasta fechas tan tardías como 1960²⁷. Precisamente, lo que diferenciaba a España de esos países era el establecimiento como práctica regular del «encasillado». Resulta curiosa su extensión a fuerzas «extrarrégimen» pese a que el papel al que las relegaba el sistema era marginal. Los grandes derrotados políticos de 1873-1876, republicanos y carlistas, aceptaron su cuota de representación parlamentaria y no trataron de competir con conservadores y liberales. Y no sólo por la resolución de los gobiernos de utilizar los resortes administrativos como mecanismo de defensa del régimen liberal ²⁸, sino también por el estado de debilidad y descrédito de aquéllos, que les impidió reorganizarse con eficacia. Más aún, la abolición del sufragio universal les restó posibilidades de conseguir resultados electorales comparables a los del Sexenio; y la integración en los partidos dinásticos de sus tendencias más moderadas acentuó su carácter minoritario y su falta de peso político.

La institucionalización del pacto sobre la lucha electoral prolongó algunos años más el amodorramiento del votante español, pero procuró la ansiada estabilidad política tras la fallida experiencia del Sexenio. Tuvo una tercera virtud en lo que a los comicios concernía: esta fórmula facilitó un progresivo repliegue del intervencionismo gubernamental en el proceso electoral strictu sensu, pues los gobiernos ya no restringían las libertades de opinión e imprenta, y el derecho de reunión. La salvaguardia de las libertades civiles hizo posible la propaganda y, sobre todo, las denuncias continuas del fraude que llegaron a incidir en la actitud de los gobiernos de la Restauración. En éstos se advirtió una lenta pero clarísima tendencia a retraerse e intervenir menos abiertamente, facilitando un progresivo aumento de los niveles de lucha electoral que comenzaron a apreciarse en algunos comicios de finales del siglo XIX y, en mayor medida, a principios del XX.

El «encasillado» también amortiguó los efectos desestabilizadores que el sufragio universal pudo conllevar para las instituciones liberales. Como el pacto incidía en la restricción de la oferta electoral más que en la demanda, la Ley Electoral de 1890 no hubo de variar sustancialmente la situación. Pero la nueva normativa modificó un tanto el procedimiento electoral. El sufragio universal fue restablecido con la misma amplitud que en 1868, aunque se prohibió votar a los miembros de los cuerpos armados (Ejército y Guardia Civil) en activo, para evitar que los gobiernos pudieran presionar a los electores sujetos a la disciplina militar. La confección del censo quedó encomendada a tres tipos de juntas —municipal, provincial y central— compuestas, respectivamente, por concejales, diputados provinciales y diputados en ejercicio o que lo hubieran sido en mandatos o legislaturas anteriores, con lo que se aseguraba la presencia en ellas de distintas fuerzas políticas que se contrapesaban entre sí. Además, quedaba bajo la jurisdicción de la Junta Central del Censo el proceso electoral y todo aquel (candidatos y funcionarios) que interviniese en él. Los candidatos pudieron elegir directamente a sus propios representantes en las mesas (interventores), se fijó un lugar oficial de votación (ayuntamientos y escuelas) y se sustituyó al juez de primera instancia como presidente de la junta de escrutinio del distrito, cargo susceptible de politizarse, por un magistrado judicial. Por último, la ley suprimió el cupo de diez escaños para los candidatos que reuniesen más de diez mil votos en todo el país, pero introdujo una suerte de sufragio corporativo a través de los diputados representantes de colegios especiales (universidades, cámaras de comercio y otras asociaciones agrarias e industriales)²⁹.

El sufragio universal y las nuevas garantías no modificaron sensiblemente el panorama político, pero sus efectos se dejaron notar en los siguientes comicios. La oposición extrarrégimen, la que se empeñó en movilizar al electorado (republicanos, carlistas y nacionalistas), aumentó su representación aunque no tanto como para amenazar la preeminencia de liberales y conservadores. La causa de esto no hay que buscarla sólo en el «encasillado». El desinterés y hasta la desidia de la oposición por ensanchar la escasa oferta electoral y expandir su organización más allá de sus feudos tradicionales no les permitió aprovechar las ventajas de un mercado de voto muy amplio. Por ejemplo, en el momento álgido de la Unión Republicana de 1893, ésta no logró presentar más que ochenta candidatos para un Congreso de casi cuatrocientos escaños. La táctica del retraimiento que adoptaron en 1896 y las divisiones intestinas del movimiento republicano acabaron por convertirlo en una fuerza testimonial hasta su resurgimiento en la década siguiente. En esos años, los «nuevos republicanos», reformistas y radicales, confirmaron que campañas de propaganda intensas y una política de captación de nuevos simpatizantes podían conducir a notables triunfos electorales y que esto era posible con el marco legal de 1890³⁰.

Aunque se tiene la percepción de que el sufragio universal no cambió la dinámica política de la Restauración e incluso contribuyó a retardar la modernización electoral, también tuvo efectos positivos a corto y medio plazo. Por de pronto, el aumento de la masa de electores junto con una Ley Electoral garantista, hizo más difícil al gobierno la «dirección» de las elecciones y aumentó su dependencia de los notables para derrotar a la oposición. Esto significaba que los caciques dinásticos recibirían menos ayuda gubernamental en el momento en que el incremento del censo hacía menos controlable la elección y, por tanto, habrían de ganarla haciendo un uso creciente de los medios que ellos mismos pudieran disponer. Por ello, se vieron obligados a modificar sus reducidas redes clientelares por vínculos menos estables pero que aprovechasen a un mayor número de electores. En los distritos comenzaron a proliferar episodios de compra de voto.

Este fenómeno acabó desplazando al viejo cacique que destacaba por sus vínculos con la administración, en beneficio de un nuevo tipo de notable que sobresalía por su patrimonio. Aún más, la reducción del intervencionismo gubernamental aumentó la independencia de los notables locales y les concedió la oportunidad de construirse un «distrito propio», en el que su sola influencia bastaba para lograr el escaño. La ampliación del mercado de voto incidió también en un aumento de la competencia efectiva por la aparición de un mayor número de «distritos libres». De esta forma, fenómenos como el «cunerismo», generalizados a causa de la omnipotencia ministerial, habían iniciado un proceso de irremediable extinción. En la práctica, la progresiva reducción de la mayoría parlamentaria que disfrutaba el partido en el poder entre 1891 y 1907 era la constatación de que esos efectos comenzaban a notarse. En cuanto al nuevo elector, por primera vez poseía una pequeña palanca con la que influía políticamente y por la que podía exigir algo a cambio. La política de masas aún tardaría en llegar a nuestro país, pero la Ley de 1890 introdujo cambios en ese sentido³¹.

La resurrección del cuerpo electoral

La desaparición de Cánovas y de Sagasta acrecentó los deseos de cambio, de «regeneración». Para el sector de los «regeneradores» que no había incurrido en arbitrismos antiliberales, la redención política de España pasaba por la celebración de comicios auténticos, que reflejasen con sinceridad los deseos del cuerpo electoral. Claro que lo complicado era encontrar el método. Unos clamaban contra la intervención gubernamental en las elecciones, pero ¿acaso el repliegue completo del gobierno no dejaba en libertad a los caciques para campar por sus respetos? Otros vieron en el reforzamiento del papel del gobierno en las elecciones la solución para acabar con los caciques, pero ¿no era esto confundir otra vez la solución con el verdadero problema? Además, buena parte de los intelectuales «regeneracionistas» tenía una idea bastante peculiar de lo que había que cambiar. Muchos abogaban no sólo por acabar con las ilegalidades, sino con otros aspectos que, para ellos, violentaban la conciencia del elector, como los banquetes electorales, la petición individual del voto o las promesas de bienes materiales (obras públicas incluidas). Lo que hoy se consideraría como algo inherente a la campaña, para estos intelectuales no era más que una modalidad de compra de voto³².

Los dirigentes liberales y conservadores se plantearon seriamente el cometido de devolver a las elecciones buena parte del protagonismo perdido. Silvela mostró cuál era, desde su punto de vista, el camino más acertado: la contención del intervencionismo gubernamental. En las elecciones que él dirigió, las de 1899 y 1903, el gobierno utilizó el encasillado pero se negó a usar los resortes administrativos contra la oposición en los distritos donde hubo lucha. Esta circunstancia incentivó la competencia e hizo que los gabinetes conservadores obtuvieran las mayorías parlamentarias más precarias de su historia. Era verdad que la corrupción electoral pudo aumentar de la mano de los notables provinciales y de algunos funcionarios a sus órdenes. Pero la relativa sujeción del gobierno central facilitó que los resultados comenzaran a depender más del arraigo de los partidos o de las maquinarias caciquiles en sus respectivas zonas de influencia (es decir, de abajo) que de los deseos ministeriales (o sea, de arriba). Aún con el coste de la corrupción, el aumento de la lucha parecía el método apropiado de estimular la participación del cuerpo electoral. Ésta fue la vía que también elegirían Montero Ríos en 1905 y Maura en 1907³³.

Era indudable que el repliegue gubernamental y la vigencia de las libertades constitucionales estaban produciendo el cambio más profundo en la fisonomía de los comicios desde 1850, pero no conviene exagerar demasiado. La participación del cuerpo electoral apenas si sobrepasaba el 30 por 100 del censo en las cifras oficiales, por lo que podía presumirse que la realidad fuese aún más desesperanzadora. Verdad era que los márgenes de triunfo del partido en el poder se estaban reduciendo, pero esto no había llegado a afectar a la dinámica del turno. La pervivencia del «encasillado» era la que lastraba la modernización electoral. La existencia de un contingente aún elevado de distritos y circunscripciones sin lucha, fruto del pacto entre gobierno y oposición, impulsaba la desmovilización al hacer innecesaria la intervención del electorado.

La situación conservadora de 1907, presidida por Antonio Maura, supuso otro impulso en el proceso de regeneración electoral. Sus proyectos se encaminaban a conceder a las elecciones un papel decisorio a la hora de repartir el poder político³⁴. Esto implicaba un cambio fundamental, pues suponía abandonar el «encasillado» y el turno, y Maura acabó fracasando porque semejante paso sólo podía darse con la anuencia de la Corona y de los liberales. El prócer mallorquín pretendía, además, asegurar la práctica sincera del sufragio restringiendo aún más la intervención del gobierno, aumentando la autonomía municipal e incentivando su «moralización» para evitar que los gobernadores civiles destituyeran por gestión dolosa a los alcaldes de la oposición. La Ley de Administración Local no salió adelante, pero sí otra de las piezas en que se tenían puestas muchas esperanzas: la Ley Electoral de 1907.

La nueva normativa estableció el novedoso «voto obligatorio». Su finalidad era movilizar al cuerpo electoral elevando el sufragio a la categoría de deber civil inexcusable, por entonces una teoría en boga. Quedaban exentos los mayores de setenta años, los eclesiásticos, los militares y guardias civiles en activo, y los jueces de primera instancia y notarios públicos en el distrito donde ejercieran sus funciones. La confección del censo electoral, uno de los grandes caballos de batalla, pasó a manos de un organismo independiente: el Instituto Geográfico y Estadístico, que, para esa labor, habría de estar subordinado a la Junta Central del Censo. La composición de ésta y de las juntas provinciales y municipales se despolitizó radicalmente respecto a 1890. Los alcaldes y párrocos quedaron explícitamente fuera del proceso electoral y, para evitar la intervención de aquéllos, se prohibió la constitución de las mesas en el ayuntamiento.

El artículo 24 de la Ley restringió las condiciones para ser proclamado candidato. Para poder participar en los comicios, el aspirante a diputado debía de haber obtenido el escaño en un mismo distrito en elecciones pasadas, o bien ser avalado por dos senadores (o exsenadores), dos diputados (o exdiputados), o por tres diputados provinciales (o exdiputados), de la provincia a la que perteneciera el distrito electoral por el que concurría. Si no pudiese cumplir con este requisito, habría de ser propuesto por, al menos, el 5 por 100 de los electores del distrito, viva voce. Este artículo ha sido interpretado como una evidencia de que el régimen de la Restauración caminaba hacia su «oligarquización», y se ha dado por supuesto que perjudicaba sobre todo los intereses de republicanos y socialistas. También suele afirmarse que esa norma posibilitaba, al restringir la concurrencia de candidatos, la aplicación del famoso artículo 29, que dispensaba del proceso de elección a todo distrito por el que hubiera concurrido un número idéntico de candidatos al de puestos a cubrir³⁵.

No obstante, esto no parece creíble. El requisito de una propuesta avalada por la vigésima parte del censo no representaba nada nuevo en el Derecho electoral español, pues la Ley de 1890 lo había contemplado como condición ineludible para que un candidato pudiese designar interventores en las mesas del distrito. Por tanto, la comisión redactora de la Ley de 1907 no había inventado algo para restringir una oferta electoral que sería mayor y más variada con esta norma que con la anterior. Sin duda, parecía más coherente trasladar a la figura del candidato ciertas condiciones para su proclamación que hacer de ésta un mero trámite para, posteriormente, limitar su capacidad de fiscalizar el proceso electoral. Pero es que, además, conviene recordar que el acto de «proclamación» sólo servía para conceder a los aspirantes al escaño derechos de intervención y control del proceso electoral. En virtud del tan denostado artículo 29, los candidatos «no proclamados» también podían concurrir y obtener escaño.

Por otro lado, no era cierto que el artículo 24 (y siguientes) supusiera un obstáculo insuperable para que la oposición antidinástica presentase candidatos. Éstas, incluyendo a los regionalistas, habían obtenido 435 escaños en total desde 1876 hasta 1907, por lo que bastaba la firma de dos de esos exdiputados para cubrir de candidatos los distritos de toda una provincia. Más aún, la exigencia de obtener el aval del 5 por 100 del electorado en demarcaciones tan pequeñas como eran las de la época estaba lejos de constituir una barrera insalvable. En todo caso, debía resultar un acicate para la movilización, un trámite para un candidato que aspirase a obtener el escaño, algo para lo que necesitaba movilizar un porcentaje muchísimo mayor del censo y que facilitaba, no se olvide, el «voto obligatorio». En realidad, el artículo 24 era una medida moralizadora destinada a desarraigar el «cunerismo», obligando a los candidatos a diputado a demostrar apoyo popular en el distrito por el que pretendían presentarse. Por ello, la Segunda República conservó, en general, similares condiciones para la proclamación de candidatos. En cuanto al artículo 29, lo único que pretendía era ahorrar, a unos electores a los que se exigía votar, la obligación de acudir a las urnas en comicios de un solo candidato. De hecho, fue propuesto por el republicano Azcárate para acabar con el hábito de «escribir» los comicios en los distritos sin lucha. Una evidencia de que ambos artículos no constituyeron obstáculo para estimular la lucha política fue que en las últimas elecciones con la legislación anterior, las de 1907, hubo 163 distritos sin competencia, mientras que en las primeras con la nueva ley, las de 1910, esta cifra se redujo a 119³⁶.

Aparte, la norma establecía nuevas garantías para facilitar la limpieza de los comicios que estuvieron vigentes durante la República. En adelante, cada candidato proclamado podría designar dos interventores y dos suplentes por mesa electoral, y se creó la figura del apoderado que en cada colegio vigilaba la votación y realizaba, en nombre de su candidato, las reclamaciones que consideraba pertinentes. La composición de las mesas se reformó para garantizar la imparcialidad de sus miembros. Éstas las completaban el presidente, dos adjuntos y sus respectivos suplentes, que habían de nombrarse por la Junta Municipal del Censo siguiendo un riguroso orden alfabético a partir de tres listas electorales distintas. El candidato también adquirió el derecho de nombrar a dos representantes ante la Junta Provincial del Censo mientras durase el escrutinio oficial. Éstos estarían encargados de velar por sus intereses, cuidando de la escrupulosidad del escrutinio y consignando en el acta todas las reclamaciones y protestas que estimaran oportunas. Además, todos los notarios del país quedaron habilitados para dar fe, a requerimiento de los candidatos, de cualquier irregularidad en el proceso de elección. Otra de las grandes novedades la constituyó la inclusión del Tribunal Supremo como instancia que habría de determinar si la elección había sido conforme a la legalidad, con lo que se relevaba a la Comisión de Actas del Congreso de esta responsabilidad. Esta medida había sido importada de Gran Bretaña, país en que la Cámara de los Comunes había transferido, con buenos resultados, en 1868 esas tareas a un Tribunal de Elecciones compuesto por jueces del Supremo. No obstante, lo que hizo fracasar la medida era que en España habría de ser la Cámara Baja quien, en última instancia, aceptase o no los dictámenes del Supremo. Por último, la ley obligaba al gobierno a presentar al Congreso un nuevo proyecto de división electoral aunque, en la práctica, las modificaciones fueron escasas y vendrían impuestas, sobre todo, por los cambios demográficos³⁷.

Los efectos de la norma fueron inmediatos. Ésta se aplicó, por primera vez, en las elecciones de 1910 que, convocadas por un gabinete Canalejas, supusieron la contracción más importante de una mayoría gubernamental desde 1850. En general, los nuevos mecanismos introducidos por la Ley Electoral funcionaron bien, incluso el voto obligatorio, pues en las demarcaciones donde hubo elección participó el 77 por 100 del censo. La fragmentación de los partidos, a causa de las disputas por su liderazgo, complicó el mapa político de cara a los comicios de 1914. Pero tuvo el efecto positivo de estimular la concurrencia de candidatos: llegó a haber lucha por el 77,2 por 100 de los puestos a diputado. Además, la mayoría gubernamental sufrió una nueva reducción y, muy significativo, los conservadores «datistas», que sustentaban en solitario el gabinete, no alcanzaron la mayoría absoluta, algo que no ocurría desde 1843. Desde ese momento histórico de 1914, los comicios de la Restauración fluctuaron entre intentos exitosos o frustrados por restablecer un «encasillado» eficaz. Las elecciones de 1916 y 1923, bajo gabinetes liberales, constituyeron ejemplos de pactos relativamente eficientes y por ello se registró un descenso en los niveles de lucha, mientras que las restantes, más competidas, se caracterizaron por dar lugar a Cámaras muy fragmentadas e incapaces de sostener gabinetes duraderos³⁸.

Hubo unas elecciones que se hicieron bajo coordenadas distintas a las establecidas desde 1876, las de 1918, convocadas por el gobierno de concentración nacional de García Prieto. Éstas pretendieron ser «constituyentes», es decir, inaugurar una nueva época en la que los partidos contendieran sin recurrir al «encasillado». De hecho, fueron las más concurridas y las que de un modo más auténtico reflejaron la verdadera relación de fuerzas que por entonces existía. Hasta un 85,1 por 100 de los escaños hubo de ser ganado mediante elección, y esos comicios mostraron que la debilidad de la oposición antidinástica no se debía tanto al fraude o a una represión velada de la opinión pública como a su falta de arraigo electoral. En total, sumando los diputados republicanos, socialistas, carlistas y de la Lliga, las fuerzas antiturno ganaron 74 escaños. Desde 1876, sólo lograban limitar la primacía de los dinásticos en algunas ciudades del país, y en los distritos de Cataluña, Vascongadas y Navarra³⁹.

Sin embargo, la fragmentación a que dieron lugar estas elecciones contribuyó a disociar la sinceridad electoral del ansia de estabilidad política. La «Cámara ingobernable» de 1918 hubo de ser disuelta después del agotamiento de la fórmula de gabinetes de concentración. Pero los acontecimientos posteriores demostraron que ya era imposible una vuelta atrás, a los tiempos en que el gobierno «fabricaba» las mayorías. El intento de Maura en las elecciones de junio de 1919 se saldó con un estrepitoso fracaso. El restablecimiento del turno, como Dato pretendió en los comicios de diciembre de 1920, no podía hacerse ya sin la resurrección de un «encasillado» amplio. Éste pasaba por un acuerdo entre liberales y conservadores que incluyera también a buena parte de la oposición antidinástica, pues, a pesar de su debilidad, había logrado fortificarse con éxito en un número no despreciable de distritos. Incluso así, las dificultades para coronar la empresa eran notorias.

La mayor cantidad de distritos libres y «propios» dejaba un margen de maniobra mucho menor para la negociación. El fraccionamiento de todos los partidos y la aparición de nuevas fuerzas políticas (regionalistas, radicales y reformistas) habían complicado el mapa político y multiplicaron el número de aspirantes a diputado. Por otra parte, la capacidad de las organizaciones centrales para hacerse obedecer por sus maquinarias locales o provinciales se había reducido considerablemente, y resultaba cada vez menos extraño y más tolerado que el acuerdo «desde arriba» en la distribución de los escaños no fuese respetado «por abajo». Cierto que los comicios de 1920 y 1923 aseguraron mayorías supuestamente gubernamentales, pero ninguna facción logró imponerse de forma clara y la inestabilidad política continuó siendo la tónica. Este problema sería resuelto abruptamente en septiembre de 1923. El pronunciamiento de Primo de Rivera, bendecido por la Corona, cerró el telón a nueve décadas de sistema liberal y parlamentario en España e interrumpió la convocatoria continuada de comicios⁴⁰.

Atendiendo al aspecto electoral, ¿caminaba el régimen constitucional de 1876 hacia su democratización o estaba en un callejón sin salida? Sin duda, los comicios estaban alcanzando un nivel creciente de sinceridad. El problema radicaba en cómo conjugar esta sinceridad con la estabilidad gubernamental o, más importante, cómo encauzar la voluntad nacional y el libre juego de los partidos en los márgenes de la Monarquía liberal, sin que ambos elementos acabaran destruyéndola. La vía británica de adaptación gradual de los partidos tradicionales a las nuevas prácticas electorales había quedado cegada en España al establecerse el sufragio universal en 1890. Por tanto, si se quería la democratización, quedaba asumir el riesgo y dar el salto a una práctica competitiva y limpia por los escaños del Congreso. Pero en partidos de notables tan dependientes para su supervivencia del disfrute del poder, la democratización introducía un elemento de riesgo indudable, pues hacía la alternancia mucho más incierta. Además, acabar con el «encasillado» y hacer a la opinión el árbitro de la situación contribuían a socavar los liderazgos y la autoridad de los comités nacionales de los partidos dinásticos, pues las maquinarias caciquiles locales y provinciales dependerían únicamente de sí mismas para obtener o revalidar el escaño en su distrito.

En principio, esto podía ser paliado con una práctica electoral frecuente, que disciplinase y cohesionase a las distintas fuerzas políticas para tener más opciones de gobernar. Pero era un proceso que hubiera necesitado de varios años para cuajar. Y podía resultar un salto en el vacío para el sistema liberal en España si la redefinición de los liderazgos y la refundación de los partidos dinásticos fracasaban a medio plazo y no daban lugar a nuevos partidos de masas. La existencia de fuerzas extrasistema, aunque débiles y disgregadas, abiertamente desleales con el régimen político vigente y dispuestas a aprovechar la más mínima ocasión para derribarlo, constituía un factor que disuadía de riesgos. Peor aún, la democratización implicaba la ruptura de la añeja solidaridad entre liberales y conservadores. La ruptura de la remozada y tácita Unión Liberal, reconstruida por Cánovas en 1876 y cimentada sobre los viejos principios doctrinarios, causaba pavor en unos políticos educados sobre todo para pactar, en la creencia de que la desunión permanente de los liberales podía constituir el prólogo de su mutua destrucción. Desde los demócratas «garciprietistas» hasta los «mauristas», todos tenían presente lo que las traumáticas disputas entre moderados y progresistas habían conllevado entre 1841 y 1873. Existía la percepción de que, unidos los liberales en el sostenimiento del sistema y en el disfrute compartido del poder, republicanos y carlistas constituían minorías inoperantes, fantasmas del pasado. La ruptura del turno pactado y el sostenimiento de una pugna por la preeminencia de uno sobre otro podían hacer retornar ese pasado no querido de exclusivismo de partido, injerencia de los militares en la vida política e inestabilidad crónica, que amenazase la Monarquía y la misma supervivencia del régimen liberal.

Podría pensarse que los políticos de la Restauración pecaban de estar demasiado condicionados por el pasado, que no habían tenido en cuenta los profundos cambios políticos que habían tenido lugar desde el siglo XIX. No se olvide, sin embargo, que ellos presenciaron la crisis del parlamentarismo liberal a partir de la Primera Guerra Mundial, los problemas que la democratización conllevaba en otros países y, más aún, el ascenso de los movimientos autoritarios de izquierda y derecha. Además, hubieron de hacer frente a graves desafíos internos entre 1917 y 1923 (huelgas revolucionarias, juntismo militar, reivindicaciones autonomistas) que incrementaron el desorden público e incluso amenazaron con finiquitar la Monarquía liberal. En contraposición a la inseguridad de lo porvenir, el régimen constitucional de 1876 estaba afrontando, bien que mal, los desafíos del sindicalismo revolucionario, y hacía tiempo que había domesticado al republicanismo y al carlismo. Esa relativa solidez recordaba a la que había mostrado en momentos críticos como la muerte de Alfonso XII (1885) y la pérdida de las provincias de ultramar (1898). De hecho, el pronunciamiento de Primo de Rivera no llegó en el peor de los contextos posibles, si comparamos la situación de septiembre de 1923 con la de años anteriores. Los políticos dinásticos españoles no desconocían que, con un panorama nacional e internacional tan convulso, el régimen liberal podía entrar en barrena fácilmente si la «regeneración» exigía como requisito imprescindible la ruptura de la solidaridad liberal, precisamente el pilar fundamental de todo el edificio político.

Con esas prevenciones, ¿puede argumentarse que los políticos liberales pretendieron facilitar una salida democrática para la Restauración? ¿Acaso no abona la tesis contraria, la de que se caminaba hacia la «oligarquización» del sistema? La respuesta resulta difícil, toda vez que la praxis política del régimen liberal se caracterizaba en España por ser francamente original, sin duda el producto más elaborado del doctrinarismo. Precisamente por ello resulta complicado comparar su evolución con lo ocurrido en otros países. El único sistema que presentaba unas características parecidas, el portugués, había saltado por los aires en 1910 tras una exitosa sublevación republicana, factor que había puesto en guardia a los políticos españoles. Más aún, el sufragio universal se había establecido en un sistema político liberal pero no democrático, en el que el poder ejecutivo dependía de la «doble confianza» de la Corona y de las Cortes. Y no obstante, pese a la especificidad del régimen y a su naturaleza no democrática, un análisis de sus elecciones no deja de verificar una tendencia, todo lo lenta que se quiera pero clara y terminante, hacia comicios que reflejaban menos la voluntad unívoca de los gobiernos y más la influencia territorial efectiva de las organizaciones políticas. Además, la tesis de la «oligarquización» falla a la hora de explicar satisfactoriamente los esfuerzos de buena parte de los dirigentes «restauracionistas» por dotar a las elecciones de mayores dosis de representatividad. De pretender «oligarquizar», ¿no hubiera sido más sencillo dejar las cosas como estaban? Podría pensarse que estos políticos actuaron a regañadientes, forzados por la existencia de una demanda «popular» de democratizar el sistema, pero, por lo que sabemos, esta presión no fue muy intensa.

Al contrario, buena parte de los políticos de principios del siglo XX exteriorizaron constantemente el ánimo de conceder a la opinión pública un protagonismo mayor⁴¹. Sin duda, el debilitamiento y faccionalización de sus partidos les obligó a aceptar dosis mayores de competencia e incertidumbre de las que probablemente hubieran deseado. Pero los ministros de Gobernación mantuvieron vigentes, salvo raras excepciones, las garantías constitucionales y la libertad de prensa y propaganda. Los gobiernos mostraron una voluntad cada vez menor de «fabricar» las elecciones, y las reformas legales tendieron a apartar a la administración del proceso electoral. Los comicios adquirieron mayores dosis de corrupción y proliferó la compra del voto de un modo nada distinto a otros países, pero las viejas formas de falsificación decimonónica desaparecieron conforme la competencia dejó de ser la excepción. Incluso vigente una Constitución como la de 1876, que consagraba el principio de la soberanía compartida, la Corona tenía pocas posibilidades de nombrar y separar un gobierno estable sin el concurso de unas Cortes cada vez menos sometidas y más independientes. Y, desde luego, no era impensable que una mayor democratización y unos partidos más fuertes hubieran hecho bascular hacia el legislativo la capacidad de decidir el color político del ejecutivo.

Por otra parte, aunque la alternancia entre partidos continuó vigente, los comicios habían dejado de representar un simple trámite sancionador que se cumplía con exactitud matemática. De hecho, la diferencia entre la formación dinástica vencedora y la de oposición se redujo de 65 puntos porcentuales a 28 entre 1876 y 1923⁴². Este dato sugiere un cambio importante en las relaciones entre el partido en el poder y los restantes. Paulatinamente, la oposición dinástica había dejado de depender del «encasillado», en el que el gobierno le aseguraba un cupo razonable de escaños. Los papeles se invirtieron, porque en los últimos años de la Restauración era la formación política en el poder la que dependía de la benevolencia de la oposición dinástica en el «encasillado» para obtener una mayoría suficiente y continuar gobernando. Esto indica que los partidos liberal y conservador estaban comenzando a redefinir, expandir y a hacer más densas sus redes clientelares hasta constituir en muchos distritos maquinarias políticas estables y competitivas. Ciertamente, aún no eran partidos de masas, pero esto no quiere decir que carecieran de entidad o arraigo en buena parte del país.

En cuanto a la participación, si bien el voto obligatorio no llegó a cuajar, ésta fue mayor entre 1910 y 1923 que en ninguna otra etapa anterior. Esta reflexión no deriva tanto del uso de las estadísticas oficiales como de la percepción de que el aumento de la competencia fue adecuando esas cifras a la realidad. Porque cabe recordar que a los porcentajes de voto anteriores a 1910 se añadían los datos de los distritos en los que, por no presentarse más de un candidato por puesto, las elecciones solían «escribirse».

Si este proceso no hubiese sido interrumpido por Primo de Rivera y el propio Alfonso XIII, hay razones para pensar que la desembocadura natural del régimen liberal de 1876 hubiese sido una democracia parlamentaria. Si no se implantó con la ampliación del sufragio en 1890 y la visible aspiración de Silvela, Montero Ríos o Maura de finiquitar las elecciones administrativas, fue porque entre 1899 y 1923 se habilitaron diferentes proyectos de casar los modos políticos del sistema restauracionista con la democracia, en un intento en que ésta no socavase los fundamentos de aquél. Sin duda, era un justificado horror al vacío lo que impulsaba a estos políticos a planificar una democratización controlada, y a primar la estabilidad y la perdurabilidad del sistema sobre los cambios bruscos. En cambio, Primo de Rivera supo resolver algunas de las cuestiones que habían resultado dificultosas para el régimen liberal (el revolucionarismo sindical, la guerra de Marruecos), problemas graves pero al fin y al cabo coyunturales que, habida cuenta de los antecedentes, tarde o temprano podían haberse solucionado en un marco político no dictatorial. Incluso si no hubiera podido ser así, está claro que Primo de Rivera y Alfonso XIII legaron, a cambio, un problema de mayores dimensiones: la destrucción del régimen constitucional de 1876 sin lograr institucionalizar una alternativa viable y, en consecuencia, la brusca reducción de las bases de apoyo político en las que se sustentaba la Monarquía liberal. En efecto, tras los primeros siete años de gobierno «extraconstitucional» desde el reinado de Fernando VII, se hizo el tan temido vacío.

Los desesperados intentos de Alfonso XIII de llenar ese vacío retornando a la legalidad constitucional fracasaron y, tras los comicios municipales de abril de 1931, fue la República quien lo acabó ocupando. En lo que a las elecciones respecta, el gobierno provisional de la República promulgó dos decretos que enmendaban, cara a los comicios a Cortes constituyentes, la Ley de 1907. El primero, de 25 de abril, establecía cambios en la confección del censo electoral. La novedad estribó en que los encargados de esta labor habrían de ser unos nuevos Tribunales del Censo Electoral designados por las juntas municipales para cada mesa electoral. Aquéllos estarían auxiliados por dos funcionarios que habrían de ser nombrados por los gobernadores civiles de entre los que percibiesen menos de cinco mil pesetas anuales de salario. Con tales criterios de selección se pretendió que esos representantes del gobierno fuesen nada hostiles a la coalición vencedora. Además, la tutela de la rectificación censal la asumía el Ministerio de Trabajo, con lo que los socialistas adquirieron una ascendencia mayor en una de las fases cruciales para la preparación de los comicios. Con todo, el decreto reconocía a los partidos legalmente constituidos (en ese momento los que gobernaban) la posibilidad de revisar el proceso nombrando interventores. Un cambio destacable fue la orden de incluir a todos los varones entre veintitrés y veinticinco años en el censo electoral, con lo que en la práctica se prejuzgaba la intención del gobierno de rebajar la edad de voto⁴³.

La modificación más importante de la Ley de 1907 vino de la mano del Decreto de 8 de mayo de 1931. Su originalidad radicaba en un preámbulo justificativo que resaltaba los inconvenientes de la legislación vigente para preservar la pureza electoral. El decreto suprimió los distritos uninominales, a los se que culpaba de dejar «ancho cauce a la coacción caciquil, a la compra de votos y a todas las corruptelas conocidas». La solución estribó en el retorno a las circunscripciones provinciales que, para los nuevos gobernantes, «ofrec[ían] la ventaja de una mayor proporcionalidad entre el número de electores y el de los elegibles». La supresión de los distritos significó la cancelación definitiva del consenso que había existido desde 1870. Sin duda, republicanos y socialistas deseaban refundar el sistema representativo sobre nuevas bases territoriales, creyendo que las desventajas de la experiencia anterior se diluirían con el cambio de la división electoral. Aparte, las ciudades de Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla, y las capitales de provincia mayores de cien mil habitantes con los municipios de sus partidos judiciales, formarían una demarcación propia. Se conservaban así las circunscripciones plurinominales de la Restauración, aunque reducidas a los núcleos donde el voto urbano, identificado con el voto republicano después de abril de 1931, compensaba con creces por su densidad demográfica los apoyos monárquicos en el cinturón rural de esas ciudades. En total, 63 circunscripciones que simplificaban notablemente el enrevesado mapa de distritos de 1923.

No resulta ingenuo pensar que la conjunción republicano-socialista pretendía niveles crecientes de «pureza electoral», pues sus líderes creían que unas elecciones sinceras y limpias, en las que se movilizase el cuerpo electoral, suponían una prima para ellos, como había ocurrido en los comicios de abril. Pero las modificaciones de la Ley de 1907 tenían también otra lectura: la de la conveniencia política. En el decreto se especificaba que la continuación de los distritos uninominales «no sólo no perjudicaría a los candidatos republicanos, sino que más bien los favorecería, por cuanto los vicios mismos del sistema hacen que muchos de los elementos que antes fueron adversos hoy se hayan puesto al lado del Gobierno». Pero esto sólo constituía una parte de la verdad. Lo cierto es que no todos los monárquicos estaban desertando, y los que lo hacían engrosaban sobre todo las formaciones más moderadas del republicanismo. Si se hubiera mantenido la división electoral de 1923 (algo que no hubiera hecho necesaria la reorganización de las viejas maquinarias políticas, ni de las redes de influencia reconstruidas en el bienio 1930-1931) y la composición de los ayuntamientos tal y como habían quedado tras los comicios de abril de 1931, el resultado bien hubiera podido ser una Cámara constituyente con una presencia mayoritaria de monárquicos y de «nuevos republicanos», relegando a un papel secundario a quienes trajeron la República.

En realidad, la conjunción republicano-socialista prolongó la costumbre «revolucionaria» de variar la composición de los ayuntamientos, y de modificar una ley de Cortes por decreto. A pesar de que el nuevo régimen había venido, entre otras cosas, para inaugurar una época de democracia y elecciones sinceras, el gobierno provisional pretendió, antes de nada, consolidar la República. Para los nuevos dirigentes, esto pasaba por asegurar la primacía de los partidos gubernamentales en las Cortes constituyentes. Sobre todo los republicanos tenían en mente las disputas por el modo de organización del sufragio en la Francia de comienzos de la Tercera República, una lucha tenaz entre conservadores exmonárquicos y republicanos por el control del legislativo. En el país vecino, en la segunda mitad de la década de los setenta y primera de los ochenta del siglo XIX, los republicanos, singularmente Gambetta, habían sido ardientes partidarios de la supresión de los arrondissements uninominales porque los suponían una beneficiosa prima para sus rivales, habida cuenta de que las «notabilidades de aldea» se alineaban mayoritariamente con ellos. Con el fin de impedir cualquier riesgo de restauración monárquica o excesivo escoramiento a la derecha, los republicanos franceses apostaron en 1885 por una nueva ley electoral basada en los grandes departamentos como circunscripción plurinominal. El escrutinio departamental estaba considerado en Francia como el típicamente republicano, frente a los pequeños distritos de la época de Napoleón III. La amenaza «boulangista» haría cambiar de opinión a los republicanos sólo cuatro años después⁴⁴.

Por tanto, no puede analizarse el Decreto de mayo de 1931 atendiendo en exclusiva a criterios de moralización electoral. La norma, junto con la destitución masiva de corporaciones locales de mayoría monárquica⁴⁵, también puede interpretarse como un capítulo de la lucha larvada que sostenían las distintas formaciones republicanas y socialistas para mantener o acrecentar su posición, y conseguir la parte del león en las futuras Cortes constituyentes. Más aún, tales medidas estaban destinadas a evitar una presencia demasiado abultada de diputados monárquicos. El miedo a una República de monárquicos impulsó además a republicanos y socialistas a intentar mantener la conjunción unida para las elecciones a Cortes constituyentes. De hecho, la circunscripción provincial, la segunda vuelta el siguiente domingo al de las elecciones y el establecimiento del requisito mínimo del 20 por 100 de los votos para que un candidato pudiera ser proclamado diputado en primera vuelta eran serios acicates a la unión. La barrera del 20 por 100 supuso un grave perjuicio para las opciones minoritarias, pues en la segunda vuelta eran los votos del partido mayoritario los que volvían a decidir quién ocupaba finalmente el escaño. Sin duda, esta norma estaba concebida para paliar la entrada de diputados contrarios en los lugares donde no fuese posible formar una coalición homogénea de republicanos y socialistas.

Otra de las novedades de la legislación republicana fue la ampliación del sufragio pasivo al clero y a las mujeres. El hecho de que los eclesiásticos pudiesen ser electos era consecuencia directa de la separación entre Iglesia y Estado que el gobierno provisional había prometido en su declaración de principios de abril⁴⁶. Ésta suponía, entre otras cosas, la pérdida de la cuota de representación eclesiástica en las Cortes. En cuanto a las mujeres, la concesión de la capacidad de ser diputadas era fruto de una tendencia, entonces en boga en buena parte de Europa, de equiparar los derechos políticos de las féminas a los del varón. En la España de Primo de Rivera ya se les había concedido tanto el sufragio activo como el pasivo, pero de forma limitada y dentro de las peculiares formas de representación del régimen dictatorial. No obstante, en 1931 aún no se le dio a la mujer el voto porque la prioridad de la coalición vencedora era consolidar el régimen, y presumía que ese nuevo derecho supondría una prima para las fuerzas conservadoras. Lo que sí hizo fue rebajar la edad de voto a los veintitrés años, ya que se tenía a los jóvenes por una bolsa de votos mayoritariamente antimonárquica, como parecían atestiguar las revueltas estudiantiles contra la Dictadura.

El sistema de voto mayoritario subsistió, pero se extendió el «sufragio restringido» de la Restauración a todas las circunscripciones, con lo que el elector sólo podría votar un número menor de candidatos que de escaños en juego. Dependiendo del número de puestos por circunscripción, esta limitación podía abarcar entre el 20 por 100 del total en Teruel y el 50 por 100 en Álava. La medida quería asegurar un cupo de representación a las minorías, pero el quórum del 20 por 100 y la segunda vuelta desvirtuaron notablemente su sentido. El decreto tocaba también el artículo 24 de la Ley de 1907, pues suprimió la proclamación de candidatos avalada por el 5 por 100 del censo de la circunscripción. Como este requisito era más complicado de cumplir en una demarcación del tamaño de una provincia, el gobierno provisional lo sustituyó por el aval de al menos diez concejales de elección popular. Los demás requisitos, la propuesta de dos exdiputados, exsenadores o tres exdiputados provinciales, se mantuvieron como estaban. El artículo 29 quedó, este sí, en suspenso.

El decreto apartó, por añadidura, al Tribunal Supremo del examen de la validez de las elecciones y devolvió al Congreso todas las competencias en la materia. Esto supuso que en tan delicada tarea podrían volver a primar los criterios políticos sobre los de índole jurídica, con lo que la admisión de un diputado de oposición dependería, en exclusiva, de la aquiescencia u hostilidad de la mayoría parlamentaria. Por el contrario, para disuadir la comisión de delitos electorales, el ministerio fiscal quedó habilitado para intervenir en todos los casos posibles de compra de voto, y se extendió la fe pública notarial a todos los funcionarios, a los aspirantes letrados y a los miembros de las juntas de gobierno de los Colegios de Abogados, en un intento de que cualquier ilegalidad quedase registrada⁴⁷.

En general, los decretos de abril y mayo de 1931 modificaron aspectos sustanciales de la Ley de 1907, como la división territorial y la validación de los comicios, y retocaron levemente otros. No obstante, en partes esenciales como las incapacidades, la formación de la mesa y los restantes aspectos del procedimiento electoral, la legislación restauracionista continuó plenamente vigente. Del mismo modo siguieron en pie el voto obligatorio y la prohibición del sufragio al personal en activo de los cuerpos armados. Su vigencia en un régimen muy distinto al que la concibió constituía una evidencia de que la Ley de 1907 era suficientemente garantista y compatible con la práctica democrática.

Los comicios de 1931 fueron los últimos del período de elecciones de lucha limitada e intervención gubernamental. A partir de entonces, esos elementos podrían reaparecer, como en 1936, pero nunca más juntos. La lucha fue limitada porque las elecciones que inauguraron el período republicano constituyeron además las últimas de tipo «revolucionario» en España, similares a las de 1836, 1854, 1869 o 1873. A ellas concurrió una gran coalición dueña de todos los resortes administrativos, la conjunción republicanosocialista, frente a candidaturas de la oposición, cuando las hubo, aisladas, incompletas y generalmente débiles. Todo ello en medio del retraimiento casi general de los monárquicos, una postura consecuente con la estrategia de 1873 pero que dejaba el campo libre a sus rivales. Y es que la mayoría de los que habían conseguido el acta entre 1910 y 1923 no se presentó a los comicios de 1931, hasta el punto que la elite política que predominó en la Monarquía liberal parecía haberse volatilizado. Por contraste, mejor suerte corrieron otros grupos conservadores que decidieron ir a la lucha, como la Lliga, los tradicionalistas y el PNV, pues conseguirían sobrevivir al aluvión republicano, y readaptar y fortalecer paulatinamente sus organizaciones.

A diferencia de los comicios municipales de 1931, la drástica reducción de la oferta electoral genuinamente monárquica o simplemente conservadora potenció las tendencias disgregadoras que existían en el seno de la coalición vencedora. Sin enemigo notable por medio, los partidos de la conjunción compitieron entre sí en 26 circunscripciones. No obstante, cuando los partidos a extramuros del régimen presentaron candidaturas potentes (provincias vascas, Navarra, Palencia, Segovia o Valladolid), republicanos y socialistas permanecieron unidos para asegurarse mayores posibilidades de éxito. Hubo otro grupo de 25 circunscripciones donde la falta de oposición impulsó a la conjunción a obtener todos los escaños; en algunas de esas provincias (Cádiz, Granada, Las Palmas, Lérida, Madrid, Málaga, Sevilla y Tarragona), esto acabó convirtiéndose en un amigable reparto. Por el contrario, en otras (Ávila, Castellón, Cuenca, Guadalajara, León, Logroño, Salamanca, Santander y Zamora) la división del voto republicano hizo que candidaturas monárquicas o de «nuevos republicanos» que se habían presentado para obtener, cuanto menos, los puestos de las minorías alcanzasen su objetivo. De hecho, los grupos conservadores pudieron resultar un poco más numerosos de no ser por la negativa incidencia del quórum del 20 por 100. Al no alcanzar ese porcentaje en cuatro provincias (Albacete, Badajoz, Barcelona y Madrid), esos escaños quedaron vacantes y fueron obtenidos, de nuevo, por republicanos y socialistas en la segunda vuelta. La oposición de derecha perdió de ese modo nueve actas de diputado. Esto demostró que el quórum combinado con la segunda vuelta acentuaba las consecuencias del sistema mayoritario y desvirtuaba la finalidad del «voto restringido».

Con todo, la victoria de la coalición gobernante, ya antes de acudir a las urnas, se daba por descontada. Las diversas fuerzas de centro y derecha habían presentado un total de 185 candidatos, cantidad insuficiente en un Congreso de 470 escaños para derrotar al gobierno. Además, estaban tan desigualmente repartidos que, mientras existió sobreabundancia en algunas provincias, en otras, la mayoría, su presencia resultó muy escasa, con lo que allí las distintas facciones gubernamentales ya podían contar, de antemano, con las mayorías. Por añadidura, el centro-derecha «extrarrégimen» no se presentó en un frente unido. La conjunción republicano-socialista podía estar tranquila ante la debilidad, división y dispersión de sus rivales, un conglomerado ideológico tan variopinto que hacía improbable una coalición de signo contrario. De hecho, salvo rarísimas excepciones (Salamanca y Palencia), no lo hicieron ni siquiera al conocer los cambios en las «reglas de juego» electoral. La mayoría de los notables «restauracionistas» basaban la obtención del escaño en su preponderancia en un solo distrito, pero en 1931, con la provincia como circunscripción básica, necesitaban coaligarse con otros notables o fuerzas políticas con arraigo, de modo que el triunfo era imposible de no recoger un número de sufragios suficiente en todas las comarcas. En fin, esta situación hizo que los niveles de lucha de los comicios de 1931 se asemejaran mucho más a los de 1923, con los papeles cambiados, que a los de 1933⁴⁸.

El bajo nivel de lucha y el desapasionamiento general que caracterizó a la campaña se combinaron con la persistencia de un grado de intervención gubernamental que asimila las elecciones de 1931 con sus predecesoras «restauracionistas». En este punto, 1931 guarda parecido con los comicios de 1918 (aun con diferencias en los niveles de lucha, menos elevados en 1931), unas elecciones verificadas bajo un gobierno de concentración de todas las fuerzas políticas sostenedoras del sistema y en las que, por tanto, la intervención unidireccional a favor de un partido concreto resultaba dificultosa. Pero esto no quita que el «influjo moral» se hiciera sentir en los Ministerios, que las autoridades provinciales tuviesen cierto protagonismo y, sobre todo, que los partidos en el poder y sus maquinarias locales pudiesen ejercer coacciones contando con dosis de tolerancia e impunidad oficial. Además, los grandes líderes de la conjunción republicano-socialista no tuvieron problema alguno para conseguir sus actas, como no lo tuvieron trece años antes los grandes líderes de las facciones monárquicas. De hecho, la inclusión de ministros y altos cargos del ejecutivo republicano en las candidaturas les daba un barniz «oficial» que obligaba a las autoridades provinciales a intervenir si veían peligrar la elección. Curiosamente, ninguno de los dirigentes dejó de obtener el puesto de diputado y todos de forma cómoda. Ello a pesar de que, en varios casos, no fueron sino candidatos «cuneros». Por ejemplo, Azaña resultó el político más votado en Baleares y el segundo, tras Lerroux, en Valencia, pese a no poseer en ambas provincias una fuerza política capaz de sustentarle. Miguel Maura fue el más votado en la circunscripción de Zamora, por la que nunca había concurrido antes, y lo mismo puede decirse de Alcalá-Zamora en Zaragoza⁴⁹.

Por otra parte, las discusiones en la Comisión de Actas pusieron de relieve que en algunas provincias los gobernadores civiles no sólo favorecieron a alguna candidatura concreta (caso de Lugo), sino también ampararon, no reprimiéndolas, las actuaciones extralegales de agentes de los partidos de la conjunción contra sus rivales. La ya de por sí desvaída propaganda de Acción Nacional se vio aún más perjudicada con la suspensión de varios de sus mítines por «motivos de seguridad». Navarra y las provincias vascas fueron pródigas en enfrentamientos entre socialistas y republicanos de un lado, y carlistas y nacionalistas de otro, pero estos últimos decidieron continuar la lucha. No todos obraron del mismo modo. La falta de amparo de los respectivos gobernadores provocó que, ante la violencia de sus contrarios, la Lliga de Cataluña hubiera de retirar su candidatura por Lérida y la Derecha Regional hubiera de hacer lo propio en Valencia. En especial, los socialistas aprovecharon esta relativa impunidad para saldar viejas cuentas en algunas provincias donde su predominio era contestado tradicionalmente por alguna otra fuerza política. Así, Melquíades Álvarez y sus liberal-demócratas hubieron de retirar su candidatura ovetense tras las violencias promovidas por militantes socialistas durante un acto de campaña. Acción Republicana tampoco quiso coaligarse con la Derecha Liberal de Alcalá-Zamora en Jaén dada la hostilidad declarada del PSOE hacia los republicanos moderados, que había degenerado en enfrentamientos directos. Aunque este tipo de intervención parece que en pocos casos resultó decisiva en el resultado final, para las formaciones extrarrégimen tuvo importantes consecuencias pues «los brotes de violencia… aún contribuyeron a debilitarla más»⁵⁰.

La Cámara constituyente estuvo ampliamente monopolizada por los partidos de la conjunción y sus afines, que obtuvieron no menos de 390 escaños frente a una oposición de seis docenas escasas. El día de los comicios, 28 de junio de 1931, acudió a votar un 71 por 100 del electorado, un índice más alto que en ninguna época anterior y que recordaba a movilizaciones tan amplias como las de un siglo antes (claro que éstas con sufragio censitario) o la de 1869, aunque con la diferencia de que en 1931 fueron 4,4 millones los individuos que ejercieron el voto, el registro más elevado de toda la historia electoral española. No obstante, sobre la participación caben hacer dos apreciaciones. La primera es que, habida cuenta de la vigencia del sufragio obligatorio, ésta no se separó demasiado de los índices de la última etapa restauracionista, que oscilaron entre el 60 y el 77 por 100 en las demarcaciones con lucha. Es decir, tras casi tres lustros de experiencia con el voto obligatorio, la bolsa de abstención se mantuvo en torno al 30 por 100 de los electores. La segunda es que cabría plantearse cómo una campaña tan desapasionada y con una lucha electoral tan reducida fue capaz de atraer a tantos votantes a las urnas. La «euforia» o «luna de miel» del pueblo español con la República que se ha destacado tradicionalmente como posible explicación no responde a la pregunta porque ¿hasta qué punto puede reputarse como unánime o hasta mayoritario tal sentimiento habida cuenta de los resultados del 12 de abril y de lo que ocurrirá dos años después?⁵¹

Esta cuestión está íntimamente ligada a otro interrogante, ¿cómo fue posible que el electorado votase mayoritariamente, y de forma tan masiva incluso en el ámbito rural, opciones políticas republicanas y socialistas en 1931, habiéndolas mantenido en la marginalidad durante décadas? En las provincias donde hubo verdadera competencia y donde las candidaturas que se enfrentaron tenían comités locales extendidos por buena parte de la circunscripción y que suministraban interventores y apoderados para vigilar los comicios, las cifras electorales oficiales alcanzaron verosimilitud y los episodios de fraude fueron marginales. Pero al contrario, cabe cuestionar las cifras oficiales en circunscripciones donde los niveles de lucha fueron reducidos, pues, como ocurría en la Restauración, podían no resultar del todo fraudulentas pero sí infladas. Desde luego, estas sospechas no son meras elucubraciones en provincias que presentaron índices de participación muy altos para un tipo de elección casi plebiscitaria, en el que la conjunción republicano-socialista pudo acarrear entre el 75 y más del 90 por 100 de todos los sufragios⁵². Todas ellas coinciden en la concurrencia de una oposición muy débil y desorganizada, incapaz de defender sus intereses en todas las mesas electorales, y comparten evidencias tales como concurrencia masiva de electores y resultados abrumadores a favor de las candidaturas republicano-socialistas en pequeños municipios donde, en las municipales de abril, no sólo no habían obtenido concejales, sino, incluso, algún voto. Esto no cuestiona el triunfo general de la coalición gobernante, pero sí que explica, más allá del «entusiasmo republicano» de las gentes, la impresionante discontinuidad del comportamiento electoral entre 1918-1923 y 1931. Los primeros comicios republicanos representan una ruptura radical en el mapa ideológico y de influencias que la Restauración había bosquejado y que, en parte, los comicios de 1933 y 1936 se encargarían de restablecer con posterioridad.

Por consiguiente, tuvo razón Tusell cuando calificó las elecciones de 1931 como unas de transición, que recuerdan en muchos aspectos a las de 1923 y anteriores. La Dictadura de Primo de Rivera no había sido tan larga como para interrumpir bruscamente la evolución, y las viejas costumbres, de las elecciones en España. Pero eso no quita el hecho, evidente, de que hubo una gran movilización de sectores de la opinión pública que repercutió favorablemente en los buenos resultados de republicanos y socialistas. Aunque la lucha electoral no fue intensa y la oferta electoral quedó restringida por el retraimiento monárquico, la circunscripción provincial facilitó la celebración de elecciones en casi todos sitios, algo que con los distritos no siempre solía ocurrir. La intervención gubernamental en las elecciones siguió presente pero el «influjo moral» no se desenvolvió generalmente fuera de la ley. Las de 1931 constituyeron unos comicios «pórtico» que conducirían a las primeras elecciones plenamente competitivas y de opinión pública, con el menor grado de interferencias «alegales» de la historia de España, las de 1933.

¹ Un análisis más extenso de estos aspectos, en VILLA (2008).

² VARELA ORTEGA (1997) y DARDÉ (1996 y 2003b).

³ Legislación, en SEVILLA (1969: 69-80 y 89) y TIERNO (1972: 26-36). Análisis, en DARDÉ y ESTRADA (1995: 13-20). Suecia, en MACKENZIE (1962: 36). Gran Bretaña, en MOORE (1976: 434-449) y MACKENZIE (1962: 141).

⁴ CABALLERO (1837: 16).

⁵ Ibídem.

⁶ Citas, en ANNINO (1995: 203) y BORREGO (1874: 22). Vid. también MACKENZIE (1962: 186), ROMANELLI (1997: 33-34) y FERNÁNDEZ SARASOLA (2009: 35-48). México, en MEDINA (2000: 210). Perú, en CHIARAMONTI (2000: 234).

⁷ Citas, en CONSTANT (1837: 239) y TAYAC (1862: 187). Elecciones, en CHÁVARRI (1988: 81), ARTOLA (1991: 205 y 211), BORREGO (1874: 21-22), RICO (1861: 39) y ADAME (1997: 124).

⁸ TOMÁS (1968: 435, 438 y 446-449), ARTOLA (1991: 223-224) y ADAME (1997: 83-84).

⁹ Número de electores, en CABALLERO (1837: 17). Estados Unidos, en KORNBLUH (2000: 126). Elecciones, en TOMÁS (1968: 501-515), MARICHAL (1980: 111-113) y ADAME (1997: 106-114).

¹⁰ TOMÁS (1964-1965: 23-30 y 47-49). Presión a los funcionarios: en Estados Unidos, JENSEN (1983: 40-43); en Francia, KENT (1937: 202-203); y en Gran Bretaña, GASH (1969: 327).

¹¹ Constitución de 1837, en TIERNO (1972: 84). Ley de 1837 y Reform Act, en ESTRADA (1999: 94-101). Elecciones, en BORREGO (1837), MARICHAL (1980: 170-171) y CASES (1977: 181).

¹² Elecciones, en BORREGO (1855: 75-76), MARICHAL (1980: 185 y 189-190), CASES (1983-1984: 69-73 y 75) y ADAME (1997: 211).

¹³ Disputas entre moderados y progresistas, en BORREGO (1855: 87) y ARTOLA (1991: 83). Elecciones, en CASES (1983-1984: 80 y 86-93), BORREGO (1874: 27-28), TOMÁS (1977: 114-117), F. CÁNOVAS (1982: 42 y 45) y MARICHAL (1980: 249 y 258).

¹⁴ Constitución de 1845, en TIERNO (1972: 93-94). Ley Electoral, en ESTRADA (1999: 102-113) y ARTOLA (1991: 83-84).

¹⁵ ESTRADA (1999: 59) y FERNÁNDEZ ALMAGRO (1943: 388). Estados Unidos, en CONVERSE (1972: 282). Argentina, en SABATO (1995: 114).

¹⁶ Elecciones de 1846, en F. CÁNOVAS (1982: 128-130) y BORREGO (1855: 93-94). Influencia de 1848 en el régimen representativo español, en BORREGO (1855: 100-101).

¹⁷ Cita, en BORREGO (1855: 106). Elecciones, en PASTOR (1863: 30), BORREGO (1874: 29) y F. CÁNOVAS (1982: 135).

¹⁸ Citas, en PASTOR (1863: 31-32) y DARDÉ (2003d: 156). «Cunerismo», en BORREGO (1855: 113 y 132), PASTOR (1863: 27 y 30-31) y F. CÁNOVAS (1982: 142 y 145-146).

¹⁹ Cánovas, en ARTOLA (1991: 79 y 86). Ley de 1865, en ESTRADA (1999: 114-129). Progresistas, en CARR (2000: 284-292).

²⁰ Decreto de 1868, en TIERNO (1972: 248-272). Elecciones, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969: 78-83 y 85-88), FERNÁNDEZ ALMAGRO (1968, 1: 42-43) y BAHAMONDE (1976: 643-658).

²¹ Ley de 1870, en TIERNO (1972: 273-313). Análisis en DARDÉ y ESTRADA (1995: 27-28). Elecciones, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969: 97-98, 110, 168 y 200-201), FERNÁNDEZ ALMAGRO (1968, 1: 112) y BORREGO (1874: 44-46).

²² Excelentes balances sobre Cánovas y la Restauración, en ARRANZ (1998: 198-212) y SECO (2000: 249-274). Senado de 1876 y Ley Electoral de 1877, en TIERNO (1972: 159-161 y 314-326).

²³ Ley de 1878, en TIERNO (1972: 327-362). Análisis, en DARDÉ (2000: 26-34). Gran Bretaña, en MACKENZIE (1962: 164).

²⁴ A. CÁNOVAS (1997: 299 y 580-581).

²⁵ Esto lo ratificaron tratadistas como BORREGO (1876), y políticos como Núñez de Arce o Alonso Martínez: DARDÉ (2000: 24-25).

²⁶ Citas de FERNÁNDEZ ALMAGRO (1968, 1: 294-295) y TUSELL (1991: 28).

²⁷ Gran Bretaña, en LLOYD (1965), MOORE (1976: 22 y 282-283), O’GORMAN (1987: 108-109), GASH (1969: 440-441), HANHAM (1959: 197) y CRAIG (1974: 584-585). Bélgica, en MOYNE (1970: 132-135). Estados Unidos, en GLASHAN (1979). Un trabajo comparativo, en CARAMANI (2003).

²⁸ SABBATUCCI (2003: 178).

²⁹ Ley de 1890, en TIERNO (1972: 363-406). Análisis, en DARDÉ (2003c) y ULL (1976: 105-109).

³⁰ Datos, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969: 313, 543, 559 y 567) y YANINI (1991: 110-111). Deficiencias de la movilización republicana, en ROMERO MAURA (1973: 40).

³¹ Reducción de mayorías, a partir de los datos de MARTÍNEZ CUADRADO (1969: 293-294, 313 y 543).

³² Proyectos «regeneracionistas», en ZANCADA (1914: 81-82) y AZCÁRATE (1931: 76-79).

³³ Silvela, en VARELA ORTEGA (2001a: 403-404) y FERNÁNDEZ ALMAGRO (1986, I: 38). Montero Ríos, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969: 715-716). Maura, en GUTIÉRREZ y ZURITA (2004: 59-61).

³⁴ ARRANZ y CABRERA (1995: 320).

³⁵ Esas tesis, en CARNERO (1997: 232-233), MARÍN (2000: 63-64) y DE RIQUER (1999: 130-139).

³⁶ La petición del aval de un número de electores como requisito para presentar candidatura ya fue propuesta por BORREGO (1881: 34) para acabar con el «cunerismo», fruto de la injerencia del gobierno en las elecciones. Azcárate, en TUSELL (1970b: 573-574). Las cifras, a partir de MARTÍNEZ CUADRADO (1969) y TUSELL (1970b: 578).

³⁷ La Ley de 1907, en TIERNO (1972: 407-453). Análisis, en TUSELL (1970b), MARÍN (2000: 62-67) y ULL (1976: 114-116). Gran Bretaña, en MACKENZIE (1962: 111).

³⁸ Elecciones, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969) y TUSELL (1970b).

³⁹ Niveles de competencia, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969: 807-808).

⁴⁰ Elecciones, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969).

⁴¹ TUSELL (2001: 25).

⁴² TUSELL (1991: 25).

⁴³ Gaceta de Madrid, 26 de abril de 1931.

⁴⁴ P. CAMPBELL (1959: 71-79). RUDELLE (1986). HUARD (1991: 101-148).

⁴⁵ REQUENA (1993: 146). MACARRO (2000: 44).

⁴⁶ ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 85-87).

⁴⁷ El decreto (y citas correspondientes), en TIERNO (1972: 454-458). Análisis, en LINZ (1979: 115-119) y ULL (1976: 118-119).

⁴⁸ Cifra de candidatos, a partir de los datos de TUSELL (1982: 39-40).

⁴⁹ Datos, en TUSELL (1982: 19-22 y 59-72).

⁵⁰ Cita, en TUSELL (1982: 72). Vid. ibídem: 22-23, 62-64 y 73-74, y AVILÉS (2006: 104-106).

⁵¹ REQUENA (1991: 351).

⁵² Esas provincias son Albacete, Badajoz, Barcelona provincia, Cádiz, Castellón, Gerona, Granada capital y provincia, Las Palmas, León, Lérida, Madrid capital y provincia, Málaga provincia, Oviedo, Pontevedra, Sevilla provincia, Tarragona y Valencia capital. En algunas de ellas esto ya ha sido constatado por REQUENA (1991: 343 y 352) y VILLALAÍN (2000: 268).

CAPÍTULO 3

NUEVOS TIEMPOS, VIEJAS FORMAS

El Decreto electoral de mayo de 1931 fue convalidado por las Cortes constituyentes el 15 de octubre del mismo año. En principio, esto era una simple formalidad, pues el decreto había sido emitido sólo para que rigiese durante los comicios de 1931. Se esperaba la confección de una nueva ley electoral, pero ésta habría de aguardar a que se aprobase la Constitución, que definiría los principios en que aquélla habría de inspirarse.

El miedo al voto de la mujer

En general, la Carta de 1931 apenas si delineó unos pocos requisitos para marcar la orientación de la futura ley electoral. En la práctica, sólo los artículos 36 y 53 de la Constitución podían considerarse directamente relacionados. El célebre artículo 36 regulaba la edad en la que los ciudadanos españoles adquirían los derechos políticos, a los veintitrés años, equiparándola así con la que entonces era la mayoría de edad legal. Pero, sobre todo, habilitaba a ambos sexos para su ejercicio, con lo cual se abría la puerta por vez primera en la historia al sufragio femenino en plenitud de condiciones. En cuanto al artículo 53, su primer párrafo supuso la universalización de la elegibilidad para todos los españoles mayores de veintitrés años, varones y mujeres, que cumplieran los requisitos que señalase la futura ley electoral. No obstante, la norma que permitió el encaje jurídico de ambas disposiciones era el novedoso artículo 25, que proscribía explícitamente cualquier tipo de privilegio jurídico por cuestión de naturaleza, filiación, sexo, clase social, riqueza, ideas políticas o creencias religiosas¹.

No obstante, es preciso recordar que el voto de la mujer provocó una fuerte controversia entre radicales y republicanos de izquierda, por un lado, y socialistas y derechas, por otro, y fue aprobado con votaciones muy reñidas². La intensa disputa no fue doctrinal, pues no se discutió tanto el sufragio femenino como principio (casi todos aceptaban su implantación) como la conveniencia de adoptarlo de inmediato. Ésta no era una cuestión baladí: se trataba de la remodelación más importante del cuerpo electoral desde 1890, con una diferencia que la hacía quizás más trascendental a corto plazo. A finales del siglo XIX, liberales y conservadores aún contaban con medios importantes de autodefensa, como el «encasillado», para asegurar la pervivencia del régimen constitucional frente a un hipotético aumento del voto republicano y carlista. Pero en 1931 no se daban las condiciones para resucitar el «encasillado» y la victoria electoral venía únicamente vinculada a la capacidad de movilización de los partidos. Por eso cada formación política afrontó el debate evaluando los beneficios o perjuicios que la reforma podía conllevar para sus intereses electorales inmediatos, que radicales y republicanos de izquierda identificaban también con la perdurabilidad del régimen.

Los partidos republicanos creían en la movilización del electorado masculino urbano que les había dado el control de los destinos del país pero, por lo mismo que desconfiaban del electorado rural y habían ido directos al desmoche de buena parte de los ayuntamientos para neutralizarlo, recelaban de la mujer española, a la que percibían atada al ámbito de la vida familiar y «sociabilizada» únicamente por la Iglesia. Por ello, los republicanos vinculaban la religiosidad con el sentido político que la mujer daría mayoritariamente a su voto. Por otra parte, como los socialistas, teniendo en cuenta criterios de «clase», atraerían buen número de «mujeres trabajadoras» (o, sencillamente, de esposas e hijas de votantes socialistas), los republicanos pensaban que serían los grandes perjudicados. Para ellos, la peligrosa ampliación del cuerpo electoral generaba incertidumbre, pues podía resultar un factor de desestabilización de la República recién nacida. Los republicanos creían que al quedar laminados políticamente entre los socialistas y las derechas, el régimen se acabaría desnaturalizando y autodestruyendo. Por el contrario, la fórmula que los distintos partidos republicanos consideraban para estabilizar la República pasaba por perpetuar su propia preeminencia sobre la base del cuerpo electoral que en 1931 votó el nuevo régimen, algo que, pensaban, era la garantía para que socialistas y, sobre todo, monárquicos o católicos no acabasen con ella.

La lectura del debate en el Diario de Sesiones de las Cortes no hace sino confirmar todos esos temores. Sólo dos diputados republicanos escaparon a los argumentos de «conveniencia» y apostaron abiertamente por la implantación inmediata del sufragio femenino: Clara Campoamor, por razones de sobra conocidas, y un miembro de Acción Republicana (AR), Roberto Castrovido, que votó contra su minoría. Castrovido llamó la atención sobre lo paradójico que resultaba pretender la emancipación de la mujer sin concederle antes los derechos políticos, y destacó que las asociaciones confesionales habían sido las únicas vías de socialización pública de la mujer porque hasta entonces no se le habían ofrecido otras, con lo que brindaba a su partido la alternativa de incorporar a féminas y competir por su apoyo. El artículo 36 sería aprobado merced al apoyo de los socialistas, de todas las minorías de derecha, de los catalanistas, de la Agrupación al Servicio de la República y de otros ocho diputados republicanos, entre ellos Castrovido. Pero la mayoría de los republicanos no siguieron los consejos del veterano parlamentario, sino que sacaron otras conclusiones. El radical Álvarez-Buylla, después de calificar el voto de la mujer como «puñalada trapera a la República», se encaró tras la votación con las minorías conservadoras de esta guisa: «el peligro del voto de las mujeres está en los confesionarios y en la Iglesia; arrojando a las órdenes religiosas, hemos salvado el peligro de la votación de hoy». En un ambiente de crecientes protestas, los radicales socialistas, por boca de Galarza, se comprometieron a defender la disolución de las organizaciones del clero regular³.

De hecho, aunque el «problema religioso» no tuvo solución tan extrema, la disolución de los jesuitas y la drástica limitación a las actividades de la Iglesia sugiere que el ataque se hizo para atajar a la institución que podía constituirse en el motor primordial de la movilización conservadora. La polémica redefinición de las relaciones Iglesia-Estado, instituida en el artículo 26, había provocado la retirada de la mayoría de los diputados católicos, y las minorías republicanas trataron de aprovechar la circunstancia para retrasar algunos años la aplicación del sufragio femenino. En el momento en que se discutían las disposiciones adicionales, el 1 de diciembre de 1931 se anunció una enmienda, firmada por varios diputados radicales y republicanos de izquierda, que fue defendida por un miembro de AR, Peñalba. En ésta se pedía que el sufragio femenino entrase en vigor sólo en las siguientes elecciones municipales. Así, la intervención de la mujer en los demás comicios quedaría aplazada hasta que se renovasen en su totalidad las corporaciones locales (hasta 1935 o incluso 1937). Campoamor volvió a resumir con tino las intenciones de las minorías republicanas: «condicionáis el voto de la mujer por miedo a que no os vote a vosotros. Ese es todo vuestro contenido filosófico». Por muy poco éstos no lograron su objetivo. Su enmienda fue rechazada por sólo cuatro votos de diferencia⁴.

La lucha entre los partidos por la futura primacía se hizo también presente en una parte del artículo 36 menos conocida pero que consagraba otra ampliación del sufragio: la rebaja de la edad de voto. Aunque al principio hubo cierto consenso entre los partidos republicanos para dejarla en veintitrés años, el PSOE insistió en reducirla a los veintiuno, entroncando con la reforma de Pi i Margall de 1873. Secundado por radicales socialistas, federales y «vasco-navarros», el socialista Vidarte defendió su enmienda aludiendo no a la capacitación del «voto joven», sino, como reconoce en sus memorias, a su idoneidad para convertirse en electorado potencial de los partidos republicanos y, sobre todo, del socialista: «no ha habido una generación que haya puesto más por la República que la generación juvenil…». Pero sus argumentos no convencieron a la mayoría que, capitaneada por los radicales, desechó la enmienda⁵.

La ampliación del cuerpo electoral necesitaba del gobierno medidas que lo hiciesen efectivo, la más importante la confección de un censo completamente nuevo. Un Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado el 28 de enero de 1932, anunció el procedimiento a seguir. El gabinete Azaña encargó los trabajos al Instituto Geográfico, Catastral y Estadístico, tal y como venía haciéndose desde 1907. Para ello anunció que el 1 de marzo de ese año los ayuntamientos habían de completar la inscripción de todos sus habitantes mayores de dieciocho años. Las autoridades municipales enviarían los boletines de inscripción al jefe provincial de Estadística, quien podría tomar las medidas oportunas para comprobar sobre el terreno los datos y evitar así cualquier omisión. Además, las secciones provinciales de Estadística debían separar los boletines de los menores de veintitrés años, que se utilizarían para corregir el censo en años sucesivos, y los de los incapacitados para votar (condenados que se hallasen cumpliendo pena, personas acogidas a establecimientos benéficos o autorizados a implorar la caridad pública, deudores de la administración, militares y guardias civiles, individuos no avecindados en el municipio y extranjeros). El censo habría de ordenarse por distritos y secciones electorales, y los listados se remitirían desde las secciones provinciales de Estadística a los ayuntamientos para su exposición al público entre el 16 y el 30 de junio de 1932. Estos listados debían contemplar, además, una relación de todas las personas que adquirían el derecho al voto a partir del 1 de noviembre de 1932 hasta la misma fecha de 1937. Los vecinos de un municipio podían realizar durante esos quince días de junio las reclamaciones que consideraran oportunas.

Finalizado el plazo de reclamaciones, las secciones provinciales de Estadística habrían de enviar a los gobernadores civiles las listas definitivas, para que éstos ordenasen a las diputaciones su publicación en el Boletín Oficial de la provincia el 1 de noviembre, y su remisión a cada ayuntamiento. Este decreto llevaba aneja una instrucción que, en virtud de la Ley de 1907, encargaba a las Juntas Municipales del Censo el empadronamiento en primera instancia, dividiéndose en tantas comisiones como mesas electorales se constituyesen. La inscripción habría de completarse, dependiendo del tamaño del municipio, entre el 15 de marzo y el 10 de mayo de 1932. Las Juntas también se encargarían de la división de los municipios en secciones para establecer una mesa electoral en cada una de ellas. El criterio que habrían de utilizar para fraccionarlos era la agrupación de 600 de electores. De modo que los distritos municipales con 600 electores o menos sólo tendrían una sección, los que tuvieran más de 600 pero menos de 1.200 tendrían dos y así sucesivamente⁶.

Lo curioso del procedimiento para la confección del censo es que era similar al mecanismo de elaboración del padrón vecinal. Dada la urgencia en tener listo un censo electoral, resulta cuanto menos llamativo que el gabinete Azaña no utilizara directamente el padrón de 1930, corrigiéndolo con las relaciones de altas y bajas elaboradas hacía no más de ocho meses por los Tribunales del Censo Electoral para los comicios de 1931. Partiendo de esos datos, el gobierno podía haber solicitado a las Juntas Municipales del Censo y al Instituto Geográfico una simple labor de adaptación y rectificación, en lugar de proceder al empadronamiento completo de la población sólo a efectos electorales. En España, durante las dos grandes ampliaciones del cuerpo electoral anteriores (las de 1868 y 1890) simplemente se remitió al padrón y al registro civil como base de elaboración de las listas electorales. Por el contrario, este extraño «empadronamiento electoral» de 1932 tampoco lo contemplaba la Ley de 1907. De creer simplemente lo que enunciaba el preámbulo del decreto, podría parecer que la habilitación de un mecanismo tan lento y complejo obedecía a la aspiración de conseguir plenamente la depuración del censo electoral.

Todo parece indicar, sin embargo, que no era así. La labor del gobierno en la materia estuvo rodeada de mucha desconfianza. Aunque la redacción posterior del decreto no daba pábulo a sospechas sobre la inclusión de las mujeres en el censo electoral, Clara Campoamor, recogiendo una supuesta nota del gobierno publicada por la prensa, inquirió sobre la cuestión al propio Azaña el 26 de enero de 1932. La diputada radical formuló la pregunta en los siguientes términos: «¿Es cierto que se ha excluido, y por qué razón se ha hecho, de la formación del censo a la mujer, a pretexto… de que las Cortes han de dictar una ley especial y que hasta que ésta esté promulgada, no se podrá formar el censo femenino?». Azaña le respondió negando tal extremo⁷.

No obstante haberse incluido a las mujeres en el empadronamiento, había razones para la suspicacia de Campoamor. Ese ambiente de desconfianza y el procedimiento habilitado para la elaboración de los listados de electores, lento a más no poder, abonaban la percepción de que el gobierno y los grupos republicanos de la mayoría pretendían retardar todo lo posible la aplicación del sufragio femenino. La finalidad no era otra que dar tiempo a que las leyes religiosas estuvieran aprobadas y se hubieran hecho sentir sus efectos más inmediatos. No hay que olvidar que el temor de los republicanos al sufragio de la mujer obedecía, sobre todo, a que en el ejercicio del voto éstas pudieran estar mediatizadas por la Iglesia. Así, no resulta casual que el gobierno Azaña invirtiera todo el año de 1932 en disponer de un censo electoral, mientras que en enero de ese mismo año sometiera a las Cortes, y a toda prisa, leyes como la del divorcio, la de cementerios y la disolución de la Compañía de Jesús. Como tampoco lo es que el ejecutivo priorizara en 1933 la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas a la Ley Electoral⁸. Como habían exteriorizado durante el debate constitucional, los republicanos de izquierda y en un principio los radicales, dispuestos a defender su proyecto de República, deseaban recortar la capacidad de influencia de la Iglesia y frenar la movilización católica de finales de 1931 antes de someterse a un veredicto electoral con sufragio femenino. En el ínterin, los votantes republicanos por antonomasia, la mayoría de los varones mayores de veintitrés años, seguirían constituyendo el electorado, dejándose en suspenso la plena vigencia de la Constitución.

Durante 1932 no hubo ninguna elección parcial para cubrir escaños vacantes, aunque sí tenemos noticia de algunos comicios municipales en lugares concretos, como Marbella (Málaga) o Cuenca. Éstos tuvieron lugar bajo las disposiciones electorales de 1907 y 1931 en materia censal, esto es, sólo con sufragio masculino. No obstante, el caso políticamente más significativo fue el de Cataluña. El Estatuto había sido aprobado el 8 de septiembre de 1932 y su electorado habría de constituir en breve el Parlamento regional. En su única disposición transitoria se estableció, entre otras cosas, que la Generalidad fijaría la fecha de los comicios regionales previo acuerdo con el gobierno central y que regiría el mismo procedimiento de las elecciones a Cortes constituyentes de 1931. Así, sólo podrían votar los varones, algo difícilmente justificable habida cuenta que los trabajos para la elaboración del nuevo censo tenían que finalizar el 1 de noviembre y las elecciones catalanas habían sido fechadas para el día 20 de ese mes.

Este problema lo planteó ante las Cortes un diputado de la Lliga, Abadal, el 8 de septiembre de 1932. La respuesta del portavoz de la Comisión del Estatuto, el radical-socialista López de Goicoechea, planteó serias dudas sobre las intenciones últimas del gobierno: «el Censo no está preparado; sabe su señoría… que éste es un precepto constitucional; pero no ignora tampoco que no basta el principio constitucional que concede el voto a la mujer, sino que hay que regularle por medio de una ley…». Estas palabras provocaron de inmediato una dura intervención de Campoamor, aseverando que los derechos individuales en Cataluña debían ser, como mínimo, «los de los ciudadanos de la República española». De nada sirvió, porque la mayoría de la Cámara ratificó que sólo pudieran votar los varones. Y eso que, como reveló Campoamor, los censos se encontraban ya listos para ser utilizados en las cuatro provincias catalanas⁹.

No obstante, también era cierto que los trabajos no se habían completado a nivel nacional. El 8 de noviembre de 1932 apareció en la Gaceta otro Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros alargando los plazos, ante la desesperación de la diputada radical y de la oposición conservadora. En la sesión del 20 de diciembre, Gil-Robles presentó una proposición no de ley, apoyada por agrarios, federales, «vasco-navarros», «mauristas» y radicales, en la que pedía que las elecciones parciales para proveer los escaños vacantes del Congreso, que el gobierno había anunciado para el 29 de enero de 1933, se celebrasen «con el sufragio femenino, según determina taxativamente la Constitución». La respuesta de Azaña no pudo resultar más desoladora para la oposición: el censo aún no se encontraba terminado porque un número de provincias («no sé si son diez, quince o veinte», apuntó) no habían remitido los listados a la Dirección General de Estadística. Como, además, la Ley Electoral de 1907 establecía una serie de pasos para que el nuevo censo entrara en vigor, el gobierno se hallaba por completo incapacitado para utilizarlo hasta el mes de marzo de 1933. Azaña ofreció a la oposición convocar comicios parciales sin sufragio femenino, lo que demostraba su falta de interés en someterse a una consulta con voto de la mujer. Evidentemente, el «ofrecimiento» fue rechazado de plano.

«Otra vez se plantea en la Cámara hoy», comenzó su intervención Campoamor, «la cuestión del voto femenino, no como principio consagrado en la Constitución, sino como posibilidad de su ejercicio práctico». En su intervención, utilizó la ironía para referirse a los trabajos para culminar el censo: «Decía el Sr. Azaña que faltan 15 o 20 provincias. Ya han crecido un poco, porque según el rumor público, eran siete u ocho, y aún yo ignoro si estas siete u ocho serán exclusivamente aquellas provincias en que hay vacantes de Diputados». Recibió la callada por respuesta. En sus memorias, Campoamor no dudó en interpretar todos estos retrasos como un intento de los republicanos de izquierda de obstruir el ejercicio del sufragio femenino. La odisea finalizaría tres meses más tarde y las mujeres españolas pudieron votar, por primera vez, en los comicios municipales de abril de 1933¹⁰.

La reforma de 1933

Los resultados de las municipales parciales de 23 de abril, favorables al centro y la derecha, fueron el aldabonazo que evidenció el desgaste de la coalición gubernamental de izquierdas. Consciente de ello, un distanciado Alcalá-Zamora forzó la crisis el 8 de junio de 1933, buscando una fórmula alternativa de gobierno sobre la base representativa de las Cortes vigentes. Como es sabido, el experimento acabó en fracaso y, cinco días después, Azaña retornó al poder con un gabinete muy parecido al anterior. Pero la «crisis frustrada» sólo indicaba que no era posible un gobierno distinto con aquellas Cortes y no, como se quiso hacer ver, el fortalecimiento de la solidaridad entre los republicanos de izquierda y el PSOE. De hecho, la coalición se hallaba cuarteada, mientras los radicales se habían desplazado hacia la oposición. Había sido precisamente la falta de cohesión de los partidos que sostenían el régimen la que propició el triunfo de las derechas en muchos de los ayuntamientos en disputa.

En este contexto, el gobierno de Azaña había presentado el 1 de junio de ese año un nuevo proyecto de ley electoral. En realidad, republicanos de izquierda y socialistas patrocinaban una disposición de un solo artículo que modificaba no la Ley de 1907 sino el texto de 1931. Se exceptuaban de la reforma los artículos 4 y 5 del Decreto (incapacidades e incompatibilidades para ser admitido diputado) que quedaban explícitamente derogados. Los cambios afectaban, sobre todo, a los comicios municipales. No podía ser de otra manera, pues la experiencia electoral de abril de 1933 había resultado ejemplarizante y para noviembre estaban previstos otros comicios locales de mayor importancia: los que habrían de renovar todas las corporaciones municipales del país.

El nuevo proyecto de ley suprimió la división en distritos para las ciudades: todo el término municipal constituiría, a partir de entonces, una sola circunscripción a efectos electorales. Continuó rigiendo el voto restringido, con proporciones parecidas al Decreto de 1931. Así, en el lugar donde se eligieran treinta concejales, los electores sólo podrían votar a veinticuatro, «donde 29, 23; donde 28, 22», etcétera, con lo que se reservaba a las mayorías entre el 75 y el 80 por 100 de los puestos. Para obtenerlos en primera vuelta, todos los candidatos triunfantes habrían de reunir al menos el 40 por 100 de los votos escrutados. La supresión de la elección municipal por distrito y la ampliación a las grandes ciudades de la proporción que otorgaba a la lista vencedora entre tres cuartos y cuatro quintos de los concejales agravaban notablemente el principio mayoritario. En general, este sistema consagraba sin rebozo la segunda vuelta y las candidaturas de coalición.

La agudización del sistema mayoritario de voto respecto a 1931 resultaba también perceptible en lo que concernía a las elecciones para diputados. El número de ciudades con circunscripción propia se redujo al aumentar el número de habitantes necesario para constituirse como tal a 150.000. Esto suponía, con la desaparición de las demarcaciones de Cartagena, Córdoba capital y Granada capital, un descenso del número de circunscripciones, que pasaba de 63 a 60. El requisito de que los candidatos triunfantes en primera vuelta obtuviesen como mínimo el 40 por 100 de los sufragios fue establecido de la misma forma que para los comicios municipales, doblando así la barrera del 20 por 100 que había estatuido el gobierno provisional. Para todo lo demás, seguirían rigiendo el Decreto convalidado de 1931 y la Ley de 1907. El proyecto del gobierno pasó a la Comisión de Presidencia de las Cortes, que introdujo nuevas modificaciones. Por de pronto, suprimió también las circunscripciones de Ceuta y Melilla, que pasaron a engrosar las de Cádiz y Málaga, respectivamente. Además, rebajó al 30 por 100 el porcentaje de votos necesario para obtener el escaño, e introdujo un quórum de sufragios por abajo, el 12 por 100, que los candidatos debían de superar para pasar a segunda vuelta¹¹.

El dictamen de la Comisión no satisfizo no ya a la oposición sino a una parte de los diputados gubernamentales. En la sesión del 4 de julio de 1933 se levantó, primero, un diputado del PRG de Casares Quiroga, Suárez Picallo, para impugnar el proyecto en su totalidad y defender como alternativa la representación proporcional. Puso especial empeño en los aspectos que atacarían con ahínco toda la oposición: la desmesurada prima a las mayorías y la segunda vuelta. A esta última la calificó Picallo como de «auténtica trampa» que «representa que los que han ganado la elección en la primera vuelta irán al copo en la segunda… no quiero suponer… que este principio del proyecto de Ley Electoral esté inspirado por el temor a que triunfen determinados sectores de la opinión española». El diputado coruñés anunció que él se abstendría de presentar enmiendas porque consideraba el proyecto totalmente defectuoso.

Fue la misma postura que adoptaron los agrarios por boca de Gil-Robles. El líder de Acción Popular defendió la representación proporcional, y señaló que un sistema mayoritario como el que el gobierno y la Comisión proponían sólo se aplicaba en países no democráticos como Portugal o Italia. En su opinión, el proyecto de ley electoral facilitaría cambios bruscos en las mayorías parlamentarias y la desaparición de los partidos intermedios que, necesitados de coalición, «estarán para siempre unidos a las fracciones extremas… haciendo poco menos que imposible esas transacciones suaves, que son lo más eficaz en el orden político, por lo mismo que son las que eliminan las violencias».

El tercer turno contra la totalidad lo consumió el radical Torres Campañá que, aun cuando anunció que su partido colaboraría con la Comisión, se sumó a las críticas anteriores contra la prima a las mayorías y la segunda vuelta: «el proyecto ha sido redactado… con un sentido de aplastamiento tal de las minorías, que no se concibe… que una mayoría de tipo democrático pueda presentar y sostener en estas Cortes la necesidad… de semejante proyecto de ley». Por último, Ossorio y Gallardo se levantó para señalar que la ley tenía un carácter mussoliniano «bastante para sublevar cualquier conciencia liberal y democrática». Este tipo de argumentos se repitieron durante todo el debate sin que el gobierno o los partidos de la mayoría cejasen en el empeño de sacar adelante la nueva ley. Ni siquiera las presiones de Alcalá-Zamora, radicalmente contrario al proyecto, lograrían mejor resultado¹².

La razón estribaba en que la coalición gobernante tenía una consideración instrumental de la ley. Como explicó uno de los miembros de la Comisión, el socialista Rojo, la abultada prima al vencedor se justificaba en la necesidad de que «puedan constituirse fuertes mayorías que permitan realizar una verdadera labor eficaz y que no sirvan… para estorbar la labor de los Gobiernos» o, lo que era lo mismo, evitar que la movilización de la oposición (sobre todo la conservadora, que estaba poniendo más énfasis) se tradujera en escaños. En cuanto al quórum del 30 por 100 y la segunda vuelta, eran medidas para incentivar las coaliciones, en un intento de solidificar la que se estaba diluyendo en el poder y de obligar a que se agrupasen, en una segunda ronda, todas las fuerzas republicanas contra los enemigos del régimen. «No habrá más remedio», apuntó Rojo, «en un período más o menos largo, sino que haya una relación entre algunos sectores, los de más afinidad ideológica, para ir a estas elecciones».

El enconamiento de la discusión, fruto de la oposición de los pequeños partidos que se jugaban su representación en las siguientes Cortes, o de las formaciones en ascenso (las derechas) que sabían que una distribución tan desequilibrada de los escaños podía invalidar sus esfuerzos por sumar adeptos, aumentó al conocerse que el Partido Radical votaría en contra del proyecto. Los radicales se quejaban, con razón, de que no se les aceptaba ninguna de sus enmiendas. De hecho sólo había prosperado la que restablecía las circunscripciones de Ceuta y Melilla, y gracias a que los radicales socialistas habían votado, en esa ocasión, contra el gobierno. En cambio, no hubo problemas para que las enmiendas de los socialistas fuesen aceptadas. El PSOE, seguro de su potencia electoral, presionó incluso para aumentar aún más el sentido mayoritario de la ley suprimiendo el límite del 12 por 100 que los candidatos tenían que sobrepasar para pasar a segunda vuelta, con lo que facilitaba al partido que se hubiera llevado los escaños de las mayorías en primera vuelta la consecución de los de las minorías en la siguiente. Los demás partidos se negaron a aceptarlo, pero los republicanos de izquierda transigieron en reducir la barrera del 12 al 8 por 100, exacerbando así las protestas de la oposición¹³.

Fue en este contexto cuando intervino Azaña para explicar las razones que habían impulsado al gobierno a presentar el proyecto de ley. Destacó, primero, que el Decreto de 1931 sólo se promulgó para los comicios constituyentes y que, por tanto, resultaba necesario habilitar un cauce legal para hacer frente a una convocatoria electoral inmediata. Descubrió que la reforma electoral partía del supuesto «de que los republicanos de todos los colores y los socialistas juntos tenemos la inmensa mayoría del país, somos la inmensa mayoría del país», pero rechazó, con algo de cinismo, que la redacción hubiera tenido algún propósito partidista. Negó, además, la tesis del «aplastamiento de las minorías», y justificó la segunda vuelta de esta forma: «Votación en primera vuelta… supongamos el caso: dispersión de las candidaturas republicanas en diversos grupos de votantes y triunfo de una candidatura con menor número de votos que todas las demás candidaturas juntas. ¿Qué pasa entonces?… ¿no se ha dejado perecer el derecho de los representantes y votantes a favor de una minoría?». Porque para el orador:

«hay que atender, en efecto, a que no se proscriba el derecho de las minorías; pero hay que evitar este otro peligro, que es mucho más grave… que es la posible dispersión de las candidaturas republicanas y socialistas, faltas de coalición, y su derrota por una candidatura antirrepublicana y antisocialista, minoritaria, que represente mucha menos fuerza que todas las demás candidaturas republicanas y socialistas… si se hubieran sumado en una coalición».

La solución estribaba en «obligar a los partidos desde el sistema electoral a aprender la ventaja de la disciplina y los inconvenientes de indisciplinarse o disgregarse, y que lo aprendan con la derrota… si la derrota les escarmienta y les enseña el camino de su deber y de su disciplina, tendrán la segunda vuelta para remediar los males de la derrota sufrida en la primera por su falta de cohesión y de disciplina». En definitiva, la reforma electoral tendía a conservar la República a través de la misma salvaguardia de la conjunción republicano-socialista:

«Si nosotros no tuviéramos la mayoría del país, no habría ni cuestión, ni habría que hablar, y todo el tinglado electoral estaría de más; pero teniendo la mayoría en el país, hay que dar los medios legales, normales, jurídicos… para que los efectos políticos de la disciplina de los partidos se produzcan normalmente, y para que los efectos de la disgregación o de la indisciplina de los partidos… no causen a la República… daños irreparables. Sería altamente extraño que por no prever este caso, minorías monárquicas o antirrepublicanas trajeran a la Cámara una representación que no les correspondiera».

Por último, refutó que el sistema simplificase el número de partidos en las Cortes: «estando dividido el país en sesenta y tantas circunscripciones electorales… donde no triunfen unos triunfarán otros… y no faltará en el Parlamento ninguna representación de las fuerzas políticas españolas», sin parar mientes en que su reforma reducía también el número de circunscripciones¹⁴.

El discurso no convenció en absoluto a la oposición pero tuvo un efecto positivo en los partidos de la mayoría, que cerraron filas en torno al gobierno. Ossorio y Gallardo habló para mostrar a Azaña dónde estaba el aplastamiento a las minorías:

«¿En qué está el secreto? Pues muy sencillo… donde haya que elegir 30 Diputados o concejales, el grupo que tenga cohesión y fuerza bastantes para alcanzar el 30 por 100 de los sufragios se lleva 24 puestos, y para todos los demás quedan 6; y así en esta proporción… Después de llevarse aquel partido 24 puestos entre los 30, no porque tenga mayoría absoluta de votantes… al llegar la segunda vuelta, él es el árbitro de la elección, y entre los que van a ella por haber obtenido el 8… por 100 de los votos, inclina su peso a favor del adherido, del simpático, del coaligado. De modo que, como ese 30 por 100 vota la primera vez y vota la segunda, la primera arrolla y la segunda inclina la balanza».

Además, al argumento de que había que disciplinar a los partidos republicanos para evitar su derrota en bien del régimen, Ossorio respondió que sería «… culpa de los republicanos, que no sepan entenderse y esa es la realidad que yo respeto donde ocurra. Porque S. S… ahora dice: Tenemos que inventar un artificio para que donde se desunan y escindan los partidos republicanos, no pueda introducirse su adversario. Y yo le digo: señor Azaña, eso no es leal»¹⁵.

La firmeza de la oposición frente al dictamen y, sobre todo, la postura contraria del Partido Radical determinaron que la Comisión de Presidencia, a instancias del gobierno, anunciara la introducción de algunas modificaciones que a la postre serían definitivas. Éstas se publicaron el 13 de julio. Consistían en que la proporción de escaños entre mayorías y minorías se establecería en dos tercios para las primeras y un tercio para las segundas, pero sólo en las elecciones municipales. En caso de que la división en tercios no fuese exacta y quedaran restos, éstos pasarían a formar parte del cupo de las mayorías, con lo que en realidad apenas se aminoraban las proporciones iniciales. También variaban los porcentajes mínimos de voto escrutado para obtener el escaño. Se evitaría la segunda vuelta siempre que al menos un candidato hubiera sobrepasado el 40 por 100 de los sufragios emitidos y que todos los demás hubieran obtenido como mínimo el 20 por 100. Si ningún candidato hubiera llegado al 40 por 100 de los votos, sería necesaria una segunda vuelta en la que habrían de dirimirse todos los escaños. En el caso de que esto sí sucediera, pero que algún escaño no se hubiera provisto por candidatos que reuniesen al menos un 20 por 100 de los votos, la segunda vuelta sólo tendría lugar para cubrir las vacantes. A esta segunda vuelta sólo podrían concurrir, como ya se había establecido, los candidatos que hubieran reunido como mínimo un 8 por 100 de los sufragios emitidos.

La nueva redacción suponía un intento de combinar el criterio agudamente mayoritario sostenido por el gobierno con una nueva bajada del listón, del 30 al 20 por 100, que permitiese encontrar algún punto de encuentro con la oposición. No obstante, no tuvo el asentimiento de toda la Comisión. Los miembros del Partido Radical presentaron un voto particular que rebajaba aún más el tope del 20 por 100 para evitar en lo posible la segunda vuelta y asegurar la presencia en las Cortes de las opciones minoritarias, pero éste fue rechazado por los diputados gubernamentales. En el debate plenario, la máxima preocupación de la oposición era que el proyecto continuaba dando pie a que los escaños de las minorías pudieran ser decididos, en la segunda vuelta, por las opciones mayoritarias. Botella Asensi se alineó con los radicales, y pidió a socialistas y republicanos de izquierda la abolición del quórum del 20 por 100:

«Si queréis tener aquí una minoría independiente, que no deba sus puestos al Gobierno, porque el Gobierno ha de salir de las coaliciones mayoritarias; si queréis… tener una crítica independiente, un control de garantía, una oposición que merezca crédito al país, tenéis que prescindir de ese tope de las minorías, porque es contrario a todas las conveniencias… del régimen parlamentario».

Pero la mayoría se mostró intransigente: ni se aboliría ni se rebajaría del 20 por 100 fijado¹⁶.

El resto de modificaciones careció del mismo grado de polémica. El radical Torres Campañá pudo retocar un tanto el dictamen gracias a que la Comisión incluyó dos de sus enmiendas. La primera contemplaba que, en caso de que ningún diputado obtuviese el 8 por 100 de los sufragios y quedasen vacantes por cubrir, la elección fuese declarada libre, pudiendo concurrir en segunda vuelta todos los candidatos que lo hicieron en la primera. La segunda enmienda necesitó de mayor discusión. Pedía Torres que, en caso de que sólo existiese un número de candidatos similar al de puestos a cubrir que hubieran logrado sobrepasar el límite del 8 por 100 pero no el del 20 por 100, fuesen electos diputados automáticamente. La medida parecía necesaria, toda vez que no tenía mucho sentido convocar una segunda vuelta en la que hubiese tantos candidatos como puestos vacantes. Tras una disputa en la que se evocó el artículo 29 de la Ley de 1907, la Comisión acabó aceptando el criterio del diputado «lerrouxista». El 19 de julio se cerró el debate y, al día siguiente, la reforma electoral fue aprobada sin que necesitase votación nominal¹⁷.

En general, pese a las críticas, la definitiva redacción de la norma mejoraba no sólo el primitivo proyecto del gobierno, sino el Decreto de 1931. De hecho, teniendo en cuenta el ánimo exclusivista que lo había inspirado al principio, el proyecto de ley acabó modificándose gracias al interés del ejecutivo en sumar el apoyo de los radicales. Aunque éstos ya se habían declarado en franca oposición al gabinete Azaña, el partido de Lerroux era un importante factor a tener en cuenta para las próximas elecciones locales y las siguientes generales, como habían mostrado los resultados de los comicios municipales de abril de 1933. Cierto que Azaña y otros dirigentes republicanos de izquierda demostraron que sus preferencias se orientaban hacia una alianza electoral con el PSOE, pero en los lugares donde la oposición conservadora mostrase mayor arraigo y se llegara a una segunda ronda, parecía conveniente tender puentes hacia los radicales para establecer coaliciones circunstanciales. De ahí que, a pesar de que en un primer momento se desecharon la mayor parte de las enmiendas del PRR, cuando el gobierno percibió el alineamiento de esta minoría con el resto de la oposición, frenó la tentativa de sacar adelante el primitivo proyecto de ley y atisbó algún tipo de entendimiento con ella.

Ese relativo consenso limó algunas de las aristas del decreto emitido hacía más de dos años por el gobierno provisional. Si en 1931 bastaba con que la lista vencedora sobrepasase simplemente el 20 por 100 de los votos para obtener entre el 67 y el 80 por 100 de los escaños de una circunscripción, ahora por lo menos se le exigía que uno de sus candidatos llegase a superar el 40 por 100. Además, las opciones minoritarias quedaban mejor protegidas al exigirse a los candidatos obtener un porcentaje mínimo, el 8 por 100, para poder pasar a la segunda vuelta. Con el Decreto de 1931 resultaba posible presentar a la segunda ronda nuevos candidatos, de modo que el partido mayoritario, tras haber sacado triunfante en primera vuelta su lista inicial, podía copar toda la representación de una provincia. La elección automática en primera vuelta de un número de candidatos similar al de vacantes, siempre que hubieran sumado un mínimo del 8 por 100 de los sufragios emitidos, representaba también otra pequeña garantía para las minorías que no existía en 1931. En cuanto a los comicios municipales, los concejales recién elegidos el 23 de abril de 1933 quedaron protegidos al conservar explícitamente sus puestos hasta la renovación reglamentaria de 1935.

No obstante estas mejoras, la primera Ley Electoral de la República representaba una agudización de los efectos más nocivos del sistema mayoritario. La adopción de la circunscripción provincial los hizo más perceptibles incluso que en 1907. En este sentido, los republicanos amalgamaban su preferencia por la tradición francesa de los distritos plurinominales basada en las circunscripciones departamentales, con su también clásica predilección por el modelo de elección que se venía realizando en las circunscripciones urbanas españolas desde hacía varias décadas. Por ello, de 1931 en adelante, no hicieron más que trasplantar al mundo rural las reglas electorales que ya se practicaban en las ciudades: el plurinominalismo, el «voto restringido» y el cupo a las minorías, a modo de receta para procurar el «despertar» de la opinión en los pueblos.

Pero la definitiva adopción de las circunscripciones provinciales y la reducción de su número respecto a 1931 traían consigo algunas disfunciones. Al pasar de 63 a 60 el número de demarcaciones territoriales, se agravó un poco más la prima a la mayoría. Hay que tener en cuenta que, cuantos más puestos de diputado poseía una circunscripción, más se desvirtuaba la relación de escaños entre mayoría y minoría, mientras que cuanto menos, la distribución de los escaños entre ambos grupos resultaba algo más proporcionada. Por ejemplo, en la circunscripción de Soria, que poseía tres escaños, la diferencia entre obtener las mayorías (dos) y obtener las minorías (uno) suponía tan sólo un escaño; en Álava, que tenía dos, no había diferencia alguna; en Guadalajara o Palencia, que tenían cuatro, sólo dos; en Castellón, que tenía seis, sólo dos; en Salamanca o Tarragona, que tenían siete, ya eran tres. Mientras tanto, el triunfo por un solo voto en las circunscripciones urbanas de Madrid o Barcelona representaba la friolera de nueve escaños de diferencia, lo mismo que en Oviedo o La Coruña.

En definitiva, cuantas más circunscripciones, mejor repartidos estaban los escaños y mayores posibilidades tenían los partidos de lograr una minoría respetable haciéndose fuertes en varios distritos. Por ello, en la práctica, un sistema tan aparentemente agravado como el de 1907, en el que exceptuando las circunscripciones urbanas sólo se podía obtener representación ganando en algún distrito, facilitaba paradójicamente el acceso a las Cortes de las minorías, pues una pequeña fuerza política podía concentrar su labor en unos pocos distritos y, dado su elevado número, las oportunidades de conseguir escaños eran mucho mayores. Con el sistema de 1931 y de 1933, un partido necesitaba colocarse como primera o segunda fuerza política en toda una provincia para obtener representación. En caso contrario, estaba prácticamente obligado a coaligarse con otros partidos.

Una de las consecuencias previsibles de ese sistema electoral, en tanto que actuaba sobre un sistema de partidos apenas recién nacido, podía ser el de dificultar la formación de candidaturas en la medida en que, sin partidos nacionales fuertes y bien implantados, las coaliciones se hacían casi inevitables, en medio de una marcada y casi ineluctable tendencia a la bipolarización. Porque si dos fuerzas políticas secundarias se unían acrecentando de ese modo sus posibilidades de victoria sobre el partido con más arraigo en la circunscripción, éste se vería empujado a acudir a la coalición con otra más pequeña para volver a restaurar su primacía, y así hasta el infinito. El resultado era, dada la necesidad de alcanzar la barrera del 40 por 100, la presencia de dos grandes coaliciones que habrían de luchar entre ellas a brazo partido por una victoria a la que incitaba la desbordante prima a las mayorías.

Con la Ley de 1907, la derrota en un distrito no suponía para un partido más que un pequeño descalabro que podía ser compensado con la victoria en otro de los varios cientos existentes. Sin embargo, con el sistema de 1933, el fracaso en una o dos provincias clave, aunque fuese por una diferencia mínima de votos, podía conllevar la derrota electoral. Además, la reforma de 1933, en un hipotético contexto en que se hubiesen evitado amplias coaliciones, facilitaba que un partido con relativa fortaleza como para posicionarse en primer lugar, pero con ciertas discontinuidades en su implantación territorial (pues podía concentrar sus bases de apoyo, por ejemplo, en la capital de provincia y en un número reducido de comarcas) pudiera acarrear con la mayoría abrumadora de la representación provincial. Mientras, con la Ley de 1907, este partido necesitaba una implantación en todos y cada uno de los distritos para obtener una victoria de semejantes proporciones, algo que resultaba mucho más complicado y que, por tanto, aseguraba la presencia en las Cortes de otras fuerzas políticas del mismo territorio.

En la misma línea que los cambios en el reglamento del Congreso¹⁸, la reforma de 1933 supuso un apreciable espaldarazo para las grandes organizaciones partidistas, con programas con fuerte contenido ideológico, extendidas a nivel nacional o en un número de provincias determinado, frente al predominio de la política personalista, pragmática y menos ideologizada que caracterizó a la Restauración. La aspiración primaria de un partido residía en obtener por sí mismo la fuerza suficiente en una circunscripción como para derrotar a una entente de partidos rivales y conseguir la valiosa prima a las mayorías. Pero como esto resultaba bastante difícil en un sistema de partidos tan fragmentado como el español, y que acababa de nacer de la forma más improvisada e inesperada posible, la pretensión inmediata de un partido fue nuclear una coalición en torno suyo (y obtener la primacía a la hora del reparto de puestos) o, al menos, hacerse imprescindible a la hora de constituir candidaturas conjuntas e impedir así la tragedia de quedar aislado. De hecho, la existencia de la segunda vuelta en ese contexto de marcada fragmentación, estimulaba hasta tal punto las coaliciones que el objetivo de muchos partidos pequeños se cifró, más que en conseguir la victoria electoral en la primera vuelta, en sacar un número de sufragios suficiente como para exigir en las mejores condiciones posibles puestos en una futura candidatura de coalición. Evidentemente, detrás de todo ello había un análisis, hasta un cálculo si se quiere, muy claro del arraigo de cada partido político. En el estío de 1933 se consideraba, con no poca razón, que muy pocas formaciones tenían la fuerza suficiente como para hacerse, en solitario, con las mayorías en casi todas las provincias españolas.

Dada la corta experiencia republicana, resulta imposible suponer que este régimen electoral pudiese haber favorecido la creación de dos grandes partidos. Es cierto que entre 1932 y 1936 estaba en marcha el proceso de cristalización de un sistema de partidos, que apenas si había estado bosquejado en las elecciones a Cortes constituyentes. Ahora bien, existen muy pocas evidencias de que se caminase decididamente hacia el final de la fragmentación. Más bien todo lo contrario. El proceso en marcha parecía conducir a un sistema de dos grandes coaliciones multipartidistas, en las que el fenómeno del faccionalismo seguiría primando sobre los principios de cohesión y disciplina¹⁹. Con un panorama político tan dividido, que se caracterizaba por la abundancia de opciones organizadas, la necesidad de coaliciones, de sumar fuerzas políticas aún pequeñas para obtener el máximo posible de votos, hizo posible la subsistencia de las viejas maquinarias caciquiles manejadas por individuos con arraigo en determinadas comarcas de una provincia que, de este modo, lograron aún hacerse un hueco en las candidaturas.

En este sentido, la reforma de 1933, como la de 1931, pudo intensificar lo que se conocía como política de masas y hasta reforzar medianamente el papel de los partidos organizados capaces de enrolar en sus filas a amplios sectores de la opinión y de ganar en circunscripciones tan grandes como la provincia. Pero, contra lo que en un principio pudo suponerse, no significó la desaparición inmediata de las viejas tradiciones políticas individualistas que habían estado plenamente vigentes en la historia electoral española y que sobre todo los partidos republicanos de izquierda y de centro acabaron reproduciendo.

Sin socialistas no hay gobierno

Durante el verano de 1933 se hizo más evidente la precariedad en la que se sostenía la coalición en el poder. Los trabajos parlamentarios con fuerte inasistencia de los diputados de la mayoría, las relaciones cada vez más tensas entre los republicanos de izquierda y los socialistas en muchos consistorios del país y el enconamiento de las luchas intestinas dentro de algunos partidos, como el radical-socialista, hacían brumoso el horizonte del gobierno. En este contexto, el resultado de los comicios para constituir el Tribunal de Garantías Constitucionales, el 3 de septiembre de 1933, tuvo el efecto de una estocada final. Para esa elección, el territorio nacional se había dividido en quince circunscripciones regionales, cada una de las cuales había de elegir un vocal titular y otro suplente. El cuerpo electoral lo constituían los concejales de todos los ayuntamientos del país, incluidos los designados por el gobierno antes de la convocatoria electoral, muestra de que a esas alturas aún existía un número indeterminado de comisiones gestoras municipales. Por lo demás, casi todos los ayuntamientos se encontraban en manos republicanas y una mayoría de ellos era políticamente adicta a los partidos del gobierno. Por esta razón, las derechas no concedían importancia a la elección, pues consideraban segura su derrota. No obstante, pronto comenzó a observarse que las dificultades habitaban sobre todo en campo gubernamental.

La coalición que gobernaba el país no existió a efectos electorales, y muchos concejales de los partidos republicanos de izquierda prefirieron optar por el apoyo abierto o velado a los radicales antes que ofrendárselo al PSOE. El resultado de estas disputas se saldó con una grave derrota de la izquierda. Descontando el vocal catalán, que fue elegido por el Parlamento regional, los partidos del gobierno sólo lograron sumar tres más: un radical-socialista en Asturias, un socialista en Extremadura y un republicano gallego en Galicia. En Murcia había vencido, además, un disidente de AR que se presentaba contra la candidatura oficial. Los radicales triunfaron en cuatro regiones (Andalucía, Aragón, Canarias y Valencia), la CEDA lo hizo en tres (Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y León), y las otras tres se las repartieron tradicionalistas (Navarra), nacionalistas vascos (Vascongadas) y Juan March, preso del gabinete Azaña, que batió a sus oponentes en Baleares. Por sufragios, las candidaturas gubernamentales, incluida la disidente de Murcia, reunían 12.910 votos, frente a los 16.279 de los republicanos de centro y los 17.914 de las derechas²⁰.

Durante la sesión de Cortes del 6 de septiembre de 1933, el líder del Partido Radical, Lerroux, se levantó a impugnar la política del gobierno y a pedir su dimisión con el argumento, tantas veces repetido desde mediados de 1932, de que le faltaba la asistencia de la opinión. Además, culpó a Azaña de haber impedido con sus políticas la integración en el régimen de una parte sustancial de los electores conservadores. Azaña se negó a dimitir escudándose, como otras veces, en la mayoría parlamentaria que le sostenía. En una larga y tensa intervención, restó valor político a las elecciones: «Lo que se ha puesto de relieve el domingo pasado», afirmó, «es la desorganización del sufragio republicano; ni más ni menos». Tenía razón, pero esas palabras confirmaban que la coalición parlamentaria que sostenía su gobierno había desaparecido, a efectos prácticos, por abajo. A continuación formuló una grave advertencia:

«A la vista, próxima, está una consulta al sufragio universal; si unos y otros… son capaces de acometer la contienda… en iguales condiciones… yo no podré permanecer indiferente ni impasible ante una situación así; lo digo desde ahora… ¿se querrá… que sea el Gobierno el que, imitando los estilos de la monarquía o de la oligarquía pasada, recoja las riendas de la elección y lleve a los electores a votar?».

Las elecciones a las que se refería Azaña eran las municipales de noviembre. Lo que pretendía semejante admonición era forzar, cara a la consulta, la resurrección de una conjunción republicanosocialista con la amenaza velada de que, en caso contrario, el gobierno intervendría en los comicios para evitar unos resultados como los del domingo anterior. La advertencia cayó en saco roto porque Lerroux enfocó la cuestión de otra forma: «el problema es que, después de lo ocurrido en las pasadas elecciones, si SS. SS. siguen ahí (Señalando al banco azul), se perderán las municipales, se perderán las otras, se perderá la República y se perderá el país». Como Azaña insistiera en permanecer en el poder, Lerroux anunció el pase definitivo de los radicales a una completa oposición, sin más auxilios o colaboraciones coyunturales: «para tranquilidad del país, para confianza de la opinión pública, yo no puedo volver a tener ninguna clase de concomitancias con ese Gobierno»²¹.

Este acontecimiento determinó que, dos días más tarde, la renovación de confianza que Azaña pidió a Alcalá-Zamora fuese respondida por el jefe de Estado con tres preguntas que, implícitamente, cuestionaban la solidez de la mayoría parlamentaria que sustentaba el gabinete, la viabilidad de una coalición electoral republicana de continuar el mismo ejecutivo y, sobre todo, unos buenos resultados en los próximos comicios municipales para los partidos que sostenían el régimen. La crisis de gobierno se produjo de inmediato y la apertura de consultas desembocó en el encargo del presidente de la República a Lerroux de un gabinete de concentración republicana.

En sus memorias, el líder radical cuenta que Alcalá-Zamora le pidió que gobernase con las Cortes constituyentes «para demostrar ante la opinión que existía un estado de fraternal inteligencia entre todas las fracciones republicanas y que la oposición del Partido Radical había sido objetiva y política, no personal». En caso de que no pudiera formar gobierno, Alcalá-Zamora disolvería las Cortes. Lerroux pensó que sería el depositario del decreto de disolución, habida cuenta que iba a hacer el sacrificio de tratar de gobernar con unas Cortes mayoritariamente hostiles, exponiéndose así a un posible voto de censura. Pero el jefe de Estado tenía otros planes: consideraba fundamental rehacer cierto espíritu de solidaridad entre todas las fracciones republicanas antes de convocar unas elecciones sin contrariar, por ello, a los socialistas. Era una postura loable pero políticamente poco realista: la resurrección de la conjunción republicano-socialista resultaba impensable, y la causa no residía sólo en la oposición del Partido Radical.

Además, Lerroux era consciente que su gabinete no habría de durar demasiado y, personalmente, daba la impresión de preferirlo así. Las expectativas electorales de su partido eran bastante buenas y unas futuras Cortes con una minoría radical fortalecida garantizarían una permanencia en el poder más estable y con menos hipotecas. Por ello, al principio, buscó constituir un gabinete lo más homogéneo posible, sólo de ministros radicales. Ése no había sido el encargo de Alcalá-Zamora, que hubo de reconvenirle. «No pudiendo organizar un Gabinete homogéneo», recuerda Lerroux, «busqué la homogeneidad en la modestia de los elegidos». Inició entonces una serie de consultas entre los jefes de las minorías republicanas y, después de una negativa inicial, se avinieron a colaborar. La sombra de la disolución de las Cortes planeaba precisamente cuando peor era la situación interna de estos partidos y menos podía convenirles encarar unos comicios²².

Las arduas tareas para la confección del gabinete quedaron completas el 12 de septiembre. Constituía éste una concentración republicana de centro-izquierda que, no obstante, simbolizaba un notable giro a la derecha respecto del gobierno anterior, sobre todo tras la salida de los ministros socialistas. Lerroux había apostado por introducir a su plana mayor, y cinco destacados radicales le acompañaron en el ejecutivo: Martínez Barrio en Gobernación, Rocha en Guerra, Lara en Hacienda, Guerra del Río en Obras Públicas y Samper en Trabajo. Los «lerrouxistas» copaban así los Ministerios más importantes, aunque numéricamente se encontraban en minoría respecto a las representaciones de los otros partidos. El resto de los ministros poseía una marcada significación centrista o se había caracterizado por oponerse a la situación anterior. El ministro de Estado, Sánchez-Albornoz, pertenecía al sector más moderado y antisocialista de AR. El de Justicia, Botella Asensi, dirigía el pequeño grupo de Izquierda Radical-Socialista (IRS) y había sido uno de los más duros impugnadores del gabinete anterior. El de Marina, Iranzo, procedía de la extinta Agrupación al Servicio de la República (ASR). Gómez Paratcha, ministro de Industria y Comercio, había ingresado en el PRG desde la Derecha Liberal Republicana.

Sólo tres ministros representaban cierta continuidad con la situación anterior. El de Instrucción Pública, el radical-socialista Domingo Barnés, era hermano y correligionario de su antecesor, así como antiguo subsecretario del mismo Ministerio. El titular del reconstituido Ministerio de Comunicaciones, Santaló, había ejercido de portavoz de la Esquerra en el Congreso. Por último, el radical-socialista Feced había sido director general de Agricultura en el gabinete saliente, si bien se había caracterizado por su intimidad política con Sánchez-Román, y sobre todo, por su moderación en aplicar las polémicas leyes agrarias²³.

En las tres semanas que duró este gabinete con las Cortes cerradas, no pudo hacer más que una política de gestos confusos que combinaban seguridades y garantías de que continuaría la labor del anterior sin variar un ápice el rumbo, con prédicas y promesas de rectificar los extremos menos aceptables de la política «azañista». Lo único que parecía cada vez más claro, conforme pasaban los días, era el acortamiento a pasos agigantados de su vida. La presentación del gobierno ante las Cortes, prevista para el 19 de septiembre, fue aplazada al 2 de octubre. Esta decisión tuvo en cuenta, sin duda, que el 23 y el 24 de septiembre habría de celebrarse el Congreso Nacional extraordinario del Partido Radical-Socialista (PRRS), donde se decidiría si se colaboraba o no con el nuevo gabinete, lo que contribuiría a despejar o a nublar aún más la situación política. De hecho, la mayoría del partido votó afirmativamente, pero la intransigencia del sector más izquierdista, encabezado por Marcelino Domingo, provocó finalmente la escisión de estos últimos. El nuevo Partido Radical-Socialista Independiente (PRSI) obtuvo el control de buena parte de la antigua minoría al reunir a 26 diputados, mientras que la facción de Gordón apenas pudo convocar a 14²⁴.

No obstante, un acontecimiento pudo conceder un respiro al nuevo gobierno. Los socialistas, en consonancia con lo que habían declarado sus dirigentes durante los meses centrales de 1933, consideraban su salida del gobierno y la formación de un gabinete de coalición entre radicales y republicanos de izquierda como una especie de declaración de guerra contra ellos. Usando un lenguaje hiperbólico, Largo Caballero calificó algo tan normal en la mecánica parlamentaria como un cambio en las mayorías, aunque fuese por iniciativa del jefe del Estado, de «expulsión del poder» y declaró solemnemente en un mitin la ruptura de relaciones con los republicanos de izquierda, lo mismo que haría Prieto durante el último debate de las Cortes constituyentes. Para los socialistas, una República en la que no pudieran volcar sus propuestas programáticas, y que estuviera en manos de los que habían sido sus mayores enemigos durante el primer bienio, los radicales, no podía valer la pena. En otras palabras, la República, o era social, o como decían sus adversarios «socializante», o interesaba tan poco como la Monarquía.

Se ponía una vez más de manifiesto esa concepción patrimonial que el PSOE tenía de un régimen que había contribuido decisivamente a implantar, así como su inveterada oposición a que la República significase sólo un cambio en la forma de Estado, sin modificaciones más profundas. En esta concepción había también un elemento de pura conveniencia. El pacto con los republicanos de izquierda podía considerarse, a pesar del desgaste, relativamente sólido por arriba, esto es, en el Consejo de Ministros y en las Cortes. Pero por abajo, en los ayuntamientos y diputaciones, había comenzado seriamente a cuartearse, hasta el punto que eran frecuentes las disputas entre unos y otros. Así pues, los anuncios de ruptura de los dirigentes socialistas servían para congraciarse con unas bases hastiadas y descontentas. Mientras que a los republicanos de izquierda sólo parecía quedarles la posibilidad de sostener con mayor ahínco la nueva situación que presidía el líder radical²⁵.

El 2 de octubre, Lerroux hizo acto de presencia en la Cámara. Comenzó explicando las razones de su política de oposición al gabinete Azaña y las motivaciones que le impulsaron a afirmar, en varias ocasiones, que la composición de las Cortes había dejado de ajustarse a los deseos del cuerpo electoral. Caracterizó su gobierno como «garantía de continuidad con una política de izquierdas», y anunció que se sometería a la fiscalización de las Cortes con una expresión que causó asombro en la Cámara: «No teman, que… a la menor dificultad, nosotros no hemos de entrar en forcejeos de ninguna clase. ¡Si casi os estamos pidiendo ya que preparéis el voto de censura!». Parecía la expresión de un hombre que no sólo deseaba finiquitar su gabinete para que las Cortes quedasen disueltas, sino también la de alguien que conocía cuál iba a ser su destino en breve. Enunció un programa que combinaba ciertas líneas de continuidad con la labor del anterior gobierno, con medidas de rectificación y guiños a los diputados conservadores (Estatuto vasco, aplicación moderada de la legislación religiosa, derogación de la Ley de Términos Municipales, magistraturas independientes para la presidencia de los jurados mixtos, equilibrio presupuestario, mantenimiento del orden público y Ley de Amnistía)²⁶. En general, la intervención del líder radical parecía pretender un imposible: conciliar el discurso de oposición que había sostenido hasta hacía un mes, con otro en el que trataba de atraerse a los republicanos de izquierda, en consonancia con la misión que le había encomendado Alcalá-Zamora.

El discurso de Lerroux despertó, como era de esperar, la hostilidad de los socialistas a los que había hecho referencia, de forma velada y en varias ocasiones, para culparles de las demasías del anterior gabinete. Indalecio Prieto, oteando la maniobra del presidente del Consejo de atraerse a los republicanos de izquierda y separarlos de los socialistas, trató de restablecer la antigua solidaridad entre aquéllos y el PSOE, aunque ahora sólo orientada a tumbar al que consideraban principal impugnador de los gobiernos del primer bienio. Durante su intervención, el grupo parlamentario socialista presentó una proposición de desconfianza contra el gobierno para obligar a los republicanos de izquierda a definirse.

Prieto anunció que las facilidades dadas por éstos para que Lerroux formase gobierno tendrían un elevado precio: «los partidos republicanos el día 11 de septiembre de 1933 dejaron cancelados con el partido socialista todos los compromisos que a requerimiento de ellos aquél adquirió para instaurar y consolidar la República… la colaboración del partido socialista en Gobiernos republicanos… ha concluido definitivamente». Su dialéctica se dirigió a combatir, extremándolo, uno de los argumentos estrella de los radicales en la oposición y que más había molestado a los republicanos de izquierda: «¿Qué concepto tiene S. S. de la dignidad de las Cortes Constituyentes de la nación española para pedirlas un voto de confianza después de declarar su señoría que las estima divorciadas de la opinión del país, que están desgastadas…?». Añadió que su gabinete no lo era de coalición sino un gobierno radical que sumaba disidencias de otros partidos. Finalizó su discurso haciendo, sobre las críticas del líder radical a la labor del PSOE en el poder, una nueva apelación a los republicanos de izquierda: «¿Os solidarizáis con la apreciación… de nuestra complicidad, de nuestro encubrimiento, de nuestra inducción a todos esos delitos u os sentís honradamente protestatarios de esa imputación…?»²⁷. La hábil intervención de Prieto, plena de exageraciones, acabaría surtiendo efecto.

Suspendida la sesión, se volvió a reanudar media hora después con la intervención de Azaña. Su discurso prejuzgaba el resultado final, pues impugnó con dureza el intento de Lerroux de atraerse a las derechas contraponiéndolo a la misión de los gabinetes que él presidió, la de

«mantener vivo y creador el impulso que nos llevó a la revolución. La República no es sólo un régimen; es un instrumento para la acción… Mantener ese espíritu de la revolución fue el carácter distintivo de aquellos Gobiernos, y, además, mantener encendida, activa y fecunda la protesta, que formulábamos desde antes de advenir la República, contra la corrupción, contra la decadencia, contra el desprestigio de España».

Azaña consideraba que, con la participación de los conservadores, la República se corrompería y eso era, para él, mucho peor que el que la República se hundiese. Destacó que Lerroux había empleado «gran parte de su oración… a combatir a los Gobiernos que yo he presidido» y defendió al PSOE rechazando las imputaciones del líder radical. Al igual que Prieto, Azaña acusó al viejo caudillo republicano de querer formar un gabinete «lerrouxista» y a ello achacó que, en un primer momento, los republicanos de izquierda rechazasen colaborar con el ejecutivo que se estaba gestando. Aclaró que las bases programáticas de colaboración por parte de AR se fundamentaron en «que no se nos ponga en el caso de votar contra lo que nosotros hemos hecho».

Ello significaba que, con esas Cortes, los intentos de tímida rectificación enunciados por Lerroux quedaban definitivamente en papel mojado. Identificado totalmente con el discurso de Prieto, Azaña achacó a Lerroux un deseo inmediato de disolver las Cortes y se negó a facilitar su labor argumentando que «no debemos retroceder en la política española a las costumbres de la Monarquía, en la que se hacía del decreto de disolución el arma triunfal a favor de un partido», pues «las elecciones generales son para todos y de todos. En las elecciones generales, hasta los que no admiten la Constitución, tienen derecho a ser respetados». Esa última afirmación resultaba sorprendente, toda vez que el propio Azaña hacía un mes había amenazado con resucitar la intervención del gobierno en las elecciones si republicanos y socialistas no se presentaban unidos. Anunció, a continuación, que AR no le daría su apoyo, pues el ministro que les representaba, Sánchez-Albornoz, no había participado del acuerdo ministerial por encontrarse «a punto de desembarcar en las costas peninsulares —y el que desembarca siempre es un poco náufrago—», provocando con este chiste sobre su propio correligionario fuertes carcajadas en la Cámara. Después de la intervención de Azaña, la discusión fue aplazada hasta el día siguiente, pero Lerroux se levantó antes a aclarar que él no había hecho en ningún momento referencia al decreto de disolución²⁸.

Tampoco hacía demasiada falta una referencia explícita a la disolución de las Cortes porque Lerroux y Alcalá-Zamora habían exteriorizado ya durante la tramitación de la crisis que la imposibilidad de formar un gobierno de concentración republicana desembocaría en elecciones. Por ello, tenía razón Martínez Barrio cuando calificaba la posición de su jefe como «evidentemente falsa». No obstante, no se ha llegado a apreciar el hecho de que Azaña se alinease con los socialistas para hacer caer a las primeras de cambio al gabinete Lerroux. En efecto, no habían parecido demasiado hábiles las referencias negativas que el líder radical dejó entrever sobre la labor del gobierno que le precedió, teniendo en cuenta que había de contar con los republicanos de izquierda, pero una rectificación de ese criterio hubiera supuesto el reconocimiento implícito de que los meses de oposición radical se fundamentaban no en una crítica objetiva, sino en unos deseos desmedidos de llegar al poder. No obstante, también es cierto que Lerroux trató de desviar las culpas achacando casi toda la responsabilidad a los socialistas, algo que Azaña negó con no pocas dosis de cinismo. En sus diarios, éste revela cómo la actuación de los ministros socialistas resultó, en no pocas ocasiones, desacertada, y cómo la actitud irresponsable y antigubernamental de las autoridades municipales del PSOE estaba provocando cada vez más roces con los republicanos de izquierda, hasta el punto que miembros de su propio partido, como Giral o Sánchez-Albornoz, deseaban la ruptura con los socialistas y la formación de un gabinete estrictamente republicano²⁹.

No constituía el único punto débil de su discurso. Azaña culpaba a Lerroux de que había seleccionado a los ministros sin tener en cuenta a los partidos, algo que no había dejado de hacer el propio Azaña y que le había supuesto no pocos problemas con algunas formaciones políticas, como los radicales socialistas o los federales. Además, si el problema era que Lerroux no había contado con Azaña desde el principio para la elección de Sánchez-Albornoz, cabría suponer que el obstáculo había desaparecido cuando el líder de AR dio su acuerdo al nombramiento de su correligionario. ¿Por qué trajo al debate esta cuestión? ¿No constituía una especie de llamamiento a todos los partidos republicanos de izquierda para que rompiesen con los radicales? Asimismo, Azaña era incoherente cuando ponía de manifiesto, sin entrar en detalle, que el gabinete Lerroux se deslizaba hacia una peligrosa política de rectificación, simplemente porque deseara aplicar la legislación religiosa con un talante más moderado, o porque quisiera derogar la Ley de Términos Municipales. El propio Azaña había deplorado el exagerado sectarismo anticlerical de algunos sectores de su gobierno y, en no pocas ocasiones, los partidos coaligados que habían sostenido su gabinete se mostraron escépticos sobre la eficacia de la Ley de Términos y habían abogado públicamente por su derogación. Más aún, en varias ocasiones, sus gobiernos habían suspendido la aplicación de la ley en época de cosecha por los graves trastornos que generaba en el mercado laboral. Por último, Azaña conocía de sobra y de bastante antiguo la intención de Lerroux de atraerse a los sectores neorrepublicanos y hasta posibilistas de la derecha española. ¿Por qué entonces dio su place a la participación de AR en el gabinete? ¿No hubiera resultado más coherente rechazarla sin más?³⁰

La base argumental del discurso de Azaña resultaba, por tanto, bastante débil y dejaba entrever que la única razón para hacer posible, con su colaboración, un gabinete Lerroux era el temor a una disolución de las Cortes, en una situación electoral claramente desventajosa para los republicanos de izquierda en general y para su propio partido en particular. No obstante, para coaligarse sinceramente con los radicales debía soltar amarras con el PSOE, sobre todo tras la intervención de Prieto, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. Por tanto, su posición política resultaba tan falsa como la de Lerroux, con la diferencia de que éste había ocultado menos sus propósitos y actuado con más coherencia respecto a su actitud anterior de oposición, que un zigzagueante Azaña, partidario de la participación de AR en un gabinete radical para, en tres semanas, derribarlo en las Cortes auxiliando en su labor de demolición a los socialistas. No parece sino que los republicanos de izquierda y el PSOE se habían puesto de acuerdo en inhabilitar a Lerroux, tirando de una interpretación bastante discutible del artículo 75 de la Constitución, para presidir el gabinete que habría de convocar y supervisar unas elecciones que, tardasen uno o unos pocos meses, ya se consideraban inevitables. Detrás de esto estaba, sin duda, el temor fundado de que un gobierno Lerroux con el decreto de disolución se dispusiera a utilizar los resortes administrativos para traer a las futuras Cortes un grupo numeroso de diputados radicales y afines.

Como era de esperar, en la sesión del día 3, el portavoz de la Esquerra, Sbert, se alineó con Azaña insistiendo en el argumento de que la política del nuevo gabinete no podía significar una rectificación respecto del anterior, y anunció que su minoría se adhería a la proposición de desconfianza de los socialistas. Esta posición dejaba en una situación desairada a su propio ministro, Santaló, que sí había suscrito el acuerdo ministerial y los términos en los que se había producido Lerroux en la Cámara. El portavoz de la minoría agraria, Gil-Robles, que tenía pedida la palabra, declinó entrar en el debate «dada la precaria situación en que se encuentra un Gobierno al cual, cada media hora, se le priva de uno de sus Ministros»³¹.

El único criterio disonante fue el del nuevo líder de los radicales socialistas, Gordón, que se negó a secundar al resto de los partidos de la izquierda republicana. Al contrario, se unió a Lerroux para criticar la labor de los socialistas en el gobierno, cuya legislación había provocado que «los campesinos de muchos pueblos, que comenzaron inscritos en los partidos de izquierda de la República, han ido, por evoluciones sucesivas, a terminar en el partido agrario». Tachó el voto de desconfianza como de simple maniobra del PSOE para hurgar en las divisiones de los republicanos, y si triunfaba «lo que conseguirían con eso sería hacer imposible todo Gobierno de significación de izquierda, y hasta de centro, de la República». Como los socialistas, además, habían anunciado que no volverían a gobernar junto a los republicanos, la única consecuencia que cabía sacar, para el orador, era que los republicanos debían coaligarse para gobernar ellos solos. Gordón responsabilizó a Azaña de obstruir desde hacía meses toda posibilidad de un gabinete netamente republicano: «el Sr. Azaña ha dicho muchas veces desde la cabecera del banco azul que con estas Cortes se podían hacer muchas combinaciones de Gobierno… pero lo cierto es que no se hicieron nunca, a pesar de haber habido crisis, como la de Junio, que lo aconsejaban». Finalizó su discurso anunciando que su minoría votaría la confianza al gabinete Lerroux condicionada a que su política siguiera poseyendo un matiz de izquierda³².

El refuerzo de Gordón no contribuyó a modificar la precaria situación del gabinete. En ese instante, Lerroux conoció con seguridad que la proposición de desconfianza de los socialistas saldría adelante, y por ello comenzó su discurso de réplica con la célebre frase de: «los que van a morir os saludan». Éste simbolizó la quiebra definitiva de las relaciones políticas entre Lerroux y Azaña. El líder radical se enzarzó con éste criticando que, como gobernante, «para destruir, se pinta solo; para construir, no he visto todavía el arte con el cual S. S. pueda obtener el título de arquitecto». Lerroux se extendió negando que él hubiera tomado un criterio puramente personal en la elección del ministro de AR, y reveló cómo había consultado y pedido autorización en todo momento a Azaña, algo que éste no desmintió. La ruptura entre ambos, que planeaba ya en el ambiente, se produjo de forma terminante con estas palabras del líder radical: «en el orden político, conmigo personalmente no cuenta jamás S. S… personalmente, a mí se me hace una, se me hacen dos y hasta se me hacen tres; pero yo no hago oposiciones al título de idiota». Cerró su discurso afirmando que ya no existía gobierno, y que de inmediato él y sus ministros acudirían a dimitir ante el presidente de la República³³.

