La Segunda República continúa suscitando enorme interés en la política y la sociedad española. Sin embargo, las claves políticas del régimen republicano siguen siendo en gran medida desconocidas: ¿Qué concepción de la democracia proyectaron los fundadores de la República? ¿Por qué dio alas a quienes propiciaban una política de exclusión y marginó a los moderados? ¿En qué medida la polarización y la violencia políticas fueron consecuencia de determinadas leyes? ¿Cómo reaccionaron los conservadores y cómo contribuyeron a las lógicas de exclusión? ¿Qué efectos tuvo el acceso al voto de las mujeres? ¿Hubo una verdadera separación de poderes? ¿Qué papel jugaron las diferentes facciones políticas durante la República? El precio de la exclusión ofrece una interpretación global de la relación entre partidos, elecciones, movilización y violencia política durante esta época fundamental de la reciente historia de España.

Manuel Álvarez Tardío & Roberto Villa García

El precio de la exclusión

La política durante la Segunda República

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Titivillus 20.05.18

Título original: El precio de la exclusión

Manuel Álvarez Tardío & Roberto Villa García, 2010

Editor digital: Titivillus

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PRESENTACIÓN

La Segunda República española, proclamada el 14 de abril de 1931, es, por diferentes razones, uno de los momentos más estudiados de nuestra historia contemporánea. Su vida fue corta, pero fascinante a la vez que dramática. Sin esos cinco años apenas se entiende nada de lo ocurrido en las cinco décadas siguientes, desde la guerra civil hasta la transición a la democracia en los años setenta. Ha sido objeto predilecto de estudio de los historiadores, junto con la propia guerra. Tanto interés no es extraño; todo lo contrario. Es el resultado de un lógico afán por comprender las causas inmediatas de ese conflicto civil. Un conflicto largo y cruento que marcó durante décadas el destino de la libertad en España y la marginó del camino a la democracia recorrido por otros países europeos después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.

Cuenta una historia muy popularizada de la España contemporánea que, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siguiente, ésta no pudo incorporarse a la modernidad europea y al desarrollo económico con la misma fuerza y a la misma vez que sus vecinos del norte. Asegura, también, que varios procesos que resultaron ser un éxito en otros países, aquí terminaron en fracaso o no concluyeron con los resultados esperados, tales como la manida revolución industrial o la polémica revolución liberal. Mientras otros caminaban por la senda del éxito, a España le habría tocado la del fracaso, convirtiéndose en un país de segunda categoría en la Europa de las democracias y el capitalismo. La excepcionalidad española habría consistido en un alejamiento de los procesos ocurridos en otros países modernos. Ésta habría sido el resultado de varias circunstancias: la persistencia del antiguo régimen y la debilidad del Estado liberal en la España del XIX; la escasa legitimidad de las instituciones políticas y la consiguiente desconfianza hacia el poder de los ciudadanos, predispuestos así a la corrupción y a la evasión fiscal; la falsedad del régimen representativo, con unas elecciones fraudulentas y unos caciques que campaban a sus anchas por todo el país; la miopía de los grandes propietarios agrícolas; o el egoísmo, en general, de unas clases pudientes que lograron parasitar el Estado y forjar una oligarquía que, apoyada en el Ejército, sostuvo a la Corona para impedir que la libertad penetrara en todos los rincones de la vida pública.

Ciertamente, tanto en el mito del fracaso como en la literatura regeneracionista que tanto hizo por alimentarlo hay unos cuantos elementos de verdad. La economía española no logró entrar en un círculo virtuoso tan rentable como el de las economías del norte de Europa. Los obstáculos a que se enfrentaron los reformistas liberales del siglo XIX fueron amplios y a veces más resistentes que en otros países. La Monarquía no siempre dispuso de sus mejores titulares en los momentos de crisis. Las fuerzas de la revolución, derrotadas sin miramientos al norte de los Pirineos, supusieron un desafío constante para la estabilidad del Estado constitucional español. Los partidos de notables de la política liberal no encontraron un cauce de reforma adecuado para impulsar una transición gradual hacia un sistema de competencia democrática. Aunque se reconoció el sufragio universal masculino, la competencia en los distritos se abrió paso lentamente y no hubo suficientes incentivos exógenos para que esa situación evolucionara más rápidamente. Los servicios públicos fundamentales prestados por los Estados modernos, como la educación o los sistemas de previsión social, aunque empezaron a la par que en otros países, no contaron con una Hacienda reformada y preparada para afrontar la política de gasto del siglo XX.

Sin embargo, muchos de esos problemas no fueron particulares del caso hispano, ni siquiera sólo de los países mediterráneos, en los que se siguió una pauta de modernización económica diferente. El Estado español no era esa caricatura de institución corrompida y nada representativa que popularizó el discurso regeneracionista. Por su parte, la sociedad española no estaba irremediablemente predispuesta a la manipulación, el engaño y el atraso. Después de una traumática transición al parlamentarismo liberal y no pocos problemas derivados del exclusivismo, a partir de 1876 se consolidó un régimen constitucional que permitió varias décadas de paz, estabilidad y moderado desarrollo.

La situación empezó a complicarse durante la segunda década del siglo XX, a la par que una importante crisis de valores y otros desafíos de orden ideológico tenían lugar en la Europa de entreguerras. En ese momento se bloqueó en España la puerta que podría haber conducido a una democratización gradual del sistema, sin rupturas bruscas ni violencias. Y se cerró definitivamente en septiembre de 1923, cuando Alfonso XIII permitió que un general interrumpiera la normalidad constitucional y jugara a ser el cirujano de hierro de una nación supuestamente enferma. La dictadura de Primo de Rivera modificó por completo la política española, imposibilitando que la Monarquía actuara como institución moderadora en un proceso de democratización y devolviendo al campo republicano un protagonismo que no había sabido ganarse por méritos propios. El anhelo de libertad y progreso se fue haciendo cada vez más inseparable de la idea del cambio de régimen, aun cuando los republicanos seguían divididos y se mostraban incapaces de precisar el contenido de la futura democracia. Finalmente, en abril de 1931, la revolución republicana, prestigiada por el apoyo de antiguos monárquicos liberales, derribó la Monarquía e inauguró un tiempo nuevo. Había llegado el momento de hacer algo más que criticar o descalificar a las instituciones caídas. Desde la óptica de sus fundadores, era la oportunidad de romper con el maleficio de la anormalidad española y situar al país en el camino de la modernidad y el progreso.

Sin embargo, la gestión de quienes llegaron al poder en 1931 para cambiar esa historia negativa y conducir a España, ya sin rey, por la senda de la modernidad, no produjo los resultados esperados. Como es sabido, la difícil historia de la democracia en la España de entreguerras no fue una excepción dentro de una Europa pacífica, estable y próspera. Al contrario, tuvo lugar en pleno apogeo del fascismo italiano, los totalitarismos nazi y comunista y un sinfín de dictaduras autoritarias, con las democracias supervivientes en estado de extrema debilidad y en un contexto económico internacional nada favorable. Pero la quiebra de la democracia republicana y la guerra civil subsiguiente no fueron, sin más, resultado de lo que ocurría al otro lado de las fronteras. Tampoco fue el fruto de una irremediable corriente de la historia que condujera a los españoles al abismo, como pueblo condenado a padecer la ausencia de toda libertad. Al contrario, el abismo podría haberse evitado y la democracia podría haber funcionado. Los responsables de ese fracaso tuvieron nombres y apellidos, bien fueran personas, partidos, sindicatos, asociaciones patronales, instituciones religiosas… Nada ocurrió por casualidad, aunque el final podía haber sido diferente.

Lo sorprendente es que aquella República que llegó con la promesa de transformar radicalmente la política y la sociedad española en un sentido democrático, diera paso al período más siniestro de la historia contemporánea de España, primero, con una guerra civil que provocó medio millón de muertos y dejó al descubierto las peores consecuencias de los fanatismos ideológicos; y segundo, con una dictadura que trató a la sociedad española como un adolescente perpetuo, irresponsable e inmaduro, incapaz de vivir en libertad. Quien de verdad hizo cierto el mito del fracaso fue el régimen de Franco. La verdadera excepción —y el drama— de la historia contemporánea de España fue que tras haber sido protagonista de las revoluciones liberales, haber gozado de décadas de régimen representativo, aunque fuera en el marco de la política de notables, haber consolidado un Estado constitucional y haber experimentado una modernización similar a la de otros países de su entorno, tuviera que soportar durante cuatro décadas una dictadura. Ahora bien, no parece que ésta surgiera de las profundidades de la reacción para destruir una España que estuviera disfrutando de una democracia consolidada, es decir, donde predominara una cultura política liberal y la mayoría de los partidos asumieran los costes de la alternancia pacífica en el poder. El déficit de legitimidad de la democracia republicana, la fortaleza de las actitudes políticas contrarias al pluralismo, la presencia insoportable de una violencia política constante, el desafío permanente de un discurso de la revolución social, la renovada fortaleza de un conservadurismo tradicionalista y autoritario, la debilidad de los liderazgos concretos…, todos esos factores estuvieron en la base de los problemas que impidieron la construcción y consolidación de una democracia pluralista en la España de los años treinta.

Aunque sus fundadores explicaran la llegada de la República como la inauguración de un tiempo nuevo y una revolución política más profunda que el simple cambio de la forma de gobierno, España y los españoles no nacieron de nuevo aquel 14 de abril. Sus creencias, sus ideas, sus hábitos de comportamiento político, sus virtudes y sus vicios en su relación con el poder, sus costumbres, sus gustos, sus preocupaciones laborales, sus economías domésticas… no iban a transmutarse sólo porque el titular de la Corona se hubiera exiliado y los nuevos gobernantes anunciaran la llegada de una nueva era, ni siquiera porque el sistema de partidos fuera puesto patas arriba. Desde luego que casi todos los integrantes de la coalición fundadora de la República creyeron que estaban asistiendo a una revolución, aunque sin violencia. La inauguración de las Cortes Constituyentes en julio de 1931 estuvo rodeada de no poco simbolismo milenarista, una vez derrotado el eterno mal encarnado por la Monarquía y los antiestados. No es una casualidad que se eligiera para ese acto el 14 de julio, día en que se conmemoraba el aniversario de la toma de la Bastilla. Sin embargo, pronto empezó a evidenciarse que el voluntarismo político y la ideología no eran suficientes para hacer frente con éxito a los desafíos de una democratización profunda y pacífica de la sociedad española de entreguerras. No pasó mucho tiempo antes de que se comprobara que no bastaba con apelar a la democracia para que ésta fuera realidad. La participación masiva de los españoles en las urnas, incluidas las mujeres, se hizo realidad, pero siendo condición necesaria para la democracia, no fue suficiente. Era necesario buscar un sustituto a los mecanismos que habían garantizado la estabilidad constitucional durante la Monarquía. Esto no parecía preocupar demasiado a republicanos y socialistas, con la excepción de la derecha republicana y, en parte, de los lerrouxistas y algunas personalidades de la izquierda republicana. Pero era un factor capital si se quería impedir que la democracia fuera simplemente un plebiscito dirigido desde arriba para ratificar un proceso revolucionario permanentemente abierto. La llegada de la competencia democrática exigía de un marco institucional sobre el que descansar, y ese marco debía gozar de gran estabilidad y lealtad por parte de los que luego se dispusieran a competir en las urnas. La irrupción de la política de masas, con los grandes mítines, las campañas electorales tensas y reñidas y la posibilidad siempre abierta de la alternancia, introducía un factor de riesgo muy elevado en la vida política. Era necesario que la competición democrática se canalizara en un marco institucional que la mayor parte de los candidatos respetaran. De lo contrario, la política de masas podía ser simplemente sinónimo de inestabilidad. De poco serviría la participación popular y la movilización de los electores si el día después de las votaciones los perdedores no aceptaban su derrota y cuestionaban la legitimidad del adversario para formar gobierno.

Una cosa era predicar con un alto grado de demagogia y populismo sobre los males de la patria y la corrupción del Estado, y otra bien distinta ponerse manos a la obra para edificar desde la nada, una vez derribado el edificio de la Monarquía, un sistema democrático. Había, además, dos barreras muy firmes para la estabilización de una República que fuera la democracia de todos. De la primera eran plenamente responsables los republicanos, viejos y nuevos. La tradición ideológica que alimentaba su discurso y su cultura política concebía la República no sólo como otra forma de gobierno alternativa a la Monarquía, en la que cupieran todos los españoles, sino como un programa para la revolución política y cultural. De esa tradición se deducía que en el nuevo régimen sólo habría sitio para quienes aceptaran las principales premisas de ese programa. Los demás, como dirían ilustres miembros de la izquierda republicana, deberían conformarse con el papel de sometidos. La otra barrera venía dada por la fuerza de las ideologías que no estimaban positivo un sistema político en el que se reconociera y amparara el pluralismo político y de valores. Primero, buena parte de los socialistas, que pese a sus intereses corporativos, su tradición sindical y su relativo pragmatismo, terminaron colocando la revolución por encima de la democracia. Segundo, un sector importante de las derechas, que interpretaron la caída de la Monarquía constitucional como la demostración del fracaso de la España liberal y se empeñaron en defender un régimen corporativo, de componentes tradicionalistas y resabios autoritarios. Y tercero, los grupos que presumían de una cultura política radicalmente contraria a la democracia pluralista y en la que se justificaba el uso de la violencia para la construcción de un nuevo tipo de sociedad, especialmente carlistas, falangistas, anarquistas y comunistas.

Dando crédito al discurso del fracaso de la revolución liberal y la modernización de España, los republicanos y sus aliados socialistas contribuyeron al mito de la República como un régimen de salvación nacional que haría posible un tiempo nuevo. Así, la democracia republicana nació acompañada de un discurso político hegemónico que identificaba las instituciones constitucionales con ese voluntarismo. Todo el que no admitiera la oportunidad de ese cambio debía quedar marginado. A las elecciones parecía reservárseles el papel de elementos decorativos de una fiesta republicana más amplia. La participación popular sólo cabía en este nuevo escenario si servía para ratificar el camino emprendido por la revolución republicana, es decir, si confirmaba a sus fundadores en el poder y hacía posible la revolución en sus diferentes facetas. Por eso la izquierda republicana y los socialistas idearon un sistema electoral mayoritario en el que vieron un buen instrumento para obtener siempre amplias victorias y marginar a sus adversarios conservadores, que a su juicio no serían capaces de superar su desunión y apatía. Por eso, también, impidieron que se aprobara una Constitución que incluyera alguna forma de transacción con los católicos y su Iglesia, convencidos de que la Carta Magna debía reflejar los contenidos mínimos de su programa político, sin renuncias importantes. Por eso, además, aprobaron una Ley de Defensa de la República que dejaba entre paréntesis derechos políticos fundamentales pero que se justificaba, a decir de sus promotores, para proteger el régimen de sus enemigos tanto de la derecha como de la extrema izquierda. Para ellos, la alternancia, incluso si se derivaba de las urnas, sólo podía producirse entre quienes compartieran este mínimo programático que debía reflejar la Constitución. Ésta era una cuestión irrenunciable, planteada en el terreno de los principios y claramente relacionada con la misión que se atribuía al nuevo régimen.

Resultó fundamental para el futuro de la democracia republicana que la mayoría de los constituyentes consideraran como virtuosa una actitud contraria a la inclusión de los que pensaban diferente. Estaban seguros, y así lo repetían una y otra vez en sus pronunciamientos públicos, que la política del pacto había sido responsable de la traición del liberalismo histórico a manos de los poderes oligárquicos que habían parasitado la Monarquía. Dentro de la cultura política de los distintos grupos de las izquierdas españolas de los años treinta, el pacto era sinónimo de claudicación. Por eso concibieron un marco institucional que llevaba implícita la exclusión de los adversarios, a diestra y siniestra, si éstos no aceptaban las premisas de la revolución republicana, es decir, de una democracia que hiciera suyos los contenidos que ellos consideraban irrenunciables. Es cierto que buena parte de esos adversarios no querían ni oír hablar de una República democrática y pluralista, en la que se alternaran partidos y programas. Es decir, que eran verdaderos enemigos de la libertad, como en el caso de los anarquistas, los comunistas, los carlistas, los monárquicos autoritarios y los incipientes fascistas. Pero no es menos cierto que esa postura fiel al principio de la intransigencia, enemiga de «veleidades girondinas», como diría el republicano Álvaro de Albornoz, dificultó la integración en el sistema de aquellos que adoptaron una posición flexible, pragmática y posibilista ante la revolución republicana, si bien la democracia sólo les parecía un mal menor o un medio para otro fin.

La cultura política de la intransigencia pudo servir para proteger inicialmente a la República de sus enemigos, obligando a la izquierda republicana y a los socialistas a permanecer unidos y a remar en una misma dirección. Sin embargo, a medio plazo condujo a un callejón con difícil salida. Dos años después de aprobada la Constitución, en las elecciones generales de 1933 se pudo comprobar que quienes competían por los votos no compartían un acuerdo de mínimos que les permitiera alternarse en el poder sin poner patas arriba toda la estructura constitucional de la República. Y poco después el único partido republicano de centro, el Radical de Lerroux, tenía que gobernar con el apoyo de quienes no podían aceptar que la Constitución de 1931 reflejara el programa de las izquierdas, es decir, la coalición de las derechas posibilistas dirigida por José María Gil Robles. Para colmo, los socialistas y la izquierda republicana catalana estaban concluyendo de esa situación que «su» democracia podía estar en peligro, ante lo cual empezaron a considerar justificado el uso de cualquier medio, incluida la violencia, para defenderla.

El déficit de legitimidad con que nació la Constitución de 1931 —recuérdese que el futuro presidente de la República fue el primero en enarbolar la bandera revisionista— y el hecho de que sus creadores identificaran la democracia con una política de salud pública que exigía la exclusión de sus adversarios, considerados como enemigos, no significa que la República estuviera condenada a la quiebra, y mucho menos a desembocar en una guerra civil. Sin embargo, el bloqueo a que se llegó después de las elecciones de febrero 1936 no podía extrañar a quienes se hubieran dado cuenta en los años anteriores de que había serios obstáculos para la alternancia pacífica en el poder. Durante el primero bienio, el golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932 y las diferentes conspiraciones monárquicas habían puesto de manifiesto la inclinación al autoritarismo y a la violencia de un importante sector de las derechas, las mismas que no aceptaron de ninguna forma que la CEDA pudiera llegar a desarrollar una política posibilista y, por tanto, contribuyera a consolidar la democracia republicana, aun cuando eso exigiera algunos cambios en la Constitución. Ya en el segundo bienio, la violencia que utilizaron las izquierdas en octubre de 1934 tras la entrada de la CEDA en el gobierno, unida a la negativa de los dirigentes de la izquierda republicana a condenar dicha insurrección, también había sido una señal muy clara de que la alternancia dentro de la democracia republicana iba a resultar harto complicada.

¿Cómo se frustraron tan rápida y fácilmente las expectativas que generó el cambio de régimen en la primavera de 1931? ¿A qué se debió la corta vida de la República y la elevada polarización que caracterizó el debate político desde el momento en que las elecciones de 1933 demostraron que la mitad de los españoles deseaban, como mínimo, la reforma de la Constitución? ¿Por qué la sociedad española no superó la prueba de la alternancia democrática? ¿Cómo influyó el diseño institucional y el régimen electoral? ¿Por qué fue tan débil la voluntad de consolidar un sistema democrático que admitiera el pluralismo ideológico y la legitimidad del adversario? La respuesta a estos y otros tantos interrogantes ha ocupado durante varias décadas a decenas de historiadores. No nos faltan estudios de conjunto y hay disponibles investigaciones indispensables sobre muchos de los aspectos más importantes, como la cuestión religiosa, la reforma agraria, la evolución de la economía, los principales partidos políticos y sus dirigentes, las elecciones, la política educativa, la cuestión autonómica, los sindicatos, la patronal, la dimensión local del conflicto, etc. Pero no creemos que sea errado apuntar que no han predominado los análisis que consideraban la vida política como un objeto de estudio autónomo, no determinado, aunque sí condicionado, por estructuras económicas, sociales y culturales.

Hace mucho tiempo que algunas investigaciones pusieron de manifiesto la importancia del funcionamiento interno y autónomo de las instituciones políticas para la explicación de la quiebra del régimen republicano, especialmente las de Juan José Linz, Santiago Varela, Santos Juliá y Javier Tusell. Pudo haber, y hubo de hecho, importantes antagonismos o conflictos sociales y económicos que deben ser tenidos en cuenta. Pero fue en los centros de decisión política, en el comportamiento de sus actores, en sus valores y en la manera en que la Constitución fijó las reglas de juego en donde residen algunas claves indispensables para entender la complejidad que presidió la quiebra política de la República, una quiebra que no predeterminó su trágico final —resultado de un golpe de Estado frustrado— pero que sí dificultó en extremo su posible recuperación. Las circunstancias económicas o sociales no variaron de la noche a la mañana como resultado del cambio de régimen, pero sí lo hicieron los discursos políticos y las actitudes de los nuevos protagonistas de la vida política. El problema estructural del campo español estaba presente desde mucho tiempo atrás, al igual que el desempleo fluctuaba en las ciudades, especialmente en el caso de la construcción, y planteaba importantes desafíos a las autoridades. Sin embargo, ni la cuestión de los jornaleros ni la del paro urbano hacían por sí mismas que la competencia democrática pacífica fuera imposible en España. La mera existencia de esos dos factores, como de tantos otros relacionados con el mercado, la cuestión social, el atraso cultural o la estructura del Estado, no determinaba la forma y el fondo de las ideologías que competían por lograr el mayor número de fieles. Lo que sin duda resultó decisivo fue la actitud que tomaron los partidos y los líderes políticos frente a esos problemas y el modo en que procedieron a socializar a sus clientelas. La cultura política sobre la que diseñaron su estrategia de competencia era tanto o más importante que las condiciones sociales que rodearon la actividad política. El paro no obligaba a adoptar a las izquierdas un discurso favorable a la revolución; de la misma manera que su ausencia no impedía que ese discurso fuera moneda común en determinados sectores de la población ocupada. En definitiva, para que las condiciones sociales y económicas se tradujeran en una cultura política contraria al pluralismo democrático, favorable a la exclusión del adversario y, en muchos casos, proclive a la violencia, eran necesarias determinadas actitudes y decisiones, cuyos responsables tenían nombres y apellidos, en las izquierdas y en las derechas. Todo eso ocurrió, además, dentro de un marco institucional que condicionó considerablemente la libertad de acción de los partidos y sus líderes. Cultura política, marco institucional y liderazgo fueron, por tanto, tres factores esenciales. Este libro se ocupa de ellos, analizando diferentes aspectos de la vida política de la Segunda República que resultan capitales para comprender las dificultades que encontró el primer experimento de democracia de masas en la España del siglo XX. Y lo hace de forma desapasionada, buscando esa distancia necesaria con los hechos que nos permite comprender el contexto y conocer los argumentos de los protagonistas, sin por ello quedar atrapados en sus tensiones o, como tantas veces ocurre, seducidos por sus argumentos. Como escribiera Barbara Tuchman, si «el historiador se somete a su propio material en lugar de intentar imponérsele, el material acabará hablándole y proporcionándole las respuestas[1]». Ése ha sido nuestro objetivo.

1. LA EXCLUSIÓN DE LOS MODERADOS

Cuando se constituyeron las terceras Cortes de la Segunda República, tras las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936, había en la cámara dos grandes grupos republicanos: la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio y la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. El nuevo régimen estaba a punto de cumplir cinco años de vida. Sólo cinco, pero el mapa de los partidos republicanos se había vuelto irreconocible si se compara con los tiempos en que, allá por 1930, unos y otros se afanaban en preparar la huelga revolucionaria y el pronunciamiento militar que acabara con la Monarquía de Alfonso XIII. En todo ese tiempo los grupos republicanos de centro-derecha habían perdido la batalla por el control de las instituciones y la integración de los conservadores católicos parecía ya imposible.

El principal partido republicano de las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931, el Radical, se había dividido en 1934, separándose de su disciplina un pequeño sector liderado por Martínez Barrio. Sometido luego a una fuerte tensión interna tras varios episodios de corrupción conocidos en el otoño de 1935, el viejo partido de Alejandro Lerroux, el Emperador del Paralelo, quedó en estado de coma tras las elecciones de febrero del 36, por debajo de los diez escaños. El segundo grupo republicano por número de actas en las Constituyentes, el primero en el ámbito de la izquierda, los radical-socialistas de Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, Félix Gordón Ordás, Eduardo Ortega y Gasset o Victoria Kent, había tenido una vida todavía más efímera, dividiéndose en el verano de 1933 y experimentando un estrepitoso fracaso electoral a finales de ese mismo año.

En cuanto al pequeño partido de Acción Republicana, el que lideraba pero apenas dirigía Manuel Azaña, también había sido humillado en los comicios de noviembre de 1933. La derrota había sido contundente, especialmente en Madrid, donde Azaña había quedado miles de votos por detrás de socialistas o conservadores. De este modo, la izquierda republicana apenas había sobrevivido dos años tras aprobar una Constitución que era hechura de sus ideas; y eso, además, habiendo controlado en aquel tiempo el gobierno de la nación. El siempre celebrado bienio «reformista» se había vuelto contra ellos. Huérfanos del apoyo de los socialistas, que estaban cada vez más radicalizados tras haber tenido que abandonar el gobierno en septiembre de 1933, los integrantes de la izquierda republicana fueron incapaces de comprender que sus políticas y su coalición con el PSOE entre 1931 y 1933 habían animado una intensa movilización de centro y centro-derecha. Se habían empeñado en levantar una República a su imagen y semejanza. Seguros de sí mismos y convencidos de contar con un gran respaldo popular, el mismo que había tumbado la Monarquía sin violencia, en la izquierda republicana no se había querido ni oír hablar de políticas de conciliación, de formas de atraer a los antiguos monárquicos al sistema o de acuerdos con los católicos y su Iglesia. La intransigencia era un valor de peso para políticos como Azaña o Albornoz; los dos dejaron buena muestra de ello en los debates parlamentarios y en sus políticas al frente de ministerios tan importantes como el de Guerra o el de Justicia. Pero las urnas los devolvieron a la realidad. La consulta celebrada entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 1933 arrojó sobre ellos un jarro de agua fría. Se escudaron en todo tipo de excusas, que luego muchos historiadores han reproducido sin demasiada discusión, para disculpar su derrota: el voto de la mujer controlado por la Iglesia, la abstención promovida por los anarquistas o la decisión de los socialistas de no concurrir a los comicios en candidaturas conjuntas con la izquierda republicana. Pero no hicieron lo que en verdad era fundamental: no se interrogaron por las causas profundas de aquella movilización conservadora que desmontó de la noche a la mañana el mito de una nación republicana progresista. No lo hicieron porque para ellos era inconcebible que el electorado les diera la espalda, salvo como resultado del caciquismo o de la violencia. La hipótesis del fracaso de sus políticas sociales, educativas y religiosas no podía ser objeto de análisis; al contrario, concluyeron que no habían sido suficientemente contundentes y rápidos en el desarrollo de la revolución política y cultural. Ni una sola palabra entre la izquierda republicana se dedicó a plantear la posibilidad de que hubieran fallado por no haberse esforzado en integrar a sectores conservadores en el nuevo régimen. Castigados con contundencia en las urnas, tanto radical-socialistas como azañistas tuvieron que reestructurarse y fusionarse; así nacieron las nuevas agrupaciones de Izquierda Republicana y Unión Republicana que en 1936 acordarían el pacto del Frente Popular con socialistas y comunistas.

A la par que la izquierda republicana pagaba un alto precio por sus políticas de exclusión, el centro-derecha republicano, representado por el Partido Radical de Lerroux, se disponía a centrar la República tras cosechar unos buenos resultados electorales en las generales de 1933. Quería hacerlo mediante una nueva forma de aplicar la Constitución y una política de concesiones a la derecha católica posibilista integrada en la CEDA, el grupo que lideraba José María Gil Robles, que había logrado casi el veinticinco por ciento de los escaños. Los socialistas y la izquierda republicana entendieron que la victoria conservadora en las urnas era una amenaza para la República y empezaron a obrar en consecuencia. Los primeros lanzándose a preparar la revolución violenta y los segundos negando su apoyo a la colaboración republicano-conservadora y solicitando al presidente de la República que no consintiera la entrada de ministros cedistas en el gobierno. Durante varios meses la República, lejos de estar en peligro, como tantas veces se ha dicho, tuvo una oportunidad de haber emprendido un camino que permitiera reformar la Constitución para hacerla más incluyente. Los socialistas y la izquierda republicana catalana no lo entendieron así y respondieron con las armas a la entrada de la derecha católica en el gobierno a comienzos de octubre de 1934. «Ya está consumada la felonía», sentenció el órgano de prensa de la Esquerra catalana. La República había caído en «manos de sus enemigos». Y como había advertido Azaña meses atrás, eso significaba un punto y final a «nuestra solidaridad republicana», a «nuestro respeto» y a «nuestra adhesión a la institución[2]».

Los insurrectos fracasaron, pero el hecho de que la izquierda republicana no condenara sin ambages ese comportamiento y se negara a admitir que la República pudiera ser gobernada por quienes no compartían la política de las izquierdas, dificultó un acercamiento entre los moderados para fortalecer al régimen frente a la derecha autoritaria y la izquierda revolucionaria.

El único partido fuerte en el centro republicano, los radicales de Lerroux, fueron víctimas de una creciente polarización tras la revolución de octubre de 1934. Quedaron atrapados entre dos fuegos: de un lado, una derecha posibilista a la que no se dejó gobernar y que desconfiaba de una República en la que los católicos eran ciudadanos de segunda categoría; de otro, una izquierda socialista cada vez más radicalizada, empeñada en mantener abierta la puerta de la violencia como respuesta a sus fracasos electorales. A finales de 1935, poco antes de que el presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, tomara la decisión de disolver el parlamento y convocar elecciones, el centro-derecha republicano estaba en fase terminal. En ese momento, la izquierda republicana, lejos de moderar su discurso y exigir a los socialistas que se comprometieran con la democracia y renunciaran a la violencia, se había rearmado. Pero lo había hecho, por desgracia para la consolidación de la democracia, abandonando el centro y defendiendo el legado de sus políticas del primer bienio sin asomo alguno de autocrítica.

En cuanto a los grupos de la derecha republicana, la inestabilidad y discontinuidad no fueron menores en esos cinco años. El primer partido formado por Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, la Derecha Liberal Republicana, con el que se habían comprometido inicialmente Joaquín Chapaprieta, Carlos Blanco, Federico Fernández Castillejo o Juan Castrillo Santos, se escindió al poco de echar a andar el régimen y fue aislado por sus socios revolucionarios en las elecciones constituyentes de junio de 1931. Se evitó así la formación de un grupo parlamentario conservador que pudiera impedir la elaboración de una Constitución de izquierdas. Años después, en la primavera de 1936, apenas quedaban una decena de diputados de esa significación republicano-conservadora. Habían sido barridos por la imponente movilización lograda por la derecha católica no republicana. Cercanos a ellos, en una posición no extrema, estaban también los antiguos reformistas del asturiano Melquíades Álvarez. Este sector, formado por republicanos que en los últimos años de la Monarquía se habían vuelto accidentalistas y conocidos bajo la República como liberal-demócratas, tampoco habían tenido una buena trayectoria. El vendaval de las elecciones de 1936 certificó su irrelevancia.

Por lo tanto, en apenas cinco años de democracia republicana, lo único que parecía haberse clarificado en el sistema de partidos era la presencia de dos grandes grupos en la derecha y en la izquierda del sistema: el Partido Socialista y la Confederación Española de Derechas Autónomas o CEDA. Los dos habían hecho méritos para ser los más fuertes, aunque la normativa electoral mayoritaria, que favorecía las grandes coaliciones, también tuvo algo que ver en eso. Ambos habían tenido buenos resultados en 1933 —aunque con desigual fortuna en el reparto de escaños— y ambos consolidarían o mejorarían su fortaleza electoral en 1936. Pero ninguno era un partido netamente republicano, por lo que no era lógico esperar que fueran ellos quienes impulsaran un gran acuerdo entre los moderados para estabilizar el régimen. Mientras el PSOE se había mostrado claramente desleal con la democracia desde finales de 1933, negándose a aceptar su derrota electoral —prácticamente sólo Julián Beaterio o Andrés Saborit sostuvieron un criterio diferente—, la CEDA había mantenido una ambigüedad doctrinal y un accidentalismo que dificultaban su compromiso con la República y animaban a sus enemigos a verla como un grupo antirrepublicano. Como explicara Juan José Linz, uno de los más finos analistas que ha tenido la quiebra de la democracia en entreguerras, ambos partidos, y particularmente el PSOE después de 1933, «estaban divididos internamente entre aquellos que deseaban trabajar legalmente para la reforma del sistema, y los maximalistas que no creían que el sistema mereciera su lealtad y eran partidarios de colaborar con la oposición desleal». Estaban, por tanto, atrapados en una ambivalencia que llegaría a ser mortal para la CEDA, en la medida en que sus enemigos se excusaron en ella para impedirle formar gobierno a finales de 1935. Y esa ambigüedad impidió, entre otras cosas, que pudiera demostrar si en verdad estaba dispuesta a llegar a un entendimiento con el centro-derecha republicano para reformar la Constitución y hacer viable otro tipo de República menos escorado a la izquierda[3].

Al lado de estos dos grandes partidos, el centro-izquierda y el centro-derecha republicanos no lograron organizar grupos fuertes y candidaturas electorales sólidas que no dependieran de los extremos. A decir verdad, un quinquenio de competencia democrática había sido poco tiempo para poner en marcha una clarificación del mapa de partidos republicanos, con el asombroso y catastrófico derrumbamiento del centro, los radicales, a comienzos de 1936. Tampoco el sistema electoral les había beneficiado, aunque lo habían diseñado ellos mismos —léase las izquierdas— y con no pocas esperanzas de que les ayudara a perpetuarse en el poder. Ideadas para facilitar la victoria de una coalición republicano-socialista en 1933, las normas electorales castigaban fuertemente a los partidos medianos que no lograran presentarse en una candidatura más amplia[4].

Todo eso no hizo sino demostrar que los republicanos no habían sido capaces de organizar partidos nacionales fuertes, preparados para competir y movilizar al electorado sin pagar el precio que imponía la colaboración con la izquierda revolucionaria o la derecha no republicana. Quienes se habían hartado de repetir que la República acabaría con el caciquismo y traería la democracia y la modernización de las costumbres políticas de los españoles, ni siquiera consiguieron superar sus propios vicios, tales como la división interna, la profunda desconfianza entre sus líderes o la incapacidad para organizar partidos de masas. A decir verdad, la fabulosa movilización republicana que acabó con la Monarquía de Alfonso XIII no había sido tal. La unidad de acción de los republicanos lograda en 1930, la misma a la que se suele atribuir la movilización del electorado contra la Corona, había sido frágil y meramente táctica. No hubo un debate medianamente serio sobre el futuro modelo de democracia republicana. Por eso, entre otras razones, una vez materializado el sueño de la República y llegada la hora de competir en las urnas, las dificultades para delimitar y consolidar dos centros republicanos fuertes, que pivotaran sobre un mismo concepto de democracia en torno al que diseñar la nueva Constitución, fueron casi insuperables. Pero sin ellos difícilmente se podía cimentar y asegurar la estabilidad del nuevo régimen, siendo entonces un tiempo en el que la democracia tenía que hacerse sitio a codazos entre quienes preferían la revolución social y quienes sólo confiaban ya en la contrarrevolución. Se ha idealizado demasiado la unidad republicana anterior a la caída de la Monarquía. Sin embargo, es más cierto lo contrario. Como vamos a explicar, la debilidad de la estrategia de los centros republicanos y la intransigencia que caracterizó a la izquierda republicana e impidió la elaboración de una Constitución integradora venían de lejos.

Cómo traer a nuestro lado gente nueva

Los últimos años de la Monarquía constitucional no habían sido especialmente fructíferos para el republicanismo español. En el sector más importante, el ocupado por los Radicales, Lerroux había protagonizado una evolución imprecisa hacia posiciones más conservadoras, pero ni con ésas había logrado que su grupo se implantara como un gran partido republicano nacional. En Valencia, los blasquistas habían obtenido grandes triunfos en el ámbito local, controlando importantes ayuntamientos y montando una importante estructura de partido; pero habían quedado paralizados por las limitaciones de su estrategia, esperando que mientras hacían «la revolución de Valencia» llegara la revolución a toda España[5]. En cuanto a los reformistas de Melquíades Álvarez, el accidentalismo que propugnaban habían sido inicialmente atractivo para un importante núcleo de los intelectuales, pero no les había dado muy buenos resultados. Así, en plena crisis de la Restauración, ni los republicanos ni los reformistas habían logrado impulsar una movilización con la que disputar el poder a los partidos del sistema y contribuir a que la competencia fuera haciendo de las elecciones el árbitro de la política española. En realidad, su fracaso no había sido tanto el resultado del caciquismo como de su propia ineptitud.

A partir de septiembre de 1923, durante los primeros años de la dictadura de Miguel Primo de Rivera la situación del republicanismo, lejos de clarificarse, se había oscurecido. Influyó en esto la relativa tranquilidad con que la sociedad española parecía haber aceptado el pronunciamiento militar y la curiosa colaboración que una parte del mundo obrero, el de los socialistas, iba a proporcionar a la dictadura para que impusiera un nuevo modelo de corporativismo en las relaciones laborales y acabara con la influencia del anarquismo. Hubo que esperar al ecuador de la dictadura, momento en el que surgieron señales de agotamiento en las expectativas levantadas por el cirujano de hierro y su capacidad regeneradora, para que algo empezara a moverse dentro de las filas republicanas. El 11 de febrero de 1926, cumplidos ya más de cincuenta años de la única experiencia republicana en la España contemporánea, la de 1873, los diferentes grupos que competían por representar a la opinión republicana lograron un acuerdo de mínimos. Se formó entonces la Alianza Republicana. No era un nuevo partido y no iba a resolver el problema de la división histórica del campo republicano, pero al menos indicaba una cierta voluntad de unir las pocas fuerzas disponibles. El manifiesto fundacional de la Alianza lo firmaron los principales representantes del republicanismo: por los más antiguos estaba Alejandro Lerroux de los Radicales; por los más jóvenes aparecía Manuel Azaña y el Grupo de Acción Republicana; les acompañaban Marcelino Domingo por el Partido Republicano Catalán, Hilario Ayuso, por los Federales, Roberto Castrovido, personaje representativo de la prensa republicana, y otros tantos nombres de catedráticos, escritores y políticos, entre los que destacaban Vicente Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas, Luis Bello, Luis Jiménez de Asúa, José Nakens, Juan Negrín, Ramón Pérez de Ayala, Eduardo Ortega y Gasset, Miguel Unamuno…

A pesar de la buena voluntad de los firmantes y del empeño puesto en lograr la unidad de acción contra la dictadura, ni los republicanos parecían contar con la fuerza de que presumían en el manifiesto ni su aproximación pasaba de ser puramente táctica. No tardaron en brotar importantes contradicciones entre el contenido de ese texto y la actuación de los diferentes sectores de la Alianza. Esas contradicciones revelan algo más que una simple divergencia en los procedimientos. Ponen de manifiesto algo que ha pasado muy desapercibido entre los historiadores, esto es, una significativa división ideológica que habría de estar en la base, años después, de la diferente manera en que unos y otros pensarían la democracia republicana. No es un aspecto de importancia menor, sino todo lo contrario: es esa división la que nos va a ayudar a desentrañar las causas que impidieron la conciliación entre los moderados en los primeros compases de la República y pusieron en manos de las izquierdas el diseño de las nuevas reglas del juego.

El manifiesto fundacional de la Alianza sorprende por lo que tiene de transaccional en un discurso como el republicano, siempre impregnado de un regeneracionismo inmisericorde para con la experiencia liberal española. Hay en él una renuncia expresa a aspectos claves del programa máximo del republicanismo. De hecho, no se dice nada de la futura relación entre la Iglesia y el Estado, omisión que en ningún caso era fortuita. Hay, además, un empeño evidente en atraer hacia el ideal republicano a lo que se considera como una opinión de clases medias hastiadas con la dictadura. La exigencia primera y central es la convocatoria de unas Cortes constituyentes. Aunque acompañada de otras demandas sobre la organización «federativa» del Estado, la construcción de escuelas públicas o la reforma de la propiedad agraria, los firmantes declaran ser conscientes de los límites «que la realidad nos impone». En una decidida apuesta por el gradualismo, aseguran que no desean prometer más de lo que puedan realizar y que se contentarán con realizar «lo que, dado el espíritu público, consideremos posible». Pues hoy, advierten, todavía puede entenderse que una acción «más fundamentalmente revolucionaria será aquella que más claramente señale y garantice dónde puede detenerse». Gradualismo, por tanto, y empeño en desligar la nueva ilusión republicana de los vicios pasados: «No venimos a perturbar el país», añaden. «No somos promotores del desorden, sino sacerdotes del orden, de un orden que se estatuye en la ley y no en la fuerza; en la colaboración de todos y no en el dominio de unos sobre otros; de un orden que, siendo garantía de todos los intereses legítimos, consienta a éstos desenvolverse confiadamente[6]».

Con esas palabras presentes, resulta sorprendente, sin embargo, la facilidad con que algunos promotores de la Alianza se lanzaron de inmediato a lo que seguían considerando como la mejor vía para terminar con la dictadura: el uso de la violencia. ¿No habían concluido que el nuevo republicanismo no llegaba para promover el desorden? Para ellos, sin embargo, la idea de cambiar el rumbo de la política española con el concurso de los militares no era incompatible con el manifiesto. Había una larga tradición en el progresismo español, heredada por los republicanos, que concebía la llegada de la democracia como resultado de la acción conjunta del Ejército y el pueblo. Así, de todas las conspiraciones de aquellos años casi ninguna se realizó sin que faltara una representación republicana, por pequeña que fuera. Y el primero de todos, Lerroux, quien, sin embargo, podía sentirse satisfecho con el gradualismo y la madurez que dejaba entrever el manifiesto citado. Por el momento, el antiguo Emperador del Paralelo no veía incoherencia alguna entre lo dicho en el texto y las negociaciones destinadas a apoyar un golpe de fuerza encabezado por monárquicos y militares deseosos de derribar al dictador.

El gubernamentalismo del manifiesto recuerda al prodigado por el centro republicano francés tras la experiencia de la Comuna de París en 1871, una opción que había sido clave para lograr la llamada convergencia de centros entre aquéllos y los monárquicos orleanistas, convergencia que permitió salir adelante a la III República francesa[7]. Como en el país vecino, también en el caso español una cierta autocrítica con relación a la tradición republicana, parecía estar cobrando forma. El texto hecho público en 1926 reflejaba el resultado de una tímida revisión del pasado propio. Es verdad que no renegaba de la tradición progresista, al dejar abierta la posibilidad de luchar por procedimientos no pacíficos a favor de la República, pero se afirmaba con rotundidad que republicanismo no era igual a desorden y que no se trataba de imponer un modelo de Estado que impidiera la expresión política de «intereses legítimos», lo cual podía ser entendido como una rectificación histórica importante. El camino así emprendido lo era hacia un republicanismo más gubernamental que revolucionario, que se había propuesto, como quedaba reflejado en el texto, atraer al campo republicano tanto a sectores de la izquierda obrera como a buena parte de la derecha opuesta a la dictadura. El afán en mantener una visión del cambio como algo gradual y sujeto a las posibilidades de la realidad, apuntaba en un mismo sentido.

Sin embargo, pronto habría de comprobarse que ese fondo posibilista y gubernamental del manifiesto no era algo compartido por todos los firmantes. Pese a su compromiso con la actividad conspirativa, era Lerroux el que parecía más decidido a imponer esa senda. Frente a él pronto habrían de empezar a manifestar su plena disconformidad los futuros fundadores del Partido Republicano Radical-Socialista, nacido a finales de 1929. A decir verdad, tras la representación de la unidad se escondían divergencias que el tiempo no habría de mitigar, sino todo lo contrario. Se estaban perfilando dos posiciones que iban a terminar enfrentadas en el bienio 1931-32 y que anticipaban una división básica para la estabilidad de la futura República.

Lerroux, como hemos recordado más arriba, había empezado a recorrer un camino que le conducía a posturas más moderadas y relativamente escépticas acerca de la profundidad del cambio revolucionario que debería suponer el ideal republicano[8]. Esa estrategia no varió tras el acuerdo que ponía en pie la Alianza Republicana. De hecho, Lerroux fue bastante preciso en una polémica carta publicada en abril de 1929 en El Diario Español de Buenos Aires y titulada, significativamente, «Revolución o colaboración». Allí insistió en presentar el nuevo Partido Radical como una opción empeñada en «traer a nuestro lado gente nueva», para lo que era necesario antes que nada evitar asustarla. Consecuente con ese propósito, se atrevió a proponer un proceso constituyente que no partiera de la caída previa de la Monarquía. Dio por buena la formación de un «gobierno nacional» con republicanos y monárquicos, con «todos» los sectores de la opinión, cuya misión fuese mantener el orden y garantizar la libertad para la reunión de unas Constituyentes en las que no estuviera prejuzgada la forma de gobierno[9].

Se adivinaba así la evolución de un Lerroux que parecía dispuesto a situar al viejo radicalismo en una posición más moderada y gubernamental, desde la que convertirse en portavoz de los sectores sociales desencantados con la marcha de la Monarquía y contrarrestar la imagen del republicanismo como sinónimo de desorden social y exclusivismo. Su evolución, como él mismo señalaba en privado, no era «absurda» sino el resultado de un propósito evidente: hacer del Partido Radical una garantía para una transición no traumática desde la dictadura a un futuro régimen democrático. Por eso afirmaría, ante una multitud entregada, reunida en la plaza de toros de las Ventas a finales de septiembre de 1930, que ellos, los radicales, querían «una República democrática» y que por tal entendían «una República no para un partido ni para un hombre, sino para España[10]».

Es verdad que luego, entre el verano de 1930 y la primavera de 1931, esa bandera de la revolución republicana de orden y sin violencia habría de quedar en manos de un nuevo grupo republicano conservador, el liderado por el exministro Alcalá-Zamora. No obstante, antes de la entrada en escena de los antiguos monárquicos liberales, se había perfilado ya una división relevante en el nuevo mapa de poder republicano. Los viejos radicales parecían caminar en un sentido progubernamental, mientras que a su izquierda surgían voces críticas. No es extraño que la Alianza se rompiera pronto. Poco tiempo después de que Lerroux se mostrara dispuesto a «colaborar» con el cambio desde dentro, el sector situado más a la izquierda se desligaba de la unidad de acción y fundaba, con la ayuda de antiguos radicales y bajo la presidencia de Albornoz y Domingo, un nuevo Partido Radical-Socialista[11].

Según contaría Ángel Galarza, la gestación del Partido Radical-Socialista se inició en la cárcel, en conversaciones entre Albornoz, Domingo, Benito Artigas y él mismo. La razón principal habría que buscarla en la negativa a apoyar a Lerroux en el camino del entendimiento con los monárquicos críticos de la dictadura. En todo caso, el nuevo partido nacía para cubrir un hueco que los radicales lerrouxistas dejaban en su particular viaje hacia el centro. Era un espacio ideológico por el que también competía el grupo de Azaña y José Giral, pero que en su expresión radical-socialista se iba a caracterizar por una mayor sinceridad en cuanto a la radicalidad que debería caracterizar a la futura revolución republicana. De hecho, el manifiesto fundacional del Partido Radical-Socialista, fechado en diciembre de 1929 y publicado a comienzos del año siguiente, expresaba una firme voluntad de actuar «sin vacilaciones ni veleidades girondinas». Es decir, lejos de recorrer un camino parecido al que ahora interesaba a Lerroux, los seguidores de Domingo y Albornoz se manifestaban orgullosos de ser radicales en el sentido literal de la palabra, es decir, que no pensaban transigir con pactos que supusieran alguna forma de mixtificación del ideal republicano más puro. Su enfoque de la acción política republicana no partía de los presupuestos gradualistas expresados en el manifiesto de la Alianza Republicana sino de una decidida voluntad de ser intransigentes y de no permitir que la República fuera conservadora. Antes «monárquico de una Monarquía democrática y liberal», explicaba Albornoz semanas más tarde, que «republicano de una república clerical y plutocrática[12]».

El nacimiento del Partido Radical-Socialista fue un hecho, sin duda, decisivo para la futura República. Sin esa escisión dentro de la familia republicana, quizá se hubiera configurado finalmente un parlamento menos fragmentado, con un centro-izquierda republicano más cohesionado y decidido a contribuir, junto a los lerrouxistas, a un republicanismo gubernamental que dotara al sistema de estabilidad frente al socialismo revolucionario y el conservadurismo tradicionalista. Pero el hecho cierto es que desde comienzos de 1930 había un nuevo grupo político, los radical-socialistas, con un programa netamente revolucionario, un discurso anticlerical que iba más allá de la simple separación de la Iglesia y el Estado, y un propósito claro de disputarle la clientela a los socialistas. Sus fundadores estaban seguros de que España necesitaba de forma urgente «un fuerte partido Jacobino, es decir, un partido de la clase media revolucionaria que apoyándose en la masa obrera y campesina diese valientemente la gran batalla histórica, con las armas en la mano al viejo conglomerado opresor de la Aristocracia, la Iglesia y El Ejército[13]». Por eso, no es extraño que la presencia simultánea de los nuevos republicanos conservadores —con Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura a la cabeza— y los nuevos republicanos radical-socialistas en el Pacto de San Sebastián, el gran acuerdo a favor de la República firmado en agosto de 1930, se convirtiera en un motivo de importante disputa ideológica en torno al cómo y al por qué de la revolución republicana[14].

Así pues, debilitada la Alianza Republicana poco antes de que cayera Primo de Rivera, con una unidad de acción huérfana de principios comunes básicos que no fueran los de la oposición a la Monarquía, el principal problema a que se enfrentaban los grupos republicanos a comienzos de la etapa Berenguer, en los primeros compases del año treinta, no era la falta de coordinación, que llegaría poco después con el pacto de San Sebastián, sino la ausencia de un debate ordenado y serio sobre el contenido constitucional de la futura República. A lo largo de ese año los acontecimientos se precipitaron, pero los republicanos no superaron sus divisiones salvo para coordinar sus esfuerzos en la conspiración contra la Monarquía. Peor aún, la falta de acuerdos precisos en la reunión de San Sebastián, representaba, hasta cierto punto, un paso atrás con relación a lo consignado en el manifiesto fundacional de la Alianza Republicana.

En aquellos meses de «dictablanda» se formó un nuevo republicanismo conservador que ocupaba, en ciertos aspectos, el espacio ideológico de los antiguos reformistas. Fue tomando forma ese nuevo republicanismo de izquierdas definido por un marcado radicalismo y una sensibilidad novedosa para con el pensamiento marxista. Entre ambos quedó el Partido Radical, sumergido en un incierto viaje al centro. Todos ellos estuvieron unidos en el pacto logrado en San Sebastián en el mes de agosto de 1930, del que salió un comité revolucionario y el acuerdo de combinar la actividad de propaganda contra el sistema vigente con otra de organización de una acción violenta que, apoyada en la huelga obrera y el pronunciamiento militar, acabara con la Monarquía. La sublevación, ocurrida finalmente en diciembre de 1930, fue un fracaso. Una cosa era llenar plazas de toros para celebrar mítines multitudinarios, y otra bien distinta conseguir el concurso de los militares para derribar la Monarquía y movilizar a su vez a las masas en la calle para forzar la renuncia del gobierno.

Sin vacilaciones ni veleidades girondinas

Esos meses previos a la llegada de la República, los que transcurrieron desde la reunión de San Sebastián a la celebración de las elecciones municipales en abril de 1931, muestran un panorama dentro del republicanismo caracterizado por una paradójica combinación de unidad y división. Aparte de lo que pudiera aportar la movilización obrera impulsada por la UGT y con la que necesariamente habían de contar las fuerzas republicanas, éstas se presentaban a finales de 1930 estructuradas en tres grandes bloques que, a primera vista, cubrían todo el posible espacio ideológico que iba a estar en juego cuando la Monarquía se derrumbara: se había formado una derecha republicana católica y empeñada en construir una República que no resultara desagradable para la opinión conservadora; se había reordenado el viejo Partido Radical en octubre de 1929, tras la primera gran crisis de la Alianza Republicana; y por la izquierda del nuevo republicanismo se estaban consolidando dos grandes grupos nacionales, la Acción Republicana de Azaña y el partido formado por los escindidos de la Alianza, el nuevo grupo Radical-Socialista.

La situación puede equipararse, hasta cierto punto, con la resultante en una parte del republicanismo francés durante el período 1869-1872, tras la transición experimentada a raíz de la experiencia del sufragio en la etapa del llamado Imperio liberal, la derrota ante Alemania y el episodio de la Comuna. Sin embargo, un análisis más profundo muestra diferencias muy notables entre ambos casos, algunas de las cuales permiten, además, entender por qué, una vez proclamada la República en España, el proceso de configuración de un nuevo orden constitucional se alejó tanto de lo ocurrido en los orígenes de la III República francesa, tan querida de los republicanos españoles pero tan mal entendida por su flanco izquierdo.

Ambos procesos pueden equipararse en la medida en que en el caso español, al igual que en el francés, en vísperas de la caída de la Monarquía, el republicanismo se había dividido en dos grandes bloques: de un lado, los partidarios de vincular por igual la República con la libertad y con el orden; de otro, los que habían hecho de la política republicana una bandera de transformación radical de la sociedad española, sin importarles demasiado el precio. Si para los primeros el nuevo régimen sería un marco jurídico y político nuevo que garantizaría la libertad y el pluralismo sin por ello poner en peligro el orden social, para los segundos la República había de ser una nueva marca de identidad de la sociedad española, no un conjunto de reglas del juego que hiciera posible la competencia libre sino una nueva relación entre ciudadanos y Estado que hiciera de este último el instrumento de un profundo cambio de la sociedad. Si para los primeros era fundamental que el nuevo régimen inaugurara otra forma distinta de hacer política en la que, eliminado el obstáculo monárquico para la democratización, se pudieran integrar el mayor número de españoles; para los segundos, que también compartían la primera parte de ese postulado, lo relevante no era la integración de los que habían respaldado la Monarquía sino su plena identificación con un nuevo sistema que habría de permitir que el Estado, libre de las cargas de las clases que durante décadas lo habían parasitado, fuera el instigador de una nueva cultura política y una nueva realidad social.

Como en la Francia de 1869, en la España de 1930 había un nuevo republicanismo empeñado en evitar que la República no reprodujera experiencias erróneas del pasado. Era un republicanismo moderado, convencido de que la revolución no podía ser una forma permanente de hacer política, deseoso de que el nuevo régimen fuera percibido por las clases medias de las grandes ciudades y por los pequeños y medianos propietarios del campo, como una oportunidad y no como una amenaza. Aliado con él, pero enfrentados en ideas que serían decisivas a medio y largo plazo, coexistía un republicanismo cuya seña de identidad era el radicalismo entendido en su literalidad, es decir, que hacía de la intransigencia doctrinal una virtud y que, por tanto, aspiraba a impedir que el pragmatismo y la flexibilidad sirvieran para suavizar la ruptura que supondría el cambio republicano. Su objetivo no era conciliar la futura República con las clases conservadoras que habían apoyado a la Monarquía sino impedir que éstas pudieran hacer fracasar el fervor del pueblo republicano y su anhelo de una nueva sociedad y un nuevo concepto de ciudadanía. Había que «llegar a la raíz» del problema político español, diría Domingo. No cabía, advertiría Azaña poco antes de las elecciones del 14 de abril de 1931, más que el camino de una revolución política que no podía conformarse con variar la forma de gobierno. Aunque eso «sería ya mucho», «no [era] bastante para estimar consumada una revolución». Ésta debía empezar por «cierto número de “destrucciones” que no [pudieran] repararse jamás», previo paso a la convocatoria de las Constituyentes[15].

Como en la Francia del Imperio liberal, una parte del republicanismo de la España de 1930 había entendido que el éxito de la República iba a depender de la cantidad de fuerzas que se sumaran al cambio y que pudieran ser canalizadas a favor de las candidaturas republicanas en los comicios. También sabía que para ensanchar la base del nuevo régimen era necesario que la idea de República no se contaminara con lo peor de una tradición en la que el postulado de la libertad había desembocado en la afirmación de la dictadura republicana. Es decir, había comprendido que la República no podía estar inspirada por un impulso jacobino que condujera como mínimo al exclusivismo y como máximo a la violencia. Pero a diferencia del panorama que se percibía en el republicanismo francés de finales de los sesenta, en la España de Berenguer el republicanismo moderado ni era mayoritario, ni tenía una amplia fuerza en provincias, ni se derivaba de una profunda revisión de la tradición republicana española. Estaba protagonizado por gentes de una nueva derecha republicana, pero que habían sido monárquicas hasta bien avanzada la década de los años veinte y que no habían contado casi nada en las pugnas ideológicas de la dispersa familia republicana. Es verdad que a su izquierda, muy cerca, en el centro del universo republicano, quería colocarse el histórico Partido Radical, con un Lerroux que aunque no había participado de un debate intelectual de calado sobre la tradición progresista, parecía empeñado en abanderar un oportunismo gubernamentalista que recordaba al del país vecino en algunos aspectos.

Si sumamos a la nueva derecha republicana la experiencia de los lerrouxistas, tal vez podamos concluir que en la España de finales de 1930 se había configurado un núcleo fuerte que parecía dispuesto a inaugurar la República sobre base moderadas e integradoras, convencido de que la democracia republicana sería inviable si no conciliaba libertad y orden, y dejaba a un lado cualquier aventura utópica. Pero ese grupo que podrían haber formado la derecha republicana y los radicales, no estaba suficientemente unido en propósitos y estrategias. Y frente a ellos, a diferencia del caso francés, había un republicanismo con el que compartían mesa en la Alianza, que nadie sabía todavía la fuerza electoral que podría alcanzar, pero que se mostraba arrogante y seguro en su propósito de hacer de la República la anhelada revolución política, social y cultural que el país necesitaba. Este último era un republicanismo radical en sus postulados y firme en su propósito de no ceder. Estaba convencido de que la revolución liberal española había fracasado en el pasado por el éxito de quienes habían sacrificado sus ideas en el altar de la conciliación con las fuerzas del antiguo régimen, quienes no habían sabido o no habían querido llevar el cambio hasta sus últimas consecuencias, y se habían resignado a ver como los poderes militar, eclesiástico y aristocrático se adueñaban del Estado para, con ayuda de la Monarquía, apartarlo de la nación.

Por eso, un buen representante de este último grupo, el radical-socialista Albornoz, escribió en plena dictadura de Primo de Rivera que España era un país de «evoluciones políticas regresivas», en el que el progreso nunca había logrado derrotar a la reacción. Para él, la historia que iba «desde 1812 hasta la Revolución» de 1868 era muy clara: el «liberalismo español» se había atenuado «hasta confundirse con el moderantismo» y en éste habían prevalecido «los hombres de ideas menos liberales, de temperamento más reaccionario». La situación volvería a repetirse en las décadas siguientes. Mientras en otros países europeos se ensanchaba el régimen de libertades, la Restauración española convertía «la anormalidad constitucional» en algo «casi permanente». Así, para Albornoz, la dictadura de Primo de Rivera no había hecho otra cosa que culminar una historia de ausencia de Monarquía liberal, una historia de transigencia con la reacción y de utilización del Estado como instrumento de represión. Ahora, ante esa «tragedia del Estado español» que consistía en no haber querido hacer respetar el imperio de la ley y haber actuado a favor de la violencia y la injusticia, sólo cabía afirmar la revolución negando cualquier transacción con las fuerzas políticas del pasado. «El pueblo español, viejo y cansado, necesita renovarse, rejuvenecer. ¿Y qué renovación ni qué renacimiento —se preguntaba Albornoz— serán posibles si han de continuar al frente de nuestra política los ancianos corruptores entre cuyas manos débiles y temblonas se ha ido desmembrando y arruinando el cuerpo de la patria?»[16].

Así pues, la diferencia con la Francia de comienzos de la década de 1870 resulta más profunda de lo que una primera lectura puede mostrar. Al otro lado de los Pirineos el campo republicano había vivido un debate fascinante sobre el legado de la revolución que había suministrado nuevas armas ideológicas a los moderados para arrinconar a los herederos del jacobinismo y desmontar los mitos que disculpaban el Terror. Al fondo estaba la gran contribución de un republicano de la generación del 48, Edouard Quinet, quien demostró a sus compañeros que el Imperio que tanto criticaban era hijo del jacobinismo; denunció que la Revolución había abierto las puertas a una nueva forma de absolutismo y desmitificó, por tanto, a los jacobinos, explicando el modo en que la dictadura revolucionaria había deshonrado a la izquierda republicana, haciendo imposible conciliar el nuevo orden con la defensa de la libertad individual. Con Quinet sobrevolando el debate político entre radicales y reformistas, los nuevos republicanos, que habían decidido luchar por los escaños del parlamento del Imperio desde comienzos de la década de los sesenta y que habían aprendido muchas cosas sobre los riesgos de la demagogia democrática, tuvieron muy fresca la experiencia de la II República y el golpe de Estado de Napoleón III. Ellos, liderados por personajes de tanto peso como Jules Ferry, que salió en defensa de Quinet y criticó la vinculación entre el ideal republicano y la «religión jacobina», habían hecho del pragmatismo y del liberalismo transigente su razón de ser[17]. En las elecciones de 1863 a la vieja guardia republicana del 48 le salió un competidor, una nueva generación que decidió presentarse a las elecciones con un programa más reformista que revolucionario, desligándose de las reivindicaciones exaltadas del obrerismo y apostando antes que nada por las libertades parlamentarias. Su empeño era traer la República mostrando que aquélla podía ser el régimen de todos los franceses y la garantía definitiva contra la dictadura en cualquiera de sus diferentes manifestaciones anteriores. Habían aprendido con la experiencia de 1848 —y volverían a comprobarlo con la Comuna— que la República no podía ser el refugio del utopismo y sectarismo de los extremistas urbanos frente a una Francia rural, de tendencias conservadoras y todavía de claras inclinaciones monárquicas, como las primeras elecciones de febrero de 1871 pondrían de manifiesto. Querían una República constitucional antes que democrática y habían aprendido que el radicalismo sólo era un obstáculo. Frente a ellos todavía sobrevivía un republicanismo jacobino, intransigente, que anhelaba la República de 1793 y miraba con desdén las conquistas de 1789. Pero era cada vez más marginal, o lo sería. Sus oponentes, pragmáticos y centrados, les robarían una clientela sin la que no podría haber una nueva República radical: la de las clases medias rurales[18].

En la España de los meses previos a la caída de la Monarquía el equilibrio de fuerzas no era similar y eso tendría un precio para la construcción de la democracia republicana. El nuevo republicanismo que postulaba una República basada en la idea del cambio sin traumas, un cambio que no expulsara automáticamente a los conservadores y católicos del sistema, no estaba en manos de líderes que se hubieran formado en la izquierda republicana y que hubieran llegado a la conclusión de que el ideal republicano no podía ser sinónimo de revolución permanente. Lerroux, que lo estaba intentando, terminaría cediendo y evitando una batalla frontal con los radical-socialistas cuando llegara la hora de la verdad. Quienes decidieron abanderar con todas sus consecuencias ese discurso fueron un pequeño grupo de exmonárquicos que iban a desempeñar el papel de zapadores en el edificio de la Monarquía. Ellos excavaron, en efecto, los túneles que permitieron escapar a una parte de la opinión monárquica, hastiada por la connivencia de la Corona con la dictadura militar de Primo de Rivera. Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura no tenían detrás de sí una organización fuerte y estructurada, con medios para promover una campaña de denuncia de la Monarquía y ganar adeptos ante una inminente convocatoria electoral en la que se podía jugar el futuro de Alfonso XIII. Pero hicieron algo que, en aquel contexto posdictatorial era, si cabe, más importante: contribuyeron a configurar una opinión abstencionista con relación a la forma de gobierno. Nada tuvo más importancia en los meses centrales de 1930 que la presencia pública de antiguos colaboradores de la Monarquía dando por bueno que, tras la experiencia de la dictadura, se había demostrado la imposibilidad de construir la democracia a partir de la Monarquía constitucional[19]. Algunos monárquicos, e incluso algunos de los reformistas —los ya viejos republicanos que decidieron ser accidentalistas en la etapa final de la Restauración— confiaban en articular una vía constituyente que no significara la automática proclamación de la República, pero la dictadura había matado el orden constitucional de 1876 y la responsabilidad del rey era indiscutible. Hasta Lerroux tuvo que darse por enterado poco antes del acuerdo en San Sebastián. Esto lo sabían y lo dijeron una y otra vez los nuevos republicanos conservadores; que su voz se oyera más que la de los monárquicos desorientados que todavía confiaban en una vuelta a la normalidad, fue la mejor noticia de que dispusieron en esos meses los todavía divididos y enfrentados republicanos de la Alianza. Estamos, afirmó Alcalá-Zamora en Valencia el 13 de abril de 1930, ante «una legalidad constitucional deshecha e imposible de reconstruir». Era parte de una falsa realidad, añadió, pensar que el incendio del sistema político estaba controlado en la parte más baja, como querían entender algunos monárquicos liberales. El «incendio est[aba] en la altura», afirmó el de Priego; es más, había empezado allí[20].

La voz de Alcalá-Zamora no era más importante o decisiva que otras que sonaron con fuerza en el año largo de incertidumbre que siguió a la caída de Primo. Melquíades Álvarez le había cedido el protagonismo al renunciar, en su famoso discurso del 27 de abril de 1930 en el teatro madrileño de la Comedia, a una posición que identificara la crítica al rey con la apelación a la República[21]. También los nuevos integrantes de la Agrupación al Servicio de la República desempeñarían una importante labor de zapa y minado; baste recordar el «Delenda est monarchia» de José Ortega y Gasset. Pero el discurso de algunos miembros de la antigua izquierda dinástica aportó algo que no había salido ni saldría del campo de la izquierda republicana: para ellos la revolución republicana no tenía por qué basarse en la negación rotunda del pasado constitucional de la Monarquía; el error de Alfonso XIII había sido apoyar la excepcionalidad y la dictadura, pero se agotaba en ese mismo hecho y en ese período, no implicaba una descalificación global de la experiencia previa. La dictadura, para los nuevos republicanos conservadores, no era consecuencia natural y esperada de la Monarquía, como se señalaba desde otros campos del republicanismo de entreguerras, sino un error que costaría caro al titular de la Corona pero que no impediría rescatar para la nueva República algunos aspectos del marco institucional vigente antes de 1923. La nueva derecha republicana no aceptaba que la República tuviera que liquidar el pasado y poner el reloj de la historia a cero; hacerlo así hubiera supuesto admitir la necesidad de su propio suicidio. Ellos quisieron ser la voz conservadora del nuevo sistema y reclamaron para sí un papel moderador.

Alcalá-Zamora entendió mucho mejor que sus compañeros de la izquierda republicana en el comité revolucionario algunos de los supuestos que habían dado solidez a la fundación constitucional de la III República francesa. Confiaba en ser quien canalizara la opinión de los monárquicos desencantados hacia el nuevo régimen, y para ello necesitaba que ni los católicos ni los conservadores se asustaran. Quería una transición como la de la Francia que fue de 1870 a 1876, esto es, conservadora. Sabía que necesitaba, ante todo, que la revolución se terminase en el momento en que naciera la nueva República. La revolución consistía, para el que sería presidente de Gobierno Provisional republicano, en la destrucción de la Monarquía, no en la inauguración de un tiempo y un hombre nuevos. De ahí su empeño en reclamar una República conservadora, que no pusiera en riesgo el orden social, que no fuera identificada con el radicalismo obrerista, que se basara en la participación democrática pero que dispusiera de contrapesos que impidieran un fuerte bandazo en la política española cada vez que se celebrasen elecciones. Su República era el régimen de los monárquicos que se habían quedado sin rey, que habían llegado a la conclusión de que sin proyecto democratizador para la Monarquía, más valía capitanear el cambio republicano e influir lo suficiente como para construir la República en la que ellos se pudieran sentir cómodos. Salvando todas las distancias, el modelo era Adolphe Thiers. Querían, por eso, una República más presidencialista que parlamentaria, un sistema que separara la Iglesia y el Estado sin enfrentarlos, y una división de poderes que incluyera la presencia de un Senado capaz de moderar la influencia del voto de la izquierda radical. Tanto él como Miguel Maura y los demás firmantes del documento fundacional de la nueva Derecha Liberal Republicana, aspiraban a que el «Estado naciente» se levantase «sobre la base fundamental del principio de autoridad[22]».

Pero era aquí, en torno al concepto del nuevo Estado, donde estaba la semilla de la futura discordia, el germen de un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda republicanas que había empezado en ese mismo año de transición pero que explotaría en la primavera y el verano de 1931, cuando diera comienzo la elaboración de la nueva Constitución. Si los antiguos monárquicos y quienes les habían acompañado resultaron imprescindibles para dar la puntilla a la Monarquía y dejar al rey en manos de políticos desorientados y a duras penas convencidos de que era posible anular el tiempo transcurrido entre 1923 y 1929, cuando la República echó a andar su suerte cambió de signo. Claves para derrumbar el edificio de la Monarquía, pero secundarios para levantar los cimientos del nuevo sistema. ¿Por qué? Pues básicamente porque una vez realizada la revolución, ésta no se agotó con el cambio de régimen —como ellos pretendían— y quiso dotar de contenido radical a la nueva democracia. A partir de ese momento se vieron obligados a actuar a la defensiva, tratando de contener una marea que apenas tres semanas después del 14 de abril estuvo a punto de hundirles de inmediato, cuando en mayo decenas de conventos ardieron por toda España y la extrema izquierda del republicanismo empezó su ofensiva para impedir la República conservadora. Ya desde antes de la salida de Alfonso XIII, el nuevo republicanismo que se había configurado a la izquierda, bajo parámetros bien diferentes a los de la derecha liberal nicetista, sustentado en una lectura muy negativa de la España monárquica y constitucional, estaba disputando a los exmonárquicos el significado del cambio de régimen. Cuando éste se produjo, no fue la derecha sino la izquierda de Albornoz, Domingo y Azaña la que, previa conciliación con los socialistas, terminó llevándose el gato al agua, es decir, poniendo a gatas a los conservadores y arrastrándolos hasta que, derrotados y humillados, se negaron con la boca pequeña a aceptar la nueva configuración de la República de los republicanos. A nadie extrañó, entonces, en octubre de 1931, que el expresidente del Gobierno Provisional de la República se convirtiera en el primer revisionista declarado de la nueva Constitución. Más difícil de entender fue, no obstante, que Alcalá-Zamora aceptara poco después, en diciembre, ser el encargado de presidir una República cuya norma suprema no le convencía.

La imposible convergencia de centros

Al lado de los nuevos republicanos conservadores, hacia su izquierda, se situaba un Lerroux experimentado, que se sabía poco apreciado por sus compañeros del comité revolucionario, pero que todavía podía presumir de mayor capacidad de convocatoria que ellos y de una nada desdeñable red clientelar. Su Partido Radical, que venía de protagonizar la más amplia movilización conseguida nunca por los republicanos, representaba a la altura de 1930 una forma de hacer política que despertaba profundos recelos entre los partidarios de dotar a la futura República de un contenido revolucionario neto y, por tanto, de pactar sus coordenadas constitucionales con la izquierda obrera. Nacido en 1908 para inaugurar un nuevo tipo de republicanismo y habiendo cosechado, como los blasquistas, importantes éxitos en cuanto a movilización y organización local, el radicalismo lerrouxista de 1930 era visto dentro del campo republicano como el máximo representante de un republicanismo viejo, afectado por el virus del caudillismo y demasiado contemporizador durante los últimos años de normalidad constitucional[23]. Ni Albornoz ni Azaña sentían simpatía alguna por un Lerroux que se esforzaba en parecer un político consecuente con su larga experiencia, no hablando demasiado pero no dejando tampoco de advertir que la futura República requeriría, para consolidarse, de un amplio respaldo social. El viejo republicano quiso llevar a su partido, un grupo heterogéneo en el que todavía humeaban los rescoldos del pasado anticlericalismo, por una vía que bien podría ser calificada de oportunista en el mejor sentido de la palabra, el que recuerda al papel de los republicanos gubernamentales en la experiencia fundacional de la III República francesa. Desde ese punto de vista, en tanto que los lerrouxistas se alejaron de todo jacobinismo y tuvieron gestos hacia su derecha que permitían adivinar su futura alianza con el posibilismo católico, Lerroux parecía querer liderar un movimiento republicano triunfante en el que se colocaría como centro de un nuevo mapa de partidos republicanos. Lo hizo con más coherencia antes de junio de 1930 que después, pero incluso cuando se dispuso a cooperar con la conspiración y redactó el manifiesto acordado en San Sebastián, mantuvo su pretensión gubernamental. Y se esforzó por separar la idea de revolución política entendida como caída de la Monarquía de aquella otra que, desde su izquierda, consideraba esa revolución con un contenido social amplio que haría de la futura República un tiempo nuevo. De hecho, cuando Lerroux se decidió, por fin, a pedir la abdicación del monarca, se cuidó de no confundir la revolución política con la revolución social. En un artículo publicado en El Progreso el 6 de julio de 1930, que supuso un punto de inflexión en su discurso de esos meses, cuando ya no albergaba esperanzas de colaboración con los sectores monárquicos a los que había venido apelando para que secundaran su proyecto constituyente, afirmó que «el único medio viable» para exigir responsabilidades era «la revolución política», pero calificó de «prematura» cualquier revolución social que no fuera la que en un futuro se pudiera hacer «desde el poder» por una nueva generación nacida y educada «por la democracia republicana[24]».

Sin embargo, una vez ocurrido el cambio de régimen, el Partido Radical, que contaría con dos carteras en el Gobierno Provisional, la de Estado que ocuparía Lerroux y la de Comunicaciones que gestionaría Martínez Barrio, no encontraría su sitio. Lo tenía, ciertamente, en una posición central entre la derecha nicetista y la coalición que iba surgiendo por su izquierda entre la izquierda republicana y los socialistas. Pero la experiencia del período constituyente en ese año de 1931 no le iba a servir para confirmar del todo esa vocación de centralidad a la que aspiraba dentro de la nueva democracia republicana. Llama la atención que el nuevo oportunismo lerrouxista no se mostrase dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias un acuerdo con su derecha que hubiera impedido, primero, una fácil victoria de socialistas e izquierda republicana en las elecciones de junio de 1931, y más tarde, ya en el parlamento, una conciliación de las izquierdas. La evolución de los lerrouxistas hacia posiciones centrales no cuajaría, de hecho, hasta el año 32, cuando desde fuera del gobierno y ante una creciente movilización católica, los radicales se esforzaron por canalizar la opinión de centro-derecha y por rentabilizar el creciente antisocialismo de algunas regiones españolas, que para entonces empezaban a padecer las consecuencias de las políticas laborales socialistas.

A partir de julio de 1931, el Partido Radical, que logró llevar al parlamento constituyente el grupo más amplio después del socialista, no quiso o no supo abanderar una política que impidiera la aprobación de una Constitución demasiado sesgada a la izquierda. Durante los debates constituyentes mostró una fragmentación ideológica de consecuencias nefastas. El oportunismo centrista en el que se había embarcado Lerroux, hecho explícito en algunas de sus declaraciones públicas desde 1930, no se tradujo en una política de afirmación republicana frente a las izquierdas con las que todavía compartía Alianza. El cálculo de intereses impidió una política más firme en cuanto a la integración de las clases medias, incluidas las católicas, en el nuevo régimen. Lerroux pagó por ello un alto precio. Y aunque luego tienda a olvidarse, su grupo, el mismo que a partir de diciembre de 1933 gobernaría con apoyo de la derecha católica y con voluntad de moderar la aplicación de las «reformas» azañistas, prestó su apoyo a la nueva Constitución y votó, por tanto, junto a socialistas y republicanos de izquierdas el nuevo texto que, a decir de estos últimos, constitucionalizaba la revolución y congelaba los derechos fundamentales de todos aquellos que no aceptaban la República tal cual había sido definida. Los radicales lerrouxistas se mostraron incapaces de ser coherentes; cambiarían, pero en 1931 no supieron ni quisieron lanzar un órdago a las izquierdas y apostar sin miedo por una República de todos los españoles.

Al final, de un lado, una derecha republicana aislada por la firme voluntad de la izquierda más extrema del republicanismo y de los socialistas, condenada a competir en solitario en casi todas las circunscripciones durante las elecciones constituyentes de 1931 y, por tanto, obligada a desempeñar un papel secundario en el equilibrio de poder que se configuró tras el debate de la Constitución. De otro, un Lerroux que no acertó a liderar una estrategia para centrar la República cuando más falta hacía, en el período fundacional, durante la segunda mitad del año 31. Su oportunismo no fue, finalmente, el de los líderes republicanos franceses que habían contribuido al acuerdo con los monárquicos liberales para fundar un régimen duradero. En la España del 31 el Partido Radical no supo o no quiso buscar una convergencia de centros que, amén de reforzar a la derecha republicana y bloquear la conciliación de las izquierdas, le permitiera situarse en el centro del nuevo sistema.

Por la izquierda de los lerrouxistas la situación no era más halagüeña. Nada más echar a andar la República, en la primavera de 1931, la fuerza de las izquierdas republicanas era un enigma, pero nada indicaba que pudieran arrasar en unas elecciones competidas y limpias. No hubo, de hecho, correspondencia entre su peso electoral y el protagonismo que tuvieron algunos de sus líderes en la larga vida que esperaba a las Cortes Constituyentes. Aupados hasta lo más alto por las carencias del proyecto lerrouxista y por su habilidad para formar una entente con los socialistas, en las izquierdas republicanas había varias sensibilidades, pero todos compartían una rotunda oposición al pasado monárquico y no querían ni oír hablar de la política de conciliación que postulaban los nicetistas. Su actitud era justamente la contraria; nada que ver con esas palabras que ellos mismos habían suscrito en el manifiesto fundacional de la Alianza Republicana de 1926, aquellas en las que se postulaba una República basada «en la colaboración de todos» y que fuera «garantía de todos los intereses legítimos». De hecho, la relevancia que los líderes de la izquierda republicana tuvieron durante todo el primer bienio 1931-32, especialmente la de Azaña, no se derivó de un liderazgo ideológico basado en un proyecto preciso, previamente pactado, sobre cómo construir una República que integrase al mayor número de españoles. La unidad ideológica entre las propias izquierdas fue imposible, salvo por una cultura anticlerical compartida, una cultura muy arraigada que les llevó a dotar a la revolución republicana de un fuerte contenido anticatólico y que les permitió sellar el pacto que expulsaba a la derecha republicana del gobierno. Con los socialistas apenas les unía el afán de estos últimos de patrimonializar la República, pero el acuerdo con ellos era indispensable para impedir que el centro-derecha fuera demasiado influyente en el diseño de las reglas del juego.

La nueva izquierda republicana no tuvo suerte. No encontró por ninguna parte el Gambetta que necesitaba. Y los aprendices de Jules Ferry no entendieron los fundamentos de la laïcité de la III República francesa ni sus tiempos, tan importantes en el programa de construcción de una escuela nacional en el país vecino, tal vez porque no alcanzaron a comprender que, como escribiera Émile Littré en 1880, era «importante distinguir entre los católicos y el partido católico», así como la diferente fuerza de uno y otro[25]. Parieron, de hecho, un laicismo a la española que se caracterizaba más por su anticatolicismo que por su propósito liberal y nacional, en el que una mal calculada beligerancia anticlerical hizo imposible todo intento de conciliación con quienes dentro de la Iglesia optaron por el acuerdo y con los pocos católicos liberales que aún sobrevivían en medio de la polarización creciente entre revolución religiosa y tradicionalismo. Ni un Álvaro de Albornoz ni un Marcelino Domingo ni un Manuel Azaña, los tres representantes de ese nuevo republicanismo de izquierdas en el Gobierno Provisional, ni tampoco los que les disputaban el liderazgo en sus grupos, fueron el Gambetta que necesitaba la transición republicana a la democracia durante el año 31.

La mejor expresión de lo que representó la evolución de Gambetta y su contribución, como jefe del ala izquierda de la política «oportunista», a la construcción de la III República francesa, se encuentra en sus famosas palabras de un discurso pronunciado en Havre en 1872. Derrotados los extremistas en la Comuna y comprobada la fuerza electoral de los monárquicos, Gambetta se alejó del programa electoral por el que había sido elegido en 1869 y se dirigió así a los republicanos revolucionarios: los problemas que la futura República deberá afrontar no son simplemente los derivados de la cuestión social, son problemas complejos cuya resolución exigirá un trabajo selectivo y gradual; no hay, les dijo, «una fórmula mágica» en la que confiar. Diez años después, frente a los ataques de los republicanos radicales, entonces la extrema izquierda, contra la institución del Senado, a la que Clemenceau calificará de «fuerza del inmovilismo», Gambetta insistió en un oportunismo entendido como una forma de inteligencia republicana para asegurar la relación entre libertad y orden frente a los excesos de la democracia revolucionaria: yo sé, diría a los diputados el 26 de enero de 1882, que una asamblea única no tendrá contrapesos ni frenos y podrá moverse en el sentido que desee, pero también sé «de la importancia capital de que exista una cámara alta en una democracia[26]».

La evolución y el papel de Gambetta nos revelan la inteligencia de un republicanismo renovado a partir de una profunda crítica de la tradición jacobina francesa. Pero sobre todo, como se aprecia en el debate sobre el Senado a que hemos hecho referencia, la importancia de esa renuncia a convertir la política republicana en una expresión de radicalismo excluyente y miope. El oportunismo francés que edificó con esmero la que iba a ser, por fin, una República duradera y estable, fue un republicanismo que condenaba la idea tan querida en su propia tradición, en virtud de la cual la revolución contra el Antiguo Régimen había fracasado en el pasado por falta de radicalidad. La revolución, dentro de ese planteamiento, no estaba por hacer desde sus orígenes. El Gambetta de 1872 no pensaba que Francia necesitara una nueva República sometida al radicalismo urbano en la que se prometiera e impusiera una nueva sociedad. Él había comprendido que no era la República de los republicanos lo que estaba en juego, sino la República de los franceses.

La «solidaridad entre los moderados» fue la expresión usada por el historiador François Furet para referirse al gran acuerdo entre orleanistas y republicanos moderados en los comienzos de la III República francesa. Esa solidaridad que diera estabilidad al nuevo régimen republicano no fue, en ningún caso, el objetivo que persiguió en la España de los años treinta la nueva izquierda republicana. Ni ésta había nacido para eso ni su interpretación de la historia podía, como en el caso un Ferry o un Gambetta, favorecerlo. Ni Azaña ni Domingo, ni mucho menos Albornoz, pudieron o quisieron liderar la versión española del «republicanismo gubernamental» del Gambetta que había sucedido a Thiers, aquel antiguo líder de los «intransigentes» que acabó condenando la Comuna y asegurando que el camino para consolidar la democracia republicana no era la revolución sino el sufragio y la educación. Gambetta era, como Ferry, un positivista a su manera, y como tal, a diferencia del Azaña español de los treinta, no creía que la República debiera inaugurar un punto cero de la historia ni confiaba en romper con el pasado de una manera que excluyera a muchos franceses del nuevo régimen. Estaba convencido de que el ideal republicano debía conciliarse con el mantenimiento del orden y para eso necesitaba tomar buena nota de los errores del pasado republicano y apropiarse de todo aquello que hubiera de aprovechable en la experiencia del liberalismo monárquico francés. Como ha señalado Claude Nicolet, el acierto del Gambetta posterior a la Comuna estuvo en advertir que la República creada por los monárquicos podía ser un buen punto de partida. Empeñado en integrar y no en excluir, en atraer a las clases medias rurales hacia un nuevo republicanismo gubernamental, Gambetta se dio cuenta de que el sufragio y no la revolución era la vía para convertir las instituciones conservadores en una baza más del proyecto republicano. Así, lo que sus republicanos gubernamentales llamaron «republicanizar el régimen» no consistió en purgarlo de monárquicos e imponer una dictadura republicana, sino en conseguir mediante el voto el control de las instituciones. Su éxito vino dado por la longevidad y estabilidad de la III República francesa[27].

Encantado de que la República tenga enemigos

En la España de 1931 la izquierda republicana se disponía a acordar con los socialistas un modelo de República que respondía a un planteamiento ideológico por completo diferente al de un Gambetta. La «solidaridad entre los moderados» habría exigido, en la transición española, un propósito firme de anclar las nuevas normas en un pacto que abarcara lo más ampliamente posible a la nueva derecha republicana, aceptando en primer lugar que la separación Iglesia y el Estado no tenía por qué derivar en una política anticatólica. Eso y la conciliación con el Partido Radical, empeñado en atraer a la República a amplios sectores de las clases medias, habría permitido ensanchar las bases de apoyo del régimen[28].

Sin embargo, como había quedado claro entre 1929 y 1930, la nueva izquierda republicana se sentía incómoda con los antiguos radicales lerrouxistas y no respaldaba la República respetable que proponía la Derecha Liberal. No quería ni oír hablar de flexibilizar la implantación del ideal republicano para permitir la integración en el nuevo régimen de quienes habían acabado hartos de dictadura pero no renegaban de ser monárquicos. El nuevo republicanismo que lideraban los radical-socialistas y el grupo de Azaña prefirió el acuerdo con los socialistas y la atracción al sistema de la izquierda obrera. Y actuó así porque los fundamentos doctrinales de su acción política no se basaban, como en el caso del republicanismo gubernamental de Gambetta, en una crítica de la tradición republicana que rechazara fundamentalmente el jacobinismo. Todo lo contrario. Su visión del pasado español imprimía a su ideología un sello de intransigencia doctrinal que recuerda a los planteamientos esgrimidos por la facción mayoritaria del republicanismo portugués en 1910[29]. Para ellos, si algo distinguía la historia de España desde 1808 hasta ese momento era la falta de verdadera voluntad revolucionaria en sus elites liberales. Salvo episodios concretos y momentos gloriosos en la lucha por la libertad, la política española contemporánea se había caracterizado, según ellos, por un exceso de pacto. Así, para que la República proporcionase al país lo que éste necesitaba: una transformación profunda que hiciera posible una nueva ciudadanía y unos nuevos patrones culturales sobre los que fundar la nación, la política tendría que ser consecuente con los principios de la revolución. Desde ese punto de vista, el Estado era un instrumento de acción indispensable para la transformación social; y la democracia, es decir, la participación electoral, una forma de corroborar la voluntad popular indiscutible a favor de la revolución republicana.

Siguiendo esa lógica, el nuevo régimen tendría unas señas de identidad que no podrían derivarse de un pacto constituyente que se ampliase al máximo hacia la derecha. Debería ser el resultado del ideal republicano y de los contenidos que los republicanos considerasen esenciales en su revolución. Quienes aceptaran y respetaran ese propósito, de acuerdo con la voluntad nacional, podrían competir en el sistema. El resto serían, en palabras del republicano Domingo, los «sometidos»; y éstos tendrían que esperar. Así, para la nueva izquierda republicana, la consolidación del régimen habría de ser proporcional no a la amplitud de los apoyos iniciales que recogiera sino al grado de determinación con que se aplicaran los principios de la revolución. Por eso Azaña se mostró firme en su determinación de no dar importancia a la oposición que levantó la política constituyente. «Yo estoy encantado de que la República tenga enemigos», dijo a mediados de septiembre de 1931 en la clausura de la II Asamblea Nacional de su partido, en un discurso que tenía muy presente las palabras pronunciadas por Lerroux días antes a favor de una República integradora. «La existencia de los enemigos de la República —reconoció Azaña— es una señal de salud, una señal de robustez, una señal de que la República existe y labora en republicano[30]».