Fue en el momento en que se levantaron los miembros del gabinete para marcharse, cuando el presidente de las Cámara pidió a Lerroux y al gobierno que permanecieran en sus escaños. Besteiro argumentó que resultaba «muy peligroso abandonar el Parlamento y presentar la dimisión del Gobierno, dejando a los partidos políticos en un mar tumultuoso de pasiones», y requirió a Lerroux para que se quedase «hasta que lleguemos… a una manifestación concreta de la Cámara». No había ningún precepto reglamentario que obligase a continuar el debate, ni mucho menos que exigiera a un gobierno ya dimitido a someterse a una proposición de desconfianza. Lerroux accedió a sentarse para escuchar las réplicas de Prieto y Azaña, pero se negó a permanecer en el salón de sesiones cuando tuviese lugar la votación. Así se acordó en principio, pero la actuación de Besteiro no puede calificarse de neutra. Ignoró los derechos del diputado comunista Balbontín, que tenía pedida la palabra antes que Prieto, probablemente con el fin de acortar todo lo posible el debate y dar paso a la votación, lo que provocó que el primero afirmara que el presidente del Congreso estaba atropellando sus derechos «porque no soy del partido de S. S.»³⁴.

En su contrarréplica, Prieto pidió a Lerroux que se sometiera a la proposición de desconfianza apelando a su gallardía y desveló sus motivos: «si a S. S. hoy las Cortes Constituyentes le niegan la confianza, automáticamente el señor presidente de la República, en cumplimiento del artículo 75 de la Constitución, tiene que separar a S. S. y a los demás Ministros de los cargos para que fueron nombrados». Afirmó, además, que él estaba dispuesto a pedir la votación, estuviese o no presente el gobierno. Lerroux se negó a someterse a esa votación por considerarla un voto de censura que necesariamente habría de cumplir los trámites establecidos en el artículo 64 de la Constitución. Esta interpretación era la correcta porque la Carta Magna o el Reglamento de las Cortes no contemplaban una figura llamada «voto de desconfianza», con efectos similares al voto de censura. La aplicación del artículo 75 resultaba de todo punto inseparable, y era consecuencia, del artículo 64. Así lo consideró el propio Alcalá-Zamora en defensa de sus prerrogativas presidenciales, frente a la interpretación de los socialistas: el jefe del Estado no separó a Lerroux, sino que le aceptó la dimisión. No obstante, Besteiro amparó a su compañero de partido frente al líder radical, y concedió la palabra a Azaña, quien dedicó su intervención a contestar las imputaciones que le había hecho Lerroux y a confirmar la ruptura de relaciones: «como no aspiro a nada, ni quiero ser nada… no tengo que solicitar el concurso de nadie para nada»³⁵.

Como las cosas habían quedado claras, Lerroux pidió a Besteiro que suspendiera el debate ya que el gobierno estaba dimitido. El presidente de las Cortes se mostró conforme con la petición pero insistió en que no podía terminar sin que se verificase el «voto de desconfianza», fundándose en razones etéreas que nada tenían que ver con el cumplimiento de la ley. Lerroux y sus ministros decidieron ausentarse de la votación, pero ésta tuvo lugar igualmente. Según el líder radical, sólo quedó Martínez Barrio en su puesto haciéndole gestos para que regresase. La proposición de los socialistas triunfó por 187 a 91. En contra de Lerroux votaron, además, del PSOE, AR y la Esquerra, los grupos de Casares y de Domingo. El debate finalizó con los diputados radicales y federales increpando la actuación de Besteiro³⁶.

Aunque Alcalá-Zamora consideraba «desatinada» la interpretación que los socialistas daban al artículo 75, se allanó a ella porque no deseaba que las Cortes le culpasen de estar incumpliendo la Constitución. Además, quería propiciar cierto grado de distensión entre todos los partidos de la antigua conjunción republicanosocialista como prólogo a su reconciliación para las elecciones, pues se había convencido ya de que las Constituyentes habrían de ser disueltas sin remedio. Por ello, tras un primer requerimiento a Besteiro, pidió a un antiguo ministro reformista, Pedregal, que formase un gobierno de unidad, pero éste se negó a cumplimentar el encargo. Entonces, Alcalá-Zamora requirió al célebre médico y diputado de la extinta ASR, Marañón, para la misma tarea, pero el doctor sólo hizo gestiones conciliatorias entre los distintos partidos republicanos.

Insistió el presidente en su intento de encontrar un personaje independiente y eligió a Sánchez-Román, político con audiencia en todas las formaciones de la antigua conjunción. Éste obtuvo la conformidad de los republicanos de izquierda, pero la mutua hostilidad entre socialistas y radicales y un enfrentamiento a última hora con Alcalá-Zamora porque Sánchez-Román se había negado a tener un ministro catalanista, dio al traste con la operación. El siguiente en el empeño fue un célebre catedrático de Derecho constitucional, González-Posada, que fracasó en el empeño pero facilitó, a la postre, una interpretación del artículo 75 de la Carta Magna favorable a los intereses presidenciales. En un dictamen sui generis, el jurista afirmó que la inhabilitación alcanzaba a Lerroux, pero en ningún caso a sus exministros. Fue en virtud de esa interpretación como Alcalá-Zamora pudo encargar la formación de un gabinete al lugarteniente del líder radical, Martínez Barrio, el 7 de octubre de 1933³⁷.

Martínez Barrio pidió autorización a su jefe político, que se la concedió sin mayores problemas, aunque Lerroux sostiene en sus memorias que este paso nunca existió, lo que no es probable. En su visita al domicilio de Domingo, Martínez Barrio se encontró, a requerimiento de su anfitrión, con Azaña. Éste condicionó la colaboración de su partido a que Martínez Barrio ofreciera también representación al PSOE. Para semejante gestión, el político sevillano necesitaba el permiso previo de su jefe y a su residencia se encaminaron los tres. En la célebre entrevista de alcoba, el líder radical lo concedió probablemente para no quedar ante la opinión como el obstáculo que impedía la reconciliación de todos los sectores republicanos y, más aún, para que su partido no quedase descolgado del poder durante las elecciones. Reducida esa dificultad, a Martínez Barrio le quedaba sondear a los socialistas que, después de no pocas cavilaciones, se opusieron a formar parte del gabinete. La única petición que el virtual jefe de gobierno se negó a cumplir fue el requerimiento de Azaña de presentarse ante las Cortes constituyentes y prolongar su vida. En opinión de Martínez Barrio, existía el riesgo, nada infundado, de que éstas pudieran cuestionar la constitucionalidad del gobierno que se estaba gestando y la actuación de Alcalá-Zamora³⁸.

Las elecciones en la Gaceta

El nuevo gobierno incluyó a la mitad de los ministros del anterior. Conservaban su puesto además, de Martínez Barrio, que pasaba de Gobernación a Presidencia, Lara (Hacienda), Guerra del Río (Obras Públicas), Sánchez-Albornoz (Estado), Botella (Justicia), Iranzo (que cambiaba Marina por Guerra) y Barnés (Instrucción). La base parlamentaria del gabinete se amplió a izquierda y derecha con otras incorporaciones. El representante del Partido Republicano Gallego sería Pita Romero (Marina). El progresista Cirilo del Río, el ministro más conservador del gabinete, ocupó la cartera de Agricultura. El líder de los radicales socialistas, Gordón, aceptó el Ministerio de Industria y Comercio. Palomo representaría a los «dominguistas» en Comunicaciones, mientras que Pi Suñer (Trabajo) sería el ministro de la Esquerra. Por último, la vital cartera de Gobernación fue ocupada por un independiente, antiguo federal y miembro de la extinta ASR, Manuel Rico-Avello.

Pronto quedó de manifiesto la misión que el jefe del Estado encomendaba a este gabinete. En la mañana del 9 de octubre, Alcalá-Zamora hizo entrega a Martínez Barrio de dos decretos: uno que disolvía las Cortes constituyentes, y otro que convocaba comicios legislativos nacionales. El primero contenía un largo y profuso preámbulo en que el jefe del Estado se justificaba aduciendo las dificultades que existían en la Cámara anterior «para constituir una mayoría absoluta y estable». El segundo fechó la elección el 19 de noviembre de 1933 y la segunda vuelta, si fuera menester, el 3 de diciembre. También estableció que cinco días después habrían de reunirse las nuevas Cortes. La cortedad de los plazos indicaba que Alcalá-Zamora no deseaba dejar transcurrir demasiado tiempo entre la disolución de las Constituyentes y el comienzo de los trabajos de las primeras Ordinarias. Sin embargo, dos ministros del nuevo gobierno aún cuestionaron la decisión presidencial en el primer Consejo de Ministros. Salvando su responsabilidad, Sánchez-Albornoz y Palomo hicieron constar su posición favorable a que continuaran las Constituyentes³⁹.

El segundo decreto aclaraba que los Ministerios de Justicia y Gobernación debían dictar disposiciones para regular el proceso electoral, conforme a la legislación vigente. Éstas no tardaron en promulgarse. La primera de ellas, un decreto emitido por el ministro Botella, apareció el 14 de octubre y tendía a limitar la aplicación de la Ley provincial de 1882 por los gobernadores civiles. La finalidad fundamental era evitar que éstos y sus delegados utilizaran arbitrariamente su capacidad de imponer multas y practicar detenciones, para lo cual debían notificar cualquier acción de este tipo, si se produjese, al Ministerio de Justicia. Otro Decreto de Presidencia, importante por lo que suponía, suspendió el estado de prevención en las provincias donde estaba vigente, todas las catalanas y la de Sevilla, para facilitar la propaganda⁴⁰.

El 20 de octubre, el ministro de la Gobernación, Rico-Avello, dispuso que la elección se hiciera con el censo confeccionado en tiempos de Azaña y que se redistribuyeran, conforme al mismo, los escaños de cada circunscripción electoral. Algunas provincias incrementaron su representación a raíz de la desaparición de sus circunscripciones urbanas tras la reforma de 1933. Así, la circunscripción de Córdoba pasó de 10 a 13 escaños, la de Granada de 9 a 13 y la de Murcia provincia de 7 a 9. Además, a causa del aumento de población registrado desde 1931, la Cámara incrementó sus 470 escaños de 1931 hasta los 473 de 1933. Aparte de Córdoba y Granada, obtuvieron un diputado más por este concepto las circunscripciones de Barcelona capital (19), La Coruña (17), Oviedo (17) y Pontevedra (13). Por el contrario, perdieron un escaño las demarcaciones de Burgos (7), Madrid capital (17), y Madrid provincia (8). Al día siguiente, Rico-Avello decretó el aplazamiento de las elecciones municipales de noviembre porque, en caso contrario, habría de movilizarse al cuerpo electoral hasta en cuatro ocasiones el mismo mes. Esta medida, de dudosa legalidad, tenía una razón de peso: los concejales elegidos en 1931 aún no habían ejercido su cargo los cuatro años a los que obligaba la ley. En la práctica, el gobierno aplazaba la renovación de los ayuntamientos hasta 1935⁴¹.

En la Gaceta del 21 de octubre fue publicada la tradicional circular del gobierno en la que establecía cuál iba a ser su postura ante los comicios. La gran novedad radicaba en que, por vez primera, la circular no fue emitida por el Ministerio de la Gobernación, sino por el de Justicia. Su titular, Botella, anunció en un largo preámbulo su aspiración de que las elecciones fuesen «en su desarrollo, dignas de una democracia». Para ello declaraba como indispensables dos condiciones básicas: «la capacitación y consciencia política del ciudadano elector y la imparcialidad y estricto cumplimiento de su deber por parte de aquellos órganos del Estado que son llamados a presidir el magno comicio: el Gobierno y sus agentes». Reconocido el hecho de la capacidad del cuerpo electoral, a las autoridades sólo les quedaba garantizar la libertad de los candidatos en sus actividades propagandísticas y, sobre todo, no ejercer «la menor sombra de coacción sobre el elector» sino, al contrario, amparar «con todos los resortes de la autoridad, el ejercicio libre de la más excelsa obligación ciudadana: la de emitir el voto».

Estos principios de actuación se concretaron en una serie de instrucciones, la primera de las cuales, de modo muy significativo, ordenaba a las autoridades gubernativas y judiciales que actuasen sin rozar en ningún momento los derechos cívicos y, sobre todo, cuidando «de discernir la posible motivación política de las denuncias que le hagan… examinando con todo el cuidado el asunto… y procediendo con máximo rigor… cuando se demuestre una intención dolosa en el que promueva la acción gubernativa o judicial». Esta medida sin duda estaba orientada a limitar posibles arbitrariedades de las autoridades municipales contra sus contrincantes políticos, pero también a sancionar el cúmulo de denuncias falsas que solían realizar los representantes de los partidos.

Además, las autoridades debían proceder contra quienes atentasen contra la libre emisión del pensamiento con fines electorales, sin hacer diferencias entre las distintas ideologías políticas. Éstas también habrían de poner en conocimiento de las instituciones judiciales competentes, por el medio más rápido que tuviesen, cualquier detención que hubiesen practicado durante la campaña y la jornada electoral y, asimismo, se ordenaba a los jueces municipales que a su vez lo comunicasen con celeridad a los jueces de instrucción. Hecho esto, la autoridad judicial debía reclamar de inmediato la entrega de los detenidos para ponerlos bajo su jurisdicción. Las autoridades gubernativas o policiales que no cumplieran con este mandado habrían de ser juzgadas por delito de desobediencia, y este incumplimiento debía ser comunicado por los jueces competentes al Gobierno Civil o, si su titular había traspasado los cauces legales, al Ministerio de la Gobernación. Los jueces de instrucción habrían, además, de examinar las querellas interpuestas durante el período electoral con el mayor cuidado, desestimando aquellas que no reuniesen todos los requisitos de forma y fondo, y rechazando las manifiestamente falsas o que no revistiesen carácter de delito. Botella tuvo especial cuidado en que las detenciones gubernativas no pudiesen obstruir los derechos electorales de los propios detenidos, pues la misma circular obligaba a las autoridades a conceder todo tipo de facilidades para que éstos pudieran ejercer su derecho al sufragio.

Todos los delitos de carácter electoral serían competencia del Ministerio Fiscal, que habría de velar «por la normal y rápida tramitación de los sumarios incoados» y promover «las oportunas acciones para la persecución de los mismos». La circular obligaba explícitamente a las autoridades a reprimir y dar cuenta de cualquier intento de compra de votos, soborno o coacción directa e indirecta. Finalizadas las elecciones, los jueces y tribunales habrían de elevar al Ministerio de Justicia una memoria en la que se detallarían todas sus intervenciones en materia electoral y, por último, habrían de perseguir todo acto que pudiera suponer «una venganza contra quien emitió su voto en determinado sentido, y tan pronto como aparezca en cualquier procedimiento indicio de que ha sido violado el secreto del voto, deducirán el oportuno testimonio para incoar sumario por el hecho»⁴².

Como se desprende de la circular, la intervención de las autoridades judiciales habría de resultar intensa y, sin duda, una garantía de que el proceso electoral no estaría en manos sólo del Ministerio de la Gobernación. El hecho de que, además, regentasen Justicia y Gobernación dos hombres de reducidos intereses políticos y poca clientela, uno sin partido como Rico-Avello y el líder de un micropartido como Botella, y el alejamiento ideológico entre ambos, hacían creíbles las intenciones de neutralidad gubernamental. No cabe olvidar, por último, dos factores muy importantes. Las elecciones se realizarían bajo el procedimiento garantista establecido ya con eficacia por la Ley de 1907 y sobre todo, a diferencia de 1931, el pluralismo político del gabinete no sería atenuado por candidaturas de coalición que vinculasen a los partidos que regentaban conjuntamente el poder ejecutivo. Todo lo contrario, los partidos gubernamentales se presentaron en candidaturas distintas y, la mayoría de las veces, contrapuestas. En estas condiciones, resultaba imposible no ya una política electoral única y común a todo el gobierno, sino una mínima unidad de acción a escala nacional. Si deseaban intervenir, cada ministro habría de hacerlo por su cuenta y sin molestar en demasía a sus compañeros. Del mismo modo habrían de actuar las autoridades provinciales y locales, y eso en caso de que no atrajesen la lupa de los ministros de Justicia y Gobernación.

La «Circular oficial» de Justicia fue complementada con otra extensa circular interna de Rico-Avello dirigida, el 17 de noviembre, a los gobernadores civiles. Según el documento, la República tenía el compromiso de respetar «la libre expresión de la voluntad soberana del pueblo español». Por ello, la misión fundamental de los gobernadores era asegurar la libertad de propaganda frente a cualquier intento de limitarla, impidiendo todo tipo de coacción moral y material, y velando para «que al amparo de aquella… no pueda realizarse una labor encaminada a quebrantar la estabilización del Régimen». El ministro pedía a sus subalternos que no prohibiesen los actos de propaganda al aire libre y que sólo actuasen ante una posible alteración de la paz pública. El gobernador habría de tener relación con las fuerzas políticas en liza «a los efectos de ordenar su propaganda y evitar actos coincidentes siempre peligrosos», pero una relación de perfecta objetividad «olvidando de su convicción política partidista y convencido de que de ninguna forma puede servir mejor al régimen republicano… que ofreciendo al término de las elecciones, una conducta perfectamente justa y de intachable imparcialidad». El documento finalizaba con las órdenes concretas que Rico-Avello daba a las autoridades bajo su mando:

«Ofrecer idénticas garantías a todos los partidos políticos para el desarrollo pacífico de su propaganda electoral. Impedir serena y enérgicamente por todos los medios que tenga a su alcance, cuantos actos atenten a la estabilidad, a la autoridad y al respeto que le son debidos al Régimen. No regatear esfuerzo para evitar todo género de coacciones encaminadas a deformar la sincera expresión de la voluntad política del elector. Hacer presente e inculcar el espíritu de estas instrucciones a todos sus subordinados, estimulándoles a que durante este período próximo cuiden con una especialísima atención del cumplimiento de su deber. Se abstendrá V.E. durante el período electoral de enviar Delegados de su autoridad a los Ayuntamientos»⁴³.

Las circulares y decretos citados constituían la trabazón jurídica que ponía en marcha el proceso electoral. Aun así, el gobierno se encontró con bastantes problemas que derivaban de la aplicación combinada de diferentes normativas. El primero fue a cuenta del nuevo censo de electores. Una disposición de la Presidencia del Consejo enunciaba los numerosos casos de duplicación y triplicación de electores en municipios mayores de 20.000 habitantes, esto es, la presencia del mismo elector en los listados de diferentes mesas. La solución estuvo en encargar a los jefes de Estadística dependientes del Instituto Geográfico que los depuraran con celeridad. Otro Decreto de Presidencia reiteró que las elecciones se celebrasen con el censo de Azaña aun cuando no se ajustaba del todo a la legalidad porque había incluido a los avecindados durante un año en un municipio cuando la ley vigente disponía que figuraran sólo los que fuesen vecinos durante dos. Como la norma de 1907 no había sido derogada en este punto, el censo era defectuoso y esto explicaba las abundantes duplicaciones y triplicaciones que se hallaron⁴⁴.

Por otra parte, para incentivar la participación electoral, el gobierno anunció que se habilitarían nuevas formas de identificación de los votantes que habrían de agregarse a las vigentes en virtud de la Ley de 1907. En efecto, además, de las cédulas personales expedidas por el Ministerio de Hacienda o de los testimonios contrastados de testigos presentes, como era ya costumbre, la identidad de elector podría validarse a partir de cualquier «acta o informaciones notariales de conocimiento, pasaportes expedidos por los Gobiernos civiles, documentos militares y cualesquiera otros en general autorizados por los funcionarios depositarios de la fe pública, judicial, extrajudicial, municipal y universitaria». En otra disposición, el ministro advirtió, además, que las vacantes en la segunda vuelta estarían sujetas al principio de voto restringido según la escala establecida en el Decreto de 1931. Así, por ejemplo, si en una circunscripción quedasen dos vacantes, el elector sólo podría votar un candidato, si tres vacantes, dos candidatos, si cuatro, tres candidatos, etcétera⁴⁵.

Las elecciones de 1933 quedarían, por tanto, sujetas a una normativa profusa, confusa y con lagunas, algunas graves, que la casuística y las interpretaciones ad hoc del gobierno hubieron de tapar sobre la marcha. No cabe duda de que ello se había debido, sobre todo, a la falta de interés de los gobiernos republicanos en confeccionar una ley electoral completa. Parcheos legales aparte, las normas emanadas del gobierno Martínez Barrio consagraban una política de neutralidad gubernamental, la misma que venía afianzándose, con alguna excepción, desde principios de siglo. En realidad, las disposiciones no resultaban en sí demasiado novedosas, exceptuando quizás el intenso protagonismo de los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia en el proceso electoral. La importancia no estribaba tanto en las normas, sino en la capacidad e interés del gobierno por hacerlas cumplir en todas partes por igual. Aunque la neutralidad del ejecutivo constituía un valor en sí misma porque significaba que los resultados reflejarían los deseos de los votantes, no bastaba para garantizar la limpieza electoral.

La gran novedad en 1933 fue la desaparición de cualquier forma de encasillado como factor de limitación de la competencia, producto de la frustración definitiva de la unidad de acción republicano-socialista. Pero la garantía para hacer efectiva la neutralidad gubernativa también consistía en la capacidad que demostrase el gobierno central de limitar la intervención de los gobernadores civiles y autoridades subalternas en el proceso electoral y, sobre todo, de hacerse obedecer pasando por encima de los requerimientos de los distintos partidos y candidaturas. ¿Cómo podría hacer esto un gobierno demasiado plural, de escasa relevancia política, y con fecha de caducidad, en tanto que sólo habría de durar lo que el proceso electoral? ¿No cabía la posibilidad de que un gobernador civil o delegado radical, por ejemplo, obedeciese las instrucciones de Lerroux o de sus jefes provinciales antes que las del gobierno, contando con que una victoria de su partido haría olvidar las extralimitaciones?

¹ Los artículos citados, en TIERNO (1972: 188, 190-191 y 195).

² CAPEL (1992: 83-145) y VILLALAÍN (2000: 57-76).

³ Castrovido, Álvarez-Buylla y Galarza, en DSC (1 de octubre de 1931: 1357 y 1362-1363). Consecuencias del debate en la «cuestión religiosa», en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 173-191).

⁴ Debate, en DSC (1 de diciembre de 1931: 2736-2752).

⁵ Vidarte, en DSC (1 de octubre de 1931: 1350-1351) y VIDARTE (1978: 42).

⁶ Gaceta de Madrid, 28 de enero de 1932.

⁷ DSC (26 de enero de 1932: 3402).

⁸ Aprobación y rauda aplicación de estas leyes, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 218-234 y 238-279).

⁹ Debate, en DSC (8 de septiembre de 1932: 8696-8700).

¹⁰ El debate, en DSC (20 de diciembre de 1932: 10507-10517). Obstrucción, en CAMPOAMOR (2001: 185).

¹¹ El proyecto del gobierno, en DSC (ap. 2 al núm. 349). El de la Comisión, en DSC (ap. 8 al núm. 361).

¹² Las intervenciones de Picallo, Gil-Robles, Campañá y Ossorio, en DSC (4 de julio de 1933: 13804-13805, 13810-13811 y 13813-13815). La del jefe del Estado, en ALCALÁ-ZAMORA (1977: 243) y AZAÑA (1997: 388).

¹³ Intervención de Rojo, y enmiendas de radicales y socialistas, en DSC (5 de julio de 1933: 13851 y 13860-13871). Rebaja del quórum, en DSC (6 de julio de 1933: 13892-13894). Protestas de la oposición, en ibídem: 13896-13904).

¹⁴ DSC (6 de julio de 1933: 13904-13911).

¹⁵ DSC (6 de julio de 1933: 13911-13914).

¹⁶ Nuevo proyecto y voto particular del PRR, en DSC (ap. 3 al núm. 372). Discusión, en DSC (19 de julio de 1933: 14223-14231).

¹⁷ Campañá, en DSC (19 de julio de 1933: 14232-14236). Aprobación, en DSC (20 de julio de 1933: 14295).

¹⁸ ÁLVAREZ TARDÍO (2003: 203-205), FERNÁNDEZ SARASOLA (2009: 253).

¹⁹ El sistema de partidos de los treinta ha sido caracterizado por LINZ (1979: 171-180) como de «multipartidismo extremo» o, caso de JULIÁ (1995: 138-139), se ha negado que constituyera un sistema.

²⁰ Contexto, en AVILÉS (2006: 260-273) y PAYNE (2005: 65-66). Elecciones al TGC y resultados, en RUIZ LAPEÑA (1982: 189 y 192-194) y ESPÍN (1980: 105).

²¹ DSC (6 de septiembre de 1933: 15316-15324).

²² Alcalá-Zamora y el gabinete Azaña, en DSC (2 de octubre de 1933: 15401 y 15408). Detalles de la formación del nuevo gobierno, en LERROUX (1937: 152-154) y ALCALÁ-ZAMORA (1977: 244). Dificultades de los republicanos de izquierda con Lerroux, en DOMINGO (1935: 28-30).

²³ Feced, en AZAÑA (1997: 188) y GIL-ROBLES (1998: 181).

²⁴ Gabinete Lerroux, en VILLA (2007: 31-32). Radicales-socialistas, en AVILÉS (2006: 280) y ÁLVAREZ TARDÍO (2010).

²⁵ Prieto, en DSC (2 de octubre de 1933: 15401). Largo, en FUENTES (2005: 225-232). Las malas relaciones por «abajo» entre socialistas y republicanos de izquierda, en JULIÁ (2000: 169), MACARRO (1995: 152-160) y CONTRERAS (1981: 247-262).

²⁶ DSC (2 de octubre de 1933: 15391-15398).

²⁷ Ibídem: 15398-15405.

²⁸ Ibídem: 15417.

²⁹ Lerroux, en MARTÍNEZ BARRIO (1983: 191) y TOWNSON (2002: 219-221). Azaña, en AVILÉS (2006: 287-289) y AZAÑA (1997: 403).

³⁰ Selección de los ministros sin contar con los partidos (Ríos, Domingo, Albornoz y Franchy), en AZAÑA (1997: 359-360). Críticas a la ley de términos del PRRS, en DSC (24 de julio de 1933: 14084), y de Prieto, en DSC (3 de noviembre de 1932: 9258). Suspensiones de la ley de términos, en DSC (3 de mayo de 1932: 5328) (13 de mayo de 1932: 5570) y (9 de febrero de 1933: 11068).

³¹ Sbert y Gil-Robles, en DSC (3 de octubre de 1933: 15421-15424). Santaló, en HURTADO (1968: 221).

³² DSC (3 de octubre de 1933: 15424-15429).

³³ Ibídem: 15429-15432.

³⁴ Ibídem: 15432-15433. Que Besteiro actuó al margen del reglamento, en ALCALÁ-ZAMORA (1977: 244).

³⁵ DSC (3 de octubre de 1933: 15433-15441). Análisis del «voto de desconfianza», en TOMÁS (1981: 3-5).

³⁶ DSC (3 de octubre de 1933: 15442-15447). Martínez Barrio, en LERROUX (1937: 160).

³⁷ Gestiones, en ALCALÁ-ZAMORA (1977: 246-247), MARTÍNEZ BARRIO (1983: 199-200) y AZAÑA (2000: 1012). Sánchez-Román, también en El Sol, 12 de noviembre de 1933.

³⁸ Versiones contradictorias del «permiso» del líder radical a su lugarteniente, en LERROUX (1937: 164) y JALÓN (1973: 74). Gestiones de Martínez Barrio, en TOWNSON (2002: 221) y AZAÑA (2000: 1012).

³⁹ Gaceta de Madrid, 10 de octubre de 1933. Palomo y Sánchez-Albornoz, en El Socialista, 10 de octubre de 1933.

⁴⁰ Gaceta de Madrid, 14 y 20 de octubre de 1933.

⁴¹ Ibídem, 20 y 21 de octubre de 1933.

⁴² Gaceta de Madrid, 21 de octubre de 1933.

⁴³ Archivo Histórico Nacional (AHN) (Gobernación), Serie A, leg. 31, exp. 3.

⁴⁴ Gaceta de Madrid, 22 y 26 de octubre de 1933.

⁴⁵ Ibídem, 20 de octubre, y 14 de noviembre de 1933.

CAPÍTULO 4

CANDIDATURAS Y CANDIDATOS

Impedimentos legales

La legislación electoral vigente, básicamente la de 1907, era abierta y flexible a la hora de permitir la concurrencia de candidatos. En principio, todo español, hombre y mujer, mayor de veintitrés años podía presentarse a las elecciones sin limitaciones de ningún tipo. Eran a posteriori las Cortes las que decidían si el candidato electo era admitido como diputado o si, por el contrario, había incurrido en alguna incompatibilidad o incapacitación que lo impedía. La flexibilidad de la ley española era incluso mayor que, por ejemplo, la británica. Esta última exigía como requisito previo firmas de electores del distrito por el que se presentaba, y hasta penalizaba con una multa de 150 libras al candidato que no demostrase arraigo obteniendo, al menos, la octava parte de los sufragios escrutados¹.

En España, la norma distinguía entre dos tipos de candidatos: los proclamados por las Juntas Provinciales del Censo, y los que no lo eran. La proclamación no constituía un requisito obligatorio, por lo que la elección de un candidato no proclamado era tan legal y auténtica como la de uno proclamado. Por tanto, se daba la circunstancia de que en España, antes de la Guerra Civil, un candidato podía serlo sin tener que dar cuenta al gobierno, a diferencia de lo que ocurre hoy día. Tampoco existía un plazo establecido para la presentación de candidaturas, como actualmente lo hay. Un aspirante podía concurrir a la elección aunque hubiera dado a conocer su candidatura horas antes de que comenzara la votación.

No obstante, casi todos los candidatos que concurrieron en 1933, al igual que en comicios anteriores, prefirieron pasar por el filtro de la proclamación. El acto se celebraba el domingo anterior al de los comicios en la sede de la Junta Provincial del Censo, el organismo neutro encargado de organizar la elección en el territorio de su jurisdicción y de velar por su correcto desarrollo. En virtud de la Ley de 1907, la sede de la Junta era la Sala de la Audiencia Provincial, y en ella la Junta tenía que constituirse en sesión pública a las ocho de la mañana. En 1933 se proclamaban automáticamente los candidatos que hubiesen sido anteriormente diputados a Cortes por la provincia o por algún distrito de ésta. Los que no lo hubieran sido debían ser propuestos por dos exsenadores, dos exdiputados a Cortes, tres exdiputados provinciales o diez concejales de elección popular, todos ellos necesariamente de la misma provincia. Para ello, los interesados o sus apoderados habían de presentar ante la Junta certificaciones o documentos justificativos de su derecho. Si la Junta los apreciaba correctos, expedía a cada candidato una credencial que justificaba su carácter de proclamado. Este requisito tan sencillo estuvo a punto de crear un fuerte conflicto en Albacete, donde los candidatos socialistas presentaron un documento con las firmas de concejales que los proponían sin adjuntar las certificaciones que autentificaban su condición de ediles de elección popular. Después de exponer sus reticencias, la Junta Provincial del Censo acabó aceptando la documentación incompleta de los socialistas, no sin antes sufrir la acusación absurda de estar compuesta por «burgueses reaccionarios» que realizaban maniobras para que ganasen las derechas. He aquí un ejemplo de cómo el error de unos se acababa convirtiendo, por los mismos, en una imputación a las autoridades de favoritismo. No sería la última vez que ocurriera en estas elecciones².

La proclamación permitía al candidato fiscalizar las operaciones electorales personalmente o por medio de interventores y apoderados, a condición de que éstos fueran nombrados, como muy tarde, el jueves anterior al día de las votaciones. Los interventores eran los encargados de vigilar a «pie de urna». Los candidatos podían nombrar, como máximo, dos interventores y dos suplentes de éstos por cada mesa electoral, y su representación se autentificaba por medio de credenciales talonarias firmadas por el candidato, que sus interventores habían de entregar a la mesa. Los apoderados eran representantes del candidato a quiénes éste había dado poder para fiscalizar el proceso dentro y fuera del colegio electoral, por lo que constituían el personal móvil que tan pronto auxiliaba al interventor, como reforzaba la representación de su candidato en un colegio donde hubiera surgido algún problema o vigilaba todo lo que ocurría en derredor. El apoderado estaba autorizado a entrar en el colegio siempre que exhibiera la escritura notarial de sus poderes, expedida también por su candidato.

La diferencia de los candidatos proclamados respecto de los no proclamados, por tanto, se sustanciaba en la posibilidad o no de intervenir en el proceso electoral. Por ello, no sólo la Juntas proclamaban a las personas que de verdad iban a concurrir a los comicios, sino también a un número más elevado de «falsos candidatos», esto es, personalidades con cierto arraigo en la provincia o auxiliares de los verdaderos candidatos para aumentar el contingente de individuos que los inspeccionasen. El «falso candidato» solía tener más facilidades en la práctica que el apoderado para intervenir en la defensa de los derechos de su correligionario. Además, en no pocas ocasiones, los candidatos verdaderos no tenían por sí fuerza suficiente para cubrir de interventores y apoderados una circunscripción tan grande como la provincia o tan poblada como las ciudades de Madrid o Barcelona. Es por lo que recurrían a amigos con una clientela o un grupo de fieles relativamente amplio para que, presentándose como «falsos candidatos», completaran la representación de la candidatura y aseguraran la protección de los derechos de sus potenciales electores.

En ocasiones, también se proclamaban más candidatos de los necesarios en las provincias donde los partidos aún no habían cerrado las candidaturas, pues éstas seguían pendientes de negociación o de completar algún requisito interno de las organizaciones de partido. Por último, también solían proclamarse algunos candidatos extra por si, durante la campaña, algún percance impedía a un candidato titular ser elegido. Aunque, como la no proclamación no imposibilitaba la concurrencia, bastaba con sustituir a un candidato por cualquier otra personalidad que las organizaciones que sustentaban la candidatura considerasen oportuna. Así ocurrió con un candidato sevillano de Acción Popular, Victoriano Valpuesta, que falleció tres días antes de que se celebrasen los comicios y fue sustituido por un correligionario no proclamado, Monge Bernal³.

Dados los condicionamientos legales, puede pensarse que las posibilidades de tener candidatos proclamados sólo estaban al alcance de los grandes partidos. Las formaciones pequeñas o de reciente creación quedarían, de ese modo, en la más absoluta indefensión al no poder acceder a poseer interventores y apoderados. No obstante, un detenido estudio de las fuentes demuestra que, al menos para 1933, no parece que fuera así. El PCE, por ejemplo, tuvo candidatos proclamados en provincias donde no tenía suficientes cargos públicos para avalarlos, la mayoría, y en las pocas que no tuvieron fue porque ni siquiera intentaron buscar ese aval. En Canarias lograron presentar candidatos gracias al apoyo de concejales de distinta significación política, sobre todo socialistas y republicanos de izquierda. En Santander, la lista del PCE venía propuesta por el diputado socialista Bruno Alonso y el de AR Ruiz Rebollo. En Sevilla, Balbontín logró el apoyo del radical Blasco Garzón para proclamar las candidaturas comunistas por la capital y la provincia. En esta misma circunscripción se produjo la paradoja que los concejales de derecha avalaron con su firma la candidatura provincial de los social-revolucionarios ibéricos, de tendencia anarcoide, mientras que en Lérida, exdiputados conservadores sostuvieron la lista del Bloque Obrero y Campesino⁴.

Es cierto que, en algunos casos, este tipo de actitudes obedecía a un cálculo político: el de facilitar que listas más débiles pudieran concurrir en igualdad de condiciones y fragmentar así el voto de un adversario más fuerte. Pero si el «maquiavelismo» constituyera la única explicación, ¿por qué razón los socialistas o las derechas apadrinaron candidaturas minoritarias que competían directamente con ellos, conociendo que esto podía perjudicarles?

En Cádiz, la candidatura comunista cometió el error legal de no pedir a los concejales proponentes poderes para representarlos ante la Junta Provincial, pues como éstos no se encontraban presentes ni habían delegado su representación en otra persona, no había manera de autentificar la documentación aportada por los candidatos. Como la Junta se negó a admitir la proclamación, los concejales de otros partidos de izquierda presentes en la Sala de la Audiencia estimaron conveniente hacer suya la candidatura del PCE con lo que, cumplido el precepto legal, los candidatos comunistas fueron proclamados. Este comportamiento, totalmente contrario a lo que cabría suponer si echáramos mano de la conveniencia política, puede explicarse de otra manera. En parte, respondía a una ley no escrita de fair play en boga en la España de entonces. En cierto modo, no facilitar al rival, sobre todo si éste era más débil, elementos de control de las elecciones, restaba legitimidad al resultado de los comicios a ojos de la opinión pública. A esto se añadía otro factor sentimental: el hecho normal de ayudar a una candidatura de parecida significación ideológica o con la que se tenían algunas concomitancias aunque sólo fuera por el uso público de etiquetas tan ambiguas como «izquierda» y «derecha». En otras palabras, los concejales gaditanos, republicanos de izquierda y socialistas, propusieron la candidatura comunista porque, a pesar de que representaba un potencial rival, compartía con ellos la denominación de «izquierda» y la hostilidad a las candidaturas conservadoras. En definitiva era auxiliar a partidos coyunturalmente rivales pero que, al mismo tiempo, podían ser futuros aliados en siguientes comicios⁵.

Existía otro condicionamiento legal que influía sobremanera a la hora de seleccionar candidatos: las incompatibilidades y las incapacitaciones, que si bien no impedían la presentación del candidato, sí dificultaban su admisión por las Cortes en caso de que hubiera logrado un número de votos suficiente para aspirar el escaño. Por ello, ante el riesgo de perder diputados, los partidos tenían muy en cuenta estos condicionantes a la hora de seleccionar a futuros aspirantes. Conviene aclarar que los conceptos de «incompatibilidad» e «incapacidad» hacían referencia a dos realidades jurídicas distintas. La incompatibilidad estaba relacionada con el desempeño de cargos políticos o empleos administrativos, y con la percepción de premios o retribuciones por concesión gubernamental. Los candidatos en esta situación eran incompatibles con el cargo de legislador no ya por una cuestión de moralidad (el acaparamiento de sueldos y gratificaciones por parte de un individuo), sino porque disminuía la independencia del diputado respecto del gobierno y, por tanto, dañaba la necesaria separación entre el legislativo y el ejecutivo.

Las incompatibilidades estaban reguladas por una ley, promulgada el 7 de abril de 1933. En ella se establecía que el escaño parlamentario era incompatible con cualquier otro cargo de elección popular o en la administración central, regional, provincial o municipal, así como con la «dirección, representación o Administración de los Monopolios del Estado, en las Compañías concesionarias de obras y servicios públicos, sean nacionales, regionales o locales, y en las Mancomunidades hidrográficas u otros servicios autónomos». De éstos sólo se exceptuaban los puestos de ministro y subsecretario, que sí se consideraban compatibles con los de diputado. No obstante, a los comicios generales de 1933 se presentaron varios alcaldes, concejales, y gestores de ayuntamientos y diputaciones, porque para éstos las incompatibilidades no tendrían vigencia hasta el momento en que se celebrasen nuevos comicios municipales y provinciales. La incompatibilidad no implicaba, además, la no admisión automática del diputado. Éste tenía la opción de renunciar al cargo de elección popular o administrativo que estaba desempeñando, y quedar en situación de excedencia forzosa. Si optaba por ello, su admisión quedaba garantizada. La Ley de Incompatibilidades refundía así una profusa normativa que había ido promulgándose desde 1855 para preservar la independencia del poder legislativo⁶.

Mucho más serias eran las incapacidades, pues suponían la no admisión automática de un candidato electo en las Cortes. Éstas venían claramente expuestas en el artículo 7 de la Ley de 1907. Estaban incapacitados los candidatos que hubiesen sido condenados por sentencia firme a penas de reclusión o inhabilitación y no las hubieran cumplido, los concursados o quebrados no rehabilitados, los deudores de fondos públicos, los acogidos en un establecimiento benéfico y los autorizados para implorar la caridad pública. Además, tampoco podían ser admitidos los contratistas de obras o servicios que se costeasen con fondos públicos, y los que a cuenta de esas actividades tuviesen planteados pleitos pendientes con el Estado, aunque en estos casos la incapacidad subsistía sólo en la circunscripción electoral donde la contrata estuviera en vigor.

También estaban incapacitados los funcionarios judiciales y fiscales, y parcialmente los que hubieran desempeñado, con menos de doce meses de antelación a los comicios, empleos, cargos o comisiones de nombramiento gubernamental o de elección popular en la circunscripción por la que hubieran sido elegidos. En este último caso, la incapacidad afectaba a los votos obtenidos en el territorio donde hubiera ejercido jurisdicción, que habrían de ser anulados. Si, por ejemplo, uno de los candidatos triunfantes hubiera sido alcalde o concejal en algún municipio de su circunscripción meses antes de los comicios, los sufragios alcanzados en ese lugar se le restaban del total de los obtenidos. Si esta resta no afectaba a su elección, era admitido como diputado, pero si con la merma de esos votos no alcanzaba el escaño, se anulaba su elección⁷.

Estas condiciones afectaron a la confección de muchas candidaturas, sobre todo las de republicanos y socialistas, que eran los que en ese momento acaparaban la parte del león de las prebendas estatales. Para evitar pérdidas de voto sin dejar de contar con los candidatos que eran o habían sido alcaldes y concejales, muchos de éstos fueron recolocados en candidaturas de otras provincias⁸. Además, radicales y republicanos de izquierda contaban con el problema de que, al ostentar el gobierno, tenían a varios de sus potenciales candidatos ejerciendo como gobernadores civiles. La solución estribó en presentarlos por circunscripciones distintas a donde ejercían autoridad, aun a riesgo de que no pudieran participar en la campaña electoral. Claro que esta desventaja venía paliada por el hecho de que los gobernadores solían servir al ejecutivo fuera de sus lugares de origen, por lo que, a diferencia de otros cargos provinciales o municipales, podían presentarse en sus propias circunscripciones. En general, no concurrió más que una quinta parte de los gobernadores en ejercicio, y su encaje en las listas no fue una de las cuestiones prioritarias a las que se enfrentaron sus organizaciones⁹.

En realidad, el problema más espinoso era cómo prescindir de un candidato que tenía tirón electoral en una determinada provincia para encasillarlo en otra donde el valor de su nombre resultaba mucho más relativo. A veces la dificultad era insoluble y por ello se decidía, a pesar de los impedimentos legales, la presencia de alcaldes y concejales en la candidatura de su provincia, confiando en que conseguiría un número suficiente de votos para ser elegido aun descontándoseles los de su localidad de origen. Y si esto no era así, se buscaba al menos que su nombre tirara de otros candidatos menos conocidos y, con algo de suerte, se consiguiera algún escaño. En general, la necesidad de hacer abstracción de las incapacidades solía darse en provincias donde un partido tenía poca fuerza y, por tanto, escasos candidatos carismáticos que presentar, o bien en circunscripciones con fuerte competencia, en las que debía ponerse «toda la carne en el asador»¹⁰. De todas formas, a pesar de los escasos datos biográficos que se poseen de los candidatos, los «incapacitados» representaron un porcentaje bajo, ya que constituían un perjuicio potencial para su partido. Conscientes de ello, los organismos nacionales hicieron todo lo posible para depurar de «incapacitados» las candidaturas enviadas por los mismos comités provinciales.

Las derechas no tenían esos problemas, ya que sus figuras representativas estaban mayoritariamente apartadas de las instituciones de gobierno local y provincial. No obstante, las organizaciones provinciales incluyeron, con la venia del Comité de Enlace de la Unión de Derechas, algunos candidatos que estaban a priori incapacitados bien por cumplir pena de cárcel (Sanjurjo), bien por estar reclamados por el Comité de Responsabilidades de las Cortes (Calvo Sotelo, Guadalhorce o March). Del mismo modo, el PCE presentó a presos como Bolívar, encarcelado por su participación en el levantamiento comunista de Villa de Don Fadrique (Toledo) en 1932, o Eguilazo, condenado a cuatro años de cárcel por haber perpetrado actividades similares en Alcalá de Henares. Además, el PCE y el PSOE incluyeron en sus candidaturas tinerfeñas a Fernando Ascanio, militante socialista de La Gomera que estaba en la cárcel por su implicación en el asesinato de tres guardias civiles durante una huelga.

En principio, sacar un candidato triunfante que tuviese problemas con la justicia podía no ser nada beneficioso, pues era probable que las Cortes no se aviniesen a convivir con el aspirante y le negaran su admisión. No obstante, si el candidato estaba en prisión preventiva a la espera de juicio, esto es, no condenado aún por sentencia firme, su acceso a la Cámara era inapelable y habría de decretarse su libertad inmediata. Ésta parece ser la razón fundamental de la inclusión en las listas electorales de Bolívar, Ascanio y March (hasta su fuga). El caso de los restantes candidatos conservadores era diferente, en la medida en que ya habían sido condenados, por lo que, aun triunfando, no podrían ocupar el escaño. Sus correligionarios, sin embargo, estaban persuadidos de que el gobierno Lerroux iba a promover una ley de amnistía, algo que volatilizaría las incapacidades.

Por otra parte, la presentación de este tipo de candidatos suponía un desafío a la legalidad vigente, o a lo que estos partidos podían considerar injusto de esa legalidad, y al mismo tiempo una identificación con las ideas y actos de los patrocinados, que solían disfrutar de fuerte popularidad entre sus correligionarios y afines. Los casos de Bolívar, Eguilazo y Ascanio constituían una justificación del insurreccionalismo de «clase» y del empleo de métodos violentos bien para derribar el orden establecido (Bolívar y Eguilazo), bien para la resolución de problemas laborales (Ascanio). El caso de Sanjurjo resulta bastante parecido al de Bolívar, pero de significación política contraria. Sea cual fuere el motivo de la confusa insurrección de agosto de 1932, el uso de métodos ilegales y violentos era manifiesta, con el agravante de utilizar su puesto para sublevar a funcionarios del Estado contra ese mismo Estado.

Sin embargo, la cosa era distinta con Calvo Sotelo, Guadalhorce y March, quienes constituían bazas electoralmente importantes para las derechas. A diferencia de Sanjurjo, aquéllos se habían visto obligados a exiliarse por la persecución política que contra ellos habían desatado los gobiernos republicanos. Los dos primeros habían sido ministros con la Dictadura de Primo de Rivera, mientras que el empresario mallorquín se había sometido a la Comisión de Responsabilidades de las Cortes, había estado más de un año en prisión a instancias de ésta sin que se sustanciara nada sólido contra él y, finalmente, había optado por fugarse el 4 de noviembre de 1933 de la cárcel de Alcalá de Henares. A la relativa popularidad, reconocida mucho más allá del reducido ámbito de sus correligionarios, de Calvo Sotelo y Guadalhorce por su gestión ministerial y March por su actividad empresarial, unieron la simpatía de los que consideraban injustificable su persecución. Esta opinión fue además, in crescendo conforme aumentaba la antipatía hacia el gabinete Azaña en sectores importantes del electorado. Sólo así puede explicarse, por ejemplo, que en las elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales, los Colegios de Abogados, vanguardia tres años antes de la lucha contra la Monarquía, aupasen a Calvo Sotelo a una vocalía. Parecida situación era la de March, quien salió elegido vocal de Baleares con una gran diferencia de votos sobre sus rivales, y eso que no pudo hacer campaña al encontrarse en ese momento encarcelado.

Por todo ello, Calvo Sotelo, March y Guadalhorce eran en sus circunscripciones nombres con tirón electoral suficiente no sólo para coadyuvar de forma decisiva al triunfo final, sino para ayudar a compañeros, menos conocidos, a hacerse con sus escaños. Calvo Sotelo se presentó en la lista más simbólica de la Unión de Derechas, la de Madrid capital, junto con otros líderes conservadores como Gil-Robles, Goicoechea y Royo-Villanova, además, de en las de Orense y La Coruña. El conde de Guadalhorce, ingeniero sevillano ennoblecido por Alfonso XIII, fue presentado por Zaragoza capital como contrafigura de Azaña, Albornoz y Prieto, a los que entonces se acusaba allí de haberse desentendido de los intereses de la provincia por haber suprimido la Academia General Militar y la Confederación Hidrográfica del Ebro, esta última, creación precisamente de Guadalhorce. Por último, March fue el candidato alrededor del que se conformó la candidatura de las derechas de Baleares¹¹.

La selección de candidatos

Los casos anteriores resultaron excepcionales. En general, los candidatos que se presentaron a la lucha en 1933 eran personas en pleno disfrute de sus derechos. Era natural, dado que los partidos competían por acaparar el mayor número de escaños posible con sujeción a la Ley Electoral. Pero, ¿cómo eran seleccionados estos candidatos? ¿En virtud de qué reglas internas y respondiendo a qué intereses? En resumen, ¿cuáles eran los criterios de los partidos al conformar las «listas»?

El sistema electoral español de entonces no reconocía formalmente la «lista». En la legislación no hay referencia alguna a la candidatura plurinominal o a los partidos políticos. Sólo se centraba en la figura del candidato como entidad individual. Si esto no puede resultar extraño en una ley como la de 1907, que descansaba mayoritariamente en el distrito uninominal, no obstante esta omisión resulta un tanto desconcertante en la normativa republicana. Más aún si se tiene en cuenta que el Reglamento de la Cámara aprobado durante las Constituyentes reconocía ya, en su Título III, los «partidos» y las «agrupaciones», aunque con fines estrictamente parlamentarios¹². De todas formas, las candidaturas existieron en la práctica al amparo de las circunscripciones provinciales. Las organizaciones políticas se animaron a presentar a varios aspirantes a diputado que actuaban de forma mancomunada, puesto que los apoyos de unos podían repercutir en la elección de todos, a diferencia del individualismo que destilaba el distrito uninominal.

Los comicios de 1931 comenzaron este proceso de adaptación de las organizaciones políticas a las nuevas reglas electorales, y los de 1933 significaron un paso más en este proceso. En lo que a la formación de las candidaturas se refiere, como en toda transición, existieron elementos completamente novedosos conviviendo con otros heredados de la «vieja política» que luchaban desesperadamente por sobrevivir y adaptarse a un medio hostil. Esto es, candidatos de partido seleccionados por los organismos competentes de sus formaciones políticas tal y como se establecía en sus propios reglamentos internos, y notabilidades independientes que concurrían como candidatos por sus propios medios y en ningún caso sometidos a las estructuras de partido. No es que las notabilidades se mantuvieran al margen de los partidos: la mayoría abrumadora de las que concurrieron a los comicios de 1933 estaban adscritas a una formación política determinada.

Lo que diferenciaba al candidato de partido de la notabilidad no era ese rasgo, sino su relación con la formación política en la que se había integrado. El candidato de partido debía su nominación, su fuerza y, por tanto, sus posibilidades de obtener el escaño a éste. La relación que mantenía era, por tanto, de total subordinación. La notabilidad, en cambio, poseía fuerzas propias, adheridas antes del ingreso del notable en el partido, que le permitían una relación menos jerárquica con éste. Evidentemente, a mayor capacidad para obtener el escaño por sí mismo, esto es, a mayores fuerzas propias, más diluida y voluntaria era su relación con el partido. Esto era más acusado cuando el notable conseguía hacerse, de hecho, con el dominio de una organización provincial al transformar su añeja red político-clientelar en la sección territorial de una formación política nacional. En este caso, podría decirse que el partido en la provincia era él.

Claro que la prevalencia de los «candidatos de partido» o de las «notabilidades» en 1933 dependía del grado de arraigo y organización de las formaciones políticas españolas. Es decir, si contaban con una organización políticamente extendida a lo largo y ancho del país y con electores fieles a la «marca» y al líder nacional o si, por el contrario, carecían de todo ello. Donde el partido contaba con organización y una masa electoral vinculada ideológicamente, más facilidad tenía para generar candidatos que dependían de él. Si por el contrario carecía de ambos, pues estaba en el inicio de un proceso de estructuración y captación, las notabilidades «fichadas» para hacerlo crecer de forma rápida habrían de tener un peso desproporcionado. Estas variables, junto con el propio contexto político de finales de 1933, son las que hay que tener en cuenta a la hora de comprender el abigarrado proceso de formación de candidaturas. Su complejidad no es más que una apariencia sustentada en el distinto peso de esos factores.

* * *

La publicación de los decretos de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral hizo que la efervescencia política de los corrillos madrileños se extendiese como un reguero de pólvora por todo el país. De inmediato, los parlamentarios se trasladaron a sus circunscripciones para asistir a las reuniones de los comités provinciales de sus respectivos partidos, donde el diputado informaba de la situación política general, mientras que sus correligionarios le exponían a su vez la específica de la provincia. Allí se bosquejaban las perspectivas electorales del partido, la política de alianzas y, sobre todo, se preparaba la convocatoria de un congreso o asamblea provincial, al que habrían de concurrir representaciones de todos los comités locales, para discutir y aprobar la propuesta de candidatura que habría de ser enviada al Comité Nacional. Dependiendo del grado de centralización o, propiamente, de estructuración nacional del partido, prevalecían los criterios de los organismos nacionales o de los provinciales. Si se trataba de partidos nacionales, solía preceder a la marcha de los diputados a sus provincias una reunión del Comité o Junta Nacional para fijar los criterios a que habrían de acomodarse las organizaciones provinciales a la hora de elaborar las candidaturas. En partidos tan poco centralizados como los españoles, estos criterios solían dejar un amplio margen de autonomía a los comités provinciales.

En el caso del PSOE, en 1933 el partido más sólido y mejor estructurado, su Comisión Ejecutiva ratificó el contenido de las circulares enviadas en septiembre para preparar los comicios municipales: la iniciativa de las alianzas la tendrían en todo caso las agrupaciones locales y las federaciones provinciales, reservándose la Comisión la autorización final de todas las que se hiciesen con otras fuerzas políticas y sociales que no fueran la UGT. Esto supuso que no habría un pacto nacional con los republicanos de izquierda. Dirigentes como Largo Caballero pretendían sondear la verdadera fuerza electoral del PSOE que, sustentada en la gran expansión de la UGT entre 1931 y 1933, se había incrementado mucho en buena parte de las circunscripciones del país. La decisión final de la Comisión Ejecutiva de no establecer pactos desde arriba y esperar a ver cuál era la postura a las federaciones provinciales representó un triunfo parcial de los «aislacionistas», porque se conocía que muchas federaciones provinciales deseaban patrocinar listas homogéneas y concurrir a los comicios en solitario. Por si fuera poco, la Comisión Ejecutiva del PSOE limitó aún más las combinaciones electorales al disponer que las federaciones provinciales no pudieran iniciar en ningún caso negociaciones para establecer una coalición. Éstas habían de adoptar una postura pasiva a la espera de que sus socios potenciales, los partidos republicanos de izquierda, les requirieran oficialmente. Bien es cierto que, en la práctica, las federaciones partidarias de una coalición electoral encontraron maneras de eludir su cumplimiento¹³.

La relativa victoria de las posiciones «aislacionistas» en el PSOE dejaba en una postura completamente desairada a los dirigentes de Acción Republicana. Azaña, al colaborar tan destacadamente en la caída del primer gobierno Lerroux, había cegado la vía de un entendimiento electoral nacional entre su partido y el Radical. No obstante, esta alianza continuó siendo reclamada por el sector mayoritario de AR, liderado por el ministro Sánchez-Albornoz, frente al sector más izquierdista representado por los «azañistas» madrileños y las Juventudes del partido, que preferían la coalición con los socialistas. En la Asamblea Nacional que tuvo lugar a mediados de octubre, la ponencia política presentada por Ruiz-Funes, que finalmente sería aprobada, representó a la postre la renuncia a una única política de alianzas, ante la imposibilidad de conciliar ambas tendencias. Los comités provinciales de AR tendrían máxima autonomía para establecer los pactos más convenientes en su circunscripción.

Más peliagudo parecía el horizonte electoral del Partido Radical-Socialista Independiente de Domingo, pues éstos se habían separado del tronco radical-socialista para vincular su suerte a la del PSOE. Sin el apoyo de éste, solamente podría establecer pactos con AR, la Esquerra, los republicanos gallegos y la fracción federal de Franchy Roca. En cuanto al resto de las formaciones republicanas de izquierda, el fraccionamiento atizó la confusión y no ayudó a conformar alianzas nacionales. La Comisión Electoral del Partido Federal abogó en principio por una coalición de todos los republicanos. No obstante, como esto era improbable que se produjese, los federales se dividieron en dos tendencias: la «franchysta», que abogaba por la alianza con socialistas, AR y PRSI; y la «pimargalliana», favorable a la unión con Lerroux. Como no hubo forma de unificarlas, las organizaciones provinciales también acabaron determinando las alianzas por libre. Por si fuera poco, una tercera facción federal nacida de otra escisión anterior, la «barrioberista» (de Eduardo Barriobero), se mostró en principio reticente al establecimiento de alianzas¹⁴.

Los partidos republicanos regionales de centro e izquierda mostraron un grado de coherencia desigual en esta cuestión. En un extremo se encontraba la Esquerra, con una política general de pactos diseñada por Maciá y contraria a la reedición de una amplia coalición de izquierdas. ERC concurrió a los comicios acompañada sólo por organizaciones en proceso de satelización o franca absorción, como la Unión Socialista de Cataluña, El Pacte (facción catalanista del Partido Federal) y la Unió de Rabassaires, y reservó sendos puestos para los fautores de la autonomía catalana: Azaña y Bello. Esta coalición había funcionado bien en los comicios regionales de noviembre de 1932 y se pensaba que un nuevo triunfo reforzaría el proceso de integración de todo el catalanismo de izquierdas en la Esquerra. La postura intransigente de ERC tuvo el efecto de concentrar al resto de partidos republicanos de la región (Acción Catalana Republicana, Partido Nacionalista Republicano de Esquerra, Acción Republicana y Partido Radical-Socialista Independiente) en otra coalición electoral distinta. Los federales de El Pacte y Azaña también se desmarcaron de la Esquerra, aunque una fracción de los primeros y el «azañista» Bello prefirieron permanecer al cobijo de la Generalidad. En Galicia, el ala derecha del Partido Galleguista se impuso y logró articular una política electoral centralizada y aislacionista. Mientras, el Partido Republicano Gallego no consiguió articular una política electoral unitaria por su heterogeneidad ideológica y su débil estructuración, que culminaba en la inexistencia de un claro liderazgo¹⁵.

A la izquierda del PSOE, las pequeñas formaciones obreristas afrontaron los comicios con una política de pactos clara y unitaria. USC ligó su suerte electoral a la de la Esquerra y sorprendentemente no a la de la federación catalana del PSOE, con la que estaba en proceso de fusión. Aquella formación arrastró, además, a la mayoría de los sindicatos adheridos a la UGT en la región, privando a los socialistas catalanes de su base de apoyo principal. El aislamiento de éstos se acreció cuando los organismos nacionales del PSOE reconocieron como suyas las listas de USC y no las de su federación regional, que acabó concurriendo a los comicios en una candidatura disidente.

El Partido Comunista de España fue la formación política que uniformizó con más éxito su política electoral, pues sus comités provinciales estaban controlados por una dirección nacional que, a su vez, era simple ejecutora de las instrucciones del Roman-Sekretariat de la Internacional Comunista. La táctica dictada por Moscú impuso el aislamiento absoluto del PCE respecto a otras fuerzas políticas, ya que no se autorizaron las coaliciones. Sólo se permitió la creación de una «plataforma» para incluir en sus candidaturas a representantes políticos y sindicales de otras formaciones de izquierda captados para la causa de la Komintern.

El BOC también delineó una política electoral coherente. Su líder, Maurín, era partidario de construir un «frente obrero», una coalición de formaciones estrictamente «proletarias» con la única exclusión del PCE, partido con el que el BOC se encontraba en muy malas relaciones. Por ello, invitó a sus potenciales electores a votar a los socialistas en las provincias donde ellos no presentasen candidatura, y negoció exitosamente candidaturas conjuntas con la federación catalana del PSOE¹⁶.

En el Partido Radical, la autonomía de las organizaciones provinciales para determinar el tipo de candidatura y pactar alianzas fue similar a la del PSOE, sólo que la inclinación a concurrir junto a otras fuerzas políticas era mucho más fuerte en los radicales que en los socialistas. La publicación de la convocatoria electoral determinó la rápida constitución de un Comité Electoral Nacional presidido, como no podría ser de otra forma, por Lerroux. Consciente de que el PRR era el polo de atracción de multitud de partidos republicanos menores, el líder radical dispuso que todas las alianzas establecidas en provincias hubieran de ser autorizadas, en última instancia, por este organismo, pero dejó a sus organizaciones amplia libertad de iniciativa para pactar con los otros partidos. Únicamente señaló el límite de las coaliciones por la izquierda (los socialistas) y por la derecha (los monárquicos). En la práctica, Lerroux se limitó, las más de las veces, a bendecir lo realizado por las bases¹⁷.

Gravemente dañado por la escisión «dominguista», los candidatos del Partido Radical-Socialista confiaban que la presencia de Gordón en el gobierno sirviera para anudar un pacto nacional con los radicales. Sin embargo, Lerroux se negó a establecer alianzas globales y como desde el gabinete Martínez Barrio tampoco se hizo nada en este sentido, el Comité Nacional del PRRS se limitó a ratificar la política de alianzas de sus organizaciones provinciales. El único criterio que marcó fue el de señalar a los radicales como los más afines, si bien desautorizó cualquier entrada en coaliciones antimarxistas con candidatos de derecha e, incluso, pidió el voto para los socialistas en caso de que se enfrentasen unos y otros en algunas circunscripciones.

Menos estructurados a nivel nacional que los radicales socialistas estaban los liberales demócratas de Melquíades Álvarez. La Junta Nacional del partido se reunió en Madrid a mediados de octubre para bosquejar una estrategia electoral general. Aunque tampoco hubo lugar a pactos nacionales, el Partido Liberal-Demócrata delegó todos los acuerdos en cuanto a número y designación de candidatos en Melquíades Álvarez, y sólo aconsejó la búsqueda de acuerdos con el Partido Radical¹⁸.

Los partidos que conformaron la antigua Derecha Liberal Republicana, el progresista y el conservador, estaban tan poco estructurados que en realidad fueron las organizaciones provinciales las que decidieron los pactos por sí solas. El Partido Republicano Progresista no era más que una pequeña formación política con alguna base popular en Ciudad Real y Córdoba, y como su jefe nominal, Alcalá-Zamora, no ejercía de tal, la política de alianzas fue definida en sus respectivas áreas de influencia por Cirilo del Río (ministro de Agricultura) y por Fernández Castillejo. En ambos casos, ésta se materializaría en sendos pactos con los radicales. El Partido Republicano Conservador tenía un liderazgo algo más firme en Miguel Maura pero, a la postre, fue poco eficaz. Pues aunque Maura primó el pacto con los radicales y criticó con fuerza a las derechas, varios comités provinciales aprobaron candidaturas conjuntas con éstas sin que nunca llegaran a ser desautorizados. Da la impresión de que la adhesión al líder dentro de estos partidos no pasaba de nominal.

El único pacto nacional que se anudó en estas elecciones fue el de las derechas, abarcando todas las organizaciones adheridas a la Confederación Española de Derechas Autónomas, los tradicionalistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y el confuso mundo ideológico que se escondía detrás de la etiqueta de «agrarios», «monárquicos independientes» o «independientes de derecha», casi todos ellos políticos de las últimas hornadas de la Monarquía liberal y de la Dictadura de Primo de Rivera, o representantes de asociaciones de propietarios agrarios, de patronales industriales y comerciales, y de los sindicatos católicos. En realidad, las derechas no republicanas (tanto monárquicos como posibilistas) habían permanecido unidas en las Cortes constituyentes en la «minoría agraria», a la que se habían acercado los tradicionalistas vascos y navarros después de su ruptura con el PNV. A pesar de las disputas entre posibilistas y monárquicos, todos los grupos conservadores coincidían en la conveniencia de concurrir juntos a los comicios, tal y como lo habían hecho en las elecciones municipales parciales de abril de 1933 y en la de vocales para el Tribunal de Garantías Constitucionales. Eran conscientes de que, presentando candidatura única, lograrían maximizar unos sufragios que presumiblemente superarían con mucho los resultados obtenidos en 1931. Además, las prescripciones de la Ley Electoral, sobre todo el tope del 40 por 100 y la segunda vuelta, habían sido diseñadas contra sus intereses y constituían un poderoso disuasorio contra la fragmentación que reforzó aún más las tendencias «coalicionistas».

De todas formas, los cambios legales no fueron la razón de ser de la coalición conservadora, sino más bien un estado de ánimo proclive a trasplantar a las elecciones la fórmula que parecía haber funcionado en el Parlamento. Presionaban para ello no sólo las organizaciones provinciales de los distintos partidos, sino también los medios de opinión afines a las derechas. El problema al que hubieron de enfrentarse sus dirigentes era la manera de procurar candidaturas conjuntas en todas las circunscripciones del país. El exministro conservador Abilio Calderón pareció encontrar la solución atribuyendo a la minoría agraria la labor de ajuste de las candidaturas, que delegaría en una reducida Comisión Ejecutiva, en calidad de Comité Electoral, cuyos nombres habrían de ser propuestos por los diputados del grupo, y en el que debían estar representadas todas las tendencias políticas que habitaban en su seno. La propuesta de Calderón fue aceptada por los demás líderes y sometida a los comités nacionales de las distintas organizaciones, con respuesta igualmente afirmativa. El 12 de octubre, fecha escogida previamente por su significado españolista, se anunció que el Comité Electoral de las Derechas estaría presidido por Martínez de Velasco, en calidad de líder de la minoría agraria, y formado por siete vocales más: Calderón, Casanueva, Gil-Robles, Lamamié de Clairac, Royo-Villanova y Sáinz Rodríguez. Dada la imposibilidad material de compatibilizar las reuniones con las labores de propaganda, se convino en que cada vocal pudiera nombrar un sustituto aunque éste no perteneciese a la minoría agraria¹⁹.

Sin embargo, el Comité no fue concebido como organismo componedor de candidaturas. Las organizaciones provinciales tendrían plena iniciativa y llevarían el peso de las negociaciones, aunque con la obligación de adecuar su estrategia a la efectiva unificación en una lista de las distintas corrientes conservadoras. Este organismo tampoco funcionó, por defecto, como tribunal de apelación con facultades decisorias, en los casos en que las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas de una circunscripción no llegaran a buen puerto. RE, por boca de Goicoechea, había pedido poderes efectivos para el Comité, pero Gil-Robles se opuso justificándose en que la naturaleza confederal de su formación política hacía muy difícil intervenir en asuntos que eran competencia, en la mayoría de los casos, de las formaciones provinciales y regionales adheridas.

Lo que se conocería finalmente como Comité, no ya electoral, sino «de Enlace de las Fuerzas de Derechas», se concibió como un organismo neutro encargado de salvar las posibles diferencias de las organizaciones provinciales mediante propuestas conjuntas de los líderes de los distintos partidos, de «bendecir» las candidaturas formadas en provincias y de desautorizar a las disidentes. Oficiosamente, el Comité asumió como labor propia la elaboración de la candidatura que simbolizaba con mayor intensidad la unión de las derechas, la de Madrid capital, y acordó sostener a los diputados agrarios que aspirasen a la reelección. Por tanto, este organismo nacional «suprapartidista» no fue ejecutivo, ni limitó la autonomía de las formaciones conservadoras y mucho menos las de sus organizaciones provinciales. Más bien constituyó una entidad de avenencia y de resolución oficiosa de conflictos, que encarnaba un espíritu de colaboración entre las derechas. Fue la voluntad previa de los conservadores de concurrir unidos lo que hizo que un «Comité de Enlace» bastase para cimentar una alianza a escala nacional²⁰.

Los partidos regionales de derechas no entraron oficialmente en esa alianza y, en el caso de Partido Nacionalista Vasco y Unión Democrática de Cataluña, ni tan siquiera oficiosamente. Caso contrario fue el de la Lliga que concertó alianzas con los tradicionalistas en tres circunscripciones catalanas. En las que hubo candidaturas separadas de la Lliga y las derechas (Barcelona capital y Gerona), los partidos monárquicos apoyaron a estas últimas mientras Gil-Robles sostuvo las del partido de Cambó. En cuanto a la confección de sus candidaturas, la Comisión de Acción Política de la Lliga tenía en principio un papel homogeneizador, pero las diferentes alianzas concertadas dejaban entrever el amplio margen de actuación que tuvieron sus organizaciones provinciales. Cambó se mostró remiso a las alianzas con partidos que no pudieran ser absorbidos a corto plazo por la Lliga. El líder regionalista afirmaba, en parte con razón, que las coaliciones desnaturalizaban la significación de los partidos y no siempre eran eficientes a la hora de sumar votos²¹.

Esta postura, respetuosa con la autonomía de las organizaciones provinciales, no se dio en la UDC, cuyo Comité de Gobierno, en el que tenía un papel muy destacado Carrasco Formiguera, trazó nítidamente la política electoral del partido a partir de las conclusiones de su III Congreso Nacional: ninguna connivencia con las derechas españolistas y reedición del pacto con la Lliga de los comicios regionales de noviembre de 1932. No obstante, las negociaciones con Cambó se truncaron y UDC acabó presentándose en solitario por Barcelona capital. El PNV fue la última formación en definir su política electoral, pues no se centró en la campaña electoral hasta después del referéndum estatutario del 5 de noviembre. Lo hizo de forma bastante coherente pese al alto grado de autonomía que tenían sus organizaciones provinciales, que fueron las únicas encargadas de configurar las candidaturas. El PNV concurrió en solitario para capitalizar en exclusiva el fervor autonomista que la campaña del Estatuto había levantado en un sector de la opinión vasca aunque, a nivel particular, los nacionalistas de Álava y Navarra hubieran deseado algún tipo de entendimiento con los tradicionalistas para asegurarse representación parlamentaria. No obstante, los planteamientos «exclusivistas» de vizcaínos y guipuzcoanos frustraron cualquier posibilidad de acuerdo²².

Así pues, los organismos centrales de los partidos condicionaron en bajo grado la iniciativa de las entidades provinciales a la hora de concretar el tipo de candidatura y la política de alianzas. Exceptuando pequeños partidos con planteamientos ideológicos dogmáticos, como el PCE, el BOC o el PG, o formados sobre la base de un acusado liderazgo, como el Partido Liberal-Demócrata, los comités nacionales sólo se reservaron marcar las fronteras que en ningún caso podían cruzar las organizaciones provinciales a la hora de establecer coaliciones y alguna capacidad efectiva de desautorización o rectificación posterior. Ésta fue relativamente débil en partidos de estructuración interna democrática como el PSOE, confederal como la CEDA o inexistente desde una perspectiva vertical como «mauristas» y progresistas; pero resultó más fuerte en partidos de marcado liderazgo como el Radical.

Este estado de cosas respondía, a fin de cuentas, a las tradiciones heredadas de las últimas décadas de la Restauración, en las que la sinceridad del sufragio aumentó a la par que el faccionalismo, esto es, conforme se debilitaba la capacidad de los organismos nacionales de los partidos para imponer sus deseos a los notables locales. Suponía la demostración más palmaria de que la reciente implantación de la circunscripción provincial aún no había tenido tiempo, a la altura de 1933, de modificar las costumbres e incentivar la centralización de las organizaciones de partido en España. No obstante, en los años treinta, la presencia de grandes partidos dejaba entrever que no pasaría mucho tiempo hasta que sus organismos nacionales recuperaran buena parte de las atribuciones en la confección de las candidaturas. El hecho de que éstos ya trazasen instrucciones de obligado cumplimiento, como la amplitud y significación de las alianzas, era el primer paso para revertir las tendencias descentralizadoras en boga desde principios de siglo.

* * *

Pasado el filtro de los organismos nacionales, los comités provinciales de los partidos convocaban a todas las agrupaciones o juntas locales en una asamblea, o hasta congreso, para aprobar la política electoral a seguir en cada una de sus circunscripciones. Lo general era que se reunieran asambleas de compromisarios que acudían a la capital de provincia representando a sus respectivas localidades. En algunos partidos (PSOE o PRSI), si la circunscripción coincidía con un solo municipio, caso de Madrid, eran los afiliados y no los delegados quienes votaban directamente a los candidatos. La convocatoria daba lugar a una primera fase en la que los organismos locales (comités directivos o asambleas de afiliados) se reunían para elegir a los delegados que habrían de representarles, y votar sus propuestas de candidatura y la política de alianzas. Es verdad que, en los partidos estructurados de forma piramidal, las decisiones aisladas de los organismos locales, con ser importantes, no determinaban la configuración final de la candidatura. No obstante, en ocasiones, éstos podían extralimitarse en sus funciones y hasta forzar coaliciones por abajo si las negociaciones entre los comités provinciales no daban los frutos deseados, como ocurrió en Ciudad Real o en Málaga. En una localidad de esta última provincia, Antequera, se celebró una asamblea conjunta de comités locales radicales y agrarios, con representaciones de una veintena de municipios, que aprobó votar una candidatura mixta a pesar de que las secciones provinciales de esas formaciones concurrían a los comicios por separado²³.

En los partidos que, en la práctica, eran coaliciones no jerarquizadas de grupos comarcales y municipales, la decisión de los comités locales ganaba importancia mientras que la labor del comité o asamblea provincial, si llegaba a convocarse, era de ratificación. Caso paradigmático fue el de las derechas gaditanas, pues el ensamblaje de su candidatura se produjo acoplando cuatro candidatos propuestos por el comité electoral de Acción Ciudadana de Cádiz capital, con otros cuatro nombrados por la Unión Ciudadana y Agraria de Jerez de la Frontera. Ambas se adhirieron, además, a una organización provincial creada sólo con fines electorales, Unión Ciudadana y Agraria, que englobaba a todas las derechas de la circunscripción²⁴. No obstante, en Cádiz había todavía una coalición de pequeños partidos comarcales, pero organizados como tales partidos. En otras provincias, lo que existía en realidad eran redes de comités de «amigos políticos» agrupados no en torno a un programa o a unas siglas, sino a un notable. En este caso, los «amigos políticos» sólo ratificaban el apoyo a su líder o si sus intereses no habían estado bien defendidos, aprobaban separarse de él para buscar otro patrón.

La reunión de los delegados de todas las asambleas o comités locales abría la fase de confección de las candidaturas. En primer lugar, sobre todo si eran partidos con poca implantación, la asamblea provincial solía discutir la conveniencia o no de concurrir a los comicios. Puede decirse que, en 1933, las formaciones con un mínimo de arraigo casi siempre probaron suerte, como la gran cantidad de candidaturas y candidatos deja entrever. La existencia de una segunda vuelta incentivaba que todos los partidos pequeños utilizasen la primera para medir sus apoyos, intentar pasar la barrera del 8 por 100 y hacer valer su fuerza para obtener puestos en una candidatura conjunta con formaciones mayores. En ocasiones, sin embargo, los delegados estimaban tan remotas las posibilidades de obtener escaño que directamente decidían ahorrarse el sacrificio que suponía poner en marcha la maquinaria electoral. En este caso, la asamblea provincial pasaba a discutir a qué otro partido afín era conveniente apoyar para que los votos de la organización no se «perdiesen»²⁵. Si no había consenso, lo común era autorizar la publicación de un comunicado en el que se «dejaba en libertad» a sus militantes y electores para sostener la lista que individualmente mejor les pareciese. El «voto en libertad» también solía ser usado por los partidos pequeños como represalia contra las formaciones afines más grandes que no les habían ofrecido un puesto en su candidatura. Sin embargo, ese comportamiento no fue general, al menos en la primera vuelta. Sea como fuere, las decisiones solían tomarse por mayoría de delegados, teniendo en cuenta que, en casi todas las organizaciones, el valor del voto de cada compromisario estaba determinado por el número de afiliados al que representaba.

Si se apostaba por seguir adelante y acudir a la elección, la asamblea pasaba a analizar el grado de arraigo que se poseía en la provincia para determinar el tipo de candidatura que cabía presentar. Cuando la asamblea provincial valoraba positivamente este factor, el resultado solía ser una candidatura cerrada a las mayorías o, incluso, para copar toda la representación. Durante la Segunda República, en ninguna ocasión se dio el caso de que un solo partido acudiese al copo en una provincia, pues ni siquiera partidos como AP o el PSOE tenían fuerza suficiente, aun en sus bastiones, para conseguirlo. Sí que, por el contrario, podían presumir en algunas circunscripciones de poseer apoyos para presentarse en solitario, ganar los comicios, superar el tope del 40 por 100 y hacerse con las mayorías. En este caso, aunque la CEDA y los tradicionalistas cumplían ese requisito en alguna provincia, el pacto nacional de las derechas alejó cualquier perspectiva de candidatura homogénea. Pero esto no ocurrió en otros partidos. El caso más conocido es el PSOE, que concurrió en solitario con una candidatura a las mayorías en 28 de las 57 circunscripciones donde se podía votar más de un candidato. Los radicales hicieron lo propio en doce circunscripciones. En las regiones con un movimiento nacionalista arraigado, como Cataluña y las provincias vascas, también pudo presenciarse este fenómeno. Es más, los radicales tinerfeños y el PNV guipuzcoano concurrieron no ya por las mayorías, sino además, por un escaño de las minorías.

No obstante, la fortaleza de un partido no era el único criterio que sustentaba la presentación de este tipo de candidaturas. Una segunda explicación tiene que ver con lo que los partidos llamaban «recuento de fuerzas», es decir, averiguar, concurriendo a los comicios, de cuántos sufragios se disponía. En general, éste era el modo de proceder de formaciones políticas pequeñas que confiaban en seguir una senda de crecimiento, de progresiva «conquista de la opinión», a medio o largo plazo. Pero también de partidos que contaban con sobrepasar el quórum mínimo del 8 por 100 pues, en caso de segunda vuelta, tenía posibilidades de colocar algún candidato en una candidatura de coalición. Nótese que la fragmentación del panorama político español y los requisitos que establecía la Ley Electoral constituían poderosos incentivos para las segundas rondas. Es cierto que un partido con esas intenciones no necesitaba presentar una candidatura a las mayorías pero la fuerza de una formación minoritaria quedaba mejor demostrada ante sus potenciales socios si era capaz de conseguir un número de sufragios apreciable para todos sus candidatos. Una candidatura «incompleta» o «abierta», además, de constituir un signo de debilidad, revelaba una mixtificación del voto tal que ese partido podía ser acusado de haber recolectado sufragios residuales de otras candidaturas.

Empero, estas dos explicaciones no agotan por completo las razones que un partido podía tener para presentar una candidatura a las mayorías. Habría de acudirse al contexto político de cada provincia para comprender el proceder de algunas asambleas. Por ejemplo, en lo que a los socialistas concierne, el PSOE presentó candidatura cerrada por las mayorías en provincias donde se sabían minoritarios (Ávila, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla capital o Zaragoza capital) porque sus asambleas simplemente apostaron por excluir cualquier entendimiento con los republicanos de izquierda. En cuanto al PCE, no hacía sino seguir fielmente la estrategia «aislacionista» trazada por la Komintern, esto es, la negativa a cualquier pacto con otras fuerzas políticas y la absorción por abajo de la militancia de otros partidos obreros.

En general, las candidaturas cerradas en solitario constituyeron una excepción en estas elecciones. Lo común era que las asambleas provinciales determinaran la conveniencia de buscar alianzas con otras fuerzas políticas o sociales afines, reconociendo así la insuficiencia de los apoyos propios para superar el tope del 40 por 100 establecido por la ley. En el complejo proceso que requería una candidatura conjunta, las asambleas provinciales no eran las entidades más apropiadas para constituirse en interlocutoras de una negociación, por el elevado número de miembros que las componían. De hecho, si se llegaba al acuerdo de establecer una coalición, generalmente las asambleas delegaban esta labor en el comité ejecutivo provincial, o en una Comisión Ejecutiva nombrada ad hoc.

Dependiendo de la circunscripción o del partido, la delegación de competencias en materia electoral podía ser más o menos amplia. Si lo era, se dejaba al órgano ejecutivo decidir sobre el tipo de coalición y candidatura, y hasta el nombre de los candidatos, para lo que se utilizaba la fórmula del «voto de confianza». Se entendía entonces que la labor de la asamblea provincial había finalizado. Si no lo era, la asamblea votaba unas bases en las que se definían las posibles alianzas, el número de puestos y hasta, incluso, el tipo de candidatura, todo esto antes de disolverse. Una vez que se hubiera negociado la coalición, la asamblea provincial habría de volver a reunirse para refrendar los acuerdos y proveer los puestos conseguidos en la candidatura de coalición.

Otra fórmula más original era que la asamblea votase delegar sus competencias en una Comisión mixta en la que hubiese miembros de los diferentes partidos que a nivel de circunscripción habrían de negociar la coalición; o incluso la reunión de los componentes de dos o más asambleas provinciales. Estas dos últimas fórmulas eran las menos utilizadas ya que requerían un grado de afinidad entre partidos muy grande, y sólo ocurrió en las formaciones de derecha y en las republicanas de izquierda. Por otra parte, en la mayoría de los casos, la iniciativa real de la coalición no partía de la asamblea, sino que, previamente, ya habían tenido lugar contactos informales entre los jefes provinciales de los distintos partidos. Aunque para hacer oficial una propuesta de coalición, los comités provinciales necesitaban siempre el acuerdo de las asambleas, ya fuese explícito, sometiendo el resultado de las negociaciones a su deliberación, ya fuese tácito, acudiendo al previo «voto de confianza».

Excepto en casos extremos como el PCE o la CT, la mayoría abrumadora de las candidaturas estaba avalada democráticamente sin que quepa hacer, a bote pronto, diferenciaciones partidarias o ideológicas. Probablemente fueron las del PSOE las que se confeccionaron con más homogeneidad. En este partido, las asambleas provinciales (a veces, congresos extraordinarios) retuvieron siempre la capacidad de autorizar las coaliciones, negarse a pactos y nombrar a los candidatos. Éstos necesariamente tenían que obtener más del 50 por 100 de los votos de los delegados (o de los militantes en circunscripciones como Madrid capital) para lograr ser incluidos en la candidatura. Cuando esto no sucedía y quedaban puestos vacantes, se convocaba una segunda vuelta a la que no concurrían más que los que hubieran quedado por debajo de ese 50 por 100. Los aspirantes que lograban sobrepasarlo a la primera eran proclamados automáticamente.

En general, casi todos los candidatos socialistas recibieron algún tipo de refrendo de este tipo. La existencia de otros que no habían sido elegidos así, una minoría, se debió a cambios de última hora realizados en las candidaturas a petición de la Comisión Ejecutiva Nacional. Sobre todo se debió a la «incapacidad» legal de un candidato o para evitar que éste fuese propuesto repetidas veces en distintas circunscripciones, otra de las consecuencias de la conformación descentralizada de las candidaturas. Aunque la Comisión se limitó casi siempre a ratificar las candidaturas votadas por las asambleas provinciales, también intervino en algunas provincias en las que se había dado algún tipo de irregularidad. Por ejemplo, anuló la antevotación de Ciudad Real ante las protestas de varias agrupaciones locales de la UGT. También frenó en seco el intento de los socialistas en Oviedo, Sevilla y Logroño de pactar una alianza con el PCE, con el que las relaciones eran muy tensas a nivel nacional. Además, se inmiscuyó también, a petición de las asambleas provinciales, en casos excepcionalmente difíciles como el de dirimir los empates en las elecciones internas, caso de Huelva, que se resolvió a favor de Ramos Oliveira²⁶.

El proceso de formación de candidaturas y la discusión de las alianzas no excluía momentos de tensión. De hecho, el PSOE no estuvo exento de problemas internos, muchos de ellos provocados por la intervención de sociedades obreras afectas a la UGT. De todas formas, los socialistas demostraron la solidez de su formación política saliendo airosos de estos conflictos, sin experimentar escisiones que dañasen sus posibilidades electorales. Sólo en Almería la conformación de la candidatura socialista fue tan difícil que el proceso no se finiquitó, al margen de la asamblea provincial, hasta dos días antes de los comicios. Cierto que en Cáceres se presentaron en otra candidatura algunos socialistas disidentes, pero apoyados sólo por dos sociedades obreras en toda la provincia y, por tanto, con poca capacidad de distraer votos a la candidatura oficial. Disidencias individuales fueron las de los exdiputados Olmedo (Sevilla) y Algora (Zaragoza), que concurrieron contra sus antiguos compañeros²⁷.

Si racionalizar el proceso de confección de las candidaturas socialistas resulta relativamente fácil por homogénea, lo contrario cabe decir del abigarrado mosaico del republicanismo de izquierda. En general, puede afirmarse que sus asambleas provinciales también tuvieron un protagonismo esencial y directo, y no delegaron demasiado en los comités directivos a la hora de elegir candidatos y conformar pactos. Aun así, las asambleas participaron más en formaciones como el PRRS, que en partidos con un liderazgo marcado como AR o el PRSI. En estos dos últimos, los comités directivos provinciales pudieron realizar ofertas de pacto a partidos afines antes incluso de la convocatoria de la asamblea (Madrid, Alicante o Zaragoza). También podía darse el caso de que la autoridad de la asamblea provincial viniese desdibujada por notabilidades, algunas de ellas tan importantes que personificaran al partido. En Ávila, el peso de Sánchez-Albornoz en AR era tal que la asamblea no hizo más que ratificar la candidatura que propuso. Incluso, rememorando los viejos tiempos, el partido podía constituir un conjunto difuso de influencias personales aisladas en las zonas rurales, combinado con una maquinaria de captación de voto relativamente estructurada en la capital. En estos casos, la asamblea tendía más a confirmar candidatos que a elegir, como de hecho ocurrió en la del PRG de La Coruña²⁸.

Aunque tampoco era lo común, las organizaciones provinciales de los partidos republicanos de izquierda no se mostraron remisas a otorgar «votos de confianza» para la elección de candidatos y para determinar la política de pactos. Éste fue el caso de la Unió de Rabassaires, de AR en Logroño (explicable por el peso de Amós Salvador) o de ERC de Barcelona. La Esquerra tenía, no obstante, un procedimiento específico que le diferenciaba del resto. En este partido lo normal era la conformación de una candidatura pactada por los delegados de cada federación comarcal, que después votaban los militantes de cada sección local del partido. Es decir que, pese a necesitar el refrendo de la militancia, la candidatura se confeccionaba oficialmente de arriba abajo. En fin, en cuanto al modo de proponer y gestionar la coalición, los republicanos de izquierda utilizaron más las comisiones electorales mixtas u otro tipo de fórmulas conjuntas, dada su relativa afinidad. Aun así, cuando existía un desequilibrio de fuerzas entre los partidos afines, la fórmula de dejar puestos a socios potenciales también tuvo lugar, previo acuerdo oficioso de sus directivas (caso de Huesca, Oviedo, Cádiz, Barcelona o Tarragona)²⁹.

En el ámbito del centro, las asambleas provinciales de los partidos progresista y conservador, que constituían casi siempre la formación más débil, solían discutir los ofrecimientos de coalición realizados por afines más fuertes (Albacete o Valencia). Tan sólo en contadas circunscripciones como Córdoba tenían capacidad de iniciativa para plantear alianzas de igual a igual. Esto en el mejor de los casos, porque en otras provincias eran tan débiles que las asambleas optaban por no concurrir y apoyar al partido más afín, o por formar candidaturas abiertas y conceder un voto de confianza a los aspirantes para que establecieran las alianzas que pudieran (Almería o Sevilla). Esa debilidad tendría que haber reforzado la cohesión interna y disuadido las divisiones, y, sin embargo, los conflictos en algunas provincias (Logroño o Valencia) demostraron que no fue así. En cuanto a los liberales demócratas, Melquíades Álvarez asumió en persona la política electoral y en el caso de Oviedo, donde su partido tenía más fuerza, impulsó decisivamente el pacto con AP y hasta seleccionó a los candidatos. La asamblea provincial sólo se limitó a ratificar su criterio con alguna pequeña disensión³⁰.

Sólo el Partido Radical se separó un tanto de éstos para constituir, en lo que a las candidaturas se refiere, un término medio entre la relativa homogeneidad de los socialistas y la relativa heterogeneidad de los republicanos. Los radicales poseían un factor de cohesión que compensaba las deficiencias organizativas en algunas provincias: el fuerte liderazgo de Lerroux. Esto no quiere decir que la elaboración de candidaturas dependiera de los organismos nacionales, pues las asambleas provinciales fueron su foro principal de discusión y aprobación. No obstante, esta autonomía no impedía que las peticiones de los organismos centrales, los que velaban por los intereses generales del partido, pudieran ser atendidas.

En el PRR no fueron comunes los «votos de confianza» de las asambleas a las direcciones provincial y nacional para que determinasen toda la política electoral, aunque alguna vez se concedieron (Tarragona). Sí menudearon «votos de confianza» parciales, reducidos a conceder a la directiva nacional o a la provincial la facultad de completar a su arbitrio alguno de los puestos en la candidatura (Valencia, Castellón, Cáceres y Alicante). Además, al igual que el PSOE, el Comité Nacional del Partido Radical también dirimió casos de empate en los comicios internos (Madrid provincia). En cuanto a las coaliciones, en provincias donde era el partido republicano hegemónico, se limitó a dejar algún puesto en sus candidaturas a partidos afines más pequeños (Valencia o Cádiz). En el resto de las circunscripciones actuaron conforme lo permitía la distribución general de fuerzas y su propio arraigo, es decir, mediante la previa negociación o el ajuste a posteriori de sus candidatos con los de otros partidos cercanos. La excepción fue la candidatura de Madrid capital, pues su confección la asumió personalmente Lerroux con el propósito de elaborar una atractiva plataforma republicana centrista. En Barcelona capital, candidatura que encabezó también Lerroux, el líder radical quiso designar él mismo los candidatos aunque, finalmente, hubo de consensuar la lista con la organización provincial³¹.

El PRR compartía con los socialistas las disputas internas entre los veteranos del partido y los recién llegados tras la proclamación de la República. Éstas solían generar tensiones que afectaban al proceso de confección de las candidaturas. Así, en Zamora la asamblea provincial, contraria a la entrada de Santiago Alba en el partido, había aprobado una candidatura a las minorías que hubo de ser desautorizada por Lerroux. En Almería, otro grupo se escindió tras negarse a aceptar el pacto electoral con los «azañistas». En Logroño, el enconado enfrentamiento entre el ala izquierda (que pretendía pactar con AR) y el ala derecha del partido (que quería hacerlo con los «mauristas») hizo intervenir a Lerroux, quien liquidó el pleito a favor de los segundos. En La Coruña, la designación de candidatos fue tan conflictiva que el ala izquierda del partido acabó integrándose en una coalición con el PRG, mientras que otro sector, acaudillado por Abad Conde, concurrió en una candidatura alternativa con la aquiescencia de Lerroux. Las disputas más graves sucedieron a raíz de los pactos con la derecha en aquellas provincias donde los socialistas tenían arraigo, algo a lo que el sector más izquierdista del partido era frontalmente contrario.

No obstante, conviene subrayar que los acuerdos con agrarios y «cedistas» se hicieron con la mayoritaria avenencia de los dirigentes provinciales y de los delegados de las asambleas (Cáceres, Ciudad Real y Granada), sin que hiciera falta la intervención del Comité Electoral Nacional. No eran los nuevos militantes radicales, «republicanos del 14 de abril» como se les conocía despectivamente, los únicos que defendían la necesidad de unir a todo el centro-derecha contra los socialistas, sino también radicales históricos como Martínez Barrio, Salazar, Vaquero, Hidalgo o Guerra del Río y, desde luego, el propio Lerroux, quien bendijo las que se denominaron «candidaturas antimarxistas»³².

Curiosamente, aunque las derechas lograron concertar un pacto a escala nacional, la elaboración de sus candidaturas presentó una heterogeneidad tan marcada que en ningún caso puede hablarse de un modelo propio y válido para todas las circunscripciones. Esto puede ser explicado por el «confusionismo» organizativo en el que las opciones conservadoras estaban aún sumidas en 1933. Es cierto que, en general, éstas se habían estructurado en diferentes organizaciones políticas, con banderas e idearios propios, pero a nivel provincial y local podían convivir en una sola formación desde carlistas y alfonsinos declarados hasta agrarios y exmiembros de la izquierda liberal. Por otra parte, más allá de la Comunión Tradicionalista y de Acción Popular, la mayoría de los activistas de la derecha se agrupaba en un maremágnum de organizaciones regionales, provinciales, comarcales y hasta locales, diferentes e independientes entre sí, cuyos líderes sólo habían logrado confluir por arriba en la creación de un partido puramente parlamentario, el agrario. De hecho, la CEDA no comenzaría a estructurarse como una organización nacional jerarquizada hasta después de los comicios³³. Más aún, en la confección de las candidaturas de algunas provincias participaron también asociaciones patronales, de propietarios, femeninas y hasta sindicatos católicos, representando a la base social que no estaba encuadrada en partidos, pero sobre la que se sustentaba una parte de los apoyos electorales de la coalición, y que desempeñaban un papel semejante al de la UGT. El único filtro homogeneizador fue la ratificación del Comité de Enlace de las Fuerzas de Derecha.

Tampoco puede afirmarse que un modelo de confección de candidaturas primase sobre otro. En varias provincias (Lugo, Soria, Cáceres, Sevilla, Oviedo, Zamora, Teruel, Melilla, Córdoba…), las asambleas de los partidos retuvieron la concreción de la política electoral, incluso en demarcaciones como Salamanca, donde el liderazgo de Gil-Robles era absorbente. En otros casos como La Coruña, donde la Unión Regional de Derechas era en buena parte un sumando de notabilidades, éstas determinaban las listas y las personas que habrían de ser incluidas atendiendo a su peso en los antiguos distritos. En buena parte de las circunscripciones (Almería, Zaragoza, Toledo, Ciudad Real y Lérida), las organizaciones de derecha utilizaron con profusión la fórmula del «voto de confianza» que traspasaba la responsabilidad de la política electoral desde la asamblea al comité provincial. Podría pensarse que esta profusión denotaba la naturaleza no democrática de las candidaturas de derecha, por cuanto que el papel de los militantes o los delegados de los comités locales aparecía mucho más limitado que, por ejemplo, en los socialistas, republicanos de izquierda y radicales. Pero las fuentes no indican que los «votos de confianza» fueran una simple fórmula para anudar desde arriba una coalición no reclamada por abajo, sino todo lo contrario: un método para llevar a cabo con rapidez la demanda de unidad de los militantes y electores de derecha, esquivando posibles disidencias³⁴.

La única excepción a la regla fue, al igual que en otras formaciones, la candidatura de Madrid capital, de la que se ocupó el Comité de Enlace por considerarse la «lista nacional» por antonomasia. El hecho de que fuera el Comité quien asumiera la tarea no le restó laboriosidad. La cuestión más espinosa radicaba en un posible pacto con los radicales y republicanos de centro dada la fortaleza del socialismo madrileño, postura que defendía Gil-Robles y que impugnaron los representantes monárquicos. Se llegaron a plantear diversas propuestas, como la de una candidatura abierta de las derechas que el votante pudiera acoplar a otra centrista igualmente abierta, pero esta fórmula fue desechada. El criterio de los monárquicos se impuso finalmente aunque, a cambio, Gil-Robles pudo vetar a candidatos vinculados al pronunciamiento de 1932 o a la Dictadura de Primo de Rivera, que fueron pasaportados a otras provincias (Sanjurjo, Delgado Barreto o el fundador de la Falange), o eliminados. Por otra parte, el Comité de Enlace retuvo cierta capacidad para colocar algún candidato, pero siempre con la previa aquiescencia de las organizaciones provinciales, caso de Leopoldo Igual en Teruel o de Delgado Barreto en Santa Cruz de Tenerife³⁵.

Sólo escaparon a este organismo, aunque tampoco faltó su postrera bendición, las alianzas entre las organizaciones conservadoras y los republicanos moderados. Las «coaliciones antimarxistas» se negociaron a escala provincial y por su misma necesidad, habida cuenta de la fuerte demanda de las bases, fueron ratificadas por los organismos nacionales. En estas coaliciones, las derechas hubieron de ceder la primacía a los republicanos moderados para posibilitar la unión, pese a que la distribución previa de fuerzas favorecía en un principio a aquéllas (Cáceres y Oviedo). Sólo en Granada y Jaén el reparto de puestos fue equilibrado, mientras que en Zamora y Tarragona las derechas lograron más. Hasta cierto punto, el desequilibrio de fuerzas a favor de los radicales sí que era real en otros casos como Las Palmas, Badajoz y Albacete. Que estas coaliciones no respondían a un plan preconcebido y ejecutado de arriba abajo lo probó el fracaso de su articulación en varias provincias donde el socialismo también tenía gran fuerza como Madrid, Córdoba, Málaga, Murcia, Huelva o Ciudad Real, aunque en esta última se produjo un entendimiento a última hora entre los dirigentes provinciales del centro y la derecha para votar de forma combinada a candidatos de ambas listas³⁶.

No todo fue armonía y unanimidad en el campo conservador, pues en algunas provincias, las menos, el acuerdo de los distintos partidos fue difícil y en otras ni siquiera se llegó a él. Las motivaciones que existían detrás de estos enfrentamientos casi siempre obedecieron a dos causas: el «menosprecio» o cálculo a la baja de la fuerza potencial de un socio, que se traducía en su exclusión de la candidatura; y la minusvaloración del «cacicato» de un «notable de campanario» que aspiraba a entrar en la lista oficial. El resultado de esto era la presentación de candidaturas alternativas a la oficial para «recontar fuerzas», esto es, para probar el nivel de aceptación del candidato disidente entre el electorado. El Comité de Enlace medió para poner fin a la división de las derechas en algunas provincias, y en una parte apreciable tuvo éxito (Madrid provincia, Murcia provincia, Ávila y Toledo).

No obstante, en otras circunscripciones no hubo posibilidad de avenencia ni aún con su intervención (Burgos, Ceuta, Albacete, Huelva, Baleares, Las Palmas, Guadalajara, Segovia, Soria, Barcelona capital, Gerona, Lugo y Valencia capital). En Burgos, la división llegó a ser profunda, pues la oferta conservadora se dividió en tres candidaturas: la oficial, encabezada por Martínez de Velasco; una «católico-agraria», oficiosamente apoyada por Gil-Robles y Lamamié de Clairac, y otra elegida por un sector del asociacionismo agropecuario que lideraba García Vedoya. Además, en las provincias vascas y Navarra, el divorcio entre la Unión de Derechas y el PNV fue absoluto. En definitiva, eran demasiadas las circunscripciones en las que los conservadores se presentaron cuarteados como para afirmar que su coalición resultara unitaria y compacta, aunque el grado de cohesión que alcanzaron fue sin duda mayor que el de la izquierda o el centro³⁷.

Las candidaturas en presencia

Tan abundantes como las candidaturas cerradas (mono o pluripartidistas) y mucho más que las escasas listas al copo (la derechista en Navarra y la radical-derechista en Las Palmas) y semicopo, fueron las denominadas «abiertas» de las que podemos distinguir tres tipos: la candidatura personal, la candidatura a las minorías y la candidatura abierta plurinominal. Varias eran las razones por las que un individuo, el comité o la asamblea provincial de un partido tomaban la resolución de presentarlas. La candidatura unipersonal basaba su virtualidad en aspirantes con un grado de popularidad tal que la suma de sus propias fuerzas y de los votos de electores ideológicamente afines podía resultar suficiente para lograr el escaño o, al menos, para conseguir el 8 por 100 de los sufragios y pasar a la segunda vuelta. Entiéndase que el cupo de sufragios «afines», es decir, los que no pueden contarse entre los propiamente «adictos» (sus electores incondicionales), se lograba mediante la desviación del voto de otra candidatura mayoritaria, lo más frecuente, o por la combinación de nombres de distintas candidaturas, lo más extraño. Estas candidaturas constituían, probablemente, un vestigio más de comportamientos políticos anteriores a 1923.

En 1933, el número de candidaturas «uninominales» se redujo mucho, aunque el fenómeno persistió en algunas provincias donde existían notables de gran popularidad, como era el caso del liberal demócrata Villalobos en Salamanca. Éste poseía arraigo en el antiguo distrito electoral de Béjar, al que había que sumar la fama que en el resto de la provincia le había granjeado la vasta cantidad de gestiones en Madrid a favor de los intereses generales o particulares de sus paisanos. Además, su carácter centrista le hacía políticamente aceptable para los electores republicanos de izquierda, radicales y «mauristas», que se convertían en potenciales votantes suyos. En este perfil también pueden incluirse otros candidatos como Algora, disidente socialista muy popular en Zaragoza por su denodada oposición al Estatuto de Cataluña. En otras ocasiones, la candidatura personal era fruto no tanto de una iniciativa individual como de la de un partido pequeño, con la pretensión de que los votantes acoplasen en la papeleta a su líder provincial con otros candidatos afines. Éste fue el caso, por ejemplo, del «azañista» Álvarez-Ugena en Toledo. Más aún, muchas de las disidencias que se producían a raíz de la elaboración de las listas generaban candidaturas de tipo personal, pues el aspirante confiaba en que el elector le prefiriese antes que a alguno de los de la lista oficial. Numéricamente, no hubo demasiados candidatos disidentes, pues la mayoría se acabaron retirando antes del día de los comicios, y, desde luego, muy pocos tuvieron capacidad de sumar una cantidad de sufragios significativa para aspirar al escaño³⁸.

La presentación de una candidatura sólo para las minorías suponía el reconocimiento previo de la propia debilidad y, por tanto, de la fortaleza de la (o las) candidatura mayoritaria contraria. Como la lucha de igual a igual podía resultar de todo punto inútil, la aspiración de una candidatura minoritaria se cifraba en conseguir un número de sufragios que la situasen justo detrás de la lista virtualmente vencedora, y obtener así los escaños reservados a las minorías. Para los partidos débiles, u organizaciones caciquiles de restringida influencia, la candidatura a las minorías (y hasta cierto punto la unipersonal) tenía la ventaja de posibilitar pactos parciales, casi siempre restringidos a localidades concretas, con otras fuerzas políticas. Evidentemente, al elector de una candidatura abierta le «sobran» votos, y eran éstos el objeto principal de una negociación que consistía en el intercambio del sufragio sobrante con otros candidatos afines. Un buen ejemplo fue lo sucedido en Zamora, donde la coalición mayoritaria de centro-derecha no planteó una candidatura para copar la representación de toda la provincia porque el agrario Cid deseaba ayudar a Miguel Maura a obtener representación. A cambio, el PRC ajustó sus aspiraciones electorales a los planes de Cid y redujo sus pretensiones a los escaños minoritarios, para que sus electores pudiesen combinar el voto a Maura y a su compañero (González García), con el apoyo a otros dos candidatos «antimarxistas» de su preferencia. Este tipo de entendimientos oficiosos lo intentaron anudar, con mayor o menor fortuna, el PRC en Zaragoza y Almería, AR en Albacete, el PRSI en Zamora y los federales en Santander y Soria³⁹.

Por último, las candidaturas abiertas plurinominales eran las que incluían un número de candidatos superior al cupo de las minorías pero inferior al de las mayorías. Aunque muestran características asimilables a las anteriores, denotaban una fortaleza electoral, por parte del partido que las presentaba, algo más importante. Aun así, no era tan grande como para competir por todos los puestos de la mayoría, por lo que continuaban constituyendo una confesión de debilidad, esto es, de la necesidad que se tenía de intercambiar sufragios con otras candidaturas. En cierto modo, este tipo de listas eran producto del fracaso previo de una coalición, fundamentalmente porque los partidos afines no habían logrado ponerse de acuerdo en el número de puestos que a cada uno le correspondía. El haberse frustrado la negociación de una candidatura pluripartidista tenía dos efectos extremos: o bien la parte más débil se retiraba concediendo «libertad de voto» a sus electores para castigar la intransigencia de sus interlocutores, o bien la parte más fuerte presentaba, por despecho, una candidatura mayoritaria para no compartir sus electores con la candidatura afín más débil, dejándola sin posibilidades de obtener escaños o pasar a segunda vuelta.

Pero entre ambos extremos existían fórmulas intermedias, en las que se reconocía que, aun fracasando el intento de coalición, los partidos necesitaban todavía las fuerzas de sus adversarios más afines. En este contexto era donde aparecían las candidaturas abiertas. Los partidos presentaban una cifra de aspirantes en función del número de escaños que creían merecer, y el elector era el que, mediante la combinación de candidatos de distintas listas, emitía el veredicto final ajustando él mismo en su papeleta las candidaturas que estos partidos habían sido incapaces de fusionar previamente. En estas elecciones, el ejemplo más importante fue el de la nonnata candidatura antimarxista de Ciudad Real. La coalición de derechas, que había presentado una lista mayoritaria, quedó reducida a cinco aspirantes cuatro días antes de los comicios, para que los electores conservadores pudiesen combinar el voto a esta candidatura con la promovida por radicales y progresistas. Algo parecido harían el PRR en Toledo, radicales y «mauristas» en Salamanca, y el PSOE en Guadalajara⁴⁰.

En las elecciones de 1933 existieron, además, candidaturas «oficiosas» promovidas por pequeños partidos, entidades o asociaciones de diferentes tipos, y hasta por rotativos periodísticos. Todas ellas combinaban nombres de varias listas distintas haciendo hincapié en las virtudes personales que adornaban a los candidatos, en la mayor afinidad política con sus patrocinadores o en su posición concreta en alguna cuestión de interés provincial. Así, por ejemplo, el Centro de Actuación Valencianista, una asociación promotora de la autonomía para esta región, confeccionó una candidatura propia mezclando aspirantes de distintas listas que se habían caracterizado por la defensa del ideal. Acción Nacionalista Vasca pidió en Guipúzcoa que sus electores combinasen el nombre de su candidato, Imaz, con los de destacados autonomistas que concurrían en diferentes candidaturas: Leizaola (PNV), Bizcarrondo (AR) y Usabiaga (PRR). El diario barcelonés El Diluvio, tradicional portavoz del federalismo, patrocinó otra candidatura que mezclaba nombres de las listas de ERC y de la Coalición de Izquierdas Catalanas, y añadió además, el de Azaña como reconocimiento a su papel en la consecución del Estatuto⁴¹. No obstante, el carácter extraoficial, y hasta artificial, de estas candidaturas impide tenerlas en cuenta en el recuento final.

CUADRO I

Tipología de candidaturas que concurrieron a los comicios de 1933 (primera vuelta)

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139, y prensa y bibliografía diversa.

El análisis quedaría incompleto si no se cruzara con los datos sobre las alianzas interpartidistas, donde tuvieron lugar. Así, de las organizaciones de izquierda «proletaria», la más interesada en marchar coaligada fue la USC, que no concurrió en solitario en ninguna de las tres circunscripciones por las que se presentó. Su socio principal, por no decir su «protector», fue la Esquerra, aunque también pactó con la fracción federal más nacionalista y, en Barcelona provincia, con el sindicato agrícola de arrendatarios Unió de Rabassaires, afecto a ERC. El BOC fue la segunda fuerza menos reticente a los pactos, pues los estableció en tres de las seis circunscripciones en las que presentó candidatos: Barcelona provincia, Lérida y Tarragona. En las dos primeras circunscripciones, su socio fue el PSOE, y en la última, un disidente del socialismo (Vidiella).

El tercer lugar lo ocupa precisamente el PSOE, que se coaligó con otros partidos en cuatro de cada diez circunscripciones. Sus socios principales fueron los radicales socialistas de Domingo y AR, generalmente en circunscripciones donde la falta de implantación del socialismo hacía aconsejable una alianza. Además, del BOC, los socialistas también establecieron acuerdos con la izquierda «valencianista» (Valencia capital), la Esquerra (Tarragona) y la facción «franchysta» de los federales (Las Palmas, Sevilla provincia y Tarragona). Sorprende, sin embargo, que el PSOE se uniera a los federales «barrioberistas» en Valencia capital, pues éstos eran más afectos a la CNT, y sobre todo al PRRS, poco proclive a los socialistas. No obstante, en las tres provincias en que esto sucedió (Baleares, Logroño y Santa Cruz de Tenerife), la coalición vino impuesta por las adversas circunstancias a las que se enfrentaba toda la izquierda, minoritaria en esas circunscripciones.

Por último, el PCE fue, como era de esperar, la formación obrerista menos receptiva a los pactos, estableciéndolos sólo con organizaciones disidentes del socialismo o con sindicalistas independientes en circunscripciones como Sevilla provincia, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife.

De entre los republicanos de izquierda, la Esquerra fue el partido que más utilizó la fórmula de coalición: en ninguna de las circunscripciones en las que se presentó, lo hizo en solitario. De todas las que estableció, sólo su alianza con AR en Lérida se salió de la norma, porque los «azañistas» se integraron en la Coalición de Izquierdas Catalanas, rival de ERC. En realidad, más que pactar con AR, lo que hizo la Esquerra fue incluir en su candidatura a Bello, uno de los artífices de la autonomía, que no tenía una circunscripción por la que presentarse. Una de las escisiones de la Esquerra, el PNRE, se constituyó en el alma de la Coalición de Izquierdas Catalanas y en las dos circunscripciones en las que se presentó, las de Barcelona capital y provincia, acudió coaligada con los republicanos de izquierda («azañistas», PRSI y federales de El Pacte), y con el centro catalanista (ACR).

En cuanto a los federales «franchystas», acudieron a las alianzas en 15 de las 16 candidaturas que presentaron. En Cataluña, el partido se fragmentó entre los partidarios de acudir junto con ERC y USC, que aportaron candidatos a las listas de Barcelona capital y provincia, Gerona y Tarragona, y los federales de El Pacte, solidarizados con los partidos republicanos excluidos de la alianza anterior. En el resto de España, el «franchysmo» tuvo como socios preferentes al PSOE y, sobre todo, a AR y al PRSI. Con los «azañistas» compartió listas en Córdoba y Guipúzcoa, con los «dominguistas» en Sevilla provincia, y con ambos en Madrid capital y provincia. De todas formas, los federales siempre fueron el socio más débil y, por tanto, los que menos candidatos aportaron.

Entre la mitad y tres cuartas partes de las candidaturas de «azañistas» y «dominguistas» lo fueron de coalición. La relativa moderación de AR y, sobre todo, el pragmatismo de sus secciones provinciales a la hora de alcanzar acuerdos no ya con los socialistas sino también con el centro republicano, situó a este partido como verdadero eje de las alianzas de centro-izquierda. El socio preferente de los «azañistas» lo fue el PRSI y ambos partidos demostraron su relativa afinidad pactando en 19 circunscripciones. En cambio, con el PSOE tan sólo pudo llegar a doce acuerdos. Fue el único partido republicano de izquierda nacional que consiguió pactar una coalición con la Esquerra (Lérida) y con el PRG (Pontevedra). Los acuerdos con los restantes partidos de la izquierda republicana se redujeron a dos con el PNRE, en las circunscripciones barcelonesas, y a uno con los federales «barrioberistas», en Valencia capital. Además, AR supo buscar aliados en el centro sobre todo porque, en algunas provincias, los dirigentes «azañistas» se encontraban más a la derecha que su propio líder. Hasta 20 candidaturas anudaron con los republicanos de centro, teniendo como socio principal a los radicales socialistas de Gordón.

El pacto con los radicales resultó mucho más complicado por la falta de sintonía de las direcciones nacionales, pero en algunas provincias tuvo lugar como trasunto de la fenecida Alianza Republicana. Así, Barcia pactó a título personal con el PRR de Almería. Gabriel Franco se integró en la coalición leonesa de radicales y «gordoncistas». El ministro Sánchez-Albornoz, a su vez, forjó pactos con los radicales en Ávila, donde se incluyó también a un progresista, y Burgos. En esta última provincia, la facción más izquierdista de AR desautorizó la alianza y se integró en otra candidatura con socialistas y PRSI. En Guipúzcoa, rechazada por la asamblea provincial del PSOE cualquier posibilidad de acuerdo, los «azañistas» se incluyeron en la coalición republicana patrocinada por el radical Usabiaga. Además, en Cataluña, AR se alió con el centro catalanista (ACR) en las tres circunscripciones donde funcionó la Coalición de Izquierdas regional; y en Pontevedra no puso reparo alguno a pactar con el Partido Galleguista. Incluso en Jaén, los candidatos «azañistas» figuraron al lado de Maura y del monárquico liberal Anguita.

Esta relativa libertad de movimientos no la podían tener los seguidores de Domingo, muy identificados con el PSOE. Por ello, aunque el PRSI mantuvo un número de alianzas con los republicanos afines y los socialistas semejante a AR, nunca se constituyó, ni pretendió hacerlo, en socio de interés para los republicanos de centro. Así, al lado de las 19 coaliciones con AR, las trece con los socialistas y algunas menores con «franchystas» (Madrid capital y provincia, y Sevilla provincia), «barrioberistas» (La Coruña y Valencia capital) y catalanistas (Barcelona provincia), palidecen las cuatro establecidas solamente con republicanos moderados.

Los restantes partidos de la izquierda republicana fueron, en general, poco o nada receptivos a las alianzas. El PRG representó una posición intermedia al pactar coaliciones en dos de las cuatro circunscripciones por las que se presentó. Bien es cierto que la presencia de Casares Quiroga, fiel colaborador de Azaña, le daba un marchamo izquierdista del que en realidad el PRG carecía. Que pesaba mucho más el elemento centrista lo prueba la falta de pactos con la izquierda (sólo con AR) y su búsqueda de aliados más moderados como los galleguistas en Pontevedra y los radicales y «mauristas» en La Coruña. La facción federal acaudillada por Barriobero era refractaria a los pactos con los restantes partidos, aunque su oposición a Azaña durante el primer bienio y su debilidad electoral tampoco la hacían un socio apetecible. Sólo tres de sus nueve candidaturas lo fueron de coalición: en Valencia capital (con AR, PRSI y PSOE), La Coruña (con PRSI) y Murcia capital (con el PRRS). La Extrema Izquierda Federal, que compartía con la anterior su aspiración de ganar el voto anarquista, se presentó en solitario con una candidatura mayoritaria por Barcelona capital. Por último, la Izquierda Radical-Socialista (IRS) de Botella Asensi, pese a su denominación, orientó sus dos únicas alianzas hacia el centro porque su líder colaboraba como ministro en un gabinete radical. La más importante tuvo lugar en su plaza fuerte, Alicante, donde llegó a un acuerdo con radicales y PRRS, mientras que con estos últimos pactó también en Lugo.

En el espacio de centro, el único partido que contó sus candidaturas por coaliciones fue Acción Catalana Republicana, todas orientadas, además, a los republicanos de izquierda pese a las peticiones de su ala derecha de acordar listas conjuntas con la Lliga. ACR fue, junto con el PNRE, el promotor principal de la Coalición de Izquierdas Catalanas. Claro que su no concurrencia en Lérida y Gerona redujo el campo de acción de esta candidatura sólo a tres circunscripciones en Cataluña. Por otra parte, el ala derecha de los federales, formada por los seguidores de Pi Arsuaga (hijo de Pi i Margall), Hilario-Ayuso y Niembro, se había distinguido siempre por su oposición a la conjunción republicano-socialista y por su afinidad mayor con los radicales. Esto mismo les hacía aparecer, a finales de 1933, como una fuerza política templada, tan antisocialista como antiderechista, y partidaria de la unión de todos los republicanos en torno a Lerroux. Por ello, no era de extrañar que en tres de las cinco candidaturas que presentaron en todo el país, los «pimargallianos» caminaran de la mano del líder radical. Así, Pi Arsuaga fue incluido en la candidatura centrista por Madrid capital, mientras que Niembro acudió por Oviedo en otra lista de similar carácter. El pacto con radicales y «mauristas» se reprodujo también en Valladolid, mientras que en Soria, donde presentó candidatura Hilario-Ayuso, éste aconsejó a sus seguidores la inclusión del aspirante radical en la papeleta de voto⁴².

En proceso aún de consolidación y con la difícil competencia de las derechas, el PRC de Maura buscó aliados en todas las circunscripciones en las que pudo. Participó finalmente en 27 coaliciones y su aliado preferente lo fue el Partido Radical, con el que se coaligó en 19 ocasiones. El PRC alcanzó proporcionalmente menos acuerdos con el resto de fuerzas políticas centristas, con las que rivalizaba a la hora de atraer a los «lerrouxistas». En tres ocasiones pactó con el Partido Federal (Madrid capital, Oviedo y Valladolid), con los liberales demócratas (Madrid capital, Pontevedra y Toledo), con los progresistas (Jaén, León y Madrid capital) y con los radicales socialistas de Gordón (Cádiz, Jaén y Sevilla provincia), y en casi todas ellas gracias a la intermediación de los radicales. Pese a las prevenciones de Maura, las derechas constituyeron su aliado más afín después de los radicales. Y es que los dirigentes provinciales del «maurismo» no sintieron los escrúpulos de su líder: lucharon unidos a candidatos «cedistas», agrarios e independientes de esta significación en ocho circunscripciones, y llegaron a hacerlo incluso con monárquicos y tradicionalistas en Alicante. En Jaén, la fracción mayoritaria de los conservadores se negó en redondo a apoyar una lista republicana en la que estaba el propio Maura, y prefirió concurrir junto con radicales, agrarios y AP en una candidatura «antisocialista».

Similar fue el comportamiento de los liberales demócratas, que tradicionalmente se habían situado a la derecha de los radicales. Este partido poseía mucho menos arraigo que el «maurismo» y, por tanto, la necesidad de acudir a la cita electoral con aliados era aún más perentoria. De las diez candidaturas que presentaron, seis lo fueron de coalición y sólo acudieron aislados en Salamanca (Villalobos), Murcia capital y en las dos circunscripciones sevillanas. Aliados preferentes lo fueron los radicales y el PRC, con los que pactó conjuntamente la mitad de sus listas (Madrid capital, Pontevedra y Toledo). Pero Melquíades Álvarez, responsable último del ajuste de las candidaturas, sintió también la necesidad de llegar a un entendimiento con AP en su feudo de Oviedo, y apadrinó el acoplamiento de un reformista histórico, Arderíus, en la coalición de derechas por Murcia provincia.

Pese a su mayor pujanza, los radicales promovieron numerosas alianzas para reforzar sus posibilidades en aquellas circunscripciones donde su arraigo resultaba más escuálido o donde, sencillamente, el relativo equilibrio con las fuerzas a su izquierda y derecha aconsejaba no dejar perder el puñado de votos que los partidos menores podían aportar. Además, las posibilidades de crecimiento del PRR estaban ligadas a su capacidad de liderar el espacio de centro y, por consiguiente, de «satelizar» a sus potenciales competidores. En total, Lerroux ratificó 35 coaliciones, frente a las 22 ocasiones en las que el PRR acudió a los comicios en solitario. Los radicales pactaron sobre todo con los «mauristas» (19 veces) pero no descuidaron tampoco las relaciones con los que en ese momento eran sus socios gubernamentales. El radical-socialismo de Gordón fue de ellos el más favorecido, con siete candidaturas conjuntas, siguiéndole AR con cinco, los progresistas con cuatro, y los «dominguistas» e IRS con una coalición cada uno. En cuanto a las distintas fracciones federales, los radicales primaron la relación con los moderados «pimargallianos», aunque también trabaron coalición con los «franchystas» en Guipúzcoa. El único fracaso relativo lo constituyó el pacto con los «melquiadistas» que, en un principio, aparentaban ser el partido más afín. Aunque el PRR logró sumar los sufragios reformistas en Madrid capital, Pontevedra y Toledo, no consiguieron atraer para sí sus bastiones (Oviedo, Salamanca y Murcia).

Esta pequeña contrariedad fue compensada por los pingües beneficios que rindieron las coaliciones con las derechas. Para Lerroux, el socialismo era el verdadero enemigo de los radicales, no ya por la moción de desconfianza de principios de octubre, sino por la rivalidad sañuda que venían manteniendo desde finales de 1931. Como también el PSOE era el adversario a batir para las derechas, pronto se vio con claridad que la conjunción de esfuerzos entre el centro y los conservadores en los bastiones socialistas habría de cuajar. Fue así como, para evitar el triunfo del PSOE en primera vuelta, los radicales se unieron a «cedistas», agrarios y/o independientes de derecha (nunca con monárquicos alfonsinos) en Albacete, Badajoz, Cáceres, Granada y Jaén. Además, las buenas relaciones de Guerra del Río con la derecha en Las Palmas, que procedía del antiguo Partido Liberal de la Monarquía, determinaron un entendimiento para copar toda la representación de esta provincia. En Tarragona, los radicales participaron en un frente que incluía a la Lliga y, sorprendentemente, a los tradicionalistas. Por último, Santiago Alba, ahora radical, condujo a sus huestes en Zamora a colaborar con agrarios y «cedistas».

Los pactos con la derecha tuvieron como principal damnificado al radical-socialismo ortodoxo que, débil tras la escisión «dominguista», dependía más que nunca de una estrecha alianza con los radicales para llevar a las Cortes un número apreciable de diputados. No obstante, la negativa de Gordón a compartir cartel con las derechas en algunas provincias⁴³ hizo que las organizaciones del PRR no favorecieran el pacto con los radicales socialistas, demasiado inflexibles para la escasa aportación de fuerzas que realizaban. Fue así como, de 38 listas presentadas, el PRRS sólo pudo anudar alianzas con los radicales en siete.

Tampoco los «gordoncistas» podían esperar mejor trato de los restantes republicanos moderados, al fin y al cabo rivales en su intento de atracción del «lerrouxismo» y, además, con una posición ideológica más conservadora. Así, con los republicanos conservadores sólo marcharon unidos en tres circunscripciones (Cádiz, Jaén y Sevilla provincia), y en dos con los progresistas (Ciudad Real y Jaén). Incómodos y preteridos a su derecha, tampoco encontraron mejor acogida por su izquierda. La postura abiertamente hostil de Gordón hacia el PSOE le había granjeado la antipatía de las organizaciones socialistas. Aun así, pactaron alianzas en tres provincias (Baleares, Logroño y Santa Cruz de Tenerife) donde la pujanza de derechas y radicales obligaba tácticamente a la unión de todo el centro-izquierda. El entendimiento con el PRSI resultaba aún más complicado ya que seguían frescas las disputas que habían culminado en escisión tres meses antes de los comicios. No obstante, aún se logró anudar una candidatura a las minorías por Badajoz.

El socio preferente de los radicales socialistas fue AR y, dentro de ella, los sectores explícitamente peor relacionados con el PSOE. Hasta doce listas pudo confeccionar con los «azañistas», incluida la del feudo de Gordón (León). Las negociaciones con la facción de Botella también resultaron positivas, y lucharon con la IRS en las provincias de Alicante y Lugo. Por último, el PRRS también logró sendos pactos con dos de las tres facciones federales. En Córdoba marcharon unidos con los «franchystas» en una coalición que incluía también a «azañistas» y republicanos agrarios. En el otro gran bastión radical-socialista, Murcia, se aceptó la entrada de un «barrioberista» en la candidatura de la capital.

La pequeña familia progresista hizo todo lo posible para no quedar descolgada de las coaliciones, aunque con desigual fortuna, pues sólo consiguieron unirse a otros partidos en siete de las catorce circunscripciones por las que concurrieron. Como miembros del gobierno, las negociaciones se dirigieron, sobre todo, hacia el Partido Radical, con el que lograron establecer cuatro candidaturas conjuntas en sus principales feudos (Ávila, Ciudad Real, Córdoba y Madrid capital). Además, contactaron exitosamente con sus antiguos correligionarios, los «mauristas», en las provincias de Jaén, León y, de nuevo, Madrid capital. La gran desventaja del PRP, sobre todo para formar parte de las proyectadas candidaturas antimarxistas, fue la indisimulada hostilidad de la CEDA, que los veía como competidores directos por el espacio de centro-derecha en las provincias de Ciudad Real y Córdoba. No sería casualidad que, en ambas provincias, naufragase toda posibilidad de unión en primera vuelta.

En cuanto a los partidos regionales de centro, el Partido Galleguista se mostró reticente a los pactos, mientras que otros simplemente no pudieron establecerlos con los partidos más afines, caso de UDC y ANV. Los galleguistas sólo se coaligaron con los republicanos de centro e izquierda (PRG y AR) en Pontevedra, y lucharon aisladamente en el resto de provincias de su región.

Respecto a las derechas, Acción Popular y el resto de organizaciones afectas a la CEDA prefirieron formar candidaturas con «agrarios» o «independientes de derecha», bastantes de ellos antiguos diputados liberales o conservadores de los Parlamentos monárquicos, antes que con la extrema derecha monárquica. Además, de su afinidad ideológica y táctica, la CEDA se alió con las formaciones más moderadas por el mayor arraigo de sus organizaciones y su claro atractivo a la hora de conseguir nuevos electores. Otra de las ventajas de agrarios e independientes era su flexibilidad y pragmatismo. Éstos facilitaban el contacto de AP con los republicanos moderados y, en las circunscripciones donde resultaba necesario, se allanaban sin problema a coaliciones con éstos. La CEDA extendió el frente de derechas a los republicanos en once provincias ya en la primera vuelta. Con los radicales, AP pactó en Cáceres, Granada y Zamora; con los «mauristas» en Alicante, Ciudad Real, Córdoba y Huelva; con ambos en Badajoz y Jaén; y con los liberales demócratas en Murcia provincia y Oviedo. Más aún, candidatos derechistas titulados como «agrarios» o «independientes» lucharon junto a los «mauristas» en Soria, al PRR en Las Palmas y con ambos en Albacete. A diferencia de alfonsinos y tradicionalistas, la CEDA se negó a presentarse en las provincias catalanas y vascas porque su dirección nacional mantenía entonces buenas relaciones con la Lliga y el PNV.

No obstante, la unión de las derechas se había forjado también gracias a la colaboración de tradicionalistas y Renovación, cuya pujanza era bastante apreciable en algunas provincias. Sobre todo los primeros, con los que la CEDA concurrió en 16 circunscripciones y en algunas, como Burgos, Castellón, Navarra, Santander o Zaragoza provincia, en plano de igualdad o incluso de inferioridad. RE era más débil que los carlistas en adhesión popular, y AP concurrió con aquélla en trece ocasiones. Aun así, los alfonsinos habían logrado integrar a las agrupaciones provinciales de derecha más importantes de Cádiz, Orense y Santander, circunscripciones en las que impusieron su tutela a «cedistas» y tradicionalistas. Por lo demás, los pactos con carlistas y alfonsinos supusieron una hipoteca onerosa para la CEDA porque, a diferencia de agrarios e independientes, estas coaliciones eran generalmente incompatibles con los republicanos moderados. Cierto que en algunas provincias la fortaleza de las derechas era tal que se bastaban consigo mismas para triunfar. Pero el pacto con los monárquicos autoritarios privó a AP de una alianza rentable, en primera vuelta, con los radicales en provincias donde parecía necesario (La Coruña, Lugo, Córdoba, Madrid y Málaga).

El segundo partido nacional más importante de la Unión de Derechas, la Comunión Tradicionalista, compartió candidatura con otros partidos en 25 de las 26 provincias por las que se presentó. Sólo en Álava, donde el cupo de las mayorías se limitaba a un escaño, concurrió en solitario apoyada, eso sí, por el resto de las derechas (salvo el PNV). Además, de la CEDA, su socio preferente fue RE, con el que estableció once acuerdos de coalición, de los que el carlismo fue la fuerza política dominante en Vizcaya provincia y Guipúzcoa. A diferencia de AP, los pactos con «agrarios» e «independientes» fueron numéricamente inferiores, diez con cada grupo, y se realizaron con personalidades marcadamente conservadoras. Sin embargo, la CT no puso dificultad alguna a concertar alianzas con la Lliga, llegándose a un acuerdo en Barcelona provincia, Lérida y Tarragona, e, incluso, algunas juntas provinciales fueron más lejos y autorizaron coaliciones con «mauristas» (Alicante) y radicales (Tarragona).

Renovación Española, el tercer partido nacional de la coalición derechista, orientó sus alianzas, un total de 17, hacia la CEDA y los carlistas, mientras que el número de pactos con las fuerzas agrarias e independientes fue algo inferior (nueve y diez, respectivamente). Además, el partido liderado por Goicoechea fue el principal animador de la lucha electoral contra los regionalistas y nacionalistas de derecha. Promovió candidaturas contra la Lliga y el PNV en sus feudos, pese a que las fuerzas estaban tan equilibradas que esa desunión podría determinar el triunfo de la izquierda. Claro que, como Renovación alegaba, los partidos regionales se habían negado a conceder puestos en sus candidaturas a los monárquicos, que tampoco podían prestar sus votos gratuitamente. En fin, aunque RE siempre se mostró inasequible a cualquier pacto con los republicanos moderados, Goicoechea accedió a que el duque de Canalejas, su candidato en Alicante, luchara junto a un «maurista».

Por último, la derecha vasquista y catalanista adoptó posturas contrapuestas. La Lliga, a pesar de que Cambó no se mostraba muy favorable a las alianzas, se coaligó en cuatro de las cinco circunscripciones catalanas. Su socio preferente fue el tradicionalismo, con el que pactó en tres circunscripciones, e incluyó a un radical y a un independiente en su lista por Tarragona. Por el contrario, el PNV ofreció coaliciones «estatutistas» a diestro y siniestro a una semana de la fecha de los comicios pero, finalmente, tomó la decisión de concurrir en solitario, con el tácito apoyo del PRR en las circunscripciones vizcaínas⁴⁴.

Elecciones competidas

En la noche del lunes 13 de noviembre, el Ministerio de la Gobernación facilitó a la prensa el número total de candidatos proclamados, 2.077, que concurrirían a los comicios. Si había de sumárseles los candidatos auxiliares, la cifra ascendía a 4.748. El PSOE (422), el PCE (250) y el Partido Radical (220), eran las formaciones políticas que más aspirantes habían postulado. No obstante, estos guarismos, con ser verídicos, presentan algunas limitaciones. La más importante es que no reflejaron fielmente la realidad porque hubo candidatos que se retirarían la semana anterior al día de las elecciones y, también, porque no incluían un grupo de candidatos que se presentaron a los comicios sin pasar por el requisito de la proclamación. Otra limitación no desdeñable es que Gobernación clasificó a los candidatos en función de las etiquetas políticas que éstos utilizaron para definir su significación política. Es decir, el Ministerio los catalogó de forma confusa y metodológicamente ineficiente para conocer su verdadera adscripción.

Por ejemplo, se usaron varias denominaciones para las candidaturas del PCE y sucedáneas: «comunistas», «Frente Obrero de Alianza Socialista-Comunista», «Frente Único Revolucionario», «Obrero independiente», etcétera. Este fenómeno ocurrió también con republicanos de izquierda y moderados. Para las del PRR se utilizaron, además, del calificativo usual de «radicales», los de «republicanos independientes», «coalición republicana», «republicanos agrarios», «radicales independientes», «radicales autónomos», «lerrouxistas» y «unión republicana autonomista». La confusión aumentaba más en el campo de las derechas. No hubo sólo candidatos con la denominación de «tradicionalistas», «Renovación Española», «Acción Popular», «CEDA», «agrarios», «Lliga Catalana» o «nacionalistas», sino también «agrarios independientes», «Derecha Regional Agraria», «Unión de Derechas», «independientes», «Centro», «regionalistas», «Derecha de Cataluña», «católicos agrarios», «Acción Rural», «agropecuarios», «Acción Agraria», «agrarios indefinidos», «representación patronal», «Asociación Industria Agricultura», «derechas» y un larguísimo etcétera⁴⁵.

Utilizando las actas de escrutinio de las Juntas Provinciales del Censo y la prensa de la última semana, que concede referencias de los candidatos retirados, y teniendo en cuenta la clasificación por grupos políticos con la que se ha desentrañado la significación de las coaliciones, se ha sintetizado en la medida de lo posible el número de candidatos presentados y su pertenencia política en el siguiente cuadro. Se incluyen en él a los aspirantes que se apartaron del comicio cuarenta y ocho horas antes del día de la elección, porque obtuvieron un número tan significativo de votos que es difícil prescindir de ellos en la exposición final de los resultados. Los candidatos disidentes se suman a las distintas categorías de independientes atendiendo a su ideología.

CUADRO II

Candidatos que concurrieron en los comicios de 1933 por partido o grupo político

Partido o agrupación política

Número de candidatos

Partido Comunista de España (PCE)

317

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

259

Partido Radical Republicano (PRR)

218

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

126

Agrarios e Independientes de Derecha

125

Republicanos Independientes e Independientes de Centro

115

Partido Radical-Socialista Independiente (PRSI)

84

Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS)

75

Acción Republicana (AR)

74

Partido Republicano Conservador (PRC)

68

Comunión Tradicionalista (CT)

38

Izquierda Radical-Socialista (IRS) y Social-Revolucionarios

38

Renovación Española (RE)

38

Bloque Obrero y Campesino (BOC)

35

Lliga de Cataluña

33

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)

28

Independientes de Izquierda

28

Partido Republicano Democrático Federal («barrioberistas»)

19

Partido Republicano Progresista (PRP)

19

Partido Republicano Liberal-Demócrata (PRLD)

18

Acción Catalana Republicana (ACR)

16

Partido Federal («pimargallianos»)

16

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

16

Partido Republicano Gallego (PRG)

16

Extrema Izquierda Federal (EIF)

15

Partido Republicano Federal («franchystas»)

13

Partido Galleguista (PG)

9

Partido Nacionalista Republicano de Esquerra (PNRE)

8

Unión Socialista de Cataluña (USC)

5

Unión Democrática de Cataluña (UDC)

4

Acción Nacionalista Vasca (ANV)

1

Partido Nacionalista Español (PNE)

1

TOTAL DE CANDIDATOS

1.875

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139.

Como puede apreciarse, la presentación de muchos candidatos no tenía por qué ser una muestra de fortaleza de un partido, a pesar de que una formación política no podía alcanzar un número significativo de escaños sin postular una cifra proporcionalmente alta de aspirantes. El número de candidatos representaba, sin más, una consecuencia de dos hechos previamente constatados: primero, la destacada audiencia de un partido en la opinión pública; y, segundo, la capacidad de establecer coaliciones con otros partidos afines. En el caso del PSOE y del PRR fue una combinación de ambos aspectos, y la diferencia numérica que existe a favor de los socialistas era resultado de su menor receptividad a los pactos. Pero es que incluso la cifra de candidatos radicales resulta demasiado elevada en relación con su fuerza real. Sin duda, Lerroux hubiera preferido retirar candidaturas completas, como las de Barcelona capital y provincia (que sumaban entre las dos 25 aspirantes), a condición de llegar a acuerdos para incrustar algún radical en las candidaturas de la Esquerra o de la Lliga.

Si socialistas y radicales representaban un punto intermedio en los que se entrecruzan ambos factores (un peso notable en la opinión pública y una política de alianzas más o menos rígida), el PCE, que fue el partido que más candidatos proclamó, ratifica un extremo de la argumentación. En este caso, la abundancia de listas comunistas no se explica sino por la negativa de esta formación a llegar a acuerdos con otras y, de la misma forma, por su evidente falta de atractivo como aliado potencial de los restantes partidos de izquierda. Sus relaciones eran, en general, malas con los socialistas, peores con los republicanos de izquierda y no precisamente apacibles con el BOC. En este contexto, y sin posibilidades reales de obtener escaños, a los comunistas sólo les quedaba presentar candidaturas propias y recontar sufragios, pues una retirada hubiera supuesto su fagotización.

Caso parecido, aunque no con tanta intensidad, era el de los distintos partidos republicanos de izquierda (PRSI) y centro-izquierda (AR y PRRS), pues éstos lograron establecer pactos en varias circunscripciones. La sobreabundancia de candidatos de esta significación, no obstante, también tuvo que ver con la imposibilidad de llegar a coaliciones efectivas en otras provincias en las que, a buen seguro, hubieran sacrificado listas completas de trece aspirantes, como la de Madrid capital, a condición de obtener plazas en una candidatura de coalición con los socialistas. Incluso hubieran reducido su número de candidatos si hubieran cuajado como mínimo acuerdos entre «azañistas», «dominguistas» y «gordoncistas» para reducir el número de aspirantes republicanos. Como no fue así, concurrieron en 1933 nada menos que 318 candidatos republicanos de izquierda y centro-izquierda, sin contar los de partidos regionales y los diversos candidatos republicanos independientes, la mayoría de ellos con pocas posibilidades de alcanzar el escaño.

En cuanto a los republicanos moderados, reprodujeron este mismo esquema aunque a una escala menor dada la proclividad de los radicales, sus socios preferentes, a incluirlos en sus listas. Aun así, los 105 candidatos que presentaron tampoco reflejan una fuerza que era, con mucho, bastante menor. Por último, en el otro extremo de la balanza, las derechas presentaron, incluyendo disidentes y excluyendo a Lliga y PNV, 328 aspirantes a diputado, una cifra relativamente reducida y que cuadraba mejor con sus posibilidades reales. Este número era producto de incentivar la unidad entre las distintas fracciones y de reducir en lo posible las divisiones y, por tanto, la lucha por un mismo sector del electorado.

Para finalizar, hay de llamar la atención sobre un aspecto crucial: los niveles de competencia. Es evidente que, dado el alto número de candidatos, ésta estaba completamente garantizada en todas las circunscripciones, hasta el punto que la misma intensidad de la campaña dependió, sin duda, de la existencia de esa elevadísima cifra. No obstante, hay que advertir de la desigualdad de oportunidades, creada por las preferencias a priori del mercado receptor (el cuerpo electoral), por las mismas posibilidades de hacer llegar a este mercado el producto (el programa y la candidatura), y hasta por la capacidad de «modificar» a medio camino las reglas que regulaban la oferta y la demanda e intervenir fraudulentamente en el mercado (caso de los candidatos gubernamentales), distorsiona decisivamente el significado de las cifras con las que se puede medir la competencia. Más aún, hay que insistir en que los partidos que concurrieron a los comicios no aspiraron a recibir sufragios de todos los ámbitos ideológicos por igual, sino que fueron selectivos, buscando maximizar votos concentrando esfuerzos, es decir, centrándose en los sectores del cuerpo electoral potencialmente afines y compitiendo por éstos con las formaciones políticas con las que no había sido posible un acuerdo previo para reducir la oferta.

Es por ello que, en el siguiente cuadro, no sólo se ha calculado el número de candidatos por puesto en los comicios de 1933, sino que también se refleja la competencia entre los partidos de un mismo ámbito político. Aun a riesgo de simplificar, se ha tomado para este fin la clásica denominación de «izquierda», «centro» y «derecha», bastante útil para un electorado al que cabría suponer «ideologizado» pero de forma aún difusa, es decir, que estaba poco familiarizado con los matices que distinguían a un partido de otro dentro de un mismo espacio político. Por último, se ha preferido tomar como unidad al «candidato» y no a la «candidatura» por dos razones. La primera, por la misma heterogeneidad de las candidaturas y porque en algunos casos como las «abiertas», las «minoritarias» o las puramente «personales», eran fácilmente compatibles entre sí, por lo que en realidad no competían. Y la segunda porque, legalmente, el electorado español votaba a candidatos individuales y no a listas de candidatos. Precisamente, el hecho de no tratarse de listas herméticas que habrían de votarse obligatoriamente completas para que el sufragio tuviera validez, como en la actualidad, sino de las que se podían tachar nombres o combinarlos con los de otra, hace que, en este caso, las candidaturas queden invalidadas como unidades de medida.

CUADRO III

Niveles de competencia por circunscripción y espacio político en 1933

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139. La Fórmula es X / Y, donde X = número de candidatos, e Y = número de escaños de la circunscripción.

La media nacional muestra un grado de competencia bastante alto: cuatro candidatos por puesto, sin duda mayor que el de etapas anteriores. De todas formas, es difícil desconectar esta amplia concurrencia de la competencia creciente en los últimos comicios de la Restauración, aunque no cabe duda de que la existencia de grandes circunscripciones en 1933, el amplio nivel de fraccionamiento de los partidos republicanos y el nacimiento de nuevas formaciones de derecha supusieron otro fortísimo impulso. Existió también una relativa uniformidad en la mayor parte de las circunscripciones, pues casi todas tuvieron entre tres y cinco candidatos por escaño. Sólo diez constituyeron excepción: siete anduvieron por debajo del listón de tres candidatos y sólo tres por encima del de cinco. De este primer grupo sobresalieron Cuenca y Lérida, con tan sólo dos candidatos por puesto, algo achacable a la concentración de los partidos en tres candidaturas de coalición para las mayorías: en Cuenca, una de izquierda (PSOE-PRSI), otra de centro (PRRPRC) y otra de derecha (CEDA-RE-Agrarios); y en Lérida, dos de izquierda (ERC-AR y BOC) y una de derecha (Lliga-CT). La situación resultó bastante similar en Valladolid y Castellón, aunque en ambos casos la lucha tripolar entre la izquierda, la derecha y el centro devino imperfecta por la existencia, además, de candidaturas unipersonales. En un último subgrupo se encuentran las circunscripciones de Badajoz, Granada y Zamora, con un bajo índice de competitividad explicable por la unión del centro y la derecha en una única candidatura.

Por otro lado, las demarcaciones electorales con una media mayor de candidatos (Barcelona capital, La Coruña y Sevilla provincia) presentaron reñidas batallas entre partidos afines. Así, el fraccionamiento de la izquierda en tres candidaturas mayoritarias y dos incompletas fue el fenómeno que permitió una alta competitividad en la circunscripción sevillana, mientras que en la coruñesa esto tuvo lugar sobre todo en el ámbito del centro. Por último, Barcelona capital es un caso aparte porque allí hubo escasa coordinación entre los partidos de un mismo espacio político: hubo cuatro candidaturas completas de izquierda, una incompleta, una con elementos de centro y de izquierda, una de centro y dos de derecha, además, de la candidatura unipersonal de Azaña.

Desglosando los distintos ámbitos ideológicos, sin duda fue la izquierda la que menor grado de cohesión presentó en estos comicios. Si lo ideal para la consecución de la victoria, aparte del propio arraigo, era presentar una candidatura única bien por las mayorías, bien al copo o al semicopo, es decir, poseer un índice de entre 0,67 y 1 candidatos por puesto, esto apenas si ocurrió en los partidos de este espectro. La media de la izquierda era prácticamente de dos candidatos por puesto, lo que suponía la presentación en una misma provincia de dos listas distintas a las mayorías y, además, de otras dos más por las minorías. En algunas circunscripciones, como Alicante, Barcelona capital y provincia, Cáceres, Huelva, Madrid provincia, Málaga capital y provincia, Melilla, Sevilla provincia o Tarragona, el puzzle llegó a poseer aún más piezas. Sólo en seis provincias hubo relativa cohesión: Álava, Cuenca, Lugo, Segovia, Soria y Valladolid, todas con un sesgo político desfavorable para la izquierda.

La cohesión en el centro resultó mucho mayor y, por tanto, el nivel de competencia más ínfimo. No obstante, la media nacional tampoco logró bajar el listón de un candidato por puesto. Lo común, en la mayor parte de las provincias, era la presentación de dos candidaturas de centro mayoritarias, o bien una mayoritaria, otra minoritaria y hasta una tercera incompleta, abierta o unipersonal, lo que disminuía seriamente las posibilidades de victoria de la formación que se consideraba eje de la política española: el Partido Radical. Tan sólo en 18 circunscripciones el centro logró cierta coherencia, y aumentó así sus posibilidades de triunfo. En un primer grupo de ellas (Cádiz, Cuenca, Madrid capital, Salamanca, Valencia capital y Valladolid), los radicales lograron unificar en torno a ellos a los partidos afines en una coalición casi sin fisuras. En un segundo grupo, el centro formó sólidas coaliciones bien con la izquierda republicana (Ávila, Guipúzcoa y, en principio, Toledo), bien con la derecha (Badajoz, Granada, Las Palmas, Tarragona y Zamora). Y en un último grupo, los partidos de este ámbito presentaron una o unas pocas candidaturas incompletas, ya fuesen minoritarias o unipersonales, dada su debilidad (Gerona, Vizcaya capital y provincia), o no tuvieron candidatos (Lérida). Al contrario, en cinco provincias (Córdoba, La Coruña, Lugo, Murcia capital y Pontevedra), el fraccionamiento del centro fue extremo y tuvo relación, al menos en las provincias gallegas, con la rivalidad entre radicales y republicanos regionales (PRG), y la presencia de candidaturas menores e incompletas de «mauristas», radicales socialistas de Gordón, liberales demócratas, republicanos agrarios, galleguistas o independientes. El caso murciano no fue más que la constatación de otra rivalidad, la de radicales y «gordoncistas», flanqueada por otra candidatura mayoritaria de «melquiadistas» y otra unipersonal de un disidente «lerrouxista». Por último, en Córdoba el PRR y el PRP se agruparon en una sola candidatura, concurriendo los federales «pimargallianos», los radicales socialistas y los «mauristas», cada uno en listas diferentes.

Menos competencia entre sí y muchísima mayor cohesión encontramos en el campo de las derechas, algo que cabía esperar de una coalición sancionada a nivel nacional. Con respecto a la media española cabe resaltar que, desde este ámbito ideológico, no se presentó más que una candidatura mayoritaria que alguna vez, de forma excepcional, habría de vérselas con otra candidatura minoritaria o unipersonal de la misma significación. Los índices menores a 0,67 se registran tan sólo en las provincias donde la derecha se alió con algunos partidos de centro, reduciendo voluntariamente su presencia. Los que sobrepasan la barrera de un candidato por puesto se correspondieron con las provincias donde la Unión de Derechas no logró coordinarse con los partidos regionales de esa misma significación, esto es, con el PNV en Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya capital y provincia, y con la Lliga en Barcelona capital y Gerona. El caso de Burgos resultó particular por cuanto que allí hubo un fraccionamiento extremado. El índice de competencia mayor se registró en Ceuta, donde un candidato independiente se enfrentó a otro «cedista». No obstante, estos casos no fueron la norma y la, en general, baja competencia entre los partidos conservadores corroboró el espíritu de unidad que presidió la confección de sus candidaturas y que hizo posible, sorprendentemente, que unas listas elaboradas desde las provincias y sólo retocadas esporádicamente por un comité nacional presentasen semejante nivel de cohesión. No cabe duda de la importancia que las derechas atribuían a estas elecciones. En un contexto distinto, el de 1936, este método se revelaría mucho más ineficiente.

¹ Gran Bretaña, en MUIR (1933).

² Ley de 1907, en TIERNO (1972: 420-421). Albacete, en ACD, leg. 139.

³ Sevilla, en ACD, leg. 139, y ÁLVAREZ REY (1993: 332).

⁴ ACD, leg. 139, y Ahora, 16 de noviembre de 1933.

⁵ Cádiz, en ACD, leg. 139.

⁶ Ley de Incompatibilidades, en DSC (ap. 3 al núm. 325).

⁷ Ley de 1907, en TIERNO (1972: 409).

⁸ Caso de varios candidatos socialistas como Cordero, Muiño, Saborit, los cordobeses Morón, León y Ranchal, los sevillanos Casas, Moreno Quesada y Barrios, el jiennense Piqueras o el pacense Vázquez Torres. Vid. MARTÍN NÁJERA (2000, I: 373-374). También de radicales como Calot, Lambies, Fernández de la Bandera o Salazar, o de «azañistas» como Ercoreca. Vid. ABC, 31 de octubre de 1933, y Ahora, 16 de noviembre de 1933.

⁹ Participaron en los comicios cinco gobernadores radicales (Díaz Quiñones, Echeguren, Gaspar, Gasset y Pérez de Rozas), tres radicales socialistas (Adrio, Castelló y Menor), dos del PRSI (Acosta y Costales) y un «azañista» (Lamana). Vid. ACD, leg. 139, y Gaceta de Madrid, 10 de octubre a 1 de diciembre de 1933.

¹⁰ Por las razones apuntadas, el PSOE incluyó «incapacitados» en Cádiz, Orense, Navarra, Guadalajara, Ciudad Real y Granada; los radicales, en Huelva y Burgos; la Esquerra, en Gerona; ANV, en Guipúzcoa; los federales, en Santander; el PRRS, en Córdoba, y el PRSI, en Huelva y Alicante. ACD, leg. 139.

¹¹ Las «responsabilidades», en BOYD (1986). Guadalhorce, en Heraldo de Aragón, 17 y 24 de octubre de 1933.

¹² DSC (ap. 19 al núm. 3).

¹³ Criterios de la Comisión Ejecutiva, en El Socialista, 12, 13 y 19 de octubre de 1933.

¹⁴ AR y PRSI, en Ahora, 15, 16 y 17 de octubre de 1933, y AVILÉS (2006: 279-284). Federales, en MILLARES (1997: 599-601).

¹⁵ Partidos catalanes, en ABC, 27 de octubre de 1933; Ahora, 21 de octubre de 1933; El Sol, 25 de octubre de 1933; CULLÁ (1977: 220-222 y 225-226), BARAS (1984: 213-214) e IVERN (1988, I: 436). Partidos gallegos, en El Noroeste, 24 de octubre de 1933; GONZÁLEZ BERAMENDI (1981: 121) y GONZÁLEZ LÓPEZ (1988: 213).

¹⁶ USC, en El Sol, 24 de octubre de 1933; ALCARAZ (1987: 167-168) y MARTÍN NÁJERA (2000, I: 393). PCE, en ELORZA y BIZCARRONDO (1999: 183), PAYNE (2003: 55) y BALBONTÍN (1952: 274-277). BOC, en El Sol, 24 de octubre de 1933, y DURGAN (1996: 210-212).

¹⁷ Radicales, en ABC, 10 de octubre de 1933.

¹⁸ PRRS, en El Liberal, 25 de octubre de 1933; GORDÓN (1961: 107-108) y AVILÉS (2006: 297). PRLD, en Ahora y El Sol, 15 de octubre de 1933.

¹⁹ Necesidad (y demanda imperativa) de unión de las derechas, en ABC, 13 de octubre de 1933; La Nación, 10, 12 y 20 de octubre de 1933; Informaciones, 13, 17 y 19 de octubre de 1933; La Época, 14 de octubre de 1933; El Debate, 18 de octubre de 1933, y El Siglo Futuro, 23 de octubre de 1933. Ajuste de candidaturas, en ABC, 10 y 13 de octubre de 1933, y GIL-ROBLES (1998: 91-93).

²⁰ Comité, en ABC, 11, 13, 18, 21 y 24 de octubre de 1933; El Sol, 13 de octubre de 1933, y GIL-ROBLES (1998: 93).

²¹ Lliga y Cambó, en CAMBÓ (1987: 453-454), PABÓN (1969: 256-257) y MOLAS (1973, I: 250).

²² UDC, en RAGUER (1984: 216-219) y TUSELL (1974, I: 161). PNV, en DE PABLO y MEES (2005: 255), TUSELL (1974, II: 58-59) y VILLA (2007: 72-74).

²³ Ciudad Real, en ABC, 20 de octubre de 1933. Málaga, en El Sol, 15 de noviembre de 1933.

²⁴ Diario de Cádiz, 24 y 31 de octubre de 1933, y CARO (1987: 161-162).

²⁵ Caso de AR o del PRSI en Salamanca, Las Palmas, Jaén, Albacete o Guipúzcoa, que prefirieron no concurrir y apoyar al PSOE; o del PRP que hizo lo propio con los radicales en las dos circunscripciones valencianas. Vid. Democracia, 9 de noviembre de 1933; MARTÍN VASALLO (1982: 82 y 87), MILLARES (1997: 626), VILLA (2007: 62-63), SÁNCHEZ y MATEOS (1977: 116) y AGUILÓ (1974: 105).

²⁶ Candidaturas del PSOE, en El Socialista, 24 y 27 de octubre, y 1 de noviembre de 1933; ABC, 20, 21 y 24 de octubre, y 3 de noviembre de 1933; PASTOR (1983: 129), MARTÍN NÁJERA (2000, I: 374), DEL REY (2008: 320), MACARRO (2000: 297) y GARCÍA GARCÍA (1996: 134).

²⁷ ABC, 24 de octubre y 1 de noviembre de 1933; AYALA VICENTE (2001: 114-117) y PÉREZ (1991: 173-174).

²⁸ Ejemplos, en El Sol, 28 de octubre, y 1 de noviembre de 1933; Ahora, 2 y 4 de noviembre de 1933; ABC, 24 de octubre, y 2 y 5 de noviembre de 1933; GERMÁN (1980: 125-126), GARCÍA ANDREU (1985: 154-155) y GONZÁLEZ LÓPEZ (1988: 213).

²⁹ Referencias, en El Sol, 29 de octubre y 1 de noviembre de 1933; ABC, 24 y 29 de octubre, y 2 de noviembre de 1933; IVERN (1988, I: 437-438 y 443), BERMEJO (1984: 280-282), MOLÍNS (1985: 57), CARO (1987: 165) y CULLÁ (1977: 227).

³⁰ ABC, 17 de octubre de 1933; Ahora, 21 de octubre de 1933; El Sol, 24 de octubre de 1933; SEPÚLVEDA (2003: 95), AGUILÓ (1974: 104), PÉREZ (1991: 177-178), BERMEJO (1984: 273) y SUÁREZ CORTINA (1981: 131).

³¹ Referencias, en ABC, 17, 20, 21, 24, 26, 27 y 28 de octubre de 1933; El Sol, 24 y 28 de octubre, y 1 y 4 de noviembre de 1933; Región, 23 y 27 de octubre de 1933; Diario de Cádiz, 20 de octubre de 1933; RUIZ-MANJÓN (1976: 391), GARCÍA ANDREU (1985: 150-151) y ALÓS (1992: 176).

³² Disensiones, en ABC, 31 de octubre, y 3 y 8 de noviembre de 1933; El Noroeste, 11 y 15 de noviembre de 1933, y BERMEJO (1984: 275-277). Candidaturas «antimarxistas», en El Sur, 17 y 20 de octubre de 1933; Región, 23 de octubre de 1933; El Sol, 26 de octubre de 1933; RUIZ-MANJÓN (1976: 386-387), TOWNSON (2002: 229-230) y SALAZAR (2007: 84-85).

³³ ARRANZ (1995: 92-95).

³⁴ Referencias, en El Debate, 18 y 24 de octubre de 1933; ABC, 12, 15, 17, 20, 22, 24, 25 y 27 de octubre de 1933; Ahora, 17 de octubre de 1933; El Sol, 20, 25 y 26 de octubre de 1933; GRANDÍO (1998: 177 y 179-180), MARTÍN VASALLO (1982: 81), IRWIN (1991: 129), MATEOS (1995: 430), AYALA VICENTE (2001: 112), PÉREZ (1991: 171) y DEL REY (2008: 311).

³⁵ ABC, 21 y 25 de octubre de 1933; El Sol, 14, 15, 17, 19, 21, 25 y 26 de octubre de 1933; GIL-ROBLES (1998: 94-95), TUSELL (1970a: 90), IRWIN (1991: 129) y CABRERA ACOSTA (2004: 51-52).

³⁶ Primacía de los radicales, en IRWIN (1991: 142-143). Ciudad Real, en DEL REY (2008: 325-326).

³⁷ ABC, 25 de octubre, y 7, 9, 12, 14, 15, 16 y 18 de noviembre de 1933; Diario de Burgos, 16, 18, 21, 23 y 27 de octubre de 1933; SEPÚLVEDA (2003: 96-97 y 99), SÁNCHEZ MONTOYA (2004: 119), MILLARES (1982: 42) y ALÓS (1992: 182).

³⁸ Villalobos, en RODRÍGUEZ DE LAS HERAS (1985: 156-157). Álvarez-Ugena, en ABC, 2 de noviembre de 1933.

³⁹ ABC, 22 de octubre de 1933; GERMÁN (1980: 124-125), PÉREZ (1991: 178), SÁNCHEZ y MATEOS (1977: 116), MATEOS (1995: 441, 446 y 458), MILLARES (1997: 629-630) y ROMERO (1981: 179).

⁴⁰ ABC, 20 de octubre y 3 de noviembre de 1933, y DEL REY (2008: 325-326).

⁴¹ AGUILÓ (1974: 106), RODRÍGUEZ RANZ (1994: 439-440) y CULLÁ (1977: 235-236).

⁴² ACR, en HURTADO (1968: 236) y BARAS (1984: 212). «Pimargallianos», en MILLARES (1997: 605 y 612) y ROMERO (1981: 179).

⁴³ GORDÓN (1961: 107-108).

⁴⁴ PNV, en DE LA GRANJA (1986: 386).

⁴⁵ Datos, en Ahora y El Sol, 14 de noviembre de 1933.

CAPÍTULO 5

LA LUCHA POR EL VOTO

Es ya tópico afirmar que la campaña electoral de 1933 fue la primera digna de tal nombre que hubo en España. Las fuentes resaltan sobre todo el esfuerzo de propaganda que llevaron a cabo las derechas unidas y lo novedoso de muchas de sus técnicas y procedimientos. Cierto que fue así. No es tan evidente, sin embargo, que 1933 representase una introducción brusca de los métodos de captación de voto. De hecho, las continuidades con las campañas electorales anteriores resultan más frecuentes que las novedades. Si la campaña de 1933 da cierta sensación de ruptura con lo anterior fue sólo por dos razones.

La primera, el grado de competencia entre distintas candidaturas y la necesidad de llegar a una cantidad enorme de electores a raíz de la implantación de la circunscripción provincial, hicieron que los métodos de captación hubieran de utilizarse de forma más intensiva (abriendo los eventos electorales a asistencias multitudinarias y, por ello, primando las actividades propagandísticas que permitieran la participación de un número cada vez más elevado de potenciales electores) y extensiva (multiplicando la cifra de actos electorales y su cobertura territorial, e importando del exterior nuevas formas de propaganda que aplicaban innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial).

La segunda, la escasez de estudios sobre las formas de captación del voto en España durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX ha generado una sensación de vacío tal que parece que las campañas electorales no tuvieron lugar en España hasta la Segunda República. Si bien la propaganda moderna estuvo indefectiblemente unida a la aparición de la política de masas, no hay que olvidar que métodos tradicionales como el mitin, el manifiesto, el pasquín, los apretones de manos o los banquetes, por poner algunos ejemplos, ya se utilizaban en España mucho antes de 1931.

Los métodos de captación

Si, como afirma Schumpeter, la propaganda es la sencilla presentación de hechos y argumentos «con el propósito de influir en las acciones u opiniones de los hombres en una dirección determinada»¹, entonces 1933 significó otro jalón más en la historia de las campañas electorales, que había comenzado en la década de los treinta del siglo XIX. Ahora bien, si el énfasis se pone no tanto en el mensaje como en sus diferentes formas de difusión, que comenzaron a tomar un carácter masivo a partir de la progresiva universalización del sufragio, la reflexión anterior queda matizada con mucho. En realidad, la campaña de 1933 no significó sino la culminación de un proceso, que venía atisbándose desde 1891, de adaptación de los métodos de propaganda a la amplitud del electorado español y a la mutación progresiva de los comicios, en los que el resultado comenzó a depender menos de la acción gubernativa, y más del propio candidato y de los apoyos que pudiera recabar en su distrito.

El establecimiento de la circunscripción provincial en 1931 había perjudicado a las notabilidades e inclinado la balanza del lado de las organizaciones de partido, mejor preparadas para competir por los escaños en contextos de electorado numeroso y, sobre todo, capaces de subordinar los variados intereses de carácter local o comarcal a unos principios, ideas y banderas políticas relativamente uniformes a escala nacional. No obstante, los viejos métodos de propaganda no desaparecieron en 1933, como no lo han hecho en la actualidad ni en España ni en ningún otro país del mundo, sino que, en realidad, fueron adaptados al contexto de la política de masas, mientras que los nuevos, derivados de las innovaciones tecnológicas de finales del siglo XIX y principios del XX, se superpusieron a los primeros. Por eso, la campaña de 1933 fue sin duda la primera plenamente moderna de la historia de España, en cuanto que puede asimilarse a las que hay en la actualidad.

De todas formas, no todos los partidos hicieron un mismo uso de las técnicas propagandísticas. Las formaciones políticas que prácticamente utilizaron todos los resortes habidos y por haber fueron las coaligadas en la Unión de Derechas. En este sentido y salvando las distancias, los comicios de 1933 se parecen mucho a los de 1837, aquellos en que los conservadores, sin asidero gubernativo pero con una férrea voluntad de competir en terreno electoral, se centraron en la organización y la propaganda para derrotar a sus adversarios. También los socialistas llevaron a cabo un esfuerzo propagandístico destacable pero menos intenso y original, porque el PSOE confiaba más en el gran número de sufragios que pensaba obtener a cuenta del fortísimo crecimiento de su sindicato y de la tupida red clientelar tejida durante dos años desde el Ministerio de Trabajo.

Al contrario, la campaña de los republicanos estuvo ligada a las viejas formas de propaganda. Esto no resultaba casual, pues su menor preocupación por innovar tenía que ver con su presencia en el gobierno, esto es, en la confianza en el vetusto «influjo moral» que ejercía sobre el elector el carácter oficial de sus candidaturas. Acrecentado, en el caso de los radicales y sus aliados, en que su continuidad en el poder parecía indiscutible después de los comicios. Por tanto, la intensidad y originalidad de la propaganda dependió de las expectativas que cada opción política tenía sobre el resultado de los comicios, de la eficacia de las palancas «extrapropagandísticas» que poseyeran para procurarse votos y, sobre todo, del enardecimiento que causaba lo mucho que podían perder en un futuro si el resultado se traducía en una derrota electoral.

* * *

Entre las diversas formas de propaganda, el mitin y sus variantes resultaron las más comunes. A la altura de 1933, este método se encontraba completamente aclimatado a las costumbres políticas del país y, aunque podía tener lugar en contextos ajenos a las campañas electorales, era en éstas donde se manifestaba con mayor profusión. En realidad, lo sustancial del mitin eran los discursos de los candidatos, o de otros oradores seleccionados por el partido, en los que se transmitían a los asistentes los argumentos por los que éstos habían de apoyar a una determinada opción política pero que, sobre todo, servían para estimular a militantes y simpatizantes, y proceder así a su movilización. Por eso, los mítines no tenían lugar durante un período previamente delimitado y restringido por la Ley Electoral, y cuando ya habían sido presentadas las candidaturas. Todo lo contrario: comenzaban una vez conocida la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral, para ir preparando el ambiente a la candidatura que se formase con posterioridad. De hecho, varios partidos celebraron sus primeros actos el siguiente domingo tras la convocatoria de elecciones (15 de octubre)².

El mitin en la España de los treinta era, además, un fenómeno complejo, bastante alejado ya de las improvisaciones decimonónicas. Evidentemente, la concurrencia de público era libre, al tratarse de un acto para captar nuevos votantes, pero esto mismo incentivaba la utilización de militantes como agentes informales del orden, para evitar posibles boicots de los adversarios. Las medidas de seguridad resultaban aún mayores si el mitin se celebraba al aire libre, precisamente porque estaba aún más expuesto a las interrupciones. Por ello, se procuraban buscar locales cerrados con capacidad suficiente para albergar el número de asistentes previsto por los organizadores. En 1933, lo frecuente fue la utilización de cines, teatros y frontones, sobre todo en las capitales de provincia y ciudades de alguna consideración, aunque los mítines con asistencia masiva tuvieron lugar en plazas de toros y campos de fútbol.

En ocasiones, cuando el mitin era en un espacio cerrado y se daba por descontado el lleno, los partidos emitían entradas o invitaciones que tenían que recogerse por adelantado en las sedes políticas. Éste era un modo de seleccionar al público asistente y evitar así la filtración de perturbadores: AP lo puso en práctica para el mitin de Gil-Robles en el Monumental Cinema de Madrid (14 de octubre). Pero esto no era lo común. Como tales espacios cerrados habían de alquilarse previamente, los partidos debían desembolsar cantidades de dinero nada despreciables, lo que limitaba su adquisición a las formaciones políticas más grandes. En ocasiones, ni el dinero bastaba para procurarse un espacio cerrado. El socialista Vidarte se quejó de que en Badajoz los dueños de los cines y teatros se negaban sistemáticamente a arrendarles sus establecimientos porque la mayoría eran políticamente hostiles al PSOE³. Por último, en los pueblos pequeños, dependiendo de la concurrencia, el acto podía tener lugar en bares o casas particulares, aunque si ésta se preveía amplia, lo común era la utilización de un balcón situado en la plaza mayor desde donde el orador se dirigía al público congregado al aire libre.

La organización del mitin necesitaba de dos elementos más. En primer lugar, equipos de oradores y propagandistas dispuestos a acudir a la llamada de los comités locales de su partido que suplieran, por el momento, la falta de candidatos. Una vez confeccionada la candidatura, esos oradores coadyuvaban al esfuerzo de los proclamados para llegar a las localidades donde, por falta de tiempo, éstos no podían acudir. Sólo los partidos bien organizados y con cuadros suficientes pudieron organizar estos equipos y rotarlos adecuadamente para cubrir la mayor parte de los municipios de la circunscripción. Por el contrario, las formaciones políticas pequeñas dependían para todo del esfuerzo del candidato y de los individuos que éste pudiera movilizar, generalmente en escaso número.

En segundo lugar, el mitin debía ser autorizado ineludiblemente por los alcaldes de las localidades en que había de celebrarse. Éstos tenían capacidad de imponer sus condiciones sobre el sitio y la hora, y además, la potestad de inspeccionar el acto presenciándolo ellos mismos o enviando delegados, porque los alcaldes eran los responsables últimos de la salvaguardia del orden. También tenían capacidad legal para enviar fuerzas policiales a requerimiento de los organizadores o por iniciativa propia, cuando estimasen probables perturbaciones promovidas por los adversarios políticos. A pesar de que el uso torticero de estas facultades había sido bastante notable décadas atrás, lo cierto es que en la mayoría de los casos el comportamiento de las autoridades locales fue conforme a la legalidad y, por tanto, casi todos los mítines pudieron celebrarse con normalidad. A esto contribuyó el hecho de que, en la mayoría de los casos, no coincidía la significación política de alcaldes y gobernadores civiles, por lo que los ediles que deseaban favorecer al candidato de su preferencia limitando la propaganda de los demás, al no sentirse apoyados por el gobernador, se contuvieron por miedo a ser destituidos.

Y viceversa. Las autoridades provinciales que deseaban favorecer a unos candidatos sobre otros se encontraron con que la mayoría de los alcaldes no eran políticamente adictos y, al no poder destituirlos con facilidad a causa de las restricciones impuestas por los Ministerios de la Gobernación y Justicia, se encontraban sin palancas para forzar una intervención efectiva. Esta neutralidad se evidenció en el caso de las formaciones de derechas que, ayunas de apoyo institucional en la mayoría de las circunscripciones del país, pudieron celebrar casi todos los actos que se propusieron. Aun así, el abuso de autoridad más frecuente al que recurrió algún alcalde para limitar la propaganda de sus adversarios fue la suspensión de sus mítines alegando alteraciones del orden que producían, de acuerdo con él, sus propios correligionarios. Sin embargo, la expeditiva actuación de los militantes encargados del orden dentro del recinto, y hasta del público, a veces hacía fracasar los intentos de boicot y evitaban la suspensión del acto. En otras, fueron los propios alcaldes o sus delegados, las más de las veces jefes de puesto de la Guardia Civil, los que expulsaron a los elementos alborotadores y aseguraron la libertad de propaganda o, cuando esto no era posible, la evacuación del local y la protección de los oradores.

Los mítines solían realizarse al atardecer o después de la hora de cenar si tenían lugar en día laborable, mientras que si se celebraban en domingo, lo que era frecuente, se hacían fundamentalmente por la mañana. La jornada dominical resultaba ventajosa para su organización pues buena parte de los electores no trabajaban y podían acudir al acto. La duración del mitin dependía del número de oradores presentes y del número de electores susceptible de poder atraer en una localidad determinada. En los pueblos pequeños, los mítines solían ser breves y carecían de cualquier tipo de sofisticaciones técnicas. Así, el orador peroraba viva voce, algo que el número relativamente bajo de asistentes posibilitaba. No obstante, en las ciudades y pueblos importantes, el micrófono y el altavoz eran una ayuda esencial para hacerse oír y transmitir a los cientos, en algunos casos miles, de asistentes el mensaje. Por ello, el uso de este medio hubo de generalizarse en la campaña. En las zonas urbanas, el final del mitin solía significar la interrupción completa del contacto entre el orador y su auditorio. No obstante, en los pueblos pequeños, los candidatos solían posteriormente desparramarse por las calles para saludar a sus potenciales electores y visitar a los amigos políticos que tuvieran en ese lugar, para reiterarles lo valioso de su ayuda, escuchar alguna petición o recomendación, y prometer su resolución. Este procedimiento lo repitieron los candidatos mecánicamente, pueblo por pueblo, a veces hasta la extenuación.

Los mítines no sólo servían para captar votantes entre los asistentes y movilizar a simpatizantes. También se convocaban actos de este tipo una vez finalizada la confección de la candidatura, para presentar públicamente a los candidatos ante sus potenciales electores y concederles un baño de masas a modo de solemne ratificación popular. Así, por ejemplo, la Unión de Derechas de Madrid presentó en el cine de la Ópera el 5 de noviembre su candidatura, y de idéntico modo actuaron otras fuerzas políticas como la Lliga, el PSOE o el Partido Radical. Más aún, la organización de grandes mítines valía como una demostración de fuerza de un determinado partido capaz de inspirar confianza en los afines, de intimidar y desmoralizar a los adversarios y, como decía Cambó, de atraer a los «ganófilos», electores que solían apostar siempre por el «caballo ganador». Del dicho al hecho, la Lliga organizó mítines en los que se congregaron multitudes jamás vistas en anteriores elecciones, como el que abrió su campaña en Sitges el 8 de octubre.

Por último, también se aprovechaba la efervescencia electoral y la convocatoria de mítines para apuntalar en los pueblos la organización local del partido. Las derechas, en un contexto de remodelación y crecimiento constantes, fueron las más pródigas: en Tomelloso (Ciudad Real), un viaje de propaganda de los líderes de Acción Agraria Manchega se aprovechó para constituir su asociación femenina, mientras que en otros sitios el acto electoral de AP coincidió con la apertura de una nueva sede local. Del mismo modo actuaron socialistas, tradicionalistas, la Lliga o los «mauristas»⁴.

La conferencia política y el banquete eran, hasta cierto punto, variantes del mitin que contaban en la España de los treinta con tradicional arraigo. La conferencia supuestamente se diferenciaba del mitin por el predominio de los argumentos reflexivos sobre los emocionales, con los que el conferenciante pretendía persuadir a su oyente «haciéndole pensar» sobre las cuestiones que planteaba y convencerle racionalmente de la bondad de las soluciones que proponía. No obstante, en no pocas ocasiones resultó difícil distinguir una conferencia política de un mitin dada la profusión de argumentos sentimentales y la actitud entusiasta del público. Por ello, la conferencia tenía como caracteres privativos un solo ponente por acto, un auditorio más reducido que el mitin y previamente seleccionado por medio de invitaciones, y su celebración en un contexto urbano y en un espacio cerrado, un cine o un teatro cuando se preveía una asistencia multitudinaria, o, con más frecuencia, el salón de actos de la sede de alguna entidad política, sindical o asociativa. Por su modestia, y menor coste, la conferencia constituyó la alternativa propagandística más utilizada por los dirigentes de los partidos pequeños: Maura, Eduardo Ortega y Gasset, Valera, Sánchez-Román… No obstante, tampoco dejaron de ser utilizadas por los grandes partidos, sobre todo por la Unión de Derechas y el PSOE. Prueba de ello fue la organización de un ciclo diario de conferencias de los distintos candidatos conservadores madrileños por la asociación de mujeres España Femenina, o las de los socialistas Besteiro, Álvarez del Vayo y Martínez Gil⁵.

Para el banquete político también se seleccionaba al público mediante invitaciones, aunque éstas solían adquirirse previo pago, y el número de oyentes-comensales era más reducido que en el mitin, sin perjuicio de que algunos de estos ágapes llegasen a reunir a varios cientos de personas. Cuando se trataba de la visita de uno de los líderes del partido a la circunscripción, el banquete solía compatibilizarse con un mitin organizado horas antes y servía como agasajo postrero de los dirigentes de la organización provincial al destacado visitante. Su celebración solía realizarse en lugares cerrados, aun cuando excepcionalmente pudieran adaptarse al caso amplios salones. Cuando el tiempo acompañaba, el banquete podía hacerse al aire libre en un espacio previamente acotado, pero éste no fue el caso de la campaña electoral de 1933, que tuvo lugar en un contexto meteorológico de anticipado frío invernal. Si, hasta cierto punto, los aspectos meramente organizativos alejaban al banquete del mitin, esta percepción cambia por el carácter de la propaganda oral. El ambiente de celebración, la abundancia de comida y la presencia de bebidas espirituosas no parecían complementos que ayudasen a la articulación de discursos reflexivos y a sosegadas meditaciones. Más bien todo lo contrario. Las piezas oratorias a cargo de los organizadores y, sobre todo, del líder político al que se homenajeaba, siempre durante o después de los postres, solían contener mensajes más emotivos e inflamados que hasta en los mítines, pues se presuponía la adhesión ideológica, o la simpatía, de los concurrentes.

De todas formas, conviene distinguir un banquete político de las meriendas populares u otros géneros político-culinarios. Mientras en el primer caso el papel de la comida y la bebida era secundario, más bien el marco que posibilitaba una reunión de amigos políticos, en los segundos el reparto de comida y bebida entre los electores potenciales constituía una importante baza que se ponía en juego para conseguir votos. En otras palabras, el banquete era una forma más de propaganda oral, y las meriendas un intento de adquirir votos por bienes tangibles, en este caso comida y bebida. El banquete poseía cierta tradición republicana y, por tanto, no resultaba extraño que fuese una modalidad frecuentemente elegida por los «republicanos históricos» para articular parte de su campaña. Los actos electorales de Lerroux, y los reducidos en número de Martínez Barrio y Guerra del Río, rara vez dejaron de lado este género y reunieron a centenares de comensales en torno suyo.

Pero lo cierto es que los otros partidos también usaron de él. Por ejemplo, los círculos de AR de Pamplona, Elche y Castellón dedicaron banquetes bastante sonados a Azaña, mientras que uno de los actos principales de la campaña de Sánchez-Román fue otra comida con que fue homenajeado al conocerse su candidatura por Madrid capital. El ministro de Agricultura, el progresista Cirilo del Río, hizo una campaña solapada entre banquete y banquete, con los que era agasajado de continuo en la provincia de Ciudad Real. Ni siquiera las derechas, que pusieron en práctica métodos más modernos, renunciaron a tan opíparo método⁶.

En fin, la propaganda oral constituyó, como era tradicional, el método más importante, pero en esta ocasión fue utilizado a una escala jamás conocida en la historia de España. El domingo 5 de noviembre, mítines y demás ya superaban la cifra de tres mil, mientras que el martes 14 de noviembre, el ministro de la Gobernación comunicó a los medios que los actos públicos ya sumaban más de siete mil. No era raro que toda la prensa de entonces destacase el vendaval de oratoria que estaba azotando a todo el país, y que se intensificaría sin descanso hasta la víspera de los comicios⁷.

Mítines, conferencias y banquetes se vieron complementados, además, con la propaganda escrita más voluminosa de todas las elecciones españolas hasta entonces. Junto a formas tradicionales como las hojas de las candidaturas, los pasquines y los manifiestos insertados en la prensa o en folletos sueltos, la imagen adquirió gran importancia. Se imprimieron millones de carteles en los que aparecían representados los símbolos de los partidos, caricaturizadas determinadas situaciones y estampada una serie de lemas y frases cortas e impactantes que apelaban al intelecto y, sobre todo, a los sentimientos del elector. Después de su diseño, los partidos encargaban la confección del material escrito a las imprentas locales, aunque el proceso de elaboración y distribución no estaba del todo centralizado, ni tan siquiera en los grandes partidos.

Al contrario, los organismos nacionales encargaban un amplio número de candidaturas, folletos y carteles con los que cubrir la propaganda de la candidatura capitalina y la de las organizaciones provinciales que lo solicitaran. Éstas tenían además, la potestad de confeccionar su propia propaganda escrita, para hacer mayor hincapié en temas locales y complementar así el mensaje nacional del partido. No obstante, la capacidad económica de los organismos provinciales no solía ser muy amplia y, por lo general, pedían al comité nacional del partido la remisión de varias cajas de propaganda escrita para saciar las demandas que, a su vez, realizaban los comités locales, y completar de ese modo la insuficiencia de sus propias tiradas.

La distribución se hacía de varias formas. El uso de las estafetas de Correos fue bastante frecuente pero, al margen del servicio postal oficial, muchos partidos organizaron su propia red de distribución, que comenzaba en Madrid y en las capitales de provincia, y terminaba no ya en las cabeceras de los municipios, sino, en ocasiones, en los últimos rincones de la España rural. Por ejemplo, los radicales y AP montaron un eficaz servicio de reparto de propaganda a los comités locales utilizando camionetas y automóviles que se desplazaban por los distintos pueblos de las circunscripciones. A su vez, las organizaciones provinciales adheridas a la CEDA enviaron camiones a Madrid para llevarse cientos de kilos de propaganda impresa. Una vez en el núcleo de población, los carteles eran colocados en los lugares más visibles, los determinados previamente por las Juntas Municipales del Censo, mientras que los folletos y las candidaturas eran repartidos por afiliados o simpatizantes en lugares concurridos como plazas, mercados y bares, o en visitas domiciliarias. De este modo, aun teniendo en cuenta posibles discontinuidades territoriales, no resulta exagerado afirmar que la propaganda escrita inundó el país las semanas previas al 19 de noviembre. A este respecto, el esfuerzo de los grandes partidos resultó apreciable, aunque el de AP superó a todos los demás. Para finales de octubre, había adherido en miles de fachadas del país hasta veinte modelos distintos de carteles y tenía dispuestos más de diez millones de octavillas para distribuirlas entre las organizaciones provinciales⁸.

Por otra parte, aunque la prensa no encaja en la categoría de propaganda escrita, pues su pervivencia no dependía de la campaña electoral, su importancia en la difusión de los principios y programa del partido afín, y su relevancia como vehículo de enlace entre éste y sus militantes, simpatizantes y potenciales electores, hacía de ella un elemento propagandístico de primer orden, tan importante casi como el mitin. En sus editoriales se analizaba la situación política conforme a los postulados del partido más cercano y se disputaba ideológicamente con los contrarios. En sus anuncios se informaba del transcurso de la campaña y de los actos de propaganda organizados, y se publicaban las instrucciones y convocatorias que emanaban de los comités directivos, destinados a preparar a sus lectores para la «contienda». En sus páginas se insertaba la publicidad electoral, contribuyendo decisivamente a la labor de proselitismo, e incluso se daba a conocer al elector de forma simplificada la legislación para que pudiera ejercer el sufragio a salvo de las tretas de los adversarios políticos. Tan importante resultaba el papel de la prensa que muchos partidos optaban por crear publicaciones periódicas que sólo veían la luz durante la campaña.

De todas formas, conviene diferenciar entre la prensa de partido, es decir, la creada exclusivamente como órgano de una determinada formación política y que, por tanto, se hallaba sometida a las directrices de los organismos de ésta, de la prensa sólo de opinión, que ideológicamente podía alinearse con un partido en un momento dado pero en la que su empresa editora se movía con independencia. En 1933 la mayoría abrumadora de los diarios más sólidos, tanto a nivel nacional como provincial, respondían más al segundo modelo que al primero, y pocos órganos de partido lograron consolidarse compitiendo con aquéllos.

CUADRO IV

Número de diarios y semanarios por provincias clasificados por su adscripción o simpatía políticas (excluidos los de la CNT-FAI) a finales de 1933

Fuente: Datos elaborados a partir de CHUECA (1989): 277-349.

Los datos del cuadro anterior indican que el número de rotativos afines a la Unión de Derechas y a los partidos regionales de esta significación doblaba, aproximadamente, a los restantes tres ámbitos ideológicos en que se ha englobado a los demás. Con todo, no conviene reducirlo todo a una cuestión de números. Las derechas adquirían mayor ventaja gracias a que una parte sustancial de sus publicaciones eran diarias, pues multiplicaban así su capacidad de difundir el mensaje electoral respecto a la izquierda obrera, ámbito en que la cifra de semanarios resultaba proporcionalmente más importante que la de diarios. Más aún, buena parte de los diarios conservadores (ABC, El Debate o Informaciones) se contaban en ese momento entre los más leídos del país, algo a lo que no era ajena la reacción «antiazañista» y antisocialista de una parte importante de la sociedad española.

Las derechas sumaban, además, una densa red de prensa regional y provincial diaria, adicta o simplemente amiga, que cubría prácticamente todo el territorio nacional y que tenía tiradas de decenas de miles de ejemplares: La Veu de Catalunya, órgano de la Lliga; Euzkadi, del PNV; El Correo de Andalucía de Sevilla, La Gaceta del Norte de Bilbao o el Diario de Valencia, afectos a la CEDA; Diario de Barcelona, Las Provincias de Valencia, La Unión Mercantil de Málaga y el Faro de Vigo, conservadores independientes; Diario de Navarra, tradicionalista… Más aún, medios afines a la CEDA habían logrado mantener o adquirir rotativos que en algunas provincias (Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Soria o Toledo) ejercían el papel de informadores y orientadores de la opinión casi en régimen de monopolio, al no tener ningún competidor de consideración. Por último, también contaban con una red de semanarios vinculados a cada formación política o a las asociaciones afines, como patronales, sindicatos católicos y otras, que alcanzaban audiencia más allá de la capital de provincia y que, en ocasiones, se transformaban en diarios durante la campaña electoral.

Pese a todo, no puede decirse que las derechas copasen en su favor los medios de comunicación impresos. Ni siquiera que la ventaja respecto a sus competidores fuese decisiva para garantizar la victoria electoral. Una parte no desdeñable de la prensa de derechas era poco leída y pasaba por sumas dificultades económicas. Por ejemplo, de la importante red de diarios tradicionalistas, sólo unos pocos demostraron ser viables y verdaderamente influyentes. Por similares circunstancias pasaban no pocos periódicos monárquicos o exmonárquicos que durante la Restauración habían tenido importante audiencia (La Época, El Diario Universal). Durante el primer bienio republicano, hasta doce diarios liberales y conservadores (entre ellos alguno histórico como El Imparcial) tuvieron que cerrar sus talleres. Cierto que la prensa católica avanzaba en implantación por todo el país, más rápida incluso que la propia CEDA, pero en 1933 sus dirigentes se hallaban todavía abriendo, comprando o intentando hacer viables económicamente viejos diarios o semanarios conservadores, tradicionalistas o de los sindicatos católicos. Además, la prensa políticamente centrista e independiente, como La Vanguardia, Ahora, El Heraldo de Aragón y otros rotativos provincianos de similar significación, introducía una fortísima competencia que limitaba la demanda de periódicos conservadores.

Del otro lado, la izquierda y los republicanos moderados contaban con medios escritos influyentes y de gran tirada. Así, el PSOE sumaba a El Socialista el influjo de El Liberal de Prieto en las provincias vascas. Además, el partido y la UGT contaban con una red de periódicos que abarcaban, sobre todo, las provincias donde el socialismo tenía arraigo. Entre ellos destacaban los diarios Avance de Oviedo y de Las Palmas, Democracia de Jaén y de León, y El Sur de Córdoba, flanqueados por un vasto grupo de semanarios que se extendían por casi todo el territorio nacional y que en algunas provincias como Alicante, Cádiz, Jaén o Murcia cubrían hasta las cabeceras de comarca. Las insuficiencias de la prensa socialista eran cubiertas, además, por periódicos afectos a los republicanos de izquierda y de gran tirada nacional, como Heraldo de Madrid y El Liberal. Con ellos coexistía además, una prensa de carácter regional, como la barcelonesa, de gran audiencia (El Diluvio, L’Humanitat, Las Noticias…).

Su talón de Aquiles se encontraba en su discontinua implantación por todo el país, pues, aunque en algunas provincias los republicanos de izquierda contaban con medios importantes, en la mayoría no poseían un diario propio que pudiera competir con los periódicos de centro o derecha. Este vacío a duras penas lo cubrían algunos semanarios y la extensa difusión de la prensa de Madrid. Además, la falta de unidad en muchas provincias de la izquierda republicana, y de éstos con los socialistas, imposibilitó la conjunción de esfuerzos de sus medios de comunicación. Estos periódicos patrocinaron, de forma aislada, candidaturas diferentes y aun contrapuestas que necesariamente habrían de tener un peso menor en la opinión pública que las patrocinadas de forma unánime por todos los periódicos de derecha. Peor aún, en ocasiones no llegaron a apoyar explícitamente ninguna.

Mejor coordinada y, en general, con auge indudable se encontraba la prensa republicana moderada. La posición centrista del Partido Radical le permitió allegar el auxilio no ya de su propia red de periódicos, bastante voluminosa pero de importancia dispar, sino de medios políticamente liberales e independientes que, sobre todo a partir de 1933, se habían opuesto de forma cada vez más explícita a los gobiernos de Azaña (Ahora, La Libertad, El Sol o La Voz). La prensa regional y provincial de centro también patrocinó las listas radicales a excepción de La Publicitat, órgano de ACR, que obviamente se alineó con la Coalición de Izquierdas Catalanas, y los periódicos «melquiadistas» El Noroeste de Gijón y La Voz de Asturias de Oviedo, que secundaron la alianza de los liberales-demócratas con las derechas. Combinado con la subsistencia de otra buena cantidad de semanarios, estos apoyos permitieron a los radicales y sus aliados afrontar la elección con bastante optimismo⁹.

Una última modalidad de propaganda escrita eran los tradicionales manifiestos que cada formación política solía sacar a la luz en la campaña para reafirmar principios, explanarse sobre su pasada actuación en las Cortes o en el gobierno, y explicar a los electores las cuestiones que plantearían en la futura Cámara. Estos manifiestos podían aparecer en la prensa adicta, pero también en folletos u hojas sueltas que eran repartidas entre los electores. Además, de estos manifiestos a modo de programa general, podían publicarse también otros dirigidos a colectivos muy determinados y que resultaban de especial interés para el partido emisor. Las derechas murcianas realizaron varios en los que adaptaban los problemas nacionales al contexto puramente local. En Madrid, los candidatos derechistas Matesanz y Riesgo publicaron sendos manifiestos a los industriales y comerciantes de su circunscripción para pedirles el voto. Otro tipo de manifiesto era el publicado por uno o un grupo de personajes influyentes, o por una asociación al margen de la política para justificar ante la opinión el apoyo servido a una determinada candidatura. Ése sería el caso del de la Unión Económica, que pedía la unión de todos los partidos antimarxistas en las provincias en las que el socialismo tenía fuerza; o de los manifiestos de las organizaciones sindicales «ugetistas», como los Trabajadores del Comercio o de la Tierra, donde justificaban la necesidad de votar disciplinadamente al PSOE¹⁰.

La intensificación de las tradicionales formas de propaganda, y su extensión a todo el territorio nacional, vino acompañada del uso experimental de métodos completamente nuevos y de la adición a los viejos de los avances tecnológicos que habían salido al mercado décadas atrás. En cuanto a estos últimos, ya se ha apuntado la aparición del micrófono y del altavoz, que posibilitaron grandes audiencias en mítines y otros actos de propaganda oral. Pero fue la radio la que facilitó el acceso a la información y propaganda políticas a un número mayor de electores sin que necesitasen asistir en directo a un acto. Cuando el gabinete Martínez Barrio lo autorizó, fueron retransmitidos a todo el país o a determinadas provincias los mítines de varios líderes políticos. Fue así como las palabras de Prieto, Azaña, Gil-Robles, Lerroux, Domingo, Goicoechea, Gordón, Royo-Villanova o Martínez Barrio pudieron escucharse a través de las ondas. Aunque las encargadas de moderar y administrar la propaganda radiada eran las Juntas Municipales del Censo, el gobierno intervino para cortar abruptamente, durante la primera semana de noviembre, el uso de la radio para anuncios políticos, reseñas de candidaturas y actos electorales, retransmisiones leídas de manifiestos, y discursos enlatados en estudios de grabación, que habían comenzado a proliferar¹¹. Por tanto, más que regular, lo que hizo Martínez Barrio fue abortar los primeros spots electorales de la historia de España.

Los nuevos medios de locomoción complementaron la tradicional presencia del tren y facilitaron la presencia de los candidatos en buena parte de los pueblos de su circunscripción, y de los líderes nacionales que debían arroparlos por toda la geografía nacional. En aquel entonces, la apertura de varios miles de kilómetros de carreteras asfaltadas y el uso creciente del automóvil incidieron en la rapidez de los desplazamientos hasta tal punto que, en lo que a las campañas electorales respecta, éste se constituyó en factor sine qua non para intensificar la propaganda en las extensas circunscripciones provinciales. El automóvil había supuesto una revolución para el desarrollo de los comicios de masas en los países occidentales ¹², y España no constituyó una excepción. Además, de las facilidades que otorgaba para la movilidad de candidatos y oradores, el día de los comicios servía como medio de transporte privado de los electores e, incluso, para el acarreo de ancianos, impedidos o votantes que habitasen lejos del emplazamiento de la mesa. Las derechas habilitaron, además, pequeños aviones con los que transportar a sus líderes (sobre todo al más intrépido en su uso: Gil-Robles) de una provincia a otra y posibilitar así que éstos pudieran perorar el mismo día en puntos distantes del país. No obstante, este uso del avión acabó por no hacer fortuna en 1933 merced a una nueva disposición del gobierno, que lo colocó fuera de la ley para cualquier tipo de propaganda electoral.

El automóvil y el avión no fueron sólo simples medios auxiliares, sino que se constituyeron en verdaderos protagonistas de las labores de proselitismo. Las derechas, en consonancia con la intensidad y originalidad de su campaña, los utilizaron para hacer llegar con rapidez propaganda escrita a la mayor parte posible de electores del país sin la intermediación de repartidores. Con el comienzo del mes de noviembre, los vuelos de avionetas por pueblos y ciudades del país arrojando folletos, pasquines y hasta pequeños carteles, todos de la CEDA, se hicieron frecuentes en varias provincias. AP estaba ultimando el alquiler de un autogiro «La Cierva» para esos trabajos cuando las autoridades prohibieron su uso el 7 de noviembre. Más aún, varios automóviles recorrieron los barrios de Madrid y los pueblos de su provincia alfombrando a su paso el suelo con pasquines y candidaturas. En algunos pueblos, como El Pardo, los coches llevaban incorporados aparatos de radio y altavoces por los que se emitía a gran volumen propaganda de la coalición de derechas¹³.

Los medios técnicos puestos en juego por los conservadores no quedaron ahí. La segunda semana de noviembre, equipos de la Juventud de AP instalaron en calles céntricas de la capital, cerca de establecimientos como cafés o teatros, anuncios luminosos con lemas electorales del partido. La última semana antes de los comicios entraron en juego pequeños grupos de tres globos, todos ellos iluminados y que llevaban el lema «Votad a las Derechas», y otros globos de hidrógeno que, a media altura, explotaban esparciendo por las calles hojas de propaganda y candidaturas. Mientras se anunciaba el envío de pequeñas películas con discursos de Gil-Robles a algunas organizaciones provinciales, la JAP paseó por Madrid, la antevíspera y la víspera de los comicios, un camión con forma de tanque que sostenía, en su parte posterior, una pantalla de cine en la que aparecían dos cortos sonoros, grabados previamente en los estudios de Ciudad Lineal. En ellos Gil-Robles, en ademán de mitin, transmitía pequeños resúmenes de la propaganda «cedista». Esos últimos dos días, los asistentes a un mitin monárquico pudieron escuchar un discurso de Calvo Sotelo, exiliado en Francia, mediante procedimiento «radiogramofónico», esto es, grabado para su reproducción en gramófono. No obstante, estos últimos métodos de propaganda tuvieron un carácter experimental y su uso se circunscribió sobre todo a Madrid¹⁴.

Estas formas de publicidad masivas aparecieron en la campaña combinadas con otras mucho más personalizadas y que, tradicionalmente, habían mostrado gran efectividad. La más importante era el contacto individual entre el candidato y sus electores, en los que el primero premiaba la fidelidad, y las promesas de éstos de apoyar o trabajar por la candidatura, con bienes materiales, recomendaciones para un puesto de trabajo, u otros futuros beneficios vinculados al éxito electoral. En esta categoría entraban los llamamientos de los candidatos a sus amigos políticos de los pueblos de la circunscripción por la que concurrían, ya fuese mediante visitas o por carta, apelando a su auxilio para acometer la campaña y preparar la elección (sobre todo, la provisión de interventores y apoderados). Los que ya habían sido diputados durante la Monarquía, como Villalobos o Santiago Alba, no cambiaron en demasía sus formas de hacer campaña. Pero estas prácticas no se circunscribieron únicamente a ellos. En Cáceres, el «azañista» Giral tuvo un intenso intercambio de misivas con su red de amigos políticos para movilizarlos cara la campaña electoral, lo mismo que su correligionario Ruiz Rebollo en Santander. A una escala más reducida, la de los notables afines a sus partidos en provincias, Gil-Robles y Lerroux ejercitaron el contacto personal en Lugo y Murcia, respectivamente¹⁵.

Al mismo tiempo, los candidatos y sus agentes continuaron la tradición de practicar la caridad pública durante la campaña electoral, repartiendo comida y ropa entre sus electores pobres y otros a los que pretendían ganar. En Cádiz, Acción Ciudadana tenía un servicio de asistencia social que distribuyó víveres durante la campaña, aunque suspendió estas actividades dos días antes de los comicios para eludir problemas con la ley. Pero el gesto filantrópico más importante lo protagonizaron los radicales sevillanos. El jefe de la secretaría particular de Martínez Barrio y candidato, Rebollo, depositó una fianza de 31.000 pesetas para liberar a una treintena de anarquistas que estaban en prisión a la espera de juicio, acusados de haber asaltado el ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil de La Rinconada. Sin duda, esto constituía un guiño en toda regla del presidente del Consejo, también candidato por Sevilla, a los electores de filiación «cenetista», numerosos en la capital hispalense. Hasta cierto punto, es evidente que esas prácticas no eran sino una modalidad de compra del voto, y en algunas zonas funcionaron como tal. No obstante, conviene matizar un tanto. En virtud del artículo 69 de la normativa electoral de 1907, la compra del voto estaba clara y terminantemente fuera de la ley, por lo que los candidatos y sus agentes debían tener especial cuidado de no suscitar la denuncia de sus rivales y de las autoridades¹⁶.

Ciertamente, en los lugares donde el aspirante poseía tal arraigo que no tenía contrincantes y donde se había procurado la complicidad de los representantes del gobierno, la compra del voto y otras prácticas delictivas podían existir con impunidad aunque, todo sea dicho, el valor de éstas resultaba secundario en contextos como éste, en los que la victoria de ese candidato podía darse por descontada. Pero es que tal situación no podía ser general en 1933, primero por el alto grado de competencia en todas las circunscripciones y, segundo, por el control por partidos diferentes de las administraciones nacional, regional, provincial y local, que sin duda facilitaba la mutua vigilancia y una intervención neutra de los funcionarios públicos. Por tanto, más que una descarada compra de votos en 1933, lo que algunos candidatos y sus agentes intentaron con el reparto público de comida y ropa durante la campaña fue atraer hacia él la benevolencia del elector concediéndole algo más que prédicas y promesas. Estos candidatos sabían que una parte de esos electores votarían lo que quisieran, pero confiaban en que el grupo más importante, agradecido por el gesto de desprendimiento, acabase apoyándoles sin necesidad de requerírselo. Conocían de sobra que, en los lugares en los que los funcionarios y los agentes del orden se comportasen con neutralidad o incluso fueran políticamente hostiles, bastaba la denuncia de un elector para que éstos actuasen respaldados por la ley. Así pues, aunque la compra directa del voto pudiera tener lugar en algunos sitios, a la altura de 1933 su dificultad era tal que obligaba a elaborados disimulos en localidades políticamente propicias, mientras que en las demás los obstáculos legales y el mutuo control acabó desincentivándola.

* * *

Formas tan variadas de propaganda necesitaron de un inmenso esfuerzo de organización orientado a planificarlas y financiarlas. Y no sólo eso pues, al tiempo, se realizaban todos los preparativos para que durante la jornada electoral no se perdiera un solo sufragio. A este fin, las formaciones políticas establecieron una red de oficinas electorales en la capitales de provincia, ciudades importantes y hasta en las cabeceras de partido judicial, utilizando no ya sus propias sedes, sino también casas o pisos alquilados, desde donde partían propagandistas, arribaban afiliados o simpatizantes a ofrecerse para múltiples tareas, y acudían electores a consultar las mesas en la que debían emitir su voto.

Una de las cuestiones más urgentes era solucionar la provisión de interventores y apoderados. En los pueblos eran los propios comités locales los encargados de suministrarlos, pero en las capitales de provincia y, sobre todo, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde las mesas electorales se contaban por centenares, los partidos hacían llamamientos en la prensa a afiliados y simpatizantes para que accediesen a cumplir con esa tarea. Evidentemente, la convocatoria era más repetida y angustiosa por parte de las pequeñas formaciones políticas, cuyas dificultades para reclutar personal eran mayores. Un indicador de la importancia que algunos partidos como AP otorgaron a esta tarea fue el mitin de «cierre de campaña» que Gil-Robles dedicó, en exclusiva, a los equipos electorales de Madrid. En ese acto se les excitó a cumplir su misión con el máximo celo, pues de nada servía llenar con votos las urnas si los interventores no los hacían efectivos en el acta.

Este tipo de mensajes eran reproducidos, además, en los múltiples cursillos para interventores y apoderados que se celebraron en todas las oficinas electorales del país hasta la víspera de los comicios, dedicados a instruirlos rudimentariamente en el funcionamiento legal de las elecciones y, sobre todo, a mostrarles el catálogo de prácticas corruptas y triquiñuelas con los que tendrían que lidiar. Estos cursillos se ampliaron, incluso, a los presidentes de mesa y adjuntos políticamente adictos, para que trabajasen en lo posible por el triunfo de su partido. Los partidos estaban también encargados de suministrar a los interventores la documentación que habían de llevar a su sección, y a los apoderados los poderes notariales que les permitían ejercer como tales el día de los comicios¹⁷.

El desarrollo de los trabajos exigió una movilización sin precedentes de efectivos humanos. Esto contribuyó, más que las modificaciones legales, a la plena incorporación de segmentos sociales que habían permanecido tradicionalmente al margen de la vida política, como mujeres y varones jóvenes. En el caso de la mujer, su corto número en las candidaturas de los partidos no constituyó, en absoluto, reflejo de su participación real en los comicios. Las derechas estrenaron para estas tareas a sus recientes organizaciones femeninas, que multiplicaron decisivamente el esfuerzo propagandístico de sus partidos por todo el país. Aunque su papel estuvo siempre subordinado a los hombres, que siguieron ocupando los puestos de máxima responsabilidad en la organización de la campaña, su aportación resultó vital, más incluso en el seno de los grandes partidos que en los pequeños. No dejaron de estar presentes en ninguna de las actividades básicas de la campaña o como interventoras y apoderadas el día de los comicios y, en algunas formaciones políticas, las secciones femeninas tomaron bajo su completa responsabilidad la realización de algunas de esas tareas.

Por ejemplo, en la práctica totalidad de los partidos de derecha y en el PSOE se ocuparon de la confección o remozamiento del censo mediante visitas domiciliarias en las que, además, de la consabida acción proselitista, averiguaban si los electores continuaban vivos, residían en los domicilios que constaban en los listados oficiales y, sobre todo, cuál era su significación política, datos que quedaban inmediatamente registrados en los ficheros del partido. Esta trabajosísima tarea resultaba, no obstante, muy rentable desde el punto de vista electoral. Con sus resultados, el partido podía discernir, antes de comenzar el proceso electoral, qué barrios de pueblos y ciudades resultaban más afines y cuáles menos, qué electores podían ser más fácilmente atraídos, cuántos simpatizantes necesitaban el auxilio del partido para acudir a votar, y cuáles de éstos estaban correcta o incorrectamente censados. Y, también, cuántos eran los huecos que dejaba el censo oficial, entre los electores muertos o desplazados que constaban en los listados, para proceder a la tarea de suplantarlos con agentes contratados ad hoc¹⁸.

La mujer también participó en labores duras como la preparación y empaquetado de la propaganda escrita (carteles, folletos, hojas volanderas o candidaturas). Fue protagonista en iniciativas caritativas de indudable sesgo electoral, como el reparto de ropa y comida. Actuó en la vía pública como propagandista, voceando y repartiendo los pasquines del partido. Organizó cursillos prácticos electorales destinados, sobre todo, a ellas mismas, que por primera vez acudían a las urnas. Atendió las consultas censales planteadas por los electores adictos en la oficina electoral. Formó rondas volantes, junto con voluntarios masculinos, para defender el día de los comicios a las mujeres que pudiesen ser coaccionadas violentamente. Pero también se encargó de establecer los lemas de campaña y los artículos periodísticos que habían de utilizar los conservadores para atraer el voto femenino, como hizo Acción Cívica de la Mujer para la Derecha Regional Valenciana. Intervino, además, en los mítines y conferencias hasta el punto de que, en las formaciones que se habían incorporado féminas a su organización como el PSOE o AP, los equipos de propagandistas que recorrían todas las circunscripciones del país siempre contaron con, al menos, una mujer. Además, las organizaciones femeninas de derecha, al igual que sus equivalentes socialistas y republicanas, organizaron mítines y conferencias exclusivamente dirigidas a mujeres para tratar de cuestiones que entonces se consideraban privativas. En definitiva, hasta los radicales, para no quedar detrás de socialistas y conservadores, hubieron de realizar gestos, como un gran mitin femenino en Barcelona, que le procurasen el voto de la mujer¹⁹.

La campaña de 1933 destacó por la incorporación a los trabajos electorales de muchachos jóvenes, en muchos casos aún sin edad de voto. Esto era posible porque las organizaciones juveniles de los partidos importantes, como las Juventudes Socialistas, la Juventud Radical y la JAP, admitían en sus filas a menores de edad, que en 1933 eran los que tenían menos de veintitrés años. En realidad, su actividad no se diferenció en demasía de las tareas que asumieron mujeres y militantes masculinos más veteranos. Si alguna propia cabe, fue que los jóvenes se centraron con más intensidad en tareas de organización que de propaganda. Se responsabilizaron, al igual que las secciones femeninas, de la rectificación del censo mediante visitas domiciliarias y confección de fichas, y del reparto de circulares con instrucciones a los militantes. Cargaron sobre sus espaldas la organización de elementos de defensa de los actos públicos para evitar los boicots. Ofrecieron a sus militantes mayores de edad para interventores y apoderados y, con los sobrantes, establecieron para la jornada electoral equipos de voceadores de candidaturas, rondas volantes para proteger a su personal en las mesas y a los votantes afines, sobre todo si eran mujeres, y también para ayudar a los impedidos a llegar a los colegios con el auxilio de automóviles o motocicletas. En algunos casos, como la JAP, asumieron también un papel principal en la propaganda. Sus militantes estuvieron presentes en varios de los equipos de oradores que peroraban por los pueblos, o se encargaron de repartir folletos y candidaturas. Inauguraron, además, un novedoso servicio de propaganda a domicilio (mailing) y hasta teléfonos para consultas censales, y fijaron la cartelería hasta en las fachadas de los barrios políticamente desfavorables ²⁰.

El esfuerzo propagandístico, el de organización que lo hacía posible y hasta la movilización de agentes electorales necesitaron una cantidad nunca vista de dinero. Como en otras tantas cosas, la creciente complejidad de las campañas electorales propició su encarecimiento económico y esta tendencia se observó en los últimos comicios de la Restauración. No obstante, el ensanchamiento de las circunscripciones y la necesidad de llegar a un mayor número de electores supusieron un salto cualitativo en la factura de gastos del candidato, hasta el punto que sólo los grandes partidos pudieron hacerla frente en 1933 y después de dejar sus arcas exhaustas. Precisamente por ello, el patrimonio personal del candidato, que había sido una baza importante en las elecciones anteriores a 1923 y que continuó teniendo un importante papel, perdió enteros frente a la capacidad del partido para recaudar fondos. Como, en general, la cuota regular del afiliado tan sólo servía para mantener, todo lo más ampliar, la infraestructura de la formación política en época no electoral, los partidos hubieron de recurrir a aportaciones extraordinarias para enjugar los gastos.

Los métodos que utilizaron las formaciones políticas resultaban bastante similares entre sí. En primer lugar, apelaron a través de diversos medios, sobre todo en mítines y prensa adicta, a la generosidad de militantes y simpatizantes para que donaran una cantidad de dinero o elementos útiles para ensanchar la infraestructura del partido en su esfuerzo de captación de sufragios. Acción Popular fue, sin duda, el más beneficiado, habida cuenta de la campaña que montó por sus propios medios. El propio Gil-Robles lo corroboró en sus memorias afirmando que para el 20 de octubre AP de Madrid había logrado recaudar medio millón de pesetas, una cantidad importante para la época. La prensa, en su descripción de los suscriptores conservadores, dejó claro su carácter interclasista, pues junto a una sola donación de 150.000 pesetas, apareció una multiplicidad infinita de medianas y pequeñas sumas que completaban la cantidad referida. No obstante, estas cifras han reflejado una situación de abundancia y suficiencia que no era tal en las derechas. Si su campaña resultó la más amplia, potente y tecnológicamente avanzada, no cabe duda que fue también la más cara y difícil, por tanto, de sufragar. Por ello, AP y los partidos monárquicos no dejaron en varias provincias de apelar a sus seguidores, hasta la última semana de campaña, para que continuaran aportando dinero y prestando sus automóviles. Los donativos a la Unión de Derechas se hicieron a través de tres canales diferentes: el presidente del Comité de Enlace, Martínez de Velasco, la sede de AP y las oficinas de TYRE (Tradicionalistas y Renovación Española), aunque también se abrieron cuentas en el Banco de España²¹.

El PSOE no le fue a la zaga, decidido como estaba a emprender la campaña de propaganda más imponente de su historia. Para ello, los socialistas constituyeron una Comisión Electoral con representación del partido, de la UGT, del grupo parlamentario y de las juventudes, cuya misión principal fue la de obtener el dinero necesario para sufragarla. Los sindicatos «ugetistas» serían la principal fuente de financiación, aunque también se logró una cantidad menor de dinero procedente de particulares, a los que se requirió de igual forma a colaborar económicamente. A diferencia, no obstante, de AP, una parte del dinero vendría a modo de empréstito que el PSOE habría de devolver a la UGT. Por este concepto, los socialistas recaudaron hasta 325.000 pesetas, a los que habría que sumar unas 100.000 pesetas más en donativos de sindicatos y particulares. Las donaciones de entidades sindicales asociadas a la UGT y a la Casa del Pueblo provocaron, a veces, duros enfrentamientos entre sus socios, porque una parte de su militancia no era socialista ni se mostraba partidaria de ceder dinero del sindicato al PSOE.

Con estas cantidades, la Comisión Electoral hubo de costear la propaganda escrita con la que habría de surtir a todas las federaciones provinciales. Éstas y las agrupaciones locales debían hacerse cargo, por su cuenta, de los gastos de propaganda oral: manutención de candidatos y oradores, contrata de espacios para mítines y adquisición de la infraestructura técnica, la más importante y costosa los automóviles. Tales gastos, las comidas de interventores y apoderados y, sin duda, la contratación de notarios para registrar las ilegalidades que pudieran perjudicar los intereses del partido el día de los comicios (aunque el gobierno había facilitado mucho las cosas extendiendo la fe notarial a casi todos los funcionarios en activo, excedentes y jubilados) suponían, en todo caso, un peso en ocasiones insufrible para las organizaciones provinciales, y esto hasta para los partidos que eran relativamente solventes gracias a su tejido asociativo y a sus mecenas individuales, caso también del PNV²².

En cuanto a los partidos republicanos en general, parece que las cotizaciones regulares de los afiliados y, sobre todo, el peculio personal de los candidatos continuaron teniendo un peso mayor que las donaciones, aunque las vías de financiación variaron de provincia en provincia según la fortaleza y el arraigo que poseyeran. Lo cierto era que, en las circunscripciones donde la debilidad de la organización hacía que la campaña dependiese más del patrimonio de los propios candidatos, éstos habían de sufragar los gastos originados por los trabajos de propaganda de su red de agentes electorales. Fue así como, por ejemplo, en varias misivas, los amigos políticos del «azañista» Ruiz Rebollo se dirigieron directamente a él, y no a los organismos provinciales del partido, para que les abonase el dinero que habían adelantado²³.

En general, puede afirmarse que cada partido hizo, en su provincia, la campaña que pudo pagar y, por tanto, la cuantía de los fondos electorales determinó en grado no despreciable la intensidad de la propaganda. Incluso, dada la naturaleza descentralizada de la mayor parte de éstas, el dinero pudo hacer distinta la campaña de un mismo partido en diferentes circunscripciones. Con todo, no hay que concederle un valor trascendental a la hora de captar votos. Al contrario, el hecho de que un partido lograse una recaudación notable en un lugar determinado no era sino una evidencia de su arraigo previo en ese lugar, es decir, era la prueba palpable de que ya poseía un número de simpatizantes tan importante como para tener posibilidades de alcanzar el triunfo final. Aparte, aunque el dinero hacía posible desplegar métodos de difusión del mensaje electoral técnicamente complejos, cada vez más importantes en la política de masas, lo cierto es que muchos partidos lograrían obtener buenos resultados con medios de propaganda modestos y sin dedicarles una suma de dinero demasiado cuantiosa, merced a sus vínculos ideológicos, afectivos o asociativos previos con el cuerpo electoral. En muchos lugares del país, sobre todo en el mundo rural y en muchas pequeñas capitales o ciudades, socialistas, conservadores, republicanos de izquierda o moderados lograron movilizar a sus electores sin necesidad de acudir a sofisticadas fórmulas de captación de voto. Simplemente les bastó con utilizar de una forma más intensiva los tradicionales.

La revolución que introdujo en las costumbres políticas del país la campaña electoral de 1933 puede compararse con el cambio radical que en Italia suscitó la de 1919, los primeros comicios que allí se realizaron con sufragio universal masculino. En Italia esta modificación vino de la mano de tres elementos altamente innovadores: una Ley Electoral proporcional, el escrutinio de lista y, sobre todo, el ensanchamiento de las circunscripciones y la desaparición de los pequeños distritos uninominales. Aunque, estrictamente, España e Italia sólo se asemejaban en esta última condición, en realidad la representación proporcional introducida en Italia dejaba aún margen para el sufragio personalista, el llamado voto preferencial, que permitía al elector votar a un aspirante que no perteneciera a la candidatura partidista de su preferencia. Con lo cuál, aun teniendo formas diferentes de distribuir los escaños, ambos países coincidieron en la adopción de sistemas electorales «mixtos» que tendían a socavar la influencia de los notables y a primar a las distintas formaciones políticas organizadas, aun sin decantar totalmente la balanza a su favor.

El sufragio universal y las nuevas reglas de juego en Italia tuvieron la virtud de introducir cambios notables en los modos de realizar la propaganda, aunque persistieran también los métodos tradicionales. 1919 fue el año del uso de cinematógrafo (curiosa coincidencia, utilizado de forma pionera por la derecha católica, los popolari), del camión y del automóvil como elementos centrales de la distribución de propaganda escrita, de la cartelería y, desde luego, del vivo encarecimiento de los gastos y de la búsqueda alternativa de fuentes de financiación más allá de la propia fortuna²⁴. Es verdad que la intensidad en el uso de este tipo de propaganda fue menor en la Italia de 1919 que en la España de 1933, puesto que los avances técnicos resultaban mucho más accesibles en los treinta que en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial.

También es cierto que las modificaciones legales tuvieron lugar en España en 1931, y éstas no produjeron un gran cambio en las modalidades de propaganda que se desplegaron durante la campaña de las Constituyentes. Pero es que, a diferencia de Italia en 1919, los primeros comicios republicanos españoles se hicieron con unos niveles de competencia entre partidos muy bajos. Este retraso de dos años lo impuso la persistencia, aunque parcheada, de la conjunción republicano-socialista y la desorganización de las derechas. Ambos factores dejaron de existir en 1933 y con ellos los corsés que impedían el enfrentamiento de diversas opciones políticas entre sí por los escaños del Congreso. Con un retraso de algunos años, a causa de la Dictadura de Primo de Rivera, y con los matices que puedan derivarse de las múltiples continuidades con tradiciones políticas pasadas, España entró, como la Italia de 1919 pero con mayor intensidad que el país vecino, por la senda de la política de masas.

Los mensajes electorales

Influidos por el conflicto bélico que sobrevendría tres años más tarde, suele destacarse el maniqueísmo y la violencia de los mensajes que los partidos políticos trasladaron al cuerpo electoral. Sin duda, la presencia de la propaganda sentimental, orientada a movilizar al electorado agitando sus temores irracionales, resulta innegable y en algunos aspectos la campaña electoral de 1933 hubiera hecho las delicias de psicólogos sociales como Le Bon. También es verdad que las afirmaciones de algunos oradores en el sentido de que el resultado electoral no sería respetado tienen una conexión evidente con los sucesos violentos que acaecerían en octubre de 1934. Pero no resulta menos cierto que en la propaganda escrita y en los discursos abundaron argumentos racionales, preocupaciones a las que se trataba de buscar soluciones nada descabelladas, y aspiraciones populares a las que los partidos pretendían dar cauce sin apelar de continuo al derribo de la legalidad vigente. Si en 1933 se traspasó la dosis de demagogia normal en cualquier campaña de hoy día, no puede decirse que este hecho constituyese una anomalía dentro de la Europa de entreguerras. Es más, a posteriori produciría más daño lo que no llegó a decirse con claridad, es decir, la ambigüedad a la hora de expresar respeto a las reglas básicas de la democracia, que lo que se afirmó de manera terminante. Esta ambivalencia era la demostración paladina de la falta de consenso que existía no sobre la forma de gobierno, tema que fue poco discutido, sino sobre el modelo constitucional puesto en marcha en diciembre de 1931²⁵.

Si la legalidad no nos sirve…

La inclusión en la «izquierda obrera» de socialistas y comunistas es sólo una proposición metodológica, reforzada por la circunstancia de que ambos grupos se dirigían al mismo sector del electorado: lo que ellos denominaban el «proletariado». Pero ahí acababan las coincidencias. Al no existir de ningún modo candidaturas conjuntas, ni tan siquiera una mínima coordinación electoral en la primera vuelta, forzosamente el PSOE y el PCE habían de diferenciarse para encarnar ante la opinión no ya dos opciones distintas, sino contrapuestas.

Quien lo intentó con mayor ahínco fue el Partido Comunista, con la ventaja de su completa desvinculación de la izquierda gubernamental, a la que se había opuesto por todos los medios posibles. En las Cortes, con su único diputado, el exradicalsocialista Balbontín, y ello pese a su declarado desinterés por el «parlamentarismo burgués»; en la calle, patrocinando huelgas y, por añadidura, conspiraciones y levantamientos armados en los municipios donde poseía algún arraigo. El objetivo electoral del PCE parecía ser el monopolio de los sectores más extremistas de la izquierda, absorbiendo una parte del voto socialista y aislando a los comunistas «disidentes» del BOC. Con todo, tanto los fines como las estrategias no eran producto de los dirigentes españoles, sino de los dictados de la Internacional Comunista, a los que éstos se plegaron con sumisión absoluta al menos durante la primera vuelta. En la campaña de 1933, los comunistas enfilaron sus baterías no sólo contra las derechas y los republicanos, sino también, y con especial saña, contra sus competidores socialistas, haciendo gala de un lenguaje demagógico y violento que tan sólo matizaba su debilidad y falta de capacidad para que las consignas calasen en un número apreciable de electores. Así, Mundo Obrero se refirió a Indalecio Prieto como el «arcabucero mayor del socialfascismo», apelativo que los comunistas utilizaban con profusión para referirse al PSOE, y sus oradores tachaban la legislación laboral de Largo Caballero como de «leyes fascistas». En Ciudad Real, un orador del PCE equiparó a los socialistas con una partida de bandoleros, y en la campaña usaron de continuo los sucesos de Casas Viejas a modo de ariete contra ellos.

Frente a los «socialfascistas», esos que estaban contribuyendo sobremanera a consolidar la «República burguesa», el PCE se consideraba a sí mismo como el partido auténticamente revolucionario y, por ello, la doctrina emanada por la Komintern constituía la única vía válida para que la «clase obrera» se apropiara del poder. El programa de gobierno también fue fijado previamente desde Moscú y, como no podía ser de otra manera, pretendía convertir el país en un sucedáneo idealizado de la Unión Soviética: expropiaciones de tierra y entrega de ella a los campesinos; nacionalización de las grandes industrias, de la Banca y de los medios de transporte; expropiación de los bienes de la Iglesia; control de la economía por los soviets; aumento de salarios y reducción de la jornada laboral a siete horas; liberación de los pueblos oprimidos como el catalán, el vasco o el marroquí (aunque el PCE se oponía al Estatuto vasco que pretendía sacar adelante el PNV); disolución del Ejército y de las fuerzas del orden; armamento de los campesinos y obreros como núcleo del «Ejército Rojo»; y alianza fraternal, como no podría ser de otra forma, con la «patria del proletariado», la Unión Soviética. Evidentemente, los medios para llegar a tal estado de cosas podían calificarse de muchas maneras, salvo de pacíficos y democráticos. En Badajoz, donde los mítines del PCE solían acabar en trifulca, los oradores comunistas gustaban de apelar a la violencia revolucionaria: en Quintana de la Serena llegaron a recomendar a su auditorio que se hicieran con armas y se dedicaran a cortar cabezas. Cuestión recurrente en la propaganda del PCE fue, en fin, la atracción del sufragio de la «mujer proletaria», pues subrayó la comunidad de intereses que le unía al varón obrero como «clase social» oprimida, y propugnó la equiparación de los derechos de los proletarios de ambos sexos en la futura sociedad comunista²⁶.

Por el contrario, los «maurinistas» que integraban el Bloque Obrero y Campesino tenían otra forma de ver la situación política, aun cuando coincidían en lo fundamental del programa comunista. Pese a que, como partido extremista, su retórica a veces incurría en las demasías del PCE, su hostilidad se concentraba principalmente sobre las derechas y los partidos republicanos, que para ellos representaban globalmente los intereses de la «burguesía» y el «verdadero fascismo». Sin embargo, para los del Bloque, el PSOE y la USC eran representantes genuinos de la «clase obrera» a los que había de ganar para caminar de forma resuelta hacia la «superación» revolucionaria de la «República burguesa». De ahí la relativa benevolencia de su propaganda con los socialistas, y los ataques al PCE y a la Federación Anarquista Ibérica que, con sus proclamas antisocialistas, no facilitaban la convergencia de intereses entre las distintas familias de la izquierda obrera. No obstante, la debilidad del BOC mermaba la capacidad de influencia de su discurso y sólo un sector del PSOE catalán y algunas secciones locales de la UGT fueron seducidos por el «frente único del proletariado»²⁷.

Frente a la relativa intrascendencia de la propaganda de las dos formaciones políticas anteriores, el discurso del socialismo español, representado en 1933 por el PSOE, y en menor medida por la USC, no sólo tuvo gran repercusión, sino que marcó la campaña electoral y el contenido del mensaje de sus adversarios. Para entonces, ambas ramas del socialismo se encontraban en proceso de fusión, aunque las estrategias ya habían comenzado a diferenciarse. El PSOE se había divorciado políticamente de los republicanos de izquierda, al tiempo que los catalanistas se hallaban en un proceso de estrechamiento de lazos con ERC. Precisamente por esto, la propaganda de USC estuvo dirigida únicamente a advertir de los peligros de un Parlamento dominado por agrarios y radicales, algo que supondría nada menos que la «borbonización fascista de la República»²⁸, sin cuestionar lo esencial de la política desarrollada por sus aliados desde la Generalidad.

La propaganda socialista suele presentarse como una reacción defensiva contra el acoso de las derechas y radicales. En este sentido, es cierto que el «antimarxismo» constituyó una bandera que enarbolaron tanto el PRR como la Unión de Derechas y se fundamentaba en que el sectarismo de la Constitución y de las leyes de contenido económico, social y religioso, los problemas de orden público y la propia crisis económica, eran de todo punto imputables al PSOE. En consecuencia, la salida del gobierno de los socialistas, junto con la aplicación suave (en el caso del PRR) o la derogación (como propugnaban las derechas) de la legislación social-azañista, bastaría para devolver la confianza al país. No obstante, esta crítica pecó mucho de interesada y, en el caso de los radicales, hasta de exculpatoria. Si bien es cierto que los socialistas habían influido enormemente en el texto constitucional, habían sido los fautores de las polémicas leyes sociales y, además, una parte de sus alcaldes y concejales, de sus militantes y de los sindicados a la UGT habían promovido huelgas y participado lo suyo en perturbaciones de orden público, también lo era que los republicanos de izquierda y hasta a los propios radicales tenían mucha responsabilidad en lo extremoso del texto constitucional y de buena parte del paquete legislativo, sobre todo en lo que tocaba a los asuntos religiosos. Además, no cabe olvidar que los socialistas habían representado un cuarto del Parlamento anterior y, por tanto, el hecho de que la legislación que propugnaban hubiera salido adelante era también imputable a los republicanos de izquierda y en parte a los «lerrouxistas». Por tanto, si el antimarxismo de las derechas era consustancial con sus principios, la oposición al socialismo de los radicales había nacido de un planteamiento puramente estratégico que acabó fracasando: el de separar a los republicanos de izquierda del PSOE y aislar a este último para poder gobernar por bastante tiempo. Era el mismo que los socialistas habían tratado de aplicarles desde mediados de 1931.

Los socialistas, en lugar de aprovechar las fragilidades y contradicciones del discurso radical y aun cuando no les alcanzaba toda la responsabilidad de la polémica actuación ministerial entre 1931 y 1933, defendieron como propia las políticas del primer bienio y aun las criticaron por insuficientes, de lo que culparon a los republicanos de izquierda. Del mismo modo, asumieron gustosos el rol de partido marxista revolucionario que le endilgaron sus adversarios y el planteamiento de los comicios como un plebiscito entre los que deseaban caminar rumbo a la «República socialista» y los que se oponían. Por tanto, más que defensiva, la propaganda del PSOE no fue sino ofensiva, en tanto que hacía ver a los electores que un triunfo de su partido significaría un drástico pisotón en el acelerador para conducir al país hacia un régimen socialista. Y este nuevo «régimen» era identificado como una agudización de las políticas del primer bienio, esas que una parte importante del electorado ya había reputado como negativas. En fin, esta estrategia pretendía capitalizar en su favor el voto de todos los sectores de la izquierda española que se oponían resueltamente a un gobierno más moderado, haciendo ver que en este enfrentamiento entre marxistas y antimarxistas el resto de las opciones políticas izquierdistas tenía un papel claramente marginal, como sus antiguos aliados «azañistas» y radicales-socialistas, o sencillamente hacían el juego a las derechas, caso de los comunistas y los anarquistas²⁹.

El manifiesto electoral del PSOE, redactado por Indalecio Prieto y presentado a la opinión el 11 de noviembre, descalificaba a sus adversarios como los mismos que tradicionalmente habían criticado cualquier tipo de legislación social por perjudicial para la economía nacional. El manifiesto obvió cualquier referencia a la etapa de gobierno de los socialistas con los republicanos de izquierda, si no era para referirse a lo positivo de la normativa laboral emanada del Ministerio de Trabajo desde 1931. También quedó clara la oposición de los socialistas a la disolución de las Cortes constituyentes y justificaron su alejamiento del poder mentando la supuesta inobservancia del artículo 75 de la Constitución. No dejaron de criticar a los radicales, «el partido sedicente republicano», y su alianza con las derechas, calificada como «repugnante contubernio» con «los más insolventes y desenfadados enemigos del régimen». El manifiesto terminaba con la pomposa autodesignación del socialismo como el «más firme baluarte de la República», cuyo propósito era que no se rectificase absolutamente nada de lo hecho durante el primer bienio; y con el deseo de que la victoria electoral del PSOE sirviera de prólogo «a otras jornadas más decisivas para la victoria plena del proletariado, que sólo es posible con el adueñamiento total del Poder político por la clase obrera»³⁰.

En los programas y lemas de campaña que aparecían anexos a sus candidaturas, el PSOE insistía en la defensa a ultranza no ya de todas las leyes sociales, incluida la denostada Ley de Términos, sino de las bases de trabajo establecidas durante el primer bienio que, de una forma casi sistemática, habían favorecido a obreros y jornaleros. Hasta tal punto era así que los socialistas negaban toda legitimidad a una mayoría parlamentaria diferente para modificar esas leyes. Pero éstos no se limitaron a apostar por su conservación, sino que pretendían completar la reforma agraria expropiando sin indemnización numerosos fundos. Además, abogaban por la inmediata aplicación de las leyes de arrendamientos rústicos y de laboreo forzoso; por el control sindical de las bolsas de trabajo, y por un plan de obras públicas que eliminase el paro. Estas medidas eran consideradas por los socialistas como indispensables para la completa «emancipación del trabajador», esto es, para allanar el futuro monopolio sindical y político de los socialistas, y para sustituir el modelo económico liberal.

En este sentido, los sectores más moderados, lejos de disentir o matizar el programa anterior, parecían representar aún mejor la ortodoxia marxista. En un mitin en Madrid, Besteiro, además, de abogar por el subsidio de paro, apostó por la completa «socialización» de la tierra, de la Banca, de los yacimientos mineros y de otros recursos básicos del país, para marchar decididamente rumbo al «socialismo» y evitar así que las masas, hastiadas por la crisis económica y el paro, volviesen sus ojos al fascismo. Coincidía plenamente con Largo Caballero, el cuál consideraba que la solución «más científica» para acabar con la crisis era «aumentar los jornales, reducir la jornada laboral e ir hacia la socialización de los medios de producción y de cambio»³¹.

Caminar por esta senda era la única preocupación que sentían los dirigentes y militantes del PSOE. La oleada de huelgas, la crisis económica, los problemas de orden público o el hecho de que el mismo orden legal dejase de tener el beneplácito de sectores importantes de la opinión no eran imputables a los socialistas, sino a los «capitalistas» o «burgueses» que no se allanaban a la legislación social promulgada, a los anarquistas que no deseaban integrarse en los Jurados Mixtos, o a las derechas que no se resignaban a aceptar la República tal y como estaba instituida. Para los socialistas, estaba claro que el triunfo de estas últimas sólo serviría para «monarquizar» la República, es decir, para volver al sistema político y al modelo económico y social anterior a 1931, aun sin que retornase Alfonso XIII. En su opinión, los conservadores contaban, además, con la plena complicidad de los radicales, traidores a la causa y refugio de políticos del «Antiguo Régimen». En un mitin en Madrid, Prieto calificó al Partido Radical como «vertedero cubierto por detritus, en el que refluyen las alcantarillas políticas de lo más viejo e inmundo de España». De los Ríos, en una interpretación histórica sui generis, comparó a Lerroux con Cánovas, pues el líder radical iba a entregar el régimen a las derechas como hizo el segundo, que cedió la Monarquía de 1875 a los carlistas. Impugnó además, la labor de movilización de AP acusando a los católicos españoles de tener «vocación guerrera» y de ser «perturbadores de las conciencias», y redujo su significación política al de simple bastión de la «Dictadura capitalista», aquella que ahora se presentaba con el antifaz del fascismo³².

Una de las grandes preocupaciones del PSOE consistió en resolver a su favor el enigma del sufragio femenino. Al igual que los partidos obreristas más extremos, la solución propagandística más utilizada fue la de convencer a las mujeres pobres de que antepusieran su pertenencia al «proletariado» a cualquier tipo de consideración de género o de creencias religiosas. Los socialistas apostaban por la equiparación jurídica entre el hombre y la mujer. No obstante, en sus propagandas, ésta no aparecía como un ser autónomo, sino asociada al varón como madre, hija o esposa que sufría las consecuencias de la pobreza y la escasez del jornal que el hombre traía a casa o de su reclutamiento para la guerra. El propio Largo Caballero, en un mitin en Jaén, equiparó el trabajo femenino con el infantil en cuanto que contribuía a envilecer los jornales, y se postuló en contra de ambos «para que los niños vayan a la escuela, y la mujer pueda atender a su hogar». Sólo cuando la propaganda iba dirigida a las mujeres que trabajaban fuera del domicilio, en talleres, fábricas, escuelas u oficinas, el tratamiento se reorientó a resaltar sus inferiores condiciones laborales, generalmente peores que la de los hombres. Por otra parte, la asociación de las derechas con el capitalismo opresivo y la guerra (Cuba o Marruecos) o con los regímenes belicosos de Hitler y Mussolini era otra de las bazas que los socialistas utilizaron para ganar el voto femenino. Además, atendiendo a que la práctica religiosa era un fenómeno más intenso en la mujer española que en el hombre, los socialistas trataron de convencer al electorado femenino de que ellos no estaban en contra de la religión sino de la influencia política y el poder económico de la Iglesia católica. Procuraron, por último, rentabilizar electoralmente su defensa en las Cortes del sufragio femenino, del divorcio y de la extensión de la legislación laboral a las mujeres trabajadoras³³.

En general, que el PSOE quisiera orientar el sistema político, la economía y las relaciones laborales en España hacia lo que concebía como «socialismo» resultaba de todo punto normal, nada excepcional respecto a otros movimientos socialistas europeos coetáneos. Lo inquietante para el orden legal era la vaporosa lealtad de importantes sectores de este partido a las reglas de juego democráticas y las ocasionales apelaciones a la violencia si la decisión del cuerpo electoral no les era favorable. En este sentido, la campaña de 1933 consolidó el proceso de radicalización del PSOE, que se había acelerado tras su salida del gobierno y el ascenso de su máximo rival, el Partido Radical. Alarmaba, sin duda, que el que había sido ministro de Trabajo y principal promotor de la legislación social, Largo Caballero, se dedicase con frecuencia a advertir que los socialistas no sólo se defenderían contra cualquier intento violento de las derechas contra el régimen o contra su derecho a gobernar si triunfaban, como hacía Prieto, sino que pasarían por encima del ordenamiento jurídico vigente si éste no respondía a sus intereses.

Largo habló durante la campaña de promover la sustitución de la bandera tricolor por la revolucionaria roja, amenazó con la violencia a las empresas que se resistieran a las reivindicaciones obreras, afirmó la existencia de una Guerra Civil larvada y de la inevitabilidad de un choque violento entre españoles, y aseveró, con una naturalidad pasmosa, que los socialistas sólo admitían la democracia cuando les convenía. En una entrevista concedida a un redactor de El Liberal, el exministro calificó la victoria de las derechas en las elecciones como un «imposible» a menos que la obtuvieran con sobornos y pucherazos: «Y claro está que un Parlamento así elegido, a nosotros no nos merecería el menor respeto, y ya sabe usted lo que debe hacerse con las cosas no respetables: destruirlas o desobedecerlas». Peor aún, el órgano de prensa del PSOE, El Socialista, y otros medios afines insistieron machaconamente en que los resultados electorales no serían aceptados si implicaban un cambio en el sentido revolucionario de la República³⁴.

Pero es que esta radicalización, lejos de ser actitud personal de determinado líder, parecía responder a una demanda desde abajo, asumida por buena parte de los directivos de las federaciones provinciales del partido y por un sector sustancial de la militancia. En Zaragoza, el manifiesto electoral de los socialistas hablaba de cancelar «la etapa de paños calientes, que no ha dado otro resultado que el envalentonamiento de la reacción» y de la necesidad de que un «cirujano de hierro… con el bisturí corte sin contemplación todas aquellas partes del cuerpo social que se encuentren gangrenadas». Justificándose en que la coalición de derechas era patrocinadora de «violencias, sangre y campos de concentración», afirmó que los socialistas defenderían la vigencia y aplicación de la legislación social con o sin legalidad republicana, mediante «la Guerra Civil y, por ella, el triunfo de la clase trabajadora, la toma del poder político». El semanario socialista El Mundo Obrero de Alicante aseveró días después de la disolución de las Cortes que las

«próximas elecciones tienen un carácter exclusivamente revolucionario… Para la clase obrera esas elecciones representan lo que para los republicanos las del 12 de abril. Tras de ellas estaba la República y tras las que vienen, debe estar el socialismo… Sabemos, desde luego, que aunque triunfáramos plenamente en ellas, la clase burguesa no nos iba a ceder voluntariamente el Poder. El Poder tendremos que conquistarlo por la violencia».

No era el único que así pensaba. En Málaga, el candidato socialista García Prieto excitó a su auditorio a construir barricadas y a actuar con la máxima violencia frente a los adversarios políticos. En Ávila, Hernández Zancajo habló de «despedazar» físicamente a los grandes propietarios agrícolas, que privaban de la libertad «y hasta de la honra de vuestras mujeres» a los jornaleros. En una jugosa entrevista en El Defensor de Granada, la candidata socialista Lejárraga fue interpelada sobre si un hipotético triunfo electoral de las derechas significaría el estallido de la revolución, cuestión a la que contestó: «Sí… sería el inicio de la revolución. Hasta ahora las masas están contenidas por la esperanza. Si… pierden esta esperanza de mejorar siquiera un poco, entonces no habrá quien las contuviese, porque a matar y a morir siempre está dispuesto el desesperado». De todos los dirigentes del PSOE, los socialistas pacenses batían el récord en cuanto al extremismo y calentura de su oratoria.

Algunos líderes más moderados llegaron a contagiarse de este ambiente. De los Ríos finalizó su mitin de cierre de campaña en Granada con un párrafo «excitando a la lucha para conseguir el avance social que logró en Rusia Lenin». Trifón Gómez afirmó en otro mitin en el madrileño Cine Pardiñas que si los socialistas no conseguían sus reivindicaciones pacíficamente, lo harían violentamente. Jiménez de Asúa, nada menos que expresidente de la Comisión constitucional, apostó por la lucha de clases como un elemento fundamental para que el PSOE consiguiera sus objetivos, y hasta se permitió disculpar la matanza de Castilblanco acudiendo al ejemplo literario de Fuenteovejuna. Besteiro profetizaba la antevíspera a la jornada electoral, en unas declaraciones al periódico francés Le Nouveau Soir, la llegada de una revolución social violenta de la mano de un triunfo electoral de las derechas, pues en ese caso los socialistas daban por descontada la abolición de la legislación social y del régimen democrático. Menos diplomático, el valenciano Andrés Ovejero advirtió en un mitin que «la bandera blanca que significa la papeleta que hemos de depositar en las urnas se teñirá de sangre si resultan vencedoras las derechas»³⁵.

A pesar de que los mítines socialistas eran mucho más que meras apelaciones antidemocráticas, no cabe duda de que esta agresividad subrayaba la debilidad, basada en una concepción únicamente utilitarista, de los vínculos del socialismo con la legalidad republicana, y dejaba ver que para el PSOE los comicios no constituían el campo decisivo de confrontación entre distintas opciones políticas. Que esta postura fuese asumida, además, por un partido con tan cuantioso peso en la opinión pública constituía la demostración palmaria de que retornaban las carcomas del dogmatismo ideológico y del exclusivismo político que tanto habían contribuido a desgastar el régimen parlamentario en España. Lo absurdo era que las referencias a la violencia no obedecían a un objetivo revolucionario inmediato y concreto, elaborado para una rápida toma del poder. Parecían más bien irresponsables y hasta peligrosas bravuconadas destinadas a amedrentar al adversario, para no perder lo conquistado durante el primer bienio y seguir avanzando con los menores obstáculos posibles en la «construcción del socialismo». Estos radicalismos también pretendían satisfacer a un electorado pretendidamente identificado con las consignas más revolucionarias del marxismo. No obstante, de los discursos de los líderes socialistas durante la campaña tampoco puede inferirse que el PSOE se estuviera convirtiendo en una suerte de partido bolchevique. Una atenta lectura, incluso de las piezas oratorias de Largo Caballero, indica que hay que tener en cuenta el contexto para interpretarlas adecuadamente.

Así, en el discurso del Cinema Europa de Madrid, el exministro de Trabajo apenas dedicó tiempo a baladronadas y se centró en la defensa de la legislación social como medio precisamente de atemperar la violencia dentro de la «lucha de clases». No obstante, dejó claro que si los patronos no acataban la legislación social vigente, «los obreros se lanzarán a la violencia». En Ávila afirmó tajantemente que el 19 de noviembre los socialistas no harían la revolución social y que estas elecciones sólo significarían «un paso de avance para realizarla». Su discurso se radicalizó en los mítines de Jaén y, sobre todo, de Badajoz, donde una parte sustancial de su electorado, ideológicamente extremista, gustaba de las demasías retóricas. En la localidad pacense de Zafra insistió en que estas elecciones serían un jalón más en el ascenso pacífico del PSOE al poder, pero también afirmó que en ningún caso procuraría detener el avance de los «proletarios» hacia la «revolución social», y que hasta lo alentaría. Amenazó además, con desbordar la legalidad vigente si se les arrebataban escaños «por procedimientos sucios». En Jaén, Largo aseveró que un triunfo socialista provocaría un levantamiento de

«monárquicos» y «fascistas» y que en ese caso consideraba legítima una actitud equivalente de los socialistas. Pero, para diferenciarse de Prieto, pidió a su auditorio que, si apreciaban debilidad en sus líderes para responder a la agresión, que pasaran por encima de ellos y tomasen la dirección del movimiento³⁶.

De vuelta a Badajoz, en la localidad de Don Benito y ante un auditorio entusiasta fue donde Largo perdió los estribos. Amenazó a los partidos del centro y la derecha con romper con el régimen parlamentario si éstos derogaban la legislación social vigente o impedían la aprobación de nuevas medidas, «porque la clase obrera no se va a contentar de aquí en adelante con simples leyes… Lo decimos nosotros francamente. Vamos por todo el Poder político». A continuación, lanzó su célebre oración extremista:

«Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. No ocultamos nuestro pensamiento. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada… Tardaremos más o menos, pero no ocultamos que vamos hacia la revolución social… Y yo digo que la burguesía no aceptará una expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia… Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la Guerra Civil. ¿Qué es sino la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena Guerra Civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El día 19 vamos a las urnas… Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas».

Para redondear estas frases, Largo pidió explícitamente a su auditorio que estuviera preparado para un choque violento con las derechas, y a las mujeres que animaran a sus maridos y que no los sustrajeran de la lucha. En otro mitin en Azuaga, el líder socialista, haciendo bueno el discurso anarquista, dijo que la «democracia burguesa» no era más que una «composición de palabras» y una «mentira» y que el deber de los «proletarios» era destruir tales ficciones. No era casualidad porque, a continuación, pidió la unión de todo el proletariado tendiendo la mano a todas las formaciones obreristas, pero principalmente a la CNT. Y para generar más zozobra en la opinión no socialista, Largo acortó los plazos de la revolución que estaba por llegar:

«… vamos a las elecciones. Y si triunfamos, no nos daremos por satisfechos con la victoria en las urnas. No crea la burguesía que vamos a limitarnos a celebrar el triunfo político. Solemnemente decimos que después de las elecciones procuraremos llevar al ánimo del proletariado español la necesidad de ir a la instauración de un régimen de igualdad social en que queden abolidos para siempre los privilegios de clase»³⁷.

En Albacete, donde también primaban los radicalizados militantes de la Federación de Trabajadores de la Tierra, Largo afirmó rotundamente que, para el PSOE, la democracia tenía un valor relativo, el de ser un medio por el que llegar a la implantación del socialismo: «Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista revolucionaria del Poder». Aseguró, además, que llegarían a utilizar «todos los medios posibles» para evitar la aprobación de proyectos de ley que rectificasen la legislación social del primer bienio. Anticipando, en fin, los hechos de octubre de 1934, advirtió que la «clase trabajadora» debía levantarse «como un solo hombre» ante la posibilidad de un gobierno compartido entre radicales y agrarios o ante un gabinete de Acción Popular. Pero, lejos de ser un movimiento defensivo, habría de acarrear la implantación, sin más dilaciones, de un régimen auténticamente socialista y para ello pidió la unidad de todo el proletariado, haciendo un nuevo llamamiento a los anarquistas.

En Murcia moderó algo el tono aunque remachó su discurso haciendo un llamamiento a los jóvenes socialistas en estos términos: «Templad, jóvenes, vuestro ánimo, porque a pesar de que el día 19 triunfemos legalmente, será preciso acudir a otros actos para arrollar los obstáculos que el capitalismo quiera poner en el camino de nuestra victoria». En la más conservadora Salamanca sólo se centró en defender la legislación social y atacar al Bloque Agrario, pero volvió a dejar claro lo inaceptable de una coalición gubernamental de radicales y agrarios y lo legítimo, frente a ella, de una «intervención revolucionaria del pueblo». Por último, también supo templar su oratoria en Madrid: afirmó que los socialistas eran «perseguidos» porque eran el verdadero puntal de la República y hasta matizó sus referencias a la «Guerra Civil», aunque endilgó la responsabilidad a los radicales: «si en España se desencadena la Guerra Civil, los principales responsables son aquellos que han dado entrada en sus candidaturas a los elementos reaccionarios, monárquicos, fascistas y agrarios»³⁸.

Estas peligrosas demasías se alternaron con numerosas apelaciones al orden, a la responsabilidad e incluso, para mayor confusionismo, al respeto de la legalidad y del propio resultado electoral, claro que por otros oradores. En Granada, De los Ríos pidió a sus electores un esfuerzo para lograr la victoria pero también una «marcha serena». «Oídlo bien, serena», continuó: «las cabezas de estopa, cabezas enloquecidas, no tienen nada que hacer entre nosotros». En Valladolid, Prieto pidió a la izquierda republicana que se uniese en un solo partido para completar las «reformas burguesas», pues los socialistas no deseaban compartir de nuevo el poder. Pronosticó el triunfo de los radicales en los comicios y dejó meridianamente claro que la actitud del PSOE sería de dura oposición hacia todo lo que representaba el «lerrouxismo», pero en todo caso oposición en el Parlamento, y apeló a la paciencia del sector más extremista de su auditorio porque «en las contiendas parlamentarias no se resuelve por la violencia ningún problema revolucionario; que las cosas revolucionarias dentro del Parlamento tienen expresión y cauce muy distintos». En Granada, Prieto se reafirmó en que, tras los comicios, el PSOE desplegaría una labor de simple oposición parlamentaria al futuro ejecutivo radical: «El Gobierno que pretenda pisotear las conquistas logradas… no podrá vivir porque no lo consentirá el Grupo parlamentario socialista». Y, a diferencia de Largo, aunque calificó en Málaga al movimiento agrario de «vertedero de todas las inmundicias políticas» y hasta condenó un posible entendimiento postelectoral de éste con los radicales, no hizo referencia alguna al uso de la violencia para impedirlo. En Valdepeñas (Ciudad Real), Saborit aconsejó a su auditorio una lucha tenaz por la victoria electoral, pero «conservando orden y respeto para las distintas creencias». En el mitin del Cine Pardiñas de Madrid, Trifón Gómez afirmó que los socialistas acatarían el resultado electoral, les fuese o no favorable:

«Si el resultado en las urnas nos fuere adverso, ¡qué íbamos a hacer! Lo que hemos hecho toda nuestra vida. Seguir luchando, seguir trabajando con igual seriedad y mayor valentía, hasta conseguir que el pueblo español se convenza… de que sólo poniendo los destinos del país en manos [del] Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, tendrán sus males remedio».

En el mismo mitin, Besteiro afirmó que la socialización de la economía debía ser compatible con el mantenimiento de las instituciones democráticas, las únicas suficientemente abiertas como para permitir la crítica a la labor del Estado. Frente a la campaña antisistema de los anarquistas y pese a los denuestos contra la «democracia burguesa» de algunos oradores socialistas, el PSOE apostó sin dudarlo por la participación de la «clase obrera» en las instituciones. «Abstenerse es suicidarse», clamaba El Socialista durante la campaña electoral³⁹.

¡Votad a la República!

La atomización que padecían los partidos republicanos de izquierda en 1933 no impidió detectar en sus discursos muchísimos puntos en común. Sin duda, esto evidenciaba las motivaciones personalistas que estaban detrás de esa división. Por otra parte, su campaña, a diferencia de la de los socialistas, sí que fue verdaderamente defensiva por cuanto se basó, sobre todo, en la salvaguardia de las realizaciones del primer bienio y en la descalificación de los que amenazaban con destruirlas mediante una profunda rectificación (derechas), o con trastocarlas moderando su aplicación (radicales). Evidentemente, la descalificación no era pareja, pues los puntos de contacto ideológico con los «lerrouxistas» y su indudable republicanismo contribuían sobremanera a suavizarla. La crítica hacia las derechas resultó, por el contrario, tan ruda que en la práctica los republicanos de izquierda no se diferenciaron en esto de los socialistas. Aquéllos identificaban los propósitos revisionistas de los conservadores con su «antirrepublicanismo», haciendo consustanciales la preservación de las medidas legales aprobadas entre 1931 y 1933 con la propia pervivencia del régimen.

Más aún, «azañistas», «dominguistas» y Esquerra acusaron durante la campaña a la Unión de Derechas de conspirar abiertamente para derribar la República, de ser abiertamente partidaria del fascismo y del retorno de la Dictadura, y de estar sustentada en el gran capital, la Iglesia y los viejos caciques. Domingo habló en Alicante de la necesidad de «acabar con la España vieja, fanática del evangelio y de opiniones antimodernas». En Tarragona, tachó a los agrarios de «reaccionarios» y a la Lliga de «elemento perturbador de la República» y de «último baluarte de la Monarquía». La afinidad de la propaganda de ERC con la de los republicanos de izquierda era absoluta. Los medios adictos a la Esquerra consideraban la jornada del 19 de noviembre como complementaria de la del 14 de abril, pues estos comicios habrían de confirmar el sentido izquierdista de la República y la derrota de los enemigos del régimen y de la autonomía de Cataluña⁴⁰.

Sólo Azaña pareció matizar algo estas alarmas cuando, en la clausura de la Asamblea Nacional de AR, y posteriormente en varios mítines, aclaró que en estos comicios el verdadero peligro no estribaba tanto en un cambio formal de régimen como en la modificación del perfil revolucionario y rupturista que, tanto ellos como los socialistas, le habían dado. Según el líder de AR, había de proscribirse «la corrupción, la debilidad, la transigencia y todo aquello que impide el desarrollo del espíritu con que se hizo la revolución… todo lo que sea contrario a ese espíritu es monarquismo». De Azaña vinieron las críticas más atinadas a las incoherencias del Partido Radical. Éste se preguntó en un mitin en Madrid cómo Lerroux se disponía a mantener la legislación del primer bienio gobernando con los «enemigos de la República», las derechas partidarias de su revisión. Es más, si los radicales estaban básicamente de acuerdo con mantener el conjunto normativo de 1931-1933, ¿por qué habían forzado la disolución de las Cortes? Azaña obviaba aquí que su voto favorable a la moción de los socialistas contra el gobierno Lerroux había hecho imposible la continuidad de las Constituyentes. Tampoco faltaron referencias a la fama corrupta del Partido Radical, como la que hizo Domingo en Madrid. Mientras ensalzaba la honestidad de republicanos de izquierda y socialistas, se quejó de que Lerroux «acusa sin tener en cuenta su pasado»⁴¹.

Junto a la descalificación del adversario, las apelaciones a la unidad de la izquierda fueron recurrentes, tanto en la prensa nacional como en la de provincias. Estas apelaciones pretendían alcanzar a toda la izquierda republicana y a los socialistas y, en las circunscripciones donde la derecha era fuerte, incluso a los radicales. En general, la unión electoral entre PRSI y AR no suscitaba resquemores, dada la buena sintonía entre sus líderes. El problema era la atracción de los socialistas y eso que, durante la campaña, Azaña y, sobre todo, Domingo se consideraron vinculados al PSOE ad aeternum. El líder del PRSI afirmó en Bilbao que las izquierdas republicanas consideraban «un deber el permanecer adscritos al partido socialista para que, incorporando el proletariado a la República, no sienta aquél afán de revoluciones violentas», pues aspiraban a que el régimen constituyese «el gran ensayo de la democracia para resolver los problemas sociales y económicos huyendo de los sistemas de Dictadura». Pidió al PSOE que recordara lo sucedido en la Francia de 1875, cuando todos los republicanos se unieron para derrotar la marea conservadora que amenazaba con apoderarse de la Tercera República, y los contraejemplos que representaba la subida al poder del «fascismo» en Alemania e Italia. En Madrid, llego a afirmar que consideraba los triunfos socialistas como propios, «porque a ellos estamos espiritualmente unidos». Con algo menos de pasión, Azaña alentó, en la Asamblea Nacional de AR, a las izquierdas a unirse «para evitar que la República caiga en manos de las derechas»⁴².

No obstante, estas apelaciones a los socialistas no resultaron del todo efectivas. Aún peor, la unión de, al menos, todos los republicanos de izquierda tampoco fue viable. El panorama parecía más enconado en Cataluña que en ninguna otra región del país, dada la mutua hostilidad con que se obsequiaron la Esquerra y sus variadas escisiones. Los repetidos llamamientos a la unidad carecieron de toda eficacia, y los que partían de ERC y sus medios afines eran en realidad formularios. Su disidencia más importante la constituía el Partido Nacionalista Republicano de Esquerra (PNRE), patrocinado por el grupo en torno al periódico L’Opinió, desde cuyas columnas salieron los peores denuestos contra ERC.

El que mayor resonancia tuvo en la campaña fue la acusación de ser un partido fascista o en proceso de «fascistización». Y es que las propagandas coincidieron en Cataluña con la articulación de los primeros grupos de escamots, milicias uniformadas de la Esquerra formadas por miembros de su organización juvenil (JEREC) que vestían camisa verde claro con el símbolo estampado de la organización independentista Estat Catalá, y pantalón de pana. En no pocas ocasiones portaron armas de fuego y cometieron algunas violencias durante el período electoral. L’Opinió encabezó una dura campaña contra los escamots que fue secundada por la mayoría de la prensa regional. El periódico El Diluvio comentó, tras el desfile de estas milicias en el estadio de Montjuich: «Los escamots de la esquerra y Maciá han asestado una puñalada a la democracia. Si conscientemente, han herido a traición; si se trata de un caso de irresponsabilidad colectiva, mejor que la camisa verdosa, les acomodaría a los escamots una camisa de fuerza». No menos duro se mostró, desde Madrid, el diario anarcoide La Tierra: «De Barcelona… nos viene el fascismo, con muy marcados ribetes separatistas, incubado por el mismo ideario catalanista que impulsó la Dictadura del general Primo de Rivera»⁴³.

Las críticas del PNRE contra la Esquerra llegaron a calar en los aliados electorales de Maciá. Así, la USC pidió la disolución de los escamots amenazando, en caso contrario, con romper la coalición. No obstante, la protesta de USC no constituía más que un gesto cara a la galería. Los socialistas catalanes eran conscientes de que marchando en solitario no obtendrían representación y, por tanto, al observar que la Esquerra no estaba dispuesta a acabar con los escamots, decidieron no forzar más las cosas. Al contrario, ERC contraatacó con dureza acusando, día tras día, a la candidatura conjunta de Acción Catalana y PNRE de pretender dividir a la izquierda para favorecer de forma consciente el triunfo de las derechas, y calificaba su candidatura como la de los «fracasados y expulsados». De paso también enfiló sus baterías contra el BOC al que acusaba nada menos que de ser aliado de los conservadores y de estar financiado por éstos. La enérgica postura de la Esquerra resultó bastante estéril y ni tan siquiera pudo concitar el apoyo del nacionalismo más independentista. Uno de esos grupos, la Unión Catalanista, pidió el voto en blanco porque no se identificaba con ninguna de las facciones en liza⁴⁴.

Si su defensa de las reformas ya realizadas y la necesidad de la unión de la izquierda quedaron meridianamente claras en sus propagandas, no menos se podía decir de la significación política del programa que para estos republicanos debía acometerse en la siguiente legislatura. En lo económico, asumían plenamente toda la legislación laboral de Largo Caballero. El propio Azaña negaba que fuera política socialista, tal y como la denominaban sus detractores. Para el expresidente del Consejo era política republicana, un mero trasunto complementario de la Constitución. En general, los republicanos de izquierda apadrinaban el mismo análisis de la situación económica que los socialistas. Para Domingo, más que a factores internos, la crisis obedecía a su conexión con la recesión mundial. El líder radical-socialista defendió además, que la izquierda en el poder había eliminado el paro obrero con la promulgación de la reforma agraria. Dirigiéndose a los radicales, denostó «la actitud de aquellos que dicen con respecto a estas leyes: vinimos a implantar la República y no a hacer la revolución. Creo que vinimos a lo primero, pero de una manera revolucionaria»⁴⁵.

Y es que, en 1933, era un hecho el triunfo del «estatismo» en el programa económico de los republicanos de izquierda, que poco tenía que ver con el liberalismo. A pesar de que abogaban por el respeto a la propiedad privada, continuaron insistiendo en su subordinación a una «función social» que permitía al Estado una importante palanca para su «redistribución». En la Asamblea Nacional de AR, Ruiz-Funes se posicionó rotundamente a favor de la «socialización de la propiedad». «Por eso», afirmó, «no podemos contentarnos con el viejo Estado liberal… que se limitaba a garantizar la libertad; el Estado moderno es generador de libertad él mismo y sobre él hay que fundamentar toda la política». Azaña defendió en San Sebastián la completa aplicación de la reforma agraria y de la Ley de Arrendamientos Rústicos, así como el «rescate» de los bienes comunales, que en sí suponía un cambio revolucionario en la distribución de la propiedad de la tierra. En algunas provincias llegaron más lejos. En un mitin en Málaga, el exministro Francisco Barnés se mostró favorable a todas las medidas de «redención del obrero» planteadas por el PSOE y hasta justificó la no persecución del robo de frutos por «lástima», los «alojamientos obligatorios» de jornaleros en fincas ajenas decretados por los ayuntamientos socialistas, y la sistemática postura de los jurados mixtos a favor de los intereses de los asalariados⁴⁶.

Los republicanos de izquierda también abordaron en sus mítines la cuestión regional. La Esquerra, que se autocalificaba defensora de las «libertades de Cataluña», reafirmó su apoyo al acceso de la autonomía del resto de las regiones del país, lo que suponía un importante espaldarazo al proceso estatutario vasco que entonces patrocinaba el PNV. De paso, planteó la necesidad de profundizar en el régimen autonómico de su región acelerando el traspaso de servicios desde el gobierno central a la Generalidad. Pero el tema de las autonomías no suscitaba los mismos entusiasmos en las restantes formaciones de la izquierda republicana. Azaña, que había impulsado el Estatuto de Cataluña, defendió en San Sebastián y Pamplona que su modelo se extendiese a las provincias vascas, «pues la República permite recuperar su personalidad a los pueblos oprimidos». Esta expresión no se llevó precisamente los parabienes de su auditorio. Situación peor hubo de vivir Domingo en Bilbao, pues hubo de aguantar una lluvia de protestas de parte de los socialistas presentes en el mitin al afirmar que estaba a favor de la autonomía vasca. Esto no fue óbice para que en Madrid insistiera con optimismo que el régimen autonómico había «agregado Cataluña a España, renaciendo el españolismo en Cataluña y matando el separatismo creado en Cataluña por la Monarquía»⁴⁷.

Para un sector de la izquierda republicana era fundamental tratar de contrarrestar la campaña abstencionista de la CNT, pues si ésta lograba calar en los numerosos afiliados anarcosindicalistas, podría lastrar notablemente sus expectativas de vencer o, al menos, de conseguir representación. Como «azañistas» y «dominguistas» tenían relaciones demasiado estrechas con el PSOE como para suscitar el aprecio anarquista, sólo la Esquerra y los federales de izquierda pusieron interés en movilizar a este sector del electorado. ERC insistió machaconamente en sus propagandas que abstenerse era tanto como ofrecer en bandeja la «democracia catalana» y las «libertades de la región» a sus «enemigos». No votar a la Esquerra era, sencillamente, dar un voto a la Lliga y ayudar a la instauración del «fascismo». La campaña antiabstencionista de ERC llegó a movilizar incluso al gobierno de la Generalidad. El propio Maciá, en un manifiesto al «pueblo de Cataluña» la víspera de los comicios, insistió en la necesidad de ejercer el derecho al voto y criticó con acritud la activa campaña abstencionista de la CNT⁴⁸.

De idéntico modo actuaron el ala izquierda del movimiento federal y la Izquierda Radical-Socialista. En Málaga, las distintas fracciones federales trataron desesperadamente de ganar el voto anarquista, y eso que Proudhon y el viejo programa «pimargalliano» habían dejado de interesar hacía mucho a los líderes «cenetistas». Por ello, conociendo los resquemores de los anarquistas contra el gobierno «social-azañista» y su gusto por los discursos incendiarios, la oratoria federal solía incurrir en desmesuras varias. Así, en un mitin en Málaga, uno de sus oradores se lamentaba porque no se hubiera hecho caso de su recomendación de «con una ametralladora, haber quitado de en medio a todos los componentes de la familia real». De entre sus múltiples facciones, los «barrioberistas» solían batir el récord en demasías oratorias que apuntaban, sobre todo, al gobierno Azaña. En Murcia, sus oradores, en otro intento de regalar el oído de los «cenetistas», lo calificaron como un gabinete de «despilfarradores, promotores de leyes opresoras y de inhumanas deportaciones». En esta competición entró la IRS. Con Botella en el gobierno, Eduardo Ortega y Gasset asumió el peso de una propaganda monotemática que se centró en los sucesos de Casas Viejas. En Granada, llegó a acusar de los asesinatos directamente a Azaña y Casares⁴⁹.

Los republicanos de izquierda hicieron algún esfuerzo por atraer al electorado femenino aunque el entusiasmo invertido en la tarea fue bastante menor al de socialistas o conservadores. El principal argumento que manejaron se basaba en que, como la República había concedido el sufragio a la mujer amén de otros múltiples derechos que la equiparaban al varón, ésta debía votar por agradecimiento a los republicanos de izquierda. Por supuesto, la propaganda obviaba que los republicanos se habían opuesto sañudamente a su derecho al voto, por lo que para cualquier electora bien informada el argumento no dejaba de ser peregrino. Aun así, fue utilizado una y otra vez por los distintos partidos de este ámbito ideológico. Los oradores de la Esquerra, que podían pedir el voto de la mujer con más coherencia, eran conscientes del mayor grado de confesionalidad del electorado femenino y trataron en sus discursos de no oponer el régimen republicano a la religiosidad, aunque con el problema de hacer compatible tal aspiración con el anticlericalismo que afloraba en el resto de sus propagandas.

Al igual que ellos, Azaña y Domingo insistieron que su política no había sido persecutoria de la Iglesia, sino que lo que se había hecho era defender el principio de libertad y la supremacía del poder civil. Obviando el carácter lesivo hacia las libertades cívicas de algunas de sus disposiciones, Azaña afirmó tajante en San Sebastián: «Cuando alguien crea que hemos perseguido a la Iglesia, decidle que miente». No obstante, cuando concretaban las medidas tomadas, tal afirmación perdía fuerza. Así el exministro Barnés elogió la supresión de los colegios privados religiosos, considerados por otro destacado dirigente del PRSI, Baeza, como «entidades mercantiles creadoras de juventudes monárquicas»⁵⁰.

Por lo demás, los republicanos de izquierda se dirigieron a la mujer ensalzando su papel tradicional de esposas y madres y haciendo referencia a supuestas cualidades que la distinguían del varón, como puede desprenderse de sus propagandas en varias provincias. La IRS de Madrid, en un sincero intento por halagarlas, consideraba que ellas, a diferencia del hombre, que sólo portaba egoísmos e ideales, podían añadir a la vida política su sensibilidad «dulce y tierna, siempre maternal». La única candidata de ERC, la escritora Aurora Bertrana, afirmaba que la mujer aportaría «humanidad» a la política y su presencia en las próximas Cortes serviría para promover la elaboración de leyes pacifistas, que reforzasen los derechos de la mujer, que regulasen el trabajo de los menores y mejorasen la enseñanza y la difusión de la cultura, cuestiones que en ese momento consideraba privativas del sexo femenino⁵¹.

Era evidente que, durante el primer bienio y bien que mal, los partidos de la izquierda republicana habían logrado hacer valer su fuerza en las Cortes para que buena parte de sus postulados se convirtiesen en leyes e impregnasen la mayor parte del texto constitucional. Como su misión era profundizar en las «reformas» y consolidar lo realizado y, además, se sentían a gusto en el marco legal establecido, no resultaba extraño que sus discursos no avistasen intenciones rupturistas. No obstante, el lenguaje utilizado en muchas de sus oraciones y propaganda escrita resultó cada vez más duro conforme se acrecentaba la marejada derechista, alentada por una campaña animadísima. Ante la posibilidad de un triunfo de ésta, sectores de la izquierda republicana, lejos de expresar de antemano su respeto al resultado, abundaron en declaraciones ambiguas que, hasta cierto punto, conectaban con la retórica socialista.

Así, la Esquerra, que tenía bajo su responsabilidad una parte importante de la administración en Cataluña, no desautorizó a Dencás, consejero de Sanidad, cuando afirmó en un mitin que un resultado adverso en los comicios haría que diez mil escamots cruzasen el Ebro «para imponer el espíritu de la Esquerra a toda España». En el mitin de cierre de campaña repitió lo mismo, introduciendo el matiz condicional de que al triunfo de las derechas siguiera el intento de establecer la Monarquía en Cataluña. La ambigüedad de Dencás era tan manifiesta que no resultaba posible determinar si se refería al retorno de Alfonso XIII o, simplemente, a la rectificación de las leyes del primer bienio por una mayoría de centro-derecha. Lo que sí dejó claro fue la consecuencia: la proclamación, por parte de la Generalidad, de una República catalana que implantaría una República federal para otros pueblos de «Iberia». Similares declaraciones habían realizado no ya «exaltados» de segunda fila como Miguel Badía, sino candidatos como Tomás Piera y el propio presidente de la Generalidad, los cuales, durante el desfile de los escamots, habían afirmado que en caso de salir derrotados en las urnas, éstos conquistarían desde Cataluña el resto del país para realizar «la revolución que aún no se ha hecho»⁵².