De este modo, lo más próximo al Gambetta del tránsito español se había ido a la derecha, estaba colocado entre las filas del viejo republicanismo lerrouxista ahora empeñado en llevarse bien con los obispos, y el nuevo republicanismo conservador que deseaba una República con un Senado y la plena libertad de cultos. Pero el problema para el futuro del nuevo régimen sería este aspecto, precisamente. Alcalá-Zamora tenía la autoridad moral que convenía al clima de opinión necesario para derribar la Monarquía, pero no era un republicano de antiguo, no era la persona capaz de arrastrar con su discurso y su pasado a las fuerzas del republicanismo español para hacerles comprender la importancia de que la República no quedara presa de la arrogancia revolucionaria. Lerroux ya no era el de antaño. Sexagenario, todavía tenía una gran autoridad en el campo republicano, y aunque sus compañeros de comité revolucionario le despreciaban y trataban de aislarle, se empeñó en hablar de la futura República de todos los españoles. Pero le faltó profundidad intelectual para plantear una autocrítica del republicanismo histórico y defender una democratización no excluyente. Y ni el grueso de su partido ni de su prensa acabó de sentirse a gusto con su moderantismo; de ahí la poca valentía que demostró en el debate constituyente durante la segunda mitad del año treinta y uno. Todavía tendría la oportunidad de derrotar a las izquierdas en las concurridas elecciones de 1933 y podría gobernar para atraer a la derecha católica al sistema, pero en el momento de proclamarse la República y, más tarde, cuando por fin se discutió la nueva Constitución, el viejo radicalismo no fue capaz de encontrar su papel. Aunque conservaba una parte de su laicismo, era, «sobre todo, antijacobino y antisocialista». Pero desde un punto de vista ideológico, «la pérdida de directrices» saltaba a la vista[31]. El oportunismo lerrouxista no era el que desplegaron los republicanos franceses en el interludio entre la República monárquica presidida por Mac Mahon y la nueva República de Jules Grévy. Sin centros fuertes dispuestos a converger y a impedir que los extremos intimidaran y chantajearan a los gobiernos, la Segunda República española nació con un amplio apoyo social y sin apenas enemigos, pero no tardaría en ser fuertemente contestada.

2. EL PARLAMENTO Y LOS PARTIDOS

Hubo un tiempo en que las historias de la Segunda República recurrían a argumentos de tipo socio-económico para explicar las causas de la inestabilidad y debilidad de aquella democracia: el atraso del país y el fracaso de la revolución industrial previa, la inadecuada distribución de la tierra, el drama de los jornaleros en el campo español, el egoísmo de terratenientes y patronos, el elevado nivel de desempleo en algunas regiones, la fuga de capitales y hasta la gran depresión que por entonces asolaba a los países occidentales a raíz del crack bursátil de Nueva York, el pánico financiero, la disminución del comercio y el aumento del proteccionismo. Todo estaba, por tanto, en contra de la nueva democracia española que, desde este punto de vista, se habría fundado en el peor de los momentos posibles. Las grandes esperanzas y el anhelo de reforma habrían chocado con una cruda realidad económica, además de con las fuerzas contrarrevolucionarias. El llamado «bloque dominante», formado por terratenientes, militares y obispos, todos ellos perjudicados por la caída de una Monarquía que les servía de paraguas protector y les permitía controlar el Estado y parasitarlo, se habría visto perjudicado por las políticas reformistas de los republicanos y muy pronto habría empezado a organizarse para impedir la consolidación de la joven democracia española. Los oligarcas de siempre, privilegiados, egoístas y miopes, habrían luchado con todas sus fuerzas para impedir la modernización y secularización del país hasta lograr que un golpe de Estado tumbara la democracia republicana amparada en el discurso del miedo a la revolución social y al marxismo.

Esta forma de ver las cosas fue perdiendo peso progresivamente desde mediados de los ochenta, aunque ya antes algunos estudios habían empezado a demostrar cuán equivocados eran algunos supuestos de los que partía. Junto a nuevos análisis de historia social e intelectual, fue ganando peso también una renovada historia política del período republicano que evitaba ese determinismo económico y se centraba en el estudio de las instituciones y la vida política para tratar de arrojar luz sobre las causas de la quiebra de la democracia republicana[32]. De este modo, algunas de las explicaciones estructurales fueron perdiendo relevancia a la par que se valoraba en su justo término la complejidad y riqueza de los mecanismos de la historia política republicana. El protagonismo recobrado por la biografía y el análisis de las instituciones desde la autonomía de lo político, redundaba en beneficio de una interpretación más ponderada del peso de la cuestión socio-económica en la debilidad de la democracia española de entreguerras. Poco a poco nuevos estudios aportaron mayor pluralidad de enfoques, aunque no calaran demasiado en la opinión publicada sobre la República y no impulsaran una renovación profunda de la historia que se enseñaba en los manuales escolares[33]. El parlamento, los partidos políticos, el sistema de partidos, el liderazgo político o el régimen electoral se erigieron en nuevos objetos de estudio. Si ya no se prejuzgaba que el «bloque dominante» había impedido la normalidad democrática por mor de la defensa de sus privilegios, cabía empezar a considerar como relevante el papel del parlamento, las campañas electorales o los actores políticos. Paulatinamente, y a la par que una nueva historia política de la Restauración hacía también notables progresos[34], cobró fuerza la idea de que habían existido en los años treinta graves problemas de naturaleza principalmente política, nacidos en parte de la pretensión republicana de recorrer caminos inexplorados hasta ese momento. No se trataba de minusvalorar la importancia del contexto social y económico, pero tampoco de asumir un determinismo que confundía más que aclaraba la comprensión de una realidad social y política extremadamente compleja y variada.

Todo eso, como es lógico, tenía que devolver al parlamento, en tanto que institución capital de aquel sistema político, al centro del interés historiográfico. Así ocurrió en algunos nuevos estudios sobre la política republicana[35]. El camino ya lo había señalado Santiago Varela en los años setenta, en un análisis meritorio, realizado a contracorriente, que ha sido hasta hoy una referencia imprescindible para conocer la política republicana. Su influencia se dejó sentir también en un importante trabajo colectivo coordinado por Santos Juliá sobre la política republicana[36]. En los años ochenta Joaquín Tomás Villarroya publicó algunos textos dedicados a analizar el papel de la presidencia de la República y sus relaciones con los partidos y las Cortes[37]. Sin embargo, en el marco de esta renovada historia política de la Segunda República todavía es mucho lo que no conocemos sobre la vida parlamentaria, su funcionamiento interno y su centralidad en el sistema político republicano. Las relaciones entre el parlamento y el resto de las principales instituciones del Estado republicano, especialmente la presidencia de la República, siguen siendo un terreno poco explorado. Y otro tanto ocurre con la gestión de las crisis de gobierno y las relaciones entre los ejecutivos y los grupos parlamentarios. Este capítulo y el siguiente responden a esta situación.

Una historia inquietante

La República vivió sus primeros meses de vida en régimen de provisionalidad, al sobrevenir sin que, de antemano, una asamblea constituyente hubiera aprobado el cambio de la forma de gobierno y establecido una nueva normativa constitucional. Las primeras elecciones generales y la reunión del parlamento republicano no tuvieron lugar hasta los meses de junio y julio de 1931. En todo ese tiempo se fue haciendo cada vez más evidente que una República conservadora, tal y como la había concebido la nueva derecha republicana y su jefe, el entonces presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, tendría escasas posibilidades de triunfar. La quema de conventos ocurrida en la segunda semana de mayo y la intensa campaña anticlerical de la prensa y los partidos de la izquierda gubernamental pusieron de manifiesto el aislamiento de los sectores moderados entre los fundadores del régimen y el fuerte aumento de las expectativas de revolución política y cultural. Por su parte, la derecha no republicana, que estaba intentando reorganizarse en torno a un grupo denominado Acción Nacional, apenas tuvo tiempo para preparar las elecciones y movilizar a un electorado retraído y distante.

En los ámbitos de izquierdas estaba muy extendido el deseo de que la revolución republicana no se quedara en el cambio de régimen y se trasladara a la Constitución, promoviendo algo más que una mudanza de los hábitos políticos, esto es, una remoción de la sociedad, la cultura y hasta las creencias de los españoles. Los ministros y principales líderes de la izquierda republicana no ocultaron, sino que reivindicaron, las implicaciones de la idea de revolución republicana. El radical-socialista Álvaro de Albornoz, ministro del Gobierno Provisional, aseguró en plena campaña electoral de junio que la República sería «radical» y no conservadora, pues «no hay que conservar nada». Se necesitaba, dijo, una «República destructora», que acabase con el antiguo régimen, «que lo h[iciera] todo nuevo». El marco constitucional de la nueva democracia, por tanto, no podía estar basado en pacto alguno con quienes pensaban que había cosas que conservar, es decir, con quienes deseaban algún tipo de transacción con los españoles que se consideraban conservadores y católicos. «La República, añadió Albornoz en medio de una gran ovación, no puede ser una transacción con el pasado. Fuera compromisos y abrazos». Se podía ser, dijo su compañero Fernando Valera, revolucionario y «gubernamental», pero lo que no estaban dispuestos a admitir es que la República implicara compromiso con las fuerzas reaccionarias. El mismo Albornoz ya había advertido en una de sus numerosas salidas de tono, orgulloso de mostrar un lenguaje radical y belicista, que la concordia civil no siempre era buena. Las guerras civiles, dijo, son necesarias para el crecimiento de los pueblos[38].

No hay duda de que las elecciones generales a Cortes Constituyentes de la República se celebraron el 28 de junio de 1931 en un contexto de triunfalismo de las candidaturas de conjunción de la izquierda republicana, los socialistas y el Partido Radical, con una derecha republicana cada vez más aislada y un voto católico muy desmovilizado. El primer parlamento de la República fue elegido, según rezaba el decreto de convocatoria, para aprobar la Constitución, someter a control la obra del Gobierno Provisional, enjuiciar las responsabilidades del régimen caído, discutir y aprobar un Estatuto para la región autónoma de Cataluña, debatir todas y cada una de las leyes complementarias u orgánicas, y llevar a cabo «todas las reformas que (…) se present[aran] a las Cortes[39]». Era una inmensa tarea, muy superior a la que correspondía a una cámara constituyente; como si la misión de discutir y elaborar una Constitución no fuera suficiente por sí sola. Pero esta decisión que adoptó el Gobierno Provisional y que implicaba prolongar la vida de las Constituyentes más allá de su labor primaria, no era gratuita. Tenía por objetivo asegurar que la misma mayoría política que elaborara la Constitución imprimiera su sello ideológico en las leyes fundamentales. O dicho de otro modo, a sabiendas de que la coalición republicano-socialista era sólida y podía lograr unos resultados electorales muy buenos, convenía mantener abierto ese parlamento controlado por las izquierdas el mayor tiempo posible. Existía una voluntad firme de utilizar el debate constituyente para poner en marcha el programa político de la mayoría de izquierdas y asegurarse un período posterior en el que la misma mayoría llevase a cabo el desarrollo de las leyes constitucionales sin pasar antes por una consulta electoral. El Partido Socialista advertiría en repetidas ocasiones durante ese año que la República debería llenarse de contenido revolucionario, único motivo de que ellos estuvieran por el momento al lado de los republicanos[40].

A las elecciones de junio se presentaron en la primera vuelta algo más del millar de candidatos y la participación alcanzó cifras superiores al setenta por ciento[41]. Celebrados los comicios, el parlamento se reunió por primera vez el 14 de julio de 1931. Contaba con 458 diputados (12 escaños más estaban vacantes) que formaban parte de once grupos parlamentarios —salvo una treintena de diputados no clasificados—, los cuales permanecerían más o menos estables a lo largo de toda la vida de las Constituyentes. La principal excepción fue el grupo radical-socialista, formado por medio centenar de diputados y liderado por los ministros Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, que sufrió varias escisiones, la más importante ocurrida durante el verano de 1933, momento en el que el partido estuvo a punto de desaparecer al emerger la facción dirigida por Félix Gordón Ordás, partidarios —contra la opinión de Albornoz y Domingo— de abandonar la coalición de gobierno con los socialistas. En general, por tanto, las Cortes Constituyentes, a diferencia de las siguientes, gozaron de una relativa estabilidad en términos de división de grupos parlamentarios, sólo rota a partir de la primavera de 1933, después de casi dos años de intensa actividad legislativa.

Entre la nueva elite dirigente destacaban por amplia mayoría las clases medias profesionales y burocráticas, que suponían hasta un 81 por ciento del total de los escaños. Sin embargo, no es ése el factor que condicionó especialmente el funcionamiento del primer parlamento republicano. El que lo hizo fue este otro: la ruptura absoluta que se produjo tanto en la elite parlamentaria como en el sistema de partidos con relación a la política de la Restauración. Combinados los tres parlamentos republicanos «sólo un 11,7 por ciento del número total de diputados se había sentado en el Parlamento de la Monarquía constitucional». Baste recordar que el PSOE, el partido que más escaños tenía en las Constituyentes republicanas, con más de un centenar, nunca había pasado durante la Restauración de los siete diputados[42].

Tanto la elite parlamentaria como el sistema de partidos de la Monarquía constitucional de Alfonso XIII habían sufrido un colapso absoluto durante la dictadura de Primo de Rivera. Caído el dictador, todos los intentos de recomposición del turno sucedidos durante el intervalo de 1930/31 fracasaron, lo que sumado al ascenso vertiginoso del movimiento republicano entre febrero y abril de 1931, debilitó sumamente el voto conservador, hasta el punto de que la derecha no republicana no obtuvo más que una representación testimonial en las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931. Casi todos los grandes nombres de ese sector se agruparon bajo la dirección de Martínez de Velasco en un grupo heterogéneo conocido como la minoría agraria, cuyo líder acabaría siendo el diputado salmantino José María Gil Robles.

Como pudo verse durante el debate constitucional, la mayoría natural de aquella cámara era la formada por el Partido Socialista (primer grupo del hemiciclo con 114 diputados) y los dos partidos más importantes de la izquierda republicana (el Republicano Radical-Socialista con 55 diputados y la Acción Republicana de Manuel Azaña con 31 diputados). Aunque en los primeros meses se les unió en cuestiones esenciales la poderosa minoría radical, dirigida por el republicano histórico Alejandro Lerroux (89 diputados), según avanzó el año 1932 este grupo fue consolidando su opción como partido de oposición dentro del republicanismo, acentuándose así las diferencias con la izquierda azañista casi a la par que se recortaba la distancia que les separaba de la derecha agraria[43].

Las Cortes aprobaron la Constitución en diciembre de 1931, pero no se produjo entonces su disolución, sino que prosiguieron su trabajo durante casi dos años más. En octubre de 1933, después de la caída del gobierno Azaña —apoyado básicamente por socialistas, radical-socialistas y azañistas— y del intento frustrado de formación de un gobierno Lerroux, se convocaron elecciones generales. Puesto que era la primera consulta electoral después de aprobada la Constitución, no es extraño que los comicios de noviembre de 1933 se convirtieran en una especie de referéndum constitucional involuntario. Fueron, además, unas elecciones trascendentales para la historia de la democracia española, en la medida en que por vez primera se produciría un alto grado de competencia y limpieza en los comicios.

Presidida por un régimen electoral mayoritario ratificado en julio de ese mismo año, la nueva consulta deparó un parlamento por completo diferente al disuelto. Si en 1931 se había producido una ruptura total con el sistema de partidos y las elites anteriores, las elecciones de 1933 no sirvieron para consolidar esos cambios sino para configurar un escenario sustancialmente diferente. Se mantuvo la fragmentación parlamentaria, con una docena de minorías, así como la relativa debilidad de los tres grupos mayoritarios, que juntos apenas sobrepasaban el cincuenta por ciento de los escaños. Ahora, la mayoría se había desplazado hacia el centro-derecha y derecha (los Radicales contaban con 101 diputados y la CEDA con 115), mientras que los socialistas habían sufrido una importante sangría de diputados (59). A la izquierda republicana, incluidos los nacionalistas catalanes, le fue todavía peor, teniendo que conformarse con una treintena escasa de diputados[44]. No obstante, volvía a repetirse una situación similar a la de las anteriores Cortes. Por un lado, el grupo parlamentario más numeroso era el de un partido semileal al régimen, la CEDA —como había sido el caso del PSOE en la cámara anterior—. Por otro, el primer gabinete no lo presidió el jefe de esa minoría mayoritaria, sino el líder del principal partido republicano, Alejandro Lerroux.

La joven República parecía, por tanto, condenada a tener gobiernos de coalición. Aunque ahora, a finales de 1933, había una importante diferencia con relación a lo ocurrido dos años antes: los dos principales partidos que apoyaban al gobierno, el Radical y la CEDA, se habían presentado a las elecciones generales con propuestas de revisión constitucional y de rectificación de la política izquierdista del primer bienio[45]. A la discontinuidad y fragmentación parlamentaria había que sumar, por consiguiente, una más que previsible falta de continuidad legislativa, lo que no era, a priori, una buena señal para reforzar la legitimidad de las instituciones republicanas, y más en concreto del parlamento. Por si eso fuera poco, enseguida los socialistas y la izquierda republicana, muy mermados en número de escaños, se lanzaron a una campaña de agitación y denuncia contra la nueva mayoría, a la que acusaron de querer desmantelar la República. Antes incluso de las elecciones, los socialistas se habían mostrado dispuestos a asaltar el poder «por los medios que sean» cuando consideraran en peligro las conquistas logradas en los meses anteriores. Para quienes habían fundado el régimen y redactado la Constitución, el parlamento reunido en diciembre de 1933 era una institución ilegítima[46]. Entendían, como explicó Azaña en febrero de 1934, que los «elementos de la CEDA y los agrarios no t[enían] títulos políticos para ocupar el poder» porque no habían acudido a las urnas con «un signo republicano, con un programa republicano y una bandera republicana, diciendo que son republicanos». Al contrario, habían realizado «la más sucia operación política que se p[odía] pensar», la de ocultar sus convicciones monárquicas, presentarse a las elecciones con un programa de revisión constitucional y luego querer ser un partido gubernamental. La CEDA no podía llegar al poder. La «Constitución y el Parlamento no están, dijo Azaña, para entregar el régimen a sus propios enemigos de anteayer[47]».

No es extraño que la vida de las Cortes del segundo bienio no fuera muy apacible. De un lado, las huelgas del verano de 1934, la insurrección revolucionaria que protagonizaron los socialistas y los nacionalistas catalanes de la Esquerra en octubre del mismo año, o la violencia de los anarquistas, que en diciembre de 1933 habían recibido al nuevo parlamento con una insurrección que había costado más de cien vidas. Y de otro, la ambigüedad del grupo cedista, mayoritario en las Cortes pero excluido de la dirección del gobierno, leal a Gil Robles pero demasiado heterogéneo para poder ser disciplinado en las cuestiones más polémicas. El resultado fue un parlamento más inestable que el anterior, con ejecutivos más cortos y débiles —aunque presididos en su mayor parte por la misma persona, Lerroux, al menos hasta septiembre de 1935—, en el que se puso de relieve, con más crudeza, los lastres derivados de la confusa y compleja relación entre el legislativo, el ejecutivo y la presidencia de la República.

El segundo parlamento republicano fue disuelto en las navidades de 1935, justo cuando cumplía dos años de vida y sin que se hubiera modificado el régimen electoral. Vino precedido de la crisis del Partido Radical, a raíz de varios episodios de corrupción debidamente explotados por sus adversarios. Fue una decisión del presidente de la República, Alcalá-Zamora, que se negó en rotundo a confiar la formación de gobierno al jefe del grupo mayoritario de la cámara, el cedista Gil Robles[48]. Tras esa decisión se sucedieron acontecimientos cardinales para la quiebra del régimen republicano. El primero, las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936, nuevamente bajo una ley electoral fuertemente mayoritaria. Con ellas el Partido Radical, la única opción republicana de centro-derecha que había tenido cierta continuidad desde 1931 hasta ese momento, prácticamente desapareció; y el ensayo de partido de centro, auspiciado por el presidente de la República y dirigido por Manuel Portela Valladares, fracasó por completo. Ambos fueron víctimas de sus propias debilidades internas, pero también de un enfrentamiento a suma cero entre el Frente Popular formado por socialistas, comunistas y la izquierda republicana, y la inestable coalición antimarxista que lideró en algunas circunscripciones la CEDA[49].

A las elecciones le sucedió una polarización política preocupante y una violencia política creciente en algunas regiones[50]. En ese clima echó a andar el nuevo parlamento, abierto el 15 de marzo de 1936. En la discusión de actas se reprodujo el clima de enfrentamiento civil que se escenificaba en las calles, cuando la mayoría del Frente Popular, con una actitud intimidatoria, privó a varios diputados conservadores de sus escaños. Poco después, la nueva mayoría decidió, además, destituir al presidente de la República, en un acto que aun siendo constitucional, venía a significar un golpe irreparable a la credibilidad de la más alta magistratura del Estado[51]. El entonces presidente de la mesa del Congreso, el otrora radical Martínez Barrio, se hizo cargo interinamente de la jefatura del Estado, hasta que el 10 de mayo Azaña fue elegido presidente de la República. Días después Casares Quiroga, hombre de confianza del nuevo presidente, formó el gobierno que habría de hacer frente a la sublevación de julio de 1936 y al inicio de la Guerra Civil.

Estas terceras Cortes mantuvieron algunos de los rasgos que habían venido siendo habituales en sus antecesoras, como la fragmentación y la discontinuidad de la elite parlamentaria. Así, en marzo de 1936, al igual que había ocurrido en diciembre de 1933, la proporción de diputados noveles volvió a superar el 50 por ciento. Basta observar el interior del grupo parlamentario socialista para hacerse una idea de la importancia de esa discontinuidad: el 72,5 por ciento del total de los diputados que se sentaron en los parlamentos republicanos sólo participaron en una legislatura, frente al 10,5 por ciento que lo hicieron en las tres o el 17 por ciento en dos de ellas[52].

La centralidad de un parlamento nuevo

Según el artículo 51 de la Constitución, primero de los dieciséis que formaban el Título IV, dedicado íntegramente a las Cortes, la potestad legislativa residía únicamente en el pueblo, que la ejercía «por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados». El cambio con relación a la Constitución de 1876 era histórico. Había sido suprimida definitivamente para la historia constitucional española la antigua soberanía compartida de las Cortes con el rey. El parlamento quedaba como la única expresión legítima de la soberanía nacional. Sus representantes, elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto (artículo 52), constituían el sagrado depósito de la voluntad nacional. Quedaba fijada, de este modo, una única fuente legítima del poder y un único depositante de esa soberanía. Se cumplía así una de las reivindicaciones más importantes de los grupos políticos que habían vivido al margen de la Monarquía. Las Cortes republicanas habrían de ser, por tanto, el centro de la toma de decisiones políticas en el nuevo régimen y, por consiguiente, el principal escenario de representación del sistema de partidos.

Las Cortes representaban legítimamente al soberano. Y puesto que éste era uno e indivisible, la Constitución de la República estableció que existiera una sola cámara, en consonancia con los deseos de una gran parte de la izquierda republicana y socialista. Por eso, el título IV no incluyó una segunda cámara o Senado. El anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Jurídica asesora y presentado en julio de 1931 había establecido unas Cortes bicamerales, con un Senado renovable por mitades cada cuatro años que debería actuar como contrapeso del parlamento, aunque sus atribuciones eran muy limitadas. Sin duda, había un sector de la opinión republicana, especialmente el del centro-derecha de Alcalá-Zamora, que hubieran preferido un sistema bicameral. Creían que un Senado serviría para contrarrestar las decisiones más radicales de la cámara baja y de este modo evitar que la vida política se polarizara en exceso al tener por única fuente de legitimidad las elecciones al Congreso. Pero la decisión final de los Constituyentes se basó en la opinión mayoritaria, expresada por el socialista Jiménez de Asúa, de que el Senado debilitaría la representación nacional y destruiría el ideal democrático al que quería ajustarse el nuevo régimen[53].

En un claro afán por no abandonar a la costumbre el funcionamiento de la cámara, el título IV de la Constitución reguló de forma detallada, aunque no exenta de ambigüedad, aspectos tan importantes como los períodos de sesiones. El interés de los constituyentes era manifiesto: el parlamento republicano no debía padecer de las mismas dolencias que, a juicio de aquéllos, habían desvirtuado el funcionamiento de sus homólogos monárquicos, esto es, la suspensión arbitraria y reiterada de los períodos anuales de sesiones, las mayorías débiles y fragmentadas por un exceso de personalismo y un grado de actividad legislativa muy bajo[54].

La vida parlamentaria quedó sometida a una reglamentación fijada de antemano. Fue constitucionalizada, además de sometida a la postre a diversas normas reglamentarias. Mucho tuvo que ver en esto la influencia del constitucionalismo europeo de entreguerras. El resultado fue una ruptura voluntaria y consciente con la tradición parlamentaria liberal; atrás quedaron los tiempos en los que la costumbre, antes que las normas escritas, determinaban el funcionamiento de la institución parlamentaria. Obviamente, no fue un cambio desprovisto de antecedentes; el parlamento de la Restauración ya había vivido transformaciones que respondían a esa tendencia a la reglamentación formal[55]. Pero ahora, en 1931, era ya por completo evidente.

Se optó, asimismo, por lo que un autor denominó «parlamentarismo atenuado», esto es, un sistema donde la institución parlamentaria era el centro de la vida política, pero en el que también existía un ejecutivo relativamente fuerte, con vocación de mayor estabilidad de lo que teóricamente había sido en el régimen parlamentario clásico. Debía de estar en mente de los constituyentes configurar un gobierno estable cuando decidieron constitucionalizar esa institución, considerándola por vez primera algo «autónomo, con organización y funcionamiento propios[56]».

En la práctica, sin embargo, el contexto pudo más que el diseño teórico. De hecho, el modelo de ejecutivo sólido y autónomo que deseaban algunos diputados constituyentes, y muy especialmente Azaña, se vio truncado muy pronto por las consecuencias de un sistema de partidos nuevo y, lo que es peor, demasiado inestable, consecuencias que se hicieron sentir especialmente en el funcionamiento de los grupos parlamentarios y, en definitiva, en la autonomía y la capacidad legislativa del ejecutivo. El sistema de partidos fue, seguramente, la causa principal de la inestabilidad y la conflictividad reinantes en los cinco años de historia parlamentaria, además de un factor decisivo para las relaciones de los gobiernos republicanos con la presidencia de la República.

La decisión de primar al parlamento —unicameral, además— en el proceso de toma de decisiones políticas, sin apenas contrapesos reales, fue un acto arriesgado para el contexto en el que se produjo, en medio de la irrupción de la movilización política a gran escala, con un sistema de partidos por completo nuevo, y una elite parlamentaria prácticamente inexperta. De hecho, tuvo costes muy elevados para el buen funcionamiento de las Cortes y de sus recién estrenados grupos parlamentarios. Algunos creyeron que convertir un parlamento liberal en un parlamento democrático era una tarea sencilla; que bastaba con establecer la soberanía nacional, el sufragio universal y un reglamento parlamentario más democrático. Pero la realidad, como podría verse en los años siguientes, fue bastante más compleja.

Con todo, la experiencia republicana fue instructiva. Para empezar, demostró que en la vida parlamentaria los cambios radicales no siempre tienen las consecuencias deseadas. Y las instituciones y las costumbres, cuando cambian, no lo hacen sólo porque teóricamente sea deseable que así ocurra. Abundan más las transiciones, y éstas suelen ser largas y no es raro que den lugar a situaciones contradictorias.

En definitiva, el paso de un parlamento de notables a un parlamento de partidos no fue, como no la había sido en ninguna parte, una tarea fácil. El proceso había empezado ya en muchos países europeos, como en la propia España. Y duró bastante, mucho más de lo que algunos pensaban[57]. Para que se cerrara con éxito era fundamental que existiera una competencia política libre en el marco de una amplia lealtad a las reglas de juego. Pero también lo era que cambiara la estructura de incentivos y de intercambios vinculados al ejercicio de la política con la finalidad de adaptarla a una cultura de participación competitiva y partidista[58].

En la política de notables «el partido era el grupo parlamentario» y los diputados «no debían su escaño a ningún aparato de partido» ni «recibían un sueldo (…) del Estado[59]». En teoría, esa situación cambió radicalmente en la Segunda República, pues los constituyentes republicanos decidieron dar por cerrado el capítulo de la política de notables, que identificaban con la corrupción electoral, los distritos, la ineficacia parlamentaria y el inmovilismo. Sin embargo, como queda dicho, el camino que llevaba de un parlamento de notables a otro de partidos no era tan corto ni sencillo como algunos pensaban. Requería de otros cambios importantes en la cultura política y, sobre todo, en la organización de la competencia electoral: la aparición de formas de partido modernas o el aumento significativo de la participación electoral eran factores indispensables[60]. Ambos, como luego se comprobó, eran procesos muy complejos y de una larga gestación histórica que la cultura política republicana española no había comprendido muy bien. En definitiva, el sistema de partidos resultó determinante para el funcionamiento del parlamento republicano, y muy especialmente las correas de transmisión de ese sistema al congreso: los grupos parlamentarios. Éstos fueron el instrumento en el que pensaron los diputados republicanos para primar a los partidos en la vida parlamentaria y terminar así con la política de notables.

La desaparición de las antiguas secciones y el reconocimiento oficial de los grupos parlamentarios fue, sin duda, una de las grandes innovaciones de la vida parlamentaria republicana. Fue un paso adelante muy importante para la institucionalización de los partidos, tan típica luego de las constituciones de la posguerra europea de los años cuarenta y cincuenta[61]. La existencia oficial de los grupos permitió diseñar una vida parlamentaria basada en sujetos colectivos antes que individuales. Así, las instituciones y los debates de la cámara se basaron en el principio de representación de los grupos y no de los diputados. Tanto las comisiones como la Diputación Permanente[62] estaban formadas en proporción a los grupos. Y los debates fueron regulados para que se oyera y primara la voz de los representantes de las minorías parlamentarias. Además, el reglamento estableció que cuando un diputado ostentara un cargo en una comisión, éste lo fuera en virtud de su pertenencia a un grupo, por lo que si abandonaba el mismo también perdía el cargo[63].

Algunos autores han puesto de relieve que esta situación era consecuencia natural de un sistema político en el que, teóricamente, los diputados debían su puesto a la organización del partido. Por tanto, parecía lógico que el parlamento respondiera al nuevo protagonismo de los partidos en la vida política y correspondiera el esfuerzo de aquéllos en las campañas electorales con una normativa que disciplinara a los diputados. Sin embargo, conviene tener en cuenta que ningún precepto obligaba a que los grupos fueran fiel reflejo de los partidos. De hecho, los diputados no fueron vinculados constitucionalmente al partido por el que habían sido elegidos, tal y como querían los socialistas. Así pues, al final, una vez conocidos los candidatos electos, cada diputado podía adscribirse al grupo que quisiera con independencia de si su escaño se lo debía o no a un partido concreto[64].

En la práctica, la actuación de los grupos parlamentarios varió, como no podía ser de otro modo, de acuerdo con la capacidad de cada partido para controlar a sus propios diputados. Como vamos a ver, fue el funcionamiento de cada grupo lo que a la hora de la verdad influyó en la configuración de un parlamento de partidos. Y esto a su vez dependía de aspectos de la vida interna del partido: su antigüedad, la fortaleza de su organización, su implantación territorial, los procedimientos de designación de los candidatos, el tipo de liderazgo o su unidad interna.

¿Un parlamento de partidos?

Durante todo el primer bienio la cámara estuvo regida por un reglamento provisional decretado por el gobierno antes de la primera reunión de las Constituyentes y que estas mismas ratificarían algo más tarde. Sustituía al antiguo reglamento de la Restauración, que había sido reformado en 1918. El reglamento definitivo no se discutió ni aprobó hasta 1934, ya en pleno período de gobiernos de centro-derecha. Ambos, provisional y definitivo, se redactaron para propiciar una cámara en la que los protagonistas fueran sujetos colectivos. Se perseguía que el protagonismo en los debates y la toma de decisiones correspondiera a unos nuevos actores: los grupos parlamentarios. Cada diputado —decía el artículo 11 del reglamento de 1934— debería presentar a la Mesa «una declaración firmada que exprese la fracción o grupo de la cámara a que desea quedar adscrito». Los grupos quedaban formados con un mínimo de 10 diputados y tenían derecho a estar presentes en las Comisiones «en proporción a su fuerza numérica[65]».

No obstante, ninguno de esos dos reglamentos fijó el modo en que tenían que comportarse los diputados en las votaciones con relación al criterio de su grupo. Tanto este aspecto decisivo, relacionado con la disciplina de los diputados, como otros de similar relevancia referidos al día a día de la vida de los grupos, se dejaron a la autorregulación de cada minoría. El artículo 13 del reglamento de 1934 reconoció la potestad de cada grupo de acordar su «propio régimen interior». Sin embargo, como veremos, no todos aprovecharon esa posibilidad, algo ya de por sí muy significativo del escaso interés de muchos diputados en fijar normas de funcionamiento que pudieran socavar su autonomía personal. Hubo minorías que no tenían detrás un partido consolidado y fuerte que impusiera una disciplina y un programa, como fue el caso de los dos principales representantes de la izquierda republicana: los Radical-Socialistas y los de Acción Republicana. Pero también hubo ejemplos de lo contrario, como el de los dos partidos más poderosos de la vida política republicana, el PSOE y la CEDA, que intentaron racionalizar y regular la estructura organizativa de sus respectivos grupos parlamentarios y la toma de decisiones en el interior de los mismos. Sin duda, debido al peso de estos dos últimos partidos en el primer y el segundo bienio respectivamente, la experiencia de sus grupos parlamentarios es muy reveladora del funcionamiento general de las Cortes republicanas.

Algunos aspectos del funcionamiento de un grupo parlamentario, como el grado de disciplina que observan sus miembros en las votaciones o las características de su régimen interno, son buenos indicadores de la naturaleza del partido político que está detrás de esa minoría. El hecho de que un grupo mantenga una buena disciplina no significa necesariamente que el partido lo controle férreamente. Sin embargo, suele ocurrir que un partido político dotado de una buena infraestructura organizativa y poderoso desde el punto de vista electoral, casi siempre se las arregla para controlar a su grupo parlamentario y someterlo a la disciplina interna. Más aún, si la solidez de su organización llega al extremo de tener bastante controlada la designación de candidatos a las elecciones, el partido hace al diputado y el diputado se debe al partido. Éste fue, más o menos, el caso de la minoría parlamentaria socialista durante la Segunda República[66].

Cuando los diputados socialistas empezaron su trabajo en las primeras Cortes republicanas no contaban con una experiencia parlamentaria muy abultada. Salvo cinco, el resto de los más de cien diputados socialistas elegidos en 1931 no habían estado nunca en el Congreso. Y los estatutos más recientes del PSOE, que databan de 1928, no recogían mención alguna al grupo parlamentario. Aunque podía deducirse de ellos que los diputados debían subordinarse siempre y en todo caso al Comité Ejecutivo del partido.

Ante esas circunstancias, en el verano de 1931, nada más reunirse las Constituyentes, los ciento catorce diputados que integraron la minoría socialista actuaron con celeridad para hacer frente a ese vacío normativo, aprobando su reglamento interno. Fue decisión y responsabilidad del grupo parlamentario. El partido no intervino hasta la reunión del Congreso Extraordinario de junio de 1932, momento en el que procedió a juzgar la acción de su minoría durante ese primer año de vida parlamentaria.

El reglamento de la minoría socialista fue pionero en las Cortes Constituyentes. Estableció que todos los diputados afiliados al PSOE deberían pertenecer a la minoría y someterse a su disciplina. Para los socialistas, devotos de la organización, era prioritario dejar bien claro que sus diputados eran tales en virtud del partido y, por tanto, a él y a su grupo debían completa obediencia y lealtad[67]. Para regular y controlar la vida interna del grupo y sus relaciones externas se creó una Comisión Directiva, compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos diputados. Como prueba de la subordinación del grupo a los dictados del partido, se recomendó —aunque no se obligó— que los cargos de esa comisión coincidieran con los de los órganos de dirección del partido.

Al presidente correspondía dirigir la participación del grupo en los debates del pleno, representarle ante el gobierno y ante los demás grupos de la cámara. La minoría se reuniría con carácter obligatorio y mínimo todos los jueves de cada semana. Además, los diputados socialistas debían contribuir con una cuota obligatoria gracias a la cual se mantendría la recién creada Oficina del Grupo Parlamentario, buen ejemplo del interés de los socialistas en reforzar la naturaleza propia del grupo, aun cuando su subordinación política al partido quedara fuera de toda duda.

Los diputados socialistas podían formular libremente preguntas, ruegos e interpelaciones, pero quedaban obligados a comunicar previamente sus intenciones al presidente de la minoría, quien podía ejercer un «veto suspensivo» si lo consideraba oportuno, a la espera de que se pronunciara la Comisión Directiva, a la que correspondía determinar la orientación de los debates y fijar qué diputados habrían de intervenir en la cámara.

En definitiva, teóricamente la minoría socialista estaba sometida a una fuerte disciplina, dependiendo por completo de la voluntad política del partido, si bien dentro de una autonomía más o menos reconocida. El margen reservado para la iniciativa individual era escaso. Pero ¿qué ocurrió en la práctica? Ambas realidades, minoría y dirección del partido, se respetaron mientras las diferencias ideológicas no afectaron a la unidad interna del partido. Los problemas llegaron cuando se planteó la gran cuestión que el PSOE había dejado sin resolver en los primeros meses de vida del nuevo régimen: qué papel debía representar un partido que se definía como marxista y revolucionario en un régimen de carácter parlamentario y constitucional. Surgieron discrepancias agudas, que se acrecentaron con el malestar que produjo en las clientelas del partido y del sindicato socialista algunas de las políticas de seguridad del Gobierno Azaña durante el año 1932. La situación acabó complicándose todavía más cuando la candidatura socialista sufrió una severa derrota electoral en las elecciones generales de noviembre de 1933, y acto seguido, aunque no sin alguna oposición interna, la dirección del partido optó por recuperar el poder a través de la revolución[68].

Por otra parte, había algunos aspectos que impidieron que la teoría funcionara tal y como hubieran deseado los dirigentes del partido socialista. Había muchos diputados que debían su escaño a alguna de las poderosas agrupaciones locales del partido; lo que significaba que no sólo tenían que responder ante el grupo parlamentario sino que se debían a las preferencias políticas y los intereses de sus electores. Ésta fue, de hecho, una diferencia sustancial con la derecha católica, en la que, como veremos, la designación de candidatos estaba mucho más centralizada y controlada por la dirección del partido[69].

Asimismo, durante el primer bienio se abrieron dos importantes grietas en la unidad y disciplina de la minoría socialista. Por un lado, la rivalidad latente que existió entre las elites socialistas, especialmente entre las procedentes del sindicato, y aquellas otras que quisieron controlar el partido e imponerle una estrategia política independiente de los intereses del corporativismo sindical. Y por otro, la que resultó de las imposiciones de los ministros socialistas sobre los diputados del grupo parlamentario, cuyo malestar con algunas políticas del gobierno se hizo patente a raíz de acontecimientos como el episodio de Casas Viejas a principios de 1933. Pero hay incluso ejemplos anteriores en el tiempo: en octubre de 1931 los ministros socialistas tuvieron que emplearse a fondo para que su minoría respaldara la modificación del dictamen del artículo 26 de la Constitución, defendido por Acción Republicana pero que disgustaba profundamente a sus compañeros[70]. Otro tanto ocurrió con motivo de la elección de Alcalá-Zamora como presidente de la República a finales de ese mismo año, candidato que no era bien visto por muchos diputados socialistas. Y no muy diferente fue la situación cuando se planteó si la Ley de Defensa de la República era compatible con la nueva Constitución: muchos socialistas no querían que dicha ley siguiera vigente una vez aprobada la Carta Magna; les preocupaba que un cambio de gobierno permitiera usar esos poderes excepcionales contra sus organizaciones. En todos esos casos la minoría acabó comportándose de forma disciplinada, pero conviene tener en cuenta que a menudo esa disciplina no fue resultado de una sólida unidad interna, sino de la lealtad al partido y, secundariamente, del respeto a las normas internas[71].

También con fuertes divisiones internas y, quizá, menos disciplinada que la socialista, aunque a la vez más centralizada y forjada en torno a un liderazgo único e indiscutible, destacó por su importancia la minoría formada por los diputados cedistas tras las elecciones de noviembre de 1933, dirigida por José María Gil Robles. Autodenominada minoría popular agraria y constituida en las Cortes del segundo bienio con un volumen de diputados muy similar al que había tenido en la legislatura anterior el grupo socialista, fue la otra minoría más importante de la historia parlamentaria de la República.

Los cedistas formaron el único grupo parlamentario de toda la República que se dotó un reglamento de régimen interno exhaustivo. Es éste un aspecto, a priori, que contrasta con la afirmación tantas veces repetida acerca de la escasa institucionalización del grupo cedista y de su profundo antiparlamentarismo. El reglamento fue aprobado en 1934, al poco de ser constituidas las Cortes, y se estableció que formarían parte de esa minoría todos aquellos diputados que se hubieran adherido al programa de la CEDA. Esta primera diferencia con el Partido Socialista es importante: no se fijó una identificación estricta entre la condición de afiliado a Acción Popular —la columna vertebral de la CEDA— y la de diputado de la minoría popular. El motivo de que se usara un criterio más amplio es doble. En primer lugar, se trataba de dar cabida en la minoría a todos aquellos que habían sido elegidos con el apoyo de la CEDA, aun cuando no fueran miembros de Acción Popular. Hay que recordar, a este respecto, que a priori la CEDA era una coalición antes que un partido. Y segundo, la dirección quiso asegurarse de que todos los que se adscribieran a la minoría compartieran el programa electoral de la CEDA y respetaran los acuerdos tomados por sus Asambleas Nacionales. Un criterio, por tanto, de lealtad ideológica que, sin duda, plantea algunos interrogantes a propósito de otra de las afirmaciones comunes acerca de la CEDA: su condición de partido heterogéneo en el que el posibilismo gilroblista no era sino una facción minoritaria. Queda claro, por tanto, que la minoría popular agraria se constituyó para defender los principios de la derecha católica posibilista, que eran los que los órganos directivos de la CEDA habían aprobado. Finalmente, para evitar dudas acerca de la subordinación de los intereses individuales al interés general del grupo, el reglamento determinó expresamente que quienes formaran parte de la minoría se someterían a ella en aras de una «disciplina plenamente eficaz[72]».

Como los socialistas, los diputados conservadores quisieron formalizar la gestión interna de su minoría creando un órgano permanente encargado de su dirección: un Comité Ejecutivo integrado por un presidente, dos vicepresidentes, tres vocales, un secretario y un vicesecretario[73]. Decidieron, asimismo, que el presidente del grupo sería siempre el jefe político de la minoría, encargado de representarla ante la cámara, con «suprema autoridad» y con un «amplio voto de confianza» para resolver según su criterio aquellas situaciones que así lo exigieran[74].

Seguramente, el temor a que no fuera muy alta la cohesión del grupo hizo que la citada minoría optara, a diferencia de los socialistas, por una regulación exhaustiva de aquellos aspectos relacionados con la disciplina de sus integrantes: de un lado, los derechos y deberes de los diputados; y de otro, los procedimientos a seguir en las votaciones y las sanciones en caso de incumplimiento. El objetivo era, como reconocía el artículo 18, asegurar que la «unidad de criterio y la disciplina parlamentaria» se reflejaran «en la uniformidad de las votaciones». Por eso, los diputados cedistas tenían la obligación de contribuir al «decoro y prestigio parlamentario» del grupo, la obligación de prestar sus conocimientos a la tarea de representación de la minoría en las comisiones y, como en el caso de los socialistas, dar cuenta al jefe de la minoría de sus intervenciones en la cámara antes de que se produjesen. Más importante, si cabe, era la prohibición a todos los integrantes de la minoría de hacer declaraciones a la prensa sobre política general que contradijeran los principios fundamentales del partido, al menos sin previa consulta a la dirección del grupo. En esto, la modernidad del reglamento cedista es muy evidente. Como casi todos los grandes partidos de la política democrática del siglo XX, la dirección cedista no pareció dispuesta a tolerar las diferencias de criterio con los órganos centrales del partido si éstas se producían ante la prensa y ponían en peligro la cohesión del grupo.

De este modo, el reglamento de la minoría popular agraria estaba diseñado para conseguir que sus diputados se comportaran con la debida «lealtad y disciplina», especialmente en las votaciones del pleno de la cámara, de acuerdo con las decisiones tomadas previamente en el interior del partido y teniendo presente que la falta de respeto a las normas podía conllevar en el caso más extremo la expulsión del diputado infractor, «previa invitación privada» a que el interesado se retirara voluntariamente[75]. En resumen, teóricamente la minoría de la CEDA estaba sujeta a una disciplina tan contundente como detallada y tenía una dirección dotada de amplios poderes, lo que aseguraba un alto grado de centralización en la toma de decisiones y en la imposición de medidas disciplinarias.

En cuanto a la relación con el partido, la situación del grupo popular agrario era similar a la de la minoría socialista. Formalmente era autónomo, pero en la práctica había dos aspectos que le subordinaban al partido: uno, la confusión del liderazgo del grupo y del partido en la persona de Gil Robles; y dos, la subordinación de la acción parlamentaria a los principios acordados por la dirección del partido. Además, las disposiciones adicionales que contenía el reglamento de la minoría decían que el Comité de ésta se integraría en el Consejo Nacional de la CEDA y que el partido tendría que dar el visto bueno al reglamento parlamentario del grupo. Así pues, a priori la subordinación de la minoría popular al partido era mucho más precisa que en el caso del grupo socialista.

Es bastante probable que el mayor afán regulador de la derecha católica por lo que respecta a su minoría parlamentaria, se debiera a la inseguridad que produjo entre sus dirigentes el hecho de que la CEDA fuera una coalición de partidos. Gil Robles sabía, de hecho, que la tarea legislativa que estaba por venir —revisión de la política secularizadora o de la reforma agraria, entre otras— podía dividir fácilmente a sus correligionarios, y temía que la magnitud de la victoria electoral de la CEDA se convirtiera en un problema, al estar todavía por definir el papel que su partido habría de jugar en la gobernabilidad del régimen y en la futura revisión de la Constitución. Había que evitar, por tanto, que los diputados conservadores cayeran en la tentación de proceder en su actuación como miembros de partidos diferentes, interpretando cada cual el resultado del triunfo electoral del centro-derecha en noviembre de 1933 como le viniera en gana. Como queda dicho, el riesgo de división también fue un hecho en la minoría socialista, pero en ese caso, a diferencia de la derecha gilroblista, había mucha más confianza en los mecanismos informales de presión sobre los diputados disidentes, quizá porque la tradición aseguraba una férrea lealtad al partido y porque la influencia de Largo Caballero, Prieto o De los Ríos sobre sus compañeros era muy importante[76].

Al final, pese a que la actividad legislativa de la CEDA acusó las diferencias de criterio que existían en su interior, no es menos cierto que Gil Robles pudo mantener un importante grado de disciplina en el comportamiento de su minoría a lo largo de todo el segundo bienio. Por eso pudo afirmar a posteriori que su grupo, aun estando colocado entre «aliados inseguros y oposiciones hostiles», había conseguido, contra todo pronóstico, que los «intentos de cisma» acabaran «siempre en el más absoluto fracaso[77]». A pesar de las tensiones y de las divergencias que se derivaron de las intenciones legislativas del sector democristiano de Manuel Giménez Fernández, ministro de Agricultura en el primer gabinete radical-cedista formado en octubre de 1934, la minoría popular agraria se mantuvo unida todo el segundo bienio. Lo logró incluso después de situaciones tan complicadas como la revolución de Octubre de 1934, la crisis de su socio, el Partido Radical, en el otoño de 1935, o, también por entonces, la negativa del presidente de la República de encargar la formación de gobierno a Gil Robles. Ciertamente, los diputados de la CEDA podían no tener una opinión uniforme sobre temas decisivos como el de la cuestión agraria, pero una mayoría eran leales a Gil Robles y se caracterizaban antes que otra cosa por un pragmatismo y una moderación que no siempre ha sido tenidos en cuenta al valorar la actuación de este grupo durante el segundo bienio[78].

Hasta aquí el panorama en que se desenvolvió la acción parlamentaria de los grupos del PSOE y la CEDA, entre la disciplina, la subordinación al partido y los problemas de cohesión ideológica. El caso de los grupos parlamentarios de los tres principales partidos republicanos fue por completo diferente.

El más importante de éstos, y también el más centrado, el Partido Republicano Radical, encabezado por un líder histórico del republicanismo, Alejandro Lerroux, tuvo un grupo numeroso de diputados no sólo en las Cortes Constituyentes (89 escaños) sino también en el parlamento del segundo bienio (101 escaños). De los otros dos, el Partido Republicano Radical-Socialista, el más escorado a la izquierda de los republicanos, logró reunir más de sesenta diputados en las primeras Cortes, pero se escindió antes de las elecciones de noviembre de 1933 y prácticamente desapareció del arco parlamentario. Y el último, Acción Republicana, situado en un centro-izquierda muy alejado del lerrouxismo y proclive a pactar con los socialistas, fue más importante por el peso político de su líder, Manuel Azaña, que por la fortaleza de su grupo parlamentario, que apenas pasó de los treinta diputados en las Constituyentes y que no resistió a la debacle electoral de la izquierda republicana en las generales de 1933.

Ninguno de estos tres partidos tuvo un grupo parlamentario tan disciplinado y cohesionado como el de los socialistas[79]. Acción Republicana no era ni de lejos un partido moderno sino un grupo de notables. Funcionó, por tanto, como le correspondía al tipo de partido que representaba; sus diputados, personalidades independientes y poco disciplinadas, actuaron muchas veces de acuerdo a sus intereses o inclinaciones personales. En verdad, Acción Republicana, un partido de nueva creación, no tenía una organización consolidada capaz de controlar al grupo parlamentario; todo lo contrario, su minoría era el origen del partido. En la práctica, si mantuvo la disciplina de voto en momentos delicados fue únicamente por la autoridad de que disfrutaba Manuel Azaña entre sus compañeros. Como se lamentó Giral, presidente de la minoría parlamentaria, aquéllos sólo acataban la autoridad de Azaña y la mayor parte se habían incorporado al grupo por admiración hacia él, sin que necesariamente compartieran las ideas del partido. En ese sentido, el comportamiento del grupo de Acción Republicana durante el debate del artículo 26 de la Constitución, el que regulaba las órdenes religiosas, en octubre de 1931, fue muy significativo: el grupo sólo aceptó apoyar la modificación del proyecto de la comisión de Justicia cuando Azaña intervino personalmente y exigió disciplina, y eso que el nuevo dictamen había nacido a iniciativa de diputados de esa misma minoría. El propio Giral llegó a dimitir el 7 de ese mismo mes, debido a la patente indisciplina de su grupo en el debate de los artículos de la Constitución que habrían de regular el derecho de propiedad[80].

En virtud de su estructura organizativa, Acción Republicana era un partido en el que la Asamblea Nacional de Delegados tenía un amplio poder, entre el que se encontraba la fiscalización del grupo parlamentario. Sobre el papel, el partido estaba fuertemente centralizado y era el Consejo Nacional el que elegía los diputados a Cortes. Pero ésa era sólo la teoría. El artículo 16 de los Estatutos de Acción Republicana limitó el número de diputados que podían formar parte del Consejo Nacional a siete sobre un total de veinticinco. Pero eso «no impidió que la minoría parlamentaria, pletórica de destacadas personalidades, tuviera una actuación de más importancia que la de mera mandataria[81]».

Las razones que explicaron el peso político de la minoría parlamentaria se pueden resumir así. Primero, fueron los diputados los que personalmente levantaron el partido en cada una de sus circunscripciones. Segundo, era el prestigio profesional y la acción política de cada uno de los diputados lo que daba fuerza al partido y no una organización autónoma. Tercero, los diputados aprovecharon sus cargos para fortalecer su control sobre sus respectivas circunscripciones, por lo que no dudaron en defender intereses locales por encima de los del partido. Y cuarto, los cargos del partido no estaban remunerados, a diferencia del de diputado.

En la práctica, por tanto, era la minoría parlamentaria de Acción Republicana, y no el Consejo Nacional, la que tomaba las decisiones políticas más importantes, como, por ejemplo, el apoyo parlamentario al gobierno. Ahora bien, no hay que pasar por alto que esa situación tuvo mucho que ver con la opinión que Azaña tenía del parlamento y del partido. El político alcalaíno era partidario de gobiernos fuertes, apoyados en mayorías parlamentarias disciplinadas y ajenas a los tejemanejes de los partidos. Pero a diferencia de Lerroux, recelaba de las tareas de organización interna del partido y deseaba que los ministros controlaran férreamente a sus respectivas minorías, no dejándose guiar por las confabulaciones y los intereses de sus respectivas clientelas partidistas. Apenas dedicó tiempo a fortalecer el partido y prepararlo para que fuera capaz de funcionar autónomamente en un marco de democracia competitiva y para que pudiera prescindir a medio plazo de las personalidades que formaban su grupo parlamentario y que controlaban las distintas agrupaciones provinciales. En resumen, Azaña no demostró demasiado interés por construir algo distinto de un partido de notables, lo que acabó teniendo serias consecuencias para la cohesión y la solidez política de su grupo parlamentario.

Con todo, la disciplina de la minoría de Acción Republicana en las Cortes Constituyentes fue muy elevada si se compara con la del Partido Radical-Socialista. El grupo parlamentario liderado por los ministros Albornoz y Domingo, el tercero en importancia en las Constituyentes de 1931, se convirtió en poco tiempo en la minoría más rebelde y alocada de la cámara. Fue reiterada y conocida la incapacidad de ambos ministros para controlar a su grupo e imponerle criterios homogéneos de votación en cuestiones capitales. Carente de cualquier reglamento propio, la minoría parlamentaria radical-socialista ni siquiera tuvo, como en el caso de Azaña, un liderazgo indiscutido y estable. No tardaron en aparecer corrientes de opinión enfrentadas en un grupo en el que la división —amén de las actitudes extremistas y de las rivalidades internas— acabó siendo un problema crónico y, por tanto, de consecuencias fatales para los ejecutivos a los que prestó su apoyo, y en especial el que dirigió Azaña durante el primer semestre de 1933[82]. La tensión interna era tan patente que no hubo Congreso del mencionado partido, fuera ordinario o extraordinario, en el que no se produjera alguna trifulca y hasta incidentes de cierta gravedad, con violencia incluida, que obligaron a suspender el encuentro[83].

Sin duda, por lo que se refiere al primer bienio, la actitud indisciplinada y personalista de los diputados radical-socialistas impidió que su grupo contribuyera a hacer de la cámara republicana un parlamento de partidos. Tampoco fue de mucha ayuda el comportamiento de la minoría del Partido Radical, que pese a su peso cuantitativo y su extraordinaria relevancia, no cumplió demasiado bien con la tarea de fortalecer la institución parlamentaria. El grupo presidido por Lerroux, que tenía tras de sí el partido republicano más importante de los presentes en la cámara, se asemejó en algunos aspectos decisivos al caso de Acción Republicana. Primero, porque los diputados radicales permanecieron agrupados y disciplinados más por su lealtad a una persona, Lerroux, que a una organización y un ideario. Segundo, por la presencia de un fuerte personalismo que hizo que muchos diputados radicales debieran su puesto a su influencia y poder en el ámbito local antes que al apoyo del partido. Y tercero, porque los cargos de dirección del partido estaban ocupados mayormente por diputados, lo que impedía que existieran verdaderos controles externos del trabajo de la minoría.

No obstante estas semejanzas con la política de notables del grupo azañista, la minoría radical también tuvo sus peculiaridades. Una es especialmente relevante para comprender su actividad parlamentaria. El Partido Radical tenía, por tradición, un discurso populista y demagógico, cargado de excesos anticlericales. Sin embargo, con el advenimiento de la República y durante las elecciones generales de junio de 1931 estrenó un nuevo lenguaje más moderado, con pretensiones interclasistas y una cierta vocación de representar una política republicana laica pero respetuosa con los católicos. Con esta nueva estrategia consiguió sumar apoyos de sectores sociales bien diversos. Ahora bien, esos apoyos y la paradoja de que fueran los lerrouxistas los abanderados de la moderación y el centrismo, les colocó en una situación poco cómoda a la hora de debatir los grandes temas políticos en el hemiciclo[84]. No les resultó sencillo lograr una postura común en cuestiones tan capitales como la religiosa o la económica; la cohesión ideológica de su minoría se resintió y en no pocas ocasiones el criterio expuesto por su portavoz parlamentario no coincidió con el de algunos diputados. Sirva de ejemplo los reparos que Salazar Alonso puso al proyecto de ley de Defensa de la República en octubre de 1931, mientras su grupo, tanto por boca de Lerroux como de su jefe de minoría, Rafael Guerra del Río, se mostraba favorable[85].

Esa condición de partido refugio de posiciones moderadas, con vocación interclasista, refundado sin que mediara una discusión ideológica exhaustiva, contribuyó a introducir mucha confusión entre sus diputados acerca de la estrategia a seguir frente a las políticas promovidas por la izquierda republicana y los socialistas. Así se explica que se sucedieran sin éxito distintos intentos de aprobar un reglamento para el grupo parlamentario radical. Lerroux lo intentó por última vez a finales de 1935, justo cuando el partido había entrado en una crisis profunda de la que no conseguiría reponerse. Quiso solucionar entonces los problemas endémicos que había sufrido su grupo, sobre todo en el segundo bienio, cuando las responsabilidades de gobierno habían puesto en entredicho su unidad: la maltrecha disciplina y la falta de asistencia a la cámara de los diputados radicales. Todo fue en vano[86].

El peso de la ideología

No fue una amplia movilización política la que derribó la Monarquía en 1931. No hubo una situación como la que sigue, típica de otros países europeos: primero se forman partidos políticos de tipo moderno, con una organización potente y una burocracia estable, y después estos nuevos actores actúan en el sistema político aprovechando los recursos existentes para fomentar la competencia y generar una amplia movilización a favor de la democracia. Esa posibilidad había quedado abortada tras la decisión de Alfonso XIII de consentir el pronunciamiento del general Primo de Rivera en 1923. Ocurrió, sin embargo, que al cambio de régimen y a la movilización subsiguiente hubo de añadírsele, de forma apresurada y casi siempre improvisada, una estructura de partidos modernos.

La proclamación de la República vino acompañada además por una amplia politización, es decir, por una correspondencia estrecha entre la acción política y las expectativas de cambio social. De la acción política cabía esperarlo todo. Así, la política de masas hizo su aparición en la escena española sin tiempo para que se adaptaran las viejas instituciones representativas. Aunque llegó por fin la competencia democrática de masas, las clientelas de los partidos fundadores del régimen estaban muy politizadas. Compartían una cultura política en la que primaba la idea de revolución y estaba muy devaluada la de pacto. Pensaban que la República pertenecía a quienes la habían fundado y que no era admisible que las urnas devolvieran protagonismo a los antiguos caciques. Tenían un sentido por completo patrimonial del régimen. Como dijo Marcelino Domingo, sólo los «servidores (…) deben gobernar. Nadie más. Y los sometidos no pueden elevarse a la categoría de servidores hasta que la prueba del tiempo, de la lealtad y de la compenetración ideológica haya evidenciado que lo son[87]». En ese contexto, la reunión de unas Cortes elegidas democráticamente despertó muchas esperanzas. Sin embargo, cabe preguntarse cómo podía un parlamento tan nuevo e inexperto responder a tan altas expectativas, en un ambiente tan politizado. El lenguaje de la revolución implicaba una política de exclusión que era incompatible con la esencia de la vida parlamentaria: el pacto.

Durante la Restauración, el sistema de gobierno se había basado en el principio constitucional de la soberanía compartida, del cual se derivaban al menos dos consecuencias importantes para la vida parlamentaria: por un lado, el gobierno necesitaba de la doble confianza de parlamento y Corona; y por otro, el rey actuaba —al menos en la teoría— como el principal árbitro de la lucha política, a falta de un cuerpo electoral maduro que decidiera democráticamente los cambios de las mayorías parlamentarias[88]. Aunque la competencia política había aumentado en algunos distritos, la sociedad española se había mantenido muy desmovilizada, bastante ajena a un juego electoral concurrido.

Proclamada la República, correspondía al cuerpo electoral decidir las mayorías parlamentarias. No hubo transición alguna para esa prueba de fuego. Los diputados republicanos se desentendieron de toda experiencia anterior. Y sin embargo, en las Cortes se reprodujeron algunos problemas ya conocidos, típicos de una situación de transición del parlamentarismo liberal al democrático: indisciplina, falta de experiencia en el funcionamiento de los grupos parlamentarios, conflictos entre la condición de diputado y la pertenencia a un grupo o escasa operatividad de las comisiones permanentes.

Ocurrió además que el parlamento cambió su función principal de fiscal por la de productor masivo de leyes[89]. Ya en la Restauración habían empezado a notarse los problemas de eficacia parlamentaria al aumentar el trabajo legislativo y hacerse éste más técnico y complejo; de la misma manera que los cambios en el papel del Estado en la sociedad habían afectado al papel del gobierno, provocando importantes conflictos en la relación entre éste y el parlamento. Con la República, el parlamento sufrió de lleno las consecuencias de esa nueva función productora, directamente asociada a las elevadas expectativas que había generado su constitución democrática: inflación legislativa, nuevas relaciones con el ejecutivo, división y organización partidista de la cámara, modificaciones sustanciales en el papel del diputado, etc.

De esta manera, el parlamento republicano se convirtió en el principal protagonista de dos escenarios políticos distintos que muy a menudo se confundieron en un mismo plano. De un lado, el escenario del debate democrático, la encarnación más pura de la voluntad nacional preparada para decidir en nombre de la nación lo que a aquélla convenía. Y de otro, el escenario de la producción legislativa, de la necesaria aprobación de las reformas que materializaran la idea de revolución republicana. En el primer escenario se exigió al parlamento que satisficiera las expectativas ideológicas con mucho debate y una función judicial para encausar a los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. En el segundo escenario se esperó del parlamento que fuera eficaz: resolución rápida de los problemas sociales y económicos del país, mayorías disciplinadas y gobiernos estables. Pero la eficacia, como había demostrado ampliamente la experiencia parlamentaria europea, estaba reñida con las exigencias ideológicas del primer escenario. Era muy fácil que primara la satisfacción de las demandas simbólicas, como la de justicia histórica o casi todas las vinculadas al anticlericalismo republicano, por encima de cualquier consideración técnica vinculada a la eficacia de las normas.

No es posible entender la vida parlamentaria de la Segunda República sin una referencia a este conflicto entre eficacia e ideología. De él se derivó un problema crónico de legitimidad. En realidad, cada uno de esos escenarios citados tenía asociado un tipo distinto de legitimidad. Al primero correspondía una legitimidad de tipo simbólico-ideológico, mientras que al segundo le tocaba una legitimidad de mercado, basada en la satisfacción de las demandas colectivas. En muchos e importantes casos —como, por ejemplo, el de la cuestión agraria— la cámara subordinó la eficacia a la legitimidad simbólica, satisfaciendo las demandas ideológicas de su mayoría sin importarle demasiado las consecuencias prácticas de medidas desacertadas. Eso tuvo graves consecuencias. Aunque lo ideológico podía primar a corto plazo y permitía, como en el caso del anticlericalismo, reforzar la unidad de acción entre la izquierda republicana y los socialistas, era la eficacia del sistema en la resolución de conflictos históricos básicos lo único que a largo plazo podía legitimar al nuevo régimen.

Esa crisis de eficacia tuvo consecuencias letales para la legitimidad del parlamento republicano. Pero no fue menos importante el hecho de que en sus cinco años de vida no hubiera un solo momento en el que las oposiciones no cuestionaran su representatividad. Ocurrió entre 1931 y 1933, cuando las derechas, tanto accidentalistas como monárquicas, denunciaron que las Constituyentes no representaban realmente a la sociedad española. Volvió a suceder después de las elecciones generales de noviembre de 1933, tras la victoria del Partido Radical y de la Unión de Derechas; ahora, la descalificación por falta de representatividad la enarbolaron las izquierdas. Y ocurrió de nuevo en la primavera de 1936, cuando las elecciones generales de febrero de ese mismo año produjeron una nueva mayoría de izquierdas; la derecha, muy perjudicada por la impugnación arbitraria de las actas, descalificó las nuevas Cortes por su escasa representatividad.

Por otra parte, pese a la retórica grandilocuente y modernizadora utilizada por los diputados republicanos y socialistas, el sistema político de la Segunda República no pudo superar algunos de los llamados principios caducos del Estado constitucional liberal. Se implantaron los grupos parlamentarios e incluso tuvieron reglamento propio en el caso de las minorías socialista y cedista. Además, se hicieron intentos de regular pormenorizadamente la vida parlamentaria. Sin embargo, el resultado no fue un sistema radicalmente nuevo, sino una mezcla de tradición e innovación, con no pocos problemas de eficacia.

Se quiso implantar un parlamento democrático organizado por y para los partidos y volcado en una amplia y eficaz labor legislativa. Pero diferentes datos indican que se estuvo muy lejos de alcanzar ese objetivo. Así, no se hizo casi nada para evitar que los problemas propios de una democracia incipiente —especialmente la movilización de los extremistas de diferentes ideologías— se trasladaran al parlamento, dificultando seriamente su buen funcionamiento. Del mismo modo, resultó perjudicial para la vida parlamentaria la falta de madurez del sistema de partidos en un contexto de aumento de la movilización social y de polarización política. Eso tuvo, como se ha visto, una incidencia negativa sobre la disciplina de los grupos parlamentarios. Y otro tanto ocurrió con el sistema electoral. Fue pensado para obligar a republicanos y socialistas a unirse en los comicios y obtener así una importante prima frente a los conservadores. Pero no bastó la voluntad política. Al final, el régimen electoral no sólo no contribuyó a reducir la fragmentación parlamentaria, sino que, hasta cierto punto, fomentó la polarización y obligó a los grandes partidos a tener que contar con los pequeños para poder llevarse el máximo número posible de escaños en la circunscripción.

Los parlamentos republicanos no contaron con el respaldo de formas-partido modernas, con organizaciones bien estructuradas e implantadas geográficamente, preparadas para la movilización y la competencia electoral. El PSOE y la CEDA sí cumplieron, en parte, con algunos de esos requisitos, pero no jugaron un papel integrador y estabilizador de la institución parlamentaria en la medida en que ninguno de los dos se comprometió sinceramente con el régimen. Con ese sistema electoral, esa mezcla de partidos modernos y partidos de notables y la consabida polarización ideológica, el resultado fue una cámara muy fragmentada, en la que predominó, muchas veces, el liderazgo personal y la indisciplina dentro de los grupos parlamentarios. Nada de eso podía contribuir, en un contexto ya de por sí complejo, con fuertes fracturas socio-económicas y culturales, a que el sistema político fuera eficaz y tuviera capacidad para dar una respuesta rápida al volumen ingente de expectativas que había generado la instauración de la República.

3. LA CONFUSIÓN DE PODERES

Las democracias del siglo XX se organizaron de múltiples formas para intentar perdurar y responder a los desafíos políticos y problemas socio-económicos que se les plantearon. Uno de los aspectos del sistema político que más importancia tiene para comprender esa variedad de estrategias y lo acertado o desafortunado de las mismas, es la relación entre gobierno, parlamento y jefe del Estado. De hecho, este aspecto condicionó de diferentes maneras la capacidad de respuesta de las elites políticas en momentos de grave crisis, especialmente durante el período de entreguerras.

También en el caso de la Segunda República, un aspecto decisivo para el funcionamiento del sistema político y, a la postre, para la consolidación de la democracia fue, sin duda, la relación entre los poderes y, concretamente, la configuración de la presidencia de la República. Sobre esto no son pocas las preguntas que todavía permanecen sin respuesta. En la alternativa presidencialismo-parlamentarismo, ¿a qué se debió la extraña fórmula escogida en 1931 por los Constituyentes republicanos? ¿Cómo influyó esto en la debilidad de la democracia republicana? ¿Por qué se atribuyeron competencias al presidente de la República que luego podían volverse en su contra? ¿Por qué no se estableció un régimen parlamentario sólido e inequívoco? Estas y otras tantas preguntas se refieren, en definitiva, a un mismo problema, que puede resumirse así: la Segunda República no fue un régimen plenamente parlamentario, como vamos a ver, pero tampoco respondió a las características del presidencialismo puro. ¿Qué fue entonces y cómo funcionó?

Ideología e improvisación

Cuando el 14 de abril de 1931 Niceto Alcalá-Zamora y los demás miembros del comité revolucionario presentes en Madrid tuvieron que asumir precipitadamente las riendas del país no contaban con ningún programa de gobierno, y sólo alguno de sus integrantes podía presumir de una experiencia ministerial previa. En el comité había habido ciertas discusiones esporádicas, pero no se había elaborado un proyecto constitucional para el nuevo régimen ni algo parecido a un calendario para una etapa constituyente[90]. Existían diferencias prácticamente insuperables que lo impidieron. Aunque es probable, también, que la escasa confianza que ellos mismos tenían en su capacidad para derrumbar la Monarquía, les impidiera discutir sobre proyectos de futuro de forma sistemática. Fuera como fuera, la coalición revolucionaria se conformó con un mínimo común denominador: la oposición a la Monarquía por su connivencia con la dictadura de Primo de Rivera y la adopción de buena parte de los tópicos procedentes del discurso regeneracionista sobre las elecciones, el caciquismo, la ineficacia de los parlamentos y la necesidad de emprender reformas radicales.

Desde abril y hasta julio de 1931, el país vivió bajo el control de un Gobierno Provisional presidido por el líder de los republicanos conservadores y antiguo monárquico liberal, el cordobés Niceto Alcalá-Zamora, y compuesto en su mayor parte por representantes de la izquierda obrera y republicana. La heterogeneidad y la divergencia de opiniones e intereses se hizo notar en esos meses, pero fue aún más evidente, y con peores consecuencias, cuando llegó el momento de decidir si el gobierno tenía o no un borrador de Constitución que defender en las Cortes Constituyentes elegidas a finales de junio de 1931 y constituidas dos semanas más tarde.

Era casi imposible que Alcalá-Zamora, el único entre los miembros del Gobierno Provisional al que parecía preocupar la discusión técnica sobre la distribución de competencias entre los poderes constitucionales de la República, pudiera convencer a los ministros socialistas de que tanto o más importante era conseguir un acuerdo sobre las atribuciones del futuro presidente de la República o la existencia o no de un Senado, como sobre la ley de términos municipales o la reforma agraria.

Con todo, precisamente por iniciativa del presidente del gobierno y con la supervisión del socialista Fernando de los Ríos, el ejecutivo encargó la redacción de un anteproyecto de Constitución a una Comisión Jurídica dependiente del Ministerio de Justicia. La presidió Ángel Ossorio y Gallardo y tuvo entre sus vocales a ilustres juristas como Jerónimo González, Adolfo Posada, Luis Jiménez de Asúa o Alfonso García Valdecasas. Ésta tuvo listo el anteproyecto en los primeros días del mes de julio, poco después de haberse celebrado las elecciones generales y de saberse ya que el primer parlamento republicano tendría una mayoría clara de izquierdas, muy influida por una poderosa minoría socialista[91]. En total, los partidos que apoyaban al Gobierno Provisional habían obtenido casi cuatrocientos asientos, en torno al noventa por ciento de toda la cámara y muy por encima del medio centenar de la oposición conservadora no republicana. Pero solamente la suma de socialistas y radical-socialistas representaba casi un tercio de los escaños, lo que explica su peso en la redacción de la Constitución. Ambos partidos se habían presentado a las elecciones como los más fervorosos críticos de la República conservadora. Una vez conocidos los resultados no tardaron en reclamar insistentemente que el régimen se ajustara al principio de «constitucionalización» de la revolución republicana, y por ende de la religiosa. Ni siquiera reuniendo a los diputados del Partido Radical, la Derecha Republicana y otros grupos liberal-conservadores (algo de por sí bien difícil), que sumaban alrededor de 125 votos, era posible contrarrestar el peso de una coalición de socialistas, radical-socialistas e izquierdas republicanas diversas, que obtenía por sí sola la mayoría absoluta.

El anteproyecto se había elaborado de una forma que, paradójicamente, le restaría valor: había sido discutido por una comisión de especialistas impermeable a las presiones de los extremistas y poco influida por el gobierno que, carente de un criterio uniforme, se había inhibido por completo de la marcha de las discusiones. Como cabía esperar, no tuvo una buena acogida entre la opinión de la izquierda y el centro-izquierda republicanos. La prensa socialista lo calificó de «engendro constitucional de Ossorio y compañía» destinado a «aprovechar todo el poder formidable [de] la Iglesia española para intentar un último asalto a la conciencia del país (…)». Salvo ciertos medios más moderados, la izquierda republicana condenó el anteproyecto por reconocer —en palabras de Albornoz— «la soberanía de la Iglesia» y mantener sus privilegios bajo el disfraz de la corporación de derecho público[92]. El motivo del enfado izquierdista saltaba a la vista: la Constitución propuesta no respondía a lo que ellos llamaban revolución republicana. Era un texto moderado, incluso conservador en algunos aspectos. Pero era, sobre todo, un texto que no pretendía romper radicalmente con el pasado. Por eso, entre otras cosas, mantenía un sistema bicameral o reconocía un estatus especial para la confesión religiosa mayoritaria, la católica.

Como se ha señalado en el capítulo anterior, el anteproyecto reguló un Senado corporativo, no elegido por sufragio universal, al que se atribuían las funciones moderadora y de apoyo técnico en el trabajo legislativo. Estaría compuesto por 240 Senadores, divididos en cuatro grupos de sesenta cada uno. Sería renovable por mitades cada cuatro años, lo que pretendía asegurar una mayor continuidad que en el caso del Congreso, amén de alejar a la cámara alta de los vaivenes que pudiera producir el sufragio universal. Sólo funcionaría cuando estuviera reunido el Congreso y dispondría de iniciativa legislativa. Además, se le reconoció el derecho al veto suspensivo de las leyes aprobadas por el Congreso, si bien ese veto quedaba anulado en el caso de que la cámara baja volviera a aprobar la misma ley por mayoría absoluta.

Por otra parte, ateniéndose a presupuestos estrictamente liberales, el anteproyecto establecía la separación de la Iglesia y el Estado y la prohibición de cualquier discriminación por razones de profesión de fe religiosa. Sobre la base de mantener la paz social y evitar una ruptura radical con el pasado, la Iglesia católica sería reconocida como corporación de derecho público, estableciéndose además la posibilidad de que otras confesiones obtuvieran ese mismo estatus jurídico si su crecimiento y presencia social lo aconsejaban. En relación a la espinosa cuestión de la enseñanza, el anteproyecto atribuía al Estado el control absoluto de la «cultura nacional», declaraba obligatoria y gratuita la educación primaria y hacía de la enseñanza religiosa una asignatura voluntaria, eximiendo al maestro de impartirla «contra su conciencia». El anteproyecto respondía, en definitiva, a la idea del presidente de la Comisión, Ángel Ossorio, en virtud de la cual si la derecha era capaz de hacer concesiones a la izquierda, esto es, «si ac[ertaban] a construir un edificio de comprensión y justicia, cabr[ía] en él tanta gente que la revolución [sería] inútil[93]».

En el anteproyecto se reguló por separado la jefatura del Estado y el gobierno, siguiendo así una corriente muy al uso en entreguerras, la de delimitar con mayor claridad las funciones del ejecutivo, garantizando su autonomía y plena capacidad para decidir y obrar libremente. Según el preámbulo, el presidente de la República, cuyo mandato duraría seis años, había sido concebido con funciones «típicamente representativas y moderadoras», de acuerdo con las cuales le estaba reconocido el derecho a convocar sesiones extraordinarias de Cortes, a vetar las leyes y a disolver el Congreso. Contra lo que pudiera parecer, Ossorio insistió en que se trataba de competencias «mucho más limitadas que las que tenía el rey anteriormente[94]». ¿Era realmente así? Consideraremos dos aspectos para tratar de dar una respuesta: por un lado, la relación del presidente de la República con el Congreso y, por otro, el procedimiento de elección presidencial.

En cuanto a lo primero, dos circunstancias determinaban esa relación presidente-parlamento: la facultad presidencial de disolución reconocida en el artículo 42 y el nombramiento del jefe del gobierno. En el caso de la segunda, el anteproyecto era rotundo: el presidente designaría libremente al jefe del gobierno, pero debería atenerse a la confianza del parlamento para mantenerle en su puesto o retirarle. No cabía, por tanto, sino un gobierno plenamente parlamentario, basado en la regla inflexible de las mayorías.

Por tanto, en cuanto al origen del ejecutivo, el presidente no era sino una institución subordinada al parlamento, sin mayor opción a intervenir que en los casos de crisis grave o parálisis parlamentaria. Sin embargo, la primera circunstancia a la que hemos hecho referencia anteriormente, la facultad de disolución extraordinaria del Congreso, equilibraba sustancialmente la relación de poder entre la cámara y el jefe de Estado, reforzando el papel de este último. En principio, la facultad de disolución estaba limitada por dos mecanismos: primero, porque el artículo 42 restringía su uso a un máximo de dos «disoluciones consecutivas por la misma causa»; y segundo, porque el artículo 45 autorizaba al Congreso, previa decisión por mayoría absoluta, a acusar al presidente ante el «Tribunal de Justicia Constitucional» si interpretaba que había faltado a sus obligaciones constitucionales. Con todo, ambas limitaciones no impedían que la disolución configurara un presidente fuerte. Al fin y al cabo, no sólo la redacción del artículo 42 podía ser objeto de una interpretación flexible y generosa a propósito de la «causa» de disolución, sino que además la decisión final para destituir al presidente de acuerdo con el artículo 45 no recaía en el Congreso sino en el mencionado Tribunal.

Así las cosas, desde el punto de vista de la facultad presidencial de disolución, y contra lo dicho por Ossorio, la presidencia del anteproyecto sí era en verdad una institución fuerte en su relación con el Congreso. El problema, como iba a ocurrir con el texto definitivo de la Constitución, era que esa redacción de las competencias presidenciales predisponía al conflicto entre el presidente y el parlamento y no al entendimiento mutuo. La redacción del anteproyecto implicaba un riesgo similar al de la futura Constitución, el de la confusión entre las competencias típicas de un régimen presidencial y las de otro parlamentario. ¿Por qué no haber establecido, en un régimen parlamentario donde el gobierno dependía directamente de las mayorías electorales y el jefe del Estado se limitaba a rubricar el poder de esas mayorías, que la facultad de disolución del Congreso quedara en manos del presidente del gobierno, o cuanto menos haber fijado explícitamente —algo que no hacía el anteproyecto— que la facultad de disolución presidencial necesitaba del refrendo ministerial?

Resta una consideración más sobre el procedimiento de elección presidencial. El anteproyecto estableció que el presidente sería elegido en reunión conjunta de las dos cámaras, Congreso y Senado, desechando la elección por sufragio universal directo, fundamento de todo régimen presidencial, por considerar que no era ése el mejor método para «discernir» las «capacidades» que requería la más alta magistratura del Estado. «Nuestro temperamento pasional y nuestras añejas corruptelas electorales aportarían —decía el preámbulo— complicaciones a la elección directa, que compromete la vida del país y que es difícil de rectificar[95]».

La primera impresión es que ese procedimiento de elección instituía un presidente débil, falto de legitimidad popular y subordinado a las Cortes. Ahora bien, la intervención del Senado en la elección presidencial tenía importantes consecuencias que no conviene pasar por alto, y no eran precisamente las de debilitar la institución presidencial. Sin duda, la Comisión quiso evitar que la cámara baja eligiera un jefe del Estado a su imagen y semejanza, por lo que hizo intervenir al Senado en la elección. De este modo, al menos en teoría, se lograba una presidencia menos vinculada a las mayorías políticas del Congreso y, por tanto, un presidente con mayor autonomía y en mejores condiciones para actuar como poder moderador entre ambas cámaras, esto es, entre los intereses corporativos y los del sufragio universal.

Por tanto, en términos generales, la presidencia de la República regulada en el anteproyecto no era esa institución tan limitada a la que se refería Ossorio. Estaba concebida, junto con el Senado, para contrarrestar el efecto de la democratización del sistema político. Esto explica por qué la izquierda republicana y los socialistas vieron en el anteproyecto una ofensa para su concepción radicalmente democrática del régimen republicano. Sus representantes en la Comisión Jurídica ya habían tenido oportunidad de manifestar su total disconformidad con la cámara alta —fuera o no corporativa— y con la elección por las Cortes del presidente de la República[96].

No obstante, la oposición al anteproyecto no significaba que todos los grupos de las izquierdas compartieran un proyecto alternativo. La confusión y la divergencia de opiniones eran especialmente acusadas cuando se trataba de la presidencia de la República, materia en la que el consenso se limitaba al deseo de evitar a todo trance que su titular tuviera facultades similares a las de un rey constitucional. Tanto los dirigentes de las izquierdas republicanas como los socialistas estaban plenamente convencidos de que la Monarquía había caído por usar sus prerrogativas de modo arbitrario y contrario a los deseos de la voluntad nacional, por lo que ése era su contramodelo[97].

La democracia republicana y el parlamentarismo

Ante la postura crítica de los partidos que componían la mayoría parlamentaria, el Gobierno Provisional decidió desechar el anteproyecto, declarando públicamente, contra la voluntad de su presidente, Alcalá-Zamora, que no llevaría a las Cortes un proyecto constitucional propio. Según Azaña, no se pudo debatir a fondo el anteproyecto porque «dada la hechura del Gobierno» resultaba imposible presentar «un texto que acepta[ran] todos». Se confirmaban así las profundas diferencias ideológicas que existían entre las alas izquierda y derecha de la coalición de gobierno. Dada la posición minoritaria de los conservadores republicanos en el parlamento, no cabía ya la posibilidad de que triunfara el criterio transaccional que había presidido la elaboración del anteproyecto[98].

Así las cosas, el Congreso eligió una Comisión Constitucional encargada de redactar un nuevo y definitivo proyecto constitucional. Bajo la presidencia del jurista socialista Jiménez de Asúa y muy influida por el peso de los grupos socialista y radical-socialista, la Comisión elaboró un texto que, aunque conservaba amplios fragmentos del anteproyecto, estaba influido por una línea ideológica bien distinta. Presidían el mismo dos aspectos esenciales: de un lado, una voluntad manifiesta de ruptura con toda costumbre constitucional española que no fuera la de 1812; y de otro lado, la poderosa influencia del constitucionalismo de entreguerras, y en concreto de la Constitución de Weimar[99].

El nuevo proyecto de la Comisión parlamentaria introdujo cambios sustanciales en la redacción de las atribuciones de la presidencia de la República. Para empezar, puesto que fue suprimido el Senado, la elección presidencial hubo de ser modificada, imponiéndose la opinión mayoritaria de los grupos de izquierdas de la cámara: la elección por sufragio universal directo. Así, se daba paso a una institución presidencial autónoma e independiente de la voluntad del parlamento, una institución con una mayor legitimidad que la prevista en el anteproyecto, con todos los requisitos para convertirse en un poder efectivo del Estado.

Si bien la elección popular directa sugiere, a priori, la imposición de un jefe del Estado típico de una república presidencial, la lectura del resto de los artículos del título V del proyecto desmiente esa impresión[100]. Primero, porque desapareció la facultad presidencial de disolución extraordinaria del Congreso, quedando como algo puramente residual: el presidente podía proponer al pueblo que se pronunciara acerca de la disolución cuando se presentara una situación de conflicto excepcional entre la cámara y el jefe del Estado, siempre sabiendo que la negativa popular acarrearía su destitución inmediata. Y segundo, porque el artículo 75 reconocía al parlamento el derecho a proponer al pueblo la destitución del presidente, siempre que lo decidiera un mínimo de los dos tercios de la cámara. En el caso de que la consulta popular no confirmara la decisión del Congreso, éste quedaría disuelto[101].

Hubiera resultado difícil sembrar mayor confusión en la redacción del título V. Por un lado, la presidencia era una institución fuertemente legitimada por el voto popular, pero por otro, su capacidad de acción era, en la práctica, residual. Una función arbitral que está sujeta a los dictados del sufragio universal no es tal función. Es casi seguro que el miedo a perder una consulta electoral habría abocado al presidente a convertirse en un títere de los partidos políticos que formaban la mayoría de la cámara. Además, la elección directa no significaba en ningún caso que le fueran reconocidas funciones típicas de un régimen presidencial. Al igual que en el anteproyecto, era el gobierno, elegido por el presidente pero necesitado de la confianza parlamentaria, el que tenía reservadas las funciones ejecutivas básicas. En la práctica, tal y como estaba redactado el proyecto, sólo cabían dos posibilidades: una, que el presidente de la República fuera elegido por una mayoría política similar a la que había respaldado al ejecutivo, con lo que el escenario más probable sería el de la sumisión del jefe del gobierno al presidente, que se arrogaría funciones ejecutivas. (Es bastante menos probable que la dirección en que se estableciera la subordinación hubiera sido a la inversa, dada la alta legitimidad de la figura presidencial.) Y otra, que presidente y mayoría parlamentaria representaran a dos orientaciones ideológicas adversas, con lo que, o bien el primero se limitaba a cumplir funciones meramente representativas —circunstancia harto improbable en un cargo de elección popular— o el conflicto entre el parlamento y la presidencia estaba servido.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 76 del proyecto, el presidente —que mantenía el mandato de seis años— tenía además el llamado derecho de «mensaje», esto es, la posibilidad de devolver al parlamento una ley ya aprobada para que volviera a ser discutida. Como ocurría en el resto de sus relaciones con las Cortes, el presidente debía acatar finalmente la voluntad parlamentaria si la ley era ratificada nuevamente por la mayoría. No se trataba, por tanto, de ningún tipo de veto presidencial absoluto. Ésta era, una vez más, otra facultad presidencial que tal y como estaba prevista incitaba al conflicto. Así lo advirtió el diputado de la derecha republicana, Castrillo, en el debate a la totalidad del proyecto: el derecho de mensaje, aseguró, traería numerosos problemas al presidente en su relación con los partidos políticos, puesto que tomara la decisión que tomara, nunca sería bien recibida por todos, bien fuera por no devolver la ley o por hacerlo[102].

Seguramente, no había nada más peligroso para un régimen que acababa de nacer que sembrar la confusión en las relaciones entre la presidencia de la República y el parlamento. Sin embargo, como se demostró en los primeros debates parlamentarios del proyecto, a los Constituyentes no les preocupaba en exceso ese problema. Otros, de más alto contenido simbólico e ideológico, como el religioso, mantuvieron ocupado al hemiciclo durante días[103]. Así, antes de que llegara el turno de discutir sobre la institución presidencial, ya habían tenido lugar debates muy agrios y hasta una crisis política que cambió por completo el rumbo de las Constituyentes y del régimen. Como es sabido, en la segunda semana de octubre, como resultado del debate del artículo 26, el principal de los referidos a la cuestión religiosa, la derecha republicana abandonó el gobierno, Azaña formó un nuevo ejecutivo y los diputados católicos se retiraron de la cámara. El grueso de la mayoría parlamentaria seguía intacto, pero uno de los pilares de la moderación había sido derribado y las relaciones entre el Partido Radical y los socialistas empezaban a revelarse harto difíciles[104].

Cuando llegó el momento de debatir los títulos IV y V, dedicados al poder legislativo y a la presidencia de la República respectivamente, la cámara estaba prácticamente vacía, como si de cuestiones menores se tratara en comparación con la disolución de la compañía de Jesús[105]. Lo primero, en muy poco tiempo, fue la confirmación de que el Senado quedaba definitivamente aparcado. Alcalá-Zamora hizo un último esfuerzo a favor de las dos cámaras, que también apoyó Lerroux, pero los grupos socialista, radical-socialista e izquierda republicana se mostraron inflexibles en su denuncia del Senado como una institución oligárquica y anticuada. «Buscose, dijo el radical Martínez Barrio, levantar una muralla infranqueable que, fueran cuales fueran los riesgos, cerrara el camino a todas las costumbres del pasado[106]».

Para los partidos de la izquierda parlamentaria, el unicameralismo respondía a una vieja obsesión: la institución completa y perfecta de la soberanía popular. En ese sentido, casi su única preocupación con relación al presidente de la República era la de crear una institución que no contradijera esa idea. En su opinión, era perfectamente factible que un presidente elegido por sufragio universal no tuviera atribución alguna que supusiera una limitación de la soberanía parlamentaria. En definitiva, el proyecto de la Comisión les parecía viable.

Eliminado el Senado, el título IV estableció de forma taxativa la supremacía del parlamento dentro del sistema político: único depositario de la soberanía popular y único poder con plena capacidad legislativa. De acuerdo con ese principio y en la línea del más puro convencionalismo, los constituyentes decidieron que la última palabra en la formación del gobierno la tendría el Congreso. Así, el artículo 75, que reguló la participación del presidente de la República en la formación del gobierno, estableció, en la línea del proyecto y del anteproyecto, que el ejecutivo nombrado por el jefe del Estado no podría continuar en sus funciones sin la confianza explícita del parlamento. Aunque según el mencionado artículo, el presidente nombraría «libremente» al jefe de gobierno, hay que entender, de acuerdo con la tradición parlamentaria, que esa función estaba sujeta a la lógica de las mayorías. Desde luego, Alcalá-Zamora, que ocupó la presidencia de la República desde diciembre de 1931 hasta marzo de 1936, no siempre lo entendió así. Es conocida, por ejemplo, su negativa en 1935 a encargar la formación de gobierno al jefe de la minoría parlamentaria más numerosa, el cedista José María Gil Robles.

Además de la confianza parlamentaria, los constituyentes aprobaron otras cláusulas que aseguraban el sometimiento del gobierno al parlamento. Por un lado, el artículo 64 fijaba el derecho de la cámara a acordar un voto de censura al gobierno o alguno de sus ministros, estando estos obligados a dimitir si el mismo era aprobado por mayoría absoluta. Por otro, diversos preceptos exigieron la activa presencia de los ministros en la cámara, lo que sirvió en la práctica para que el Congreso ejerciera una fuerte labor de control sobre la actividad ministerial[107].

Por tanto, la institución de gobierno que diseñó la Constitución republicana fue, en principio, la típica de un régimen parlamentario, esto es, un gobierno sometido a la confianza de la cámara y fiscalizado por ella. Ése era, en buena lógica, un ejecutivo débil y subordinado a la cámara; de hecho, no se establecieron excesivos instrumentos para asegurar su independencia y evitar el abuso en la labor fiscalizadora de las Cortes. Y sin embargo, en la vida política real, la debilidad de los gobiernos republicanos no se debió tanto a esa regulación como a la «ausencia de fuerzas políticas sólidamente organizadas a través de las cuales pud[iera] canalizarse e impulsarse unitariamente el trabajo del parlamento». Como suele ocurrir en casi todos los regímenes de gobierno parlamentario, por muy definidos que estuvieran los controles parlamentarios, la fortaleza o debilidad del ejecutivo dependía realmente de la disciplina y la cohesión de las mayorías sobre las que aquél se apoyaba. En ese sentido, sería fundamental el modo en que se regularan y funcionaran los grupos parlamentarios y la disciplina dentro de los mismos. Madariaga tenía razón cuando atribuyó la «flojera del ejecutivo» al sistema de partidos y a los hechos que tenían lugar fuera del hemiciclo. Un liderazgo fuerte, como intentó ser el de Azaña durante el primer bienio, hubiera sido una salida a esa situación de «flojera». No obstante, como también le ocurrió a Gil Robles, los problemas internos de los grandes partidos y de sus grupos parlamentarios dificultaban la continuidad y la fortaleza de los líderes. Además, ésa era una situación de debilidad que cualquier presidente de la República podía aprovechar en su favor para perjudicar a los líderes parlamentarios que menos le agradaran[108].

Esa debilidad de los ejecutivos tuvo importantes consecuencias para las instituciones republicanas y especialmente para la jefatura del Estado, sobre todo durante el segundo bienio. La realidad demostró que el poder político del presidente era inversamente proporcional al funcionamiento ordenado y disciplinado de las mayorías parlamentarias. Cuanto más cohesionada y estable era la coalición parlamentaria que apoyaba a un gobierno, menos margen de intervención o intromisión tenía el presidente[109]. Así, las veces que Alcalá-Zamora actuó como si de una república presidencial se tratara, tuvieron lugar cuando los gobiernos se vieron sometidos a fuertes tensiones parlamentarias, cuando dependieron de complejas relaciones de coalición, o simplemente cuando carecieron de liderazgos sólidos.

La Constitución: un falso compromiso

Pero, finalmente, ¿qué presidencia de la República diseñaron los constituyentes y cuáles fueron sus rasgos más conflictivos y polémicos?

El debate parlamentario del título V no fue, como se ha dicho, muy acalorado. Ausente la oposición agraria y con la derecha republicana muy debilitada, la cámara aprobó sin apenas discusión el proyecto de la Comisión parlamentaria. Se hicieron, no obstante, algunas modificaciones importantes, como la referida al procedimiento de elección presidencial: el sufragio universal previsto en el dictamen fue sustituido por un sistema mixto. El miedo a un presidente fuerte, legitimado directamente por el voto popular, que hiciera sombra al parlamento y se arrogara funciones ejecutivas, llevó a los diputados de la izquierda republicana a presentar una enmienda —defendida por Ruiz-Funes— que proponía un nuevo sistema de elección presidencial. La mayoría dio el visto bueno y el artículo 68 de la Constitución quedó redactado del siguiente modo: «El presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de Diputados. Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley[110]».

Todas las opciones barajadas desde junio habían sido desechadas por una u otra razón: ni elección popular ni parlamentaria, tampoco un presidente vinculado a una cámara alta de tipo corporativo. Y sin embargo, el resultado híbrido no prevenía contra ninguno de los temores de los constituyentes. En condiciones como las que se dieron, esto es, con un parlamento muy fragmentado y un sistema de partidos polarizado y cambiante, lo relevante iba a ser la incapacidad de los partidos para hacer valer el régimen parlamentario frente a una interpretación presidencialista de la Constitución.

En cualquier caso, elegido por ese procedimiento para un mandato de seis años, ¿cuál iba a ser el contenido efectivo de su poder[111]?.

En primer lugar, en la línea de todos los proyectos anteriores y como ya se ha mencionado, el presidente podía nombrar y separar «libremente al presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros», estando obligado a separarlos siempre que las Cortes «les negasen de modo explícito su confianza».

Segundo, era el responsable de la expedición de los decretos, reglamentos e instrucciones que aprobara el gobierno para la ejecución de las leyes, sin que pudiera negarse por ninguna razón a cumplir con esa obligación —al menos, la Constitución no decía nada al respecto—. Esta y otras competencias estaban sujetas, en virtud del artículo 84, al refrendo de un ministro, aunque ese mismo artículo mencionaba, paradójicamente, que el presidente sería responsable desde el punto de vista penal de la ejecución de todos sus mandatos.

Tercero, el presidente podía, de acuerdo con el artículo 81, convocar el Congreso con carácter extraordinario y suspender las sesiones ordinarias del mismo. No había limitación para lo primero, pero sí para lo segundo: dentro de una legislatura, podría suspender las sesiones «sólo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo». Ese mismo artículo estipulaba además que el presidente podría disolver las Cortes «hasta dos veces como máximo durante su mandato», bajo dos condiciones: la motivación y la convocatoria de nuevas elecciones en el plazo máximo de sesenta días. Además, en la que era sin duda la novedad más sustancial respecto del proyecto y el anteproyecto, se establecía una paradójica fiscalización: la necesidad de la segunda disolución podría ser juzgada por las nuevas Cortes, cuyo voto en contra significaría automáticamente la destitución del presidente.

Cuarto, además de ese procedimiento de destitución el presidente podía ser apartado de su cargo en otros dos casos. Por un lado, según el artículo 82, a iniciativa del Congreso y por votación conjunta del mismo y de un colegio de compromisarios elegidos del mismo modo que para la elección presidencial, con el inconveniente para el Congreso de que si la Asamblea conjunta votaba en contra de la destitución, éste quedaba automáticamente disuelto. Y por otro, según el artículo 84, y en la línea de los proyectos anteriores, cabía también la posibilidad de que el presidente fuera destituido en el caso de que el Tribunal de Garantías Constitucionales admitiera a trámite una acusación del Congreso contra él.

Y en quinto y último lugar, el presidente tenía la facultad reconocida por el artículo 83 de «promulgar las leyes sancionadas por el Congreso» en un plazo de quince días y con la particularidad siguiente: si la ley no era declarada urgente por la cámara, el presidente tenía el derecho de mensaje, esto es, podía pedir al Congreso que volviera a deliberar sobre la ley; si éste volvía a aprobarla por mayoría absoluta, debería promulgarla obligatoriamente.

Ésta fue, finalmente, la manera en que la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 delimitó las atribuciones de la institución presidencial y sus relaciones con las Cortes y el gobierno. No resulta sencillo extraer conclusiones firmes acerca del tipo de régimen resultante, ni con una lectura de los artículos del Título V, ni tan siquiera a través de una interpretación de conjunto de la Constitución. No son pocas las dudas que surgen, especialmente cuando se comparan unos artículos con otros o se pone una facultad concreta en relación con el resto. Así, al derecho de disolución de las Cortes, ¿le era aplicable el artículo 84, en virtud del cual todo mandato presidencial necesitaba el refrendo ministerial? Por otro lado, como se ha visto, tampoco el procedimiento de elección presidencial nos aclara demasiado sobre el tipo de régimen que quisieron instaurar los constituyentes.

No obstante, antes de analizar este último punto, parece oportuno resaltar los principales conflictos a que dio lugar la redacción del título V. Cuatro fueron las funciones presidenciales cuyo ejercicio complicó las relaciones del presidente con las Cortes y el gobierno: el derecho de suspensión temporal de las sesiones parlamentarias, el nombramiento del jefe del ejecutivo, la disolución anticipada de las Cortes y el refrendo ministerial.

En cuanto a lo primero, fue objeto de polémica la interpretación del artículo 81. Las Cortes debían reunirse en un mínimo de dos períodos anuales de tres y dos meses. Siempre que eso se respetara, el presidente podía, de acuerdo con el citado artículo, suspenderlas «sólo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo». La polémica estuvo servida con motivo del enfrentamiento entre las presidencias de la República y del Congreso en diciembre de 1935, justo cuando estaba en juego la segunda disolución extraordinaria de las Cortes. Alcalá-Zamora interpretó que la disolución podía llegar a un máximo anual de tres meses: mes y medio por el período ordinario de sesiones y otro mes y medio por el extraordinario. Frente a esta postura, la presidencia de las Cortes señaló que la disolución no podía superar en ningún caso el mes y medio. Estaba en juego una posible reunión obligatoria del parlamento antes de que acabara el año, algo que habría permitido al Congreso tomar dos decisiones trascendentales para el futuro de la República: la primera, negar su confianza al gobierno Portela Valladares; y la segunda, iniciar el procedimiento de destitución del presidente de la República y evitar así la convocatoria anticipada de elecciones generales. A veces se ha considerado que la postura que más se ajustaba a una interpretación global de la Constitución era la de Alcalá-Zamora. Sin embargo, la práctica parlamentaria previa jugaba a favor del criterio del presidente del Congreso. Lo habitual durante la corta vida de la República había sido la continuidad de las sesiones, incluso en el segundo bienio, cuando las interrupciones fueron más frecuentes aunque nunca muy prolongadas[112].

La segunda cuestión, el nombramiento del presidente del gobierno, dio lugar a bastantes problemas por la interpretación que Alcalá-Zamora hizo del artículo 75. Éste obligaba al ejecutivo a contar con la confianza explícita del Congreso, pero tal y como estaba redactado planteaba una duda: ¿podía el jefe del Estado nombrar un presidente de gobierno que no estaba apoyado a priori por una mayoría parlamentaria suficiente? A la luz de la tradición parlamentaria y de una interpretación acorde con el resto del articulado constitucional, la respuesta sólo podía ser negativa. Estaba claro que los constituyentes habían querido un gobierno parlamentario; era de sentido común, por tanto, que el presidente designara siempre a un jefe de partido que tuviera muchas posibilidades de conseguir la confianza de la cámara. Pero Alcalá-Zamora, sobre todo a partir de 1935, no lo entendió así e interpretó el artículo 75 de una manera forzada, encargando la formación de gobierno a líderes políticos que no contaban con un respaldo amplio de la cámara, con la única intención de tener un gobierno dócil durante un tiempo, aunque fuera breve. La conducta del presidente fue, sin duda, interesada y no estaba en absoluto justificada en el espíritu de la Constitución. Es más, esa conducta, especialmente durante el año 1935, fue responsable de una deslegitimación de la institución presidencial que en nada contribuyó, sino todo lo contrario, a reforzar la lealtad de los partidos políticos hacia el régimen[113]. Con todo, también es verdad que el presidente de la República estuvo sometido a «presiones y coacciones de procedencia e intensidad muy diferentes», como ocurrió con motivo de la crisis del gobierno Azaña a comienzos de junio de 1933[114]. Además, si comparamos lo ocurrido en el caso de la Segunda República con otros regímenes de naturaleza mixta, descubrimos que la actitud del presidente era harto previsible en las circunstancias en que se produjo. Era muy probable que con un parlamento fragmentado, inestable y poco eficaz, tanto el gobierno como algunos grupos políticos buscaran la protección del jefe del Estado, el cual aprovecharía esa situación para arrogarse funciones propias del ejecutivo. De hecho, Alcalá-Zamora no habría podido burlar las mayorías parlamentarias durante el segundo bienio tal y como hizo, si hubieran existido liderazgos sólidos y si los grupos parlamentarios hubiera asegurado la estabilidad de los gobiernos.

Más compleja y peor regulada estaba la atribución presidencial de la disolución extraordinaria de las Cortes. La redacción del artículo 81 respondía a dos deseos enfrentados: por un lado, en la línea de lo que venía ocurriendo en la Europa de entreguerras, el de reforzar el papel del ejecutivo frente a los excesos del parlamento; de otro, el de evitar que la conducta del presidente se tornara abusiva. Si se trataba de fortalecer el poder ejecutivo frente al parlamento, ¿por qué no atribuir la facultad de disolución al presidente del gobierno? De hecho, hay quien opina que así estaba regulado en la Constitución, alegando que como el artículo 84 exigía el refrendo de todos los mandatos presidenciales, la disolución también debía llevarlo. Pero ésta es una interpretación que no responde a la letra del artículo 81: si el decreto de disolución debía llevar la firma de un ministro, ¿por qué hacer responsable de ese acto al presidente de la República?

El artículo 81 fue, sin duda, el que tuvo una redacción más desafortunada, fruto de un falso compromiso entre los partidarios de un presidente fuerte —los menos— y los que no deseaban de ninguna manera que existiera un poder personal con capacidad para disolver a los representantes de la voluntad popular. Se podía haber logrado un equilibrio, para lo que hubiera sido recomendable establecer dos poderes fuertes que se contrapesaran. Pero se eligió una solución engañosa: se dio al presidente el poder de disolución pero se le penalizó por usarlo. Y eso sólo podía propiciar el conflicto entre la presidencia y el parlamento. Con la posibilidad de la destitución parlamentaria del presidente tras la segunda disolución existía el peligro de que el jefe del Estado quedara atrapado entre dos fuegos: o bien repetía su victoria electoral la mayoría política de las anteriores Cortes o bien se formaba una nueva mayoría. Salvo que se diera el segundo caso y el presidente perteneciera al partido ganador, las posibilidades de que fuera destituido eran altísimas: podía hacerlo la mayoría anterior por venganza o la nueva para tener la oportunidad de nombrar un presidente próximo y dócil[115]. Si se temía lo que pudiera hacer el presidente, bastaba con haber fijado sus competencias dentro de límites propios de una república parlamentaria. O si no, dejar que fuera el electorado el que decidiera sobre el buen o mal ejercicio de la facultad presidencial de disolución, lo que hubiera sido posible con un presidente de elección popular.

Un último factor permite calibrar del todo «la auténtica dimensión del drama presidencial durante la Segunda República[116]». Se optó por un jefe del Estado autónomo y responsable, que podía disolver las Cortes sin contar con la opinión del presidente del gobierno al que respaldaba la mayoría parlamentaria. Y sin embargo, se estableció que todos sus actos estuvieran «refrendados por un Ministro», que asumiría la «plena responsabilidad política y civil» que de ellos pudiera derivarse. Lo decía el artículo 84. La contradicción con otros artículos era evidente, pues no se fijaban excepciones para el refrendo, ni siquiera en los casos en que éste era manifiestamente incompatible con la facultad arbitral del presidente. Así las cosas, al presidente llegó a exigírsele el refrendo ministerial para la aplicación del artículo 83, que le permitía un «veto cualificado» de las leyes mediante el llamado derecho de mensaje. Ocurrió cuando Alcalá-Zamora quiso devolver al Congreso la ley de amnistía aprobada en 1934 por el gobierno Lerroux. No lo consiguió precisamente por esa interpretación. Sin embargo, cabe preguntarse si tenía algún sentido que una facultad típica de un poder moderador estuviera sujeta a refrendo. Es evidente que ningún gobierno refrendaría el veto que un presidente pudiera ejercer contra una ley aprobada por su propia mayoría parlamentaria.

Ciertamente, de acuerdo con todo esto, la situación del presidente de la República estuvo sometida a una tensión dramática. Tenía un papel que desempeñar pero estaba impedido o penalizado por hacerlo. En eso consistió el «drama». Por mucho que se esmerara en ejercer de forma ecuánime sus funciones moderadoras, debido a la normativa constitucional sus decisiones nunca complacerían a ninguno de los bandos enfrentados. Eso es lo que le ocurrió una y otra vez a Alcalá-Zamora, que sólo se hubiera librado de las múltiples acusaciones que recibió si hubiera tomado la decisión de no hacer uso de ninguna de las competencias que le atribuía la Constitución[117]. Es verdad, como ya se ha dicho, que algunos de sus actos no se ajustaron a una interpretación equilibrada de la Constitución, pero no es menos cierto que lo que sus enemigos políticos consideraron como un ejercicio personalista y conspirador de la presidencia no fue sino el resultado de la redacción del título V. Aunque se admita que una Constitución no puede regular con precisión matemática las relaciones entre jefe del Estado y gobierno, lo ocurrido en 1931 va mucho más allá. Se repartieron «facultades sin criterio fijo», mezclando atribuciones, dejando «lagunas manifiestas» e incurriendo en «duplicaciones y contradicciones». Y para colmo, «el tiempo y los problemas que se plantearon sirvieron para subrayar y no para remediar aquella confusión». No le faltaba razón a Gil Robles cuando, en mayo de 1934, denunció en el parlamento que los defectos de la Constitución en este campo se estaban «reflejando constantemente en todas y en cada una de las cuestiones que se plantean en el orden de la política práctica[118]». En realidad, no deja de ser curioso comprobar «que las principales acusaciones lanzadas contra la persona del presidente se correspondieron con sus características institucionales: enredada, vacilante y ambigua[119]».

Ni parlamentarismo ni presidencialismo

Como es sabido, los regímenes parlamentarios puros se caracterizan por la concentración del poder en manos del parlamento, único representante de la soberanía popular. En ellos el gobierno es algo así como un comisionado de la cámara, al que ésta puede retirar su confianza cuando lo considere oportuno. En las repúblicas parlamentarias el gobierno responde sólo ante el congreso que lo ha nombrado, por lo que el jefe del Estado no tiene ninguna función verdaderamente ejecutiva, y si interviene en la designación del presidente del consejo, lo hace únicamente como parte de un procedimiento puramente formal, ajustándose escrupulosamente a las reglas de la mayoría parlamentaria. Por el contrario, en un régimen presidencialista puro el poder ejecutivo se concentra verdaderamente en el jefe del Estado. Él es quien se encarga del gobierno del país, y lo hace, por regla general, con independencia del parlamento, que ni le ha nombrado ni tiene capacidad para destituirle —salvo en casos excepcionales y cuando intervengan responsabilidades penales—. En un sistema presidencial, la relación entre el presidente y el legislativo está establecida en términos de igualdad y no de subordinación. Existe de verdad un contrapeso de poderes que no llega a darse en el régimen parlamentario. Por regla general, tanto el congreso como el presidente gozan de una amplia legitimidad popular y son elegidos mediante procedimientos por completo independientes.

El parlamentarismo y el presidencialismo en sus formas más puras han tenido dos buenos representantes: el presidencialismo norteamericano y el parlamentarismo francés de la III República. No obstante, han sido más habituales diferentes sucedáneos de ambos modelos, y especialmente el de un parlamentarismo corregido o limitado. También ha habido, por supuesto, regímenes que han querido ser un intermedio de uno y otro, en un intento por quedarse sólo con lo mejor de cada uno. Para éstos ha habido que inventar una terminología algo confusa aunque necesaria, la de los regímenes «semi», como el semipresidencialismo[120].

De acuerdo con algunos autores, en el caso de la Segunda República española parece que se llegó a una especie de compromiso entre el sistema presidencial estadounidense y el parlamentario francés[121]. De hecho, algo parecido puede decirse respecto del modelo de la República de Weimar, que, como sabemos, estuvo muy presente en la memoria de los constituyentes republicanos.

Ahora bien, mientras que la república alemana de entreguerras suele ser citada por los especialistas como un caso de régimen semipresidencial, no puede decirse lo mismo de la Segunda República española, ni por la letra constitucional ni por las condiciones externas. Veamos, no obstante, qué se entiende por semipresidencial y cuáles son las condiciones que, muy certeramente, Maurice Duverger ha identificado para el buen funcionamiento de ese modelo. Un régimen semipresidencial sería aquel que contenga estos tres elementos: uno, la elección del presidente de la República por sufragio universal; dos, la atribución de importantes poderes al presidente; y tres, un gobierno opuesto al presidente, con pleno poder ejecutivo y cuya caída no dependa nada más que de la confianza parlamentaria. Pero no es suficiente con identificar sus requisitos teóricos, pues la práctica puede alejarse de esa formulación hasta un extremo insospechado. Basta recordar el caso de la actual República francesa y el comportamiento de algunos de sus presidentes con relación a las competencias que la Constitución asigna a la institución presidencial[122]. La experiencia de diversos países indica que un régimen semipresidencial necesita al menos una condición básica para funcionar como tal y mantenerse fiel a sus premisas: que los poderes constitucionales actúen por un sistema de confianza mutua y de lealtad. Al estar basado sobre todo en un desdoblamiento del poder ejecutivo que no se da en el sistema presidencial, hace falta, irremediablemente, que la acción de ambos titulares de ese poder se produzca dentro de una escrupulosa lealtad entre ellos y a las instituciones. La influencia y la capacidad de distorsión que puedan tener sobre el sistema un parlamento muy fragmentado o un sistema de partidos polarizado dependerán, en gran medida, de que se cumpla o no la condición anterior. Las instituciones débiles y enfrentadas son mucho más vulnerables a los ataques de actores semileales o a los vaivenes de las mayorías electorales.

En nuestra opinión, la Segunda República española se ajusta sobre todo a lo que podemos entender como régimen semiparlamentario, esto es, un híbrido del parlamentarismo puro y el presidencialismo, a medio camino entre ambos pero más cercano por principios y por interpretación global al primero que al segundo. Para haber sido semipresidencialista debería haberse determinado un presidente más fuerte frente al parlamento y con cierto poder ejecutivo —en definitiva, haberse cumplido las condiciones citadas más arriba—, lo que, dadas las prevenciones y fiscalizaciones a las que se sometió al presidente, no ocurrió. Es posible que la manera de actuar de Alcalá-Zamora a lo largo de su mandato hicieran que por cierto tiempo, y con el Congreso cerrado, el régimen se pareciera a uno semipresidencialista, pero no dejó de ser un espejismo presidencial, sin fundamento teórico y que acabó tan pronto como se reabrió el parlamento.

El semiparlamentarismo nació de un compromiso extraño y ciertamente improvisado durante el debate constituyente, como hemos visto. No se debió tanto a un deseo de hacer compatibles las virtudes del presidencialismo y las del parlamentarismo, como a lo que Posada llamó un «sistema de desconfianzas[123]». El diario de sesiones revela que el ánimo de los constituyentes, aun con matices, estaba del lado de un gobierno plenamente parlamentario. Pero entonces, ¿por qué no optaron directamente por ese modelo en vez de sembrar la confusión alrededor de las atribuciones presidenciales? ¿Por qué reconocerle competencias al presidente y acto seguido poner todo tipo de obstáculos para su desempeño? Básicamente porque el principio general que sustentó el debate y la redacción consistió en un auténtico «sistema de desconfianzas» entre poderes. Y fue así, seguramente, por una contradicción de principios nacida tanto de la confusión ideológica como de un análisis erróneo del pasado constitucional español. La mayoría de izquierdas de las Cortes Constituyentes no veía del todo mal el presidencialismo, pero no sabía cómo conjugarlo ni con su desconfianza radical hacia todo poder personalista, ni con su preocupación obsesiva por hacer de la República un régimen profundamente vinculado a la voluntad nacional y por completo diferente a la Monarquía de la Restauración. El prejuicio ideológico y una firme voluntad de exclusión condujeron a condenar a priori todo lo que sonara a una república conservadora o a una monarquía sin rey, incluido la división de poderes. Esta última, a decir del socialista Jiménez de Asúa, estaba en «crisis». «Hoy, añadió el presidente de la Comisión Constitucional, el Poder reside en el pueblo (…) y se ejerce por sus órganos; no hay necesidad de hacer esa división, sino de afirmar más bien la seguridad y la permanencia de la labor de cada uno[124]».

Es verdad que ciertos rasgos de un régimen presidencial podían generar tensiones entre el presidente y el parlamento o derivar en un exceso de personalismo, pero la historia tanto de España como de otros países europeos sugería que el problema no eran tanto las competencias teóricas del presidente como el contexto en el que se aplicaran. Es decir, que los problemas de un modelo u otro de presidencia dependían más de aspectos como el sistema de partidos, el funcionamiento del parlamento, la madurez del electorado, la independencia del futuro Tribunal de Garantías Constitucionales o la lealtad de los partidos al orden constitucional. Todo ellos eran factores externos que, según parece, los constituyentes no consideraron de especial relevancia. La ideología empañó el debate y proporcionó dosis demasiado elevadas de ambigüedad en el diseño de las relaciones entre la presidencia de la República, el gobierno y las Cortes. El resultado fue, a medio y largo plazo, nefasto para la consolidación de la democracia y la credibilidad de las instituciones republicanas.

4. LAS ELECCIONES Y SUS REGLAS

Desde que el historiador Javier Tusell publicara hace décadas su valioso estudio sobre la ley electoral de 1907, la atención prestada en los últimos años a la legislación electoral española se ha centrado sobre todo en el siglo XIX. Se ha atribuido al régimen electoral una importancia sin igual en la polarización política de los españoles previa a la Guerra Civil. Sin embargo, no existen estudios monográficos sobre la normativa republicana como no sean los realizados hace mucho tiempo por especialistas en derecho constitucional[125]. Esa laguna es más notable en lo que se refiere a la reforma de 1933 que reguló las elecciones más modernas y competitivas de la historia de España hasta 1977, las de noviembre de 1933 y febrero de 1936.

Los principios en los que se inspiraron las leyes electorales españolas han respondido, durante la larga trayectoria del régimen liberal en nuestro país, a las diversas teorías que sobre la representación se vinieron formulando desde el inicio de la centuria decimonónica. La cuestión pareció zanjarse en 1890 cuando todas las fuerzas políticas asumieron, con mayor o menor entusiasmo, el sufragio universal (claro que masculino) tras décadas de ampliación y reducción del cuerpo electoral al socaire de los planteamientos doctrinales, pero también las supuestas conveniencias, de los distintos partidos. Al debate sobre el número de potenciales votantes, siempre se habían añadido otras cuestiones tales como las demarcaciones territoriales en los que éstos habrían de encuadrarse, la institución que confeccionaba el censo, y las garantías reales que la ley ofrecía para facilitar una concurrencia y competencia ordenadas, así como el fair play entre los distintos candidatos. Un análisis atento de los debates en torno a la normativa deja entrever que los posicionamientos de las diversas fuerzas políticas se ajustaban, prácticamente sin excepción, a una evaluación previa de los posibles beneficios o perjuicios que las reformas podían propiciar en sus expectativas electorales. Y esta evaluación, sin duda, partía de las experiencias previas que cada partido hubiera tenido en los comicios anteriores a la reforma. Que la confección de las leyes electorales se ajustara a intereses de partido no era algo ni propio sólo de España ni que haya de escandalizarnos hasta el punto de blandir esa afirmación en menoscabo del régimen liberal. Obviamente, a los partidos no les basta con tener votos para garantizarse una apropiada representación en el legislativo, sino que intentan —porque lo necesitan— maximizar esos sufragios para hacerse con el mayor número de escaños posibles. El procedimiento electoral es el que permite la transformación de la voluntad del cuerpo electoral en actas de diputado, y del procedimiento adoptado depende no ya las posibilidades de los partidos de procurarse poder e influencia sino a veces su propia supervivencia.

Pero no todo fueron conveniencias. Las modificaciones de las leyes electorales españolas también respondieron a deseos, bastante objetivos, de regular o perfeccionar diversos aspectos del proceso electoral atendiendo a defectos previamente observados. La reglamentación cada vez más prolija de la constitución de la mesa electoral, de sus tareas durante las votaciones, del modo en que había de practicarse el escrutinio y la comunicación y publicidad de los resultados, el catálogo cada vez más amplio de delitos electorales y de sanciones, la creación de organismos independientes (las Juntas del Censo) encargados de dirigir y supervisar la elección, y la enumeración de las incapacidades e incompatibilidades en las que podían caer los candidatos, constituían los aspectos sobresalientes que más evolucionaron a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Del mismo modo, aunque no pocas veces se impusieron los intereses de un solo partido, el que en un momento determinado controlaba el ejecutivo o el legislativo (o ambos), a la hora de sacar adelante una ley electoral, en otras ocasiones ésta fue fruto de un relativo consenso. Es decir, en algunos momentos el partido «gubernamental» transigía con ciertas vindicaciones de la oposición con el fin de que ésta no rompiese con el sistema político vigente y garantizase así la competencia electoral.

En España, el número de leyes electorales integradoras no ha sido tan despreciable como, en un principio, pueda suponerse de nuestra accidentada historia política. Dejando a un lado la reglamentación nacida de las Cortes de Cádiz, la primera ley relativamente consensuada fue la de 1837 en la que los progresistas aceptaron el principio del sufragio directo y ofrecieron una serie de garantías legales a la oposición moderada a cambio de que ésta accediese a una ampliación del cuerpo electoral en términos parecidos a la de la Reform Act británica de 1832. Integradora sería también la ley electoral de 1865, promovida por un gabinete de la Unión Liberal, que restableció las circunscripciones plurinominales y adoptó, incluso, demarcaciones electorales urbanas. Ésta adoptó también un nuevo aumento del número de electores y remozadas garantías legales para protestar y castigar el fraude y la corrupción, en un intento desesperado por sacar del retraimiento a los progresistas. Igualmente lo sería la de 1878, pactada entre los liberal-conservadores en el poder y las oposiciones «centralista» y «constitucional». Por último, la ley de Maura de 1907 también supuso, hasta cierto punto, una nueva ampliación del consenso no sólo a la oposición dinástica sino también a los sectores republicanos.

La «revolución» republicana en las elecciones

La legislación electoral en los años treinta del siglo XX no puede incluirse dentro de este grupo de leyes integradoras. Imitando lo sucedido en otras situaciones de brusca ruptura política (1836, 1854, 1868, 1873), nada más caer la Monarquía, el Gobierno Provisional de la República reformó por decreto la ley de 1907. No se planteó atraer a las fuerzas políticas que habían quedado fuera de la conjunción republicano-socialista, dejando para eso que la convocatoria de elecciones constituyentes se realizara con la legislación anterior al 14 de abril de 1931, algo que sí había hecho Cánovas con la ley de 1869 (y la división en distritos de 1871) cara a los primeros comicios de la Restauración.

La primera reforma llevada a cabo por el gobierno republicano fue la del 25 de abril de 1931. En ella se variaba el método de formación de las listas de votantes, dejándolo en manos de unos Tribunales del Censo Electoral que habrían de ser designados para cada sección por las Juntas Municipales del Censo. Para esa labor, los Tribunales habrían de requerir el auxilio obligatorio de dos funcionarios nombrados por los gobernadores civiles de entre los que cobrasen menos de cinco mil pesetas anuales. Además, todo el proceso habría de estar supervisado por el Ministerio de Trabajo, lo que suponía que los socialistas tendrían mayor ascendencia en una de las fases más importantes de la preparación administrativa de los comicios. Cierto que los partidos políticos podían nombrar interventores para revisar el proceso de confección de los censos, pero no debemos olvidar que en los primeros compases de la Segunda República las formaciones que no pertenecían a la conjunción necesitaban del permiso de Gobernación para trabajar con arreglo a la nueva situación política. Por último, la nueva norma prejuzgaba una rebaja de la edad de voto al disponer que fueran censados todos los varones mayores de veintitrés años[126].

La segunda disposición apareció el 8 de mayo de 1931. Supuso una corrección aún mayor de la legislación electoral vigente. El cambio más importante fue la supresión de todos los distritos uninominales y de la mayor parte de las circunscripciones plurinominales urbanas (exceptuando las de las once ciudades españolas que, en ese momento, sobrepasaban los cien mil habitantes), y su sustitución por demarcaciones de carácter provincial que elegirían un número de diputados proporcional a su población. La única excepción a la norma fue la creación de dos distritos uninominales: los de Ceuta y Melilla. En las 63 nuevas circunscripciones se establecía, además, un tope obligatorio del veinte por ciento de los votos emitidos para que un candidato pudiera ser proclamado en primera vuelta, habilitándose una segunda ronda en caso de que quedaran escaños por atribuir a causa de ese quórum. El voto limitado o restringido, que había imperado en las circunscripciones plurinominales de la Restauración, se extendía a todas las demarcaciones (excepto, obviamente, a las norteafricanas), de modo que el elector sólo podría votar un número de candidatos inferior a la cifra de escaños en juego[127].

En realidad, si el sufragio limitado parecía asegurar la presencia de la oposición reservándole un cupo de escaños, el tope del veinte por ciento y la segunda vuelta limitaban su eficacia. Si la segunda candidatura más apoyada no hubiera alcanzado al menos esa quinta parte de los votos, los escaños de las minorías habrían de decidirse en una segunda ronda en que los partidos que hubieran triunfado, y se hubiesen llevado los diputados de las mayorías, podían volcar sus votos bien sobre candidatos propios (porque la segunda vuelta era de libre concurrencia), bien sobre candidatos de las formaciones políticas más afines. La exigencia de un tope y la segunda ronda electoral acentuaban el carácter mayoritario de una ley que, de por sí, ya lo era mucho más que la de 1907 al reducir drásticamente el número de circunscripciones electorales (recortando, por tanto, las demarcaciones por las que era posible presentarse) y al establecer cupos, tan desequilibrados como arbitrarios, para determinar cuántos escaños se llevaban los vencedores y cuántos los vencidos. Así, el cupo de las mayorías fluctuó en las distintas circunscripciones entre los dos tercios y los cuatro quintos de los asientos parlamentarios, constituyendo moneda común el atribuir a la candidatura vencedora tres cuartas partes de la representación independientemente del volumen de su victoria. Los restos (entre un quinto y un tercio de todos los escaños) se dejaban para la candidatura que se quedaba en segundo lugar, mientras que las siguientes apenas si tenían posibilidades de obtener algún asiento.

La circunscripción provincial, la necesidad de traspasar un tope de votos y la enorme prima a la mayoría constituían incentivos diseñados por el Gobierno Provisional de la República para evitar que la conjunción republicano-socialista se rompiese. Con un panorama político tan fragmentado como el español, ninguna fuerza política (ni tan siquiera el PSOE en los albores de la Segunda República) podía acreditar una implantación regular en casi ninguna de las nuevas demarcaciones electorales. Y menos podía agrupar por sí sola una fracción del electorado que sobrepasase en ese nuevo contexto territorial más de un veinte por ciento de todo el voto[128]. Además, como hemos visto, la consecuencia de no triunfar era tan terrible (y el premio por la victoria tan apetitoso) que primaba la colaboración y la suma de fuerzas de los diferentes partidos de la conjunción que, en otras condiciones, ya se hubieran lanzado a competir electoralmente entre sí. De todas formas, si en una circunscripción concreta no se hubiera llegado a un acuerdo, la existencia de la segunda ronda remediaba el mal. Si las candidaturas rivales no llegaban al veinte por ciento del voto, republicanos y socialistas tendrían una nueva oportunidad para unir fuerzas y arramblar con los escaños. De hecho, la oposición conservadora perdió, merced a este mecanismo, nueve actas de diputado en las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931.

Sin duda, la reforma parcial de la ley de 1907 tenía en cuenta cuáles eran los puntos fuertes de los viejos partidos monárquicos. La supresión del distrito uninominal estaba destinada a perjudicar a los partidos de notables que se sustentaban sobre redes clientelares de carácter comarcal, tejidas además por liderazgos que raras veces sobrepasaban ese ámbito territorial. Esas redes ahora se revelaban como notoriamente insuficientes para alcanzar el escaño en las nuevas circunscripciones provinciales, de modo que sólo una colaboración entre diferentes notables podía armar una candidatura capaz de competir. Los republicanos y los socialistas estaban convencidos además, por lo sucedido en las municipales de abril de 1931, que unas elecciones donde se movilizasen masas considerables de electores suponían, de por sí, una prima para ellos, pues habían demostrado saber hacerlo mejor que los monárquicos. Y por si acaso estos últimos quisieran reorganizarse haciendo valer el poder municipal conseguido el 12 de abril de 1931, desde los distintos gobiernos civiles se promovió, con la aquiescencia del Ministerio de la Gobernación, la poda de ayuntamientos más importante desde 1875-76. Según diversos estudios, unas dos mil quinientas corporaciones cambiaron de manos monárquicas a las de los diversos partidos republicanos y el socialista en tan sólo mes y medio, teniendo este proceso colofón (que no comienzo) en los comicios locales parciales de 31 de mayo de 1931, a menos de un mes de las elecciones a Cortes constituyentes[129].

La reforma de 1933

La adopción de la circunscripción provincial, los topes y la segunda vuelta respondían, por tanto, a un interés político. De todo esto dio fe la posterior reforma electoral de 1933. El gobierno presidido por Azaña y apoyado por socialistas y radical-socialistas, presentó el 1 de junio de ese año un proyecto de ley que agudizaba más aún, si cabe, el sentido mayoritario del decreto de mayo de 1931[130]. Lo hizo en un contexto que es importante tener en cuenta: la conjunción republicano-socialista se estaba cuarteando hasta el punto de que las derechas habían logrado muy buenos resultados en los comicios municipales de 23 de abril de 1933.

La reforma, patrocinada por republicanos de izquierda y socialistas, consistía en un solo artículo que modificaba, no la ley de 1907, sino el decreto de 8 de mayo de 1931. La agudización del sistema mayoritario de voto respecto a 1931 resultaba claramente perceptible en lo que concernía a las elecciones para diputados a Cortes. El número de ciudades con circunscripción propia se redujo al aumentar a 150 000 habitantes la cifra necesaria para constituirse como tal. Esto suponía, en la práctica, un descenso del número de circunscripciones totales que pasaba de 63 a 60 y, por tanto, la desaparición de las demarcaciones electorales de Cartagena, Córdoba capital y Granada capital. El requisito de que los candidatos triunfantes en primera vuelta obtuviesen como mínimo el cuarenta por ciento de los sufragios fue establecido de la misma forma que para los comicios municipales, doblando así la barrera del veinte por ciento establecida por el Gobierno Provisional. Para todo lo demás, seguirían rigiendo el decreto convalidado de 1931 y la ley electoral de 1907. El proyecto del gobierno pasó a la Comisión de Presidencia que, en lo que a las elecciones a Cortes se refiere, introdujo algunas modificaciones. Por de pronto, suprimió las circunscripciones de Ceuta y Melilla que pasarían a engrosar las de Cádiz y Málaga, respectivamente. También modificó el porcentaje de votos necesario para obtener el escaño rebajándolo al treinta por ciento e introdujo un límite de sufragios por abajo, el doce por ciento, que habrían de superar los candidatos para pasar a segunda vuelta[131].

En líneas generales, el dictamen de la Comisión no satisfizo ni a las oposiciones ni a buena parte de los diputados gubernamentales. La lectura de éste tuvo lugar en la sesión del 4 de julio de 1933. Contra el dictamen se levantó, en primer lugar, un diputado de la ORGA, Ramón Suárez Picallo. Éste se mostró partidario de la representación proporcional aseverando, con rotundidad, que «el sistema de mayorías y minorías (…) no es representativo de la voluntad popular», y abjurando de las coaliciones electorales. El diputado coruñés impugnó el sistema mayoritario porque concentraba el voto en dos grandes partidos y perjudicaba a los partidos regionales, expulsaba del sistema a masas que actuaban con criterio corporativo y, por último, fomentaba la abstención. Rechazó, además, la desmesurada prima a la mayoría afirmando que en casi todos los países democráticos con sistema mayoritario la proporción establecida era de dos tercios para la mayoría y el tercio restante para la minoría. Reivindicó el proyecto de ley electoral de la Comisión Jurídico Asesora de 1931 que introducía la representación proporcional, y denunció los efectos de la misma existencia de una segunda vuelta electoral: «Ponéis (…) esa auténtica trampa que significa la elección de segunda vuelta, ya que esa segunda vuelta representa que los que han ganado la elección en la primera vuelta irán al copo en la segunda (…) Yo no quiero suponer, Sres. Diputados, que este principio del proyecto de Ley Electoral esté inspirado por el temor a que triunfen determinados sectores de la opinión española. Si esto es así, no es muy leal que digamos declararnos una República democrática[132]».

Suárez Picallo había abogado por una ley electoral completamente nueva, derogando la legislación anterior, y por ello decidió no presentar enmiendas al proyecto. Esta postura sería también la que adoptase la minoría agraria, por boca de José María Gil Robles. El líder de Acción Popular apuntó que el decreto de 1931 había mejorado la ley de 1907 al haber suprimido los distritos y establecido las circunscripciones provinciales. Pero resaltó que un sistema mayoritario como el que el gobierno y la Comisión proponían sólo se aplicaba, en el siglo XX, en países dudosamente democráticos como Portugal e Italia porque un sistema de primas a la mayoría había sido establecido por Mussolini el año 1923 como una corrección de la representación proporcional «que no hubiera permitido los fáciles triunfos de los primeros tiempos del fascismo». Gil Robles destacó, además, la arbitrariedad del reparto de escaños entre mayorías y minorías: «¿En virtud de qué una circunscripción que elige siete Diputados ha de tener cinco para la mayoría y dos para las minorías? ¿En qué fundamento se apoya eso? En el deseo exclusivo de favorecer el triunfo de las mayorías, y eso es, quizás, lo que haga simpático este proyecto a vosotros». Reconoció el intento de la Comisión de Presidencia de evitar la segunda vuelta y el copo rebajando la barrera del cuarenta por ciento impuesta por el gobierno y estableciendo un requisito por abajo, un mínimo del 12 por ciento, que podía asegurar cierta representación de los partidos derrotados. No obstante, el riesgo de que en una segunda vuelta la lista vencedora pudiera copar los puestos de las minorías tampoco desaparecía por completo. Se sumó, además, al coro de críticas contra los efectos perniciosos de la segunda vuelta que el diputado salmantino concretó en tres: «En primer lugar, la segunda vuelta es una excitación a la violencia, porque conocido el resultado de la primera, todos los partidos agudizan toda clase de armas (…) para corregir, en una segunda vuelta, los posibles descalabros que hayan tenido en la primera (…) En segundo lugar, fatigáis innecesariamente al Cuerpo electoral, obligándole a movilizaciones continuas para una segunda vuelta (…) y en tercer término (…) colocáis en una posición de inferioridad a aquellos partidos políticos que cuenten con menos medios económicos[133]».

El proyecto de ley electoral traería consigo, según Gil Robles, una aguda redimensión del mapa político y cambios bruscos en las mayorías parlamentarias: «Este sistema (…) significa la muerte de los partidos intermedios (…) los que se hallan en esta Cámara en una situación centro (…) estarán para siempre unidos a las fracciones extremas y no quedarán, en el choque de las pasiones políticas más que aquellos bandos separados irreconciliablemente, haciendo poco menos que imposible esas transacciones suaves, que son lo más eficaz en el orden político, por lo mismo que son las que eliminan las violencias (…) La prima a la mayoría, que (…) se puede volver contra vosotros, puede producir un movimiento de reacción tan violento como haya sido la acción salida de la obra revolucionaria, y no es ciertamente apetecible para un país que los movimientos de péndulo se produzcan de manera violenta, se produzcan de manera descompasada, yendo a hacer tabla rasa del pasado para construir algo que el día de mañana puede ser destruido[134]».

Frente al sistema que continuaba propugnando la nueva reforma electoral, Gil Robles defendió la representación proporcional aunque sin demasiadas esperanzas de convencer a la Comisión o a la mayoría parlamentaria para que retirasen el proyecto. Precisamente por ello, el diputado católico anunció la abstención de la minoría agraria en los debates que la ley habría de generar en esa y en las siguientes sesiones de Cortes. Aunque el jefe de la CEDA era coherente en la defensa de la representación proporcional, un principio que había defendido la primera formación política en la que había militado, el Partido Social Popular, no cabía duda que las derechas estaban especialmente alarmadas con la segunda vuelta y la prima a las mayorías, pues podían anular todo el esfuerzo de movilización en que habían empeñado el primer bienio si se formaba una sólida conjunción republicano-socialista contra ellos[135]. En este sentido, la representación proporcional tenía la ventaja de conceder a las derechas un número de escaños ajustado a su peso, creciente en la opinión pública a mediados de 1933.

El tercer turno contra la totalidad, aunque desde un punto de vista más moderado, lo ejerció en nombre de su minoría el diputado radical Manuel Torres Campañá. A pesar de que su partido estaba dispuesto a presentar enmiendas y a colaborar con la Comisión, Torres afirmó al principio de su discurso que suscribía bastantes de las manifestaciones expuestas por Suárez Picallo y Gil Robles. El diputado madrileño arguyó contra la eficacia de la ley a la hora de constituir mayorías homogéneas que pudieran servir los intereses y la política de un gobierno porque «los que lo han proyectado no conocen el mapa político español». Enfiló también sus baterías argumentales contra la que consideraba exagerada prima para las mayorías: «el proyecto ha sido redactado (…) con un sentido de aplastamiento tal de las minorías, que no se concibe (…) que una mayoría de tipo democrático pueda presentar y sostener en estas Cortes la necesidad, la eficacia de semejante proyecto de ley». Por último, se sumó a las críticas de Suárez Picallo y Gil Robles contra la segunda vuelta.

El último turno corrió a cargo del diputado independiente Ossorio y Gallardo que insistió con dureza en los mismos defectos de la ley que habían señalado los oradores que le precedieron. Señaló que la prima a la mayoría tenía un carácter mussoliniano «bastante para sublevar cualquier conciencia liberal y democrática», y que el proyecto traería como consecuencia: «(…) la lucha enconada y ardiente: primero, de dos grupos contra toda España, y después, de cada uno de estos grupos entre sí[136]». En fin, el rechazo al proyecto era tan frontal por parte de las oposiciones que la Comisión de Presidencia decidió retirarlo para su nuevo estudio.

No obstante, esa decisión había sido posible porque en esos momentos ejercía la portavocía de la Comisión un diputado radical, Pedro Armasa. Al día siguiente, el gobierno y los miembros de la Comisión socialistas y republicanos de izquierda impusieron la discusión del dictamen sin rectificación. Este posicionamiento lo explanó un diputado del PSOE, Mariano Rojo. La intervención de Rojo resulta interesante porque permite conocer cuáles eran las consideraciones en las que se había fundado el proyecto: «nosotros entendemos que para la mayor eficacia del régimen republicano, sobre todo en los momentos presentes, y dado el carácter transitorio que necesariamente ha de tener la ley que vamos a aprobar, es preciso que puedan constituirse fuertes mayorías que permitan realizar una verdadera labor eficaz y que no sirvan, por el contrario, para estorbar la labor de los Gobiernos que se sienten en este banco azul». Partiendo de que el gobierno consideraba que las formaciones republicanas representaban la mayoría de la opinión del país, éste pretendía forzar con una ley electoral extremadamente mayoritaria la coalición de los partidos que habían formado parte de la conjunción de 1931 y que dos años más tarde se encontraban cada vez más alejados entre sí. «No habrá más remedio», afirmó Rojo, «en un período más o menos largo, sino que haya una relación entre algunos sectores, los de más afinidad ideológica, para ir a estas elecciones[137]».

Como el proyecto no fue retirado, comenzaron a discutirse las enmiendas. La minoría radical puso interés en reducir la prima a las mayorías e introducir algún tipo de criterio proporcional en la reforma electoral. La Comisión, por boca del diputado socialista Enrique Heraclio Botana, no aceptó la enmienda porque «su señoría parte del principio de la proporcionalidad en las elecciones a Diputados a Cortes (…) y la Comisión se atiene única y exclusivamente al principio que establece el proyecto de ley presentado por el Gobierno». En cambio, no hubo problemas para que dos enmiendas de los socialistas fuesen aceptadas: una que establecía que la propuesta de candidatos en los comicios municipales pudiera ser patrocinada por «entidades legalmente constituidas y que tengan su residencia en la localidad en que hayan de celebrarse elecciones municipales», concediendo tal facultad, en la práctica, a sindicatos y sociedades obreras; y otra que abría la posibilidad de que los candidatos a concejal pudieran ser presentados por un diputado o exdiputado[138].

La polémica se avivó cuando dos diputados socialistas, Mariano Rojo y José Ruiz del Toro, pidieron la supresión del requisito de que un candidato hubiera de sobrepasar el doce por ciento para poder acceder a la segunda vuelta, agravando así el sentido mayoritario de la ley y facilitando el copo de la representación por la lista más votada de una circunscripción. El diputado que defendió la enmienda, Ruiz del Toro, argumentó que la supresión de ese tope por abajo contribuía a acentuar el sentido democrático de la ley, pero la Comisión y el resto de partidos, que temían la prima que podía suponer para una formación con tanta fortaleza en 1933 como el PSOE, rechazaron tal posibilidad. No obstante, la negativa de los radicales y republicanos de izquierda tuvo carácter transaccional: estaban dispuestos a rebajar el tope pero no a suprimirlo. Precisamente quien ofreció esta transacción, el radical Pedro Armasa, aprovechó su intervención para realizar un encendido elogio de la ley electoral de 1907: «Para la ley (…) tenemos nosotros no solamente grandes respetos, sino una enorme gratitud, y hacemos una declaración terminante: la de que no habrá una ley más gloriosa para los republicanos que la de agosto de 1907, porque con ella y por ella se trajo la República». El tope no resultaba sino una corrección establecida precisamente por la reforma de 1933 «que desvirtúa por completo lo que es la ley de 1907». Una propuesta del diputado radical-socialista José Salmerón rebajando del doce al ocho por ciento el tope mínimo que habían de alcanzar los candidatos para pasar a segunda vuelta, fue finalmente admitida por los socialistas[139].

La discusión se puso al rojo vivo con una enmienda del progresista Juan Castrillo que pretendía, sencillamente, abolir cualquier tipo de requisito de topes mínimos y máximos, y restablecer el principio, ya tradicional en las leyes electorales españolas, de que los candidatos con mayor número de votos escrutados fueran automáticamente electos diputados, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de segunda vuelta. La enmienda nacía muerta por la anterior transacción entre la mayoría y el Partido Radical, pero Castrillo aprovechó su intervención para lanzar una nueva carga de profundidad contra el dictamen[140]: «yo me propongo (…) fundamentalmente tres cosas: primera, conocer cuáles sean las razones que tenga la Comisión para aplastar de una manera definitiva y absoluta a las minorías del país en las elecciones a Diputados a Cortes y concejales; segunda, cuáles sean las razones que tiene el Gobierno para aceptar este criterio, y tercera (…) si yo podría tener la fortuna (…) de convencer a la Comisión y de convencer al Gobierno para que (…) pudiéramos llegar aquí a un acuerdo». Castrillo volvió contra las razones expuestas al principio del debate, tachando la ley de estar inspirada en designios fascistas aún más agravados, ya que con la ley de Mussolini se reservaba a las oposiciones una cuarta parte de la representación parlamentaria, mientras que con la reforma electoral de Azaña «nos encontramos con esa cosa enorme que se llama segunda vuelta, que consiste en el derecho que tienen las mayorías de volver a votar, aniquilando prácticamente a las minorías (…) Yo pregunto (…) ¿Hay alguna razón de conveniencia táctica (…) hay alguna razón de justicia para ofrecer a nuestros conciudadanos el ejemplo de esta ley brutal (…) que no responde a ninguno de los sistemas conocidos en el mundo?». El orador se negaba incluso a aceptar que las modificaciones en la cámara significasen mejora alguna en la ley: «si vosotros habéis ofrecido (…) transigir con nosotros, ¿qué es lo que dais en la transacción? ¿Dais el 30 por 100 como tope, cuando en el proyecto anterior, que sirvió para las elecciones de junio de 1931, era sólo el 20 por 100? Esto es agravar extraordinariamente la cuestión. ¿Dais ese 8 por 100 de tope en la segunda vuelta, que va a servir para que los partidos de la mayoría sean árbitros en la contienda minoritaria y favorezcan a unos partidos a los que después van a tener sometidos constantemente? Pues tampoco nos sirve eso[141]».

Castrillo y los firmantes de la enmienda, pertenecientes a pequeños o medianos partidos como el progresista, la Lliga, la Agrupación al Servicio de la República o la Izquierda Radical-Socialista, temían en efecto quedar laminados electoralmente al sobredimensionarse la representación de los partidos mayoritarios. El representante de la Comisión, el socialista Enrique Heraclio Botana, se limitó a reprochar a Castrillo que no hubiera defendido su enmienda, y a afirmar que el aplastamiento de las minorías no tendría lugar gracias al tope del ocho por ciento establecido por la transacción anterior. Castrillo le respondió que él sí había defendido el sentido de su enmienda, que era la supresión de la segunda vuelta, e insistió en su argumento de que la presencia de ésta en la ley electoral hacía que los derechos de las minorías fuesen menos respetados en España que en la Italia fascista. La Comisión se negó a admitir tal enmienda, pero Castrillo había logrado su propósito de levantar a las oposiciones de nuevo contra la totalidad del dictamen. El diputado Botella Asensi, un disidente radical-socialista, pidió un turno de palabra para apoyar los argumentos del grupo progresista: «Sin el respeto a las minorías, el sistema que sirve de base al dictamen no es un sistema democrático». El portavoz de la minoría radical, Guerra del Río, también consumió un turno en contra del dictamen y a favor de la enmienda de Castrillo: «el proyecto de ley del Gobierno (…) que suprime (…) el derecho de representación de las minorías, es tácticamente, peligroso e ideológicamente contrario a los principios que siempre han sostenido los republicanos españoles». Se quejaba Guerra de que la mayor parte de las enmiendas del Partido Radical habían sido rechazadas por la mayoría y advertía de que, tal y como estaba quedando la ley, los principales beneficiarios serían el PSOE y los regionalistas: «habrá regiones enteras (…) en el que el republicanismo español quede sin representación; y (…) habrá regiones enteras en que las derechas no tengan una voz que aquí las represente». El portavoz de la Lliga, Pedro Rahola, alabó la supresión de los distritos y el establecimiento de demarcaciones provinciales, pero rechazó que esto se hiciera conservando el criterio mayoritario: «establecer las grandes circunscripciones sin, al propio tiempo, determinar un régimen de votación proporcional, no es más que aumentar, que multiplicar todos los defectos, todas las corruptelas que representa la elección por distritos». Rahola criticaba además que el proyecto obedecía no a criterios objetivos sino a uno puramente oportunista: «Si se es partidario del sistema mayoritario, señores del Gobierno, señores de la Comisión, se ha de ser partidario del sistema mayoritario en absoluto, con todas sus consecuencias, y entonces, si venís hablando de un tope, este tope no puede ser más que uno, que es más del 50 por 100 de todos los votantes (…) Pero el tope del 40, del 30, del 20, del 10, reconoceréis que es un tope absolutamente arbitrario, que no obedece más que a la comprensión, después de examinar el estado de los distritos o provincias, de las posibilidades que ofrece ocasionalmente la elección para triunfar unos u otros partidos: es decir, un concepto, una idea de pura conveniencia». En definitiva, al diputado catalanista el nuevo sistema le parecía «un fascismo vergonzante, porque tiene por objeto asegurar el predominio de un partido o de un grupo de partidos, desconociendo en absoluto cantidades enormes de opinión que tienen derecho a ser oídas y respetadas». La minoría agraria, por boca de Antonio Royo-Villanova, defendió la propuesta de Castrillo porque entendía que «lo que quiere es que no se perturbe, que no se dificulte la representación de las minorías, y esto es tan democrático y tan elemental, como que es la esencia misma del régimen parlamentario (…) De modo que es una cosa tan evidente el que la democracia debe favorecer la contradicción, que, por muy pocos que sean los disidentes, deben ser respetados. En esto se diferencia un liberal de un autócrata[142]».

El presidente del Consejo intentó conjurar el vendaval con un larguísimo discurso en el que dejó entrever las intenciones del gabinete. Azaña descubrió su postura contra la representación proporcional: «yo votaré siempre contra el sistema proporcional, siempre, y se ha dado la coincidencia de que el Gobierno ha estado unánime en esta cuestión, y los elementos representados en el Gobierno no somos proporcionalistas. ¿Se nos puede pedir que traigamos una ley electoral fundada en principios que contradicen nuestras propias convicciones?». No ocultó, por tanto, que la reforma electoral partía del supuesto de sus autores «de que los republicanos de todos los colores y los socialistas juntos tenemos la inmensa mayoría del país, somos la inmensa mayoría del país; y sobre este supuesto descansa nuestro derecho y nuestra autoridad para estar aquí». De ahí a afirmar que el gobierno pretendía primar con más escaños a esta mayoría para hacerla aplastante no había más que un paso. No obstante, en el mismo discurso, Azaña rechazaba que la redacción hubiera tenido algún propósito partidista. «No tendríamos ningún derecho», apuntó el orador, «a hacer una ley con el deliberado propósito de impedir que, si en España los monárquicos fuesen mayoría, pudiesen demostrarlo como tales en las urnas. Ésta es mi honrada convicción y mi manera de proceder. No lo temo; pero si fuese así, la ley no podría impedirlo, no debería impedirlo (…) Fascista sería impedir el triunfo de esa mayoría si existiera».

Cuando Azaña entró a analizar la ley, la presentó como una mejora de la de 1907 y justificó la segunda vuelta de la siguiente manera: «Votación en primera vuelta, en única vuelta; supongamos el caso: dispersión de las candidaturas republicanas en diversos grupos de votantes y triunfo de una candidatura con menor número de votos que todas las demás candidaturas juntas. ¿Qué pasa entonces? (…) Entonces, ¿no se han dejado perecer el derecho de los representantes y votantes a favor de una minoría?». Porque para el orador: «hay que atender, en efecto, a que no se proscriba el derecho de las minorías; pero hay que evitar este otro peligro, que es mucho más grave, mucho más real y mucho más presente, que es la posible dispersión de las candidaturas republicanas y socialistas, faltas de coalición, y su derrota por una candidatura antirrepublicana y antisocialista, minoritaria, que represente mucha menos fuerza que todas las demás candidaturas republicanas y socialistas (…) si se hubieran sumado en una coalición». La solución estribaba en «obligar a los partidos desde el sistema electoral a aprender la ventaja de la disciplina y los inconvenientes de indisciplinarse o disgregarse, y que lo aprendan con la derrota, y si la derrota no les escarmienta, peor para ellos; pero si la derrota les escarmienta y les enseña el camino de su deber y de su disciplina, tendrán la segunda vuelta para remediar los males de la derrota sufrida en la primera por su falta de cohesión y de disciplina».

Por tanto, según el planteamiento de Azaña, la reforma electoral tendía a conservar la República a través de la misma salvaguardia de la conjunción republicano-socialista: «Si nosotros no tuviéramos la mayoría del país, no habría ni cuestión, ni habría que hablar, y todo el tinglado electoral estaría de más; pero teniendo la mayoría en el país, hay que dar los medios legales, normales, jurídicos (…) para que los efectos políticos de la disciplina de los partidos se produzcan normalmente, y para que los efectos de la disgregación o de la indisciplina de los partidos o de la mala inteligencia entre los partidos, no causen a la República (…) daños irreparables. Sería altamente extraño que por no prever este caso, minorías monárquicas o antirrepublicanas trajeran a la Cámara una representación que no les correspondiera». Azaña reconocía así la posibilidad de que, con esa ley, los partidos con fuerza para aspirar a las minorías pudiesen copar toda la representación pero planteó a las oposiciones si conocían un sistema en el que eso no pudiese hacerse existiendo la segunda vuelta. Además reputaba que esto no podría resultar nunca la regla general: «¿Vosotros creéis que la contienda electoral en España está tan fácil que los partidos se puedan permitir esta clase de juegos? Y si hay una mayoría que pueda hacer eso es que triunfará en la primera vuelta, en la segunda y en todas las que haya, porque será de una importancia tal y tan abrumadora que barrerá todos los puestos». Por último, en una afirmación que debió de provocar hilaridad entre las oposiciones, reafirmó el carácter neutro de la ley afirmando que «a nadie se le ha pasado por las mientes, señores Diputados, inventar un sistema electoral para asegurar la permanencia en el poder de una coalición de partidos[143]».

El discurso del presidente del gobierno no convenció a las oposiciones pero tuvo un efecto positivo en los partidos de la mayoría, que cerraron filas en torno al gobierno. Los oradores de las minorías no encontraron una grieta por donde forzar la retirada del dictamen. Ossorio Gallardo insistió en que la ley en proyecto suponía el aplastamiento de las minorías: «¿En qué está el secreto? Pues muy sencillo; el proyecto nos lo dice: donde haya que elegir 30 Diputados o concejales, el grupo que tenga cohesión y fuerza bastantes para alcanzar el 30 por 100 de los sufragios se lleva 24 puestos, y para todos los demás quedan 6; y así en esta proporción (…) Después de llevarse aquel partido 24 puestos entre los 30, no porque tenga mayoría absoluta de votantes (…) al llegar la segunda vuelta, él es el árbitro de la elección, y entre los que van a ella por haber obtenido el 8 (…) por 100 de los votos, inclina su peso a favor del adherido, del simpático, del coaligado. De modo que, como ese 30 por 100 vota la primera vez y vota la segunda, la primera arrolla y la segunda inclina la balanza». A una interrupción de Azaña acerca de los mayores perjuicios de la ley de 1907, Ossorio le reputó que con las leyes anteriores no había prima para quien tuviera mayoría, ni segunda vuelta: «Había entonces (…) dos sistemas electorales: el unipersonal, de distrito (…) y de otro lado el régimen de circunscripciones, en el que no había prima de favor para nadie, sino que se computaban los votos de mayor a menor, y no había 30 ni 20 por 100, ni segunda vuelta (…) Era un poco restringido y el que tenía más votos salía en primer lugar, el que le seguía en segundo y así sucesivamente». Apuntó que sí había habido cambios importantes respecto al decreto de 1931, sobre todo el tope, y aunque admitía que con la legislación del Gobierno Provisional el copo resultaba posible, afirmó taxativamente que la reforma de 1933 lo facilitaba sobremanera. Al argumento de que había que disciplinar a los partidos republicanos en bien del régimen, Ossorio respondió con relativa sencillez: «¡Ah!, pues eso será culpa de los republicanos, que no sepan entenderse y ésa es la realidad que yo respeto donde ocurra. Porque S. S (…) ahora dice: Tenemos que inventar un artificio para que donde se desunan y escindan los partidos republicanos, no pueda introducirse su adversario. Y yo le digo: señor Azaña, eso no es leal; si llega ese caso, no invente S. S. artificio para evitarlo, porque será que la vida española en aquel sitio ha dado eso de sí y no será lícito falsificarlo con una prevención y con unos arbitrios como los que esta ley contiene[144]».

La firmeza de las oposiciones contra el dictamen y, sobre todo, el alineamiento del Partido Radical con éstas, determinó que la Comisión de Presidencia, a instancias del gobierno, anunciara la introducción de algunas modificaciones, pero sin retirar el proyecto. Éstas se publicaron en el Diario de Sesiones el 13 de julio. Consistían, fundamentalmente, en que la proporción de escaños entre mayorías y minorías se establecería en dos tercios para las primeras y un tercio para las segundas sólo en las elecciones municipales. En caso de que la división en tercios no fuese exacta y quedaran restos, éstos pasarían a formar parte del cupo de las mayorías, con lo que en realidad apenas se aminoraban las proporciones iniciales. También variaban los porcentajes mínimos de voto escrutado para obtener el escaño. Se evitaría la segunda vuelta siempre que al menos un candidato hubiera sobrepasado el cuarenta por ciento de los sufragios emitidos y que todos los demás hubieran obtenido como mínimo el veinte por ciento de los sufragios. Si ningún candidato hubiera llegado al cuarenta por ciento de los votos, habría de ser necesaria una segunda vuelta en la que se dirimirían todos los escaños. En el caso de que esto sí sucediese, pero que algún escaño no se hubiera provisto por candidatos que reuniesen al menos un veinte por ciento de los votos, la segunda vuelta sólo tendría lugar para cubrir estas vacantes. A esta segunda vuelta sólo podrían concurrir, como en el debate del 6 de julio se había establecido, los candidatos que hubieran reunido como mínimo un ocho por ciento de los sufragios emitidos. La nueva redacción suponía un intento de combinar el criterio agudamente mayoritario sostenido por el gobierno con una nueva bajada del listón, del treinta al veinte por ciento, que permitiese encontrar algún punto de encuentro con la oposición. No obstante, no tuvo el asentimiento de toda la Comisión. Los miembros del Partido Radical (Pedro Armasa, Joaquín Mallo y Juan Bort) presentaron un voto particular rebajando aún más los topes mínimos. Desde su punto de vista, bastaría que algún candidato sobrepasase la barrera del treinta por ciento de los votos emitidos y que el resto hubiese obtenido al menos el diez para que la elección resultase válida, evitándose la necesidad de acudir a una segunda vuelta[145]. No cabe duda de que esta postura resultaba inaceptable para el gobierno, pues hubiera supuesto reducir tanto los requisitos que hacía por completo innecesaria la repetición de las elecciones y, por supuesto, hubiera desincentivado algo más las coaliciones.

Aun así, el radical Armasa intentó su defensa ante el Pleno de las Cortes el 19 de julio. Argumentó que en su ánimo sólo estaba proteger el derecho de representación de las minorías y ensalzó, en contraposición con el primitivo proyecto de ley, la postura de los partidos dinásticos durante la Restauración: «en las luchas electorales con la Monarquía nosotros constituíamos en los bancos de la oposición una minoría republicana numerosa, gracias al interés y al apoyo que para las minorías tenían los partidos entonces monárquicos, que si llegaban a toda clase de delincuencias y de atropellos en materia electoral, por lo que se refería a las minorías había un relativo derecho que nos permitía contar con una representación bastante numerosa». Defendía los topes bajos porque «ellos evitaban la segunda elección, que, en realidad, es lo que puede perjudicar a los partidos que no tienen grandes fuerzas económicas, ni un exceso de medios para repetir la elección». Su postura fue impugnada por el radical-socialista Galarza con el argumento de que los topes debían establecerse teniendo en cuenta que su suma alcanzase el cincuenta por ciento, única forma de que los candidatos electos representasen a la mayoría de los votantes de su circunscripción. Sumando los topes que defendía el Partido Radical (30 y 10 por ciento), cabría el riesgo de que los diputados electos sólo representasen a un cuarenta por ciento del cuerpo electoral, dejando al sesenta sin representación. Armasa le respondió que los topes establecidos por la Comisión, que agravaban extraordinariamente el sistema mayoritario, sumaban un sesenta por ciento del electorado y que los radicales estaban dispuestos a transigir estableciendo unos mínimos que representasen al cincuenta y dos por ciento, con el fin de facilitar aún más el acceso al parlamento de las minorías y evitar todo cuanto fuese posible la segunda vuelta. Tanto su criterio, como los postreros intentos transaccionales serían por completo rechazados[146].

El resto de modificaciones careció del mismo grado de polémica. El diputado radical Torres Campañá pudo retocar un tanto el dictamen gracias a que la Comisión incluyó dos de sus enmiendas. La primera, para el caso de que ningún diputado obtuviese el ocho por ciento de los sufragios y quedasen vacantes por cubrir, que la elección fuese declarada libre, pudiendo concurrir en segunda vuelta todos los candidatos independientemente de la cifra de votos obtenida en la primera. La segunda enmienda necesitó de mayor discusión. Pedía Torres que, en caso de que sólo existiese un número de candidatos similar al de puestos a cubrir que hubieran logrado sobrepasar el límite del ocho por ciento pero no el del veinte por ciento, fuesen electos diputados automáticamente. La medida parecía necesaria, toda vez que no tenía mucho sentido convocar una segunda vuelta en la que hubiese tantos candidatos como puestos vacantes. No obstante, dos miembros de la Comisión, Enrique Heraclio Botana y Ángel Galarza, impugnaron este argumento afirmando que con él se resucitaba el artículo 29 de la ley de 1907. Para Torres semejante afirmación resultaba totalmente peregrina porque esos candidatos habían pasado ya por una primera vuelta en la que se había consultado al cuerpo electoral, mientras que, vigente el artículo 29, el diputado electo no lo era, en ningún caso, por elección. Este aserto convenció a la Comisión que acabó aceptando la enmienda[147].

Menos suerte tuvo el diputado radical cuando pidió que se incluyera un artículo adicional que obligara al gobierno, en el plazo de un mes a partir de la celebración de las elecciones municipales, a renovar las Comisiones gestoras que llevaban gobernando las diputaciones provinciales durante más de dos años. La Comisión de Presidencia se mostró contraria pero la enmienda quedó retirada cuando Azaña afirmó que constituiría imperativo gubernamental la renovación inmediata de las gestoras provinciales (algo que no ocurriría durante toda la República). El último intento de modificación lo promovió Ossorio, pidiendo que se estableciera la fórmula del voto acumulativo que había estado vigente entre 1878 y 1890[148]. Su intervención cerró definitivamente el debate sobre la reforma electoral, y ésta fue aprobada al día siguiente, 20 de julio de 1933[149].

Los efectos de la reforma en las elecciones republicanas

En líneas generales y pese a las críticas, la definitiva redacción de la norma mejoraba algo no sólo el primitivo proyecto del gobierno sino, hasta cierto punto, el decreto de 1931. De hecho, teniendo en cuenta el ánimo exclusivista que lo había inspirado al principio, el proyecto de ley acabó modificándose gracias al interés del ejecutivo en sumar el apoyo del Partido Radical. Aunque los radicales ya se habían declarado en franca oposición al gabinete Azaña, eran un importante factor a tener en cuenta para las próximas elecciones locales y las siguientes generales, como habían mostrado los resultados de los comicios municipales parciales de abril de 1933. Cierto que Azaña y otros dirigentes republicanos de izquierda demostraron que sus preferencias se orientaban hacia una alianza electoral con el PSOE, pero en los lugares donde la oposición conservadora mostrase mayor arraigo y se llegara a una segunda ronda, parecía conveniente tender puentes hacia los radicales cara a establecer coaliciones circunstanciales. De ahí que, a pesar de que en un primer momento se desecharon la mayor parte de las enmiendas de la minoría radical, cuando a partir de la intervención de Castrillo el gobierno pudo avistar el alineamiento de este grupo con el resto de las oposiciones, frenaron la tentativa de sacar adelante el primitivo proyecto de ley y atisbaron algún tipo de entendimiento con ella.

Ese relativo consenso limó algunas de las aristas del decreto emitido hacía más de dos años por el Gobierno Provisional. Si en 1931 bastaba con que la lista vencedora sobrepasase simplemente el veinte por ciento para obtener entre un 67 y un 80 por ciento de los escaños de una circunscripción, ahora por lo menos se le exigía que uno de sus candidatos llegase a sobrepasar el cuarenta por ciento de los sufragios emitidos. Además, las opciones minoritarias quedaban mejor protegidas al exigirse a los candidatos obtener un porcentaje mínimo, el tope del ocho por ciento, para poder pasar a la segunda vuelta. Con el decreto de 1931 resultaba posible la presentación de candidatos secundarios, o hasta candidatos nuevos, de un mismo partido en la segunda ronda con el fin de que, tras haber sacado triunfante la lista por las mayorías, se pudiera obtener el copo de la representación. La elección automática en primera vuelta de un número de candidatos similar al de vacantes, aunque no cumplieran con el tope del veinte por ciento pero siempre que obtuviesen el mínimo del ocho por ciento de los sufragios emitidos, representaba también otra pequeña garantía para las minorías que no existía en 1931. En cuanto a los comicios municipales, los concejales recién elegidos el 23 de abril de 1933 quedaron mejor protegidos al conservar explícitamente sus puestos hasta la renovación reglamentaria de 1935.

No obstante, aunque la ley de 1933 no suponía, a causa del voto restringido, el retorno puro y simple al viejo régimen electoral de los primeros tiempos del liberalismo español, sí que la definitiva adopción de la circunscripción provincial representaba un retorno al pasado, así como una agudización de los efectos más nocivos del sistema mayoritario, incluso respecto a 1907[150]. En este sentido, los republicanos mezclaban su preferencia por la tradición francesa de los distritos plurinominales, basada en las circunscripciones departamentales, con su también clásica predilección por el modelo de elección que se venía realizando en las circunscripciones urbanas españolas desde hacía varias décadas[151]. Por ello, de 1931 en adelante, no hicieron más que trasplantar al mundo rural las reglas electorales que ya se practicaban en las ciudades: el plurinominalismo, el voto restringido y el cupo a las minorías, presumiblemente a modo de receta para procurar el «despertar» de la opinión en los pueblos.

La reforma de 1933 traía consigo, además, algunos riesgos. La reducción del número de circunscripciones, aunque resultara tan modesta, sólo tres, contribuía desde el punto de vista territorial a agravar la prima a la mayoría. Hemos de tener en cuenta que, cuantos más puestos de diputado poseía una circunscripción, más se desvirtuaba la relación de escaños entre mayoría y minoría, mientras que cuanto menos, la distribución de los escaños entre ambos grupos resultaba relativamente más proporcionada. Por ejemplo, en la circunscripción de Soria, que poseía tres escaños, la diferencia entre obtener las mayorías (dos) y obtener las minorías (uno) suponía tan sólo un escaño; en Álava, que tenía dos, no había diferencia alguna; en Guadalajara o Palencia, que tenían cuatro, sólo dos; en Castellón, que tenía seis, sólo dos; en Salamanca, Baleares o Tarragona, que tenían siete, ya eran tres. Mientras tanto, el triunfo por un solo voto en las circunscripciones urbanas de Madrid o Barcelona representaba la friolera de nueve escaños de diferencia, lo mismo que en Oviedo o La Coruña.

En definitiva, cuantas más circunscripciones, mejor repartidos estaban los escaños y mayores posibilidades tenían los partidos de lograr una minoría respetable haciéndose fuertes en varios distritos. Por ello, en la práctica, un sistema tan aparentemente agravado como el de 1907, en el que exceptuando las circunscripciones urbanas sólo se podía obtener representación ganando en algún distrito, facilitaba paradójicamente el acceso a las Cortes de las minorías, pues una pequeña fuerza política podía concentrar su labor en unos pocos distritos y, dado su elevado número, las oportunidades de conseguir representación eran mucho mayores. Con el sistema de 1931 y de 1933, un partido necesitaba colocarse como primera o segunda fuerza política en toda una provincia para obtener representación. En caso contrario, estaba prácticamente obligado a coaligarse con otros partidos. Una de las consecuencias previsibles de ese sistema electoral, en tanto que actuaba sobre un sistema de partidos apenas recién nacido, podía ser el de dificultar la formación de candidaturas, en la medida en que sin partidos nacionales fuertes y bien implantados, las coaliciones se hacían casi inevitables, en medio de una marcada y casi ineluctable tendencia a la bipolarización[152]. Porque si dos fuerzas políticas secundarias se unían acrecentando de ese modo sus posibilidades de victoria sobre el partido con más arraigo en la circunscripción, éste se veía empujado a acudir a la coalición con otra más pequeña para volver a restaurar su primacía, y así hasta el infinito. El resultado previsible era, dada la necesidad de alcanzar la barrera del cuarenta por ciento, la presencia de dos grandes coaliciones que habrían de luchar entre ellas a brazo partido por una victoria a la que incitaba la desbordante prima a las mayorías. Con la ley de 1907, la derrota en un distrito no suponía para un partido más que un pequeño descalabro que podía ser compensado con la victoria en otro de los varios cientos existentes. Sin embargo, con el sistema de 1933, la derrota en una o dos provincias clave, aunque fuese por una diferencia mínima de votos y dada la drástica reducción de circunscripciones, podía resultar toda una catástrofe, ni más ni menos que la derrota electoral misma.

Además, la reforma de 1933, en un hipotético contexto en que se hubiesen evitado amplias coaliciones, facilitaba que un partido con relativa fortaleza como para situarse en primer lugar, pero con ciertas discontinuidades en su implantación territorial (pues podía concentrar sus bases de apoyo, por ejemplo, en la capital de provincia y en un número reducido de comarcas) pudiera lograr la mayoría abrumadora de la representación provincial. Mientras, con la ley de 1907, este partido necesitaba una implantación en todos y cada uno de los distritos comarcales para obtener una victoria de semejantes proporciones, algo que resultaba bastante más complicado y que, por tanto, aseguraba la presencia de otras fuerzas políticas del mismo territorio.

En la misma línea que los cambios en el reglamento del Congreso, la reforma de 1933 supuso un apreciable espaldarazo para las grandes organizaciones partidistas, con programas de fuerte contenido ideológico, extendidas a nivel nacional o en un número de provincias determinado, frente al predominio de la política personalista y pragmática que caracterizó a la Restauración. La aspiración primaria de un partido residía en obtener por sí mismo la fuerza suficiente en una circunscripción como para derrotar a una entente de partidos rivales y conseguir la valiosa prima a las mayorías. Pero como esto resultaba bastante difícil en un sistema de partidos tan fragmentado como el español, y que acababa de nacer de la forma más improvisada posible, la pretensión más importante e inmediata era nuclear una coalición en torno suyo (y obtener la primacía a la hora del reparto de puestos) o, al menos, hacerse imprescindible a la hora de constituir candidaturas conjuntas e impedir así la tragedia de quedar aislado. Por otra parte, la segunda vuelta estimulaba sobremanera las coaliciones. Tanto que el objetivo de muchos partidos pequeños se cifraba, más que en conseguir la victoria electoral en la primera vuelta, en sacar un número de sufragios suficiente en ésta como para exigir, en las mejores condiciones posibles, puestos en una futura candidatura de coalición cara a la segunda vuelta. Evidentemente, detrás de todo ello había un análisis, hasta un cálculo si se quiere, muy claro del arraigo de cada partido político. En el estío de 1933 se consideraba, con no poca razón, que muy pocas formaciones tenían la fuerza suficiente como para hacerse, en solitario, con las mayorías en buena parte de las provincias españolas.

Dada la corta experiencia republicana, resulta difícil suponer que este régimen electoral pudo haber favorecido la creación de dos grandes partidos. Es cierto que entre 1932 y 1936 estaba en marcha un proceso de cristalización de un sistema de partidos, que apenas si había estado bosquejado en las elecciones a Cortes Constituyentes[153]. Ahora bien, existen muy pocas evidencias de que se caminase decididamente hacia la desaparición del faccionalismo o de la fragmentación. Más bien todo lo contrario. El proceso en marcha parecía conducir a un sistema de dos grandes coaliciones multipartidistas, en las que el fenómeno del faccionalismo seguiría primando sobre los principios de cohesión y disciplina[154]. Con un panorama político tan dividido, que se caracterizaba por la abundancia de opciones ideológicas organizadas, la necesidad de coaliciones, de sumar fuerzas políticas aún pequeñas para obtener el máximo posible de votos, hizo posible la subsistencia de las viejas maquinarias caciquiles manejadas por individuos con tradicional arraigo en determinadas comarcas de una provincia que, de este modo, lograron aún hacerse un hueco en las candidaturas. En este sentido, la reforma de 1933, como la de 1931, pudo intensificar lo que se conocía como política de masas y hasta reforzar medianamente el papel de los partidos organizados, capaces de enrolar en sus filas a amplios sectores de la opinión y de ganar en circunscripciones tan grandes como la provincia. Pero, contra lo que en un principio pudo suponerse, no significó la desaparición inmediata de las viejas tradiciones políticas individualistas que habían estado plenamente vigentes en nuestra historia electoral y que los partidos republicanos de izquierda y de centro acabaron reproduciendo con mayor intensidad.

Esta percepción parece confirmarse teniendo en cuenta las dos únicas experiencias prácticas con esa ley, las que tuvieron lugar con los comicios generales de noviembre de 1933 y febrero de 1936. En los primeros, la negativa del PSOE a pactar una alianza de carácter nacional con los republicanos de izquierda y el definitivo desplazamiento de los radicales hacia el centro, pulverizó cualquier posibilidad de resucitar la conjunción republicano-socialista que se había presentado relativamente cohesionada durante las elecciones de junio de 1931. Como hemos adelantado, en 1933 existía la idea de que, con la nueva ley electoral, en las provincias donde concurriesen varias candidaturas sería muy difícil que algún candidato sobrepasase el tope del cuarenta por ciento y que la contienda decisiva para la atribución de los escaños se daría en la segunda vuelta. El hecho de que las derechas sí lograran anudar un pacto nacional no distorsionaba demasiado esas predicciones, pues con los resultados de 1931 y los de abril de 1933 en la mano, no era previsible que sobrepasaran por sí mismas tal tope, sobre todo en las circunscripciones más pobladas, por tanto, con más escaños, del país. De ahí que, antes de pactar alianzas, republicanos y socialistas quisieran ponderar fuerzas para, en caso de segunda vuelta, exigirse mutuamente un número de puestos proporcional al número de votos que aportaban en una futura candidatura de coalición. Al final, el resultado de la definitiva ruptura de la conjunción republicano-socialista y de la reorganización de las derechas fue un altísimo nivel de concurrencia a las elecciones. La cifra oficial de proclamados que anunció el Ministerio de la Gobernación el 12 de noviembre de 1933 (el domingo anterior a las votaciones) fue de 2077 candidatos[155].

Las previsiones de republicanos y socialistas erraron al no medir correctamente la amplitud de la marea conservadora. Las candidaturas de derecha y las «antimarxistas» pactadas entre éstas y los radicales, lograron vencer y sobrepasar el tope en cuarenta de las sesenta circunscripciones. Por el contrario las izquierdas sólo lograron hacer esto en dos (Barcelona provincia y Gerona) gracias a la fuerza de ERC, mientras que los socialistas fueron los más votados en varias circunscripciones (las dos de Madrid, Málaga y Murcia, así como en Ceuta y Huelva) pero sin conquistar en ninguna el tope. Los radicales y sus aliados demostraron algo más de vitalidad y consiguieron vencer y pasar ese tope en seis circunscripciones. Esto hizo que de los 377 escaños que se adjudicaron en la primera vuelta, las derechas conquistasen 206 (54,6%) con el 47,5 por ciento de los votos, el centro 112 (29,7%) con el 19,5 por ciento del voto, y las izquierdas sólo 59 (15,7%) aunque llegando al 33 por ciento de los sufragios.

Si no se hubieran establecido topes y, por tanto, no hubiera existido la segunda vuelta, la distribución hubiera sido algo más equilibrada, pues las izquierdas habrían sumado 54 escaños más, llegando a los 113, frente a unas derechas que se habrían adjudicado 32, logrando 238, y al centro que sólo habría ganado nueve más, alcanzando los 121. No obstante, la segunda vuelta dio una nueva oportunidad a derechas, radicales y republicanos moderados de derrotar a las izquierdas habilitando candidaturas conjuntas en las circunscripciones donde sobre todo los socialistas habían demostrado mucha fuerza. El triunfo de las candidaturas de centro o de derecha en las pocas demarcaciones donde se fue a la segunda vuelta, exceptuando las de Huelva, Madrid capital y Málaga capital, hizo que las izquierdas sólo pudiesen obtener, tras la jornada electoral del 3 de diciembre, 32 escaños más frente a los 61 del centro y las derechas unidos.

La desproporción parecía aún más aguda descendiendo a escala provincial. No cabe duda de que el establecimiento de cupos tan exagerados para las mayorías distorsionó la representación de las distintas fuerzas políticas. En Badajoz, la candidatura conjunta de radicales, republicanos moderados y derechas se había hecho, ya en la primera vuelta, con once de los catorce escaños de esta circunscripción (el 78,6%), conquistando el 50,2 por ciento de los votos. Los socialistas, que habían cosechado en esta provincia el 48,5 por ciento de las papeletas, quedaban con sólo tres escaños (el 21,4% de la representación). En Barcelona capital ocurrió de igual forma: con un resultado apretadísimo (un 36,4% de votos para la Lliga y un 36,3% para la Esquerra) la derecha catalanista se llevó catorce escaños por cinco de ERC. El resto de candidaturas, que sumaron nada menos que un 27,3 por ciento del voto, quedaron sin representación parlamentaria. Al contrario, durante la segunda vuelta, en Madrid capital los socialistas hicieron triunfar a sus trece candidatos con un 49,7 por ciento de los votos, mientras que la candidatura de derechas sólo obtuvo cuatro escaños pese a haber cosechado el 48,2 por ciento de todos los sufragios emitidos. En otras circunscripciones el resultado fue, en general, menos igualado pero la atribución de escaños continuó siendo, en relación con los votos obtenidos, igualmente desproporcionada.

En febrero de 1936 volvieron a repetirse tales distorsiones. Las izquierdas y un sector del centro (Unión Republicana) aprendieron la lección de lo ocurrido en 1933 y habilitaron una coalición nacional, el Frente Popular (aunque, al igual que ocurrió con la Unión de Derechas en la elección anterior, en muchas circunscripciones ni tan siquiera se denominó de esa forma). Por el contrario, confiados en el considerable volumen de voto obtenido en noviembre de 1933, y enfrentados por el balance de la política posibilista en el segundo bienio[156], la CEDA y el resto de las formaciones políticas de derecha no constituyeron una alianza alternativa articulada a nivel nacional y dejaron que los comités provinciales configurasen totalmente las candidaturas según las particularidades de cada circunscripción. De este modo, el centro-izquierda se presentó a los comicios con mayor cohesión, mientras que las disensiones entre monárquicos y republicanos moderados impidieron agrupar a todo el centro-derecha en algunas provincias, resultando que frente a las que se denominaron «candidaturas antirrevolucionarias» concurrieron también candidatos disidentes aislados que, necesariamente, habrían de restarles votos. En realidad, los efectos de la reforma electoral se hicieron notar mucho más en esta elección que en la anterior. A diferencia de lo ocurrido en octubre y noviembre de 1933, la segunda vuelta de 1936 perdió importancia en las consideraciones estratégicas de los partidos. Esto hizo que en casi todas las provincias se generalizase una lucha bipolar y, sólo en muy pocas, hubo terceras candidaturas con un volumen de voto parejo a las «frentepopulistas» o a las «antirrevolucionarias». El número oficial de candidatos proclamados, según datos del Ministerio de la Gobernación, descendió a 987[157]. En la práctica, el día antes de la elección concurrieron un total de 942, aproximadamente la mitad que en 1933.