En general, los líderes del republicanismo de izquierda no cayeron en semejantes tentaciones. Domingo desechó en un artículo en El Liberal la utilización de la violencia como paliativo de un triunfo electoral de las derechas: «La violencia es un recurso lícito contra la Dictadura. No lo es nunca contra la democracia legal en cualquiera de sus formas». Aun así, no dejó de jugar con la ambigüedad cuando trataba esta cuestión en sus peroraciones. En un mitin en el Cine Pardiñas de Madrid afirmó que el PRSI aceptaría que las derechas vencieran «dentro de la ley», sin concretar si esto incluía la posibilidad de que la Constitución y la normativa legal aprobada en el primer bienio pudiese ser reformada desde dentro. Claro que esta afirmación ambigua vino después de que culpara a los partidos conservadores de promover el desorden por querer frenar la revolución, de advertir de que si continuaban con esta actitud «la opinión saltará sobre ellos» y de comprometerse públicamente a estar al lado de los socialistas, en el poder y en la oposición, sin condenar ninguno de sus posicionamientos extremos. Este discurso fue coronado con una apelación bélica a modo de recurso oratorio:

«Los franceses, en momentos de peligro gritaron… refiriéndose a sus enemigos: ¡No pasarán! Nosotros debemos también lanzar aquel grito de guerra contra las derechas: ¡No pasarán!… Si… vienen dentro de la ley para acatarla, tienen el respeto de los republicanos de izquierda; pero si no, habrá que obligar a aquel sector a que acate las leyes por la fuerza»⁵³.

Algo de ambivalencia podemos encontrar también en Azaña. Aunque condenó varias veces el uso de la violencia, en el discurso de cierre de la Asamblea Nacional de AR afirmó con cierto deje demagógico que, con sus reformas, «hemos asentado los sillares en que se basará la nueva España. Unas obras son inconmovibles, porque el pueblo no se las dejará arrebatar; otras están demasiado tiernas, y pretenden deshacerlas. Y yo os digo: vamos a defenderl[as]». Pero fue mucho menos prolífico en demagogias que Domingo. En el mitin de cierre de campaña en el Metropolitano de Madrid, criticó a las derechas por afirmar que responderían a la violencia con la violencia y aclaró que los republicanos de izquierda jamás harían eso, pero no hizo referencia ni condena explícita a las apelaciones agresivas de los socialistas. Sin referirse a ellos, tan sólo aseveró genéricamente que entre demócratas no se podían amenazar con tiranías y que ellos habían sabido defender la República «sin ceñirse el atuendo de dictador». Quedaba claro, sin duda, que los republicanos de izquierda no se levantarían en armas contra una victoria electoral de la derecha, pero tampoco se mostraron remisos a deslegitimar el derecho de sus adversarios, si se imponían en las urnas, a modelar la República con sus propios postulados. Fueron las organizaciones juveniles las que se salieron un tanto del guión para hacer guiños a los socialistas. Así, la Juventud del PRSI de Madrid señaló en su manifiesto:

«los monárquicos-fascistas españoles, por boca del hijo del dictador, quieren imponer la dialéctica de las pistolas. Pues bien; planteado el problema político español en el terreno de las violencias… veremos quien triunfa. No nos asustan las bravatas. Responderemos a las pistolas de las huestes siniestras de Martínez Anido con nuestras armas… Iremos también hasta aniquilarlo contra ese otro fascio de sacristía que acaudilla Gil Robles y se disfraza de partido agrario…»⁵⁴.

La República para todos los españoles

Los discursos y la propaganda escrita de los radicales y de los partidos menores del centro-izquierda y centro-derecha se orientaron a delimitar un espacio político propio y distante tanto de los socialistas como de la Unión de Derechas. No era poco en una campaña dominada, conforme se acercaba la jornada electoral, por la lucha trascendental entre «marxistas» y «antimarxistas». El método utilizado fue, en general, la descalificación de los aspectos más extremos de sus rivales adelantando, no obstante, muy poco de su propio programa electoral. El mensaje se centró en que los republicanos moderados representaban genuinamente el espíritu liberal y democrático de la República, frente a los «tics» dictatoriales de socialistas y derechas. Libertad, concordia, paz social, democracia, ciudadanía, evolución ordenada eran conceptos que aparecían constantemente en la propaganda de los radicales que, pasada la tentación izquierdista de 1931, pretendían constituirse en la principal fuerza republicana de centro. Como apuntó Martínez Barrio, la aspiración del Partido Radical era que la República fuese «un régimen nacional, no un instrumento al servicio de los republicanos». Sólo en lugares muy concretos, donde su máximo competidor era la derecha, los radicales aún se calificaron de izquierda, claro que cuidándose de diferenciarse de socialistas y «azañistas». En Castellón, su propaganda definía el radicalismo como un «izquierdismo rítmico y culto, equilibrio, orden, educación política y conciencia pública»⁵⁵.

Este centrismo pretendía la conciliación de la República con las masas conservadoras, para crear un régimen de todos los españoles, aspiración que Lerroux había exteriorizado ya varias veces durante el primer bienio. En un banquete homenaje al gobernador civil de Cáceres, concretó aún más la receta para conseguirlo: aplicar con flexibilidad la legislación vigente y enmendar las taras principales de ésta, incluyendo la propia Constitución, con lo que abrió una puerta al entendimiento con las derechas.

Esta apertura fue confirmada incluso por dirigentes más a la izquierda como Guerra del Río. El ministro afirmó en Sevilla que el Partido Radical era el que mejor defendía los intereses de las clases conservadoras siempre que éstas abjurasen de la Monarquía, la Dictadura o el fascismo. El propio Lerroux apuntalaría este discurso en Murcia, donde pidió el voto a las mujeres y a las «clases conservadoras» garantizándoles su religión e intereses. Sólo Martínez Barrio se apartó un tanto de la línea oficial cuando criticó a la derecha «accidentalista» por su falta de definición sobre la forma de Estado, y les advirtió que la rectificación de algunas leyes y «modos de gobierno» podría ser posible, pero nunca «monarquizar» la República. Asumía así, en parte, el discurso tanto de la izquierda republicana como de los socialistas. En Jerez de la Frontera fue aún más lejos, y tachó a las derechas andaluzas de «descendientes de los nobles de la Reconquista que arrasaron las tierras de los moros y creen que andan todavía por tierra conquistada»⁵⁶.

En general, los radicales consideraron al PSOE y, por extensión, a Azaña (al que creían responsable de que los republicanos de izquierda no se agrupasen tras Lerroux) como los rivales a batir en la mayor parte de las demarcaciones electorales. Éstos y sus aliados transmitieron una y otra vez a la opinión que un triunfo de los socialistas impulsaría la «lucha de clases» y provocaría la ruina económica y la extinción del contenido democrático del régimen. En este sentido, Lerroux criticó la inconsecuencia del PSOE al participar en un gobierno republicano declarándose marxista y conociendo la imposibilidad de implantar por completo sus doctrinas. Por ello, los acusó de desear aferrarse al poder y de hacer, así, daño a la economía nacional por ser un factor de retraimiento de capitales y de paro obrero. En su discurso a las juventudes radicales, defendió el ingreso en su partido de antiguos monárquicos y atajó los ataques de los socialistas por esta causa arguyendo que muchos de los nuevos militantes del PSOE eran licenciados de presidio⁵⁷.

Mientras, los radicales mantuvieron una relación ambivalente con la Unión de Derechas. A nivel provincial, el grado de hostilidad o afinidad entre republicanos moderados y derechistas dependió sobremanera de dos factores: de su proximidad o lejanía ideológica y, también, de las necesidades impuestas por la lógica electoral. Así, en las provincias donde acudieron de la mano, como en Badajoz, Granada, Jaén o Cáceres, los candidatos radicales asumieron un discurso más conservador y se prodigaron en sus ataques al socialismo. Al contrario, en los lugares donde radicales y conservadores constituían las principales agrupaciones políticas, los primeros solían atacar con extremada saña a sus rivales. Así, en las circunscripciones aragonesas y en las valencianas, el Partido Radical enfiló sus baterías contra el «monarquismo» y el «clericalismo» de las derechas, en su opinión la peor amenaza que existía para la República. Sus propagandas dejaban ver el nefasto balance que el régimen monárquico presentaba en España haciendo referencia a asuntos pretéritos, como la pérdida del imperio colonial o el asesinato de Riego, y a otros más recientes, como la guerra de Marruecos o Primo de Rivera. En Cádiz, los radicales asociaban el triunfo de sus rivales a la «guerra civil», y algunos de los pasquines repartidos por los partidarios de Martínez Barrio en Sevilla terminaban con un inquietante «¡Muerte a la CEDA!» ⁵⁸.

A pesar de que los republicanos moderados no prodigaron declaraciones favorables a romper con la legalidad si los resultados no eran los esperados, Lerroux sí que recurrió una vez a la vieja demagogia insurreccional. Fue en Castellón, donde afirmó que «si en las urnas vence la reacción, saldremos a la calle nuevamente. Y esto significaría la guerra civil y la anarquía. No creo que queráis ver a vuestros hijos envueltos en luchas fratricidas, y por eso os aconsejo que votéis a los radicales». En esta provincia, el adversario más importante del PRR era la alianza entre la CEDA y los tradicionalistas, por lo que no podía extrañar que, en este contexto, Lerroux dirigiera sus ataques a la derecha. Lo excepcional de estas declaraciones no quita que, por un momento, supusieran la unción de los radicales al carro del lenguaje violento de los socialistas, sin por ello encontrar simpatías y asistencias de ese lado, y un espaldarazo a las tesis de los monárquicos que, por entonces, defendían la inconsecuencia de colaborar con el «lerrouxismo», porque nada podía esperarse de un viejo revolucionario y demagogo como el dirigente radical. En todo caso, que semejantes declaraciones eran una imprudente concesión a la demagogia, lo prueba el hecho de que Lerroux se desdijo de inmediato. Una semana después, en Murcia, se declaró contrario a cualquier algarada o motín. En Barcelona afirmó ya que él estaría frente a cualquier intento revolucionario y «que no está en contra ni enfrente de la opinión derechista», que consideraba compuesta fundamentalmente por la masa neutra que votó la República el 12 de abril de 1931 y que en ese momento se sentía decepcionada ⁵⁹.

Más aún, Lerroux comenzó a vislumbrar una posible colaboración parlamentaria con las derechas que acatasen la República. En Cuenca, afirmó resueltamente que los agrarios tenían abiertas las puertas del Partido Radical. En Cartagena, condenó el afán de la izquierda «de tratar al país como un conejo de Indias [que] hace que se experimenten daños que tardarán muchos años en repararse». En el mitin de cierre de campaña, en el Teatro Victoria de Madrid, pudo escucharse a un Lerroux más conservador. Atacó a los republicanos de izquierda que habían contribuido a la caída de su gobierno y se mostró de acuerdo con la política obstruccionista llevada a cabo por su partido en el primer semestre de 1933. Aunque condenó la «Sanjurjada», se mostró contrario a que se tratase al general pronunciado como un recluso común, y justificó su pronunciamiento afirmando que el 10 de agosto respondió a un claro desvío de la opinión pública del que responsabilizó personalmente a Azaña. Afirmó, además, que le importaba poco dónde le situasen políticamente a él y a su partido, haciendo referencia a las acusaciones de derechización que venían de la izquierda⁶⁰.

Si los radicales atacaron sobre todo a socialistas y republicanos de izquierda, los «mauristas» enfilaron sus baterías principalmente contra la Unión de Derechas. Esto no podía resultar extraño, dado que el PRC debía esforzarse desesperadamente por atisbar un hueco en el espacio de centro-derecha. Los republicanos conservadores intentaron consagrarse ante la opinión como la derecha civilizada de la República, que aceptaba plenamente el régimen y que pretendía transformarlo desde dentro, sin cuestionar el orden legal, a diferencia de los candidatos monárquicos o «monarquizantes». Maura y sus acólitos solían acusar a éstos de «revolucionarios» y «disolventes» por no aceptar las instituciones, e impugnaban la falta de sinceridad de AP por mantener su «accidentalismo» y ocultar sus verdaderos sentimientos monárquicos.

De todas formas, Maura parecía mostrarse no demasiado propicio a reformar la Constitución, pues afirmó en Madrid que si las derechas abrían «un período revolucionario» triunfaría sin remedio el marxismo. Sin embargo, en Burgos, una semana después, pidió la incorporación a la República de las clases conservadoras «para modelarla» y dio un paso respecto de sus posiciones anteriores, al apuntar la conveniencia de reformar la Constitución por vía legal, lo que suponía la plena incorporación del PRC a las tesis defendidas por la Unión de Derechas. Pero días después, en Cuenca y Almería, limitó ese proyecto de reforma tan sólo al artículo 26, e impugnó el retoque de los demás porque sobrevendría la revolución. Precisamente por esa amenaza revolucionaria, el líder conservador llegó a afirmar repetidas veces, ante el asombro de su auditorio, que el triunfo de las derechas no era procedente⁶¹.

En realidad, un discurso tan inconsecuente para alguien que pretendía liderar la derecha española, los ataques a AP y la consideración demostrada hacia los socialistas, «única fuerza legítima… por su fuerza y número de afiliados», acabaron lastrando la imagen de Maura en los medios conservadores. En estas condiciones, el entendimiento entre los «mauristas» más ortodoxos y las derechas resultó más difícil que el de estas últimas con los radicales. Ello a pesar de que la única diferencia real en provincias entre los republicanos conservadores y la derecha agraria y «cedista» estribaba en esa aceptación más o menos entusiasta del régimen, pues en el resto de cuestiones los programas apenas se distinguían. De hecho, los dirigentes provinciales del PRC mantuvieron relaciones mucho más cordiales con el resto de las fuerzas conservadoras y hasta lograron acuerdos electorales sin tener muy en cuenta a su líder. El criterio de Maura resultaba cada vez más difícil de discernir dadas las continuas contradicciones en las que incurría, pues a última hora su discurso dio un inopinado bandazo a la derecha. En su mitin de cierre de campaña en Madrid, sintetizó el programa de su partido en el restablecimiento del orden público, en un régimen concordatario con la Iglesia y en la eliminación del «espíritu socialista» que informaba a las leyes agrarias, y llegó a afirmar que coincidía con el resto de las derechas en que «antes que el sistema parlamentario y antes que todo, para nosotros está el interés de España»⁶².

En cuanto a progresistas y «melquiadistas», éstos se encontraban identificados con el discurso radical aunque, en todo caso, sin las veleidades izquierdistas que, de vez en cuanto, los «lerrouxistas» exteriorizaban en algunos actos. Los liberales demócratas hicieron incluso esfuerzos de aproximación a las derechas hasta tal punto que el discurso de Melquíades Álvarez resultó mucho menos equívoco que el de Maura. En un mitin en Toledo, se mostró partidario, sin ambages, de la reforma constitucional por la vía legal y habilitó un discurso antisocialista en el que culpaba a Azaña y al PSOE de dañar «a la economía nacional y a la paz pública». Para el líder de los antiguos reformistas, las leyes agrarias resultaban un completo fracaso, pues sólo habían contribuido a aumentar la burocracia y a desvalorizar la tierra. Por último, negó que el 14 de abril hubiese tenido lugar revolución alguna, sino sólo el entusiasmo de un pueblo por el derrocamiento de la Monarquía. Y como no había habido revolución, la República debió «ser generosa y no lastimar sentimientos, creencias y derechos»⁶³.

Los radicales socialistas ortodoxos de Gordón también adoptaron una posición de absoluto rechazo a socialistas y derechas, y aunque las demasías de sus discursos los aproximaba a los sectores más extremistas de la izquierda republicana, en realidad el contenido de su programa resultaba equiparable con el de los sectores más izquierdistas del «lerrouxismo». Uno de sus ideólogos principales, Fernando Valera, afirmó en Valencia que estos comicios cerraban el período revolucionario abierto con la Dictadura de Primo de Rivera, que las únicas que se empeñaban en mantenerlo abierto eran las derechas por ser partidarias de la reforma constitucional, y que a la República podía considerársele ya consolidada. Además, se alineó por completo con los radicales en su crítica a Azaña, al que acusaba de «querer uncir a su gobierno la propia República», algo que consideraba un error. Sobre la cuestión religiosa, Valera llegó a afirmar en Cádiz que el régimen pretendía alcanzar la libertad de conciencia, pero en absoluto imponer el ateismo. No obstante, influidos por el acendrado dogmatismo de Gordón, los radicales socialistas se aislaron de prácticamente todo el mundo, pues ninguna opción política se libró de la crítica del PRRS⁶⁴.

Por la izquierda, los republicanos moderados intentaron atraer también al electorado más proclive a las consignas anarquistas, conscientes de la rivalidad entre la CNT y los socialistas. Los mayores esfuerzos los realizaron los radicales, quienes incluyeron en su programa dos puntos sumamente atractivos: la amnistía (que también contribuía al entendimiento con las derechas) y el Ejército voluntario, e impugnaron con dureza la «represión» de las autoridades gubernamentales contra los anarquistas, incluyendo las deportaciones a las colonias africanas y, por supuesto, Casas Viejas. Uno de los lugartenientes de Lerroux, Guerra del Río, acusó varias veces a Largo Caballero de discriminar a los obreros que no pertenecían a la Casa del Pueblo desde el Ministerio de Trabajo y sus organismos subalternos, y afirmó que los radicales no consentirían que hubiese «castas de trabajadores». Respondiendo a las críticas e insultos vertidos por los socialistas, Guerra afirmó que no se les podía llamar «detractores de la clase obrera porque hayamos prohibido que el reparto del dinero para obras se haga en la Casa del Pueblo». El mismo discurso lo mantuvo el PRRS de Gordón, que criticó además, la Ley de Defensa de la República, curiosamente cuando hacía dos años la habían votado con entusiasmo⁶⁵.

El análisis de las causas de la crisis económica diferenciaba decisivamente a republicanos moderados de la izquierda. Los primeros no negaban la influencia de la crisis internacional, pero creían que la crisis en España también obedecía a causas internas que no eran apreciadas por Azaña y los socialistas. Para los radicales y sus aliados, debajo de la recesión existía también una «crisis de confianza» del capital, atizada por la aplicación de las leyes sociales de Largo Caballero, y por el desorden público crónico, con una superabundancia de huelgas y atentados contra personas o propiedades. En una entrevista al periódico francés Paris Soir, Lerroux afirmó que las leyes sociales resultaban excesivas y que no eran acordes con la situación económica del país. El caudillo radical prometió remediar los desórdenes con una política de orden público más firme, y el paro con un amplio programa de obras públicas. Pretendía, además, la conservación, en términos generales, de la legislación social y de la reforma agraria, aunque aplicándolas de forma paulatina y, en el caso de esta última, cerrando el paso al colectivismo. La conservación de la legislación social no excluía posibles modificaciones, pues el PRR deseaba reformar algunas, como la Ley de Jurados Mixtos para que una Magistratura Social las presidiera con imparcialidad, o aplicar de otra manera la reforma agraria para convertir «en propietarios a los campesinos sin convertir a los que ya son lo primero en pordioseros». En Barcelona, Lerroux se refirió a ésta como «utopía generosa de lejana aplicación», lo que evidenciaba que los radicales ralentizarían el ritmo de las expropiaciones. Además, Lerroux anunció el fin de otras leyes polémicas como la de Términos Municipales.

El programa de los «mauristas» iba aún más lejos, hasta tal punto que resultaba difícil encontrar, en este aspecto, diferencias sustanciales con el de las derechas. Estas posiciones las reforzó una influyente opinión, nada hostil a la izquierda, como la de Sánchez-Román. En una conferencia y días después en un banquete, ambos en Madrid, además, de defender la disolución de unas Cortes que tenían a la opinión mayoritariamente en contra, afirmó categóricamente que después de las leyes de Largo Caballero ya no se podía conceder más, porque el endeudamiento significaría «la ruina y el desastre de las generaciones futuras», y refutó que el PSOE, aun gobernando en solitario, pudiera culminar la «socialización» de la economía. Sánchez-Román también criticó la reforma agraria tal y como estaba concebida, «con tal ineficacia que ha traído la indisciplina y la desesperanza entre los que la esperaban»⁶⁶.

Los republicanos moderados hicieron todo lo posible para atraer el sufragio femenino, dentro de las limitaciones impuestas por su posición mayoritariamente contraria durante los debates constitucionales. En general, utilizaron los mismos argumentos que los republicanos de izquierda para hacerse oír entre las nuevas electoras. Básicamente, el que las mujeres debían votar por la República porque había sido el régimen que les había otorgado los nuevos derechos, y ese «votar por la República» debían traducirlo introduciendo en la urna la papeleta de los radicales y sus aliados. Dos de los proyectos de los radicales, la amnistía y el Ejército voluntario, constituían también reclamos que el «lerrouxismo» creía eficaces para atraer el sufragio de la mujer. Esta última propuesta se hacía, además, combinándola con propagandas que resaltaban el belicismo de las derechas y el injusto sistema de quintas de la Monarquía, de forma muy parecida a socialistas y republicanos de izquierda. Igualmente, el resto de la propaganda resaltó el respeto de los republicanos moderados por las creencias religiosas y la exaltación de la mujer como un ser con emociones específicas, destacando su papel como pilar de la familia. No obstante, los radicales contaban con la ventaja de tener como candidata a Clara Campoamor, que presidía la Unión Republicana Femenina, y con la adhesión de la vicepresidenta de esta organización, Consuelo Bergés, que durante la campaña realizó un intenso programa de actividades orientado a educar a la mujer en el ejercicio formal del sufragio⁶⁷.

Conociendo que sufragio femenino y cuestión religiosa venían indisolublemente ligados en estas elecciones, y aún con la supervivencia de un cierto anticlericalismo a escala local, los radicales y sus aliados tuvieron, en general, un discurso más cuidadoso en lo que al catolicismo concernía y en sus discursos y programas intentaron tender puentes para un futuro entendimiento con la Iglesia. En Madrid, la propaganda radical pidió el voto de los católicos aduciendo la doctrina del «mal menor» frente a la política antirreligiosa de socialistas y republicanos de izquierda. Lerroux anunció que no habría sustitución de la enseñanza religiosa si no se ampliaba el plazo de la Ley de Congregaciones, y en Barcelona afirmó que la separación entre la Iglesia y el Estado no debía suscitar problema alguno si se respetaba absolutamente la libertad de conciencia y se evitaba cualquier política persecutoria. Maura ofreció un Concordato con la Santa Sede para cerrar las disputas abiertas por la política religiosa del primer bienio.

Evidentemente, el PRC y algunos partidos regionales, como el galleguista, pasaban por la derecha a los radicales, pues, aunque querían que el Estado no patrocinase ninguna confesión religiosa, abogaban por la plena libertad de enseñanza, por un «profundo respeto» a las creencias religiosas y por una intensa revisión de la «legislación anticatólica». No obstante, el PRC carecía de credibilidad ante el electorado más señaladamente confesional, pues éste consideraba a Maura como «un mentiroso incapaz de admitir que la defensa de los intereses conservadores y católicos pasaba por denunciar gran parte de la Constitución». Estas ofertas pasaron además, desapercibidas por el vendaval que, en el panorama político español, supuso la masiva propaganda de la Unión de Derechas⁶⁸.

¡Votad contra el marxismo!

Si los partidos coaligados en la Unión de Derechas supieron organizar un frente electoral coherente, en general también lograron articular un mensaje relativamente claro y unidireccional, cuestión que resultaba a priori harto complicada por su heterogeneidad. El método consistió en consensuar unos cuantos puntos en los que hubiera coincidencia y articular la propaganda en torno a ellos, obviando las cuestiones programáticas que eran susceptibles de provocar conflictos. Siguiendo estos parámetros, el Comité de Enlace concluyó el 14 de octubre las bases del programa de la coalición. Eran sólo tres: la «revisión de la legislación laica y socializante desenvuelta tanto en el texto constitucional como en las demás leyes», la «rigurosa defensa en el futuro Parlamento de los intereses económicos del país, reconociendo a la agricultura su legítima preponderancia como base de la riqueza nacional» y, por último, una «amplia amnistía… para todos los delitos políticos con la misma generosidad con que fue concedida a los responsables del movimiento revolucionario de agosto de 1917». A pesar de la brevedad del programa, había de reconocerse en él una labor de gran calado. En primer lugar, empezando por el final, unía a las derechas la común ambición de libertar a los políticos de la Dictadura condenados por la célebre Comisión de Responsabilidades y también a los promotores de la «Sanjurjada», aun cuando pudieran beneficiarse los anarquistas encarcelados por el gobierno Azaña. La petición de amnistía suponía un punto de contacto importante con los radicales.

En segundo lugar, la defensa de los «intereses económicos del país», identificado con el de las organizaciones patronales o de propietarios (grandes, medianos y pequeños) de tierra y establecimientos fabriles y comerciales, suponía cerrar el paso en las Cortes a cualquier medida que incrementase la presencia del Estado en la economía y su capacidad de extracción de recursos, menos complacencias con las reivindicaciones sindicales y la intensificación del proteccionismo, medidas todas ellas que, dependiendo de su intensidad, también podían facilitar un acercamiento a radicales y republicanos moderados. No obstante, no pudo adelantarse un programa más concreto puesto que los planteamientos económicos de los «socialcristianos» de AP o de los tradicionalistas no terminaban de casar con el liberalismo de los agrarios. Por otra parte, el reconocimiento de la «legítima preponderancia» de la agricultura significaba un trato especial respecto de otros sectores de la economía, que se concretaba en un fuerte aumento de las tarifas a las importaciones de productos agrícolas y la intervención en los precios para asegurar un beneficio mínimo al agricultor.

Por último, la derogación de todos los aspectos antirreligiosos y «socializantes» de la legislación del primer bienio anunciaba la rectificación de gran parte de la normativa emanada desde los Ministerios de Trabajo, Instrucción Pública, Justicia y Agricultura durante el primer bienio, que habría de culminar, al final de la legislatura, con la reforma de la Constitución. La concreción e intensidad de esta revisión fue obviada en un intento de no cuartear la coalición, pues los diferentes partidos o agrupaciones que formaban la Unión de Derechas poseían distintas concepciones sobre qué habría de cambiar y cómo. Pero esta bandera fue utilizada con profusión, en un momento en que hasta los republicanos moderados coincidían en la conveniencia de realizar algún tipo de modificación que limase los extremos que perjudicaban a la considerable opinión católica y conservadora. El único dirigente que sí concretó su plan de reforma constitucional fue Cambó, quien, alineándose con las tesis de los agrarios, apostó por que la revisión afectase a la cuestión religiosa, al derecho de propiedad privada y a la unicameralidad del régimen⁶⁹.

La propaganda, conjunta o por separado, de los partidos de derecha contribuyó a popularizar este programa con eficacia, pero también con dosis ocasionales de demagogia. Oradores, carteles y pasquines insistían una y otra vez en la persecución sufrida por la religión durante los gobiernos de Azaña, en la falta de respeto a la propiedad privada y en el desorden que habían prevalecido en la etapa anterior. Aun así, dado el alto grado de libertad del que cada partido disfrutó en la campaña, también se exteriorizaron en discursos y propaganda escrita los matices que diferenciaban a la derecha posibilista de AP de los monárquicos de Renovación, y a los tradicionalistas de los agrarios liberales. Mientras que los medios carlistas y monárquico-corporativistas de TYRE abjuraban del socialismo, del republicanismo en todas sus versiones (desde la izquierda a la derecha) y del propio régimen, Acción Popular, la prensa monárquica liberal (ABC) y los agrarios centraban sus ataques en el PSOE y en los líderes de la izquierda republicana. TYRE no tuvo problema en dar por bueno el discurso de Azaña y Domingo, sustentado en que la política del primer bienio resultaba consustancial a la República, afirmando sin ambages que la rectificación de la legislación «sectaria» y «socializante» habría de suponer en última instancia una estocada de muerte para el régimen. Gil-Robles insistió, por el contrario, mucho menos en la identificación de República y «azañismo» y, pese a su retórica antiparlamentarista, no dejó entrever que la destrucción de las instituciones fuese la aspiración última de la CEDA⁷⁰.

Uno de los matices fundamentales que dominó el discurso derechista durante la campaña fue el «antimarxismo». Matiz, porque la utilización de este término no fue del agrado de los monárquicos autoritarios de TYRE, pues consideraban que diluía el significado de lo que, para ellos, había de ser la Unión de Derechas: un vehículo para caminar hacia la «instauración» de un régimen corporativo con corona. Por el contrario, los impulsores del «antimarxismo», que se convirtió en el lema fundamental de su propaganda, fueron AP y los distintos grupos agrarios, partidarios de interpretar estas elecciones como un plebiscito sobre el modelo de República que había construido la izquierda. Los resultados demostraron, a la postre, que resultó una táctica inteligente, mucho más rentable que la bandera del «antirrepublicanismo» que TYRE manejó como alternativa. En primer lugar, el «antimarxismo» ahondó las diferencias, muy marcadas ya, entre los socialistas y los republicanos moderados, y posibilitó la alianza táctica de éstos con las derechas en algunas circunscripciones ya en la primera vuelta. El riesgo de que el «monarquismo» declarado de las derechas resucitase la conjunción republicano-socialista de 1931 en la segunda vuelta quedó, de paso, eliminado por completo. Además, la definición que daban los conservadores del «marxismo», como estatista, antirreligioso, materialista, antiespañol y promotor de la lucha de clases, coincidía a grandes rasgos con los principios que también rechazaban los republicanos moderados. El «antimarxismo» de las derechas se concretaba, de ese modo, en la defensa de la religión, la familia, la patria, la propiedad y de «todos los principios básicos de nuestra nación y existencia histórica»⁷¹.

Más aún, al poner el acento no en la eliminación del régimen instaurado en 1931, sino en su reforma, la derecha posibilista aceptaba tácitamente su viabilidad a cambio de modificaciones legales en las que podían llegar a coincidir con los republicanos moderados. En Madrid, la destacada presencia de elementos monárquicos y/o autoritarios en la candidatura no fue óbice para que los aspirantes más moderados le impusieran la denominación de «antimarxista» y además, le acompañaran un manifiesto en el que no se cuestionó el régimen vigente ni las instituciones democráticas. En Badajoz, el «cedista» Giménez Fernández afirmó en sus mítines que el planteamiento de la cuestión de la forma de gobierno en España le parecía una «insigne locura» y que la República podía ser un marco aceptable de convivencia siempre que ésta se hiciese efectiva con una profunda política de rectificación. Salmón anunció en Úbeda (Jaén) que a las derechas no le interesaba ni la Monarquía ni la República, sino «un gobierno de orden». En Valencia, el líder de la DRV, Lucia, aseveró terminantemente que las derechas no iban contra la República: «Vamos contra los que la deshonran. Vamos, hombres de izquierda, contra vuestra política, que ha llevado a España a la catástrofe. Vamos contra vuestra legislación sectaria y socializante, que ha negado nuestra libertad, que ha arruinado nuestra propiedad y que ha hecho imposible nuestro trabajo».

Es más, las derechas adoptaron un criterio legalista en sus propagandas argumentando que la política antirreligiosa, las multas y detenciones arbitrarias, las sanciones y cierres de periódicos y el desorden público continuado no eran sino muestras patentes de que los gobiernos de izquierda eran incompatibles con las libertades civiles enunciadas en la Constitución. Estas manifestaciones aumentaron la audiencia de la coalición conservadora entre los sectores de centro-derecha que, no siendo explícitamente monárquicos, desconfiaban del conservadurismo de nuevo tipo que patrocinaban Lerroux y Maura. Además, contribuyeron a centrar la verdadera lucha en estas elecciones entre los socialistas y las derechas, obviando al resto de opciones políticas intermedias. AP y los sectores más moderados de la derecha se cuidaron bien de no cultivar una imagen excesivamente «revolucionaria» cuando hablaban de desmontar la obra de gobierno de Azaña y del PSOE. Su labor, insistían en los mítines, radicaba en «frenar la revolución»⁷².

Desglosada temáticamente, la propaganda de las derechas no dejó de tocar ninguno de los problemas candentes. La cuestión estrella fue sin duda la religiosa, a la que vincularon fundamentalmente los llamamientos al sufragio femenino. Este nexo tendía a subrayar el papel tradicional de la mujer en la vida española como pilar de la familia, guardiana del hogar, transmisora de valores pluriseculares a las nuevas generaciones de españoles… y la propaganda subrayaba que la legislación izquierdista la haría perder tal rol. Así la Ley del Divorcio se asoció a la pérdida de la santidad y perdurabilidad del matrimonio, lo que podía suponer para la mujer fuertes dosis de inseguridad y, sobre todo, de inestabilidad económica, además, de la disolución del vínculo familiar. La enseñanza laica, exteriorizada con la retirada del crucifijo de las escuelas, suponía otro fuerte varapalo para las familias católicas, pues privaba a los padres del derecho de educar a su prole y disolvía el nexo de respeto y obediencia de los hijos a sus progenitores. Además, los conservadores no dejaron de reflejar las decisiones arbitrarias de muchos ayuntamientos de izquierda para entorpecer el culto o la incidencia del anticlericalismo violento que se había manifestado en la quema de iglesias y conventos, de la que se culpaba a las autoridades republicanas por su postura negligente o hasta cómplice. En definitiva, para la asociación conservadora España Femenina en estas elecciones la mujer española debía votar para defender «nuestras creencias, nuestros hogares, nuestra tranquilidad y nuestra tradición, y, sobre todo y por encima de todo esto, el engrandecimiento y la paz de nuestra España». Como programa positivo, las derechas prometían a los católicos la derogación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, el establecimiento de un Concordato con la Santa Sede y la revisión del artículo 26 de la Constitución⁷³.

No obstante, no toda la propaganda conservadora dirigida a la mujer se centró en la temática religiosa, sino también en exteriorizar las virtudes tradicionales de las féminas españolas. Una de ellas, la valentía, a la que se apelaba para que las mujeres, obviando cualquier tipo de amenazas, acudiesen a las urnas a votar y arrastrasen con ellas a sus familiares. Las referencias historicistas a Manuela Malasaña y Agustina de Aragón como referentes del heroísmo femenino resultaron abundantes contraponiéndolas a «laicos» y «masones» al servicio del invasor francés. Otra era la identificación entre la mujer y la paz social. Las derechas pidieron su voto para acabar con el desorden público imperante, pero también para asegurar la paz y la neutralidad internacional de España, que no estaban garantizadas por las autoridades republicanas. Los medios conservadores airearon un artículo de la revista La France Militaire anunciando que Azaña había autorizado el uso de la base naval de Mahón a la Armada francesa en caso de guerra, algo que Martínez Barrio sólo desmentiría parcialmente. Otros pasquines abundaron en la postura contraria de los republicanos al sufragio femenino y afirmaban que su retorno al poder supondría un drástico recorte de los derechos de la mujer⁷⁴.

De la misma forma, la propaganda religiosa no se orientó en exclusiva a catalizar el voto femenino, sino que fue destinada a asegurar el sufragio del varón católico. Un cartel de TYRE reflejaba el desamparo en el que el gobierno había dejado a sordomudos y ciegos al suprimir establecimientos de enseñanza confesionales y la paradójica sustitución de religiosos experimentados en el magisterio por «cursillistas» con una breve preparación. El manifiesto de la Confederación Católica de Padres de Familia pedía el sufragio para las derechas criticando las restricciones a la libertad de enseñanza con el cierre de los colegios privados y el principio de laicidad del Estado «como si éste no rigiera sobre un pueblo católico, como si no estuviera obligado a proteger las creencias de sus ciudadanos y como si la escuela no estuviese sostenida por contribuyentes mayoritariamente católicos».

Desde una óptica más liberal, Luca de Tena se preguntó en un mitin en Madrid qué hubieran alegado los políticos de izquierda si durante la Monarquía se hubiera obligado a estudiar a sus hijos en colegios religiosos, y con qué derecho imponían ahora que los niños católicos estudiasen en colegios laicos. La cuestión religiosa resultó, además, un recurso útil para criticar a otras candidaturas rivales que no habían hecho causa común con la Unión de Derechas, como el PNV, al que se acusaba de haber puesto por encima de los intereses de la religión la cuestión autonómica. A pesar de que esta acusación no carecía de fundamento, los nacionalistas vascos no lo sacrificaron todo a la cuestión del Estatuto y en ningún caso moderaron su dura campaña contra los socialistas y los republicanos de izquierda utilizando lemas semejantes a los del resto de las derechas⁷⁵.

La crisis económica constituyó el otro pilar fundamental de la campaña. El análisis de las derechas resultaba bastante parecido al de los republicanos moderados. Pensaban que las causas no habían de escudriñarse a nivel internacional, sino que resultaban sobre todo endógenas. La ruina de los productores se debía a la introducción de políticas «marxistas» que, conjugadas con el desorden público crónico, amenazaban y desvalorizaban la propiedad privada, retraían a los inversores, fomentaban el paro y demolían la economía nacional. Así, a los efectos perniciosos de la Ley de Términos, basamento, según los conservadores, de la Dictadura de las Casas del Pueblo, la propaganda derechista sumó las referencias a los asaltos, asesinatos, robos de ganado, incendios de cosechas y otros desórdenes sufridos por los labradores.

Además, el aumento de los impuestos, la disminución de los créditos y del valor de la producción agraria, la depreciación de los fundos y la «espada de Damocles» que la reforma agraria de las izquierdas ponía sobre las cabezas de los agricultores, fueron otros argumentos para atraer el apoyo de propietarios y arrendatarios. Una de las banderas electorales más importantes fueron las masivas importaciones de grano realizadas por Marcelino Domingo un año antes, que habían provocado una fuerte caída en el precio del trigo y habían perjudicado sobre todo a los pequeños productores de cereal. Goicoechea llegó a acusar a Domingo de un desfalco de 13 millones de pesetas por vender el grano más caro que como se compró. Otro candidato, Rodríguez-Jurado, anunció que las derechas volverían a llevar el asunto a las próximas Cortes⁷⁶.

Para lograr el voto de comerciantes e industriales, la propaganda conservadora recordó las subidas de impuestos, la disminución de las ventas causadas por la crisis, la arbitrariedad de los laudos de los jurados mixtos, los ataques a la propiedad privada y la posible pérdida de la unidad de mercado como consecuencia del Estatuto de Cataluña. A los empresarios e inversores bursátiles les hizo ver la caída del valor de sus acciones un 50 por 100 durante los dos años de gobierno izquierdista. A estas acusaciones se unieron las de mala administración, pues la última liquidación de las cuentas públicas se había saldado con 800 millones de pesetas de déficit, aun cuando el monto presupuestario total había aumentado en más de 2.000 millones entre 1931 y 1933.

Las soluciones vinieron sobre todo de los candidatos de la derecha económica que abogaron claramente por soluciones liberales ortodoxas. Como el déficit presupuestario era fruto de una política revolucionaria, para enjugarlo había que excitar la iniciativa privada e impedir que el Estado cargase con nuevas imposiciones a los contribuyentes. La reforma de la Constitución constituiría la cima del programa económico pues, en palabras de Cambó, había que eliminar algunos supuestos legales que recortaban drásticamente el derecho de propiedad. Pero en realidad nunca hubo unanimidad respecto al programa económico en el seno de la coalición conservadora. Los tradicionalistas abjuraron cada vez que pudieron del modelo liberal, y hasta el «cedista» Valiente defendió públicamente el corporativismo como solución a la «lucha de clases», a pesar de la explícita oposición de las organizaciones empresariales⁷⁷.

No obstante, la condena de la legislación de Largo Caballero no significó una renuncia explícita a las políticas de previsión. Las derechas intentaron satisfacer las reivindicaciones de los sindicatos católicos y otras asociaciones de pequeños propietarios, y dejaron espacio en sus candidaturas a varios de sus dirigentes. En Navarra, uno de ellos, Gafo, se comprometió a defender en las futuras Cortes el establecimiento del patrimonio familiar, la eliminación del paro forzoso mediante la rebaja de la jornada y la promoción de la formación laboral, la implantación de toda la gama de seguros sociales y del retiro decoroso, el incremento de la habitación «sana y barata», el restablecimiento de las subvenciones a las familias numerosas y la reducción del número de mujeres que trabajaban fuera del hogar gracias al establecimiento del salario familiar. No resultó excepcional. El propio Gil-Robles afirmó en Madrid que la eliminación del marxismo dependía de la puesta en práctica de una política de justicia social inspirada en el cristianismo, pilar sobre el que se asentaría la construcción del «Estado Nuevo».

Además, de AP, los tradicionalistas pusieron especial empeño en morder en el voto obrero condenando el capitalismo como contrario a las doctrinas pontificias y repitiendo que la solución estaba en la armonía y cooperación de las clases sociales, en la participación de los obreros en los beneficios de las empresas y en la resurrección de los añejos gremios medievales. Junto a esto, la propaganda conservadora trató de apartar del socialismo a una parte de su electorado potencial utilizando argumentos como que la ruina de los patronos y los propietarios sumiría en la miseria a los asalariados, y otros de tinte más demagógico que ponían el acento en las diferencias de nivel de vida de los sectores humildes y dirigentes del PSOE como Indalecio Prieto⁷⁸.

Recurso más eficaz fueron las acusaciones contra Azaña y los socialistas por su inactividad ante el paro. Las derechas editaron numerosos pasquines en toda España informando de que en 1933 el gobierno sólo había invertido un millón de pesetas para remediarlo en un presupuesto de 4.000 millones, contraponiéndolo al gasto en coches oficiales que había superado los 14 millones. Además, atacaron a los gobiernos de izquierda por haber suprimido el subsidio a las familias numerosas, mientras se desparramaban millones de pesetas en gasto burocrático improductivo. Afirmaban que el presupuesto del Ministerio de Trabajo había aumentado de catorce a 84 millones entre 1931 y 1933 sin que revirtiera en algún beneficio concreto al trabajador. Especial esfuerzo hicieron por captar, o por neutralizar con la abstención, a los votantes anarquistas asumiendo como propia una parte de su propaganda. Así, los sucesos del Parque María Luisa, las deportaciones a las colonias africanas y, sobre todo, Casas Viejas aparecieron repetidamente y como fórmula de ataque contra el propio Azaña: «Electores… Acordaos siempre en la hora del sufragio: ni heridos, ni prisioneros». Esta propaganda durísima se sustentaba en una reflexión que los oradores derechistas exteriorizaban una y otra vez en los mítines: republicanos y socialistas habían creado en las masas expectativas falaces que, al no cumplir, generaban frustración, desórdenes y una subsiguiente política represiva⁷⁹.

La organización territorial de la República también constituyó tema preferente de la campaña, centrada sobre todo en el impopular Estatuto de Cataluña. Conscientes de ello, las derechas utilizaron como baza propagandística al que había sido su mayor impugnador, Royo-Villanova. El veterano dirigente de la izquierda liberal recorrió el país con un discurso españolista que atacaba con profusión a Maciá, aseguraba que el Estatuto («el inicio de la desmembración del país») se había aprobado precipitadamente por culpa de la «Sanjurjada», y calificaba al nacionalismo como algo vacuo y un «puro tinglado». Para Royo-Villanova, la Unión de Derechas simbolizaba la defensa de la «intangibilidad de la unidad de la patria». Con una sensibilidad distinta, algunos candidatos como los «cedistas» Salmón, Lucia o Azpeitia discurrieron favorablemente sobre las tesis regionalistas aunque sin aclarar cómo habían de concretarse jurídicamente, y un sector tan importante como el tradicionalismo rechazó terminantemente el centralismo liberal y siguió defendiendo la restitución de los fueros. Que continuara haciéndose campaña en torno al Estatuto de Cataluña preocupaba a Cambó, líder de la Lliga, quien, para tranquilizar a su auditorio, hubo de afirmar, el 6 de noviembre en Barcelona, que tales propagandas no eran sino concesiones a la demagogia para «arrancar aplausos fáciles» y que confiaba plenamente en el sincero compromiso con el regionalismo de AP y de otros partidos adheridos a la CEDA⁸⁰.

De este modo, resultaba explicable la falta de entendimiento entre un sector de la Unión de Derechas y el PNV, aun manejando este último un discurso cercano en otras cuestiones al de los tradicionalistas. En las provincias vascas prácticamente coincidió la campaña electoral con el referéndum de ratificación del proyecto estatutario que meses atrás habían elaborado las Comisiones Gestoras de las diputaciones provinciales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y que en agosto de 1933 habían aprobado la mayoría de sus corporaciones locales. Los nacionalistas vascos priorizaron la campaña «estatutista» sobre la electoral general y, con ello, la problemática regional sobre la política antirreligiosa, la crisis económica o la revisión constitucional, provocando así el ahondamiento de sus diferencias con el resto de las derechas. Además, la mayoría de los tradicionalistas contrapusieron la autonomía a su aspiración de restablecer el régimen foral.

Así las cosas, el PNV prefirió acercarse a los radicales, en previsión de que habría de ser un gobierno «lerrouxista» el que coadyuvase a la obtención del régimen autonómico, y puso toda la carne en el asador en el referéndum estatutario que se celebró el 5 de noviembre. A pesar de que resultó innegable que un sector numéricamente importante del electorado en Vizcaya y Guipúzcoa votó a favor, los testimonios demuestran que, en términos generales, los resultados fueron inflados recurriendo a un descarado «pucherazo». En Vizcaya fue el propio gobernador civil, el «dominguista» Acosta, quien aportó evidencias nítidas del fraude masivo. Tras conocer que un 90 por 100 del cuerpo electoral había acudido a las urnas, declaró a la prensa que la gente debió acudir a votar muy temprano porque a la «hora crítica» en la que la concurrencia solía ser más densa, no encontró «la menor aglomeración a las puertas de los colegios» y hasta un agente de seguridad le comunicó que la votación había terminado en su sección a las doce del mediodía. Los datos de participación resultaron aún más inverosímiles por la abstención anunciada de comunistas, socialistas, el sector mayoritario de los republicanos de izquierda, tradicionalistas y «alfonsinos».

Peor aún, las comisiones gestoras de las tres diputaciones vascas y Martínez Barrio, en clara connivencia con el PNV, no permitieron que en las mesas hubiese interventores de los partidos, y sólo dejó un plazo irrisorio de veinticuatro horas para que asociaciones o corporaciones apolíticas convocasen reuniones y nombrasen los que considerasen oportunos. El ministro de la Gobernación, Rico-Avello, fue el único que se opuso públicamente a semejante atropello, apoyado por los gobernadores civiles de las tres provincias vascas y por sus respectivas Juntas Provinciales del Censo. Pero el interés político acabó imponiéndose y la convocatoria del referéndum se hizo mediante un Decreto de la Presidencia del Consejo. El Socialista acusó a Martínez Barrio, el hombre de la «fina consiensia» como le denominó con sarcasmo en un editorial, de ser el responsable de la farsa. Aun así, el fraude no sirvió para que la mitad de los electores de Álava ratificasen el Estatuto, por lo que el proceso sufrió una nueva interrupción⁸¹.

Por último, a pesar de que las derechas no afirmaron que su triunfo supondría el fin del régimen constitucional, y que condenaron muchas veces la utilización de los métodos violentos, una parte de sus oradores también dejó patente el rechazo que el parlamentarismo le inspiraba. En lo que respecta a tradicionalistas y «alfonsinos», muchos de éstos nostálgicos del régimen «primorriverista», no podía resultar extraño. Lo sorprendente fue que Acción Popular les acompañase por esos vericuetos. El Debate insistía el 5 de noviembre en que AP no tenía fe en el «parlamentarismo estéril ni en la nueva democracia liberal», sino «en la organización corporativa que responde al carácter orgánico de la sociedad». Cierto es que Gil-Robles rechazó el uso de la violencia como arma política y el fascismo como posible solución en España pues, según él, las derechas no necesitaban «patrones extranjeros». Cierto, además, que el líder de la CEDA de ningún modo se mostró entusiasta de la Dictadura «primorriverista».

En un mitin en Madrid afirmó que cuando llegaba la anarquía, fruto de la revolución, verdaderamente «se prepara el camino hacia la Dictadura», y que deseaba reforzar el poder público «sin matar las libertades». Cuando en otro mitin afirmó que deseaba no un partido más sino una «patria totalitaria», mentando AP, se refería a que deseaba una formación política en el que tuvieran cabida todos los españoles. Calvo Sotelo entendía la política totalitaria como una «nacional». Martínez Barrio, en un mitin en Córdoba, había afirmado que deseaba una «República totalitaria que beneficie y sirva a todas las clases sociales» utilizando el adjetivo con esa misma acepción, y hasta el socialista Araquistain calificó las propuestas del PSOE como «programa totalitario», en cuanto que habría de ser el demandado por la totalidad de los trabajadores⁸².

Pero Gil-Robles en ningún caso se mostró firme partidario de la democracia parlamentaria. En su primer mitin de campaña en Madrid pronunció con toda intención su oración más radical: «La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer». Las incitaciones a la violencia por parte de los socialistas en caso de un triunfo de las derechas, llevó a Gil-Robles a advertirles que, en ese caso, su partido se revolvería contra la democracia e impondría su propio sistema de gobierno. En su discurso radiado la víspera de los comicios, en el que se dirigía con «palabras de paz y armonía para todos los españoles», rompiendo significativamente el tono agresivo general de la campaña, volvió a asegurar que en el mundo entero estaba fracasando el parlamentarismo y la democracia republicana. «Por eso», aseveraba, «nosotros no atacamos sólo a la Constitución en su parte dogmática en la que se contienen todos los atropellos a nuestra conciencia, sino también en su parte orgánica, que contiene un exceso de democracia». AP aspiraba a «centrar la política con un sentido nacional inspirado en la tradición, en la doctrina católica que contiene los excesos de las Dictaduras y de la democracia». Es decir, lo que patrocinaba era una especie de corporativismo con sabor neotradicionalista⁸³.

Por ello, aunque Gil-Robles no estuviese de acuerdo con el fascismo, con el establecimiento de una Dictadura y ni tan siquiera con el imperio de la arbitrariedad sobre la ley, en sus discursos demostró un claro desapego por el régimen parlamentario y las instituciones liberal-democráticas que sin duda contribuía a acrecentar no ya la desconfianza de la izquierda, sino la de muchos políticos republicanos moderados hacia las intenciones finales de la CEDA. En uno de los fragmentos de la película que ofreció para el cine móvil que paseó por las calles de Madrid, Gil-Robles peroraba de la siguiente forma:

«No es nuestro deseo que perdure el actual estado de cosas, estos partidos políticos que nos dividen y estas clases sociales que nos separan… Vamos a hacer un ensayo, quizás el último, de la democracia… Vamos al Parlamento a defender nuestros ideales, pero si el día de mañana el Parlamento está en contra de nuestros ideales, iremos en contra del Parlamento, porque a nosotros no nos interesan en política las formas, sino el contenido».

En una entrevista concedida a Paris Soir reveló el método: las futuras Cortes estarían tan fragmentadas que los gobiernos serían débiles y poco duraderos. Eso haría que el régimen parlamentario entrara en descomposición y que las derechas ocupasen el poder. Tras afirmar que la reacción antiparlamentaria en España no sería fascista ni tampoco facilitaría una restauración monárquica, aclaró que la misión de las derechas era rectificar la legislación laica y socializante, derogar las leyes de excepción y asegurar la presencia de las órdenes religiosas conforme a las normas ordinarias del país⁸⁴.

En realidad, las diferencias entre el discurso del líder de la CEDA y el de Calvo Sotelo se diluían un tanto en este punto. En el manifiesto a sus electores de Orense, el exministro de la Dictadura culpaba a los partidos de los males del país por acción u omisión. En el discurso «gramofónico» que ofreció en Madrid afirmó que las derechas iban al Parlamento para evitar que las izquierdas copasen los escaños, pero que una vez allí demostrarían a la opinión su decrepitud y lo derribarían. Aseguró que éstas serían las últimas Cortes con sufragio universal en muchos años y que la República corría más peligro por parlamentaria que por República. La receta de Calvo Sotelo estaba en un Estado fuerte: «sobre todas las clases, espiritualista, no autoritario pero sí con autoridad». Por el contrario, los discursos de Martínez de Velasco, como los de Royo-Villanova y Abilio Calderón, nunca abjuraron de los principios liberales. Los agrarios y conservadores independientes veían con sumo agrado una profunda rectificación de la República, como el resto de las derechas, pero sólo para contribuir a la «pacificación de los espíritus» y hacer a la Constitución compatible con los principios de libertad y equidad, algo que les acercaba a los republicanos moderados⁸⁵.

Que las reflexiones de Gil-Robles no constituían apreciaciones puramente personales lo demostró la radicalidad de otras peroratas de candidatos de AP. En Sevilla, Monge Bernal condenó la Constitución de 1812 por establecer el sufragio, remontándose a los tiempos preliberales para ver en «los estamentos y las clases» una expresión de la correcta organización social. Mientras, Jesús Pabón afirmaba la conveniencia de caminar hacia «un Estado íntegro», hacia «una nación completa» sin partidos políticos. De forma más explícita se expresaron los candidatos gaditanos. El «cedista» García Atance se declaró en varias ocasiones «revolucionario» de la «revolución» iniciada no el 14 de abril de 1931, sino el 13 de septiembre de 1923 con Primo de Rivera. Un dirigente de la JAP, Valiente, se mostró contrario a las dictaduras pero admirador del dictador.

Las expresiones hacia los adversarios políticos resultaban aún más radicales. En Madrid, Pujol denunció un «contubernio socialista-masónico para apoderarse de España con apoyo de separatistas vascos y catalanes», contra el que resultaba legítimo la utilización de cualquier medio. En Huelva, el manifiesto de la Coalición de Derechas se refería a socialistas y republicanos de izquierda como una «minoría de secuestradores en su mayor parte analfabetos y desalmados», y como «chusma bárbara y minoritaria». Un semanario gijonés vinculado a AP calificaba a los socialistas como «esa rehala de matones que empobrecieron a España y llevaron el hambre a los hogares de los verdaderos trabajadores, en infame contubernio con tiranuelos como Azaña y Casares»⁸⁶.

Las incitaciones de los oradores socialistas a no respetar el resultado eran respondidas sin ambages. Gil-Robles afirmó varias veces que si deseaban el camino de la ley tendrían la ley, pero si deseaban la violencia, la lucha política tendría lugar en la calle. En el mismo sentido respondió un candidato liberal y demócrata como Royo-Villanova: «¿Quieren democracia? Vamos a ella, pero que no planteen el asunto en términos de violencia porque allí nos encontraremos. Las revoluciones no se predican, se hacen, y ellos hablan demasiado. La batalla donde la debemos dar es en las urnas». La propaganda contra los masones tampoco resultó excepcional, dado que constituía un poderoso elemento de ataque a los partidos republicanos y, entre ellos, al radical en las circunscripciones en las que éstos constituían un directo competidor. Dado que en las filas del PSOE también había masones, era además, una forma artificial de uncir el «lerrouxismo» al carro del socialismo «sin necesidad de reparar», como apunta Macarro, «en que los masones del Partido Radical se llevaban a matar con sus hermanos socialistas».

Pero también hubo ataques al PRR aprovechando otros flancos débiles más eficaces. En Madrid, la candidatura radical era equiparada con la socialista recusando la participación de aquéllos en el gobierno provisional. En Salamanca y Cuenca, la propaganda de las derechas acusaba a los radicales de sectarios y de haber votado todas las leyes persecutorias de la religión, mientras que en Cádiz utilizaron otro de los puntos flacos de los radicales, la corrupción: «Se dice que la candidatura radical representa todo lo contrario del conglomerado azaño-socialista-enchufista. Es lo mismo: quítate el enchufe tú para ponérmelo yo»⁸⁷.

No obstante, a nivel nacional, Gil-Robles y Calvo Sotelo se cuidaron mucho de criticar aceradamente a los radicales. Los discursos del primero en los que hizo referencia al «lerrouxismo» solamente se limitaron a diferenciar a las derechas de los «conservadores de la revolución» que habían votado todas las leyes socializantes de Azaña. Calvo Sotelo aconsejaba huir del eclecticismo «cortés y sugestivo» que patrocinaba el líder radical porque el centro siempre acababa cediendo ante la izquierda por motivos estratégicos, tal y como había hecho el PRR en el primer bienio. Menudearon más los ataques a los republicanos conservadores, a los que consideraron como falsos hombres de derecha que sólo contribuían a dividirlas y a fortalecer a la izquierda. El paradigma era sin duda Maura, al que se le acusaba de suprimir de un plumazo tres mil ayuntamientos, de aceptar la laicidad de la enseñanza y de expulsar al cardenal Segura y al obispo de Vitoria, rodeando al primero de policías como si de un delincuente se tratase. De todas formas, buena parte de estas críticas han de explicarse no tanto en función de diferencias ideológicas, que las había, sino en la competencia entre republicanos moderados y derechas por liderar la marea conservadora que se había advertido ya desde la misma aprobación de la Constitución y que durante la campaña de 1933 continuó creciendo por momentos ⁸⁸.

¹ SCHUMPETER (1984: 326).

² Casos de ACR, PRC y CEDA, en Ahora, 17 de octubre de 1933.

³ VIDARTE (1978: 32).

⁴ Ejemplos, en El Sol, 17 de octubre, y 1, 5, 7, 10 y 15 de noviembre de 1933; ABC, 22, 24 y 25 de octubre, y 3, 4, 7, 8, 10 y 14 de noviembre de 1933, y Ahora, 24 de octubre, y 3 de noviembre de 1933. Ganófilos y campaña de la Lliga, en CAMBÓ (1987: 455-456).

⁵ Estos y otros ejemplos, en Ahora, 17 y 24 de octubre, y 14 de noviembre de 1933; ABC, 24, 29 y 31 de octubre de 1933, y 9, 12, 14 y 16 de noviembre de 1933; El Socialista, 14, 15, 17, 20 y 24 de octubre de 1933, y El Sol, 14 de octubre de 1933.

⁶ Estos y otros ejemplos, en ABC, 17, 24, 27, 28, 29 y 31 de octubre, y 3, 7, 11, 12, 14 y 17 de noviembre de 1933; El Sol, 24 de octubre, y 2, 11 y 14 de noviembre de 1933, y Ahora, 24 y 31 de octubre, y 1, 7 y 17 de noviembre de 1933.

⁷ ABC y Ahora, 14 de noviembre de 1933, y PLA (1940: 41).

⁸ Ejemplos del volumen de la propaganda, en ABC, 27 y 28 de octubre, y 5, 8 y 10 de noviembre de 1933; DEL REY (2008: 312), VELASCO (1987: 90), GRANDÍO (1998: 186), MATEOS (1995: 454-455 y 473), TOMÁS (1964: 92 y 95), MIR (1985: 499), BERMEJO (1984: 297-298), y LÓPEZ y GIL (1997: 250).

⁹ Datos de prensa, en CHUECA (1989: 237, 239, 248, 254, 257, 277-329, 332-334 y 339-343), MONTERO (1977, II: 417-437), TOMÁS (1964: 93), BARREIRO (2003) y MORAL (1987: 544).

¹⁰ Estos y otros ejemplos, en Ahora y El Sol, 17 de octubre de 1933; El Socialista, 15 de octubre, y 11, 14 y 18 de noviembre de 1933, y ABC, 11 y 15 de octubre, y 17 de noviembre de 1933.

¹¹ ABC, 5 de noviembre de 1933; Ahora, 7 y 19 de noviembre de 1933, y ARRABAL (1935: 247).

¹² MACKENZIE (1962: 171).

¹³ ABC, 24 de octubre, y 2, 5, 7, 8, 9 y 19 de noviembre de 1933; El Sol, 7 de noviembre de 1933, y ARRABAL (1935: 247-248).

¹⁴ ABC, 17, 18 y 19 de noviembre de 1933; ARRABAL (1935: 249) y PLA (1940: 40).

¹⁵ Ruiz Rebollo, en AHN (Guerra Civil), P-S Santander A, C. 204, exp. 4. Restantes ejemplos, en ABC, 22 de octubre y 8 de noviembre de 1933; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS (1985: 156-157), MATEOS (1995: 457-458) y AYALA VICENTE (2001: 121-122).

¹⁶ Ley de 1907, en TIERNO (1972: 442). Ejemplos, en ABC, 27 de octubre de 1933, y CARO (1987: 179).

¹⁷ Ejemplos, en El Sol, 2 y 15 de noviembre de 1933; ABC, 11 de octubre, y 14, 17, 18 y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 10 y 12 de noviembre de 1933; El Socialista, 17 y 18 de noviembre de 1933; ARRABAL (1935: 255-256) y TOMÁS (1964: 74). Para el PSOE, vid. también AHN (Guerra Civil), P-S Santander C, C. 48, exp. 5.

¹⁸ Ejemplos, en ABC, 7 de noviembre de 1933; UGALDE (1993: 403-406), CAMBÓ (1987: 455), VILLALAÍN (2000: 221), CAPEL (1992: 177), GRANDÍO (1998: 182) y TOMÁS (1964: 79-80).

¹⁹ ABC, 20, 22, 24, 29 y 31 de octubre, y 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 31 de octubre, y 3 de noviembre de 1933; El Sol, 10 y 14 de noviembre de 1933; El Socialista, 27 de octubre, y 10 y 15 de noviembre de 1933; MATEOS (1995: 454), UGALDE (1993: 406 y 422), TOMÁS (1964: 78 y 94), RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA (1993: 535), GUTIÉRREZ CASALÁ (1998: 189) y RODRIGO (2005: 263 y 275).

²⁰ Ejemplos, en ABC, 26 de octubre, y 2, 3, 8, 15 y 17 de noviembre de 1933.

²¹ El Debate, 22 de octubre de 1933; ABC, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 25 de octubre, y 1 de noviembre de 1933, y GIL-ROBLES (1998: 97).

²² Financiación, en AHN (Guerra Civil), P-S Madrid, C. 583, exp. 54; El Socialista, 13, 15, 17, 18 y 22 de octubre de 1933; El Sol, 17 de octubre de 1933; MARTÍN NÁJERA (2000, I: 384-386) y PASTOR (1983: 135-136). Disputas sindicales, en ABC, 19 y 20 de octubre, y 4 de noviembre de 1933, y El Sol, 4 de noviembre de 1933. Listas de cotizantes, en El Socialista, 12, 17, 18 de octubre de 1933 y ss. Fe notarial, en ABC y El Sol, 26 de octubre de 1933. PNV, en TÁPIZ (2001: 176).

²³ Ruiz Rebollo, en AHN (Guerra Civil), P-S Santander A, C. 204, exp. 5.

²⁴ BALLINI (1988: 184), MANA (2003: 105 y 112-113) y NOIRET (1997: 83-89).

²⁵ ÁLVAREZ TARDÍO (2005: 307-377).

²⁶ Referencias, por este orden, en CARO (1987: 185), PAYNE (2003: 55), SANCHO (1989: 201), MACARRO (1985: 358-359), GUTIÉRREZ CASALÁ (1998: 184) y CABRERA ACOSTA (2004: 48).

²⁷ DURGAN (1996: 210-216).

²⁸ ALCARAZ (1987: 166).

²⁹ Fue Prieto, en Granada, el que defendió las políticas del primer bienio para criticarlas a continuación como insuficientes (ABC, 7 de noviembre de 1933). Plebiscito, en El Socialista, 13 de octubre de 1933.

³⁰ El Socialista y Ahora, 11 de noviembre de 1933.

³¹ Ilegitimidad para modificar leyes sociales, en MACARRO (2000: 289). Bases de trabajo, en MACARRO (2000: 105-189) y TOWNSON (2002: 205). Largo Caballero es el que más insiste en los mítines en la abolición del libre mercado (El Socialista y ABC, 21 de octubre de 1933). Programa económico del PSOE, en GARCÍA GARCÍA (1996: 149), MATEOS (1995: 471) y LÓPEZ y GIL (1997: 254-256). Besteiro y Largo, en El Socialista, 7 de noviembre de 1933, y ABC, 18 de noviembre de 1933, respectivamente.

³² El PRR según Prieto, en El Socialista, 31 de octubre de 1933, y ABC, 31 de octubre y 12 de noviembre de 1933. Ríos, en ABC, 21 de octubre y 7 de noviembre de 1933, y El Socialista, 24 de octubre de 1933.

³³ Propaganda «femenina», en El Socialista, 27 de octubre y 5 de noviembre de 1933; El Obrero de Elche, 26 de noviembre de 1933; CAPEL (1992: 179), VILLALAÍN (2000: 180-181 y 190), MATEOS (1995: 467) y UGALDE (1993: 425-426). Largo, en El Socialista, 7 de noviembre de 1933.

³⁴ Discursos de Largo, en El Socialista, 9 y 14 de noviembre de 1933, y CONTRERAS (1981: 260-261). Entrevista, en El Liberal, 19 de octubre de 1933, y El Socialista, 20 de octubre de 1933. Prensa socialista, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 281) y MACARRO (2000: 288).

³⁵ Socialistas zaragozanos, en GERMÁN (1980: 127-128). Periódico alicantino, en FORNER (1982: 346-347). García Prieto, en VELASCO (1987: 91). Hernández Zancajo, en El Socialista, 24 de octubre de 1933. Lejárraga, en RODRIGO (2005: 274). Socialistas pacenses (De Pablo, Vidarte…), en El Socialista, 24 de octubre y 8 de noviembre de 1933, y ABC, 14 de noviembre de 1933. De los Ríos, en El Socialista, 18 de noviembre de 1933. Gómez, ibídem, 17 de noviembre de 1933. Jiménez de Asúa, ibídem, 11 de noviembre de 1933. Besteiro, en ABC, 18 de noviembre de 1933. Ovejero, en El Sol, 8 de noviembre de 1933.

³⁶ Ahora, 21 de octubre de 1933, y El Socialista, 21, 24, 31 de octubre, y 7 de noviembre de 1933.

³⁷ El Socialista, 8 y 10 de noviembre de 1933.

³⁸ Ibídem, 14, 15, 16 y 18 de noviembre de 1933.

³⁹ Lo último, en El Socialista, 25 de octubre de 1933. De los Ríos, ibídem, 24 de octubre de 1933. Prieto, ibídem, 31 de octubre, y 7 y 14 de noviembre de 1933. Saborit, ibídem, 1 de noviembre de 1933. Gómez y Besteiro, ibídem, 7 de noviembre de 1933.

⁴⁰ Identificación del régimen con la legislación del primer bienio, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 280). Domingo, en El Sol, 24 y 31 de octubre de 1933. ERC, en MIR (1985: 494).

⁴¹ Azaña insistió en la naturaleza revolucionaria de la República en sus mítines de Játiva y Bilbao: AZAÑA (2007: 6-7) y ABC, 17 de noviembre de 1933. Citas, en El Liberal, 17 de octubre de 1933, y El Sol, 18 de noviembre de 1933.

⁴² Domingo, en El Liberal, 25 de octubre de 1933, y El Sol, 18 de noviembre de 1933. Azaña, en Ahora, 17 de octubre de 1933.

⁴³ «Fascistización» de ERC, en HURTADO (1968: 206-207 y 236-238), CULLÁ (1977: 228-229) e IVERN (1988, I: 435). Críticas, en El Diluvio, 24 de octubre de 1933, y La Tierra, 23 de octubre de 1933.

⁴⁴ USC, en ABC, 27 de octubre de 1933; El Sol, 28 de octubre de 1933, y ALCARAZ (1987: 167-168). Ataques de ERC, en IVERN (1988, I: 449) y DURGAN (1996: 217). UC, en GONZÁLEZ CASANOVA (1969: 54).

⁴⁵ Azaña, en AZAÑA (2007: 8), y ABC, 4 y 17 de noviembre de 1933. Domingo, en El Sol, 18 de noviembre de 1933; El Liberal, 24 de octubre de 1933, y ABC, 31 de octubre de 1933.

⁴⁶ Ruiz-Funes, en Ahora, 15 de octubre de 1933. Azaña, en ABC, 4 de noviembre de 1933. Barnés, en ABC, 31 de octubre y 2 de noviembre de 1933.

⁴⁷ ERC, en ABC, 14 de noviembre de 1933, e IVERN (1988, I: 444-445). Azaña, en El Sol y ABC, 4 de noviembre de 1933, y FERRER (1992: 339). Domingo, en ABC, 17 de noviembre de 1933, y Ahora, 18 de noviembre de 1933.

⁴⁸ IVERN (1988, I: 446-448 y 452) y GONZÁLEZ CASANOVA (1969: 54).

⁴⁹ Referencias, en MILLARES (1997: 602); ABC, 31 de octubre, y 4 y 5 de noviembre de 1933, y El Sol, 12 de noviembre de 1933.

⁵⁰ ERC, en IVERN (1988, I: 450) y MIR (1985: 497). Azaña, en El Sol, 4 de noviembre de 1933. Barnés y Baeza, en ABC, 1 y 2 de noviembre de 1933.

⁵¹ Propaganda en provincias, en SÁNCHEZ y MATEOS (1977: 122), y RODRIGO (2005: 267). IRS, en VILLALAÍN (2000: 212). Bertrana, en IVERN (1988, I: 450).

⁵² Dencás, en ABC, 21 de octubre de 1933, e IVERN (1988, I: 450-451). Maciá, en ABC, 25 de octubre de 1933.

⁵³ Artículo de Domingo, en El Liberal, 25 de octubre de 1933. Su mitin, en El Liberal, Ahora y ABC, 24 de octubre de 1933.

⁵⁴ Azaña, en El Sol, 17 de octubre y 18 de noviembre de 1933. Juventud del PRSI, en El Liberal, 11 de noviembre de 1933.

⁵⁵ Martínez Barrio, en Ahora, El Sol y ABC, 24 de octubre de 1933. Centrismo, en TOWNSON (2002: 223). Castellón, en GONZÁLEZ SOBACO (1986: 400).

⁵⁶ Lerroux, en ABC, 27 de octubre, y 7 de noviembre de 1933, y El Sol, 27 de octubre de 1933. Guerra del Río, en ABC, 29 de octubre de 1933. Martínez Barrio, en El Sol y ABC, 14 de noviembre de 1933.

⁵⁷ ABC y El Sol, 31 de octubre de 1933.

⁵⁸ ABC, 16 y 19 de noviembre de 1933, e IRWIN (1991: 132, 156 y 169-170).

⁵⁹ Lerroux en Castellón, en El Sol y ABC, 31 de octubre de 1933. Murcia y Barcelona, en El Sol, 15 y 16 de noviembre de 1933.

⁶⁰ Ahora, 5, 11 y 19 de noviembre de 1933; El Sol, 11 y 19 de noviembre de 1933, y ABC, 19 de noviembre de 1933.

⁶¹ Ahora, 17 y 24 de octubre de 1933; El Sol, 17 y 24 de octubre, y 2 y 10 de noviembre de 1933, y ABC, 17 y 24 de octubre, y 16 y 18 de noviembre de 1933.

⁶² El Sol, 15 y 19 de noviembre de 1933, y Ahora, 19 de noviembre de 1933.

⁶³ Melquíades Álvarez, en El Sol y ABC, 29 de octubre de 1933.

⁶⁴ Valera y Gordón, en El Sol, 11 y 14 de noviembre de 1933; Ahora, 11 de noviembre de 1933, y ABC, 16 de noviembre de 1933.

⁶⁵ RUIZ-MANJÓN (1976: 397). Guerra, en El Sol y ABC, 24 de octubre de 1933. PRRS, en ABC, 16 de noviembre de 1933.

⁶⁶ Lerroux, en ABC, 31 de octubre, y 18 y 19 de noviembre de 1933. Programa social del PRR, en RUIZ-MANJÓN (1976: 398) y MACARRO (2000: 292). Maura, en ABC, 27 de octubre y 19 de noviembre de 1933. Sánchez-Román, en El Sol y ABC, 12 y 18 de noviembre de 1933.

⁶⁷ IRWIN (1991: 163), VILLALAÍN (2000: 171-173 y 175) y RUIZ-MANJÓN (1976: 397).

⁶⁸ Cita, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 283). Propaganda radical, en ABC, 7 de noviembre de 1933. Lerroux, ibídem, 18 y 19 de noviembre de 1933. PRC y galleguistas, ibídem, 24 de octubre y 19 de noviembre de 1933.

⁶⁹ Bases programáticas, en El Sol y ABC, 14 y 15 de octubre de 1933. Cambó, en El Sol, 7 de noviembre de 1933.

⁷⁰ Matices en la propaganda de derechas, en TUSELL (1970a: 93). Gil-Robles, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 283-284).

⁷¹ Marxismo y antimarxismo en la propaganda de las derechas, en ABC, Ahora y El Debate, 7 de noviembre de 1933.

⁷² Manifiesto, en ABC, 31 de octubre de 1933. Giménez, en TUSELL y CALVO (1990: 44). Salmón, en ABC, 17 de octubre de 1933. Lucia, en COMES (2002: 248). «Frenar la revolución», en ABC y El Debate, 17 de octubre de 1933.

⁷³ ABC, 28 de octubre, y 11 de noviembre de 1933, VILLALAÍN (2000: 165-166, 171 y 223) y CAPEL (1992: 176 y 178).

⁷⁴ Vid. ABC, 7, 14, 17 y 18 de noviembre de 1933; El Debate, 17 de noviembre de 1933, y El Sol, 18 de noviembre de 1933.

⁷⁵ ABC, 20 y 31 de octubre, y 7, 10, 16 y 18 de noviembre de 1933.

⁷⁶ ABC, 28 de octubre, y 2, 3, 5, 7 y 18 de noviembre de 1933; El Debate, 3, 5 y 18 de noviembre de 1933, y MACARRO (2000: 203-212).

⁷⁷ ABC, 2, 3, 7, 14 y 17 de noviembre de 1933, y El Debate, 7, 14 y 17 de noviembre de 1933.

⁷⁸ Referencias en ABC, 17, 28 y 31 de octubre, y 7, 14 y 17 de noviembre de 1933; El Sol, 14 de noviembre de 1933, y VILLA (2007: 97).

⁷⁹ ABC, 17 y 27 de octubre, y 7, 16 y 18 de noviembre de 1933, y El Debate, 7 de noviembre de 1933.

⁸⁰ Royo-Villanova, en ABC, 24 de octubre y 14 de noviembre de 1933, y TUSELL (1970a: 95). Para la CEDA y los tradicionalistas, ABC, 3, 5 y 18 de noviembre de 1933, y COMES (2002). Cambó, en El Sol, 7 de noviembre de 1933.

⁸¹ TUSELL y GARCÍA (1977: 18) y DE LA GRANJA (1986: 390-397). Gobernador, en ABC, 7 de noviembre de 1933. Referéndum y acusaciones contra Martínez Barrio, en ABC, 26 de octubre y 1, 2, 5 y 7 de noviembre de 1933; El Socialista, 1, 2, 5 y 7 de noviembre de 1933, y El Sol, 29 de octubre y 1 de noviembre de 1933.

⁸² Gil-Robles, en ABC, 14 de noviembre de 1933. Lo de «totalitario», en ABC, 17 de octubre y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 11 de noviembre de 1933, y El Socialista, 4 de noviembre de 1933.

⁸³ ABC y El Debate, 17 de octubre, y 3, 14 y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 19 de noviembre de 1933, y ROBINSON (1974: 224-225).

⁸⁴ ABC y El Debate, 18 de noviembre de 1933, y ROBINSON (1974: 225).

⁸⁵ Calvo Sotelo, en ABC y Ahora, 19 de octubre de 1933.

⁸⁶ ABC, 7, 9 y 14 de noviembre de 1933; MACARRO (2000: 290-291), IRWIN (1991: 155) y GIRÓN (1973: 275).

⁸⁷ Gil-Robles y Royo-Villanova, en ABC y Ahora, 3 de noviembre de 1933, y TUSELL (1970a: 94). La cita, en MACARRO (2000: 271). Referencias restantes, en ABC, 10 de noviembre de 1933; MARTÍN VASALLO (1982: 84), LÓPEZ VILLAVERDE (1997: 248-249) y CARO (1987: 177).

⁸⁸ Gil-Robles y Calvo Sotelo, en ABC, 31 de octubre y 19 de noviembre de 1933. Críticas a Maura, en BERMEJO (1984: 290), MARTÍN VASALLO (1982: 84), SANZ (2006: 152) y ROMERO (1981: 176-177).

CAPÍTULO 6

TRABAS Y JUEGO SUCIO

Católicos y anarquistas

Aparte de las asociaciones de propietarios, las patronales, los sindicatos católicos y la UGT, en 1933 hubo dos poderosas organizaciones capaces de actuar como grupo de presión en la campaña electoral. La primera, el sindicato anarquista CNT que, a pesar de hallarse quebrantado por las últimas acciones revolucionarias, aún poseía el suficiente arraigo en algunas circunscripciones para, en contextos igualados, constituirse en factor importante de la elección. La segunda, la Iglesia, que continuaba suscitando multitud de adhesiones y que, además, de contar con una red de personal que llegaba a los rincones más recónditos del país, había acrecido su popularidad después de las restricciones decretadas a sus actividades. No obstante, no conviene exagerar a priori la capacidad de estas organizaciones para orientar decisivamente el voto de sus acólitos. Sobre todo porque éstos consideraban que el activismo político y la intervención en la esfera institucional no formaban parte de las competencias privativas de aquéllos: en el caso de la «antipolítica» CNT la meramente sindical y revolucionaria, y en el de la Iglesia la puramente espiritual y catequética. Por ello, no deja de ser peregrino suponer que todos los abstenidos fueron anarquistas que acataron en bloque las consignas de la CNT, o que todos los católicos votaron a las derechas. Si la capacidad de los partidos de retener a sus electores afines y hasta de obligarles a que votasen completas sus candidaturas resultó siempre relativa, puede imaginarse hasta qué punto era improbable que hicieran lo propio asociaciones no políticas como el Círculo de la Unión Mercantil, la UGT o las comunidades de cristianos protestantes.

No obstante, muchas de estas asociaciones consideraron sus intereses vinculados al triunfo de una u otra opción política y, hasta donde pudieron, y los socios le permitieron, no dejaron de tomar partido. Pues bien, tampoco la CNT o la Iglesia pudieron sustraerse a la importancia de unos comicios que podían variar la senda por la que hasta entonces había caminado la República, más aún cuando ambas habían sido damnificadas por los gobiernos del bienio. Como es conocido, la CNT abogó por la abstención dada su tradicional repugnancia por las instituciones representativas. Pero con la diferencia de que en 1933 los anarquistas copiaron a mansalva los procedimientos de los partidos políticos para vender la consigna abstencionista, es decir, a través de mítines, conferencias, manifiestos, pasquines y hasta por el original método de grabar las monedas.

La reunión en Madrid del Pleno de Regionales de la CNT el 2 de noviembre no hizo más que oficializar esta actitud. Este tipo de «abstención activa», en la se incluía el boicot violento del proceso electoral, era compartida sobre todo por su ala más extremista, en estrecha conexión con la FAI. Se daba por hecho que un triunfo de la derecha sería un reclamo magnífico para ejecutar otra insurrección con posibilidades de éxito, pues los anarquistas pensaban que, en ese supuesto, los afiliados de otros sindicatos se les unirían para derribar la República. Por si quedaban dudas, este Pleno aprobó abiertamente la ejecución de un levantamiento general en caso de «que triunfasen las tendencias fascistas», para el que sólo haría falta la sublevación de una Regional a la que habrían de secundar obligadamente el resto¹.

En todo caso, que la táctica insurreccional pudiera fracasar de nuevo parecía importar poco a este sector extremista. Para dirigentes como Durruti o Francisco Ascaso, resultaban preferibles el boicot electoral y la «acción directa» antes que no hacer nada o hacer campaña a favor de las candidaturas de izquierda. Ante las afirmaciones de socialistas y comunistas de que una abstención de la «clase trabajadora» podría facilitar la llegada al poder del «fascismo», los anarquistas reclamaban el derecho a realizar su propia revolución. A fin de cuentas, a ellos nada importaba en manos de quién quedase el Estado, sino la destrucción del Estado mismo, fuente de toda «opresión». «Frente a las urnas, la revolución social» fue el lema que los anarquistas barceloneses adoptaron el 5 de noviembre en un concurrido mitin en la Plaza de Toros Monumental.

Además, estos sectores argumentaban que la CNT nada podía esperar de los republicanos de izquierda y los socialistas a los que acusaban, con no poca hipocresía, de «las persecuciones sufridas, la hostilidad permanente de los gobiernos, hechos como las deportaciones a las colonias africanas, la matanza de Casas Viejas y tantos otros excesos o desmanes». En algunos casos también se defendía la abstención como un castigo a los partidos de izquierda, a modo de una demostración de poder que en el futuro hiciera que éstos tuviesen en cuenta los intereses del movimiento anarquista². No obstante, a pesar de los testimonios que culpaban del extremismo de la CNT al exclusivismo socialista y a la instrumentalización del Ministerio de Trabajo y de sus organismos dependientes en beneficio de la UGT, lo cierto es que los anarquistas no necesitaban armarse de tantas razones para apelar a la violencia.

Aunque la CNT rechazaba colocarse al lado de republicanos moderados y derechas, coincidió con ellos en la petición de una amplia amnistía, y este punto de contacto hizo que los radicales redoblasen su propaganda para atraer el voto «cenetista». Algunos autores han puesto de manifiesto posibles concomitancias entre las derechas y algunos dirigentes anarquistas, basándose en que a los primeros convenía la abstención de los segundos, puesto que rara vez esos sufragios irían a parar a las candidaturas conservadoras. De hecho, la prensa de derecha se hizo eco de la campaña anarquista en algunas provincias como Logroño. En Cádiz se sospechó que el jefe de Acción Ciudadana, Carranza, entregó dinero a dirigentes provinciales de la CNT para que fomentaran activamente la abstención, y Sáinz Rodríguez confirmó otras entregas en algunas circunscripciones más de Andalucía y del Valle del Ebro. En Gijón, la CNT local pidió en un mitin la amnistía, incluso para los «reaccionarios», y recomendó la abstención o el voto a los «fascistas» antes que al PSOE. En otro mitin de la FAI en Palma de Mallorca, los oradores también solicitaron la amnistía «que los gobiernos monárquicos dieron muchas veces y que ahora niegan los socialistas».

De todas formas, en la hipótesis de que esto fuese cierto sólo pudo contribuir a intensificar la campaña abstencionista en zonas muy determinadas de esas provincias. Además, no invalida el hecho de que la táctica adoptada por los anarquistas era cosecha ideológica propia y que nada tuvo que ver con sobornos ni con oscuros pactos con los monárquicos. No puede olvidarse que las derechas constituían el enemigo del mañana inmediato. La FAI dejó claro en su Pleno Peninsular de Madrid que

«si como resultado de nuestra campaña antielectoral y por el desprestigio actual de los partidos de izquierda, la reacción intentara entronizarse en España, los obreros revolucionarios de la CNT tendrán la gallardía suficiente… de plantarse en mitad de la calle y aplastar a la reacción, empleando toda clase de violencias, sirviéndonos de todas las armas y de todos los medios…».

En un mitin en Zaragoza, otro orador anunció que un triunfo de las derechas llevaría la revolución a la calle. Tiene razón Macarro cuando afirma que, para la CNT, todos los que defendían la pervivencia del Estado, desde los comunistas hasta los tradicionalistas, eran «fascistas» y que los anarquistas solían identificar «izquierda» y «derecha» como cosas en esencia nada diferentes. Pero por debajo de esto podía vislumbrarse que para los «cenetistas» las derechas representaban el fascismo en su forma más genuina, auténtica e «incurable». Por eso, a los planes revolucionarios de la CNT-FAI convenía más un triunfo de ésta. Afirmaba con un punto de histeria Solidaridad Obrera:

«Trabajadores la burguesía organiza esa farsa que se llama elecciones… No te dejes engañar, no votes a los partidos de izquierda porque su triunfo sería retardar tu emancipación; no te impresione el que te digan que si no votas ganarán las derechas. Preferible es que ganen éstas porque su triunfo favorecerá nuestros planes. ¡Obreros! Acudid con vuestras pistolas, con la dinamita. Impedid que la gente vote sobre todo los que pudiesen votar a las izquierdas. ¡Viva la FAI! ¡Viva la revolución social!».

El órgano de la CNT, tras conocer la victoria conservadora, lo interpretó como la llegada del «fascismo declarado», razón por la que el «proletariado» habría de oponer la revolución para impedir su acceso al poder³.

Precisamente por ello, la propaganda anarquista pretendió convencer a sus afines de las bondades de la abstención y del boicot haciendo referencia sañuda a la «represión» y al «sufrimiento» de sus militantes durante el bienio republicano, pero también con un discurso fuertemente deslegitimador de la democracia parlamentaria. La campaña electoral era calificada como una «antigua farsa» en la que «truhanes y galopines hacen propuestas de fidelidad y amor al pueblo», el Parlamento como una «sucia casa de prostitución», los políticos simplemente como una «unión de malhechores» y la política como una engañifa que desviaba a los trabajadores de sus aspiraciones de «emancipación integral». El órgano oficial del sindicato anarquista, CNT, publicaba editoriales que comenzaban de esta guisa: «El estúpido período de falsa democracia por que estamos atravesando no puede ser más negativo y cobarde. Los trabajadores españoles han de darse cuenta de una vez, y rápidamente, que mientras subsista el Estado vivirá el capitalismo y la tiranía». Otro artículo resultaba más gráfico en su descripción del proceso electoral:

«El espectáculo más repugnante que existe en este desventurado mundo, es una ciudad en tiempos de elecciones. Todas las bajezas de los hombres, todos los apetitos inconfesables, toda su cobardía, todos sus instintos depravados, todo sale a la superficie como la viruela o la sífilis… El manso rebaño popular, buscando siempre el pastor que mejor les apaciente, repitiendo maquinalmente los gestos y las diatribas de los fautores que quieren sacrificarse por él, completan el espectáculo hediendo [sic]. El carro de la basura recogiendo la literatura apestosa y el contenido de las urnas, como de cualquier otro recipiente higiénico, termina el espectáculo. Por mucho tiempo quedan, como recuerdo, las paredes encarteladas, como rezumando mierda».

Los artículos de Solidaridad Obrera no iban a la zaga de su colega:

«Vísperas de elecciones, teorías de pucherazos, chanchullos y pasteleos. La inquietud trae al retortero a los juglares de la soberanía popular, a toda esa gallofa indeseable que vive del cuento. ¡Vedla cómo se mueve de aquí para allá, desembuchando por doquier exabruptos y peroratas que escuchan embobados y aplauden a rabiar los papanatas y los andróginos, toda esa taifa pintoresca, acéfala y asexual, es decir, sin seso ni sexo, que constituye la gran boyada, la gran recua, el gran rebaño de Panurgo…».

Era evidente que con este discurso ninguna opción resultaba válida: «Obrero: las derechas te asesinarán; las izquierdas te fusilarán; el fascismo te apuñalará. Todos te encadenarán y te explotarán. Contra todos ellos debes disponerte a luchar». La alternativa de los anarquistas a lo que denominaban «farsa parlamentaria» quedó meridianamente clara en sus propagandas: «¡Destruid las papeletas! ¡Destruid las urnas electorales! ¡Romped la cabeza de los supervisores de papeletas, así como las de los candidatos!», «¡Obreros! Acudid con vuestras pistolas, con la dinamita. Impedid que la gente vote…». Durruti dejó bien marcado el objetivo de la campaña abstencionista de la CNT-FAI en un mitin en Valencia: «Si el día 20 hemos conseguido una abstención electoral de más de un 50 por 100, le diremos al Gobierno: ¡Basta ya! ¡No nos representáis! Y si controlamos un millón de trabajadores que tienen en sus manos la industria y el transporte, la revolución estará hecha con sólo querer»⁴.

Esa campaña resultó bastante desigual y su intensidad dependió de la implantación de la CNT en cada una de las circunscripciones, por lo que en este punto la influencia del anarquismo en el comportamiento del cuerpo electoral debe ser, a priori, relativizada. Incluso en las zonas donde presumiblemente poseía arraigo, como Cataluña o Sevilla, la organización se encontraba en una situación de crisis y retroceso como consecuencia del fracaso de sus rebeliones anteriores y del consiguiente escepticismo de buena parte de los militantes de la CNT hacia la táctica insurreccional. Más aún, existen evidencias de que la postura oficial del sindicato, equidistante de izquierdas y derechas, no fue aceptada por sectores minoritarios que se encontraban fuera de la organización.

Así, los «treintistas», agrupados en los denominados Sindicatos de Oposición, aunque no se atrevieron a defender la intervención a favor de las izquierdas, sí que condenaron la «abstención activa» y pidieron que se observara simplemente una postura de neutralidad. En la práctica, esto significaba un apoyo solapado a las opciones obreristas y un deseo de que éstas vencieran, compartido por dirigentes como Pestaña y reforzado por las continuas apelaciones al peligro de un triunfo electoral del «fascismo». Con todo, hay que aclarar que estos «moderados» se posicionaban ante una victoria conservadora de igual forma que la FAI y el sector mayoritario del anarcosindicalismo: no quedaría más remedio que acelerar la marcha hacia el «comunismo libertario» con otra insurrección. Por ello, el peso de la «abstención activa», más que por la CNT en general, fue llevado por los sindicatos «cenetistas» dominados por la FAI que, en algunas Regionales como la de Levante, constituían clara minoría⁵.

La Iglesia católica, por el contrario, se comportó de forma más prudente. Resulta evidente que la política anticlerical de la izquierda había logrado unir a la mayor parte de las opciones políticas explícita o tácitamente católicas, unión alentada por la jerarquía eclesiástica española y cimentada sobre documentos pontificios como Dilectissima Nobis. No cabe duda de que casi todo el clero regular y la mayoría del seglar apoyaron las candidaturas conservadoras, formadas por candidatos católicos en altísimo porcentaje y entre los que se encontraban aspirantes, como los de la CEDA, que superponían el catolicismo a cualquier otra consideración. De todas formas, conviene matizar un tanto la vinculación de Acción Popular con la Iglesia. AP no fue una sucursal de la jerarquía eclesiástica aunque, por supuesto, no puede desdeñarse el auxilio que recibió de determinados miembros de esa jerarquía y de multitud de sacerdotes y asociaciones confesionales. Los estudios que existen sobre el tema demuestran sobradamente que la mayoría abrumadora de candidatos de AP tenían poco o nada que ver con organizaciones seglares vinculadas al catolicismo. Así, Montero apuntó que de los 117 diputados de la CEDA sólo fueron miembros de la Asociación Católica de Propagandistas 32. Un estudio más pormenorizado, el de Ordovás, rebajó posteriormente la cifra a sólo 21 y tres dudosos más⁶.

Es más, el apoyo de la Iglesia a las derechas no resultó tan explícito como pudiera haberse previsto. Existían dos buenas razones para mantener una posición de prudencia y discreto apoyo. Primero, una estrictamente legal. La Ley Electoral de 1907, en su artículo 68, prohibía explícitamente que las «autoridades eclesiásticas» pudieran realizar propaganda a favor o en contra de una candidatura o, sencillamente, recomendar a sus fieles el sufragio a una determinada opción política. Claro que en la época de la Monarquía liberal este artículo tenía sentido, toda vez que el catolicismo era religión oficial del Estado, la Iglesia un organismo de derecho público que tenía representación propia en las Cortes a través del Senado, y sus ministros ejercían funciones asimilables, en cierto modo, a los empleados de la Administración civil y militar. Como la Constitución republicana y sus leyes de desarrollo habían modificado radicalmente esta situación, era curioso que la «separación» de la Iglesia y el Estado llevada a cabo por republicanos de izquierda y socialistas no incluyese la derogación de este artículo para que obispos, sacerdotes y frailes, desligados por completo de cualquier vinculación oficial, pudieran realizar como particulares la propaganda que apetecieran. Al contrario, la norma fue utilizada por las autoridades para impedir una descarada intervención del clero a favor de las derechas⁷.

De todas formas, la mayoría de obispos, frailes y sacerdotes no se inmiscuyó abiertamente en la campaña, conscientes de la diversidad de opinión de sus fieles y del peligro que podía suponer para sus propios intereses. En palabras de Álvarez Tardío, «la Iglesia, por boca de sus obispos, recomendó las candidaturas que defendían los intereses de la religión pero no señaló ninguna en concreto»⁸. Existía otra razón de peso, ésta puramente política. La jerarquía eclesiástica preveía, como casi todos los medios de entonces, la continuación de gobiernos de significación radical después de los comicios, con los que habrían de entenderse en multitud de cuestiones abiertas por la legislación «azañista» como la sustitución de la enseñanza religiosa, la extinción del presupuesto de culto y clero, la restricción de las manifestaciones externas de culto, etcétera. Aunque el Partido Radical pudiera suscitar ciertas aprensiones en medios eclesiásticos por su tradición anticlerical, Lerroux y sus lugartenientes pusieron especial empeño durante la campaña en desmentirlas, afirmando una y otra vez el respeto a la libertad de conciencia y al libre desenvolvimiento de la Iglesia dentro del marco legal republicano.

Y algo más, dado que el líder radical, al que todo el mundo daba por seguro presidente del Consejo tras los comicios, había anunciado abiertamente su intención de frenar las consecuencias más duras de la legislación del primer bienio y de «dulcificar» su interpretación para no herir susceptibilidades. Una intervención más activa e intensa de la Iglesia a favor de las derechas y en detrimento de los republicanos moderados, hubiera subrayado su sentimiento de desvío hacia el nuevo régimen, derribado los puentes de entendimiento lanzados por cualificados sectores del Partido Radical, y supuesto un espaldarazo a los sectores más anticlericales dentro del «lerrouxismo». En este contexto, el nuncio, el cardenal Vidal y otros muchos obispos comprendieron que la postura de la Iglesia no podía dejar de ser la que fue: apoyo silencioso a las «candidaturas católicas y afines» sin desautorizar al clero más adicto a los republicanos moderados, neutralidad oficial, y prudente enemistad a republicanos de izquierda y socialistas, contrarios a los intereses de la religión católica.

Así pues, los obispos y el nuncio, reunidos entre el 21 y el 26 de octubre de 1933, sólo acordaron las condiciones en las que los sacerdotes podían estar presentes en las candidaturas, que quedarían sometidas al juicio y a la autorización final de los propios obispos en sus respectivas jurisdicciones. Los aspirantes a candidato sólo podrían presentarse en las circunscripciones diferentes de la diócesis de pertenencia y limitar, en lo posible, sus intervenciones en las Cortes a cuestiones estrictamente religiosas. En realidad, el número de religiosos que concurrieron a los comicios continuó siendo bajo. Sorprendentemente, las derechas incluyeron pocos clérigos en sus candidaturas: los sacerdotes Molina, Guallar, Martínez Juárez y Pérez Arroyo, el canónigo Gómez Rojí y el dominico Gafo, aunque éste más bien se presentaba como sindicalista católico. El canónigo López-Dóriga volvió a concurrir a los comicios, ahora como radical-socialista de Domingo y en conflicto con su obispo. Por último, los radicales volvieron a presentar al sacerdote Basilio Álvarez, mientras que el canónigo García Gallego participó de nuevo como candidato independiente. Además, los obispos aprobaron excitar al clero para que acudiese a votar, aun cuando el regular hubiese de hacerlo con el permiso de sus respectivos superiores.

La mejor expresión pública de la postura eclesiástica la constituyó sin duda el manifiesto de la Junta Central de Acción Católica. En él se pedía perentoriamente la participación de los católicos en los comicios, pues la abstención «daña los intereses de la religión y de la Patria» en una época en que, según la AC, ambas estaban en franco peligro. Aunque no se patrocinaba ninguna candidatura concreta, lo cierto era que las derechas y los republicanos moderados recibían un tácito espaldarazo en el momento en que el manifiesto abogaba por los candidatos católicos o los que «no lo sean pero… ofrezcan garantías para el bien de la religión y de la Patria». Para apuntalar, en fin, estas posiciones, el manifiesto hacía una velada condena al marxismo y al anarquismo cuando calificó de actitud reprobable «cualquier pretensión de ruina del orden social para que de la catástrofe nazca algo mejor»⁹.

Esta panorámica general no excluyó, sin embargo, excepciones de todo tipo. En algunas provincias, la intervención del clero en la campaña fue mucho más abierta, traspasando en ocasiones los límites de la Ley Electoral. Los obispos catalanes, congregados por el cardenal Vidal en la conferencia episcopal de la Tarraconense el 12 de noviembre, coincidieron en sustentar oficiosamente las candidaturas de la Lliga. En Navarra, una parte de los párrocos se mostraron inequívocos partidarios del Bloque de Derechas e hicieron propaganda política dentro de las iglesias. En Badajoz, los socialistas denunciaron la campaña que contra ellos hacían muchos sacerdotes desde el púlpito. En Soria, la mayoría del clero apoyó la candidatura del Bloque Agrario y un sector más reducido salió en defensa de los «mauristas». En Valencia, el gobernador radical, Aguilera Arjona, notificó al arzobispo que el obispo auxiliar y algunos sacerdotes de su diócesis hacían propaganda a favor de las derechas. Las posteriores denuncias contra algunos curas valencianos, como en Torrente, dejaron patente la poca eficacia de las admoniciones arzobispales a sus subordinados para que se mantuviesen al margen.

Por último, la intervención de algunos párrocos en la campaña suscitó un rebrote del anticlericalismo violento que tuvo consecuencias negativas para personas y edificios religiosos. En Pontevedra, el obispo de Tuy sufrió un atentado con bomba del que salió ileso. En Algeciras (Cádiz), en el transcurso de una misa, estalló un explosivo de escasa potencia en la sacristía de una iglesia. En Granada, unos individuos prendieron fuego a un convento aunque la rápida intervención del portero y del vecindario impidió que las llamas lo destruyeran. En Serra (Valencia), hizo explosión otra bomba en una ermita causándole varios desperfectos. Con todo, las fuentes indican que, al menos durante el período electoral, la violencia anticlerical fue mucho menos frecuente que los atentados por motivaciones políticas o los derivados de la «conflictividad social»¹⁰.

La intervención gubernamental

No por cierto resulta menos tópico afirmar que la política electoral del gabinete Martínez Barrio se caracterizó por una correcta neutralidad. Sobre ello es conveniente introducir algún matiz. La neutralidad del poder público, en cuanto estricta abstención, no garantizaba la limpieza de los comicios y la inhibición de las autoridades provinciales y locales. Una correcta neutralidad implicaba, por ello, la intervención del Ministerio de la Gobernación y de las autoridades judiciales para hacer cumplir la ley a sus subalternos, y amparar al elector frente a las presiones que sobre él pudieran ejercerse. En términos generales, la actitud del gobierno se correspondió con esa actitud. No obstante, pueden señalarse algunos «lunares» que derivaron de la falta de fe que buena parte de sus miembros, sobre todo los republicanos de izquierda, sentía hacia una política electoral neutra. Uno, que los ministros, todos candidatos salvo Pi Suñer, no se amilanaron a la hora de utilizar el cargo y los medios oficiales anejos para sus actividades de propaganda, con los disimulos impuestos por la corrección política de entonces. Otro, que existen evidencias de que algunos gobernadores civiles se comportaron con menos civismo que los ministros. Con todo, el número de gobernadores que actuaron arbitrariamente fue menor respecto a 1931 y no abundaron las actitudes descaradas. En cierto modo, esta percepción puede extenderse también a parte de las autoridades locales, alcaldes y presidentes de las comisiones gestoras.

No obstante, que las autoridades intervinieran de forma ilegal en los comicios, no quiere decir tampoco que todas las denuncias de los partidos fuesen verídicas. Tan tradicional como el intervencionismo gubernamental, lo eran las acusaciones tendenciosas o sencillamente falsas destinadas a discutir una decisión de la autoridad que perjudicaba los intereses de partidos o candidatos concretos, a cuestionar con mala fe la imparcialidad de ésta para que fuese sustituida por otra más favorable, o a prevenir mediante la queja continua e injustificada cualquier atisbo de parcialidad gubernativa.

La política electoral del gobierno no fue fruto del consenso y los Consejos de Ministros del 10 y 11 de octubre fueron expresión de esta falta de acuerdo. Los ministros Sánchez-Albornoz (AR), Pita (PRG) y Palomo (PRSI) propusieron la formación de una coalición nacional de radicales y republicanos de izquierda impulsada desde el gobierno, resucitando el viejo encasillado y recurriendo a las tácticas del añejo «influjo moral», algo a lo que se negaron los ministros «lerrouxistas» y el propio presidente del Consejo. Las posturas volvieron a encontrarse en el nombramiento de los gobernadores civiles. Martínez Barrio accedió a una nueva combinación que diera mayor representación a los republicanos de izquierda, pero volvió a insistir ante las conminaciones de Sánchez-Albornoz en que concebía a los gobernadores como meros guardianes del orden, y no como agentes electorales.

El jefe del gobierno confirmó a la prensa que entendía su gobierno como una mesa electoral que habría de presidir los comicios con neutralidad, y Rico-Avello aclaró que su papel no iría más allá que el de ser el árbitro de un partido de fútbol. Aun así, los ministros de izquierda lograron que el gobierno hiciera una declaración pública aconsejando a los republicanos que formasen candidaturas conjuntas en todas las circunscripciones del país frente al «enemigo común», que se identificaba con las derechas. En caso de que no lo consiguieran, pedía al menos que los republicanos no se hicieran ruda oposición entre sí. No obstante, cuando salieron a la luz varias candidaturas que se apartaban de este criterio, como las «antimarxistas», Gordón se unió al coro de los ministros contrarios a la neutralidad del gabinete, pero esta postura no sería modificada sustancialmente¹¹.

El hecho de que no hubiese una coalición nacional entre radicales y republicanos de izquierda promovida desde el gobierno no obedeció sólo a razones de «neutralidad electoral», sino también a una clara motivación política. Los radicales desconfiaban de «azañistas» y «dominguistas», a los que veían como aliados poco fiables por su afinidad con el socialismo. No hay que olvidar que había transcurrido sólo mes y medio desde polémica caída del gobierno Lerroux. Pero por si necesitaban nuevas razones, éstas las aportó el torpedeo continuo que los representantes de AR y PRSI hicieron a los proyectos gubernamentales desde la Diputación Permanente de las Cortes. En unión de los socialistas, los republicanos de izquierda hicieron naufragar los créditos pedidos por el gobierno para dotar al Tribunal de Garantías Constitucionales y al Ministerio de Comunicaciones, sin importarles mucho la presencia de ministros correligionarios. Estos hechos demostraban que la avenencia entre los republicanos, patrocinada por Alcalá-Zamora, no era más que una quimera¹².

Además, hacer de Martínez Barrio un paladín de la neutralidad electoral, después de lo ocurrido en el referéndum del Estatuto vasco, resulta exagerado. Aunque en sus memorias se ufana de su imparcialidad, lo cierto es que el presidente del Consejo no se abstuvo de intervenir cuando los intereses de su partido lo requerían, como tampoco no dejó de hacerlo en los frustrados comicios municipales cuando fue ministro de la Gobernación de Lerroux. El 18 de septiembre había enviado una circular reservada a los gobernadores conminándoles a «afianzar el campo político republicano» interviniendo en esas elecciones a favor de los amigos políticos y atrayendo a los dudosos. En sus mismas memorias afirma que hizo una serie de exploraciones entre los partidos republicanos y el socialista con el fin de llegar a «inteligencias electorales», que no sirvieron de mucho dada la mutua hostilidad entre el PSOE y su partido. Lo que Martínez Barrio oculta es que participó en el acoplamiento de varias candidaturas en su despacho de la Presidencia, y sostuvo relación con representantes de la CEDA en la negociación de las listas de Badajoz y Córdoba¹³.

De todas formas, la capacidad del gobierno para obtener resultados favorables había decrecido mucho. El sistema de contrapesos y limitaciones legales impuesto por la Ley de 1907, unido a la falta de una coalición gubernamental, a la distinta significación política de ministros, gobernadores, diputados provinciales y alcaldes, y a los altos niveles de competencia interpartidista, lastraba enormemente cualquier posibilidad de intervención gubernativa. Además, en el seno de ese gobierno hubo voluntad política de mantener una actitud neutral. El mérito, más que de Martínez Barrio, fue del ministro Rico-Avello y de Justino Azcárate (subsecretario de Gobernación), hombres de significación independiente. Rico-Avello actuó de freno contra los impulsos intervencionistas de sus compañeros en el gabinete y de los gobernadores civiles, y existen motivos para pensar que las medidas restrictivas de la propaganda electoral no partieron de él, sino del resto del gobierno, sorprendido desagradablemente por la intensidad de la campaña de las derechas.

Así, fue el Consejo de Ministros en Pleno, y no Gobernación, quien limitó el uso de carteles murales, la radio y la propaganda cinematográfica, y prohibió, el 7 de noviembre, el uso de aeródromos y aviones para la campaña y el transporte de candidatos, perjudicando notablemente a Acción Popular. Según Gil-Robles, las restricciones aéreas le impidieron acudir a sendos mítines en Cáceres y Sevilla, pero salvó la responsabilidad de Rico-Avello al afirmar que había obtenido previamente los permisos de Gobernación. En cuanto a los carteles murales, el jefe superior de Policía de Madrid vedó su pegada el 27 de octubre hasta que el gobierno no resolviese, algo que perjudicó de nuevo a AP, el único partido que había comenzado esta actividad. Una entrevista de Gil-Robles con Rico-Avello deshizo la prohibición. La cartelería de AP fue permitida y, al día siguiente, Gobernación dictó normas que regulaban la exposición de carteles en todo el país. Rico-Avello también se encargó de garantizar, a petición de las derechas, la protección de los carteles ya fijados que estaban siendo arrancados en Madrid por activistas del PSOE, muchos de los cuales fueron detenidos por la policía. Los ataques a la cartelería conservadora ocurrieron también en otras provincias como Albacete (donde fueron detenidos militantes socialistas), Ávila, Barcelona (donde estuvo implicado el consejero Dencás) y Sevilla. Que no era cosa de gamberros lo atestigua el paso por la comisaría del diputado socialista Vidarte por incitar en un mitin a arrancar carteles de otros partidos, y la detención, al ser sorprendido in fraganti, de un dirigente de la UGT de Gijón. Curiosamente no hubo reciprocidad. El PSOE no dejó de quejarse, pero en este caso porque las autoridades ordenaron, en alguna ocasión, la retirada de algunos de sus carteles o pasquines en Madrid. Por último, en lo que respecta a la radiodifusión, el director general de Seguridad prohibió las conferencias radiadas desde la sede de AP, pues alegaba, de forma inverosímil, que contravenían la norma de que habían de efectuarse en locales públicos. Tras la protesta de Gil-Robles ante Rico-Avello, el ministro desautorizó a su director general¹⁴.

Rico-Avello sí tuvo más éxito a la hora de imponer una estricta neutralidad en su esfera privativa de actuación. Así, embridó el desmoche de ayuntamientos que habían llevado a cabo Maura y Casares. Durante su mandato sólo suspendió 35 consistorios, la mayor parte por irregularidades administrativas y con un criterio que no fue discutido, en general, por los partidos en liza. Además, tanto él como el propio presidente del Consejo tomaron todas las medidas a su alcance para tranquilizar a la opinión pública en cuanto que el orden sería mantenido a todo trance durante la jornada electoral y los días posteriores, en un momento en que la CNT amenazaba con boicotear violentamente las elecciones y que algunos candidatos socialistas afirmaban que no aceptarían los resultados electorales si les eran desfavorables. De hecho, el gobierno ordenó la recogida de El Socialista el día 9 de noviembre por los conceptos injuriosos que había vertido contra las instituciones, y hasta temió un golpe revolucionario de elementos vinculados al PSOE para evitar que los comicios se verificasen. Los socialistas desmintieron rotundamente la especie pero, el 15 de noviembre, la policía detuvo a dos militantes del PSOE de Éibar que llevaban a Bilbao un cargamento con 60 pistolas¹⁵.

El único lunar de la gestión de Rico-Avello, que afectó de gran forma a la campaña, fue la fuga el 4 de noviembre de Juan March de la cárcel de Alcalá de Henares. Como la evasión no tuvo nada de espectacular, pues contó entre los partícipes con el propio jefe de este establecimiento carcelario, pronto se sospechó que March contaba con la complicidad de altos cargos del gobierno y del Partido Radical. Para salvar su parte de responsabilidad, el ministro Botella dimitió, aunque Martínez Barrio logró convencerle para que continuara. La rueda de prensa que March ofreció en París supuso un varapalo para la honorabilidad de tres exministros: Domingo, Prieto y Carner, a los que culpó, entre otras cosas, de falsificar documentos para mantenerle en prisión. Además, acusó a Azaña y Domingo de pedir que continuara entre rejas, pese a que no existía causa alguna contra él, a condición de apoyar al gabinete de Martínez Barrio. Estas imputaciones alimentaron la propaganda de radicales y derechas, y constituyeron un rudo golpe contra la imagen pública de los republicanos de izquierda y los socialistas¹⁶.

Rico-Avello tampoco pudo evitar el escándalo electoral que implicó a su compañero, el ministro de Estado, durante los últimos días de la campaña. Gil-Robles publicó una carta con membrete de ese Ministerio en la que el «azañista» Sánchez-Albornoz pedía a un alcalde de la provincia de Ávila que trabajase su candidatura. Pronto se supo que no había sido la única. El líder de AP pidió a sus correligionarios que se querellaran contra el ministro, pues había violado de forma flagrante el artículo 68 de la Ley Electoral, pero Martínez Barrio se negó a sustituirle. No fue el único caso, pues el subsecretario de Presidencia, el radical Torres Campañá, fue acusado de requerir el voto utilizando papel con membrete del Estado y de usar el coche oficial para hacer campaña por los pueblos de la circunscripción de Madrid.

El último enfrentamiento entre el gobierno y las derechas fue consecuencia de la negativa del primero a aceptar la proclamación como candidato del «cedista» Linares por Melilla, cuya misión era proveer de interventores y apoderados a la candidatura de Sanjurjo. El gobierno, a instancias de una denuncia de los radicales y socialistas melillenses, alegó que la proclamación de Linares no resultaba conforme a la ley pues le habían avalado tres exdiputados provinciales de Málaga y, desde la puesta en marcha de la Constitución, Melilla había dejado de pertenecer administrativamente a esta provincia. Por tanto, el plan para sacar diputado al cabecilla del 10 de agosto se vino abajo. A pesar de que éste podía concurrir a los comicios, en la práctica se le dejaba en la más completa indefensión en las mesas. Sanjurjo, haciéndose cargo de la situación, decidió retirar su candidatura la víspera de la jornada electoral pero las derechas melillenses le convencieron para seguir adelante¹⁷.

Escalafones más abajo, la actuación de algunos gobernadores civiles estuvo también envuelta en la polémica. Conforme se acercaba el día de la elección, las acusaciones contra ellos se hicieron más numerosas e incidían en que éstos obraban como agentes electorales de su partido y no como autoridad imparcial. Las acusaciones fueron, además, multidireccionales. Estas denuncias afectaron tanto a gobernadores radicales como a republicanos de izquierda, y los denunciantes provinieron de todos los partidos. Éstas tenían, en algunas ocasiones, fundamento pero en otros casos no eran más que exageraciones o falsedades. Los más prolíficos fueron precisamente los partidos sin representación gubernativa, los socialistas y las derechas. Los primeros impugnaron la labor de los gobernadores, sobre todo en las circunscripciones donde se enfrentaban a coaliciones antimarxistas como Badajoz o Granada, cayendo a veces en tendenciosidades evidentes. En una entrevista para el periódico francés Le Nouveau Soir, Besteiro denunció, de forma mendaz, que se estaba aplicando contra ellos la Ley de Defensa de la República, que hacía meses que no regía¹⁸.

En Granada, los socialistas acusaron al gobernador, el radical Asensi, de poner al servicio de su partido delegados gubernativos y parejas de la Guardia Civil. En la prensa provincial se publicó una circular interna del secretario provincial del PRR granadino en la que preguntaba a los comités locales sobre la conveniencia de enviar estos elementos a sus respectivas poblaciones el día de los comicios. Hechos posteriores demostrarían el poco fundamento de la denuncia, toda vez que la circular no revelaba que el gobernador hubiese hecho ofrecimiento alguno, sino simplemente indagaba a nivel interno las necesidades de las organizaciones locales del PRR. Al contrario, la circular parecía apoyarse en el comportamiento arbitrario que estaban comenzando a mostrar muchos alcaldes socialistas de la provincia que disponían de alguaciles y guardas rurales a su antojo para no permitir la propaganda de los partidos contrarios.

Como el PSOE copaba entonces cerca de la mitad de las alcaldías de la provincia, estos comportamientos determinaron que el gobernador ordenase el relevo y desarme de los guardias municipales y su sustitución por agentes de la Guardia Civil, que llegaron de otras provincias para garantizar la libertad de propaganda y la seguridad de los electores. Esto provocó una descarnada protesta de Fernando de los Ríos al ministro de la Gobernación, en la que argumentaba que la misión de los guardias era «aterrorizar a los pueblos». Como De los Ríos hiciese incluir el telegrama en El Socialista, la respuesta de Rico-Avello también se publicó en varios periódicos. En él justificó el desarme de guardias municipales, guardas jurados particulares y policía rural porque servían los intereses de los alcaldes socialistas y no los del orden público. Ensalzó el papel de la Guardia Civil y recriminó a De los Ríos no haber aportado prueba o hecho alguno que menoscabase la labor del Instituto.

La campaña de los socialistas contra el gobernador de Granada llegó al punto de acusarle de permitir la proliferación de «bandas armadas» constituidas por derechistas que, en algunos pueblos, habían tomado el control del orden público y que amenazaban, cacheaban y maltrataban a militantes del PSOE. Estas arbitrariedades resultan de dudosa verosimilitud dado que no se sustanciaron en ningún hecho violento o simplemente coactivo. Además, los socialistas denunciaron su presencia en tres pueblos (Puebla de Don Fadrique, Guadix e Iznalloz) donde no se detectó irregularidad alguna en la elección. Es más, en el primero de esos pueblos, el PSOE bordeó el 40 por 100 de los votos, y en los otros dos últimos triunfó holgadamente. Este tipo de denuncias-bulo fueron utilizadas por los socialistas en otros lugares. En un mitin, Trifón Gómez extendió a Jaén, Badajoz y Madrid, sin aportar pruebas, la persecución de socialistas por «señoritos armados»¹⁹.

En la provincia de Huelva, el enfrentamiento entre los candidatos y alcaldes socialistas y el gobernador radical, Malboyssón, llegó a extremos similares cuando éste envió al fiscal de la República unas octavillas injuriosas impresas por el PSOE onubense, y destituyó al alcalde de Manzanilla por los insultos que vertió contra Lerroux en un mitin no autorizado. Pero aquí las protestas socialistas tuvieron mayor fundamento, sobre todo cuando impugnaron la prohibición de celebrar mítines al aire libre, decisión que les perjudicaba sobremanera. En Málaga, socialistas y republicanos de izquierda informaron a Rico-Avello que el gobernador, el radical Pérez Molina, nombraba delegados suyos en todos los municipios donde el alcalde no era radical y había ordenado el registro de la casa del alcalde socialista de Alhaurín el Grande y la detención de tres militantes del PSOE que iban a actuar de interventores. Pérez Molina se justificó alegando que el secretario del ayuntamiento le había participado que el alcalde de Alhaurín y el de Ronda planificaban «un asalto a los Colegios el domingo» al albur de la constante conflictividad social. En la provincia de Badajoz, donde el PSOE contaba con presencia hegemónica en la mayoría de ayuntamientos, juzgados municipales y jurados mixtos, el gobernador radical, Echeguren, hubo de vencer la resistencia de muchos alcaldes socialistas a permitir la propaganda de la candidatura «antimarxista», y llegó a decretar el desarme de la guardia municipal a sus órdenes y el envío de fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto para sustituirles. En un telegrama a Rico-Avello enviado el 11 de noviembre, el gobernador pintaba así la actuación de los ediles socialistas:

«mayoría Alcaldes provincia amparados en la impunidad que les proporciona período electoral e instruccionados por candidatos socialistas se han erigido en cantón independiente, desobedecen mis órdenes, detienen a ciudadanos arbitrariamente, impiden trabajar a obreros que no estén afiliados a Casas del Pueblo, toleran e intentan hurtos frutos y atropellos campo, coaccionan impiden o limitan legitima propaganda electoral de sus contrarios políticos y en una palabra su actuación es escarnio y absoluta negación de los fundamentales postulados de libertad y democracia que son la base de la Constitución de la República. Mis apercibimientos, oficios, órdenes telegráficas y telefónicas etcétera son constantes las escasas fuerzas… se mueven sin cesar para garantía del orden y derechos ciudadanos pero todo resulta ineficaz ante la resistencia pasiva de las autoridades locales»²⁰.

Además, destacó por su virulencia la campaña de los socialistas contra la Guardia Civil en varias provincias aunque prescindieron de presentar denuncias formales ante las autoridades judiciales, lo que sin duda les restó credibilidad. Así, los alcaldes socialistas de Fuente del Maestre y Don Benito (Badajoz) telegrafiaron a Gobernación afirmando que el jefe de la Guardia Civil estaba al servicio del «cacique» y de «Acción Popular», y que mientras protegía a las propagandistas de este partido, realizaba cacheos a elementos del PSOE «para amedrentar». En otra ocasión, Vidarte telegrafió a Gobernación acusando a los jefes de puesto de Roca de la Sierra, Villar del Rey, Hornachos «y otros pueblos amenazan a los obreros con ametralladoras si no gana la coalición monárquico-radical».

En la circunscripción granadina, De los Ríos y otros correligionarios suyos se volvieran a quejar de coacciones de la Guardia Civil a los «obreros» en Benalúa de Guadix y Baza. El exministro socialista telegrafió a Gobernación reprobando increíblemente la intervención de un capitán de la Guardia Civil en el pueblo de Zújar contra un grupo de «obreros que no han tenido el más leve contacto con la fuerza armada y [cuya] única falta, si la hay, es haber declarado una huelga sin previo aviso y realizado algún acto insignificante de coacción». En otro telegrama culpó a la Guardia Civil de Motril de haber detenido a propagandistas del PSOE, cuando en realidad lo había hecho la guardia municipal a instancias del alcalde radical. En fin, las más de las veces, los socialistas se quejaban del amparo que ofrecía la Guardia Civil a los propagandistas de derecha y del desarme de los guardias municipales al servicio de sus alcaldes²¹.

No obstante, contra lo que pudiera parecer, los candidatos de centro-derecha tampoco estaban nada satisfechos con la actuación del Instituto. Un telegrama del candidato radical Hidalgo a Rico-Avello, desde Badajoz, transmitía, a tres días de los comicios, estas impresiones:

«Comandantes de puesto Guardia civil se niegan salir cuartel sin órdenes Alcaldes, a pesar de ser requeridos por ciudadanos para prestar urgente auxilio a personas perseguidas y apedreadas. Varios Comandantes puestos Guardia civil permanecen actitud pacífica ante comisión de delitos, amedrentados o seducidos por Alcaldes, habiendo perdido en muchos casos la confianza pública por fraternizar con dirigentes organizaciones socialistas».

Y es que a las denuncias de unos y otros, no hubo en toda la documentación posteriormente expedida por las Juntas Provinciales del Censo acusaciones concretas de que ningún agente del Cuerpo interviniese en coacciones o «pucherazos». Con razón pudo ufanarse ante la prensa Rico-Avello de que ninguna de las quejas que llegaban a su Ministerio o al Gobierno se refería a actuaciones arbitrarias de la fuerza pública²².

Por el contrario, aunque las derechas exhibieron dosis de victimismo, a diferencia de los socialistas sí que procuraron denunciar coacciones y violencias concretas. Sin duda, su intensa propaganda en provincias se vio sometida en algunos casos a trabas por parte de los gobernadores civiles. En Santander, un gobernador «azañista», Sevilla, autorizó la suspensión de los mítines de derechas en Maliaño y Castro Urdiales por alteraciones del orden provocadas por «elementos izquierdistas», cuando lo normal era que hubiera velado por la seguridad de estos actos. Las conminaciones del gobierno para que se protegiera a todo trance la libertad de propaganda fueron incumplidas por los jefes políticos de algunas provincias. En Albacete, el gobernador «dominguista» Costales ordenó la irrupción de la policía en el domicilio particular del presidente provincial de AP, García Quesada, alegando que había convocado una reunión política sin permiso del Gobierno Civil.

Las acusaciones más comunes de los conservadores se centraron en las restricciones a la propaganda escrita (con recogida de carteles y folletos incluida) y la suspensión injustificada de algún periódico o mitin, como ocurrió en Cuenca, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Vizcaya. Pero también denunciaron las apelaciones de algunos gobernadores a alcaldes, secretarios de ayuntamiento y jueces municipales para que trabajasen por las candidaturas republicanas «oficiales», caso de Burgos, Logroño, Almería, Orense y, de nuevo, Cuenca y Santa Cruz de Tenerife. Los gobernadores de Burgos y Almería también sería recusados por las candidaturas de izquierda, mientras que los radicales harían lo propio con los de Pontevedra y, de nuevo, Almería (un gobernador del partido de Botella)²³.

Hubo modalidades de intervención agravadas. En La Coruña, AP probó mediante acta notarial que el gobernador civil, el radical Gasset, se dedicaba a pedir la documentación electoral en blanco a muchos alcaldes para volcar el censo a favor de la Coalición Republicana. No obstante, Rico-Avello amparó al gobernador ante la nula disposición de AP de presentar una querella judicial, actitud que sin duda restó credibilidad a los testimonios aportados contra este jefe político. Aparte, el gobernador de Sevilla, el radical Díaz Quiñones, prohibió una colecta a favor de la candidatura derechista «porque el dinero podría ser empleado para comprar conciencias». Además, los conservadores le culparon de negligencia ante las agresiones que estaban sufriendo de los radicales, hasta tal punto que el «cedista» Oriol amenazó con usar la fuerza para garantizar sus derechos. Los socialistas también participaron de la protesta, acusándole de variar en Pleno período electoral la gestora del ayuntamiento de El Madroño para que quedase en manos del PRR. En Córdoba, representaciones de todos los partidos, salvo el progresista y el radical, protestaron la actuación del gobernador Jiménez Díaz, que había destituido a los alcaldes de Belmez y Espejo en período electoral²⁴.

En Toledo, la llegada nueve días antes de los comicios del gobernador «dominguista» de Albacete, Costales, en apoyo de la candidatura del ministro Palomo, se tradujo en una mayor presión sobre la propaganda de la CEDA. Costales comenzó ordenando la suspensión de un mitin derechista en Ocaña por haberse iniciado media hora antes de lo previsto. Tras otro mitin supuestamente no autorizado en Quintanar de la Orden, fue detenido el diputado «cedista» Madariaga, lo que generó una ola de indignación en todos los medios políticos de la provincia. Pronto se supo que el alcalde radical, hermano del secretario político de Martínez Barrio, sí había autorizado el mitin y hasta había asistido a él. A requerimiento de Gil-Robles, Rico-Avello intervino de inmediato para desautorizar al gobernador y ordenar la puesta en libertad de Madariaga pero, protegido por el ministro Palomo, Costales no fue destituido. La víspera de las elecciones, representantes del Partido Radical y de AP denunciaron que el gobernador se dedicaba a contactar con los alcaldes para que velasen por la candidatura del ministro de Comunicaciones, utilizando el telégrafo del Gobierno Civil y papel con membrete oficial, lo que provocó la detención, por unas horas, de otro militante de AP. Por último, en Vizcaya, el PNV y el Bloque de Derechas denunciaron que el gobernador Acosta acompañaba a su jefe, Marcelino Domingo, por las localidades de la circunscripción bilbaína utilizando su coche oficial²⁵.

Por otra parte, en 1933 los gobernadores no renunciaron del todo a su papel componedor de candidaturas y en algunos lugares, como Oviedo o Santander, trataron de impulsar candidaturas de centro-izquierda republicano, a semejanza de la coalición gubernamental. Pero nunca las forzaron: su intervención en este aspecto no dejó de ser suasoria. La mayoría de ellos acabó fracasando en el empeño. Además, eran los partidos republicanos los que muchas veces forzaban su intervención y luego le achacaban las culpas de no haber podido patrocinar una candidatura gubernamental. Así, los radicales-socialistas de Cáceres y Granada y los progresistas de Jaén telegrafiaron a Rico-Avello para que destituyera a los gobernadores radicales tras el pacto entre «lerrouxistas» y agrarios en esas circunscripciones, exigiendo la ruptura de esos acuerdos y la modificación de las candidaturas.

Pese a esto, no todos los testimonios apuntaron a actitudes delictuosas de los gobernadores, pues otros pusieron de manifiesto, de forma elogiosa, su actitud imparcial. Los testimonios resultaban especialmente valiosos cuando procedían de formaciones políticas ideológicamente contrarias al partido del gobernador. En Castellón y Navarra, las referencias positivas hacia la actuación de los jefes radicales-socialistas vinieron sobre todo de las derechas. En Orense, otro gobernador radical-socialista, Adrio, respaldó una redada de la Guardia Civil en el pueblo de Albarellos contra 17 individuos que preparaban actas electorales falsas. La falta de denuncias contra los demás gobernadores civiles significaba un espaldarazo de los partidos, en este caso por omisión, a la labor «garantista» de muchos jefes políticos²⁶.

Caso aparte fue la actuación de la Generalidad de Cataluña que, como podía preverse, puso todos los medios oficiales a favor de la Esquerra. El Partido Radical de Barcelona fue el que criticó con mayor acritud el uso de edificios y vehículos de la Generalidad para las actividades electorales del partido en el poder, y trasladó su protesta al gobierno central. Pero el problema más grave radicaba en la actuación impune de los escamots, sin que las autoridades regionales hiciesen nada por impedirlo. Hasta tal punto que la mayoría de los medios de prensa barceloneses pidieron el amparo no de la Consejería de Gobernación, sino del gobernador general contra las amenazas de las milicias de la Esquerra. A finales de octubre, tuvo lugar el asalto al establecimiento donde se imprimía la revista satírica Be Negre, en el que militantes de ERC destruyeron los moldes y robaron los cinco mil ejemplares que habían de salir al día siguiente, amenazando al impresor a punta de pistola. Otro grupo irrumpió, además, en el Ateneo de Barcelona a la búsqueda de los redactores de la revista que, previamente avisados, pudieron huir antes de la llegada de los escamots. Pronto se supo que a la cabeza de estos grupos iba un hijo del alcalde de Barcelona, Aguadé, por lo que el episodio generó una honda polémica en la política catalana, aunque sin consecuencias apreciables. Y es que los escamots continuaron amenazando a sus anchas la libertad de propaganda en la ciudad condal: el 2 de noviembre, un grupo agredió a agentes del Cuerpo de Vigilancia, aunque por fortuna sin muertos de por medio. La víspera de los comicios, otra célula, encabezada por el propio secretario del ayuntamiento, boicoteó un mitin de la Lliga en Monistrol de Montserrat (Barcelona)²⁷.

El intervencionismo no paró en las autoridades provinciales, pues, aun teniendo en cuenta un número apreciable de denuncias falsas, quizás fueron las locales las que más impedimento pusieron a la libre propaganda de los partidos. A juzgar por la enorme cantidad de telegramas que recibió Gobernación, destacaron en estos menesteres (aunque no fueron los únicos) los alcaldes socialistas, que demostraron un celo especial para mantener a sus municipios al margen de la propaganda de otras formaciones políticas. Así, el PCE denunció que, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), el regidor del PSOE había prohibido todos los mítines comunistas. En Campo de Criptana (Ciudad Real) y Calasparra (Murcia), radicales y agrarios pidieron al Gobierno Civil que llamara al orden a los alcaldes socialistas, pues se dedicaban a amedrentar al electorado femenino para que no acudiera a votar. En Manzanares (Ciudad Real), el gobernador hubo de conminar a otro regidor socialista a que protegiera a los propagandistas que no fuesen de su partido, que estaban siendo continuamente agredidos. En Albacete, también hubo denuncias en el Gobierno Civil contra las autoridades socialistas de la capital y de varios pueblos, por limitar arbitrariamente la propaganda.

En Tarifa (Cádiz), las amenazas, nada veladas, del alcalde del PSOE contra las mujeres que acudieran a votar, expuestas en carteles por todo el pueblo, provocaron una manifestación antisocialista que logró impulsar la intervención del propio Martínez Barrio, de paso por el pueblo hacia Málaga, para que el regidor fuese destituido. Horas después, el alcalde, acompañado de otros militantes socialistas, se dedicó a intimidar a sus adversarios políticos disparando al aire su revólver, lo que provocó la intervención de la Guardia Civil para detenerle. El juez de instrucción de Algeciras ordenó el procesamiento de este edil por excitar a la sedición y por tenencia ilícita de armas. Los alcaldes socialistas de Cercedilla, Collado Mediano (Madrid) y Astillero (Santander) suspendieron sendos mítines de AP por las alteraciones provocadas por militantes del PSOE, en Collado Mediano encabezados por el propio delegado de Trabajo. Los regidores socialistas de Villalba de los Barros, Ribera del Fresno, Fuente del Maestre, Bodonal de la Sierra, Arroyo de San Serván (Badajoz), Córdoba, Puente Genil, Belalcázar (Córdoba), Alcalá de Henares, Aranjuez (Madrid), Castalla, Villena (Alicante), Huéscar, La Zubia (Granada), Portugalete (Vizcaya), Illescas, Villafranca de los Caballeros (Toledo), y Boal (Oviedo), usaron a la guardia municipal para prohibir a activistas de AP cualquier tipo de propaganda. El alcalde de Aranjuez llegó a prender fuego a carteles y octavillas, y el de Villena a embadurnar la cartelería expuesta.

El alcalde socialista de Salvaleón (Badajoz) comunicó además, al jefe de puesto de la Guardia Civil que no autorizaría mitin alguno que no admitiese la controversia con él, que afiliados suyos patrullarían por las calles el día de los comicios y que ningún partido que no fuese el socialista ganaría allí los comicios. En Navalperal de Pinares (Ávila) y Valdeverdeja (Toledo), sus alcaldes socialistas no autorizaron, sin alegar motivos, mítines de las derechas. En La Mata y Torrijos (Toledo), los regidores de este partido coaccionaron a los electores que usaban de la beneficencia municipal para que votasen al PSOE. En Pola de Laviana (Oviedo), otro alcalde socialista detuvo a cuatro mujeres propagandistas de AP cuando se encontraban en casa de su presidenta local, alegando reunión política ilegal. En Callosa de Segura (Alicante), el juez municipal socialista ordenó la clausura del edificio de los Sindicatos Católicos por haber albergado un mitin de las derechas y, días más tarde, militantes radicales y de derecha denunciaron que el alcalde exigía con amenazas al vecindario el voto para el PSOE y obligaba a extrañamientos temporales a los electores declaradamente antisocialistas. En Garrucha (Almería), el alcalde socialista detuvo al jefe local de AP mientras señalados militantes del PSOE tirotearon a las propagandistas que repartían candidaturas de la Unión de Derechas.