El efecto, natural e inevitable, fue que la primera vuelta, celebrada el 16 de febrero de 1936, marcó el resultado final de la elección. Sólo en cinco circunscripciones hubo de repetirse la elección (Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya provincia). Como es conocido, en una contienda muy igualada en cuanto a número de votos, triunfó la coalición de izquierdas en número de escaños. La clave principal fue que el Frente Popular ganó, y por tanto se llevó las jugosas primas a la mayoría, en las grandes circunscripciones, aquéllas donde las candidaturas contendían por un número de diputados mayor. A efectos de la ley electoral, no importaba que la victoria de las izquierdas hubiera sido apretada. Lo esencial, nada más, fue el hecho de colocar a sus candidatos en primer lugar. Así, en Jaén el Frente Popular consiguió el 50,5 por ciento de los votos pero diez de los trece escaños en juego (el 76,9%), mientras que con el 49,2 por ciento de los sufragios, las derechas hubieron de conformarse con las tres actas restantes. De forma muy similar, en Valencia provincia el Frente Popular acaparó también las diez actas de las mayorías al quedar en primer lugar con el 45,4 por ciento de los votos (esto es, ni tan siquiera con la mayoría absoluta de los votos), mientras que la Derecha Regional Valenciana, que incluyó un candidato tradicionalista, hubo de conformarse con los tres de las minorías aun habiendo obtenido el 44,1 por ciento de los sufragios. Esta desproporción se notó incluso en las circunscripciones donde el resultado no fue tan apretado. Así, en Madrid capital, las izquierdas amasaron un 54,3 por ciento del total de los votos emitidos pero esto les permitió conquistar trece actas de diputado de las diecisiete en juego. Las derechas, con el 45,7 por ciento restante, hubieron de conformarse con cuatro. En Oviedo, una diferencia algo más apretada (53,0% para el Frente Popular, 47,0% para el Frente Antirrevolucionario) también otorgó trece escaños a las izquierdas por cuatro de las derechas. De modo que la ley electoral concedió el triunfo a la candidatura, en este caso la del Frente Popular, que supo llevarse la victoria en las circunscripciones estratégicas, es decir, donde la desproporción entre mayorías y minorías era mayor[158].

He aquí por qué con una cifra global de votos tan igualada, incluso con el hecho evidente de que las izquierdas no lograron la mayoría absoluta de los votos en 1936, el Frente Popular se colocase ya por delante en los recuentos la noche del 16 de febrero y su victoria (incuestionable, pero no aplastante) se fuese confirmado con el transcurso de los días. En efecto, la coalición nacional de las izquierdas obtuvo el apoyo de 4.434 381 electores, frente a los 4.402 811 de las distintas candidaturas antirrevolucionarias «oficiales» de las derechas (en algunas circunscripciones incluyendo candidatos «portelistas», radicales o de la derecha republicana). Los candidatos disidentes de izquierdas que compitieron con el Frente Popular fueron poquísimos y apenas si reunieron cuatro mil votos (3930 exactamente) en todo el país. No obstante, los candidatos del centro que se presentaron al margen de las coaliciones antirrevolucionarias sumaron 468 242 papeletas[159], los del PNV reunieron 141 495, y las candidaturas disidentes de derechas 127 369 (de las que Falange sólo obtuvo 10 147 votos de media en todo el país, pues la mayoría correspondían a candidatos agrarios y monárquicos[160]). Cierto que el centro y las derechas demostraban sumar más apoyos, pero no supieron convertirlos en una victoria sencillamente porque en bastantes circunscripciones no consiguieron habilitar candidaturas cohesionadas por completo. Sin duda, los conservadores subestimaron la fuerza de las izquierdas y, además, mostraron poco interés por atraer a los electores más centristas creyendo probablemente que los sucesos de 1934 bastarían para que éstos apoyasen, sin más, sus listas. La ley electoral les perjudicó por sí misma pero también las derechas no ponderaron correctamente, a la hora de confeccionar sus candidaturas, el volumen de voto que podía arrastrar el Frente Popular. Por eso, con un 46,3 por ciento de los sufragios emitidos, las izquierdas obtuvieron ya en primera vuelta 259 escaños (el 57,2%), mientras que sus rivales, con un porcentaje de voto superior (el 53,7%) sólo pudieron llevarse 194 escaños. De éstos, las derechas (con un 47,3%), acapararon 162 actas (el 35,8%), mientras que el centro apenas si cosechó el 4,9 por ciento y la mayoría abrumadora de sus 30 diputados (entre «portelistas», progresistas, radicales, liberales demócratas y «mauristas», un 6,6% del total de actas atribuidas en primera vuelta) los consiguió en coalición con las derechas o con el centro-izquierda republicano (caso de Lugo)[161]. Por último, los nacionalistas vascos sólo obtuvieron, el 16 de febrero, los dos escaños de las minorías en la circunscripción de Vizcaya capital, pues en las tres restantes de la región ninguna candidatura alcanzó el tope del cuarenta por ciento.

La segunda vuelta tuvo, aunque a menor escala dado el reducido número de circunscripciones en que se celebró, los mismos efectos que la de 1933 pero al revés, ahora perjudicando más aún a las derechas. Sin ésta, los partidos conservadores habrían alcanzado once de los veinte escaños en juego, por cinco del Frente Popular, tres del PNV y uno del centro (concretamente, un republicano conservador). Con la segunda ronda, las derechas sólo lograron tres escaños, mientras que las izquierdas sumaron ocho, los nacionalistas vascos siete, y el centro otros dos[162].

En definitiva, ambos comicios mostraron de forma fehaciente las consecuencias que para la representación tuvo la reforma electoral de 1933. La agudización del sistema mayoritario respecto al establecido en 1907 daba la impresión de procurar, más que un simple reforzamiento parlamentario del partido (o coalición) triunfante, el drástico recorte de la representación de las formaciones políticas derrotadas. En este sentido, las predicciones de los que se opusieron a la reforma durante su tramitación parlamentaria se ajustaron a lo que ocurriría con posterioridad. No es que el sistema electoral implantado fuese factor decisivo de la Guerra Civil, afirmación que resultaría a todas luces exagerada. Pero sí contribuyó a aumentar la tensión política al primar la reunión de todas las fuerzas políticas españolas en dos bloques y al sobrevalorar la victoria (por tanto, al agravar los efectos de por sí negativos de la derrota) estableciendo cupos de escaños para las mayorías tan desproporcionados como arbitrarios. Claro que, a la altura de junio de 1933, ni los republicanos de izquierda ni los socialistas, reunidos en torno al gabinete Azaña, supieron avistar lo que se les vendría encima en noviembre de ese año, pues habían concebido la reforma como un mecanismo que asegurase, ad aeternum, mayorías parlamentarias de los partidos que consideraban «sostenedores» del régimen, esto es, los que habían participado de la extinta conjunción republicano-socialista. No habría de pasar siquiera un semestre para que el resultado de unas elecciones frustrara tales expectativas. Del mismo modo, las derechas tampoco supieron impulsar una nueva reforma del régimen electoral durante el año 1935, quizás bajo los efectos embriagadores de la victoria electoral de noviembre de 1933. Eso, y una defectuosa articulación de las alianzas, malograron la enorme movilización que llevaron a cabo entre enero y febrero de 1936, y provocaron una derrota que acontecimientos posteriores hicieron trascendental.

5. LAS MUJERES PUEDEN VOTAR

Cuando un profano en la materia pregunta, por curiosidad, en qué momento el voto se hizo «universal» en España, de inmediato suele contestarse que eso ocurrió en 1890. Si se quiere introducir un matiz, puede añadirse que también había estado vigente unos años antes, entre 1868 y 1878. Saciada su curiosidad, el interlocutor no suele inquirir nada más. Sin embargo, una cosa es el «sufragio universal» tal y como se entendía en el siglo XIX y otra el sentido actual del término. Hoy en ningún caso puede entenderse el sufragio universal sin incluir a la mujer. Así pues, legalmente el sufragio universal se estableció en España en 1931. Aunque debemos tener en cuenta un aspecto más. Ese derecho pudo haberse aplicado ya en las consultas que hubo a lo largo de 1932. Sin embargo, no fue así y las mujeres hubieron de esperar a 1933 para poder ejercerlo. Por qué fue así será una de las cuestiones que abordaremos en este capítulo. Las otras girarán en torno a las dificultades que hubo para su legalización y al sentido que las mujeres españolas dieron a su voto durante la etapa republicana, sobre todo en las elecciones en las que se les ha imputado mayor protagonismo: las generales de 1933.

El sufragio femenino fue la culminación del proceso de «universalización» del derecho de voto que se llevó a cabo en todos los países occidentales con régimen representativo durante el siglo XIX y primera mitad del XX. En el momento en que éste se concedió, significó una de las ampliaciones del sufragio más importantes, porque en casi todos los países hizo que se doblase (y más, dada la primacía de la población femenina sobre la masculina) el número de electores. Sólo unos pocos países, como Gran Bretaña, donde el gradualismo era una costumbre política elevada a categoría de principio, se hizo en dos tandas: primero a todas las mujeres mayores de 30 años y, posteriormente, al resto de féminas mayores de edad. Fue también una de las extensiones del sufragio más demandadas, hasta el punto que no faltó en ningún país importante de Europa o América un movimiento sufragista más o menos potente.

El sufragismo ha sido estudiado desde perspectivas diferentes. En las décadas de los sesenta, setenta y primeros ochenta del siglo XX, en las que el feminismo adquirió importancia como vehículo de reivindicación de una igualdad legal efectiva entre el hombre y la mujer, muchos autores (sobre todo autoras) buscaron en el movimiento sufragista los orígenes del feminismo moderno. Esto hizo que salieran a la luz historias de mujeres y asociaciones de mujeres que, durante el XIX y principios del XX, habían tenido un papel importante en la lucha por sus derechos y que ya habían apostado por una serie de principios y valores que triunfaron décadas después. Pero estos estudios selectivos, que vinculaban el sufragismo y el feminismo de principios del XX a los partidos de izquierda (liberales o no), ofrecen un panorama bastante sesgado. Porque estudios posteriores, de historiadores profesionales que comenzaron a interesarse en la cuestión, han tendido a destacar con énfasis los vínculos de la mayoría de las asociaciones sufragistas sobre todo con los movimientos conservadores y/o religiosos.

En efecto, la politización de buen número de mujeres fue en la etapa de entresiglos obra de asociaciones confesionales que, en la mayor parte de los países occidentales, se alinearon con los diferentes partidos conservadores en la defensa de los valores tradicionales y en la «remoralización» de las costumbres, en un contexto social cambiante, en proceso de secularización y con mayores dosis de conflictividad, delincuencia e inobservancia de las normas del universo ético vigente. Esto resultó evidente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el sufragio femenino tuvo estrechos vínculos con el movimiento «antialcohol». El destacado, y novedoso, papel que adquirió la mujer vino de la mano del fortísimo impulso, en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, de la acción católica y del propagandismo cristiano en general, que se tradujo en una presencia cada vez más importante de las asociaciones femeninas seglares. En Europa, Hispanoamérica y también Estados Unidos (aunque en este país también alcanzó importancia el feminismo «antisufragista»), éstas acabaron reivindicando el derecho al voto para tener capacidad de presión política e incitar, así, a las instituciones a la «reforma social». Como han puesto de relieve ya muchos estudios, es cierto que coexistieron movimientos «sufragistas» no confesionales, conectados incluso con los partidos de izquierda pero, a pesar de la importancia que se les atribuye en muchos libros, su capacidad de movilización e influencia fue en casi todos los países occidentales notablemente menor a la de sus homólogas conservadoras.

Así, en Chile, un país tan acendradamente católico como España, las asociaciones femeninas vinculadas a la Iglesia llevaron el peso de la campaña a favor del sufragio de la mujer y lograron que el Partido Conservador asumiese su reivindicación y presentase un proyecto de ley en 1917. El pleno derecho a voto no llegaría hasta 1949 (en 1934 ya se les permitió votar en los comicios municipales), tras vencer 30 años de sañuda oposición por parte de los sectores políticamente más a la izquierda y anticlericales. En Estados Unidos, un país con mayor pluralismo religioso pero con primacía de las confesiones cristianas, la mayor parte de las sufragistas estuvieron fuertemente vinculadas a instituciones eclesiásticas o intelectualmente inspiradas en la moral protestante o católica. En Gran Bretaña, el peso de la campaña sufragista a principios de siglo la habían llevado dos asociaciones feministas confesionales: la Church League for Women’s Suffrage, fundada en 1909; y la Catholic Women’s Suffrage Society (CWSS), que data de 1911. En este país, la mayoría del Partido Conservador, del Liberal y hasta del Laborista, desconfiaba del sufragio femenino, pero los conservadores contaban con un fortísimo sector que apostaba claramente por conceder sin tasa ese derecho. Hasta el punto, que este partido sería el primero en organizar y movilizar políticamente a grandes contingentes de mujeres a través de la Primrose League, que se convertiría en la asociación nacional femenina más importante del país. Más aún, un gobierno nacional con ministros conservadores concedería el sufragio a las mujeres mayores de 30 años inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y, ya en 1928, otro gobierno íntegramente conservador equipararía el derecho al sufragio de la mujer al del varón, rebajando la edad de voto de las primeras a los 21 años. En Francia, los movimientos sufragistas fueron más débiles y aunque algunos estudios constataron la pronta aparición de un feminismo laico y de izquierdas, su importancia fue siempre menor al de los movimientos femeninos confesionales. A principios de los años veinte, las sufragistas católicas y conservadoras sumaban 1,6 millones de afiliadas frente a las 150 000 de las distintas organizaciones laicas e izquierdistas. En este país, mientras que socialistas (con la excepción de Blum) y comunistas desconfiaron mayoritariamente del sufragio femenino, los democristianos del PDP y hasta líderes del republicanismo moderado como Barthélemy, Flandin, Reynaud y Poincaré lo creyeron beneficioso para la consolidación de la Tercera República. Los radicales franceses, por el contrario, criticaban esta tesis arguyendo que con el voto de la mujer las mayorías republicanas en el legislativo se harían imposibles[163].

Al igual que las anteriores reformas electorales, la discusión sobre la ampliación del sufragio a la mujer no fue planteada, por los distintos partidos, en términos de igualdad de derechos sino de pura conveniencia política. De hecho, los políticos sobre todo evaluaron cómo la ampliación podría modificar el sistema de partidos en general y, dentro de él, el peso de cada formación política. En los años inmediatamente anteriores a la concesión del sufragio, muchos dirigentes concebían a las mujeres como un grupo homogéneo de votantes, con unas reivindicaciones específicas que se identificaban con las de las grandes organizaciones femeninas y, en el caso de las confesionales, con las diferentes Iglesias que las inspiraban. Como en la mayor parte de Occidente la mujer constituía, además, una mayoría demográfica, estos políticos creían que, de concedérseles el sufragio, impondrían en el legislativo sus intereses de género y acabarían sustituyendo al establishment político por sus propias líderes.

Incluso en hipótesis menos extremas, los portavoces de las izquierdas temían que, a causa del componente confesional de las asociaciones femeninas más importantes, el sufragio de la mujer habría de constituir una desorbitada prima para los partidos religiosos o, en su defecto, para los conservadores. Esto, pensaban, rompería el equilibrio y la alternancia tradicionales entre las distintas fuerzas políticas y traería el monopolio del gobierno por parte de la derecha. En Italia, el Partido Socialista temía a principios de siglo la introducción del sufragio femenino entreviendo con espanto un hipotético giro hacia el conservadurismo, y acusaba a las líderes feministas «burguesas» de estorbar la batalla del «proletariado» por el sufragio universal. En Bélgica, fueron socialistas y liberales los que rechazaron repetidamente el voto de la mujer, alegando que su «clericalismo» alentaría la supremacía de la derecha católica de modo que, aunque sería autorizada su práctica en las elecciones locales en 1920, no sería extendida a los comicios nacionales hasta 1948. En Chile, Amanda Labarca, una de las líderes del movimiento feminista anticlerical, reputó como negativa la concesión del derecho de sufragio a la mujer antes de «educar el criterio femenino», esto es, hasta que se desvinculase ideológicamente del conservadurismo. Estas reflexiones también eran compartidas, aunque en sentido positivo, por los dirigentes de los partidos supuestamente beneficiarios, pues creían también que el universo de valores en el que se movía la mujer resultaba mucho más afín a sus principios que a los de la izquierda o los partidos laicos de centro. Por ejemplo, en Francia, si los republicanos moderados como Poincaré se posicionaban, durante los años veinte, a favor del sufragio femenino era porque pensaban reforzar las tendencias republicanas de centro y centro-derecha para su proyecto político de Union Sacrée, en un intento de crear un nuevo consenso político aislando a los socialistas y atrayéndose a los radicales[164].

Los resultados parecían confirmar los temores de unos y las esperanzas de otros. En Chile, los primeros comicios municipales en los que la mujer pudo votar, los de 1934, dieron el triunfo al Partido Conservador, por lo que los sectores políticos anticlericales de la izquierda y el centro continuaron haciendo todo lo posible por retrasar su aplicación a los comicios nacionales. En Estados Unidos la enmienda constitucional que permitió el sufragio femenino se aplicó en los comicios presidenciales de 1920, que dieron la victoria al republicano Harding y consolidaron el control de las dos cámaras del legislativo por su partido. En Gran Bretaña, los primeros comicios con voto femenino, en 1918, supusieron un giro hacia el conservadurismo que confirmarían los siguientes de 1922. En Italia, en fin, las primeras elecciones en las que votó la mujer, en 1946, las ganó la Democracia Cristiana.

No obstante, algunos autores supieron prever, a partir de las primeras experiencias electorales con el sufragio femenino, que la concesión de este derecho no supondría modificaciones abruptas en el sistema de partidos. En España, el jesuita García Villada dudaba en un artículo de 1920 que éste contribuyese a reforzar, a través de las urnas, la influencia moral del catolicismo en la sociedad española: «¿No sucedería que los nuevos votos se repartiesen por los diversos partidos a que pertenecen los maridos, hijos, hermanos (…) de las votantes, sin que se (…) cambiase con ellos el estado de la política? ¿No se abstendrían las mujeres, como se abstienen los hombres, y en mayor número que ellos, por las (…) especiales dificultades de vencer la repugnancia natural a meterse en tales asuntos?». El testimonio tiene valor por cuanto que data de una fecha muy temprana, en la que el sufragio femenino seguía constituyendo un futurible. En este sentido, Villada no hizo sino estatuir lo que más tarde las investigaciones históricas acabarían demostrando: que no existió una «grieta de género» en el comportamiento electoral de las mujeres electoras o, en otras palabras, que las cuestiones de género no determinaron el sentido que dieron al voto[165].

Ni siquiera los ejemplos aportados anteriormente resultan significativos. En Estados Unidos, el triunfo de los republicanos en 1920 tuvo que ver más con los deseos de alternancia y el desgaste ante la opinión del demócrata Wilson que con el sufragio femenino, pues sólo votó un tercio de las mujeres norteamericanas. En Gran Bretaña, el progresivo ascenso de los conservadores también pareció ser fruto de las ganas de cambio, tras trece años de primeros ministros liberales. Más aún, aunque fue el gobierno conservador de Baldwin el que extendió en 1928 el sufragio a las mujeres de entre 21 y 30 años (las flappers), el resultado de los comicios en los que se hizo efectivo por primera vez, los del año siguiente, supuso un triunfo del Partido Laborista. En Italia, si bien es cierto que venció la Democracia Cristiana en 1946, también lo fue que, con voto de la mujer, la suma de socialistas y comunistas superó los obtenidos por aquel partido. Y, en fin, los resultados de las primeras elecciones con sufragio femenino en otros países tampoco se correspondieron bien con la predicción de que las mujeres se agruparían en torno a la derecha. En las elecciones francesas de 1945, la victoria correspondió al Partido Comunista, seguido de los democristianos del MRP y de los socialistas del SFIO. En las alemanas de 1919, con un panorama político bastante fragmentado, el triunfo correspondió a los socialistas del SPD, seguidos muy de lejos por el Zentrum y los demócratas liberales. Pero, quizás, más importante que estos sucesos episódicos lo fue el hecho de que, en años posteriores, hubo en un mismo país y con sufragio femenino triunfos electorales de diversas fuerzas políticas: conservadores y laboristas en Gran Bretaña; demócratas y republicanos en Estados Unidos; comunistas, socialistas y democristianos en Francia; socialdemócratas y nacional-socialistas en Alemania, etcétera.

Como puede suponerse, España no fue la excepción de Occidente. Al igual que en los países de su entorno, conservadurismo y sufragismo aparecieron estrechamente de la mano. En 1877 ya hubo una enmienda a la ley electoral, promovida por el ala derecha de los liberal-conservadores y por diputados de lo que sería la Unión Católica, a favor de la concesión del sufragio a las madres «cabeza de familia». A principios del XX, otro sector del Partido Conservador, encabezado por el conde de Casa-Valencia, propuso una enmienda a la ley electoral de Maura para que se concediera el voto a todas las mujeres mayores de edad en las mismas condiciones que a los varones. En 1919 volvió a patrocinar esto el ministro de la Gobernación de otro gabinete conservador, Burgos Mazo. En cuanto al movimiento sufragista español, las asociaciones mayoritarias tuvieron también un sesgo conservador. Así, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, fundada en 1918, aun considerándose apolítica, no ocultaba sus simpatías por el Partido Conservador. Un año más tarde aparecería otro colectivo sufragista de clara orientación confesional: Acción Católica de la Mujer. No podía resultar extraño que Primo de Rivera no viese sus reivindicaciones con antipatía. El dictador concedió a la mujer algunos derechos políticos, claro que dentro de las peculiares formas de representación no democrática de este régimen. Así pues, la Segunda República advino en un período en que había crecido a nivel interno el apoyo al sufragio femenino. En el exterior, la mayoría abrumadora de las nuevas Constituciones que habían sido confeccionadas tras la Primera Guerra Mundial, 13 de 17, ya habían adoptado el sufragio femenino, lo mismo que hicieron las dos democracias más arraigadas, Estados Unidos y Gran Bretaña. El contexto parecía favorecer como nunca, a pesar de los obstáculos existentes, el reconocimiento del voto para la mujer española[166].

Una victoria difícil

Sin embargo, el sufragio femenino tuvo un difícil encaje en la nueva República. De hecho, el decreto electoral de mayo de 1931 sólo reconoció el derecho de la mujer a concurrir como candidata, pero se negó a conceder nada más, por lo que las féminas no pudieron votar en los primeros comicios a Cortes constituyentes. El Gobierno Provisional de republicanos y socialistas, que no tuvo problema en rebajar la edad de voto a los 23 años para que pudiera votar un segmento de varones jóvenes, temía que el sufragio femenino pudiera beneficiar, en primera instancia, a sus adversarios de la derecha. De hecho, estos temores no tardarían en exteriorizarse durante el debate constitucional.

El voto de la mujer provocó en la cámara una fuerte controversia entre radicales lerrouxistas y republicanos de izquierda de un lado, y socialistas y derechas de otro, y salió adelante con votaciones muy reñidas[167]. La intensa disputa no fue doctrinal, pues no se discutió tanto el sufragio femenino como principio (casi todos aceptaban que alguna vez habría de implantarse), sino la conveniencia de adoptarlo de inmediato. Ésta no era una cuestión baladí: se trataba de la remodelación más importante del cuerpo electoral desde 1890, con una diferencia que la hacía quizás más trascendental a corto plazo. A finales del XIX, liberales y conservadores aún contaban con medios importantes de autodefensa, como el «encasillado», para asegurar la pervivencia del régimen constitucional frente a un hipotético aumento del voto republicano y carlista. Pero en 1931 no se daban las condiciones para resucitar el «encasillado» y la victoria electoral estaba únicamente vinculada a la capacidad de movilización de los partidos. Por eso cada formación política afrontó el debate evaluando los beneficios o perjuicios que la reforma podía conllevar para sus intereses electorales inmediatos, que radicales y republicanos de izquierda identificaban también con la perdurabilidad del régimen.

Los partidos republicanos creían en la movilización del electorado masculino urbano que les había dado el control de los destinos del país. Pero, por lo mismo que desconfiaban del electorado rural y habían modificado gubernativamente la composición de los ayuntamientos a fin de neutralizarlo, recelaban de la mujer española a la que percibían atada al ámbito de la vida familiar y «sociabilizada» únicamente por la Iglesia. De ahí que vincularan la religiosidad con el sentido político que la mujer daría mayoritariamente a su voto. Por otra parte, como los socialistas, teniendo en cuenta criterios de «clase», atraerían buen número de «mujeres trabajadoras» (o, sencillamente, de esposas e hijas de votantes socialistas), los republicanos pensaban que ellos serían los grandes damnificados. Además, la peligrosa ampliación del cuerpo electoral generaba incertidumbre, pues podía resultar un factor de desestabilización de la República recién nacida. Los radicales y la izquierda republicana creían que al quedar laminados políticamente entre los socialistas y las derechas, el régimen se acabaría desnaturalizando y autodestruyendo. Por el contrario, la fórmula que los distintos partidos republicanos consideraban para estabilizar la República pasaba por perpetuar su propia preeminencia sobre la base del cuerpo electoral que en 1931 votó el nuevo régimen, algo que, pensaban, era la garantía para que socialistas y, sobre todo, monárquicos o católicos no acabasen con ella.

La lectura del debate constitucional en el Diario de Sesiones de las Cortes confirma todos estos temores y argumentos. Ya hubo una escaramuza a cuento de la inclusión o no del sexo como condición de la que no podía derivarse ningún privilegio jurídico (art. 25). Prejuzgando que su encaje en la Constitución significaba el paso previo al establecimiento del sufragio femenino, los radicales-socialistas, por boca de Victoria Kent, ya buscaron eliminarlo. Pero la verdadera discusión llegó con la redacción del artículo 36. Radicales y republicanos de izquierda intentaron evitar a toda costa que la mujer votase en unas elecciones generales. Pasaron de defender, en un principio, la no aplicación del sufragio femenino a abogar por concederlo de manera limitada, sólo en las elecciones municipales. O, caso del diputado federal Hilario-Ayuso, por que sólo tuviera derecho al sufragio una minoría de ellas, las mujeres mayores de 45 años. Ambas propuestas fueron rechazadas gracias a socialistas y derechas y, también, a la combatividad de una diputada radical, Clara Campoamor[168].

Una de las enmiendas que pareció obtener mayor acogida fue la promovida precisamente por los radicales. Ésta, que fue discutida el 30 de septiembre de 1931, pretendía sacar de la Constitución el sufragio femenino y aplazar su discusión hasta la redacción de la ley electoral. Su portavoz, Guerra del Río, dejó ver que no defendería la extensión del derecho de voto al afirmar que temía por el porvenir de la República: «desearíamos tener la esperanza de que hoy día las mujeres de España votarían como votaron los hombres el día 12 de abril; pero así como nosotros tenemos la prueba plena de que los varones de España son una garantía para la República, tememos que el voto de la mujer venga a unirse a los que aquí forman la extrema derecha». Éste llegó a pedir incluso la revocación del sufragio femenino si se mostraba en unas elecciones contrario a los partidos republicanos. Contra él, se levantó su correligionaria Campoamor, blandiendo con habilidad el argumento de que la Dictadura de Primo de Rivera ya había reconocido derechos políticos a la mujer y si ésta llegase a pensar «que la Dictadura la quiso atraer y que la República la rechaza» acentuaría su pretendido conservadurismo. El razonamiento no logró el apoyo de su grupo ni el de los republicanos de izquierda, pero sí volvió a atraer el de las derechas y los socialistas. El portavoz del PSOE, Manuel Cordero, se pronunció a favor de su implantación inmediata, pues consideraba el sufragio femenino una ampliación de los derechos políticos a un sector de la ciudadanía que había estado tradicionalmente postergado. Más aún, espetó a los grupos republicanos de izquierda y de centro: «¿Tenéis miedo a cómo se pronuncie (la mujer)? Pues trabajad e influid en ella para que se produzca a tono con nuestras ideas. Eso es lo que corresponde a una vida activa de la política». De modo que un partido por principio menos comprometido con la praxis democrática que los republicanos, como era en ese momento el socialista, sin embargo mostró una voluntad mucho mayor de afrontar la movilización del nuevo cuerpo electoral dentro del régimen[169].

El pronunciamiento contrario de la minoría socialista hizo que Guerra del Río, en una nueva intervención, pretendiera cohesionar a los grupos republicanos frente al PSOE asumiendo una propuesta lanzada por Acción Republicana: recoger el sufragio femenino en la ley electoral y celebrar con él únicamente elecciones municipales y provinciales. Pero al tiempo hacía una advertencia utilizando un argumento que tuvo considerable influencia en muchos republicanos: la exitosa recogida de firmas por las asociaciones femeninas católicas, casi un millón y medio, en apoyo de la religión y de los derechos de la Iglesia. Esta campaña, que era la iniciativa cívica popular más importante de la historia de España hasta entonces, culminó con la entrega de los pliegos en el Palacio de las Cortes. Guerra del Río utilizó el hecho para demostrar el «clericalismo» de las mujeres española, con notable éxito. Los radicales-socialistas acabaron uniéndose al coro de los alarmistas. Su portavoz, Jerónimo Gomáriz, anunció su apoyo a la enmienda de los radicales. Para su partido, «sólo las mujeres trabajadoras y con un título de suficiencia profesional que acredite su derecho de ciudadanía tendrán derecho a emitir el voto». La diputada Campoamor volvió a levantarse para rechazar todas estas argumentaciones porque contradecían el principio de igualdad consagrado en la Constitución. En una breve intervención, el tradicionalista Joaquín Beunza apoyó a Campoamor descalificando el oportunismo de los grupos republicanos de izquierda: «sería una cosa antidemocrática el que por temor de que un sector de opinión se manifieste en sentido determinado, se le sujete temporalmente a una tutela, que ninguna razón legal ni moral autoriza». En un ambiente muy pasional, la mayoría de la cámara acabó rechazando la enmienda[170].

Al día siguiente, 1 de octubre, tuvo lugar el famoso debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor a cuenta de la aprobación definitiva del artículo 36 de la Constitución, que consagraba el sufragio femenino. Kent se levantó sosteniendo el criterio más radical de su minoría, esto es, el aplazamiento del voto de la mujer no por una cuestión de capacidad sino «de oportunidad para la República». «Si las mujeres españolas», arguyó, «fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un período universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino». Como puede verse, el feminismo de Kent venía atemperado también por razones de pura conveniencia: las mujeres obtendrían el voto cuando apoyasen mayoritariamente a los partidos republicanos o al socialista. Por el contrario, Campoamor puso explícitamente sus convicciones por encima de los intereses de su partido. En su intervención no transigió siquiera con la posibilidad de que sólo a las mujeres «obreras» y «universitarias» se les concediese el voto: «¿Se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a otra? ¿No sufren éstas como las otras las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones?». Ante una interrupción del diputado radical-socialista Pérez Madrigal sentenciando que el voto de la mujer significaba la restauración de la Monarquía en España, Campoamor le espetó que no tenía derecho, en nombre de esa hipótesis, a cerrar el paso a más de la mitad de la población española. Su discurso, cargado de emotividad y a veces de no pocas exageraciones, culminó con su célebre advertencia: «No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, Sres. Diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención». Campoamor había logrado, con no poca habilidad dialéctica, volver del revés el argumento de la «oportunidad» del sufragio femenino[171].

Un discurso de Guerra del Río, en nombre de la minoría radical, sirvió para desautorizar la postura de su diputada díscola, aunque de forma extremadamente suave, y pedir apoyo a los socialistas sobre la base de la concesión del derecho de voto a las «mujeres trabajadoras». Ante el asombro de la cámara, el socialista Andrés Ovejero afirmó que votaría a favor del sufragio femenino siguiendo los dictados de la disciplina de grupo, pero que de alguna forma coincidía con lo expuesto por Guerra. La nota discordante la puso un veterano político republicano, el «azañista» Castrovido, que se separó en esta cuestión concreta de su minoría y anunció su apoyo al sufragio femenino en plenitud de condiciones. Castrovido puso de manifiesto lo paradójico que resultaba pretender la emancipación de la mujer sin concederle antes los derechos políticos y destacó que las asociaciones confesionales habían sido las únicas vías de socialización pública de la mujer porque hasta entonces no se les había ofrecido otras. «¿Por qué está en las Cofradías, en las Juntas benéficas y en todas las Asociaciones religiosas la mujer?», se planteó Castrovido: «Está en esas agrupaciones porque en ellas se le concede respeto a sus derechos, porque allí bulle, porque allí se agita, porque allí habla, porque allí escribe, porque allí discute, porque allí toma iniciativas (…)». Finalmente, el artículo fue aprobado merced al apoyo de socialistas, catalanistas, de todas las minorías de derecha, Agrupación al Servicio de la República y de ocho diputados republicanos disidentes[172].

Después de la votación y en un ambiente caldeado, los grupos republicanos respondieron encarándose con las minorías conservadoras. Pedro Rico, en nombre de los «azañistas», se dirigió a los escaños de la derecha republicana de esta guisa: «puede ser que de esta votación lo que salga sea una República completamente distinta de la República que estabais esperando. Cuando discutamos otros problemas, entonces veremos lo que hacen los que ahora han estado con vosotros», refiriéndose a los socialistas. La amenaza velada hacía sin duda referencia a la cuestión de las relaciones con la Iglesia. Esto lo confirmó el radical Álvarez-Buylla cuando, después de calificar el sufragio femenino como «puñalada trapera a la República», enunció su remedio: «el peligro del voto de las mujeres está en los confesionarios y en la Iglesia; arrojando a las órdenes religiosas, hemos salvado el peligro de la votación de hoy. Y vosotros habréis de tener en cuenta que con la votación de hoy habéis puesto el fuego en la mecha», señalando a los diputados que habían apoyado el sufragio femenino. En un ambiente de crecientes protestas, el diputado radical-socialista Galarza se comprometió en nombre de su grupo a defender el dictamen de la Comisión, que disolvía todas las órdenes religiosas, sin modificar una sola coma[173].

Con todo, la victoria del sufragio femenino merced a la aprobación del artículo 36 no fue completa, pues aún habría de salvar otro fuerte escollo. Éste surgió cuando el debate constitucional tocaba ya a su fin y se discutían las disposiciones adicionales. El 1 de diciembre, aprovechando la ausencia de los diputados agrarios y «vasconavarros» tras la aprobación del polémico articulado que redefinía las relaciones Iglesia-Estado, se anunció la discusión de una enmienda firmada por varios diputados radicales y republicanos de izquierda. En ésta se pedía que el sufragio femenino entrase en vigor sólo en las próximas elecciones municipales, por lo que el voto de la mujer en los comicios nacionales, regionales y provinciales quedaría aplazado hasta la renovación total de los ayuntamientos (prevista en 1935 o, incluso, en 1937), para la que se necesitaba una doble convocatoria electoral de carácter local. El defensor de la enmienda, el «azañista» Peñalba, insistió en los argumentos que su correligionario Rico hiciera tres meses antes: «no se trata en ningún momento ni en ningún caso de arrebatar a la mujer el voto que se le ha concedido. Se trata simplemente de condicionárselo». La Comisión Constitucional confió de nuevo a la diputada Campoamor la impugnación de este criterio. Ésta argumentó que semejante enmienda desvirtuaba la propia Constitución, y caracterizó a los diputados radicales y republicanos de izquierda como «los que tienen miedo de los resultados electorales, los que nos traen la teoría pintoresca de que es preciso conocer las consecuencias para adoptar el principio». Después de rechazar que se volviese sobre un asunto totalmente zanjado en la Carta Magna, atacó a los republicanos por su insistencia en identificar a la mujer con la Iglesia: «¿es que confundís confesionario con clericalismo? ¿Es que aspiráis, para que se conceda el voto a la mujer a haber acabado con la religiosidad en España? ¿Os atrevéis a decir eso?». Acabó su intervención entre las protestas de los grupos republicanos de la cámara porque calificó la enmienda de revisionista[174].

En la réplica, Peñalba y otros oradores republicanos rechazaron que les inspirasen propósitos revisionistas. Y el socialista Cordero intervino para, en nombre de su minoría, negar los votos a una enmienda que desvirtuaba la Constitución. Rechazó de paso que el PSOE tuviese un interés puramente electoral: «Meditad vuestra resolución y ved bien lo que hacéis, porque sin querer, con vuestro acuerdo, enviáis a la mujer tras de aquellos que van a enarbolar la bandera de su redención». Campoamor terminó resumiendo perfectamente el sentido de la discusión cuando reprochó a los republicanos que «una cuestión de tanta envergadura como la de no cortar el camino del derecho a más de la mitad de la raza, se ha tratado en este sentido; unos: la mujer votará bajo la égida del confesionario; otros: la mujer votará a los socialistas. Es decir, que condicionáis el voto de la mujer por miedo a que no os vote a vosotros. Ése es todo vuestro contenido filosófico». Con la inasistencia de los diputados católicos, la proposición de Peñalba fue rechazada en votación nominal por tan sólo cuatro votos[175].

Un derecho en suspenso

Si el sufragio femenino en plenitud de condiciones se aprobó a trompicones y sin el apoyo de uno de los puntales políticos del nuevo régimen, los partidos republicanos de centro e izquierda, su posibilidad de aplicación práctica también se vio envuelta en la polémica. La ampliación del cuerpo electoral necesitaba del gobierno medidas que lo hiciesen efectivo, la más importante la confección de un censo completamente nuevo. Un decreto de la presidencia del Consejo de Ministros, publicado el 28 de enero de 1932, anunció el procedimiento a seguir. El gobierno Azaña encargó los trabajos al Instituto Geográfico, Catastral y Estadístico, tal y como venía haciéndose desde 1907. Para ello anunció que el 1 de marzo de ese año los ayuntamientos habían de completar la inscripción de todos sus habitantes mayores de 18 años. Las autoridades municipales enviarían los boletines de inscripción al jefe provincial de Estadística que podría tomar las medidas oportunas para comprobar sobre el terreno los datos y evitar así cualquier omisión. El censo habría de ordenarse por distritos y secciones electorales, y los listados se remitirían desde las secciones provinciales de Estadística a los ayuntamientos para su exposición al público entre el 16 y el 30 de junio de 1932. Estos listados debían contemplar, además, una relación de todas las personas que adquirían el derecho al voto a partir del 1 de noviembre de 1932 hasta la misma fecha de 1937. Los vecinos de un municipio podían realizar durante esos quince días de junio las reclamaciones que consideraran oportunas. Finalizado el plazo de reclamaciones, las secciones provinciales de Estadística habrían de enviar a los gobernadores civiles las listas definitivas, para que éstos ordenasen a las Diputaciones su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de noviembre, y su remisión a cada ayuntamiento[176].

Lo curioso del procedimiento para la confección del censo electoral es que resultaba similar al mecanismo de elaboración del padrón vecinal. Dada la urgencia en tener listo un censo electoral, resulta cuanto menos llamativo que el gobierno no utilizara directamente el padrón de 1930, corrigiéndolo para los varones con las relaciones de altas y bajas elaboradas hacía no más de ocho meses para los comicios de 1931. Partiendo de esos datos, el gobierno podía haber solicitando a las Juntas Municipales del Censo y al Instituto Geográfico una simple labor de adaptación y rectificación, en lugar de proceder al empadronamiento completo de la población sólo a efectos electorales. En España, durante las dos grandes ampliaciones del cuerpo electoral anteriores (las de 1868 y 1890) simplemente se remitió al padrón y al registro civil como base de elaboración de los listados y, por ello, los nuevos electores tuvieron opción de ejercer su derecho de inmediato. Por el contrario, este extraño «empadronamiento electoral» de 1932 no lo contemplaba ni la ley, en esa parte vigente, de 1907. De creer simplemente lo que enunciaba el preámbulo del decreto, podría parecer que la habilitación de un mecanismo tan lento y complejo obedecía a la aspiración de conseguir la «depuración» del Censo electoral.

Todo parece indicar, sin embargo, que no era así. La labor del gobierno en la materia estuvo rodeada de mucha desconfianza. Aunque la redacción posterior del decreto no daba pábulo a sospechas sobre la inclusión de las mujeres en el censo, Clara Campoamor, recogiendo una supuesta nota del gobierno publicada por la prensa, inquirió sobre la cuestión al propio Azaña el 26 de enero de 1932. La diputada radical formuló la pregunta en los siguientes términos: «¿Es cierto que se ha excluido, y por qué razón se ha hecho, de la formación del censo a la mujer, a pretexto (…) de que las Cortes han de dictar una ley especial y que hasta que ésta esté promulgada, no se podrá formar el censo femenino?». Azaña le respondió negando el extremo[177].

No obstante haberse incluido a las mujeres en el empadronamiento, había razones para la suspicacia de Campoamor. Ese ambiente de desconfianza y el procedimiento habilitado para la elaboración de los listados de electores abonaban la percepción de que el gobierno y los grupos republicanos de la mayoría pretendían retardar todo lo posible la aplicación del sufragio femenino. La finalidad no parecía ser otra que dar tiempo a que las leyes religiosas estuvieran aprobadas y se hubieran hecho sentir sus efectos más inmediatos. No hay que olvidar que el temor de los republicanos al sufragio de la mujer obedecía, sobre todo, a que en el ejercicio del voto éstas pudieran estar mediatizadas por la Iglesia. Así, no resulta casual que el gobierno Azaña invirtiera todo el año de 1932 en disponer de un censo, mientras que en enero de ese mismo año sometiera a las Cortes, y a toda prisa, leyes como la del divorcio, la de cementerios y la disolución de la Compañía de Jesús. Como tampoco lo es que el ejecutivo priorizara en 1933 la aprobación de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas a la ley electoral[178]. Como habían exteriorizado durante el debate constitucional, los republicanos de izquierda y en un principio los radicales, prestos a defender su proyecto de República, deseaban recortar la capacidad de influencia de la Iglesia y frenar la movilización católica de finales de 1931 antes de someterse a un veredicto electoral con sufragio femenino. En el ínterin, los votantes republicanos por antonomasia, la mayoría de los varones mayores de 23 años, seguirían constituyendo el electorado, dejándose en suspenso la plena vigencia de la Constitución.

Durante 1932 no hubo ninguna elección parcial para cubrir escaños vacantes, aunque sí tenemos noticia de algunos comicios municipales en lugares concretos, como Marbella (Málaga) o Cuenca. Éstos tuvieron lugar bajo las disposiciones electorales de 1907 y 1931 en materia censal, esto es, sólo con sufragio masculino. No obstante, el caso políticamente más significativo fue el de Cataluña. El estatuto había sido aprobado el 8 de septiembre de 1932 y su electorado habría de constituir en breve el parlamento regional. En su única disposición transitoria se estableció, entre otras cosas, que la Generalidad fijaría la fecha de los comicios regionales previo acuerdo con el gobierno central y que regiría el mismo procedimiento de las elecciones a Cortes constituyentes de 1931. Así, de nuevo podrían votar sólo los varones, algo completamente injustificado habida cuenta que los trabajos para la elaboración del nuevo censo tenían que finalizar el 1 de noviembre y las elecciones catalanas habían sido fechadas para el día 20 de ese mes.

Este problema lo planteó ante las Cortes un diputado de la Lliga, Abadal, el 8 de septiembre de 1932. La respuesta del portavoz de la Comisión del Estatuto, el radical-socialista López de Goicoechea, planteó serias dudas sobre las intenciones últimas del gobierno: «el Censo no está preparado; sabe su señoría (…) que éste es un precepto constitucional; pero no ignora tampoco que no basta el principio constitucional que concede el voto a la mujer, sino que hay que regularle por medio de una ley (…)». Estas palabras provocaron de inmediato una dura intervención de Campoamor, aseverando que los derechos individuales en Cataluña debían ser, como mínimo, «los de los ciudadanos de la República española». De nada sirvió, porque la mayoría de la cámara ratificó que sólo pudieran votar los varones. Y eso que, como reveló Campoamor, los censos se encontraban ya listos para ser utilizados en las cuatro provincias catalanas[179].

No obstante, también era cierto que los trabajos no se habían completado a nivel nacional. El 8 de noviembre de 1932 apareció en la Gaceta otro decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros alargando los plazos, ante la desesperación de la diputada radical y de las oposiciones conservadoras[180]. En la sesión del 20 de diciembre, Gil Robles presentó una proposición no de ley, apoyada por agrarios, federales, «vasco-navarros», «mauristas» y, curiosamente, radicales, en la que pedía que las elecciones parciales para proveer los escaños vacantes del Congreso, que el gobierno había anunciado para el 29 de enero de 1933, se celebrasen «con el sufragio femenino, según determina taxativamente la Constitución». La respuesta de Azaña no pudo resultar más desoladora para las oposiciones: el censo aún no se encontraba terminado porque un número de provincias («no sé si son diez, quince o veinte», apuntó) no habían remitido los listados a la Dirección General de Estadística. Como, además, la ley electoral de 1907 establecía una serie de pasos para que el nuevo censo entrara en vigor, el gobierno se hallaba por completo incapacitado para utilizarlo hasta el mes de marzo de 1933. Azaña ofreció a las oposiciones convocar comicios parciales sin sufragio femenino, lo que demostraba su falta de interés en someterse a una consulta con voto de la mujer. Evidentemente, el «ofrecimiento» fue rechazado de plano.

«Otra vez se plantea en la Cámara hoy», comenzó su intervención Campoamor, «la cuestión del voto femenino, no como principio consagrado en la Constitución, sino como posibilidad de su ejercicio práctico». En su intervención, utilizó la ironía para referirse a los trabajos para culminar el censo: «Decía el Sr. Azaña que faltan 15 o 20 provincias. Ya han crecido un poco, porque según el rumor público, eran siete u ocho, y aún yo ignoro si estas siete u ocho serán exclusivamente aquellas provincias en que hay vacantes de Diputados». Recibió la callada por respuesta. En sus memorias, Campoamor no dudó en interpretar todos estos retrasos como un intento de los republicanos de izquierda de obstruir el ejercicio del sufragio femenino. La odisea finalizaría tres meses más tarde y las mujeres españolas pudieron votar, por primera vez, en los comicios municipales de abril de 1933[181].

El sufragio femenino y la orientación del voto

El hecho de que las primeras elecciones con sufragio femenino, las locales de abril y las nacionales de noviembre de 1933 se saldaran con un triunfo de la derecha (o el centro-derecha), pareció confirmar las tesis de los republicanos. El desplazamiento del voto hacia posiciones conservadoras parecía responsabilidad de las nuevas electoras. Éste debate se ha extendido a la historiografía hasta el punto de que aún no se ha descartado la existencia de una «influencia femenina» en los resultados. Esta percepción ha sido alimentada por dos evidencias: la imposibilidad de conocer la orientación del voto femenino al no establecerse en España listas públicas de escrutinio o el uso de dos urnas distintas para hombres y mujeres, y el evidente bandazo electoral hacia la derecha «extrarrégimen» en 1933, cuando la opinión se había pronunciado favorablemente por la conjunción republicano-socialista sólo dos años antes. A partir de ahí, con las limitaciones de entrar en el terreno de la suposición, algunos historiadores han optado prudentemente por conceder cierto papel al sufragio femenino en la conformación de los resultados electorales, sobre todo partiendo de los testimonios de época recogidos. Estudios más recientes han citado la práctica religiosa, más intensa en la mujer española, y el activismo demostrado en la campaña por las asociaciones femeninas de la derecha como indicios positivos del apoyo de ésta a los conservadores[182].

No obstante, hay datos para dudar de que el sufragio femenino influyese en los resultados. No puede olvidarse que con voto de la mujer triunfó la Unión de Derechas en 1933, pero también el Frente Popular en 1936. Además, los distintos comicios celebrados entre 1931 y 1933 sin voto femenino demostraron que la «resurrección» de las derechas era un hecho independiente del sufragio de la mujer. Así, inaugurada la campaña revisionista de la Constitución, en los comicios parciales de noviembre de 1931 para proveer un escaño en Logroño (donde meses antes habían ganado las izquierdas) ya triunfaron con holgura los agrarios. El efecto entre los republicanos fue tal que, a partir de entonces, ya no hubo más elecciones de este tipo. En 1932, las derechas lograron avances apreciables en las elecciones municipales parciales de Marbella y Cuenca. Pero, para que no puedan tacharse estos ejemplos como episódicos, en noviembre de 1932 la Lliga quedó tan sólo a cinco puntos porcentuales de la Esquerra en los comicios regionales celebrados en Cataluña. Por tanto, vincular el ascenso de las derechas al sufragio femenino resulta peregrino. Lo advirtió Mercedes Vilanova hace años: «La afirmación del apoliticismo y/o voto conservador de la mujer ha prevalecido porque la historiografía al uso no ha analizado con rigor los resultados electorales. También porque la mujer es considerada como un objeto útil para justificar interpretaciones (…) que la presentan como una persona sin criterio propio, manipulada por la Iglesia y por un sistema social que no le permite (…) progreso alguno[183]».

Tampoco puede considerarse que el asociacionismo confesional hubiera de reforzar inevitablemente la inclinación del sufragio femenino hacia la derecha. Es cierto que los partidos de derecha mostraron gran disposición para organizar y movilizar a sus electoras y que, a la altura de 1933, las asociaciones femeninas de carácter conservador eran numéricamente más importantes que las de izquierda. Probablemente, el poderío de éstas pudo inducir a los políticos de derecha a la confusión, avistando el espejismo de que la mujer estaba mayoritariamente con ellos. No obstante, esto no simbolizaba más que la vitalidad de la movilización de las electoras que ya se hallaban predispuestas a apoyarles. Sin duda, gracias a la acción de éstas, las derechas pudieron realizar un proselitismo eficaz en sectores apreciables del electorado femenino poco politizados o políticamente «neutros». Además, la actividad de Acción Católica, orientada a la socialización moral y política de la mujer, se constituyó en un factor muy importante a la hora de movilizar el voto católico. Pero no podemos inferir de ahí que las mujeres españolas se comportasen como un bloque, puesto que asociaciones con unos miles de militantes difícilmente podían tener capacidad suficiente como para arrastrar consigo a cuatro o cinco millones de votantes.

Porque por muy eficiente que fuera el activismo de estas propagandistas y hasta su facilidad para hacer acólitos, necesariamente hubieron de luchar con obstáculos muy serios. El primero, la competencia de las asociaciones femeninas de izquierdas, como la Unión Republicana Femenina o las vinculadas directamente a partidos como el PSOE, que en los años treinta eran factores a tener en cuenta pese a su inferior capacidad de movilización. El segundo, las propias ideas políticas de muchas mujeres, pues su apartamiento de la vida pública no era óbice para que miles, o hasta millones, de féminas carecieran de ellas. Incluso aunque en muchos casos se tratase de ideas poco elaboradas o precisas, constituían bagaje suficiente para mostrar un criterio propio e independiente. El tercero, los condicionamientos afectivos o sentimentales, empezando en muchos casos por la sumisión ideológica al varón cabeza de familia, siempre que éste actuara como tal en el terreno político. Aunque esta sumisión podía asegurarse de un modo más o menos autoritario, lo común solía ser la mera interiorización por una mujer poco politizada del universo de valores de su padre o esposo. El cuarto, la apatía, el desinterés o la repugnancia tradicional de muchas mujeres a participar en política, aunque esta intervención se limitara sólo a depositar una papeleta electoral, que no habría de diluirse como por ensalmo sólo porque hubieran adquirido el derecho a voto. Y, el quinto, la influencia difusa que ejercía el contexto en el que ésta desarrollaba su vida, la misma que afectaba a un elector varón a priori poco politizado. En otras palabras, el hecho de habitar en zonas donde la mayoría abrumadora de la población comulgaba con un credo político de izquierda o, sencillamente, donde no existía una organización sólida de la derecha. Todo ello sin contar el maremágnum de motivaciones personales que solían pesar a la hora de ejercer el voto, y que respondían a criterios tan individualizados que resultan difíciles de encajonar en una clasificación. En fin, demasiados valladares sólidos como para que las damas de Acción Católica, las emakumes o las margaritas pudieran derribarlos con el ariete de la persecución religiosa y llevar tras de sí, unánime y masivamente, a los millones de mujeres españolas a votar a las derechas.

Resulta casi imposible conocer qué candidaturas sostuvieron mayoritariamente las féminas toda vez que en España el voto secreto era ya una tradición consolidada. Las correlaciones entre secciones electorales con una mayoría censal femenina y el sentido del voto tampoco indican demasiado, toda vez que no hubo en España mesas en las que dejaran de introducir su papeleta un número tan significativo de varones como para validar los resultados del experimento. Otros métodos, como la duplicación de los sufragios obtenidos por cada candidato en 1931 y su comparación con las elecciones generales de 1933, traen consigo el problema de la distinta configuración de las candidaturas y las distorsiones que ofrece, para este análisis, la pervivencia de la conjunción republicano-socialista en muchas circunscripciones durante los comicios constituyentes. Lo que aquí se propone es hacer una comparación entre la media de sufragios obtenida por las candidaturas republicano-socialistas en 1931 y la de 1933 aunque, en este caso, agrupando en una categoría todos los votos de los partidos que acudieron unidos el 12 de abril de 1931 sumándoles los de ERC, y en otra las de las formaciones políticas a su derecha. Se han excluido las circunscripciones en las que los partidos republicanos y las derechas acudieron unidos por la imposibilidad de conocer, a ciencia cierta, los apoyos de cada uno.

TABLA I:

Comparación de las medias de 1931 y 1933 entre los partidos de la conjunción republicano-socialista (con ERC) y el resto

Circunscrip.
PCE+BOC
1933
PCE+BOC
1931
Conjunción
1933
Conjunción
1931
Derechas
1933
Derechas
1931

Álava
109
-
7336
8513
32 243
12 631

Almería
3412
-
71 968
45 212
38 490
4882

Ávila
1054
-
46 855
26 686
44 227
21 523

Barcelona C.
7094
1955
201 739
115 610
145 149
26 610

Barcelona P.
3191
318
160 000
118 619
130 836
23 783

Burgos
344
-
36 001
29 650
91 105
38 581

Cádiz
3464
-
46 073
65 437
47 729
1709

Castellón
516
-
87 100
61 623
50 108
4542

Ceuta
-
-
4987
5411
1417
-

Gerona
4969
452
64 580
56 674
48 651
16 213

Guadalajara
1095
-
26 024
26 436
57 575
15 639

Guipúzcoa
2341
325
34 222
25 786
91 498
35 900

Huesca
260
4832
40 762
43 764
30 947
2170

Lérida
5138
1467
51 985
57 458
52 833
2039

Madrid C.
12 678
2459
238 419
130 225
133 309
7980

Málaga C.
12 811
4279
25 194
24 462
11 808
997

Melilla
111
-
6967
7874
2696
-

Murcia C.
294
-
44 740
30 680
15 980
-

Navarra
1134
-
26 778
26 454
120 493
46 417

Orense
1841
-
83 136
56 589
72 508
11 310

Pontevedra
4301
716
113 444
65 966
55 213
-

S. C. Tenerife
2409
-
53 078
31 399
23 177
3967

Santander
1482
667
63 518
47 224
70 139
9013

Sevilla C.
13 099
3000
38 205
40 574
37 512
3372

Sevilla P.
5622
1156
74 893
70 424
43 162
3757

Teruel
270
-
44 899
42 809
46 604
1714

Toledo
5959
732
73 623
79 815
114 344
7832

Valencia C.
2138
-
86 743
67 834
55 988
3707

Valencia P.
1588
-
172 776
132 464
101 591
2610

Vizcaya C.
9077
4276
51 019
32 242
77 294
23 328

Vizcaya P.
-
-
9500
6411
59 309
23 596

Zaragoza C.
511
1282
25 977
26 748
28 931
2775

Zaragoza P.
415
-
64 386
58 457
55 887
3110

Fuente: ACD, Leg. 139, y TUSELL (1982): 161-96.

Esta comparación resulta bastante esclarecedora. En primer lugar, deja claro que el sufragio femenino nada tuvo que ver con el descenso de los partidos republicanos y del socialista en un número importante de circunscripciones (Álava, Cádiz, Ceuta, Guadalajara, Huesca, Lérida, Melilla, Sevilla capital, Toledo y Zaragoza capital). En este caso, esos partidos, unidos, obtuvieron en 1933 menos sufragios que en 1931, ocasión en la que sólo pudieron recibir el apoyo de electores varones. Por eso, el descenso en número de votos netos señala con claridad que todos los electores que perdieron eran de género masculino, lo que desvincula la ampliación del voto a la mujer de la derrota de las izquierdas. En segundo lugar, el aumento de sufragios de las opciones republicanas y del PSOE en otras circunscripciones también evidencia hasta qué punto no hubo «grieta de género» en el comportamiento electoral femenino. Porque en un contexto general de acusado descenso de los republicanos de izquierda y de relativo crecimiento, según la provincia, de las opciones socialista y «lerrouxista», era evidente que el aumento del número de votos que cosecharon los partidos de la antigua conjunción respecto de las Constituyentes sólo pudo deberse precisamente a la ampliación del número de electores. En otras palabras, este incremento revela que un número significativo de mujeres votó la candidatura socialista, la de conjunción entre republicanos y socialistas, o las de los republicanos moderados. De otro modo, el resultado en estas circunscripciones hubiera sido claramente similar al primer grupo de demarcaciones electorales que hemos discriminado: descenso en la cifra neta de votos.

Ahora bien, el aumento conjunto de las opciones de izquierda y del centro republicano varía mucho en cuanto a intensidad. En algunas circunscripciones y pese al corrimiento del electorado a la derecha, el crecimiento resultó tan importante que descarta que la ampliación censal perjudicase en nada a estas opciones. Fue el caso, por ejemplo, de Madrid capital, Ávila, Barcelona capital, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Almería. En la capital de España, el electorado femenino no estorbó el impresionante resultado del PSOE. Los socialistas, en solitario y sin el voto de los republicanos, cosecharon en 1933 once mil papeletas más que toda la conjunción republicano-socialista y sus afines considerados en bloque en 1931, y estas cifras sólo entran dentro de lo posible si este partido recibió un considerable apoyo de las nuevas electoras. Antes de pasarle la factura al sufragio femenino de los resultados de las opciones republicanas, comparativamente peores, deben hacerse dos consideraciones. La primera, que su número menor de sufragios respecto a 1931 tuvo relación indudable con la pérdida del sufragio de las decenas de miles de electores socialistas que sí les votaron en los comicios constituyentes, como consecuencia de la ruptura de la coalición. Y la segunda, que, unidas, las opciones republicanas recibieron en 1933 casi cien mil votos. Es decir, diez veces el número de votos obtenidos cuando concurrieron, también en solitario, en los comicios de 1923 y con sufragio exclusivamente masculino.

En el resto de circunscripciones la historia resulta muy similar aún cuando cambien los protagonistas. En Barcelona capital, ERC y sus afines, aún con la dura competencia de Acción Catalana y con el fortísimo ascenso de la Lliga, reunieron casi 30 mil sufragios más que en 1931, momento en que ya acumulaban dos terceras partes del voto en esa circunscripción. Pero es más, la Coalición de Izquierdas Catalanas, que agrupaba a todos los partidos del centro y de la izquierda republicana que no se habían coaligado con la Esquerra (excepto los radicales), lejos de descender en apoyo popular, aumentaron el número de sufragios en otros 30 mil, multiplicando casi por siete su apoyo popular. Incluso el propio Partido Radical, en retroceso continuo en Cataluña, no salió en absoluto perjudicado por la ampliación del censo. La candidatura encabezada de nuevo por Lerroux, en 1933 con una durísima competencia por la izquierda y por la derecha, cosechó 17 000 sufragios más que hacía dos años y casi dobló sus apoyos. El éxito resulta mucho más evidente si añadimos que en estos comicios los radicales concurrieron en solitario, mientras que en 1931 lo hicieron con otros aliados menores como la Derecha Liberal o los federales. Dado que la Lliga y la derecha monárquica, conjuntamente, aumentaron la friolera de 120 mil votos sus exiguas cifras de 1931, el crecimiento neto del apoyo a todas las opciones republicanas de centro e izquierda sólo pudo venir de los nuevos electores y, sobre todo, de las nuevas electoras[184].

En Ávila ocurrió de idéntica forma. El gran aumento del voto a la derecha no fue óbice para que la coalición republicana liderada por Sánchez-Albornoz también creciera en número de sufragios, cuatro mil, con el mérito añadido de prescindir de los radicales-socialistas de Barnés en 1933, que habían sido incluidos en la candidatura republicana de las Constituyentes (por lo que habría que sumarle otros cuatro mil votos más). Los socialistas, que habían presentado en 1931 un solo candidato que había llegado a los 16 mil votos gracias en parte a la transferencia de papeletas republicanas, alcanzaban dos años más tarde y marchando en solitario, la misma cifra de voto para sus cuatro candidatos. Por lo que, en la práctica, el PSOE de Ávila multiplicó por cuatro sus magros apoyos de 1931[185]. En Pontevedra, las candidaturas republicanas y la socialista, por separado en 1933, quedaron a muy poco de doblar la cifra de votos que alcanzó, por un lado, la coalición entre socialistas, Federación Republicana Gallega y Derecha Liberal y, por otro, las personales de radicales y galleguistas en 1931. Pero es que, con sufragio de la mujer, el Partido Radical de Emiliano Iglesias pasó de ser una fuerza relativamente marginal a colocarse en 1933 como la primera fuerza política de la provincia con nada menos que 60 000 votos[186].

En Santa Cruz de Tenerife, el sufragio femenino tampoco fue un obstáculo para que el Partido Radical volviera a arrasar en unos comicios. 17 000 papeletas más bastaron para casi doblar sus resultados de 1931 y volver a obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos en la circunscripción. Con el mérito añadido de que los radicales de 1933 hubieron de hacer frente a la movilización de las derechas tinerfeñas que mejoraron mucho sus resultados. Más aún, las izquierdas tampoco padecieron en esta circunscripción por el aumento del censo. Aun contando con la competencia de una candidatura de socialistas disidentes y comunistas, la coalición entre PSOE, radicales-socialistas y Acción Republicana dobló con holgura los sufragios que habían cosechado los socialistas en 1931[187]. En fin, en Almería, tampoco existen evidencias de que la ampliación del censo no revirtiera en favor de las candidaturas republicanas y del PSOE. En el primer caso, la coalición entre el «azañista» Barcia y los radicales obtuvo en 1933: 38 544 sufragios, a los que había que sumar los 4526 de las distintas escisiones radical-socialistas, pues en 1931 éstas habían acudido en coalición con los «lerrouxistas». En los comicios constituyentes estas opciones sumaron sólo 17 212 papeletas. Tampoco los socialistas se vieron perjudicados, pues pasaron de los 17 000 votos escasos que sumaron el PSOE y una candidatura disidente en 1931, a los 26 000 de 1933 (a los que cabría sumar 3000 y pico del PCE que no se había presentado dos años antes). El único damnificado fue la Derecha Liberal Republicana aunque, más que atribuirle a la mujer las culpas de su hundimiento, puede explicarse de un modo más adecuado haciendo referencia al gran avance de la derecha católica[188].

No obstante, en las restantes circunscripciones la cosa no parece estar tan clara. Pues, pese al crecimiento del número de electores, las izquierdas y el centro republicano apenas si sumaron unos miles de votos más respecto a 1931, y quedaron muy por debajo del aumento de apoyo a las derechas. No obstante, si hubiera de atribuirse al sufragio femenino la principal responsabilidad de esto, negando la posibilidad de que pudiera haber un trasvase de votos masculinos desde las candidaturas republicanas a las derechas, en esas circunscripciones existiría una relación entre el número de nuevos electores que acudieron a las urnas y el número de votos que obtiene las candidaturas de derechas, relación que, además, tendría que ser aproximadamente la misma en todas las demarcaciones electorales. Ya se han señalado nada menos que 16 excepciones en el grupo de 33 circunscripciones que pueden estudiarse. Para probar la influencia femenina en los resultados, hay que comprobar si en las otras 17 se dio semejante relación.

TABLA II

Aumento neto del número de electores, del voto a las derechas y al resto de opciones políticas

Circunscripciones | Aumento de Votantes (1931-33) | Aumento del voto a las Derechas | Aumento del voto a Republicanos y Socialistas
Barcelona P.* | + 141 605 | + 107 053 | + 41 381
Burgos | + 65 697 | + 52 524 | + 6351
Castellón* | + 68 279 | + 45 566 | + 25 477
Gerona | + 46 675 | + 32 438 | + 7906
Guipúzcoa | + 67 550 | + 55 598 | + 8436
Málaga C. | + 25 721 | + 10 811 | + 732
Murcia C.* | + 28 134 | + 15 980 | + 14 060
Navarra | + 79 095 | + 74 076 | + 324
Orense | + 102 219 | + 61 198 | + 26 547
Santander* | + 72 420 | + 61 126 | + 16 294
Sevilla P.* | + 39 347 | + 39 405 | + 4469
Teruel* | + 39 648 | + 44 890 | + 2095
Valencia C. | + 71 950 | + 52 281 | + 18 909
Valencia P.* | + 135 156 | + 98 981 | + 40 312
Vizcaya C. | + 76 124 | + 53 966 | + 18 777
Vizcaya P.* | + 37 120 | + 35 713 | + 3089
Zaragoza P.* | + 56 070 | + 52 777 | + 5929

* El incremento de votos es superior, en estas circunscripciones, al de votantes porque en 1931 hubo un número significativo de electores que apoyó a menos candidatos de los que legalmente podía. Por el contrario, en 1933, los electores que acudieron a las urnas agotaron sus posibilidades legales y votaron casi siempre candidaturas completas.

Fuente: ACD, Leg. 139, y TUSELL (1982): 161-96.

De esta tabla podría deducirse, a priori, que las opciones conservadoras parecieron beneficiarse más del aumento del cuerpo electoral. Sin embargo, ya se aprecia cómo no sumaron réditos en exclusiva, pues otras opciones políticas también pescaron, con mayor o menor intensidad, en el nuevo banco de votos. Además, el dato trascendental es que el crecimiento de las derechas no resultó del todo uniforme: frente a una serie de circunscripciones en las que se acercó al cien por cien de la cifra de nuevos votantes (Teruel, Sevilla provincia, Vizcaya provincia, Zaragoza provincia, Navarra, Santander o Guipúzcoa), en otras sólo pudo absorber tres quintas partes o menos (Málaga capital, Murcia capital, Orense), pues un número significativo de nuevos electores votaron a las izquierdas, al centro republicano o hasta al PCE, como fue el caso de la capital malagueña. Además, el voto a las derechas no creció de forma proporcional al aumento del censo, sino más, y esto no sólo ocurrió en circunscripciones donde los partidos conservadores no estaban organizados en 1931 sino también en las que ya presentaron un frente sólido contra la conjunción republicano-socialista, caso de las provincias vascas, Navarra, Burgos, etcétera.

Por tanto, lo que aquí se constata es que el voto de 1931 no permaneció inmutable. Esto es, que no se dio la situación de que el hombre, satisfecho con la gestión de las izquierdas, volvió a votarlas en la misma proporción que en los comicios constituyentes mientras que la mujer, escapulario al cuello, introdujo masivamente la papeleta de las derechas. Al contrario, el análisis clarifica que un sector del electorado que apoyó a la conjunción republicano-socialista dejó de hacerlo dos años más tarde, sin que en esto los nuevos electores influyeran ni poco ni mucho. Es más, contra la idea de que las mujeres modificaran el comportamiento electoral de determinadas zonas, se levantan las innegables permanencias y continuidades que se observan en buena parte del país. Esto es, el aumento y descenso de los apoyos a las distintas fuerzas políticas no fue uniforme, sino que se correspondió con la implantación histórica de cada cual en un territorio concreto. Así, las derechas recuperaron buena parte de sus viejos bastiones durante la Monarquía, mientras que las izquierdas resistieron en las zonas donde tradicionalmente ya habían tenido peso en la época del sufragio universal masculino. Por último, que no hubo «grieta de género» en el sentido más feminista de la palabra, lo prueba el hecho de que naufragase la mayoría abrumadora de las mujeres que se presentaron a los comicios. Sólo la cedista Bohígas, y las socialistas Lejárraga, Nelken, García-Blanco y De la Torre pudieron obtener el escaño gracias a que militaban en partidos con arraigo en las circunscripciones donde concurrieron. La mujer española no votó «féminas» sino ideas y candidatos capaces de representarlas, como hizo de igual forma un elector varón que, pese a los prejuicios de la época, no se mostró remiso a la hora de apoyar a los candidatos que le ofrecía el partido ideológicamente más cercano, independientemente de su condición sexual.

Por tanto, es difícil no coincidir con la tesis que apunta que los republicanos de izquierda, y algún socialista como Prieto, mostraron una postura maniquea al convertir el sufragio femenino en el factor principal del resultado electoral. Era un argumento oportunista, a modo de excusa en la que escudarse para no afrontar el verdadero significado de los comicios de 1933: la repulsa, por parte de un amplio sector de la opinión pública, de la República modelada por estos sectores políticos y, más aún, el desvío que una mayoría holgada de los electores reflejaron a la labor de gobierno de republicanos de izquierda y socialistas. Lo expresó bien Clara Campoamor cuando apuntó que «el voto femenino fue, a partir de 1933, la lejía de mejor marca para lavar (…) la desastrosa política agraria, que ha dejado al pequeño agricultor sumido en la ruina (…), la reacción de las gentes que en abril de 1931 votaban la República moderada (…) y se encontraron con otra, que no hubieran votado entonces» y, por supuesto, añadiría, otras causas como el paro forzoso o la ruptura de la conjunción republicano-socialista[189].

6. LA MOVILIZACIÓN CONSERVADORA Y LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA

La Constitución de la República española aprobada el 9 de diciembre de 1931 recogía algunas innovaciones importantes. No pocos expertos constitucionalistas la han considerado un buen ejemplo de las nuevas corrientes de entreguerras, en las que las constituciones empezaban a configurarse como la cúspide de los ordenamientos jurídicos, definidas como ley de leyes destinadas a garantizar los derechos fundamentales de la persona por encima incluso de las mayorías parlamentarias coyunturales. Por eso, como en el caso de la Constitución austríaca de 1920 o la checoslovaca de ese mismo año, la norma fundamental de la Segunda República también establecía un alto tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la misma a todos los niveles. Se reforzaba, así, «el valor jurídico de todos los derechos reconocidos en la Constitución, tanto los civiles como los políticos y sociales[190]». Y esos derechos estaban bien definidos en el título III de la nueva norma: el artículo 25 garantizaba la no existencia de discriminación por razón de sexo, clase social, riqueza, ideas políticas o creencias religiosas, el 27 reconocía la libertad de conciencia y «el derecho de profesar libremente cualquier religión», el 34 aseguraba que «toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura», y el 38 garantizaba el derecho de todos los españoles a reunirse «pacíficamente y sin armas», fijando solamente la obligación de que todos los sindicatos y asociaciones profesionales se inscribieran en un registro público.

Aunque el artículo 42 regulaba la posibilidad de suspender buena parte de esos derechos «total o parcialmente» por decreto del gobierno «cuando así lo exija la seguridad del Estado», sometiendo dicha decisión a la ratificación del parlamento, lo cierto es que la nueva Constitución garantizaba, a priori, derechos fundamentales propios de un sistema democrático como las libertades de conciencia, asociación y expresión. Tal vez por esto, muchos historiadores han considerado que la nueva República española fundada en 1931 inauguraba un tiempo nuevo de libertades y reformas, ratificado además por la amplia participación de los españoles en las urnas y la competencia entre partidos políticos amparada en un régimen constitucional.

Sin embargo, hace ya bastante tiempo que estamos prevenidos contra la tentación de explicar la naturaleza del gobierno de un país mirando sólo a la estructura formal de sus instituciones. Hace falta, advertía Abbott Lawrence Lowell en su The Governments of France, Italy and Germany, publicado en 1912: «seguir el curso de la política; investigar cómo ejercen los poderes públicos la autoridad que legalmente tienen reconocida; e intentar, así, descubrir las fuentes reales del poder[191]». En definitiva, Lowell advertía contra la insensatez de no estudiar el funcionamiento real del sistema, lo que incluía los hábitos del comportamiento político, las formas de competencia electoral, la relación entre los ejecutivos y los parlamentos, etcétera.

De la misma manera, el sociólogo Juan José Linz prevenía en 1964, en medio de un amplio debate acerca de los totalitarismos, sobre las equivocaciones a que podía conducir el estudio de las dictaduras de los años treinta —y la española del general Franco— si sólo se prestaba atención a las «constituciones, leyes, discursos, escritos de “ideólogos” desconocidos y poco escuchados». Al contrario, había que indagar cómo esas normas y discursos se plasmaban en la realidad social. «Las leyes pueden muy bien, por ejemplo, declarar que toda persona tiene que ser miembro de determinadas organizaciones y después resultar que en la realidad casi nadie lo es; la ley puede dar al sistema corporativo existente el monopolio en cuanto a la representación de intereses, y un estudio de los empresarios demostrar que éste pertenece literalmente a cientos de grupos autónomos de intereses existentes antes de que el régimen llegase al poder[192]».

En ese sentido, resulta sorprendente que no pocos relatos de la historia política de la Segunda República hayan obviado el hecho de que el establecimiento formal de un Tribunal de Garantías Constitucionales sirvió de poco a la hora de garantizar las libertades fundamentales frente a la arbitrariedad gubernativa en los dos primeros años de la República. Primero, porque la ley del alto Tribunal fue aprobada en último lugar, casi dos años después de la Constitución. Y segundo, porque cuando nació lo hizo con un serio impedimento: ninguno de los actos previos del gobierno o de las Cortes —lo que incluía buena parte de la legislación de desarrollo de los derechos fundamentales— podían ser sometidos a su jurisdicción. Es decir, las mismas Cortes que habían diseñado el Tribunal se consideraron legitimadas para excluir del control de constitucionalidad las leyes fundamentales que ellas mismas habían aprobado en los meses anteriores, entre las que se contaban algunas tan decisivas para los derechos y libertades de los ciudadanos como la que regulaba las asociaciones religiosas[193]. En definitiva, de poco sirve considerar las virtudes teóricas de la organización de poderes de una Constitución dada si «los actores de la vida política» no muestran la suficiente «lealtad y prudencia en la observancia de las reglas del juego constitucional[194]».

En todo caso, este capítulo no está dedicado al estudio del mencionado Tribunal sino de otro aspecto que también guarda una estrecha relación con esa necesaria comprensión general del sistema político de la República. Se trata de la movilización de la derecha no republicana iniciada en el otoño de 1931, a raíz de la oposición de la minoría parlamentaria agraria a algunos aspectos de la nueva Constitución, y muy particularmente al artículo 26 que regulaba las órdenes religiosas, disolviendo la Compañía de Jesús, prohibiendo al resto cualquier actividad educativa o industrial y amenazando a cualquiera de ellas con la disolución si realizaban alguna actividad que se pudiera considerar peligrosa para la «seguridad del Estado». Aunque la literalidad de la Carta Magna apuntaba a una plena libertad de asociación, expresión y reunión, cabe preguntarse si la seguridad jurídica fue o no compañera de viaje de aquellos que emprendieron una intensa campaña de propaganda para movilizar a la opinión pública a favor de una revisión constitucional.

Hasta ahora, las historias generales de la Segunda República han pasado de puntillas por este aspecto, considerando esa movilización como una reacción de la derecha antirrepublicana contraria a las reformas de los gobierno republicano-socialistas. Pero prescindiendo de un análisis en profundidad de la movilización conservadora tras la aprobación de la Constitución, que se ocupe de su pluralidad y de su capacidad organizativa y que cuantifique y valore las barreras que se le pusieron, nuestro conocimiento del primer bienio republicano sigue estando cojo. Y lo que es peor, resulta difícil contextualizar el nacimiento del primer partido de masas de la derecha moderna española, la CEDA, así como los buenos resultados que logró en las elecciones generales de 1933. Este capítulo pretende arrojar algo más de luz sobre estos aspectos y ahondar en el estudio científico de la política de orden público seguida por el gobierno de Manuel Azaña como resultado del desafío planteado por la movilización revisionista.

Heterogeneidad y legalismo en el movimiento revisionista

La derrota electoral de junio de 1931 fue un golpe muy duro para los conservadores que no habían decidido declararse republicanos. Algunos optaron por una estrategia de choque y acción directa en contra del nuevo régimen[195]. Otros, más prudentes, no renegaron de su monarquismo pero pensaron que la salida de Alfonso XIII era irreversible, por lo que tocaba buscar una vía de ralliement entre catolicismo y República. Estos últimos, los posibilistas, se inspiraron en los planteamientos doctrinales de Ángel Herrera y en la larga trayectoria de propaganda, organización y pensamiento liderada por el periódico El Debate y la asociación católica de los Propagandistas. Creyeron que la mejor opción para los católicos españoles era la de defender su Iglesia y sus derechos sin entrar a debatir sobre la naturaleza del régimen político[196]. Con la mirada puesta en el éxito de los católicos belgas, alemanes e italianos en su empeño de competir en las urnas para enfrentarse a situaciones adversas, Herrera y sus seguidores no dudaron sobre la vía a seguir. Admitieron también la derrota electoral de junio de 1931 y confiaron en que «el futuro de España se resolver[ía] en las urnas», pues con independencia de «las ideas de cada cual, nadie [podía pensar] en influir en los destinos de la nación más que por medios electorales». Como repetiría una y otra vez José María Gil Robles a partir de noviembre de 1931, «la necesidad más urgente de las derechas» era «organizarse para esas grandes contiendas civiles» que estaban por llegar[197].

Los posibilistas convivieron con los monárquicos en una misma organización, el movimiento de Acción Nacional (que pasó a llamarse Acción Popular a finales de abril de 1932), creado en la primavera de 1931 para reorganizar a toda prisa a los conservadores no republicanos. Sin embargo, las diferencias se hicieron cada vez más evidentes. Los posibilistas se caracterizaron por aceptar plenamente las consecuencias de los postulados de acatamiento al poder constituido y accidentalidad en las formas de gobierno. Si ellos, futuros fundadores de la CEDA, confiaban en las urnas para cambiar la realidad política del país, era porque rechazaban tajantemente la violencia. Herrera había dicho ya a comienzos de julio de 1931, con el monárquico Goicoechea y el agrario Martínez de Velasco presentes, que «el empleo de la fuerza material» no llevaría «jamás a ninguna solución de orden político», por lo que «la derecha española» debía dedicarse «concienzudamente, no a formar guerrilleros, sino a educar ciudadanos». Esa estrategia era coherente, además, con la actitud que había adoptado la Iglesia. Ésta, respondiendo a la estrategia de no confrontación liderada por el cardenal catalán Vidal i Barraquer y respaldada por el nuncio Tedeschini, buscó, durante todo el verano de 1931, un acuerdo con el gobierno para el nuevo estatus de la Iglesia y las asociaciones religiosas en la Constitución de la República[198].

Así pues, hasta la primera semana de octubre de 1931, y especialmente hasta el momento en que el Vaticano aceptó sacrificar al bronco cardenal Segura a modo de concesión para negociar un acuerdo con el gobierno, los conservadores herreristas, esto es, buena parte de Acción Nacional, se guiaron por dos pautas: primero, organizarse y prepararse para movilizar a la opinión católica y dar una respuesta más exitosa en las próximas elecciones, siguiendo otros ejemplos europeos; segundo, mostrarse contundentes en la condena del laicismo republicano pero sin ocultar, al contrario, su disposición a pactar un nuevo marco de relaciones Iglesia-Estado, respaldando la estrategia de negociación liderada por Vidal i Barraquer.

A comienzos de octubre de 1931, cuando todavía no se había producido el debate parlamentario sobre el artículo 26 (el que regularía las órdenes religiosas procediendo a la disolución de los jesuitas) pero ya se conocía el empeño anticlerical de la mayoría de la cámara, El Debate publicó una editorial advirtiendo de que los católicos se pondrían «contra la Constitución». Quería provocar alguna reacción en la zona más templada de la izquierda republicana y en la minoría de Lerroux a fin de evitar que radical-socialistas y socialistas se salieran con la suya en la idea de que el laicismo republicano conllevaba una disminución sustantiva de los derechos fundamentales de los religiosos y de sus asociaciones. Para el sector herrerista la cuestión estaba clara: la Constitución debía fraguarse «en la zona templada, ahí donde todos los sectores políticos, sin mengua de sus peculiares características, puedan coincidir en una fórmula fundamental y estable». Una Constitución «no puede ser la obra de un partido» sino la de todos, o al menos «la de una inmensa mayoría». Para que sea estable, «y no causa de enconadísima discordia nacional, será preciso que dentro de ella quepamos, podamos ciudadanamente vivir los católicos españoles…». Hasta ahora, aseguraba, los católicos «no han hostilizado a la República», pero esa situación «no podría mantenerse» si la Constitución da acogida «al agravio y al atropello de las creencias católicas». Llegado ese caso, los católicos se situarán «contra la Constitución», aunque sólo unos pocos lo harán «contra la República[199]».

Esa última puntualización es importante para entender el modo en que el grupo que se configuró en torno a Gil Robles y que luego fundaría la CEDA planteó la campaña revisionista. Mientras algunos conservadores aprovecharon la coyuntura para atacar el régimen e identificarlo con la política de las izquierdas, los herreristas se mantuvieron firmes en la distinción entre legislación y régimen. El día 15 de octubre, una vez aprobado el artículo 26, se ratificaron en que los católicos y su Iglesia lucharían por sus derechos pero lo harían «dentro de la legalidad». Una cosa era ir contra la Constitución y otra postular la violencia. «Nada de guerra civil; sería ilícita, insensata (…) Imposible de mantener. ¡Dentro de la ley! Pero en ese campo con la máxima energía[200]».

Así pues, nada más aprobarse los principales artículos sobre religión y familia de la nueva Constitución, pero antes de que el texto completo de aquélla fuera ultimado por las Cortes, los conservadores no republicanos refugiados en Acción Nacional, representados en las Cortes por una heterogénea minoría agraria, se retiraron del hemiciclo y empezaron una campaña de propaganda y movilización a favor de la revisión de la Carta Magna. Por el momento, a pesar de sus diferencias, posibilistas y monárquicos seguían juntos dentro de la misma organización. En el manifiesto hecho público el mismo 15 de octubre argumentaban que ellos se habían esforzado en las Cortes a favor de un pacto entre la opinión católica y la nueva mayoría parlamentaria, pero habiendo llegado «al límite de nuestra transigencia», aquella Constitución «no puede ser nuestra». Por lo tanto, levantaban «ya desde ahora, dentro de la ley, la bandera de su religión» y prometían llevarla «sin rebozo ante la opinión». La campaña revisionista daba oficialmente comienzo. El tono de la crítica prometía ser duro: «La Constitución política, nutrida de espíritus sectarios, no existe para nosotros», se leía en el manifiesto conjunto. Y Gil Robles aseguraba algunos días más tarde que aquella Constitución era «tiránica en el orden de las libertades públicas», «persecutoria en el orden religioso» y «vergonzosamente bolchevizante en el orden de la propiedad». Pero la pauta de conducta era fiel a la doctrina expuesta por Herrera. Por ahora, ni el monárquico ABC la discutía, al asegurar que el camino de la «discrepancia y la resolución de robustecerla en una campaña revisionista» debía conducirse «dentro de los cauces estrictamente legales, porque fuera de ellos sería imprudente y merecedora de censura. La nuestra sería la primera[201]».

De este modo, a partir del 15 de octubre los diputados católicos no republicanos y los medios afines daban comienzo una intensa campaña de propaganda y movilización de la opinión conservadora a favor de la revisión de la nueva Constitución republicana. Empezó oficialmente con un encuentro en Ledesma cuatro días más tarde y en el que hablaron José Cimas Leal, Cándido Casanueva, Gil Robles y Lamamié ante unas tres o cuatro mil personas. Pero el gran acto político inaugural fue un concurrido mitin organizado en Palencia el 8 de noviembre. Desde el comienzo, los mítines conservadores estuvieron marcados por una dura crítica de la política del nuevo gobierno de Azaña y, por tanto, de los acuerdos de la mayoría parlamentaria que lo sustentaba[202]. Pero también por otros dos factores que no siempre se han destacado lo suficiente: el primero, la voluntad firme y clara de conducir la propaganda en el terreno de la legalidad, actuando sólo cuando existiera el beneplácito de las autoridades correspondientes; y el segundo, acoplando ese modo de proceder a la profunda heterogeneidad del movimiento de protesta, al que se unieron desde tradicionalistas reconocidos hasta firmes posibilistas.

Durante la campaña Gil Robles logró consolidar su liderazgo y convertirse en el protagonista indiscutible de los grandes mítines, por encima de figuras de peso en el grupo parlamentario agrario como Martínez de Velasco, Royo-Villanova o Goicoechea. Fue así porque pese a la heterogeneidad de Acción Popular, el revisionismo católico significó desde el principio lo que Herrera y los posibilistas deseaban: una oportunidad de movilizar a los católicos para enfrentarse a unas elecciones que se creían inminentes. Algunos, desde luego, temían que la crítica dentro de la ley sirviera para consolidar un movimiento católico legalista que fortaleciera la República. Pero no empezaron a cobrar conciencia de ese aspecto —para ellos un riesgo— hasta mucho más tarde. Durante los primeros meses de 1932 no tuvieron otro remedio que aceptar que la condena tajante de la nueva Constitución no implicara rechazo explícito del régimen republicano, al menos como táctica para impedir que no les fueran prohibidos todos sus mítines y reuniones. Los posibilistas, poco a poco, se salieron con la suya, aunque lo decisivo en su particular pugna con los monárquicos fue el fracaso del pronunciamiento militar de Sanjurjo en agosto de 1932 y la reorganización de Acción Popular a partir de octubre de ese mismo año. Desde el principio, Gil Robles dejó claro algunos aspectos frente a la doctrina de los monárquicos puros contrarios al accidentalismo. Su temprana intervención al poco de la retirada de los diputados católicos marcó una pauta importante para la movilización revisionista, muy en la línea de lo afirmado hasta entonces por Herrera y El Debate. Hemos salido de la cámara, dijo, porque la mayoría no quiere que la Constitución sea votada en referéndum; como somos minoría, no tenemos otro instrumento para conseguir que hable la opinión que apelar a ella. El objetivo ahora es hacer campaña para preparar «el día de mañana»; «nuestra victoria estará en las urnas, en una lucha noble y desinteresada». Hoy no es importante el dilema entre República o Monarquía, ni quién gobierne, sino el interés de la nación. «Creo que estamos padeciendo todos la obsesión de determinados principios: el fetichismo del principio monárquico, unos; el fetichismo del principio republicano, otros (…) Considero, por el contrario, que en estos momentos los que tenemos alguna responsabilidad en la vida pública deberíamos librarnos del fetichismo de las formas de gobierno. (…) Yo no pondría más que una palabra y una idea por encima de todas: España». Hay que actuar dentro de la legalidad porque «tenemos la certeza de que todo lo que se obtiene por la violencia termina también por la violencia». Además, como él mismo dijo en el acto celebrado en Ledesma en esos días, «cada cual debe confiar en el esfuerzo de sí mismo» y no en el uso de la fuerza. Ellos no acataban la nueva Constitución, pero estaban convencidos de que las leyes sólo podrían ser modificadas si los católicos se movilizaban para acudir a las urnas. Ésa y no otra, iba a ser la estrategia con la que los posibilistas concibieron la movilización revisionista: el rechazo firme de la Constitución por socializante, sectaria y anticatólica, pero el convencimiento de que la adversidad serviría para despertar a la opinión conservadora de su letargo y triunfar en las próximas elecciones[203].

El principio de autoridad y la Ley de Defensa de la República

El mismo día que se inauguró en Ledesma la campaña revisionista, el 19 de octubre, se reunió el Consejo de Ministros para debatir, entre otros, un asunto especialmente importante para la consolidación de la nueva democracia: el contenido de una futura ley de orden público que, a decir de la información filtrada a la prensa, se presentaría en breve a la cámara. No iba descaminado el periodista en cuestión, pues dos días más tarde, el 21, todavía en pleno debate constitucional, se aprobaba una Ley de Defensa de la República (en adelante LDR). El asunto venía de lejos, pues el mismo artículo 6 del Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional señalaba que el ejecutivo podría «someter temporalmente los derechos (…) a un régimen de fiscalización gubernativa». Y el pasado 20 de agosto el gobierno había estudiado la propuesta del ministro de la Gobernación, Miguel Maura, para que se tomaran medidas especiales para la defensa de la República, con la mente puesta en la tensión creciente en el País Vasco. Con todo, pese al desafío que habían planteado los anarquistas en algunos lugares del país, no fue hasta el comienzo de la campaña revisionista que el gobierno consideró necesario una ley que le diera poderes especiales para controlar el orden público[204].

El contenido de la nueva LDR no iba a dejar indiferente a casi nadie. La formulación de su artículo 1 era clave para las garantías de la libertad de expresión, en un momento además en el que todavía estaba sin aprobar todo el articulado constitucional. Se consideraban como «actos de agresión a la República», además de la «comisión de actos de violencia contra personas, casas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos», los siguientes: «la incitación a resistir o a desobedecer las leyes o disposiciones legítimas de la Autoridad», la «difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público», «Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado», la «apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras».

No hace falta ser muy perspicaz para comprender la repercusión que algunos de esos puntos podía tener en la participación de la prensa conservadora en lo que restaba del debate constituyente. En manos del ministro de la Gobernación quedaba decidir cuándo una tribuna de opinión de un periódico podía perturbar algo tan impreciso como la «paz pública».

Por otra parte, el fundamentalísimo artículo 3 facultaba al titular de Gobernación para, entre otras cosas: «suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública» y «clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el artículo primero de esta Ley». Se añadía también la facultad del ministro para nombrar delegados especiales en provincias, encargados de controlar el cumplimiento de la ley, en definitiva, para fiscalizar el contenido de los discursos durante los mítines o asambleas de partido. Finalmente, y ésta era una cuestión capital, la ley no recogía una tutela judicial efectiva, a fin de garantizar la inviolabilidad de los derechos fundamentales; por lo tanto, las acciones excepcionales que pudiera adoptar el ministro de turno sólo se podrían recurrir ante la propia autoridad gubernativa, sin posibilidad de que un juez adoptara medidas cautelares[205].

Por el momento, mientras la mayoría parlamentaria formada por la izquierda republicana, los socialistas y los radicales era sólida, casi nadie discutió la oportunidad o el contenido de la nueva norma. Azaña aseguró en los pasillos del Congreso que ésa era «la única forma de gobernar, pues estaba dispuesto, por encima de todo, a que el principio de autoridad se mantenga en España». Por los radicales, tanto Lerroux como Guerra del Río la aplaudieron, y el segundo llegó a calificarla nada menos que de «admirable». De todos los ministros, sólo el socialista Prieto se opuso.

Incluso diputados que pronto habrían de ser críticos con el gobierno, como Miguel Maura o José Ortega y Gasset, se mostraron favorables. El primero dijo que si bien el proyecto era «más fuerte que aquel otro que yo redacté, y que no llegó a la Gaceta», estaba dispuesto a dar el «voto de confianza que pide el Gobierno». El segundo aseguró que le parecía «bien, porque, dadas las circunstancias actuales, necesita la República de este gesto». A lo que añadió el típico comentario jactancioso del intelectual poco ducho en la política diaria: «Seguramente bastará que la ley exista para que no haya que aplicarla».

Las voces críticas llegaron sólo del republicanismo histórico. Melquíades Álvarez tachó la nueva norma de algo «sencillamente monstruoso». Por el lado de la mayoría, sólo algún diputado se atrevió a formular ciertas reticencias. El radical Salazar Alonso, a preguntas de los periodistas en los pasillos de las Cortes, apuntó con no poca agudeza uno de los problemas centrales: me interesa, dijo, saber «cómo ha de aplicarse y qué interpretación le dan los encargados de ejecutarla[206]».

Ciertamente, en esas declaraciones de Salazar estaba resumido el quid de la cuestión. Podía admitirse la necesidad de otorgar un voto de confianza al gobierno para luchar con urgencia y dureza contra los extremistas de distinto ropaje que amenazaban el orden público. Pero la forma en que la nueva norma estaba redactada ponía en manos del gobierno y de sus delegados unos poderes tan amplios que podían ser, a poco que el responsable de turno no fuera muy prudente, de excepcionalidad casi permanente. La ley, con independencia de la cuestión anarquista o carlista, estaba hecha con la mirada puesta en la dura crítica que podía desplegar la prensa y los partidos de la oposición con motivo de la cuestión religiosa y los derechos de propiedad. Como ha señalado Mary Vincent, la ley era una clara reacción de un gobierno que observaba con temor cómo recuperaban la iniciativa las oposiciones no republicanas[207].

Es significativo que entre quienes inicialmente fueron partidarios de la misma surgirían pronto dudas sobre la conveniencia de mantenerla vigente una vez aprobada la Constitución. Muchos socialistas y radical-socialistas se darían cuenta enseguida de que esa ley podía volverse contra sus autores si se convocaban nuevas elecciones y se formaba una mayoría parlamentaria diferente. Por eso, cuando el 8 de diciembre Azaña decidió presionar a su gabinete para que se prorrogara la vigencia de la LDR una vez aprobada la Constitución, hubo alguna oposición interna. Los radicales dieron el visto bueno e incluso Guerra del Río, su portavoz, argumentó a favor de la prórroga antes de que Azaña se levantase en las Cortes a defender su postura. Sin embargo, para conseguir el visto bueno de la minoría socialista hizo falta una larga intervención del ministro Fernando de los Ríos en una reunión a puerta cerrada. Y los radicales-socialistas expresaron públicamente su deseo de que «sólo se gobierne con la Constitución, sin leyes excepcionales», aunque al final admitieron, presionados por sus ministros, que «si el nuevo Gobierno estima necesaria la prórroga, en vista de que no está aprobada todavía la ley de Orden Público, se acordara votar la prórroga, hasta tanto que estén promulgadas las leyes complementarias[208]».

De este modo, cualquier ejercicio de oposición política o de crítica periodística a la nueva coalición de gobierno presidida por Azaña iba a estar sujeta a una ley que significaba la apertura indefinida de un paréntesis en la aplicación de la Constitución. Según cómo se aplicara, podía ser un instrumento de mordaza ideológica fabuloso. Ciertamente, como vamos a ver, ni el primer gobierno Azaña, el formado en octubre de 1931, ni el segundo, el que siguió a la aprobación de la Constitución, ya sin los radicales, desperdiciaron la oportunidad. Como se ha escrito, una vez aprobada la LDR, «existían pocas limitaciones eficaces al poder legal de la República para luchar contra lo que sus líderes consideraban sus enemigos en la derecha[209]».

Palencia: un peligroso despertar de las derechas

Tras el modesto acto de Ledesma, estaba previsto inaugurar la campaña revisionista con un gran mitin organizado por las minorías agraria y vasconavarra el domingo 8 de noviembre de 1931 en la plaza de toros de Palencia, con la participación de casi todos los diputados de la derecha posibilista y agraria, encabezados por Dimas de Madariaga, Royo-Villanova, Pildain y Gil Robles[210].

Pronto se vio que las críticas de los conservadores a la nueva Constitución no estaban pasando desapercibidas para los grupos políticos afines al gobierno y los sindicatos, especialmente para los socialistas. Estos últimos no tardaron en reaccionar a la convocatoria del mitin de Palencia. Se siguió entonces una pauta de comportamiento que se repetiría frente a otros actos revisionistas posteriores: los sindicatos ferroviarios reunidos en la Casa de Pueblo preparan un comunicado para el gobernador en el que advierten que si se celebra el acto convocado «por elementos que con el título de revisionistas no pueden ocultar el odio que sienten a la República española, la clase trabajadora organizada (…) se ha dado cuenta de sus propósitos» y los contrarrestará, por lo que ha acordado la huelga general desde el día 6. Reconocen que la huelga no se ajusta a la ley pero se ven obligados a hacerla en defensa del régimen[211].

El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, se lo transmitió de inmediato a Gil Robles y a Martínez de Velasco, asegurándoles protección policial. Pero también les preguntó —lo que extrañó a sus interlocutores— si estaban en condiciones de celebrar el acto sin provocar incidentes. A priori, el ministro parecía considerar que la manifestación de las ideas conservadoras implicaba alguna forma de provocación que justificaba la reacción sindical. Finalmente, como señaló Martínez de Velasco a los periodistas, el ministro había terminado apelando a la responsabilidad «moral» de los convocadores para que renunciaran y se evitaran incidentes.

Pero, sin lugar a dudas, ese mitin era muy importante para la derecha católica. Se prepararon autobuses desde Madrid, León, Segovia, Salamanca, Santander, así como algunos trenes especiales. La previsión era de al menos 20 000 asistentes. Estaba en juego una demostración de fuerza en una de las pocas circunscripciones en las que la derecha no se había hundido electoralmente. Tal era la impresión que el acto podía causar que los grupos políticos locales, republicanos y socialistas, no cejaron en el empeño de evitarlo. El mismo día que la Casa del Pueblo anunció la huelga, el ayuntamiento de Palencia acordó por unanimidad, a propuesta socialista, remitir un telegrama al ministro de la Gobernación para que el mitin fuera suspendido.

En un primer momento y puesto que Martínez de Velasco no anunciaba una renuncia voluntaria, el gobernador se comprometió a velar por la seguridad y fueron enviados policías procedentes de Madrid, Salamanca y Zamora. También prometió que funcionarían los servicios públicos durante la huelga. Por otra parte, los comerciantes de la ciudad habían decidido abrir el sábado 7 y desafiar a los huelguistas. La situación no era cómoda para las autoridades. En ese momento, la comisión organizadora hizo pública una nota solicitando que se respetara el derecho a la propaganda «pacífica» y asegurando que el mitin no era contra la República, pues se producía dentro de los cauces legales y eso significaba una voluntad de acatamiento[212].

Pero los sindicatos no cedieron. El gobernador informaba a Casares el día 7 que la Federación Local de Sociedades Obreras mantenía la huelga y que él había autorizado expresamente al diputado Abilio Calderón a celebrar el mitin, habiéndose coordinado además con el alcalde para asegurar el abastecimiento de la ciudad. A cambio, los organizadores le habían prometido que celebrarían el acto respetando el orden y la ley. No obstante, les había advertido que no consentiría manifestación alguna. Reconoció, además, que iba a desplegar casi un centenar de guardias civiles y que tendría que vigilar los trenes y la estación.

La actitud prudente del gobernador provocó de inmediato una ofensiva sindical dirigida al ministro. Esa misma tarde Casares empezó a recibir telegramas de los sindicatos protestando por el despliegue policial, a la par que las juventudes socialistas visitaban al gobernador para presionarle. Así, todas las fuerzas republicanas y socialistas de la ciudad, incluidos los progresistas de Alcalá-Zamora, reclamaron al ministro que el acto revisionista fuera suspendido. Incluso los lerrouxistas de Palencia se sumaron a la petición, calificando a los revisionistas de «fuerzas ultrarreaccionarias católicas». El propio alcalde, que inicialmente se había mostrado cercano al gobernador, había enviado al ministro un telegrama el día 4 advirtiéndole que eran de temer «incidentes que por estado opinión acarrearían hechos lamentables». Palencia, añadía, «reclama suspensión». En ese mismo momento Casares podía leer también otro telegrama de los sindicatos locales en el que declinaban toda «responsabilidad que [la] provocación de esos elementos pudiera producir [en] su celebración[213]».

El sábado 7 amaneció en Palencia con la huelga prometida. Aunque el gobernador había publicado un bando garantizando la libertad de trabajo, muchos comercios tuvieron que cerrar por la presencia de piquetes y se sucedieron varias cargas policiales con heridos leves. Puesto que Casares no había suspendido el acto, todo estaba ya en marcha para intentar que el mitin no llegase a buen puerto. Como señalaba El Socialista en su edición de ese día, sus camaradas estaban preparados para responder al acto de los «cavernícolas» con la huelga general. El editorial advertía claramente a Casares de que ellos no se hacían responsables de los desórdenes que provocara su decisión de no suspender el acto. Tal vez todas esas presiones fueron las que llevaron al ministro a entrevistarse de nuevo con Gil Robles y recomendarle que desconvocara el acto, advirtiéndole que suya sería «la responsabilidad de lo que ocurr[ier]a[214]».

Al día siguiente, un típico domingo del invierno castellano, frío pero soleado, los primeros incidentes tuvieron lugar en la estación, a la llegada del primer tren especial, tal y como había previsto el gobernador. Palos, piedras, cristales de coches rotos y las primeras cargas policiales y heridos. La concentración de simpatizantes de la derecha católica era importante, con no menos de quince mil asistentes. Para una ciudad como la Palencia de aquella época es fácil imaginar la carga simbólica que tenía para las izquierdas esa ocupación temporal de la calle por parte de aquellos a los que tachaban de enemigos del régimen. La huelga no sólo era un elemento de protesta sino también de confrontación ante esa invasión católica.

Tras una misa, requisito indispensable en los actos de la campaña revisionista, el mitin se celebró finalmente en los talleres de la Sociedad de Miravalles. Sin bancos y de pie para facilitar la entrada a los miles de asistentes, Madariaga rompió el fuego y comenzó denunciando que un parlamento «sectario» había aprobado leyes que iban contra la España católica, que ahora sabía ponerse en pie y defenderse. Fanjul fue algo más agresivo y habló de «lucha titánica contra nuestros enemigos», dispuestos a «perder nuestras vidas si es necesario». Le siguieron Guallar y Lamamié, que denunciaron una Constitución «que no [era] la expresión de la voluntad nacional». Tras ellos se levantó Gil Robles, recibido ya como el principal líder de la derecha católica. Hemos venido a Palencia e iremos a otros sitios, dijo, para gritar al gobierno: «¡España no está con vosotros!». Su discurso estuvo marcado por la condena rotunda de la labor de las Constituyentes, aunque sin valoración alguna contra el régimen. Pero su oratoria, menos moderada de lo que iba a ser en los meses venideros, advertía contra una Constitución que no estaban dispuestos a aceptar, resultado no de un pacto republicano sino del acuerdo secreto de las logias masónicas. Con todo, terminó pidiendo un bloque compacto en la derecha para defender los intereses de los católicos e hizo un «llamamiento» explícito «a la cordura, a la sensatez y a la prudencia», aunque matizando que «no se confunda la cordura con la pusilanimidad ni la prudencia con la cobardía». El último orador fue Martínez de Velasco, que con palabras más medidas justificó la campaña revisionista asegurando que la Constitución que se estaba aprobando no cumplía el requisito clave de toda ley fundamental: ser el fruto de la transacción entre posturas opuestas. Si Beunza, que le había precedido en el turno de palabra, había hablado en términos de defender los derechos de los católicos no con razones sino con «pantalones», el jefe de la minoría agraria se limitó a justificar el derecho a propugnar una «reforma por vías legales[215]».

Al final, el acto terminó sin incidentes graves y los asistentes emprendieron el camino de regreso. Sin embargo, Gil Robles enviaba un telegrama al ministro a las once de la noche asegurando que si bien ellos habían cumplido lo prometido, otros elementos «socialistas, prevalidos falta protección, agredieron, hirieron señoras, sin que fuerza pública interviniera». Atribuía ese «vergonzoso atropello» a la conducta del gobernador. También protestaron poco después la Cámara de Comercio y la Federación Patronal.

Pero Gil Robles, que tenía razones para protestar, no estaba del todo en lo cierto. De los datos recogidos por la prensa se deduce una alta probabilidad de que el gobernador actuara con cierta parcialidad, sobre todo al ordenar el cacheo de los asistentes al mitin y requisarles algunas armas blancas, sin al parecer hacer lo mismo con los huelguistas. Con todo, la ausencia de heridos graves es, sin duda, resultado del buen hacer de las fuerzas del orden desplegadas por el gobernador. Palencia era una ciudad tomada por guardias civiles y policías llegados desde varios puntos de España, que durante todo el domingo lograron abortar varios intentos de alterar el orden. El gobernador, además, no había aceptado el chantaje sindical; las protestas que el comité de huelga dirigió a Casares no habían impedido la celebración del acto: gobernador inepto y una fuerza armada desplegada al servicio de los monárquicos; el pueblo, aseguraban, no tiene otro remedio que amotinarse.

Aunque en algunos aspectos el gobernador demostró cierta arbitrariedad —por ejemplo, cuando aseguró a Casares que las agresiones de jóvenes sindicalistas contra los católicos se habían producido porque éstos les habían provocado al vender en voz alta un seminario católico «reaccionario»—, de sus informes al ministro se concluye que los altercados en Palencia podían haber sido más graves de no haberse tomado algunas precauciones. Finalmente, aunque el gobernador sólo reconoció la existencia de un automóvil incendiado y se alegró de que el Ejército no hubiera tenido que intervenir, todo indica que hubo dos decenas de detenidos y varios heridos, la mayor parte asistentes al mitin que recibieron pedradas, además de uno grave como resultado del incendio de su vehículo. Con toda esa información, al día siguiente el ministro Casares respaldó la actuación del gobernador de Palencia, asegurando que había cumplido con todas sus órdenes, y pidió algo de tiempo a Gil Robles para poder recabar la información con la que dar explicaciones en las Cortes. Puesto que una interpelación parlamentaria anunciada por el diputado salmantino acabó siendo retirada, el ministro nunca llegaría a aportar esa información en el parlamento[216].

Sin embargo, no fue en Palencia sino en otras localidades en las que no se habían tomado medidas policiales suficientes, donde los altercados tuvieron resultados más graves y contribuyeron a crear un clima en las filas republicanas y socialistas propicio a que el gobierno adoptara medidas contra la campaña revisionista. Hubo varios heridos por un intento de asalto al tren que regresaba a Medina de Rioseco y en Valladolid se sucedieron enfrentamientos entre estudiantes de diverso signo en la Facultad de Medicina, ordenando el gobernador la clausura de la sede de la Federación de Estudiantes Católicos[217]. Pero lo más grave ocurrió en Burgos, nada más regresar el tren especial que había conducido a los simpatizantes de Acción Nacional hasta el mitin de Palencia, unos ochocientos. Al igual que en Palencia, el ambiente había sido caldeado en los días previos[218]. También aquí el gobernador había tomado algunas precauciones, desplegando policía en la estación y manteniendo en alerta a las tropas acuarteladas, todo de acuerdo con las instrucciones cursadas desde Madrid. Sin embargo, su ausencia ese día por un viaje a Valladolid resultó catastrófica, dejando la iniciativa al equipo municipal. Los incidentes empezaron en la estación, a la llegada del tren con los revisionistas, cuando jóvenes de izquierdas increparon a los recién llegados con gritos de «¡Abajo los farsantes!» y «¡Viva la República!». Aunque estos últimos se dispersaron y la Guardia Civil evitó que hubiera problemas más graves, los extremistas formaron una manifestación que se dirigió al ayuntamiento, exigiendo la liberación de uno de los suyos que había sido detenido por la Guardia Civil durante los incidentes en la estación. El secretario del gobernador intentó entonces calmar los ánimos, pero finalmente cedió a las presiones y ordenó la retirada de las fuerzas de seguridad y la liberación del detenido.

Sin embargo, los manifestantes no sólo no se disolvieron sino que sus fuerzas crecieron y en torno a unas mil personas formaron una manifestación para atacar la residencia de los jesuitas. Cuando por fin regresó el gobernador ordenó de inmediato a los mandos de la Guardia Civil la disolución «enérgica» de los manifestantes, pero ya era tarde. Los extremistas respondieron a las cargas policiales con armas de fuego. El resultado de varias horas de incidentes muy graves fueron algunos heridos, uno de ellos grave, y un muerto por herida de bala.

A diferencia de Palencia, los exaltados habían conseguido tomar la calle durante horas y los sucesos se prolongaron durante un día más, produciéndose varias detenciones y siendo necesario desplazar varios números de la Guardia de Asalto hasta Burgos. Contaban, además, con un apoyo significativo que luego jugó en contra del gobernador: la Casa del Pueblo respondió con una huelga general y los republicanos criticaron de inmediato al jefe político, exigiendo su destitución por haber usado a la Guardia Civil para, como dijo un telegrama de los radical-socialistas, reprimir una legítima manifestación contra la «provocación [de los] reaccionarios[219]».

Al día siguiente, el principal medio de comunicación nacional de los socialistas analizaba lo ocurrido en Palencia y Burgos dando por buenas versiones que nada tenían que ver con la información que el gobernador transmitió a Casares y que recogieron, mal que bien, otros tantos diarios. La crónica de El Socialista se apoyaba en falsedades flagrantes, tales como la de atribuir más de 500 disparos a las fuerzas del orden y señalar que el «pueblo no hizo ni un solo disparo, profiriendo tan sólo algunos gritos». Se insistía, además, en que la Guardia Civil había «dispar[ado] con violencia, muy repetidamente primero y descargas cerradas después, ocasionando numerosos heridos», y se justificaba la acción sobre el convento de los jesuitas por la «indignación» del pueblo[220].

La libertad no es para quienes la odian

En ese contexto y en pleno debate constituyente, lo ocurrido en Palencia y Burgos no podía dejar de tener consecuencias. Para empezar, los republicanos palentinos, especialmente los radical-socialistas, anunciaron de inmediato un próximo mitin de afirmación republicana[221]. Pero lo fundamental iba a ocurrir en Madrid. El gobierno podía concluir que los sucesos de Palencia mostraban como el uso inteligente y contundente de las fuerzas del orden era la mejor vía para impedir que los extremistas de uno u otro signo se adueñaran de la calle e impidieran la libre expresión de ideas de sus adversarios. Pero también podía colegir que esa vía implicaba un desgaste político que no estaba dispuesto a asumir, cuando además beneficiaba a un conservadurismo católico que parecía estar despertando de su letargo. ¿Y si a la vez que se combatía a los extremistas se corría el riesgo de impedir la sana protesta socialista y republicana contra unas derechas no republicanas? Los socialistas habían sido muy claros durante las jornadas previas, responsabilizando al ministro de los desórdenes por no suspender el mitin revisionista y acusando al gobernador de mandar a la Guardia Civil contra quienes defendían la República. El editorial de El Socialista del 8 de noviembre había reconocido que el movimiento de protesta en Palencia era de «paternidad socialista», pues había que impedir que con ese acto «retador y provocativo» el clericalismo español tomara la calle. «A ver quién puede más», advertía. Aunque actuaremos sin violencia, ganaremos la «batalla» contra esos «clericales y esas damas imbuidas de odio a la libertad». Para ellos, quienes pedían la revisión de la Constitución eran todos monárquicos sin excepción, «reaccionarios de estirpe calomardiana[222]».

Diez días más tarde Casares ordenaba a los gobernadores que le enviaran cualquier ejemplar de periódico que a su juicio pudiese vulnerar algún artículo de la nueva LDR. Dos días antes el ministro de Justicia había remitido a los jueces una circular en la que les amenazaba con sanciones si actuaban para impedir que el gobierno pudiera aplicar la nueva ley[223]. A finales de noviembre estaba ya claro que el ejecutivo había tomado buena nota de lo ocurrido en Palencia y Burgos y no deseaba que el final del debate constituyente se viera enturbiado por la crítica de la opinión católica y el malestar entre sus propias filas. Aunque la excusa fuera la defensa de la República, la realidad era otra. Había que mandar un mensaje contundente a quienes no entraban en el consenso constituyente. Para hacerlo, además de controlar la opinión publicada en la prensa, el gobierno iba a acordar nada menos que la suspensión temporal de la campaña revisionista.

Ya el 26 de octubre Casares había declarado que sería tajante al aplicar la LDR con «criterio republicano». Y ese mismo día Albornoz había calificado «de imprudencia la revisión constitucional», asegurando que «no consentir[ían] que se les arrebat[as]e la segunda República». Los socialistas aumentaron algo más la presión sobre el gobierno cuatro días después del mitin de Palencia. Las «derechas antirrepublicanas», dijeron, están recibiendo un «trato de privilegio» por parte de la fuerza pública, que no reprime «sus bravatas» y que «con el más leve pretexto carga contra republicanos y proletarios». Más vale que el «señor Casares Quiroga» se parara «un momento en este hecho significativo». Si la derecha española cree que «el Socialismo va a incurrir en los mismos errores aquí que en otros países», no haciendo nada mientras Gil Robles se convierte en el Hitler español, está muy equivocada y el gobierno debe saberlo[224].

Así las cosas, a la salida del Consejo de Ministros que se celebró el 13 de noviembre, Casares anunció que se había tomado la decisión de suspender los mítines revisionistas. Azaña reconoció que la decisión había sido «fácil», pues ellos entendían que la revisión del artículo 26 sólo era un pretexto para atacar «a fondo a la República» durante los mítines de los católicos, provocando «choques, a veces sangrientos» que el gobierno debía evitar[225]. Quedaba claro, por tanto, que el ejecutivo había optado por impedir que los exaltados de izquierdas tuvieran algún pretexto para manifestarse, pero no por obligarles a respetar el derecho de reunión y manifestación de sus adversarios.

Como era de esperar, la minoría agraria emitió ese mismo día una nota protestando por el modo en que el gobierno impedía «la manifestación del sentir derechista de la mayoría del país». A su juicio, se estaban «estableciendo castas entre los españoles en cuanto a la emisión del pensamiento, con menosprecio del más elemental concepto de libertad y atropello de los derechos ciudadanos de los católicos», sin otra justificación que las «agitaciones promovidas impunemente por elementos políticos bien conocidos del Gobierno[226]». Días más tarde, Acción Nacional insistía en los mismos argumentos, haciendo hincapié en un aspecto relevante que no obtuvo respuesta del gobierno: no podrá decir la autoridad, señalaban, que los oradores de AN en los actos revisionistas no han distinguido «entre el régimen y sus errores, censurando solamente éstos en uso de un perfecto derecho de los ciudadanos» pero evitando atacar al primero. En definitiva, la campaña revisionista, que ellos sólo consideraban «aplazada», lo era a favor de la «revisión constitucional» que deseaba una parte sustancial del país y no implicaba reivindicación alguna de otra forma de gobierno[227].

Es verdad que esta última apreciación no era compartida por todos los participantes de la campaña revisionista, pero tenía un valor importante en boca de los directivos de AN, casi todos antiguos monárquicos que se mostraban dispuestos a dejar al margen la cuestión del régimen y hacer oposición solamente contra algunos artículos de la Constitución que se estaba aprobando. Sin embargo, para el gobierno y los grupos políticos que le apoyaban el matiz era una mera cuestión táctica; lo sustancial, a su entender, era la campaña de ataque a la República que los católicos disfrazaban de revisionismo. Como había ocurrido semanas atrás con el debate de los artículos constitucionales sobre religión y familia, había una opinión mayoritaria dentro de la izquierda republicana y los socialistas que restaba valor al esfuerzo de contemporización que estaban realizando una parte de la Iglesia y de la derecha católica posibilista. Por eso, lejos de considerar la oportunidad de realizar algunas concesiones y garantizar las libertades de los católicos a fin de reforzar el peso de los posibilistas dentro del conservadurismo no republicano, la consigna política más extendida era la de no apreciar diferencias en el discurso de todos aquellos que se situaran a la derecha del republicanismo conservador. Significativamente, la respuesta de Gil Robles fue la de reforzar su posición: «Hablaremos donde podamos y como podamos», afirmó el 18 de noviembre, pero nos mantendremos dentro del camino que hemos elegido: «Cuanto más estrictamente estemos en el terreno de la legalidad más resaltará la arbitrariedad[228]».

Pero la posición del gobierno fue inequívoca y firme: no toleraría por el momento que los diputados que se habían retirado del debate constituyente hicieran campaña contra las Cortes. Como se había puesto de manifiesto en el trámite parlamentario de la LDR, las libertades propias de un sistema democrático no podían ser la excusa que permitiera atacar y destruir el propio sistema. Antes de que eso ocurriera, explicó el presidente del gobierno, era preciso tomar medidas excepcionales que sirvieran para prevenir el nacimiento del peligro[229]. Para la izquierda republicana era evidente que la Constitución estaba definiendo principios absolutamente irrenunciables; descalificar ese texto y solicitar su revisión era tanto como desprestigiar el régimen recién nacido y hacer apología de la Monarquía. Que Gil Robles y sus seguidores dijeran lo contrario era sólo un modo de ocultar una voluntad indiscutible de restar legitimidad a la nueva forma de gobierno. Nosotros, declaró Albornoz en esos días, estamos totalmente dispuestos «a impedir que se celebre uno sólo» de los actos convocados en la llamada campaña revisionista. Los «señores de la derecha» que deseen hablar al país tendrán que hacerlo desde la tribuna parlamentaria. «Allí deben ir, porque en dicho lugar es donde está la controversia[230]».

En realidad, la postura de la coalición gobernante no es comprensible sin la consideración de al menos dos factores. Uno, la idea de que la Constitución que se estaba aprobando era requisito imprescindible para la existencia de la misma República, es decir, que la noción de república conservadora era una contradicción en los términos, de tal modo que quienes combatían la Constitución también atacaban el régimen. Y dos, un nada disimulado desprecio por la opinión política de quienes habían quedado a la derecha del grupo de Alcalá-Zamora, a los que no sólo habían castigado las urnas en junio pasado, colocándolos en su sitio, sino que representaban una España —una sociedad y unos valores— que había quedado atrás para siempre. Libertad completa, por tanto, para los que aceptaran la naturaleza ideológica que se estaba afirmando en la Constitución; intransigencia y vigilancia para quienes pusieran en duda la legitimidad de las actuales Cortes para trasladar los grandes principios republicanos e izquierdistas a las nuevas reglas del juego. Desde ese punto de vista, era irrelevante que Martínez de Velasco criticara la diferencia de trato que se daba a los diputados agrarios y a los de otras formaciones de izquierdas, permitiendo a los segundos celebrar todo tipo de actos que los primeros tenían prohibidos[231]. Tampoco tenía mucha importancia el detalle de justificar las medidas excepcionales tomadas contra los revisionistas con algunas pruebas sobre lo dicho y hecho por éstos en los mítines ya celebrados, como el de Palencia. La argumentación oficial era puramente ideológica. Podía acusarse a los «extremistas de la izquierda» e incluso a «los intelectuales» de no haber entendido la trascendencia de la labor de las constituyentes, como hizo Albornoz en un mitin celebrado en Badajoz a finales de noviembre. Pero sobre las «derechas» no merecía la pena ni siquiera una sola mención. El juicio de «los reaccionarios no importa ni al país ni a la Historia», sentenció el ministro. Estaba en marcha una obra revolucionaria y no cabía tolerar que se debatiera en la calle sobre si las Cortes representaban o no a la opinión: «Por mucho que esta República moleste a la gente de derechas, por mucho que estas Cortes molesten a El Debate y a ABC, estas Cortes son expresión de la voluntad del país y responden a la confianza que en él ha depositado[232]».

Sus planes sobre los gobiernos venideros eran harto significativos. Ahora, decía Albornoz, lo primero es prorrogar la vida de las Cortes para impedir que se aborte el desarrollo de la legislación fundamental que fijan los artículos de la Constitución. Podrá gobernar el partido que tiene una minoría más numerosa en la cámara, esto es, los socialistas, «en unión de los demás partidos de izquierda». O podrá hacerlo «un Gobierno de izquierdas» que se comprometa a realizar «jurídicamente todo el programa revolucionario». En cuanto a las derechas, ya vendrán luego «a consolidar esa obra». Por supuesto, a consolidarla, nunca a revisarla. Y en todo caso, «dentro de bastantes años». ¿Qué deben hacer mientras tanto? Albornoz era bastante elocuente: «Hasta tanto a las derechas no les queda más remedio que someterse…»[233].

Es evidente que cuanto más desafiante se mostraba la movilización de los conservadores en las diferentes provincias del país y se hacía patente que no eran del todo representativos los resultados obtenidos por las derechas no republicanas en junio de 1931, más preocupadas se mostraban las fuerzas políticas que apoyaban al gobierno presidido por Azaña. La inquietud crecía no tanto por el contenido de los mensajes conservadores, como por el respaldo popular que les estaba permitiendo recuperar el espacio público perdido en los meses anteriores y provocar algunas tensiones entre los socios parlamentarios de la mayoría. En los últimos meses los socialistas habían reforzado su implantación fuera de sus feudos tradicionales, emergiendo como fuerza principal de la coalición de gobierno y mejorando su presencia en muchos espacios públicos y de poder locales[234]. Ese protagonismo explicaría, en parte, por qué se mostraron especialmente irritados con el desafío que planteaba la reacción conservadora y católica. Aunque no se habían caracterizado históricamente por un anticlericalismo militante —para ellos, cosa de las fuerzas burguesas, ideas que distraían al proletariado de sus objetivos en el medio y largo plazo—, durante la República la situación se modificó sustancialmente, no teniendo inconveniente, todo lo contrario, en responder a ese clericalismo que, en su visión, representaba una ofensiva en toda regla contra el nuevo régimen. Pero sobre todo, los socialistas eran verdaderos protagonistas de la nueva relación de fuerzas en el terreno socio-laboral. Con el control del Ministerio de Trabajo se estaban esforzando por desarrollar un nuevo marco legal para las relaciones laborales, haciendo valer su nueva fuerza en Madrid para ampliar sus organizaciones locales, imponer mejores condiciones salariales, contrarrestar la fuerza de sus competidores anarquistas o hacerse oír con toda la fuerza posible en los ayuntamientos. Por eso mismo, eran ellos los que más tenían que perder con la movilización católica y agraria, que si bien se estaba aferrando a la bandera de la religión, tenía un fuerte y decisivo contenido antimarxista y sólo se explicaba por la oposición de patronos y numerosos sectores de las clases medias urbanas y rurales contra la nueva legislación laboral y las diferentes medidas de política económica[235]. No es extraño, por tanto, que los socialistas fueran los primeros en mostrar inquietud ante la reorganización de las fuerzas conservadoras. No dudaron en reaccionar contundentemente nada más conocerse el inicio de la campaña revisionista en noviembre de 1931, como hemos visto. Cuando la minoría agraria hizo pública su nota de protesta por la decisión del gobierno, no tardaron en señalar que el propósito de Martínez de Velasco y los demás eran «unos intentos intolerables que el Gobierno deb[ía] suprimir de raíz[236]». Y los ministros socialistas mostraron enseguida su firme oposición a la actividad propagandística de la derecha no republicana. Largo Caballero se negó a distinguir la crítica de la Constitución de los ataques al régimen. El 28 de noviembre explicaba a los periodistas que si había «elementos que van contra la Constitución y contra la República, la clase obrera organizada está dispuesta a defender a la Constitución y a la República, para lo que empleará los medios que crea necesarios[237]». Prieto, en un acto público celebrado en Córdoba y en el que compartía tribuna con Alcalá-Zamora y otros ministros, había explicado que si bien los socialistas veían la actual República y su Constitución como un camino inicial, ellos serían los principales defensores del régimen. Había que estar muy atentos contra una derecha que se está reorganizando «para atacar a la República». Prieto, como sus compañeros de partido, no estaba dispuesto a admitir que la movilización católica y agraria lo fuera para afrontar con éxito unas futuras elecciones. Habrá que tener especial cuidado, dijo, y «vigilar más de cerca[238]». La imagen que los socialistas tenían de Acción Nacional carecía de consideraciones sobre las diferencias internas de la misma. Ya hemos comentado el modo en que se tachaba a Gil Robles del Hitler español que estaba buscando la derecha, aunque fuera de «cartón-piedra». Tras el acto de Palencia, faltó tiempo para dedicarle comentarios que no hablan muy bien de la consideración democrática del adversario de algunos compañeros de Largo y Prieto: un artículo de Francisco Arana advertía contra las «soeces palabras» de Gil Robles en Palencia, palabras que sólo podía pronunciar «un reptil sin corazón y de mente cerrada». Aquel «mandante derechista» se amparaba en «la religión como sostén de toda autoridad», al igual que siempre habían hecho las clases pudientes. En definitiva, Gil Robles y Acción Nacional querían movilizar a los católicos en defensa de un sistema de opresión, que limitaba el acceso a la educación al pueblo. Y lo hacían lanzando «mentiras y calumnias contra los socialistas». A éstos no les quedaba otro remedio que «levantar una vez más la bandera de rebelión» y no aceptar a quienes predicaban «la resignación[239]».

Desde el punto de vista de la coalición gobernante, al menos de la izquierda republicana y de los socialistas, estaba claro que cualquier crítica proveniente de las derechas no republicanas contra el texto constitucional que estaban tramitando las Cortes, sólo cabía ser entendida como una forma encubierta de desprestigiar la República y sus instituciones. El rechazo de la Carta Magna, la acusación al gobierno de una política de persecución, o la negativa a aceptar que la separación de la Iglesia y el Estado conllevara la disolución de la Compañía de Jesús o la prohibición de ejercer la enseñanza a las órdenes religiosas, sólo eran manifestaciones de un clericalismo contrario a la República, propio de fuerzas antes que nada monárquicas. Por eso el gobierno había empezado a mostrar a los directores de la prensa conservadora que no toleraría críticas que cuestionaran la idea de una República tal cual la mayoría constituyente la estaba definiendo. A este respecto Casares había sido rotundo semanas atrás. Tampoco Azaña se mostró más flexible cuando recibió a finales de noviembre la visita de los directores de los diarios La Época, El Debate y El Heraldo, que fueron a interceder por el suspendido La Correspondencia Militar. Le pidieron que el ejecutivo desarrollara la LDR en un reglamento específico a fin de establecer una graduación en las sanciones y, como ya le habían dicho al ministro de la Gobernación, al objeto de que los periódicos supieran a qué atenerse antes de publicar cualquier crítica a la política del gobierno. Lo contrario, lo que había pasado hasta entonces, era que el gobierno podía actuar con absoluta discrecionalidad cuando considerara que un medio de comunicación estaba atacando al régimen. Pero Azaña tenía muy claro, como sus compañeros, que toda crítica que procediera de la derecha no republicana, por mucho cuidado que pusiera en no manifestar un antirrepublicanismo explícito, debía ser catalogada de peligrosa para la salud del régimen y perseguida. «Me es agradable afirmar delante del director de El Debate, anotó en su diario, mi resolución de “romper el espinazo” al que toque a la República[240]».

El «convencimiento moral» y el control de la campaña revisionista

La urgencia en la aprobación de la LDR y el empeño en mantener su vigencia una vez aprobada la Constitución respondía a las virtudes evidentes que la misma tenía desde la óptica de sus defensores: permitía tomar medidas gubernativas contra los enemigos del régimen —como la detención durante un período indefinido— sin rendir cuentas ante el parlamento ni estar sometido a la fiscalización judicial. Pero, sobre todo, hacía posible el seguimiento y control de las actividades de la oposición no republicana y la suspensión inmediata de cuantos mítines, conferencias, asambleas o reuniones se consideraran peligrosas para la «paz pública[241]». Por eso, la ley fue aplicada de inmediato, aunque antes hubo alguna vacilación por parte del gobierno que quedó resuelta tras una curiosa lectura de los hechos ocurridos en el primer gran mitin revisionista celebrado en Palencia a comienzos del mes de noviembre: no compensaba políticamente el uso de la policía para garantizar los actos de Acción Nacional si eso implicaba la enajenación de sectores ideológicos afines y el enfado de los socialistas; más valía suspender de inmediato todo acto que viniera precedido de una amenaza de movilización izquierdista en su contra.

Es verdad que, como en su día señalara Manuel Ballbé, es difícil evaluar la aplicación de la LDR ya que «los actos sancionadores de la autoridad gubernativa no eran publicados en ningún boletín oficial y, por otra parte, la escasa documentación depositada en los archivos» no facilita reconstruir los datos exactos sobre el número de sanciones[242]. Sin embargo, estudios recientes han puesto de relieve la efectividad de la LDR en la lucha contra algunos medios de comunicación[243]. Algo parecido podría decirse de la utilización del artículo 1 para atajar los diferentes «actos de agresión a la República». El propio Ballbé reconocía la existencia de «cientos» de sanciones en los primeros meses de aplicación de la nueva norma. Y aunque sea parcialmente, la documentación existente en los archivos de la administración es muy clara en ciertos aspectos, como, por ejemplo, el referido a las sanciones a párrocos o también las multas impuestas a seglares católicos que se movilizaron contra algunas normas de la política secularizadora del gobierno Azaña, como la que obligaba a retirar el crucifijo de las escuelas[244]. Siendo estos casos importantes, no lo es menos la actividad de algunos gobernadores en un terreno más importante para la vida de la democracia republicana: el de la libertad de asociación y el pluralismo ideológico. A mediados de junio de 1932, el gobernador civil de Asturias autorizaba el registro de la sede local de Acción Popular y acto seguido, concluido aquél, se procedía a la detención de algunos directivos y a clausurar el centro. Todas esas personas detenidas, informaba el gobernador al ministro, «se vienen distinguiendo por su constante labor de propaganda monárquica y de desprestigio del régimen republicano». Los principales detenidos era José María Fernández-Ladreda, Ramón González Sánchez, José María Moutas Meras, José de Blas y José María Cernuda. De acuerdo con la LDR bastaba una acusación tan imprecisa para proceder a medidas tan excepcionales y delicadas. Sabemos, no obstante, que el registro del local conservador permitió al gobernador apoyar su decisión en la siguiente prueba: los policías comprobaron que allí se hacían las copias de ciertas «hojitas injuriosas para el régimen» y en concreto una poesía crítica sobre Victoria Kent. A Casares debió de parecerle que ésa era una prueba contundente para demostrar un serio peligro contra el nuevo régimen y una actividad subversiva de los dirigentes asturianos de Acción Popular. Apenas tardó unas semanas en dictar una resolución que consideraba probado que destacados directivos de AP en Oviedo hacían propaganda monárquica e injuriaban a las instituciones de la República. No hacían falta procedimientos judiciales; en aplicación de la LDR se impuso a cada uno una multa de 5000 ptas., se decretó la clausura del local y la «ocupación» de sus «medios materiales[245]».

Esto ocurrió a mediados de 1932, cuando la actividad propagandística de AP había alcanzado un desarrollo por todo el país que resultaba preocupante desde la perspectiva del gobierno. Sin embargo, la LDR había empezado a aplicarse nada más iniciarse la movilización conservadora contra el artículo 26 de la Constitución. Ya hemos explicado que al poco de conocerse todos los datos de lo ocurrido en Palencia y Burgos, el Consejo de Ministros decidió suspender la campaña revisionista y explicó que no permitiría a los diputados agrarios hablar más que dentro del hemiciclo. Los partidarios del revisionismo respondieron manteniendo la campaña, pero acatando las disposiciones gubernativas. Por eso, durante las semanas siguientes y hasta el comienzo del nuevo año, la propaganda y la movilización revisionista se mantuvo por vías indirectas, es decir, evitando los grandes mítines que podían ser suspendidos por los gobernadores y organizando conferencias, banquetes y actos varios de homenaje. De ese modo, mientras se terminaba el debate constituyente, tanto Gil Robles como sus compañeros pudieron intervenir en diferentes lugares del país. Especialmente activos fueron los grupos u asociaciones que estaban movilizando a la opinión católica en defensa de la libertad de enseñanza. Con ese tema por objeto se organizaron varias conferencias y asambleas en las que se pudieron divulgar las ideas conservadoras contra la nueva Constitución sin que el gobierno considerara oportuno suspenderlas[246].

Al menos hasta que se aprobó la Constitución, en el mes de diciembre, la campaña revisionista estuvo oficialmente suspendida. No consta el momento en el que se habría levantado esa suspensión, pero parece que con el año nuevo Acción Popular preparó una agenda de actos públicos que nos hacen suponer que Gil Robles y otros oradores confiaban en poder celebrarlos con normalidad. El 1 de enero se anunciaron más de veinte mítines conservadores para las semanas próximas y Gil Robles hizo público un plan de actividades apabullante, con no menos de quince actos en los últimos veinte días de enero y otros tantos ya preparados para febrero[247].

Mientras la prensa conservadora era vigilada de cerca por los gobernadores por si procedía aplicar la LDR y a finales de enero se iba a suspender la publicación de uno de los diarios principales de la órbita de AP, El Debate, la campaña revisionista empezó el año con nuevos bríos y, según parece, sin obstáculos gubernativos. El primer gran mitin tuvo lugar en Molina de Segura el mismo día de Año Nuevo, con la presencia de Gil Robles, Molina Nieto, Valiente y Madariaga, y ante varios miles de asistentes[248].

Sin embargo, dos semanas más tarde un acontecimiento iba a servir para recordar al gobierno algunas ideas fijadas tras los sucesos de Palencia y Burgos. Un choque entre socialistas, republicanos y tradicionalistas en Bilbao, ocurrido el día 18, terminó con cuatro muertos y bastantes heridos, amén de un intento de asalto al Círculo Tradicionalista, registros de conventos por la policía, cuarenta y cinco detenciones, la mayor parte de tradicionalistas, y bastantes problemas de orden público los días siguientes, con intentos de asaltos a los locales de Acción Católica y con una huelga general[249]. Los «enemigos» de la República, advirtieron los socialistas, se están aprovechando del «régimen de tolerancia observado (…) para con todas las opiniones, y tomándolo por impotencia, (…) han emprendido una campaña de tonos violentos, que ya ha producido muchas víctimas y puede ocasionar otras tantas de no atajarse rápidamente y con absoluta energía». Se ha abusado de «nuestra tolerancia y de nuestra paciencia». Las «derechas cavernarias» han venido desarrollando su propaganda «ante la impasibilidad de determinadas autoridades sedicentes republicanas». Ante eso, la advertencia al gobierno adquiría tonos de auténtica amenaza: «Queremos suponer que el Gobierno republicano se decidirá de una vez a abandonar la posición de tolerancia para reprimir las demasías de quienes toman aquélla por debilidad, y que no consentirá un día más que provincia tras provincia, pueblo tras pueblo, estén siendo teatro de escenas luctuosas, que amenazan con degenerar en una guerra civil». La LDR, recordaban, había sido «dictada precisamente para protegerla [a la República] contra los ataques de sus enemigos». El gobierno debía «probar con hechos que no siente debilidad ni se considera desprovisto de la autoridad necesaria para imponer el orden “a todos” (…) De así no hacerlo, piénsese que quedamos en libertad de administrarnos justicia por nuestra propia mano[250]».

Muy influido por los sucesos de Bilbao y por la presión socialista, el ministro Casares llegó una vez más a la conclusión de que al gobierno no le interesaba asumir el desgaste de la violencia política provocada por las izquierdas como respuesta a la movilización conservadora. Esta vez no se iban a prohibir todos los mítines revisionistas, pero la política a seguir en las próximas semanas iba a estar marcada por una pauta clara: si a priori el gobernador de turno podía suponer que existía peligro de que un acto conservador provocara las iras de sus adversarios, el acto no debía ser autorizado o incluso, llegado el caso, suspendido in extremis. El día 20 de enero Casares aseguraba a la prensa que tras los recientes problemas de orden público provocados por extremistas de derechas e izquierdas, el gobierno aplicaría con todo rigor la LDR[251]. Pero lo más importante para entender su política de orden público lo dijo en el debate parlamentario en el que se discutió lo sucedido en Bilbao. Defendió la intervención de las fuerzas del orden en Bilbao y atacó duramente a Urquijo, diputado tradicionalista, al que consideraba involucrado en actividades subversivas y violentas contra la República. Pero enseguida arremetió también, sin que mediara conexión alguna, contra Gil Robles, volviendo a meter en el mismo saco a unos y otros dentro de la derecha católica no republicana. Casares explicó que en una ocasión Gil Robles había dicho en el hemiciclo que ellos no acatarían la nueva Constitución; a partir de ese momento, el ministro había comprendido que el gobierno no podría ser tolerante con las manifestaciones que hicieran señores que decían eso en la propia cámara. En definitiva, Casares vino a advertir nuevamente a AP que sería riguroso en la aplicación de la LDR, y que lo haría con o sin permiso de la cámara, no tolerando manifestaciones o mítines contrarios al orden constitucional. La LDR, afirmó, no necesita de pruebas sino del «convencimiento moral» para que el gobierno actúe. Y terminó con una advertencia similar a la que Azaña había anotado en sus cuadernos tras recibir al director de El Debate: «Cualquiera que levante el gesto contra esta República que nos ha costado tanto trabajo traer y mantener será castigado[252]».

Un mes más tarde de ese debate, Gil Robles denunciaba que hasta ese momento le habían sido suspendidos más de una treintena de actos. Albornoz no lo negó al día siguiente, sino que lo justificó aduciendo que en esos actos se iba a injuriar al gobierno[253]. Como cabía suponer de la redacción de la LDR y de las palabras de Casares, el ejecutivo pensaba aplicarla de forma preventiva, por puro «convencimiento moral», es decir, dando por hecho que ante el más mínimo riesgo para el orden público lo primero era suspender la propaganda conservadora. Al final, ¿se hizo así? ¿Qué resultados se consiguieron? ¿Cómo afectó la aplicación de la LDR a la campaña revisionista?

Hasta ahora conocíamos los datos aportados por el propio Gil Robles en el parlamento y recogidos luego en sus Memorias, pero poco más. Nosotros hemos realizado una investigación pormenorizada de la prensa y la hemos confrontado con la información irregular, pero imprescindible, que existe en los archivos de la administración. Nos hemos centrado en los meses que transcurrieron desde el inicio de la campaña el 8 de noviembre de 1931 hasta los últimos días antes del golpe de Sanjurjo, lo que básicamente se refiere a la primera mitad de 1932. El resultado lo ofrecemos en las tablas 1 y 2 que aparecen al final de este capítulo. No sólo se recogen los actos revisionistas suspendidos sino que se han analizado en detalle aquellos otros que se realizaron pero que fueron objeto de boicoteo por grupos de extremistas.

El balance final refleja 50 actos políticos organizados por AN o por grupos conservadores o asociaciones cívicas cercanas, que fueron suspendidos por las autoridades y no llegaron a realizarse tal y como habían sido planificados inicialmente. La tabla 1 excluye los actos organizados exclusivamente por tradicionalistas, integristas y carlistas que también fueron suspendidos. Tampoco se incluyen aquellos actos suspendidos de los que no hemos encontrado suficiente información relacionada con su convocatoria y/o desarrollo. Sabemos, también, que en algunos casos, como el de la Derecha Regional Valenciana, las dificultades para realizar su propaganda y organizar actos políticos fueron especialmente intensas en algunos momentos. De hecho, a decir de la organización presidida por Luis Lucia, el domingo 26 de junio de 1932 le fueron suspendidos 19 de los 48 actos previstos para esa jornada, una cifra verdaderamente elevada. Descontando una posible exageración al computar como actos políticos algunos eventos menores, pero teniendo en cuenta las circunstancias mencionadas anteriormente, cabe suponer que los datos globales de la tabla 1 se queden algo cortos. No es descabellado, por tanto, afirmar que la cifra de actos suspendidos de AN estuvo por encima de los 70 en toda España durante los primeros nueve meses de la campaña revisionista, a los que habría que sumar todos los que no se realizaron entre noviembre y diciembre de 1931 por la suspensión de la campaña ordenada por el gobierno.

En este cómputo se excluyen, por consiguiente, los datos sobre lo ocurrido tras el fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo en agosto de 1932. Ésta no es una información de importancia menor, pues según revelan los archivos y algunos estudios locales la actividad gubernativa posterior al golpe tuvo serias consecuencias para las libertades civiles de los simpatizantes de AP y para la apertura de sus locales. Sin embargo, el corte en julio de 1932 obedece a una razón evidente: el golpe marcó un antes y un después en la marcha de la campaña revisionista tanto desde la perspectiva del gobierno como en el interior de AP, que a partir de octubre de ese año tomó un camino que implicaba la escisión interna y el surgimiento de un grupo político nuevo de rasgos menos ambiguos en la cuestión del acatamiento al régimen y en el rechazo del uso de la violencia política, la CEDA.

Por lo que se refiere estrictamente a Gil Robles, el más activo y demandado de los líderes revisionistas, él mismo aseguró a mediados de febrero de 1932 que hasta la fecha se le habían suspendido 29 actos públicos en los que él iba a tomar parte. Un mes más tarde, mientras participaba en un mitin en Carrión de los Condes habló de 37 actos suspendidos[254]. Son cifras que algunos estudios han dado por buenas, pero que deben ser tomadas con mucha cautela, pues resulta muy difícil saber qué tipo de actos se habían computado para alcanzarlas. Es posible que tanto al referirse a actos suspendidos como a aquellos en los que había participado, incluyera por igual grandes mítines y algunas intervenciones de rango menor, tales como actos de propaganda en pequeños pueblos, conferencias o discursos en banquetes a puerta cerrada con militantes con motivo de asambleas para constituir agrupaciones locales. Nunca especificó, ni siquiera en sus Memorias, qué criterios había seguido para fijar esas cifras y, desgraciadamente, no disponemos de una estadística oficial elaborada por el Ministerio de Gobernación donde consten ese tipo de datos.

Desde luego, el número de mítines de gran relevancia en los que participó Gil Robles durante los primeros ochos meses de la campaña revisionista es una cifra difícil de establecer. Él mismo recogió en sus Memorias que desde el 13 de noviembre de 1931 hasta julio de 1932, período que comprende nuestra investigación, había intervenido en unos 30 grandes actos públicos de propaganda dentro de esa campaña. Por otro lado, también sabemos que a las pocas horas de que él asegurara que se le habían suspendido 29 actos públicos hasta el 16 de febrero, el ministro de Justicia, Albornoz, no negó esa cifra ni le acusó de mentir, sino que se limitó a justificar la acción del gobierno apelando al contenido del discurso del líder conservador en un mitin celebrado poco antes en Córdoba[255].

Así pues, a falta de cifras más sólidas sobre el total de los mítines de la campaña de Gil Robles que la documentación existente no permite alcanzar, la comparación con los datos recogidos en nuestra investigación debe ser tomada con cautela. Por nuestra parte, los datos de la tabla 1 arrojan el siguiente balance: de los 50 actos suspendidos entre noviembre de 1931 y julio de 1932 que hemos podido constatar, sabemos con seguridad que Gil Robles iba a ser el orador principal en no menos de 18, es decir, algo más de la tercera parte. Si damos por bueno el dato de que en ese período había participado en un mínimo de 30 mítines importantes, podemos deducir que al menos uno de cada tres grandes actos públicos multitudinarios en que iba a tomar parte con motivo de la campaña revisionista fueron suspendidos.

No obstante, prescindiendo de la comparación porcentual sobre el total, que no deja de ser una aproximación, nuestra investigación constata que en nueve meses de intensa campaña, el orador más importante de la derecha católica, el que mejor representaba el ala posibilista de Herrera y los Propagandistas, experimentó importantes limitaciones para el desarrollo de su propaganda, lo que afectaba también a la capacidad de AP para implantarse en nuevas localidades y movilizar a sus simpatizantes.

A todo esto, además, hay que sumar los datos que hemos recopilado sobre la violencia política ejercida antes o durante los mítines de la campaña revisionista. Como muestra la tabla 2, a Gil Robles le intentaron reventar no menos de 9 de los actos que no habían sido suspendidos de antemano, lo que representaría no menos de un cuarto del total en los que participó.

Como muestra la tabla 2, hubo 40 actos políticos de la campaña revisionista en los que se produjo algún tipo de violencia durante esos nueve meses —con resultado de 1 muerto y 16 heridos graves o por arma de fuego—, lo que supone cerca de uno cada fin de semana. Sin embargo, también en este caso se impone cierta cautela en las comparaciones. De hecho, si tuviéramos en cuenta los datos sobre otros actos de violencia que no hemos registrado en esta tabla por falta de información, es posible que la cifra final sobrepasara los 50.

Aunque podemos observar que abril de 1932 fue un mes especialmente conflictivo, los datos sugieren que la violencia no fue puntual ni se concentró en unas fechas concretas, provocada por algún suceso particular. Se observa un goteo de actos con incidentes que sugiere una actividad constante por parte de los violentos para boicotear la campaña conservadora, a sabiendas de que algunas autoridades locales o provinciales eran favorables a suspender de inmediato la celebración de actos conservadores o católicos si tenían la más mínima sospecha de que pudiera haber incidentes, es decir, si como había hecho público Casares en el parlamento tenía el más mínimo «convencimiento moral».

De esos 40, el 82,5% (33) son actos de grupos adheridos a Acción Nacional/Popular, la mayoría con oradores que luego formarán parte de la CEDA. Y el 22,5% (9) son actos en los que el principal protagonista es Gil Robles.

Por otra parte, salvo en un caso en el que existen dudas razonables sobre el origen de la violencia (el de Güéjar Sierra, en Granada), en todos los demás no se ha constatado que se produjera una violencia previa por parte de los simpatizantes asistentes al acto. De los 40, existe constancia en 26 (65%) de que el origen de la violencia procede de simpatizantes de partidos de izquierdas, republicanos o miembros de sindicatos, aunque no es descabellado suponer que estos mismos son los protagonistas de gran parte de los 10 actos reventados en los que no tenemos seguridad sobre la identidad ideológica de los saboteadores. Entre esos 25, hay constancia de 9 provocados por socialistas, aunque no hay que descartar su presencia en otros bajo la etiqueta de «izquierdistas». Sin embargo, sólo en 5 casos se ha podido comprobar la existencia de simpatizantes de otros partidos republicanos.

Finalmente, hay que destacar que sólo en 3 de esos actos la convocatoria inicial procedía de las Juventudes de AP o de asociaciones juveniles católicas afines, lo que sugiere que no hubo una correspondencia estrecha entre la presencia y el modus operandi de los jóvenes revisionistas y el afán de protagonismo de sus adversarios más violentos.

Sin duda, los datos anteriores reflejan una voluntad firme por parte de algunos sectores políticos y sindicales afines a la mayoría parlamentaria que respaldaba al gobierno, de intimidar a los conservadores no republicanos y actuar contundentemente para impedir lo que desde su punto de vista representaba un peligro para la supervivencia de la República. El uso de la violencia para boicotear mítines o impedir su celebración afectó a numerosos actos, lo que pone de relieve una actuación en absoluto esporádica, sino más bien fruto de ese mismo patrón que los socialistas y sindicalistas de Palencia y Burgos habían fijado al comienzo de la campaña revisionista. La presencia en la calle y la oportunidad de mejorar la implantación local de Acción Popular representaba un desafío importante al nuevo equilibrio de poder que se había logrado en algunos ámbitos locales y regionales gracias a la sustitución de ayuntamientos, las elecciones de junio de 1931 y a la actuación de algunos gobernadores. Así, la suspensión de un acto revisionista o el uso de la violencia para impedir su normal desenvolvimiento podían obedecer al convencimiento por parte de las izquierdas del peligro que corría la República, pero también servía para exteriorizar en quién residía ahora el bastón de mando y dificultar así la reorganización de las fuerzas conservadoras.

Con los datos que hemos recopilado y analizado, el papel desempeñado por las autoridades no queda muy bien parado si se tienen en cuenta las cifras globales y se añade el hecho de que el gobierno decidiera suspender la campaña revisionista durante semanas hasta que se aprobó la Constitución. Sin embargo, la cautela vuelve a ser necesaria y no caben fáciles generalizaciones, pues también sabemos que decenas de actos revisionistas o de propaganda conservadora pudieron celebrarse con normalidad a lo largo de esos nueve meses. A efectos de lo que en este capítulo nos ocupa, que es la aplicación de la LDR sobre la movilización revisionista, es significativo que en 23 de los 50 actos suspendidos se produjera algún tipo de violencia intimidatoria previa que sirvió a las autoridades para justificar su decisión. Por lo tanto, si se cruzan los datos sobre violencia de la tabla 2 con los de actos suspendidos por presión previa de grupos radicales —lo que podríamos llamar «boicot preventivo»—, podemos concluir que en los primeros nueves meses de la campaña revisionista sus adversarios consiguieron cancelar o boicotear no menos de 70 actos. Teniendo en cuenta que tanto la violencia sobre los mítines revisionistas como las suspensiones impuestas por las autoridades en todo ese período no se limitaron a actos que ocurrieran en un período de tiempo muy concentrado y puntual, con motivo de una determinada crisis de orden público, sino que fueron un goteo constante en todos esos meses, bien puede afirmarse que la LDR fue un instrumento efectivo desde el punto de vista de sus creadores, pues permitió amordazar a la oposición no republicana allí donde se consideró conveniente para no afrontar problemas de orden público provocados por sectores ideológicos afines.

Ya hemos señalado más arriba que lo ocurrido en Palencia y Burgos en la primera semana de noviembre de 1931 condicionó la pauta de actuación del gobierno en todos los casos en que se atisbaba el más mínimo riesgo de que el acto conservador pudiera exaltar los ánimos de grupos izquierdistas y provocar alteraciones de orden público. Casares fue contundente en el cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno sobre la prohibición de actos de la campaña revisionista a los diputados agrarios. La actividad de Gil Robles se resintió de inmediato. Primero se le prohibió un acto en Molina de Segura previsto para el 27 de noviembre y cuando el director de La Verdad de Murcia solicitó autorización para celebrar en su lugar una conferencia dedicada a «un tema periodístico», el ministro ordenó al gobernador que no autorizara «en modo alguno conferencia[256]». Lo mismo ocurrió en Salamanca cuando el Círculo de Obreros Católicos cursó la solicitud al gobernador para una conferencia de Gil Robles. Aunque éste no argumentó peligro alguno para el orden público, el ministro le contestó el 23 de noviembre que: «De ningún modo autorice conferencia[257]».

En estos dos casos no consta que el ministro tomara la decisión apoyado en posibles desórdenes públicos; bastaba con el «convencimiento moral» de que en los mítines revisionistas se atacaría al régimen. No significa esto, sin embargo, que toda la propaganda revisionista de AP y los actos de Gil Robles fueran suspendidos sin que las autoridades adujeran algo más concreto. Lo realmente significativo es que en la mayor parte de los casos en que conocemos la existencia de algún argumento, éste siempre fue de carácter preventivo y no se refirió a que los miembros de AP hubieran insinuado que harían uso de la violencia o se manifestarían contra la República, sino a que sus adversarios habían amenazado con impedir la movilización conservadora, responsabilizando a las autoridades de cualquier resultado trágico. Es decir, aunque la mayoría de la actividad política de Gil Robles y sus compañeros fue permitida, la misma estuvo sometida siempre a un alto grado de incertidumbre. Si allí donde estaba previsto el acto no se atisbaban riesgos de manifestaciones en contra, o no era una localidad o región donde los grupos de izquierdas se sintieran más presionados por la movilización derechista, no se llevaba a cabo la suspensión. Por regla general, los actos revisionistas fueron tolerados a partir de enero de 1932, y se celebraron en un número muy elevado, pero a la vez también se sometió a los oradores de AP más conocidos, y especialmente a Gil Robles, a un seguimiento que implicaba la adopción de medidas preventivas en cuanto surgía la ocasión. Esto significó que, en la práctica, muchos conservadores se acostumbraron a solicitar autorizaciones para actos políticos y no obtener contestación; o a recibir una respuesta negativa en el último momento, horas antes del acto, como resultado de la presión de los exaltados. Así, por ejemplo, en el mes de febrero, mientras en Cuenca el gobernador autorizaba varios actos porque no observaba peligro alguno, esto es, porque no había habido presiones izquierdistas, en Ciudad Real, un acto de Gil Robles, Madariaga y Valiente previsto para el día 21 en el Gran Teatro de Manzanares, inicialmente autorizado por el gobernador, fue suspendido pocos días antes porque el alcalde informó a este último sobre el «estado de gran excitación de ánimos» que existía en la ciudad. Ante el riesgo de que se produjeran incidentes, Casares respaldó de inmediato la decisión del gobernador. A pesar de las protestas de la Comunidad de Labradores y del Círculo Católico Obrero de la localidad, quienes recordaban que la convocatoria se había ajustado a la ley, el gobernador se ratificó ante la prensa; no ocultó que la decisión se debía a que él no quería «cargar sobre [su] conciencia muerte alguna». No parece que se planteara la posibilidad de autorizar el mitin y utilizar una amplia fuerza de policía para impedir el chantaje de los grupos de izquierdas[258].

Este mismo patrón de comportamiento (anuncio de acto revisionista, silencio gubernativo, advertencias de grupos de izquierdas o sindicatos amenazando con paros generales y desórdenes, y finalmente suspensión del acto) se repitió en Santiago de Compostela cuando el gobernador, con permiso del ministro, anunció que no autorizaba un mitin de la Unión Regional de las Derechas porque no podía «asegurar paz pública» debido a «efervescencia ideológica elementos universitarios y obreros[259]».

Otro tanto ocurrió en Saldaña (Palencia) cuando el gobernador informó al ministro de «la excitación de los elementos socialistas de las minas de Guardo[260]». Y en Cifuentes (Guadalajara), donde el gobernador prohibió un acto organizado por Acción Regional Agraria y Ciudadana en el que iban a participar Gil Robles y Madariaga, por los «temores de que ocurran alteraciones de orden público[261]». O peor aún, en Molina de Aragón y en Sigüenza, donde los alcaldes presionaron al gobernador civil de Guadalajara para que prohibiera los mítines revisionistas en los que iba a participar Gil Robles porque «el elemento obrero», desde que sabía de ellos, venía «exteriorizando conatos de disgusto y trata[ba] de impedirlo con actos que motivar[í]an alteraciones de orden público». Por supuesto, Casares ordenó de inmediato la suspensión de los actos[262]. Y lo mismo volvió a suceder en los meses siguientes en al menos ocho actos políticos de la campaña revisionista no autorizados.

En total, de 50 actos suspendidos registrados en la tabla 1, ese patrón se reprodujo en 23 con toda seguridad y es posible que también fuera la causa de un alto porcentaje de los 27 restantes y de otros tantos de los que se le suspendieron a la DRV en Valencia. Por lo tanto, la previsión que establecía la LDR en su artículo 3: «suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública», permitió al gobierno de Azaña vigilar de cerca la evolución de la campaña revisionista, impidiendo que se celebrara todo acto que pudiera conllevar riesgo de enfrentamiento del ejecutivo con los grupos que le apoyaban en la cámara. Las advertencias de los socialistas tras el acto de Palencia en noviembre y los trágicos sucesos de Bilbao en enero surtieron efecto y no parece que se tolerara ninguna provocación de los «cavernícolas». La pauta de comportamiento fue similar a la que se adoptó con la prensa, por ejemplo, para suspender El Debate en el momento justo en que se decretaba la disolución de la Compañía de Jesús: medida preventiva que amordazaba a la opinión no republicana a la vez que contentaba a grupos afines poco dispuestos a aceptar la competencia de las derechas. Curiosamente, además, para abonar la presunción de que podía alterarse la «paz pública», el riesgo alegado provenía siempre o casi siempre de aquellos que se oponían al acto revisionista y no de quienes lo convocaban. Dentro de esa lógica, hubiera bastado la más mínima protesta o movilización contraria a los actos de Acción Popular en las localidades en las que se celebraban, para que el gobierno los hubiera suspendido todos sin excepción. Los sectores más radicales de las izquierdas, y especialmente los sindicatos de algunas localidades, como fue el caso de Palencia o Burgos, supieron aprovechar la posibilidad abierta por el artículo 3 de la LDR; bastaba la más mínima expresión de preocupación a propósito del anuncio de un mitin conservador para imponer al gobernador de turno una decisión negativa sobre la autorización del mismo.

Consecuencias inesperadas

El 8 de marzo de 1932, cuando El Debate llevaba ya más de cincuenta días suspendido, Gil Robles presentó una proposición incidental en las Cortes suscrita también por Lerroux, Maura y Melquíades Álvarez, entre otros, en la que pedía que no continuara «la suspensión de periódicos que no h[ubieran] sido condenados por resolución judicial». El debate fue muy intenso, con numerosas interrupciones y enfrentamientos verbales entre radicales por un lado y radical-socialistas y socialistas por otro. Brillante y preciso, Gil Robles sacó a relucir uno tras otro todos los argumentos claves contra la LDR. Ustedes, dijo mirando al gobierno, están «aplicando de un modo arbitrario (…) el procedimiento de las suspensiones gubernativas»; es de una «gravedad inmensa» el modo en que se suspenden de forma indefinida los diarios que no son afines al gobierno ni comparten su política. Y en medio de fuertes protestas e insultos, añadió que los procedimientos del gobierno contra la prensa eran «una coacción» ideada para que los diarios moderen «sus ataques al Gobierno» o para que se adapten a «un ministerialismo vergonzante que se avenga muy bien con la política dictatorial que se ejerc[ía] desde el Gobierno».

Azaña reiteró argumentos ya conocidos sin aportar ninguna prueba convincente sobre los motivos de la suspensión del periódico dirigido por Francisco de Luis. A su juicio, la LDR no sólo era constitucional sino que servía para facilitar al Estado la lucha preventiva contra los enemigos del régimen. Tras explicar que su gobierno no toleraría la «libertad contra la libertad», no ocultó el asunto de fondo que regía su política con relación a la campaña revisionista y a los medios que la apoyaban: el «aplauso de los que no son republicanos» no sólo no resultaba necesario sino que sería para él una «desgracia» y una «vergüenza»; al contrario, le motivaba para tomar decisiones que pudieran suponer la ira de los agrarios, hasta tal punto que «todo lo que venga de lo que no es republicano, nos confirma en nuestra posición; consigue apretar las filas de la mayoría y me hace repetir las palabras del poeta: Ladran, señal que cabalgamos[263]».

En definitiva, no cabía considerar dentro del régimen de libertades y derechos a quienes el gobierno etiquetaba sin remedio como no republicanos de por vida. Por eso los socialistas habían asegurado que para ellos «la suspensión de El Debate entraña[ba], ni más ni menos, una medida defensiva de un Gobierno que viv[ía] en pleno régimen de libertad[264]». Y lo mismo pensaban sobre los obstáculos puestos por las autoridades a los mítines revisionistas y a la expansión de Acción Popular.

No hubo, por tanto, intento alguno de negar los datos que denunció Gil Robles sobre suspensiones, como tampoco se puso mucho empeño en aportar pruebas para justificar la suspensión de El Debate. Al fin y al cabo, no había control judicial alguno sobre la aplicación de la LDR y aunque Azaña dijera una y otra vez que el parlamento fiscalizaba esa tarea, lo cierto es que la cámara estaba regida por una mayoría clara que el gobierno todavía manejaba a su antojo.

El esfuerzo de movilización, propaganda y organización de los católicos posibilistas fue intenso y obtuvo resultados positivos, como evidencian los datos sobre agrupaciones y afiliados del primer Congreso de AP celebrado en octubre de 1932. Sin embargo, como muestra nuestra investigación y apuntan las justificaciones de la izquierda republicana y los socialistas, la actividad de Gil Robles y sus compañeros estuvo sometida a una importante fiscalización gubernativa. La movilización revisionista tuvo que acostumbrarse a la incertidumbre que planteaba la aplicación de la LDR. Y lo que es peor, además de soportar un grado considerable de violencia, se las tuvo que ver con la aplicación del criterio del «convencimiento moral» expuesto por el ejecutivo y en virtud del cual la defensa de la República se hacía y se aplicaba con carácter preventivo contra los que, como dijo Azaña, ni eran ni serían nunca republicanos.

De hecho, era tal el poder que la LDR ponía en manos del gobierno que los propios socialistas se asustaron cuando llegó la hora de convalidar la ley dentro de la nueva Constitución. Fueron ellos los que inicialmente se negaron a prorrogarla pensando, con razón, que si se celebraban elecciones a comienzos de 1932 y se formaba otra mayoría parlamentaria, sería un instrumento formidable en manos de un gobierno lerrouxista para amordazarlos a ellos y a su sindicato.

El mismo día que se había aprobado la LDR José Ortega y Gasset decía aquello de que: «Seguramente bastará que la ley exista para que no haya que aplicarla». No pudo estar más equivocado. Los posibilistas y los monárquicos pudieron comprobarlo enseguida, aunque no fueron los únicos. Recién abandonado el poder, Azaña no tuvo reparo en reconocer que había tenido en sus manos «un poder como pocos lo habrán tenido en este país en los tiempos modernos», un poder tan grande que él había sabido emplearlo sin vacilar. No he dudado, añadió, «en ponerle el pie encima a los enemigos de la República, y cuando alguno ha levantado la cabeza más arriba de la suela de mi zapato, en ponerle el zapato encima[265]». Paradójicamente, esa política de obstrucción de la movilización conservadora no republicana no había dado los resultados esperados. Al contrario, a finales de 1933 pudo verse que había alimentado el victimismo católico y alentado la organización de un novedoso movimiento político de masas en la derecha española, un movimiento que triunfó en las elecciones generales y logró reunir el grupo parlamentario más nutrido de las segundas Cortes republicanas.

TABLA 1

ACTOS POLÍTICOS SUSPENDIDOS O NO AUTORIZADOS

CAMPAÑA «REVISIONISTA»

Noviembre de 1931 a Julio de 1932

Organizador
Lugar
Fecha
Autoridad
Motivos de suspensión e incidentes

URD
Santiago de Compostela
14-11-31
Gobernador no autoriza acto político.

Católico-agrario
Gijón
15-11-31
Gobernador suspende acto político.

Asociación de Padres de Familia.
Barcelona
22-11-31
Gobernador no autoriza acto político.

Asociación Femenina de Educación Ciudadana
Salamanca
23-11-31
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.
Protesta de mujeres católicas por la suspensión y manifestación.

Federación Católica Agraria
Murcia
26-11-31
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.

AN
Molina de Segura, Murcia
27-11-31
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.

Círculo de Obreros Católicos
Salamanca
19-12-31
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.
Incidentes cuando mujeres católicas intentan entrar al local en señal de protesta.

URD
Santiago de Compostela
16-1-32
Se suspende el acto porque el gobernador se niega a garantizar la seguridad.

Católico
Guadalajara
17-1-32
Gobernador suspende acto político.

AN
Orense
17-1-32
Gobernador suspende acto de Gil Robles.
Protestas previas de grupos contrarios al acto, especialmente jóvenes radical-socialistas.

AN
Valladolid
18-1-32
Gobernador suspende acto previamente autorizado.
Hay enfrentamientos dos días antes entre jóvenes izquierdistas y la policía. Los primeros apedrean el local del diario católico Diario Regional. Un herido de bala.

Asociación Femenina de Acción Nacional
Madrid
23-1-32
Gobernador ordena la suspensión de reuniones.

DRV
Valencia
24-1-32
Gobernador sólo autoriza 16 de los 42 mítines previstos (26 no autorizados).

AN
Córdoba
31-1-32
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.
El gobernador alega posibles problemas de orden público derivados de conflictos socio-laborales.

Derechas
Orihuela, Alicante
2-2-32
Gobernador no autoriza acto político.
El alcalde alega problemas con el recinto para celebrar el acto.

AN
Úbeda, Jaén
6-2-32
Gobernador suspende acto poco antes del inicio.
El gobernador alega que el acto se iba a celebrar a la vez que otro socialista y temía incidentes.

AN
Sevilla
12-2-32
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.

AN
Cádiz
13-2-32
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.

Acción Agraria
Manzanares, Ciudad Real
21-2-32
Gobernador suspende acto de Gil Robles.
Gobernador alega “excitación” previa que pone en peligro orden público. Incidentes cuando obreros, dirigidos por el alcalde, arrancan los carteles anunciadores del acto.

Derechas
Real de San Vicente, Toledo
24-2-32
Alcalde suspende acto político.
Protestas previas de grupos contrarios al acto.

URD
Santiago
2-3-32
Gobernador suspende acto político.
Protestas previas de grupos contrarios al acto. El gobernador alega “excitación” previa que pone en peligro orden público.

AN
Ferrol, La Coruña
12-3-32
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.

AN
Saldaña
15-3-32
Gobernador no autoriza acto de Gil Robles.
Gobernador alega “excitación de los elementos socialistas de las minas de Guardo” que pone en peligro orden público.

DRV
Carcagente, Valencia
1-4-32
Gobernador suspende acto político.

DRV
Antella, Valencia
2-4-32
Gobernador suspende acto político.

AN
Hellín, Albacete
2-4-32
Delegado del alcalde suspende acto político in extremis.
Extremistas de izquierdas boicotean el acto.

AN
Cifuentes, Molina de Aragón y Sigüenza, Guadalajara
2-4-32
Gobernador suspende 3 actos previstos de Gil Robles.
Protestas previas de grupos contrarios al acto.
El gobernador alega posibles problemas de orden público. Presión previa de los alcaldes afectados.

AN
Villalba de los Alcores, Valladolid
2-4-32
Alcalde suspende acto político.
Se alegan problemas de orden público.

AN
Córdoba
18-4-32
Alcalde suspende acto político.
Hay un intento de reventarlo de grupos radicales que precipita la decisión del alcalde.

Acción Católica de la Mujer
Sevilla
22-4-32
Gobernador suspende conferencia prevista de Jesús Pabón.

AP
Valladolid
2-5-32
Gobernador suspende mitin de Gil Robles in extremis.
El gobernador alega problemas de orden público. Grupos de manifestantes contrarios horas ante del acto. Contramanifestación conservadora.

Agrupación Ciudadana Agraria
Cuenca
5-5-32
Gobernador suspende mitin previsto de Gil Robles. Autoriza sólo asambleas internas.

Derechas
Madrid
7-5-32
Gobernador suspende acto político previsto para el 15.

Derechas
Tarazona, Zaragoza
8-5-32
Acto reventado de Guallar que acaba suspendido.
Violencia de contrarios. Interviene la Guardia Civil.

Derechas
Madrid
10-5-32
Gobernador suspende acto político previsto para el 19.

Acción Agraria
Villafranca de los Caballeros, Toledo
11-5-32
Gobernador suspende acto previsto de Gil Robles.

Acción Agraria Manchega
Alcázar de San Juan, Ciudad Real
15-5-32
Gobernador suspende acto político previsto para mediados de mes.
El gobernador alega posibles problemas de orden público, previa información del alcalde.

Derechas
Barcial de la Loma, Valladolid
16-5-32
Gobernador suspende acto político.
Se produce luego una manifestación de protesta de los simpatizantes por la suspensión.

DRV
Valencia
19-5-32
Gobernador suspende Asamblea de esa agrupación.
El gobernador alega problemas derivados de la huelga de transportes.

JAP
Madrid
21-5-32
La Dirección General de Seguridad suspende acto político.

AP
Riaño, León
24-5-32
Gobernador suspende acto previsto de Gil Robles.

AP
Alcázar de San Juan, Ciudad Real
25-5-32
Gobernador suspende acto previsto de J. M. Valiente.
El gobernador alega problemas de orden público previo informe del alcalde. Protestas previas de grupos contrarios al acto.

Acción Ciudadana
Cádiz
11-6-32
Gobernador suspende acto político previsto de Medina Togores.

DRV
Valencia
26-6-32
DRV informa de 19 mítines no autorizados ese domingo (Se autorizaron 28 actos políticos).
En algunos casos, como el del mitin de Utiel, se suspende porque hay protestas y coacciones previas por parte del alcalde y grupos afines de izquierdas.

Acción Agraria
La Solana, Ciudad Real
10-7-32
Delegado del gobernador suspende acto político.
La suspensión se produce al organizarse un tumulto tras entrada en el local de afiliados socialistas.

Derechas
Ferrol, La Coruña
21-7-32
Gobernador suspende acto político.
El gobernador recibe informe del alcalde sobre problemas de orden público debido a presión de grupos contrarios.

AP-Unión Agraria
Montoro, Córdoba
23-7-32
Gobernador suspende acto político.
Presiones previas de los sindicatos CNT y UGT al alcalde socialista. Este se las transmite al gobernador y el delegado del gobernador emite informe favorable a la suspensión.

URD
Dacón y parroquia de Lalín, Pontevedra
27-7-32
El gobernador prohíbe 2 actos políticos.

Fuente: AHN, Gobernación, Serie A, varios legajos, varios expedientes. AGA (08) 025 001, 44 / varios expedientes. Varios números entre el 1-11-1931 y el 21-7-1932 de los siguientes diarios: ABC, El Debate, La Vanguardia, El Socialista, Época, El Heraldo de Madrid, Crisol, El Ideal Gallego, Ahora. Otras fuentes bibliográficas.

TABLA 2

VIOLENCIA EN ACTOS POLÍTICOS CONSERVADORES

CAMPAÑA «REVISIONISTA» Noviembre de 1931 a Julio de 1932

Organizador / Orador principal
Lugar
Fecha
Origen de la violencia (si es conocido)
Tipo de violencia y características conocidas
Heridos graves o por arma de fuego
Muertos

AN
Gil Robles
Logroño
3-11-31

Enfrentamiento verbal a la salida entre simpatizantes y contrarios. Presencia de la policía y manifestación posterior de contrarios.

Agrario-Católicos
Gil Robles
Palencia y Burgos
8-11-31
Socialistas y otros sindicalistas
Choques en la calle entre asistentes al mitin revisionista y huelguistas que intentan reventar el acto o que apedrean a los anteriores.
Graves y prolongados enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Burgos, protagonizados por manifestantes contrarios al mitin.
Violencia en otras poblaciones.
1
(Palencia)
1
(Burgos)

AN
Dimas de Madariaga
Toledo
13-11-31

Intento de reventar el mitin por grupos de jóvenes. Asalto al local de AP y persecución de sacerdotes en las calles.

Conferencia de Gil Robles
Lugo
6-12-31
Izquierdas
Intento de reventar el acto por un grupo de obreros.
Agresión con piedras a la salida. Violencia en la estación de tren.
1

Juventud Católica
J. M. Valiente
Badajoz
18-12-31

Intento de reventar acto político.

Tradicionalista
Erija, Sevilla
2-1-32

Intento de reventar acto político.

AN
Gil Robles
Málaga
5-1-32
Comunistas
Intento de reventar el mitin, con presencia en la calle, agresiones a los guardias y uso de armas de fuego. Asalto y violencia en el local de AP.
1

Derechas
Gil Robles
Priego
7-1-32

Asalto a uno de los autobuses que transportaba simpatizantes al mitin.

Conferencia Gil Robles
Ávila
15-1-32

Jóvenes socialistas tratan de impedir la venta de semanario católico a los jóvenes católicos.

Tradicionalista Lamamié
Jaén
27-1-32
Izquierdistas
Intento de reventar acto político.

JAN
Cuenca
7-2-32
Comunistas
Intento de reventar acto político.

AN
Olmedo y Mayorga de Campos, Valladolid
16-2-32

Intento de reventar el acto por jóvenes de “izquierdas”.

AN
Gil Robles
Granada
28-2-32
Sindicalistas
Intento de reventar el acto con manifestaciones externas, piedras, detonaciones de “petardos” y violencia en el interior del local. Interviene la policía. Uso de armas de fuego.
1

AN Sección femenina
Totana, Murcia
29-2-32
Socialistas
Intento de reventar el acto. Violencia en el exterior con pedradas y disparos. Intervención de la Guardia Civil.
1

Juventudes agrarias
Benegiles, Zamora
21-3-32
Socialistas
Intento de reventar el acto. Gran tumulto y violencia en el interior. Uso de armas blancas.
3

Campaña de Gil Robles
Ceuta y Tetuán
22 y 23-3-32
Sindicalistas
Intento de boicotear la presencia de Gil Robles. Violencia física y manifestaciones reprimidas por la policía.

Tradicionalista. Lamamié y Fal Conde
Huelva
28-3-32

Intento de reventar acto político.

AN
Valiente
Hellín, Albacete
3-4-32
Comunistas
Intento de reventar el acto. Violencia en el exterior con enfrentamientos entre manifestantes y asistentes.

Tradicionalista
Córdoba
3-4-32
Socialistas y republicanos
Presión para impedir celebración del acto, con éxito. Violencia en la calle.

Agrupación Regional Independiente
Santander
7-4-32
Izquierdas
Intento de reventar el acto con manifestación externa y piedras. Enfrentamiento con la Guardia Civil y tumultos varios. Violencia con arma de fuego entre dos jóvenes. Apedreamiento de locales y diarios conservadores.
1

Tradicionalista
Alcoy, Alicante
17-4-32
Jóvenes de izquierdas
Intento de reventar el acto por jóvenes de “izquierdas”.

AN
Corbera, Murcia
17-4-32

Intento de reventar acto político.

AN
Escalonilla, Toledo
17-4-32
Jóvenes de izquierdas
Agresión a Dimas de Madariaga a la salida de un mitin.

AN
Córdoba
18-4-32
Grupos radicales
Intento de reventar un acto con éxito. El alcalde los suspende.

Sección femenina AN
Fuensalida, Toledo
21-4-32
Mujeres socialistas
Acto político con motivo de la constitución de la Agrupación local femenina de AN.

URD
Redondela, Pontevedra
21-4-32
Socialistas
Intento de reventar acto político.

AN
Gil Robles
Palma de Mallorca
25-4-32

Intento de reventar el acto. Manifestación contraría. Intento de asalto a la sede de la UD en Mallorca, donde estaba refugiado Gil Robles. Violencia y defensa con armas de fuego.
El gobernador ordena la clausura del local de la UD.
2

AN
Gil Robles y Valiente
El Escorial, Madrid
29-4-32
Socialistas
Intento de reventar el acto por simpatizantes socialistas confundidos con el público. Alborotos a la salida e intervención de los guardias.

AP
Castrejón de la Peña, Palencia
6-5-32
Comunistas
Intento de reventar el acto con violencia. Uso de armas de fuego con heridos.
2

Agrarios
Royo-Villanova y Martínez de Velasco
Roa de Duero, Burgos
7-5-32

Intento de reventar acto político.

Derechas.
Guallar
Tarazona, Zaragoza
8-5-32

Acto finalmente reventado. Se suspende antes de empezar.

DRV
Gandía, Valencia
12-5-32

Intento de reventar acto con violencia y armas de fuego.

Centro Agrario Local
Güéjar Sierra, Granada
16-5-32
Socialistas
Violencia entre asistentes y contrarios. Inicio con disparos y piedras para boicotear el acto.
3

Agrario
Valiente
Alicante
8-6-32

Intento de reventar acto político.

Centro Tradicionalista
Barcelona
19-6-32
Partido Radical
Intento de boicotear inauguración de local oficial. Uso de armas de fuego por los radicales.

Tradicionalista
Lamamié
Jaén
26-6-32
Republicanos
Acto reventado y finalmente suspendido por el delegado de la autoridad. Violencia entre asistentes y contrarios.

DRV
Utiel, Valencia
26-6-32
Alcalde y republicanos
Intento de reventar el acto con éxito. Acto suspendido.

DRV
Gátova, Valencia
28-6-32
Republicanos
Intento de reventar acto político.

URD
Cambados, Pontevedra
29-6-32
Sindicalistas
Intento de reventar acto político.

Acción Agraria
La Solana, Ciudad Real
10-7-32
Socialistas
Intento de reventar acto político.

Fuente: AHN, Gobernación, Serie A, varios legajos, varios expedientes. AGA (08) 025 001, 44 / varios expedientes. Varios números entre el 1-11-1931 y el 21-7-1932 de los siguientes diarios: ABC, El Debate, La Vanguardia, El Socialista, Época, El Heraldo de Madrid, Crisol, El Ideal Gallego, Ahora. Otras fuentes bibliográficas.