En Granja de Torrehermosa (Badajoz), el regidor del PSOE detuvo a un propagandista de derechas al que acusó, sin postrera denuncia judicial, de hacer visitas domiciliarias comprando votos. En Cambil (Jaén), los concejales radicales denunciaron que el alcalde distribuía el pago de impuestos municipales a quienes no votaban al PSOE. En otras ocasiones, bastaba la actitud negligente del alcalde y el dejar hacer a las «partidas de la porra» socialistas para boicotear la propaganda de los rivales, como ocurrió en Azuaga, Arroyo de San Serván, Alange, Don Benito, Almendralejo (Badajoz), Elche (Alicante), Granada, Güevéjar (Granada), Benavente (Zamora), Córdoba, Puente Genil, La Granjuela, Baena (Córdoba), Málaga, Campillos (Málaga), Yecla, Moratalla (Murcia), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Santa Cruz de Retamar (Toledo), Baracaldo (Vizcaya), Albacete, Valladolid y Cádiz²⁸.

Algunos alcaldes radicales y republicanos de izquierda tampoco se quedaron atrás y suspendieron los mítines de sus rivales, sin tratar en ningún caso de protegerlos. Tal cosa sucedió en Cantillana (Sevilla), Villagarcía de Arosa (Pontevedra), Realejos (Santa Cruz de Tenerife), Cedeira (La Coruña), Villanueva de Arcadete (Toledo), Vinaroz (Castellón) y Puerto Real (Cádiz), perjudicando a los propagandistas de derecha; y en Salobreña, Motril (Granada), Roca de la Sierra, Villar del Rey (Badajoz), y Santibáñez el Bajo (Cáceres), impidiendo la propaganda socialista. En Níjar (Almería) y Alfara del Patriarca (Valencia) hicieron más: detuvieron a los propagandistas de la CEDA. En Torrente (Valencia) otra «partida de la porra» vinculada al Partido de Unión Republicana Autonomista arrebató la propaganda a las mujeres de derecha de la localidad y las maltrataron. En el municipio de Herrera (Sevilla), el alcalde radical detuvo al juez municipal, de ideología conservadora, con la finalidad de encontrar pruebas con el que inhabilitarlo para los comicios. Mientras en Alcolea del Pinar (Guadalajara) el detenido fue el marqués de Villabrágima, hijo de Romanones, que se dispuso a celebrar un mitin después de que el alcalde «azañista» no hubiera concedido, sin alegar razón alguna, la autorización.

En Priego (Córdoba), bastión de los «alcalazamoristas», los guardias municipales a las órdenes del alcalde progresista arrancaron los carteles de la Unión de Derechas y prohibieron a sus líderes locales cualquier tipo de propaganda con la amenaza de detenerles. Como éstos persistieron en su actitud, la víspera de los comicios los alguaciles se dedicaron a arrancar nuevamente la propaganda de AP, practicaron registros domiciliarios para requisar la que quedase y arrebataron las papeletas de la Unión de Derechas a varios electores. Cuando acudió el candidato de AP Medina Togores, acompañado de un notario para verificar lo que estaba ocurriendo, los guardias municipales detuvieron al segundo, que hubo de ser liberado por el juez de instrucción.

En Dos Aguas (Valencia), hubo de intervenir el gobernador civil para obligar al alcalde radical a que soltara a dos mujeres, propagandistas de la DRV, que habían sido detenidas sin motivo aparente. En Arjonilla (Jaén), los concejales socialistas denunciaron que el alcalde radical estaba coaccionando a los hospedados en «casas benéficas», amenazándoles con expulsarles si no votaban la candidatura «antimarxista». En Antequera (Málaga), fue el candidato «azañista» Ramos el gran perjudicado al no permitirle el alcalde radical la retransmisión radiada de su mitin. Por último, en cuanto a los alcaldes de derecha, los informes a Gobernación y los medios de prensa nacional de distinta ideología (El Socialista incluido) sólo registraron la actuación arbitraria del de Mogarraz (Salamanca), quien expulsó indebidamente al candidato socialista Castro Manjón y no permitió la propaganda de este partido en su pueblo²⁹.

De todas formas, esta catarata minuciosa de hechos no debe obnubilar. La intervención de algunos organismos del gobierno central existió pero, a diferencia de otras épocas, se mostró recatada, vacilante, autocontenida y, en general, poco eficaz. De manera distinta a anteriores elecciones, tampoco obedeció a un plan de conjunto para imponer una candidatura previamente elaborada desde arriba porque ésta no existió y porque el contexto de 1933 dificultaba sobremanera «encasillados» y «candidaturas oficiales». La intervención de las autoridades provinciales y de la Generalidad fue muy desigual de una circunscripción a otra, igualmente recatada, no mucho más eficaz que la del gobierno central y, generalmente, bien embridada desde el Ministerio de la Gobernación. Más eficiente y arbitraria fue la de las autoridades locales, por su mayor capacidad de control y coacción directa sobre el elector, pero igualmente puntual y, en no pocas ocasiones, frenada con prontitud por instancias superiores.

Además, un vistazo general a los lugares donde las actitudes intervencionistas tomaron mayor entidad evidencia que se concentraron sobre todo en unas pocas provincias donde el grado de competitividad interpartidista era muy alto y el resultado extremadamente incierto, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o La Coruña, o en otras donde las mismas autoridades trataron de frenar, sin éxito, el inaudito empuje de las derechas, como Santander, Toledo o Cuenca. Al contrario, en la mayor parte de las circunscripciones la actitud de los gobernadores fue reconocida unánimemente como correcta. Pero es que, más aún, las arbitrariedades, por graves que fuesen, no dejaron de ser fenómenos aislados que matizaban un ambiente general en el que primó la libertad de propaganda. Cierto que algunos jefes políticos y alcaldes a veces limitaron y entorpecieron abusivamente la campaña de las opciones con las que no simpatizaban, pero no pudieron impedirla del todo. Pese a las actitudes hostiles de los gobernadores y de muchas autoridades locales, lo cierto es que las derechas y los socialistas celebraron casi todos los actos que tenían proyectados. Por último, cabe insistir en que no todas las intervenciones de las autoridades constituyeron muestras palmarias de arbitrariedad sino todo lo contrario. En algunos lugares del país, las disputas entre los partidos se caracterizaron por todo menos por ser civilizadas y las suspensiones de algunos actos, la detención de agentes electorales y la intervención de la fuerza pública a veces estaban justificadas por un peligro real de alteración del orden público.

La violencia en la campaña

A la vista de los datos, si el intervencionismo gubernamental no constituyó en estos comicios la tónica general, tampoco lo fueron los episodios de violencia. Hasta el punto de que la mayor parte de las circunscripciones apenas si los conocieron durante todo el período electoral. En las provincias que sí sufrieron erupciones de violencia, también fueron la excepción a la norma y no constituyen prueba suficiente para aseverar que el enfrentamiento entre partidos se saliera de los cauces electorales. Pero que, en general, esto fuera así no significa que la campaña de 1933 resultara una «balsa de aceite», asimilable a las de hoy día. En determinados lugares, y no escasos, la rivalidad entre formaciones políticas tomó una acritud tal que facilitó la aparición de episodios de agresión física, incluso a veces con muertos y heridos graves. De forma paralela, también menudearon los ataques a la propiedad privada y, en menor medida, a propiedades públicas e inmuebles de uso religioso. Cierto que pueden vislumbrarse causas puramente endógenas al proceso electoral: la dura competencia interpartidaria en muchos municipios del país y los excesos verbales de la propaganda, en la que no se excluía la violencia como «terapia política», fueron motores de muchos acontecimientos luctuosos. Pero no hay que olvidar que el proceso electoral discurrió en un año tan difícil como 1933, que había comenzado con una insurrección anarquista en enero y, a partir de ahí, se había caracterizado por un claro deterioro del orden público y un aumento geométrico de la conflictividad social en sus manifestaciones más violentas. Pese a las previsiones del gabinete Martínez Barrio, el período electoral no significó una tregua.

La violencia durante la campaña fue impulsada con mayor o menor frecuencia por elementos de todos los partidos y, de igual modo, fue multidireccional. Pero, como si esta violencia no constituyese un fuerte obstáculo al desarrollo normal de los comicios, militantes de las asociaciones patronales y, sobre todo, de los sindicatos promovieron, de forma paralela, episodios de intimidación y agresiones con motivaciones político-electorales más que puramente «sociales». De hecho, aunque pueden señalarse líneas de continuidad entre el rosario de huelgas que se produjo antes y durante el período electoral, la mayor parte de estas últimas estuvieron dirigidas a boicotear el desarrollo normal de los comicios, aprovechando el contexto para obtener del gobierno y de los partidos concesiones laborales inmediatas a cambio de no promover más desórdenes. Apuntaba un editorial de Ahora:

«En estos días precursores de la jornada electoral la copiosa simultaneidad de conflictos sociales, cuyo origen y fisonomía aparecen harto borrosas, induce a pensar que se está desarrollando un plan de perturbación con el designio de obstruir… los comicios… Diríase que se trata de aprovechar la coyuntura que brinda un Gobierno inerme… para sembrar el desorden y frustrar la función específica que le ha sido asignada a este Gabinete en su calidad de juez de campo de la contienda electoral…».

«Tantas disparatadas huelgas», se quejaba otro editorial de El Debate, «sin otro objeto que hacer sentir el peso del poderío sindical de unos u otros grupos… ¿qué son sino maniobras políticas de los jefes obreros, ajenas, por entero, a toda suerte de reivindicaciones profesionales?». Tal actitud fue asumida con alborozo por la CNT. La motivación fundamental de las huelgas anarquistas iba dirigida, por un lado, a quebrar el predominio de los sindicatos rivales en determinadas zonas del país y, por otro, a deslegitimar la República. «Por los campos, fábricas y talleres de toda España», afirmaba el diario CNT, «el proletariado sigue en su actitud revolucionaria, en su acción huelguística, demostrando con ello que la República burguesa de trabajadores de todas clases no es el régimen deseado por los explotados». En el fragor del movimiento huelguístico auspiciado por los «cenetistas», este medio insistía en que España entera se levantaba contra lo que ellos llamaban «farsa política» y que su revolución se había puesto en marcha. El periódico narraba la movilización de sus militantes con júbilo indescriptible y excitaciones a la violencia camufladas con el eufemismo de la acción directa, o a veces ya sin él: «Hoy los pueblos están en brasa… ¡Hay que arrear, trabajadores! ¡Pegad fuego a la tea! ¡Adelante! ¡Marchad!» o «Cada día el telégrafo abunda en nuevos sucesos. Asaltos, huelgas, levantamientos, sangre. España está que arde. No se dirá que somos viejos. Jamás se ha visto nuestra nación con una veta de alegría semejante. ¡Juventud! ¡Explosión! ¡Fuego!»³⁰.

Así las cosas, no puede extrañar lo ocurrido durante la huelga de la construcción en Madrid, decretada por la CNT. Para vencer la resistencia de la UGT a secundarla, toda vez que estaba orientada a romper el «monopolio» sindical socialista en la capital de España, los anarquistas no tuvieron reparo en imponerla pistola en mano. Es verdad que la huelga había comenzado con poco ambiente, pero la violenta tenacidad de los anarquistas comenzó a dar sus frutos a finales de octubre, y no sin que cundiera el pánico en la ciudad. Los piquetes de la CNT tirotearon a los obreros que se negaban a holgar en varios sitios de la ciudad, haciendo cuatro muertos y varios heridos graves. El sindicato socialista acabó dándose por vencido y anunció que se sumaba a la huelga «para evitar enfrentamientos fratricidas entre obreros». Impuesto el paro absoluto, su corolario fueron varias bombas que dañaron edificios en construcción para obligar a la Patronal a ceder, y asaltos continuados a las tiendas de comestibles. Estos acontecimientos obligaron al gobierno a decretar el estado de prevención en Madrid el primero de noviembre, rompiendo sus deseos de procurar la plena normalidad constitucional durante el período electoral³¹.

La CNT también patrocinó huelgas en los sectores de la electricidad y el transporte público de Barcelona, la segunda de las cuales comenzaría la víspera de los comicios. El gobernador general de Cataluña la declaró fuera de la ley por no haberse convocado en los términos legales previstos, algo que no solía importar mucho a los anarquistas. Fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil hubieron de salir a las calles de Barcelona para proteger de los boicots violentos a tranvías, autobuses y al metro. Además, los «cenetistas» estuvieron detrás de cuatro atentados con bomba en la capital catalana, que destruyeron un depósito de leche y el Hospital de Leprosos a medio construir. Por si todo esto fuera poco, el Centro Autonomista de Dependientes de Comercio anunció la última semana antes de los comicios otra huelga ilegal que colapsó las tiendas de Barcelona, registrándose destrozos en las lunas de los establecimientos que pretendieron abrir, y atentados con balas y bombas contra sus dueños. Para evitar este estado de anormalidad, el presidente de la Generalidad, Maciá, se puso del lado de los huelguistas, en un gesto puramente electoralista, e instó a Fomento del Trabajo Nacional a equiparar las condiciones de los empleados del comercio al por menor con los del resto. En fin, la actividad huelguística de la CNT también se trasladó a algunas localidades valencianas aunque, en esta ocasión, los promotores no alcanzaron el objetivo de paralizar su vida económica³².

También los sectores más extremistas de la UGT provocaron huelgas que amenazaron el normal desarrollo de la propaganda electoral. En algunas provincias del país, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra fue el principal elemento de perturbación. En La Palma del Condado (Huelva), promovió una huelga ilegal de vendimiadores al rechazar las bases de trabajo establecidas por el jurado mixto. En varios pueblos cordobeses decretó otra huelga para protestar contra el desempleo, y en Sevilla hizo lo propio el 10 de noviembre, entre otros motivos para que no fuese variada la legislación social ni la composición de los jurados mixtos. En Zamora, la Casa del Pueblo decretó el 23 de octubre una huelga general sin motivaciones laborales concretas, y la FETT de Valencia convocó otro paro general entre los campesinos recolectores de naranja que acabó, en la localidad de Guadasuar, con un muerto y tres heridos tras un enfrentamiento entre los piquetes y la Guardia Civil.

En el fondo, la motivación de estas huelgas era política y trascendía del plano puramente laboral. No obstante, había ocasiones en que tal motivación se evidenciaba de manera brutal. Así, los socialistas de Jaén y de Cáceres amenazaron con la huelga general si tenían lugar en sus ciudades sendos mítines agrarios y, para demostrar que no eran simples palabras, los de Toledo la declararon con motivo de celebrarse una asamblea de juventudes católicas. En un telegrama a Gobernación, la UGT de Logroño advirtió que habría «colisiones sangrientas» si no paraban «las provocaciones violentas y actitudes de reto y majeza de partidarios candidatura Agraria y su mantenedor Ortiz de Solórzano». La actuación de unos y otros fue, en todo caso, tan eficiente que pocas provincias se libraron de las huelgas durante el período electoral. Además, como venía siendo habitual durante la República, en algunos lugares, la conflictividad social degeneró en nuevos atentados contra la propiedad privada y la pública. Asaltos de fincas, incendios de cortijos, talas o roturaciones ilegales tuvieron lugar en Marchena (Sevilla), Navalvillar de Pela (Badajoz), Villanueva del Duque (Córdoba), Alcántara (Cáceres) y Ronda (Málaga). Y dos bombas cortaron las vías ferroviarias en La Coruña³³.

Un sector de los patronos que apoyaban explícitamente a las candidaturas republicanas moderadas o las de derechas tampoco contribuyó al normal desenvolvimiento de la campaña. Sin duda, algunos de ellos continuaban pensando que el hecho de tener empleados a su cargo justificaba su sometimiento ideológico, y no tuvieron rebozo en coaccionar a los más reticentes amenazándoles con el despido. En Albacete, el contratista de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel y un propietario agrícola de Casas de Lázaro hicieron lo propio con sus operarios, urgiéndoles a que votaran la candidatura radical. Comportamientos similares se dieron entre algunos propietarios agrarios de Toledo, Granada y Badajoz. Un candidato socialista, Martínez Gil, denunció que en la circunscripción toledana muchos patronos se negaban a dar trabajo a jornaleros socialistas hasta el punto de haber creado una bolsa sólo con «obreros antimarxistas». No obstante, no era un comportamiento atribuible en exclusiva a los elementos conservadores. El alcalde de Albox (Almería) denunció que la sociedad «Nueva Vida», con una contrata para realizar un camino vecinal, también utilizó semejante recurso para obligar a los obreros reacios a votar al PSOE. En Las Palmas, el gobernador informó a Rico-Avello de las coacciones cometidas por el alcalde y los concejales socialistas a la guardia municipal para que votase su candidatura. En fin, en otras ocasiones, simplemente por reacción a los movimientos huelguísticos y a las peticiones sindicales, los patronos decretaban el lock-out de sus empresas, como ocurrió en Gijón en el sector de la construcción³⁴.

En cuanto a la violencia política, stricto sensu, se expresó de las más variadas formas. Abundaron las más leves, esto es, la violencia puramente verbal y la que, todo lo más, solía provocar heridos de poca consideración. La primera solía expresarse durante los mítines, en la que los adversarios políticos de la entidad organizadora se distribuían entre el público asistente para, a continuación, increpar al orador y sabotear el acto. Así, en Maracena (Granada), De los Ríos fue insultado por un grupo de anarquistas. En Leganés (Madrid), Clara Campoamor fue abucheada por otro de socialistas. En Benavente (Zamora) y Calahorra (Logroño), más elementos «obreristas» boicotearon de esta forma un mitin de Maura. En Puebla de Sanabria y Mercado del Puente (Zamora), fue Galarza el que no pudo perorar por la sonora pitada que le propinaron militantes comunistas y anarquistas. Estos últimos también impidieron otros mítines socialistas en Ávila, Fuente de Cantos (Badajoz), Elda (Alicante) y Huertezuela (Ciudad Real). En Callosa de Segura (Alicante), la víctima del boicot fue el monárquico Canalejas; en Barbastro (Huesca), el exministro Domingo; en Jaca (Huesca), Royo-Villanova; y en Villafranca de Oria (Guipúzcoa), Maeztu.

Algunas veces, las interrupciones acabaron en batallas campales entre el público congregado y los alborotadores, en las que habían de intervenir las fuerzas del orden. En otras ocasiones, los adversarios montaban manifestaciones de desagrado por la visita de oradores del partido contrario, que solían culminar en abucheos y algún tipo de agresión. En Quéntar (Granada), el automóvil de los socialistas De los Ríos y Lejárraga fue apedreado por una turba iracunda de elementos derechistas, mientras que en Escacena del Campo (Huelva) la Guardia Civil hubo de proteger a otros propagandistas del PSOE de sus agresores anarquistas. Los oradores socialistas sufrieron atentados similares en otras poblaciones como Castro del Río (Córdoba), Benalúa de las Villas, Dúrcal, Motril (Granada), Jijona, Petrel (Alicante), Algamitas (Sevilla) y Artana (Castellón), y los republicanos de izquierda en Villarroya (Zaragoza), la mayor parte propiciados por elementos de la CNT-FAI. En San Roque (Cádiz), Coria (Cáceres), Almendralejo (Badajoz), Aljaraque (Huelva) y Herrera (Sevilla), les tocó el turno a oradores radicales y progresistas, que fueron agredidos con piedras y hasta disparos al aire.

Las derechas también sufrieron este tipo de violencias en Salamanca, Fuente Ovejuna (Córdoba), Alhaurín el Grande (Málaga), Cehegín (Murcia), Vilarrodona (Tarragona), Valdetorres (Badajoz), Gerena, Cazalla de la Sierra (Sevilla), Úbeda, Iznatoraf (Jaén), Alfaro (Logroño), Vigo (Pontevedra), Puebla de Guzmán (Huelva), Irún, Pasajes (Guipúzcoa), y Jaca (Huesca). En Valdeverdeja (Toledo), un candidato de AP, Molina, hubo de refugiarse en una casa para no ser linchado por una turba de socialistas y, tras horas de cerco y el subsiguiente destrozo del automóvil en el que iba, hubo de ser rescatado por la Guardia Civil.

En ocasiones, los llamamientos al boicot violento por parte de la CNT se volvían contra los propios propagandistas de este sindicato. En Sevilla, un grupo de comunistas tiroteó a otro de anarquistas que repartían pasquines insultantes hacia el PCE. Pero no siempre era el propagandista el sujeto de la agresión, sino el público asistente, como ocurrió en el mitin socialista del Cinema Europa de Madrid, en el radical-socialista de Villafranca del Bierzo (León), y en los derechistas del Monumental Cinema de Madrid, Sevilla, Cuenca, Castro Urdiales (Santander) o Ronda (Málaga).

Formas más complejas de impedir un mitin las introdujeron los socialistas de Órgiva (Granada), que dinamitaron las instalaciones eléctricas y dejaron sin luz al pueblo. Peor aún resultó lo ocurrido en el mitin de las izquierdas bilbaínas, en las que elementos políticamente indeterminados impregnaron de gases lacrimógenos el Frontón Euskalduna en el momento en que iba a hablar Prieto. El sabotaje a las instalaciones de radio o las interferencias para impedir la radiación normal de un discurso perjudicaron también otros mítines como los de Melquíades Álvarez, Lucia o Prieto. A veces estos grupos no se conformaron con el boicot de los actos de campaña de sus contrarios y se dieron a la modalidad de destrozar sus oficinas electorales. Así, por ejemplo, sendas sedes de AP en Santomera (Murcia) y Sevilla, y otras dos del PRR, en Cádiz y Berlanga (Badajoz), fueron asaltadas y deshechas. Además, en Basauri (Vizcaya), la sede local de los tradicionalistas fue volada con dinamita, y en Tortosa (Tarragona) otra turba destrozó las instalaciones del periódico carlista El Correo. Por último, no dejaron de ser frecuentes también las peleas a tortazo limpio entre militantes, agentes electorales y propagandistas pertenecientes a casi todos los partidos y, sobre todo, a sus juventudes. Abundaron, sobre todo, en capitales como Madrid, Bilbao, Cádiz o Granada, y se saldaron casi siempre con individuos levemente contusionados³⁵.

Menos frecuentes fueron los episodios de extrema violencia, agresiones o atentados cuyas víctimas acabaron muertas o heridas de consideración, o bien se libraron por muy poco de tan fatales consecuencias. No obstante, por muy esporádica que fuese su aparición, ésta marcaba con el sello de la tragedia toda la campaña en una circunscripción. Desde luego, el oficio de mayor peligrosidad fue el de propagandista que, en sus visitas a los pueblos, podía no ser bien recibido por sus adversarios políticos. En Torrelaguna (Madrid), el automóvil del «cedista» Martín Artajo fue tiroteado cuando regresaba de un mitin, sin consecuencias para sus ocupantes. Lo mismo ocurrió en Montilla (Córdoba) y San Miguel Heras y Rada (Santander) con los coches de otros propagandistas de AP, la última acción protagonizada por pistoleros socialistas. En Torres de Segre (Lérida), un diputado regional de la Lliga, Rovira, también fue agredido a tiros después de celebrar un mitin, sin que ninguna de las balas le alcanzase. En otro pueblo de la misma provincia, Tora, estalló una bomba en la casa de un agente electoral de las derechas.

En Calahorra (Logroño), unos pistoleros dispararon, en dos ocasiones, varios tiros contra la casa de un canónigo vinculado a las derechas riojanas. En Villaralto (Córdoba) y Jumilla (Murcia), estallaron bombas en varios domicilios de militantes de AP. Otros pistoleros vinculados al socialismo atentaron sin éxito contra el jefe local de los radicales en Fuensanta de Martos (Jaén), y contra candidatos agrarios en Villacañas y Aldeaencabo (Toledo). En Letur (Albacete), las víctimas fueron dos candidatos, el radical Alfaro y el «maurista» Martínez Ortiz, que fueron tiroteados y perseguidos hasta que encontraron refugio en un domicilio particular, donde hubo de acudir la Guardia Civil para liberarlos y restaurar el orden. Y la víspera de los comicios, un automóvil que repartía la documentación electoral a los interventores de AP en Córdoba fue agujereado a balazos. En esa ciudad, el mismo día, el diputado socialista Cordero sufrió un atentado del que salió ileso, mientras que en Vigo un individuo arrojó una bomba al paso del automóvil del «cedista» Lis Quibén³⁶.

El final fue mucho más desafortunado en una serie de dieciséis provincias donde se produjeron hechos relativamente similares. Inauguró la trágica serie el asesinato, el 10 de octubre, de un derechista por pistoleros de ideología socialista en Bilbao. En Cadreita (Navarra), un choque entre activistas de la UGT, que trataban de boicotear un mitin de las derechas, y la Guardia Civil dejó dos muertos más: el presidente local del sindicato y un cabo del Instituto. En Santa Cruz de Campezo (Álava), los enfrentamientos entre tradicionalistas y nacionalistas a cuenta del plebiscito estatutario dejaron un carlista herido grave por arma blanca. Más al sur, en la circunscripción de Granada ocurrieron tres sucesos luctuosos. El 2 de noviembre en Montejícar, un pistolero de ideología socialista hizo varios disparos contra un grupo de militantes radicales y de derecha que esperaban al candidato «lerrouxista» Sanz Blanco, asesinó a uno e hirió a varios más.

El 14 de noviembre, un grupo de militantes de las Juventudes Socialistas cercaron el Centro Agrario de Fuente de Cesna, en el que los radicales y agrarios celebraban una reunión, y lo tirotearon, provocando varios heridos graves. Hubo de acudir la Guardia Civil para romper un cerco de muchas horas y liberar a los afiliados conservadores. Y el 18, un enfrentamiento a navajazos y tiros entre militantes socialistas y el alcalde y la guardia municipal de Salobreña, afectos al Partido Radical, provocó cuatro heridos graves. En el pueblo cacereño de Madroñera tuvo lugar otro atentado muy parecido al de Montejícar. Mientras un grupo de militantes agrarios esperaba a sus oradores, un pistolero izquierdista disparó contra ellos, hiriendo de gravedad a tres. En la misma provincia, hubo otro muerto cuando el alcalde radical del pueblo de Cadalso disparó contra un grupo de socialistas que había cercado su casa. En Daimiel (Ciudad Real), un militante de derechas que había interrumpido un mitin socialista, fue apaleado y cosido a puñaladas por el secretario de la Casa del Pueblo cuando regresaba a su casa, muriendo horas después³⁷.

En la provincia de Cádiz, el suceso más grave tuvo lugar durante un mitin de la Unión de Derechas el 12 de noviembre en San Fernando. Un pistolero de la FAI disparó contra el público asistente, asesinando a una persona e hiriendo de gravedad a otra, y en su huida mató en la calle a un individuo que intentó detenerle. En Jerez de la Frontera, otro pistolero anarquista había tratado un mes antes, y sin éxito, de segar la vida del candidato socialista Roma Rubíes, aunque sí hirió a otro militante del PSOE. La provincia de Sevilla aportó un herido de bala, un militante de Acción Obrerista, sindicato vinculado a la CEDA, y un «cenetista» muerto por disparos de la Guardia de Asalto en el momento en que éste pretendía sacar un arma. En Málaga hubo otra víctima mortal, un militante de la UGT, contra el que disparó un guardia de asalto tras un enfrentamiento a cuenta de un cacheo. En Úbeda (Jaén), otro militante de AP fue herido grave a balazos por un pistolero políticamente sin identificar.

En Badajoz, un choque entre elementos socialistas y derechistas en Zalamea de la Serena tras un mitin de la coalición radical-agraria, degeneró en una batalla campal en la que hubo de intervenir la Guardia Civil. Como los elementos socialistas, que habían tratado de boicotear el acto, dispararon contra la fuerza pública, ésta respondió haciéndoles un muerto. En el pueblo toledano de Navalmorales, cayó asesinado otro afiliado a AP en un enfrentamiento con elementos socialistas. En Gijón, una pelea en un mitin socialista, entre el público y los anarquistas que pretendían reventarlo, se saldó con otro herido de bala. Y la víspera de los comicios, un choque entre jóvenes de AP y del PSOE en Ponferrada (León) provocó la muerte a un derechista y heridas graves a un socialista³⁸.

En Valencia, las violencias afectaron a la Derecha Regional, quien la sufrió casi en exclusiva. A pesar de que se atribuyeron al «blasquismo» con la motivación de forzar, al igual que en 1931, la retirada de las candidaturas conservadoras, hay razones para pensar que las acciones violentas fueron más bien fruto de las actividades de la FAI. Además, los activistas locales del PURA pudieron haber cometido coacciones o violencias en la campaña de las Constituyentes, como afirmaba la DRV, pero éstas no habían provocado muertos o heridos de gravedad. En fin, en lo que a 1933 respecta, los primeros conatos, aun no siendo sangrientos, no dejaron de ser inquietantes. En las dos primeras semanas de noviembre estallaron bombas en los domicilios particulares de militantes derechistas en Puebla de Farnals, Godella y Alcácer. La sangre corrió justo la víspera de la jornada electoral. En la capital, un grupo de pistoleros tiroteó a otro de jóvenes de la DRV que pegaban carteles, matando a uno e hiriendo a cuatro más. En el pueblo de Fuente Encarroz, otra bala segó la vida de un militante de la DRV que volvía a su casa tras un mitin. Estos crímenes generaron una repulsa tan unánime que fueron condenados sin paliativos por los partidos de izquierda y por el radical-socialista Valera. El «cedista» Lucia dirigió una durísima carta a Lerroux, cabeza de cartel de los «autonomistas» por Valencia capital, en la que atribuía los asesinatos al clima de amenazas creado por la propaganda violenta de sus correligionarios. No fue el último episodio lamentable de la región. En Alicante, el asalto de militantes socialistas de una sede de la Derecha Regional Agraria en el pueblo de Almoradí, donde se celebraba un acto público, costó un muerto y dos heridos graves³⁹.

Sondeos sin encuestas

Si bien los sondeos no funcionaban en 1933 como hoy día, esto no quiere decir que los políticos y los medios de prensa de la época no fuesen capaces de predecir con cierto rigor no ya el resultado global, sino hasta la distribución de escaños por circunscripciones. Hay que tener en cuenta que la elaboración de las coaliciones y la distribución de puestos entre los distintos partidos partían de una evaluación previa de las fuerzas que cada elemento aportaba al conjunto y, desde luego, de un análisis del arraigo de las formaciones rivales. Después de tantas décadas de elecciones, con el consabido paréntesis «primorriverista», los «electoreros» que conocían el oficio eran perfectamente capaces de determinar el peso de las influencias en cada municipio de su circunscripción y los medios que habían de poner en juego para sumarlas a su causa, o para contrarrestarlas de forma más o menos eficaz, así como las zonas donde el resultado se mostraba más incierto y donde la propaganda debía reforzarse.

Pues bien, las cábalas políticas no se modificaron sensiblemente durante la campaña. Casi todo el mundo daba por hecho que la reorganización de las derechas y su cohesión serían premiadas con muchos más escaños. Que este avance perjudicaría, además, a las desgastadas izquierdas, hasta tal punto que la suma entre los socialistas y la izquierda republicana quedaría lejos de la mayoría absoluta, a diferencia de lo ocurrido en 1931. Y que el Partido Radical se convertiría en la primera fuerza política del país, reforzado además, con los escaños «satélites» que pudieran aportar el resto de fuerzas políticas de centro. Más complicado era precisar el número de diputados atribuible a cada grupo político. Por ejemplo, Gil-Robles confiaba en una cifra de escaños superior a los 120 escaños para la Unión de Derechas, aunque algunas previsiones más optimistas, como las del tradicionalista Lamamié de Clairac, situaban la cifra entre 140 y 150, de los cuáles hasta un tercio serían monárquicos declarados. Los socialistas, apreciando el significativo crecimiento de la UGT como un triunfo propio, pensaban también en acrecentar el número de sufragios e, incluso, ganar entre 15 y 20 escaños respecto a 1931, pero dirigentes como Trifón Gómez daban por hecho un fuerte descenso de los republicanos de izquierda que haría «que las izquierdas no ganen las elecciones». Hasta el propio Prieto adelantó que los socialistas traerían el mayor número de actas en las nuevas Cortes pero tras los radicales, que serían los seguros vencedores⁴⁰.

En lo que al PRR respecta, aunque se veían a ellos mismos como los ganadores de los comicios, conocían de sobra lo improbable de que obtuviesen, junto a los demás republicanos de centro, la mayoría absoluta. Martínez Barrio adelantó, además, que habría muchas «segundas vueltas» que podían modificar significativamente el panorama electoral de la primera. Más atinado anduvo Lerroux quien, en una reunión con sus candidatos por Madrid capital, anticipó que habría de buscarse la mayoría acudiendo a los diputados de la derecha, puesto que la izquierda estaría formada sobre todo por socialistas. Además, añadió que, como la extrema derecha monárquica tendría muy pocos diputados, los sectores más moderados obtendrían la primacía y éstos sin duda «aceptarían» actuar dentro del régimen. El propio Azaña, en sendas entrevistas ofrecidas a medios extranjeros, daba por descontado el triunfo de los radicales, el avance de las derechas y una fuerte presencia de los socialistas en las Cortes, que sobrepasarían a buen seguro los cien escaños. Más aún, revelaba que Lerroux habría de apoyarse en los escaños de la derecha para poder gobernar, como el propio caudillo radical daba a entender los últimos días de la campaña electoral⁴¹.

Los medios de prensa también se entregaron al arte de profetizar los futuros resultados. Los periódicos centristas fueron los que más se acercaron al resultado final. El Sol, por ejemplo, vaticinó el descenso de los socialistas a un resultado entre 60 y 70 escaños, y el aumento de los radicales a 120 o 130. Predijo además, una fuerte caída para las distintas ramas radical-socialistas y AR, y un relativo triunfo de los «mauristas», que ganarían 30 escaños, y de los liberales-demócratas, que obtendrían los diez necesarios para conformar minoría propia. Las derechas lograrían llegar al centenar de escaños, pero sus huestes se dividirían en tres polos: agrarios de Martínez de Velasco, Acción Popular de Gil-Robles y monárquicos en torno a Goicoechea. En Cataluña y Galicia, ERC y PRG mantendrían a duras penas su primacía. Estos datos coincidieron a grandes rasgos con el análisis más prolijo del diario Ahora, que el 16 de noviembre confeccionó un número extraordinario consagrado a exponer los términos en que se planteaba la lucha electoral en cada una de las 60 circunscripciones del país. En general, las predicciones de este diario se acercaron más a lo que fue el resultado final: descenso de los socialistas, volatilización de los republicanos de izquierda y posible mayoría parlamentaria de radicales, «mauristas», agrarios y AP, si estos dos últimos grupos se definían a favor de la forma republicana. Este diario no contrató, como suele hacerse hoy día, empresa demoscópica alguna, sino que utilizó informes directos de su red de corresponsales, los resultados de elecciones anteriores e informaciones suministradas desde el interior de los partidos.

A falta de las previsiones de Córdoba, Madrid provincia y Vizcaya provincia, circunscripciones en las que la supuesta igualdad de las candidaturas en liza hacía muy difícil a este medio aventurar un resultado más o menos definido, las cifras globales que concedió Ahora a tres días de la celebración de los comicios constituyen la mejor pista acerca de las distintas tendencias que registraba la opinión española. Por de pronto, se apuntaba como irremediable el descenso de los socialistas que, con una horquilla entre 73 y 103 escaños, no sacarían beneficio alguno de su concurrencia en solitario en muchas circunscripciones. A su lado, los comunistas podían obtener, por primera vez en la historia, representación parlamentaria (entre 0 y 4 escaños), como de hecho ocurrió. El hundimiento de los republicanos de izquierda (entre 40 y 56 actas) quedaba de manifiesto y sólo la Esquerra resistiría bien el embate en las circunscripciones catalanas. Descontando sus escaños, AR y el PRSI, juntos, sólo parecían tener asegurados ocho escaños y, en las previsiones más optimistas, podían llegar a 20.

Pero es que, además, las tendencias mostradas por Ahora explican perfectamente el tono conservador que Lerroux asumió conforme avanzaba la campaña. Y es que, aunque su partido obtendría más escaños que cualquier otra formación política, los radicales y sus potenciales aliados de centro (entre 127 y 205 escaños) podrían verse superados en número de escaños por las derechas coaligadas y los partidos regionales ideológicamente afines (entre 132 y 217 diputados). La amplitud de las horquillas nada debe a la indeterminación de las estimaciones, sino a la acusada diferencia que existía entre conseguir los escaños de las mayorías o de las minorías con una Ley Electoral tan mayoritaria como la de entonces. Así pues, las previsiones de Gil-Robles y de la mayoría de los dirigentes de la Unión de Derechas se estaban quedando cortas a pocos días de los comicios. Un último dato fundamental que Ahora aportaba era el reducido número de circunscripciones en las que habría de celebrarse segunda vuelta, como de hecho ocurrió contra las previsiones del gobierno, de los grupos republicanos y del PSOE. Pues bien, aunque estos datos apuntaban una tendencia verosímil, sus estimaciones no adivinaron el «vuelco» que, finalmente, se produciría.

¹ BARRIO (1988: 386) y BRADEMAS (1973: 108).

² BRADEMAS (1973: 108), GÓMEZ CASAS (2006: 216-217) y ABAD (1974: 223).

³ Referencias, en Solidaridad Obrera, 31 de octubre, y 19 y 23 de noviembre de 1933; BRADEMAS (1973: 108), BERMEJO (1984: 299), ROBINSON (1974: 241-242) y MACARRO (1985: 355-356).

⁴ Durruti, en Solidaridad Obrera, 14 de noviembre de 1933. El resto, en CNT, 16 y 17 de noviembre de 1933; Solidaridad Obrera, 14 de noviembre de 1933; ABC, 24 de octubre de 1933; MACARRO (1985: 357) y CARO (1987: 183-184).

⁵ VEGA (1980: 209-211) (1987: 269) y (2004: 167 y 285), MACARRO (1985: 357) y BRADEMAS (1973: 111-112).

⁶ MONTERO (1977, II: 503-504) y ORDOVÁS (1993: 264).

⁷ Ley de 1907, en TIERNO (1972: 441).

⁸ ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 283).

⁹ Acción Católica, en ABC y Ahora, 12 de noviembre de 1933. Obispos, en GARCÍA JORDÁN (1986: 109).

¹⁰ El Sol, 21 de octubre, y 2, 5 y 10 de noviembre de 1933; El Socialista, 5 de noviembre de 1933; Ahora, 17 de noviembre de 1933; ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 283), GARCÍA JORDÁN (1986: 109), FERRER (1992: 336), VIDARTE (1978: 32), ROMERO (1981: 176-177) y RODRÍGUEZ LAGO (2004: 26).

¹¹ ABC, 10, 11, 12, 14, 17, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 1933; El Socialista, 14, 26 y 29 de octubre de 1933; El Sol, 13, 14, 15 y 26 de octubre de 1933, y Ahora, 12 y 14 de octubre de 1933.

¹² El Socialista, 18 de octubre de 1933, y PLA (1940: 34-35).

¹³ Circular reservada, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 38A, exp. 7. Lo demás, en El Socialista, 24 de octubre de 1933; MARTÍNEZ BARRIO (1983: 207) y SALAZAR (2007: 84-85).

¹⁴ Prohibiciones y perjuicio a Gil-Robles, en El Debate, El Sol y ABC, 8 de noviembre de 1933. Limitaciones a la cartelería, en ABC, 28 y 29 de octubre de 1933; Ahora, 10 de noviembre de 1933, y El Sol, 28 y 29 de octubre, y 10 de noviembre de 1933. Ataques a los carteles conservadores, en ABC, 28 de octubre, y 2, 3, 4, 7, 10 y 19 de noviembre de 1933; El Sol, 28 de octubre, y 4, 5, 9, 15, 17 y 18 de noviembre de 1933, y SEPÚLVEDA (2003: 105). Vidarte y Gijón, en ABC, 11 de noviembre de 1933, y GUTIÉRREZ CASALÁ (1998: 186). Quejas del PSOE, en El Socialista, 11 y 16 de noviembre de 1933. Radio, en ABC, 11 de noviembre de 1933.

¹⁵ Ayuntamientos, en SALAZAR (2007: 174-5). Lo demás, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 6; ABC, 9, 10, 14, 16, 17 y 19 de noviembre de 1933; El Socialista, 8, 9 y 10 de noviembre de 1933, y El Sol, 9 y 10 de noviembre de 1933.

¹⁶ El Sol, 4 de noviembre de 1933, y ABC, 4 y 11 de noviembre de 1933.

¹⁷ Sánchez-Albornoz, en ABC, 16 y 18 de noviembre de 1933; Torres Campañá, en El Socialista y El Sol, 10 de noviembre de 1933, y ABC, 16 de noviembre de 1933, y Melilla, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 7, y ABC, 17, 18, 19 y 21 de noviembre de 1933.

¹⁸ Besteiro, en ABC, 18 de noviembre de 1933.

¹⁹ El Socialista, 12 de noviembre de 1933; ABC, 18 y 19 de noviembre de 1933; LÓPEZ y GIL (1997: 261-262 y 264-265), y MACARRO (2000: 296).

²⁰ Vidarte, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 5. Huelva, Málaga y Badajoz, ibídem, exps. 5 y 7; ABC, 20, 25 y 29 de octubre de 1933, y GARCÍA GARCÍA (1996: 135 y 152).

²¹ Campaña contra la Guardia Civil, en El Socialista, 15 de noviembre de 1933. Badajoz y Granada, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5 y 6.

²² Hidalgo, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 5. Rico-Avello, en El Sol, 16 de noviembre de 1933.

²³ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 6, 7 y 8; ABC, 12 y 22 de octubre, y 8, 10, 11, 14, 15 y 18 de noviembre de 1933; Ahora, 21 de octubre de 1933; SANZ (2006: 151), LÓPEZ VILLAVERDE (1997: 251) y PÉREZ (1991: 176).

²⁴ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 6 y 7; ABC, 27 de octubre, y 14, 16 y 17 de noviembre de 1933; El Socialista, 11, 15 y 17 de noviembre de 1933; El Sol, 15, 17 y 18 de noviembre de 1933, y GRANDÍO (1998: 187).

²⁵ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 8; ABC, 15, 16 y 18 de noviembre de 1933, y Ahora, 16 de noviembre de 1933.

²⁶ Intervención de los gobernadores en candidaturas y protestas contra coaliciones «antimarxistas», en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 6 y 7; ABC, 24 de octubre, y 14 y 19 de noviembre de 1933; GIRÓN (1973: 274) y SANZ (2006: 151). Neutralidad y elogios, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 7; El Sol y Ahora, 19 de noviembre de 1933; GONZÁLEZ SOBACO (1986: 412) y VILLA (2007: 114).

²⁷ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 5, y ABC y El Sol, 25, 26, 27 y 28 de octubre, y 3 de noviembre de 1933.

²⁸ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 6, 7 y 8; ABC, 20, 24, 25, 27, 29 y 31 de octubre y 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 y 19 de noviembre de 1933; El Socialista, 14 y 15 de noviembre de 1933; El Debate, 15 de noviembre de 1933; El Sol, 1, 2, 3, 9, 11, 12, 15 y 16 de noviembre de 1933; Ahora, 18 de noviembre de 1933; SEPÚLVEDA (2003: 105) y CARO (1987: 186-187).

²⁹ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 6, 7 y 8; El Socialista, 17 de noviembre de 1933; ABC, 17, 22 y 24 de octubre, y 8, 11, 17, 18 y 19 de noviembre de 1933; El Sol, 4 y 12 de noviembre de 1933; Ahora, 24 de octubre de 1933, y ÁLVAREZ REY (1993: 340).

³⁰ Editoriales, en Ahora, 3 de noviembre de 1933, y El Debate, 9 de noviembre de 1933. Más quejas, en La Vanguardia, 9 de noviembre de 1933, y El Sol, 14 de noviembre de 1933. Citas anarquistas, en CNT, 17 y 18 de noviembre de 1933.

³¹ ABC, 25, 26, 27, 29 y 31 de octubre, y 1, 8, 9 y 12 de noviembre de 1933; El Socialista, 25 y 26 de octubre, y 8 de noviembre de 1933; El Sol, 25 y 26 de octubre, y 8, 9 y 10 de noviembre de 1933, y ABAD (1974: 225). Origen y resolución de la huelga, en JULIÁ (1984).

³² ABC, 14, 15, 16, 17, 18 de noviembre de 1933; El Sol, 15 y 16 de noviembre de 1933, y VEGA (2004: 220-221) y (1987: 269-270).

³³ UGT de Logroño, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 7. Lo demás, en El Socialista, 15 de octubre, y 7 y 16 de noviembre de 1933; ABC, 24 de octubre, y 5, 8, 14 y 16 de noviembre de 1933; El Sol, 15, 21, 22 y 29 de octubre, y 10, 11 y 16 de noviembre de 1933; El Debate, 10 y 11 de octubre de 1933, y MACARRO (2000: 294).

³⁴ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 6 y 7; El Socialista, 5 de noviembre de 1933; ABC, 10 de noviembre de 1933; El Sol, 25 y 26 de octubre de 1933; SEPÚLVEDA (2003: 105) y RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA (1993: 538).

³⁵ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 6, 7 y 8; ABC, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27 y 31 de octubre, y 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 19 de noviembre de 1933; El Socialista, 17 de octubre, y 7, 11, 15 y 17 de noviembre de 1933; El Sol, 17, 20, 22, 24, 25 y 31 de octubre, y 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 17 y 24 de octubre, y 3, 8, 10, 11, 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 1933; El Debate, 18 de octubre de 1933; LÓPEZ y GIL (1997: 256-257), GARCÍA GARCÍA (1996: 152), VILLALAÍN (2000: 206), MATEOS (1995: 464 y 468), BERMEJO (1984: 299), GUTIÉRREZ CASALÁ (1998: 187), SANZ (2006: 153), GIL-ROBLES (1998: 97), CARO (1987: 186) y AYALA VICENTE (2001: 118).

³⁶ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 7 y 8; El Sol, 12, 17, 18 y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 16 y 19 de noviembre de 1933; ABC, 26 de octubre y 8 de noviembre de 1933; El Socialista, 19 de noviembre de 1933; GIL-ROBLES (1998: 97), MIR (1985: 500), BERMEJO (1984: 300) y MARTÍN NÁJERA (2000, I: 387).

³⁷ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 6; El Sol, 10 de octubre, y 2, 3 y 18 de noviembre de 1933; ABC, 10 de octubre, y 4, 18 y 19 de noviembre de 1933; La Tierra, 10 de octubre de 1933; El Socialista, 2 de noviembre de 1933; El Debate, 2 de noviembre de 1933; Ahora, 18 de noviembre de 1933; LÓPEZ y GIL (1997: 259-60), AYALA VICENTE (2001: 124) y DEL REY (2008: 313).

³⁸ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 5, 6 y 7; ABC, 17 y 27 de octubre y 5, 7, 10, 14, 15, 16 y 19 de noviembre de 1933; El Socialista, 7, 14 y 17 de noviembre de 1933; La Tierra, 13 de noviembre de 1933; El Sol, 17 de octubre, y 5, 14, 17 y 19 de noviembre de 1933; Ahora, 17, 18, 19 y 21 de noviembre de 1933; GIL-ROBLES (1998: 97-98) y MACARRO (2000: 295) y (1985: 365).

³⁹ El autor que atribuye los asesinatos al PURA es TOMÁS (1964: 107). Sobre la culpabilidad de la FAI coincidieron radicales y «cedistas», aunque Lucia afirmó que los anarquistas actuaban en connivencia con el PURA (DSC, 4 de enero de 1934: 306). Sucesos, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 8; ABC y El Sol, 19 de noviembre de 1933; TOMÁS (1964: 109-110) y ALÓS (1992: 179 y 183). Almoradí, en El Sol, ABC y El Socialista, 7 de noviembre de 1933.

⁴⁰ El Socialista, 31 de octubre de 1931; ABC, 17 de octubre, y 19 de noviembre de 1933, y JULIÁ (1986: 239).

⁴¹ ABC, 29 de octubre, y 15 y 16 de noviembre de 1933; El Sol, 7, 9, 15 y 16 de noviembre de 1933, y JALÓN (1973: 81).

CAPÍTULO 7

ESPAÑA A LAS URNAS

La jornada del 19 de noviembre llegó después de tan intensa campaña electoral, «epiléptica» para muchos medios desacostumbrados a tamaño alarde de proselitismo. «Las horas febriles que estamos viviendo», afirmaba un editorial de Ahora, «bien pueden enorgullecernos. Estamos ante un pueblo en pie. No recordamos en España un espectáculo semejante». A buen seguro, muchos españoles durmieron la noche anterior con la sensación, quizás no sentida de forma tan aguda en muchos años, de que con la papeleta poseían la fórmula que permitiría construir un país conforme a sus deseos, la llave que abriría de par en par las puertas de la España que anhelaban. Las autoridades, sobre todo la Junta Central del Censo, el Ministerio de la Gobernación y los gobiernos civiles, tomaron las últimas providencias para procurar que la movilización de los millones de electores tuviese lugar sin incidentes graves. Los gobernadores informaron a Rico-Avello de las medidas adoptadas para salvaguardar el orden y aprovechar al máximo el limitado número de fuerza pública. El ministro autorizó a sus subalternos en las provincias más extensas a que alquilaran o requisasen automóviles para dar mayor movilidad a las fuerzas a su cargo. Además, les facultó para desarmar el día de los comicios, a los guardias municipales, guardas jurados y policía rural que, a las órdenes de los alcaldes o por propia iniciativa, se dedicaran a impedir la libre emisión del sufragio; y para suspender todo tipo de espectáculos y festejos, incluidos los partidos de fútbol, que pudieran distraer efectivos necesarios para las elecciones. Prohibió, además, a las emisoras de radio transmitir cualquier noticia relacionada con las elecciones durante la tarde del 18 y todo el día 19, bajo pena de clausura y retirada de la licencia. La víspera de los comicios, Rico-Avello telegrafió a los gobernadores de Sevilla, Oviedo, La Coruña y Granada, participándoles de un inminente movimiento subversivo, probablemente anarquista, que podría iniciarse en la capital hispalense. No ocurriría nada¹.

Martínez Barrio, se encargó de hacer saber a la nación que el gobierno lo tenía todo controlado. En su alocución, radiada la tarde del 18 de noviembre, volvió a asegurar que el ejecutivo no era beligerante en las elecciones y que actuaba al margen de los partidos. Su única misión era asegurar que la voluntad mayoritaria del país fijase cómo habría de ser gobernado en el futuro. Los partidos sólo podrían conseguir escaños acudiendo a la opinión y conquistándola, pues el gobierno se encargaría de que no se coaccionase al cuerpo elecatoral. Y, en clara advertencia al PSOE y a las derechas, afirmó que habrían de respetar el resultado que saliera de las urnas, indicando que no toleraría actitudes violentas: «Ningún intento faccioso prosperará. Sea cual fuere el resultado de la elección, como será expresión fiel de la voluntad de España, no habrá otro recurso para los partidos que acatarlo, actuando dentro de la legalidad» ². Sin duda, el gobierno deseaba incentivar una alta participación que podía ser obstaculizada por las amenazas de alteración del orden público. Al menos este deseo, en general, llegó a cumplirse.

La jornada electoral

El domingo 19 de noviembre amaneció en buena parte del territorio nacional más invernal que otoñal, frío, nublado y, en muchas partes, lluvioso. Las primeras colas comenzaron a formarse en muchas partes ya a las siete de la mañana, una hora antes de la apertura oficial de los colegios electorales, algo achacable al apasionamiento que en buena parte del cuerpo electoral había producido la campaña y, también, a un deseo de evitar que los «suplantadores» del sufragio votasen por los electores auténticos. En las ciudades se observaba, además, una concurrencia masiva de mujeres, hasta el punto que en algunas colas superaban en número a los hombres. A esa hora se encontraban ya en los colegios los miembros de la mesa, presidente y adjuntos. Los interventores de los distintos partidos se disponían en ese momento a pedir el cotejo de sus credenciales para poder ejercer su función inspectora. Todos ellos habían sido elegidos o confirmados el jueves 16 de noviembre en la totalidad del país, en consonancia con lo que disponía la Ley Electoral. Pero la gran novedad era la presencia de numerosas mujeres ejerciendo esas tareas³.

Una vez constituida la mesa electoral, a las ocho de la mañana se abrieron los colegios de toda España. Buena parte de la gente afluía con su papeleta previamente preparada, aunque hubo electores que, por no disponer de ésta, hubieron de pedirla a los voceadores de candidaturas, agentes encargados de suministrar las papeletas de sus partidos en cada colegio electoral. La mayor parte de los electores votó las listas completas que patrocinaban las distintas formaciones políticas o coaliciones, pero otros prefirieron enmendarlas, confeccionando su propio voto. Para ello, utilizaban papel blanco y un utensilio de escritura con el que apuntaban los nombres de su predilección o una papeleta impresa en la que se tachaban y añadían candidatos. El elector se acercaba a la mesa con su cédula para que los adjuntos e interventores comprobaran si estaba o no en el censo de esa sección. Además de las cédulas de Hacienda y otra documentación utilizada tradicionalmente en España para su identificación, en 1933 las diputaciones provinciales expidieron, las jornadas previas al día de los comicios, gran cantidad de «cédulas personales», certificados habilitados previo pago parecidos a las poll cards británicas.

Si el elector constaba en el censo, éste entregaba su papeleta doblada al presidente de mesa, que la introducía en la urna, un recipiente de cristal transparente tal y como prescribía la ley. Si existían dudas razonables sobre su identidad, caso de electores que no presentaran documento identificativo, éstas se resolvían una vez se cerrase el colegio y justo antes del escrutinio. Todo este proceso se repetiría, monótono, durante las ocho horas que duró la votación. A las cuatro de la tarde cerraron sus puertas los colegios y sólo se permitió el voto a los electores que aún estuvieran en cola, esperando su turno. Detrás de ellos, lo hicieron los electores sobre cuya identidad se había dudado, con el acuerdo del presidente y los adjuntos, y, por último, votaban los miembros de la mesa. Una vez completado el proceso, éstos firmaban las listas de votantes en las que aparecían, uno a uno, todos los electores que habían acudido a las urnas en cada sección⁴.

Todo estaba listo para que el presidente y los adjuntos decretasen el comienzo del escrutinio. Los sufragios eran extraídos de la urna y contados uno a uno por el propio presidente, que había de leer en voz alta los nombres de los candidatos que aparecían en cada papeleta, mostrándola a continuación a los demás miembros de la mesa. Dado el sistema de lista abierta y grandes circunscripciones que existía entonces, este proceso solía durar varias horas, pues el gran número de candidatos que concurrió a los comicios lo hacía más pesado y dificultoso. Cuando finalizaba el escrutinio, se resolvían las protestas, si las había, mediante el voto de la mayoría de los miembros de la mesa y, a continuación, el presidente anunciaba en voz alta el resultado. Era entonces cuando éste y los adjuntos rellenaban el acta de escrutinio por triplicado, en la que había de constar el número de electores que habían votado y los sufragios alcanzados por cada candidato. Una copia era fijada en la parte exterior del edificio donde se hubiera celebrado la votación, para darle publicidad. Las otras dos eran enviadas a la Junta Central y a la Junta Provincial del Censo, respectivamente, junto con sendas copias del acta de constitución de la mesa y de la lista de votantes. Para ello, el presidente de la mesa, acompañado por los interventores y, en su defecto, por los adjuntos, debía personarse en la estafeta de Correos más próxima donde depositaba la documentación. El administrador postal estaba obligado a emitir un recibo en el que debía constar el día y la hora en que ésta le fue entregada, y a enviarla de inmediato a su destino.

La documentación expuesta al público habría de ser depositada en la secretaría de la Junta Municipal del Censo, y archivada a continuación en el respectivo ayuntamiento. No obstante, en las capitales de provincia bastaba con que el presidente de la mesa depositase en la Audiencia Territorial, sede de la Junta Provincial del Censo, la documentación, sin necesidad de remitirla por correo. En fin, el presidente y los adjuntos estaban, además, obligados a expedir certificados del acta de constitución, de la sesión y del escrutinio a los interventores de los candidatos. Las papeletas eran quemadas, exceptuando las que hubieran suscitado reclamaciones, las cuales quedarían adjuntas a la documentación electoral y a disposición de la Comisión de Actas de las Cortes⁵.

La jornada electoral se desarrolló, en la inmensa mayoría de las poblaciones del país, con civismo y normalidad, y fue seguida con expectación. Ésta se acrecentó en Barcelona, donde los medios políticos habían quedado conmocionados con la maniobra de última hora de la Lliga. En previsión de que las derechas catalanas no lograsen alcanzar el 40 por 100 de los votos y hubiera que irse a la segunda vuelta en la circunscripción de la capital (en la que presumiblemente la Esquerra y ACR concurrirían unidas frente a la Lliga, con muchas posibilidades de derrotarla), Cambó ideó un plan tan inteligente como arriesgado. Consistió en que un número de electores fieles de su partido votase a un candidato de ERC para que éste sobrepasase la barrera del 40 por 100, validando una primera vuelta en la que, dada la división del centro-izquierda, la Lliga contaba con muchas posibilidades de vencer. Cambó insinuó, además, que el candidato al que votarían sería el presidente de la Generalidad y, para despistar, ordenó el reparto público de cinco mil papeletas en las que, junto a catorce candidatos de la Lliga, aparecía Maciá. El presidente regional aceptó gustoso esos votos, sin conocer que, sigilosamente, se habían repartido otras 25.000 papeletas en los que se incluía el nombre de Companys, el candidato que había elegido Cambó para ese menester. La Esquerra, que confiaba en la victoria, no protestó demasiado pensando en que semejante maniobra sólo acrecentaría el prestigio de Maciá, pero los grandes perjudicados, las opciones minoritarias que confiaban en la segunda vuelta para lograr representación, se opusieron con duras expresiones de protesta.

En cambio, en Madrid no hubo estrategias semejantes, pero no por eso dejó de haber gran animación. Aprovechando que al mediodía y por la tarde había mejorado el tiempo, se congregaron en las calles céntricas y en torno a las sedes de los partidos gran número de personas para conocer las incidencias de la lucha y los primeros resultados. En los cafés y en otros centros donde se disponían de altavoces, se repetían las noticias que suministraba el Ministerio de la Gobernación. Y es que Rico-Avello apareció ante los micrófonos de la radio cinco veces durante la jornada electoral para informar al país sobre el desarrollo de los comicios, en lo que pretendía ser otra demostración de transparencia⁶.

La efervescencia electoral no quedó en las dos grandes ciudades del país, sino que alcanzó hasta el último rincón de España. Por desgracia, en algunos lugares ésta no se exteriorizó conforme a las reglas del fair play. De algunos municipios comenzaron a llegar noticias de la rotura de varias urnas, con lo que obligatoriamente había de aplazarse la votación, generalmente al día siguiente. Aunque en algunos casos, la ruptura obedeciera a causas accidentales, lo cierto es que la mayoría de las veces era fruto de un sabotaje consciente que era perpetrado por uno o varios agentes del partido que diese por descontada ya su derrota en una sección electoral concreta. El ejemplo extremo fue Valencia, donde hubo más de 40 urnas rotas, todas ellas por militantes de la FAI, en supuesta connivencia con el «blasquismo». Cuatro de ellas lo fueron en la capital de provincia y las restantes en varios pueblos que eran considerados bastiones de la Derecha Regional. En la localidad de Torrente, una disputa entre «faístas» y el personal de la DRV a colación de la ruptura de una urna, acabó con el asesinato de un interventor derechista y dos heridos más. En Gandía hubo otro herido por arma blanca y fue saqueada la sede de la DRV.

Otras 40 urnas fueron rotas en diversos pueblos de la provincia de Sevilla, sobre todo por agentes radicales que veían la elección complicada para su partido por la inesperada movilización de las derechas. En Barcelona, agentes de la Esquerra rompieron varias urnas en las secciones de la calle de Caspe, muy favorables a la Lliga. En una sección de Caldas de Reyes (Pontevedra), hizo lo propio el candidato socialista Gómez Osorio al considerar que la votación se estaba desarrollando de forma ilegal, mientras que sus acompañantes destrozaron la línea telefónica del colegio. En Moratalla (Murcia), hubo una disputa a tiro limpio entre los guardias municipales y los interventores radicales, de un lado, y elementos socialistas que se dedicaban a destrozar urnas, de otro. En Boada (Salamanca), la rotura de la urna generó una reyerta en la que se registró un herido grave. En otros lugares, las diversas «partidas de la porra» lograron el objetivo de aplazar la elección en casi un centenar de mesas distribuidas por toda la geografía nacional. Pese a las amenazas de la CNT, sólo se destrozaron 16 urnas en las cuatro provincias catalanas. Este fenómeno fue, de todas formas, excepcional habida cuenta de que el número de mesas sobrepasaba las 30.000 en toda España⁷.

Los enfrentamientos violentos entre los militantes de unos y otros partidos no se concentraron en los colegios electorales, fuertemente custodiados por las fuerzas del orden, sino en las calles de algunas localidades del país. Contra las previsiones más pesimistas, la votación fue ordenada en una serie de circunscripciones que se consideraban críticas, como Badajoz, Cáceres, Jaén o Granada, pero ni aun así pudo evitarse un grave altercado. En Aljucén (Badajoz), militantes socialistas apuñalaron al alcalde radical, al parecer pocas horas después de un mitin de Margarita Nelken en el que se hicieron numerosas apelaciones a la violencia, e hirieron de bala a cinco personas más, una de las cuales moriría días más tarde. En otras, como Sevilla o Valencia, las violencias de la campaña tuvieron cierta continuidad. En la capital hispalense, un interventor de AP fue asesinado por pistoleros comunistas, y en otro enfrentamiento entre «cedistas» y agentes del PCE hubo dos heridos de bala más. En Burjasot (Valencia), otra disputa entre «autonomistas» y «derechistas» dejó tres heridos⁸.

Las violencias tuvieron mayor densidad en otro grupo de provincias a priori menos complicadas que las anteriores, pero en las que ya se habían registrado algunos disturbios durante la campaña. En Joarilla de Sahagún (León), hubo dos heridos de bala. La provincia de Lugo se mostró especialmente pródiga. En la localidad de Sarria se recogieron nada menos que dos muertos después de un tiroteo, mientras que en Paradela hubo otros dos heridos por disparos, todos por enfrentamientos entre radicales y republicanos gallegos. En Santa Cruz de Mieres (Oviedo), hubo otro muerto de un disparo tras una pelea por motivos políticos. En Fuensalida (Toledo), pistoleros agrarios atacaron a «perdigonazo» limpio a un grupo de socialistas en una cola de votantes, provocando catorce heridos de diversa consideración, y en otros pueblos de esa provincia como Tembleque, Lagartera y El Carpio de Tajo, así como en Benegiles (Zamora), hubo intercambio de tortazos entre socialistas y militantes de AP. En Los Corrales de Buelna (Santander), otro encontronazo similar lo protagonizaron socialistas y radicales, mientras que en Sanfelices de Buelna, en la misma provincia, un grupo de militantes agrarios fue tiroteado, cayendo dos gravemente heridos. Tres heridos de bala hubo también en otra reyerta política a la puerta de un colegio en Carballo (La Coruña), y también en un enfrentamiento entre militantes de ERC y tradicionalistas en Tarrasa (Barcelona).

En Mula (Murcia), hubo de intervenir la Guardia Civil para evitar una pelea entre el alcalde socialista de esa localidad y el candidato conservador Perea, como consecuencia de la detención, por parte de la autoridad municipal, de un interventor derechista. Los pueblos de Abanillas y San Javier, en la misma circunscripción, sumaron cinco heridos más por riñas políticas. En Alameda (Málaga), tres votantes conservadores quedaron heridos ante otra agresión de militantes del PSOE. En Vizcaya se registraron dos atentados frustrados: uno contra la candidata monárquica Pilar Careaga, y otro contra un militante del PNV. En diversos enfrentamientos en esta provincia entre nacionalistas y socialistas y entre socialistas y comunistas, hubo catorce heridos de bala. Pero lo más grave en esta circunscripción ocurrió en Bilbao, donde un empleado del ayuntamiento, militante «azañista» que retiraba carteles por orden del alcalde, fue asesinado a tiros. En Hernani (Guipúzcoa), los socialistas apedrearon un automóvil del PNV que llevaba a votantes de caseríos a las urnas, mientras que en Ibarra, en la misma provincia, nacionalistas y socialistas disputaron a guantazo limpio. En Pego (Alicante), una potente bomba estalló en la puerta de un convento causando fuertes destrozos. Por último, un guardia civil quedó herido en Campillo de Altobuey (Cuenca) y otro en Fernán Caballero (Ciudad Real) por la agresión de grupos sin identificar, mientras que una patrulla de guardias de Asalto fue víctima de tiroteos en Benejúzar (Alicante)⁹.

Estas violencias se combinaron con acusaciones, aquí y allá, de corrupción electoral. No obstante, las que tuvieron algún viso de verosimilitud y pudieron afectar al resultado fueron muy escasas. Y puestos a boicotear, lo cierto es que los anarquistas no renunciaron a intervenir violentamente en los pueblos donde tenían algún predicamento. En Siruela (Badajoz), elementos vinculados al doctor Vallina impidieron la constitución de las mesas electorales, aunque la pronta llegada de la Guardia Civil evitó males mayores. En Cózar (Ciudad Real), militantes anarquistas se levantaron para proclamar el «comunismo libertario» pero fueron reducidos en pocas horas por la Guardia Civil. En Ronda (Málaga), fueron detenidos varios militantes de la CNT por dificultar el proceso electoral. En Gijón y en Cádiz, entorpecieron el tránsito de vehículos llenando de tachuelas las entradas por carretera a la ciudad. En Barcelona, elementos anarquistas amenazaron con una jornada de violencias durante la elección que pudo retraer a una parte del electorado, pero las autoridades lograron salvaguardar el orden durante el día 19. No obstante, la CNT no dejó de actuar: militantes de ese sindicato pusieron una potente bomba en un transformador eléctrico, dejando sin luz a la barriada del Paralelo; incendiaron el vagón de un tren de mercancías y tirotearon el cuartel de las Atarazanas, hiriendo de bala a un soldado, y también a varias patrullas del Cuerpo de Seguridad. En los días siguientes, estallaron bombas en otros transformadores eléctricos. Con ello, los anarquistas pretendían cortar el fluido a las fábricas y provocar su paralización¹⁰.

Si la información sobre estos sucesos se obtuvo de forma rápida y diligente, y a la mayor parte se le puso adecuado remedio hasta el punto que, las más de las veces, no afectó a la limpieza de la elección, no puede decirse lo mismo del proceso de escrutinio. Rico-Avello pensaba obtener datos relativamente completos en todas las circunscripciones ya en la madrugada del 20. Pero no ocurrió así. Este retraso era de todo punto normal porque, como había aclarado a los periodistas Martínez Barrio en la víspera, la contabilización de los sufragios se había complicado sobremanera con las reformas electorales de 1931 y 1933, y la gran concurrencia de candidatos en casi todas las circunscripciones del país. Así las cosas, el ministro de la Gobernación hubo de retrasar su comparecencia ante los micrófonos de Unión Radio hasta la una de la madrugada del 20 de noviembre para comentar las primeras impresiones sobre los resultados. Y cuando lo hizo fue para informar de que los datos que tenía resultaban tan incompletos que no podía vaticinar ni por aproximacón los escaños de cada grupo. Presumió, eso sí, de que habría segundas vueltas en la mitad de las circunscripciones del país. Antes de retirarse a descansar, emitió una circular interna a los gobernadores civiles urgiéndoles a que mandasen de inmediato al Ministerio los resultados que tuviesen, pero daba la impresión de que los jefes políticos conocían poco más que Rico-Avello.

No obstante, la recepción de resultados resultó mucho más ágil la mañana del lunes y hacia el mediodía el gobierno comenzó a vislumbrar la composición del futuro Parlamento. A las dos de la tarde, el ministro apareció de nuevo ante los micrófonos para dar los resultados casi completos de 30 circunscripciones del país. La Unión de Derechas asomaba destacadamente en primer lugar con un centenar de escaños, a los que cabía añadir 20 más que sumaban la Lliga, el PNV y los tradicionalistas vasco-navarros. Los radicales y los republicanos moderados se situaban en segundo lugar con 60 escaños. Según los datos transmitidos por la Generalidad, la Esquerra y sus aliados vencían en Cataluña, llegando a los 35 escaños. Por el contrario, los republicanos de izquierda se hundían hasta el punto que AR lograba sólo cuatro escaños. De forma similar, el PSOE tampoco llegaba a la veintena de puestos. Por último, el ministro auguró que el PCE obtendría, por primera vez en unos comicios, un escaño. Rico-Avello aclaró que en otras circunscripciones de las que aún no se tenía resultado completo, como Oviedo, Badajoz y León, ya era seguro que no habría segunda vuelta. Y afirmó que los escrutinios en otras circunscripciones como las dos de Madrid o la de Vizcaya capital daban resultados tan igualados entre las distintas candidaturas que era imposible fijar una distribución de escaños fiable. A esa hora ya se conocía, además, que en Ciudad Real, a iniciativa de las organizaciones locales del centro y la derecha, un número importante de electores había votado una candidatura mixta que batía por muchos votos de diferencia a la socialista¹¹.

El Consejo de Ministros se reunió a las seis de la tarde de ese día a la espera de la concreción de unos resultados que llegaban, en ese momento, con mayor rapidez. Al anochecer se confirmó el triunfo de las derechas en León y la derrota de los socialistas en su bastión de Badajoz. Además, se supo que las previsiones de la Generalidad se habían hecho añicos: finalmente era la Lliga el partido vencedor en Cataluña. En cuanto a Madrid, en ambas circunscripciones el PSOE iba por delante en el escrutinio con una mínima diferencia sobre la Unión de Derechas, pero se daba por seguro que habría segunda vuelta. El martes 21, Martínez Barrio compareció ante los periodistas para reducir precisamente el número de circunscripciones en las que se repetiría la elección a catorce o quince, muy lejos de las previsiones que el gobierno había sostenido dos días antes. A esa hora, la Unión de Derechas y los partidos regionales afines bordeaban ya los 200 diputados, frente a los 110 de todos los partidos republicanos y a los 30 escasos del PSOE¹².

El triunfo de las derechas, cada vez más completo, excitó los ánimos de grupos de extrema izquierda que, al albur de las incitaciones a la violencia durante la campaña y del desprecio de los resultados si no eran favorables, aspiraban a montar una insurrección para derribar al gobierno. Destacaron en estos menesteres los comunistas, que se pusieron el mismo lunes 20 manos a la obra. En Madrid, el PCE propició la reunión en el barrio de Chamberí de 300 militantes que pretendían marchar en manifestación hacia el Ministerio de la Gobernación. Apercibida la Guardia de Asalto, se presentó con prontitud y la disolvió expeditivamente, pero sin heridos de consideración. Algunos grupos, sin embargo, llegaron a la Casa del Pueblo y, en unión de varios militantes de la FAI, excitaron a los socialistas que se hallaban en su sede a unírseles para marchar hacia la Puerta del Sol. El secretario de la Casa del Pueblo, el socialista Muiño, pidió a estos grupos que se disolvieran pero, lejos de hacerlo, comunistas y anarquistas comenzaron a tirotear a los guardias de asalto que habían llegado para desalojarles del edificio. Esto provocó una refriega que se saldó con quince heridos de distinta consideración, aunque los agentes lograron repeler la agresión y detener a los responsables, unas 50 personas.

No sería el único suceso. En Córdoba, el gobernador impidió, mediante el envío de más fuerzas del orden, otra manifestación comunista que pretendía ocupar el centro de la ciudad, y en el pueblo de Villa del Río militantes comunistas intentaron sin éxito asaltar el ayuntamiento. En Caravaca de la Cruz (Murcia), afiliados al PCE aprovecharon la ausencia de la Guardia Civil para organizar una ruidosa manifestación y asaltar las sedes del Partido Radical y de AP. En Aldeanueva del Camino (Cáceres), intentaron hacer lo mismo con la oficina de los «lerrouxistas», pero en esta ocasión el conserje disparó contra el grupo, hiriendo de bala a un militante comunista. Los sucesos más graves ocurrieron en Jódar (Jaén). Las incitaciones a la violencia del capitán Rexach, candidato comunista por esa provincia, acabaron con la agresión a destacados militantes agrarios de este municipio y a la fuerza pública, que acudió a sofocar lo que se había convertido, en cuestión de horas, en un verdadero motín. El alcalde, que era del PCE, y la guardia municipal lideraron los grupos que se dirigieron a asaltar el Casino Agrario de la localidad, y en la acción fue asesinado el conserje del edificio, militante de AP. Ésta fue la causa de que sus correligionarios decidieran, acto continuo, tomarse la justicia por su mano. La batalla campal entre agrarios y comunistas costó nueve heridos, de los cuales dos quedaron graves. Rexach hubo de refugiarse en el ayuntamiento ante el peligro de caer linchado, y su coche fue incendiado. La llegada de la Guardia Civil, a la que tiroteó la propia guardia municipal, cortó finalmente la disputa y permitió a Rexach salir del pueblo. En todos esos alborotos, los socialistas se negaron a unirse al PCE o la FAI¹³.

El 23 de noviembre se reunieron las Juntas Provinciales del Censo en todo el país para proceder al escrutinio oficial. Éstas tenían que constituirse a las diez de la mañana en la sala de la Audiencia Territorial de la capital de cada provincia, públicamente y con la presencia de los candidatos o de un máximo de dos representantes por cada uno de ellos. Después que el secretario de la Junta diese lectura a las disposiciones legales referentes al acto, comenzaba de inmediato el escrutinio con la apertura de los pliegos recibidos de todas las secciones de la circunscripción, la verificación de los sellos postales y de la propia documentación que contenían y, a continuación, el cómputo de los votos obtenidos por cada candidato. Si en la documentación faltase el acta de escrutinio, la Junta podía suplirlo con los certificados que aportaran los candidatos y sus apoderados. Si éstos presentaban dos certificaciones con una distribución de sufragios distinta, los votos de esta sección no se escrutaban y se reflejaba en el acta de la sesión la diferencia de votos que existía entre las dos.

En el cómputo de cada sección, los candidatos y sus representantes podían intercalar las protestas que considerasen convenientes, pasando éstas al acta de la sesión, pero la Junta Provincial del Censo carecía de facultad decisoria a la hora de enmendar o anular resultados electorales. Lo único que podía hacer era no computar los votos de mesas donde hubiese actas de escrutinio dobles con resultados diferentes o donde el número de sufragios sobrepasase la cifra de votantes, y no proclamar diputado a los candidatos que, para obtener el escaño, necesitasen de los votos obtenidos en tales secciones, por lo que su situación quedaba a la espera de la resolución final de las Cortes. Finalizado el recuento, el secretario de la Junta leía en voz alta los resultados globales de la circunscripción, y el presidente proclamaba diputados a los candidatos con mayor votación hasta completar el número de elegibles, facilitándoles a continuación las credenciales que habrían de presentar en el Congreso. En caso de empate, los candidatos serían proclamados a la espera, también, de resolución de las Cortes. Si ningún candidato sobrepasara el 40 por 100 de los sufragios escrutados totales, quedaría automáticamente convocada la segunda vuelta electoral. El acta de la sesión habría de enviarse a la Junta Central del Censo, y este órgano debía remitir antes de veinticuatro horas a las Cortes las que presentasen protestas¹⁴.

Las reuniones transcurrieron, en general, sin incidentes apreciables. Sólo en algunas provincias se detectaron algunas anormalidades. En La Coruña, faltaron por ser remitidas la documentación de unas pocas secciones. En Orense, desaparecieron inexplicablemente una docena de actas de escrutinio cuando estaban siendo contabilizadas por la Junta. En Pontevedra, el candidato socialista Gómez Osorio y el «lerrouxista» Fontaiña se golpearon a cuenta de las imputaciones de corrupción electoral que hizo el primero al Partido Radical. En otras circunscripciones, dado el gran número de secciones electorales que comprendían, las Juntas Provinciales tardaron varios días en completar el escrutinio y en algunas, como Sevilla, Valencia o La Coruña, hubieron de declararse en sesión permanente para terminarlo antes de la fecha establecida para la segunda vuelta, el domingo 3 de diciembre¹⁵.

Una movilización sin precedentes

El electorado que se movilizó y el que decidió no votar (o el que no pudo hacerlo) suele cuantificarse utilizando los porcentajes como variables fundamentales. No obstante, en el siguiente cuadro no se ha querido olvidar la cifra de electores, votantes y abstenidos. En 1933 fueron llamados a votar el número más importante de españoles hasta la fecha. El aumento de población, la rebaja de la edad de voto y, sobre todo, el sufragio femenino supusieron la ampliación del censo más notoria desde 1890. Por tanto, la simple presentación de unos porcentajes desvirtuaría uno de los aspectos que confieren singularidad e importancia a estos comicios.

CUADRO V

Censo y participación por circunscripciones electorales

(1933 y 1931)

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139; Anuario Estadístico de España (1934), y RUIZ-MANJÓN (2009). Madrid provincia, en Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 25 de noviembre de 1933. Navarra, en Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro, 25 de noviembre de 1933.

Suele cometerse un error de enfoque al comparar los porcentajes de participación de 1933 con los de 1931, que sería lo mismo que comparar los de 1891, comicios de sufragio universal masculino, con los de 1886, de sufragio censitario. Además se hace para sostener que la concurrencia a las urnas fue mayor en la primera elección republicana que en la segunda. Evidentemente, no es lo mismo el 70 por 100 de participación de un censo de 50.000 electores, que el 65 por 100 de otro con 110.000. A pesar de que el segundo porcentaje es menor, indica una movilización de electores muchísimo mayor. Desde esta perspectiva puede apreciarse el éxito de las formaciones políticas y del gobierno a la hora de impulsar la participación del cuerpo electoral más grande de la historia de España hasta ese momento. Con un censo que duplicaba al de 1931 lograron que la cifra neta de concurrencia a las urnas se adecuara proporcionalmente a este aumento. Incluso los porcentajes de participación, que tienen sólo un valor relativo, son parecidos. Con el mérito añadido, para los políticos de 1933, de lidiar con sectores de población poco politizados, pero también con un abstencionismo tradicional arraigado en algunas comarcas del país y con una rabiosa campaña anarquista en pro del boicot a los comicios. Nótese cómo en unas circunstancias tan distintas como las de finales de los setenta, en plena transición a la democracia, la rebaja de la edad de voto de los veintiuno a los dieciocho años se saldó, por el contrario, con un fracaso apreciable. En los comicios generales de 1979 no sólo bajó el porcentaje de participación más de diez puntos respecto a los de 1977 sino que, además, el número de votantes se contrajo.

No obstante, hubo diferencias de importancia entre unas circunscripciones y otras. La mayoría de ellas, 32, superó el porcentaje medio de participación nacional y 20 destacaron por movilizar a una altísima fracción de su censo. De este primer grupo, hubo una serie de circunscripciones en las que, a una destacadísima labor de proselitismo, los partidos de derecha unieron una ardorosa propaganda en torno a cuestiones especialmente sensibles para una mayoría de los electores. Y no ya el problema religioso, que fue casi un común denominador de las fuerzas conservadoras, sino la reforma agraria, las importaciones de trigo y el cierre de los mercados para las exportaciones españolas, temas especialmente sensibles en León, las dos Castillas, Navarra, Álava o Valencia; la cuestión autonómica en las provincias vascas, o la amnistía, caso de Baleares y Orense. Además de este factor, destacaron otras circunscripciones en que la capacidad de movilización de los socialistas determinó una lucha bipolar, como en las provincias extremeñas, Oviedo, Granada, Jaén, Toledo, Ciudad Real, Madrid y Albacete, o, caso de Valencia y Castellón, en el que los radicales fueron los principales rivales de la derecha. Por el contrario, el porcentaje de participación fue menor en zonas donde tradicionalmente había existido una mayor apatía ante las urnas o la presencia de la CNT las hacía más vulnerables al boicot: los índices de participación en Andalucía Occidental, Aragón, Galicia y Canarias, y las provincias de León y Almería respondieron a ambas o alguna de estas circunstancias.

Averiguar las causas de la abstención resulta para un historiador tan complicado como pueda serlo para un sociólogo o un politólogo. Existe un número de electores que suele abstenerse siempre o casi siempre, el llamado abstencionismo estructural, por su completo desinterés por la política. Además, en votantes de baja (pero no nula) politización, existían otras circunstancias que hacían poco deseable acudir al colegio electoral. Por ejemplo, el mal tiempo, que fue la tónica general de la jornada electoral, o la lejanía de la urna a la que había de acudir a votar, sobre todo en comarcas con hábitat disperso y malas comunicaciones. Aparte, no pueden descartarse errores en los censos de algunos municipios por inclusión de electores fallecidos o emigrados aunque, para 1933, la continua labor de depuración que llevó a cabo el Instituto Geográfico y Estadístico contribuyó decisivamente a que las mesas dispusieran de listas de electores fiables. En todo caso, la abstención tuvo que ver con una decisión individual del elector y no con causalidades de tipo estructural, como el subdesarrollo social y económico de un determinado lugar, porque circunscripciones con estas características presentaron porcentajes de participación altos y, viceversa, circunscripciones más desarrolladas tuvieron índices por debajo de la media.

Estas elecciones registraron también un porcentaje de abstencionismo «involuntario». En este caso, no tanto por votantes que no pudieron ejercitar su voto a causa de las actividades ilegales de los «electoreros», sino porque la documentación electoral de algunas mesas no llegó a manos de la Junta Provincial del Censo, y no se computó. Consta que, por esta razón, no pudieron ser contabilizados los votos de al menos 30 pueblos¹⁶. También hubo secciones en que sus resultados no se añadieron al escrutinio oficial por defectos formales previstos en la Ley Electoral, el más importante el que facultaba a la Junta Provincial a no aceptar las actas en las que se registrase mayor número de sufragios que de votantes. Aunque en una parte de las ocasiones en que esto se dio, las Juntas actuaron con buen sentido, en otros casos extremaron tanto la interpretación de la ley que no dieron por válidas actas en las que las cifras de voto sobrepasaban en cantidades mínimas, una o dos papeletas, las de electores. Y es que este fenómeno no era evidencia de una votación falsa, sino fruto del sufragio de los interventores de los distintos candidatos. Éstos podían votar en la mesa en la que ejercían su labor de inspección sin necesidad de estar censados en ella, al igual que hoy día. Precisamente por no estar censados, a veces la mesa electoral no añadía el nombre del interventor a la lista de votantes ni tampoco al número de electores de la sección donde había ejercido el voto, aun cuando sí computase su papeleta. Las rigurosas anulaciones de estos resultados hacían aumentar artificialmente el número de falsos abstenidos.

Una de las tesis más corrientes que deriva del análisis del comportamiento electoral durante la Restauración ha sido atribuir la alta participación en las zonas rurales a la persistencia del fraude o de la corrupción, sobre todo cuando el porcentaje resultaba más elevado que el de la capital de provincia o el de los municipios con varios miles de habitantes. En general, tal afirmación no suele estar basada en la atenta compilación y análisis de los resultados localidad por localidad y sección por sección, sino más bien en presunciones y prejuicios. En lo que respecta a los comicios de 1933, existió una gran variabilidad en los índices de participación de las zonas rurales. Hubo municipios con un porcentaje de concurrencia que superó el 90 por 100 del censo, casi todos de poca entidad demográfica, y otras localidades donde no se sobrepasó la barrera del 50 por 100.

Dejando a un lado las falsificaciones, hay otras variables que explican la alta participación que se registró en algunos pueblos. Una de ellas fue la existencia de elevados niveles de competencia entre distintas formaciones políticas de una localidad, que motivó al electorado a participar masivamente. Otra era la capacidad de movilización que un partido o maquinaria política hegemónica podía ejercer en un municipio. Otra, sin duda, era la relativa facilidad a priori de movilizar, y controlar la movilización, de masas pequeñas de electores como las de los pueblos, a diferencia de las más considerables de las ciudades. En otras latitudes, algunos autores han puesto de manifiesto que suele registrarse una afluencia de electores en las comunidades pequeñas, compactas y estables, superior a la de las grandes ciudades «con un contingente importante de población móvil»¹⁷. De hecho, en los comicios españoles actuales, es moneda corriente que los índices de concurrencia sean mayores en buena parte de las zonas rurales que en las urbanas. Por ejemplo, en los últimos comicios generales de 2008 hasta 98 municipios de la provincia de Granada (que tiene 168) superaron a la capital en porcentaje de participación.

Existen, además, otras causas más prosaicas que dependen de razones «particularistas»: que la localidad de origen de un candidato le votara masivamente para apoyarle, estimulado por una promesa o por el agradecimiento hacia alguna gestión realizada; que lo hiciera porque en esa localidad ya existía una costumbre o tradición participativa en los comicios; que votase por rechazo a alguna medida legal concreta que hubiera tenido repercusiones negativas para sus electores (la reforma agraria o de la Ley de Términos en muchos pueblos del país); o, sencillamente, que se movilizase porque ideológicamente la mayoría de su cuerpo electoral se mostrara incompatible con la situación política existente y desease un cambio o, por el contrario, que lo hiciese para defender una determinada política en ejecución. Dependiendo de la localidad que sea objeto de análisis, pueden explicarse, de una forma u otra, sus pautas de comportamiento ante las urnas. Lo que no se debe hacer, al menos sin un análisis serio, es despachar los índices de participación en las zonas rurales echando mano de explicaciones genéricas sazonadas con tópicos.

En cierto modo, podría imputarse a los nuevos electores (sobre todo al sufragio femenino) el pequeño descenso general de los porcentajes de participación respecto a 1931. La movilización de sectores de la población que habían permanecido mayoritariamente al margen de la vida política no podía realizarse de la noche a la mañana, sino que formaba parte de un proceso más a medio plazo que vendría definido, en lo que a los comicios se refiere, por la frecuencia y regularidad de su convocatoria. La concesión de un derecho no implica necesariamente su ejercicio masivo, a no ser que hubiera sido reivindicado a esa escala. En España, pese al esfuerzo de las asociaciones femeninas de uno y otro signo, la mayoría de las mujeres permaneció al margen del movimiento sufragista. Por tanto, no es una suposición descabellada que sectores que nunca habían formado parte del cuerpo electoral, decidieran abstenerse la primera vez que se les presentaba la ocasión de votar.

A fin de cuentas, las mujeres españolas, al participar menos que los varones en la vida política, no dejaban de seguir la pauta de las electoras femeninas del resto de países occidentales. En las naciones en las que la participación de la mujer era mensurable, este fenómeno se hizo presente desde el principio. En los primeros comicios en los que se permitió en Estados Unidos el voto femenino, los presidenciales de 1920, sólo un tercio de las electoras norteamericanas acudió a las urnas. La aplicación del sufragio femenino en la Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial tuvo el mismo resultado: hasta los años sesenta, la participación de la mujer en los comicios siempre fue inferior a la de los hombres. Sólo en los comicios italianos de 1946, los primeros en los que votó la mujer, hubo bastante equilibrio en la concurrencia de ambos sexos y, aun así, el número de hombres continuó siendo superior al de féminas por estrecho margen¹⁸.

Si el abstencionismo estructural y el aumento de la bolsa de electores explican buena parte de la inhibición ante las urnas, no parece que el boicot de la CNT-FAI produjera mejores resultados que sus deslavazadas insurrecciones. Frente a las observaciones de los dirigentes anarquistas, y de algunos autores que suelen atribuir el abstencionismo de cientos de miles de electores a la eficacia de las consignas anarquistas, buenos estudios provinciales han minimizado su incidencia en zonas donde, a priori, podían tener más efecto como Cataluña, Andalucía Occidental y Canarias¹⁹.

Sin embargo, también se constata que el «abstencionismo activo» de la CNT tuvo alguna incidencia en unas pocas circunscripciones. Aunque durante el último trimestre de 1933 la CNT no se encontraba en su mejor momento, el sindicato poseía decenas de miles de afiliados, de los que no pocos se identificaban plenamente con la utopía redentorista del anarquismo. Como sus fuerzas estaban además bastante concentradas, sus sindicatos monopolizaban de hecho la «representación obrera» en un número apreciable de municipios y en una gama no desdeñable de ramos laborales, hasta el punto de reducir a la marginalidad al resto. Cierto que muchos afiliados a las organizaciones obreras, y los de la CNT no fueron excepción, desligaban las reivindicaciones profesionales de las cuestiones puramente políticas y, por tanto, no se consideraban obligados a secundar la postura de los órganos sindicales ante unos comicios. Pero no conviene despreciar el número de militantes de estas organizaciones que habían sido «politizados» en el seno de su sindicato y que, por tanto, consideraba estrechamente entrelazados el triunfo de su ideario y la mejora de sus condiciones de vida.

No hay que olvidar que el crecimiento del PSOE, y hasta sus expectativas de triunfo electoral en 1933, se vinculaban a la fortaleza adquirida durante el primer bienio republicano por la UGT. Esto mismo puede extenderse, aunque en menores proporciones, al PCE y, por tanto, la CNT no podía ser una excepción aun cuando propugnase la abstención. Si los sindicatos anarquistas tenían un número de militantes capaz de alzarse en armas y arriesgar la vida para proclamar aquí y allá el «comunismo libertario», parece evidente que esos afiliados también respondieran con entusiasmo al boicot activo de los comicios. Por ello, no puede excluirse el hecho de que, en muchas localidades donde la CNT poseía cierto arraigo, la abstención respondiese a las convicciones ideológicas de una parte del cuerpo electoral y, en los lugares en el que el anarquismo mostraba su faz más violenta, al miedo de otro sector del electorado a indisponerse con los cabecillas del sindicato o a ser víctimas de agresiones durante la jornada electoral.

Así, por ejemplo, la CNT tuvo un papel importante en los altos registros que alcanzó la abstención en Ceuta y, sobre todo, Cádiz. Aunque en esta provincia la participación no había sido tradicionalmente alta, pues en los anteriores comicios con sufragio universal masculino raras veces se superó la barrera del 50 por 100, su comportamiento electoral se apartó en los comicios de 1933 del resto de las demarcaciones del país. Si la mayoría de éstas duplicaron, aproximadamente, el número de electores que acudieron a las urnas respecto a 1931, es decir, lo elevaron cerca de un 100 por 100, esta provincia sólo lo aumentó tenuemente hasta el 19 por 100. Más aún, los municipios donde la participación fue muy baja coincidían con los de predominio anarquista y la prensa provincial no dejó de registrarlo. El aumento del número de votantes fue incluso menor en la vecina Ceuta: un 18 por 100. En otras circunscripciones se detectaron fenómenos parecidos aunque en grado menos acusado: Melilla (24 por 100), Huesca (36 por 100), Sevilla provincia (44 por 100), Málaga provincia (49 por 100), Gerona (63 por 100), Zaragoza capital (67 por 100), Tarragona (72 por 100), Sevilla capital (73 por 100), Lérida (73 por 100) o Teruel (74 por 100). Los porcentajes indican que esas circunscripciones quedaron lejos de duplicar la concurrencia de electores y todas ellas se caracterizaban en 1933 por una implantación notable de la CNT. Esos índices denotaban, sin duda, una fuerte presencia del boicot a las urnas en las ciudades norteafricanas, en el triángulo provincial Sevilla-Cádiz-Málaga y en la provincia de Huesca. Además, el abstencionismo anarquista tuvo alguna incidencia, muy secundaria, en las provincias catalanas y aragonesas mencionadas, y en la capital hispalense²⁰.

Pero que tuviera presencia en esas provincias no quiere decir que el boicot anarquista fuese la causa principal que explica la inhibición ante las urnas. Esto es perfectamente constatable en circunscripciones como Sevilla provincia, Lérida o Huesca, donde, además del abstencionismo estructural o la movilización de nuevos electores, hubo razones de peso que redujeron la participación. La primera debe buscarse en una tradición de baja concurrencia a los comicios, que ya existía antes de la expansión del sindicalismo anarquista. Además, en Sevilla provincia, el peso del abstencionismo «involuntario» fue excepcionalmente grande. La Junta Provincial del Censo, haciendo gala de un legalismo exagerado, decidió no computar varias actas que aparecían con una o dos papeletas más que votantes, sin tener en cuenta circunstancias como el voto de los interventores. Por este concepto, y por otros defectos puramente formales, no se añadieron al escrutinio final los resultados de 48 mesas electorales que, de haberse computado, hubiera supuesto un aumento, al menos, de 15.000 votantes. En porcentajes de participación, Sevilla provincia habría elevado como mínimo su índice nada menos que seis puntos porcentuales, pasando del 50 por 100 que registró oficialmente a un 56. Por tanto, la concurrencia a las urnas habría aumentado, respecto a 1931, en un 61 por 100, alejándola decisivamente de los índices de Cádiz.

Algo parecido ocurrió en Lérida aunque, en esta ocasión, no fue responsabilidad de la Junta del Censo sino de agentes al servicio de la Esquerra que impidieron la recepción de las actas de seis municipios que, de haberse computado, hubieran rebajado un tanto el índice de abstención. En cuanto a Huesca, la abstención puede también explicarse atendiendo a otros factores. El primero, la extrema dispersión demográfica y las malas comunicaciones de una circunscripción muy extensa que, unidas al mal tiempo, por fuerza hubieron de desmotivar la participación de los electores que vivían lejos de los núcleos de población. Pero, sobre todo, el segundo factor excepcional fue una campaña de muy baja intensidad. Los medios de prensa pusieron de manifiesto la falta de interés de los partidos en acometer una movilización más ambiciosa del cuerpo electoral, algo difícil en una provincia sin núcleos de población de cierta consideración. La propaganda se orientó más a movilizar el voto del electorado fiel, que a incentivar a la participación a los electores señaladamente apáticos²¹.

En definitiva, la conclusión a la que puede llegarse es que el boicot «cenetista», aunque obtuvo algún éxito local puntual y un seguimiento perceptible en cinco circunscripciones (incluyendo las dos norteafricanas), fue ahogado por la concurrencia masiva del cuerpo electoral en más de la mitad de las demarcaciones del país. Además, en lugares con presencia de la CNT, el «abstencionismo activo» no modificó los patrones tradicionales de participación electoral, caso de Barcelona capital y provincia, Levante, Galicia, Asturias, Canarias y zonas de Andalucía como Córdoba, Granada y Málaga capital. En estas circunscripciones no cabe hablar más que de un rotundo fracaso de la táctica anarquista. Así pues, la participación que la CNT tuvo en los índices de abstención nacionales fue baja. Los propios anarquistas se hicieron cargo del fracaso general de su táctica y Solidaridad Obrera sólo pudo señalar algunos éxitos locales convenientemente sazonados con exageraciones y falsedades. Así, por ejemplo, en Ascó (Tarragona) rebajaron la cifra de votantes a 500 cuando en realidad concurrieron 634. En Alcalá de Gurrea (Huesca) la redujeron a 59 cuando acudieron 90 electores. Señalaron como triunfos propios la abstención en Amposta (Tarragona) y Granadella (Lérida), cuando ésta fue claramente inferior al 50 por 100. Una prueba más, en definitiva, de cómo la actitud de los electores había frustrado las previsiones desbordantes de la FAI y, en particular, el objetivo que había marcado Durruti en la campaña: lograr la abstención, como mínimo, de la mitad del cuerpo electoral²².

¿Un triunfo conservador?

Los resultados que van a exponerse merecen una aclaración previa. En virtud de la legislación vigente, los electores no votaban partidos, sino únicamente candidatos, por lo que cualquier método para contabilizar los apoyos de cada formación política a escala nacional siempre contará con algún defecto. Hay que aceptar, por tanto, que estas «mediciones» de voto no son más que una ficción que crea el historiador como «muleta» de entendimiento. Aquí se ha utilizado, para obtener los resultados nacionales y provinciales, la media aritmética, dividiendo el total de los sufragios obtenidos por una candidatura entre el número de votos que el elector poseía en cada circunscripción. Éste método es probablemente el que menos problemas crea y el más preciso, pues, entre otras cosas, reduce las distorsiones que provoca la mezcla de candidatos de distintas listas (panachage) a su incidencia real, algo que no sucede si sólo se toma como referencia al candidato más votado. Además, se ha respetado el matiz ideológico que cada candidatura poseía en su circunscripción. Por ello, no se ha contado el voto de cada partido, ya que, como la mayoría de las candidaturas lo fueron de coalición, resulta imposible determinar cuántos votos pertenecían por separado a cada formación política. Los resultados abonan, además, este método de recuento, toda vez que, en la práctica, la mayoría de los electores, aunque no tenían por qué hacerlo, votaron las candidaturas completas que les ofertaron.

CUADRO VI

Porcentajes de apoyo a partir de las medias de voto de cada candidatura

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139. Madrid provincia, en Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 25 de noviembre de 1933. Navarra, en Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro, 25 de noviembre de 1933.

En el seno de la izquierda²³ existió un desequilibrio bastante patente entre los sufragios y porcentaje que obtuvo el PSOE y el resto de fuerzas políticas. Las candidaturas socialistas, aisladas, no consiguieron hacerse con la supremacía en circunscripción alguna pero cosecharon índices de apoyo bastante altos en las demarcaciones extremeñas, las norteafricanas, algunas andaluzas (Jaén, Granada, Huelva y Málaga provincia), Madrid, Asturias, Valladolid y Ciudad Real. En casi todas estas demarcaciones, marchando en solitario, lograron aumentar su número de sufragios respecto a 1931, y en algunas de ellas, como Madrid capital y provincia, Ceuta, Huelva y Málaga provincia, sus candidaturas fueron las más votadas por el electorado. Fútil consuelo, porque la Ley Electoral que el propio PSOE había patrocinado inhabilitó todos estos éxitos parciales. En las circunscripciones donde los socialistas habían obtenido apoyos por encima del tope del 40 por 100, los republicanos moderados y las derechas habían sido previsores y pactaron coaliciones que tuvieron, sin excepción, el mérito de batir al PSOE. Además, en las demarcaciones donde los socialistas obtuvieron el primer lugar, ninguna de sus candidaturas sobrepasó ese quórum, por lo que la segunda vuelta arruinó el buen resultado de la primera. Hasta cierto punto, esto podía significar que la táctica de acudir por separado a los comicios, que había sido la máxima de los «aislacionistas», había fracasado.

En efecto, la exagerada estimación de sus fuerzas y la ruptura de las coaliciones con los republicanos supusieron descensos de voto neto, respecto a 1931, en Albacete, Alicante, Guadalajara, Guipúzcoa, La Coruña, León, Lugo, Madrid provincia, Málaga capital y provincia, Navarra, Pontevedra, Sevilla capital y Zamora. Y, no obstante, esa táctica fue la que permitió que los socialistas alcanzasen un grupo parlamentario bastante estimable, muy superior al de todos los republicanos de izquierda juntos. Aunque la inesperada marea conservadora distorsionó las previsiones de los «aislacionistas», tenían razón cuando afirmaban que una alianza entre los socialistas y los republicanos de izquierda presentaba, en 1933, dificultades tales que podrían invalidar los trabajos electorales del PSOE.

La fundamental estaba enfocada en las malas relaciones que sostenían, a nivel local, socialistas y republicanos de izquierda, sobre todo en las circunscripciones andaluzas, extremeñas y manchegas. No cabe duda de que, de haberse impuesto desde las direcciones nacionales de los partidos una coalición en todas las circunscripciones, no pocos electores republicanos de izquierda se hubieran limitado a votar a sus candidatos, abstenerse o, peor, hubieran desplazado su voto hacia el Partido Radical. De igual forma, los sectores más extremistas del PSOE, que nada querían saber de «partidos burgueses», no hubieran tenido la menor dificultad de mixtificar el apoyo a sus candidatos con el voto a algunos del PCE o, sin duda, de recurrir a la inhibición ante las urnas como protesta. A este hecho hay que añadir una comprobación a posteriori: en la mayoría abrumadora de las circunscripciones, ni sumando a los socialistas los votos de los republicanos de izquierda, en el supuesto que no se hubiera perdido alguna papeleta con esta mixtura, hubieran variado demasiado las cosas. Tampoco los resultados abonan las interpretaciones que ven en la desaparición de la conjunción republicano-socialista de 1931 la causa principal de la derrota.

La resurrección de semejante conglomerado, incluyendo a los radicales, hubiera supuesto en un contexto como el de 1933 un sensible aumento del contingente de votos que acaparó la Unión de Derechas, pues en muchas circunscripciones contarían con nuevos sufragios procedentes del electorado radical y, sobre todo, del republicano moderado. Otra de las barreras importantes era que la coalición entre republicanos y socialistas beneficiaba, en la práctica, más a los primeros que a los segundos. El partido que había hecho mejor trabajo de organización durante el primer bienio había sido el PSOE. Una coalición hubiera supuesto restar puestos a los aspirantes socialistas para ofrendárselos a partidos atomizados en muchas provincias, como eran AR y el PRSI. Con el agravante de que, en las circunscripciones donde sólo pudieran aspirar a los escaños de las minorías, éstos serían a buen seguro para los republicanos de izquierda que, a diferencia de sus compañeros socialistas, podían conseguir unos cuantos votos más a cuenta de electores centristas o independientes. Sin duda, parecía más lógico esperar a la segunda vuelta y que el volumen de sufragios conseguido por cada candidatura por separado definiera las coaliciones que habrían de formarse. Muy pocos esperaban que la primera resultase decisiva en la mayoría de circunscripciones importantes.

Desde luego, los resultados electorales del 19 de noviembre en absoluto cargaron de razón al sector que quería pactar con los republicanos. La avalancha conservadora barrió en todas partes a las conjunciones republicano-socialistas que lograron formarse. Sólo resistieron, con relativa solidez, las candidaturas patrocinadas por la Esquerra en Gerona y, a pesar de que no englobaban a toda la izquierda republicana, en el resto de circunscripciones catalanas. Aun así, en Barcelona capital y Tarragona no pudo evitarse su derrota frente a las coaliciones de derecha auspiciadas por la Lliga. Al margen de esa región, las conjunciones alcanzaron sólo resultados significativos en Vizcaya capital, Murcia provincia y Logroño, con magros resultados para el PSOE. Pues en Murcia provincia no rebasaron el 40 por 100, mientras que en Vizcaya capital fueron derrotados por el PNV y, además, sólo Prieto salió por las minorías (el otro escaño sería para Azaña). En Logroño, también fueron derrotados por las derechas riojanas y el escaño de las minorías no lo obtuvo el PSOE, sino Amós Salvador. En Murcia capital, dada la extrema fragmentación del panorama político, bastó un 29,2 por 100 de los votos para que una coalición de socialistas y «dominguistas» fuese la más apoyada, pero sus guarismos quedaron muy lejos de poder evitar la segunda vuelta. En Cádiz, la conjunción tampoco aprovechó al PSOE, pues los escaños de las minorías se los adjudicó el PRSI. Por último, en las restantes circunscripciones donde se presentaron candidaturas de este tipo, como en las valencianas, Castellón, Baleares, Huesca, Teruel, Cuenca, Segovia, las sevillanas, las dos de Canarias, etcétera, no se adjudicaron un solo escaño.

Peor suerte corrieron los republicanos de izquierda que lucharon por su cuenta tras no conseguir la tan deseada coalición con los socialistas. Sólo consiguieron resultados dignos de resaltar en Lérida, en la que una candidatura de la Esquerra cosechó casi la mitad de los sufragios, aunque acabó siendo derrotada por las derechas. En el resto de las circunscripciones, ninguna candidatura del centro-izquierda republicano se salvó del naufragio. La mixtura entre la moderada ACR y sus aliados de la izquierda catalanista, el PNRE, se saldó con un rotundo fracaso: cero escaños, aunque obtuvo votaciones apreciables en Tarragona y Barcelona capital. No hubiera sido una temeridad pensar que una unión con ERC hubiera inclinado ambas circunscripciones a favor del centro-izquierda, aun cuando es de suponer que una fracción de votantes de ACR se hubieran inclinado entonces por apoyar a la Lliga.

Por lo demás, los sufragios alcanzados en provincias consideradas como bastiones de la izquierda republicana, como Alicante o Zaragoza provincia quedaron muy por debajo de las expectativas. En Murcia capital obtuvieron un resultado destacable, pero la mayoría abrumadora de los sufragios pertenecía a una coalición de «gordoncistas» y federales de izquierda. En Pontevedra casi alcanzaron la barrera del 20 por 100, pero fue gracias a la alianza con formaciones marcadamente centristas como el PRG y los galleguistas. En fin, está de más realizar una comparación con lo sucedido en los comicios de 1931 por la sencilla razón de que, en relación con aquellos resultados, los de 1933 fueron calamitosos.

Tampoco fueron mejores los de la izquierda revolucionaria aun cuando podía apreciarse un sensible avance respecto a 1931. La fuerza más beneficiada fue, sin duda, el PCE, que consiguió multiplicar hasta por cinco o por seis, dependiendo de la circunscripción, los votos netos que obtuvo hacía dos años. No obstante, como en los primeros comicios republicanos resultó ser una fuerza irrelevante, no hay que obnubilarse demasiado por multiplicandos y multiplicadores. En realidad, para un año como el de 1933, de crisis económica y fortísima conflictividad social, sorprende el bajísimo resultado de los comunistas españoles, que seguían muy lejos, en cuanto a implantación, de sus homólogos franceses y alemanes. Por ese lado, España parecía estar preservada contra cualquier «peligro bolchevique». Sin embargo, hay que destacar que, para ser una formación marginal, el PCE obtuvo resultados muy apreciables en algunas circunscripciones como Málaga capital, donde su candidatura fue la más votada gracias a la multiplicidad de listas presentadas y, sin duda, al «efecto Bolívar». También destacaron sus resultados en Sevilla capital (donde superó al PSOE), Córdoba, Vizcaya capital y Oviedo. El BOC siguió un camino similar en las circunscripciones catalanas pero, a pesar de su tímido avance y de que podía presumir de haber superado al PCE en las seis demarcaciones en las que presentó candidatura, sus resultados le otorgaban un peso inapreciable a escala nacional.

Los republicanos moderados, sobre todo los radicales, tenían pocas razones para sentirse satisfechos. Gracias a su política de oposición de última hora, lograron salvar los muebles y acumular un número de escaños parecido al de 1931. Pero los resultados revelaban que la mayoría de los electores contrarios a la política de republicanos de izquierda y socialistas no vieron en Lerroux la alternativa más apropiada y prefirieron apoyar a la Unión de Derechas. El líder radical, que hubiera preferido integrar a los antiguos monárquicos alistándolos en sus filas, tendría que negociar la formación de un gobierno con los nuevos partidos de derecha que habían surgido tras los comicios. De todas formas, aunque las expectativas no fueron colmadas, los radicales y las coaliciones republicanas «gubernamentales» montadas para la ocasión lograron un número de sufragios y escaños importante y, en algunas circunscripciones, una primacía indiscutible. Por ejemplo, arrasaron en Santa Cruz de Tenerife y obtuvieron porcentajes bastante altos en demarcaciones levantinas (Valencia capital y provincia y Castellón), gallegas (Lugo, Pontevedra y Orense), andaluzas (Almería, Sevilla provincia y Málaga provincia), en las norteafricanas y en Teruel. De esas circunscripciones, lograron situarse como la candidatura más apoyada en las tres levantinas citadas, Almería, Melilla, Lugo y en el bastión «emilianista» (por Emiliano Iglesias) de Pontevedra. A estos buenos porcentajes debían añadirse, a mayor gloria de radicales, liberales demócratas y «mauristas», el triunfo de las candidaturas antisocialistas en Albacete, Badajoz, Cáceres, Granada, Jaén, Las Palmas, Oviedo y Zamora, para el que su concurso había sido fundamental. En estas circunscripciones ganaron una cifra de escaños muy alta, nada menos que 37, a las que había que añadir cuatro actas más de Ciudad Real gracias a la entente de última hora con las derechas.

Además, en sufragios netos, los radicales y sus aliados avanzaron respecto a 1931 en una mayoría de circunscripciones. Sólo en algunas, aunque muy señaladas, puede hablarse con propiedad de fracaso (Baleares, Burgos, Cádiz, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, León, Madrid capital y provincia, Málaga capital, Murcia capital y provincia, Navarra, Toledo y Zaragoza capital y provincia), porque hubo un descenso efectivo de apoyos. Las causas obedecieron a dos razones combinadas: la desaparición de la coalición gubernamental de 1931 y la movilización conservadora. En efecto, los radicales y sus aliados se habían presentado en 1931 dentro de la conjunción republicano-socialista, por lo que una parte importante de los votos que obtuvieron entonces no eran, en puridad, suyos. Esa conjunción se rompió y en las elecciones de 1933 los republicanos moderados habían tratado de atraer el voto de derechas, pero en las circunscripciones citadas no tuvieron demasiado éxito y sólo consiguieron agrupar al electorado centrista. El caso de Madrid capital resultó paradigmático: Lerroux obtuvo más de 130.000 votos en 1931 y, pese a su relativa popularidad, a duras penas sobrepasó los 80.000 en 1933. Hay que resaltar que dos de los miembros más señalados del ala derecha de AR, Sánchez-Albornoz y Barcia, partidarios de una alianza más estrecha con los radicales, consiguieron el acta por Ávila y Almería respectivamente, demostrando que la opinión avalaba sus posiciones políticas frente a las «prosocialistas» de Azaña.

Los partidos que giraban en torno a los radicales sólo lograron cifras estimables de voto cuando fueron incluidos en de las coaliciones republicanas. Por separado, las candidaturas aisladas de radicales socialistas de Gordón, progresistas, «mauristas» y liberales demócratas alcanzaron cifras de voto muy bajas. Hubo pocas excepciones. En Salamanca, Villalobos logró el escaño marchando en solitario aunque con el apoyo externo de una candidatura abierta radical-«maurista». Otro candidato independiente, el exsocialista y anticatalanista Algora, demostró tener tal arraigo en Zaragoza capital que, aunque no llegó a obtener el escaño, batió por tres mil sufragios de diferencia a sus antiguos compañeros. Los republicanos gallegos, unidos a radicales disidentes y a «mauristas», triunfaron en número de escaños en La Coruña y quedaron a muy poco de ganar en sufragios. El PRG alcanzó un porcentaje estimable también en Lugo aunque, en esta ocasión, quedó sin representación. En Logroño, de no haberse roto el acuerdo de coalición que tenían pactado radicales y «mauristas», hubieran logrado juntos sobrepasar la barrera del 10 por 100.

Murcia provincia y Soria fueron las únicas circunscripciones, junto con Murcia capital, que concedieron al PRRS de Gordón, alguna satisfacción. En la primera, la coalición que estableció con radicales disidentes y con el duque de las Torres obtuvo un 12,2 por 100 de los votos. En Soria, su candidato, Artigas, demostró tener cierto arraigo al obtener un 10 por 100 de los sufragios, pero quedó muy lejos del escaño. En fin, en lo que a los republicanos conservadores respecta, Maura logró en Zamora revalidar el escaño que obtuvo en 1931, aunque las condiciones variaron muchísimo. En las Constituyentes fue el candidato más votado de la conjunción republicano-socialista por esa circunscripción. En los comicios de 1933, por el contrario, fue el último de los proclamados, y ganó el asiento parlamentario gracias a la benevolencia de la coalición antimarxista, que le concedió unos miles de sufragios sobrantes ²⁴.

Una leve comparación de los porcentajes de la izquierda y de los republicanos moderados con los de las derechas deja entrever el notable volumen del cuerpo electoral que se desplazó hacia las posiciones de estos últimos. Por sí solas, las candidaturas de la Unión de Derechas consiguieron índices de apoyo altísimos, meritorios si se comparan con los que las fuerzas conservadoras obtuvieron dos años antes y, también, si se tiene en cuenta la mayor competencia que hubo en estos comicios. El crecimiento y el nivel de organización alcanzado por AP, por las derechas agrarias y por los distintos partidos monárquicos dieron sus frutos en las circunscripciones de las dos Castillas, León, Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Navarra, Álava y varias provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y las dos de Sevilla) en las que triunfaron sobre sus rivales o lograron porcentajes altos de apoyo. Sólo en un grupo de once demarcaciones sus porcentajes fueron inferiores al 30 por 100, la mayoría en las que esa Unión no fue del todo perfecta. Por ejemplo, en Albacete AP había quedado fuera de la candidatura de centroderecha auspiciada por los radicales, y presentó una candidatura a las minorías en un esfuerzo orientado más al recuento de apoyos que a conseguir el escaño. En Vizcaya capital y provincia, y en Guipúzcoa, la causa fue la presencia del PNV, que capitalizó las ansias autonómicas y, al mismo tiempo, la reacción católica y conservadora en esas circunscripciones. Aun así, el resultado de las derechas en las provincias vascas resultó lo suficientemente bueno para superar al resto de candidaturas y obtener escaños por las minorías en las dos últimas demarcaciones citadas.

En otras circunscripciones, el menor crecimiento de las derechas se debió a su más reciente organización y a la fuerte competencia de los republicanos moderados (Ceuta, Lugo, Málaga capital y provincia, Murcia capital, Melilla y Santa Cruz de Tenerife). En todo caso, resulta ociosa la comparación con los comicios de 1931 porque la progresión de los conservadores fue, aun teniendo en cuenta las diferencias entre una provincia y otra, espectacular. Del mismo modo, su complemento catalán, las candidaturas habilitadas por la Lliga con el apoyo explícito de Gil-Robles, consiguieron avanzar respecto de los comicios regionales de 1932 hasta llegar a una situación de equilibrio con la Esquerra. Aunque sus índices no resultaron tan abrumadores como los alcanzados por la Unión de Derechas, denotaban el amplio apoyo electoral con el que contaba el partido de Cambó en todas las demarcaciones de su región.

Estos comicios mostraron también cómo la cuestión del régimen había perdido rápidamente adeptos entre el electorado conservador, en beneficio de otras consideraciones ideológicas. Entre ellas, la oposición al marxismo demostró ser el lema ideal de la campaña y, por tanto, hizo patente la habilidad de los sectores posibilistas de la derecha a la hora de encontrar una causa que pudiera unir a un electorado tan distinto como el de los radicales y los republicanos moderados, por un lado, y al de la CEDA, los agrarios y los partidos monárquicos, por otro. Pese a la obcecación de Renovación Española y del sector más extremo del tradicionalismo, que repugnaban de un pacto con radicales y «mauristas» argumentando que los electores de derecha no darían sus votos a los que dieron al traste con la Monarquía, y también pese a las intransigencias del sector más izquierdista del «lerrouxismo», que argüía que sus electores nunca votarían a «monárquicos recalcitrantes» y a otros candidatos que no hubieran hecho «profesión de fe» republicana, los electores se mostraron mucho menos dogmáticos que los políticos.

Las candidaturas antisocialistas constituyeron un éxito allí donde se presentaron a la opinión. En Las Palmas, donde estaba encabezada por Guerra del Río, llegó a obtener el 74,0 por 100 del apoyo popular y el copo de los escaños de la circunscripción. En Zamora, la candidatura que incluía a Alba y Cid llegó al 68,8 por 100 de los sufragios, y ello después de desviar algunos en beneficio de Maura. Pero, sobre todo, estas candidaturas arrebataron al PSOE provincias que este partido tenía por bastiones propios, como Cáceres, Granada, Jaén, Albacete y Badajoz. En Oviedo, pese a tener que competir con la candidatura gubernamental que encabezaba Rico-Avello, la coalición entre los «melquiadistas» y la CEDA cosechó el 46,2 por 100 de los sufragios y todos los escaños de las mayorías.

La unión de las derechas no fue, empero, perfecta y desde luego hubo menos cohesión de la que lograría la izquierda con el Frente Popular de 1936. A buen seguro, el roto más importante había ocurrido en las provincias vascas y Navarra, donde la cuestión autonómica frustró cualquier acuerdo con el PNV. No obstante, los resultados mostraron que ese entendimiento tampoco hizo demasiada falta. Sin necesidad de reeditar la coalición con el resto de las derechas, los nacionalistas lograron triunfos espectaculares en Vizcaya provincia y Guipúzcoa, y una meritoria victoria en un bastión de la izquierda como Vizcaya capital. Claro que el resultado en Álava, positivo teniendo en cuenta las dificultades con las que tropezaba el nacionalismo para penetrar en esta provincia, quedó muy por debajo del de los tradicionalistas. Peor si cabe fue el de Navarra, pues ni aun en el clímax del «autonomismo» el PNV consiguió superar la barrera del 10 por 100. De todas formas, estos comicios confirmaron el sentido abrumadoramente conservador de esas circunscripciones. En Vizcaya capital, donde el socialismo tenía gran arraigo, las opciones de derecha consiguieron unidas un porcentaje imponente, el 56,3 por 100. Pero los índices subieron hasta el 71 por 100 de Guipúzcoa, el 81,2 de Navarra y el 81,3 de Álava, registrándose la cota máxima en Vizcaya provincia con un 86,2 por 100²⁵.

Al margen del PNV, otras candidaturas de derecha consiguieron resultados destacables pese a no ser bendecidas con el marchamo de «oficiales» por el Comité de Enlace de las Fuerzas de Derechas. Así, en Gerona y Barcelona capital, las listas monárquicas obtuvieron porcentajes notables que, sin duda, restaron electores potenciales a la Lliga. En Burgos, las candidaturas agrarias disidentes consiguieron nada menos que el 15,3 por 100 de los sufragios, superando incluso a la conjunción republicano-socialista y a la candidatura gubernamental, y elevaron el volumen de voto conservador en esta circunscripción al 71,5 por 100. En Lugo, los candidatos derechistas disidentes que se presentaron como «agrarios independientes» demostraron su arraigo al superar la barrera del 10 por 100. Y, por último, en Soria el triunfo en número de sufragios correspondió a la candidatura conjunta del «maurista» Arranz y del agrario conservador (y monárquico declarado) Jesús Cánovas del Castillo, quienes acapararon el 36,3 por 100 de los votos frente a la lista oficial del Bloque Agrario.

CUADRO VII

Cómputo nacional de los sufragios alcanzados en primera vuelta por las distintas candidaturas (medias)

Candidaturas

Votos

Porcentaje

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

1.383.401

16,3

Conjunciones Republicano-Socialistas (con ERC)

854.761

10,1

Candidaturas republicanas de izquierda (con ERC)

369.629

4,3

Partido Comunista de España (PCE) y afines

167.672

2,0

Bloque Obrero y Campesino (BOC) y aliados

19.152

0,2

Diversos de izquierda

10.080

0,1

   TOTAL DE LA IZQUIERDA

2.804.695

33,0

Partido Radical Republicano (PRR) y aliados gubernamentales

1.357.339

16,0

Republicanos regionales (PRG, PG, UDC, ANV)

125.425

1,5

Derecha Republicana (PRC y PRP)

56.987

0,7

Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS)

50.510

0,6

Diversos de centro (PRLD e independientes)

57.010

0,7

   TOTAL DEL CENTRO

1.647.271

19,5

Unión de Derechas

2.497.729

29,5

Candidaturas Antimarxistas

837.679

9,9

Lliga y tradicionalistas catalanes

413.804

4,9

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

181.380

2,1

Diversos de derecha

98.157

1,1

   TOTAL DE LA DERECHA

4.028.749

47,5

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139.

Los resultados a nivel nacional reflejaron la superioridad de sufragios de las candidaturas conservadoras pero también un número elevado de votos a la izquierda que demostraba que ésta no se había hundido respecto a los comicios de 1931. Sobre los resultados, muchos autores se han sorprendido de que las derechas los considerasen un triunfo, pues era evidente que la diferencia en número de sufragios entre éstas y la izquierda no resultaba aplastante. Otros historiadores incluso afirman que la derecha «se atribuyó» una victoria electoral que en realidad no existió. Desde luego, hay que considerar estas percepciones en lo que tienen de cierto: el triunfo de las derechas no resultó abrumador. Tuvo razón Tusell cuando apuntó que su victoria fue resonante «más en comparación con la elección anterior que con respecto a su fuerza real en el electorado…», y que lo que realmente había ocurrido es que se había «restablecido la normalidad en el terreno de las fuerzas políticas», esto es, la derecha sociológica se había organizado y tendría una representación parlamentaria acorde con su fuerza, aunque exagerada por los efectos de la Ley Electoral.

Pero las cifras muestran que este triunfo fue real y, además, no del todo esperado. Y éste es su verdadero valor. Porque estas reflexiones no tienen en cuenta el contexto histórico en el que estos resultados tuvieron lugar. Es verdad que no hubo medio de comunicación que, días antes de los comicios, negase la fuerza de la Unión de Derechas y no diese por hecho que el número de escaños que esta coalición traería a las futuras Cortes sería muy superior al de 1931. Pero lo que nadie esperaba, incluidos los propios líderes conservadores (y esto es lo que equipara un tanto el 19 de noviembre de 1933 al 12 de abril de 1931), es que las derechas consiguieran adhesiones en número tan elevado cuando dos años antes parecían completamente desahuciadas. Esto quizás contribuyó a dar un valor desproporcionado a los resultados, desenfoque que agravó una distribución tan desequilibrada de los escaños²⁶.

Pero por mucha desproporción que queramos atribuir a los resultados, el gran avance de unas derechas, todavía en proceso de organización, resultaba innegable. Incluso el tradicionalismo, que durante la Restauración había dado la sensación de ir extinguiéndose, consiguió en 1933 su mejor resultado desde los comicios de 1871, en pleno Sexenio Revolucionario, revalorizándose otra vez en su papel de «bombero antirrevolucionario». Al contrario, de las formaciones de la antigua conjunción republicano-socialista sólo pudo salvar los muebles el Partido Radical y aunque otros como el PSOE, el PRG o la Esquerra consiguieron cifras de voto importantes, la sensación de derrota estaba a flor de piel, sobre todo tras haber quedado relegados incluso en sus plazas fuertes.

Por último, el triunfo de las derechas no puede entenderse sin apreciar dos factores más. En primer lugar, la abultada debacle, también en sufragios, de los partidos que habían gobernado durante todo el primer bienio republicano, pues estos comicios tenían mucho de plebiscito a favor o en contra de sus políticas. El resultado, teniendo en cuenta sólo el número de sufragios, resulta harto expresivo: sólo poco más de 2,6 millones de electores respaldaron sin ambages la labor de republicanos de izquierda y socialistas, mientras que casi 5,9 millones la impugnaron, aunque desde diversas posiciones políticas. Sólo las inequívocamente derechistas alcanzaron cuatro millones de votos. En segundo lugar, la victoria de las derechas se había producido en unos comicios cuyas reglas de juego las habían establecido republicanos y socialistas, y bajo un gobierno nada propicio a sus intereses. No hay que olvidar, en fin, que las reformas electorales de 1931 y 1933 habían sido votadas por los partidos de la antigua conjunción para incentivar su cohesión y controlar indefinidamente el legislativo de la República.

A pesar de que constituye un dato menos indicativo que el de los sufragios, no puede obviarse el reparto de escaños a que dio lugar la primera vuelta electoral pues, a fin de cuentas, eran éstos los que importaban a efectos de las futuras Cortes.

CUADRO VIII

Escaños por formaciones políticas alcanzados en la primera vuelta electoral

Formaciones políticas

Número de escaños

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

28*

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)

17

Acción Republicana (AR)

5

Partido Republicano Federal (PRF)

4

Unión Socialista de Cataluña (USC)

3

Partido Radical-Socialista Independiente (PRSI)

2

   TOTAL DE LA IZQUIERDA

59

Partido Radical Republicano (PRR)

75*

Partido Republicano Conservador (PRC)

14

Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD)

9

Partido Republicano Gallego (PRG)

3

Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS)

1

Partido Republicano Progresista (PRP)

1

Independientes de Centro

9

   TOTAL DEL CENTRO

112

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

81

Agrarios

43

Lliga de Cataluña

23

Comunión Tradicionalista (CT)

18

Renovación Española (RE)

14

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

2

Independientes de Derecha

15

   TOTAL DE LA DERECHA

206

* Quedaba pendiente un escaño de Almería que las Cortes habrían de decidir a favor del socialista Pradal o del radical Vega de la Iglesia.

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139.

La fortaleza que comenzaron a demostrar las derechas durante la campaña revisionista parecía haber cuajado, pues la victoria de las opciones conservadoras a extramuros del régimen era tan completa que se adjudicaron más de la mitad de los escaños en juego en la primera vuelta. Nótese que casi todas ellas, pues habríamos de sustituir aquí al PNV por los liberales demócratas, constituían fuerzas que habían estado del lado de la Monarquía el 12 de abril de 1931. Incluso así, las derechas estaban aún a 31 asientos de hacer total el triunfo ganando la mayoría absoluta. De lograr este objetivo, frustrarían cualquier intento de renacer en las Cortes la conjunción republicano-socialista. De todos modos, este desequilibrio en el reparto de los escaños, producto de la ley electoral votada por republicanos y socialistas, se vio agravado por la misma existencia de la segunda vuelta, que agudizaría aún más el triunfo del centroderecha. De haber habido sólo una vuelta, sin quórum de ningún tipo, la izquierda hubiera sumado 54 escaños más, el centro nueve, y la derecha 32. Por lo que la «elección de la República», que es como denominaron los republicanos a la segunda vuelta, volvió a propinar un nuevo estacazo a toda la izquierda, y se mostró como un artificio que, sobre todo, serviría para fortalecer al Partido Radical gracias a la aquiescencia de sus aliados conservadores. Claro que, por otra parte, la izquierda tenía poco derecho a quejarse de unas reglas que ellos habían patrocinado con sumo gusto, en un paradójico intento de disimular en la futura distribución de escaños la progresión electoral de las derechas.

El último cuadro merece un comentario postrero. A pesar de los datos de Gobernación, que concedían 67 escaños a AP y 80 a los agrarios, los «cedistas» ya lograron situarse, provisionalmente, como la primera fuerza política de las nuevas Cortes. Durante el recuento hubo cierta confusión al atribuir los escaños a «agrarios» o «cedistas», sencillamente porque muchas organizaciones provinciales de la CEDA contenían el apelativo de «agrario» (Bloque Agrario Salmantino, Bloque Agrario de Soria, Acción Agraria Manchega de Ciudad Real, Derecha Regional Agraria de Alicante, etcétera). Por ello, los resultados oficiales atribuyeron los escaños de estas organizaciones a los «agrarios» sin parar mientes en que eran agrupaciones políticas integradas en la CEDA²⁷.

¹ La cita, de Ahora, 18 de noviembre de 1933. Lo demás, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 3; ABC y El Sol, 15 y 17 de noviembre de 1933; El Socialista, 15 de noviembre de 1933, y Ahora, 19 de noviembre de 1933.

² El Sol, ABC y Ahora, 19 de noviembre de 1933.

³ Meteorología, en ABC, 19 de noviembre de 1933. Participación de la mujer, en ABC, Ahora, El Sol y El Socialista, 17 y 21 de noviembre de 1933.

⁴ Cédulas, en Ahora, 16 y 19 de noviembre de 1933.

⁵ Ley de 1907, en TIERNO (1972: 426-432).

⁶ El Sol y ABC, 18, 19 y 21 de noviembre de 1933; El Socialista y Ahora, 21 de noviembre de 1933; y CAMBÓ (1987: 457-458).

⁷ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 4; y ABC, Ahora, El Sol y El Socialista, 21 de noviembre de 1933.

⁸ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 4; ABC y El Socialista, 21 de noviembre de 1933, y El Sol, 21 y 22 de noviembre de 1933.

⁹ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 4; ABC, 21, 22, 23, 24 y 26 de noviembre de 1933; El Socialista y Ahora, 21 de noviembre de 1933, y El Sol, 21 y 23 de noviembre de 1933.

¹⁰ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 4; ABC, 21, 22 y 30 de noviembre de 1933; El Sol, 21, 24 y 25 de noviembre de 1933; El Socialista, Ahora y Noticiero Gaditano, 21 de noviembre de 1933, y VELASCO (1987: 96).

¹¹ Martínez Barrio, en El Sol, 18 de noviembre de 1933. Resultados, en ABC, El Sol, Ahora y El Socialista, 21 de nomviembre de 1933.

¹² ABC y El Sol, 21 y 22 de noviembre de 1933; Ahora, 21 de noviembre de 1933, y El Socialista, 23 de noviembre de 1933.

¹³ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 4 y 7; ABC y Ahora, 21, 22 y 24 de noviembre de 1933, y El Sol, 21 y 22 de noviembre de 1933.

¹⁴ Ley de 1907 y Decreto de 1931, en TIERNO (1972: 433-437 y 457-458).

¹⁵ El Socialista y El Sol, 24 de noviembre de 1933; ABC, 22, 25, 26 y 29 de noviembre de 1933, y Ahora, 29 de noviembre de 1933.

¹⁶ ACD, leg. 139.

¹⁷ MACKENZIE (1962: 142).

¹⁸ Estudios provinciales que lo apuntan: VILANOVA (1986: 137), MOLAS (1973: 288), ROMERO (1981: 178) y MILLARES (1982: 45). Ejemplos extranjeros, en BAXTER y LANSING (1983: 17), MOSSUZ-LAVAU (1994: 67-68) y ROSSI-DORIA (1996: 97).

¹⁹ Ejemplos: VILANOVA (1986: 129), MACARRO (1985: 366-7), CABRERA ACOSTA (2004: 59-60), MOLÍNS (1985: 61) y GARCÍA GARCÍA (1996: 200).

²⁰ Cádiz, en Noticiero Gaditano, 21 de noviembre de 1933; MARTÍNEZ CUADRADO (1969) y CARO (1987: 191, 194 y 197). Melilla, en El Telegrama del Rif, 21 de noviembre de 1933. Ceuta, en SÁNCHEZ MONTOYA (2004: 120). Huesca y Teruel, en GERMÁN (1979: 207 y 212-213) y KELSEY (1994: 226-227). Sevilla, en ABC, 21 de noviembre de 1933.

²¹ Participación en anteriores comicios, en MARTÍNEZ CUADRADO (1969). Sevilla y Lérida, en ACD, leg. 139. Huesca, en KELSEY (1994: 224).

²² Pueblos citados, en Solidaridad Obrera, 23 y 26 de noviembre de 1933, y ACD, leg. 139.

²³ Para seguir correctamente el análisis, se aconseja complementar los datos expuestos en el cuadro anterior con los del apéndice que se adjunta al final.

²⁴ Maura, en MATEOS (1995: 439-440).

²⁵ Un análisis, en VILLA (2007).

²⁶ Autores que minimizan la victoria de las derechas: MONTERO (1977, II: 303) y GIL PECHARROMÁN (2002: 179). La cita, de TUSELL (1970a: 110 y 124).

²⁷ Datos de Gobernación, en ABC y El Socialista, 2 de diciembre de 1933. Estas cifras se repetirían tras el cómputo de la segunda vuelta: AP obtenía así 62 escaños y los agrarios 86 (ABC y El Socialista, 5 de diciembre de 1933).

CAPÍTULO 8

LAS CLAVES DEL RESULTADO

Conforme se fueron haciendo públicos los resultados electorales, crecía la estupefacción en políticos y periodistas. Nadie esperaba una inclinación tan pronunciada a la derecha del cuerpo electoral. Inmediatamente se pusieron sobre el tapete las posibles motivaciones de semejante resultado. Aunque la falta de cohesión entre republicanos y socialistas, y la reacción contra la legislación «sectaria» y «socializante», al decir de las derechas, fueron cuestiones recurrentes, todo el mundo coincidió en que el sufragio femenino había sido uno de los factores fundamentales. Hasta la propia Clara Campoamor, en un artículo que pretendía sustraer a la mujer de responsabilidad del descalabro de la izquierda, hizo sin pretenderlo causa común con sus debeladores admitiendo que la mujer no había votado a los partidos republicanos a causa de

«la postura suicida y contumaz [de éstos] manifestándose tenaces enemigos del voto de la mujer y no incluyéndola para nada en sus cuadros de organización y propaganda. Más aún: desairándola cuando se acercaba a los centros republicanos. Si hubieran seguido el ejemplo de socialistas, agrarios y Acción Popular, que desde que se concedió el voto a la mujer han procurado cultivarla y atraérsela, hubieran logrado el resultado obtenido por esos partidos: sumar a sus candidaturas el voto femenino».

Tampoco llegó a descartarse la influencia del boicot anarquista, aunque lo curioso era que las referencias en los medios resultaron menos abundantes y casi siempre aparecían en periódicos de provincias donde la CNT contaba con arraigo. Pero, ¿hasta qué punto llegaron a influir en los resultados el abstencionismo anarquista y el voto de la mujer? ¿Quiénes resultaron beneficiados y quiénes perjudicados?¹.

Sindicalismo y orientación del voto

Parece evidente que los buenos resultados del PSOE en varias circunscripciones del país tuvieron relación con la pujanza de la UGT y su capacidad de «politizar» a un sector del electorado al que no habían logrado llegar los partidos. En cuanto al abstencionismo «cenetista», es corriente atribuirle un papel importante en la derrota de la izquierda. De hecho, destacados anarquistas como Abad de Santillán llegaron a pensar que fue el factor principal, y algunos historiadores también lo han creído. La tesis parece basarse en la percepción de que, como en 1931 y 1936 los anarquistas no fueron tan remilgados a la hora de apoyar las candidaturas de izquierda, y éstas triunfaron en las elecciones, su derrota de 1933 está íntimamente vinculada al éxito (que no fue tal) del boicot a las urnas que promovieron la CNT y la FAI².

No obstante, a este análisis le falla, en primer lugar, el no tener en cuenta el carácter «antipolítico» del sector más extremista del sindicato, que consideraba tan abominables los partidos de izquierda como los de derecha y, en general, a todas las formaciones políticas, a la «democracia burguesa» y al Estado opresor que la sustentaba. Lo peor para el sistema democrático es que, en los años treinta, estas teorías fueron compartidas por un número creciente de dirigentes y militantes «cenetistas», por lo que el relativo apoyo a las izquierdas en 1931 o 1936 no pudo nacer de lazos de solidaridad ideológica que no existían. Más bien era fruto de una postura oportunista, que buscaba beneficios inmediatos para la CNT con la izquierda en el gobierno: la reapertura de sus sedes, la libertad para sus militantes presos o un desarrollo más desenvuelto de sus actividades revolucionarias.

La postura de los anarquistas durante el primer bienio demostró sobradamente las débiles bases sobre las que se había sustentado su «alianza» con la extinta conjunción republicano-socialista. El duro enfrentamiento entre la CNT y el gabinete «social-azañista» durante casi dos años, había pulverizado la convergencia de intereses que pudo existir en torno al derribo de la Dictadura de Primo de Rivera y, en última instancia, de la Monarquía. Pensar que en 1933, de no haber apostado por la abstención, los militantes de la CNT que seguían las consignas de su sindicato hubieran acudido a las urnas para apoyar a los socialistas o a los republicanos de izquierda a ellos vinculados parece una quimera. Que lo hiciesen por sus archienemigos, los «marxistas puros» del PCE, era también difícil. Más aún, las relaciones con la Esquerra no pasaban por un buen momento.

Las únicas opciones que en 1933 quedaban a los «cenetistas» que no sustentasen las posiciones de Pestaña eran los republicanos que no se habían mezclado con los socialistas y que, hasta cierto punto, habían tratado de mantener buenas relaciones con la CNT: radicales, federales e IRS. Fueron a las expectativas electorales de éstos a las que afectó el sañudo boicot anarquista. Por el contrario, el hundimiento de los republicanos de izquierda estuvo en relación, más que con la irremediable pérdida de electores anarquistas, con su polémica labor gubernamental, que provocó un éxodo hacia otros partidos más conservadores de su electorado de 1931, y con el desamparo al que los sometieron sus antiguos aliados socialistas en buena parte de las demarcaciones electorales.

Un análisis más detallado de los resultados, en las circunscripciones donde el boicot anarquista varió un tanto el hábito de participación del electorado, contribuye a probar esa hipótesis. En Cádiz, donde la conjunción republicano-socialista se había presentado unida en 1931 y había copado toda la representación de la provincia, logrando una media de 62.000 votos, los sufragios obtenidos en 1933 por socialistas, republicanos de izquierda, radicales y republicanos moderados se vieron reducidos a 46.000 con un censo duplicado. Pero la facción peor parada en la provincia de «Casas Viejas» no fue la de los socialistas y los republicanos de izquierda, que lograron coaligados una media de 26.000 sufragios y dos diputados, sino los radicales y sus aliados, que reunieron 20.000 y cero escaños. Nótese que, en sus bien informadas previsiones, el diario Ahora había dado por hecho el triunfo de los «lerrouxistas» en esta circunscripción. Por el contrario, la abstención no afectó al ascenso espectacular de la Unión de Derechas, que pasó de una media de 2.000 papeletas en 1931 a 48.000 dos años después.

La vinculación entre abstencionismo anarquista, triunfo derechista y bajo índice de votación a la izquierda tampoco puede sostenerse con un análisis más detallado de los resultados. Aunque los conservadores ganaron en municipios donde la participación estuvo por debajo de la media provincial, también lo hizo la izquierda (El Gastor, La Línea de la Concepción, San Roque y Trebujena) y hasta el PCE (Puerto Real). Pero es que, además, las derechas triunfaron de forma arrolladora no ya en la capital gaditana, sino en una serie de municipios donde el índice de participación fue mucho mayor que la media provincial (Tarifa, Rota y Chipiona).

Las plazas norteafricanas constituyeron otro magnífico ejemplo de lo que aquí se arguye. En Ceuta, el boicot de la CNT, la cual poseía cierto arraigo en la ciudad, no perjudicó en demasía a la izquierda, sino a los radicales. En 1931 había triunfado un diputado radical-socialista superando la barrera de los 2.000 sufragios, al que le siguió un radical con 1.500, y un socialista que había reunido poco más de 1.000 papeletas. Sin embargo, en 1933 el gran triunfador fue el PSOE, que dobló y más la cifra de votos de 1931, siguiéndole el candidato radical que, a pesar de la duplicación del censo, sólo pudo reunir 700 votos más que hacía dos años. Las derechas pasaron, además, de cero a 1.300 sufragios. En Melilla, donde curiosamente el boicot de la CNT tuvo una incidencia menor que en Ceuta, los resultados fueron bastante diferentes. En 1931 había triunfado un candidato socialista con casi 4.600 votos frente a otro radical con 3.300. En 1933, el candidato del PSOE sufrió un fuerte descalabro al perder 1.100 sufragios pese al aumento del censo. No obstante, el beneficiario no fue el Partido Radical, que sólo pudo aumentar 200 votos sus apoyos de 1931, sino la candidatura de Sanjurjo.

En Huesca, el abstencionismo anarquista tampoco perjudicó sobremanera a la izquierda. En 1931, la candidatura radical-socialista que la representaba en exclusiva obtuvo 19.000 sufragios de media y, dos años más tarde, la coalición auspiciada por los «dominguistas», que incluía a un socialista y a un «azañista», alcanzó las 18.000 papeletas de media, las cuales, si se suman las 1.500 de los «gordoncistas» que acudieron por libre, dan una cifra similar a la de las Constituyentes. Cierto que perdieron el único escaño que poseían, pero los grandes derrotados no fueron ellos, sino los «lerrouxistas». En 1931, éstos habían ganado las elecciones en aquella provincia con unos 24.000 sufragios de media y cuatro escaños. Dos años después, con un censo ampliado y con perspectivas aún más favorables, sólo reunieron 22.000 papeletas y un escaño. La abstención no afectó, de nuevo, a las derechas, que pasaron de 2.000 votos de media a ser la opción más votada de la provincia con 31.000 sufragios.

No otra cosa cabe decir de las circunscripciones rurales de Sevilla y Málaga, donde también incidió algo el boicot «cenetista». En ambas circunscripciones había triunfado en 1931 una conjunción republicano-socialista de forma arrolladora. Tras su ruptura, en Sevilla provincia se esperaba que los radicales de Martínez Barrio impusieran su primacía. Lejos de hacerlo, cayeron derrotados por la Unión de Derechas y tampoco se alejaron demasiado de socialistas, y republicanos de izquierda, que lograron un digno resultado. En Málaga provincia, el abstencionismo anarquista no afectó lo más mínimo a las posibilidades de los socialistas, quienes, concurriendo en solitario, ganaron las elecciones. Los radicales cayeron de nuevo derrotados y hubieron de conformarse con que uno de sus candidatos fuera el más votado en esa circunscripción. Daba la impresión de que las posiciones políticas de Lerroux y sus seguidores, que más que centristas habían sido confusas durante el primer bienio, acabaron por granjearle la desconfianza de los conservadores sin que lograra tampoco ganarse la de los sectores oriundos a la CNT ³.

En cuanto al PSOE, la magra abstención «cenetista» y, sobre todo, la ruptura de la conjunción republicano-socialista le hicieron obtener un resultado conforme a su verdadero arraigo en la España de 1933. En muchas circunscripciones, los resultados de los partidos obreros se correspondieron en general con la implantación de sus respectivos sindicatos. Por ejemplo, no resultaba casual que el PCE hubiese obtenido más sufragios que el PSOE en Sevilla capital, por cuanto que la fuerza de su sindicato, la CGTU, era superior en esa ciudad a la de la UGT. Por lo mismo, los sufragios socialistas alcanzaron cotas por encima de la media en localidades donde mayor presencia poseía su sindicato, algo que se constata en provincias tan diferentes como Navarra, Zaragoza, Málaga o Vizcaya. De la misma forma, tampoco resulta sorprendente que las derechas triunfasen en circunscripciones como las de las provincias vascas, Castilla la Vieja, León, Aragón, Asturias, Navarra o hasta en Castellón, donde la implantación de los sindicatos agrarios católicos era notable ⁴.

No obstante, en algunos lugares la correspondencia entre afiliación a un sindicato y votos a los partidos obreros tampoco es que resultase exacta. Fue el caso de Arucas (Las Palmas), donde existía un poderoso sindicato agrícola vinculado a la UGT, que contaba con más de 2.000 afiliados. En esas condiciones, la victoria de la izquierda hubiera sido previsible si los militantes del sindicato hubieran volcado sus votos y los de sus familiares directos en esa candidatura. Pero no ocurrió así. Con una participación muy por encima de la media provincial (72,8 por 100), la izquierda sólo reunió unos 1.300 sufragios, mientras que la candidatura radical-agraria cosechó cerca de 4.000. Es de suponer, por tanto, que muchos afiliados a la sociedad obrera sólo la concebían como un vehículo de vindicación laboral, sin que su pertenencia a ésta derivase en obligación de asumir los postulados políticos de la izquierda. Lo mismo ocurrió en algunas comarcas de Zaragoza. En el partido de Calatayud, donde la UGT presentaba las cifras de afiliados más altas de todo Aragón tras el de Ejea, el porcentaje de votos del PSOE fue inferior a su media provincial. En el partido de Daroca, donde la UGT poseía más de 1.500 afiliados, el PSOE apenas pudo cosechar 700 votos, y esa proporción fue guardada en el de Pina de Ebro (800 afiliados «ugetistas» y sólo 448 votos socialistas).

Al contrario, en comarcas donde la presencia de la UGT no resultaba demasiado densa, sin embargo, los socialistas cosecharon resultados importantes. Dentro de la provincia de Zaragoza, el PSOE logró en el partido de Sos del Rey Católico casi 2.300 sufragios, cuando la UGT no reunía ni 900 afiliados. En la circunscripción de Granada, aunque en general los votos socialistas se correspondieron con las zonas de mayor implantación de la UGT (sobre todo de la FETT), también hubo señaladas excepciones. Por ejemplo, en el pueblecito de Játar, donde el sindicato llegó a tener 139 afiliados, la candidatura del PSOE sólo obtuvo un voto, distribuyéndose el resto entre la radical-agraria y la republicana de izquierda. En La Malá, donde la FETT bordeó los 400 afiliados, el PSOE cosechó 190 votos. En Churriana de la Vega, donde la FETT contaba con 400 militantes, el PSOE acaparó sólo 146 papeletas. Al contrario, los socialistas recibieron un número de sufragios muy apreciable, incluso consiguieron la victoria, en municipios donde la FETT aún no se hallaba organizada (Albolote, Algarinejo, Cacín, Fonelas, Píñar, etcétera)⁵.

De estos datos cabe inferir que, en algunas zonas, el carné sindical no influyó decisivamente en el comportamiento político de muchos electores, en los que pesaba en mayor medida sus propias ideas o las afinidades personales que sintieran hacia algunos candidatos. Además, había que tener en cuenta que la lealtad de los afiliados recientes, reclutados entre personas cuya aspiración se limitaba a entrar en una bolsa de trabajo, podía resultar más instrumental que ideológica. Los resultados indican que la afiliación a la UGT en ocasiones no sirvió para infundir en el militante, al menos a corto plazo, un ánimo propicio a comulgar con el socialismo (por extensión, esto también ocurría de hecho con el anarquismo o el comunismo). Y, también, que existió un buen número de electores socialistas que fueron «politizados» por el partido y que no necesitaron la previa militancia en la UGT para apoyar sus candidaturas.

El sufragio femenino

El tema estrella de estas elecciones fue sin duda el voto de la mujer. A él se le atribuyó, como a ningún otro factor, la modificación radical del panorama político en beneficio de las derechas. Aunque simplista, el argumento no carecía de lógica. La «politización» de buen número de mujeres había sido obra fundamentalmente de asociaciones confesionales que, en la mayor parte de los países occidentales, se habían alineado con los diferentes partidos conservadores en la defensa de los valores tradicionales y en la «re-moralización» de las costumbres, en un contexto social cambiante, en proceso de secularización y con mayores dosis de conflictividad, delincuencia e inobservancia de las normas del universo ético vigente. Esto resultaba evidente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el sufragio femenino vino de la mano del movimiento antialcohol. Además, los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX constituyeron una época de fuerte impulso de la acción católica y del propagandismo cristiano en general, en el que la mujer comenzó a tener un lugar insospechadamente destacado. En Europa, Hispanoamérica y también Estados Unidos (aunque en éste también alcanzó importancia el «antisufragismo»), estos movimientos femeninos acabaron reivindicando el derecho al voto para tener capacidad de presión política e incitar a las instituciones a la «reforma social». Es cierto que existieron también movimientos «sufragistas» no confesionales, conectados incluso con los partidos de izquierda pero, a pesar de la importancia que la historiografía les ha atribuido, su capacidad de movilización e influencia fue en casi todos los países occidentales notablemente menor a la de sus homólogos conservadores⁶.

La ampliación legal del sufragio a la mujer, al igual que las anteriores reformas electorales, no se enfocó como una cuestión de igualdad de derechos, sino más bien de pura conveniencia partidista. De hecho, los políticos evaluaron cómo podría modificar el sistema de partidos en general y, dentro de él, el peso de cada formación. En los años inmediatamente anteriores a la concesión del sufragio, muchos dirigentes concebían a las mujeres como un grupo homogéneo de votantes, con unas reivindicaciones específicas que se identificaban con las de las grandes organizaciones femeninas y, en el caso de las confesionales, con las diferentes Iglesias que las inspiraban. Como en la mayor parte de Occidente, la mujer constituía, además, una mayoría demográfica, estos políticos creían que, de concedérseles el sufragio, impondrían en el legislativo sus intereses específicos de género y acabarían sustituyendo al establishment político por sus propias líderes. Incluso en hipótesis menos extremas, los portavoces de la izquierda temían que, a causa del componente confesional de las asociaciones femeninas más importantes, el sufragio de la mujer habría de constituir una desorbitada prima para los partidos religiosos o, en su defecto, para los conservadores. Esto, pensaban, rompería el equilibrio y la alternancia tradicionales entre las fuerzas políticas y supondría el monopolio del gobierno por parte de la derecha⁷. Los resultados parecían confirmar los temores de unos y las esperanzas de otros.

En Chile, un país católico como España, los primeros comicios municipales en los que la mujer pudo votar, los de 1934, dieron el triunfo al Partido Conservador, por lo que los sectores políticos anticlericales de la izquierda y el centro continuaron haciendo todo lo posible por retrasar su aplicación a las elecciones nacionales. En Estados Unidos, la enmienda constitucional que permitió el sufragio femenino se aplicó en los comicios presidenciales de 1920, que dieron la victoria al republicano Harding y consolidaron el control de las dos Cámaras del legislativo por su partido. En Gran Bretaña, los primeros comicios con voto femenino, en 1918, supusieron un giro hacia el conservadurismo que confirmarían los siguientes de 1922. En Italia, en fin, las primeras elecciones en las que votó la mujer, celebradas en 1946, las ganó la Democracia Cristiana.

No obstante, algunos autores supieron prever, a partir de las primeras experiencias electorales con el sufragio femenino, que la concesión de este derecho no supondría modificaciones abruptas en el sistema de partidos. En España, el jesuita García Villada dudaba, en un artículo de 1920, que éste contribuyese a reforzar, a través de las urnas, la influencia moral del catolicismo en la sociedad:

«¿No sucedería que los nuevos votos se repartiesen por los diversos partidos a que pertenecen los maridos, hijos, hermanos… de las votantes, sin que se… cambiase con ellos el estado de la política? ¿No se abstendrían las mujeres, como se abstienen los hombres, y en mayor número que ellos, por las… especiales dificultades de vencer la repugnancia natural a meterse en tales asuntos?».

El testimonio tiene valor por cuanto que data de una fecha muy temprana, en la que el sufragio femenino seguía constituyendo un futurible. En este sentido, Villada no hizo sino estatuir lo que más tarde las investigaciones históricas acabarían demostrando con la experiencia de varios comicios: que no existió una «grieta de género» en el comportamiento electoral de las mujeres electoras o, en otras palabras, que las cuestiones de género no determinaron el sentido que dieron al voto⁸. Ni siquiera los ejemplos aportados anteriormente resultan significativos.

En Estados Unidos, el triunfo de los republicanos en 1920 tuvo que ver más con los deseos de alternancia y el desgaste ante la opinión del demócrata Wilson que con el sufragio femenino, pues sólo votó un tercio de las mujeres norteamericanas. En Gran Bretaña, el progresivo ascenso de los conservadores también pareció ser más fruto de las ganas de cambio, tras trece años de primeros ministros liberales. Más aún, aunque fue el gobierno conservador de Baldwin el que extendió en 1928 el sufragio a las mujeres de entre veintiuno y treinta años (las flappers), el resultado de los comicios en los que se hizo efectivo por primera vez, los del año siguiente, supuso el triunfo del Partido Laborista. En Italia, si bien es cierto que venció la Democracia Cristiana en 1946, también lo fue que, con voto de la mujer, la suma de socialistas y comunistas superó los obtenidos por aquel partido.

Y, en fin, los resultados de las primeras elecciones con sufragio femenino en otros países tampoco se correspondieron bien con la predicción de que las mujeres se agruparían en torno a la derecha. En las elecciones francesas de 1945, la victoria correspondió al Partido Comunista, seguido de los democristianos del MRP y de los socialistas del SFIO. En las alemanas de 1919, con un panorama político bastante fragmentado, el triunfo correspondió a los socialistas del SPD, seguidos muy de lejos por el Zentrum y los demócratas liberales. Pero, quizás, más importante que estos sucesos puramente episódicos lo fue el hecho de que, en años posteriores, hubo en un mismo país y con sufragio femenino triunfos electorales de diversas fuerzas políticas: conservadores y laboristas en Gran Bretaña; demócratas y republicanos en Estados Unidos; comunistas, socialistas y democristianos en Francia; socialdemócratas y nacional-socialistas en Alemania, etcétera.

España no fue la excepción de Occidente. Al igual que en los países de su entorno, conservadurismo y sufragismo aparecieron estrechamente de la mano. En 1877 ya hubo una enmienda a la Ley Electoral, promovida por el ala derecha de los liberal-conservadores y por diputados de lo que sería la Unión Católica, a favor de la concesión del sufragio a las madres «cabeza de familia». A principios del siglo XX, otro sector del Partido Conservador, encabezado por el conde de Casa-Valencia, propuso una enmienda a la Ley Electoral de Maura para que se concediera el voto a todas las mujeres mayores de edad en las mismas condiciones que a los varones. En 1919 volvió a patrocinar lo mismo el ministro de la Gobernación de otro gabinete conservador, Burgos Mazo. En cuanto al movimiento sufragista español, las asociaciones mayoritarias tuvieron un sesgo de derechas. Así, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada en 1918, aun considerándose apolítica, no ocultaba sus simpatías por el Partido Conservador. Un año más tarde aparecería otro colectivo sufragista de clara orientación confesional: Acción Católica de la Mujer. No podía resultar extraño que Primo de Rivera no viese sus reivindicaciones con antipatía. Así pues, la Segunda República advino en un período en que había crecido a nivel interno el apoyo al sufragio femenino.

En el exterior, la mayoría abrumadora de las nuevas Constituciones que habían sido confeccionadas tras la Primera Guerra Mundial, 13 de 17, ya habían adoptado el sufragio femenino, lo mismo que hicieron las dos democracias más arraigadas, Estados Unidos y Gran Bretaña. El contexto parecía favorecer como nunca, a pesar de los obstáculos existentes, el reconocimiento del voto para la mujer española, algo que facilitó la postura favorable de los socialistas y de los conservadores en bloque. No obstante, también se desarrolló en otras formaciones políticas, las republicanas, una fuerte prevención contra las secuelas inmediatas de su aplicación, sobre todo por el efecto positivo que podía ejercer en las expectativas electorales de la derecha. El hecho de que se presentaran a las Cortes, durante el debate constitucional, un millón y medio de firmas de mujeres a favor de que se respetasen los derechos de la Iglesia y de los católicos pareció darles por un momento la razón⁹.

Este debate se ha extendido a la historiografía hasta el punto de que aún no se está seguro de si puede hablarse con propiedad de una «influencia femenina» en los resultados. La controversia ha sido alimentada por dos evidencias: la imposibilidad de conocer la orientación del voto femenino al no establecerse en España listas públicas de escrutinio o el uso de dos urnas distintas para hombres y mujeres; y el bandazo electoral hacia la derecha extrarrégimen en 1933, cuando la opinión se había pronunciado favorablemente por la conjunción republicano-socialista sólo dos años antes. A partir de ahí, con las limitaciones de entrar en el terreno de la suposición, algunos historiadores han apostado prudentemente por conceder cierto papel al sufragio femenino en la conformación de los resultados electorales, sobre todo partiendo de los testimonios de época recogidos. Estudios más recientes han citado la práctica religiosa, más intensa en la mujer española, y el activismo demostrado en la campaña por las asociaciones femeninas de la derecha como indicios positivos del apoyo de ésta a los conservadores; o han correlacionado las zonas donde el desequilibrio censal a favor de la mujer era mayor y los sufragios obtenidos por cada candidatura ¹⁰.

No obstante, hay datos para dudar de que el sufragio femenino influyese en los resultados. No puede olvidarse que con voto de la mujer triunfó la Unión de Derechas en 1933, pero también el Frente Popular en 1936. Además, los distintos comicios celebrados entre 1931 y 1933 sin voto femenino demostraron que la «resurrección» de las derechas era un hecho independiente del sufragio de la mujer. Así, inaugurada la campaña revisionista de la Constitución, en los comicios parciales de noviembre de 1931 para proveer un escaño en Logroño (donde meses antes había ganado la izquierda) ya triunfaron con holgura los agrarios. El efecto entre los republicanos fue tal que, a partir de entonces, ya no hubo más elecciones de este tipo. En 1932, las derechas lograron avances apreciables en las elecciones municipales parciales de Marbella y Cuenca. Pero, para que no puedan tacharse estos ejemplos como episódicos, en noviembre de 1932 la Lliga quedó tan sólo a cinco puntos porcentuales de la Esquerra en los comicios regionales celebrados en Cataluña. Por tanto, vincular el ascenso de las derechas al sufragio femenino resulta peregrino. Lo advirtió Mercedes Vilanova hace años:

«La afirmación del apoliticismo y/o voto conservador de la mujer ha prevalecido porque la historiografía al uso no ha analizado con rigor los resultados electorales. También porque la mujer es considerada como un objeto útil para justificar interpretaciones… que la presentan como una persona sin criterio propio, manipulada por la Iglesia y por un sistema social que no le permite… progreso alguno»¹¹.

Tampoco puede considerarse que el asociacionismo confesional hubiera de reforzar inevitablemente la inclinación del sufragio femenino hacia la derecha. Es cierto que los partidos de derecha mostraron gran disposición para organizar y movilizar a sus electoras y que, a la altura de 1933, las asociaciones femeninas de carácter conservador eran numéricamente más importantes que las de la izquierda. Probablemente, el poderío de éstas pudo inducir a los políticos de derechas a la confusión, avistando el espejismo de que la mujer estaba mayoritariamente con ellos. No obstante, esto no simbolizaba más que la vitalidad de la movilización de las electoras que ya se hallaban predispuestas a apoyarles. Sin duda, gracias a la acción de estas electoras, las derechas pudieron realizar un proselitismo eficaz en sectores apreciables del electorado femenino poco politizados o políticamente «neutros». Además, la actividad de Acción Católica, orientada a la socialización moral y política de la mujer, se constituyó en un factor muy importante a la hora de movilizar el voto católico. Pero no podemos inferir de ahí que todas las mujeres españolas se comportasen como un bloque, puesto que asociaciones con unos miles de militantes difícilmente podían tener capacidad suficiente como para arrastrar consigo a cuatro o cinco millones de votantes.

Porque, por muy eficiente que fuera el activismo de estas propagandistas y hasta su facilidad para hacer acólitos, necesariamente hubieron de luchar con obstáculos muy serios. El primero, la competencia de las asociaciones femeninas de izquierdas, como la Unión Republicana Femenina o las vinculadas directamente a partidos como el PSOE, que en los treinta eran factores a tener en cuenta pese a su inferior capacidad de movilización. El segundo, las propias ideas políticas de muchas mujeres, pues su apartamiento de la vida pública no era óbice para que miles, o hasta millones, de féminas carecieran de ellas. Incluso aunque en muchos casos se tratase de ideas poco elaboradas o precisas, constituían bagaje suficiente para mostrar un criterio propio e independiente. El tercero, los condicionamientos afectivos o sentimentales, empezando en muchos casos por la sumisión ideológica al varón cabeza de familia, siempre que éste actuara como tal en el terreno político. Aunque esta sumisión podía asegurarse de un modo más o menos autoritario, lo más común solía ser la mera interiorización por una mujer poco politizada del universo de valores de su padre o esposo. El cuarto, la apatía, el desinterés o la repugnancia tradicional de muchas mujeres a participar en política, aunque esta intervención se limitara a depositar una papeleta electoral, que no habría de diluirse como por ensalmo sólo porque hubieran adquirido el derecho a voto. Y, el quinto, la influencia difusa que ejercía el contexto en el que ésta desarrollaba su vida, la misma que afectaba a un elector varón a priori poco politizado.

En otras palabras, el hecho de habitar en zonas donde la mayoría abrumadora de la población comulgaba con un credo político de izquierdas o, sencillamente, donde no existía una organización sólida de la derecha¹². Todo ello sin contar el maremágnum de motivaciones personales que solían pesar a la hora de ejercer el voto, y que respondían a criterios tan individualizados que resultan muy difíciles de encajonar en una clasificación. En fin, demasiados valladares sólidos como para que las damas de Acción Católica, las emakumes o las «margaritas» pudieran derribarlos con el ariete de la persecución religiosa y llevar tras de sí, unánime y masivamente, a los millones de mujeres españolas a votar a las derechas.

Resulta casi imposible conocer qué candidaturas sostuvieron mayoritariamente las féminas toda vez que en España el voto secreto era ya una tradición consolidada. Las correlaciones entre secciones electorales con una mayoría censal femenina y el sentido del voto tampoco indican demasiado, toda vez que no hubo en España mesas en las que dejaran de introducir su papeleta un número tan significativo de varones como para validar los resultados del experimento. Otros métodos, como la duplicación de los sufragios obtenidos por cada candidato en 1931 y su comparación con 1933, traen consigo el problema de la distinta configuración de las candidaturas y las distorsiones que ofrece para este análisis la pervivencia de la conjunción republicano-socialista en muchas circunscripciones del país durante los comicios constituyentes. Lo que aquí se propone es hacer una comparación entre la media de sufragios obtenida por las candidaturas republicano-socialistas en 1931 y la de 1933 aunque, en este caso, agrupando en una categoría todos los votos de los partidos que acudieron unidos el 12 de abril de 1931 sumándoles los de ERC, y en otra las de las formaciones políticas a su derecha. Se han excluido las circunscripciones en las que los partidos republicanos y las derechas acudieron unidos por la imposibilidad de conocer, a ciencia cierta, los apoyos de cada uno.

CUADRO IX

Comparación de las medias de 1931 y 1933 entre los partidos de la conjunción republicano-socialista (con ERC) y el resto

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139, y TUSELL (1982: 161-96).

Esta comparación resulta tremendamente esclarecedora. En primer lugar, deja terminantemente claro que el sufragio femenino nada tuvo que ver con el descenso de los partidos republicanos y del socialista, a nivel general, en un número importante de circunscripciones (Álava, Cádiz, Ceuta, Guadalajara, Huesca, Lérida, Melilla, Sevilla capital, Toledo y Zaragoza capital). En este caso, esos partidos, unidos, obtuvieron en 1933 menos sufragios que en 1931, ocasión en la que sólo pudieron recibir el apoyo de electores varones. Por eso, el descenso en número de votos netos señala con absoluta claridad que todos los electores que perdieron eran de género masculino, lo que desvincula la ampliación del voto a la mujer de la derrota de las izquierdas y del corto resultado del Partido Radical. En segundo lugar, el aumento de sufragios de las opciones republicanas y del PSOE en otras circunscripciones también evidencia hasta qué punto no hubo «grieta de género» en el comportamiento electoral femenino. Porque en un contexto general de acusado descenso de los republicanos de izquierda y de relativo crecimiento, según la provincia, de las opciones socialista y radical, era evidente que el aumento del número de votos que cosecharon los partidos de la antigua conjunción respecto de las Constituyentes sólo pudo deberse precisamente a la ampliación del número de electores. En otras palabras, este incremento revela que un número significativo de mujeres votó la candidatura socialista, la de conjunción entre republicanos y socialistas, o las de los republicanos moderados. De otro modo, el resultado en estas circunscripciones hubiera sido claramente similar al primer grupo de demarcaciones electorales que hemos discriminado: descenso en la cifra neta de votos.

Ahora bien, el aumento conjunto de las opciones de izquierda y del centro republicano varía mucho en cuanto a intensidad. En algunas circunscripciones y pese al corrimiento del electorado a la derecha, el crecimiento resultó tan importante que descarta que la ampliación censal perjudicase en nada a estas opciones. Fue el caso, por ejemplo, de Madrid capital, Ávila, Barcelona capital, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Almería. En la capital de España, el electorado femenino no estorbó el impresionante resultado del PSOE. Los socialistas, en solitario y sin el voto de los republicanos, cosecharon, en 1933, 11.000 papeletas más que toda la conjunción republicano-socialista y sus afines considerados en bloque en 1931, y estas cifras sólo entran dentro de lo posible si este partido recibió un considerable apoyo de las nuevas electoras.

Antes de pasarle la factura al sufragio femenino de los resultados de las opciones republicanas, comparativamente peores, deben hacerse dos consideraciones. La primera, que su número menor de sufragios respecto a 1931 tuvo relación indudable con la pérdida del sufragio de las decenas de miles de electores socialistas que sí les votaron en los comicios constituyentes, consecuencia de la ruptura de la conjunción. Y la segunda, que, unidas, las opciones republicanas recibieron en 1933 nada menos que 96.654 papeletas de media. Es decir, diez veces el número de votos obtenidos cuando concurrieron, también en solitario, en los comicios de 1923 y con sufragio exclusivamente masculino. En el resto de circunscripciones citadas, la historia resulta muy similar aun cuando cambien los protagonistas.

No obstante, en las otras circunscripciones la cosa no parece estar tan clara. Pues, pese al crecimiento del número de electores, la izquierda y el centro republicano apenas si sumaron unos miles de votos más respecto a 1931, y quedaron muy por debajo del aumento de apoyo a las derechas. No obstante, si hubiera de atribuirse al sufragio femenino la principal responsabilidad de esto, negando la posibilidad de que pudiera haber un trasvase de votos masculinos desde las candidaturas republicanas a las derechas, en aquellas circunscripciones existiría una relación entre el número de nuevos electores que acudieron a las urnas y el número de votos que obtienen las candidaturas de derechas, relación que, además, tendría que ser aproximadamente la misma en todas las demarcaciones electorales. Ya se han señalado nada menos que 16 excepciones en el grupo de 33 circunscripciones que pueden estudiarse. Para continuar desbrozando la espesura que envuelve al comportamiento de la mujer, hay que comprobar si en las otras 17 se dio semejante relación.

CUADRO X

Aumento neto del número de electores, del voto a las derechas y al resto de opciones políticas

* El incremento de votos es superior, en estas circunscripciones, al de votantes porque en 1931 hubo un número significativo de electores que apoyó a menos candidatos de los que legalmente podía. Por el contrario, en 1933, los electores que acudieron a las urnas agotaron sus posibilidades legales y votaron casi siempre candidaturas completas.

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139, y TUSELL (1982: 161-96).

De este cuadro podría deducirse, a priori, que las opciones conservadoras parecieron beneficiarse más del aumento del cuerpo electoral. Sin embargo, ya se aprecia cómo no sumaron réditos en exclusiva, pues otras opciones políticas también pescaron, con mayor o menor intensidad, en el nuevo banco de votos. Además, el dato trascendental es que el crecimiento de las derechas no resultó del todo uniforme: frente a una serie de circunscripciones en las que se acercó al 100 por 100 de la cifra de nuevos votantes (Teruel, Sevilla provincia, Vizcaya provincia, Zaragoza provincia, Navarra, Santander o Guipúzcoa), en otras sólo pudo absorber tres quintas partes o menos (Málaga capital, Murcia capital, Orense), pues un número significativo de nuevos electores votaron a la izquierda, al centro republicano o hasta al PCE. Además, el voto a las derechas no creció de forma proporcional al aumento del censo, sino más, y esto no sólo ocurrió en circunscripciones donde los partidos conservadores no estaban organizados en 1931, sino también en las que ya presentaron un frente sólido contra la conjunción republicano-socialista, caso de las provincias vascas, Navarra, Burgos, etcétera.

Por tanto, lo que aquí se constata es que el voto de 1931 no permaneció inmutable. Esto es, que no se dio la situación de que el hombre, satisfecho con la gestión de la izquierda, volvió a votarla en la misma proporción que en los comicios constituyentes mientras que la mujer, escapulario al cuello, introdujo masivamente la papeleta de la derecha. Por el contrario, el análisis clarifica que un sector del electorado que apoyó a la conjunción republicanosocialista dejó de hacerlo dos años más tarde, sin que en esto los nuevos electores influyeran ni poco ni mucho. Es más, contra la idea de que las mujeres modificaran el comportamiento electoral de determinadas zonas, se levantan las innegables permanencias y continuidades que se observan en buena parte del país. Esto es, el aumento y descenso de los apoyos a las distintas fuerzas políticas no fue uniforme, sino que se correspondió con la implantación histórica de cada cual en un territorio concreto. Así, la derecha, como se podrá comprobar más adelante, recuperó sus viejos bastiones durante la Monarquía, mientras que la izquierda resistió en las zonas donde tradicionalmente ya había tenido peso en la época del sufragio universal masculino.

Por último, que no hubo «grieta de género», en el sentido más feminista de la palabra, lo prueba el hecho de que naufragase la mayoría abrumadora de las mujeres candidatas que se presentaron a los comicios. Sólo la «cedista» Bohigas, y las socialistas Lejárraga, Nelken, García-Blanco y De la Torre pudieron obtener el escaño gracias a que militaban en partidos arraigados en las circunscripciones por las que concurrieron. La mujer española no votó «féminas», sino ideas y candidatos capaces de representarlas, como hizo de igual forma un elector varón que, pese a los prejuicios de la época, no se mostró remiso a la hora de apoyar a los candidatos que le ofrecía el partido ideológicamente más cercano, independientemente de su condición sexual.

Por tanto, es difícil no coincidir con la tesis que apunta que los republicanos de izquierdas, y algún socialista como Prieto, mostraron una postura maniquea al convertir el sufragio femenino en el factor principal del resultado electoral. Era un argumento oportunista, a modo de excusa en la que escudarse para no afrontar el verdadero significado de los comicios: la repulsa, por parte de un amplio sector de la opinión pública, de la República modelada por estos sectores políticos y, más aún, el desvío que una mayoría holgada de los electores reflejaron a la labor de gobierno de republicanos de izquierda y socialistas. Lo había expresado bien Clara Campoamor cuando apuntó que «el voto femenino fue, a partir de 1933, la lejía de mejor marca para lavar… la desastrosa política agraria, que ha dejado al pequeño agricultor sumido en la ruina…, la reacción de las gentes que en abril de 1931 votaban la República moderada… y se encontraron con otra, que no hubieran votado entonces» y, por supuesto, añadiría, otras causas como el paro forzoso o la ruptura de la conjunción republicano-socialista¹³.

La herencia de 1923

Independientemente de sus apreciaciones personales, tuvo razón Clara Campoamor cuando señalaba que el resultado electoral fue fruto de una elección compleja por parte del electorado, en la que entraron en juego muchos más factores que el sufragio femenino y el abstencionismo anarquista. Aparte del voto negativo, por «reacción», el sufragio también estuvo condicionado por percepciones positivas. Para muchos electores fue un acto de afirmación ideológica y, para otros, de apoyo a las candidaturas en las que militaban personas que merecían su estima. A este respecto, resulta interesante apreciar cómo en muchas comarcas se reprodujeron comportamientos de voto similares a los de la Restauración, en el sentido de que muchos antiguos diputados, la mayoría sin respaldo gubernativo y sin necesidad de acudir a conductas delictuosas, fueron apoyados masivamente por sus electores de siempre y, también, por las nuevas electoras. Así ocurrió, por ejemplo, en Albacete. La candidatura republicano-agraria introdujo a dos relevantes notables, Ochando y Acacio, que no sólo fueron los más votados en sus bastiones, los antiguos distritos de Casas Ibáñez y Alcaraz respectivamente, sino que lograron allí para su candidatura las máximas cotas de voto en toda la provincia. De igual modo, la influencia de Barcia en el antiguo distrito almeriense de Vera también se hizo notar, en estos comicios, la coalición republicana arrolló allí a sus rivales socialistas y «cedistas».

Los ejemplos se multiplican por toda la geografía nacional. Así, consiguieron el triunfo para sus candidaturas: el «maurista» Reino en el partido de Muros (La Coruña), el radical Cantos en el de Lucena del Cid (Castellón), el «cedista» Sánchez-Dalp en Aracena (Huelva), el agrario Cid en Puebla de Sanabria (Zamora), el tradicionalista Rodezno en Aoíz (Navarra), el conservador independiente O’Shea en Arzúa (La Coruña), el agrario Velayos en Ávila, Calvo Sotelo en Carballino (Orense), los derechistas Del Moral y Blanco-Rajoy en Corcubión (La Coruña), el agrario Pérez Crespo en La Bañeza (León), el conservador independiente Gosálvez en Tarancón (Cuenca), o el exministro monárquico Espada en Verín (Orense). También cosecharon resultados por encima de la media de su circunscripción el radical Valenzuela en el partido de Daroca (Zaragoza), su correligionario Fernández Rodríguez en el de Navalcarnero (Madrid), el «azañista» Amós Salvador en Logroño, el federal Hilario-Ayuso en El Burgo de Osma (Soria), el «cedista» Sotomayor en La Palma (Santa Cruz de Tenerife), el republicano independiente Rodríguez Pérez en Padrón (La Coruña), etcétera ¹⁴.

No obstante, no todos fueron éxitos para los viejos políticos, pues, aunque fueron los menos, también se registraron sonoros fracasos: el del agrario Cánovas del Castillo en su antiguo feudo de Ágreda (Soria), el del radical Arroyo en el de Carrión de los Condes (Palencia), o el de Eduardo Ortega y Gasset en Coín (Málaga). En algunos casos, los diez años transcurridos desde el golpe de Primo de Rivera no habían pasado en balde: la tupida red de contactos políticos locales que estos parlamentarios, o sus partidarios, habían tejido con anterioridad se vio seriamente afectada por la Dictadura. Además, la aparición de nuevas elites locales y la extinción de la influencia de otras más antiguas pudieron contribuir un tanto a modificar los alineamientos políticos existentes en 1923. Claro que si, en algunas ocasiones, estos viejos políticos cosechaban porcentajes de voto por debajo de la media de su candidatura, pero porcentajes destacables, esto no quería decir que hubieran dejado de poseer arraigo, sino que el panorama político de su antiguo distrito, sobre todo si era una circunscripción urbana, se había complicado con mayores dosis de competencia respecto de los últimos años de la Restauración.

De hecho, aunque no cabe exagerar las continuidades como si nada hubiese ocurrido entre 1923 y 1933, sí que estos comicios demostraron que los viejos partidos políticos de la Monarquía, sobre todo sus maquinarias provinciales, no eran entelequias sostenidas exclusivamente por el encasillado y el fraude, sino formaciones basadas en un apoyo popular efectivo y nada despreciable. En Galicia, debajo de las derechas y los republicanos moderados funcionaban a pleno rendimiento las viejas organizaciones hegemónicas en esas circunscripciones en los últimos años de la Restauración. En La Coruña, el empate entre el centro y la derecha en cierto modo fue expresión del añejo equilibrio que había existido entre los liberales «gassetistas» y «prietistas», de un lado, y las distintas ramas conservadoras, de otro. En Orense, el triunfo en 1933 había correspondido en realidad a los antiguos conservadores «bugallalistas» con su propio jefe provincial, el veterano Sabucedo, a la cabeza de la votación. Para quien pueda pensar que este triunfo fue «cosa caciquil» en el sentido más peyorativo de la palabra, la victoria de la candidatura derechista orensana resultó aún más abrumadora en la capital que en los pueblos de la provincia. El antiguo reformismo «melquiadista» retomó su dominio de Asturias con la eficaz ayuda de la derecha católica. El tradicionalismo volvía por sus antiguos fueros y dominó con amplitud Navarra y Álava. El que era, en cierto modo, un derivado suyo, el PNV, completó el triunfo de las opciones no liberales en las provincias vascas, haciéndose con toda Vizcaya y Guipúzcoa.

El liberalismo «albista» demostraba su renovada fuerza en el norte castellano, ahora en forma de agrarismo, triunfando sobradamente en sus bastiones tradicionales de Valladolid y Zamora. Como en sus mejores tiempos, el liberalismo «romanonista» arrolló a sus rivales en Guadalajara. El viejo liberalismo «leonesista» logró, a través de radicales y derechas, un gran resultado en las circunscripciones canarias. El conservadurismo «ciervista» hizo lo propio también en Murcia. En Baleares, el «marchismo» y el viejo «maurismo», marchando unidos con la derecha católica, arrasaron sin cuento. En Cataluña, la Lliga reapareció con fuerza en el escenario urbano y, además, recuperó su primacía en buena parte de los distritos rurales de la región. En definitiva, aunque el panorama político había cambiado notablemente desde 1923 por el crecimiento del socialismo, la desaparición o reconversión de las antiguas maquinarias, la adopción de nuevas etiquetas políticas y la aparición de una derecha católica con vocación de partido de masas, no cabe desdeñar la notable supervivencia y hasta la recuperación de las viejas redes que sustentaban a los exparlamentarios, sobre todo de las más extensas y arraigadas.

Todos estos ejemplos pueden conducir a la tentación de afirmar la prolongación en el tiempo de comportamientos arcaicos y «caciquiles» en algunas zonas del país. Pero aquí resulta necesario aplicar cierta precisión en el lenguaje. Porque en 1933 no hubo una intensa y continuada intervención gubernamental a favor de una candidatura y, desde luego, tampoco encasillado, artículo 29 o fraudes a mansalva. Es por ello que si hablamos de «caciquismo», tenemos que entenderlo como simple arraigo personal y, en mucha menor medida, aludiendo a las «influencias», ya que esto último resultaba aplicable a los candidatos no sólo con cierta solvencia económica, sino también con algún nexo gubernativo. Así las cosas, como los comicios de 1933 resultaron plenamente democráticos, a pesar de los matices que podamos introducir cuando se trate del fraude, la reproducción en el tiempo de las simpatías políticas a determinados parlamentarios de la Monarquía evidenciaba la relativa sinceridad de los comicios durante los últimos años de la Restauración en no pocos distritos del país.

Algunos autores piensan que el voto «personalista» debe considerarse un comportamiento electoral arcaizante, sobre todo al lado del voto puramente «ideológico». Hasta cierto punto llevan razón, en cuanto que el componente «personalista» había resultado esencial en tiempos en que las elecciones se hacían en distritos pequeños y con partidos de notables y, por extensión, en períodos como el republicano en los que el país aún se estaba adaptando a la nueva política de masas. Pero resulta un error no percibir que el voto «personalista» y el «ideológico» no eran dos comportamientos férreamente contradictorios, sino que el sufragio siempre tenía un componente ideológico y otro que se basaba en las cualidades personales del candidato, y, dependiendo del elector, primaba uno u otro. Eso aún no ha desaparecido ni siquiera en nuestros días. En los años treinta y, desde luego también en los de la Restauración, los electores manejaban ambas variables a la hora de depositar el voto; aunque en 1923, por las circunstancias antes expuestas (distritos pequeños y partidos de notables), el sufragio «personalista» pudiese poseer una importancia mayor¹⁵.

Cuestión aneja al voto personalista era la diferencia de sufragios que solía existir entre los candidatos de una misma lista. Este fenómeno podía producirse por diversos factores. En general, más que deberse a la disciplina o indisciplina de su propio electorado, era consecuencia de los sufragios que algunos candidatos recibían de electores que ideológicamente no eran afines al partido (o a los partidos) que sustentaba esa candidatura pero que, por alguna razón, sí simpatizaban personalmente con algunos de los nombres que ésta ofrecía. Por ejemplo, en Madrid la diferencia que Besteiro logró respecto a sus compañeros a buen seguro que no fue por los votantes socialistas, sino por unos pocos miles de republicanos de izquierda y moderados, entre los que se encontraba el propio Alcalá-Zamora¹⁶. Ejemplos como éste podemos poner uno o dos por circunscripción. Las razones de este voto «personalizado» podían ser varias y hasta combinarse entre sí: en primer lugar, por supuesto, la popularidad de un candidato por razones diversas de índole nacional (un líder político), provincial o local (un benefactor preocupado por los intereses «morales y materiales» de su tierra); en segundo lugar, la capacidad de un candidato de atraer votantes de otras esferas ideológicas porque su moderación y pragmatismo hubiera hecho trascender su labor política más allá de la defensa de los intereses de su partido; y, en tercer lugar, el origen del propio candidato, pues el votante independiente solía, hasta cierto punto, castigar a los «cuneros» y primar a los aspirantes a diputado con arraigo efectivo en la circunscripción.

Un buen ejemplo era el conde de Romanones, un candidato bastante completo ya que poseía todas las virtudes anteriormente expuestas. En su candidatura por Guadalajara, en la que le acompañaban el «cedista» Arizcún, exjefe del Servicio Agronómico Provincial, y su correligionario «cunero» Cándido Casanueva, Romanones era el candidato más conocido; el que más se había interesado, durante su larga trayectoria política, por beneficiar a sus paisanos; el más moderado políticamente hablando porque, a pesar de su significación monárquica, su liberalismo inequívoco lo posicionaba más a la izquierda de sus compañeros de lista; y, más aún, firmemente arraigado en la circunscripción por la que se presentaba. Por ello no podía resultar extraño que consiguiese superar a su compañero Arizcún por 1.500 votos de diferencia y por más de 5.000 a Casanueva, que quedó muy rezagado en la votación precisamente por su condición de «cunero».

Pero no todos los candidatos eran Romanones, por lo que si no eran capaces de cumplir todos esos requisitos, caso de la mayoría abrumadora, los electores menos dogmáticos e «ideologizados» eran los encargados de definir el factor que pesaba más. En Madrid, donde la política nacional era lo determinante, Royo-Villanova rentabilizó sus campañas antiestatutarias y su moderación ideológica para alzarse como candidato más votado de la Unión de Derechas, con 2.500 papeletas de ventaja sobre el segundo, Gil-Robles. En Valladolid, bastión del «albismo» y donde Royo-Villanova residía desde hacía muchos años, también ostentó un destacado primer lugar, obteniendo 2.000 sufragios más que el compañero que le seguía. No obstante, en Huesca, donde fue incluido como candidato «cunero», fue el aspirante menos apoyado de la lista agraria, pues los electores independientes primaron a los de la tierra, aunque éstos se situaran ideológicamente a su derecha. Y es que este último factor solía pesar decisivamente, incluso más que el ideológico, a menos que el candidato «cunero» tuviese un prestigio desproporcionado a escala nacional.

De todas formas, aunque las combinaciones de los electores «independientes» pudieran ser las responsables de las disparidades de voto de los candidatos de una sola lista, existieron casos en que un grupo significativo de votantes comprometidos con el partido rechazó a uno de los aspirantes debido, sobre todo, a disputas internas dentro de la misma formación política. Éste fue el caso de un sector del Partido Radical zaragozano con el candidato Banzo, cabeza visible del ala izquierda y considerado amigo de la CNT, que fue desplazado por muchos electores radicales presumiblemente por el «antiestatutista» independiente Algora. Pero este fenómeno resultó excepcional, al menos en estos comicios. Tanto como las combinaciones extraoficiales de candidaturas diferentes en determinadas comarcas en las que existió cierta concertación entre los comités locales de diferentes partidos políticos.

Por ejemplo, en Ciudad Real hubo una gran variabilidad de voto entre los candidatos de la lista republicana gubernamental y la de la Unión de Derechas porque buena parte de los electores «antimarxistas» votaron una combinación con nombres de ambas. En Málaga, donde en varias localidades los comités radicales y agrarios se pusieron de acuerdo para votar una candidatura mixta de tres «lerrouxistas» y tres «derechistas» para evitar la victoria al PSOE, la variabilidad de voto dentro de las candidaturas radical-progresista y de derechas fue también apreciable. Por último, en las circunscripciones gallegas, donde el peso de las maquinarias políticas de los notables continuaba siendo destacable y solían gozar, además, de gran autonomía en sus respectivas áreas de influencia, los acuerdos locales entre algunos de ellos contribuyeron sobremanera a borrar las fronteras marcadas previamente por las candidaturas y a hacer aparecer gran número de papeletas con las combinaciones más inverosímiles. Es más, la proliferación de una cifra apreciable de independientes, de candidaturas incompletas y de otras disidentes, abigarraban de tal forma el panorama político gallego que hacía menos frecuentes las votaciones homogéneas a una sola lista.

Campo y ciudad

Uno de los tópicos que más tiempo lleva instalado es el comportamiento electoral dispar que separa a la ciudad, más moderna y más acusadamente de izquierdas, del campo, más arcaico, vinculado a las viejas prácticas de la Restauración y eminentemente conservador. Pero esta asociación presenta, al menos, dos problemas. El primero, de simplismo. El criterio que suele tomarse para separar campo de ciudad es el menor o mayor agrupamiento de individuos en núcleos de población. Esta obviedad, que está muy bien para la demografía, resulta de uso dudoso para el estudio histórico de elecciones, pues no está tan claro que el grado de aglomeración del hábitat defina comportamientos electorales diferentes per se. Dos urbes no han de ser realidades similares sólo porque tengan en común un censo de cien mil personas. El mismo inconveniente encontramos al meter en el mismo saco dos pueblos que comparten un padrón de mil habitantes cada uno.

Es más, si lo combinamos con otras variables que se identifican con lo «urbano», como el nivel de alfabetización, el pueblo alavés de Valdegovía y casi todos los pequeños municipios de esa provincia estaban en 1933 más cerca de Madrid de lo que lo estaba, por ejemplo, Jaén capital. Si tomamos como referente únicamente el comportamiento electoral, el pueblecito pacense de Barcarrota era mucho más socialista que la capital de España, y Palma de Mallorca mucho más conservadora que la localidad abulense de El Tiemblo, en la que ganaron los comunistas. Que estos ejemplos no constituyen anécdotas, sino que existen cientos de casos similares, puede comprobarse con una atenta lectura de los datos electorales, municipio por municipio. Desde luego, lo que estos datos desmienten son supuestas tendencias «naturales» (derivadas de esquemas mentales específicos) de los electores urbanos a votar por la izquierda y de los rurales a hacerlo por la derecha.

El segundo problema es definir lo que se entiende por comportamientos electorales «modernos» y «arcaicos». Si se identifican con los comportamientos típicos, por un lado, de la «política de masas» y, por otro, de la «política de notables», no deja de tener cierto fundamento. Aun así tal relación no se libra fácilmente de objeciones, pues en esta campaña los métodos de captación del voto típicos de la política de masas fueron utilizados en las zonas rurales y, viceversa, los comportamientos clientelares o el intercambio de votos por bienes ni mucho menos desaparecieron de las ciudades, por muy grandes que éstas fueran. Otra cosa es que la movilización del electorado pudiera ahogar esas prácticas, pero esto podía pasar tanto en las urbes como en pueblos minúsculos que rechazasen el patronazgo de un candidato a benefactor.

De igual forma, no hay inconveniente en admitir que las pautas de «politización» y las diferentes actividades orientadas a crear una «identidad ideológica» podían no ser equivalentes en zonas muy urbanizadas y, al mismo tiempo, en contextos de poblamiento rural. Pero sí lo hay en atribuir automáticamente un comportamiento electoral «moderno» a zonas industrializadas y urbanizadas, y otro «arcaico» a contextos agrarios y rurales. Si esto resultara así, el comportamiento electoral de una ciudad siempre sería intrínsecamente moderno y el de un pueblo siempre sería arcaico de por sí, sin más reflexión.

Lo cierto es que tales variables determinan más bien poco los resultados electorales. El PSOE demostró en 1933 ser muy capaz de fidelizar a votantes en zonas urbanas y, al mismo tiempo, en comarcas rurales, adaptando su programa a intereses, en principio, muy distintos. Lo mismo hizo AP, y hasta los autotitulados candidatos «agrarios» lograron muchos votos en las ciudades. Al mismo tiempo, los socialistas fueron capaces de atraer gentes alfabetizadas, elites cultas y, también, electores analfabetos, de idéntica manera que el Partido Radical o la CEDA. En fin, los socialistas agruparon en sus filas a empleados del mundo de la industria y del comercio, y también a multitud de jornaleros, exactamente igual que cualquier otro gran partido político de la época.

Se ha argumentado que, durante la Segunda República, el voto urbano estuvo bastante más inclinado a la izquierda que el voto en zonas rurales. «En esto existía», apuntó Tusell, «una cierta continuidad con la etapa anterior, en la que… el voto de los pueblos unidos a las circunscripciones urbanas conseguía ahogar a la izquierda de ellas». Así se consolidó, generalizándola, una percepción que muchos estudios provinciales comenzaron a extender. Es cierto que, en ocasiones, esas afirmaciones no carecían de fundamento. En lo que a estas elecciones respecta, existen varios ejemplos. En Las Palmas, la conjunción entre socialistas y federales venció en la capital mientras que la radical-agraria arrasó en la provincia. En Madrid, cuanto más lejos de la capital más conservador se volvía el voto, y viceversa. En Zamora capital, la candidatura antimarxista cosechó un porcentaje más bajo que la media de la circunscripción, a diferencia de las opciones de izquierda.

Sin embargo, esa teoría presenta tantas excepciones que difícilmente puede sostenerse. Otros estudios ya pusieron algún ejemplo de lo contrario. En la circunscripción de Zaragoza capital, la Unión de Derechas logró mejor resultado en la ciudad que en los pueblos de su partido judicial. Irwin añadió a Zaragoza el caso de Huesca, en el que las derechas arrasaron agrupando el 62 por 100 de los votos, 19 puntos porcentuales más que el resultado medio en toda la circunscripción. Por ello, para evitar afirmaciones parciales, es necesaria la exposición completa de los datos de las capitales de provincia y de algunas ciudades importantes que no ostentaban esa condición¹⁷.

CUADRO XI

Resultados electorales en capitales de provincia y ciudades importantes por tipo de candidatura (porcentaje de las medias)

* No constan resultados de Barcelona diferenciados de los municipios de su partido judicial (Badalona, San Adrián de Besós y Santa Coloma de Gramanet) ni en la documentación de la Junta Provincial del Censo ni en las fuentes hemerográficas.

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139, y diversas monografías y prensa.

Los datos muestran que en 1933 el corrimiento de la opinión pública hacia la derecha no fue consecuencia sólo de la movilización del electorado rural. La aportación de los electores de las ciudades fue muy importante y, en algunas circunscripciones, esencial para que las candidaturas conservadoras alcanzasen la victoria. Esto se hace aún más evidente si se comparan estos resultados con los de los comicios de abril y junio de 1931. Entonces, la preponderancia de la izquierda en los espacios urbanos había sido absoluta, con la única excepción de las capitales controladas por el Partido Radical. Además, es cierto que la izquierda cosechó un porcentaje de votos en las ciudades superior al de su media en la circunscripción, en tres de cada cuatro demarcaciones, frente a la derecha y a los republicanos moderados, que sólo lo hicieron en una de cada tres.

Aun así, este último dato concede dos claves muy importantes. La primera desmiente la sobredependencia extrema que tenía la derecha de los votos procedentes de las zonas rurales. Y no ya en los dos casos citados anteriormente (Zaragoza y Huesca). En Andalucía y Levante, las candidaturas conservadoras lograron porcentajes por encima de la media de la circunscripción en las ciudades de Almería, Cádiz, Jerez de la Frontera, Murcia y Sevilla. En las dos Castillas, hicieron lo propio en Ávila, Ciudad Real y Segovia. En la cornisa cantábrica, lo lograron en Bilbao y Gijón. En Cataluña, la Lliga y las derechas monárquicas demostraron su fuerte implantación urbana en núcleos como Gerona, Mataró y Tarrasa. Y en Galicia, la derecha desmintió la procedencia «caciquil» de sus apoyos triunfando en las cuatro capitales de la región y en Vigo, con índices superiores a los conseguidos en las comarcas rurales.

No puede negarse la evidencia de que una parte muy sustancial de los sufragios obtenidos por la derecha fueron cosechados en las poblaciones medianas y pequeñas. Pese a alcanzar porcentajes altos en las ciudades, sus candidaturas generalmente no sobrepasaron en éstas los índices medios que obtenían en la circunscripción. No obstante, a diferencia de los conservadores, y ésta es la segunda clave, los resultados sí que revelan una sobredependencia de la izquierda, para 1933, de los sufragios de las ciudades y una insuficiente implantación en el resto del país. Aún peor, aunque sus porcentajes solían ser mejores en las zonas urbanas que en las rurales, sin embargo, las candidaturas republicanas de izquierda, socialistas y de extrema izquierda, unidas, tampoco prevalecieron en las ciudades sobre las del centro o la derecha. Al contrario, las listas de derecha derrotaron a las de izquierda nada menos que en 30 capitales y núcleos importantes, las de centro hicieron lo propio en cuatro más y, unidos los votos de derecha y centro, superaron a los de la izquierda en otras trece. Que no fue un fenómeno de ciudades medias castellanas, lo demuestra el hecho de que Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Bilbao respondieron a este patrón. De modo que, a pesar de que la izquierda concentraba sus apoyos más en las ciudades que en el campo, en 1933 sólo lograron imponerse de forma clara, con mayoría absoluta, en 16 urbes.

Así pues, aunque en 1936 el Frente Popular lograra recuperar parte del terreno perdido, sostener que las zonas urbanas eran intrínsecamente de izquierdas es generalizar demasiado. El caso de Sevilla, que había sufrido una fortísima conflictividad que no llegó a ser atajada de forma eficaz por los gobiernos republicanos, ilustra bien que no existía «mayoría natural» de izquierda en las ciudades, y que el voto de esta significación podía venirse abajo si la movilización conservadora devenía constante y eficaz. Sin duda resulta más ajustado a la realidad aseverar que el voto urbano se situó, en los años treinta, más a la izquierda que el rural. Pero la causa tuvo poco que ver con la existencia de un comportamiento electoral que esencialmente diferenciase a los votantes de las ciudades de los electores de los pueblos pequeños. Es decir, el apoyo a la izquierda en las ciudades nada tuvo que ver con que «el voto urbano [fuese] en… España en esta fecha, un voto mucho más consciente, por el mayor nivel cultural, que el de las zonas rurales, más influenciables» y que votaban con mayor intensidad a las derechas.

Como agudamente señala Macarro, «las capas sociales que continuaron siendo las menos alfabetizadas, las de los trabajadores y campesinos, llegaron a ser bastiones socialistas en buena medida». Un análisis general del comportamiento por distritos en las ciudades demuestra que los que poseían un mayor grado de alfabetización, generalmente los barrios más antiguos y céntricos, votaban mayoritariamente a la derecha mientras que los barrios obreros de más reciente constitución y donde existía una presencia menor de instalaciones de instrucción pública o privada, apoyaban abrumadoramente a la izquierda. Igualmente, resulta otra falacia vincular estrechamente las zonas rurales, el analfabetismo, la persistencia del comportamiento caciquil y el voto a la derecha. En realidad, el vínculo entre alfabetización y comportamiento político resulta una ficción, puesto que tanto la izquierda como la derecha demostraron en 1933 que eran capaces de ganar en municipios y distritos urbanos con alto nivel de alfabetización pero también en zonas con bajísimo grado de instrucción¹⁸.

Que socialistas y republicanos de izquierda podían también romper el supuesto monopolio conservador de las zonas rurales y hasta superar los porcentajes de apoyo que obtuvieron en las ciudades lo revelan, por ejemplo, los resultados de la circunscripción de Granada. Allí, con ser buenas para la izquierda las cifras de la capital (53,4 por 100), resultaron curiosamente inferiores al de los partidos judiciales rurales de Montefrío (64,7 por 100), Santa Fe (61,8 por 100), Alhama de Granada (60,0 por 100), Loja (54,8 por 100) o Iznalloz (54,0 por 100). En la conservadora circunscripción de Burgos, la conjunción republicano-socialista consiguió un 15,7 por 100 de los votos en la capital. Pero este resultado palideció ante los porcentajes conseguidos en los partidos rurales de Miranda de Ebro (33,2 por 100), Villarcayo (25,2 por 100), Salas de los Infantes (18,7 por 100), Sedano (16,0 por 100) o Aranda de Duero (16,0 por 100).

El comportamiento de las zonas rurales era tan complejo que hasta podía volver del revés fenómenos electorales típicos de la Restauración que, tradicionalmente, se han considerado como de derechas e izquierdas. Por ejemplo, en Almería, curiosamente las derechas consiguieron la victoria sobre el PSOE en la capital, pero ésta quedó «ahogada» por el triunfo de los socialistas en el territorio del antiguo distrito tras ganar en siete de los once pueblos circundantes. Que no fue un hecho aislado lo prueba que la izquierda mejoró los resultados cosechados en la comarca de la capital, no por sus resultados en las zonas urbanas, sino gracias a los municipios de los alrededores, en los partidos judiciales de Bilbao, Zaragoza, Jaén, Murcia, Palma de Mallorca, Cáceres, Sevilla, Gerona, Logroño, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Orense o Castellón. Por tanto, no había nada en la mente del rústico que le impidiera asumir, si así lo prefería, un ideal izquierdista y hasta votar a socialistas, comunistas o republicanos de izquierda.

El problema residía, como bien lo expresó Macarro, en «la inexistencia de agrupaciones republicanas y socialistas» en muchos pueblos de país. El PSOE, pese a su crecimiento y sobre todo el de su sindicato, aún no contaba con una malla organizativa que llegase a todas las comarcas de España. En cuanto a los republicanos de izquierda, pudieron haberla tenido si hubieran abierto las puertas de su organización a los antiguos monárquicos. Pero su intransigencia y, sobre todo, su gestión de gobierno durante el primer bienio hicieron que las antiguas maquinarias de procedencia liberal o las viejas organizaciones «primorriveristas» que se les acercaron en 1931 buscaran acomodo, uno o dos años después, entre los republicanos moderados o las derechas. Por desgracia, este aspecto ha sido poco considerado por una parte de los estudios electorales provinciales, que prefirieron explicar los resultados abrumadores de la derecha en muchos municipios del país acudiendo al «caciquismo» (sin concretar de qué modo se articulaba por entonces) y al fraude (casi siempre sin aportar evidencias) antes de atisbar si en esos pueblos existía un grupo de personas dispuesto a «trabajar» la candidatura socialista o las de la izquierda republicana en unas elecciones, y a competir por tanto con sus adversarios¹⁹.

¹ Cita, de CAMPOAMOR (2001: 201). Reacciones al voto de la mujer, en VILLALAÍN (2000: 251-252). Al boicot de la CNT, en Heraldo de Aragón, Noticiero Gaditano y El Telegrama del Rif, 21 de noviembre de 1933.

² ABAD (1974: 224). Historiadores: TUSELL (1970a: 102) e IRWIN (1991: 177).

³ Resultados de 1931, en TUSELL (169-190). Los de 1933 en los lugares mencionados, en ACD, leg. 139, y, para los municipios gaditanos, Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 20 de noviembre de 1933 y ss.; Diario de Cádiz, 20 y 21 de noviembre de 1933, y Noticiero Gaditano, 21 de noviembre de 1933.

⁴ Sevilla, en MACARRO (2000: 300). Navarra, Málaga, Zaragoza y Vizcaya, a partir de los datos de VELASCO (1987: 106-107), SANFELICIANO (1990: 170-176), VIRTO (1989: 409-410) y GERMÁN (2000). Sindicatos católicos, en MATEOS (1995: 487), CARRASCO (1986) y CASTILLO (1979: 299-320).

⁵ Datos de afiliación, en SUÁREZ BOSA (1990: 132), GERMÁN (2000: 134) y LÓPEZ y GIL (1997: 95-96). Votaciones, en ACD, leg. 139, y ADP, legs. 5639-5649. Para desvincular la militancia sindical del voto, es útil WINSTON (1989).

⁶ Estados Unidos, en PARKER (2002), SPRUILL (2002), WEATHERFORD (1998) y ZINK-SAWYER (2003). Gran Bretaña, en H. SMITH (1998) y MAGUIRE (2007). Francia, en BIDELMAN (1982), HAUSE y KENNEY (1984) y P. SMITH (1996). Chile, en MAZA (2000).

⁷ HARVEY (1998: 28-32) y H. SMITH (1998: 79).

⁸ La cita, de GARCÍA VILLADA (1920: 36). Contra la «grieta de género» en Estados Unidos: BAXTER y LANSING (1983: 24-51 y 179-214) y HARVEY (1998: 206-208).

⁹ VILLALAÍN (2000), CAPEL (1992) y ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 170).

¹⁰ Historiadores: TUSELL y GARCÍA (1977: 10), CAPEL (1992: 184-185), SANZ (2006: 156-157), GARCÍA ANDREU (1985: 169 y 173) y MATEOS (1995: 497 y 501).

¹¹ Cita, de VILANOVA (1989: 531). Elecciones, en TUSELL (1982: 136 y 201), LÓPEZ VILLAVERDE (1997: 184-185) y MOLAS (1973: 228-229).

¹² Influencia del hábitat, en MACKENZIE (1962: 161-162).

¹³ Cita, en CAMPOAMOR (2001: 195 y 202). Maniqueísmo, en VILLALAÍN (2000: 69-70).

¹⁴ Datos, a partir de ACD, leg. 139. Sánchez-Dalp, en GARCÍA GARCÍA (1996: 188-190 y 192). Sotomayor, en CABRERA ACOSTA (2004: 61).

¹⁵ Arcaísmo del voto «personalista», en TUSELL (1991: 51 y 56).

¹⁶ ALCALÁ-ZAMORA (1977: 258).

¹⁷ Cita, de TUSELL (1991: 57). Ejemplos expuestos, en MILLARES (1982: 42-43), VILLALAÍN (2000: 233), MATEOS (1995: 490-492 y 524), GERMÁN (1980: 142-146) e IRWIN (1991: 134).

¹⁸ Citas, de TUSELL (1971, II: 46-47) y MACARRO (2000: 33).

¹⁹ Granada y Burgos, a partir de ACD, leg. 139. Cita, de MACARRO (2000: 33).

CAPÍTULO 9

SABER GANAR, SABER PERDER

El estupor general que provocó la inesperada victoria de las derechas pronto dejó paso a un cúmulo de sentimientos contradictorios y de rumorología política que casi sepultaron en el olvido, por lo menos en los medios nacionales, la campaña electoral que habría de realizarse en aquellas circunscripciones en las que se celebraba segunda vuelta. La distribución de escaños de la primera concedía a las derechas 206 actas, frente a las 163 seguras de todos los partidos de la extinta conjunción republicano-socialista. Como en la segunda ronda habían de disputarse 95 escaños, aún había tiempo de revertir el resultado electoral.

La unión del centro-derecha

Esto fue lo que debió sopesar el Consejo de Ministros del día 20 de noviembre, porque en ese momento la victoria de las derechas parecía todavía de menores proporciones. A pesar de que el gobierno se había impuesto el deber de permanecer neutral, el ministro de Comunicaciones, el «dominguista» Palomo, inició conversaciones con los dirigentes más receptivos de los partidos republicanos y el PSOE para reconstruir, a efectos electorales, la conjunción republicano-socialista. Aunque fue disfrazada de «gestión puramente personal», pues el gobierno no podía intervenir de forma oficial en la contienda, los planes de Palomo contaron con el apoyo de los ministros republicanos de izquierda y con el aliento del propio Martínez Barrio. Esperanzado en que los primeros datos oficiales confirmasen la segunda vuelta en cerca de una treintena de circunscripciones, Palomo anunció a la prensa que había mantenido encuentros con Azaña y Besteiro. El primero le había dado su completa conformidad. El segundo también le había dado su aprobación, pero supeditaba sus deseos a la decisión final de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Palomo reveló que Prieto ya se encontraba camino de Madrid y que el Partido Radical entraría en la coalición electoral con los socialistas.

La conjunción republicano-socialista habría de actuar en España como los republicanos franceses, unidos siempre frente a las derechas en las segundas vueltas. En cuanto se hicieron públicas estas gestiones, los medios acudieron a interrogar a Martínez Barrio. El presidente del Consejo, aunque declaró que desconocía los detalles de los trabajos de Palomo, no sólo los aprobó, sino que se identificó plenamente con ellos. Según su parecer, como los partidos republicanos y el socialista sumaban muchos más votos que las derechas, debían imponer el peso de la opinión que llevaban detrás. Anunció, desde luego, la inclusión del Partido Radical en la coalición y también que en su bastión de Sevilla, donde el gobernador le había informado erróneamente que habría segunda vuelta, se materializaría de inmediato¹.

Los medios de derechas denunciaron que, pese a las protestas de neutralidad del Consejo de Ministros, éste había llegado a aprobar unas bases oficiosas para la unión del centro-izquierda. En las circunscripciones donde alguno de los partidos de la hipotética conjunción tuviera una fuerza bien definida, los demás se retirarían para apoyar desde fuera su candidatura. En las que, al contrario, hubiera varias candidaturas con un peso relativamente similar, la lista que hubiera de presentarse a la segunda vuelta habría de ser de estricta coalición, y los puestos se repartirían de forma proporcional a la fuerza demostrada en la primera vuelta. Otra de las bases era la unión electoral perpetua de los partidos republicanos y el socialista en todas las segundas vueltas que hubieran de verificarse en el futuro².

Este último acuerdo, consecuencia del resultado de las derechas el mismo 19 de noviembre, era la mejor expresión de los temores que acuciaban a los republicanos de izquierda tras su naufragio electoral. No obstante, la realidad del escrutinio hundió las esperanzas puestas en la eficacia de la conjunción republicano-socialista. El 21 de noviembre, al atardecer, ya se conocía que las segundas vueltas tan sólo tendrían lugar en 16 circunscripciones y en cuatro de ellas tan sólo por algún puesto de las minorías. La previsión más pesimista para las derechas, aun contando con la unión de todo el centro-izquierda, le auguraba una veintena de escaños de los 95 en juego, a sumar a los más de 200 con los que ya contaban. Lo cual hacía que una futura coalición, en la hipótesis de que el PSOE y el Partido Radical lograran superar sus diferencias, no pudiese alcanzar más que una mayoría raquítica en las futuras Cortes.

No hubo que esperar a la recepción de resultados completos para que el proyecto de conjunción comenzara a hacer aguas por todas partes. La primera brecha advino por su lado derecho. A pesar de que Martínez Barrio había anunciado a la prensa que Lerroux veía con «gran complacencia» la unión electoral de todos los republicanos y el PSOE, y que Palomo había ido más lejos afirmando que éste estaba «dispuesto a hacer todo género de sacrificios personales» para conseguirla, el líder radical no estuvo en ningún momento por la labor. Ese mismo día 20, Lerroux diagnosticó ante los medios las causas del resultado electoral. Culpó a la «política socializante que, de la misma forma que la persecución religiosa hirió los sentimientos de la mujer, ha lesionado intereses muy importantes para la economía del país». Fue aún más lejos. Después de pedir a las derechas que comprendieran que «un movimiento de restauración monárquica en estos momentos, no sólo sería descabellado, sino que llevaría a España al caos y a la catástrofe», Lerroux reveló que el futuro gobierno debía formarse «sobre la base de los radicales y las derechas»:

«Como yo no puedo pensar que ni siquiera la mitad de esas derechas triunfantes sean monárquicas, espero que se decidan a ingresar en la República una vez segregada la pequeña porción de monárquicos que haya en ellas, y así se hará posible la formación de un Gobierno con mayoría en las Cortes» ³.

El desconcierto creado en torno a la posición del Partido Radical, a causa de las posiciones encontradas de Lerroux y Martínez Barrio, fue cortado en seco por el jefe radical al día siguiente. En unas declaraciones al diario vespertino La Noche de Barcelona, afirmó tajante que él, «por dignidad política y hasta por dignidad personal», no podía «ir del brazo de los socialistas, porque», continuó, «después de la inmundicia que sobre mí y los míos vertieron, es imposible decorosamente establecer contacto alguno. Comprenderá usted, y comprenderán todos los españoles, que el sábado no puedo pensar de una manera y el lunes de otra». Cuando el periodista le hizo saber que algunos elementos del PRR deseaban la conjunción republicano-socialista, sin duda haciendo referencia a Martínez Barrio, la contestación de Lerroux resultó aún más contundente:

«Puede usted afirmar que no. Y si así fuera, si el partido llegara, por una ofuscación del momento, a querer tal cosa, el partido podría hacer lo que estimase oportuno, pero nunca jugar con mi dignidad, y a la decisión del partido seguiría mi retirada de la política… ¿Cómo puedo unirme con quienes, aparte de separarme un abismo infranqueable, son los responsables del resultado que han dado las elecciones?».

En esa misma entrevista desmintió las declaraciones de Palomo afirmando que en ningún momento había hablado de nada con el ministro de Comunicaciones, algo que confirmaría posteriormente el aludido. Es más, Lerroux declaró a El Sol que apostaba claramente por una coalición entre radicales y agrarios para la segunda vuelta electoral. Que no era un órdago dirigido a los republicanos de izquierda, lo demostró de inmediato al recibir en su casa, la misma noche del 21, a Cándido Casanueva, mano derecha de Gil-Robles, y con el que el líder radical mantenía desde hacía varios meses una relación de amistad. Probablemente, en esa entrevista se estableció un acuerdo general de coalición que habrían de hacer efectivo las organizaciones provinciales. Dada la disposición que demostraba Gil-Robles, en esa reunión también hubo de cerrarse el apoyo de AP a un futuro gobierno Lerroux⁴.

Vista la postura de su jefe, Martínez Barrio plegó velas de inmediato. Anunció a la prensa que el gobierno no tenía noticias de la marcha de las negociaciones para formar la conjunción republicanosocialista y que, desde luego, el gabinete no volvería a tratar más del asunto. Para el presidente del Consejo, la iniciativa había partido exclusivamente del ministro Palomo, pero no del gobierno, que continuaba siendo una «mesa electoral», y criticó a los medios por querer mezclarle a él en todo ese asunto. Así las cosas, Martínez Barrio acudió el día 22 a la reunión del Comité Nacional del PRR que presidió Lerroux y a la que asistieron, además, Guerra del Río, Lara, Vaquero, Marraco, Armasa, Abad Conde, Torres Campañá y Marsá. En ella se establecieron las directrices que las organizaciones provinciales habrían de cumplir para la segunda vuelta. En general fueron las mismas que para la primera: los comités habrían de ser quienes propusieran las alianzas aunque, en todo caso, las someterían al filtro de la Ejecutiva Nacional. A su vez, este organismo delegó sus poderes durante esas dos semanas en el propio Lerroux, quien se arrogó, por tanto, la última palabra en la conformación de las candidaturas. Pero antes, el Comité volvió a confirmar que los radicales podrían coaligarse con todos los partidos exceptuando los monárquicos y los socialistas. Después de la reunión, Lerroux recalcó a los medios que no habría ningún acuerdo, ni explícito ni tácito, con el PSOE, «sobre todo después de la nota facilitada por éstos, cuya finura y delicadeza podrán comprobar quienes la lean»⁵.

Se refería a la nota publicada por la Comisión Ejecutiva del PSOE en la que se daba el golpe de gracia a la nonnata conjunción republicano-socialista. Pese a la oposición de Lerroux, el ministro Palomo había continuado su ronda de conversaciones intentado cortejar a los socialistas. El día 21 mantuvo un encuentro con Largo Caballero, pero éste le espetó que la alianza dependía de la postura que adoptasen las federaciones provinciales del partido, haciendo así imposible un acuerdo nacional entre el PSOE y los republicanos de izquierda. El 22, Palomo aún se agarraba a una resolución favorable de la Comisión Ejecutiva de los socialistas para reflotar la maltrecha conjunción, aunque Azaña ya expresó su pesimismo al respecto ese mismo día, y Besteiro no hizo ningún comentario. La nota que publicó este organismo fue un jarro de agua fría:

«La Comisión Ejecutiva, ante las elecciones de segunda vuelta que en varias provincias han de celebrarse el día 3 de diciembre, recuerda a las organizaciones del Partido Socialista que si alguna de ellas estimara procedente establecer alianzas electorales para esa segunda vuelta deben consultar los respectivos casos a la Ejecutiva, de acuerdo con lo que, como norma general, decidió el Comité nacional. Pero, desde luego, la Comisión Ejecutiva anticipa su criterio contrario en absoluto a autorizar coaliciones en las que hubieren de participar elementos del partido radical, considerando que la conducta de éste, al facilitar la entrega de la República a los reaccionarios mediante vergonzosos pactos con ellos, les hace indigno de cualquier solidaridad o contacto por parte de los socialistas».

Dos días más tarde, Palomo reconoció a los medios que sus gestiones se habían saldado con un fracaso⁶.

Casi de forma simultánea al divorcio absoluto entre radicales y socialistas, la coalición que había vencido en los comicios comenzaba a resquebrajarse, víctima de su propio triunfo. El número de escaños que las derechas y sus afines consiguieron en la primera vuelta, más los que estaban por llegar en la segunda, no sólo había sido inesperado, sino que además había cegado por completo la vía que pretendían seguir, de mutuo acuerdo, posibilistas y monárquicos: una oposición parlamentaria que, mediante auxilios tasados a una situación de centro, contribuyese a frenar la revolución y moderar la aplicación, o derogar la legislación, que consideraban «sectaria» y «socializante». En las nuevas Cortes, el núcleo principal de diputados no habría de formarse en torno al centro republicano, sino que lo constituiría la propia Unión de Derechas, por lo que esta última, más que convertirse en un importante factor a tener en cuenta (que había sido la aspiración última de Gil-Robles), había trocado su papel por el de verdadero árbitro de la situación, sin el cual la vida parlamentaria de un futuro gobierno devendría imposible. El líder de AP era consciente de que, pese al gran resultado obtenido, las derechas no habían logrado aún la mayoría absoluta y, peor, carecían de la suficiente homogeneidad para una labor positiva de gobierno. Además, su desbordante victoria podía provocar una reacción defensiva de todos los republicanos y el PSOE para salvaguardar el régimen, e invalidar así todos los esfuerzos para desvincular a los republicanos moderados de sus antiguos aliados. De modo que, si las Cortes no pudieran sostener un gobierno serían disueltas sin remedio por Alcalá-Zamora. Por todo ello, el jefe nacional de la CEDA comprendió que había de ir más allá de entendimientos puntuales y atisbar una fórmula de colaboración estable con el Partido Radical⁷.

La dificultad de este cambio de táctica sobre la marcha estribaba en la reacción de sus aliados monárquicos, tanto autoritarios como liberales, que pensaban que la derecha no debía en absoluto coadyuvar a la consolidación de la República. Pero, sobre todo, la de los muchos militantes de AP que no simpatizaban con los radicales, pues a fin de cuentas habían formado en las filas de la «revolución republicana» y votado la Constitución y esas mismas leyes que las derechas venían a derogar. Dado que AP y, sobre todo, la CEDA eran construcciones recientes y muy frágiles, Gil-Robles debía dar los pasos suficientes para alcanzar un acuerdo con los radicales, evitando a toda costa que la maniobra suscitase el rechazo de los nuevos diputados conservadores que, como se sabe, habían sido elegidos para una obra de rectificación desde la oposición, sin comprometerse a nada más con un régimen que, para muchos, continuaba identificándose con las políticas del primer bienio. Añádase a esto que, en la mayoría de las circunscripciones, estos nuevos diputados habían tenido como adversarios a los radicales, y habían alcanzado el escaño derrotándolos en dura lid. Un pacto a escala nacional del líder de AP con Lerroux podía resultar motivo suficiente para que una organización provincial adherida a la CEDA que compitiera directamente con el PRR por la hegemonía política de su territorio, desertara de las filas «cedistas» y buscase acomodo en otro partido de derechas.

Por ello, tanteando el terreno, Gil-Robles huyó de euforias y se esforzó, sobre todo, por tranquilizar a los republicanos moderados. La victoria de las derechas en absoluto significaba otra cosa que «paz» y «tranquilidad» para España, probablemente las palabras que más repitió en los días posteriores al 19 de noviembre. En una entrevista concedida al diario Luz el día después de los comicios, canceló las disputas que había tenido con el ejecutivo a cuenta de algunas de las supuestas arbitrariedades cometidas por éste durante la campaña: «estoy bastante satisfecho del tono general que han tenido las pasadas elecciones. Han sido bastante limpias, honrando al Gobierno que las ha presidido, y singularmente al pueblo español, que ha dado una ejemplar lección de alto patriotismo y exquisita educación ciudadana». Gil-Robles aclaró que, a pesar de que consideraba que no era su momento, no rechazaría en un futuro formar gobierno dentro de la República si se lo requiriese el jefe del Estado. A petición del periodista expuso los postulados de su partido, buscando claramente un común denominador con los republicanos moderados:

«primero, pacificación espiritual, acabando de raíz con la política persecutoria; segundo, rectificación de la política socializante y de lucha de clases, lo cual no quiere decir que se huya de una política social y fiscal incluso avanzada, pero nunca destructora de la economía nacional, y tercero, reconstrucción económica a todo trance y restablecimiento de la paz social, singularmente en lo que afecta al campo».

Aclaró que aceptaba una República laica que separase la Iglesia del Estado siempre que no se persiguiera a los católicos porque esto «en un régimen puramente democrático no debe admitirse». Pero hizo algo más. Expresó que él y su partido «acataremos de buena fe la República y dentro de ella procuraremos dar las máximas satisfacciones al país, con la pretensión de que mucha gente, convencida de la ventaja que ha de proporcionarles la aceptación de nuestras doctrinas, se unan a nosotros sinceramente». Más aún, indicó que en ese momento intentarían robustecer una política de centro «por estar íntimamente convencidos de que es la que conviene a España».

Cuando el periodista le planteó los temores de algunos sectores políticos que consideraban que la preponderancia política de AP significaría caminar hacia la implantación del fascismo, Gil-Robles añadió cortante: «la gente está equivocada: nada de fascio; ya le dije que acatamos la República procurando únicamente rectificar los métodos políticos que se han seguido durante la etapa constituyente; no pensamos en nada de eso, aunque nos lo atribuya la gente». Aunque su rechazo del fascismo no resultara nuevo, lo que sí había desaparecido de su lenguaje eran todas las expresiones antiparlamentaristas que el líder de la CEDA había prodigado durante la campaña. Con todo, Gil-Robles coincidió con otros políticos de derecha en que, por ahora, no se podía ir más allá del acatamiento del régimen. La aceptación plena se aplazaba hasta que se demostrase que la República podía ser un marco de convivencia para todos. Pero, como afirma Álvarez Tardío, «las palabras de Gil-Robles confirmaron que la CEDA no iba a interpretar el éxito electoral como un crédito para acabar con el régimen»⁸.

Con menores responsabilidades de partido, uno de los políticos más populares ante la opinión conservadora, Royo-Villanova, trató de ayudar a AP empujando a todos los sectores políticos posibilistas a que se definieran por la República. Aclaró a los medios que él sería ministerial del ministerio que se formase (aludiendo a un posible gabinete Lerroux), que ya había hecho profesión de fe republicana y que no siguió a su antiguo jefe, Santiago Alba, cuando se adhirió al Partido Radical porque esta formación había votado el Estatuto de Cataluña. Afirmó que un sector importante de las derechas, que estaba por definir ante el régimen, procedía de las filas liberales, empezando por el propio Martínez de Velasco, quien había sido «canalejista». A diferencia de Gil-Robles, no obvió su apoyo a una reforma de la Constitución, aunque la remitió al final de la legislatura, momento en que podía hacerse con mayoría absoluta, y también sostuvo abiertamente que las leyes complementarias habrían de ser revisadas. Cuando un periodista volvió a recordarle que varios grupos políticos consideraban en peligro la República tras el triunfo de las derechas, fue cuando se explayó con un ánimo tranquilizador que iba mucho más allá de lo dicho por Gil-Robles, pero que reflejaría lo que después ocurrió:

«Desengáñese usted y que se desengañen todos: eso de que la República corre peligro es una falsedad, porque ahora se formarán en el Parlamento tres grupos: uno, de los agrarios, republicanos ya; otro, de Acción Popular, al que la Monarquía le importa un pito, como ellos mismos dirán pronto, y otro de monárquicos. ¿Pero cuántos son éstos y qué representan? Son doce con Goicoechea, y eso no significa peligro alguno para la República… el régimen está más asegurado que nunca con radicales, agrarios y Acción Popular»⁹.

Gil-Robles tuvo otro aliado en el máximo dirigente de la Lliga, Cambó, que en una entrevista concedida a La Vanguardia atajó cualquier identificación entre las derechas y la Monarquía asegurando que en estas elecciones no se había planteado «el perturbador problema del régimen». Adelantó que en las futuras Cortes, los monárquicos declarados no llegarían ni al 10 por 100 del total de escaños, pues la mayoría abrumadora de los diputados de derechas «se adherirán a la República». Al igual que Royo-Villanova, se mostró absolutamente a favor de la reforma constitucional «dentro de los cauces que ésta ofrece» y de la aplicación moderada de la legislación vigente «hasta su completa derogación o modificación». Además, respondió a las declaraciones de dirigentes de ERC sobre que el Estatuto de Cataluña estaba en peligro con la nueva mayoría de derechas, asegurando que «la campaña antiestatutista ha sido… un recurso electoral» y que el verdadero peligro no radicaba en el gobierno central, sino en «la política perjudicial de la Esquerra». Además, la Lliga aclararía por completo su posición al ofrecerse a colaborar días después en un gabinete Lerroux¹⁰.

Royo-Villanova y Cambó no estaban solos en el campo de las derechas. Un monárquico inequívocamente liberal como Romanones respaldó la postura de Gil-Robles pidiendo, en una entrevista concedida a ABC, apoyar «resueltamente» un gobierno Lerroux «con benevolencia y votos». Del mismo modo, un republicano moderado como Miguel de Unamuno, que había pedido a las derechas que administrasen con cordura «su gran resultado», atacó a los que exigían de ellas una declaración explícita de «fe republicana» como hacía una y otra vez Martínez Barrio. Coincidió con Gil-Robles y otros dirigentes de derecha en que, dada la necesidad de revisar la Constitución y los «disparates legales» cometidos por las Cortes constituyentes, bastaba con que estas fuerzas políticas acatasen, sin más, la República.

No fue el único que opinaba así entre los intelectuales que habían defendido tres años antes la necesidad de derribar la Monarquía. En declaraciones a los medios, José Ortega y Gasset pensaba que las derechas se «republicanizarían» cuando gobernasen dentro del régimen. Igualmente, el diario Ahora les urgió a que hicieran una declaración de acatamiento del régimen, pero abreviando «los trámites de conciencia o de amor propio» con el fin de «salir del peligroso estado de confusión». «Las elecciones lo han dicho con toda claridad», enjuició. «No hay en España más que una mayoría conservadora —no monárquica—, pura y simplemente conservadora… O las fuerzas conservadoras se ponen a gobernar la República o la seguirán gobernando los socialistas. Esta es la opción» ¹¹.

Como El Debate suscribiese íntegramente las declaraciones de Gil-Robles y las hiciera aún más explícitas anunciando en un editorial que la única solución posible era facilitar la formación de un gabinete presidido por el líder radical, los monárquicos reaccionaron recordando a AP y al resto de fuerzas posibilistas que se estaba incumpliendo la táctica parlamentaria que había sido el fundamento de la unión de las derechas. Desde luego, ABC se lamentó, en un editorial, de que los republicanos no hubieran obrado al igual que los monárquicos después del resultado negativo de los comicios municipales del 12 de abril de 1931, ya que los de 1933 habían sido un plebiscito contra una política, la de Azaña y los socialistas, que se consideraba «esencialmente republicana». Pero los monárquicos eran conscientes de que el 19 de noviembre no representaba un 12 de abril vuelto del revés, puesto que, como afirmó Gabriel Maura, «los gobernantes republicanos prefieren una guerra civil, a diferencia de Alfonso XIII, antes de sacar las consecuencias debidas de los comicios». Corroboraba el marqués de Hoyos (ministro de la Gobernación del último gabinete de la Monarquía):

«Ahora no se le ha oído decir públicamente al presidente del Consejo de ministros que España se había acostado republicana y que se había levantado monárquica… Ahora supongo yo que si se proclamara la Monarquía en algún pueblo se mandarían fuerzas para ahogar el movimiento… Con relación a las oposiciones… éstas por ahora no se han lanzado a la calle proclamando la Monarquía como las de entonces se lanzaron proclamando la República; ahora no ha habido ningún exministro de la República, presidente de un Comité revolucionario… que exija… la entrega del Poder en nombre de la voluntad nacional para implantar la Monarquía» ¹².

Obviamente, a los monárquicos no les quedaba más camino que presionar para que se cumplieran hasta el final las bases que les habían llevado a aceptar la coalición electoral con los posibilistas, ya que de otra forma quedarían políticamente aislados y la restauración por mucho tiempo preterida. ABC, en otro editorial, no dio credibilidad a los rumores de integración de AP y los agrarios en el régimen republicano y pidió la unidad de las derechas para llevar a cabo el programa electoral votado mayoritariamente por los electores. Dos días más tarde, Luca de Tena no se mostró reacio a prestar apoyos puntuales a un gabinete Lerroux, pero negó en redondo la conveniencia de que las derechas le ofrecieran colaboración ministerial. En esta postura coincidía con Calvo Sotelo, quien, en declaraciones a varios medios franceses, afirmó que las derechas no debían brindar nada más que «acuerdos parlamentarios tasados», y apostó por que la coalición permaneciese unida para cumplir las bases con las que habían concurrido a los comicios. El dirigente monárquico no ocultó, además, que preveía gobiernos inestables y una labor estéril de las nuevas Cortes. La temperatura de la polémica subió varios grados tras un editorial de El Debate, el 25 de noviembre, que abogaba con mayor empeño por sostener un gobierno Lerroux. Al día siguiente, otro de ABC se reafirmó en su propia postura, argumentando que las derechas «decepcionarían a su electorado si se prestan a entrar en combinaciones gubernamentales con los radicales». Este diario, admitía que en las elecciones no había sido planteada la cuestión del régimen más que por los medios de izquierda en sus propagandas, que eran los que debían sacar las debidas consecuencias del resultado¹³.

Pero los dirigentes de la CEDA habían decidido emprender el camino hacia la plena aceptación del régimen. Uno de los líderes del sector más conservador dentro de la Confederación, Casanueva, aseveró al diario Luz que los dirigentes de AP, a fuer de católicos, acataban «sumisamente el Poder legítimamente constituido, cualesquiera que sean nuestras convicciones en materia de forma de gobierno, cosa que no está ahora ni siquiera sujeta a discusión». El domingo 26 comenzó a producirse, de manera definitiva, el cisma en el seno de la Unión de Derechas. Ese día se filtró a la prensa que la CEDA se dispondría no a entrar en un gobierno Lerroux, como algunos medios habían interpretado las conversaciones mantenidas entre el líder radical y Casanueva, pero sí a facilitarle su vida parlamentaria ofreciéndole apoyo estable. En principio, esto aún era compatible con el mantenimiento del pacto de las derechas. Pero ese día se supo también que Martínez de Velasco había regresado desde Burgos a Madrid y mantenido una entrevista de carácter reservado con Alcalá-Zamora.

Tras este encuentro, el líder agrario convocó una reunión en las Cortes con los diputados que habrían de conformar su minoría para el 1 de diciembre. No sería Martínez de Velasco, sino el exministro Abilio Calderón el primero en revelar los propósitos de esta fracción conservadora. En unas declaraciones, afirmó que tanto él como la mayoría de los diputados de la coalición eran firmes partidarios del régimen parlamentario. Reveló, además, que su minoría sostendría los gobiernos de centro y derecha que se formasen en las Cortes y, lo más importante, no descartaba la colaboración ministerial en un gabinete Lerroux aunque la supeditaba a la previa deliberación de los diputados de su grupo. Acabó apostando porque los agrarios se «incorporasen» plenamente a la República. Martínez de Velasco apoyó tales planteamientos y aseveró tajante que sólo cabía una solución al finalizar el proceso electoral: un gobierno Lerroux. Empero, a diferencia de Calderón, el líder agrario buscaba en esa reunión de su minoría algo más: una declaración explícita de republicanismo¹⁴.

Esa postura provocó un nuevo editorial de ABC insistiendo en que no debía haber colaboración ministerial, ya que la Unión de Derechas no podía disolverse hasta que no se cumpliera el programa mínimo pactado. Del mismo modo argumentó Calvo Sotelo en un artículo que publicó La Nación el día 27. No negaba la conveniencia de apoyar a Lerroux, pero pedía condicionarlo a que el caudillo radical aceptase rectificar la República asumiendo como propias las bases de la Unión. Afirmó, además, que los monárquicos no debían obstruir en ningún caso el trabajo parlamentario, pero dejó la puerta abierta a hacerlo si el nuevo gobierno no aceptaba revisar la legislación en el sentido que exigían las derechas. La revisión constitucional la dejaba como programa máximo de un gobierno exclusivamente de derechas. Terminó señalando que la clave para el triunfo de la táctica conservadora estaba en el mantenimiento, a todo trance, de la coalición: «Vencimos con la unión; nos hundiríamos con la desunión. No olvidamos la lección que nos dieron los partidos republicanos en las Constituyentes. Les perdió su ceguera sectaria; pero también su espíritu de disensión»¹⁵.

Que no sólo pensaban así los monárquicos de RE lo prueban las dificultades que experimentó Martínez de Velasco en esa primera reunión de su minoría el 1 de diciembre. La unanimidad sólo se produjo cuando los diputados agrarios acordaron apoyar un gobierno de centro si éste asumía como propio el programa mínimo de la Unión de Derechas. Martínez de Velasco logró que su criterio favorable a colaborar en un gabinete Lerroux fuera asumido por la mayor parte del grupo, aunque hubo otro sector, liderado por Calderón, que se opuso a actuar sin el concurso del resto de las minorías de derecha, sobre todo de la CEDA. Calderón era consciente de la debilidad de una simple coalición radical-agraria, y pidió que su grupo entrara en un gobierno nacional de centro-derecha que incluyera a los «gilroblistas» en el momento en que éstos lo considerasen oportuno. Lo que Martínez de Velasco no pudo hacer, como esperaban muchos medios del centro republicano, fue convencer a sus correligionarios de que hiciesen una declaración explícita de republicanismo y sólo se acordó que habrían de hacerla, en el momento oportuno, los que deseasen colaborar personalmente en un gabinete.

Al día siguiente, el líder agrario se entrevistó con Lerroux para participarle de los acuerdos de su minoría: habría colaboración ministerial siempre que el nuevo gobierno supiera recoger el sentido de las elecciones no desarrollando políticas contrarias al programa de las derechas. En esas condiciones, Martínez Barrio, que continuaba exigiendo de éstas una explícita declaración de «fe republicana», aprovechó para terciar anunciando que no cabría más solución que un gobierno en minoría y la disolución de las Cortes si los radicales no encontraran las asistencias necesarias, algo para lo que contaba con el acuerdo de los republicanos de izquierda. Lerroux no compartió criterio tan extremo y se mostró mucho más conciliador, a la espera de que Martínez de Velasco tuviera éxito en la «republicanización» de su grupo. Este proceso culminaría en enero de 1934, aun cuando mediase la escisión posibilista de Calderón¹⁶.

Precisamente por todas estas dificultades, Gil-Robles se mostró mucho más cauto que Martínez de Velasco, consciente de que ni siquiera había finalizado el proceso electoral, por lo que no caducaba aún el acuerdo con los monárquicos. Confirmó el 27 las filtraciones hechas a la prensa de Madrid sobre la futura táctica de su partido en una entrevista que concedió a la Gaceta Regional de Salamanca. Allí declaró que no habría pactos de gobierno, pero que esperaba, gracias a su apoyo a un gabinete Lerroux, que el programa mínimo de las derechas comenzara a cumplirse pronto. Dirigiéndose sobre todo a los monárquicos, pidió genéricamente a «las derechas» que «tengan en nosotros plena confianza, que nos dejen dirigir la contienda, sin agobiarnos con impaciencias de ningún género, por muy legítimas que sean», pues «todo ideal se realiza por etapas, según lo exija la realidad de la vida y conforme lo pida la prudencia», principio táctico que habría de presidir la labor de las derechas «para no malograr el magnífico triunfo obtenido».

En declaraciones al diario francés Le Petit Parisien fue más explícito con el programa de la CEDA. Gil-Robles apostó por que el nuevo gabinete de centro, al que su partido habría de sostener, aprobase una ley de amnistía y moderara la aplicación de las leyes sectarias. Las derechas irían al Parlamento, en última instancia, a reformar la Constitución pero hasta entonces había que enfrentar otras reformas entre las que estaban una ley provincial descentralizadora que desincentivara la petición de nuevos estatutos de autonomía, un Concordato con la Santa Sede, la derogación de la Ley del Divorcio, una reforma de la «reforma agraria» que contemplara el valor real de la tierra y creara propietarios individuales, y la modificación de la Ley Electoral. Apostaba por el «Estado nuevo», pero rechazó cualquier concomitancia con el fascismo: «no es posible en España, porque no se amolda a nuestro carácter»¹⁷.

Las presiones de los monárquicos fueron además recusadas por los sectores más cercanos al centro republicano. Royo-Villanova, apostó públicamente por un gabinete de coalición entre radicales, «mauristas» y agrarios con el apoyo exterior de la CEDA y censuró la postura de los monárquicos de esta guisa:

«Su obligación es esperar unos años, los que les quedan de vida normal a las próximas Cortes, y entonces, si se convenciesen de que la República no se encauza por el derrotero que en estas elecciones —las más sinceras que he presenciado— demanda la opinión, tal vez la Monarquía viniese por sí sola, como en abril advino la República. ¿Qué es mucho aguardar? Siete años aguardó Cánovas, y cuando Martínez Campos proclamó a Alfonso XII en Sagunto, todavía le pareció prematuro el golpe y lo llamó una botaratada. Cánovas no autorizó nunca movimientos como el del 10 de agosto, que además de poner en ridículo a los monárquicos colocó a la República en trance de represión».

Al tiempo, desde las páginas de El Sol, Melchor Fernández Almagro advertía a sus lectores de las profundas diferencias entre los monárquicos y los agrarios, y de lo positivo que para la consolidación de la República significaba la paulatina integración de los segundos:

«El agrario es todo lo que se quiera… menos un cruzado del trono. Se lo impide el sentido práctico, la natural defensa de sus intereses, la afición al juego político, el apego al orden constituido, su desconfianza por toda aventura… Los agrarios y gran parte de Acción Popular preferirán influir a guerrear. Gobernarán o no, pero se mostrarán dispuestos a una colaboración que puede ser fructuosa y que, en todo caso, descubre ya una posibilidad de absorción nacional. El régimen se dilatará hasta alcanzar fuerzas que no había por qué desechar. ¿Puede conseguirse el equilibrio de mejor manera que contrapesando por un lado el exceso de carga en el otro?» ¹⁸.

Pero la delimitación terminante de posturas la subrayó El Debate. El editorial del día 29 de noviembre significó el ataque más rudo a los monárquicos desde un medio inequívocamente conservador. Como refuerzo al discurso de Gil-Robles, recusó la estrategia monárquica de querer supeditar la supervivencia parlamentaria de un gobierno Lerroux al cumplimiento exclusivo del programa mínimo de las derechas, sin ni siquiera intentar pactar sus términos con los republicanos moderados ni comprometerse a un programa de mayor calado desde la lealtad absoluta a las instituciones. Reveló que el propósito de los monárquicos era dificultar la formación de un gobierno estable y esterilizar la labor del futuro Parlamento: «La táctica no peca ciertamente por lo nueva y es ya muy conocida. Se siguió en Francia y ya se sabe con qué éxito. No es más que la politique du pire, tan contraria a las doctrinas y a las enseñanzas de la Iglesia». Era una acusación, sin paliativos, de que los monárquicos querían forzar una restauración con la política de cuanto peor, mejor:

«Bien advertimos que entra por mucho en esa política la esperanza de la salvación por la catástrofe. Venga por el momento, piensan algunos, la solución peor, la más temida y la más dura, la menos deseable de cuantas imaginarse puedan. La reacción que en el ánimo público produzcan los inevitables desastres, el movimiento de protesta, el alzamiento contra tanta destrucción, tanta persecución y tanta ruina, será por tal manera vigoroso, que barrerá los factores anárquicos y nos abrirá por fin el camino seguro de la prosperidad y de la paz».

La postura de El Debate subrayaba, a diferencia de ABC, la absoluta indiferencia de los electores de derecha hacia la forma de gobierno monárquica y cuál había de ser el «deber patriótico», como se titulaba el propio editorial, de los conservadores: «lo que España desea, por encima de todo, en los momentos actuales, es orden, trabajo y paz, y que se alejen del horizonte nacional las sombrías amenazas que lo enturbian. Y como el orden, el trabajo y la paz no son posibles si no se posee un Gobierno, creemos que es un deber primordial el facilitar que lo haya»¹⁹.

No cabe duda de que, ya antes de la segunda vuelta electoral, la mayor parte de la Unión de Derechas, esto es, los núcleos que se estaban formando en torno a Martínez de Velasco y Gil-Robles alentados por sus medios de prensa afines, estaban dejando entrever una postura de colaboración pragmática y moderada que anticipaba su plena aceptación de la República. Ésta era coherente, además, con el discurso posibilista que habían construido pacientemente a lo largo del primer bienio republicano. No obstante, debe tenerse presente que las derechas habían movilizado a su electorado con la bandera de la revisión constitucional y de buena parte de la legislación del primer bienio. Su integración efectiva dependía de que los republicanos moderados coadyuvasen a arrumbar la «República de los republicanos», la fabricada a imagen y semejanza de republicanos de izquierda y socialistas, para hacer realidad la «República para todos los españoles» que Lerroux patrocinaba. Esto es, un verdadero régimen de libertades que pudiera ser gobernado desde la izquierda o la derecha a requerimiento del cuerpo electoral.

Por tanto, las exigencias de agrarios y AP no venían dictadas tanto por su renovado fortalecimiento en las Cortes, sino por la peligrosa situación en que el posibilismo les colocaba ante su electorado natural. Dado que no podían aceptar la República tal y como estaba configurada, con una Constitución esencialmente de izquierdas y laicista, como no se recataba en afirmar Jiménez de Asúa, y con una legislación que ellos consideraban atentatoria contra las libertades religiosa y económica, si su táctica fracasaba y los radicales se negaban a subirse al carro de la revisión (Martínez Barrio presionaba en este sentido), los monárquicos aparecerían, ante la opinión conservadora, cargados de razón y con posibilidades de liderarla.

Claro que la «rectificación» de la República era ya, por de pronto, rechazada por otra masa voluminosa de opinión, la socialista, y por los partidos republicanos de izquierdas. Precisamente por ello, el proyecto de «República para todos los españoles» partía con una severa limitación. La negativa de la izquierda a consensuar una serie de reformas que hicieran al régimen «habitable» para al menos la mayoría del país resultaba comprensible dentro de su universo de ideas y, sobre todo, de su visión intransigente y hasta dogmática de la política, contraria al espíritu de transacción con los «no republicanos», con las fuerzas políticas que habían sustentado la Monarquía y no habían participado de la conjunción republicano-socialista (aunque el debate constitucional había demostrado también que la derecha republicana no entraba con muchos títulos en ese exclusivo club de los «verdaderos republicanos»)²⁰. Lo que resulta menos comprensible, al menos desde una óptica actual, es que la izquierda no modificara en nada su posición después del rechazo explícito de la mayoría del electorado a las políticas del primer bienio y, máxime, después del apabullante «tortazo» electoral de los republicanos de izquierda. Antes bien, adoptaron una política ultradefensiva de la obra realizada entre 1931 y 1933, y se dedicaron a cuestionar la legitimidad de los vencedores para gobernar la República.

Más aún, socialistas y republicanos de izquierdas eludieron cualquier autocrítica tras los resultados. La realidad, para ellos, era que las derechas no habían triunfado, pues sumando los votos de socialistas y de todos los republicanos, éstos continuaban representando la mayoría del país. La Ley Electoral había castigado su desunión privándoles de muchos escaños y, al tiempo, había premiado a las opciones políticas que habían sabido concurrir unidas, como las conservadoras. Resultaba evidente el crecimiento de las derechas desde 1931, pero era la natural reacción de la «España vieja y antiliberal» contra las reformas del primer bienio y, además, el producto de la primera experiencia con el sufragio femenino. Domingo, en carta a Juan Benet, afirmó que no le había sorprendido el resultado electoral: «Lo esperaba. No porque considerara superior a nosotros, numéricamente, el volumen de las derechas, sino… porque las izquierdas iban divididas mientras las derechas se habían concertado en una estrecha unión».

Que no era cosa de los líderes nacionales lo confirma otra misiva enviada por un dirigente del PRSI de Baleares, Comas, al propio Domingo. A pesar de que la conjunción republicano-socialista había sido barrida por el electorado de aquella circunscripción hasta el punto de quedarse sin un solo escaño, Comas le comunicaba en la carta que el resultado «ha sido bueno, tras superar cada candidato los 32.000 votos y quedarse a 40 de obtener el quórum en la segunda vuelta». De tales diagnósticos no cabía sacar más que una conclusión: había que caminar hacia la fusión de los republicanos de izquierdas en una sola formación política, y reconstruir los puentes de entendimiento con el PSOE. Así las cosas, en los días posteriores al domingo 19 y conocida la magnitud de la catástrofe, AR y PRSI iniciaron contactos oficiosos para promover un proceso de fusión bajo el indiscutible liderazgo de Azaña, que habría de materializarse en las nuevas Cortes con la unión en una minoría de los pocos diputados republicanos electos de izquierdas. Esta primera fase se completó antes de iniciada la segunda vuelta: el día 2 de diciembre el Comité Nacional del PRSI ya aprobó la constitución de la minoría²¹.

El desenfoque del análisis de AR y PRSI, sustentado en la existencia de una «mayoría republicana», resultaba evidente, toda vez que los militantes del PSOE estaban dejando de constituir genuinos defensores de la obra de 1931 para superarla y caminar hacia la «construcción del socialismo», y que los radicales habían salvado electoralmente sus muebles desvinculándose a toda velocidad de las políticas del primer bienio y dando entrada en sus filas a antiguos monárquicos liberales. Pero ese análisis resultaba sobremanera útil para ahuyentar cualquier propósito de autocrítica profunda o espíritu de transigencia. Nada debía rectificarse de lo realizado en el primer bienio, pues todo era «política republicana», consustancial al sentido que habría de tener el régimen.

En palabras de Domingo, la victoria de las derechas no era más que el resultado del «miedo, la ignorancia, la insensibilidad civil, la miseria resignada, la cobardía moral, el fanatismo impermeable, la defensa de los viejos privilegios, la calumnia, el quietismo», en una descripción que dejaba bastante malparado al cuerpo electoral. Un año más tarde, el mismo Domingo escribiría que una de las claves de la derrota de la izquierda era no haber aprobado una «ley contra la difamación» que hubiese limitado la campaña de las derechas contra los republicanos de izquierda. Más aún, añadió que «la República, para su propio daño o para su propio crédito, confiada en sí misma o con inocencia punible, fue generosa: dio igual libertad al que estaba con la República que al que se había situado contra ella; al amigo que al enemigo; al que era su servidor y defensor que al que era su adversario irreductible». En otras palabras, el exministro consideraba un acto de «generosidad ingenua» otorgar un grado equitativo de libertad de propaganda para todas las opciones políticas.

En Barcelona, el enroque de los dirigentes de la Esquerra era aún más agudo, dada la posibilidad de que gobernasen en Madrid los que habían impugnado un año antes el Estatuto de Cataluña. Maciá, en un alarde de patrimonialización de la Generalidad, excavó la primera trinchera dialéctica cuando declaró que iba a hacer de la región un «baluarte del izquierdismo» para estar «prevenidos ante cualquier evento». En un comunicado radiado dejó claro que no permitiría a las nuevas Cortes revisar el Estatuto jurídico de Cataluña y advirtió enigmáticamente que su «gobierno» sabría «defender la dignidad y libertad de nuestro pueblo». Pero, por de pronto, las baterías las dirigió contra Companys, quien, con los votos de la Lliga, había sido el candidato más votado por Barcelona capital. La derrota había provocado tales turbulencias en el seno de la Esquerra, que se saldaron con la renuncia voluntaria al acta del que acabaría sucediendo al avi²².

Por si semejantes posturas no supusieran ya bastante dificultad para la viabilidad futura de la República, lo peor residía en el claro ánimo desestabilizador de los socialistas. La preocupación ante el hecho de que las derechas «extrarrégimen» pudieran gobernar la República y «desvirtuarla» fue haciéndose mayor conforme pasaban los días ya que apreciaban, sobre todo, la aquiescencia de Lerroux a admitir esa posibilidad. Algunos dirigentes del PSOE comenzaron a sacudirse el estado de aturdimiento en que les había dejado el resultado electoral, pero para reafirmarse por el camino trazado ya desde la pérdida del poder en aquel «fatídico» mes de septiembre. Desde luego, para defender su política electoral. Rezaba un editorial de El Socialista:

«Ni de cerca, ni de lejos tenemos la menor responsabilidad en el desastre de los republicanos. A ese mismo desastre se nos llevaba a nosotros, y el afán de la convocatoria electoral se cifraba casi exclusivamente en lograr nuestra derrota. No se ha logrado, y la que se aprecia es la de los republicanos. Quisimos evitarla nosotros. Por ello nos negamos a que se disolvieran las Cortes constituyentes…».

O, como hizo el diario socialista jiennense Democracia, para atribuir la victoria de las derechas a factores extraños al sufragio: «La Guardia Civil de infantería y caballería y la Guardia de Asalto con tercerolas, ganan las elecciones», afirmaba de forma insólita su titular del día 21. La reunión de la Comisión Ejecutiva del partido el día 22, en que se emitió la nota en la que se prohibía a las federaciones provinciales llegar a acuerdos con el PRR, se celebró en un ambiente de tensión. Se escucharon voces, las de Juventudes Socialistas, contrarias a concurrir a la segunda vuelta, ya que alegaban que la victoria de las derechas había sido fruto del amaño; y rumores sobre supuestas conspiraciones de «elementos reaccionarios» para atentar contra dirigentes socialistas, propagados por un Fernando de los Ríos que, después de la derrota, parecía haber difuminado su fe en la democracia. Y esto, mientras algunos medios como El Sol anunciaban los propósitos de la UGT de preparar una «acción conjunta» con otras organizaciones obreras como consecuencia del resultado de los comicios, rumor que a buen seguro se había propalado con relación a los sucesos de la Casa del Pueblo de Madrid descritos páginas atrás²³.

El desapego de sectores importantes del partido hacia la democracia era confirmado en otro editorial de El Socialista que convirtió la derrota electoral en una suerte de victoria moral. Lo más grave era su afirmación de que los comicios se habían falsificado y no porque hubiera evidencias que lo avalaran, sino sencillamente porque, según decía, las viejas oligarquías mantenían intacto su poder económico. Tamaña aserción, a modo de consuelo para consumo interno, sería repetida en las jornadas siguientes por este diario. Días más tarde, El Socialista publicó un artículo de Araquistain en el que se daba ya por cegada definitivamente la vía de la democracia y hacía, sin ambages, un llamamiento para una nueva revolución, esta vez de nuevo cuño, socialista:

«Cada vez con más claridad la clase obrera se va dando cuenta de que en una falsa democracia, como lo son todas las dominadas por las oligarquías y por la fuerza pública que les sirve, no hay esperanza de alcanzar nunca el poder político por la vía de un parlamentarismo amañado y extraído con los fórceps de todas las coacciones del cuerpo de la nación. Este desencanto ante los llamados instrumentos legales, que sólo son instrumentos de los poderes históricos, es lo más grave que ha podido ocurrir en estas elecciones. Lo más grave, porque cuando la mayoría de un pueblo se queda sin expresión política por los atropellos de una minoría dominadora, es que ese régimen ha fracasado. Y no hay más que una salida. De hecho estamos como antes del 12 de abril de 1931».

Más explícito aún fue Santiago Carrillo, dirigente de las Juventudes, que en un artículo en Renovación afirmó que las derechas les habían «robado» la «victoria electoral» y que el proletariado había «comprendido que tiene que acudir al camino de la insurrección»²⁴.

Que no era una postura personal de un militante o de un medio de prensa, lo ratificaron pronto los organismos nacionales del partido y del sindicato. El 25 de noviembre las Comisiones Ejecutivas del PSOE y de la UGT, reunidas conjuntamente, emitieron una nota pública en la que negaban toda legitimidad a la nueva mayoría parlamentaria, republicanos moderados incluidos, para hacerse cargo del poder y revisar la legislación de las Cortes constituyentes. En ella hacían constar, además, su postura unánime «al considerar imprescindible el vivir alerta, ante el peligro de que el adueñamiento del Poder por los elementos reaccionarios bien lo ejerzan directamente o delegándolo en quienes les facilitaron el triunfo les sirva para rebasar los cauces constitucionales en su público designio de anular toda la obra de la República». Si así ocurriera, el partido y el sindicato incitaban a las «organizaciones obreras» a «alzarse vigorosamente».

En esa nota se pusieron fin, por otra parte, a las cábalas y rumores sobre la posible retirada de los socialistas para la segunda vuelta, pues ambas Comisiones animaban a los militantes a redoblar sus esfuerzos durante la jornada electoral del día 3 de diciembre «a fin de fortalecer lo más posible la minoría socialista, la que ha de recabar casi exclusivamente en el futuro Parlamento la defensa de los avances políticos y sociales obtenidos por medio de la República», y ello después de haber recusado la limpieza de la primera vuelta. Al día siguiente, el Comité Nacional del PSOE volvió a reunirse para confirmar las resoluciones tomadas por ambas Comisiones Ejecutivas con otra nota que dejaba ver, detrás de rimbombantes ambivalencias y al socaire de la obra legislativa de las futuras Cortes, el espantajo de la revolución:

«el Comité Nacional, apreciando el riesgo evidente en que se hallan los derechos de la clase trabajadora y de España en general por las amenazas más o menos encubiertas de un fascismo vergonzante, coincidió en apreciar la necesidad absoluta de que las organizaciones del Partido estén preparadas para oponerse con el máximo empeño, llegado el caso, al logro siniestro de los propósitos acariciados por las derechas españolas».

Pese a que la postura adoptada fue la de ponerse en guardia y esperar la «provocación» de la derecha, que en este caso era su simple acceso al gobierno, resultaba sintomático del ambiente que se respiraba en el seno de este partido el que algunos delegados apostasen por realizar de forma inmediata una «acción ofensiva», adoptando así una posición similar a la de CNT y PCE. Estos hechos confirman sobradamente la tesis de Macarro de que «la deslegitimación de las elecciones [por parte de los socialistas] no obedecía a… falseamientos. La deslegitimación era más honda, porque negaba el acceso al poder a quienes quedaron fuera de la proclamación de la República»²⁵.

La postura de los socialistas, junto con la actitud abiertamente insurreccional de los comunistas (incluido el BOC) y la espada de Damocles del anunciado levantamiento de la CNT y la FAI, contribuyeron a enrarecer el ambiente político en el momento en que los partidos comenzaban a salir del impasse impuesto por el recuento y a poner nuevamente en marcha la propaganda en las provincias donde habría de celebrarse segunda vuelta. En ese momento crítico, tampoco el gobierno se libró de perturbaciones, pues la coalición de radicales y republicanos de izquierda que lo sostenía se debilitó merced a la acción de los segundos. Tras el fracaso de las gestiones de Palomo para reconstruir una conjunción de republicanos y socialistas, los medios de prensa airearon la posibilidad de que AR y el PRSI retirasen de inmediato sus ministros del gobierno, sin esperar a que finalizase el proceso electoral. En unas declaraciones efectuadas el 24 de noviembre, Martínez Barrio reveló que algunos miembros del gobierno le pidieron ser sustituidos tras la derrota electoral, pero que se había negado a ello. No habría crisis hasta que el gobierno pudiera presentarse ante las nuevas Cortes y justificar allí su gestión electoral. La continuidad del gabinete resultaba necesaria, toda vez que el ministro de la Gobernación, Rico-Avello, no había obtenido el acta de diputado y habría de defender su labor desde el banco azul²⁶.

Pero la disconformidad de los ministros republicanos de izquierda con la política electoral que había mantenido el ejecutivo, y sobre todo con los resultados que había generado, atenazaba los débiles pilares en los que se había asentado la coalición gubernamental. Pronto se rumoreó la disposición del ministro de Justicia, convaleciente de un accidente de automóvil, a dimitir e intentar arrastrar así al resto de sus compañeros republicanos de izquierda para forzar la sustitución del gabinete. El rumor se sustanció durante el Consejo de Ministros del 28 de noviembre. Todos los medios de prensa coincidieron en que allí Botella criticó las alianzas electorales de radicales y agrarios y la política de inhibición electoral, de la que culpó a Rico-Avello. Alegó que ésta habría podido facilitar la comisión de coacciones y atropellos por parte de las derechas, que podían haber resultado decisivos para su triunfo. Propuso, en una interpretación sui generis del artículo 59 de la Constitución, la suspensión sine die del proceso electoral y la convocatoria de las Cortes constituyentes disueltas para que juzgasen la limpieza de los comicios²⁷.

No obstante, contra sus previsiones, los restantes ministros se mostraron frontalmente opuestos a su criterio. Coincidieron en que la inhibición del gobierno había constituido un «timbre de gloria», muestra evidente de la honestidad con la que habían actuado. Se extrañaron de la actitud del titular de Justicia alegando que fue él quien más interés puso en la política de estricta neutralidad, que dictó varias disposiciones en este sentido y que, más aún, estuvo presente en todas las deliberaciones electorales del gobierno sin que sostuviera nunca la postura contraria. Además, pidieron a Botella que si, como ministro de Justicia, tenía conocimiento de algún atropello o coacción, utilizara precisamente la vía judicial para que fuera debidamente sancionado. La respuesta de Botella no fue la de probar sus afirmaciones, sino la de dimitir en el Consejo de Ministros del día siguiente. No fue seguido por nadie. Martínez Barrio, previa consulta a Alcalá-Zamora, resolvió la situación como crisis parcial, encargando la cartera de Justicia al ministro de Instrucción, el radical-socialista Domingo Barnés, que ya la venía desempeñando de forma interina durante la enfermedad de Botella. Dimitieron por solidaridad los gobernadores de Almería y Cádiz, y el delegado gubernativo de Ceuta, todos miembros de su partido²⁸.

El 30 de noviembre, Botella convocó una rueda de prensa para explicar públicamente los motivos de su dimisión. Comenzó sembrando dudas acerca de la huida de March. Según el exministro, éste se había fugado de la cárcel «encontrando expeditos todos los medios para lograrlo con las máximas garantías de éxito» y con la ayuda de «elementos» del Partido Radical «lo suficientemente destacados para hacer ineludible una responsabilidad política». Él había querido dimitir pero Martínez Barrio le disuadió anunciándole que temía un «complot contra el gobierno». Botella insistió en sus argumentos de condena de la inhibición electoral del gabinete, y afirmó que los comicios del 19 de noviembre «han ofrecido los mayores ejemplos de inmoralidad e ilegalidad que jamás se han conocido, pues nunca, como esta vez, ha corrido el oro de las derechas ni se ha explotado más el fanatismo religioso, ni ha habido mayores amaños ni falsedades de actas». «No sería difícil documentar todo esto», continuó, «pero el intentarlo ahora sería interminable y creo bastante decir que constituye una viva convicción de todas las opiniones de izquierda y que la comparten bastantes de los ministros del actual Gobierno». Así, sustituidas las pruebas jurídicas por «convicciones», volvió a referirse a la necesidad de suspender el proceso electoral y de reunir a las Cortes constituyentes para que lo enjuiciasen. Como jurista, era consciente de la dificultad de interpretar de esa forma el precepto constitucional, pero despachó tal obstáculo oponiéndose a que el «legalismo» estorbase el porvenir de la República, amenazado por el avance de los conservadores.

Esta rueda de prensa provocó un airado editorial de ABC en el que contrastaba la actitud de las derechas «que esperan serenas, confían en el derecho y no hacen nada revolucionario», con el de los republicanos que «hablan de anular las elecciones, que no valga el voto del país o ir a una rápida disolución de las Cortes, porque antes que ellas o la soberanía nacional está la República». «No nos asusta la algarada contra el triunfo de las derechas», apuntó el diario monárquico: «Ya verán lo que hacen los partidos y los Poderes del régimen. Porque si prosperase la tendencia hacia el golpe de Estado… la conclusión sería ésta: que la República es incompatible con la voluntad nacional»²⁹.

El intento de Botella no sería el único. Pero dejaba ver fehacientemente cómo la democracia no era considerada un fin en sí mismo por un sector de los republicanos de izquierda. Demostraban así coincidir con el postulado socialista de que las fuerzas políticas al margen de la conjunción no podrían nunca gobernar la República porque carecían de legitimidad para hacerlo. Aún peor era que el testimonio, tan irresponsable como mendaz, del exministro de Justicia extendió una mácula sobre las elecciones que contribuiría a hacerlas sospechosas ante la opinión de izquierdas y daría alas no a los dirigentes socialistas y republicanos de izquierda partidarios de acatar el resultado de las urnas (como Besteiro o Sánchez-Albornoz), sino a los que repetían en los mítines que ese mismo resultado había sido producto del fraude, de la coacción y de la corrupción, y por tanto que no cabía respetarlo. En cuanto a los efectos políticos inmediatos de la dimisión de Botella, Martínez Barrio había salvado la integridad de su gobierno hasta la celebración de la segunda vuelta. Pero en absoluto su continuidad estaba garantizada hasta la apertura de las futuras Cortes.

Vísperas revolucionarias

La concurrencia del PSOE a la segunda vuelta despejó un tanto el panorama estrictamente electoral, hasta el punto que los trámites previstos por la legislación pudieron completarse con normalidad. Con cifras seguras de voto, el gobierno pudo el día 21 de noviembre conocer ya con casi toda seguridad que serían 16 el número de circunscripciones en las que había de repetirse la elección. De ellas, en Alicante, Castellón, Ceuta, Córdoba, Huelva, Madrid capital y provincia, Málaga capital y provincia, Murcia capital y provincia, y Melilla, doce en total, los candidatos que hubieran sobrepasado el 8 por 100 de los votos emitidos en primera vuelta podían volver a competir por todos los puestos de la circunscripción. En Baleares, Burgos y Guadalajara, sólo contenderían por las minorías; y en Zamora, por un único asiento. El número de escaños en juego, 95, aún podía modificar parcialmente la distribución de fuerzas en el Parlamento y, en caso de una movilización mayor de la izquierda, contener la marea conservadora de la primera vuelta.

La circunscripción de Madrid capital constituía, por su simbolismo, la batalla electoral más interesante. Esta apreciación venía acrecentada por el equilibrio que había existido entre las candidaturas del PSOE y de las derechas en la primera vuelta, algo que dejaba a los electores de los partidos republicanos como los verdaderos árbitros de los comicios. A priori, esa situación podía beneficiar más a los socialistas, a fin de cuentas sus socios en la fundación del régimen. La presencia de monárquicos declarados y hasta de un exministro de la Dictadura como Calvo Sotelo en la candidatura de la Unión de Derechas, tampoco favorecía la atracción del voto republicano centrista. De hecho, aunque sólo habían pasado dos años y medio desde la marcha de Alfonso XIII, los monárquicos no disimulaban un ápice su animadversión hacia la República. Los candidatos de derechas sólo podían confiar que, en este lapso de tiempo, el «antimarxismo» hubiera comenzado a pesar mucho más en el ánimo de los republicanos que el «antimonarquismo».

En principio, existían dos factores puramente electorales que favorecían la fusión de derechas y republicanos moderados en una sola candidatura. El primero era que la suma de papeletas de ambas opciones superaba el 50 por 100 del voto emitido el día 19, lo que le concedía serias opciones de triunfo. El segundo, quizás más importante, era la relativa facilidad que existía para el acoplamiento de ambas candidaturas. De los trece candidatos de las derechas, cinco de ellos (Royo-Villanova, Gil-Robles, Calvo Sotelo, Valiente y Goicoechea) ya habían conseguido el acta por otras circunscripciones. Tres de los principales aspirantes de la coalición republicana, Lerroux, Maura y Lara, estaban en la misma situación. Una coalición de centro-derecha con ocho candidatos de derecha y cinco republicanos moderados, tal y como planteaba El Sol teniendo en cuenta la proporción de votos obtenida el día 19, no resultaba en absoluto una quimera. Pero la posición intransigente de los radicales de no coaligarse con ningún candidato monárquico, como había establecido el Comité Nacional del PRR, frustró el acuerdo.

En la segunda reunión que mantuvo Lerroux con Casanueva la noche del 22, el líder radical pidió la retirada del candidato tradicionalista Larramendi y del director de ABC, Luca de Tena, para llegar a una coalición efectiva. Esta petición impidió la alianza. Primero, porque dejaba en pie sólo a seis candidatos conservadores frente a siete de la coalición republicana, una distribución de puestos que no justificaba el resultado de la primera vuelta. Y, sobre todo, porque en esas condiciones la abstención del electorado inequívocamente monárquico, voluminoso en la capital de España, haría muy difícil la victoria del centroderecha. El propio Lerroux era consciente de ambos problemas, pero en la reunión del Comité Nacional del PRR algunos de los asistentes argumentaron que la alianza con Luca de Tena y los carlistas quebraría el inestable gobierno de radicales y republicanos de izquierda ³⁰.

Al día siguiente, visto que la Unión de Derechas no estaba dispuesta a retirar a los candidatos monárquicos, los de la coalición republicana se abstuvieron de volver a la lucha. En esas condiciones, Martínez Barrio intentó, en última instancia y días antes de la segunda vuelta, un acuerdo entre las derechas y el PSOE para que, teniendo en cuenta el resultado de la primera, se repartiesen los escaños de la capital: aquéllos obtendrían ocho actas y los socialistas, que habrían de retirar para ello cuatro candidatos (uno de ellos, Lamoneda, ya había conseguido el acta por Granada y otro, Llopis, tenía muchas posibilidades de hacerlo por Alicante), las nueve restantes. El objetivo, declarado públicamente, era evitar una jornada electoral tensa por la lucha, a suma cero, de dos opciones radicalmente contrapuestas. Las derechas aceptaron la iniciativa gubernamental e incluso transigieron en rebajar su cupo de actas para salvar la intransigencia de los socialistas. Pero éstos se negaron, siquiera a retirar a Lamoneda³¹.

Las organizaciones provinciales del PRR y de AP sí lograron vencer, en general, los obstáculos que impidieron la candidatura antimarxista en Madrid capital. Pese a que los «lerrouxistas» aún seguían gobernando con los republicanos de izquierda, casi todos los comités provinciales del Partido Radical buscaron alianzas por su derecha. Esto demostraba no sólo una actitud pragmática, sino también un giro efectivo de esta formación hacia el conservadurismo y, por tanto, significaba una nueva derrota de su ala izquierda. Los comités provinciales de AP y agrarios, visto el apreciable apoyo de las candidaturas socialistas el 19 de noviembre en la mayoría de las circunscripciones donde había de repetirse la elección, también buscaron con ahínco conformar las candidaturas «antimarxistas» que no habían podido presentar semanas antes. Para poder hacerlo, tenían antes que romper sus alianzas con los partidos monárquicos, con los que no se podía embarcar en la misma coalición el PRR, ante el riesgo de que quedase desautorizada la lista por Lerroux.

Ésta fue la pauta seguida en las circunscripciones donde pudo confeccionarse una candidatura de centro-derecha: Alicante, Córdoba y las circunscripciones urbanas y rurales de Málaga y Murcia. En las demarcaciones norteafricanas que elegían un solo diputado, Ceuta y Melilla, sólo cabía la eventualidad de una retirada de los candidatos derechistas, que habían quedado por detrás de los radicales en número de sufragios. En Ceuta se hizo sin problemas, pero en Melilla hubo de intervenir Gil-Robles para que se retirase la candidatura de Sanjurjo. Además, las organizaciones conservadoras apoyaron a los radicales para que se hiciesen con los escaños minoritarios de Baleares y Guadalajara (aunque aquí sostuvieron la candidatura del radical disidente Carrasco frente al «oficialista» Barrena), e hicieron lo propio con los «mauristas» en Zamora ³².