7. LA REVOLUCIÓN DE LOS ANARQUISTAS

Si algo caracterizó al movimiento anarquista durante la Segunda República fue su voluntarismo revolucionario, el grado de improvisación presente en sus rebeliones contra el Estado y la falta de adecuación entre los fines que perseguían (la mutación radical de la opresión social mediante la destrucción de las instituciones políticas, del mercado libre y de la propiedad privada, para implantar el comunismo libertario) y los medios con los que contaban para tan ambiciosas metas. Al menos, esto último quedó constatado por el rotundo fracaso de las insurrecciones que los anarquistas promovieron entre 1931 y 1933.

No obstante, el hecho de que este ciclo insurreccional se saldara de esa forma no debería llevarnos a minusvalorar o a despreciar su seriedad. De hecho, ni los gobiernos ni la prensa de entonces lo hicieron. Al contrario, consideraron a los anarquistas como un temible elemento de perturbación de la seguridad pública. Y no sólo por los tres picos de violencia que representaron los levantamientos de enero de 1932, enero de 1933 y, sobre todo, diciembre de 1933, sino porque los anarquistas fueron destacados protagonistas de los conflictos que se desarrollaron, sin solución de continuidad, desde la misma proclamación de la República hasta el segundo gobierno de Lerroux. Esto es, durante nada menos que dos años y medio.

No poco se ha expuesto ya para explicar las causalidades, más o menos remotas, de la violencia anarquista. Pero no puede dejarse de hacer una serie de puntualizaciones porque, en primer lugar, servirán para situar este estudio respecto a los que ya se han hecho con anterioridad y, en segundo lugar, porque al tratar sobre las insurrecciones anarquistas, sobre todo de la más trágica —la de diciembre de 1933—, no podemos obviar aspectos que ayudan a comprender el comportamiento de quiénes fueron sus protagonistas, por activa y por reactiva. Es decir, de sus promotores y de quienes la frustraron.

Estado republicano y violencia política

En un trabajo reciente, Fernando del Rey ha llamado la atención sobre el riesgo que supone adoptar sin tasa una de las interpretaciones muy en boga en los estudios sobre violencia política: el papel del Estado y de los cuerpos armados a sus órdenes como elemento propulsor del fenómeno en la España contemporánea. Desde luego porque, como señala el autor, «la actuación del Estado no es ajena a la naturaleza de los regímenes o gobiernos que lo gestionan[266]». De hecho, los sistemas políticos y, en concreto, los ejecutivos que se suceden en la gestión del Estado imprimen su sello particular en la política de orden público, hasta el punto que pueden modificar las pautas de comportamiento de los cuerpos de seguridad, incluso las consagradas en leyes y reglamentos.

En este sentido, la labor de las fuerzas del orden españolas durante la segunda etapa liberal (1875-1923) y republicana (1931-1936) ha sido tachada, globalmente, de ineficaz. Además, se las ha culpado de ser los principales causantes de la violencia política en España, muy por encima de las facciones armadas de partidos y sindicatos. Y se ha atribuido esta ineficacia y la violencia de sus actuaciones a su estructura centralizada y militarizada, como si ésta bastase para impermeabilizar o aislar a los cuerpos armados hasta el punto de impedir su dirección efectiva por los gobiernos, o cualquier iniciativa de reforma auspiciada desde el poder civil, que las hubo y no pocas. Pero es que en España, ni la centralización ni la militarización fueron características tan rígidas. Las fuerzas del orden obedecían a mandos intermedios que tenían su residencia en capitales de provincia y cabeceras de partido judicial, y que poseían bastante margen de maniobra en la política de orden público. Porque no hay que olvidar que existía un instituto armado, la Guardia Civil, que estaba desplegado por todo el territorio nacional. La «militarización» puede ser perceptible, sí, en que el Ejército tenía un papel importante en el mantenimiento del orden público, en la organización y disciplina militar que caracterizaba a la Guardia Civil, y hasta en el pasado castrense de los mandos de la policía. Pero esto no contradecía el hecho de que las leyes concedieran al Ejército un papel supletorio, que no protagonista, en estas tareas, centrado sobre todo en combatir las revueltas y motines que, por su cariz violento, no podían controlar las autoridades civiles. Éstas y no los militares eran las que se ocupaban normalmente del orden público. Bajo mando del Ministerio de la Gobernación y de los gobernadores civiles se hallaban, después de la reestructuración de las fuerzas policiales de 1877-1878, los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad y, más importante, la propia Guardia Civil, que no obedecía a la autoridad militar más que cuando se declaraba el estado de guerra. En fin, la legislación vigente que la República heredó de la Restauración otorgaba protagonismo al Ejército en el mantenimiento de la seguridad pública, pero claramente limitado. Y esa legislación, de por sí, no incitaba a los militares a salir todos los días del cuartel a cumplir tareas policiales, ni tampoco su cumplimiento se consideraba incompatible con el respeto a las libertades civiles consagradas en la Constitución de 1876. Distaba de ser, como se ha dicho a veces, una cuña autoritaria que falseaba la naturaleza liberal del sistema político de la Restauración.

Además, parece evidente que durante la Segunda República no todas las fuerzas policiales «militarizadas» fueron siempre ineficaces, ni su actuación se caracterizó por provocar un elevado número de muertos, al menos si la contextualizamos dentro de la notable conflictividad del período. Es verdad que Arnedo o Yeste, nombres de localidades que durante la República se hicieron célebres por luctuosos sucesos en los que se vio envuelta la Guardia Civil, pueden desmentir esta última afirmación. No obstante, el hecho de que no sea fácil encontrar muchos más ejemplos de este tipo, dada la difícil situación del orden público, relativiza un tanto la percepción contraria. Y no podemos olvidar que el cuerpo policial llamado a sustituir a la Guardia Civil en las labores normales de orden público, la Guardia de Asalto, protagonizó los tristes acontecimientos de Casas Viejas o mostró graves carencias de eficacia y hasta de disciplina, como en la Barcelona de octubre de 1934. Tiene razón Mark Mazower cuando apunta que necesitamos «verificar hipótesis derivadas principalmente de la sociología histórica y de la filosofía política frente a los hechos, escudriñar el poder de la ideología en su contexto histórico y reintroducir el papel de la contingencia histórica tanto en el tiempo (…) como en el espacio[267]».

Si la conflictividad que España sufrió en la etapa de entreguerras no fue excepcional dentro del contexto general europeo, tampoco parece que las funciones del Ejército y, sobre todo, de las fuerzas policiales militarizadas (Guardia Civil) en la salvaguardia del orden público fueran esencialmente diferentes a las de países vecinos[268]. En ese sentido, los especialistas que llaman la atención sobre la configuración represiva de los cuerpos de seguridad, auspiciada por un Estado español intrínsecamente autoritario, a veces parecen olvidar la gravedad de los episodios de desorden público a los que hubieron de hacer frente las autoridades. En la Segunda República, las tres insurrecciones anarquistas o la de octubre de 1934 bastarían para hacernos una idea de los desafíos a los que se enfrentaron los gobiernos republicanos. Ahora bien, también debemos tener presente que no pocas huelgas venían acompañadas de tiroteos, bombas de mayor o menor fuste, asaltos y destrucciones de bienes muebles e inmuebles, públicos y privados, sagrados y profanos… antes, desde luego, de que guardias civiles y de Asalto o soldados tuvieran la oportunidad de intervenir. El deterioro del orden público en ciudades como Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao… y en no pocos núcleos rurales durante los años treinta no era un fenómeno inventado o exagerado, sino algo constatado por la prensa y los informes de los gobernadores civiles, además de distinto signo político. Si a eso añadimos las conspiraciones para derribar la República procedentes de casi todos los sectores políticos extremos, obtendremos un cuadro que dista mucho de ser el de una movilización social pacífica y democrática reprimida de forma autoritaria por la policía.

Durante el período republicano, todos los gobiernos, fuesen de la significación que fuesen y a pesar de que al principio pudieran animarles deseos de pacificación, utilizaron resortes excepcionales para controlar el orden público. Lo hizo el Gobierno Provisional, aun antes de que se aprobara la Ley de Defensa de la República. Lo hicieron los gobiernos constitucionales de Azaña aplicando, tanto esta última norma como la más moderada Ley de Orden Público o la de Vagos y Maleantes, que ofrecieron palancas a las que se agarraron de continuo gabinetes republicano-socialistas, de concentración republicana y republicano-cedistas. Pero ¿acaso toda la clase política de la época estaba animada por propósitos autoritarios o asesorada, cuando gobernaban, por militares, guardias civiles o policías de mentalidad antidemocrática y anticuada en cuanto a los procedimientos para salvaguardar el orden? Difícilmente puede negarse que la Ley de Defensa de la República, vigente entre 1931 y 1933, fue una gravísima cortapisa democrática que dejaba los derechos civiles a discrecionalidad del gobierno y que, por tanto, primaba la conservación del régimen a toda costa, y con desmesura evidente, a la de las libertades. Pero que eso fuera cierto no significa que todas las políticas de salvaguardia del orden público que llevaron a cabo los gobiernos de Azaña fuesen, a priori, injustificadas. Focalizar la cuestión únicamente en el Estado o en un gobierno determinado sin atender a los otros actores en liza sólo puede darnos una panorámica incompleta[269].

Si siguiéramos la interpretación de los historiadores sociales, el alto número de víctimas provocado por los cuerpos de seguridad militarizados o el Ejército sería la consecuencia más grave de mantener un modelo de orden público autoritario y obsoleto, como supuestamente era el español en los años treinta[270]. A esta tesis le añaden la de la tradicional indocilidad de las fuerzas militares y militarizadas respecto del poder civil y la abundancia de actuaciones «autónomas» que casi siempre solían acabar en extralimitaciones que elevaban la dureza de la represión y, por tanto, el número de víctimas. Por último, estos autores también resaltan la «dudosa lealtad» de los institutos armados (Ejército y Guardia Civil) hacia el régimen republicano. Sobre todo esto, cabe hacer algunas puntualizaciones.

Es cierto que las tropas hubieron de salir a las calles para sofocar insurrecciones graves (las anarquistas, alguna que otra comunista y la de 1934), para combatir rebeliones (la «Sanjurjada») o para auxiliar a policías y guardias civiles en momentos especialmente difíciles (quema de conventos). Pero la intervención del Ejército no fue lo corriente en el mantenimiento del orden público en el día a día de la República. No hizo falta en situaciones donde el orden público fue puesto en grave peligro, como el caso que hemos relatado en el capítulo cinco a propósito del mitin revisionista celebrado en Palencia el 8 de noviembre de 1931. Entonces el gobernador respondió a la huelga general y controló las manifestaciones de los extremistas de izquierdas con el solo uso de la policía, siendo innecesaria la intervención de las tropas.

También es verdad que la teoría de la «obsolescencia» no carece de fundamento, toda vez que la Guardia Civil, con métodos demasiado expeditivos, no estaba preparada para la contención de grupos de manifestantes en las ciudades sin provocar bajas apreciables. Pero habría que plantearse si esos muertos y heridos eran producto de represiones indiscriminadas y de actuaciones injustificadas o si, más bien, los guardias civiles y de Asalto solían responder con la fuerza, a veces de forma proporcionada y a veces menos, a agresiones que habían sufrido previamente, de lo que también hay constancia. Porque en ocasiones se pasa por alto que militares, guardias civiles y «asaltos» también sufrieron un número de víctimas apreciable. Incluso era demasiado elevado para fuerzas que supuestamente, a las primeras de cambio, se dedicaban a disolver a tiros huelgas y manifestaciones. Porque es de suponer que un rápido uso de las armas de fuego y de la superioridad táctica de las tropas y de la policía, necesariamente habría minimizado su número de bajas. Y no fue así.

Incluso, a la hora de negociar, hubo ocasiones en que llevar guerrera no obstruyó el entendimiento de algunos mandos del Ejército y de la Guardia Civil, que no dudaron en poner en riesgo su propia integridad física para evitar colisiones sangrientas. Un caso célebre fue, en plena revuelta de octubre de 1934, el de Sáez Ezquerra. Éste era teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la comandancia de Palencia. Al enterarse de la sublevación de los mineros sindicados al norte de su provincia, se dirigió a Barruelo de Santullán donde éstos se habían hecho fuertes. Una vez en el pueblo, se acercó a la barricada con el fin de parlamentar antes de iniciar el ataque, pero cayó acribillado a balazos por los insurrectos. No fue el único caso durante la Segunda República. Igualmente, del estudio de otras situaciones concretas tampoco se deriva la existencia generalizada de extralimitaciones por parte de los agentes del orden, entendiendo éstas como actuaciones al margen de las instrucciones del gobierno (también de los gobernadores civiles o de sus delegados), o yendo más allá de lo que imponían sus reglamentos internos. De hecho, autores como Romero Maura o Avilés achacan parte de las extralimitaciones (caso de Casas Viejas) a una clarísima falta de destreza de los gobiernos a la hora de sofocar los desórdenes[271].

Más aún, una parte de las extralimitaciones de las que tenemos constancia no tendieron a generar masacres. A veces era la fuerza pública la que contemporizaba contra las mismas excitaciones del gobierno. De esto dio fe Azaña en sus diarios cuando escribió, en plena revuelta anarquista (enero de 1933), que su ministro de la Gobernación «se me quejó una vez más de que la fuerza pública no procede con bastante energía. Se dejan matar, pero no pegan duro (…) No cumplen las instrucciones que el ministro les ha dado para destruir por la fuerza a los revoltosos. Contemporizan, tantean, aguantan los tiros, y detienen a los que pueden (…) El Presidente de la República le ha llamado esta mañana [a Casares] y después de conocer el estado del asunto le ha dicho también que se notaba alguna flojedad en la represión callejera por parte de la fuerza, y que era preciso estimularla[272]». Y antes de juzgar a Azaña o a Alcalá-Zamora como terribles matarifes habría que evaluar con objetividad a lo que se tuvieron que enfrentar desde el poder. Aparte, el hecho de que las extralimitaciones estuvieran vinculadas a una supuesta deslealtad congénita de cuerpos armados como la Guardia Civil al gobierno republicano desde la proclamación del nuevo régimen resulta, como poco, matizable. Hasta la quiebra institucional del 18 de julio de 1936, es fácil determinar de qué lado y a las órdenes de quién actuaron las fuerzas del orden heredadas de la Monarquía. Contando, además, con que hubieron de enfrentarse a desórdenes y revueltas promovidos por organizaciones políticas y sindicales muy diversas, y que hubieron de obedecer a gobiernos de significación política diferente.

Así las cosas, es difícil equiparar el empleo de la coerción por parte del Estado republicano, gobernado democráticamente por diferentes coaliciones de partidos, con la que promovieron grupos políticos y sindicales extremistas. Sobre todo porque, al menos en 1933, el Estado republicano se sustentaba en un régimen representativo que, con todos sus defectos, ofrecía diferentes vías por las que encauzar de forma pacífica las reivindicaciones de partidos y sindicatos, amén de que, con algunas excepciones importantes (parte de las campañas de propaganda católicas o monárquicas), las libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación tampoco es que fueran quimeras en los años treinta. Si éstas estuvieron limitadas durante períodos relativamente prolongados (varias semanas e incluso meses), no puede achacarse en abstracto a la vena opresora del Estado republicano, sino a la gestión del orden público que hicieron gobiernos concretos pero también a los grupos que constantemente usaron (y promovieron el uso) de tácticas violentas para destruir ese Estado.

Por ello, evaluar de la misma forma el uso de la fuerza desplegada por los agentes del Estado republicano, que se hacía conforme a reglas aprobadas por instituciones representativas (aun cuando leyes extraordinarias como la de Defensa de la República no se ajustaran a la norma constitucional), con la de grupos que voluntariamente se posicionaban fuera del sistema o la de los mismos agentes del Estado cuando participaban en putsch contra los gobiernos, no parece muy acertado. Más aún, tampoco se es más objetivo igualando la «violencia» del Estado republicano con la de los grupos que pretendían conquistarlo o destruirlo, puesto que se podría aducir que esta equiparación parte de un juicio de valor que busca justificar la causa y los métodos de estos últimos. El estudio del fenómeno de la violencia política no puede desligarse de los fines y motivaciones de quienes no sólo la protagonizan, sino también son sus promotores y la originan. Desde luego, en el caso de la violencia anarquista, cabe buscarlos más allá de las instituciones republicanas. Pues si se explica atendiendo a la existencia de un Estado despóticamente policial, habría que preguntarse por qué la violencia anarquista coincidió en España con períodos de mayor apertura política, esto es, cuando imperaban instituciones representativas y garantistas que buscaban positivamente cierto grado de asentimiento y reconocimiento sociales. Y, viceversa, por qué esta violencia fue menor durante etapas de restricción de libertades y, por tanto, cuando la lucha contra la «opresión» del Estado podía tener más sentido[273].

Tan poco satisfactorias como estas tesis son las explicaciones tradicionales de tipo estructural. El atraso económico, la desigualdad social, la frustración de expectativas de bienestar crecientes y el cerrilismo de la patronal ante las reivindicaciones sindicales pueden servir, caso de ser comprobadas, como contexto general en el que surge la violencia política. Pero apenas si contribuyen a explicar el origen concreto de los episodios en la que ésta se materializó, pues la conflictividad suele venir determinada por causalidades mucho más mediatas. Como apunta Del Rey, «sin agentes, sin organizaciones y sin discursos políticos que dieran contenido a las demandas y diseñaran las estrategias a seguir de los que fueron movilizados, el conflicto y la violencia no se habrían activado a partir de 1931 en los términos en que lo hicieron». Las insurrecciones anarquistas no las hacían inevitables las estructuras económicas y sociales: sin la CNT y la FAI no hubiera habido revueltas, y precisamente porque fueron promovidas (oficial u oficiosamente) por esas organizaciones, el levantamiento armado tuvo unas características y unos resultados específicos. Es más, el hecho de que se planteasen estos órdagos estaba íntimamente vinculado con el triunfo parcial de las tesis «faístas» en la cúpula dirigente del sindicato y a su programa maximalista de destrucción del Estado republicano. Este triunfo no podía ser casual por cuanto que se contextualizaba, de un modo más amplio, en la legitimación de los métodos violentos de conquista del poder político que tuvo lugar, y no sólo por parte de los anarquistas, tras la ruptura del orden constitucional en 1923[274].

Anarquismo y violencia en España (1868-1931)

La puesta en valor de la táctica insurreccional no debe, empero, llevarnos a olvidar que el uso de la violencia constituía ya una tradición en el movimiento anarquista. Es verdad que el anarquismo como ideología era algo muy complejo, compuesto de diversas corrientes que complican sobremanera la tradicional división entre «sindicalistas» y «puros». Algunas de esas corrientes incluso repugnaban abiertamente el uso de la violencia. Es evidente, además, que en España se ha exagerado mucho el peso del anarquismo en el movimiento obrero. A pesar de que la implantación de la Internacional databa de 1868, no hubo algo parecido a un movimiento de masas anarquista hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial. Éste acabó construyéndose a partir del predominio de la corriente «anarcosindicalista», partidaria de dar prioridad a las reivindicaciones laborales y construir sobre ellas, paulatinamente, la futura acracia, el paraíso en el que se extinguiría la «explotación del hombre por el hombre», haciendo desaparecer a quienes la hacían posible: los «capitalistas» y el «Estado[275]».

No obstante, en España también hubo grupos de anarquistas radicalizados que pretendían quemar etapas en el camino a la acracia haciendo un uso más intensivo de la violencia. A pesar de su heterogeneidad ideológica, y de que variaron de métodos y objetivos, su presencia fue una constante durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Sus efectivos representaban una minoría dentro del movimiento anarquista, pero su influencia era importante. La violencia que desarrollaron no consiguió acabar con el Estado liberal, pero sus insurrecciones, bombas y atentados hicieron estragos e, incluso, generaron crisis políticas muy serias. Más grave aún era el hecho de que los anarcosindicalistas mantuvieron con ellos una relación ambivalente. Si bien les enfrentaba el hecho de que los violentos criticaban la táctica centrada en las reivindicaciones laborales, porque entendían que retrasaba la revolución al integrar a los obreros en el sistema, «sindicalistas» y «puros» se asemejaban en otras muchas cosas. Ambos participaban de la misma idea negativa de la sociedad en la que se hallaban insertos, de la necesidad de su transformación absoluta, y de una concepción común, por muy abstracta y confusa que fuese, de lo que por contraposición habría de ser la futura acracia.

Aunque las mayores controversias se generaron en torno a la pertinencia o no de la «táctica sindical», lo cierto es que muchos anarcosindicalistas no rechazaban el recurso a la violencia como un elemento más dentro del repertorio de la acción directa, el enfrentamiento sin intermediarios con los patronos para arrancarles concesiones. En la prensa y otros escritos anarquistas es un tema recurrente la justificación de la violencia propia, no ya como respuesta a la represión policial, sino a la violencia de las «estructuras capitalistas» de «dominación social». Esto mismo refuerza la idea de que, más que un abierto y constante enfrentamiento entre anarcosindicalistas y anarquistas «puros», que solamente se dio cuando algunos dirigentes del primer grupo se opusieron a toda violencia, en general existió cierta complementariedad entre las tácticas de ambos. Las fuertes controversias sobre la conveniencia de intensificar la táctica sindical no llegaron a romper las líneas de contacto entre sindicalistas y activistas violentos, que acabaron entremezclándose de nuevo tras la fundación de Solidaridad Obrera y, posteriormente, de la CNT. El movimiento anarquista español fue buen aprendiz de Kropotkin: no excluyó ningún medio para adelantar sus fines últimos, y jugó alternativamente la carta sindical y la puramente violenta, atendiendo a las ventajas que una u otra podían ofrecerles en un contexto determinado[276].

No obstante, suele argumentarse que la importancia de los sectores anarquistas «puros» y la frecuencia en el empleo de tácticas terroristas fueron fruto de la continua represión llevada a cabo por el Estado contra el movimiento obrero desde la implantación de la Internacional en España[277]. La afirmación tiene cierta lógica, porque una actitud represiva desde arriba daría argumentos a los «puros» para convencer a los anarcosindicalistas de la imposibilidad de luchar de otro modo. De modo que, si los gobiernos cegaban por completo la vía sindical, sólo cabría la violencia para combatirlos. Pero se olvida a veces que los anarquistas no eran un grupo político o sindical que deseara jugar dentro del sistema sino destruirlo, y esto incluye a los propios «anarcosindicalistas». Por eso, suponer que una postura más benigna de los distintos gobiernos hubiera hecho decrecer la importancia del anarquismo más violento es una conjetura con poca base. Además, la trayectoria confusa del «anarcosindicalismo» y su ambigüedad respecto del uso de la violencia no hacían que el predominio de este grupo constituyese una garantía para la estabilidad institucional. Por otra parte, es discutible la tesis de que todos los gobiernos españoles que se sucedieron entre 1868 y 1936 desencadenaron una represión sistemática e intensa para extirpar el anarquismo. Sin negar que hubo episodios en los que determinados gabinetes ejercieron una política de orden público de desproporcionada dureza, en ocasiones generalizándola de forma arbitraria a todo el movimiento anarquista, los hechos históricos no confirman que esto fuese la norma.

Lo cierto es que, en estrecha relación con el ala intransigente de los republicanos federales, los primeros miembros de la Federación Regional Española (FRE) de la Internacional se situaron en una posición política similar a la de los carlistas respecto al régimen constitucional implantado en 1868, pero por la izquierda. Aunque primaron ante todo el crecimiento de la Federación, sus directivos difundieron públicamente que el objetivo del movimiento no era mejorar la suerte del «proletariado» en el sistema político vigente, sino propagar e incitar a la destrucción de las instituciones por medio de una revolución que no excluía el uso de la violencia. El elemento principal fue el patrocinio de huelgas, algunas pacíficas pero otras, sobre todo en las provincias andaluzas, no exentas de disturbios notables protagonizados por los primeros «grupos de acción». Cierto que el Comité Federal de la FRE veía con suma desconfianza las acciones violentas aisladas de sus organizaciones andaluzas, en cuanto que entorpecían su objetivo más inmediato: el proselitismo y el fortalecimiento progresivo de la organización como pasos previos al desencadenamiento de la revolución. Las huelgas violentas y otras acciones por el estilo podían motivar la intervención expeditiva de las autoridades contra la sección española de la Internacional.

De hecho, esto es lo que sucedió. Durante el Sexenio, Sagasta intentó disolver la organización, pero con la subida al poder de Ruiz Zorrilla en 1872 volvió a ser tolerada y entró en un proceso de crecimiento al amparo ya de las ideas «bakuninistas». Varias secciones de la FRE, entremezcladas con republicanos federales «intransigentes» y apoyadas, esta vez sí, por su comité nacional, participaron de la sublevación cantonal en algunas ciudades del Levante y del Sur. Precisamente por ello, los gobiernos republicanos de Salmerón y Castelar volvieron a restringir drásticamente sus actividades hasta que, en enero de 1874, Serrano expulsó a la FRE de la legalidad. Aunque las motivaciones eran de índole interna, el Estado español actuó de forma parecida a otros europeos de la época, como la Tercera República francesa, que había hecho lo propio dos años antes a raíz de la Comuna de París[278].

No obstante, es dudoso que la ilegalización significara la desarticulación de las sociedades obreras que se habían adherido al movimiento. Más bien, el único efecto que tuvo fue su dispersión. De hecho, en 1881, precisamente bajo otro gobierno Sagasta, la sección española de la Internacional pudo reorganizarse rápidamente, ahora con el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). En un contexto de crecimiento, la organización se había dividido entre «anarco-colectivistas», con base en Cataluña, y «anarco-comunistas», fuertes en las provincias occidentales de Andalucía. Los segundos, antisindicales y partidarios de acciones violentas, emularon a sus afines italianos y participaron en varios desórdenes (hurtos, homicidios, saqueos y hasta pequeñas insurrecciones) habidos durante los años ochenta en el campo andaluz. Especialmente lo hicieron los promovidos por «La Mano Negra», asociación secreta que se veía a sí misma como «órgano ejecutor» de los objetivos de la Internacional y que de hecho pareció haberlo sido durante los años de clandestinidad (1874-1881).

No eran sólo acciones de hombres desesperados por el hambre y seguidores de utopías con tintes milenaristas. Muchas veces, las movilizaciones violentas se produjeron precisamente en años en los que se esperaba cosecha abundante, por tanto, cuando mayor demanda había de mano de obra y más jornales podían ganarse. Esas temporadas eran aprovechadas por los grupos anarquistas para imponer sus intereses y dejar patente su rechazo a la organización social y política vigente. Las organizaciones catalanas, que ante la desesperación de los veteranos anarcosindicalistas primaban la táctica sindical y atraían a trabajadores poco interesados en el «paraíso acrático», se desentendieron de tales sucesos y hasta los condenaron. La disputa entre ambos grupos acabó con la autodisolución de la FTRE en 1888. Quedaron, por un lado, las sociedades obreras parapetadas ante todo en el sindicalismo y, por otro, una serie de grupúsculos antisindicales dispuestos a intensificar el uso de la violencia como parte sustancial de lo que denominaban «propaganda por el hecho», esa que habría de «despertar» a las masas y que incluía ya el recurso al atentado político.

Es cierto que la «propaganda por el hecho» incluía cualquier acto ilegal o de rebeldía, tuviese o no carácter violento. Pero también lo es que la violencia jugaba un papel esencial como reclamo de las «masas oprimidas». De ese modo, el asesinato de un representante del «Estado opresor» mostraba que era posible «descabezarlo». La represión subsiguiente de ese Estado dejaba ver su maldad intrínseca y, en concreto, la captura y ejecución del responsable eran actos que acababan convirtiendo a éste en un «mártir» del movimiento y en un ejemplo «digno de imitar». Con la difusión de este repertorio emocional, la «propaganda por el hecho» pretendía sembrar en la sociedad la semilla revolucionaria. De todas formas, el recurso al atentado individual fue un cambio de táctica impuesto, desde luego, por las circunstancias. Tras el repetido fracaso de la primigenia táctica insurreccional, el asesinato fue lo único a lo que estos grupos podían acudir para enfrentarse al Estado. En España, Alfonso XII ya había sufrido dos atentados a finales de la década de los setenta. A partir de 1886 el escenario de la violencia saltaría desde la campiña andaluza a Barcelona y, en menor medida, a otros centros urbanos del país[279].

Se ha argumentado que los atentados fueron, en realidad, venganzas contra los patronos montaraces y contra un Estado especialista en torturar y condenar a muerte a inocentes, en un contexto que se caracterizaba por la intolerancia del poder público, la rigidez de las estructuras sociales y la miseria de amplias capas sociales. Ya hemos visto cómo las explicaciones estructurales, asumiendo sin más que ese cuadro correspondiese por entero con la España de finales del XIX, ayudan poco a comprender el origen inmediato de las acciones violentas. En cuanto al hecho de que se utilizase el tormento y se condenase a inocentes por crímenes que no cometieron, que pudo ocurrir, daba la medida de la ineficacia de la fuerza pública de entonces a la hora de capturar a los autores de los atentados. Pero quedarse simplemente ahí, sin tener en cuenta datos que matizan conclusión tan contundente, es ofrecer un cuadro sesgado, por cuanto que sólo se tienen en cuenta las justificaciones que los anarquistas ofrecían de sus propias acciones, que eran a veces más distorsionadas que la propia versión oficial. En general, contando con sus limitaciones y brutalidades, no parece que las estrategias de los gobiernos de la Restauración y las fuerzas a sus órdenes se caracterizaran por represiones indiscriminadas e irracionales. Éstas fueron más bien meditadas y selectivas. Las supuestas excepciones como las operaciones contra «La Mano Negra» o las detenciones y tormentos del célebre Castillo de Montjuich no fueron la norma. Aun así, incluso para el análisis de ambos episodios, tan peligroso es el laconismo de la versión oficial como la versión propagandística vertida por anarquistas y otras fuerzas de izquierda.

De hecho, hay algunas evidencias que matizan mucho la responsabilidad del Estado en el desencadenamiento de la violencia anarquista. Por ejemplo, la oleada de atentados con bomba, que generó ya algún muerto y varios heridos, comenzó en Barcelona en 1884 y se intensificó a partir de entonces, es decir, en el momento en que la FTRE estaba legalmente reconocida por el Estado y no había comenzado ninguna represión contra el movimiento obrero. Además, los vínculos de las víctimas de atentados de carácter indiscriminado como el del Liceo de Barcelona (1893), o el de la procesión del Corpus (1896), en la misma ciudad, con las torturas inferidas a los anarquistas y las condenas a muerte eran, por muchas vueltas que le diese a posteriori la propaganda ácrata, nulos. Como nada tenían que ver los dos muertos y la docena de heridos que generó el atentado contra el general Martínez Campos de 1893 con los sucesos de Jerez de la Frontera de un año antes, por más que su autor, Paulino Pallás, lo justificase de esa manera[280]. A mayor abundamiento, no hay que olvidar que los anarquistas «vengados» no eran, en buena parte, víctimas inocentes, sino homicidas confesos y capturados in fraganti, caso del propio Pallás o del célebre Michele Angiolillo. Este último asesinó a Cánovas en una planeada «venganza» por las torturas infligidas a otros anarquistas en el castillo de Montjuich, pero investigaciones recientes concluyen que actuó más como agente del independentismo cubano que como activista ácrata. De modo que, en el mejor de los casos, hubo una confluencia de intereses entre Angiolillo y quienes le facilitaron los medios para realizar el atentado. En el peor, la «venganza» pudo haber constituido una simple tapadera[281].

Los atentados anarquistas no eran simples venganzas, ni fue la represión gubernamental la que transformó el discurso revolucionario anarquista en asesinatos. Por el contrario, éstos suponían una nueva táctica de confrontación con el Estado adaptada a las posibilidades reales de estos grupos de desestabilizar con éxito las instituciones vigentes. Tampoco fue un fenómeno exclusivamente español. Países con ordenamientos constitucionales diferentes como Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Austria-Hungría, Italia y Gran Bretaña también lo padecieron con mayor o menor intensidad. Gentes llegadas de otras naciones fueron, además, algunos de los anarquistas que protagonizaron buena parte de los atentados en España como Girault, Ascheri o el propio Angiolillo.

Por otra parte, muchos de los testimonios que tenemos sobre actuaciones policiales desmesuradas, torturas y condenas a muerte provienen precisamente de alegatos de anarquistas coetáneos o de gentes, como algunos activistas republicanos, que simpatizaban con ellos o que abjuraban de la Monarquía liberal. Buena parte de los libros, folletos y artículos de prensa no estaban sólo destinados a denunciar una situación injusta y abusiva patrocinada por políticos o agentes del orden. Hay que recordar que sus autores sólo condenaban la violencia cuando iba dirigida contra ellos, pero encontraban todo tipo de justificaciones para disculpar y hasta elogiar la de los individuos o grupos de inspiración anarquista. Precisamente por eso, era propaganda que servía para desprestigiar al Leviatán y, por supuesto, para justificar los atentados ya cometidos o los que habrían de cometerse en el futuro. Y como en toda propaganda, las exageraciones y falsedades estaban en buena parte de los casos muy presentes. Por ello, utilizar estos testimonios como fuente histórica, sin más contraste, implica un notable riesgo: el de acabar desenfocando los hechos hasta el punto de verlos sólo desde la óptica anarquista o la de sus simpatizantes.

Con todos los defectos que quepa imputársele, España tenía a finales de siglo XIX un sistema político en el que los derechos civiles consagrados en la Constitución de 1876 eran algo más que «formales» y en el que había libertad de prensa, reunión, manifestación y asociación, al mismo nivel en el que eran reconocidos en otros países de la Europa liberal[282]. En España funcionaba, además, un Estado de Derecho en el que los tribunales estaban formados por jueces que el artículo 80 de la Constitución declaraba por principio inamovibles y, por tanto, con cierta independencia que fue, además, estimulada tras la instauración del jurado. Sólo en este contexto puede comprenderse cómo republicanos y anarquistas pudieron emprender una fortísima campaña de propaganda contra lo que consideraban, en parte con razón, abusos policiales; o cómo existieron un número apreciable de sentencias judiciales que ratificaban la inocencia de los anarquistas detenidos por la policía, o limitaban las penas impuestas a los declarados como culpables[283]. En cuanto a la actuación de las fuerzas del orden, el uso del tormento o la brutalidad policial no eran comportamientos que los ciudadanos de entonces percibían como habituales. Como sostiene con acierto Romero Maura, que las campañas contra la práctica de la tortura se tornaran tan enérgicas no hacía sino confirmar esta impresión. Desde una óptica actual, podría achacarse al comportamiento de la fuerza pública de la época, militarizada o no, una excesiva dureza y probablemente esa percepción sea correcta si la referencia comparativa es la Policía Nacional o la Guardia Civil de nuestros días. Pero es dudoso que lo sea si la comparación la establecemos con las policías de otros países liberales en la etapa de transición del XIX al XX, aun cuando podamos colegir algunos problemas propios de España. Y es más que dudoso si, por último, se coteja la actuación de estas fuerzas del orden con las policías de países autoritarios y no digamos con las de los totalitarios que nacieron entre la Primera Guerra Mundial y la etapa de entreguerras[284].

En realidad, la existencia de abusos se debía, más que a una tendencia psicológica irreprimible de las fuerzas del orden españolas, a una serie de factores que, en ocasiones, alentaban este tipo de conductas. La falta de mecanismos que asegurasen el cumplimiento de las leyes que regulaban las responsabilidades en las que los agentes podían incurrir si violaban los derechos civiles o caían en comportamientos corruptos era, quizás, uno de los más importantes. Además, en el caso de los cuerpos policiales, la profesionalidad y la seguridad en el empleo venían drásticamente limitadas, por lo menos hasta la reforma de 1908, a causa del spoil system, el sistema por el que la administración, considerada aún como el botín del partido que ocupaba el poder, se nutría de amigos políticos que habrían de dejar sus flamantes puestos con el siguiente cambio de gobierno. El déficit de adiestramiento en otras técnicas alternativas al empleo de la fuerza, y en comportamientos que observaran correctamente los derechos de los ciudadanos, no lo era menos que la anterior. Pero también la escasez de medios, en cuanto a número de agentes desplegados, equipamiento y salario solían ser factores que incrementaban la ineficacia y el cohecho[285]. Sin olvidar que la relativa ineptitud para atrapar a muchos anarquistas que habían asesinado o delinquido también tenía que ver con una clara virtud de estos últimos: la modificación constante de sus tácticas de acoso a las instituciones, que obligaba a las fuerzas del orden a readaptar continuamente sus estrategias.

Aun así, no hay datos tan unánimes que permitan observar, dentro de los parámetros y exigencias de la época, que el abuso primase en todos los casos y la ineficacia fuese una constante, pues el desmantelamiento de los grupúsculos anarquistas en la última década del XIX tuvo, desde luego, algo que ver con la actuación de las fuerzas del orden. Además, hubo algunos cambios en la etapa de «entresiglos» que mejoraron la seguridad y acrecieron la eficacia de los cuerpos armados. Por no hablar de que la «militarización», a pesar de sus defectos, también llevaba consigo alguna ventaja. La existencia de un orden jerárquico y la generalización de la disciplina militar o «cuasimilitar», en cuanto sometimiento inexcusable de los agentes a sus superiores y a las autoridades gubernativas, paliaban parte de las limitaciones enunciadas y, sobre todo, hacían permeables a los institutos armados a posibles reformas. Aparte, las libertades constitucionales aminoraban las arbitrariedades al permitir la denuncia, incluso estridente, de los abusos policiales. Y como las responsabilidades acababan exigiéndose a los gobiernos, éstos eran los primeros interesados en que no proliferasen. Por todo ello, el uso de tácticas excepcionalmente duras por parte de las fuerzas del orden para reprimir los atentados anarquistas parecía una respuesta, desde luego bisoña, a un tipo de delincuencia de excepcional violencia, que había impactado enormemente a la sociedad de entonces, que había impulsado a los gobiernos a promover y aprobar leyes antiterroristas (como las de 1894 y 1896), y para la que unos agentes volcados hasta entonces en los delitos comunes no tenían mecanismos alternativos.

Los anarquistas no escatimaron recurso alguno, a pesar de que la violencia y la deserción de los obreros que no comulgaban con la revolución acrática habían debilitado a los sindicatos afines mucho más que la represión gubernamental. A principios del siglo XX, mientras algunos grupos planeaban e intentaban ejecutar atentados contra Alfonso XIII y Antonio Maura, estallaban en Barcelona varias bombas y petardos con el objetivo de sembrar inquietud y miedo. El hecho es que lo consiguieron a fuerza de producir muertos y heridos. Choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas del orden tuvieron lugar en la misma Barcelona y en el pueblo gaditano de Alcalá del Valle, a colación de los movimientos huelguísticos con los que se inauguró el siglo. En julio de 1909 estos activistas acudieron abiertamente a la insurrección en Barcelona aprovechando el clima de disgusto causado por la movilización de reservistas para Marruecos; y, a raíz de la represión, montaron una campaña de propaganda desproporcionada si la relacionamos con el monto real de las condenas. Lo cierto es que el polémico juicio y fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia, que no era sólo un pedagogo «racionalista», sino también el que inspiró y financió varios complots y actividades violentas de grupos anarquistas, fue el argumento clave para desprestigiar a las instituciones, más que la misma represión de los sucesos. A partir de 1909, la incidencia del terrorismo decreció mucho aunque aún tuvo tiempo para otro coletazo trágico. En 1912, el anarquista Pardiñas asesinaría en Madrid a otro presidente del gobierno, José Canalejas[286].

Si bien las acciones más violentas pueden atribuirse en exclusiva a los sectores anarquistas «puros», una parte de los anarcosindicalistas tampoco es que tuvieran demasiados reparos en justificar mediante campañas de propaganda la labor de aquéllos y hasta participar de la «acción colectiva», como fue el caso de los sindicatos agrupados en Solidaridad Obrera durante la «Semana Trágica» de Barcelona. La fundación de la CNT en 1910 sirvió para intensificar la táctica sindical dentro del anarquismo español, pero en absoluto significó el fin de la violencia. El paso adelante que podía significar la proscripción temporal de los métodos terroristas y la importancia dada a la defensa de las condiciones de trabajo de los obreros, venía limitado por la concepción que sus promotores tenían de esa misma defensa. Los directivos anarcosindicalistas nunca habían ocultado que la prioridad no era la mejora progresiva de las condiciones de vida de sus afiliados. Las reivindicaciones laborales habrían de tender a destruir el capitalismo, socavando paulatinamente todo el aparato productivo. Los folletos anarquistas que describían los fines de la Internacional ya hablaban, en fechas tan tempranas como 1872, de la huelga como vehículo para «cortar los privilegios del capital, enflaquecerlo, bloquearlo, hacerlo cada día más dependiente y precario hasta que se rinda y desaparezca». La acción directa no tenía por qué implicar el empleo de la violencia física, sí, pero tampoco era sinónimo de negociación sino de coacción al patrono para someter su voluntad y al obrero que se negaba a secundar la protesta. La huelga, acompañada de boicots y de sabotajes, se convirtió en el elemento principal de la «lucha de clases», en el instrumento que reforzaba el poder de los sindicatos al tiempo que concienciaba al obrero de su capacidad de presión. «Toda concesión arrancada a los patronos o al Estado, apunta Romero Maura, sería, pues, un botín de guerra y no un premio de conciliación». El objetivo era crear un contexto apropiado para desarrollar lo que conocían como «huelga general revolucionaria», un movimiento de carácter insurreccional, y no una huelga económica, que haría posible el derrumbamiento del capitalismo y del Estado que lo sustentaba[287].

Con fines tan maximalistas, las tácticas de la CNT en absoluto pueden parangonarse a las de sindicatos actuales. Es cierto que un sector de los que se afiliaron a la CNT, incluso parte de los directivos anarcosindicalistas, preferían centrarse exclusivamente en la mejora de las condiciones laborales y en la «educación» de sus afiliados (caso de Salvador Seguí), dejando para un futuro más o menos lejano el proyecto revolucionario. Es más, existen evidencias de que buena parte de las afiliaciones que recibieron los sindicatos adheridos a la CNT fueron ante todo un reconocimiento de su capacidad de conseguir estas mejoras más que una adhesión efectiva al ideal acrático. Pero el enquistamiento de anarquistas violentos en el sindicato, que se encargaban de velar con la pluma y la pistola para que éste no se separara de la ortodoxia revolucionaria y entrara por la abominable vía del reformismo (las últimas versiones de estos grupos serían Los Solidarios y la FAI), y la ambigüedad, y hasta simpatía, que sentían por los «puros» una parte importante de los que formaban en las filas de los anarcosindicalistas, persuadidos de que la huelga general revolucionaria que traería el paraíso acrático habría de ir inevitablemente vinculada a una insurrección armada, hacían casi imposible la integración negociada de la CNT en el sistema[288]. Peor aún, el uso sistemático de la coacción violenta (amenazas, daños materiales y hasta el recurso al atentado personal) contra los empresarios y obreros que se negaban a aceptar las exigencias de los sindicatos, fue la que consolidó la imagen de la CNT como un permanente desafío a las instituciones establecidas y al orden público. El «anticolaboracionismo» absoluto de la Confederación con el régimen liberal, despreciando los cauces de reforma social abiertos y propugnando la abstención electoral, y su revolucionarismo impenitente explican por qué el Estado no tuvo muchas más opciones que defender el statu quo legal.

Si la CNT había partido de una posición modesta en 1910, las turbulencias económicas que se generaron durante la Primera Guerra Mundial y que se agravaron a raíz de su final, dieron una oportunidad al sindicato anarquista de canalizar las reivindicaciones de decenas de miles de asalariados, sobre todo en Andalucía, Aragón y Cataluña. Claro que, al canalizarlas de la manera que antes hemos descrito, la CNT acabó constituyéndose en una extraordinaria amenaza para el orden constitucional. La Confederación ya tuvo una destacada actuación en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917, sobre todo en las provincias catalanas. Para mayor inquietud, en el plano estricto de las relaciones laborales, los «grupos de acción» constituidos por anarquistas «puros» comenzaron a asesinar a patronos que se negaban a aceptar subidas salariales para sus empleados[289]. Y el gobierno y los patronos optaron por responder utilizando métodos, en algunos casos, igualmente extralegales. A falta de una mejor dotación de las fuerzas del orden, probablemente por las rigideces presupuestarias de la época, los ejecutivos contestaron al desafío echando mano de los estados de excepción, pero con una política que mixtificaba la dureza con intentos de negociar con los cenetistas.

Claro que esta actitud no era la de una parte de los patronos, que buscaron combatir a los anarquistas en su terreno y prefirieron sufragar milicias armadas al margen de las instituciones, lo que de paso implicaba una clara desconfianza hacia la política de orden público patrocinada por las autoridades. Todas estas causas precipitaron la fortísima conflictividad en la Baja Andalucía, la ola de huelgas mezclada con terrorismo en la ciudad de Zaragoza (en la que incluso hubo un intento frustrado de los grupos de acción anarquista de sublevar a suboficiales de la guarnición) y, sobre todo, la conversión de Barcelona en el Chicago español de los veinte. En la ciudad condal, representantes sindicales, de la CNT y de los Sindicatos Libres (sus enemigos conservadores), patronales y hasta los propios delegados de la autoridad cayeron acribillados a balazos con una frecuencia espeluznante. En este contexto, el gran crecimiento que la CNT había logrado desde mediados de la década de los diez se frenó en seco a partir de 1920, año en el que, coincidiendo con la escalada de violencia, un sector de los afiliados abandonó el sindicato, imitando lo sucedido en la etapa de «entresiglos». La actitud excesivamente combativa del gobierno Dato, que incluso amparó la aplicación de la «ley de fugas», lograría a la postre doblegar a la CNT. Pero el precio que tuvo que pagar fue demasiado alto y acabó disparándose cuando el propio presidente del Consejo fue asesinado por unos anarquistas en 1921. El «pistolerismo» continuó, aunque atenuado, hasta 1923. La llegada de la Dictadura de Primo de Rivera significó otro rudo golpe a la CNT, que fue puesta por varios años fuera de la ley. No obstante, si los anarquistas «de acción» hubieron de exiliarse, parte importante de los sindicatos que habían estado funcionando dentro de la Confederación subsistieron durante el período dictatorial[290].

Conatos insurreccionales (1931-1933)

La proclamación de la República en 1931 pareció a muchos anarquistas el comienzo de un proceso revolucionario de mayor calado. Desde luego, fue una nueva oportunidad de reorganizar en libertad sus sindicatos, una de las condiciones que habían puesto los representantes de la CNT para unirse a cualquier movimiento contra la Dictadura. Pero la salida de prisión o la llegada del exilio de los activistas violentos también representaron una buena ocasión para reconstituir los grupos de acción anarquistas, esos que debían evitar que la CNT abandonara la senda revolucionaria a cambio de priorizar las reivindicaciones laborales. El repertorio tradicional de acciones violentas se «reactualizó» y el método insurreccional, que habían vuelto a poner de moda los diversos conspiradores contra la Dictadura —sobre todo porque Primo de Rivera bloqueó los cauces normales de alternancia política—, se incorporó adquiriendo un papel destacado. El pistolerismo retornó a Barcelona el mismo abril de 1931: los anarquistas cometieron hasta 22 asesinatos de militantes del Sindicato Libre. Los conflictos huelguísticos acompañados de violencia y choques con la fuerza pública menudearon en mayo y junio de 1931 en provincias como Guipúzcoa o Sevilla. Grupos de ácratas participaron en la quema de conventos de mayo de 1931 y en el proyecto insurreccional de Tablada.

Así, desde el principio quedó clara la participación de los anarquistas en la desestabilización del proyecto de «República conservadora» patrocinado por la derecha republicana, y su apuesta por una radicalización del proceso revolucionario recién abierto. Dada la estructura confederal del anarcosindicalismo y la absoluta independencia de los grupos de acción, podía suponerse que estas acciones no se habían programado desde el comité nacional de la CNT. Al igual que en los años del pistolerismo hubo voces dentro del anarcosindicalismo contrarias a tales prácticas, pero éstas no lograron representar la postura oficial de la Confederación, ambivalente como poco. Es más, muchos anarcosindicalistas simpatizaban y hasta justificaban el uso de este tipo de tácticas que fomentaban su propio proyecto revolucionario[291].

Estas simpatías crecieron al observar cómo el Gobierno Provisional de la República asumía el modelo socialista de relaciones laborales, que incluía la intervención del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y de organismos subalternos como el Jurado Mixto. En otras palabras, el maléfico Estado no sólo no estaba siendo destruido sino que intensificaba su presencia autoproclamándose árbitro de las disputas entre patronos y obreros y, esto es lo importante, mandando al baúl de los trastos viejos toda la parafernalia de la acción directa. Suele argumentarse, en parte con razón, que el Ministerio de Trabajo, regido por un socialista, benefició con sus medidas políticas a la UGT (y de paso al PSOE) al primarle como representante de los asalariados y concederle el control del mercado de trabajo. Pero hay que valorar que la CNT se había autoexcluido previamente al negarse a participar de los organismos de intermediación laboral o de los jugosos privilegios concedidos a los sindicatos. Aparte de su apego a la «acción directa», estaba el hecho de que la Confederación no aceptaba la competencia intersindical y aspiraba a convertirse en el único agente emancipador de los trabajadores imponiendo su modelo de revolución y su propio proyecto de sociedad futura. La decidida intervención del Estado republicano en las relaciones laborales, en contra de los intereses del movimiento anarquista, reforzó las tesis de los «puros»: para caminar hacia la acracia, era condición sine qua non la destrucción de las instituciones, en este caso de las republicanas, y cuanto antes mejor[292].

De ahí que, en las zonas donde los sindicatos cenetistas tenían una fuerte implantación, los métodos de la «acción directa» continuaran vigentes. De ahí también la postura de oposición tozuda y violenta a la República. «Estamos», rezaba la declaración política aprobada por el congreso nacional de la CNT de julio de 1931, «frente a las Cortes Constituyentes, como estamos frente a todo poder que nos oprima. Seguimos en guerra abierta contra el Estado». A partir de este congreso, los anarcosindicalistas más radicales, a los que no disgustaba la «gimnasia revolucionaria» de los grupos de acción anarquistas, y los elementos que querían anticipar la anhelada «huelga general revolucionaria» (los llamados «agraristas» y los «anarco-bolcheviques»), comenzaron a imponerse sobre los que pretendían intensificar la vía sindical, reforzar la organización y dejar la revolución más como un objetivo a medio plazo. El resultado final sería la escisión: los últimos acabarían agrupándose en los Sindicatos de Oposición, mientras que los primeros se hicieron con el control del comité nacional de la CNT. Era, sin duda alguna, el triunfo de los procedimientos «ultrarrevolucionarios[293]».

Desde la misma proclamación de la República los grupos de acción anarquistas comenzaron de nuevo a actuar y parte de los sindicatos «cenetistas» se negaron a abandonar los procedimientos violentos. Por todo eso no puede decirse que la política de orden público del Gobierno Provisional estuviera desprovista de motivación. De hecho, los enfrentamientos entre activistas de la CNT y las fuerzas del orden se volvieron a repetir en condiciones parecidas a las de antaño. Irónicamente, los republicanos y el PSOE enfocaron como un problema de orden público el desafío anarquista, algo que previamente ellos habían criticado a los gobiernos monárquicos de distinto color político. Hicieron aún más, pues habilitaron cauces legales, como la Ley de Defensa de la República, que dejaban a completa discreción del Gobierno los derechos civiles, y eso sin que abandonaran tampoco el recurso a los estados de excepción. Crearon, sí, un moderno cuerpo de policía, la Guardia de Asalto, con nuevo armamento y técnicas menos sangrientas de control de masas. Pero como a veces los gobiernos no se enfrentaban a pacíficos manifestantes sino a grupos de activistas armados, tuvieron que recurrir a la Guardia Civil y, en los episodios insurreccionales más graves, al Ejército.

Los organismos nacionales de la CNT ampararon la cadena de huelgas y disturbios que parte de sus sindicatos produjeron en el segundo semestre de 1931 en muchas provincias del país, y que llevaron a ciudades como Barcelona, Sevilla o Málaga a una situación preocupante. De paso excitaron a los medios de prensa anarquista a realizar una campaña propagandística atroz en la que se cubrió de denuestos, no ya a las instituciones del nuevo régimen, algo que ya constituía tradición, sino al Gobierno Provisional y a los ministros y partidos que lo componían. La crítica por fuerza había de ser destructiva, por cuanto se buscaba crear un ambiente apropiado para justificar la abolición del Estado republicano. Esta campaña no escatimaba descargos y hasta elogios a los procedimientos violentos que usaban los grupos de acción o los piquetes sindicales, mientras denunciaba vociferante, haciendo gala de una curiosa vara de medir, el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden para reprimir los disturbios. Como siempre, quedaba claro que para la CNT la violencia sólo era reprobable cuando no servía a fines revolucionarios. Por el contrario, si era así, resultaba un valioso instrumento: la partera de la acracia.

En enero de 1932, con un mes de vigencia de la Constitución, el comité nacional de la CNT creyó maduro al país para el comunismo libertario. Los sindicatos mineros de la cuenca del Llobregat habían declarado una huelga. Era cierto que las condiciones de trabajo de los mineros de carbón no eran precisamente idóneas, pero aunque esto pueda servir para contextualizar los acontecimientos, es preciso recordar que el fin de la huelga no se orientó sólo a reivindicar mejoras laborales. En efecto, una parte de los huelguistas aprovechó la ausencia de fuerzas del orden para apoderarse de las armas del somatén, hacerse con el control de varios pueblos y proclamar el comunismo libertario. Espoleada por los acontecimientos, la CNT nacional declaró la huelga general revolucionaria por todo el país, pero el llamamiento sólo prendió en algunas comarcas de Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía. Su relativa falta de éxito no quiere decir que en algunos sitios no tuviera consecuencias trágicas. Hubo tiroteos entre militantes de la FAI y agentes del orden en Málaga, Sevilla y Barcelona con cuatro muertos (dos anarquistas, un guardia de Asalto y un obrero que se negó a secundar la huelga) y varios heridos. El primer gobierno constitucional, que era el de Azaña, empleó todos los medios a su alcance, Ejército incluido, para acabar con la sublevación. Lo hizo en pocos días y a finales de ese mes de enero el gobierno recuperó el control de los municipios que habían caído en manos de los grupos anarquistas. En un discurso ante las Cortes, Azaña reveló que la CNT había recibido ayuda financiera de un país extranjero. En sus diarios fue más explícito: el país era nada menos que la URSS de Stalin, y eso a pesar de las profundas diferencias ideológicas entre anarquistas y comunistas[294]. Por cierto que Azaña utilizó los instrumentos que le ofrecía la Ley de Defensa de la República para meter en cintura a los grupos de acción anarquista. Durruti, los hermanos Ascaso y otros dirigentes de la CNT y la FAI, hasta más de un centenar, fueron llevados al vapor Buenos Aires y deportados a las colonias africanas. Pero la deportación duró sólo hasta septiembre del mismo año.

El fracaso no arredraría a los grupos violentos de la CNT que, de forma aislada y en contextos locales, continuaron ejercitándose a lo largo de 1932 en la «gimnasia revolucionaria» y esperando una nueva ocasión para desafiar al Estado republicano. Ésta pareció llegar en enero de 1933 al amparo del Comité Regional de Defensa de Cataluña, que hacía las veces de «estado mayor» de las «milicias de la FAI» en esa región. Los Comités de Defensa —los había adaptados a todos los ámbitos territoriales, desde regionales hasta de barrio— estaban promovidos por los «anarco-bolcheviques», hombres de la FAI como Durruti, Ascaso o García Oliver, que creían en la conveniencia de una organización paramilitar más fuerte y disciplinada. El comité de Cataluña se encargó de desencadenar un levantamiento armado que volvió a extenderse a las provincias aragonesas, valencianas y andaluzas. La revuelta fue más extensa y violenta que la anterior, pero el resultado fue exactamente el mismo: la llegada de las fuerzas del orden a los lugares en los que se había proclamado el comunismo libertario determinó la rápida reducción de los grupos sublevados. El único éxito que consiguieron fue meramente propagandístico. El fusilamiento de una decena de campesinos anarquistas en el pueblo gaditano de Casas Viejas por guardias de Asalto llegados a toda prisa de Madrid, sin duda una acción tan desproporcionada como ilegal, generó un escándalo político que desgastó la imagen del gobierno Azaña. La prensa anarquista tuvo una ocasión magnífica de presentar al Estado republicano como una especie de monstruo sediento de sangre proletaria con el fin de deslegitimarlo a ojos de los «anarcosindicalistas» moderados. Fue la falta de destreza del ministro de la Gobernación y de los mandos subalternos a la hora de manejar a la fuerza pública, a la que dieron órdenes desmesuradas para acabar con la revuelta anarquista, y no la falta de disciplina de los guardias de Asalto en Casas Viejas (hubo un delegado del gobernador civil presente durante todos los sucesos), la que provocó la «carnicería», como la denominaría Azaña en sus diarios[295].

Pero el segundo fracaso insurreccional también desgastó a la CNT. Volcada más en traer la acracia que en las reivindicaciones laborales, en las que experimentaron muy pocos éxitos a partir de 1932, algunos sindicatos se separaron de ella y el número de militantes experimentó, en general, una caída importante[296]. Además, quedaba claro que, a pesar de que una parte importante de la militancia no viera con malos ojos los objetivos revolucionarios del sindicato, la mayoría abrumadora no deseaba comprometerse en la empresa yendo más allá del absentismo laboral. Al comité nacional de la CNT le quedaban dos opciones: la de desandar el camino y reconocer el nuevo marco legal en el que habrían de desenvolverse las relaciones laborales, algo que supondría competir con la UGT aceptando los cauces estatales y el pluralismo sindical —por tanto, abandonando la acción directa—, o continuar por el camino de la violencia perfeccionando la táctica insurreccional y esperando el momento apropiado para desencadenarla. Lo primero hubiera supuesto autocrítica y, lo peor, la pérdida del control del sindicato por los anarcosindicalistas radicales y los anarquistas de la FAI. Pero éstos tenían una destacada posición precisamente gracias a la popularidad que les procuraba la mística de la revolución, con su reguero de mártires de tumba y presidio. Y también jugaba a su favor la expectativa del desencadenamiento inminente de la revolución, alentada por la conflictividad que imperó durante todo el año 1933. Por todo eso, era difícil que renunciaran a un empleo continuo de la violencia, independientemente de su resultado, convencidos de que con ella impedirían la consolidación de la «República burguesa».

Diciembre de 1933: el enfrentamiento decisivo

Con la ruptura de la conjunción republicano-socialista y la convocatoria de elecciones generales para noviembre de 1933, faístas y anarcosindicalistas radicales creyeron llegado el momento de activar de nuevo los planes insurreccionales. De hecho, se sublevaron en diciembre de ese año. Ésa fue la otra cara de la moneda «antielectoral» con la que la CNT y la FAI pretendieron deslegitimar, una vez más, la democracia republicana. En efecto, los anarquistas jugaron un papel destacado en la campaña electoral, en la que propugnaron la abstención de la mayoría del electorado pero utilizando a mansalva medios propagandísticos semejantes a los de los partidos y candidaturas que sí disputaban los escaños. Prensa, mítines, conferencias, manifiestos, carteles, panfletos y hasta mensajes grabados en monedas fueron utilizados para difundir el célebre lema «trabajadores, no votéis». Las peroratas y los escritos de los publicistas afectos a la CNT-FAI hervían de denuestos, muchas veces soeces, contra las instituciones republicanas («la farsa parlamentaria»), los políticos («la gallofa indeseable»), los electores que les seguían hasta las urnas («la gran boyada») y la propaganda electoral («la literatura apestosa»)[297].

En realidad, la campaña por la abstención había comenzado antes de que se reuniera el Pleno de Regionales de la CNT para hacerla oficial, algo que hizo el 2 de noviembre de 1933 justificándose en la «esencia revolucionaria» de la sindical anarquista. Ni que decir tiene que la FAI ya había apoyado alborozada esta postura. Las circunstancias, además, parecían favorecer sus tesis, pues todo apuntaba, conforme pasaban los días, al triunfo de las candidaturas de centro y derecha. Los anarquistas daban por hecho que una victoria de los conservadores constituiría un reclamo magnífico para ejecutar un levantamiento general con verdaderas posibilidades de éxito pues pensaban que, con las derechas en el poder, los trabajadores afiliados a la UGT se les unirían sin problemas para derribar la República. El Pleno Peninsular de la FAI aprobó el 30 de octubre una resolución que aclaraba totalmente sus intenciones: «si como resultado de nuestra campaña antielectoral y por el desprestigio actual de los partidos de izquierda, la reacción intentara entronizarse en España, los obreros revolucionarios de la CNT tendrán la gallardía suficiente, el coraje, la valentía y la honradez de plantarse en mitad de la calle y aplastar a la reacción, empleando toda clase de violencias, sirviéndonos de todas las armas y de todos los medios…». Por si quedaban dudas, el Pleno de Regionales de la CNT aprobó abiertamente la ejecución de un levantamiento general en caso «que triunfasen las tendencias fascistas» para el que sólo haría falta la sublevación de una Regional, a la que habrían de secundar obligadamente el resto[298]. A pesar del supuesto «apoliticismo» anarquista, éstos vinculaban una vez más su calendario revolucionario al contexto político del país.

Con el fin de que el lema «frente a las urnas, la revolución social» que ondeaba en los mítines de la CNT y la FAI no quedase en bravata, los «grupos de acción» anarquistas se dedicaron a preparar el ambiente. Se especializaron en reventar numerosos mítines de diversas formaciones políticas, desde los socialistas a los monárquicos, interrumpiendo a los oradores y provocando violencias que obligaban a las autoridades a intervenir y suspender el acto. A veces este tipo de actividades finalizaba con saldo trágico, como en Gijón, donde hubo un herido de bala en un mitin socialista. No faltaron tampoco las violencias al viejo estilo. En Jerez de la Frontera, un anarquista estuvo a punto de asesinar al candidato socialista Roma Rubíes sobre el que disparó varias veces y, aunque éste salió ileso, otro militante del PSOE cayó herido grave. En esa misma ciudad, el 12 de noviembre, un elemento de la FAI disparó sobre el público que asistía a un mitin de la candidatura de derechas, asesinando a dos personas e hiriendo de gravedad a otra. En sendos atentados contra agentes electorales de la Derecha Regional Valenciana (DRV), pistoleros de la FAI asesinaron a dos de éstos e hirieron de gravedad a otros tres. De forma paralela, sindicatos de la CNT promovieron huelgas, con su reguero de violencia, justo durante la campaña electoral, aprovechando que el Gobierno presidido por Martínez Barrio había renunciado a declarar los estados de prevención y alarma establecidos en la Ley de Orden Público mientras durase el proceso electoral. Durante el mes de noviembre, piquetes pertenecientes a los sindicatos de la CNT impusieron, haciendo uso de la piedra, la bala o el explosivo, varias huelgas en Madrid y Barcelona. En realidad, durante aquellas semanas muy pocas provincias escaparon de los conflictos sociales[299].

Como estaba previsto que el boicot anarquista se intensificase el día de los comicios, el gobierno ordenó el despliegue de toda la fuerza pública disponible para proteger el proceso electoral. La medida desalentó la comisión de delitos, pero no evitó del todo que los grupos de acción anarquistas dejaran de actuar cuando pudieron. En una decena de pueblos de Valencia activistas de la FAI asaltaron varios colegios electorales, llegando a destrozar cuarenta urnas. Un interventor de la DRV que les plantó cara en Torrente fue asesinado. En otros lugares, como Gijón, Cádiz, Siruela (Badajoz) o Ronda (Málaga) se dedicaron a obstaculizar la votación y a impedir por la fuerza la constitución de las mesas electorales. En Barcelona, donde los anarquistas habían amenazado con una jornada de violencias para retraer a los electores, estallaron bombas en varios transformadores eléctricos que dejaron sin luz la barriada del Paralelo, se prendió fuego a un vagón de un tren de mercancías, y soldados y guardias de Asalto sufrieron algunos tiroteos, que se saldaron con un militar herido. Pese a estos obstáculos, las elecciones pudieron finalmente verificarse.

Conforme avanzaba el recuento, el triunfo de las derechas excitó los ánimos de cenetistas y faístas. Solidaridad Obrera, que durante la campaña había alentado repetidamente a usar la pistola y la dinamita para boicotear el proceso electoral, anunciaba que la victoria conservadora abría las puertas al «fascismo declarado» por lo que al proletariado no le quedaba otra que oponer la revolución. Los mítines organizados por la CNT y la FAI para animar a la abstención durante la segunda vuelta electoral propagaban el mismo mensaje: la necesidad de desencadenar la revolución social para impedir la «entronización del fascismo». Un puñado de militantes de la FAI, entremezclados con otros del PCE, acudieron a la Casa del Pueblo de Madrid el mismo día 20 de noviembre para convencer a los socialistas de que marcharan con ellos en manifestación hacia la Puerta del Sol, donde entonces radicaba el Ministerio de la Gobernación. El secretario de la Casa del Pueblo, el diputado del PSOE Manuel Muiño, pidió a estos grupos que se disolvieran pero, lejos de hacerlo, comunistas y anarquistas comenzaron a tirotear a los guardias de Asalto que habían llegado para desalojarles del edificio. Esto provocó una refriega que se saldó con quince heridos de distinta consideración, aunque los guardias lograron repeler la agresión y detener a los responsables, unas 50 personas[300].

Esto no fue más que un tanteo porque, a partir del 20 de noviembre, grupos de anarquistas intensificaron el acopio de armas y explosivos en casi todas las provincias españolas, que eran depositadas en lugares ocultos a la espera de que se concretase la fecha de la insurrección. Con las bendiciones del comité nacional de la CNT, que había trasladado su sede a Zaragoza, el 26 de noviembre se creó un comité revolucionario con ocho miembros, entre los que se encontraban Buenaventura Durruti, Isaac Puente y Cipriano Mera, que habría de organizar y coordinar el levantamiento. La Regional de Aragón, que tenía tres miembros en el comité, sería quien lo desencadenase, y habrían de seguirle el resto de organizaciones afectas al sindicato en todo el territorio nacional. A principios de diciembre, un emisario de Ángel Pestaña intentó recabar la ayuda de los socialistas, tratando de resucitar la vieja solidaridad de 1917, aunque se encontró con la resuelta negativa de Largo Caballero. Los continuos hallazgos de armas y explosivos que realizó la fuerza pública en bastiones anarquistas como Huesca, Málaga, Barcelona o Badajoz advertían sobre la seriedad de los propósitos de la CNT.

Aparte, la proliferación de actividades terroristas parecía un anticipo de lo que habría de sobrevenir. En Cuenca, el 29 de noviembre, un pistolero de la FAI asesinó a tiros a dos militantes de la Juventud de Acción Popular. La anormalidad parecía aún mayor en Barcelona, donde los «comités de defensa» de la FAI continuaron con su estrategia de tensión haciendo uso casi diario de las bombas. El peor atentado ocurrió el 2 de diciembre en la plaza del Padró, donde murió un alférez del Ejército y cayeron heridos de gravedad siete civiles más. La situación se estaba deteriorando en las cuatro provincias catalanas hasta el punto que la propia Generalidad pidió al Gobierno central, ese mismo día, la declaración del estado de prevención en toda la región, algo a lo que Martínez Barrio y Rico-Avello, ministro de la Gobernación, accedieron. Este último, previendo posibles asaltos de los anarquistas con el fin de pertrecharse, ordenó la retirada de las armas y municiones de todas las armerías del país. Ese día 2 ya se produjo una sublevación de signo anarquista en Palomas (Badajoz), que fue rápidamente sofocada por la Guardia Civil. Una vez finalizada la segunda vuelta electoral el 3 de diciembre, el Gobierno ordenó la extensión del estado de prevención a todas las provincias del país ante los informes, cada vez más abundantes, que anunciaban como inminente la sublevación anarquista[301].

Los informes y circulares indican que el gobierno conocía buena parte de lo que los anarquistas tramaban e incluso la fecha que barajaban para sublevarse: el 8 de diciembre, el día de la apertura de las nuevas Cortes. Al amparo del estado de prevención incluido en la Ley de Orden Público, las autoridades civiles de las provincias donde la CNT tenía mayor arraigo tomaron todo tipo de providencias para localizar y asfixiar la sublevación en ciernes. Los comprometidos sintieron cómo aumentaba la presión de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto. Sus agentes fueron desplegados en patrullas por los puntos neurálgicos de varias ciudades del país, y los gobernadores autorizaron interrogatorios, cacheos, controles de automóviles y registros para descubrir más depósitos de armas y explosivos. Entre el 7 y el 8 de diciembre se clausuraron las oficinas de los periódicos anarquistas y varias sedes de la CNT, y se detuvieron a decenas de militantes de la FAI, entre los que se encontraban miembros y colaboradores del comité revolucionario como Joaquín Ascaso, Moisés Alcrudo o el propio Durruti. Las condiciones de partida con las que los anarquistas iban a iniciar su levantamiento no podían ser peores. Sin embargo, el alzamiento tenía tantas y tan extensas ramificaciones que fue imposible frustrarlo desde el principio[302].

Como estaba previsto por los propios anarquistas, el 8 de diciembre ya tuvieron lugar los primeros enfrentamientos entre los comprometidos y las fuerzas del orden. En general, no pasaron de meras refriegas en las que estas últimas acabaron imponiéndose casi siempre. Pero no les fue fácil. En algunas ciudades, como Zaragoza o Barcelona, las patrullas de la Guardia Civil y de Asalto sufrieron tiroteos y lanzamiento de bombas con los que los insurrectos pretendían obligarles a retirarse de las calles. De ese modo cayeron muertos o heridos varios agentes y algunos civiles. Con todo, los disparos a resguardo de un balcón o un tejado, y la escasez de enfrentamientos directos entre grupos de anarquistas y agentes del orden revelaban la debilidad de los primeros, a los que el previo despliegue de la policía impedía hacerse con el dominio de la vía pública. En Zaragoza y Barcelona algunos anarquistas trataron de disputarlo intentando tomar los accesos al casco urbano, asaltando sin éxito algunos centros oficiales y hasta tomando rehenes que interponían en la línea de fuego para evitar que las fuerzas del orden disparasen, como ocurrió en los suburbios de la ciudad condal. Estas tácticas sólo lograron algún éxito en núcleos como Hospitalet, donde el número de insurrectos superó en mucho a los destacamentos policiales. Además, los anarquistas zaragozanos comenzaron a provocar incendios con el fin de causar confusión e impedir una actuación concentrada y eficaz de las fuerzas del orden. Sus compañeros de Gijón, Barcelona o Santiago de Compostela prefirieron acudir, para conseguirlo, a las bombas. Su objetivo fueron edificios oficiales, iglesias, conventos, sedes políticas de los partidos conservadores, depósitos de gasolina y vehículos de los servicios públicos que pretendían paralizar (tranvías, autobuses, carros de bomberos, etcétera). Por último, los anarquistas ensayaron el día 8 otra de sus bazas: los cortes de las comunicaciones en los lugares donde hubiera comenzado la insurrección, para aislar a las autoridades locales de las del resto del país. Militantes de la CNT cortaron la línea telefónica que enlazaba Zaragoza con Barcelona, así como varias líneas en la propia ciudad condal que quedó, por pocas horas, incomunicada con el resto del país[303].

Que todo eso se produjera en una jornada no era sino la evidencia de que la insurrección se iba a agravar considerablemente. De hecho así fue, porque en la madrugada del día 9 comenzaron a aparecer en hojas sueltas y en el semanario CNT un manifiesto que, firmado por el comité revolucionario, comenzaba de esta guisa: «Pueblo: la CNT y la FAI te llaman a la insurrección armada. La hora de la revolución ha sonado y el momento tan anhelado por el pueblo para terminar de una vez con los sufrimientos, privaciones y opresión seculares ha llegado ya. Vamos a la realización del Comunismo Libertario. Todo trabajador revolucionario debe sumarse a la rebelión armada». El texto anunciaba la abolición de la propiedad privada, la colectivización de la riqueza, la ocupación de las fábricas, talleres y tiendas por comités obreros, la libre ocupación de las viviendas «de las clases ricas», la supresión de la moneda, la puesta de los bancos bajo guardia del comité revolucionario y el imperio de la enseña rojinegra proscribiendo por «contrarrevolucionaria» la bandera de la República. Terminaba el manifiesto animando a los soldados a que desertasen y pusieran sus armas «al servicio de la revolución[304]».

La respuesta del Gobierno fue la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional, la clausura de las sedes de la CNT y de la FAI, y la censura en las publicaciones diarias. Además, dio la orden de acuartelamiento a la tercera parte de las guarniciones militares del país, lo que parecía el paso previo a la declaración en algunas provincias del estado de guerra. No fueron medidas exageradas. La llamada a la lucha por parte de la CNT tuvo efectos en algunas zonas del país. Por de pronto, piquetes cenetistas y de la FAI intentaron imponer la huelga general revolucionaria, con mayor o menor fortuna, en 32 provincias, y las violencias impidieron que los diversos servicios públicos y privados pudieran prestarse con normalidad. Al igual que en Barcelona, en la capital zaragozana ya no circularon tranvías, autobuses o taxis sin exponerse a los disparos y bombas de los rebeldes, y la mayoría de los comercios cerraron. En los días siguientes, la situación se repetiría en otras ciudades como Madrid, Valencia, La Coruña, San Sebastián, Granada o Gijón. Guardias de Asalto y soldados de Ingenieros hubieron de encargarse de la conducción del transporte público en varias capitales del país escoltados por la Guardia Civil. Además, en Hospitalet, Barcelona, Logroño y Valencia fueron asesinados o heridos de bala seis empleados que se negaron a secundar la huelga. Los desórdenes se extendieron a la mayoría de las capitales de provincia, mientras que los cortes de comunicaciones afectaron a Gerona, Valencia y Gijón.

Los tiroteos contra la fuerza pública aprovechando tejados, balcones, esquinas de las calles o vehículos, e incluso al amparo de la oscuridad nocturna, aumentaron. El número de afectados creció conforme se generalizaban los disparos. También se incrementaron en muchos sitios las explosiones de bombas, algunas muy potentes. Durante el día 9 y los siguientes estallaron gran número en todas las provincias catalanas (salvo Lérida), valencianas y vascas, así como en Madrid, Zaragoza, La Coruña, Oviedo, Santander, Logroño, León, Salamanca, Cáceres, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada, provocando once muertos y una docena de heridos, amén de cuantiosos daños materiales. Los transformadores eléctricos y el cableado constituyeron otro de los objetivos predilectos de los rebeldes, en su pretensión de dejar sin suministro a las ciudades en que trataban de imponer la huelga. Durante horas lo conseguirían en algunos barrios de Barcelona, así como en La Coruña y Granada. Los incendios también se extendieron conforme se activaba la insurrección en esas ciudades. La peor parte se la llevó Granada. El día 9 los rebeldes prendieron fuego a cuatro iglesias, dos conventos, una posada y el edificio de la Audiencia. Edificios religiosos ardieron también en Zaragoza, Madrid, Almería y Valencia, mientras que centros oficiales y algunas fábricas y almacenes lo hicieron en Barcelona y Murcia[305].

Entre la tarde del 8 y ese día 9 la insurrección se extendió a una parte de las zonas rurales del país. Precisamente por el sabotaje de las líneas telegráficas y telefónicas en varios pueblos, el gobierno constató la extensión de la misma. Así, con mayor o menor intensidad, el levantamiento prendió en localidades de las provincias aragonesas, vascas y extremeñas, y en otras de La Coruña, Pontevedra, Oviedo, León, Logroño, Navarra, Barcelona, Tarragona, Alicante, Murcia, Córdoba y Cádiz. La respuesta de los gobernadores civiles, alentados desde Madrid, fue la misma en todos los casos: dar órdenes para la inmediata formación de pequeñas columnas de guardias civiles, «asaltos» y soldados con el fin de retomar el control[306].

Las revueltas en las zonas rurales, las insurrecciones campesinas que los «agraristas» de la CNT, presentes en el comité revolucionario, consideraban como verdadero motor táctico de la revolución (pues a los habitantes de las ciudades sólo les encomendaban distraer a la fuerza pública hasta consolidar la conquista de los pueblos) fueron idealizadas por autores anarquistas hasta el punto de quitar hierro a la violencia desplegada por los sublevados y, por supuesto, agigantar la de las fuerzas del orden. Es cierto que esas revueltas no vinieron acompañadas de baños de sangre. No obstante, más que atribuirlo al humanitarismo natural de los anarquistas, la causa estribaba en el bajo o nulo nivel de resistencia que las autoridades locales o adversarios políticos opusieron, a veces atenazados por la sorpresa y también (caso de algunos alcaldes) por la simpatía o la connivencia con la propia insurrección[307]. Claro que este panorama idílico se difuminó cuando las autoridades se dispusieron a sofocar la revuelta. Como en todos los casos la Guardia Civil se opuso a la insurrección, los agentes del Instituto fueron víctimas propiciatorias de los anarquistas en las calles de varios pueblos durante peligrosas «descubiertas» o acantonados en sus pequeños cuarteles, con varios muertos y heridos. Pero en esos pueblos cayeron algunos guardias municipales y, también, civiles que se opusieron de algún modo a la insurrección como funcionarios locales y propietarios de tierra, caso de las provincias de Huesca y Logroño. La toma de los pueblos y el restablecimiento del orden por parte de la fuerza pública tampoco constituyeron episodios pacíficos dado que los rebeldes intentaron resistir en algunos lugares. Además, tampoco faltaron bombas y, sobre todo, incendios cuyos objetivos fundamentales fueron los archivos municipales y registros de la propiedad, pero también varias iglesias y ermitas[308].

En pueblos y ciudades, los intentos de cortar el suministro eléctrico y las líneas telefónicas y telegráficas se complementaron con la obstaculización del transporte por carretera y ferrocarril, en un esfuerzo desesperado por incomunicar las zonas sublevadas del resto del país y evitar una respuesta eficaz por parte del Gobierno. En Castellón se tirotearon a los vehículos que se aventuraron a salir, e incluso se volaron puentes en Huesca y Cádiz. Pero las consecuencias más trágicas llegaron del sabotaje de las vías ferroviarias, pues éste provocó la paralización parcial del tráfico y, peor, varios descarrilamientos de trenes, algunos de ellos con saldo trágico. Once heridos hubo en el accidente del tren Bilbao-Zaragoza que se produjo entre las localidades aragonesas de Zuera y Almudévar. Aunque hubo algunos más (Logroño, Alicante), el más grave ocurrió cerca de Puzol (Valencia), donde los insurrectos hicieron descarrilar el expreso Barcelona-Sevilla saboteando el puente tendido sobre un barranco. Por él se precipitaron algunos vagones, muriendo 25 pasajeros y quedando heridos 40. Por si fuera poco, los anarquistas también dispararon sobre los trenes en marcha en Castellón y La Coruña, provocando tres heridos, o lanzaron sobre ellos bombas (Santander) o botellas con líquido inflamable para incendiar los vagones, como ocurrió con el tren Barcelona-Zaragoza, que entró en la estación aragonesa envuelto en llamas. En otros lugares, en fin, mataron o hirieron a los guardas de la Compañía Ferroviaria que pretendían impedir los sabotajes (Barcelona, Zaragoza, Huesca)[309].

Pese a todo, el Gobierno logró retener el control de casi todas las poblaciones del país y, el mismo día 9, las fuerzas del orden comenzaron a sofocar la revuelta en varios de los sitios donde había prendido. Lo que quedaba del comité revolucionario y los organismos centrales del sindicato prefirieron continuar adelante, haciendo un esfuerzo supremo por extender la insurrección. Esto hizo que, para las autoridades, las jornadas del 10 y del 11 fuesen quizás las más difíciles de la insurrección. En esos momentos y tras la confusión de los primeros días, el presidente Martínez Barrio y sus ministros podían estar seguros que el levantamiento se limitaba a la CNT y a algunas secciones locales del PCE (Madrid, Valencia, Granada, Huesca). Al amanecer del día 12 de diciembre lo peor parecía haber pasado y el gobierno pudo ufanarse del completo fracaso del levantamiento anarquista. Ese día y el 13, una parte sustancial de los huelguistas que habían seguido, de grado o por fuerza, las indicaciones de la CNT, se reincorporaron a su puesto de trabajo: el sindicato más importante al sur de la región valenciana, el textil y fabril de Alcoy (Alicante), ordenó la vuelta al trabajo y condenó el movimiento revolucionario[310]. El 14 de diciembre había quedado claramente frustrada en todos sitios. Desde luego, así debieron de verlo los dirigentes nacionales de la CNT, pues comenzaron a aparecer octavillas en Zaragoza en las que, después de expresar el orgullo que les producía el levantamiento, pedían a sus militantes el retorno al trabajo para el día siguiente. Pronto el comité nacional del sindicato envió a los diarios locales de la ciudad una nota con el mismo contenido. Al tiempo que se apagaron los últimos rescoldos de la rebelión, proliferaron las redadas para apresar a todos los implicados. Por centenares se contaron los detenidos a lo largo y ancho del país y, a partir de ese día 14, se iniciaron operaciones en las barriadas donde la CNT contaba con mayor peso. Las batidas también se trasladaron al campo, siendo detenidos buena parte de los insurrectos que habían huido de sus pueblos. Los presos se agolpaban en las cárceles y en otros locales habilitados como tales a la espera de ser juzgados por los Tribunales de Urgencia, formados conforme requería la Ley de Orden Público. Estas acciones culminarían con la detención, el 16 por la tarde, de los siete individuos que formaban el comité revolucionario de la CNT en una casa de Zaragoza[311].

¿Una represión arbitraria?

El final de la revuelta dejó un panorama desolador. Los muertos ascendieron a 125 y los heridos a 186. De ellos, 16 y 63, respectivamente, pertenecían a las fuerzas del orden. Los insurrectos habían sufrido 65 muertos y 38 heridos[312]. No todos los anarquistas muertos y heridos fueron abatidos por las fuerzas del orden, pues una docena de bajas (de ellas, ocho muertos) fueron provocadas por el manejo inapropiado de explosivos. Es verdad que las pérdidas sufridas por la fuerza pública y los anarquistas, siendo notables, no alcanzaron la gravedad de lo que ocurriría en la insurrección de octubre de 1934. Sobre todo porque, a diferencia de ésta, los combates cara a cara entre la fuerza pública y los anarquistas habían sido escasos. Cuando ocurrieron fueron de corta duración y los grupos en liza destacaron por su exiguo número. Abundaron más las escaramuzas breves y, por parte de los violentos, los atentados a resguardo contra los agentes del orden.

Aun así, los 57 rebeldes muertos por guardias civiles y de asalto triplicaron y más la cifra de agentes fallecidos en acto de servicio, 16. Este contraste resulta poco sorprendente, en cuanto que la lucha desencadenada por la CNT y la FAI se desarrolló de forma desigual entre unos anarquistas medianamente duchos en el manejo de armas de fuego y explosivos, y los experimentados agentes de los cuerpos de seguridad. En prácticamente todos los casos estudiados los guardias civiles y de Asalto hicieron uso de sus armas de fuego conforme se estipulaba en sus reglamentos, esto es, cuando previamente fueron agredidos. Hay que insistir en que, dado el armamento que utilizaban los anarquistas, que tenía poco que envidiar a los de las fuerzas de seguridad a la hora de inferir daño físico, el hecho de tener que esperar una agresión previa procuró a la fuerza pública un número de heridos (muchos de ellos graves) bastante elevado.

Cabe hacer una puntualización con respecto a otro asunto: el de la incidencia de la «militarización» en la represión llevada a cabo por la fuerza pública. Como vimos páginas atrás, suelen vincularse los protocolos de actuación de las fuerzas militarizadas con una represión más dura y sangrienta. No obstante, en la insurrección anarquista de 1933 no se apreció diferencia alguna en el proceder de guardias civiles (la policía militar) y de Seguridad y Asalto (la policía civil). Es más, incluso los agentes de ambos cuerpos aparecieron mezclados en grupos a las órdenes de los gobernadores civiles, cumpliendo las mismas órdenes y del mismo modo. Además, un dato resulta muy ilustrativo. De las cinco denuncias que sobre ilegalidades en la represión hicieron los socialistas —de las que no se confirmó la veracidad de ninguna—, sólo una se refería a la actuación de la Guardia Civil, mientras que cuatro se formulaban contra la Guardia de Asalto.

Por otro lado, el número de víctimas civiles, 44 muertos y 85 heridos, merece un comentario. La mayoría abrumadora se generó no por una profusión represiva, por los métodos expeditivos de la Guardia Civil y de las fuerzas de Asalto, sino por el exceso de celo revolucionario de los alzados en armas. Cuatro muertos y un herido fueron hechos por la fuerza pública de manera involuntaria, cifras que, a pesar de todo, son apreciables y que dejan ver una ocasional falta del sentido de la medida a la hora de utilizar las armas de fuego. Por lo común, estas bajas se generaron durante los tiroteos con los anarquistas en el momento en que las víctimas se interpusieron en la línea de fuego. Los 40 muertos y 84 heridos restantes lo fueron por los anarquistas, que hicieron uso de un repertorio variado: bombas, descarrilamientos y, también, disparos contra los empleados que se negaron a sumarse a la huelga o los adversarios políticos que se resistieron a entregarse.

Un último aspecto que debe citarse para valorar el nivel de violencia empleado por los insurrectos, fueron los abultados daños materiales que la sublevación provocó. Aparte de la quema de los archivos municipales, varios edificios oficiales, tiendas y cuarteles, pero también iglesias y conventos, fueron asaltados e incendiados y, en no pocos casos, quedaron parcial o totalmente destruidos. Puentes, carreteras y, sobre todo, vías y material ferroviario, centrales de energía y el tendido eléctrico, así como el telegráfico y el telefónico, sufrieron como ninguna otra infraestructura el estrago de la revuelta.

Contra lo que pueda pensarse, la depuración judicial de buena parte de las causas abiertas no tomó un sesgo especialmente riguroso. Todos los detenidos fueron juzgados conforme a las disposiciones del Código Penal civil. Una parte de los que habían sido prendidos al amparo del estado de alarma fueron declarados inocentes y absueltos. Multas y penas de prisión relativamente breves, de dos a ocho meses, fueron decretadas para los acusados sólo de tenencia ilícita de armas y explosivos (es decir, los que no fueron sorprendidos usándolas). De dos a tres años fueron impuestos a muchos responsables de las bombas que estallaron. Penas más graves, unos cuatro años y algunos meses, se les procuró a los culpables de atentar, infructuosamente, contra la vida de los agentes del orden. El doble de pena, ochos años, fue adjudicado para casi todos los acusados de delitos «contra la forma de gobierno», en general los que secundaron, sin dirigirlo, el levantamiento y combatieron a la fuerza pública. Las penas por encima de la docena de años (las más agravadas no pasaron, casi nunca, de dieciocho) se reservaron para los que sumaron a la anterior los delitos de excitación a la rebelión y a la sedición, en general los cabecillas de las revueltas. No obstante, la mayoría abrumadora de las condenas que se impusieron tampoco llegarían a cumplirse. La ley de amnistía que aprobaron las Cortes el 20 de abril de 1934 supuso que todos los que no habían sido encarcelados por delitos de rebelión y sedición (que habrían de esperar hasta febrero de 1936), curiosamente casi todos los penados, salieran a la calle. En la práctica, la amnistía alcanzó incluso a dirigentes de la insurrección como Durruti, Puente o Mera, sobre los que no se había podido completar la instrucción al ser robados a punta de pistola, por un grupo de «faístas», los sumarios que instruía el Tribunal de Urgencia de Zaragoza el 24 de enero de 1934[313].