La unión del centro-derecha no resultó, empero, perfecta. En cuatro provincias, radicales y derechas acudieron a la segunda vuelta enfrentados en diferentes candidaturas. En una de ellas, Castellón, la elección se había polarizado el 19 de noviembre entre el PRR y la CEDA, hasta tal punto que resultó imposible un entendimiento para copar los escaños. La presencia, además, de dos candidatos tradicionalistas atestiguaba la fuerza electoral del carlismo en esa provincia y suponía un obstáculo insuperable para que se fraguase la unidad anhelada desde Madrid. En Huelva, la coalición entre los «mauristas» y AP se rompió y los primeros, que eran la fuerza política más importante de la derecha onubense, se unieron a los radicales. Frente a ella, concurrió en solitario el dirigente de AP Sánchez-Dalp. En Burgos, los dos escaños para las minorías pareció que se los repartirían los líderes de las candidaturas derechistas disidentes: uno para el católico-agrario Gómez Rojí, y otro para el dirigente de Acción Rural, García Vedoya, a los que sostendrían los mismos electores agrarios que en primera vuelta habían sacado triunfante a Martínez de Velasco. No obstante, el panorama se complicó sobremanera por la concurrencia de un candidato radical, de otro «maurista» y del dirigente nacionalista Albiñana.

Por último, en la demarcación rural de Madrid tampoco hubo acuerdo entre republicanos moderados y derechas, y ello a pesar de que el PSOE había logrado la victoria en la primera vuelta. La coalición conservadora se negó, como en la capital, a quitar al candidato tradicionalista Toledo y al «alfonsino» Serrano Jover. Por ello, a radicales y «mauristas» no les quedó más remedio que retirar su candidatura ante la certeza de la derrota. En realidad, era dudoso que, en esas condiciones, los electores radicales acudieran a votar la candidatura completa de las derechas y la dolorida nota de prensa de los candidatos retirados, concediendo libertad plena a sus electores para «proceder con arreglo a su conciencia» tampoco contribuyó a fomentar la cohesión. Los socialistas tenían, por tanto, una oportunidad de oro para triunfar si sumaban el voto de los republicanos de izquierda³³.

Ocurría, sin embargo, que el PSOE no estaba muy por la labor de tomar el camino de las alianzas. Menos que nadie, su Comisión Ejecutiva. En las circunscripciones donde los candidatos republicanos de izquierda no llegaron al 8 por 100 de los sufragios emitidos, no hubo complicación alguna: AR, el PRSI y los federales pidieron el voto para los socialistas. Así ocurrió, por ejemplo, en Madrid capital y provincia, Córdoba, Huelva y Melilla. Pero no hubo reciprocidad por parte de los socialistas. En Alicante, la lógica electoral imponía una coalición entre el PSOE y los republicanos de izquierda, que habían demostrado arraigo en esa provincia. No obstante, pese a que AR y PRSI rebajaron su petición a dos puestos en la candidatura, la asamblea provincial de los socialistas optó por luchar en solitario y mantener a todos sus candidatos, incluido Saborit, quien ya había conseguido el acta por Ciudad Real. Así las cosas, los republicanos de izquierda acabaron retirándose el 30 de noviembre, pero pidieron a sus electores que se abstuvieran y culparon al PSOE del seguro triunfo de las derechas.

En Málaga provincia, los socialistas se negaron a conceder siquiera un puesto a los «dominguistas», y reafirmaron su ánimo de concurrir en solitario aunque, en este caso, AR y PRSI decidieron emitir una nota pública pidiendo, con resignación, que se apoyase al PSOE. En Córdoba parecía necesario un acuerdo entre los socialistas y el PCE, pero las malas relaciones entre ambos partidos pesaron más que las conveniencias electorales y no se llegó al ajuste. En otras provincias, unciéndose al carro de la CNT, el PCE se limitó a solicitar la estricta abstención o el voto nulo. En Baleares y Burgos, el PSOE decidió presentar candidatos para aspirar a los puestos minoritarios sin contar con el criterio de los republicanos de izquierda, con los que había marchado unido en la primera vuelta. Esto provocó que, en Baleares, AR emitiera un comunicado anunciando que no apoyaría la candidatura socialista. Los socialistas también hicieron lo propio en Zamora, con la ventaja de contar con la ayuda de parte de las organizaciones del PRSI, pues el 30 de noviembre Galarza había anunciado en carta abierta a Domingo que abandonaba el partido y que pediría su ingreso en el PSOE. En cuanto a Guadalajara, las posibilidades de victoria resultaban tan remotas que los candidatos socialistas obrarían, a dos días de los comicios, de igual forma que AR: se abstuvieron de concurrir ³⁴.

No obstante, esa lógica electoral que los socialistas no tuvieron en cuenta en las provincias citadas (a menos que diesen por descontada su derrota y quisieran asegurarse los escaños de las minorías) sí que influyó en el resto de las circunscripciones. En Castellón, donde su peso electoral era menor que el de los republicanos de izquierda, se mantuvieron dentro de la conjunción. En Málaga capital, el PSOE se constituyó, tras laboriosas gestiones, en el eje de un extenso frente que incluía a republicanos de izquierda y comunistas. Aunque se ha apuntado que la coalición malagueña suponía un precedente del Frente Popular de 1936, no constituyó más que un pacto local con fines únicamente electorales. Sin embargo, el PSOE y el PRSI se comprometieron allí a asumir gran parte del programa político con el que se había presentado la plataforma del PCE.

Entre otras cosas, el «Frente Único Antifascista», que así se denominó esta candidatura, apostaba por la imposición de un impuesto del 50 por 100 de los «salarios» a «capitalistas» y «latifundistas», la expropiación de los bienes de la Iglesia, la amnistía para los «presos revolucionarios», el encarcelamiento de los «jefes fascistas», la prohibición de su prensa y la disolución de la Guardia Civil. En Murcia capital y provincia, el PSOE optó por mantener la coalición de la primera vuelta con los «dominguistas», y no extender el frente, por órdenes de la Comisión Ejecutiva, a los radicales socialistas de Gordón. Como el PRRS se negó a retirar su candidatura, la intransigencia del PSOE nacional impuso una lucha a tres bandas que beneficiaba al centro-derecha. De hecho, la derrota de los socialistas murcianos generaría turbulencias: tres días después de la elección la ejecutiva de la federación provincial dimitió en pleno como protesta contra la dirección nacional³⁵.

La campaña electoral para la segunda vuelta resultó más corta que la de la primera, pues los actos públicos se celebraron, como era natural, a muy pocos días de la jornada electoral y a la vez que se negociaba el ajuste de las candidaturas. Desde luego su repercusión fue menor, puesto que sólo hubo elecciones en 16 provincias. El número de actos se redujo considerablemente y los partidos centraron sus esfuerzos en las poblaciones más importantes. Era evidente que el agotamiento físico de los candidatos y, por supuesto, de los fondos de campaña hizo estragos en la propaganda. La meteorología tampoco acompañó. Un anticipado frío invernal, con chubascos y heladas, se apoderó de la mayor parte del país. Muchos pueblos de Zamora, Burgos o Guadalajara quedaron aislados merced a las copiosas nevadas. No obstante, a pesar de estos inconvenientes, la tensión política no decreció. La incertidumbre generada por los resultados de la primera vuelta y por la actitud hostil de los partidos de izquierda hacia la nueva situación gubernamental que, día tras día, radicales y derechas estaban perfilando, aumentó con los rumores de un inminente levantamiento anarquista.

Por de pronto, el creciente extremismo de los socialistas y su alineamiento con posturas claramente «antisistema» tuvieron rotunda materialización en la durísima propaganda que diseñaron para la segunda vuelta. «Nos encontramos», afirmaba El Socialista, «en vísperas revolucionarias. Vísperas, no de una experiencia que ha dejado un sabor ingrato en el paladar de la opinión trabajadora, sino de un nuevo ensayo más hondo, más anhelado y menos falsificable: la Revolución social». No era cosa sólo del periódico. En el mitin del Cinema Europa, la noche del 28 de noviembre, Prieto extremó su posición respecto a la primera vuelta. Para el orador, el resultado de los comicios había sido obra de los radicales, del gobierno, de los gobernadores civiles y de la fuerza pública, «que con sus coacciones siniestras han inclinado la victoria por las fuerzas de la reacción». Ellos habían permitido que la «burguesía» hubiera conquistado la República. Ante esta situación, aclaró que «una República… que vuelva a mantener, acrecentándolo, el dominio de la burguesía… es para nosotros una República profundamente despreciable, en cuya defensa no hemos de invertir ni un sólo esfuerzo… Una República así no nos interesa».

Aún más grave que el anunciado divorcio entre los socialistas y las instituciones, fue que Prieto había modificado su posición de semanas antes, asumiendo las tesis insurreccionales de Largo ante la tesitura de un gobierno de centro-derecha. Exigió a Lerroux que no formase ningún ejecutivo «porque nadie que se precie de republicano puede prestarse al juego de presidir un Gobierno con representantes, directores o no, de unos elementos que son profundamente adversos a la República», y dejó meridianamente claro que «si alguien intentara entregar ya de modo directo, solemne, sin ninguna clase de disimulos, el Poder a los enemigos de la República, el pueblo español está en la obligación sagrada de, en aquel instante mismo, levantarse revolucionariamente». Días más tarde, afirmó en Córdoba que si los socialistas habían de estar sometidos en España a un régimen como el de Italia o Alemania, el PSOE lideraría a todo el proletariado para implantar un régimen como el de Rusia. Añadió:

«el resultado de las elecciones del próximo domingo no nos interesa gran cosa, aunque podamos obtener una docena más de diputados. Estas elecciones, realizadas, según el testimonio irrecusable de un exministro, con coacciones, sobornos y amaños, no nos merecen respeto, así como tampoco las Cortes que van a constituirse»³⁶.

En el mitin del Cinema Europa, Largo Caballero dio un paso a la izquierda con un discurso aún más extremo, si cabe, que el de Prieto. Tanto fue así que El Socialista hubo de suprimir los párrafos más duros en la trascripción que ofreció a sus lectores para sortear una posible denuncia del fiscal general de la República. Largo comenzó impugnando el resultado de los comicios: «yo, que llevo muchos años en la vida política interviniendo en elecciones, tengo que declarar que ninguna ha habido tan bochornosa, tan indecente, tan deshonesta como la del día 19». A pesar de que afirmó comprender a las Juventudes Socialistas cuando pidieron no concurrir a la segunda vuelta, justificó de esta guisa que el PSOE se presentase a ella: «no es incompatible luchar el próximo día 3 en las urnas y luchar, por ejemplo, el día 10 en las calles revolucionariamente». A diferencia de Prieto, Largo consideraba que, en realidad, no había diferencia alguna en que gobernasen las derechas y en que lo hicieran los radicales:

«Yo digo: si se entrega el Poder a Lerroux y éste gobierna por mandato de las derechas, ¿qué más me da a mí que comande el Gobierno el jefe radical que Gil-Robles? Yo digo que cualquiera de las dos soluciones, Lerroux o Gil-Robles, es entregar la República a la reacción. Y allí, en el lugar donde se debe evitar que esto ocurra, que se evite».

Apeló a Alcalá-Zamora para que actuase en consecuencia:

«óiganlo bien los altos poderes pues de lo contrario tendremos que pensar también en el alcance de las responsabilidades… Si se llega a la constitución de un Parlamento y de un Gobierno, la clase obrera se encontrará a la puerta de un movimiento revolucionario en que nos lo vamos a jugar todo. ¡Todo!… La clase trabajadora, al realizar ese movimiento revolucionario, será para entregar el Poder a nuestro Partido, que con él en la mano cubrirá la etapa de transición hasta el Socialismo integral en cuyo régimen encontrarán los trabajadores su emancipación total y absoluta».

Finiquitó por completo cualquier entendimiento con los republicanos de izquierda y apostó claramente por un «frente único de los trabajadores» con la CNT y el PCE, organizaciones en ese momento en trance de insurreccionarse. Por si la actitud revolucionaria de Largo no había quedado suficientemente aclarada, el orador disipó los rumores de que deseaba afiliarse al PCE alegando que él se encontraba a gusto donde estaba, y que los comunistas no eran más marxistas o revolucionarios que el PSOE³⁷.

El claro contrapunto a los discursos de Prieto y Largo fue la intervención de Besteiro en el Cine Pardiñas de Madrid. El líder de la UGT consideraba los resultados electorales bastante buenos, teniendo en cuenta además que el PSOE había acudido en solitario a los comicios, a diferencia de radicales y derechas. Lo importante era que tendrían un grupo parlamentario suficiente para realizar una labor parlamentaria positiva. Advirtió a las derechas triunfantes que si intentaban salirse de la legalidad, «la comisión nacional del PSOE y la de la UGT han aprobado… la defensa vigorosa de las instituciones»; pero si esto no ocurría, los socialistas habían de continuar por la senda de la lucha política. No obstante, fue mucho más explícito en su desmarque público de las actitudes revolucionarias, dejando ver las tensiones por las que pasaba su propio partido: «yo digo que sería gravísimo que dentro de nuestra propia familia hubiera quienes, por nublárseles la inteligencia, se quieran inclinar del lado de esas demagogias y esos curanderos. Si tal ocurriera tendríamos que persuadirlos del disparate que iban a realizar». Lamentó, en fin, el naufragio de los republicanos de izquierda, producto de una bipolarización electoral entre marxistas y antimarxistas que, en su opinión, nunca debió suceder.

Además, fue Besteiro el único dirigente de la izquierda que hizo cierta autocrítica. En una entrevista concedida a Le Petit Parisien reconoció que «las derechas se han apuntado un triunfo que a nosotros no nos queda más que hacer constar», sin tratar de deslegitimarlo hablando de coacciones y atropellos. Para el líder de la UGT, los socialistas habían «favorecido y facilitado una campaña electoral católica y clerical, que se ha aprovechado, desde el punto de vista religioso, de unas medidas quizá un poco prematuras, tal vez un poco torpes». Criticó también el proceso de sustitución de la enseñanza religiosa apuntando que había «empleado métodos y fórmulas que no corresponden a las circunstancias actuales», y afirmó respecto a la reforma agraria que «todo está por hacer» y que «harían falta miles de millones y muchos años» para poder completarla. La reflexión de Besteiro revelaba así, aparte de su respeto por la democracia, una agudización de las disensiones internas en el seno del socialismo español. Con todo, estas desavenencias quedaron fagocitadas por el brío propagandístico que volvió a demostrar el PSOE en esta segunda vuelta³⁸.

Muy diferente resultó el perfil de la propaganda de la Unión de Derechas. Conscientes del nuevo papel político que los resultados le atribuían, el de sostenedoras de una nueva situación gubernamental, desaparecieron de sus discursos los latiguillos antiparlamentaristas. Para las derechas, estos comicios habían de significar, antes que otra cosa, la definitiva derrota del socialismo, haciendo abstracción de las diferencias ideológicas entre radicales, republicanos moderados, derecha posibilista y monárquicos de distintas tendencias. La acentuación del antimarxismo como común denominador del centro-derecha supuso la extensión a otras provincias del tipo de discurso que había resultado exitoso en bastiones del socialismo como Badajoz, Cáceres, Granada o Jaén. Esta estrategia venía, además, facilitada por la radicalización de la campaña del PSOE y su acentuado desapego de la democracia liberal.

En unas declaraciones a los medios, Gil-Robles advirtió del peligro que suponía un triunfo de los socialistas en Madrid, ya que parecería un espaldarazo electoral a sus tesis subversivas. Para el líder de la CEDA, Prieto y Largo Caballero demostraban en sus discursos lo poco que les importaba la democracia. El objetivo declarado de los socialistas era «la dictadura del proletariado», y la candidatura de la Unión de Derechas era concebida por Gil-Robles como un valladar contra la «revolución social» a la que todos los electores no socialistas debían sostener para evitarla. Para su correligionario Marín Lázaro, la victoria de las derechas era «la del orden contra la anarquía, de la garantía de la libertad contra el despotismo, del predominio de la justicia contra el libertinaje». «No se discute en las elecciones», corroboraba El Debate, «la forma de gobierno, sino la salvación de España. Es preciso votar o por el desorden y la dictadura roja o por la paz y el orden». «La política socialista ha sido la responsable del quebranto económico, de los desórdenes y de otros males que sufre la Patria…», rezaba el manifiesto de la coalición antimarxista de Córdoba, y, por el contrario, la candidatura de centro-derecha habría de llevar por bandera «la paz social, la concordia nacional, la afirmación del principio de autoridad, la restauración de la economía y el mutuo respeto entre todos los españoles».

Los candidatos que representaban a las organizaciones agrarias, industriales y comerciales, Matesanz y Rodríguez-Jurado, concebían el enfrentamiento electoral con los socialistas como la lucha «entre los que quieren destruir la economía nacional para sobre sus ruinas ensayar la locura socializante, y los que quieren defenderla de esa ola destructora». Este giro a la moderación también afectó, contra todo pronóstico, a los candidatos monárquicos. El tradicionalista Larramendi, en una conferencia radiada, hizo abstracción del ideario carlista para defender las coaliciones antimarxistas, consecuencia del «funesto bienio anterior, en el que no había ningún tipo de libertad, ni derecho de propiedad, en el que se detenía y deportaba arbitrariamente… los republicanos de buena fe han de estar contra el marxismo y contra la política que representó el gobierno de Casas Viejas». El director de ABC, Luca de Tena, glosó los discursos de Prieto y Largo Caballero para afirmar que los socialistas deseaban

«derribar la sociedad actual, sumirnos en la guerra civil, ensangrentar a España de punta a punta, y si vencen en la contienda alzarse sobre las ruinas y gobernar entonces bajo un régimen de terror, bajo la más tiránica y oprobiosa de las dictaduras. Ni siquiera defienden la República si no está a su servicio, y ven compatible acudir a las urnas y echarse a la calle después».

Hizo más. Para diferenciar claramente a las derechas de los socialistas, se posicionó públicamente y sin ambigüedades contra la Dictadura de Primo de Rivera, a pesar de que había compartido cartel con Calvo Sotelo³⁹.

Frente al último esfuerzo de propaganda de socialistas y conservadores, la campaña de los republicanos apareció muy desdibujada. El discurso de Largo Caballero en el Cinema Europa había supuesto un nuevo jarro de agua fría para AR y el PRSI. Ambos partidos hubieron de dejar claro a la opinión que, pese a las relaciones que mantenían con los socialistas, no se identificaban con su nueva estrategia. Así, el ministro de Comunicaciones, Palomo, afirmó que ni Azaña ni Domingo seguirían el camino que había emprendido el PSOE hacia la revolución. Al contrario, declaró que los republicanos de izquierda consideraban «indispensable respetar el resultado de las elecciones». El 1 de diciembre, el Comité Ejecutivo del PRSI publicó un manifiesto en el que consolidaba su desmarque de la postura revolucionaria del PSOE, pero que no dejaba nada claro si descartaban la ruptura con las instituciones y la violencia en el caso de que las derechas iniciaran su obra de revisión:

«No sentimos la revolución social porque sentimos la República, la libertad, la democracia y el socialismo. ¿Peligran en España? Vigilemos, controlemos los Gobiernos que se constituyan… Alcémonos sin respeto a la ley si la ley ha sido ya hollada o si advertimos la inminencia de su desaparición. Pero si el alzamiento revolucionario ante la reacción alzada se produce, que sea, no para ir a la revolución social… sino que sea para restablecer la legalidad quebrantada».

En cuanto a los radicales, realizaron una campaña muy parecida a la de la primera vuelta, haciendo gala de una posición centrista y acomodaticia y adaptando su discurso al contexto electoral en el que se desarrollaba la lucha. Claro que la propaganda del PRR consolidó su giro a la derecha en las circunscripciones donde luchaban conjuntamente con AP y agrarios⁴⁰.

También los anarquistas continuaron, aunque con menor intensidad, su campaña de «abstención activa». Para el mitin del Cinema Europa de Madrid, el 26 de noviembre, la CNT trajo, del mismo Casas Viejas, como «estrella invitada» a una de las mujeres que habían estado en la choza del «Seisdedos» durante los célebres sucesos. «La Libertaria», que así se apodaba esta heroína de los anarquistas, coincidió con sus compañeros madrileños en la necesidad de «hacer frente al fascismo que amenaza a España» y abstenerse de participar en los comicios. Y era que, conocido el triunfo de las derechas (para la CNT del «fascismo» en su versión genuina), los anarquistas ocuparon estos días haciendo acopio de argumentos más contundentes (armas y explosivos) y preparándose para las jornadas en las que habría de triunfar en España, según ellos de forma irreversible, el «comunismo libertario». Para tales andanzas contaron, en ese momento, con la colaboración del BOC, el cual, después de su fracaso electoral, acabó abrazando la postura insurreccional de la FAI. En un mitin conjunto en Barcelona, ambas fuerzas interpretaron que tras su victoria las derechas preparaban un golpe de Estado al que «la clase trabajadora ha de decir: no pasarán»⁴¹.

El gobierno facilitó, con nuevas providencias, el desarrollo de la elección. Además, al igual que durante la primera vuelta, se mostró decidido a salvaguardar el orden a todo trance y, en general, aseguró la libertad de propaganda de las candidaturas en liza. Las noticias sobre intervenciones abusivas de los gobernadores civiles o de las autoridades locales se redujeron a la nada. Por el contrario, el gobernador de Córdoba, Jiménez Díaz, telegrafió al ministro temiendo por los desórdenes que los socialistas podían promover en su provincia durante la jornada electoral: «Socialistas pretenden trasportar [sic] viernes o sábado elementos suyos provincias limítrofes en camiones, para evitar normal desarrollo elecciones». Rico-Avello ordenó de inmediato a sus subordinados de esas provincias que montasen un servicio de vigilancia⁴².

No estuvo al mismo tono, sin embargo, el estado del orden público. Aunque Martínez Barrio aseguró a la prensa que la elección se presentaba tranquila, lo cierto era que continuó el goteo de actos de violencia, en un contexto mucho más tenso que el de los días anteriores al 19 de noviembre. Las huelgas proliferaron en varias provincias y al tiempo en que se desconvocaba una, se declaraba otra nueva. Palma de Mallorca estuvo una semana entera semiparalizada por una huelga general que fracasó cuando la UGT decidió desentenderse de ella. La huelga de transportes en Barcelona duró aún más, y durante varios días soldados y alumnos de la Escuela de Policía estuvieron conduciendo tranvías y autobuses públicos bajo la protección de la Guardia Civil. Lo peor, sin duda, era el corolario de violencias que ésta acarreó. Un nuevo tiroteo entre militantes «ugetistas» y «cenetistas» en el funicular del Tibidabo acabó con un anarquista muerto, y la reyerta hubiera podido degenerar en una batalla campal de no intervenir un retén de guardias civiles.

A los conflictos sociales heredados de la semana anterior, se sumaron otros nuevos en las provincias de Barcelona, Málaga, Oviedo, Madrid, Cádiz y Guipúzcoa. El 1 de diciembre, la UGT y la CNT declararon en Madrid la holganza de camareros de cafés, bares y restaurantes, paralizando a todo el sector en la capital del país. La huelga era consecuencia del repudio, por parte del comité conjunto de ambos sindicatos, de unas bases de trabajo con tan sólo seis meses de antigüedad. La recepción de los métodos anarquistas volvió a notarse, al igual que en la pasada huelga de la construcción. Varios artefactos explosivos estallaron, durante los días siguientes, en los establecimientos que se habían negado a cerrar. Por lo demás, algunos patronos en las provincias de Toledo y Jaén tampoco es que contribuyeran precisamente a la salvaguardia del orden, pues pretendían despedir a jornaleros agrícolas que trabajaban en sus explotaciones por haber votado las candidaturas socialistas. En Toledo, la FETT estuvo a punto de convocar una huelga general por esta cuestión⁴³.

Todo esto, mientras los anarquistas preparaban su tan anunciado levantamiento. El gobernador civil de Huesca advirtió de la seriedad de sus propósitos tras comandar una exitosa redada de las fuerzas del orden contra la CNT. Éstas descubrieron un plan para cortar las comunicaciones con Francia saboteando la línea ferroviaria entre Jaca y la frontera. En la comarca de Sobrarbe encontraron, además, varios arsenales de armas y explosivos. Allí, unos anarquistas dispararon sobre una patrulla de guardias de asalto cuando ésta les dio el alto. En Málaga, donde los rumores de un próximo levantamiento de la CNT tenían sobrecogida a la ciudad, la Guardia Civil descubrió otro importante depósito de explosivos.

La anormalidad parecía aún mayor en Barcelona. Militantes «cenetistas» volaron el 25 de noviembre otro transformador eléctrico, dejando sin suministro a una barriada industrial de la capital. El 27, las fuerzas del orden hallaron un nutrido depósito de explosivos en Montjuich. El 2 de diciembre, dos bombas muy potentes estallaron en esa ciudad. La primera destrozó, de nuevo, un transformador eléctrico. Pero la segunda estalló en medio de la concurrida plaza del Padró, matando a un alférez del ejército e hiriendo de gravedad a siete personas más. Los informes de Gobernación daban por hecho el comienzo de una insurrección anarquista en la ciudad para la madrugada del 4. La situación se estaba volviendo tan alarmante que la propia Generalidad pidió al gobierno central la declaración del estado de prevención en las cuatro provincias catalanas, algo a lo que Martínez Barrio y Rico-Avello accedieron. El ministro de la Gobernación, para prevenir posibles asaltos de los anarquistas con el fin de pertrecharse, ordenó la retirada de las armas y municiones de todas las armerías del país. Ese mismo día 2, ya se produjo una sublevación de signo anarquista en Palomas (Badajoz), que fue rápidamente sofocada por la Guardia Civil⁴⁴.

Al margen de la conspiración anarquista, la campaña electoral para la segunda vuelta tampoco estuvo exenta de enfrentamientos entre militantes de distintos partidos. La relajación general del apasionamiento político no fue óbice para que en algunos lugares los ánimos continuaran excitadísimos, hasta el punto que desembocaron en agresiones y crímenes. La CEDA llevó, con diferencia, la peor parte, pues todos los muertos en riñas políticas fueron suyos. En Parla (Madrid), el día 28 de noviembre, el presidente local de la Casa del Pueblo tiroteó en la calle a un militante de AP y a su hermana. El primero quedó herido grave aunque pudo salvar la vida, pero la joven murió tres días más tarde. Un día después, otros dos militantes de la JAP murieron asesinados en Cuenca al recibir varios disparos de un pistolero anarquista⁴⁵.

El domingo 3 de diciembre amaneció en casi todas partes con un tiempo muy desapacible que fue mejorando algo al mediodía, horas en las que hubo mayor concurrencia en los colegios. Los medios de prensa coincidieron en que, en la capital, no se observaron las impresionantes colas para votar del día 19 de noviembre. Al atardecer, la animación decreció muchísimo. La huelga de camareros tenía los cafés y bares cerrados y el fuerte aguacero, que merced a las bajas temperaturas acabó convirtiéndose en nieve, terminó de ahuyentar a los curiosos que habían empezado a arremolinarse en las cercanías de las sedes de los partidos para conocer los resultados. El mal tiempo fue la nota predominante en todo el país.

El número de incidencias se redujo, en general, respecto a la primera vuelta. Por el contrario, las noticias sobre coacciones a los religiosos que se acercaban a depositar el voto resultaron notablemente mayores. En Chamartín de la Rosa (Madrid), llegaron a más. Un grupo de individuos cercó el convento del Sagrado Corazón e intentó asaltarlo, pero la llegada de la Guardia de Asalto evitó males mayores. Voceadores de candidaturas pertenecientes al PSOE protagonizaron, además, algunos incidentes con las fuerzas del orden y en Madrid causaron destrozos a algunos automóviles al servicio de AP. Málaga fue también pródiga en este tipo de violencias. Un apoderado derechista y varios individuos políticamente sin determinar se intercambiaron tiros en la capital. Allí otra persona fue apaleada al confundírsele con un interventor de AP. En el pueblo de Genalguacil, el candidato socialista García Prieto fue detenido tras irrumpir en el colegio electoral y romper la urna. El alcalde socialista de Cártama disparó, sin consecuencias, sobre un afiliado al Partido Radical.

En Ronda, los socialistas denunciaron compras de voto llevadas a cabo por los radicales, y en Benamejí (Córdoba), la reclusión de parte de la corporación municipal en el Ayuntamiento por orden de un delegado gubernativo. En Aguilar de la Frontera, en la misma provincia, un guardia municipal apaleó a un joven de derecha que celebraba la victoria de la candidatura antimarxista. En Auñón (Guadalajara), socialistas y agrarios intercambiaron tortazos y hasta disparos tras el escrutinio, y hubo de acudir la Guardia Civil a disolver los grupos. Los sucesos más graves tuvieron lugar en dos municipios levantinos. En Pego (Alicante), un militante de la Derecha Regional hirió de bala a otro socialista cuando un grupo de activistas del PSOE intentaba asaltar el Casino Agrario local. Y en Mazarrón (Murcia), fue atracado y asesinado un apoderado del duque de las Torres cuando se disponía a pagar a los que habían ejercido en esa localidad como interventores del candidato. Por último, aunque no abundaron, tampoco faltaron varios episodios de urnas rotas⁴⁶.

La notable reducción del número de candidaturas y candidatos facilitó muchísimo la marcha de los escrutinios y al mediodía del lunes 4 la Junta Municipal del Censo de Madrid pudo ofrecer los datos completos. Del mismo modo, la documentación llegó en el transcurso de ese día a casi todas las Juntas Provinciales exceptuando la de Zamora, que hubo de esperar los datos de los pueblos aislados por la nieve. Una vez finalizado el proceso electoral, la misma noche del 3, el gobierno ordenó la extensión del estado de prevención a todas las provincias del país ante los informes que anunciaban como inminente la sublevación anarquista⁴⁷. Las circunstancias habían impuesto que la plena vigencia de las libertades civiles durase en España tan sólo lo que el proceso electoral. El 7 de diciembre se reunieron las Juntas Provinciales del Censo para realizar el escrutinio oficial de los resultados. Éstos ya se conocían de forma oficiosa, aunque incompleta, desde el día 5, sobre todo lo que realmente importaba: la distribución de escaños. No obstante, el número de votantes y abstenidos volvía a revelar una importante movilización, aunque en general menor que la del día 19.

CUADRO XII

Participación en las circunscripciones que concurrieron a la segunda vuelta

Circunscripciones

Votantes

Porcentaje

Alicante

199.857

63,1

Baleares

121.016

53,3

Burgos

113.736

61,1

Castellón

142.930

72,4

Ceuta

6.849

42,0

Córdoba

229.950

66,1

Guadalajara

65.690

56,7

Huelva

134.499

67,0

Madrid capital

354.241

68,3

Madrid provincia

143.463

67,6

Málaga capital

52.269

53,2

Málaga provincia

126.032

58,5

Melilla

9.047

37,9

Murcia capital

62.571

67,3

Murcia provincia

148.570

63,3

Zamora

91.651

56,8

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139.

Para valorar convenientemente estas cifras hay que tener en cuenta, primero, que la mayor parte del censo de estas provincias volvió a acudir a las urnas. Y no sólo sorteando los efectos de una climatología desapacible, que entonces era un factor mucho más a tener en cuenta que hoy día, sino la posible apatía que podía generar una segunda llamada a los colegios electorales con tan sólo dos semanas de diferencia. Por otra parte, el electorado se comportó de forma diferente en estas circunscripciones, sin duda atendiendo al contexto de la lucha en cada una de ellas. Éste venía definido, sobre todo, por las fuerzas en presencia, el número de escaños en disputa y la misma trascendencia de la elección. Así, el descenso de la participación respecto a la primera vuelta fue mayor en las circunscripciones donde tan sólo se disputaban las minorías: Guadalajara (– 18,6 por 100), Baleares (– 16,5 por 100), Zamora (– 12,0 por 100) y Burgos (–10.0 por 100). Era evidente que al no concurrir la candidatura que ya había ganado los comicios, se abstuvo una parte sustancial de sus electores. Además, el descenso fue más abultado en las tres en las que el resultado podía predecirse con toda certeza (Guadalajara, Baleares y Zamora). En Burgos, el declive fue menor, porque existía una fuerte competencia entre múltiples candidaturas minoritarias.

En otras circunscripciones, como Madrid capital (– 6,7 por 100), Alicante (– 4,7 por 100), Madrid provincia (– 3,9 por 100), Murcia provincia (– 3,5 por 100) o Melilla (– 3,3 por 100), el descenso de la participación fue menor porque, a diferencia de las circunscripciones anteriores, la segunda vuelta decidiría qué partidos habrían de repartirse los escaños de estas demarcaciones. El aumento de la abstención coincidió en este segundo grupo de provincias con la existencia de sectores políticos arraigados que patrocinaron directamente la abstención o no concurrieron a los comicios y concedieron libertad de voto a sus electores, lo que pudo alentarles indirectamente a la desmovilización (Madrid o Alicante). No era extraño, por tanto, que el descenso de la participación fuese menor en Murcia provincia y Melilla porque, a diferencia de las circunscripciones anteriores, esto no se produjo de forma oficial pero sí oficiosa. En la demarcación rural murciana, lo más probable es que un sector del PRRS y del electorado del duque de las Torres desobedeciera las indicaciones de Gordón de apoyar al PSOE. De idéntico modo actuaron algunos cientos de electores de la derecha melillense: se negaron a apoyar al candidato radical Echeguren por la hostilidad que había mostrado, en la primera vuelta, a la candidatura de Sanjurjo.

En el resto de circunscripciones, la participación se mantuvo con leves variaciones, caso de Córdoba (– 0,4 por 100), Murcia capital (+0,6 por 100), Huelva (+0,9 por 100), Castellón (+1,4 por 100) y Málaga capital (+ 1,4 por 100), o aumentó de forma apreciable, como en Ceuta (+ 2,4 por 100) y Málaga provincia (+ 7,9 por 100). Todas ellas tenían en común que no se había retirado ninguna de las candidaturas importantes y, además, que el resto no dejó libertad de voto a sus electores y apoyó abiertamente a la candidatura más afín. En todas ellas, salvo Castellón, se produjo una fuerte bipolarización entre los socialistas y sus aliados (cuando los tuvieron), y el centro-derecha unificado con mayor o menor cohesión. Aunque el comportamiento de este grupo de provincias resulta bastante similar entre sí, existen tres circunscripciones que destacaron por su mayor variabilidad. Córdoba fue la única circunscripción que no acrecentó la participación debido al considerable descenso del voto comunista. Por el contrario, en otras dos la concurrencia creció notablemente respecto al 19 de noviembre. En Ceuta benefició, de forma equitativa, a radicales y socialistas. En Málaga provincia, quien capitalizó esa movilización fue la coalición antimarxista. La participación más modesta de ambas circunscripciones durante la primera vuelta había tenido relación, al menos en parte, con el boicot anarquista y, por tanto, estos aumentos significaban sendos golpes a la estrategia de la CNT, a pocos días de que ésta desencadenase su insurrección general.

CUADRO XIII

Porcentaje de voto, a partir de las medias, de cada tipo de candidatura *

* Para esta segunda vuelta el cálculo de la media en las candidaturas incompletas se ha hecho dividiendo el número total de votos alcanzado por los candidatos de la lista entre el número de aspirantes que ésta contenía. Si la suma total de todas de las candidaturas sobrepasa la cifra de sufragios emitidos, como en Huelva, se restan las medias obtenidas por las listas completas y se atribuye el resto a la lista incompleta o candidatura unipersonal.

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139.

Los resultados de la izquierda en esta segunda vuelta fueron ambivalentes. Por un lado, confirmaron el importante respaldo que ya había recibido el 19 de noviembre, pero también que no hubo reacción ante la derrota de la primera vuelta. Ambivalentes, además, porque la apreciación depende de la circunscripción que se analice. Desde luego, el gran vencedor dentro de este ámbito ideológico fue el PSOE, que, en algunas demarcaciones, consiguió espléndidos resultados. En la capital de España no sólo alcanzó la mitad de todos los sufragios emitidos y los escaños de las mayorías, sino que logró absorber casi todo el electorado de izquierda y centro-izquierda. Este éxito se extendió a la circunscripción provincial donde el PSOE acaparó también casi la mitad de los sufragios, aunque en este caso no sirviera para obtener las mayorías. El resultado allí fue tan positivo que, a pesar del aumento de la abstención, la candidatura socialista logró 1.300 sufragios más que toda la izquierda unida durante la primera vuelta. Desde luego, hubo de absorber, para ello, al electorado republicano de izquierda y al del PCE, pero en la mayoría de las comarcas rurales también llegó a acaparar una pequeña parte del voto radical. Este fenómeno se repitió, con mayor o menor intensidad, en las circunscripciones de Ceuta, Melilla y Huelva.

En Alicante, el resultado de los socialistas fue también meritorio: pese al aumento de la abstención y a la postura abiertamente hostil de los republicanos de izquierdas, el PSOE cosechó en esta circunscripción cerca de 18.000 votos más, fagocitando al PCE y transfiriendo en su beneficio bastante más de la mitad de los sufragios obtenidos hacía dos semanas por AR y el PRSI juntos. Igualmente en Córdoba, los socialistas sumaron 14.000 sufragios más que el 19 de noviembre, la mitad de ellos procedentes del apoyo brindado por los republicanos de izquierda y el resto de una notable mordida en el electorado del PCE. Más modestos fueron los de Málaga provincia y Zamora, donde el PSOE sumó más apoyos que en la primera vuelta pero no logró unificar el voto de izquierda. Al contrario, los resultados fueron, en general, malos en Baleares y Burgos y, como era de esperar, pésimos en Guadalajara.

Es curioso que cuando el PSOE marchó en coalición con otras fuerzas políticas, cosechó resultados decepcionantes. La excepción fue la fórmula malagueña de «unión antifascista», que consiguió un triunfo resonante merced, eso sí, al poderío del PCE en la capital malagueña. Por lo demás, en Murcia capital y provincia, socialistas y PRSI fracasaron a la hora de sumar todo el voto de izquierda, en el que también mordió la candidatura del PRRS, y quedaron a mucha distancia de las candidaturas «radicalcedistas». Peor aún le fue a la coalición entre AR, PRSI y PSOE en Castellón, que se hundió al perder 6.000 votos en dos semanas y cosechó menos de la mitad de los votos del Partido Radical o de las derechas. Si por ello los resultados del PSOE fueron ambivalentes, los de los republicanos de izquierda fueron catastróficos. No consiguieron en segunda vuelta más que el escaño de Ramos Acosta en Málaga capital y, en lo que a resultados se refiere, tan sólo el PRRS en Murcia e IRS en Alicante demostraron apoyo popular palpable.

Mejor suerte tuvieron las derechas y los republicanos moderados. Primero, porque confirmaron que los votos de la primera vuelta no se habían debido a una reacción aislada y efímera del cuerpo electoral. Los guarismos de la segunda mostraron una consolidación del voto del centro-derecha y, en algunos casos, hasta un avance apreciable respecto a los conseguidos el 19 de noviembre. Y segundo, porque la reedición ampliada del pacto electoral entre radicales, republicanos moderados y derechas volvió a funcionar en todas las circunscripciones en las que se llegó al acuerdo. No era poco. La mayoría abrumadora del electorado conservador no mostró problema alguno en sostener a los candidatos «lerrouxistas», mientras que la mayoría abrumadora del electorado radical mostró su clara preferencia por las alianzas a su derecha, ratificando la orientación táctica y hasta ideológica que estaba patrocinando Lerroux. Es más, en algunas circunscripciones donde vencieron los candidatos radicales en solitario (Baleares, Ceuta, Guadalajara y Melilla), el PRR mostró una sobredependencia extrema del voto de derechas para obtener los escaños. Algo parecido sucedió en Zamora, donde el «maurista» González agrupó cuatro de cada cinco votos emitidos gracias al apoyo prestado por agrarios y AP.

Que las candidaturas antimarxistas constituyeron nuevamente una fórmula electoral exitosa lo prueban las victorias que procuraron al centro-derecha en provincias donde la izquierda había demostrado su pujanza el 19 de noviembre, como Alicante, Córdoba, Málaga y Murcia. En Alicante, la inclusión del PRR en el llamado «Bloque Agrario Antimarxista» supuso para éste un aumento de 25.000 votos respecto a la primera vuelta, la mayoría absoluta de los sufragios emitidos y, por tanto, los ocho escaños de la mayoría. La disidencia monárquica, aun cuando le restó unas 2.000 papeletas, no fue ni mucho menos obstáculo para lograr el triunfo. De forma parecida, en Murcia, las coaliciones antimarxistas de la capital y la provincia alcanzaron una resonante victoria: no sólo acapararon los sufragios del electorado derechista y radical-conservador en la primera vuelta, sino que consiguió 5.000 papeletas más del ala derecha del PRRS, que no había tenido en cuenta las exhortaciones de Gordón y había votado contra los socialistas.

La victoria alcanzó aún mayores proporciones en las circunscripciones andaluzas. Ciertamente, el lunar previsible fue Málaga capital, donde la unión de republicanos de izquierda y socialistas con los comunistas cerraba toda posibilidad de triunfo al centroderecha. Aun así, el porcentaje alcanzado, un 41,4 por 100 del voto, reafirmaba la eficacia de la coalición y disipaba las dudas que los dirigentes históricos del ala izquierda del PRR malagueño habían tratado de suscitar en Lerroux⁴⁸. Los resultados de Málaga provincia y Córdoba constituyeron un mentís aún mayor a los sectores del «lerrouxismo» más renuentes a colaborar con la derecha. Las candidaturas conjuntas entre radicales y AP no pudieron dar mejores frutos: las votaron tres de cada cinco electores. El contraste con lo ocurrido en Huelva resultaba evidente. Allí, la desunión del centro-derecha trajo consigo su derrota a manos de los socialistas. La candidatura del PSOE y la radical-«maurista» quedaron prácticamente empatadas, con una ligera ventaja a favor de los segundos. Pero una parte de los electores conservadores prefirió no votar a los dos últimos candidatos del centro-derecha, y desvió parte de sus sufragios al aspirante de AP, Sánchez-Dalp. Esto hizo que, aunque los tres más votados en la circunscripción fuesen «mauristas» y radicales, los cuatro que coparon detrás de ellos el resto de las actas resultaran candidatos del PSOE.

Circunstancia reveladora del giro conservador dado por una mayoría del electorado radical fueron los resultados cosechados por la Unión de Derechas en solitario. Ciertamente, el hecho de que los conservadores no incluyeran aspirantes «lerrouxistas» o «mauristas» en sus listas les podía granjear de antemano la indiferencia de muchos electores del centro-derecha republicano, que acabarían engrosando el número de abstenidos. No obstante, el hecho es que no ocurrió del todo así. En Madrid capital, pese al descenso de la participación, las derechas sumaron el 3 de diciembre 37.000 sufragios más que en la primera vuelta. Este dato supuso que más de la mitad de los electores centristas había decidido movilizarse para votar a las derechas, pese a que no había partido ninguna instrucción en ese sentido de los partidos republicanos moderados. El resultado cosechado por los conservadores en Madrid provincia era aún más significativo. Contra todo pronóstico, la Unión de Derechas convirtió su derrota por casi 7.000 votos de diferencia con los socialistas, vencedores en la primera vuelta, en un ajustado triunfo. 20.000 de los 27.000 electores que habían votado por la candidatura radical-«maurista» el 19 de noviembre hicieron caso omiso de las disputas interpartidistas y votaron la candidatura de AP, contrapesando el apoyo explícito que los republicanos de izquierda habían concedido al PSOE.

Sólo en dos casos no hubo ningún tipo de coordinación entre el centro y la derecha: Burgos y Castellón. En Burgos no podía haberla ya que la izquierda resultaba claramente minoritaria y habían pasado a segunda vuelta varios candidatos centristas y conservadores. Con todo, a pesar de la notable reducción del número de electores respecto a la primera vuelta, hubo competencia y, desde luego, sorpresa. El electorado burgalés concedió más apoyo al nacionalista Albiñana que a ningún otro candidato, premiando más que nada la persecución que había sufrido durante el primer bienio. En segundo lugar quedó García Vedoya, que obtuvo el otro escaño en juego, mientras los votantes castigaron al político que había provocado la desunión de las derechas en la primera vuelta: Gómez Rojí. Por último, los escaños de Castellón se decidieron en una lucha a brazo partido entre los radicales y la CEDA. De hecho, en una apretadísima lucha, el PRR obtuvo el triunfo final al recibir 10.000 papeletas más que en la primera vuelta, casi todas procedentes de la conjunción republicano-socialista y del PRRS. Sin embargo, a pesar de su derrota, la CEDA logró un meritorio avance de 7.000 sufragios, absorbiendo casi todo el voto «maurista», el de los nuevos electores y rascando una pequeña porción de votantes del ala derecha del Partido Radical.

Así, a la espera de las modificaciones que introdujera la futura composición de los grupos parlamentarios y la labor de la Comisión de Actas, las Cortes quedaron compuestas de la siguiente forma:

CUADRO XIV

Número de escaños conseguidos por cada grupo político en la segunda vuelta

Formaciones Políticas

Escaños en segunda vuelta

Número total de actas

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

30

58 *

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)

—

17

Acción Republicana (AR)

—

5

Partido Republicano Federal (PRF)

—

4

Unión Socialista de Cataluña (USC)

—

3

Partido Radical-Socialista Independiente (PRSI)

1

3 *

Partido Comunista de España (PCE)

1

1

   TOTAL DE LA IZQUIERDA

32

91

Partido Republicano Radical (PRR)

23

98 *

Partido Republicano Conservador (PRC)

4

18

Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD)

—

9

Partido Republicano Gallego (PRG)

—

3

Partido Republicano Progresista (PRP)

2

3

Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS)

—

1

Independientes de Centro

1

10

   TOTAL DEL CENTRO

30

142

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

15

96 *

Agrarios

6

49

Lliga de Cataluña

—

23

Comunión Tradicionalista (CT)

1

19

Renovación Española (RE)

1

15

Partido Nacionalista Vasco (PNV)

—

12

Independientes de Derecha

8

23

   TOTAL DE LA DERECHA

31

237

   TOTAL GENERAL

93

470

* A la espera de la resolución por las Cortes de un acta de Almería (entre PRR y PSOE), de otra de Murcia capital (entre PSOE y PRSI) y de una última de Málaga capital (entre PRR y CEDA).

Fuente: Datos elaborados a partir de ACD, leg. 139.

Este cuadro representa el número de actas de diputado conseguidas por cada formación, pero no el número de diputados. La diferencia estriba en la cifra de actas dobles conseguidas por un mismo candidato. Éste había de elegir al principio a qué circunscripción deseaba representar y, conforme a la Ley Electoral (artículos 55 y 59), su otro escaño quedaba vacante a la espera de que las Cortes convocasen comicios parciales. Hasta entonces un diputado con acta doble en realidad hacía perder un puesto a su partido o minoría en el legislativo. Así, por ejemplo, a pesar de que los «agrarios» consiguieron 49 escaños, en realidad sólo tenían 48 diputados, porque Royo-Villanova había obtenido dos actas (Valladolid y Huesca). Del mismo modo, la CEDA había conseguido no 96 sino 94 diputados, merced a las actas dobles de Gil-Robles (Salamanca y León) y Casanueva (Salamanca y Guadalajara). En fin, RE tuvo quince actas pero catorce diputados, ya que Calvo Sotelo consiguió escaño por Orense y La Coruña. Lo mismo le ocurrió al PSOE: su número de diputados se redujo a 56 por las «dobles» de Lamoneda (Granada y Madrid capital) y Llopis (Alicante y Madrid capital).

Por tanto, las primeras Cortes ordinarias de la Segunda República estarían compuestas, en el momento en que fueran abiertas, por 464 diputados, de los que 233 eran de significación abiertamente de derechas, aunque de distintos (y a veces hasta opuestos) matices. Además, coexistiría con ellos un altísimo número de lo que se solía denominar despectivamente como «republicanos del 12 de abril», es decir, gentes que habían sido monárquicas hasta la proclamación de la República, y que ahora representaban una buena porción de los diputados del centro. Las fuerzas que habían gobernado el régimen desde sus inicios hasta septiembre de 1933 habían pasado a ser una minoría y, en el caso de los republicanos de izquierda, una minoría abrumadora. No podía ser extraño que éstas avistasen el fin del régimen tal y como lo concebían. En este angustioso contexto, los intentos de que el recién elegido Parlamento tuviese la vida más corta posible, que no llegase a nacer si aún se pudiese, no quedaron sólo en el fracasado plan del exministro de Justicia.

¿Un intento de golpe de Estado?

De hecho, abortada la intentona de anular los comicios y reunir de nuevo las Cortes constituyentes, los dirigentes republicanos de izquierdas habilitaron nuevas propuestas. La siguiente también fue formulada desde el gobierno y la ideó el ministro de Industria, el radical-socialista Gordón. Pocos días antes de la celebración de la segunda vuelta, y con un criterio al que previamente había mostrado su asenso Sánchez-Román, Gordón sostuvo una entrevista con el jefe del Estado en la que le pidió que disolviera por decreto y de inmediato las nuevas Cortes, sin esperar a la elección del 3 de diciembre. Alcalá-Zamora se negó en redondo alegando que no podía condenarse a un Parlamento que no había adoptado resolución alguna⁴⁹.

Cegada completamente la vía de la disolución «ante-electoral» surgió, como alternativa, la de forzar una crisis de gobierno prematura tomando como pretexto las declaraciones de Botella sobre la falta de limpieza de los comicios. El fin de los grupos republicanos de izquierda, que apadrinaban este plan, era dar lugar a la formación de un nuevo gobierno de concentración republicana que incluyera a esos mismos grupos, y auscultar el apoyo de las nuevas Cortes. Como, evidentemente, un gabinete de este tipo suscitaría la hostilidad de las derechas en pleno sin que tampoco pudiera conseguir el apoyo socialista (dado que el nuevo gobierno tendría que estar presidido por un radical), su derrota parlamentaria estaría asegurada. En estas condiciones, con la derecha impedida para poder formar gobierno, ya que no había hecho declaración de «fe republicana», no quedaría más vía que proponer la disolución de las Cortes a la que tendría que acceder, por la fuerza de los hechos, Alcalá-Zamora.

El primer fin de semana de diciembre se pusieron en marcha los preparativos para desarrollar la maniobra en cuanto finalizase el proceso electoral. Por entonces, comenzaron a hacerse públicas las críticas de un sector de AR contra su propio ministro, Sánchez-Albornoz, por permanecer en el gobierno después de las alianzas entre radicales y derechas para la segunda vuelta. En el mismo manifiesto donde el PRSI se había negado a acompañar a los socialistas por los vericuetos de la revolución social, este partido pidió ya un nuevo gobierno que, obviando la composición de las nuevas Cortes, «someta inexorablemente todas las fuerzas políticas y sociales a la sumisión a las leyes, al ritmo inflexible de la revolución legal y al acatamiento al espíritu y a las normas del nuevo régimen». En las reuniones de los Comités Nacionales de AR y del PRSI celebradas los días 1 y 2 de diciembre, respectivamente, se escucharon las primeras peticiones para que sus ministros abandonaran el gabinete en el momento en que finalizase la elección⁵⁰.

Martínez Barrio apreciaba lo que se le venía encima. En el Consejo de Ministros del 30 de noviembre, a raíz de la dimisión de Botella, los ministros republicanos de izquierdas se solidarizaron con el presidente y se comprometieron a permanecer en sus cargos hasta la presentación del gobierno a las Cortes. Pero el panorama comenzó a llenarse de brumas la jornada siguiente. Ese día, por la tarde, el lugarteniente de Lerroux supo de la reunión de Azaña, Casares, Domingo y Giral en el domicilio del primero justo antes de la reunión del Comité Nacional de AR. El Socialista había anunciado que Casares venía de La Coruña dispuesto a forzar la crisis del gabinete Martínez Barrio. Quizás por ello, el presidente volvió a requerir a los ministros republicanos de izquierda en el Consejo de Ministros del día 2 para que permaneciesen en el gobierno hasta que éste resignase sus poderes. Para acabar con los rumores y despejar el panorama político se hizo pública en la prensa una nota en la que el ejecutivo habría de exteriorizar su voluntad de permanecer inalterable hasta su presentación ante las nuevas Cortes.

Para vencer la resistencia de los dirigentes republicanos de izquierda, Martínez Barrio aprovechó que la minoría agraria no había hecho una declaración explícita de republicanismo, como casi todos los medios esperaban, para subirse al carro de esas maniobras. Si para cuando el gobierno se presentase ante las Cortes, los conservadores hubieran hecho público y explícito «su ingreso en la legalidad republicana, no tendrían inconveniente en colaborar con ellos los grupos republicanos». Por el contrario, «si… las fuerzas derechistas», rezaba esta nota de ampliación, «persistieran en el equívoco, se constituiría un Gobierno minoritario integrado por las fuerzas republicanas, que intentaría gobernar en las Cortes; pero en el caso de que fuese derrotado en algún momento, sometería a la prerrogativa presidencial la propuesta de disolución inmediata de estas Cortes». La maniobra era totalmente legal pero mostraba fehacientemente cuán sometido estaba en los partidos republicanos el respeto del resultado electoral a su «loco afán de recobrar el poder en el acto», como recordaba Alcalá-Zamora⁵¹.

No obstante, la propuesta conjunta de Martínez Barrio y sus ministros no debió de surtir mucho efecto en los líderes de la izquierda republicana. Los Comités Nacionales de AR y del PRSI se habían reunido la tarde del 2 de diciembre y, más que probablemente, tomaron ya la resolución de retirar a sus ministros en cuanto finalizasen los comicios. Así debió de ser cuando la tarde del domingo 3 se reunieron, en el domicilio de Casares, el propio anfitrión junto con Azaña, Domingo y, a petición del primero, Gordón. Allí anunciaron al líder del PRRS sus intenciones. Pretendían que Gordón les secundase, pero éste les advirtió que, aunque veía con simpatía la propuesta, resultaba inviable sin el concurso de los radicales. Les dijo que Martínez Barrio tenía un claro compromiso con el jefe del Estado: que el gobierno se presentase ante las Cortes y que no hubiera crisis alguna que hubiera de solucionarse de forma extraparlamentaria. Sin el PRR, la medida podía carecer de valor, toda vez que la retirada podía resolverse como una crisis parcial. Además, el deterioro de relaciones con los radicales haría inútil una hipotética convocatoria electoral, pues sin una coalición republicana nacional volvería a repetirse el resultado de la elección⁵².

Ese mismo día se había producido una entrevista entre Martínez Barrio y Azaña en uno de los salones del Ministerio de Marina. Allí, Azaña le planteó al presidente del Consejo su convencimiento de que era necesario suspender la reunión de las nuevas Cortes, ir hacia la constitución de otro ministerio en el que estuvieran representadas todas las fuerzas de izquierdas y hacer una nueva consulta electoral. Para que la medida tuviera efecto, habría que irse a la configuración de una amplia coalición electoral formada desde arriba y que abarcase desde los socialistas a los radicales. Exagerando las consecuencias de la división de los republicanos en los resultados y obviando que un gabinete suyo había sido el impulsor de la legislación electoral vigente, explicó que su aplicación había reducido la representación parlamentaria de la izquierda en dos tercios: «La distribución de los puestos de diputados se aparta radicalmente de las cifras que arroja la elección. Simple artilugio electoral». La negativa de Martínez Barrio hizo que Azaña le plantease a las claras la intención de los republicanos de izquierdas de retirar sus ministros, a lo que el presidente del Consejo contestó que el gabinete continuaría hasta el final aunque él mismo hubiese de asumir las carteras de los dimisionarios⁵³.

La mañana del lunes 4, Gordón se reunió con los ministros republicanos de izquierdas y les contó la conversación mantenida con sus dirigentes. Allí acordaron no plantear una crisis que, dada la voluntad de Alcalá-Zamora y Martínez Barrio, no tendría efecto político alguno. Ese día por la tarde fue cuando se reunieron los ministros con los jefes de sus partidos en el domicilio de Casares Quiroga. Allí, Azaña, Domingo y Casares trataron de convencerles de que debían dimitir de inmediato, pero los ministros, excepto Pi Suñer, se opusieron justificando su actitud en que el anunciado levantamiento de la CNT-FAI estaba ya en ciernes y que, en esas condiciones, resultaba una irresponsabilidad plantear la crisis. Aun así, no parece que llegaran a convencer a sus jefes políticos, pues el martes 5 éstos enviaron una misiva a Martínez Barrio en la que le reiteraban por escrito lo que Azaña ya se había encargado de sugerirle en persona: la formación de un gobierno republicano «que dé a la opinión la seguridad de que el rumbo de la República no va a desviarse peligrosamente». Ciertamente, había desaparecido cualquier referencia a un posible aplazamiento de la reunión de las Cortes o a la convocatoria de elecciones, pero no hace falta colegir que un gobierno como éste hubiera tenido en contra el voto de las derechas, por lo que no hubiera quedado más salida que disolver el legislativo.

Había habido, sin embargo, un cambio de actitud en los dirigentes republicanos de izquierdas. La división del campo republicano, mucho más abismal si incluimos a los socialistas, hacía poco efectiva una disolución inmediata de las Cortes, pues la presentación, de nuevo, de candidaturas separadas supondría un nuevo triunfo de las derechas. Hacía falta un margen de tiempo para recomponer estas relaciones y, por esto mismo, no había especial inconveniente en que se reunieran las nuevas Cortes siempre que el gobierno que se formase fuera «inequívocamente republicano» o, en román paladino, que no fuera representativo de la sensibilidad mayoritaria de la Cámara. Lo peor de la misiva enviada a Martínez Barrio era que los líderes de AR y PRSI le instaban a que aceptase sus puntos de vista, «con lo que se evitarán resoluciones ulteriores, guiadas, en todo caso, por lo que demandan los más altos intereses del país». Advertencia inquietante por lo ambigua y con innegable sabor a ultimátum. Con todo, el presidente del Consejo no cedió⁵⁴.

La crisis había quedado conjurada y el panorama despejado. Ese mismo día 5, Gordón había acudido a dar seguridades a Alcalá-Zamora y, posteriormente, intervino en el Consejo de Ministros de la jornada dando cuenta de sus gestiones. A continuación, todos los ministros, incluidos los republicanos de izquierda, se comprometieron a continuar en sus cargos hasta la reunión de las Cortes. De nada sirvió un nuevo encuentro entre Azaña, Casares, Domingo y Gordón, en el que trataron de convencer infructuosamente a este último de que plantease la crisis, ni tampoco una resolución del Comité Nacional del PRSI exigiendo a Palomo que dimitiera la cartera de Comunicaciones, pues éste se negó a cumplirla. Era cierto que aún quedaba la propuesta de Martínez Barrio de formar un gabinete de concentración republicana que tratase de gobernar con esas Cortes, que se diferenciaba de la de Azaña en que la crisis de su gobierno-puente habría de pasar necesariamente una tramitación parlamentaria.

Pero Lerroux, por el que pasaba indefectiblemente esa posibilidad, se negó a que el futuro ejecutivo viviese de espaldas a la representación del país recién elegida. En declaraciones a los medios, cuando un periodista le preguntó por la viabilidad de un gobierno republicano de izquierdas, el caudillo radical le atajó de esta guisa: «¿De qué izquierdas? ¿Pero es que esas izquierdas tiene siquiera número para constituir un Gobierno?». Cuando le contestaron que la combinación habría de presidirla él, su respuesta reveló la distancia que le separaba, no ya de Azaña, sino del propio Martínez Barrio: «¡Cómo! ¿Soy yo ahora de izquierda? ¿Es que siguen colocándome a la izquierda o a la derecha, según les conviene? Yo no sé nada de eso… No voy, para lograr unas voluntades personales de un lado, a perder votos en el sector de las derechas». Cuando, en fin, le pidieron opinión acerca de los rumores sobre una posible disolución de las Cortes, Lerroux afirmó que le parecían un desatino y un disparate: «sería una falta de respeto a la voluntad nacional y el desconocimiento de todo sentido democrático».

Menos eficacia tendría, en fin, una última gestión extemporánea de los socialistas. Ciertamente, el PSOE se había sumado alborozado a las tesis en pro de esta medida hasta el punto de que Largo Caballero dejó claro que a la nueva Cámara no le quedaba más camino que ése. Al plantearse la crisis que desembocaría en un gabinete Lerroux, Negrín visitó a Alcalá-Zamora para pedirle que diese el poder a un ejecutivo de izquierdas, suspendiera las sesiones de las nuevas Cortes y, con el auxilio de la Diputación Permanente de las Constituyentes, sacase adelante una nueva ley electoral y, acto seguido, convocase comicios. El plan, de todo punto ilegal, fue desechado por el jefe del Estado⁵⁵.

Era evidente que las derechas, sobre todo las posibilistas, tenían que observar semejantes movimientos con bastante aprensión, ya que el objetivo era invalidar por completo su triunfo electoral. Claro que también sirvieron para reforzar a las tendencias «colaboracionistas» dentro de la Unión de Derechas. Haciéndose eco de la difícil situación, Royo-Villanova había advertido que la futura composición de las Cortes no permitía más que una solución de centro o centro-derecha, pero en absoluto un gobierno homogéneo de la derecha, dada la postura claramente reacia de los monárquicos de distinto pelaje a gobernar la República. En este contexto, todo pasaba por una colaboración lo más estrecha posible con el Partido Radical: «O con Lerroux y enfrente de los socialistas, o contra Lerroux, abandonándole en estos momentos, aislándole, boicoteándole, asfixiándole y, naturalmente, haciendo el juego de los socialistas»⁵⁶. Anunció que los agrarios acabarían colaborando en un gabinete presidido por el líder radical pero, con la composición de las Cortes en la mano, esto no era aún suficiente para apuntalar un ejecutivo. Era necesario en esos momentos que Gil-Robles, líder de la formación preponderante, hiciera aún más firme su propósito de sostener una situación de centro y, por tanto, se desligara definitivamente de los monárquicos.

El jefe de la CEDA esperó a que se cerrase el proceso electoral (escrutinio incluido), en el que su partido aún competía junto a monárquicos liberales, RE y carlistas, para dar el paso definitivo. Durante esos días, Gil-Robles ya supo que probablemente su minoría contaría con más escaños que ninguna otra en las futuras Cortes, por la pública adhesión de numerosos diputados que habían concurrido como «agrarios» e «independientes» y que no pertenecían a ninguna fuerza política adherida a AP. El día 6 de diciembre se reunió el Consejo Nacional de la Confederación y, al finalizar éste, fue emitida una nota para los medios de prensa. El primer punto de ésta suponía el acta de defunción de la Unión de Derechas y de su Comité de Enlace para consternación de los monárquicos:

«Concluidas las elecciones para la Cámara legislativa, y terminadas con ellas todas las coaliciones que nacieron con esta finalidad, la CEDA forma su grupo parlamentario independiente de todo otro y defenderá en las Cortes su programa con arreglo a la táctica aprobada en sus Asambleas nacionales».

El segundo despejaba por completo la situación política y hacía posible, definitivamente, un gabinete Lerroux sostenido por una mayoría parlamentaria:

«Entiende el Consejo Nacional de la CEDA que no es este el momento oportuno de un Gobierno de derechas, y aspira en el momento presente a contribuir a la suprema necesidad de España, que es normalizar su vida política sin violencias ni trastornos. Por ello dará todas las facilidades precisas para la formación y vida decorosa de un Gobierno centro que sepa recoger la tendencia, manifestada de un modo arrollador en las pasadas elecciones, de rectificación de la anterior política sectaria y socializante» ⁵⁷.

Como el caudillo radical ya había hecho público y patente su propósito de revisión en ese sentido, la colaboración postelectoral entre el PRR y la CEDA quedó por completo asegurada y, por tanto, abortados y sin sentido los proyectos de disolución de la nueva Cámara. Se inauguraba así una etapa nueva en la vida política de la República.

¹ Ahora, El Sol y ABC, 21 de noviembre de 1933; MARTÍNEZ BARRIO (1983: 207) y PI SUÑER (1975: 164).

² ABC, 21 de noviembre de 1933.

³ Ahora y El Sol, 21 de noviembre de 1933.

⁴ Entrevista, transcrita en El Sol, 22 de noviembre de 1933. Además, Ahora, 22 de noviembre de 1933, y LERROUX (1937: 228).

⁵ Ahora, El Sol y ABC, 22 y 23 de noviembre de 1933, y RUIZ-MANJÓN (1976: 401).

⁶ El Socialista y El Sol, 22 y 23 de noviembre de 1933; Ahora, 23 y 25 de noviembre de 1933, y ABC, 25 de noviembre de 1933.

⁷ GIL-ROBLES (1998: 102).

⁸ Paz y tranquilidad, en ABC y El Sol, 21 de noviembre de 1933. Entrevista, transcrita en Ahora y El Sol, 22 de noviembre de 1933. Cita, de ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 288).

⁹ El Sol, Ahora y ABC, 22 de noviembre de 1933.

¹⁰ Cambó, en La Vanguardia, 22 de noviembre de 1933. Lliga, en ABC, 30 de noviembre de 1933.

¹¹ Romanones, en ABC, 23 de noviembre de 1933. Unamuno, en Ahora, 22 de noviembre de 1933. Ortega, en ABC, 22 y 23 de noviembre de 1933. El editorial, en Ahora, 21 de noviembre de 1933.

¹² El Debate, 21 y 25 de noviembre de 1933, y ABC, 21 y 24 de noviembre de 1933.

¹³ ABC, 21, 22, 24 y 26 de noviembre de 1933, y La Nación, 21 de noviembre de 1933.

¹⁴ Casanueva, en El Sol, 25 de noviembre de 1933. Agrarios, en El Sol, 26, 28 y 29 de noviembre de 1933, y Ahora, 26 de noviembre de 1933.

¹⁵ ABC, 26 de noviembre de 1933, y La Nación, 27 de noviembre de 1933.

¹⁶ El Sol y Ahora, 2 y 3 de diciembre de 1933, y ABC, 28 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre de 1933.

¹⁷ La entrevistas fueron reproducidas en ABC y El Sol, 28 de noviembre de 1933, y ABC y El Debate, 1 de diciembre de 1933.

¹⁸ Royo-Villanova, en El Sol, 28 de noviembre de 1933. Fernández Almagro, en El Sol, 29 de noviembre de 1933.

¹⁹ El Debate, 29 de noviembre de 1933.

²⁰ El mejor análisis, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 51-62).

²¹ Domingo y Comas, en AHN (Guerra Civil), P-S Madrid, caja 509, exp. 337 y 327. Proceso de fusión, en ABC, 24 de noviembre, y 3 de diciembre de 1933, y Ahora, 29 de noviembre, y 1 de diciembre de 1933.

²² Domingo, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 287) y DOMINGO (1935: 84-85 y 102). Maciá y ERC, en ABC y Ahora, 21 y 22 de noviembre de 1933, y El Sol, 22 y 25 de noviembre de 1933.

²³ El Socialista, 21 de noviembre de 1933, y Democracia, 21 de noviembre de 1933. De los Ríos, en MACARRO (2000: 302) y RUIZ-MANJÓN (2007: 378-380). UGT, en El Sol, 22 de noviembre de 1933.

²⁴ El Socialista, 23 y 25 de noviembre de 1933, y MACARRO (1985: 368).

²⁵ Nota conjunta, en El Socialista y Ahora, 26 de noviembre de 1933 (la cursiva es nuestra). La del PSOE, en El Socialista y Ahora, 28 de noviembre de 1933. Tensiones, en JULIÁ (2000: 170-171) y MACARRO (2000: 303).

²⁶ BOC, en MIR (1985: 514). Martínez Barrio, en Ahora y ABC, 25 de noviembre de 1933.

²⁷ Artículo 59: «Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido, dentro del plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones».

²⁸ El Socialista, El Sol, Ahora y ABC, 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 1933.

²⁹ Botella, en El Sol, El Socialista, Ahora y ABC, 1 de diciembre de 1933. El editorial, en ABC, 2 de diciembre de 1933.

³⁰ ABC y Ahora, 29 de noviembre de 1933. Comité nacional, en El Sol y Ahora, 23 de noviembre de 1933.

³¹ El Socialista, El Sol, ABC y Ahora, 24 de noviembre de 1933.

³² ABC, 26, 28 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 1933; y El Sol y Ahora, 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre de 1933.

³³ Ahora, El Sol y ABC, 28 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre de 1933.

³⁴ El Socialista, 24, 26 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 1933. ABC y Ahora, 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre de 1933; y El Liberal, 29 de noviembre de 1933. Alicante, en FORNER (1982: 349). PCE, en VILLALAÍN (2000: 272).

³⁵ Málaga, en ELORZA y BIZCARRONDO (1999: 183-184) y VELASCO (1987: 100). Murcia, en ABC, 28 y 30 de noviembre de 1933; Ahora, 30 de noviembre, y 2 de diciembre de 1933, y El Sol, 7 de diciembre de 1933.

³⁶ Cita, de El Socialista, 26 de noviembre de 1933. Prieto, en El Socialista, 29 de noviembre, y 2 y 3 de diciembre de 1933.

³⁷ El Socialista, 29 y 30 de noviembre de 1933, y ABC y Ahora, 29 de noviembre de 1933.

³⁸ Besteiro, en El Socialista y ABC, 2 de diciembre de 1933, y Ahora, 29 de noviembre, y 2 de diciembre de 1933.

³⁹ ABC, 29 y 30 de noviembre, y 1, 2 y 3 de diciembre de 1933, y El Debate, 1 de diciembre de 1933.

⁴⁰ Palomo, en El Sol y Ahora, 1 de diciembre de 1933. Manifiesto, en El Liberal, 2 de diciembre de 1933 (la cursiva es nuestra). PRR, en El Sol y ABC, 2 de diciembre de 1933.

⁴¹ «La Libertaria», en ABC y Ahora, 28 de noviembre de 1933. BOC, en El Sol, 23 de noviembre de 1933.

⁴² Jiménez Díaz, en AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exps. 3 y 4.

⁴³ ABC, 26, 28, 29 y 30 de noviembre, y 2 y 5 de diciembre de 1933; El Sol, 2 y 5 de diciembre de 1933; Ahora, 3 de diciembre de 1933, y AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 7 y 8. Huelga de camareros, en JULIÁ (1984).

⁴⁴ ABC, 26 de noviembre, y 3 de diciembre de 1933. Ahora, 28 de noviembre, y 1 y 3 de diciembre de 1933. El Socialista y El Sol, 2 y 3 de diciembre de 1933.

⁴⁵ ABC, 29 y 30 de noviembre, y 2 de diciembre de 1933, y El Sol, 30 de noviembre de 1933.

⁴⁶ AHN (Gob.), Serie A, leg. 31, exp. 4, y ABC, Ahora, El Sol y El Socialista, 5 de diciembre de 1933.

⁴⁷ ABC, 5 y 6 de diciembre de 1933, y El Socialista y Ahora, 5 de diciembre de 1933.

⁴⁸ TOWNSON (2002: 233).

⁴⁹ GORDÓN (1961: 109-110) y ALCALÁ-ZAMORA (1977: 260).

⁵⁰ El Sol, 3 de diciembre de 1933, y AVILÉS (2006: 305). Manifiesto, en El Liberal y El Sol, 2 de diciembre de 1933.

⁵¹ Cita, de ALCALÁ-ZAMORA (1977: 260). Casares, en El Socialista, 1 de diciembre de 1933. El resto, en Ahora y El Sol, 3 de diciembre de 1933.

⁵² GORDÓN (1961: 110-111), y Ahora y El Socialista, 5 de noviembre de 1933.

⁵³ MARTÍNEZ BARRIO (1983: 211-212).

⁵⁴ Ahora y ABC, 5 de diciembre de 1933; El Socialista, 5 y 6 de diciembre de 1933; El Sol, 5 y 7 de diciembre de 1933; GORDÓN (1961: 111) y MARTÍNEZ BARRIO

⁵⁵ GORDÓN (1961: 111-112). Baeza, en El Socialista y ABC, 6 de diciembre de 1933. Lerroux, en El Sol, Ahora y ABC, 6 de diciembre de 1933. PSOE, en JULIÁ (1990: 311) y ALCALÁ-ZAMORA (1977: 260).

⁵⁶ Ahora, 3 de diciembre de 1933.

⁵⁷ El Debate, ABC y El Sol, 7 de diciembre de 1933.

CAPÍTULO 10

FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Las trabas puestas por republicanos de izquierdas y socialistas a la nueva situación de centro-derecha coincidieron en el tiempo con las dificultades causadas por la nueva insurrección de la CNT-FAI. Inasequibles al desaliento, los anarquistas se sublevaron a partir del 8 de diciembre de 1933, haciéndose sentir el levantamiento sobre todo en Zaragoza, Logroño, Huesca, Teruel y Barcelona, aunque sus salpicaduras y rescoldos llegaron a casi todas las provincias. El gobierno hubo de declarar el Estado de alarma un día después en todo el territorio nacional. Por horas, y en algunos sitios por días, los anarquistas se adueñaron de algunas poblaciones sin fuerzas del orden y proclamaron el «comunismo libertario». Donde los «cenetistas» se toparon con éstas, la voluntad de resistencia a toda costa de los pequeños puestos de la Guardia Civil, a la espera de refuerzos, evitó que en esos lugares la República fuera barrida por la insurrección. Una semana, aproximadamente, duró el sarpullido anarquista y aunque fue sofocado con éxito por la fuerza pública, dejó 125 muertos, casi 200 heridos, y cientos de millones de pesetas de la época en daños materiales: edificios calcinados o volados con dinamita, obras de arte vinculadas a patrimonio eclesiástico destruidas, carreteras y comunicaciones telefónicas y telegráficas cortadas, puentes y vías ferroviarias saboteados, material de locomoción inservible…¹

No por ello dejaron de cumplirse los plazos establecidos para la constitución de las nuevas Cortes. En la sesión de apertura del 8 de diciembre fue elegida la mesa interina, que pasaría a ser la definitiva una vez que se depurasen las actas por las Comisiones de Incompatibilidades, y de Actas y Calidades. En esta elección, quedó evidenciada ya la colaboración entre radicales, «cedistas» y demás grupos de centro y derecha. Fue votado presidente Santiago Alba (PRR) y vicepresidente primero Cándido Casanueva (CEDA). El resto de las vicepresidencias recayeron en Gregorio Arranz (PRC), Pedro Rahola (Lliga) y Luis Jiménez de Asúa (PSOE), por este orden. Cuatro días más tarde, en la sesión del 12 de diciembre, las Cortes aprobaron la composición de la Comisión de Actas en la que habría cinco «cedistas» (Casanueva, Cimas, Serrano Suñer, Adánez y Moutas), cuatro radicales (Blanc, Álvarez-Mendizábal, Peire y Sierra Rustarazo), tres socialistas (Prat, Teodomiro Menéndez y Trifón Gómez), tres agrarios (Royo-Villanova, Cid y Romero Radigales), un «maurista» (Arranz), un miembro de la Lliga (Badía), un liberaldemócrata (Pedregal), un tradicionalista (Lamamié de Clairac), un «peneuvista» (Leizaola) y un «alfonsino» (Suárez de Tangil)².

Un consenso efímero

La Comisión comenzó esa misma tarde los trabajos. Se eligió presidente de la misma a Casanueva y secretario a Leizaola. Tal y como establecía la Ley Electoral, la Junta Central del Censo se había reunido el día 5 de diciembre para remitir a las Cortes comunicación de las actas de escrutinio emitidas por las Juntas Provinciales que no llevaban protesta alguna, y enviar los expedientes de todas las que sí estaban impugnadas por alguno de los candidatos. De las 48 circunscripciones en las que se habían proclamado diputados en primera vuelta, las actas de 19 habían sido convalidadas sin mácula y 29 expedientes habrían de ser revisados por la Comisión de Actas por adjuntarse en ellos protestas. Del mismo modo, de las 16 en las que se celebró segunda vuelta por todos o alguno de sus escaños, quedaron sin impugnación cinco y protestadas once. Por tanto, volvió a repetirse la tradición de que la mayoría de la documentación electoral viniese con reclamaciones, en este caso una mayoría considerable. Este fenómeno había sido típico de los comicios de la Restauración y ha dado pie a que algunos estudios ratificasen la impresión de que la suciedad, la ilegalidad, el fraude, la corrupción… envolvían como regla general las elecciones en España. A partir de ahí, parece haberse creado otra tradición en la historiografía: partiendo del tópico y del prejuicio, la de asumir la verosimilitud de todas las protestas y, por tanto, la de analizar con suspicacia y prevención no siempre fundadas los comicios anteriores a 1936³.

El estudio no sólo de los debates parlamentarios, porque eso no basta por sí solo para apreciar la veracidad o no de las protestas, sino también de los expedientes enviados al Congreso por las Juntas Provinciales del Censo, indica que la protesta no era un testimonio procedente de personas honestísimas, movidas en exclusiva por procurar la inmaculada limpieza del proceso electoral. Al contrario, los «protestatarios» eran candidatos o agentes de candidatos que habían participado en las elecciones, gentes con arte y parte, claramente interesadas en sacar de la protesta algún beneficio. Podían tener razón en los casos en que la denuncia fuese cierta. Pero a veces la protesta tenía otro tipo de motivaciones. La más común era facilitar al «protestatario» una justificación ante los suyos (su partido o sus amigos políticos) de la derrota, atribuyéndola a fenómenos exógenos al propio candidato, a la campaña desplegada, a la eficacia de sus equipos electorales, etcétera.

En otras palabras, éste «echaba balones fuera» para escapar de las responsabilidades que pudieran endilgarle sus correligionarios por la debacle o, en caso de que su partido o maquinaria estuviera cohesionado, evitar el desaliento que a sus electores pudiera provocar el fracaso. Más aún, no eran anecdóticos los casos en que los «protestatarios» habían utilizado los mismos procedimientos que luego impugnaban ante la Junta del Censo cuando eran sus rivales los que los usaban. Lo que hace plantearse seriamente si la protesta, más que para denunciar fraudes o corruptelas, no era considerada en España como una fase más del proceso electoral, en la que los «protestatarios» esperaban que sus correligionarios en la Cámara, sobre todo si la mayoría de los diputados eran políticamente afines, les procurasen un acta que habían perdido en la elección. Habrá ocasión de apreciarlo en el transcurso de la «purificación» de actas, al constatar los fundamentos hueros que estaban detrás de la mayoría de las reclamaciones.

La tarde del 12 de diciembre de 1933, la Comisión de Actas aprobó unánime un dictamen en la que se proponía la validez de la elección en Barcelona capital, Cáceres, Ciudad Real, Santander, Segovia, Tarragona, Burgos y Zamora, las dos últimas en primera vuelta. En todas ellas había triunfado la derecha o el centro-derecha. En el seno de la Comisión, sorprendentemente, no hubo ningún voto particular de los representantes socialistas, y eso que las denuncias formuladas ante las Juntas Provinciales habían procedido, en buena parte, de los mismos candidatos del PSOE. No resultaba extraño que se desechasen todas las protestas pues eran, las más veces, genéricas y, cuando alguna vez citaban hechos concretos, en ningún caso aparecían consignados en la documentación electoral por interventores o candidatos, ni tampoco en actas de notarios o de funcionarios habilitados para esta labor.

La protesta más peregrina la registró Zamora. Un apoderado del candidato «dominguista» Moreno Jover había enviado una misiva al presidente de la Junta Provincial del Censo revelándole que los candidatos derechistas habían obtenido más papeletas que electores en varias mesas de la provincia y que si éstas se descontaban, probablemente no llegarían al quórum del 40 por 100, por lo que no podían ser proclamados. El día del escrutinio oficial, el presidente de la Junta observó que en ninguna mesa los votos de los candidatos conservadores sobrepasaban el número de electores que habían acudido a votar. Por ello requirió a este apoderado para que indicara en qué sección había observado este fenómeno, a lo que este individuo contestó que «no podría precisarla por no haber estado presente [en el escrutinio] hasta el momento de entregar la protesta». A continuación, el presidente de la Junta le indicó que los candidatos derechistas no sólo habían sobrepasado el 40 sino también el 65 por 100 de los votos en toda la circunscripción.

En fin, demostrada la vacuidad de las protestas en estas demarcaciones, no era de extrañar que, cuando los expedientes se llevaron ante el Pleno de las Cortes al día siguiente, fueran aprobados sin discusión. La Comisión sólo retiró el de Barcelona capital para su nuevo estudio cuando un grupo de diputados, encabezado por el exministro conservador Rodríguez de Viguri, pidió que se anulase el acta de Maciá ya que por su cargo de presidente de la Generalidad estaba incapacitado por la ley para representar a alguna de las circunscripciones catalanas, del mismo modo que los presidentes de las diputaciones⁴.

El 13 de diciembre aparecieron nuevos dictámenes de la Comisión de Actas: los de Jaén, Vizcaya capital, Lérida, Baleares, Valencia capital, Oviedo, León, Sevilla capital y Granada. En todos, los ponentes desecharon las protestas y pidieron que se declararan válidas las proclamaciones de sus Juntas Provinciales. Las actas de Jaén, protestadas por algunos candidatos socialistas de allí, fueron aprobadas por el Pleno del Congreso sin que ningún diputado del PSOE mostrase interés en impugnarlas. Las de Vizcaya capital, protestadas también por los socialistas, fueron dictaminadas por Teodomiro Menéndez en persona y éste, obviando las denuncias de sus correligionarios, aconsejó a la Comisión que se validasen. Las protestas de la Esquerra en Lérida no fueron tomadas en consideración por la Comisión y el dictamen también se aprobó en el Pleno sin que ningún diputado de ERC se levantase contra él.

De igual forma actuaron Comisión y Pleno del Congreso (con el asentimiento de los partidos a los que pertenecían los denunciantes) respecto de las actas de León y las de Sevilla capital, estas últimas a propuesta del socialista Trifón Gómez, que validó el triunfo de las derechas. Del mismo modo, el radical Blanc dictaminó a favor de la socialista García-Blanco para que pudiera ocupar el último escaño por las minorías en Oviedo. En todas estas circunscripciones, las protestas carecían de pruebas y no afectaban en nada a la distribución final de escaños. No obstante, contra el dictamen de Valencia capital consumió un turno el diputado de la CEDA García Guijarro, el 14 de diciembre. En realidad, aclaró que no se oponía a la proclamación, reconociendo implícitamente que el triunfo de los radicales había sido legal. Se había levantado sólo para denunciar el ambiente de violencia en que se habían realizado las elecciones. El debate quedó reducido a un escarceo entre el orador y el radical Samper, sin más consecuencias⁵.

El espíritu de unidad que hasta entonces había presidido los trabajos de la Comisión de Actas se rompió ese mismo día 14 a cuenta de los dictámenes de Baleares y Granada, sobre los que habían presentado sendos votos particulares los socialistas Prat y Trifón Gómez. En lo que respecta a Baleares, los representantes del PSOE no cuestionaron la validez de las elecciones sino la capacidad de March para ocupar el escaño. Ciertamente, el empresario mallorquín se había fugado de la cárcel pero, como no existía causa contra él ni condena en firme —como era el caso de Sanjurjo o Calvo Sotelo—, la Ley Electoral no le incapacitaba para sentarse en las Cortes. Por 224 votos contra 62, el dictamen de Baleares fue aprobado y desechado el voto particular⁶.

El primer debate sobre la validez de unos comicios se produjo a propósito de las actas de Granada. El ponente del dictamen había sido un diputado de la Lliga, Badía. Ciertamente era un parlamentario de derechas pero su partido no tenía intereses que defender en aquella circunscripción. Badía había aconsejado la convalidación de los resultados en Granada porque los hechos denunciados por los socialistas, «la intervención abusiva y partidista de la Guardia Civil», no aparecían probados ni siquiera sustanciados en hechos concretos. Sólo tomó en consideración cuatro actas notariales de referencia que los candidatos socialistas adjuntaron al expediente y que se referían a supuestas irregularidades en tres mesas de la localidad de Padul y otras dos de Motril. En las de Padul no se había dado posesión a los interventores socialistas «por haber comparecido con posterioridad a la hora legal» en dos de ellas, y sin alegar causa alguna en una tercera. Las de Motril denunciaban la recogida de la documentación electoral en una mesa por el alcalde, acompañado de fuerza pública, y en otra por el propio presidente de mesa y un interventor antes de que diese comienzo el escrutinio.

Para poder seguir el debate, resulta necesario realizar una aclaración respecto a las actas notariales. Las había de dos tipos: de presencia, en la que el notario o el funcionario habilitado registraba en el acta lo que él mismo estaba presenciando; y las de referencia, en las que únicamente daba fe del testimonio que otra persona le refería, independientemente de que pudiera o no reflejar la realidad de lo sucedido. Las cuatro de Granada eran de mera referencia, es decir, no garantizaban la veracidad de los testimonios aducidos. Pero, sostenía el dictamen,

«aún en la hipótesis de que los hechos alegados fuesen ciertos… no por ello variarían el resultado de la elección, puesto que no sumarían más de 2.000 a 3.000 votos, en tanto que la diferencia que aparece en el expediente entre los votos obtenidos por el último candidato de la concentración de derechas, D. Ramón Ruiz Alonso, y el primero de la candidatura socialista, D. Fernando de los Ríos, se eleva a 25.544 votos»⁷.

Por el contrario, los socialistas granadinos, sobre la base de estas cuatro actas notariales de referencia y las acusaciones sin fundamento lanzadas contra la Guardia Civil, pretendían que se anulasen no unas cuantas secciones, sino la elección en toda la provincia. Semejante pretensión desconcertó en un primer momento tanto a Prat como a Trifón Gómez, que habían redactado un voto particular pidiendo simplemente que se descontaran los sufragios de esas cinco mesas y que, a continuación, se proclamasen diputados a los candidatos más votados, que seguían siendo los diez de la coalición antimarxista y los tres socialistas ya investidos. El 15 de diciembre, los ponentes socialistas de la Comisión, al notar que los resultados no cambiaban aun quitando estos votos, retiraron este voto particular y, seguramente por la insistencia de sus correligionarios granadinos, asumieron la necesidad de que se anulasen las elecciones. Según Prat, podía «ocurrir que no existan pruebas documentales de carácter concreto y numéricamente cifrables, pero que se forme la convicción en quien juzgue de que una elección está viciada en sus fundamentos»⁸.

La postura de los socialistas hizo saltar por los aires la unanimidad que hasta entonces habían venido observando todos los representantes de los partidos en la Comisión de Actas, incluidos los del PSOE, a favor de juzgar la limpieza de los comicios con un criterio jurídico. Ciertamente, Prat tenía razón en la hipotética existencia de irregularidades y hasta delitos que, aun no siendo probados, pudieron ocurrir de verdad. Por tanto, la «juridicidad» no era un método perfecto y no garantizaba al 100 por 100 la purificación de las actas electorales. Pero, hasta entonces, había sido un criterio que permitía un análisis objetivo e imparcial de los comicios y, lo más importante, había funcionado como base de un consenso entre las distintas formaciones políticas para sustraer la validación de las actas a los intereses egoístas de los partidos con representación parlamentaria. La juridicidad, el respeto a unas normas electorales y de procedimiento prefijadas, habilitaba un poderoso instrumento al servicio de los grupos minoritarios, que les servía como escudo protector contra la pretensión de los mayoritarios de aumentar su representación a costa de anular caprichosamente las actas de aquéllos. Por el contrario, llevando el debate al terreno a las «convicciones morales», a las afirmaciones gratuitas y sin apoyatura documental, la arbitrariedad quedaba por completo servida.

Sintomático era que De los Ríos, líder del socialismo granadino, exministro y con capacidad de hacerse oír con respeto e influir en algunos sectores de la Cámara políticamente contrarios, delegase en Lamoneda la tarea de argumentar las razones por las que habían de ser anuladas las elecciones. El discurso de éste fue un completo desatino. Gastó la primera parte de su intervención aludiendo a cuestiones que nada tenían que ver con las actas de Granada, como que la coalición de radicales y agrarios ponía en grave trance a la República; que uno de los candidatos del PRR de Granada, Sanz Blanco, había votado abiertamente a Calvo Sotelo en la elección para el Tribunal de Garantías Constitucionales; o que el gobernador de la provincia, el radical Asensi, había pertenecido al Somatén «primorriverista».

Cuando se centró, por fin, en la cuestión electoral, volvió a referir la citada circular del secretario del Partido Radical de Granada en la que se preguntaba a los comités locales si consideraban necesario el envío de delegados gubernativos o de Guardia Civil a sus pueblos. Rico-Avello le interrumpió afirmando que en Granada «no ha habido un solo delegado gubernativo, ni uno solo», a lo que Prieto le espetó: «¡si S. S. no se ha enterado de nada!». Lamoneda citó cinco hechos de coacción o agresiones a militantes socialistas durante la campaña electoral, pero ninguno durante el día de la elección, y lo peor fue que erró al narrar los sucesos de Montejícar, donde había sido asesinado un asistente a un acto de los radicales por disparos de los socialistas locales, atribuyendo ese muerto al PSOE. Habló de varios pueblos, catorce en una provincia con más de 200, donde, según el orador, se habían cometido coacciones, atropellos y pucherazos, pero sin referir hechos concretos que los ilustrasen. El colmo del disparate fue que en algunos de esos pueblos había ganado las elecciones, y con bastante solvencia, el PSOE, caso de Santa Fe o Alfacar. En fin, no tanto por las pruebas presentadas sino fiados únicamente en las afirmaciones del orador, Lamoneda pedía a la Cámara que se anulasen las actas de Granada «por sensibilidad política» porque, como afirmó tajante, «nos corresponde representar a la mayoría de aquella provincia»⁹.

De inmediato se levantó uno de los candidatos triunfantes por Granada, el radical Sanz Blanco. Calificó la intervención de Lamoneda como de «plañideras lamentaciones» y se refirió a la felicitación que el propio De los Ríos expresó al gobernador por el «vivo ejemplo de sinceridad y respeto» que había sido la elección en Granada capital, donde habían triunfado los socialistas. Continuó Sanz en un relato no exento de rimbombancias:

«Cuando los candidatos del partido socialista descubren… que la provincia de Granada se ha levantado como un solo hombre contra la tiranía socialista que padecía, entonces es cuando dice [De los Ríos] que la elección de Granada ha sido un bochorno. Es decir, que se admite aquello que, dentro de la esfera de los hechos, nos favorece y, en cambio, no se admite aquello que nos perjudica».

Refutó la interpretación que los socialistas daban a la famosa circular del secretario del PRR granadino alegando que éste estaba en su perfecto derecho de conocer las necesidades de sus comités locales, incluso si consideraba necesario el envío de fuerza pública o de delegados gubernativos el día de los comicios, sin que eso prejuzgase que el secretario tuviese la capacidad de disponer de esos elementos: «Pero, ¿quién envía los delegados gubernativos? ¿El secretario del partido radical o el gobernador?». Lo más importante, con todo, fue el dato, que confirmaron los propios socialistas, de que no hubo delegados gubernativos el día de los comicios: «¿Es que se puede acreditar… que en algún pueblo de la provincia de Granada ha existido ni un solo delegado gubernativo? Pruébese, a ver si sois capaces», a lo que la diputada socialista por Granada, María Lejárraga, interrumpió contestando: «Ha bastado la Guardia Civil; no hicieron falta delegados gubernativos». La última parte Sanz la dedicó precisamente a defender la actuación del Instituto y a contestar a las alusiones personales que le había dedicado Lamoneda¹⁰.

A partir de ahí, el debate comenzó a embarullarse, muestra de la tensión que comenzaba a apreciarse en la Cámara, con un intercambio de insultos entre Prieto y Pérez Madrigal y a cuenta de cuestiones que nada tenían que ver con las actas de Granada. Después se levantó De los Ríos pero no a tratar sobre las supuestas irregularidades que sus compañeros denunciaban, sino a contestar brevemente una serie de alusiones personales que le había hecho Sanz Blanco. Después de una intervención de Pérez Madrigal y otra de Prieto en la que aclararon las descalificaciones que se habían dedicado mutuamente, se levantó a hablar el ponente de la Comisión, Badía. Su discurso intentó apartar del terreno de las «convicciones morales» el análisis de las actas, que había acabado en trifulca parlamentaria, para volver a llevarlo a un análisis estrictamente jurídico:

«Al margen de todo ambiente pasional, en el terreno de objetividad y de serenidad que incumbe a la Comisión, vengo en nombre de ésta a defender el dictamen con muy breves palabras, tanto más cuanto que no necesita quizá defensa, puesto que todos los argumentos y los hechos citados no se encaminan a negar la eficacia de nuestra afirmación, sino a aportar hechos y consideraciones que, por estar al margen del expediente electoral, no deben ser tenidos en cuenta por la Comisión que lo examina».

De los hechos que citó Lamoneda, adujo que muy pocos se hallaban debidamente comprobados en el expediente, sólo los cuatro hechos referidos por actas notariales «y sin que a los notarios les haya sido dado testificarlos por actas de presencia». Aun en la hipótesis de que se aceptara su veracidad, la diferencia de votos entre el centro-derecha y los socialistas eran tan amplia que «en ningún caso el descontar los votos dudosos podría variar el resultado de la elección»¹¹.

Las imputaciones de Lamoneda y Lejárraga a la Guardia Civil motivaron además, una intervención de Rico-Avello para defender su gestión y la total abstención de la fuerza pública en el proceso electoral. Argumentó que, en los dos días de votación,

«la fuerza pública, Sres. Diputados, no ha causado en España un solo herido… Ha habido víctimas durante la jornada electoral en varias regiones españolas, víctimas resultantes de las colisiones entre los hombres de los partidos adversos… pero ni un guardia civil, ni un guardia de Seguridad, ni un guardia de Asalto, ha producido en España un solo lesionado».

Era más: «el Gobierno… ha procurado, por medio de la fuerza pública… asegurar el derecho de sufragio a todos los electores españoles, sin distinción de matices y sin distinción de partidos». Ante las imputaciones de los socialistas de que la neutralidad del ejecutivo y de la fuerza pública había provocado un avance electoral de las derechas, contestó: «¿Es que los hombres de las derechas no son españoles? ¿Es que se va a negar su derecho? ¿Es que se les va a colocar fuera de la ley?».

Cuando se refirió a los comicios de Granada, recordó a Lamoneda que las violencias y agresiones en la campaña habían partido en muchas ocasiones de elementos socialistas: «Y en cuanto me empezaron a llegar quejas de unos partidos contra los otros, y en este caso del partido socialista contra el partido radical, y del partido radical contra el partido socialista, yo envié a Granada al inspector general de la Guardia Civil, el que… ha realizado una visita de inspección y de información por aquella provincia». El informe del inspector insistió en la fuerte animosidad que existía entre elementos de distintos partidos: «y para atajarl(a) envié a Granada toda la fuerza de la Guardia civil que consideré necesaria para evitar que en unos pueblos el partido socialista atropellase a los radicales y que en otros los radicales atropellasen a los socialistas»¹².

A partir de entonces, el debate perdió toda altura, y la cuestión de las actas de Granada dejó paso a las recriminaciones personales. Lamoneda intervino para pedir a Rico-Avello que «viva en la tierra y no en la luna», pero sin ofrecer no ya pruebas sino hechos concretos de coacciones que permitieran al ministro retornar al planeta tierra. Rico-Avello le contestó indignado que podía ofrecer «al Sr. Lamoneda y al partido socialista todas las informaciones que poseo, en mi buen deseo de que la justicia resplandezca» y, a continuación, como acusara a Prieto de difundir aquello de que «estaba en la luna», puso en cuestión su capacidad como ministro de Obras Públicas aludiendo a los polémicos «enlaces ferroviarios», lo que provocó una tangana que obligó a Santiago Alba a suspender la sesión.

Las actas de Granada serían votadas cuatro días después, el 19 de diciembre, y convalidadas por 233 votos a favor y 53 en contra. Uno de los diputados de ERC, Tomás Piera, votó a favor del dictamen contra el criterio del resto de sus compañeros, y también lo refrendó el diputado «dominguista» Aguado. De los cinco diputados «azañistas», sólo Bello apoyó con su voto a los socialistas. Ciertamente, había prevalecido el criterio jurídico sostenido por todos los grupos políticos del centro y la derecha, gracias a su mayoría parlamentaria. Resulta evidente que, en esta ocasión, ese criterio había beneficiado a los radicales y «cedistas» que eran los grupos políticos que habían salido victoriosos en Granada. No obstante, los debates siguientes demostraron que detrás de éste no se escondía la aspiración de negar los derechos de la oposición, sino la de poseer un método de enjuiciar las actas que alejase la tentación de los partidos de acrecentar su representación de forma torticera, o de ventilar rivalidades provincianas en las Cortes¹³.

El mismo día 19 se aprobaron, sin discusión, las actas de Santa Cruz de Tenerife que llevaban una protesta del monárquico Delgado Barreto igualmente fundada en «convicciones morales», esto es, en la que no se aportó ni una sola prueba que invalidase el triunfo de los radicales. Y fue cuando se discutieron las polémicas actas de Ávila. El agrario Velayos denunció ante la Junta Provincial del Censo que el exministro de Estado, Sánchez-Albornoz, había utilizado medios anejos a su cargo, como el automóvil del Ministerio o su escolta policial, para la propaganda, y hasta había redactado cartas con membrete oficial en las que pedía a los alcaldes y jueces municipales que trabajasen su candidatura. En esta ocasión, Velayos presentaba como prueba varias de esas cartas, y el testimonio por escrito del alcalde y del secretario de La Horcajada alegando que el candidato «azañista» había comprado los votos de ese pueblo. No obstante, a juicio del ponente de la Comisión, el liberal-demócrata Pedregal, esas protestas, exceptuando la compra de votos en La Horcajada, en realidad no cuestionaban ni el modo en que se habían verificado las elecciones ni el resultado final, pues en Ávila habían ganado las derechas y salido Sánchez-Albornoz por las minorías. Por ello, Pedregal pidió que se validasen los comicios¹⁴.

En el debate ante el Pleno, Velayos insistió en sus argumentos añadiendo, al igual que lo había hecho Lamoneda, nuevos episodios de supuestas arbitrariedades, como las coacciones del juez municipal de Cebreros a los electores de derecha o las llamadas del gobernador a los alcaldes para citarlos en su despacho, pero sin pruebas en las que sustentar esas afirmaciones. Pedregal se lo recordó en su intervención e hizo más. A la luz de las evidencias presentadas:

«si consideraba que el Sr. Sánchez Albornoz estaba incurso en un artículo de la ley, debió de haberle perseguido de oficio y, además, haber manifestado a la Cámara en qué cuantía había contribuido aquel hecho a alcanzar el número de votos logrado por el Sr. Sánchez Albornoz mediante el empleo de esos medios coercitivos».

Al no haber sufragios que descontar, sólo las supuestas compras de voto en La Horcajada suponían la merma de unos 500 sufragios y como la diferencia que Sánchez-Albornoz le sacó al siguiente compañero de su candidatura fue de 6.500, la distribución de escaños continuaba invariable. En su intervención de defensa, Sánchez-Albornoz no negó que utilizase medios oficiales, pero los desligó por completo del resultado electoral, que había significado la derrota de su candidatura. La prueba de que las visitas oficiales no habían venido acompañadas de coacciones y compras de voto era que de 39 pueblos en los que había podido hacer campaña, sólo había triunfado en ocho. Aun así, la evidencia de que había violado el artículo 68 de la Ley Electoral y, por supuesto, el sentimiento de solidaridad con el agrario Velayos frente a las supuestas irregularidades de un diputado «azañista» hacía que buena parte de los diputados de derechas se mostrasen dispuestos a votar por la nulidad del acta. Advirtiéndolo Cándido Casanueva, intervino en el debate para apoyar al exministro:

«yo ruego a los Sres. Diputados, cuyo estado pasional he percibido desde aquí, que se sobrepongan un poco a la pasión… No hay elemento alguno en el expediente para anular la proclamación… En nombre de todos los miembros de la Comisión, yo vuelvo a rogar a los Sres. Diputados, y especialmente a mis correligionarios, que voten el dictamen».

Los diputados de la CEDA garantizaban la admisión de Sánchez-Albornoz. Por eso, Velayos renunció a la votación¹⁵.

El empleo de un criterio jurídico por parte de la Comisión demostraba así que era posible introducir ciertas dosis de objetividad en el debate político y amparar el derecho de un diputado de un partido minoritario, como lo era AR en esas Cortes. Ese mismo día, Casanueva y los vocales de la CEDA quisieron sumar al PSOE y recomponer el consenso en torno a este método de enjuiciar las actas, y propusieron el nombramiento, que se hizo efectivo, del socialista Prat como secretario de la Comisión, en sustitución del «peneuvista» Leizaola. No sirvió de mucho. El día 21 de diciembre, tras aprobar sin discusión las actas de Guadalajara, comenzaron a discutirse las de Lugo. El ponente encargado del dictamen, Royo-Villanova, había advertido algunas irregularidades pero reducidas a los resultados de alguna mesa de los municipios de Cospeito, Navia de Suarna y Palas de Rey.

En el primero, el notario había dado fe de que en un colegio electoral se produjo la paralización momentánea de la votación porque los interventores radicales, los de los candidatos triunfantes, pidieron a algunos electores cédula o comprobante que justificara su personalidad y exigieron a la mesa que no permitiese el voto a los que no lo llevaran consigo. En Navia de Suarna constaban en las listas de votantes personas que habían fallecido y cuya personalidad, presumiblemente, había sido suplantada. No obstante, aunque este hecho parecía probado para el ponente, su número, 34, no podía ser relevante en un municipio con un censo de cerca de 4.000 electores. En Palas de Rey, las protestas se centraban en el tipo de urnas empleadas, frascos de cristal, y en que no se dio posesión a unos interventores del PRR. Royo-Villanova, pese a que los denunciantes eran correligionarios suyos, concluía su dictamen advirtiendo que, aun descontando los votos de esas secciones, la proclamación de diputados permanecía por completo invariable. Si se consulta, además, el voluminoso expediente de Lugo, puede observarse que tales irregularidades son multidireccionales y se compensan unas a otras: las de Cospeito y Navia de Suarna fueron denunciadas por los agrarios y atribuidas a los radicales, mientras que las de Palas de Rey correspondían a protestas del PRR contra el Partido Republicano Gallego¹⁶.

Dada su insuficiencia para cambiar los resultados, ningún diputado de derechas se levantó a impugnar el dictamen. No obstante, Prat se negó a retirar un voto particular en el que pedía, nada menos, que la anulación de todos los comicios en Lugo y su consiguiente repetición, sin referir en el dictamen argumento que justificase semejante demanda. No era de extrañar. En su intervención ante el Pleno de las Cortes, el vocal socialista afirmó que «miraba con cierta prevención las actas gallegas» porque «la fama es que en las provincias gallegas… se usan los procedimientos electorales con una cierta amplitud y sin someterse muy estrictamente a veces al espíritu de la legalidad». Prejuicio en mano, Prat volvió a recurrir a las «convicciones morales» para sentenciar las actas de esta provincia: «yo, examinando el expediente de Lugo —no con el detalle necesario, porque al fin y al cabo debo examinar muchos expedientes en la Comisión de actas—, saco la impresión de que existen múltiples votos que no responden a una realidad electoral».

La única razón que alegó para explicar esa impresión era la alta participación de algunos pueblos pequeños, pues «no puedo creer que esos ciudadanos, que tienen poca ocasión de adiestrar su ciudadanía, [tengan] un espíritu político mucho más vivo que los de los centros urbanos». Admitía, sin embargo, que un candidato socialista por Lugo había hecho constar, ante la Junta Provincial del Censo, «que en esas elecciones se había dado un paso importante en la pureza electoral de la provincia». Pero como Prat atribuía este avance a la anulación decretada en 1931 por las Cortes constituyentes, pedía que volvieran a ser anuladas «para elevar las costumbres electorales españolas»¹⁷.

Los razonamientos eran tan peregrinos que no supusieron ningún obstáculo para la aprobación del dictamen. Royo-Villanova advirtió que esos argumentos «no se funda(n) en datos concretos»:

«Yo he estudiado con atención las actas de Lugo y he oído las alegaciones de las personas que han acudido a informar ante la Comisión… Si hubo abstenciones o no, esas son suposiciones, hipótesis. El Sr. Prat dice: ¿Cómo es posible que haya esa concurrencia de votantes, cuando lo general es que haya gran abstencionismo electoral? Pues ahí tenemos el hecho concreto de las elecciones municipales y de las celebradas para el Tribunal de Garantías: en unas y otras hubo en Lugo y en toda España gran concurrencia electoral, y en estas elecciones últimas ha habido un gran despertar de la ciudadanía».

Puestos a suponer y con el tipo de argumentos que manejaba Prat, Royo-Villanova le adujo que él también podía haber protestado las actas de Madrid capital y las de cualquier otra circunscripción del país: «Por ello si yo he respetado las actas de Madrid… el señor Prat y los señores socialistas deben respetar las actas de Lugo». En fin, los resultados de esta provincia quedaron convalidados sin que los socialistas pidieran siquiera votación nominal¹⁸.

Las siguientes actas eran las de Badajoz. Los socialistas pacenses habían adoptado ante la Junta Provincial del Censo una posición muy parecida a la de sus correligionarios granadinos: realizaron una protesta general en la que acusaban sobre todo a la Guardia Civil de atropellos varios, todos durante la campaña electoral pero no el día de los comicios. Además, no señalaron ningún hecho concreto que ilustrase las coacciones. No obstante, cuando llegó el momento de analizar las actas en la Comisión, los vocales socialistas y el de ERC se unieron al resto de representantes del centro y la derecha para aprobar sin discusión un dictamen que validaba el triunfo de la coalición antimarxista. Los vocales socialistas sólo disintieron en el reparto de los escaños de las minorías, en el que había entablada una lucha entre sus propios compañeros De Pablo, Vidarte y García Santos por el último escaño de este cupo. Menéndez, Gómez y Prat pidieron, por tanto, a la Comisión que emitiera un dictamen para aclarar este último extremo. Los socialistas también reconocieron el triunfo del centro-derecha en Badajoz ante el propio Pleno de las Cortes: las actas se aprobaron sin discusión de ningún tipo. De la misma forma, los vocales del PSOE en la Comisión de Actas aprobaron, como el resto de sus compañeros, las actas de Málaga provincia, que venían con protestas muy genéricas de sus correligionarios¹⁹.

La división se ahonda

La unanimidad pareció volver a presidir los trabajos de la Comisión de Actas. El día 22 de diciembre, a propuesta de todos sus vocales, fueron aprobados en el Pleno del Congreso y desechadas de forma unánime las protestas que llevaban adjuntos los expedientes, las actas de Orense y La Coruña (exceptuando, por manifiesta incapacidad, las de Calvo Sotelo), Córdoba (dictaminada por Trifón Gómez en contra de los intereses de sus correligionarios), Melilla (validadas por Teodomiro Menéndez en contra de las peticiones de los socialistas de allí para que se anularan), Barcelona capital (exceptuando, a la espera de nuevos dictámenes, las actas de Maciá y Velilla) y Las Palmas. Pero cuando llegó el momento de afrontar las actas de Pontevedra, la Comisión volvió a dividirse.

En esta circunscripción, donde habían triunfado los radicales por un estrecho margen sobre la Unión de Derechas, las protestas de la izquierda republicana, de los socialistas y de los monárquicos habían sido muy intensas y, en algunos sitios, tenían visos de ser ciertas. El mismo día en que se constituyó para el escrutinio oficial la Junta del Censo de Pontevedra, faltaban por recibirse los resultados de once mesas electorales. El representante del PSOE, Gómez Osorio, había culpado exclusivamente al Partido Radical de lo sucedido, y tanto él como el galleguista Rodríguez Castelao reconocieron como verídicos todos los sufragios obtenidos por las derechas. Pero como los grandes beneficiarios de una posible anulación parcial de los resultados eran los candidatos conservadores, los republicanos de izquierda y socialistas no pidieron el descuento de los votos procedentes de las secciones donde existían sospechas de fraude, sino, de forma insólita, la anulación de los comicios en toda la circunscripción²⁰.

El dato de los posibles beneficiarios resulta fundamental para comprender lo que sucedió después. La Comisión de Actas designó al diputado «cedista» Adánez para que dictaminase si habrían de anularse los resultados de algunas secciones y, por tanto, restársele unos escaños a los radicales que, con toda seguridad, pasarían a manos de los amigos pontevedreses del propio Adánez. Pues bien, tras el estudio del expediente, el ponente de la CEDA se negó a proponer que variara la proclamación realizada por la Junta del Censo de Pontevedra. En su dictamen afirmó que las coacciones, compras de voto y abusos de autoridad quedaban sólo en la categoría de supuestos, al reflejarse en actas notariales de mera referencia, y reducidas según el expediente de la Junta a dos mesas del municipio de Caldas de Reyes. Posibles indicios de fraude podían encontrarse en las secciones donde el número de votos atribuibles a cada candidato superaba a la cifra de electores. Esto ocurrió exactamente en quince mesas, en una provincia con más de 700.

No obstante, y contra lo que puede pensarse, Adánez adoptó la misma postura que la Junta Provincial del Censo en el momento del escrutinio. Ésta, tras revisar la documentación electoral y con el solo voto en contra de uno de sus vocales, lo había atribuido no a falsificación manifiesta, sino a simples errores de cálculo, que el diputado de la CEDA explicaba atendiendo a la gran variabilidad que existía en los resultados de unas mesas y otras, que excluía un plan predeterminado de falsificación, y también «teniendo en cuenta las dificultades con que se tropieza en las pequeñas aldeas para encontrar personas peritas que lleven cuidadosamente una elección, mucho más si como la de que se trata es laboriosa y difícil por el número de candidatos y de candidaturas».

Aun así, consciente de que este punto del dictamen podía continuar generando polémica, aclaró que la suma total de electores de estas secciones era de 4.100, insuficiente para que su anulación variase el resultado toda vez que entre el último de los proclamados, el radical Fontaiña, y el primero de los derrotados, el monárquico Senra, existía una diferencia de 4.800 votos. En fin, Adánez desechó en su dictamen que el supuesto voto de fallecidos, 35, o la presentación de la documentación electoral en estafetas de correo distintas de las más cercanas, como ocurrió en siete mesas, pudiera contribuir igualmente a modificar la distribución final de los escaños en Pontevedra. Por ello, propuso a la Comisión que las actas fueran aprobadas tal y como estaban. Este criterio sería asumido por ésta tras una reñida votación, nueve vocales contra ocho, merced sobre todo a la sañuda oposición de los representantes de la izquierda y de los monárquicos²¹.

La disputa se manifestó abiertamente ante el Pleno del Congreso. El socialista Prat y el «alfonsino» conde de Vallellano presentaron sendos votos particulares al dictamen de la Comisión. Claro que no coincidentes. El primero pidió la anulación completa de los comicios basándose, de nuevo, en las «convicciones morales», mientras el segundo requirió sólo la sustitución de un radical por un monárquico tras anular una serie de votos. Durante su intervención, Vallellano argumentó aludiendo sobre todo a la solidaridad debida entre todos los grupos de derechas. Ambos votos fueron rechazados por la Cámara²².

La sesión del 26 de diciembre comenzó con otra discusión a cuenta de las actas de Cádiz. El dictamen de la Comisión había aprobado la validez de la proclamación hecha por la Junta Provincial del Censo, pero había considerado que un candidato, del PRSI, Aguado, estaba incapacitado por la Ley Electoral para ser diputado pues incurría nada menos que en cuatro de los supuestos que la norma establecía. La denuncia había partido del jefe de los radicales gaditanos, Rodríguez-Piñero, que fue quien aportó a la Comisión de Actas las evidencias documentales. Aguado era deudor de la Hacienda pública, disfrutaba de una contrata de obras públicas con la Diputación Provincial de Cádiz, era secretario del Jurado Mixto de Cádiz, cargo de nombramiento gubernamental y con jurisdicción en la mitad de la provincia, y también ejercía la presidencia de la Junta Provincial de Reforma Agraria. Un voto particular de los ponentes socialistas pedía que se aceptase a Aguado como diputado. El Pleno de las Cortes rechazó el voto particular y aprobó la no admisión de Aguado en la Cámara²³.

Que el PSOE conocía que el radical-socialista sería declarado incapaz, lo prueba el hecho de que, inmediatamente después de la votación, Trifón Gómez presentó otro voto particular para que este «dominguista» fuese sustituido por el candidato que le seguía con mayor número de votos, el socialista Campos. En este asunto se demostró que la precaria unanimidad con la que había iniciado sus trabajos la Comisión había quebrado definitivamente. Los radicales sostuvieron, por boca de Pérez Madrigal, que había que atenerse a lo que literalmente cabía interpretar de la Ley Electoral de 1907: si un candidato estaba parcialmente incapacitado por el desempeño de un cargo o un servicio público, habrían de descontársele los votos que obtuviera en su jurisdicción y, en ese caso, si la resta le hacía quedar por debajo del candidato derrotado, habría de «correrse la escala» y proclamar a éste; pero si un candidato era declarado totalmente incurso en las incapacidades que señala la Ley Electoral, caso de Aguado, se anulaba directamente su elección y las Cortes habrían de convocar comicios para ese puesto, por lo que esta vez no «corría la escala» y no se proclamaba al siguiente candidato con más votos.

Por el contrario, el socialista Trifón Gómez coincidía en lo que habría de hacerse con las incapacidades parciales, pero afirmaba que, del mismo modo, si a algún diputado se le incapacitaba totalmente, habría de proclamarse al primer candidato derrotado. Señalaba que la Ley Electoral de 1907 contenía cierta ambigüedad a este respecto y que el Decreto de mayo de 1931 había aumentado la oscuridad legal. Se apoyaba, además, en que la jurisprudencia le daba la razón, pues aseveró que ya existían dos precedentes similares, uno de 1918 y otro de 1931, que se habían resuelto por «corrimiento de escalas»²⁴.

Esta cuestión, que volvería a reaparecer y con fortísima polémica en la discusión de actas de 1936, resultaba de difícil solución, toda vez que en esta ocasión se enfrentaban dos criterios jurídicamente bien fundamentados. Así lo hubo de reconocer el «cedista» Casanueva. Anunció que él se mostraba partidario de la interpretación de los radicales, más que nada por respetar la literalidad de la normativa de 1907 y por obviar el «deficientísimo» Decreto de 1931, pero como presidente de la Comisión no deseaba romper con los socialistas. Solicitó a los juristas expertos de la Cámara que se pronunciasen por un criterio u otro para buscar un consenso que evitara la imposición de la mayoría en esta cuestión. Pidió, eso sí, a los socialistas que reconsiderasen su actitud, toda vez que el «corrimiento de escalas» podía no servir para que Campos fuese ser admitido diputado, pues existía una denuncia contra él del jefe de los «azañistas» de Cádiz, Suffo (que aspiraba también a sustituir a Aguado), por haberle atribuido la Junta Provincial del Censo unos centenares de votos que iban a nombre de un pariente. Más aún, Campos también era vocal de la Junta Provincial de Reforma Agraria. Nadie se levantó en el Pleno para cuestionar el criterio de Casanueva. Sólo lo hizo Prieto, pero para insistir en los argumentos de Trifón Gómez y afirmar que detrás de esta discusión jurídica se escondía una motivación política: la de no conceder el escaño a un socialista. Por 84 votos contra 40 se desechó el voto particular de Gómez y se aprobó que el escaño quedase vacante²⁵.

En realidad, podía parecer que Prieto tenía razón y Casanueva había apoyado a los radicales sosteniendo un criterio puramente político. Pero, los acontecimientos posteriores no lo confirmaron. Después del debate sobre Aguado, se aprobaron sin discusión las actas de Cádiz, Zaragoza provincia (sólo el cupo de las mayorías) y Alicante. En estas últimas existía una protesta, poco fundamentada, de los monárquicos Canalejas y Senante que no fue tomada en consideración por la Comisión.

Cuando al día siguiente, 27 de diciembre, se llegó a la discusión de la segunda vuelta de Baleares, los radicales se encontraron con que un correligionario suyo, Juliá, estaba en situación de completa incapacidad tras haber ocupado, por designación del gobierno, el cargo de vocal de la Comisión gestora que gobernaba la Diputación de las islas. Pese a que Juliá era diputado de la mayoría y que había sido denunciado por un candidato de AR (Carreras), la mayoría de la Comisión de Actas actuó de la misma forma que con Aguado: propuso, y así quedó aprobada por la Cámara, la nulidad de su elección y la vacancia de su escaño.

Además, fueron aprobados sin discusión los dictámenes de Madrid provincia (en el que Trifón Gómez validó el triunfo de las derechas y desechó por falta de pruebas las protestas de sus correligionarios); de las minorías de Badajoz, en el que el nuevo recuento de los votos de unas pocas mesas hizo que Vidarte pudiera obtener el acta sustituyendo a su compañero De Pablo; y de los tres primeros puestos de Murcia capital²⁶.

El día 28 de diciembre se constituyeron definitivamente las Cortes por contar ya con 371 diputados que habían validado su proclamación, muchos más de la mitad más uno que reglamentariamente hacía falta. Aun así, dos semanas después del comienzo de su labor, la Comisión de Actas no había terminado sus trabajos, la revisión de unos voluminosos expedientes electorales con protestas que no pasaban, las más veces, de baladíes. El día 29 comenzaron a discutirse las minorías de Málaga capital. Los resultados de una mesa electoral resultaban decisivos para que el escaño se lo quedase bien el radical Armasa o bien el «cedista» Hermida. La mayoría abrumadora de la Comisión, incluida una parte de sus propios correligionarios, no había aceptado las protestas del candidato conservador y eran partidarios de proclamar al radical. Pero el «cedista» Cimas asumió la defensa de su compañero y pidió la nulidad de los resultados en la única sección discutida por dos razones: porque ésta se había trasladado de su lugar original y porque la votación se había interrumpido media hora antes del cierre legalmente establecido.

El radical Peire confirmó la veracidad de ambos extremos pero enmarcándolos dentro de la más estricta legalidad: el traslado del colegio había sido una medida de la Junta Municipal del Censo después de que el lugar original hubiera sido asaltado por militantes del PCE el día 3 de diciembre, decisión que no había sido protestada en su momento ni por Hermida ni por sus interventores; y la interrupción de la votación media hora antes se había producido porque esa urna se había intentado romper de nuevo, sin fortuna para los asaltantes, y la suspensión se había prolongado hasta minutos después de la hora de cierre. Los tradicionalistas y la CEDA votaron por la admisión de Hermida, probablemente para salvar la cara ante su candidato, pero el resto de las derechas, incluidos los «alfonsinos», votaron con los radicales a favor del dictamen, que sería aprobado²⁷.

No ocurrió lo mismo con las actas de Sevilla provincia. En esta circunscripción hubo fraude atribuido a activistas del PRR, cierto que puntual y localizado en un par de municipios, pero que modificaba decisivamente la proclamación del último escaño de las minorías. El ponente del dictamen fue el propio Casanueva, quien pidió la anulación de los resultados en diez mesas del municipio de Constantina y en las cuatro de Montellano, fundándose en diferentes razones. En el caso de Constantina, porque la Junta del Censo de Sevilla había escrutado actas electorales que habían llegado a sus manos no por el conducto reglamentario, correos, sino de la mano de un candidato radical, Fernández de la Bandera. Más aún, los resultados de estas actas contradecían los de sus gemelas enviadas a la Juntas Municipal y Central del Censo, y hasta los datos publicados por el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de Montellano porque, en realidad, no se había celebrado elección y eso lo constataron dos notarios que habían recorrido todos los colegios y levantado acta de su clausura durante las horas estipuladas para los comicios. Como estas actas eran lógicamente de presencia, la falsificación quedó probada instantáneamente.

Si se anulaban los resultados de este último pueblo y se escrutaban los datos de las secciones de Constantina conforme a la documentación oficial coincidente y recibida por el conducto reglamentario, el penúltimo candidato proclamado por la Junta de Sevilla, el radical González Navas, quedaba superado en votos por el primer derrotado, el «cedista» Illanes. Por el contrario, los socialistas volvieron a solicitar, de nuevo, la anulación completa de las elecciones. Su voto particular fue desechado junto con otro, insólito, del radical Blanc, que pedía que se respetase la proclamación hecha por la Junta del Censo de Sevilla y que no se sancionase el claro fraude en Constantina y Montellano. Por ello, el dictamen de Casanueva sería aprobado con el voto en contra de PSOE y PRR²⁸.

La interferencia del partidismo

Era obvio que después de la anulación legal de dos actas a los radicales, los «lerrouxistas» no podían estar demasiado satisfechos con la actuación de la Comisión de Actas. De hecho, las protestas del PRR debieron influir, sin duda, en el debate del último escaño de las minorías que quedaba por proclamar en Almería. Del resultado de una mesa en el pueblo de Níjar dependía que el acta se inclinase hacia el socialista Pradal o el radical Vega de la Iglesia. El ponente que emitió el dictamen, el «cedista» Moutas, lo hizo pidiendo que se proclamase al candidato centrista. Moutas refutó las denuncias realizadas por los socialistas de los resultados en las localidades de Gérgal, Cantoria y Macael, basadas ciertamente en suposiciones sin fundamento, pero argumentó de forma increíble cuando se refirió a la decisiva sección de Níjar. De esta mesa no se había recibido ningún tipo de documentación oficial en alguna de las tres Juntas del Censo (Municipal, Provincial y Central). En el momento del escrutinio oficial, la Junta Provincial de Almería había pedido, como era preceptivo, las copias del acta de votación que tuvieran los candidatos en su poder (que eran los certificados que solía librar el presidente de la mesa a los interventores y apoderados). Vega de la Iglesia le entregó una en la que superaba por varios cientos de votos a Pradal, adelantándole así en el cómputo global. En el momento en que la Junta escrutaba esos resultados, Pradal le entregó otra copia con resultados distintos.

La Junta, al encontrarse con dos certificados contradictorios, actuó acorde al artículo 51 de la Ley de 1907: no escrutó ninguno y traspasó el asunto a la Comisión de Actas. Como no había original con el que compulsar ambos certificados, Moutas debía haber dictaminado que no se escrutaran los datos de esa mesa y haber proclamado al candidato que, en ese caso, quedaba por delante, que era el socialista Pradal. No obstante, el ponente adujo que Vega de la Iglesia había aportado documentos (una copia del acta de constitución de la mesa y un acta notarial) que probaban que las firmas del certificado que el candidato radical entregó a la Junta eran las del presidente y los adjuntos de la mesa²⁹.

Aun cuando el testimonio de Vega fuese cierto, no había forma de autentificar esos pliegos, ya que la documentación oficial de esa mesa no había sido recibida en ningún sitio. Así se lo hubieron de recordar a Moutas no sólo los ponentes socialistas, sino hasta correligionarios suyos como Serrano Suñer u otros vocales conservadores como Royo-Villanova. Pero la mayoría de la Comisión votó a favor del dictamen con el apoyo de los vocales radicales, republicanos moderados, monárquicos y los de la CEDA que apoyaban a Moutas. Entonces el socialista Prat y el «cedista» Serrano Suñer redactaron conjuntamente un voto particular oponiéndose al dictamen. Acto seguido, Prat dimitió la secretaría de la Comisión de Actas. En el debate ante el Pleno, Prat defendió su voto particular insistiendo, con la ayuda de Jiménez de Asúa, en ese argumento (que, por fin, se basaba en un criterio estrictamente jurídico), pero embarulló el debate sacando a colación, de nuevo, supuestas ilegalidades sin fundamento en otros pueblos de Almería. Moutas pudo centrarse con facilidad en refutar las segundas pero, como era de esperar, anduvo menos hábil cuando tanteó dialécticamente el asunto de Níjar. Por 136 votos contra 48 quedó desechado el voto particular. Con los socialistas votaron varios diputados de la derecha como Serrano Suñer, Primo de Rivera, De la Hoz, Royo-Villanova o el conde de Rodezno.

La votación no sirvió para reforzar los trabajos de la Comisión. Al contrario, la postergación en las actas de Almería del criterio jurídico para contentar al Partido Radical hizo que los socialistas y los demás grupos de izquierda pudieran atribuir a la mayoría de la Comisión, en este caso con razón, móviles políticos. Lo peor era que lo sucedido dio alas a ciertos sectores del centro-derecha, caso de los «mauristas» onubenses, que se permitieron traer sus disputas provinciales a Madrid, para ver si en los despachos podían obtener los escaños que habían perdido en los comicios. Volvieron a producirse empeñadas discusiones en el seno de la Comisión por las actas de Castellón, protestadas con bastante fundamento, y las de Huelva, con bastante menos. Ante el peligro de que las discusiones retardaran la admisión de los diputados cuya proclamación no estaba sometida a tacha, el día 30 de diciembre Casanueva pidió al Pleno de las Cortes que validase los escaños del cupo de las mayorías en ambas circunscripciones, algo que se hizo sin discusión³⁰.

No obstante, días después llegó una compensación, igualmente política, para el PSOE. 1934 se estrenó con la discusión del escaño por las minorías de Murcia capital cuyo caso resultaba, en cierto modo, asimilable al de Almería. Ese puesto se lo disputaban el socialista Santos y el «dominguista» Pérez Sánchez. La Junta del Censo de Murcia había dejado en suspenso el escrutinio de seis secciones de la capital porque habían aparecido dos juegos distintos de la documentación oficial. El ponente, el «cedista» Serrano Suñer, argumentó que, conforme a la Ley Electoral, habrían de computarse las actas que llegaron por conducto oficial y desechar las que no habían llegado de esa forma. Si se hacía así, triunfaría el radical-socialista Pérez Sánchez y el candidato socialista quedaría postergado. Los vocales del PSOE se negaron a admitir semejante eventualidad y alegaron que, como era un claro caso de actas dobles, no debían computarse los resultados de esas mesas. Probablemente ante la posibilidad de que la distancia que separaba a los socialistas de los representantes del centro-derecha aumentara, el resto de los vocales de la Comisión, incluidos los «cedistas», pasaron a defender el criterio del PSOE y dejaron solo a Serrano Suñer en la defensa de los derechos del candidato «dominguista». Pero antes los vocales endilgaron a Prat la redacción del nuevo dictamen y su defensa ante el Pleno de las Cortes. Como la cuestión era ya cosa juzgada, el voto particular de Serrano fue rechazado³¹.

Con estos precedentes, la discusión de las actas de Huelva levantó tal polvareda que demostró que la interferencia de las consideraciones políticas, lejos de servir para corregir los «abusos» de la juridicidad, estaba dinamitando los trabajos de la Comisión. Había sido elegido como ponente de estas actas el tradicionalista Lamamié de Clairac, quien dictaminó a favor de restar más de 6.000 votos a todos los candidatos socialistas onubenses, lo que significaba que el PSOE perdería dos escaños en beneficio de «mauristas» y radicales. Lamamié se fundaba en que las votaciones obtenidas por los socialistas en trece secciones de los distritos mineros de Nerva y Tharsis resultaban indiciarias de fraude por la masiva participación en ellas (cercana al 100 por 100 del electorado), el resultado abultadísimo a favor del PSOE (que se llevó todos o casi todos los votos), y dos actas de presencia en las que el notario daba fe de que los electores se identificaban con un número, sin dar su nombre y apellido como era preceptivo.

Cuando pasó a discutirse el dictamen en la Comisión, los vocales socialistas protestaron airados y a su lado se colocaron los de la CEDA. No obstante, el dictamen se impuso con los votos de radicales, «mauristas», agrarios y monárquicos. Fue entonces cuando los vocales socialistas tomaron la grave determinación de retirarse de la Comisión de Actas. Prat, Gómez y Menéndez redactaron, además, un voto particular en el que afirmaron que en otras circunscripciones discutidas, como Pontevedra, los altos porcentajes de participación no habían constituido para la Comisión criterio suficiente para anular los resultados y, además, que de las actas notariales no podían inferirse el número de electores que votaron sin identificarse, extremos que eran ciertos³².

El problema del voto particular radicaba en que los mismos socialistas se habían opuesto sañudamente a la aprobación de actas como las de Lugo y Pontevedra, utilizando los mismos indicios que ahora rechazaban. Se demostró aquí el doble rasero con que el PSOE aplicaba sus propios principios: las «convicciones morales» servían para enjuiciar y sentenciar las actas de sus adversarios políticos en las circunscripciones en las que éstos habían salido triunfantes, pero no cuando cuestionaban la legalidad de una victoria socialista. También era indiscutible que radicales, «mauristas» y agrarios habían modificado su parecer y cruzaron los márgenes del «criterio jurídico» para defender ahora la nulidad de dos actas del PSOE usando de meras suposiciones.

En fin, la retirada de los vocales socialistas creaba un problema político insoluble, pues la falta de oposición restaba legitimidad a la aprobación de las actas que quedaban por discutir, y levantaría resquemores en la opinión de izquierdas acerca de la representatividad de las nuevas Cortes. Así lo hubo de ver Casanueva, quien inició gestiones para que retornaran a los trabajos los vocales socialistas. Como éstos se mostraban irreductibles respecto al dictamen, el presidente de la Comisión convenció a los radicales y al representante liberal-demócrata para que, en una nueva votación de éste, se abstuvieran. Así lo hicieron y dejaron en minoría a monárquicos, agrarios y al vocal «maurista». El voto particular de los socialistas pasó a ser la propuesta mayoritaria de la Comisión. El enconado debate a que dio lugar en las Cortes lo cerró también Casanueva con una petición a la Cámara que se rechazasen los votos particulares porque las pruebas de fraude presentadas carecían de fundamento jurídico sólido. Así se hizo³³.

Con los vocales socialistas de vuelta en la Comisión, comenzaron a discutirse otras actas muy polémicas: las de Valencia provincia. Aquí el enfrentamiento entre las secciones provinciales del PRR y de la CEDA era tan enconado que amenazaba con echar abajo la colaboración de ambas formaciones a nivel nacional. La mayoría de la Comisión de Actas había dictaminado a favor de convalidar el triunfo de los radicales, pero se presentaron sendos votos particulares: uno del propio ponente, de nuevo el tradicionalista Lamamié, que firmaron también los vocales de la CEDA y el de RE; y otro de Serrano Suñer. El voto de Lamamié pedía la anulación de los resultados electorales en las mesas donde se había repetido la elección el día 22 de noviembre por rotura de urnas, ya que los reputaba falsos. Volvía a mostrar como evidencias los altos porcentajes de participación y, más importante, un acta de referencia donde el notario había recogido los testimonios de algunos presidentes de mesa y adjuntos de Gandía que le informaban del amaño de la documentación; y otra acta de presencia en que el mismo notario daba fe de varias irregularidades que presentaba esa documentación.

Si los resultados eran anulados, ningún candidato llegaría al quórum del 40 por 100 y, por tanto, los comicios habrían de ser repetidos. Más aún, Lamamié también denunciaba que uno de los candidatos radicales, Chabret, era alcalde de Sagunto y presidente de la Junta de la Acequia Mayor de esa comarca, con jurisdicción sobre los regantes de varios pueblos, por lo que todos esos votos habrían de serle descontados por estar parcialmente incapacitado. Por último, pedía que se escrutasen los resultados del pueblo de Jaraco conforme a un acta de presencia emitida por un notario que había presenciado el escrutinio, y no por la documentación electoral de ese pueblo que, según el ponente, había sido falsificada.

El otro voto particular, el de Serrano Suñer, únicamente abundaba en la incapacidad parcial de Chabret, en la resta de los sufragios que había obtenido éste en Sagunto y en el resto de municipios en que ejercía jurisdicción, y en la anulación de los votos de Jaraco y otro pueblo, Benifairó de Valldigna, donde sendas actas notariales de presencia demostraban que no se había celebrado elección en dos de sus secciones. Por eso, Serrano sólo pedía la proclamación del «cedista» Colomer, quien, tras estas operaciones, quedaba por delante de Chabret³⁴.