Así pues, no parece que la liquidación del movimiento anarquista por parte del Estado republicano pecara de despótica o arbitraria. La debilidad de la CNT en los meses siguientes no puede atribuirse, por tanto, a represiones terribles, esas que tanto gustaba describir a los medios anarquistas o a los políticos que pretendían medrar ganándose el apoyo «cenetista» como Eduardo Barriobero (que actuó de abogado defensor de los alzados), sino al tremendo y creciente desgaste provocado por la táctica insurreccional. Al contrario, lo que demostraba el uso de la jurisdicción civil y del Código Penal para enjuiciar a los responsables de una sangrienta insurrección, más los efectos de la ley de amnistía, era que, a pesar del incremento de los costes para los anarquistas (y para todos), jugar la vía insurreccional continuaba siendo rentable. Entre otras cosas, eso podría explicar que continuara utilizándose en octubre de 1934[314].

Desde luego, el éxito de las instituciones republicanas no puede hacernos perder la perspectiva. Los acontecimientos demostraban que el gobierno no había exagerado mucho al calibrar la gravedad potencial de la insurrección cenetista. A pesar de resolverse en menos de una semana, el número de víctimas revela que el levantamiento anarquista fue el capítulo más sangriento de todo el primer tercio de siglo hasta el momento. Había superado en encono a las insurrecciones anteriores de 1932 y enero de 1933[315]. Es más, en cuanto a virulencia, puede atribuírsele más importancia incluso que a los acontecimientos revolucionarios de 1917 que, pese a su mayor extensión territorial y durabilidad, había cosechado un número de muertos y heridos (80 y 150 respectivamente) notoriamente inferior a los de diciembre de 1933. Otra de las diferencias que eleva la importancia de esta insurrección respecto a las dos anteriores es que fue la única organizada directamente por la CNT, con unos objetivos claramente concebidos y expuestos a los militantes de los sindicatos federados, y con una preparación y medios bastante superiores. Por eso el daño y sus secuelas fueron, esta vez, mayores.

Lo peor de todo era que, desempolvado definitivamente el método insurreccional desde el pronunciamiento de Primo de Rivera, comenzaba a comprobarse lo caro que salía como procedimiento para hacerse con el poder. La creciente voluntad que los gobiernos republicanos demostraban de no dejárselo arrebatar acudiendo a todos los medios a su alcance, se compensaba con la voluntad de los insurrectos de poner en liza más elementos (hombres, armas, dinero y nuevas tácticas) para afrontar la revolución con mayores posibilidades de éxito. Por eso, a pesar de que los anarquistas no tuvieron fuerza suficiente para adelantar el advenimiento del comunismo libertario, sí que la poseían para hacerse presentes y crear una notable y dañosa inquietud, hasta el punto de paralizar el normal funcionamiento de ciudades del tamaño de Barcelona y Zaragoza o de comarcas rurales enteras, como en Huesca o Logroño. Como revela Diego Abad de Santillán, a pesar de su fracaso, «el movimiento fue real y aleccionador en varias regiones, y sus experiencias (…) fueron recordadas y practicadas desde agosto de 1936[316]». Precisamente por esto, la revuelta de diciembre de 1933 se separa decisivamente de las anteriores para asemejarse bastante a la «revolución» de octubre de 1934. En cuanto a procedimientos y, también, costos en vidas humanas e infraestructuras no constituyó más que su prólogo.

8. CUANDO LAS URNAS NO CUENTAN

«Azaña se dirigió a la nación por la radio con palabras de alto sentido político. Su programa era: ni represalias ni persecución; libertad, prosperidad y justicia para todos. A toda prisa se decretó y aplicó su amplia amnistía. Salieron de la cárcel miles de presos (…) y aumentaron en proporción aterradora los desórdenes y las violencias[317]». Estas palabras de Salvador de Madariaga reflejan lo lejos que quedaron los propósitos de los republicanos de izquierda de la realidad que se impuso tras la celebración de las elecciones del 16 de febrero de 1936, las que dieron el triunfo al Frente Popular. Y no era que estos propósitos fueran insinceros, y el discurso pura expresión de cinismo. Al contrario, las investigaciones más recientes insisten en poner de relieve la creciente incomodidad de la mayoría de los dirigentes de Izquierda Republicana y Unión Republicana, que representaban el ala derecha de la coalición frentepopulista, ante la fuerte conflictividad que se apoderó de muchas provincias del país entre febrero y julio de ese año.

La República irreversible

Es cierto que los republicanos de izquierda pasaron a controlar, en exclusiva, el gobierno de la nación inmediatamente después de las elecciones. Pero sus aliados del PSOE, espoleados por las pequeñas formaciones políticas a su izquierda (sobre todo por un Partido Comunista cada vez más influyente merced a las divisiones que corroían al socialismo español) y que no compartían la moderación de Azaña, lograron hacerse con numerosos ayuntamientos y con el control de algunas diputaciones provinciales. Y desde estas instituciones impulsaron una política revanchista que perjudicaba haciendas, conciencias, libertades… y a veces hasta la propia vida de los adversarios políticos vencidos, a los que se veía como enemigos de clase. Porque frente al discurso de «libertad, prosperidad, justicia para todos», más que un plan revolucionario urdido desde el gobierno o desde los comités nacionales de los partidos obreristas y sindicatos, lo que se impuso en muchas localidades tras el triunfo del Frente Popular fue un espíritu de revancha que informó buena parte de las medidas, a veces notoriamente ilegales, que tomaron ayuntamientos y diputaciones[318].

Lo peor era que este desquite se consideraba definitivo. Para una parte de los vencedores en las elecciones, el triunfo del Frente Popular era del todo irreversible y en absoluto se concebía el retorno en un futuro de un gobierno republicano de centro-derecha como el que había dominado la escena política la mayor parte de 1935. Precisamente, la revancha a fondo era la que permitiría evitar una «entronización del fascismo», al decir de ellos. Así, cuando se ocupaba una finca, se decretaban asentamientos y alojamientos arbitrarios de jornaleros, cuando se clausuraba la sede de un partido político contrario, o se prohibían los actos públicos que organizase la oposición, cuando se decretaban huelgas por motivos políticos, se expulsaba a obreros no afiliados a los sindicatos «de clase» y se obligaba a los patronos a aceptar convenios laborales económicamente inasumibles, cuando se limitaban los derechos de los católicos a profesar su religión, con trabas para con sus ritos y actos litúrgicos, y cuando se toleraba cierto grado de violencia si el objetivo eran los «enemigos políticos», no se hacía más que socavar las bases políticas, económicas y culturales sobre las que se asentaban, en cada una de las localidades del país, los partidos que no formaban parte del Frente Popular. Como puede observarse, lo que ocurrió fue algo más que un problema de orden público vinculado a la amnistía, aunque éste estuviera también presente durante aquellos meses[319].

Desde luego, esa irreversibilidad, extraña en una República democrática en la que el poder legislativo se elegía mediante elecciones periódicas, no venía justificada por el resultado de los comicios de febrero de 1936. Los resultados oficiales en la primera vuelta habían arrojado 4.438 311 votos para el Frente Popular y las candidaturas disidentes de izquierda, mientras que las diferentes listas presentadas por el centro y la derecha agruparon 5.139 917 electores. No obstante, la coalición de izquierdas había triunfado porque supo adaptarse mejor que sus oponentes a los condicionantes de la ley electoral que, como vimos, incitaba a la unión de diferentes partidos en una única candidatura y premiaba el triunfo en las circunscripciones más pobladas, donde existía un mayor desequilibrio en el reparto de escaños entre mayorías y minorías[320]. El Frente Popular había obtenido la mayoría parlamentaria, sin duda, pero su victoria no era aplastante ni tampoco podía decirse que esta coalición representase a la mayoría absoluta del país. Hasta qué punto eran conscientes de esto algunos dirigentes republicanos de izquierda resulta hoy día un misterio. Sabemos que no concebían la coalición parlamentaria del Frente Popular como una herramienta para «sovietizar» el país y que, frente a un PSOE cada vez más radicalizado, esperaban retomar, acelerándolo, el programa del bienio 1931-1933. Es más, incluso la aplicación de este programa necesariamente habría de contar con una oposición de centro-derecha mucho más numerosa que la de 1931 en el parlamento y, más aún, en la calle.

La aplicación ordenada, parlamentaria, del programa del Frente Popular se vino abajo desde el momento en que el gobierno republicano de izquierda y sus gobernadores civiles no pudieron o no quisieron controlar de manera sistemática los excesos patrocinados, ya sea por acción u omisión, por las autoridades locales en muchos ayuntamientos controlados por la izquierda obrera, sobre todo por el sector más izquierdista del PSOE. En verdad, la izquierda republicana se enfrentaba a un dilema difícilmente soluble. Porque si sancionaba a las autoridades municipales que se extralimitaban, pertenecientes todas a partidos aliados, esto habría supuesto la ruptura del Frente Popular, algo que la mayor parte de los dirigentes republicanos de izquierda no se llegaron a plantear seriamente. Exceptuando muestras aisladas de autoridad de algún gobernador civil, en general la postura de éstos fue la de contemporizar, esperar que la marea conflictiva decreciese con el transcurso de las semanas y la aplicación del programa de gobierno, y tolerar y hasta legalizar situaciones de hecho, como la misma toma arbitraria y a viva fuerza de los ayuntamientos a partir del 20 de febrero de 1936. Pues no hubo, como alguna vez se ha dicho, reposición de los concejales elegidos en distintos procesos electorales (los del 12 de abril y 31 de mayo de 1931, y los de 23 de abril de 1933), y sí nombramiento de comisiones gestoras con representación exclusiva de los grupos pertenecientes al Frente Popular que, en no pocas ocasiones, venían también a sustituir a ayuntamientos de centro-derecha elegidos por sufragio.

La actitud de los republicanos de izquierda merece una explicación, estrechamente vinculada a su tendencia a «patrimonializar» la República, es decir, a considerarla un régimen que sólo ellos tenían derecho a gobernar. Para comprenderla, hemos de retrotraernos a lo ocurrido en septiembre de 1933, al final del primer bienio. Tras la caída de Azaña, éstos aceptaron participar en el primer gobierno de Lerroux a sabiendas de que sus antiguos aliados, los socialistas, sentían una tremenda animadversión hacia el Partido Radical. La reacción en el seno del PSOE fue furibunda: Largo Caballero y hasta Prieto declararon que la colaboración ministerial de los socialistas con los republicanos de izquierda había finalizado para siempre. De nada sirvió que los republicanos de izquierda ayudasen, un mes después, al derribo parlamentario de Lerroux. El divorcio entre socialistas y republicanos de izquierda tuvo consecuencias en las elecciones de noviembre de ese año. La Comisión Ejecutiva del PSOE se negó a acordar con ellos una coalición nacional. Desasistidos del apoyo socialista en buena parte de las circunscripciones, desunidos en diversas fracciones, con una ley electoral hipermayoritaria que aconsejaba lo contrario y, no pocas veces, sin un trabajo previo de organización de partido, los republicanos de izquierda naufragaron, hasta el punto de pasar de unos 180 diputados en 1931 a tan sólo 30 (incluyendo ERC) en 1933. La reacción al desastre electoral tanto de Azaña como de Marcelino Domingo fue achacar el pésimo resultado no a las consecuencias de su gestión durante el primer bienio, sino al sufragio femenino y, sobre todo, a la desunión de republicanos y socialistas. Ni asomo de autocrítica.

Con el Partido Radical en el poder, los republicanos de izquierda buscaron fusionarse en un solo partido y, al tiempo, tender todos los puentes posibles hacia el PSOE. Eso aun cuando, tras su derrota electoral, la mayor parte de los socialistas se estaban desentendiendo de los procedimientos democráticos para recuperar el poder y se habían encaminado por el peligroso atajo de la revolución social. Pese a que no compartían semejantes planes, los republicanos de izquierda no dudaron en ponerse del lado de los socialistas en las diversas huelgas que protagonizaron, incluida la gran huelga general agraria del verano de 1934, así como apoyar al presidente de la Generalidad de Cataluña, Companys, que volvió a aprobar la Ley de Contratos de Cultivo que había sido declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Cuando en octubre de 1934 Lerroux formó un nuevo gobierno que incluía a tres ministros de la CEDA, los republicanos de izquierda declararon su incompatibilidad con las instituciones y, sin apoyar el levantamiento armado protagonizado sobre todo por los socialistas y la Esquerra, no dejaron de justificarlo ante lo que consideraban la usurpación de la República por «sus enemigos[321]». Desde entonces, además de disculpar a los revolucionarios y atacar al gobierno que había defendido la legalidad, el tema recurrente de sus campañas de propaganda fue la recuperación de la verdadera República, es decir, la resultante del programa que ellos habían aplicado entre 1931 y 1933. No les importó demasiado que la mayor parte del PSOE, aún después de su derrota en octubre de 1934, ya no identificase más meta que la instauración del «socialismo» y hablara abiertamente de la república democrática como un simple medio en ese camino.

En realidad, durante 1935 las diferencias programáticas se diluyeron en un clima de solidaridad cimentado desde la oposición común de todas las izquierdas a los gobiernos de coalición entre el Partido Radical y la CEDA. En el parlamento y en las tribunas, los republicanos de izquierda impugnaron la moderada rectificación de algunas leyes del primer bienio, como la agraria, así como los proyectos de reforma constitucional que planeaban tanto el presidente de la República como los gobiernos de centro-derecha. Agitaron a sus electores avisándoles del peligro que suponía para el régimen el nombramiento de Gil Robles como ministro de la Guerra, al que continuamente acusaron de querer fomentar un golpe de estado utilizando al Ejército. Aprovecharon bien la munición que les otorgaron algunos escándalos de corrupción que afectaron a políticos lerrouxistas. Pero más que el peligro de rectificación de la República que representaba la derecha posibilista, lo que unió a los republicanos de izquierda con los socialistas fue denunciar de consuno la represión desmedida del levantamiento armado de octubre de 1934. Argumentos, desde luego, les dio el gobierno radical-cedista, y no tanto porque éste se permitiera un ejercicio de represalias violentas a gran escala con objeto de exterminar a los responsables del movimiento revolucionario, que no lo hubo. Sino porque los gobiernos y la mayoría parlamentaria de centro-derecha no supieron realizar procesos de depuración de responsabilidades rápidos, mantuvieron la ausencia de garantías constitucionales durante demasiados meses, se embarcaron en detenciones polémicas y en causas judiciales con poco fundamento, como fue el caso del proceso abierto contra Azaña, y abolieron las instituciones representativas de la Generalidad de Cataluña como si éstas, y no los políticos de la Esquerra, hubieran sido responsables de la sublevación. La amnistía de los presos y de los condenados por los sucesos de octubre de 1934 se convirtió en banderín de enganche ideal sobre el que se podía articular un entendimiento electoral entre republicanos de izquierda y socialistas. El objetivo: impedir que el centro-derecha volviera a ganar unas elecciones y gobernarse la República.

Si bien un sector importante del PSOE, el de Largo Caballero, era reticente a colaborar con la izquierda republicana, el fracaso estrepitoso del levantamiento de octubre pareció cargar de razón a otro grupo, el de Prieto, que se mostraba decidido partidario de reactivar los procedimientos parlamentarios y de estrechar relaciones con los grupos políticos a su derecha. Esta línea fue la que, finalmente, se impuso aún al precio de incluir al PCE en el Frente Popular, la coalición electoral que se estaba formando para las próximas elecciones a Cortes. Se había logrado al fin restañar las heridas provocadas por el divorcio de 1933. Claro que a cambio de una relación precaria. Pues la mayoría de los dirigentes socialistas continuaba negándose a compartir responsabilidades de poder con los republicanos de izquierda y no pudo consensuarse ni tan siquiera un programa electoral compartido por todos. Pero era, al fin y al cabo, un acuerdo que garantizó a los republicanos de izquierda una buena porción de escaños en el último parlamento de la República y, mejor aún, el control del gobierno.

Después de una concertación tan trabajosamente lograda, puede comprenderse por qué los dirigentes nacionales de Izquierda Republicana y Unión Republicana se mostraban tan remisos a romper el Frente Popular después de febrero de 1936. Estaban básicamente de acuerdo con la percepción de que los desmanes que ocurrían tras las elecciones eran lógicas expansiones de espíritus oprimidos tras dos años y pico de gobiernos de centro-derecha. Esperaban que con la aplicación del programa del Frente Popular remitieran. Cuando esto no sucedió, los rumores sobre una posible ruptura aprovechando las divisiones internas del PSOE se hicieron notables. Pero todo quedó en nada.

La percepción de la irreversibilidad del cambio político que trajeron consigo las elecciones de febrero de 1936 vino además reforzada por su innegable paralelismo con las del 14 de abril de 1931, por lo menos en algunos aspectos. El primero, las movilizaciones masivas que tuvieron lugar en Madrid para celebrar el triunfo del Frente Popular y que recuerdan a las que se celebraron cinco años antes en vísperas de la proclamación de la República. El segundo, la amenaza de dislocación del orden público (en algunas ciudades en concreto, como Zaragoza o Málaga, fue bastante más que una amenaza) provocada por manifestaciones que pedían ante las cárceles la inmediata aplicación de la amnistía y que ponían al gobierno de Portela Valladares en trance de tener que reprimirlas por la fuerza; situación que recuerda a la de algunas capitales de provincia como Valencia, Sevilla o Bilbao en abril de 1931. El tercero, la sensación de vacío de poder tras la actitud dimisionaria de Portela y de buena parte de su gobierno, que recuerda la inhibición de la mayor parte del último ministerio de la Monarquía, y de buena parte de las autoridades provinciales subalternas, ante los acontecimientos que se desarrollaron entre el 12 y el 14 de abril de 1931. El cuarto, en fin, la toma del poder por parte del Gobierno Provisional de la República cubriendo el vacío que dejaban los ministros monárquicos, mantiene una semejanza innegable con el retorno de Azaña y de un gobierno republicano de izquierda que venía a reemplazar a un casi huido Portela. Es cierto que el 19 de febrero de 1936 fue Alcalá-Zamora quien, haciendo uso inequívocamente legal de sus prerrogativas constitucionales, nombró a Azaña presidente del Consejo, pero si el cambio cumplió con los requisitos formales, en la práctica vino forzado por unas circunstancias especialmente alarmantes que tenían que ver precisamente con ese deterioro del orden público. De ahí que, no se olvide, el poder le fuese entregado al Frente Popular antes incluso de que tuviese lugar el escrutinio oficial de los resultados de las elecciones y la proclamación de diputados, previstos para el 20 de febrero.

Por tanto, más que una alternancia democrática en el gobierno protagonizada por distintos partidos, lo que pareció suceder con la caída del gabinete Portela fue el fin de un «régimen» y el comienzo de otro, una República plural pero de izquierdas, con pretensión de institucionalizarse y permanecer indefinidamente. Es preciso comprender que esta percepción estaba en la mentalidad de muchos dirigentes locales y provinciales de los partidos del Frente Popular. Y, de manera singular, en la de muchos militantes del PSOE y del PCE, y de otros pequeños partidos obreristas, que veían en la República de izquierdas una etapa más dentro del irrevocable proceso que les conduciría hacia su verdadera República, la socialista. Dentro de esas formaciones se discutió mucho sobre si convenía esperar pacientemente que los republicanos de izquierda en el poder aplicasen el programa del Frente Popular para sustituirles y hacer una política socialista desde arriba (que algunos interpretaban como «soviética» y otros no), o había que espolearles desde los ayuntamientos y las diputaciones provinciales con el fin de quemar etapas y avanzar con mayor rapidez. Pero en algo sí que coincidían: no podía haber ni habría una nueva marcha atrás. No se repetiría lo de noviembre de 1933, esto es, no se volvería a entregar la República a las derechas. El Socialista lo dejaba meridianamente claro, por ejemplo cuando negó legitimidad alguna a los concejales conservadores de elección popular para volver a sus ayuntamientos: «¿En qué razones apoyan su derecho? Si lo tuvieron, y ya es dudoso que lo tuvieran, lo han perdido después del día 16». Se refería el periódico al 16 de febrero, el día del triunfo del Frente Popular[322].

Pero hacer irreversible la República de izquierdas sin abolir el contenido democrático de la Constitución de 1931, algo por lo que los partidos republicanos de izquierda no hubieran pasado, significaba, además de quebrar las bases de apoyo sobre las que se asentaban los partidos de la oposición, acabar con la incertidumbre que introducían las elecciones libres en el reparto del poder político. Los comicios que se celebraron después de febrero de 1936 rompieron un proceso que en España venía gestándose desde principios del siglo XX: el que procuraba elecciones más competitivas con un mayor nivel de movilización. Y esta ruptura se hizo verdaderamente patente en las provincias donde el sector obrerista del Frente Popular (sobre todo el PSOE) era mucho más potente que el republicano (Izquierda y Unión Republicanas). He aquí la importancia que tiene el caso específico de Granada respecto a otras provincias españolas. En la Granada de la Segunda República, el grado de competencia entre socialistas, de un lado, y radicales y CEDA, de otro, había sido muy fuerte, mientras que los republicanos de izquierda habían tenido un papel marginal. En febrero de 1936 una coalición de centro-derecha había derrotado por bastante diferencia al Frente Popular. Pero las protestas de los socialistas lograron que los comicios fueran anulados. Así, en mayo de 1936 se volvieron a celebrar nuevas elecciones y las candidaturas de izquierdas lograron un triunfo tan espectacular que se hicieron con todos los puestos de diputado de esa provincia. La derecha y el centro fueron borrados del mapa sólo tres meses después de haber conquistado la victoria. Lo que sigue es una explicación de cómo esto pudo ser posible.

Granada en las elecciones del Frente Popular

En Granada, al igual que en casi todas las circunscripciones, el Frente Popular había logrado articular una coalición de izquierdas sin fisuras. El PSOE había modificado su estrategia de 1933 y, por mediación de Fernando de los Ríos, transigió en conceder dos puestos a Izquierda Republicana y otros dos a Unión Republicana, reservándose los seis restantes. En esta provincia, la hegemonía sindical de la UGT era notoria y apenas si quedaba espacio para comunistas y anarcosindicalistas, que no tuvieron representación en la coalición. Sin embargo, la candidatura del Frente Popular contenía nombres que suponían algunos guiños al electorado de extrema izquierda como Francisco de Toro Cuevas, dirigente madrileño de las Juventudes Socialistas, o Francisco Menoyo Baños, un militar socialista que había participado en los sucesos revolucionarios de 1934 y que había huido posteriormente a Bruselas, donde permaneció hasta el retorno de Azaña al poder en febrero de 1936. El apoyo de los antiguos votantes azañistas y radical-socialistas independientes quedaba asegurado con la presencia de José Palanco Romero y Miguel Rodríguez Molina respectivamente, ambos ahora en Izquierda Republicana. Y el último guiño se hizo al antiguo electorado del Partido Radical, con la presencia de dos candidatos de la Unión Republicana de Martínez Barrio: Ricardo Corro Moncho, alcalde radical-socialista de Granada hasta que dimitió en octubre de 1934 después de solidarizarse con la revolución, y Emilio Martínez Jerez, líder provincial del «lerrouxismo» hasta su desplazamiento en 1932 por José Pareja Yébenes, jefe de los republicanos autónomos de Granada que se habían integrado en el Partido Radical. Completaban la lista dos dirigentes del PSOE provincial, Ernesto Fernández Jiménez y Antonio Martín García, y dos miembros del mismo partido pero de relevancia nacional: el exministro Fernando de los Ríos Urruti, y el miembro de la ejecutiva nacional y del ala «prietista» del socialismo Ramón Lamoneda.

Esta lista fue adelantada por el diario católico Ideal el 28 de enero de 1936 acompañada de una encarecida petición a las derechas granadinas para que formasen un amplio «Frente Español Contrarrevolucionario» siguiendo el ejemplo de la izquierda y emulando la fórmula de unión del centro y la derecha que tan bien había funcionado en 1933. En un principio, se había hablado de una candidatura de coalición formada por la CEDA, el Partido Radical, el Agrario y Renovación Española. Por otra parte, el gobernador civil, Juan Antonio Torres Romero, había solicitado con éxito el apoyo de políticos del antiguo Partido Liberal para poner en marcha la nueva formación de centro auspiciada por Alcalá-Zamora y el presidente del gobierno que habría de dirigir los comicios, Portela. En el nuevo proyecto se integraron el minúsculo Partido Republicano Progresista de Alcalá-Zamora, y antiguos liberales como Natalio Rivas Santiago y Pascual Nácher Vilar. Los directivos provinciales de Acción Popular pronto comprendieron que una lucha triangular perjudicaba, a la postre, los intereses del centro-derecha frente a una izquierda completamente unida, y presionaron a la dirección nacional para que les permitiese llegar a un acuerdo con los seguidores de Portela. El fin era reforzar sus posibilidades de triunfo con el favor del gobierno y, sobre todo, con la notable influencia de Natalio Rivas en las comarcas alpujarreñas de Órgiva y Albuñol. El pacto no fue difícil y, una vez recibido el placet de las directivas nacionales y del Ministerio de la Gobernación, la noche del 3 de febrero se llegó al acuerdo definitivo para formar una candidatura totalmente ensamblada. La CEDA coparía la mitad de los puestos, cinco, incluyendo a dos influyentes periodistas madrileños de El Debate: José Fernández-Arroyo Caro y Francisco Herrera Oria, hermano del fundador de Acción Nacional. Junto a ellos concurrieron dos líderes provinciales de Acción Popular, Julio Moreno Dávila y Manuel Torres López, y uno de los representantes más importantes del sindicalismo católico, Ramón Ruiz Alonso. Los «portelistas» obtendrían tres puestos: uno de ellos para Natalio Rivas; otro para el jefe provincial de los progresistas de Alcalá-Zamora, Gonzalo Muñoz Ruiz; y otro para el diplomático y literato Melchor Almagro Sanmartín. Los restantes dos puestos se los repartían el único representante monárquico, el carlista José María Aráuz de Robles, y Francisco González Carrascosa, líder del Partido Agrario y político con fuerte arraigo en el antiguo distrito costero de Motril. Quedaron excluidos, finalmente, el Partido Radical y Pascual Nácher, jefe de los partidarios de Romanones en la provincia, pero, tras un amago de presentación de candidatura, ambos grupos pidieron el voto para el Frente Antirrevolucionario.

La primera vuelta de las elecciones de febrero de 1936 se desarrolló en un tenso ambiente político. Estuvo presidida por una fuerte confrontación entre dos proyectos exclusivistas, en la que el electorado fue movilizado con proclamas apocalípticas que hacían hincapié en los males que ocurrirían de vencer los enemigos políticos. En Granada, temiendo desórdenes durante la campaña, el gobernador civil, Torres Romero, retrasó todo lo que pudo la apertura de las Casas del Pueblo (las sedes del PSOE) en muchas localidades, pidió varias unidades de guardias civiles y de asalto de otras provincias, y concedió licencias de armas a particulares para ser empleadas en propia defensa. No se comportó de forma neutral. Para Torres Romero, el mantenimiento del orden público consistía, sobre todo, en evitar cualquier tipo de coacción que pudiera venir por parte de los militantes del PSOE y de la UGT en las comarcas donde el socialismo era la opción mayoritaria. Por ello, reforzó allí a la fuerza pública desplegada y permitió a los «elementos de orden» que se rearmaran. Según los representantes del Frente Popular en la provincia, esta última decisión estaría en el origen de las bandas de escopeteros que proliferaron por toda la provincia el día de los comicios y que coaccionaron a sus equipos de notarios, interventores y apoderados.

Parece cierto que la política de orden público de Torres Romero fue unidireccional y dirigida, sobre todo, contra posibles desórdenes que pudieran venir provocados por la izquierda. Pero también lo es que en algunos municipios habían ocurrido alteraciones durante anteriores comicios en los que menudeó el empleo de armas de fuego por parte de los socialistas, como atestiguan los sucesos de Alamedilla en 1931, o los de Algarinejo o Montejícar en 1933. Y que tampoco los afiliados del PSOE desconocían el recurso al fraude o a la coacción cuando la elección no les favorecía en algunas comarcas, algo que puede comprobarse por las numerosas denuncias que los candidatos del centro o la derecha hicieron en 1931. En este sentido, la afirmación de que las licencias de armas concedidas pudieran tener fines defensivos no resultaba del todo incierta. De hecho, y pese a las precauciones del gobernador, los activistas violentos de las izquierdas tampoco dejaron de actuar en 1936, provocando el suceso más grave ocurrido durante la campaña. En el transcurso de un mitin de las derechas en el pueblo de Monachil, extremistas de izquierda tirotearon a los asistentes, resultando herido de gravedad un joven de diecisiete años[323].

A pesar de que el gobernador mostró en momentos concretos su parcialidad, las limitaciones a la campaña de las izquierdas fueron más bien excepcionales. En general, el Frente Popular pudo desarrollar la propaganda con relativa normalidad como así atestiguó uno de sus candidatos, José Palanco, durante la sesión de las Cortes en la que se discutía la anulación de las elecciones[324]. Las denuncias de irregularidades se hicieron más frecuentes el día de los comicios. La noche del 16 de febrero, y conforme avanzaba el recuento, los dirigentes de las izquierdas granadinas conocieron el triunfo momentáneo del Frente Popular a nivel nacional, así como su propia victoria en la capital granadina. Sin embargo, las impresiones acerca de los resultados en los pueblos de la provincia eran bastante más negativas, pues indicaban un claro éxito del centro-derecha. El Frente Antirrevolucionario se colocaba por delante en el recuento general del voto en la circunscripción, con casi 150 000 sufragios, y conseguía los diez escaños de las mayorías. El Frente Popular copaba los tres diputados de las minorías con unos 100 000 votos[325].

La respuesta de los derrotados no se hizo esperar y prepararon el terreno en la opinión pública para que el Congreso anulara los resultados electorales de Granada. En sus ediciones del 18 de febrero, tanto el órgano izquierdista El Defensor como el centrista La Publicidad, publicaron datos de una serie de pueblos, unos veintitrés entre los dos periódicos (de los 202 municipios que, por entonces, se componía la provincia), donde habían tenido lugar coacciones, no pocas de ellas violentas, contra los equipos electorales del Frente Popular. Una vez conocidas la rápida dimisión de Portela y la subida al poder de Azaña el 19 de febrero, la campaña por la anulación cobró fuerza. De hecho, El Defensor continuaría publicando todos los días una enumeración de todos los supuestos atropellos de los que fueron víctimas los notarios habilitados, interventores y apoderados del Frente Popular, actitud de la que pronto se desmarcó La Publicidad.

El día 20 se reunió la Junta Provincial del Censo, el organismo encargado del recuento final y de la proclamación de los diputados granadinos. Nada más comenzar, y antes del escrutinio, se hizo constar una protesta de los candidatos cuarto y quinto más votados del Frente Popular (Ricardo Corro —de Unión Republicana— y Ramón Lamoneda —del PSOE—), que habían quedado sin escaño. Acto seguido, Ricardo Corro intervino con un discurso de más de una hora en el que se describían los atropellos a que habían sido sometidos los equipos electorales del Frente Popular en los veintisiete municipios en los que se extendió acta notarial. Sin embargo, para apoyar el propósito de que se considerasen nula y sin validez aquellas elecciones, las complementó con denuncias de irregularidades, esta vez sin concretar y sin apoyo documental alguno, en otra serie de municipios. En este grupo citó, incluso, varias localidades donde las izquierdas se habían impuesto con bastante claridad[326]. La intervención de Corro fue bastante exaltada y además estuvo jaleada por varios representantes del Frente Popular presentes que, tras escuchar a su candidato, le acompañaron cuando éste anunció que abandonaría la sala sin escuchar la contraprotesta de los candidatos conservadores y sin presenciar el escrutinio, renunciando así a formular la protesta por los cauces jurídicos previstos en la normativa electoral. Los aspirantes a diputados de la coalición antirrevolucionaria expresaron su estupefacción ante la actitud de las izquierdas: éstas no aceptaban el resultado pero no se mostraban dispuestas a impugnarlo por vías legales; y optaban por hacer campaña en la calle y apelar al nuevo gobierno de Azaña y a la mayoría parlamentaria del Frente Popular para que se anulasen las elecciones en la provincia. Además de exponer las irregularidades legales de la protesta del Frente Popular, los candidatos de las derechas apelaron, como prueba de la verosimilitud de los resultados, a su holgada victoria por 50 000 votos de diferencia[327].

¿Qué versión era la más ajustada a la realidad? Hasta ahora existen dos estudios provinciales, el de Miguel Pertíñez y el de Mario López y Rafael Gil, que han asumido como verídicas las protestas de las izquierdas. Se limitan, básicamente, a volcar la información que publicó el periódico El Defensor, sin contrastarla con otras fuentes y prescindiendo de analizar con detalle la documentación depositada en el Archivo del Congreso de los Diputados. No se cuestionan hechos como, por ejemplo, por qué si existió fraude en algunas mesas los interventores del Frente Popular, que los había en casi todas las secciones, firmaron la documentación electoral sin reflejar ninguna protesta. Ricardo Corro, candidato derrotado de las izquierdas, había referido que en algunos pueblos hubo «bandas de escopeteros» que agredieron a los equipos electorales del Frente Popular, pero no consta en la prensa o en la sección de Gobernación del Archivo Histórico Nacional que hubiera en Granada ningún muerto o herido de bala, grave o leve, durante la jornada electoral. Corro volvió a afirmar de un modo genérico que la Guardia Civil había observado una actuación parcial contraria a los intereses del Frente Popular; pero, al igual que en los comicios de 1933, donde el socialista Ramón Lamoneda formuló una protesta similar, no citó en concreto alguna coacción protagonizada por miembros de ese Instituto[328].

Desde un punto de vista científico, la tesis que presentó Javier Tusell resulta mucho más seria. Este autor no entró tampoco a analizar la fiabilidad o no de las protestas de las izquierdas ni tampoco la documentación presentada como prueba, pero les concedió verosimilitud atendiendo a dos consideraciones. La primera, que Granada presentaba un historial propicio a la corrupción electoral que se remontaba a la época de la Monarquía liberal. La segunda, que resultaba extraño el triunfo de las derechas en Granada, por cuanto que en las restantes provincias de Andalucía había triunfado el Frente Popular[329]. No obstante, ambas afirmaciones presentan algunas deficiencias. La primera que, como hemos podido apreciar, en Granada había existido, al igual que en otras partes del país, una tendencia efectiva hacia la modernización de sus elecciones y, por tanto, de reducción del fraude que el mismo Tusell deja entrever en otra de sus obras[330]. Es decir, que el hecho de que en 1850, 1876 o 1901 hubiera habido fraude electoral en algunos distritos de esta provincia no es un elemento de prueba que permita determinar, por sí mismo, que pudiera haberlo igualmente en 1936. La segunda afirmación de Tusell, el triunfo general del Frente Popular en Andalucía, dificulta la comprensión de un hecho cierto: la intensidad de la victoria del Frente Popular había sido muy distinta en las diferentes circunscripciones de esta región. De hecho, en provincias limítrofes con Granada como Jaén o Almería, el Frente Popular venció porque la derecha había sido incapaz de presentarse unida. Como puede observarse en los propios datos que presenta Tusell, si los partidos de centro y derechas hubieran presentado allí una candidatura como la de Granada, la suma de sus votos les habría garantizado la victoria frente a las izquierdas[331].

Nosotros hemos analizado con detalle la documentación electoral que existe en el Archivo del Congreso de los Diputados y en el Archivo de la Diputación Provincial de Granada, contrastándola además con la prensa de diferente color político. Las izquierdas granadinas habían impugnado, a través de El Defensor, los resultados de una cuarta parte de los municipios de la provincia (54 en total). Pero en el expediente electoral de Granada sólo consta algún tipo de protesta en veintiocho, y en algunos casos, como Motril, no en todas sino en algunas de sus mesas. A mayor abundamiento, muchas de esas protestas presentaban graves defectos de forma que denunciaron el 21 de febrero los candidatos conservadores. Por otro lado, en buena parte de los casos, las protestas aludían no a la comisión de fraude electoral directo sino a coacciones ocurridas fuera de los colegios electorales. Ciertamente podían ser indicio de que se pretendían falsear las elecciones; pero, sorprendentemente, si acudimos a los resultados de algunas de esas mesas, los mismos denunciantes, es decir, los partidos del Frente Popular, resultaban vencedores. Por lo tanto, aun en el caso de que los indicios que presentaron las izquierdas en esos veintiocho municipios fueran ciertos, su anulación hubiera sido insuficiente para modificar los resultados electorales: la candidatura de centro-derecha hubiera continuado venciendo por treinta mil sufragios de diferencia. Pero es que, además, si se aceptaran todas las protestas que los partidarios del Frente Popular vertieron en la prensa, tuviesen o no fundamento documental, aun en ese caso extremo el centro-derecha continuaría triunfando por un margen de seis mil votos[332].

De este modo, no parece que el fraude fuera tan generalizado que los resultados no fueran producto de los deseos de la mayoría de los granadinos. Ni siquiera dando por buena la tesis que más favorece a los candidatos del Frente Popular, esto es, admitiendo la verosimilitud del fraude en las 54 localidades protestadas se puede llegar a esa conclusión. Hay que recordar, además, que los propios denunciantes aceptaban tácitamente que en los 148 municipios donde no formularon ninguna protesta (que representaban al 75 por ciento de los electores de la provincia) se votó con plenas garantías.

Por otra parte, los representantes de las izquierdas, sobre todo el PSOE, se negaron a discutir sosteniendo un criterio jurídico o sobre cifras de votos concretas. Por el contrario, se ampararon en la «convicción moral» de que las derechas habían obtenido la victoria utilizando el fraude, la violencia y las estratagemas caciquiles. Hablaron genéricamente de «bandas de escopeteros» que actuaron en varios pueblos amenazando o deteniendo a candidatos, notarios e interventores del Frente Popular (algo que denunciaron oficialmente en una decena de pueblos, de los más de doscientos que componían la circunscripción) y de «pucherazos» o falsificaciones masivas de la documentación electoral que las fuentes disponibles no reflejan. No pidieron la anulación de los resultados en los municipios donde había sospechas de fraude, sino la invalidación completa de la consulta y su repetición con el Gobierno Civil y los ayuntamientos a su favor.

Para lograr ese objetivo articularon una campaña en la calle, con mítines y manifestaciones en las principales localidades de la provincia, destinada a presionar a sus directivas nacionales y a la Comisión de Actas de las Cortes, encargada de dictaminar la validez de los resultados. Esta campaña se hizo, además, en un contexto de rápido deterioro del orden público. Al contrario que en otras provincias, en Granada el gobernador civil «portelista», Torres Romero, se mantuvo en el puesto y afrontó los desórdenes posteriores al día de la elección. Previo acuerdo con el gobierno, Torres declaró el estado de alarma en toda la provincia el mismo 18 de febrero. La previsión del gobernador cercenó la agitación que fomentaban algunos militantes del Frente Popular. Ese día tan sólo tuvo lugar una concentración de extrema izquierda ante el domicilio del catedrático tradicionalista José Taboada Tundidor, al que insultaron y amenazaron con quemarle la casa. Por lo demás, el orden pareció mantenerse sin problemas esa jornada y la siguiente. Pero todo se desbordó cuando llegó la noticia de que en Madrid había dimitido el gabinete de Portela y, en su lugar, Azaña había formado gobierno. El día 20 se produjo una manifestación izquierdista frente a la cárcel pidiendo la aplicación inmediata de la amnistía y, posteriormente, buena parte de sus componentes se dirigió a asaltar y quemar las sedes del diario Ideal y de Falange Española, algo que logró evitar la intervención de la Guardia de Asalto. Estos y otros desórdenes impulsaron a los directivos provinciales del Frente Popular a publicar un manifiesto intentando pacificar a sus masas pero con un tono poco sosegado y culpando a las derechas del origen de éstos: «Elementos provocadores e interesados en que el grandioso triunfo logrado por el proletariado al aplastar al fascismo quieren que esta victoria se vea velada en Granada por un día de luto. El bloque popular (…) sabrá cumplir todos sus compromisos y reivindicar todas las injusticias. No hacer caso de elementos provocadores; el proletariado es el más interesado en guardar el orden. No hacer caso de ninguna orden de manifestarse en ningún sentido que no parta de los organismos responsables[333]».

No parece que ese manifiesto tuviera demasiada eficacia, a juzgar por lo que estaba ocurriendo de forma simultánea. En las localidades de la provincia donde las izquierdas tenían una fuerte presencia, se convocaron manifestaciones con el fin de hacerse con los ayuntamientos y sustituir a viva fuerza a los concejales y gestores de centro-derecha por los líderes locales de los partidos frentepopulistas. Estas actividades culminaron el día 23 con una manifestación en Guadix encabezada por el socialista Ramón Lamoneda, que tomó posesión del edificio consistorial y, desde allí, pidió al gobierno Azaña «la destitución de los empleados saboteadores del régimen, la sustitución de los ediles culpables de los excesos y atropellos pasados, la supresión o relevo de la plantilla de Vigilancia de Guadix, la reposición de los represaliados, la nulidad de las bochornosas elecciones de Granada, el desarme de las hordas fascistas y la creación de milicias republicanas y obreras, única garantía para el régimen[334]».

El día 22 el ejecutivo de Azaña había nombrado un nuevo gobernador civil, Aurelio Matilla García del Barrio (de Unión Republicana), que tardaría dos días más en llegar a la ciudad. En ese ínterin, se aplicó la amnistía aprobada por la Diputación Permanente de las Cortes y la cárcel provincial fue vaciada entre manifestaciones de júbilo que acabaron en la plaza del Ayuntamiento capitalino y que pedían de nuevo, entre otras cosas, la nulidad de las elecciones en la circunscripción de Granada. El nuevo gobernador comenzó su mandato con medidas de pacificación social, anulando las licencias de armas que concedió su predecesor y ordenando su entrega inmediata a la Guardia Civil.

No obstante, el ambiente con el que se encontró no concordaba con sus deseos. La convulsión que azotaba al país tuvo en Granada un ejemplo agravado. La toma de los ayuntamientos por parte del Frente Popular fue todo menos pacífica. Las nuevas autoridades llevaron a cabo un expurgo inmediato de funcionarios y empleados locales ideológicamente desafectos cuyo volumen llegó a preocupar seriamente al propio gobernador civil. En una circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, Matilla se expresaba en términos realmente duros contra la política de depuraciones llevada a cabo por sus aliados del Frente Popular: «Solo una ciega pasión represálica, corolario y secuela de un censurable fanatismo político, puede marginar en los Municipios restaurados por imperio de la ley, el que ésta sea vulnerada en su esencia con cesantías, a veces inauditas, y siempre funestas, como principio y como realidad. Castigar con la separación del servicio sin formación de previo y preciso expediente depurador es contrario a la ley, razón y derecho. Nadie puede ser juzgado sin ser oído, nadie puede ser sancionado sin justificar debidamente la sanción. Otro caso es volver despectivamente las espaldas a los preceptos legislativos y reglados (…) Es inhumano, francamente inhumano, decretar por rencillas políticas, con el cabeza de familia, el hambre y la miseria de aquellos hombres que están a su cargo[335]».

La depuración de funcionarios en la administración local no fue la única acción que emprendieron las organizaciones locales del Frente Popular. Las agresiones contra los propietarios de tierra se hicieron endémicas en las comarcas septentrionales y centrales de la provincia. Los asaltos y robos de cosecha en fincas se generalizaron y algunos acabaron con graves enfrentamientos entre sindicalistas y la Guardia Civil, como ocurrió, en un solo día, en Pinos Puente, Huéscar, Gor y Órgiva. Los guardias municipales recién nombrados se convirtieron, en algunos pueblos, en el brazo armado de los alcaldes frentepopulistas y en la avanzadilla de los extremistas. En Montefrío, dos alguaciles protagonizaron otro asalto a un predio y confiscaron varias fanegas de aceitunas y, aunque posteriormente se les destituyó de sus cargos, no se abriría causa judicial alguna contra ellos[336]. A partir de marzo, la prensa granadina recogió a diario noticias similares. La invasión de fincas, las talas ilegales y los robos de leña o de cosechas, y los subsiguientes enfrentamientos armados entre propietarios y sindicalistas de izquierda se hicieron frecuentes, sin que el Gobierno Civil acertase a salvaguardar el orden. Los alcaldes frentepopulistas, la mayoría socialistas, lejos de auxiliar al gobernador, patrocinaban por acción o por omisión los desmanes, considerados como una muestra primaria de «justicia popular» y de vuelco en las relaciones sociales de poder.

En este contexto, la disputa por la anulación de las elecciones se hizo aún más enconada, dada la presión que estaban ejerciendo las bases de las izquierdas desde la calle. Esto impulsó a todos los diputados de centro-derecha a publicar un manifiesto. Prevenían a la opinión sobre los «manejos de las fuerzas políticas derrotadas en aquella provincia» a fin de «sacar la discusión de actas impugnadas de su cauce legal» y llevarlo «a la calle y al mítin [sic], con escandaloso alboroto enemigo de la seguridad jurídica propia de estos asuntos». Y advertían de la «maniobra» que se avecinaba para «coaccionar las libres determinaciones del Congreso en la aprobación o anulación de las actas». Frente a eso, aunque reconocían que les sería «fácil responder en el mismo tono con que se nos combate», mantenían su confianza en la ley y esperaban «justicia» en la actuación de «la alta autoridad del Parlamento[337]».

Así las cosas, sus adversarios continuaron con su activa campaña en pro de la nulidad de las elecciones y celebraron el acto de inauguración oficial de la protesta en Almuñécar el 27 de febrero[338]. El Defensor pidió a los elementos locales del Frente Popular de la provincia que se enviasen por escrito y firmados todos los relatos posibles de coacciones, atropellos y sobornos de que se tuviese constancia. De estas protestas, cuya veracidad fue cuanto menos cuestionable por haber empezado a recogerse quince días después de celebrada la elección y no haberse adjuntado en su momento a la documentación electoral, o al menos en actas notariales, se hizo eco este periódico para tratar de reflejar, a posteriori, un fraude masivo en la elección[339]. Aun así, todos los esfuerzos del Frente Popular granadino se centraron en la convocatoria y organización de un gran acto en la capital el 8 de marzo que consistiría en un mitin, lo más concurrido posible, en el estadio de fútbol de Los Cármenes y en una manifestación inmediatamente posterior que habría de dirigirse al edificio de la Diputación, donde recibiría un escrito con sus reivindicaciones el gobernador civil.

Así se hizo, con la asistencia de unas diez mil personas, según la prensa. Los discursos tuvieron un tono inmoderado, llegándose al extremo de conmemorar y exaltar la sublevación de 1934. Inauguró el acto Ramón Lamoneda (PSOE), explicando cuál era el objetivo de la campaña: «El problema que tiene planteado Granada es de dignidad. No quiere ni caciques que atropellen, ni políticos que roben, ni diputados que ostenten el título de verdugos honorarios». Le siguió el líder anarcosindicalista local José Alcántara, que hizo un llamamiento a la revolución obrera y envió un mensaje a los partidos republicanos de izquierda: «Tenéis que romper valientemente con los arrivistas [sic] y los caciques, que ahora, en la hora del triunfo se acercan como moscas y que son los mismos que no hace muchos días daban jornales de hambre y organizaban las partidas de escopeteros contra los hombres de izquierda». Aún más estridente fue la intervención del comunista Antonio Mije: «. tengo el compromiso solemne de luchar como sea preciso para que la Ceda no pueda triunfar»; y pidió al ejecutivo Azaña «… que anule las elecciones bien entendido que, si no se presta a hacerlo de una manera legal, la conseguiremos por la violencia (Ovación)». A continuación habló en nombre de Unión Republicana no el diputado Martínez Jerez, que se había negado a participar en la campaña[340], sino otro de sus líderes provinciales, José Villoslada. Éste, además de exaltar la irreversibilidad del triunfo del Frente Popular, pidió la anulación de unas elecciones que «representan la mancha negra de toda clase de coacciones, arbitrariedades, abusos y atropellos y aquellos antiguos procedimientos de lacra, cieno y podredumbre, de que sólo son capaces los hombres de la reacción para burlar la voluntad soberana del pueblo[341]».

Los gruesos calificativos de Villoslada fueron muy aplaudidos. Precedieron al discurso del socialista Francisco Menoyo, implicado en la revolución de 1934: «Camaradas: el octubre español ha marcado en la Historia de España una huella indeleble de sangre y de martirios que ha de permanecer constantemente ante la memoria de todos. Ha sido la primera victoria del proletariado, y nos ha mostrado el verdadero camino a seguir para la liberación definitiva (Ovación)». El diputado José Palanco, de Izquierda Republicana, no le fue a la zaga y arengó al público utilizando el mismo tono. Tras la intervención del «héroe de Octubre», el socialista Ramón González Peña, que supuso una nueva glorificación de lo sucedido en Asturias, llegó el discurso más esperado, el de Fernando de los Ríos, que habría de fijar la postura del Frente Popular granadino ante el debate por la anulación que se desarrollaría de inmediato en Madrid. Desde luego, esta pieza oratoria no concordó con la imagen moderada del líder socialista. «Nosotros», aseguró, «pondremos de manifiesto en el Parlamento el cúmulo de delitos, de desvergüenzas, de vejaciones, de persecuciones, de encarcelamiento de notarios, apoderados o interventores (…) que se ha producido en las pasadas elecciones en Granada». «Pero sabed», añadió, que si después de poner de manifiesto todo ello las Cortes «votaran porque persistiese la anulación aparentemente legal, ni el Sr. Palanco Romero ni yo, tendríamos en nuestro poder veinticuatro horas nuestras actas de diputados, sino que las entregaríamos en la Mesa[342]».

Tras el mitin, los asistentes se dirigieron a la Diputación, donde fue entregado un pliego al gobernador civil con varias peticiones: «Que traslade a la Cámara el clamor de Granada contra unas actas sucias, graves e incompatibles con la dignidad civil de la República», que «proceda enérgica y rápidamente a desarmar a las cuadrillas caciquiles y monarquizantes» y «que limpie de solapados enemigos de la ley los mandos y las instituciones de todo linaje; que reduzca, en fin, con mano dura a los que ya comienzan a sustituir el poder político por el abuso inhumano de la propiedad[343]».

Después de ello, la manifestación comenzó a disolverse. Pero, al momento, empezaron también los disturbios. Varios grupos de frentepopulistas agredieron, ese día 8 y en Granada capital, a militantes falangistas tras un intercambio de provocaciones e insultos. Al día siguiente, miembros de Falange decidieron vengar a los agredidos promoviendo algunos enfrentamientos con militantes de izquierda. El más grave desembocó en un tiroteo que hirió a una docena de personas en la Plaza del Campillo. La tarde del 9 hubo un intento de asalto de la sede de Falange y, posteriormente, un registro policial. Los partidos y sindicatos de izquierda llamaron a la huelga general para el día siguiente con el fin de promover el desarme y la disolución de Falange, y la destitución de los jefes y oficiales del Ejército y de las fuerzas de orden políticamente desafectos al Frente Popular. La tensión subió de tono cuando activistas de izquierdas intentaron, sin éxito, incendiar tres domicilios particulares de políticos y empresarios conservadores, y dos conventos en la madrugada del día 10.

Este día sería uno de los más fatídicos de la historia granadina. Grupos de extremistas prendieron fuego, durante la mañana y a media tarde, el teatro «Isabel la Católica», los cafés «Colón» y «Royal», los talleres del diario católico Ideal, una fábrica de chocolates, un comercio de hojalatería, la sede de la Sociedad de Tenis, las iglesias de El Salvador, San Cristóbal, San Gregorio el Bajo, y la del convento de San Gregorio el Alto. La intervención de los bomberos fue estorbada por grupos estacionados ante los edificios y hasta por francotiradores que les tiroteaban, y no pudieron salvar ninguno de los edificios. Además, las sedes de Falange, de Acción Popular y de Acción Obrerista (organización sindical vinculada a la CEDA), así como el domicilio del catedrático tradicionalista José Taboada, fueron asaltados y completamente destruidos. La violencia contra fincas, domicilios particulares, sedes derechistas o establecimientos religiosos se trasladó también a una decena de pueblos de la provincia.

Lejos de movilizar a la policía, el gobernador civil dio órdenes de que se inhibiese. Esto provocó un enfrentamiento entre los mandos de las fuerzas del orden y el propio Aurelio Matilla. La tensión subió varios grados cuando el comandante militar de la plaza, el general Eliseo Álvarez-Arenas, intervino para acusar al gobernador de negligencia y exigirle la declaración del estado de guerra ante el agravamiento de los desórdenes. Finalmente, Matilla autorizó a la fuerza pública para que saliera a las calles. Su intervención expeditiva y un comunicado de los directivos del Frente Popular, que desautorizaron los incendios y asaltos, lograron devolver la tranquilidad a la ciudad al día siguiente, 11 de marzo. Pero no se detuvo a los autores de los desmanes.

Los que sí pagaron su enfrentamiento con el gobernador fueron los mandos militares y policiales. A propuesta de Matilla, el gobierno Azaña los destituyó de inmediato. Eliseo Álvarez-Arenas fue sustituido al frente de la guarnición por el general Manuel Llanos Medina. También fueron trasladados o dejados en situación de disponible el coronel del 8° Tercio de la Guardia Civil Agustín Piñol Riera, el teniente coronel del Instituto Manuel Fernández Valdés, y el capitán de la Guardia de Asalto José Nestares Cuéllar. Además, en la provincia, por deseos de las nuevas autoridades municipales del Frente Popular, que ya gobernaban tres cuartas partes de los ayuntamientos, fueron trasladados a otros lugares un número considerable de oficiales y suboficiales de la Guardia Civil, y fueron destituidos los pocos guardias municipales que, considerados desafectos políticamente a la nueva situación, sobrevivieron a la ola de destituciones que había tenido lugar, como vimos, en la segunda mitad de febrero[344].

La actuación del gobernador no terminó ahí. Autorizó, además, que milicias socialistas y anarquistas se constituyesen en una especie de «guardia cívica», una fuerza parapolicial que se dedicó a registrar los domicilios de destacadas personalidades del centro y la derecha en busca de armas. Hasta trescientas de estas personas fueron detenidas «por acusárseles por elementos obreros de ser los autores de los disparos que el día anterior se hicieron contra la fuerza pública», lo que equivalía a sostener que la derecha había sido la instigadora de los incendios de las iglesias, de su propio periódico y de sus sedes políticas. Además, «los grupos populares se dedicaron a la caza de fascistas que al ser detenidos por la fuerza pública eran seguidos por las muchedumbres». Uno de estos «fascistas» fue el catedrático Taboada al que le incendiaron su domicilio mientras estaba en comisaría. A mediados de marzo los desórdenes continuaron en varios pueblos de la provincia y se registraron más detenciones de derechistas, como en los pueblos de Padul y Maracena. El día 19 de marzo, Matilla anunció la clausura de todos los «centros fascistas»; aseguró, además, que había cursado órdenes de detención para todos sus afiliados[345].

De todas formas, los sucesos del 10 de marzo tuvieron gran resonancia nacional y, a la postre, provocaron el cese del propio gobernador civil, en el que intervino personalmente un indignado Alcalá-Zamora. Fue sustituido por otro miembro de Unión Republicana, Ernesto Vega de la Iglesia Manteca, con fama de enérgico pero que tuvo un comportamiento aún menos imparcial que su predecesor. El nuevo gobernador ordenó una nueva revisión de los permisos de armas, mucho más selectivo, pues confirmó los que estaban en manos de simpatizantes de los partidos de izquierdas y ayudó a la consolidación de la «guardia cívica» frentepopulista que tendría una destacada actuación en los nuevos comicios del 3 de mayo. Se estrenó, además, autorizando al alcalde socialista de Baza para registrar un convento de franciscanos, en busca de armas, que terminó con la detención del Padre Prior y la confiscación de bienes de culto. Decretó, a continuación, la previa censura de toda la prensa granadina y el 2 de abril la prohibición de cualquier manifestación pública, incluidas las procesiones de Semana Santa, «para garantizar el orden cara a las elecciones municipales». Con el fin de acabar con el paro creciente en la ciudad, amenazó con fuertes multas a los propietarios de fincas urbanas si no acometían las reparaciones prescritas por las autoridades locales, e impuso a particulares adinerados su participación en el empréstito que solicitó el Ayuntamiento de Granada para realizar más obras públicas. Pero todas estas medidas no surtieron demasiada eficacia, y la situación del orden público en la provincia no sólo no mejoró sino que empeoró, sobre todo, en las zonas rurales[346].

Mientras se cerraba así la campaña por la nulidad de las elecciones, la discusión se había trasladado de Granada a Madrid. El 16 de marzo, Gil Robles se reunió con los jefes de las minorías de las que formaban parte los diputados granadinos de centro y derechas: el tradicionalista José María Lamamié de Clairac, el agrario José María Cid y el centrista Manuel Portela. Todos defendieron la validez de la elección de febrero, destacando la gran diferencia de votos a favor de las derechas y la insuficiencia de pruebas jurídicas de fraude, y anunciaron su intención de abandonar la discusión de las actas si las de Granada eran anuladas. Pese a esta advertencia, la postura nada imparcial de la mayoría izquierdista en la Comisión de Actas de las Cortes se puso de manifiesto en las primeras sesiones de trabajo. Aunque por iniciativa de su presidente, el socialista Indalecio Prieto, hubo intentos para hallar una solución negociada. Éste deseaba que los ponentes derechistas aceptasen la anulación de las elecciones en Granada y Cuenca, a cambio de convalidar las de Baleares y Zaragoza provincia, propuesta que éstos rechazaron. Por el contrario, el cedista Manuel Giménez Fernández intentó llegar a un pacto para que se anulasen en Granada las secciones suficientes para que los socialistas lograsen aumentar, mediante corrimiento de escala, su número de escaños[347]. Probablemente esta tentativa reflejaba ya el íntimo convencimiento por parte de las derechas de que las actas de Granada serían anuladas irremediablemente. No obstante, la mayoría no la aceptó.

Así las cosas, los ponentes conservadores decidieron no seguir participando de las deliberaciones de la Comisión de Actas y acordaron retirarse. Con ellos dimitía el propio presidente de la Comisión, Indalecio Prieto, arguyendo «que [en adelante] mi convicción discrepante pueda ser (…) profunda[348]», aunque con posterioridad aclararía su actitud favorable a la anulación de las elecciones en Granada. El debate de las actas de esta provincia ante el Pleno de las Cortes tuvo lugar el 31 de marzo. Las izquierdas acudieron para apoyar el dictamen de la fracción mayoritaria de la Comisión, favorable a su anulación. Las derechas lo hicieron para poner de manifiesto su descontento por la utilización de criterios distintos (jurídicos o morales) que, en cada circunscripción, siempre acababan beneficiando los propósitos del Frente Popular. Tras la discusión, los diputados conservadores se retiraron de la cámara y los partidos de la mayoría, en solitario, aprobaron la anulación de las elecciones.

El adiós al pluripartidismo: las elecciones del 3 de mayo de 1936

Las izquierdas granadinas estaban satisfechas. Los resultados de la campaña por la anulación habían sido óptimos. Los nuevos comicios habrían de celebrarse el 3 de mayo y, al no considerarse segunda vuelta sino nuevas elecciones, las diferentes coaliciones podrían rehacer por completo sus candidaturas. De hecho, esto es lo que ocurriría. La descripción de cómo se desarrollaron estos comicios resulta esencial para comprobar cómo había cambiado el contexto político respecto a febrero de 1936; además, permite vislumbrar la quiebra de la incipiente democratización del comportamiento electoral en la España de los treinta.

Una vez conocida la nulidad, las derechas se convencieron de la necesidad de acudir de nuevo a los comicios. Sin embargo, contra todo pronóstico, el bloque antirrevolucionario cambió de significación, pues la CEDA no renovó el pacto con «portelistas» y agrarios. La situación política había cambiado, y la campaña electoral contra el Frente Popular se planteaba como una confrontación casi bélica. Así lo entendió el propio Gil Robles, que optó por una «candidatura de batalla» denominada «Frente Nacional» y compuesta por radicalizados y combativos afiliados a la Juventud de Acción Popular (JAP). Con Ramón Ruiz Alonso, Francisco Herrera Oria y Julio Moreno Dávila concurrirían el presidente de las JAP, José María Pérez de Laborda, y un directivo granadino de esa organización, Avelino Parrondo. El puesto reservado para los tradicionalistas sería para el general José Enrique Varela, que se hallaba confinado en Cádiz por orden gubernativa y para el que se buscaba la inmunidad parlamentaria. Y, con la misma finalidad, los cuatro restantes se concedieron a otros tantos falangistas que, desde que se había ilegalizado su partido el 14 de marzo, se encontraban también en la cárcel: Julio Ruiz de Alda, Augusto Barrado, Manuel Valdés Larrañaga y Raimundo Fernández-Cuesta. La coalición de esos partidos quedó ajustada tras las negociaciones llevadas a cabo por Fernando Primo de Rivera y el cedista Geminiano Carrascal. La financiación de la campaña sería asumida por Falange y la CEDA al cincuenta por ciento[349]. Resulta complicado conocer más detalles acerca de la formación de esta candidatura al no poder publicarse el diario derechista Ideal desde que sus talleres fueron incendiados el 10 de marzo. Lo que sí sabemos es que, al ser excluidos de ésta, los agrarios y los radicales se negaron a concurrir a las elecciones. Alegaban, y esto resulta muy significativo, que no existían garantías suficientes para desarrollar con libertad la propaganda necesaria, dadas la situación de desorden crónico que padecía la provincia y la incapacidad del Gobierno Civil para paliarla. El contraste con lo sucedido en enero y febrero de 1936, donde la presentación de candidaturas y la propaganda electoral se habían desarrollado, por lo general, en condiciones de libertad para todas las opciones políticas, comenzaba a evidenciarse. Tampoco concurriría, pese a los rumores vertidos al contrario, el expresidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que había sido destituido pocos días antes[350].

En cuanto a la candidatura del Frente Popular, el ajuste fue bastante más complicado. El PSOE granadino, que había llevado el peso de la campaña por la anulación, requirió aumentar los seis puestos que había tenido en febrero y dar entrada en la candidatura al PCE, mientras que Izquierda Republicana y Unión Republicana aspiraban a mantener dos puestos cada uno. Además, la situación se complicó al conocerse que no concurrirían las mismas personas que en febrero. En parte, la confección de la nueva lista vino condicionada por los ajustes que tuvieron lugar en la candidatura de izquierdas por Cuenca, donde también habrían de repetirse los comicios. Allí, el Frente Popular había transigido en incluir a un «portelista» en su candidatura, dejando fuera al socialista Aurelio Almagro, al que había de buscar acomodo en la lista granadina. Qué duda cabe que las disputas por los puestos provocaron una fuerte animadversión entre las directivas nacionales de los partidos del Frente Popular y sus organizaciones provinciales en Granada. El resultado fue, por un lado, la confusión y la dispersión de candidatos, pero, por otro, la modificación del objetivo final. En efecto, la necesidad de satisfacer las ambiciones de todos hizo plantearse a los socialistas la posibilidad de que el Frente Popular copase la totalidad de los escaños de la provincia, en lugar de ir sólo por las mayorías. Por si el panorama no fuese suficientemente complejo, fue presentada también una candidatura completa por los escaños de la minoría adicta al Frente Popular pero fuera de la disciplina de los partidos que lo formaban. Estaba compuesta por Eduardo Ortega y Gasset, Eduardo Barriobero y Mariano Sánchez-Roca, todos ellos como republicanos independientes y federales que pretendían lograr el apoyo de los anarcosindicalistas de la CNT[351].

Finalmente, tras no pocas disputas internas, el comité provincial conjunto que habían formado los partidos del Frente Popular anunció que la candidatura de las izquierdas sería abierta y comprendería nueve nombres: seis socialistas (Fernando de los Ríos, Ramón Lamoneda, Antonio Martín, Ernesto Fernández, Francisco Menoyo y Aurelio Almagro), dos de Izquierda Republicana (José Palanco y Miguel Rodríguez) y uno de Unión Republicana (Ricardo Corro). Se dejaba plena libertad al elector para que completase la candidatura con el resto de candidatos de izquierda, excepto Ortega y Gasset, Barriobero y Sánchez-Roca. No obstante, la confusión se mantuvo hasta el final cuando ese mismo comité provincial anunció su apoyo a una candidatura completa, de diez nombres, incluyendo los anteriores citados más otro socialista, Nicolás Jiménez Molina[352].

La campaña fue corta pero resultó muy intensa y reflejó hasta qué punto el proceso de modernización de las costumbres electorales en esta provincia iba a ser interrumpido. Se volvió a los peores tiempos del exclusivismo de partido, agravados ahora con el uso generalizado de la violencia como forma de imponerse a los partidos de la oposición.

La campaña del Frente Popular culminó el primero de mayo con un acto de propaganda en la ciudad realizado, en exclusiva, por partidos obreristas, y los discursos mantuvieron el tono de vendetta que habían tenido durante la campaña por la anulación. Ese tono violento generó, en algunos lugares, consecuencias por el estilo. En la pedanía de Alomartes, perteneciente al municipio de Íllora, un grupo de extremistas acudieron, después de presenciar el mitin del primero de mayo, a la iglesia del pueblo. Destrozaron la puerta y sacaron las imágenes, con las que prendieron una hoguera ante la impasibilidad del alcalde socialista, Nicolás Jiménez Molina, que, como vimos, era candidato a diputado del Frente Popular. Apercibida la Guardia Civil, acudió para expulsar a los asaltantes, pero éstos respondieron a tiros, iniciándose un intercambio de disparos que provocó un muerto y un herido grave[353].

A diferencia de la coalición gubernamental, la candidatura a las minorías de los republicanos federales —que habían quedado fuera de la lista del Frente Popular— hizo una propaganda muy modesta. El objeto de sus invectivas no fueron, contra todo pronóstico, las derechas sino el Frente Popular que les había repudiado y que no les iba a permitir alcanzar, ni tan siquiera, los puestos por las minorías. Sus críticas no se centraron en divergencias programáticas sino en denunciar que las elecciones iban a ser fraudulentas y que este fraude no sólo iba destinado a que el Frente Popular venciese sino a que obtuviera todos los escaños. Los carteles que anunciaban su candidatura iban acompañados de lemas en los que se podía leer: «CONTRA EL PUCHERAZO. En toda democracia los puestos de las minorías se han respetado siempre al libre juego de la opinión. El copo disfrazado equivale a falsear el sentido democrático, que debe ser base de la República[354]». Igualmente, en su mitin de cierre de campaña uno de los candidatos, Mariano Sánchez-Roca, intervino para poner en tela de juicio la política electoral del Frente Popular. Llegó a cuestionar sin veladuras la limpieza de la elección: «Sólo pido una cosa, con todo respeto, al Comité del Frente Popular, y es que el resultado fiel y exacto que arrojen las urnas se transcriba en las certificaciones de escrutinio, porque nos llegan noticias de lo contrario. Si así fuere, nosotros diremos por todos los medios a nuestro alcance que en Granada se ha falseado la voluntad nacional[355]».

Por su parte, el Frente Nacional no pudo hacer propaganda. La quema del diario Ideal les dejó huérfanos de prensa afecta y la actitud del Gobierno Civil no fue muy imparcial. Además, aunque presentada como una medida de orden público, el gobernador, Ernesto Vega de la Iglesia sustituyó las comisiones gestoras de centro-derecha que aún funcionaban en una cincuentena de municipios granadinos por otras adictas al Frente Popular. Este dato resulta interesante; el hecho de que en los días posteriores a las elecciones del 16 de febrero las izquierdas no hubieran podido tomar posesión de una cuarta parte de los ayuntamientos de la provincia, demuestra que las formaciones del Frente Popular apenas si tenían arraigo o presencia en una parte apreciable del medio rural granadino[356].

Estas limitaciones hacían ver las dificultades por las que habrían de pasar las derechas en estas elecciones. Quizás aprovechando esta circunstancia, y apreciando el cierto arraigo electoral que Acción Popular poseía en la provincia, los socialistas trataron de negociar antes el resultado de los comicios. El líder de la CEDA, Gil Robles, recibió sugestiones de una serie de personalidades del Frente Popular granadino para que aceptase el triunfo de las izquierdas en Granada y la exclusión del sindicalista católico Ramón Ruiz Alonso de la candidatura del Frente Nacional, a cambio de concederle los tres escaños de las minorías. De esta negociación sólo tenemos noticias por el propio Gil Robles en sus memorias. Sin embargo, el asunto tomó estado parlamentario cuando, en la impugnación que sostuvo el diputado cedista Luciano de la Calzada ante el Pleno de las Cortes de 22 de mayo de 1936, se citó este intento oficioso de reparto pacífico de puestos. Si bien es cierto que algunos diputados socialistas interrumpieron a Calzada negando su verosimilitud, también lo es que otro diputado y ponente de la Comisión de Actas, Jerónimo Gomáriz, pareció aceptarla para, a continuación, atacar a Giménez Fernández por otro intento de «cambalache» anterior sobre la base de correr escalas sin anular las elecciones de Granada, dando entrada en el parlamento a los seis diputados socialistas. Sea como fuere, Gil Robles no aceptó el reparto y envió —de esto sí que existe constatación— una carta al entonces ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, en la que le advertía que no iba a acceder a ese pacto y que los socialistas estaban dispuestos, como represalia, a acudir al copo de los escaños de la provincia por todos los medios[357].

Probablemente, presintiendo unas elecciones violentas, tres directivos granadinos de la CEDA acudieron a visitar al gobernador civil para comunicarle que las derechas presentarían una candidatura por las mayorías. Le pidieron, también, protección, algo que, en un principio, Vega de la Iglesia aceptó darles. Entonces Acción Popular se apresuró a publicar en la prensa una nota en la que informaba a sus afiliados y simpatizantes del resultado de la reunión, con el fin de animarles a participar en la campaña y a denunciar cualquier coacción. No obstante, las cosas no se desarrollarían de forma pacífica. El 27 de abril comenzó la propaganda conservadora con una serie de visitas y actos en las comarcas de Guadix y Baza. En su impugnación, el diputado cedista Calzada relató que, al llegar a la primera localidad, dos guardias municipales avisaron del recorrido de la caravana conservadora a las autoridades locales de los pueblos que habían de recibirlos. Ya en Guadix sufrieron las primeras demostraciones de hostilidad por militantes del Frente Popular. Pero lo más grave comenzó la tarde de ese día en la comarca bastetana. Así lo relató: «… al llegar a Baza se encontraron [se refiere al diputado por Madrid Mariano Serrano Mendicute y al candidato José María Pérez de Laborda] con que los guardias municipales habían organizado un motín, que inmediatamente quiso dirigirse a quemar los coches que llevaban a los propagandistas, Diputados y candidatos. Por indicación del alcalde tuvieron que salir apresuradamente de Baza, siendo herido a pedradas uno de los candidatos al abandonar el pueblo».

De acuerdo con su relato, la situación no mejoró en el siguiente pueblo, Cúllar-Baza, donde «los organizadores de la revuelta habían tenido más suerte y mayores elementos, y en la plaza del pueblo había un gran número de gentes dispuestas a agredir; en el momento que descendieron de los coches, el alcalde ordenó un minucioso cacheo de los propagandistas, candidatos y Diputados y un minucioso registro de los coches, llegando a casos de infantilidad, como el de pinchar los neumáticos por si en ellos iban armas. No se encontró absolutamente ninguna, y cuando los candidatos y Diputados acompañantes de éstos pretendían dirigirse a los grupos para calmarles, el alcalde avanzó hacia ellos y separándolos violentamente no permitió que entablaran contacto ni conversación con estos grupos». Acto seguido, el alcalde los retuvo durante cuatro horas, permitiéndoles, finalmente, salir del pueblo «entre dos grupos colocados a los lados de la carretera, que los agredían a tiros y pedradas». En el siguiente municipio, Diezma, los propagandistas no se encontraron con tamaña recepción, pero las represalias (detenciones y apaleamientos) se ejercieron sobre los conservadores locales una vez que los candidatos se marcharon del pueblo[358].

Estos acontecimientos fueron confirmados por el gobernador civil en unas declaraciones a la prensa. Sin embargo, les dio una interpretación muy distinta. Desmintió que se hubiese detenido a los diputados o candidatos de Acción Popular, justificando lo ocurrido del modo siguiente: «Ayer mañana llegaron a Guadix cuatro autos conduciendo a catorce señores de derechas que seguramente realizaron el viaje de campaña electoral, pues que iban algunos candidatos proclamados. Tan pronto el pueblo de Guadix se dio cuenta de su presencia acudió gran cantidad de público demostrando su hostilidad, y entonces estos señores marcharon con dirección a Baza, en donde al ocurrirles lo mismo salieron con dirección a Cúllar Baza. La presencia de éstos dio lugar a que el pueblo se reuniera demostrando también su hostilidad y en evitación de que pudieran ser agredidos, el comandante de puesto de la Guardia Civil y el alcalde, con objeto de protegerles, los llevaron al despacho de éste, en donde estuvieron libres de las iras del pueblo, hasta que comunicaron conmigo las autoridades citadas, a las que indiqué realizaran todos los esfuerzos posibles para defender la salida del pueblo de los citados señores, lo que se efectuó transcurrido algún tiempo. Entonces, con objeto de que no se repitieran los hechos en los pueblos del tránsito hasta su regreso a la capital, tuve que ordenar a la fuerza pública protegiese su paso, llegando a ésta sin novedad[359]».

Como se ve, en el transcurro de esta campaña tuvo lugar uno de los fenómenos característicos de la política de orden público llevada a cabo esos días por algunas autoridades dependientes del gobierno del Frente Popular: las detenciones de políticos de la oposición, oficiales u oficiosas, con el fin de ofrecerles «protección gubernativa» frente a las «iras del pueblo». Con independencia de la veracidad o no de la versión del gobernador civil, lo cierto es que los candidatos de derechas tuvieron serios problemas para realizar su propaganda en libertad. La negligencia del propio Gobierno Civil a la hora de procurarles las garantías suficientes también resulta significativa.

No terminaron ahí los problemas para los candidatos del Frente Nacional, pues también se encontraron con dificultades en la propia capital de la provincia. En Granada, un grupo de milicianos armados, entremezclado con policías, los detuvieron en su Hotel alegando reunión ilegal, conforme al vigente estado de alarma, y los llevaron a Comisaría, donde se les retuvo unas horas para tomarles declaración. Al mismo tiempo, un juzgado abría de inmediato diligencias para imputarles ese delito. La medida era arbitraria, por cuanto que el estado de alarma había sido levantado por el gobierno de Casares Quiroga durante los días que durase la campaña, a fin de que los candidatos pudiesen realizar sus propagandas con plena libertad[360]. Mientras, en la calle, simpatizantes del Frente Popular repartían octavillas convocando una manifestación para protestar por la presencia de propagandistas conservadores en la capital granadina.

Según Luciano de la Calzada, que fue protagonista directo de lo ocurrido por ser uno de los representantes cedistas que acudió a Granada para auxiliar a los candidatos de AP, los diputados acudieron en el acto al Gobierno Civil para pedir explicaciones al gobernador por la falta de seguridad que sufrían ellos y los afiliados y simpatizantes de los partidos de derecha en la provincia, así como para hacerle ver la imposibilidad de celebrar ningún acto electoral. La protección que les ofreció Ernesto Vega de la Iglesia no debió convencerles y, finalmente, optaron por retirar a sus candidatos de la lucha[361]. Lo hicieron pidiendo a la prensa que publicase un manifiesto para explicar a la opinión el motivo fundamental de esta decisión. No era otro que su convicción de que en la provincia reinaba «un régimen de terror al amparo del cual se va a obtener un resultado electoral que es un nuevo insulto a la democracia[362]».

El manifiesto sólo fue publicado por el diario centrista La Publicidad. Como represalia, el gobernador civil actuó contra este periódico enviando al fiscal de la República el ejemplar. Además, hizo una declaración complementaria a la prensa en la que atribuyó a un «pataleo» la retirada de las derechas. La Publicidad sería sancionada con una fuerte multa por haber publicado el manifiesto de las derechas sin autorización del gobernador. Con este panorama, las izquierdas tenían vía libre para hacerse con todos los escaños. Y así fue. En una jornada electoral, la del 3 de mayo, que la prensa de la época coincidió en tachar de anodina, el Frente Popular logró todas las actas de diputado y la única candidatura de oposición, la de los republicanos federales disidentes, quedó muy lejos de conseguir algún escaño por las minorías[363].

Aunque lo sucedido en la campaña permite calificarla de poco limpia, eso no implica que los resultados hubieran de ser fraudulentos. Lo más normal era que el Frente Popular obtuviera todos los escaños habida cuenta de que las derechas se habían retirado. Sin embargo, había algunos riesgos que debían ser abortados y que incitaban a una intervención fraudulenta. Primero, aunque no hubiera dudas sobre la significación izquierdista de los candidatos, sí que existía la posibilidad cierta de que no saliesen elegidos los que pretendían, por un lado, los comités provinciales de los partidos del Frente Popular y, por otro, sus directivas nacionales. Segundo, la concurrencia de una candidatura al margen de republicanos de izquierda amenazaba la consecución de todos los escaños de la provincia por parte de la lista oficial frentepopulista. Y por último, la abstención conservadora podía incidir en una disminución tan pronunciada de la participación que pusiera de manifiesto que los resultados de la derecha en febrero no habían sido tan fraudulentos como habían denunciado las izquierdas, deslegitimando así la elección de los nuevos diputados.

Desde luego, la retirada de la derecha incidió en una falta de control de lo que ocurrió en los colegios electorales. De ahí que encontrar, a priori, testimonios de un posible fraude sea imposible. En la documentación electoral del Archivo de la Diputación Provincial hemos hallado tan sólo una protesta extendida por los miembros de una mesa del municipio alpujarreño de Mecina Bombarón, la sección primera, adjuntada por el candidato cedista Ramón Ruiz Alonso al expediente de la Comisión de Actas. En ella se recoge el siguiente relato de la votación:

«Primero: Que a las siete de la mañana de hoy todos los referidos nos constituimos en el colegio Electoral de la repetida sección para cumplir los deberes de nuestros cargos, empezándose la votación a las ocho.

Segundo: Con nuestra poca cultura se levantaron las actas correspondientes de la Constitución de la mesa y votación y ya que se había empezado la votación fuimos amenazados y coaccionados con todo género de palabras ofensivas al cargo que desempeñábamos por el Presidente de la Comisión Gestora D. José Ruiz Ruiz y el Vocal de la misma D. José Jiménez Hidalgo, ambos de filiación socialista a cuyas coacciones y amenazas ayudaban Arsenio Bravo Castillo, el Alguacil Fermín Vitoria Baños, Guarda, Manuel Ferrer Gualda y todo el Colegio Electoral lleno de electores cada uno con un garrote en la mano en actitud agresiva para los exponentes (…)

Tercero: Reconociendo el peligro en que nos hallábamos convenimos verbalmente toda la Mesa el aplazar la elección para el domingo que viene y en atención a la poca seguridad que tenían nuestras vidas que nuestros mandatos eran objeto de burla por parte del Presidente de la Comisión Gestora y Policías a sus órdenes y al levantarnos para marcharnos y dar cuenta a la Superioridad, el citado Presidente de la Comisión Gestora y demás secuaces nos amenazaron que no saldríamos del colegio mientras terminara la elección poniéndose los grupos en las puertas y tomando los puntos estratégicos, teniendo que volver a reanudar la votación.

Cuarto: El elector Juan Romera Sánchez previo convenio con el Presidente de la Comisión Gestora votó por él y por cinco de sus familiares, negándonos a tal amaño e inmediatamente nos volvieron a amenazar teniendo que acceder a dichas coacciones, y así mismo votó por sus familiares, Miguel y Francisco Castillo Bonilla y otros muchos que sentimos no recordar.

Quinto: Las listas de votantes no se apuntaban por la Mesa y al llegar las cuatro de la tarde se presentó en el Colegio el Secretario interino de este Ayuntamiento D. Juan Moreno Moreno, con toda la documentación electoral hecho [sic] previamente en la Secretaría del Ayuntamiento, apareciendo que de sesenta o setenta, que habían votado, resultan trescientos veintiocho votantes negándose la Mesa a firmar la documentación, amenazando otra vez el Presidente de la Comisión Gestora, que si no firmábamos pronto tomaría medidas violentas contra nuestras personas y que por cojones teníamos firmar [sic], ya que era socialista, mandaba en el pueblo quisieran o no quisieran; viéndonos precisados a firmar toda documentación sin hacer escrutinio ni nada.

Sexto: Al presentar la documentación a la Junta Municipal del Censo y abridla [sic] el Presidente de la Junta Electoral a nuestra presencia la leímos con su autorización notando que hasta los fallecidos habían votado, incluso varios ausentes (…), solicitando entonces del Presidente de la Junta se sirva expedir por quien corresponda las oportunas certificaciones para acreditar varias de las ilegalidades expuestas[364]».

Este acta venía acompañado de una certificación del secretario de la Junta Municipal del Censo atestiguando que habían tomado parte en la elección, en aquella sección, un fallecido y ocho ausentes, y fue utilizada por el diputado cedista Luciano de la Calzada en la protesta que presentó en el parlamento el 22 de mayo de 1936. No es la única evidencia que nos hace sospechar de la existencia de fraude. La Publicidad intentó publicar un comunicado de protesta de uno de los candidatos perdedores, el anarcosindicalista José Alcántara, pero la censura impuesta por el gobernador civil lo impidió[365].

Un estudio detallado de la documentación electoral, de los resultados mesa por mesa y la comparación con los comicios anteriores nos ofrecen indicios bastante claros del fraude cometido. Además, resulta evidente que una campaña electoral como la descrita, en la que el objetivo del Frente Popular granadino fue restringir de forma drástica la competencia, no podía traer aparejada una jornada electoral normal y unos resultados limpios. Los siguientes datos apuntan, por el contrario, a la existencia de una votación bastante atípica.

En primer lugar, los niveles inverosímiles de participación que se registraron. En las elecciones del 16 de febrero habían votado 248 598 granadinos, un 74,6 por ciento del censo. La retirada de las derechas de los comicios del 3 de mayo hacía previsible un aumento de la abstención y, sin embargo, ocurrió todo lo contrario: con el mismo número de electores, en mayo acudieron a las urnas 260 448 granadinos, un 78,2 por ciento del censo. En otras palabras, una participación masiva que indicaría, de creer en su certeza, que todos los sufragistas de la CEDA votaron ahora por el Frente Popular[366]. Desde luego, las cifras contradicen el testimonio de la prensa que, por otra parte, no pudo informar de las elecciones a causa de la censura impuesta por el gobernador civil. Sólo el diario centrista La Publicidad se atrevió a publicar un editorial en el que afirmaba que: «Han sido estas recientes elecciones (…) un acontecimiento anodino, falto del público color y de cuanto significa entusiasmo, pasión y desvelo por las ideas», acusando a continuación al Gobierno Civil de ser un laboratorio en donde se ayudó a «condimentar» las actas. El periódico lo pagó caro: el número fue secuestrado por el gobernador civil que impuso a su director una nueva multa[367].

En segundo lugar, falta un número importante de documentación electoral de municipios rurales, que explican que las cifras oficiales reflejen entre treinta y cinco y cuarenta mil votos (depende del candidato) más, de las que obtuvieron varios investigadores al sumar los sufragios que aparecen consignados en la documentación que se guarda en el Archivo de la Diputación[368]. Hasta cierto punto esto resulta significativo porque el hecho de que no se conserve una parte de las actas indica que existieron miles de sufragios otorgados sin constancia documental alguna, afirmación que abona el hecho de que el escrutinio en la Junta Provincial del Censo se hizo sin control alguno por parte de la oposición.

En tercer lugar, nos encontramos con un número apreciable de mesas, un once por ciento del total, en las que la media de los votos obtenidos por los candidatos del Frente Popular resulta superior al número de electores que reflejan las actas de votación y los certificados de escrutinio. En otras palabras, en las urnas se escrutaron más papeletas que electores acudieron a votar.

En cuarto lugar, parte de las actas nos conceden algunas pistas de que, a pesar de que fueron formalmente rellenadas en sus secciones correspondientes y firmadas, sin embargo fue otra mano quien escribió los resultados. Algunas resultan fáciles de detectar, pues existen rasgos caligráficos claros que denotan no sólo la existencia de dos manos sino hasta de dos instrumentos de escritura distintos. Otras son tan burdas como tachas realizadas por una mano diferente sobre los resultados que habían sido escritos por otra persona anteriormente. En algunas secciones, los documentos electorales presentaban claras contradicciones en cuanto al número de electores que habían votado. Esto resulta perceptible comparando el acta de votación con los certificados de escrutinio, y dado que las papeletas escrutadas superaban en casi todas las ocasiones a las cifras del acta de votación, parece clara la intención de enmendar en el certificado de escrutinio esta anomalía. En otras es directamente la cifra de votantes la que no aparece en la misma acta de votación.

En quinto lugar, existe una serie de actas que nunca llegaron a la oficina de correos correspondiente y que, sin embargo y con posterioridad, aparecieron entre las escrutadas por la Junta Provincial del Censo. En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 23 de abril de 1936 se detallaba una relación de oficinas de correos donde habían de ser depositados los pliegos electorales de cada municipio. No obstante, una parte de éstos se hallaron en oficinas distintas de las legalmente establecidas o, incluso, no aparecieron sellados, muestra de que esa documentación nunca fue remitida a ninguna sede de correos y que, por tanto, los resultados que en ella aparecen son ficticios[369]. Se trata, seguramente, del cupo de actas a disposición del gobernador civil para «condimentar» el resultado de la elección en beneficio del grupo de candidatos oficiales del Frente Popular.

En sexto lugar, los candidatos cuneros, esto es, sin vinculación alguna con la provincia (los socialistas Anastasio de Gracia y Francisco de Toro, y el comunista Antonio Pretel) consiguieron, en competencia con sus propios compañeros de Granada, cifras inverosímiles de voto en numerosas mesas de la provincia (el cien por cien de los sufragios en una treintena de municipios y cifras por encima del noventa por ciento en la mayoría de las localidades en las que obtuvieron votos). Como muchas de las irregularidades anteriormente citadas también tienen que ver con las actas de estos municipios, no es descabellado colegir que el Gobierno Civil intervino falsificando la documentación electoral para que estos candidatos «oficiales» obtuvieran el escaño[370].

No obstante, existe una evidencia aún más clara del fraude en esa consulta: la discontinuidad absoluta entre las cifras de mayo de 1936 y las de elecciones anteriores, las de 1933 y febrero de 1936. Si hubiéramos de creer en la certeza de las cifras de voto en mayo, las izquierdas granadinas consiguieron en tres meses un avance tan espectacular que lograron absorber la totalidad del voto conservador en todas las comarcas de la provincia e, incluso, ganar sufragios entre el electorado que generalmente se abstenía. La ruptura es tal que resulta inverosímil. Aun aceptando la posibilidad de que el Frente Popular hubiera conseguido mejorar sus números de febrero en Granada, necesariamente la retirada de las derechas habría de suponer un refuerzo del número de electores abstenidos e, incluso, la supervivencia de un número de papeletas residual a favor del Frente Nacional o en blanco, al menos en algunas localidades donde la implantación de las derechas era notable. Pero eso no ocurrió.

A pesar de todas estas evidencias, la Comisión de Actas de las Cortes votó mayoritariamente la admisión de los diputados elegidos. Lo hizo escudándose en un argumento jurídico: que los diputados conservadores no habían probado las irregularidades mediante actas notariales. El cambio de actitud de los grupos del Frente Popular era radical puesto que, despreciando precisamente un criterio estrictamente jurídico, habían anulado los anteriores comicios de febrero. El cedista Manuel Giménez Fernández presentó un voto particular pidiendo la nulidad de la elección de mayo, pero, como era de esperar, no obtuvo el respaldo mayoritario de la cámara. En una intervención bastante dura atacó la actitud de las izquierdas durante la campaña comparándola desfavorablemente con la de las derechas en las elecciones de febrero. No obstante, para Giménez Fernández, lo más grave estuvo en la actitud de las autoridades, que, a su juicio, no brindaron las suficientes garantías para que el Frente Nacional pudiera hacer propaganda e, incluso, facilitaron los desmanes y dejaron impunes todos estos atropellos: «Pero lo que yo no sé todavía es que cuando esas autoridades han puesto gubernativamente en prisión a gentes que no debían, y por orden del Ministro, que se convenció del absurdo, se les ponía en libertad, la autoridad gubernativa superior haya castigado a esos alcaldes, a esos indignos representantes del Poder local, verdaderos sátrapas que están deshonrando la República (…) Desde luego, yo reconozco que en materia de eficacia de las medidas de protección, actualmente no tiene nada que envidiar España a la protección que emplea el nacionalsocialismo cuando tiene que meter en la cárcel a alguno de sus enemigos[371]».

Que la situación de Granada no fue excepcional, parece probarlo lo ocurrido en la otra provincia donde se repitieron, ese 3 de mayo, los comicios: Cuenca. En febrero de 1936, las derechas habían obtenido allí un triunfo aún más voluminoso que en Granada, pero el Frente Popular también anuló los comicios alegando fraude. No sólo los conservadores, sino también Indalecio Prieto, se habían opuesto a la anulación. El político socialista dimitiría de la presidencia de la Comisión de Actas antes de firmar la propuesta de nulidad. En mayo, las elecciones en Cuenca se repitieron, al igual que en Granada, en un ambiente de coacciones y atropellos reconocido no ya por los pocos autores que han tratado la cuestión sino por el propio Prieto. Pese a que el gobernador había prometido a los candidatos conservadores la reapertura de sus sedes políticas y la liberación de los presos gubernativos de derecha que se hallaban en la cárcel provincial, no cumpliría con sus compromisos. Muy al contrario, no reprimió un motín que tuvo lugar la antevíspera y la víspera de los comicios en la capital y que se saldó con el asalto y la quema de varios edificios, entre ellos un convento y la sede local de la CEDA. Además, ordenó la detención el 2 de mayo, en la capital conquense, de varios interventores que habían llegado para salvaguardar los intereses de la candidatura conservadora en las mesas electorales. Y nombró a varios delegados con autoridad en diversas partes de la provincia que procuraron obstruir, en la medida de lo posible, la campaña de las derechas. Como observó el propio Prieto, estos delegados eran miembros de uno de los grupos de milicias socialistas denominado «la Motorizada» que llegaron procedentes de Madrid[372].

No obstante el ambiente de violencia, los candidatos conservadores de Cuenca, a diferencia de sus compañeros en Granada, decidieron no retirarse y continuar la lucha electoral. Por ello, el día de los comicios, los delegados del gobernador actuaron requisando en varias mesas (un centenar) la documentación electoral a punta de pistola, que posteriormente fue rellenada en el Gobierno Civil para conceder todos los votos al Frente Popular. La motivación principal de tanta hostilidad fue, sin duda, la presencia del jefe de Falange Española, el ya encarcelado José Antonio Primo de Rivera, en la candidatura conservadora. Prieto atribuyó a «la Motorizada» una cooperación «decisiva» en la victoria de las izquierdas. Pero es que, además, el uso de este procedimiento, junto con otras violencias cometidas sobre interventores y apoderados de derechas, quedó constatado en el polémico debate que, a colación de las actas de Cuenca, se generó en las Cortes el 2 de junio de 1936. Giménez Fernández volvió a defender, en nombre de la CEDA, la anulación de los comicios y una nueva convocatoria electoral, pero no halló apoyo en ningún grupo de la mayoría. Al contemplar el diputado cedista que no había logrado convencer al Frente Popular para que reconsiderara su actitud, finiquitó su discurso de la siguiente forma: «no les extrañará a sus señorías que prescinda en absoluto de predicar en el desierto, porque hoy me he convencido de que todo lo que sean apelaciones a la convivencia aquí, son perfectamente inútiles. He terminado[373]».

La República irreversible trunca la modernización electoral

Habida cuenta de la concreción del contexto territorial y del detalle del análisis, este capítulo podría pasar por un simple caso de historia provincial. Sin embargo, ni lo es ni lo pretende. No está de más, ante todo, recordar que las elecciones del 3 de mayo de 1936 en Granada y Cuenca fueron las últimas que se celebraron en España bajo un régimen democrático hasta 1977. Nuestros objetivos, por tanto, han sido muy otros. En primer lugar, conocer algo mejor la «política electoral» de las autoridades del Frente Popular después de su acceso al poder el 19 de febrero de 1936. O, dicho de otra forma, analizar uno de los caminos que se siguieron para reforzar una mayoría parlamentaria relativamente débil y, hasta cierto punto, desconocida o indeterminada aún durante toda la segunda quincena de febrero[374]. Y, en segundo lugar, enmarcar estos comicios dentro del proceso de irreversibilidad de la República de izquierdas, una irreversibilidad que, en las provincias donde la izquierda obrerista era fuerte, estaba destinada a terminar con cualquier posibilidad de que los partidos al margen del Frente Popular pudieran hacerse con la mayoría de las actas de diputados.

Resultados por comarcas

Elecciones de 1933, febrero de 1936 y mayo de 1936

BAZA-HUÉSCAR | Izquierda | Centro-Derecha
1933 | 12 462 (41,0%) | 17 898 (59,0%)
Feb. 1936 | 13 074 (42,5%) | 17 697 (57,5%)
May. 1936* | 24 402 (100%) | 5 (0,0%)
GRANADA-IZNALLOZ-SANTA FE | Izquierda | Centro-Derecha
1933 | 45 646 (51,6%) | 42 817 (48,4%)
Feb. 1936 | 47 425 (49,1%) | 49 140 (50,9%)
May. 1936* | 89 302 (100%) | 30 (0,0%)
GUADIX | Izquierda | Centro-Derecha
1933 | 11 723 (42,6%) | 15 830 (57,4%)
Feb. 1936 | 9467 (33,2%) | 19 059 (66,8%)
May. 1936 | 32 750 (100%) | 0 (0,0%)
LOJA-ALHAMA-MONTEFRÍO | Izquierda | Centro-Derecha
1933 | 17 624 (59,1%) | 12 178 (40,9%)
Feb. 1936 | 16 483 (53,2%) | 14 520 (46,8%)
May. 1936* | 19 492 (100%) | 0 (0,0%)
MOTRIL | Izquierda | Centro-Derecha
1933 | 5139 (29,4%) | 12 333 (70,6%)
Feb. 1936 | 2852 (13,6%) | 18 146 (86,4%)
May. 1936 | 22 085 (100%) | 0 (0,0%)
ÓRGIVA-ALBUÑOL-UGÍJAR | Izquierda | Centro-Derecha
1933 | 7024 (23,2%) | 23 197 (76,8%)
Feb. 1936 | 6249 (19,2%) | 26 288 (80,8%)
May. 1936* | 20 106 (99,2%) | 166 (0,8%)

Fuente: ADPG, leg. 5639 a 5699 (Medias de voto).

* Falta una parte sustancial de la documentación electoral, perteneciente a municipios de los partidos de Huéscar, Loja, Montefrío, Órgiva, Santa Fe y Ugíjar.

Las nuevas Cortes de 1936 sólo anularon en su totalidad las elecciones llevadas a cabo en la provincia de Granada y no las del resto de provincias. Cabe, por tanto, plantearse cuáles fueron las razones de ese trato específico. Puesto que la Comisión de Actas no actuaba con un criterio únicamente jurídico, sino que lo combinaba con otro de mera conveniencia política, la explicación no puede estar en que los resultados en los comicios granadinos fuesen más manifiestamente fraudulentos que los de otras circunscripciones. Como hemos señalado, las pruebas aportadas de coacciones eran, cuanto menos, discutibles y en algunos casos poco fiables. Además, en la hipótesis de que todas éstas fuesen ciertas, el fraude o la corrupción electoral hubiese estado circunscrito a un porcentaje limitado y no decisivo de electores inscritos.

Teniendo en cuenta la actuación global de la Comisión de Actas en 1936, son otros factores, tres concretamente, a los que hemos de atender. El primero, el predominio absoluto en Granada de los socialistas sobre los republicanos de izquierda y, por tanto, de la imposición del criterio y del método (la presión callejera) de aquéllos, que tendía a no reconocer sistemáticamente la validez de los escaños conseguidos por las derechas, a diferencia de otras provincias donde se planteó la cuestión como Ávila, Zaragoza o Baleares. El segundo factor fueron las pruebas documentales. A pesar de que el elemento de juicio fundamental para anular los escaños de las derechas se basaba en las «convicciones morales», en el caso de Granada éstas venían respaldadas por más de setenta actas notariales que narraban irregularidades sucedidas durante la elección, a diferencia de otras provincias donde las acusaciones no venían apoyadas por esa cantidad de documentos. A pesar de su limitación en cuanto al número de municipios, de sus deficiencias formales y de la cuestionable verosimilitud de los hechos que narraban (la mayor parte eran testimonios a posteriori de agentes electorales del Frente Popular, sin que notarios o funcionarios hubieran podido verificarlos por sí mismos), estas actas notariales y un voluminoso expediente enviado por Ramón Lamoneda en el que se narraban otras irregularidades a toro pasado, reforzaron las tesis de los partidarios de la anulación y dejaron expedito el camino para que la Comisión de Actas dictaminase a su favor. Por último, el tercer factor fue la inexistencia entre los diputados granadinos de algún destacado político de derechas a nivel nacional cuya anulación de su acta pudiera, como acto de sectarismo del Frente Popular, conmocionar a la opinión pública nacional. A diferencia de Orense, de Salamanca o de Pontevedra, donde la presencia de Calvo Sotelo, Gil Robles y Portela respectivamente había servido de elemento disuasorio a los partidos republicanos de izquierda para no anular la elección, en Granada la candidatura de derechas estaba formada por personalidades importantes pero secundarias dentro de la estructura nacional de sus partidos. Además, había dos figuras especialmente antipáticas para el PSOE: Natalio Rivas, considerado paradigma de todos los males de la vieja política caciquil, y sobre todo el cedista Ramón Ruiz Alonso, obrero tipógrafo y activista sindical que se había ganado la animadversión de la UGT.

Una vez aclarado este extremo, resta la segunda cuestión planteada: la ubicación y significación de unas elecciones, las del 3 de mayo de 1936, celebradas bajo el predominio político del Frente Popular. La Segunda República, que había traído consigo la modernización electoral, la política de masas, la competencia por el voto y las nuevas formas de propaganda, también nació con un defecto típico de la tradición política española contemporánea y que parecía haberse desvanecido en 1876: el exclusivismo de partido. El PSOE y los partidos de la izquierda republicana partían de que el nuevo régimen constituía una especie de patrimonio político propio, un sistema cuyas reglas del juego respondían a las exigencias de su revolución republicana e impedían la normal alternancia en el gobierno de las derechas. Como hemos tenido la oportunidad de describir en estas páginas, la contienda del 3 de mayo en Granada fue un ejemplo muy agravado de esto, la expresión más paladina de lo que implicaba la «irreversibilidad» de la República en el plano electoral.

Algunos historiadores tratan de equiparar lo sucedido en febrero con lo de mayo, e incluso analizan lo sucedido en la repetición de las elecciones en términos de venganza por los desmanes cometidos tres meses antes. Aunque no podemos excluir en algunas localidades esta última explicación, sin embargo la equiparación es, en términos generales, incorrecta. En los comicios de febrero en Granada la oposición de izquierdas pudo hacer, por lo general, una campaña libre, contó con órganos de prensa adictos y sus resultados en la mayoría abrumadora de las localidades fueron reconocidos y respetados. Es más, pudieron participar en un proceso electoral democrático después de haber tomado parte activa o respaldado, de alguna forma, el levantamiento revolucionario de octubre de 1934. En los comicios de mayo de 1936, la oposición, esta vez de derechas, no contó con garantías o con prensa adicta, circunstancias que le impidieron presentarse en relativa igualdad de condiciones a las elecciones. Por tanto, no puede resultar extraño que los candidatos conservadores optaran por retirarse. El fraude masivo perpetrado por el Gobierno Civil y los agentes electorales del Frente Popular, terminó por borrarlos del mapa político granadino.

Las elecciones de mayo de 1936 supusieron un brusco retroceso en el proceso de modernización política comenzado en el último cuarto del siglo XIX. No faltó ni uno sólo de los elementos que tradicionalmente se habían utilizado para lograr fraudulentamente el resultado electoral deseado. Aunque la violencia pueda ser considerada como un elemento que pone de relieve la existencia de competencia y de cierta movilización, es decir, de modernización, lo ocurrido en la Granada de 1936 es cualitativamente diferente. En un ambiente de exclusivismo de partido, de enfrentamiento de dos proyectos mutuamente incompatibles, donde la estabilidad institucional había pasado a ser marginal, en la que, en fin, el pacto y la alternancia habían dejado de considerarse valores positivos, la violencia comenzó a tener un papel fundamental en las elecciones. Ya no se trataba de conseguir el copo momentáneo de algunos escaños, sino de destruir las organizaciones de la oposición para impedir un cambio de gobierno. Se buscaba, además, impedir que el adversario no sólo obtuviese sufragios, sino también que acudiese al electorado a conquistar voluntades. La violencia, además, debía ser extensiva por cuanto los partidos de derechas en Granada no eran comités de notables sino organizaciones de masas, y más intensa por cuanto se necesitaba atemorizar a esas masas, los «enemigos de clase», para evitar su movilización. Las elecciones del 3 de mayo de 1936, últimas de la Segunda República y del régimen constitucional y parlamentario español hasta 1977, supusieron una clara ruptura del proceso de modernización democrática en Granada y, por extensión, en España. Constituyeron, en definitiva, la demostración más palmaria de hasta qué punto aquella «República irreversible» había deteriorado la convivencia civil en las semanas posteriores a la victoria del Frente Popular.

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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TEXTO

ACD: | Archivo del Congreso de los Diputados.
ADPG: | Archivo de la Diputación Provincial de Granada.
AGA: | Archivo General de la Administración.
AHN: | Archivo Histórico Nacional.
AN: | Acción Nacional.
AP: | Acción Popular.
AR: | Acción Republicana.
CEDA: | Confederación Española de Derechas Autónomas.
CNT: | Confederación Nacional del Trabajo.
DLR: | Derecha Liberal Republicana.
DRV: | Derecha Regional Valenciana.
DSC: | Diario de Sesiones de las Cortes.
FAI: | Federación Anarquista Ibérica.
GC: | Gobernador Civil.
LDR: | Ley de Defensa de la República.
MG: | Ministro de la Gobernación.
PCE: | Partido Comunista de España.
PRR: | Partido Republicano Radical.
PSOE: | Partido Socialista Obrero Español.
UGT: | Unión General de Trabajadores.
URD: | Unión Regional de Derechas.

MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO, es un historiador español, con obras publicadas sobre la transición democrática, el anticlericalismo y la Segunda República Española.

Doctorado en la Complutense de Madrid, ha trabajado tanto en esta universidad como en la Rey Juan Carlos. Su primera obra publicada es Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española (2002), su tesis doctoral. También es autor de El camino a la democracia en España (1931-1978), prologado por Rafael Arias-Salgado; o El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República, junto a Roberto Villa García; entre otras.

Ha sido editor junto a Fernando del Rey Reguillo de The Spanish Second Republic Revisited: From Democratic Hopes to the Civil War (1931-1936) (2011), en castellano El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936) (2012), que se encuentra entre los diez mejores libros de 2012 para los historiadores Juan Avilés Farré y Octavio Ruiz Manjón y en la que participaron autores como Stanley Payne, Nigel Townson, o Julius Ruiz.

Ha publicado artículos de investigación en revistas como Journal of Contemporary History, Historia y Política, Revista de Estudios Políticos, Ayer, Historia Contemporánea, Bulletin for Hispanic and Portuguese Historical Studies e Hispania Sacra. Además, ha escrito artículos de ensayo, divulgación y análisis político en revistas como Revista de Libros, La Aventura de la Historia, Cuadernos de Pensamiento Político, Revista Hispano-Cubana o El Noticiero de las Ideas, entre otras.

ROBERTO VILLA GARCÍA es Doctor en Historia y Profesor Titular Interino adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Se ha especializado en Historia Política, especialmente en elecciones y vida política durante la Transición a la democracia y la Segunda República. Ha dedicado tres monografías de temática regional a esos estudios y varios artículos científicos. Ha sido investigador invitado en la universidad de Wisconsin-Madison.

NOTAS

[1] TUCHMAN (2009): 30. <<

[2] La Humanitat, 5-X-1934. Azaña en un discurso en el Coliseo Pardiñas de Madrid, 11-II-1934. Vid. TOMÁS VILLARROYA (1980): 77. <<

[3] LINZ et al. (2002): 65. <<

[4] VILLA GARCÍA (2008). <<

[5] El entrecomillado es de un artículo del propio V. Blasco Ibáñez. Vid. REIG (1994): 396. <<

[6] El manifiesto está reproducido íntegramente en RUIZ-MANJÓN (1976): 130-132. <<

[7] FURET (1988): 399ss. <<

[8] Según un autor, ese camino lo había empezado entre 1918 y 1923, cuando los radicales se propusieron ampliar sus apoyos sociales y Lerroux se situó en un punto intermedio entre la revolución social y el conservadurismo más puro, prometiendo una transición a la República basada en el orden y el consenso más amplio posible. Vid. TOWNSON (2002): 27. <<

[9] El entrecomillado final procede de una carta de Lerroux citada en RUIZ-MANJÓN (1976): 137. También es importante la postura del otro radical que formaría parte del Comité Revolucionario, el sevillano Diego Martínez Barrio y su Bloque Responsabilista. Vid. MARTÍNEZ BARRIO (2008): 237. <<

[10] El Progreso de Barcelona, 1-X-1930. <<

[11] Para el grupo radical-socialista y su cultura política vid. ÁLVAREZ TARDÍO (2008) y (2010a). <<

[12] El Sol, 1-V-1930. En TUSELL Y QUEIPO DE LLANO (1990): 123. Lo anterior, en El Liberal, 9-II-1930. AVILÉS FARRÉ (2006a): 51. <<

[13] Son palabras del republicano Balbontín, quien entonces era un gran admirador de Albornoz y se convertiría en presidente de la Agrupación del nuevo Partido Radical-Socialista en Madrid. BALBONTÍN (2007): 194. <<

[14] Esa disputa fue especialmente intensa en el asunto de las relaciones entre Iglesia-Estado, sobre todo en las conversaciones posteriores dentro del comité revolucionario. MAURA (1981): 82-83. <<

[15] Domingo, en El Liberal, 5-I-1935. Lo de Azaña, en una carta publicada en La Tierra, 2-IV-1931. Cit. en ESPÍN (1980): 322. <<

[16] ALBORNOZ Y LIMINIANA (1925): 15 y 102. <<

[17] Sobre Quinet y su aportación a la revisión del republicanismo es fundamental FURET (1999): 48ss. <<

[18] FURET (1988): 359ss., y WINOCK (1999): 70ss. <<

[19] «Sánchez Guerra, primero; Alcalá-Zamora, después. En torno a ellos se aglutinó España; por el empuje y la autoridad que recibieron fue posible el cambio de régimen». DOMINGO (1934): 97. <<

[20] En su «Declaración a favor de la República», recogida en ALCALÁ-ZAMORA (1979): 474ss. <<

[21] Sobre la «ambigüedad» de la táctica de Melquíades Álvarez en 1930, vid. ÍÑIGO FERNÁNDEZ (2000): 78ss. <<

[22] Entrecomillado en la Carta Circular de la Derecha Liberal Republicana, preparada con motivo de la fundación del grupo a comienzos de julio de 1930. En AHN, Salamanca, P-S Madrid, Carp. 625, Leg. 869. Vid. ÍÑIGO FERNÁNDEZ (2000: 91). <<

[23] ALCALÁ-ZAMORA (1977): 136. <<

[24] El artículo, en RUIZ-MANJÓN (1976): 146. <<

[25] De l’établissement de la Troisième République, París, 1880, p. 210. Cit. en WINOCK (1999): 91. <<

[26] Ib.: pp. 83 y 86. <<

[27] NICOLET (1994): 159ss. <<

[28] De hecho, nada más conocerse el cambio de régimen no pocos monárquicos se dispusieron a modificar sus lealtades y a sumarse a los nuevos partidos republicanos; animar ese proceso hubiera resultado fundamental para consolidar un centro y una derecha republicanos en las Cortes Constituyentes. Sobre ese transvase de clientelas hacia los nuevos partidos republicanos queda bastante por investigar pero conocemos algunos casos como el de Albacete. Vid. REQUENA (2009). <<

[29] Para el caso portugués vid. el análisis de RAMOS (2008: 119). <<

[30] Azaña, en AVILÉS FARRÉ (2006a): 136. Domingo, en El Liberal, 22-XII-1933. <<

[31] PABÓN (1969): II, 295. <<

[32] Sin duda, dos trabajos pioneros, publicados contracorriente del discurso del «bloque dominante», fueron los de LINZ (1978a) y VARELA (1978). <<

[33] Sobre partidos políticos la bibliografía es amplia aunque desigual en calidad. Vid. GALINDO HERRERO (1956), SECO SERRANO (1971), ROBINSON (1973), JULIÁ (1977) y (1979), BLINKHORN (1979), CONTRERAS (1981), AVILÉS FARRÉ (1985), ESPÍN (1980), RUIZ-MANJÓN (1976), BLAS (1983), TOWNSON (2002), PAYNE (1985), TUSELL (1986), ÁLVAREZ REY (1993), VALS (1992), GIL PECHARROMÁN (1994), GRANDÍO SEOANE (1998), SANZ HOYA (2006), GONZÁLEZ CUEVAS (1998), e ÍÑIGO FERNÁNDEZ (2000). Una síntesis útil de historia política de la República es la de PAYNE (1995). Más recientemente, dos estudios capitales para la comprensión de la vida política española de los años treinta, alejados de todo determinismo económico, son REY REGUILLO (2008) y MACARRO (2000). <<

[34] Es amplísima la bibliografía sobre la vida política de la Restauración. Dos trabajos de referencia son VARELA ORTEGA (2001) y CABRERA CALVO-SOTELO (1998). <<

[35] Es el caso del estudio que ÁLVAREZ TARDÍO (2002) dedicó al anticlericalismo y la cuestión religiosa. <<

[36] Incluía un resumen de la vida de las Cortes republicanas en CABRERA CALVO-SOTELO (1995a). <<

[37] TOMÁS VILLARROYA (1980) y (1983). <<

[38] Albornoz, en El Sol, 5-IV y 21-VI-1931. Valera, en El Sol, 16-VI-31. <<

[39] El preámbulo del decreto de convocatoria en CABRERA CALVO-SOTELO (1995a): 15. <<

[40] Para valorar la semilealtad de los socialistas vid. el discurso de Largo Caballero en el cine Pardiñas en julio de 1933. LARGO CABALLERO (1979): 33-51. <<

[41] El censo de 1930 incluía un total de 5.440 103 personas. TUSELL (1982): 77ss. <<

[42] PAYNE (1995): 78. Menos del quince por ciento de los diputados constituyentes habían tenido alguna experiencia previa como parlamentarios durante la Restauración. LINZ (1972): 362ss. Un balance interesante de la evolución del PSOE, en ARRANZ NOTARIO (2001). <<

[43] Los datos de diputados se han tomado de LINZ (1978a): 146-147, que los elaboró con información del Anuario Estadístico. Hemos preferido éstos porque se acercan más a la realidad de la composición de la cámara a finales de 1931, mientras que los datos aportados por TUSELL (1982): 128, sensiblemente diferentes, sólo reflejaban los diputados electos tras la primera vuelta. Ciertamente, no es extraño encontrar, según el autor que se consulte, algunas variaciones en la atribución de escaños a los grupos parlamentarios republicanos. Las mismas se deben al baile de cifras que se produjo, básicamente, por estas razones: la existencia de una segunda vuelta de las elecciones el 12 de julio, las diferentes elecciones parciales celebradas en octubre y noviembre, las numerosas bajas que se sucedieron a lo largo de la legislatura, así como la flexibilidad del reglamento parlamentario provisional. <<

[44] El mejor y más exhaustivo análisis de las elecciones de 1933 y de los resultados en VILLA GARCÍA (2008). <<

[45] Para la campaña electoral de radicales vid. los discursos de Lerroux en ABC, 31-X y 16-XI-1933. La campaña de los cedistas, y en concreto varios discursos de Gil Robles, en El Debate, 28-IX y 14 y 17-X-1933. <<

[46] La Comisión Ejecutiva del PSOE reunida el 11 de septiembre de 1933 había aprobado la ruptura radical con los republicanos al tener conocimiento de la formación del primer gobierno Lerroux. Hubo alguna oposición: De los Ríos y Vidarte fueron partidarios de esperar a ver la declaración ministerial, y Prieto también deseaba esperar para no tirar por la borda el trabajo realizado hasta entonces. Pero finalmente, para los socialistas, con Largo a la cabeza, tal y como ratificaría el Comité Nacional del 19 de septiembre de 1933, se trataba de recuperar la libertad para prepararse para el «asalto al poder por los medios que sean». Cit. en JULIÁ (1997): 197. Para la reacción de las izquierdas republicanas a la victoria del Partido Radical y la CEDA, vid. VILLA GARCÍA (2009). <<

[47] Cit. en TOMÁS VILLARROYA (1980): 81. <<

[48] Vid. GIL ROBLES (2006): 314-379, PORTELA VALLADARES (1988): 148-174 y ALCALÁ-ZAMORA (1977): 334-348. También PAYNE (2005): 193 224, y para la crisis del Partido Radical vid. TOWNSON (2002): 381ss. <<

[49] El único estudio global disponible de esas elecciones es TUSELL (1971). Para el Frente Popular vid. JULIÁ (1977) y (1979). <<

[50] Análisis imprescindibles sobre esa primavera en PAYNE (2005: 331ss), REY REGUILLO (2008: 487ss), y MACARRO (2000: 421ss). Para violencia vid. CIBRIÁN (1978): 81-115, SANZ HOYA (2006): 245ss., BLÁZQUEZ MIGUEL (2003), y JULIÁ (2006): 129-150. <<

[51] El debate sobre la destitución de Alcalá-Zamora comenzó a raíz de una proposición de los socialistas, defendida por Prieto, en la que se pedía a las Cortes que declararan que «no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de enero de 1936». DSC, n. 15, 7-IV-1936, pp. 242ss. <<

[52] LINZ (1972) y CONTRERAS (1981). <<

[53] Jiménez de Asúa citó expresamente el argumento de Siéyes: la representación nacional es una y por tanto su representación ha de ser una. Vid. DSC, n. 28, 27-VIII-1931, pp. 642ss. También JIMÉNEZ DE ASÚA (1932). El anteproyecto, en ABC, 7-VII-1931. Quienes defendieron el bicameralismo lo hicieron desde distintos puntos de vista, unos en la línea clásica de una segunda cámara como órgano de contrapeso, y otros en una línea más moderna que tenía básicamente dos orientaciones: bien como cámara de representación de las regiones autónomas, o bien como asamblea corporativa. Un resumen de ese debate en MORI (1933): IV, 9ss. Vid. también ALCALÁ-ZAMORA (1977): 180-181, y MARTÍNEZ BARRIO (1983): 66. La postura del socialista Besteiro a favor del Senado como cámara corporativa, en LAMO DE ESPINOSA y CONTRERAS (1990): 386ss. <<

[54] Para calibrar el fundamento de esas críticas vid. CABRERA CALVO-SOTELO (1998), y ARRANZ NOTARIO, CABRERA CALVO-SOTELO y REY REGUILLO (1995). <<

[55] Para la reforma del reglamento en 1918 vid. CABRERA CALVO-SOTELO (1996). <<

[56] Vid. el Título VI de la Constitución de 1931, artículos 86 a 93. Asimismo, la Constitución dotó al gobierno de iniciativa legislativa y reguló el ejercicio del voto de censura, limitando y controlando su uso. «Parlamentarismo atenuado», en VARELA (1978): 86. <<

[57] De hecho, todavía en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial algunas democracias parlamentarias conservaban rasgos característicos de la política de notables. VINEN (2001): 438ss. <<

[58] Para otros casos europeos vid. NOIRET (1990), HAWKINS (1998), PUGH (1982) y (1985), CLARKE (1996), MAYEUR (1984), HUARD (1991), WINOCK (1999), GOGUEL (1946), MABILLE (1988), y CABRERA CALVO-SOTELO, JULIÁ Y ACEÑA (1991). <<

[59] ARRANZ NOTARIO y CABRERA CALVO-SOTELO (1995): 87. <<

[60] POMBENI (1985). <<

[61] Sobre el origen histórico de los grupos parlamentarios en Europa vid. GARCÍA GUERRERO (1996): pp. 65-79. También CILLÁN (1985): 380ss. Los grupos parlamentarios ya habían sido regulados en otros países europeos anteriormente: en Francia en 1914, en Italia en 1919 y en Alemania en 1922. <<

[62] La existencia de una Diputación Permanente, recogida en el artículo 62, fue una de las novedades más importantes de la Constitución de 1931. Tenía algunos antecedentes en el constitucionalismo español, especialmente en el texto de 1812, pero también existían organismos parecidos en algunas constituciones europeas de entreguerras, como la de Weimar o la de la República austríaca. CILLÁN (1985): 414ss., recuerda que la Diputación había sido regulada extensamente en el reglamento de 1821, durante el Trienio. Por su parte, HERRERO (1935): 26, atribuyó la Diputación más a la influencia extranjera que a la de la tradición española. <<

[63] Sin embargo, los reglamentos omitieron cualquier referencia a la relación de los grupos parlamentarios con el gobierno o con la presidencia de la República. No se reguló nada, por tanto, sobre el papel que debían jugar los jefes de las minorías en la etapa de consultas que debería seguir el jefe del Estado antes de encargar la formación de gobierno. <<

[64] VARELA (1978): 66. <<

[65] Vid. artículo 12. Los que no declarasen adscripción alguna podían ser agrupados por la Mesa en «concepto de indefinidos o independientes». Tanto el reglamento de 1934 como el provisional pueden consultarse en los apéndices a GIL ROBLES (1971): 704ss. <<

[66] El grupo parlamentario socialista ha sido estudiado en MARTÍN NÁJERA (2000). <<

[67] El reglamento de la minoría socialista se publicó en El Socialista, 17-VII-1931. <<

[68] Las tensiones entre la minoría y los órganos de dirección del partido se hicieron sentir también después de la revolución de octubre, cuando, a finales de 1935, el Comité Nacional quiso aumentar su control sobre el grupo parlamentario, presidido entonces por Largo Caballero y contrario a la dirección política del Comité Nacional. Para el funcionamiento del grupo socialista, CONTRERAS (1981): 143ss. Según ARRANZ NOTARIO (1995): 100, fue la Ejecutiva del PSOE la que en la práctica supervisó y controló toda la actividad del grupo parlamentario. <<

[69] El PSOE parecía un partido de legitimación interna e institucionalización fuerte, en el que primaban los incentivos colectivos y un liderazgo histórico sólido. Pero sólo lo parecía, porque en realidad tenía: fragmentación del liderazgo desde la muerte de Pablo Iglesias, institucionalización tardía (después de la Primera Guerra Mundial), centralización débil y legitimación externa (subordinación a la UGT). La consecuencia más importante de esa legitimación externa es que el partido no fue una maquinaria burocrática independiente y volcada a las elecciones, «capaz de generar un grupo parlamentario importante» e independiente. ARRANZ NOTARIO (1995): 97. <<

[70] ÁLVAREZ TARDÍO (2002): 183-191. <<

[71] Por otra parte, sabemos que la minoría socialista, además de disciplinada, fue muy respetada por los diferentes cargos socialistas, que no acostumbraron a tomar decisiones importantes sin consultarla; muy especialmente en el caso de Besteiro, presidente del Congreso. Vid. VIDARTE (1976). <<

[72] El reglamento está recogido en GIL ROBLES (1971): 835ss. <<

[73] El Reglamento creó también un Secretariado Técnico-Administrativo encargado de facilitar el trabajo de los diputados, preparando documentación, textos y disposiciones legales. Se advierte así el interés en dotar a la minoría de instrumentos que la permitieran cumplir con las labores propias de un parlamento moderno, en el que diputado debe afrontar tareas cada vez más complejas que requieren de apoyo técnico. <<

[74] Llama la atención que el Reglamento, cuya vocación debía ser general, especificara en su artículo 9 un jefe de la minoría con nombre y apellidos: José María Gil Robles, elegido además por aclamación. Se trata, obviamente, de un síntoma más de la fortaleza del liderazgo de este último en la derecha católica, pero también, paradójicamente, un indicador de debilidad interna, o si se quiere de la falta de confianza a medio y largo plazo en la unidad de la minoría y, por tanto, de la necesidad de afianzar a priori un liderazgo único. <<

[75] Artículos 19 y 24 del capítulo IV (De las votaciones y sanciones) del reglamento de la minoría popular agraria. <<

[76] También influyó en la orientación del reglamento de la minoría popular agraria la propia experiencia de los diputados agrarios en el primer bienio, en especial la falta de disciplina y unidad de la derecha de la que Gil Robles se había quejado en numerosas ocasiones. GIL ROBLES (2006): 50-51. <<

[77] Ib., p. 183. Sobre la CEDA y la relación partido-grupo parlamentario interesa el análisis de ARRANZ NOTARIO (1995): 96. <<

[78] Según Tusell, buena parte de los diputados cedistas elegidos en 1933 no eran inequívocamente democristianos, sino «gilrroblistas». Lo que les caracterizaba no eran todos y cada uno de los aspectos que podemos encontrar en un Giménez Fernández, pero si la palabra «moderación». La «masa central» de la CEDA proseguía «la tradición española de los partidos moderados». «No era avanzada en lo social ni en lo político, pero tampoco era reaccionaria. Su posibilismo respecto de la República era, precisamente, la mejor expresión de esa moderación». TUSELL (1986): 199. <<

[79] Aunque había varias razones, es cierto que «la poca disciplina característica de los republicanos era en parte un síntoma obvio de las tensiones internas producidas por las divergencias ideológicas en el seno de cada partido». Esto fue especialmente significativo, por ejemplo, en el caso de los diputados del Partido Radical durante el debate constituyente. TOWNSON (2002): 101. <<

[80] En AVILÉS FARRÉ (1985): 98, se concluye que Acción Republicana «distaba mucho de ser un partido homogéneo y la disciplina de su grupo parlamentario era escasa». El mismo Azaña hizo una anotación en su diario el 9-X-1931 realmente significativa del comportamiento indisciplinado de su propio grupo: «Todos estos amigos creen que el Congreso es el Ateneo y que lo mismo da una cosa que otra». AZAÑA (1981): I, 207. Para el debate del artículo 26 vid. ÁLVAREZ TARDÍO (2002): 186ss. <<

[81] ESPÍN (1981): 260. <<

[82] Uno de los episodios más significativos de la indisciplina de los diputados radical-socialistas se vivió con motivo de la discusión de la cuestión religiosa en octubre de 1931. Vid. ÁLVAREZ TARDÍO (2002): 184. También interesa el testimonio de DOMINGO (1934); y AVILÉS FARRÉ (1985): 143. <<

[83] Por ejemplo lo ocurrido en el II Congreso Nacional, en El Sol, 28, 29, 30 y 31-V y 1-VI-1931. <<

[84] «El esfuerzo por dotarse de un cierto aparato y, sobre todo, el aluvión de nuevos afiliados y de votos provenientes de los sectores moderados de la política constitucional durante la Monarquía (…), equivalieron en gran parte a una refundación del partido, lo cual se tradujo en el papel que intentó jugar en el nuevo régimen». ARRANZ NOTARIO (1995): 101. <<

[85] ABC, 21-X-1931. <<

[86] PARDO (1932), TOWNSON (2002), RUIZ-MANJÓN (1976), y BLAS (1983). <<

[87] El Liberal, 22-XII-1933. <<

[88] ARRANZ y CABRERA CALVO-SOTELO (1995), CABRERA CALVO-SOTELO (1998): especialmente cap. 1, y DARDÉ (2001): 145ss. <<

[89] SARTORI (1999): 201-231. <<

[90] Resulta difícil saber con precisión hasta donde llegó la actividad del comité revolucionario. Según Lerroux, no fue más que una reunión de conspiradores. Alcalá-Zamora aseguró que se debatieron cuestiones políticas de fondo, pero se lamentó de que apenas «pudieron avanzar mucho (…) en los acuerdos». Marcelino Domingo dijo que se habían alcanzado acuerdos en varias cuestiones, pero ni precisó con qué alcance ni incluyó entre ellas el borrador de una futura Constitución. ALCALÁ-ZAMORA (1977): 144ss., DOMINGO (1934): 20 y 129, MAURA (1981): 81ss., y LERROUX (1963): 542. <<

[91] El anteproyecto, en ABC, 7-VII-1931. <<

[92] El Socialista, 3-VII-1931, ALBORNOZ (1936): 95, y Crisol, 7 y 10-VII-1931. <<

[93] ABC, 27-VI-1931. Alcalá-Zamora mostró en varias ocasiones su conformidad con los planes de Ossorio, que deseaba una Constitución breve y flexible que no recogiera pormenorizadamente todas las demandas políticas de los partidos que apoyaban al gobierno. ABC, 2-VII-1931. <<

[94] Vid. el preámbulo del anteproyecto de la Comisión Jurídica, redactado por su presidente. <<

[95] MORI (1933): I, 138. La Presidencia de la República estaba regulada muy detalladamente en el Título V del anteproyecto, artículos 32 a 45. <<

[96] El resumen de las posturas enfrentadas en la Comisión Jurídica, en MORI (1933): I, 130ss. <<

[97] Un buen resumen de los diferentes argumentos de los fundadores del régimen a propósito de las responsabilidades políticas de la Monarquía puede verse en los discursos del mitin celebrado en la Plaza de las Ventas de Madrid el último domingo del mes de septiembre de 1930. El Progreso (Barcelona), 30-IX-1930. <<

[98] AZAÑA (1981): I, 24. Anotación del 7-VII-1931. La imposibilidad de que el Gobierno Provisional se pusiera de acuerdo en un proyecto constitucional era «patente», según declaró el propio Alcalá-Zamora a la cámara. Vid. DSC, n. 40, 17-IX-1931, p. 984. También las declaraciones de Marcelino Domingo en ABC, 11-VII-1931. <<

[99] Vid. discurso de presentación del proyecto constitucional en DSC, n. 28, 27-VIII-1931, pp. 642ss. <<

[100] Por el contrario, Jiménez de Asúa aseguró más tarde, en 1946, que el proyecto había logrado el equilibrio entre el presidente y el Congreso al decidir que ambos fueran dos poderes fuertes. Cit. en VARELA (1978): 93. <<

[101] Esta facultad no había sido incluida en al anteproyecto; se sumaba ahora al derecho del parlamento de acusar al presidente ante el Tribunal de Justicia Constitucional, que aparecía en el artículo 78 y que mantenía en líneas generales la redacción del anteproyecto. <<

[102] MORI (1933): IV, 16. Basta fijarse en lo ocurrido en la segunda quincena de mayo de 1933, a propósito del uso del derecho de mensaje en la recién aprobada Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, para darse cuenta de los peligros que acarreaba este veto limitado. En aquella fechas, mayoría parlamentaria y oposición se enfrentaron en un durísimo debate público para presionar al entonces presidente, Alcalá-Zamora, en contra y a favor del uso del veto con la mencionada ley. Vid. ÁLVAREZ TARDÍO (2002): cap. V. <<

[103] Véanse los temas preferidos de los oradores en el debate a la totalidad, en DSC, n. 28 a 34, VIII-1931, pp. 642-802. <<

[104] El análisis de esas jornadas parlamentarias, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002): cap. III. <<

[105] MORI (1933): IV, 9. <<

[106] MARTÍNEZ BARRIO (1983): 66. Una síntesis del debate del título IV, en MORI (1933): IV, cap. 1. También interesan ALCALÁ-ZAMORA (1977): 180 181, LAMO DE ESPINOSA Y CONTRERAS (1990): 386ss., y VARELA (1978): 92ss. <<

[107] A pesar de las múltiples formas de control del parlamento sobre el gobierno, al menos en el voto de censura la Constitución quiso evitar un uso abusivo que convirtiera al ejecutivo en rehén de las minorías. Así, el artículo 64 estableció algunos requisitos para el ejercicio del mismo, principalmente la obligatoriedad de razonarlo y de acompañarlo de la firma de un mínimo de cincuenta diputados. El voto de censura, por tanto, no podría ser obra de una minoría exigua. No obstante, no era imperativo que quienes promovieran el voto de censura propusieran una alternativa de gobierno. <<

[108] Los entrecomillados y lo de Madariaga, en VARELA (1978): 88ss. La tiranía de los parlamentos fue uno de los motivos que más alentó la crítica del parlamentarismo en el período de entreguerras. El propio Gil Robles hizo públicas en numerosas ocasiones sus críticas en ese sentido y pidió que se reforzara el poder y la autonomía de los ejecutivos. Véase, por ejemplo, sus declaraciones a La Vanguardia en noviembre de 1934, en GIL ROBLES (1971): 383-385. Una tendencia muy común en entreguerras y que influyó significativamente en el debate constitucional de 1931, fue la de reforzar el poder del ejecutivo, bien del presidente de la República o bien del gobierno, precisamente para evitar la tiranía del parlamento. Esto favoreció el llamado «parlamentarismo racionalizado», un intento de mejorar la eficacia legislativa del sistema, que incluía, por ejemplo, la posibilidad de que el ejecutivo legislara por decreto o la limitación del uso del voto de censura en el parlamento. Vid. COTARELO y BLAS (1991). Sobre los partidos y el sistema de partidos en la Segunda República, vid. ARRANZ NOTARIO (1995), LINZ (1979), y JULIA (1995). <<

[109] Así se aprecia en el estudio de TOMÁS VILLARROYA (1980). <<

[110] El debate, en MORI (1933): IV, 57ss. Con el debate y la votación del artículo 68 se acentuaron las diferencias entre el Partido Radical y Acción Republicana, al considerar los primeros que el partido de Azaña no había sido fiel a sus compromisos. Vid. AZAÑA (1981): I, 255. <<

[111] Además de lo que se expone a continuación, el presidente tenía varias competencias específicas recogidas en el artículo 76, que prescindimos de comentar porque ninguna de ellas dio lugar a conflictos relevantes entre el presidente y el resto de los poderes constitucionales. ESTEBAN (1998): 276. <<

[112] La defensa de Alcalá-Zamora, en VARELA (1978): 105. Vid. también CABRERA CALVO-SOTELO (1995b): 71. <<

[113] LINZ (1978a): 142ss, ha señalado acertadamente el modo en que las relaciones del presidente de la República con el gobierno y el parlamento fueron un factor decisivo en la deslegitimación de la institución presidencial, y, por tanto, del mismo régimen republicano. Alcalá-Zamora no acertó a desempeñar esa labor positiva de integración que tan necesaria se hizo después de octubre de 1934. <<

[114] TOMÁS VILLARROYA (1980): 59. <<

[115] Este aspecto ya lo señalaron PÉREZ SERRANO (1932), y BAYÓN y CHACÓN (1935). Vid. VARELA (1978): 105-107. <<

[116] VARELA (1978): 110. <<

[117] MARTÍNEZ BARRIO (1983): 295, describe así la situación de Alcalá-Zamora a finales de 1935: «tuvo enfrente a Azaña, jefe de la izquierda; a Largo Caballero y Prieto, directores de las dos grandes y contrarias corrientes del Partido Socialista; a Lerroux, caudillo del Partido Radical; a Miguel Maura, adelantado de los republicanos conservadores; a Cambó, sirena de Lliga Catalana; y a Gil Robles, enfant terrible de la derecha social. No quedó al presidente de la República ningún escudo con que cubrirse, ni fuerza política sobre que apoyarse». <<

[118] Los entrecomillados y la cita de Gil Robles, en TOMÁS VILLARROYA (1983): 72. <<

[119] VARELA (1978): 111. Como contraste a esta interpretación del papel de Alcalá-Zamora, entre otros, JULIÁ (1995): 126. <<

[120] Se han distinguido hasta seis formas mixtas o intermedias en función de la forma de elección del ejecutivo, su composición y su relación con el legislativo. Vid. la introducción en LIJPHART (1992). <<

[121] PAYNE (1995): 82-83. <<

[122] DUVERGER (1992): 142. Este mismo autor sostiene que en el caso de la República de Weimar se habría dado una correspondencia aceptable entre la teoría y la práctica en el ejercicio del poder presidencial. <<

[123] POSADA (1932): 197. Cit. en VARELA (1978): 100. <<

[124] DSC, n. 28, 27-VII-1931, p. 647. <<

[125] Vid. sobre todo CARRERAS y VALLÉS (1977), y CARRERAS (1983). <<

[126] Gaceta de Madrid, 26-IV-1931. <<

[127] Ib., 10-V-1931. <<

[128] El arraigo del PSOE durante el primer semestre de 1931, al menos en una región clave como Andalucía, está bien analizado por CARO (1997) y, desde luego, por MACARRO (2000): 36-50. La magra presencia del PSOE en abril-junio de 1931 y su postrero salto cualitativo también puede apreciarse en otra de las circunscripciones, Ciudad Real, en las que llegaría a tener destacado peso. Vid. REY REGUILLO (2008): 98-99, 110-111 y 147-148. <<

[129] REQUENA (1993: 146). Andalucía, en MACARRO (2000: 44). <<

[130] El texto, en DSC, 2-VI-1933, apéndice 2° al n. 349. <<

[131] DSC, 28-VI-1933, apéndice 8° al n. 361. <<

[132] DSC, 4-VII-1933, pp. 13 804-13 805. <<

[133] Ib., pp. 13 810-13 811. <<

[134] Ib., p. 13 811. <<

[135] Los planteamientos sobre el régimen electoral del PSP, en ALZAGA (1973): 225ss. <<

[136] DSC, 4-VII-1933, pp. 13 813-13 815. <<

[137] DSC, 5-VII-1933, p. 13 851. <<

[138] Ib., pp. 13 868-13 871. <<

[139] DSC, 6-VII-1933, pp. 13 892-13 894. <<

[140] Probablemente Castrillo, en nombre de la minoría progresista, estaba defendiendo el punto de vista del propio Alcalá-Zamora que había rechazado de plano un proyecto de reforma electoral más marcadamente mayoritario que el primitivo dictamen y al que tampoco gustaba la excesiva prima a las mayorías que concedía el proyecto del gobierno. En sus memorias, lo califica de la siguiente forma: «tuve que volver a Madrid para llamar a Azaña a Palacio, muy alarmado yo por el rumbo peligroso que el gobierno se obstinaba en dar a la modificación de la ley electoral. (…) Le hice ver que eso podría llevar a la anulación de los partidos de izquierda en las futuras elecciones, riesgo que yo deseaba evitarles; y lo que era mucho más grave a poner en el aire al régimen mismo, peligro frente al cual estaba yo dispuesto a oponer el veto. Mis argumentos y sobre todo mi decisión le convencieron». Vid. ALCALÁ-ZAMORA (1977): 243. Este testimonio concuerda con el de Azaña, que señala la angustiada petición del jefe del Estado para que, al menos, se elevase todo lo posible el porcentaje mínimo de votantes para alcanzar la victoria electoral en primera vuelta. Vid. AZAÑA (1997): 388. <<

[141] DSC, 6-VII-1933, pp. 13 894-13 896. <<

[142] Ib., pp. 13 896-13 904. <<

[143] Ib., pp. 13 904-13 911. <<

[144] Ib., pp. 13 911-13 914. <<

[145] DSC, 18-VII-1933, apéndice 3° al número 372. <<

[146] DSC, 19-VII-1933, pp. 14 223-14 227 y 14 231. <<

[147] Ib., pp. 14 232-14 236. <<

[148] Ib., pp. 14 238-14 242. <<

[149] DSC, 20-VII-1933, p. 14 295. <<

[150] R. Gunther, G. Sani y G. Shabad destacaban como un grave defecto general de la legislación electoral republicana que: «la distorsión de la representación parlamentaria creaba en las Cortes la ilusión de que la coalición victoriosa había recibido un mandato aplastante a favor de sus propuestas políticas, cuando en realidad dicha coalición podía haber obtenido simplemente una mayoría rasa de los votos». Vid. GUNTHER, SANI y SHABAD (1986): 21. <<

[151] La inclinación de los republicanos franceses hacia la circunscripción plurinominal, por lo menos hasta finales del XIX, es algo ya bien demostrado. Vid. trabajos clásicos como CAMPBELL (1958), o más recientes y de mayor impacto en nuestro país como los de RÉMOND (1990) o HUARD (1997). <<

[152] En este punto, estamos de acuerdo con Sartori en que la aplicación de un sistema electoral fuerte sobre un sistema de partidos no estructurado no supone una reducción del número de formaciones políticas a escala nacional. No obstante, nos separamos de su apreciación cuando afirma que, a nivel de distrito, sí que se reduce la oferta electoral. Esto sólo podría ser cierto si una ley electoral prohibiera expresamente las coaliciones. Si no era así, la reducción de la oferta electoral resulta sólo aparente: las concentraciones electorales aminoran el número de «aspirantes» en un momento concreto, el del comicio, pero nunca, a nuestro parecer, el número de partidos. Vid. SARTORI (2001): 60-61. <<

[153] La existencia de un «multipartidismo extremo», en palabras de Linz, fue lo que caracterizó al sistema de partidos español durante toda la Segunda República. Vid. LINZ (1979): 171-180. Para Santos Juliá ni tan siquiera puede hablarse en rigor de que hubiese cristalizado un sistema de partidos estable. Vid. JULIÁ (1995): 138-139. <<

[154] Santiago Varela, sin confirmar concretamente esta hipótesis, sí que caracterizó al régimen electoral republicano como un sistema «fuerte» por su capacidad para moldear un sistema de partidos tan débil como el español naciente de 1931. Vid. VARELA (1978): 59-60. Esto de la fragmentación ya fue anticipado por CARRERAS (1983): 165. <<

[155] El número se redujo a 1875 cinco días después, merced a la retirada de una parte de los que contaban con menores posibilidades. Las cifras oficiales en Ahora y El Sol, 14-XI-1933. Los cálculos finales, elaborados a partir de los datos del ACD, Leg. 139. <<

[156] Sobre esta cuestión, vid. ÁLVAREZ TARDÍO (2002): 344-348. <<

[157] ABC, 10-II-1936; y El Sol, 11-II-1936. El diario Ahora, en su edición del 11 de febrero, apunta que fueron diez menos. <<

[158] Los datos, elaborados a partir de ACD, Leg. 141. Éstos, por ser los datos oficiales remitidos por las Juntas Provinciales del Censo, resultan mucho más ajustados que los de Javier Tusell. Además, como ya reconoció este historiador, su método fue el de contabilizar los sufragios obtenidos por el candidato más votado de cada lista sin tener en cuenta los votos de las candidaturas minoritarias o unipersonales, sistema que perjudicaba al centro y a la derecha que, en 1936, se presentaron a los comicios con niveles menores de cohesión que la izquierda. Ese método, desde luego, fue impuesto por las circunstancias, pues Tusell y su equipo no contaban con los resultados completos. Una explicación en TUSELL (1971): 11-14. Nosotros hemos preferido, sencillamente, calcular la media aritmética de los votos de cada candidatura (incluidas las unipersonales), método que permite, sin excluir a ningún partido, hacernos una idea mucho más ajustada de la correlación de fuerzas existente. Los datos oficiales presentan una limitación: el expediente de Cuenca no se encuentra disponible y hemos utilizado los que ofrece el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca (21-II-1936) que coinciden con los que aparecen en las credenciales de los diputados electos por esta circunscripción. <<

[159] Que podemos desglosarlos de la siguiente forma: 308 471 votos de las candidaturas gubernamentales («portelistas» y progresistas de Alcalá-Zamora), 99 260 de las del Partido Radical y aliados menores, 33 725 de las del Partido Republicano Conservador y 26 786 de las «melquiadistas» e independientes. <<

[160] José Antonio Primo de Rivera obtuvo, en persona, el doble de sufragios, unos veinte mil, pero los restantes candidatos de Falange cosecharon resultados, en general, mucho peores. Además, FE-JONS no presentó candidaturas completas en la mayoría abrumadora de las circunscripciones, sino minoritarias y hasta unipersonales. Ambos factores son los que reducen a la mitad su fuerza real en todo el país. <<

[161] Datos elaborados a partir de ACD, Leg. 141. <<

[162] Ib. <<

[163] Chile, en MAZA (2000): 163-164. Estados Unidos, en WEATHERFORD (1998) y ZINK-SAWYER (2003). Gran Bretaña, en SMITH (1998): 25, y MAGUIRE (2007): 52-76. Para este país, otras obras de referencia son KENT (1987), VAN WINGERDEN (1999) y MAYHALL (2003). Francia, en BIDELMAN (1982), HAUSE y KENNEY (1984): 213, y SMITH (1996): 67-76, 87-88 y 93-96. <<

[164] HARVEY (1998): 28-32, SMITH (1998): 79, ROSSI-DORIA (1996): 83, MAZA (2000): 178, y SMITH (1996): 87-88. <<

[165] La cita, de GARCÍA VILLADA (1920): 36. Teorías contra la «grieta de género» en EEUU: BAXTER y LANSING (1983): 24-51 y 179-214, y HARVEY (1998): 206-8. <<

[166] España, en VILLALAÍN (2000) y CAPEL (1992). <<

[167] CAPEL (1992): 83-145. VILLALAÍN (2000): 57-76. <<

[168] DSC, 30-IX-1931, pp. 1331-1332 y 1337-1338. <<

[169] Ib., pp. 1339-1341. <<

[170] Ib., pp. 1341-1342. Iniciativa y firmas, también en ÁLVAREZ TARDÍO (2002: 170). <<

[171] DSC, 1-X-1931, pp. 1352-1354. <<

[172] Ib., pp. 1355-1361. <<

[173] Ib., pp. 1362-1363. <<

[174] DSC, 1-XII-1933, pp. 2736-2742. <<

[175] Ib., pp. 2742-2752. <<

[176] Gaceta de Madrid, 28-I-1932. <<

[177] DSC, 26-I-1932, p. 3402. <<

[178] Aprobación y rauda aplicación de estas leyes, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002): 218-34 y 238-79. <<

[179] Debate, en DSC, 8-IX-1932, 8696-8700. <<

[180] Gaceta de Madrid, 8-XI-1932. <<

[181] Debate, en DSC, 20-XII-1932, 10 507-10 517. Obstrucción, en CAMPOAMOR (2001): 185. <<

[182] TUSELL y GARCÍA (1977): 10, CAPEL (1992): 184-185, SANZ HOYA (2006): 156-157, y MATEOS (1995): 497 y 501. <<

[183] Cita, de VILANOVA (1989): 531. <<

[184] En Barcelona capital, las medias de voto en 1931 de estas candidaturas fueron: Esquerra y afines (USC, federales), 99 573 votos; Lliga, 26 610; PRR-DLR-PRF, 21 265; PCR, 4982. Datos elaborados a partir de TUSELL (1982): 165. <<

[185] En Ávila, las medias de voto en 1931 fueron las siguientes: Agrupación Republicana Popular (Nicasio Velayos), 16 476 votos, AR-PRRS-PRR (Sánchez-Albornoz), 14 823; Derecha Liberal, 7780; PSOE, 4083; Acción Nacional y derechas independientes (Pérez Arroyo), 5048. Datos elaborados a partir de ib., p. 163. <<

[186] En Pontevedra, las medias de voto en 1931 fueron las que siguen: conjunción republicano-socialista (PSOE-FRG-DLR), 48 437; galleguistas, 6240; PRR y agrarios adictos, 11 289. Datos elaborados a partir de ib., p. 187. <<

[187] En Santa Cruz de Tenerife, éstas fueron las medias de voto: PRR, 23 249; PSOE, 6090; Derechas Independientes, 3967. Datos elaborados a partir de ib., p. 188-189. <<

[188] En Almería, las medias de voto fueron: PRR-PRRS-AR, 14 849; Barcia, 2363; PRF, 4340; PSOE, 12 217; Socialistas independientes, 3484; Derecha Liberal, 6761; Derechas Independientes, 3731. Datos elaborados a partir de ib., p. 162. <<

[189] Cita, en CAMPOAMOR (2001): 195 y 202. Maniqueísmo, en VILLA-LAÍN (2000): 69-70. <<

[190] VARELA SUANZES-CARPEGNA (2007): 586. Sobre los derechos fundamentales en la Constitución de 1931 vid. TOMÁS Y VALIENTE (1989): 153ss. <<

[191] LOWELL (1912): 1. Traducción propia. <<

[192] LINZ (1978b): 209. <<

[193] El proyecto de ley para regular el Tribunal presentado por el gobierno y aprobado por las Cortes incluía una disposición final en la que se señalaba que «la acción jurisdiccional derivada de la presente ley (…) no se extenderá, ni a las disposiciones promulgadas por las Cortes actuales antes de ser aprobada la misma, ni a los actos que el Poder público haya realizado con anterioridad a su publicación». DSC, n. 348, 1-VI-1933, p. 13 237. <<

[194] TOMÁS VILLARROYA (1985): 135. <<

[195] Para las actitudes de carlistas, tradicionalistas y monárquicos, vid. BLINKHORN (1979), GALINDO HERRERO (1956), y GIL PECHARROMÁN (1994). Tramas conspirativas varias de los monárquicos en BULLÓN DE MENDOZA (2004): especialmente 331ss., y GONZÁLEZ CUEVAS (1998): 144-145 y 165ss. <<

[196] Es fundamental tener en cuenta los antecedentes. Vid. ALZAGA VILLAMIL (1973): especialmente 223ss., GARCÍA ESCUDERO (1983): 607-618, y TUSELL (1986): I, 51ss. Sobre la experiencia acumulada por los Propagandistas, ORDOVÁS (1993), MONTERO (2006), y RUIZ SÁNCHEZ (2006). <<

[197] Citas del editorial de El Debate, 30-VI-1931. <<

[198] El discurso de Herrera, en MONGE BERNAL (1936: 142). Negociaciones Iglesia-gobierno, en ÁLVAREZ TARDÍO (2002): 146ss. <<

[199] El Debate, 6-X-1931. <<

[200] El Debate, 15-X-1931. La diferencia entre los dos sectores que convivieron inicialmente dentro de AN está bien analizada, aunque de forma somera, en TUSELL (1986): I, 175ss. <<

[201] El texto íntegro del manifiesto, en ABC, 17-X-1931. Hubo algunos diputados católicos que publicaron sus propios manifiestos; los términos fueron similares al texto general aunque recalcando más la lista de agravios y la explicación de la «persecución» contra los católicos. ABC, 22-X-1931. La conferencia de Gil Robles, 31-X-1931, en GIL ROBLES (1971): 68. Y editorial de ABC, 18-X-1931. <<

[202] Aunque insuficiente, todavía es útil el breve resumen de los presupuestos ideológicos de la campaña revisionista de MONTERO (1977): I, 202ss. <<

[203] Primera intervención, en GIL ROBLES (1971): 68. Lo de Ledesma, en ABC y El Debate, 20-X-1931. <<

[204] ABC, 20-X-1931. Lo de Maura, en BALLBÉ (1985): 318. <<

[205] Ley de Defensa de la República, original firmado en AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 18A, Exp. 8. Como muestran los numerosos expedientes por multas impuestas a particulares en aplicación de la LDR, los recursos podían tardar hasta dos y tres años en ser resueltos. AGA (08) 025 001, 44 / varios expedientes. BALLBÉ (1985): 328, apuntó este asunto de la falta de tutela judicial. <<

[206] ABC, 21-X-1931. Algunos medios republicanos no ocultaron la poca alegría que les producía la nueva norma. La Voz, 21-X-31, pidió que se usara «con prudencia reflexiva» y sin «exageraciones». Vid. SINOVA (2006): 113. Lo de Prieto, en PAYNE (1995): 94. <<

[207] VINCENT (2007): 128. <<

[208] ABC, 9-XII-1931. <<

[209] BLINKHORN (1979): 104. <<

[210] La Vanguardia, 1-XI-1932. <<

[211] Telegrama del Gobernador Civil (en adelante GC) al Ministro de la Gobernación (en adelante MG), 5-XI-1931. AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. <<

[212] ABC, 6 y 7-XI-1931. <<

[213] Telegramas varios dirigidos al MG, 3 a 7-XI-1931. AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. <<

[214] El Socialista, 7-XI-1931. ABC, 8-XI-1931. GIL ROBLES (2006): 70. <<

[215] ABC, 10-XI-1931. <<

[216] Para los tres párrafos anteriores, vid. telegramas varios, 8, 9, 10 y 11-XI-1931. AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. ABC, 10 y 11-XI-1931. La Vanguardia, 11-XI-1931. El Socialista, 8 y 10-XI-1931. <<

[217] ABC, 10-XI-1931. Telegramas varios, 10 y 11-XI-1931. AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. <<

[218] En esos días habían ocurrido algunos incidentes que el gobernador atribuyó a la provocación de «jóvenes monárquicos», que dieron lugar a una manifestación y a punto estuvieron de terminar en un episodio grave de violencia anticlerical. Telegrama del GC al MG de 20-X, AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 60, Exp. 21. <<

[219] Informe del Primer Jefe Comandancia al GC y al MG, 9-XI-1931. Y varios telegramas de 9 y 10-XI-1931. Gobernación, Serie A, Leg. 60, Exp. 21. ABC, 10-XI-1931. La Vanguardia, 10 y 12-XI-1931. Para más detalles sobre algunos de los incidentes más graves ocurridos entre manifestantes y Guardia Civil, vid. varios informes y telegramas en AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. <<

[220] El Socialista, 10-XI-1931. <<

[221] ABC, 13-XI-1931. <<

[222] El Socialista, 8-XI-1931. <<

[223] Circular 131 del MG a los GC, 22-XI-1931. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 18A, Exp. 8, n 2. ABC, 20-X-1931. <<

[224] ABC, 27-X-1931 El Socialista, 11 y 12-XI-1931. <<

[225] El Socialista y ABC, 14-XI-1931. AZAÑA (1981), I: 275. <<

[226] La Vanguardia, 14-XI-1931. <<

[227] Ib., 17-XI-1931. <<

[228] ABC, 19-XI-1931. <<

[229] DSC, n. 59, 20-X-931, pp. 1842. <<

[230] La Vanguardia, 17-XI-1931. <<

[231] Martínez de Velasco se quejaba, tras hablar con Casares, de que a ellos se les negara un derecho que se reconocía a «los diputados de significación izquierdista», que podían «hablar dentro y fuera del Parlamento» con total libertad. La Vanguardia y ABC, 18-XI-1931. <<

[232] ABC, 24-XI-1931. <<

[233] Ib. Cursivas propias. <<

[234] Entre otros, han abordado en profundidad este asunto capital MACARRO (2000): cap. 2, y REY REGUILLO (2008): 147ss. <<

[235] La reacción patronal, en Cabrera Calvo-Sotelo (1983): espec. cap. 5. <<

[236] El Socialista, 14-XI-1931. <<

[237] ABC, 28-XI-1931. <<

[238] Ib., 24-XI-1931. <<

[239] Claridad, n. 29, 30-XI-1931. <<

[240] Anotación del 30-XI-1931. AZAÑA (1981, I): 275. <<

[241] Los tribunales apenas entendieron de la aplicación de la LDR. Sólo hubo tres sentencias anulando sanciones impuestas al amparo de la LDR, pero se hicieron públicas con la ley ya derogada y con otra mayoría parlamentaria, es decir, durante el segundo bienio. BALLBÉ (1985): 333. También PAYNE (1995): 94, donde se señala que la disposición que contenía la ley haciendo posible al menos un recurso administrativo dirigido al ministro en las veinticuatro siguientes a su detención o encausamiento, fue introducido gracias a una enmienda de Ossorio y Gallardo, pero no estaba inicialmente en el proyecto. <<

[242] BALLBÉ (1987): 329. <<

[243] Para las primeras sanciones contra la prensa vid. SINOVA (2006): 120ss. <<

[244] Sirvan de ejemplo los casos contenidos en AGA (08) 025 001, 44/ Exp. 2417. <<

[245] Telegrama del GC de Asturias al MG, 12-VI-1932. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 18A, Exp. 12. Y ABC, 12-VI-1932. <<

[246] Por ejemplo, un acto revisionista más fue el celebrado en Zaragoza el 16 de noviembre de 1931, organizado por la Federación Aragonesa de Estudiantes Católicos. ABC, 17-XI-1931. <<

[247] El Debate, 1-I-1932. ABC, 9-I-1932. <<

[248] El Debate, 3 y 6-I-1932. <<

[249] Ib., 19-I-1932. <<

[250] El Socialista, 20-I-1932. <<

[251] ABC, 20-I-1932. <<

[252] Ib., 22-I-1932. <<

[253] Ib., 18-II-1932. <<

[254] Y al parecer, en una conversación con Amadeo Hurtado en los pasillos del Congreso a mediados del mes de julio, dijo que hasta el momento había participado en 132 mítines y le habían suspendido otros 78. ABC, 18-II y 15-III-1932. Época, 15-III y 14-VII-1932. GIL ROBLES (2006): 66. <<

[255] ABC, 18-II-1932. <<

[256] AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. Y ABC, 20-XI-1931. <<

[257] La suspensión provocó un «leve incidente», a decir del gobernador, cuando un grupo de mujeres católicas organizaron una protesta y los agentes las disolvieron con órdenes «severas» de no permitir alteraciones. AGA (08) 025 001, 44 / Exp. 76. <<

[258] Telegramas varios de febrero de 1932. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp 6. ABC, 24-II-1932. Referencias de prensa local, en REY REGUILLO (2008): 174-175. <<

[259] ABC, 5-III-1932. Telegrama del GC de Coruña al MG, 2-III-1932. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp 6. <<

[260] ABC, 13-III-1932 y Época, 15-III-1932. <<

[261] Telegramas varios de 22-III-1932. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp 6. <<

[262] El Debate, 3-IV-1932. Telegramas varios de 29-III-1932. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp 6. <<

[263] DSC, n. 132, 9-III-1932. Gil Robles, en p. 4358 y Azaña, en p. 4368. <<

[264] El Socialista, 5-II-1932. <<

[265] DSC, 3-X-33, p. 15 440. Vid. BALLBÉ (1985): 335. <<

[266] REY REGUILLO (2007): 36. <<

[267] MAZOWER (2005): 141. <<

[268] REY REGUILLO (2007): 23-24. BLANEY (2005): 31-44. <<

[269] BALLBÉ (1985): 329-335, ÁLVAREZ TARDÍO (2010b) y MACARRO (1995): 147-148. <<

[270] CASANOVA (1997), GONZÁLEZ CALLEJA (2005), GIL ANDRÉS (2005) o CRUZ (2006). <<

[271] Sáez Ezquerra, en Ahora, 17-X-1933. Vid. ROMERO MAURA (2000): 201, AVILÉS FARRÉ (2006a): 225-239, y REY REGUILLO (2007): 39-40. Una interpretación contraria en CASANOVA (2000): 95. <<

[272] AZAÑA (1997): 130. La cursiva es nuestra. <<

[273] REY REGUILLO (2007): 26-27. <<

[274] Ib., pp. 35-36; vid. también pp. 41-47; HERREROS (2005): 11-12, y UCELAY y TAVERA (1994). <<

[275] ROMERO MAURA (2000): 89-90. Sobre la ideología del anarquismo español, la obra más destacada continúa siendo la de ÁLVAREZ JUNCO (1976). <<

[276] Violencia como respuesta a las «estructuras capitalistas», en BERNECKER (1994): 172, y NÚÑEZ FLORENCIO (1983): 169-175. Piotr Kropotkin escribió en 1881 sobre la necesidad de que el movimiento anarquista articulase dos organizaciones: una multitudinaria y que funcionase a la luz del día, y otra más reducida, secreta y «de acción». Ésta era la «ventaja de jugar a todo» que describen tan bien, en el contexto de los años treinta, UCELAY y TAVERA (1994): 140-141. <<

[277] Vid., por ejemplo, BERNECKER (1994) o CASANOVA (2000). <<

[278] Propósitos de la Internacional, en ROMERO MAURA (2000): 90-91, y NÚÑEZ FLORENCIO (1983): 9. Las primeras violencias las confirman incluso LIDA (1972): 171-179, KAPLAN (1977): 119-129, y BERNECKER (1994): 151-153 y 163. Participación activa en las «cantonales», en DÍAZ DEL MORAL (1967): 94-97, LIDA (1972): 180-185 y 216-229, GABRIEL (1979): 345, NÚÑEZ FLORENCIO (1983): 34-35, y GONZÁLEZ CALLEJA (1998): 267. <<

[279] «La Mano Negra» y otros desórdenes, en FONTECHA (1994): 170, y NÚÑEZ FLORENCIO (1983): 38-39. Tácticas de los «anarco-comunistas», en BERNECKER (1994): 162-172, NÚÑEZ FLORENCIO (1983): 40-41, y KAPLAN (1977). Sindicatos catalanes y disolución de la FTRE, en ROMERO MAURA (2000): 93. De forma ilustrativa, NÚÑEZ FLORENCIO (1983): 14 señala como en el Congreso de la Internacional de Londres (1881) se recomendaba el estudio de la química «encaminada a que todo el mundo supiera fabricar explosivos». Teoría y práctica de la «propaganda por el hecho», en ÁLVAREZ JUNCO (1976): 494, y AVILÉS FARRÉ (2009). <<

[280] Dentro de un nuevo episodio insurreccional de los que solían alentar las organizaciones anarquistas gaditanas, un grupo de entre quinientos y seiscientos anarquistas intentó tomar Jerez de la Frontera y asaltar la cárcel para liberar a presos de esta significación. La insurrección se saldó con un fracaso, pero dejó tres muertos y muchos detenidos en la acción. De éstos, cuatro cabecillas fueron condenados a muerte en un Consejo de Guerra. Vid. FERNÁNDEZ ALMAGRO (1968): 163, GABRIEL (1979): 353-354, y KAPLAN (1977): 194-198. <<

[281] Las conexiones de Angiolillo con los secesionistas cubanos, en FERNÁNDEZ (1994). <<

[282] ROMERO MAURA (2000): 154-161. <<

[283] Múltiples ejemplos en ROMERO MAURA (2000): 69-75, y GONZÁLEZ CALLEJA (1998): 267-302. <<

[284] ROMERO MAURA (2000): 155 y 186-187, y CRUZ (2005): 36-37. Una monografía útil, en cuanto que sirve para comparar las características principales de las policías europeas, en BLANEY (2006). <<

[285] ROMERO MAURA (2000): 18, 62-64 y 68. GONZÁLEZ CALLEJA (1998): 39-43. <<

[286] ROMERO MAURA (2000): 35-52 y 95-96. GONZÁLEZ CALLEJA (1998): 315-320 y 401. CRUZ (2005): 16. AVILÉS FARRÉ (2006b). <<

[287] Las citas, de BERNECKER (1994): 150 y ROMERO MAURA (2000): 97. Lo de la «huelga general revolucionaria», en BAR CENDÓN (1975): 221 y 230, CASANOVA (2000): 84, BERNECKER (1994): 173-175, y FONTECHA (1994): 154-155. Un planteamiento más diáfano en JULIÁ (1984): 182, y ROMERO MAURA (2000): 106. <<

[288] Cono ya apuntó Santos Juliá, a los de la FAI se les considera en el seno del sindicato los miembros más comprometidos con la causa, los «guerrilleros invencibles» que «marchando delante del pueblo le conducen a la revolución». Vid. JULIÁ (1984): 186 y 223. <<

[289] Vid. REY REGUILLO (1992). <<

[290] WINSTON (1989), BAR CENDÓN (1975): 224 y 229, y VEGA (1988: 57). <<

[291] CASANOVA (1997): 110, PAYNE (2005): 536, y UCELAY (1995): 61-63. <<

[292] MACARRO (1995): 142-144, 148 y 150-152. <<

[293] La cita, de PEIRATS (1971): 58. La radicalización anarquista y sus consecuencias, en MALEFAKIS (1980): 340-342, UCELAY y TAVERA (1994): 136 137, MACARRO (1995): 144, FONTECHA (1994): 156, 164 y 168-169, y VEGA (1988): 58. <<

[294] DSC, 21-I-1932, p. 3321. AZAÑA (2007): 902. Muertos, en ABC, 23, 24, 26 y 27-I-1932. <<

[295] Comités de Defensa, en ROMERO MAURA (2000): 108 y FONTECHA (1994): 171-175. Falta de destreza, en ROMERO MAURA (2000): 201, y AVILÉS FARRÉ (2006a): 231-239. La «carnicería», en AZAÑA (1997): 134. El delegado del gobernador se llamaba Fernando Arrigunaga Martín-Barbadillo. <<

[296] VEGA (1988): 60. <<

[297] Estos ejemplos, en Solidaridad Obrera, 14-XI-1933; y CNT, 17-XI-1933. <<

[298] Las citas las reproducen varios autores: BRADEMAS (1973): 108-110, BARRIO (1988): 386, CASANOVA (1997): 116-117, y GÓMEZ CASAS (2002): 157. <<

[299] Violencias, en VILLA GARCÍA (2008): 556-563. Huelgas de Madrid, en JULIÁ (1984): 222-258. Barcelona, en El Sol, 15 y 16-XI-1933; y ABC, 15 a 18-XI-1933. <<

[300] Solidaridad Obrera, 23-XI-1933. AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 31, Exp. 4. ABC, El Sol y Ahora, 21-XI-1933. <<

[301] Las gestiones con los socialistas, en VIDARTE (1978): 32-33. Informes, en AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp. 13. El resto, en ABC, 26 y 30-XI; y 3 y 5-XII-1933; Ahora, 28-XI; y 1 y 3-XII-1933; El Socialista, 3 y 5-XII-1933; y El Sol, 30-XI; y 2 y 3-XII-1933. <<

[302] Una lista pormenorizada del arsenal «cenetista» hallado por las fuerzas del orden, en DSC, 17-I-1934, p. 526. Descripciones de los depósitos y su localización, en ABC, El Sol y El Socialista, 9 a 16-XII-1933. Medidas gubernativas, en AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 4, Exp. 13; Heraldo de Aragón, 8, 9 y 21-XII-1933; y ABC, 5, 6 y 8-XII-1933. <<

[303] ABC, El Sol, El Socialista y La Vanguardia, 9 y 10-XII-1933; y La Tierra, 2-I-1934. <<

[304] Cit. en BRADEMAS (1973): 114-115. Los sueltos, en ABC y El Sol, 9-XII-1933. <<

[305] ABC, El Sol, El Socialista y La Vanguardia, 9 a 15-XII-1933; Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón, 10-XII-1933; y La Tierra, 2 y 3-I, y 13-II-1933. Almería, en Diario de Almería y La Independencia, 12 a 14-XII-1933. Alicante, en El Día y Diario de Alicante, 11 a 15-XII-1933. <<

[306] ABC, El Sol y El Socialista, 9 a 16-XII-1933; Heraldo de Aragón, 21-XII-1933; y La Tierra, 5, 6 y 8-I-1934. Logroño, en Diario de La Rioja, 9 a 12-XII-1933. Huesca, en AZPÍROZ (1993): 164. Alicante, en El Día y Diario de Alicante, 11 a 15-XII-1933. <<

[307] Como fue el caso, entre otros, del alcalde y del juez municipal de Albalate de Cinca (Huesca). Vid. ABC, 10 y 12-XII-1933. <<

[308] ABC, El Sol y El Socialista, 10 a 16-XII-1933; y DSC, 17-I-1934, p. 525-526. Sucesos concretos, también en AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 58, Exp. 29; Diario de La Rioja, 10 y 12-XII-1933; Diario de Huesca y El Pueblo, 13-XII-1933; BARRIO (1988): 388-389; El Defensor de Córdoba y Diario de Córdoba, 9 y 12-XII-1933; y La Tierra, 26, 27, 28 y 29-XII-1933. <<

[309] ABC, El Sol y El Socialista, 10 a 16-XII-1933; AHN, Gobernación, Serie A, Leg. 58, Exp. 29; y DSC, 17-I-1934, pp. 525-526. <<

[310] FORNER (1982): 355-356. <<

[311] Participación de los comunistas, en ABC y El Socialista, 10 y 12-XII-1933. Fin de la insurrección, en ABC, El Sol, El Socialista, La Vanguardia, Heraldo de Aragón y La Voz de Aragón, 13 a 17-XII-1933. <<

[312] Datos elaborados a partir de las fuentes oficiales y los números de prensa citados más arriba. <<

[313] Las referencias a los juicios, cargos y condenas de los Tribunales de Urgencia, en las notas que el Ministerio de Justicia suministraba a los medios de prensa. Vid. ABC y La Tierra, 14-XII-1933 y ss.; El Sol, 15-XII-1933 y ss.; y Solidaridad Obrera, 22-II-1934 y ss. La ley de amnistía, en DSC, 2-V-1934, Apéndice 2° . El robo, en La Voz de Aragón, 25-I-1934; y La Tierra, 17-II-1934. <<

[314] Todavía algunos autores, sobre todo hispanistas, alimentan el mito de represiones arbitrarias y generalizadas que las fuentes no confirman. Vid. KELSEY (1994): 255-257, o más recientemente EALHAM (2005): 226, o MANN (2004): 311-312. Las «ventajas de jugar a todo», de utilizar la vía política y la insurreccional a la vez, vienen magníficamente expuestas en UCELAY y TAVERA (1994): 139, y UCELAY (1995): 56. <<

[315] Los datos de 1917, de GONZÁLEZ CALLEJA (1998): 529. <<

[316] ABAD DE SANTILLÁN (1974): 228-229. <<

[317] MADARIAGA (1989): 377. <<

[318] Algunos ejemplos sobre lo que estaban ocurriendo en el ámbito local, en AGA (08) 025 001, 44 / varios exp. <<

[319] Fundamentales para este tema son: PAYNE (2005), MACARRO (2000) y REY REGUILLO (2008). <<

[320] Los votos del centro-derecha se desglosan de este modo: candidaturas antirrevolucionarias oficiales y disidentes, 4.530 180 votos; candidaturas centristas, 468 242 votos; y PNV, 141 495. La explicación de los datos y sus fuentes figura en el capítulo 4 de este libro. <<

[321] ÁLVAREZ TARDÍO (2010a). <<

[322] Vid. El Socialista, 5-III-1936, cit. en REY REGUILLO (2008): 491. El estudio general de PAYNE (2005) y los más concretos de MACARRO (2000) y REY REGUILLO (2008) describen no sólo la «dictadura local» impuesta por las autoridades municipales en muchos pueblos del país, sobre todo en las provincias del centro y sur, sino también los fines que perseguía la izquierda obrera al exigir la mayoría de los puestos en las candidaturas del Frente Popular que habrían de habilitarse para las elecciones municipales de abril de 1936, que finalmente no se celebraron, y también al pedir la renovación completa de las corporaciones municipales, algo notoriamente ilegal pues en España se hacía por mitades. <<

[323] Ideal, 13-II-1936. GIL ROBLES (1998): 461. <<

[324] «La campaña electoral se estaba realizando con características de cierta normalidad. Había atropellos aislados, se pusieron dificultades de todas clases, se acudía al Gobierno Civil y se negaba el Gobernador Civil y se negaban los alcaldes a abrir las Casas del Pueblo. A pesar de esto, nosotros podíamos realizar nuestra propaganda…». DSC, 31-III-1936, p. 98. <<

[325] Ideal, 17-II-1936. La Publicidad, 18-II-1936. El candidato más votado de la coalición de centro-derecha fue el agrario Francisco González Carrascosa, con 148 649 votos, mientras que el más apoyado del Frente Popular fue Emilio Martínez Jerez (de Unión Republicana), con 100 013 votos. Vid. Boletín Oficial de la Provincia de Granada, 21-II-1936. <<

[326] ACD, Leg. 141, Exp. 20. Las localidades protestadas por el Frente Popular donde, sin embargo, la izquierda venció con solvencia fueron Beas de Guadix, Castilléjar, Huétor Vega, Moreda, Pinos Puente y Zújar. <<

[327] Ib. Vid. también Ideal, 21-II-1936. <<

[328] PERTÍÑEZ (1987), y LÓPEZ MARTÍNEZ y GIL BRACERO (1997). <<

[329] TUSELL (1971, II): 153. <<

[330] TUSELL (1976). <<

[331] Además, como Tusell editó su libro sobre las elecciones del Frente Popular en 1971 no pudo conocer lo que ocurriría seis años después, en los primeros comicios generales de 1977. En ellos, la izquierda (PSOE, PCE y PSP) venció en la mayoría de las provincias andaluzas, pero en Granada, como ya había ocurrido en 1936, triunfó con holgura el centro-derecha (UCD y AP). <<

[332] La media de votos del Frente Antirrevolucionario fue de 147 899 sufragios y la del Frente Popular de 98 019. En los cincuenta y cuatro municipios en los que la izquierda formuló alguna protesta, en la mitad sin aportar pruebas documentales o referir hechos concretos de fraude o corrupción del sufragio, las derechas obtuvieron 52 225 votos y las izquierdas 8208. La resta de ambas cantidades daría 95 674 sufragios de media para los primeros y 89 811 para los segundos. Tampoco se hubieran corrido las escalas ya que, descontados los votos afectados, el candidato derechista menos votado, el tradicionalista José María Aráuz de Robles habría obtenido 93 709 votos, mientras el candidato izquierdista más votado de los derrotados, Ricardo Corro Moncho (de Unión Republicana), habría cosechado 89 902. Toda la documentación fundamental, en el ACD, Leg. 141, Exp. 20. <<

[333] Los desórdenes en Ideal, 19 y 21-II-1936. El manifiesto en ib., 21-II-1936. <<

[334] El Defensor, 26-II-1936. La cursiva es nuestra. <<

[335] Boletín Oficial de la Provincia de Granada, 27-II-1936. <<

[336] Noticiero Granadino, 3-III-1936. <<

[337] Ideal, 29-II-1936. <<

[338] Noticiero Granadino, 29-II-1936. <<

[339] El Defensor, 1-III-1936. <<

[340] La Publicidad, 14-IV-1936. <<

[341] Todas las intervenciones, en Noticiero Granadino, 12-III-1936. <<

[342] Ib. <<

[343] El Socialista, 10-III-1936. <<

[344] Para los párrafos anteriores vid. Noticiero Granadino, 12-III-1936; ARRARÁS (1968, IV): 83-84, GIBSON (1980): 52-55, y LÓPEZ MARTÍNEZ y GIL BRACERO (1997): 431-436. Al parecer, el día 13 de marzo Fernando de los Ríos, junto con Alejandro Otero y Ramón Lamoneda, informó a Azaña de la situación de Granada. Vid. RUIZ-MANJÓN (2007): 407. <<

[345] Noticiero Granadino, 12, 13 y 19-III-1936. <<

[346] ALCALÁ-ZAMORA (1977): 358. Las medidas del gobernador en Boletín Oficial de la Provincia de Granada, 26-III-1936; y Noticiero Granadino, 24-III, y 3 y 8-IV-1936. La cita, en Noticiero Granadino, 3-III-1936. <<

[347] GIL ROBLES (1998): 530 y 538-539. DSC, 22-V-1936, p. 837. <<

[348] TUSELL (1971): II, 143. <<

[349] GIL ROBLES (1998): 539-540. <<

[350] Noticiero Granadino, 28-IV-1936; y La Publicidad, 10-IV-1936. <<

[351] La Publicidad, 28-IV-1936. ACD, Leg. 141, Exp. 20. Barriobero y Sánchez-Roca pertenecían a una fracción del Partido Republicano Federal, y Eduardo Ortega y Gasset había sido diputado y miembro del sector más izquierdista del Partido Radical-Socialista. <<

[352] El Defensor y La Publicidad, 1-V-1936. <<

[353] El Defensor y Noticiero Granadino, 3-V-1936. <<

[354] DSC, 22-V-1936, p. 832. <<

[355] La Publicidad, 3-V-1936. <<

[356] El dato en LÓPEZ MARTÍNEZ y GIL BRACERO (1997): 437. <<

[357] DSC, 22-V-1936, pp. 830-831 y 834. GIL ROBLES (1998): 540-541. <<

[358] DSC, 22-V-1936, pp. 827-828. <<

[359] La Publicidad, 29-IV-1936. <<

[360] Ib., 17-IV-1936. <<

[361] DSC, 22-V-1936, pp. 828-829. <<

[362] La Publicidad, 1-V-1936. <<

[363] Ni aun con la retirada de las derechas la violencia pudo desterrarse. En el pueblo alpujarreño de Válor se produjeron disturbios tan graves que produjeron un muerto y varios heridos, y el gobernador hubo de enviar un grupo de guardias de asalto para restaurar el orden. Noticiero Granadino, 6-V-1936. La censura impidió a este periódico informar con más detalle de lo sucedido. <<

[364] ADPG, Leg. 5698, Exp. 15. <<

[365] DSC, 22-V-1936, pp. 825-826. La Publicidad, 6-V-1936. La noticia inserta en este medio decía así: «José Alcántara, el candidato sindicalista en las pasadas elecciones, que no ha obtenido el acta, como se sabe, nos envía unas cuartillas hablando de lo ocurrido con su candidatura. Causas ajenas a nuestra voluntad nos impiden la publicación de dicho escrito». <<

[366] Los diputados electos fueron: Fernando de los Ríos (PSOE), 224 498 votos; Ernesto Fernández Jiménez (PSOE), 219 059; Ramón Lamoneda (PSOE), 218 049; Francisco Menoyo (PSOE), 212 884; Nicolás Jiménez Molina (PSOE), 208 898; Aurelio Almagro (PSOE), 207 215; José Palanco (IR), 206 646; Antonio Martín García (PSOE), 201 443; Miguel Rodríguez Molina (IR), 182 120; Anastasio de Gracia (PSOE), 142 645; Ricardo Corro (UR), 139 855; Francisco de Toro (PSOE), 137 557; y Antonio Pretel (PCE), 95 945. Todos del Frente Popular. Quedaron sin acta tres republicanos de izquierda disidentes, tres republicanos federales y José Alcántara, sindicalista de Pestaña. ACD, Leg. 141, Exp. 20. <<

[367] La Publicidad, 5-V-1936. Reproducido en DSC, 22-V-1936, p. 830, que también cita el secuestro y la multa junto con Noticiero Granadino, 6-V-1936. <<

[368] Nosotros mismos en ADPG, Leg. 5664-5675. También esto se ve en las cifras de LÓPEZ MARTÍNEZ y GIL BRACERO (1997): 445. <<

[369] En este último caso podemos destacar los casos de algunos municipios, casi todos del partido de Granada, como Armilla, Beas de Granada, Cenes de la Vega, Deifontes, Dílar, Gójar, Granada (Distrito Tercero, Sección 7), Guadahortuna, Güevéjar, Huéneja, Huétor Santillán, Jun, Maracena, Monachil, Montillana, Nívar, Ogíjares y Quéntar. <<

[370] Todo esto, en el ADPG, Leg. 5664-5675. <<

[371] DSC, 22-V-1936, pp. 836-840. <<

[372] TUSELL (1971): II, 143 y 153-155. PAYNE (2005): 365-367. PRIETO (1961): 81-82 y 93-94 (Cartas de 28 y 30-I-1960). <<

[373] PRIETO (1961): 94 (Carta de 30-I-1960). El debate de las actas de Cuenca, en DSC, 2-VI-1936, pp. 1038-1066. La cita de Giménez Fernández, en ib.: 1051. <<

[374] Nótese cómo los resultados escrutados por las Juntas Provinciales del Censo a partir del 20 de febrero de 1936 vinieron acompañados de numerosas protestas susceptibles de cambiar la distribución de escaños en varias provincias y de, por tanto, modificar significativamente la composición de las nuevas Cortes. Vid. TUSELL (1971, II): 124. <<