En Valencia se combinaban, por tanto, unas cuantas pruebas incuestionables con indicios más bien dudosos. Aun así, Lamamié volvió a protagonizar la defensa del voto particular incidiendo en todo lo expuesto. Señaló la anormalidad de la rotura, el día 19 de noviembre, de 50 urnas. Acto seguido, reconoció que se habían celebrado con relativa normalidad la repetición de los comicios los días 20 y el 21, aun cuando había protestas, muy débiles, de los equipos electorales de la Derecha Regional y del Frente de Izquierdas por coacciones y violencias de activistas radicales. No obstante, el mismo día 21 por la noche, el gobernador civil se atrevió a proclamar por radio la victoria de los «blasquistas», sin que aún se supiese si los candidatos radicales llegarían al tope establecido para evitar la segunda vuelta. Y el día 22 fue cuando, según Lamamié, tras la retirada de la Derecha Regional de los comicios, el PRR volcó a favor de sus candidatos los sufragios de las mesas en las que aún debía celebrarse elección, unas 20 ese día, para que se sobrepasase el quórum del 40 por 100.

No obstante, Lamamié era consciente de que sólo existían fundamentos palpables de lo que decía en los pueblos de Jaraco y Benifairó de Valldigna por lo que, para convencer a la Cámara de la ilegalidad general de las actas de Valencia provincia, apuntó en su intervención que no era necesario «que haya una sola y única prueba que pueda considerarse como plena; es decir, que por sí sola decida la nulidad de la elección… puede haber… una colección de pruebas que ninguna por sí sola sea bastante para una resolución, pero que, en conjunto, pueden hacer que el juzgador resuelva en un sentido determinado». Pidió, por tanto, que se repitieran los comicios³⁵.

Las debilidades de su discurso fueron bien aprovechadas por el radical Valentín. Su intervención abundó en la insuficiencia de las pruebas presentadas para juzgar fraudulentos los comicios: unas pocas actas notariales para una circunscripción con 264 pueblos y 855 secciones electorales. Atribuyó la idea inicial de protestar la elección no a los tres candidatos triunfantes de la CEDA, sino a los derrotados. Afirmó que en Gandía, a pesar de las irregularidades en la documentación que refiere el notario, los interventores de la derecha habían reconocido su validez firmándolos y que esto también constaba en el acta notarial. Cierto que en Torrente había muerto un interventor de la CEDA el día 19, pero, para Valentín, este asesinato había que atribuírselo en exclusiva a los anarquistas. Prueba de su falta de incidencia en el resultado fue que las derechas habían obtenido en ese pueblo la victoria y por amplio margen. Restó validez a las actas notariales de referencia como testimonios de parte interesada, y aseveró que, descontando los votos de Jaraco y anulando los de Benifairó de Valldigna, nada cambiaba en la proclamación de los diputados, lo que era verdad. Cuestionó la maniobra de presentar otro voto particular (el de Serrano Suñer) tras el que se discutía, lo que dejaba entrever las pocas posibilidades de que éste prosperara; y justificó el mensaje radiado del gobernador declarando el triunfo del PRR, aduciendo que ya conocía la retirada electoral de las derechas, pues ésta se había producido la noche del 21 de noviembre.

Como estos argumentos no convencieron a los diputados de la CEDA y los ánimos estaban muy enconados, Royo-Villanova se levantó para aclarar que actas electorales tan graves como las de Valencia provincia, con tres muertos, merecían una segunda lectura por parte de la Comisión y pidió, blandiendo una justificación política, concordia entre radicales y «cedistas» para evitar que se fragmentara la costosa unión del centro-derecha. Casanueva aceptó el guante lanzado por el diputado agrario y pidió que se suspendiera el debate para dar lugar a una nueva reunión de la Comisión³⁶.

En el ínterin, pasaron a discutirse las actas de Barcelona capital. En este caso, el único problema radicaba en determinar si el presidente de la Generalidad y el candidato federal Velilla, teniente de alcalde en la ciudad condal, estaban incursos en algunas de las incapacidades que determinaba la Ley Electoral. El problema de Maciá se había volatilizado con su fallecimiento el 25 de diciembre de 1933. A petición del gobierno, la Comisión había acordado por mayoría admitirle como diputado para que las Cortes le tributasen el homenaje de rigor. Pero el caso de Velilla continuaba candente. Lo cierto era que la Comisión, con el voto de los ponentes socialistas, había acordado que se le restaran los sufragios obtenidos en el distrito barcelonés en el que ejercía su cargo municipal y la proclamación, en su lugar, del siguiente candidato, Mestre (ERC). Legalmente, el caso no ofrecía dudas. Por ello, en la defensa de su voto, el representante de la Esquerra, Palet, obvió de nuevo el criterio jurídico para afirmar que, como Velilla no había ejercido coacciones sobre los electores de su distrito, se le admitiese como diputado. Pero su voto particular fue rechazado por las Cortes³⁷.

En la sesión del 9 de enero de 1934 volvió a plantearse la cuestión de las actas de Valencia provincia. Una nueva reunión de la Comisión no había resuelto nada porque las posiciones permanecían irreductibles. Hay que puntualizar que, en ocasiones, los cambios de criterio de un vocal de ésta con respecto a unas mismas actas no venían determinados sólo por las indicaciones políticas de su minoría, sino también porque cada expediente era estudiado por un ponente, no por la Comisión en Pleno, y sólo si existían dudas con respecto al dictamen emitido por éste, los demás intervenían para volver a revisarlo. Pero, en este caso, los diputados de la CEDA no aportaron mucho más. El «cedista» Bosch volvió a quejarse de las violencias ocurridas en esas elecciones y a imputárselas, sin aportar evidencias, al PRR. Sí que aclaró, no obstante, la actuación parcial, y merecedora de destitución, del gobernador civil por haber radiado el triunfo de los radicales cuando no habían terminado los comicios y quedaba suficiente número de electores para decantar el resultado hacia uno u otro lado. Peor aún, éste había minimizado en sus telegramas a Gobernación las bombas que estallaron en algunos domicilios de militantes de la Derecha Regional denominándolos «inofensivos petardos», cuando en realidad habían llegado a causar fuertes desperfectos.

Bosch hizo un intento por recabar el apoyo del PSOE para que sus diputados apoyasen el voto particular, fundándose en la postura de protesta que también habían adoptado los socialistas valencianos durante el escrutinio oficial. Pero Bosch no aportó ningún argumento jurídicamente válido que sirviera para anular los resultados de las secciones en que se había celebrado elección el día 22 de noviembre. Tampoco lo hicieron en sus intervenciones Lamamié y García Guijarro. Tras otro empeñado debate, todos los votos particulares fueron desechados por estrecho margen y las actas de Valencia provincia se aprobaron sin que variara la provisión de escaños³⁸.

Pero el consenso en la Comisión de Actas había dejado de existir. El dictamen sobre el último puesto de Castellón también traía otro voto particular. El ponente fue el «cedista» Cimas, quien había dictaminado que el radical Calot debía perder el acta en beneficio del tradicionalista Granell. Este caso resultaba muy similar al de Sevilla, por cuanto que estos candidatos habían tenido votaciones muy parejas. Pero la documentación electoral de cuatro mesas (dos de Peñíscola, una de Segorbe y otra de Altura) presentaba resultados divergentes. Las enviadas a la Junta del Censo de Castellón le restaban una serie de votos al candidato carlista que, no obstante, sí le atribuían las que quedaron depositadas en las respectivas Juntas Municipales de esos pueblos. Si el escrutinio se hacía con estas últimas copias, Granell conseguía unos cientos de votos más que Calot. El dictamen de Cimas fue impugnado por los vocales radicales que, por supuesto, salieron en defensa del acta de su compañero. En el voto particular pedían que se tuvieran en cuenta sólo los datos enviados a la Junta Provincial del Censo como los verdaderamente auténticos. La cuestión parecía sumamente compleja ya que, como ambas copias eran documentos oficiales, resultaba a priori difícil determinar qué resultado era el verdadero³⁹.

En su intervención en defensa de este voto, el radical Blanc atribuyó al dictamen de Cimas un claro ánimo político: el de compensar la derrota de la CEDA en Valencia provincia arrebatando a los «autonomistas» un acta en Castellón. Dio, sin embargo, un dato interesante: el criterio jurídico de la Comisión había sido quebrado por la «amplitud» con la que el Pleno de la Cámara había apreciado las «irregularidades de carácter electoral», que ahora volvía a manifestarse en la discusión de este escaño. El resto de su intervención fue un intento por desprestigiar, de forma un tanto artificiosa, los resultados de las actas que se hallaban depositadas en las Juntas Municipales del Censo.

En su turno de réplica, Cimas dio un dato contundente: en los resultados de las dos mesas de Peñíscola, que de por sí garantizaban la victoria de Granell sobre Calot, existía plena coincidencia entre los datos que obraban en la Junta Municipal, recogidos por un notario, y los enviados a la Junta Central del Censo en Madrid, por lo que los únicos que no coincidían con el resto de la documentación fueron los remitidos a la Junta Provincial de Castellón. Esta circunstancia también era imputable a la mesa de Segorbe. Por tanto, el voto particular del PRR quedó rechazado por la Cámara. El PSOE, que había votado en la Comisión a favor de la CEDA, lo hizo en el Pleno de las Cortes con los radicales, y ello pese a que en esta ocasión la sustitución del candidato «lerrouxista» por el tradicionalista era jurídicamente intachable. Pese a que los votos socialistas no resultaron necesarios para sacar adelante el dictamen, la actitud del PSOE suscitó la indignación de Casanueva y probablemente influyó en su actitud en la última discusión plenaria que tuvo lugar: la de las actas de Zaragoza⁴⁰.

En efecto, el dictamen que quedaba por presentar era una protesta por incapacidad que afectaba a uno de los puestos de las minorías en Zaragoza provincia. Allí, el candidato radical más votado había sido Montes Azcona, vocal de la Comisión gestora que gobernaba la Diputación Provincial. La incapacidad total estaba clarísima, toda vez que era un cargo de nombramiento gubernamental que ejercía jurisdicción directa sobre toda la circunscripción por la que se presentaba. La mayoría de la Comisión votó, al igual que en Baleares, por la nulidad de su elección y por dejar vacante ese escaño. No obstante, la claridad del caso tampoco llevó a la unanimidad. El propio ponente, Royo-Villanova, pidió en un voto particular que, en el probabilísimo caso de que Montes fuera declarado incapaz, «corrieran las escalas» para proclamar al siguiente candidato, el radical Pérez García. Era una petición inverosímil, toda vez que la incapacitación del diputado Juliá no había llevado consigo la proclamación del siguiente candidato. Pero Royo-Villanova la fundamentaba en que, en esta ocasión, un radical sería sustituido por otro radical, respetando el sentido del voto del cuerpo electoral, mientras que en Baleares si hubieran corrido las escalas, a un radical lo hubiese sustituido un socialista. Era una interpretación políticamente plausible, pero que propinaba otra sonora coz al criterio jurídico establecido por la Comisión⁴¹.

El 11 de enero comenzó a debatirse, en primer lugar, un voto particular de Pérez Madrigal. Como el orador radical no podía ampararse en ningún precepto legal, volvió a recurrir al tema de la admisión de Maciá y de los consejeros de la Generalidad con el fin de pedir el mismo trato para Montes. La treta fue deshecha pronto por Casanueva: como nadie había recurrido la proclamación de los consejeros de la Generalidad Santaló y Ventosa Roig, su admisión era automática, porque la Comisión no podía actuar de oficio. La Cámara rechazó el voto particular del diputado radical. Quedaba, no obstante, el otro, bastante polémico, de Royo-Villanova. Un vocal de la CEDA, Adánez, trató de disuadirle, ya que, con el precedente de Baleares, no quedaba sino anular la elección y no proveer ese escaño.

Sin embargo, la intervención de Casanueva resultó más ambigua. Aunque defendió el criterio de Adánez, se mostró receptivo a la propuesta de Royo-Villanova y adujo que la Cámara, en uso de su soberanía, «juzgará y hará lo que estime más oportuno» teniendo en cuenta los distintos criterios a los que había acudido para solventar las situaciones de Cádiz y Baleares, por un lado, y de Barcelona capital (donde hubo «corrimiento de escalas»), por otro. En todo caso, dejó claro que unas futuras elecciones no habrían de regirse por el corpus legal vigente, sobre todo el de 1931 y 1933: «ley que está repudiada por todos (y que) hay que hacerla absolutamente nueva». Puesta a votación, la política venció en este caso a la juridicidad: por 123 diputados contra 120 triunfó la propuesta de Royo-Villanova, por lo que el radical Pérez García podría sustituir a su correligionario. Votaron a favor radicales, «mauristas», republicanos de izquierda, ERC y Lliga, y en contra la CEDA, los monárquicos y el PSOE. Los socialistas, demostrando otra vez su oportunismo, votaron contra el «corrimiento de escalas», cuando habían apostado por él en los tres casos anteriores⁴².

Los trabajos de la Comisión de Actas habían finalizado con un balance ambivalente. El consenso inicial había acabado trastocándose tras la discusión del acta de Almería y puede decirse que, a partir de entonces, cada vocal adoptó la postura que más se identificaba con los intereses de su minoría. Pero hasta ese momento, sus dictámenes se caracterizaron por la aplicación rigurosa de la ley. Además, con posterioridad al acta de Almería, no todos ellos estuvieron determinados por un criterio político. En realidad, ese carácter es atribuible sólo al escaño almeriense (del que se beneficiaron los radicales), al de Murcia capital (del que se benefició el PSOE) y, sólo en cuanto al «corrimiento de escalas», al de Zaragoza provincia (de nuevo, con ganancia para el PRR). Hubo, sólo a priori, un cuarto caso más: el de Calvo Sotelo.

Cuando se trató su caso de incapacidad en la Comisión, los vocales de derecha votaron unidos el dictamen redactado por el agrario Romero Radigales, que era favorable a que fuese admitido como diputado. La justificación resultaba peregrina: Calvo Sotelo había logrado el acta «por gran mayoría de votos» (además, acta doble, por La Coruña y Orense) y su caso quedaba prejuzgado por el del conde de Guadalhorce, que había sido admitido diputado por la Cámara sin que nadie votara en contra y pese a hallarse condenado por la Comisión de Responsabilidades. Pero este precedente quedaba roto no ya por las protestas de los rivales de Calvo Sotelo ante las Juntas del Censo de La Coruña y Orense, sino también por el voto particular del radical Blanc, que recordaba la condena a doce años de confinamiento y veinte de inhabilitación que se le había impuesto. En esas condiciones, injustas por otra parte dada la arbitrariedad del juicio y la pena, sólo un indulto podía facilitarle el disfrute de su escaño. Por ello, la discusión del dictamen quedó congelada hasta la aprobación de la Ley de Amnistía, evitándose así otra posible brecha en la entente «radical-cedista». Con la amnistía en vigor, el 8 de mayo de 1934 la Cámara aprobó la capacidad de Calvo Sotelo y, de paso, la de Guadalhorce⁴³.

No obstante la puntual interferencia de los intereses políticos, la mayoría abrumadora de las actas fue aprobada conforme a un criterio legal bastante objetivo y que amparó los derechos de todas las minorías presentes en la Cámara. Hay que recordar que, además, de esos casos, la Comisión revisó 40 expedientes electorales en los que estaban en juego la aprobación de la mitad aproximada de los escaños de esas Cortes. Si el criterio de las «convicciones morales» se hubiera impuesto al jurídico, no cabe duda de que las izquierdas, sobre todo el PSOE, hubieran sido las grandes perjudicadas, ya que estaban claramente en minoría frente a republicanos moderados y derechas. No obstante, los socialistas salvaron sus escaños de Huelva y se hicieron asimismo, con el escaño de Murcia sumando el apoyo de las derechas; Sánchez-Albornoz pudo sentarse en las Cortes con el apoyo también de los diputados de la CEDA; y la Esquerra se benefició de «corrimiento de escalas» en Barcelona capital y también de que no se reclamara la nulidad de los escaños obtenidos por los consejeros de la Generalidad. Desde luego, la labor de la Comisión de Actas de 1933 no resultó tan polémica ni sus dictámenes tan apartados del criterio jurídico como las de 1936⁴⁴.

Pero, por encima de la política menuda, la discusión de las actas dio la medida de la limpieza con que, en 1933, se desarrollaron los comicios. Cuarenta fueron los expedientes electorales que traían, desde sus provincias de origen, protestas, sumando la primera y la segunda vuelta. De ellos, la Comisión y la propia Cámara desecharon sin contemplaciones las protestas de 25. Es más, el ponente que dictaminaba a favor de la convalidación de las actas de una provincia podía ser correligionario político de los «protestatarios», sin que eso influyera en su ánimo a la hora de reconocer la insustancialidad de las reclamaciones y, por tanto, el triunfo de los adversarios. En otros cinco expedientes, los reclamantes no cuestionaban la limpieza de la elección, sino la capacidad, con arreglo a la ley, de alguno de sus adversarios para tomar posesión del escaño.

Sólo en diez apreciaron irregularidades algunos vocales de la Comisión y grupos políticos de la Cámara. En uno de ellos, Ávila, no es que se discutiese el resultado electoral, sino la utilización de medios oficiales para la propaganda electoral (caso de Sánchez-Albornoz). En cuatro, los de Almería, Castellón, Huelva y Málaga capital, tampoco se hablaba de fraude generalizado, sino de la atribución del último (o los dos últimos en Huelva) escaño a causa de los resultados en una o unas pocas mesas que, en un contexto de «empate técnico» entre distintas candidaturas, podían variar el reparto de las actas. Por último, en otras cinco (Granada, Lugo, Pontevedra, Sevilla provincia y Valencia provincia) llegó a pedirse su completa anulación, y no tanto porque los reclamantes apreciaran una falsificación generalizada, sino porque, anulando los resultados de una serie de mesas, el candidato más votado no superaba el tope del 40 por 100 de los votos.

No obstante, pudo observarse en el debate cómo semejante petición obedecía no tanto a fraude o corrupción comprobados (en ocasiones, ni siquiera se presentaron hechos concretos, aun sin pruebas), sino a «convicciones morales» destinadas las más veces a sembrar sospechas sin cuento en la Cámara. Estos acusadores contaban con la ventaja de que, por entonces, aún planeaba sobre la opinión pública y los propios diputados el fantasma de una tradición de falseamiento de los resultados electorales en muchas partes del país. Pero que también se combinaba, sin duda, con otra tradición: la de atribuir el mal resultado propio al fraude ajeno que denotaba, al menos cara al público, una nula capacidad de autocrítica tras la derrota electoral. En fin, la asunción por parte de un diputado de las protestas de sus correligionarios de provincias, por platónicas e infundadas que éstas fuesen, tenía una motivación extra: contentar a la organización provincial de un partido que hubiese hecho de la nulidad de la elección una bandera política, con tal ímpetu que posteriormente hiciera complicada una rectificación pública sin que mermase su credibilidad, caso del PSOE en Granada o Pontevedra, o de la CEDA en Valencia.

Puede achacarse, en parte con razón, que un análisis de los expedientes electorales resulta insuficiente para apreciar el volumen de falsificación, parcial o total, de los resultados. En otras palabras, al igual que existían circunscripciones en cuales las protestas podían resultar absurdas, también había otras en las que el hecho de que los candidatos no protestasen no significaba que un cierto grado de fraude o corrupción dejase de estar presentes. Lo que ocurre es que en una circunscripción donde hubiera un nivel de competencia medio, si un candidato no protestaba las supuestas irregularidades de su contrario era porque reconocía, tácitamente, que éstas habían tenido un carácter tan limitado que no influían en el resultado final. Asimismo, también podía ser que ese candidato hubiera usado de métodos similares y que, por tanto, no le conviniese protestar ante la eventualidad de una contraprotesta que anulase el esfuerzo.

Claro que sigue presente el problema. Aunque un episodio fraudulento o corrupto no estuviese comprobado, sin embargo, podía resultar verídico. Ciertamente, esto podía darse. Lo que ocurre es que, a pesar de los clichés que siguen proliferando acerca de los comicios anteriores a la Guerra Civil, España tenía casi un siglo de historia constitucional y parlamentaria y, por tanto, nueve décadas de abundantes convocatorias electorales donde, al socaire de experiencias como el intervencionismo abusivo del gobierno y las diversas triquiñuelas de los candidatos, se había habilitado una serie de contrapesos y garantías legales que, acompañadas de una prensa libre y una administración de justicia cada vez más independiente, estaban desincentivando paulatinamente la Comisión de delitos electorales.

Éstos eran: un método de confección del censo electoral bastante imparcial y llevado a cabo por un organismo técnico como el Instituto Geográfico y Estadístico; candidatos, interventores, apoderados, notarios y funcionarios habilitados para extender acta notarial, que constituían un ejército de activistas políticos que, en los sitios donde había competencia más o menos efectiva (algo que ocurrió en casi todas partes en 1933), velaban por sus sufragios y se vigilaban entre sí; tres clases diferentes de Juntas del Censo (municipal, provincial y central) independientes del poder político, que cuidaban del proceso electoral y custodiaban las actas electorales, de las que se depositaban varias copias para asegurar su validación; mesas electorales con presidentes y adjuntos de nombramiento automático e independiente de las autoridades gubernativas y judiciales; y, sobre todo, un cuidadoso procedimiento electoral y un catálogo de delitos electorales, que la Restauración legaba a la República a través de la Ley de 1907. En los años treinta no se modificaron ninguno de esos mecanismos legales e, incluso, se dio un paso atrás al volver a traspasar la competencia de dictaminar la validez de las actas del Tribunal Supremo a las Cortes. Esto mostraba el vigor de las garantías de la Ley de 1907, a su vez fruto de ese siglo de experiencia electoral.

Pues bien, con todo esto resulta improbable que, a diferencia de los delitos comunes, un candidato no pudiera tan siquiera aportar una prueba convincente de fraude o de corrupción. Un interventor podía exigir que se reflejase en las actas de constitución de la mesa, votación y escrutinio cualquier incidencia que ocurriera en el colegio electoral. Un candidato o su apoderado tenían la capacidad de llamar a un notario o funcionario habilitado, que no podía eludir este deber so pena de sanción, para que hiciese constar en acta cualquier irregularidad que estuviese presenciando y, como complemento (pero no como sustitutivo), confeccionar actas de referencia con declaraciones de testigos. Una protesta suya en el acta de escrutinio general de la Junta Provincial del Censo, por nimia que fuese, hacía que de inmediato el expediente pasara a ser revisado por la Comisión de Actas de las Cortes, ante la que, además, el «protestatario» podía alegar en persona cuanto estimase oportuno y hasta presentar nuevas pruebas. Y ello sin contar con las posibilidades, siempre complementarias, que ofrecían el uso de la prensa o de los tribunales.

Ciertamente, si ese candidato no contaba con interventores y apoderados, la cuestión se complicaba sobremanera. Pero en 1933 muy pocas mesas estuvieron monopolizadas por miembros de un solo partido y, cuando esto ocurrió, un candidato con ánimo de delinquir había de contar con la necesaria complicidad de presidentes de mesa y adjuntos, y esto no siempre era así. Por todo ello, aunque no pueda dejar de admitirse la posibilidad de que existiese fraude o corrupción no comprobada (pero real) en la España de entonces, la falta de fuentes sitúa esta percepción en el terreno de elucubraciones.

Las nuevas Cortes

La distribución de escaños que se ofreció páginas atrás no constituyó el resultado final. Además, de la labor depuradora de la Comisión de Actas, los escaños obtenidos por cada formación política variaron por la adscripción a las minorías de los diputados que lucharon con la etiqueta de independientes, o porque parlamentarios que fueron elegidos con la denominación de un partido prefirieron pertenecer a grupos parlamentarios distintos. Y es que aún se hacían notar las tradiciones individualistas de la Restauración: el escaño estaba adscrito, en lo que al derecho y a la costumbre se refiere, inequívocamente a la persona del diputado, que era el representante directo de sus electores, sin ningún tipo de interferencia del partido. Otra cosa era que, de una forma más o menos voluntaria, un diputado aceptase acatar la disciplina de una minoría parlamentaria. Ésta, por entonces, podía ser fruto de la unión de los representantes de un mismo partido o, también, de candidatos electos independientes o de diversas formaciones políticas que, para constituirla, habían de alcanzar un número de diputados nunca inferior a la decena. Sea como fuere, al tiempo que la Comisión de Actas trabajaba en los expedientes con protestas, los diputados comenzaron a adscribirse a las minorías en formación. En este proceso, sin duda la CEDA fue la más beneficiada, pues pasó de 94 parlamentarios a 115 en las dos semanas posteriores a la segunda vuelta electoral.

Este sensible aumento vino motivado por la integración en la que se denominó «minoría popular agraria» de un numeroso grupo de agrarios e independientes que durante los comicios no habían estado vinculados a ningún partido provincial afecto a AP, sino que habían concurrido a las elecciones representando al asociacionismo económico. Fue el caso de los diputados Acacio (Albacete), Montero Tirado (Córdoba), La Chica, Montes Díaz (Granada), Vidal (Huesca), Mesa (Las Palmas), Riesgo, Rodríguez-Jurado (Madrid capital), Fernández-Heredia, Hueso (Madrid provincia), Castaño (Salamanca), Pérez del Molino (Santander), Oriol de la Puerta (Sevilla capital), Alarcón, Amores (Sevilla provincia), Simón (Teruel), Avia, González-Sandoval, Madero, Vega Gregorio (Toledo), Azpeitia y De la Hoz (Zaragoza provincia). Además, el director de Informaciones, Pujol, se integró desde el primer momento en la minoría «cedista». En este trasiego AP también sufriría algunas pérdidas: dos diputados de la Unión de Derechas y Agrarios de Lugo (Lazcano y Montenegro) que, aunque adherida a la CEDA, englobaba a todo el espacio conservador de esa provincia; y un diputado del Bloque Agrario de Soria (Martínez de Azagra). Con todo, el saldo resultó tan positivo que la minoría popular agraria logró relegar al grupo radical⁴⁵.

Y es que el PRR no logró pescar como los «cedistas» en el numeroso caladero de diputados independientes, a pesar de que era público y notorio que seguiría reteniendo en sus manos la gobernación del país. Sólo se incorporaron a la minoría radical Lorenzo Pardo (Las Palmas), director general de Obras Públicas con Guerra del Río, y Salinas (Córdoba), dirigente de la Federación de Labradores de esa provincia. Además, retornaron al redil «lerrouxista» los disidentes coruñeses Miñones y García-Ramos. 101 diputados en total, un grupo imponente pero que se vería muy pronto mermado por las escisiones. Pocas semanas después, dos diputados del PURA (Marco y Just) abandonaron la minoría en desacuerdo con la política de atracción de las derechas practicada por Lerroux y, en mayo de 1934, otros quince diputados siguieron a Martínez Barrio para crear el grupo radical-demócrata. No serían los únicos.

Pese a su célebre disciplina, los socialistas no dejaron de sufrir rebajas numéricas. Es cierto que comenzaron acrecentando su número con la integración de los tres diputados de la Unión Socialista de Cataluña (Barjau, Comes y Serra Moret). No obstante, como ésta se acabó frustrando, sus representantes pasarían definitivamente a la minoría de Izquierda Catalana. En diciembre de 1933, el PSOE sufrió, además, la baja de Moreno Quesada (Córdoba) por disensiones internas fruto del resultado electoral. Semanas después otro parlamentario de esa provincia, Casas, también se desvincularía⁴⁶.

El grupo agrario fue el que estuvo inmerso en un proceso de reconversión más profundo, que desembocó en la creación de una minoría relativamente coherente y que respondía al sostén de una nueva formación política, el Partido Agrario Español. Una veintena de los nuevos parlamentarios que se autodenominaban «agrarios» había acabado ingresando en la CEDA y esta pérdida apenas si fue compensada con la incorporación de diputados de otros partidos o independientes: García Vedoya (Burgos), Fanjul (Cuenca), Romanones (Guadalajara), González Negrín (Las Palmas), Lazcano, Saco (Lugo) y Martínez de Azagra (Soria) elevaron la cifra de la futura minoría a 34 parlamentarios. Esto significó el fin del «liderazgo moral» que había ejercido en las Cortes Martínez de Velasco sobre las derechas posibilistas. Precisamente el empeño del jefe agrario en que su minoría hiciese una declaración explícita de republicanismo provocó, en enero de 1934, una nueva reducción del grupo. Calderón, Gosálvez, Romanones y Fanjul se separaron para seguir caminos distintos. Los dos últimos permanecerían al margen de cualquier minoría: Romanones, a título de monárquico liberal, y Fanjul, a la espera de renunciar a su escaño para plantear a sus votantes, en una elección parcial, la cuestión del acatamiento del régimen. Mientras tanto, Calderón organizó, con el auxilio de Gosálvez, una minoría de independientes de derecha a la que se sumaron los diputados March (Baleares), Cano, Pérez de Guzmán (Huelva), Aperribay, Del Moral, O´Shea (La Coruña), Virgili (Murcia capital), Perea (Murcia provincia) y Gafo (Navarra)⁴⁷.

En número, la siguiente minoría de la Cámara fue la regionalista formada por diputados de la Lliga, a los que se añadieron los independientes Ayáts (Barcelona capital), Vilella (Tarragona) y Fons (Baleares). A ésta le seguía la tradicionalista, con el número de diputados más importante en medio siglo (una veintena), a la que se añadió el diputado independiente Tejera (Sevilla provincia). Muy de cerca, con 18, se situó la minoría de Izquierda Catalana, montada sobre la base de los diputados de la Esquerra y en la que se inscribieron dos diputados que habían luchado como federales: Ferret (Barcelona provincia) y Mangrané (Tarragona). Esta minoría se vio, no obstante, privada de tres parlamentarios: los fallecidos Maciá y Sagrera, y Companys, que no llegó nunca a presentar su credencial.

De igual modo, la minoría republicana conservadora de Maura tampoco logró mantener en el grupo a todos los diputados que habían sido elegidos como tales: Cano y Pérez de Guzmán se marcharon a raíz de la discusión de las actas de Huelva, protestando contra la actitud pasiva de su líder. Fue la primera de varias escisiones que dejarían el grupo «maurista» reducido a una docena de escaños a lo largo de 1934. En cuanto a Renovación Española, pudo compensar el momentáneo exilio de dos de sus diputados electos, Guadalhorce y Calvo Sotelo, y la marcha de otro, Del Moral, con la incorporación de dos nuevos: Montenegro (Lugo) y Pemán (Cádiz). El PNV mantendría sin variación sus doce diputados, mientras que los liberales demócratas de Melquíades Álvarez consiguieron el escaño necesario para constituir minoría, gracias a la incorporación del «marchista» Matutes⁴⁸.

En cuanto a los republicanos de izquierda, sus fuerzas habían menguado tanto que ni siquiera con la proyectada unión era seguro que pudieran constituir minoría. Cierto que AR aportaba la mitad de los escaños necesarios, cinco, pero el PRSI había quedado reducido a dos diputados (Muñoz Martínez y Ramos Acosta). Todo dependía de los buenos oficios de Casares para incorporar a los parlamentarios republicanos gallegos. Pero al exministro de la Gobernación sólo le siguieron dos y no con demasiado entusiasmo, González López e Iglesias Corral, suficientes para alcanzar el número mínimo de diputados. Aun así, Iglesias abandonaría pronto la minoría para unirse al grupo independiente auspiciado por Chapaprieta. Los otros diputados del PRG e independientes siguieron caminos opuestos. Rodríguez Cadarso había muerto en un accidente de automóvil. Pita Romero entró como ministro de Estado en el segundo gobierno Lerroux y, por tanto, se mantuvo al margen de cualquier grupo parlamentario. El que restaba, Rodríguez Pérez, acabó uniéndose a Chapaprieta.

El único refuerzo exterior que recibió la minoría de izquierda republicana fue un diputado federal, Marial, que había obtenido el acta concurriendo con la Esquerra. Pero incluso éste acabaría uniéndose, meses después, al grupo de Izquierda Catalana. Por último, Chapaprieta intentó, al principio sin demasiado éxito, organizar una minoría con los diputados republicanos independientes y los primeros que se sumaron a su proyecto fueron los tres parlamentarios progresistas (Del Río, Fernández Castillejo y Rubio Chávarri), Rodríguez Pérez, Iranzo y Suárez Uriarte. Quedaron al margen de todos estos grupos nueve diputados: Moreno Quesada, Gordón, Raimundo García, Primo de Rivera, Albiñana, Matesanz, Romanones, Pita y el comunista Bolívar⁴⁹.

CUADRO XV

Composición final de las Cortes

Fuente: Datos elaborados a partir de BIBP, XII, 1933; Agrupaciones políticas…, en ACD, leg. 139, y DSC (21 de diciembre de 1933, y 4 y 30 de enero de 1934).

A finales de enero de 1934, cuando culminó el proceso de constitución de la nueva Cámara, el gabinete Lerroux ya conocía que habría de gobernar con unas Cortes donde predominaba la derecha: la suma final de sus minorías y de los diputados restantes le concedían unos 233 diputados, cuatro por encima de la mitad exacta. A la izquierda, con 89 escaños, sólo le quedaba lamentar el inesperado triunfo de «caciques» y «monarquizantes». «Pero no», escribía desde su columna de El Sol un testigo de excepción como Fernández Almagro,

«ni caciques ni monarquizantes. Lo que pasa o ha pasado es que levantan la cabeza elementos en mal hora hostigados, o por lo menos, no atraídos a su tiempo. Y elementos, además, a los que se asignaron inadecuados calificativos. Porque sistemáticamente se ha venido llamando cacique a todo el que ejercía en un distrito una cierta influencia, por legítima que fuese, y a veces lo era».

En ese mismo artículo, titulado Autenticidad del resultado electoral, intentaba refutar los argumentos que los republicanos de izquierda brindaban a la opinión pública para explicar un resultado tan adverso, y lo hizo marcando las diferencias entre los viejos comicios de la Restauración y lo que había ocurrido en ese momento.

«No es capricho, ni degradación política, ni golpe de fortuna, que en el partido radical y en los agrarios abunden los caciques, porque si no los hay en los otros partidos republicanos que acaban de ser barridos es, pura y simplemente, porque aquéllos se nutren de fuerzas auténticas. No decimos limpias o sucias, sino auténticas. Lo falso ha sido lo otro: lo que trae y lleva el mero disfrute del Poder. El Poder finge masas que se volatilizan en cuanto le falta el sol que calienta».

En 1933, no hubo ejecutivo que hiciese los comicios y, aunque en ocasiones intentara inclinar hacia los partidos que disfrutaban de su cobijo las palancas ministeriales, la opinión pública, el cuerpo electoral movilizado como nunca por una propaganda masiva y unas formaciones políticas, si no convertidas, en trance de convertirse a la política de masas, barrió por completo su eficacia de antaño. Los comicios de 1933 marcaban, así, el final de un largo proceso que había comenzado en 1875 e inauguraban una nueva época en la que el veredicto de los electores, sin otra distorsión, habría de convertirse en el principal fundamento del régimen parlamentario. Desde luego, a la altura de 1933, aún había razones para sentirse optimista. En una «profesión de fe» estrictamente democrática, realizada días antes de la segunda vuelta, Fernández Almagro ya había interpretado el sentido del sufragio no sólo como «una norma del porvenir y de acción». Para este historiador implicaba, al mismo tiempo, «un juicio sobre el pasado». «Y este poder sancionador», continuaba, «por basarse en datos ciertos, no suele fracasar casi nunca. La virtud punitiva del sufragio se patentizó de modo característico en las elecciones del 12 de abril de 1931 y vuelve a denotarse ahora en otras proporciones y bajo signo distinto». Precisamente por eso «acatemos los vientos», aconsejaba Fernández Almagro a la izquierda, «porque los de hoy fueron desatados a la vista de todos, y los de siempre soplan de veras y por algo»⁵⁰.

¹ VILLA (2011).

² DSC (8 de diciembre de 1933: 2, y 12 de diciembre de 1933: 14 y 26). La Comisión sufriría un goteo permanente de sustituciones. Así, el día 13, el radical Álvarez-Mendizábal fue reemplazado por su correligionario Pérez Madrigal. El día 15, el PNV renunció a su puesto y la vacante fue cubierta por un miembro de ERC, Palet. El día 20, el agrario Cid fue sustituido por su compañero de minoría Velayos; el «maurista» Arranz por su correligionario Castillo Folache, y éste, el 27, por González García. El último cambio sería el del radical Sierra que dejaría el puesto en beneficio de su correligionario Rey Mora el 5 de enero de 1934. DSC (13 de diciembre de 1933: 28; 15 de diciembre de 1933: 68; 20 de diciembre de 1933: 131; 27 de diciembre de 1933: 196, y 5 de enero de 1934: 349).

³ Las actas de la primera vuelta protestadas eran las de Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona capital, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Granada, Jaén, La Coruña, Las Palmas, León, Lérida, Lugo, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla capital y provincia, Tarragona, Valencia capital y provincia, Vizcaya capital, Zamora y Zaragoza provincia. DSC (12 de diciembre de 1933: 12). Las de segunda vuelta: Alicante, Baleares, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Madrid provincia, Málaga capital y provincia, Melilla y Zamora. DSC (14 de diciembre de 1933: 46).

⁴ Zamora, en ACD, leg. 139. Viguri, en DSC (13 de diciembre de 1933: 28-29).

⁵ DSC (aps. 1, 2, 3, 6, 7 y 8 al núm. 3; y 14 de diciembre de 1933: 35-41).

⁶ Ibídem: 41-46. Dictamen, en DSC (ap. 4 al núm. 3).

⁷ DSC (ap. 10 al núm. 3).

⁸ Voto particular, en DSC (ap. 1 al núm. 4). Prat, en DSC (15 de diciembre de 1933: 51).

⁹ DSC (15 de diciembre de 1933: 51-54).

¹⁰ Ibídem: 54-56.

¹¹ Ibídem: 60.

¹² Ibídem: 60-64.

¹³ Final del debate, ibídem: 64-65. Votación, en DSC (19 de diciembre de 1933: 89-91).

¹⁴ Santa Cruz de Tenerife, en DSC (19 de diciembre de 1933: 91). Dictamen de Ávila, en DSC (ap. 2 al núm. 5).

¹⁵ DSC (19 de diciembre de 1933: 91-98).

¹⁶ Prat, ibídem: 98. Guadalajara, en DSC (21 de diciembre de 1933: 139). Expediente de Lugo, en ACD, leg. 139. Dictamen, en DSC (ap. 4 al núm. 4).

¹⁷ Voto particular en DSC (ap. 7 al núm. 6). Prat, en DSC (21 de diciembre de 1933: 143-144).

¹⁸ Ibídem: 144-145.

¹⁹ Badajoz, en DSC (21 de diciembre de 1933: 146). Málaga, ibídem: 146, y DSC (22 de diciembre de 1933: 151).

²⁰ Aprobación de dictámenes, en DSC (22 de diciembre de 1933: 151-152). Pontevedra, en ACD, leg. 139.

²¹ Dictamen, en DSC (ap. 5 al núm. 6). Comisión, en DSC (22 de diciembre de 1933: 159).

²² Votos particulares de Prat y Suárez de Tangil, en DSC (ap. 1 al núm. 8; y 22 de noviembre de 1933: 157). Debate Prat-Adánez y votación, en DSC (22 de noviembre de 1933: 152-154). Vallellano-Adánez y votación, ibídem: 155-162.

²³ Aguado, en ACD, leg. 139, y DSC (26 de diciembre de 1933: 172-173). Debate, ibídem: 170-179.

²⁴ Ibídem: 179-182.

²⁵ Casanueva, Prieto y votación, ibídem: 180-186. Denuncia de Suffo, en ACD, leg. 139.

²⁶ Alicante, en ACD, leg. 139, y DSC (26 de diciembre de 1933: 186-187). Denuncia de Carreras, en ACD, leg. 139. Dictamen sobre Juliá y voto particular de Pérez Madrigal, en DSC (ap. 9 al núm. 9, y ap. 2 al núm. 10). Debate, en DSC (27 de diciembre de 1933: 194-195). Madrid, Badajoz y Murcia, en DSC (27 de diciembre de 1933: 195-196).

²⁷ Málaga capital: dictamen y voto particular de Cimas, en DSC (ap. 8 al núm. 9, y ap. 1 al núm. 10). Debate, en DSC (29 de diciembre de 1933: 216-223).

²⁸ Dictamen, en DSC (ap. 4 al núm. 10). Votos particulares, en DSC (aps. 1 y 9 al núm. 11). Debate y votaciones, en DSC (29 de diciembre de 1933: 223-226 y 229-232).

²⁹ Dictamen, en DSC (ap. 5 al núm. 11).

³⁰ Voto particular, en DSC (ap. 5 al núm. 11). Debate y votación, en DSC (29 de diciembre de 1933: 232-242). Mayorías de Huelva y Castellón, en DSC (30 de diciembre de 1933: 248).

³¹ Dictamen y voto particular, en DSC (ap. 7 al núm. 11, y ap. 1 al núm. 12). Debate, en DSC (3 de enero de 1934: 261-262 y 264).

³² Dictamen y voto particular, en DSC (ap. 16 al núm. 12).

³³ Comisión, en DSC (3 de enero de 1934: 264, 268 y 270). Debate, en DSC (3 de enero de 1934: 264-278).

³⁴ Dictamen y votos particulares, en DSC (ap. 18 al núm. 12; ap. 4 al núm. 13, y ap. 1 al núm. 15).

³⁵ DSC (4 de enero de 1934: 299-305).

³⁶ Ibídem: 305-310.

³⁷ Dictamen y voto particular, en DSC (ap. 6 al núm. 11, y ap. 20 al núm. 12). Debate, en DSC (5 de enero de 1934: 317-321).

³⁸ Debate y votaciones, en DSC (9 de enero de 1934: 354-377).

³⁹ Dictamen y voto particular, en DSC (ap. 8 al núm. 11, y ap. 19 al núm. 12).

⁴⁰ Debate y votación, en DSC (10 de enero de 1934: 388-398).

⁴¹ Dictamen y el voto particular, en DSC (ap. 10 al núm. 9). Royo-Villanova, en DSC (11 de enero de 1934: 427-429).

⁴² Voto particular, en DSC (ap. 21 al núm. 12). Debate, en DSC (11 de enero de 1934: 424-434).

⁴³ Dictamen y voto particular, en DSC (ap. 17 al núm. 12). Debate, en DSC (8 de mayo de 1934: 2643-2649).

⁴⁴ Actas de 1936, en TUSELL (1971, II: 123-191).

⁴⁵ BIBP, XII, 1933; Agrupaciones políticas de que se compone la Cámara. Año 1934, en ACD, leg. 139, y ABC, 8 de enero de 1933.

⁴⁶ Agrupaciones políticas…, en ACD, leg. 139; MARTÍN NÁJERA (2000, I: 387 y 392-394) y MACARRO (2000: 314-315).

⁴⁷ BIBP, XII, 1933, y Agrupaciones políticas…, en ACD, leg. 139.

⁴⁸ Ibídem.

⁴⁹ Ibídem y GONZÁLEZ LÓPEZ (1988: 218-221).

⁵⁰ El Sol, 29 de noviembre y 7 de diciembre de 1933.

CONCLUSIONES

Si Gumersindo de Azcárate hubiera podido presenciar las elecciones de 1933 a buen seguro que, pese a las ostensibles diferencias entre éstas y las que él contempló en la Restauración, no habrían terminado de complacerle. Cierto es que observaría con alborozo cómo el gobierno replegaba sus abusivas intrusiones en los comicios y el fraude manifiesto se reducía a la nada. Pero hubiera continuado lamentándose porque las costumbres políticas españolas no se encauzaban a través de la senda moral que él había trazado. En 1933, los ministros, los gobernadores civiles y los alcaldes insistían en favorecer a su propia candidatura, a veces a costa de limitar la libertad de propaganda de la ajena. Además, prolongaban el hábito de usar durante la campaña los medios oficiales anejos a su cargo, en general con un disimulo que no lograba atenuar lo que tenía de ilegal. Tampoco a Azcárate le hubiera complacido presenciar el uso de la violencia y de otras formas de boicot que hacían de la lucha electoral, en algunas partes de España, una práctica de riesgo.

Pero era más. Hubiera contemplado con repulsión cómo la prensa tomaba partido por una u otra opción política, a veces extremando el apasionamiento y la tendenciosidad de sus informaciones. Hubiera lamentado que el elector no sólo se inclinase a defender ideas atisbando el «bien común», sino que, ante todo, acudiera a las urnas movido por intereses personales «egoístas» y utilizara el derecho a voto como se le antojaba a su «arbitraria voluntad». Hubiera criticado que el candidato se consagrase no a mirar por el porvenir de España entera, sino que dedicase sus programas a la defensa de esos intereses «egoístas» y, peor, a «comprar votos» haciendo propuestas y creando expectativas centradas en las demandas de su electorado. Azcárate hubiera condenado, en fin, no ya la entrega de «regalos» al elector como forma de promoción de la candidatura, sino hasta los propios mítines y banquetes políticos y, desde luego, tampoco es que hubiera visto con simpatía los nuevos métodos de proselitismo masivo que apelaban de igual forma al sentimiento que al raciocinio.

En resumen, la crítica del regeneracionismo a los hábitos electorales españoles hubiera despreciado fenómenos que hoy se consideran un anticipo de modernidad. La acerada diatriba de Azcárate y otros tratadistas no partía de un análisis de las elecciones como un hecho considerado en sí mismo e insertado dentro de un determinado contexto político, con cierta perspectiva histórica. Al contrario, no era sino un juicio a partir de determinada dimensión moral (mejor, moralista), respetable pero irremediablemente subjetiva y orientada a modificar una realidad en función de sus preferencias. Con el agravante, típico del regeneracionismo, de exagerar el mal hasta el punto de obviar los cambios que la práctica electoral frecuente, en el seno de un régimen liberal y constitucional estabilizado tras 1875, estaba impulsando por sí misma. No era de extrañar. La radical diagnosis de los «males que sufría la patria» valió como discurso legitimador del «regeneracionismo», en cuanto que servía para justificar que la propia idea de regeneración, de completo remozamiento de España, constituía una necesidad absoluta e improrrogable. Era evidente que los que pretendían refundar nuevamente un país no podían detenerse ante grises, sombras o matices que cuestionasen esa necesidad de cambio tan drástico y, claro está, la imperiosa adopción de los múltiples arbitrios que proponían.

En lo que a los comicios respecta, ya se vio cómo una de las soluciones brindadas era, sorprendentemente, no la desaparición del «encasillado», que estorbaba la competencia interpartidaria y la movilización de los electores, sino su utilización «virtuosa» por el gobierno para que en las Cortes se guardara asiento a las eminencias de la intelectualidad española. Otros autores protestaban por el progresivo repliegue de la intervención gubernamental, que estaba haciendo posible mayores dosis de lucha y concurrencia real a las urnas, porque dejaba los comicios en manos de los caciques locales y provinciales. Arbitrismos aparte, la cáustica crítica del regeneracionismo tuvo un peso fundamental en el análisis que, hasta los años setenta y ochenta del siglo XX, no pocos historiadores españoles y extranjeros articularon sobre el régimen liberal de la Restauración en general, y del modo en que se hacían las elecciones en particular. Esta crítica se sobredimensionó por el desconocimiento que, en España, se tenía de algunos de los efectos no queridos de la praxis democrática. El anhelo democratizador, fruto de casi cuatro décadas de Dictadura franquista, llevó a cierta idealización que se ha ido disipando con el tiempo. Y es que, treinta años después, se ha presenciado cómo fenómenos como la «oligarquización» y el «clientelismo» no son anecdóticos en el sistema democrático actual, por no hablar de la corrupción.

Por ello, cabe plantearse si, en ocasiones, parte de la historiografía no se ha dejado llevar por prejuicios, sobre todo a la hora de criticar los hábitos de aquellos políticos y, desde luego, sepultando en una tumba de desdén y olvido todo un siglo de práctica electoral. A veces da la impresión de que se ha puesto antes la silla de montar que el caballo, es decir, se ha dado por hecho el fracaso del régimen liberal y constitucional en España y se han habilitado explicaciones para comprender tal fracaso sin llegar a analizar con profundidad el fundamento de semejante balance. Porque cabría también preguntarse cómo una experiencia fracasada pudo ser tan duradera. No está de más insistir en que, hasta 1936, España fue, de entre las naciones mayores de la Europa continental, la que disfrutó de más años de vigencia del régimen representativo y de las libertades civiles.

Si esto fue así, entonces habrá que convenir que España también tiene una de las historias electorales más longevas y densas del mundo, lo suficientemente larga como para variar respondiendo a contextos políticos cambiantes (por tanto, muy difícil, por heterogénea, de analizar, juzgar y sentenciar de forma global) y, sin duda, para crear también unos hábitos y unas tradiciones que, por fuerza, habían de estar presentes, en mayor o menor grado, en los comicios de 1933. Hasta el punto que, contra la opinión de los que consideran que la democracia republicana y la «sinceridad electoral» de este período resultaron consecuencia de una brusca ruptura política con el pasado más inmediato, el sufragio universal, la competencia y su secuela de movilización masiva, la relativa inhibición del gobierno, la fragmentación del mapa político republicano, la descentralización de los partidos políticos y su incidencia en la elección de candidatos, los métodos de captación de voto, los resultados electorales en buena parte de las circunscripciones del país, la reducción del fraude… no eran hechos ajenos a lo que ya había acaecido, y había comenzado progresivamente a imperar, en los comicios del primer tercio de siglo. Todo ello impulsado desde que en 1875 comenzara un lento movimiento de torna atrás respecto a los hábitos heredados de las «elecciones administrativas».

Claro que si resulta imposible entender la consulta de 1933 sin un análisis de lo que habían sido las elecciones en España, tampoco cabe desdeñar lo que ésta tuvo de específico e innovador. Fue verdaderamente, y no la de 1931, pórtico de una nueva etapa de la historia electoral española: la genuinamente democrática. Por varias razones. En primer lugar, porque la competencia alcanzó, con mayor o menor intensidad, a todas las circunscripciones electorales del país. En segundo lugar, porque, a consecuencia de ello, la propaganda alcanzó una extensión y ardor propios no de las añejas campañas del liberalismo decimonónico sino de la «política de masas», tan de moda por entonces en Occidente. En tercer lugar, porque los partidos centraron sus esfuerzos, sobre cualquier otra consideración, en movilizar al votante e impulsar su concurrencia a las urnas, y porque esa movilización alcanzó a un volumen de ciudadanos nunca antes visto en la historia de España. En cuarto lugar, porque estos partidos adaptaron los métodos de propaganda tradicionales, haciendo uso de las innovaciones tecnológicas a este fin, y hasta atisbaron fórmulas de financiación modernas. En quinto lugar, porque la intervención partidista del gobierno fue contenida y poco importante, y el «encasillado» y otros pactos entre adversarios para limitar la oferta electoral se difuminaron por completo. Y, en sexto lugar, porque los resultados fueron fruto, sin duda, de los deseos del cuerpo electoral, hasta el punto que el fraude y la corrupción tuvieron en ellos una incidencia marginal. Pero cabe añadir un último motivo que hace a estos comicios trascendentales: articularon, por vez primera en mucho tiempo, una posibilidad de alternancia en el poder impulsada desde abajo (por el electorado) y no desde arriba (sea la inducida por la Corona o la Presidencia de la República, por el pacto entre las elites de distintos partidos o por los pronunciamientos).

¿Qué incidencia tuvo en todo ello la legislación republicana? En general, la Constitución de 1931 y las reformas parciales de la Ley de 1907 facilitaron el tránsito a la política de masas al adoptar dos principios. De un lado, la sustitución de los pequeños distritos por grandes demarcaciones electorales provinciales con amplio censo, y la supresión de casi todas las circunscripciones urbanas exceptuando las de las ocho ciudades más importantes del país. De otro, la introducción del sufragio femenino y la rebaja de la edad de voto de veinticinco a veintitrés años, que significó la ampliación más importante del cuerpo electoral desde 1890.

La extinción del distrito supuso un fuerte varapalo para las maquinarias comarcales sobre las que habían descansado los partidos de notables hasta 1923. Así, los políticos de la Restauración que querían participar de la política republicana hubieron de replantearse sus estrategias para obtener el escaño. La ampliación de las circunscripciones supuso un estímulo para la organización de formaciones políticas a nivel provincial, con una organización más compleja, estable y algo más centralizada, y con programas menos apegados a los intereses locales. Estos partidos se vieron incitados a sumar la fidelidad de un número creciente de adeptos con consignas y lemas más abstractos, imbuidos de unos principios ideológicos básicos compartidos por colectividades amplias, y con liderazgos que personificaban e interpretaban esos principios. Pero unas formaciones comenzaron antes que otras. El PSOE, el Partido Radical y Acción Popular se constituyeron en los primeros agentes de movilización de los nuevos y extensos grupos de electores, desarrollaron los nuevos métodos de captación del voto, articularon sistemas de organización complejos sobre los que se sustentó el esfuerzo de propaganda, y encuadraron en funciones específicas al número de agentes electorales más importante de la historia de España.

No obstante, a pesar de los cambios avistados, las elecciones de 1933 no significaron más que el comienzo de la transformación. Los grandes partidos estaban todavía en proceso de centralización y estructuración, tratando de solidificar unas organizaciones que habían sufrido algunos trastornos merced a su fuerte crecimiento, y que se habían sustentado en la adhesión de nuevos militantes, pero también de entidades políticas locales y provinciales completas. Las viejas maquinarias de los partidos de notables aún sobrevivieron incorporándose íntegras a las nuevas formaciones políticas con el fin de que su líder obtuviera un puesto en la candidatura o, al menos, que ese partido asumiese los intereses comarcales de la maquinaria. Pero también hubo caciques que, sin integrarse en ningún partido, pactaron coaliciones e intercambiaron su arraigo efectivo en un antiguo distrito por un puesto en una candidatura provincial. Este fenómeno vino reforzado, además, por la gran autonomía que las organizaciones provinciales de los partidos demostraron en la confección de las listas. A pesar de que los comités nacionales dictaban una serie de normas generales que limitaban y ordenaban un tanto el proceso de selección de aspirantes y la configuración de las alianzas, lo cierto fue que estas tareas pocas veces escaparon del control de las organizaciones provinciales, que se convirtieron en intérpretes absoluto de las instrucciones emanadas de arriba para adaptarlas al contexto político de su territorio. Fue la primacía de la descentralización la que originó la abigarrada oferta electoral de 1933.

No obstante, si las nuevas circunscripciones alentaban la progresiva sustitución de las maquinarias políticas de distrito por organizaciones provinciales de partido, el establecimiento de un tope, la obligatoriedad de que al menos un candidato alcanzara el 40 por 100 de los sufragios para validar una elección en primera vuelta, contrarrestó la simplificación del fragmentado panorama político español. Dada la multiplicidad de partidos que existían a nivel nacional, y el rompecabezas de la vida política provincial, ese mínimo incentivaba las coaliciones y suponía una prima a los pequeños partidos y, por extensión, a las maquinarias políticas de distrito. Ciertamente, aunque éstas no tuvieran capacidad propia de competir por los escaños, su pequeño contingente de electores podía resultar decisivo en la confrontación de los partidos mayores. Además, como en la mayoría de las circunscripciones la diferencia entre ganar, quedar en segunda posición y quedar en tercera resultaba apabullante, aunque esto no se tradujera en márgenes amplios de voto, los partidos no solían esperar a la segunda vuelta para articular alianzas, sobre todo si estaban convencidos de que por sí mismos no lograrían vencer y, además, si existían otras fuerzas ideológicamente afines en la circunscripción.

Así, en Madrid, en el caso de que un candidato hubiera sido votado por el 40 por 100 de los electores, la candidatura que ganase (aunque todos sus candidatos solamente hubieran obtenido un voto más que los siguientes) se llevaba 13 de los 17 escaños de la circunscripción. La que quedase en segunda posición (aunque igualmente sus aspirantes llevaran una mínima ventaja sobre la tercera) obtenía los cuatro reservados a las minorías. Las demás no obtenían ni un solo escaño. Prácticamente el resto de las circunscripciones respondían, en mayor o menor medida, a semejante patrón. Así las cosas, el miedo a la derrota impulsó a los partidos grandes no a competir en solitario y a priorizar en las elecciones el reforzamiento de la opción ideológica que representaban, sino a dejar en sus candidaturas algunos huecos para las formaciones pequeñas y las viejas organizaciones comarcales, y sumar sus votos. Éstas encontraban, así, un eficaz asidero para sobrevivir, pero también un magnífico instrumento de chantaje que engrandecía su verdadero peso electoral.

Por otra parte, la ampliación del voto a la mujer, en las mismas condiciones que el varón, y a todos los jóvenes de entre veintitrés y veinticinco años constituyó un incentivo muy fuerte para modificar las pautas políticas legadas por la Monarquía liberal y multiplicar el impacto que, por sí, la nueva delimitación de circunscripciones estaba provocando. El cuerpo electoral se duplicó, provocando una nueva riada de consumidores de la política a la que los partidos hubieron de responder adaptando sus programas para dar entrada a propuestas y lemas con los que atraerlos. Hicieron más. Los socialistas y las derechas (sobre todo AP) incorporaron muy pronto a jóvenes y a mujeres a sus organizaciones, y les concedieron protagonismo en la difusión del mensaje electoral y en las tareas de organización anejas a la campaña. La competencia por el voto de los nuevos electores fue tal que ese protagonismo no se retrasó a comicios siguientes, sino que comenzó de forma muy destacada ya en las elecciones de 1933.

Los socialistas, confiados en el carácter básicamente izquierdista de la juventud española, ya habían pedido en 1931 la reducción de la edad de voto a los veintiún años. Sin duda, la importante presencia de los estudiantes universitarios en las manifestaciones y asonadas contra la Dictadura de Primo de Rivera, y el crecimiento de la militancia juvenil en el PSOE y en otros partidos más a su izquierda, tendían a acrecentar esa impresión. No obstante, la actitud de las derechas en este asunto difirió mucho de la que adoptaron los republicanos con el sufragio femenino. Cierto que se opusieron a que la edad de voto se rebajara a los veintiún años, pero decidieron competir con la izquierda por este segmento de población, y potenciaron todo lo posible la incorporación de los jóvenes a sus filas. El mejor ejemplo de ello fue sin duda Acción Popular, que articuló y dio participación a su ala juvenil, la JAP. La contribución de los jóvenes a la campaña electoral de la Unión de Derechas fue tan destacada que sobre ella recayó la mayor parte de las tareas de organización y proselitismo.

La movilización y la competencia constituyeron, por el contrario, las asignaturas pendientes de los partidos republicanos. Imbuidos de la importancia que aún tenía el control del poder ejecutivo y el «influjo moral» del gobierno para inclinar el voto «ganófilo» a su favor (al que daban un volumen que los resultados finalmente no justificaron) pusieron menor empeño en la propaganda que los grandes partidos y coaliciones sin asidero oficial (PSOE o Unión de Derechas). Aun así, conscientes de que las cosas habían cambiado sobremanera desde la Restauración, no renunciaron a realizar un esfuerzo de propaganda que tampoco puede minusvalorarse, sobre todo si hacemos referencia al Partido Radical. Sin embargo, donde más se notó la diferencia con la izquierda socialista y las derechas fue precisamente en la movilización del voto femenino.

El esfuerzo de organizaciones como Unión Republicana Femenina fue estorbado por la desconfianza que entre los republicanos provocaba la aplicación del sufragio de la mujer. En una imagen bastante prejuiciosa, estos partidos consideraban a las mujeres como contrarias a los principios que la nueva República venía a implantar, pues sus escasas vías de sociabilidad pública habían estado vinculadas tradicionalmente a la Iglesia católica. Tal imagen se reforzaba por dos hechos sin duda ilustrativos. El primero, que las asociaciones mayoritarias de mujeres que habían patrocinado la extensión del sufragio femenino en España, como en la mayoría de países occidentales, estaban ideológicamente enlazadas con movimientos políticos conservadores y confesionales. El segundo, que habían sido precisamente las asociaciones católicas de mujeres las que habían promovido, con gran éxito, la primera iniciativa popular de carácter masivo: reunieron millón y medio de firmas para que la legislación de las Cortes constituyentes respetara la religión católica y los derechos de la Iglesia.

La respuesta de los partidos republicanos no fue, al contrario que socialistas y conservadores, competir por el nuevo mercado de electores en ciernes, sino intentar impedir a toda costa el derecho de voto de las mujeres adultas. Como en 1931, el PSOE, los catalanistas y todos los partidos conservadores unieron sus votos y sacaron adelante el sufragio femenino, los esfuerzos de los republicanos se orientaron a retrasar todo lo posible la aplicación del precepto constitucional y a priorizar la legislación «laicista» para intentar reducir la influencia social de la Iglesia católica antes de que la mujer pudiera participar en unos comicios. Los republicanos pensaban que estaban luchando por su propia supervivencia política, de la que dependía la propia República al decir de ellos, y qué duda cabe que por su propia permanencia en el poder. Si la mujer acudía a las urnas movilizada por esas asociaciones femeninas católicas y conservadoras, sustentadas en la formidable presencia social de la Iglesia, y al albur de la campaña «revisionista» de la Constitución que las derechas habían iniciado tras la aprobación del artículo 26, el voto «reaccionario» recibiría una fuerte prima en los siguientes comicios que se convocaran.

En realidad, los republicanos, persuadidos en la idea de ese «reaccionarismo» de la mujer española y de su vinculación al cura, no supieron ver que la sociedad española de los años treinta era mucho más abierta y compleja que décadas atrás y, por tanto, que el electorado femenino no respondía de manera unívoca a ese patrón. Tampoco apreciaron que en los diferentes países en los que se había extendido el sufragio a las mujeres, éstas no habían apoyado en bloque a una opción política, ni modificado el sistema de partidos preexistente de forma radical. Los republicanos concebían que, mediante la reducción de la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida social, estaban comenzando a «liberar» la conciencia de la mujer y, desde luego, a privar a la «reacción» de potenciales electores. Por ello, la primera tarea del gobierno constitucional de Azaña fue la de desarrollar a toda velocidad los preceptos legales que consolidaban la «revolución religiosa». Entre enero y febrero de 1932, se aprobó en cascada la Ley de Cementerios, la disolución de la Compañía de Jesús, el divorcio y el matrimonio civil, y se intensificó con nuevas medidas la «laicización» del sistema educativo. Al tiempo, no se volvieron a convocar más elecciones parciales a diputado, pese a las numerosas vacantes que existían en las Cortes.

Y, ante la obligación constitucional de formar un nuevo censo electoral que incluyera a las mujeres, el gobierno Azaña eligió, también en enero de 1932, el proceso más lento y pesado que pueda imaginarse: exigir un empadronamiento completo de toda la población española mayor de dieciocho años sólo a efectos electorales. Lo sencillo, para disponer cuanto antes de un censo electoral, hubiera sido, como de hecho se hizo en 1869 o 1890, confeccionarlo a partir del padrón vecinal y hacer las correcciones precisas que el trasiego de población hubiera generado. Por el contrario, se optó por un método que, en la práctica, atrasó la aplicación del sufragio femenino hasta abril de 1933 e incumplió la Constitución. Así, ante las crecientes protestas de la oposición, la mujer fue excluida de los comicios que tuvieron lugar antes de esa fecha, incluidas las primeras elecciones regionales en Cataluña.

En este mismo sentido, tampoco era casual el hecho de que se priorizara la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas sobre la Ley Electoral. Semejante decisión hizo que las elecciones locales que debían convocarse en abril de 1933, para renovar al menos la mitad de las corporaciones de todo el país (que nada tenían que ver con las parciales que se celebraron ese mismo mes), hubieran de ser aplazadas hasta noviembre de ese año. En realidad, jamás llegarían ya a celebrarse. Los republicanos en el poder parecían creer que la rápida aplicación de la toda la legislación religiosa, mucho antes de la próxima convocatoria electoral, debilitaría a sus adversarios de la derecha. Pensaban que su fuerza electoral le venía dada, en buena parte, por la influencia social de la Iglesia, con lo que, aminorando ésta, estaban contribuyendo a reducir aquélla.

Los resultados electorales de noviembre de 1933 pusieron de manifiesto lo errado de tal suposición. El nuevo movimiento conservador no se sustentaba sobre un electorado sometido a la coacción moral de la Iglesia, sino en la movilización continuada de sus potenciales votantes, la cual se vio facilitada precisamente por la política anticlerical del gobierno, de la que pudieron hacer bandera de enganche electoral. Fue precisamente esta capacidad para movilizar la que sorprendió sobremanera a los republicanos de izquierda. La «liberación de las conciencias» mediante las leyes «laicistas» no supuso, así, el debilitamiento del apoyo social a las derechas, sino la exacerbación de esas mismas conciencias y la derrota electoral de los republicanos, sobre todo de los de izquierda. Además, contra los pronósticos de los líderes y medios republicanos, las mujeres se comportaron ante las urnas con la misma autonomía que los hombres y apoyaron a las opciones que quisieron.

Desde luego, aunque muchas decidieran votar las candidaturas conservadoras, la mujer en general no fue la causante de un giro a la derecha que los electores masculinos ya venían fraguando de antes. Al igual que en otros países, el sufragio femenino tampoco trastocó en demasía el mapa político español. Los socialistas salieron reforzados, en cuanto a número de votos, en las circunscripciones en las que tradicionalmente ya contaban con mucha fuerza. Las derechas vencieron buena parte de las provincias en las que el peso de la izquierda republicana y del PSOE había sido menor, y en las que habían sobrevivido importantes agrupaciones liberales y conservadoras incluso en 1931. Los republicanos, en fin, lejos de perder los bastiones en los que habían demostrado tradicionalmente un firme sostén popular, también consolidaron sus posiciones. De ellos, los «históricos» (básicamente radicales) y la Esquerra resistieron el embate y hasta sumaron nuevos apoyos. Mientras que los partidos republicanos de implantación reciente («azañistas» y radicales socialistas de distinto pelaje) se hundieron.

Por no trastocar, el sufragio femenino tampoco modificó una elite política en la que los varones continuaron predominando en régimen casi de monopolio. No pocos de los exparlamentarios que habían accedido a las Cortes con sufragio universal masculino, tanto en 1931 como antes de 1923, pudieron revalidar sus escaños. El leve aumento del número de candidatas y diputadas dejaba ver que los partidos no esperaban que el sufragio de la mujer provocase una «revolución». Por otra parte, haría falta tiempo para que la inserción de la mujer en los partidos, que había sido destacadísima por abajo, tuviese una repercusión más importante en los órganos de gobierno de esas formaciones políticas. En otras palabras, para que muchas féminas pudieran escalar con mayor facilidad los escalafones de los partidos y ostentar responsabilidades de altura.

Por tanto, la Constitución de 1931 y la Ley Electoral de 1933 dejaron abierta la puerta a la política de masas. Pero algunos partidos y coaliciones traspasaron esa puerta por completo y comenzaron a transformar sus estrategias de propaganda y organización (PSOE y CEDA), otros lo hicieron parcialmente, confiados también en la eficacia de viejos hábitos heredados (PRR), y otros apenas si llegaron a pisar el umbral (AR y radicales socialistas). Es más, los republicanos de izquierda demostraron mayor apego a tradiciones ya casi olvidadas. Fueron ellos los que decidieron, después de la «Sanjurjada», poner en marcha una nueva poda de ayuntamientos que pasaportaba las corporaciones elegidas por el artículo 29, sin protesta alguna, en las municipales de abril de 1931, y que no habían sido destituidas por Maura y sus gobernadores civiles. Y ello para afrontar con alguna ventaja los comicios municipales que habían de celebrarse en abril de 1933.

Fueron también los republicanos de izquierda (con la notable ayuda de los socialistas) quienes, confiándolo todo a la eficacia de la norma, decidieron confeccionar, unilateralmente, una Ley Electoral con fuerte prima a la mayoría e incentivos a la coalición para tratar de forzar la permanencia de la conjunción republicano-socialista. Azaña, al considerar que mientras perdurase la unión se prolongaría su estancia en el poder, pues creía que republicanos y socialistas representaban a la mayoría de los electores del país, habilitó un artificio legal para que esa alianza se mantuviera a toda costa. Por si la conjunción no se articulaba en primera vuelta y los resultados no fuesen los apetecidos, la ley remediaba el mal consagrando otra ronda que se consideraba como una nueva oportunidad de batir a los «enemigos del régimen».

La segunda vuelta agravó aún más el principio mayoritario que informaba la Ley Electoral. Ésta permitía que los partidos que habían obtenido las mayorías pudieran incluso arrebatar a sus competidores también los escaños del cupo de las minorías o, si no tenían candidatos propios, decidir qué otra formación política (generalmente la más afín) se hacía con esos escaños. La Ley de 1933 no es que fuera concebida para procurar una mayoría de gobierno en las Cortes. Más aún, servía para «infrarrepresentar» a los partidos minoritarios que habían de constituir la oposición. No fue confeccionada con el fin de consolidar, por tanto, la «democratización» del país en contraposición con la ley supuestamente caciquil de 1907. En realidad la Ley de Maura (que había sido una obra de consenso en la que participó de forma destacada la oposición republicana) estuvo en buena parte vigente en 1933, y ello demostraba que no entorpecía la transición electoral del liberalismo a la democracia. Por el contrario, la Ley de 1933 fue aprobada sin consenso y con un propósito claramente instrumental: impedir que el avance de las derechas se tradujese en una derrota electoral de los partidos republicanos.

Claro que, como en general la legislación electoral estimula, incita, habilita medios… pero no obliga a que las estrategias de los partidos tengan en cuenta sus ventajas e inconvenientes, la negativa de la mitad de las federaciones provinciales del PSOE a pactar coaliciones con los republicanos de izquierda destruyó por completo el artificio y las previsiones de quienes lo construyeron. Además, tales previsiones no lograron atinar con el volumen exacto de la marea conservadora, que fue mucho más alta de lo esperado. Hasta el punto, incluso, de vencer en las provincias donde sí se llegó a pactos entre republicanos de izquierda y socialistas. El resultado fue que los efectos «hipermayoritarios» de la Ley de 1933 se volvieron del revés y perjudicaron notoriamente a sus creadores. Las derechas conquistaron las jugosas primas a las mayorías en circunscripciones donde su victoria sobre las izquierdas no fue ni mucho menos tan amplia. Pero por si éstas no habían tenido ya demasiado castigo, la segunda vuelta actuó como una nueva ola que volvió a arrollarlas. Sin segunda ronda, socialistas y republicanos de izquierda hubieran obtenido 54 escaños más aquel 19 de noviembre. Con segunda ronda, tan sólo ganaron, el 3 de diciembre, 32. De ahí que unos partidos, los de izquierda, que representaban un tercio de la opinión del país, apenas si ocuparon una quinta parte de los escaños en las nuevas Cortes.

Las fuerzas conservadoras demostraron que una intensa movilización de los electores podía frenar los obstáculos que, supuestamente, se habían habilitado en su contra. Jugando una partida con las cartas marcadas, es decir, con una ley aprobada para perjudicarles (aunque luego ocurriera lo contrario) y con los ministerios, los gobiernos civiles, las diputaciones provinciales y, tras varios desmoches, los ayuntamientos en manos de sus rivales, decidieron responder a las dificultades intensificando la propaganda, atrayendo nuevos adeptos y acelerando las labores de organización e implantación a lo largo del territorio nacional. Contaron para ello con la ayuda de una red muy notable de medios de prensa y asociaciones económicas de productores, patronales, sindicales, eclesiales… que aportaron, sin duda, medios de todo tipo para emprender una campaña moderna.

Dentro de sus propias posibilidades, con menos dinero pero con más asideros oficiales, los socialistas y los radicales también se desentendieron en parte de artificiosidades y, aunque se vieron sorprendidos por el proselitismo de las derechas, dieron cumplida cuenta de su capacidad para competir en el nuevo contexto de la política de masas. El PSOE planteó la campaña electoral más intensa y costosa de su historia con el valioso apoyo de la UGT, que pasaba por un buen momento. El Partido Radical extendió a todo el país lo que ya había aprendido, en lo que a propaganda se refiere, de sus luchas electorales en la Barcelona anterior a 1923.

El resultado de este gran activismo fue un salto adelante, nunca antes visto en cuanto a extensión e intensidad, de los hábitos electorales en España. El ímpetu de la campaña, los medios puestos en ella, la agresividad del mensaje electoral y la relativa inhibición gubernamental, en absoluto desmerecieron los de otros comicios en países de arraigada tradición constitucional. 1933 representaba la típica elección de entreguerras, unos comicios de masas que, en líneas generales, ya se había separado decisivamente del modelo liberal decimonónico. Cierto que puede pensarse, y algún autor lo ha puesto de manifiesto, que las demasías que aparecían en discursos, carteles y pasquines, y su reguero de violencia, podían resultar evidencias de más bien todo lo contrario: del «subdesarrollo político español»¹. Esto es, de la falta de arraigo de prácticas verdaderamente democráticas y parlamentarias en España. Pero hay otra respuesta. Fenómenos tan deplorables como la agresividad de los mensajes electorales y la violencia eran corolario, no querido, del alto grado de competencia que existió entre las distintas formaciones políticas. Pero, sobre todo, eran fruto de la lucha entre partidos con proyectos políticos diferentes y excluyentes entre sí, agravada además, por su incapacidad de consensuar un marco de convivencia común.

En realidad, estas elecciones ventilaban cuál de esos proyectos habría de seguir adelante y cuál habría de descarrilar. Las elecciones de 1933 fueron concebidas a modo de referéndum constitucional en el que los españoles decidían si la República tal y como la habían diseñado socialistas y republicanos habría de continuar vigente (e, incluso, en el caso del PSOE, si debería irse más allá, atisbando la «construcción del socialismo») o si, por el contrario, habría de ser revisada en sus fundamentos para dar cabida a las aspiraciones de los partidos de derecha. El volumen de la opinión movilizada por la Unión de Derechas dejaba entrever hasta qué punto había sido exclusivista el modelo constitucional implantado por socialistas, republicanos de izquierda y radicales. Además, la postura ambivalente del PRR, secuela del convencimiento (cada vez más arraigado en Lerroux y otros dirigentes de su partido) de que su proyecto de «República para todos los españoles» precisaba la reforma de la Constitución y de una parte de las leyes complementarias, ponía de manifiesto lo rápido que había envejecido ese modelo.

La lucha entre los que pretendían conservar la «revolución republicana» y los «revisionistas» conservadores, propia de un país que pugnaba por definir un nuevo sistema político tras un cambio de régimen, se produjo además, en un contexto internacional que invitaba no al pacto sino a la radicalización y a la búsqueda de soluciones maximalistas. La democracia republicana se implantó en España en un momento en que el régimen liberal representativo estaba siendo muy discutido como sistema ideal de gobierno y en el que comenzaban a popularizarse otras formas de organización política alternativas, fundadas sobre el autoritarismo y el exclusivismo. Es decir, el socialismo marxista en sus distintas versiones, por la izquierda; el nacionalismo antiliberal en sus distintas adaptaciones, por la derecha. El autoritarismo y el exclusivismo desterraban la política del pacto, la aceptación del adversario y la alternancia entre distintos partidos que aceptaban un marco común de convivencia y unas mismas reglas de juego, fenómenos que habían sido una constante en España desde 1875. Y traían consigo, irremediablemente, la puesta en valor de la violencia como método, hasta cierto punto, «legítimo» de hacer política. Esto no fue una dolencia típicamente española, sino de la Europa de entreguerras y afectó, en mayor o menor medida, a todas las naciones occidentales².

Pero es que, a pesar de que la agresividad de los mensajes electorales no dejó de estar presente en la campaña de 1933, no cabe exagerar su proliferación. Por si sirve para cambiar un tanto la percepción de la vida política de España antes de la Guerra Civil, hay que recordar que los discursos (menos aún la propaganda electoral escrita) no se centraron sino excepcionalmente en excitar a la violencia contra el contrario. Cuando esto tenía lugar, daba la impresión de que constituían bravatas para intimidar al adversario político el día de los comicios, más que verdaderas invitaciones a aniquilarlo físicamente. Desde luego, las barbaridades que algunos oradores soltaron en sus mítines pueden contextualizarse dentro del proceso de radicalización discursiva que tuvo lugar en toda Europa. Así, por ejemplo, en Francia, el líder de Action Française, Charles Maurras, afirmaba sobre el socialista Blum que era un «traidor que sólo merecía ser fusilado por la espalda o apuñalado con un cuchillo de cocina»³, algo que durante la campaña no se pudo escuchar o leer a Calvo Sotelo, Goicoechea o Rodezno sobre Prieto o Largo Caballero, o viceversa. Un estudio comparativo revelaría hasta que punto el tratamiento entre candidatos en las campañas electorales de otros países occidentales no es que se caracterizase por la amabilidad o la cortesía. No hay aquí nada que pueda achacarse a una patología puramente española.

De idéntica forma, un estudio comparativo de la cartelería y la propaganda escrita de los partidos españoles en 1933 con las de sus homólogos extranjeros nos ofrecería similitudes increíbles y contribuiría a desvanecer el fantasma del «extremismo español». Así, cuando los socialistas españoles solían introducir motivos como cementerios, en fondos negros, con decenas de tumbas, calaveras y demás osamentas para llamar la atención sobre las fatales consecuencias que traería un triunfo de las derechas, a las que identificaban con el «belicismo» en política internacional, no hacían sino imitar a sus correligionarios franceses. La rudeza de la propaganda de la Unión de Derechas quedaba, en ocasiones, corta en comparación con la de los liberales o conservadores británicos, poco dados a la sutilidad en la crítica a sus adversarios.

En la campaña de 1929, éstos imprimieron carteles en los que, para impugnar las subidas de impuestos decretadas por el laborista MacDonald, éste aparecía como un pistolero enmascarado apuntando con un revólver cara al elector. Otro cartel de propaganda a favor del líder conservador Baldwin pintaba frente a frente a sus rivales, Lloyd George y MacDonald, representados como bueyes provistos de generosos cuernos y en actitud de reto. Debajo, entre paréntesis, se pedía perdón por la alusión bovina a una sociedad de conservas animales. Curiosamente la, en ocasiones, tosca propaganda de Acción Popular no era percibida por los medios españoles como asimilable a la de los partidos fascistas. Un periódico como el madrileño El Liberal creyó detectar la inspiración de AP en el modelo americano, «basado en la difamación», demagógico, sin duda, pero genuinamente democrático. El Sol reforzó esta impresión apuntando, además, que los caracteres masivos de la propaganda derechista suponían imitación de las costumbres electorales estadounidenses.

No obstante, si cabe, no hay que dejar de insistir en que, además, de descalificaciones al contrario, los discursos y la propaganda tocaron en 1933 cuestiones que preocupaban al electorado y, en no pocas ocasiones, incluso con dosis de racionalidad no despreciables. Los electores interesados pudieron informarse acerca de las propuestas de cada candidatura en política económica, religiosa, autonómica… y hasta en la cuestión de la reforma constitucional. Su voto fue requerido por los aspirantes a diputado con discursos que procuraban reflejar lo que demandaban, hasta tal punto que tampoco las cuestiones locales fueron soslayadas. La propaganda pudo exagerar y hasta desenfocar determinados temas, pero se atuvo a la realidad tal y como la concebían los partidos, con su propia interpretación de los hechos⁴.

En cuanto a los episodios de violencia física, no puede obviarse que existiera un ambiente tenso que propiciara un lamentable reguero de muertos y heridos, algo que no había resultado, por desgracia, excepcional en los comicios españoles. Desde una perspectiva actual, no pueden considerarse normales unas elecciones donde las reyertas entre militantes de diferentes partidos generaron 22 muertos, un número bastante superior de heridos de diversa consideración, y decenas de atentados y encontronazos. A ellos habría que sumar el saldo trágico que dejó el boicot violento de la CNT: seis cadáveres, a sumar a los anteriores, y una veintena de heridos. De esas 28 víctimas, la interposición de la fuerza pública para acabar con los disturbios originó cinco (cuatro activistas y un cabo de la Guardia Civil). Además, un suboficial del ejército murió por una bomba anarquista. Si exceptuamos a los dos asesinados miembros de las fuerzas armadas, la distinta militancia de los restantes 26 fallecidos deja entrever el carácter multidireccional de la violencia, pero también quienes la padecieron con mayor ahínco.

Si se excluyen de esa cifra tres víctimas sin filiación política, del resto trece pertenecían a los partidos de derecha (sobre todo a la CEDA), cinco militaban en el socialismo, cuatro en los distintos partidos republicanos y uno en el anarquismo. Tres de las cinco víctimas del PSOE, y la de la CNT, se produjeron en choques con las fuerzas del orden, y otros dos militantes socialistas murieron en sendos asaltos a inmuebles del PRR y de la CEDA por balas de militantes de estas formaciones. De los cuatro difuntos republicanos, dos murieron en un choque entre radicales y republicanos gallegos, otro de AR fue asesinado por un pistolero políticamente sin determinar y el último, del Partido Radical, por disparos de militantes socialistas. Por último, de las trece víctimas de derecha (once de la CEDA), cinco lo fueron por choques con elementos del PSOE o atentados llevados a cabo por militantes socialistas, seis por tiroteos de los anarquistas y dos por disparos de afiliados al PCE. A estas cifras habría que añadir los seis muertos que dejaron los diferentes movimientos huelguísticos: cuatro en la huelga de la construcción de Madrid (dos de ellos socialistas, y todos por atentados anarquistas), un piquete de la UGT en Guadasuar (Valencia) tras un violento enfrentamiento con la Guardia Civil, y un militante de la CNT en Barcelona tras una disputa con socialistas.

Pese a que contabilizar los muertos resulta fundamental para evaluar el fenómeno de la violencia, la cuestión no se agota ahí. Además, se han registrado 321 actos de agresiones y coacciones violentas de mayor o menor fuste, directamente vinculadas al proceso electoral. Éstos tuvieron lugar, aproximadamente, en unos 250 municipios del país. Claro que la diferencia entre unas circunscripciones y otras resultó abrumadora. En general, una serie de quince provincias (Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia y Vizcaya) concentraron nada menos que tres cuartas partes de todos los altercados violentos, mientras que en las restantes 35 éstos fueron escasos y tuvieron un carácter episódico. No obstante, aunque las cifras de esas quince provincias conflictivas evidencian que la lucha electoral no se llevó en un ambiente de civismo, tampoco hay que concluir que los comicios se verificaran en un ambiente de violencia generalizada.

Ciertamente, el hecho de que hubiera altercados en 250 localidades del país indica que la elección no fue una «balsa de aceite», pero hay que tener en cuenta que España contaba entonces con más de nueve mil municipios (y, por tanto, con muchos miles más de núcleos de población). En Granada, donde hubo un muerto, los 21 altercados registrados ocurrieron en unos 15 municipios, dentro de una provincia que superaba los 200 en 1933. En la mayor parte de esas quince localidades, tampoco es que la violencia estuviera presente durante todo el período electoral. Las cifras solamente indican que había hecho aparición en algún momento concreto de la campaña o, en mucha menor medida, el día de los comicios. En general, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto actuaron con diligencia e impidieron su generalización y perdurabilidad. Y aunque los episodios más graves pudieron contribuir a enrarecer el ambiente en que se desarrollaron los comicios, sobre todo en localidades donde existían fortísimas rivalidades de tipo político, las más de las veces no rebajaron la limpieza con que se verificaron.

Dentro de los episodios de violencia, el boicot a los mítines y a otras actividades de propaganda política destacó como la principal fuente de altercados durante la campaña electoral. No obstante, de la exhaustiva enumeración que se realizó páginas atrás puede inferirse una frecuencia que tampoco fue tal. Tales incidentes no dejaron de ser una lamentable excepción, en un panorama general de normalidad. Tampoco eran, es importante insistir en ello, una muestra del carácter extremista y violento de los españoles. En la Italia prefascista, las campañas registraban igualmente actos de violencia y boicot, y éstos no hicieron sino aumentar a partir de la universalización del sufragio.

Incluso en los países con mayor continuidad parlamentaria, como Gran Bretaña, la violencia política nunca dejó de estar presente. Allí, la campaña electoral de 1931, conocida como «elección del pánico», tuvo lugar en un contexto de conflictividad social relativamente parecido al de la España de 1933. Los mítines del laborista MacDonald y de otro destacado correligionario, James H. Thomas, fueron sistemáticamente reventados por su propio auditorio. Otro diputado laborista, George Gillet, hubo de anunciar que cancelaba su campaña por el distrito de Finsbury porque los desórdenes le privaban de la libertad de propaganda necesaria. En Portsmouth, el conservador Bertram Falle hubo de suspender todos sus mítines por la generalización del rowdyism, el fenómeno del «camorrismo», en su circunscripción. En Preston, dos mítines conservadores acabaron en una batalla campal en la que hubo de intervenir la policía. Harold MacMillan recordó la campaña de 1931 en su feudo de Stockton como la más violenta, en la que no pudo hacerse oír, ni hablar en la mayor parte de sus mítines. Los peores acontecimientos sucedieron en los actos de Oswald Mosley, líder del fascismo británico. Los laboristas organizaron grupos de alborotadores para impedir que hiciera campaña en la ciudad de Birmingham. La respuesta de Mosley y de otros políticos, como el conservador Austen Chamberlain, fue crear un personal especial del partido para repeler a esos grupos. En esas elecciones, el ala izquierda del laborismo y los comunistas se significaron como los principales promotores de la violencia⁵.

Por otra parte, la intervención arbitraria de las autoridades, una de las costumbres en lento proceso de extinción, también existió en los comicios de 1933. No obstante, ésta no respondió a un plan predeterminado y de ejecución sistemática del gobierno central o de los gobiernos locales. Más bien, consistió en actuaciones aisladas, dirigidas a favorecer puntualmente la propaganda de la candidatura adicta y a poner trabas a la de los contrarios. A pesar de la pretensión de algunos ministros republicanos de izquierda, no hubo «encasillado» dirigido, como en 1923, a reducir la competencia entre partidos y, sobre todo, a aminorar la división de los partidos gubernamentales. Continuando con la usanza de los comicios del primer tercio del siglo XX, tampoco hubo destituciones masivas de ayuntamientos. Es verdad que la mayoría de las medidas que tomó el Consejo de Ministros para encauzar la propaganda probablemente más que favorecerla, la entorpeció. Pero el gobierno era el encargado de velar por el orden público y, como no existía legislación que regulase el uso de los nuevos medios masivos de publicidad, hubo de emitir normativa sobre la marcha y de forma un tanto improvisada.

No existieron denuncias que pusieran en tela de juicio la gestión electoral de la mayoría de los gobernadores civiles, aunque los telegramas que se recibieron en Gobernación indican que algunos pudieron no actuar correctamente. Pero esas acusaciones, por un lado, ponían de manifiesto arbitrariedades puntuales, no continuadas, y en pocos casos tan graves como para motivar su destitución; y, por otro, revelaban, en ocasiones, cierto grado de partidismo y, sobre todo, de mala fe de los propios denunciantes. En cuanto a las autoridades locales, se ha tratado de ser riguroso a la hora de enumerar los lugares en los que existieron irregularidades, para constatar su carácter relativamente puntual y, sobre todo, excepcional. Varios alcaldes del PSOE se implicaron a fondo en provincias como Madrid, Badajoz o Granada pero, independientemente de la poca simpatía con la que pudieran ver los mítines de sus rivales, la mayoría abrumadora de los regidores socialistas en estas provincias, y en todo el país, actuó conforme a la legalidad y dispuso de sus guardias municipales con neutralidad. Lo mismo cabe afirmar, con mayor intensidad, de los alcaldes de los partidos republicanos y de derecha.

Desde luego, los sucesos apuntados no podían resultar significativos del ambiente de libertad con que, en general, se desarrolló la propaganda electoral y los comicios, incluso en los municipios donde sus ediles impusieron restricciones de ese tipo. Sobre todo porque, en casi todos ellos, la inmediata intervención del gobernador civil y el envío de fuerza pública, principalmente guardias civiles, propició que la campaña y las votaciones pudieran llevarse a cabo, durante el resto del período electoral, con dosis de tensión pero con bastante normalidad. Y es que la relativa ineficacia de la intervención gubernamental vino reforzada por su nula influencia en los resultados finales.

Precisamente, que la violencia y el intervencionismo gubernamental constituyeran excepciones hacía del proceso electoral de 1933 una experiencia alentadora para la consolidación de la democracia republicana en España. La insustancialidad de la corrupción electoral y del fraude comprobado, como demostró la labor depuradora de la Comisión de Actas de las Cortes, ratificó el hecho de que los resultados se correspondían con los deseos del cuerpo electoral, y que éste se había constituido en el verdadero impulsor del cambio político. Con el fantasma del fraude, pareció alejarse también el espectro del anarquismo. La campaña de la CNT favorable al «abstencionismo activo», que incluía el boicot violento a los comicios en un desesperado intento por deslegitimar las instituciones representativas, fue en general barrida por una participación que superó los dos tercios del cuerpo electoral. Los anarquistas apenas si pudieron ufanarse del resultado de su táctica en algunas localidades de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huesca, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Contra lo que hubiera podido suponerse, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, la duplicación del electorado no supuso un aumento significativo de la abstención: muchas mujeres y los jóvenes de veintitrés a veinticinco años se aprestaron a acudir a las urnas con un apasionamiento que no desmereció el de los votantes más veteranos. No exageraba aquel editorial de Ahora, el que se enorgullecía de presenciar la movilización del electorado más importante en las nueve décadas de historia del régimen representativo español.

Y, no obstante, este hito no bastó para que desaparecieran las brumas que se cernían sobre el horizonte político de la República. El problema nada tenía que ver con el grado de sinceridad con que se habían celebrado las elecciones, sino con el sentido que, mayoritariamente, la opinión pública había dado a su pronunciamiento. Había quedado claro que los partidarios de algún tipo de revisión más conservadora del modelo constitucional vigente eran la mayoría del país, tanto en número de sufragios como de escaños. Si el triunfo de la Unión de Derechas había parecido a muchos una amenaza directa contra la República, las rápidas e insistentes declaraciones de acatamiento del régimen por parte de los sectores mayoritarios de la coalición triunfante (CEDA y agrarios), su clara intención de apuntalar un gobierno de centro presidido por Lerroux, y la promesa de aceptación final de la República si una moderada revisión constitucional coronase el cierre del proceso revolucionario parecían indicios de que el sistema político vigente podía ensanchar sus bases de apoyo integrando a las derechas posibilistas.

Sin duda, el programa máximo de Gil-Robles y de un sector de la CEDA apostaba por un «Estado nuevo» que desterrara el parlamentarismo (que no necesariamente el Parlamento) y caminase hacia un ambivalente régimen corporativo del que lo único que se conocía, por las declaraciones del líder de AP, era que no sería fascista ni tampoco respondería a un patrón dictatorial. Pero este programa era por completo inaplicable sin una mayoría absoluta de la CEDA (y eso en el caso de que los sectores más liberal-conservadores y con menos ínfulas social-católicas aceptasen comulgar con aquello del corporativismo). Y más aún cuando los dirigentes de la CEDA habían hecho varias declaraciones condenando la violencia. Por ello, como en 1933 los «cedistas» apenas si reunían la cuarta parte de los escaños en las nuevas Cortes, no podían aspirar a la reforma de la Constitución si no era consensuado un proyecto con radicales, «melquiadistas», agrarios liberales y Lliga. En otras palabras, una reforma que acabase con el polémico artículo 26, garantizase el derecho de propiedad privada y reintrodujese el Senado, que eran las medidas de mayor calado sobre las que estos partidos podían llegar a un acuerdo.

El verdadero problema radicaba en que las izquierdas no querían ni oír hablar sobre posibles reformas de lo legislado entre 1931 y 1933. Haciendo caso omiso del resultado electoral, los republicanos de izquierda negaron, además, toda legitimidad a las derechas para gobernar la República, ganasen o no las elecciones, en tanto que éstas no eran, ni lo serían nunca por mucho que lo pretendiesen, verdaderamente republicanas. Si acaso los conservadores aceptaban comulgar con la Constitución de 1931 y con sus leyes de desarrollo, la izquierda republicana podría abrir la puerta a algún tipo de colaboración con ellos. Como esos republicanos eran conscientes de que pedían un absurdo, que las fuerzas que habían vencido en los comicios capitulasen ante sus tesis, aprovecharon mejor el tiempo habilitando fórmulas para abreviar la vida de las nuevas Cortes.

Algunos ministros del gobierno, como Botella y Gordón, ya intentaron que Alcalá-Zamora suspendiese el proceso electoral, violentando hasta extremos inverosímiles la interpretación del texto constitucional. En cuanto a Azaña, Domingo y Casares Quiroga intentaron forzar la disolución haciendo caer el gobierno de Martínez Barrio, aplazando la reunión del Congreso y presionando para que se formase otro ejecutivo minoritario de izquierdas, de modo que su presentación ante un Parlamento de mayoría conservadora provocase de inmediato su caída y la subsiguiente convocatoria de elecciones. Maniobras como éstas quizás no puedan calificarse con el apelativo de «golpe de Estado», pero dejaban ver el concepto instrumental que los republicanos de izquierda tenían del Parlamento y de la democracia en general, así como el poco respeto que les inspiraba el pronunciamiento del electorado cuando era esquivo a sus intereses. Todas estas gestiones serían frustradas por Alcalá-Zamora y Lerroux, los cuales no se prestaron a malabarismos legales para sortear el veredicto de las urnas, y también por Martínez Barrio, aunque con menos convicción de su parte.

Por lo menos los republicanos de izquierda excluyeron el uso de la violencia. Los dirigentes socialistas, salvo casos como los de Besteiro o Trifón Gómez, se negaron a aceptar los resultados electorales por fraudulentos, aunque luego su capacidad de demostrar ese extremo en las Cortes brilló por su ausencia. Si en la campaña electoral de la primera vuelta, buena parte de los candidatos del PSOE, comenzando por Largo Caballero, hicieron patente su radicalismo verbal no haciéndole ascos a una respuesta violenta en caso de que las derechas gobernaran, el torneo de las demasías oratorias se desbordó en la segunda vuelta.

Sin duda, impresionados por el mazazo del resultado electoral, políticos socialistas como Prieto se apuntaron a las tesis de Largo Caballero, y amenazaron abiertamente con la revolución en caso de que los partidos conservadores triunfantes participasen del poder. No eran declaraciones aisladas. Los máximos organismos de gobierno del PSOE y la UGT hicieron saber, no sin cierta ambigüedad para sumar el apoyo de los «besteiristas», que apostaban por responder con la revolución social a un gobierno de centro-derecha. Comenzaba así una escalada que culminaría con el levantamiento armado de octubre de 1934. Pero es que, a su izquierda, comunistas y anarquistas decidieron no esperar tanto. El PCE ya intentó impulsar varios desórdenes justo después de la primera vuelta, aunque todo quedó en agua de borrajas merced a su magro arraigo. Los anarquistas, que gustaban menos de las sutilidades verbales que los socialistas, avistaron con mayor claridad el advenimiento del «fascismo» genuino (las derechas) y se sublevaron pocos días después de la segunda vuelta. Aunque el resultado de la insurrección fue aún peor que el del boicot a los comicios, aquélla fue suficiente para provocar graves daños humanos y materiales.

Así pues, España volvía de nuevo, con ribetes más trágicos, a una situación política parecida a la de la segunda mitad de los treinta y principios de los cuarenta del siglo XIX. Entonces el régimen representativo estaba en pleno funcionamiento y las elecciones tenían lugar con niveles crecientes de competencia y movilización, pero moderados y progresistas disputaban por definir el marco legal, con una enconada lucha por el poder en la que ninguno renunciaba al uso de la conspiración, de la «cuartelada» y de la revolución. El exclusivismo político estaba, entonces, en su etapa dorada. Pero ahí se acaban las semejanzas con los años de la Segunda República. Porque el exclusivismo del que hacían gala ambos bandos liberales, por paradójico que pueda parecer, no pretendía liquidar a la oposición, ni acabar con el régimen constitucional, como demostraron los progresistas entre 1840 y 1843, y los moderados entre 1846 y 1868. El corolario de estas disputas fue, sin duda, la desnaturalización de las elecciones a partir de 1850 pero sin sacrificar las libertades civiles. En los años treinta del siglo XX de nada sirvió la democratización electoral en ciernes, porque la libertad y la democracia habían dejado de interesar a buena parte de los damnificados por las urnas en 1933. El resultado sería una lucha a suma cero en la que no se retornaría a las «elecciones administrativas», sino, aún peor, a la completa proscripción de los comicios multipartidistas durante más de cuarenta años.

¹ TUSELL (1971, II: 250).

² DEL REY (2007: 17-98), MOSSE (1990) y MAZOWER (2001).

³ TUSELL (1971, II: 251).

⁴ El Socialista, 4 de noviembre de 1933; Ahora, 16 de noviembre de 1933; El Sol, 28 de octubre de 1933, y TUSELL (1970a: 97).

⁵ Italia, en MANA (2003: 110). Gran Bretaña, en THORPE (1991: 190-192).

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Archivos y Hemerotecas

Archivo del Congreso de los Diputados (Madrid).

Archivo de la Diputación Provincial de Granada.

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid).

Archivo Histórico Nacional, Gobernación (Madrid).

Archivo Histórico Nacional, Guerra Civil (Salamanca).

Hemeroteca de la Casa de los Tiros (Granada).

Hemeroteca Municipal de Madrid.

Hemeroteca Nacional (Madrid).

Diarios y Publicaciones Oficiales

Diario de Sesiones de las Cortes (1931-1934).

Gaceta de Madrid.

Anuario Estadístico de España (1934).

Boletín de Información Bibliográfica y Parlamentaria (1933). Boletines Oficiales de todas las provincias de España.

Prensa

ABC (Madrid).

El Telegrama del Rif (Melilla).

Ahora (Madrid).

Euzkadi (Bilbao).

CNT (Madrid).

Flores y Abejas (Guadalajara).

Democracia (Jaén).

Heraldo de Aragón (Zaragoza).

Diari de Girona (Gerona).

Heraldo de Castellón (Castellón).

Diario de Ávila (Ávila).

Heraldo de Zamora (Zamora).

Diario de Burgos (Burgos).

Ideal (Granada).

Diario de Cádiz (Cádiz).

Informaciones (Madrid).

Diario de Córdoba (Córdoba).

La Almudaina (Palma de Mallorca).

Diario de Huelva (Huelva).

La Época (Madrid).

El Debate (Madrid).

La Humanitat (Barcelona).

El Defensor de Córdoba (Córdoba).

La Libertad (Badajoz).

El Defensor de Granada (Granada).

La Libertad (Madrid).

El Día Gráfico (Barcelona).

La Nación (Madrid).

El Liberal (Madrid).

La Provincia (Huelva).

El Noroeste (La Coruña).

La Publicidad (Granada).

El Obrero (Elche).

La Publicitat (Barcelona).

El Obrero Balear (Palma de Mallorca).

La Tierra (Madrid).

El Noticiero Universal (Barcelona).

La Vanguardia (Barcelona).

El Pueblo (Huesca).

La Veu de Catalunya (Barcelona).

El Pueblo Manchego (Ciudad Real).

La Voz de Guipúzcoa (S. Sebastián).

El Pueblo Vasco (Bilbao).

La Voz de Navarra (Pamplona).

El Siglo Futuro (Madrid).

Noticiero Gaditano (Cádiz).

El Socialista (Madrid).

Región (Cáceres).

El Sol (Madrid).

Solidaridad Obrera (Barcelona).

El Sur (Córdoba).

Pensamiento Navarro (Pamplona).

Libros, folletos y memorias

ABAD DE SANTILLÁN, D. (1974), De Alfonso XIII a Franco, Buenos Aires, Tea.

ALCALÁ-ZAMORA, N. (1977), Memorias, Barcelona, Planeta.

ARRABAL, J. (1935), José María Gil-Robles, Ávila, Senén Martín Díaz.

AZAÑA, M. (1997), Diarios 1932-1933, Barcelona, Crítica.

— (2000), Diarios Completos: monarquía, república, guerra civil, Barcelona, Crítica.

— (2007), Obras Completas, vol. 5, Madrid, CEPC.

AZCÁRATE, G. (1931), El régimen parlamentario en la práctica, Madrid, Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos.

BALBONTÍN, J. A. (1952), La España de mi experiencia, México, s. e.

BOFARULL, M. (1945), Las antiguas Cortes, el moderno Parlamento, el régimen representativo orgánico, Madrid, s. e.

BORREGO, A. (1837), Manual electoral, Madrid, Compañía Tipográfica.

— (1855), De la Organización de los partidos en España, Madrid, Anselmo Sta. Coloma.

— (1874), El libro de las elecciones, Madrid, Imprenta Española.

— (1876), Cómo ha funcionado en España el régimen constitucional, Madrid, José Cayetano Conde.

— (1881), El cuerpo electoral, Madrid, Francisco Nozal.

CABALLERO, F. (1837), Resultado de las últimas elecciones para Diputados y Senadores, Madrid, Eusebio Aguado.

CAMBÓ, F. (1987), Memorias (1876-1936), Madrid, Alianza Editorial.

CAMPOAMOR, C. (2001), Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, Sevilla, IAM.

CÁNOVAS, A. (1997), Obras Completas, vol. VII, Madrid, Fundación Cánovas.

CONGRESSIONAL QUARTERLY INC (1994), Congressional Quarterly’s Guide to US elections, Washington DC.

CONSTANT, B. (1837), Cours de politique constitutionnelle, Bruselas, Societé Belge.

COSTA, J. (1998), Oligarquía y caciquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, reed.

COX, E. F. (1972), State and National Voting in Federal Elections, Hamden, Archon B.

DOMINGO, M. (1935), La Revolución de Octubre, Barcelona, Librería Catalonia.

GARCÍA VILLADA, Z. (1920), «El sufragio femenino en España», Razón y Fe, 58 (24-40).

GIL-ROBLES, J. M. (1998), No fue posible la paz. Memorias, Barcelona, Planeta.

GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1988), Memorias de un diputado a Cortes de la República, La Coruña, Edicios do Castro.

GONZÁLEZ-POSADA, Adolfo (s. a.), El sufragio, Barcelona, Manuel Soler.

GORDÓN, F. (1961), Mi política en España, vol. II, México, Victoria.

HURTADO, A. (1968), Quaranta anys d’advocat, Barcelona, Ariel.

JALÓN, C. (1973), Memorias políticas, Madrid, Guadarrama.

LERROUX, A. (1937), La pequeña historia, Madrid, Afrodisio Aguado.

MARTÍNEZ BARRIO, D. (1983), Memorias, Barcelona, Planeta.

MUIR, R. (1933), How Britain is Governed, Londres, Constable & Co.

ORENSE, J. M. (2006), Treinta años de gobierno representativo en España, Santander, Universidad, reed.

PASTOR, L. M. (1863), Las elecciones, Madrid, Manuel Galiano.

PÉREZ GALDÓS, B. (1994), Episodios Nacionales, t. XIV, De Cartago a Sagunto, Madrid, CIL, reed.

RICO AMAT, J. (1861), Historia política y parlamentaria de España, vol. II, Madrid, Escuelas Pías.

SALAZAR ALONSO, R. (2007), Bajo el signo de la Revolución, Madrid, Akrón, reed.

TAYAC, P. (1862), Du Gouvernement ou Principes de Politique Positive, Bruselas, Misonne e Bonnet.

VIDARTE, J. S. (1978), El bienio negro, Barcelona, Grijalbo.

ZANCADA, P. (1914), Las elecciones legislativas en España, Madrid, G. y Giménez.

Bibliografía (sólo las obras que se citan en las notas)

ADAME, V. (1997), Sobre los orígenes del liberalismo histórico consolidado en España, Sevilla, Universidad.

AGUILÓ, L. (1974), Las elecciones en Valencia durante la Segunda República, Valencia, Cosmos.

ALCARAZ, R. (1987), La Unió Socialista de Catalunya, Barcelona, IMH.

ALÓS, V. R. (1992), Reorganización, supremacía y crisis final del Blasquismo, Valencia, Ayuntamiento.

ÁLVAREZ REY, L. (1993), La Derecha en la II República, Sevilla, Universidad.

ÁLVAREZ TARDÍO, M. (2002), Anticlericalismo y libertad de conciencia, Madrid, CEPC.

— (2003), «El Parlamento de la Segunda República Española (1931-1936)», en VVAA, El Parlamento en la historia, Vitoria, Parlamento Vasco.

— (2005), El camino a la democracia en España. 1931 y 1978, Madrid, Gota a Gota.

— (2010), «Cultura política, exclusión y violencia en el republicanismo radical-socialista en España, 1929-1933», Revista de Estudios Políticos, 148 (11-43).

ANNINO, A. (1995), «Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821», en Historia de las elecciones en Iberoamérica, Buenos Aires, FCE, pp. 177-226.

ARRANZ, L. (1995), «Modelos de partido», en S. JULIÁ, Política en la Segunda República, Madrid, Marcial Pons, pp. 81-110.

— (1998), «La Restauración (1875-1902), el triunfo del liberalismo integrador», en J. M. MARCO, Genealogía del liberalismo español, Madrid, FAES.

ARRANZ, L., y CABRERA, M. (1995), «El Parlamento de la Restauración», Hispania, 189 (67-98).

ARTOLA, M. (1991), Partidos y programas políticos, 2 vols., Madrid, Alianza Editorial.

AVILÉS, J. (2006), La izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, Consejería de Educación.

AYALA PÉREZ, J. A. (1984), Murcia y su huerta en la II República, Murcia, Consejería de Cultura y Educación, reed.

AYALA VICENTE, F. (2001), Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República, Mérida, Editora Regional de Extremadura.

BAHAMONDE, Á. (1976), «Las elecciones de 1869 en Madrid», Hispania, 36 (639-658).

BALL, S. (1995), The Conservative Party and British Politics, Londres, Longman.

BALLINI, P. L. (1988), Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo, Bolonia, Il Mulino.

BARAS, M. (1984), Acció Catalana, Barcelona, Curial.

BARREIRO, C. (2003), El carlismo y su red de prensa en la Segunda República, Madrid, Actas.

BARRIO, Á. (1988), Anarquismo y anarcosindicalismo en Asturias, Madrid, Siglo XXI.

BAXTER, S., y LANSING, M. (1983), Women and politics, Michigan, University.

BERMEJO, F. (1984), La II República en Logroño, Logroño, IER.

BIDELMAN, P. K. (1982), Pariah Stand Up!, Wesport, Greenwood.

BOYD, C. (1986), «Responsibilities and the Second Republic, 1931-1936», en M. BLINKHORN, Spain in Conflict 1931-1939, Londres, XX, pp. 14-39.

BRADEMAS, J. (1973), Anarcosindicalismo y revolución en España, Barcelona, Ariel.

CABRERA ACOSTA, M. Á. (2004), Las elecciones a Cortes durante la II República en las Canarias Occidentales, Santa Cruz de Tenerife, Idea.

CAMPBELL, P. (1958), French electoral systems and elections since 1789, Londres, Faber and Faber LTD.

CÁNOVAS, F. (1982), El Partido Moderado, Madrid, CEC.

CAPEL, R. M. (1992), El sufragio femenino en la Segunda República, Madrid, Horas y Horas.

CARAMANI, D. (2003), «The end of silent elections», Party Politics, 9, 4 (411-443).

CARNERO, T. (1997), «Democratización limitada y deterioro político en España», en S. FORNER, Democracia, elecciones y modernización en Europa, Madrid, Cátedra, pp. 203-240.

CARO, D. (1987), La Segunda República en Cádiz, Cádiz, Diputación Provincial.

CARR, R. (2000), España 1808-1975, Barcelona, Ariel, reed.

CARRASCO, S. (1986), «Teoría y práctica del sindicalismo católico, libre y profesional», en J. L. G. DELGADO, La crisis de la Restauración, Madrid, Siglo XXI, pp. 315-336.

CASES, J. I. (1977), «La elección de 22 de septiembre de 1837», Revista de Estudios Políticos, 212 (167-217).

— (1983-1984), «La práctica electoral bajo la Constitución de 1837», Revista de Derecho Político, 20 (67-95).

CASTILLO, J. J. (1979), Propietarios muy pobres, Madrid, Ministerio de Agricultura.

CHÁVARRI, P. (1988), Las elecciones de diputados a las Cortes Generales y Extraordinarias, Madrid, CEC.

CHIARAMONTI, G. (2000), «Construir el centro, redefinir al ciudadano», en C. MALAMUD, Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina, México, FCE, pp. 230-261.

CHUECA, A. (1989), Prensa y partidos políticos durante la II República, Salamanca, Universidad.

COMES, V. (2002), En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia, Madrid, Biblioteca Nueva.

CONTRERAS, M. (1981), El PSOE en la II República, Madrid, CIS.

CRAIG, F. W. S. (1969), British Parliamentary election results, Glasgow, PRP.

— (1974), British Parliamentary Election Results, Londres, MacMillan.

CULLÁ, J. B. (1977), El catalanisme d’esquerra, Barcelona, Curial.

DARDÉ, C. (1996), «Fraud and passivity of the electorate in Spain», en E. POSADA-CARBÓ, Elections before democracy, Houndmills, MacMillan, pp. 201-221.

— (1997), La Restauración, 1875-1902, Madrid, Temas de Hoy.

— (2000), «Avanzar retrocediendo. La reforma electoral española de 1878», en C. MALAMUD, Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina, México, FCE, pp. 19-40.

— (2003a), «Las elecciones como objeto de investigación», en La aceptación del adversario, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 139-143.

— (2003b), «El comportamiento electoral en España, 1876-1923», en La aceptación del adversario, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 232-257.

— (2003c), «La ley de “sufragio universal” de 1890», en La aceptación del adversario, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 197-217.

— (2003d), «Las elecciones de diputados de 1886», en La aceptación del adversario, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 144-179.

DARDÉ, C., y ESTRADA, M. (1995), «La representación social y territorial en la legislación electoral española», en C. MALAMUD, Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península Ibérica, vol. 1, Madrid, IUOG, pp. 9-32.

DE LA GRANJA, J. L. (1986), Nacionalismo y II República en el País Vasco, Madrid, CIS.

DE PABLO, S., y MEES, L. (2005), El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, Barcelona, Crítica.

DE RIQUER, B. (1999), «Consideraciones sobre historiografía política de la Restauración», en J. L. DE LA GRANJA, A. REIG y R. MIRALLES, Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid, Siglo XXI, pp. 123-141.

DE SMET, R. E., y EVALENKO, R. (1956), Les élections belges, Bruselas, ISS.

DE SMET, R. E.; EVALENKO, R., y FRAEYS, W. (1958), Atlas des elections belges, 1919-1954, Bruselas, ISS.

DEL REY, F. (2007), «Reflexiones sobre la violencia política en la Segunda República española», en M. GUTIÉRREZ y D. PALACIOS (2007), Conflicto político, democracia y dictadura, Madrid, CEPC, pp. 17-98.

— (2008), Paisanos en lucha, Madrid, Biblioteca Nueva.

DURGAN, A. C. (1996), BOC 1930-1936, Barcelona, Laertes.

ELORZA, A., y BIZCARRONDO, M. (1999), Queridos camaradas, Barcelona, Planeta.

ESPÍN, E. (1980), «Crisis de Gobierno y confianza presidencial en la II República», Revista de Estudios Políticos, 17 (87-116).

ESTRADA, M. (1999), El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel II, Santander, Universidad.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M. (1943), «Las Cortes del siglo XIX y la práctica electoral», Revista de Estudios Políticos, 10 (383-419).

— (1968), Historia Política de la España Contemporánea, 3 vols., Madrid, Alianza Editorial.

— (1986), Historia del reinado de D. Alfonso XIII, 2 vols., Madrid, Sarpe, reed.

FERNÁNDEZ SARASOLA, I. (2009), Los partidos políticos en el pensamiento español, Madrid, Marcial Pons.

FERRER, M. (1992), Elecciones y partidos en Navarra durante la II República, Pamplona, Gobierno de Navarra.

FORNER, S. (1982), Industrialización y movimiento obrero, Valencia, Alfonso el Magnánimo.

FORNER, S., y GARCÍA ANDREU, M. (1990), Cuneros y caciques, Alicante, Patronato Municipal del V Centenario de la ciudad de Alicante.

FORNER, S., et alii (1997), «Modernización social y comportamiento urbano electoral en España», en Democracia, elecciones y modernización en España, Madrid, Cátedra, pp. 241-293.

FUENTES, J. F. (2005), Largo Caballero, Madrid, Síntesis, reed.

GARCÍA ANDREU, M. (1985), Alicante en las elecciones republicanas, Alicante, Universidad.

GARCÍA GARCÍA, C. (1996), Partidos y elecciones: 1933 en Huelva, Huelva, Universidad.

GARCÍA JORDÁN, P. (1986), El catolics catalans i la Segona República, Barcelona, Abadía de Montserrat.

GASH, N. (1969), Politics in the age of Peel, Londres, Longmans, reed.

GERMÁN, L. G. (1979), «El sindicalismo cenetista en Aragón durante la II República», Cuadernos Aragoneses de Economía, 4 (191-214).

— (1980), «Las Elecciones Generales de 1933 en Zaragoza», en J. BUENO, C. GAUDÓ y L. GERMÁN, Elecciones en Zaragoza capital durante la II República, Zaragoza, IFC.

— (2000), «UGT en Aragón durante la II República», en C. FORCADELL y E. BERNAD, Historia de la Unión General de Trabajadores en Aragón, Zaragoza, IFC, pp. 79-136.

GIL PECHARROMÁN, J. (2002), Historia de la Segunda República Española, Madrid, Biblioteca Nueva.

GIRÓN, J. (1973), «La ciudad de Oviedo y su contorno en las elecciones generales de 1933», en M. TUÑÓN et alii, Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX, Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

GLASHAN, R. R. (1979), American Governors and Gubernatorial Elections, Westport, Meckler Books.

GÓMEZ CASAS, J. (2006), Historia del anarcosindicalismo español, Madrid, La Malatesta.

GONZÁLEZ BERAMENDI, J. (1981), Vicente Risco no nacionalismo gallego, Santiago de Compostela, Edicios do Castro.

GONZÁLEZ CASANOVA, J. A. (1969), Elecciones en Barcelona, Madrid, Tecnos.

GONZÁLEZ SOBACO, A. (1986), Los partidos políticos durante la Segunda República en Castellón, Castellón, Diputación Provincial.

GRANDÍO, E. F. (1998), Los orígenes de la derecha gallega: la CEDA en Galicia, La Coruña, Edicios do Castro.

GUTIÉRREZ CASALÁ, J. L. (1998), La Segunda República en Badajoz, Badajoz, Universitas.

GUTIÉRREZ, R. A., y ZURITA, R. (2004), «La geografía del poder político en la España de Alfonso XIII», en C. MALAMUD y C. DARDÉ, Violencia y legitimidad, Santander, Universidad, pp. 59-91.

HANHAM, H. J. (1959), Politics in the time of Disraeli and Gladstone, Londres, Longmans.

HARVEY, A. L. (1998), Women in American Electoral Politics, Cambrigde, CUP.

HAUSE, S. C., y KENNEY, A. R. (1984), Women’s Suffrage and Social Politics in the French Third Republic, Princeton, PUP.

HERR, R. (1977), «Spain», en D. SPRING, European landed elites in the nineteenth century, Baltimore, TJHUP.

HUARD, R. (1991), Le suffrage universal en France, 1848-1946, Lonrai, Aubier.

IRWIN, W. J. (1991), The 1933 Cortes elections, Nueva York-Londres, Garland.

IVERN, M. D. (1988), Esquerra Republicana de Catalunya, vol. 1, Barcelona, Abadía de Montserrat.

JENSEN, R. J. (1983), Grass Roots Politics, Westport, Greenwood.

JULIÁ, S. (1984), Madrid 1931-1934: de la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI.

— (1986), «República, revolución y luchas internas», en El socialismo en España, Madrid, Pablo Iglesias, pp. 231-254.

— (1990), Manuel Azaña. Una biografía política, Madrid, Alianza Editorial.

— (1995), «Sistema de partidos y problemas de consolidación de la democracia», en Política en la Segunda República, Madrid, Marcial Pons, pp. 111-139.

— (1996), «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de Razón Práctica, 66 (10-21).

— (2000), «Preparados cuando la ocasión se presente», en Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, pp. 145-190.

KELSEY, G. (1994), Anarcosindicalismo y Estado en Aragón, Zaragoza, Gobierno de Aragón.

KENT, S. (1937), Electoral procedure under Luis Felipe, New Haven, YUP.

KORNBLUH, M. L. (2000), Why American Stopped Voting, Nueva York, NYUP.

LAMO DE ESPINOSA, E. (2001), «La normalización de España. España, Europa y la modernidad», Claves de Razón Práctica, 111 (4-16).

LINZ, J. J. (1979), El sistema de partidos en España, Madrid, Narcea, reed.

LINZ, J. J.; MONTERO, J. R., y RUIZ, A. M. (2005), «Elecciones y política», en X. TAFUNELL, Estadísticas históricas de España, vol. 3, Madrid, BBVA, pp. 1029-1154.

LÓPEZ, M., y GIL, R. (1997), Caciques contra socialistas, Granada, Diputación Provincial.

LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L. (1997), Cuenca en la II República, Cuenca, Diputación Provincial.

LLOYD, T. (1965), «Uncontested seats in British general elections», The Historical Journal, VIII, 2 (260-265).

MACARRO, J. M. (1985), La utopía revolucionaria, Sevilla, Caja de Ahorros.

— (1995), «Sindicalismo y política», en S. JULIÁ, Política en la Segunda República, Madrid, Marcial Pons, pp. 141-171.

— (2000), Socialismo, República y revolución en Andalucía, Sevilla, Universidad.

MACKENZIE, W. J. M. (1962), Elecciones libres, Madrid, Tecnos.

MAGUIRE, L. (2007), «The Conservative Party and Women’s Suffrage», en M. BOUSSAHBA (ed.), Women’s Vote in Britain, Houndmills, Palgrave, pp. 52-76.

MALAMUD, C. (2000), «Introducción», en Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina, México, FCE, pp. 7-16.

MANA, E. (2003), «Las campañas electorales en Italia (1900-1924)», en R. A. GUTIÉRREZ, R. ZURITA y R. CAMURRI, Elecciones y cultura política en España e Italia, Valencia, Universidad, pp. 103-119.

MARICHAL, C. (1980), La revolución liberal, Madrid, Cátedra.

MARÍN, J. M. (2000), «La ley electoral de 1907 y las elecciones en España durante la crisis de la Restauración», en C. MALAMUD, Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina, México, FCE, pp. 62-86.

MARTÍN NÁJERA, A. (2000), El grupo parlamentario socialista en la Segunda República, 2 vols., Madrid, Pablo Iglesias.

MARTÍN VASALLO, J. R. (1982), Las elecciones a Cortes en la ciudad de Salamanca, Salamanca, Ayuntamiento.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. (1969), Elecciones y Partidos políticos de España, 2 vols., Madrid, Taurus.

MATEOS, M. Á. (1995), La República en Zamora, 2 vols., Zamora, IEZ.

MAZA, É. (2000), «Las mujeres chilenas y la ciudadanía electoral», en C. MALAMUD, Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina, México, FCE.

MAZOWER, M. (2001), La Europa Negra, Barcelona, Ediciones B. MEDINA, L. (2000), «México», en J. VARELA ORTEGA y L. MEDINA, Elecciones, alternancia y democracia, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 195-303.

MESTRE, E. (1977), Los delitos electorales en España, Madrid, Editora Nacional.

MILLARES, A. (1982), La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Palmas, Las Palmas, Mancomunidad de Cabildos.

— (1997), Franchy Roca y los federales en el «Bienio Azañista», Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria.

MIR, C. (1985), Elecciones legislativas en Lérida durante la Restauración y la II República, Barcelona, Juan March.

MOLAS, I. (1973), Lliga Catalana, vol. I, Barcelona, Edicions 62.

MOLÍNS, J. M. (1985), Elecciones y partidos políticos en la provincia de Tarragona, Tarragona, Diputación Provincial.

MONTERO, J. R. (1977), La CEDA, 2 vols., Madrid, Revista de Trabajo.

MOORE, D. C. (1976), The Politics of Deference, Nueva York, THP.

MORAL, E. (1987), «El Socialista, 1913-1936», en VVAA, Prensa obrera en Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid.

MOSSE, G. L. (1990), Le guerre mondiali, Roma, Laterza.

MOSSUZ-LAVAU, J. (1994), «Les électrices françaises de 1945 à 1993», Vingtiéme siécle, revue d’histoire, 42 (67-75).

MOYNE, M. (1970), Resultats des Elections Belges entre 1847 et 1914, Bruselas, IBSP.

NOIRET, S. (1997), «La introducción del sufragio universal y de la representación proporcional en Italia en 1918-1919», en S. FORNER, Democracia, elecciones y modernización en Europa, Madrid, Cátedra.

O’GORMAN, F. (1987), Voters, Patrons, and Parties, Oxford, Clarendon.

ORDOVÁS, J. M. (1993), Historia de la ACN de P, vol. 1, Pamplona, EUNSA.

PABÓN, J. (1969), Cambó, vol. III, Barcelona, Alpha.

PARKER, A. M. (2002), «The Case for Reform Antecedents for the woman’s rights movement», en J. H. BAKER (ed.), Votes for women, Oxford, OUP, pp. 21-40.

PASTOR, A. (1983), La Agrupación Socialista Madrileña durante la Segunda República, Tesis Doctoral de la Universidad Complutense.

PAYNE, S. G. (2003), Unión Soviética, comunismo y revolución en España, Barcelona, Plaza y Janés.

— (2005), El colapso de la República, Madrid, La Esfera de los Libros.

PÉREZ, M. (1991), Las derechas almerienses durante la II República, Almería, Diputación Provincial.

PLA, J. (1940), Historia de la Segunda República, vol. III, Barcelona, Destino.

RAGUER, H. (1984), Divendres de passió, Barcelona, Abadía de Montserrat.

REQUENA, M. (1991), Partidos, elecciones y elite política en la provincia de Albacete, Albacete, Diputación Provincial.

— (1993), De la Dictadura a la II República, Cuenca, Universidad.

ROBINSON, R. A. H. (1974), Los orígenes de la España de Franco, Barcelona, Grijalbo.

RODRIGO, A. (2005), María Lejárraga, Madrid, Algaba.

RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A. (1985), Filiberto Villalobos, Salamanca, CES. RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2004), «Los católicos en el Vigo de la Segunda República», Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 20 (11-31).

RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C. M. (1993), «Dos claves de la política de Acción Popular durante la II República», en J. TUSELL, J. GIL PECHARROMÁN y F. MONTERO, Estudios sobre la Derecha Española contemporánea, Madrid, UNED, pp. 527-547.

RODRÍGUEZ RANZ, J. A. (1994), Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de la II República, San Sebastián, Diputación Foral.

ROMANELLI, R. (1997), «Sistemas electorales y estructuras sociales», en S. FORNER, Democracia, elecciones y modernización en Europa, Madrid, Cátedra.

ROMERO, C. (1981), Soria, 1860-1936, Soria, Diputación Provincial.

ROMERO MAURA, J. (1973), «El caciquismo: tentativa de conceptualización», Revista de Occidente, 127 (15-44).

ROSSI-DORIA, A. (1996), Diventare Cittadine, Florencia, Giunti.

RUDELLE, O. (1986), «Il suffragio universale e il consolidamento della libertà politica in Francia», en VVAA, La transformazione politica nell’Europa liberale, Bolonia, Il Mulino.

RUIZ LAPEÑA, R. M. (1982), El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República Española, Barcelona, Bosch.

RUIZ-MANJÓN, O. (1976), El Partido Republicano Radical, Madrid, Tebas.

— (2007), Fernando de los Ríos. Un intelectual en el PSOE, Madrid, Síntesis.

— (2009), «La participación en las elecciones de la Segunda República», en VVAA, El valor de la historia. Homenaje al profesor Julio Aróstegui, Madrid, Editorial Complutense, pp. 259-273.

SABATO, H. (1995), «Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires», en A. ANNINO, Historia de las elecciones en Iberoamérica, Buenos Aires, FCE, pp. 107-42.

SABBATUCCI, G. (2003), «Los sistemas electorales en la crisis de los regímenes liberales», en R. A. GUTIÉRREZ, R. ZURITA y R. CAMURRI, Elecciones y cultura política en España e Italia, Valencia, Universidad, pp. 177-178.

SÁNCHEZ, J., y MATEOS, M. Á. (1977), Elecciones y partidos en Albacete durante la II República, Albacete, Julián Gómez Avendaño.

SÁNCHEZ AGESTA, L. (1978), Historia del constitucionalismo español, Madrid, CEC.

SÁNCHEZ MONTOYA, F. (2004), Ceuta y el norte de África, Ceuta, Natívola.

SANCHO, J. A. (1989), Elecciones en la II República, Ciudad Real, Diputación Provincial.

SANFELICIANO, M. L. (1990), UGT de Vizcaya (1931-1936), Bilbao, UGT.

SANZ, J. (2006), De la resistencia a la reacción, Santander, Universidad.

SCAMMON, R. M. (1976), America at the polls, Nueva York, Arno.

SCHUMPETER, J. A. (1984), Capitalismo, socialismo y democracia, Barcelona, Folio, reed.

SECO, C. (2000), Historia del conservadurismo español, Madrid, IEE.

SEPÚLVEDA, R. M. (2003), Republicanos Tibios, Socialistas Beligerantes, Albacete, Diputación Provincial.

SEVILLA, D. (1969), Constituciones y otras leyes y proyectos políticos de España, vol. I, Madrid, Editora Nacional.

SIMON-RORIVE, M. (1977), Résultats des Élections Législatives en Wallonie de 1848 à 1893, Lovaina, Nauwelaerts.

SMITH, H. L. (1998), The British Women’s Suffrage Campaign, Londres, Longman.

SMITH, P. (1996), Feminism and the Third Republic, Oxford, Clarendon.

SPRUILL, M. J. (2002), «Race, Reform, and Reaction at the turn of the century», en J. H. BAKER (ed.), Votes for women, Oxford, OUP, pp. 102-116.

SUÁREZ BOSA, M. (1990), El movimiento obrero en las Canarias Orientales, Madrid, CECA.

SUÁREZ CORTINA, M. (1981), El fascismo en Asturias, Madrid, Julio Somoza.

TÁPIZ, J. M. (2001), El PNV durante la II República, Bilbao, Sabino Arana.

THOMAS, G. S. (1987), The Pursuit of the White House, Westport, Greenwood.

THORPE, A. (1991), The British General Election of 1931, Oxford, Clarendon.

TIERNO, E. (1972), Leyes políticas españolas fundamentales, Madrid, Tecnos, reed.

TOMÁS, J. (1964), «La campaña de la Derecha Regional Valenciana en las elecciones de 1933», Saitabi, 14 (63-110).

— (1968), El sistema político del Estatuto Real, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.

— (1977), «Las elecciones de 1844», Revista de Estudios Políticos, 211 (61-122).

— (1981), «El voto de desconfianza en la II República», Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furio Ceriol, 3 (1-10).

TOWNSON, N. (2002), La República que no pudo ser, Madrid, Taurus.

TUÑÓN, M. (1974), La España del siglo XIX , Barcelona, Laia.

TUSELL, J. (1969), Sociología electoral de Madrid (1903-1931), Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

— (1970a), La Segunda República en Madrid, Madrid, Tecnos.

— (1970b), «Para la sociología política de la España contemporánea», Hispania, 116 (571-631).

— (1971), Las elecciones del Frente Popular en España, 2 vols., Madrid, Edicusa.

— (1974), Historia de la Democracia Cristiana, 2 vols., Madrid, Cuadernos para el Diálogo.

— (1976), Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Barcelona, Planeta.

— (1982), Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición, Madrid, CIS.

— (1991), «El sufragio universal en España», en El sufragio universal, Madrid, Marcial Pons, pp. 13-62.

— (2001), «La crisis del liberalismo oligárquico en España», en E. ACTON e I. SAZ, La transición a la política de masas, Valencia, Universidad.

TUSELL, J., y CALVO, J. (1990), Giménez Fernández, Madrid, Mondadori.

TUSELL, J., y GARCÍA, G. (1977), «Introducción a la sociología electoral del País Vasco durante la Segunda República», Revista Española de Opinión Pública, 48 (7-25).

UGALDE, M. (1993), Mujeres y nacionalismo vasco, Bilbao, Universidad.

ULL, E. (1976), «El sufragio universal en España», Revista Estudios Políticos, 208-209 (105-195).

VARELA ORTEGA, J. (1997), «De los orígenes de la democracia en España», en S. FORNER, Democracia, elecciones y modernización en España, Madrid, Cátedra.

— (2001a), Los amigos políticos, Madrid, Marcial Pons, reed.

— (2001b), El poder de la influencia, Madrid, Marcial Pons. VEGA, E. (1980), El Trentisme a Catalunya, Barcelona, Curial.

— (1987), Anarquistas y Sindicalistas durante la Segunda República, Valencia, Alfons el Magnànim.

— (2004), Entre Revolució i Reforma. La CNT a Catalunya, Lérida, Pagès.

VELASCO, J. (1987), Elecciones generales en Málaga durante la II República, Málaga, BPM.

VILANOVA, M. (1986), Atlas electoral de Catalunya durant la Segona República, Barcelona. Jaime Bofill.

— (1989), «La elección legislativa del 19 de noviembre de 1933 en Cataluña y la tergiversación historiográfica del voto de la mujer», en VVAA, Haciendo historia, Madrid, Universidad Complutense, pp. 529-536.

VILAR, P. (2004), Historia de España, Barcelona, Crítica, reed.

VILLA, R. (2007), Las elecciones de 1933 en el País Vasco y Navarra, Madrid, Dykinson.

— (2008), De la modernización política de España: las elecciones nacionales de 1933, Tesis Doctoral de la Universidad Rey Juan Carlos.

— (2011), «La CNT frente a la República», Historia y política, 25 (177-205).

VILLALAÍN, P. (2000), Mujer y política, Madrid, Instituto de la Mujer.

VIRTO, J. J. (1989), «La UGT de Navarra», Príncipe de Viana, 187 (395-430).

WEATHERFORD, D. (1998), A History of the American Suffragist Movement, Santa Barbara, ABC-Clío.

WINSTON, C. (1989), La clase trabajadora y la derecha en España, Madrid, Cátedra.

YANINI, A. (1991), «La manipulación electoral en España», en J. TUSELL, El sufragio universal, Madrid, Marcial Pons, pp. 99-114.

ZINK-SAWYER, B. (2003), From preachers to suffragists, Louisville, WJKP.

ANEXO

Resultados electorales
de 1933

Primera vuelta

(En negrita, candidatos proclamados por las Juntas Provinciales del Censo)

Fuente: ACD, leg. 139. Para Madrid provincia, Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 25 de noviembre de 1933. Para Navarra, ACD, leg. 139, y Diario de Navarra y El Pensamiento Navarro, 25 de noviembre de 1933.

Nota: Indep.: Independiente.

Segunda vuelta

(En negrita, candidatos proclamados por las Juntas Provinciales del Censo)

Fuente: ACD, leg. 139.